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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 221, de 15/03/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 221
CULTURA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 15 de marzo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor subsecretario de Cultura (Hidalgo López) para informar sobre:
- La Comisión interministerial para la coordinación del 1 por ciento cultural, criterios y proyectos. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/0000146.) ... (Página 2)
- Explicar, a la luz de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, la situación y perspectivas de las inversiones que se realizarán con cargo al 1 por ciento cultural. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000248.) ... (Página 2)
- Las iniciativas en relación con la coordinación y mejora de la ejecución del 1 por ciento cultural. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000257.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE CULTURA (HIDALGO LÓPEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA COORDINACIÓN DEL 1 POR CIENTO CULTURAL, CRITERIOS Y PROYECTOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/0000146.)
- EXPLICAR, A LA LUZ DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005, LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS INVERSIONES QUE SE REALIZARÁN CON CARGO AL 1 POR CIENTO CULTURAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000248.)
- LAS INICIATIVAS EN RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN Y MEJORA DE LA EJECUCIÓN DEL 1 POR CIENTO CULTURAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000257.)
La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión. Tenemos hoy aquí con nosotros al subsecretario de Estado de Cultura, a quien damos la bienvenida, para celebrar, según figura en el orden del día, las comparecencias solicitadas por dos grupos
políticos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, respecto a las siguientes iniciativas parlamentarias: en primer lugar, la solicitud de una comparecencia de la ministra de Cultura para informar sobre la Comisión interministerial para la
coordinación del 1 por ciento cultural, criterios y proyectos, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Hay otra del Grupo Popular relativa a la comparecencia de la ministra de Cultura para explicar, a la luz de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005, la situación y perspectivas de las inversiones que se realizarán con cargo al 1 por ciento cultural. La última iniciativa de comparecencia es del Grupo Socialista también de la ministra de Cultura para explicar las
iniciativas en relación con la coordinación y mejora de la ejecución del 1 por ciento cultural. Estas tres comparecencias se acumularán y en relación con las mismas intervendrá el subsecretario de Estado de Cultura en sustitución de la señora
ministra.
Según define el Reglamento hay dos posibilidades. Puesto que la iniciativa parlamentaria corresponde a los grupos políticos tienen que ser estos inicialmente quienes tienen que tomar la palabra, pero también existe otra posibilidad y es que
el señor subsecretario de Estado de Cultura la tome en primer lugar, lógicamente para explicar sus criterios y entonces ustedes intervendrán a continuación después de oír al subsecretario. De las dos fórmulas que hay parece más razonable la
segunda: que sea el señor subsecretario quien, en primer lugar, explique las razones del ministerio. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza pide la palabra.)
Señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: A nuestro grupo le parece más eficaz que sea el señor subsecretario el que haga una exposición de la dimensión que le parezca para que nuestra intervención esté basada en datos reales y no sobre
cuestiones que conocemos, pero no tanto como vamos a actualizarlas hoy. Cuanto más tiempo ocupe el señor subsecretario más nos aclarará, puesto que además es hombre preciso y no creemos que divague, pero me gustaría que nos dijera los tiempos que
tenemos los demás grupos.
Sé que hablamos en la Mesa de que la presidenta iba a ser generosa, pero sobre su generosidad yo pediría que tuviera en cuenta que son tres comparecencias. Si las dividiéramos, tanto el compareciente como nosotros
multiplicaríamos nuestro tiempo por tres. Supongo que llegaremos a un acuerdo razonable, pero quería aclararlo antes.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, le aseguro que el señor subsecretario va a ser exhaustivo a juzgar por la cantidad de folios que le veo sobre la mesa, con lo cual creo que ustedes van a disponer de mucha información
inicial. Por supuesto saben que esta presidenta siempre es generosa con los tiempos (lo acordamos así), dentro de unos límites razonables. Al ser dos comparecencias, si nos ceñimos estrictamente
al Reglamento, el tiempo estimado para el Grupo Popular sería superior, tendría en torno a los 15 minutos, el Grupo Socialista 10 minutos y el resto de los grupos 5 minutos. Seré más generosa con el tiempo teniendo en cuenta que esta
cuestión importa mucho a todos los grupos políticos y no habrá ningún problema en alargar esta jornada si contamos con la paciencia del señor subsecretario.
Tiene la palabra don Antonio Hidalgo.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Señora presidenta, miembros de la Mesa, señorías, intentaré ser breve, aunque no se les oculta que el tema tiene cierta complejidad técnica, y lo más preciso posible. Sin más preámbulo,
quiero decir que comparezco nuevamente en esta Comisión para tratar un asunto que ha suscitado una importante dosis de interés tanto en la opinión pública como en este Parlamento. Se trata, en definitiva, de enjuiciar la aplicación del 1 por ciento
cultural, medida que como SS.SS. saben se encuentra regulada en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y posteriormente desarrollada por el Decreto 111/1986 de 10 de enero. Agradezco el esfuerzo por la acumulación de
las tres comparecencias, lo que me permite abordarlas en una sola, porque esencialmente coinciden en sus planteamientos, incluso, si cabe, se complementan.
El pasado 20 de octubre tuve el honor de comparecer ante SS.SS. para contestar, en ese caso, a una pregunta oral que formuló el diputado don Mario Bedera Bravo acerca de los criterios de aplicación de los fondos resultantes de la denominada
reserva cultural del 1 por ciento; ya en aquella ocasión anticipé (subrayo el verbo) los criterios que desde el Ministerio de Cultura se entendían que eran los válidos a la hora de establecer el nuevo sistema de gestión del 1 por ciento cultural al
que aspira el Gobierno. Como ustedes recordarán, en la citada comparecencia traté de hacer un diagnóstico de la situación y resalté la existencia de cuatro cuestiones, a nuestro juicio claves, que obligaban a plantearse una modificación en
profundidad del modo de actuar y de gestionar que había sido practicado hasta esa fecha. Estas cuestiones eran, en primer término, el incumplimiento generalizado de la obligación de consignar el 1 por ciento cultural por parte de empresas y entes
públicos, según había manifestado el informe del Tribunal de Cuentas, de 26 de junio de 2003, en el que por aquella fecha aún no se había concretado ninguna recomendación al Gobierno pero estaba circulando para la posterior fase de alegaciones. Por
otra parte también indiqué la ausencia de criterios transparentes en la aprobación de los proyectos, señalé también una fuerte descompensación territorial y, finalmente, hice referencia a la falta de información a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos con las consecuencias que ello estaba produciendo en la gestión de esa reserva cultural del 1 por ciento. Ante ese escenario se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Gobierno hacia la consecución de una doble finalidad: En primer
lugar, conocer con la mayor exactitud posible el volumen de proyectos que estaban sin resolver (su estado, su situación y su valoración económica) y, en segundo lugar, establecer una serie de medidas que permitieran determinar el mecanismo de
actuación más acorde con las nuevas exigencias de cumplimiento. En definitiva, se proponía abandonar un sistema de trabajo que (la realidad de estos meses nos lo ha confirmado) generaba una cierta dosis de falsas expectativas y asimismo una elevada
disfunción que en estos meses transcurridos también hemos tenido oportunidad de comprobar.
En cuanto a la cuantificación de la situación, en colaboración con los ministerios inversores implicados, hemos logrado cuantificar los proyectos presentados con anterioridad a marzo de 2004. Centrándonos por su interés cuantitativo y en el
marco de la comisión mixta del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura en marzo de 2004 existían 910 solicitudes de financiación no resueltas cuya valoración rondaba en torno a los 1.000 millones de euros. Es inevitable comparar esta
cifra con los 30 ó 35 millones de euros disponibles de media cada año, y con un simple cálculo matemático podemos estimar que la resolución de esas solicitudes hipotecaría la cifra global del 1 por ciento cultural correspondiente a los próximos 30
ejercicios presupuestarios. Por otro lado, en las actas de la comisión mixta se recogían 501 proyectos aprobados sin el respaldo de la correspondiente partida presupuestaria. Las necesidades presupuestarias superaban con creces las
disponibilidades del sistema. La estimación, como ya he dicho antes, de alrededor de 30 millones de euros disponibles cada año claramente es insuficiente para cubrir las necesidades de dichos proyectos que superan los 210 millones de euros. Su
financiación equivaldría a la financiación del uno por ciento para los siguientes 6 ó 7 ejercicios presupuestarios. Si sumásemos las solicitudes indicadas al principio con aquellas incorporaciones aprobadas en el acta sin un respaldo
presupuestario, sin un convenio de ejecución que lo respaldase, estaríamos prácticamente hablando de casi cincuenta años por delante para poder ejecutar ese 1 por ciento que estaba sobre la mesa cuando el nuevo Gobierno se incorpora a sus funciones.
Eso había generado lógicamente una expectativa de inversión que no había encontrado posteriormente con la firma de los convenios correspondientes su concreción en una obligación jurídica por parte del Ejecutivo. Una vez determinado el estado de la
cuestión como he señalado anteriormente, el Gobierno y los ministerios implicados se plantearon la adopción de una serie de medidas que permitiesen definir los mecanismos de actuación, control y seguimiento de los órganos de decisión que actúan en
el proceso y a su vez que ello permitiera dar agilidad, eficacia y transparencia a la gestión. Se han llevado a cabo una serie de actuaciones que han sido consensuadas (esto lo subrayo) con todos los agentes implicados y que en síntesis paso a
describir. La primera sería la
constitución de una Comisión interministerial para la coordinación del 1 por ciento cultural; la segunda, la elaboración de un documento acerca de requisitos y criterios para la gestión de dicho 1 por ciento cultural; la tercera, el
establecimiento de los nuevos convenios de colaboración con los ministerios de mayor volumen inversor y, por último, la cuarta, el compromiso del cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Respecto a la primera, a la constitución
de una Comisión interministerial para la coordinación del 1 por ciento cultural, dicha comisión se constituye, mediante Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre, con la finalidad de coordinar la gestión del 1 por ciento de los fondos que en cada
obra pública financiada, total o parcialmente, por el Estado se deban destinar a la financiación de los trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o, en su caso, al fomento de la creatividad artística. Dicha
Comisión interministerial, como sabrán, está adscrita al Ministerio de Cultura y está presidida a su vez por la ministra de Cultura, conformando la misma los departamentos inversores de Fomento, de Medio Ambiente y de Vivienda.
El pasado 29 de
diciembre en su reunión constitutiva se aprobaron por unanimidad las directrices que deben marcar esa gestión del 1 por ciento cultural. También se aprobó su publicación en el Boletín Oficial del Estado con el fin de conseguir una mayor difusión y
transparencia al proceso. En segundo lugar, y como anticipaba, se ha elaborado por el Ministerio de Cultura un documento acerca de los requisitos y criterios para la gestión del 1 por ciento cultural. Con la intención de conseguir el apoyo unánime
por parte de las comunidades autónomas, dicho documento fue presentado en el Consejo de Patrimonio Histórico, concretamente en la reunión que se llevó a cabo en octubre en Palma de Mallorca. Fue un debate largo y fructífero y se consensuó con la
unanimidad de los asistentes un documento que el ministerio consideró necesario presentar a su vez a la Conferencia sectorial de Cultura, lo que se produjo en la reunión de dicho órgano de cooperación el pasado 9 de diciembre, en la sede del propio
Ministerio de Cultura. Finalmente, la Comisión interministerial para la coordinación de la gestión del 1 por ciento cultural aprobó en su reunión constitutiva dichos requisitos y criterios, y para obtener su mayor difusión, transparencia y
publicidad se ha decidido su publicación en el Boletín Oficial del Estado a través de una orden de la ministra de Cultura.
Sin ánimo de aburrirles, me voy a permitir sintetizar el contenido de dicho acuerdo, aunque lógicamente pueden encontrarlo en el correspondiente Boletín Oficial del Estado. Dicho acuerdo establece en primer término que las solicitudes de
financiación de proyectos con cargo al 1 por ciento cultural deberán cumplir con los siguientes requisitos, que leo textualmente: En primer lugar, los proyectos habrán de cumplir la finalidad que la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español,
establece para el 1 por ciento. Todas las asociaciones del 1 por ciento cultural deben encuadrarse dentro del marco general definido en el artículo 68 del citado texto. En este sentido se dirigen a los trabajos de conservación, restauración,
rehabilitación y consolidación, incluyendo la elaboración de proyectos técnicos; se dirigirán asimismo a trabajos de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, como la adquisición de bienes culturales, exposiciones y publicaciones y, por
último, al fomento de la creatividad artística o, lo que es lo mismo, a la adquisición de obras de autores vivos o encargos a estos para su realización. Se deben descartar de un modo general las construcciones u obras de nueva planta, aunque ellas
vayan orientadas a actividades culturales; no obstante (es importante también señalarlo), de esto se exceptúan los edificios que alberguen museos, archivos o bibliotecas públicas, que por criterios de la propia ley son considerados desde su inicio
como bienes de interés cultural.
En segundo lugar, el 1 por ciento cultural solo se invertirá en bienes inmuebles que se encuentren declarados como bienes de interés cultural (BIC en nuestro argot) o categorías asimilables, según las diversas leyes autonómicas, o aquellos
para los que se haya incoado el correspondiente expediente de declaración. En ese sentido, quiero añadir que en España existen un total de 12.380 bienes de interés cultural o análogos declarados; si sumáramos a esta cifra los que se encuentran en
fase de tramitación e incoados estaríamos en 14.629. En este sentido, comprenderán SS.SS. que con un ingente patrimonio sometido a las medidas de protección que marca la ley, parece lógico que sea ese patrimonio el que se priorice a la hora de
intervenir con fondos provenientes de ese 1 por ciento cultural.
El tercer criterio es que las inversiones deben efectuarse en bienes de titularidad pública o cedidos para su uso público por un plazo mínimo de 50 años. En este sentido las inversiones, como la del 1 por ciento cultural, como norma general
deberán ir dirigidas a bienes de patrimonio histórico de titularidad pública, debiéndose descartar la posibilidad de que se invierta en edificios históricos privados. Eso no significa, no lo entiendan así SS.SS., que por parte del ministerio se
abandona la protección de los bienes que se encuentran en manos privadas, sino simplemente que eso merece un tratamiento distinto, tratamiento al que se llega fundamentalmente a través de los incentivos fiscales que la legislación establece para
dichos bienes. No obstante (esto es muy importante que lo subrayemos), existen tres excepciones a dichos criterios. La primera sería que exista un programa o línea de actuación que se corresponda con un plan nacional establecido por el Ministerio
de Cultura; en ese caso (es especialmente resaltable) se encontrarían el Plan Nacional de Catedrales o el Plan Nacional de Monasterios. Por otro lado, operando como excepción, se encontraría el hecho de que se produjera una cesión por un plazo
mínimo de cincuenta años, lo cual permitiría por decirlo de alguna manera amortizar la inversión. La última de las excepciones
sería la que englobaría las inversiones que se realicen en bienes incluidos en la lista del patrimonio mundial de la Unesco. Con las tres excepciones establecidas conjuramos cualquier riesgo de mala interpretación en cuanto al criterio
genérico de titularidad pública que hemos establecido.
El último criterio sería que junto con la solicitud deba presentarse el proyecto de ejecución, salvo en aquellos supuestos en los que lo que se esté solicitando sea una subvención o la realización por la propia Administración de los
correspondientes proyectos. Hemos podido detectar que uno de los elementos que ha dificultado más la gestión de ese 1 por ciento es que en las solicitudes en multitud de ocasiones y de una manera general, si me apuran, venía simplemente enunciado
lo que se pretendía obtener, el resultado final, la restauración correspondiente. Parece más lógico que en aquellas entidades que tengan capacidad (son muchas, créanme) el proyecto acompañe a la solicitud, porque dará bastante más certidumbre y
agilizará notablemente el procedimiento; no obstante, insisto, para aquellos municipios pequeños, con capacidades técnicas limitadas, existe también la posibilidad (luego entraremos en ello) de que se les subvencione la propia redacción del
proyecto de intervención en el bien de interés cultural correspondiente. En segundo lugar, para la valoración y selección de las solicitudes presentadas y una vez comprobado que se reúnen todos los requisitos anteriormente citados, las comisiones
mixtas del Ministerio de Cultura y del ministerio generador de la inversión tendrán en cuenta una serie de criterios de priorización.
Dentro de esos criterios, el primero de ellos sería la posibilidad cofinanciación con otras administraciones públicas, criterio que podríamos definir como de naturaleza preferente. Este criterio será considerado en primer lugar respecto a
los demás (por eso hablamos de preferente), aunque tampoco debe considerarse de una manera definitiva.
Entendemos que con su exigencia se intenta alcanzar una financiación para un mayor número de proyectos y además una implicación más real de las
administraciones solicitantes. Todo ello redundará en un efecto multiplicador del esfuerzo inversor en este caso de la Administración General del Estado. Es importante señalar como anticipaba anteriormente que este criterio de priorización
consistente en la cofinanciación no operaría cuando se tratase de subvencionar la redacción de proyectos, lo que beneficiaría considerablemente a los municipios con una menor capacidad técnica. El segundo de los criterios de priorización sería el
de que la inversión se realice preferentemente en el entorno de la obra pública (en este punto simplemente transcribimos el contenido del reglamento que regula la aplicación del 1 por ciento), que como conocerán perfectamente es un criterio que no
obliga necesariamente pero que sí obliga a enjuiciar en cada caso la idoneidad de aplicar la inversión en el entorno de la obra pública. Es un criterio que está en la legislación, cuya aplicación a veces es complicada porque las obras públicas
afectan a multitud de términos municipales, incluso a más de una comunidad autónoma; nuestra idea, insisto, es que sea un criterio que se aplique cuando haya una especial incidencia negativa por decirlo de alguna manera por la propia ejecución de
la obra pública. El tercero de los criterios de priorización sería la correspondencia de las actuaciones propuestas con uno de los programas de actuación fijados en convenios bilaterales entre Cultura y los ministerios inversores. Lógicamente,
nuestra idea es la de que el 1 por ciento se ordene y responda a una planificación, y nada mejor para ello que se produzca dentro de un marco general de planes consensuados con los ministerios que generan la reserva presupuestaria.
El cuarto
criterio, y muy importante a nuestro juicio, sería el del equilibrio territorial por comunidades autónomas. Somos conscientes de que el equilibrio absoluto es difícil, pero sí debemos exigirnos como resultado que a finales de la legislatura se haya
conseguido que la inversión sea más equilibrada. El quinto e importante criterio sería el del estado de conservación del inmueble. No perdamos de vista que a veces los riesgos que puede estar sufriendo un determinado bien de interés cultural
pueden abocarnos a intervenir con la mayor de las celeridades.
También es cierto (este tal vez sea el momento de decirlo) que el 1 por ciento cultural no puede convertirse en la panacea para la resolución de todos los problemas de nuestro
patrimonio histórico, puesto que, si realizamos una comparación entre el gasto cultural en patrimonio histórico de todas las administraciones públicas implicadas, esencialmente de las comunidades autónomas que como ustedes sabrán son las que tienen
el grueso de competencias, es un porcentaje significativo pero no absolutamente esencial. Por último, hemos introducido como criterio la posibilidad de establecer actuaciones integrales de conservación de paisajes o conjuntos patrimoniales que
incluyen bienes naturales y culturales, lo cual supone poner en correlación dos elementos que a veces están muy unidos, patrimonio cultural y patrimonio natural, que por regla general va a ser muy beneficioso para la dinamización económica de
determinados territorios.
Finalmente quiero añadir que para el establecimiento de las prioridades serán oídas las comunidades autónomas. El proceso de inversión de la reserva del 1 por ciento cultural no puede hacerse al margen de las comunidades autónomas, entre
otras razones porque como sin duda sabrán SS.SS. las autorizaciones para intervenir en el patrimonio histórico son competencias que tienen asumidas plenamente las comunidades autónomas, con una excepción bastante tangencial respecto a aquellos
bienes de interés cultural que alberguen servicios administrativos donde el Estado se reserva la posibilidad de ejercer dicha competencia. La competencia para autorizar actuaciones en patrimonio histórico, insisto, es de las comunidades autónomas,
y no ha sido infrecuente encontrarnos con proyectos, incluso sustanciados en los correspondientes convenios con
ayuntamientos u otras entidades, que han encontrado dificultades a la hora de su ejecución como consecuencia de que la comunidad autónoma no ha entendido ajustado a la legislación de patrimonio histórico el objeto de la intervención.
Por otra parte, se ha puesto en marcha el acuerdo con los ministerios inversores o con mayor volumen inversor (tal vez sea más preciso), que se concreta en los correspondientes convenios. Tradicionalmente en el ministerio han existido dos
ámbitos a este respecto, un convenio con el Ministerio de Fomento y otro con el de Medio Ambiente. La vigencia de ambos convenios terminó el 31 de diciembre y la Comisión interministerial para la coordinación de la gestión del 1 por ciento cultural
consideró oportuno que se continuase con el procedimiento y que se redactasen nuevos convenios. Los nuevos textos lógicamente respetan el contenido de la Ley de patrimonio histórico español, pero asumen además los principios que el Gobierno
considera pilares para una buena gestión del 1 por ciento cultural: la plena coordinación entre los departamentos ministeriales, el estricto cumplimiento de las directrices marcadas por la Comisión interministerial y la colaboración con las
comunidades autónomas y con las entidades locales. En estos momentos les puedo adelantar que el correspondiente a medio ambiente se encuentra únicamente pendiente de fecha para la firma de las ministras de Medio Ambiente y de Cultura, y que en un
plazo muy breve podremos suscribir el convenio con el Ministerio de Fomento. También es significativo resaltar que ha habido otros departamentos que, sin tener el volumen de inversión que estos dos departamentos acumulan, han mostrado su interés
por establecer un convenio de colaboración, como es el caso del Ministerio de Administraciones Públicas.
En cuanto a los compromisos asumidos en esa Comisión constitutiva interdepartamental lógicamente asumimos el compromiso de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Sus señorías tendrán conocimiento del sentido de los
distintos informes de fiscalización realizados por el Tribunal de Cuentas acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en relación con el patrimonio histórico y exigibles a las obras públicas que se realizan en los
ejercicios anteriores. El último de ellos es un informe de 26 de junio de 2003, relativo al cumplimiento de las empresas estatales de las obligaciones establecidas por la Ley de patrimonio histórico español respecto a las obras públicas aprobadas o
concluidas en los ejercicios 1999, 2000 y 2001. Aunque yo creo que es conocido por todas SS.SS., les resumo muy brevemente el contenido de dicho informe. La primera comprobación que realiza el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que de una
forma generalizada las empresas analizadas no cumplen con la obligación establecida en el artículo 68 de la Ley ya tantas veces citada de patrimonio histórico. La segunda es que las cantidades que deberían haberse destinado al cumplimiento de las
obligaciones en cuestión ascienden a 84,27 millones de euros procedentes de obras públicas iniciadas en el período 1999/2001 y a 17,12 millones de euros procedentes de las obras iniciadas con anterioridad a 1999 y finalizadas durante el período que
estudia el Tribunal. En tercer lugar, el Tribunal de Cuentas señala por año de comienzo de las obras las cantidades que deberían haberse destinado a la consignación del 1 por ciento cultural y que serían, en 1999, 23,36 millones de euros; en 2000,
28,97 millones de euros y, en 2001, 31,93 millones de euros. Tras las conclusiones expuestas, en el citado informe se recogen las siguientes recomendaciones: controlar el cumplimiento de la obligación en cuestión por parte de las empresas
estatales, controlar la aplicación de forma rigurosa de los trámites establecidos y finalmente adoptar las medidas oportunas para la inequívoca interpretación de los conceptos obra pública y financiación del Estado, a fin de delimitar el ámbito de
aplicación de las obligaciones por parte de dichas empresas y entes públicos. Esta resolución fue comunicada el pasado 20 de enero, durante este ejercicio, al Ministerio de Cultura a través de una resolución de la Comisión mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas. En dicha resolución se insta al Gobierno a que clarifique jurídicamente la aplicación de la Ley de patrimonio histórico español, a que se respete y garantice el cumplimiento por parte de las empresas estatales de las
obligaciones que se establecen en la misma y a que se comuniquen a la Comisión interministerial las conclusiones del informe de fiscalización y propuestas de resolución aprobadas. Igualmente se insta al Gobierno y al Ministerio de Cultura a que la
aplicación de los fondos del 1 por ciento cultural, de acuerdo con las directrices marcadas por la Comisión interministerial, se base en parámetros objetivos y en cualquier caso se destinen a financiar las inversiones que atienden a los objetivos
señalados en la ley. El Gobierno ha entendido como propio el compromiso de cumplir las obligaciones establecidas legalmente y de hacer valer las recomendaciones hechas por el Tribunal de Cuentas, y así la Comisión interministerial para la
coordinación de la gestión del 1 por ciento cultural en la reunión citada asumió de forma explícita esta responsabilidad. Permítanme SS.SS. finalizar esta intervención destacando el interés del Gobierno en atender rigurosamente a las obligaciones
establecidas en la Ley de patrimonio histórico español, y asimismo el interés del Gobierno en que dicho cumplimiento sea realizado con respeto a los principios de equidad, colaboración, transparencia, coordinación y eficacia.
Una vez establecidas las grandes directrices y definidos los instrumentos de actuación que les he expuesto durante esta comparecencia, confío en que a lo largo de la legislatura podamos presentar un importante balance en positivo de la
aplicación de las medidas reseñadas. Lógicamente quedo abierto a aclarar en el debate cuantos conceptos crean SS.SS. necesarios y cuantos datos disponga este subsecretario.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor subsecretario, por su explicación, que supongo que a la vista de las cuestiones que le planteemos desarrollará con más detalle.
Para ordenar mi intervención podría dividirla en tres partes: primero, cuál es a nuestro juicio el estado de la cuestión, que yo creo que no ha sido en este momento muy aclarado por el señor subsecretario; sí en sus grandes líneas, pero no
en sus detalles, y estamos hablando de obras y proyectos. Al hilo de esto, en segundo lugar, cuál fue el estado de la cuestión que nosotros, Gobierno popular al que mi grupo apoyaba, dejamos, porque me parece que esto es importante de aclarar,
aunque sea en poco tiempo. Por último le querría decir qué cuestiones concretas nos preocupan relativas, por ejemplo, a los criterios y al papel de las comunidades autónomas.
Empiezo por el estado de la cuestión. Nos ha hecho una disquisición teórica: esto debe ser así, esto era así y esto debe ser, pero ha pasado un año y esto ya no es teoría; esto tenían que ser cuatrocientos proyectos ejecutándose, o los
que sean, en los que tendría que haber obras, licitaciones y proyectos en ejecución, y de eso no hemos tenido noticia. Nosotros constatamos, en primer lugar, un parón que ha durado once meses, y que se achaca a que había (según palabras de los
comparecientes una y otra vez) un inmenso desorden, caos, etcétera, descripción que los hechos, su forma de realizarse, la falta de reclamaciones y las obras (ahora diré cómo estaban) no aguantan. En cualquier caso, si hubiera habido ese desorden,
ese caos (siempre cito al señor Leguina, con ese complejo de adanismo con el que entran los gobiernos: somos los primeros que nos enfrentamos con este problema) en un mes se resuelve, se ponen al día los proyectos y se empiezan a tomar medidas para
no paralizar, porque no estamos hablando de filosofías o de criterios de restauración, estamos hablando de obras que han pasado un invierno en una inseguridad jurídica muy grande y algunas de ellas sufriendo un enorme deterioro. En este parón que
usted achaca al caos que había (insisto en que voy a decirle cuál es, según nuestro criterio, ese caos) se trata de hacer dos cosas: una, coordinarse con los ministerios inversores (ahí hago un juicio de intenciones, pero es lo que se nos ha
reflejado), que en un primer momento les parece muy fácil; el Ministerio de Cultura va a tener un dinero en función de lo que se invierta y un dinero sustancial para esto, al que le quieren ustedes poner criterios.
No solo se para once meses
(insisto, no un mes; esto es como si un hospital se parara porque hay que revisar los criterios), siendo todas estas obras urgentes, el cien por cien, sino que además empezamos a querer dar una apariencia, que en un principio nos parece bien, de
criterios objetivos frente a la discrecionalidad y de coordinación frente a la descoordinación.
Pues bien, once meses después de que ustedes llegaran el parón es total, y yo tengo una por una las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tenían no solicitudes, obras en ejecución, convenios hechos y obras ejecutadas y que no han
cobrado. El parón es total, la descoordinación entre los ministerios es de tal calibre que usted nos dice que no se han podido firmar convenios con los tres ministerios, que hay un borrador con el Ministerio Medio Ambiente y con el resto no han
podido firmar convenios. Las comunidades autónomas (se dijo que iba a hacer un gran papel y que iban a ser escuchadas, y lo tomaron de buena fe) se encuentran con que incluso se manipula, y yo lo lamento pero creo que usted lo ha vuelto a hacer
cuando dice que la Conferencia sectorial aprobó los criterios. Sabe que no es cierto, en la Conferencia sectorial, según figura en el acta, donde están todas las comunidades autónomas, no se aprobaron los criterios, sino que se devolvieron para su
reconsideración. Las comunidades autónomas empiezan ahora a tener conocimiento de qué es lo que va a pasar con sus diferentes proyectos, y yo puedo poner todos los ejemplos que usted quiera de la correspondencia de los diferentes ministerios, no
uno de ellos, sino todos. Cada uno por su cuenta empieza en el mes de febrero, no hace un año sino ahora, a tener correspondencia con comunidades autónomas o con ayuntamientos para ver si se aclaran; cada una pide una cosa, enarbola unos criterios
distintos y nadie sabe por qué ese proyecto, sobre el que en el mes de marzo, un año después, se le empieza a pedir opinión a esa comunidad autónoma, puede venir de Medio Ambiente o de Fomento, y cada uno cita unas cosas. Lo que es un hecho es que
en esas comunicaciones de los diferentes ministerios a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, en todas, se reconoce que había unas obligaciones reconocidas, unos convenios, unos acuerdos, un dinero retenido; se dice que se va a revisar y
que por tanto se ha paralizado. Ha habido una parálisis, hay una descoordinación enorme entre los ministerios, y empezamos ahora desde cero, a pesar de que en la misma correspondencia se reconoce la obligación. Para el que lo necesite puedo citar
la Dirección de Arquitectura, del 1 por ciento cultural dirigido desde el Ministerio de Fomento, desde el de Medio Ambiente; es el caos, y cuando se ponen en contacto con ellos se les dice: Mandadnos el proyecto, pero mandarlo también a Cultura
por si acaso. ¿No os estabais coordinando? Todo esto se para un año y cuando se pone en marcha las comunidades autónomas empiezan a multiplicar por cuatro la documentación que les piden porque hay que mandárselo a cuatro ministerios.
La gravedad es tal que hay ayuntamientos pequeñitos que han terminado la obra, les están reclamando y lo están haciendo con intereses de demora.
Naturalmente la constructora o la que ha ejecutado la obra dice que le da igual de qué
ministerio sea la culpa, lo que le
importa es que ha contratado con ese ayuntamiento. Entonces se dice que había 900 proyectos y había un caos; 900 o como usted ha dicho podría haber 14.000, porque está claro que tantos como monumentos susceptibles de ser restaurados.
Ustedes mezclan voluntariamente lo que es una petición, lo que es una solicitud, lo que es un convenio, lo que es un proyecto, lo que es un proyecto realizado, y entran en un totum revolutum en el que se nos dice: había 900 y podía haber
para cincuenta años, o para mil años; son ustedes los que tienen que priorizar. Es evidente que todo lo que se les pide no lo tienen que conceder; me parece que ha hablado usted de catorce mil y pico monumentos que podrían estar sujetos a una
intervención de este tipo, y naturalmente hay que priorizarlos como ya lo estaban. En esta descoordinación nos encontramos, por ejemplo, con que la ministra de Fomento en el mes de noviembre anuncia por sí y ante sí que pone en marcha 33 proyectos;
hace la nota, hace ruedas de prensa, se queda encantada, pero no figura el Ministerio de Cultura, no figuran los criterios, nadie nos dice que esto tuvo que ser coordinado, en absoluto; no sólo eso, sino acerca de cómo lo justifica dice que por un
criterio poblacional, que como usted sabe y como se ha visto aquí por omisión, no está entre los criterios fijados. Es decir, ese es criterio poblacional que doña Magdalena Álvarez decide un día, sin hacer la menor mención a cualquier tipo de
coordinación, citando además un criterio que fue rechazado en el Consejo de Patrimonio, no que no está, sino que sabe que fue rechazado. Quizá el Consejo de Patrimonio no es quién para rechazar, pero lo hizo. Las pruebas de la descoordinación son
infinitas, el parón es un hecho y de la situación que ustedes están creando en este momento tenemos infinitos casos que no tengo tiempo de citar pero que usted conoce perfectamente.
Esto se lo achacan ustedes a lo que se encontraron, y yo ahí no voy a perder mucho tiempo. En estas cosas cuando un año después uno sigue echándole la culpa a alguien siempre pierde la razón. Permítame que se lo diga, es como el matrimonio
en el que al final, después de tanto, la mujer era malísima. Se hace el ridículo enarbolando este tipo de argumentos. No podía ser tan malo lo que había porque eran dos ministerios que han funcionado correctamente y no había demandas. Si usted
compara las preguntas que tiene ahora en el Registro y las que tenía se quedará atónito. Además, cualquiera que entre en la página web de su ministerio tiene la rendición de cuentas que hizo el ministerio en el mes de enero de 2004, comunidad a
comunidad, pero esto era para incorporar a la página web del ministerio, todo esto, se puede sacar hoy; la última acta, 3 de febrero de 2004, proyecto a proyecto, peseta a peseta, situación a situación, aquí está, todo lo que estaba, lo que está
ejecutándose por convenio con una cantidad, lo que está pendiente de una resolución, el orden es perfecto. Esto no es más que muy poquito de lo que tienen ustedes en un disquete donde hay una información gigantesca, proyecto a proyecto. Si usted
discrepa de todo lo que se ha hecho lo puede reconstruir en el plazo de un mes si se dirige a cada una de las comunidades autónomas que le darán su opinión. Señor subsecretario, el caos que ustedes querían pintar se desmonta en la página web no de
su ministerio del de Fomento posiblemente, pero tampoco creemos que sea tan difícil que Cultura vaya a Fomento, y prueba de ello es que cuando ustedes quieren pintar juegan otra vez con el lenguaje y dicen: en Cultura no había. Si lo había en el
ministerio de al lado pídaselo usted.
¿Dónde estaba el control?
Sabe usted perfectamente que en ese período, por las razones de que se está invirtiendo mucho en los últimos tres años, se han invertido más de 55 millones por año. Este año en la misma comparecencia del director de Bellas Artes en el
Senado tan pronto dice que prevé 30, como 40, como 50; es decir a fecha de hace quince días 30, 40, 50, que ya es diferencia para una previsión en el mes de marzo. Aquí se invirtieron exactamente 130 millones de euros en tres años; se duplicó lo
anterior, que por cierto había sido muy notable y con eficacia. No le voy a seguir dando todas las rendiciones de cuentas, le enseño el disquete, le enseño los libros anuales. ¿Cómo pueden decir ustedes que no había esto? Insisto, sabe usted muy
bien que mal queda el marido que sigue diciendo: Es que la mujer... y protestando; esa película no la compra nadie: Había un caos y yo lo vine a arreglar.
¿Qué cuestiones nos preocupan, señor subsecretario? En primer lugar, mándenos, por favor, la traslación que le vayan a dar, como usted bien a anunciado, a la resolución unánime, votada por unanimidad, que se hace en la Comisión del Tribunal
de Cuentas en los términos que usted ha dicho: cómo van a organizar esto, y dígannos el dinero que se prevé de las empresas públicas. Son empresas públicas sobre las que en un principio la ministra hizo algunas insinuaciones, prácticamente como si
nos hubiéramos llevado el dinero para blanquearlo, y ahora se sabe que había reformas legales que hay que hacer; por otro lado son empresas que cuando el PSOE estaba en el Gobierno tampoco habían ingresado este dinero. Naturalmente si cogemos una
empresa como pueda ser Renfe, vemos que la ley es de 1987, el GIF se hace luego; AENA es de 1990 -por cierto, en tiempos de UCD en el aeropuerto de Madrid se puso mucho-, ¿cuánto dinero va a poner AENA este año y cuánto van a poner los gestores
ferroviarios? Nos gustaría que nos lo dijera.
Como le anunciaba, le voy a exponer cuestiones que nos preocupan mucho.
Creo que ha sido tergiversado el papel de las comunidades autónomas. El director de Bellas Artes va al Senado y dice: ratificado por la conferencia sectorial.
Sencillamente sabe que no es cierto. Usted ha dicho ahora que la conferencia sectorial conoció, pero es que el director general de Bellas Artes habló de un extraordinario consenso, que tiene tela, cuando se devolvieron estos criterios para que
fueran
estudiados otra vez en el consejo de Patrimonio. Las comunidades autónomas quieren algo más que ser oídas y en el artículo 6 de la orden ministerial se habla de su papel pero no se dice cómo van a ser oídas y en qué grado va a ser
vinculante su opinión. Si por ejemplo doña Magdalena Álvarez decide -y nos parece muy bien- financiar la terminación de la Escuela de Música Reina Sofía, que en principio no va con los criterios que usted nos ha explicado, pero nos da igual, nos
parece bien, resulta que esto no lo conoce la comunidad de Madrid. ¿Se pueden hacer en Cataluña o en el País Vasco las obras que ustedes deseen sin que la comunidad autónoma sea oída, que se está haciendo, insisto en los hechos? La comunidad es
oída, ¿y luego qué? Porque en Ceuta hemos oído que hay que invertir un dinero en la catedral porque este invierno ha sido muy duro a pesar de que el invierno pasado se habían hecho inversiones; pero es que han aparecido unos yacimientos
arqueológicos importantísimos. Es la comunidad la que tiene que decir que da prioridad a un yacimiento arqueológico. Ese papel de las comunidades, ese desarrollo del artículo 6 de la creación de la comisión, tiene que estar mucho más claro y tiene
que ser mucho más vinculante, y aunque no le voy a pedir que sea vinculante tiene que quedar muy claro.
En cuanto a los criterios, la confusión es total. Se ha querido vestir de objetividad lo que consagra la discrecionalidad y además hay confusión.
No se habló de que tener proyecto realizado fuera uno de los criterios básicos, prueba de
ello es que eran tres y este sería el cuarto. Qué pasa con la necesidad de que haya un proyecto realizado que parece que incluso dentro de su ministerio, entre director y subdirector hay clarísimas discrepancias. ¿Qué grado de protección tiene que
tener el monumento? Se habla de que sea BIC o asimilado con respeto a las comunidades autónomas, pero cuando se pregunta si vale con que sea un bien inventariado también se dice que sí. Hablando de protección, ¿vale con que el monumento sea
inventariado? ¿Tiene que tener proyecto, criterio que había sido rechazado? El criterio poblacional que alega Magdalena Álvarez no está entre los criterios que tenemos en la mesa, que no han sido aprobados, han sido aprobados por la comisión
interministerial, pero no por la conferencia sectorial. Oídas las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir oídas? ¿Estos criterios están cerrados? Luego se han cerrado sin oír a las comunidades autónomas. Es que parece que cuando no se levanta
uno de la mesa montando un escándalo se le llama unanimidad. Usted sabe que todas las comunidades autónomas han sido discrepantes, pero llegan aquí y dicen: se ha ratificado. Es un término sobre el que uno no pregunta: ¿qué quiere decir
exactamente con eso? Hablan de consenso extraordinario. Pues no hay consenso extraordinario y no ha sido ratificado, luego estos criterios se van a llevar a cabo al margen de las comunidades autónomas.
Totalidad del patrimonio. Hombre, la vía de la excepcionalidad está muy bien. Aquí le voy a decir una cosa. Si ustedes hacen los planes de catedrales y de monasterios y consiguen que esos bienes patrimoniales estén protegidos, bien, pero
es intolerable oír por la radio a una ministra decir: es que los bienes de la Iglesia los restauran creyentes y no creyentes. Y se oye una voz en off que dice: es que en el gótico y en el románico creemos todos. No se puede ser tan sectario, no
se pueden usar esos términos porque estamos jugando con catedrales, con monasterios. En nuestra proposición no de ley decimos: por tanto, se puede restaurar El caballero de la mano en el pecho porque está en El Prado y no El Expolio porque está en
la catedral de Toledo. ¿Qué disparate es este, señor subsecretario? Supongo que ustedes son conscientes y lo arreglarán.
¿Qué tenemos? Que detrás de todo este criterio aparentemente objetivo lo que hay es una situación graciable: a un pequeño municipio se lo doy o no según tenga proyecto o no, según tenga cofinanciación o no, según el criterio poblacional
que a Magdalena Álvarez le cuente y a doña Carmen Calvo no le cuente, etcétera. Esto es lo que está sucediendo. Eso se lo podría decir respecto a cada uno de los criterios que, como usted sabe muy bien, no han sido aprobados en la conferencia
sectorial. Por tanto, como nos han dicho, están cerrados y lo están al margen de la opinión de las comunidades autónomas.
Por último, supongo que como esta no es una comparecencia de presupuestos, no es el momento de pedirlo, pero lo tramitaré como petición de documentos. Nos parece importante porque creemos que el lenguaje está sirviendo de confusión; igual
que nos dicen que hay 900 proyectos en lugar de decir tantos convenios, tantas solicitudes, tantas peticiones, tantas materias aplazadas; se nos están mezclando los términos ratificado, aprobado, consenso, cuando no es así. Por tanto, le pedimos
-lo formalizaremos- las actas de los dos consejos de Patrimonio, el acta de la conferencia sectorial, el acta de la comisión interministerial, los famosos convenios que vamos a ver en el Boletín Oficial del Estado pero que pasa un año y no están, el
llamado borrador con Medio Ambiente y los otros que no sabemos siquiera si están en borrador, las inversiones de AENA y el Ente Gestor Ferroviario, lo que se prevea, y ese cumplimiento del Tribunal de Cuentas en lo que, por unanimidad y a petición
de doña Elvira Rodríguez, se vota aquí, sin echar reprimenda a nadie, sino pidiendo que se clarifiquen unos criterios que no están suficientemente claros. Si eso nos lleva a que el nuevo aeropuerto de Madrid tenga un 1 por ciento dedicado a la
cultura, aplaudiremos al Tribunal de Cuentas con todas nuestras fuerzas, pero tenemos que verlo este año.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana tiene la palabra.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor subsecretario, en primer lugar quiero pedir disculpas por haber llegado un poco tarde, pero tenía reunión de Mesa y me ha sido imposible estar en el inicio de su exposición. He escuchado la parte en la que
ha expuesto los criterios y el diputado de Esquerra Republicana me ha informado de algún tema de proyectos que tiene encima de la mesa, que son factores que me parecen importantes y me han dicho que están sobre los 1.500 proyectos.
La gestión del 1 por ciento cultural por parte del Ministerio de Cultura, señor subsecretario -y le hablo por experiencia-, es uno de los temas difíciles, porque de alguna forma el Ministerio de Cultura es el que tiene el problema, pero los
ingresos muchas veces le vienen de otros ministerios -e inevitablemente estamos remitiéndonos a la historia- que tienen tendencia a pensar que dado que tienen la impresión de que aportan este dinero, quieren condicionar las decisiones. Esto ha
ocurrido históricamente con gobiernos del PP en los que al final el Ministerio de Fomento era el que condicionaba las decisiones. Por tanto, me gustaría que usted lo aclarara en la respuesta, porque realmente a partir de estas comisiones de
coordinación y de estos convenios es importante por parte de las comunidades y de los ayuntamientos saber cuál es el interlocutor real respecto a los proyectos que se presentan. En estos primeros meses nos hemos encontrado incluso, en cuanto a
trabajo parlamentario de los diputados y diputadas, con que no sabíamos si era mejor pasar por Fomento, si pasar por aquí, etcétera. Creo que sería bueno -quizá lo ha dicho el señor subsecretario, si no es así le pediría que me lo concretara- saber
cuál va a ser el interlocutor respecto a los proyectos que nosotros como diputados y diputadas vamos a apoyar; si es Cultura -que yo entiendo que ha de ser Cultura-, sería bueno que quedara fijado y que también lo supieran las comunidades y los
ayuntamientos.
El éxito de una ministra o de un ministro de Cultura es conseguir que los otros ministerios, que deben que cumplir este 1 por ciento, lo cumplan, y esto pasa por un ejercicio de seguimiento de obras, etcétera; por tanto, reclamar este
aspecto me parece importante. La diputada del Partido Popular comentaba este baile de cifras y decía que es bueno saber de qué cifra global estamos hablando, que se sepa previamente de qué se dispone.
Entendemos que haya posteriormente variaciones
reales en su ejecución, pero sería muy bueno que las comunidades, los ayuntamientos y por supuesto los diputados y diputadas conociéramos cuánto significa ese 1 por ciento.
El otro elemento determinante es la fijación de criterios y que sean lo más objetivos posible y, sobre todo, susceptibles de ser analizados por todos. Usted se ha referido a un elemento que desde el punto de vista de Convergència i Unió es
importante. Es cierto que estamos en un país que tiene una gran riqueza patrimonial y es responsabilidad de todos que este patrimonio se mantenga y si es posible se enriquezca y se mejore porque forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria
y la responsabilidad de los que hoy estamos trabajando por este tema, de forma directa o indirecta, es transmitir a las nuevas generaciones este patrimonio en las mejores condiciones posibles, dejándolo mejor que lo encontramos. En un país que
tiene la suerte de tener esta gran riqueza patrimonial, usted es consciente, señor subsecretario, que este 1 por ciento es un factor determinante que ayuda a esta labor. Usted planteaba -y yo comparto su criterio- que una forma de aclarar el tema,
con las excepciones que comportan pequeños municipios, etcétera, es la cofinanciación de estos proyectos; es decir, que una comunidad autónoma apueste económicamente por un proyecto, que un ayuntamiento apueste claramente por un proyecto demuestra
también su prioridad. En este sentido sería bueno que el ministerio tomara en consideración de una forma clara este hecho. Esta apuesta va en función también de la dimensión, es decir, que un pequeño ayuntamiento dedique un alto porcentaje de su
presupuesto a esta restauración o a esta operación patrimonial demuestra que para este ayuntamiento aquello es una alta prioridad. Que un gobierno autonómico haga una apuesta clara utilizando su 1 por ciento o su presupuesto directo en una
operación demuestra el claro interés que tiene. Para mí este concepto de la cofinanciación me parece claro. Cuando hablamos concretamente de bienes de la Iglesia también cree este diputado -sin entrar en el planteamiento de laicidad o no- que es
bueno que la Iglesia, en función de sus posibilidades, apueste económicamente por los proyectos que se ponen encima de la mesa. Este factor de la voluntad clara, la priorización que debe hacer la comunidad autónoma, el gobierno autonómico o el
propio ayuntamiento frente a una solicitud de un 1 por ciento cultural, es importante que sea un elemento claro en la toma de decisión.
A partir de aquí es razonable -y además lo marca la ley- que la obra respete el entorno y que no perjudique
seriamente aquella zona.
Lo que más me preocupa es lo que usted planteaba relativo a los convenios consensuados con Fomento, Cultura, etcétera, porque muchas veces no comprendemos estas relaciones bilaterales entre Fomento y Cultura, en que Fomento gana de una forma
clara e impone sus proyectos. Señor subsecretario, por todo ello es muy importante que aclaremos a esta Comisión, a los diputados que trabajamos en el área de Cultura, así como a los gobiernos autonómicos, quién va a actuar como interlocutor básico
respecto a estos proyectos que se plantean.
Otro tema del que se habla poco, no sé si hoy se ha tratado, es que la ley marca también que este 1 por ciento cultural se ha de aplicar a nueva creación, a nuevos creadores. Ante la avalancha de problemas que tenemos en el terreno
patrimonial, gobiernos autonómicos, ayuntamientos y también el Gobierno central, este tema que viene marcado por la ley se olvida y muchas veces los ministros, los consejeros de Cultura y los
concejales de Cultura de los ayuntamientos se encuentran con la presión de sectores creativos donde solicitan obra nueva y labor creativa nueva alrededor de obras culturales. En este sentido me gustaría conocer, señor subsecretario, cuál
sería su opinión, si esta es una línea de trabajo que se podría aplicar para resolver el tema de la nueva creación, que me parece un factor importante. En la obra pública se debería asumir, sobre todo infraestructuras, que pueden ser portuarias,
autopistas, autovías, que en el propio proyecto de la obra ya existiera la posibilidad de incorporar obras en el terreno de las artes visuales, fundamentalmente esculturas, murales cerámicos, que ya fueran un elemento, entre comillas, soportado en
el propio proyecto, ya no sería un 1 por ciento externo, sino que si se calculara en el proyecto de ejecución de una autovía, que tiene un coste muy alto por kilómetro o en una instalación portuaria o incluso en algún tipo de instalaciones
científicas, etcétera, no aumentaría mucho el coste que en el proyecto se analizara la posibilidad de incorporar elementos escultóricos, lo que iría a fomentar esta nueva creación y daría respuesta a solicitudes que colectivos de artistas
periódicamente plantean, con razón, y solicitan que un porcentaje de este 1 por ciento vaya dedicado a esta nueva creación. Esto no se hace y sería bueno buscar fórmulas alternativas en esta línea.
Señor subsecretario, estamos manejando un tema de gran importancia puesto que es decisivo en la labor de conservación del patrimonio de las comunidades autónomas. En segundo lugar, es importantísima la labor de recaptación o coordinación
que debe hacer Cultura para conseguir que estos recursos no se pierdan; es importante la cofinanciación que usted planteaba con los organismos autonómicos y locales para pedir responsabilidad en este tipo de ejecuciones y también es importantísimo
planificar y conocer exactamente cuál va a ser la actuación del conjunto del ministerio en estas cuestiones.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señora presidenta, señor subsecretario, la situación del 1 por ciento cultural creaba falsas expectativas en muchos ayuntamientos, demasiadas expectativas. Para cualquier ayuntamiento que recurriera al Ministerio
de Fomento, a la Dirección General de Arquitectura, en principio, todo era aceptable: deje el proyecto, ya lo veremos en la próxima reunión. El criterio de discrecionalidad en la anterior legislatura fue absoluto. Muchos proyectos se aprobaban
porque el ministro de Fomento se había comprometido con aquel alcalde, con aquel diputado o senador. Es una evidencia que se da en la reunión del 3 de febrero, la última en la que se aprueban proyectos -y ya han pasado trece meses-. De todos es
sabido que el secretario de actas de las reuniones del 1 por ciento cultural, el director general de Arquitectura no pudo entrar en la reunión del 1 por ciento cultural. Se habla de caos (había muchos proyectos), pero si aquello era el caos esto
debe ser el Big Bang.
Es cierto que había un trabajo del 1 por ciento cultural, y podríamos discutir y mucho sobre la selección de proyectos, pero las disposiciones presupuestarias se cumplían al cien por cien cada año. El célebre informe del
Tribunal de Cuentas bien venido sea, pero es que en el año 2004 -y aquí ha habido ciertas responsabilidades- no ha habido aportaciones de AENA ni de Puertos, y las aportaciones del 1 por ciento cultural de los organismos que dependen del Ministerio
de Fomento son inferiores en el año 2004 que en el año 2003 y veremos cuáles serán en el año 2005.
A partir del decreto de septiembre, de la creación de la comisión interministerial por el 1 por ciento cultural, no acierto a comprender lo que pasa. En el decreto de septiembre, a la vez que se ampliaba a cuatro ministerios, se situaba la
secretaría de actas en el Ministerio de Cultura, que es donde, entiendo yo, se tenían que tramitar todos los proyectos, según este decreto ministerial. En el borrador que tienen pendiente el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Fomento, que no
sé por qué no se firma porque, como mínimo, se deben ver cada viernes en el Consejo de Ministros, ponen una fórmula mixta en la que la secretaría de actas es compartida, pero el último que la tendrá es el Ministerio de Fomento. Si en estos momentos
un ayuntamiento llama al Ministerio de Cultura y dice que tiene un proyecto y pregunta dónde lo tiene que entregar, le dirán que allí, en el Ministerio de Cultura; si llama al Ministerio de Fomento y pregunta lo mismo, le dirán que en el Ministerio
de Fomento. Esta situación no puede durar un año. Aparte de lo que genéricamente llamábamos el 1 por ciento cultural, antes englobado en el Ministerio de Fomento, hay una parte que sí viene de las empresas, pero otra parte viene de los
Presupuestos Generales del Estado, que en este momento se lo ha quedado el Ministerio de Vivienda, según tengo entendido, pero es que el día 22 de diciembre se produce el cese del director general de Arquitectura y si no lo han nombrado en el último
Consejo de Ministros, que creo que no, aún no se ha nombrado uno nuevo.
Esta parálisis no se puede soportar. Todos los proyectos de inversión directa que vienen de los Presupuestos Generales del Estado están paralizados. Los famosos 33 proyectos
de la ministra de Fomento... Si esto ya estaba aprobado en comisiones mixtas anteriores y lo único que se ha hecho aquí es una liquidación del dinero. Es que no se ha puesto en marcha, es que desde el día 3 de febrero de 2004, última reunión del 1
por ciento cultural con el Gobierno del Partido Popular, solo se ha producido una única reunión constitutiva y no se ha aprobado ningún proyecto. Hay muchos ayuntamientos muy preocupados, ayuntamientos pequeños que necesitan urgentemente que se les
pague el dinero de las restauraciones que han hecho. Yo tengo la sensación de que aquí hay
un duelo entre ministerios para ver quién se queda el 1 por ciento cultural y que aquí se están peleando el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda y en la pelea también está metiendo la cabeza el
Ministerio de Medio Ambiente. Yo estoy de acuerdo en que la discrecionalidad absoluta del ministro Álvarez-Cascos se tenía que corregir, pero creo que estos retrasos no se pueden achacar al Gobierno anterior, y si estaba tan mal, aún más razón para
que se acelerara ese proceso. Creo que estos retrasos se tienen que achacar a la discrepancia que existe entre los diversos ministerios para ver quién maneja el dinero del 1 por ciento cultural, y esta es una responsabilidad enorme que recae sobre
su Gobierno. Nosotros les pedimos que se pongan de acuerdo de una vez, que hagan cumplir la resolución del Tribunal de Cuentas, que se cumpla la Ley de Patrimonio, que empiecen a reunirse y que empiecen a sacar adelante actuaciones, que nombren de
una vez al director general de Arquitectura y que solucionen y pongan en marcha todo lo que representa el 1 por ciento cultural. Es urgente y la responsabilidad es de ustedes.
Lamentamos que en esta cuestión del Patrimonio no podamos avanzar
cuando tanto lo necesita este país.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: En primer lugar, tenemos que manifestar nuestra relativa satisfacción porque parece que existe la voluntad, que veremos en qué se concreta, de ordenar toda la gestión de este 1 por ciento cultural. Yo creo que la
mayoría de las instituciones de este país de distintos ámbitos ha sufrido una situación graciable hasta el momento a la hora de la aceptación de determinadas obras a cargo de ese 1 por ciento cultural y se han producido cosas tan curiosas, por
mencionar algunas, como que a través de un convenio con el Ministerio de Fomento el 20 por ciento de los fondos que se proporcionarían de ese 1 por ciento cultural fueran destinados a un centro de estudios históricos de obras públicas o a que se
subvencione la creación del monumento al hortelano o que se compren obras de arte en galerías privadas en ejercicios muy recientes, como todos recordamos. Nuestro grupo no es partidario de que sean los propios departamentos que aportan los fondos
quienes gestionen los mismos, aunque es evidente la tendencia que por parte de todos los gestores públicos existe a que si este euro es mío que no lo gestione el compañero de al lado, pero a nosotros no nos gusta esa fórmula. Parece que se opta por
la comisión interministerial, aunque entendemos que debería recaer en el propio Ministerio de Cultura la gestión total de estos presupuestos; estamos hablando directamente de una transferencia de fondos del resto de los departamentos al ministerio.
No parece que sea esto por lo que se está optando, al menos en el nivel de las decisiones, parece que se ha planteado una comisión interministerial. A mí me queda una duda que me gustaría que me despejara y es si se va a crear un fondo gestionado
por el Ministerio de Cultura. ¿No se va a crear un fondo y va a haber gestiones coordinadas a través de esa comisión interministerial por parte de cada uno de los ministerios? Yo entiendo que la voluntad de establecimiento de una serie de
criterios para la adjudicación de este 1 por ciento llevará aparejada también la creación de una ventanilla única a la hora de realizar las solicitudes. Eso no se ha aclarado, aunque yo entiendo que esa sería la voluntad, y me gustaría que se
aclarara en una segunda intervención.
Ha señalado ya algún otro diputado que es importante también, vistos los informes del Tribunal de Cuentas, que haya una vigilancia estricta del cumplimiento de la Ley de 1985 en cuanto a la existencia y aplicación de ese 1 por ciento por
parte de cada uno de los ministerios referidos a los fondos procedentes del volumen de obra realizada por cada uno de los departamentos. Nos parece que la vigilancia de ese cumplimiento debería recaer también en el Ministerio de Cultura, que
debería hacer un seguimiento estricto. Desde hace tiempo, venimos reclamando una mayor precisión del destino de estos fondos y de los criterios de reparto y adjudicación. Nosotros estamos de acuerdo en principio en que se centre en el patrimonio
histórico el destino de esos fondos, a pesar de que la ley ofrece otras posibilidades. La nueva creación artística debe ser algo a fomentar y a impulsar, pero podría ser perfectamente a través de otros fondos presupuestarios del Gobierno donde se
atendieran estas necesidades.
No sabemos exactamente si estos criterios que se apuntan -he creído entender a través de una orden ministerial de Cultura- van a ser traducidos vía orden ministerial o en un reglamento. La ley habla de vía reglamentaria, pero nosotros
creemos que contribuiría a una mayor seguridad jurídica regular por ley la gestión y los criterios de reparto y de adjudicación de este 1 por ciento cultural. Esto incluso podría redundar en beneficio público. Mi pregunta es ¿va a ser un
reglamento? ¿Cuál es la categoría jurídica que se le quiere dar? Por cierto, se ha apuntado antes a su publicación en el BOE. Me imagino que se está refiriendo a su futura publicación en el BOE, aunque no le he entendido bien si se había
publicado ya. (El señor subsecretario de Cultura, Hidalgo López: Hoy.) Hoy se publica, entonces ya consultaremos el BOE.
Aparte de eso, le voy a pedir otra documentación. Nos parece también necesario que haya una convocatoria pública. Esto no
puede ser un goteo, además de un pasilleo, de si yo tengo contactos, me acerco a determinado director o determinada persona influyente de determinado ministerio, de manera que al final se produce la adjudicación. ¿He acabado con el tiempo, señora
presidenta? Es que su mirada me ha hecho sospecharlo.
La señora PRESIDENTA: Ya se han cumplido los cinco minutos, pero todavía no le estoy llamando al orden.
El señor ESTEBAN BRAVO: Todavía tengo algunas cosas que decir.
La señora PRESIDENTA: Forma parte de la generosidad de esta presidenta.
El señor ESTEBAN BRAVO: Decía que es necesaria una convocatoria pública para dar mayor seguridad jurídica. Dentro de esos criterios que se han explicitado y que a mí me parece un esfuerzo interesante, aunque seguramente podrían ser
discutibles e incluso más desarrollados, se ha apuntado uno sobre el que quisiera llamar la atención. Se ha hablado de bienes de titularidad pública o cedidos por 50 años al Estado. Hay una serie de excepciones, de líneas de actuaciones, plan
nacional -ha apuntado catedrales y monasterios-, pero no escapa a su conocimiento que en general en todas las comunidades autónomas, aunque en algunas más que en otras, el patrimonio eclesiástico es enorme proporcionalmente. Yo no sé si está
excepción ceñida a los planes nacionales sería suficiente. Me pregunto si no deberíamos plantearnos que pudieran ser incluidas obras relativas a inmuebles pertenecieran a instituciones o entidades sin ánimo de lucro. El estricto criterio de bienes
de titularidad pública o la cesión al Estado o su inclusión en las líneas de planes nacionales podría dejar fuera obras verdaderamente interesantes.
En cuanto a la participación de las comunidades autónomas, creemos que hay descompensación territorial. Yo no tengo ese CD maravilloso que tenía la portavoz del Grupo Popular y, a pesar de que uno creía que era bastante hábil con esto de
Internet, la verdad es que yo no he conseguido dar con toda esa relación de obras; por eso las he reclamado al ministerio y luego me referiré a ello. La sensación que uno tiene es que hay una descompensación interterritorial importante y, por otro
lado, el punto de vista de las comunidades autónomas no se ha tenido en cuenta, siendo estas las que tienen las competencias en materia de patrimonio. Estamos yendo por vía de hecho a una asunción de competencias por parte del Gobierno que no tiene
con arreglo a la legislación, pero se va acaparando por vía de hecho. Se habla de que serán oídas las comunidades autónomas.
¿A qué se refiere? ¿Al establecimiento de criterios -parece que no, porque hoy se publica en el BOE-? ¿A la aplicación
de decisiones? Para tomar decisiones, ¿van a tomar parte las comunidades autónomas? ¿Cómo se va a arbitrar todo eso? A nosotros nos parece que las adjudicaciones tendrán que ser de acuerdo con lo ya planificado y establecido por las comunidades
autónomas, porque, si no es así, entraríamos en una falta de colaboración entre administraciones verdaderamente notable. Nos gustaría que cuando se firmaran esos convenios con el resto de los ministerios, directamente, sin que sea necesario que lo
solicitemos, se enviaran a la Mesa de la Comisión para que esta los pueda distribuir a los diversos grupos parlamentarios, aunque -insisto- a mí esta fórmula de los convenios sigue sin convencerme y a mi entender sería mucho mejor que fuera
únicamente un ministerio quien se encargara de la gestión entera de este 1 por ciento.
Además de su comparecencia que lo que ha venido a hacer es explicitar un poquito más los criterios que ya había apuntado en la comparecencia de octubre, quisiera que respondiera a las iniciativas ya planteadas por todos los grupos
parlamentarios. Como he dicho antes, yo no tengo esa relación de obras y desde luego hay iniciativas por parte de todos los grupos, con lo cual parece que la mayoría estamos en las tinieblas, se deduce una cierta oscuridad y nos gustaría que
hubiera luz hacia el pasado para poder identificar errores y mejorar el presente, y luz hacia el futuro, porque es evidente para todos que tenemos que corregir el rumbo y sería bueno saber de qué situación partimos.
Por otra parte, yo entiendo que no se ha aprobado nada este nuevo año -estoy finalizando, señora presidenta-, que me parece lógico, lo digo sinceramente, porque me parece que había que parar un poquito para poner orden, pero me gustaría
saber qué hay comprometido ya. Por ejemplo, ¿qué nos queda del presupuesto de 2005 para repartir? Me imagino que lo que ha sido solicitado, pero no adjudicado, tendrá que entrar ahora con estos nuevos criterios; se abrirá un nuevo plazo con todas
las condiciones de seguridad jurídica, publicidad, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sin duda, el tema del patrimonio histórico-artístico es complejo y precisamente no es fácil resolver las múltiples deficiencias que en la planificación de su restauración y rehabilitación venimos padeciendo desde
hace mucho tiempo, posiblemente en el conjunto del Estado español pero en unas zonas de forma más acusada que en otras debido a su peso político y a su mayor peso cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista histórico. La gran oportunidad que
tendríamos con este Gobierno sería que clarificase los criterios que se van a emplear en la distribución de los fondos públicos destinados a esta restauración y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico, así como que hubiera una calificación
funcional de competencias. Esto lleva consigo que hay que tener unos criterios, que pueden ser discutibles, aunque en todo caso, si están asumidos por la mayoría de las entidades que tienen que participar y proponer, siempre es mejor que no tener
nada, y hay que evitar caer en el confusionismo, porque analizando algunos casos últimos, en concreto, los que aprobó el Ministerio de Fomento hace poco, uno se encuentra con que hay actuaciones, que no vamos a discutir, pero que son llamativas
desde el punto de vista de las prioridades. Por ejemplo, en el caso de Galicia, que haya un intento por invertir en un castro como el de Cibrao das Las, en San Amaro, Orense, es digno de elogio si se refiere a la ordenación, al estudio del
castro e incluso a su puesta en conocimiento social y público. Ahora bien, cuando la inversión tiene una parte destinada a un edificio que va a tener cafetería y tienda, la perplejidad aumenta un poco más; cuando menos se podría discutir. No
dudamos de que esta inversión sea necesaria en un monumento de la cultura castrexa, que es un mundo peculiar de todo el oeste peninsular y en especial de Galicia y del norte de Portugal, pero en esa zona castrexa y en otras zonas de Galicia hay
otras necesidades, por lo que se podría invertir el dinero muchísimo mejor. No le voy a hablar de la Fundación Albéniz, porque realmente me sorprende que se pueda hacer una aportación de 1.750.000 euros nada menos que para la Escuela Superior de
Música Reina Sofía, cosa muy plausible, que está muy bien, que debe ser atendida, pero por otros fondos y otras fuentes. Me parece bárbaro que en Euskadi haya un concello que tenga un valor patrimonial y cultural importante, pero es que lo está
utilizando la corporación local, y se va a aportar dinero del 1 por ciento cultural para sus modificaciones y su habilitación interna para los usos de la Administración local como tal. Sin querer dudar sobre las inversiones, considero que son harto
discutibles en este aspecto, y como se trata de priorizar y planificar, este es un detalle que habría que tener muy presente.
La segunda cuestión es el reparto competencial. Sin ambigüedades habría que dar un golpe en la mesa y dejar claro que en la medida en que el Estado pueda estar implicado en este tipo de cuestiones, con competencias en la rehabilitación y
puesta en valor del patrimonio histórico-artístico en el conjunto del Estado español, que es una función fundamentalmente de las comunidades autónomas, debe estar centralizado en el Ministerio de Cultura con todas sus consecuencias. El resto de los
departamentos se deben limitar simple y llanamente al control del 1 por ciento de la obra pública, a la transferencia y, en todo caso, a algún tipo de dictamen, informe o propuesta, pero que siempre tenga la última palabra el Ministerio de Cultura
en colaboración con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas deberían tener un papel determinante, sin discutir que muchas puedan estar muy mal gobernadas; en concreto a la que pertenezco desde el punto de vista cultural es caótica y
desastrosa.
Puede parecer extraño que un diputado venga aquí a pedir fondos del 1 por ciento cultural para un patrimonio que está en total proceso de deterioro, y es posiblemente de los más importantes del Estado español, y que tengamos que
aguantar que puedan gastarse en una ciudad de la cultura, dependiente de la Administración autonómica, 27.000 millones de pesetas. Puede parecer que a nosotros nos sobra el dinero. No es así y después haré alguna alusión a esa cuestión. La
comunidad autónoma debiera de ser la que tuviera un papel determinante e incluso que todos los proyectos que se presentasen desde la comunidad autónoma llevaran un dictamen de la misma y que tuviese, si no una palabra definitiva, una palabra
cualitativamente fundamental, porque creo que es la encargada de estudiar todos los problemas que tiene el conjunto del país, de establecer prioridades y de controlar y contrastar cuánto dinero público se lleva gastado de forma armónica o
equilibrada en el conjunto del territorio.
Con respecto a los criterios nos preocupa algo que ustedes deberían tener en cuenta. Efectivamente se ha llamado la atención sobre que la ministra de Fomento habló del criterio poblacional, que es un criterio a tener en cuenta, pero en el
patrimonio histórico-artístico habría que contar también con la cantidad que hay catalogada, perfectamente documentanda, con la categoría de BIC, que parte perteneció al Estado y qué trato se le dio mientras estuvo en sus manos. Lo que no es normal
es que a nosotros ahora nos abandonen cantidad de patrimonio histórico-artístico que fue del Ministerio de Defensa y se lo atribuyan a un ayuntamiento de 7.000 habitantes o a uno de 80.000 en proceso de bancarrota, con una reestructuración
industrial brutal, que haya pagado gran parte de ese patrimonio para poder acceder a él y para que siguiese siendo público y ahora la Administración pública considere que se le tiene que tratar igual que a otro patrimonio cultural cualquiera del
resto del Estado español. Este es un criterio fundamental a tener en cuenta, así como cuál fue el esfuerzo que hizo históricamente. Si no se tiene en cuenta esto, sería una gravísima injusticia. Hay que hacer un esfuerzo grande por el control de
la obra pública para que se cumpla efectivamente con el 1 por ciento. En principio, como representante del Bloque Nacionalista Galego estoy de acuerdo con los criterios generales. Destaco solamente una cuestión, no porque discrepe de que los que
sean de propiedad pública deban ser objeto de atención. Hay una vía para introducir otros patrimonios, pero siempre que cumplan una función pública o social, y el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia católica tiene un problema que
convendría aclarar. Hay que tratarlo exactamente igual que a los demás, pero habría que estipular unas cláusulas muy claras en los convenios que se firmen de que tienen que cumplir una función social, apertura al público y con unas condiciones
determinadas. Si se pusiera esta cláusula con claridad, podría entrar en el conjunto del patrimonio histórico-artístico, sea de propiedad pública o privada. Igual que habría que emprender alguna acción sobre algunas casas de la nobleza para que se
animen a transferir esa propiedad por 50 años a las administraciones públicas. Me refiero a cantidad de castillos que la Casa de Alba tiene abandonados, por ejemplo, en el caso de Galicia, que les trae sin cuidado, que se están cayendo, y realmente
no se puede dejar a un pequeño ayuntamiento de 3.000 habitantes que haga las gestiones con una casa
que además dista mucho de conocer el problema y que geográficamente está muy alejada.
Para acabar me gustaría hacer algunas preguntas. En primer lugar, si se reunió -como anunció el director general de Bellas Artes en el Senado- la Conferencia de Comunidades Autónomas el día 10 de marzo y qué proyectos presentaron para el
futuro y, en particular, si presentó alguno la Comunidad Autónoma de Galicia en este consejo del patrimonio histórico-artístico de las comunidades autónomas con el Ministerio de Cultura. En segundo lugar, si se firmaron los programas bilaterales
del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Fomento. En tercer lugar, si me puede decir qué proyectos gallegos quedaron sobre la mesa, sin duda porque no estaban firmados los convenios. En particular, ya
que son propiedad del Ministerio de Cultura, me gustaría saber si hay alguna viabilidad de participación del 1 por ciento cultural en el caso del castillo de Monterrei, una parte del cual es propiedad de dicho ministerio, todas las murallas, que
están en una situación caótica; también hay partes que corresponden al Ministerio de Defensa y otras propiedades privadas; si hay alguna posibilidad respecto al monasterio de Montefaro, que pertenecía al Ministerio de Defensa y que ha sido
entregado al Ayuntamiento de Ares, en proceso de expolio y de ruina continua ya cuando lo tenían desafectado los militares y sobre el cual se aprobaron iniciativas para que se le echara algún cabo. En cuarto lugar, me referiré al castillo de San
Felipe, que fue comprado a Defensa por el Ayuntamiento de Ferrol por casi 200 millones de pesetas de entonces, sobre el que había un acuerdo para financiar su recuperación y rehabilitación al 50 por ciento con el Ayuntamiento de Ferrol, proceso que
quedó estancado con los cambios de Gobierno y, sin duda, por las dificultades financieras.
En todo caso, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, les animo a clarificar estas situaciones, a utilizar cuando menos normas que sean claras, que no provoquen confusionismo y a que controlen ustedes -en el caso de las competencias
estatales, el Ministerio de Cultura-, para que todos podamos tener claridad de criterios, cómo se ejercen las funciones y, en el caso de las comunidades autónomas, que ellas se responsabilicen de las prioridades y de los criterios de transparencia,
justicia y equidad en relación con su territorio.
La señora PRESIDENTA: Finalmente, tiene la palabra el señor Bedera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BEDERA BRAVO: Bien venido nuevamente, señor Hidalgo, a la Comisión de Cultura.
Como usted decía, su última comparecencia en esta Comisión fue precisamente para contestar a una pregunta de este grupo, formulada por este diputado, sobre la aplicación de los fondos resultantes de la consignación del 1 por ciento cultural.
De nuevo estamos aquí para hablar del mismo tema, lo cual a nuestro grupo parlamentario le sugiere varias cosas. De entrada, que tanto el ministerio en general como usted en particular no tienen lo que pudiéramos llamar miedo escénico, lo cual no
se puede decir siempre respecto a las comparecencias de altos cargos en esta Cámara en periodos anteriores. Usted mismo anunció en aquella comparecencia que le suponía más un honor que una ocupación y, evidentemente, así lo está demostrando
nuevamente.
En segundo lugar, su presencia nos sugiere la especial atención que el Ministerio de Cultura concede al 1 por ciento cultural, de lo cual nos congratulamos, porque estamos sin duda ante una de las medidas más importantes para el fomento de
la cultura, como ha sido reconocido internacionalmente, como se reconoce en nuestro país por la muchas veces citada Ley de patrimonio y como se reconoce también en las comunidades autónomas, que una tras otra han ido recogiendo este principio en sus
leyes autonómicas.
En tercer lugar, su comparecencia nos tranquiliza, porque observamos que el ministerio está poniendo orden en el caos existente anteriormente. Hay que repetir lo del orden y el caos, porque sin duda, señor subsecretario, de las situaciones
que este Gobierno ha heredado, pocas estaban tan complicadas, han sido tan complejas o estaban tan caóticamente tratadas como la del 1 por ciento cultural. Es cierto que todos los gobiernos tienen luces y sombras en su gestión, pero evidentemente
no estamos en una zona de penumbra. Si me permiten la comparación, estamos diferenciando el claroscuro de un cuadro de un pintor flamenco de los cuadros negros de Goya. Este es el dibujo de cómo estaba la situación. En este sentido, el ministerio
ha puesto orden porque ha conseguido aglutinar esfuerzos enfocándolos en una misma dirección. Dice el Eclesiastés que una cuerda de tres ramales difícilmente se rompe. Eso es lo que está consiguiendo este Gobierno, aunque evidentemente trenzar esa
cuerda cuesta más cuando la cultura de la que venimos es tan diferente.
Además, lo ha conseguido aglutinando alrededor del Ministerio de Cultura los esfuerzos de los tres ministerios que soportan el mayor volumen de obra pública del que se detrae
el 1 por ciento cultural.
Por otra parte, se ha utilizado un instrumento legal, el Real Decreto de 10 de septiembre del año pasado, también citado en esta comparecencia, que crea la Comisión interministerial para la coordinación del 1 por ciento cultural. Creemos
que esta norma representa el punto de partida, el inicio de ese impulso que los distintos ministerios de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente, los tres ramales a los que antes me refería, están llamados a llevar a cabo, y todo ello -esto es lo
importante y nos gustaría que nos lo confirmase- bajo la batuta del Ministerio de Cultura.
Estos tres ministerios, con esta dirección de Cultura, van a ser los alimentadores de una política de promoción y de apoyo al patrimonio cuyos resultados,
evidentemente, no se van a hacer esperar; lo que ocurre es que venimos de dónde
venimos, señor subsecretario. Además, este acuerdo interministerial representa no solamente el inicio, el arranque, sino también el futuro, porque estamos convencidos de que, para que la medida del 1 por ciento cultural surta los efectos
que todos los grupos parlamentarios deseamos -como se ha visto aquí- tiene que ser sostenible en el tiempo, y esa sostenibilidad se garantiza también con el esfuerzo conjunto de los tres ministerios con mayores responsabilidades en obras públicas.
Por último, señor Hidalgo, aunque solo sea para que consten en el 'Diario de Sesiones' los cumplimientos electorales del Gobierno socialista en materia de cultura, la citada comisión interministerial también representa algo muy importante,
que es la plasmación de un compromiso electoral del Partido Socialista cuando anunció que el nuevo Ministerio de Cultura asumiría la gestión, la dirección y la aplicación efectiva del 1 por ciento cultural. La constitución de esta comisión
interministerial supone por tanto el cumplimiento de una parte de ese contrato que el Partido Socialista suscribió con los ciudadanos y que ayer mismo hizo un año que empezó a cumplirse.
Junto con la creación de la comisión interministerial, que nos ha parecido un paso decisivo tanto de arranque como de futuro, como he comentado antes, otra de las medidas que han hecho posible la salida de ese caos anterior ha sido la
fijación de unos criterios para aplicar el 1 por ciento cultural. De nuevo tengo que hablar de caos. No piensen que este diputado lleva la cuestión del orden frente al caos más allá de lo estrictamente necesario. Este diputado puede entender que
sin teorías como la relatividad, el principio de incertidumbre o la propia teoría del caos no se hubieran producido los avances de la física, pero estará conmigo, señor subsecretario, en que una cosa es la física y otra es la defensa del patrimonio,
y mezclarlos no conviene demasiado. Sin embargo, es verdad que ha habido una situación caótica y no podemos dejar de referirnos a ella. La fijación de criterios, a la que antes he hecho referencia, va a resolver muchos problemas que tenían las
propias comunidades autónomas, que tenían -se ha citado aquí- los ayuntamientos y que tenía la propia ciudadanía, que espera mucho de este 1 por ciento. No vamos a volver a repetir aquí las cifras, porque ya están consolidadas en el 'Diario de
Sesiones' de su anterior comparecencia, pero cuando las comunidades exigen a la Administración que ponga en marcha una serie de proyectos habrá que fijar primero qué proyectos son esos y de qué manera se van a ordenar. Con estos criterios, como se
ha dicho muy bien, se cumplen unas resoluciones importantes del Tribunal de Cuentas en relación con el informe fiscalizador del cumplimiento por parte de las empresas estatales de las obligaciones legales del 1 por ciento cultural. Tampoco es el
momento -puesto que ya se ha dicho aquí anteriormente- de repasar cuál era la situación en la etapa del anterior Ministerio de Fomento; únicamente voy a recordar el dato: 16.868 millones de pesetas se dejaron de ingresar. Evidentemente, eso fue
lo que hizo al Tribunal de Cuentas y a la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas llegar a una serie de resoluciones que usted resumía muy bien. Lo que se pedía al Gobierno era, en primer lugar, que clarificara jurídicamente la
aplicación de la Ley de patrimonio, puesto que Fomento, en su etapa anterior, dudaba de que algunas partidas debieran ser o no afectadas por el 1 por ciento cultural, y en segundo lugar, que la aplicación del 1 por ciento cultural se basara en
parámetros objetivos, ergo no eran parámetros objetivos los que regían la aplicación del 1 por ciento cultural.
Así pues, señor subsecretario, el Grupo Socialista no puede hacer otra cosa que aplaudir tanto el contenido de las iniciativas -que yo he resumido en estas dos: la comisión interministerial y la fijación de criterios-, como la forma en la
que se están llevando a cabo respecto de ese instrumento -que seguramente, como usted ha dicho, no resuelve todo, pero que es el más poderoso de impulso del patrimonio- que es el 1 por ciento cultural. Además tengo que decirle que tenemos
conocimiento de que son muchas las instancias que, como este grupo, tienen puestas grandes esperanzas en esta nueva deriva del 1 por ciento cultural, en el buen funcionamiento de los mecanismos a los que usted ha hecho referencia y que yo he citado.
Me refiero, por ejemplo, a los propios consejeros de las comunidades autónomas, que en su gran mayoría -evidentemente siempre hay excepciones- ven una reactivación del fomento del patrimonio en cuestiones que les afectan porque efectivamente están
transferidas a las comunidades autónomas. ¿Qué han observado? Han observado, por ejemplo, que se ha retomado el diálogo, usted lo ha dicho aquí, los criterios han pasado por la conferencia sectorial de Cultura, y eso ya es un avance en sí mismo,
eso ya es una novedad; se les consulta, también lo ha señalado usted, y las comunidades autónomas serán oídas en el establecimiento de las prioridades, otra prioridad, señor subsecretario; y sobre todo, y lo han dicho otros portavoces, se va a
tomar en cuenta algo que no existía, que es el principio de territorialización para la asignación del 1 por ciento cultural. Esto es fundamental para la búsqueda del equilibrio, fundamental para la búsqueda de un Estado que está pidiendo, en este
caso concreto, que se tenga en cuenta este criterio. Nos consta que este principio se ha recibido con gran satisfacción, con gran alegría por la mayoría de los consejeros de Cultura que, con gran sentido común, han visto la diferencia entre un
número importante de acciones que se iban a llevar a cabo pero que no se podían realizar por falta de dinero, por falta de organización o por falta de territorialización, y la ordenación de estas cuestiones, que ha sido acogida con gran alegría por
parte de casi todos. Es verdad que no por todos, pero también es verdad, señor subsecretario, que el sentido común está peor repartido que la riqueza
y, por lo tanto, tendremos que contentarnos con lo que hay.
Resumiendo, señor subsecretario, de la pregunta de qué gastar, hemos pasado al análisis de qué gastar, que nos lo ha dado fundamentalmente el Tribunal de Cuentas al decir que había un incumplimiento reiterado por parte de la Administración
anterior. Si no se tiene dinero, es muy difícil hacer las cosas y si no se pone coto a esta situación que heredamos de la época anterior, es muy difícil llevar a cabo los proyectos. Además de clarificar jurídicamente qué está afectado y qué no
está afectado por el 1 por ciento cultural, el qué gastar ya está corrigiéndose afortunadamente.
La segunda cuestión es quién decide lo que se gasta. En el Ministerio de Cultura y en el resto de ministerios se está produciendo un cambio de estructura muy importante y recomponer todo eso no es fácil. Mi compañero del Grupo Vasco decía
que antes quien decidía era el gran hegemón, era el señor Cascos el que decía, desde Fomento, qué se hacía y qué no se hacía.
Parece lógico, y también lo ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, que se decida en un ámbito más amplio y, eso sí,
que Cultura lleve las riendas, evidentemente, como por otra parte es el compromiso electoral del Partido Socialista.
En tercer lugar, cuándo se gasta. Se está diciendo aquí del tiempo y de que ya han pasado once meses, y yo le diría que no se desanimara por lo que ha oído usted; son muchas las razones que pueden explicar lo que se ha oído aquí. El Grupo
Vasco decía que hay que parar para poner orden, que evidentemente puede ser un motivo; Esquerra hacía una crítica, y yo creo que puede responder -y no quiero interpretar al portavoz de Esquerra- a que sin duda se han depositado grandes expectativas
en este cambio de timón, en este cambio de deriva y, en fin, el Grupo Popular dice que en un mes se podía haber hecho esta transformación, este cambio.
Es un exceso de confianza, señora portavoz del Grupo Popular, ni siquiera el Partido Socialista
es capaz de arreglar en un mes lo que ustedes han estropeado en ocho años; quizá haya que achacarlo a un incremento en la dosis de oposición que el equipo médico habitual ha prescrito en el primer aniversario de la victoria socialista. No lo sé,
pero en todo caso me parece que es un tiempo razonable para la cantidad de cosas que se están modificando y que se están reestructurando de arriba abajo.
Por último, cómo gastar. La mayoría de las comunidades autónomas están encantadas de que haya unos criterios de cómo gastar. Estamos absolutamente convencidos de que los criterios se pueden ir puliendo y en este caso -quiero abundar en
algo que ha dicho el portavoz de Convergència- es muy importante la cofinanciación. No digo los pueblos pequeños, que bastante tienen con arreglar su monumento, pero las comunidades autónomas, sobre todo algunas, no tienen que tirar la piedra y
esconder la mano, sino que, si realmente están apostando por la cultura y por el patrimonio, deberían demostrarlo poniendo encima de la mesa unos fondos, una cofinanciación necesaria para arreglar, por ejemplo, esos 14.000 ó 16.000, según se mire,
bienes de interés cultural.
Señor subsecretario, desde el Grupo Socialista aplaudimos el fondo y la forma en que está llevando a cabo los cambios, sabe que puede contar con este grupo, y estoy seguro de que en ese arrimar el hombro va a encontrar no solamente a otros
grupos, sino también a otras instituciones porque, como dijo Ovidio, lo que quieren dos o más no deja de realizarse.
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario, puede contestar a los señores intervinientes.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): El número de preguntas es importante. Por eso, voy a intentar sintetizar y englobar en alguna respuesta varias de las inquietudes que me han planteado algunos grupos, sin perjuicio de dar
luego un barrido, por decirlo de alguna manera, a las cuestiones concretas que se han planteado por cada uno de ellos.
La diputada del Grupo Popular y portavoz en esta Comisión ha descrito la situación como de parón, y parece que lo dice con éxito porque hay algún grupo que asume la descripción. Pues bien, yo lo voy a aclarar definitivamente. En el
ejercicio 2004 se ha invertido una cantidad análoga a la media de los últimos ejercicios presupuestarios, concretamente, por parte de Fomento se han invertido 13,7 millones; Administraciones Públicas, 2,9; Asuntos Exteriores, 2,93; Medio
Ambiente, 2,85 y por parte de Cultura, 5,7, como consecuencia de las transferencias. En total, 28,6 millones de euros. La media en los ejercicios 2000-2003 es de 28,94 millones de euros. ¿Quién puede hablar en esos términos de parón? Yo felicito
a la diputada del PP porque desde luego ha convencido a una buena parte de los grupos, lo cual dice mucho de su elocuencia, pero la realidad es distinta, y ahí están los datos; incluso, puede que se produzca un ligero aumento porque, a las alturas
del ejercicio presupuestario siguiente en que nos encontramos, podría haber algún ajuste concreto. Por tanto, insisto, no ha existido parón. En estos 11 meses desde que se incorpora el nuevo Gobierno, mejor dicho, desde que se incorporan los
equipos a los ministerios: Uno, se ha modificado el marco jurídico por medio de un decreto que contiene un elemento real de coordinación entre los ministerios; dos, se ha elaborado un borrador inicial de criterios que se ha remitido y discutido en
la Comisión de Patrimonio Histórico, que es el órgano de coordinación clave en materia de patrimonio histórico; tres, se ha trasladado a la propia comisión sectorial; y cuatro, se ha vuelto a ver en la Comisión de Patrimonio Histórico y se han
aprobado los criterios. Durante ese tiempo se han ejecutado 28 millones de euros. No es justo decir que no hemos hecho nuestros deberes o no hemos trabajado suficiente.
Reconozco, no obstante, que he sido moderado a la hora de exponer mis críticas a la situación anterior, que he hecho un diagnóstico honesto, yo creo que es un tema muy difícil y nadie puede sostener que sea fácil. Yo reconocería la buena
voluntad de todas las administraciones que han intervenido en el proceso, lo que discuto son los resultados, la buena voluntad no la pongo en discusión porque, por otra parte, hacerlo con este resultado supondría un nivel de perfidia inusual para la
vida política española, a pesar de que esté un poco complicada últimamente.
Por ir abarcando grandes bloques temáticos para entrar luego de una forma más concreta en cada una de las preguntas, comentarios o reflexiones de los grupos, no podemos hablar nada del año 2005, por la sencilla razón de que el propio
mecanismo presupuestario del 1 por ciento se genera a lo largo del año en la medida en que los proyectos que superen los antiguos 100 millones de pesetas son los que generan el 1 por ciento, y eso no se sabe hasta que no se adjudica un proyecto.
Eso no puede negarlo nadie, es pura dinámica presupuestaria. Lo que sí es cierto es que se puede hacer una estimación estadística y, estadísticamente, con relación a las inversiones que se incorporan al anexo de inversiones del Estado, unos años
por otros se sitúa hasta ahora en lo que he dicho, alrededor de 28 millones de euros. No hay ninguna razón para pensar que este año sea menos, sí alguna razón, en la medida en que se aplique con rigor lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, para
que eso incluso se incremente. Eso es incuestionable desde el punto de vista presupuestario. Hay una posibilidad de estimar, pero no de determinar a priori, porque si existiese esa posibilidad probablemente estaríamos atacando en su raíz al propio
modelo. Seamos francos, si al final se hace una aplicación sobre un modelo estadístico, lo que termina incorporándose como créditos presupuestarios y no extrapresupuestarios, como están ahora mismo, se incorporarían a los créditos del ministerio,
con lo cual luego en la práctica y con el transcurso de los años ya veríamos si ese esfuerzo se sostenía o no o si de alguna manera se absorbía o compensaba por otros crecimientos. Esa es la virtud, por decirlo de alguna manera, de este complicado
pero necesario modelo.
Me he debido explicar muy mal, y voy a intentar esforzarme ahora, sobre la situación preexistente. La situación preexistente no tiene precedentes, llevo veinte años dedicado a la aplicación del derecho administrativo y no había visto nada
parecido, y voy a explicarme. Se habían acumulado 910 solicitudes, que es una forma de iniciar un procedimiento administrativo como otra cualquiera -y me van a permitir que me mueva con cierta comodidad en ese ámbito-, sin resolución; o sea, el
modelo consistía en que se pedía y podía darse la circunstancia de que se incorporase o no al acta de la comisión mixta, no había respuesta. Políticamente es muy duro decir que no, eso es lo complicado, es mucho más fácil decir que sí a todo. El
coste político lo hemos asumido nosotros cuando hemos parado, ese es el coste, decir que sí a todo o no contestar simplifica bastante la actuación en cuanto a coste político.
Se da la circunstancia incluso de que se incorporan al acta y se reciben los parabienes o el beneplácito de la correspondiente comisión mixta, pero eso no significaba en ningún caso que esa obra fuera a realizarse, sino que el ayuntamiento o
la entidad que había presentado la solicitud recibe un oficio o una comunicación de la subdirección correspondiente diciendo que la comisión ha aprobado su solicitud, pero eso no tenía respaldo presupuestario. El respaldo presupuestario -y ha
tenido que ser la Abogacía del Estado la que ha tenido que decirlo- se obtenía a través del correspondiente convenio. Cuando se firmaba un convenio es cuando se generaba la obligación, eso lo dijo la Abogacía del Estado con claridad y tuvimos que
pertrecharnos de argumentos, ya que éramos conscientes de que nuestra posición iba a ser muy incómoda, porque veníamos, si no con el no, con el esperen ustedes frente al no se preocupen, pero luego los años demostraban que esas aprobaciones en la
comisión no iban a ninguna parte.
Esa es la situación. Yo creo que es imposible que una corporación haya iniciado una obra y ahora no tenga respaldo presupuestario. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: Las hay.) Si ha iniciado la obra, habrá sido antes de firmar el
convenio, y eso sí es gravísimo, porque entonces nos estamos yendo a un tipo de Administración -el señor Bedera, que es profesor de historia del derecho, me podrá corregir- de dos mil años para atrás, una administración oral, y prácticamente desde
el derecho romano la Administración no funciona de esa manera, no funciona diciendo: hagan ustedes la obra, que ya recibirán los créditos. Eso no es correcto. Yo comprendo que es complicado gestionar los convenios, que, probablamente por
ahorrarse el engorroso trámite de tener que llevarlos al Consejo de Ministros por su carácter de plurianualidad -esto es un tecnicismo, pero es así-, se hacían convenios anuales que tenían vigencia de un año, y entonces no puede haber municipios que
hayan hecho la obra y no vayan a cobrar. Podrá haber retrasos en los pagos, como en cualquier otra ejecución presupuestaria, ni más ni menos.
Mucho me temo que, si analizamos la realidad, lo que hay son compromisos verbales que luego se han sustanciado y, apoyados en la buena fe, esos municipios han pensado que iba a recibir los fondos y luego no los han recibido. No obstante,
estudiaremos con el mayor cariño las situaciones, porque ningún Gobierno disfruta haciendo daño -entre comillas- a otras administraciones o a los ciudadanos en general, pero esa es la realidad.
Los convenios se han ejecutado, y prueba de ello es
que hemos llegado a un nivel de ejecución que está en la media de los últimos años. De hecho este año se han firmado convenios, treinta y tres, si no recuerdo mal, por parte del Ministerio de Fomento, y se ha celebrado una reunión en julio -creo
recordar- de la Comisión Mixta Cultura-Fomento de aplicación
del convenio, y ahí se hizo un barrido de aquello cuya paralización inmediata generaría enormes daños a las propias administraciones que de buena fe habían puesto en marcha sus proyectos, y gracias a eso se ha ejecutado lo que se ha
ejecutado.
También aparece como una inquietud general la situación en que se hallan los bienes de la Iglesia en este proceso. Lo primero que hay que aclarar es que, insisto, el 1 por ciento, aun siendo importante, no es el grueso de la inversión, el
grueso de la inversión en bienes eclesiásticos va vía ministerio y esencialmente de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia nítida en esta materia, el 1 por ciento representa un porcentaje relativamente pequeño. Entiendo
que no es legítimo ni honesto intentar que todas las carencias que el patrimonio histórico tiene en nuestro país -que las tiene en el nuestro y en los demás- sean consecuencia de una inadecuada puesta en funcionamiento del 1 por ciento por parte de
este Gobierno. Yo creo sinceramente que eso no responde a la realidad y genera frustración entre las pequeñas administraciones en términos generales que la sufren.
Entendemos que con todo lo incluido en el proceso y con el mantenimiento y el sostenimiento de la inversión que, viniendo de la Iglesia católica, hace el propio ministerio y que, por otra parte, y pueden comprobar en los estudios que hay
ahora mismo a disposición de todos ustedes, realiza el resto de las administraciones, en ningún caso hay riesgos, y eso no lo digo yo, sino la propia Iglesia. Cuando de alguna manera se siembra una cierta alarma por una interpretación no demasiado
correcta de una situación política es la propia Iglesia la que dice: no, nosotros en principio no tenemos problemas y, a partir de ahí, el globo se desinfla.
Insisto en que está absolutamente garantizada la inversión en la Iglesia católica a través del Plan de Catedrales, del Plan de Monasterios que hemos continuado, que se firma, si no es con el Gobierno en funciones sí muy próximo, y estamos
manteniéndolo porque entendemos que ese tipo de cuestiones no se deciden políticamente a beneficio de inventario.
También es una preocupación general de todos los grupos el elemento del equilibrio territorial. Efectivamente esa es una de las cuestiones más complicadas e insisto en que nadie dice que eso sea fácil, pero lo que sí es cierto es que al
menos debe intentarse, debe existir una tendencia y cuando transcurran una serie de ejercicios presupuestarios podremos observar si hemos sido capaces de invertir una tendencia que podría situar el diferencial entre la inversión per cápita o por
población, incluyendo el tema de los Vips, entre la comunidad mejor tratada y la peor tratada de 1/300. Hay comunidades que han recibido 300 veces menos que la mejor. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: Tienen ocho provincias, otras tienen
una.) La mejor tratada es Castilla y León y la peor Baleares. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza: Que tiene ocho provincias y la otra tiene una.) No quiero entrar en el diálogo, pero eso puede observarse haciendo las cuentas con la información
de que se dispone ahora mismo en internet. Evidentemente ese no es un proceso que pueda corregirse rápidamente. No podemos conseguir la absoluta equidad, eso es evidente, pero podemos intentarlo y debemos conseguir que esa horquilla se aproxime.
Andalucía no puede recibir 0,99 euros por habitante, Castilla y León 6,41, Aragón 10,25, son datos que no resisten un análisis riguroso de un test de equidad, por decirlo de alguna manera.
Por eso tienen que intervenir las comunidades autónomas, y
además da igual el criterio que utilicemos, el de habitantes, el de kilómetros cuadrados, habitantes por kilómetro cuadrado o el número de bienes de interés cultural, porque al final estadísticamente funciona de una manera bastante homogénea.
Aprovecho para decir que el criterio poblacional se asocia al territorial, el territorio y la población están directamente unidos, no podemos prescindir de se elemento, aunque no sea el único a la hora de valorar el reequilibrio territorial, prueba
de ello es que el modelo de financiación territorial da variables del polinomio de cálculos en la población y en el territorio, no es algo que pueda obviarse. Con estos tres grandes temas intento dar una respuesta global, si me he dejado algo atrás
lo siento y habrá más oportunidades de aclarar la situación.
Dice la portavoz del Grupo Popular que se está generando inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica proviene de que haya peticiones de resoluciones sin contestación, eso sí la causa, porque es un elemental principio de derecho
administrativo que cuando alguien, institución o particular, se dirige a una Administración tiene que recibir una respuesta afirmativa o negativa.
Dice S.S. también que la conferencia sectorial ha rechazado los criterios cuando se han puesto sobre la mesa. Eso no es correcto, y si va a pedir, no recuerdo si por el artículo 7 ó 10, el acta ahí tendrá oportunidad de comprobarlo. El
proceso de diálogo con las comunidades autónomas se ha desarrollado, primero en la Comisión de Patrimonio Histórico, que es un órgano que se reúne cada mes o cada dos meses, que mantiene una relación fluida entre el ministerio y los directores
generales con competencias en la materia, y luego fue a la conferencia sectorial, y allí que yo recuerde solo hubo una comunidad autónoma que dijo que le debían, si no recuerdo mal, 34 millones de euros; y el resto de comunidades autónomas dijeron:
¡Si eso es lo que hay para todas! Ese es el problema, es probable que esa comunidad autónoma bienintencionadamente creyó que todas aquellas comunicaciones que habían recibido de las comisiones mixtas al final tenían una correspondencia
presupuestaria y recibirían los euros, pero eso no es así, y ahí quedó el tema. Sin embargo, es cierto que si tenemos que hacer un esfuerzo por compartir la información y por conseguir el consenso, lo haremos, porque sin las comunidades autónomas
involucradas en el proceso -y no recuerdo ahora mismo qué diputado lo ha
dicho- realmente el proceso tiene poco recorrido y será más una máquina de producir frustraciones que satisfacciones.
En lo que a los criterios se refiere, yo no creo que el modelo que hemos puesto encima de la mesa sea más discrecional que el anterior, porque un modelo más discrecional que el que existía anteriormente yo creo que no es técnicamente
posible. Me explico, técnicamente no es posible, si lo hubiéramos hecho rematadamente mal, si fuéramos unos juristas infames llegaríamos a hacerlo igual de discrecional, pero nunca más. El elemento de incorporar los criterios permitirá, en su
caso, una revisión hasta judicial si hace falta, y en eso consiste precisamente la ruptura de la discrecionalidad, en que se puedan tener los elementos que sirvan para contrastar el acierto y la oportunidad de la decisión administrativa.
Este no es
un concurso para licitar un autovía o para obtener una plaza de funcionario, donde los niveles de automaticidad son más fáciles de establecer pero, insisto, fijar los criterios permitirá que se enjuicie con arreglo a ellos y se compruebe si lo hemos
hecho bien, mal o regular.
Me preguntan qué quiere decir oída. Oída, técnicamente significa ser escuchada y que se pronuncien. Desde luego haremos un enorme esfuerzo, y el propio Ministerio de Cultura quiere convertirse en el elemento de transmisión de lo que las
comunidades autónomas piensan sobre la aplicación del 1 por ciento dentro de su comunidad autónoma porque, insisto, y lo dije al principio, si una comunidad autónoma no está involucrada en un proceso de aplicación del 1 por ciento existe un enorme
riesgo de que ese proyecto no llegue a buen puerto, porque la competencia para autorizar la tiene la propia comunidad autónoma. Tenemos algún dato muy complicado que me reservo de hasta dónde se puede llegar ejecutando obras sin la autorización de
la propia comunidad autónoma como consecuencia de que las transferencias vienen con cargo al 1 por ciento.
El señor Vilajoana me pregunta quién es el interlocutor, y pone algún ejemplo de que algún ayuntamiento se dirige a un ministerio, y el ministerio le dice que es correcto que hable con él, y se dirige a otro y le dice lo mismo. Eso es lo
jurídicamente correcto. La Administración General del Estado opera con personalidad jurídica única.
Afortunadamente, uno puede presentar una solicitud para la aplicación del 1 por ciento en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Cultura, en
el de Vivienda y probablemente en el registro de una subdelegación del Gobierno. No pasa absolutamente nada. Cuestión distinta es que luego estamos obligados a tener los mecanismos de coordinación interna, que es donde este Gobierno ha hecho el
mayor esfuerzo. El modelo, tal como está configurado, es el recogido en el reglamento de protección de patrimonio histórico, al que se le ha añadido un instrumento de coordinación, que es la comisión interdepartamental. Podemos hablar de muchos
modelos teóricos y probablemente todos tengamos una opinión sobre cada uno de ellos. Hoy por hoy, lo que hemos establecido es una instancia de coordinación, ya que la falta de coordinación es el problema que tenemos que solucionar y la coordinación
la demanda que tenemos encima de la mesa. Me alegra escuchar de todos los grupos -no lo he escuchado del Grupo Parlamentario Popular, pero estoy seguro que lo comparte razonablemente- que se hayan introducido elementos de cofinanciación. Es útil
porque involucra a las comunidades autónomas y a las administraciones correspondientes. Por otra parte, permite producir un efecto de multiplicación y probablemente lleguemos a más. Respecto al arte contemporáneo, es un tema de dosis.
Todos
estaríamos de acuerdo en que el grueso del 1 por ciento debe dirigirse al patrimonio histórico, pero eso no debe excluir la posibilidad. El modelo de la intervención in situ a través de una obra de un artista, es un modelo casi previo a la propia
Ley de Patrimonio Histórico, que tuvo algún resultado dudoso. También los ha tenido muy acertados.
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña habla de falsas expectativas. Efectivamente, tal como estaba establecido el modelo generaba expectativas, pero como no se resolvían nunca, se mantenían vivamente las expectativas. Supongo
que, además, en un modelo tan absolutamente discrecional y tan jurídicamente vulnerable, sería difícil escuchar a los ayuntamientos quejarse amargamente de su abandono, porque probablemente garantizasen que en ningún caso su solicitud llegase a
término. No es justo decir que la situación anterior era mala y esta es peor. Espero que con la aclaración de la ejecución presupuestaria del 1 por ciento de este año le haya aclarado que no existe colapso o no ha habido parón en todo el
procedimiento. Respecto a la aplicación práctica del dictamen del Tribunal de Cuentas, esperemos que éste apruebe su fiscalización de 2004. Ya veremos el grado de cumplimiento. Entiendo que debe ser mejor. En la medida en que eso no mejore
suficientemente, no piense S.S. que no seremos autocríticos con nosotros mismos. Queremos ser deliberadamente testarudos u obstinados en el cumplimiento de los criterios que ya en su momento el Tribunal de Cuentas ha establecido. Hay cierta
confusión entre las funciones que tiene atribuidas normativamente la comisión interdepartamental y lo que son las comisiones mixtas consecuencia de la aplicación de los convenios bilaterales. Las competencias de la comisión interministerial no son
competencias ejecutivas, son de coordinación y de establecimiento de marcos generales.
Una obra no va a pasar por la comisión interdepartamental y esa secretaría de arte sería la encargada de comunicarse con los demandantes o con los peticionarios.
Eso se seguirá tramitando por medio de los convenios bilaterales, que pueden funcionar razonablemente bien. De hecho, los problemas que han ocurrido con anterioridad no son tanto consecuencia de la naturaleza bilateral de los convenios, sino de la
falta de unicidad del modelo. No creo que el hecho de que haya una comisión mixta encargada de aplicar el 1 por ciento que
derive de los convenios entre el Ministerio de Cultura y los ministerios inversores, sea en sí mismo un problema. Más bien lo contrario.
Me pregunta S.S. de ERC qué pasa con los créditos de vivienda. Muy sencillo. Los créditos de la extinta Dirección General de Arquitectura y Vivienda estaban compuestos por dos grandes grupos. Uno, provenía del 1 por ciento, que se
generaba a lo largo del año como consecuencia de la acción inversora del Ministerio de Fomento, que podría rondar entre 25 ó 30 millones de euros, y casi otros tantos -hablo de memoria- de créditos de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
porque entre sus competencias está la de velar y proteger el patrimonio arquitectónico español. El patrimonio no es necesariamente el que tiene una protección de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico, sino el patrimonio arquitectónico en
general. Esos créditos se han quedado dentro de la Secretaría General de Arquitectura y Vivienda y están aplicándolo. Lo que ocurre es que aplicaban a esos fondos las mismas metodologías, que probablemente sea la ausencia de metodología, del 1 por
ciento. No quiero hablar de competencias de otro departamento, pero están trabajando en alternativas muy interesantes sobre la aplicación de esos fondos a equipamientos sociales en cascos históricos o en cascos urbanos asociados a los distintos
planes de viviendas. Eso se lo podrá aclarar mucho mejor mi colega, la subsecretaria o el secretario general de Arquitectura y Vivienda.
El representante del Grupo Vasco manifiesta su satisfacción y a nosotros, a su vez, nos satisface también. Estamos haciendo el esfuerzo de ordenar.
Espero que lo consigamos con éxito. También comparte el diagnóstico sobre la situación que
preexistía. Propone modelos que no sé si son los que tiene la propia comunidad autónoma, en el sentido de que tiene absolutamente centralizados los créditos. Creo que hay pocas comunidades autónomas que lo tengan. Desconozco el caso concreto del
País Vasco, pero creo que no está centralizado en el departamento de Cultura el grueso de la inversión del 1 por ciento. Insisto y reitero lo que he dicho anteriormente, hay muchos modelos, el marco jurídico actual que tenemos en nuestro país es el
que tenemos y puede funcionar bien en la medida en que seamos capaces de introducir elementos de coordinación. Muchas veces los que estamos en la gestión de lo público tenemos una cierta tendencia a asociar la concentración de la competencia con la
solución del problema. Muchas veces el problema no es tanto la concentración de la competencia como un problema de culturas de gestión y de establecimiento de los mecanismos de coordinación, y en la definición de los aspectos territoriales queda
claro que la unicidad no es en sí precisamente un valor sino todo lo contrario. En cuanto a la pregunta que me hacía sobre si los criterios estaban publicados, si no me equivoco deben estar publicados en el boletín oficial de hoy o lo serán
inminentemente.
Por otro lado, ponía el dedo sobre un tema al que nosotros le hemos dado muchas vueltas y se ha debatido muchísimo en el propio Consejo del Patrimonio Histórico, el referente al patrimonio eclesiástico. Le puedo garantizar a S.S. que
difícilmente va a quedar patrimonio eclesiástico fuera o bien del Plan de Catedrales o bien del de abadías y monasterios o de los planes generales, como podrían ser el de la Ruta de la Plata o el de Camino de Santiago. Va a quedar muy poco fuera,
pero si quedase algo fuera ¿realmente entiende S.S. que la rehabilitación de una iglesia aislada, en un municipio aislado, tiene que hacerse con cargo a ese 1 por ciento, con créditos del 1 por ciento, o eso debe ser de la competencia ordinaria de
la comunidad autónoma mediante convenios bilaterales con las distintas instancias eclesiásticas? Tampoco podemos pedir que el 1 por ciento sea la solución a todos los problemas. Insisto, ya en sí es algo complejo. Yo creo que hay medios para
evitar que la aplicación de estos criterios luego en la práctica supongan unos resultados contraproducentes a lo pretendido. Por lo que se refiere a la descompensación territorial, me remito a lo que he dicho anteriormente, que son enormemente
significativos los datos que a modo de ejemplo he dado.
Por el Grupo Mixto el señor Esteban ha puesto sobre la mesa, en primer lugar, un análisis o un diagnóstico que compartimos casi todos y algún caso concreto que yo personalmente desconozco. Supongo que cuando usted me habla de un castro con
cafetería, probablemente está hablando de un centro de interpretación que, por otra parte, son bastante demandados por los municipios, porque de alguna manera eso ayuda o coadyuva al desarrollo turístico de la zona. No obstante, insisto, son muchos
proyectos y con unos se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo.
Por otro lado, al hilo de algún comentario del señor Esteban, hay que dejar muy claro que de acuerdo con el marco jurídico vigente, el primer obligado a la conservación del
patrimonio histórico es su propietario.
Eso es lo que dice la ley. Eso deriva directamente del mandato constitucional, deriva directamente de la configuración de la función social de la propiedad que viene recogida en nuestra propia Constitución.
Eso no significa que la naturaleza de propiedad estatutaria que tiene la propiedad sobre bienes de patrimonio histórico no obligue al Estado a ayudar a propiciar fórmulas de colaboración con los propietarios de los bienes, pero, insisto, la
obligación esencial, la obligación jurídica en principio corresponde a los propietarios, tanto particulares como institucionales. En ese sentido, también la Iglesia es propietaria de unos bienes y tiene en principio una obligación, lo que ocurre es
que por lo ingente de ese patrimonio, por las relaciones establecidas en los acuerdos con la Santa Sede, existe una especial inclinación y una especial obligación por parte del Estado para colaborar en eso. Respecto a los particulares ocurre
exactamente lo mismo. Este es un modelo constitucional equilibrado, en el que por una parte se obliga al propietario a mantener
el bien, pero por otra parte se le otorgan una serie de estímulos, que fundamentalmente son beneficios fiscales o en su caso de ayuda, para subvenir a esa obligación. Las dosis de obligación y de ayuda pueden discutirse y probablemente
todos estaríamos de acuerdo en que deberíamos potenciar al máximo los niveles de ayuda, pero SS.SS. serán conscientes de que el presupuesto es limitado y obliga necesariamente a escoger. No creo que los criterios del 1 por ciento tengan
necesariamente que intervenir en este aspecto. El 1 por ciento es una cosa y los criterios generales sobre las obligaciones de los particulares y las contraprestaciones que reciban a cambio está más en el marco general de la política sobre
patrimonio histórico. No confundamos los temas. Lamento no poder hablarle de los castillos de Monterey, Montefaro y San Felipe, pero dispone de los mecanismos ordinarios para solicitar la información y veremos exactamente cuál es la situación.
Por lo que se refiere al Grupo Socialista, quisiera darle las gracias, porque es nuestra obligación venir aquí y debatir sobre los distintos temas, y además hacerlo en términos generales de una manera tan constructiva, porque realmente
cuando uno se va de aquí también se lleva ideas en la cabeza; incluso, en los aspectos más críticos a una determinada gestión, cuando el tono es el que hemos tenido aquí, siempre el resultado es constructivo. Por tanto, no es ningún sacrifico para
este subsecretario venir aquí, yo diría que casi más bien ocurre lo contrario.
Efectivamente, el diputado señor Bedera sintetizaba muy bien en qué estamos trabajando. Estamos trabajando en poner en una única dirección los esfuerzos de distintos
departamentos, insisto, conseguir la absoluta unicidad respecto a un área de gestión. Díganme ustedes algún área de gestión donde la competencia sea nítida, clara, limpia y absolutamente de una Administración; precisamente una de las
características de las democracias modernas es que el poder es un poder que se reparte vertical y transversalmente, funcional y territorialmente. Eso es una realidad a la no podemos sustraernos. La clave está en conseguir que los gestores de lo
público seamos capaces de poner el vector de fuerza en el sentido o en la dirección correcta. A eso obviamente es a lo que aspirábamos. En mi primera comparecencia dije que iba a haber criterios. Espero haber traído suficientemente delimitados
esos criterios, sin perjuicio de que la aplicación práctica de los mismos pueda mejorarse día a día. No creemos en nuestra infalibilidad; eso, en política, suele ser un gran problema; honestamente creemos que estamos mejorando el modelo y si, aun
así, en la aplicación práctica el modelo es mejorable, no le quepa la menor duda de que haremos el esfuerzo.
Me agrada escuchar su incorporación al criterio general de bendición al elemento de cofinanciación. Tengan SS.SS. seguro que ese elemento en ningún caso va a perjudicar a aquellas administraciones que por su pequeño tamaño no puedan
abordar el proceso. Incluso es pedagógicamente útil; si no, al final, caeremos en mirar al vecino cuando tenemos el problema en casa. Cuando en un pueblo hay que arreglar una iglesia o una ermita, en principio nadie debe mirar al alcalde de ese
pueblo; hay que mirar a mucha gente, pero no solo al alcalde. Lo mismo digo cuando se trata de un palacio, que es un ejemplo aún más duro. El titular de un palacio es el que está jurídicamente obligado a conservarlo, de acuerdo con la legislación
en relación con el patrimonio histórico español. Las corporaciones locales no deben dejarse abrumar por una responsabilidad que en principio no es suya; cuestión distinta es que luego eso lleve a una serie de procedimientos y que, al final, todos
intentemos colaborar para solucionar el problema, pero, repito, a ningún municipio debe angustiarle que en su término municipal haya un palacio cayéndose porque, en principio, la obligación legal le corresponde al titular del bien.
(Varios señores
diputados piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Ha habido un tiempo de debate muy largo. Sus señorías han empleado el doble del tiempo reglamentario, pero veo que todavía están solicitando intervenir. Les concederé un tiempo de tres minutos y aquí sí que voy a ser
estricta. Tres minutos para matizar alguna cuestión y, a continuación, el señor subsecretario cerrará el debate.
En el mismo orden que antes, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor subsecretario, yo haré caso a las críticas, pero, como les dijo a ustedes ayer el señor Zapatero, también hagan ustedes caso de ellas, porque de verdad son ciertas.
Dice usted que no hay nadie en una inseguridad jurídica. De entre todos los papeles que tengo aquí, que son infinitos, le voy a poner un ejemplo de una comunidad autónoma que no es la nuestra. La alcaldesa de Sisante no sabe qué hacer, se
va a encerrar en el ministerio; tiene su obra terminada y no se la pagan. Tiene convenio, tiene todo y la han despachado diciendo que son farolas, pero se trata de un casco histórico, protegido, como los que doña Magdalena Álvarez está financiando
ahora por otro lado. Casos como ese hay montones en los municipios. Seguro que cuando usted se entere de esto estará de acuerdo conmigo.
Dos, las comunidades autónomas. Hay que precisar el papel de las comunidades porque, insisto, pueden quedar completamente marginadas, ya que son los ayuntamientos y los ministerios los que se están dirigiendo a las instituciones. Las
comunidades autónomas no aprobaron los criterios; los criterios se hacen sin su aprobación y posiblemente están bien hechos, pero, desde luego, no se aprobaron, entre otras cosas porque no estaban como punto en el orden del día.
Tres, me gustaría que me aclarara lo relativo a la previsión. Es decir, si usted me dice que no se puede hacer una estimación del presupuesto, no se podría hacer ni
en el paro, ni en el IPC, ni en las pensiones; hay mil cosas sujetas a variables, pero se hacen estimaciones, se hacen previsiones, y no se puede decir que 30, 40 ó 50.
Otra cuestión. Este año se ha actuado, faltaría más; si no, se hubiera venido abajo nuestro patrimonio, pero, sobre todo, ¿quién? El que está funcionando por subvención, no por inversión; es decir, poniendo el dinero que luego espera
recuperar y que estoy segura de que lo recuperará. Ese matiz es importante. Fueron 170 millones en tres años; eso, si ponemos 28, no nos da ni la mitad.
Me mira la presidenta y tengo que terminar, pero dígannos qué va a pasar con esas entidades famosas que a nosotros y a ustedes reprocha el Tribunal de Cuentas, porque ni ustedes ni nosotros hicimos pagar, por ejemplo, a AENA, que pagó en su
momento, y el GIF, lo corregimos y está desde 2002. ¿Qué va a suceder con esto?
Por tanto, hay que tener una previsión, hay que contar con las comunidades autónomas de una manera seria y no se está haciendo y sí hay una inseguridad y un parón, y le he puesto un ejemplo que es sangrante.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no está.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor subsecretario, no tenga miedo, no me han convencido los portavoces del PP; sé exactamente dónde estoy, pero sí quisiera hacerle algunas precisiones. No me diga que no se pueden reunir a primeros de año
porque no se sabe el volumen de obra pública que se ejecutará. Además, en el quinto punto del borrador que tienen pendiente de firma o de convenio pone: la Comisión mixta de seguimiento se reunirá al menos cuatro veces al año, las dos primeras
entre los meses de febrero y de mayo para fijar las prioridades y programación de las actuaciones y las dos últimas en el último cuatrimestre, con el objeto fundamental de hacer un seguimiento de lo aprobado y cerrar el presupuesto de la siguiente
anualidad. Si no lo hacen así, cambien el borrador. Lo más normal es que se reúnan y digan cuáles son los expedientes que entran en subvención a primeros de año porque, si no, ustedes piden las certificaciones al ayuntamiento el 15 de noviembre o
el 15 de diciembre.
Este año, ¿en qué fecha van a decir los proyectos que van a entrar? ¿Y qué tendrán que hacer los ayuntamientos, hacer certificaciones falsas? Es que esta reunión ya tenía que haberse celebrado y haberse dicho qué proyectos van
a entrar porque, si no, usted sabe perfectamente que hay una imposibilidad de ejercer los mecanismos de adjudicación y certificación. Hay un parón en cuanto a que en esta anualidad de 2005 no se ha tomado ninguna decisión sobre qué proyectos
entran.
No he entendido, y perdóneme, si la comisión mixta del 1 por ciento cultural se va a ocupar solo de subvenciones y las adjudicaciones directas las hará el Ministerio de la Vivienda. ¿Es así o no? Porque a mí me dicen que es así. Me
preocupa muchísimo una cosa que acaba de decir y ya pediré explicaciones. El presupuesto en patrimonio del Estado son 28 millones por un lado, provenientes del 1 por ciento cultural, y 27 ó 28 millones -27 en esta anualidad- provenientes de los
Presupuestos Generales del Estado.
La señora PRESIDENTA: Señor Andreu, le ruego que concluya.
El señor ANDREU DOMINGO: Ahora termino.
¿Ahora los 27 millones, en vez de dedicarlos a patrimonio, los dedicaremos a hacer centros culturales? Esto lo ha dicho usted. Es que perderemos.
La señora PRESIDENTA: Tiene que concluir, señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Por último, lo de la Iglesia creo que es un debate estéril. Nos podemos fijar en cómo están los bienes de la Iglesia, qué tratamiento tienen en la republicana y laicista Francia y están mucho mejor tratados que en
el Reino de España. No me preocupan las catedrales, sino el románico de las zonas montañosas despobladas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Brevemente, señora presidenta, haré cuatro preguntas y un comentario.
En primer lugar, se nos ha señalado ahora una cantidad, 28,6 millones de euros, que ha sido convenida del 1 por ciento en este ejercicio, en 2004, y entiendo que la mayoría, por la forma en que ha sido explicado además por parte del Grupo
Socialista, 33 convenios de fomento. La comisión interministerial se crea en septiembre, en octubre es cuando se empiezan a plantear los criterios, etcétera. ¿Qué criterios se han utilizado en esas adjudicaciones? ¿Se han firmado o autorizado
convenios coordinadamente o cada ministerio por su lado? Nos gustaría que nos diera la relación o el porcentaje de esas adjudicaciones de este año por comunidades autónomas. La verdad, me decepciona -se lo digo sinceramente- que no haya dicho en
su intervención, en vez de referirnos a temas de otros ejercicios, qué es lo que se había hecho y cuál era la muestra práctica del ejercicio del Gobierno en la aplicación del 1 por ciento cultural durante este año, porque yo no tengo datos
concretos. Nos dice que no hay previsiones en 2005. Yo no estoy pidiendo que vaya a la estadística de otros años, supongo que este Gobierno tiene un nuevo impulso inversor y un presupuesto completamente diferente al
del Gobierno anterior -así por lo menos lo han vendido-, pero me estoy refiriendo a que en los presupuestos cada Gobierno tiene una previsión de las obras y de la inversión que va a realizar y de cuáles van a sacar a concurso. Ahí puede
haber una previsión, una previsión política fijada ya en el presupuesto. A eso es a lo que me estaba refiriendo. No me ha aclarado si va a haber una convocatoria única con un plazo que se abre y se cierra o va a ser a lo largo de todo el año y se
puede pedir a cada uno de los ministerios. Ya sé lo que me ha dicho de la ventanilla y que incluso si vamos a Correos y enviamos algo a un ministerio eso consta también como entregado en el registro, pero no me estaba refiriendo a eso cuando
hablaba de ventanilla única, me estaba refiriendo a si va a haber un interlocutor único ante la Administración afectada.
La última pregunta. Respecto al equilibrio territorial, habla sobre la intervención de las comunidades autónomas, oídas, pero ¿sobre qué, sobre proyectos concretos, sobre preferencias de inversión? ¿Se van a convenir incluso obras en
contra de los criterios de las comunidades autónomas? Nos ha apuntado datos que tiene usted en sus manos sobre el desequilibrio económico de lo que se ha invertido hasta ahora entre unas comunidades y otras. Hubiera sido un buen material para esta
Comisión. Le ruego que, si es posible, nos lo aporte.
Por último, un comentario nada más, señora presidenta, el representante del Grupo Mixto es el señor Rodríguez, el señor Esteban soy yo, representante del Grupo Nacionalista Vasco. Simplemente lo digo para quien lea el 'Diario de Sesiones'.
Y finalmente le haría una observación, yo no soy un senador que representa a la comunidad autónoma, yo no represento a la comunidad autónoma y tampoco al Gobierno tripartito en coalición en el País Vasco, como ningún diputado del PSC representa al
tripartito catalán.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Amigablemente, quisiera decirle al señor subsecretario, señor Hidalgo, que me llamo Francisco Rodríguez y que soy gallego. Seguramente si me llamara como el portavoz del PNV, sería Estebo, ¿no? Dicho esto,
solamente voy a añadir tres cuestiones, señor subsecretario. No discuto para nada sus criterios sobre las prioridades del 1 por ciento, y efectivamente el criterio de los bienes eclesiásticos para mí está fundamentalmente en su uso público o no.
Si tienen uso público, deben ser considerados en cualquier apartado que pueda haber de ayuda al patrimonio histórico artístico y desde luego me parece muy bien que ustedes señalen en primer lugar los bienes de titularidad pública o de uso público.
Sobre los criterios solo le plantearé una cuestión, que es la siguiente. La población solamente es una trampa y puede provocar efectos muy discriminatorios. No sé si usted conoce Galicia, pero Galicia tiene un bien de interés cultural cada
kilómetro y medio. Por tanto, si ustedes no tienen en cuenta esa situación, estamos haciendo una valoración tergiversada, aparte del criterio histórico, de ayuda histórica y del patrimonio del Estado que fue transferido o del Ministerio de Defensa
desafectado y que realmente se transfiere pero no se cuida, y son ayuntamientos muy pequeños y es patrimonio histórico artístico muy importante. Por último, me gustaría saber si se hicieron algunas propuestas en la Comisión sectorial de las
comunidades autónomas en relación con los bienes patrimoniales de esas comunidades que debían por lo menos tenerse en cuenta en el 1 por ciento cultural.
Nada más. Le deseo de verdad mucha suerte en el desempeño de su función en un tema tan complicado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bedera, del Grupo Socialista.
El señor BEDERA BRAVO: Quería resumir un poco la cuestión para el Grupo Socialista. ¿De dónde venimos? Venimos de una situación en la que el anterior ministro de Fomento distribuía paritariamente y con la misma generosidad -sin más
respaldo que su palabra- tramos de ferrocarril de alta velocidad y proyectos con cargo al 1 por ciento cultural. Lo digo con conocimiento de causa porque procedo de una comunidad autónoma, que es Castilla y León, donde, a pesar de haber recibido
mucho más que en otras comunidades autónomas -le correspondió más-, sólo las peticiones que se supone que están pendientes se comerían más del presupuesto de toda la anualidad. ¿Adónde vamos? Creo que lo que está haciendo el ministerio en general
es una nueva cultura de gestión. Creo que ese podría ser para nosotros el resumen de lo que está haciendo. ¿Qué en concreto? En concreto se está corrigiendo la avocación de fondos que antes estaba distorsionada y por tanto no se van a dejar de
detraer. Se ha organizado una nueva estructura, la comisión interministerial, que por una parte impulsa pero que por otra hace también sostenible la política de fomento del patrimonio, y se han establecido unos criterios para ordenar las
intervenciones con un señalamiento de prioridades. Dice Cervantes en el Quijote que Avellaneda le llamaba manco, a lo que Cervantes contesta que su tara no era producto de una pelea de taberna sino de la mayor gesta que vieran los siglos. El
Partido Popular llama manco al Gobierno en esta política cultural, cuando la tara no es producto de una mala gestión propia sino, sensu contrario, de uno de los mayores desastres de gestión que ha visto nuestra democracia. (La señora
Rodríguez-Salmones: ¿En tres, cuatro años?)
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez-Salmones, por favor.
Señor subsecretario, puede proceder a contestar.
El señor SUBSECRETARIO DE CULTURA (Hidalgo López): Voy a intentar ser muy breve porque algunos planteamientos son tan concretos que es muy difícil contestarlos aquí; no le quepa la menor duda de que lo primero que voy a hacer cuando llegue
al ministerio es ver exactamente qué es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Sisante. De lo que me cuenta la diputada deduzco que probablemente no se trate de fondos del 1 por ciento sino de arquitectura y vivienda. Es una impresión, por el dato de
que es un tema de urbanización, pero lo comprobaré en el ministerio y, si no, lo preguntaré en el Ministerio de Vivienda. Respecto a las comunidades autónomas, no le quepa la menor duda de que intentaremos precisar al máximo -y oportunidades
tendremos de ver el grado de consenso que alcancemos con las mismas; realmente nuestra impresión es que hay un alto grado de consenso con alguna comunidad más crítica, por decirlo de alguna manera- y que eso vaya animándose. Insisto, tendremos
tiempo para ver el grado de consenso que se produce. Además, creo que S.S. ha tenido oportunidad de reunirse con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y entiendo que han debido transmitirle que hay bastante consenso excepto
en concreto en una comunidad autónoma que no viene al caso citar. Efectivamente, podemos tener una estimación estadística -y con eso contesto a más de una intervención- sobre el 1 por ciento. Eso es evidente y sobre esa base se juega. A medida
que avanza el ejercicio presupuestario se va pasando de una estimación a una concreción.
Lógicamente, durante el primer bimestre es difícil porque la adjudicación de obra pública normalmente se produce a partir del segundo trimestre, pero los
primeros interesados -en eso tiene toda la razón S.S.- en que el proceso sea ágil y en que se empiece a trabajar a principios de año somos nosotros. No nos gusta transferir en el último momento los fondos a las entidades beneficiarias pues corremos
el riesgo de que no se ejecute, y desde luego en ningún caso estimularemos a ninguna corporación local a que cometa ningún delito de falsedad en documento público. Nada más alejado de nuestra voluntad. Nos esforzaremos, insisto, en intentar
agilizar el proceso y en concentrar al principio del ejercicio nuestras acciones, pues conoce bien S.S. -no sé si tendrá experiencia de gestión o la habrá tenido- los problemas que se producen como consecuencia del desplazamiento al final del
ejercicio. A nosotros también nos ocurre.
Me han pedido una aclaración en relación con la comisión mixta. Voy a intentar explicarlo de nuevo, a ver si esta vez lo hago con más fortuna.
Persiste el modelo con la incorporación de una instancia de coordinación, que es la
interdepartamental. Las comisiones mixtas que van a seguir funcionando van a ser las que se produzcan como consecuencia de los convenios con los departamentos inversores. Hasta ahora no creo que el problema de aplicación haya sido ese.
He debido errar si se me ha entendido que alrededor de 27 millones de euros que arquitectura y vivienda dedicaba a los programas de arquitectura van a ir a equipamiento. No, estamos hablando de patrimonio arquitectónico en la medida en que
la intervención de dicho patrimonio pueda enmarcarse en programas generales, por decirlo de alguna manera, de equipamiento cultural, pero no equipamiento cultural en cuanto Casa de la Cultura sino que esa intervención repercuta en una mejora de la
calidad del entorno sobre el que se actúa. No obstante, insisto, eso no es competencia del ministerio. Le ruego que tome con la mayor de las reservas lo que le estoy diciendo, y seguro que tiene oportunidad de solicitar información mucho más
fehaciente y correcta al Ministerio de Vivienda.
El portavoz del Grupo Vasco ha hablado de convocatorias abiertas o cerradas. Nosotros pensamos que es mejor la convocatoria abierta pues es un modelo más flexible. No obstante, tampoco es esencial. Una buena parte de las convocatorias del
ministerio son abiertas, pero si viéramos que el modelo no funciona, nos lo replantearíamos, aunque en principio estamos hablando de mantener abierto el proceso durante todo el año puesto que, insisto, es más flexible. Las decisiones que en cada
caso se hayan de tomar las tomarán las comisiones mixtas creadas al amparo de los convenios bilaterales entre el Ministerio de Cultura y los ministerios inversores, por decirlo de alguna forma. Insisto en que la competencia en principio está donde
está, en el ministerio, pero probablemente sería una barbaridad imponer obras desde el ministerio a una comunidad autónoma en la aplicación del 1 por ciento. Hay un espacio de diálogo que es el que tenemos que explorar, porque sinceramente no creo
que seamos capaces de imponer a una comunidad autónoma una obra que no quiere, entre otras cosas porque la autorización para intervenir en el BIC es competencia de la comunidad autónoma, con lo cual lo único que conseguiríamos sería colapsar
presupuestariamente esos créditos.
El portavoz del BNG ha hecho referencia al uso público de los bienes de la iglesia. Yo creo que hay ámbitos en los que las comunidades autónomas pueden plantear estas cuestiones y negociarlas en los convenios que realizan con los distintos
obispados o arzobispados de sus sedes. Ese espacio existe y además la competencia esencialmente es de la comunidad autónoma, y me parece espléndido que se puedan establecer mecanismos que permitan disfrutar a la ciudadanía de esos bienes de una
manera determinada. Tenemos que tender a simplificar el 1 por ciento, pues ya es bastante complejo introducir ese elemento. Es muy complicado porque luego hay que ver quién controla eso, quién lo gestiona, qué obligación hay, cómo se garantiza.
Insisto en que el 1 por ciento ya es en sí algo muy complicado. Es una fórmula que funciona en varias comunidades autónomas y me parece correcta, pero probablemente no es aplicable directamente al 1 por ciento, que, insisto, ya es en sí un tema
bastante complicado. Yo no he dicho
me he explicado mal en este caso- que el criterio de la población sea el elemento decisivo, sino que es un elemento a tener en consideración.
Tampoco el número de BIC es un elemento fácilmente barajable; si le doy algún dato, verá cómo es
complicado. Baleares, por ejemplo, tiene el mayor número de bienes declarados de interés cultural, 2.827, Galicia tiene 579 y Andalucía 1.629. Como la competencia es de las comunidades autónomas, cada una de ellas ha establecido su propio marco
jurídico de declaración. No existe un marco general para el Estado, con lo cual el número en sí tampoco es el criterio. Probablemente, un criterio correcto partiría de la combinación del elemento territorial, del elemento de la población y del
elemento de los bienes, y mucho sentido común, pues no creo que se pueda establecer un modelo matemático, por decirlo de alguna forma. Eso y mucho sentido común, no creo que sea posible hacerlo de otra manera.
Y al Grupo socialista quiero mostrarle mi agradecimiento porque muchas veces expresa con más fortuna lo que yo quiero decir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario, y gracias a todos. Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.