CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 186

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Sesión núm. 7

celebrada el jueves, 10 de febrero de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) para informar sobre:


- El libro blanco sobre la reforma del régimen local. A petición propia (Número de expediente 214/000045.) ... (Página 2)


- Propuestas para nuevo sistema electoral para las elecciones municipales y más concretamente para la elección de alcalde. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000118.) ... (Página
2)


- Los criterios de la reforma del régimen local que el Gobierno ha manifestado va a impulsar, y en particular sobre la eventual reforma de la legislación electoral. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/000125.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al señor ministro y también al letrado que se nos ha asignado a la Comisión de Administraciones Públicas, don Alberto Dorrego.



Sin más dilación, iniciamos la sesión. Hemos solicitado al señor ministro que responda a su propia comparecencia y a las solicitadas por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Popular y, luego, en el turno de palabra, daremos
preferencia a los grupos solicitantes de esas segunda y tercera comparecencias.



Señor ministro, tiene usted la palabra, por 30 minutos, que parece ser un tiempo prudencial para la presentación del libro blanco y las referencias a los sistemas electorales de las corporaciones locales.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Tengo la satisfacción de presentar ante esta Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados el borrador del Libro Blanco para la reforma del Gobierno
local y, ante todo, quiero transmitirles que el Gobierno considera, como dije en mis intervenciones anteriores en esta Comisión, que el desarrollo de la autonomía local es uno de los objetivos importantes que tiene esa legislatura, dado que los
ayuntamientos son la Administración más cercana a los ciudadanos y, por tanto, constituyen el ámbito idóneo para que avancemos en la tarea de profundización de la democracia en la que todos debemos estar comprometidos. Hemos iniciado este proceso
de desarrollo del Gobierno local con la elaboración de un libro blanco porque nuestra perspectiva tiene un horizonte temporal de largo plazo y queremos asegurar que, con el mayor nivel de participación posible, las nuevas reglas de juego serán
válidas por un amplio espacio de tiempo.



Señorías, el desarrollo del Estado de las autonomías ofrece un balance muy positivo, tal y como se reconoce dentro y fuera de España de manera prácticamente unánime. No partimos por tanto de cero, puesto que tenemos un gran acervo en
materia de autonomías territoriales y hemos desarrollado una arraigada cultura de la descentralización y de la cooperación. El Estado de las autonomías ha hecho de España un país más democrático, en el que es reconocida la singularidad de los
pueblos que lo constituyen y que cuenta con mejores servicios públicos y con unos gobiernos territoriales cercanos a los ciudadanos y dotados de amplísimas competencias, lo que nos ha situado en un nivel de descentralización superior incluso al de
algunos estados federales consolidados. Pero aunque la Constitución española reconoce la autonomía tanto de las nacionalidades y regiones como de los entes locales, el desarrollo de las autonomías se ha centrado, hasta ahora, básicamente en las
relaciones entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas, y ciertamente no podía ser de otra manera por imperativos históricos en la construcción y consolidación de un modelo adecuado para la convivencia democrática en España.



La necesidad perentoria de construir un Estado compuesto que permitiese una mejor integración de la diversidad del país condujo a que la autonomía local no estuviera en el mismo nivel de prioridad e incluso que se produjera la falsa
impresión de que el Estado era el único garante real de la autonomía de los entes locales. Durante el desarrollo autonómico, las prioridades respecto del Gobierno local estuvieron centradas más en lo relacionado con la democratización que en lo que
tenía que ver con el reforzamiento competencial. En la nueva etapa que estamos abriendo ahora, con un sistema autonómico ya muy desarrollado, debemos avanzar en la tarea de convertir al Gobierno local en el tercer pilar de la articulación
territorial del Estado, tal y como reconoce nuestro ordenamiento constitucional. Aunque estemos inmersos en un proceso de reforma de los estatutos de autonomía, que debe servir para mejorar nuestro sistema autonómico, no consideramos que exista
ningún impedimento para que simultáneamente se aborde la reforma del Gobierno local. Pero este empeño tiene la suficiente complejidad y entidad política como para que no pueda ser abordado y mucho menos impuesto de forma unilateral por parte del
Gobierno de la nación. Justamente por este motivo hemos considerado adecuado iniciar el proceso de reforma del Gobierno local a partir de la elaboración de un libro blanco en el que hemos invitado a participar activamente a todos los grandes
actores afectados: comunidades autónomas, universidades, colegios profesionales, asociaciones de entidades locales y, en general, a toda la comunidad política local. Señorías, considero que hay que poner en valor esta forma de hacer las cosas. La
buena elaboración de las leyes, con la consulta a todos los interesados, aumenta la legitimidad del proceso de toma de decisiones, mejora la calidad de las normas y facilita su ulterior aplicación y su aceptación por parte de los destinatarios.
Todo ello sin perjuicio de que la decisión final, como corresponde en nuestro sistema democrático, esté a cargo de las fuerzas políticas en el proceso legislativo.



Este borrador de libro blanco no es por tanto el final de ningún proceso sino el comienzo del mismo, un proceso que debe desembocar en la aprobación de una nueva ley de bases del Gobierno local por el Parlamento de España. Los aspectos
formales y metodológicos son importantes en la vida, tanto como el fondo de las cosas, y el proceso de debate que hemos puesto en marcha con este instrumento de discusión, abierto a todo tipo de sugerencias, propuestas y alternativas, pretende
constituir un activo por sí mismo en el desarrollo de nuestra cultura política local. El borrador del libro blanco es un documento que busca servir de base para un amplio debate nacional entre todos los actores relevantes y está abierto a toda la
ciudadanía, con el fin de alcanzar un consenso esencial sobre la futura configuración


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básica del Gobierno local en España. No se ha concebido, por tanto, como un punto de llegada sino como un punto de partida en ese proceso de consulta y discusión. Por ello, ha sido ampliamente distribuido entre los actores más
significativos y sobre todo se ha permitido la máxima accesibilidad al publicarse íntegramente en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, lo que sin duda permitirá -lo está permitiendo ya- la formulación de sugerencias y distintos
asuntos también por vía electrónica. Creemos que una pieza tan importante de nuestro sistema institucional debe diseñarse con el mayor consenso posible y que las instituciones y los ciudadanos interiorizarán mejor el texto legislativo y lo harán
más suyo en la medida en que hayan tenido mayores posibilidades de participar en el debate y en la redacción. Según nuestra concepción, el Gobierno local se convierte por este proceso en sujeto de la reforma y no en mero objeto de la misma.



A continuación, les expondré de forma breve los contenidos del borrador, que constituyen la línea de redacción del futuro libro blanco para el desarrollo del Gobierno local de España. Los temas centrales, íntimamente conectados entre sí,
son tres: en primer lugar, las competencias; en segundo lugar, las estructuras territoriales y el papel de lo que podríamos llamar entes intermedios; y, por último, el modelo de Gobierno local. Lo referido a las competencias constituye
cabalmente el punto de partida del análisis del Gobierno local. La dimensión de los asuntos públicos confiados a los entes locales nos ofrece la medida de su importancia real en el sistema político, porque no hay verdadera autonomía sin un volumen
sustancial de servicios y competencias adecuadamente financiados. Por supuesto, la necesidad de fortalecer la autonomía local debe estar fuera de toda duda hoy en día en nuestro país.



Sin embargo, el gran fraccionamiento de nuestro mapa local supone que el ejercicio de la mayoría de estas competencias tenga que efectuarse, para ser efectivo en muchos ayuntamientos, por medio de instancias intermunicipales; un ámbito en
el que se encuentran las diversas formas de agrupaciones y asociaciones de municipios, desde la fórmula básica de la provincia, hasta las mancomunidades, las comarcas y, en general, las grandes aglomeraciones urbanas. Por ello, concebimos la
intermunicipalidad como un concepto esencial para articular adecuadamente el mundo local con el autonómico, desde una perspectiva constructiva, funcional y operativa.



Además, un sistema competencial potente requiere cambios en el modelo de Gobierno local, para lograr unos ejecutivos fuertes y con capacidad gerencial, dotados de las atribuciones y potestades necesarias para el liderazgo democrático y el
desarrollo de sus respectivas comunidades, y complementados con un sistema riguroso de control que debe estar basado en un auténtico estatuto de la oposición. Esta es la tercera pieza esencial del sistema. Además de estos tres temas básicos, el
libro blanco aborda las otras grandes áreas temáticas del Gobierno local contemporáneo, como son la participación de los ciudadanos en la vida pública local, las relaciones intergubernamentales o el papel cada vez más importante de nuestros
gobiernos locales en la esfera europea e internacional.



Señorías, lo que está en juego, como he indicado al principio, es la determinación de las nuevas reglas de juego del Gobierno local. Ahora bien, aunque la fijación de las reglas sea muy importante, la elaboración de un nuevo modelo de
Gobierno trasciende las puras normas y afecta a la cultura política, sin la cual ningún sistema puede funcionar. Está claro que disponer de un buen marco normativo es esencial para favorecer la cooperación entre los actores y para canalizar los
conflictos, y permite que aquellos se expresen de forma positiva en el marco institucional. Sin embargo, un proceso político al que se quiera dotar de una superior calidad democrática no puede quedarse en la mera formulación del marco jurídico. La
intención del Gobierno, con el planteamiento del debate que ha iniciado, es que el proceso de reforma del Gobierno local en España sirva simultáneamente para alcanzar otros dos objetivos: por una parte, el de fortalecer la cultura política de
nuestro Gobierno local y, por otra, el de establecer de forma consensuada y razonable el marco normativo del mismo.



Por lo que se refiere al calendario del libro blanco, se ha producido un ligero adelanto respecto al plazo inicialmente previsto por el ministerio, que fijaba la entrega del primer borrador el día 8 de febrero de 2005. El borrador se
terminó el 10 de enero, como dije antes, y se presentó en la sesión constitutiva de la Conferencia sectorial para asuntos locales, el día 17 de enero. A partir de ese día se ha iniciado una amplia labor de difusión del borrador del libro blanco,
con su presentación a las comunidades autónomas por medio de actos organizados en cooperación con las asociaciones y federaciones de entidades locales dirigidos especialmente a los electos locales. Después de estas presentaciones se celebrarán unas
jornadas destinadas a los empleados públicos, que han sido organizadas en cooperación con el Instituto Nacional de Administración Pública. Este período, en el que también incluyo la presentación a los grupos parlamentarios del Senado en la Comisión
específica de asunto local que hay en dicha Cámara, tendrá una duración de tres meses, durante los que se solicitará también un informe al Consejo de Europa, dada su cualificación en materia de democracia local y regional. Transcurrido este tiempo,
se efectuará una labor de revisión del borrador durante un período de un mes, a fin de elaborar el texto final del libro blanco, que deberá enviarse no más tarde del 9 de junio a la Comisión de Entidades Locales del Senado para que sirva de marco a
un amplio debate en el seno de la Cámara alta, debate del que deben surgir los elementos para la redacción del anteproyecto de la nueva ley básica del Gobierno


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local, que evidentemente también será remitido a esta Comisión.



Lo señalado hasta ahora sobre el contenido del libro blanco nos ofrece una indicación sobre los grandes temas que esta futura reforma de la legislación básica del régimen local tendría que abordar, pero es preferible que esperemos a los
resultados del amplio debate abierto para afinar soluciones institucionales concretas. Esta es precisamente la cuestión de la relevancia del sistema electoral local y, más concretamente, de la forma de elección del alcalde, materia sobre la cual
también se ha solicitado mi comparecencia, tanto por parte del Grupo Popular como del Grupo Mixto. En relación con este tema, puedo señalar que el borrador del Libro Blanco sobre el Gobierno local propone, como punto de partida de la reflexión que
hay que llevar a cabo, la introducción de sistemas que permitan a los ciudadanos incidir de manera directa en la elección del alcalde, pero sin que ello distorsione un sistema electoral que, en lo esencial, no es cuestionado por los ciudadanos.
Así, el borrador del libro blanco indica que hay que partir de la constatación de que no puede hablarse en España de una crisis del sistema electoral local ni de una verdadera demanda social para su cambio, aunque las principales fuerzas políticas
hayan -o hayamos- incluido en sus programas previsiones sobre la introducción de la elección directa del alcalde. En general, puede decirse que el sistema electoral local español garantiza en grado suficiente la representación del pluralismo
político y la gobernabilidad de las instituciones locales, factores cuyo mantenimiento constituye la premisa esencial a la hora de abordar una reforma del sistema. Por ello, el borrador del libro blanco sugiere que antes de introducir reformas en
esta materia se deben sopesar cuidadosamente las ventajas y las desventajas de un cambio del mismo. En el lado positivo hay quien destaca el reforzamiento del vínculo entre los electores y el alcalde directamente elegido, con el consiguiente
aumento de su legitimación, reafirmación de liderazgo y la posibilidad de mantener una voz propia, no solo en el seno de la corporación sino incluso del colectivo, lo que reforzaría la independencia del alcalde en la defensa de los intereses de su
municipio. Desde una perspectiva contraria, viendo los contras, se subraya la dificultad de resolver la cuestión de la doble legitimidad, la del alcalde y la del pleno, que se puede suscitar, así como las mayores dificultades para el control de la
actuación del alcalde, entre otros argumentos.



Por otra parte, los sistemas de elección directa suponen que se tenga que acudir a una segunda vuelta cuando no se produce mayoría absoluta en la primera, lo que suele también producir fatiga electoral y provoca una reducción manifiesta de
la participación de los ciudadanos. En el caso de que se introdujera un sistema de segunda vuelta para los supuestos de ayuntamientos en los que no se alcance una mayoría absoluta en la primera, el borrador del libro blanco sugiere, por una parte,
que esta posibilidad debería ceñirse a las grandes ciudades; por otra parte, que se debería mantener el número de concejales resultante de la primera vuelta y, por último, que se tendría que exigir un alto porcentaje de votos para pasar a la
segunda vuelta, la cual, incluso, podría limitarse a los dos candidatos más votados. El borrador del libro blanco también plantea que el fortalecimiento del papel del alcalde debería pasar por una reforma parcial de la moción de censura, que la
hiciera más difícil durante el primer y el último año del mandato y para la que se tendría que exigir un quórum reforzado de, por ejemplo, dos tercios. Lo que resulta claro es que el fin último de las medidas que se adopten debe ser el de mejorar
sustancialmente la posición y la estabilidad de los ejecutivos locales, pero sin que ello suponga la quiebra de un sistema electoral que los ciudadanos no cuestionan.



Este es el estado actual de la cuestión, aunque el Gobierno prefiere esperar al final del proceso de debate para pronunciarse sobre qué ideas o sugerencias concretas deberían incorporarse al mismo. En todo caso, consideramos que la reforma
de las instituciones locales requiere el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas y que para realizar reformas del sistema electoral se debe extremar todavía más esta exigencia de consenso. Por ello, quisiera concluir con la reflexión de
que solo deberíamos poner en marcha reformas sustanciales en el caso de que el sistema electoral presentara quiebras o amenazas de no ser útil ni operativo en relación con sus grandes funciones en el sistema político, que son las que aseguran una
representación adecuada de la sociedad garantizan la gobernabilidad de las instituciones y aseguran un papel de control a la oposición política en un marco pluralista. Y por lo que parece, nada de eso ocurre con relación a nuestro actual sistema
electoral para el ámbito local. De todas formas el debate está abierto y quiero aprovechar esta ocasión para invitar a SS.SS. a participar en él desde esta misma fase de elaboración del libro blanco, sin perjuicio de que el resultado final de esta
gran proyecto colectivo, que es la reforma del Gobierno local en España deberá pasar necesariamente por esta Cámara en forma de ley para su aprobación. Pero antes de que llegue ese momento, toda la sociedad española y, especialmente, el universo
local de España están invitados a participar directamente en la construcción de las nuevas bases de su propio futuro. Creo que esta es una de las mejores maneras que tenemos para contribuir a la tarea de profundización de la democracia en la que,
como antes he dicho, estoy seguro de que estamos todos comprometidos.



El señor PRESIDENTE: El ministro ha consumido escasamente veinte minutos.
Si todos somos rigurosos con el tiempo, procuraremos acabar a las dos de la tarde, que es una hora prudente.



Como el Grupo Mixto presentó una solicitud de comparecencia en relación con el asunto electoral, tiene la palabra su portavoz.



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El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En primer lugar, quiero agradecerle que pueda empezar el turno de intervenciones y, en segundo lugar, disculparme por el hecho de que no pueda estar presente en la segunda intervención del ministro y, por tanto,
no pueda participar plenamente del debate debido a causas de fuerza mayor.



La síntesis que acaba de hacer el señor ministro de Administraciones Públicas tiene algunas afirmaciones excesivas y otras que son suficientemente ambiguas como para no poder rebatirlas. En todo caso, nos gustaría dejar claro, aunque sea
solamente de una forma somera, que para una fuerza política como el Bloque Nacionalista Galego hay un elemento fundamental de preocupación e incluso de discrepancia respecto de estos temas, que es el de, en primer lugar, no acreditar o no compartir
la idea que sirvió de introducción al señor ministro de que estamos ante uno de los Estados más centralizados del mundo. En el Estado español hay una distorsión entre la fuerza simbólica de la Administración autonómica en algunas comunidades
autónomas, por ejemplo, el caso de Cataluña o el caso de Euskadi, en muchísima menor medida ya en Galicia, que viene provocado por el hecho de que habiendo una diferencia no solamente cultural y lingüística, sino una diferencia de dialéctica
política en relación con el conjunto del Estado, las instituciones de autogobierno tienen un matiz, un valor simbólico, una proyección que hace pensar a gran parte de la opinión pública que estamos ante auténticos autogobiernos y ante auténticas
titularidades de las competencias. Sin embargo, a la hora de los hechos, observamos que eso es muy limitado. Una cosa es la gestión, que indudablemente es una gestión de sectores muy amplios de la Administración pública, y otra muy distinta la
legislación, la planificación del modelo e incluso el control de ese modelo. Digo esto porque, si los contrastes se hicieran más pormenorizadamente, nos llevaría a la conclusión de que el Estado español no alcanza los niveles de autogobierno, de
decisión política propia por parte de las comunidades autónomas, que alcanzan algunos Estados norteamericanos o simplemente la descentralización que existe en Bélgica, por no hablar del caso de Suiza, que francamente está a años luz de lo que aquí
estamos viviendo, sobre todo en elementos que en el Estado español resultan chirriantes una vez que se plantean, es decir, que el Gobierno español tiende a no querer aceptar el debate sobre ellos.



Esta es la primera discrepancia, que está en relación con el tema que ahora usted plantea, señor ministro, que es cómo hacer posible de forma armónica una reforma de las corporaciones del Gobierno local con un proceso paralelo de reforma de
los estatutos de autonomía sin planificar previamente cuál va a ser el mayor grado de autogobierno que se va a alcanzar por parte de las comunidades autónomas y si dicho grado de autogobierno va a llevar consigo no impedir la autonomía de los entes
municipales, sino colocar a los mismos bajo una legislación que sea de ámbito parlamentario autonómico. En definitiva, que las leyes de bases se desenvuelvan claramente dentro de las comunidades autónomas para adaptar el régimen local a sus
peculiaridades. Esto es clave, puesto que si no se puede no ya producir una autonomía legítima de cada nivel de la Administración pública, sino reproducir guerras abiertas donde las corporaciones locales de un signo político determinado o con una
concepción determinada de lo que debe ser España, boicoteen o contradigan la política autonómica, porque nunca van a poder contradecir la política del Estado, que esa queda claramente asegurada como marco y margen superior.



Por lo tanto, para nosotros la reforma del Gobierno local debería partir de dos supuestos: eliminar las instituciones obsoletas, como las diputaciones provinciales, por lo menos en el caso de las diputaciones que son clara reminiscencia del
Estado centralista, e ir a una descentralización de competencias bien pautada, clara, que no ponga en peligro la armonía y la cohesión social, que garantice una igualdad de servicios en todas partes entre los ciudadanos y donde el debate político
sobre esas cuestiones no pertenezca solamente al ámbito municipal, sino también al de los parlamentos autonómicos y por lo tanto a una capacidad de control de los gobiernos de esas autonomías. Esta es nuestra idea y a partir de ella pensamos que el
mapa de competencias es reestructurable y que incluso debe discutirse, debiéndose proporcionar recursos financieros a los ayuntamientos para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones.
Igual que está claro que urge, sobre todo en países con un
hábitat determinado, como puede ser Galicia, aclarar cómo vamos a hacer para que sean viables determinados tipos de estructuras municipales que por lo menos mancomunen servicios o cómo podemos simplificar el mapa del número de ayuntamientos, de tal
manera que la centralización no conlleve una mayor desertización y más problemas para aquellos habitantes que decidan permanecer ubicados en el territorio. La simplificación del mapa municipal y, sin embargo, la admisión de su estructura compleja
interna en el caso de sociedades con un amplio espacio rural o con mucha designación de la población es algo que habría que acometer y en esto creo que ninguna fuerza política sensata va a poner ningún tipo de peros, aunque pueda tropezar con
intereses frontales.



Por último, el tema por el que hemos solicitado la comparecencia, que es la elección directa de alcalde. Nosotros celebramos que usted sea hoy aquí más comedido, en el sentido de que primero diga que la reforma para la elección de alcalde
no se hará nunca sin el consenso del Partido Popular. En este caso, el bipartidismo puede llevar a ponderar en qué aventuras se puede uno meter, ya que los demás tenemos un papel más residual, sobre todo cuanto menos importancia electoral o cuanto
menos peso específico tiene su país. Creo que esto hay que ponderarlo mucho, y me gustaría darle una serie de argumentos. Es cierto que la fórmula que figura


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en el artículo 140 de la Constitución española es un modelo abierto, pero los argumentos a favor del cambio son en esencia -usted lo dijo o lo dejó caer- la eventual ingobernabilidad de alcaldes en minoría, el carácter democrático, sobre
todo en un ámbito donde las circunscripciones son de menor tamaño y más próximas a los candidatos al electorado y por lo tanto la valoración de las cualidades personales puede estar mucho más presente; la eficacia, en una palabra. Esto tropieza
con cuestiones de fondo muy importantes, por lo menos tal como fue concebida la democracia en el Estado español en sus aspectos más positivos. Por ejemplo, la Loreg ya recoge la preferencia automática por el cabeza de lista más votado, por lo que
la normativa electoral local sigue considerando la centralidad de los partidos políticos en el proceso electoral, pero reserva un protagonismo más acentuado que en otros procesos electorales a los candidatos. La adopción en el régimen electoral
local de la elección directa del alcalde supondría un modelo de representación mayoritaria, cuando da la casualidad que el modelo escogido por la legislación electoral en el Estado español es el proporcional, que potencia el papel integrador de los
partidos en el proceso electoral. Además, el modelo mayoritario tiene muy limitada su vigencia a aquellas sociedades donde existe un sólido consenso histórico acerca del principio mayoritario en la organización institucional de la vida política,
aspecto desde luego que en el Estado español no está tan asentado.



En relación con esta cuestión, la elección directa del alcalde supondría, bajo nuestro punto de vista, por una parte, una normalidad dentro del sistema electoral respecto de los mecanismos parlamentarios que contempla el ordenamiento para
designar cargos similares. Por ejemplo, los presidentes del Gobierno. Ahí habría una contradicción clara. El presidente del Gobierno, aunque la gente no lo sabe, se elige en las Cortes Generales; el de las comunidades autónomas exactamente
igual. Por otra parte, sería también una quiebra de la coherencia del sistema electoral que, como criterios de referencia, plasma el pluralismo en la representación; es decir, el reflejo del pluralismo político existente en la sociedad, la equidad
política, la legitimación y la eficacia.
Efectivamente, la elección directa del alcalde potenciaría la eficacia, pero iría en detrimento de los restantes criterios, sobre todo de la merma del pluralismo, al atribuir a una única persona importantes
parcelas de poder y autoridad, mientras que en la corporación puede existir, por ejemplo, una representación más plural y descriptiva de la correlación de fuerzas existentes en la sociedad. Usted ya lo dijo: nadie está poniendo en duda profunda el
régimen electoral y la elección de alcaldes. En todo caso, los mayores escándalos se provocan por las corrupciones o incluso por ese tema que tanto nos tiene ocupados y no se soluciona, que es el transfuguismo, vinculado siempre a problemas
llamativos socialmente, y no solo por el transfuguismo en sí, sino porque va vinculado a casos de corrupción o de alianzas contranatura o cuestiones que sorprenden a la opinión pública. Por eso, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, me gustaría
que los partidos mayoritarios repensasen esta situación, que puede ser muy contradictoria con la cultura política establecida e incluso institucionalizar algún tipo de poder absoluto que sea muy contraproducente a la hora de garantizar la
transparencia de la opinión pública y su pureza en el comportamiento; es decir, la no corrupción. En este sentido, celebro que no sean tan contundentes sus observaciones de hoy como las que a través de los medios de comunicación conocimos como una
opción clara del Partido Socialista Obrero Español.



El señor PRESIDENTE: El ministro prefiere responder a cada portavoz. Por lo tanto, tiene la palabra.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Lamento que se tenga que ir y sobre todo y fundamentalmente las razones por las que se tiene que ir.



Quiero hacer tres comentarios a las tres partes de su intervención. Uno, el debate sobre el mayor o menor nivel de descentralización en España.
Como es obvio, hay cosas que son opinables y cosas que tienen que ver con más o menos, pero hay
cosas que no son opinables, que son datos. El porcentaje respecto al gasto público que representan comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno central es un dato; en este momento, la Administración central del Estado es la más pequeña de las
tres en número de funcionarios, es otro dato; el conjunto de leyes que se han aprobado en los últimos años en el conjunto de parlamentos autonómicos es superior al conjunto de leyes que ha aprobado esta Cámara, es otro dato, aunque es un dato
aproximativo, porque las leyes no valen al peso, no podemos hacer una a una y, seguramente, el criterio no es definitivo, pero sí da una cierta idea de que en estos veinticinco años ha habido un proceso importante de descentralización, no sólo de la
gestión, sino también de la capacidad política de tomar decisiones sobre sanidad, sobre educación o sobre aspectos muy importantes que afectan a la vida de los ciudadanos. Esto me parece positivo y por tanto tenemos que subrayarlo.
¿Podría irse
más? ¿Podría irse menos? Ese es un debate que está abierto, un debate que este Gobierno ha abierto en esta legislatura. Debemos hacer compatible la mejora y el perfeccionamiento del Estado autonómico que tenemos con una mejor respuesta a las
demandas que van surgiendo de las distintas comunidades autónomas, aunque quizás una más que otras.



Voy a hacer un segundo comentario sobre lo que usted ha llamado discrepancias. Nosotros vamos a intentar -y creo que lo conseguiremos- ser muy respetuosos con las competencias autonómicas sobre el Gobierno local. Estoy hablando todo el
tiempo de una ley de bases; tiene que ser una ley que marque lo que es común, porque los ayuntamientos son una administración


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común. En principio no estoy de acuerdo con un modelo en el cual los ayuntamientos dependan única y exclusivamente de la autonomía. Un modelo en el cual no haya relaciones jerárquicas, como no las debe haber, entre el Gobierno central y
los gobiernos autonómicos pero que sí las haya entre los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales no es mi modelo; tampoco creo que lo sea el de los 8.000 alcaldes ni el de los 8.000 municipios de este país. Tendremos que hacer compatible la
realidad legal, la realidad constitucional y, sobre todo, las voluntades políticas para establecer mecanismos que reconozcan que hay tres administraciones; tendremos que establecer las reglas del juego de cada una de ellas y los mecanismos de
relación y de cooperación entre las tres, sin jerarquías, pero con unas reglas del juego claras.



Por último, para ser breve, su reflexión sobre la propuesta de elección directa de alcalde viene a abundar en la oportunidad de lanzar el debate.
Usted ha dado razones de peso sobre por qué no parecería conveniente cambiar el actual modelo
para ir hacia un modelo de elección directa y estoy seguro de que a lo largo de esta sesión otros portavoces darán también argumentos de peso por los cuales sí que parecería conveniente ese cambio; al menos así venía en algunos programas
electorales. Vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Lo que es evidente es que no es intención del Gobierno cambiar las reglas del juego si no hay un consenso suficientemente amplio en torno a ese cambio. Sin embargo, creo que es
importante hacer ese debate -usted también lo ha señalado, yo estoy de acuerdo y le doy la razón-, porque al final lo que queda para una mayoría de ciudadanos son las noticias vinculadas a casos de cambios de mayorías relacionados con transfugismo;
los otros son legítimos y no pasa nada, todo el mundo los aceptamos en democracia. Yo quiero romper una lanza a favor del buen comportamiento institucional y democrático de los ayuntamientos españoles. El número de casos de cambios de alcalde
vinculados a operaciones más o menos reconocidas como transfugismo es anecdótico, es muy bajo, y, exceptuando un caso, siempre relacionado con municipios pequeños y no con capitales de provincia. Ese problema existe y ese problema movió a todas las
fuerzas políticas a firmar un acuerdo, un pacto; creo que es importante que lo sigamos fortaleciendo y que lo sigamos teniendo presente. Sin embargo, la realidad municipal no es la del transfugismo. Eso es noticia porque afortunadamente no es lo
que más pasa, ni es lo más frecuente.



Situar el debate y la reflexión en un asunto de trascendencia como es si es oportuno o no un cambio o una modificación en el sistema electoral -donde hay razones a favor y razones en contra; casi siempre estos temas son opinables- es
conveniente, es un acierto hacerlo, aunque reitero que no va a ser voluntad del Gobierno, y posiblemente tampoco habría la posibilidad matemática de hacerlo, modificar las reglas del juego sin la aceptación por parte de los jugadores.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.



El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señorías, si yo no fuera cortés, que lo soy, señor ministro, le diría que ya era hora que le viéramos a S.S. por aquí. Pero, como soy cortés, no le digo eso, le digo que bienvenido una vez
más -la segunda- en esta legislatura a esta Comisión, que no parece ser la suya. En todo caso, espero que con el tiempo se vaya usted aficionando un poco más a visitarnos, porque -y tiene que ver eso con este borrador de libro blanco, por lo que le
diré- esto es, que yo sepa, una monarquía parlamentaria, con lo que eso significa. Le diré otras cosas más. No me resisto -como habla tanto, en tantos sitios y de tantas cosas- a comentarle en el inicio de mi intervención el reflejo que ha habido
en las agencias -concretamente en la Agencia Efe- de su conferencia en el Círculo de Economía, de Barcelona, hace breves fechas, en la que usted explicaba un doble pacto entre las autonomías y el Gobierno para que las comunidades autónomas sean
reconocidas como autonomías y para que sean reconocidas como Estado.
Yo no sé si están reconocidas, pero que lo son, de eso no tiene nadie ninguna duda; por eso el presidente de la comunidad autónoma es el representante ordinario del Estado en la
comunidad autónoma. No solamente lo reconocen ellos, sino que, en su intervención, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, anteayer, en el Senado, cuando habló de la postura de la Federación Española de Municipios y
Provincias en relación con la modificación de la financiación local y en definitiva del régimen local, fíjese si lo tiene claro -ya sé que de vez en cuando el señor Vázquez dice cosas un poco a su aire, pero creo que en esto no estaba a su aire,
señor Sevilla- que decía: Por lo tanto, y siguiendo la carta directoria y con el deseo de no agotar todas las cuestiones en esta primera intervención, quiero decirles que los ayuntamientos, que los poderes locales españoles, somos parte del Estado,
formamos parte de la estructura territorial del Estado. Eso va a misa; lo otro, también. ¿Sabe qué pasa? Que hacer esas reflexiones es lo que pone en duda la realidad. Después viene usted a traernos este borrador, que, por cierto, está
efectivamente colgado hace tiempo en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, pero nosotros -y no a todos, aunque supongo que se lo ha querido enviar a todos- lo tenemos hace una semana. Y hablando de cortesías, es poca cortesía,
supongo, digo yo.
También podemos leerlo a la vez, también, ya lo hemos hecho; yo concretamente ya lo he hecho por ese conducto.



Dicho eso, yo comenzaría diciendo, ya por cerrar este punto inicial y retomando esa indicación previa que le decía, que esto es un régimen plural, que significa algo más que el que venga el ministro de Administraciones Públicas a hacernos
una consideración -y permítame un poco de humor-, en una especie de síntesis


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entre discurso de la Corona y lección magistral de universidad, sobre un borrador; dice que es un borrador sobre el que quiere aportaciones. Pero, ya sabe, esto es como la cocina, una vez que, para cocinar, ya están incorporados todos los
elementos del plato, podrá variar la cocción, pero no va a variar la sustancia, o sea, no vamos a cambiar el plato, el plato es el que es. Se supone -se supone, porque tampoco lo ha dicho el señor ministro- que el plato básico sobre el cual se va a
elaborar su propuesta legislativa de bases del régimen local es este papel y sobre este papel naturalmente podrá haber, vuelvo a decir, aditamentos circunstanciales.
Pero eso, señor Sevilla, tiene poco que ver con el pluralismo, porque el
pluralismo no es una entelequia. No olvidemos lo que quiere decir pluralismo, sobre todo en temas tan importantes como éste, y no olvidemos -se ha hablado antes y se habla tanto de la autonomía- que el concepto mismo de autonomía nació en la vida
local, frente al Estado central e incluso frente al Estado del príncipe. La autonomía local es la primera idea conceptual de autonomía en el derecho público y por tanto no es que se contraponga, sino que es otra esfera de autonomía, en la que
efectivamente es necesaria esa circunstancia acumulada.



Lo cierto, señor ministro, es que usted, en su anterior y única comparecencia ante esta Comisión, nos destacó las excelencias del servicio público -empleó la expresión el valor de lo público-, pero ha pasado el tiempo y nosotros vamos
comprobando que esta es una afirmación que en su boca y en la de los miembros de este Gobierno tiene demasiada retórica en la carga, porque muchas veces no pasa de la pura imagen, como son los ejemplos que acabo de exponerle; y podría seguir y
decirle todo lo que le han contestado en su propio partido, si es que es el mismo, el PSC. Usted va a Barcelona y cada vez que va abre allí un debate, uno más, que se supone que no se va a cerrar; algún día lo tendrán que cerrar.



¿Nos puede decir, señor ministro, aparte de reunir a este grupo de expertos, qué es lo que ha hecho en los diez meses? Lo que nos ha contado -se lo vuelvo a decir- a mí me ha sonado a eso que le he dicho, por la solemnidad con la que nos
habla, por mucha entonación que le dé, que esa es la parte que yo veo un poco discurso de la Corona y lección magistral, no pasa realmente de lo que ha sido. Este borrador, como usted lo llama, se supone -yo creo que para eso lo hacen- que ha de
servir para que el Gobierno elabore un proyecto de ley de bases del Gobierno y de la Administración local, que usted se comprometió a traer aquí el pasado 6 de septiembre y que pretende remitir a las Cortes, según dijo entonces, en el segundo
periodo de sesiones de 2005. Y cuesta creer, señor ministro, con un documento que tiene que servir para sentar las bases o para reflexionar sobre las bases del régimen local español en el siglo XXI, partiendo del conocimiento de cuál es la realidad
actual de los entes locales, los problemas a los que se enfrentan, los medios con los que cuentan después de más de 25 años de gobiernos locales democráticos, que lo primero que se le ocurra a usted, señor ministro, sea nombrar una comisión
redactora, en la que aparecen nombres como la directora del gabinete del secretario de Estado de Cooperación Territorial, el subdirector general de Régimen Jurídico y Bases de Datos Locales del ministerio, el diputado presidente del área de Gobierno
local de la Diputación de Barcelona, el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, el jefe de gabinete de Presidencia de la Diputación de Barcelona, el secretario general
de la FEMP o el secretario del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, que está en la provincia de Salamanca, razón por la cual S.S. y yo sabemos que ha estado en la comisión redactora, porque está en la provincia de Salamanca, y no vamos a abundar
en este aspecto.



Eso no tiene nada que ver con el pluralismo. Si S.S. quería recoger en un amplio espectro científico, académico y político, con los acentos diversos, las reflexiones para que pudiéramos efectivamente entre todos hacer una pieza
corresponsable -en la proporción de cada uno, pero eso-, sabe que esto no es más que una muestra -hay que decirlo- que tiene un cierto perfume sectarista, porque sabe perfectamente que esta relación, esta nómina de personas que he dicho, responde
exclusivamente a un solo impulso de reflexión. Le puede parecer tan bueno que cree que no necesita otro, sin olvidar, por ejemplo, que el Partido Popular gobierna en este momento en casi 4.000, en 3.500 municipios, de los 8.000 que hay en España y
que se supone que algo tendrán que decir algunas de las personas que podían haber sido convocadas.



¿Cuáles son los criterios que se han seguido, señoría, para realizar la selección de los miembros de esta comisión redactora? Porque la reflexión que le hago es la que nos hacemos nosotros. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la opinión de
nuestro partido, que tiene esa representatividad, y la de otros? Señoría, solo después de unos ejercicios de persuasión realizados con insistencia por el Partido Popular y por la Federación Española de Municipios y Provincias incluyó al presidente
de la Diputación de Zamora, que es del Partido Popular, pero no en esta comisión sacra de los inspiradores, sino en otra de seguimiento, que quiere decir que es el que opina después del que dice, que parece que es la fórmula que usted considera que
es la que debe regir la manera de proceder en los impulsos que usted quiere dar a esta cuestión y a otras.
Porque analizar la Administración y el Gobierno local supone entender y conocer todas las administraciones: central, autonómica, local y
también comunitaria, lo que de entrada no es nada fácil.



En cuanto al contenido del borrador, si hubiera alguno con mala intención no podría decir librito porque es muy gordo, pero los libritos con cierto eufemismo podrían ser además libritos. Sin embargo, cuando los principales protagonistas de
los gobiernos locales españoles,


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señor ministro, se encuentran inmersos en una lucha cotidiana de prestación y atención de una infinita variedad de servicios a sus ciudadanos, haciendo uso de unos medios materiales y económicos claramente insuficientes, nos encontramos con
que a través del análisis de los temas planteados en este libro todo queda reducido a la introducción de mucha literatura, para disimular la ausencia de propuestas útiles, para que a uno le digan que hay muchas recetas posibles. Cuando lo que pide
uno en el fondo son propuestas, las recetas son la enumeración y la propuesta es decir: después de todo eso nosotros proponemos esto o aquello o creemos mejor esto o aquello. Lea, lea a ver si encuentra usted un punto donde digan, entienden estos,
aunque sean esos, que esta es la fórmula mejor. Y en la preparación, como estas propuestas no existen, en el fondo esto es un material para la preparación de una tesis doctoral sobre los conceptos de autonomía y suficiencia financiera en el
contexto de la Carta Europea de la Administración local, como forma de esquivar su responsabilidad, la suya, en este caso sí, de traer aquí un documento que dé las respuestas concretas a las necesidades del mundo local, las que se plantean, las que
están ahí. Sólo humo para disimular, señor ministro, el escaso compromiso de su ministerio, del propio ministro y de su Gobierno, con el verdadero debate del régimen local español, con la dificultad añadida de la imposibilidad de analizar e
incorporar sugerencias a un texto que no recoge los aspectos más esenciales de los que poder discutir con un mínimo rigor. Porque si hablamos de los problemas de los entes locales, éstos son hoy por hoy los que atañen a su financiación, y lo sabe
perfectamente, señor ministro. Mire el tiempo que ha dedicado en su exposición príncipe, inicial, a la cuestión de la financiación y a la determinación de sus recursos económicos, cuando se trata de la prestación de servicios que no son de
competencia propia, sino de sustitución de otra administración por vinculación de las legislaciones sectoriales.



De las competencias ha hablado, señoría. Actualmente los entes locales, a nuestro entender, según el estudio elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona, al que S.S. le da mucha credibilidad y nosotros también, en colaboración con
la Diputación de Barcelona, que se ha mostrado puntera en estos trabajos, sobre los gastos de los municipios catalanes, de alguna manera extrapolables al resto de municipios españoles -así lo ha dicho también anteayer en el Senado el presidente de
la FEMP y alcalde de A Coruña y senador del Partido Socialista-, la cuantía que representan las competencias impropias, competencias que las corporaciones locales han asumido por falta de presencia del Estado y de las comunidades autónomas, asciende
a un 33 por ciento de la actividad de los ayuntamientos y absorbe el 28 por ciento de sus propios recursos económicos, es decir, un tercio, aproximadamente, de competencias y un tercio, aproximadamente, de recursos. Se puede afirmar que, 25 años
después de la constitución de los ayuntamientos democráticos, las corporaciones locales están igual o peor que en 1979. Lo dice la FEMP y lo decimos nosotros, porque en este punto estamos absolutamente contentos, constituyendo una administración
que administra un 13 por ciento del gasto público total, muy lejano del horizonte que se había planteado. Y como el propio ilustre personaje citado, señor Vázquez, ha dicho en esa comparecencia a la que me he referido, existe una deuda con los
ayuntamientos por estos servicios impropios, porque, según explicó, los gobiernos locales llevan más de 25 años prestando servicios por competencias que no les son propias.



En sus propias palabras, en las del señor Vázquez, este libro blanco estará bien siempre que haga referencia a cuestiones económicas y financieras y que la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local sea consiguiente a la solución del
problema de la deuda histórica y, a su vez, paralela a un nuevo pacto local en el que intervengan Estado y comunidades autónomas. No es que nos guste mucho el empleo de estos términos que parece que se van acuñando, como el de deuda histórica,
hasta el punto de que nosotros no habríamos empleado ese término, lo he utilizado en la cita, pero no crea que nosotros nos apuntamos a una especie de nueva apertura al concepto de las deudas históricas. Lo cierto es que eso sí está ahí, con el
reto de no haber obtenido contestación en muchos años. Por todos, porque de todos estaba hablando, señor ministro, no me haga el reproche, porque cuando hablamos, hablamos, procuramos hablar antes y después, con todas las consecuencias. Sin
embargo, señor ministro, a lo largo de los 133 folios que integran este borrador no hemos encontrado ninguna referencia rigurosa y de compromiso con la financiación, ni siquiera un apunte claro, ni desde luego una propuesta razonable y racional.



Este es el gran problema del conjunto de los municipios españoles, es lo primero que le cuenta a uno un alcalde con el que habla, lo primero, señor ministro. Supongo que S.S. habla con alcaldes y seguro que le hablan de eso. ¿Por qué no
hablamos donde debemos de las cosas de las que debemos hablar y nos dedicamos a teorizar y a dar suelta a la retórica? Ha habido demasiada retórica estos meses y la retórica se suele volver contra los que la ponen en circulación, naturalmente para
dar solución a lo que no tiene solución o a lo que no saben darle solución, porque esa es la pregunta que uno se hace. Los entes locales ni siquiera saben, señor ministro, por qué no se ha producido una negociación con el Ministerio de Economía
para solventar la discrepancia que se ha generado sobre la cantidad con que el Estado debe compensar a los municipios por la supresión del impuesto de actividades económicas acordada por el anterior Ejecutivo del Partido Popular, que el Ministerio
de Economía cifra en 611 millones de euros y la FEMP en más de 340. Y no me emplee el argumento de la pasada sesión de control, porque S.S. sabe que ha habido recursos por parte de bastantes municipios. Le puedo poner como ejemplo el de Valencia,


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con un recurso planteado precisamente sobre la base de las previsiones establecidas en la ley impulsada por el anterior Ejecutivo, que ha dado satisfacción cuando se han acogido a los términos que venían ahí previstos. Lo cierto es que en
su ministerio han adoptado la postura de mirar para otro lado en este asunto -no sé si en otros, también-, incluso con una voluntad escapista plasmada en que su secretario de Estado dijo que él no podía venir a hablar de esto porque ustedes no
tienen competencias en esto, que las tiene Economía, por lo cual ya hemos pedido la comparecencia del vicepresidente económico para que nos lo cuente.
Sería conveniente que nos dijera si usted realmente puede opinar sobre algo de financiación de
alguien en todo el sistema autonómico español o si eso lo han deferido al Ministerio de Economía, en cuyo caso, para no confundir, ustedes nunca deben hablar de financiación, incluso cuando vayan por ahí deben decir: de financiación, ya vendrá
luego el vicepresidente económico y les hablará. Una muestra más del desprecio de este Gobierno hacia los ayuntamientos -desprecio no en el sentido peyorativo, sino de poca atención- es que ni siquiera ha sido capaz de incluir esta enmienda en los
Presupuestos Generales del Estado para 2005, lo que está provocando la reclamación masiva de los ayuntamientos y un profundo descontento por las promesas incumplidas -las suyas; estas sí las suyas-.



¿Está usted de acuerdo, señor ministro, con las afirmaciones del presidente de la Federación que engloba al mayor número de municipios y militantes de su partido? Por cierto, no ha dicho ni una palabra de los 10 puntos plasmados como
reflexión del municipalismo español en lo que se denomina Carta de Vitoria, en la cual hay una reivindicación que podrá ser o no razonable, pero sobre la que me gustaría saber su criterio, aprovechando estas manifestaciones del señor Vázquez. En
ese decálogo del municipalismo del siglo XXI, los responsables del municipalismo español han hablado de la necesidad de institucionalizar la FEMP. Como S.S. es tan aficionado a enriquecer el panorama institucional español, me gustaría saber su
opinión sobre esto. Yo no digo nada, señor ministro, porque además en estos casos el primero que debe decir siempre es el Gobierno, pero me gustaría saber cuál es su parecer, su opinión, si la tiene, que en algo la tendrá, porque opinar, usted
opina, lo que pasa es que, en el fondo, luego escapa, y hace bien porque yo creo que eso es parte de la habilidad política. El mundo local, señor ministro, se ha llevado una cierta decepción con este borrador.



La segunda gran cuestión que hay que observar se concreta en que no es posible que el libro blanco se limite a esto, que el peso político de su ministerio ni siquiera llegue a defender que las reformas de los estatutos de autonomía recojan
un listado de competencias con el que proteger la autonomía local en el futuro, las competencias atribuidas a las entidades locales, máxime cuando se sabe que el debate de los estatutos parece que está próximo. Sobre eso tampoco nos ha dicho nada y
quizá estamos en un momento en el que había que tener un criterio sobre ese particular; de alguna manera, algún criterio tendrá que tener, digamos, enriquecedor y no defensivo el Gobierno central en los procesos de maduración y de impulso de los
nuevos estatutos, sobre todo en este asunto en el que, como muy bien dice S.S., algo tiene que decir el Gobierno central, el Gobierno de la nación, precisamente porque tiene encomendadas las bases del régimen local y en la medida en que esto pueda o
no llevarse a los estatutos. Y desde luego, y ahí coincido con algo que ya ha manifestado contestando al señor Rodríguez, nosotros entendemos que no se trata de que la autonomía local -ese peligro que vislumbran algunos responsables autonómicos-
pueda poner en peligro, cercenar o vaciar nada.
Son dos planos de autonomía completamente distintos y les corresponde, en la medida en que le corresponde al Gobierno de la nación y a las instituciones centrales del Estado, velar porque
efectivamente ese ámbito de autonomía sea suficientemente preservado y, naturalmente, no sea, como ha dicho S.S., absorbido por nadie.



Ahora bien, siendo tan importantes las coincidencias que observamos, lamentamos que, después de admitir en la versión editada el 29 de diciembre la coincidencia en el tiempo con la reforma de los estatutos de autonomía y la necesidad de que
ambas reformas vayan paralelas, esta frase haya desaparecido en la versión que supuestamente estamos debatiendo ahora. Nos preguntamos por qué ha desaparecido esto de pronto, y no crea que le hago la pregunta a humo de pajas. Nos sorprende que en
la versión que circuló el 29 de diciembre se hablara de esa coincidencia y de esa necesidad, que luego han desaparecido sin que haya hecho referencia a ellas, además, en su intervención. Le diré que esto lo comparten la mayoría de los alcaldes y
presidentes de otras corporaciones locales; por lo menos, por lo que nos cuentan a nosotros. Ya sabemos que no todos oímos las cosas igual. Oírlas, supongo que sí; seguramente no las escuchamos igual y quizás después no deducimos que digan lo
mismo, aunque hayamos escuchado las mismas cosas. Esa es una servidumbre del ser humano, que tiene falta de capacidad de síntesis. Por otra parte, señor ministro, se echa en falta la existencia de una declaración política de apoyo a la autonomía y
suficiencia financiera locales en cualquiera de las reformas estatutarias que se vayan a debatir. En el debate no se ha introducido esa filosofía; están ustedes más concentrados en otras cosas.
Una declaración que, por cierto, hubiera respondido,
sin duda, a las expectativas creadas por este proyecto o borrador de libro blanco en el ámbito local, que llevan camino de convertirse sin embargo en una ocasión perdida, por las hipotecas que, al parecer -siempre hay que dejar el beneficio de la
duda-, lastran al Gobierno en su minoría mayoritaria en cuanto a apoyos.



Queremos decir algo sobre la inmigración. De entrada y de manera muy concreta, en relación con el voto


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de los inmigrantes al que se refirió el también prolífico manifestante ministro Caldera, ¿está de acuerdo el ministro de Administraciones Públicas con este último, o con la vicepresidenta del Gobierno, que lo desautorizó? Nos gustaría
saberlo, porque es un tema que nos preocupa bastante. ¿Cuál es su posición? Entendemos, señor ministro, que la falta de voluntad política en la negociación de las demandas de los entes locales en materia de financiación hace que ni un solo
representante del ministerio que dirige Solbes se haya dignado a comparecer al menos en la comisión redactora para proponer medidas que palien los problemas económicos locales. En su lugar, la callada por respuesta. Eso sí, los ayuntamientos
atendiendo cada día a los miles y miles de personas que llegan a sus municipios, supliendo la ausencia de políticas de acogida e integración, y todo sin apenas recibir recursos del Gobierno. Por cierto, que esto no ocurre sólo en este ámbito;
porque, con tanta verborrea como dedican a aplaudirse a sí mismos sus iniciativas sobre regularización de la inmigración, abandonan sin embargo la política de potenciación del personal consular, que se había iniciado durante el ejercicio anterior
con 150 plazas. En la oferta de empleo público con la que nos sorprendieron el viernes no prevén ni una sola de estas plazas. Le sugiero que mientras tanto se dé usted una vuelta por los consulados de España implicados y haga un rato de cola con
los inmigrantes para solidarizarse con ellos; si no le parece mal.



Mientras vemos, señor ministro, que el Gobierno apenas da dinero a aquellos ayuntamientos más directamente involucrados en políticas de inmigración, y no porque sea su competencia sino obedeciendo al principio de proximidad a las necesidades
de las personas y por ser la Administración que está más cerca para atenderlas; mientras comprobamos que sus alcaldes reclaman ser oídos -los suyos, señoría- y tenidos en cuenta, sin que se les preste atención, no se le ocurre a usted proponer otra
medida en este libro blanco que la de ofrecer el sufragio universal activo y pasivo. O eso es lo que nosotros hemos entendido; ya sabe que me gusta mucho el recurso a las gafas, y, como yo manejo varias, no sé si todas son buenas o no; pero, en
todo caso, eso es lo que hemos leído.
¿Tenemos que deducir, pues, de la lectura del libro blanco, que el Gobierno está interesado en conceder el voto a los inmigrantes?


Antes de a la faceta política, habrá que dar cumplida respuesta a la problemática con la que conviven los alcaldes y concejales, haciendo frente a ella sin más ayuda que su compromiso con la solidaridad y sin más recursos que los humanos y
materiales de que disponen. Ya sabe que si hay un asunto que cada día preocupa más a los ciudadanos este es el de la inmigración; ese casi 10 por ciento de ciudadanos españoles que ya nos han dicho estos días que forman parte de nuestra
colectividad y de nuestra sociedad. Recientemente, su Gobierno ha puesto en marcha un macroproceso de regularización que compromete recursos económicos y financieros a las corporaciones locales. Nuestros oyentes están en la primera línea, en el
esfuerzo de integración del conjunto de los inmigrantes, sin embargo, no encontramos ni una sola propuesta sobre la financiación de estos servicios. Mientras el Gobierno hace una política de propaganda, sin poner un solo euro para regularizar o
para integrar a las personas que llegan a nuestro país, son los municipios los que costean estas políticas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, dedica diez millones y medio de euros a la inmigración; el de Valencia, tres millones y medio de
euros, y así un gran número de municipios, mientras el proyecto de libro blanco que usted nos presenta a bombo y platillo mira de manera descarada hacia otro lado en este particular. Y ello en medio de todo este festejo que tienen ustedes
organizado a nivel general sobre cómo van a resolver esto. Ya iremos viendo cómo resuelven ustedes todo.



¿Qué respuesta tiene usted, señor ministro, al hecho de obviar a las administraciones en la firma de convenios de colaboración económica para la atención a los inmigrantes, aparte de esos debates en los que ustedes dicen que la culpa es de
los demás? Las oficinas de extranjería creadas solo han sido 50, de las 160 que se dijeron, y lo que es más grave todavía ¿con qué criterio se van a distribuir los 100 millones de euros consignados en los presupuestos, que es algo que nos interesa
mucho? Le ruego que tome nota porque esto nos interesa especialmente. ¿Con qué criterios se van a distribuir los 100 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado y a qué ayuntamientos se van a destinar? De esta
información carecen los alcaldes, a pesar de estar preparando las memorias económicas con las que esperan ser atendidos, no sabemos si individualmente, colectivamente o en grupo por el ministro señor Caldera. No nos parecería bien que esto lo
dirigiera algún grupo que apoya al Gobierno y que los criterios de distribución fueran inspirados. Nos gustaría que hubiera una cierta objetividad.



En cuanto a la forma de elección de alcalde, señor ministro, nuestro programa electoral dice lo que dice. No nos aclara mucho el libro blanco y solamente le preguntaríamos hoy una cosa. Como suponemos que después de nueve meses y medio de
ministro de Administraciones Públicas habrá llegado usted a algún puerto, creemos que sobre esto, que no tiene contenido económico, sí puede dar su opinión (le pedimos su opinión, no le pedimos un compromiso político), suya por supuesto, pero más o
menos definitiva, y es si entiende que la elección directa de alcalde es lo que debe ser, o no. ¿En qué medida se acerca o se aleja de lo que ustedes planteaban en su texto de 1998, usted y el Partido Socialista que le apoya? ¿Están en eso, han
evolucionado? Porque no sabe usted lo que enriquece estar en el Gobierno a este respecto.



De la autonomía provincial, la verdad es que fatiga -lo he de decir- escuchar a una serie de grupos que hablan siempre de la autonomía y que automáticamente despachan las diputaciones provinciales con todo tipo


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de improperios -organismos obsoletos, por ejemplo-, que es naturalmente el prolegómeno del despacho sin contemplaciones del ente provincial, de la provincia como entidad local. Nos gustaría también conocer su opinión sobre la forma en que
queda o puede quedar la provincia y la diputación en este proyecto de libro blanco. Es bueno que usted nos dé su opinión, y como a usted le gusta opinar, le doy facilidad. ¿Cómo va a quedar en Cataluña, si prosperan las tesis de su propio partido
allí, la provincia? Y de paso nos cuenta también cómo ve la resurrección de la Corporación Municipal Metropolitana de Barcelona, que es un asunto al que en mi etapa universitaria dediqué bastante atención.



Nosotros tenemos una valoración muy positiva del papel institucional que se reconoce a la provincia en la vertebración territorial. Lo hemos dicho, lo decimos y lo reiteramos, y además no tenemos ningún complejo porque creemos que la
provincia, en la articulación autonómica, ha supuesto un freno a la centralización autonómica en muchos caso. Ese es un haber histórico que tendrá la provincia -en el caso de Cataluña se puede decir con claridad-, porque ha habido efectivamente una
identificación con la condición provincial de la gente de Lleida o de la gente de Girona, que veía ahí una interposición que garantizaba efectivamente un freno a la centralización, a veces no excesivamente justificada. También es positiva su
ubicación en el mundo local, sin duda, como gran colaboradora de los municipios y no solo como mera financiadora de los mismos a través de subvenciones. Sin embargo, su mera consideración de gobierno instrumental con competencias funcionales y
legitimación indirecta -parece ser que es así como lo ven los promotores de esta obra científica- parece diluir su naturaleza; se la asocia al concepto de intermunicipalidad y después se la disocia de la supramunicipalidad, de las áreas rurales y
de los espacios metropolitanos, para concluir afirmando el borrador que el tipo ideal de diputación sería aquel que fomentara la intermunicipalidad y que estableciera relaciones de complementariedad con mancomunidades y otras formas de
asociacionismo municipal. Creemos, señoría, que las diputaciones, como agrupaciones de ayuntamientos que son -es lo que son y siempre que habla S.S. de diputaciones después nos habla de mancomunidades; ya me contará si es que tiene alguna
fijación sobre el particular, porque me he dado cuenta de que siempre que le hablo de diputaciones o S.S. habla espontáneamente de ellas, aunque poco generalmente, siempre quiere diluir eso, y es una curiosidad intelectual que tengo-...



El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, ha consumido usted más de 30 minutos.
Le ruego que vaya concluyendo.



El señor PADILLA CARBALLADA: Es que el señor ministro viene muy poco y nosotros tenemos mucho que decirle. Le prometo que en 10 minutos acabo.
(Rumores.) Nosotros habíamos pedido la comparecencia del señor ministro y, por esa razón,
parlamentariamente estamos en una situación, no de privilegio, naturalmente, pero sí de uso principal de la palabra.



Creemos que las diputaciones, como agrupaciones de ayuntamientos que son, no solo deben modificar su sistema de elección -pues es verdad que el partido judicial no parece la forma más objetiva y proporcional de distribución de escaños y de
representatividad municipal-, sino que deben tener garantizada su autonomía política para gestionar intereses comunes y participar en ellos precisamente en áreas rurales y en redes metropolitanas, sin que ello produzca el efecto de suscitar rechazo
por parte de la Administración autonómica.



Sobre la organización y funcionamiento del Gobierno local, señor ministro, en este importante apartado que recoge aspectos tan básicos del régimen local, nos encontramos con el enaltecimiento de los principios de flexibilidad y de diversidad
para dejar en libertad a cada municipio para que en función de sus prioridades políticas pueda crear los órganos administrativos más idóneos y seleccionar el personal más adecuado, página 12 del borrador. De entrada, esta afirmación produce el
estupor de pensar que la potestad de autoorganización en la esfera local no ha existido hasta ahora y que los entes locales no han tenido capacidad para decidir la forma de gestión de sus servicios ni la determinación del personal adecuado a sus
estructuras y posibilidades. No es descabellado imaginar, pues, que si el Estado renuncia, en aras de un supuesto respeto a la diversidad, a establecer la organización básica de los ayuntamientos es porque no tiene inconveniente en dejar este
espacio al legislador autonómico, contrariamente a lo que S.S. ha dicho. Y no es que no lo pueda hacer bien, sino que se incumpliría el principio de igualdad y el de cohesión territorial. Un aspecto concreto a destacar también en este apartado es
el que hace descansar el principio de diversidad y de capacidad de gestión en el factor población, como si el número de habitantes determinara, per se, la atribución de distintas facultades.
Respecto al estatuto político de los electos locales,
debería incluir la figura del concejal no adscrito.



En cuanto a la función pública municipal, señoría, y en relación con el apartado dedicado a los empleados públicos, no es serio, señor ministro, ni tampoco honesto, apuntarse en su haber méritos que no son exclusivos.
En primer lugar, la
participación de las comunidades autónomas en los consejos de la Unión Europea es una realidad precisamente por el acuerdo adoptado en la Carce sobre el modelo propuesto por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Además, señor
ministro, sabe perfectamente S.S. que sobre la Conferencia sectorial para asuntos locales...Eso va a misa.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): A su misa.



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El señor PADILLA CARBALLADA: Se puede usted reír lo que quiera, pero ustedes generalmente mucho hablar y ni una idea. La conferencia, institucionalizada por una ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular, la ha convocado
apresuradamente, mal, tarde y como excusa para poner en circulación precisamente -ya lo ha dicho S.S.- los trabajos de este libro blanco. Tarde y mal y además, sin contenido, sin agenda y sin absolutamente nada en cuanto a los deberes hechos. Es
decir, la han convocado para la propaganda. Reconózcalo, eso es así.



Volviendo al principio de mi intervención, ¿cómo puede usted hablar del valor de lo público cuando lo que guía a su departamento precisamente es descapitalizar a la Administración pública de medios personales y materiales -de las agencias
hablamos otro día-, mediante la creación de agencias que no se sabe para qué han de servir? Lleva usted nueve meses dándole vueltas a eso y todavía la opinión pública no ha cosechado el producto de esos trabajos. Suponemos que es algo para
instalar en poltronas públicas -¡eso sí!- a personas por su afinidad personal, familiar o política, cosa que ustedes suelen realizar -hay que reconocerlo- con una técnica impecable, y además explican todo, no hay ningún problema nunca cambian, no
hace falta requisitos -mucho mejor-, todo es mucho más idóneo; con muy pocos requisitos encontramos el patrón a la medida y el traje que se puede perfectamente ajustar. Y no hablemos de los medios personales con las reformas de la Función pública
que pretende poner en marcha y de la que ya hemos tenido un anticipo con la aprobación el pasado viernes por real decreto-ley de oferta de empleo público -que ¡vaya cómo han dialogado, señor ministro!, ese es un ejemplo de diálogo-. Lo que se
aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros no fue ni más ni menos que la vía para que los empleados públicos se nombren sobre criterios no objetivos sino puramente subjetivos. Por cierto, aparte de esta voluntad de dedazo funcionarial, ¿el
señor ministro va a defender la integridad de los cuerpos superiores de la Administración? Señor ministro, siendo como es de un cuerpo prestigioso y no dudamos de su cariño por él, aunque ya sabemos que esto no es cuestión de caprichos personales,
¿van a volver a la experiencia de 1982 o a intentarla o, realmente, considera que los cuerpos superiores de la Administración española merecen continuar en algún sitio distinto naturalmente del recuerdo? Después de todas estas operaciones tenemos
una duda y nos gustaría que nos lo dijera.



Voy terminando, señor presidente. Con ello se inicia por el Gobierno socialista lo que puede convertirse en la desprofesionalización de la Función pública. No lo decimos solo por este real decreto-ley, que es únicamente el comienzo, sino
que el mismo es la confirmación de lo que desde el Partido Popular ya nos temíamos y de lo que son claros indicios el anunciado estatuto del empleado público -¿por dónde irá eso?-, cuyo texto casi nadie ha visto, mucha negociación -entre comillas-,
y lo que constituye su antesala, como la reforma de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de la Administración y cuyo único objetivo es la desnaturalización de la Función
pública y del servicio público. ¿Dónde está, señor ministro, el valor de lo público al que se refería?


Una vez más se utiliza el decretazo -el término es suyo y nosotros ya que está instalado ahí vamos a contribuir a que vaya al diccionario- para cuestionar los contenidos de la ley. No es la primera vez que ocurre y nos tememos, dadas las
prácticas de buen gobierno -entre comillas- de este Gobierno, que no será la última, porque, señor ministro, lo primero que hay que hacer es dar ejemplo, y usted y el Gobierno del que es miembro de lo que precisamente pueden presumir es de falta de
transparencia e información en un tema tan sensible para un amplio colectivo como son los funcionarios y, por extensión, para toda la ciudadanía, a la que la Administración le ha de ofrecer unas prestaciones de calidad de lo que es garantía que los
seleccionados sean los mejores y más cualificados con arreglo a sistemas y criterios objetivos. Como usted conoce, señor ministro -al menos doy por supuesto que lo conoce-, este es el primer paso para volver a una tradición bastante extendida
durante los anteriores gobiernos socialistas, aunque en este caso generalizándola, lo que es mucho más grave, en virtud de la cual los empleados públicos se nombren sobre criterios no objetivos, sino puramente subjetivos y que dio -y ahora volverá a
dar, aunque con consecuencias aún más graves- resultados pésimos en cuanto a la idoneidad de los seleccionados al introducirse criterios como selección de habilidades y aptitudes a través de ejercicios prácticos, psicotécnicos o de aptitud y cursos
y experiencia acreditada de empleos interinos o temporales, en contraste con la calidad precisamente ostentada por los que son seleccionados mediante pruebas objetivas y competitivas de conocimientos, que es lo que ahora se quiere desdeñar.



La selección de personal es uno de los temas cruciales de cualquier sistema de Función pública, pues la Administración que ha de actuar de acuerdo con el principio constitucional de eficacia ha de seleccionar al personal más idóneo y
competente en condiciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad que se han de abordar con criterios y sistemas objetivos. Tanto en esta Comisión en el Congreso como en el Senado usted nos ha hablado de la agenda
territorial de este Gobierno. No voy a entrar en detalles, pues no es este ahora el objetivo principal de nuestra intervención.



Conclusiones, señoría. Si nos vamos al inciso final añadido en su presentación -página 14 del libro-, en el que se dice que en definitiva el único objetivo esencial del mismo es el abordaje de una serie de aspectos que se consideran
fundamentales para servir de marco a una amplia discusión, ¿de qué vamos a discutir? y vuelvo


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donde empezaba. ¿Están ya todos los elementos de la cocina? ¿La cocina todavía puede ir al mercado o ya no cabe incorporar a los que les gusten determinados aditamentos el intento reflexivo de que se incorporen o no? ¿Qué respuestas vamos
a dar a las auténticas reivindicaciones de los gobiernos locales, con los que también hay que dialogar? También hay que hacer esos viajes que hace S.S. para hablar con los gobiernos locales, que con tanta claridad expone el presidente de la FEMP,
por cierto, con el apoyo cerrado de todos los miembros de la misma, de todos los colores políticos, señor ministro. ¿Qué pasa con la financiación municipal? ¿Por qué no se ha ido más allá de las elucubraciones sobre el significado del principio de
suficiencia financiera, que está muy bien y suena bien, pero que naturalmente tiene que tener detrás una voluntad presupuestaria? ¿Es suficiente con que la Comisión proponga la introducción de un precepto general referido a los recursos financieros
de las entidades locales, página 37? ¿Y la segunda descentralización? ¿Estamos renunciado a sentar las bases de este proceso para no interferir en la reforma de determinados estatutos de autonomía, señor ministro?


Señor ministro, ¿está usted de acuerdo con la afirmación del presidente de la FEMP, en la que solicita un pacto de Estado que garantice que ningún estatuto de autonomía en España se reforme si en el mismo no se contempla la regulación del
régimen local? ¿Qué consideración hace del anuncio de la Federación Española de Municipios y Provincias de impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier redacción de un estatuto de autonomía que no contemple la enumeración de las competencias
en materia local? ¿Señor ministro, el ministerio que dirige el señor Solbes, compañero de Gobierno, cree en la reforma de la financiación local? ¿Se lo ha comentado? ¿Hablan sobre este particular?


Concluyo, señor Sevilla. Para traer este libro blanco no hacían falta estas alforjas ni estos caminos. Si S.S. no es capaz de aprovechar esta oportunidad histórica, en que toda la sociedad española, como ha dicho, no es que pretenda un
vuelco sobre la Administración local, sino que mira hacia ella, ofreciéndose la posibilidad de seguir modernizando los gobiernos locales en un momento en el que ustedes además abren su gran agenda territorial, si no es capaz de aprovechar las
sinergias que surgen del dinamismo que se mueve, porque hay sinergias y dinamismos positivos en este caso en el ámbito local, de negociar con su homólogo de Economía las medidas imprescindibles para asegurar la economía local y de paso eliminar las
barreras que impiden o retrasan el funcionamiento ágil y eficaz de las instituciones municipales y provinciales, se encontrará con las manos en blanco y también con el clamor de la vida municipal y política local, que le digo que es muy importante
incluso para un político y para el balance de su gestión. La más absoluta frustración, señor ministro, que un político puede infligirse a sí mismo y a su responsabilidad es que pase a la historia como el protagonista de una gran oportunidad
perdida.



Señor ministro -concluyo con esto, agradeciendo a SS.SS. y al señor ministro también, como es natural, su atención-, no sea tan sentencioso en algunas ocasiones. Hablando de cartas municipales el otro día dijo usted que Barcelona tendría
por primera vez en su historia carta municipal en función de los trabajos del Gobierno. Habrá sido en otros tiempos. Sé que automáticamente siempre se quieren coger los rábanos por las hojas, pero a lo mejor hubiera sido más fácil en una situación
que no era democrática que Barcelona hubiera tenido carta municipal como la tuvo. Cuando hable, procure ser un poco riguroso.



El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta el tiempo que ha consumido el portavoz del Grupo Popular, en la práctica vamos a impedir el segundo turno, ya que si no no acabamos y hay más compromisos. La flexibilidad debe presidir el
funcionamiento de la Comisión y así ha sido, pero también les pido por el bien del funcionamiento de la misma el máximo rigor en el uso del tiempo.



Señor ministro, tiene usted la palabra.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): La verdad, señor Padilla, que de rábanos y de hojas usted sabe mucho. Tengo que reconocerle que me quedo con una sensación extraña. No sé muy bien si lo que usted dice
representa lo que piensa su grupo parlamentario, y debo entender que sí, pero desde luego no es lo que me dicen los alcaldes del Partido Popular, con los que hablo y mucho. No sé si refleja una actitud de aceptar o no una propuesta concreta y
formal de consensuar una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local y por tanto no sé muy bien a qué juega, en el sentido metafórico de la palabra jugar, pero ha cometido bastantes inexactitudes


Quiero empezar por decir que mi primera comparecencia en esta Comisión fue el 16 de junio, hace siete meses, de los cuales dos, agosto y enero, son de vacaciones parlamentarias, y de los cuales al menos otro estuvo centrado en el tema de los
Presupuestos; es decir, a efectos prácticos, hace cuatro meses de mi comparecencia. Puede parecer poco, pero creo que puedo defender legítimamente este periodo de plazo entre una comparecencia y la siguiente.



Señor Padilla, como todo lo haya entendido como ha entendido la oferta pública de empleo, apañados vamos. Es decir, si todo lo que ha entendido de la oferta pública de empleo más importante de los últimos años, especialmente en Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también en 140 plazas para el servicio exterior, aparte de los diplomáticos; de la oferta pública de empleo que intenta capitalizar un servicio público esencial que estaba siendo descapitalizado en los últimos
años y de la oferta pública de empleo que intenta modernizar los mecanismos de selección del personal,


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sin renunciar en absoluto a los principios de mérito, capacidad y objetividad, es que es recuperar el dedazo, lo ha entendido mal, qué quiere que le diga. Y como creo que es una persona con capacidad para entenderlo, debo de asumir que no
ha querido entenderlo, como me da la sensación que ha pasado con otros aspectos de su intervención, de la que sí que hay una cosa clara: el libro blanco no le gusta. No me extraña, pues en ocho años no lo han hecho. Por tanto, es evidente que no
les gusta que se propongan cuestiones al debate, que se intente suscitar un debate en torno al municipalismo, que se intente colocar en el frontispicio de la actividad política pública el debate sobre el municipalismo; que se intente contar con la
opinión de expertos sobre el municipalismo no les gusta. No me extraña, porque nosotros estamos intentando desfacer los entuertos con los que nos hemos encontrado. No me extraña que no quieran que se hable de municipalismo, porque estamos
intentando arreglar lo que hemos encontrado claramente desarreglado.



Yo creo que en algún momento tendrán que tomar una decisión respecto a si quieren consensuar el libro blanco o la Ley de Reforma de Bases del Régimen Local. El libro blanco es un instrumento para suscitar un debate, un instrumento en el que
yo le puedo argumentar por qué está ahí cada uno de los expertos, cómo ha sido hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias, cómo hemos intentado que haya reflejado un cierto pluralismo. Pero no es eso lo que más me preocupa. A mí
no me preocupa eso; me preocupa la ley que seamos capaces de elaborar en este Parlamento con el mayor consenso posible. Y en su grupo se tendrán que aclarar sobre si quieren estar o no, estar dentro o fuera, participar en el debate y en el
consenso o quedarse mirando y criticando desde la barrera. Eso es lo que creo que es relevante y lo que he puesto de manifiesto en mi intervención. El libro blanco es un instrumento importante. Es la primera vez en mucho tiempo -no voy a decir en
la historia para no cometer errores históricos- que hay un Gobierno que quiere plantear un debate sobre el municipalismo en España. Yo me estoy recorriendo el país teniendo presentaciones con cientos de alcaldes de todas las comunidades autónomas
de todos los colores políticos, que están encantados con la iniciativa; encantados de ver que por primera vez encuentran un Gobierno sensible a los problemas municipales; que por primera vez encuentran un Gobierno que está dispuesto a que se hable
y se tomen decisiones que mejoren la situación de los ayuntamientos, la situación en la que están hoy después de lo que ha pasado en los últimos años. Por tanto, ahí conviene no despistarse. He dicho muchas veces, y lo repito aquí hoy, que el
objetivo de todo este debate tiene que ser establecer competencias claras y financiación suficiente para los municipios. Esa es una exigencia, pero esa exigencia quiere decir que en este momento los municipios no tienen competencias claras ni
tienen financiación suficiente. Quiero recordar que la última modificación de la Ley de Financiación Local se aprobó bajo el Gobierno del Partido Popular y ha dado como resultado una insuficiencia en la financiación de los ayuntamientos. Esa
necesidad de financiación municipal que tanto reclaman ahora es herencia suya y nosotros estamos intentando arreglarla.



Este Gobierno está negociando en este momento con la Federación Española de Municipios y Provincias el incremento de las liquidaciones por la irresponsable supresión del IAE que hizo el Gobierno del Partido Popular.
Este Gobierno ha puesto
en marcha en el seno de la Comisión Nacional de Administraciones Locales con la Federación Española de Municipios y Provincias un grupo de trabajo que está revisando la potencialidad actual de los impuestos locales y está sentado las bases de una
revisión del modelo de financiación local. Por tanto, estamos trabajando en paralelo para abordar el régimen de bases local, la modificación del Gobierno local y el arreglo del desaguisado sobre la financiación que nos hemos encontrado, y lo
estamos haciendo ya. Ya ha habido al menos una reunión de esa comisión y seguramente habrá un acuerdo en breve para aumentar la cantidad de dinero que el Gobierno pone a disposición de los ayuntamientos para compensarles de una irresponsable
operación de supresión del impuesto sobre actividades económicas. Por tanto, estamos hablando de financiación, pero -lo que es más importante siendo Gobierno- no estamos hablando solo de ella, estamos intentando arreglarla.



Tenemos que tener algunas cosas claras respecto a la importancia de revisar las competencias y la financiación municipal en paralelo con las reformas estatutarias. Hoy no lo he dicho, pero lo digo ahora: el Gobierno es partidario de que
esta reforma se haga en paralelo. Ya dije en la Conferencia sectorial de asuntos locales -que como S.S. sabe no solo es la única institución que reúne a las tres administraciones, sino que es la primera vez que se reúne en la historia; lo
lamento, pero es así, es así, es la primera vez que se reúne en la historia- que el Gobierno está planteando que las reformas estatutarias incorporen la clarificación de las competencias de los ayuntamientos que tienen que ver con competencias
autonómicas y la adecuada financiación. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Me gustaría saber qué es lo que están haciendo otras fuerzas políticas que tienen responsabilidades muy importantes no solo en ayuntamientos sino también en
comunidades autónomas, algunas de las cuales también se están planteando reformas estatutarias. Sería bueno que todos trabajáramos en la misma dirección, pero si todos trabajamos en la misma dirección, determinado tipo de valoraciones sobran. Ese
es el punto. ¿Estamos o no trabajando en la misma dirección? ¿Estamos o no trabajando todos juntos a favor del municipalismo? Eso es lo que tendremos que decidir y lo que tendrán que ir decidiendo los municipalistas, los municipios, a la luz de
lo que hacen unos y de lo que hacen otros, de lo que dicen unos y de lo que dicen otros.



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Su señoría ha hablado de muchísimas cosas. Hay quien dice que la mejor manera de ocultar que no se tiene nada que decir es hablar de todo, no voy a decir que ese sea el caso de S.S., pero seguimos teniendo una discrepancia conceptual, que
ya se manifestó en la primera comparecencia respecto al sentido de la acción política. Tan importante es lo que se hace en democracia como cómo se hace. Por tanto, las formas y los procedimientos para mí tienen mucho valor y para este Gobierno
tienen mucho valor. Por tanto, la apelación a la búsqueda de acuerdos y consensos no es gratuita; es una manera de entender la acción política y la acción de un Gobierno que propone un debate, que fija unas reglas del juego de ese debate y que
establece que su objetivo es consensuar el resultado con cuanta más gente mejor, con cuantos más grupos políticos mejor. Ese objetivo ¿se conseguirá o no? Ya lo veremos, dependerá también de las actitudes y comportamientos de los distintos grupos
parlamentarios y de los distintos grupos políticos. Me parece que la expresión de voluntad del Gobierno de alcanzar un amplio consenso en asuntos como la Ley de Bases del Régimen Local o la revisión de los mecanismos de financiación de
ayuntamientos no es un comentario baladí. Podíamos no hacerlo así, podíamos decir que nos apoyaríamos en nuestra mayoría parlamentaria y en los grupos que la consolidan para sacar adelante lo que nosotros estimáramos que había que hacer. Eso es lo
que hacían ustedes. No es lo que vamos a hacer nosotros. Creo que es importante marcar la diferencia también en cómo se hacen las cosas y eso a veces obliga a que efectivamente la posición del Gobierno no sea la primera en salir ni en ser puesta
sobre la mesa, porque la posición del Gobierno a veces está muy condicionada por aquello que es capaz de consensuar a más gente. Y como creo que las cosas de las que estamos hablando son lo suficientemente importantes como para que sea preferible
algo menos óptimo, como decimos los economistas, pero que tenga más consenso que algo que consideremos óptimo pero que solo tenga el 51 por ciento de los votos, como creo que es más importante, aunque no sea lo óptimo, que tenga más apoyo y más
consenso, yo estoy dispuesto a modificar el punto de vista del Gobierno y la posición del Gobierno en aras de generar ese apoyo y ese consenso. Por tanto, es importante -repito- establecer el método y ahí es donde uno va a tener que decidir si
quiera jugar o no a buscar una solución consensuada a los problemas existentes hoy del municipalismo en España. Esa es una decisión que obviamente cada grupo parlamentario y cada grupo político tendrá que tomar, pero que quede clara la posición del
Gobierno: queremos consensuar la Ley de Bases del Régimen Local; queremos consensuar los cambios en los modelos de financiación municipal; queremos establecer un mecanismo paralelo de reforma de las competencias y de la financiación municipal con
las reformas de los estatutos en aquellas comunidades autónomas en las que se lleven a cabo. Esa es la voluntad del Gobierno. ¿Cuál es la de los demás? Hoy sería una buena ocasión para aclarar la posición al respecto.



Su señoría ha hablado de otras muchas cosas como el proceso de regularización de inmigrantes. Por cierto, son inmigrantes que están aquí, que no han venido en estos últimos 10 meses, que estaban ya aquí.
Por tanto, la decisión es:
¿seguimos mirando para otro lado, mientras efectuamos gasto sanitario y de protección social mientras no contribuyen porque son irregulares y están siendo sometidos a explotación laboral, o intentamos resolver el problema haciéndolo de una manera
bastante más razonable de como se han hecho otros procesos de regularización en los últimos años, es decir, vinculando la regularización al trabajo y a un contrato laboral? Ese es el problema. ¿Dónde creo yo que tiene S.S. una dificultad?
Ustedes tenían preparado un discurso pensando que los primeros días de regularización iban a ser un caos y no ha sido así.
Entonces se les queda un discurso que sencillamente no es lo que inmensa mayoría de la gente percibe que está ocurriendo; y
no es así, en parte, porque la Administración ha sido capaz de reaccionar, de tomar medidas razonables en cuanto a folletos, en cuanto a impresos, en cuanto a procedimientos y, sobre todo, de ofrecer una respuesta suficientemente amplia y
diversificada como para evitar que estos primeros días al menos del proceso de normalización pudieran haber sido de otra manera. Creo que han ido razonablemente bien, deberíamos de felicitarnos todos y lo siento por los agoreros si les ha salido
mal su predicción.



Seguro que se me quedan muchas cosas porque la intervención de S.S. ha sido amplia y extensa, pero no puedo evitar hacer una reflexión sobre el principio de su intervención. Señoría, yo he hablado el otro día en Barcelona, he hablado en
sede parlamentaria y he hablado en otros muchos sitios de lo que he llamado el doble pacto y me parece que es un concepto esencial en el momento en el que está viviendo España; un doble pacto que, sí, significa por un lado algo que es obvio, pero
sobre lo que no sé si siempre hemos actuado en consecuencia, que es reconocer a las comunidades autónomas el carácter de Estado; pero, para eso que es obvio y que está en la Constitución, no sé si hemos puesto al conjunto de las instituciones a la
altura de ese hecho porque, si no, seguramente hubiéramos tenido desde hace muchos años la Conferencia de presidentes, seguramente hubiéramos tenido resuelto el problema de la presencia en la Unión Europea desde hace muchos años y seguramente la
actitud y las relaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central no hubieran estado centradas en los conflictos, los contenciosos y los recursos, como lo han estado con unos y otros gobiernos, aquí no voy a hacer partidismo. Pero hay
otra parte de ese gran pacto, que es el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de que el Gobierno central no solo existe, es que tiene que existir, es que tiene derechos y deberes constitucionales


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que cumplir, para los que también necesita medios, recursos y competencias. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que dejemos de mirarnos de reojo, de que dejemos de cuestionarnos mutuamente, de que tanto las comunidades
autónomas como el Gobierno central no solo somos legítimos y estamos legitimados para actuar, sino que nos obliga y nos protege la Constitución para hacerlo. ¿Le puede parecer un tema menor? Bueno, está en su derecho. Creo que no lo es y desde
luego no lo es para el Gobierno. Y en ese esquema de relaciones institucionales es donde tenemos que incorporar a los municipios como la tercera Administración que existe en España, el tercer poder también legitimado democráticamente, como los
otros dos, y con el que tenemos que contar a la hora de establecer los mecanismos de cooperación y de colaboración. Insisto, seguramente es un tema menor, pero le aseguro que desde mi punto de vista es una tarea pendiente que ha llegado el momento
de resolver.



El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: Hace tiempo que el Partido Popular había pedido la comparecencia del ministro, pero al final quien parece que ha comparecido ha sido más bien el portavoz del Partido Popular por el tiempo que ha consumido, que ha
sido incluso mayor que el del ministro, en detrimento del que correspondería al resto de los miembros de esta Comisión.



Hablemos de esa cercanía a los grupos parlamentarios a la que el ministro se ha referido. Nosotros también queremos un mayor nivel de participación y un mayor consenso y en ese sentido le vamos a hacer una sugerencia desde el grupo
parlamentario al que represento. No nos gusta esta propuesta de elección de alcaldes que hacen. Entendemos que implica un incremento absoluto del bipartidismo y, como ya se ha manifestado, implica también acabar con el pluralismo político, que en
los municipios es incluso mayor que en otras instancias. Además, tal como está en la propuesta del libro blanco, da paso al populismo y, de esa manera, al incremento de la demagogia en la política, que es algo que deberíamos intentar frenar, pero
lo que ocurre con esta propuesta es precisamente todo lo contrario. Efectivamente, como también se recoge en el libro blanco, no hay una demanda social. Entonces, ¿por qué hacen esta propuesta, cuál es la verdadera intención del Gobierno con esta
propuesta? Usted ha hablado de la verdadera voluntad del Gobierno. Me gustaría saber cuál es en este punto y, por cierto, si existen acuerdos con otras fuerzas políticas a las que también les puede interesar esto del bipartidismo, dentro de todos
esos circunloquios que acabamos de disfrutar, si ha habido alguna manifestación al respecto, porque si existe este acuerdo, el resto de fuerzas políticas queremos saberlo.
Sobre esto no hay ninguna demanda social, pero sí la hay sobre otra cuestión
que es muy injusta, no como ocurre en el caso de la elección de los alcaldes, como es la circunscripción electoral de carácter provincial para las elecciones generales. A mi grupo porcentualmente le corresponden 18 diputados y tenemos cinco. Eso
sí que es una injusticia y en cuanto a eso sí que hay una demanda social de cambio. Somos la tercera fuerza política en votos y somos la sexta en representación en la Cámara.
¿Podrían ustedes hacer propuestas para abordar una solución a esta
injusticia y dejar como está la elección de los alcaldes, que ni es incorrecta ni sobre la que hay demanda social? Lo único que parece que aquí se pretende es aprovechar esta reforma de la Administración local, que sí es necesaria, porque hay que
abordar una mayor financiación, hay que clarificar las competencias, hay que incrementarlas, pero, por favor, no aprovechamos esta coyuntura política, no aprovechemos esta necesidad de reforma para consolidar la cuota de poder local que tienen los
partidos mayoritarios. Lo que sí hace falta en la Administración local es esta clarificación de competencias, esta mayor financiación y la democratización de la misma. Con la elección directa de los alcaldes se rebajaría precisamente esa
democratización. Se daría un paso atrás enorme. Lo que hace falta en la Administración local es transparencia en la actuación. Lo que hace falta es que se le dé a la oposición mayor espacio en la Administración local. Lo que hace falta es que se
permita un mayor control y no los reinos de taifas que son ahora mismo los ayuntamientos, con un presidencialismo que además se ha venido incrementando gracias a las reformas del Partido Popular y en las que parece ser que ahora se quiere avanzar
más en ese sentido por parte del Partido Socialista. Siempre nos ha preocupado la escasa participación de los ayuntamientos en el gasto público, pero no podemos aceptar que eso se traduzca en un incremento del presidencialismo.



Nos preocupa enormemente, y no hacen ustedes ninguna referencia a ello, la participación ciudadana, recogida en el artículo 24 de la actual legislación con la reforma que se hizo en el año 2003, pero se establece como una puerta abierta
sometida a la voluntad de los ayuntamientos. Por tanto, se recoja o no, lo cierto es que en la práctica no cambia nada.
Debe establecerse como un derecho de los ciudadanos y esta posibilidad de incrementar su participación en la vida política, que
ahora mismo es necesaria y que es una demanda social, debería ser abordada en este libro blanco. Otra carencia es la posibilidad de que en los ayuntamientos se convoquen referendos en materias de competencia local, que debería estar recogido en el
artículo 13 de la actual legislación cuando se habla de las iniciativas populares. No lo está, tampoco se aborda en este libro blanco y supondría un incremento de esa implicación de los ciudadanos en la vida política que como vengo diciendo es
necesaria. Son dos mecanismos de participación ciudadana que no están propuestos en este libro blanco y que deberían ser abordados. Por eso hacemos esta demanda explícita.



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En cuanto a la posibilidad de hacer más difícil la moción de censura, no estamos de acuerdo en esa postura tampoco. Es necesario cortar la posibilidad del transfuguismo, dado que estamos ante un sistema de listas cerradas, y lo que no hay
que hacer es dificultar más las pocas garantías que se tienen en la Administración local de frenar los abusos que, por desgracia y fomentados por ese presidencialismo que va in crescendo, se cometen en las administración locales. Me gustaría
recordarle, siendo usted de Castellón, el caso de Pego, en el que todos veíamos y sufríamos el día a día del alcalde, que cometía abusos permanentemente, que se incrementaba el sueldo de manera abusiva, y en urbanismo y medio ambiente hacía lo mismo
y no había manera de parar esa situación. Una dificultad en la moción de censura no va a facilitar un mayor control a los alcaldes que tienen tanto poder hoy por hoy.



A través de las dos medidas que se nos proponen todo nos conduce a un incremento del presidencialismo que implica una disminución de la democracia local y nos recuerda más al caciquismo propio de otra época que al camino que se debería
seguir en la democracia que hoy por hoy disfrutamos; incrementemos la democracia en la Administración local y demos pasos en ese sentido. Desde Izquierda Unida, Izquierda Verde en esta legislatura, hemos defendido históricamente un incremento de
la financiación para la Administración local, y eso es lo que nos preocupa.
Es necesario abordar con solvencia, con recursos y con garantías la prestación de los servicios públicos por la Administración local y así resolver los problemas de los
vecinos porque, como usted ha manifestado, efectivamente la Administración local es la que está más cercana al ciudadano, por lo tanto deben incrementarse sus competencias y al mismo tiempo la financiación, y no como se ha hecho hasta ahora por el
anterior Gobierno, con la supresión de IAE, como se ha reconocido. Por cierto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no supuso ninguna mejora, porque porcentualmente los datos reflejan una disminución de la financiación local. Por qué no decirlo,
cuando el Grupo Popular hace referencia a las provincias aludiendo a los restantes grupos parlamentarios (formando yo parte de uno de los grupos que siempre aborda esta cuestión) en cuanto a la financiación, lo que se produce desde las diputaciones
provinciales es una absoluta vergüenza en el reparto de la financiación, que suele estar dirigida de manera totalmente desproporcionada a los ayuntamientos regidos por el mismo partido político que dirige las diputaciones por esa libertad que se
tiene. Hay muchas cosas que cambiar, y cuando las actitudes son absolutistas las normas deben intentar corregirlas; ese es un problema que hay que abordar. La financiación, las competencias y la democratización de los ayuntamientos debe ser el
reto político que el actual Gobierno debe abordar y no otras reformas que se proponen en este libro blanco, que pretenden garantizar al Grupo Socialista, beneficiando igualmente al otro grupo mayoritario, su cuota de poder municipal e incluso
ampliarlo. Hay que estudiar la financiación y ejercer las competencias con mayor autonomía, pero no desde el presidencialismo.
Además la Carta europea de la autonomía local obliga a replantearse el modelo de la Ley de Bases de Régimen Local del
año 1985. Las relaciones con las demás administraciones deben ser desde la autonomía, el respeto y la colaboración. Además los entes locales deben poder participar en la definición de las políticas estatales que les afectan.



Nosotros apoyaremos todas las medidas que se lleven a cabo en este sentido, pero no la de mayor presidencialismo. Esa es nuestra postura.
Espero que conteste a las preguntas formuladas.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Hay un mensaje claro por su parte y es que no está de acuerdo en que se cambie el régimen de elección de los alcaldes, asunto que está sometido a debate sin que yo en este
momento diga que el Gobierno propone lo contrario. Es un asunto sobre el que hay pros y contras, sobre el que es bueno que hagamos una reflexión, sobre el que es bueno que veamos cuál ha sido la experiencia, cuáles los problemas y en qué sentido se
podría mejorar.
Vuelvo a insistir en lo que he dicho en mi intervención inicial, esto es una regla del juego muy importante que no se puede cambiar de manera unilateral por parte de ningún gobierno, aunque tuviera la mayoría parlamentaria
suficiente para hacerlo.



Dos o tres reflexiones más. Financiación, competencias, democratización, en eso estamos de acuerdo y trabajando; sin embargo, y sin mitificar el libro blanco, que, repito, es una herramienta útil para suscitar debate, pero (lo he dicho más
de una vez en público y no tengo ningún inconveniente en repetirlo aquí) no es mi libro blanco, no es el libro blanco del Gobierno, es un libro blanco que encarga el Gobierno a un grupo de expertos, que lanzan un debate y hacen una propuesta, es de
justicia reconocer que se plantean propuestas o reflexiones importantes precisamente para fortalecer la democratización en la vida local. Se habla del estatuto de la oposición, se habla de mejorar la participación ciudadana e incluso de un estatuto
que permita, que regule cómo se tiene que hacer esa participación ciudadana para que no sea una cuestión que dependa simplemente de la voluntad coyuntural de unas mayorías u otras.
En ese sentido, también hay ahí un debate muy interesante sobre
cómo fortalecer ese carácter de representación democrática de los intereses ciudadanos que tienen, y todavía deben tener en mayor medida, los ayuntamientos. Es decir, no creo que sea justo que toda una propuesta de revisión de algunos aspectos
importantes de la vida local quede reducida al incremento del presidencialismo; por lo menos, contrastémosla con otras propuestas que van justo en la dirección contraria y entre todos intentemos sacar una propuesta que pueda eventualmente


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traducirse en ley, que es lo que a un parlamento le tiene que importar sobre todo y ante todo, porque un parlamento no hace libros blancos, lo que hace y lo que tiene que hacer son leyes.



Una reflexión final sobre la provincia. Yo creo que hay varias realidades aceptadas como tales por todo el mundo. Una primera realidad es que en España tenemos una estructura municipal extensa, más de 8.000 municipios, una parte muy
importante de los cuales con un nivel de población bajo, lo que en muchos casos limita las posibilidades de actuación pública y obliga a que pensemos en lo que en el libro blanco se llaman fórmulas de intermunicipalidad, es decir cómo crear
estructuras que permitan que se presten servicios públicos de manera conjunta por un grupo de ayuntamientos. Hasta ahora eso en teoría lo han venido haciendo las diputaciones; es más, a lo largo de los últimos años (últimos 15 ó 20 años, no los
últimos ocho) la tradición lleva a concluir que cuando se han promovido estructuras intermunicipales distintas de la diputación se ha generado un conflicto, a veces soterrado y a veces explícito, en el cual ha habido peleas entre la diputación,
existente y con gran tradición histórica, y estos nuevos organismos o instituciones intermunicipales.
Eso tenemos que superarlo. La realidad de nuestros municipios, grandes y pequeños, nos obliga a tener una actitud distinta por parte de las
diputaciones, que deben convertirse en promovedoras de otro tipo de instancias intermunicipales que permitan resolver problemas que en este momento son difíciles de abordar por la individualidad de municipios, algunos de ellos muy pequeños. Ese
debate tiene que obligar necesariamente a modificar algunas de las actitudes y de las realidades de nuestras diputaciones. ¿Tiene que llevar también a la supresión de las diputaciones? Honradamente creo que no, pero sí creo que tiene que llevar a
algunos cambios y modificaciones de la manera de actuar y de regular la relación actual entre las diputaciones y los municipios, gobierne quien gobierne; no estoy haciendo un juicio político sobre el asunto en sentido partidista.



El debate es muy importante; en él les va el presente y el futuro a muchos municipios pequeños de nuestro país. Creo que merece la pena que le demos una vuelta, para que no se busque la confrontación sino el reconocimiento de la necesidad
de disponer de esas estructuras y la pluralidad de formas que las mismas deben tener porque no todas valen para lo mismo; así las haríamos compatibles con las estructuras actuales de las diputaciones, que creo que siguen siendo necesarias, como he
dicho, aunque deban modificarse para adecuarse mejor a las nuevas demandas de los municipios pequeños.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), tiene la palabra el señor Canet.



El señor CANET COMA: Señor ministro, señorías, después de tres intervenciones de signo distinto se han tratado casi todos los temas.
Partiendo de la declaración inicial del señor ministro de que el libro blanco es un instrumento
(efectivamente lo es, y no una ley) y para no repetir conceptos, fijaré la posición de mi grupo respecto a algunos de ellos. Quiero insistir en que hay otros procesos en marcha que pueden incidir en el desarrollo del libro blanco, y repito que se
trata de un instrumento y será en el Parlamento donde se adoptarán las decisiones.
Aun así y siendo un instrumento, hay algunos puntos que nos parecen positivos, por ejemplo que se abordan casi todos los problemas municipales. Para algunos se
apuntan soluciones y para otros no, pero se abordan todos los problemas que afectan a los municipios. Evidentemente, casi todas las soluciones están en la línea de lo que recomienda o contiene la Carta Europea de la Administración Local. La
apuesta por la modernización, que nos parece absolutamente fundamental, está en el texto; luego veremos las posibles medidas a implementar. Por descontado está la idea de que la proximidad de la Administración local al ciudadano es fundamental y
que por tanto debe prestar el máximo de servicios. No podemos estar más que de acuerdo con ello.



En cuanto a nuestras reticencias iniciales, en la redacción se nota la mano y procedencia de algunos de los expertos. Por supuesto el ministerio tenía todo el derecho a actuar así, aunque en algunos aspectos lo haga desde un punto de vista
muy municipalista o partiendo de las diputaciones. No obstante, es un instrumento; hay que aceptar que, aunque las comunidades autónomas hayan tenido en él poca o nula participación, es un instrumento. En alguna de las líneas de reflexión o en
alguna de las soluciones nuestro partido nota cierto olvido de las comunidades autónomas; quizá se parta de la idea de que la legislación básica de régimen local es competencia del Estado. En cualquier caso, el ministro conoce sobradamente nuestra
posición: pensamos que una ley de bases tiene que ser fina, poco gruesa, lo que permitiría perfectamente que jugaran las comunidades autónomas. Por otra parte, admitimos algunos progresos, por ejemplo la referencia a que los referendos municipales
puedan ser autorizados por las comunidades autónomas, cuando no se trate de competencias del Estado. Este es uno de los problemas con que se han encontrado los municipios que han querido llevar a cabo consultas populares: el excesivo reglamentismo
en este aspecto.



En cuanto a las diputaciones, como está en marcha un proceso de reforma de la organización territorial de Cataluña, para qué pronunciarse. Desde ese punto de vista no veríamos excesivamente bien el impulso de las diputaciones; no obstante,
es posible que el Gobierno sea capaz de plasmar en el proyecto de ley una fórmula que satisfaga a determinadas posiciones y respete la posibilidad de una organización territorial nueva y distinta en Cataluña, que supere el marco de las cuatro


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provincias actuales y que pueda conjugarse con el impulso de las diputaciones o de cualquier otro órgano que se cree con parecidas competencias. En cualquier caso, nuestra reflexión final es que Esquerra Republicana viene defendiendo desde
hace tiempo que no se haga esta segunda descentralización, que no se acaba de concretar del todo, a costa de las comunidades autónomas, porque los ayuntamientos deben tener el máximo posible de competencias.



Sobre la suficiencia financiera, como todo el mundo está de acuerdo, para qué voy a insistir. Luego las peleas, entre comillas, podrán ser por quién no ha iniciado, quién no ha resuelto... En cualquier caso, como concejal de un
ayuntamiento doy la razón al ministro en que la supresión del IAE, no compensada al menos hasta ahora, es un drama (creo que no exagero) junto con otras situaciones de financiación.



Como las comparecencias apuntaban a un aspecto bastante concreto, que era la elección de alcaldes, desde mi partido y coincidiendo básicamente con lo que ha expresado la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no estamos
del todo de acuerdo; casi diríamos que estamos en desacuerdo con la elección directa, incluso en el aspecto que se apunta de una segunda vuelta ya que en las segundas vueltas las terceras y cuartas fuerzas tienen pocas posibilidades, con lo cual
pensamos que no se favorece precisamente la democracia municipal, aunque insistimos (lo hemos dicho muchas veces) en que la alusión del ministro a perfiles gerenciales no nos repele; todo lo contrario, pensamos que en la Administración municipal
una cierta profesionalización en la gestión, que no tiene que ser en la elección, es fundamental. Por tanto, demos un voto de confianza a ese apunte de querer conjugar un perfil gerencial, fortaleciendo, entre comillas, la autoridad del alcalde
reforzando el estatuto de la oposición, que yo creo que es una opción muy loable. La experiencia de la vida municipal demuestra que en muchos casos las oposiciones dependen en su estatuto o en su manera de existir o de trabajar de la voluntad de
los equipos de gobierno, y a veces esa voluntad es poca o en dirección poco democrática. Conjugar eso es difícil pero es una asignatura pendiente. Por descontado los derechos de los ciudadanos han de ser contemplados con más vehemencia, no
solamente la participación sino el control de la gestión económica; el control del gasto municipal yo creo que debe incluir, a ser posible, una participación directa por algunas de las fórmulas que en algunos ayuntamientos funcionan a través de la
actual ley. Creemos que es importante ese control del gasto público. En definitiva, no estamos por criticar la democracia representativa pero hay que avanzar hacia la democracia participativa. Vemos la intención, veremos cómo se va a acabar de
conjugar.



Un último aspecto. Se apunta en el libro blanco la posibilidad de incrementar el número de municipios en los que las listas abiertas puedan ser una realidad. Pensamos que es una buena línea y que debería profundizarse en este tema.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Dos o tres comentarios nada más. A colación de su referencia a favor de mejorar la profesionalización en la gestión municipal he de recordar que en la última oferta pública
de empleo hemos sacado 700 plazas para fortalecer la profesionalización en la gestión municipal, cubriendo con ello la carencia de muchos años en los cuales se han estado congelando las plazas de funcionarios en los municipios y se han estado
cubriendo de manera interina. Creo que el cambio es importante.



Yo tengo que reconocer que nunca me ha gustado la idea (no por cuestión partidista), de segunda descentralización porque creo que es errónea y además no se ajusta a la realidad, ya que no ha habido una primera ni ahora una segunda
descentralización. En fin, por entendernos, creo que ese concepto no se puede utilizar contra nadie; no se puede decir que ahora vamos a mejorar los ayuntamientos contra las comunidades autónomas.
No digo que nadie lo haya planteado, pero creo
que no es la situación correcta; hay que hacerlo con las comunidades autónomas. Igual que digo eso, digo que las comunidades autónomas no pueden mirar para otro lado cuando estamos hablando de competencias y de recursos municipales porque es
evidente que una parte sustancial de esas (desde mi punto de vista, mal llamadas, aunque reconozco que a nadie se nos ha ocurrido otra expresión mejor) competencias impropias que realizan los ayuntamientos son competencias propias de las comunidades
autónomas. Por tanto, si se decide que se transfiere el ejercicio, en determinadas condiciones al menos, a los municipios, tendrá que decidirlo quien es el titular de la competencia, en este caso la comunidad autónoma, y llevando aparejada la
financiación suficiente. Por consiguiente, estamos hablando de que si lo que decimos lo queremos hacer, es decir si queremos competencias claras y recursos suficientes para los ayuntamientos, tenemos que implicarnos las tres administraciones, cada
una en el ámbito de sus competencias y de sus recursos, pero tenemos que implicarnos las tres administraciones. Creo que esa es la realidad en la que nos movemos y la que el Gobierno pretende conseguir, tanto a través de sus propias actuaciones en
lo que se refiere a la competencia y a la financiación del Gobierno central como en esa petición, en esa demanda que hacemos a las comunidades autónomas para que entren también a hablar y a negociar con los municipios el problema de las competencias
y de los recursos. Sería un error (insisto, no digo que nadie lo esté diciendo) o, dicho de otra manera, no deberíamos ver el problema municipal contra nadie y mucho menos contra las comunidades autónomas; por cerrar, no digo que S.S. lo haya
dicho.



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El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor ministro por su comparecencia. En primer lugar, si me lo permite el presidente, como el ministro Sevilla es también diputado por Castellón, toda vez que la provincia de Castelló tuvo el pasado fin de
semana el lamentable accidente de Todolella, quería expresar, creo que en nombre de toda la Cámara, la condolencia a todos los ciudadanos y familias que se han visto afectados por ese trágico accidente.



Señor ministro, hoy comparece a petición propia para presentar, según el documento oficial del propio Gobierno que ha tenido entrada en el Congreso, el libro blanco sobre la reforma del régimen local. Este es el documento que ha dado lugar
al debate de hoy, la presentación del Libro Blanco. De entrada, señor ministro, hay un problema conceptual, un problema formal. De acuerdo con lo que nos pide el Gobierno en la sesión de hoy, ¿debatimos el libro blanco o debatimos un borrador? Si
debatimos un borrador, cambiemos ya, señor presidente, el orden del día y no hablemos de que se presenta el libro blanco, porque en todo caso se presenta un borrador. Si se presenta un borrador el debate es distinto a si se presenta el libro
blanco. Por tanto, restemos al documento la solemnidad que podría representar el cumplimiento de la propia orden del ministerio en la cual se decía que una vez elaborado el libro blanco se presentaría en primer lugar al Senado, después habría un
debate parlamentario y finalmente habría un debate sobre una futura ley de bases o no. Hagamos bien el proceso, señor ministro; hagámoslo bien. Si hoy no estamos en la presentación del libro blanco que en algún momento debía llegar, no lo
presentemos así; si hoy estamos ante un borrador, como ha afirmado el señor ministro en su intervención inicial, no digan desde el propio Gobierno que vienen a presentar el libro blanco; porque lo decimos aquí, lo decimos en el Senado y en cada
una de las comunidades autónomas, pero no. Cambiemos el concepto; no estamos aún ante un libro blanco, estamos ante un borrador, entre comillas, un primer borrador. Si no fuera así nos habríamos saltado también todo el proceso que el propio
Gobierno marcó y que el propio Partido Socialista estableció en su programa electoral, un proceso de audiencia y participación; audiencia y participación de las entidades municipalistas y audiencia y participación de los grupos parlamentarios.



Tengo que poner encima de la mesa y expresarle al señor ministro de Administraciones Públicas que mi grupo parlamentario hasta el momento no ha participado en nada de la elaboración de este libro blanco. La orden ministerial establece que
debemos participar los grupos, el programa electoral del PSOE afirma que se pretende elaborar un libro blanco con la participación de los grupos, pero hoy se nos presenta un libro blanco cuando no ha existido aún esa participación. Entiendo que hoy
se nos da una primera audiencia, pero tampoco es el sistema. No lo podemos hacer en una Comisión de Administraciones Públicas con el tiempo tasado; esto requiere, señor ministro, un proceso de diálogo muy amplio, sereno y constructivo. De
entrada, mi grupo siempre está a favor de dialogar y de que un tema como el régimen local sea objeto de una prioridad política por parte del Gobierno. Por tanto, sí al diálogo, sí a la participación de los grupos, pero le pido, señor ministro, que
nos explique el calendario, porque si no se da y se publica en los medios una imagen errónea. Aquí detrás tenemos a los medios; todos vienen a seguir el libro blanco, pero no; venimos a seguir una fase del procedimiento de elaboración de un libro
blanco en todo caso, por tanto no le demos al contenido del mismo la etiqueta que no tiene. Esta es la primera apreciación formal que le hace Convergència i Unió.



Segunda, usted empieza su presentación recordando que evidentemente se ha avanzado en el ámbito de la asunción de competencias autonómicas. Hace una valoración positiva del proceso competencial y lo liga con la Administración local como la
tercera pata de un proceso. Si todo va ligado (que evidentemente va ligado, es el gran debate de las administraciones públicas en el conjunto del Estado: Administración General del Estado, administraciones autonómicas, administraciones locales) no
podemos desconocer que, por ejemplo Cataluña, en el mismo momento temporal y con una propuesta que espero que llegue antes que un hipotético proyecto de ley de bases de modificación del régimen local, está intentando modificar legítimamente su techo
competencial por los cauces constitucionales establecidos, y que una amplia mayoría de su Parlament está replanteando su nivel competencial, dando respuesta a una aspiración ciudadana compartida por una mayoría de grupos políticos en Cataluña. Esa
reforma estatutaria en Cataluña afecta al régimen local de lleno, y para Convergència i Unió es primordial. Uno de los aspectos que se empieza a discutir esta semana en la ponencia estatutaria es replantear el ámbito competencial de la Generalitat
en el ámbito local, y no estamos solos en ese intento. Evidentemente, cualquier modificación hipotética de una ley de bases no podrá desconocer que en Cataluña queremos rebajar las actuales bases. Por tanto, hablemos de la futura ley de bases,
pero en esta primera audiencia que nos convoca a los grupos parlamentarios Convergència i Unió quiere poner de manifiesto que una futura reforma de la Ley de bases irá encaminada a aligerar esas bases, para que realmente sean un mínimo común
normativo y no tengan nunca una redacción que ya no permita a una comunidad autónoma un desarrollo distinto, porque si las bases bases son no pueden abarcarlo todo. Lo ha dicho en numerosas sentencias el Tribunal Constitucional. Las bases pueden
establecer ese mínimo, pero debe permitir siempre soluciones normativas distintas por parte de los parlamentos autonómicos que, si tienen competencias


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estatutarias a tal efecto, quieran desarrollar esas bases. Por tanto el primer criterio será el de aligerar las bases y el segundo el de regular también la financiación local; no es un vagón separado, no lo es. Usted hoy aquí, señor
ministro, nos ha hablado de dos prioridades para ese tercer pilar: competencias claras y financiación suficiente, pero no son vagones que vayan en trenes distintos, sino que se trata de un mismo ferrocarril. No podemos desgajar la financiación
local de las competencias, pues una vez más daríamos un salto en el vacío que dejaría a las corporaciones locales sin el nivel de financiación suficiente.



Por tanto, este libro blanco, en la medida en que no afronta directamente la financiación local, de entrada a Convergència i Unió no le sirve. No le sirve porque ignora el proceso estatutario catalán, porque no afronta directamente la
financiación local y -se ha dicho aquí por otros portavoces- uno de los aspectos nucleares del futuro Gobierno local es solucionar también su financiación. En Cataluña es una apreciación de todos los alcaldes, ya sean de Convergència i Unió,
socialistas, de Esquerra Republicana, de Iniciativa per Catalunya o -hay dos- del Partido Popular. Todos se quejan de un nivel de financiación local insuficiente y no nos vale hacer un gran debate sobre lo que debe ser el futuro del Gobierno local
sin afrontar en el mismo vagón su financiación. En nuestra propuesta de financiación autonómica para Cataluña va ligada la financiación local, como va ligada también, señor ministro, la publicación de las balanzas fiscales. Difícilmente
afrontaremos con seriedad y de manera constructiva el debate global sobre la financiación si no conocemos los flujos de cada uno de los territorios.



También quiero hacer referencia, por novedosa, a su intervención del pasado martes en el Cercle d'Economia, en el Círculo de Economía de Barcelona. Los medios de comunicación publicaron: Sevilla reiteró -es usted, señor ministro- que no es
partidario de dar a conocer la balanza fiscal. Usted afirmó esto el martes en Barcelona, pero usted que, como yo y como todos, aparte de ser ministro es diputado no puede desconocer lo que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. En el
Congreso de los Diputados, no ya en anteriores legislaturas, que también, sino en la actual, en la sesión plenaria del pasado 21 de septiembre -no sé si el ministro de Administraciones Públicas estaba presente o no en esa votación, pero en todo caso
somos corresponsables de la misma, yo estaba y le puedo asegurar que voté con la esperanza de que finalmente se cumpliera lo que votábamos-, siendo usted ya ministro, votamos que el Gobierno debía proceder a publicar anualmente las balanzas fiscales
de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado correspondientes al último ejercicio liquidado, en las cuales se reflejarán los flujos financieros bilaterales que se produzcan. Esto está aprobado por esta Cámara y entendemos
que es un elemento necesario para abordar la financiación local. Pedimos, pues, al Ministerio de Administraciones Públicas, también al de Economía, que nos pongamos las pilas para cumplir lo que este Parlamento aprueba, porque de algo debe servir
lo que aprobamos aquí después de largos debates, lo que es motivo de consenso con grupos que también le dan su apoyo directamente en los presupuestos y que hacen de la publicación de las balanzas fiscales una prioridad. Por tanto, le pido que en
sus manifestaciones -cada uno tiene su legitimidad, evidentemente, para opinar sobre cualquier aspecto, eso yo no lo discuto- muestre un mayor respeto a lo que aprobamos en el Parlamento. Si aprobamos en el Parlamento que las publicaremos, a mí no
me vale que como ministro afirme que no es partidario de darlas a conocer. Si las publicamos, las damos a conocer, puesto que no las vamos a publicar para tenerlas como un documento secreto. Es una reflexión, señor ministro, que le quería
manifestar. La financiación es una pata importante, y lo afirman alcaldes importantísimos. Algún alcalde socialista importante en Cataluña ha dicho esta semana que los ayuntamientos tenían que soportar 200 millones de euros solo en competencias
que entendían sobrevenidas. Todos los municipios de Cataluña están aprobando mociones contrarias al actual modelo de financiación local, y quiero recordar que mi grupo no apoyó ni la Ley de Haciendas Locales del año 1988, con gobiernos socialistas,
ni el sistema de financiación local que se aprobó en la pasada legislatura. Nosotros siempre hemos dicho que la financiación local no era la adecuada. Sí éramos partidarios de suprimir el IAE, ya que gravaba la actividad económica de los
autónomos, pero siempre con el compromiso de compensar adecuadamente -y al anterior ministro Montoro le interpelamos en varias ocasiones sobre esta cuestión- a los ayuntamientos por esa supresión.



Convergència i Unió entiende que es un debate erróneo cargarnos la supresión del IAE. Es injusto. El IAE se ha suprimido para los pequeños comerciantes, para los autónomos, y es positivo, pero debía realizarse la adecuada compensación y no
se ha hecho. Otro incumplimiento que se ha producido -no por su Gobierno- en la pasada legislatura es que cuando se aprobó la supresión del IAE -lo votamos en Pleno, lo votó también el PSOE- lo hicimos convencidos de que las haciendas locales no se
verían perjudicadas por esa supresión. Podemos leer ahora cómo la FEMP llevará al Gobierno a los tribunales -en este caso a su Gobierno- por las diferencias registradas en las compensaciones del IAE, que sería injusto por mi parte achacarlas a su
Gobierno. Va a ser el titular que va a recibir esa demanda, pero viene de la pasada legislatura. No se compensa adecuadamente cuando era un compromiso de este Gobierno. Por tanto, Convergència i Unió entiende que en ese pacto global al que
queremos llegar en materia de Administración local sí deben contemplarse globalmente las competencias y la financiación, sin desconocer los procesos estatutarios de comunidades como la de Cataluña, que ya están especificando


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propuestas en este ámbito y que entendemos que no podemos desconocer.



Quería realizar en nombre de mi grupo una última reflexión en este debate.
Mi grupo no critica que se hable hoy de Administración local, ni que quiera comparecer el Gobierno para hablar de este futuro marco para las administraciones
locales; al contrario, le agradece la comparecencia, pero esperamos que en ese calendario podamos definir cómo participaremos.
De todas maneras, queremos que se nos explique bien qué cauce tendremos para participar. Ha habido mucha prisa en pedir
esta comparecencia, y la estamos ahora realizando, pero hay compromisos del Gobierno y del propio presidente que afectan en este caso a un municipio de Barcelona, la Carta de Barcelona. El pasado 15 de diciembre, el presidente Zapatero, a preguntas
del portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, contestó en el Pleno que el proyecto de ley lo tendríamos en el mes de enero. Esto no lo afirma el mes de octubre, sino el 15 de diciembre. Ya estamos en la segunda semana de febrero y
todavía no tenemos ese proyecto de ley. El señor presidente del Gobierno le citaba a usted. Decía: Con la máxima celeridad lo va a resolver el Ministerio de Administraciones Públicas. No quiero desaprovechar esta comparecencia, señor ministro,
para pedir que cuanto antes se cumpla la palabra del presidente del Gobierno y podamos cumplir ese plazo y ese calendario. Barcelona, como capital de Cataluña, necesita esa Carta municipal. Aprovecho para pedirle respeto desde el Gobierno.
Evidentemente el Gobierno tendrá sus opciones, pero aquí hay un compromiso moral, el compromiso moral de respetar el texto que acordaron por unanimidad el Ayuntamiento de Barcelona y el propio Parlamento de Cataluña. Aquí todos estamos vinculados.
Ahora hablará la portavoz del Grupo Socialista, que es diputada del PSC, y el PSC en Cataluña ha dado apoyo a un texto de la carta municipal que ha votado junto a otros grupos parlamentarios. No podemos estar en misa y repicar, no podemos decir una
cosa allí y después olvidarnos aquí. Aquí hay un compromiso de impulsar una carta que dé respuesta a las necesidades de Barcelona y, por tanto, Convergència i Unió le pide que el proyecto de ley esté aquí cuanto antes, pero que sea respetuoso con
lo acordado por las fuerzas políticas parlamentarias que también están presentes en el Congreso de los Diputados.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): En primer lugar, le doy las gracias por la referencia al desgraciado accidente de Todolella.



Quiero empezar por el final. Cuando las fuerzas políticas del municipio y del Parlamento de Cataluña vinieron a presentarme la propuesta de Carta municipal, me dijeron que era el séptimo ministro al que se la traían.
Por tanto, ha habido
seis ministros anteriores con los que no ha sido posible que saliera. Yo me reafirmo en el compromiso de que con este Gobierno va a salir la Carta municipal de Barcelona y además en plazos muy próximos a los que se comprometió en el Pleno el
presidente del Gobierno, es decir, en las próximas semanas.



Por seguir hacia arriba, yo no he criticado, y creo que he sido escrupuloso con ello, la supresión del IAE. De hecho, me estrené como diputado defendiendo una proposición de supresión del IAE y, por tanto, no estoy en contra de ella, sino
de cómo se ha hecho; de cómo se ha hecho no solo la compensación que tiene que ver con la suficiencia financiera de los ayuntamientos, sino también la restricción a la autonomía municipal en lo que se refiere a los ingresos tributarios, porque es
evidente que se ha eliminado un instrumento que los ayuntamientos tenían para modular sus ingresos. Por tanto, no solo es un problema de cuantía, sino también de reducción en cuanto a la autonomía municipal, y todo eso está repercutiendo en el
conjunto de la situación actual de los municipios.



Yo no soy consciente de cómo figura la comparecencia, tengo que reconocer que no he leído exactamente cómo figura, pero sí que soy consciente de lo que ha enviado el Gobierno, donde pone primer borrador de libro blanco, que además es cómo
está previsto en la orden ministerial en la que se reguló. Es evidente que este es un primer borrador. Seguramente, en términos estrictos, incluso en términos puristas, no haría falta venir a presentarlo al Parlamento -sí el libro blanco, no el
borrador-, pero me pareció que era un detalle de cortesía entregarlo a los grupos parlamentarios. Es verdad que en este caso lo hice en el Senado, con los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Asuntos Locales, que es la única específica
sobre ese tema; de ahí lo hice extensivo, de manera simbólica si se quiere, al conjunto de fuerzas políticas y me parecía que era un detalle importante por mi parte venir a iniciar este debate del primer borrador del que saldrá el libro blanco, que
seguirá después el proceso correspondiente. Vuelvo a insistir: No voy a tirar piedras contra mi tejado diciendo ahora que el libro blanco no es importante, porque sí que lo es, pero lo importante es la ley, que es la que tiene que salir negociada
y pactada ampliamente de este Parlamento. Creo que esa ley tiene que ser efectivamente una ley de bases. El Gobierno no tiene ninguna voluntad de recuperar o revisar la estructura competencial a través de leyes de bases, aunque no hubiera en
marcha un proceso de revisión estatutaria en ninguna comunidad autónoma, y mucho menos cuando ese proceso de revisión está en marcha. Por tanto, tendremos ocasión de ver hasta qué punto esa ley de bases es de bases. Yo quiero reivindicar las
bases, pero también quiero reivindicar la autonomía del Gobierno central para establecer ese mínimo común denominador que sea igual en toda España y como creo que esa es una competencia constitucionalmente atribuida a este Parlamento, por iniciativa
del Gobierno la quiero reivindicar


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y, desde luego, también la voy a reivindicar cuando presentemos la propuesta de ley de bases.



También es importante que este proceso y esta voluntad que manifiesto aquí se vieran acompañados -y lo he dicho muchas veces aquí y en otros sitios, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla- de los procesos de revisiones estatutarias allá
donde se esté procediendo a revisiones estatutarias, porque vuelvo a insistir en que una parte muy importante de esos gastos sobrevenidos o impropios que achacan los ayuntamientos son competencias autonómicas. Por tanto, habrá que revisar hasta qué
punto se concede que la gestión de esas competencias las hagan los ayuntamientos y vayan acompañada de la financiación suficiente. Y esa no es una decisión que pueda tomar esta Cámara, no es una decisión que competencialmente corresponda a esta
Cámara, sino a los parlamentos autonómicos y a las comunidades autónomas. Por tanto, como Gobierno simplemente puedo sugerir que eso hay que hacerlo, que es conveniente hacerlo, de la misma manera que en lo que se refiere a competencias y a
financiación nacional o del Gobierno central estamos dispuestos a hacerlo.



Permítame hacerle un comentario final sobre el tema de las balanzas fiscales que tantas pasiones promueve. Yo creo que es perfectamente compatible cumplir los compromisos y los acuerdos y al mismo tiempo manifestar una opinión personal. No
es incompatible que uno pueda decir que no le parece conveniente, pero es evidente que si hay un acuerdo se cumple y punto. No creo que ambas cosas sean incompatibles. Usted ha hecho una referencia muy clara a que no se podía desligar en el caso
municipal financiación de competencias. Y yo le digo que en el ámbito autonómico tampoco se puede desligar financiación de competencias. Por lo tanto, los debates en torno a la suficiencia y a la autonomía financiera de las comunidades autónomas
se deben de establecer en relación con sus competencias y no a su capacidad de recaudación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay comunidades que legítimamente están reclamando -prácticamente todas en lo que se refiere a la financiación
sanitaria- más suficiencia financiera; eso quiere decir que hay comunidades que están reclamando legítimamente más autonomía financiera, incluso quiere decir que hay comunidades autónomas que están reclamando legítimamente más inversiones públicas
del Estado en infraestructuras, y eso, pase lo que pase con sus balanzas fiscales, porque son tres demandas legítimas y necesarias. Esa es mi posición, eso es lo que dije en el Cercle d'Economia y es lo que digo hoy aquí. ¿Eso significa que no?
No, eso significa lo que he dicho, nada más. He dicho que creo que no se pueden extraer determinadas conclusiones de un instrumento como las balanzas fiscales, entre otras cosas, porque no hace falta recurrir a las balanzas fiscales para demandar
lo que yo creo que es legítimo demandar.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Malaret.



La señora MALARET GARCÍA: Bienvenido, señor ministro. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista debo expresar nuestra valoración positiva al denominado borrador del Libro Blanco del Gobierno local que hoy usted nos ha presentado y que
los ciudadanos tienen desde hace unos días la ocasión de conocer a través de la web del ministerio. A continuación expondré las razones, los argumentos, que fundamentan nuestra posición. Unos argumentos, en primer lugar, con relación al método, al
procedimiento, a la forma de trabajo que se ha adoptado y, en segundo lugar, en relación con los contenidos, a la sustancia, al fondo.



En primer lugar, en relación con el método de trabajo, nos parece muy acertada la opción por designar una comisión formada por prácticos y teóricos sensibles a las preocupaciones, a las necesidades del municipalismo español; además, nos
parece muy acertado que el cometido de esta comisión sea realizar un diagnóstico sobre la situación actual y formular unas propuestas que, de acuerdo con la orden ministerial que antes se ha mencionado, deberán ser sometidas necesariamente a debate,
a diálogo, a reflexión, a un análisis crítico por parte de la ciudadanía, de las asociaciones, de los representantes del mundo local y de los partidos políticos. Creemos que solamente este procedimiento garantiza la calidad del producto final y a
lo mejor nos permite poner fin a eso que el profesor Enterría ha denominado el periodo de leyes desbocadas. Hemos tenido muchas leyes, muy precipitadamente hechas, quizá va siendo hora de hacerlo más lentamente, más sosegadamente y aprender de los
países de nuestro entorno, que trabajan con comisiones de expertos y libro blanco.
En algún momento tenemos que empezar a hacerlo y es bueno empezar ahora.
Por lo tanto, repito, compartimos este procedimiento y, además, esta propensión y esta
obsesión, yo diría, por el diálogo y el consenso, que explica las cautelas que hacen que se denomine borrador de libro blanco a algo que en realidad tendría que ser el libro blanco, porque los libros blancos están hechos para someterse al debate, al
diálogo, y luego de ahí salen propuestas de carácter distinto. En todos los países de nuestro entorno los libros blancos o los libros verdes de la Comisión Europea tienen esta función, no son borradores lo que se publica. En este caso, es la
preocupación por cambiar los métodos de trabajo y los procedimientos en la esfera pública la que nos explica la prudencia que ha llevado a que denominemos borrador a lo que ya es un documento cerrado y presentado, lo que no quiere decir que no sea
sometido a debate; son cuestiones distintas que es bueno diferenciar.



En segundo lugar, en relación con la cuestión del contenido, una reflexión previa. Las propuestas que se formulan tienen dos características que nos parecen fundamentales: son realistas y están contextualizadas.



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Son realistas porque parten de la fragmentación del mapa municipal español (8.100 municipios, de los cuales un 90 por ciento tienen menos de 5.000 habitantes, y este es un dato que no podemos olvidar a la hora de hacer propuestas), pero
además no solamente atienden a la realidad de esta fragmentación municipal sino que, como señalo, el contexto está muy presente. Un contexto marcado por dos elementos básicos. El primero, Europa. De ahí el papel relevante que se le hace jugar a
la Carta Europea de la Autonomía Local, fruto del Consejo de Europa, para precisamente rediseñar la concepción de la autonomía local, una concepción en clave positiva, en clave de capacidad efectiva de ordenar la vida local, los asuntos locales y,
sobre todo, ello nos permite introducir un elemento fundamental, yo diría que ajeno a nuestra tradición, que es la idea de responsabilidad. Por lo tanto, repito, es un documento elaborado en clave europea, en clave de Consejo de Europa, pero
también en clave de Unión Europea y de ahí la centralidad de dos principios: subsidiariedad y proporcionalidad; luego volveré a ello.



El segundo factor del contexto, que está muy presente en el diseño de las propuestas y de las reflexiones, es el Estado autonómico. Me parece fundamental una afirmación que aparece muchas veces, que es la idea de que la garantía de la
autonomía local es una responsabilidad compartida del Estado y de las comunidades autónomas, no es competencia exclusiva del Estado garantizar la autonomía local. Ésta es una confusión que hemos padecido muchas veces y me parece fundamental que
ahora en el documento se explicite claramente, y además va apareciendo varias veces a lo largo del mismo, que la garantía de la autonomía local es una responsabilidad compartida del Estado y de las comunidades autónomas. Por eso me parece
especialmente significativa la apelación que ha hecho el ministro en su comparecencia al papel que deben tener los estatutos en la garantía de la autonomía local. Señalo que el documento que se conoce en estos momentos en relación con el Estatuto
de Autonomía de Cataluña va en esta dirección: garantizar fuertemente la autonomía local e incluso introducir competencias en el estatuto.



Dicho esto, veamos ahora muy rápidamente las propuestas más concretas, las que estructuran y que son eje de la sistematización que se hace.
Compartimos, en primer lugar, la visión del municipalismo, una visión que tiene como eje de la vida
local precisamente el municipio y que a partir del municipio, lugar fundamental de la democracia, estructura todos los otros niveles de Gobierno local. Y lo hace partiendo de esta idea que he señalado que es esencial en el documento, el carácter
limitado, el carácter preciso de la Ley de bases, una Ley de bases que debe permitir desarrollos plurales, desarrollos distintos por las comunidades autónomas porque, como se señala, la realidad del mundo local es muy diversa en los distintos
territorios de España. La concentración de población es muy heterogénea y es una necesidad que los desarrollos de la Ley de Bases sean diversos. Nos parece también un gran acierto la propuesta que se hace en torno al controvertido tema de las
competencias municipales y el papel que tiene que tener la Ley de bases en relación con esta cuestión.
¿Por qué? Porque se parte de una premisa fundamental, partir de la cláusula general de competencias. Deben ordenarse las competencias
municipales a partir de esta idea. El municipio tiene todas aquellas competencias que la ley no ha atribuido expresamente a otras instancias.
Es un gran acierto formalizarlo, explicitarlo, porque aquí reside la confusión en torno a las denominadas
competencias impropias o servicios impropios. No es verdad que sean impropios. Es solo una literatura económica, supongo que para ordenar el tema de la financiación, que utiliza esta noción. Son servicios discrecionalmente asumibles por los
municipios que se contraponen a los obligatorios y solo en contraposición a los obligatorios tienen sentido, pero no son impropios porque si no estaríamos diciendo que no tienen competencias, por tanto que es ilegal, y no creo que nadie afirme esto.
Lo que hace falta es explicitar algo que ahora está implícito, que es inherente a la sanción constitucional de la autonomía local, pero que al no estar formalizado como tal en la ley ha generado esta confusión que todos conocemos.
Consiguientemente, punto de partida con cláusula general de apoderamiento a los municipios, que es la que, como se señala en el libro blanco, está presente en los países de nuestro entorno.



En segundo lugar, me parece un gran acierto, seguramente es fruto de la composición de la comisión y de algunos de los expertos que han trabajado en ello, que se establezcan unos principios en la distribución de competencias. ¿Por qué?
Porque es la fijación de estos principios la que permite luego el juego de la legislación; una legislación de desarrollo autonómica, no solo una legislación sectorial, que en todo caso tiene en cuenta que las comunidades autónomas tienen
competencias generales en materia local. Por tanto, principios de subsidiariedad, de proporcionalidad y de flexibilidad. En todo el documento hay una atención muy clara a esta diversidad del mundo local, a esta necesidad de diferenciar el nivel de
competencias, de diferenciar el tipo de Gobierno.
Nos parecen líneas fundamentales que además se cierran con otra apuesta en relación con las competencias, ampliar, precisar mejor el abanico de potestades que tienen los municipios. Esto también
puede resolver algunas de las dudas que a veces se han planteado, por lo que esta precisión nos parece fundamental. Compartimos también las dudas que se expresan en el documento en torno a la dificultad de establecer directamente un elenco de
competencias. Este sólo puede ser limitado y, por tanto, la opción por determinar sectores de interés local nos parece acertada. Esta es además una posibilidad que deriva del sistema de distribución competencial que la Constitución nos ha dado.



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Aplaudimos fuertemente otra gran innovación, la idea de que se sancione en la Ley de Bases de Régimen Local la garantía financiera de los municipios. Es una innovación fundamental. La suficiencia financiera de los municipios, las técnicas
destinadas a garantizarlo deben estar en la Ley de bases. De la misma manera que los estatutos incorporan -lo que pasa es que no se ha aplicado muchas veces por el juego de la lógica- los principios básicos de la financiación, la Ley de bases
también tiene que incorporar los principios y sobre todo un tema que ha generado más controversias y al que el ministro ha aludido en algún momento, los problemas que derivan de las alteraciones competenciales. La Ley de bases debe establecer
cuáles son las técnicas para afrontar estas cuestiones.
Compartimos también la visión de la supramunicipal. Si hay un capítulo especialmente lúcido en el documento es precisamente el tratamiento de las provincias, en el que se hace un listado de
la diversidad por comunidades autónomas. Como señala expresamente, el papel y el espacio de las provincias no es el mismo en todas las comunidades autónomas. Sobre todo me parece muy lúcido, cuando se afirma que el cuestionamiento es más del mapa
provincial que de la figura en sí de la existencia de un nivel supramunicipal. Aquí está la clave para abordar racionalmente estas cuestiones. Un nivel supramunicipal que se concibe como refuerzo de los municipios, por eso precisamente se
redefinen muy acertadamente y extrayendo lo mejor de las experiencias de las diputaciones hoy existentes, cuando se señala que precisamente este nivel supramunicipal deberá concentrarse en la asistencia y cooperación al municipio, en la sustitución
del municipio, para impedir precisamente el juego del nivel autonómico y en la creación de servicios e infraestructuras supramunicipales. Esta es una visión muy realista, muy atenta a lo que ha sucedido en estos años desde la implementación de la
Ley de bases de régimen local en el año 1985. Asimismo, me parece muy atinada la referencia que se hace a la reciente experiencia francesa, en la que el fomento, por parte del Estado, de las prácticas de intermunicipalidad ha tenido unos resultados
muy exitosos, y así son puestos de relieve por todos los analistas. Por lo tanto, hay que potenciar la cooperación intermunicipal, fomentándola el Estado y las comunidades autónomas. En este sentido algún juego tendrá que dar la financiación
local.



Quinta cuestión. El sistema electoral. Nos parece muy acertado el tono prudente en el que está redactado el documento. Un tono prudente que hoy también ha traído el ministro en su comparecencia, en el que se valoran las ventajas e
inconvenientes de las distintas propuestas. Todos compartimos una idea, y es que cuando se quieren retocar piezas esenciales de nuestro sistema democrático e institucional hay que estar muy atentos a cuáles son los problemas reales, no los
problemas construidos desde ciertos imaginarios. Por tanto, cautela, prudencia, razonabilidad, sopesar ventajas e inconvenientes y partir de un dato que se refleja muy bien en el documento y es que el modelo electoral español ya parte de una idea:
que solo los cabezas de lista pueden ser alcaldes.
Por lo tanto, es matizadamente un sistema de elección directa, porque las opciones que tiene el pleno no son totalmente abiertas, es verdad que no es el que tienen en otros modelos comparados, pero
está funcionando -como se ha puesto de relieve en la intervención del señor ministro- razonablemente bien y solo conocemos patologías derivadas no tanto del cambio de opción política de algunos concejales sino de motivaciones espurias en este cambio
de posición. Y esto es lo que nos preocupa, no que se cambie de posición política, que forma parte del ejercicio de la libertad.



Sexta cuestión que nos parece muy positiva. El tratamiento del empleo público local. Nos parece fundamental la apuesta clara y decidida que se hace por el profesionalismo, por el gerencialismo. Es en el único momento en el que aparece la
denominada nueva gestión pública que, como dicen algunos, ya no es tan nueva. Apoyamos decididamente esta apuesta. Nos parece fundamental la apelación que se hace a la necesidad en el contexto actual de repensar el papel, los cometidos y las
funciones de los cuerpos con habilitación nacional; nos parece fundamental apoyar y crear los directivos públicos, pues estos son los grandes déficit del sistema local español. Todos sabemos que los alcaldes franceses pueden tener muchas
funciones, pero porque hay unos gestores que se ocupan muy bien de sus municipios, sin embargo, un alcalde español no tiene, en general, excepto en las grandes ciudades, este soporte técnico tan fuerte.



Nos parece muy acertada la propuesta de diversificar los regímenes jurídicos en tres niveles: más de 50.000 habitantes, de 100 a 50.000 y menos de 100, que se complementa con otras diversidades. Dentro del primer escalón también se atiende
a la especificidad que suponen las ciudades de más de 250.000 habitantes y este tratamiento a los regímenes de los municipios se cierra señalando el régimen que necesariamente tendrán que tener Madrid y Barcelona, con una idea que me parece
fundamental para entender la especificidad de estas dos ciudades; no solamente se trata de su singularidad, y el que tradicionalmente hayan tenido un tratamiento especial y encontremos normas que así apelan, sino que generalmente estas dos ciudades
han sido laboratorio de experimentación de fórmulas que, después, el legislador autonómico o estatal ha trasladado a otras ciudades. Por tanto, para que continúen experimentando y podamos aprovechar todos, es bueno apostar por regímenes especiales
para Barcelona y Madrid.



Finalmente -lo siento si me he alargado mucho, pero es que hay muchas cosas, muchas propuestas que debemos debatir en el documento que hoy se nos presenta-, nos parece un acierto la apuesta decidida por un modelo de gobierno local que tome
en consideración como elemento central el principio democrático, la idea de que tiene que existir un gobierno y un control


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de este gobierno. Este debe ser el principio que estructure los órganos y los cometidos de los órganos de las entidades locales. Esta es la perspectiva central y no podemos más que aplaudir el giro que supone adoptar esta nueva
perspectiva.



Siento que lo avanzado de la hora no nos permita continuar un debate que yo creo que ha sido muy provechoso para todos y que nos ha permitido empezar un diálogo que deberá continuar porque esta es una cuestión central para la vida de los
ciudadanos de este país.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias a la portavoz del Grupo Socialista. La verdad es que si hubiera venido aquí con alguna duda respecto a la bondad de este borrador de libro blanco, que no la
traía, se me hubiera disipado totalmente con su intervención.



Es verdad que es una técnica de elaboración de leyes que tampoco es que sea absolutamente extraña a nuestra vida política -quiero recordar aquí, dada mi pasada experiencia como portavoz económico en esta Cámara, la elaboración de la reforma
del IRPF tomando como base un libro blanco elaborado por unos expertos nombrados por el Ministerio de Hacienda, sin quizá la pluralidad necesaria o exigible, pero en el uso pleno de la libertad de hacerlo- y es verdad que facilita -y al menos la
intención del ministerio y la mía personal ha sido esa- no tanto el debate parlamentario, sino el debate público, el debate social. No tengo las cifras y no quiero equivocarme, pero les puedo asegurar que el nivel de interacción que estamos
teniendo en la página del ministerio que hemos abierto para el debate sobre el libro blanco me está dejando sorprendido gratamente, está teniendo un nivel de implicación, de participación y una calidad de sugerencias apreciable. De ahí no quiero
extraer ninguna conclusión, de ahí no quiero generalizar, pero tengo la sensación de que había un terreno muy necesitado, muy sediento de un debate como el que ponemos en marcha con este borrador de libro blanco, lo cual debería tranquilizarnos a
todos, porque cuanto más plural, más intenso, más amplio, más extenso sea el debate, mejor y más fácil será nuestra tarea posterior como legisladores a la hora de tomar las decisiones en forma ley. En ese sentido, gracias por ese reconocimiento.
Aunque en mi intervención anterior he dicho que no era el libro blanco del ministerio o del ministro, sino el de los expertos que lo han elaborado, por mi parte creo que es un buen borrador. Creo que es un buen texto en el que se da un repaso
prácticamente total a los temas esenciales, financiación al margen, y que en el desarrollo de algunos de ellos se pone lo más reciente y lo más moderno, y las reflexiones más actuales sobre la resolución de problemas antiguos, que vienen de lejos, y
para los que es bueno que busquemos todos la mejor solución.



Quiero hacer dos reflexiones para terminar. Primero, comparto la valoración que hace de las llamadas -siempre he dicho que mal llamadas- competencias impropias. Cuando los ayuntamientos cubren estas competencias es porque sus ciudadanos se
lo piden y no hay otra administración que las lleve a cabo; hacen bien, pues, en hacerlo. En segundo lugar, en cuanto a la provincia creo que es importante que desarrollemos el debate con una doble sensibilidad: sobre la base de la necesaria
articulación de instrumentos de apoyo a los ayuntamientos pequeños por encima del ayuntamiento pequeño, y sobre la de la prudencia del marco constitucional, que establece lo que establece sobre la provincia y lo que ésta representa. Creo que hay
margen, moviéndonos dentro de la Constitución, para dar una respuesta mejor de la que hemos sido capaces de dar colectivamente a las necesidades de esos municipios pequeños de apoyo o de ayuda, muchas veces gerencial y otras veces de suplencia, esta
vez sí, en el buen sentido de sus competencias.



Quiero terminar agradeciendo su intervención a todos los grupos, y reafirmando mi voluntad de someter a un amplio consenso lo que será el proyecto de ley de bases del régimen local. Estoy abierto a establecer el procedimiento que SS.SS.
estimen oportuno para que, cuando el texto llegue al Parlamento, no sea la primera vez que los grupos parlamentarios se encuentren con él. Estamos hablando, como he dicho, de reglas del juego, de reglas relevantes, que tenemos que intentar
modificar con un amplio consenso. Esa es la voluntad del Gobierno, y estoy seguro de que, con independencia de que seamos capaces de conseguirlo o no -que no tengo por qué dudar de ello-, también es la voluntad de todos los grupos. (El señor
Padilla Carballada pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Julio.



El señor PADILLA CARBALLADA: Tomamos nota de que es un borrador, lo ha dicho reiteradamente; y, desde luego, queda clara nuestra voluntad, pues sin duda tenemos una gran inquietud de participar, en la medida de nuestras posibilidades, para
que este debate sobre la reforma de la Ley de bases del régimen local concluya de la mejor manera.



Quiero hacer una sola precisión, señor ministro: procuro no decir cosas que no son. En la oferta de empleo público aparece el número que corresponde a este ejercicio de las 140 nuevas plazas de funcionarios de la carrera diplomática que
había que crear en cinco años; eso es cierto, y es a lo que S.S. se ha podido referir. Lo que es cierto también es que en la oferta de 2004 había un refuerzo general de 150 plazas de funcionarios para oficinas consulares, política que no se
continúa. No es más que una precisión; eso es así, y S.S. lo sabe.



Si me lo permite, porque se ha explayado S.S. en ello, relea la intervención de cuándo vino usted la primera vez, y verá que yo le dije, señor ministro, que la


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Administración General del Estado y el Gobierno del Estado tenían que tener su ámbito de competencias para cumplir sus propios fines. Es exactamente ese primer pacto al que S.S. se refiere; verá que vamos coincidiendo. Pero es cierto,
señoría, que, en cuanto al segundo pacto, lo que es el pacto esencial de la Constitución que dice que este es un Estado autonómico, es una ligereza decir que hay que volver a pactarlo.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Dos precisiones. Por eso, precisamente, me ha sorprendido su primera intervención, porque creo que ahí estamos de acuerdo, y me parece que discrepar incluso cuando estamos de
acuerdo ya es rizar el rizo.



Respecto a la oferta pública, no, no, los 140 son con independencia de los 30 representantes de la carrera diplomática, por tanto, sí que son 140 las personas que van a reforzar las oficinas consulares.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y veinte minutos de la tarde.