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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 150, de 30/11/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 150
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 30 de noviembre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Empleo (Gómez Sánchez), para informar sobre:
- La política del Gobierno en materia de políticas de empleo. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/000016) y a petición del Gobierno (Número de expediente 212/000346) ...
Preguntas:
- Del señor Barrachina Ros (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre actuaciones previstas para mejorar el empleo de los jóvenes.
(Número de expediente 181/000164.) ... (Página 22)
- Del señor Vañó Ferré (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre actuaciones para mejorar el empleo de las personas con discapacidad.
(Número de expediente 181/000177.) ... (Página 24)
- Del señor Campuzano i Canadés [Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unio)], sobre valoración de la puesta en marcha de los denominados enclaves laborales. (Número de expediente 181/000256.) ... (Página
26)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para adaptar la cuantía de las subvenciones a los centros especiales de empleo a la reciente subida del salario mínimo interprofesional. (Número de expediente 181/000257.) ...
- Del señor Barrachina Ros (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre actuaciones previstas para mejorar el empleo de las mujeres.
(Número de expediente 181/000165.) ... (Página 29)
- Del señor Campuzano i Canadès [Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)], sobre futura evolución del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). (Número de expediente 181/000258.) ...
(Página
32)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (GÓMEZ SÁNCHEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA DE EMPLEO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/000016.) Y A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000346.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Iniciamos la sesión con la comparecencia de don Valeriano Gómez Sánchez, secretario de Estado de Empleo, para informar sobre las políticas del Gobierno en materia de empleo. Hay una
comparecencia a petición del Gobierno y otra comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Comenzaremos la comparecencia con la intervención del señor secretario de Estado; a continuación, intervendrá el grupo
catalán de Convergència i Unió, que ha pedido la comparecencia, y las siguientes intervenciones serán de menor a mayor, finalizando el grupo Socialista.
Bienvenido, señor secretario de Estado, a esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Tiene ya la palabra para su exposición.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Señorías, es una gran satisfacción para mí comparecer hoy en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas generales de la política de empleo de este Gobierno. Junto a ello
expreso ante esta Comisión mi voluntad de informar y comparecer cuantas veces sea necesario y mi ofrecimiento de diálogo y de colaboración con todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara. Antes de iniciar la exposición sobre la
política de empleo, es necesario referirse al modelo económico que la sustenta, por su estrecha vinculación con el mercado de trabajo, con las políticas públicas que en el ámbito laboral pretende desarrollar el Gobierno.
En esta nueva etapa, el énfasis del Gobierno se va a centrar en la necesidad de que nuestra economía alcance -se ha dicho reiteradamente durante estos meses- mayores niveles de productividad. Este Gobierno apuesta por un crecimiento
económico equilibrado, un crecimiento económico duradero, asentado en la innovación y en el cambio técnico, con un horizonte siempre del largo plazo, un horizonte que permita que se traduzcan, en términos de crecimiento y en términos de desarrollo,
las mejoras de productividad que nuestra economía sea capaz de alcanzar, con más ahorro, con más y mejor empleo y un mayor grado de cohesión social.
Una mayor productividad nos permite, en primer lugar, sostener un sistema de bienestar social que
acompañe a una economía fuerte, a una economía competitiva y que permita a las empresas disfrutar de posiciones más sólidas en los mercados exteriores. En este modelo de crecimiento juega siempre un papel esencial, un papel fundamental, la política
laboral; debe ser capaz de ofrecer a los trabajadores seguridad en el empleo y a las empresas un nivel de adaptabilidad suficiente en el funcionamiento de su organización.
En el ámbito del empleo, nuestro principal objetivo es la creación de empleo de calidad. Todas las políticas de mercado de trabajo que estamos ya poniendo en
marcha -y algunas que saldrán como fruto del diálogo social- tienen que ir dirigidas a lograr más empleo de calidad, un empleo con derechos para todos, sin olvidar que la calidad en el empleo siempre está íntimamente relacionada con los
niveles, con el grado de aumento de la productividad en el conjunto de los sectores y de la economía española.
Los ejes básicos de la política laboral del Gobierno son, en primer lugar, el diálogo permanente con los interlocutores sociales y una activa y leal colaboración con las comunidades autónomas. En segundo lugar, la mejora de la
competitividad de las empresas; la cualificación de los trabajadores y el aumento de la productividad del trabajo; la mejora en la estabilidad en el empleo y la seguridad laboral; la promoción de mejores condiciones de trabajo de los trabajadores
ocupados -especialmente de los más desfavorecidos-; el impulso de las políticas de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y de la igualdad de trato en el trabajo, y la adaptación y modernización del sistema de relaciones laborales
español.
Quisiera referirme al diálogo social, un aspecto fundamental que desde el inicio de la legislatura hemos considerado la herramienta esencial para el desarrollo de las políticas de mercado de trabajo. Concebimos el diálogo social como
instrumento para la consecución de acuerdos que sirvan para solucionar los problemas de nuestra economía, del mercado de trabajo y, en general, del conjunto de nuestros sistemas de protección social. La experiencia de los últimos años ha demostrado
que las reformas llevadas a cabo como resultado del diálogo social siempre han tenido resultados más positivos que las impuestas por decreto. Nuestra voluntad de fortalecer el diálogo social y de transmitir a la sociedad un mensaje de confianza
institucional nos ha llevado, tan sólo dos meses después de la constitución del Gobierno, a firmar el pasado 8 de julio la declaración para el diálogo social del año 2004, una declaración, que como ustedes saben, tenía como título: Competitividad,
empleo estable y cohesión social. En esta declaración, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales han expresado su intención de abordar, en el proceso de diálogo social, las materias tradicionales que suelen componer la agenda del
diálogo abordado en ocasiones anteriores, y junto a ellas, nuevas materias que nunca se habían abordado en nuestro país en el ámbito del diálogo social. Este proceso, que estamos ya poniendo en práctica es y desde luego, muy ambicioso en sus
objetivos. Son objetivos, como decía antes, construidos alrededor de los ejes de la competitividad, del logro de un empleo estable y de la instrumentación de un mayor nivel de cohesión social, pero también son ambiciosos en sus contenidos -están
incluidos todos los temas que componen la agenda política-sociolaboral- y también son ambiciosos en sus formas. El diálogo social no será un suceso puntual, sino un método de trabajo sostenido y continuado a lo largo de toda la legislatura.
En la declaración se señalan las materias que van a ser abordadas y que me permito resumir brevemente. En primer lugar, ante los principales problemas del mercado de trabajo español, básicamente dos, el insuficiente volumen de empleo y el
alto nivel de temporalidad. En la declaración se plantea el análisis de los elementos que inciden en la creación de empleo, en su estabilidad y en la utilización no justificada de la contratación temporal, teniendo a este respecto presentes las
nuevas formas de organización empresarial del trabajo. En línea con la estrategia europea de empleo, se plantea la búsqueda de soluciones para promover la participación laboral de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores con edad más
avanzada, de las personas con discapacidad y de otros colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Por último, en este bloque de promoción de la participación laboral, también políticas para lograr la conciliación de la vida laboral y
de la vida familiar.
La declaración se planteaba abordar el fenómeno de la inmigración laboral, abarcando todo lo que significa la negociación en los ámbitos sociolaborales del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Éste es un asunto sobre el que después
tendré ocasión de detenerme. También planteaba el impulso de políticas de formación permanente a lo largo de toda la vida activa del trabajador introduciendo a este respecto las adaptaciones necesarias en el actual modelo de formación de los
trabajadores. Asimismo, planteaba, el impulso de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo -servicio público estatal y también, naturalmente, los servicios públicos de empleo autonómicos- para asegurar la eficacia y la
eficiencia en sus funciones en este ámbito, con especial incidencia en la cooperación con las comunidades autónomas.
Contemplaba la revalorización de algunas instituciones laborales, mejorando su funcionamiento y el nivel de participación de los interlocutores sociales en las mismas. Me estoy refiriendo, entre otras, a la Comisión consultiva Nacional de
convenios colectivos, a la Comisión Nacional de salud y seguridad en el trabajo y a la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y a todo lo que tiene que ver con la política industrial y de medio ambiente; políticas industriales y de medio
ambiente orientadas a favorecer inversiones de mayor nivel tecnológico y contemplando medidas que contribuyen a evitar deslocalizaciones y reestructuraciones injustificadas. Después me detendré en el bloque de reedición de la regulación sustantiva
del salario mínimo interprofesional.
Referido al ámbito de los derechos de información, de consulta y de participación de los representantes de los trabajadores en las decisiones con relevancia sociolaboral en las empresas, se plantea el análisis de la trasposición al
ordenamiento jurídico español de la directiva que acompaña al Estatuto de la sociedad anónima europea y de la directiva que establece un marco
general relativo a la información, a la consulta, de los trabajadores en el ámbito de la Comunidad Europea.
Es necesario -así lo reconocen las partes firmantes de la declaración para el diálogo- abordar el problema de la siniestralidad laboral de una manera decidida porque, a nuestro entender, el ordenamiento jurídico cuenta ya en el ámbito
español con un legislación bien definida en materia de prevención de riesgos laborales, en sintonía con los demás países de la Unión Europea y, sin embargo, nuestra tasa de siniestralidad sigue siendo ostensiblemente mayor que la correspondiente a
la media europea.
También es necesario desarrollar las potencialidades de la negociación colectiva, analizando las fórmulas más convenientes para propiciar su capacidad de adaptación a las necesidades de las empresas y de los sectores productivos, definiendo
mecanismos de articulación de la negociación colectiva en sus diferentes ámbitos, fortaleciendo su papel como procedimiento de fijación de las condiciones laborales y de las políticas de empleo y, naturalmente, impulsando los sistemas
extrajudiciales de solución de conflictos a través del diálogo social entre sus protagonistas: empresarios y organizaciones sindicales. Hay que reforzar la función de los interlocutores sociales mediante la revisión de los instrumentos de
participación institucional a través de las fórmulas más adecuadas que, como se dice en la declaración, sean razonables, objetivas y también proporcionadas.
El gran bloque final de la declaración hace referencia al campo de nuestro sistema de protección social, nuestro sistema de Seguridad Social, estudiando el conjunto de reformas y perfeccionamientos necesarios para conseguir un sistema de
protección social más justo, más solidario, pero también más eficiente.
La comisión de seguimiento y evaluación prevista en la declaración ya ha sido constituida hace aproximadamente tres meses. Está formada por representantes de la Administración, representantes de los empresarios y de los sindicatos. Es una
comisión tripartita, paritaria, por consiguiente, que ha acordado ya la distribución de los temas, ordenados por materias, el ámbito de trabajo de cada una de ellas y el calendario a seguir.
A partir de este resumen general de los ámbitos del diálogo, desarrollaré algunos de ellos de una manera más amplia, en primer lugar, el bloque que hace referencia al empleo, a las políticas de empleo. En este proceso, el diálogo social
debe abordar, como decía antes, los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo. Son problemas vinculados a la temporalidad, al excesivo nivel de temporalidad de nuestra población ocupada, y a la debilidad, todavía ostensible, de
las políticas de empleo y todo lo que tiene que ver con la necesidad de seguir incrementado el volumen de empleo en un mercado de trabajo como el español, que todavía presenta tasas de empleo insuficientes, muy especialmente entre la población
femenina.
Las partes firmantes de la declaración para el diálogo están comprometidas, pues, en el análisis de los elementos que más inciden en la creación de empleo, en primer lugar, y en su estabilidad, en segundo lugar. En este sentido, la comisión
de expertos prevista en la declaración del diálogo social ya ha comenzado sus trabajos, dirigidos a evaluar el funcionamiento de las políticas de empleo desde el período en el que se iniciaron las reformas laborales acometidas durante los años 1992
a 1994 hasta la actualidad. Éste es el ámbito el encargo, el mandato que tiene la comisión de expertos, y lo debe hacer antes de que finalice el mes de diciembre, con la posibilidad de alargar, no más allá de un mes, el periodo de análisis, si así
lo solicita la comisión de expertos a la propia comisión de seguimiento del diálogo.
La comisión está formada por ocho miembros que son fruto del consenso de los firmantes de la declaración. Sus trabajos, como decía antes, se desarrollarán antes del 31 de diciembre y la idea general de los firmantes de la declaración es
que, en función de las recomendaciones de esta comisión, se inicien, sin solución de continuidad, los trabajos para acometer las modificaciones legales y de cualquier otra naturaleza que se consideren mas adecuadas para alcanzar los objetivos de
crear más empleo y también más empleo de calidad. Para hacer frente al insuficiente volumen de empleo, el gran objetivo de la política general, es atraer a más personas al mercado de trabajo. En este sentido, la promoción de la participación
laboral de los colectivos con más dificultades de inserción en el mercado de trabajo, tal y como señala la estrategia europea de empleo, requiere que abordemos diferentes medidas dirigidas a las mujeres, a los jóvenes, a los discapacitados y las
personas de mayor edad.
En relación con las personas con discapacidad, la política de empleo del Gobierno va a estar basada en una relación equilibrada con los agentes sociales y con sus organizaciones representativas. Esta política va a sustentarse en tres ejes:
el diseño de mejores políticas activas, la búsqueda de equilibrio entre el empleo en las empresas ordinarias y el empleo protegido y la mejora de la calidad del empleo de los trabajadores con discapacidad.
Algunos ejemplos concretos de esta política de promoción de la participación laboral serían, en este caso, los abordados ya o en trámite de abordarse en los propios Presupuestos Generales del Estado, actualmente en tramitación parlamentaria.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2005 se ha incluido una bonificación del 25 por ciento de la base mínima de cotización del régimen especial de trabajadores autónomos, para los jóvenes menores de 30 años y para las mujeres menores de
35, como medida de fomento del autoempleo. Supone aproximadamente unos 51 euros por beneficiario y mes, durante 24 meses, un cambio significativo en la forma de abordar las políticas de autoempleo. Supone un cambio de la situación actual
en la que las políticas de promoción del autoempleo para los jóvenes y para las mujeres descansa en la reducción de las bases de cotización y con pérdida subsiguiente de sus derechos a futuro, puesto que las políticas de estímulo también
llevaban aparejadas estrategias de reducción de la base de cotización. Se trata de tomar medidas que permitan seguir estimulando el empleo y el autoempleo sin pérdida de derechos futuros de los colectivos afectados, muy especialmente en este caso,
los jóvenes y las mujeres menores de 35 años. Los trabajadores autónomos sin asalariados que contraten de forma estable a familiares que no convivan con ellos, podrán también beneficiarse de las medidas de fomento del empleo estable, siempre que
sea un único familiar el contratado y pertenezcan a determinados colectivos afectados en este caso por las políticas generales de fomento del empleo. Con esta medida se trata efectivamente de fomentar los problemas planteados a la sucesión en el
negocio familiar y a hacer que el conjunto de las políticas de fomento del empleo estable puedan ser también políticas que tengan influencia en la contratación de los trabajadores autónomos en su ámbito familiar, con los límites que he fijado: que
se trate, de un empleo estable, que sea un único familiar el contratado y que este familiar no conviva con el titular del negocio.
Junto a ello, para el año 2005, el programa de bonificaciones para la contratación estable de trabajadores se mantiene en sus líneas generales, con un importe total previsto de 2.270 millones de euros; cerca del medio billón de pesetas
destinará la sociedad española durante el año 2005 a bonificar, a estimular, la contratación de trabajadores de forma estable.
Junto a ello se van a regular las empresas de inserción social durante el año 2005, definiendo sus características y
estableciendo las medidas de fomento que favorezcan la inserción laboral de las personas excluidas socialmente; ello, naturalmente, con la participación de los agentes sociales y con las asociaciones que agrupan a este tipo de empresas.
Vamos a seguir impulsado las políticas activas de empleo y los propios servicios públicos de empleo en cooperación, como decía antes, con las comunidades autónomas. En este sentido, el servicio público de empleo estatal ya está trabajando
en un borrador de real decreto en el que se establecerán las principales líneas de actuación de los programas que componen las políticas activas de empleo, excepto la formación, a la que después me referiré. Este borrador debe estar listo durante
los próximos quince días y agrupará la normativa básica que, en esta competencia, reside en la Administración central y que estaba recogida, como ustedes saben, en diversas órdenes ministeriales, ya que la gestión corresponde a las comunidades
autónomas que tienen transferido este conjunto de competencias todas, salvo el País Vasco y Ceuta y Melilla.
También se están abordando algunas modificaciones destinadas a mejorar la efectividad de alguno de estos programas. En concreto, el programa de agentes de empleo y de desarrollo local se va a modificar -ayer mismo fue sometido el texto a
informe de la conferencia sectorial correspondiente- en la línea de proporcionar a los agentes de empleo y de desarrollo local un mayor grado de estabilidad en el empleo, una estabilidad que permita aprovechar la experiencia adquirida como
conocedores y dinamizadores el empleo local. En primer lugar, abordaremos la reforma con una orden ministerial que permita la contratación de estos trabajadores por otras corporaciones locales distintas a las que en este momento están prestando sus
servicios. Éste es un tema importante, pues no era posible continuar su vinculación laboral en ninguna medida con las corporaciones locales; cuatro años era el máximo de permanencia de estos agentes de desarrollo local. Pretendemos con esta
reforma, en primer lugar, hacer posible la continuidad en el empleo de estos agentes que están cumpliendo un papel importante y que puedan hacerlo con otras corporaciones locales. En una segunda fase de la reforma, pretendemos que un real decreto
permita la posibilidad de introducir en las plantillas estables de los ayuntamientos y de las corporaciones locales a los agentes de desarrollo local y hacerlo a través de toda la política de estímulos y de fomento del empleo a la contratación
laboral estable, de forma tal que estos agente de desarrollo puedan prestar sus servicios de una manera continuada -insisto estable- en las entidades y corporaciones locales que actualmente los tienen en un régimen de inestabilidad laboral y no
siempre prestando los servicios para los que están destinados y que prevé la norma correspondiente.
En otros programas, que están ya en tramitación y en proceso de consulta con los interlocutores sociales, hay también reformas previstas. Muy especialmente me gustaría reseñarles el de la renta activa de inserción.
Pretendemos introducir
algunas mejoras durante el año 2005, mejoras que permitan extender de 11 a 12 meses el ámbito temporal de duración de la renta activa, reducir el periodo de devengo de esa prestación de los tres meses actuales al mes siguiente a su solicitud; en
general, pretendemos que la renta activa cumpla, en mejor medida que lo está haciendo en este momento, su papel de instrumento de protección de los trabajadores que han agotado todas las posibilidades de protección que ofrece en su modalidad general
el actual sistema, y que permita mantener ese nivel de vinculación con el mercado de trabajo a futuro, que es al fin y al cabo el objetivo final de la propia renta activa. Es un instrumento de protección, pero un instrumento de protección vinculado
a la futura inserción de esos trabajadores en el mercado de trabajo.
Por lo que se refiere a los servicios públicos de empleo, está previsto impulsar un plan global de reforma y de modernización de los mismos, un plan que tiene que ser naturalmente elaborado también en colaboración con las comunidades
autónomas y con los agentes sociales. En este sentido, y como previsión normativa en desarrollo
de la Ley de Empleo, estamos preparando un proyecto de real decreto por el que se desarrolla el Sistema Nacional de Empleo y junto a él otro proyecto sobre estructura orgánica del Servicio Público de Empleo Estatal. Es necesario -y éste es
el gran objetivo- contar con unos servicios públicos de empleo de calidad, que tengan un algo nivel de eficacia en la prestación de sus servicios, tanto a los trabajadores, como a las empresas. Ello siempre supone la necesidad de incrementar la
dotación de medios humanos, técnicos, material, en las oficinas de empleo, con una estructura organizativa más adecuada y también más participativa.
En colaboración, con las comunidades autónomas, vamos a elaborar un plan que mejore el nivel de intermediación laboral y que permita alcanzar el nivel medio de intermediación de los servicios públicos de empleo correspondiente a la Unión.
La experiencia comparada en ese sentido es contundente. Los países que tienen servicios públicos de empleo con mayor capacidad de intermediación laboral son también los países que tienen mayores tasas de empleo, mayores tasas de actividad y un
menor nivel de sus tasas de desempleo. Hay una relación directa -es bien comprobable- entre la capacidad de intermediación de los servicios públicos de empleo y el nivel de desempleo en términos comparados, entre la situación de un país como España
y la situación del conjunto de los países de la Unión.
En este ámbito de la reforma de los servicios públicos de empleo, pretendemos reforzar la atención personalizada al conjunto de los trabajadores desempleados, una atención que establezca un
compromiso de inserción que genere obligaciones, tanto por parte del trabajador, como por parte del servicio público de empleo correspondiente, un compromiso basado en el diseño y en la ejecución de planes individualizados de formación y de
inserción laboral.
En lo que se refiere al fenómeno de la inmigración laboral, el Gobierno y los agentes sociales han llegado hace relativamente poco tiempo, algunas semanas, a un acuerdo sobre el texto final del proyecto de reglamento de la Ley de
Extranjería, un proyecto al que en fechas próximas dará el visto bueno del Consejo de Ministros. El ministro de Trabajo ha presentado ya un informe detallado sobre el texto al Consejo de Ministros que lo ha analizado antes de su envío al Consejo de
Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Económico y Social, que acaba de emitir y aprobar su dictamen correspondiente. También ha sido entregado este texto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara. El texto, como ustedes
saben bien, es fruto del diálogo social. Cuenta con el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de este país y significa la primera oportunidad del nuevo Gobierno para materializar normativamente un cambio de
orientación en la política migratoria, desde el convencimiento de que se trata efectivamente de una política de Estado. El proceso de diálogo social ha logrado enriquecer el borrador del proyecto, un proyecto con fórmulas innovadoras, imaginativas,
pero siempre sostenidas en la integración laboral y social de los inmigrantes, fórmulas que hasta ahora, en nuestra opinión, no habían tenido una respuesta adecuada. Se ha hecho un gran esfuerzo por priorizar la inmigración legal y por sumar más
instrumentos para perseguir con eficacia la inmigración irregular, a través de la lucha contra la economía sumergida.
En el campo de la formación profesional, en nuestro país se ha venido configurando, a lo largo de los últimos veinte años, un sistema formativo de gran alcance, tanto en extensión como en calidad de contenidos, aun cuando evidentemente sigue
teniendo deficiencias. Este mismo año ha entrado en vigor el sistema de formación profesional diseñado por el anterior Gobierno, y que como todos ustedes saben, ha sido contestado por las comunidades autónomas. Sus señorías han presentado durante
los últimos meses numerosas preguntas y mociones al respecto. Por el momento, el criterio del Gobierno es seguir aplicando el modelo vigente que entró en vigor este mismo año. Se han aprobado ya las dos normas de desarrollo del mismo que estaban
pendientes, aunque este modelo exige, y eso es lo que pretendemos hacer durante los próximos meses, una revisión en estrecha coordinación con las comunidades autónomas y con los agentes sociales. Nuestra intención de cara al futuro, muy
especialmente de cara al año 2006, es organizar un nuevo modelo de formación profesional, concebido como un derecho y estructurado sólo en dos subsistemas como el resto de los países de la Unión, un subsistema de formación permanente para los
trabajadores a lo largo de toda su vida activa, ya sea cuando están en situación de desempleo, ya sea cuando están en situación de actividad laboral, y un subsistema de formación profesional reglada. Ésa es nuestra pretensión y ésa es la línea
general del desarrollo del futuro modelo. No habrá tres subsistemas como actualmente, sino que habrá sólo dos y uno de ellos será el subsistema de formación profesional para los trabajadores a lo largo de toda su vida activa.
El Gobierno ha tratado toda la problemática de la distribución de los fondos de formación con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial de asuntos laborales. Hemos llegado a un acuerdo para, ya durante el año 2004,
incrementar sustancialmente los niveles de participación de las comunidades autónomas en la distribución de estos fondos. Durante el 2004 hemos pasado de un presupuesto inicial de 1.000 euros -éste era el presupuesto destinado a formación
profesional continua gestionada por las comunidades autónomas- a 135 millones de euros. Para el año 2005, hemos incrementado a su vez esta segunda partida para llegar a 150 millones de euros y pretendemos, durante el trámite parlamentario,
alcanzar, incluso ya durante 2005, un ámbito de participación en la gestión de las comunidades autónomas tal que, excluida la parte de bonificaciones del modelo actual, el Estado y
las comunidades autónomas gestionen el 50 por ciento del resto de los fondos.
¿Cuál será el futuro en esta materia, qué pretende el Gobierno para el año 2006? Nuestra intención es, sobre la base de los objetivos puestos de manifiesto ante esta Comisión por el ministro de Trabajo en su primera comparecencia
parlamentaria para explicar la política general del departamento, diseñar un modelo con tres condiciones esenciales. En primer lugar, un modelo que acabe con la permanente impugnación constitucional del modelo actual por las comunidades autónomas.
En segundo lugar, un modelo que integre efectivamente, como decía antes, los dos subsistemas, el de formación profesional ocupacional y el de formación profesional continua. En tercer lugar, un modelo en cuya gestión las comunidades autónomas
participen de forma efectiva y en el que los fondos se distribuyan al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas. Si tenemos en cuenta que uno de los objetivos del nuevo modelo es integrar los dos subsistemas -el ocupacional y el
continuo-, el resultado final podría ser un resultado en el cual las comunidades autónomas gestionarán en torno al 75 por ciento de todos los fondos procedentes de la recaudación de cuotas de formación profesional, y el 25 por ciento restante sería
gestionado por el Estado. Éste sería el resultado de un modelo en el cual pudiéramos integrar de forma efectiva los dos subsistemas y pudiéramos abordar el ámbito de la participación en la gestión de las comunidades autónomas en la formación
continua, de acuerdo con el criterio de que los fondos destinados y territorializables fueran repartidos al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas.
Permítanme que a continuación me detenga en el capítulo que hemos denominado de revalorización de las instituciones laborales en la declaración del diálogo social. Ahí las partes se estaban refiriendo básicamente a tres instituciones: la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a cuyo frente
se ha situado a una persona señera en el ámbito de la doctrina laboral española, don Tomás Sala, ya se han iniciado los trabajos preparatorios para su modernización, trabajos que finalmente deben consensuarse entre el Gobierno y los agentes
sociales.
Después me referiré, cuando aborde los problemas relacionados con la siniestralidad laboral, a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al propio Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Continuaré con una referencia
al salario mínimo interprofesional. Como ustedes saben, ya durante este año, el Gobierno, de acuerdo con los interlocutores sociales, abordó una revalorización importante del mismo.
Una revalorización que ha supuesto un crecimiento de un 6,6 por
ciento en junio de 2004, pasando desde los 460,5 euros mensuales a los 490,8 euros al mes. Se ha abordado, por consiguiente, la recuperación del poder adquisitivo perdido entre 1996 y el año 2004 de una sola vez y, además, en la perspectiva de que
el salario mínimo interprofesional debe seguir creciendo durante la legislatura hasta alcanzar el objetivo de los 600 euros mensuales. Una perspectiva de que esta cantidad sea la vigente en el año 2008.
Se ha creado, ustedes ya lo conocen, un nuevo elemento necesario, una nueva institución necesaria para permitir este incremento sustancial. Un nuevo indicador público de rentas con efectos múltiples, el Iprem, de forma que con su creación
se permita recuperar la función esencialmente laboral y retributiva del salario mínimo, y desvincular a éste de otras finalidades, como el acceso a las prestaciones o a determinados servicios públicos en ámbitos incluso distintos al laboral. Pero
junto a ello, la declaración preveía también abordar el proceso de revisión de la norma sustantiva que regula las fórmulas mediante las cuales se establece el salario mínimo en nuestro país y ya hemos comenzado a abordarlo en el ámbito de una mesa
específica del diálogo social. Pretendemos, pues, en esta mesa, a lo largo del mes de diciembre, abordar tres capítulos esenciales.
En primer lugar, el análisis de las fórmulas de revisión del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Queremos hacerlo en dos vertientes esenciales: por un lado, eliminando la cláusula de revisión semestral actualmente vigente todavía
en el estatuto, pero prácticamente sin utilizar en los 24 años de existencia del Estatuto de los Trabajadores; en segundo lugar, pretendemos buscar mecanismos que permitan el sostenimiento del poder adquisitivo del salario mínimo, incluso más allá
de la situación excepcional que viviremos durante los próximos cuatro años. Es decir, incluso más allá de esa situación en la cual el Gobierno se ha comprometido, y quiere a su vez que se aborde este grado de crecimiento del salario mínimo con los
interlocutores sociales, hasta alcanzar los 600 euros en el año 2008. Este sería un segundo gran capítulo de la mesa específica que hemos abierto. Es decir, establecer las fórmulas y el ámbito temporal de revisión del salario mínimo hasta alcanzar
los 600 euros mensuales en el año 2008. Y, en tercer lugar, analizar también el Iprem, muy especialmente en lo que hace referencia a la posibilidad de alcanzar algún grado de acuerdo durante la presente legislatura, con incidencia temporal a lo
largo de los próximos cuatros años, que permita establecer fórmulas de garantía del poder adquisitivo del Iprem. Ello sin afectar a su actual regulación legal. El Iprem deberá ser revisado anualmente en la ley de presupuestos y de lo que se trata
es de establecer fórmulas que permitan garantizar su poder adquisitivo a lo largo de los próximos cuatro años.
Por parte del Gobierno, en este momento estamos a la espera de recibir los criterios de las organizaciones sindicales y empresariales para seguir avanzando en las negociaciones. El Gobierno ya ha entregado un primer documento en la mesa de
negociación y pretendemos
culminar esta negociación antes de que finalice el mes de diciembre, de forma tal que la próxima revisión, la correspondiente al año 2005, ya se haga al menos con un cierto grado de acuerdo en torno a estos tres parámetros a los que antes me
he referido.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 ha determinado, previa consulta a las principales organizaciones sindicales y empresariales, la cuantía del Iprem para el año 2005. Es una cuantía que se revisará en torno al
2 por ciento para el año 2005 y, por consiguiente, de lo que se trataría también en esta mesa es de buscar esas fórmulas para el análisis, al menos en el ámbito plurianual de la evolución del Iprem, estudiando mecanismos que permitan garantizar que
la evolución futura del Iprem no se aleje de la evolución general del nivel de precios en nuestro país.
En cuanto al capítulo de potenciación de los derechos de información, de consulta y de participación de los trabajadores, en este ámbito ya hemos iniciado en el mes de septiembre, dentro del ámbito específico del diálogo social
correspondiente, los trabajos de trasposición de la directiva sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas. Quiero informarles a este respecto que el Gobierno ya entregó en los últimos días de septiembre un texto, por
un lado con las implicaciones de la trasposición desde el ámbito estrictamente laboral, y, por otra parte un texto que recogía la incidencia de este proceso en el ámbito estrictamente judicial, mercantil, etcétera. Es un texto, por consiguiente,
integrado por dos grandes paquetes: uno elaborado por el Ministerio de Justicia y otro elaborado por el Ministerio de Trabajo, sobre el que ya hemos comenzado a recibir las impresiones, las propuestas de los interlocutores sociales. Hemos recibido
también un texto formulado por Comisiones Obreras y por UGT. Todavía estamos pendientes de recibir la apreciación, las opiniones, de CEOE y Cepyme alrededor del proceso de trasposición de la directiva. Y junto a ello, tenemos pendientes de iniciar
durante los próximos meses, a lo largo del mes de febrero, marzo del 2005, el diálogo general sobre el marco relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea que, insisto, pretendemos que sea un proceso que se
aborde durante la primera mitad del trimestre próximo.
Respecto a las políticas de prevención de riesgos laborales, como decía al comienzo de mi intervención, creo que existe ya una legislación bien definida, acorde con la correspondiente al conjunto de los países de la Unión Europea y, en este
momento, el objetivo fundamental debe ser, más que reformas adicionales en el ámbito legislativo, combatir la siniestralidad laboral, que constituye todavía hoy uno de los problemas esenciales del mercado de trabajo español, poniendo en marcha
políticas activas potentes y tratando de impulsar una verdadera cultura de la prevención entre las empresas y los trabajadores de nuestro país. Para ello, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha marcado como gran objetivo reducir la
siniestralidad laboral hasta la cifra media de la Unión Europea, si es posible, en esta legislatura. España tiene todavía una tasa de 6.569 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores ocupados. En la Unión Europea esta cifra es exactamente
de 4.500 accidentes en términos medios. El compromiso supondría reducir un 40 por ciento la tasa actual de siniestralidad en el mercado de trabajo español.
Además de las pérdidas humanas, se sabe bien que la siniestralidad tiene un enorme coste económico. Un coste que, según diversas estimaciones y estudios realizados al respecto, puede conllevar un gasto que en términos comparativos en
relación al PIB podría estar en una banda entre el 2 por ciento y el 4 por ciento. Nuestro compromiso es, pues, reforzar las acciones de vigilancia y de control y la puesta en marcha de nuevos proyectos y programas de actuación en el ámbito siempre
del diálogo social.
Es intención del Gobierno dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por el Gobierno anterior con los agentes sociales en diciembre de 2002. En primer lugar, en lo relativo a la financiación de la fundación de prevención de riesgos
laborales; en segundo lugar, en todo lo relativo al refuerzo del sistema de vigilancia y control, mediante la habilitación de los técnicos de las comunidades autónomas; en tercer lugar, mediante la reforma del reglamento de los servicios de
prevención; y, por último, estableciendo un nuevo listado actualizado de enfermedades profesionales.
Como medidas más inmediatas para reducir el nivel de siniestralidad, queremos reforzar los medios humanos y materiales de la propia inspección. Algo se ha hecho ya, también durante el trámite parlamentario, mejorando en este aspecto la
dotación, tanto de medios humanos como materiales en la inspección. Y junto a ello queremos reforzar la estructura y los medios de los que actualmente dispone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En consonancia con la
estrategia europea de seguridad y salud en el trabajo, aprobada en 2002, la idea que tenemos es poner en marcha, previo consenso con los agentes sociales y las comunidades autónomas, la formulación de una estrategia nacional donde se establezca el
marco general de las políticas preventivas a desarrollar en el Estado español a lo largo de la legislatura.
En lo que se refiere a la negociación colectiva, el proceso de diálogo social, como ustedes conocen bien, tiene un carácter bipartito. Pero ello no significa que el Gobierno renuncie a la mejora de nuestro sistema de negociación colectiva.
La impresión general que tenemos a ese respecto es que los interlocutores sociales tienen bien merecido un importante grado de crédito en cuanto a su comportamiento durante los últimos años. Un comportamiento que ha permitido obtener, en el
conjunto de la economía española, un nivel de moderación muy apreciable. Un nivel de moderación salarial que está en la base de las ganancias, las importantes
ganancias de empleo experimentadas por nuestra economía a lo largo de los últimos años. Creemos, por consiguiente, que este grado de crédito, este buen nivel de respaldo social alcanzado en su comportamiento, debe tener también su
traducción en el ámbito de la negociación, respetando el carácter bipartito en cuanto a la discusión respecto a las reformas pendientes en la negociación colectiva.
El Gobierno tiene también, naturalmente, sus criterios al respecto y estamos trabajando, incluso en el ámbito del diálogo, en algunas modificaciones que tienen una incidencia importante en la negociación colectiva en nuestro país. Estamos
prácticamente ya en estos momentos a punto de alcanzar un acuerdo, en la mesa de diálogo social correspondiente, relativo, en primer lugar, al establecimiento de edades de jubilación en los convenios colectivos. Como ustedes saben, el Gobierno ya
presentó, también durante los últimos días de septiembre, un anteproyecto de ley que permitiría nuevamente disponer, por parte de la negociación colectiva, de la posibilidad de establecer jubilaciones forzosas con dos condiciones esenciales que la
hacen distinta de las prácticas abordadas en esta materia en el pasado: por una parte, la jubilación tiene que ser a la edad ordinaria. No se trata, por consiguiente, de habilitar a la negociación colectiva para poder disponer del instrumento de
la jubilación forzosa o de la extinción del contrato de trabajo, a una edad inferior a la ordinaria, como se hacía con anterioridad. El nuevo texto plantea la necesidad de que los trabajadores que se vean afectados por acuerdos colectivos,
alcanzados en el ámbito sectorial o de empresa correspondiente, tienen que haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, así como alcanzar los requisitos de carencia mínimos para poder tener acceso a una pensión en su modalidad contributiva. Me
gustaría subrayar esta cuestión, porque no se trata de volver a la situación previa al año 2001, sino de que esta materia figure en los convenios colectivos, pero estableciendo el requisito del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, los 65
años actuales, entre los trabajadores que estén afectados por estos acuerdos en convenio colectivo.
Respecto a la economía social y el trabajo autónomo, como ya mencioné anteriormente, en el diálogo social vamos a abrir también esta materia con nuevos compromisos. El objetivo es, naturalmente, el apoyo decidido para los trabajadores
autónomos y la economía social, pero también desde el convencimiento de que este apoyo debe tratarse en el ámbito del proceso de diálogo social, abordando la situación específica del trabajo autónomo en nuestro país.
Hemos constituido a finales de octubre un grupo de expertos formado por representantes de la Administración y de las organizaciones más representativas del sector, con la pretensión de elaborar un estatuto del trabajador autónomo. El grupo
de expertos tiene un mandato también específico en esta materia. Se trata de elaborar los elementos esenciales que configurarán el nuevo estatuto del trabajador autónomo en España abordando, en primer lugar, la definición, los derechos y las
obligaciones del trabajador autónomo, sus prestaciones sociales, los problemas vinculados a la contratación de familiares y el trabajo a tiempo parcial.
Estos son los objetivos que pretendemos alcanzar en cuanto al diseño del estatuto del trabajador autónomo. Pero, obviamente, no agotamos ahí las medidas de estímulo y de fomento, tanto del empleo autónomo, como de la economía social. Entre
otras medidas, debo subrayar las que se refieren a la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social en la gestión, también de los contratos-programa de formación continua, con una dotación
de seis millones de euros para cada uno de los dos colectivos: seis millones de euros para la economía social y seis millones de euros también para las organizaciones de autónomos.
Junto a ello, otro campo en el que nos hemos comprometido a trabajar durante los próximos años, y que está también residenciado en el ámbito de las competencias de la Secretaría General de Empleo, es el de la responsabilidad social de las
empresas. Con el objetivo de avanzar en la implantación, en primer lugar, de un nuevo marco de empresa competitiva y socialmente responsable. Un marco que contemple garantías laborales y compromisos con el entorno social y medioambiental. Con
este compromiso vamos a establecer, también en el ámbito del diálogo social, una nueva mesa de diálogo específico, con la idea de tratar estos aspectos vinculados a la responsabilidad social de las empresas. Queremos, pues, que el diálogo social
aborde los problemas vinculados a esta materia.
Pero queremos hacerlo también de forma simultánea con el conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que tienen legítimamente algo que decir al respecto. Me estoy refiriendo a las
organizaciones de consumidores, a las organizaciones medioambientales, a las organizaciones de derechos humanos, a la propia economía social y, para ello, queremos también constituir en paralelo un foro de expertos al que se incorporen estas
organizaciones, con la finalidad de emitir un informe sobre los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar una política de fomento de la responsabilidad social de las empresas en España.
Pretendemos, pues, dar cumplimiento a los
compromisos del programa electoral con el que concurrió el Partido Socialista a las elecciones de marzo.
Son compromisos que tienen que ver, en primer lugar, con la creación de un consejo de responsabilidad social en las empresas en las que estén presentes todas las organizaciones sociales, por una parte, empresariales, por otra, y también las
organizaciones de la sociedad civil. Y pretendemos hacerlo de forma que ese consejo de responsabilidad social sea también el fruto de una ley sobre responsabilidad social, en la que se establezcan los mecanismos de estímulo al logro de este tipo de
objetivos en las empresas; mecanismos de
estímulo sobre la base de dos conceptos esenciales: en primer lugar, la voluntariedad de las empresas y, en segundo lugar, el concepto de complementariedad. La responsabilidad social de las empresas tiene que ser un ámbito nuevo, un ámbito
complementario, pero no puede olvidar que lo primero y lo esencial que las empresas deben tratar de cumplir, y la ley así lo debe de exigir, son las materias vinculadas a la legislación laboral, vinculadas a la legislación medioambiental, vinculadas
a la legislación fiscal. No es posible la búsqueda de excelencia en este ámbito, en el campo de las empresas, sin tener en cuenta previamente que existen obligaciones importantes que actualmente tienen en el ámbito laboral, fiscal, social o
medioambiental.
Quisiera finalizar esta comparecencia agradeciendo a SS.SS. su atención y recordando que el Gobierno en materia laboral nunca va a adoptar medidas unilateralmente. Se ha comprometido a someter sus proyectos, sus ideas, sus planteamientos,
al ámbito del diálogo social. Nosotros tenemos esperanzas en que el proceso, iniciado el 8 de julio, dé resultados importantes en las grandes materias que configuran el diálogo social.
Hemos hecho una apuesta decidida, difícil también, que, sin
duda, rendirá y está ya rindiendo frutos importantes. Queremos que esos frutos se extiendan también y muy especialmente al ámbito del diálogo en cuanto a las grandes reformas pendientes en el mercado de trabajo español. Pero yo creo que los
primeros meses de desarrollo del proceso de diálogo nos permiten ser también optimistas respecto a los resultados a alcanzar durante el próximo año.
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a las intervenciones de los grupos, iniciando la palabra el señor Campuzano, que ha pedido la comparecencia.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señor Gómez, por su amplísima intervención.
De hecho la petición de comparecencia era sobre política de empleo y el señor Gómez ha efectuado un repaso, que no puede ser profundo por la propia amplitud del mismo, a buena parte de la agenda que el Gobierno tiene previsto impulsar en
este ámbito. Existen muchos elementos de debate y por las limitaciones de tiempo no voy a poder abordar todas las cuestiones que usted ha tratado.
Como consideración previa, quiero recordar algunas cuestiones obvias que quizá usted habrá también remarcado al inicio de su intervención, que no he podido escuchar por no haber estado presente, por lo que le pido disculpas también. Es
evidente que estamos frente a una realidad y es que, a pesar de que en los últimos ocho años (el Gobierno coincide en eso y también nos sentimos copartícipes en su justa mesura) se han producido avances sustanciales en la creación de empleo, en la
reducción de las tasas de temporalidad, en la reducción del desempleo, en el aumento de las tasas de actividad, hoy España continúa siendo de los países, previo a la actual ampliación, con la mayor tasa de paro y con la menor tasa de actividad y,
por tanto, frente a una gran existencia aún de desempleo importante y con la dificultad de incorporar a más personas a trabajar.
Por otro lado, todas las encuestas del CIS continúan situando el paro como la principal preocupación de las familias
españolas. Una red objetiva de cifras, una tasa de paro importante, una tasa de actividad baja y una preocupación de las familias sobre la cuestión del paro, de la falta de empleo, de la preocupación respecto a las cuestiones de empleo.
Sobre esa realidad están operando dos elementos. Por un lado, la necesidad de abordar una política de reformas profundas de nuestro marco laboral y de las políticas públicas en este ámbito, convencidos de que el actual sistema productivo,
basado básicamente en la utilización intensiva de la mano de obra, es evidente que no responde a las nuevas necesidades, ni de la economía, ni de la sociedad, ni de las empresas. Y existe un amplio consenso en la necesidad de orientar nuestro
sistema productivo hacia la idea del capital humano basado en el talento y la motivación de las personas trabajadoras. Por lo tanto, un contexto de la realidad de paro y de tasa de actividad importante, preocupante, inquietante; preocupación por
parte de las familias y necesidad de transformar nuestro modelo de crecimiento económico, nuestro modelo de creación de ocupación. Y frente a problemas -que el Gobierno seguro que también comparte- como las tensiones que se prefiguran en el corto
plazo y en el medio plazo de escasez de trabajadores en determinados sectores, la gestión del fenómeno migratorio de manera correcta y adecuada, las consecuencias que las nuevas realidades familiares tienen para el mundo del empleo, la necesidad
también de responder a demandas de producción, estacionalidad o de reordenación del tiempo de trabajo o de la propia evolución de las unidades empresariales, con plantillas más reducidas, más jóvenes, con menor antigüedad, seguramente más
cualificadas también.
Todo esto configura un escenario complejo y difícil en el que, insisto, el Gobierno debe abordar una agenda de reformas profundas de nuestro mercado de trabajo. Una agenda que mi grupo aplaude que el Gobierno aborde desde la lógica del
diálogo social. Aplaude que ese abordaje no sea bajo la lógica de la imposición. Hemos podido comprobar en estos últimos años que las reformas laborales, impulsadas bajo una lógica que no sea la del resultado del acuerdo entre organizaciones
sindicales y empresariales, están abocadas al fracaso o, en todo caso, sus potencialidades de actuación son escasas e incluso contraproducentes. Ahora bien, eso no quiere decir que el Gobierno no deba tener la iniciativa política en este ámbito.
Junto a la necesidad de abordar el diálogo social, entiende mi grupo que el Gobierno debe ser capaz de liderar las propuestas que son necesarias para hacer frente a esa preocupación, a esa principal preocupación de la mayoría de las familias
españolas: reducir las tasas de desempleo existentes,
aumentar nuestras tasas de actividad y hacer frente a ese nuevo paradigma que todos intuimos sobre el que se debe construir nuestra política en este ámbito.
En este sentido, mi grupo le quiere plantear algunas cuestiones. En primer lugar, estamos ante la necesidad de abordar una simplificación del número de contratos laborales existentes y sobre ello vamos a tener ocasiones de profundizar.
Pero es evidente que la dispersión de contratos existentes no ayuda a estimular su utilización por parte de las empresas. Hemos de encontrar mecanismos que nos puedan permitir generalizar la utilización del contrato indefinido, y ahí es
absolutamente necesario abordar los problemas de fondo que existen en este ámbito. Hay que impulsar aquellas reformas, aquellos mecanismos, que permitan reformar el principio de causalidad en la contratación temporal. Y hay que saber introducir la
regulación del trabajo a tiempo parcial que permita que esta modalidad, que continúa siendo infrautilizada en el caso de España, se convierta en un instrumento efectivo en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Hay que abrir una reflexión a fondo sobre el funcionamiento de nuestros servicios públicos de empleo. Hoy los servicios públicos de empleo no son el principal instrumento para que las personas desempleadas puedan encontrar empleo y, en este
sentido, mi grupo entiende que es el momento de abordar una reflexión a fondo sobre la participación del sector privado en el ámbito de la intermediación laboral, en el ámbito de la búsqueda de empleo para las personas. Y, quizá, toque ya abrir el
debate que han tenido otros países de la Unión Europea, como ir hacia una legislación que pueda permitir la creación de agencias de empleo que, junto con el servicio público de empleo, o incluso formando parte del sistema público de empleo,
constituyan elementos de liberalización del mercado de trabajo.
Coincidimos con el señor Gómez, en que es necesario abordar una revisión a fondo del actual sistema de bonificaciones para adaptarlo a las actuales necesidades. Seguramente también en la lógica de una mayor simplificación del mismo. Y hay
que abordar la verdadera política de formación de las personas trabajadoras. Allí abordamos una situación realmente sorprendente, como es el contencioso abierto entre el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos, en relación a la gestión de
la formación continua, con cinco sentencias del Tribunal Constitucional que dejan muy claro que las competencias esenciales en este ámbito corresponden a las comunidades autónomas. E incluso, de esto hace poquísimos días, el actual Gobierno de la
Generalitat y las secciones patronales y sindicales aprobaron una declaración conjunta -que supongo que ayer el Gobierno de Cataluña presentó en el marco de la conferencia sectorial- en la que se exigía el cumplimiento de las sentencias del Tribunal
Constitucional y reclamaba el traspaso de los recursos de la formación continua, no del 50 por ciento o del cien por cien de la parte que gestiona el Gobierno, sino del conjunto de los recursos. Eso quiere decir que si el criterio de referencia
fuese el de la población ocupada o activa en Cataluña, estaríamos hablando de unos 151 millones de euros para Cataluña. No para el conjunto de las comunidades autónomas, sino para Cataluña, de los 757 millones de euros que constituyen el
presupuesto en esta materia.
Declaración, no de Convergencia i Unió, sino del actual Gobierno tripartito catalán, de la Unión General de Trabajadores, de Comisiones Obreras, de Pimec y de Foment de Treball, en un contexto de indignación de los
agentes sociales por el incumplimiento de estas sentencias y de preocupación porque, de la cifra de 427 millones de euros que los presupuestos para este año consignaban en el concepto de bonificaciones a cotizaciones sociales, prácticamente más de
200 millones de euros -según tengo entendido- estaba previsto que no se ejecutasen en este ejercicio presupuestario. De ahí la existencia de preocupación de los agentes sociales sobre la posibilidad de que esos recursos consignados en los
presupuestos, que aparentemente no se van a gastar en formación continua, sean traspasados a los gobiernos autonómicos. Tenemos una proposición no de ley en este sentido en la que solicitamos que ese remanente no ejecutado de los recursos de la
formación continua, del concepto de bonificaciones, no respecto a los 330 millones de euros de los contratos-programa, pueda ser traspasado en un primer avance del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. También encarecemos que
de la manera más urgente posible, en el próximo año, se aborde la elaboración del nuevo sistema de formación continua, que no debe responder tanto a la lógica de que el 50 por ciento de los 330 millones sean gestionados por los gobiernos
autonómicos, sino que del conjunto del sistema, la gestión corresponda a los gobiernos autonómicos.
Termino apuntando como guión, porque tengo la luz ya roja, cinco ideas hiperconcretas. En materia de autónomos, preocupación porque nos parece que el Gobierno, cuando desarrolla las acciones concretas en este ámbito, lo hace desde la
desconfianza hacia los trabajadores autónomos. No nos parece que esa sea la mejor manera de abordar esta cuestión. Aplaudimos el anuncio de elaboración de una ley de empresas de inserción, que es un compromiso que creo que todos tenemos -he de
recordarle que mi grupo tiene planteaba la proposición de ley en este sentido-. Planteamos que se busquen fórmulas que puedan garantizar el poder adquisitivo del Iprem, y en ese sentido lamentamos que no se aprovechase el trámite parlamentario que
suponía la convalidación del real decreto que establecía esa medida.
Mi grupo pidió que se tramitase como proyecto de ley. Creemos que fue un error hurtar al Parlamento la posibilidad de abordar un debate a fondo sobre una de las medidas de mayor
calado social que habrá impulsado el Gobierno en esta medida. Y, finalmente, entendemos que el abordaje de la responsabilidad social de la empresa, que el Gobierno va a efectuar en el seno del diálogo social, debe ser también compatible
con los trabajos que muy pronto va a iniciar esta Comisión en el marco de la subcomisión parlamentaria para, precisamente, impulsar estas medidas en el ámbito de esta nueva concepción de la empresa, de la empresa ciudadana, que a todos nos
parece extremadamente sugerente.
Simplemente quiero invitar al Gobierno a que impulse ese diálogo social, pero que lo haga bajo ideas claras y que tenga capacidad de liderazgo.
Nos parece que es un momento de reformas profundas de nuestro sistema de mercado de trabajo y si
el Gobierno es valiente en esta materia va a encontrar siempre el apoyo de Convergencia i Unió.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor secretario general, por su presencia solicitada no sólo a instancia de Convergencia i Unió, sino por propia iniciativa, y gracias también por la amplia explicación que nos ha dado.
Quiero hacer foto, siquiera breve, de lo que consideramos que es la situación en este momento del empleo y del mercado laboral en España.
Parto de la constatación objetiva de que en los tres últimos meses ha crecido el desempleo -en agosto,
septiembre y octubre- y particularmente en octubre se ha dado un fenómeno, sobre el que nos gustaría conocer la valoración del secretario general -la nuestra, evidentemente, es negativa-, en cuanto a la reducción de la contratación comparada mes a
mes, octubre a octubre, pues se ha hecho una contratación de 1.472.055 contratos que supone una reducción del 5,5 por ciento. Además, esta reducción en la contratación tiene una incidencia directa en la contratación indefinida, que en ese mes se ha
fijado en una pérdida de 4.781 contratos indefinidos en relación a los que se consiguieron en octubre de 2003. Es decir, que se ha reducido la contratación indefinida al 8,68 por ciento del total. Por lo tanto, nuestra primera constatación es una
cierta caída de la contratación y del empleo estable.
Haciendo una valoración de la EPA del tercer trimestre, porque efectivamente los gastos no son en este momento hiperpreocupantes, sí es cierto que ha habido un dato muy negativo y que además ya ha sido objeto de permanente crítica y
preocupación en las anteriores legislaturas por el Grupo Socialista. Ni usted ni el portavoz actual estaban aquí, pero la señora López i Chamosa sí, y soy muy consciente de las permanentes y reiteradas críticas hacia la política laboral y de empleo
del Partido Popular, del Gobierno Popular, en relación con la temporalidad. Una temporalidad que casi ha crecido un punto, pues ha pasado del 30,4 al 31,2; es un incremento del 0,8 por ciento y, por lo tanto, nos parece que es un dato relevante en
este periodo en la dirección negativa, en la dirección indeseable.
Con todo, no valoramos de una forma negativa el dato en su conjunto del tercer trimestre del año en curso, pero sí concluimos que hay un incremento de la temporalidad, que hay una variación interanual más baja del tercer trimestre de 2004
desde el año 1998, con la única excepción del año 2002, que el dato tiene también ya en ese sentido un peso añadido, y además se está planteando, no sólo en el tercer trimestre, sino ciertamente en los últimos meses y prácticamente en el último año,
una progresiva destrucción del empleo industrial, que creo que también merece una reflexión conjunta de todos nosotros y probablemente de otras comisiones y de otros ministerios. Voy a apuntar también algunos indicadores económicos.
La competitividad. El señor Cuevas, el presidente de la patronal empresarial CEOE, hacía una reflexión en torno a que estamos perdiendo el 1 por ciento de competitividad anual y que además nos encontramos en un momento particularmente
relevante, en el sentido de que incide el elevado precio del petróleo y las menores expectativas de crecimiento económico, con lo cual da a entender su preocupación porque esta pérdida ya existente se vaya acrecentando. Si nos referimos a la
inflación, el dato de octubre es rematadamente malo. Sube cuatro décimas y nos ubicamos en este momento en un 3,6 por ciento. Hoy cerramos mes, quizá el señor secretario general tenga alguna aproximación a la evolución de este mes -ojalá sea
positiva- y mañana no, pero dentro de muy poco sabremos también el dato del IPC, que va a tener una particular relevancia presupuestaria en cuanto a los costos de la recuperación de las pensiones, y sin duda va a ser una cuantía importante la que
este año se deba dotar para que nuestros pensionistas vean cubierto su derecho de no perder poder adquisitivo. El transporte, además, se está evidenciando como uno de los elementos inflacionistas que subyacen en el dato que acabo de referir y
obviamente este es un dato de proyección. Es decir, no es un dato que previsiblemente se vaya a cortar ahora, sino por la propia dinámica de compras del crudo, por la afectación enérgica del petróleo en todo lo que implica el transporte y costos
derivados, va a tener una proyección futura negativa en nuestra inflación. Y si nos referimos al crecimiento, pues nos encontramos en este momento con un crecimiento más desequilibrado, al punto que podemos decir que tenemos un crecimiento negativo
de más de un punto y medio porcentual en el sector exterior.
¿Qué concluimos aquí? Pues me va a permitir, ya que se va a hacer luego un mención; que nuestra conclusión no sea imputable al señor secretario general o no sea exclusivamente imputable. Pero, evidentemente, si queremos hablar de empleo,
tenemos que hablar de todo lo que ha manifestado el señor secretario general y tenemos que hablar de todos los factores que al final inciden en la creación o destrucción de empleo, en el crecimiento económico, en la mejora del mercado de trabajo,
etcétera.
Nosotros constatamos que en este momento nos encontramos en una situación de crecimiento
plano, o dicho con otras palabras, en este momento entendemos que se sigue viviendo de rentas. Desde este punto de vista consideramos urgentes las reformas, no sólo las laborales, que evidentemente son su marco directo de competencia y
máxime en el momento en el que estamos viviendo con una inflación y una pérdida de competitividad. Nos parece, en este sentido, que nos podemos ubicar ya en una situación en la que el no hacer puede ser tan perjudicial como el hacer y hasta
equivocarse.
Estamos es un desgobierno económico, me va a permitir que se lo diga. Yo creo que la economía en estos momentos para el Gobierno socialista está bajo la cama. El Gobierno se está preocupando de otras historias. El señor Moratinos se
preocupa de golpes en Venezuela; los Presupuestos Generales del Estado han sido una especie de rastrillo que todavía no sabemos en qué ha concluido; ya veremos finalmente si somos todos capaces de saber cuáles han sido las consecuencias económicas
de los pactos forzados del Gobierno socialista, porque el vicepresidente económico Solbes fue incapaz públicamente, en la tribuna, de manifestar en qué se concretaban esas aportaciones; hay evidentes problemas territoriales con discusiones sobre la
nación y la nacionalidad que están planteando no sólo inestabilidad política y descrédito externo, sino gasto de energías en el Gobierno; hay problemas con las selecciones deportivas; hay problemas con el idioma, especialmente con el valenciano y
el catalán; hay conflictos con la Iglesia y los cristianos; hay abrazos a los cubanos -no sabemos si la ministra de Sanidad va a tener que revocar su orden de prohibición de fumar, a la vista de esta nueva relación privilegiada y a lo mejor los
puros son admisibles para los ciudadanos en cualquier lugar público o privado-; y hay permanentes rectificaciones públicas. Perdone que lo diga iocandi causa, pero en el fondo, lo que nosotros queremos poner en el tapete es que la política que ha
llevado en ocho años el Gobierno popular ha sido una política toda dirigida a la mejora del empleo, a la creación del empleo, a disipar y a diluir lo que hace nueve o diez años estaba acuñado en nuestra sociedad de que el desempleo en España es algo
estructural, pertenece al paisaje como los Pirineos, está ahí y es algo casi inamovible, y que, por lo tanto -primera preocupación de los ciudadanos, como recordaba el portavoz de Convergència i Unió- se actuara desde todas las instancias
gubernamentales, con todos los instrumentos de la acción política, desde la política fiscal, desde la política de la competencia, desde la política de la regularización, también desde la política del diálogo social, pues estoy de acuerdo con que,
fruto del diálogo social, son los mejores instrumentos para potenciar y dinamizar el mercado de trabajo. Y nos da la impresión de que usted está haciendo esfuerzos que nosotros reconocemos. Nos gustaría tener la certeza de que el Gobierno
socialista acompaña la labor que desde su secretaría general se puede desarrollar. Y no gustaría además que se haga en plazo breve para que tenga una efectividad e incida positivamente y, como decía hace un momento, no continuemos viviendo de
rentas. Porque usted me dirá si cree que es positivo, por las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en orden a deducir las bonificaciones fiscales en los planes de pensiones; planes de
pensiones en los que estamos hablando de salario diferido y estamos hablando de algo que afecta directísimamente al mercado laboral. Y estamos hablando, o al menos soltando globos sonda, de posibles futuras reformas impositivas, contra las
recomendaciones del Pacto de Toledo que van en dirección contraria. Y estamos hablando de la afectación de derechos consolidados de más de seis millones de familias y no millonarias. ¿Qué podemos decir en relación a las deducciones de vivienda que
se han planteado por la ministra, que nos plantea, eso sí, soluciones habitacionales, el que se reduzcan o extingan? ¿No afecta a un sector que está siendo dinamizador del empleo en nuestro país de una forma importante?
La inestabilidad fiscal, la presupuestaria, la programática y la política, señor secretario general de Empleo, a nosotros nos preocupan. El propio señor Solbes ya ha dicho que sus previsiones de crecimiento de empleo para el año 2005 las ha
rebajado ya a 20.000 empleos. No sé finalmente en cuántos acabarán rebajándose. El Fondo Monetario Internacional ya ha corregido el crecimiento previsto en el presupuesto, que también el propio señor Solbes ha venido a decir que iba a ser de
difícil cumplimiento, de un 3 a un 2,6 por ciento.
En temas concretos, ¿qué quiere que le diga? A nosotros no nos ha gustado la actuación del Gobierno, por ejemplo, en Izar, no recurriendo. Nos parece que debería haber agotado todos los cartuchos como hacen otros países. Y si no miremos
cómo está funcionando Astholm en Francia, pues a veces parece que no estamos en la dinámica de las cosas. Nosotros también podríamos sonrojar a muchos países si nos ponemos puritanos en el cumplimiento de la legalidad comunitaria.
Voy a dar por reproducidas las preguntas que ha formulado el señor Campuzano y le voy a plantear alguna adicional, porque se me acaba el tiempo y, pese a la generosidad de la señora presidenta, no le voy a entretener mucho más.
Quisiera que concretara, si puede, el calendario legislativo, porque le he entendido -quizá mal- que tiene una previsión de que en febrero, probablemente, se puedan empezar ya a articular medidas legislativas para que abordemos los frutos
que esperamos todos del diálogo social.
En cuanto a la renta activa de inserción, en principio, es la misma del año 2004; cuando ustedes están abriendo el abanico del número de beneficiarios, están abriendo la entrada en la percepción, en el derecho, en el devengo antes, y está
creciendo en casi un 10 por ciento la duración de la prestación. Nosotros formulamos una
enmienda en este sentido que no fue aceptada. Ya nos explicará cómo es esto.
A nosotros nos preocupa la congelación de la dotación presupuestaria relativa a las bonificaciones de contratos en 2.270 millones de euros, casi 400.000 millones de pesetas, porque nos parece que es un elemento dinamizador. Yo no sé por qué
hoy no lo ha dicho usted, en alguna declaración pública sí hemos podido leer que en algún momento determinado ha planteado -probablemente, y ya le anticipo mi opinión, en contra de los criterios del vicepresidente económico del Gobierno- la eventual
posibilidad de reducción de dos puntos de las cotizaciones de la Seguridad Social y su compensación vía impositiva, así como la reducción del 0,4 al 0,2 por ciento también en la cotización al Fondo de Garantía Salarial.
En los autónomos, le he de decir que nosotros esperamos que el grupo que sustenta al Gobierno apoye la complementación de la iniciativa que ustedes han planteado, en el sentido de que también sean beneficiarios y se puedan acoger y se pueda
contratar a los familiares que convivan. No entendemos por qué el factor de convivencia hace una distinción entre los que sí tienen derecho y los que no, no sé si es una nueva política familiar del PSOE excluir a los que viven en la familia.
En cuanto a la inmigración, lo que no hay, o al menos esto es lo que se nos ha manifestado en los debates presupuestarios, es una previsión relativa a los frutos que pueden derivarse de la regularización por el reglamento de inmigración.
Dicho con otras palabras, no sé cuántos cientos de miles de personas se van a acoger a esto, pero evidentemente habrá algunos que a lo largo del año que viene pasen a situación de desempleo y, por lo tanto, puedan o no generar una prestación en
mayor o menor cuantía en la incapacidad temporal, o las bonificaciones a los que se vuelvan a recontratar a lo largo del año 2005. Algún efecto financiero en el presupuesto tendrá y, en principio, nosotros no sólo no lo hemos visto, sino que se nos
ha dicho expresamente que no se ha contemplado.
En cuanto al salario mínimo interprofesional, le agradecería que nos pudiera decir -a lo mejor no tiene el cálculo-, en ese objetivo de los 600 euros en el año 2008, qué parte es la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los
gobiernos socialistas y anteriores -porque la recuperación de los gobiernos populares ya se ha producido- y qué parte se puede estimar como crecimiento efectivo del salario mínimo interprofesional.
Voy concluyendo. Jubilación forzosa. A nosotros lo forzoso nos gusta poco, o al menos a mí, y yo creo que pueden ustedes encontrarse en una situación de eventual inconstitucional. El derecho al trabajo es un derecho de carácter
personalísimo, como todos sabemos. Por lo tanto, el que otros en nombre de uno, sin la anuencia de uno, salten de regular en la vida de la negociación colectiva las circunstancias concretas en que se puede desarrollar su jornada, su salario,
determinadas condiciones de trabajo, salten de ahí a la propia esencia del derecho al trabajo mismo que constitucionalmente viene recogido, nos parece que no es lo más adecuado, y además va en contra de las recomendaciones del Pacto de Toledo de ir
difiriendo voluntariamente la edad de jubilación. Y que además nos parece que en determinados supuestos -se lo anticipo ya- puede ser un perjuicio económico para la persona a la cual se le puede aplicar esto vía negociación colectiva. Piénsese que
usted ha puesto dos condiciones y una de ellas es que se reúna el periodo mínimo para la jubilación. Es decir, que para gente que puede tener salud, ganas y derecho constitucional a continuar trabajando y mejorar su pensión, y actuar encima a favor
de la viabilidad del sistema de la Seguridad Social, ustedes quieren introducir forzosamente la eventual posibilidad de que se establezca esta restricción de un derecho que a mí me parece fundamental. Le alerto lealmente y le pido una
reconsideración a usted y a los que participan a esta cuestión.
En cuanto a la responsabilidad de sociedad empresarial, también va a haber una subcomisión aquí que pretende contribuir a enriquecer este debate desde la vía parlamentaria y que, por supuesto, tendrá en consideración lo que las diversas
mesas hagan, como esperamos que los demás tengan en consideración lo que desde este Parlamento se pueda concluir.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor secretario general, en principio, quisiera agradecerle, en nombre del Grupo Socialista, su presencia, así como su intervención pormenorizada presentando las políticas que se están desarrollando. Yo creo que
esto es algo que indudablemente conocíamos en gran parte por los propios Presupuestos Generales del Estado, pero no es menos cierto que nos ha dado una prolífica información que nos congratula en el Grupo Socialista, a pesar de las críticas que
anteriormente ha hecho el portavoz del Grupo Popular.
Nos gusta la letra y la música de su intervención. Nos gusta la letra en el sentido que usted ha desgranado una serie de medidas en las que está trabajando su departamento, en concreto la secretaría. Y nos gusta la música, que es la
concertación, el diálogo, el acuerdo con las comunidades autónomas, con los interlocutores sociales, con los grupos parlamentarios. Es decir, un sistema de trabajo que era necesario para este país, precisamente para recobrar la línea de
concertación perdida hace aproximadamente cuatro años.
Voy a comenzar haciendo una consideración. Escuchando las continuas retahílas de descalificación de las políticas que usted ha estado planteando por parte del Grupo parlamentario Popular, la verdad es que no conocía en esta faceta al señor
Azpiroz. Se me estaba
representado el señor Barrachina haciendo esta intervención, porque plantear que en estos momentos las políticas de empleo tienen que ver con la política exterior, con las relaciones con Cuba, con la posición del señor Moratinos,
sinceramente, no sé a qué obedece esto.
Yo creo que en estos momentos la imagen que se está dando por parte del Ministerio de Trabajo es una imagen sólida, de enorme estabilidad, con un proyecto político que se está desarrollando paulatinamente, con un proyecto, además, que tiene
como base fundamental la reactivación de la productividad, con un cambio de modelo y de reorientación de ese modelo económico, y lo están haciendo con el apoyo de quien lo tiene que buscar, con el apoyo de los empresarios, de los sindicatos y de las
organización sociales. Ese es el método y es un método que es muy difícil de visualizar porque seguramente hay que tocar muchos pitos, pero que tendrá una traslación posterior. Por lo tanto, no se preocupe usted, señor Azpiroz, pues la estabilidad
está perfectamente consolidada, el modelo de crecimiento no tiene en estos momentos grandes problemas, más allá de los puramente coyunturales en la economía, y en el terreno del empleo, usted nos está diciendo que en los últimos tres meses ha habido
una caída del empleo. Los informes de la Caixa que recibimos precisamente los parlamentarios ayer nos dicen que el empleo acelera su crecimiento en el tercer trimestre, según información de la EPA. Y el informe de la Caixa dice que esta
trayectoria confirma la tónica de relativa solidez del mercado de trabajo durante el periodo veraniego, ya apuntada anteriormente por otros indicadores, como la afiliación a la Seguridad Social o las cifras de contratos. Por lo tanto, como yo estoy
convencido de que los informes de la Caixa no son en estos momentos unos informes que estén en la onda de poner en cuestión las políticas empresariales o incluso las políticas de ninguna opción política, la verdad es que yo le doy una cierta
importancia a lo que nos están diciendo los técnicos que habitualmente nos informan sobre la evolución del mercado de trabajo. Por tanto, yo creo que los hechos coyunturales no deben hacernos perder la orientación de cuáles son las políticas
generales. En ese sentido, me parece bueno dejar las cosas claras desde el principio, porque si no da la sensación de que hemos pedido la comparencia del secretario general de Empleo para hablar de algo que no corresponde a sus atribuciones.
Volviendo ya a la comparecencia del señor secretario general, le quería decir que estamos de acuerdo en el Grupo Socialista con el diseño que usted ha estado planteando sobre el modelo de crecimiento. Nosotros hemos tenido un modelo de
crecimiento importante en los últimos años que ha sido un modelo de crecimiento débil, con enormes bolsas de empleo muy precarizado, con unos niveles de prestaciones sociales cada día más devaluados y con un aumento de la economía sumergida basada
fundamentalmente en la inmigración irregular. Yo creo que ese modelo de crecimiento nos ha permitido aumentar la contratación, pero no nos ha permitido el tener unas bases sólidas sobre las cuales cimentarlo. De tal manera que nosotros en estos
momentos tenemos una ratio de productividad/hora por trabajador 20 puntos por debajo de la media de la antigua Europa de los Quince. Y eso es un proceso que ha evolucionado negativamente en el terreno de la productividad en los últimos años.
Nosotros tenemos los informes de la OCDE, que ustedes conocen perfectamente, en los cuales se está diciendo que el crecimiento económico de nuestro país tiene unas bases escasamente sólidas porque la productividad se basa en empleo en sectores con
escaso valor añadido. Y eso lo están diciendo organismos de carácter internacional.
Desde ese punto de vista, nos parece bien la reorientación que se quiere dar por parte de este ministerio y por parte de la Secretaría General de Empleo, basada fundamentalmente en una metodología de contar con las comunidades autónomas a la
hora de ir definiendo las políticas activas de empleo y con el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, y es una fórmula que, a pesar de los problemas de retrasos que ustedes están planteando en algunos casos -que
indudablemente existen-, sin duda es beneficiosa a medio plazo.
Señor Azpiroz, convendrá conmigo que la etapa de concertación que se situó a partir del año 1997 con el Gobierno de su partido fue una etapa realmente interesante en el conjunto de la economía y en el conjunto del empleo en nuestro país. La
etapa de ruptura que ustedes desarrollaron a partir de la mayoría absoluta fue una etapa desastrosa para la confianza de los agentes sociales con ustedes y, al mismo tiempo, de confrontación con una parte importante de la sociedad. Hasta tal
extremo que terminó en una huelga general. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese enfoque es interesante.
El diálogo social en absoluto supone hipotecar la política a seguir. Todo lo contrario, es una fórmula que busca el consenso como elemento de encuentro. Si queremos modular y cambiar la orientación de nuestro proyecto económico, tenemos
que contar con los agentes que son sujetos fundamentales para ello. Además, en este marco, el señor secretario general ha manifestado cómo el diálogo social está abordando temas importantes: la contratación, la seguridad, la formación permanente,
las políticas industriales y de medio ambiente o el desarrollo o de la negociación colectiva y de la Seguridad Social. Todos ellos definen el modelo del mercado de trabajo que queremos para el futuro en nuestro país y que quiere este Gobierno y que
además definió ya previamente en el programa electoral que llevarnos a las elecciones, que nos ha obligado a gestionarlo en el momento en que tenemos el gobierno de este país. Con este marco de negociación el Gobierno está demostrando que cree que
en diálogo social, que no está por imponer soluciones, una afirmación que de nuevo hoy ha hecho el secretario general y que ya hizo
el ministro en su comparecencia-, que no va a imponer ninguna medida que no tenga el consenso de las personas o de los agentes afectados, y eso es una garantía importante. Pero también se están planteando medidas en otros ámbitos que no son
los tradicionales, como puede ser el sector de los autónomos, no sólo por el reflejo que tienen las dos iniciativas en los Presupuestos Generales que anteriormente ha reseñado el señor secretario general, sino por la existencia de una vía de
entendimiento, de acuerdo con organizaciones representativas del sector de los autónomos y la puesta en marcha de una comisión de expertos para evaluar, valorar y hacer una propuesta de lo que debe ser el estatuto del autónomo. Ustedes saben
exactamente igual que yo que en esta legislatura, en estos apenas siete meses que llevamos de Gobierno, casi cien iniciativas sobre temas de los autónomos han entrado en esta Comisión por la vía de preguntas, de proposiciones no de ley o de
proposiciones de ley, lo cual demuestra que es un tema de una enorme envergadura y que todos tenemos interés en solucionarlo. Pues bien, el Gobierno ha introducido medidas de carácter económico y social en los presupuestos y, por otro lado, está
permanentemente en contacto con las organizaciones representativas de los autónomos en base a una mesa de concertación y, al mismo tiempo, ya se ha puesto en marcha una comisión de trabajo para el estatuto del autónomo.
Eso se llama trabajar y
poner en marcha las medidas que interesan al conjunto de la sociedad.
Hay otra cuestión que nosotros valoramos positivamente y es el desarrollo en estos momentos del Reglamento de la Ley de Extranjería. Frente a una ley tan denostada, una ley que tuvo muchos problemas y mucho rechazo, se está poniendo en
estos momentos en marcha un reglamento con un amplio consenso social y político, que tiene como objetivo fundamental primar el empleo de los inmigrantes y aflorar la economía sumergida de los mismos.
Lo cual está en línea con el aumento de la
productividad y el cambio de la orientación económica, que no tiene por qué ser un cambio sustancial, pero que sí tiene que ser un cambio que visualicemos en la epidermis del conjunto de la sociedad.
Para terminar -porque veo la luz roja-, me gustaría hacer una clarificación sobre el tema de la formación profesional. A mí me parece que la propuesta del ministerio de intentar desarrollar un modelo de formación profesional basado en dos
subsectores que tengan como objetivo fundamental la formación permanente y continua de los trabajadores y la formación reglada, es un paso adelante que no se puede visualizar de una manera rápida. Además, si adecuamos las sentencias del Tribunal
Constitucional al modelo de la formación continua, con trasvase de fondos a las comunidades autónomas -por cierto, hemos pasado de 1.000 euros en los presupuestos de 2004 a 153 millones de euros en los presupuestos de 2005-, eso supone un avance.
Ese modelo de formación profesional se está haciendo en estos momentos en colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones sindicales y empresariales. Es un modelo que pone en cuestión el modelo que el señor Zaplana impuso
unilateralmente al conjunto de los agentes económicos y sociales, que fue el de la bonificación a las empresas y que se ha visto que en estos momentos es un rotundo fracaso. Por eso, el modelo que ustedes están planteando me parece que está
perfectamente ajustado a las necesidades y, al mismo tiempo, recupera el grado de entendimiento imprescindible para sacar adelante una tarea como ésta.
La señora PRESIDENTA: Para contestar a los distintos grupos parlamentarios, tiene nuevamente la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): En primer lugar, agradezco el tono de las intervenciones, sobre todo en lo que hace referencia al tono propositivo. Creo que en general hay un buen grado de acuerdo respecto a lo que
podemos y debemos hacer durante los próximos años en este ámbito.
Se refería el señor Azpiroz a la situación general, tanto en el ámbito económico, como en otros ámbitos. Yo me centraré exclusivamente en la situación en el mámbito económico y laboral, que es mi obligación. Yo creo que -se ha dicho aquí
por parte del señor Membrado- la situación económica, del empleo, la situación coyuntural nos permite llegar a una conclusión razonablemente optimista. ¿En qué sentido optimista? En un doble sentido: optimista respecto a que nuestra economía
sigue manteniendo intacta su capacidad de creación de empleo; en segundo lugar, sigue manteniendo intacta su potencialidad en cuanto a la traducción, en términos de creación de empleo, del crecimiento económico. Es decir, las tasas de crecimiento
del 2,5 al 2,6 por ciento se siguen traduciendo en tasas de crecimiento del empleo sensiblemente similares. Esta es una cuestión importante. Durante mucho tiempo, una de las carencias de nuestra economía era que tenía siempre graves dificultades
en proyectar, en forma de creación de empleo, los rendimientos del crecimiento económico. Yo creo que a la altura del final de 2004 esa potencialidad sigue prácticamente intacta. Sigue intacta en términos de flujos, de contratación laboral y sigue
intacta también en términos de su traducción al volumen general de empleo.
¿Cuál es la situación más reciente del desempleo durante los últimos meses? Yo creo que la situación es sin duda, desde el punto de vista de la evolución del desempleo, la mejor desde los últimos dos años y medio, porque llevábamos dos años
y medio sin tener una situación en la cual el crecimiento del desempleo se hubiera detenido. Así que, si hablamos en términos de encuesta de población activa correspondiente al tercer trimestre, si hablamos en términos del registro de parados del
INEM, es la primera vez en estos dos años y medio en que nos encontramos en octubre con una
situación en la que el desempleo no solamente no crece en términos anuales como lo hacía en el pasado, sino que en términos anuales es la primera vez en la que el desempleo se reduce. Pero esta es la situación coyuntural. El análisis de la
situación coyuntural hay que hacerlo como siempre lo hacen los expertos, corrigiendo los datos originales con las variaciones estacionales, incluso con los efectos de calendario. Es decir, es la primera vez en estos años en la que el desempleo se
ha reducido en términos anuales. Carecería de sentido analizar un trimestre en el que siempre crece el desempleo concluyendo, como usted concluye, que ha crecido el desempleo en los últimos meses. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje o la señal
coyuntural que hay que mandar es: ¿pero ha crecido más o ha crecido menos? No si crece. ¿Ha crecido más o ha crecido menos? Ha crecido menos el desempleo, hasta el punto de que se reduce en términos anuales; es decir, corregido de variaciones
estacionales y de efectos de calendario. Cuando se analiza en términos anuales, es la primera vez en estos años en la que el desempleo ha dejado de crecer y seguirá así en el mes de noviembre, muy probablemente. Todavía no hemos cerrado el mes,
estamos hoy con datos de ayer, mañana lo cerraremos y muy probablemente la situación continúe en los mismos términos. Seguiremos trabajando en un marco general en el cual el desempleo debe seguir reduciéndose paulatina y progresivamente en términos
de registro de parados, pues en términos de EPA ya lo hizo con los datos del tercer trimestre. Es decir, que no nos dejemos llevar por este tipo de análisis, muchas veces con cierto tremendismo, porque la situación, cuando se analiza desde el punto
de vista coyuntural, no es, ni mucho menos, una mala situación. Hemos tenido un repunte en la temporalidad. La tasa de temporalidad siempre tiene dos trimestres en los que crece y dos trimestres en los que deja de crecer.
Los trimestres en los
que crece son el segundo y el tercero; los trimestres en los que suele decrecer son el primero y el cuarto. Vamos a ver, por consiguiente, cómo se comporta durante el conjunto de un año y a extraer conclusiones definitivas al respecto.
Me gustaría también referirme a los grandes temas generales respecto a la política de empleo que ustedes han hecho bien en señalarme. En términos generales, estoy muy de acuerdo en buena parte de las cuestiones que ha señalado el señor
Campuzano en su intervención.
Diálogo social. Yo creo que el diálogo social no hay que interpretarlo ni en términos que supongan un corsé a las políticas del Gobierno ni que probablemente obliguen, paralicen, etcétera, las potencialidades de cualquier gobierno en la
materia. Yo creo que siempre el diálogo social hay que plantearlo en el ámbito de si supone o no un reforzamiento de la capacidad, de la potencia de aquellas políticas que acaban siendo conformadas como resultado del consenso social. En ese
sentido nuestra visión es clara históricamente, no sólo refiriéndonos a los últimos ochos años: siempre ha habido una mayor capacidad, un mayor potencial, con las medidas que son el resultado y el fruto de un acuerdo social que con aquellas que no
lo tienen. Desde este punto de vista, nuestra opinión sigue siendo la misma. Ya lo pusimos de manifiesto en el propio programa electoral. El programa electoral con el que concurrió el Partido Socialista a las elecciones de marzo era un programa
planteado en los grandes capítulos de la reforma laboral planteando siempre desde la óptica de alcanzar un gran acuerdo en este sentido. Ocurre además que los meses transcurridos nos invitan también a un cierto grado de optimismo en la posibilidad
de alcanzar este tipo de acuerdos. Lo hemos hecho en materias importantes, señaladas, algunas de ellas con un cierto grado de urgencia, dada la situación en la que se encontraba el mercado de trabajo en esa materia. Me estoy refiriendo al
Reglamento de la Ley de Extranjería. Y yo creo que el comportamiento de los interlocutores sociales en esa materia ha sido muy razonable y sensato, en general.
Hemos alcanzado un consenso básico en dos aspectos esenciales: uno es que cualquier
proceso eficiente de normalización de esa situación tiene que estar vinculado al mercado de trabajo. Y dos, que debemos cambiar las fórmulas de evaluación de la situación nacional de empleo haciéndolas más flexibles; no se debe incorporar un corsé
que te permita en la práctica mantener una posición rígida, pero que está embalsando sistemáticamente bolsas de nuevos irregulares en el futuro; una evaluación de la situación nacional de empleo plenamente participada por las comunidades autónomas
y por los interlocutores sociales y una evaluación de esa situación, de forma tal que permita con mucha flexibilidad que el flujo y el régimen general se comporten adecuadamente. No solamente hemos ido a una visión del reglamento hablando en
términos del funcionamiento de la disposición transitoria y del régimen transitorio, sino que también hemos ido a un diseño que permita con carácter general asegurar que nuestras instituciones, en el ámbito de la política de inmigración y laboral,
tienen capacidad de adaptación a una situación en la que el flujo de inmigración todavía seguirá siendo importante durante los próximos años.
Son siempre factores los que los expertos destacan. Hay un factor de atracción de la economía
correspondiente que sufre el influjo de la inmigración. Este puede ser un factor que tenga variaciones coyunturales con el tiempo, pero mientras que ese funciona hay otro que funciona adicionalmente, que es el empuje desde los países de origen.
Ese siempre va a funcionar, ese siempre va a estar presente, siempre tendremos un nivel de riqueza diferencial, un nivel de expectativas de vida y de conformación de salarios vitales ostensiblemente distinto de los países más próximos -me estoy
refiriendo al ámbito del Magreb- y de aquellos con los que mantenemos una vinculación y una tradición histórica al respecto.
Ese factor siempre va a estar presente, de tal forma que es muy importante mantener instituciones que puedan
regular de forma general ese flujo. Yo creo que tanto en la configuración del régimen general, del contingente, de la forma de construirlo y de dos instituciones fundamentales: el arraigo laboral, por un lado, y el arraigo social; y luego
tenemos un reglamento que permite todavía transitar el futuro próximo razonablemente, con instituciones que puedan tener capacidad de flexibilidad y adaptación. Y junto a ello, un régimen transitorio en el que la única posibilidad de poder
efectivamente normalizar su situación es la demostración de una vinculación presente y futura con el mercado de trabajo.
Esto se ha hecho en el ámbito del diálogo social y con el liderazgo y el impulso del Gobierno. Naturalmente, todo lo que hagamos en el futuro se hará siempre bajo la perspectiva de que es el Gobierno el que tiene que impulsar el debate, el
diálogo y la construcción de acuerdos sociales en cada una de las materias. Lo hemos hecho no solo en este ámbito sino también en el ámbito de la formación continua. La situación de partida con la que nos encontramos se parece poco a la situación
actual. Y no solamente se parece poco en el ámbito cuantitativo; es decir, no es tanto la comparación en cuanto a cuál era la gestión de los fondos realizada por las comunidades autónomas hace unos meses, en el mes de abril, y aquella de la que
ahora ya disponen aunque esa es contundente y solamente han pasado unos meses. Nos hemos encontrado con una situación en la que las comunidades no tenían más que una presencia testimonial -1.000 euros- a tener 120 millones de euros, 153 para el
próximo año, y todavía es posible, creo yo, mejorar la dotación presupuestaria en el trámite restante de debate en las Cámaras.
Así es que hemos avanzado mucho en sólo unos meses en esta materia. ¿Se puede avanzar más? Yo creo que sí, que se puede y se debe avanzar más con una perspectiva que me gustaría señalar aquí en este momento. La sentencia del Tribunal
Constitucional no dice otra cosa que, junto a la necesidad de que la transferencia de competencias en esta materia se haga efectiva, siempre tiene que haber una dotación de fondos en el ámbito del Estado, con anclaje en los contratos-programa y en
los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva de carácter sectorial estatal, y fondos gestionados desde el Estado para aquellos trabajadores pertenecientes a empresas cuyo ámbito de actuación sea superior al del territorio. O sea que la
pretensión, legítima por otra parte, o la interpretación totalmente correcta en la perspectiva de cada uno respecto a qué es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional no nos debería llevar a dejar de pensar cuál podría ser el modelo más
razonable y más sensato para el futuro. Hoy hay un amplio grado de consenso respecto a que los trabajadores tienen que poder participar en un único modelo, con independencia de su situación, y hay un amplio grado de consenso a su vez en que los
interlocutores sociales, los empresarios y los sindicatos, tienen que poder participar en un modelo en el que ellos son los protagonistas esenciales. Tiene que haber un alto de participación también de los interlocutores sociales, en cada ámbito,
en el territorial o en el estatal. Y también hay un alto grado de acuerdo respecto al objetivo final. El objetivo final tiene que ser que las comunidades autónomas participen y tengan una transferencia final del conjunto de la gestión de la
política de formación continua y de los fondos para dicha formación sobre la base de que el Estado no solamente tiene que tener competencias en el ámbito regulador general, sino también en el ámbito de la financiación de contratos-programa con
anclaje en la negociación colectiva estatal.
Si eso es así, insisto, el sistema futuro tiene que situar el modelo de bonificaciones en el ámbito adecuado. Este es un modelo que, como se ha dicho aquí, todavía no funciona adecuadamente. Tengo siempre la impresión de que no seremos
capaces de hacerlo funcionar más allá del segmento de la mediana y gran empresa, de las empresas con más de 100 trabajadores.
Prácticamente, de cada 100 pesetas de las que se han solicitado bonificación en estos meses de funcionamiento efectivo del
modelo, 88 lo han sido por parte de empresas con más de 50 trabajadores. Las otras 12 lo han hecho en el ámbito de lo que llamamos pequeña empresa. Solo una de cada 100 pesetas, una y media exactamente, han solicitado las empresas de uno a cinco
trabajadores. El resto, las otras 11 pesetas -10,5- lo han solicitado las empresas de entre cinco y cincuenta. Este es el funcionamiento que conocemos del modelo actual de bonificaciones. ¿Tiene capacidad de recorrido? Todavía tiene alguna
capacidad de recorrido, pues son los primeros meses de funcionamiento del modelo, pero yo no creo que podamos y debamos esperar cambios en cuanto a la distribución. Es decir, el modelo funcionará esencialmente en aquellas empresas que ya hacen
formación profesional continua, supondrá una ayuda en sus costes, pero el modelo no podrá, con toda seguridad, llegar a tener un influjo importante en el ámbito de la pequeña empresa.
Lo anteriormente indicado nos da una señal respecto a cuál debe ser la evolución futura del modelo. Tiene que ser un modelo en el que lo que se presupueste para bonificaciones esté en concordancia con el funcionamiento actual, en el sentido
de que carece quizá de recorrido practicar una política en la que las bonificaciones, como ocurría con el presupuesto inicial de 2004, prácticamente absorban la totalidad de los fondos y haya una incapacidad real de gestión y de influjo de ese
modelo en la pequeña y mediana empresa, incluso de gasto en el ámbito correspondiente. ¿Qué hemos hecho durante 2004? Corregir los efectos de un mal diseño previo incrementando los contratos-programa entre el Estado y los interlocutores sociales;
corregirlo incrementando, como digo, desde 1.000 euros a 120 millones de euros los fondos que gestionan las comunidades autónomas; y corregirlo preparando un escenario para 2005, cuando las bonificaciones no alcanzarán una tasa de ponderación,
dentro del conjunto de la financiación,
superior al 52 por ciento y el resto se repartirá entre comunidades autónomas y Estado. El objetivo final puede ser ese, es decir, un cantidad en torno al 25, ó 30 por ciento, que es lo que representan las empresas de ese tamaño en el
conjunto del tejido empresarial, para formación continua, y el resto distribuirlo entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso implica prácticamente triplicar la cantidad que actualmente se destina para las comunidades autónomas, es decir,
pasar de una cantidad, como decía antes, de 120 millones de euros a una cantidad en torno a los 350 ó 360 millones de euros en el escenario de 2006. Esos son los objetivos en esta materia.
¿Son los objetivos indicados compartidos por los interlocutores sociales en el ámbito estatal? Yo creo que en lo esencial sí, pero, con razón, los interlocutores manifiestan que la sentencia del Tribunal Constitucional no impide que se
sigan manteniendo los fondos que actualmente el Estado destinada y gestiona en formación continua. Y nada impide, a su vez, que, en concordancia con el cumplimiento de esa sentencia, podamos ir a una transferencia de fondos como la que he citado en
el ámbito de las comunidades autónomas, manteniendo, eso sí, la vinculación a la negociación colectiva de carácter sectorial-estatal, por una parte, en los fondos que gestiona el Estado, la vinculación a ese tipo de acuerdos también en los fondos
que gestionan o gestionarían las comunidades autónomas y manteniendo un nivel de participación similar al que actualmente tienen en el ámbito estatal hacia los interlocutores sociales en el ámbito autonómico correspondiente. Esta es nuestra visión
a ese respecto, compartida, como he dicho, respecto a los objetivos con los interlocutores sociales, que también tienen sus dificultades y sus visiones no siempre compartidas con las organizaciones territoriales.
Pero en general yo no soy pesimista
respecto a las posibilidades de construir un modelo con estos parámetros antes del mes de junio de 2005.
La idea que nos habíamos trazado era que en el ámbito del diálogo con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales, deberíamos
tener las bases esenciales del modelo para 2006 ultimadas a la altura del mes de junio de 2005, para que pudieran tener acogida en la formulación de la Ley de Presupuestos para 2006.
Se ha referido el señor Campuzano a las cuestiones vinculadas a los grandes objetivos de la política laboral y del diálogo social en los próximos meses en materia de empleo. Debo reconocer que comparto buena parte de los planteamientos que
ha señalado. Sólo matizaría el que se refiere a la simplificación del número de contratos. ¿Por qué? Porque hay un número importante de contratos -la edición que tengo aquí de los contratos de trabajo vigentes al año 2004 ocupa 44 páginas; entre
contratos e incentivos hay un número importante tanto de contratos como de claves de incentivos distintas-, pero si con el objetivo de la simplificación nos estamos refiriendo, insisto, a ponderar en la práctica cuál es el uso real, a ese respecto
sí me gustaría realizar las siguientes aclaraciones. La primera es que esencialmente en nuestro mercado de trabajo, en nuestra economía, sólo se usan cuatro o cinco tipos de contratos. Además del contrato indefinido, usamos el contrato eventual
por circunstancias de producción -eso es prácticamente un tercio de todo el flujo de contrato-; otro tercio sería el contrato por obra y servicio determinado, en torno al 36 por ciento; en torno al 8 ó 9 por ciento son los contratos a tiempo
parcial, y no llegan al 5 por ciento los contratos interinos. El resto son los indefinidos. Y con eso prácticamente agotamos en torno al 95 por ciento del flujo de contratos que se producen anualmente en nuestro mercado de trabajo. Por
consiguiente, desde el punto de vista de la simplificación, si de lo que estamos hablando es de simplificar y de eliminar alguno de aquellos que ahora realmente no se usan -ese es un aspecto de la discusión-, entonces la discusión tiene menos
interés. Eliminar un contrato que apenas se usa es una discusión que tiene un nivel, sin duda, pero que probablemente no es importante. Hemos eliminado en el pasado en nuestro mercado de trabajo figuras como el contrato de lanzamiento de nueva
actividad, que apenas se usaba. Podemos buscar ese tipo de remedios en el ámbito de la simplificación, pero yo creo que no son los importantes. Lo importante en ese aspecto es tratar de garantizar que una parte cada vez más significativa del flujo
de contratación laboral que se hace en nuestro país tenga finalmente entrada en el ámbito del stock de población asalariada con carácter estable. Este es el gran objetivo de la política de empleo. Hace 25 años en nuestra economía apenas se hacían
cinco millones de contratos anuales. Ahora hacemos exactamente tres veces y media más de contratos anuales en cuanto a flujo. ¿Ha crecido tanto el stock? En absoluto. El objetivo general tiene que ser, efectivamente, traducir en forma de
estabilidad en el empleo en el stock de población, asalariada con carácter estable a un mayor volumen del flujo de contratos que anualmente se realizan.
Ha hablado también el señor Campuzano de reforzar el principio de causalidad en la contratación. Yo estoy de acuerdo en que ese es el camino, emprendido incluso por gobiernos y acuerdos sociales anteriores, muy especialmente el de 1997. Lo
que ocurre es que no hay demasiado margen de reforzamiento respecto a la legislación actualmente vigente. En la legislación que tenemos en este momento el principio de causalidad está bien establecido en las reformas de 1994 y de 1997. A este
respecto los problemas tienen que ver con dos cuestiones esenciales. ¿Existe margen para buscar un nuevo equilibrio en el seno de nuestro mercado de trabajo, en lo relativo a la gran asignatura pendiente de los acuerdos de 1997, que es que no se
abordó suficientemente la regulación del trabajo temporal, y muy especialmente aquellas figuras que están en la base de la expansión de la precariedad y de la contratación de carácter temporal en nuestro país, obra y servicio determinado y el
eventual por circunstancias de producción,
subcontratación y todos los fenómenos de encadenamiento de contratos actualmente vigentes, que no se abordan en 1997? ¿Existe un margen para la búsqueda de un nuevo equilibrio que permita abordar ese tipo de situaciones que no fueron
abordadas en 1997 y hacerlo, a su vez, en un contexto en el que podamos seguir expandiendo el ámbito de influencia del contrato de trabajo de fomento del empleo estable? ¿Es posible la búsqueda de un equilibrio en torno a estas dos cuestiones? Yo
creo que es posible, pero ese equilibrio tiene que buscarse a costa de tocar la asignatura pendiente de los acuerdos de 1997, que es la regulación de la contratación temporal.
El señor Campuzano se refería también con razón, a dos cuestiones esenciales que hay que tocar en el ámbito del diálogo social en materia de mercado de trabajo. Una tiene que ver con la revisión de la política de estímulos. En efecto, yo
creo que es una política que debe revisarse.
¿Con qué criterios? ¿Cuál es en realidad el fondo del equilibrio alcanzando en 1997? El fondo del equilibrio es que las cotizaciones sociales financiaban una política de fomento del empleo estable,
abordando esa política en forma de reducciones implícitas en el coste del empleo estable que eran financiadas con cotizaciones sociales. Este es el equilibrio de 1997. ¿Cuál podría ser el futuro en esta materia? Digo podría ser porque una cosa
son los planteamientos que el Gobierno ponga encima de la mesa y otra sus resultados. Nosotros, como siempre, abordamos el proceso de diálogo con nuestras ideas, con lo que creemos que debe ser el futuro de nuestro mercado de trabajo, pero con la
convicción justa como para poder ser también convencidos por la otra parte de que es bueno o es posible hacer reformas alternativas. Tenemos nuestras propias ideas al respecto y las pondremos de manifiesto cuando iniciemos el debate en la mesa de
diálogo social. Creemos, por ejemplo, que el sistema de bonificaciones tiene que ser reformado en torno a grandes líneas generales de trabajo; por ejemplo, debe ser reformado extendiendo el periodo temporal de influjo de la bonificación. Es
decir, nosotros seríamos partidarios de que en lugar de una duración media de en torno a dos años de esa bonificación, pudiéramos ir a un tiempo mayor de percepción de la bonificación, ya que observamos que hay una tasa de mortalidad en la duración
de los contratos que crece a medida que se elimina el influjo de las bonificaciones. Y eso deberíamos hacerlo aun a costa de reducir el tipo de bonificación correspondiente a cada empresa y a cada figura contractual o a cada colectivo beneficiado
por las políticas de estímulo. Creemos también que a lo mejor es posible plantearse un esquema de bonificaciones lineal, es decir, un esquema de bonificaciones según el cual en lugar de ir a porcentajes de tipos de bonificación que están
construidos sobre la base del salario, sobre la base de cotización, sea posible ir a cuantías lineales que permitan incrementar el estímulo para la población ocupada o desempleada con salarios más reducidos. Eso producirá seguramente un doble
efecto: hacer que los estímulos sean diferencialmente favorables para aquellos trabajadores con peor retribución, pero también un rendimiento probablemente mayor. Es decir, no es lo mismo emplear tipos de bonificación situados en el entorno del 25
y una banda hasta el 50 ó 60 sobre salarios por encima de la media salarial, que hacerlo sobre salarios por debajo de la media salarial. Quizá el rendimiento en términos de empleo de ese tipo de reformas pudiera ser mayor.
Tenemos, sin duda, alguna apreciación respecto a cuál debería ser el marco óptimo en cuanto el esquema financiero del sistema de cotización por desempleo. Sabemos que hay algún excedente importante en el Fondo de Garantía Salarial -ya lo
hemos puesto de manifiesto- y estamos dispuestos a que en el marco de un diálogo social amplio hablemos como se dice en la jerga alemana, de devolución a la economía. Este es un concepto que no me gusta porque da la impresión de que el Estado le
quita a la economía y que todo lo que el Estado termina ingresando en forma de impuestos o cotizaciones es algo que se le quita a la economía. No solamente no se le quita sino que creo que el papel del Estado en muchas materias lo que hace es
impulsar el potencial de crecimiento económico. Pues bien, hablando de esos conceptos, estaríamos dispuestos a discutir, en el ámbito del diálogo, una devolución a la economía de este exceso de cotizaciones en el Fondo de Garantía Social. Pero no
nos gustaría que el debate se centrara exclusivamente en materias como reducción de cotizaciones, etcétera. El Fondo Monetario Internacional invitaba hace pocos días al Gobierno a resistir las peticiones de reducción de las cotizaciones sociales y
saludaba, por cierto, como muy positivo el proceso de diálogo social abierto en nuestro país. Yo creo que en el ámbito del desempleo, si no hay posibilidades de búsqueda a plazo de un escenario razonable en el que el Estado pudiera participar en la
financiación de alguna de las políticas activas, lo razonable es mantener un esquema corregido, en la línea de lo que he comentado anteriormente, y obviamente, tratar, en la medida de lo posible, de reforzar los fondos que actualmente destinamos a
política activa, en este caso, a política de fomento del empleo estable exclusivamente. Eso sería lo razonable. Si no hay margen para que el Estado pudiera, en un cierto periodo de tiempo, financiar una parte de esas políticas, si se siguen
financiando con cotizaciones, lo razonable entonces es mantener el esquema de bonificaciones y no apelar al simple expediente de cambiar bonificaciones por una reducción general de cotizaciones. El rendimiento de una reducción general de
cotizaciones, que sólo podría ser de un punto o un punto y poco, es muy inferior al rendimiento que podemos obtener manteniendo una política de bonificaciones, con las correcciones que antes señalaba o con otras alternativas. Pero nos parece que el
rendimiento de esa política siempre será mayor que el que pueda dar como resultado la reducción de un punto o
punto y pico en la cotización general al desempleo por parte de los trabajadores.
Se ha hablado también de los aspectos vinculados al funcionamiento de los servicios públicos de empleo y a la participación del sector privado -decía el señor Campuzano- en la intermediación. Hablaba de agencias de empleo, etcétera. Yo
creo que es posible y razonable la búsqueda de una mayor participación del sector privado en el ámbito de la intermediación.
Ya lo está haciendo. Nuestra legislación lo permite desde 1994 en un doble ámbito: en el ámbito de funcionamiento de las
empresas de trabajo temporal y en el ámbito de funcionamiento de las agencias de colocación sin ánimo de lucro. Sería posible avanzar en el ámbito del diálogo de forma tal que estas agencias, previo concierto con los servicios públicos de empleo
autonómicos, pudieran hacerse cargo no de aquellos segmentos de la intermediación más rentables, como hacen ahora, sino de bolsas amplias de desempleados en las que, junto a aquellos segmentos de intermediación más rentables, también estuvieran
dispuestos a adoptar procesos de recolocación en aquellos que suelen ser la clientela habitual del servicio público de empleo. Alrededor de esta discusión siempre hay alguna que otra falacia. El servicio público de empleo es el que siempre termina
teniendo que trabajar con aquellos segmentos del desempleo que tienen mayores dificultades a la hora de su inserción laboral. Sería injusto, por consiguiente, asignarle un papel inferior respecto a los éxitos de las agencias privadas de empleo
porque, naturalmente, la clientela -para entendernos en términos técnicos- con la que trabajan no es, ni mucho menos, la misma. En todo caso, este tipo de estrategias deben estar combinadas con una clara estrategia pública de fortalecer el papel de
los servicios públicos de empleo. Las razones a las que me refería al comienzo de mi primera intervención son claras en ese aspecto.
Países como Alemania, Holanda, Suecia y Austria mantienen una fuerte presencia de la intermediación privada en el
mercado de trabajo, pero al mismo tiempo tienen servicios públicos de empleo muy potentes, bien dotados económicamente y que tienen también tasas de colocación y de intermediación laboral sustancialmente mayores que la nuestra. O sea que no es un
problema de competencias o de capacidades entre el sector público y el sector privado. La experiencia comparada en esta materia nos dice que es posible compatibilizar una fuerte presencia del sector privado en el ámbito de la intermediación con
servicios públicos de empleo poderosos y capaces de intermediar tres o cuatro veces más que lo que los servicios públicos de empleo en España son capaces de intermediar en este momento.
Se hablaba también de algunas cuestiones que me gustaría subrayar aquí, como es la jubilación forzosa. No hay que olvidar en esta discusión el punto desde el que venimos. Venimos de un modelo en el que la negociación colectiva disponía de
la posibilidad de jubilar de forma forzosa, incluso anticipando la edad ordinaria de jubilación. Incluso antes que la negociación colectiva el propio Gobierno podía disponer de esta materia.
Primero se eliminó de la legislación la posibilidad de
disposición de esta materia por parte del Gobierno; se dejó exclusivamente al ámbito de la negociación colectiva; desaparece en 2001 y poco tiempo después de la desaparición, en este caso ya más cercanos a la actualidad, en abril de 2004, los
tribunales, en este caso el Supremo, plantean que, en ausencia de habilitación legal para la negociación colectiva para que pueda disponer de esta manera, no era posible seguir convalidando esos pactos en convenios colectivos. Esta es la situación
actual, en la que los interlocutores sociales, CEOE, Cepyme, Comisiones y UGT, se dirigen al Gobierno para que produzca cambios en la legislación que permitan seguir disponiendo de esta materia en la negociación colectiva. A la luz de las
sentencias es como producimos el escenario del posible anteproyecto de ley, y el escenario es que pueda volver a ser disponible. Así es como siempre fue en nuestro país y así es como lo demandan los principales interlocutores sociales, pero con las
matizaciones obvias en esta materia no sólo porque las recomendaciones del Pacto de Toledo dicen lo que dicen y porque la Estrategia Europea de Empleo dice lo que dice, sino porque por encima están unos ciertos derechos de los trabajadores que son
indisponibles en la negociación colectiva. De ahí que, en primer lugar, frente a la situación anterior, hablemos de edad ordinaria de jubilación, pues nunca se había puesto ese límite en la legislación anterior, y de ahí que hablemos también de que
al menos tenga el periodo mínimo de cotización.
Ante lo planteado, debemos saber cuál es la situación real; y es que sólo cuatro de cada cien altas en la jubilación de mayores de 65 años tienen periodos de cotización inferiores a 25 años. Esta es la situación actual.
Por lo tanto,
aunque en la negociación colectiva sea disponible, su impacto real en cuanto a la posibilidad de que algún trabajador pudiera ser afectado en esta materia es bastante limitado. También serían posibles los acuerdos individuales. Siempre que hubiera
acuerdo individual entre el empresario y el trabajador, la negociación colectiva no podría pasar por encima de esa situación. Además tenemos la convicción de que las empresas, algunas en sectores estratégicos para nuestra economía -estoy pensando
básicamente en el sector del automóvil-, necesitan tener este tipo de instrumentos en el ámbito de la negociación colectiva, no libremente disponibles. Estamos hablando siempre de una materia en la que se necesita alcanzar acuerdos entre los
trabajadores y los empresarios para poder disponer de ella. Hay sectores importantes que tienen, en efecto, necesidad de medidas de ajuste flexible y de adaptación a unas circunstancias cada vez más cambiantes en el mercado de trabajo.
El señor Azpiroz ha planteado aspectos relacionados con el salario mínimo, aspectos que tienen que ver con los frutos de la regularización y con los efectos financieros sobre el presupuesto. Está muy claro cuál es el
margen. Lo hemos construido siempre así en cuanto a las estimaciones. Hay una comparación del padrón con la situación de inmigración legal. ¿Cuál sería el resultado de la comparación estricta de las cifras del padrón con los que
actualmente están de hecho trabajando y viviendo en nuestro país de forma legal? Eso da un límite máximo que está en torno a 1.200.000 personas. ¿Ese será el resultado del proceso más allá de la dificultad de cuantificación? Lo razonable es
pensar que no. Lo razonable es pensar sobre la base de considerar que sólo será posible regularizar a aquellos que tengan una vinculación real con el mercado de trabajo, que esa banda última nunca se cumpla y que estemos quizá más cerca de una
situación en el entorno de la media, que suele ser lo razonable, que del límite máximo. Pero no es fácil cuantificar esta cuestión. ¿Cuál es la base que nos permite estimar cuál es el volumen de inmigrantes en la economía sumergida? Tenemos algún
indicador que nos puede dar señales a ese respecto, pero, como es lógico, estadísticas tenemos pocas en materia de economía sumergida. Tenemos este gran límite por abajo y por arriba.
Tenemos la diferencia entre el padrón y su comparación con el
volumen de inmigrantes en situación regular. Esto da un 1.200.000. Este sería el límite máximo, pero, insisto, no sería la cifra razonable respecto al futuro.
No sé si he contestado adecuadamente a las preguntas, pero intuyo que estamos mal de tiempo. He intentado hacerlo, como siempre, con el mejor estilo y con el mayor respeto. Hay aspectos que quedan fuera de la respuesta, por lo que estoy
dispuesto a repetir este ejercicio dentro de algunos meses, una vez que vaya avanzando el diálogo social. En el ámbito del trabajo autónomo sí que me gustaría destacar una cuestión esencial: las medidas que hemos puesto en marcha han sido también
pactadas con los interlocutores sociales en cada ámbito del trabajo autónomo. No solo son medidas que ha impulsado el Gobierno, sino que han sido concertadas con ellos mismos, tanto en el ámbito del autoempleo de los jóvenes y de las mujeres
menores de 35 años como en el ámbito de la contratación de familiares, son medidas que hemos acordado expresamente con los interlocutores sociales, y alguno de ellos, incluso, lo ha señalado -no me gusta utilizar expresiones como esta- como un hito
histórico. Ese es también el resultado de un proceso de diálogo. Insisto en que si se mantiene el pulso firme en el sentido y en la convicción de que puede y debe dar resultados, este es un proceso que termina, efectivamente, obteniéndolos. Me
gustaría que el final de mi intervención fuera que el diálogo es una herramienta esencial, y lo único que puede añadir, quizá, es más tiempo para la evaluación y para la discusión. Pero aunque dediquemos más tiempo a ello, seguro que estamos
ganando en forma de potencialidad y en forma de funcionamiento eficiente de las medidas una vez acordadas, y el intercambio entre estas dos cuestiones es siempre mucho más positivo. De ahí que la opción tenga que seguir siendo durante los próximos
años la de reforzar el diálogo, mucho más en una materia como esta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general de Empleo.
Creo que su respuesta ha sido amplia y que los grupos están satisfechos.
Por tanto, concluimos esta primera parte de la comparecencia, damos cinco minutos justos de
descanso y luego continuamos con las preguntas orales.
(Pausa.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR BARRACHINA ROS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS PARA MEJORAR EL EMPLEO DE LOS JÓVENES.
(Número de expediente 181/000164.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la contestación a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios. Punto número tres, pregunta del señor Barrachina Ros, actuaciones previstas para mejorar el empleo de los
jóvenes.
Quiero explicar brevemente, antes de dar inicio a esta ronda de preguntas, que el tiempo máximo es de cinco minutos. Aquí sí seremos taxativos. Les ruego que, si pueden acortar, lo hagan, para terminar a una hora razonable.
Señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Señor secretario general, quiero agradecerle el tono de su intervención y lo extenso del diagnóstico de la situación del mercado laboral en España. Me gustaría que, además de diagnosticar, en sus siguientes
intervenciones diese usted alguna receta o solución a los potenciales problemas que pueda tener nuestro mercado de trabajo, porque sobre eso no ha sido tan extenso, tan prolijo, y echo de menos alguna medida, no tres o cuatro, sino una o dos.
Pensaba honestamente que, después de nueve meses de haber ganado las elecciones, ya no se escudarían tanto en el diálogo y en las comisiones de expertos, sino que dirían algo concreto.
Permítame, además, que le muestre mi satisfacción porque he escuchado, incluso a los portavoces del Partido Socialista, defender el actual funcionamiento del mercado de trabajo, lo cual es halagador para el anterior el Gobierno; dado que no
ha habido una sola modificación de la situación laboral que ustedes han recibido, el hecho de que sigan pensando que la cosa funciona muy bien es un reconocimiento, aunque tardío, a las eficaces medidas tomadas en las dos últimas legislaturas.
Sin
embargo, como decía el portavoz de mi Grupo, el señor Azpiroz, efectivamente ya hacen falta nuevas medidas. Es una tentación vivir de las rentas del acierto de las dos legislaturas anteriores, pero es algo que yo creo que está dando síntomas de
agotamiento. Ojalá no
sea así y ustedes puedan vivir sin tomar ninguna decisión durante algunos meses más, pero al final ustedes tendrán que hacer algo, en concreto algo para los jóvenes, porque es respecto de la situación de la juventud donde todos los jóvenes
españoles y todos los grupos tenemos todas las cautelas, todas las precauciones. Usted, que es un buen conocedor del mercado de trabajo, sabe que en el pasado siglo, el peor periodo para la juventud española fue el periodo de los doce años del
Gobierno socialista. No es una opinión, sino un dato. Es decir, ustedes recibieron una muy mala cifra en 1982, un 34 por ciento de paro de los 20 a los 24 años, pero fueron capaces de elevarle de 34 al 41; después de ocho años de gobiernos
populares, del 41 bajó al 20, que es una cifra saludable, pero usted tiene la obligación, y nosotros el deseo, de que eso siga mejorando. Si la tasa de paro ha sido la peor del siglo XX en esos catorce años, la tasa de empleo también. Ya eran
pocos empleados los que dejó la UCD, un 39 por ciento de los jóvenes entre 20 y 24 años, y cojo la franja de edad más beneficiosa para su Gobierno. El 39 era un porcentaje pequeño, pero consiguieron ustedes hacerlo caer hasta el 35.
Con nosotros
creció del 35 al 49, que ya es una cifra respetable que debe seguir viéndose mejorada.
Un conjunto de medidas -contrato de relevo, bonificaciones, contratos de formación, la supresión en 1997 de los contratos basura, el encarecimiento de los contratos temporales en la cuota empresarial, la indemnización de ocho días en los
contratos temporales-, una batería de actuaciones durante ocho años, condujo a que la situación laboral de los jóvenes mejorara sustancialmente. De hecho sabe usted que la tasa de paro que recibimos del 42 por ciento se la hemos dejado a ustedes en
el 23; del 42 al 23 es una cifra muy buena. En cuanto al número de parados se ha pasado de 1.126.000 a 498.000, menos de la mitad. Por lo tanto, entiendo razonable su tentación de no tomar ninguna medida y seguir viviendo de rentas, como han
hecho hasta ahora. Además, ha sido un tiempo en el cual la tasa de ocupación creció en once puntos y la temporalidad cayó en diez. Sin embargo, entienda usted también nuestra preocupación, en tanto en cuanto no sólo en el mercado laboral, señor
secretario general, sino en cualquier otra materia que planteamos -háblese de televisión, de los impuestos, de los autónomos-, ustedes se refieren a comités de expertos, a comités de sabios o a otro colectivo de personas que les tienen que indicar a
ustedes las medidas a tomar. Esto a nosotros nos intranquiliza porque al final terminaremos pidiendo las comparecencias, no de los miembros del Gobierno, sino de los expertos o los sabios; si estuviesen en el Gobierno nos habrían evitado este año
de espera para conocer sus medidas.
Su programa electoral habla de bonificaciones selectivas, de reforma laboral a fondo y de penalización o reducción de la temporalidad. Me gustaría conocer -fíjese, no soy ambicioso, no quiero ni cuatro, ni cinco medias- una o dos medidas
para que los jóvenes españoles tengan la certeza de que -en la etapa anterior usted no tuvo ninguna responsabilidad, pero sí en la nueva, en la que le deseo la mayor de las venturas- se toma alguna medida que aumente la contratación.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para contestarle el señor secretario.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): En su intervención usted comete dos errores esenciales, el primero, pensar que la apuesta por el diálogo social es un refugio. Creo que es un error conceptual muy importante. Señor
Barrachina, si ustedes hubieran hecho eso, si hubieran seguido considerando el diálogo social como un buen refugio, ustedes no habrían cometido los errores que cometieron en su segunda legislatura. Si ustedes hubieran seguido insistiendo durante
esa legislatura en el ámbito del diálogo social fructífero que hubo durante el año 1997, si hubieran ustedes seguido insistiendo en esa línea, probablemente algunos de los grandes fracasos de esa legislatura se habrían evitado. Se habrían evitado
encontrando un mejor ámbito de confianza, un mejor grado de entendimiento y seguro que con una indudable proyección en cuanto a rendimientos del mercado de trabajo en esa segunda legislatura. Durante la primera, todas esas medidas a las que usted
hace referencia, todas fueron fruto del diálogo social, ni siquiera fueron iniciativas del Gobierno, incluyendo la propia reforma del año 1997, la reforma que condujo al establecimiento de un nuevo contrato de fomento del empleo estable. Ése fue un
acuerdo no tripartito sino bipartito, entre empresarios y sindicatos. Así que, fíjese usted hasta qué punto podemos hablar de un buen rendimiento diferencial del diálogo social en muchas ocasiones respecto de las iniciativas del Gobierno.
Este Gobierno no va a cometer los mismos errores, va a tratar de mantener aquellos aspectos, sin duda, positivos del pasado en esta materia, muy especialmente a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para asegurar que ese clima de
diálogo se mantenga. Nunca hemos considerado, insisto, el diálogo como un objetivo que permita refugiarse al Gobierno en no adoptar medidas, no. Nosotros queremos hacer las cosas bien, y esto implica no precipitarse en este tipo de asuntos porque
tenemos experiencia en precipitaciones y en resultados negativos como consecuencia de precipitación, experiencia en la segunda legislatura del Partido Popular y también, sin duda, podemos encontrar alguna en legislaturas anteriores, en gobiernos
anteriores al del Partido Popular.
Vamos a adoptar esas medidas, algunas de ellas esenciales para el mercado de trabajo, que tienen que ver con la necesidad de mejorar el empleo de los jóvenes. Alguna de ellas ya la hemos podido adoptar, también
fruto del acuerdo, en el ámbito sobre todo del autoempleo de los jóvenes en el trabajo autónomo y de acuerdo con las organizaciones del trabajo
autónomo. Naturalmente, en política de empleo juvenil, lo más importante es siempre tratar de alcanzar acuerdos en torno a medidas que permitan reducir el nivel de temporalidad entre la población juvenil, un nivel que está en torno al 64
por ciento en este momento para los colectivos menores de 25 años. Desde este punto de vista, la intención del Gobierno, como siempre, es efectuar un buen diagnóstico. ¿Por qué a usted le preocupa tanto el que dediquemos más tiempo al diagnóstico,
a la evaluación? Eso es esencial para tomar cualquier medida, en cualquier política. Uno de los déficit de nuestro país en esta materia y de nuestras administraciones públicas es, precisamente, ese; dedicamos poco tiempo a la evaluación y al
diagnóstico, y como consecuencia de ello, los efectos de las medidas que adoptamos no siempre son los perseguidos. No nos preocupa dedicar tiempo a una buena evaluación -esto es algo esencial, es algo que prácticamente rige buena parte de los
principios de la moderna Administración pública en todo el conjunto de la Unión Europea-, dedicamos mucho más tiempo al diagnóstico, también en la medida en que queremos hacer diagnósticos compartidos y consensos compartidos.
Ustedes, en esa
primera legislatura, no empezaron a abordar medidas hasta al menos 16 meses después de tomar posesión...
La señora PRESIDENTA: Señor secretario general del Empleo, tiene después dos minutos para continuar.
El señor BARRACHINA ROS: Desgraciadamente, lo que me temía, es decir, ni una sola medida específica para los jóvenes españoles.
Habla usted de diálogo social y yo le quiero recordar que los seis primeros meses de Gobierno del Partido Popular, hubo siete acuerdos sociales cerrados; siete acuerdos en seis meses, es mucho más que uno en torno a la inmigración, que han
logrado ustedes en nueve. Por tanto, en cuanto a diálogo social y a concertación, nadie de su formación política es quién para darnos ningún ejemplo. Por cierto, si desembocó nuestra segunda legislatura, de la cual yo le he dado datos
absolutamente irrefutables, en grandes fracasos, en errores y en precipitaciones, yo me pregunto por qué ustedes no los corrigen. No han tomado ni una sola medida al respecto, ninguna, para nuestros jóvenes, que se volverán a sentir engañados en el
tema del empleo, como también les engañaron ustedes cuando les prometieron crear un ministerio para la juventud.
Por cierto, ¿de qué sirve su programa electoral si necesitan nueve meses para el diagnóstico y usted hoy anuncia más diagnóstico y más evaluación? Simplemente le advierto y le prevengo de que ese vivir de rentas de los gobiernos populares
llegará un día en que se termine y que, para evitarlo, lo que debería hacer es empezar a tomar alguna decisión. Al final, va a tener todo el mundo la sensación de que usted otra vez se va a marchar sin hacernos el anuncio de alguna medida. Le
quedan dos minutos y medio. Yo voy a terminar ya para cederle treinta segundos o un minuto y que usted tenga tiempo, después de tantas horas, de decirnos alguna medida para los jóvenes españoles.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Señor Barrachina, ya tuvieron ustedes ocasión de rectificar después de esa huelga general, ya tuvieron ustedes solos un periodo de rectificación importante a la altura de octubre del
año correspondiente. La huelga fue tres meses antes, y yo creo que fue bueno, fíjese, creo que fue bueno rectificar.
Esa rectificación fue un acierto de aquel Gobierno porque permitió, en la medida de lo posible, restablecer un clima de confianza
que había sido penosamente arruinado en sólo tres meses al inicio de esa legislatura.
Le diré dos cuestiones en cuanto a las políticas de empleo juvenil. Las políticas tienen que ver con lo que hemos hablado aquí de reformas en el sistema de formación profesional ocupacional, reformas en el sistema de formación continua;
tienen que ver con la necesidad de mantener una política de estímulos y reforzarla para el fomento de empleo juvenil con carácter estable. Son políticas que tienen carácter general, pero cuyo rendimiento efectivamente afecta siempre a la población
juvenil, y son políticas que tienen que ver con el descenso de la tasa de temporalidad.
Cuando hablamos de conversión de contratos temporales en indefinidos y de la bonificación, estamos hablando de una política que repercute, en tres de cada
cuatro contratos, en personas menores de 30 años. Toda la política de empleo juvenil previa al año 1997, y no hay muchas diferencias salvo el hecho de la concentración en empleo estable, toda esa política ya estaba construida en tiempos anteriores.
¿Qué se hizo en 1997? No lo hicieron ustedes, sino que ustedes le dieron acogida legislativa, pero fue un acuerdo de los interlocutores sociales. Se concentró esa política en el fomento del empleo estable, exclusivamente.
Sobre esas bases,
nosotros queremos construir efectivamente un nuevo equilibrio, un nuevo equilibrio sobre la base de los acuerdos alcanzados en 1997. Nosotros no vamos a hacer lo que ustedes hicieron en su segunda legislatura. Nosotros vamos a mantener...
- DEL SEÑOR VAÑÓ FERRÉ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PARA MEJORAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
(Número de expediente 181/000177.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para formular su pregunta don Francisco Vañó Ferré.
El señor VAÑÓ FERRÉ: Señor secretario general, quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia.
Siguiendo con las medidas, a mí me interesa especialmente preguntarle por la discapacidad, pues en ese campo el empleo es el cauce más idóneo para la integración. Aunque sabemos que el nivel de desempleo en el mundo de la discapacidad es
muy alto -cerca de dos tercios de las personas en edad laboral discapacitadas no tienen acceso al empleo-, creemos que éste es el cauce idóneo, insisto, para conseguir su integración. Por lo tanto, interesan mucho al Partido Popular todas las
medidas que se puedan tomar.
Como usted sabe, después de la cumbre extraordinaria de empleo de Luxemburgo, en 1997, España propició que se introdujeran medidas para la integración laboral de las personas con discapacidad en los planes de empleo europeos. En España, se
han firmado, en estas dos últimas dos legislaturas, dos planes de empleo entre Ministerio de Trabajo y el Comité español de representantes de minusválidos, con unos resultados bastante razonables e importantes en el sentido de que partíamos de muy
atrás y, aunque el paro es todavía muy alto, hemos conseguido mejorar la situación. Le citaré que, de los 500 centros especiales de empleo que había en 1996 con 15.000 trabajadores, pasamos en 2003 a 1.300, con cerca de 40.000 trabajadores, y sólo
en la etapa de 1998 a 2002 se crearon cerca de 390.000 puestos de trabajo para discapacitados.
Reconocemos que todavía hay mucho que hacer aunque, insisto, en el tema laboral se ha adelantado bastante; se hace necesario conseguir el cumplimiento, por ejemplo, de la cuota del 2 por ciento de discapacitados en las empresas privadas.
El Gobierno se comprometió a simplificar los procedimientos establecidos en el Real Decreto 27/2000, por el que se establecían medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento; como usted sabe, el
plazo para realizar dicha simplificación venció en agosto y todavía no se ha hecho.
Le recuerdo que ahora, en diciembre, también se cumple el plazo para desarrollar la normativa del empleo con apoyo y modernización de los servicios de ajuste de
personal. También se comprometieron en su programa electoral a desarrollar un plan de acción para mujeres con discapacidad, cuyo índice de desempleo es todavía mayor. Hasta ahora nosotros tampoco hemos visto unas medidas específicas encaminadas a
desarrollar ese plan.
Por ejemplo, tengo que reconocer que un ministerio que tiene menos que ver con la discapacidad, como el de Administraciones Públicas, elaboró un real decreto de acceso al empleo público y, sin embargo, no tenemos conocimiento
de ninguna medida del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ministerio más propio de este colectivo de personas. Por lo tanto, esa es mi pregunta: ¿qué medidas va a tomar para empezar a actuar?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Señor Vañó, yo creo que el Gobierno actual ha manifestado en numerosas ocasiones su compromiso con las personas discapacitadas. Lo ha hecho el ministro de Trabajo en sus comparecencias
ante el Congreso y ante el Senado y lo ha hecho desde la perspectiva de cumplir el compromiso establecido en esta materia en el propio programa electoral.
Por el momento, como usted sabe, tenemos vigente un acuerdo con el Comité Español de Representantes de Minusválidos, con el Cermi. Un acuerdo que hemos heredado y en virtud del cual se han tomado en los últimos años una serie de iniciativas
a favor del empleo del colectivo de las personas con discapacidad. La última de ellas fue la regulación de los enclaves laborales. De este acuerdo quedan pendientes todavía algunas cuestiones que hemos retomado al llegar al Gobierno y que estamos
debatiendo en este momento con el Cermi. Hemos mantenido varias reuniones durante los últimos meses. En concreto, en estos temas pendientes destacaría los siguientes: en primer lugar, el refuerzo a las unidades del empleo con apoyo, como fórmula
de inserción laboral de los trabajadores discapacitados. Sobre esto estamos ya trabajando en los aspectos técnicos y estamos en disposición de tener durante las próximas semanas un proyecto de real decreto sobre la materia que regule el empleo con
apoyo a las unidades de empleo y que, además, refuerce las dotaciones necesarias por parte de los centros especiales de empleo en esta materia; o la relativa al cumplimiento de las medidas alternativas para la adopción de la cuota de reserva a
favor de los trabajadores con discapacidad. Ayer mismo llevamos a la conferencia sectorial el proyecto de decreto por el que se regula el cumplimiento, con carácter excepcional, de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
Este es un decreto en el que, por una parte, se unifican los procedimientos para la aprobación de los supuestos previstos en la norma. Se reducen los plazos. En principio, hablamos de un plazo único de un mes para resolver la declaración de
excepcionalidad, aunque las comunidades autónomas han pedido, muy específicamente la de Castilla y León, que quizá este plazo de un mes no sea adecuado y estemos hablando de un plazo superior. Se unifica la declaración de excepcionalidad, que
tendrá una duración única de tres años. Se incorporan también los propios enclaves laborales como medida alternativa. Se utiliza ahora como referencia, a la hora de la cuantía de los contratos civiles y mercantiles, el propio Iprem. Este es un
tema derivado de las reformas iniciadas en junio. Y se modifica en este proyecto de real decreto la atribución de competencias, estableciéndose que serán del servicio público de empleo correspondiente al domicilio social en el que se ubica la
empresa. Estas son, básicamente, las últimas medidas adoptadas, pero no podemos agotar ahí todas ellas. Estamos hablando también de la idea de abordar la modernización de los servicios de ajuste de personal y social en los propios
centros especiales de empleo, y de apoyar la financiación, como le decía antes, de los trabajadores cuya función es, precisamente, ayudar a los propios discapacitados en el centro especial de empleo.
Para el futuro, lo que queremos hacer es renovar de forma sustancial, pero con la participación, una vez más, de los agentes sociales, el conjunto de la política de empleo. Yo creo que hay buenas bases de partida y, sobre todo, un esquema
de diálogo, por una parte, con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, y también un interés creciente, naturalmente compartido por parte de los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, a la hora de abordar esta
renovación de la política de empleo. Pero creo que, por fortuna, hay una buena base.
Estamos en 38.000 personas, como usted decía antes, trabajando en los centros especiales de empleo. Tenemos que producir, después lo veremos, la evaluación de
cómo está funcionando la regulación de los enclaves laborales. Yo creo que es perfectamente posible todavía dar más recorrido a esta política durante los próximos años.
- DEL SEÑOR CAMPUZANO Y CANADÉS (GRUPO CATALÁN, CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE VALORACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS DENOMINADOS ENCLAVES LABORALES. (Número de expediente 181/000256.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número cinco, de don Carlos Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Precisamente esta pregunta enlaza con la anterior. Creo que todos compartimos el diagnóstico sobre la situación del empleo de las persona discapacitadas. A pesar de los avances que se han producido, estamos
muy lejos aún de resolver esta cuestión.
Efectivamente, en el marco del anterior acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Cermi, se activó la puesta en marcha de un real decreto que vino a regular los denominados enclaves
laborales.
Mi grupo, a la hora de plantear esta pregunta, pretende conocer del Gobierno, a finales de año, con cerca de un año de vigencia de este real decreto, qué balance se hace de la puesta en marcha de este instrumento que forma parte de esta
nueva generación de medidas de políticas que en los últimos tiempos se han venido impulsando para generar mayores oportunidades de empleo para las personas discapacitadas.
También queremos trasladar al Gobierno -lo conocía el anterior Gobierno y también el señor Gómez-, nuestra preocupación porque en el abordaje de muchas de estas cuestiones relacionadas con el ámbito de las políticas de empleo y vinculadas a
las personas discapacitadas, junto con el Cermi -que mi grupo no le discute su legitimidad, ni su buen trabajo o su excelente trabajo en este ámbito-, existen otras organizaciones empresariales muy significativas, tanto en Cataluña, como en el País
Vasco, que no participan del proceso de diálogo en este tipo de medidas.
Estoy hablando de la Corredera de Talleres de Cataluña y del AVE que, a nuestro entender, terminan configurando normativas como estas -y vamos a ver también qué planteamiento
hacemos-, a veces excesivamente rígidas respecto a las posibilidades reales que la mayoría de los centros especiales de empleo tienen de generar ocupación.
Deseamos conocer qué evaluación hace el Gobierno de esta cuestión, pero también trasladarle nuestra preocupación y nuestra petición de que en el proceso de diálogo con la discapacidad, se tenga en cuenta, tanto el AVE, como la Corredera de
Talleres de Cataluña.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Como S.S. conoce suficientemente, los enclaves laborales fueron aprobados por el Decreto 290/2004, de 20 de febrero. Yo formaba parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo
firmado el 3 de diciembre del año 2002 por el entonces ministro de Trabajo y el Comité Español de Representantes de Minusválidos. Para su elaboración se consultó, además de a Cermi y a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, también a las diversas comunidades autónomas. Porque hay que tener en cuenta que ya desde hacía algún tiempo los enclaves venían operando bajo distintas denominaciones en diversas comunidades autónomas, sin que hubiera una
regulación homogénea de sus aspectos laborales.
Hay, creo yo, dos aspectos fundamentales. Desde el punto de vista de la regulación, el Gobierno no tiene objeciones, digamos fundamentales, a la regulación actual. Es decir, que en principio por nuestra parte hay la voluntad de mantener
esta figura y de potenciarla, si es posible, en función de la evaluación que se haga de funcionamiento. Al fin y al cabo los enclaves laborales son esencialmente instrumentos que permiten a los trabajadores, a las personas con discapacidad,
terminar insertándose en el mercado de trabajo ordinario. Es una figura de tránsito no solamente de cumplimiento alternativo de los compromisos en cuanto a cuota de reserva, sino también una figura que permitía transitar desde el empleo protegido
hasta el empleo ordinario. Estamos hablando de funcionamiento real en torno a siete meses, no llega. Es un decreto de 20 de febrero; estamos a finales de noviembre, y yo creo que todavía, quizá, no debamos extraer conclusiones definitivas. Es
bueno darle algunos meses más de conocimiento. Sobre todo de cuáles han sido los efectos
en forma de inserción ordinaria, digamos, en el mercado de trabajo. A partir de ahí, hay que ver qué modulaciones hay que establecer en la norma sobre la base, insisto, de que su funcionamiento es aceptable en la medida en que permite
integrar establemente en el mercado de trabajo ordinario a personas con discapacidad. Si el enclave laboral solamente sirve como fórmula de cumplimiento alternativo, yo creo que no cumpliría una de sus funciones esenciales. Desde ese punto de
vista la evaluación tiene que estar fundamentalmente dirigida también a ver en qué medida esos trabajadores y qué parte de ellos han terminado insertándose en el mercado de trabajo ordinario. Éste es el contenido y el objeto de la evaluación que
hemos encargado a ese respecto. Es decir, no es fácil porque tenemos que tener registros apropiados para evaluar el funcionamiento de la medida. Pero, repito, por nuestra parte no hay objeciones de fondo a que el enclave siga funcionando como
instrumento de cumplimiento alternativo, pero también de inserción en el mercado laboral ordinario por parte de las personas con discapacidad.
Respeto a los temas de interlocución que usted señalaba, no hay ningún inconveniente en mantener vías complementarias de conocimiento y de evaluación de las políticas con otras entidades, también del ámbito autonómico. El problema, como
siempre, es buscar ese equilibrio en la medida en que no solamente tenemos que hacerlo con las propias organizaciones de los interlocutores sociales, en este caso del Cermi, en el caso de las personas con discapacidades, sino también a su vez con
los demás interlocutores sociales, en este caso empresarios y sindicatos. Por otra parte, como siempre lo hemos hecho, también en el ámbito del trabajo autónomo, siempre que sea posible, y yo creo que es posible en la mayor parte de los casos. Es
conveniente mantener también vías adicionales de interlocución, de información, compartiendo sensibilidades y criterios con otras organizaciones del sector, aunque no tengan carácter estatal; sobre todo en las que usted está pensando y alguna otra
en el ámbito del trabajo autónomo. Yo creo que estamos manteniendo un buen nivel de interlocución en este caso.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere ejercer el segundo turno?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Nos gustaría que esa buena voluntad que acaba de expresar en materia de interlocución la pudiésemos profundizar en todas estas materias, porque en el caso del País Vasco y de Cataluña, estas dos entidades a las
que hacía referencia representan buena parte del empleo protegido que existe en estas dos comunidades y, especialmente, en un sector muy significativo, que es el empleo para personas con discapacidad psíquica, que responden seguramente al colectivo
que requiere mayor destreza a la hora de abordar este tipo de políticas.
Por lo que hace referencia a la perspectiva de futuro, yo creo que es prudente su planteamiento de esperar a tener esa evaluación. Mi grupo va a hacer un seguimiento de la misma, pero estando convencidos de que este es un mecanismo que hay
que potenciar. Seguramente vamos a llegar a la conclusión de que el real decreto es demasiado rígido y demasiado detallista y que probablemente estamos perdiendo oportunidades de generar más empleo a través de un mecanismo, que lo que en el fondo
prevé introducir son fórmulas flexibles de contratación y de incorporación de las personas discapacitadas en el empleo ordinario. En este sentido, a la espera de conocer la evaluación que hace el Gobierno, y en función de lo que hemos podido
estudiar y de lo que el sector nos ha podido comentar, mi grupo de entrada le manifiesta esa sensación de que, junto con las necesarias garantías que se deben producir en procesos que muchas veces pueden estar al límite respecto a nuestro
ordenamiento jurídico en materia de empleo, es necesario que introduzcamos la flexibilidad necesaria para que el instrumento sea realmente útil.
La señora PRESIDENTA: Tiene nuevamente la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Estoy completamente de acuerdo con esta última reflexión. Lo fundamental aquí es conocer cuál ha sido el funcionamiento, porque eso es lo que nos va a dar pistas, señales, respecto de
dónde tenemos que incidir en una posible reforma de la regulación actual. Por el momento, yo creo que a finales del mes de enero es posible que hagamos una evaluación, ya con once meses aproximadamente de funcionamiento de la medida.
Desde mi punto de vista, sí hay que introducir flexibilidad, con las garantías necesarias naturalmente, en cuanto a derechos y en cuanto a funcionamiento efectivo del trabajo en el enclave. Lo esencial en esa evaluación -le reitero- es
saber exactamente cuáles son y en qué número terminan siendo contratados esos trabajadores del enclave, bien por las empresas o por la empresa en la que se residencia el enclave, bien por otras empresas en el mercado de trabajo ordinario. Esto,
creo yo, es lo fundamental de esa evaluación, más allá de compartir información y criterios con respecto a las organizaciones interesadas en cuanto a lo que ha sido el funcionamiento real en el resto de las materias del enclave. Pero desde mi punto
de vista es esencial que el enclave no sea sólo y exclusivamente un lugar en el que se cumple, con no se qué requisitos, de forma alternativa, y al mismo tiempo no aseguramos que al menos una parte de esos trabajadores terminen siendo insertados en
el mercado de trabajo ordinario.
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO CATALÁN, CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA ADAPTAR LA CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO A LA RECIENTE SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de
expediente 181/000257.)
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra nuevamente el señor Campuzano para formular el punto número seis del orden del día.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, abordamos otra cuestión relacionada con la discapacidad, en este caso las medidas que el Gobierno haya adoptado para adaptar la cuantía de las subvenciones a los centros especiales de empleo
después de la decisión que se tomó en su momento de subida del salario mínimo interprofesional. Una medida que todos aplaudimos, pero que es evidente que, desde la perspectiva de los empleadores, tienen sus consecuencias.
Leíamos estos días que en el marco, de la mesa de diálogo social la propia CEOE, para el conjunto de los intereses empresariales, estaba planteando medidas de apoyo para las consecuencias de la subida del salario mínimo interprofesional.
Para el caso de los centros especiales de empleo, y especialmente para el caso de los centros especiales de empleo que ocupan personas con discapacidad psíquica, que muchas veces su nivel de salario se sitúa justo en el salario mínimo y poco más, es
evidente que la consecuencias de la subida de ese salario afectan a su buena marcha como centros de negocios. Estamos hablando de centros especiales de empleo, no de centros ocupacionales, que por la propia composición de sus plantillas, la
capacidad de mejorar sus niveles de productividad es realmente escasa, pese al esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años.
De ahí nuestra preocupación ante esta situación y ante un riesgo, incluso, de que fallen muchos centros especiales de
empleo, por la imposibilidad de gestionar el impacto que esa subida tiene sobre sus presupuestos. Nos gustaría conocer las medidas que en esta materia ha adoptado el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Efectivamente, señor Campuzano, en la reciente reforma abordada en el Real Decreto-ley 3/2004, sobre salario mínimo interprofesional, que contempla su revisión en cuanto a cuantía y en
cuanto a regulación sustantiva, tanto los costes salariales, como las subvenciones de los centros especiales de empleo, estaban referenciadas y permanecen referenciadas al salario mínimo interprofesional. Eso supone, un impacto en los costes de los
centros especiales de empleo. Impacto que no es exactamente el equivalente al conjunto de la subida del 6,6 por ciento, sino al 50 por ciento de esa subida. Es decir, las subvenciones que reciben y que están vinculadas al salario mínimo también
crecen en la misma cuantía individual en función del nuevo salario mínimo.
Nosotros hemos mantenido contactos, naturalmente, con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. La idea general que nos transmiten no es exactamente la necesidad de revisión de los porcentajes de subida, en este
caso, o de vinculación al salario mínimo, como usted ha recordado con respecto a la CEOE, en cuanto a su planteamiento de neutralizar ese impacto en los costes sociales, en las cotizaciones sociales. Sí nos transmiten una idea esencial, estando de
acuerdo en la necesidad de que los trabajadores permanezcan, en cuanto a su retribución, vinculados al salario mínimo. Lo que nos transmiten es la conveniencia -y ya lo he anunciado en una de las preguntas anteriores- de que desarrollemos las
unidades de apoyo al empleo. Es decir, su pretensión es más en esta materia que en incrementar o hacer crecer ese porcentaje respecto del salario mínimo hasta neutralizarlo. Es decir, si estamos hablando del 50 por ciento y el salario mínimo ha
subido el 6,6, se puede hablar del 53 aproximadamente, con una neutralización por la vía de la modificación de los porcentajes de subvención. Nos han manifestado siempre que tienen margen para, en un proceso acompasado, como va a ser el de la
subida del salario mínimo, poder absorber este incremento de costes. En cambio esperan, legítimamente, que podamos desarrollar -como ya he dicho, en las próximas dos semanas habrá un proyecto a ese respecto- la regulación y las subvenciones para la
unidades de apoyo al empleo.
Nosotros hemos dicho, naturalmente, que es nuestra intención cumplir con aquellas materias que quedaron pendientes en el segundo convenio entre el Cermi y el Ministerio de Trabajo; lo vamos a hacer y, entre ellas, está, precisamente, esta
cuestión. En este momento por parte de los representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad no existe la pretensión de buscar un reequilibrio sobre la base de modificar esos porcentajes.
Ha habido un impacto. Son 38.000 trabajadores, efectivamente. Esta primera subida ha sido importante -es un 3,3 por ciento no previsto, para entendernos-. Durante los próximos años abordaremos una subida del salario mínimo, que no será
tan importante como esta primera. Entre la primera -la del 2 por ciento a principios de año- y el 6,6 prácticamente supera el 8,5 por ciento. Iremos a subidas un poco más escalonadas, y son perfectamente absorbibles, pero yo creo que el
complemento idóneo en esta materia es tratar de regular cuanto antes las unidades de apoyo al empleo. Esa es la demanda que las organizaciones como el Cermi nos han puesto encima de la mesa. Ese es el acuerdo en el que hemos alcanzado cierto
consenso respecto a
cómo actuar en el futuro, más que por la neutralización, vía modificación de los porcentajes.
La señora PRESIDENTA: Su turno, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero recordar que es importante la interlocución con otras organizaciones. En el caso de la Corredera de Talleres de Cataluña representa a 4.000 personas ocupadas. Sobre ese colectivo de 38.000, pues 4.000
pertenecen a esa organización. De ahí la necesidad de que esos trabajadores continúen vinculados al salario mínimo interprofesional y que, por tanto, hemos de ser capaces de articular aquellas medidas que puedan permitir apoyar este sector que está
sometido a un fuerte nivel de competencia en el ámbito de las actividades que habitualmente venían relacionando. Y en este espacio de competitividad, los centros especiales de empleo con trabajadores con discapacidad psíquica van a constituir
seguramente uno de los sectores más vulnerables. Por tanto, es necesario el compromiso del Gobierno para desarrollar esas políticas.
No sé si la mejor medida es la de reforzar los equipos de apoyo, cuestión pendiente que se viene arrastrando prácticamente desde la puesta en marcha de la propia Lismi y que no ha sido resuelto. Por tanto, bienvenido sería; pero también no
sé si es el momento de plantear la actualización de las subvenciones a la creación de puestos de trabajo que desde el año 1985 -hace un montón de tiempo- están congeladas en un millón de pesetas, seis mil euros en la actualidad. También mi grupo le
querría trasladar que, en esa necesidad de articular medidas de apoyo a los centros especiales de empleo y de adaptación al nuevo entorno, abordásemos la actualización de la subvención a la creación de nuevos puestos de trabajo.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Para mostrarme de acuerdo en cuanto a la búsqueda de soluciones concertadas en esta materia, muy especialmente en lo referente a la actualización. Porque, en efecto, los centros
especiales de empleo no hay que olvidar que también son beneficiarios de una amplia gama de ayudas diversas, más allá de estas que estamos señalando en este momento. Así es que en el futuro tendremos que hacer algún tipo de actualización en esa
materia.
Respecto a la discusión suscitada -creo que las organizaciones de las personas con discapacidad lo han entendido bien-, creo que es más importante en este momento ver otras posibilidades de potenciación del conjunto de las políticas, más que
centrarse en el impacto de la subida del salario mínimo. Yo creo que ellas lo han entendido muy bien. Los centros especiales de empleo y las organizaciones de los trabajadores con algún tipo de discapacidad no deben aparecer, o no debemos permitir
que aparezcan, como organizaciones que plantean dificultades a la hora de la absorción y del mantenimiento de un salario mínimo interprofesional digno para el conjunto de los trabajadores, también para las personas con discapacidad acogidas en los
centros especiales de empleo. Creo que ellas lo han entendido bien en esta perspectiva, en la medida de buscar mecanismos adicionales, alternativos, para poder recomponer este impacto.
Pero que no aparezcan los centros ni las organizaciones como
entidades que se preocupan, no tanto como para forzar una mejora en las condiciones de trabajo de sus propios empleados, y, desde luego, que no aparezcan -esta ha sido siempre su principal preocupación- como entidades opuestas a que el salario
mínimo, también el que se aplica a esos trabajadores, tenga durante los próximos años una revalorización como la que el Gobierno tienen planteado abordar.
- DEL SEÑOR BARRACHINA ROS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS PARA MEJORAR EL EMPLEO DE LAS MUJERES.
(Número de expediente 181/000165.)
La señora PRESIDENTA: Para formular la pregunta del punto número siete, tiene la palabra don Miguel Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: Voy a ver si ahora tengo un poquito más de suerte con el empleo femenino que con el juvenil, donde no he conseguido desentrañar la política laboral que va a llevar a cabo el Gobierno.
Además de las medidas
genéricas de formación, etcétera, no he conseguido conocer ninguna medida específica para juventud.
En el tema de la mujer, el recorrido histórico es similar. Sabe usted que recibieron un mal dato de desempleo en 1982, el 19 por ciento, y ustedes consiguieron elevarlo al 30 por ciento. Del 19 al 30 por ciento es un recorrido que deseamos
que no se vuelva a llevar a cabo. Desde ese 30 por ciento de 1996, nosotros les legamos a ustedes un 14 por ciento. Es decir, se ha reducido a menos de la mitad -los datos que utilizo son los que su Gobierno nos ha facilitado más recientemente-.
Del 30 al 14 por ciento es el recorrido de nuestra gestión que le deseo sinceramente que tenga continuidad en su período. Y para que tenga continuidad alguna medida, además de las ya adoptadas que se consumen por el simple paso del tiempo, tendrá
que tomar.
En este mismo período de gobierno Popular, sabe que la tasa de actividad de la mujer española ha pasado del 37 al 44 y nuestro deseo es que siga creciendo la incorporación de mujeres al mercado de trabajo. Ha habido 2.200.000 mujeres
españolas que han encontrado
empleo en las dos últimas legislaturas. Se ha pasado de los cuatro millones y pico de mujeres trabajando a los seis y mucho, y eso se debe a un conjunto de medidas de flexibilidad en el horario laboral, al aumento del número de contratos a
tiempo parcial en más de un 7 por ciento, a incentivos como el doble coste cero o bonificaciones para la contratación indefinida. Creo recordar que son más de 1.700.000 -hablo de memoria- los contratos bonificados por el último gobierno Popular y
lo que descubro ahora, en este presupuesto para el 2005, es una congelación de las bonificaciones, una reducción, en términos reales, entre un 3 y un 4 por ciento. Es decir, que se va a bonificar menos. Le pregunto si ese es el cumplimiento de su
programa electoral, cuando dice que las bonificaciones van a ser más selectivas. Es decir, de ese 1.700.000 contratos ¿a quiénes van a reducir las bonificaciones de las que se venían beneficiando? Porque le recuerdo también que en nuestro último
presupuesto el crecimiento en las bonificaciones fue de un 21 por ciento. El hecho de pasar de un aumento de un 21 por ciento a una congelación, que quiere decir en términos reales una reducción, en lo que se refiere a los colectivos que más se
benefician de estas bonificaciones, es decir, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, supone que mostremos preocupación y cautela. Y yo, naturalmente, he venido aquí para escucharle a usted y para que usted elimine esas preocupaciones que yo
tengo cuando he visto que las bonificaciones se congelan y que las medidas singulares, que van a beneficiar especialmente -para eso han llegado ustedes al Gobierno- al colectivo de mujeres, no llegan. Yo, con el deseo de escuchar por lo menos una
propuesta específica para el colectivo de mujeres, espero su respuesta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Señor Barrachina, yo creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los grandes problemas históricos del mercado de trabajo español es efectivamente el de la menor participación
femenina, un problema que todavía compartimos con la mayoría de los países de la Unión pero que incide especialmente en el nuestro. Hemos alcanzado ya una tasa de actividad masculina sensiblemente similar a la de la medida europea. Todavía
tenemos, efectivamente, grandes diferencias con respecto a la tasa de actividad femenina. Además, ese problema viene acompañado por un elevado nivel de desempleo entre las mujeres que han decidido tomar la decisión de trabajar y demostrase activas
en cuanto a su posibilidad de inserción en el mercado de trabajo.
En los últimos veinte años -y usted lo ha dicho bien- yo creo que se ha producido un avance importante en el camino hacia esa participación igualitaria de los dos sexos en el ámbito del empleo. Tenemos todavía tasas de actividad inferiores,
en torno a veinte puntos, en el caso de las mujeres con respecto a los hombres, y tasas de desempleo que son prácticamente el doble en las mujeres que con respecto a los varones. Los índices laborales de las mujeres españolas se encuentran todavía
a mucha distancia, como decía antes, de las que estableció la cumbre de Lisboa.
Son el 70 por ciento en tasa general y el 60 por ciento en tasa femenina.
Pero es que, además, si corregimos la tasa femenina, como decía antes, estamos al mismo
tiempo garantizando el cumplimiento de las tasas generales, porque hemos llegado a un nivel razonablemente similar a la media en el ámbito de la actividad y del empleo masculino.
El Plan de acción para el empleo aprobado en octubre mantiene con eje prioritario, en primer lugar, la reducción de las distancias existentes en la situación laboral de las mujeres en relación a la de los varones.
Se hace hincapié
expresamente en el establecimiento de un sistema adecuado de incentivos para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y también en la necesidad de aumentar los servicios de cuidado de niños y de personas dependientes. Este es un tema esencial
que ya ha tenido una primera acogida en este presupuesto. Es decir, nuestra idea general respecto al futuro y en cuanto al empleo femenino es relativamente sencilla en esta materia. Hay un doble frente: en la medida en que seamos capaces de
aumentar el tamaño de nuestros servicios sociales, y no solamente en forma de deducciones o de bonificaciones o incentivos fiscales, de los servicios sociales de atención a los niños y a las personas dependientes, en esa misma medida estaremos
abriendo un doble frente que permitirá la incorporación más fácilmente de mujeres y de hombres al mercado de trabajo, sobre todo de las mujeres que son las que desgraciadamente soportan en este momento el peso de la atención familiar y, al mismo
tiempo, estaremos creando nuevos yacimientos de empleo en ese ámbito en Europa, esencialmente cubiertos por mujeres. Es decir, hay una correlación perfecta entre la tasa de empleo femenina y el nivel de desarrollo de este ámbito de los servicios
sociales. En aquellos lugares donde el desarrollo es más amplio, la tasa de empleo femenina es también mucho más alta.
Yo creo que esta es una de las grandes asignaturas pendientes en esta materia. ¿Qué ha planteado el Gobierno en esta cuestión? Ha planteado dos temas esenciales. En primer lugar, seguir priorizando la atención a las mujeres en los
diferentes programas, tal y como establece la propia Ley de empleo. Hemos abordado, como le decía al comienzo, una medida importante en el ámbito del autoempleo: hemos introducido una bonificación financiada, por una parte, por la Seguridad Social
y, por otra, por el servicio público de empleo, destinada al autoempleo de las mujeres menores de 35 años. Respecto a la política general, usted estará de acuerdo en que, junto a las políticas específicas y manteniendo el esquema actual, eso
produce un
rendimiento determinado en el ámbito de la mujer o de los jóvenes. El esquema que queremos producir es el de, manteniendo el nivel actual de la política de bonificaciones, seguir manteniendo selectivamente un nivel diferencial de
bonificación para las mujeres, para los jóvenes y políticas complementarias para las personas con discapacidad y con riesgo de exclusión social.
Por consiguiente, lo primero que queremos hacer, manteniendo ese esquema, es una evaluación, que estará terminada el 31 de enero -el 31 de diciembre es el plazo y supongamos que la comisión de expertos no termina hasta el 31 de enero-, de
cuál ha sido el funcionamiento del modelo de bonificaciones, manteniendo las ideas generales a las que yo me he referido en la intervención del comienzo. Es decir, estudiar la posibilidad de ir a una bonificación no tanto selectiva en el sentido
que usted señalaba, sino a una bonificación lineal, por una parte; una bonificación más extensa en cuanto a tiempo, por otra; estudiar también la posibilidad, junto a ello, de mantener los diferenciales en jóvenes y en mujeres. Le recuerdo que
toda esa política contenida en los acuerdos de 1997 lo único que hace es trasladar al fomento del empleo estable políticas previas. Por ejemplo, la política que vincula en mayor medida a oficios y ocupaciones donde están subrepresentadas, esa es
una política del año 1985. Es decir, los diferenciales de bonificación en función de la ocupación, esa es una política de 1985. Toda la política de empleo de mujeres es una política forjada en el año 1985, con carácter previo a nuestra inclusión a
la Comunidad Europea.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrachina, ¿desea contestar?
El señor BARRACHINA ROS: Creo que no les conviene hablar de la etapa de 1985. Es decir, los resultados no son ni buenos ni malos: son nefastos.
Del 19 al 30 por ciento en desempleo femenino es un resultado catastrófico. En toda la
historia económica del siglo XX no hay peor etapa en que esa de la que usted habla. Y esto no es ni bueno ni malo.
Son datos objetivos. No hay otro peor.
Dicho esto, a mí me gustaría que lo que usted dijese fuese verdad. Es decir, que cuando dice que van a seguir aumentando las bonificaciones, aumenten, como con nosotros, en un 21 por ciento y no caigan, en términos reales, en un 3 o un 4
por ciento, pues usted reconoce que efectivamente se han congelado y han dejado de crecer. Me gustaría, aunque esto sea doloroso para las filas socialistas, que cuando dicen que hay que apoyar el cuidado de niños sea verdad. Y si nosotros pusimos
una paga de 100 euros de la que se han beneficiado 800.000 mujeres españolas, ustedes lo extiendan, como prometieron, a todas las mujeres, o al menos a las que trabajan. Y me gustaría que si nosotros llevábamos un programa experimental de tan solo
siete millones de euros para la construcción de guarderías en comunidades autónomas, que este año no se hubiese vuelto a congelar. Pero es que de todas esas medidas específicas que yo hoy esperaba escuchar y además aplaudir, resulta que habla de
bonificaciones y caen; que habla de cuidado de niños y se congela; que habla de construcción de guarderías y se vuelva a congelar. Por tanto, yo comparto exactamente lo que usted dice. Ahora, es que entre lo que usted dice y lo que
presupuestariamente han hecho hay una diferencia abismal. Es decir, desde lo positivo hasta lo negativo, yo comparto, no solamente sus formas, sino lo que dice. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con el presupuesto que ustedes han presentado
aquí. Por cierto, respecto al presupuesto destinado a la dependencia, al que yo presenté enmienda, si no llega a ser por una enmienda de Iniciativa per Catalunya y Ezquerra Republicana, no habría ni un solo céntimo probablemente.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL EMPLEO (Gómez Sánchez): Señor Barrachina, su capacidad de aplauso es muy limitada todavía, así que espero que la desarrolle con el tiempo.
La afirmación que hace respecto a que esos años fueron los peores del siglo XX es, de verdad, una afirmación lamentable. ¿Es que usted no sabe cuál era la tasa de actividad de las mujeres españolas a principios de siglo? ¿Es que usted no
la sabe? Repásela. ¿No conoce usted la tasa de actividad, a principios de siglo? ¿Es que usted no la sabe? Durante esos años, durante los años que median entre 1982 y 1994, por poner una fecha que no coincide con su ciclo político, por cierto,
la tasa de actividad de las mujeres españolas ha sufrido el más importante crecimiento en el siglo XX. Junto a ello, efectivamente, hay una situación de crisis económica durante el año 1981 y durante el año 1992 especialmente intensa. Pero usted
no debe confundir el ciclo político con el económico, cometería usted un grave error, porque antes de que ustedes gobernaran en 1996 ya había dos años importantes de crecimiento sustancial, tanto de la tasa de actividad femenina, como de la tasa de
empleo femenina, como de la tasa general de ocupación en el conjunto de la economía. No confundan ustedes el ciclo económico con el ciclo político.
Yo le he hablado en concreto de dos medidas que ustedes no fueron capaces de adoptar. Yo le he dicho que hemos cambiado la política del autoempleo de las mujeres, y lo hemos hecho sin mermas de sus derechos futuros.
Ustedes no fueron
capaces de hacer eso en el pasado, ¿o es que no se acuerda? ¿O es que no se acuerda que ustedes lo hicieron con reducciones de cotización, es decir, mermando los derechos futuros de las personas acogidas a ese tipo de política? Han bastado unos
cuantos meses para cambiar esa política y además para hacerlo desde el diálogo y desde el acuerdo con los interlocutores sociales y agentes sociales en esta materia.
Nuestra intención es que también rendirá frutos el diálogo en esta cuestión. Pero lo primero que tenemos que hacer es fijar la política general de incentivos, los cambios en la política de incentivos y hacia dónde se van a orientar. Ya le
di algunas pistas en esa materia. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es producir esos escalones selectivos de incremento de los apoyos y de los estímulos, tanto para mujeres, jóvenes, como personas con discapacidad. Lo primero que debemos
hacer antes de producir cambios precipitados es determinar cuál va a ser el esquema general de bonificación y de estímulos al conjunto del empleo y, a partir de ahí, cuáles van a ser los escalones selectivos en cada una de los grandes colectivos
desfavorecidos que habitualmente suelen estar presentes en nuestros discursos. Esto es lo primero que debemos hacer.
Mientras tanto, en el ámbito del empleo autónomo, ya hemos acordado algunas cuestiones de especial interés, tanto para jóvenes,
como para mujeres. Pero no se precipite usted y, sobre todo, con su precipitación no nos haga a los demás, que tenemos la responsabilidad de gobernar, que caigamos en esa precipitación.
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE FUTURA EVOLUCIÓN DEL INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM). (Número de expediente 181/000258.)
La señora PRESIDENTA: Punto 8.º del orden del día: Pregunta que formula don Carles Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En su primera intervención esta mañana en parte ha abordado la problemática que mi grupo le plantea con esta pregunta oral.
La subida del salario mínimo y el compromiso político asumido por el Gobierno de alcanzar esa cifra de 600 euros también ha implicado la puesta en marcha del denominado Iprem, el indicador público de renta de efectos múltiples, una medida
importante que da otra naturaleza al salario mínimo interprofesional, pero que también prevé una evolución de los niveles de protección social vinculados a la propia evolución del indicador público de renta de efectos múltiples. Por lo tanto,
estamos frente a un instrumento de políticas públicas del Gobierno realmente relevante desde la perspectiva de los niveles de protección social en España, desde la perspectiva de las voluntades de crecimiento del Estado del bienestar.
Le decía anteriormente en la comparecencia que mi grupo lamentó en su momento que el Real decreto que configura el Iprem no pudiese ser tramitado como proyecto de ley, ya que se ha perdido la oportunidad de vincular a los grupos
parlamentarios a la valoración de esta normativa y mejorar la propuesta del Gobierno. Y mi grupo en ese debate hubiese planteado lo que hoy está en el seno del diálogo social: el establecimiento de un mecanismo que permita evitar que una
degradación del Iprem termine constituyendo una degradación de los niveles de protección social en España. En ese sentido, en el marco del diálogo social ahora abierto, y sabiendo que esto no lo podemos plantear en sede parlamentaria, mi grupo
quería conocer cuál es la posición del Gobierno respecto a la futura evolución del Iprem. De la lectura del real decreto tan sólo podríamos entender que el Iprem va a crecer en función de una inflación prevista. Sabemos, por la experiencia que
tenemos de la propia evolución del salario mínimo interprofesional, que puede abrir una vía que desnaturalice este indicador de rentas, con todos los riesgos desde la perspectiva de la protección social. Ahí está nuestra preocupación y por ello
queremos conocer cuál es la posición del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Señor Campuzano, la posición del Gobierno en esta materia yo creo que está bien expresada, incluso en la propia exposición de motivos del real decreto-ley. Lo que hacíamos con ese real
decreto-ley era, en primer lugar, desvincular el salario mínimo de todo un conjunto de políticas, incluyendo la protección por desempleo, y establecer un indicador alternativo, en este caso el Iprem. Se trata de permitir que el salario mínimo
juegue un papel retributivo en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito de la regulación de las condiciones de trabajo de la población ocupada.
¿Qué ocurre en la exposición de motivos? ¿Cómo se enfoca este asunto en la exposición de motivos? Lo que se dice es que quedan un conjunto de aspectos pendientes de abordar en el diálogo social. En concreto, quedan tres: la evolución del
salario mínimo a lo largo de la legislatura; los criterios que podrían tenerse en cuenta para la revisión del Iprem; y la propia reforma de la regulación sustantiva del salario mínimo. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque, de acuerdo con los
interlocutores sociales, queríamos abordar ese proceso en una segunda fase del diálogo. Estábamos revisando el salario mínimo y estamos en este momento con una mesa abierta, en esa segunda fase del diálogo, para abordar en conjunto estas tres
cuestiones: fórmula de regularización del Iprem; regulación sustantiva del salario mínimo, artículo 27; y cómo vamos a alcanzar ese objetivo a lo largo de la legislatura de tener un salario mínimo de 600 euros mensuales en 2008.
En ese contexto, el Gobierno ha planteado a los interlocutores sociales dos cosas: que no resulta conveniente el cambiar los mecanismos de revisión legal del Iprem previsto en ese real decreto-ley; y que estamos dispuestos a estudiar, de
común acuerdo en el ámbito del diálogo,
unas fórmulas que permitan evaluar el poder adquisitivo, el funcionamiento real del Iprem durante estos cuatro años y quizá alcanzar algún acuerdo en esa materia, tratando siempre de satisfacer el objetivo esencial y es que al Iprem no le
ocurra lo mismo que al salario mínimo durante los últimos años. Es decir, que el Iprem al menos garantice de alguna forma y que su evolución no sea sensiblemente distinta de la que sufran los precios. Eso significa que vamos a ir en estas dos
instituciones básicas a una regulación distinta. En el salario mínimo, de lo que se trataría es de ir recuperando poder adquisitivo, incluso acercándose al salario medio; y del Iprem, que es una institución de garantía de rentas, manteniendo un
escalón diferencial con respecto al salario mínimo, pero asegurando que no pierde poder adquisitivo a lo largo del tiempo. De ahí lo que hemos dicho siempre, que es tratar de ir a una evaluación plurianual que dé también flexibilidad al presupuesto
público y a la actuación pública. Ahora estamos hablando de un índice que tiene un reflejo en el gasto público de forma inmediata y de producir, con un cierto margen de flexibilidad, esas evaluaciones de ámbito superior al anual que permitirían en
todo caso garantizar a plazo el mantenimiento del poder adquisitivo del índice. Esta es la posición del Gobierno en esta materia.
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Evidentemente, compartimos la idea de la desvinculación y compartimos por tanto la necesidad de la creación de este indicador nuevo. Pero en la medida en que este indicador nuevo está orientado, es su propia
expresión, a esa garantía de rentas, nos preocupa que un mal planteamiento de los criterios de su evaluación, de su seguimiento, de su mejora, de su adaptación a los índices reales de la evolución de precios pueda suponer un deterioro del poder
adquisitivo precisamente de los sectores más modestos de nuestra sociedad. Estoy pensando básicamente en beneficiarios de pensiones. Por lo tanto, mi grupo, en el marco del diálogo social, va a hacer un seguimiento para que estos criterios de
evolución respondan al objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo de aquellos sectores que necesitan, precisamente para mantener un determinado nivel de rentas, la existencia de este tipo de mecanismos y de las prestaciones públicas a las
que éste está vinculado.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Una cuestión importante que quizá no hemos reflejado ni usted en su pregunta ni yo en mi respuesta. Los perceptores del subsidio por desempleo, que son los afectados en mayor medida y
directamente por la propia evolución del Iprem, ya han sufrido una mejora en su cuantía, no a través del índice sino a través de la reforma de los porcentajes de vinculación al índice, del 6,6 por ciento íntegramente a partir del 1 de julio del
presente año.
Quiere eso decir que, cualquiera que sea la fórmula que se adopte en el ámbito del diálogo, va a contar previamente con una ganancia o una recuperación del poder adquisitivo perdido en los ocho años anteriores del 6,6 por ciento.
Nuestro criterio, de todas formas, no es tener en cuenta esta ganancia y descontarla de posibles evoluciones futuras del índice. Estamos en la idea, y yo creo que es una idea compartida en general por los interlocutores sociales, de
construir una forma de evaluación plurianual del índice que nos permita evitar que se separe en exceso a lo largo del tiempo la cuantía del Iprem de la cuantía que experimente su crecimiento el índice de precios al consumo. Pero es importante que
haya flexibilidad en esta materia, porque si en el Iprem somos también inflexibles y rígidos, lo que lograremos probablemente, ante gobiernos que siempre tendrán necesidades presupuestarias y dificultades de inserción de esas necesidades en el
conjunto de la política de gastos, es que en el resultado que se alcance la evolución general sea más cercana a la previsión de inflación que a la que realmente se produzca al final del año. De ahí la conveniencia de extraer, en ese caso, una buena
lección de la historia e ir a fórmulas flexibles, con una evaluación concreta, con acuerdos concretos, más que a una inserción de la norma, en este caso de revisión, que al final lo que produciría sería siempre gastos indeseables en el gasto
público.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario general de Empleo, don Valeriano Gómez, por su comparecencia y por su amabilidad en contestar a las preguntas que han tenido a bien formularle los distintos grupos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.