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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 227, de 15/03/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 227
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 15 de marzo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la cría caballar y razas equinas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000491.) ... (Página 2)
- Relativa a la financiación del proyecto del canal Segarra-Garrigues.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).
(Número de expediente 161/000438.) ... (Página 4)
- Sobre elaboración de planes de conservación y recuperación de los fondos marinos del golfo de Cádiz y del mar de Alborán. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000562.) ...
- Sobre la elaboración de un plan de ordenación del sector de la avicultura de carne. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000635.) ... (Página 10)
- Sobre la elaboración de un plan nacional de reordenación del sector lácteo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/000636.) ... (Página 12)
- Sobre petición a Marruecos de que retire las redes de enmalle a la deriva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000675.) ... (Página 14)
- Relativa a la concesión de garantías a la flota artesanal para su renovación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000676.) ... (Página 16)
- Relativa a las mejoras en las condiciones laborales de jubilación de los trabajadores del mar. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000677.) ... (Página 18)
- Relativa a la la adopción de medidas legales para que las aguas sometidas a parada biológica sólo puedan ser explotadas por embarcaciones que han sumado a dicha parada en los setenta días posteriores al inicio de la actividad. Presentada
por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000165.) ... (Página 20)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA CRÍA CABALLAR Y RAZAS EQUINAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000491.)
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión en ausencia del presidente, que se incorporará en un rato.
Quiero anunciarles que hay una modificación en el orden del día. La proposición que aparece en el orden del día como número 1 pasará a debatirse como punto número 3; la 2 como punto número 2 y la número 1 se debatirá en último lugar de la
sesión, según me comunican que ha sido acordado por los distintos grupos. Iniciamos, pues, la sesión con la proposición no de ley que aparece en el orden del día como número 3, sobre la cría caballar y razas equinas, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Quiero agradecerle la posibilidad de debatir esta proposición no de ley en primer lugar, porque me permite atender a otros compromisos. En ésta que ha sido mi Comisión durante dos legislaturas, traigo una
materia que ya debatimos a lo largo de la pasada legislatura y que se refiere al sector equino. A pesar de los múltiples debates que tuvimos es un tema que sigue estando pendiente, pero yo espero que el respaldo unánime de esta Comisión permita al
Ministerio de Agricultura llevar a cabo todo aquello que le pedimos y que queda reflejado en el Real Decreto del año 2002.
Como el 18 de junio de 2002, quisiera empezar por el reconocimiento que le merece a nuestro grupo, igual que al resto de los grupos, el trabajo hecho por la Junta de Cría Caballar del Ministerio de Defensa en la conservación y desarrollo del
sector equino, muy especialmente del caballo de pura raza española, como pasó con el resto de los ejércitos europeos, con una diferencia notable: que en la Unión Europea en su momento traspasaron la gestión y la competencia sobre el sector ganadero
a aquellos que realmente eran los competentes, como es el Ministerio de Agricultura, y hoy le corresponderá hacerlo de una manera definitiva al Gobierno español. Es evidente que las necesidades en materia de Defensa han evolucionado; la
mecanización y el uso de nuevas tecnologías han determinado que el caballo deje de desempeñar un papel importante en la Defensa mientras que, por el contrario, ha pasado a jugarlo en otros ámbitos como el puramente ganadero, y desde ese punto de
vista se debe abordar esta materia. Se ha producido también una evolución desde el punto de vista político, porque en nuestro país se ha desarrollado de manera notable el Estado autonómico y nos hemos incorporado a la Unión Europea. En cualquiera
de los dos ámbitos veremos que esa evolución del sector equino ha quedado al margen, de tal manera que las competencias en la cría caballar han pasado de tener un aspecto de selección de ganado más que de Fuerzas Armadas. El Comité Zootécnico de la
Unión Europea ha invitado a nuestro país en muchas ocasiones a incorporarse al mismo régimen que los países de nuestro entorno y en ese sentido va el primer punto de la proposición no de ley que debatimos hoy.
El segundo punto insta al Gobierno a reconocer a las asociaciones representativas del sector equino en cuanto a la posibilidad de gestionar directamente los libros genealógicos de las razas. A ninguno de los grupos representados en esta
Comisión, ni al nuestro ni a ninguno de los que vayan a intervenir, le corresponde determinar cuál es la posibilidad de las asociaciones que se mueven en ese ámbito. Le corresponderá al Ministerio de Agricultura determinar las formas y condiciones
en que cualquier asociación puede optar a la llevanza del libro en función de la representatividad que acredite en ese sector. Es una competencia que tiene el Ministerio de Agricultura y, por tanto, a él le corresponderá determinar cómo y de qué
manera se ha de realizar.
Lo que estamos solicitando en este segundo punto de nuestra iniciativa no es una anomalía sino todo lo contrario, anomalía es el que estemos hablando del único sector que no lleva el libro de una manera natural como se hace con el resto de
las especies. La pregunta que ha surgido en el pasado y que está todavía pendiente es por qué no es posible para ese sector... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Perdón, señora Cunillera. Señorías, les pido un poco de silencio porque, si no, es imposible seguir la intervención de la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Se lo agradezco mucho señor presidente.
Debe ser que los tengo convencidos de antemano.
El traspaso de la gestión de los libros a las asociaciones de ganaderos, auténticas protagonistas de la selección y mejora, siempre conforme a la normativa comunitaria y nacional, en la que la Administración se reserva en la actualidad la
dirección y/o el seguimiento de los programas de selección y mejora, se ha producido desde hace tiempo. Lo que pretende nuestra proposición no de ley es que el sector equino no quede excluido de ese proceso. No quisiera dejar de referirme a la
oportunidad que se les ofrece a los representantes de ese sector en el desplazamiento de la política agrícola común hacia el segundo pilar, el mayor énfasis que se pone en lo que hace referencia al desarrollo rural. Efectivamente, las explotaciones
de caballos pueden desempeñar un papel relevante en el desarrollo del medio rural al apoyar no solamente la actividad ganadera sino también su diversificación: turismo rural, deporte, artesanía, formación profesional, etcétera.
Yo espero que esta proposición no de ley tenga el apoyo de la totalidad de los grupos de esta Comisión, con lo cual culminaríamos un trabajo de muchos años. Hemos hablado de esta materia en esta Comisión de manera recurrente sin que hayamos
tenido hasta el momento éxito, que espero tener hoy porque el interés de traer esta materia a esta Comisión no ha sido otro que el de atender a las demandas que desde el sector se le han hecho y solucionar un problema que debería estar resuelto
desde hace mucho tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Para fijar la posición de los grupos tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Queremos sumarnos con nuestro voto positivo a la propuesta del Grupo Socialista que presenta la señora Cunillera y felicitarle porque hace una reparación histórica y coloca en su sitio la gestión de una ganadería que
no estaba cubierta por el ministerio. La propuesta deja abiertos los cauces para regulaciones suficientemente amplias del Ministerio de Agricultura para poder legislar y abrir todos los registros necesarios en favor de este ganado equino.
El respeto a determinadas asociaciones que desean mantener la gestión de los libros genealógicos, así como la posibilidad del ministerio de colaborar con otras asociaciones son hechos positivos, por lo que no nos queda sino manifestar
nuestro voto a favor de esta proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): En nombre del Grupo Popular, para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra la señora Naharro.
La señora NAHARRO DE MORA: Señorías, cualquiera que lea esta proposición no de ley puede entender que ni siquiera existe el Real Decreto 1133/2002, de 31 de octubre, por el que se regula en el ámbito de las razas equinas el régimen jurídico
de los libros genealógicos, las asociaciones de criadores y las características zootécnicas de las distintas razas. Un real decreto que supuso un importante avance en lo relativo a la legislación sobre equinos en España, ya que le da un marco
jurídico a un sector muy amplio y que estaba muy necesitado de reglamentación. Por primera vez en la historia se establece una normativa que se interesa por los planes de mejora, por las pruebas de entrenamiento y el control de rendimientos, y por
primera vez en la historia también tienen posibilidades las asociaciones u organizaciones de llevar el libro genealógico.
Señora Cunillera, estos dos puntos a los que insta al Gobierno en su proposición no de ley vienen perfectamente recogidos en este real decreto. Por tanto, da igual presentarlo que no. En primer lugar, insta al Gobierno a transferir las
competencias en materia de selección y mejora. Es un absoluto defecto de forma. No se puede transferir nada al Ministerio de Agricultura, puesto que las competencias de selección y mejora de las razas de la especie equina son una competencia del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y así queda patente en muchos puntos de este real decreto. Este real decreto establece una comisión general de los libros genealógicos de équidos de pura raza de ámbito nacional, es un órgano
colegiado que depende exclusivamente del MAPA, del Ministerio de Agricultura. Asimismo, corresponde al ministerio el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones y la regulación de las razas equinas de ámbito nacional,
correspondiendo a
las comunidades autónomas hacer lo mismo en el ámbito autonómico. Queda bien patente que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es quien tiene las competencias. Otra cuestión diferente es que la gestión del libro genealógico se
asignó a un organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Es una cuestión bien diferente, las competencias son del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por otro lado, se refiere en su proposición no de ley a reconocer a las asociaciones representativas del sector ganadero equino la posibilidad de gestionar directamente los libros genealógicos de las razas. En este real decreto, se
encuentra regulado. Dice en su disposición adicional primera: Gestión de los libros genealógicos por una organización o asociación; la concesión administrativa por razones de interés público podrá atribuirse la gestión del libro de una raza
equina a una organización o asociación representativa de la raza y dicha designación corresponderá al Ministerio de Agricultura, previo informe del Ministerio de Defensa o de las comunidades autónomas cuando éstas se encarguen de llevarlo. A
continuación establece una serie de criterios que deben cumplir las asociaciones u organizaciones para solicitar esta concesión administrativa. No podemos votar en contra de esta proposición no de ley, puesto que es lo que recoge el real decreto
que se aprobó en el año 2002 que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, un real decreto firmado por el anterior ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete.
Estos dos criterios están concedidos. Ahora bien, si quieren ir más lejos lo que deben hacer es presentar iniciativas que digan algo más, pero lo que se dice en ésta está recogido en el real decreto. Me gustaría reconocer, como usted muy
bien dice, la labor que el ejército ha tenido durante décadas de constante actividad que constituye en el pasado la salvaguarda de nuestras razas. Hemos de reconocerlo públicamente y valorar el desempeño de estas actividades. Han sido muchas
generaciones las de militares que con su trabajo y con su esfuerzo han permitido que el sector equino cuente con la realidad actual. Soy plenamente consciente de la importancia que ha adquirido el sector equino en nuestro país no solo ya dedicado
al ejército, como estaba antes, sino como desarrollo en zonas donde no hay otras alternativas. Como decía, vamos a votar a favor porque es algo obvio que está recogido en este real decreto.
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000438.)
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Pasamos al punto número 2 del orden del día, proposición no de ley relativa a la financiación del proyecto del canal Segarra-Garrigues, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió.
Para su defensa tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo presenta esta proposición no de ley para instar al Gobierno a mejorar la financiación del canal Segarra-Garrigues, un canal que nació por acuerdo de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, que declaraba de
interés general esta obra después de muchos avatares en cuanto a su construcción. Es un sistema de riego que afecta a unas 70.150 hectáreas y se expande por seis comarcas: por la Noguera, Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues y el
Segrià; entre cuyos objetivos, como todo riego, está la mejora de la rentabilidad e independizar determinados cultivos o estas zonas, sobre todo les Garrigues y l'Urgell, de la PAC. Es una obra que lleva mucho tiempo en debate. Se ha iniciado ya
la construcción del sistema de bombeo a pie de pantano de Rialb y ahora se están iniciando obras en la red secundaria y en el sistema de cola.
Nuestra proposición se basa en el hecho de que está generando desinterés de los potencialmente beneficiarios, que son los agricultores que van a regar. Por dos razones principales, en primer lugar por el coste elevado de la repercusión de
las obras, y en segundo lugar, por el coste también importante del agua que van a regar por aplicación de todos los conceptos. Ha sido difícil conseguir la concentración parcelaria, estamos en un gran debate de las zonas esteparias, y también
estamos en un gran debate sobre la repercusión y el pago de estas obras por parte de los agricultores. El acuerdo del Gobierno de Madrid y de la Generalitat de Catalunya de 1999 dividía el proyecto de transporte y regulación entre el Gobierno de la
nación y la Generalitat de Catalunya, con una financiación del 50 por ciento por parte del Gobierno de Madrid y en cuanto a la red secundaria aplicando la ley catalana de aguas, en la cual para los riegos de utilización plena es el 70 por ciento de
financiación y el 85 por ciento para riegos de soporte. La parte que discutimos hoy es una obra de 444,7 millones de euros que no se acometió por parte de la Generalitat en su momento por la falta de capacidad financiera para realizar esta obra.
Dado que era de interés general y no era una transferencia concedida a los gobiernos autonómicos, la única posibilidad de financiación a largo plazo y a bajo interés correspondía directamente al Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
He recordado anteriormente, que la aportación de fondos de la Unión Europea es del 50 por ciento para riegos y que estamos en la recta final de estas aportaciones y es posible que tengamos que acelerar esta construcción. Nuestra propuesta
quiere buscar todas las alternativas posibles y solicitar la mayor ayuda posible para que esta iniciativa salga adelante. Como he dicho, se ha realizado la estación de bombeo, las obras de cola en Garrigues Baixes con la captación del Segre y se
han
hecho ya las expropiaciones para el pantano de l'Albagés, con lo cual es un proyecto extremadamente maduro que cubre ampliamente todas las necesidades de riego tanto con margen izquierdo como con margen derecho con riego de soporte, se están
redefiniendo las zonas para aves esteparias. Es muy importante reestudiar este proyecto porque data de 1994 y estamos en el 2005. La legislación aprobada por la Unión Europea le pone al Gobierno difícil la situación pues no le es posible aumentar
el 50 por ciento de financiación. No obstante, sería posible reconsiderar este proyecto y buscar como servicios generales y no propios el pantano de l'Albagés o alguna otra obra para que se pudiera desgajar este importe financiándolo por parte del
Gobierno, haciendo que la repercusión y el coste que tienen que cubrir los agricultores fuera como la que tienen otros agricultores en otras zonas. Refiriéndonos a cifras de las antiguas pesetas, se ha hablado del millón de pesetas por hectárea.
En estos momentos en el canal Segarra-Garrigues se habla de 1.300.000, 1.400.000 pesetas por hectárea, lo cual lo hace extremadamente gravoso, presumiblemente muchísimo más que otras obras.
Una enmienda del Grupo Popular nos recuerda que otras obras en la cuenca del Ebro han tenido financiaciones de la sociedad estatal Acesa, como la del canal de la Litera Alta y de los regadíos de Zaragoza y Fayón del 70 por ciento.
Posiblemente no sea de aplicación la legislación que se aplicó en este caso, pero lo que nos interesa es conseguir los efectos equivalentes en esta situación. Por ello hemos presentado esta propuesta con el ánimo abierto para dejar todas las
posibilidades al Gobierno para mejorar esta financiación no restrictiva ni excesivamente reglamentista, sino en el sentido de estudiar y reconsiderar este proyecto para que este canal tenga una equivalencia, con los IPC correspondientes, respecto a
las amortizaciones que se han requerido en otras zonas del país. Es una solicitud de equilibrio distributivo. Pedimos la solidaridad como se ha hecho en otras zonas y que se pueda asegurar la viabilidad de las explotaciones y se cumplan las leyes.
Es posible este aumento de participación, vía reconsideración del proyecto, para hacer efectiva la mejora de la financiación de estas dos obras por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas dos enmiendas. Para su defensa, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero hacer una aclaración respecto a nuestra enmienda. Se la denomina de modificación pero es de adición, porque, si no, no se entiende absolutamente nada; sería respetar el texto de Convergència i Unió y
añadir el nuestro.
Refiriéndome a nuestra enmienda, quisiera decir que la necesidad de la transformación de los proyectos no es un capricho de los políticos. S.S.
ha hecho una intervención con la que estoy básicamente de acuerdo en cuanto a que son proyectos
generados desde hace décadas y que por distintos avatares llega un momento en el que se pueden concretar, cuando tenemos de acuerdo a los usuarios falta la financiación y cuando falta la financiación a lo mejor lo que hace falta es una redefinición
del proyecto. La planificación de las administraciones, dependiendo de las reivindicaciones históricas, al final tiene que contar no solamente con la voluntad política de las administraciones para hacerlo, sino también con la viabilidad técnica y
económica de los propios usuarios, que son los que tienen que asumir los costes de esa transformación. Estamos en un debate durante estos últimos años de ataques furibundos al regadío desde el punto de vista medioambiental, de rentabilidad
económica, de considerandos que a lo mejor vienen de la Unión Europea. Nuestro grupo considera que los beneficios a favor del regadío siguen siendo de la suficiente importancia como para seguir apostando por los mismos. En este sentido, tanto las
prácticas medioambientales, siguiendo los criterios de la última política agraria comunitaria, como la reducción de consumo de agua en cuanto a la aplicación de los sistemas de modernización de nuestros regadíos, el evitar la erosión en el
territorio o la recuperación de CO2 de la atmósfera a través de nuestros regadíos (quiero recordar que una hectárea de maíz en la zona de Lérida o de Aragón retira tanto CO2 de la atmósfera como 10 hectáreas de coníferas), aparte de lo que supone la
fijación de población, la posibilidad del desarrollo de agroindustria en el territorio o la vertebración del territorio desde el punto de vista de la fijación de la población, son elementos que hay que tener presente ante un reparto de riqueza
proporcionado para todas las personas e instituciones implicadas en este asunto.
Quisiera añadir que quizás sería una buena iniciativa hacer promoción de nuestros regadíos. Yo conozco la zona que S.S. menciona en esta iniciativa y en un desplazamiento de pocos kilómetros saltamos de un vergel, como es el desarrollo del
canal de Urgell en cuanto a regadíos, a otra zona, que es un vergel en potencia esperando que le transfieran agua. Es un hecho que se constata en todo el territorio nacional: allá donde se ha instalado un regadío altamente tecnificado, donde hay
buenas condiciones meteorológicas y unas prácticas agrícolas innovadoras desde el punto de vista de la tecnología, se avanza, se crea riqueza y se consigue que esas transformaciones sean rentables.
Entrando en el punto esencial de su iniciativa y de nuestra enmienda, lo que S.S. pide es una variación del sistema de financiación. Luego en su intervención ha querido detallar más. Nos parece muy oportuna su iniciativa en cuanto a
dejarla lo suficientemente abierta para que sea el Gobierno, con la negociación que tiene que llevar a cabo con los usuarios es la Generalitat, los que fijarán al final cómo se reparte eso. Lo que le puedo decir es que la Sociedad Aguas de la
Cuenca del Ebro, creada en 1998, con unas aportaciones de capital de Patrimonio del Estado, constituye unas sociedades, en
este caso la Sociedad Canal Segarra-Garrigues, para hacer el gran canal.
Partimos en este caso de una financiación del 50 por ciento del Ministerio de Medio Ambiente a través de esta sociedad, y de otro 50 por ciento del ministerio. Con la
normativa comunitaria en la mano, si modificamos los estatutos podemos variar ese porcentaje, es decir, que puede ser un 55-45, un 60-40 o lo que la Administración y los usuarios decidan. Es una línea que no debemos desechar independientemente de
que se haga más o menos cargo la Administración General del Estado firmando convenios con la Generalitat de Catalunya. Lo que todos perseguimos es favorecer la financiación de los agricultores, ese coste por hectárea que es lo que tiene que pagar
cada usuario, cada agricultor y ver la posibilidad de ayudarles con alguna otra cantidad de dinero para llevarlo a efecto.
Este es el sentido de nuestra enmienda. La sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro tiene tres proyectos de transformación en su ámbito de actuación: uno el que hoy nos ocupa, con unas 70.000 hectáreas, del canal Segarra-Garrigues; otro, los
riegos de la Litera Alta, que también es una reivindicación que viene desde principios de siglo pasado, con una transformación de entre 8.000 y 9.000 hectáreas; y otro serían los regadíos del eje del Ebro, que en el actualidad lo que hay definido
son elevaciones, 1.500 hectáreas, es decir, no son proyectos que pueden asustar. De ahí, lo que entendemos como solidaridad tanto con los regantes usuarios del canal Segarra-Garrigues, catalanes en este sentido, como con los de la parte aragonesa,
y no con más de momento porque no hay otros proyectos bajo el paraguas de la sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro en previsión. Hay algunos proyectos de modernización, hay proyectos de regulación, hay proyectos medioambientales, pero esta
iniciativa se refiere básicamente a la transformación de regadíos. Lo que pretendemos con esta enmienda es que las condiciones que se pudieran pactar entre la sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro con esa otra sociedad Canal Segarra-Garrigues y los
usuarios fueran extrapolables al resto de las actuaciones que en el ámbito de actuación de Aguas de la Cuenca del Ebro pudieran llevarse a efecto en la cuenca del Ebro.
El señor PRESIDENTE: Al objeto de que SS.SS. puedan organizar sus trabajos y toda vez que hay varias Comisiones trabajando de manera simultánea, las votaciones de las iniciativas no se realizarán, antes de las 13 horas.
A esta proposición no de ley de Convergència i Unió se ha presentado también otra enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Farrera.
La señora FARRERA GRANJA: El canal Segarra-Garrigues es uno de los proyectos hidráulicos más importantes acometidos en Cataluña y está destinado a convertir una gran parte de los actuales cultivos de secano en cultivos de regadío para que
las zonas de secano de las comarcas de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià y les Garrigues dispongan de unos regadíos que les permitan un desarrollo económico rentable a la vez que sostenible desde el punto de vista
ambiental y social.
El compromiso tanto del Gobierno central como de la Generalitat de Catalunya es hacer realidad un proyecto prometido durante muchas legislaturas pero nunca llevado a cabo. Su puesta en marcha permitirá el regadío de 70.150 hectáreas a
partir del incremento de la capacidad de regulación del río Segre proporcionado por el embalse de Rialb y por el futuro embalse de l'Albagés. Con ello se conseguirá la garantía de riego de 71 municipios de una zona con larga tradición histórica.
El proyecto permitirá la introducción de nuevos cultivos y que los que ya existentes sean más rentables, propiciará la instalación de nuevas empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo que redundarán en un mayor beneficio económico. Más de
16.000 regantes de la zona, que en estos momentos explotan unos recursos naturales con una baja productividad por falta de agua, se beneficiarán del canal. El importe total de las obras asciende aproximadamente a 1.547 millones de euros. La
ejecución de las obras a cargo de la Generalitat de Catalunya ascienden aproximadamente a 1.102.600.000 euros y las actuaciones a llevar a cabo son: redistribución del riego, concentración parcelaria y red de caminos rurales. La ejecución de las
obras a cargo de la Administración General del Estado ascienden a 444.750.000 euros y las actuaciones a llevar a cabo son: la estación de bombeo, el canal principal y el embalse de l'Albagés.
El canal Segarra-Garrigues es un proyecto con una larga trayectoria histórica: en 1984 ya se tramitó el proyecto de concesión del canal Segarra-Garrigues; en 1991 la adenda al proyecto de concesión de dicho canal; en 1998 el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro incluye el canal Segarra-Garrigues (Real Decreto 1664/1998, de 26 de junio), pero es a partir de 1999 cuando recibe el impulso definitivo con la firma de los protocolos de colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Generalitat de Catalunya, por un lado, y entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la comunidad de regantes, por otro. El 14 de julio de 1994 la Generalitat de Catalunya, en aquel momento gobernada por CiU, aprobó el plan
financiero de Recsa, mediante el cual se comprometía durante el año 1998 a hacer una inversión en el canal Segarra-Garrigues de 6.062 millones de las antiguas pesetas y durante el año 1999 de 8.267 millones, evidentemente también de las antiguas
pesetas. Pero ni en 1998 ni en 1999 se empezó el canal Segarra-Garrigues, eso sí, el Gobierno autonómico de Cataluña, liderado, como he dicho, por Convergència, ya había pedido auxilio al Gobierno central para que se declarara de interés general el
proyecto del canal antes mencionado, renunciando así a una competencia autonómica y obligando a pagar más a los usuarios
y regantes, dado que la legislación catalana establece para este tipo de actuaciones una financiación del 70-30 (70 por ciento Generalitat y 30 por ciento usuarios y regantes), mientras que la Administración General del Estado establece un
50-50 para el mismo tipo de actuaciones. En enero de 2002 se constituyó la Sociedad Estatal Canal Segarra-Garrigues, S.A.
(Casega) con el objeto de ejecutar determinadas obras hidráulicas. Dichas obras, así como la financiación de las mismas,
quedaron plasmadas en el convenio de gestión firmado entre el Estado y la sociedad antes mencionada. De ahí nuestra sorpresa 23 años al frente del Gobierno autonómico de Cataluña, otros tantos prometiendo la conversión de tierras de secano en
tierras de regadío. El 3 de julio de 2001 se firma un convenio de financiación entre Canal Segarra-Garrigues y la Comunidad General de Regantes Segarra-Garrigues donde el 50 por ciento de la inversión presupuestada corre a cargo de la Sociedad
Estatal Casega y el otro 50 por cien será financiada mediante la aportación de particulares, ya sea al contado o con concertación de préstamos con entidades de crédito y un plazo de hasta treinta años; un convenio que ustedes también firmaron y
hoy, señor Grau, nos presentan una proposición no de ley que insta al Gobierno a impulsar las medidas oportunas para incrementar las aportaciones de las administraciones destinadas a financiar el proyecto del canal Segarra-Garrigues, unas
aportaciones con las que ustedes estaban totalmente de acuerdo.
A nosotros nos gustaría que fueran el Gobierno y la Generalitat de Catalunya quienes estudiaran las posibles soluciones a las obras del canal Segarra-Garrigues, así como el inicio de las obras y que éstas se realizaran a la mayor brevedad.
No obstante, hemos presentado una transaccional de la cual esperamos obtener el máximo consenso.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de defensa de enmiendas corresponde el turno de fijación de posiciones si algún grupo desea intervenir. Por Esquerra Republicana el señor Ramón tiene la palabra.
El señor RAMON TORRES: La iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos lleva a un proyecto sumamente histórico aunque después de muchos años de intentar buscar una solución estamos aún en una situación
preliminar y llena de incógnitas.
Los antecedentes de este proyecto constan en un primer estudio agronómico de 1980, en estudios de viabilidad durante los años setenta, así como en una sucesión de proyectos de definición de obra pública y de transformación de regadíos. Como
han comentado ya anteriores portavoces el proyecto fue declarado, de interés general en 1994 y se incluye en el Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro en 1998. Han pasado, pues, 25 años desde el primer estudio y 15 desde la supuesta inauguración por
parte del antiguo Gobierno de la Generalitat. Pasado este tiempo la realidad es que al acometer las únicas obras realizadas hasta el momento, la estación de bombeo de Rialb, tan sólo cerca de un 5 por ciento de los potenciales regantes se han
dispuesto a invertir en la obra. Lo que debería ser una ilusión de 16.000 propietarios es objeto permanente de recelos, incertidumbres y falta de comprensión.
Creemos que se ha olvidado a los actores principales, a los regantes y al territorio. Creemos también que el proyecto necesita renovar la ilusión de un nuevo marco de consenso. No es justo crear expectativas de riqueza por una parte y no
dar precios reales del coste del agua por otra, como hasta ahora ha ido ocurriendo. Esto no responde a una política de transparencia ni de compromiso con los interesados. Va siendo hora de desencadenar eficazmente el proyecto del canal
Segarra-Garrigues, pero haciéndolo desde el territorio, con la complicidad de los regantes y administraciones locales en todos los casos y con renovados planteamientos.
Es necesario replantear el canal, es necesario replantear este proyecto para convertirlo en el que va a llegar a ser un canal y un proyecto del siglo xxi. Se han dado nuevos y fluctuantes contextos internacionales en la política agraria:
las previsiones de los mercados agrarios son muy fluctuantes, la reforma de la PAC pretende acercar la agricultura más a los mercados, la nueva configuración de la Unión Europea integra nuevos países en la producción agraria muy significativos que
alterará el orden actual. La Ronda del Milenio pretende establecer nuevas pautas internacionales en los excesos de los mercados internacionales y las ayudas internas a la agricultura, por mencionar algunos ejemplos. También es necesario este
replanteamiento porque estamos en un cambio de enfoque de gestión del agua. El proyecto debe ser compatible e integrador con otras propuestas complementarias para el territorio, como lo pueden ser el turismo rural o la agricultura ecológica, para
los que una antigua y precipitada interpretación del proyecto puede generar incompatibilidades.
El canal Segarra-Garrigues debe ser una herramienta de planificación y ordenación territorial para afrontar con sostenibilidad y solidez los nuevos
retos de desarrollo en un marco más sostenible y duradero de la agricultura y de los territorios de las comarcas implicadas. Diversos proyectos de implementación de regadíos en otras geografías demuestran que la implementación de agrobussiness,
opción que claramente se verá favorecida si no cambiamos el concepto de la obra, no generará fijación de la población a la tierra, pues pone en riesgo los valores autóctonos, precipitará el mercado laboral y generará un proceso de centralización de
la propiedad de la tierra.
Nuestro grupo cree necesario de una vez por todas que empiece la obra del canal Segarra-Garrigues. La necesidad de este canal no lo discute nadie.
Si queremos vertebrar cada vez más el territorio catalán, el canal Segarra-Garrigues es una
herramienta indispensable para, como decía con anterioridad, intentar que la gente se quede en el territorio. La sostenibilidad económica
del territorio es indispensable. La gente del territorio está defendiendo que el sector económico a impulsar en las tierras de Lleida tiene que ser la industria agroalimentaria, una industria que potencie la ganadería, la agricultura. Para
que esta industria agroalimentaria, que tiene que ser el eje dinamizador de la economía de Lleida, tire adelante, es imprescindible el canal Segarra-Garrigues. A los payeses, a las entidades locales, se les hace difícil ver la finalización de este
canal. Para nuestro grupo -y estamos trabajando en una iniciativa que presentaremos recientemente a este Congreso-, es necesario que el Gobierno se comprometa lo antes posible a encarar las obras y el máximo de proyectos posibles para que la obra
sea una realidad y la gente del territorio y los beneficiarios vean que estos proyectos salen adelante.
Creemos oportuno ofrecer un panorama de financiación más favorable del canal Segarra-Garrigues. No decimos cuál pero seguramente es necesario un programa mucho más favorable en un marco más actualizado de desarrollo territorial,
garantizando una revisión de la obra para que finalmente su desarrollo no produzca desequilibrios, garantice la residencia de población, disponga de fondos de tierra para incrementar el acceso de tierra a los jóvenes, se evite la entrada de
monopolios alimentarios y que el conjunto se diseñe en un marco de gestión sostenible del agua y del territorio. Hay que dar también respuesta a la gente del territorio y a las preguntas que realiza el Manifest de Vallbona, que se pregunta qué
producciones hay que regar, con qué agua, para qué payeses, en qué territorio, para qué sociedad, etcétera. Se debe redimensionar este proyecto como un elemento de ordenación territorial equilibrada en un medio en el que los agentes del territorio
acuerden y finalmente ejecutan las obras de la red secundaria que la reinterpretación demande.
En consecuencia, es necesario mejorar la financiación pero también es necesario y urgente que se avance en las obras y que se puedan llevar a cabo varios proyectos que ya están aprobados. No entendemos por qué se tiene que hacer el canal
por fases. Habiendo más de un proyecto aprobado, se podría empezar por varias partes del territorio, y sobre todo es necesario hacer nuevos estudios de viabilidad económica de qué producción va a salir, qué viabilidad económica tendrá esta
producción y cómo repercutirá en este canal que, como les decía, ha pasado a ser un canal del siglo xxi; se proyectó en el siglo xix y, si tenemos suerte, será un proyecto del siglo xxi.
El señor PRESIDENTE: Al objeto de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, el señor Grau, autor de la proposición no de ley, tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDÚ: Señor presidente, como hay una propuesta de transacción, nos pronunciaremos antes de la votación.
- SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS DEL GOLFO DE CÁDIZ Y EL MAR DE ALBORÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000562.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. El siguiente punto es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre elaboración de planes de conservación y recuperación de los fondos marinos del golfo de Cádiz y
del mar de Alborán. Para su defensa tiene la palabra la señora Fuentes.
La señora FUENTES GONZÁLEZ: Andalucía tiene un litoral muy variado. Por un lado tenemos el mar de Alborán, cuyas condiciones especiales son producto de las corrientes superficiales atlánticas provenientes del estrecho de Gibraltar y las
corrientes de las aguas profundas del Mediterráneo que confieren una especial hidrodinámica debido a la diferencia de agua, que unido a la gran iluminación, la gran transparencia y la temperatura baja predominante, genera una alta productividad,
provocando procesos biológicos únicos. Su rica biodiversidad se refleja en sus comunidades vegetales marinas. Por otro lado, tenemos las aguas atlánticas que rodean el estrecho de Gibraltar que constituyen un enclave especial rico en biodiversidad
en flora y fauna. El Estrecho es la única vía de acceso para todas las migraciones que se realizan entre el Atlántico y el Mediterráneo.
Durante mucho tiempo las capturas en este litoral se han ido realizando sin un orden establecido. Las mismas cofradías son las que en muchas ocasiones, cuando éstas son pequeñas y pertenecen a municipios relativamente pequeños, se han ido
organizando ellas mismas. Este es el caso de Conil de la Frontera, en Cádiz, un municipio pequeño con una cofradía relativamente pequeña pero muy bien estructurada que ha sido capaz de darse cuenta cuándo las poblaciones pesqueras van disminuyendo
y ellos mismos, sin que nadie se lo ordene, son capaces de realizar paradas biológicas que establecen con la intención de que en siguientes campañas haya más población pesquera. Pero no todo el litoral puede tener las mismas circunstancias, sino
que en la mayor parte esto no ocurre, sino todo lo contrario. Hay un problema muy importante al que nos enfrentamos, y es la proliferación del uso de redes de enmalle de deriva, el arrastre de la actividad pesquera, etcétera, la práctica de muchas
de estas artes al mismo tiempo, los conflictos producidos por el uso de las artes ilegales por parte de las embarcaciones de distintos puntos costeros del litoral andaluz, etcétera. Todo esto afecta gravemente a la adecuada conservación y gestión
de los recursos pesqueros, además de la fuerte agresión al mantenimiento y conservación de los recursos y el medio ambiente marino, por la nula selectividad de las
especies y su gran efecto depredador en el conjunto de los recursos marinos, dando lugar a una gran destrucción de los mismos sin aprovechamiento de parte importante de lo capturado y obtenido, obteniendo un producto de calidad inferior.
Evidentemente hace falta que las diferentes administraciones sigan haciendo con rigor sus labores de control, inspección y sanción de la actividad extractiva.
Por otro lado, la costa andaluza cuenta con un fuerte atractivo turístico.
Tenemos un buen clima durante todo el año y es internacionalmente conocida la belleza de nuestras costas, de nuestros parques, reservas naturales, marismas,
etcétera. Muchas de estas poblaciones costeras del litoral andaluz sobreviven gracias al turismo durante casi todo el año y esto supone un volumen importante de personas que viven durante temporadas en las costas, con el consiguiente desgaste de
éstas, ya que pueden ser muchos los residuos que de manera inconsciente se van depositando lentamente en el mar, cerca del litoral y muy cerca sobre todo de las poblaciones de especies de flora y fauna marina.
Aprovechando esta afluencia de turistas e intentando ofrecer una importante variedad de actividades de ocio y tiempo libre, se ha dado un impulso importante a la pesca deportiva. En ocasiones los aficionados a este tipo de pesca lo hacen
esporádicamente, pero también hay quien lo realice de forma habitual llegando a pescar una cantidad considerable que puede estar dentro de los límites legales pero que sin duda, y debido al gran número de estos aficionados, las capturas pueden ser
grandes en ocasiones. Este es un añadido al desgaste marino que estamos mencionando.
Algunas especies marinas frecuentan las costas que se encuentran amenazadas a causa de la sobreexplotación pesquera y la contaminación de las aguas litorales,
viéndose esto traducido en una disminución de la población marina. Hace poco la FAO en Roma establecía en uno de sus informes que estábamos quedándonos poco a poco sin especies, se reducen tanto las capturas como la población de especies y no cabe
duda de que no podemos retroceder pero tampoco podemos dejar de avanzar. Hemos de buscar una armonía entre todos que favorezca el conjunto, es indispensable una gestión racional de los recursos que garantice su conservación.
Por todo lo mencionado, el Partido Socialista tiene claro que la mejor fórmula para intentar solucionar el problema es buscar un consenso entre todos: el Ministerio de Pesca, la Comunidad Autónoma Andaluza y el sector pesquero. Este último
es sumamente importante ya que son las cofradías, como he mencionado antes, los implicados realmente en todo esto, son ellos los que se dan cuenta antes que nadie de si las distintas especies siguen evolucionando de la misma manera o están bajando
en su producción; son ellos los que sufren las consecuencias de la pérdida de productividad y, por tanto, son ellos una parte importante para la realización de planes enfocados a la recuperación de los fondos marinos.
Quizá todo esto puede sonar a utopía, pero no podemos dejarlo. Cuando vamos al campo y lo vemos verde sabemos que está bien. Si se quema un bosque lo percibimos y nos preocupamos de regenerarlo. Pero no es tan fácil percibir que los
fondos marinos no están bien. Por eso es más difícil percatarse y concienciarse de la importancia de nuestra flora marina. Es necesario crear nuevos bosques, praderas de flora marina que puedan albergar especies, es necesario crear ecosistemas
marinos donde se reproduzcan especies alevines y donde estén a salvo y puedan sobrevivir de los depredadores. En este momento nos estamos enfrentamos a un fondo de mar que es un desierto y por eso es tan importante desarrollar planes de
recuperación de los fondos marinos.
Por todo lo dicho, mi grupo insta al Gobierno a que a través de distintos planes que se puedan llevar a cabo desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se establezca, a través del IEO, las distintas zonas marinas donde la
repercusión del desgaste tanto de la fauna como de la flora sea mayor y en dicha zona se realicen los trabajos necesarios en materia tanto de veda como de replantación de plantas marinas e implantación de arrecifes artificiales, además de las
distintas repoblaciones de especies que se encuentran en una situación de mayor descenso. La actividad que se realice debe ponerse en conocimiento de la comunidad autónoma y del sector pesquero implicado, debe ser un trabajo consensuado. Es
necesario, como he dicho, que se ofrezca cobertura legal a las distintas actuaciones llevadas a cabo de forma altruista por el sector pesquero, por las cofradías, y asimismo aplicar el mismo o similar sistema de regeneración del litoral con la
implantación de arrecife artificial, que fijados a la superficie marina crean alimento y protección suficiente para nuestras especies. Asimismo, sería necesaria una repoblación de plantas marinas, que serán diferentes en función de las
características del litoral y las especies que viven en ella, y finalmente un fuerte control que vigile la protección de estas medidas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Corresponde directamente el turno de fijación de posiciones.
¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Empiezo avanzando la posición de nuestro grupo, que será de votar a favor de esta propuesta del Grupo Socialista, por muchas razones. En primer lugar, porque aplaudimos y valoramos la propuesta y su intención
como tal. En segundo lugar, porque es una iniciativa que hace falta y es una realidad. Cuando escuchamos a grupos ecologistas o a los técnicos en la materia que el mar está herido de muerte, esto significa que hay un problema en los fondos marinos
y que la población y las especies están en una situación de retroceso. Los sectores pesqueros
sufren y reiteradamente denuncian esta situación. Repito que nos parece una iniciativa digna de votarla a favor. Lo hacemos así por coherencia política, porque siempre hemos sido solidarios en aspectos que afecten a algún sector social del
Estado y por solidaridad. Por esta misma razón queremos ir más allá y esperamos que el Gobierno la extienda más allá de la costa mediterránea, en todo el litoral español. En nuestra opinión, se debería llevar a cabo un estudio de situación de los
fondos marinos de la costa española, unos planes de conservación y recuperación de fondos marinos más allá del que ahora instamos, el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Avanzo que votaremos a favor de esta iniciativa y que pedimos su extensión a
otras zonas del litoral. Incluso sería exigible que la Unión Europea hiciera una actuación en general, porque no podemos decir que los fondos marinos acaben en un Estado o comunidad autónoma. El problema es amplio y debería hacerse un estudio a
nivel europeo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Sánchez Ramos tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Hemos tenido que llegar a este momento para saber exactamente el contenido de esta proposición no de ley pues no sabíamos a qué se refería. Leyendo la exposición de motivos no sabíamos si estábamos hablando del
medio marino o de los seres en él, porque el tratamiento es muy distinto.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar el portavoz de CiU en cuanto a que no es un tema que afecte solo a nuestra comunidad autónoma, Andalucía en este caso, sino que es de todo el litoral español.
Ha hablado de algo muy
importante de implicar a la Unión Europea en estos estudios. El Gobierno, la Comunidad Autónoma andaluza y las cofradías han alcanzado un acuerdo para unas paradas biológicas que no han tenido en cuenta los planes de gestión y conservación de la
Unión Europea, que están amparadas por el Reglamento 3.271. Efectivamente es la Unión Europea la que financia estas paradas biológicas. No queremos que se repitan los agravios comparativos, se ha pagado por subvención a los marineros por la parada
biológica 86.350 pesetas/mes, cuando por la parada de Marruecos se pagaron 151.500 y por la de Angola 160.000; es decir, se ha pagado exactamente la mitad que si lo hubiera podido financiar la Unión Europea. Como no ha intervenido la Unión Europea
no se ha implicado tampoco a otros países, como Marruecos, que no estuvo afectado por esta pequeña veda (que no parada), que tampoco cubrió a los 1.100 barcos del censo operativo del caladero sino solamente a 350, con lo cual tenemos una parada
escasa, no completa que no ha servido de mucho. Estimamos, que la Unión Europea prevé estas situaciones, que no solamente debe hacerse con fondos de la comunidad autónoma o del ministerio, sino con fondos europeos atendiendo a lo que los
reglamentos estipulan. Nos hemos enterado de que se trata del medio. Estamos totalmente de acuerdo en que la contaminación es muy importante. Quizás sería más pertinente debatir esta proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente, aunque
esta Comisión de Agricultura trata de proteger el medio marino con vistas al desarrollo de las especies. Digo esto porque la Comisión competente para hablar del tratamiento de aguas residuales sería también la Comisión de Medio Ambiente, aunque es
la Junta de Andalucía la que tiene la competencia. En esta materia queremos decir que el 80 por ciento de las estaciones depuradoras de la Junta de Andalucía no existen o no funcionan, con lo cual el daño que se está haciendo a estos fondos es
grandísimo. Hay que hacer un control analítico de los vertidos y tener conocimiento del efecto que realizan sobre las distintas especies.
En cuanto a la limpieza de los fondos, estamos totalmente de acuerdo en que se haga de forma concertada con los pescadores. También se ha demostrado que los arrecifes artificiales son muy efectivos para la conservación de fondos marinos y
la protección de las especies en el momento de su reproducción. Aparte de -que tampoco se ha citado- establecer zonas protegidas de pesca para su mejor conservación. Es decir, es un conjunto de medidas que sí nos gustaría conocer cuáles son,
porque aquí lo que se nos pide es que se elabore, en colaboración con la comunidad autónoma y consensuadamente, planes de gestión, de conservación y recuperación de los fondos, pero queremos saber en qué consisten esos planes, cuáles son realmente
los contenidos y los estudios que se van a hacer. Bien, como es un estudio que se va a hacer, yo le pediría al grupo proponente que, una vez se consoliden y se acuerden, se trasladen a esta Comisión para tener conocimiento realmente de qué es lo
que hemos aprobado. Hoy aquí (y nosotros lógicamente no nos vamos a oponer porque esto es una mejora para el fondo marino, no nos podemos oponer) estamos haciendo un brindis al sol porque no sabemos qué es lo que estamos aprobando. Entonces
nosotros vamos a aprobarlo con el ruego de, una vez aprobados estos planes, saber en qué consisten y cuáles son sus contenidos.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN DEL SECTOR DE LA AVICULTURA DE CARNE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000635.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un plan de ordenación del sector de la avicultura de carne. Para su defensa
tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista trae a la Comisión la problemática de un sector importante
dentro de la agricultura y la ganadería española, en concreto el sector de la avicultura de carne. La Comisión de Agricultura debe de ser consciente que estamos hablando de un sector que nuclea a más de 3.000 explotaciones que son capaces
de producir en este momento más del 20 por ciento de la carne producida en España, y esto supone en torno al 11 por ciento de la producción final ganadera. Pero además hay que ser conscientes de que es el sector que abastece de carne, de proteína
barata para la inmensa mayoría de los consumidores. Es un sector que en este momento yo creo que nadie pone en duda que necesita de una ordenación, de una ordenación sectorial que en definitiva sea capaz de poner orden a una variada problemática y
a un desarrollo no totalmente homogéneo en todas las comunidades autónomas del Estado español.
Por tanto, el Grupo Socialista lo que plantea por medio de esta proposición no de ley es instar al Gobierno para que en el plazo más breve posible aborde la redacción de un plan de ordenación y que lo aborde de forma integral, en el sentido
que puedan determinarse todas las condiciones de producción y de comercialización de carne de ave. Pretende el Grupo Socialista que el Gobierno elabore este plan, que le dé carácter de norma para su aplicación a nivel nacional y que se determine
todo lo que tiene que ver con la ubicación de las granjas, distancias entre ellas, distancias a cascos urbanos, que se establezcan todas las condiciones relativas a las condiciones zootécnicas y sanitarias que regulen la producción, de forma que
pueda evitarse la competencia desleal que puede haber en unas granjas y en otras. Hay que ser conscientes de que estamos tratando de un sector muy intensivo, con unos márgenes de producción muy escasos, y cualquier circunstancia de producción
distinta de unas explotaciones a otras puede hacer que unas sean rentables y que otras estén fuera de margen de producción. Hay que determinar todas las condiciones de manejo de animales, de identificación y, en definitiva, ser capaces de asegurar
a los consumidores españoles que la carne de ave producida en España está realizada en las mejores condiciones de seguridad alimentaria. Por tanto, todos los temas que tienen que ver con la trazabilidad desde la producción al consumidor son temas
fundamentales. También hay que abordar en definitiva la trasposición al ordenamiento jurídico español de todas las directivas que están apareciendo en estos últimos meses de la Unión Europea relativas al bienestar animal y todo lo que tiene que ver
con la protección del medioambiente, es decir, evitar que la producción de carne de ave tenga repercusiones negativas sobre el medioambiente.
Creemos, por otra parte, que en el sector han ido apareciendo en estos últimos años una serie de producciones distintas a las tradicionales de carne de pollo y se han incorporado una serie de granjas que producen carne de otras especies como
de avestruz, de pato, de pavo, de ganso, etcétera, que también en este momento carecen de una ordenación adecuada y que, de acuerdo con el criterio del Grupo Socialista, deberían ser objeto también de regulación por parte de esta proposición no de
ley.
También hay que asegurar, también por garantía a los consumidores, los diferentes tipos de producción, la producción en granjas tradicionales, la producción al aire libre, la producción ecológica, etcétera; en definitiva, creo que hay que
asegurar una legislación armónica en todo el Estado español.
Por ese motivo, el Grupo Socialista propone al Gobierno elaborar, en colaboración con el sector y con las comunidades autónomas, un plan de ordenación de la avicultura de carne que propicie y asegure un desarrollo ordenado de este sector,
que establezca las condiciones básicas de producción y de comercialización en todo el territorio nacional y que clarifique y delimite las diferentes actividades dentro de la producción de carne en las diferentes especies.
El señor PRESIDENTE: Ahora corresponde el turno de enmiendas a esta proposición no de ley. Han sido presentadas dos por el Grupo de Convergència i Unió, para su defensa de manera conjunta tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo está básicamente de acuerdo con la propuesta del Grupo Socialista y la apoya firmemente para tirar adelante y hemos presentado dos enmiendas pura y simplemente como una corrección más bien de estilo, en
definitiva dentro del espíritu que entendemos que nos propone el señor Alonso en su exposición. Al ser un sector sensible y realmente frágil a las incidencias, tanto por noticias de prensa que han aparecido sobre la gripe de los pollos o por los
bajos precios de mercado que han generado el desánimo en muchos sectores, es necesario que la interprofesional actúe de alguna forma más potente y regule la producción, la fabricación de piensos, los mataderos y sobre todo la comercialización o las
manufacturas que se hacen sobre la carne, de forma que se haga, en primer lugar, y estamos absolutamente de acuerdo, un seguimiento de la trazabilidad desde el alimento hasta el producto final, y en segundo lugar, así como buenas prácticas de
mercado para garantizar una producción suficiente y no generar estas disfunciones de mercado que han llevado a muchas granjas y muchos fabricantes de piensos integradores a pérdidas notables en su producción. Es por ello que nuestro voto es
favorable a este tema.
En la primera de nuestras enmiendas hablamos de la intersectorial de los productores avícolas de carne y solicitamos que incluya a todos los sectores, porque no acabamos de entender eso de establecer las condiciones básicas en todo el
territorio del Estado para ejercer la actividad; creemos que en este caso es muy necesaria una política común en todo el Estado español para que garantice la misma trazabilidad, la misma calidad, la misma producción en este sector. Es por ello que
proponemos una transacción si le parece bien al grupo,
proponente pero nuestra corrección era puramente de estilo y para reforzar la intersectorial como base.
En segundo lugar, presentamos una enmienda de adición. Estamos en un momento en el que se han dado ya pasos importantes en la posibilidad de exportación de manufacturas o de productos derivados de la avicultura, por ello entendemos que, al
mismo tiempo que se insta a emprender todas estas acciones, se piense abiertamente en los mercados exteriores y de alguna forma se reconsidere esta posibilidad como importante para el futuro del sector. Presentamos estas dos enmiendas en el sentido
de mejorar las posibilidades del sector, que en definitiva es de lo que trata la propuesta del Grupo Socialista, que, como he dicho anteriormente, nuestro grupo apoya ampliamente.
El señor PRESIDENTE: No habiendo más enmiendas, en turno de fijación de posiciones corresponde la palabra, por el Grupo Popular, a la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta hoy aquí la elaboración de un plan de ordenación del sector de la avicultura de carne. Tenemos que decir que, aunque creemos que es una proposición
bienintencionada por parte del Grupo Socialista, no ahonda lo suficiente en las verdaderas necesidades del sector avícola español, hoy por hoy sumido en una grave crisis de rentabilidad.
La profesionalización del sector y la mejora de los diversos factores que marcan la calidad del producto son necesarias, indudablemente, en eso coincidimos con ustedes, pero no servirá de nada si la avicultura continúa lastrada por las
relaciones desiguales y desreguladas de los productores con el oligopolio de las empresas integradoras, de hecho, lo único que se conseguiría sería el beneficio de estas últimas, de las integradoras, que dispondrían de un producto mejor por el mismo
precio y por ninguna inversión. Así pues, el desarrollo real del sector avícola pasa por la elaboración de una normativa que regule los contratos de integración y los haga homogéneos, de manera que se eviten situaciones de abuso de poder y se
garantice al productor unas condiciones mínimas inalterables y un margen de beneficio suficiente. En este sentido, se hace imprescindible conseguir una transparencia total de precios para evitar que se abuse tanto del consumidor como del productor,
los eslabones más débiles en la cadena comercial. Para ello haría falta la actuación contundente del Observatorio de Precios y el establecimiento de unas cotizaciones mínimas en origen, así como un seguro de rentas que garantice la rentabilidad del
ganadero y que, por tanto, cubra todos los supuestos, incluyendo las fluctuaciones de mercado y las presiones excesivas de las integradoras. Ya se ha hecho mención aquí a la trazabilidad. Dada la delicada situación de la mayor parte de las
explotaciones ganaderas, es necesario que todos, no solo los productores, asuman los costes derivados de la implantación de los sistemas de trazabilidad.
En resumen, en el Grupo Popular consideramos que para fortalecer nuestra avicultura tenemos que, en primer lugar, mejorar sus condiciones de mercado, de otro modo se haría inviable cualquier intento de modernización y desarrollo del sector
al faltar el capital y los incentivos necesarios. Estos razonamientos que he dado son los que hoy vamos a utilizar para abstenernos en esta proposición no de ley que, como he dicho anteriormente, es bienintencionada pero que es un brindis al sol,
que no concreta nada y que no sabemos exactamente a lo que nos va a llevar.
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, a los efectos de pronunciarse sobre las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, como estamos de acuerdo básicamente en las propuestas que nos hace el Grupo de CiU, vamos a ver cómo las podemos incorporar al texto inicialmente propuesto por el Grupo Socialista y creo que
estaremos en condiciones, antes de la votación, de ofrecer un texto conjunto fruto del acuerdo entre los dos grupos.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE REORDENACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000636.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre elaboración de un plan nacional de reordenación del sector lácteo. Para su defensa tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En este caso, el Grupo Socialista trae una proposición no de ley en relación a la necesidad de ordenación del sector lácteo y que se justifica básicamente en la problemática que tiene el sector derivada de la
existencia de las denominadas cuotas lácteas, aspecto positivo que nadie cuestiona de garantía del sector pero que en función de la regulación existente en España está generando múltiples problemas y sobre todo está poniendo en condiciones de
inviabilidad a miles de explotaciones que no alcanzan los mínimos para garantizar su rentabilidad.
El régimen de compraventa de cuotas establecido en España en la última etapa de Gobierno del Partido Popular ha traído como consecuencia un sinnúmero de transacciones de cuota que está generando importantes problemas. No hay nada más que
hacer un análisis de la situación actual del sector para ver que se está produciendo una desaparición importantísima de explotaciones, muy específicamente en las zonas tradicionalmente
productoras de leche, en la cornisa cantábrica. En este momento nuestro país cuenta con un número de 37.000 explotaciones de producción de leche que tienen una cuota media de 156.000 kilos. El problema no es la media, el problema son las
enormes diferencias que existen en este momento. A fecha de hoy hay más de 7.000 productores de leche que cuentan con una cuota inferior a 25.000 kilos, es decir que tienen como cuatro vacas, y hay 14.000 productores, es decir el 38 por ciento, que
no llegan a los 50.000 kilos de cuota. Por tanto, tenemos aquí a más de la mitad de los productores de leche que en conjunto solo tienen asignado el 5 por ciento de toda la cuota de nuestro país. En el otro extremo nos encontramos que hay en torno
a unos 500 ganaderos en España que tienen una cuota superior al millón de kilos y tenemos unas 2.000 explotaciones que cuentan con más de 500.000 kilos de cuota, acaparando, por tanto, una tercera parte de la totalidad de la cuota de leche asignada
a España. Hay un grupo, un colectivo importante de productores que son el objetivo básico de esta proposición no de ley, en torno a 9.000 productores, que tienen una cuota cercana a los niveles podíamos decir razonables y que se sitúan entre las
75.000 y las 150.000 toneladas.
La dinámica de mercado de cuotas lácteas que impuso la nueva normativa establecida por el Partido Popular en la pasada legislatura, en la que única y exclusivamente marca el precio de mercado la posición dominante en los mercados, está
generando unas dinámicas entre los operadores comerciales que están desplazando cuota de las zonas tradicionales de producción a otras zonas y que están haciendo desaparecer de forma permanente miles y miles de explotaciones de la zona rural
tradicionalmente dedicada a la producción de leche. La realidad es que las cuotas se están concentrando en las explotaciones grandes, o muy grandes, de titularidad societaria que están comprando cuota, en muchos casos en base a endeudamientos de
estas sociedades, pero que están haciendo que las cuotas vayan de las zonas tradicionales de producción a zonas sin vocación tradicional de producción de leche.
A estos problemas de cuota yo creo que se van a unir otra serie de problemas en este momento para este sector, que son los derivados de la aplicación de la reforma de la PAC, las nuevas exigencias derivadas de los paquetes de higiene,
sanidad y ecocondicionalidad, la ausencia en muchos casos de poder asegurar futuro, y por tanto relevo generacional, y en concreto el imitante en este momento para la ordenación del sector es el altísimo precio de la cuota de leche. A fecha de hoy,
con los contactos que ha podido tener el Grupo Socialista, el precio en este momento está alcanzando una cifra récord de 110 pesetas por kilo a consecuencia de esta mayor demanda motivada por los últimos controles y sobre todo por la aplicación de
este real decreto, el real decreto del Partido Popular de 2003, que ha establecido un régimen ultraliberal en los intercambios de cuota que, vuelvo a repetir, está siendo tremendamente lesivo para las pequeñas y medianas explotaciones.
Por tanto, el Grupo Socialista cree que es necesario establecer en España un nuevo modelo de reestructuración como alternativa al anterior y que dé garantía de futuro al importante sector lácteo de nuestro país, y precisamente por eso hemos
presentado esta proposición no de ley, que pretende básicamente los siguientes objetivos. En primer lugar, poner cuota a precios asequibles a disposición de los productores que la puedan necesitar, dirigiendo básicamente estas actuaciones de las
administraciones a aquellos productores de pequeña dimensión que en estos momentos son los más débiles de la cadena. El plan debe asegurar como objetivo mantener localizada la producción de leche en las zonas con vocación productiva natural y
evitar este desplazamiento que de forma preocupante se ha ido produciendo en estos últimos años. El Grupo Socialista pretende que se apueste por un modelo claro de explotación lechera, en definitiva, una explotación lechera que dé prioridad a la
explotación familiar que garantice la seguridad y unas condiciones de producción higiénico-sanitarias y de calidad de la leche aceptables en todo el territorio nacional.
Estas medidas, con otras de carácter complementario, conformarían este plan de ordenación del sector lácteo que el Grupo Socialista propone para que el Gobierno pueda asumir en el plazo más breve posible.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió. El señor Grau tiene la palabra para su defensa.
El señor GRAU I BULDÚ: Como en la vez anterior, nuestro grupo se manifiesta a favor de esta proposición y presenta una enmienda de adición con las reservas autonómicas al respecto. Entendemos que hay que crear una política en todo el
Estado de cuotas, pero hay que tener en cuenta las transferencias en materia agrícola a las comunidades autónomas, y es por ello que pedimos en nuestra enmienda de adición que las medidas que se apliquen a las asociaciones del sector nazcan desde la
propia comunidad autónoma, que la reserva de cuotas se equilibre dentro de la propia comunidad autónoma y que la interlocución se realice entre la comunidad autónoma, los sindicatos y las cooperativas, para que, respetando el espíritu de la
proposición del Grupo Socialista, se pueda crear una política lechera propia dentro de cada comunidad autónoma.
Entendemos que esto no cambia en absoluto el espíritu de la propuesta del Grupo Socialista, que en todo caso mejora en el ámbito
autonómico y competencial esta capacidad de gestión de determinados gobiernos autonómicos, y es por ello que esperamos que se acepte esta enmienda de adición como mejora de la propuesta que el Grupo Socialista hace en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posición y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: La globalización económica y la progresiva liberalización, apertura del comercio, auspiciada desde la Organización Mundial del Comercio, y la incorporación de diez nuevos socios en la Unión Europea producen una
disminución en el proteccionismo agrario y ganadero que requerirá nuevas políticas que promuevan una mayor competitividad de las explotaciones en los mercados, políticas que posibiliten un desarrollo rural multifuncional que actúe como freno a la
despoblación rural.
El sector de la ganadería, y muy especialmente el sector lácteo, es actualmente el que necesita una reordenación más intensa que posibilite el que sean explotaciones viables y con un precio de cuota asequible para poder precisamente
garantizar esa viabilidad en el sector lácteo y evitar la progresiva desaparición de una gran parte de las explotaciones, todo lo contrario, señor Alonso, de lo que está haciendo en la actualidad el ministerio, que es llevar a cabo un plan de
abandono de explotaciones lácteas, y lo que necesita el sector son unas políticas claras y estables, donde exista un sistema transparente de precios de leche para garantizar la estabilidad de los productores y no el fomentar las políticas de
abandono, como así viene haciendo el ministerio y como así anuncio en mi provincia este domingo la ministra de Agricultura.
Hoy el Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley sobre lo que tiene previsto aprobar el ministerio por real decreto, pues así ya lo anunció la ministra, luego el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley solamente
como relleno en esta Comisión, entiendo yo, señor Alonso; una proposición no de ley en la que no se concreta ninguna medida cuantificable, ni desde el punto de vista de los productores ni desde el punto de vista económico, de lo que supondría este
hipotético plan. Hoy llevamos toda la mañana hablando de plan, cuando no se sabe qué nombre se le puede poner a una cosa se le llama plan, entonces llevamos unos cuantos planes y en todo este plan se utiliza el término genérico potenciar, es decir,
no se mencionan ni regiones. ¿Qué se entiende por viabilidad cuando aquí usted menciona viabilidad? No se habla de ayudas para la incorporación de jóvenes a las explotaciones lácteas, cuando sí se aprobó en esta Comisión una proposición no de ley
sobre el sector lácteo con el apoyo de todos los grupos y votada única y exclusivamente en contra por el Grupo Socialista hace dos meses; ustedes se han quedado solos en aquella votación y no votaron a favor de un plan para el sector lácteo que
salió aprobado, pues pídale al Gobierno, a su Gobierno, al Gobierno socialista, que cumpla lo que se aprobó en esa Comisión hace dos meses, que pedía ayuda para los jóvenes, que pedía la condonación de las multas, que pedía el incremento de cuota,
como se vino haciendo a lo largo de estos años. Usted ha hecho mención al Gobierno del Partido Popular, por supuesto, si de algo estamos orgullosos es de haber incrementado la cuota durante estos años, la cuota que ustedes, su Gobierno anterior, el
Gobierno socialista, había contratado y había firmado con la Unión Europea, y el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular tuvo que incrementar la cuota a lo largo de estos años, y usted hoy me viene aquí a mencionar esto.
Entonces yo lo que le pido es que, dejen de hacernos otro cántico más en la Comisión, porque ustedes parece que vienen a decir que el Gobierno no está haciendo nada, porque yo, de verdad, después de que el Grupo Socialista hoy presenta aquí
no sé cuántos planes, el día que vea a la ministra orensana en Orense le voy a decir: Señora ministra, usted no hace nada porque tiene que estar su grupo parlamentario instándole desde el Congreso de los Diputados a que haga cosas. El plan de
ordenación del sector lácteo no es éste, es el que se aprobó con el consenso de los grupos parlamentarios en esta Comisión, lo que usted nos trae hoy aquí no dice nada, por eso vamos a votar en contra, porque creemos que el otro es mejor que ésta.
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, si está en condiciones de pronunciarse sobre la enmienda de Convergència i Unió, hágalo.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Vamos a intentar hacer una transacción también con la enmienda de CiU.
El señor PRESIDENTE: Antes de la votación les ruego faciliten a la Mesa la transaccional a que se llegue en su caso.
- SOBRE PETICIÓN A MARRUECOS DE QUE RETIRE LAS REDES DE ENMALLE A LA DERIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000675.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, en este caso proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre petición a Marruecos de que retire las redes de enmalle a la deriva. Para su defensa, en nombre del
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: El último año nos vienen manifestando reiteradamente responsables tanto del Ministerio de Agricultura como de la Junta de Andalucía la posible obtención de un acuerdo de pesca con Marruecos y su inminencia, una
inminencia que es mensual pero que no nos llega. La pesca de especies como el pez espada o el atún se puede realizar con diferentes artes, la flota española lo hace con un sistema de pesca compatible con el sostenimiento del recurso,
como es el palangre, el cerco, etcétera, que no perjudica la subsistencia de otras especies. Nuestros pescadores andaluces y gallegos se encuentran en inferioridad de condiciones con respecto a los pescadores marroquíes, al tener que
compartir áreas próximas de pesca en las que unos tienen que utilizar sistemas tradicionales, el anzuelo como he dicho, y otros pueden seguir pescando con métodos no respetuosos con el medio marino como son estas volantas.
España, durante su Presidencia de la Unión Europea, prohibió las capturas con este tipo de arte en toda la Unión Europea, imponiendo además esta prohibición, cosa que le significó un desgaste, puesto que tanto Francia como Marruecos y otros
países eran muy reticentes a esta prohibición, pero es muy importante porque el uso de estas redes de enmalle a la deriva ocasiona enormes daños ecológicos, tanto en las especies comerciales, como el pez espada o el atún, como en aquellas otras que
están protegidas, como las tortugas, los delfines, los tiburones, etcétera. Para evitar la muerte de todas estas especies protegidas, así como la amenaza que suponen estas redes para las especies que pescan nuestros pescadores, es por lo que
nosotros habíamos presentado una propuesta, que ha sido transaccionada con el Grupo Socialista y que de común acuerdo dice así:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los acuerdos de colaboración que tiene establecidos el Gobierno de la nación con Marruecos se incluya la petición expresa a Marruecos de que retire las redes de enmalle a la deriva de
forma progresiva en el plazo más breve posible, y que se haga la petición pertinente a la Comisión Europea para que se incluya la retirada de las redes de enmalle y sucedáneos de cualquier dimensión en todos los caladeros y se incluya la retirada de
estas redes dentro de los puntos a tratar con Marruecos para alcanzar acuerdos con el citado país.
Pues bien, llegados a este acuerdo, creo que muy provechoso para nuestros caladeros y para nuestros pescadores y sobre todo para el medio marino en general, agradecemos la comprensión del Grupo Socialista y esperamos la aprobación de los
demás grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Aunque ya me indica que se ha llegado a una transaccional, que será la que se vote, para la defensa de la enmienda, o la transaccional, en su caso, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cedrés.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: El día 4 de junio de 2004 el secretario de Pesca de Marruecos, por indicación del secretario general de Pesca Marítima, realizó una visita a España y en el curso de la entrevista se plasmaron las líneas de
cooperación de principal interés para ambos países, por ejemplo, expresaron su interés por continuar avanzando en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En el ámbito de la cooperación bilateral se acordó también trabajar en
los distintos ámbitos, tales como la formación marítima mediante especialización en formadores a través de estancias y seminarios en ambos países para trabajar en los ámbitos de control de calidad, tecnología de la pesca, en la promoción y búsqueda
de nuevos mercados, en el desarrollo de la acuicultura y contribuir al mejor conocimiento de los ámbitos que afectan a la construcción naval y mejora de las condiciones de la seguridad marítima.
Así, en el ámbito multilateral las dos partes reiteraron el compromiso por el pleno respeto a las recomendaciones emanadas de las organizaciones regionales de pesca y avanzar en la lucha contra la pesca ilegal. En este aspecto, Marruecos
presentó un esquema de seguimiento de la pesca del pez espada, así como un programa de erradicación de las redes a la deriva en un plazo no superior a cuatro años. En este punto se alcanzó el compromiso de analizar su propuesta con la Comisión
Europea.
Con respecto al sistema de la pesquería del pez espada por parte de Marruecos, se ha realizado un programa que contempla la entrega a los capitanes de la flota palangrera del Mediterráneo y del Atlántico de una ficha de capturas que incluya
la zona y el arte de pesca utilizado, así como el peso y el número de piezas capturadas. No se entregará el documento estadístico de pez espada sin haber cumplimentado la ficha correspondiente y este sistema entrará en vigor el próximo mes de abril
de 2005.
En este contexto y en un segundo encuentro, esta vez en Marruecos, los días 22 y 23 de septiembre de 2004, se firmó un proceso verbal que en su apartado número 6 dice lo siguiente: 'Control de la pesca de pez espada.
La parte marroquí ha
presentado a su homólogo español un sistema de control de la pesca de pez espada, así como un programa de reconversión de las redes de enmalle a la deriva. La parte española aprecia este plan de acción e invita a la parte marroquí a cooperar
ventajosamente sobre el plan con la Unión Europea'.
España prohibió el empleo de artes a la deriva en el Atlántico mediante orden ministerial de 22 de octubre de 1990, a la vez que regulaba su empleo como artes menores en el Mediterráneo hasta su prohibición por el Reglamento Comunitario
1239/98, con efectos de 1 de enero de 2002. En el plano, por ejemplo, del Derecho internacional se recomendaba su erradicación mediante dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Unión Europea, que se limitaron
inicialmente a 2,5 kilómetros en 1992 para más tarde, el 1 de enero de 2002, prohibir su utilización.
La comisión internacional para la conversión del atún atlántico, en su reunión anual de noviembre de 2003, recomienda que, con el fin de proteger a los peces espada pequeños, las partes contratantes, partes, entidades o entidades pesqueras
no contratantes colaboradoras,
adopten las medidas necesarias para reducir la mortalidad de los peces espada juveniles en todo el Mediterráneo, adopten las medidas técnicas necesarias a sus pesquerías de palangre para garantizar el cumplimiento del objetivo y prohíban el
uso de redes de enmalle a la deriva en las pesquerías de palangre para garantizar el cumplimiento del objetivo, y prohíban el uso de redes de enmalle a la deriva a las pesquerías de grandes pelágicos del Mediterráneo.
En la citada reunión, Marruecos se comprometió en sesión plenaria a ir eliminando progresivamente estas redes primero en un plazo de 10 años.
Dada la intervención española en los encuentros bilaterales mencionados, Marruecos se ha dado un
plazo más corto, que era el que citábamos antes, para su eliminación progresiva, cambio de actitud también producida por la presión internacional que existe sobre el tema, en especial en los distintos foros pesqueros.
Como corolario de todo lo anterior, merece comentarse que si ayudamos a nuestros vecinos a eliminar estas artes de pesca saldremos todos beneficiados, ya que compartimos caladeros y mercados. No obstante, España sigue impulsando ante la
Unión Europea, parte contratante de las organizaciones regionales de pesca, que inste la prohibición definitiva de estas artes y sucedáneos de cualquier dimensión en todos los caladeros bajo la regulación de estos organismos multilaterales. En este
sentido la acción del Gobierno socialista viene avalada ya desde el propio programa electoral, que en uno de sus puntos expresaba defender en las cumbres de los organismos regionales de pesca el estricto cumplimiento de la legalidad por parte de
todos los contratantes. También quiero recordar, después de todo lo expuesto, que el día 28 de octubre de 2003, en el Pleno del Senado, se debatió una moción sobre redes de enmalle a la deriva y arrastre pelágico que fue aprobada por asentimiento
con un texto transaccional apoyado por todos los grupos de la Cámara, y como he anunciado anteriormente, y teniendo en cuenta el acuerdo unánime del Senado así como la voluntad del Gobierno de gestionar las políticas agrarias y pesqueras desde el
consenso y el diálogo, pues se ha elaborado una transaccional entre los dos grupos que, como ya leyó el diputado del Grupo Popular, es la que hemos acordado y la que esperamos que se vote.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Nos felicitamos por este acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, yo siempre he dicho que es bueno que los grupos mayoritarios en temas no estrictamente políticos lleguen a acuerdos cuando favorecen a sectores,
y por tanto esta propuesta del Partido Popular y esta transacción aceptada a propuesta del Partido Socialista yo creo que ya intuye la aprobación de esta iniciativa parlamentaria.
Nosotros, lógicamente, nos sumaremos a este acuerdo por muchas razones, sobre todo porque las redes de enmalle a la deriva son métodos no respetuosos con el medio ambiente, son métodos que atentan gravemente contra especies protegidas y que
caen en estas redes, con lo cual provocan su muerte y su reducción de una forma patente. Estas redes, como se ha dicho anteriormente, afectan a especies tan importantes como delfines, tiburones, tortugas, pez espada, etcétera, y no debería existir
esta iniciativa parlamentaria porque tendría que haberse erradicado ya este sistema de pesca, que curiosamente utiliza un país que no está en la Unión Europea y, por tanto, debe aplicar su propia legislación, pero lo que está claro es que esta
iniciativa, y se ha dicho antes, también insta a que la Comisión Europea de alguna forma aplique la resolución de Naciones Unidas que prohíbe estos métodos de pesca.
Yo creo que habría que ir más allá y habría que exigir al Gobierno español que pida aplicación de sanciones a los países que no cumplan con estas normativas existentes, y aquí sí que habría que pedir contundencia al Gobierno español ante las
autoridades europeas, porque es verdad que con Marruecos la Unión Europea tiene mucha relación, de mucho apoyo en muchos aspectos, y creo que uno de los aspectos que se debería negociar es el estricto cumplimiento por parte del Reino de Marruecos de
esta situación irregular que tanto perjudica al sector pesquero pero sobre todo al medio ambiente. Por tanto, reitero el voto afirmativo por parte de Convergència i Unió.
- RELATIVA A LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS A LA FLOTA ARTESANAL PARA SU RENOVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000676.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley también del Grupo Parlamentario Popular relativa a la concesión de garantías a la flota artesanal para su renovación. Para su defensa tiene la
palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Esta proposición viene a plantear que los fondos de los que se pudo disponer para este tipo de acciones de renovación de flota, tanto los del IFOP para el período que ahora finaliza como los del anterior período de
programación, los que estuvieron vigentes entre los años 1994 y 1999, está claro y se ha demostrado que han sido insuficientes para que la flota artesanal pudiera proceder a una renovación prácticamente en su totalidad.
La limitación en la aplicación de los actuales fondos, de los que han finalizado el 1 de enero de este año en cuanto al concepto de renovación de flota, hace predecir
que a partir de esta fecha sean escasas las promociones o las acciones encaminadas a renovar la flota. Para paliar esta situación es necesario, entendemos en nuestro grupo, dar facilidades a los armadores para que tengan a su disposición
medidas que posibiliten la obtención de créditos en condiciones lógicamente ventajosas o en condiciones especiales para ellos.
Al igual que se ha impulsado la renovación de los buques para las denominadas sociedades mixtas mediante un convenio del cual ya hemos hablado también en esta Comisión y también sobre el cual el Grupo Popular planteó en su día una
proposición no de ley, que era la relativa al acuerdo con Pymar, entendemos que la Administración General del Estado debe aportar una o varias sociedades financieras que nos permitan conceder estas garantías a las que me he referido para que los
armadores puedan renovar su flota en condiciones accesibles.
Yo tengo que manifestar también que nuestra proposición está en la línea y coincide con las declaraciones que hemos escuchado tanto a la ministra como al secretario general de Pesca en sus distintas comparecencias en esta Comisión. En este
sentido quiero recordar las palabras de la ministra del día 20 de mayo del 2004 ante esta Comisión, cuando haciendo mención a la renovación de la flota artesanal nos decía textualmente: Estas medidas que estamos negociando con la Comisión (se
estaba refiriendo a la Comisión Europea) intentaremos que vayan acompañadas de fondos específicos que en estos momentos ya se han planteado a la Comisión y sobre los cuales estamos trabajando. Y añadía: La finalización de las ayudas del IFOP en el
año 2006 nos obligan a buscar y articular medidas complementarias a estos incentivos tales como el establecimiento de sistemas de garantías, la utilización de elementos de ingeniería financiera, la utilización de sociedades de garantía recíproca,
etcétera, por no hacer más extensas sus citas. En ese mismo sentido el secretario general, como acabo de decir, en su comparecencia nos afirmaba lo mismo y en una entrevista publicada en la revista Europa Azul el pasado verano decía: En
particular, estamos trabajando en el apoyo a la renovación de la flota a través de la creación de un fondo patrimonial de garantías e igualmente queremos diseñar un conjunto de acciones basado en mecanismos de ingeniería financiera.
Bien, como verán, señorías, las intenciones del Gobierno y de la proposición no de ley son coincidentes, hay voluntad en abordar este tema, es cierto que hasta ahora no hemos visto plasmada esta voluntad en medidas concretas, como dije hace
un momento. En su día propusimos una proposición no de ley para que a través de un convenio con Pymar se facilitase la renovación de la flota de altura, aquello ya quedó resuelto y ahora traemos esta proposición no de ley con este ánimo de
facilitar las mismas medidas pero para la flota artesanal.
Para mayor abundamiento, mi compañero de grupo y portavoz adjunto en esta Comisión, don Aurelio Sánchez Ramos, en su día formuló una pregunta al Gobierno en relación con este tema para tratar de precisar y aclarar en qué consistían estas
medidas de ingeniería financiera y en qué consistían estos trabajos en los cuales se nos decía que el Gobierno ya estaba realizando un esfuerzo, y se preguntaba concretamente qué otras medidas, aparte de los convenios con Cersa y Pymar, que eran a
los que se había referido el secretario general en su comparecencia, está desarrollando el Gobierno que permitan acogerse a los armadores para la renovación de sus barcos. Y añadía otra pregunta: ¿qué elementos de ingeniería financiera piensa
desarrollar el Gobierno con este mismo fin?
La respuesta obtenida del Gobierno nos decía que el Gobierno tiene el objetivo de ultimar un convenio de colaboración para favorecer la renovación de la flota artesanal y de bajura, y en este sentido se centra el apoyo para favorecer las
condiciones para la concesión de avales, así como de asistencia y desarrollo de programas de auditoría, etcétera. Es decir, queda confirmado tanto a través de las respuestas del Gobierno como de las declaraciones en sus comparecencias, que existía
esa voluntad, y por eso entendemos que nuestra proposición será aceptada, dado que va en la línea de la voluntad del Gobierno pero que hasta la fecha no ha quedado plasmada en ningún documento, en ningún acuerdo de Consejo de Ministros, en ningún
acuerdo ni publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por todo ello nuestra proposición no de ley contiene exactamente tres puntos que leo brevemente. Se insta al Gobierno a que: Primero, la Administración General Estado promueva la realización de uno o varios convenios con entidades
financieras que concedan garantías a la flota artesanal para su renovación, de manera que por la Administración General del Estado se hagan las correspondientes aportaciones al fondo de estas entidades que permita la concesión de garantías,
utilizando como contragarantías exclusivamente la hipoteca del barco. En segundo lugar, que el alcance de la garantía concedida para la construcción de la embarcación sea hasta por el 90 por ciento del coste de la misma. Y finalmente, que el
material de la construcción de la embarcación y el astillero constructor no sean impedimentos para la concesión y obtención de la garantía.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no han sido presentadas enmiendas, por tanto corresponde el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió, tiene la palabra el señor
Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Anunciamos nuestro apoyo a esta iniciativa, nos parece una iniciativa favorable al sector y, por tanto, la vamos a votar, y sobre todo nos parece acertada porque, como muy bien se ha dicho antes, finaliza el plan
Info en 2006 que deja un hueco en el sector y que de alguna forma se tiene que rellenar, por tanto es importante orquestar ya iniciativas que insten al Gobierno a preparar aquellas ayudas
económicas que puedan ayudar al sector a la renovación de la flota artesanal.
Además nos da mayor voluntad política de apoyo a esta iniciativa el hecho de que va dirigida a la flota artesanal cuyos propietarios, como todos sabemos, tienen una capacidad económica mucho menor que otros sectores empresariales o
económicos del país, por tanto, hay que orquestar también ayudas a aquellos sectores que tienen menos capacidad.
Es verdad, como el mismo portavoz del Grupo Popular ha dicho, que desde el año 1994 se habían iniciado ayudas, y por tanto, es una iniciativa que el mismo Gobierno popular estos últimos años podría haber llevado a cabo; más vale tarde que
nunca, ahora están en la oposición y lo presentan, así que vamos a intentar aprobarlo entre todos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señor García Díez, por su exposición.
Coincidimos en que los fondos no van a ser suficientes para la renovación total de la flota artesanal, no sabemos tampoco si la flota artesanal quiere renovarse totalmente,
pero en todo caso, de quererlo, los fondos no van a ser suficientes porque los fondos terminaron el 31 de diciembre del año 2004 por un acuerdo de la Unión Europea que ustedes suscribieron en su momento, todo el mundo sabía que a partir del año 2004
ya no habría más fondos de la Unión Europea para renovación de flota.
Coincidimos también en que a partir de enero va a ser más difícil la renovación de la flota si no hay fondos adicionales y que la no renovación puede llevar a que embarcaciones ya muy envejecidas terminen por tener que ser retiradas por no
haber fondos para la renovación.
Coincidimos con usted también en que para que esto no sea así es necesario arbitrar algún tipo de ayudas que permitan continuar esa renovación.
El problema está, señor García Díez, en que la propuesta que ustedes hacen, hoy por hoy, no puede materializarse, digo que hoy por hoy no puede materializarse, porque la Administración General del Estado no puede aportar fondos a una o
varias asociaciones financieras que permitan conceder a éstas garantías en condiciones accesibles a los armadores de la flota artesanal. Este es el problema, y por eso usted decía que el Gobierno anunció pero no concreta. Nuestro Gobierno no
concreta porque aún no puede concretar, el Gobierno está negociando con la Unión Europea que se modifique algún reglamento comunitario que permita que puedan realizarse estos convenios, pero con la reglamentación actual estos convenios no pueden
realizarse.
Por ello, nosotros, coincidiendo en lo fundamental con su preocupación y creyendo que ésta puede ser una vía, hoy por hoy, no podemos aprobar que esta Cámara se comprometa con una vía que no tiene salida y que signifique simplemente un
engaño, que van a tener una financiación por esta vía cuando esta vía, hoy por hoy, es una vía muerta, una vía cerrada, e inclusive pensamos que abrir esta vía con una mayoría de apoyo en la Cámara puede condicionar o dificultar la negociación que
se está haciendo en Europa para abrir posibilidades de que se pueda financiar, de que se abra una vía de financiación para la renovación de la flota artesanal.
En todo caso, que le quede claro, señor García Díez, que el Gobierno comparte la preocupación por la renovación de la flota artesanal y que por esta vía u otra es voluntad del Gobierno que ningún barco de la flota artesanal que quiera
renovarse tenga impedimentos para hacerlo. Se están buscando los mecanismos pero la voluntad es que ningún barco cuyo armador tenga voluntad de renovar quede sin hacerlo.
Respecto a sus propuestas, el primer punto es el punto de discrepancia, porque la reglamentación comunitaria actual nos lo impide, en los otros puntos no tenemos ningún tipo de discrepancia, únicamente hay un problema, que es el tema de que
ustedes hacen una definición muy particular del concepto de pesca artesanal y este concepto está definido a nivel de toda la Unión Europea en un reglamento, en el Reglamento 2792/99, y ustedes pretenden hacer una definición nueva. Eso nuevamente me
parece loable, lo que ocurre es que no es un tema que se pueda abordar desde esta Cámara, es un tema que habría que discutir en otro momento y que habría que discutir si la propuesta es la de ustedes o hay otra. En todo caso habría que consensuarlo
y discutirlo abiertamente con el sector.
La Unión Europea fija, por cierto, 12 metros y ustedes fijan 24 metros, yo no sé si incluso el sector artesanal de hoy estaría de acuerdo en que se consideren también artesanales los barcos que tiene 24 metros de eslora, habría que verlo,
incluso por pesquerías, en una pesquerías serían demasiado grandes para considerarlas como pesca artesanal y en otros pues igual los problemas eran menores. Yo creo que tenemos que tener en cuenta también aquí que estamos en un Estado plural, donde
no se puede generalizar incluso a nivel territorial, no se pueden generalizar medidas porque los mares y las pesquerías son diferentes en diferentes aguas de este Estado.
- RELATIVA A LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL MAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000677.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las mejoras en las condiciones laborales de jubilación de los trabajadores del mar. Para su defensa el
señor García Díez tiene la palabra.
El señor GARCÍA DÍEZ: En este caso, estamos tratando un tema que afecta muy sensiblemente a las reivindicaciones de los trabajadores del mar, que las han venido haciendo no recientemente sino durante los últimos años, para mejorar no
solamente sus condiciones laborales sino fundamentalmente sus condiciones de jubilación, y ha sido, como decía, una constante durante estos últimos años.
En el período del Gobierno anterior, del Gobierno del Partido Popular, se creó un grupo de trabajo dentro del Consejo General del Instituto Social de la Marina que valoraba o se dedicaba a valorar el alcance de estas mejoras. Al mismo
tiempo en mi comunidad autónoma, en Galicia, el Consello Galego de Pesca estudió el alcance que debería tener esta reforma, emprendida, como digo, por el Gobierno del Partido Popular, y lo finalizó recientemente, hace unos meses, haciendo una
propuesta que elevó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Instituto Social de la Marina. Más recientemente ha sido ya el Gobierno de la nación actual el que ha aprobado un real decreto por el que se aplican una serie de coeficientes
reductores para reducir la edad necesaria para tener acceso a la pensión de jubilación en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar que al Grupo Popular y al sector nos parece a todas luces insuficiente, porque no
alcanzó ni cubrió las expectativas que estos trabajadores a los que me he referido habían planteado ni las propuestas que habían llegado al Gobierno desde el Consello Galego de Pesca, y para mejorar las condiciones por causar pensión de jubilación
hay que reducir los coeficientes reductores de la edad mínima exigida más allá de lo que establece el real decreto, hay que establecer un tratamiento diferenciado para el colectivo de los buzos profesionales y hay que realizar un completo estudio de
las enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores del mar.
Desde junio del pasado año también se dirigieron al Gobierno las máximas autoridades del Gobierno gallego, tanto su presidente como su conselleiro de Pesca y Asuntos Marítimos, al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General del Instituto
Social de la Marina, y en aquellos escritos trasladaban los acuerdos de la Comisión Sectorial de Política Social y de Seguridad de la que forman parte representantes de organizaciones sindicales, empresarios, cofradías de pescadores y Administración
autonómica. Me estoy refiriendo al 28 de mayo del 2004, cuando se reunió esta comisión. Entre aquellos acuerdos, como ya he dicho, se recogían los relacionados con la aplicación de coeficientes reductores de la edad mínima exigida para obtener
pensión de jubilación, así como las peticiones a las que me he referido hace un momento, pero concretamente insistiré en una: se pedía expresamente que se reiniciaran las actividades del grupo de trabajo creado en el Consejo General del Instituto
Social de la Marina con la incorporación de un representante de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos.
Pues bien, señorías, el Real Decreto 2390 del año 2004, de 30 de diciembre, donde se recogen los acuerdos para reducir la edad mínima para causar pensión de jubilación en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del
mar, que se aprobó en el Consejo de Ministros de esa misma fecha, a juicio del sector y de nuestro grupo parlamentario no ha respondido a las expectativas que se habían generado ni a las peticiones del sector. Así, podemos comprobar cómo los
profesionales del marisqueo sufren discriminación respecto a los marineros y propietarios de embarcaciones de bajura, al diferenciarse sus coeficientes reductores, por lo que tienen que esperar más años para jubilarse, 61 años en lugar de los 59
para el otro colectivo. Tampoco se recoge la propuesta que hacía el sector de aplicar el coeficiente del 0,35 para los marineros de embarcaciones de más de 150 toneladas, se les aplica el 0,30. Para que SS.SS. se hagan una idea de que estas
cifras representan algo más que cifras, les quiero explicar que el 0,30 quiere decir anticipar tres años por cada diez cotizados la edad de jubilación, por lo tanto verán que no es lo mismo 0,30 que 0,40 o que 0,35; esas pequeñas décimas afectan a
años en el anticipo en la edad de jubilación.
Tampoco pasa a 0,30 para los barcos entre 50 y 150 toneladas, y finalmente, tampoco se establece un trato diferenciado, como se pedía, para los buzos profesionales, para los que se pedía un coeficiente
del 0,25.
El Gobierno actual, el Gobierno socialista, culminó con este acuerdo un largo proceso, un largo proceso negociador que llevó años en el que el Partido Popular trabajó duro, negoció muy firmemente buscando siempre el máximo consenso con el
sector, pero tenemos que decir que al final con este acuerdo del Consejo de Ministros se estropeó todo ese trabajo porque pensamos que ha habido falta de sensibilidad, que ha habido cierta cicatería, si se quiere utilizar esta expresión, en un
acuerdo largamente esperado, y que si no se aprobó antes fue en parte debido al cambio de postura a última hora, en el último minuto -y esto fue más de una vez noticia en todos los medios-, del sindicato UGT, que no apoyó en el momento decisivo del
cierre de las negociaciones la propuesta del sector cuando hasta ese mismo y último minuto lo venía apoyando.
Con el acuerdo alcanzado y aprobado en el Consejo de Ministros, un percebeiro -y todas SS.SS. saben lo que es un percebeiro porque supongo que gustarán de las delicias de ese marisco- tiene que andar saltando por las rocas a los 61 años de
edad, no sé si ustedes lo pueden imaginar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díez.
A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda, por tanto, en turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Ocho años buscando un acuerdo son muchos años, señor García Díez; son muchos años, sobre todo porque son años de espera para una parte de la sociedad, económica y socialmente desfavorecida, que está esperando que el
Gobierno apruebe algún tipo de mejora, que tienen que esperar ocho años porque es el tiempo que ustedes tardan en buscar un consenso que a última hora se les rompe y pasan más años. Nosotros creemos que después de esa espera de ocho años, durante
los cuales el sector no tiene ningún tipo de mejora en los coeficientes de mejora, es decir en sus condiciones sociales, no es demasiado riguroso que el Grupo Parlamentario Popular venga a esta Cámara a reclamar una elevación sobre los incrementos
que hace el Gobierno, cuando ellos pudieron haberlos hecho con anterioridad.
En todo caso, quiero recordar que en el Estado español desde que tenemos democracia, o desde que se instauró la democracia, en los últimos 25 años, hubo tres incrementos de coeficientes reductores, dos con gobiernos de Felipe González y uno
con el Gobierno del señor Zapatero. En los ocho años de Gobierno del Partido Popular no hubo el menor incremento y ahora, una vez que el Gobierno socialista pacta con el sector (fue un acuerdo unánime con el sector la elevación de los coeficientes
reductores hasta donde es posible en estos momentos), ustedes vienen diciendo que tiene que ser mayor el incremento. Claro, también nosotros quisiéramos que fuera mayor, pero en cada momento el incremento es el que puede ser.
También nosotros
quisiéramos que fuera mayor el salario mínimo interprofesional, también quisiéramos que subieran todas las pensiones un 50 por ciento, pero, señores, jugamos con unos presupuestos que nos condicionan; el estado de ingresos de este país condiciona
el estado de gastos y los compromisos de estabilidad presupuestaria que tenemos condicionan nuestra política. Ustedes me dirán: Si juego aquí alterando los coeficientes reductores, ¿cómo se financia esta medida?
Quiero decirles que nosotros no caemos en la contradicción en la que caen ustedes, porque ustedes nos dicen en el punto 1 de su propuesta que la comisión que ustedes crearon debe continuar para establecer los coeficientes reductores y en el
punto 2 ya fijan coeficientes reductores sin tener en cuenta lo que puede decir esa comisión. Nosotros hacemos lo contrario, hacemos una subida de coeficientes reductores pactada y creamos una nueva comisión que estudie de cara al futuro, dentro de
las posibilidades presupuestarias de cada momento, cómo deben revisarse esos coeficientes reductores. Por eso nosotros no decimos que no al contenido de su propuesta sino que decimos que este no es el momento. Hace muy pocos meses hubo una
revisión pactada unánimemente con el sector y ahora corresponde continuar el estudio de la aplicación de esa medida y ver, en el momento en el que las circunstancias económicas sean propicias (nos movemos por ahí), cuándo se pueden revisar otra vez
estos coeficientes reductores. Yo le digo que el Gobierno, conocedor del tema, tiene interés, para que no pasen otros ocho años, en consensuar un nuevo incremento, una nueva revisión; el interés del Gobierno es que en el menor tiempo posible,
cuando las circunstancias económicas lo permitan, se puedan atender los problemas de este sector plasmados, por ejemplo, en las jubilaciones en condiciones dignas, acuerdo que hoy estamos a punto de alcanzar y que pensamos que aún se puede mejorar.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS LEGALES PARA QUE LAS AGUAS SOMETIDAS A LA PARADA BIOLÓGICA SÓLO PUEDAN SER EXPLOTADAS POR EMBARCACIONES QUE SE HAN SUMADO A DICHA PARADA EN LOS SESENTA DÍAS POSTERIORES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). (Número de expediente 161/000165.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que se corresponde con el que aparecía como número uno de la convocatoria y que, como saben, fue aplazado para debatirlo al final de la sesión. Es una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, relativa a la adopción de medidas legales para que las aguas sometidas a la parada biológica sólo puedan ser explotadas por embarcaciones que se han sumado a dicha parada en los 60 días
posteriores al inicio de la actividad.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Ramón Torres.
El señor RAMÓN TORRES: Presentamos hoy una proposición no de ley encaminada, como dice el título, a intentar salvaguardar a los pescadores, sobre todo de Tarragona, que están llevando a cabo paradas biológicas para recuperar los caladeros e
intentar buscar los máximos beneficios para esos caladeros. La verdad es que ya desde los años setenta las barcas de arrastre de las playas de Tarragona están llevando a cabo paradas biológicas por iniciativa propia, muchas veces sin ninguna
indemnización o con indemnizaciones bastante bajas. Estos pescadores llevan a cabo la parada biológica voluntaria que está definida entre el 1 de mayo y el 30 de junio. La finalidad de estas acciones es preservar los caladeros disminuyendo el
esfuerzo pesquero y favoreciendo la cría y el crecimiento de las especies; sin embargo, el problema con el que se encuentran estos pescadores es que una vez finalizada esta veda a los caladeros beneficiados acuden embarcaciones de otros puertos,
embarcaciones que sí han mantenido su actividad pesquera durante estos dos meses y que han conseguido (gracias a estas vedas) subir el precio de su producto. Aparte de esto, se da una alta presión sobre
los recursos y desmotiva a la flota local para continuar con estas medidas de reposición natural. El hecho de que todos los pescadores puedan trabajar en aguas que se han beneficiado de la veda biológica comporta un grave perjuicio
económico y social para las cofradías, embarcaciones y pescadores que por propia voluntad han participado en dicha veda. Es necesario clarificar esta situación para evitar conflictos. En este sentido, proponemos que se obligue a que las
embarcaciones de otros puertos que no han llevado a cabo una veda respeten los caladeros que sí han estado vedados al menos durante los dos primeros meses después de finalizar esta veda y así intentar que se beneficien los pescadores que sí han
respetado esta parada biológica.
Nadie puede discutir el interés que tendría una veda en todo el litoral mediterráneo. A esta estrategia se ha sumado también la demarcación de Castellón, por tanto gran parte de los pescadores de Castellón se unirán a estas vedas.
El plan de acción europea para la pesca en el Mediterráneo incluye medidas para limitar el esfuerzo pesquero. En los objetivos marcados en la aplicación de las distintas medidas de gestión, se marca claramente que la limitación de capturas,
la imposición en algunas zonas de temporadas de veda puede ser beneficiosa para la regeneración de los caladeros. Este plan también marca que las medidas destinadas a la reducción del control del esfuerzo pesquero, de manera permanente o temporal,
habrán de constituir una de las herramientas fundamentales para la gestión de la pesca en el Mediterráneo. En la mayoría de los casos la única alternativa es la introducción de algún tipo de restricción y su implantación, acompañado del régimen
acordado de licencias y permisos de pesca, así como una reducción del tamaño de la flota y del tiempo de pesca. En este sentido y dado que actualmente se están debatiendo los contenidos del plan integral de gestión pesquera en el Mediterráneo
consideramos oportuno, en el marco de discusión de este plan, un posicionamiento del Congreso sobre la cuestión que planteamos, con el fin de dar respuesta a situaciones de agravio comparativo como la que hemos expuesto. Cabe destacar que las
reuniones mantenidas entre los diferentes representantes de las comunidades autónomas con el ministerio indican que este plan tiene como principales objetivos recuperar la rentabilidad y las buenas condiciones de las zonas pesqueras. Asimismo cabe
destacar que en estas primeras reuniones que han tratado sobre las paradas biológicas temporales, tanto el plan como las reuniones que están llevando a cabo los representantes de las comunidades autónomas con los representantes del ministerio, ponen
de manifiesto la necesidad de paradas biológicas para regenerar estos caladeros. Es difícil que después de tantos años realizando estas paradas biológicas no sigan interesados en repetirlas porque tienen un perjuicio, un agravio comparativo, con
otros puertos que no realizan vedas y que, sin embargo, se han visto beneficiados por las vedas biológicas que se han llevado a cabo en otros puertos.
En consecuencia, nosotros pedimos a los grupos parlamentarios que sean coherentes y que voten a favor de una iniciativa que defiende a todo el colectivo que aplica estas paradas biológicas. Además, todos los grupos políticos del
Ayuntamiento de Tarragona (Partido Socialista, Partido Popular, Convergència i Unió y Esquerra Republicana) han aprobado por unanimidad una moción en el mismo sentido que la proposición no de ley que el Grupo de Esquerra Republicana ha presentado
hoy aquí. Por tanto, nosotros instamos al Gobierno, como dice nuestra proposición no de ley, a que mientras mantenga las competencias en este sentido adopte las medidas legales pertinentes para que las aguas que han sido sometidas a las paradas
biológicas sólo puedan ser explotadas por las embarcaciones que se han sumado a dichas paradas en los 60 días posteriores al inicio de la actividad. De esta manera quedan excluidas las embarcaciones procedentes de otros puertos o cofradías que no
han hecho veda.
El señor PRESIDENTE: No habiéndose presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley, corresponde pasar directamente al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra su portavoz, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Me gusta siempre empezar por el final y empezaré por él. Cómo no, daremos el apoyo a esta propuesta de Esquerra Republicana; en nombre de Convergència i Unió avanzo nuestro voto favorable. Esta es una vieja
reivindicación del sector pesquero, de las comarcas de Tarragona y de alguna otra, a un problema y una realidad existente. Es verdad que Cataluña ha sido pionera en paradas biológicas; es verdad que los pescadores (vamos a circunscribirnos a los
de Tarragona, porque el portavoz de Esquerra Republicana ya ha hecho referencia a ellos) han sido los primeros que entendieron lo importante que era hacer paradas biológicas para recuperar especies y para recuperar la pesca y los fondos marinos.
Esto significa un sacrificio para todo el sector pesquero, pero los pescadores de las cofradías de Tarragona lo entendieron. Quiero dejar claro (después queda constancia aquí en el Congreso) que comparto todas las afirmaciones menos una del
portavoz de Esquerra Republicana, la que dijo sin ninguna indemnización; esto no es verdad. Es impensable que los pescadores estén meses y meses sin pescar sin ninguna indemnización; esto siempre se había pactado con el Gobierno de Cataluña y
recibieron las indemnizaciones correspondientes, que siempre son inferiores y van en detrimento del pescador y del sector pesquero, pero hay que entender que las paradas biológicas se pactan con la Administración y se hacen de común acuerdo con las
cofradías y con los pescadores. Es verdad que las cofradías, los pescadores, el sector
pesquero se han quejado históricamente de que unos hacen un sacrificio y otros, que no lo hacen, se pueden aprovechar de él. Las denuncias venían reiteradamente de otras comunidades autónomas que posteriormente se aprovechaban de este
enriquecimiento de los bancos de pesca, de la recuperación de la pesca, con el sacrificio de unos pescadores catalanes que aplicaban la veda para la recuperación biológica. Se ha dicho también que esta solución debería adoptarla todo el litoral.
No tiene sentido que una costa, la que sea, haga una parada biológica y otra zona costera no la haga, primero, porque no se recuperan todas las especies y, segundo, porque se crean agravios comparativos, donde unos se esfuerzan y otros se aprovechan
en el buen sentido de la palabra. Por tanto, todo se tendría que compatibilizar porque toda la costa no puede hacer una parada biológica, ya que iría en detrimento del usuario y del ciudadano en general; tendría que realizarse un estudio y
deberían seguirse una pautas territoriales, incluso sería conveniente solicitar a la Unión Europea que entendiera que estas paradas biológicas son favorables para el medio ambiente y para el fondo marino y ella debería ser más sensible que ahora y
estar a favor de estas paradas biológicas. Por tanto, el Gobierno del Estado tiene el reto de racionalizar estas paradas biológicas en toda la costa mediterránea y dirigirse también a las autoridades europeas para que su actitud sea distinta a la
que tienen ahora, que no sólo no favorecen sino que en algún momento son contrarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Antes de iniciar mi exposición quiero dar las gracias al señor presidente y a la Mesa por la gentileza que han tenido al posponer esta proposición no de ley en el tiempo por fuerza mayor de este Grupo Popular.
Dicho esto, entraré en el tema de la proposición no de ley que nos ocupa.
Desde el Grupo Popular no tenemos dudas de la buena voluntad del proponente, pero lo mismo que le acompaña la buena voluntad al proponente le acompaña también la confusión (no sé en qué grado; no sé si tiene más buena voluntad que confusión
o confusión que buena voluntad; vamos a tratar de desvelarlo en este momento), y al acompañarle la confusión vamos a tratar de desvelarla para ver si somos capaces de construir entre todos una proposición no de ley que cumpla los fines que el
proponente quería. Esta proposición, según el Grupo Popular, parte un poco de la idea del presidente de la Cofradía de Pescadores de Tarragona, el señor Esteve Ortiz, que en una entrevista hace poco tiempo hablaba de las condiciones por las que
pasan los barcos de Tarragona, la invasión de las aguas de Tarragona y demás; pero hay que partir de la base de que Tarragona no tiene aguas jurisdiccionales. No hay aguas jurisdiccionales de Tarragona ni aguas jurisdiccionales de San Carlos de la
Rápita; las aguas jurisdiccionales son de toda España. No me diga usted que no con la cabeza porque eso es así; se puede querer que sea de otra forma, pero es así, y además en beneficio de todos porque ustedes mismos al final, lo mismo que el
señor Esteve Ortiz, reconocen esta situación. Lo acaba de reconocer el representante de Convergència i Unió, lo acaba de reconocer don Ramón Torres y lo reconoce el señor Ortiz en su entrevista, porque lo mismo que al principio reclama la no
invasión de esas aguas con razón, porque ellos han hecho una parada biológica, al final la única manera de arreglar ese asunto es con una sociedad que han creado y que creo recordar que se llama Medisamak, en la que establecieran bases para
regularlo con todos los países del Mediterráneo; esa es la solución, señor Gómez. Al igual que ha dicho el representante de Convergència i Unió, eso es una cuestión de todo el litoral; la racionalización de las paradas en toda la costa hay que
hacerla en toda la costa. Ha dicho usted que habría que dirigirse a la Unión Europea para que también regularizara; eso se ha hecho ya. La Unión Europea tiene el Reglamento 2371/2002 para la conservación y explotación sostenible de los recursos
pesqueros, y en él se contempla el problema que el señor Torres nos ha traído aquí. Basta con que se solucione el Plan de gestión para el Mediterráneo en el cual, señor Torres, se puede incluir un apartado de una subzona en la zona de Tarragona o
en la zona que corresponda si tiene unas características específicas. Por tanto lo que podemos hacer con esta proposición no de ley es instar al Gobierno a que lleve a cabo el plan de gestión que corresponda, porque ese plan de gestión, primero,
hay que hacerlo partiendo de conceptos científicos, porque si no se sabe qué es lo que hay en el caladero mal se puede contingentar el caladero; segundo, hay que hacerlo consensuado con el sector, que es lo que usted pretende, defender el sector;
y tercero, lo tiene que aprobar la Unión Europea, con lo cual estará apoyado por las instancias que mandan en la política común pesquera y además dispondrá de fondos. Por tanto, la forma de resolver este asunto que todos queremos resolver no es con
un voluntarismo de dirigirnos a que haya alguien vigilando que los barcos no se metan en donde no tienen que meterse sino que cumplan la ley establecida a través de un plan de gestión. Yo propondría al señor Torres una enmienda transaccional in
voce para instar al Gobierno a que aprobara el plan de gestión del Mediterráneo, trasladándole la preocupación de los armadores por este incumplimiento de las paradas biológicas, para que se sea riguroso en el cumplimiento de la parada. Con esto se
habría resuelto el problema de los señores de Tarragona, el problema del señor Ortiz que reconoce al final de sus declaraciones y el problema de estos diputados; no podemos aprobar lo que usted pide porque tal como lo pide no es aprobable. Por
tanto, apelamos a la sensatez del portavoz de Esquerra Republicana, y con el deseo de que los pescadores de Tarragona vean resueltos sus problemas le
emplazamos a que nos diga si acepta o no esta enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez, respecto a la enmienda in voce que entiendo que plantea, el criterio de esta Presidencia, sin perjuicio de que al final de este debate el señor Ramón Torres se pronuncie, es el siguiente. Cuando una
enmienda in voce es una mera corrección técnica no hay ningún problema en aceptarla de manera directa pero si es de fondo tiene que darse la circunstancia de que la acepten todos los grupos para no abrir un debate que sería reglamentario y que nos
llevaría a no poder plantearla por definición. Por tanto, independientemente de su contenido, si hay aceptación por parte de todos los grupos este presidente no tendría ningún problema en que fuera votada en los términos que ustedes acuerden. En
caso de que no fuera así, lamentablemente no podría aceptarla porque tendríamos la dificultad reglamentaria.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Señor presidente, la enmienda podría considerarse como una enmienda técnica pero es deseo del Grupo Popular que se someta a la aprobación de todos porque es una enmienda técnica irrefutable, ya que el plan de
gestión es un mandato europeo, la Comisión Europea es la que manda en este tema y la política común de pesca la dirige la Unión Europea. Por tanto esperemos que todos los grupos se sumen a ella.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Benito Serra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BENITO SERRA: Señorías, ante la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana sobre la exclusión de embarcaciones procedentes de cofradías de otros puertos durante los 60 días posteriores a la realización de
la parada biológica que obviamente no sean de la zona que lo ha efectuado, hay una gran cantidad de argumentos y razones que de entrada y en los términos en que se efectúa imposibilitan el hecho de que pudiéramos dar apoyo a dicha proposición. Es
una situación conocida y yo, como diputado de la zona de Tarragona, sé que ese problema existe. El grupo proponente argumenta una única razón de agravio comparativo entre las embarcaciones que se han sumado a la parada biológica y las de cofradías
o puertos colindantes que obviamente no lo han hecho. Esta es una de las situaciones de agravio, pero realmente se dan otras situaciones de agravio en sentido contrario. Debería puntualizarse en primer lugar que esta situación de agravio
comparativo se produce en sentido inverso durante el periodo de la parada biológica, por tanto también hay argumentos dado que mientras dura la misma la prohibición de pesca afecta a todas las embarcaciones, sean o no las que efectúan la parada,
mientras que sólo se subvenciona a las embarcaciones de las cofradías o puertos afectados por ella. Nosotros entendemos que las cantidades pueden ser insuficientes y que por tanto hay que trabajar para que la compensación por la parada biológica
sea lo suficientemente bien remunerada para que ésta pueda compensarse, pero desde el punto de vista del agravio comparativo podríamos encontrarnos con la queja de los que no se vean afectados. Por tanto, con las mismas razones que se argumentan en
el otro sentido pueden considerarse afectados los pescadores de otros puertos precisamente por no poder pescar en la zona cuando ellos no reciben ningún tipo de ayuda o subvención. Además, de aceptar una situación como la que se indica en dicha
proposición no de ley se generaría otro agravio comparativo que nosotros entendemos que sería todavía peor.
Dado que los peces no entienden de leyes ni de líneas marinas, debido a la aplicación de la normativa europea, nos encontraríamos que mientras a los pescadores de cofradías o puertos colindantes y también a los pescadores españoles que no
son de la zona de parada biológica se les prohíbe la pesca aunque sea durante 60 días, buques comunitarios españoles podrían faenar en la zona de parada biológica cumpliendo únicamente el requisito que se les impone de que lo hagan más allá de las
12 millas, por tanto el proceso de sobreexplotación podría continuar y de alguna manera a los únicos que se perjudicaría sería a los pescadores españoles e incluso a los colindantes que están en esta situación de prohibición. Por otra parte,
limitar la pesca a un tipo de embarcaciones determinadas, que obviamente no debería circunscribirse sólo a una zona sino a todas aquellas del territorio español que realizarían las paradas biológicas, no haría otra cosa que complicar las ya
dificultosas actividades de control de los caladeros por parte de las autoridades encargadas de ellos, y en las cuales el ministerio está realizando verdaderos esfuerzos para evitar la pesca ilegal, por tanto sería un elemento más de complicación en
este sentido. Teniendo en cuenta también que con la finalidad de preservar los recursos pesqueros de una zona específica de manera voluntaria se acuerda llevar a cabo una parada biológica, hay que saber que la prohibición de faenar no se establece
para unos buques concretos, sino que es toda un área marítima la que se veda para el ejercicio pesquero con un determinado arte, como sería el del arrastre, que es el que se plantea.
Las medidas de aplicación a la totalidad de la flota española en la modalidad de pesca afectada no tendrían sentido si en el momento en que se pueda faenar se da permiso, aunque sea para un tiempo determinado, sólo a unos buques concretos
dejando fuera a los demás. Sería una cuestión de nivel de explotación pero no ayudaría al proceso de regeneración, que es lo que produce realmente la parada biológica. Los hechos demuestran que en otros caladeros, por hablar de situaciones
distintas a una excesivamente localizada, como podría ser la de Tarragona -incluso las paradas biológicas, que
desde el punto de vista científico todo el mundo acepta su benevolencia- no han funcionado con los resultados esperados. Caladeros con otras condiciones, sin tener que recurrir a situaciones como las que se proponen, han conseguido, por
poner el caso de un caladero distinto como es el del cerco de Galicia, en cinco años triplicar el nivel de capturas de sardinas, pasando de las 6 toneladas en el año 1999 a casi 20 en el año 2004. De alguna manera se demuestra que, sin ese tipo de
recurso, hay zonas y caladeros en las que el aumento de la productividad no tiene que solucionarse por esta vía. Todas las directrices y los estudios científicos apuntan a que la solución de los problemas de la pesca en el Mediterráneo pasan por
contemplar medidas -y cito textualmente de las conclusiones elaboradas para la política común pesquera del Mediterráneo- que requieren el compromiso mancomunado de las diferentes administraciones y organizaciones profesionales y participación
científica en el seguimiento de las mismas, así como un mínimo nivel de uniformidad y que éste sea sin excepciones. Una medida como la que se sugiere en esta proposición va en el sentido opuesto a lo dicho con anterioridad porque puede plantear
excepciones.
Somos conscientes de la necesidad de controlar y favorecer la recuperación de las especies de los caladeros y de manera especial las del esquilmado Mediterráneo, pero con medidas globales que se tomen de manera consensuada con todo el sector
y las distintas administraciones implicadas. En el reciente encuentro que se celebró en Andalucía entre los responsables de pesca de las comunidades autónomas con costa mediterránea y el ministerio se trabajó en el proceso de unificar los criterios
para la redacción de un documento único, para trasladarlo a la Secretaría de Pesca de la Unión Europea para su aprobación, que contemple las paradas biológicas y su regulación, entendiendo que la actuación sobre la pesca debe tener parámetros
globalizadores, dado que las actuaciones particularizadas no resuelven el conflicto de la sobreexplotación.
Así pues -y concluyo- el Grupo Socialista, compartiendo los criterios de los responsables de Pesca del ministerio, de las comunidades autónomas como la de la Generalitat y del acuerdo con los principios planteados en la última reunión
celebrada en Andalucía, cree que una proposición de estas características no aporta una solución respecto al objetivo fundamental que han de tener las administraciones y el sector, que es la recuperación de las especies para que la actividad
pesquera tenga un futuro más prometedor. Teniendo en cuenta todo lo anterior, si se mantiene esta proposición en los términos que se plantea, nos veremos obligados a votar en contra. Además, tiene una complicación añadida y es que, en el caso de
que se aprobara, sería inviable e inaplicable por parte del Gobierno, porque entraría en flagrante contradicción con las directrices europeas.
El señor PRESIDENTE: La votación de estas nueve proposiciones no de ley la vamos a realizar no con el cambio que hemos hecho en el debate, sino de acuerdo con el orden del día. Por lo que respecta a la propia votación, la Mesa tiene que
clarificar dos de las nueve proposiciones no de ley aquí tratadas; en las otras siete ya está claro qué texto se va a votar y no hay problema. La número 1 en el orden del día es de Esquerra Republicana, la acabamos de debatir, y hasta donde yo
entiendo, y si no me lo aclaran ustedes, sería necesario, primero, que el grupo proponente, en este caso Esquerra Republicana, aceptase la enmienda in voce a modo de transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular y que no haya oposición
de los restantes grupos. En la proposición no de ley número 2, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la financiación del proyecto del canal Segarra-Garrigues, habría que clarificar qué vamos a votar exactamente, si es el
texto de la proposición, si es una transaccional o si hay alguna enmienda.
Como estas son las dos proposiciones no de ley que tenemos que clarificar antes de la votación, por el orden en que figuran, el señor Ramón Torres tiene primero la palabra para decirnos en qué términos se va a votar.
El señor RAMÓN TORRES: Le agradezco que me permita explicar muy brevemente lo que vamos a votar. En principio, nuestro grupo no está confundido, ni el sector, ni el Ayuntamiento de Tarragona, ni el regidor del PP, que es el que presentó
esta petición, para clarificar las aportaciones que hacía el Grupo Popular. Viendo que esta proposición no de ley de la manera que está redactada no va a ser aprobada y que es la que a nosotros nos gustaría que se aprobara, en aras de buscar un
consenso en beneficio de los pescadores de Tarragona, aceptaríamos la transaccional que nos propone el Grupo Popular siempre y cuando haga mención explícita a que en las negociaciones del plan que se está trabajando figuren las reivindicaciones de
los pescadores de Tarragona en las paradas biológicas. Así no tendríamos inconveniente, como digo, en votar la transaccional y no la proposición no de ley que hemos presentado nosotros, para buscar una solución al problema y para que haya el mayor
consenso posible de todos los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Acabo de hablar con el representante del Grupo Socialista. El Grupo Popular, como ha podido observar la Presidencia y los señores que se encuentran aquí, si han escuchado, porque quizá hay alguno que no lo ha
hecho, coincide con el Grupo Socialista en el fondo de la cuestión; sólo teníamos que ponernos de acuerdo en la forma que le vamos a dar. El Grupo Popular ha redactado, sin ánimo de ser el protagonista, una transaccional, que diría: Instar al
Gobierno a que finalice el plan de
gestión del Mediterráneo -que es la figura donde tiene que incardinarse esto- incluyendo en el mismo las peticiones de los pescadores de Tarragona en cuanto al cumplimiento riguroso de las paradas biológicas.
Ahí estaría comprendido todo.
No nos ha dado tiempo a explicárselo al compañero del Grupo Socialista porque la evolución de la Comisión va más rápida que nuestras posibilidades, pero si quiere puede introducir su parte en este asunto, dado que sería un consenso de todos los
partidos.
Esta es la propuesta que se hace como transaccional y el portavoz del Grupo Socialista nos aclarará si está de acuerdo o no. El grupo proponente la acepta y espero que los demás grupos también.
El señor PRESIDENTE: Si se considera que el tema está suficientemente claro para posicionarse a favor o en contra, podemos continuar; si no es así, suspendemos durante cinco minutos la dinámica de la Comisión para redactar el texto
definitivo. Suspendemos la sesión cinco minutos.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Con respecto a las dos primeras proposiciones no de ley, en la primera se va a votar la transaccional que han propuesto los grupos parlamentarios; ya está en posesión de esta Mesa. Y en la segunda, para que conste en el 'Diario de
Sesiones', tiene la palabra el señor Grau i Buldú para indicar en qué sentido se va a producir la votación.
El señor GRAU I BULDÚ: Los grupos enmendantes y el grupo proponente hemos llegado a un acuerdo transaccional. La propuesta que tiene la Mesa solamente tiene las firmas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); hay que añadir la firma del Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una última corrección. Así tenemos el texto transaccional definitivo que, si me lo permite, paso a leer. La Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con Cataluña, impulse las medidas que permitan asegurar la ejecución del canal Segarra-Garrigues, a través de la Sociedad Estatal Canal de Segarra-Garriges, S.A.,
para que en el plazo más breve posible procure, con una unidad de criterio de cuenca en las aportaciones que tiene previstas para la ejecución de dicho canal, mejorar las condiciones de viabilidad de las explotaciones y permita la reducción de los
costes de amortización de la obra y del agua. Este texto está suscrito por los tres grupos que ya he citado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Antes quiero recordar a los miembros de la Mesa y portavoces que cuando finalice la Comisión vamos a reunirnos para un tema que tenemos que dilucidar; quedan convocados en tiempo y
forma.
Votamos la proposición no de ley, que aparece con el número 1 en el orden del día, relativa a la adopción de medidas legales para que las aguas sometidas a la parada biológica sólo puedan ser explotadas por embarcaciones que se han sumado a
dicha parada en los sesenta días posteriores al inicio de la actividad. Se vota la transaccional a la que han llegado de manera unánime todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley, que figura con el número 2 en el orden del día, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la financiación del proyecto del canal Segarra-Garrigues. Se vota la transaccional que han acordado los
grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la cría caballar y razas equinas. Se vota en los términos en que ha sido planteada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, que figura con el número 4 en el orden del día, sobre elaboración de planes de conservación y recuperación de los fondos marinos del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Se vota en
los términos en que se ha presentado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, que figura con el número 5 en el orden del día, sobre la elaboración de un plan de ordenación del sector de la avicultura de
carne. Se va a votar la transaccional que han acordado los grupos parlamentarios tomando como base las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, que figura con el número 6 en el orden del día, sobre la elaboración de un plan nacional de reordenación del sector lácteo. Se va a votar la transaccional
pactada de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, que figura con el número 7 en el orden del día, sobre petición a Marruecos de que retire las redes de enmalle a la deriva. Se va a votar la transaccional pactada de acuerdo con la
enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular, que figura con el número 8 en el orden del día, relativa a la concesión de garantías a la flota artesanal para su renovación. Se va a votar en los términos en que
está planteada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 9, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las mejoras en las condiciones laborales de jubilación de los trabajadores del mar. Se vota en los términos en
que está presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, agradeciéndoles su trabajo en la mañana de hoy, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.