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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 268, de 20/04/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 268
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 20 de abril de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre las fronteras marítimas hispano-marroquíes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000370.) ... (Página 3)
- Por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan de acción estatal en el que se determinen las medidas necesarias para que el Estado español mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000671.) ... (Página 7)
- Sobre la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000608.) ... (Página
11)
- Sobre la promoción del uso del español en los Estados Unidos y Canadá.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000623.) ... (Página 17)
- Sobre medidas para frenar la proliferación de armas nucleares. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000670.) ... (Página 20)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica (León Gross), para informar sobre:
- La valoración tras los recientes viajes oficiales del Gobierno de la situación en Colombia y Venezuela. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000556.) ... (Página 23)
- El proceso de paz en Oriente Medio. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000567.) ... (Página 23)
Dictamen sobre:
- Acuerdo de asistencia judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, hecho en Washington el 25 de junio de 2003. (Número de expediente 110/000064.) ... (Página 45)
- Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), hecho en La Paz (Bolivia) el 18 de mayo de 2004.
(Número de expediente 110/000065.) ... (Página 45)
- Acuerdo marco entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2004. (Número de expediente 110/000066.) ... (Página 45)
- Acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Popular China, por otra, hecho en Bruselas el 6 de diciembre de 2002. (Número de expediente 110/000067.) ...
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Hungría al convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Número de expediente
110/000068.) ... (Página 45)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. (Número de expediente 110/000069.) ... (Página 45)
- Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de febrero de 2004. (Número de expediente 110/000070.) ... (Página 45)
- Canje de notas de fecha 23 de diciembre de 2004 constitutivo de convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra en materia educativa.
(Número de expediente 110/000071.) ... (Página 45)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Dominicana al convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(Número de expediente
110/000072.) ... (Página 45)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS HISPANO-MARROQUÍES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000370.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Señorías, se va a retrasar la comparecencia del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, vamos a dar comienzo al orden del día con el debate de la siguiente proposición no de
ley. En primer lugar, sobre las fronteras marítimas hispano-marroquíes, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra su portavoz. Me han pedido los propios grupos que sea estricto en los tiempos. Tiene en torno a
diez minutos.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Intentaré ceñirnos al tiempo otorgado, en aras de la operatividad de la Comisión.
El pasado 20 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, a la pregunta de un diputado compañero del Grupo Parlamentario Popular sobre la revocación del contrato de prospección de crudo, aprobado por Marruecos en aguas españolas, contrato
concedido a tres empresas en el mes de julio, respondió lo siguiente: Tan pronto como supe que existía esa posibilidad -la que de Marruecos había concedido un contrato para operar en aguas españolas- en el mes de julio tuve ocasión de señalar al
ministro marroquí que no aceptaríamos ningún acuerdo, ni ninguna firma, ni ningún contrato que pusiese en duda o que hiciese daño a los derechos de los espacios marítimos españoles. En consecuencia -refiriéndose a nuestro diputado-, esté usted
tranquilo. Si yo no suscito el problema con el rey Mohamed VI es porque el problema está resuelto.
Ya han pasado seis meses desde que el ministro de Exteriores sentenciará de manera tan tajante como hemos podido escuchar que el problema estaba solucionado y la realidad es bien diferente. En este escenario sólo caben dos posibilidades:
una, que, como parece, el caso realmente no esté resuelto, con lo cual el ministro debería añadir a su cuenta de despropósitos y precipitaciones un apunte más -el hecho de haber comentado que un problema estaba solucionado cuando en realidad no lo
está; además, faltando a la verdad en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados-; y dos, en el caso de que se hubiera solucionado -que parece que no, pero no tenemos constancia de ello-, el ministro estaría silenciando de forma
incompetente aspectos de vital importancia para los intereses de España. Obviamente, ninguno de los dos escenarios es positivo. Al contrario, son los dos muy negativos. Esta actitud, por un lado, abre nuevas incertidumbres sobre nuestra acción
exterior y, por otro lado, contribuye es a debilitar nuestro posicionamiento en el contexto internacional, por falta de credibilidad. Consecuencia de todo ello es la evidente dejadez, en cuanto a la defensa de los intereses españoles, por parte del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aquí está precisamente lo importante, aquí está el quid de la cuestión: la defensa de los intereses de España desde nuestra acción exterior.
¿Cuál debe ser el objetivo de nuestra política exterior? ¿Liderar, como se ha dicho? Sí. ¿Ser referentes? También. ¿Mediar? De acuerdo. ¿Tener capacidad de iniciativa? Perfecto. Pero, evidentemente, todo ello condicionado y dando
por supuesto que en ningún caso se renuncia a la defensa de nuestros derechos, de lo que legalmente nos corresponde como país. A nadie se le escapa, en el ámbito de las relaciones internacionales, que el mejor aliado de nuestros interlocutores es
la propia debilidad. Y, desgraciadamente, la forma de gestionar el Ministerio de Asuntos Exteriores está cayendo constantemente en esta trampa de mostrarse débil, para dar fortaleza a aquellos países con los que tenemos cuestiones en litigio.
Queda claro que el primer objetivo de nuestra acción exterior debe ser resolver estos aspectos que se mantienen en conflicto, y mucho más, como es el caso que nos ocupa, si estos aspectos afectan o ponen en cuestión la que también debe ser
primera prioridad de todo gobierno que se precie, que es el máximo respeto, el máximo empuje, la máxima convicción y la máxima fuerza, a la hora de defender nuestra soberanía.
La proposición no de ley que nosotros presentamos va orientada a dejar las cosas muy claras en este aspecto y a recordar al Gobierno la responsabilidad que tiene en el primer orden de la lista de prioridades.
Entendemos que solicitar que el
Gobierno impulse la acción democrática para conseguir un acuerdo con Marruecos de delimitación de las fronteras marítimas es tan de sentido común como asociada a las prioridades del cualquier gobierno. Además, hacerlo bajo las premisas que ampara
el propio derecho internacional, establecidas en tres condicionantes irrenunciables, por un lado, la exigencia de la plena soberanía sobre las aguas territoriales correspondientes a Ceuta, a Melilla, al Peñón de Vélez, de la Gomera, y a las Islas de
Alborán, Alhucemas, Perejil y Chafarinas; por otro lado, estableciendo la delimitación de la zona económica exclusiva frente a las Canarias, bajo el principio básico de la equidistancia; y, finalmente, considerando que la negociación de la zona
económica exclusiva y de la plataforma continental en el Atlántico debe realizarse siempre, exclusivamente, al norte del paralelo 27.40, es decir, a partir de la línea fronteriza entre Marruecos y el Sahara Occidental, precisamente para salvaguardar
los legítimos derechos del pueblo saharaui.
Solicitar, como decía, un acuerdo con Marruecos de delimitación de las fronteras marítimas era de sentido común e iba asociado a la responsabilidad de cualquier gobierno. Hacerlo bajo los condicionantes mínimos de negociación que acabo de
definir ya no es tan sólo de sentido común, ni tan solo es prioritario, sino que representa la máxima obligación para todo gobierno, con las dosis de responsabilidad que debe contener. Lamentablemente parece que esto nuestro Gobierno no lo acaba de
ver así. Una de tres: o lo ha olvidado, y ya que llevamos seis meses con el máximo silencio por parte del Gobierno sobre esta cuestión, sobre cómo está la concesión del contrato de prospección petrolífera concedida por Marruecos en aguas
españolas; o al Gobierno le han dado gato por liebre, desde el momento en que dijo que el problema estaba solucionado y en ningún momento el Gobierno ha reafirmado posteriormente, documentalmente, que la cuestión esté ciertamente resuelta; o, lo
que es más grave todavía, que el Gobierno no lo piense solucionar. Y decimos esto porque la secretaria de política internacional del Partido Socialista, que da apoyo al Gobierno, declaró lo siguiente: El hecho de que Marruecos haya concedido
prospecciones petrolíferas en aguas españolas a empresas extranjeras es un asunto sobre el que no se debe especular. Entre España y Marruecos existe una relación como no existía hace años y que abrir elementos de conflicto o especular sobre
determinadas cuestiones no conduce a nada. En opinión de la máxima responsable del Partido Socialista en política internacional, parece claro que no vale la pena ejercer el derecho, ejercer la obligación, ejercer la responsabilidad de todo
gobierno, que es la defensa de la soberanía nacional.
Nosotros queremos aprovechar la coyuntura de la que tanto presume el actual Gobierno, en cuanto a las buenas relaciones que tienen España y Marruecos, para que hagan uso de ellas, para que ejerzan sus responsabilidades y para que defiendan
nuestros intereses. Y que, por encima de todo, dejen muy clara su posición de firmeza y su capacidad de resolver aquellos aspectos que van vinculados a la defensa de nuestra soberanía nacional. El Gobierno anterior del Partido Popular, tan
censurado, tan criticado, tan cuestionado, según opiniones del partido que está hoy en el Gobierno, por haber deteriorado las relaciones con Marruecos, dio un paso importantísimo en este sentido y consiguió aquello que hasta entonces no se había
logrado. El Gobierno del Partido Popular consiguió crear un grupo de negociación con Marruecos, para trabajar en favor de la delimitación de las fronteras marítimas, centrándose sus trabajos en lo que es la zona atlántica correspondiente a
Canarias.
Entendemos, por otro lado, que la normalización de esta situación no es inversamente proporcional a los intereses de los países. Todo lo contrario, es beneficiosa, tanto para Marruecos como para España. Es difícil entender que la
necesidad compartida de mantener unas relaciones con Marruecos que sean fluidas, que sean estables, que tengan garantías de futuro, que sean de estrecha colaboración, pueda desarrollarse en plenitud si constantemente estas relaciones se ven
salpicadas por conflictos pesqueros o se ven salpicadas por concesiones para prospecciones petrolíferas, apoyadas en la indefinición de las aguas territoriales entre uno y otro país.
Asumimos, como Grupo Parlamentario Popular, la responsabilidad que tenemos en la oposición, aun entendiendo que debía haber sido una iniciativa desde el Gobierno, y en el Senado presentamos una proposición de ley en estos mismos términos y
fue apoyada por unanimidad; preguntamos luego en el Pleno del Congreso cómo estaba la situación, para mantener en todo momento en el Gobierno viva esta cuestión por lo definitiva e interesante que era para España; y volvemos a hacer ahora lo
propio en esta Comisión para cerrar, entendemos, lo que debe ser un posicionamiento claro, contundente y conjunto de las dos Cámaras -Congreso y Senado- que forman las Cortes Generales. Esperamos la aquiescencia de los demás grupos parlamentarios,
para dejar muy claro que la voluntad de España es, por encima de todo, defender los intereses nacionales, defender con todo lo que podamos aportar nuestra soberanía nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Se ha atenido usted perfectamente al tiempo establecido, lo cual es de agradecer por la Presidencia.
Vamos a dar la palabra a los grupos enmendantes. En primer lugar, al Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz. Cinco minutos.
El señor HIERRO RECIO: Vamos a intentar ser lo más breve posible. Nos trae el Grupo Popular una proposición no de ley relativa a dos cuestiones claramente diferenciadas: una particular, que es la existencia de licencia al reconocimiento
petrolero que pudieran afectar al espacio marítimo español en el Mediterráneo; y otra de carácter general, relativa a la delimitación de fronteras marítimas con el Reino de Marruecos. En cuanto al problema particular, el Grupo Popular, tanto en su
texto de la proposición de ley como en su exposición -y quizá mucho más en su exposición-, no ha dejado de utilizar una serie de adjetivos para calificar la política exterior española. Con una retahíla aprendida, que aplican a cualquier tema,
hablan de despropósito, incompetencia, dejadez, debilidad, haciendo referencia a todo lo que tenga que ver con la política exterior española. Es decir, desde la oposición se critica la política exterior española para contribuir a debilitar de la
política exterior española.
No obstante, aquí el Grupo Popular topa con un problema, que es que si en este caso existe dejadez, incompetencia y debilidad, está calificando de igual manera al Gobierno del señor Aznar. ¿Por qué? Porque en el año 2000 apareció un
problema idéntico al actual, relativo a una licencia que afectaba a una determinada zona marítima española. Estoy hablando de marzo de 2000.
El Gobierno español, en este caso presidido por el señor Aznar, presentó una reserva al Gobierno marroquí en junio de 2001, es decir, un año y tres meses después de que se produjese o se tuviera conocimiento de la existencia de esa licencia.
Esto quiere decir que, si aplicásemos el mismo criterio en el tiempo, un año y tres meses después, hasta octubre de este año no debería existir una respuesta por parte del Gobierno español así seguiríamos el mismo criterio de eficacia y de magnífica
defensa de los intereses españoles que se autoarroga el Grupo Popular para el tiempo de su Gobierno.
En definitiva, estamos ante una política o una estrategia política del PP hipócrita, que se repite sistemáticamente en cuestiones relativas a nuestras relaciones internacionales. Nos exige a nosotros que hagamos en un año lo que ellos son
incapaces de hacer en ocho, o plantean sistemáticamente la posibilidad de una buenas relaciones con Marruecos que den solución a problemas. Todavía estamos esperando que las buenas relaciones que mantenía el señor Aznar con el señor Blair y con
Gran Bretaña den algún resultado en contenciosos centenarios que manteníamos con esos gobiernos. Luego ustedes están siendo hipócritas políticamente.
Es más. Además, están creando alarma en algo en lo que no tiene que existir. ¿Existe conflicto
con Marruecos en cuanto a la delimitación de fronteras? Sí. Existen desacuerdos. Existen y no lo vamos a negar. Pero es que existen desde siempre, porque nunca se ha llegado a un acuerdo.
También existe algo que es la aceptación supletoria de
los principios internacionales que rigen en la definición de aguas territoriales de la zona marítima. Y, por tanto, existe, con carácter supletorio, un acuerdo implícito entre los países. ¿Que ese acuerdo puede ser mejorado con un acuerdo
explícito entre los dos países? Cierto. Pero es que no conseguimos llegar al acuerdo. Reconozco que todos los gobiernos españoles han intentado por todos los medios llegar a ese acuerdo y por supuesto, el Gobierno presidido por el señor Rodríguez
Zapatero va a seguir intentándolo.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Señor Hierro, le ruego que termine, por favor.
El señor HIERRO RECIO: Sí, termino, señor presidente.
De hecho, en aras de apoyar ese acuerdo, que entendemos que es una política de Estado, en el Senado, cuando se planteó esa iniciativa por el Grupo Popular, se aprobó por unanimidad, no la moción presentada por el Grupo Popular, sino una
enmienda -que es la misma que trae aquí el Grupo Socialista, idéntica- presentada por el Grupo Socialista, la Entesa, Convergència i Unió, Grupo Canario y parte del Grupo Mixto y que esperamos que asuma el Grupo Popular y el Grupo de Convergència i
Unió, retirando su enmienda.
Sólo quiero pedir una cosa: vamos a crear consenso sobre política exterior. No creemos alarma sobre aquello que no debe generar alarma.
Esas son las palabras de la portavoz socialista en la materia y esas son las palabras que seguimos
manteniendo aquí, siempre y cuando no medie la mala interpretación sistemática que se quiere dar a nuestras palabras en asuntos de política exterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Ha presentado enmienda también el Grupo de Convergència i Unió. Señor Xuclà, tiene la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente, porque el tema que hoy discutimos ha sido ya muy bien planteado tanto por el proponente, el portavoz del Grupo Popular, como por el portavoz del Grupo Socialista.
Se trae a debate en esta Comisión un asunto importante y que tiene concreciones y expresiones prácticas muy importantes, desde un punto de vista de delimitación de la zona territorial española, pero también de la dinámica económica y de las
relaciones de vecindad, concretamente con Marruecos. Yo no quiero entrar más en lo sustantivo de esta cuestión, sobre la cual hay un consenso importante, un consenso que ya se pidió en el Senado y que se consiguió en el Senado. Simplemente quiero
invocar ese consenso para que también sea posible hoy en el Congreso.
Nuestra enmienda es de perfeccionamiento -perdonen la inmodestia- o de intentar mejorar la redacción de lo planteado por el Grupo Popular.
Concretamente en el segundo párrafo de esta proposición no de ley, de este petitum, se insta al
Gobierno a asentar la equidistancia. No voy a entrar en disquisiciones de carácter matemático, pero es evidente, señorías, que esta modesta Comisión de Asuntos Exteriores no puede asentar la equidistancia de las fórmulas matemáticas, sino
principios.
Veo que el Grupo Parlamentario Socialista también plantea una enmienda de mejora de la redacción, donde se introduce el concepto de principio de equidistancia, que creo que es más apropiado. Y finalmente pedimos la supresión de la
tercera parte; concretamente, la petición de solicitar al Reino de Marruecos información detallada sobre la autorización de la prospección petrolífera.
Somos conscientes de la importancia de esta acción, del gesto que supone en las relaciones entre Marruecos y España, pero yo creo que en las dos primeras partes hay una declaración bastante amplia y que en la tercera parte entramos en
casuística, una casuística en la que el Grupo Popular sostiene que ha habido una autorización de prospección y el Grupo Socialista presenta una enmienda donde dice: pedir información sobre si ha existido o no ha existido. La Comisión de Asuntos
Exteriores no puede elevar la casuística a resolución sobre algo que ha existido o no ha existido. Creo que forma parte del trabajo de la diplomacia hacer las gestiones bilaterales entre gobiernos.
Para resumir, señor presidente, la propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es, primero, perfeccionar este concepto de equidistancia por principio de equidistancia y, segundo, sacar la casuística, por importante que sea, de
la redacción de una proposición no de ley de esta Comisión de Asuntos Exteriores.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): ¿Grupos que desean intervenir? Señor Mardones. Cinco minutos.
El señor MARDONES SEVILLA: Por parte del Grupo de Coalición Canaria queremos manifestar aquí, en la misma línea que lo ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ya en el Senado se había visto una cuestión similar
prácticamente y los grupos votamos allí para buscar una solución.
Este problema está existiendo en este momento en el ámbito de la opinión pública en Canarias y de las relaciones internacionales entre España y Marruecos. Nos congratulamos de esta iniciativa, porque compartimos los argumentos que se han
dicho aquí por los tres intervinientes, prácticamente el fondo es el mismo. De lo que se trata es de solucionar cuestiones. A veces es una palabra; donde se dice negociaciones por parte del Grupo Popular -que compartimos-, se dice contacto por el
Grupo Socialista. Es lo mismo de lo que estamos hablando, de una mesa de negociación.
Qué duda cabe -lo ha dicho el portavoz socialista- que hay un desacuerdo, de siempre, pero es que siempre no se había encontrado petróleo por ahí.
Habíamos tenido el contenciosos de la pesca, es decir, que si las patrulleras marroquíes
apresaban a pesqueros españoles porque se habían metido en aguas de soberanía marroquí y no sabíamos si eran las aguas de la zona económica o eran las aguas de las 12 millas de soberanía, etcétera. Y si esto ocurría en el Estrecho con pesqueros con
base en Huelva o en Algeciras, qué decir con los pesqueros españoles que operaban desde las bases del Puerto de la Luz, de Las Palmas, en la Isla de Gran Canaria, y los problemas del banco pesquero canario-sahariano. Bien, se cerraron los
caladeros, se acabaron -digamos- los problemas de apresamiento de pesqueros españoles que decían las autoridades marroquíes que estaban dentro de aguas de soberanía del Reino alauita. Pero aparece el fenómeno del petróleo muy recientemente. El
Gobierno anterior, a una solicitud de Repsol, dio unas autorizaciones para prospecciones y sondeos en lo que entendía el Gobierno español, dado que Marruecos no había accedido a nada, y por esto también vamos a apoyar esta iniciativa, que este tema
se fuerce diplomáticamente, en la corrección de la política de Asuntos Exteriores, al Gobierno marroquí, estrechar unas buenas relaciones. Y entre los temas prioritarios a poner encima de la mesa, aparte de los de inmigración, pateras, etcétera,
que se resuelva este asunto, que ha motivado, incluso, en Canarias, que una decisión del Gobierno anterior, que entendíamos de plena soberanía, dado que Marruecos no se aviene a una de las cuestiones en la que coinciden los grupos enmendantes, tanto
el Grupo Socialista como el Grupo catalán de Convergència I Unió, en lo que propone el Grupo Parlamentario Popular, que es el segundo punto, -asentar en la equidistancia-, lo que llamamos la mediana, se dijo en su día, en su momento, por el
Gobierno: Oiga usted, si Marruecos no acepta eso, yo tengo que tomar una solución y cogió la teoría de la mediana, entre las aguas de Lanzarote y de la Costa marroquí para decir: Mire usted, de la mitad para acá es soberanía española y de la mitad
para allá soberanía marroquí, para poder dar unas licencias. Después ha habido un problema contencioso, pero por otros motivos de impacto ecológico, etcétera, que no son del caso aquí.
Yo desearía -en nombre de Coalición Canaria-, señor presidente, que hubiera un acuerdo para poder votar una cosa en la que creo que en el fondo estamos todos de acuerdo y que obligue -y me congratula esta iniciativa del Grupo Popular, que
queremos apoyar- con las enmiendas, que prácticamente en el fondo están diciendo lo mismo, para que se vea que hay una voluntad parlamentaria española ante las autoridades marroquíes, para que este tema se resuelva por vía de la mediana, de la
equidistancia, y que se digan de quiénes son las aguas de soberanía, en dónde se pueda pescar o no pescar, o se pueda extraer petróleo o no petróleo, o dar concesiones de prospecciones, que no significa traer petróleo, sino hacer sondeos geotécnicos
para ver si aquello se resuelve.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Tiene la palabra la señora Bonás, en nombre de Esquerra Republicana.
La señora BONÁS PAHISA: Muy brevemente.
Al portavoz del Grupo Popular le oigo hablar de intereses españoles, de debilidad del Gobierno, de ineficacia. Y estaba reflexionando que la fortaleza del anterior Gobierno del Partido Popular nos llevó a la gloriosa conquista de la Isla
Perejil. En cambio, oyendo al portavoz del Grupo Socialista, oigo hablar de conflicto, de desacuerdos.
Entre Marruecos y España hay muchos puntos de qué hablar y es necesario abrir un diálogo entre los dos países. Por tanto, dejémonos de hablar de conflictos y hablemos de desacuerdos. Recomiendo al Gobierno -si puedo, como Esquerra
Republicana, con la fuerza que tengo como Grupo Parlamentario- que en la balanza de las negociaciones no entre solamente en los intereses de unas compañías petrolíferas, sino en intereses reales de los españoles, que son la inmigración, la situación
del Sahara, los derechos humanos de Marruecos. Hablar conjuntamente. Porque ya dije ayer en mi intervención, que no creo en los ricos, creo en incentivos positivos y si queremos que Marruecos entre en los
países democráticos, hay que incentivarlo positivamente y cuando hay conflicto de intereses podemos presionar para que avance en este sentido.
Por tanto, naturalmente, Esquerra Republicana no votará esta proposición no de ley, porque va en
desacuerdo con lo que tenía que ser la política exterior del Estado español, que es negociar y dialogar.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Entiendo que no hay más intervenciones sobre este tema.
Esta Presidencia recoge el espíritu del debate y la propuesta del señor Mardones y emplaza a los grupos parlamentarios para que, en este tema tan importante para nuestra política exterior, traten de alcanzar un acuerdo, si es posible.
Tienen tiempo hasta las dos menos cuarto, en que comenzarán las votaciones. No se votará antes de las dos menos cuarto, no lo había señalado.
Señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor presidente. Entiendo que en aras de intentar buscar un consenso al estilo del que ya se produjo en el Senado en una discusión similar y considerando el espíritu sobre el fondo de la cuestión que ha
planeado sobre la sesión de hoy, aplazamos nuestro turno de aceptación de enmiendas a la discusión que podamos tener con los demás grupos para intentar llegar a un texto consensuado.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN ESTATAL EN EL QUE SE DETERMINEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL ESTADO ESPAÑOL MEJORE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/000671.)
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Muchas gracias, señor Ricomá.
En la reunión de la Mesa y portavoces se acordó una alteración del orden del día, porque el proponente tenía que asistir a otras Comisiones convocadas a la misma hora. Vamos a debatir ahora la proposición no de ley número siete, del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan de acción estatal en el que se determinen las medidas necesarias para que el Estado español mejore la promoción y protección de los derechos humanos.
Tiene la palabra su portavoz por diez minutos.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, voy a presentar esta proposición no de ley, brevemente, incluso no utilizando los diez minutos...
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Se lo agradeceré, porque tenemos un orden del día muy cargado.
El señor XUCLÀ I COSTA: Como bien saben sus señorías, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, del año 1993, recomendó que cada Estado considerara la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las
medidas necesarias para que cada Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. A fecha de hoy, 17 países -de los 191 que están en la Asamblea General de Naciones Unidas, con lo cual bastante trabajo hay por delante-, han
elaborado ya un plan de acción sobre derechos humanos. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas cuenta con una guía para la elaboración de planes de acción nacional de derechos humanos, aprobada el
día 29 de agosto del año 2002.
Este Grupo Parlamentario catalán de Convergència i Unió apuesta decididamente por el fomento de la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia. Creo que es una de las líneas de actuaciones prioritarias de este
discurso sobre democracia y derechos humanos en nuestra actividad en esta Comisión de Asuntos Exteriores. Es partidario también este grupo de impulsar políticas de promoción y protección de los derechos humanos en todas partes. Es importante decir
que en el ámbito estatal, porque no podemos pedir la protección de derechos humanos a terceros sin el estricto cumplimiento de nuestra Carta de Derechos Fundamentales y el perfeccionamiento de la casuística de la aplicación de los derechos
fundamentales en el ámbito estatal y en nuestra acción exterior en el contexto internacional.
Como decía aquel clásico, no se puede hacer todo y todo a la vez, y se tiene que priorizar. Creemos que la aprobación de esta proposición no de ley instando al Gobierno a la aprobación de este plan puede ayudar a definir los objetivos que
puede tener España para los próximos años en materia de protección de los derechos humanos, que es una materia muy estrictamente vinculada con la política de cooperación al desarrollo.
Durante los últimos años el conjunto de la comunidad
internacional, de los Estados y de las cancillerías, ha llegado a algunas conclusiones sobre lo que se ha hecho bien. Estamos, yo creo, en la fase de revisión de planteamientos sobre algunas políticas de cooperación que no han tenido el acierto
oportuno. En estos momentos hay nuevos debates y nuevos planteamientos. Hay, por ejemplo, el debate que ha suscitado el Gobierno británico -aunque ahora sea un Gobierno en funciones- sobre la política de cooperación con África. Discutible o no,
si en diez años tenemos que invertir el PIB que se
tendría que invertir en cincuenta años para dar el impulso definitivo. Hay unas condiciones necesarias previas para poder desarrollar una política de cooperación, que son seguramente la existencia de una mínima estructura, de una mínima
fibra estatal, de una mínima fibra de sociedad civil, de democracia, de derechos humanos, de seguridad jurídica en los lugares donde se desarrolle esta política de cooperación, de Estado de derecho, de no Estados fallidos en los cuales se
desarrollan políticas de cooperación a veces difíciles, porque no tienen un recorrido práctico útil. En definitiva, yo creo que esta es una gran oportunidad para definir lo que podríamos decir un trabajo por objetivos, un trabajo por objetivos,
además, a través de una comisión planteada en la redacción de esta proposición no de ley, y que, a través de distintas enmiendas, puede ser una comisión enriquecida en cuanto a la participación interministerial, pero también a la participación del
Congreso de los Diputados, de acuerdo con otra enmienda de otra formación política y con la opinión de la sociedad civil.
Termino, porque me había comprometido a ser breve, señor presidente, creo que el espíritu y el objetivo de esta proposición no de ley han quedado suficientemente clarificados. Sería positivo el acuerdo, unánime, si fuera posible, en esta
materia. Esta petición, que es una petición que forma parte del programa electoral de Convergència i Unió, he podido observar que también forma parte del programa electoral del Grupo Socialista, con lo cual simplemente pido un voto de coherencia en
esta materia. Y de antemano quiero agradecer a los otros grupos parlamentarios sus enmiendas que, en mi opinión personal, son admisibles; esto es en todo caso una percepción subjetiva. Tanto la aportación del Grupo Socialista como la del Grupo
Popular vienen a enriquecer esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Vamos a dar la palabra ahora a los grupos enmendantes.
Tiene en primer lugar la palabra el portavoz del Grupo Popular, por cinco minutos.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Con la brevedad con la que se está tramitando esta Comisión quiero resaltar, respecto a esta iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió, la idea de que los sistemas democráticos han de caracterizarse, sin
duda alguna, por la importancia que se da a la elección de sus representantes, pero también por la profundización de los valores y de los ejes que constituyen sus sistema central. Y sin duda alguna, eje central de un sistema democrático ha de ser
todo lo que suponga promoción, protección y defensa de los derechos humanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia) Es sabido que nuestra Constitución dedica su parte más extensa, el título primero, a esta materia. Pero todos sabemos que la
profundización en materia de derechos humanos ha de ser siempre una constante, ha de ser siempre un compromiso permanente de los poderes públicos. No es suficiente con recogerlos en un texto constitucional, ni siquiera en unas leyes orgánicas, ni
siquiera como un principio programático en cualquier acción de gobierno. Ha de ser, reitero, una constante, una tarea, en la cual, sin conformismos de ningún tipo, cualquier poder público se implique en esta tarea de profundización de derechos
fundamentales. Así pues, promover, proteger, impulsar, favorecer políticas de mayor respeto a los derechos humanos ha de ser, en el ámbito interno, es, una constante. Todo lo que suponga el compromiso de los poderes públicos para favorecer las
condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas es algo que a todos, sin duda alguna, como dice la Constitución en el artículo 9, más nos motiva, al igual que ese principio de igualdad del artículo 14.
En un mundo globalizado como en el que nos encontramos, a los demócratas convencidos no nos puede ser indiferente aquello que puede suceder en otras zonas del planeta. No nos puede resultar indiferente que existan algunos países donde hay
una vulneración sistemática de derechos humanos.
De ahí que los sistemas democráticos tienen el compromiso, no sólo a nivel interno, de promover lo que es la libertad, lo que es la igualdad de los ciudadanos, también en el ámbito internacional,
especialmente con mecanismos de cooperación con otros organismos intergubernamentales y multilaterales. En ese punto, de una manera muy breve, casi esquemática, quiero recordar la vinculación que esto tiene con uno de los puntos más importantes de
la agenda internacional hoy en día, lo que es la reforma de la Carta de Naciones Unidas. Precisamente uno de los debates que consideramos más importantes también, a juicio de este portavoz que ahora interviene, es la importancia que en esa reforma
ha de darse al área y a la Comisión de Derechos Humanos. Y quiero recordar el discurso hace unos días del secretario general en Ginebra, donde hacía una reflexión autocrítica de esa realidad, de lo que había sucedido en Ruanda, de lo que sucede
actualmente con los dos millones de refugiados en Sudán, etcétera. Este es uno de los múltiples aspectos que debe recoger este plan, al que se refiere la iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió y al cual nosotros hemos presentado una
enmienda en un doble sentido. Primero, en cuanto a la forma del proceso de elaboración y, segundo, en cuanto al fondo.
En cuanto a la forma, queremos que se implique no solo el Gobierno, como dice la proposición no de ley; queremos que tenga una participación efectiva el Congreso de los Diputados. No sé si en forma de subcomisión; tal vez sean excesivas
ya las subcomisiones que existen en el seno de esta Cámara. No sé si en forma de grupo de trabajo o en la propia Comisión de Asuntos Exteriores. Habría que arbitrar mecanismos que facilitasen la participación, reitero, de esta Cámara en el proceso
de elaboración, en las propuestas, en los debates y en algo muy importante que es en la evaluación o valoración. Quiero recordar, en este sentido, un precedente
muy importante que hubo en el Congreso de los Diputados y cuyos trabajos han de orientarnos también en la elaboración de ese plan. Es la subcomisión que, con motivo del 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, existió en
esta Cámara y que presidió el diputado Javier Rupérez, que trabajó con mucha intensidad. Fue presidida su actuación en esta subcomisión por un principio que debe también presidir la elaboración de ese plan, la búsqueda del máximo consenso.
La segunda propuesta de enmienda que hemos presentado se refiere al contenido en orden a la necesidad de reforzar con más intensidad lo que es la ayuda al desarrollo con la política de promoción de derechos humanos. Son varios aspectos en
los cuales podría profundizarse. No voy a referirme al aspecto orgánico en orden al cual sería la mejor ubicación, dentro del seno del nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Dirección General de Derechos Humanos, si donde está actualmente o
a lo mejor vinculada a la Secretaría de Estado de Cooperación. Sí, en todo caso, lo que planteamos en nuestra enmienda como Grupo Popular es reforzar la vinculación -decía- de la cooperación al desarrollo como elemento impulsor y promotor de un
mejor respeto a los derechos humanos.
Queremos que cuando financieramente, o desde un punto de vista económico, se ayude a un país para conseguir un mayor progreso del mismo, esta ayuda que se da desde los poderes públicos españoles se vincule con
más intensidad a pedir un mayor respeto de los derechos humanos en los países receptores. Esto queremos que lo tengan presente todos los poderes públicos y de una manera muy particular el Gobierno, y que lo haga especialmente cuando, como está
sucediendo en estos momentos, está estableciendo unas especiales relaciones con países regidos por unos sistemas populistas; entendemos que la democracia en esos países y los derechos humanos están pendientes a veces de un hilo.
Reitero nuestro apoyo a esta iniciativa parlamentaria, creo que es algo necesario, y nuestro apoyo -no sólo nuestro voto favorable-, nuestro apoyo entusiasta; también esperamos que se incorporen las enmiendas que nosotros hemos presentado
en esta doble dirección.
El señor PRESIDENTE: Existe también una enmienda del Grupo Socialista.
Tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señorías, gracias a la iniciativa de Convergència i Unió, señor Xuclà. Verdaderamente desde mi grupo parlamentario celebramos esta iniciativa. Sí la llevábamos en el programa electoral y sigue siendo un compromiso
de este grupo parlamentario, del Partido Socialista y del Gobierno. De hecho, creo que fue en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra donde la vicepresidenta primera del Gobierno -creo recordar- volvió a establecer el
compromiso de elaborar este plan. Esto lo compartimos probablemente todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Desde una visión ética de la política, tanto nacional, como internacional, es fundamental establecer una vez más -y en este momento
histórico, complejo, como el que hoy vivimos- la superioridad de la normativa que tiene que ver con los derechos humanos.
A veces superioridad no sólo moral y ética, sino que debe establecerse sobre el resto del cuerpo jurídico nacional e
internacional de forma transversal.
Es verdad que hay un primer mundo donde los derechos humanos son respetados, son sistemas garantistas y democracias asentadas. No es así en la mayor parte del mundo en el que vivimos. Y no es así, además, en determinadas formas de
pensamiento político donde, en aras de mayor seguridad para la población, se considera que se debe ir a una restricción o a una lectura restrictiva de los derechos humanos. No es lo que pensamos desde mi grupo parlamentario y, por tanto, vamos a
seguir manteniendo lo que siempre hemos mantenido: la superioridad moral y ética en el cuerpo jurídico nacional e internacional del respeto a los derechos humanos. El sistema garantista de las personas.
Usted hablaba, señor Xuclà, del plan que ha establecido Gran Bretaña. Pero al mismo tiempo que se establece ese plan, Gran Bretaña plantea en el Consejo de Ministros de Interior, por ejemplo, crear campos para los refugiados
extrafronterizos a la Unión Europea. Ello plantea un debate, no sólo moral y ético sobre el destino de estas personas, sino sobre las garantías a las que tienen derecho desde el punto de vista jurídico. Es decir, hay muchos debates a al vez. No
todo está consolidado. Por eso, mi grupo parlamentario -y hemos defendido eso en el Consejo de Ministros de Interior- dice que, por ejemplo, España no aceptaría esos campos extrafronterizos a la Unión Europea. Ya hubo, y perdonen que me extienda
un poco sobre este tema, alguna experiencia. Ya tuvimos Sangatte.
Sangatte era un campo de refugiados que se encontraba entre Francia e Inglaterra, había 4.800 personas desde hacía cuatro años, que no habían tenido acceso a ningún abogado ni a
asistencia jurídica. Cuando Sangatte se levanta, el 90 por ciento de las personas que estaban allí procedían de países en conflictos bélicos, procedían de países donde no se respetan en absoluto los derechos humanos y fueron considerados
demandantes de asilo y refugio. Durante cinco años la Unión Europea consideró que Sangatte era un campo simplemente de inmigrantes económicos. Por tanto, y perdonen esta deriva, sí creo que debemos realizarnos a través de un plan. Hay derechos
que en muchos lugares del mundo no se están respetando. España acaba de ratificar, por ejemplo, el Protocolo contra la Tortura. Pero es verdad que la Unión Europea necesita también un debate en profundidad sobre la abolición de la pena de muerte,
por ejemplo; sobre leyes claras, de las que se ocupe también el Tribunal Penal Internacional sobre la ablación
genital de las mujeres o los matrimonios forzosos, sobre las lapidaciones.
Sobre eso la Unión Europea y nosotros como país tenemos que posicionarnos. Y desde mi grupo parlamentario lo vamos a hacer.
Para ir terminando, el Grupo Socialista -mi grupo- ha planteado tres enmiendas, pero dos prácticamente se podrían resumir, porque la otra es, en lugar de decir elaborar, acordar, porque pensamos que debería ser acordado por todos los grupos
parlamentarios. La creación de una comisión donde no sólo intervengan las administraciones públicas, a nivel estatal, autonómico y local, sino que también participen determinadas organizaciones de la sociedad civil rigurosas, que han venido
trabajando en la defensa de derechos humanos, que conocen bien el entramado del cuerpo jurídico, no sólo de los derechos humanos, sino también su práctica en determinados países y continentes. Eso ayudaría a la elaboración de un plan más completo.
A nivel internacional está claro. A nivel nacional, yo diría que debe ser un plan respetuoso, como ya se respetan aquí -vivimos en un sistema garantista-, pero lo suficientemente amplio para que, a medida que pase el tiempo, puedan ser incorporadas
otras variantes de nuestra realidad política.
El señor PRESIDENTE: ¿Portavoces de grupos parlamentarios de menor a mayor que deseen intervenir? El señor Isaura entiendo que está como portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No desea intervenir.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Con brevedad también quisiera saludar en nombre de mi grupo, y hacerlo además efusivamente, esta iniciativa, por su pertinencia material y por su oportunidad temporal, porque las medidas relacionadas con la
promoción y la protección, con la difusión de los derechos humanos son siempre procedentes, partiendo, lógicamente, de convicciones democráticas. Y lo son de manera especial en momentos cruciales como el presente, de grandes cambios y convulsiones
a nivel mundial.
La iniciativa, muy oportunamente, distingue dos terrenos en los que debe llevarse a cabo esta actuación de promoción y protección de los derechos humanos. Uno, en la acción exterior del Estado y otro, en el ámbito interno del propio Estado.
Por lo que se refiere a la política exterior, creo que existe una posición unánime de todos los grupos parlamentarios a la hora de identificar la difusión de los derechos humanos como una de las fundamentales señas de identidad de la acción
exterior del Estado. Siempre dentro de los límites del derecho internacional. Creo que no merece la pena ahondar más porque la posición está clara por parte de todos los grupos parlamentarios y algunos de sus portavoces han hecho ya claras
expresiones a este respecto y no voy a insistir en más referencias. En la proyección de esta labor de promoción y protección de derechos humanos en el ámbito interior del propio Estado, habría que constatar que la experiencia pone de manifiesto
que, por muy efectivas y ambiciosas que sean las garantías y los sistemas de protección de derechos fundamentales establecidos por los Estados democráticos para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, con frecuencia no
sirven por sí solos para asegurar el pleno, real y efectivo respeto de estos derechos, cuyas violaciones en sociedades crecientemente complejas, como las europeas y occidentales, adquieren formas nuevas y cada vez más sofisticadas, que en ocasiones,
además, quedan sustraídas, por razones fácticas o por razones jurídicas, a la propia acción de los sistemas públicos de protección de derechos fundamentales. Los sistemas públicos de protección de estos derechos han de ser completados con labores
pedagógicas, de difusión de estos valores y de concienciación pública, la opinión pública, en todo lo que de positivo tiene la defensa de estos valores positivos.
La iniciativa ha sido objeto de dos enmiendas que hacen aportaciones en dos planos. En general, mejoran técnicamente lo que es el texto de la proposición inicial y la enriquecen políticamente en la medida en que convierten el proceso de
elaboración del plan en un proceso más participativo en el que, además de las instituciones públicas, puedan participar y hacerlo de modo efectivo organizaciones sociales que operan en el sector. Por tanto, si existe un acuerdo o hay posibilidades
de alcanzarlo en torno a la integración de estas enmiendas en lo que es el texto principal o inicial de la proposición será bien saludada por este grupo, porque, insisto, consideramos que mejoran técnicamente la iniciativa y la enriquecen desde el
punto de vista político.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo de Esquerra Republicana quiere hacer uso de la palabra? Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Felicito a Convergència i Unió por esta iniciativa que sin duda va a ser enriquecida con las aportaciones de los demás grupos.
He escuchado a la portavoz del Grupo Socialista y ha expresado muy bien nuestra opinión y sólo quería hacer una pequeña reflexión: ¿hasta dónde vamos a ahondar en los derechos humanos, en el ámbito interno, por ejemplo? Como mujer ¿se
reconocería el derecho a abortar sin tener que pasar por un tribunal que decida si tengo derecho o no? ¿Mañana decidiremos -decidirá Convergència i Unió- si los homosexuales tienen derecho a contraer matrimonio? Por ejemplo, un trabajador sexual
¿tendrá derecho a ejercer su actividad sin que le persigan? Es el derecho al trabajo. ¿Hasta dónde llegaremos? Me estaba haciendo esas preguntas cuando hablamos de derechos humanos, para no caer en la hipocresía. Queda muy bien hacer documentos,
pero cuando lleguemos a puntos fundamentales y delicados ¿pasaremos de puntillas o los evitaremos? Esperemos
que, si se crea una subcomisión de derechos humanos, sea valiente, afronte todos los problemas con valentía y dé respuestas a la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, habiendo como hay dos enmiendas ¿acepta usted las enmiendas?
El señor XUCLÀ I COSTA: Acepto las enmiendas y quiero plantear a los otros grupos parlamentarios que las han propuesto que, personalmente, este grupo parlamentario cree que son integrables.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún texto que las integre?
El señor XUCLÀ I COSTA: Se tendría que articular y trasladar a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que antes de la votación me faciliten el texto.
- SOBRE LA DESMOVILIZACIÓN DE LOS PARAMILITARES EN COLOMBIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000608.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto del orden del día siguiente. Sé que ha habido una alteración y ahora sería por tanto el cuatro, sobre desmovilización de los paramilitares de Colombia. Es una iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra su representante, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: El 1 de diciembre de 2002, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, autores de las mayores atrocidades cometidas en el país en los últimos años, declararon un cese unilateral de
hostilidades. A partir de esa fecha, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que había accedido a la presidencia de la república de Colombia tan sólo cuatro meses antes, inició con estos grupos armados e ilegales un proceso de paz, así llamado. Dos
años después, el proceso no sólo no ha supuesto el cese de agresiones a la población civil por parte de estos escuadrones de la muerte, sino que por el contrario ha facilitado su consolidación en amplias zonas del país y ha permitido que muchos de
ellos ya gocen de libertad, mientras sus crímenes siguen sin castigo y las víctimas continúan esperando a que se establezcan los mecanismos para ejercer sus derechos a la verdad, justicia y reparación.
En este contexto, el Consejo de la Unión Europea sobre Colombia, celebrado en diciembre de 2004, expresó su apoyo político y económico a la desmovilización de los paramilitares siempre que exista un cese de hostilidades y se establezca un
marco jurídico que regule el proceso. Los días 3 y 4 de febrero se celebró en Cartagena de Indias, en Colombia, un encuentro de la mesa de donantes que reúne a la Unión Europea y a otros países interesados en colaborar en la búsqueda de la paz en
Colombia y en donde el Gobierno colombiano reclamó un respaldo al proceso de desmovilización.
Desde Izquierda Verde entendemos, por las razones que a continuación exponemos, que el Gobierno español debe condicionar en todos los foros que participe -ahora mismo se está participando en Ginebra sobre una declaración de derechos humanos
que afecta a Colombia y que posteriormente explicaré- cualquier tipo de cooperación y relación con el Gobierno colombiano al estricto respeto a los derechos humanos, lo que implica la negativa a avalar política o financieramente el actual proceso de
desmovilización de los paramilitares mientras no se garantice el desmantelamiento total de estos grupos, la imposición a sus integrantes de penas proporcionales a los crímenes de lesa humanidad que han cometido y el ejercicio de los derechos a la
verdad, la justicia y reparación por parte de las víctimas.
Los hechos acaecidos en estos dos años han confirmado las sospechas que desde el principio provocó el proceso de desmovilización. Muchos dirigentes sociales colombianos lo califican de monólogo o encuentro entre amigos. Y no les falta
razón. Los grupos paramilitares nacieron en la década de los sesenta bajo el amparo del Estado colombiano y por influencia de la doctrina de la seguridad nacional exportada por Estados Unidos a toda Latinoamérica. El Decreto 3398, de 1965,
estableció la obligatoriedad de todos los colombianos de contribuir al restablecimiento de la normalidad con las armas proporcionadas por el Ministerio de Defensa. El decreto se convirtió en legislación permanente en 1968 y se fueron consolidando
los llamados grupos de autodefensa con el patrocinio de la fuerza pública. En las décadas de los setenta y ochenta estrecharon sus vínculos con sectores políticos, económicos y del narcotráfico, y pasaron de defenderse frente a las agresiones de
las guerrillas a cometer masacres y asesinatos selectivos de cualquiera que se opusiera a sus intereses. La mayoría de estos crímenes siguen impunes, como la masacre de 1987 de 19 comerciantes en Puerto Boyacá, que ha sido considerada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos una vulneración de los derechos humanos y consideró la intervención de la justicia penal militar como una violación al principio de juez natural. (Rumores.)
Señor presidente, la verdad es que tengo tanto ruido a mi alrededor que me resulta muy difícil mi intervención. Si me pudiera amparar en mi derecho.
El señor PRESIDENTE: Desde luego, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias. La Corte consideró que la intervención en este caso de la justicia penal militar implicó una violación al principio de juez natural y al derecho al debido proceso, acceso a la justicia, además de que
conllevó que no fueran investigados ni sancionados por tribunales competentes los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos.
El proceso de acercamiento del actual Gobierno hacia los grupos paramilitares comenzó a gestarse incluso antes de la toma de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez. La campaña presidencial del mismo incluyó propuestas coincidentes con
los postulados del paramilitarismo, hasta el punto de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, dijo ante el 58.º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos: Aún más preocupante es el hecho de
que un importante segmento de la sociedad vea ahora el paramilitarismo como una opción legítima y que algunos candidatos políticos parecen aprobar la actividades paramilitares, tal como lo demuestra la propuesta presentada por uno de los principales
candidatos de armar a un millón de civiles.
Este, evidentemente, era Álvaro Uribe Vélez. Por el momento no se han facilitado armas a los informantes, que son tres millones y medio de personas -según datos oficiales-, pero sus delaciones
incentivadas con recompensas han provocado detenciones masivas sin fundamento. Hubo 125.000 detenidos con el primer año de Uribe Vélez y la estigmatización de los miembros de las organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos
humanos, que son críticas con el Gobierno.
Ante el escenario político apropiado, los líderes de las AUC -Autodefensas Unidas de Colombia- lanzaron su propuesta de paz, entrecomillada, cuyos objetivos verdaderos son evitar la extradición a Estados Unidos por narcotráfico, eludir la
cárcel o, al menos, cumplir penas mínimas en Colombia y conservar la mayor parte posible de su riqueza obtenida ilegalmente. Hasta el momento, el Gobierno no ha puesto obstáculos serios a estas pretensiones. Aunque desde el principio violaron el
cese de hostilidades que ellos mismos anunciaron, la Comisión colombiana de juristas asegura que, desde diciembre de 2002 a agosto de 2004, los paramilitares han asesinado o hecho desaparecer a 1899 personas, la Defensoría del Pueblo recogió en los
primeros ocho meses del pasado año 342 denuncias de violaciones de derechos humanos atribuidas a las AUC. El Gobierno, a pesar de ello, autorizó el 1 de julio de 2004 una zona de ubicación para los jefes paramilitares y sus escoltas en el
departamento de Córdoba y suspendió las órdenes de captura, que realmente permanecían congeladas desde el inicio de las conversaciones. Al mismo tiempo, desde el Gobierno, se han buscado distintas fórmulas para asegurar a estos grupos la impunidad.
Según la transcripción en medios de comunicación colombianos de algunas conversaciones entre los líderes paramilitares y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, éste les asegura que el presidente usará la facultad discrecional para no
extraditarlos a Estados Unidos y que tampoco han de temer a la justicia internacional, ya que el Gobierno ofreció un proyecto de ley que bloquea la acción de la Corte Penal Internacional. En cuanto a la legislación colombiana, se sigue aplicando,
paradójicamente, una serie de normas que excluyen de sus beneficios a los autores de grandes crímenes contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Sobre varios de los líderes paramilitares que actualmente negocian con el
Gobierno recaen condenas de hasta 40 años de cárcel por delitos que incluyen masacres, crímenes selectivos, desapariciones, torturas y desplazamientos forzados.
Para intentar aparentar que pretendían hacer justicia, el Gobierno presentó en 2003 un proyecto de ley de alternatividad penal. Realmente era una ley de punto final, ya que no contemplaba ni un día de cárcel para los autores de estos
delitos, que únicamente debían cumplir alguna de las penas alternativas contempladas, como la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas. Ante la protesta unánime de la comunidad internacional por el contenido del proyecto,
en abril del pasado año se presentó un pliego de modificaciones que aún no se ha aprobado. Aunque en el pliego ya se contemplan penas mínimas de reclusión, no se establece como requisito para obtener beneficios procesales revelar la verdad sobre
los delitos cometidos, ni restituir los bienes adquiridos ilegalmente. La Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento asegura que entre 1997 y 2003 los paramilitares han usurpado cinco millones de hectáreas. El informe de la Comisión
interamericana de derechos humanos, hecho público en el mes de diciembre, asegura que esas omisiones en la propuesta legislativa del Gobierno amenazan con privar a las víctimas de su derecho a la protección judicial y la adecuada reparación y
concluye diciendo que no se detectan esfuerzos destinados a establecer la verdad de lo sucedido y los grados de involucramiento oficial con el paramilitarismo.
Mientras tanto continúa el proceso de desmovilización. Hasta principios de este año se calcula que se han acogido unos 3.000 paramilitares. Para comprobar si los que dejan las armas son responsables de lesa humanidad, lo único que se
verifica es si en ese momento están siendo procesados o habían sido condenados por atrocidades. La realidad es que en la mayoría de los casos de crímenes perpetrados por los grupos paramilitares aún no se conoce al responsable y con el
procedimiento que se sigue actualmente nunca se conocerán.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya acabando, señora Navarro. Sabe que la mesa ha acordado ser estricta en el uso de los tiempos en el día de hoy.
La señora NAVARRO CASILLAS: Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
está perfilando el documento que se expedirá a finales de este mes, que es muy crítico respecto al proceso que el Gobierno colombiano desarrolla con los grupos paramilitares. El texto de Luxemburgo que preside la Unión Europa también
exhorta al Gobierno colombiano a relevar de sus cargos al personal militar cuando se sospeche de vínculos con los grupos paramilitares, y declara su alarma por el peligro que representa para las instituciones democráticas la consolidación que se les
está dando del control político y social de los paramilitares en muchas áreas del país.
Lo cierto es que, según se dice por todas las organizaciones sociales que actúan en Colombia, como efecto de las numerosas ceremonias de desmovilización de los paramilitares, que se han sucedido desde noviembre de 2003, no se han
desintegrado las estructuras paramilitares.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que acabe, señora Navarro. Lo siento muchísimo, pero le ruego que acabe.
La señora NAVARRO CASILLAS: Lo cierto es que hoy en día a lo que nos está llevando esta situación es a que el paramilitarismo representa un poderío económico creciente que impulsa numerosas empresas rentables y mueve sumas exorbitantes de
dinero, muchas de ellas mal obtenidas en proceso de legalización, a la vez que proyecta y planifica el control de los próximos debates electorales con miras a eliminar toda competencia, mediante las más diversas formas de intimidación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, ha concluido su intervención.
Hay una enmienda presentada por el Partido Popular. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Fernández Aguilar.
El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: La intervención de la portavoz de Izquierda Unida ha dejado el balón en el alero, porque el Grupo Popular ha presentado una enmienda que modifica la propuesta de acuerdo.
Al inicio de esta Comisión, la portavoz de Izquierda Unida se ha acercado a este portavoz para decir que hacía suyos en todos los términos la enmienda presentada por mi grupo, pero no ha sido posible la confirmación de esa propuesta en la
Comisión. De no producirse debería seguir manteniendo la enmienda que es lo que pienso hacer si el señor presidente no concede el uso de la palabra a la portavoz de Izquierda Unida para que diga si hace suya la enmienda presentada por nosotros,
para que en una próxima proposición no de ley se recoja verídica y realmente lo que debe decir esta propuesta de resolución que adoptaremos en el día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Aguilar, lo normal es pedirle al final, al grupo que ha presentado la proposición no de ley, si acepta la enmienda del grupo enmendante, cosa que iba a hacer, por supuesto.
El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: Señor presidente, si la portavoz del Grupo de Izquierda Unida no se pronuncia, me obliga a que defienda en este instante la enmienda a la totalidad de la proposición presentada por Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Para ahorrarnos trabajo, tiene la palabra señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Como antes de la intervención he manifestado al portavoz del Grupo Popular, hacemos nuestras las propuestas que se detallan en su enmienda y le invitamos a colaborar en una iniciativa conjunta para presentarla en
un futuro inmediato porque todo lo que se propone es razonable y coincidimos en ello, si bien entendemos que el marco en el que se engloba nuestra iniciativa va referido a una situación concreta que se da actualmente en Colombia respecto a la
desmovilización de los paramilitares y al debate que hay en Ginebra, y lo que propone el Grupo Popular es más amplio.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, mi pregunta es muy sencilla: ¿Ustedes incorporan ya en la enmienda transaccional que presenta a la Mesa, para que podamos darla por aceptada, la enmienda del PP?
La señora NAVARRO CASILLAS: No. Nos comprometemos a presentar una iniciativa en el futuro.
El señor PRESIDENTE: En el futuro. Por lo tanto, en el trámite parlamentario de hoy no acepta la enmienda del Grupo Popular.
La señora NAVARRO CASILLAS: No.
El señor PRESIDENTE: Consecuentemente, el Grupo Popular sabrá si mantener o no su enmienda. Si la mantiene, le ruego que la defienda.
El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: La proposición no de ley de Izquierda Unida llama poderosamente la atención porque se refiere a uno de los grupos paramilitares que actúan en Colombia. ¡Ojalá fuera de un solo grupo el problema de Colombia!
El problema de Colombia afecta a varios grupos. Entre los más importantes tenemos que destacar la AUC, a la que hace referencia Izquierda Unida, pero ha obviado la referencia a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que
es el grupo insurgente más antiguo de toda Hispanoamérica y uno de los cártel de droga más importantes del mundo. También ha ignorado al ELN, Ejército de Liberación Nacional, de radical y violenta ideológica dogmática izquierdista. Estos dos
grupos, FARC y ELN, son tan perturbadores
y desprecian los derechos humanos tanto o más que los AUC que, naturalmente también merecen nuestro desprecio, y son los causantes de muertes, secuestros, mutilaciones, extorsiones, responsables del tráfico de drogas y del sufrimiento sin
límite de todos los colombianos. Luego, hay que desmovilizar por igual a los tres.
El hecho de que Izquierda Unida mantenga una referencia coyuntural de unas conversaciones actuales en Colombia, pretende empequeñecer lo que vienen diciendo distintas instituciones y sobre todo la Unión Europea. Lo más reciente la
declaración de la Presidencia de la Unión Europea, que dice que cree que en Colombia no es posible una solución puramente militar del conflicto, por lo que subraya la importancia de explorar constructivamente la forma de avanzar hacia una solución
pacífica con todos los grupos. Y la Unión Europea se congratula del empeño del Gobierno colombiano por lograr el desarme y la desmovilización de los grupos paramilitares. Culpar a Uribe de las actuaciones de la AUC y, al mismo tiempo, ignorar los
avances tan importantes que se están logrando, no solamente es injusto, sino que desvirtúa absolutamente la verdad de lo que acontece en Colombia.
Durante los 30 meses de mandato del presidente Alberto Álvaro Uribe ha mejorado sustancialmente la seguridad y se ha reducido el sufrimiento de los ciudadanos colombianos, de tal forma que en el año 2004, el año pasado, ha bajado la tasa de
homicidios hasta el 44,15 por ciento por cada 100.000 habitantes, es decir, se ha reducido más del 50 por ciento y es la más baja desde 1985. El número de secuestros realizados por los grupos armados bajó de los 2.986, del año 2002, a 776 en 2004,
es decir, hay una diferencia de 2200 secuestros menos. El número de guerrilleros y paramilitares reinsertados que han aceptado el programa gubernamental de Uribe ha pasado de 2.538 en 2003, a 2.972 en 2004. A estos 2.972 hay que añadir además
otros 2.224 miembros que abandonaron la lucha procedentes de la AUC, lo que supone el 20 por ciento de los efectivos de la AUC -como sabemos, Autodefensas Unidas de Colombia-, como resultado, precisamente, de este programa de desarme. Es
absolutamente injusto querer empequeñecer y ensombrecer la labor de Uribe cuando es digna del más grande aplauso, al mismo tiempo que lo merece la gestión realizada por el presidente Pastrana.
Dicho esto, señor presidente, nosotros vamos a mantener la enmienda, independientemente de que en posteriores acuerdos -ya que no se admite así- podamos mantenerla como propuesta de resolución. Nosotros creemos que el enfoque de Izquierda
Unida es absolutamente desafortunado pues hace injustamente mención a un solo grupo cuando hay otros grupos tan violentos al menos como la AUC. Hay que ver el problema de Colombia en su integridad. El error de esa proposición no de ley consiste en
cambiar un adjetivo. El adjetivo que en su propuesta de conclusión anuncia el Consejo Europeo, que insta a todos los grupos ilegales a que cesen todas las hostilidades. La Unión Europea habla de todos los grupos, e Izquierda Unida se refiere solo
a los grupos paramilitares. No es cierto. Lo que dice la Unión Europea es para todos los grupos. Por ello hemos presentado esta enmienda, para ajustarnos a la verdad y acercarnos a lo que quieren la Unión Europea y todas las instituciones y
lograr la solución de Colombia a largo plazo porque, desgraciadamente, no es un problema sencillo que se pueda resolver de hoy para mañana. Hay que justificar y aplaudir los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia, por el presidente Uribe,
lo que puso en marcha el presidente Pastrana y apoyar, como no puede ser de otra forma, todas las recomendaciones de la Unión Europa.
La enmienda que hemos presentado no añade una sola coma a los postulados que defiende la Unión Europea. Queremos que la propuesta de resolución afecte a todos los grupos y no solo a uno, como pretende Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra.
Por el Partido Nacionalista Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se refiere a la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Concebida esta desmovilización como una contribución más a
la desactivación de un conflicto que lleva ya muchos años -demasiados probablemente- desangrando esta región iberoamericana, no es la primera vez que se aborda en esta Comisión y probablemente no será la última porque se presenta con una complejidad
enorme y encierra una vocación de persistencia en el tiempo, que parece incontestable.
La proposición se inserta en el conjunto de actuaciones que en este mismo sentido vienen llevando a cabo otros países y algunas instancias de la comunidad internacional. Por lo que se refiere a las medidas concretas que contempla su parte
resolutiva, nos parece que se sitúan dentro de los límites que un Estado ha de respetar cuando se trata de contribuir a la resolución de problemas que tienen lugar en territorios de otro Estado soberano, sin violar el derecho a la no injerencia. Se
habla de desarrollar actuaciones en el marco de las relaciones bilaterales, de seguir el desarrollo del proceso y de contribuir, desde esas relaciones bilaterales, a que se produzca el desenlace de la situación en unas determinadas condiciones: el
cese efectivo de las hostilidades y los abusos, y la aprobación de una ley integral. Respeta básicamente los límites diplomáticos que necesariamente tiene que respetar un Estado cuando se pronuncia sobre actuaciones que tienen lugar en territorio
de otro Estado soberano y, desde ese punto de vista, nos parece aceptable.
Como apunta el portavoz del Grupo Popular, la iniciativa es parcial, unilateral pues hace referencia solo a
una de las partes en un conflicto que es bilateral, que tiene dos polos de actuación, y en la que ambos frentes llevan a cabo violaciones de derechos fundamentales todos los días. El hecho de que en Colombia existan otras organizaciones,
cosa que nadie niega, que incurren en abusos y que violan todos los días derechos fundamentales, no significa que las fuerzas paramilitares no existan o que estas fuerzas paramilitares no puedan ser objeto de un análisis monográfico y se puedan
adoptar medidas singularizadas.
Si el grupo proponente hubiese aceptado la enmienda del Grupo Popular, la hubiésemos aceptado sin ninguna duda. Puesto que no lo hace, el hecho de que se fije solamente en una de las partes, no lo consideramos razón suficiente para negarle
nuestro apoyo. Por lo tanto, apoyaremos la proposición, sin perjuicio de que si en el futuro se plantea una nueva iniciativa reformulada que haga referencia a la integridad del conflicto en Colombia e incluya a las dos partes que se enfrentan
sangrientamente en aquel país, podamos también apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: El tema de Colombia ha venido a esta Cámara y vendrá muchas veces más. Aunque está a muchos kilómetros de distancia es un problema nuestro. Todos somos Colombia porque el dinero del narcotráfico enriquece a los
europeos.
En España hay muchos consumidores de cocaína y quizá este problema se resolvería con la legalización de la cocaína. En este momento la situación que ha reflejado el portavoz del Grupo Popular no es la realidad. Nos llegan peticiones de
asilo de las comunidades indígenas; las fuerzas paramilitares están actuando con especial impunidad; están actuando al servicio de empresas de aceite de palma, que con el fin de desalojar terrenos para el cultivo, están cometiendo atrocidades con
las poblaciones indígenas, asesinatos impunes, incluso con el refuerzo del Gobierno de Uribe.
Es necesario actuar desde los gobiernos democráticos. No pedimos al Gobierno español que ejerza presión sobre Uribe, en el sentido de desestabilizar un país. Pero sí le pedimos que para acercarse a Estados Unidos, para hacer una maniobra
de acercamiento que ha sido torpeada por el señor Aznar, el pago no sea ojos cerrados a lo que pasa en Colombia.
El Estado español tiene un papel fundamental en ese conflicto, no solo como consumidores de cocaína, sino por el habla española y por
lazos que ha habido siempre con Sudamérica. Aquí sí debe tener una actuación especial el Gobierno español. Le pedimos que no sea el precio de la amistad con el señor Bush cerrar los ojos a lo que pasa en Colombia. Las fuerzas paramilitares sí
están actuando impunemente con el respaldo del Gobierno. La situación real de Colombia no es la que ha explicado el portavoz del Partido Popular: hay un efectivo de fuerzas a favor de los paramilitares. Esta proposición, tal como está reflejada,
debería ser aprobada por esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para fijar la posición de este grupo parlamentario que será una posición y un voto contrario a su redacción, tal como se plantea, sin la aceptación de la enmienda del Partido Popular.
A la señora Isaura Navarro, que es jurista y tiene conocimientos de los mecanismos de interpretación, quiero invocarle los primeros artículos del Código Civil, que recomiendan siempre una interpretación integrada de la realidad y de las
normas. En este caso es apropiado invocar el principio de interpretación integrada cuando nos referimos a Colombia. No podemos tomar la parte por el todo soslayando una referencia importante a otros focos que crean tensión y violencia en la
situación colombiana. Se ha hecho referencia a las FARC y se ha presentado una enmienda con la petición expresa de integrar a estas fuerzas en este análisis global de la situación en Colombia, pero se ha producido un expreso rechazo a la
incorporación de matices a una aproximación más acertada a este problema.
El Grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde propone que nos refiramos exclusivamente a los paramilitares, pero mi grupo cree que tendríamos que elaborar una redacción algo distinta a la que propone el citado grupo. En estos momentos no se
puede hablar de que el Gobierno de Colombia da respaldo a los paramilitares, como se ha dicho recientemente, ni podemos trasladar, como venimos haciendo desde hace un año en esta Comisión, un maniqueísmo extremo sobre la situación de Colombia. La
situación de Colombia es mucho más compleja. Ayer en el Pleno del Congreso discutíamos sobre Cuba y yo me permitía decir que hemos llegado a un momento en el cual Cuba se ha somatizado como un elemento de política interna más que de política
internacional. Ahora hago votos para que una situación tan compleja como la de Colombia, en la cual la diplomacia española puede tener un papel importante en la solución del conflicto, dentro del marco de la solución regional, no se termine
convirtiendo también en un elemento de desgaste y de maniqueísmo extremo en la política española.
Tampoco se puede decir en estos momentos -haciendo referencia expresa al actual Gobierno de Colombia- que hayan empeorado las cosas en cuanto a la situación del Estado de derecho en este país. Porque las interpretaciones, además de
integradas, se deben hacer con una cierta perspectiva. Y el actual Gobierno de Colombia tiene la responsabilidad de intentar volver a reconstruir, a refibrar -si me permiten
la expresión- las instituciones colombianas, después de una apuesta sensata, lógica en el momento del proceso, después de más de 40 años del presidente Pastrana y de llegar a unos acuerdos con los dos polos de tensión: con las FARC y con
los paramilitares. Esta actitud del presidente Pastrana de llegar tan lejos en el intento de un acuerdo supuso una cesión importante de los elementos básicos del Estado de derecho, una apuesta arriesgada, una apuesta valiente, pero una apuesta que
fracasó y que supone que el actual Gobierno colombiano tenga que hacer un planteamiento de negociación, pero también de acallamiento de los focos de reacción armada y de reconstrucción del Estado de derecho.
Tampoco compartimos esta criminalización
del actual Gobierno colombiano.
Simplemente para poder las cosas en perspectiva y, como decía, para hacer una interpretación integral.
Para finalizar, señor presidente, hay otro motivo por el cual votaremos en contra de esta proposición no de ley. En la parte del petitum, en el segundo punto, se señala -e invito a los otros grupos parlamentarios a que reflexionen sobre
ello- que esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, insta al Gobierno colombiano o al Parlamento colombiano, a elaborar una ley integral que regule la desmovilización y el cumplimiento real de los principios,
etcétera. La interpretación de este grupo parlamentario es que la actividad legislativa de un parlamento soberano no puede estar marcada por otro parlamento soberano. Es otro elemento básico para expresar nuestro rechazo. Creo que la enmienda
habría podido mejorar este redactado. No ha sido posible. Sin acritud, señora Isaura Navarro, porque venimos discutiendo sobre Colombia desde hace bastantes en esta Comisión, pero creo que deberíamos unas aproximaciones bastante más matizadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Porteiro.
La señora PORTEIRO GARCÍA: En el debate que se ha producido en esta Comisión nuestro grupo está teniendo muy en cuenta las intervenciones que se han producido y valorando qué actitud tomar. En un principio, debo reconocerlo, nuestra
primera intención era votar a favor de esta iniciativa porque estamos de acuerdo en que el Gobierno de Colombia fuerce al máximo su capacidad de negociación con los paramilitares para que se produzca su desmovilización, en aras a la pacificación
necesaria en este país latinoamericano. Tal y como se ha producido el debate, insisto, y después de la aportación que han hecho otros grupos como el Grupo Popular, todos, además del de la proponente, puede quedar en entredicho la posición de esta
Comisión si apoyamos la propuesta tal y como viene redactada, porque da la impresión de que solamente apoyaríamos las negociaciones con los grupos paramilitares. El esfuerzo que está haciendo en este momento y el que tendrá que hacer cada vez en
mayor medida el Gobierno de Colombia para desmovilizar los grupos provenientes de la guerrilla es tan importante como el anterior.
Nosotros querríamos que hasta que se produzca la votación se pudiera producir un encuentro entre los grupos que así lo deseen, para llegar a un texto de consenso que nos deje satisfechos a todos. Reconocemos a todos los grupos aquí
presentes su interés en llegar a un acuerdo satisfactorio. Ninguno de los grupos está en contra del proceso de paz que se lleva en Colombia, pero no quisiéramos favorecer una idea parcial o sesgada. Respetamos la iniciativa de la señora
proponente, pero después de la Declaración de Cartagena, auspiciada por todos los representantes de gobiernos democráticos internacionales; después del discurso del presidente Uribe en este encuentro de Cartagena en el cual se comprometió, antes
del 20 de junio, a llevar una iniciativa legislativa al Parlamento colombiano donde se trate de manera adecuada el problema (tal y como plantea la iniciativa de Izquierda Unida) siguiendo los principios de verdad, justicia y reparación para ayudar a
resolver este conflicto, nos parece importante adoptar una posición muy cautelosa y medida. No podemos ignorar que se están produciendo avances con las medidas que está tomando el Gobierno de Colombia. Recientemente ha ratificado la Convención
Interamericana contra ese gravísimo delito contra los derechos humanos, que es la desaparición forzada de personas, algo que también se encuentra en la iniciativa del Grupo Izquierda Verde.
En todo caso la violencia, sea cual sea su origen, la situación de terrorismo que se está viviendo en Colombia contra la población civil, una población que tiene más de dos millones de desplazados, que tiene en Bogotá situaciones de enorme
pobreza, de extrema crisis humanitaria, porque son los campesinos, son las mujeres, son los niños los principales afectados, requiere de una posición que nos satisfaga a todos y que sea justa, en el sentido de reconocer los esfuerzos que están
haciendo en estos momentos que no deje duda alguna sobre la crítica que podamos hacer a la guerrilla, a los grupos que también ejercen la violencia contra el pueblo de Colombia y que procede de las antiguas guerrillas. Por cierto, el proceso de
desmovilización de los paramilitares va acompañado del proceso de desmovilización de los guerrilleros. Creo que en los dos últimos años se han desmovilizado 5.000 personas procedentes de grupos guerrilleros, 4.000 concretamente del Frente de
Liberación.
Les proponemos a los grupos un esfuerzo de consenso y que, de cara a la próxima votación, podamos llegar a un texto conjunto. Señora Navarro, si simplemente hubiera una corrección, una cambio de matiz en su iniciativa y donde dice
'paramilitares', aceptase que se dijera 'grupos armados ilegales', estaríamos también dispuestos a firmar esta iniciativa. Es una idea que sugiero al proponente de la enmienda y a los otros grupos que han dicho que votarían en contra. Con esta
interpretación, entiendo que estaría todo perfectamente recogido.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, como propietaria de la iniciativa, ¿usted aceptaría la propuesta que le formula el Grupo Parlamentario Socialista?
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, no sé si puedo explicar mi posición o tengo que decir sí o no.
El señor PRESIDENTE: Si quiere, puede añadir una brevísima explicación.
El señor ESTRELLA PEDROLA: En temas como este donde se está planteando llegar a un acuerdo entre los distintos grupos, posiciones diferenciadas pero en el que parece existir una voluntad de la proponente de que su propuesta cuente con el
máximo respaldo, pediría que el presidente dejara ese pronunciamiento para el final, en el momento previo a la votación.
El señor PRESIDENTE: No tengo ningún inconveniente. La proponente, tampoco.
La señora NAVARRO CASILLAS: Al contrario, señor presidente. Lo cierto es que entendemos que no es necesaria una modificación de la iniciativa, porque trata de una situación concreta que es la desmovilización de los paramilitares.
El señor PRESIDENTE: Preguntaré después, a la hora de votar, si se han puesto de acuerdo, y si no, votaremos la proposición no de ley en los términos en que está escrita, en la medida en que no se aceptaba la enmienda única presentada
formalmente, al margen de lo aportado in voce por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Popular.
- SOBRE LA PROMOCIÓN DEL USO DEL ESPAÑOL EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000623.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, proposición no de ley sobre la promoción del uso del español en los Estados Unidos y Canadá. Para su defensa, el señor Moscoso tiene la palabra.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Cambiamos de tema radicalmente.
El objetivo de esta proposición es concienciar y promover el uso del idioma español en los Estados Unidos, con el fin de contribuir a la consolidación de su utilización entre la población de origen hispano. Su objetivo es básicamente
consolidar y defender su uso entre un colectivo que ya lo conoce, que ya lo habla. Para ello proponemos la puesta en marcha de un plan de acción dirigido tanto a actores públicos como privados, destinado a promover su uso.
La rápida extensión del español en los Estados Unidos y Canadá merece una atención mayor de la que se le ha ido prestando hasta la actualidad, debido a las enormes oportunidades económicas que puede generar a medio y largo plazo. Los
hispanos o los diferentes grupos que hablan español o castellano -como ustedes quieran- en los Estados Unidos, constituyen ya probablemente el primer grupo mundial de habla hispana en términos de renta. Son unos 40 millones y su renta per cápita,
su renta media, es superior a la española, de modo que tendríamos ahí un grupo de habla hispana con una renta o PIB superior al español y también al mejicano, que serían los más grandes.
En los Estados Unidos todos sabemos que el español es, después del inglés, el idioma más hablado, más estudiado, más escuchado por la radio y por la televisión y el utilizado en un mayor número de publicaciones. Sin embargo, el grupo
hispano es un grupo heterogéneo, complejo, conformado por grupos de origen variado: México, Puerto Rico, Cuba, Centroamérica, otros países americanos, etcétera. Todos ellos hablan español, ven la televisión en español, pero no se sienten miembros
de una comunidad única, de una comunidad cohesionada. Su sueño general es llegar a ser ciudadanos estadounidenses y hablan español sobre todo -y esto es importante señalarlo- porque la gran mayoría de ellos son inmigrantes de primera generación.
No se ha demostrado hasta la fecha -y yo soy escéptico sobre ello- que este grupo vaya a prestar una disposición, una tendencia, a mantener su idioma, mayor que el de otros colectivos. En otros momentos de la historia de los Estados Unidos
ha habido colectivos que han hablado el italiano, el francés, en polaco, en alemán y, sin embargo, lo han perdido. Si no se toman medidas urgentes es posible que estos ciudadanos acaben perdiendo el uso del idioma. Sin embargo, existen indicios
que nos permiten ser optimistas. Cada vez es más normal que los hispanos deseen que sus hijos hablen también español, debido a las crecientes oportunidades económicas que ello genera gracias a los trabajos bilingües y, sobre todo, a las
oportunidades económicas y sociales que se derivan de ello.
Radica precisamente aquí el futuro del español o del castellano en Estados Unidos y en Canadá. Ese futuro depende de la capacidad que tengamos de hacer de este idioma un idioma atractivo en lo económico y en lo social.
Solo el crecimiento
de la actividad económica del español y su consolidación definitiva como lengua de trabajo puede asegurar su supervivencia. España todavía no ha encontrado la forma de participar en esta nueva pluralidad cultural de tan amplio crecimiento, y si no
actuamos de manera rápida podremos convertirnos en un espectador de la misma. Esta cuestión requiere
medidas de apoyo desde nuestro país, medidas adaptadas a la realidad estadounidense, medidas específicas. Porque, como decía antes, lo que hace a un idioma importante es la demanda que se tiene de él, su utilización real y la estima de los
demás no la propia. Así se subrayó, por ejemplo, en el III Congreso Internacional de Lengua Española, que se celebró en Rosario, Argentina. Por ello proponemos dos tipos de medidas.
Por un lado, desarrollar un plan que contemple medidas
encaminadas a promover el uso del español en todos los ámbitos citados. Y cuando digo en todos los ámbitos me refiero a que hace falta utilizar y generalizar el español en contenidos musicales, dramáticos, informáticos, lúdicos, televisivos, de
entretenimiento, cinematográficos, literarios, científicos, educativos, sociales, en internet, etcétera. Lo importante es el uso y no tanto la calidad cultural de los contenidos. Hacen falta emisoras de radio y de televisión, hacen falta
informativos, culebrones, prensa de corazón en Estados Unidos, en español, para que su uso se consolide.
Por otro lado, estas medidas deben ser compaginadas y complementadas con las que se vienen desarrollando tradicionalmente desde el Instituto Cervantes, con el fin de promocionar, enseñar la lengua, y difundir la cultura española en
Hispanoamérica. Es necesario promocionar el legado histórico de España en Estados Unidos y Canadá; la contribución cultural de la comunidad hispana en ambos países, la de otras culturas y otras tradiciones propias del Estado español; así como
promover la labor que realizan otras instituciones de carácter público o privado. En ese sentido, la propuesta es global. Hay que abrir más centros del Instituto Cervantes y apoyar otras instituciones.
Me remito al texto de la proposición, que contiene cuatro puntos.
Retiraríamos el cuarto porque distrae la atención del objeto principal del mismo. Hace falta, primero, proponer un plan de actuación para que los grupos de habla española,
públicos y privados, medios de comunicación, editoriales, etcétera, aborden estos mercados con contenidos. Este plan debería incentivar la creación de estructuras de apoyo a los intereses económicos y culturales hispanos en Estados Unidos y en
Canadá, para que la lengua española pueda ser un instrumento utilizado en el día a día por una industria global que abarque todos los ámbitos ya citados -cultura, científico, económico, financiero, etcétera-, con el fin de asegurar su capacidad de
supervivencia. Y el tercer punto sería promover y reforzar las medidas ya en marcha de contenido cultural y de enseñanza, por institutos públicos y privados, como el Cervantes y demás. Y el punto cuarto lo retiraríamos.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán.
Para su defensa tiene la palabra el señor Xuclà. Entendemos que el grupo proponente acaba de retirar el punto cuarto de su propia iniciativa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Incluso sin el punto cuarto tiene sentido esta enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Catalán a la proposición no de ley defendida por el diputado Moscoso del Prado, porque es una enmienda de adición desde el
reconocimiento de la importancia del español que el grupo de la mayoría, desde el punto de vista de estrategia en política exterior, plantea sobre los 40 millones de hablantes del castellano en Estados Unidos y sobre el creciente uso del castellano
en Canadá. Lo hace no desde un registro de intensidad académica, sino popular, pues ha hecho referencia a los culebrones o incluso a la prensa del corazón. Quizá sea una estrategia apropiada para el nacionalismo catalán, aunque no nos habíamos
planteado la penetración en catalán en Estados Unidos con prensa del corazón. Desde el punto de difusión del castellano, es quizás un registro apropiado.
Como estamos en un Estado pluricultural, plurilingüístico y plurinacional en opinión de este grupo parlamentario, esta enmienda es de adición para que en esta promoción del castellano se tengan también en cuenta a las otras lenguas que la
Constitución española contempla. La Constitución hace referencia expresa a que el Estado reconoce, respeta y promueve estas otras lenguas, la da protección a estas otras lenguas. Estas lenguas también deben ser lenguas de Estado y en la medida en
que lo sean en el conjunto de esta realidad plurilingüística que es España nos sentiremos más cómodos. Centrándonos en el campo de la acción exterior, no debe pivotar exclusivamente sobre el castellano, sino también sobre las distintas lenguas.
Su señoría sabe perfectamente que Radio Nacional de España diariamente, a las dos y veinte del mediodía, emite un boletín informativo en castellano y en las otras lenguas oficiales estatutariamente en parte del territorio español.
Evidentemente, Radio Nacional de España en el exterior es un instrumento potentísimo de proyección internacional. Pues bien, pedimos que aquello que ya se está haciendo desde hace muchos años -debemos hacer un reconocimiento expreso a esta
actividad de Radio Nacional de España-, que este reconocimiento del plurilingüismo en la proyección exterior se contemple en la acción política a la que insta esta proposición no de ley.
Es una enmienda de integración y de adición. Para terminar, señor presidente, al igual que hace unos meses, cuando pedíamos que el Gobierno español impulsara a nivel de la Unión Europea el reconocimiento de las distintas lenguas oficiales y
apoyábamos al Gobierno en el objetivo de que el castellano continuara siendo lengua de trabajo en una futura reducción de lenguas de trabajo en la Unión Europea, pues una cosa no es incompatible con la otra, en este caso es perfectamente compatible
dar apoyo a esta estrategia planteada por parte del Grupo Socialista, siempre que se haga a la luz de una interpretación del carácter plurilingüístico del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Otros grupos que deseen hacer uso de la palabra.
Por el Partido Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Anuncio nuestro voto favorable a la proposición no de ley. Si se admite la enmienda que ha anunciado el señor que ha anunciado el señor Xuclà, eso depende del grupo proponente. En cualquier caso tendrá
nuestro voto favorable.
Pensamos presentar alguna enmienda haciendo precisiones pero lo hemos pospuesto hasta conocer cuál es el plan. La moción pide un plan de acción y nos habría gustado establecer un plazo, pero como el grupo proponente no lo habría aceptado
-sabemos que a los gobiernos no hay constreñirlos con plazos porque no los aceptan-, vamos a insistir periódicamente en que este plan se conozca y entonces haremos precisiones como, por ejemplo -me extenderé un poco en ello-, en comercio exterior,
que une bien con lo que ha dicho el señor Moscoso.
Hemos sonreído todos cuando el señor Moscoso ha hecho una especie de canto a menos cultura y más realidad; más vida cotidiana, vida educativa, comercio o empresas. No creo que sea menos cultura, sino que además de la cultura, donde estamos
muy centrados con los Institutos Cervantes, que apoyamos y siempre lo hemos hecho desde el Gobierno, hay mucho frente en un país tan amplio cuyos mercados son tan difíciles de entrar, con una población de 40 millones de personas. Nos parece muy
bien este planteamiento que, aparentemente, nos ha sonado como poco ortodoxo, pero que creo que S. S. tiene razón. Nosotros añadiríamos al perfil demográfico de estos 40 millones de personas, con esas numerosas poblaciones como Nueva York, Chicago
o Miami, con un índice muy alto, como es el caso de Nueva York con casi el 30 por ciento de la población, dos características: la elevada natalidad y la juventud. Que la edad media tenga 26 años es un dato muy importante a la hora de identificar
de lo que estamos hablando y las características de esta población. Como han dicho el señor Moscoso y el señor Xuclà es un idioma muy hablado en el hogar; la televisión, Univisión, es la quinta cadena más vista; y es la lengua más estudiada como
segunda lengua. Todas estas características nos sitúan en un futuro más optimista del que ha destacado el señor Moscoso, incluso si dejáramos las cosas ir, aunque no hay que dejarlas ir y por eso aprobamos esta propuesta.
En un momento vimos cómo se tendía a lo que el señor Moscoso ha señalado como tendencia actual, tendencia que se está quebrando, que es la asimilación, ese melting pot. La población se va asimilando, como ha pasado con otras, y acaba
teniendo un residuo de la lengua, pero en realidad es una población totalmente asimilada. Eso hubiera sucedido si hubiera habido un parón radical en la emigración. O no tan radical. Con un parón en la población emigrante hubiera sucedido esto,
pero es un hecho que no ha habido ese parón en la emigración. Esa idea de absorber, ese crisol que acaba por la absorción, parece que desde hace unos años no es la tendencia imperante. Sin embargo hace unos años, los estudiosos de la lengua
(querría recordar ahora al profesor Lodares, que ha muerto en accidente de coche, gran lingüista, quien tenía muy estudiada esta materia, que ha muerto muy joven) detectaron que, sin pasar a ser una lengua asimilada por el inglés, iba a serlo en los
dos niveles: el status alto -cuando digo alto lo digo en todos los sentidos...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya acabando señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: El status alto, por un lado, y, por otro, el status local, familiar y de hogar. Pues bien, hoy estamos en la hipótesis de la biculturalidad, la posibilidad del bilingüismo, la biculturalidad, por una
serie de razones. Creemos que es especialmente importante aprovechar esta situación para hacer el esfuerzo que S. S.
dice.
Termino, señor presidente, recordando una cuestión que no hemos querido meter como enmienda para verla en el plan, que es la relativa al comercio exterior.
El señor PRESIDENTE: Extremadamente breve, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Extremadamente breve.
Había una línea de acción muy importante como programa específico en Estados Unidos sobre materias audiovisuales, defendidas por comercio exterior y por el ICEX. Eso querríamos verlo reflejado vinculado a la lengua, a la marca España, a la
creación y a los productos audiovisuales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Me he divertido mucho en esta discusión. Si en lugar de español hubiera sido catalán, hubiéramos sido 'butifarreros', nacionalistas empedernidos, secesionistas, etcétera. Pero como es la lengua del Estado, todos
tenemos que estar de acuerdo y celebrar que el Estado, por fin, se haga cargo de su obligación, que es defender una lengua.
En el Estado español hay una lengua oficial que es el español o castellano. Como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, hay otras cuatro lenguas que son cooficiales en las autonomías. Si los recursos son del Estado, el Estado debe
aportar recursos para promocionar estas lenguas, porque también hay descendientes de catalanes, de vascos y de gallegos en el extranjero. Cuando vamos a promocionar la lengua, en nuestro
caso, no estamos pensando en la fuerza mediática, sino que estamos pensando en el derecho del individuo a conocer sus raíces. Y en sus raíces está la lengua como acervo cultural. Y es básico para construir su identidad. Un individuo sin
identidad no puede proyectarse en una vida rica y plena. Hoy todos los expertos en emigración lo están constatando: es básico que un individuo reconozca sus raíces y poder conocer su lengua. Si queremos que descendientes de catalanes, vascos,
gallegos en el extranjero, puedan conocer su lengua, las comunidades autónomas necesitamos recursos. Y aquí sí que cabe una obligación del Estado para darnos recursos para que podamos promocionar nuestra lengua también en el extranjero.
La proposición está muy bien porque pone español, si se hubiera puesto catalán estaría muy mal, seguramente. Si se acepta la adición de Convergència i Unió, incluso podríamos votar esta iniciativa a favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué opina el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre la transacción que se le propone? (Pausa.) Lo deciden a la hora de votar.
- SOBRE MEDIDAS PARA FRENAR LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000670.)
El señor PRESIDENTE Pasamos al siguiente punto del orden del día que es, en este caso, una proposición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Les ruego la máxima brevedad, a fin de poder sustanciarla cuanto antes.
Tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Voy a ser muy breve.
El problema del armamento nuclear, después de la II Guerra Mundial, pareció que estaba resuelto. Al contrario. Después de la II Guerra Mundial hubo una fase en que hubo un gran peligro de guerra nuclear.
Cuando se disolvió la Unión
Soviética pareció que este peligro estaba extinguido, pero ahora hemos visto que ha sido lo contrario, que al disolverse la Unión Soviética, las armas nucleares se han esparcido por otros Estados menos potentes y menos controlables. El desarmamento
que empezó en un principio se paró. Hay una preocupación de la sociedad de que este peligro sigue existiendo y que puede ser el fin de la humanidad.
Esquerra Republicana se ha hecho eco de esta preocupación. Para ser muy breve, voy a leer un texto que nos ha pasado Greenpeace, que refleja esta preocupación por el desarmamento nuclear. Dice así: A pesar del fin de la guerra fría, a
pesar de que hace 35 años que entró en vigor el único instrumento internacional encaminado al desarme nuclear, el Tratado de No Proliferación, uno de los que cuenta con el mayor número de ratificaciones, en este caso 188, lo cierto es que la amenaza
nuclear es hoy mayor que nunca. ¿Por qué? No solo porque, como es obvio, el periodo de vigencia inicial del tratado finalizó en 1995 sin que se lograra el desarme nuclear total, sino porque hay más países hoy que cuentan con armas nucleares de las
que habían cuando se acordó este tratado. Es evidente que cada vez hay más países que quieren hacerse con este tipo de armamento. Y porque cada vez hay más que cuentan con la capacidad de fabricarlo. Este fenómeno, la proliferación de armas
nucleares, que se ha puesto claramente de manifiesto en las revelaciones de programas nucleares clandestinos por Estados parte del tratado, como Irán o Corea del Sur, o el mantenimiento y desarrollo de arsenales en India, Pakistán e Israel nos
preocupa a todos enormemente y no cabe duda de que hay que enfrentarlo. Pero es esencial observarlo en el contexto de falta de cumplimiento de sus compromisos de desarme por parte de las potencias nucleares. Hay que recordar que el artículo 6 de
ese tratado establece para las potencias nucleares la obligación de avanzar hacia un desarme nuclear efectivo y completo. Claro que ha habido algún avance en el sentido de desmantelar parte de esos arsenales, pero solo entre las cinco potencias
nucleares reconocidas: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Suman todavía hoy unos 28.000 artefactos nucleares. Y lo que es peor: en los últimos años hemos visto planes para la modernización de los arsenales nucleares, en el caso
de los Estados Unidos, con el objetivo de conseguir armas nucleares más fácilmente utilizables, y hemos asistido a la elaboración de nuevas doctrinas nucleares, especialmente por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que promueven el
mantenimiento y el uso de este tipo de armamento.
Este es el contexto en el que se va a desarrollar en pocas semanas la VII Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación a la que, desde luego, es deseable que el Gobierno envíe una representación del más alto nivel. En la anterior
revisión, en el año 2000, la conferencia fue capaz de adoptar algunos acuerdos importantes. Entre ellos, un acuerdo de 13 pasos prácticos para avanzar de forma sistemática y progresiva hacia la aplicación efectiva de este artículo 6, fundamental
del Tratado de No Proliferación, que se refiere al desarme. Acuerdo que está siendo cuestionado por algunos intereses, en concreto, por la actual Administración estadounidense.
En nuestra opinión, ningún esfuerzo para frenar la proliferación de armas nucleares va a ser realmente eficaz si no va acompañado de esfuerzos reales que conduzcan al desarme. Frente a quienes intentan desviar toda la atención hacia el
problema de la proliferación, olvidando las obligaciones internacionales establecidas para el desarme nuclear, es esencial defender con firmeza los compromisos acordados. En el caso de la revisión del Tratado de No Proliferación, eso significa
defender la necesidad de mantener y reforzar el
acuerdo de 13 pasos prácticos al que se llegó en el año 2000, tal como está proponiendo la asociación Greenpeace.
En el convencimiento de que la responsabilidad de avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares no corresponde solo a quienes las poseen, sino también a todos los Estados que participan en los foros multinacionales de desarme, instamos
a este Gobierno -con esta proposición no de ley- a jugar un papel proactivo en la defensa y el reforzamiento de los compromisos de desarme nuclear acordados, y la denuncia de su incumpliendo, en cuantas ocasiones se presenten, especialmente en la
próxima Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación.
Asumimos este acuerdo de Greenpeace y creemos que el Estado español tiene su deber con los otros Estados de actuar en las altas instancias internacionales para promover el desarme y evitar la no proliferación.
El señor PRESIDENTE: Les ruego la máxima brevedad.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Voy a defender muy brevemente esta enmienda, con un redactado alternativo pero que incorpora algunos puntos de vista que enriquecen el planteamiento apropiado de Esquerra Republicana ante una situación de extrema
gravedad como es la amenaza nuclear y el cumplimiento de la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, incorporando una referencia a la posición común de la Unión Europea y a la necesidad de que el Gobierno trabaje en esta línea. Invitamos a
que cualquier transaccional a la que se pueda llegar haga referencia a la posición de la Unión Europea, sobre todo cuando después del 9 de marzo de 2005 el Parlamento Europeo, con una votación amplia de la mayoría de los grupos políticos, adoptó un
acuerdo sobre la revisión del Tratado de No Proliferación y de las armas nucleares en Corea del Norte, documento que debemos tener en cuenta en el debate de hoy.
Quiero también hacer referencia a la necesidad de superar los 13 pasos prácticos adoptados hasta ahora, a los cuales ha hecho referencia la diputada Bonás. Es importante incorporar, como veo hace alguna enmienda, el principio del
multilateralismo para combatir la amenaza nuclear.
Para terminar solo queremos subrayar que nuestro grupo parlamentario observa con preocupación cómo se está desarrollando una nueva escalada nuclear por parte de algunos gobiernos; cómo hay situaciones opacas preocupantes; y cómo, más allá
de una dialéctica de posicionamientos clásicos en materia de política exterior, en su momento, con toda nitidez, tendremos que señalar aquellos países, aquellos Estados, que en estos momentos están rearmándose desde un punto de vista nuclear, porque
esto supone una amenaza evidente para la seguridad y la paz mundial.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista tiene presentada también una enmienda.
Tiene la palabra la señora Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Me gustaría, en primer lugar, dar la enhorabuena a la proponente por traer un tema tan importante a esta Comisión. Es evidente que es de la máxima importancia, pero también es evidente que este Gobierno está
comprometido, como dijo ya el ministro en la primera comparecencia, en trabajar activamente a favor del desarme y de la no proliferación. Se demostró en la copatrocinación de la Resolución 1540, en abril de 2004, donde se solicitaban informes
nacionales y medidas jurídicas y administrativas que sirvan de instrumentos eficaces para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y tecnologías relacionadas. Por otra parte, la Resolución 1540 insta a los Estados a tomar otras
medidas que incluyan la adopción e implementación universal del Tratado de No Proliferación y la adopción de reglamentos nacionales para asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones de desarme y no proliferación, además de otras que no voy a
mencionar para una mayor brevedad. Es cierto que la situación es grave. En esta resolución que pedía informes nacionales, España fue el país número 11, y ahora mismo hay ya más de 60 informes presentados sobre esta resolución. Igualmente
podríamos referirnos a que España promocionó otra resolución de Naciones Unidas, que se llamó: Un camino para la eliminación completa de las armas nucleares, redactada inicialmente por Japón.
Presentamos una enmienda de sustitución, que en realidad es de modificación porque asume los planteamientos, con una redacción algo diferente para mejor clarificar. En el punto número uno queremos resaltar que la proposición tiene una doble
vertiente que obliga a los tratados, la no proliferación y el desarme, y hacerlo de manera verificable, como se resuelve en el protocolo adicional. Si bien es cierto que el freno a la proposición supone un avance en la misma línea que el desarme,
no debe perderse de vista que los Estados implicados en una y otra medida no son los mismos, y es necesario ser pragmáticos en este punto. En cualquier caso, aunque las armas nucleares son una amenaza siempre, no es lo mismo que su posesión esté en
manos de una democracia madura, de una dictadura o, incluso de organismos no estatales. Esta última posibilidad, que es la más alarmante y que en los últimos tiempos se ha hecho más visible, es la que hizo que sugiera la Resolución 1540.
La amenaza es ciertamente grave y no solamente porque lo digan organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, sino porque lo hacen Amnistía, Intermon-Oxfam, así como los informes del Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas, que dicen que
más de 60 países tienen o están a punto de acceder a capacidades nucleares y 40 poseen ya la infraestructura industrial y científica que les capacita para fabricar armas nucleares si no
se atienen al tratado. Es evidente que la preocupación no es solamente de las organizaciones no Gubernamentales, sino de muchas otras instancias.
El punto número dos debe quedar exactamente igual, porque se refiere a los puntos prácticos que se decidieron en el año 2000. Y cuanto al punto número tres estamos de acuerdo en resaltar el multilateralismo y la posición de la Unión
Europea, que corresponde a nuestra organización regional, porque va más allá de esta Resolución 1540. Es más, propone soluciones mucho más impositivas todavía.
Esperamos llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: El señor Echániz tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: El Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña no deja de sorprendernos con sus iniciativas políticas y, en este caso, no tanto por su contenido como por su formulación, en la medida en que trae a esta Cámara una
proposición no de ley que insta al Gobierno de España a defender como propias, en las instancias internacionales, los cambios que una organización privada propone ante un tratado internacional. Es decir, insta al Gobierno de España a no tener
posición propia, sino a sumarse a los postulados de una ONG; a hacer dejación de sus responsabilidades en defensa de los intereses nacionales.
Señorías, el grupo proponente no se ha molestado siquiera en relacionar los cambios propuestos que están reflejados en el punto tercero.
Sencillamente insta a que sean asumidos esos cambios como si de un documento oficial se tratase y
deberían ser conocidos por el registro de esta Cámara. Quiero resaltar el profundo respeto que el Grupo Parlamentario Popular siente por muchos de los trabajos y la dedicación que está organización no gubernamental desarrolla como una de las
principales organizaciones del mundo, pero de ahí a intentar supeditar la actuación de un Gobierno democrático a unos postulados de una organización, muy respetable pero no sometida al control democrático de la sociedad ni responsable ante los
organismos multilaterales, nos parece que hay un espacio importante que no debemos traspasar.
Compartimos parte del espíritu que anima a la iniciativa, pero el procedimiento nos parece poco asumible porque convertiría a esta Cámara en un simple refrendatario o comparsa de los postulados o de las actuaciones de organizaciones
legítimas, pero que no son representantes, repito, de la soberanía nacional. Este tratado, firmado en 1970 y ratificado por 188 países, va a ser sometido a revisión este mismo año en su VII conferencia, que se celebrará en el mes de mayo, y que sin
duda ha jugado un papel fundamental en el fortalecimiento de la paz y la seguridad en el mundo, ha sido una piedra angular del régimen mundial de la no proliferación y, desde luego, la base esencial de la continuación del desarme universal. Por eso
siempre hemos defendido la adhesión universal, para que los Estados que todavía no lo hayan hecho adopten medidas necesarias para adherirse al citado tratado.
Somos plenamente conscientes de que el equilibrio geoestratégico entre las potencias mundiales ha dado muy buenos resultados en el pasado, y han dado además suficientes muestras de responsabilidad, bajo la supervisión del Tratado de No
Proliferación, y prueba de ellos son los Acuerdos como SALT I o el SALT II, o los Acuerdos STAR, que han permitido la reducción de cabezas nucleares, labores en las que todavía hay que profundizar, especialmente ahora que vivimos un momento de
cierta distensión. Pero señorías, también somos plenamente conscientes de los riesgos potenciales del despliegue nuclear con fines militares y somos firmes partidarios del control de su proliferación y de la presión internacional. Por ese mismo
motivo, hace poco más de cuatro meses presentábamos en el Pleno de esta Cámara una proposición no de ley para el cumplimiento de las obligaciones de la República Islámica de Irán en materia nuclear y su plena colaboración con la Agencia
Internacional de la Energía Atómica y como consecuencia de sus actividades, además del reducimiento de uranio que eventualmente pudieran servir como combustible nuclear para armamento, toda vez, repito, que la República Islámica de Irán es uno de
los países de petróleo más importantes del mundo y, por tanto, menos dependientes de la producción de energía eléctrica a través de energía nuclear. Lo mismo podríamos decir de la República Popular de Corea, en su limitación a los trabajos de la
Agencia Internacional, no cumpliendo las inspecciones ni las verificaciones. Tenemos que poner de manifiesto que la posición del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, ante esta iniciativa que solicitaba la no proliferación de armas nucleares
en este ámbito, fue la de oponerse, y leyendo sus propias palabras, ponían de manifiesto que lo hacían porque no creemos que la vía más eficaz sea que el Estado español se dirija al Gobierno de Irán solicitando o urgiendo decisiones y porque no
estaban de acuerdo con el espíritu de la iniciativa.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que cuando uno no es capaz de impedir que actúe un gobierno democrático en un tema importante, aduciendo motivos de unilateralidad, pero sin embargo se pide que actúe respaldando
otros motivos, no ya de unilateralidad, sino de sectorialidad, al apoyar criterios de una organización con sus intereses propios -ya serán buenos o malos, legítimos o no-, es que no se tiene muy claro lo que se quiere.
Por todos esos motivos mi grupo va a votar en contra de la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña. En el caso en que se sustentara la iniciativa del texto consensuado desde el Grupo Parlamentario Socialista con el resto de los
grupos, nos parece que en la medida en que incorpora cuestiones esenciales al tema y elimina esa referencia que nos parece poco afortunada desde el punto de vista parlamentario, y a pesar de que alude
al espíritu de multilateralismo eficaz, que es un concepto realmente ambiguo y que nadie entiende muy bien, votaríamos en ese caso afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los grupos, antes de pasar a sustanciar el primer y el segundo punto del Orden del día, que es la comparecencia del secretario de Estado de Exteriores para Iberoamérica, recuerden que hay diversas enmiendas
pendientes de transacción, si es que pueden transaccionar, y presenten el texto a la Cámara para facilitar rapidez a la hora de la votación.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA (LEÓN GROSS), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA VALORACIÓN TRAS LOS RECIENTES VIAJES OFICIALES DEL GOBIERNO DE LA SITUACIÓN EN COLOMBIA Y VENEZUELA. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000556.)
- EL PROCESO DE PAZ EN ORIENTE MEDIO. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000567.)
El señor PRESIDENTE: Señor secretario, bienvenido. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia, una vez más, ante esta Comisión.
En el orden del día aparecen dos puntos diferenciados y el compareciente es el mismo en cualquiera de los dos, el secretario de Estado. Propongo a los grupos parlamentarios que hagan una sola intervención y que en ella aborden los extremos
que comportaría sustanciar las dos comparecencias por separado. Evidentemente ni los portavoces de los grupos se quieren repartir el tiempo correspondiente, que esta Presidencia intentará sea lo más ancho posible, aborden también, en el marco de
esa única intervención, sus respectivas exposiciones, sugerencias, reflexiones, etcétera. ¿Estaríamos todos de acuerdo?
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Estaríamos hablando de una sola intervención sin réplica.
El señor PRESIDENTE: Sí, que en lugar de intervenir primero para hablar de Venezuela y Colombia, y después de Oriente Medio, que hable de las tres cosas. Lo que no implica que el tiempo de los grupos parlamentarios resulte perjudicado,
porque ya tendré y entenderé esa situación, y ustedes incluso, si quieren, tendrán un portavoz para hablar de una de las cuestiones, y otro para hablar de la segunda de las comparecencias. A los efectos prácticos básicamente lo mismo.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muy bien.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA (León Gross): Señor presidente, señorías, comenzaré mi intervención refiriéndome al viaje del presidente del Gobierno a Colombia y Venezuela.
El periodo de tensión bilateral que han atravesado las relaciones entre Colombia y Venezuela, ha puesto de manifiesto la evidente amenaza que ciertos desafíos, como la violencia, el terrorismo o el narcotráfico, pueden representar para la
estabilidad del subcontinente iberoamericano.
La reunión cuatripartita de Ciudad Guayana y la visita que el presidente del Gobierno llevó a cabo a Venezuela y Colombia entre los días 29 y 31 de marzo tuvieron como principal objetivo fomentar el clima de confianza entre ambas naciones a
través de un doble mecanismo; por una parte, el establecimiento de un marco regional de cooperación y, por otra, la creación de mecanismos, instrumentos específicos de cooperación.
El presidente Zapatero subrayó que las relaciones entre las naciones iberoamericanas deben estar presididas por el principio de seguridad compartida, es decir, la acción coordinada de países, en este caso del mismo ámbito regional, para
hacer frente a desafíos comunes.
No obstante, la gira del presidente respondió, además de a éste, a otros objetivos importantes de la política iberoamericana del Gobierno: Profundizar, en primer lugar, en la democracia mediante el fortalecimiento de las instituciones, con
particular hincapié en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el obligado respeto a la división de poderes. En segundo lugar, contribuir a generar cohesión social, mediante programas de cooperación y otras
actuaciones que garanticen una integración real de todos los segmentos de la población. La inclusión social es uno de los mayores retos que tienen así, como SS. SS. saben, los países iberoamericanos. En tercer lugar, estimular los procesos de
integración en la zona, por su innegable importancia en la superación de los grandes desafíos a que se enfrentan estos países. Y, por último, impulsar la presencia española en todos los ámbitos, político, económico, cultural y de cooperación en las
regiones.
La cumbre cuatripartita de Ciudad Guayana sirvió para certificar la buena sintonía en la relación bilateral entre España y tres de las más importantes naciones de Iberoamérica. En ella se trataron temas de relevancia de la agenda
internacional y también se abordaron asuntos de interés común, que igualmente aparecen reflejados en la Declaración a cuatro, como el terrorismo, el delito trasnacional organizado y las cuestiones de seguridad,
pobreza, integración, multilateralismo y democracia. Los mandatarios dieron su apoyo político a la iniciativa del Gobierno de Brasil de celebrar una Cumbre América del Sur-Países Árabes, y también otorgaron su respaldo a la propuesta de una
alianza de civilizaciones lanzada por el presidente del Gobierno español. Se acordó, y esto es uno de los aspectos más importantes de dicha reunión, que los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores diseñen un mecanismo de seguimiento de los
acuerdos alcanzados en esta cumbre y coordinen futuras reuniones, una labor en la que ya trabaja intensamente el Ministerio de Asuntos Exteriores con sus contrapartes de los otros tres países participantes en este encuentro.
De los acuerdos alcanzados en la cita de Ciudad Guayana, me gustaría resaltar los siguientes. Dentro del capítulo relativo al desarrollo de instrumentos de seguridad y confianza, figuró la iniciativa española de reforzar los esquemas de
cooperación judicial iberoamericana, la llamada Red Iberoamericana de Asistencia Judicial, y de las múltiples instancias bilaterales ya existentes, en una suerte de cooperación reforzada entre España, Colombia y Venezuela. Uno de los nuevos
formatos propuestos se basa en el intercambio a tres bandas de magistrados y funcionarios de policía de enlace. Conviene señalar que estos nuevos instrumentos también se recogen en los memoranda de entendimiento bilaterales que España ha suscrito
con Colombia y con Venezuela. En conexión con lo anterior, también se trató el desarrollo de otras medidas complementarias de confianza en materia de cooperación transfronteriza, reforzando los mecanismos de control de fronteras con la
colaboración, y si fuera necesario con alguna forma de verificación, de España y Brasil, cumpliendo una función de países garantes.
En segundo lugar, se debatió en profundidad la mejora de las infraestructuras regionales de transporte y de nuevas tecnologías, apartado que no se debe descuidar para que el tren del desarrollo no pase, una vez más, a lo largo de
Iberoamérica. Se prestó una especial atención a los proyectos de corredores, carreteras, ferrocarriles, canales fluviales, que aparecen en la llamada Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, para cuya puesta en marcha los asistentes
solicitaron la ayuda de nuestro país. En las próximas semanas se celebrarán las primeras reuniones técnicas para concretar, tanto lo relativo al ámbito de infraestructuras comunes, bajo coordinación de Brasil, como lo que se refiere a la
cooperación transfronteriza y a los medios de asistencia judicial, apartado que coordinará España.
En tercer lugar, la reunión cuatripartita de Ciudad Guayana, también ha permitido coordinar posiciones en una serie de instrumentos relacionados con la lucha contra la pobreza, que han surgido a iniciativa de los países participantes, como
es el caso de la propuesta brasileña de lucha contra el hambre, la española de canjear deuda por inversión en educación, o la idea venezolana de creación de un fondo humanitario internacional. Por otra parte, se analizó el estado de los diversos
proyectos de integración en la región, desde los más generales y ambiciosos, como el Mercosur, la Comunidad Andina o el Caricom, hasta las iniciativas más concretas en materia energética y de telecomunicaciones.
Se subrayó también el papel de
España, en el impulso a las relaciones entre la Unión Europea y los diferentes mecanismos latinoamericanos de integración.
En lo que respecta al respaldo español al fortalecimiento de los sistemas democráticos, han sido muy significativos los diferentes encuentros mantenidos por el presidente del Gobierno, así como sus declaraciones, tanto en Caracas como en
Bogotá. En sus intervenciones parlamentarias, el presidente del Gobierno español transmitió el afecto y la solidaridad del pueblo español hacia los pueblos venezolanos y colombiano, y expresó un claro apoyo a la democracia constitucional vigente en
ambos Estados. En Venezuela quedó muy patente que la intención española de recuperar una relación cercana y estrecha con este país va acompañada de la voluntad de contribuir al fortalecimiento en las instituciones democráticas y a la ampliación de
los espacios que ocupa la sociedad civil. Contrariamente de lo que se desprende de algunos comentarios que he escuchado y de ciertos análisis de la visita publicados en los medios de comunicación, el presidente Zapatero mostró su disposición a
reunirse con todos los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y actores influyentes de la sociedad civil venezolana. Si uno de los problemas que presenta la situación venezolana es el de la ausencia de un diálogo fluido entre
gobierno y oposición, no es muy coherente que se formulen críticas a un viaje en el que, quien ha hecho del diálogo una bandera política, pretende que ese mismo diálogo forme parte de la escena política venezolana todos los días.
Así, el presidente del Gobierno mantuvo dos reuniones con sectores de la oposición. La primera de ella con partidos políticos: COPEI, Movimiento al Socialismo, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y Polo Democrático; la segunda, con
grupos o personalidades relevantes de la sociedad civil venezolana: organizaciones no gubernamentales, universidad, iglesia, etcétera. En ambas el presidente escuchó las inquietudes y preocupaciones de la oposición venezolana y se comprometió a
trasladárselas al presidente Chávez, compromiso que cumplió en la reunión bilateral que mantuvieron.
Quisiera destacar el discurso que pronunció ante la Asamblea Nacional, donde resaltó la conveniencia de potenciar la ayuda social, apostó decididamente por la integración y destacó que el único marco para alcanzar el ideal de unas sociedades
cohesionadas y pluralistas, sin exclusiones, es el sistema democrático, lo que conlleva la necesidad, no sólo de mantener, sino de fortalecer, el pluralismo político. También indicó que hay instituciones, reglas y hábitos que no se pueden alterar
sin grave riesgo de caer en el enfrentamiento, como unos mecanismos institucionales equilibrados e independientes:
la preservación de la separación de poderes; el pleno respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos; el funcionamiento normal de los partidos políticos y de los diferentes representantes de la sociedad civil; la aceptación
leal de la mayoría por las minorías, unido al reconocimiento y atención de las preocupaciones legítimas de las minorías. No por casualidad, su intervención fue acogida con satisfacción y hasta con entusiasmo por todas las fuerzas políticas y
sociales venezolanas, trasladando una imagen de España como país auténticamente comprometido con la democracia y con el futuro de los venezolanos. No todos los días, señorías, se puede contemplar la imagen del aplauso unánime -y subrayo unánime- de
los miembros de todo el espectro político venezolano. La intervención del presidente Zapatero fue una intervención para sumar, para unir, porque esa es precisamente la labor que España tiene que hacer con todas las fuerzas con representación
democrática en Venezuela.
Los grupos de oposición, como la organización Súmate, cuyos responsables se reunieron con el presidente Zapatero en Caracas, y acaban de ser recibidos aquí, en Madrid, por el señor ministro hace dos días, saben que este Gobierno les
considere, como no podría ser de otro modo, parte indispensable de una necesaria dualidad poder-oposición, que ha de darse en todo régimen democrático. Ellos nos han expresado su confianza en el papel integrador que puede cumplir nuestro país.
Sabiendo que han tenido la oportunidad de entrevistarse con miembros de nuestro principal partido de oposición, he de lamentar que las valoraciones ponderadas y satisfactorias que nos han trasladado sobre el viaje del presidente no hayan sido
debidamente escuchadas.
Quisiera reiterar que España está obligada a prestar una atención especial a lo que sucede en Iberoamérica. Ello supone, entre otras cosas, tener los canales de interlocución abiertos con todos los actores de la realidad iberoamericana.
Tener una amplia capacidad de contacto se ha demostrado útil y necesario para poder aportar soluciones a situaciones tan complejas como la venezolana. No debería ser necesario, ni en la acción exterior, ni en cualquier otro ámbito político, tener
que explicar que dialogar con alguien no significa asumir ni su ideario, ni la totalidad de sus iniciativas políticas.
En Colombia, en todas sus intervenciones, el presidente Zapatero expresó el firme apoyo del Gobierno español al Ejecutivo colombiano, en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ese respaldo es compatible con una actitud vigilante
de la situación en materia de derechos humanos, que se traduce y traducirá en crítica, cuando sea necesario, y se complementa además con una disposición permanente a colaborar en cualquier iniciativa de paz planteada o que pueda plantearse, siempre
que se nos solicite. No obstante, se recordaron las exigencias planteadas por la Unión Europea para poder apoyar política o financieramente cualquier proceso de paz, entre las que figuran, la creación de un marco legal de desmovilización, desarme y
reinserción, que responda a los principios de verdad, justicia y reparación, normativa que el presidente Uribe se comprometió a tener lista antes de su próxima visita de Estado a España que tendrá lugar, como sus señorías ya conocen, entre el 11 y
13 de julio próximos.
Con ocasión de la gira presidencial se firmaron, tanto en Colombia como en Venezuela, dos memoranda de entendimiento sobre diálogo político y cooperación bilateral, así como sendos protocolos en materia de cooperación comercial e industrial
que, en el caso colombiano, fijan la financiación de los proyectos de construcción del aeropuerto de Palestina y de la presa de Guapi. La estancia en Colombia también posibilitó la firma del convenio de doble imposición, el Acuerdo de promoción y
protección recíproca de inversiones, y del Protocolo modificatorio del Convenio de cooperación cultural para actualizar el sistema vigente de homologación de títulos. Esta relación de acuerdos me posibilita realizar una mención a los aspectos
económicos de la visita presidencial.
Aprovechando la presencia del presidente del Gobierno en Caracas, Repsol-YPF firmó una serie de acuerdos con la compañía Petróleos de Venezuela, PDVSA, y con el Gobierno venezolano (creación de empresas mixtas,
explotación de gas natural licuado, suministro de energía eléctrica, investigación de proyectos de negocio en la Faja del Orinoco, cooperación científico-técnica y capacitación de personal) que fortalecen sensiblemente su producción de
hidrocarburos, sus perspectivas de futuro y, en general, su posición en el sector energético internacional.
Se debe hacer una referencia especial a la firma en Venezuela de dos protocolos, uno de ellos suscrito por los ministros de Defensa español y venezolano, y otro firmado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por el titular
venezolano de Energía y Minas. El primero de los protocolos citados contempla la adquisición, por parte venezolana, de cuatro patrulleros oceánicos, cuatro buques de vigilancia del litoral, diez aviones de transporte medio C-295 y dos aviones de
vigilancia marítima CN-235. El segundo protocolo recoge la compra, por parte venezolana, de dos buques asfalteros y un buque tipo Panamax, así como la reparación en astilleros españoles de buques pertenecientes a la división marítima de la empresa
venezolana PVDSA. Una de estas operaciones de compraventa ha resultado muy polémica y creo que ha sido presentada a la opinión pública, por algunos medios de comunicación, de manera muy sesgada, siendo objeto de una comparecencia, el pasado lunes,
del ministro de Defensa, como sus señorías conocen perfectamente.
En resumen, la reunión cuatripartita de Ciudad Guayana y el posterior viaje del presidente del Gobierno a Venezuela y Colombia responden, sin lugar a dudas, a los objetivos más importantes de nuestra política iberoamericana. A mi modo de
ver, el resultado de la gira arroja un balance plenamente satisfactorio, tanto en el
terreno político, como en los demás ámbitos, y muy en particular el económico. España ha recuperado la capacidad de iniciativa diplomática en Iberoamérica, impulsando un diálogo entre Colombia y Venezuela, en estrecha coordinación con
Brasil. Esta iniciativa no va en detrimento de los intereses de España en ningún país iberoamericano, muy al contrario.
El presidente Uribe, a quien en algunos círculos se ha pretendido presentar como perjudicado en el proceso, ha calificado
públicamente la iniciativa española de muy beneficiosa para la estabilidad regional. Sólo me cabe concluir este capítulo referido a Venezuela y Colombia, que el Gobierno español seguirá trabajando en Iberoamérica inspirándose en los principios que
han orientado la iniciativa que ha sido objeto de esta comparecencia.
Concluida la referencia a Venezuela y Colombia, y según lo acordado con el presidente, a continuación me voy a referir a la cuestión de Oriente Próximo. El pasado mes de junio, en mi comparecencia ante esta Comisión, empezaba mi
intervención sobre la situación del proceso de paz de Oriente Próximo con las siguientes palabras: Cuando pasan ya más de dos años y medio desde que estallara la segunda intifada, vemos con gran preocupación la parálisis que aqueja al proceso de
paz. Todo el esfuerzo desplegado en los años noventa, tras los acuerdos de Oslo, parecen haberse desvanecido. Hoy, 10 meses después, podemos afirmar que la situación se ha transformado y nos encontramos en un ambiente de prudente optimismo, que
contrata fuertemente con el del pasado mes de junio. Creo conveniente señalar, que en este nuevo clima han influido diversos acontecimientos, como la sucesión del presidente Arafat, la aprobación definitiva, por parte de la Knesset israelí, del
plan de desenganche de Gaza y las elecciones en Palestina. No hay que desdeñar, por otra parte, la voluntad de la Administración de Estados Unidos, de avanzar en el proceso y contribuir a la solución del conflicto, en estrecha coordinación con la
Unión Europea. A todo ello habría que añadir el cansancio de la sociedad palestina, tras años de violencia, con un alto coste en vidas humanas y un deterioro creciente de sus condiciones de vida, sin que se avanzara un ápice en el proceso de paz.
Cansancio que contribuía a que la sociedad palestina estuviera asumiendo progresivamente que la violencia conducía al fracaso y que era necesario volver al diálogo para conseguir la paz. Este fenómeno de cansancio se daba de forma paralela en el
seno de una sociedad israelí que vivía con el temor de los atentados suicidas cometidos por terroristas palestinos.
La confluencia de todos estos factores ha provocado un cambio de situación y puedo asegurarles que en todos los encuentros
mantenidos con las distintas autoridades y personalidades políticas de ambas partes, por el ministro del Asuntos Exteriores y de Cooperación, y por mí mismo, se percibe un ambiente más distendido, un cauto optimismo y una actitud favorable a avanzar
hacia la resolución de los problemas, que dan pie a pensar que podamos estar en una nueva etapa en el acercamiento a la tan deseada paz.
La victoria de Mahmud Abbas, un candidato que apostaba decididamente por la paz y la negociación, en las elecciones presidenciales palestinas fue, sin duda, una primera confirmación de todo ello. En sus primeros meses de gobierno al frente
de la Autoridad Nacional Palestina, el presidente Abbas ha condenado el terrorismo y ha efectuado un llamamiento inequívoco al cese de los actos de violencia contra los israelíes, a la vez que se ha implicado en el inicio de reformas profundas de su
aparato de seguridad. El presidente Abbas abrió igualmente una negociación con todas las fuerzas y facciones políticas palestinas, cuyo último acto tuvo lugar en El Cairo, y ha permitido fraguar un valioso consenso interno palestino en torno al
establecimiento de un periodo de calma; si bien éste no es oficialmente una tregua, sus efectos, a juzgar por lo que vemos sobre el terreno, son sin duda similares.
Del lado israelí hemos asistido a la incorporación del Partido Laborista, liderado por Simón Peres, al gobierno del primer ministro Sharon, lo que ha permitido constituir una mayoría parlamentaria más sólida, que ha conseguido en votaciones
sucesivas superar todos los obstáculos que quedaban para la aprobación definitiva del plan de desenganche de Gaza.
Todo este proceso se ha visto acompañado por un renovado compromiso internacional a favor de la paz en Oriente Próximo. Quisiera
destacar, en este sentido, la actitud de actores fundamentales, como el cuarteto de Madrid, y de forma señalada, de la Unión Europea y Estados Unidos, cuyas autoridades -como he señalado anteriormente- han proclamado su voluntad de implicarse más a
fondo en el proceso de paz. Aunque es conocido por todos, y aun a riesgo de ser repetitivo, permítanme que les señale los dos acontecimientos que mejor definen esta nueva situación: el encuentro de Sharm el Sheij, el pasado 7 de febrero, y la
Conferencia internacional de Londres, del 1 de marzo. El encuentro de Sharm el Sheij, marca la reanudación del diálogo político a alto nivel entre Israel y Palestina; la Conferencia ministerial de Londres, de apoyo a la Autoridad Nacional
Palestina, es la mejor prueba de la creciente implicación de la sociedad internacional en la solución del conflicto, y su reconocimiento de que la Autoridad Nacional Palestina precisa urgentemente de apoyo político y material. En Londres, el
Gobierno palestino se comprometió formalmente a realizar una serie de reformas y cumplir otros tantos objetivos en tres campos fundamentales: la seguridad, las prácticas de buen gobierno y la economía. La comunidad internacional se comprometió a
ayudarles en esta empresa con un importante catálogo de medidas y acciones.
Señorías, he querido centrar mi intervención en los elementos positivos y satisfactorios que han marcado estas últimas semanas y meses. No obstante, me gustaría advertirles de que en el análisis de la situación actual, sobre el terreno,
aparecen algunos signos y elementos
preocupantes que nos obligan a templar nuestro entusiasmo, y ello es así porque en las agendas políticas de palestinos e israelíes aparecen divergencias en los plazos y en los objetivos a corto y medio plazo. Me explicaré. El presidente
palestino Mahmud Abbas se enfrenta al reto de responder eficazmente a las expectativas que su acceso a la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina ha despertado en el seno de la población palestina, de Israel y de la comunidad internacional,
lo que le obliga políticamente a tomar decisiones nada fáciles. En primer lugar debe asegurar el imperio de la ley y el orden público, lo que supone poner fin a todos los actos de violencia, tanto en los territorios palestinos, como en Israel. A
pesar de los indudables beneficios del periodo de calma, producto del acuerdo de El Cairo, la Autoridad Nacional Palestina necesita reforzar y reformar sus servicios de seguridad y de policía, para que sean capaces de actuar eficazmente. Abu Mazen
se juega mucho en este desafío, en términos de confianza en su gestión por parte de la población palestina, que desea poder vivir en paz y en tranquilidad, y también por parte de la sociedad israelí, que tiene similares e igualmente legítimos
anhelos.
En segundo lugar, el presidente Abbas debe demostrar su capacidad para ayudar a mejorar el nivel de vida de la población, empobrecida tras cuatro años de intifada y víctima de los rigores de la ocupación.
Necesita además que la mejoría se
note cuanto antes. Aunque es obvio que este objetivo no depende solamente de la Autoridad Nacional Palestina, sino también de Israel y del apoyo de la comunidad internacional, el presidente palestino será para la población el primer responsable en
la consecución de estos objetivos. Finalmente, el presidente Abbas ha de demostrar también que es capaz de llevar a cabo las reformas necesarias en la estructura del Gobierno y en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina, creando así
las bases del futuro Estado palestino y, más a corto plazo, de la capacidad palestina para tomar plenas responsabilidades sobre Gaza, una vez que a finales de esta primavera se produzca la retirada de Israel.
Todo estos retos, como digo, están centrados en el corto plazo y el presidente Abbas debería obtener resultados antes de las elecciones legislativas previstas para el próximo 17 de julio, si quiere enfrentarse con éxito a grupos radicales
como Hamas, que tienen un evidente arraigo en Palestina y explotan políticamente los retrasos, o falta de logros de la Autoridad Nacional Palestina. Abu Mazen querría también satisfacer el máximo anhelo de sus ciudadanos, el horizonte político de
una Palestina independiente. Ello significa que la Autoridad Nacional Palestina tiene una cierta urgencia en abordar con Israel las negociaciones, estatuto final, lo que sin embargo no está todavía en la agenda política de la otra parte. Si
analizamos la agenda israelí, constatamos que su horizonte político a corto plazo está totalmente centrado en el plan de desenganche, al que dedica todos sus esfuerzos, que no son pocos, pues este plan, si bien es apoyado por la mayoría de la
sociedad israelí, es rechazado con gran vigor por un sector minoritario pero con gran capacidad de resistencia, como son ciertos grupos organizados de colonos y movimientos radicales, sin que deba descartarse en este sentido que se puedan producir
actos de violencia en el futuro.
Esta prioridad casi absoluta de el plan de desenganche provoca que otras medidas que podrían tener efectos positivos sobre las condiciones de vida palestinas, como el desarrollo pleno de los acuerdos de Sharm el Sheij, pasen a un segundo
plano, que el Gobierno israelí no parezca convencido de la necesidad de progresar al ritmo que necesitarían los palestinos y que supedite sus acciones a que la Autoridad Nacional Palestina desarme por la fuerza y desmantele las organizaciones
terroristas en los territorios. Esta posición tiene, obviamente, dos consecuencias: que los avances de las negociaciones bilaterales post Sharm el Sheij sean lentos y que Israel no se plantee, de momento, una negociación sobre el estatuto final
que es, a fin de cuentas, el tema central del proceso de paz.
Como consecuencia de los hechos mencionados se aprecia una cierta impaciencia por parte de las autoridades palestinas a la que se añade su preocupación por la construcción del muro de separación, que no se ha detenido y que engloba partes
significativas de Cisjordania y de Jerusalén, que eran territorios árabes en las fronteras en 1967, y por las decisiones del Gobierno israelí de continuar con la política de ampliación de determinados asentamientos en Cisjordania. En estas
circunstancias, es hoy más necesaria que nunca una intervención de la comunidad internacional para, en la medida de lo posible, acercar las dos agendas políticas y mantener el pulso positivo de estos últimos meses. De manera sintética, pienso que
la comunidad internacional debe centrar sus esfuerzos en los siguientes elementos: ofrecer, en primer lugar, todo su apoyo para que el plan de desenganche de Gaza sea un éxito y contribuya por tanto a allanar el camino hacia las negociaciones de
paz. En segundo lugar, intentar convencer a las partes de que pongan en marcha todas las iniciativas de confianza aceptadas en la reunión de Sharm el Sheij y, concretamente, aquellas que puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población palestina. En tercer lugar, poner en práctica los compromisos acordados en la conferencia de Londres en apoyo a las autoridades y población palestina en los campos de la seguridad, la economía y el buen gobierno. En cuarto lugar, empezar
a reflexionar sobre el día después de la retirada de Gaza y, en definitiva, preparar la aplicación de fases ulteriores de la Hoja de Ruta, cuyo objetivo principal es definir el camino que debe conducir al inicio de las negociaciones de paz, única
vía para acabar con un conflicto que dura ya más de 50 años y que absorbe, innecesariamente, las energías de ambas sociedades.
Señorías, si bien el ambiente general de las relaciones palestino-israelíes atraviesa un momento de esperanza,
puesto que existe un bajo nivel de violencia, un diálogo relativamente fluido y diferentes acuerdos en fase de ejecución, no es menos cierto que existen diferentes ritmos y prioridades en las partes palestina e israelí que hacen difícil
mantener el proceso en marcha. Por ello considero imprescindible que la comunidad internacional, y obviamente nuestro país, se impliquen en acercar las posiciones. Permítanme que, aunque sea de forma sucinta, les mencione las principales
contribuciones que realiza actualmente nuestro país al proceso de paz. A nivel político, el Gobierno español mantiene un diálogo permanente con las dos partes y con los miembros más relevantes de la comunidad internacional. Es de todos conocido
que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene experiencia contrastada en la zona y buenas dosis de credibilidad ante las partes y los países vecinos, lo que contribuye a aumentar el papel de España en la región. Esta capacidad de
interlocución ha sido recientemente reconocida por la propia secretaria de Estado de la Administración norteamericana, la señora Rice, y se manifestará hoy en el seminario ministerial que la OTAN está celebrando en Vilna, en el que el ministro
Moratinos, por invitación del secretario general de la OTAN, analizará conjuntamente con la propia secretaria de Estado, Rice, las perspectivas del proceso de paz ante sus colegas de la Alianza.
En el plano de la asistencia española, como ustedes saben, los territorios palestinos constituyen la prioridad absoluta de nuestra cooperación en Oriente Próximo y ello por la vulnerabilidad de la población palestina en las actuales
circunstancias. Durante el año 2004 se ejecutaron proyectos y acciones de cooperación en diferentes campos: seguridad alimentaria, sanidad, educación, formación profesional, etcétera, por valor de más de 15 millones de euros, con un crecimiento
del 38 por ciento con respecto a la media de los años anteriores, 2001 a 2003. Esperamos alcanzar la cifra de 20 millones de euros para este año 2005 y aumentarla en años sucesivos. Asimismo, durante su reciente estancia en Gaza, el ministro
anunció una contribución de hasta 30 millones de dólares -que serán modulados de acuerdo con la capacidad de absorción de la propia sociedad palestina- en forma de microcréditos destinada a la reconstrucción del tejido económico en dicho territorio.
Debo añadir que ya hemos enviado una misión para estudiar sobre el terreno las posibilidades de iniciar la concesión de microcréditos de manera inmediata. Por otra parte, también hemos prometido una ayuda específica española para las elecciones, la
reforma de la ley básica y la elaboración de una eventual Constitución Palestina. En el terreno de la seguridad se encuentra en ejecución un programa por un valor de casi 10 millones de euros, destinados esencialmente al equipamiento de la policía
palestina. Hemos destacado también a un comandante de la Guardia Civil, que se ha integrado en la misión de apoyo a la policía palestina que dirige el representante especial de la Unión Europea y sustituto del ministro Moratinos en este puesto, el
embajador Marc Otte.
Señorías confío que mis palabras les habrán sido de utilidad para comprender la necesidad de la prudencia ante una situación que presenta numerosos puntos positivos y que invita al optimismo, aunque solo sea por el contraste con el fatalismo
reinante hace tan solo unos meses. No olvidemos que el problema es, quizá, el más antiguo y complejo de cuantos afectan a las relaciones internacionales. El éxito dependerá, sobre todo, de que las dos sociedades, con ayuda de la comunidad
internacional, lleguen a la conclusión de que sus objetivos de paz y prosperidad nunca se conseguirán a través de la violencia y que sólo la negociación y el diálogo pueden llevar a soluciones y acuerdos razonables, equitativos y justos para que los
dos Estados puedan convivir un día en paz.
El señor PRESIDENTE: Los grupos parlamentarios van a comparecer de menor a mayor.
Por Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sean mis primeras palabras de bienvenida y saludo al señor secretario de Estado para Asuntos Exteriores y para Iberoamérica. De la información que nos ha dado, agradecérsela, y su objetivo de valoración también.
Me voy a ceñir, señor secretario de Estado, prácticamente al primer punto de su intervención, sobre la situación en Colombia y Venezuela y la valoración de estos recientes viajes oficiales del Gobierno. El Gobierno no solamente son ya aquí,
digamos, el presidente del Gobierno y su ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, sino que lo que ha inducido también a este portavoz a intervenir son los efectos de la visita del ministro de Defensa firmando con el Gobierno venezolano, con
el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Chávez, un protocolo para la venta de armamento. Parece ser que esto ha producido unas distorsiones en la normalidad de las relaciones diplomáticas -quisiera saber cuál es la opinión
del señor secretario Estado- con manifestaciones que incluso se le han hecho patentes a nuestro ministro de Exteriores, señor Moratinos, durante su visita a Estados Unidos por parte de algunos destacados prohombres de la política norteamericana, y
al que se le han expresado quejas por la venta de material militar -aviones o patrulleras- por parte de España al Gobierno de Venezuela.
Este momento -como hemos visto en la celebración que se ha efectuado en Caracas conmemorando el tercer
aniversario del intento de golpe de Estado que sufrió durante 48 horas- el señor Chávez hace unas declaraciones muy duras y truculentas sobre una posible invasión norteamericana de Venezuela. Para nosotros, desde Coalición Canaria, teniendo en
cuenta que incluso en nuestra estructura política de Coalición Canaria figura una representación de canarios residentes ausentes en Venezuela, que tienen incluso su representación
política en nuestra Coalición Canaria en el ámbito del Archipiélago de nuestra comunidad autónoma, es una preocupación permanente y constante.
En cuanto a la venta de armamento a países que tienen en estos momentos litigios, lo que se había
hablado en un principio, parece ser que se ha reconducido hacia una postura muy flexible del presidente Uribe de Colombia, que no ha querido, digamos, enredar más, abriendo también ofertas de compra de material militar español para Colombia, después
de lo que pasó con los carros AMX y su presunta valoración para ser comprados por Colombia, venta que después no se llevaron a efecto, y quedan las secuelas de Venezuela.
Lo que sí es cierto es que se ha producido ahí una tensión, incluso con efectos en Estados Unidos, y mi criterio -el criterio de mi grupo- es que estas cuestiones de venta de armamento a otros países que tienen en este momento situaciones
conflictivas, deben ser tratadas, señor secretario de Estado, con un gran sentido de prudencia y con otro gran sentido de discreción. En las relaciones diplomáticas exteriores, la prudencia y la discreción son buenas consejeras. La prudencia, para
decidir qué se hace y cómo se hace, y la discreción para ponerle el tono que deba de tener.
No es lo mismo que una empresa privada entre en un país de estos, porque entonces incluso a nivel de lo que es el formulario o el código de conducta de la
Unión Europea, con sus puntos, se ve dónde se tiene que limitar la venta de armas, que evitar efectos que no están solamente en la órbita del ministerio que firma el acuerdo, sino que repercuten -como han repercutido- en la política exterior de
relación entre Venezuela y España; unos efectos inducidos que van más allá de lo que hubiera provocado que un jefe de ventas de Construcciones Aeronáuticas o de los Astilleros Izar, que es libre, como el presidente de Telefónica, o el presidente de
Repsol, o sus altos ejecutivos, de ir a vender teléfonos o prospecciones o tecnología o compañías de aviación. Aquí se causan unos efectos porque es un miembro del Gobierno el que se ha comprometido, digamos, a producir un efecto distorsionador.
Mi primera pregunta sería, ¿ha habido coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores? El Ministerio de Exteriores que está muy obligado a que la diplomacia se haga, como digo yo, en los tonos suaves de la
prudencia y de la discreción para que esto no hubiera producido lo que, digamos, ha producido, el oleaje. Y que si se tiene que vender, que se venda bajo estos parámetros de prudencia y discreción; prudencia para evitar un efecto colateral
perjudicial en los tonos de la política exterior española, que nosotros apoyamos y vemos que el señor Moratinos lo está llevando con prudencia. En cambio, si otra persona introduce un elemento de conflictividad y de discusión, esto causa lo que
está ocurriendo y no nos gustaría estar metidos en esta dinámica donde se están viendo cuestiones muy delicadas. Este diputado trata de que las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos y, sobre todo, las bilaterales entre
España y el Gobierno norteamericano se reconduzcan, como parece que se tratan de reconducir: la visita primera del señor Moratinos, de la que nos congratulamos mucho, y del tono, la reciente visita del ministro del Interior, la que van a efectuar
la ministra de Educación y el señor ministro de Defensa, permitirán armonizar lo que han de ser las relaciones con la primera potencia militar, política y económica del mundo en este momento, de donde no puede estar ausente. Por tanto, si hay que
escoger un escenario, habrá que escoger los escenarios prioritarios y preferentes para que la política española en todos sus ámbitos sea más favorecida y evitar las actuaciones con situaciones como esta venta de armamento. Porque vender armamento
por ahí no es ir a vender por ahí naranjas o miel de la Alcarria, sino que tiene unas repercusiones, como digo, sobre la política exterior española al respecto. Me gustaría escuchar alguna valoración del señor secretario de Estado sobre esta
situación actual con Venezuela, para la cual Coalición Canaria quiere lo mejor, porque tenemos muchos miles de ciudadanos residentes ausentes en Canarias que votan en todos los proyectos y preceptos electorales en España, desde las elecciones
municipales a las autonómicas y las generales, y no quisiéramos que ellos se vieran zarandeados por esta actuación que no acabamos de entender.
Creemos que no ha habido una coordinación entre los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores para
que no se produjera esta contrariedad al respecto. Esta era la preocupación mayor de mi intervención, señor secretario de Estado.
En lo que se ha referido ya al proceso de paz en Oriente Medio, nuestro grupo coincide plenamente y desea apoyar la política en esa línea de prudencia que se está realizando con Israel y con la Autoridad Nacional Palestina. Hay que darle
unos márgenes de confianza para volver a poner, digamos, la mejor efectividad en la Hoja de Ruta y los acuerdos que hay.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Bienvenido, señor secretario de Estado.
Hace unos momentos, en esta Comisión, se ha hablado de Colombia y de temas paramilitares. Es evidente que las informaciones oficiales que llegan desde el Gobierno de Colombia no son las mismas que las que nos llegan de los cooperantes en la
zona. Hace un mes o dos, tuve ocasión de conocer inmediatamente la masacre que ocurrió en San José de Apartadó, ya que soy amiga personal de uno de los cooperantes. En este brutal asesinato, los causantes eran fuerzas gubernamentales. Es evidente
que el conflicto allí es importante y es muy complejo. Lo que no nos gustaría es ver al Gobierno español comprometido con un Gobierno que está violando sistemáticamente los derechos humanos,
que la contrapartida de introducir intereses económicos de algunas empresas -como Repsol-YPF- fuera la venta de armas. No decimos que no debe cooperar con Colombia. El Estado español tiene una ocasión histórica de estar presente en
Sudamérica, de establecer lazos y de cooperar para resolver los conflictos, pero tenemos la duda de si se contrastan las informaciones, si son conscientes de lo que está pasando en Colombia, de que poblaciones indígenas son masacradas simplemente
para recuperar sus terrenos y plantar aceite de palma, por ejemplo. Esta es nuestra duda sobre la política del Gobierno en Colombia.
Respecto a Oriente Medio tuve la ocasión de acompañar al ministro Miguel Ángel Moratinos. Fui testigo de su capacidad de diálogo, de su incansable gestión. Creo que podría hacer un papel importante en la zona. En el conflicto de Oriente
Medio es obligación del Estado español estar presente ahí, por la naturaleza del conflicto, por su proximidad y porque pone en peligro la paz a nivel internacional.
Comparto con usted el ligero optimismo de los palestinos. En este momento, aparte de cooperar económicamente, la cooperación de Europa debe de ser más para reestablecer la democracia, para construir la democracia: elementos logísticos,
elementos de cooperación a nivel político. Por otra parte, no sabemos, después de las elecciones, qué política va a seguir Hamas una vez consiga el poder, si va a romper enseguida el alto el fuego.
Estoy en desacuerdo en cuanto a la parte israelí. El Gobierno de Israel sigue preso de sus conflictos internos. Es incapaz de llevar adelante una política y una ruta para la paz. Usted también ha constatado que siguen avanzando los
asentamientos. En este caso es difícil, cuando se quiere entrever un proceso de paz, cuál es la mejor postura de un gobierno, porque las recomendaciones en contra de la ONU no han servido para nada para el Gobierno de Israel, al contrario, se ha
arrinconado más en su postura. La postura puede ser siempre la zanahoria. En este caso, dentro de la Unión Europea hay que jugar un papel importante con Israel, con la zanahoria, ya que su incorporación a relaciones europeas siempre debe tener una
contrapartida de respeto a los derechos humanos de los palestinos: congelación de asentamientos. En esto España debe ser inflexible. Nunca debe dar un paso más hacia adelante si no lleva implicado un paso adelante de Israel en respetar los
derechos de los palestinos en la construcción de su país.
Eso es lo que quería decirle y que felicite, en mi nombre, al ministro Moratinos por su gestión en esta zona.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y por la información que ha trasladado a esta Comisión de Asuntos Exteriores. Yo me voy a centrar mucho más en mi intervención en lo referido al viaje
a Iberoamérica que no al tema de Oriente Medio, que también ha sido objeto de la segunda parte de su intervención.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), valoramos positivamente la voluntad del Gobierno de definir una política regional para Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica, evidentemente, en la zona con más tensiones y
conflictividad. Afortunadamente, zonas como Chile, Uruguay, últimamente Argentina, no requieren de la acción de mediación del Gobierno español, porque sus democracias se desarrollan y consolidan con sus peculiaridades. Es evidente que si el
Gobierno español quiere tener un planteamiento y un discurso en Latinoamérica, lo tiene que hacer en la zona y en los países de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y de Perú, y a partir de una buena interlocución con Brasil, que se está erigiendo
como líder regional dentro del ámbito iberoamericano. De entrada, el planteamiento de diálogo que puede hacer el Gobierno entre estos países, y de diálogo interno en una parte y en un país donde es muy necesario este diálogo interno como es
Venezuela -a través del Parlamento, a través de los grupos de la mayoría, a través de la oposición-, no nos puede parecer mal. De hecho este portavoz ha leído, y yo creo que es importante partir de las palabras del presidente, y ver algunas
realidades y algunas tomas de posición de los gobiernos visitados por parte del ministro y del presidente del Gobierno. Este portavoz, le decía, ha leído el discurso del presidente del Gobierno español ante la Asamblea Nacional de Venezuela, y yo
no puedo decir nada más que lo que allí está dicho, lo que allí está escrito y se pronunció en la Asamblea Nacional venezolana, que nos parece muy razonable en la parte de mensaje.
Otra cuestión es, y después iré al tema, a la receptividad por
parte, no del Parlamento, sino del Gobierno venezolano.
Hemos podido leer las intervenciones del presidente del Gobierno español en Colombia, intervenciones, por cierto, que expresan un apoyo cerrado al Gobierno Uribe, y que este grupo parlamentario comparte. Esta mañana se ha hablado mucho de
Colombia en esta Comisión de Asuntos Exteriores y creemos, sin entrar en el particular, que el asunto de Colombia se debe tomar en perspectiva, respecto al intento del presidente Pastrana de llegar a una solución, el fracaso de esta solución, la
necesidad de reconstruir, de refibrar las estructuras del Estado. Todo esto a partir de dos grandes focos de tensión que hay en Colombia, que es donde está trabajando el Gobierno colombiano con el apoyo del Gobierno español, y creo que es bueno
destacarlo en esta Comisión, sea del agrado o no de algunos grupos parlamentarios. La pregunta, más allá del discurso pronunciado en la Asamblea Nacional venezolana, más allá de su intervención en Colombia, la pregunta que se formula este grupo
parlamentario es si en estos momentos el Gobierno español está influyendo
en la zona, si le hacen caso o si se aprovechan del Gobierno de España y de su presidente, para darse un baño de quinta esencia democrática en unos países donde hay algunos déficit democráticos evidentes. El planteamiento del Gobierno de
entrada es bueno, pero creo que la realidad es que ha sido poco escuchado podemos entrar en el maniqueísmo, que se tiene que evitar en la política española, sobre Venezuela y sobre Colombia. Demasiado somatizado tenemos en el debate interno la
situación de Cuba. Está bien el planteamiento del Gobierno del diálogo, pero el Gobierno también tiene que reconocer algunas posiciones del Gobierno venezolano, francamente mejorables, porque si no, en esta Comisión de Asuntos Exteriores, en el
debate político español, fácilmente podemos somatizar como un elemento de política interna las gestiones diplomáticas del Gobierno español. Le voy a poner algunos ejemplos. A veces esta manifestación de que creo que la buena voluntad y el buen
discurso del presidente del Gobierno español no han sido bien acogidos por parte del Gobierno venezolano, se debe fundamentar en algunos elementos. A fecha de hoy, quizá lo ha hecho el Gobierno, y en este sentido le formulo una pregunta concreta.
El Gobierno español debería haber presentado una queja formal ante el Gobierno venezolano, después de la visita del presidente del Gobierno español, por lo que podríamos llamar la utilización abusiva de este clima de confianza generado en el viaje,
que se intentó crear después del viaje por parte del presidente venezolano. El secretario de Estado sabe que el presidente venezolano tiene un programa de televisión semanal que se llama Aló, presidente, en el que hace dos semanas el presidente
Chávez acusó literalmente a la OTAN de hacer maniobras para invadir Venezuela. España es un Estado miembro de la OTAN; España se puede y se debe sentir ofendida ante esta grave acusación del presidente venezolano. Y le dio nombre a esta
operación, Operación Balboa, esto está en las cintas de la televisión y se puede comprobar la literalidad de lo que acabo de afirmar. Pero es que el presidente Chávez fue más lejos y, en este mismo programa Aló, presidente, dijo que este extremo de
las operaciones de la OTAN las había comentado con el presidente Zapatero y que al presidente Zapatero le mostró pruebas de esta supuesta invasión de Venezuela por parte de las fuerzas de la OTAN. Es evidente, señor secretario de Estado, que esto
tiene muy poco que ver con la creación de un clima de confianza. Me permito apuntárselo e, insisto en que estoy muy de acuerdo con la intervención del presidente Zapatero en la Asamblea Nacional venezolana. Por eso yo le formulaba la pregunta de
si hay un clima de confianza o si se aprovechan de este clima de confianza. Y le he apuntado este aspecto concreto del discurso del presidente: quiere hacer cómplice al presidente español de algo que, simplemente creo, es un mensaje que
absolutamente falta a la verdad.
Hay otro elemento muy importante en el aspecto de la venta de armas. No voy a entrar mucho en ello porque el lunes compareció ante la Comisión de Defensa y dio explicaciones, yo creo que suficientes, el ministro de Defensa. Pero creo que
era importante saber que en esos momentos, en la política venezolana se está implantando una nueva filosofía, que es la filosofía de la guerra asimétrica, según dice el presidente Chávez, que requiere la movilización de entre un millón y medio y dos
millones de ciudadanos -lo que él dice: el pueblo en armas-, para defenderse de posibles agresiones exteriores. El Estado español vende armas a Venezuela, ha vendido armas a Colombia. El Gobierno español tiene en estos momentos una posición de
transparencia que no se había tenido anteriormente. Este grupo parlamentario celebra que periódicamente estas Cortes Generales tengan conocimiento de la relación de países, del volumen. Esta línea de transferencia en la venta de armas creo que se
debe valorar muy positivamente, pero creo que también, cuando se venden armas a Venezuela, más allá de la defensa de las costas, se tiene que conocer la filosofía de fondo que en estos momentos impregna el discurso del presidente venezolano.
Para terminar con este aspecto de las armas, yo creo que en el viaje del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores, ha habido un terrible problema de política de comunicación. El Gobierno español ha viajado a Venezuela y
Colombia con la intención de intermediar entre las partes, con una posición firme en Venezuela y con una posición firme en Colombia. Pero al final, la percepción española -ésta es al menos mi impresión- es que exclusivamente se ha centrado en la
cuestión de la venta de armamento.
Un último aspecto referido a Venezuela, no a raíz del viaje del ministro, sino posterior. Quiero aprovechar mi intervención para preguntar al Gobierno si ha adoptado alguna medida al respecto. Este diálogo fluido que ha generado el
Gobierno con los gobiernos de la zona y también con el Gobierno venezolano, tiene que tomar en consideración algunas novedades que se han producido desde el viaje hasta el momento presente.
Concretamente, la aprobación de un nuevo Código penal, con
penas de seis a treinta meses de prisión, por ofender al presidente. Ésta es una opción legislativa en un marco democrático, pero creo que también sería una opción política, en este diálogo fluido, expresar la queja ante estas penas de prisión por
ofender al presidente y también por ofender a funcionarios públicos; penas por mensajes por internet que sean críticos con el gobierno. Y como muy bien sabe el secretario de Estado, se ha aprobado la Ley de Responsabilidad Social de Radio y
Televisión, llamada ley mordaza, actualmente en vigor, que es una amenaza evidente a la libertad de expresión y que ha supuesto una multa de siete millones de euros a tres canales privados venezolanos. Por otra parte se está tramitando en estos
momentos en Venezuela una ley de derechos de autor, que supone la abolición del derecho de la propiedad intelectual y el dominio de esta propiedad intelectual por parte del Estado.
He querido trasladar algunos elementos que hacen que, aunque sea incuestionable el carácter democrático del Gobierno venezolano a la diplomacia española, no a través de la vía de negar el diálogo, sino a través de la vía del diálogo, sea
importante trasladar la preocupación del Gobierno español, al menos es la preocupación, si me permite, de este grupo parlamentario y de este portavoz, ante algunas evoluciones que van cerrando el círculo de los derechos fundamentales en este país.
Termino con una referencia breve a Oriente Medio. Como ha apuntado la diputada Bonás, yo también tuve la oportunidad de formar parte de una delegación parlamentaria que acompañó al ministro de Asuntos Exteriores en sus viajes a Israel, a
Palestina y también muy brevemente a Ammán, Jordania, donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Estamos en una situación de paz, de equilibrio precario, no de cese definitivo. Quiero
simplemente recordar lo que ya se ha dicho, y es que el Gobierno español y el ministro de Asuntos Exteriores pueden jugar un papel muy importante en la zona. Creo que es el papel más relevante que se puede jugar en política exterior.
Simplemente,
desearía poner sobre la mesa tres aspectos concretos. Usted ha planteado la necesidad de impulsar las prácticas de buen gobierno en la Autoridad Palestina. Es evidente que no todo depende, en unos territorios constreñidos, en unos territorios que
tienen una presión muy importante, de la Autoridad Nacional Palestina, pero es indispensable, es condición necesaria para avanzar en la Hoja de Ruta, por ejemplo, la celebración de elecciones municipales, la celebración del segundo y tercer turno de
elecciones municipales, la celebración, a mediados de julio, de elecciones parlamentarias. La comunidad internacional tiene que ayudar a que no se dé ningún pretexto para que los territorios palestinos no puedan desarrollar las previsiones de la
Hoja de Ruta. Con lo cual, las prácticas de buen gobierno, coadyuvar en las prácticas de buen gobierno en Palestina, creemos que es un elemento muy importante.
Segundo aspecto concreto. Creemos que el Gobierno español debería tomar nota de lo que está sucediendo en West Bank, en la parte de Cisjordania.
Es cierto que hay un plan de desconexión de Gaza importante, sea el 20 de junio, sea tres
semanas después, pero también es cierto que se están produciendo nuevos asentamientos en Cisjordania. Y en esta política de cercar posiciones que quiere desarrollar el Gobierno español, sin duda, este es el elemento de nuclear de la agenda.
Y un último aspecto. El Gobierno español, hasta el día de hoy, ha mantenido que Hizbulá no deberá figurar en la lista de organizaciones terroristas internacionales y europeas. Sus señorías saben, el secretario de Estado sabe, que Hamas sí
figura en esta lista. Simplemente le pregunto si mantiene esta posición o, si a la luz de los acontecimientos de las últimas semanas y de los últimos meses en el Líbano, cree que se debe modificar esta posición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor de Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor secretario de Estado, gracias por su comparecencia. Sin embargo, quitando la parte referida a Oriente Próximo, no nos ha dejado más tranquilos, sino más inquietos. Y nos ha dejado más inquietos,
señor secretario de Estado, por una razón muy sencilla, y es que usted hace referencia a los principios generales que todos los diplomáticos conocemos bien en torno a las relaciones internacionales, especialmente con Iberoamérica, pero el análisis
político de las circunstancias que atraviesan Venezuela y Colombia está ausente de su comparecencia, está ausente del análisis que hace el Gobierno, está ausente de la conformación que tendría que tener o el peso que tendría que tener ese análisis
en el diseño de la política exterior de su Gobierno.
Francamente, el Gobierno de Chávez, que es más un régimen que un gobierno, está instalado en una peligrosa, inquietante y preocupante deriva totalitaria. Y usted sabe, como yo, que el elemento central de ese régimen se llama el Movimiento V
República. Y el Movimiento V República tiene un elemento a su vez central también, que es el Partido Patria Para Todos. Yo soy vasco, y le puedo decir que para mí eso es un insulto, porque el Partido Patria Para Todos es el principal apoyo en
América Latina de Batasuna, que quiere decir ETA. Y eso es una realidad. Aunque haya algún encuentro o alguna posición razonable en declaraciones del Gobierno de Venezuela hacia el terrorismo de ETA, yo le garantizo que esa posición no es
compartida por el Partido Patria Para Todos.
Pero, además, la tensión entre Colombia y Venezuela no se supera gracias a ustedes, gracias al presidente del Gobierno, sino a pesar de ustedes y a pesar del presidente del Gobierno. Porque en el peor momento de confrontación política entre
los dos países, un momento de auténtica tensión política y territorial, no se les ocurre a ustedes mejor idea que mandar al ministro de Defensa, en una viaje secreto, que después se tornó discreto y después público y notorio, para vender -como
después de ha podido comprobar- un paquete muy importante de material militar, que se cifra en 1.300 millones de euros. El ministro de Defensa dio explicaciones y contraatacó diciendo que nosotros habíamos vendido 6.000 pistolas. Como es bien
conocido, eso es muy grave: 6.000 pistolas son material policial, igual que el material antidisturbios. No creo que las granadas anticarro, las granadas de mortero, puedan ser comparables a la importancia estratégica que tienen los buques de
vigilancia marítima, o las patrulleras de altura, o aviones de transporte militar, que son también para operaciones paracaidistas, como usted sabe.
En Venezuela, que hay cinco poderes -curioso, ¿verdad?-, los cinco están ocupados por los partidarios del señor Chávez: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial -sabe usted que se pueden nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo con
mayoría simple, algo curioso-, la Contraloría y el Poder ciudadano. Todos están dominados por el Movimiento V República.
La realidad es tan inquietante como lo siguiente: Chávez acaba de comprar 100.000 fusiles AK-103 Kalashnikov, hay 100.000 círculos bolivarianos, personas afines al régimen, armadas hasta los dientes, que no van a permitir ningún tipo de
victoria democrática de la oposición, incluso persiguiéndolos y practicando la violencia para intimidarlos y coaccionarlos, como ya están haciendo y llevan haciendo mucho tiempo. Hay denuncias contrastadas ya de persecución, torturas, juicios
politizados, agresiones, intentos de asesinato, incluso asesinatos. Una persona que empezó su trayectoria al lado de Hugo Chávez, un constitucionalista prestigioso en Venezuela, Tulio Álvarez, ha sufrido varios intentos de asesinato. En uno de
ellos murió asesinado su conductor-guardaespaldas.
Todo esto son indicios muy preocupantes. La democracia constitucional que rige en ambos países, rige de una manera distinta. Rige de una manera bien distinta en Colombia que en Venezuela. En Venezuela estamos ante una democracia
secuestrada por un régimen; ante un presidente que dice no creer en la democracia representativa; que ha declarado más de una vez que él es un revolucionario y que no cree en la democracia representativa, como le digo; y, desde luego, en un país
en el que se está apretando el acelerador para hacerse con un poder omnímodo y llegar a una situación para la que no hay vuelta atrás. ¿A qué se debe esa falta de diálogo? Es evidente que la oposición no ha hecho las cosas bien, eso lo sabemos
todos. Pero hay intentos por parte de fundaciones de partidos y de partidos políticos para impulsar una nueva política y un nuevo clima en el seno de la oposición, tanto en la oposición socialdemócrata, que es uno de los partidos más perseguidos
por la dictadura creciente de Chávez, como en los de centro-derecha, que en este momento están separados y divididos.
La realidad venezolana nueva es que se ha reformado el Código penal para criminalizar a la oposición; se va a llegar incluso, en un momento dado, a declarar terroristas a aquellas personas a las que se van a declarar disidentes cuando son
opositores; la ley mordaza ha sido ya mencionada, y es gravísima, pues hay medios de comunicación que inmediatamente no van a poder hacer frente a esas millonarias multas; hay obligación de entrar en cadena cada vez que hay un discurso del
presidente; no hay ningún tipo de respeto a la libertad de expresión y al derecho de información; se producen constantes y continuos acosos a periodistas que discrepan de la línea del gobierno -allanamiento, legal dicen ellos, de morada, secuestro
de material informático de diferentes periodistas-, y de eso tenemos noticia todos los días.
Y lo último ha sido la convocatoria -también se habló de ella- de los famosos reservistas, que serán unos dos millones y pico. Yo vi en la televisión el acto de jura de los primeros cuarenta mil. Me puso los pelos como escarpias. Estoy
francamente horrorizado con el panorama que vimos ahí. Cuarenta mil personas fanatizadas, que parecía más el juramento de los nuevos reclutas de la SA, que de una fuerza armada de un país que se dice democrático. Y ahí el presidente dio la clave,
la dio en su discurso, cuando dijo: Milicia popular que responde a mis órdenes -a las órdenes del presidente-: Firmes. Ahí dijo con toda claridad que es su ejército privado y particular para defender su poder omnímodo. Y ésa es la primera medida
que toma el señor Chávez después de la visita del presidente del Gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, simple y llanamente -y me uno a alguna mención que se ha hecho en este sentido por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra- que Chávez no atiende a razones, ni al diálogo. Ustedes dicen que no lo deben aislar.
El diálogo con los dictadores tiene que ser firme, exigente, crítico, bestialmente crítico, si es necesario. Y no tiene que ser ni melifluo, ni laxo,
ni suave, ni ultra cordial, porque eso, simple y llanamente, no lleva a ninguna parte. Cada vez que un dignatario extranjero, especialmente si es el presidente del Gobierno de España, aparece junto con el presidente Chávez, él utiliza es imagen
como una forma de legitimarse frente a la oposición venezolana y ante la opinión pública.
En cuanto a la venta de material militar, señor secretario de Estado -cuatro patrulleros de altura, cuatro buques vigilancia, cuatro CASA C-295 y C-235-, no es una cuestión menor. Usted mismo dijo que no se iban a entregar los AMX-30 porque
eso iba a iniciar la carrera de armamento en Venezuela. Le pregunto yo: ¿y esto no lo hace? ¿Aquello sí y esto no? ¿Y vamos a comparar esto con lo que dijo el señor ministro de Defensa, en la Comisión de Defensa, sobre las pistolas y los
morteros? Las explicaciones que dio el ministro de Defensa son insuficientes, pero sobre todo las justificaciones de ustedes son incoherentes. Y además hay un elemento fundamental en política que es el de la oportunidad. Nosotros no estamos en
contra de que se realicen ventas de empresas españolas públicas que están en dificultades, como es el caso de Izar. El buque asfaltero nos parece perfecto; petroleros nos parecían perfectos; barcos de gas licuado nos parecían perfectos. Pero
esto desequilibra un balance muy delicado, estratégico, entre dos países que no han tenido una larga historia de concordia fronteriza, como es el caso de Venezuela y Colombia. Y la situación interna de un país y de otro es bien distinta también.
Colombia lucha contra grupos terroristas de un signo y de otro -hoy hemos hablado de ellos hoy aquí-, ya sea el ELN o las FARC -por cierto, los dos narcotraficantes de cocaína más grandes del planeta- o los grupos paramilitares
de extrema derecha. Tanto los unos como los otros son grupos terroristas, a nuestro juicio, abyectos.
Habló usted de los dirigentes de Súmate. María Corina Machado, su presidenta, está procesada, pendiente de una sentencia -si es condenada- a larguísima estancia en la cárcel; lo mismo, muchos de sus miembros más importantes. Pasa
constantemente con diferentes movimientos civiles y de oposición al presidente Chávez. Súmate, que tiene mucha fuerza social, está siendo amedrentado y coaccionado por la justicia politizada del régimen de Chávez.
Por lo tanto, señor secretario de Estado, le quiero decir que el discurso del presidente del Gobierno, que dice usted fue aplaudido unánimemente por unos y por otros, a nuestro juicio fue insuficientemente crítico.
Pero no vamos a ser más
papistas que el Papa, obviamente. Lo que sí le vamos a decir, sin embargo, es que cuando el presidente relató sus encuentros con el Gobierno en la Casa de Galicia, fue abucheado. Porque hay una sensación terrible y dramática en la colonia española
en Venezuela de profunda inquietud. Un país que con sus luces y sus sombras -muchas sombras, sin duda-, tenía una Constitución ejemplar, la de año 1961 y una alternancia en el poder; sí, mucha corrupción, sin duda; pero era un actor importante en
la región y era una democracia consolidada, quizá la única de toda América Latina que tenía un parlamento verdaderamente pluripartidista, como usted sabe, con algunos partidos de la izquierda más extrema, en plena guerra fría, y eso, sin embargo, no
desestabilizaba al país. Algunos de ellos han tenido una evolución ideológica muy positiva, como por ejemplo el Movimiento al Socialismo, que usted mismo mencionó, de Teodoro Petkoff, que de guerrillero pasó a ser ministro de Economía. Y todo eso,
señor secretario de Estado, ha quedado truncado por un señor que es el único que de verdad ha dado un golpe de Estado con muertos en Venezuela, que es el propio presidente de la República.
En cuanto a Colombia, hemos hablado muy poco, pero, sin duda, queda dicho en la primera parte de mi exposición. Le digo de verdad que no nos parece, al Partido Popular y al grupo que represento, que los ejes fundamentales de su política
exterior en Iberoamérica puedan y deban ser Castro y Chávez. Porque eso ha generado mucha inquietud, tanto dentro de Venezuela, como en Colombia, como en muchos países de América Latina donde, por cierto, se sabe cada vez más del apoyo a los grupos
más radicales, y a nuestro juicio violentos, por parte del presidente Chávez, haciendo uso, por cierto, del dinero que pertenece a todos los venezolanos, porque ese país no es una finca privada.
La gran satisfacción y autobombo en que usted incurre diciendo que todo es fantástico y de color de rosa, nosotros no lo podemos compartir bajo ningún concepto. Porque ha agriado más, si cabe, las relaciones con los Estados Unidos. Ustedes
dicen que están en vías de normalización. Nos alegramos, pero no lo creemos porque no lo vemos y porque el encuentro con parlamentarios que mantuvo el ministro de Asuntos Exteriores fue agrio y ha sido muy criticado el Gobierno de España por su
creciente cercanía al régimen venezolano y al régimen de Cuba. Y eso es lo que nosotros criticamos, porque no hay diálogo complaciente posible con los dictadores; porque ya se vio lo que pasa cuando ustedes pagan por adelanto a los dictadores, que
de 75 presos políticos por estos últimos incidentes, hemos pasado a 82. Ese es el brillante resultado. Porque mientras 14 licencias extrapenales, que pueden ser revocadas en cualquier momento, se ponían en marcha, estaban deteniendo a otros 21. Y
el balance por tanto, señor secretario de Estado, es: 75 antes de su intervención, 82 después de la intervención del señor ministro y de su nueva política.
Total, ¿para qué? Para que finalmente la Unión Europea votase en bloque condenando, en la
Comisión de Derechos Humanos, al régimen castrista.
Voy a hacer una mención a la cuestión de Oriente Medio. Aquí estaríamos más de acuerdo. Prácticamente en todo, es la verdad. Ha hecho usted una descripción objetiva. Es la situación que estamos atravesando. Sabemos todos que las razones
del optimismo tienen fundamento también en las de pesimismo, como usted mismo ha señalado. El nuevo mandato de un presidente de Estados Unidos, tenga el color que tenga, que sea fresco, que esté iniciándose, es un factor fundamental para tener
fuerza en las negociaciones. Fue justamente el hecho de que Clinton se dedicara intensamente a la cuestión de Oriente Medio en el último año de su último mandato, lo que lastró las posibilidades de éxito, aunque se hicieron notables avances, no
perfectos, pero muy notables -Camp David, julio 2000; Taba, agosto 2000-, y sobre todo los parámetros de Clinton, que a muchos de nosotros, observadores de Oriente Próximo, nos encantaría que se volvieran a recuperar para que sirvieran de base de
negociación. La implicación de un gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea es fundamental; y el que seamos percibidos por todas las partes como actores equilibrados, es también fundamental.
La muerte de Arafat, que fue símbolo de su pueblo y de su causa, también fue obstáculo de paz, porque tuvo vértigo de paz. Eso se empieza a ver ahora. Y nosotros somos de los que pensamos que ya está prácticamente todo diseñado en el
Oriente Próximo. Simple y llanamente hay que aplicarlo. Hay cerca de veinte iniciativas de paz a lo largo de la historia, la última, a nuestro juicio, es muy buena porque por primera vez incluye a las Naciones Unidas -me refiero al Cuarteto-.
Francamente, el clima de optimismo, como usted mismo ha señalado, tiene algunas nubes negras en el horizonte: el terrorismo de los más extremistas; como usted mismo ha señalado, el terrorismo suicida de Hamas o Yihad Islámica, incluso
también de las Brigadas Mártires de Al Aqsa.
Tanto los unos como los otros han sido considerados por la Unión Europea como grupos terroristas. Pero también la oposición de sectores extremistas israelíes, especialmente algunos sectores de las
asociaciones de colonos. Y los temas espinosos
siguen ahí; pero hay que ser audaces y tener imaginación: Jerusalén y la geografía imaginativa que se aplicó en algunos de los acuerdos que ya he mencionado; la cuestión de los refugiados y de los desplazados, obviamente está fuera de
cuestión que puedan volver dentro de las fronteras de 1948; aquellos que fueron desplazados de sus hogares en 1948 tendrán que ser compensados de alguna manera, tanto moral como económicamente, pero no podrán volver físicamente. Eso sería, desde
luego, el fin de la posibilidad de la existencia de dos Estados. El terrorismo, como ya he dicho; las reformas pendientes en la Autoridad Palestina, a las que también ha hecho referencia, pero sobre todo las legales; dotar a los territorios
palestinos, por fin, de una verdadera seguridad jurídica y de tribunales verdaderamente independientes para permitir, además de la ayuda y cooperación internacional al desarrollo, la inversión extranjera, que hoy no estaría garantizada legalmente de
forma suficiente; las reformas administrativas, para hacer de una administración esencialmente ineficaz, una administración fundamentalmente eficaz; o los servicios de seguridad que usted mencionó.
Hace poco leí un excelente artículo -junto antes de la muerte de Arafat- de Khalil Shikaki, en el que desvelaba algunos elementos realmente interesantes y esperanzadores. A medida que crecía, lamentablemente, el apoyo a grupos muy fanáticos
de islamismo radical, como Hamas o Hiyad Islámica, se le preguntaba al mismo encuestado si apoyaba o no apoyaba los postulados y posturas que defendían esos grupos, y el apoyo era minúsculo. Por lo tanto, el apoyo en las encuestas o el apoyo
electoral que puedan tener, que habrá que verlo, es más una reacción a los excesos israelíes a la corrupción del Gobierno palestino, al hartazgo que ha generado la clase política clásica palestina y a que no se haya producido una renovación
generacional. Por lo tanto, la sensatez está. Cuando se rasca más allá de la opinión de los sondeos, la sensatez está ahí. Y eso me da esperanza, como nos la debe dar, creo yo, a todos.
Nosotros queremos subrayar, por último, una cuestión importante. Hay que ayudar a israelíes y palestinos para que el abandono unilateral de Gaza sea un éxito. Es verdad que habrá resistencias por unos y por otros.
Seguirá habiendo
atentados suicidas para tratar de descarrilar, otra vez más, el buen clima creado entre ambas. Pero también habrá creciente oposición de los sectores más radicales que se oponen al actual gobierno.
Y me parece una excelente iniciativa, por fin,
que se haya realizado valientemente un gobierno de coalición, de concentración nacional en Israel, porque era la única forma de evitar la inestabilidad parlamentaria y dejar fuera del núcleo central de toma de decisiones, ante un momento crucial en
la historia de Oriente Próximo, a quienes se oponen al proceso de paz o son más exigentes y cuyas exigencias hacen imposible el acuerdo.
Y por último, por las noticias que salen en los teletipos, simplemente queremos preguntarle, señor secretario de Estado, si tiene usted alguna noticia del paradero de Severo Moto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su intervención.
Comenzaré por la parte final de la intervención del secretario de Estado, la referida a Oriente Próximo. El secretario de Estado ha sido enormemente preciso, ajustado, en el análisis que ha hecho de la situación, que construye sobre debates
anteriores en esta Comisión. En términos generales, podemos decir que la visión de los miembros de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre el proceso de paz de Oriente Medio, los objetivos que nos fijamos, nuestros términos de referencia, son
prácticamente coincidentes.
Yo no tendría ningún inconveniente en suscribir la mayor parte o la práctica totalidad de las palabras del portavoz del Grupo Popular al referirse a la situación en Oriente Próximo, porque creo que concuerdan y complementan las palabras del
secretario de Estado. No puedo por menos que estar de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular cuando añora y reclama que se puedan alcanzar las condiciones que permitan poner de nuevo sobre la mesa lo que ha sido, probablemente, la única
iniciativa seria, comprensiva, bien estructurada, que abordaba todos los elementos, de Jerusalén, de los refugiados, del territorio, de la seguridad, como era el tardío Plan Clinton. Volverán a salir en su momento los parámetros de Clinton porque,
por ejemplo, a cuestiones tan delicadas y tan complejas como la de Jerusalén, difícilmente se les va a poder encontrar una solución más ingeniosa, más inteligente y más simple a la vez, que la está diseñada en esos parámetros de Clinton.
Nos hemos quejado, en ocasiones, del escaso papel que tiene la Unión Europea. Yo quisiera recordar que cuando la Unión Europea nombró por primera vez a un alto representante, a un representante especial para Oriente Próximo, la idea no era
tener una política para Oriente Próximo.
La Unión Europea sigue sin tenerla. Hay una política común mediterránea, no hay una política común sobre Oriente Próximo. Pero se designó un enviado para tener visibilidad en el proceso. Esa visibilidad,
a día de hoy, yo creo que ha quedado consolidada suficientemente y que la Unión Europea está en el proceso de dar un salto más y de convertirse en algo más que un simple acompañante con voluntad constructiva del actor imprescindible, que es Estados
Unidos, para impulsar ese proceso de paz.
La decisión de la Administración norteamericana de inhibirse de lo que estaba ocurriendo en Oriente Próximo en los últimos años, ha tenido consecuencias catastróficas. La voluntad mostrada por la
Administración norteamericana, en este segundo mandato del presidente Bush, de implicarse en una solución al conflicto de Oriente Próximo, puede ser el factor determinante. Y estamos como veinte veces,
en los últimos veinte años, en una encrucijada de enorme trascendencia, aunque todo indica que podemos estar mucho más cerca del final de un acuerdo de paz que permita poner fin a ese conflicto.
Como señalaba el propio secretario de Estado, son muchas las incertidumbres, son diferentes incluso -lo decía él muy bien- las agendas, no casan los tiempos. No es la primera vez que ocurre. Ya ha ocurrido en el pasado, incluso entre la
agenda que podía tener el presidente Arafat y la que podía tener incluso el primer ministro Rabin en determinados momentos. Con lo cual, no estamos ante un hecho nuevo, quizá ahora sea más difícil esa confluencia porque tal vez los objetivos de paz
finales no están igualmente incorporados a la agenda política. No hay un camino diseñado al final del túnel tan claramente como lo pudo haber en algún momento del pasado. Por eso quizá conviene ahora retomar las palabras de un destacado israelí,
Abba Evan, que las pronunció aplicadas a los palestinos, pero que al día de hoy cabría aplicarlas tanto a israelíes como a palestinos. Esa famosa frase que decía: Los palestinos nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad. Por el
camino que estamos, palestinos e israelíes, hasta ahora, han venido despreciando y desperdiciando todas las oportunidades de paz, y no han perdido ni una sola oportunidad de perder una oportunidad. Este es el mensaje que debía llegar sólido,
fuerte. Al margen de otras consideraciones y de la fuerza política que yo represento aquí, a mí me parece de enorme importancia el que esta tarde la secretaria de Estado norteamericana y el ministro de Asuntos Exteriores de España estén
compartiendo podio en una acción coordinada para llevar a la OTAN a una reflexión compartida sobre Oriente Próximo. Refleja el compromiso de Estados Unidos de impulsar el camino de la paz; refleja también el compromiso de España con el resto de
los miembros de la Unión Europea, y refleja una reflexión, que tendremos que abordar en siguientes comparecencias, como es que si bien nadie desea nuevas misiones para la Alianza Atlántica -yo creo que no las necesita por ser el ámbito de encuentro
de cohesión desde el punto de vista de las estrategias de seguridad en Europea-, todo indica que por un proceso de decantación nos vamos a encontrar en un escenario, si llegamos al momento de paz, en que esa paz va a tener que ser no solamente
verificada, sino que ha de contar con garantías de seguridad, y que -por parte israelí no se consideraría garantía de confianza plena la Unión Europea y por parte de Palestina ocurría igual con Estados Unidos-; por ambas partes, especialmente por
la israelí, habría ciertas reticencias hacia una fuerza al uso de Cascos Azules; y podría ocurrir que al final del camino, lo que pudiera concitar la voluntad, y sobre todo la confianza, que es el factor esencial por ambas partes, en estos
procesos, fuese una fuerza con la estructura y la capacidad de la OTAN con la incorporación de otros países. Esa primera reflexión nos sitúa en ese camino. Para mí lo importante no es que sitúe una perspectiva de que la OTAN esté presente el día
de mañana en Oriente Próximo, sino de que se den las condiciones de paz, de voluntad de paz, de acuerdo de paz, que hagan posible la eliminación de la violencia entre israelíes y palestinos, garantizada por una fuerza multinacional. Eso es lo que
me parece mucho más importante. Es esencial también, como reflejo de ese compromiso norteamericano, la decisión en estos días del departamento de Estado de nombrar un enviado especial para el seguimiento del proceso de desenganche. Es muy
interesante que Estados Unidos, antes de proceder a ese nombramiento, haya realizado un proceso de consultas con el Cuarteto. Eso refleja la voluntad de Estados Unidos de asumir su responsabilidad y su protagonismo pero, al mismo tiempo, contar con
el resto de los miembros del Cuarteto, es decir, con la Unión Europea, con Rusia y con Naciones Unidas.
Paso, señor presidente, a referirme al tema de la visita del Gobierno y de varios ministros a Venezuela y a Colombia. Yo no sé si podríamos decir que en la agenda de política exterior del Partido Popular solo les queda Cuba y Venezuela. No
quiero llegar a decirlo, pero da esa sensación. Cada vez que repiten que la agenda de política exterior o los referentes de política exterior del Gobierno socialista, son Venezuela y Cuba, lo que están diciéndonos es que esa es su única agenda de
política exterior y que no tienen otra. Con lo cual, algún día tendrán que dejar de decirlo.
Estamos en una fase inicial, las dificultades van a ser enormes. Yo quisiera recordar que Venezuela y Colombia eran dos países que, se nos decía -lo han dicho destacados representantes del Grupo Popular- que estaban al borde de la guerra
haces unas semanas. Incluso se decía que era una enorme irresponsabilidad por parte de España, en esa situación, que procediera a alcanzar acuerdos de venta de materiales de defensa hacia un país, porque eso era ya lo que generaba una alteración
-lo ha repetido ahora el portavoz del Grupo Popular- de los equilibrios en la región. En algún momento tendremos que aprender a ser humildes, nosotros, los responsables políticos, y no pretender dar lecciones a nadie. Yo no me atrevería a decirle
al presidente Uribe qué es lo que le conviene a él. Si el presidente Uribe, que tiene la legitimidad, que tiene la responsabilidad del Gobierno de su nación y de defender los intereses de su nación, dice que el acuerdo entre España y Venezuela le
parece muy beneficioso para la estabilidad regional, yo tengo que aceptar esa valoración que hace el presidente de Colombia, que es el país afectado y al que se está agitando como si fuese un espantajo, para pretendernos decir que nos estamos
equivocando y que estamos poniendo peligro la estabilidad regional y que somos, por tanto, unos irresponsables.
Irresponsable sería el presidente Uribe. Explíqueselo a él, no se lo digan al Gobierno. El Gobierno es coherente y antes de dar los
pasos establece los procedimientos de consulta con los mandatarios de la región,
y especialmente con aquellos que están en una situación más delicada.
Yo no sé si en estos días procede llamar milagro a que dos países que estaban, hace tres semanas o cuatro, al borde del enfrentamiento, al borde de la guerra, acaben firmando unos protocolos de cooperación y de entendimiento, como los que ha
referido el secretario de Estado. Desde luego, es relevante por lo menos. No entraba en los cálculos de nadie que se pasara de una situación en la que el enfrentamiento parecía inminente, inevitable, y, además, se estaba contribuyendo a caldear
los ánimos y a intensificar las perspectivas y los riesgos de ese enfrentamiento, y se termine firmando esos acuerdos, esos instrumentos de seguridad y confianza entre los países.
No he escuchado ni una sola crítica sobre el modelo de distensión que se ha impulsado en esa cumbre cuatripartita. Podemos deducir de las palabras que hemos escuchado que la voluntad del principal grupo de la oposición sería que el Gobierno
se estuviera quieto, que el Gobierno renunciara a tener una agenda política, renunciara a hacer política exterior, a impulsar acciones en política exterior y probablemente así se acallarían las críticas. Evidentemente, eso no va a ser así. Eso no
lo hace ningún gobierno -ni éste ni los anteriores-, pues los gobiernos tienen que tomar sus iniciativas, asumir sus riesgos, incluido el riesgo de ser criticado.
Sin embargo, yo pediría que las críticas fuesen acompañadas también del compromiso
político de decir cuáles son los objetivos que se pretenden.
Se comparte el objetivo de la estabilidad regional, que para el Grupo Socialista es el más importante; se comparte el diagnóstico de que un país, Venezuela, con un gobernante al que
luego me referiré, en situación o en percepción de hostigamiento o de amenaza percibida -no diré que sea real-, que está haciendo las actuaciones con otros países o con grupos de otros países a los que se ha referido el señor Xuclà, debiera ser
objeto de un proceso de diálogo que conduzca a la distensión, que favorezca el que altere esas conductas que no nos parecen adecuadas, sin que se añada más leña al fuego en una región ya de por sí compleja. Así lo ha entendido el presidente Lula,
así lo ha entendido el presidente Lago -que hoy o mañana estará en Venezuela-. Quiero decir, pese a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, que así lo entiende también quien tiene la máxima responsabilidad de los asuntos de América Latina en
el Senado norteamericano, el senador Coleman. El senador Coleman, lo que viene a decir, es: la iniciativa que ha adoptado España me parece positiva y muy constructiva. Incluso he utilizado -decía- ayer párrafos, textos de su discurso en la
Asamblea, en mi argumentación frente al presidente Chávez, y esto que pienso se lo he trasladado también a la Administración norteamericana, y sabemos la relevancia que tiene la opinión de un senador que tiene esas responsabilidades, en su
Parlamento. Por lo tanto, no sé qué es lo que se pretende.
En cuanto al personaje, evidentemente, yo creo que nadie puede decir que le gusta el populismo. Estamos de acuerdo en que este personaje, el presidente, que es un presidente electo, elegido democráticamente... Yo haría, si me permite el
presidente, una pequeña distensión y digresión: en América Latina hemos vivido y hemos asistido a muchos procesos donde había unas elecciones, y luego había un intento de desestabilizar al gobierno electo -probablemente porque el gobierno había
cometido excesos- y luego al final se producía un golpe de Estado. Venezuela probablemente es el único caso en la historia en que se ha producido al revés: ha habido primero un golpe de Estado, luego ha habido un intento de desestabilizar al
presidente electo y, al final, el presidente electo ha acabado ganando unas elecciones. Nos guste o no nos guste, es el presidente legítimo de Venezuela.
Ahora bien, ese presidente está adoptando decisiones, que cuando las describía el señor Arístegui -y yo coincido, en términos generales, con la descripción que ha hecho, ayer la compartía conmigo también el máximo representante de Súmate- a
mí me ha recordado a algunas decisiones sobre concentración de medios de comunicación y control de medios comunicación sobre control de instituciones del Estado -sin llegar quizá a esos extremos-, que hemos vivido en algún país del sur de Europa,
que tiene también un gobierno democrático y legítimo, aunque ahora está tambaleante. Se trata de que se corrija ese rumbo. Ayer el representante de Súmate me decía que no tenía más que palabras de agradecimiento y de satisfacción por la
intervención del presidente del Gobierno en la Asamblea legislativa y por la reunión que habían tenido con el presidente del Gobierno las fuerzas de la oposición y las ONG con los distintos grupos de aquí. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que
dicen los venezolanos que están en la oposición. No pretendan ser ustedes más colombianos que el presidente Uribe; no pretendan ser más venezolanos y más defensores de los intereses del pueblo venezolano, que los dirigentes que representan a esa
oposición; no pretendan ustedes ser más defensores de los intereses de Estados Unidos o de la visión de los Estados Unidos, que quien tiene la responsabilidad de los asuntos de América Latina en el Senado norteamericano.
Acabo, señor presidente, con las armas. El ministro de Defensa lo dejó suficientemente claro. Ha habido una venta de material de defensa que el presidente Uribe ha declarado que no le preocupa en absoluto y que le parece, además, que puede
contribuir a la estabilidad, porque puede servir para controlar los flujos de narcotráfico en la región, y que por lo tanto, en un marco de cooperación como el que se ha impulsado por España, que era impensable hace dos meses -reconózcanlo por lo
menos eso-, eso es un factor de estabilidad. Yo no voy a hablar de las pistolas o de los gases lacrimógenos, pero bueno, eso tenía su valor y su significado. Ahora, reconocerán ustedes que han hecho una gran bola de nieve de lo que eran unas solas
gotas de
agua. Que ese material no es material que se pueda usar contra el país vecino de Colombia; que así lo entiende y lo interpreta su propio presidente; que España tiene el derecho a vender ese material en la medida en que no altere la
seguridad y los equilibrios en la región y que, evidentemente, no lo cuestionen los países de la región y que tienen derecho, que nadie les pueda negar, y menos aún se los puedan negar desde un país como Estados Unidos. Eso hay que explicárselo
también a los representantes norteamericanos y lo deben conocer los ciudadanos españoles: se les está vendiendo los repuestos religiosamente de los F-16 con que cuenta la Fuerza Aérea venezolana. ¿De modo que Estados Unidos le puede vender
material de defensa de carácter defensivo y ofensivo a la vez, como son los F-16, los repuestos, puede seguir siendo el principal cliente petrolero de Venezuela y España no le puede vender dos aviones de vigilancia aérea y diez de transporte? ¿No
le puede vender barcos de altura y costeros de patrullaje? ¿De verdad es eso lo que están diciendo? Explíquenlo.
El señor PRESIDENTE: La palabra la tiene el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA (León Gross): En primer lugar quisiera referirme a la intervención del representante de Coalición Canaria, señor Mardones, que ha comenzado expresando su preocupación
por la venta de material militar que se produjo en el curso de este viaje y que ha sido, además, subrayada por otros representantes, señalando que le preocupaba la distorsión que se pudiese causar en las relaciones con Estados Unidos. Quisiera
insistir en que, deliberadamente o no, estamos asistiendo a un reiterado intento de confundir las preocupaciones que puedan venir de Estados Unidos, de algunas voces de Estados Unidos, por determinados aspectos de una política interior venezolana
con la preocupación por la política española. Quisiera dejar claro que no se ha criticado desde Estados Unidos la política española ni el viaje del presidente Zapatero. Todo lo contrario. Se han podido escuchar voces que van desde el apoyo pleno
-y el diputado Rafael Estrella recordaba hace unos momentos-, las palabras del senador republicano Coleman, quien efectivamente manifestó de una manera muy clara el apoyo a la iniciativa del Gobierno español, su felicitación por haber logrado sacar
adelante un proyecto, una iniciativa, y poner en marcha un proceso que no era fácil, reiterado además tras las impresiones que él mismo pudo obtener personalmente en contactos con el Gobierno venezolano y el Gobierno colombiano. El senador Coleman
en su viaje, además, transmitió un mensaje del Gobierno de Estados Unidos al presidente Chávez indicándole que ni el Gobierno, ni la Agencia Central de Inteligencia, ni los militares estadounidenses están ni estarán en ningún esfuerzo por
desestabilizarlo.
Estas expresiones han sido reiteradas en el reciente viaje que el ministro de Asuntos Exteriores ha realizado. Puedo asegurarle al diputado Arístegui que, al contrario de la información que él ha recibido -y en ese sentido le animaría a que
tratase de mejorar la selección de sus fuentes-, los encuentros no fueron agrios precisamente. Todo lo contrario, puedo asegurarle que tengo una versión, sin duda, más directa, de primera mano, de lo que fueron estos encuentros. La secretaria de
Estado Rice ha señalado, en distintas ocasiones, los matices que van poco a poco entrando en la política exterior norteamericana hacia Venezuela, y las declaraciones que hemos ido oyendo en las últimas semanas apuntan en una dirección nueva, en una
dirección más constructiva en la relación con Venezuela, dentro de lo que tiene que ser una diálogo crítico. Un espíritu, por cierto, que como todas SS. SS. han podido comprobar estaba muy presente en mi intervención inicial.
Señalaba el diputado Mardones que la prudencia y la discreción eran elementos importantes en la elaboración de las iniciativas diplomáticas y, la verdad, es que no sé esa referencia qué origen podría tener.
Durante la preparación de este
viaje del presidente del Gobierno tuve que viajar en dos ocasiones a Venezuela y en una ocasión a Colombia, y creo que esos viajes no han tenido ninguna trascendencia pública, ni ningún aspecto en su desarrollo que puedan permitir pensar que no se
ha actuado con prudencia. El Gobierno ha dado pruebas con esos viajes y con los distintos contactos que ha ido manteniendo el propio presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, en distintas ocasiones, tanto de prudencia como de
discreción. Puedo asegurar que ha habido plena coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos y Exteriores. La cuestión no es la operación de venta; la cuestión es y qué marco se realizan, en qué marco diplomático, en qué
marco político, y qué naturaleza tiene ese armamento. Así es evidente que cuando el ministro de Defensa estaba firmando la venta de ese material lo hacía en el marco de una serie de acuerdos que explican muy bien cuál es el marco diplomático, cuál
es el marco político que España quiere dar a esas operaciones.
La diputada Bonás ha afirmado que hay que tener cuidado en las relaciones con un Gobierno como el colombiano que viola sistemáticamente los derechos humanos. Tengo que decirle que no puedo admitir este comentario.
Creo que no se puede
afirmar del Gobierno del presidente Uribe que viole sistemáticamente los derechos humanos. Es posible que en Colombia se pueda dar una situación que pudiera llamar a que alguien dijera que se violan sistemáticamente los derechos humanos en Colombia
desde distintos sectores, pero desde luego, la valoración que el Gobierno español hace de la política de seguridad democrática del Gobierno de Uribe es positiva, no exenta de críticas cuando éstas son necesarias. El presidente del Gobierno pudo
referirse a algunas violaciones de derechos humanos que se habían producido recientemente, en
fechas muy cercanas a su viaje, en determinadas zonas con población indígena y tuvo la ocasión -y así lo hizo- de pedir explicaciones, a lo que el presidente Uribe le manifestó su preocupación por estos actos, le aseguró que se llevarían a
cabo esas investigaciones y que transmitiría la información al Gobierno español. Desde luego es un Gobierno que en esa lucha por la seguridad democrática está, al contrario de lo que se ha indicado, esforzándose por que se apliquen y se respeten,
cada vez en mayor medida, los derechos humanos y ese es un esfuerzo en el que van a encontrar toda la colaboración del Gobierno español.
En cuanto a Oriente Próximo estoy completamente de acuerdo en lo que señalaba S. S., reiterado también por el diputado Xuclà. Esas conclusiones de la Conferencia de Londres en las que se proponía un plan de acción en el ámbito de la
seguridad, en el ámbito del buen gobierno y en el ámbito de la economía nos marcan un buen camino por el que transitar. Como SS. SS. saben, ahí el ministro Moratinos tuvo un papel muy activo. Su trabajo en beneficio de una reforma profunda de
las instituciones palestinas viene de muy atrás y, en ese sentido, seguimos trabajando. Es cierto que el panorama ofrece muchas incertidumbres -lo decía el diputado Arístegui, lo ha señalado S. S. también y, en particular, la diputada Bonás. Esta
es una situación muy fluida, una situación que nos está exigiendo un seguimiento continuado. A veces, nos está exigiendo tensar la cuerda, a veces nos está exigiendo rebajar esa tensión para evitar que la cuerda se rompa. Ayer, sin ir más lejos,
teníamos un anuncio del Gobierno israelí de un retraso en el inicio de la aplicación del Plan de Desenganche. Inmediatamente solicitamos explicaciones y nos fueron dadas, por la coincidencia de la fecha del 20 de julio con una conmemoración
religiosa israelí, y se nos dio seguridad de que se trata de un retraso de muy pocos días. Efectivamente, hay que estar encima. Hay que trabajar con las partes.
El tema de los asentamientos, que ha surgido también en distintas intervenciones de SS. SS., pues también requiere un trabajo permanente.
Es verdad que hay preocupación, y así lo ha expresado el Gobierno, por ejemplo, cuando se habló
recientemente del proyecto de construir más de tres mil viviendas que pudiesen establecer un vínculo físico entre el asentamiento de Maaleh Adumin y la ciudad de Jerusalén que prácticamente partiría en dos el territorio del futuro Estado palestino.
El Gobierno se expresó con claridad. La comunidad internacional lo ha hecho también y, también hay que destacar la intervención del Gobierno de Estados Unidos.
Parece que el Gobierno israelí está dando marcha atrás en ese proyecto, pero, -insisto-
hemos de estar todos muy encima y hacer un seguimiento muy estrecho de la situación.
Agradezco al diputado Xuclà la valoración positiva del viaje. Tanto a él, como al diputado Rafael Estrella y, en general, esas valoraciones positivas que no vienen únicamente de representantes de esta Cámara. Se han recordado las
valoraciones que se han realizado desde Estados Unidos, la valoración que realizó el presidente Uribe al señalar literalmente que este viaje era una contribución fundamental para la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico en la región.
Podría compartir alguno de los elementos de crítica que S. S. ha expresado porque, efectivamente, si se trataba de que el viaje del presidente Zapatero produjera efectos en tres semanas, yo tengo que reconocer a S. S. que es verdad, que no ha
producido efectos en tres semanas. Si alguien piensa que el proceso que se trataba de iniciar hacer tres semanas tendría que haber llegado ya a lograr resultados claros, hay que reconocer que no es así. Permítame corregirle y matizarle que lo que
el viaje pretende es abrir un proceso que no va a ser fácil, somos muy conscientes de ello. Simplemente le daré un dato: algunos países muy importantes de la región llevaban casi un año y medio tratando de organizar una cumbre como la que el
Gobierno español ha podido poner en pie. No ha sido nada fácil. Ya he señalado que yo he tenido que viajar en tres ocasiones a Venezuela y Colombia, que se han realizado múltiples llamadas, múltiples contactos. Nuestras embajadas en Brasil,
Venezuela y Colombia se han empleado a fondo. Ha habido un trabajo de apoyo del Gobierno brasileño. Los gobiernos venezolano y colombiano también han puesto mucho de su parte pero, evidentemente, poner en pie un proyecto como este no era fácil.
Ser trata de iniciar un proceso. Se habían celebrado distintas cumbres ya en el pasado entre Venezuela y Colombia. Estas cumbres han traído consigo la aprobación por ambos países de determinados comités, el Comité Presidencial de Integración, el
Combifron, -los llamados Frentes Combinados en la Frontera-, las zonas de integración fronteriza en el ámbito económico, las comisiones fronterizas, pero estos comités, posteriormente, han tenido o se han enfrentado a numerosas vicisitudes para
poder llevar a cabo una labor efectiva. Esto es lo que ahora el Gobierno español -y hemos tenido la inestimable colaboración del Gobierno brasileño- está tratando de reforzar, está tratando de mejorar, que esos comités, esos instrumentos
bilaterales que Venezuela y Colombia han ido creando a lo largo del tiempo en sus esfuerzos puedan realizar una labor efectiva y puedan alcanzar resultados.
¿Está influyendo el Gobierno español? ¿Está siendo poco escuchado? Lo que le acabo de señalar contesta a su pregunta. Lo que otros gobiernos no han podido hacer -y gobiernos muy importantes, de países muy importantes de América Latina- en
un lapso de más de año y medio el Gobierno español lo ha podido realizar. Eso requiere credibilidad y el actual Gobierno español la ha conseguido a lo largo de año y medio. porque uno no va a una cumbre de esta naturaleza si no espera que se le
ofrezcan resultados y resultados específicos.
¿Está siendo una labor retórica o está siendo una labor efectiva? Pues mire, le invito a leer el memorándum
de entendimiento que se ha firmado con Venezuela y el memorándum de entendimiento que se ha firmado con Colombia. Le invito a comprobar si se trata de retórica o se está planteando en un lenguaje muy claro y muy firme -y ahí subrayo la
palabra firmeza por la intervención del diputado Arístegui-. Las propuestas que se han puesto en marcha con esos memoranda son muy claras y reflejan sin dudas, sin ningún género de matiz que pudiera poner en cuestión lo que estoy señalando, que el
Gobierno español no quiere retóricas, sino hechos y quiere procesos muy claros.
Su señoría se ha referido, y también el diputado Arístegui, a la cuestión de las milicias. No es una cuestión que el Gobierno vea con agrado. No sé si debe a esa percepción de acoso que señalaba el diputado Estrella o no, pero en cualquier
caso no es una medida que al Gobierno español le parezca necesaria, ni deseable. Quisiera que, quedase claro que no pueda sino estar de acuerdo con lo que su señoría el diputado Arístegui, ha señalado. Creo que tenemos también que trabajar en ese
sentido y esa preocupación ya ha sido transmitida al Gobierno venezolano con claridad y puedo asegurar a sus señorías que seguiremos con atención dicho proceso.
Como estamos siguiendo también, como no podía ser de otro modo, la aprobación del nuevo Código Penal o la llamada ley mordaza, la tramitación de la Ley de derechos de autor. No se puede, y yo creo que no sería justo, aplicar a Venezuela y a
la situación que se vive allí adjetivos de enorme rotundidad. La situación en el caso de Venezuela es también muy fluida, igual que decíamos de Oriente Próximo. Se están viviendo procesos de distinto tipo. Estas leyes, lo que tienen es que ser
interpretadas porque dejan un lugar, un espacio a la ambigüedad que podría ser preocupante lo importante es que se apliquen teniendo en cuenta los principios y los planteamientos que la comunidad internacional hace de manera muy clara hacia
Venezuela, y que el Gobierno español, el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, transmitió sin ningún género de dudas al presidente Chávez.
En cuanto a su pregunta sobre Hezbolá, es una cuestión que el Gobierno está estudiando, que están estudiando otros Gobiernos de la Unión Europea, una cuestión que también tiene que tener en cuenta los matices que plantea la nueva situación
que se vive en la actualidad en el Líbano, entre Líbano y Siria. La fluidez, también en este caso, de la situación política libanesa, exige que sea tratada con ese cuidado el Gobierno lo está haciendo y tomará la determinación que considere más
positiva en ese marco, como digo muy complejo, en el que por cierto parece que se están produciendo buenas noticias en las últimas horas.
Ya me he referido a algunas de las cuestiones que planteó el diputado Arístegui y que han sido planteadas por otros grupos, y debo decirle con claridad que el Gobierno comparte esa preocupación por determinadas conexiones que se puedan haber
dado con grupos radicales vascos, incluso con ETA. Debo tranquilizar también en ese sentido. Estamos obteniendo resultados que hasta el momento habían sido más bien escasos, como en el caso de Venezuela. De hecho se ha iniciado una colaboración
entre el Gobierno venezolano y el Gobierno español para la extradición de etarras.
Espero que su grupo, tras haber examinado el memorándum de entendimiento que se firmó con Venezuela, salude de manera positiva el establecimiento de un magistrado de
enlace español en el Ministerio de Justicia venezolano y de un enlace del Ministerio del Interior español en el Ministerio del Interior venezolano. Esto tampoco es retórica, creo que son datos muy claros que se contienen en ese memorándum. Con
esos hechos doy por contestadas todas sus preocupaciones, porque se tata de hechos y no de palabras.
Dice usted que la tensión se ha superado a pesar del Gobierno español.
Simplemente le voy a recordar lo que he señalado anteriormente al diputado Xuclà. Otros gobiernos han estado trabajando durante más de año y medio para tratar de poner
en pie esta cumbre. El Gobierno español lo ha hecho, lo ha hecho poniendo en marcha dos procesos, dos procesos que serán largos, complicados. Uno, de infraestructuras, que será liderado por Brasil, con el concurso de España; y otro de cooperación
en materia de seguridad, en materia de terrorismo, en materia de Justicia e Interior, que será liderado por España. Ya estamos trabajando de manera efectiva en ese sentido y espero que muy pronto se pueda celebrar la primera de las reuniones en las
que estamos trabajando para dar continuidad. Su señoría observaría que en el comunicado que salió de la cumbre cuatripartita, en la parte final, se encargaba a los ministros de Asuntos Exteriores el seguimiento de los acuerdos a los que se había
llegado en la cumbre cuatripartita. Así lo estamos haciendo, por cierto, de manera muy intensa.
Es verdad que hay aspectos que nos preocupan en la vida política venezolana. En general en América Latina hay un deterioro de la institucionalidad, se está produciendo un colapso de sistemas políticos, a veces en su conjunto, a veces
simplemente de los partidos políticos que podrían representar modelos más tradicionales y es verdad que, en ese sentido, el Gobierno tiene que emplearse a fondo en sus contactos con muy distintos países de América Latina. En este caso, también se
produce ese tipo de situaciones; usted ha señalado, que el movimiento V República es un movimiento magmático -efectivamente, el partido Patria Para Todos tiene ahí un papel importante-, es un movimiento magmático donde uno encuentra todo tipo de
tendencias, desde algunas relativamente moderadas, hasta otras que podrían considerarse extremistas. Lo importante es establecer ese modelo de diálogo, establecer unas dinámicas que lleven a que se pueda trabajar en una línea positiva, y así lo
estamos haciendo.
No lo estamos haciendo por un criterio de oportunidad desde que el presidente del Gobierno ha viajado a Venezuela, lo estamos haciendo desde antes. A S. S. no se le escapa
que ya se venían realizando contactos con la oposición venezolana. Estamos trabajando en distintos ámbitos, estamos trabajando para ayudarles a estructurar y articular más su acción, a tener mayor proyección. Yo creo en la buena labor del
presidente del Gobierno, en los mensajes que ha transmitido con toda claridad en los encuentros que ha tenido con todos ellos, y en la intervención que tuvo en la Asamblea Nacional. Por cierto, como S. S. conoce bien Venezuela, sabrá que este tipo
de intervenciones no son habituales, de hecho es la primera vez que un presidente de Gobierno extranjero interviene de esa manera en la Asamblea Nacional venezolana. Dejó claro que el Gobierno no ha tratado en este viaje de aplicar lo que son los
modelos protocolarios de una visita ha tratado de trasladar mensajes de una manera bastante clara.
Dice su señoría que se ha producido una incoherencia con la venta del material militar, porque lo que el Gobierno había señalado respecto a los tanques pretende que no sea aplicable en este caso respecto a los aviones de transporte y a las
patrulleras. A renglón seguido, S. S. se encarga de recordar las seis mil pistolas que se vendieron en el pasado. Vamos a ver, yo creo que todo es una cuestión del tipo de armamento. Estaremos de acuerdo en que no es una buena noticia para la
región que se desplieguen cincuenta tanques en la zona fronteriza entre ambos países, dinámicas que se pueden generar alrededor de esa venta pueden ser muy negativas, pero en el momento en que se produjo o se tenía que haber producido esa operación,
no lo eran. En este sentido, lo que ha señalado el presidente Uribe es más que suficiente para contestar a su señoría. Considera que ésta es una operación positiva, es una operación que contribuye a la lucha contra el narcotráfico y contra el
terrorismo, preocupaciones fundamentales para el Gobierno colombiano y para el Gobierno español. A esas observaciones y a esos comentarios me remito.
En cuanto a su preocupación por María Corina Machado y por el movimiento Súmate, también fue objeto del diálogo que mantuvo el presidente del Gobierno con el presidente Chávez. Son temas sobre los que también se abren procesos de diálogo.
Además, ya se están produciendo algunos resultados concretos tras las gestiones realizadas por el presidente del Gobierno. En fin, vamos a seguir trabajando en esa línea hasta que esas nubes negras, que S. S. mencionaba que se daban en el horizonte
de Oriente Próximo, también puedan despejarse en el horizonte del panorama político al que nos estamos refiriendo.
Sí quisiera decir una cosa, y vuelvo a las fuentes que maneja S. S..
También le han informado mal respecto a la intervención del presidente del Gobierno en el Centro Gallego en Caracas. Puedo asegurarle a S.S. que la información que ha
recibido, en el sentido de que el presidente del Gobierno fue abucheado, es radicalmente falsa. En este caso no me remito a una fuente directa, sino a que S. S. no estaba presente y yo sí lo estaba, en la medida en que tengo ojos y oídos, mi
criterio puede ser tenido en cuenta. Invito a S. S. a que solicite un vídeo de la intervención del presidente del Gobierno y verá que la persona que le ha informado le ha mentido.
Su señoría insiste, y el Partido Popular lo hace también de manera reiterada, en ese contacto permanente del Gobierno -ese supuesto contacto permanente del Gobierno- con Castro y con Chávez. Mire, se trata de un absoluto despropósito y no
creo que por mucho repetirlo vaya a calar.
Simplemente le voy a dar un dato. El presidente del Gobierno, en el primer año de esta legislatura ha viajado a México, ha viajado a Costa Rica -a la Cumbre Iberoamericana-, ha viajado a Argentina, Chile
y Brasil y ha viajado a Venezuela y Colombia. Ha puesto en marcha una iniciativa diplomática y S. S., que es habitual lector de prensa internacional, sabe cómo ha sido valorada esa iniciativa en América Latina, el interés que ha despertado y la
manera en que se analiza desde América Latina el nuevo papel -y subrayo el nuevo papel- que España está desempeñando de manera efectiva en Iberoamérica. El equipo dirigente del Ministerio de Asuntos Exteriores prácticamente ha visitado ya todos los
países de América Latina.
Quiero recordar a S. S. que la última ministra de Asuntos Exteriores, del Partido Popular, no realizó ninguna visita bilateral a países de América Latina. Nosotros en un año prácticamente los hemos visitado todos, no han sido visitas, puedo
asegurárselo, de turismo, han sido visitas en las que en todas ellas -no quiero extenderme ahora, pero podemos dedicar un día, una sesión en esta Comisión de Asuntos Exteriores a este tema- se han puesto en marcha iniciativas muy concretas. Pasado
mañana celebramos un seminario en Sevilla, que es una primera toma de contacto con personalidades muy destacables de América Latina, no sólo para dialogar sobre esa nueva política exterior que el Gobierno está desarrollando en América Latina,
también para dialogar sobre las cumbres iberoamericanas, para poner en marcha los distintos procesos de contactos oficiales y con la sociedad civil para tener más información, más ideas y poder hacer más eficaz esa labor que queremos desarrollar
allí.
En definitiva, lo que se ha puesto en marcha con el viaje a Venezuela y Colombia es una iniciativa diplomática de primer orden. España llevaba ausente de América Latina demasiados años, no se había producido una iniciativa de esta
importancia durante muchos años. Quizá habría que remontarse a la época de Contadora, que no fue una iniciativa española, pero sí contó con un apoyo español muy importante, para ver un proceso de este tipo. Usted tiene un profundo conocimiento de
las relaciones internacionales, conoce el Grupo de los tres -que impulsó México en su día, con Venezuela y Colombia-, conoce los procesos y los proyectos que tenía Brasil a este respecto y sabrá valorar, si tiene en cuenta esos precedentes, la
iniciativa que hemos puesto en marcha a la que, por cierto, esperamos que se sumen otros importantes actores regionales que ya han
expresado su deseo de hacerlo así, y si lo han expresado es porque entiendo que valoran en su justa medida la iniciativa del Gobierno español. Vuelvo a insistir, creo que también hay que saludar muy positivamente los comentarios que se han
oído desde Estados Unidos después del viaje del presidente del Gobierno. Se ha reiterado que Venezuela no es un enemigo y que hay que encontrar ese espacio de diálogo, ese espacio de entendimiento con Venezuela, con un presidente democráticamente
elegido, al que no se cuestiona y con el que hay que trabajar y con el que hay que dialogar. En definitiva, a quien habrá que aplicar una política similar a la que está aplicando el Gobierno español.
Me alegra ese amplio terreno de coincidencia, prácticamente total, que demuestra su señoría en el ámbito de Oriente Próximo. Ha sido subrayado por el diputado Estrella en su intervención y, efectivamente, en la época en que trabajaba con el
actual ministro de Asuntos Exteriores en Oriente Próximo tuvimos la oportunidad de trabajar con los entonces diferentes gobiernos del Partido Popular en el ámbito de Oriente Próximo, con muy buena colaboración. Desde luego es muy buena señal que
siga siendo así, que sigamos teniendo buena colaboración. Su señoría es un gran especialista -lo he señalado en alguna que otra comparecencia en el pasado- en esta cuestión, sabe que es escuchado con atención, con respeto, desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores y que las sugerencias que ha tenido a bien hacer en otros momentos y las que haya podido hacer hoy nunca caen en saco roto.
Antes ya me he referido a las nubes negras, al terrorismo de los colonos, a la cuestión de las reformas islamistas y comparto plenamente su análisis, como no podría ser de otro modo. Creo que su señoría sabe que el responsable de la
seguridad israelí en Gaza, estuvo hace muy pocos días en Madrid y tuve oportunidad de reiterarle ese análisis. Me quedo con ese terreno de entendimiento que no solamente se produce entre ustedes y el Gobierno sino que el diputado Estrella ha
reiterado a lo largo de su intervención cuando también se ha referido, en términos muy similares a S. S., respecto a la colaboración entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay una evolución en los últimos años del trabajo de la Unión Europea que
va desde ser un actor, el más implicado en los procesos multilaterales, pero no en las negociaciones bilaterales, hasta formar parte del actual cuarteto -que por cierto fue una iniciativa del actual ministro de Asuntos Exteriores-, donde están
Estados Unidos, que es evidente que es el actor fundamental del proceso de paz de Oriente Próximo, Naciones Unidas y Rusia que, continúan trabajando. Todos sabemos que se han producido más de sesenta planes de paz para buscar soluciones, para dar
salida al proceso de paz en Oriente Próximo y ninguno de ellos ha llegado a buen puerto. Por eso, ese optimismo al que me he referido, hay que tomarlo con todas las cautelas necesarias.
Por último, el diputado Arístegui me preguntaba por Severo Moto. La información de la que dispone el Gobierno en este momento simplemente parece confirmar su desaparición. No tenemos ningún dato más. Hay rumores de todo tipo, pero no
tenemos ningún dato más que podamos confirmar aparte de esa desaparición. Hemos recibido distintas informaciones sobre posibles contactos que podrían llegar hasta, más o menos, hace una semana. El Gobierno está siguiendo con muchísima atención y
con no poca preocupación esta situación por la condición de asilado de Severo Moto en España, por tratarse de una persona que estaba al frente de un partido político en Guinea Ecuatorial, por ser Guinea también un país que preocupa y en el que
esperamos que esta desaparición no provoque ningún tipo de situación de inestabilidad. Lo que puedo asegurar a S. S., es que, tan pronto como el Gobierno disponga de algún dato más a este respecto, lo compartiremos con todas las fuerzas políticas y
con la opinión pública española.
El señor PRESIDENTE: Una réplica de tres minutos pero muy precisos, por favor, si alguien quiere hacer uso de la misma.
Señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Le agradezco, señor secretario de Estado su turno de réplica, pero simple y llanamente no nos convence, no va a conseguir convencernos en este tema. Yo le diría a nuestro colega y amigo el señor Estrella
que no es nuestra única agenda Cuba y Venezuela, pero estamos en una comparecencia en la que uno de los elementos fundamentales es Cuba y Venezuela. Hemos hablado de Oriente Medio también, pero cuando quiera, hacemos debates como ya los hemos hecho
sobre Gibraltar, Sahara, Estados Unidos, política europea. Tenemos ahí bastantes dudas también, señor Estrella, como usted sabe muy bien.
Vamos a ver, nosotros decimos que es irresponsable vender armas en ciertas circunstancias y lo mantenemos. Es nuestra opinión. Tenemos derecho a tenerla. No queremos enmendar la plana a nadie, ni al señor Uribe, ni a los Estados Unidos o
al senador responsable de la materia en Estados Unidos de América. Nosotros, además, también nos hacemos eco de lo que dicen algunos medios de comunicación venezolanos y colombianos, que nos han llamado mostrando su indignación con la venta. Nos
consta, señor secretario de Estado, que miembros de la oposición venezolana le hicieron patente su profunda preocupación e inquietud al señor presidente del Gobierno, Julio Borges entre otros. Esa es la realidad. Los demócratas venezolanos no
están de acuerdo con la venta de armas españolas a Venezuela, ni la prensa, ni los partidos políticos, ni los movimientos sociales. Esa es la realidad, nosotros nos hacemos eco de esa opinión.
Cuando se habla de la estabilidad regional, pues claro que estamos a favor de la estabilidad regional. Ustedes piensan que esto puede favorecerle al señor Uribe también y nosotros pensamos que no. Muchos periodistas en el país consideran
que no, muchos periodistas en Venezuela consideran que no. En cuanto a la amenaza percibida, eso no es más que una excusa del señor Chávez para armarse. El propio secretario de Estado nos ha recordado que Estados Unidos dice que no tiene ninguna
intención agresiva contra Venezuela. Por lo tanto, esa amenaza percibida no puede ser, en absoluto, un argumento para crear un régimen disparatado blindándose con centenares de miles de personas armadas hasta los dientes.
Me sorprende especialmente ese desafortunado comentario y comparación del señor Estrella entre Chávez, que sabemos todos lo que es y creo que hay más coincidencia de la que parecía en un principio en cuanto al diagnóstico del personaje y la
situación, con un líder de un país del sur de Europa, que obviamente estamos todos pensando en quién es. Me parece una ofensa gratuita e innecesaria a quien es jefe de Gobierno de un socio comunitario. Desde luego me parece muy poco político y muy
poco prudente ese comentario, señor Estrella.
¿Una gota de agua? ¿Una gota de agua son 1.300 millones de euros? Menuda gota de agua más grande, señor Estrella.
Sobre Chávez y su régimen está todo dicho. Ustedes verán si tienen ustedes razón...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya acabando señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Ustedes verán si ustedes tienen razón o la tenemos nosotros.
En cuanto a los comentarios del señor secretario de Estado de los encuentros con congresistas, ésa es su opinión. Usted tiene una información más directa y también más subjetiva, señor secretario de Estado. No comparto su análisis político
sobre las relaciones con la nueva política exterior. Me parece que es hacer trampas en el debate decir que la ministra de Exteriores no fue ni una vez a un viaje bilateral a América Latina. Pura y simplemente estábamos inmersos en la más profunda
crisis de política internacional e interior que era, justamente, el tema de Irak. Por eso no pudo ir, no porque faltara voluntad. Ustedes no hacen otra cosa que empeñarse constantemente en hablar de la nueva política, del nuevo papel. Pero ¿cree
usted que es que ustedes han inventado la buena relación con América Latina y la han dotado de contenido? ¿Cree usted que ningún otro Gobierno democrático de España lo ha hecho?
El señor PRESIDENTE: Señor Arístegui, le ruego que acabe su intervención.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Pues no, señor secretario de Estado. No son ustedes, los primeros, ni serán los últimos.
El señor PRESIDENTE: El señor Estrella para hacer uso del turno de réplica.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Tiene toda la razón el señor Arístegui, pues no ha sido este Gobierno el primero en abrir el camino de América Latina, lo hizo el primer Gobierno democrático de este país en 1979, lo hizo con gran intensidad el
Gobierno socialista en 1982, lo ha hecho, en la medida en que lo consideró relevante y con su peculiar sello, el Gobierno anterior, y ahora lo está haciendo, con una enorme determinación, este Gobierno. Ésa es la realidad, y así hay que
reconocerla.
Alguien ha podido interpretar que yo equiparo todas las actuaciones del señor Chávez con todas las actuaciones de otro dirigente de un país mediterráneo, los dos -uno como socio comunitario y otro como socio latinoamericano- elegidos
democráticamente, nos guste o no nos guste su figura, y no me gusta ninguna de sus figuras, nos gusten o no nos gusten sus políticas y sus excesos verbales y, en ocasiones, de acción política.
Si la comparación es desafortunada, la retiro, pero
confieso que me lo ha recordado: el intento de controlar todos los medios de comunicación, de controlar la sociedad, los excesos verbales en ocasiones. Evidentemente, no es una comparación afortunada y la doy por retirada.
Quiero acabar diciendo que la sociedad de Venezuela, los demócratas que decía el señor Arístegui; -yo diría los ciudadanos de Venezuela- puede que se estén preguntando si esto contribuye a la estabilidad regional, si contribuye a su propia
seguridad, a la profundización de la democracia en Venezuela, pero está claro que no les cabe la menor duda que al saber que quien señala con un dedo violaciones de los derechos humanos, restricciones de las libertades, represión de las libertades,
y con la otra mano ha estado entregando material para la represión, sólo tiene un calificativo para definir esa conducta, que es el de hipócrita. Esa sería la conclusión que tendríamos que sacar de este debate para mi grupo.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y PARA IBEROAMÉRICA (León Gross): Simplemente para contestar a alguna referencia que se ha hecho. Firmeza, diálogo estaban presentes en la anterior intervención del diputado Arístegui y,
de nuevo, hemos vuelto a mencionar a Cuba y Venezuela. Yo no sé si considera o no suficientemente firme la posición que el Gobierno ha defendido respecto a la resolución presentada sobre derechos humanos en Cuba en la última Comisión de Derechos
Humanos, pero yo creo que el copatrocinio español es suficientemente
claro, puedo asegurar que suficientemente firme y creo que ilustra con un hecho claro lo que es firmeza en una política de diálogo. Lo que pasa es que estas políticas son mucho más complicadas de llevar a cabo, siempre hay que estar
haciendo un equilibrio cuando se quiere hacer una política compleja. Como señalaba anteriormente hablando de Oriente Próximo, hay que tener tensa la cuerda pero hay que evitar que se rompa. Eso no es fácil, eso requiere un esfuerzo notable y eso
es lo que se está haciendo.
Yo no sé la agenda que tienen determinados medios de comunicación cuando hacen un análisis o dejan de hacerlo. Usted conoce Venezuela posiblemente mejor que yo y requeriría un largo análisis. Yo lo que puedo asegurarle
de nuevo, y estuve en los encuentros que se produjeron con los grupos políticos, es que todos ellos trataron con enorme respeto las operaciones y, además, señalaron que el único camino en que creen que España debe trabajar en Venezuela es el camino
del diálogo, entienden que en ese diálogo tienen que haber acuerdos entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de España.
Yo no sé cuáles son las razones por las que se hicieron o dejaron de hacer determinadas cosas en el pasado, tampoco quiero referirme a eso. Su señoría, con esa efectividad y esa brillantez verbal que le caracteriza como el gran orador que
es, señala que no somos ni el primero ni el último. No lo pretendemos, pero que se me diga una sola iniciativa diplomática de esta importancia, de este carácter regional, que se me diga una sola. No se trata de si hemos viajado más o hemos viajado
menos, lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer. Las afirmaciones hay que demostrarlas con hechos y yo puedo asegurar a S. S. que no es el análisis que hace el Gobierno, es el análisis que se ha hecho desde América Latina sobre la
iniciativa que se ha puesto en marcha con el viaje del presidente Zapatero a Venezuela y Colombia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia una vez más ante esta Comisión, por toda su información.
PROPOSICIONES NO DE LEY: (VOTACIONES)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar inmediatamente las diversas proposiciones no de ley discutidas y los convenios internacionales que están establecidos en el orden del día.
La primera votación sería sobre el punto 3 del orden del día. La primera, por tanto, de las proposiciones no de ley. El autor de la misma es el Grupo Parlamentario Popular. Había una enmienda del Partido Socialista Obrero Español y otra
de Convergència i Unió y me consta que hay una propuesta para voto transaccionada entre las tres fuerzas políticas. ¿Eso es así?
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Sí, efectivamente señor presidente, hemos consensuado un texto único a raíz de las dos enmiendas y del texto inicial propuesto por nuestro grupo. ¿Es preciso leer el contenido final?
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario tiene interés en que se dé lectura al acuerdo final? (Denegaciones) Procedemos a la votación del punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 29; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Punto 4 del orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Existía una enmienda del Partido Popular e, in voce, el Partido Socialista
también propuso otra enmienda.
¿El grupo proponente ha aceptado la enmienda del Partido Popular? ¿Ha habido algún tipo de solución con la enmienda in voce?
El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: Señor presidente, se ha incorporado una interpolación de la siguiente frase, que dice: De todos los grupos armados ilegales que actúan en territorio colombiano. Y hay consenso en la admisión de este texto.
El señor PRESIDENTE: El grupo proponente, señor Llamazares, ¿está de acuerdo con esa incorporación? (Asentimiento.)
Por favor, nos hacen llegar a la mesa el texto exacto. Someteríamos a votación el texto de la propuesta de Izquierda Unida, más el añadido que se nos acaba de leer en estos momentos por el señor Fernández, del Partido Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El punto 5 del orden del día es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, uso del español en Estados Unidos y Canadá.
Existía una enmienda Convergència i Unió. Me dicen que también se ha transaccionado. ¿Es así?
(Denegaciones.) Por tanto, no se acepta la enmienda de Convergència i Unió por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Se vota, consecuentemente, el texto tal y como estaba planteada la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 27; abstenciones tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Punto 6 del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para frenar la proliferación de armas nucleares. Esquerra Republicana es la autora y, si no recuerdo mal, existía
enmienda del Grupo Socialista y también de Convergència i Unió. Está transaccionada.
¿A algún grupo parlamentario le interesa conocer la transacción? (Denegaciones.)
Votamos, por tanto, el texto transaccionado a partir de la propuesta de Esquerra Republicana y enmiendas del Grupo Socialista y Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 20; abstenciones 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Punto 7 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan de acción estatal en el que se determinen las medidas necesarias para
que el Estado español mejore la promoción y protección de los derechos humanos.
Hay un texto transaccionado. ¿Alguien desea conocer el texto? (Denegaciones.) Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
DICTAMEN SOBRE:
El señor PRESIDENTE: Existen los dictámenes que son, exactamente, los puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 del orden del día. Si ningún grupo parlamentario tiene posición contraria, los votaríamos por asentimiento todos y cada uno de ellos,
entendiendo que la votación es global y sirve individualizada para cada uno de ellos. (Asentimiento.)
- ACUERDO DE ASISTENCIA JUDICIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HECHO EN WASHINGTON EL 25 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000064.)
- CONVENIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA CONSTITUTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) HECHO EN LA PAZ (BOLIVIA) EL 18 DE MAYO DE 2004.
(Número de expediente 110/000065.)
- ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, HECHO EN MADRID EL 15 DE DICIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 110/000066.)
- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 6 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000067.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente
110/000068.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000069.)
- CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004, HECHO EN LONDRES EL 13 DE FEBRERO DE 2004. (Número de expediente 110/000070.)
- CANJE DE NOTAS DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2004 CONSTITUTIVO DE CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA EN MATERIA EDUCATIVA.
(Número de expediente 110/000071.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente
110/000072.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados todos y cada uno de los dictámenes por unanimidad.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.