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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 212, de 24/02/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 212
NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 6
celebrada el jueves, 24 de febrero de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias, para informar sobre la regulación del régimen de dependencia:
- Del señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog). (Número de expediente 212/000490.) ... (Página 2)
- De la señora adjunta en el Área de servicios sociales de la oficina de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha (Martínez Martínez).
(Número de expediente 212/000491.) ... (Página 13)
- Del señor presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Rodríguez Rovira). (Número de expediente 219/000085.) ...
(Página 24)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, DEPENDENCIA:
- DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO (MÚGICA HERZOG). (Número de expediente 212/000490.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de acuerdos del Pacto de Toledo.
El orden del día establece en primer lugar la comparecencia del Defensor del Pueblo, pero se ha sustituido, por acuerdo de la Mesa, por el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, don Manuel Aguilar Belda, ex-diputado de esta casa y senador,
amigo y compañero, a quien damos la bienvenida.
Tiene la palabra.
El señor ADJUNTO SEGUNDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Aguilar Belda): En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad que le brindan a la institución del Defensor del Pueblo de comparecer ante esta Comisión no permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, para informar de los problemas relacionados con la situación de las personas dependientes. En segundo lugar, y esto es más a título personal, expreso mi satisfacción por volver al
Parlamento, tras una larga andadura parlamentaria en el Congreso y el Senado, donde compartí, en las comisiones de Política Social y Empleo, de Sanidad y Seguridad Social, con muchas de sus señorías, trabajos parlamentarios. En esta ocasión estoy
en una posición bien distinta, desde el otro lado de la mesa, pero espero que sea de utilidad para la consecución de los fines que tiene encomendados esta Comisión.
Comparece la institución del Defensor del Pueblo ante esta Comisión para informar sobre los problemas relacionados con el régimen legal de protección de las personas dependientes, desde la experiencia acumulada en nuestra institución a
través de la tramitación de las quejas formuladas sobre esta materia y a la luz de las reflexiones contenidas en el libro blanco elaborado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Voy en gran medida a pasar por alto datos estadísticos o demográficos, de sobra conocidos por sus señorías, a través de los múltiples estudios de organismos nacionales e internacionales y sobre todo a través de este recién
presentado Libro Blanco de la Dependencia.
Me referiré lo estrictamente necesario a estos datos para dar coherencia a esta comparecencia.
Comenzaré recordando, señorías, que la Real Academia Española de la Lengua entiende por dependencia la situación de una persona que no puede valerse por sí misma para atender a sus necesidades diarias. El Consejo de Europa, por su parte, en
coincidencia con la mayoría de la doctrina científica, ha definido la dependencia como la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades cotidianas o, de forma más precisa, como el estado en el que se encuentran las personas que,
por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y de ayudas importantes, para realizar los actos corrientes de la vida diaria y de modo particular los referentes al cuidado
personal. Sin duda, la dependencia constituye un problema en auge en nuestro país, en donde los ciudadanos que superan la edad de 65 años son ya más numerosos que los menores de 16, como consecuencia de un descenso continuo en la tasa de natalidad
durante los últimos años y del progresivo aumento de la esperanza de vida. De los siete millones y medio de personas mayores que viven actualmente en España, más de dos millones padecen algún tipo de discapacidad. Como es lógico, las necesidades
de atención aumentan a partir de los 80 años. Hay ya 1.700.000 personas octogenarias y, dentro de este grupo, más de la mitad precisan de algún tipo de ayuda en la vida cotidiana.
Tradicionalmente las familias, especialmente las mujeres, han
venido siendo las grandes proveedoras de cuidados a las personas mayores, discapacitados y enfermos crónicos. Según un reciente informe elaborado por el Imserso, sólo el 3,2 por ciento de los mayores dependientes recibe asistencia por parte de los
servicios sociales -residencia, centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia-. Pero este modelo de atención familiar también está en declive, entre otras razones por la creciente incorporación femenina al mundo del trabajo.
Me referiré a continuación a la necesidad de establecer un régimen jurídico de la dependencia. Señorías, la protección de las personas dependientes es una asignatura todavía sin aprobar en el ordenamiento jurídico español. El marco
normativo que regula la dependencia es insuficiente para atender las necesidades derivadas de esa situación y se halla recogida de manera dispersa y fragmentada, lo que se traduce en la práctica en que las prestaciones para atender esta contingencia
resulten poco eficaces. El artículo 41 de la Constitución española establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
las situaciones de necesidad. Añade este precepto en su inciso final que la asistencia, así como las prestaciones complementarias, serán libres. Sin embargo, este amplio enfoque del legislador constituyente al regular la cobertura de las
situaciones de necesidad, entre las que se halla la dependencia, no se ha visto correspondido en la práctica con la articulación de un sistema capaz de afrontar con solvencia las necesidades derivadas de esas situaciones.
Pues bien, desde la experiencia acumulada en la institución del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión,
creo llegado el momento de abordar las modificaciones legislativas que permitan el desarrollo de un sistema nacional de protección de las personas dependientes y de sus familias, para conseguir que las prestaciones y recursos destinados a
atender a estar personas resulten más útiles y eficaces. Porque el verdadero problema que plantea el régimen legal de la dependencia no es la falta de prestaciones destinadas a proteger dicha situación, sino las deficiencias que tiene la normativa
existente y las excesivas desigualdades que se dan en la protección dispensada por las distintas comunidades autónomas. En primer lugar, la propia terminología jurídica utilizada por el legislador para referirse tanto a la dependencia como a las
personas dependientes es demasiado heterogénea y resulta de difícil manejo para los posibles beneficiarios de prestaciones. El Código Civil se refiere a la incapacidad judicial como instrumento legal para declarar la inexistencia o limitación de la
capacidad de obrar de los ciudadanos. Un caso común sería el de los enfermos mentales. Por su parte, el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 136, define como incapacidad permanente la situación del trabajador que,
después de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral, dando lugar a distintos grados de incapacidad. A su vez, y dentro del mismo sistema de Seguridad
Social, la prestación de invalidez no contributiva deriva de las deficiencias de carácter físico, psíquico, que anulan o modifican la capacidad de quienes la padecen. Pero a diferencia de la anterior, de la incapacidad permanente, la invalidez es
ajena a la capacidad laboral de las personas.
El legislador también utiliza el término de minusvalía para referirse a la situación que afecta a las personas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallan disminuidas como consecuencia de una deficiencia en sus
capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Los diversos tipos de minusvalía, las diferentes situaciones en que se hallan las personas afectadas y la disparidad de sus necesidades, dificulta enormemente el análisis de este concepto, lo que ha
repercutido, sin duda, en la redacción del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento para efectuar el reconocimiento, declaración y calificación de los distintos grados de minusvalía. Como reza el tenor literal de esta
norma, la determinación del grado de minusvalía responde a criterios técnicos, fijados mediante baremos que especifican tanto el grado de discapacidad de los minusválidos como, en su caso, los factores sociales complementarios relativos a su entorno
familiar y a su situación laboral, educativa y cultural, que dificultan la integración social de estas personas. Por ello, la fijación de la discapacidad expresada en porcentajes, que se realiza mediante la aplicación de dichos baremos, está
provocando numerosas quejas ante nuestra institución por parte de personas afectadas que no están de acuerdo con la valoración efectuada y la calificación de su grado de su minusvalía. Así son frecuentes las quejas en las que se denuncia la escasa
puntuación asignada a determinadas dolencias o enfermedades, como la diabetes o los trastornos mentales, patologías que, no teniendo siempre carácter invalidante, ocasionan serias dificultades a quienes las padecen. Además, hay que tener en cuenta
que las pautas de valoración de las discapacidades no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en sus efectos sobre la funcionalidad o capacidad del disminuido y únicamente las personas afectadas con una minusvalía superior al 33 por
ciento pueden acogerse a los beneficios establecidos en la legislación vigente. Queda un amplio abanico de personas afectadas con una discapacidad moderada que no disfrutan de la suficiente protección legal, al tener asignados porcentajes
inferiores al 33 por ciento, y que sin embargo tampoco pueden desempeñar una actividad laboral en idénticas condiciones que el resto de los trabajadores. Finalmente, el legislador también emplea el término de discapacidad, tanto en el derecho
interno como en el internacional, para referirse a este tipo de situaciones invalidantes y utiliza frecuentemente las expresiones discapacitado o persona con discapacidad, en lugar de minusválido o persona con minusvalía.
A continuación me referiré de forma sucinta a las diferencias territoriales en la protección de la dependencia, derivada de nuestro reparto competencial y que da origen a numerosas quejas en nuestra institución. Además de las razones
terminológicas y de marco legal expuestas anteriormente, otra de las grandes dificultades con que tropieza el régimen de cobertura de la dependencia deriva del sistema de reparto de competencias y responsabilidades establecido entre el Estado y las
comunidades autónomas en los diferentes aspectos que afectan a esta cuestión. A modo de resumen podemos señalar que el Estado tiene capacidad legislativa para dictar normas en materia laboral y en relación con la legislación básica sobre la sanidad
y la Seguridad Social y, en el caso de esta última, también sobre su régimen económico. Las comunidades autónomas, conforme a los términos establecidos en sus estatutos de autonomía y a la interpretación efectuada por las comisiones mixtas de
traspasos, tienen competencias en la ejecución de la legislación laboral y en el desarrollo legislativo y en la ejecución de la legislación básica en materia de sanidad y Seguridad Social, salvo en lo referente al régimen económico de esta última.
En cuanto a los servicios sociales, todas las comunidades autónomas han recogido en sus respectivos estatutos las competencias exclusivas sobre esta materia, aunque con denominaciones distintas, a partir de las cuales han promulgado diversas leyes
de servicios sociales o acción social.
Otro fenómeno, origen de gran número de quejas al Defensor del Pueblo, es el complejo entramado normativo, fragmentado, disperso e insuficiente para atender a situaciones de dependencia, como antes apuntaba,
que además ofrece notables diferencias entre las prestaciones de unas y otras comunidades autónomas y que da lugar en muchos casos a situaciones paradójicas. Por citar tan sólo algunos ejemplos ilustrativos, podemos referirnos a las
prestaciones económicas, como la pensión de gran invalidez o al complemento de pensión de invalidez no contributiva, que deja fuera de su ámbito subjetivo de cobertura una gran parte de situaciones de dependencia, al no poder reconocerse a partir
del cumplimiento de los 65 años de edad, salvo en contadas excepciones.
Además, el importe sumamente variable de la pensión de gran invalidez no permite que esta prestación esté en consonancia con la función compensatoria que debe serle atribuida.
Igualmente, la previsión contenida en el artículo 139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, relativa a la posibilidad de sustituir el incremento del 50 por ciento de la pensión del inválido por su alojamiento en una residencia a cargo de la
Seguridad Social, ha quedado vacía de contenido por las dificultades que entraña la puesta en práctica de esta previsión legal a partir de las transferencias a las comunidades autónomas y de las competencias de éstas en materia de servicios
sociales.
En cuanto a las ayudas económicas destinadas a retribuir a quienes asumen el cuidado de las personas dependientes, cabe resaltar su falta de adecuación a las situaciones y necesidades que deben cubrir. Así, la limitación de los
beneficiarios de las pensiones a favor de familiares, reservadas exclusivamente para los hijos y hermanos, junto con la restricción aplicable a los sujetos causantes, que son únicamente los pensionistas de jubilación e invalidez, sin que se tomen en
consideración otras contingencias tan dignas de protección como las anteriores, lleva en ciertos casos a situaciones no deseables. Por ejemplo, en el supuesto frecuente de que la hija se haya dedicado al cuidado de sus padres dependientes -conviene
no olvidar en este caso que el 32 por ciento de los mayores dependientes se hallan al cuidado de una de sus hijas, un 6 por ciento de alguno de sus hijos, mientras que el Estado atiende sólo al 7 por ciento- y carezca por tanto de medios de vida
propios, al no haber podido incorporarse al mercado de trabajo, si esa hija supera los 45 años de edad en el momento en que fallezca el padre pensionista de jubilación o invalidez contributiva puede ser beneficiaria de una pensión a favor de
familiares, tanto si continúa como si no continúa cuidando a la madre sobreviviente. En cambio, si el titular de dicha pensión fallece antes de que la hija cumpla la referida edad de 45 años y aun cuando esa hija continúe cuidando a la viuda
quedará desprotegida, sin derecho a la pensión a favor de familiares si la madre muere y ésta era titular únicamente de la pensión de viudedad.
Otras prestaciones que pueden dar lugar a efectos no pretendidos son las asignaciones por hijos minusválidos a cargo, que no parecen constituir la mejor forma de proteger las situaciones de dependencia cuando se trata de mayores de edad. No
se justifica el hecho de que las personas en situación de dependencia tengan la consideración de meros sujetos causantes de una prestación, cuya titularidad corresponde al familiar que tenga a su cargo a dichas personas. Cabría afirmar que la
relegación de las personas dependientes a la posición de sujetos causantes viene a acentuar aún más su situación de dependencia, ya que a la dependencia física se une también la económica. Por ello resultaría preferible, sin duda, articular el
sistema de protección, de tal manera que las personas dependientes mayores de edad fuesen los verdaderos titulares de las prestaciones establecidas a su favor.
Por su parte, la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el reglamento de desarrollo de dicho impuesto, incrementaron en su día la protección dispensada a las situaciones de dependencia,
a través de medidas tales como la exención de determinadas rentas, las reducciones del rendimiento neto del trabajo, los mínimos personal y familiar, así como la deducción por inversión de la vivienda habitual. Sin embargo, tampoco parece que la
vía fiscal deba constituir el mecanismo esencial de cobertura de las situaciones de dependencia, sustituyendo en su finalidad a las prestaciones sociales.
Por lo que se refiere a los servicios sociales, conviene señalar la debilidad de la posición jurídica de los ciudadanos en el acceso y disfrute de estos servicios, junto a la limitación acentuada en los últimos años en la cuantía, intensidad
y extensión de estas prestaciones de carácter técnico. La insuficiencia parece ser nota dominante respecto a los servicios sociales destinados a las personas dependientes, tanto si se trata de servicios de atención residencial como de servicios
intermedios o de ayudas a domicilio, tal y como se constata a diario en las quejas que los ciudadanos hacen llegar a nuestras oficinas. A título de ejemplo les diré que en el año 2004, aun cuando todavía no ha sido presentado el informe pero lo
será en breve, de las 1368 quejas-por resaltar de alguna manera el volumen que representa este tipo de quejas en el conjunto de quejas que recibimos en nuestra institución- recibidas en el 2004 en el área de sanidad, Seguridad Social, acción social
y empleo, 440 hacen referencia a temas de tipo sanitario -farmacia, veterinaria-, 50 a salud mental -en donde estamos contemplando ya un colectivo de personas que suelen ser en gran porcentaje dependientes-, 360 de acción social con relativa
necesidad de ayuda, porque son personas dependientes, y 200 aproximadamente son quejas de empleo, trabajo, Seguridad Social, además de otras 214 quejas colectivas. O sea que estamos hablando de que casi un 40 por ciento de las quejas que se
presentan en esta área tienen algo que ver con situaciones de dependencia.
Un tema que merece especial atención es el relativo a las solicitudes de traslado de las personas mayores a residencias de una comunidad autónoma distinta de aquella en la que esas personas tenían su domicilio. A partir de las
transferencias de las funciones y servicios
del Instituto Nacional de Servicios Sociales a las comunidades autónomas en el año 1997, el Defensor del Pueblo ha venido recibiendo un considerable número de quejas de ciudadanos que, necesitando ingresar en una residencia de tercera edad,
encuentran graves dificultades, bien para retornar, en unos casos, a la comunidad de la que son originarios, o bien en otros para acceder a centros próximos a la localidad de residencia de sus familiares más allegados. Nuestra institución viene
propugnando la conveniencia de buscar fórmulas de acuerdo o convenio entre comunidades que ofrezcan alternativas, como por ejemplo, permutas o acuerdos de financiación que permitan conectar el respeto a las competencias de las distintas autonomías y
las legítimas aspiraciones de los residentes.
Sobre este asunto, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en junio de 1997, se mostraba propicio a desarrollar un sistema que posibilitase los referidos traslados. Sin perjuicio de ello, en
febrero de 2000, el referido instituto ponía de manifiesto que, a través de la comisión de prioridades del Plan Gerontológico, había intentado abordar el problema mediante una iniciativa de coordinación entre entes autonómicos, pero al parecer sólo
tres comunidades autónomas respondieron al tema planteado.
A pesar del tiempo transcurrido desde la efectividad de las transferencias, se constata que este problema sigue sin obtener respuesta adecuada y por ello el Defensor del Pueblo debe insistir en la necesidad de eliminar los obstáculos a la
movilidad de las personas mayores, máxime cuando el deseo de cambiar de residencia se debe a circunstancias tales como el mantenimiento de las relaciones familiares y de amistad o bien resulta obligado por razones de salud. Por eso hemos iniciado
de nuevo actuaciones con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al objeto de que se estudien posibles fórmulas para articular sistemas que faciliten el traslado de usuarios entre distintas comunidades autónomas, sin que ello suponga merma del
ámbito competencial de cada una de ellas.
Otro aspecto de indudable trascendencia en relación con las personas dependientes y que plantea asimismo numerosos problemas es el de la atención sociosanitaria, cuestión a la que el Defensor del Pueblo ha dedicado una atención especial a lo
largo de su historia. Por atención sociosanitaria debe entenderse la que necesitan aquellas personas que, por no precisar un tratamiento exclusivamente sanitario ni requerir tan solo una atención social, encuentran dificultades para solucionar sus
problemas al no ser cabalmente atendidos ni por el sistema nacional de salud, ni por los sistemas de acción social. Si bien la preocupación de las administraciones públicas por desarrollar una atención sociosanitaria coordinada es una constante
desde los años ochenta y han sido varios los esfuerzos llevados a cabo en este sentido, tanto por las comunidades autónomas como por la Administración del Estado, lo cierto es que persisten problemas en la atención a los ancianos discapacitados y
enfermos crónicos, tal y como se deduce de las numerosas quejas formuladas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo. Pese a que la atención sociosanitaria está prevista en la legislación de varias comunidades autónomas y a través de la
suscripción de acuerdos entre los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales, la coordinación entre estos sectores de la actividad administrativa es, en términos generales, una asignatura todavía pendiente. Mientras que la
accesibilidad a las prestaciones sanitarias está prácticamente generalizada y la casi totalidad de la población -99,5 por ciento, según datos del Ministerio de Sanidad- recibe la asistencia sanitaria pública y gratuita gestionada por el Sistema
Nacional de la Salud, la atención social es muy limitada y los cauces de comunicación entre estos dos ámbitos de servicios son aún muy deficientes.
El Defensor del Pueblo, preocupado por esta cuestión, encargó un informe monográfico en el año 1999 a dos sociedades científicas y formuló, a partir de las necesidades y carencias puestas de relieve en dicho informe, una serie de
recomendaciones, con el fin de que se estudiaran conjuntamente por los ministerios de Trabajo, Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo las medidas a adoptar para lograr la actuación coordinada entre ambos departamentos. En las contestaciones
remitidas por ambas administraciones y tras valorar positivamente el informe de la institución, por considerar que sus aportaciones contribuían a mejorar la atención sociosanitaria de los ciudadanos españoles, se significaba que estaban en estudio,
en coordinación con las distintas administraciones autonómicas, las medidas necesarias para perfeccionar la atención a la población mayor de edad con diferentes grados de dependencia. Ello no obstante y a pesar del interés suscitado por la
publicación del referido informe, los ciudadanos siguen describiendo a través de sus quejas un panorama desalentador. En sus escritos es permanente la referencia a la notoria escasez de recursos para afrontar este problema así como la falta de
estructuras eficaces para atender a las personas mayores que padecen estas limitaciones, haciendo especial hincapié en la problemática que afecta a los grupos de población que sufren enfermedades degenerativas, como el Alzheimer. En este contexto
hay que resaltar que en su día se dirigieron a nuestra institución 5300 personas familiares de enfermos de Alzheimer, destacando la precaria situación de estos enfermos y de sus familias así como la lentitud de la administración en dar respuesta a
los graves problemas de atención que padecen. Entre otros aspectos, hacían mención a la notoria insuficiencia de recursos y estructuras disponibles para estas personas, que conlleva que la carga asistencial recaiga sobre las familias, que
encuentran serias dificultades para prestar la atención que requieren estos enfermos.
En conexión con lo anterior, es ineludible recordar que el Ministerio de Sanidad elaboró un Plan de atención a los enfermos de Alzheimer que fue presentado al
pleno del consejo interterritorial, si bien dicho plan permanece aún inactivo. Ello sin olvidar el proyecto también en trámite para articular la atención sociosanitaria en el conjunto del Estado español. Por consiguiente, y a pesar de la
proyección demográfica de nuestra población y de la urgente necesidad de configurar recursos que se acomoden a la necesidad, cada vez mayor, de una atención coordinada de servicios sociales y sanitarios, lo cierto es que todavía no se ha afrontado
directamente uno de los grandes retos que tienen pendientes las administraciones públicas, como es el de configurar un espacio sociosanitario acorde con los cuidados fundamentales que precisa un notable segmento de la población. No es ocioso
recordar a este respecto las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, en relación con la notable incidencia que las enfermedades mentales tendrán sobre la población en general en este nuevo siglo. Concretamente en nuestro país, las
enfermedades mentales, como causa de muerte, se han quintuplicado en las edades más avanzadas entre los años 1986 y 1998, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística.
No quiero pasar tampoco por alto la problemática de las personas afectadas de daño cerebral, con un aumento considerable de afectados de edades jóvenes como consecuencia de los accidentes de tráfico y que, una vez superada la etapa
hospitalaria crónica, quedan en situaciones de dependencia y sin centros adecuados para su atención. En estos momentos, la institución del Defensor del Pueblo, a través de un convenio con Fedace, con la Federación Española de Daño Cerebral, está
elaborando un estudio de la incidencia y la problemática del daño cerebral en todo el territorio español. Ante la magnitud creciente de los problemas relacionados con la dependencia, ya en el año 1991 comenzaron a realizarse esfuerzos para diseñar
un sistema capaz de atender a las necesidades de las personas afectadas por dicha situación y se elaboró un Plan Gerontológico Nacional que sirvió de base para redactar posteriormente una ponencia sobre el envejecimiento de la población española. A
su vez, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su disposición adicional decimocuarta, subrayó la conveniencia de que el Gobierno efectuase una propuesta de regulación del seguro de dependencia
que incluyera las modificaciones legislativas necesarias para que pudiera llegar a ser una prestación reconocida en los planes de pensiones o a través de las mutualidades de previsión social y demás entidades aseguradoras. De cualquier modo, dicha
disposición adicional enfocaba la protección de las situaciones de dependencia desde la perspectiva del nivel complementario al que se refiere el artículo 41 in fine de la Constitución, así como desde la óptica del aseguramiento privado.
En la línea de lo establecido en la mencionada disposición adicional, en octubre del pasado año 2003, el Gobierno designó una comisión de ocho expertos para que analizasen en profundidad el problema de la dependencia. El informe elaborado
por dicha comisión subraya que la Seguridad Social no cubre de manera específica el riesgo de las situaciones de dependencia, aunque existen prestaciones económicas para algunas situaciones que necesitan cuidados de larga duración: gran invalidez,
accidentes, discapacitados, etcétera. Señalaba además que la descentralización de las competencias en materia de servicios sociales produce un incremento de los niveles totales de gasto, aunque con una gran dispersión de los niveles de intensidad y
calidad de la protección dispensada. En definitiva, venía a decir el informe que, si la situación se mantiene sin cambios, se agudizará la división actual marcada por la atención pública a las personas con escasos ingresos, mientras que quienes
dispongan de mayor poder adquisitivo habrán de afrontar estas situaciones con recursos propios.
Algunos efectos perversos que detectaba el referido informe en relación con el actual sistema de protección eran las desigualdades -como les había dicho antes- muy fuertes entre los niveles de prestación de las comunidades autónomas y la
desprotección de quienes no pueden acceder a los servicios públicos por superar los niveles de renta. A título de ejemplo, en la atención residencial a mayores dependientes, las clases medias no pueden acceder a una plaza residencial pública por
exceso de renta, ni a una privada por falta de recursos, quedando en un limbo de desprotección. Y esto se agrava en comunidades autónomas con mucha demanda y en donde se encarece la escasa oferta.
El trabajo de los expertos concluía recordando que el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social, suscrito en el año 2001, instaba al Gobierno y a las principales fuerzas políticas y sociales a tomar la decisión de
intervenir, al objeto de afrontar las situaciones de dependencia. Y respetando siempre el reparto competencial español, el modelo de intervención más eficaz sería, según dicho informe, el de la implantación mediante ley de un seguro público de
dependencia que debería ser universal. Dicho seguro podría articularse de dos formas: o en el pago de cotizaciones complementarias, con aportaciones del Estado para los no afiliados al sistema, o sólo con aportación estatal.
Finalmente, señorías, al cabo de este largo recorrido que he venido dibujando con trazos de urgencia, el Gobierno anunció el pasado 30 de junio de 2004 que tras un amplio diálogo político sobre la dependencia con los distintos grupos
parlamentarios que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo y con la participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estaba elaborando un libro blanco sobre la atención a las
personas que se encuentran en situación de dependencia en España, para dar respuesta a la complejidad que plantea el establecimiento de un sistema nacional de protección de esas personas. Y el día 20 de enero de 2005 se presentó a las Cortes
Generales el Libro Blanco sobre la Dependencia, que constituye un importante
esfuerzo de reflexión y ordenación sistemática de todos los problemas que derivan del actual sistema de cobertura de las personas que se encuentran en esta situación.
Se trata de un estudio riguroso que, tras ofrecer una amplia panorámica sobre los aspectos demográficos, características y perfiles de la dependencia, analiza también el régimen jurídico de protección de las personas dependientes así como el
denominado apoyo informal, los niveles de cobertura de la red sanitaria y de servicios sociales, la coordinación sociosanitaria, los presupuestos y recursos económicos que se podían destinar a la financiación de la dependencia, los criterios para su
valoración y la generación de empleo que podría suponer, especialmente para las mujeres, la implantación de un régimen de cobertura adecuada para la dependencia. Como pueden ver sus señorías, muchos de los temas apuntados, o casi todos, por la
institución del Defensor del Pueblo en esta comparecencia, se encuentran recogidos o están recogidos más ampliamente en ese libro blanco. Incorpora también el libro blanco un estudio comparativo de los distintos modelos de protección a las personas
dependientes en algunos países de la Unión Europea y de la OCDE y concluye con una serie de consideraciones finales que sirven de fundamento a la necesidad de articular un sistema nacional de dependencia y abren paso a la aprobación de una futura
ley que regule el sistema nacional de dependencia. Conforme a lo expresado en dichas conclusiones, la norma que se prevé podrá establecer el derecho a la protección social de la dependencia y concretar las prestaciones que lo hacen efectivo,
determinando el sujeto del derecho, la persona dependiente, el cuidador y/o su familia en su caso, y los órganos responsables de reconocer el derecho y de hacerlo efectivo. Asimismo el reparto competencial, tanto constitucional como estatutario,
habrá de señalar las funciones que corresponden al Estado, a las comunidades autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales y consecuentemente la responsabilidades de la financiación de cada prestación y las demás actuaciones que puedan
establecerse. Finalmente, podrán determinarse las obligaciones de las personas dependientes y de sus familiares.
Hasta tanto se apruebe la deseada ley sobre la dependencia, conviene recordar que, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del pasado mes de noviembre, el 76 por ciento de los españoles opina que es una prioridad la
elaboración de un programa nacional de atención a personas dependientes. Cabe seguir diciendo, señorías, que por el momento, aunque España se encuentre entre los países del mundo con población más envejecida, son insuficientes a todas luces las
medidas y recursos adoptados para dar respuesta adecuada a las necesidades de las personas mayores dependientes, a los discapacitados y a los enfermos crónicos.
Desde la experiencia acumulada en la institución del Defensor del Pueblo, se han formulado ya numerosas recomendaciones a los responsables de las distintas administraciones públicas en esta materia. En ellas se incluían medidas legislativas
para regular aspectos civiles y penales que afectan, concretamente, a las personas mayores dependientes y se destacaba la necesidad de llevar a cabo una regulación coherente y eficaz de este tipo de situaciones dentro del marco de la Seguridad
Social y de los servicios sociales, junto con otras propuestas de carácter laboral dirigidas a favorecer el apoyo a este colectivo. Creo, señorías, que con la aprobación de la futura ley que regule el sistema nacional de la dependencia, el
incremento de los recursos sociales dirigidos a la atención de estas personas, la coordinación necesaria entre las diferentes administraciones implicadas en esta materia y el esfuerzo común de todos nosotros, podremos en un futuro no muy lejano
abordar con mayor eficacia los problemas que suscita la atención a las personas que se encuentran en situaciones de dependencia, problema que actualmente gravita con peso excesivo sobre el ámbito de las responsabilidades familiares.
El señor PRESIDENTE: Grupos parlamentarios que quieren intervenir.
Iniciamos las intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la diputada Elvira Velasco Morillo, después Convergencia y cierra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VELASCO MORILLO: En primer lugar, desde mi grupo parlamentario quiero agradecer a don Manuel Aguilar, adjunto al Defensor del Pueblo, la oportunidad que nos da de poderle tener hoy aquí en la Comisión no permanente de seguimiento
y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.
Me gustaría haber podido escuchar alguna concreción que nos sirviera, a la hora de establecer estas conclusiones con las cuales iniciamos los trabajos en esta Comisión, para tener una serie de comparecencias de distintas personas. Le voy a
formular una serie de preguntas con el objeto de poder tener una información más concreta sobre los trabajos que se vienen desarrollando desde la institución del Defensor del Pueblo.
Como muy bien se ha reconocido a lo largo de su intervención, hay más de tres millones y medio de personas mayores y discapacitadas afectadas con problemas de dependencia que quieren ver soluciones equitativas. También es verdad que la
nueva realidad de la dependencia es un reto que exige una respuesta de la sociedad y el apoyo de todos. Debemos partir de una serie de premisas o principios de atención equitativa a todos los ciudadanos dependientes, una cooperación entre las
distintas administraciones públicas y una colaboración con el sector privado.
Creemos, desde mi grupo, que las aportaciones que se puedan hacer desde la institución del Defensor del Pueblo son importantes
y, por eso, pedimos más concreciones desde la misión que tiene de protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos en general y, en el caso que hoy nos ocupa, de las personas en situación de
dependencia.
Desde el año 2003 fueron varias las iniciativas que se llevaron a cabo sobre las personas con discapacidad, como la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre el empleo público de los discapacitados. Para nuestro grupo es importante garantizar
unas prestaciones y servicios en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Es decir, universales, que tengan un carácter público, que se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones de todas las personas independientemente del
lugar de residencia. Así pues, nos gustaría saber si tienen alguna relación específica del número de quejas de las personas dependientes en función del lugar de residencia. Nos ha relatado algo, pero queremos medidas más concretas.
Es muy importante que dentro de los trabajos, uno de los aspectos a considerar sea coordinar los recursos y las tareas que, en este tema, corresponden a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, entidades locales y
Seguridad Social, con la única finalidad de adecuar las prestaciones y los servicios a las nuevas necesidades sociales de las personas dependientes.
El informe del Defensor del Pueblo del año 2000 se pronunció por un modelo de protección universal de Seguridad Social en la línea del modelo austriaco, de 1993, alemán, de 1995, y luxemburgués, de 1998, de cubrir a través de la Seguridad
Social este nuevo riesgo de dependencia. ¿Qué opinión le merece en la actualidad, en el año 2005? Todos sabemos que la evolución en la situación, el nivel de vida no es el mismo. ¿Cuál debería ser, a su entender, el modo de gestión ideal?
La descentralización competencial de los servicios sociales hacia las comunidades autónomas está produciendo un incremento en los niveles de gasto. ¿Tienen, desde la institución del Defensor del Pueblo, detectado cuáles son el tipo de
quejas de los ciudadanos por comunidades autónomas según las prestaciones que incluyen éstas y cuál es el tipo de modelo de gestión que cree que se puede emplear en el conjunto de los servicios?
Otro de los aspectos que a mi grupo le preocupa mucho es el modelo de financiación. ¿Cómo piensan que sería el adecuado: público, pago en función de rentas, como un sistema mixto, prestación económica de cuantía diferente -más elevada si
se materializa en servicios-, totalmente privado? ¿Cómo cree usted que debería financiarse? Porque si son todos recursos públicos, ¿de qué tipo? Porque las comunidades autónomas tienen transferidas todas estas competencias ¿Cuáles deben ser los
modelos de protección de la dependencia? Porque hay distintos niveles de dependencia a los que tienen derecho las personas dependientes. En este sentido cuántas quejas tienen y si hay establecido algún tipo de clasificación; cuántas quejas tienen
también por falta de asistencia a nivel de dependencia; y a la vez, si tienen algún estudio sobre el grado de satisfacción. Se ha hablado de que está transferido a las comunidades autónomas y del papel que tienen las mismas.
Tampoco nos podemos olvidar de los ayuntamientos. Tienen una importante labor, desarrollan sistemas de ayuda a todas las personas dependientes, con medidas concretas como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y
residencias. ¿Tienen relación de qué ayuntamientos realizan las mejores prestaciones y quiénes no tienen tanto nivel a la hora de desarrollar estas prestaciones? En su opinión, ¿qué papel piensa que debería tener la Federación Española de
Municipios y Provincias ante esta importante labor que llevan a cabo? Yo creo que es un pronunciamiento a tener en cuenta sobre el tema que hoy nos ocupa.
Pensamos que sería importante.
Como muy bien ha anunciado al principio de su intervención, la verdad es que tradicionalmente el cuidado de las personas dependientes se realizaba directamente en el seno de las familias. Sin embargo, los profundos cambios que se están
produciendo en el ámbito familiar y social ponen a prueba estos tradicionales modelos de protección social. Es necesario configurar un sistema integrado con la participación activa de toda la sociedad. Creemos importantes las aportaciones que nos
puedan hacer en este tema. Es importante recoger una definición clara de dependencia, cuál debe ser la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección, teniendo en cuenta la distribución de
competencias entre las distintas administraciones públicas, como muy bien hemos dicho y se ha hablado aquí a lo largo de toda su comparecencia, garantizando, como no podía ser de otro modo, los recursos necesarios para su financiación y algo tan
importante como es la igualdad en el acceso.
En definitiva, y para ir concluyendo, nos gustaría que nos especificara qué actuaciones más concretas se están llevando a cabo y que conteste a las preguntas que le he hecho en mi intervención, para que esta comparecencia pueda ser positiva
a la hora de elaborar esas conclusiones en beneficio de un tema tan importante como es el de la dependencia y las posibles actuaciones legislativas que se puedan realizar en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: El señor Aguilar tiene la palabra.
El señor ADJUNTO SEGUNDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Aguilar Belda): Me va a resultar difícil responder porque ha manifestado, a lo largo de su intervención, una serie de cuestiones, de juicios de valor, con los que coincido en la gran mayoría
y mezclados
a veces con una multiplicidad de preguntas. Sobre algunas de ellas, difícilmente la institución del Defensor del Pueblo se puede o se debe pronunciar, porque no le corresponde pronunciarse en ese sentido. A riesgo de dejarme alguna de las
preguntas sin contestar -y le rogaría que luego me las repitiera si no le he hecho las concreciones oportunas-, debo decir que las quejas relacionadas con la dependencia, por comunidades autónomas, se las puedo enviar en 24 ó 48 horas, pero en estos
momentos no las tengo. Yo tengo aquí, por provincias y por comunidades autónomas, las quejas totales que se han recibido a lo largo del año 2004. Pero sí le puedo decir que, relacionadas con la dependencia -y lo he dicho en mi intervención- es un
porcentaje muy alto. El hecho de que en un área tan importante, que recoge toda la sanidad, la Seguridad Social, la salud, el empleo y los servicios sociales, casi el 40 por ciento de las quejas estén relacionadas con problemáticas de dependencia,
lógicamente tiene mucha importancia. O sea, que de esas 1.300 quejas, de las cuales 214 son colectivas, haya más de 400 que están relacionadas con problemáticas de personas que están en situación de dependencia, es un tema muy importante.
Me preguntaba qué ayuntamientos lo están haciendo mejor o peor. Nosotros no vamos a entrar en un juicio de valor porque podríamos faltar a ese nivel de ecuanimidad, de mediación y de neutralidad que tiene que tener esta institución, en
tanto en cuanto detrás de cada ayuntamiento hay un tipo de administración y un partido político gobernándolo. Lo que sí le puedo decir es que donde hay más presión y donde recibimos el mayor número de quejas es de los ayuntamientos más grandes,
donde hay una concentración de población más grande. Tenemos más quejas de Madrid que de Albacete, por ponerle un ejemplo. Pero porcentualmente, no numéricamente. Y tenemos más quejas de Barcelona que de Alicante, y tenemos más quejas de Valencia
que de Logroño. En ese sentido, la problemática de la dependencia o las situaciones de dependencia se agravan en las grandes concentraciones urbanas.
Me hablaba del modelo austriaco, del modelo alemán y me pedía mi opinión, sé que ustedes los han visto ya y han tenido comparecencias en esta Comisión sobre un modelo, otro modelo, el modelo sueco que es el primero de todos, el modelo
nórdico. Pero tampoco nos correspondería. Sí le diría que, en tanto en cuanto esta institución es defensora del pueblo y defensora de los ciudadanos, en la medida de lo posible debemos luchar por que los servicios sociales sean un derecho
subjetivo. Lo mismo que hoy día es un derecho subjetivo reconocido la atención sanitaria o el derecho a una pensión (en función de una serie de requisitos se obtiene esa pensión y, cuando no se cumplen esos requisitos se ha llegado a la pensión no
contributiva para que nadie esté en una situación de necesidad), le diría que los servicios sociales tendrían que ser un derecho subjetivo. Y si es subjetivo, de alguna manera me estoy definiendo, estoy diciendo que sea universal, que sea público,
lo cual no quiere decir que no pueda también prestarlo la iniciativa privada o que la iniciativa privada no sea complementaria, pero que exista la tutela pública en el sostenimiento de ese derecho subjetivo.
Modelo de gestión. No me corresponde y me van a permitir que no me pronuncie sobre cómo debe ser ese modelo de gestión. Cuando veamos funcionando el modelo de gestión en la lucha contra las situaciones de dependencia la institución del
Defensor del Pueblo no se va a pronunciar.
Pero más que nada por prudencia. A veces se invoca, -me alegro de que así sea- la institución del Defensor del Pueblo como cita de autoridad, sobre cómo un modelo u otro modelo puede ser válido, puede
funcionar bien y puede solucionar la problemática. Se puede invocar en algún momento unas palabras mías aquí como cita de autoridad de la institución, y me parece que es un tema lo suficientemente delicado como para que dejemos que se desarrolle la
ley de la dependencia y se vea por qué modelo se opta: si público, de pago, de copago, mixto. En fin, qué tipo de gestión. Lo que sí le puedo decir es que tienen que llegar -y me preguntaba algo de la FEMP- a un acuerdo. En estos momentos yo
creo que se están desperdiciando recursos. No quería decir que fueran suficientes los recursos que se están destinando al problema de la dependencia, pero sí que son muchos.
Sin embargo, debo decir que no están coordinados, no están utilizados y
que tenemos comunidades autónomas con plazas residenciales de mayores vacías y comunidades autónomas que tienen una presión tremenda, con listas de espera de cientos de miles de personas para poder entrar. Habrá que llegar a algún tipo de acuerdo
vía Consejo Interterritorial de Salud, vía los consejos interterritoriales de asuntos sociales, vía la Federación Española de Municipios, que son administraciones que son complementarias y que tienen que estar llamadas a entenderse.
¿Quejas por falta de asistencia? Lo que le decía antes: ¿de dónde hay más quejas por falta de asistencia? De donde hay mayor concentración de población. Cuando la demanda es mucho mayor y la oferta es más escasa -y estamos hablando ya de
lo público y de lo privado-, la oferta pública lógicamente sube los precios. Hay ciudades en España en que las plazas residenciales de una misma cadena privada cuestan el doble en determinada ciudad que en otra. Y es la misma cadena. Y dan las
mismas prestaciones y la misma atención. Pero es la ley de la oferta y la demanda de la iniciativa privada, que busca el lucro legítimo y lógico.
¿Tipos de quejas según prestaciones por comunidades autónomas? Intentaremos rescatárselo informáticamente y mandárselos.
Acuerdos entre comunidades autónomas y el Estado, tengo aquí apuntado y ha sido otra de las reflexiones que ha hecho. ¿Que corresponde a cada administración? Creo que es el fruto del acuerdo lo que le tiene que corresponder a cada
administración. Respetando la legalidad que hay en estos momentos de las competencias
que tiene el Estado en cuanto a norma básica, las competencias que tienen en cuanto a gestión en materia de servicios sociales, que es prácticamente exclusiva de las comunidades autónomas, y las competencias, a veces excesivas, sin medios
económicos, que tienen los ayuntamientos, habrá que ponerse de acuerdo y hacer un trabajo complementario de las diferentes administraciones.
Lo que he venido más o menos a referir en mi intervención es que, en primer lugar, detectamos y tenemos quejas de descoordinación entre administraciones, de desigualdad entre administraciones -entre unas comunidades y otras-, de un marco
legislativo difuso, confuso y a veces contradictorio y que habrá que unificar, ya no sólo terminología, sino incluso legislación que recoja mucho más la problemática de la dependencia y que las desigualdades territoriales tienen que acabar.
Dentro
de eso, hay determinadas patologías o enfermedades que son más graves. Los mayores dependientes, sobre todo mayores de 80 años, el Alzheimer, el daño cerebral, las enfermedades mentales, etcétera, necesitan de una atención específica y de un
tratamiento específico.
No sé si con esto he dado respuesta, diputada Velasco, a sus preguntas, porque ya le digo que me ha resultado difícil concretarlas al unir reflexiones y preguntas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergencia, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también la intervención del señor Aguilar. Como siempre, la institución del Defensor del Pueblo se caracteriza por el rigor y la precisión de sus comparecencias y de sus informes y estoy
seguro que una lectura detenida de su intervención va a permitir, no tan solo trabajar en relación a las posibilidades de la dependencia, sino con muchísimos otros aspectos colaterales a este ámbito.
Coincido con usted en algunas ideas, como que hay que articular mecanismos de protección de los cuidadores informales. Coincido con usted con la actual situación que desprotege a buena parte de los contribuyentes, a las personas situadas en
unas rentas medias de nuestra sociedad. Y coincido con usted también en la preocupación de colectivos, por ejemplo, como los enfermos mentales. Serán aspectos que en el marco de esa próxima ley que va a discutir este Cámara deberemos abordar.
Yo simplemente le iba a plantear una pregunta concreta y una reflexión sobre una posible actuación de su institución. Esa posible reflexión iría ligada a una necesidad. Seguramente en el debate sobre el modelo de Estado autonómico, con el
que se dotó España con la Constitución, y la relación de este modelo de Estado con las políticas sociales, no forma parte de nuestra reflexión habitual el análisis de la valoración de los traspasos que se hicieron a las comunidades autónomas en el
ámbito de los servicios sociales. La mala valoración que se hizo de esos traspasos seguramente se encuentra detrás de parte de las insuficiencias de las políticas sociales que se han desarrollado por parte de los diversos gobiernos autonómicos. Y
quizá valiera la pena que alguna vez, desde el Defensor del Pueblo, se estudiase eso. Porque de la misma manera que se han valorado siempre mal los traspasos en materia de sanidad y parte del déficit sanitario, que hoy ahoga a todas las comunidades
autónomas, con independencia de quien las esté gestionando, también forma parte de los problemas vinculados a la mala valoración de los traspasos de los servicios sociales. (La señora vicepresidenta, Pin Arboledas, ocupa la Presidencia). Creo que
es una de las reflexiones en las que, a caballo de esta discusión sobre el nivel de desigualdad existente en función del territorio donde se vive, se olvida esa dimensión y es fundamental.
La cuestión concreta que mi grupo le quiere plantear, aunque no afecta directamente al elemento central de los trabajos de esta Comisión, pero su intervención me obliga a ello, es si entiende el Defensor del Pueblo que hemos de impulsar, de
proceder, a una revisión del actual sistema de valoraciones para la discapacidad. Hubo un real decreto, en su día, que fue polémico, incluso tuvo que producir algunas adaptaciones para determinados colectivos, ¿Entiende el Defensor del Pueblo que
se debe producir esa revisión? Y en este sentido, ¿se necesita un abordaje específico, especialmente en el campo de la discapacidad psíquica, de aquellos colectivos de personas -que alguien ha definido como personas de inteligencia límite- desde la
perspectiva de una mayor protección en el campo del empleo o de la protección social? Sabiendo las dificultades de determinar ese ámbito, ¿existe un vacío que hace que un grupo de ciudadanos que no llegan a ese 33 por ciento no tenga ninguna
política específica para facilitar su acceso al empleo y a la protección social? Yo creo que ahí también sería interesante conocer su opinión.
El señor ADJUNTO SEGUNDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Aguilar Belda): Perdón, ¿me puede repetir esta última? Es que me ha dicho un montón seguidas y no he acabado de cogerlas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Le hablaba de un grupo de ciudadanos que no llega a un 33 por ciento de minusvalía, especialmente en el campo de la discapacidad psíquica, con una inteligencia límite. Situados en este terreno ambiguo, la
pregunta sería ¿entiende el Defensor que ahí no existe una protección social suficiente, unas políticas específicas de inserción en el mercado de trabajo, una protección incluso legal suficiente para ese colectivo, aunque a nosotros seguramente la
discapacidad física no nos preocuparía excesivamente, pero sí en cambio la discapacidad psíquica? Ahí sí que nos gustaría conocer también su opinión.
La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Hemos quedado en que iba a contestar a los dos a la vez.
La señora MARTÍNEZ HIGUERAS: Bienvenido, don Manuel Aguilar. Es un placer para mí volverme a encontrar con usted. Quiero dar también la bienvenida a la adjunta primera, doña María Luisa Cava, que está aquí con nosotros, y a otros
representantes de la Defensoría.
Por empezar por lo que ha terminado usted diciendo en la respuesta que ha dado a mi colega del Grupo Popular, está claro que necesitamos una regulación. Descoordinación, desigualdad, marco jurídico disperso, confuso, desigualdades
territoriales y una añadida que es una valoración que me ha parecido interesante o que he sacado yo de lo que usted ha dicho: no todas las dependencias necesitan de la misma atención. Eso me parece que enlazaría un poco con lo que ha dicho al
final el señor Campuzano sobre la distinta sensibilidad de las discapacidades en la gente más joven -menos de 65 años-, a los que hay que dar una independencia de vida y a otros que hay que sacarles de la dependencia, aunque utilicemos este término.
Es una reflexión muy interesante en la que podríamos profundizar.
Lo cierto y verdad es que, desde todos los informes de la Defensoría que se han venido realizando para este sector, desde discapacidad, desde vejez, tercera edad, etcétera, bien sean sectoriales o anuales, queda patente la petición de los
profesionales, de las asociaciones, de las instituciones, de los propios afectados, de una ley de protección a la dependencia que siga la estela de las leyes europeas. A mí me ha llamado mucho la atención, leyendo el informe del año 2000, que fue
presentado aquí en 2001, cómo los propios profesionales, en aquellos grupos de trabajo que la Defensoría creó, llegaban a preguntarse: lo han hecho los alemanes, lo han hecho los franceses, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Eso me parece
importante que lo tengamos claro ¿Por qué no vamos a dar ese paso y construir un Estado del bienestar más amplio?
A esta necesidad habría que sumar, como bien decía don Manuel, los datos concretos de la última encuesta del barómetro del CIS que fija en un 76 por ciento la prioridad para los españoles de que el Gobierno trabaje en el tema de la
dependencia; o bien de los representantes sociales, sindicatos y empresarios, en el acuerdo que se firmó en el mes de junio con el presidente del Gobierno, que era el punto número 13 de aquel acuerdo; también las distintas iniciativas de
instituciones españolas, la del año 2000 de la Defensoría que como bien decía la representante del Grupo Popular, me gustaría que fuese un poco más conciso y nos dijera algo más. Entonces apostaban por un sistema colgado de la Seguridad Social.
¿En qué posición estaríamos hoy? Y distintas iniciativas, como la de esta propia Comisión, a cuyos miembros doy las gracias por dejarme participar en la misma, ya que yo no pertenezco a ella y gracias también a la Mesa.
Además, nuestra Constitución nos permite afrontar esta ley, lo cree mi grupo, lo cree el Gobierno, lo creo personalmente, al atribuir al Estado el acabar con todos esos déficit de los que usted hablaba al principio: esa descoordinación, esa
falta de homogeneización, etcétera. Además de ampararnos nuestra Constitución para que llevemos a cabo esta ley, hoy, después de los resultados del refrendo del pasado domingo, contamos con un 80 por ciento de ciudadanos que han apoyado la
Constitución Europea, que también en su artículo 294 hace referencia al derecho, como ciudadanos europeos, de acceso a las prestaciones y servicios sociales en los casos de vejez y de dependencia.
Lo cierto y verdad es que la necesidad estaba cantada. Viene siendo anunciada desde todas las instituciones y sectores desde hace mucho tiempo, y hoy nos encontramos con un compromiso del Gobierno de traer a este Parlamento una ley y
queremos estar en condiciones, desde el Parlamento, de ayudar al Gobierno en convertirla en la mejor ley posible.
Por eso le digo que me gustaría un posicionamiento claro y conciso de la Defensoría, no de don Manuel Aguilar, sobre la oportunidad de
afrontar, mediante una ley básica, la atención en nuestro país a las personas en situación de dependencia, que se recoge en bastantes partes de los informes solicitados en 2000 por la Defensoría.
Partiendo del hecho cierto, como bien ha dicho usted y han mencionado otros colegas, de que en la distribución competencial del Estado son las comunidades autónomas las competentes en materia de servicios sociales, pero conocedores de esas
desigualdades territoriales y de las desigualdades en el acceso a las prestaciones y a distintas prestaciones en servicios por parte de las mismas.
También me gustaría conocer su posición concreta sobre considerar esta atención a las personas en situación de dependencia como una prestación de carácter universal, de carácter público y como derecho subjetivo, como usted lo reseñaba, y no
un modelo asistencial. Quiero que me deje claro si vamos a un modelo universal en el sentido claro de eliminar lo que hoy existe en la prestación de este tipo de servicios, que es la carga de la prueba de recursos existente actualmente para acceder
a la ayuda a domicilio o a las residencias o a cualquiera de los servicios que hoy se prestan para atender a las personas dependientes. Si quiere le concreto más la pregunta: ¿Es favorable la Defensoría a que toda persona, sea cual sea su edad y
el origen de la dependencia y sus recursos económicos o patrimoniales, pueda acceder a la prestación de dependencia que en su momento se determine en la ley?
Antes le comentaba que en la recomendación de la Defensoría recogida en este informe del año 2000 se habla de una contingencia cubierta por la Seguridad Social. En otros modelos que se recogen en el libro blanco y en otras aportaciones de
expertos, -algunos había aquí hace un rato de otros grupos también que han trabajado sobre este tema- se habla de un procedimiento
también similar al habido para el Sistema Nacional de Salud, un inicio desde el sistema de Seguridad Social para, progresivamente, irse desvinculando hacia el tema impositivo. Otras personas hablan de simultanear el proceso impositivo con
determinados impuestos especiales; ver la posibilidad de los que crean dependencia en algunos casos, y destinar una parte de impuestos. Me gustaría saber si debería considerarse una contingencia cubierta exclusivamente por la Seguridad Social o
piensa usted que podría darse una situación mixta. En cualquier caso, si la financiación sería de carácter mixto, según las competencias y según los estudios que ustedes han hecho, es decir, comunidades autónomas, corporaciones locales y
Administración General del Estado.
También en el tema de financiación, tanto los profesionales, como las instituciones, como todos los informes que hemos conocido, señalan la necesaria contribución de los beneficiarios mediante aportaciones al pago de una parte de los
servicios que no hacen referencia directa a la atención, a la situación de dependencia en la que se encuentre el beneficiario. ¿Cuál es la consideración de la Defensoría a este respecto? ¿Cree necesaria la contribución de los beneficiarios
mediante aportaciones al pago de una parte de los servicios, si es que las prestaciones que se estimen sean en servicios, que también podrían ser económicas? Me gustaría saber qué opina la Defensoría.
Voy a acabar con una pregunta que algunos ya nos hemos contestado, pero que estimamos en tanto su opinión que no me quiero quedar sin hacérsela: compatibilidad de la provisión pública de servicios y la acción concertada con la iniciativa
privada, con o sin ánimo de lucro. ¿Qué opina la Defensoría?
Volviendo al tema de los cuidados informales, ¿alguna protección especial para los cuidadores? Para las cuidadoras, porque se habla de la familia, pero yo creo que en este problema de la dependencia el cuidado informal se conjuga o se
declina, como decía alguien, algún experto, en femenino singular. Me parece muy importante saber qué opina la Defensoría sobre el importante papel que esta ley va a tener para las necesidades básicas de la familia, pero sobre todo para las mujeres
que somos las cuidadoras en un continuo sinfin, desde la infancia, la adolescencia, el cuidado de los enfermos, de nuestros dependientes y de nuestros mayores. Me gustaría saber, en ese sentido, cuál es la opinión que tiene la Defensoría.
Y nada más, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, como siempre, contar con sus aportaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Para contestar a Convergencia i Unió y al Partido Socialista, tiene la palabra don Manuel Aguilar.
El señor ADJUNTO SEGUNDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Aguilar Belda): El señor Campuzano me habla en un principio de si se hizo una mala valoración de los decretos de transferencias a las comunidades autónomas. No me puedo pronunciar. No lo
sé. No era protagonista en ese ámbito y posiblemente sí. Pero le diré también que, aunque se hubiera hecho una buena valoración, estamos en un campo, que es el de las políticas sociales, que es un saco sin fondo y, seguiría habiendo carencias.
Por supuesto, a lo mejor las hay más porque no se hicieron bien esos traspasos, como dice usted, pero desde luego yo no puedo decirlo. No puedo decir ni que sí ni que no, porque no fui protagonista en esa película.
Revisión del sistema de valoración. Yo creo que no hay nada permanente en esta vida. Indudablemente han aparecido enfermedades nuevas, hay enfermedades raras, hay situaciones de dependencia que no lo eran en determinados momentos y que se
haga una revisión de una tabla o de un sistema de valoración de minusvalía, a mí me parece que eso debe ser una situación dinámica. O sea, que no debe ser una cosa estanco. Tampoco algo que tenga poca permanencia en el tiempo, a lo cual no podamos
acogernos con ciertas garantías de seguridad jurídica. Tiene que tener una seguridad jurídica y una permanencia en el tiempo, pero no puede ser un estamento estanco que no se pueda nunca tocar. Creo que sí son perfeccionables todas las tablas y
los baremos de la minusvalía.
¿Se necesita más protección hacia determinados discapacitados psíquicos que no llegan al 33 por ciento pero que, sin embargo, tienen situaciones de dependencia? Ya he dicho que hay situaciones de cobertura de la dependencia diferentes -lo
decía también la diputada Pérez Domínguez-, que hay que proteger en función del nivel de dependencia, pero una persona que está en el límite de su capacidad intelectual, aunque no cubra ese 33 por ciento -que no sé en estos momentos técnicamente si
lo cubren o no las situaciones límite de inteligencia-, necesita algún tipo de protección. Eso está claro. ¿El grado de esa protección? Ya lo determinarán un poco los técnicos en ese sentido.
Creo que con esto contesto a las reflexiones y, por supuesto, le agradezco la amabilidad que ha tenido a la hora de valorar la comparecencia de esta institución.
La señora Pérez Domínguez, del Grupo Socialista, habla también de lo mismo: que no todas las dependencias necesitan de la misma atención. Creo que así es. Me dice que me defina. Qué más puedo decirle que la institución del Defensor del
Pueblo se define por un sistema público, universal y que sea un derecho subjetivo. Yo creo que engloba todo lo englobable. Después, lo posible será otra cuestión, pero que los servicios sociales o las coberturas de las situaciones de dependencia,
que sea público, que sea universal y que se considere un derecho subjetivo, yo creo que ya es una definición muy clara.
Me dice: defínase más y dígame usted cómo lo financiamos. Son ustedes los que se tienen que definir. ¿Cómo lo financiamos? Me está planteando si impuestos, cotizaciones. Que me defina sobre impuestos, cotizaciones
y precios y no lo voy a hacer. Eso les corresponde a sus señorías cuando debatan la ley. Yo creo que algo que dé cobertura a esas situaciones y que lo englobe. La filosofía de la institución del Defensor ya se la he dicho: que sea
público y universal. Pero si es vía impuestos o vía cotizaciones y cómo valoramos o cuantificamos los precios, eso ya es una cuestión más técnica y, además, no le corresponde a esta institución hacerlo.
¿Contribución o no contribución de los beneficiarios? En un sistema solidario a lo mejor habrá que verlo, porque si va vía impuestos, ya estamos contribuyendo por vía impositiva y los ciudadanos, si es que hubiera una contribución especial
para financiar esto. Si es vía cotizaciones, a lo mejor hay que buscar otro tipo de fórmula. ¿Concertada o pública? Yo soy un defensor a ultranza de lo público, pero reconozco que hoy día muchas de las actividades y de las políticas educativas,
sociales, sanitarias, etcétera, no tendrían los ciudadanos cobertura si no estuviera la iniciativa privada trabajando en esta políticas. Le diría que prioritariamente público, sin descartar la iniciativa privada -por supuesto la iniciativa privada
no financiada con fondos públicos cuando quieran el libre negocio y la libre competencia-, pero en lo que sea con fondos públicos que haya una concertación con las administraciones públicas, que velen por la calidad de los servicios y por el buen
cumplimiento de los fines que tienes asignadas o encomendadas esas instituciones privadas que conciertan con lo público. O sea, que ni público, ni privado. Yo creo que son complementarios y que puede coexistir perfectamente el privado concertado
con lo público.
¿Protección especial para los cuidadores? Yo creo que se desprendía de mi intervención. Decía que incluso la legislación actual es tan sumamente, a veces, variopinta que a una chica que tiene 44 años que está cuidando a su padre, que tiene
ya un favor familiar económico derivado de la pensión de viudedad de su padre, si cumple los 45 no se lo da la Seguridad Social porque el padre fallece cuando ella tiene 44 años; sigue cuidando a la madre y la madre muere con una pensión de
viudedad, ya no tiene derecho al favor familiar, a la pensión. Implícitamente en nuestra legislación ya está contemplado la realidad de que hay que proteger también a los cuidadores. O sea, hay que hacer políticas de protección de las personas que
se dedican a cuidar de la dependencia y, por supuesto, perfeccionar los sistemas que tenemos actuales. Sí coincido plenamente con usted. Creo que con esto he dado respuesta a las preguntas que me hacía la diputada Pérez Domínguez.
La diputada Velasco me ha preguntado antes también por algo y he recordado que recibimos quejas -yo creo que es curioso- de determinadas comunidades autónomas cuya renta, el costo de la vida digamos, es más alto que en otras y ciertas
prestaciones son mucho más escasas, lo que marca mucho más las diferencias para vivir en esa determinada ciudad o comunidad autónoma que en otra donde el costo de la vida es más barato. A ver quién pone el cascabel a este gato. Por ejemplo,
estamos recibiendo quejas de viudas que nos dicen: oigan, no es lo mismo ser viuda en Barcelona que ser viuda en un pueblo de la provincia de Cuenca o de la provincia de Soria, porque la vida no está igual de cara, la solidaridad incluso
intergeneracional, la vecindad u otra serie de cosas, la misma huerta que pueden tener sus familiares, el precio de los alquileres y la vivienda, del transporte y la calefacción, etcétera. Es muy difícil romper un principio de igualdad, de
universalidad y de toda esa serie de cosas, pero es una realidad que quiero que SS.SS. conozcan también. Determinadas prestaciones son menos prestaciones en determinados sitios que en otros.
Yo creo que con esto he dado respuesta a las preguntas que me han formulado sus señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Muchas gracias a don Manuel Aguilar por las explicaciones y por su exposición en esta Comisión del Pacto de Toledo.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa. El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
- DE LA SEÑORA ADJUNTA EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA (MARTÍNEZ MARTÍNEZ).
(Número de expediente 212/000491.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Martínez.
La señora ADJUNTA EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Martínez): Presidente de la Comisión, señorías, buenas tardes a todos. Es un honor para la institución de la
Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha realizar esta comparecencia y más si tenemos en cuenta la juventud de la institución. No llevamos aún tres años de gestión. Por eso queremos, de una manera especial, agradecer muy sinceramente la
invitación realizada para hacer esta comparecencia.
Muchas veces, cuando se publican leyes, cuando hay que intentar aplicarlas o cuando se las echa en falta se suele pensar: esto habría que haberlo hecho de otra manera o les ha faltado tal o cual matiz o ¿es que nadie habrá caído en tal
cosa? También sucede que la explicación que damos a la gente ante determinadas circunstancias sea: yo no sé nada, yo no hago las leyes. O que la gente nos increpe directamente diciendo: usted que puede haga algo por cambiar las leyes. Todo esto
y muchas cosas más me planteaba yo cuando preparaba esta comparecencia. Todo esto y si iba a ser capaz de transmitir todo lo que quería, si habría sabido escoger el camino adecuado para hacerlo, si me iba a expresar
en términos correctos desde el punto de vista político, y sobre todo qué podía aportar en este asunto después de haber leído el Libro Blanco y saber de las comparecencias de representantes instituciones, de organizaciones y de personas tan
importantes. Y con todas esa dudas he venido, con toda la humildad del mundo además y con la confianza personal que me da el trabajo directo durante 30 años con personas dependientes, aunque entonces su situación no se llamara así porque no tenía
ni siquiera título, a las que había que ayudar y buscar, a veces de entre la nada, soluciones que en la mayoría de los momentos no eran nada más que chapuzas.
Lo que sí sé es que lo que yo hoy vengo a exponerles lo he aprendido junto con las personas que sufren la dependencia. Yo también soy consciente de que lo que conozco es solo una parte de la situación y que ustedes van a oír en estos días
muchas partes que les van a permitir conformar un todo.
Desde esa posición de partida quiero, antes de comenzar mi exposición, leer un breve cuento que explica con gran acierto lo que quiero decir. No es hora de cuentos, pero puede ser el momento
de leer éste. Es un texto muy corto.
Érase una vez, en los confines de la tierra, que había una ciudad que tenía una extraña peculiaridad: todos sus habitantes eran ciegos. Pero como quiera que su contacto con los poseedores de la visión era cada vez más raro y escaso, habían
olvidado su condición y se habían acostumbrado a esa forma de vida con toda normalidad. En las tradiciones de aquella comunidad, al igual que en muchas otras, se hablaba de la existencia de un misterioso animal que nadie podía definir ni describir
y al que los buscadores perseguían en mil y un intentos por conocer. Tan solo se sabía que tenía por nombre elefante y que un día, tampoco muy lejano, seguro que lo conocerían.
Sucedió en un otoño ventoso que un rey venido de una lejana tierra, acompañado de su imponente consejo, llegó con un elefante y acampó cerca del lugar. Al poco tiempo, el rumor se extendió alcanzando a la ciudad de los ciegos, que sintió,
por fin, llegada su oportunidad de satisfacer aquella histórica curiosidad: conocer al elefante. Hasta entonces solo contaban con conjeturas cerca del mismo, existiendo siempre estudiosos e investigadores que comunicaban apasionadamente sus
conclusiones. Sin embargo, estos no llegaban nunca a convencer al pueblo, que tenía serias dudas acerca de la verdad definida.
Por ésta y otras razones, algunos miembros -los más aventureros- aprovecharon la ocasión de conocer y se marcharon a investigar y comprobar la verdad definitiva de cómo era aquello que les obsesionaba.
Hicieron un largo camino, llegaron y,
poco a poco, después de comprobar, cada uno de los aventureros fue regresando a la ciudad de los ciegos en donde sus conciudadanos esperaban apiñados e inquietos, formando impacientes grupos. Llegó el momento de exponer públicamente la forma y el
aspecto del elefante, de manera tal que todo el pueblo escuchara lo que aquellos estudiosos iban a disertar.
Adopta una forma grande, rugosa, ancha y gruesa, como un felpudo viviente.
El pueblo que oía exclamó con un rumor de sorpresa. Cuando le tocó el turno al que había palpado la trompa, dijo a los presentes: 'Yo conozco los hechos reales.
Puedo jurar por el honor de mi estirpe que es como un tubo recto y hueco, horrible y destructivo'. Un nuevo rumor de comentario y exclamaciones se manifestó en los presentes. Seguidamente habló el que había palpado la panza: 'Hacedme caso, yo sé
de verdad cómo es. Es una masa enorme, abultada e inabarcable, permanece tranquila y parece moverse con mucha lentitud'. Y, por fin, le tocó el turno al último que, como quiera que había tocado la pata, dijo: 'Es poderoso, recto y firme como un
pilar, os lo juro'.
El pueblo ya había tomado posiciones y todos discutían acerca de los testimonios de los especialistas allí congregados. Cada punto de vista desencadenó, no solo una escuela, sino toda una corriente ideológica y cultural acerca de aquel
antiguo misterio. Y, de pronto, en medio de la gran controversia, se oyó la música de alguien distante que se aproximaba. Su melodía y su voz resultaban tan extrañamente resonantes que fueron apagando las voces y dialécticas de los presentes,
mientras el canto de un estribillo aumentando su tono decía: unid todas las exposiciones, nunca existe una sola verdad.
Pues desde este punto de partida, de ese trocito de verdad que yo conozco, es con la que he venido y con la que me aproximo ante ustedes. Resulta curioso constatar cómo en pocos meses, no más de cuatro o cinco, el asunto de la dependencia
ha traspasado las paredes del domicilio de las personas que la padecen y ha llegado a la calle. Día a día la población ha ido conociendo un poco más de este ambicioso, necesario e importante proyecto, cual es que este país disponga de una ley que
proteja y regule la atención de las personas con alguna dependencia. La información que hemos ido recibiendo, que era el reflejo del trabajo que a distintos niveles se hacía, ha ido preparando el terreno social en varias vertientes. Ha abierto una
puerta a la esperanza a muchas personas que, encontrándose hoy en situación de dependencia, carecen de los apoyos necesarios y suficientes para su atención; está realizando una importante tarea de sensibilización y de concienciación social que
facilitará su aceptación e implantación; está convocando tácitamente a la coordinación y cooperación a instituciones de diferentes niveles territoriales y a profesionales de distintos sistemas de protección, y va paulatinamente introduciendo
conceptos que facilitarán en su día la puesta en marcha de la ley, el propio concepto de dependencia, los diferentes grados o niveles, las prestaciones, etcétera.
Afirmar que una ley de este tipo era necesaria es solo una obviedad en la que no me voy a detener ni un solo instante. Solo, si acaso, apuntar que cuando un país se preocupa y se ocupa de procurar el bienestar de sus ciudadanos más débiles,
desprotegidos y vulnerables,
porque su vida está en manos de otros y esos otros son los que pueden, quieren o saben hacer con ellos algo, uno se siente más tranquilo.
Recordemos que la seguridad es una de las necesidades sociales básicas más demandada.
Admitida, pues, su necesidad, que por otra parte viene avalada por la situación de más de un millón de personas, queremos también hacer notar su oportunidad. Al respecto, señalaré dos hechos: uno, el modelo asistencial de atención a la
dependencia que estamos utilizando ha tocado techo, tanto por insuficiente como por haberse modificado las condiciones fundamentales en las que se sustenta la atención familiar. Se ha repetido ya que el modelo de familia y de atención ha cambiado,
que en ese sentido contar con ello es falaz. El segundo hecho es el número de personas dependientes en España hoy en día, ese millón y pico de personas. Pero es que existen estudios, prospecciones e indicios suficientes para saber que éste será
todavía más importante en los próximos años, por lo que el cambio es imprescindible.
Antes de exponer las aportaciones que queremos realizar para la elaboración de esta ley, permítannos que felicitemos muy sinceramente a todos los que han trabajado en la elaboración del Libro Blanco. El resultado es realmente bueno. En
nuestra opinión se trata de un texto que recoge de manera clara, sencilla, concreta, directa y accesible todos los aspectos que cualquiera puede querer conocer acerca de la dependencia.
Además de la utilidad que éste va a tener en la realización de
la ley, sin duda va a ser un referente bibliográfico importante en este tema. Su existencia nos permite, al menos a nosotros, obviar algunas citas estadísticas, cuadros, prospecciones y datos generales, que están ya recogidos en el libro. De ahí
que, en nuestra comparecencia, no vayamos a hablar de las causas de la dependencia, los tipos, los niveles o las consecuencias sociales, económicas, sanitarias, familiares o del tipo que sean, y no lo vamos a hacer, repito, porque prácticamente está
todo dicho y escrito en el citado libro, en el que han participado tantos expertos de reconocido prestigio.
Nuestra aportación va a girar en torno a cuatro puntos. El primero sería lo que nosotros consideramos los principios básicos e imprescindibles a tener en cuenta en la elaboración y desarrollo de la ley. El segundo sería pensar en de quién
estamos hablando. El tercero, la situación real de la que partimos. Y el cuarto, algunos riesgos que a nuestro juicio puede llevar aparejado el desarrollo de la ley. Estas aportaciones se realizan partiendo fundamentalmente de tres fuentes
complementarias: por un lado, el objeto y misión de la institución de la Defensora del Pueblo, desde donde se hacen, que impregna a nuestra manera de entender y de interpretar la realidad social. Por otro lado, las quejas y consultas presentadas
por los ciudadanos de Castilla-La Mancha en los casi tres años de andadura de la institución y por la experiencia profesional acumulada de todos los que trabajamos en ella.
Desde el principio hemos anunciado este primer punto, que serían los principios básicos e imprescindibles en la elaboración de la ley. Desde nuestro punto de vista, esta ley debe contener y contemplar los siguientes principios, que podrían
ser recogidos indistintamente en el articulado o en la exposición de motivos, y que son el objeto y fundamento del que a nuestro juicio se debe partir. Evidentemente se trata de una opción ideológica que pone al ser humano en el centro de la
atención y de la intención y que le rodea de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española y los textos internacionales suscritos por España. Partimos de la base de que la dependencia es una manifestación más de la diversidad
humana y que ésta se puede producir en cualquier momento de la vida, tanto de hombres como de mujeres, indistintamente de su situación económica, cultural, social, ideológica o de cualquier otra diferencia que pudiésemos encontrar entre personas.
De ahí que la ley debe nacer con vocación universal, es decir, para todos aquellos que se encuentren en situación de dependencia, una vez establecida, graduada y valorada la misma con garantía de igualdad. El principio de igualdad, a su vez, lo
contemplamos en tres vertientes: igualdad en el reconocimiento de la situación, igualdad en el acceso a las prestaciones y a los servicios que se necesiten y la igualdad en el uso de los servicios y prestaciones disponibles, precisamente para poner
en igualdad con el resto de la ciudadanía a las personas que padezcan algún tipo de dependencia. El tercer principio sería el de la libertad, entendida como el derecho a decidir el propio destino por parte de las personas con algún tipo de
dependencia, a las que se les reconoce el control de su vida, la oportunidad de tomar decisiones y de llevar a cabo las actividades cotidianas, pudiendo decidir sobre los asuntos que afectan a la misma. En este sentido, la responsabilidad sobre la
propia vida recae en la persona dependiente que asume, incluso, su derecho a correr determinados riesgos. El cuarto principio sería el de la intimidad y la dignidad, que han de impregnar todas las actuaciones y medidas.Y el quinto, la
participación, entendiéndola en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural, incluida la posibilidad de ejercer el poder, de tal manera que se reconozca en la persona en situación de dependencia a un ciudadano con plenos
derechos civiles, sociales y políticos, para lo que se hace absolutamente imprescindible la eliminación de todo tipo de barreras que impidan su acceso a la vida pública. Estamos hablando de un tipo de atención en el que el sujeto activo sea la
persona dependiente y que los medios que se pongan a su disposición, en lugar de perpetuar su dependencia e instalarle en ella, le permitan alcanzar las mayores cotas posibles de autonomía personal.
Queremos seguir profundizando un poco más y hablar de quiénes son los protagonistas y beneficiarios de esta ley. No queremos avanzar ni un paso más sin detenernos un momento con los protagonistas de la
acción legislativa, aquellos a quienes va destinada la ley, para no perder nunca de vista quiénes son y para tenerlos siempre presentes durante la elaboración de la misma. Sin intención de olvidar a nadie y con la seguridad de que cada uno
y sus circunstancias hacen que cada persona sea también, en la situación de dependencia, única e irrepetible, queremos dar unas breves pinceladas acerca de los cuatro grandes grupos de personas en esta posible situación. Los niños, aquellos que han
nacido con alguna discapacidad o que ésta les ha sobrevenido en los primeros años de la infancia, unen a su dependencia natural por razón de edad la dependencia funcional y ésta genera, en todos los miembros de la familia, una dinámica especial con
importantes consecuencias de tipo relacional, afectivo, social, económico y de salud. Señalaremos como distintivo de esta situación el tiempo que se prolongue y la repercusión en el contexto general de calidad de vida del conjunto familiar: padre,
madre, hermanos y abuelos especialmente. Hablaríamos de un segundo grupo integrado por los jóvenes. Bien porque iniciaran su proceso de dependencia en la infancia, bien porque le haya llegado en plena juventud causada por enfermedades o accidentes
de tráfico, deportivos o de trabajo. En estos últimos casos, cuando llega por razón de accidente, la dependencia viene a truncar un proyecto vital en ciernes de forma brusca e imprevista y esto supone siempre readaptar toda una vida personal y
familiar, en la que la primera acción será el reconocimiento y aceptación de la situación para construir el futuro desde ésta. En el conjunto familiar los más afectados suelen ser los padres, que viven la situación con angustia, proyectada en el
momento de su desaparición y que suelen desarrollar conductas de sobreprotección poco beneficiosas para los afectados. El tercer grupo lo formarían los adultos. Son el grupo menos visible y en el que las soluciones de apoyo familiar son más
difíciles, tanto porque no exista familia directa que pueda ocuparse de su atención, como porque la que existe -hijos, por ejemplo, jóvenes e inexpertos en la atención, padres demasiado mayores o hermanos ocupados en sus propias familias- no puedan
hacerlo.Y el último grupo lo componen las personas mayores.
Constituyen el grupo más numeroso, socialmente más reconocido y, desde el punto de vista de las políticas existenciales, el más atendido. La característica más destacable de la
dependencia entre los mayores es la intensidad de la atención que necesitan y el tiempo en el que requieren cuidados, que suele darse en una proporción inversa -a más cuidados, menos tiempo de duración de éstos-, junto con la percepción de su
situación como normal, e incluso el anuncio y preparación para la misma, tanto por parte de los afectados como de su entorno. Desde el punto de vista de la dinámica familiar, destacaremos a aquellos que carecen de familia, los que son abandonados o
desatendidos por ésta y todos aquellos que no aceptan las atenciones que necesitan porque no pueden, no saben o no quieren solicitarlas.
Con todo el peligro que las generalizaciones llevan consigo al olvidar algún caso peculiar o intentar homogeneizar excesivamente las diferentes características, nuestra voluntad es intentar traer aquí la virtual fotografía de aquellos con
los que ley después va a trabajar. Algo más consideramos necesario añadir en este punto y sobre estos protagonistas y son dos circunstancias que inciden directamente en la atención que reciben e incluso que afectan a su potencial calidad de vida, y
que además no dependen de su voluntad. Una de estas circunstancias es el lugar donde viven y la otra es la familia que tienen y la red social de apoyo con la que cuentan. Ambas circunstancias, en muchas ocasiones ajenas a la voluntad del
individuo, van a condicionar en gran medida el resultado de su atención. El lugar donde viven, porque le va a posibilitar disponer de unos recursos u otros. Las diferencias entre el medio rural y el medio urbano en cuanto a disponibilidad de
prestaciones sociales es importante, a favor de los que viven en las ciudades. En el ámbito rural, sin embargo, se da con más frecuencia e intensidad el apoyo social y familiar. En el caso de nuestra comunidad, Castilla-La Mancha, es una región
eminentemente rural. De los 920 municipios que la integran, solo uno tiene más de 100.000 habitantes; 14 tienen más de 20.000 habitantes; y más de 500 tienen solo 500 habitantes. A esto le hemos de añadir que en 79.463 kilómetros cuadrados
vivimos solo 1.800.000. Estas son nuestras circunstancias y aquí es donde vive la gente que puede necesitar de esta ley y que padece situaciones de dependencia. A nadie se le puede escapar que no es igual vivir la dependencia en un lugar que en
otro, y no solo por los recursos disponibles, sino por el transporte, por el acceso a la información, por las condiciones de las viviendas, por la cultura dominante, por las costumbres. En el siglo de la informática y de la información, en esta
época de avances y cambios, el horizonte debería estar en llegar a todos aquellos que puedan necesitar ayuda, estén donde estén. Hablábamos también del tipo de familia en la que una persona vive y esto en cuanto al número de personas que la
componen, la edad de las mismas, su estado de salud, su actitud, su nivel de compromiso, las relaciones de convivencia que mantienen entre ellos, en tanto en cuanto va a ser determinante a la hora de afrontar una situación.
Ayer, cuando estaba releyendo esto, surgió algo sobre la marcha que me planteaba, que quería contarles, porque avala lo que estamos diciendo. Un señor transeúnte nos llamó a la institución de la Defensora del Pueblo desde un hospital de
Toledo. Estaba ingresado con un problema de SIDA en una habitación de aislamiento. Llamó porque tenía un problema: era pensionista, recibía una pensión no contributiva y necesitaba sacar dinero. Vivía en una habitación de un hospital, aislado, y
no podía acceder a un cajero automático o a un banco. No sé cómo consiguió nuestro teléfono ni quién se lo doy, pero lo cierto es que llamaba para preguntar si le podíamos llamar. Me pareció absolutamente
terrible que seamos capaces de hacer lo más y no seamos capaces de hacer lo menos. Lo más es que este hombre estaba en un hospital, en una cama aislado, en una cama que cuesta 300 euros diarios, aunque su pensión no llega ni a eso, y lo
menos era que alguien se hubiera acercado a resolverle un problema, cercanía que no encontró en ningún sitio. Esto venía a corroborar el tema de que uno no elige dónde vive ni cómo vive y si tiene o no tiene red de apoyo. Pero no es lo mismo vivir
en una situación que en otra.
En este apartado queríamos hacer dos últimas observaciones. La dependencia es el común denominador de estas personas y solo las diferencias personales y los distintos grados de dependencia serán los que motiven respuestas diferentes. La
protección a la dependencia se consigue pensando en cada persona en situación de dependencia, no en la mejora en la atención a los mayores o a personas discapacitadas como un grupo social definido. La existencia de una ley que garantice la atención
de las personas dependientes no excluye a la familia, ni limita o sustituye sus competencias o responsabilidades. No debe tratarse de eso.
Evidentemente, se trataría de ofrecer una respuesta completa, coordinada y organizada por parte de los
poderes públicos en el ejercicio de su responsabilidad de atención y cobertura de las necesidades de los ciudadanos, contando con el valor inestimable e insustituible del apoyo familiar y la propia voluntad del interesado como sujeto a proteger.
Sin embargo, hay algunos obstáculos que aparecen en el camino de atención a las personas en situación de dependencia en este momento. Lo primero que pensamos que hemos de tener en cuenta es que este camino no se recorre precisamente en las mejores
condiciones y eso hace que los obstáculos que se presenten a veces resulten dificultades insalvables. Las condiciones a las que nos referimos son básicamente tres. Cuando alguien tiene en su familia una persona con dependencia, tiene que iniciar
un camino que no conoce, por el que no sabe moverse y, además, en unos momentos en los que no cuenta siempre con las habilidades precisas para recorrerlo, y es en estos momentos difíciles en los que las capacidades personales no están en la mejor de
las disposiciones, ni psíquica ni físicamente. En resumen, uno tiene que buscar soluciones que no conoce en lugares extraños, sin saber cómo y en momentos de baja capacidad y competencia. Partiendo de esta situación, quizá podamos entender mejor
que algunos molinos se conviertan en gigantes. Hemos sacado de estos obstáculos, por agruparlos, tres como más importantes: obstáculos económicos, administrativos y normativos.
Señorías, creo que no es nuevo para nadie si decimos y si podemos afirmar que la dependencia es muy cara. Hay ayudas, pero hay ayudas que llegan después de haber adquirido lo necesario: primero compras una silla de ruedas y después te la
pagan; ayudas técnicas de cualquier tipo, reformas de viviendas, etcétera. Hay otras, pero son insuficientes y hay que complementarlas con presupuesto propio. Uno tiene un tiempo de ayuda a domicilio, pero la familia necesita más descanso y la
persona necesita más; y eso hay que pagarlo aparte. Para algunos conceptos no existe ni siquiera subvenciones públicas. Si yo vivo en un pueblo y tengo que ir a la ciudad, a la capital de mi provincia, al médico, a mí nadie me paga el viaje y
probablemente tenga que hacer muchos. La alimentación, el aseo, el vestido, pequeñeces que se van juntando cada día, no existen. Esos son obstáculos económicos. Los administrativos. En este país es cada vez más importante hacer papeles para
todo. Bajo el argumento de la seguridad y del control se abre toda una maraña de certificados, impresos, justificantes, informes y fotocopias que hay que presentar para la más mínima actuación de la Administración. No lo criticamos, simplemente lo
hacemos notar para subrayar la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y normativos. Nos referimos aquí a todas las limitaciones que las diferentes administraciones fijan en este momento para el acceso a los distintos programas:
edad concreta, tiempo de residencia, ingresos económicos y una interminable retahíla de requisitos que evidentemente conducen, casi siempre, a una lista de espera. Estos obstáculos, que hacen el camino tan difícil y complicado, se producen
especialmente dentro del sistema sanitario y en el de servicios sociales. En menor medida se dan en el sistema educativo, porque no olvidemos que yo he hablado de niños dependientes que tienen que educarse y que tienen que estar dentro del sistema
educativo. A modo de ejemplo y para ilustrar la situación que describimos, citaremos, por ejemplo en el sistema sanitario, las dificultades y la tardanza en obtener un diagnóstico e información sobre tratamientos y pronóstico; limitaciones en
adquirir o en que te prescriban productos farmacéuticos.
Ayudas técnicas, algunas inaccesibles. Supongo que conocen que el tema de las ayudas técnicas ha crecido a lo largo del tiempo de una manera espectacular. Para muchísimas dependencias hay
ayudas, sin embargo, no todas se venden, ni siquiera son accesibles a todo el mundo. Yo contaba que he querido personalmente comprar un despertador parlante para mi madre, que no ve bien, y no he podido comprarlo en ningún sitio porque no se vende.
Existe, pero no siempre es accesible y no precisamente por su coste. Restricciones en algunos tratamientos y barreras arquitectónicas.
En el sistema público de servicios sociales estamos hablando de una estructura de acceso muy compleja, con
diferentes niveles de competencia y con una gestión muy dispersa; un sistema administrativo muy burocratizado, una normativa basada en rentas económicas, insuficiencia en los recursos, que han crecido menos que las necesidades de las personas, y
grandes diferencias en la oferta de servicios entre los centros de gestión pública y los concertados. Y en el sistema educativo, fundamentalmente dos: las barreras arquitectónicas y la insuficiencia de recursos de apoyo escolar para alumnos
dependientes, según centros y localidades, porque no se puede generalizar.
Desde aquí vamos a una situación de partida concreta. En esta situación de partida -y lamento la precariedad de la exposición, la parte del elefante es muy pequeña- yo me voy a referir a la realidad en la que la institución se mueve, que es
la realidad de nuestra comunidad autónoma, la realidad de Castilla-La Mancha. Si tenemos en cuenta algunos rasgos que definen el sistema de protección en la comunidad autónoma, tales como el importante y variado elenco de prestaciones y servicios
regulados por la Consejería de Bienestar Social, en el que se encuentran todos los considerados necesarios para la atención a la dependencia tal y como vienen señalados en el Libro Blanco, sin embargo, la implantación y el desarrollo de estos
servicios es desigual. Y a su vez es desigual en la región y a su vez es desigual entre capital de la provincia con respecto a la provincia, de tal manera que, evidentemente, en los lugares más pequeños y más alejados, la desigualdad es más
importante. Los recursos, como no es nuevo ni en esta comunidad ni en ninguna otra, no son suficientes. Se ha trabajado mucho en la extensión de éstos más que en procurar que satisficiesen las necesidades completas. El ejemplo más evidente está
en la ayuda a domicilio, que prácticamente existe en todos los municipios de la región, pero que hasta ahora -digo hasta ahora porque hay una ley reciente del día 22 de este mes, que evidentemente no se ha podido aplicar aún- sólo llegaba a una
media de dos horas por usuario y de lunes a viernes.
Las circunstancias geográficas de la región y la propia red hacen que las plazas a ofertar a los demandantes puedan encontrarse a veces a muchos kilómetros de su domicilio y de su familia, con el trastorno y la incomodidad que esto supone
para todos, y ante circunstancias tan comunes como enfermedades, recaídas, ingresos hospitalarios o fallecimiento. Los centros de día para mayores son en su inmensa mayoría centros de recreo y de ocio y es necesario ir incorporando más centros de
estancias diurnas con finalidad más terapéutica. Los programas de apoyo a las familias dependen del movimiento asociativo y tienen las limitaciones importantes propias de quien gestiona: sólo atienden a sus propios socios, dependen de una
subvención y la gestión está condicionada al saber hacer e interés de un pequeño grupo de personas. Los gestores de los servicios son casi tantos como centros existentes, con lo que las diferencias en cuanto a la gestión, estilo de trabajo,
filosofía, etcétera, son evidentes e inevitables. Se podría afirmar que lo único que tienen en común es el financiador. Dada la heterogeneidad y diversificación y expansión de la red, el control y la inspección de la Administración queda relegada
a actuaciones necesarias para la autorización de creación y puesta en funcionamiento de los centros y a casos puntuales de denuncias concretas.
Hacer una enumeración más prolija sería probablemente innecesario, pero no puedo resistir la tentación de hacer una mención especial a la situación de los enfermos mentales con relación a la dependencia. Nos referimos a aquellas personas
que por su edad, situación familiar, habilidades personales y enfermedad concreta, no sólo el diagnóstico, sino por el tiempo de la misma y por las secuelas que haya dejado en su vida, se encuentren en situación de dependencia y para los que los
distintos sistemas, sanitario y de servicios sociales, apenas ofrecen alguna respuesta. Son personas que no encajan en lo establecido: no son lo suficientemente mayores, no tienen discapacidad física o no puede considerárseles personas con
deficiencia mental. Desde la reforma psiquiátrica, las personas con enfermedad mental han quedado parcialmente huérfanas en la atención. Esta se presta en situaciones de crisis o en procesos agudos, pero no existen alternativas intermedias -tipo
centros de día ocupacionales, no terapéuticos, estancias temporales o centros de alojamiento residencial-. Por no hablar de los problemas de apoyo a las familias o del servicio de ayuda a domicilio. Sinceramente creemos que éste es el momento de
tenerlos en cuenta, y no para saldar una deuda o compensar déficit, sino por su propia situación de dependencia, que tiene que serles reconocida con el mismo criterio de valoración que a cualquier otro demandante de ayuda. No obstante esta
situación de partida, es posible mejorarla con bastante menos esfuerzo del que ha supuesto construirla. Básicamente se trataría de complementar lo necesario con criterios objetivos de planificación de servicios pensados para personas dependientes y
poner el acento en la calidad de los servicios, para lo que se hace imprescindible ejercer sin dilación las competencias de control e inspección que la Administración tiene.
Una observación necesaria a realizar en esta situación de partida es la de la diferencia abismal entre el sistema sanitario y el de servicios sociales en España. Es algo que ya ha dicho el anterior compareciente y no voy a insistir en ello.
Yo había traído un ejemplo a colación y probablemente leer el ejemplo sea más gráfico que mi exposición. María tiene 75 años. Es una enferma de Alzheimer que vive en su casa con su marido. Por una fractura de cadera es hospitalizada. La operan y
a los tres o cuatro días el médico plantea a la familia que va a ser dada de alta. La familia empieza a buscar ayuda y las remiten a Servicios Sociales, que les ofrecen una estancia temporal, por un máximo de cuatro meses, en una residencia a 80
kilómetros de su domicilio y que podría iniciarla dentro de unas semanas. En el hospital insisten en darla de alta. Hay que preparar la documentación para solicitar la plaza; los servicios sociales se quejan de que el hospital siempre tiene prisa
y además no hacen papeles; el hospital insiste; además hay que hacer otro expediente por si después es una plaza definitiva. Yo no sé si a ustedes les suena esta situación, pero esta situación es absolutamente cotidiana, imagino, en todo el
Estado. De ser atendida por un sistema u otro, esta señora ha pasado de entrar en urgencia en un hospital, ser intervenida y recibir todas
las atenciones necesarias que su estado requerida, a tener que solicitar una plaza residencial, tramitar la documentación, esperar una resolución administrativa, colaborar en el pago de su plaza y además, estar en una lista de espera. Esta
situación vendría a resolverla el inexistente y tan reclamado espacio sociosanitario en el que convergen situaciones sanitarias y sociales.
No queremos dejar de señalar otro hecho en la situación de partida que afecta a un número menor de personas dependientes, pero que viene a añadir algunas complicaciones en el ya de por sí complicado panorama. Nos referimos a la
incapacitación judicial, necesaria en aquellos casos de incapacidad psíquica que impide el gobierno de la vida y la intervención judicial en aquellos casos en los que, para garantizar la vida y la protección de las personas, se precisan medidas de
internamiento residencial en estados de abandono, maltrato, desatención o desidia personal, como pasa por ejemplo en los casos de personas con síndrome de Diógenes. Hace cuatro días ha muerto otra mujer en su casa por el incendio de la basura que
había acumulado a lo largo de muchos años.
Tanto en una de estas situaciones, la incapacitación, como en la otra situación, la atención involuntaria, es preciso que la Administración de justicia actúe con mayor celeridad y dé a estos casos un rango
de urgencia que posibilite su atención y resolución lo antes posible, en aras de evitar, especialmente en los segundos supuestos, consecuencias irreversibles y desenlaces fatales.
Quiero terminar con una reflexión sobre algunas consecuencias que el desarrollo y puesta en marcha de la ley entendemos que va a llevar inevitablemente aparejadas. Hay dos, que nos parecían más importantes, aunque hay otras que seguramente
saldrán, que van a llevar consigo la puesta en marcha de la ley y de las que ya se ha hablado bastante en los medios de comunicación. Son la creación de empleo y la posibilidad de negocio. Siendo ambos hechos una buena noticia, queremos hacer
alguna matización al respecto. Tanto la aparición de nuevos negocios como la creación de empleo deben estar en función de la ley y no ser el objetivo de esta, de tal manera que éstos -el negocio y el empleo- se adapten a las necesidades de las
personas a servir. La Administración entendemos que debe ser especialmente cuidadosa en este tema. Volvemos a insistir en la necesidad de ejercer la supervisión, inspección y control necesario, e incluso redactar pliegos y cláusulas técnicas que
garanticen en la contratación de servicios, si ésta fuera la fórmula, la calidad de la gestión. Existen experiencias suficientes al respecto para evitar la aparición de problemas innecesarios. En servicios sociales se da o se ha dado una tendencia
perversa con respecto al empleo, al utilizar como empleados a sus propios clientes más necesitados de empleo. Eso ha resuelto un problema individual, pero ha creado un problema colectivo mayor, al montar servicios con personal muy necesitado, pero
escasamente cualificado o idóneo para el puesto. Los servicios de atención a la dependencia no pueden ser la respuesta laboral de las mujeres de más 45 años y sin cualificar de este país. No de todas y no directamente. Habrá que saber a quién
necesitamos y por qué, no a cuántos hay que colocar. La puesta en marcha de la ley también llevará inevitablemente la planificación de recursos, que debería realizarse sobre la base de los itinerarios de atención, de tal manera que se garantice la
continuidad de la existencia desde la base concreta del territorio. Cada persona necesita una serie de recursos que deben estar interconectados en función de los diferentes grados o niveles de dependencia, con una base territorial definida,
municipio, comarca o provincia, por ejemplo.
Estamos intentando garantizar la continuidad en la atención. La atención y la dependencia no se puede quedar en una primera parte, porque la dependencia sigue, avanza, se hace cada vez más importante y
de un recurso hay que pasar ineludiblemente a otro, que debe existir.
Otra consecuencia ineludible que ha de contemplar la ley es la necesidad de información. Además de la información a los ciudadanos afectados o no -no olvidemos que todos somos potenciales sujetos de situaciones de dependencia-, esta ley
necesita de un plan de formación e información dirigido a los profesionales de la salud y los servicios sociales fundamentalmente, para que ellos, como agentes directos en la gestión y el trato con los interesados, puedan formar, informar o derivar,
que no enviar a la deriva, de la manera más precisa y correcta, evitando falsas expectativas, y errores de interpretación o desatención por desconocimiento. Este plan de información, que debe realizarse a nuestro juicio de arriba abajo, debería
tener en toda España una misma identidad, un mismo mensaje e indicar muy claramente cuáles son los plazos y las metas de la ley, porque inevitablemente ha de contar con un plan de puesta en marcha que entendemos que debe ser conocido por todos con
la máxima sencillez y concreción. Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la diputada doña María Eugenia Martín Mendizábal.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Agradece a doña Angelina Martínez Martínez su comparecencia y su exposición.
Quiero comenzar mi intervención diciendo que es una preocupación del Grupo Popular, también lo es de todos los demás grupos, las dificultades y los costes que la dependencia acarrea a muchísimas familias hoy en España. En esto influye el
cambio del tipo de familia, con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y, como normalmente sucede también, que la mujer, como se ha dicho anteriormente, es la que se dedica a cuidar a los demás. También se produce un aumento de la
población mayor de 65 años, y mayor de 80, independientemente de lo que ocurre con los demás colectivos.
Me gustaría hacer una matización, aunque a lo mejor lo he entendido mal.
Del tema de la dependencia lleva más tiempo hablándose, preocupándonos por ello, no sólo unos meses, porque ya esta Comisión del Pacto de Toledo recogió en sus
conclusiones, en la revisión del Pacto de Toledo anterior, que debe tratarse el tema de la dependencia. Por otra parte, el propio libro blanco presentado aquí por el ministerio contiene informes y estudios de hace más de un año o dos.
Y ahora le voy a hacer, si me lo permite, una serie de preguntas que no sé si tienen una relación directa con la institución del Defensor del Pueblo a la que representa, pero que le agradecería, aunque no tenga un conocimiento directo por la
institución, aunque solo tenga un conocimiento indirecto por vía de quejas, que nos las contestara. Por una parte, cuál es la población dependiente en Castilla-La Mancha y qué porcentaje representa con respecto a la población total. Es un dato
objetivo. Por otra parte, cuántas plazas de residencias tienen en Castilla-La Mancha actualmente y en qué porcentaje -no hace falta que sea exacto- son plazas públicas, concertadas o privadas. Dentro de las públicas o concertadas, qué criterios
utilizan para el acceso: si se paga algo o no, si se paga en función de la pensión, en función de las rentas.
¿Qué criterios siguen? Con relación a otras ayudas, como ayudas a domicilio y teleasistencia, cuál es la oferta y la demanda que existe
y si cada vez se observa que los ciudadanos van demandando más las prestaciones de estos servicios. También, qué grado de satisfacción percibe y del ciudadano, en un doble sentido: por una parte, que el ciudadano, cuando no tiene acceso, cada vez
reclama más; y por otra, cuando tiene acceso, si está satisfecho con la prestación que se le da.
Dado que asimismo hay familias que prefieren tener a la persona dependiente en su casa, pero que necesitan ayuda, si se sabe qué prefieren:
¿mayoritariamente prestaciones económicas o prestaciones de servicios? Soy de Vitoria y usted ha hablado de las familias que cuidan.
Yo puedo decirle que en Vitoria hay un programa de familias cuidadoras que se está desarrollando con gran éxito.
Quiero preguntarle si en Castilla-La Mancha, se está pensando o se considera este tipo de servicios.
Y ahora algunas preguntas de carácter general. ¿Qué visión tienen sobre todo esto? Nos ha dicho que lo considera universal, que debe guardar la igualdad. ¿Qué modelo de financiación le parece que deber ser el ideal, a la vez viable y
sostenible? ¿Cuál es el modelo de gestión que le parece que debe ser ideal y viable? Quiero comparar estos dos parámetros, ideal y viable, porque no me vale una cosa ideal si no es viable. Los ayuntamientos también desempeñan importantes
prestaciones en materia de servicios cuando hay situaciones de dependencia. Quisiera conocer su opinión sobre el papel de los ayuntamientos y cómo lo articularía en relación con las comunidades autónomas y a la propia Administración del Estado. Ha
habido dos planes de acción para personas con discapacidad a nivel de la Administración del Estado -uno en 1997 y otro en 2003-, que se elaboraron en el marco de la Conferencia sectorial de asuntos sociales. La secretaria de Estado de Servicios
Sociales hace quince días que compareció en esta Comisión y nos trasladó su voluntad, aparte de que se recoge en el libro blanco, de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos. Yo quisiera saber si en alguna conferencia
sectorial se ha tratado este tema de la dependencia y si ha habido alguna petición de documento, alguna propuesta, a las comunidades autónomas. Me imagino que al defensor Del Pueblo algunas comunidades autónomas le habrán hablado de esto; si tiene
conocimiento de ello y nos lo puede decir.
Por otra parte, nos ha hecho una exposición amplia y profunda de muchos aspectos de la dependencia y pienso que también en las propias Cortes de Castilla-La Mancha habrá tenido posibilidad de hacerlo. Leyes de atención y protección a las
personas en situación de dependencia, que yo sepa, en Cantabria se hizo una en 2001 y en Madrid y en Asturias, en 2003. Yo quisiera preguntarle, en Castilla-La Mancha, cuáles son las líneas maestras, o, si está en proyecto de elaboración, qué línea
están siguiendo.
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, ¿quiere contestar ahora? (Pausa.) Tiene la palabra.
La señora ADJUNTA EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Martínez): Voy a contestar ahora, porque son preguntas tan interesantes que no quiero olvidarlas.
Con respecto al comentario primero que hacía sobre el tiempo que lleva la Comisión trabajando, me he debido expresar mal. Lo que quería decir es que me resultaba curioso que el tema de la dependencia haya salido a la calle. Hasta ahora
eran temas que se hablaban en la familia, que lo hablaban los que tenían el problema y, como mucho, los que estaban haciendo algo por él. Pero no se hablaba a nivel tan popular. El hecho de que la Comisión y que desde el Parlamento se esté
hablando de esto, yo lo considero una buena noticia, porque ha salido a la calle la situación y ha salido hace unos cuantos meses. A lo mejor no son cuatro o cinco, sino siete u ocho. Yo quería decir esto, que todo el mundo habla más ahora de este
tema que hace un año, por ejemplo.
Me preguntaba si conocía el número de personas que podrían estar afectadas de dependencia en nuestra comunidad. La estimación está en unas 160.000 personas. Personalmente no soy muy partidaria de dar números tan redondos y tan cerrados,
porque todavía no se ha valorado persona a persona, ni siquiera han pasado por un mismo filtro común pero podríamos estar hablando de un 10 por ciento de la población. Con respecto a las plazas residenciales, esta información la conocemos
desde la institución por la relación que mantenemos con la Administración, pero el número de plazas residenciales exactas no la sé en este momento.
Sí que le puedo decir que en los últimos cuatro años el aumento ha sido, no importante, sino
espectacular. Las plazas que más han crecido son las públicas. Ha habido un programa de creación de residencias de mayores, en una comunidad, como la nuestra, muy envejecida, donde la lista de espera era muy importante y la demanda, también; se
ha ido satisfaciendo muy paulatinamente toda la demanda. Sigue habiendo lista de espera. Además, esta lista de espera es lo que yo llamo una cola invisible; cuando las colas son visibles, uno sabe cuántas personas tiene delante; en una lista de
espera casi nunca llegas a verlo exactamente. La lista de espera ahora ya digo que es importante, pero no en el número que antes lo era. El crecimiento es muy esperanzador y además no ha parado; no solo es lo que ha crecido, sino lo que está en
obra para crecer próximamente. Los centros son todos de gestión propia o de construcción concertada, pero la gestión propia prima sobre los conciertos.
Los criterios de accesos en la red pública están regulados a través de una orden. Hay un baremo de entrada, en el que prima la situación de dependencia sobre la situación económica, pero el criterio económico también existe. La situación
familiar, etcétera, lo que es el típico baremo en el que se contemplan diferentes situaciones sobre una familia.
Es un sistema de copago. Se aporta el 75 por ciento de los ingresos de la unidad familiar y esto está no solo muy establecido, sino
además muy aceptado por la población. Con respecto a la demanda de la teleasistencia y la ayuda a domicilio, la demanda es creciente y se ha producido el fenómeno que se produjo en su día en otros sitios de España. La ayuda a domicilio nació en la
ciudad, costó algo que entrara en el mundo rural, porque no se entendía el concepto de la ayuda. A una persona que vive en un pueblo le ha costado más aceptar que una persona ajena a su familia entre en su casa para darle una ayuda, que conozca su
propia vivienda, que conozca la intimidad de su casa alguien que no ha elegido, sino que es mandada desde otro sitio, pero hoy es una práctica habitual. Lo mismo que la teleasistencia. En sitios donde no había teléfono se demandaba
teleasistencias; también es un programa mucho más urbano que rural. En el mundo de un pueblo, y de un pueblo pequeño, de estas características, el apoyo vecinal es muy importante y además funciona con mucha frecuencia.
Con respecto al grado de satisfacción, le puedo decir que las quejas que recibimos en la institución no son importantes en cuanto a número.
Podríamos estar hablando, en el año 2004 -que es el último balance y que lo tenemos más a mano-, de
que, de 800 quejas tramitadas, probablemente no lleguen a 30 las que se refieren a esto. Y siempre son de insatisfechos, siempre la queja la presenta aquél que no ha podido conseguir una plaza, al que no le han llegado los puntos en el baremo. En
un baremo se puntúa la situación de una familia y entra el que más puntos tiene, uno puede tener muchos puntos, pero también siempre puede haber alguien que le sobrepasa. Asimismo se reciben quejas por no haber conseguido plaza en la localidad que
ha pedido; al ser la red pública y regional te pueden ofrecer una plaza en otro sitio, pero la insatisfacción puede venir en función de la cercanía o de haberla conseguido o no.
Sobre la preferencia que manifiestan las personas sobre servicios, ayudas o subvenciones para adquirir los servicios, yo no me atrevería a interpretar la voluntad general del pueblo, porque no tengo datos suficientes para hacerlo. Sí que
hay algo claro y es que los servicios de alojamiento uno prefiere que se los den, y las cosas pequeñas, como los ayudas técnicas, uno prefiere comprarlas. Es decir, dependiendo del tipo de ayuda o de servicio, la preferencia se decanta por una cosa
u otra. En la ayuda a domicilio, durante bastante tiempo la gente quería elegir a la persona que iba a su casa. Esa tendencia ha cambiado, porque ahora ya no hay tanto donde elegir o porque han comprobado que, cuando el servicio se recibe y es un
servicio de calidad que controlan otros, el servicio que se recibe es mejor, porque no existe connivencia entre el que lo presta y el que lo recibe, que sí se daba en situaciones de proximidad, de parentesco, de vecindad, etcétera, cuando se quería
buscar a alguien conocido. Comentaba que conocía la existencia de programas para familias cuidadoras. Existen. Mi comentario era que estos programas son siempre gestionados por asociaciones o por organizaciones en general, al menos los que
existen en nuestra comunidad. Y eso hace que sean programas con unas características muy concretas: sólo atienden a la gente de su propia asociación. Y para mí eso reduce bastante el ámbito. Era ese el comentario; sí que existe, pero de esa
manera.
Preguntaba usted por nuestra idea sobre el modelo de financiación.
Nosotros pensamos que el modelo de financiación que tenga esta ley es una decisión que tiene que tomar el Gobierno y no nos vamos a pronunciar sobre qué modelo es el mejor.
Una vez decidido, veremos si ese modelo se está efectuando con garantías y si está llegando a todo el mundo, pero no vamos a dar una definición sobre el mismo. Sí que he hablado de la universalidad y de algunos principios que entendemos que son
imprescindibles, como puede ser garantizar la dignidad de las personas, la intimidad, la libertad y todo esto que hemos citado en primer lugar.
Hablaba asimismo del papel que podrían asumir los ayuntamientos.
Evidentemente tendrán que pasar por el
acuerdo, tendrá que haber un momento de encuentro, entre comillas, sobre reparto de competencias, pero también parece evidente que hay algunos servicios que son tan cercanos, que, por la proximidad, lo lógico sería que los prestaran los
ayuntamientos. Me refiero a la ayuda a domicilio, como la vienen haciendo, o a la gestión de los centros de día, que son los primeros estadíos en la atención; por la proximidad parece lógico que los sigan
haciendo los ayuntamientos, que conocen y que pueden estar más cerca del problema.
Respecto a las reuniones o conferencias sectoriales que haya habido, lamento no poderle informar, porque desconozco si la comunidad ha participado en alguna reunión o en alguna conferencia sectorial, si es que se ha convocado ya, y no nos
han pedido, hasta la fecha, ninguna opinión ni ningún informe al respecto, que pudiera habernos dado la pista de si ha habido esa conferencia o no.
Para terminar, quería que le comentara algo sobre las distintas leyes de protección y de atención a la dependencia.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Preguntaba si la hay en Castilla-La Mancha.
En Madrid, Cantabria y Asturias, ya se ha hecho una ley. Si no la hay, nada, pero si la hay, cuáles son sus líneas maestras.
La señora ADJUNTA EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Martínez): En este momento no la hay. Lo que ha habido, está a punto de finalizar y puede dar lugar a la ley, han
sido dos planes concretos de actuación. Uno, en materia de personas mayores, el Plan de atención a las personas mayores en la comunidad autónoma, y el Plan de atención a las personas con discapacidad. Los dos planes eran planes programáticos de
actuación, con calendario, con líneas concretas de actuación, además transversales para toda la comunidad, desde todo tipo de creación de recursos hasta la filosofía imperante. Y con relación a los discapacitados, sí que me parece interesante
resaltar que el plan contemplaba las actuaciones, no sólo en materia de servicios sociales, sino en materia sanitaria y educativa, así como desde el punto de los talleres ocupacionales y las perspectivas de empleo. Pero han sido planes sectoriales
y no ley. Como los planes están en fase de acabado y de evaluación, lo que en este momento desconozco es si lo siguiente será un nuevo plan o una ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Siro Torres García.
El señor TORRES GARCÍA: Muchas gracias, señora Martínez, por comparecer ante esta Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para exponer sus criterios sobre lo que debería ser el modelo de protección a
personas en situación de dependencia en España. Su amplia experiencia en este campo aporta al debate reflexiones en el orden teórico y muy especialmente en el práctico; reflexiones hechas todas ellas con una gran sensibilidad y atendiendo a la
dimensión humana de cada tipo de situación. A este respecto, quiero resaltar, porque lo considero muy importante y acertado, el comentario acerca de las expectativas de empleo y de negocio que genera esta ley, porque no podemos perder de vista qué
es lo fundamental, aunque ello sea importante.
Permítanme, señorías, que, antes de formular mis preguntas a la señora compareciente, manifieste la satisfacción del Grupo Socialista, por que, asumiendo plenamente el mandato constitucional que atribuye al Estado la función niveladora,
estemos hoy todos trabajando para dotarnos de un sistema nacional de dependencia. (La señora vicepresidenta, Pin Arboledas, ocupa la presidencia.) Este sistema debe sentar las bases para garantizar en las mismas condiciones la prestación en
situaciones de dependencia a todos los ciudadanos, independientemente del lugar en donde vivan. Para ello, es imprescindible trabajar en estrecha coordinación y cooperación con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, aprovechando
las experiencias positivas a lo largo de estos años que se están llevando a cabo en muchas zonas del territorio nacional, por cierto, con un gran esfuerzo de los municipios, como administración más cercana al ciudadano, para prestar estos servicios
por los que no reciben ningún tipo de compensación económica.
Señora Martínez, para facilitar sus respuestas -que no dudo que serán del máximo interés para esta Comisión-, voy a formular mis preguntas de forma muy directa y concreta, teniendo en cuenta que voy a eliminar algunas de ellas, ya que
algunas de las que tenía previsto plantear ya se han formulado y conozco su posición al respecto. Sin embargo no está de más que sobre algunas de las cuestiones que han quedado esbozadas sucintamente, se pueda responder con un mayor grado de
concreción, en aquello en lo que usted, en nombre de la institución que representa, pueda dar una respuesta categórica, por decirlo de una manera más clara.
¿Considera viable establecer en España, con carácter universal, la prestación de dependencia, por tanto, que toda persona pueda acceder a ella sea cual sea su edad, situación u origen? En su opinión, ¿qué ventajas ofrecería que la
prestación de dependencia tuviera carácter público?
En la distribución competencial del Estado, como ya se ha dicho aquí tantas veces, las comunidades autónomas son competentes en materia de servicios sociales. No obstante, ¿considera viable que se regule la prestación para todo el
territorio nacional, garantizando así la igualdad a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia? ¿Considera que los criterios para valorar el grado de dependencia deben ser los mismos en todo el territorio nacional?
El papel de los ayuntamientos y el modelo de financiación entran en ese grupo de preguntas que considero ya contestadas y, por lo tanto, conocida su posición al respecto.
Nos ha comentado también en qué dirección han ido las quejas que ha recibido la institución que representa en relación con la demanda de los mayores, especialmente lo que tiene que ver con las residencias asistidas.
A mí me gustaría conocer, y a mi grupo también, en qué dirección han ido las consultas y quejas de los ciudadanos en su conjunto que han dirigido a la institución que usted representa.
Por último, ¿cómo se debería actuar para atender a todas aquellas personas que, estando necesitadas, no solicitan o no aceptan la atención que se les ofrece? Conocemos que son muchos los casos y especialmente en aquellas zonas o núcleos del
territorio más alejados, con menos población o con menos medios. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Tiene la palabra doña Angelina Martínez para responder al portavoz del Grupo Socialista.
La señora ADJUNTA EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA (Martínez Martínez): Evidentemente, la respuesta a la primera pregunta es sí. La pregunta era si es viable universalizar la
prestación de la dependencia. Caro, va a ser, eso fijo, pero viable también. Yo diría lo que antes la diputada comentó: Si otros lo han hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Sobre todo, porque la necesidad existe, las personas están ahí
y el clamor, desde luego, es de sentirlo y de vivirlo.
Las ventajas de que este sistema sea público, desde mi punto de vista, son evidentes por lo que supone de garantizar la igualdad. Además yo, personalmente -permítanme el lapsus de la interpretación y de la opinión personal-, creo que eso
también garantiza la calidad del servicio. El servicio público es un referente de calidad y de igualdad de acceso y de recepción a todas las personas; me parece que es lo que garantizaría la respuesta.
Eso nos conduce irremediablemente a la siguiente pregunta, que es si sería no sólo viable sino incluso necesario, que se regulara para todo el territorio. Yo creo que eso es necesario como primera garantía de igualdad de todos los
ciudadanos del país, con independencia de que en un momento determinado, ciertas prestaciones sean aumentadas, complementadas, incluso, practicadas de una manera distinta por algunas comunidades autónomas o por algún ayuntamiento. La viabilidad de
la igualdad, para mí es indispensable y con criterios iguales, claro. Si no tenemos criterios iguales para acceder, no garantizaríamos de ninguna manera la igualdad después en el uso. Decía en mi intervención que la igualdad la veíamos desde tres
puntos de vista distintos. Uno, el acceso a las prestaciones; dos, que a todos se les mida con el mismo rasero para poder acceder a ellas; tres, porque en el tema de la dependencia, la igualdad de los ciudadanos está garantizada por mayores
prestaciones a aquellos que necesitan más. El hecho de que sea un sistema común necesita, irremediablemente, pasar por ahí.
Me preguntaba sobre las quejas y yo le voy a contestar respecto a las quejas y a las consultas. Durante los dos últimos años, en la comunidad, hemos establecido desde la Oficina de la Defensora del Pueblo, un sistema de visitas organizado
en todo el espectro de la comunidad autónoma a todos los pueblos de la comunidad mayores de 5000 habitantes. La idea fue visitarlos todos, no esperar a que vinieran ellos a buscarnos a nosotros, sino ir nosotros a presentar la institución. Yo he
tenido el placer de hacer las visitas con otro compañero. Eso nos ha permitido conocer a la gente en su sitio, en su pueblo, y en ese encuentro cara a cara como el que se está celebrando ahora -evidentemente en otro marco y con otra connotación-,
exponer aquello que no habían expuesto nunca en una carta.
Ni siquiera se les había ocurrido presentar una queja porque no sabían que se podían presentar quejas, no sabían ni que existía la Oficina de la Defensora del Pueblo.
En esa ronda de consultas, en eso que nosotros vinimos a denominar el Programa de acercamiento de la institución de la Defensora del Pueblo a la comunidad autónoma, hemos recogido fundamentalmente cuatro cuestiones.
Por una parte, la
insuficiencia de recursos que la gente percibe personalmente; recursos de atención domiciliaria, de tratamientos de rehabilitación física, de tratamientos especializados en centros escolares. La gente dice: Los habrá, pero a mí no me llegan. En
cuanto a las plazas residenciales para mayores lo he comentado antes y va en la misma línea, con lo cual, no creo que haya que insistir.
Hay otro problema que nos han planteado con mucha frecuencia: algunos déficit importantes de alojamientos residenciales para personas con discapacidad física o psíquica. Como dije en la exposición el sistema, al menos en nuestra comunidad,
se ha volcado mucho con los mayores, pero todavía persisten situaciones de personas con discapacidad física que no pueden permanecer en su domicilio; no nos engañemos, no todas las personas con discapacidad física pueden quedarse en su casa por
muchas ayudas técnicas que existan, porque ni las casas están preparadas para que la gente viva en la casa, ni a lo mejor nadie de su propia familia puede echarles una mano porque sus padres han muerto, sus hermanos están en sus casas y nadie quiere
meterse en esas historias. Esa ausencia de recursos residenciales para personas con discapacidad física o psíquica es importante. El desacuerdo también se ha manifestado en la resolución denegatoria de subvenciones. Aquí el problema es un sistema
de servicios sociales cuyo acceso pasa por la puerta de la situación económica; cuando la situación económica es, yo diría -perdónenme la expresión- normalita, pero muy normalita, a algunos no les llega para comprar cosas tan sencillas y tan
simples como un audífono, una silla de ruedas o una cama articulada. El desacuerdo se ha manifestado de una manera muy importante porque la gente no entiende que tengan una necesidad tan importante y que con tantas cosas que hay a ellos no les
llega ninguna Ayudas de
emergencia tampoco llegan en su momento; incluso, es algo muy frecuente, que ustedes conocen igual que yo, aquella pregunta de: ¿Me van a pagar algo por atender a mi padre? o ¿cómo cobro yo esto? Eso, dicho así, obedece a una necesidad
económica de alguien que está prescindiendo de un ingreso extra, conseguido potencialmente desde fuera, pero que tiene que dedicar su tiempo a la atención de alguien, evidentemente muy cercano, pero que no está recibiendo esa ayuda que él cree que
debe recibir y que necesita.
Éstas son, más o menos, las consultas y las quejas que a nosotros como institución nos siguen llegando. Sí quiero hacer un apunte importante.
Antes, contestando a la diputada del Grupo Popular, le he dicho que había pocas quejas, y es
verdad, en cuanto a número son pocas y se debe a dos causas. Fundamentalmente porque la gente todavía no tiene un conocimiento completo de la existencia de la institución, por lo que, es normal que tarden en dirigirse a ella. Otra causa es que,
cuando uno está tan mal y le pasan tantas cosas, en lo que menos piensa es en escribir cartas, lo que hace es preguntar a la gente que tiene cerca, ir a ver a su médico todos los días y al asistente social de su ayuntamiento. Además es un grupo de
personas que no tienen costumbre de reclamar, aceptan lo que se les da de tan buen grado que ni siquiera las reclamaciones les parecen posibles.
Me preguntaba cómo actuar para atender a los que no quieren ser atendidos.
Le puedo asegurar que ésta es una de mis preocupaciones más frecuentes y más constantes. En la última jornada de coordinación de Defensores del Pueblo, celebrada en
Santiago de Compostela en junio del año pasado, en la que el tema central de la jornada era la atención a mayores, la Oficina de la Defensora del Pueblo presentó una comunicación sobre cómo hacer la atención para aquellos que no quieren ser
atendidos. No quieren porque no saben que deben ser atendidos, no saben pedirlo, no quieren pedirlo o no pueden pedirlo. Según cuál sea el punto de partida, la respuesta es una u otra. Para no extenderme más de la cuenta, diría dos cosas. En
primer lugar, las situaciones son conocidas; en cada pueblo y en muchas ciudades, al menos las de mi comunidad que no son ciudades muy grandes, los servicios sociales conocen dónde están aquellas personas mayores que no quieren que nadie entre en
su casa y no hacen más que inventar cada día una estrategia de aproximación y de acercamiento. Eso necesita un respaldo judicial y eso necesita informes que llegan a un juzgado y que digan: en tal casa, en tal sitio, vive una señora que le pasa
esto. Se debe hacer una orden de ingreso residencial para estudiar la situación, para tratar de intervenir antes de que a la gente se le queme la basura de su casa o aparezca muerta un día en su casa.
La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Gracias, señora Martínez, por su espléndida exposición esta tarde, en esta Comisión, por el rato que nos ha hecho pasar. Yo creo que todos... entendíamos muy bien todo lo que usted estaba
diciendo. Le agradecemos que haya estado hoy con nosotros.
Suspendemos la sesión por cinco minutos. (El señor presidente ocupa la presidencia.-Pausa.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (RODRÍGUEZ ROVIRA). (Número de expediente 219/000085.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida con el mayor cariño y afecto al presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, don Eduardo Rodríguez Rovira, para informar sobre la regulación del régimen de dependencia.
Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (Rodríguez Rovira): Siempre hemos reclamado tener presencia cuando se debaten asuntos que nos incumben, y ahora se ha cumplido, o sea que estamos muy satisfechos.
Tengo que decir que también estamos muy satisfechos con la publicación del libro porque lo hemos leído. Es muy incómodo tener un libro de ordenador porque hay que sacar mil páginas por una impresora; yo no las saco, he esperado a que se publique
el libro blanco como un libro, pues a los que somos muy viejos lo que nos gusta es subrayar y poner una notita y otra cosita.
También tengo que decir que estoy satisfecho porque parece que se van cumpliendo los plazos. Nosotros somos muy escépticos con este tema de la dependencia porque son muchos años en los que se está hablando de esto y muchas comisiones las
que se han formado. El Congreso ha dicho que se hicieran algunas cosas, porque yo tengo ahí una relación de datos y fechas; como sois de la casa, yo no voy a decirlo aquí, vosotros lo tendréis -perdón, señorías- en la mente mucho mejor que yo.
No sé por qué me parece que esta ley va en serio, me da el pálpito. Se dijo que el libro blanco se publicara en diciembre; no sé si ha salido en enero pero, vamos, eso lo perdonamos. Parece ser que antes de junio se presentará el
proyecto. Eso es otro motivo de satisfacción para nosotros porque es absolutamente necesario que este proyecto salga.
Yo tengo que decir que nosotros editamos un libro -teóricamente lo hemos repartido a todos los miembros de la Comisión-, el libro del VI Congreso, sobre la dependencia. Este libro es todo de dependencia, todas las comunicaciones y todas las
ponencias hablaban de la dependencia. Incluso hicimos unas bases para una ley estatal que también hemos repartido.
Cuando he visto el libro y he visto lo que teníamos nosotros, a mí me hubiera encantado venir aquí y dialécticamente
empezar a hablar contra cosas que se han dicho, pero yo no puedo añadir demasiadas cosas, pues me satisface bastante este libro. ¿Tengo yo que decir algo nuevo? No les puedo decir nada distinto a que lo que hemos dicho aquí, pues esto es
de hace un año. No hemos cambiado absolutamente nada. Yo no voy a cambiar un ápice de lo que tenemos aquí. Nuestra posición está constatada formalmente en el libro.
En cuanto a la dependencia es uno de los temas a los que las personas mayores le damos prioridad. Cuando se hacen encuestas, para las personas mayores está antes la salud antes que las pensiones. Estás preocupado por lo que te puede pasar
el día de mañana ¿Qué te puede pasar el día de mañana? La enfermedad, la dependencia, la pérdida de autonomía y tienes que estar preparado para eso. El que ahorra lo hace pensando en eso, no creo que lo haga pensando en cosas fantasiosas. Esa es
la primera necesidad que viven las personas mayores.
Hay un recientísimo estudio del CIS que pregunta a la población, no a las personas mayores donde estaríamos incluidos y obtendríamos una cifra mayor si la prioridad es la dependencia Y el 76,1 por ciento de los españoles, no de los mayores,
está de acuerdo en que tiene una gran prioridad. Luego se tocan varios temas que son importantes, que nosotros también tocamos, como que la gente quiere estar en su comunidad, en su domicilio, cerca de la familia. No en la familia, sino cerca de
la familia y, fundamentalmente, en su propia casa. En el libro blanco viene perfectamente y no lo vamos a repetir, pero si contamos que cada uno de ellos tiene como mínimo un cuidador, alguien responsable o algún miembro de la familia -y en muchos
casos la familia completa-, estamos hablando de varios millones de personas que están afectadas hoy directamente. Y otros muchos hemos estado afectados. Yo he tenido a mi madre, me he tenido que ocupar de ella y sabemos lo que significa tener un
familiar cercano, persona dependiente. Son varios millones más a los que habría que sumar estos. Si el 20 por ciento de la población va a llegar a ser dependiente, no parece que estemos muy lejos, a todos les afectará porque directa o
indirectamente, a través de familiares, nos va a afectar a la mayor parte de la población. Luego es una prioridad total y absoluta, de las cosas más importantes que hay.
No quiero tocar temas sobre los que parece que existen ya consensos, como el número de dependientes y la definición, pero me gustaría repetir algunos de los puntos que consideramos esenciales. Yo sé que está en discusión el derecho
subjetivo, porque parece que es muy peligroso, por supuesto en el sentido financiero. El peligro de todas estas cosas son los temas financieros, en lo demás todo el mundo está prácticamente de acuerdo. Nosotros somos partidarios de una ley
estatal. Ya sé que las comunidades autónomas recibirán ese dinero y lo gestionarán. Una ley estatal de Seguridad Social, artículo 41 de la Constitución. ¿Qué cosa hay que signifique más necesidad, como dice el artículo 41, que la dependencia? Lo
que dice es, precisamente, el desempleo. La inmensa mayoría de la gente se termina colocando tarde, mal, pero la dependencia afecta a las personas más frágiles y eso, en su conjunto, si hacemos un corte longitudinal ahora y lo miramos dentro de
cinco años, esa gente va a peor, no va a mejor. Esa es la situación de mayor necesidad que existe.
El Tribunal Supremo dijo que mientras no hubiera una ley que desarrollara este artículo 41, no era exigible, porque no está en el título correcto de
los derechos fundamentales de la Constitución. Hace falta una ley que lo desarrolle. Y es lo que nosotros queremos: una ley que lo desarrolle.
¿Por qué queremos esa ley y dentro de la Seguridad Social también? Por una sencilla razón: porque
esa ley, al tener un rango suficiente, significa una obligación al Estado. Las autonomías, las leyes que hacen ahora, no tienen ese rango y no significa derecho subjetivo para las personas. Si le otorgamos derecho subjetivo es una obligación del
Estado y existe un apoyo jurisdiccional total. Lo mismo pasa en sanidad, en pensiones, y lo estamos viendo continuamente. Y estoy en una lista de espera, es una situación grave, me voy a la medicina privada, cojo la factura, la paso a la Seguridad
Social, no me la pagan, me voy a un tribunal y el tribunal siempre dice que sí. Eso es lo que a mí me gustaría: derecho subjetivo de las personas dependientes. Ese mismo nivel. Y eso solamente lo puede dar una ley del artículo 41. No quiero
tocar tampoco la Ley de Seguridad Social en lo relativo a la incapacidad, se tengan 65 años o no, porque este año nuestro congreso es sobre discriminación por edad. Ese es el típico artículo en el que nos vamos a basar para aplastarlo, porque no
hay derecho a que exista esa limitación de edad de 65 años.
Yo tenía aquí muchísimas cosas a tratar, pero estamos de acuerdo con lo que dice el libro. ¿Cómo voy a discutir ahora los conceptos de valoración, los matices? No, no nos interesa. Los técnicos y los diputados que trabajen sobre ese tema
concreto. Lo que a nosotros nos interesa es que tiene que haber unos baremos de tipo general que se apliquen a todas las comunidades. Es otra de las razones por la que nosotros querríamos que esto fuera estatal, sin entrar en el tema de que lo que
van administrarlo, los que van a recibir este dinero, van a ser las comunidades. Nosotros estamos muy preocupados por los temas de igualdad, de calidad, de valoración, etcétera, que queremos que sean para los españoles (dentro de poco serán para
los europeos) y no que dependiendo de si estás en una zona o en otra tengas unos derechos u otros. Siempre podrás mejorarlo. Nos parece perfecto, pero los mínimos tienen que ser para todos.
En cuanto a la organización, nos preocupa mucho que se determinen muy bien cuáles son las competencias de las autonomías y de la Administración local. La coordinación con la sanidad es otro tema importantísimo. Si no hubiera el copago que
existe aquí y no existe en la sanidad, seguramente se evitarían estos conflictos que existen entre sanidad y sociosanitario.
Es otro de
los temas que nos preocupa. El resumen de todo esto es el coste y la financiación. Esta es nuestra posición. El libro blanco, en su conjunto, nos parece estupendo, pero hay que entrar en el coste y la financiación.
Se había hablado de
que en los presupuestos de este año iba a haber mil millones de euros para la dependencia y creo que no están. Como no soy técnico, no lo sé. He preguntado a todo el mundo y me dicen que no están estos mil millones. A mí me hubiera gustado que
este año, que es cuando se va a aprobar la ley, para cebar la bomba (porque hay que cebar la bomba, no puedes empezar de cero a tres mil millones, sino hay que empezar el primer año con algo), hubieran entrado este año, el año que viene serían dos
mil millones y el año siguiente serían tres mil millones, porque nosotros entendemos perfectamente que sea gradual.
Nosotros somos personas mayores, somos prudentes y sabemos lo que se puede pedir. Pero me hubiera gustado que se hubiera cebado la
bomba ya este año, con los mil millones de los que se había hablado el año pasado y que no han entrado. A mí me preocupa por la sencilla razón de que luego va a costar mucho partir de cero. ¿Qué dicen que cuesta la dependencia? Que estamos ahora
gastando el 0,6 por ciento del producto interior bruto y se va a llegar al 1,2 del producto interior bruto. Lo siento. Ya sé que hablando en términos del Presupuesto General del Estado eso es una barbaridad, pero sinceramente sigo pensando que un
0,6 es una pequeña cantidad para algo tan importante que resuelve un tema tan trascendental que afecta a toda la población española. Yo creo que eso hasta sin aumento de los impuestos se podría conseguir. No quiero hacer demagogia aquí sobre otras
partidas presupuestarias, pero todo el mundo está pensando en cosas. No me parece que sea algo tremendo. Cuando se habla de que las pensiones van a pasar del 9 al 16, hombre, son siete puntos del producto interior bruto. Yo entiendo perfectamente
que hay que mirarlo y analizarlo, porque eso sí que puede hacer quebrar. Pero que el 0,6 por ciento no entra en vigor cuando se podía haber empezado este año y cuando tenemos que empezarlo gradualmente..., lo siento mucho pero no, porque el gasto
social en España es muy bajo. Con un 0,6 por ciento ni siquiera nos seguimos acercando a la media de Europa. Por lo tanto, hay que subir esa cifra. A mí no me asusta y tendríamos que ser lo bastante persuasivos como para convencer a todo el mundo
de que eso hay que hacerlo, hasta el ministro de Economía.
Hablando de la gradualidad, somos partidarios de ello. Se nos ha preguntado de que somos partidarios; de los impuestos, de la Seguridad Social, ¿de qué? Nosotros hemos dicho: Mire usted, también les vamos a dejar a ustedes que elijan. A
mí lo que me interesa es que ese 0,6 aumente. Yo sé -y no me va a convencer nadie de lo contrario- que al final lo vamos a pagar todos los españoles. Y si alguien se cree otra cosa, está creyendo en los Reyes Magos ahora, tan mayores como somos.
Siempre lo pagamos todos. Lo pagamos a través de las contribuciones sociales, de la Seguridad Social, de los impuestos indirectos o de los impuestos directos, que ésos sí que los pagan todos los españoles y son los que están creciendo. Yo sé que
el Ministerio de Economía va a decir que no a los impuestos directos. Darme contra una pared, tampoco. Si me preguntan, diría yo: Mire usted, lo más limpio, lo más cómodo y lo mejor son los impuestos directos como es la sanidad. El sistema
nórdico es el que se tiene que aplicar aquí. Hombre, con más cuidado, pues ellos son muy generosos y sabemos que seguramente nosotros no podemos serlo tanto.
Fíjense si somos prudentes. Yo diría: sistema nórdico. Es lo más sencillo, fácil y lo
menos complicado. Como sé que enfrente va a haber una pared contra la que vas a estar dándote cabezadas y seguramente no lo vas a lograr, pues mire usted, no se preocupe. Al fin y al cabo, esto es un seguro. El seguro de dependencia es un seguro
que afecta a un 20 por ciento de la población y no afecta al cien por cien de las personas mayores. Si es un seguro es lógico que se pague y yo estoy defendiendo que sea la Seguridad Social, que haya una contribución. Y si no hay contribución y se
quiere pagar y pasar del 0,6 al 1,2 por ciento -o la cifra que sea aunque es la que más se baraja-, se va a tener que hacer de otra manera, con tasas o con impuestos indirectos, que sigue siendo una contribución de las personas, de todas, sean ricas
o pobres. A mí me parece muy bien que siga siendo el alcohol o el tabaco, que no son saludables. Al final, lo siguen pagando los españoles. Si no puede ser por impuestos, yo preferiría que fuera la Seguridad Social con una pequeña contribución.
Si hemos estado varios años en que se bajaban los impuestos, aproveche una bajada de los impuestos y ponga esta contribución, la gente sale neutra y así no se nota. Lo que se está haciendo es una cosa buenísima. Nos da lo mismo. Prioridad,
impuestos.
¿Qué no quieren ustedes impuestos? La Seguridad Social es suficiente.
¿Qué los sindicatos tampoco quieren? Tendrán que ser impuestos indirectos. No veo otra solución. ¿Qué es lo que sucede? Aquí sí admitidos las personas mayores
también el copago. Esto no es el cien por cien. Primero, porque sería tonto que nos pusiéramos ahora a discutirlo, es lo que sucede en la realidad. En el pequeño porcentaje que está cubierto existe copago. Y luego, además, es un problema
conceptual. Una persona mayor, ¿para qué ahorra? Está ahorrando para ese tipo de cosas.
¿No es lógico que emplee ese dinero en sí mismo a que seamos todos los que estamos contribuyendo para que este señor, si se muere, lo hereden sus hijos o sus
sobrinos? Yo no le pago al sobrino los gastos de este señor. Si no tiene dinero, es otro tema, porque siempre hay que distinguir. Pero si la persona tiene dinero, tiene bienes y tiene pensión, lo lógico es que lo pague, porque para eso ha
ahorrado y porque ya no tiene nada después, no se lo va a llevar. Me parece lógico, coherente y racional. Si tiene el copago y, como, se habrá hablado aquí mil veces, de empleo, de cómo retornan los impuestos a la Seguridad Social, menos paro, que
se dice que abarca a casi el 40 de la prestación;
si resulta que eso no es tanto y encima hay copago, me parece que hacemos un castillo de algo que es importante pero relativamente menor.
Está hecha la exposición, está el libro blanco que nos parece muy bien en su conjunto, por lo que sería tonto insistir en más temas. Pero existe un riesgo. Yo tengo miedo de que la ley salga descafeinada, de que sea una ley de dependencia
light. ¿En qué sentido? En el sentido financiero, que al final es de lo que estamos hablando. Todas las teorías son muy bonitas, pero al final, de lo que estamos hablando, es de dinero: que se dé muy poco dinero, que se reparta a cuentagotas,
que se establezcan unos baremos tremendos, que la gente tenga que pagar mucho más -ahora sabemos que el 80 por ciento del costo de la dependencia lo está pagando las familias-, que no baje del 80 al 70 porque entonces estamos haciendo muy poquita
cosa. En las discusiones, cuando entran los ministerios de Economía por medio y todo este tipo de cosas, tengo miedo de que la ley se descafeíne y sea una ley light. Es mi única preocupación, aunque es fácil de resolver. No hay que ser cicateros
con esta ley porque es muy importante para todos, a todos nos toca de una manera o de otra. Es una de las leyes más importantes, como he dicho, para la población, por los millones de personas que están directamente involucrados, o los que
indirectamente ya han estado o lo van a estar y porque no considero que sea tan grave hablar de un 0,6 del producto interior bruto cuando el coste social en las prestaciones sociales estamos a casi siete puntos por debajo de la media europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Lourdes Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchísimas gracias, don Eduardo, por la comparecencia que efectúa en la tarde de hoy ante la Comisión del Pacto de Toledo.
El Grupo Parlamentario Popular valora muy positivamente el sentido de anticipación que CEOMA tiene y ha tenido ante esta ley de dependencia. Ha sido la única entidad del tejido social que no solo ha hecho propuestas concretas, sino que lo
ha instrumentado en una propuesta de ley dirigida a los diferentes partidos políticos, con fórmulas que buscan no solamente que se definan bien las prestaciones, sino que también les preocupa sobre todo la calidad de la gestión de las mismas, con
independencia de cuál sea el titular del organismo que ofrezca los servicios a las personas dependientes.
Es de resaltar, y nuestro grupo así lo hace, su preocupación permanente por que no surjan desigualdades territoriales en la acción protectora y también por ofrecer propuestas sobre cuál podría ser un catálogo o una cartera de servicios
suficientemente variado, como demanda la diversidad de situaciones de dependencia que se dan entre las personas mayores.
También valoramos muy positivamente que la idea de participación social de las personas mayores que defiende CEOMA y que
nosotros compartimos no solo se traduzca en planteamientos generales sino en propuestas tan concretas como la que se contiene en su documento, que con tanto respaldo se aprobó en el congreso de Valladolid.
Dos son los extremos que más se discuten. Usted los ha comentado en la tarde de hoy y sobre ellos inevitablemente el Gobierno deberá pronunciarse cuando traiga al Congreso un proyecto de ley. En primer lugar, en qué marco se va a inscribir
el sistema de protección de las personas dependientes y, segundo, el modelo de financiación que se vaya a aplicar. Desde su posición, ¿considera que el marco debe ser un marco autónomo distinto del de la Seguridad Social aunque conectado a ella
como uno de los planes o sistemas de la protección social en España o, por el contrario, un conjunto de prestaciones dentro del sistema de Seguridad Social, con mayor o menor participación de cotizaciones sociales, con mayor o menor participación de
los impuestos o con fórmulas mixtas? En cuanto a la financiación, de su documento se desprende que ustedes coinciden con las recomendaciones del Pacto de Toledo en cuanto a la aplicación en determinados casos de contribuciones económicas por parte
de los usuarios, lo que se ha venido llamando el copago, que también nos ha explicado esta tarde.
Con la lectura del libro blanco, ¿ustedes han visto confirmadas sus tesis? ¿Considera que el Gobierno debería terminar cuanto antes esta etapa de libros blancos y presentar a la sociedad un borrador articulado? Si una organización como
CEOMA con dedicación y esfuerzo, que merece nuestro elogio y reconocimiento, lo ha hecho, ¿el Gobierno no va a ser capaz de hacerlo para que en lugar de debatir sobre el libro blanco, sobre propuestas inconcretas, podamos hacerlo sobre propuestas
concretas? De su comparecencia he deducido que usted está de acuerdo con el libro blanco, como no podía ser de otra manera. No nos ha dicho que esté en contra del libro blanco, puesto que se trata de cuestiones de carácter objetivo.
Quizá sería
más conveniente contar ya con un proyecto sobre el cual debatir sobre las prestaciones, la financiación, las valoraciones, los grados y los recursos para los grados de dependencia de las personas mayores.
Por último, yo le diría que el gasto en prestaciones de distinto tipo a favor de las personas dependientes se duplicó con el Gobierno del Partido Popular en relación con gobiernos anteriores del Partido Socialista.
Sabemos que el pago de
las prestaciones sociales sigue siendo muy bajo, como usted acaba de decir, y el esfuerzo está concentrado básicamente en las comunidades autónomas. ¿No le resulta chocante que para negar esta evidencia el libro blanco diga que han disminuido las
prestaciones en términos de PIB utilizando para ello como referencia negativa lo que todos los españoles saben que es positivo y es que haya subido el PIB y, por tanto, la riqueza del país y la sostenibilidad del sistema de protección social y un
mayor crecimiento de la recaudación de impuestos?
Por último, yo le quería preguntar cómo valora el que el Gobierno de la nación haya prometido mil millones de euros pero que este año no hayan sido consignados en los presupuestos. Lo único que se hizo fue, en función de una enmienda de
Ezquerra Republicana, de los socios del partido en el Gobierno, como premio de consolación en los presupuestos, se consignaron únicamente 50 millones de euros. La valoración que nuestro grupo parlamentario hace es la misma que hizo con la Ley de
Violencia de Género y es que se ha aprobado una ley pero ahora mismo no existe financiación para su aplicación. En este caso concreto, a nuestro grupo también le preocupa que en el tema de la dependencia estemos hablando mucho, con mucho libro
blanco, con muchas comparecencias, en este caso tan valiosa como la suya, pero se nos va a pasar un año y no existe ni financiación ni presupuesto Solo me resta comentar que nuestro grupo hace la misma valoración que usted.
Se me queda una pregunta en el tintero. En cuanto a la valoración de los distintos sistemas de dependencia, ¿ustedes estiman que debe existir un recurso idóneo para cada uno de los grados de dependencia y que ese recurso que se estime
conveniente para una persona dependiente sea obligado o que la persona dependiente pueda tener libertad para elegir el servicio o la prestación social que considere oportuna dependiendo del determinado grado de dependencia que tenga?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (Rodríguez Rovira): Una de las preguntas era si nosotros queremos que se acelere esto. Clarísimamente, rapidez. Ya está todo discutido.
Empezamos a llegar ya a
tales consensos en tal cantidad de cosas, que las discusiones son bizantinas.
Siéntense, salgan rápidamente con la solución y preséntenosla. Yo no puedo llegar a esos matices tan tremendos, no soy experto y no me interesa.
Rapidez, por favor. Si es verdad que es junio, que en junio se presente ya el texto
articulado.
Decíamos que nos gustaría el sistema de impuestos, pero que es mucho más eficaz la Seguridad Social porque es está más articulado. Es una arquitectura, en su conjunto, que está clara en el artículo 41 de la Constitución, en la ley que la
desarrolla, derechos subjetivos, obligaciones para el Estado, defensa jurisdiccional, etcétera. Toda esa es una arquitectura que a mí me convence. Mucho más que la ley de servicios sociales. A mí me parece esto mucho más fuerte. Luego se
manifiesta en servicios sociales, como es lógico. Desde el punto de vista constitucional y de fuerza de ley, a mí me parece que esta es mejor. Es una opinión totalmente abierta.
En cuanto al gasto social, si cuando la economía va bien y crece no se meten los gasto sociales, los gastos sociales nunca se meterán cuando la economía vaya mal. Entiendo perfectamente que al subir muy deprisa el producto interior bruto,
unos gastos que van creciendo parezca que se vayan separando. Es muy peligrosa esa teoría. Hay que invertir cuando tienes dinero. Si viene una depresión, puede ser que incluso suba en relación al producto interior bruto; pero lo que está claro
es que no subiría los gastos. Por lo que yo estoy aquí, es porque el gasto social se siga manteniendo y siga creciendo. No que nos pase lo de Alemania. Si los alemanes tienen dos veces y media la pensión que nosotros y solamente un 25 ó un 30 por
ciento más que el producto interior bruto, está claro que ellos tendrán que bajar las pensiones. Pero eso no quiere decir que las tengamos que bajar nosotros y que tengamos que tener demasiado cuidado. Nuestras pensiones tienen que subir mucho más
deprisa, porque solamente son el 10 por ciento del producto interior bruto, dos puntos de producto interior bruto. Cuando estamos hablando del 0,6 de la dependencia, la diferencia de la media de Europa con nuestras pensiones es dos puntos del
producto interior bruto. ¡Se dice pronto! A mí me parece que en sanidad falta un punto. Con el doctor Saiz lo hemos discutido muchas veces. Me parece que falta otro punto y eso hay que meterlo. Se dice que no hay dinero. Pues para otras muchas
cosas sí hay dinero, lo siento mucho. No voy a ser yo el que empiece aquí a hacer el despiece del presupuesto, pero creo que tiene que subirse.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz de Convergencia, don Carles.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiere agradecer a don Eduardo su comparecencia. Creo que todos seguimos de cerca los trabajos de CEOMA y, especialmente, los que ha venido realizando en estos últimos tiempos en materia de atención a la
dependencia. Y reconocemos que su organización ha sido de las primeras que, en el conjunto del Estado, ha trabajado en este ámbito.
De su intervención compartimos lo fundamental. Quizá podríamos discutir -pero no es el momento- sobre los títulos competenciales en los que debemos de justificar esta política. Siempre es bueno recordar que el conjunto del capítulo III, de
los principios rectores de la política social y económica, habla de todos los poderes públicos, y que los artículos 49 y 50 permiten también esa regulación de carácter estatal, dejando muy claro que el desarrollo de esa política corresponde a las
comunidades autónomas.
La única duda que tiene mi grupo en relación con que sea una prestación vinculada a la Seguridad Social es el sostenimiento financiero de la misma en el medio plazo. Mi grupo entiende que este planteamiento va a ser mucho más sostenible
respondiendo a una financiación no vinculada principalmente a las cotizaciones a la Seguridad Social. Nos parecería más inteligente no fundamentar esta ley en base al artículo 41. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses cuando el Gobierno
presente ese proyecto de ley porque, efectivamente,
habrá que esperar a conocer ese proyecto de ley para que esos consensos que hoy, poco o mucho, todos hemos venido manifestando empiecen a permitir, de una vez por todas, abordar la regulación del mismo. Cuando ese proyecto de ley llegue a
esta Cámara, espero que el Gobierno haya activado un proceso de diálogo y participación, no solo con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, sino también con el mundo asociativo implicado en este ámbito. Y en ese mundo
asociativo las asociaciones que representan a las personas mayores.
Tengo una primer pregunta. ¿En qué momento se encuentra el diálogo entre CEOMA y el Gobierno para empezar a concretar el desarrollo de ese proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado para antes de este verano? En segundo lugar, me
gustaría que profundizase en esta cuestión. Un sistema de copago, que todos compartimos, genera los riesgos de dónde situamos los límites de renta para acceder a este conjunto de servicios del ámbito social. En una primera comparecencia que hemos
tenido del Defensor del Pueblo, se nos trasladaba la preocupación sobre la situación actual en la que una parte de esos servicios sociales no llegan a amplios sectores de nuestra sociedad, aquellos que hemos definido como clase media y que es la
inmensa mayoría de la sociedad. A mí me gustaría conocer más a fondo su reflexión. Convergencia i Unió estima que debemos de configurar un sistema que pueda permitir que esa clase media, que es la mayoría de los contribuyentes, puedan obtener los
servicios necesarios para garantizar su plena autonomía.
Solo me queda compartir con usted ese deseo de que pronto el Gobierno nos remita ese proyecto de ley que nos permita satisfacer esa demanda política y social que todos compartimos.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Rovira, ¿quiere usted añadir algo?
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (Rodríguez Rovira): Estoy de acuerdo en que el desarrollo político lo tienen que hacer las comunidades autónomas. Eso está escrito y está clarísimo. Lo que pasa
es que hay temas como los principios de igualdad, etcétera, que son competencia estatal. Es de las pocas cosas que se ha quedado el Estado, yo creo, y es lógico, y además es lo que nos preocua a todos, sobre todo a las organizaciones que cubrimos
todo el territorio, porque te llega todo este tipo de cosas. Estoy absolutamente de acuerdo. Es más, creo que uno de los diálogos más importantes será el que haga el Estado con las comunidades autónomas y, ojo, también tiene quue haberlo a nivel
local, con los ayuntamientos.
En segundo lugar, yo creo que al final, cuando hay Seguridad Social, pasará como ha pasado y como pasa con las pensiones: están las pensiones contributivas -la gente cotiza para ellas- y luego el Estado interviene en las pensiones no
contributivas. Las pensiones de la gente que no trabaja y que no entre por la Seguridad Social para el tema de la dependencia, cuando sean dependientes, si no han trabajado por las razones que sean, serán no contributivas, pero habrá que darles el
sistema. Para mí eso también está muy claro.
¿Diálogo con el Gobierno sobre la ley? De momento cero. Yo creo que me está usted tirando de la lengua. Nosotros no tenemos diálogo con el Gobierno. Nos gustaría mucho participar en el tema, pero, vamos, estamos en un momento cero. No
hemos sido llamados absolutamente para nada. Hay muy buena relación con la Dirección General del Inserso, etcétera, que son los que están más directamente, implicados, pero yo recibo las cosas a posteriori, cuando ya se han publicado.
Respecto al copago, efectivamente, yo creo que lo que se recoge en la ley de dependencia a la que va a afectar es a la clase media, al 80 por ciento de la población. Por los baremos que hay de residencias públicas, etcétera, yo no sé si lo
puede cubrir. Debe haber un 1,5 por ciento de personas dependientes en residencias públicas. Luego hay otro 10 por ciento de la población que por lo que sea no lo necesita, van a hoteles de lujo -yo no las llamo ni residencias, sino hoteles de
lujo-, o tienen tres personas veinticuatro horas al día dedicadas a ellas. Me parece maravilloso que lo puedan tener, pero no es mi problema. ¿Cuál es el problema? Pues el resto de la población, que es la inmensa mayoría -porque aquí sí que es la
inmensa mayoría-. La clase media en este caso abarca casi todo: los que no pueden pagarse esos hoteles de lujo y esos servicios privilegiados y los que pasan con unas pensiones ínfimas. Ahí está el bloque de la población. Por lo tanto,
clarísimamente, eso hay que tenerlo en cuenta, coincido con usted completamente.
El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Antonia Martínez, por favor.
La señora MARTÍNEZ HIGUERAS: En primer lugar quiero agradecer al señor Rodríguez Rovira, en nombre del Grupo Socialista, su comparecencia en esta Comisión, pues consideramos que su opinión y sus reflexiones van a ser muy valiosas para
elaborar el futuro proyecto de ley de atención a las personas en situación de dependencia. Quiero decirle que para el Gobierno del señor Zapatero también es una prioridad el tema de la dependencia y, como cumple sus compromisos, aquí tenemos el
libro blanco en los plazos que estaban previstos y se habían anunciado. Su comparecencia se enmarca dentro de una secuencia de comparecencias de diferentes representantes institucionales, organizaciones y entidades interesadas en el ámbito de la
dependencia, con el objetivo de desarrollar un debate con fundamentos sólidos, propiciando un amplio proceso de reflexión y participación social. Como usted sabrá, este Gobierno está plenamente decidido a dar
respuesta a las demandas que afectan a las personas dependientes y también a sus familias y es por ello por lo que quiere impulsar un sistema nacional de atención a las personas en situación de dependencia.
Como ya expuso en su comparecencia del día 26 del mes pasado la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, la señora Valcarce García, la atención a la dependencia no es un problema nuevo en España, sino que lo que
es un problema y lo que es nuevo es la dimensión que está adquiriendo como consecuencia del envejecimiento de la población y de la transformación de la familia española. Desde el Grupo Socialista consideramos que el Libro Blanco de atención a la
dependencia, elaborado con rigor y transparencia por el Ministerio de Trabajo, ofrece un diagnóstico veraz y riguroso de la situación de las personas dependientes en España y constituye un referente imprescindible para el diálogo social y político
que el Gobierno pretende llevar a cabo con los agentes sociales, administraciones autonómicas y locales y con los grupos parlamentarios, antes de presentar el proyecto de ley de atención a la personas en situación de dependencia y un sistema
nacional de dependencia que nos acerque a los niveles de atención de los países europeos de nuestro entorno y que se configure como el cuarto pilar del Estado del bienestar.
El libro blanco es un documento que aborda aspectos demográficos, características, perfiles de la dependencia, régimen jurídico, recursos sociales para la atención a las personas mayores en situación de dependencia, recursos sociales para la
atención a las personas mayores discapacitadas en situación de dependencia, reforma del sistema sanitario para atender a la dependencia, sistemas sociales, presupuestos, valoración, etcétera. Es un trabajo que está finalizado y que debe servir como
instrumento para ese gran proyecto que se quiere desarrollar. Pero es necesario alcanzar un acuerdo básico en la definición de los elementos esenciales que deben configurar el modelo de atención a las personas dependientes y hacerlo con la mayor
participación posible. Por todo eso, desde nuestro grupo consideramos que su opinión hacia determinadas cuestiones va a influir en esa regulación de la dependencia y en el consenso necesario para obtener el resultado y las conclusiones necesarias.
Le queremos plantear una serie de cuestiones sobre las que esperamos su respuesta con gran interés. Una de ellas es qué posición mantiene su organización sobre la universalización de la prestación de dependencia y si considera viable en
España establecer como universal la prestación de dependencia y si toda persona, sea cual sea su edad y origen de la dependencia, debería acceder a la prestación de dependencia; si considera que esta prestación debe tener carácter público y qué
ventajas ofrecería y si se puede prescindir del carácter público de la prestación de dependencia
En la distribución competencial del Estado, las comunidades autónomas son competentes en servicios sociales. ¿Considera posible que el Estado regule para todo el territorio nacional una prestación de dependencia? Y sea cual sea el lugar de
residencia, ¿el Estado puede garantizar la igualdad en el acceso a la prestación de dependencia? Otra cuestión que le queremos plantear es si considera que los criterios para valorar el grado de dependencia deben ser únicos en todo el territorio
nacional y qué criterios consideraría que son necesarios para determinar los grados de dependencia. También, si considera compatible establecer un modelo de protección social de dependencia de ámbito nacional con la distribución de competencias de
las comunidades autónomas y qué papel deberían jugar los ayuntamientos como instituciones más cercanas a los ciudadanos.
La financiación constituye un aspecto básico para la implantación del sistema y para su posterior sostenibilidad y aunque ese aspecto deba ser determinado en este marco de diálogo iniciado a partir del libro blanco, en este documento ya se
contemplan dos escenarios: el de los impuestos generales del Estado y el del sistema de la Seguridad Social. ¿Qué fuentes de financiación considera usted que deberían participar? ¿La protección a la dependencia debería considerarse como una
contingencia que deba ser cubierta por la Seguridad Social? ¿Considera viable que contribuyan a la financiación las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y empresarios?
La materialización de las prestaciones se desarrollará en colaboración con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. El libro blanco considera también dos alternativas: que la persona en situación de dependencia reciba una
cuantía de carácter personal, adecuada al grado de dependencia que se le reconozca, o que el sistema proporcione la prestación de esos servicios. La protección a la dependencia ¿cree usted que debería ser una prestación económica o de servicios?
¿Por qué una u otra? ¿Cree que son compatibles las dos modalidades?
Con carácter general los servicios serán prestados por el sector público y las entidades privadas concertadas. ¿Hasta dónde se debe compatibilizar la provisión pública de servicios y la acción concertada con la iniciativa privada? En su
opinión, ¿cuál de los dos ámbitos debería ser potenciado?
También le quisiera hacer una serie de reflexiones referentes a su intervención y es que cuando usted ha hecho referencia a la igualdad, la igualdad de los ciudadanos ante las prestaciones la da la Constitución de 1978. También decirle que
no hay copago. La Seguridad Social reconoció en la Ley de Seguridad Social de 1968 con la creación del servicio social de asistencia al pensionista la aportación económica. Sin tener la ley no hay partida presupuestaria que se pueda aplicar, pero
no se preocupe, que el año que viene estará. Y el libro blanco no es un seguro; es el reconocimiento del derecho a prestaciones y servicios que se van a gestionar a partir de las instituciones públicas con reconocimiento de derechos subsidiarios.
Desde nuestro grupo, le agradecemos de nuevo su presencia ya que debido a su condición de presidente de una de las organizaciones más relevantes dedicadas a los mayores, su opinión sobre estas cuestiones es importante y va a influir, como le
he dicho antes, en la regulación de la dependencia y en el consenso necesario.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (Rodríguez Rovira): Casi empezaré por lo último. Naturalmente que la Constitución habla de la igualdad, etcétera, y corresponde al Estado velar por ella. Yo
creo que, de todas maneras, como en numerosas cosas de las que habla la Constitución, lo que se necesita es que eso esté desarrollado y esté concretado y se defienda efectivamente, porque luego la igualdad no se produce en muchos casos. Por lo
tanto, es una de las preocupaciones nuestras. Precisamente porque está en la Constitución.
En cuanto a lo de no haber establecido la financiación, tampoco es buen argumento, por la sencilla razón de que los servicios sociales están y podía haberse puesto los 1.000 millones de euros. (El señor Fernández Santos: Primero será la
partida y luego la financiación.) Pues la partida la buscaríamos inmediatamente: servicios sociales. Se puede encontrar perfectamente. Meter en el presupuesto 1.000 millones de euros se puede hacer perfectamente, porque ¿cómo se están pagando los
servicios actuales ahora? Todo lo que se está haciendo, las residencias públicas ¿quién las paga? (El señor Fernández Santos: Hay una ley que le da soporte.) Sí, y se aumenta esa financiación. A mí me parece muy sencillo. No sé la partida -a
mí, por favor, no me examinen de partidas, porque eso sí que no lo sé-, pero yo creo que se podía haber metido indirectamente las cantidades que se dedican ahora a este tipo de cosas y aumentarlas e ir preparando la base, porque es que no partimos
de cero en la dependencia.
¡Cómo vamos a decir esa barbaridad de que partimos de cero! Existe ya y está en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos.
Yo hablaría de flexibilidad en varias de las cosas que ha citado. Yo creo que ser dogmático y decir una sola cosa me parece demasiado. ¿La concertación con la privada? Para mí es la base. Nosotros sí hablamos de la universalidad, de la
igualdad, de la equidad y de la solidaridad como grandes principios y de que esta es una ley pública. Para mí este es un servicio público fundamental. Otra cosa es que esté concertado, que exista copago, o sea, todo este tipo de cosas que se suele
meter en el apartado de financiación. Cuanto más haya, mejor. Yo no sé por qué el Estado tiene que construir las residencias. ¡Que dedique ese dinero para otra cosa, por favor! Yo en ese sentido sería ampliamente favorable en cuanto a la
ejecución o la gestión de todo eso. Los sistemas de concertación creo que resolverían muchos problemas. La financiación, el control, la homologación, la acreditación, todas esas son las funciones del Estado fundamentalmente, no tener empleados ahí
gestionando la residencia. Ha pasado como en la sanidad. El Ministerio de Sanidad hay que suprimirlo porque como la gestión ha pasado a las comunidades autónomas... ¿Qué dice usted? ¡Ahora es cuando puede hacer política sanitaria el Ministerio
de Sanidad! Ahora se concentra en lo que tiene que hacer, no en la huelga de los enfermeros o de no sé quién. ¡Ahora es cuando puede hacer realmente política sanitaria! Lo otro será política social, no digo que no, pero ya no es sanitaria.
Entonces, ocurre lo mismo aquí: dedíquese usted a las funciones básicas, que muchas veces son luego las que están menos atendidas, y concierte mucho, porque las entidades privadas están con ganas de hacer cosas. La prueba es que hay 20.000
residencias con camas vacías y sin embargo hay listas de espera en la cosa pública, por favor. Eso es lo que nosotros decimos que hay que coordinar. Luego claramente pública. Lo privado es complementario, secundario y está colaborando en lo
público. Para mí esta es la cuarta pata -se emplea mucho lo de la pata y no sé si está muy bien traído o no, pero yo lo empleo también-. Creo que efectivamente es así: economía de mercado clarísimamente. Yo vengo del mundo de la empresa, pero en
los temas sociales, clarísimamente intervención del Estado, pero intervención del Estado entendida como financiación, el control, etcétera.
¿Las fuentes de financiación? Yo es que hablo mucho de eso. Quiero decir que, al final, para mí, que salga una de las dos. Yo no voy a discutir.
Yo no me voy a tirar al cuello porque sé que en el Congreso va a ser tremendo, las
discusiones van a ser bizantinas. Pero yo voy a esperar a que me digan: se financia de esta manera. Fíjense si soy simple y sencillo. No es mi tema. Que se haga, porque sé que, al final, el dinero sale del mismo sitio.
Lo de la Seguridad Social, sí. En realidad sí soy partidario de que sea la Seguridad Social, yo soy partidario, y que termine pasando como pasó con la sanidad, que empezó siendo Seguridad Social, se pasó luego al Estado y sigue siendo
Seguridad Social teóricamente. Es sanidad y la paga el Estado. Pero todo el concepto inicial, etcétera, toda la hoja de ruta de la sanidad ha sido Seguridad Social. Son tantas cosas que yo tendría que repetir toda la conferencia. No sé si he
contestado a algunas de ellas.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Ha sido una delicia escucharle. Siempre será bien recibido y nuestra más cordial enhorabuena.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.