CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 241

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN

Sesión núm. 10

celebrada el martes, 5 de abril de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Turismo y Comercio (Mejía Gómez), para informar sobre:


- Las novedades legislativas en materia de control de comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000158.) ...
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- Las exportaciones de material de defensa y de material de doble uso realizadas durante el año 2003. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000159.) ... (Página 2)

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- El Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento de control del comercio exterior de material de defensa. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000326.)
... (Página 2)


- Las exportaciones realizadas durante el año 2003 en materia de control del comercio exterior de este material. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000331.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión con un único punto del orden del día, la comparecencia del señor secretario de Estado de Turismo y Comercio, don Pedro Mejía. Hay cuatro peticiones para esta comparecencia, incluida la del propio
Gobierno. El orden de intervenciones será el habitual: primero el compareciente, luego los grupos que han pedido la comparecencia, el Grupo Popular y Convergència i Unió, y después todos las demás grupos de menor a mayor. Tiene la palabra el
señor Mejía.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (Mejía Gómez): Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, permítanme en primer lugar agradecer la oportunidad que esta Comisión me brinda para poder exponer en detalle las estadísticas del año 2003. Como ustedes saben, esta comparecencia ha tenido que ser aplazada en el pasado por
diversas circunstancias, lo que nos ha llevado a que ya dispongamos, aunque sea de manera provisional, de las cifras del año 2004, que fueron entregadas ayer mismo a los miembros de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso, la Jimddu, que como sus señorías conocen es el órgano encargado de informar las operaciones de comercio exterior de estos productos. Es mi intención, por tanto, adelantarles los datos contenidos en este informe
así como las actuaciones derivadas de la participación española en los foros internacionales de no proliferación en los últimos dos años. El informe del año 2004 se hará llegar a esta Comisión en el mes de mayo, con un adelanto de tres meses
respecto a las estadísticas de años anteriores. En la primera parte de mi intervención detallaré los principales cambios introducidos en los informes de los años 2003 y 2004, así como el mayor grado de transparencia alcanzado. En la segunda parte
de la intervención me referiré a la nueva legislación española recientemente aprobada en este campo. Y la tercera parte girará en torno a los aspectos más significativos de las cifras incluidas en los citados informes.



Esta comparecencia tiene lugar, como en años anteriores, en cumplimiento del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 18 de marzo de 1997. Dicho acuerdo instaba al Gobierno en sus puntos tercero y cuarto a que se enviaran
semestralmente los datos esenciales de las exportaciones de material de defensa y de doble uso a las comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores y a divulgar anualmente datos, desde 1991, de las exportaciones realizadas clasificándolas por países
de destino. El acuerdo de 18 de marzo de 1997 se vio complementado con la aprobación por el Congreso, el 11 de diciembre del año 2001, del acuerdo sobre transparencia y mejora de los controles en el comercio de armas ligeras.
Este instaba al
Gobierno en su punto primero a continuar avanzando en la política de transparencia informativa en las exportaciones de material de defensa, de seguridad y policial para lograr una mayor concreción de los productos por países. Es importante destacar
que los gobiernos de los países de nuestro entorno analizan en todo momento la manera más adecuada para suministrar a sus parlamentos y a la opinión pública los datos de las exportaciones de estos productos. Se debe compaginar este ejercicio de
mayor transparencia con la necesidad de mantener cierto grado de confidencialidad, motivado por el carácter sensible de estas ventas y las obvias implicaciones que tienen desde el punto de vista de la defensa y la seguridad nacionales, además de
consideraciones de política exterior.
Teniendo en cuenta lo anterior y el compromiso que asumió esta Administración consistente en ampliar el grado de transparencia de estas estadísticas, puedo informar a sus señorías que se ha avanzado
significativamente en dos aspectos básicos dentro de este proceso. En primer lugar y en lo que concierne al informe de 2003, se han ampliado las categorías de material de defensa de siete a veintitrés, señalando las categorías objeto de exportación
así como la principal. Asimismo se ha añadido un cuadro similar para las diez categorías de doble uso. En el informe del año 2004 se pretende dar un paso adicional al incluir en los citados cuadros el valor de las exportaciones realizadas. En
segundo lugar -como he mencionado-, tenemos la intención de remitir las estadísticas del año 2004 tres meses antes en comparación con lo acaecido con los informes de otros años. En consecuencia, España se sitúa así a la cabeza, junto con Suecia, de
los países que con más celeridad hacen llegar estos informes a sus parlamentos. Por otra parte, con estos avances se atiende a la petición contenida


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en el punto primero del acuerdo del Congreso de 11 de diciembre de 2001 sobre transparencia y mejora de los controles en el comercio de armas ligeras, consistente en una mayor concreción de los productos por países.
En definitiva, España se
equipara en sus estadísticas con países muy significativos de la Unión Europea en algunos casos y en otros a situarse muy por delante en cuanto a cantidad y calidad de la información suministrada. Ello es especialmente significativo si se tiene en
cuenta que la mayoría de estos países dispone de una industria de defensa de un tamaño muy superior al de la española. Conviene insistir, por último, que el proceso de obtención y elaboración de estas estadísticas implica un esfuerzo notable por
parte de los diferentes servicios de la Administración que ruego sea valorado por sus señorías.



El segundo de los puntos al que quería dedicar parte de mi intervención se refiere a los avances legislativos decididos en este campo en España.
Esta legislación viene representada por el Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el nuevo Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Este real decreto entró en vigor el pasado 1 de octubre. El refuerzo de los controles en la
exportación y la continua evolución de las directrices y las listas de control en los distintos foros internacionales de no proliferación hacían necesaria la actualización de esta normativa.



Voy a exponer brevemente a sus señorías los cambios más relevantes que se han introducido en dicha legislación. Se ha creado la llamada licencia global de proyecto aplicable a programas cooperativos de defensa en Europa como, por ejemplo,
el caza de combate europeo EF-2000 o el avión de transporte militar A 400M. Con ello se adapta la legislación española a lo dispuesto en el Acuerdo marco de la carta de intenciones para la reestructuración e integración de la industria europea de
defensa. Esta licencia permite la realización de múltiples envíos a diferentes países y destinatarios de los productos detallados en la misma y con un plazo de vigencia de cinco años, siendo incluso prorrogable. En definitiva, se pretende agilizar
y flexibilizar los envíos derivados de una serie de programas a los que la industria española está consiguiendo acceder en cada vez mayor proporción y que se traducen para España en un elevado contenido tecnológico, en un gran valor añadido y en un
empleo altamente cualificado. En el nuevo reglamento se introduce la obligatoriedad de registro previo y el control de las operaciones de intermediación en el comercio de armas. De esta manera pasa a estar sometida a control cualquier operación
efectuada en territorio español de personas o entidades que negocien o concierten transacciones que puedan implicar la transferencia de material de defensa de un tercer país a cualquier otro tercer país. Es de destacar la gran dificultad que
implica el control de estas operaciones, por lo que la colaboración entre los diversos agentes debe ser permanente. La nueva legislación española incorpora, por tanto, la Posición Común 2003/468/PESC, de 23 de junio, sobre control del corretaje.
El real decreto citado incluye también un mecanismo de intercambio de información con los restantes países de la Unión Europea sobre este tipo de operaciones, de tal manera que se favorezca un cruce de datos para así evitar que puedan quedar sin
control operaciones de intermediación. El tercer apartado de mayor interés dentro de los cambios realizados se plasma en la creación de una cláusula escoba para material de defensa similar a la ya existente en el reglamento comunitario de doble
uso. Con una cláusula de este tipo se puede llegar a exigir una autorización en las exportaciones de productos no sometidos a control debido a que la Administración o el exportador tuviesen conocimiento o pudiesen sospechar que tales materiales
fuesen a ir destinados a un programa de fabricación de armas de destrucción masiva o tener un uso militar en un país sometido a embargo. Asimismo, se modifica el registro de exportadores pasando a denominarse Registro de operadores de comercio
exterior de material de defensa y de doble uso. Los importadores y los intermediarios están también obligados a inscribirse, de forma similar a los exportadores, como paso previo a la autorización de sus operaciones.
En último lugar, se añade un
anexo nuevo para el llamado otro material, que incluye los equipos paramilitares y de seguridad que figuraban en el anterior reglamento como artículo 23 de la relación de material de defensa. Cabe recordar que tanto la fabricación como el comercio
exterior de armas, municiones y material de guerra siguen siendo competencia de los Estados y materias ambas en las que se ha preservado la soberanía nacional, el artículo III-436 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
Así, en temas de política exterior y de seguridad común la iniciativa es de los Estados, debiendo ser las decisiones aprobadas por unanimidad. No sucede lo mismo con el doble uso, ya que en este caso un reglamento comunitario regula las
exportaciones de estos productos. Mediante el citado reglamentos deben ser controlados en la exportación los productos y tecnologías de doble uso incluidos en su anexo I, esto es, una lista de control con diez categorías, así como otros no
incluidos en esta lista según su artículo 4. Este artículo desarrolla la denominada cláusula escoba. En el anexo IV del reglamento se incluye un subconjunto de productos y tecnologías de doble uso cuyas expediciones dentro de la Unión Europea
deben ser sometidas a control por su especial sensibilidad.



Al margen de la nueva legislación española y la normativa comunitaria es importante volver a incidir en cómo funcionan en la práctica los mecanismos de control españoles. A la hora de informar una operación, la Jimddu evalúa una serie de
parámetros fundamentales como el producto, el país de destino, los compromisos adquiridos en los foros internacionales, las denegaciones decididas por otros países, el destinatario y usuario


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en el país de destino, el uso final y los documentos de control. Como puede apreciarse, el país de destino es uno más de los parámetros analizados por la Jimddu pero no el único, ya que es complementado por un variado grupo de parámetros.
Asimismo, las autoridades españolas de control tienen en cuenta para la exportación de material de defensa los ocho criterios del código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, los criterios para la exportación de armas
pequeñas y ligeras aprobados en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las denegaciones del resto de países comunitarios. De esta manera se puede afirmar que la Jimddu no ha autorizado operación alguna que
hubiese sido rechazada por otro país de la Unión Europea en virtud de la aplicación de los criterios citados.
Además de los parámetros mencionados con anterioridad, la Jimddu ha adoptado una serie de decisiones restrictivas respecto de terminadas
exportaciones. En primer lugar, en aquellas que tienen como destino países inmersos en una situación de conflicto interno o regional no se autorizan los envíos de armas o equipos que por sus características pudiesen utilizarse para atentar contra
la vida y la integridad física de las personas o que pudiesen ser empleados en la represión interna o como material antidisturbios. La Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 27 de diciembre, introdujo la prohibición
de exportar desde España determinados dispositivos restrictivos del movimiento de los seres humanos, tales como grilletes para pies y cadenas para cintura. En lo referente a las operaciones de arma pequeña y ligera, la Jimddu tomó la decisión en el
año 2001 de condicionar la autorización de las exportaciones de estas armas, en el caso de países con una especial sensibilidad o en los que existiese riesgo de desvío en el uso final, a que el usuario final tuviese una naturaleza pública, Fuerzas
Armadas y cuerpos de seguridad. En estos casos se exige, por tanto, un documento de control, el certificado de último destino, en el que se especifique este extremo antes de autorizar la licencia. Por último, como consecuencia de la inquietud
expresada en la Comisión de Defensa del Congreso y en algunos medios de comunicación en años anteriores, la Secretaría General de Comercio Exterior ha solicitado al departamento de aduanas e impuestos especiales que aplique una serie de filtros en
las exportaciones a países concretos del África subsahariana de las posiciones correspondientes a munición de caza. Como resultado de estas intervenciones se ha podido comprobar que por las unidades exportadas, su peso y su valor unitario, los
envíos correspondían efectivamente a munición de caza y no a arma ligera como en alguna ocasión podía haberse dado a entender. Es importante recordar, como bien saben sus señorías, que el arma de caza y deportiva, junto con sus municiones, no son
ni están conceptuadas como material de defensa.
Son productos que no están sometidos a control en la legislación española y tampoco lo están en las legislaciones de la mayoría de los países de la Unión Europea. De hecho, el artículo 1 de la
relación de material de defensa del real decreto al que antes me he referido excluye de manera expresa las armas con cañón de ánima lisa usadas en el tiro deportivo o en la caza y sus municiones. Esto viene refrendado por el propio código de
conducta de la Unión Europea, en cuya lista común de equipos militares no se ha creído necesario incorporar este tipo de artículos por tener un uso fundamentalmente civil.



Como he dicho con anterioridad, la Jimddu aplica de manera rigurosa los ocho criterios del código de conducta en cada exportación de material de defensa. A los tránsitos por territorio español se les viene aplicando también los criterios
del código para evitar que puedan ser aprobadas operaciones, especialmente las referidas a arma pequeña y ligera, similares a exportaciones que hubiesen sido denegadas previamente por la Jimddu. La mayoría de las licencias aprobadas son acompañadas
de documentos de control del uso, destinatario y usuario finales. De esta manera se exige un certificado de último destino siempre que exista el menor riesgo de reexportación o de uso indebido o distinto al inicial para el que se solicita la
autorización. El certificado de último destino es un documento que debe ser firmado por las autoridades del país importador, no siendo posible la reexportación del producto o su uso con otro fin distinto al descrito sin el permiso de las
autoridades españolas. El citado CUD es sustituido por un documento estándar denominado certificado internacional de importación en los envíos entre países del antiguo Cocom, es decir, entre países aliados. En armamento no convencional, esto es,
que no sea arma de guerra y que vaya destinado a países no sensibles, se suele exigir una declaración de último destino firmada directamente por el importador. En las exportaciones de productos y tecnologías de doble uso se emplean por lo general
declaraciones de último destino, en algunos casos con un formato unificado y en unas condiciones determinadas como, por ejemplo, en los envíos a países terceros de sustancias químicas incluidas en las listas de la Convención de armas químicas. Cabe
decir que los países de la Unión Europea y de la OTAN, miembros de los foros internacionales de control y no proliferación, introducen en sus legislaciones o en la práctica diaria exenciones en la exigencia de este tipo de documentos de control.



Antes de entrar en el análisis específico de los datos de exportación, es conveniente precisar a qué tipo de productos se refieren estas estadísticas. La expresión 'material de defensa' incluye productos específicamente concebidos para uso
militar. El llamado 'otro material' incorpora equipos policiales, de seguridad y antidisturbios. El término 'productos y tecnologías de doble uso' resulta más ambiguo. Se trata de productos y tecnologías de habitual utilización civil que, sin
embargo, pueden tener una finalidad militar: combustibles especiales, equipos de comunicaciones, cables de


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fibra óptica, ordenadores, equipos nucleares, pesticidas y otras sustancias químicas. El material de defensa sometido a control dentro de la legislación española se basa en la lista militar del Arreglo de Wassenaar y la lista común del
código de conducta, además de incorporar las categorías 1 y 2 del régimen de control de la tecnología de misiles.
Entre los productos que no están clasificados como material de defensa conviene hacer mención a determinados casos particulares. Así,
los aviones que no tengan especificaciones ni equipos militares y que estén catalogados por la Dirección General de Aviación Civil como aeronaves civiles están excluidos expresamente de las listas de control, ya que sus aplicaciones se corresponden
con la naturaleza civil de los mismos.
Dichas aeronaves pueden tener muy diversos usos, como salvamento, transporte de material civil (medicinas, alimentos, etcétera), vigilancia costera contra el tráfico de drogas o la inmigración ilegal, entre
otros.
Asimismo, y como ya he tenido ocasión de mencionar, las armas con cañón de ánima lisa usadas en el tiro deportivo o en la caza, siempre que no estén diseñadas especialmente para uso militar ni sean de tipo totalmente automático, están
excluidas de control en la exportación dentro de la legislación española. Sus especificaciones técnicas e incluso su precio hacen desaconsejable por lo general un uso militar. En lo referente a los productos y tecnologías de doble uso, la lista de
control aplicada es la incluida en el Reglamento comunitario de doble uso. Se puede afirmar que los grandes avance habidos en la última década han tenido efectos directos sobre la posibilidad de producir agresivos químicos y bacteriológicos, además
de sobre el empleo de equipos de uso corriente como son los ordenadores y los sistemas de criptografía en programas nucleares o de misiles. Esta doble dimensión define a determinados precursores químicos, agentes biológicos, ordenadores de elevada
capacidad, sistemas de encriptado, materiales radiactivos y determinadas máquinas-herramienta, entre otros muchos productos, así como la tecnología necesaria para su fabricación como doble uso. Los atentados terroristas del 11 de septiembre en
Nueva York y Washington y del 11 de marzo de 2004 en Madrid han puesto de manifiesto la necesidad de extremar la vigilancia y evitar cualquier contribución a los programas de fabricación de armas de destrucción masiva, aplicando a la vez los
controles a la exportación de una manera simplificada y efectiva, de tal forma que se facilite el desarrollo del comercio y el intercambio de tecnología con fines pacíficos.



La tercera parte de mi intervención se va a centrar en el análisis concreto de las cifras contenidas en los informes de estadísticas de los años 2003 y el que posteriormente les llegará a ustedes del año 2004. Hay que resaltar, en primer
lugar, que España es un exportador bastante modesto en el comercio internacional de armas y que sus ventas han variado de manera significativa de año en año dependiendo de los contratos alcanzados por las empresas del sector. No obstante, en los
últimos años, los flujos de exportación e importación han tenido un carácter más estable como consecuencia de la entrada de varias empresas españolas en programas de cooperación conjunta en el ámbito militar, como son los relativos al Eurofighter,
el avión de transporte militar A 400M, el carro de combate Leopard y el programa de comunicaciones electrónicas MIDS. Esta tendencia se consolida en los años 2003 y 2004 y cabe esperar que se mantenga en años futuros debido a que, dentro del
programa Eurofighter, ya durante el año 2001 dio comienzo a la entrega del ala derecha de este avión fabricada en España y en los próximos años se materializarán los primeros envíos derivados del contrato de venta de cinco fragatas F 85 a la marina
noruega. En el año 2003 se produjo un aumento de las exportaciones del 39,5 por ciento respecto al año 2002. En el año 2004 el crecimiento fue más pequeño, un 5,9 por ciento respecto de 2003. Esta evolución ha permitido que se mantuviese la
tendencia al alza en las exportaciones observada desde el año 2000. El valor de las exportaciones de material de defensa fue de 383 millones de euros en el año 2003 y de 406 millones en el año 2004. Las exportaciones al conjunto de países de la
Unión Europea supusieron el 76 por ciento en el año 2003, mientras que éstas ascendieron a cerca del 80 por ciento en el año 2004.
Si nos referimos a los países OTAN, el porcentaje en 2003 fue del 85 por ciento y del 81 por ciento en el año 2004.
En cifras absolutas, las ventas a países de la Unión Europea se elevaron a 291 millones de euros en el año 2003 y a 323 millones en el año 2004, distribuidas principalmente entre el Reino Unido, Alemania e Italia en ambos años. La partida principal
correspondió a partes y piezas para el avión EF-2000.
Otra partida destacada fue la de combustibles militares al Reino Unido, Italia y Grecia en el año 2003, además de partes y piezas de los carros de combate Leopard y Pizarro a Alemania en ambos
años. Hay que mencionar también la exportación de un avión en 2003 y cuatro aviones en 2004 a Polonia. Las ventas restantes en el año 2003, 55 millones de euros, una vez descontadas las exportaciones a países de la Unión Europea y a países OTAN,
se repartieron entre 36 países, entre los que cabe mencionar la exportación de un avión militar a Jordania con 20 millones de euros, dos a Colombia para patrulla marítima con 11 millones y uno a Paraguay con cerca de 6 millones. Las exportaciones
realizadas en 2004 fuera del ámbito de la Unión Europea y la OTAN fueron de 76 millones de euros y correspondieron tan solo a 17 países; entre estos destacaron Arabia Saudita, Jordania en el caso de un avión militar y Ecuador, un avión para
protección de zonas fronterizas y quince tanquetas blindadas. Se puede afirmar, por tanto, que desde el año 2000 se observa una creciente concentración de las exportaciones españolas en la Unión Europea. En efecto, del 34 por ciento representado
por los países de la Unión Europea en dicho año se pasa a cerca del 80 por ciento en el 2004. Esta tendencia viene explicada claramente por el cada vez mayor


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número de envíos entre los cuatro países europeos implicados en el programa Eurofighter. Dicha especialización se produce, además, en detrimento de las ventas al que en la década de los años ochenta constituía el primer destino de las
exportaciones españolas de defensa, Estados Unidos. Este país absorbió en el año 2003 un mero 2 por ciento de los envíos y un 1,5 por ciento en el año 2004, mientras que en los años 2000 y 2001, por ejemplo, representaba el 17 y el 11 por ciento
respectivamente. Al margen del conjunto de países que componen la Unión Europea y la OTAN no hay ningún destino entre los restantes países que destaque por la regularidad en sus compras. Las exportaciones a estos países fluctúan año a año,
dependiendo de contratos puntuales de cierta importancia que puedan conseguir las empresas españolas.



Si nos referimos a continuación a las categorías de productos, destacaron en ambos años las exportaciones de aeronaves militares con 215 millones de euros y un 56 por ciento del total en 2003 y 223 millones y un 55 por ciento del total en el
año 2004. Ello es lógico si se tiene en cuenta la participación española en el programa ya citado del Eurofighter y que este se encuentra en una fase de crecientes intercambios de componentes completos para su ensamblaje final. También fueron
relevantes en el ejercicio de 2003 las ventas de combustibles y explosivos militares con 83 millones de euros y un 21 por ciento; en la citada categoría la exportación de combustible ascendió a 83 millones de euros. Por su parte, en el año 2004 la
segunda categoría más destacada fue la de equipos de formación de imagen o de contramedidas con 78 millones de euros y un 19 por ciento. La tercera categoría en orden de importancia en los dos años fue la de vehículos terrenos militares con 30
millones de euros y un 8 por ciento en 2003 y 37 millones de euros y un 9 por ciento en el año 2004, correspondiente la mayoría de las operaciones a envíos de piezas y componentes de los carros de combate Leopard y Pizarro a Alemania, y Escorpión al
Reino Unido. Es importante resaltar que en el año 2004 hubo exportaciones realizadas del llamado otro material por valor de 1,3 millones de euros, destacando como países de destino Argentina y Venezuela. En el año 2003 las exportaciones de estos
equipos estaban incluidas como una categoría adicional en material de defensa al no existir todavía la separación con otro material.



Por otra parte, debo señalarles que la junta decidió denegar 12 exportaciones en el año 2003 como resultado de la aplicación del código de conducta, mientras que en el año 2004 se denegaron 5 exportaciones. De estas 17 denegaciones 15
correspondieron a licencias para la exportación de arma pequeña, siendo el criterio aplicado del código de conducta el 7, que como ustedes conocen es el de riesgo de desvío, en estos casos por no presentar el destinatario suficientes garantías. Las
otras 2 denegaciones se decidieron respecto de sendos acuerdos previos e incluyeron vehículos militares no armados. Los criterios aplicados fueron el 3 (situación interna del país de destino), el 4 (situación regional) y el 8 (adecuación económica
y técnica de la exportación). El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación denegó un total de 14 tránsitos en el año 2003 y 9 en el 2004.



En la vertiente de las exportaciones realizadas de productos y tecnologías de doble uso, se produce una recuperación en el año 2004 respecto al año 2003, con un 24 por ciento de aumento, mientras que en este año se asistió a una fuerte caída
del 72 por ciento respecto del año 2002. La cifra exportada en el 2003 se limitó a 22 millones de euros y en el 2004 se tradujo en 28. La notable disminución habida en el año 2003 se explica por el cierre de la planta en España de una conocida
multinacional extranjera. Hasta el primer trimestre del 2001 su filial había sido el primer exportador en doble uso, merced a las ventas de circuitos electrónicos a países del sudeste asiático, fundamentalmente Singapur y Tailandia. De entre los
principales destinos de exportación en 2003 cabe señalar las exportaciones a Irán de máquinas fresadoras para la industria del automóvil y equipos diversos para una planta petrolífera. Este país supuso un 29 por ciento y 6 millones de euros de las
exportaciones totales. Otros tres países (Venezuela, India y Estados Unidos) representaron un 37 por ciento con 8 millones de euros en conjunto; los envíos restantes se distribuyeron entre 52 países. En el año 2004 destacaron los envíos a China
de condensadores de potencia para minas de carbón y plantas eléctricas de acero y de cemento, varios centros de control numérico para la fabricación de relojes, máquinas fresadoras y preimpregnado de fibra de carbono para la industria del automóvil
y máquinas herramientas para la producción de moldes y botellería a presión. Las ventas a este país ascendieron a 7 millones de euros con un 27 por ciento del total exportado. Al margen de este destino, otros cuatro países (Irán, Venezuela, Brasil
y Estados Unidos) representaron un 39 por ciento, con 11 millones de euros en conjunto, estando el porcentaje restante muy distribuido entre 47 países de diversas áreas.
Por categorías de productos las ventas se concentraron en dos partidas:
tratamiento de los materiales y materiales, sustancias químicas, microorganismos y toxinas. La primera incluye máquinas herramienta y la segunda sustancias químicas, productos que representan tradicionalmente los campos de especialización
exportadora de las empresas españolas de doble uso. En el año 2003 estas categorías supusieron unas ventas por valor de 11 y 10 millones de euros respectivamente, mientras que en el año 2004 las exportaciones ascendieron a 19 y 6 millones de euros;
entre ambas el porcentaje de lo exportado significó un 95 por ciento en el 2003 y un 92 por ciento en el 2004.



Por lo que respecta a las denegaciones habidas en el año 2003 se notificaron 13, todas ellas correspondientes a sustancias químicas, mientras que en el año 2004 las denegaciones ascendieron a 18, 10 de sustancias químicas y 8 de máquinas
herramienta. La JIMDDU decidió aplicar en 7 ocasiones durante el año 2003 la


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cláusula escoba del artículo IV del Reglamento europeo, concretamente en exportaciones de equipos para centrales nucleares y máquinas herramienta.
Esta cláusula se empleó cinco veces en el año 2004 para posibles envíos de máquinas
herramienta, válvulas y equipos de análisis químicos.



Señorías, con el análisis de las cifras anteriores doy por finalizada mi intervención ante esta Cámara y espero que toda esta información haya podido serles de utilidad. Solo me queda agradecerles la atención prestada por SS.SS. y desde
luego ponerme a su disposición para cualquier duda o pregunta que quieran hacer relacionada con este comercio.



El señor PRESIDENTE: En el turno de intervenciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Popular, doña María Asunción Oltra.



La señora OLTRA TORRES: Señor secretario de Estado de Turismo y Comercio, el Grupo Popular le agradece su comparecencia y le da la bienvenida a la Comisión de Defensa, donde esperamos contar con su presencia periódica para hablar de las
estadísticas de exportación de material de defensa y de doble uso y de todos aquellos temas que se susciten en este ámbito y en los que son de su competencia, de la competencia de su Secretaría de Estado. Mi grupo solicitó dos comparecencias, la
primera de ellas en relación con las modificaciones legislativas que tuvieron lugar en el mes de julio del pasado año; solicitó también la comparecencia del Gobierno para explicar las estadísticas de comercio de material de defensa y de doble uso
para 2003. Antes de entrar en cada una de ellas quisiera hacer unas consideraciones previas.



A nadie se le escapa que el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso es un asunto de extrema sensibilidad por las implicaciones, sobre todo de tipo humanitario, pero también de tipo geoestratégico y económico, como
estamos viendo estos días en los medios de comunicación. Es un hecho que durante los años del Gobierno del Partido Popular se estableció una dinámica de trabajo en ese sentido que esperamos no se vea truncada por el nuevo Gobierno; me refiero al
envío de información a esta Comisión, así como a la comparecencia que usted como presidente de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso debe hacer para presentar el balance de dichas
estadísticas y para dar cumplimiento a sendos acuerdos de esta Cámara a los que S.S. ha hecho referencia ya, de 18 de marzo de 1997 y de 11 de diciembre de 2001, adoptados por unanimidad. Mi grupo espera, pues, poder seguir trabajando en la
dinámica que se había establecido tanto en el seno de la Comisión como en los diversos ámbitos en los que desde este Parlamento se trabajaba por avanzar en el control de comercio, sobre todo de armas pequeñas y ligeras, que tanto daño y tanto dolor
provocan en todo el mundo. En concreto, me refiero, señor presidente, a la participación de este Parlamento en el Foro parlamentario permanente sobre armas pequeñas y ligeras, fundado en la pasada legislatura (si SS.SS. quieren visitar su página
web podrán observar la fotografía de los miembros fundadores en la sala internacional de esta Cámara) y que presidido por su antecesor, señor presidente, don Rogelio Baón, que hoy nos acompaña, ha puesto su trabajo y experiencia para junto con el
Parlamento sueco colaborar con los países centroamericanos en la armonización legislativa y en las medidas de control de armas, y que se ha paralizado por esta Cámara en la última reunión, que tuvo lugar en septiembre de 2004. Espero, señor
presidente, que para futuras reuniones cambie el criterio de la Cámara en cuanto a la representación de parlamentarios españoles en dicho foro, porque en mi modesta opinión España debe de seguir estando en foros como este, y nuestras aportaciones
siempre han sido muy apreciadas por aquellos países, que cada vez eran más.



Paso a hablar de las estadísticas que ha presentado el señor secretario de Estado de Turismo y Comercio. Respecto a la información que nos ha ofrecido de las estadísticas del año 2004, sobre todo al adelanto al que ha hecho referencia, mi
grupo quiere celebrar este adelanto en el tiempo, así como todas las modificaciones que tanto en lo que hace referencia al informe del 2003 como a lo que ha explicitado respecto del informe, que nosotros no conocemos, de 2004; quiere agradecer
todas estas modificaciones y quiere prestarle su apoyo, pero también quiere decirle, señor secretario de Estado, que de alguna forma no puede vanagloriarse de ese adelanto y estar pendiente todavía de entregar las estadísticas del primer semestre de
2004, porque como usted bien sabe aquellos acuerdos a los que he hecho referencia obligaban a entregar a las Comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores de este Congreso de los Diputados. Respecto de las estadísticas de 2003 mi grupo no tiene sino
darlas por buenas y hacerle alguna otra pregunta relacionada con noticias aparecidas en el verano y en el otoño del pasado año, ya que no hemos visto cantidad alguna vendida a países como Sudán y Costa de Marfil. Respecto a Colombia, país al que
más tarde me referiré, la verdad es que 3.708 euros, que al cambio eran 616.000 de las antiguas pesetas, no me parece una cifra como para soportar un titular. Por eso le pregunto: ¿confirma las cifras presentadas en el informe sobre el que hoy
estamos debatiendo, y elaborado ya por el Gobierno al que usted pertenece, los datos que acabo de mencionar?


Quiero por último manifestarle mi duda al respecto de si tengo el informe correcto y si he trabajado con el informe correcto, porque usted nos ha facilitado una cifra que, a no ser que por la velocidad de tomar nota de sus palabras haya yo
tomado erróneamente, es de una venta total de material de defensa de 383 millones de euros. Las cifras que obran en el informe con el que yo he trabajado esta comparecencia ascienden a 321 millones de euros, y me gustaría saber en esas
modificaciones


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a las que usted ha hecho referencia si se ha producido la entrega de ese informe a este Congreso de los Diputados; le agradecería que me aclarase esta cuestión.



Respecto de la legislación aprobada en el pasado año, a la que usted ha hecho extensa referencia, destaco principalmente el Registro especial de operaciones de comercio; me parece un adelanto importantísimo el control de los intermediarios,
así como todas y cada una de las novedades que usted ha puesto de manifiesto a lo largo de su intervención y que no voy a repetir. Estas medidas fueron anunciadas en gran parte por su antecesor en la Secretaría de Estado, el señor Utrera Mora, en
sus comparecencias ante esta Comisión en la pasada legislatura, y están hechas de acuerdo con los acuerdos tomados en la Unión Europea, por tanto no tiene más que la aprobación de mi grupo parlamentario. Ahora bien, me gustaría hacerle una pregunta
a usted como secretario de Estado que preside la Junta interministerial, y es qué criterio tiene sobre la necesidad o no de que esta materia se regule mediante un proyecto de ley.



Por último me gustaría hacerle una serie de reflexiones y preguntas acerca de una serie de situaciones que se están produciendo. Yo creo que si de alguna forma unas comparecencias que se pidieron en octubre se celebran en abril por una
serie de cuestiones, en las que es evidente que no voy a entrar, sí que deberíamos refrescar el debate hablando de cuestiones que están de extrema actualidad y van relacionadas con dos o tres asuntos a los que paso a referirme. Respecto de China
hemos podido leer en los medios de comunicación que algunos países europeos, principalmente Francia, habían decidido plantear el levantamiento del embargo de venta de armas a China impuesto por la Unión Europea después de los acontecimientos de la
Plaza de Tiananmen; le pido por tanto que me diga de forma precisa cuál es la postura del Gobierno de España si esa cuestión llega a plantearse en el seno de la Unión Europea. Respecto de Colombia, ayer nos encontrábamos en un medio de
comunicación la extraña noticia de que el Gobierno de Aznar ocultó los contratos de venta de tanques y cañones a Colombia y aunque creo que no es usted el responsable de la filtración, sí lo es del órgano que autoriza o deniega las diferentes
operaciones, y por eso le pido que nos informe del número de operaciones autorizadas por la JIMDDU en 2003 a Colombia, aparte de los 3.708 euros que aparecen en las estadísticas, y en el 2004 qué número de autorizaciones ha hecho la JIMDDU a
Colombia. Por último, para hablar de Venezuela, señor presidente de la JIMDDU, ¿qué participación ha tenido la comisión interministerial que usted preside en toda la representación que nos ha ofrecido el Gobierno, con el presidente y el ministro de
Defensa a la cabeza del reparto, de la venta de armas a Venezuela? Hemos podido escuchar atónitos las explicaciones del ministro en esta Comisión y del secretario de Estado de Defensa en el Senado sobre si las ventas que el Gobierno ha hecho a
Venezuela cumplen tal o cual criterio del código de conducta. Hasta ahora habíamos creído que la JIMDDU, tal como viene regulada no solo en el Real Decreto 1782/2004, aprobado por este Gobierno y que hoy ha venido S.S. a presentarnos, sino en la
normativa a la que este real decreto sustituye, era el órgano responsable de la aplicación del código de conducta, de las autorizaciones y de las negociaciones. Por eso le preguntamos, señor secretario de Estado: ¿funciona todavía la JIMDDU?
¿Considera usted, su presidente, que es un ministro, por muy ministro que sea, el que tiene que ir explicando si una determinada venta de material de defensa cumple o no un criterio? ¿Ha tenido algo que ver la JIMDDU en la definición de arma
pacífica? Si es así, ¿podría explicarnos en qué consiste un arma pacífica? Yo creo que el material de defensa no es inocuo, pero espero la explicación de su señoría. ¿No le preocupan a usted, como presidente de la JIMDDU, las compras de armas no
pacíficas que ha hecho Venezuela a otros países, como los 100.000 fusiles AK47 a Rusia y los 12 cazabombarderos que ha comprado a Brasil?


No puedo llegar a otra conclusión que después de todo este elenco de discursos sobre las consideraciones del cumplimiento del código de conducta la JIMDDU no va a tener más remedio que decir que la venta es correcta y autorizarla, pero estoy
segura, y creo que usted también, de que en el seno de la junta, y a puerta cerrada, como suelen celebrarse sus deliberaciones, a más de un miembro le asaltarán las mismas dudas que le llegan a esta diputada sobre si realmente se cumplen todos y
cada uno de los criterios del código de conducta de la Unión Europea; si no, estaremos propiciando el rearme de un país, fomentando el desequilibrio de una zona del mundo ya de por sí con tantos problemas como conocen sus señorías.



Señor secretario de Estado, el Gobierno del Partido Popular y el grupo que le daba soporte parlamentario (al que estoy orgullosa de haber pertenecido) siempre ha apoyado la industria de defensa de nuestro país, pero lo ha hecho compatible
con la defensa de los derechos humanos, con la aplicación estricta del código de conducta de la Unión Europea y con la participación en todos los foros en los que se trabaja para eliminar la lacra del comercio incontrolado de armas. Ahora tiene
usted en su mano que no se ponga en duda el modelo de autorizaciones, que no se empiece a poner en duda que el Gobierno vela por el cumplimiento del código de conducta de la Unión Europea, pero sepa que ese voto de confianza que mi grupo estaba
dispuesto a darle se ha convertido en una luz de emergencia avisando de que algo puede empezar a fallar. Si esto ocurre, y lo que hemos visto estos días nos apunta que puede ocurrir, no dude que nos tendrá enfrente ejerciendo la labor de control
que los españoles esperan de nosotros. Esperamos seguir trabajando en la dinámica de la pasada legislatura, pero les corresponde a ustedes, al Gobierno y al grupo que lo sustenta, poner las bases para que eso ocurra. Nada más, señor secretario de
Estado, sino


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agradecerle las respuestas a las preguntas que le he formulado en el transcurso de mi intervención.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, ¿quiere usted hablar? Tiene usted la palabra en nombre de Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor secretario de Estado, deseo agradecer también su comparecencia. Son cerca ya de ocho años de práctica en la Administración española y en esta casa de evaluación de la política de comercio de armas del
Gobierno, ocho años en los que paulatinamente hemos ido avanzando hacia una mayor transparencia y hacia un mayor control parlamentario. Valorando que este proceso ha sido casi siempre en sentido positivo y de avance, es bueno constatar que el
recorrido aún puede continuar produciéndose. Es bueno también recordar que un organismo independiente, un informe independiente como el que expresa el barómetro de transparencia en el comercio de armas que elabora Small Arms Survey, que agrupa a la
sociedad civil global en esta materia, sitúa a España en este ámbito en un justo aprobado; en una valoración de entre 0 y 20 puntos España en esta evaluación independiente alcanza un 10,5; se aprueba, pero es evidente también que ese mismo informe
pone en evidencia que existen prácticas en otros Estados de nuestro entorno en las que España puede continuar avanzando, y ahí se ponen ejemplos de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Suecia o Estados Unidos.
Por tanto
valoración positiva en ocho años de práctica en esta materia.
Hoy mismo ya informaba de ese adelanto de la información que mi grupo valora. Situados en este contexto amplio y teniendo como referencia, por ejemplo, esa evaluación independiente del
barómetro de transparencia, aún nos queda camino por recorrer. De entrada, mi grupo le estimula a avanzar en esas buenas prácticas que aún no realizamos y que otros socios, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, vienen realizando.



En segundo lugar, el Gobierno informa sobre el Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, aprobado por el anterior ejecutivo. Mi grupo sobre eso entiende que ese real decreto era un nuevo avance en ese camino en este ámbito, por tanto
globalmente lo valoramos de manera positiva. Planteamos ahí tan solo algunas de las cuestiones que nos han transmitido algunas de las organizaciones sociales que trabajan en este ámbito, como por ejemplo si debemos hacer público o no el registro de
intermediarios que regulamos en este real decreto, en esa línea de una mayor transparencia; si debemos de incorporar una cláusula escoba que pueda permitir incorporar toda una serie de productos que sin estar sometidos a este control pueden tener
finalidades militares. Usted conoce los debates a fondo que hemos tenido en esta Comisión la pasada legislatura sobre la venta de munición de caza o de práctica deportiva de tiro para determinados países africanos. Usted dice que los filtros
efectuados por parte del Gobierno confirman que en ningún caso ese material se desvió ni pudo ser utilizado, pero es evidente que el debate no se suscita porque forme parte del informe que el Gobierno transmite a las Cámaras, sino como resultado de
las denuncias sociales que se producen. Yo creo que incorporar ahí una cláusula escoba que pueda permitir a la Cámara conocer esa información, nos daría a todos mayor tranquilidad. En relación también con el real decreto (el resto de los
portavoces conocen el debate porque lo estamos realizando, y este próximo jueves vamos a tener una reunión para continuar discutiendo sobre estas cuestiones) existen compromisos electorales y demandas de la sociedad que nos plantean que nuestra
reglamentación en materia de control de comercio de armas pase a tener la categoría de ley, precisamente para fortalecer la vinculación jurídica de esta normativa y para fortalecer los mecanismos de control y de transparencia. Lo que mi grupo le
plantea es una cuestión muy sencilla: ¿entiende el Gobierno que España debe dotarse de una ley, de una normativa con rango de ley para facilitar un mayor control del comercio de material de defensa? Ahí sí que nos gustaría conocer su opinión.



En segundo lugar, tenemos este informe, estamos en su primera comparecencia en esta legislatura, hay ese debate abierto sobre la existencia o no de una ley de comercio de armas, y en un contexto a escala internacional en que un amplísima
coalición de gobiernos y de ONG reivindican también la promulgación de un tratado internacional sobre el comercio de armas. Por tanto, en este contexto a mi grupo sí que le gustaría conocer, al margen de la cuestión de si ustedes entienden o no que
debemos ir hacia una ley, cuatro cuestiones concretas sobre algunos de los aspectos sobre los que se puede avanzar. Por ejemplo, la información que se nos facilita siempre trata sobre ventas de armas ejecutadas, no autorizadas. Nos gustaría
conocer si el Gobierno entiende que para una mayor transparencia sería necesario informar sobre aquello que autoriza la JIMDDU. ¿Entienden ustedes que se ha de avanzar en la incorporación también en el control parlamentario no tan solo de los
procesos de ventas de armas, sino también en otro tipo de transferencias que se producen y que no están directamente vinculadas con lo que es una venta, sino por ejemplo donaciones o ventas de carácter simbólico, como la venta de cañones por valor
de 1 euro, si no recuerdo mal, que se produjo en el caso de Marruecos? Era material que se consideraba excedentario y que España vendió por el precio de 1 euro por unidad a Marruecos. ¿Entiende usted que se debe avanzar en esta mayor información?


¿Vamos a poder avanzar en una mayor información sobre las denegaciones de autorizaciones de venta? Algunas de las polémicas que se nos han planteado sobre esta materia van vinculadas a esa falta de información precisa sobre el contenido de
las denegaciones que se hayan producido.
Finalmente, el tipo de información


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que el Gobierno, al parecer, al menos por las informaciones que a mi grupo le han llegado, hace llegar a la OSCE (en las estadísticas españolas referidas al comercio exterior de armas pequeñas y ligeras del documento OSCE), el nivel de
concreción de la información que España facilita a esta organización es sustancialmente superior al nivel de la información que se transmite a esta Cámara. Mi grupo no entiende por qué esos criterios que sirven para informar a la OSCE no son los
que utilizamos para informar a esta Cámara. Son cuatro cuestiones concretas en las que nos parece que se puede avanzar en esa senda de una mayor transparencia y un mayor control de armas.



Mi grupo también debe aprovechar hoy su comparecencia para plantearle dos aspectos en la línea de lo que la portavoz del Grupo Popular ha formulado con relación a lo que hoy está siendo actualidad, y no sería lógico que no lo planteásemos
por su papel relevante en todas estas cuestiones. Una primera es en relación con la decisión que ha anunciado el Gobierno de vender determinado material de defensa a Venezuela. Mi grupo es de la opinión de que la venta de material de defensa a
Venezuela incumple el Código de la Unión Europea en materia de exportación de armas. De manera inequívoca, por el contexto en el que se ha tomado esta decisión, en la que otros Estados han vendido también material de defensa a Venezuela, se
incumple el criterio 4, el de mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales; ese es nuestro entender sin lugar a dudas. Además la situación interna de Venezuela, por tanto la referencia a los criterios 2 y 3, en todo caso
seguro que por el criterio 3 justificaría también una actitud prudente del Gobierno en este ámbito. En este sentido, para no citar ni al Grupo Popular ni al anterior Ejecutivo, sino a organizaciones de prestigio (es indiscutible que Amnistía
Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam vienen desarrollando este análisis de las exportaciones españolas de armamento del 2003) se afirmaba que en Venezuela durante el 2003 aumentó la inestabilidad debido a la situación política, la tensión
social y la violencia; el uso excesivo de la fuerza por las Fuerzas de Seguridad durante las movilizaciones masivas y los enfrentamientos diarios entre los partidarios y los detractores del presidente Hugo Chávez provocaron varios muertos y
heridos. El país estuvo paralizado durante los más de dos meses que duró la huelga general convocada por la oposición, con graves consecuencias para la economía del país. Según informes, se produjeron homicidios cometidos por la policía y ataques
a la libertad de expresión. Según Amnistía Internacional la participación de las Fuerzas Armadas en la crisis política fue un factor más de inestabilidad, y existen preocupaciones graves de violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones
extrajudiciales o prácticas de tortura. Es un Informe del 2003 de Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam. Yo creo que la posición que ha mantenido el Gobierno en todo este ámbito es de una imprudencia clamorosa, de una
irresponsabilidad por una aplicación laxa del código de conducta de la Unión Europea, por tanto mi grupo debe de denunciarlo y espera que la JIMDDU cuando tramite este expediente actúe de manera consecuente y aplique de manera rigurosa este código
de conducta.



Finalmente, quiero también reclamarle la posición del Gobierno frente al debate generado en la Unión Europea sobre el embargo de armas a China en el contexto de la aprobación de la ley antisecesión por el Parlamento chino, con el riesgo de
complicación de la estabilidad regional en toda aquella zona de Asia. Todas estas son cuestiones que mi grupo entiende que tiene la obligación hoy de plantear al secretario de Estado porque, entre otras cosas, no hay posibilidad -no por su culpa
sino por el funcionamiento general de la Casa- de discutirlas con usted seguramente hasta dentro de seis meses.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones por Coalición Canaria.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia hoy ante nuestra Comisión y por la amplia y prolija información que nos ha facilitado.



En primer lugar hago una declaración de principios, y es que mi grupo apoya el sector de la industria de armamento y de defensa en los cauces que señala el ordenamiento vigente constitucional y democrático, así como las normas europeas e
internacionales a que se somete este comercio, tengan el rango que deban tener (legal, compromisos internacionales, códigos de conducta, etcétera), para que a este sector tan importante en la creación de puestos de trabajo y en la generación de
producto interior bruto de calidad, por el componente de I+D y de innovación tecnológica que tiene esta industria, se le permita cumplir con transparencia y legalidad todos los principios productivos.



Quisiera señalar, señor secretario de Estado, que la información que llega a este diputado, aparte de las informaciones periodísticas, tiene en este momento una doble vía. Una es la información que nos facilita precisamente el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a través de sus boletines. Tengo delante una de las mejores informaciones que ustedes están facilitando -y se lo quiero reconocer- que es el boletín económico denominado Información Comercial Española, el ICE, aparte
de las comunicaciones previas que se nos hacen a los diputados de esta Comisión de Defensa in extenso. Mi grupo entiende en este primer momento que es necesario la aparición de una ley al respecto, no con rango de ley orgánica pero sí ordinaria,
que sustraiga el componente de la legislación de base actual, que es fundamentalmente la Ley Orgánica 3/1992 y la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando, leyes que regulan la exportación de armas y que están más contempladas en la lógica
política preventiva del Ministerio de Hacienda de evitar el contrabando en la


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exportación de armas. Por tanto, deberíamos tener una ley específica y que el contrabando lo regule el Ministerio de Hacienda como hace con el tabaco, los alcoholes o cualquier otro producto objeto de la renta y que controla dicho
ministerio. Prueba de ello es que ha habido que hacer una serie de decretos que usted ha citado. Primero fue el Decreto 824 de 1993, después el Decreto 491 de 1998 y lo que rige actualmente la normativa, el Real Decreto 1782 del pasado año 2004,
de 30 de julio, que aprueba el Reglamento de control del comercio exterior, del material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso. Creo que es un buen decreto que está permitiendo ordenar y clarificar a los fabricantes de
armamento sus líneas exportadoras. Este reglamento hace una propuesta de ustedes al Ministerio de Economía y Hacienda para modificar la Ley 12/1995, de represión del contrabando. Dado que he hecho este pronunciamiento de una ley ordinaria,
quisiera saber si se ha resuelto algún punto en esta propuesta que se hizo al Ministerio de Economía y Hacienda. También quería preguntarle si ustedes tienen en cuenta lo que el organismo de la Unión Europea llamado PESC ha denominado Posición
Común 2003/468, de 23 de junio, sobre el control del corretaje de armas. Es un tema delicado porque en las prácticas comerciales la comisión ordinaria y los corretajes de los precios deberían figurar en cualquier otra información. A este respecto,
cuando compareció aquí hace mes y medio, creo que fue en febrero, el ministro de Defensa señor Bono para explicar su viaje a Venezuela y la promoción de ventas de armamento, aviones o patrulleras al Gobierno de Venezuela, justificando si es o no
material de defensa, le hice una observación porque los gobiernos deben tratar esta materia con guante blanco, sobre todo cuando se está hablando de normas sobre el control del corretaje de armas y de las comisiones. En ese caso se justificó que
era una ayuda para Construcciones Aeronáuticas, hoy en el complejo europeo EADS, o para Izar y los astilleros navales militares, empresas que tienen unos ejecutivos nombrados como directores de marketing, directores generales de comercio o de
exportación, de búsqueda de mercado, muy bien retribuidos, muy bien pagados y que se ganan la vida buscando en los mercados internaciones, dentro de la legalidad más absoluta por supuesto, compradores para su armamento, lo que hacen también los
directores generales de comercial de la industria de armamento de Francia o de Israel. Cuando los diputados de la Comisión de Defensa vamos a las ferias internacionales de material aeronáutico y naval, a las ferias militares, vemos el marketing, la
comercialización que estas empresas realizan. Lo que uno no ve por ahí es a ministros con la cartera de vendedor de armas. Los ministros de los gobiernos se quedan para dar las licencias, los controles en la exportación correspondiente.
Ningún
miembro de la Administración debe hacer elogio de que tiene una actividad colaboradora en la venta de armas a los gobiernos en cualquier situación. No pongo en duda la cuestión ética, aunque aquí se hable de corretaje; pongo en duda la cuestión
estética. No es bonito ver por ahí a personajes de la Administración con la cartera de vendedor de armamento.
Por tanto, creo que esto deben recogerlo en las normas de conducta que están de alguna manera, si no implícitas, sí explícitas en el
código de conducta de la Unión Europea que ha señalado ocho criterios para que los países puedan, dentro de su legalidad operacional, autorizar las licencias y guiarse en este código de la norma estética. Aparte de eso, usted conoce que en la Unión
Europea, junto al código de conducta y los ocho criterios - a los cuales supongo que se ajusta el Gobierno español, sobre todo su departamento con la responsabilidad que tiene en la Comisión interministerial-, están las llamadas disposiciones
operativas, que son 12, y fíjese lo que dice la número 8: Cada Estado miembro de la Unión Europea distribuirá a los demás socios de la Unión Europea con carácter confidencial un informe anual sobre sus exportaciones de armas y sobre su aplicación
del código; estos informes se debatirán en una reunión anual que se celebrará en el marco de la PESC; en la reunión se analizarán, etcétera. ¿España en este momento está cumpliendo con este punto 8 de las disposiciones operativas de facilitar con
carácter confidencial, por supuesto, el informe anual sobre sus exportaciones de armas y la aplicación del código?


Dicho esto, viene ahora el análisis de oportunidad de la información que se nos facilita -y le vuelvo a hacer el elogio del boletín económico de su departamento ministerial, Información Comercial Española-, que adolece de un defecto. El
señor Campuzano enseñaba hace un momento -yo también dispongo de él- el informe que nos ha hecho llegar Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam en el sentido de que los últimos datos que nos han facilitado son del año 2003, la
información de su departamento se ha dado aproximadamente en octubre del 2004, y no les falta por tanto razón a la hora de tomar en serio el control del comercio de armas al decir: El sistema español de control presenta deficiencias; el Gobierno
ha presentado los datos de exportación de 2003 en octubre de 2004, lo que anula cualquier intento de política preventiva; el nivel de información y de detalle puede ser ampliamente mejorado y hay determinados productos como los aviones de
transporte militar y armas pequeñas y ligeras y sus municiones que no son consideradas como armamento por las autoridades españolas. Llama la atención que precisamente este informe que he citado nos llega un mes antes que el de su departamento.
Han tenido acceso a unos datos previos y han sido capaces de elaborar diez propuestas para mejorar estas cuestiones. Quiero significar sobre todo -y lo hago desde el punto de vista de Coalición Canaria- una cuestión que ya ha tocado también
acertadamente el señor Campuzano y que viene denunciado aquí: las operaciones que requieren licencia de la Administración española pero de las que no se rinde por ustedes


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cuenta en el informe -el Gobierno español no lo pone en su informe-, y es la venta de aviones de transporte militar a Francia, Jordania, Colombia, Polonia, Paraguay y Turquía, y -desde el punto de vista de este grupo parlamentario por la
vecindad que tenemos- la venta de cañones de segunda mano a Marruecos, país sobre el que el Gobierno español decretó un embargo no declarado, porque no se hizo declaración oficial de embargo, tras los incidentes del islote de Perejil. Ya ha
señalado también el señor Campuzano que se han vendido estos cañones a Marruecos por el precio de un euro la unidad. Como tenemos abierto el conflicto de los muros de defensa del Sáhara, del Polisario, esta es una materia que la más mínima
prudencia política aconseja mirarla con lupa y vuelvo a decir que con guante blanco, porque posiblemente esto no contribuya a la solución que los informes de Naciones Unidas están deseando para el conflicto Marruecos-Sáhara Occidental, del cual
nuestro archipiélago canario es vecino, como digo. Espero que la Comisión interministerial esté teniendo en cuenta lo que se llama los arreglos de Wassenaar. España firmó en su día lo que fue el Cocom, los acuerdos antes de la disolución del Pacto
de Varsovia y de la caída de la Unión Soviética, pero después se entendió que tenía que seguir existiendo el arreglo de Wassenaar para mantener con claridad qué se incluye en la lista de material militar y qué se incluye en la lista de material de
doble uso.



En cualquier caso, quiero testimoniarle el apoyo de nuestro grupo a toda medida legislativa que incluso más allá, perfeccionando el marco del actual decreto que hemos citado, el 1782, de 30 de julio del pasado año 2004, y con una posible
incidencia en un proyecto de ley nuevo que aparte de la regulación que he dicho antes desde el punto de vista fiscal y hacendístico de lucha contra el contrabando, las exportaciones ilegales (porque lo que preocupa en este momento no son
exportaciones ilegales, que creo que tienen suficiente materia legislativa para controlarlo), regule las exportaciones con licencia legal que deben ir dentro de las normas de transparencia y de acuerdo con los códigos de conducta y la normativa de
la Unión Europea.



El señor PRESIDENTE: Para concluir esta ronda de intervenciones, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Suárez.



El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor secretario de Estado, gracias por su comparecencia en esta Comisión de Defensa para informarnos del comercio de armas de nuestro país a lo largo del año 2003. A nosotros nos gustaría detenernos en dos
aspectos sustanciales que cruzan transversalmente, como se dice ahora, toda su intervención. En primer lugar, en lo que yo creo que es el elemento más significativo a la hora de analizar los datos en materia de comercio de armas de nuestro país, y
es el hecho de que en porcentajes muy elevados, el 85 por ciento en 2003 y el 81 por ciento en 2004 -repito que en porcentajes muy elevados, por encima del 80 por ciento-, se realiza con países de la Unión Europea fundamentalmente y con países de la
Alianza Atlántica, y ello porque se está produciendo un cambio a nuestro entender muy importante en lo que es nuestro comercio de armas que tiene su origen en la entrada de empresas españolas importantes ligadas al sector de la defensa en programas
de varios países europeos en el ámbito de la industria militar; programas que en estos momentos se pueden concretar en el avión de ataque Eurofighter, en el avión de transporte militar a 400M, en el carro de combate Leopard, en el Pizarro o en
sistemas de comunicaciones. Nosotros pensamos que esta participación de empresas españolas en programas europeos en materia de defensa -y creo que en ello hay un cierto consenso político en nuestro país- es muy importante para la industria de
defensa de nuestro país, para articular la viabilidad de importantes empresa en el sector de la defensa, como pueden ser CASA EADS, Izar, Santa Bárbara Sistemas, la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara. Además de ser importante para asegurar la
viabilidad de nuestras empresas, lo es también para asegurar la viabilidad de estos consorcios europeos, estas grandes empresas europeas de la que forman parte EADS-CASA, en la cual nuestra sociedad estatal de participación industrial, la SEPI,
mantiene un porcentaje accionarial del cinco por ciento en participación estratégica.



Todo el mundo ha valorado positivamente a lo largo de los últimos años en nuestro país la creación de EADS-CASA, lo importante que es para CASA, lo importante que es para la industria europea y para la industria de su defensa. Desde esta
valoración es importante constatar que en estos momentos estamos hablando mucho en este país y en Europa de ir hacia una empresa europea de construcción naval con carácter militar o ¡por qué no! de avanzar también hacia una empresa europea de
industria de la defensa.
Hablar de estos grandes consorcios europeos en los que se integran empresas españolas, que son grandes consorcios viables, capaces de competir con las grandes empresas norteamericanas, por ejemplo, en el sector de la
aeronáutico, es hablar de algo fundamental si nos referimos a una política europea de defensa y de seguridad común, algo que la Constitución europea señala, y es que esa política europea de defensa y de seguridad común demanda una política
industrial y una industria europea de la defensa. Una política de defensa exige irreversiblemente una base industrial y tecnológica europea en el sector de la defensa, de la que es inseparable; es la auténtica garantía de autonomía y de
independencia de una política de defensa de la Unión Europea. Por tanto, nuestra primera reflexión va en esta línea. Siendo los países europeos los destinatarios del mayor porcentaje, un porcentaje elevadísimo, por encima del 80 por ciento de
nuestro comercio de armas, y siendo también en buena medida debido al avance en Europa de la industria de la defensa y de la creación de


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consorcios como EADS-CASA y otros de los que se está hablando y sentando las bases para el futuro, nuestra primera reflexión debe ir en esta línea, en la línea de que, siendo esta la tendencia adecuada, cómo se la debe seguir fortaleciendo.



La segunda reflexión trata en definitiva de conjugar esta apuesta por nuestra industria de armamento, por una industria europea de la defensa, porque significa empleo -esto hay que ponerlo en valor-, empleo y actividad en zonas importantes
de nuestro país, porque el sector de la defensa, el sector de la industria de armamento es de un enorme potencial tecnológico y con potencial también exportador, es un sector con una capacidad enorme de innovación, y porque apostar por la industria
de armamento es apostar por una política de defensa europea. La segunda reflexión es que esta apuesta por una política de defensa europea y por una industria europea de la defensa debe ser compatible con la transparencia en la venta de armas para
evitar un uso no deseado de las mismas -todos sabemos el problema de las armas ligeras-, evitando que acaben por ejemplo en manos y lugares pocos deseables. Ello ha venido exigiendo en los últimos tiempos y debe seguir exigiendo en el futuro la
introducción y el fortalecimiento de los mecanismos de control del comercio de armas. Ha habido avances importantes en estos años. Los portavoces de otros grupos que me han precedido han hecho referencia a los acuerdos en este Parlamento de marzo
de 1997 y el más reciente de diciembre de 2001. El código de conducta de la Unión Europea y el importante real decreto que ha aprobado el Gobierno en el pasado mes de julio del año 2004 han sido medidas que han ido dando pie a que hayan tenido
lugar las comparecencias de los responsables de este tema en el Gobierno ante esta Comisión de Defensa, que han posibilitado el envío de documentación semestral a este Parlamento, y han sido medidas, como por ejemplo el reciente real decreto de
julio de 2004, que han posibilitado una modernización bastante avanzada del Reglamento de control de comercio de armas en nuestro país. Son medidas respecto a las cuales no debe bajarse la guardia, sino que debe seguir estudiándose cómo se acelera
el envío de información. Ha habido otras medidas como las disgregaciones de los datos. Hemos pasado de siete categorías de armas a veintitrés, lo que permite una mayor transparencia y un mayor control en la venta de armas, pero hay que seguir
avanzando. El sistema viene funcionando, hay que ponerlo en valor y reconocerlo, pero es necesario seguir avanzando en nuevas medidas para incrementar la transparencia y el control en la venta de armas. En ese sentido la segunda pregunta que
querría hacer va en esta dirección: Qué medidas deberían seguir tomándose y cuáles son sus previsiones para seguir haciendo más eficiente el control en cuanto a venta de armas. El Parlamento ha tomado acuerdos importantes por consenso sobre el
control de venta de armas y en estos momentos tiene una proceso abierto en el que estamos participando todos los grupos junto con organizaciones no gubernamentales importantes como Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional, acerca de nuevas
medidas para fortalecer el comercio de armas. Nosotros apostamos por llegar a un acuerdo en el ámbito parlamentario los grupos que estamos participando en ese debate con estas ONG que signifique un nuevo avance, y sobre ese compromiso nos
pronunciamos desde la constatación de que es un tema que está en manos del Parlamento y que debe seguir resolviéndose como en años anteriores de forma consensuada.



Me gustaría acabar con alguna reflexión muy rápida sobre otros temas que han surgido a lo largo del debate. Respecto a la venta de armas a Venezuela, me gustaría constatar en este momento que el ministro de Defensa ha solicitado una
comparecencia ante esta Comisión en la cual de lo que se trata es de analizar y debatir en profundidad el avance en cuanto a un acuerdo de venta de armas a Venezuela. Por tanto, tiempo habrá para continuar hablando en esta Comisión sobre la venta
de armas a Venezuela. Por cierto, a Venezuela no se venden armas recientemente; a Venezuela se le vienen vendiendo armas desde hace tiempo, se le vienen vendiendo armas ligeras y antidisturbios desde hace tiempo, antes cuando el presidente era el
señor Caldera y después siendo presidente el señor Chávez. Por tanto, no creo que sea bueno escandalizarse por vender armas a Venezuela, donde desde entonces ha habido un referéndum que ha democratizado el país. Con ese acuerdo quien más afectado
se podría sentir es Colombia, y su propio presidente ha valorado el acuerdo de defensa como una ayuda inmensa para Colombia. El presidente Uribe, que participó en la cumbre en la cual se avanzó en este acuerdo, lo valoró como una ayuda inmensa para
Colombia, y ese es el sentido de las declaraciones en el país que más miedo podría tener a ese acuerdo. Al margen de que sean unas patrulleras para la zona de exclusividad económica, son armas que van a estar muy orientadas a la lucha contra el
narcotráfico y contra el terrorismo. Es un acuerdo que va a posibilitar también por otra vía una carga de trabajo importante para Izar. Por tanto, creo que debemos aclararnos todos un poco en este tema. Si no se está por que Izar tenga carga de
trabajo y se tapa con el discurso de qué hacemos nosotros vendiendo armas a Venezuela, si no se está por que Izar tenga una carga de trabajo que asegure su viabilidad, creo que lo que se debe hacer es decirlo. No obstante, como tiempo va a haber
para seguir discutiendo esto y como la norma de este Gobierno es la transparencia y el mismo ha solicitada una comparecencia ante esta Comisión, creo que tiempo habrá para seguir analizando el tema.



Termino agradeciéndole de nuevo su presencia en esta Comisión, que sirva para apostar por la industria de defensa en este país, apostar por nuestra industria militar, pero que sirva también para que la transparencia y el control primen
fundamentalmente en el comercio


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de armas y éstas no sirvan para usos pocos deseables como a veces se corre el riesgo.



El señor PRESIDENTE: El señor Mejía tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (Mejía Gómez): En primer lugar, quiero agradecer el conjunto de comentarios que se han hecho explícitos en relación con la información suministrada y trataré de resumir y contestar de la
manera más completa posible y al mismo tiempo lo más precisa dos o tres aspectos sobre los que creo que se han centrado las intervenciones de casi todos los grupos parlamentarios. Uno de ellos es en relación con los temas de la información
suministrada a la Cámara y otro sobre la famosa operación de Venezuela, sobre la que me gustaría hacer primero una referencia a algo que ya se ha expuesto aquí.
Probablemente uno debe centrar su atención en aquellos aspectos que son motivo de mayor
preocupación por el impacto que desde el punto de vista humanitario generan y, al mismo tiempo, en algunas circunstancias -como la diputada del Grupo Popular señalaba-, la conjunción que existe entre los aspectos humanitarios y geoestratégicos, y de
ahí la referencia tan explícita a los temas relativos a Venezuela. Me gustaría manifestar un hecho primero, y es que España es un actor tremendamente modesto en el comercio de la exportación de armas, como he dicho anteriormente, con unas cifras de
383 millones de euros de acuerdo con la información remitida en el mes de diciembre al Parlamento, por lo que -repito- ocupa un papel muy, muy modesto en el conjunto de lo que es el comercio de armas, que como ustedes saben en las exportaciones debe
estar en el entorno de los 30 millones de dólares aproximadamente. En segundo lugar, que se ha producido un hecho tremendamente significativo en todo este proceso de evolución, que da idea de la progresiva capacidad de la industria española en
participar en este tipo de programas europeos.
Donde hace solamente unos pocos años teníamos una participación en el conjunto de la Unión Europea de alrededor del 35 por ciento, estamos hoy en día, entre la Unión Europea y la OTAN, en el 80 por
ciento. Aplicado ese 80 por ciento sobre una cifra que en términos absolutos es bastante modesta, nos deja un reducido valor para el resto, al que no por el hecho de ser reducido se le debe de dar menos importancia, sobre el que no por el hecho de
ser reducido no se deba, y de hecho es lo que se hace, ejercer un control muy estricto, en atención a las circunstancias que normalmente rodean ese otro conjunto de operaciones. Creo que es importante resaltar el aspecto de la progresiva
incorporación de las empresas españolas en la industria de defensa en este tema, que espero continuará en el futuro.



El segundo aspecto que también es necesario destacar es que todos los que participamos en esta sesión, y todos los representantes, por supuesto también la representación del Gobierno, procuramos tener un control lo más efectivo posible de
todo este tipo de comercio, y creo que estamos en esa vía. El señor Campuzano se refería a que él viene llevando este tipo de temas desde hace unos ocho años, y ve cómo progresivamente se ha ido transformando el rigor y al mismo tiempo la riqueza
de la información que se ha ido suministrando, y en ese proceso estamos. Estamos en un proceso de evolución, donde nosotros decididamente vamos a ser capaces de suministrar una información mejor y de mayor calidad que la que se venía suministrando
hasta el momento, de la misma manera que confiamos que, allá donde sea posible, aquellos que nos sucedan continúen en este mismo tipo de proceso. En nosotros, en la Secretaría de Estado y en el ministerio, encontrarán siempre la mayor de las
receptividades para analizar de manera conjunta con ustedes la mejor forma de contribuir a este control efectivo que, salvaguardando todo lo que haya que salvaguardar, nos permita cumplir con los objetivos en los que todos coincidimos.



El avance en el año 2003 sobre el 2002, de 7 a 23 categorías, es bastante importante. El que pretendemos en el año 2004, de 23 a 22, pero simultáneamente proporcionando cifras específicas, también es un avance importante. El que podamos
situarnos en tres o cuatro meses de antelación respecto al plazo en el que se venían dando, también es un avance importante. No es cuestión, como decía usted, de vanagloriarse o no vanagloriarse; es un hecho positivo, y no hay que hacer ninguna
otra mención. Me gustaría dejar claro que las cifras correspondientes al primer semestre del año 2004 se remitieron a la Cámara el 2 de febrero del año 2005, y que por lo tanto ese trámite está cumplido, con independencia de que ahora hayamos
estado en disposición de facilitar o adelantar, antes que a nadie al Parlamento, las cifras correspondientes al año 2004, que si bien son provisionales, y por lo tanto sujetas a uno más de los controles que es necesario tener, creíamos que era
obligado que el primero que conociera esas cifras fuera el Parlamento.



Respecto de las informaciones a las que se refería el señor Mardones, la disposición operativa VIII del código de conducta, se remiten efectivamente por parte del Gobierno español, y en el anexo número VII de la información que creo que
tienen todos ustedes, correspondiente al informe del año 2003, se recoge la información que ha sido remitida a Europa. No puedo emitir una opinión, que debería ser muy fundada, sobre la conveniencia o no de enmarcarlo dentro de una disposición
legislativa que tuviera rango de ley. Yo me remito a mis palabras anteriores, en el sentido de que debemos hacer aquello que sea necesario con el fin de cumplir el objetivo que perseguimos. Si lo que perseguimos es un control efectivo que al mismo
tiempo nos permita ejercer nuestra política y desarrollar nuestra industria dentro del marco de la ley, tanto española como internacional, nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio, en el sentido de juicio previo, sobre cuál es la forma que


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debe adoptar. Puede ser bueno en algunos casos, puede que a lo largo del tiempo hayamos ido introduciendo una serie de modificaciones que fuera necesario reformular o, por el contrario, una disposición con rango de real decreto podría ser
suficiente. No lo tengo claro, pero tampoco tengo ningún tipo de prevención.



El señor Mardones leía toda una serie de comentarios que aparecían respecto de determinadas organizaciones no gubernamentales, como si hubiera una divergencia de información en cuanto a las cifras que proveen este tipo de organizaciones y
aquellas proporcionadas por el Gobierno, que en consecuencia son las cifras oficiales, y que vienen de la consideración o no de tomar determinado tipo de aviones o determinado tipo de armas pequeñas como de carácter militar o no de carácter militar,
en relación con sus propias características. Me remito -no quiero aburrirles en ese sentido- a mi intervención, que por lo tanto está a disposición de todos ustedes, en la que hay una explicación específica sobre lo que se consideran aviones que
están incluidos como material de defensa y aquellos otros aviones de transporte que no tienen la consideración de material de defensa y por lo tanto no están sometidos al análisis previo por parte de la JIMDDU y, en consecuencia, en modo alguno
podrían aparecer dentro de las estadísticas. El señor Campuzano se refería al tema de la cláusula escoba y al análisis posterior que los servicios de la Administración llevaron a cabo, con el fin de comprobar si determinada munición y determinados
productos podían haber sido desviados o utilizados para fines diferentes a aquellos para los que en principio parecían estar destinados. Hubo una serie de aviones cuyos destinos eran Paraguay, Jordania y Colombia, que en la información que nosotros
remitimos en el mes de octubre no estaban incluidos, pero se hizo una verificación posterior, encontrándose un error en la clasificación donde se habían incluido, que se rectificó, y con fecha 7 de diciembre se remitió la información nueva. Quizás
ahí radique la diferencia en las cifras a las que se refería la diputada del Grupo Popular, en las que figuraban dentro de estas características tres países, Paraguay, Jordania y Colombia.



Desde el punto de vista del control, estamos avanzando en ese camino.
Confío en que ese aprobado, no por los pelos, pero tampoco excesivamente holgado, a que el señor Campuzano hacía referencia, sobre el Small Arms Survey, esté referido a
otros años distintos de los que hoy acabamos de comentar. Probablemente la mayor calidad y riqueza de la información que se suministra en estas situaciones nos permita avanzar en ese tipo de clasificaciones en relación con otro tipo de países
europeos. Me gustaría referirles el hecho de que con estas modificaciones que se han producido en cuanto a la información, estamos a la vanguardia de los países europeos que combinan toda una serie de factores, como la calidad de la información y
al mismo tiempo la prontitud de la información que se suministra, en cuanto a la información que sobre este tipo de comercio se realiza.



Se ha citado también por parte de los señores Mardones y Campuzano, y probablemente también por la señora Oltra, el tema de las autorizaciones.
Hay algunos países que no proveen de información más que el tema de las autorizaciones. En la
Administración española de manera tradicional se ha venido considerando que lo verdaderamente efectivo es ser capaz de establecer cuáles son las exportaciones efectivamente realizadas, más que aquellas sobre las cuales se puede tratar de pedir algún
tipo de autorización previa sin tener en cuenta realmente cuál va a ser el desarrollo posterior de la operación. Eso en lo que se refiere no quizás al material de alto valor por unidad, sino a aquellos otros tipos de productos de menor valor
unitario, donde se podría esperar que pudiera realizarse toda una serie de exportaciones, y pensamos que podría desvirtuarlo porque la capacidad comercial no reflejaría las posibilidades reales e introducir algún elemento de confusión. Es un tema
sobre el que nosotros no estamos cerrados a proporcionar determinado tipo de información, no es un tema que estemos analizando, pero desde el punto de vista de proveer las informaciones, sí quiero hacerles partícipes del conjunto de reflexiones que
nosotros hemos tenido.



Respecto a la operación, que creo que el señor Campuzano citaba, de Marruecos, no se ha formalizado. Nosotros no hemos recibido todavía ninguna petición en ese sentido, pero quiero mencionarle dos cuestiones que este punto me trae a la
memoria y que se refieren a su intervención.
En primer lugar, y quizás yo he entendido mal sus palabras, el real decretó prevé la creación de una cláusula escoba para el tema de material de defensa y para tratar de evitar ese tipo de cosas. En
segundo lugar, la siguiente de las informaciones era el tema de la cláusula escoba, el tema de Marruecos, y no ha llegado todavía a ser presentada ningún tipo de información. Quiero hacer mención a que todas aquellas operaciones en las cuales no
exista contraprestación económica pero sí la salida del producto, están por supuesto sometidas a la Junta. Por lo tanto, aquellas operaciones de leasing o aquellas operaciones que puedan ser donaciones o que son prácticamente donaciones, porque su
valor realmente no refleja ese tipo de cosas, sí se han hecho. Lo cual me trae a la memoria una de las preguntas que la señora Oltra comentó, referente a las exportaciones de determinado material a Colombia, y a si efectivamente se habían realizado
o no se habían realizado. Efectivamente, hubo una petición el 9 de junio del año 2004 de tres solicitudes de exportación referidas a la operación de los carros de combate AMX-30, más toda una serie de munición, tanto de obuses como de disparos, y
con fecha 26 de noviembre del año 2004 el Ministerio de Defensa desistió de las mismas. Pero sí se produjo. Igualmente, el día 1 de abril del año 2003 hay una exportación al Ministerio de Defensa colombiano de dos aviones para patrulla marítima,


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y al mismo tiempo el 22 de diciembre de 2004 se ha autorizado, como donación, la exportación de dos aviones C-212 para misiones médicas, también a Colombia.



Les ruego me disculpen si no he entrado en algún punto referido a la información. El representante del Grupo Socialista ha hecho alguna referencia a la operación de Venezuela. Tengo conocimiento de que tanto el ministro de Defensa como el
ministro de Asuntos Exteriores han pedido comparecer para explicar, supongo que con todo detalle, este tipo de operación, y no creo que aquellas cosas que yo vaya a decir añadan algo más al debate, más que aquellos aspectos que corresponden dentro
de la función que represento y que les transmito. Nosotros, como JIMDDU, no hemos recibido todavía ninguna petición sobre el objeto de esta operación. Evidentemente, podríamos pasarnos muchas horas debatiendo sobre cualquiera de estos aspectos.
Aplicaremos estrictamente los criterios y la legislación en este tipo de temas. Lo que queda claro es que sobre la posible idoneidad o conveniencia de una operación determinada siempre se suscitarán abundantes dudas y habrá opiniones muy diversas.
Yo lo único que les quiero comentar en ese sentido, sobre todo en relación con el tipo de argumentos que se han esgrimido para poner en tela de juicio una operación de estas características, es que tengan en cuenta sobre todo ciertas afirmaciones
sobre los conflictos que tienen lugar dentro de determinados países. No voy a juzgar ni a entrar en cuáles son las fuentes o en la veracidad o falsedad de las manifestaciones, pero sí en que es una operación que tiene como fundamento básico la
protección de unas aguas, tanto cercanas como más lejanas, y una serie de aviones absolutamente de transporte. Con independencia de la bondad de una operación de estas características, que tiene un significado para la industria naval española, tan
necesitada de todo este tipo de trabajo, y simultáneamente teniendo en cuenta las manifestaciones públicas de distintos dirigentes, no ya del presidente de Venezuela, sino del presidente Uribe, tanto en el curso de la cumbre de los cuatro
presidentes como posteriormente, en el curso de la visita que realizó el presidente del Gobierno, sobre su aprobación y su predisposición a esta operación, creo que podríamos establecer diversos tipos de argumentos, pero por supuesto aquellos que se
refieren a este tipo de cosas deberían quedar excluidos. Y como el propio presidente Uribe mencionó durante el viaje, unas de las cuestiones fundamentales por las que están afectados este tipo de productos son la falta de transparencia y la
opacidad. Es mucho más conveniente, afirmaba él, que este tipo de operaciones se hagan a la luz del día, con independencia de las críticas de las que puedan ser objeto, que se lleven en el terreno de la opacidad, donde al final uno no sabe ni lo
que está haciendo ni dónde determinadas cosas terminan. Yo concluiría aquí.



El señor PRESIDENTE: Hemos llegado al final. Yo estoy dispuesto a darles la palabra, pero tendrían que ser muy breves. Señora Oltra, tiene usted la palabra, pero les ruego que sean breves, porque en todo caso va a tener que cerrar el
Gobierno, al que también aprovecho para pedirle que sea breve. Adelante, señora Oltra.



La señora OLTRA TORRES: Seré muy breve.



Le recuerdo que no me ha dicho cuál es su postura sobre China. Le agradezco toda la información que nos ha prestado, y en la misma mesura que ha hecho usted su intervención espero que entienda la mía. Yo no he hecho consideraciones que no
fuesen del alcance de su competencia como presidente de la Junta Interministerial; no he hecho sino poner en valor la responsabilidad que la Junta Interministerial tiene respecto de la evaluación de la importancia de autorizar o denegar una
determinada operación. Eso es lo que he hecho simplemente.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por favor.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero recordar la cuestión de China.



Desde la discrepancia con la valoración que hace el Gobierno y que hace usted mismo, a la espera de la decisión de la JIMDDU sobre la operación en Venezuela, y recordando que a veces nos hemos encontrado, por ejemplo, en Sudán, con
helicópteros ambulancia vendidos por el Gobierno alemán que terminan siendo utilizados como helicópteros de guerra, y por tanto realmente nunca se puede garantizar que determinado tipo de materiales no terminen en un uso indebido desde todos los
puntos de vista, mi grupo quiere destacar el tono de su respuesta y el contenido de sus respuestas, sobre todo en una cuestión que para nosotros es fundamental en esta legislatura, como es avanzar en una legislación más potente, más activa, más
transparente y con un mayor control político respecto de la política de comercio de armas. El hecho de que la posición del Gobierno hoy, en esta comparecencia, sea la de no negarse desde un principio a que avancemos en esta legislación, mi grupo lo
valora positivamente, y espero que eso nos sirva a todos, también al Grupo Socialista, para que en los próximos días alcancemos un acuerdo en sede parlamentaria que pueda permitir al Gobierno elaborar un proyecto de ley y remitirlo a esta Cámara.
Mi grupo va a trabajar en esta línea y hoy valoramos positivamente su respuesta.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mejía para concluir este debate. Me temo que va a tener usted que hablar de China.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO (Mejía Gómez): Se me había quedado un tema sin contestar al señor Mardones en


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relación con una pregunta que ha hecho sobre el tema de la Ley de Contrabando. Si me permite, le leo la respuesta, que será mucho más precisa. Nosotros hemos propuesto al Ministerio de Economía y Hacienda la modificación de la Ley 12/1995,
de represión del contrabando, para incluir en la misma los cambios que se han producido en la legislación de material de defensa y de doble uso en el ámbito de la intermediación, otro material e incluso el futuro reglamento sobre comercio exterior
de equipos de tortura y aplicación de la pena de muerte. Teniendo en cuenta que este reglamento está siendo elaborado en la actualidad, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene que esperar a que se produzca la aprobación del reglamento para la
modificación.



En relación con el tema de China, lamento que en ese sentido vaya a defraudarles, porque si bien la palabra China puede ser mencionada, no creo que la respuesta que les vaya a dar les satisfaga. En ese sentido, el tema del levantamiento del
embargo a China sí ha sido suscitado, y dentro de un entorno donde hay una serie de legislaciones o de manifestaciones hechas por otros países. Es un tema que nosotros tendremos que analizar y valorar, pero dentro del marco de la Unión Europea,
difícilmente puedo avanzarles algo más.



El señor PRESIDENTE: Señor Mejía, le agradecemos su presencia y le deseamos lo mejor.



Se levanta la sesión.



Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.