CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 135

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 6

celebrada el jueves, 11 de noviembre de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Hernando Santiago) para informar sobre:


- Presentar la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del citado Consejo y de los juzgados y tribunales de justicia, referida al año 2003. (Número de expediente 245/000002.) ... (Página 2)


- La posición del Consejo General del Poder Judicial en relación con el ejercicio de sus facultades en materia de nombramientos y de emisión de informes. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente
212/000332.) ... (Página 37)


- La posición del citado Consejo en relación con su capacidad para realizar nombramientos y emitir informes. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
212/000347.) ... (Página 37)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (HERNANDO SANTIAGO) PARA INFORMAR SOBRE:


- PRESENTAR LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CITADO CONSEJO Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, REFERIDA AL AÑO 2003. (Número de expediente 245/000002.)


El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Señorías, la tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea la Presidencia del Congreso de los Diputados la que le dé la bienvenida y
formalmente comunique a la Comisión de Justicia que obviamente su presidente tomará la dirección de los debates una vez que el presidente del Congreso sitúe la razón y el contenido de su comparecencia.



En primer lugar, sea usted bienvenido. Vamos a abrir la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la celebración de la comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo General del Poder Judicial a fin de presentar la
memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del citado Consejo y de los juzgados y tribunales de Justicia, referida al año 2003.



De conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia de 4 de abril de 1984, corresponde intervenir en primer lugar y sin límite de tiempo al presidente del Consejo General del Poder Judicial para la presentación de la
memoria. A continuación se concederá un turno de intervenciones a los grupos parlamentarios para formular preguntas o hacer observaciones, por tiempo máximo de quince minutos por grupo. El orden de intervención será de menor a mayor, comenzando
por el Grupo Mixto y sucesivamente Coalición Canaria, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Grupo Vasco, Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Popular y Socialista.
A continuación se
producirá la nueva intervención del presidente del Consejo General del Poder Judicial para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios y éstos podrán intervenir en un turno de réplica, si así lo desean, por un tiempo máximo de diez
minutos.



En el supuesto de que la Comisión lo entendiere conveniente u oportuno se podrá designar una ponencia que informe en el plazo de quince días sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia contenidos en la memoria. En el caso
de que la Comisión no decidiera constituir una ponencia, la Presidencia anuncia, a través de la Presidencia de la Comisión, que se abre un plazo de tres días para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión. Ésta admitirá
lógicamente las propuestas que sean congruentes con la memoria objeto del debate, referidas al servicio público de la justicia y respetando en todo caso la independencia de la función jurisdiccional. Las admitidas a trámite, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efecto de su inclusión en el orden del día de una sesión plenaria.



Señor presidente, este es el formato del debate. Buena suerte. Habiendo concluido mi trabajo de presentación me permitirá que sea el presidente de la Comisión de Justicia el que, a partir de este momento, lleve la dirección de los debates.
En cualquier caso, bienvenido otra vez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): Señor presidente de la Comisión de Justicia, señorías, en primer lugar he de agradecer las palabras de bienvenida que me ha brindado el presidente del Congreso
de los Diputados, de esta casa, que es la casa de todos, en la medida en que aquí está depositada toda, y nada menos que toda, la soberanía popular. Correspondo a ellas con mi saludo, el saludo del Consejo General del Poder Judicial, en cuyo nombre
comparezco aquí y ahora, y con el reconocimiento a la labor que esta Comisión lleva a cabo en el ámbito de la justicia.



Una vez más, como acabamos de escuchar en palabras del presidente de la Cámara, y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tengo el honor de comparecer ante la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados en mi condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano constitucional del gobierno de los jueces y de los tribunales, para exponer ante SS.SS. cuál ha sido el estado, funcionamiento y actividades
desarrolladas por el Consejo General del Poder Judicial y por los propios juzgados y tribunales de Justicia que lo integran, y todo ello referido al ejercicio o al año 2003. Mis primeras palabras han de ser necesariamente de satisfacción por el
hecho de poder cumplir otro año más con este deber legal, que es expresivo además de la normalidad institucional por la que discurren las relaciones entre los representantes de los ciudadanos y el Poder Judicial, y al mismo tiempo me permite dar a
conocer a SS.SS. la realidad de nuestra Administración de Justicia a lo largo del ejercicio correspondiente al pasado año, así como, y al mismo tiempo, poner en conocimiento de esta Cámara las principales actividades desarrolladas a lo largo de
dicho período.



Es preciso reconocer que estas comparecencias anuales del presidente del Consejo General del Poder Judicial desde su creación han constituido un medio sin par para dar cabal cuenta a SS.SS. del estado de nuestra justicia, con especial
atención a los problemas, deficiencias,


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disfunciones e incertidumbres que, de acuerdo con los datos obrantes en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, permiten conocer la situación de nuestros juzgados y tribunales, y también aquellas disfunciones, circunstancias, que
concurren en la actividad de nuestros juzgados o tribunales en la tarea cotidiana de la función jurisdiccional que vienen desarrollando. Esta cita anual ha sido hasta el presente el punto de partida de muchas de las reformas legislaturas ocurridas
en estos años y que, en opinión de esta presidencia, de forma muy cardinal han contribuido y están contribuyendo a acercar nuestra Administración de Justicia a lo esperado por los ciudadanos y a lo deseable en un Estado moderno. Una tarea que solo
es posible desde el conocimiento cierto del estado de nuestra justicia, ya que las Cortes Generales en su condición de titulares del Poder Legislativo han coadyuvado de una manera esencial e insustituible; una tarea que alcanza hoy significación
especial al tratarse de la primera memoria que el Consejo General del Poder Judicial presenta ante esta Cámara en una renovada legislatura.



Aprovechando que SS.SS. disponen ya de ejemplares de la memoria, y para la mejor racionalización del tiempo disponible, dedicaré los minutos que siguen, conforme a la estructura habitual con la que se vienen desarrollando mis intervenciones
en años anteriores, a exponer a la Cámara los puntos más importantes que la memoria contempla. Para ello, también en coherencia con la práctica de otras comparecencias anteriores, ofreceré a SS.SS. una actualización de los datos de la memoria,
fundamentalmente los estadísticos, que también figuran en la misma al efecto de que no se produzca una discusión sobre actividades o datos ya un tanto lejanos, lo que, sin embargo -lo repito muchas veces en todas mis comparecencias-, es imposible
evitar de modo absoluto. La propia dinámica de las anualidades judiciales impiden la realización de un verdadero ejercicio de recapitulación hasta que cada una de ellas vaya concluyendo y la complejidad intrínseca de la elaboración de un documento
de la extensión y profundidad de la memoria del Consejo General del Poder Judicial hace realmente difícil ofrecer a esta Cámara una información absolutamente actualizada y referida al momento de la presentación ante estas Cortes. Pero si un valor
se debe reconocer a esta comparecencia es precisamente el de suplir en la práctica estas carencias estructurales, por lo que algunas de mis apreciaciones, señorías, intentarán acercarles esta información lo más actualizada posible, de acuerdo con
los datos estadísticos que obran hasta este momento en el Consejo General del Poder Judicial, datos que permiten observar las tendencias y evoluciones que la actividad jurisdiccional viene desarrollando a lo largo del ejercicio en que nos
encontramos.



Entrando en el fondo, no quisiera empezar mi intervención sin hacer referencia al estado del proceso de reforma de la justicia en el periodo que vamos a analizar. Ya tuve ocasión de avanzar en mi anterior comparecencia, en el pasado mes de
diciembre, que el año 2003 ha sido un tiempo de grandes novedades para la justicia desde el punto de vista legislativo. En cierta medida, el año 2003 ha sido el momento de fructificación de muchas de las reformas proyectadas en el Pacto de Estado
para la reforma de la justicia, suscrito en la primavera de 2001, acuerdo que, en opinión de esta presidencia y del Consejo General del Poder Judicial, ha determinado la mayor transformación de nuestra Administración de Justicia desde el
advenimiento del régimen constitucional, causa por la que una vez más vuelvo a hacer votos para un nuevo alcance de los consensos necesarios con la finalidad de que las transformaciones que la justicia pueda necesitar no queden al albur de mayorías
coyunturales, sino que respondan a una concertación sustancial que garantice su estabilidad y su permanencia. Es preciso elogiar aquel pacto, que ha permitido mejorar amplios sectores del ordenamiento jurídico en desarrollo de un compromiso firme
alcanzado por los grupos parlamentarios con y para la justicia española, articulado sobre el consenso, valor que siempre debe presidir toda reforma que afecte a un pilar esencial de nuestro sistema de convivencia como es el Poder Judicial.



El máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados celebra ahora la consumación de tales reformas, que ha sido el resultado de una preocupación común y la demostración de que el esfuerzo leal y compartido de todos es siempre el mejor
aval para la consecución de cualquier objetivo por ambicioso que este sea, en el bien entendido de que dichas reformas han de contribuir a hacer más satisfactoria para el ciudadano la Administración de Justicia, piedra clave de nuestro derecho.



Las reformas a las que vengo aludiendo han afectado a diferentes sectores del ordenamiento. Han tenido incidencia en ámbitos jurídicos organizativos de los juzgados y tribunales, pero tampoco han descuidado materias relevantes del orden
procesal y del orden sustantivo. Por su importancia, destaco primeramente las reformas operadas en nuestra legislación penal plasmadas en las leyes orgánicas 1/2003, de 10 de marzo; 7/2003, de 30 de junio; 11/2003, de 29 de septiembre y,
especialmente, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Se incluyen en ellas novedades significativas que afectan al Código Penal de 1995, muchas relacionadas con la persecución criminal de conductas relacionadas con el fenómeno del terrorismo
y que afectan a materias como el cumplimiento íntegro de las penas, a los delitos cometidos por los extranjeros en España, a la supresión de la pena de arresto de fin de semana, al cómputo del plazo para la prescripción de determinados delitos y a
gran cantidad de los tipos contenidos en el libro segundo del Código, entre otras. También debe resaltarse la reforma en la esfera procesal de la prisión provisional, operada en virtud de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal; una reforma


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necesaria que ha adecuado el marco normativo aplicable a esta medida cautelar personal a las exigencias derivadas del derecho a la tutela efectiva de los órganos jurisdiccionales dentro de los términos establecidos por nuestro Tribunal
Constitucional. Del periodo a que nos referimos data igualmente la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica o de género, clave también para la puesta al día de nuestro sistema
punitivo y a través de la cual se han dado pasos firmes en la lucha contra este inaceptable fenómeno social. Esta ley regula, como bien conocen SS.SS., un procedimiento judicial rápido y sencillo ante el Juzgado de Instrucción para dotar a la
víctima de un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. Una medida que, como veremos en la exposición de datos estadísticos, demuestra el acierto de su implantación, así como
la utilidad y necesidad de la misma reforma.



De no menor importancia para la Administración de Justicia, si bien en la esfera jurídico privada, es la promulgación en 2003 de la Ley Concursal, largamente demandada por estudiosos y profesionales del derecho, y fruto de un larguísimo
periodo de reflexión doctrinal. Debe en este punto recordarse, como indiqué en mi comparecencia del pasado diciembre, que tanto en el Libro Blanco de la justicia como en el documento llamado Propuestas para la reforma de la justicia, el Consejo
General del Poder Judicial puso ya de manifiesto la urgente necesidad de promulgar una nueva Ley Concursal mediante la cual se pudiesen afrontar con razonable éxito las situaciones de insolvencia de un deudor común. Esta reforma de nuestro derecho
concursal, ya entrada en vigor, es esencial para la tutela del crédito privado y de las situaciones de crisis empresarial, y en su consecución el Consejo General del Poder Judicial ha expresado siempre su compromiso incondicional, un compromiso que
a lo largo de este ejercicio se ha manifestado esencialmente, entre otras actuaciones, en la culminación del proceso de selección de la primera promoción de jueces de lo Mercantil, piezas esenciales en el éxito de nuestro sistema concursal.



Este repaso general no podía hacer caso omiso de la última gran reforma legal producida, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, como es la operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de la Ley Orgánica
19/2003. Una importantísima actualización de la norma rectora desde el punto de vista organizativo del Poder Judicial, con incidencia en diferente ámbitos y muy especialmente en la organización de la oficina judicial, instrumento que estimamos
clave para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y para la optimización de los recursos materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia. Esta reforma traduce asimismo a normas jurídicas los históricos
acuerdos alcanzados en su momento en la conferencia sectorial celebrada en la ciudad de Las Palmas entre el Ministerio de Justicia y todas las comunidades autónomas con competencias transferidas; todo ello tanto en materia de oficina judicial como
de cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, aspecto que abona, una vez más, las solicitudes reiteradas de concertación máxima en lo que atañe a la toma de decisiones políticas en materia de justicia.



La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es, por otra parte, la culminación de una serie de reformas orgánicas ocurridas el pasado año, entre las cuales cabe ser destacada también la producida por la Ley 15/2003, de 26 de mayo,
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, norma -como se dice en ella- con la que se pretende racionalizar y poner al día las retribuciones de los jueces y fiscales en función de la categoría alcanzada en la carrera, de
la creciente dificultad y responsabilidad de la decisión e incluso del volumen del trabajo desarrollado. También he de referirme en este contexto a la Ley 14/2003, de 26 de mayo, de modificación de la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal.
El año analizado ha sido, en resumidas cuentas, un año pródigo en reformas, cuya plena implantación está requiriendo el máximo esfuerzo de los jueces y magistrados y de los poderes públicos con responsabilidad en
materia de justicia, a quienes corresponde la provisión de los medios personales y materiales que se estiman necesarios para que las disposiciones del legislador sean realmente efectivas y alcancen los objetivos deseados en pro de la justicia.
Dicho lo anterior, aunque ciertamente con una amplitud excesiva, consecuencia de las evidentes limitaciones temporales que nuestro análisis impone, haré referencia a los datos más destacados del funcionamiento de la Administración de Justicia, de la
justicia española, en el período 2003.



Jurisdicción civil. En el año 2003 fue precisamente el orden jurisdiccional civil el que experimentó un aumento más significativo en cuanto al número de asuntos ingresados: 1.138.744. Dicha jurisdicción alcanza un alza del 13,98 por
ciento respecto al año 2002, aun así inferior al porcentaje incrementado en 2002 respecto a 2001, que fue del 14,71 por ciento por efecto de la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. A pesar del aumento de las tasas de resolución de
asuntos por los juzgados y tribunales del orden civil de la jurisdicción -fueron 1.069.928 procedimientos los que resultaron resueltos, un 9,71 por ciento más que el año anterior-, el fuerte incremento de la litigiosidad en este ámbito se ha
traducido también en un incremento de la pendencia del 8,8 por ciento, restando al final del semestre 728.229 asuntos por resolver. Con todo, la tasa de pendencia por órgano judicial se mantuvo en el 0,68, al igual que la tasa de congestión en el
1,69. La peor situación de congestión se ha dado en Canarias y Madrid y la mejor en La Rioja, Castilla y León, Asturias, Extremadura y País Vasco.



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Jurisdicción penal. El orden jurisdiccional penal, que acapara el 76 por ciento de los asuntos ingresados a lo largo del año 2003, experimentó ese año una leve disminución en las entradas respecto a su referencia, el 2002, y la menor en
comparación con los demás órdenes. Así, se incoaron 5.539.042 procedimientos, 61.000 menos que en 2002. El número de asuntos resueltos ascendió a la cifra de 5.542.824, mayor al de los ingresados, pero inferior al de los resueltos en el ejercicio
anterior. Es interesante destacar que la litigiosidad más alta se sitúa en las comunidades costeras, con excepción de Asturias, el País Vasco y también Madrid.



Jurisdicción contencioso-administrativa. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo experimentó asimismo un incremento de los asuntos ingresados en 2003 respecto al año 2002 de 200.681, un 3,41 por ciento más. La capacidad
resolutiva de los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional creció en 2003 un 0,75 por ciento, demostrando una ligera elasticidad en el incremento de las resoluciones y una leve disminución de la pendencia al final del período que alcanza
los 293.698 asuntos. Los tribunales de Canarias y La Rioja son respectivamente los de mayor y menor tasa de congestión en este orden jurisdiccional.



Jurisdicción social. Sin embargo, el orden jurisdiccional social presentó en 2003 un incremento del número de asuntos iniciados respecto al ejercicio anterior de casi 6.000, un 1,62 por ciento más; el incremento más bajo desde el año 2001.
Este orden jurisdiccional ha aumentado su labor resolutiva en el período de referencia, pero por debajo del número de asuntos ingresados, lo que ha dado pie a un aumento de la pendencia en más de 11.000 asuntos, un 7,74 por ciento más que en 2002.



Análisis de la litigiosidad por comunidades autónomas. Entiende esta Presidencia que la mejor comparación de la situación de la carga de trabajo que pesa sobre los juzgados y tribunales de un determinado territorio, así como su capacidad de
respuesta resolutiva a la entrada de procedimientos, ha de realizarse a través de la tasa de litigiosidad, que supone un más completo examen del estado de la cuestión que el manejo de valores absolutos. De esta forma, el número de asuntos
ingresados en los órganos jurisdiccionales por cada 1.000 habitantes, que constituye la citada tasa de litigiosidad, se erige en un indicador homogéneo de la entrada de asuntos que permite la comparación territorial. En 2003, Baleares sigue
encabezando la litigiosidad, superando la media nacional también Andalucía, Valencia, Madrid y Canarias. La litigiosidad más baja se dio Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha. En cuanto a la evolución de la tasa de litigiosidad durante el
pasado año, esta disminuyó en Aragón, un 3,67 por ciento; en Baleares, un 2,45 por ciento; Cantabria, un 1,07 por ciento; en Cataluña, un 2,21 por ciento; en el País Vasco, un 1,1 por ciento; y especialmente en Valencia, que fue un 4,21 por
ciento menor. Por el contrario, se incrementó en Madrid, un 4,80 por ciento; en Galicia, un 3,10 por ciento; en Navarra, un 3,46 por ciento; en Canarias, un 2,26 por ciento; en Castilla y León, un 3,43 por ciento; en Murcia, un 2,19 por
ciento; y en Andalucía, un 2,06 por ciento. En cuanto a la tasa de resolución, la peor situación se dio el año pasado en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Murcia y las situadas en el mejor lugar son, una vez más, las de La Rioja y Aragón.
La mayor tasa de pendencia se observó en 2003 en Canarias, Galicia y Asturias y la menor en Extremadura, Aragón y Navarra.



Datos provisionales sobre la evolución de la justicia en el primer semestre de 2004. Me es posible, señorías, en aras de proporcionar a la Comisión información lo más actualizada posible, hacer un avance sobre el estado de la Administración
de Justicia en el primer semestre de 2004, con la advertencia, eso sí, de que al día de hoy son datos provisionales, que no han sido conformados con la realidad exacta y que simplemente tienen un carácter de provisionalidad. En dicho período han
ingresado en los tribunales de Justicia 3.740.069 asuntos, de los cuales el porcentaje mayoritario corresponde una vez más a la jurisdicción penal, con 2.821.322 asuntos, un 75,43 por ciento del total. Al inicio del año se encontraban en trámite
ante los tribunales 2.128.360 asuntos, cifra que al término del semestre se había reducido en más de un 6 por ciento -concretamente el 6,08-, hasta alcanzar la cifra de 2.007.454 asuntos en trámite, lo que denota a nuestro juicio el aumento de la
capacidad resolutiva de nuestros tribunales en todos los órdenes jurisdiccionales.
En relación con el primer semestre del año pasado y en términos globales, la tasa de resolución aumentó en dos centésimas, la de la pendencia se redujo en 6 y la de
sentencia en 12, lo que marca una tendencia positiva en la evolución de los datos que venimos ofreciendo. Comparando estos datos por jurisdicciones con lo ocurrido en el primer semestre de 2003, es el orden civil el que ha experimentado un mayor
porcentaje de asuntos resueltos, un 11,89 por ciento más, en contraste con los órdenes contencioso-administrativo, que experimenta un descenso prácticamente inapreciable, un 0,81 por ciento, y militar, en que el porcentaje de asuntos resueltos es de
un 5,46 por ciento menos que en idéntico período del ejercicio de 2003.



En cuanto a los asuntos ingresados en el orden penal, se produce un incremento de apenas un 0,92 por ciento y en el orden contencioso-administrativo no hay variación de porcentaje, siendo el orden civil, como he dicho, el que experimenta
también un mayor incremento, con el 4,43 por ciento más de asuntos ingresados. Por su parte, en los órdenes social y militar se percibe una disminución de dicho porcentaje respectivamente del 6,45 y del 18,85 por ciento. En el orden civil sube el
porcentaje de asuntos en trámite a 30 de junio de 2004 en un 2,45 por ciento con respecto a la misma fecha de 2003 y más levemente en la jurisdicción social, con una subida del 1,08 por ciento.
En los demás órdenes jurisdiccionales, el dato
comparado de asuntos en trámite


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a 30 de junio de 2004 es negativo, con un 6,30 por ciento menos en el penal, un 7,12 por ciento menos en el contencioso-administrativo y un 5,17 por ciento menos en el orden militar.



Debe decirse, en resumidas cuentas, que todos los órdenes jurisdiccionales están experimentando una reducción del número de asuntos pendientes al final del semestre con respecto al comienzo del mismo, si bien la reducción es menor en los
órdenes civil y social en los porcentajes que les he expresado a SS.SS., un hecho que reafirma, a nuestro juicio, la eficacia de todos los esfuerzos dirigidos a mejorar las cifras de la Administración de Justicia, aun tratándose, como les he venido
indicando a SS.SS., de unos datos puramente provisionales.



Referencia especial a los datos estadísticos en materia de juicios rápidos penales y en asuntos sobre violencia doméstica. Merece la pena, señorías, prestar atención especial a los datos estadísticos referentes a dos importantes reformas
procesales: la que se refiere a enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, más comúnmente conocida como los juicios rápidos, y la más reciente sobre la implantación de la orden de protección contra los actos de violencia
doméstica o de género.



Juicios rápidos. En 2003, el número total de juicios de faltas resueltos como juicios rápidos fueron 82.468, un 8,37 por ciento del total. El número de procedimientos abreviados penales tramitados como rápidos fue de 39.789 asuntos, el
23,42 por ciento. El número de conformidades en los juicios rápidos por delitos alcanzó el 57,95 por ciento de los celebrados, es decir, 23.056 asuntos. Por tribunales superiores de Justicia, Canarias presenta el mayor porcentaje de juicios de
faltas resueltos como juicios rápidos, un 15,40 por ciento, mientras que Madrid, con un 4,57 por ciento, presenta el porcentaje menor. Por su parte, La Rioja presenta el mayor porcentaje de procedimientos abreviados terminados como juicios rápidos,
un 30,76 por ciento, que contrasta con el 14,49 por ciento de Castilla-La Mancha.



Los porcentajes, aun siendo importantes, se alejan de las previsiones iniciales del legislador, razón por la cual se hace necesario profundizar en la aplicación de este sistema de enjuiciamiento criminal en orden a conseguir su máxima
eficacia en beneficio de todo el sistema de enjuiciamiento criminal. En el primer semestre de 2004, fueron 63.188 los juicios de faltas resueltos como rápidos, un 12,29 por ciento de incremento respecto al año anterior, y 13.003 los procedimientos
abreviados como juicios rápidos. Todo ello demuestra una subida en el porcentaje de juicios de faltas, pero una reducción significativa en el de los procedimientos abreviados, que se aleja mucho, como he dicho hace un momento, de las previsiones
iniciales que tuvo en cuenta el legislador.



Datos sobre la violencia doméstica o de género. Desde la creación del Observatorio contra la Violencia Doméstica, institución a cuyo impulso el Consejo General del Poder Judicial desempeñó un papel de protagonista, han sido diferentes las
actuaciones desarrolladas a su iniciativa. En primer lugar, la creación el 22 de julio de 2003 de la comisión de seguimiento de la implantación de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, integrada por representantes del
Consejo General del Poder Judicial, de los ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, de las comunidades autónomas con competencias transferidas, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de la Abogacía, del Colegio
de Procuradores y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Más adelante, tras la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, la comisión de
seguimiento aprueba el protocolo para la implantación de la orden de protección de las víctimas y el modelo de solicitud de orden de protección, así como diferentes protocolos de coordinación entre los juzgados, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y
las administraciones públicas. También se ha elaborado material divulgativo, folletos y guías dirigidos a las víctimas, a profesionales y personal de atención, y se está elaborando un folleto informativo dirigido a las víctimas de la propia
violencia, una guía a profesionales de los servicios sociales de las administraciones competentes y otra de actuación dirigida a la carrera judicial.



Desde la aprobación de la Ley reguladora de la orden de protección para las víctimas de la violencia doméstica se han solicitado, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2003, más de 6.000 órdenes, de las cuales se ha atendido un
76,29 por ciento. Un 91,34 por ciento de las solicitadas fueron formuladas por mujeres; el 76,01 por ciento de ellas lo fueron, además, por personas de nacionalidad española. De dichas medidas, 4.987 son órdenes de alejamiento, 2.186
prohibiciones de comunicación y 362 privaciones de libertad. Las medidas civiles acordadas son mayoritariamente relativas a la atribución de la vivienda (1.348), al régimen de custodia, visitas y comunicación con los hijos (1.407) y a la prestación
de alimentos (1.127). En el primer semestre de 2004 el número total de órdenes de protección recibidas es muy superior a todas las emitidas en el año 2003: 17.018. El 95,22 por ciento por mujeres y el 80,20 por ciento por personas de nacionalidad
española. De ellas se ha atendido el 78,34 por ciento y 14.233 son órdenes de alejamiento, 8.282 prohibiciones de comunicación y 919 privativas de libertad. El número total de denuncias recibidas por violencia doméstica es de 47.580, de las cuales
casi un 12 por ciento, concretamente 5.632, fueron con posterioridad retiradas.



Actividad del Consejo General del Poder Judicial. Me referiré ahora a la actividad desarrollada por el Consejo General del Poder Judicial, aunque desde luego abordaré sólo aquella que se me antoja más destacable dentro de un funcionamiento
verdaderamente


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ingente. Principiaré a tal efecto con una observación, desde la altura, de la actividad de la comisión de estudios e informes, una actividad siempre ratificada por el pleno del Consejo, que ha suscitado últimamente algún tipo de debate por
sus frutos y, de modo muy especial, por algunas peticiones que han sido formuladas para la remisión por el Gobierno de determinados anteproyectos de ley, unos anteproyectos con respecto a los cuales ese mismo Poder Judicial entendía, por razones
intrínsecamente jurídicas, que debía ser oído en su parecer. Sin embargo, con respecto a este concreto particular, como quiera que atañe sustancialmente a informes recientes y por tanto ubicados fuera del periodo temporal a que se refiere la
presente comparecencia, y como además al terminar la presente procederemos a abordar en otra, ya específica, las explicaciones sobre todo ello, ruego a SS.SS. que me permitan que posterguemos por unos instantes todas estas reflexiones. Además, la
comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial ha realizado los estudios oportunos y la elaboración de propuestas al pleno, que se han traducido en diversos reglamentos e instrucciones, adoptadas en virtud de las competencias
atribuidas al Consejo por el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Me referiré seguidamente, señorías, a los principales informes aprobados por el pleno a propuesta de la comisión de estudios e informes durante el año 2003 y, en buena medida, inspirada en mi voluntad ya reiterada de proporcionar a la Cámara
datos de efectiva autoridad y no un puro estudio de la historia a los más destacados elaborados durante el año 2004.



Entre los referentes a las leyes orgánicas, podemos citar en concreto los siguientes: anteproyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas por delitos más graves. Fue aprobado por el pleno
del 6 de febrero del año 2003. El informe de la comisión de estudios con respecto a este anteproyecto es particularmente extenso y detallado, por lo que cabe resumir ahora que, valorando positivamente el Consejo el texto informado, se limitó a
introducir en él algunas precisiones técnicas. Eran de destacar entre ellas la necesidad de adaptación de diversos preceptos de la Ley Orgánica General Penitenciaria; la falta de definición precisa por el legislador del concepto de organización
criminal, de naturaleza normativa y no puramente descriptiva y de modo muy especial que la plausible exigencia de previa satisfacción de las responsabilidades civiles para el acceso a la libertad condicional y al tercer grado fuera puesto en
relación con las posibilidades de reparación de acuerdo con la situación económica del penado en el momento en que haya de adoptarse la resolución sobre su progresión de grado.



Anteproyecto de la ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, aprobado por el pleno el 13 de febrero de 2003. Este anteproyecto de reforma de la prisión provisional obedece a una doble
necesidad a la que este Consejo entiende se da adecuada respuesta en el texto sometido a informe en los siguientes términos. El planteamiento por el Tribunal Constitucional de la autocuestión de inconstitucionalidad de los artículos 503 y 504 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. En segundo lugar, las modernas tendencias de la configuración de un proceso penal orientado hacia la protección de la víctima. La reforma proyectada (así lo entendió el Consejo General del Poder Judicial),
siguiendo las experiencias del derecho comparado, contempla la prisión provisional como una medida aseguratoria y de prevención atendiendo a la finalidad de paliar el peligro de fuga que debe deducirse de las circunstancias objetivas entre las que
merecen especial atención la gravedad de la pena a la que pueda ser condenado el imputado, el estado del procedimiento y las circunstancias personales del mismo. En segundo lugar, evitar la obstrucción de la instrucción penal. En tercer lugar,
evitar el riesgo de reiteración delictiva.



Anteproyecto de ley orgánica de medidas concretas de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, aprobado por el Pleno el 26 de febrero de 2003. En lo relativo a las medidas de seguridad ciudadana
contenidas en tal anteproyecto, entendió el Consejo General del Poder Judicial que el Código Penal no ofrecía un adecuado tratamiento al grave problema de la reiteración delictiva, pues el sistema de distinción de delitos y faltas y las limitaciones
que derivan del tratamiento del concurso real podían producir en la práctica un buen número de infracciones excedentes que quedasen sin efectiva respuesta legal. Por ello, el informe hace precisiones con respecto a la distinción entre faltas y
delitos, la reiteración delictiva, la habitualidad en el delito y al hecho de que se introduzcan en nuestro derecho la denominada multirreincidencia, lo que fue objeto de especial estudio en el informe ofreciendo otras posibles soluciones al
problema: la modificación del tratamiento del concurso real, reabrir el debate acerca de las funciones de las medidas de seguridad y las dificultades que plantea la multirreincidencia en los supuestos de faltas. El informe valoró positivamente
además la tipificación del delito de violencia doméstica habitual como delito contra la integridad moral. En lo referente al nuevo delito de violencia doméstica no habitual del artículo 152 del Código Penal, entendió el Consejo que debería
configurarse de tal manera que en casos de escasa relevancia pudiera el juez o tribunal imponer la pena inferior en grado. En cuanto a la integración social de los extranjeros, el informe estimó justificada la sustitución por una regla imperativa
frente a la anterior redacción facultativa de la autorización judicial de la expulsión, dada la necesidad de poner fin a la práctica de la comisión de delitos como forma obstativa a la expulsión de España. En la reforma que hace el anteproyecto de
la normas de derecho internacional privado aplicables a la nulidad, separación y divorcio, el Consejo General del Poder Judicial


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valoró positivamente la modificación producida especialmente en cuanto suponer el permitir, a través de la ley española, el acceso a la separación y el divorcio en aquellos casos en los que la ley aplicable no lo hacía posible o lo hacía de
forma discriminatoria, pues con ello se daba cumplimiento efectivo a los derechos fundamentales garantizados en nuestro texto constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



Anteproyecto de la ley orgánica de reforma de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. El informe al que ahora me refiero analiza las distintas materias que abarca la reforma, siendo de destacar el referido a la propia organización del
Consejo, a la carrera judicial y al nuevo diseño de la oficina judicial, así como las reformas de carácter procesal. Ya he indicado anteriormente que con la reforma expresada se ha venido a dar entrada a soluciones modernas e imaginativas en la
organización de la oficina judicial, pieza esencial en el funcionamiento eficiente e ineficiente de la justicia, y además a materializar importantes dosis de consenso alcanzadas tanto en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, como en la
Conferencia sectorial entre el Ministerio de Justicia y las distintas comunidades autónomas con competencias transferidas.



Anteproyecto de la ley orgánica de reforma de la propia Ley Orgánica que introduce el Código Penal. Por su importancia radical en el panorama del derecho punitivo de nuestro país, dedicaré a este informe unos instantes suplementarios
deteniéndome tan solo en las modificaciones del libro I del Código. En esta parte el informe destaca, entre otros aspectos, el que se haya preciso restablecer la pena corta privativa de libertad con la finalidad de que pueda cumplir una función de
prevención general. Como opción de política criminal avalada por las experiencias del derecho comparado y las tendencias doctrinales dominantes en la actualidad se ha suprimido el arresto de fin de semana. Se ha establecido la nueva pena de
localización permanente que, en opinión de este Consejo, resulta satisfactoria desde el punto de vista preventivo especial en cuanto favorece la integración familiar y laboral del penado. Se ha mejorado técnicamente además la pena de alejamiento y
se ha reforzado la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Todo ello fue apreciado como muy acertado por el Consejo General del Poder Judicial.



Anteproyecto de la ley orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres, aprobado por el pleno el 26 de junio de 2004.
En el informe evacuado, estimado como crucial por el Consejo, se valoró desde luego como
positiva y deseable toda medida que pueda conducir a reforzar la acción del Estado de derecho frente al fenómeno de la violencia doméstica o de género. No obstante este primordial punto de partida que debe conducir a relativizar toda posible
posterior discrepancia, se advirtió del peligro de solapamiento de cierto confusionismo procesal e interferencias competenciales al ser aún recientes otras iniciativas legislativas tendentes al mismo fin como la Ley 27/2003. Por otra parte, se
consideró desacertado, en estricto términos de constitucionalidad, que la ley regulase sólo la violencia sobre la mujer y no sobre el varón -máxime tratándose como se trata de una ley integral-, así como la salida de la llamada discriminación
positiva de su ámbito propio y su incursión en unos terrenos en los que nunca penetró, y si lo hizo fue en tiempos preconstitucionales, como es en la respuesta penal. El Consejo rechazó que el concepto de violencia sobre la mujer se haga descargar
sobre la intencionalidad del agresor.
Por último, se entendió injustificada y disfuncional la creación de una nueva categoría de juzgados para mujeres y su inserción en el orden penal, lo que conlleva en alguna medida criminalizar las causas
civiles de que han de conocer.



Anteproyecto de la ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. De este moderno y en buena medida controvertido anteproyecto dejaremos para la posterior comparecencia -si a SS.SS. les parece oportuno- que
tiene por objeto informar sobre las decisiones de nombramiento de determinados cargos de la carrera judicial, todo lo referente a la reforma de las mayorías necesarias para la adopción de determinados acuerdos. Postergando, entonces, por unos
instantes esta cuestión que por razones obvias interesa a esta Cámara, me referiré a las modificaciones previstas sobre el servicio de inspección.
Pues bien, aun cuando supone una excepción a la magistratura de ejercicio que rige para el Tribunal
Supremo, parece justificada tal reforma en atención a las funciones que corresponden al jefe del servicio de inspección, dependiente funcionalmente del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Por lo que se refiere
a las reformas previstas en materia de nombramiento de magistrados eméritos del Tribunal Supremo la conversión en un derecho subjetivo de dicho nombramiento para los magistrados jubilados del Tribunal Supremo supone que se prescinda del factor
incierto de la existencia de necesidades de refuerzos en las distintas salas. Acaso no debería obviarse del todo, sin embargo, el expresado factor puesto que los magistrados eméritos no son sino una modalidad de los magistrados suplentes, cuya
existencia sólo se prevé como medida de refuerzo en supuestos de necesidad. Por otra parte, se priva al Consejo General del Poder Judicial de la facultad de nombramiento en los supuestos en que ello sea necesario.



En lo que se refiere a los informes más destacados evacuados para con anteproyectos de ley, podemos destacar los siguientes. Anteproyecto de ley de modificación de Código Civil en materia de separación y divorcio, aprobado por el pleno el
27 de octubre del presente año. Este informe llama la atención sobre la excepcionalidad del divorcio unilateral sin causa en los países de nuestro entorno jurídico y cultural. El plazo mínimo de duración del matrimonio establecido es, por otra
parte, considerablemente inferior al fijado en las legislaciones


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que prevén el divorcio unilateral sin causa. Se resalta, por otra parte, la conveniencia de contemplar distinto régimen para la separación y el divorcio, por ser instituciones de distinta naturaleza que conllevan, por consiguiente,
distintos efectos.



Estudios impulsados por el Consejo General del Poder Judicial. Al margen de los informes relativos a disposiciones normativas, el Consejo General del Poder Judicial ha impulsado varios estudios entre los que destaca el referente al proyecto
de Constitución europea, recientemente firmado en Roma, y sobre la trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico de los aspectos de dicho proyecto que pueden afectar al ámbito jurisdiccional.
También puede ser oportuno referirme ahora al informe
sobre el cumplimiento en España de la implantación de la Carta Social Europea.



Desarrollo de la potestad reglamentaria del Consejo. Con independencia de la actividad de informe, el Consejo ha impulsado una labor de reglamentación y ha acometido la elaboración de una serie de instrucciones de las que se detallan a
continuación las siguientes: Acuerdo reglamentario por el que se modifica el Reglamento 1/95 de la carrera judicial; instrucción por la que se aprueba el código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la
Administración de Justicia; instrucción sobre las normas de repartos penales y registro en materia de violencia doméstica; acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de estadística judicial; acuerdo por el que se modifica el Reglamento 1/1995,
de la carrera judicial, en lo relativo a la especialización de miembros de la carrera judicial en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil; Reglamento para el cumplimiento de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las
carreras judicial y fiscal; acuerdo por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de la carrera judicial, en lo relativo al tiempo mínimo de permanencia de los jueces en su destino como jueces y magistrados, así como la provisión de plazas en los
juzgados, en las audiencias y en los tribunales superiores de Justicia.



El proyecto E-Justicia. La actividad desplegada por la comisión de estudios e informes del Consejo del Poder Judicial es desde luego relevante, pero conviene que nos detengamos también en otros aspectos de la actuación del Consejo,
empezando por ejemplo por la incorporación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el proyecto denominado E-Justicia. El Consejo General del Poder Judicial viene apostando de forma firme y decidida por la incorporación de las
nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas al ámbito de la Administración de Justicia. Tales labores se vienen llevando a cabo principalmente en el seno de la comisión de informática judicial y en la de organización y modernización
judicial, así como en el centro de documentación judicial. Las diversas acciones que en este ámbito viene desarrollando el Consejo en estos últimos tiempos están aglutinadas por un proyecto integral que llamamos E-Justicia, cuya ejecución final
posibilitará a nuestro juicio un vuelco sustancial en la mejora de la actuación de la justicia y, de modo complementario, de la imagen tanto de ésta como de los jueces. Con ello el Poder Judicial español queda situado en la comunidad jurídica
internacional con una imagen corporativa e institucional reconocible, con independencia de los retos propios de la sociedad de la información y los que también nos impone el desarrollo de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos. En este proyecto
innovador y tecnológico se apuesta decididamente por el denominado, punto neutro judicial, como nodo central de comunicaciones, seguro y privado, entre las distintas redes judiciales territoriales, para integrar los sistemas y conectar las
aplicaciones de gestión procesal actualmente existentes en nuestros órganos judiciales. Ello va a permitir la comunicación telemática entre todos los juzgados y tribunales, así como el acceso a diversos servicios, registros y organismos públicos.
En ese sentido, y pese al escaso año y medio de funcionamiento en real del mismo, estamos en condiciones de calificar de óptimo su funcionamiento, y así lo han entendido tanto las propias administraciones públicas competentes como terceros
prestadores de servicios. También lo demuestra el hecho de que tanto aquéllas como éstos estén ofertando-demandando constantemente la prestación de nuevos servicios. Hoy en día, la oferta de servicios que se vienen prestando a través del punto
neutro judicial adquiere ya una gran importancia, tanto por la calidad de los mismos como por el volumen del tráfico que viene generando. Estos servicios actualmente son Agencia Tributaria, los órganos judiciales pueden efectuar para con ella
determinadas consultas de interés para los procedimientos que tramita.
Instituto Nacional de Estadística, donde se efectúan diversas consultas al padrón de habitantes; alberga gran interés y utilidad para los órganos judiciales este tipo de
consultas con objeto de poder localizar a los que deben ser considerados como partes en los procedimientos. En materia de Seguridad Social pueden efectuarse diversas consultas a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Instituto Nacional de
la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. Consultas a la cuenta de consignaciones. De gran importancia e interés para los denominados juicios rápidos constituyen también las consultas al Registro Central de Penados y Rebeldes, que
los órganos judiciales pueden efectuar de forma inmediata, así como las denominadas agendas de señalamiento, que hacen posible que los mismos y los señalamientos de estos juicios se efectúen de forma coordinada y rápida. Remisión de sentencias al
centro de documentación judicial, así como la realización de consultas a las denominadas bibliotecas judiciales.



El punto neutro judicial constituye además el soporte de la aplicación llamada: sistema de intercambio de documentos judiciales inter-ius. A través de esta herramienta, los órganos judiciales de toda España pueden intercambiar información
con objeto de hacer más ágil


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y rápida la tramitación de los procedimientos. Posibilita al propio tiempo que el Consejo disponga de un canal permanente de comunicación con todos los órganos del Poder Judicial y en especial con los gubernativos.
Igualmente cabe señalar,
partiendo de la condición de órgano de gobierno de jueces y magistrados que ostenta el Consejo, que pretendemos dotar de firma electrónica a todos los jueces y magistrados de España, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de autenticidad,
integridad, confidencialidad y no repudio a las comunicaciones electrónicas que aquellos puedan mantener con el propio Consejo General del Poder Judicial, como, en su momento, para dar cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 230 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. A tal efecto, a finales del año pasado se suscribió con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda el pertinente convenio para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica a
jueces y magistrados. Este soporte material de los certificados digitales se ha ligado al propio carné profesional de jueces y magistrados, con lo que se logra que aquel documento que sirve para acreditar la identidad en el ámbito ordinario de cada
día de los jueces y magistrados sea el mismo que sirve para justificar esa misma identidad en el mundo digital de las comunicaciones informáticas de internet y de correo electrónico. En la actualidad venimos también trabajando en el análisis,
diseño y construcción de una agenda compartida de señalamientos, cuyas líneas principales han sido aprobadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión celebrada el 10 de marzo de 2004. Dada la diferente composición de las
personas que intervienen en un juicio, es frecuente la necesidad de suspender la celebración de un juicio debidamente convocado por imposibilidad de asistencia de alguna de las personas que han sido citadas. Consecuencia de dichas suspensiones son,
entre otras, las siguientes: retraso en la celebración del juicio, pérdida indebida de recursos, deterioro de la imagen del sistema judicial. Por todo ello, la comisión de informática judicial ha propuesto la confección de una herramienta que
permita conocer de antemano al juez los huecos en las agendas de las personas a convocar, de modo que la fijación de la fecha y hora de un juicio sea determinada en el momento de mayor probabilidad de éxito por parte de todas las personas que
intervienen en él.



Me quiero referir también ahora a la estadística judicial que viene siendo considerada por el Consejo como su principal instrumento de conocimiento de la realidad judicial. Entendemos que esta estadística debe proporcionar un medio sólido y
riguroso para el análisis y para el apoyo de la toma de decisiones, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial como del resto de los responsables públicos con competencia en la Administración de Justicia. Para conseguir tales objetivos
en la actualidad se viene trabajando entre otros, en los siguientes aspectos: facilitar la consulta de la base de datos de la estadística judicial a través del punto neutro judicial, tanto a los propios órganos judiciales como a los de gobierno o a
las administraciones públicas competentes; potenciar la realización de análisis o informes a partir de la base de datos de la estadística judicial y su utilización como herramienta de apoyo a la inspección y otros servicios del Consejo; potenciar
la armonización de los sistemas de información procesales y conseguir la plena utilización de los mismos para que desde ellos se pueda alimentar un depósito central de información estadística del que se podría obtener la mayoría de las explotaciones
estadísticas recogidas en los planes de esta naturaleza; por último, y de singular importancia, la evaluación de la actividad de los jueces y magistrados, lo que venimos denominando evaluación del desempeño.



El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado el 24 de octubre de 2002, acordó, por unanimidad, impulsar el diseño y desarrollo de un modelo de valoración de la actividad de jueces y magistrados asentado en la pretensión de
superar el método de medición actualmente vigente basado en módulos de trabajo y todo ello con el fin de llegar a ponderar no sólo criterios cuantitativos, sino también, y en la medida de lo posible, cualitativos y de esta manera determinar con
absoluta transparencia las consecuencias asociadas con su cumplimiento. El proyecto tiene pues por finalidad el establecimiento de unos objetivos y de unos estándares de la actividad judicial que constituirán los parámetros necesarios que permitan
mediciones y valoraciones más objetivas de la actividad de los jueces y magistrados españoles. El modelo proyectado se concibe de esta manera como una garantía de mejora de la actividad judicial así como de apoyo al trabajo del juez que contribuye
a fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la Administración de Justicia que nuestra sociedad actual demanda. Entre otras consecuencias, la adopción de un sistema de valoración del desempeño como el proyectado pretende estimular un
comportamiento adecuado y generar una mejora continua entre los jueces y magistrados impulsando la adopción de políticas de incentivos y de promoción en el desenvolvimiento de la carrera judicial, facilitando la adecuada asignación de recursos al
sistema de justicia y aumentando la legitimación social, la credibilidad y la confianza en la Administración de Justicia.



El modelo debe enmarcarse, igualmente, dentro de un espíritu evolutivo, es decir, tiene la pretensión de estar sometido a permanente estudio a fin de irlo adaptando en cada momento a cualquier tipo de circunstancia y con especial atención a
aquellas que provengan de los cambios legislativos.
Por otra parte, como no podía ser menos, el presente modelo pretende cumplir otra función esencial, al determinar la carga de trabajo razonable que puede recaer sobre un juez y servir así como
criterio objetivo a la modificación de la planta judicial cuando esta necesidad se detecte por un incremento de aquella misma carga de trabajo. Para la elaboración y desarrollo del expresado modelo, se optó por acudir al


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sector privado y, tras el oportuno proceso de contratación pública, resultaron adjudicatarias las consultoras Steria-Norman Broadbent y éstas han venido realizando sus trabajos con un criterio participativo de los propios jueces y
magistrados. La construcción y el desarrollo del sistema se basa en la recogida de información sobre conductas, comportamientos e indicadores del desempeño relacionados con rendimientos excelentes de los propios jueces y magistrados, implicándose
los mismos en el desarrollo y definición del propio modelo. En la actualidad, y tras el oportuno estudio estadístico, se viene contrastando el modelo con grupos específicos de jueces y magistrados, cercanos al centenar, para ir afinando en las
concreciones finales y elaborar así un texto definitivo que, tras obtener su aprobación en la comisión de organización y modernización judicial, sea sometido finalmente a la aprobación del Pleno. Una acertada gestión integral del modelo de
valoración como el aquí proyectado parte de la convicción de que el factor humano, jueces y magistrados, es la mayor riqueza de la Administración de Justicia. Por tanto, su gestión debe ir dirigida, enfocada a la puesta en marcha de toda una serie
de acciones que conjuguen el resultado final de la actividad judicial con el desarrollo y atención al propio juez y magistrado.



En definitiva, del presente modelo así como de su adecuada gestión se obtendrían los beneficios institucionales siguientes: elevar la motivación de los jueces y magistrados; potenciar la calidad de la actividad judicial; aglutinar a los
jueces en torno al Consejo, potenciando valores compartidos; prever los recursos humanos necesarios para abordar de manera eficaz la Administración de Justicia; potenciar la mejora del entorno interno de trabajo y, finalmente, acercar lo más
rápidamente posible el tiempo de respuesta a los que se consideren adecuados a la tutela judicial efectiva que debemos dispensar los jueces y tribunales por mandato constitucional.



Otro aspecto de la actividad que viene desarrollando el Consejo es el que produce la comisión de comunicación e imagen de la justicia. Gran verdad es que sólo se puede apreciar y respetar aquello que se conoce. Por el contrario, la
presencia de un objeto desconocido lleva casi de modo automático a la elaboración de un juicio negativo o receloso con respecto al mismo. Bien saben SS.SS. que éste es precisamente el caso de la justicia española, de nuestra justicia. Y es que,
aunque mentira pueda parecer, los ciudadanos españoles parecen estar más familiarizados con la imagen de la justicia de los Estados Unidos que nos llega a través de las películas y series de televisión que con la nuestra, que vertebra nuestra
sociedad y que todos los días posibilita la vida ciudadana en libertad y seguridad. Tenemos que reconocer por lo tanto -y permítanme que utilice un término económico- que tenemos un déficit de comunicación con la sociedad. Somos un servicio
público con frecuencia mal valorado, en buena medida porque no se nos conoce lo suficiente y a veces se nos percibe como un poder oscuro, complicado, incomprensible e incluso corporativo.



Con el objeto de acabar con este déficit de comunicación y para conseguir que los ciudadanos confíen, respeten y consideren adecuadamente a su justicia, para que tengan la certeza de que el Poder Judicial es un poder, en efecto,
independiente y que está a su servicio, nos hemos embarcado en una política activa de comunicación que ha tenido una de sus plasmaciones más evidentes en la aprobación del protocolo de comunicación de la Justicia. Este protocolo delimita, por vez
primera en la historia, las relaciones entre los jueces y tribunales y los informadores de prensa, radio, televisión e internet. También define el tipo de información a que pueden acceder los periodistas durante las fases de instrucción y de juicio
oral y durante todo el proceso penal. Es evidente que el tiempo que nos ha tocado vivir poco tiene que ver con 1882, momento en que fue promulgada la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ni la sociedad es la misma ni tampoco los medios de
comunicación, hoy convertidos en el sistema nervioso del país, como corresponde a un sistema democrático que opera bajo un régimen de opinión pública.
Teníamos que actualizarnos y lo estamos haciendo; estamos pues en ello.
Una prueba es la
próxima designación de 13 jefes de gabinetes de comunicación de los tribunales superiores de Justicia, dependientes de los respectivos presidentes, que se unirán a los cinco que ya existen, incluyendo el de la Audiencia Nacional. De esta forma,
todos y cada uno de los tribunales superiores de Justicia van a contar, a partir del 1 de enero, con un profesional de la información experimentado y que conoce bien el trabajo periodístico. El jefe de cada gabinete de comunicación será el cauce de
comunicación natural entre jueces y periodistas y sin duda contribuirá a trasladar a la opinión pública la verdadera realidad del funcionamiento de la justicia.



Sin embargo, consideramos que tanto el protocolo de comunicación como los gabinetes de comunicación de los tribunales superiores de Justicia son insuficientes si no van acompañados de una tercera iniciativa en materia de formación. En el
Consejo General del Poder Judicial la hemos denominado Informar en justicia. Se trata de cursos y talleres de formación gratuitos dirigidos expresamente a los periodistas, que son impartidos por magistrados con experiencia en la enseñanza. Somos
también conscientes de que, si tenemos interés en la presencia de un periodismo de alta calidad en una materia de conocimiento singular y de compleja aproximación como es la justicia, hemos de poner nuestro empeño en coadyuvar a su aparición. Hemos
de tomar además en consideración el conjunto de derechos y de intereses jurídicos que pueden resultar afectados por la propia existencia del proceso, singularmente del proceso penal. En este sentido, una información errónea o desenfocada puede
afectar al buen nombre de una persona de forma irreparable. No queremos que esto suceda, de ahí el nacimiento de Informar en justicia. Nuestros


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cursos cubren diversas áreas, desde una introducción a la justicia penal, pasando por la violencia de género doméstica, el derecho a la libertad de información y de expresión y el derecho a la intimidad, la Ley del menor y delitos
ecológicos. No pretendemos convertir a los informadores en abogados, lo que queremos es que conozcan bien la materia compleja que manejan. Hasta la fecha, los cursos que hemos celebrado han gozado de una magnífica respuesta por parte de los
informadores y vamos a continuar en esta línea.



Recientemente celebramos también unos encuentros entre periodistas y magistrados que denominamos jornadas justicia y comunicación. Tuvieron lugar en Sevilla y en ellos celebramos asuntos tan candentes como las recientes sentencias del
Tribunal Constitucional que avalan la entrada de cámaras de televisión en las salas de juicios en igualdad de condiciones con los informadores de periódicos. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial ha propuesto a la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España y al Consejo Audiovisual de Cataluña que impulsen la elaboración de un convenio de autorregulación sobre el tratamiento de los juicios por televisión, en colaboración con las diferentes televisiones nacionales y
autonómicas. La respuesta, por parte de las dos instituciones mencionadas, ha sido muy positiva y estamos a la espera de que se inicien los trabajos.



Este proyecto de convenio reviste una gran importancia desde el punto de vista judicial, porque establecerá unas reglas de juego y dará soluciones informativas a algunos aspectos conflictivos en la cobertura de los procesos penales orales.
Para el Consejo General del Poder Judicial no sólo es importante el frente informativo y formativo de los periodistas que cubren el área de justicia, consideramos que también debe darse una gran importancia al frente educativo, a los menores.
Tenemos que educar en valores, como valor es la justicia. En este sentido hemos puesto en marcha un programa al que hemos denominado Educando en justicia, dirigido expresamente a niños entre 12 y 16 años del ciclo de la enseñanza secundaria
obligatoria. Se trata, en esencia, de visitas de jueces a los colegios, pero no se trata de una visita simple, sino que está revestida de una potente estructura pedagógica que comprende una puesta en escena importante en el salón de actos de cada
colegio, en la que, por medio de un presentador y sirviéndonos de unos vídeos, contamos qué es y en qué consiste la justicia. El juez, que se suma después, avanzado el acto, se presta a responder a todas las dudas que tienen los jóvenes. El acto
termina con la representación de un juicio basado en un caso real, concretamente suele ser el de una pelea, y un caso en que resulta de aplicación la Ley del Menor.



Las experiencias que hemos llevado a cabo hasta la fecha en colaboración con las Consejerías de Educación y de Justicia de Madrid han demostrado que este tipo de actos son magníficas herramientas para llevar y explicar la justicia a los más
jóvenes. Desde el Consejo General del Poder Judicial consideramos que esto por sí solo no es suficiente, que, para que los jóvenes ciudadanos crean, tienen también que percibir directamente la realidad de la que se trata. Por ello, hemos echado a
andar un nuevo programa bautizado con el nombre Tu justicia, nuestra justicia, que muy pronto verá la luz; está dirigido a estudiantes de bachiller de entre 16 y 18 años y como una asignatura transversal, en colaboración con las Consejerías de
Educación de las diferentes comunidades autónomas. Próximamente presentaremos este material lectivo audiovisual, cuyo objetivo es preparar a los jóvenes estudiantes para una posterior visita a los tribunales de Justicia para que presencien por sí
mismo cómo se administra justicia en juicios de faltas, de lo penal y de la Audiencia Provincial, porque no hay mejor antídoto contra la ficción y la mala imagen que la propia realidad, la que sucede todos los días en la sala de vistas en audiencia
pública y con la que cotidianamente nos afanamos con toda lealtad en servir a nuestra sociedad.



Por último, en materia de comunicación, nos hemos dirigido a las principales productoras españolas para ofrecerles nuestros servicios de asesoramiento y co­-laboración en todas aquellas producciones que tengan que ver con la Administración
de Justicia. Es algo que nos interesa a todos, porque cuando se proyecta la imagen que corresponde con la realidad, porque las personas que trabajan o tienen relación con ese mundo en concreto así lo certifican, el nivel de credibilidad del
producto es mucho mayor, así como las posibilidades de su éxito.



Centro de Documentación Judicial (Cendoj). El Cendoj, creado, como bien conocen SS.SS., por acuerdo de 7 de mayo de 1997, es un órgano técnico del Consejo cuyas funciones son la selección, ordenación, tratamiento, difusión y publicación de
información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. El Cendoj ostenta dos tareas básicas: difundir documentación jurídica útil para la función jurisdiccional y para el ejercicio de las propias competencias del Consejo. El desarrollo de
estas funciones ha sido tan importante que la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, modificó la redacción anterior que atribuía al Consejo sólo la publicación de las resoluciones del Tribunal Supremo y ha establecido la competencia del Consejo
para la publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones que se determinen. Añade el precepto que el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las administraciones competentes, establecerá reglamentariamente el modo en que
habrán de elaborarse los libros electrónicos de sentencias, la recopilación de las mismas, su tratamiento, difusión y certificación, todo ello con la finalidad de velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento
de la legislación en materia de protección de datos personales. El Consejo en este ámbito no ha querido limitarse a un mero cumplimiento formal de sus obligaciones sino que, en permanente desarrollo y avance, se ha planteado


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en todo momento estrategias acordes con las exigencias de la llamada Sociedad de la Información, por una parte y, como no podía ser de otra manera, de integración en las políticas del Estado en materia de justicia.



El tratamiento y el acceso general a la jurisprudencia emanada de nuestros juzgados y tribunales requería un planteamiento de las prácticas de difusión habidas hasta el momento, en el cual se articulara y coordinara el libre acceso de los
ciudadanos a dicha jurisprudencia y la protección de los datos personales, delimitándose, por otra parte, las obligaciones y el marco de actuación, tanto en el ámbito público como en la actividades privadas, llevadas a cabo por editoriales jurídicas
o colectivos de diversa naturaleza, como colegios de abogados y universidades, entre otras. La configuración de este nuevo servicio público de acceso a la jurisprudencia producida en los diferentes órganos judiciales, en óptimas condiciones
técnicas así como con especial protección de las personas con respecto a los tratamientos de datos automatizados, se basa en los mandatos y en la opinión generada por diferentes planes, declaraciones programáticas de carácter político y en normas
generadas en los diversos ámbitos.



Dejando a un lado, por sobradamente conocidos, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, con la pluralidad de principios y derechos que contienen, me referiré, por ejemplo, a la
Recomendación 2001/3, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre los servicios de los tribunales y de otras instituciones jurídicas ofrecidas a los ciudadanos por las nuevas tecnologías. En esta recomendación se configura, potencia y
dinamiza la distribución de la información jurídica en general y la jurisprudencia en especial, y ello con la finalidad de poner a disposición del público, bajo forma electrónica fácilmente accesible, las decisiones importantes de la justicia; la
obligación de asegurar la exactitud de los textos; el acceso gratuito, si bien cuando la presentación de los textos publicados ha sido mejorada puede ser oportuno hacer pagar un canon y aplicarse a los editores y distribuidores del sector privado
y, por último, la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. También la recomendación 2003/15, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre el archivo de documentos electrónicos en
el sector jurídico, así como la más reciente Directiva 2003/98, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, son tenidas en cuenta por el Consejo en su actuación
a través del Centro de Documentación Judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha extendido, desde la creación del Cendoj, todas estas actuaciones desde el Tribunal Supremo al resto de los órganos colegiados de España, y tenemos además la
intención de producir esta misma extensión en el futuro en los órganos unipersonales.



En lo que se refiere a las actuaciones tecnológicas realizadas para lograr esas condiciones que permitan cumplir los fines apuntados al principio, el Consejo ha renovado, mediante el oportuno concurso público, el sistema de digitalización y
creación de la base de datos de jurisprudencia que contiene todas las resoluciones de los órganos judiciales colegiados de España. Además del tratamiento de las resoluciones generado se ha contratado un sistema integrado para su archivo, gestión,
publicación y distribución de dichas resoluciones judiciales. En este ámbito de mejora tecnológica de la justicia hay que destacar además todas las acciones de coordinación que estamos desarrollando con las administraciones competentes en materia
de gestión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, a través del Cendoj, y especialmente a través de la comisión de informática. En cuanto al suministro de las bases de datos de legislación y jurisprudencia a la carrera
judicial, el Consejo General del Poder Judicial optó ya desde el año 2002 por un sistema que permitiera la elección por cada juez de una base de datos de carácter general de las existentes en el mercado y otra especializada en su orden
jurisdiccional, previa homologación de todas ellas y dotando a determinados órganos, como el Tribunal Supremo y la Escuela Judicial así como a las más de doscientas bibliotecas gestionadas por el Consejo en los edificios judiciales, de todas las
bases de datos homologadas.



En el campo de la actividad del Cendoj relativo a las publicaciones que genera la actividad del Consejo General del Poder Judicial, principalmente la formación continua de los jueces y de los magistrados, se ha continuado con los objetivos
estratégicos y principios rectores marcados en esta tarea, que son los siguientes: racionalidad y coherencia editorial para que los productos editados se adecuen al interés público del sector o sectores a los que se dirijan y guarden relación con
la actividad pública del Consejo; eficacia y economía para que los objetivos de divulgación, formación u otros a alcanzar con la edición de las nuevas publicaciones justifiquen los costes derivados de la misma. Precisamente para esta finalidad y
para el mejor cumplimiento de los mandatos que el Consejo General ha asumido, en el año 2002 el Consejo inauguró el portal web Poder Judicial y el portal web de la red iberoamericana de centros de documentación judicial, Iberius. En este sistema de
publicación web ya están operativos los entornos abiertos, la intranet del Consejo y en desarrollo las distintas extranet que irán formando la estructura definitiva del portal. Este desarrollo del sistema de publicación web ha permitido ya que los
servicios de documentación y bibliotecas gestionados por el Cendoj, gracias al sistema de catálogo colectivo implementado en éstas, hayan iniciado una creciente colaboración con el mejor aprovechamiento de los recursos. En coordinación con el
gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial se ha continuado también la progresiva mejora de la difusión estadística en el sistema


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de publicación web del Consejo y la elaboración de estudios e investigaciones sociológicas, principalmente en el ámbito de la violencia doméstica, inmigración y menores.



Señorías, estos son, a mi juicio, los aspectos más interesantes de la memoria de actividades y desarrollo de proyectos del Consejo General del Poder Judicial realizados durante el año 2003, con algunas precisiones sobre estadística y
materias que estamos elaborando actualmente en el año en el que nos encontramos.



Doy las gracias a SS.SS. por la atención que me han dispensado y, como siempre, quedo a su disposición para cualquier aclaración que estimen necesaria.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.



En nombre de la Comisión quisiera agradecer su presencia y su exposición que en la mañana de hoy ha ilustrado a la Comisión no solamente sobre la Memoria de 2003 sino con un ejercicio de actualización de datos referido a 2004, lo cual
ayudará sin duda al trabajo de esta Cámara. También en nombre de la Comisión debo agradecer la presencia del resto de miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial que nos honran en la mañana de hoy con su asistencia a la Comisión.



Antes de suspender cinco minutos la sesión quisiera pedir a los portavoces que en ese momento tengamos un breve encuentro con la Mesa para dilucidar dos cuestiones: una petición de comparecencias y la tramitación de una proposición de ley y
sobre todo para decidir sobre el resto de la tramitación de la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial.
Dado que la tradición hasta el momento es que no se constituya ponencia alguna, es idea de la Presidencia proceder al final de la
sesión a la apertura del plazo para la presentación de propuestas de resolución ante la Mesa referidas al funcionamiento del servicio público de la Justicia.
A esos efectos les agradecería un encuentro en el momento, repito, en que suspendamos esta
sesión.



Suspendemos la sesión cinco minutos.



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión.



En primer lugar, quiero poner en conocimiento de los miembros de la Comisión que, en el ejercicio de las funciones de la Mesa, esta Presidencia va a notificar de manera expresa la próxima semana la apertura del plazo para la presentación de
propuestas de resolución. Para que se vayan administrando en sus trabajos, les informo que ese plazo vencería, una vez abierto y notificado, en torno al martes día 23, a las ocho de la tarde.



Sin más rodeos, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones Sevilla.



El señor MARDONES SEVILLA: Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de salutación al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo y a los señores consejeros del Consejo General del
Poder Judicial que le acompañan.



Mi intervención va a ser breve, señor presidente, porque estoy interviniendo también en la Comisión de Presupuestos, en la defensa de las enmiendas que mi grupo me ha encomendado allí. No quiero en primer lugar dejar de hacer un
reconocimiento de la magnífica memoria que se nos ha presentado. Creo que, año a año, el Consejo General del Poder Judicial se supera en un perfil de eficiencia y eficacia en las competencias constitucionales y reglamentarias que tiene. Me parece
muy acertada la sistemática expositiva, que hace una perfecta radiografía y un mapa de ruta y de situación de las distintas competencias del Consejo General del Poder Judicial.



Señor presidente del Consejo, voy a fijarme solamente en una de las cuestiones que usted ha resaltado y que está muy destacada en la memoria: la litigiosidad, y digamos que, por la razón de la cantidad de veces, de Canarias. El propio
presidente ha destacado una serie de cifras en el tema de la litigiosidad, en concreto, de las tres tasas: la tasa de resolución, la tasa de pendencia y la tasa de cogestión. El archipiélago canario, tanto en la tasa de pendencia como en la de
cogestión -en esta última somos el número uno de España digamos en números rojos-, requiere el esfuerzo de todos para hacer las correcciones pertinentes. No se entiende, cuando se compara con las cifras de otras comunidades autónomas, cómo Canarias
puede estar a este nivel de número uno, lamentablemente, en la tasa de cogestión y en los primeros lugares en la tasa de pendencia. En la jurisdicción civil es donde más se nos da este problema en el archipiélago. Canarias aparece como la peor
clasificada, un poquitín antes que Madrid. Lo de Madrid se podría entender, pero lo del archipiélago canario cuesta más entenderlo.



Me ha llamado la atención y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho bien en buscar unos puntos objetivos de referencia para explicar el por qué de esta situación, qué causas hay para este aumento de la litigiosidad. La
manera de encontrar soluciones sería buscar la vía de utilizar la Ley de Planta, dotaciones de juzgados, de plazas de jueces y magistrados, etcétera. La memoria del Consejo General del Poder Judicial que usted nos ha presentado se va a dos baremos:
la población y el producto interior bruto. Efectivamente, Canarias responde a estos parámetros objetivos. Por un lado, la población ha aumentado notablemente, sobre todo como consecuencia de la inmigración -legales o ilegales, con papeles o sin
papeles-, que genera una conflictividad que después se ve reflejada en esta litigiosidad. Por otro lado, en los órdenes jurisdiccionales en que el producto interior bruto fuera significativo -y me refiero a la Comunidad Autónoma de Canarias, para
no complicarnos con la de Madrid, que tiene una estructura financiero-económica o de servicios distinta, porque


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el producto interior bruto canario no está, como el de Madrid o el de la Comunidad Autónoma Valenciana, basado en sectores industriales o comerciales, sino en el sector servicios de turismo- podíamos llevarlo por ahí para buscar las medidas
correctoras.



Si aceptamos el baremo del producto interior bruto, la tasa de cogestión sería el resultado. Pero, por ejemplo, sobre todo en la jurisdicción contencioso-administrativa, Canarias aparece en esta memoria en la peor situación. Yo querría
preguntar al señor presidente si el Consejo General del Poder Judicial estima algunas medidas que se pueden llamar correctoras en este asunto. Además, quiero reconocer aquí la buena conversación, la buena relación y la colaboración que he
encontrado por parte de los dos consejeros del Consejo General del Poder Judicial que tienen la responsabilidad del área de Canarias, tanto el señor Merino, que nos acompaña, como el señor Azparren. Quiero hacer un elogio de su sensibilidad y decir
que con ellos he tenido siempre acceso a cualquier dato o consulta, igual que lo tengo con el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y los decanos correspondientes en ambas audiencias.



El tema relacionado con el turismo, con el urbanismo y la vivienda genera en la jurisdicción contencioso-administrativa este fenómeno de la litigiosidad. Me gustaría saber cuáles son las recomendaciones del señor presidente del Consejo
General del Poder Judicial en este aspecto.



Después, y con ello termino, señor presidente, me gustaría que analizara -dado que no está tan reflejado en la memoria-, una vez que entró en funcionamiento la Ley Concursal -ya sabemos cómo están funcionando los juzgados de menores,
etcétera- la gran renovación dinámica y eficaz que se está produciendo desde hace unos pocos años en la justicia española y en la administración de la misma a través de jueces y magistrados y si tiene alguna información del comportamiento de la
litigiosidad que pueda venir. Vuelvo a hablar del producto interior bruto; si éste refleja una situación económica y la situación económica de determinadas empresas empieza a verse en situación de quiebra, o de suspensión de pagos, etcétera, si
observa que está teniendo repercusión en el aumento de la litigiosidad, y si es necesario disponer de más jueces en los órganos competentes para los casos de la Ley Concursal. ¿Considera necesaria esa nueva especialización de jueces y magistrados
en temas financieros y económicos respecto a la litigiosidad que genere la Ley Concursal? Los informes del Banco de España, de los que yo dispongo, no hablan tanto de morosidades, de quiebras de empresas o de suspensión de pagos, etcétera, por
existir una situación económica positiva y que está dando salida a otros problemas y no por vía de los juzgados de la Ley Concursal.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra doña Margarita Uría Etxebarría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Reciba, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el testimonio del respeto institucional por el órgano constitucional que usted preside, al igual que los miembros del Consejo
que hoy le acompañan en este acto, respeto institucional, que quiero que quede claro, desde la perspectiva de la formación a la que pertenezco, porque comparecen ustedes en un momento que, si se me permite manifestarlo, en algunas pautas de mi
intervención va a evidenciar cierta crisis de desligitimación que yo creo advertir en este alto órgano constitucional, por razones que, como he dicho, se irán desgranando a lo largo de mi intervención. Insisto en que el aspecto crítico de cómo ve
mi formación política el Consejo no tiene nada que ver con el respeto personal e institucional que a todos ustedes profeso.



Antes que nada, quiero agradecerle la presentación a tiempo de la memoria.
Si en tiempos pasados fueron objeto de crítica las comparecencias tardías, es por el contrario de agradecer el cumplimiento del acuerdo de esta Cámara, le alabo su
presencia estando tan cercana en el tiempo la apertura del año judicial y esto tiene que tener necesariamente una respuesta positiva por nuestra parte. Quería referirme a otra cuestión que considero importante, porque lo hago siempre, tanto en las
comparecencias del presidente del Consejo como en las del fiscal general del Estado: se trata del acto de apertura del año judicial. Y lo haré contraponiendo el de este año a los de años pasados. Era otro el contexto; usted se ha referido a la
primera comparecencia que usted hacía con un cambio de Gobierno y esta es la segunda vez que comparece después de la renovación del Consejo -así lo manifiesta en su memoria- y era otro el ambiente. Se lo digo para añadir que descubrí con alivio que
su discurso estaba desprovisto de la controversia y de lo delicado que me pareció que era el del año anterior. Le critiqué en su comparecencia de aquel momento que parecía un discurso de elogio exclusivo a quien entonces gobernaba; hasta de unidad
de poder y separación de funciones, lo que me parecía que nos retrotraía a tiempos pretéritos. Este año, sin embargo, usted optó por una cuestión más técnica, y dedicó el discurso a la Constitución europea, lo que supuso un cierto alivio para mí.
Era otro el ministro que le acompañaba, por supuesto, y otro el fiscal general del Estado, cuando presentó su memoria en un tono bien distinto, por cierto, del año anterior.



De todos modos nunca dejan de pasarme cosas como portavoz, en la sede del Tribunal Supremo o del Consejo. Me refiero -y perdóneme que le cuente esta anécdota- a tiempos de paridad; usted conoce que el Gobierno actual es paritario, y no sé
si sabe que, hace varias semanas, decidimos en esta Cámara tomar en


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consideración una iniciativa para modificar la normativa electoral y poder introducir la paridad también en los órganos legislativos. Sin embargo, dentro del ambiente judicial, la cúpula del Poder Judicial sigue siendo predominantemente
masculina, con escasísimas excepciones. Y no se lo digo como simple observación, sino porque en dos ocasiones no se me consideró autoridad o cargo en el acto que se desarrollaba, creo que por el hecho de ser mujer. Iba yo con los portavoces de las
demás formaciones políticas a saludar, tras los discursos, a Su Majestad el Rey, cuando fui interceptada por un probo funcionario que me dijo que aquello era solo para autoridades, y no me dejó seguir. Cierto es que, frente al empaque del señor
Villarrubia, del señor Astarloa o del señor Mardones, con mi metro y medio, yo pinto poco (Risas); no quise discutir, y simplemente me reí. No pasé a saludar al Rey y, cuando nos dirigíamos al lunch, esta vez en compañía de una persona, de una
mujer, que iba sin toga, se nos impidió el acceso a las dos. Se da la circunstancia de que esta persona no era sólo la mujer del fiscal general del Estado, sino que es también magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nos alegramos
las dos de que la presidenta del Tribunal Constitucional y las mujeres que hay en el Consejo General del Poder Judicial lleven toga en estos actos, pero bueno sería que en esos reductos se explicara también que se puede ser autoridad y deambular sin
toga en determinados actos, siendo mujer.
Me gustaría que se tomara buena nota de esto.



Tras esta anécdota, paso a hablar del contenido de la memoria. Manifiesta usted en la introducción -o manifiesta el Consejo- que han dado respuesta a las peticiones que vienen siendo presentadas por los señores portavoces de los grupos
parlamentarios con motivo de estas comparecencias. A unas sí -y se lo agradezco- y a otras, no, y se lo iré haciendo notar a lo largo de mi intervención. Me han resultado curiosas las coincidencias en el tiempo de algunos otros aspectos: cuando
ustedes llevaron la memoria a la imprenta, no podían prever lo que iba a ocurrir en materia de nombramientos, que es objeto, por cierto, de la segunda parte de la comparecencia que protagoniza usted hoy; al hablar de las principales materias y
dedicarla a nombramientos ya en la página 21, se dice que es una de las competencias que más interés suele suscitar. No sé si quien dijo esto sabía la que se avecinaba; me temo que no, y ahora produce una sonrisa o una cierta curiosidad al hojear
la memoria.



Para el caso de que no pueda intervenir en la segunda parte de esta comparecencia, puesto que estoy interviniendo también en Presupuestos, porque soy portavoz de Sanidad, quiero dejarle dicho que en numerosas ocasiones he manifestado el
criterio de mi formación política de que, frente a la manifestación general de que el Senado es un órgano que requiere modificación constitucional, más lo requiere el Consejo General del Poder Judicial. Si hay un órgano que no ha encontrado acomodo
en los casi 26 años de vigencia constitucional, este es precisamente el Consejo General del Poder Judicial y a la vista están las numerosas modificaciones que en tantos aspectos se han tenido que hacer. Está previsto constitucionalmente como órgano
autárquico. Nadie responde de nada, puesto que esta comparecencia de usted es meramente informativa y no está sujeta a nuestra crítica, sino sólo a nuestros comentarios; por otra parte, en modo alguno cabe la censura al Consejo.



Cuando uno leía la Constitución en 1979 ó 1980, parecía que la política de consensos iba a tener que darse como evolución natural de un órgano así previsto en la Constitución. Sin embargo, esto no ha sido así; más bien, al contrario; la
política de consensos se ha deteriorado de una manera alarmante, principalmente a partir de 1999. Sobre todo, se ha deteriorado de manera alarmante en relación con los nombramientos, que, como ustedes bien dicen en la memoria, son los que más
interés suelen suscitar. Se lo digo porque la ciudadanía percibe mal, creo, las confrontaciones que a este respecto ocurren. El señor presidente conoce, y lo ha mencionado, la modificación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial en este
sentido. Aunque mi formación política la ha apoyado, tampoco se siente especialmente feliz con ella; como dice un voto particular del informe emitido por el Consejo, pasar del rodillo al reparto no sé si es buena solución. Quizá lo digo desde la
perspectiva que me da la pertenencia a una formación pequeña y nacionalista, puesto que los repartos se producirían -nos tememos- entre las dos formaciones mayoritarias en la Cámara, según quién ocupara el poder en el momento concreto y según se
produjera la alternancia, de modo que para nosotros sería igualmente insatisfactorio. Con todo, insisto en que mi formación política ha apostado por apoyar esta reforma, que se verá dentro de unos días.



En cuanto a la actualización de los módulos y a cómo se miden estos en la actividad de los jueces y magistrados, creemos que ha habido indudables mejoras, pero nos gustaría que esta cuestión no se vinculase tanto -lo he dicho ya en alguna
ocasión anterior- a estos dos parámetros: los cambios procesales -que han mejorado el rendimiento de los procedimientos y han aligerado las tramitaciones- y el dinero, hablando de las retribuciones de jueces y magistrados. Nos parecería más ético
y más profesional un planteamiento vinculado a la duración indebida de los procesos, que es en definitiva tutela judicial efectiva, y que no girase todo tan directamente en torno a esos dos parámetros, que es lo que nos parece que se deduce del
contenido de la memoria. Es verdad que dicen ustedes que tendrán oportunidad de establecer en la memoria de 2004 el salto cualitativo que se producirá en la actividad judicial, mediante un sistema de medición que tienen actualmente en estudio.
Veremos entonces en qué se traduce.



De la actividad informante, habrá ocasión de hablar luego, cuando se detalla en la memoria el contenido de cada uno de los informes. Sin embargo, conociendo la


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postura política respecto a muchos proyectos legislativos -hoy leyes- aprobados en el último período, tendrá que admitir la crítica que mi formación política hace a muchas de estas modificaciones, que han sido calificadas por algún autor de
enloquecida espiral de endurecimiento de la normativa penal y procesal. Así lo ha percibido mi formación política también y, en consonancia con ello, está más de acuerdo con algunos de los votos particulares que con el contenido de los informes del
Consejo.



Nos sorprende también que se haga mención de informes hechos sobre la Ley de arbitraje, cuando de la ley que la acompañaba -esa modificación del Código Penal que se hizo mediante enmiendas del Senado- no hubo reivindicación formal del
Consejo para informarla, siendo -como digo- una modificación del Código Penal. La sorpresa es mayor ahora, cuando, al producirse la comunicación formal del presidente del Gobierno -respondiendo a preguntas de un portavoz de mi grupo- de que estos
preceptos concretos van a ser objeto de derogación, sí ha habido manifestación expresa de usted mismo, como presidente del Consejo o a título personal -esto no lo sé-, diciendo que le parecía mal esta modificación. No se quiso recabar para informe,
en su día, supongo que para ayudar al partido entonces gobernante a que sacara la reforma antes de que terminase el período de sesiones y con él la legislatura; sin embargo, se hace ahora gala de opinión en demérito o menosprecio de una opción
política -la que gobierna- y de las formaciones políticas que hemos estado pidiendo la derogación, la desaparición de esos preceptos penales, con los que se pretendía frenar un debate que, desde nuestro punto de vista, es sólo el debate de una
opción política legítima.



Respecto a lo que consta en la memoria en cuanto al homenaje que se tributó a la Constitución de 1978, nada tengo que objetar. Muy al contrario, me he visto gratamente sorprendida por el pluralismo que se exhibe en los intervinientes en los
ciclos de conferencias y en la publicación o libro recopilatorio que se va a hacer con posterioridad, y así se lo reconozco.



Cuando se adentra en el funcionamiento de las comisiones permanentes y en la burocracia con que cuentan para su funcionamiento, le manifiesto que lo encuentro excesivo. Me dirán ustedes que siempre es insuficiente y que no hay órgano que
decrezca en su aparato burocrático sino que todos crecen, pero creo que tienen una secretaría general que para sí la quisiera el propio presidente del Gobierno; de poder a poder, por lo menos en la plasmación que se hace en la memoria, advierto
cierto exceso.



En la sección de recursos no me casan las cifras, a lo mejor es porque no las sé leer. Hablan del total de recursos incoados como de 405, de resueltos mencionan 37 correspondientes al año en curso y de 44 correspondientes al año 2002. Sin
embargo, como total de recursos resueltos hablan ustedes de 381. A mí 37 y 44 no me suman eso, pero quizá es que -insisto- no sé leer el desglose de cifras que ustedes hacen.
Sobre todo me causa un cierto desconsuelo -quizá es que me gusta ser
bienpensada respecto a las inquietudes de quienes sirven a la justicia- las razones que son objeto de recurso -que las vacaciones anuales o los permisos y licencias constituyan la principal inquietud de quienes forman parte del Poder Judicial me
parece extraordinariamente humano, pero la verdad es que quisiera pensar que hay otros motivos- y lo son con una extraordinaria diferencia: hay materias de las que solo hay un recurso o dos, sin embargo, en permisos y licencias hay 30 y en las
vacaciones anuales hasta 153. Si esto es un retrato de cuestiones que inquietan a los servidores de la justicia, siendo, insisto, muy atendible y muy humano que estas cuestiones preocupen, me hubiera gustado ver otras inquietudes u otras
priori­dades.



Pasaré a referirme a lo que ustedes mencionan como contenido de la actividad de la comisión disciplinaria. Es bastante autocomplaciente.
Dicen que han cumplido plenamente los objetivos que se habían propuesto y anuncian novedades o
seguimiento distinto respecto a lo que la comisión se propone para el año 2004. Sin embargo, el hecho de que estos expedientes disciplinarios, visto el desglose, lo sean por incumplimiento injustificado de los plazos legales y en muchos casos por
exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración, me parece que requeriría por parte del Consejo alguna reflexión sobre lo que para la política judicial supone el hecho de que existan todavía de una manera tan reiterada cuestiones de este
estilo, que hacen referencia a la falta de consideración con los ciudadanos, y que en lo que es incumplimiento injustificado o retraso respecto a los plazos legales volvemos a la violación de un derecho fundamental como es la tutela judicial.
Insisto en que no solamente me gustaría pensar que se han cumplido los objetivos, sino que hubiese alguna reflexión final sobre por qué las materias que son objeto de la comisión disciplinaria son en su mayor parte estas y si al Consejo le sugiere
alguna posibilidad de modificación o de reforma en el futuro.



Sobre la comisión de calificación hay varias cuestiones a las que me gustaría referirme puesto que a ella le incumbe lo que hace referencia a la valoración de las lenguas distintas del castellano y también al conocimiento del derecho propio.
En concreto quería hacerle dos preguntas. Una de ellas es la referida a si conoce el Consejo la impugnación que ha hecho una asociación que tiene encomendada la defensa de la lengua y del derecho propio vasco en relación con el nombramiento del
presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tiene toda mi consideración y respeto en lo personal y en lo profesional, pero cuyo nombramiento, sin embargo, por la no adecuada valoración por parte del Consejo de los méritos y del
conocimiento de derecho propio y de lengua, está residenciado en los tribunales de lo contencioso. Me gustaría conocer si tiene alguna opinión al respecto el Consejo. De la misma


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manera que también me gustaría conocer si el Consejo tiene datos sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por una sección de la Audiencia Provincial de Vizcaya sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 231 en la
utilización de las lenguas en los procedimientos. Hay un caso concreto en el que, conociendo el euskera los tres magistrados de la sala, sin embargo, a petición del ministerio fiscal, no se pudo celebrar el juicio en esta lengua, lo que ha
suscitado una cuestión de inconstitucionalidad que -repito- está en el Tribunal Constitucional y sobre lo que me gustaría conocer su opinión, puesto que es también cometido del Consejo. A la vez aprovecho, señor presidente, para otra cuestión.
Esta Cámara tomó en consideración a comienzos de la legislatura, en junio, una iniciativa del Parlament de Catalunya que hacía referencia a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la utilización de las lenguas propias
en los procedimientos judiciales o su reconocimiento como requisito y no solo como mérito. Enviada para su informe, como nos pareció lógico a todos, al Consejo General del Poder Judicial, no tengo conocimiento de que este informe haya sido evacuado
o por lo menos como tal no ha tenido entrada en esta Cámara. Está habiendo un retraso importante en la tramitación de esta iniciativa, que nos gustaría que tuviese alguna explicación por su parte, si es que -que no lo sé con certeza- es el Consejo
el que está tardando en informar en esta materia o es que el informe ya ha sido recibido en el Congreso y no ha sido difundido entre los portavoces de los grupos para poder pasar al siguiente trámite, que sería el de formulación de enmiendas.



Ya me he referido a los recursos humanos al servicio del Consejo. Sé que voy a tener a todos los señores vocales presentes en mi contra, pero la sensación que da de la lectura de la memoria es que son muchos. Tienen ustedes muchísimos
medios, lo cual se traslada, por cierto, en la excelente factura de la memoria, no siempre en los contenidos concretos, que, si se me permite decirlo, en algunas materias nos parece que debieran ser de mayor altura. En cuanto a la informatización
del Consejo General del Poder Judicial, hay una previsión respecto a la cual me parece muy acertada la decisión que ha tomado el Consejo, que es el sistema de gestión de las denuncias y de las quejas de los ciudadanos al servicio de la
Administración de justicia, del que deduzco por cómo se enuncia que no ha hecho más que empezar y que en memorias sucesivas iremos teniendo conocimiento de cómo se plasma.



Cuando le hablo del excesivo pormenor o el excesivo detalle en algunas materias -que no dudo que sea real y adecuado-, me permitirá que con alguna ironía le cite que no me parece propio del contenido de la memoria que en la página 83 nos
digan que se han modernizado los ascensores del edificio. Todo mi interés por la seguridad, pero no creo que eso tenga mucho que ver con la política judicial o con las inquietudes del Consejo que se nos deben trasladar a esta Cámara. En el mismo
sentido me suscita curiosidad que, cuando se refieren a las reuniones del consejo rector, nos introduzcan hasta el orden del día, la lectura y aprobación del acta anterior, hora a la que se reunieron y sitio en el que se reunieron.
Parece que es
excesivo contenido para una memoria que debiera tener el contenido de dación de cuenta política. De la misma manera que, cuando se habla del proceso de selección de los jueces, además de hacer una valoración del procedimiento ahora compartido con
los órganos del ministerio fiscal y también con el Ministerio de Justicia, se dedica en algunos casos mucha más extensión a los actos concretos de entrega de los diplomas a los que han aprobado la oposición que a la organización de la docencia.
Parece que el interés político de la organización de la docencia debiera ser superior al hecho concreto de quién abrió el acto, quién lo cerró y cómo se entregaron los despachos -si es que así se llaman- a los componentes del Poder Judicial.



Hay otra cuestión, señor presidente, que me ha causado profunda sorpresa.
Estando como está en todos los medios de comunicación en estos días el debate existente sobre si existe una lengua valenciana distinta del catalán, me sorprende que
en la memoria del Consejo se traten como lenguas distintas sin que esto haya hecho que nadie se rasgue las vestiduras hasta este momento. Parecería como que si el envío de un ejemplar al Tribunal Constitucional para su informe en catalán o en
valenciano, aunque era el mismo según se dice, causase menos transtorno porque trasladase una inquietud mucho mayor a la opinión pública por hacerlo el Ejecutivo que el hecho de que dentro de la Escuela Judicial se diga que se estudia catalán y
valenciano. El catalán además se divide en básico y en intermedio, igual que el euskera, mientras que el valenciano se denomina elemental. No sé cuál será el contenido didáctico y por qué hay un número de alumnos de valenciano superior al de
catalán, cuando no se me alcanza qué se les puede enseñar como valenciano distinto de lo que se enseñe como catalán. Creo además que con esto el Consejo incumple una sentencia del Tribunal Constitucional que ustedes conocerán, y que no he tenido
tiempo de localizar, puesto que, aunque el nomen iuris de la lengua en el Estatuto de la Comunidad Valenciana es el de valenciano, el Tribunal Constitucional ha señalado, después de un recurso planteado por alguna universidad, que a efectos
académicos la disciplina es catalán.
Por lo tanto, me parece sorprendente esta separación que hacen y me gustaría que me la explicase porque está desglosada, insisto, en el contenido de la memoria.



Me ha sorprendido también, dentro de los módulos docentes, que en este curso político sólo haya habido cuatro conferencias de taller de justicia. Lo que le puedo alabar es que, al igual que le he dicho respecto a los ciclos de conferencias
referidos a la celebración del XXV aniversario de la Constitución, la elección de los profesores sí respeta la pluralidad y por lo tanto la pluralidad


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ideológica, la pluralidad de cátedra por lo menos, y en ese sentido también le hago este recono­cimiento, señor presidente.



Voy a ver si voy concluyendo, aunque tengo algunas otras cuestiones anotadas, como es una crítica que he hecho siempre, esto no es de la época en que usted preside el Consejo, pues la he hecho también en épocas precedentes. Tanto en la
Escuela Judicial como en la comisión de relaciones internacionales, una tiene la percepción de que el Consejo viaja mucho. Sé que es bueno no vivir aislado, no vivir encerrado en el propio entorno, por supuesto formamos parte del entorno europeo,
pero en el contenido de la memoria, año tras año, hay un exceso de salidas al extranjero que en muchos casos lo son, o así se nos anuncia, para exportar un modelo de funcionamiento del gobierno del Poder Judicial, respecto al cual ya le he dicho que
mi formación política es extraordinariamente crítica. La falta de acomodo que le digo que creo que tiene el Consejo General del Poder Judicial tal y como está constitucionalmente previsto, en nuestro propio sistema me parece que lo hace
difícilmente trasladable o exportable a otros sitios. Sin embargo, hay páginas y páginas de viajes a los más variados lugares del planeta y de relaciones institucionales del Consejo que siempre me sorprenden y que año tras año pongo también de
manifiesto en esta comparecencia, aunque algunas de ellas tengan el matiz de cooperación internacional, que siempre es loable, es laudatorio y que creo que es necesario que se efectúen; no lo entienda como que me estoy oponiendo a que se hagan.



La comisión de estudios e informes. He hecho antes alguna referencia genérica al contenido de los avances -desde su perspectiva retrocesos- de algunas de las normas aprobadas en el pasado periodo al que hace referencia la memoria, pero yo
le preguntaba en la memoria anterior por qué no se alude, con lo exahustivo que es el pormenor que se hace respecto al contenido de los informes, en la memoria a los votos particulares. En este periodo ha habido importantísimos votos particulares
en casi todos los informes o por lo menos en los textos legales que han sido objeto de examen que tienen mayor trascendencia y relevancia. Así, cuando se alude a la introducción por parte del Consejo de la posibilidad de retroactividad en relación
con el cómputo de las penas, ahí está presente, además, uno de los mayores autores de votos particulares del Consejo, y merece la pena citar a Alfonso López Tena como autor de muchos de ellos, creemos que son sintomáticos de la discrepancia habida
dentro del Consejo y que tienen también valor jurídico de un criterio emitido desde parámetros de acomodo al ordenamiento jurídico que, aunque no han obtenido la mayoría del Consejo, sí tienen, insistimos, ese valor de puesta en comparación con los
parámetros constitucionales y hasta de oportunidad legislativa que a nosotros nos gustaría que formase también parte del contenido de la memoria.



Le reprochaba, y por eso me refería a incumplimientos respecto a las peticiones que le hacemos los portavoces, en la memoria del año 2003 la escasa importancia, el escaso tratamiento o el escaso pormenor que da la memoria cuando alude a la
responsabilidad patrimonial del Estado.
Teniendo en cuenta que es responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento de la justicia, más escueto no puede ser. En esta ocasión es sólo medio folio, y también nos parece que debiera existir algún
pormenor, puesto que son cuestiones que si llegan a tener el merecimiento de que el Estado deba responder patrimonialmente por ellas merecerían conocerse con mayor detalle y merecería que hubiese alguna valoración con propósitos o con pautas por
parte del Consejo para evitar que en el futuro pudiesen producirse situaciones de este estilo. Incluso cuando relata el funcionamiento normal, habla de dilaciones indebidas, prisión provisional y otras causas. Si tenemos en cuenta que otras causas
son 99, nos parece que podía pedirse un mayor pormenor, insisto, para que pudiésemos saber qué es lo que falla hasta el punto de no motivar sólo la queja sino que incluso se haya reconocido la existencia de responsabilidad. Nos parecería un
contenido más de política judicial que otros aspectos de la memoria que le he criticado, algunos con cierta ironía, y le ruego que me perdone si le he parecido excesivamente faltona o chinche en alguna de las cuestiones que le señalo.



Ya le valoré muy positivamente en comparecencias anteriores la existencia de la comisión de seguimiento, de la aplicación de las normas relativas a los derechos de los menores, incapacitados y sujetos a organismos tutelares, cuya labor nos
parece absolutamente encomiable y perfectamente necesaria, pero no puedo decirle lo mismo -me parece magnífico que exista pero me ha parecido sorprendente- respecto a que sólo se haya reunido una vez la comisión de coordinación entre el Consejo
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. No parece que se prodigue mucho en sus actuaciones, a lo mejor hay alguna razón que a mí se me escapa, pero ustedes hablan en la memoria de una única reunión. Para
resultar fructífero, parece que esto tenía que tener una periodicidad mayor para que pudiese trasladarse. A lo mejor existen cauces distintos que la reunión formal de la comisión de coordinación.
Usted me lo puede explicar cuando conteste a mis
preguntas.



Debo hacerle alguna mención a la Carta de Derechos del Ciudadano, como lo hice con ocasión de la comparecencia anterior, algo que aprobamos en esta Cámara con tanto entusiasmo, aunque no tiene valor normativo. Parece que ahora sí se lo
vamos a dar, puesto que está presentado por todas las formaciones políticas para elevarle el rango de mero deseo o proclama de la Cámara a que tenga, insisto, valor de norma. El propio Consejo General del Poder Judicial celebró con todos los
portavoces y con el Ministerio de Justicia un acto formal en el que salimos todos en la foto, en la tele, en todas partes, y nos sorprende que luego tenga tan escaso tratamiento


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en la memoria, porque sólo se hace referencia a ella para hablar de unos buzones de quejas que se han instalado en distintos tribunales superiores de justicia. Nos parece que es poco jugo el que se le saca al contenido de la Carta de
Derechos del Ciudadano, que es tan extensa, que contiene tantos apartados y que merecería un cuidado mayor. A lo mejor es que no se ha hecho más, pero merecería por parte del Consejo -que se apuntó a seguir y a velar por su cumplimiento, junto con
nosotros, los portavoces parlamentarios y también con las administraciones de justicia- un tratamiento más dilatado, más pormenorizado, con más cariño, si se me permite manifestarlo así, en la memoria del Con­sejo.



Respecto a la actuación inspectora del Consejo, dicen ustedes que se ha modificado y que han cumplido el programa de visitas, al menos en la parte atribuida al servicio que lleva el Consejo, que se ha llevado a efecto en su integridad. La
descripción del pormenor nos parece positiva y creemos que se ha trabajado en esta materia, pero nos gustaría...



El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Uría.



Para su gobierno nada más, lleva consumidos 15 minutos.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, presidente.



Pensaba ya concluir, lo que pasa es que una intervención extensa del presidente sobre una memoria exhaustiva conduce inexorablemente a que también las intervenciones de los portavoces en muchos casos deban ser extensas.



Simplemente, además del cuidado o el interés que les pido por que desde el Consejo se haga algo o se nos sugiera a los representantes políticos en relación con el contenido de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la justicia,
ciudadanos que me parece que están bastante desaparecidos en muchas de las reflexiones que se hacen desde el Consejo, quería también concluir, como concluí el año pasado, preguntándole por otra cuestión respecto a la que no he tenido respuesta y que
me ha venido a la memoria cuando he examinado el contenido del proyecto de ley que en este momento vamos a aprobar en lectura única en esta Cámara. Al hacerse referencia en concreto en el artículo 2 a la existencia de que una vez jubilados los
magistrados del Tribunal Supremo podrán ser magistrados eméritos, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos, le preguntaba qué había sido de un anuncio que se publicó hace ya año y pico de que se iba a crear dentro del Consejo una
unidad para la evaluación de las capacidades o discapacidades en determinados casos de quienes desempeñan el Poder Judicial. No es que yo dude de que la edad no sea una acumulación de conocimientos, pero esto ocurre también en otras profesiones que
sin embargo no tienen esta posibilidad de prorrogar su vida laboral, y estamos hablando de una profesión que tiene en su mano la posibilidad de decidir en derecho sobre bienes, vidas, haciendas y libertades de las personas, que requeriría unas
especiales condiciones en quienes la detentan y que nos parece que haría extraordinariamente aconsejable que esta unidad de evaluación de las capacidades se crease, si es que no se ha creado, y si existe, que hubiese una plasmación en la memoria del
Consejo.



Concluyo con esto, señor presidente, en la esperanza de que en tiempos venideros pueda ser menos crítica de lo que he sido hoy cuando usted nos traslade la memoria del Consejo, y quedo a la espera de sus respuestas para una posible
intervención futura.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané i Guasch.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar agradezco en nombre de Convergència i Unió la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial para presentar la memoria correspondiente al año 2003 así como la de numerosos vocales del
Consejo General del Poder Judicial que han querido acompañar hoy el seguimiento de esta presentación.



Empezaré por un aspecto, señor presidente, que no recoge la memoria pero que está en la calle, en la sociedad, en los medios de comunicación y se percibe constantemente en esta misma Cámara, en el conjunto de las Cortes Generales, cada vez
que afrontamos el debate sobre la organización del Poder Judicial. La señora Uría hablaba de una cierta deslegitimación del Consejo, y yo estoy de acuerdo con esa valoración. Me atrevería, señor presidente, a poner de manifiesto que en estos
momentos se vive una cierta crisis institucional en el propio Consejo General del Poder Judicial, en el sentido de la percepción que se tiene desde fuera del mismo de una fuerte división en su funcionamiento, y se refleja también en cada uno de los
informes, votos particulares, en una cierta presentación de la justicia a dos bandas. Esto existe, está en la calle y después haremos la valoración que nos pueda merecer sobre si está o no en el funcionamiento del Consejo. Estoy de acuerdo con la
reflexión que hacía la señora Uría de que debemos buscar al final el encaje constitucional que deba tener el Consejo General del Poder Judicial. Ha habido ya distintos desarrollos de las previsiones constitucionales y distintos modelos a seguir.
Mi grupo parlamentario entiende que el actual no es un modelo que pueda ser reafirmado como definitivo porque entendemos que ese funcionamiento no es el más aconsejable para la propia imagen del Poder Judicial y para el reconocimiento que yo quiero
hacer de todos sus vocales. Por tanto, sin menoscabar en ningún caso el reconocimiento de sus miembros, sí es cierto que esa traslación existe y que entre todos deberíamos ser capaces de superarlo.



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Se decía también hace unos minutos que se plantean reformas constantes. La próxima semana vamos a tramitar una reforma en lectura única sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre la forma de alcanzar acuerdos para determinadas
designaciones de cargos vacantes en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Estamos en pleno debate sobre la forma en que debemos actuar. Mi grupo presentó ayer una enmienda
al proyecto de ley que vamos a tramitar en lectura única, ahondando en lo que la exposición de motivos de ese proyecto afirma, que es que se pretende asegurar el mérito y la capacidad e incidir elevando el quórum en que exista un mayor consenso. Mi
grupo parlamentario va a proponer -y va a ser objeto de discusión en esta Cámara- que se fije previamente un baremo de méritos específicos para cubrir las plazas, que se dé entrada a un informe no vinculante, pero preceptivo, de la Sala de gobierno
del Tribunal Supremo antes de efectuar el correspondiente nombramiento, al igual que las salas de gobierno de las respectivas comunidades autónomas, en el sentido de que la propuesta de nombramiento sea en todo caso motivada y que esa motivación
tenga un enlace directo en el cumplimiento de esos méritos y de esas capacidades. Por tanto, mi grupo parlamentario intentará a través de esa enmienda reflejar lo que apuntaron distintos vocales del Consejo General del Poder Judicial en votos
particulares. Muy especialmente, el señor López Tena se refirió a la necesidad de no pasar a un sistema de reparto y buscar en todo caso el cumplimiento del principio constitucional del mérito y la capacidad. Por tanto, todo lo que pueda redundar
en esa línea encontrará en Convergència i Unió el apoyo para preservar esos principios.



Nosotros no nos hemos opuesto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque sí entendemos que debemos reforzar esos principios constitucionales del mérito y la capacidad. Por tanto, bueno será que en ese proceso de propuestas
de nombramientos se establezcan claramente los baremos de mérito y capacidad y de cumplimiento de una trayectoria académica profesional en el ámbito jurisdiccional que justifique plenamente los nombramientos que se acuerden. Y si esos nombramientos
son acordados con un grado de consenso mayor, tal y como exigirá la ley, mejor, porque vamos a intentar con ello superar un clima de enfrentamiento que entendemos que no es positivo ni para el Consejo General del Poder Judicial ni para la visión
global de la justicia que perciben los ciudadanos. El presidente decía muy bien en la exposición de la memoria que muchas veces se critica lo que no se conoce. Tenemos también la obligación de dar a conocer entre todos una propuesta de un
funcionamiento que sea mejor, que intente superar esa división y que intente aunar un mayor consenso en el seno del Consejo. Esta reflexión no está en la memoria, pero es una reflexión de calado que es importante realizar en esta Comisión de
Justicia, ya que entiendo que está en el ánimo de muchos portavoces que se pueda superar la actual situación.



En cuanto a la memoria presentada hay algunos aspectos que mi grupo quería destacar y plantear al presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre la actividad de los órganos judiciales. Nos llama la atención que en la página 285 de
la memoria se destaca un amplio número de revocaciones, especialmente en el orden civil. Si la media está en el 17 por ciento, en el orden civil las revocaciones alcanzan un 36 por ciento, incluso en el ámbito de los juzgados de familia el número
de revocaciones es del 38 por ciento. Son unos datos que mi grupo quería contrastar con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué conclusiones podemos desprender de estos datos? ¿Se ha reflexionado sobre este aspecto en el seno
del Consejo? ¿Qué medidas podrían ayudar a evitar este elevado número de revocaciones? Desde Convergència i Unió queríamos hacer esta reflexión. También en ese ámbito de la actividad de los órganos judiciales están los aspectos de la duración de
los procesos, que se ha rebajado a 7,94 meses, es decir, la media no llega a los 8 meses, pero es cierto que la duración en los procesos ordinarios se eleva a casi 10 meses. La duración de los procesos en el procedimiento monitorio, a pesar de que
está por debajo de la media, entendemos que es excesiva porque está en 7,34 meses, o sea, la media supera los siete meses. Entendemos que es una duración excesiva y queríamos destacarle este dato. Sin embargo, quisiera destacarle el dato positivo
de que la duración de esos procesos, por ejemplo, en el País Vasco es de cuatro meses, que es una duración mucho más ajustada a lo que debería ser la finalidad de los mismos. Es cierto que estamos en un periodo transitorio en cuanto a la duración
de un procedimiento monitorio. Existen directivas comunitarias que nos van a obligar a garantizar la existencia de un procedimiento ágil de cobro de todas las deudas no impugnadas. Por tanto, deberemos superar sin duda el límite de los 30.000
euros. La reflexión que le hace Convergència i Unió es si nos hemos planteado qué impacto tendría en el funcionamiento de los juzgados civiles si superáramos el límite existente de los 30.000 euros en ese tipo de procedimientos, y también nos
gustaría conocer la valoración que se hace desde la presidencia del Consejo General del Poder Judicial.



Otro aspecto novedoso que relata la memoria -ha hecho también referencia a él el presidente en la exposición- es lo relativo a las órdenes de protección. Señor presidente, mi grupo, a través de la diputada Mercè Pigem, ha sido impulsor de
todas estas reformas, y la memoria del Consejo nos permite hoy hacer una primera valoración de su aplicación desde agosto a diciembre del año 2003. La valoración es que ha habido 8.000 órdenes de protección y prácticamente 2000, un 25 por ciento,
han sido desestimadas. Sobre esto ha habido reflexiones desde el ámbito judicial.
La jueza decana de Barcelona afirmó que en muchas ocasiones


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existían procedimientos que se iniciaban en este ámbito aprovechándose de las ventajas jurisdiccionales, pero que no se correspondían realmente con la causa que los debía impulsar. Existe el dato de un 25 por ciento de órdenes de protección
solicitadas y que después son desestimadas. Eso a quien perjudica es a quien interpone, por razones justificadas, esa orden de protección y entorpece la labor de estas Cortes Generales, que con prontitud impulsaron la aprobación rápida de la norma
en pleno verano con la celebración de un Pleno extraordinario. El objetivo de todos los miembros de esta Cámara era que se utilizaran de la forma debida, y en nombre de Convergència i Unió le pediría que nos dijera cómo valora el presidente del
Consejo General del Poder Judicial la cifra del 25 por ciento de órdenes desestimadas y la reflexión que apuntaba la jueza decana de Barcelona.



Otro capítulo que también refleja indirectamente la memoria es lo relativo al reconocimiento de la lengua y del derecho civil propio de una comunidad autónoma. Quería abrir aquí, señor presidente, distintas reflexiones que intentaré ordenar
de la mejor manera posible para permitir después también la respuesta del presidente del Consejo. La comisión permanente del Consejo acordó que se realizaría un informe -informe que se encomendó al gabinete técnico- sobre cómo estaba el ámbito
jurisdiccional en cuanto a conocimiento de la lengua propia de cada comunidad autónoma; que se haría un reconocimiento final de cómo incidía en cada orden jurisdiccional el conocimiento, por parte de quienes intervienen en la Administración de
justicia, de la lengua propia. De ese informe nada más se supo. No hemos encontrado en la memoria ninguna referencia a dicho informe, que se acordó en la comisión permanente y se encomendó al gabinete técnico, y no tenemos constancia de que figure
en la memoria. Por tanto, quiero preguntarle qué ha hecho el Consejo sobre el cumplimiento de ese acuerdo, y si se ha llevado a cabo, en qué fase está la elaboración del mismo.



Otro aspecto que quiero mencionar es que el Consejo pidió informar sobre la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por el Parlament de Catalunya, en la cual se modificaban aspectos relativos a los
cuerpos nacionales, pero también aspectos relativos al conocimiento de la lengua y derecho propio de una comunidad autónoma. Legítimamente, el Consejo pidió informar. Se trataba de una proposición de ley, y no es preceptivo en este caso el informe
del Consejo. La Mesa de esta Cámara acordó, dado que la petición venía desde el Consejo, atender a la misma y remitirlo, pero estamos, señor presidente, ante una tramitación legislativa en esta Cámara, ante una proposición de ley tomada en
consideración. Estamos ante una proposición de ley que tiene una larga andadura parlamentaria ya en el seno de la Cámara catalana, y lo que no puede ser es que una vez que se ha recibido el texto para emitir un informe no se le dé un trato similar
a los informes a proyectos de ley, porque estamos ante un mismo ámbito, que es ley que será aprobada por las Cortes Generales y remitida al 'BOE'. Por tanto, la celeridad que se exige para los proyectos de leyes, que entonces sí es preceptivo
cuando afectan al funcionamiento de la Administración de justicia, debería aplicarla el Consejo en la resolución de un dictamen ante una proposición de ley orgánica, en este caso aceptada a trámite por parte del Congreso de los Diputados y que va a
tener una tramitación que ahora está bloqueada a la espera del informe del Consejo. Por tanto, le pido su opinión sobre ese largo iter que está siguiendo ese informe y también su valoración, porque lo que nos ha llegado y se ha publicado en
distintos medios de comunicación sobre cuál va a ser el contenido de ese informe no lo comparte el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ni entiendo, la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara, porque así nos manifestamos cuando
se tomó en consideración. Incluso hay que tener en cuenta lo que ahora afirmaba la señora Uría respecto a que desde el País Vasco se promueven cuestiones de inconstitucionalidad sobre el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el
caso de la proposición de ley del Parlament de Catalunya se pide ejercer la justicia en el ámbito de una comunidad que tiene, además de la lengua castellana, una lengua oficial propia, pero puede ser la vasca, la gallega, entendiendo que a quien
quiera voluntariamente participar en ese concurso para tener una plaza en esa comunidad autónoma que tiene además del castellano una lengua oficial propia, se le debe exigir como requisito. Si las filtraciones que han llegado y se han publicado
consideran que esto es inconstitucional, entendemos que mal estaríamos cumpliendo la función de adecuar a la Constitución lo que es, repito, una exigencia en la prestación de un servicio público por parte de muchos ciudadanos. Por lo tanto, con el
máximo respeto a lo que pueda acordar finalmente el Consejo, existe esa reflexión de fondo.



Antes hablaba de lenguas oficiales propias, como el catalán, el vasco, el gallego, y me sorprende, señor presidente, que en diversos apartados de la memoria constantemente se quiera diferenciar al catalán del valenciano. Estamos ante una
unidad lingüística. Está reconocida así por sentencias. La señora Uría hacía antes referencia a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional, la 75/1997, de 21 de abril, que resuelve un recurso
de amparo y en la que se reconoce esa unidad lingüística. Existen también diversas sentencias, que no hace falta citar aquí, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pronunciándose al respecto y existe una realidad académica
indiscutida. Nos sorprende que en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial se siga admitiendo esa diferenciación. Sabemos también que en la Escuela Judicial se enseña por separado el catalán del valenciano, cuando es la misma lengua.
Sabemos que para el reconocimiento de los títulos de los jueces se distingue: catalán para Catalunya,


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catalán para las Baleares y valenciano. Estamos hablando de la misma lengua. En la página 271 de la memoria que hoy se nos presenta figuran los jueces y magistrados que han obtenido el reconocimiento del idioma autonómico: del catalán,
51; 32 del valenciano. ¿No entienden valenciano los que han obtenido el reconocimiento del catalán? ¿No entienden catalán los que han obtenido el reconocimiento del valenciano? Evidentemente, es la misma lengua. Quien tenga el reconocimiento
del catalán tiene el reconocimiento de esa unidad lingüística, y por tanto le pido expresamente que desde el Consejo General del Poder Judicial respetemos esa realidad lingüística y académica.



Aprovecho también para hacer la siguiente reflexión. Me gustaría saber si la memoria que se nos presenta se debate antes en el Consejo. Me gustaría conocer qué iter interno siguen la memoria y las distinciones que se pueden introducir en
cada ámbito dentro del Consejo antes de ser presentada como se hace, de forma extensa. Por cierto, quiero agradecer la prontitud con que se ha presentado este año porque es útil que la memoria de 2003 del Consejo la estemos debatiendo en el año
2004. Estamos en el tiempo correcto, y por tanto mi grupo parlamentario entiende que en este sentido estamos cumpliendo bien la misión constitucional de esta comparecencia.



En el ámbito lingüístico -ya he dicho, señor presidente, que intentaría ordenar al máximo las reflexiones en este ámbito- mi grupo lamenta que se hayan suprimido los méritos del conocimiento de la lengua y derecho propio en los concursos
relativos a los juzgados de lo mercantil y a los juzgados contenciosos. Sé que aquí ha habido también algún voto particular, pero me gustaría conocer las motivaciones que han llevado a suprimir ese reconocimiento en los concursos en los juzgados de
lo mercantil, que el presidente, de forma muy acertada, ha afirmado que ya se están empezando a instaurar y que teníamos la primera promoción.
Entiende mi grupo parlamentario que en estos concursos debería haberse realizado el reconocimiento de la
lengua y del derecho propio.



El señor PRESIDENTE: Señor Jané, le informo que han transcurrido más de los 15 minutos.



El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente, intentaré ir terminando ya esta exposición en nombre de Convergència i Unió.



También en la memoria -y lo agradece mi grupo y entiende que es acertado- se recogen, señor presidente, quejas de los ciudadanos. Hay un apartado relativo a la atención al ciudadano, y ese apartado lo considera mi grupo útil porque se
detallan las quejas de los ciudadanos, quejas en cuanto a la dilación, en cuanto a la ejecución, en cuanto al trato recibido, y nos llama la atención que haya quejas -81- relativas a la actuación profesional de los jueces. No quiero afirmar que sea
un dato significativo, incluso puede ser que disminuya si lo comparáramos con ejercicios anteriores, pero sí me gustaría conocer cuál es la actuación del Consejo tras una queja que un ciudadano pueda dirigir sobre la actuación de un determinado
miembro de la carrera judicial, cuál es la resolución final del Consejo y su actuación ante esas quejas. También quería recordar que, a instancias de Convergència i Unió, en la tramitación de la pasada memoria se acordó que en la próxima -que nos
presentará, por tanto, el presidente en el año 2005 sobre el ejercicio 2004- se daría un tratamiento específico al resultado de las quejas; se expondrían las quejas y se desarrollaría también el resultado de las mismas. Lo quiero recordar así
porque desde Convergència i Unió creemos que puede ser también muy útil a los efectos del test, que no deja de ser un test global a la justicia, que realiza cada año el presidente del Consejo cuando presenta la memoria. También puede ser de gran
utilidad tener el seguimiento de las quejas.



Voy terminando ya, señor presidente, con dos últimas reflexiones muy rápidas. Conoce la apuesta de nuestro grupo por la Escuela Judicial y por su ubicación en Barcelona y sabe también el presidente del Consejo General del Poder Judicial que
se aprobó en la memoria del año 2002, a instancias de Convergència i Unió, una resolución, tras la presentación de la memoria, de impulso a la Escuela Judicial. Paralelamente se han producido diversas discusiones sobre su concepción final. Nos
gustaría conocer la valoración que hace el presidente del Consejo y también si ha variado o no el número de profesores actualmente existentes en este ejercicio 2003, cuáles son las previsiones de futuro y, también cuál es la valoración del
presidente del Consejo General del Poder Judicial.



Habría otros aspectos, pero por razones de tiempo termino ya con una última reflexión sobre los jueces sustitutos. Ha habido recientemente en Barcelona quejas de muchos jueces sustitutos que no pudieron percibir los complementos salariales
que tenían reconocidos. También es cierto que se habían presupuestado 9 millones de euros en el año 2003 para esos complementos y se gastaron más de 37 millones de euros, con lo cual ha habido una previsión que se ha desbordado (hay mayor número de
jueces sustitutos que los que se habían previsto inicialmente). Quería conocer también, señor presidente, su valoración sobre este aspecto y las posibles soluciones.



Quisiera reiterar el respeto institucional y los buenos deseos para un mejor funcionamiento del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, y reitero una vez más, señor presidente, señorías, la predisposición de Convergència i
Unió a contribuir en todo lo que sea necesario a la buena marcha de la justicia y a llegar a amplios acuerdos.
Reafirmo una vez más que si los pactos por la justicia pueden ser múltiples para que recojan a los distintos grupos parlamentarios que
están en esta Cámara -el ministro anunció uno en el ámbito


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de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, serán bien recibidos por Convergència i Unió.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Me va a permitir el señor presidente que en nombre de mi grupo dé la más cordial y calurosa bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y, como es natural, también a todos los vocales
que le han acompañado en este acto. No quiero dejar de adherir -lo he hecho en alguna otra ocasión anterior con otro compareciente y quiero hacerlo también con el señor presidente- al saludo institucional del grupo mi saludo personal en la medida
en que, sin remontarme a otros tiempos en los que he conocido el buen trabajo, excelente trabajo, del hoy presidente del Consejo General del Poder Judicial en otras instituciones, he tenido personalmente el privilegio, desde mis responsabilidades en
la anterior legislatura en el Ministerio de Justicia, de conocer ya su trabajo como presidente del Consejo General del Poder Judicial, y me parece que esta es una buena ocasión para que yo agradezca personalmente, con toda intensidad, la ayuda que
siempre prestó a los esfuerzos que desde el Ministerio de Justicia, entonces, hicimos para intentar, con la compañía de los demás grupos parlamentarios y a través de un pacto de Estado, iniciar un cambio de evolución histórica, de ritmo histórico en
el proceso de mejora y modernización de la justicia. Así que, señor presidente -que conste en acta-, muchas gracias.



Quiero hacer un último agradecimiento, si también me lo permite la Presidencia, que está en línea con algo que ya han expresado otros portavoces de la Cámara. El año pasado, según leía yo en el 'Diario de Sesiones', se hizo también una
alabanza importante a la inmediatez con la que fue posible presentar la memoria correspondiente al año 2002 por parte del señor presidente del Consejo en esta Cámara. Este año nos hemos superado todos, lo cual es efectivamente un motivo de
satisfacción.
Además, quiero decir en este punto que no sólo es un motivo de satisfacción y de agradecimiento porque sitúa la cuestión en los buenos procedimientos, sino también porque tenemos hoy aquí la presencia del presidente del Consejo
General del Poder Judicial en un momento en el que, como han dicho ya otros portavoces, no es fácil comparecer en esta Cámara en la medida en que existen algunos problemas y algunas dificultades que van saliendo a lo largo de esta comparecencia y
sobre los que todos, seguro, vamos a intervenir y comentar.



Sentado el capítulo de agradecimientos, el señor presidente del Consejo está aquí para informar a los miembros de esta Comisión. Se ha recordado -y yo me alegro- que no estamos desarrollando una sesión de fiscalización o de control -que
constitucionalmente no es posible-, y además me alegro de que por los derroteros por los que se va desarrollando la Comisión, como yo solicité en la reunión previa de la Mesa, eso se está respetando escrupulosamente por todos. Partiendo del
fundamento de lo que son estas sesiones, yo tendría que hacer una primera consideración. Con la información ofrecida por el señor presidente y con la información contenida en los volúmenes que en su día se nos remitieron con la memoria de 2003, la
información de la que disponemos, señor presidente del Consejo, es, no diré absolutamente exhaustiva, que nunca es posible lograr eso, pero sí muy importante para que nos hagamos una buena composición de lugar no sólo de lo que han sido las tareas
del Consejo y de la organización judicial en su conjunto, sino también de la perspectiva con la que desde el Consejo se aprecia como está el estado actual de situación en la justicia española en los juzgados y en los tribunales. Y como de lo que se
trata es de que S.S. informe, y empiezo por decir que la información ya proporcionada es muy amplia, yo intentaré, para alegría de la Presidencia, no alargar lo que ya va siendo una sesión larga con comentarios añadidos a lo que son los básicos que
me suscita su intervención, la memoria y la demanda de alguna documentación o alguna información añadida.



Esta memoria, si no lo interpreto mal, es la última de una legislatura -año 2003- pues al principio del año 2004 se procede al cierre de la legislatura y convocatoria de elecciones, y, en consecuencia, digamos que es la memoria balance de
cosas que han ido pasando en una legislatura.
Desde esa perspectiva -y vuelvo a lo de los cuatro años que le decía en mi salutación- creo que se puede decir -desde luego nuestro grupo lo piensa y en alguna ocasión lo ha hecho expreso no sólo en
esta Comisión sino también en el Pleno de la Cámara- que hemos vivido en estos años un tiempo importante de esperanza para el mundo de la justicia. Yo suelo decir que el diagnóstico había sido hecho muchas veces -no quiero recordar los libros
aprobados por el propio Consejo, o los libros aprobados por otros, o los trabajos de todos los grupos políticos, que eran abundantes-, y en la pasada legislatura el Gobierno, pero no sólo el Gobierno, también el grupo mayoritario de la oposición
entonces, hoy en el Gobierno, el Grupo Socialista, y posteriormente el resto de los grupos parlamentarios entendimos, y creo que entendimos bien, que era importante que el proceso de modernización y actualización que estaba viviendo de forma intensa
el conjunto del país en todos sus sectores llegase también por fin al mundo de la justicia. Por eso lo he calificado de un tiempo de esperanza, se ha podido calificar -S.S. ha hecho una referencia al principio de su intervención- de tiempo del
consenso, y yo creo que una de las enseñanzas que por lo menos nosotros hemos obtenido de ese tiempo y de ese proceso es en primer lugar, que efectivamente no nos equivocábamos quienes pensábamos y seguimos pensando que el consenso entre las fuerzas
políticas es un elemento esencial para provocar, desde el conjunto de los poderes públicos,


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la mejora en el funcionamiento de la justicia y en segundo lugar, que no nos equivocábamos, y creo que no nos equivocamos, quienes en su día pensamos que del acuerdo y de la aprobación de una serie de medidas fruto del acuerdo saldrían
reformas que darían buenos resultados para el mundo de la justicia.



Oyéndole en su descripción de la memoria y leyendo las páginas de la misma, yo creo que se pueden sacar dos o tres conclusiones. La primera es que se han ido produciendo intensas reformas, como el señor presidente del Consejo ha recordado,
la mayoría de las cuales, no se olvide, son reformas de todos los grupos que están en esta Cámara, no estoy hablando en este minuto para patrimonializar absolutamente nada del pasado, al contrario, creo que es muy importante recordar que han sido de
la mayoría, por no decir de prácticamente todos los grupos de esta Cámara, con algunas discrepancias puntuales, que también van saliendo en el debate. En segundo lugar, no quiero dejar de decir a continuación que si es verdad que el Estado de la
justicia ha mejorado, tengo que añadir inmediatamente que por los datos que hemos conocido hoy todavía tiene que mejorar mucho más, lo cual querría decir, me parece, que sería una buena idea, o habría sido una buena idea -y hablaré en condicional en
la medida en que no hablo de hechos sino de hipótesis que no han sido confirmadas por la realidad- continuar hoy el mismo camino que se inició hace cuatro años. Sé que esa idea es compartida no voy a decir por el Consejo sino por el conjunto del
Poder Judicial, por el Consejo también porque el señor presidente lo ha expresado en esta sesión, pero es que además es lógico: sólo nos preocupamos de verdad por los problemas que hay que resolver en el mundo de la justicia en la medida en que
siguiésemos en el camino de la concordia y del acuerdo político, del consenso, para la realización del conjunto de las reformas. Y añado -tengo que añadirlo porque si no, no expresaría completamente todo mi pensamiento- que hoy nosotros no sólo
tenemos la preocupación de que a partir de un determinado momento, hace ahora un poco más de un año, el grupo hoy mayoritario en esta Cámara diese por cancelado el pacto de Estado, sino que tenemos la preocupación añadida, por lo que nosotros
entendemos que está siendo la evolución de la acción del Gobierno actual en materia de justicia, de que hemos pasado de un tiempo de esperanza a un tiempo estéril que puede ser un tiempo de retroceso muy serio para la justicia.



No está en este minuto el señor Jané, y yo quería hacer alguna reflexión no a él sino sobre esta cuestión en los términos en que él la había expresado. Voy a pedir a todos mis compañeros de Comisión -permítame el paréntesis el señor
presidente del Consejo, y lo digo por lo que decía el señor Jané- que no hagan una política de consenso de todos menos uno y al mismo tiempo se haga una llamada a la generación del máximo consenso posible. Nosotros respetamos la mayoría que se va
generando en esta Cámara en este tiempo en materia de justicia, cómo no la vamos a respetar. Nos limitamos a recordar, cuando se dice eso de la práctica totalidad o mayoría de los grupos de esta Cámara se han puesto de acuerdo en tal proposición no
de ley o en tal proposición de ley, que el que no se ha puesto de acuerdo es, a nuestro juicio y muy modestamente, un grupo que es muy importante que esté en el consenso para la reforma y modernización de la justicia en cualquier tiempo en España.
A partir de ahí cada uno actúa como cree que tiene que actuar. Con esto le estoy diciendo, señor presidente, ya cierro el paréntesis un poco local de esta parte de la intervención, que ustedes tienen que saber que los tiempos que vienen para el
consenso político que podría seguir empujando el proceso que se ha vivido en estos años no son buenos tiempos. Quiero que lo sepa usted y lo sepa el conjunto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que le acompañan.



En su intervención y en la memoria yo creo que se plantean lo que efectivamente son los temas más importantes de la situación actual y de las perspectivas de inmediato futuro del mundo de la justicia, de la actuación de juzgados y
tribunales. Yo he sacado mis propias conclusiones, que pongo en común para lo que sirvan. Entiendo que deberíamos seguir preocupándonos, y mucho, señor presidente, por desarrollar lo ya aprobado. Se ha hecho una enumeración, y es exacta, del
conjunto de reformas que se han producido, insisto en que la mayoría de las cuales son absolutamente de todos, pero me parece que nadie mejor que los miembros de esta Comisión de Justicia para decirle al país que sabemos perfectamente que con
aprobar leyes no se mejora la justicia, sino que se traza el camino de esperanza de que se puedan adoptar las medidas y consolidar los hechos que permitan modernizar la justicia, y todo ese aparato legislativo de 2003 o tiene consolidación en los
hechos en 2004, o habremos recorrido el camino de la esperanza pero habrá sido el camino de la esperanza vana.



Me gustaría saber, señor presidente, en la medida en que tenga tiempo para contestar lo que le estamos planteando entre todos, de las cuestiones de desarrollo que en este momento están pendientes de ejecutar, cuáles son las que el Consejo
General del Poder Judicial considera prioritarias.
Entiendo que ha mencionado algunas el señor presidente, ha mencionado la cuestión de la oficina judicial, la de los juicios rápidos, pero entiendo que sería interesante para todos los grupos oír,
de todas las cuestiones numerosas e importantes de desarrollo que en este momento están encima de la mesa, cuáles considera prioritarias. Le voy a comprometer un poquito más, si me lo permite, señor presidente del Consejo, y no sólo le pido eso
sino que, en la medida en que considere conveniente trasladarnos un juicio sobre esta cuestión, yo le pediría que añadiese qué actuaciones que puedan hacerse desde esta Cámara o desde los restantes poderes del Estado para mejorar la justicia hoy
convendría incluir en la agenda aunque hasta hoy no se hayan considerado prioritarias, sea porque han


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surgido después del buen diagnóstico que se hizo en el conjunto de los papeles que giraron alrededor del pacto de Estado, o sea sencillamente por una cosa en la que en todo caso nosotros estamos en condiciones de trabajar con toda
intensidad, que es qué diagnosticamos mal hace cuatro años y sería conveniente revisar al día de hoy porque no ha producido los efectos que tenía que producir o que esperábamos que produjera. Por no ser críptico, esto lo planteo en relación con una
serie de temas concretos que voy a enumerar. Nos gustaría que se pudiese acertar en el encaje entre lo que ha sido la legislación que ha dado origen a la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y lo que habrá de ser el
conjunto de las medidas nacidas del proyecto de ley, hoy en tramitación en el Senado, con las medidas contenidas sobre la violencia contra las mujeres. Durante un tiempo hemos estado trabajando en la perspectiva de que ha de llegarse, en la medida
de lo posible, en la medida en que los medios de la justicia lo permitan o los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo permitan, a planes individuales de protección, que sería el punto de llegada ideal. Me gustaría saber cómo ven desde el
Consejo qué va a ser necesario hacer para cuajar lo que ha venido funcionando bien, como demuestra la actividad del Observatorio que da la orden de protección, con las novedades, entendemos que buenas, que va a traer la nueva legislación. Se lo
planteo en relación con un tema que está íntimamente ligado con este -que es el mismo tema, por decirlo con otra variante- que a nosotros nos preocupa mucho, que es el anexo que acabo de mencionar de ese proyecto de ley hoy en tramitación, que
prevé, por una parte, la creación de una serie de juzgados específicos y luego la modificación de otra serie de juzgados que van a trabajar como juzgados mixtos.



Sin entrar ahora en el debate sobre las cuestiones de fondo, sobre si esta es una buena o una mala medida, que creo que ahora no viene al caso, lo que sí nos preocupa es que si esto se aprueba estemos en condiciones, como hemos debatido más
de una vez entre los grupos parlamentarios, de ponerlo en ejecución. Para ponerlo en ejecución hay que tener muy claro que el Gobierno, aunque nosotros no estemos de acuerdo es un hecho, ha hecho una planificación en la que básicamente el esfuerzo
de esta puesta en ejecución va a corresponder a las comunidades autónomas. Retomo ahí algo que ha dicho la señora Uría y que probablemente en este concreto minuto del desarrollo de la política judicial del Gobierno se hace, no digo ya más
necesario, como decía la señora Uría, prácticamente indispensable el trabajo a tres bandas, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial. Se hace indispensable la comisión mixta entre el Gobierno, el Consejo del Poder Judicial y las comunidades
autónomas, porque con la carga que sobre los hombros de las comunidades autónomas está poniendo -insisto en que legítimamente- el Gobierno o existe un margen de coordinación máximo en relación con esa cuestión o vamos a tener muchos problemas en el
inmediato futuro para poner en ejecución alguna de estas importantes medidas.



Quería preguntarle, señor presidente, si han examinado en el Consejo por qué los resultados que nos ha trasladado de juicios rápidos hablan del crecimiento de una de las patas buenas de esa reforma legislativa, que es la de los juicios de
faltas, pero en el último período hablan de un cierto decrecimiento en los procedimientos abreviados; es verdad que además con una diferencia curiosa entre el primer semestre y el segundo semestre. En tanto que eso haya sido ya objeto de alguna
reflexión para adoptar medidas que permitan, como nosotros pensamos que sería bueno, seguir trabajando en la mejora de la utilización de los juicios rápidos, no sólo en el ámbito penal sino también en el ámbito civil, le pediría alguna reflexión
sobre eso.



También muy brevemente le diré que cuando estaba planteando qué sugerencias se hacen desde el Consejo para mejorar cosas o incluso para corregir errores, estaba pensando en otro de los puntos muy directamente relacionados, que era todo el
desarrollo de la legislación concursal y los juzgados de lo mercantil. Yo tengo la impresión -que no es caso debatir ahora- de que lo que hasta ahora se ha acordado es o va a ser muy insuficiente en relación con lo que se va a demandar en cuanto la
Ley Concursal entre en marcha con toda su potencia. Lo que quiero preguntar es si están hechos los estudios correspondientes, y en su caso a doble banda con el Gobierno, para que no termine aquí, en una primera medida, la cuestión de los juzgados
mercantiles, sobre todo porque -como insisto siempre que intervengo sobre esta cuestión, sus señorías lo saben- no estamos hablando sólo de jueces de lo mercantil sino que estamos hablando de juzgados de lo mercantil, con numeroso personal
especializado que tiene que funcionar como un reloj para que eso efectivamente marche.



La cuestión de la pendencia. Esta cuestión probablemente nos suscitaría una reflexión similar a todos los grupos parlamentarios: avanzamos, pero lo hacemos a sabiendas de que pasan dos cosas que hacen que avanzar sea difícil. La primera
cosa que pasa es que el índice de litigiosidad de este país no para de crecer. En el pasado hablamos mucho no sólo de cómo atender el hecho de que crezca sino de cómo conseguir que entre todos seamos capaces de reducir el índice de litigiosidad,
porque si no es una carrera que no tiene fin. Creo que deberíamos retomar, señor presidente, y también hacerlo desde el Consejo, las reflexiones no sólo sobre cómo atender a lo que va creciendo sino cómo conseguir de verdad evitar que siga
creciendo lo que imparablemente crece; y eso que en cierta medida nos hemos llevado la pequeña satisfacción de saber que por lo menos este año hemos crecido un poquito menos que el año pasado.



La segunda cuestión es que mejoramos, es decir, las tasas sobre las que se hacen los diversos cálculos que usted ha mencionado, y que yo no voy a reproducir, van diciendo que más o menos, poquito a poco, avanzamos


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pero todavía, como decía con carácter general, nos queda mucho camino por recorrer. Ahí dejo enunciadas dos cosas que nos preocupan, que a lo mejor no son para un debate con S.S. y sí para otra sesión con el resto de los grupos
parlamentarios, pero en la medida en que tenga algún conocimiento o algún dato sobre esta cuestión lo menciono. Nos preocupa la cuestión -lo ha dicho el señor Jané- de poner en entredicho a los jueces sustitutos, incluso hablar de la necesidad de
articular alternativas cuando hoy lo que tenemos que resolver es el problema que tenemos que resolver, que es que cobren los que ya han trabajado lo que tienen que cobrar y que en su caso se planifique una alternativa a lo que hoy tenemos, pero que
no demos saltos en el vacío. Punto primero.



El punto segundo está relacionado con los planes de refuerzo, los por todos conocidos planes de refuerzo. Por lo que yo sé en este momento se ha producido una limitación importante en los planes de refuerzo, sé que básicamente tiene una
explicación presupuestaria, que con independencia de que yo no comparta el criterio es lo que se ha trasladado desde el Ministerio de Justicia; pero al menos por lo que yo aprendí hoy era un elemento muy importante para que, al mismo tiempo que
decimos que cada año más o menos lo que está entrando está saliendo, podamos ir reduciendo la bolsa de los dos millones de asuntos que tenemos encima de la mesa. Si efectivamente los planes de refuerzo son importantes, creo que debería salir de
esta Cámara un acuerdo, un consenso general de que eso deba ser retomado en su esfuerzo por el Gobierno.



Tema de la estadística. Afortunadamente veo que desde que no me leía hace algún tiempo las memorias hemos mejorado también un poco en materia estadística, pero sigo pensando que todavía tenemos mucho que mejorar y solamente digo -por no
alargar el examen de estas cuestiones en este punto- que seguimos necesitando como el comer hacer entre todos un plan completísimo de transparencia judicial que llegue claramente a los ciudadanos. Sé que se ha avanzado en eso, sé que en parte ha
avanzado el Gobierno y sé que, desde luego, se ha trabajado en el Consejo lo que se tenía que trabajar, pero el hecho es que todavía no hemos culminado todo lo que tenemos que culminar y me parece muy importante que de este tipo de reuniones salga
un acuerdo sobre que debe haber la máxima colaboración institucional para que eso sea posible.



Voy a ir finalizando, señor presidente. Insisto en que a nuestro grupo le gustaría mucho culminar esta comparecencia con todas aquellas propuestas o consideraciones que crea que pueden ayudar a que esto siga mejorando de entre las
cuestiones que yo he enunciado o de entre aquellas otras que le hayan suscitado al señor presidente la intervención de los restantes portavoces. No quiero dejar de hacer algún comentario sobre lo que ha sido el apartado crítico en relación con la
actividad del Consejo, no digo expresado en la sesión de hoy -cosa que no me corresponde hacer a mí, porque, como he dicho, este no es un debate entre grupos- sino históricamente. Retomo un poco eso -en definitiva retomo los 'Diarios de Sesiones'
de las comparecencias del señor presidente del Consejo en años anteriores- para hacer dos o tres comentarios que me parecen importantes.
El comentario número uno es que la mayoría de los reproches que algún grupo parlamentario hizo -como
técnicamente no podemos llamarles reproches, les seguiremos llamando comentarios, siguiendo la terminología de la señora Uría- en el pasado tenían que ver -fíjese, señor presidente- con el hecho de que usted no adoptase determinado tipo de conductas
en relación con el Gobierno de entonces en España. Tengo que decir que me alegro -a reserva de lo que diga quien me ha de seguir en el uso de la palabra que será el grupo mayoritario, el Grupo Socialista; puedo hacer el jucio sobre los demás que
han intervenido- ...



El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa, aunque es una satisfacción escucharle, le recuerdo que han transcurrido más de 15 minutos.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Voy a ir terminando.



Digo que me alegro de que se haya liberado al señor presidente del Consejo de la carga de tener que sufrir en esta sesión ese tipo de comentarios como cuando se le decía aquello de por qué usted no critica la falta de calidad democrática de
las medidas que adoptaba el Gobierno. Es una expresión literal de la pasada legislatura y fíjese que se hacía en relación con el hecho de que desde el Consejo General del Poder Judicial no se criticase que desde el Gobierno de la nación no se
estuviese poniendo la cantidad de dinero que los grupos de la oposición de entonces entendían que había que poner. Fíjense qué tiempos aquellos, y hace sólo un año. Le pedían al Consejo General del Poder Judicial que se pronunciase sobre la
calidad democrática de la acción del Gobierno porque no se llegaba a una determinada partida presupuestaria, cuando hoy estamos debatiendo -y no haré ningún comentario más sobre eso porque no toca- el presupuesto que estamos debatiendo que nos ha
remitido el Gobierno socialista. No tenga preocupación el portavoz del Grupo Socialista porque no le voy a pedir al presidente del Consejo General del Poder Judicial que condene gravemente al Gobierno socialista por el presupuesto que nos han
traído. Ustedes lo hicieron el año pasado y no tenían razón.



Termino, señor presidente, con una reflexión sobre eso que otro portavoz llamó la crisis de la legitimidad. La misma señora Uría habló de órgano que no encuentra acomodo en nuestro régimen constitucional y el señor Jané -que en este momento
no puede escucharme- lo llamó crisis institucional. Tampoco voy a introducir aquí el debate entre grupos sobre lo que nosotros consideramos -los restantes miembros de la Comisión me lo han oído más de una vez- un ataque


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feroz al Consejo General del Poder Judicial, pero sí voy a decir que, en todo caso, no tenemos ninguna duda de que las crisis de legitimidad, los acomodos constitucionales, las crisis institucionales, sólo se arreglan de verdad, si es que
existen, primero, cuando se no se provocan -yo aceptaré, porque es mi obligación como miembro de esta Cámara, todos los argumentos, pero siempre me suena muy raro oír que alguien comente que existe una crisis que ha provocado- y segundo, en todo
caso, sólo se arreglan en la medida en que hay voluntad de arreglarlas y no voluntad de estropearlas. Cuando yo le decía, señor presidente -y esto no es para que usted lo comente en modo alguno, sino para que quede constancia en el 'Diario de
Sesiones' de la opinión de todos los grupos- que hoy corren malos tiempos para el consenso y que hoy corren malos tiempos para la prioridad que debería tener el trabajo de la justicia que es su mejora y modernización, tiene que ver con que quienes
están hablando de crisis, y que en consecuencia la están provocando, desde luego no tienen ni el más mínimo interés en este minuto por encontrar a los demás para que haya consenso y resolver la crisis.



Haré una última consideración. Señor presidente, el Consejo General del Poder Judicial -no digo su presidente-, como órgano constitucional, tiene el máximo apoyo y respeto del Grupo Parlamentario Popular y, aunque creemos que vienen malos
tiempos, nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar el nivel de la inundación en la medida de lo posible. En todo caso, sí les pedimos que ustedes cumplan, como han venido haciendo -y se lo agradecemos mucho- con toda intensidad,
su función, a pesar de los pesares.



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia Mediavilla.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Agradecemos al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo con toda cordialidad su presencia en esta casa, en el Congreso de los Diputados, que es la casa del pueblo y, por lo
tanto, lógicamente, también la suya. Agradecemos también la presencia del vicepresidente del Consejo que se encuentra en la sala y la del conjunto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Quisiera hacer un pequeño inciso en esta
pequeña entradilla de agradecimiento y de salutación en cuanto a la forma que yo creo que es, ni más ni menos, como tiene que ser, democrática, tranquila, serena y fácil. Decía el portavoz del Grupo Popular -de ahí que haga este inciso-: Señor
presidente, no es fácil que venga usted en estos momentos al Congreso. Cómo no va a ser fácil, si es la grandeza de la democracia: el debate, la pluralidad, la relación, la colaboración institucional, que usted esté aquí con toda normalidad,
aunque sea en un momento de algunas tensiones, como tendremos ocasión de comentar, fundamentalmente en la próxima comparecencia, porque es bueno también que a solicitud del Parlamento usted -y en cualquier otro momento cualquier vocal del Consejo-
venga para hablar de temas que intesan al funcionamiento de la justicia a esta Cámara, a la casa del pueblo, de donde, por cierto, emanan todos los poderes del Estado, artículo 1.2 de la Constitución que lógicamente no hace falta mencionar. Esto
venía ya en el fallido -entre comillas- pacto de Estado, en su artículo 23. Es algo que vamos a defender continuamente con normalidad, señor presidente -quiero que lo sepa-, pero no para momentos de cierta tensión o de cierto debate complicado,
sino para el funcionamiento normal interinstitucional y el fortalecimiento de la relación que, sin duda, tiene que existir entre el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial, viéndolo como un acto de normalidad democrática. Hay algunos
temas donde estarán fundamentalmente las discrepancias y nuestra crítica, que no fiscalización, por supuesto. El Parlamento fiscaliza al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial, aunque bien entendido también -lo sabe señor presidente- que hoy
comparece como presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es un poder de los poderes del Estado. Ahí, dentro de la libertad democrática, haremos nuestras valoraciones, pediremos nuestras informaciones y realizaremos, ¿por qué no?,
sobre todo en la segunda parte, nuestras críticas sobre algo que está ocurriendo, que nos ocupa y que entendemos que no debiera ocurrir. Eso lo aparcamos, como usted ha hecho en su exposición, cuando ha llegado a la política de nombramientos y de
informes.



Señor presidente, me gustaría hacer una primera consideración general. La portavoz del Grupo Vasco ha hablado de la desligitimación del Consejo y el portavoz de Convergència i Unió ha hablado de la crisis institucional del Consejo. Con
tranquilidad, señor presidente, yo le hablaría de cierta desnaturalización de la misión del Consejo, sin llegar a los términos utilizados con anterioridad, porque nos preocupa la pérdida de credibilidad social del Consejo. Usted empezaba su
intervención -en la que vamos a coincidir, no sólo en la forma, sino en el sentimiento y en el fondo- apelando al consenso y a la pluralidad que da la legitimidad democrática, que tiene su base -y le adelanto un concepto que mi grupo defiende, y que
puede compartir-, no en los grupos, colectivos o asociaciones, sino en la sociedad, el pueblo, de donde emanan todos los poderes del Estado. Adelanto esa reflexión, que desarrollaré en la comparecencia posterior.



Ahora voy a pasar a cuestiones concretas. Voy a ser telegráfico, porque no va a haber tiempo material, pese a su buena voluntad, que agradezco, al igual que la información que nos ha trasladado. Si tenemos tiempo para comentarlo me
referiré a algún aspecto puntual y si no seguro que habrá ocasión de desarrollarlo de otra forma y en otro formato. Le querría hablar de la importancia de la estadística judicial, de la marcha de la pendencia,


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porque la tutela judicial efectiva, si la justicia es lenta, es ineficaz, y la tutela no es efectiva en el grado que mandata nuestra Constitución española. En este asunto, tengo que manifestar nuestra satisfacción real, y le indico a don
Ignacio que, afortunadamente, en el año 2004, no sólo vamos recortando el diferencial creciente con la pendencia -porque el número de asuntos que se sacaban era superior, pero la litigiosidad aumentaba-, sino que se produce un descenso real, en el
primer semestre de 2004, de más de 100.000 asuntos, me ha parecido entender. Estamos muy satisfechos con esta cuestión, siendo gravemente preocupante el nivel de pendencia que tenemos en la actualidad. Dentro de la pendencia, no vamos a
desarrollar informaciones exhaustivas -porque están en la memoria y han sido ampliadas con datos de 2004-, pero quisiera hacer mención al tapón que existe en el conjunto de las salas del Tribunal Supremo. Siendo usted el jefe nato de la inspección
-y se lo digo con toda cordialidad-, al que corresponde el seguimiento de todas las secciones del propio Tribunal Supremo -como indica el artícu­lo 172 de la Ley orgánica-, he de decirle que en la Sala Tercera hay una pendencia de 21.381 asuntos,
según aparece en una de las páginas de la memoria. Nos gustaría saber qué medidas se están tomando o piensa tomar el Consejo para ir disminuyendo o minorando este grave problema de pendencia, fundamentalmente en la Sala Tercera del Tribunal
Supremo.



Antes de seguir con varios asuntos, permítame hacerle una mención global, quizá un pelín extemporánea -permítame la expresión-, porque se lo tenía que haber dicho al inicio de la exposición de los criterios generales, que he dejado caer,
pero que quiero que quede políticamente claro. Usted ha aludido a la necesidad de consenso. Quiero manifestarle solemnemente, -entre comillas- dentro de la cordialidad que debe haber en el diálogo, que esa es nuestra apuesta, esa es la apuesta
cierta del Grupo Parlamentario Socialista. No en vano, el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, que culminó en mayo de 2001, se acometió a instancias y a propuesta de mi grupo parlamentario y de mi partido político. Ese pacto se rompió
en un momento dado, y no toca ahora hablar de ese extremo. Y hago otro pequeño paréntesis, dirigido a mi querido compañero, don Ignacio Astarloa, en cuanto al formato que él sugirió, en el que debatiríamos fundamentalmente sobre la memoria y, en su
caso, otros temas en la segunda comparecencia. Lamento decirle a mi querido compañero que ha hablado poquito de la memoria, y sí ha tenido una intervención netamente política en el 90 por ciento de su discurso. Yo voy a intentar no salirme
demasiado del guión, aunque tengo que hacer alguna valoración al respecto, porque si no, tendremos que aplicar ese dicho castellano que dice: consejos vendo, que para mí no tengo. Se lo digo también, cordialmente, al presidente del Consejo.
Agradecemos su apelación al consenso, pero hemos de aplicarlo en la casa de la que hablamos, porque parece que no corren buenos tiempos ni buenos vientos en cuanto al consenso del Consejo General del Poder Judicial. De ahí los calificativos de
otros grupos, que no compartimos en su totalidad, pero que nos preocupan políticamente de manera importante. Créame que así es.



Retomando la cuestión, quiero dejar claro que vamos a intentar hasta la extenuación, desde el punto de vista parlamentario, pese a lo que dice el portavoz del Grupo Popular, que haya consenso. Vamos a intentar que no haya ninguna reforma
importante en el mundo de la justicia -que no tiene que verse a corto plazo, sino a largo plazo-, que no vaya consensuada, no sólo para conseguir una mayoría política y numérica, sino también social y política, incluyendo al principal partido de la
oposición, en la medida en que seamos capaces. Paralelamente, el señor presidente entenderá -lo comporta o no- que el esfuerzo de consenso tiene un límite, y lo que no puede haber -si se actúa de buena fe- es un derecho de veto radical, porque el
esfuerzo de consenso significa un concurso de voluntades y cierta cesión en las posiciones, para encontrar puntos de equilibrio. Por lo tanto, le instamos, amistosamente y en forma de sugerencia, a que se practique en el Consejo General del Poder
Judicial, porque ahí está su auténtica legitimidad, porque usted fue elegido por todos, por delegación de la casa del pueblo, para que fuera un árbitro, y no un ariete de un grupo, del conjunto del Poder Judicial.



No me ha parecido escucharle -pues, durante su intervención, tan sólo he salido unos minutos- valoración alguna sobre la aplicación y vigencia, joven pero dilatada, de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual.
¿Considera, sin puntualizar
mucho, que habría que hacer algún tipo de reforma en la misma?


Respecto al asunto de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, y en aras a la brevedad, doy por reproducido, no las conclusiones ni las valoraciones, el problema puntual de la situación que tenemos en este momento. Quisiéramos saber
cuántos jueces sustitutos y magistrados suplentes tenemos en la actualidad. Señor Astarloa, no me remito a debates anteriores, donde este mismo portavoz les hacía ciertos comentarios que, lamentablemente, vemos como se están plasmando. No quiero
ir por ese camino, sino saber qué problema hay y qué solución tiene la situación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, además de la cuestión presupuestaria, que era evidente, y que, de forma escandalosa, ha saltado a la palestra.



Señor presidente, hay otro problema -yo creo que en vías de solución, pero quisiéramos su opinión-, sobre los jueces adjuntos; quizá la denominación más correcta ahora es la de adscritos: aquellos que han sacado la oposición, han pasado
por la Escuela Judicial y se encuentran sin órgano judicial propio. Nos gustaría que hiciera alguna valoración al respecto: su situación actual, cuántos son...; alguna información tenemos, pero nos gustaría confirmar su punto de vista.



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Otro tema importante; no quería tocarlo el señor Astarloa, como es habitual, pero lo toca; no se dice, pero se pone sobre la mesa. Vamos a ver, señor presidente, claramente: presupuestos, ¡claro que sí! ¿Cómo no se lo vamos a plantear,
si es fundamental y vital? Pero muy por encima, no estamos en el debate de presupuestos. Algo decía usted, sin contestar a ninguna pregunta, en diciembre; no el día 30, fue el 23, hubo un pequeño lapsus en su comparecencia del otro día. No
compareció aquí el 30 de diciembre, sino el 23; no era el día antes de final de año, pero sí era el día antes de Nochebuena. No tiene importancia. Quiero decir que, en esa fecha -por recordársela-, manifestaba, sin responder a pregunta alguna -y
me parece bien, aunque discrepemos; si lo pensaba, eso es lo correcto-, lo siguiente: El Gobierno -se refería al anterior- está haciendo un esfuerzo económico superior al de gobiernos anteriores en Justicia. Bien, vale; usted lo pensaba así. Le
voy a formular nuestra tesis claramente: ningún Gobierno ha priorizado suficientemente todavía el servicio público de la justicia; se lo reconozco aquí y ahora. Dicho esto, reconocemos también que durante la legislatura anterior se hicieron
esfuerzos subiendo el presupuesto anualmente en las cantidades que constan ahí, pero incumpliendo claramente el compromiso del Pacto de Estado por la justicia. Ese fue uno de los motivos -no el único, y quizás tampoco el más importante- por los que
se rompió, don Ignacio, el Pacto de Estado. Ahora, yo me permito hacerle una pregunta, no sin antes hacer el paréntesis siguiente: no me diga eso de que hemos defraudado sus ilusiones, porque no voy a poder creerle; me parece que este Gobierno no
le ilusionó a usted demasiado cuando ganó las elecciones. De modo que ese sentimiento de desánimo por las consignaciones, frente a las grandes expectativas que tenía... En fin, aparte de la broma dialéctica, le pregunto esto: ¿Considera usted que
el esfuerzo global que se hace este año en la sección 13, Ministerio de Justicia, del 8,61 por ciento, es importante sobre el que ya se venía realizando anteriormente? Lo digo teniendo en cuenta que el esfuerzo anterior era el máximo que se había
hecho hasta ese momento, y aunque consideremos insuficiente el de este año porque nos gustaría que fuera mayor.



Voy rapidísimo, señor presidente, y telegráfico, pero los temas tienen interés. Este presupuesto pretende dar solución al problema de los jueces adscritos. No sólo el presupuesto, sino también la política que se lleva a cabo; no obstante,
el presupuesto pretende la creación de 250 órganos jurisdiccionales nuevos durante el año próximo, así como 135 plazas de fiscales, 75 de secretarios, también de auxiliares, administrativos y agentes, seis de médicos forenses, etcétera; es decir un
esfuerzo grande; quizá sea insuficiente, pero es un esfuerzo fuerte. Entonces, le pregunto lo siguiente: en cuanto al número de jueces, ¿cuál es su consideración de la planta y de las necesidades? Si hubiera mucha variación entre lo que decía
hace unos meses y lo que pueda decir ahora, me gustaría que nos explicara el porqué; si no, no sería necesaria la explicación.



El siguiente asunto lo quiero tratar con exquisitez, pero tengo que decírselo, porque me veo en la obligación de hacerlo. Se han tocado dos cuestiones de presupuestos. La Cámara ha ampliado el presupuesto del Consejo General del Poder
Judicial -estamos camino de la aprobación definitiva- y el aumento nos parece razonablemente positivo, aunque seguro que siempre será insuficiente. Por cortesía interinstitucional, que tiene que existir y que va a seguir existiendo, no solemos
tocar estos temas; sin embargo, se ha hecho alusión -y ha aparecido alguna información pública sobre ello- a determinados gastos suntuarios del Consejo General del Poder Judicial. Sólo le hago una reflexión sobre ello, y no quiero ni que me
conteste: tenemos la convicción de que el dinero público se trata con escrúpulo y se controla absolutamente; estamos convencidos de que es así, y no quiero que me conteste, pero no quiero que haya ningún tipo de duda sobre que se hace un gasto
efectivo y controlado del dinero público.



Carga de trabajo: ¿Podría hacernos alguna reflexión sobre el sistema de medición de la actividad en la carrera judicial, por el cambio que hubo en la adjudicación? Tenemos alguna duda sobre si ha sido positiva o no, créame; pero lo
importante es el resultado, y que sirva para los fines que se pretenden. Sin embargo, me pregunto -no lo afirmo- si no tenemos un gasto excesivo para los resultados que se han producido hasta el momento; insisto en que no afirmo, sino que
pregunto. Esto desde el punto de vista del sistema de medición, de los módulos. Por otra parte, quizás quiera hacer alguna referencia a cómo está la situación general de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la carga de trabajo, en función de
la aplicación de los módulos. Si tiene información global a mano, le agradecería que nos la facilitase; si no, no pasa nada.



Le agradecería que hiciese alguna pequeña indicación sobre el esfuerzo en modernización; si se continúa haciendo. Sobre todo, en implantación...



El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, ha consumido su tiempo. Se lo informo, a efectos de que se lo administre.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Intentaba sintetizar, señor presidente.
Voy a hacerlo todavía más, si soy capaz.



Sólo repasaré algunos temas más, para reflexión. Sobre sistemas informáticos y de modernización tecnológica -sobre aplicación de nuevas tecnologías-, me gustaría saber si los ritmos continúan razonablemente; cómo lo ve usted. El portavoz
de CiU mencionaba la valoración del servicio al ciudadano; también nos preocupa a nosotros. Cómo va la evolución del número de quejas por dilación y por organización, que venía creciendo de forma alarmante durante los años anteriores; ¿cómo está
en 2004? El desarrollo de los juicios rápidos


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nos parece positivo, teniendo en cuenta una preocupación que ha expresado también el portavoz del Grupo Popular. ¿Por qué este impulso -grande- de los juicios de faltas, y este decrecimiento de procedimientos abreviados durante el primer
semestre de 2004? ¿Hay alguna razón que hayan podido estudiar? Me gustaría que nos diese alguna pequeña indicación sobre el servicio de inspección, si considera usted que puede hacerla; ya se lo he mencionado anteriormente.



Por otra parte, no puedo dejar pasar hasta el turno siguiente una mención que ha hecho, señor presidente, de la que discrepamos: su valoración de la ley de violencia de género. Se lo digo con la máxima cordialidad, pero empezamos a echar
de menos alguna disculpa del Consejo General del Poder Judicial; y, si pudiera ser por boca de su presidente, mejor. Se puede discrepar desde el punto de vista técnico-jurídico todo lo que se quiera, pero sobre la oportunidad de la norma y lo que
esta tiene que regular corresponde decidir al órgano soberano, que es el Parlamento de este país. Todavía, después de haber sido aprobada la norma por unanimidad, están realizando ustedes manifestaciones, no solo desde el punto de vista
técnico-jurídico, sino también desde el punto de vista político y de oportunidad. Se lo digo cordialmente. Lo están haciendo su portavoz y algunos otros miembros del Consejo. Si se habla como portavoz del consejo, y no a título individual, y uno
no es desmentido, es que sigue hablando como portavoz del Consejo. Se lo digo de verdad, en nombre de mi grupo parlamentario: el mismo respeto que de él obtiene el Consejo General del Poder Judicial, el mismo se merece este Parlamento por parte de
ustedes. Algo que hemos aprobado por unanimidad no merece descalificaciones desde el punto de vista político, como las que se están produciendo. Se lo digo con serenidad, pero con la lealtad -créame- que tiene que presidir estas intervenciones en
una democracia fuerte y consolidada.



Finalmente, le voy a hablar de un tema más interno, que nos preocupa algo menos desde el punto de vista político. Sin embargo, es de funcionamiento del Consejo, y creo que es de interés porque afecta también a los ciudadanos. ¿Cómo está el
desarrollo de la actividad reglamentaria del propio Consejo General del Poder Judicial? Le pregunto sobre el funcionamiento del servicio de inspección en relación con las comunidades autónomas. ¿Tenemos arbitrado algún sistema de coordinación y
conexión con los distintos territorios? ¿Cómo está un poco por encima esa situación? Nos preocupa, y esto afecta al conjunto, porque no es ninguna cuestión de sectores, sino que son informes que afectan a los ciudadanos y que emite en
reclamaciones patrimoniales que realizan las personas que se ven afectadas por un funcionamiento anormal de un servicio público y sobre las que tiene que informar el Consejo. Alguna queja nos ha llegado al grupo parlamentario en el sentido de que
tardan un año o año y medio de media, incluso más, en ese informe previo que pasa luego al ministerio en estas reclamaciones patrimoniales. Si eso es así, ¿a qué es debido? ¿Tenemos alguna posibilidad? Tal vez no sea posible, pero le traslado una
queja de una serie de ciudadanos que lamentan esta demora y este retraso.



Para no extenderme más -habría más temas, pero no se pueden agotar, lógicamente, en una mañana-, quiero agradecerle nuevamente, al margen de las discrepancias, su información y su satisfacción y alegría por estar en la casa del pueblo, que
-insisto- es la de todos, incluida la del presidente del Tribunal Supremo y la del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos.
Posteriormente, procederemos a la respuesta del presidente del Consejo General del Poder Judicial. (Pausa.)


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Tiene la palabra el presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): En primer lugar, señorías, deseo agradecer todas las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia, y quiero hacerlo
desde dos aspectos: en primer término, por el respeto institucional en que se han producido y, en segundo término, porque es bienvenida, y créanlo que lo digo con total sinceridad, cualquier crítica que se haga o que se me haga -y personalizo como
presidente del Consejo General del Poder Judicial- por parte de los representantes del pueblo español, que son sus señorías. Nunca esta Presidencia reprochará a ningún parlamentario que efectúe una crítica constructiva, como no tengo la menor duda
que han sido las que esta mañana se han verificado en esta sala, sobre el funcionamiento y la situación de la justicia. Todos debemos coadyuvar a su engrandecimiento, a su normalización, a eso estamos todos comprometidos, y principalmente esta
Cámara.



Lamento que no esté presente el señor Mardones, pero le quiero contestar telegráficamente. En primer lugar, dijo que agradecía la nueva estructura de la memoria. Evidentemente, no es sino reflejo de un mandato de esta Cámara, que, como
todos los que se nos efectúan, lo hemos cumplido en plenitud. Me decía que estaba preocupado por las tasas de pendencia, por las tasas de litigiosidad que existían en Canarias, y preguntaba cómo veía esta Presidencia ese efecto. La tasa de
litigiosidad es inherente a un incremento de la actividad comercial, de la producción, de la actividad social, del estamento sociológico, y de eso nos debemos felicitar todos. Naturalmente, cuando hay mayor actividad económica en un país, en una
región, en una zona determinada se producen más relaciones jurídicas, más tráfico jurídico-económico y, como consecuencia de ello, una


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mayor litigiosidad, porque siempre todo tráfico jurídico-económico genera discrepancias. Yo creo que ahí está la razón de que dado el auge que está tomando Canarias tenga una tasa de litigiosidad alta.



Sobre la pendencia me referiré después, porque creo que guarda relación con otro aspecto sobre el que se han interesado SS.SS., que es la planta judicial, sobre cuál es la planta judicial idónea. Esa nueva planta judicial o esa planta
judicial a que debemos llegar tiene que tener su impronta en el territorio de Canarias. Decía que estaba preocupado singularmente por el incremento de la litigiosidad en el orden contencioso-administrativo. De todos es conocido, y no descubro nada
nuevo, el incremento edificatorio que ha tenido Canarias, sobre todo en las costas. Naturalmente, esto implica una serie de relaciones jurídico-administrativas con los planes de ordenación urbana, el establecimiento de impuestos, de cargas
patrimoniales, incluso abastecimiento de aguas y demás servicios que se prestan, lo cual conlleva una mayor litigiosidad administrativa. Seguramente, cuando ordenemos la nueva planta judicial Canarias tendrá que tener una mayor estructura judicial.



Me hablaba también de la Ley Concursal y de qué consecuencias habíamos extraído desde su implantación. Obviamente, no tenemos todavía consecuencias. ¿Por qué? Porque la Ley Concursal y los juzgados de lo mercantil han entrado en
funcionamiento en el mes de septiembre, estamos en el mes de noviembre y tenemos pocas estadísticas, poca experiencia, poco conocimiento de datos que nos permita hacer una evaluación de la marcha de la Ley Concursal en el aspecto de los juzgados de
lo mercantil que la van a desarrollar. Lo único que sí puedo decir a SS.SS. es que estamos muy ilusionados con esta ley, pues creo que va a dar una gran respuesta a una demanda social a toda esta problemática que entraña el problema del deudor
común y de las relaciones jurídico-administrativas, jurídico-mercantiles en el mundo de la economía. Creo que con esto doy respuesta a todo lo que ha suscitado el señor Mardones.



Señora Uría, en primer lugar, tengo que pedirle las máximas disculpas por la interceptación que sufrió con motivo de la apertura del año judicial a la que asistió su señoría. Obviamente, fue un defecto de funcionamiento de alguno de los
servicios de seguridad de la casa, que en este caso se ven complementados con los de la Casa Real por la presencia de Su Majestad el Rey y que de alguna manera no consideraron que S.S. tenía -aunque la tiene plenamente- la apariencia de
personalidad o de autoridad. En cualquier caso, señora Uría, es un fallo menor. Yo le pido en nombre del Tribunal Supremo de España las máximas disculpas por ello.



Su señoría ha hecho referencia, aunque no lo ha dicho expresamente, a que había pocas mujeres en el Tribunal Supremo. Efectivamente, hay pocas mujeres en el Tribunal Supremo, pero ya tenemos tres, y las tenemos gracias a este Consejo,
porque hasta la llegada de este Consejo no había ninguna mujer en el Tribunal Supremo. Tenemos tres mujeres en el Tribunal Supremo que están desarrollando una eficaz labor y que han sido designadas por este Consejo. El déficit de mujeres en el
Tribunal Supremo no se debe a que el Consejo General del Poder Judicial sea reacio a que las mujeres estén en la más alta magistratura de la nación, sino a que para llegar al Tribunal Supremo se necesita un recorrido de mérito y capacidad en el que
todavía, por la incorporación tardía de la mujer a la carrera judicial, no se van superando los tiempos necesarios para conformar esos méritos y esa capacidad. ... (Página ) la comparecencia posterior, me voy a remitir a lo
que en ese momento comentemos.



Se refería S.S. también a los módulos de trabajo de los jueces. El ámbito judicial es el único donde hay una exacta valoración de la actividad que cada juez o cada magistrado desarrolla, que no existe en otros cuerpos de la Administración
General del Estado. Yo le puedo decir a su señoría, de cualquier juzgado que me designe, cuál es la carga de trabajo, el porcentaje de pendiente que tiene, la carga de sentencias que ha puesto, los asuntos despachados, etcétera; tenemos una
información al día, y esos módulos de trabajo están siendo revisados ahora -a lo que me he referido ya en mi exposición, por eso a ello me remito- por medio de lo que nosotros venimos denominando la evaluación del desempeño.



Se mostraba extrañada S.S. porque en la página 29 de la memoria de 2004 se recoge que se habían resuelto 381 recursos y, naturalmente, sumaba 37 más 44. Vamos a ver si se lo aclaro. En ese cuadro, el total de los recursos incoados es de
405, que se desglosan en: de alzada, 369; de revisión, 6; de reposición, 31, y los 37 que figuran en resueltos es una cifra que por error se ha consignado ahí. Esas tres partidas, 369, 6 y 31, son una especificación de la naturaleza de los
recursos incoados. El segundo apartado, como correlato de los recursos incoados, son los resueltos, que se dividen en dos apartados: los resueltos de los pendientes a fin de 2002, que son 44, y los recursos del año resueltos en 2003, que son 381.

Lo que ha inducido a error a S.S. es la consignación de una cifra, 37, que no debía de figurar en ese sitio. Es un error, pero quiero darle esta explicación, porque el volumen de asuntos resueltos ha sido 44 más 381, que son 425 asuntos en total.



Su señoría también decía que las diligencias informativas o las resoluciones que adoptaba la comisión disciplinaria eran motivadas por retrasos y por desconsideración hacia el tratamiento que debía observarse con otros intervinientes en el
proceso. Señoría, estamos totalmente volcados en sancionar todo aquello que represente una dilación. Bastante tenemos ya con estar operando en el siglo xxi con unos procesos y procedimientos jurisdiccionales del siglo xix, para que encima


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se duerman los asuntos por culpa de nuestros jueces o de quien tengan que resolver. La comisión disciplinaria sanciona los retrasos porque producen una lesión de un derecho fundamental, como es la tutela judicial efectiva, a la que todos
estamos obligados.



Decía S.S. que las lenguas autonómicas tenían que ser un requisito de capacidad. Ese es un problema de lege ferenda y, precisamente, el informe solicitado al Consejo sobre la proposición de ley que se formuló en este Parlamento va a ir al
próximo Pleno, que es el miércoles que viene, y si se ha retrasado fue porque tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial, creo recordar, a finales de julio -no tengo conciencia cierta en este momento de cuándo entró-, nos cogió el mes de
agosto, que son vacaciones, y con la actividad del mes de septiembre hemos tardado dos meses. Efectivamente, es un retraso y debería haberse actuado más rápidamente. Lo que sí es cierto es que en este momento el conocimiento de la lengua
autonómica es un requisito de mérito que se viene aplicando, aunque no es requisito de capacidad, y no es requisito o no debe ser requisito de capacidad por la movilidad de los jueces, porque el Poder Judicial es único, y los jueces hoy están en una
comunidad autónoma y mañana pueden estar en otra. Si nosotros exigimos como requisito de capacidad el conocimiento de una lengua autonómica, o estamos condenando al juez a que esté permanentemente en un lugar en la comunidad autónoma de la que ha
adquirido conocimiento de la lengua o impedimos la movilidad judicial que es deseable.



Decía S.S. que no trasladábamos a la memoria la emisión de los votos particulares a los informes que emite la comisión de estudios e informes.
Los votos particulares se unen a los informes, se tramitan y se remiten en las proposiciones de
ley o en lo que esta Cámara solicita, y los conocen sus señorías. No hay que incorporar en una resolución o en una dación de cuentas como es una memoria cuántos votos particulares tiene cada informe.



Por último, se ha referido S.S. a la evaluación de los eméritos. Decía que si nosotros le vamos a dar, como en la modificación de la ley orgánica que está en tramitación en esta Cámara, el derecho a los magistrados jubilados del Tribunal
Supremo a persistir en la actividad jurisdiccional, tendría que hacerse una evaluación de los méritos. Esa evaluación, señoría, puede tener la certeza de que la hace la Sala de gobierno antes de pasar al Consejo y nombrarles eméritos. Hay un
conocimiento previo desde la ley provisional que tuvo vigencia desde 1870 a 1985, en la que ya se establecía que los magistrados del Tribunal Supremo se jubilaban a los 72 años y tenían tres prórrogas de edad hasta los 75, si a juicio de la Sala de
gobierno estaban en condiciones de seguir impartiendo justicia. Hoy no se sigue haciendo una evaluación, pero como son magistrados del Tribunal Supremo la Presidencia y la Sala de gobierno del mismo, que está compuesta, como S.S. sabe, por los
presidentes de las salas jurisdiccionales y cinco magistrados elegidos por los miembros del Tribunal Supremo, conocemos cómo está la situación de cada uno de nuestros compañeros, y tengan la seguridad de que cada uno de los eméritos que se nombra
tiene las condiciones psíquico-físicas para seguir desempeñando el cometido de magistrado del Tribunal Supremo. Creo que he dado respuesta a todo lo que a S.S. le ha interesado. Si no fuera así, le pido disculpas.



Señor Jané, de Convergència i Unió, decía en una primera consideración, en cuanto al funcionamiento del Consejo, que el mismo está dividido. Me permito referirme a la segunda parte de esta comparecencia en la que hablaremos del tema.
Quiero decirle que el funcionamiento del Consejo, luego lo pondré de relieve, no ha sido en absoluto partidario ni partidista ni insensible a otras sensibilidades. El pleno del Consejo en los nombramientos -que, como S.S. ha dicho, parece que es
lo único que interesa- ha sido sensible a esas distintas sensibilidades que conforman la carrera judicial, porque estamos hablando de la proyección o del recorrido profesional de ésta; no estamos hablando de una equivalencia entre la conformación
de una Cámara o de cualquier otra situación con la del Consejo General del Poder Judicial, sino que tenemos que referirnos a la carrera, que es donde están las sensibilidades, y a la que se promociona es a la carrera judicial.



Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho S.S. y de hecho lo hemos implantado ya. El informe preceptivo de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo y de la Sala de gobierno de los tribunales superiores de Justicia en los
nombramientos para magistrado del Tribunal Supremo es un requerimiento facultativo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para la comisión de calificación y creo que debe hacerse uso de esa facultad que dicha comisión de calificación tiene
para obtener información y complementar la que se tenga de los candidatos a seleccionar para magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los TSJ.



Del reforzamiento del quórum hablaremos más tarde.



Revocaciones en el orden civil y en el derecho de familia o en los juzgados de Familia. Se preocupaba S.S. de que el 36 por ciento en el orden civil y 38 por ciento en el orden familiar o en la subsección del derecho de familia fuera
objeto de revocaciones. No me preocupan las revocaciones, señoría, porque eso da seguridad jurídica. Lo que me preocuparía es que por un afán de no tener tanta meticulosidad en la decisión, se perseverara en una injusticia. Cuantas revocaciones
haya, bienvenidas sean porque no se consagra una injusticia que se podía haber cometido. Eso conlleva un mayor esfuerzo, pero también una seguridad jurídica de los ciudadanos, que ven satisfechas sus demandas jurídicas, en la medida en que se
entienden acertadas.



En cuanto a la dilación en los tiempos de respuesta, hemos mejorado sustancialmente, señoría. Salvo en las grandes ciudades y en núcleos poblacionales muy congestionados, los tiempos de respuesta están en el orden


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en que se sitúan en el País Vasco, los cuatro meses. Hay algunas excepciones, por ejemplo, Madrid, Canarias, Valencia, pero fíjese como se producen en aglomeraciones o concentraciones de ciudadanos o de actividad. No se producen en
territorios con una población más diseminada.



Se preocupaba S.S. también porque se habían desestimado determinados porcentajes de las órdenes de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Primero que es un tema jurisdiccional y no debía entrar, pero tratando de hallar una
explicación, en algunos casos la orden de protección se busca por las interesadas como una medida de afianzamiento de una posición para un pleito posterior o para el propio pleito de separación o de divorcio que están persiguiendo. De ahí que se
desestimen cuando no se ve que concurren las circunstancias. Otro factor que incide es que muchas de estas medidas se quedan sin efecto como consecuencia de que las propias interesadas piden su cancelación, porque en el terreno de la violencia
doméstica juega una serie de factores entre los cuales está nada menos que el afecto personal que sienten, y algunas mujeres y algunos hombres también, a pesar de seguir maltratados, siguen teniendo afecto al maltratador o a la maltratadora, que me
da lo mismo el caso que sea porque también hay casos de violencia psíquica, no solamente física.



Del informe sobre la proposición de ley que a iniciativa de su grupo se está tramitando sobre el uso de las lenguas autonómicas, ya le he informado que está elaborado por la comisión de estudios e informes y se llevará al pleno del próximo
miércoles.



El modelo de Escuela Judicial. Nuestra Escuela Judicial, junto con la francesa, es -nos vanagloriamos de ello- un modelo referente en casi todos los países de Europa y de Hispanoamérica. Es un modelo de Escuela Judicial, de formación
judicial de nuestros jueces que está sirviendo de ejemplo y que está tomándose como modelo en otros países. La Escuela Judicial de Barcelona está cumpliendo su cometido, y su proyección futura es la que demanden las necesidades de formación que el
Consejo entienda que debe darse a los jueces cuando inician, y si esto no se produjese así, en la formación continua.



Decía S.S. también que qué entendía que había sucedido para que en los jueces sustitutos, con una previsión de un gasto de 9 millones de euros, hubiéramos pasado a 34. En este momento tenemos totalmente cubierta la planta judicial en la
categoría de juez, y las sustituciones lo son por efecto de haber tenido que dar plaza como jueces adscritos a los jueces de las dos últimas promociones, que están recién iniciados. A eso se debe y luego a las sustituciones normales, porque hoy día
los jueces sustitutos solo operan en las sustituciones normales, porque la planta judicial en la categoría de juez la tenemos cubierta; sí tenemos déficit, sin embargo, en la categoría de magistrado. Eso va a relacionarse también con lo que luego
hablaré sobre la planta judicial y ya tenemos cifrado, puedo anticipárselo a sus señorías, el número de jueces que entendemos que necesitamos en órganos jurisdiccionales para completar la planta judicial en todo el territorio nacional.



No sé, señoría, si me queda algo por contestar; si es así, vuelvo a decirle también como a la señora Uría que le pido disculpas.



Señor Astarloa, del Grupo Popular, en primer lugar muchas gracias por el reconocimiento a esa relación que mantuvimos, ya hace años, cuando S.S.
era secretario general de esta casa y yo era miembro de la Junta Electoral Central, en la que
coincidimos durante cuatro o cinco años al desarrollar las tareas propias de nuestros respectivos cargos. Su señoría decía que estábamos en un tiempo de esperanza para el mundo de la justicia. Lo comparto plenamente. Teníamos -y yo sigo teniendo-
ilusión por la justicia, porque veo además que los trabajos que hemos venido realizando van convirtiendo esa ilusión en una realidad. Estamos viendo -y lo tenemos en los datos que he aportado a SS.SS. en la mañana de hoy sobre el ejercicio de
2004- como vamos reduciendo la pendencia, como vamos reduciendo los tiempos de respuesta, como vamos mejorando en todos los sentidos y tengo esperanza en que eso continúe.



Hablaba S.S. del consenso. Naturalmente que estoy por el consenso y de ahí que haya predicado, en todas las partes en que lo he hecho, la adhesión absoluta y total al pacto que se firmó en mayo de 2001 para la reforma de la justicia;
pacto que, entiendo, se tiene que reactivar, y todo aquello que allí estaba y que está se debe poner en marcha; todo aquello que se consideró bueno, con un afán de permanencia y con independencia de quién estuviera en el poder en cada momento
-porque el pacto tenía un espíritu de permanencia y de continuidad en el tiempo-, no se debe orillar, sino que creo que el partido que está ahora en el Gobierno y el Gobierno legítimo que nos gobierna debe apostar por el Pacto de Estado para la
reforma de la justicia y seguir lo que en dicho pacto se trazaba.



Me decía S.S. también que varias cuestiones quedaban pendientes de desarrollo, entre ellas la planta judicial. Sobre la planta judicial, el servicio de inspección y otros servicios del Consejo han hecho dos estudios diferentes y hoy puedo
decir en esta Cámara que, según me informó ayer el jefe de la inspección, se ha hecho el ensamblaje de los dos estudios y en este momento se considera que se necesita del orden de 380 órganos jurisdiccionales para completar la planta judicial. Nos
causa verdadera satisfacción que el Gobierno de la nación haya previsto para el año 2005 250 juzgados, lo cual quiere decir -si esas previsiones se aprueban, si por el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobamos la planta y se realiza la
estructura judicial de España conforme a ese modelo que hemos confeccionado- que con 130 juzgados u órganos jurisdiccionales que se implanten en el año siguiente, tendríamos cubierta la planta judicial. Ahora, señorías, también hay


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que decir que esa no es labor de esta anualidad ni de 2003; es que llevamos mucho tiempo formando jueces para el Poder Judicial español.



Hacía también mención su señoría, como otra causa pendiente de desarrollo, a la nueva Ley de violencia sobre la mujer y a la orden de protección.
Creo que lo que tiene que haber ahí es un ensamble entre ambas legislaciones, que se va a
producir de todas maneras, pero creo que legislativamente se podría hacer, mejor a que lo hiciéramos luego los jueces al aplicarla. Indudablemente, la orden de protección de las víctimas de la violencia ha demostrado su efectividad, aunque no en la
medida en que todos hubiéramos deseado, ya que no se han venido reduciendo los casos de violencia doméstica y los casos con muerte, pero lo que no sabemos es, si no se hubiera hecho esa orden de protección, qué consecuencias estadísticas hubiéramos
tenido; las que tenemos no son deseables, pero entiendo que de alguna manera eso ha contribuido a que no sea más grave el execrable acto de la violencia doméstica.



Me hablaba también S.S. de los planes de refuerzo. Los planes de refuerzo que hemos implantado en 2003 y en 2004 han sido efectivamente positivos.
Puedo comunicar a SS.SS. que, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Madrid se ha
pasado de 18 ó 19 meses de retraso a 9 ó 10 meses con los planes de refuerzo. Hemos reducido los tiempos de respuesta casi a la mitad y de ahí que apostemos por los planes de refuerzo, en la medida en que estamos ante una situación coyuntural de un
remanso de una pendencia que viene arrastrándose por déficit de años anteriores, pero no de años anteriores próximos, sino que viene, no diré desde tiempo inmemorial, pero sí, por lo menos, desde hace 15 años. Todo ese remanso se va produciendo
paulatinamente y tenemos que propiciar unos planes coyunturales que nos permitan no tanto sacar lo que entra, sino sacar lo que está allí remansado, de manera que el flujo de entrada y salida sea uniforme, que es a lo que debemos llegar, con un
tiempo de respuesta normal, que son los 3 ó 4 meses.



La estadística es fundamental -estoy de acuerdo con S.S.- y la hemos reforzado. Como decía hace un momento, actualmente estamos en la situación de conocer perfectamente la actividad que tiene cada juzgado.
Su señoría me puede preguntar por
el juzgado que quiera, que con una consulta al servicio de estadística sabemos en qué situación está, qué hace y cuál es el rendimiento que tiene cada juez. En los juzgados de lo Mercantil, he de decir a S.S. lo que ya he contestado hace un
momento y es que llevamos un par de meses de implantación de estos juzgados y no tenemos todavía datos ni estadísticas suficientes para hacer una evaluación sobre la bondad del sistema.



Su señoría ha formulado unas críticas presupuestarias. Me va a permitir que no diga nada a este respecto porque me encuentro en la casa donde se está tramitando el proyecto de ley de los presupuestos del Estado que ha presentado el Gobierno
y no me parecería oportuno interferir en la labor legislativa de esta Cámara al dar mi parecer sobre si los presupuestos que se han efectuado para Justicia son suficientes o no lo son. Creo que todo lo que se presupueste para Justicia siempre es
insuficiente porque partimos, no diré que de cero, pero sí de 2, mientras que otros están en 10, y subir un 10 por ciento de 2 es un 0,20, mientras que subir un 10 por ciento de 10 es 1, y eso es lo que nos sucede con Justicia.



Señor Villarrubia, la deslegitimación y la desnaturalización a las que S.S. ha hecho referencia lo veremos en la segunda parte de esta comparecencia.



Naturalmente que estamos preocupados por la pendencia. Decía hace un momento que la pendencia es el mal que aqueja a nuestra justicia.
Comprobamos con satisfacción -y lo estamos haciendo cuando comparecemos en foros internacionales- como
los jueces españoles gozan de una preparación yo diría que superior a la media de nuestro entorno socioeconómico. Me estoy refiriendo a la Unión Europea, jueces belgas, franceses, ingleses, italianos... Eso no es autocomplacencia, es la realidad;
sin embargo, fallamos en los tiempos de respuesta, y, como decía su señóría, una respuesta judicial a los cuatro años puede quedar muy bonita pero pierde todo su contenido y su razón de ser. Estamos preocupados en todos los órdenes jurisdiccionales
y en todos los tribunales de justicia y, singularmente, en el Tribunal Supremo, ya que este tiene que dar respuesta adecuada en tiempo y en forma, porque él debe ser el espejo en el que se mire toda la carrera judicial y porque la labor fundamental
del Tribunal Supremo es irradiar su jurisprudencia, su interpretación de la ley, para que sirva de norte y guía a los tribunales inferiores. Estamos acometiendo, no solo en la Sala tercera del Tribunal Supremo, que tiene 21.000 asuntos -la Sala
primera tiene 10.000 ó 12.000 asuntos, y también nos preocupa-, unos planes de refuerzo y estamos conformando una Sala de admisión porque el Tribunal Supremo no puede ni debe convertirse en una tercera instancia judicial, sino que debe quedar
reservado para la función que al Tribunal Supremo le compete, que es administrar justicia interpretando la ley de manera uniforme, dando seguridad jurídica a los litigantes, a la justicia en general, y sirviendo de faro, norte y guía a los demás
tribunales. Naturalmente una de las medidas es reforzar las salas o secciones de las salas que están dedicadas a la admisión de los recursos de casación, y para eso vamos a reforzar y hemos discutido el otro día con el Ministerio de Justicia,
concretamente con el secretario de Estado y el director general, para crear unos planes de refuerzo del gabinete técnico y de los magistrados que conforman las distintas jurisdicciones. Todavía tenemos que mejorar salas que teóricamente van bien en
referencia con otras, como es la cuarta, la Sala de lo Social, que tiene un retraso que no llega a un año en el despacho de asuntos, pero si lo hacemos en seis meses, que es el tiempo que puede durar la tramitación de un recurso de casación, mucho
mejor; la Sala segunda de lo Penal igual que ésta, y la Sala quinta de


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lo Militar no tiene ningún problema porque apenas tiene carga judicial.



Preguntaba S.S. que cuál había sido a mi juicio la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo creo que positiva, lo que pasa es que esta ley llevaba una carga adicional de la implantación de unos métodos mucho más sofisticados,
un cambio radical en cómo había que producirse, no solamente en los jueces, sino en el visionado, en la filmación de las causas, y hasta que no se ha dotado de los medios materiales necesarios a las distintas salas y tribunales no ha tenido una
efectividad, ha supuesto más bien un cierto entorpecimiento en el discurrir normal de los procesos, pero subsanados esos defectos, que ya lo están, creo que la actividad es muy positiva.



¿Cuántos jueces sustitutos y magistrados suplentes tenemos? En este momento y con la Ley de planta, si vamos a completarla con los 380 juzgados que se estiman necesarios, necesitaremos una planta de jueces sustitutos nada más que para
cubrir aquellos casos de vacaciones, de licencias que están permitidas o son ofrecidas por nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (permisos, licencias por maternidad, etcétera), y yo creo que deberíamos de tener un remanente de jueces
profesionales, o un exceso sobre la planta, para que esas suplencias se hicieran también por jueces profesionales. Creo que sería un buen logro el decir: la justicia española tiene 4.500 plazas de jueces, y además 500 que están para atender
necesidades puntuales. Así le daríamos al ciudadano la respuesta judicial a través de unos jueces profesionales que reciben la misma preparación que el titular, porque en el mundo jurídico hay mucha gente que piensa: hombre, me ha tocado un juez
sustituto; y algunas veces los jueces sustitutos son francamente buenos, pero el sentir popular es como cuando uno va al cirujano y no le opera el titular sino el ayudante; a lo mejor el ayudante es mejor que el titular de la prestación y, sin
embargo, no tiene la misma sensación quien recibe la prestación.



Modernización. Ya le he dicho en mi intervención inicial todo el esfuerzo que estamos haciendo en orden a la utilización de las nuevas tecnologías, íbamos a llegar incluso a la firma electrónica, como estamos haciendo. El punto neutro
judicial va a permitir y está permitiendo ya una intercomunicación entre las distintas Administraciones territoriales, me estoy refiriendo a ellas porque, como usted conoce, la Comunidad andaluza tiene un sistema informático diferente de la
Comunidad de Madrid y Madrid diferente de Valencia, y ese punto neutro lo que está permitiendo es la interconexión de todos ellos para que puedan utilizarse y tener actualizados los datos judiciales necesarios.



Comentaba S.S. su preocupación por la violencia de género. Señoría, tenga la seguridad de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha apostado desde el inicio por hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para suprimir
la violencia de género, la violencia doméstica, o como se quiera denominar. Estamos francamente preocupados, y las objeciones que se hicieron por el Consejo a la Ley sobre la violencia de género son puramente técnicas. Yo personalmente no he hecho
ninguna crítica a esa ley sino que la he alabado, tan solo tengo que censurar algunos aspectos técnico-jurídicos que entendíamos que no se correspondían con lo que debía atender la ley.



Por último, señoría, me decía que le interesaría conocer cuál era el desarrollo reglamentario interno del Consejo. Precisamente una de las inquietudes de esta Presidencia fue, y lo vamos a conseguir porque ya se está haciendo, hacer un
desarrollo íntegro de todos los reglamentos de la carrera judicial. En este momento hay tres, dos que están ya repartidos a las distintas comisiones, y yo espero que en el próximo ejercicio tengamos la satisfacción de tener íntegramente efectuado
el desarrollo reglamentario de nuestra Ley orgánica y del funcionamiento del Consejo.



Señorías, les reitero mi agradecimiento por todas cuantas sugerencias han formulado a esta Presidencia. Tengan la seguridad de que todas serán tomadas en consideración en la medida en que la actividad jurisdiccional y organizativa así nos
lo permitan, y que siempre son bien recibidas.



El señor PRESIDENTE: Señorías, si ustedes renuncian al turno correspondiente en este trámite, la presidencia sería altamente flexible en los contenidos de sus intervenciones en relación al siguiente punto del orden del día.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): Si me permite la Presidencia, estoy recordando que no he dado respuesta a una pregunta que considero importante, y que además el señor Jané ha hecho mucho
hincapié en ella, que es el tema del catalán y del valenciano, que cómo incluíamos nosotros en el Consejo el idioma valenciano. Señoría, yo creo que a nosotros como Consejo no nos corresponde realizar juicios científicos sobre la realidad de una
lengua, si es parte o no, si es distinta o no. Lo que sí le debo decir a S.S. es que el artículo 7 del Estatuto valenciano establece taxativamente que el idioma de la comunidad autónoma es el valenciano, y así lo denomina; los estatutos de las
comunidades autónomas, por aplicación del 147.1 de nuestra Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico y debo respetarlo. Nosotros no estamos denominando al valenciano, es que el estatuto de autonomía así lo hace y, por consiguiente, lo
consideramos como el idioma de la comunidad autónoma a que se refiere.



El señor PRESIDENTE: También sobre esta cuestión seríamos flexibles.



Señor Astarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, intervengo sobre esta cuestión para


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decirle al señor presidente del Consejo que efectivamente, aunque lo parezca oyendo lo que oye, todavía no se ha abolido el valenciano en las leyes en las que está recogido.



Por nuestra parte, señor presidente, lo que la Presidencia disponga nos parecerá bien.



- LA POSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS Y DE EMISIÓN DE INFORMES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000332.)


- LA POSICIÓN DEL CITADO CONSEJO EN RELACIÓN CON SU CAPACIDAD PARA REALIZAR NOMBRAMIENTOS Y EMITIR INFORMES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expedien­te
212/000347.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día. Se trata de dos comparecencias, una a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y la otra a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, ambas del presidente del Consejo General del Poder Judicial, para informar sobre la posición del Consejo en relación con el ejercicio de sus facultades en materia de nombramientos y de emisión de informes. Por acuerdo de la
Mesa, en reunión con los portavoces, del pasado día 3 de noviembre, se tramitarán acumuladamente.



Sin más rodeos, damos la palabra una vez más al presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, otra vez es para mí un honor intervenir en esta segunda parte de mi comparecencia ante ustedes. Esta comparecencia también la efectúo lleno de satisfacción y sabedor de que, como indiqué en la apertura del año judicial, aceptar la
constante dación de cuentas ante los españoles -ahora a través de sus representantes- imprime dinámicas de mejora constante y es además expresión de la profundidad efectiva de las convicciones democráticas. Comparezco también ilusionado por el
hecho de que mi presencia en esta Cámara sirva de cauce para hacer llegar a nuestros conciudadanos las razones inspiradoras de nuestras decisiones, preñadas, en mi opinión, de racionalidad y de actitud -de talante si se quiere- de servicio a la
sociedad.



Dicho lo anterior, pero también antes de entrar en esa información de las decisiones tomadas por el Consejo General del Poder Judicial en lo que toca a los dos aspectos que ahora nos ocupan, me veo obligado a resaltar una evidencia
constitucional motivado por el hecho de que sea la primera vez en la historia de España en la que un presidente del Consejo General del Poder Judicial comparece en el Congreso con otro objeto que el cumplimiento del mandato legal de presentación de
la Memoria anual. Tal evidencia es que la presente comparecencia no puede ser entendida como una aceptación de la presencia de una función de control por parte del Legislativo hacia el Poder Judicial, ni tan siquiera en lo referente a las tareas de
autogobierno desempeñadas por el mismo Poder Judicial.
Entenderlo acaso de aquella manera y confundir el principio político del gobierno responsable, inherente a la democracia parlamentaria, con un Poder Judicial controlable y controlado
políticamente, comportaría una erosión del principio de separación de poderes y otra, más grande aún, de la independencia judicial; independencia que, por cierto, no es un atributo personal de los jueces ni de los magistrados ni una conquista
corporativa para el más cómo desarrollo de nuestra función, sino que es la única opción organizativa válida para un efectivo imperio de la Ley y, por tanto, la mejor garantía para nuestros ciudadanos. Confío por todo ello que la presente
comparecencia será comprendida bajo tales parámetros y, en consecuencia, que discurrirá en términos de recta colaboración institucional; es la única manera, en suma, en la que resultaría constitucionalmente admisible, según ha quedado esbozado en
la reciente sentencia de 1 de diciembre de 2003 del Tribunal Constitucional.



Como digo, una vez hecha esta salvedad, debo insistir en que es para mí un gran placer informar a esta Cámara, y a través de ella a los ciudadanos españoles, de los nombramientos efectuados por este Consejo General del Poder Judicial y de
las causas por las que todos estos nombramientos se han realizado, así como de nuestras decisiones en materia de informes.
Pudiera ser oportuno, sin embargo, como premisa introductoria y antes de entrar en los números, y si lo desean SS. SS.
hasta en los nombres -expresivos por sí mismos- de los nombramientos producidos, resaltar, para la más atinada comprensión de cuanto después se dirá, que la atribución en el derecho comparado -Italia, Francia o Portugal pueden servir de ejemplo- de
funciones de gobierno judicial a instituciones específicas y distintas de los poderes ejecutivos tiene por único fin contribuir a la garantía de la independencia de la jurisdicción. La interposición, pues, de un organismo que haga de cortafuegos
entre la más pura actividad política y los jueces es la razón de la creación de tales consejos de la magistratura; una finalidad que sin embargo queda anulada si luego al Consejo General del Poder Judicial le fuera exigido -como parece desearse en
ocasiones- el traslado en su función de las cuotas de representatividad política alcanzadas en los procesos electorales. Tales organismos de autogobierno judicial ostentan por ello funciones finalísticamente encuadradas y ordenadas a


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aquel único objetivo de protección de la independencia judicial. El autogobierno judicial no es, en consecuencia, similar ni equiparable a las otras funciones públicas de sustancia política sino que es esencialmente tributario de la única
finalidad para la que ha sido creado. Debe el Consejo General del Poder Judicial responder entonces en su actuar, en sus decisiones, a canales de decisión distintos de los poseídos por las Cámaras y desde luego por los partidos políticos.
Olvidar
esta premisa constitucional -aunque entiendo que para algunos puede resultar dificultosa la comprensión de estos conceptos- y, perseverando en ese error, concluir que el Consejo General del Poder Judicial deba responder linealmente a las
sensibilidades políticas de los partidos mayoritarios, ahondaría en una dinámica de politización de la justicia con la que los ciudadanos no se muestran en absoluto de acuerdo, supondría también pretender torcer la tozuda realidad de la
imparcialidad diaria de jueces y magistrados y, llevado a sus últimos extremos, probablemente abocaría a la inconstitucionalidad de las leyes en las que tal cosa se establezca.



Estas han sido sustancialmente las razones, de la mano desde luego de la doctrina del Tribunal Constitucional, que nos han llevado, como digo, a oponernos en nuestro reciente informe, aprobado por el Pleno el 13 de octubre pasado, a un
proyecto de reforma legal -el aumento de la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos- que incorpora un principio político que desde el punto de vista ciudadano es desde luego irreprochable -el consenso-, pero que, sin embargo, trasladado a la
selección de determinados magistrados, por ejemplo los del Tribunal Supremo, comporta la introducción de vectores de naturaleza intrínsecamente política para la provisión de puestos que, por el contrario, debe responder a la más absoluta
despolitización.



En este sentido no creo aportar novedad alguna si digo que el Consejo General del Poder Judicial, cuya presidencia me honro en ostentar, no eludirá ninguna decisión, ninguna acción que le venga exigida por la defensa de sus competencias. Y
tanto más lo hará, obviamente, para defender lo que es nada menos que su razón constitucional de existir: la garantía de la independencia de los jueces y magistrados, lo que vale tanto como añadir el alejamiento de todos ellos, en su designación,
de criterios de politización.



En buena medida, los reproches que desde ciertas esferas le han sido formulados al Consejo General del Poder Judicial en sus decisiones de nombramientos responden a aquellas pretensiones de que se trasladen cuotas políticas al nombramiento
de jueces. Pero no podemos estar de acuerdo con semejante pretensión. Debo indicarles ya sin demora que al efectuar todos sus nombramientos el Consejo se ha sujetado a los principios de mérito y capacidad de los nombrados y, a lo sumo, ha valorado
las distintas formas de entender la función jurisdiccional por jueces y magistrados. De modo destacado se ha sujetado además a la doctrina del Tribunal Constitucional.



Recuerda así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la sentencia de 29 de julio de 1986, al abordar las relaciones entre la política y las funciones de gobierno judicial, la existencia de un consenso implícito sobre la necesidad de que
el mismo Consejo encarne las distintas corrientes de pensamiento existentes en la carrera judicial, pero no las que ostente la sociedad en su conjunto. A ello añade el supremo intérprete de la Constitución que el mismo fin perseguido al crear el
Consejo es asegurar la presencia en él de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de los jueces y magistrados en cuanto tales, es decir, añadiendo con claridad: 'con independencia de cuáles sean sus preferencias
políticas como ciudadanos'.
Con ello el Tribunal Constitucional abunda, según queda dicho, en la naturaleza de colchón del Consejo General del Poder Judicial entre la acción política y los jueces en garantía de la independencia judicial.



Añade a todo ello luego el Tribunal Constitucional que se corre el riesgo de frustrar la misma finalidad de la existencia del Consejo General del Poder Judicial si las Cámaras olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios
admisibles en otros terrenos, 'pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos'. Y finaliza: 'la
lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial'.



Como vemos, según las enseñanzas del Tribunal Constitucional, la pretensión de que el Consejo General del Poder Judicial efectúe sus nombramientos trasladando las cuotas de representatividad trasunto de las sensibilidades políticas de los
ciudadanos, supondría herir de muerte la independencia judicial y lastrar de modo definitivo la credibilidad de nuestra justicia. Nada de ello ha hecho, sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial en su actuación. Por el contrario, se ha
sujetado a puros criterios de mérito y capacidad en sus designaciones. Acaso sea precisamente esto lo que le sea veladamente reprochado. Pero pasemos a observar los números, y si se quiere también los nombres, para poner de manifiesto la verdad;
una verdad que prevalece por sí misma y de la que, por cierto, ya ilustré al excelentísimo señor presidente del Gobierno en una carta que le remití con presteza en cuanto en algunos medios de comunicación surgió la equivocada noticia de que el
Consejo General del Poder Judicial aplicaba un supuesto rodillo político en sus nombramientos.



Este Consejo General del Poder Judicial ha tenido el honor de nombrar a 16 magistrados del Tribunal Supremo. De ellos, cinco pertenecían a la Asociación Jueces para la Democracia, cinco a la Asociación Profesional de la Magistratura y seis
no se encontraban asociados. Como digo, los números son tozudos y ponen de manifiesto


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no sólo la inexistencia de un pretendido y falso rodillo, sino que también revelan que las razones de los nombramientos -repárese en los seis no asociados que han alcanzado su designación- deben discurrir por cauce distinto de la política:
el mérito, la capacidad y el prestigio de todos los nombrados. Y prevalece la verdad de manera más evidente aún si se repara en que la representatividad de Jueces para la Democracia gira en torno a un 5 por ciento en las recientes elecciones a sala
de gobierno y el 10 por ciento sobre el total de la carrera judicial, y que cinco de los seis nombramientos le han correspondido a sus asociados, en paridad absoluta, por cierto, con la Asociación Profesional de la Magistratura, aquella que por
algunos se afirma tendría mayor sintonía en sus planteamientos de carrera con los ostentados por la mayoría del Consejo.
Lo propio se revela con los dos nombramientos de presidente de Sala del Tribunal Supremo producidos, de los cuales uno recayó
sobre un asociado a la Asociación Profesional de la Magistratura y otro que lo es de la Asociación Francisco de Vitoria.



Por no cansar a SS.SS. les resumiré que el Consejo ha realizado 139 nombramientos calificables de no reglados. Pues bien, de ellos, 59 han recaído sobre magistrados afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura, es decir, un
42,45 por ciento, cuando se trata de una asociación cuya representatividad en la carrera, según las reglas vigentes y como resultado alcanzado en las recientísimas elecciones a sala de gobierno, gira nada más y nada menos que en el orden del 68 por
ciento. Por el contrario, han sido nombrados 27 magistrados pertenecientes a la Asociación de Jueces para la Democracia, un 19,42 por ciento, cuando se trata de una asociación cuya tasa de representatividad en la carrera gira en torno al 10 por
ciento. Además, no se debe ocultar que también han sido nombrados magistrados no asociados en un 32 por ciento -35 nombramientos- y pertenecientes a la Asociación Francisco de Vitoria en un 12,23 por ciento -17 nombramientos- y del Foro Judicial
Independiente, lo que pone de manifiesto con toda claridad unos resultados ostensiblemente opuestos al pretendido acaparamiento de puestos por la Asociación Profesional de la Magistratura. Otra cosa sea que las mismas representatividades no se
estimen satisfactorias por pretenderse, por ejemplo, que Jueces para la Democracia deba obtener unas tasas de nombramientos equiparables a las que tiene un determinado partido político en la Cámara que le han permitido el acceso al Gobierno de la
nación, pero aceptar como buena y como deseable esa misma comunicación entre la política y la justicia nos llevaría a herir de muerte a la independencia judicial.



Según creo que haber expuesto a SS.SS., el Tribunal Constitucional se ha ocupado de evitar la proyección sobre la función jurisdiccional de las mayorías políticas con las que se conforman las Cámaras y con arreglo a las cuales logra la
confianza el Gobierno de la nación. Y todo ello lo hace en garantía de la separación de poderes y, en definitiva, del primado del Estado de Derecho. Para ello ha destacado que las sensibilidades, las distintas concepciones que pueden ser valoradas
son las internas, las ostentadas por la carrera judicial, las jurídicas. Eso vale tanto como afirmar que, si acaso, la representatividad que debería ser respetada -subordinada en todo momento al mérito y capacidad- es la reinante en la carrera;
cosa que, por cierto, como hemos visto, ha respetado el Consejo General del Poder Judicial.



Mi comparecencia en este momento posee un doble objeto, como bien saben SS.SS., la información a la Cámara de los nombramientos producidos por el Consejo -cosa que acabo de hacer- y la explicación de la actuación en materia de informes.
Según los señores diputados bien conocen, el Consejo General del Poder Judicial ha venido desarrollando desde su creación una intensa actividad consultiva en el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el artículo 108 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Ha sido esta una actividad que ha merecido la atención generalizada por la comunidad jurídica de nuestro país y que no ha recibido, en lo que se me alcanza, reproches de ninguna clase ni en lo que se refiere a los
contenidos materiales sobre los que se debía informar ni, menos aún, críticas de extralimitación de las competencias legítimamente atribuidas. Tal actividad se ha producido fundamentalmente con relación a los anteproyectos de leyes y disposiciones
generales del Estado y de las comunidades autónomas que se estimaba afectaban, total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el resto del artículo 108.1 de aquella Ley, a 'normas procesales o que afecten a aspectos jurídico
constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales'. Junto a esa, la potestad
de informe del Consejo ha sido entendida desde aquellos mismos orígenes en términos amplios y con ello el Consejo General del Poder Judicial ha venido delimitando el término de su potestad de informe partiendo de la distinción entre un ámbito
estricto, coincidente en términos literales con el ámbito material definido en el artículo 108 de la Ley orgánica, y un ámbito ampliado, consecuencia de la posición del Consejo como órgano constitucional del gobierno del Poder Judicial.



Por tanto, dentro del primer ámbito, el informe que debe emitirse habrá de referirse de manera principal a las materias previstas en el precepto citado, eludiendo con carácter general al menos, la formulación de consideraciones relativas al
contenido del proyecto en todas las cuestiones no incluidas en el artículo 108 citado. En cuanto al ámbito ampliado, por el contrario, el Consejo General del Poder Judicial debe expresar su parecer también sobre los aspectos del proyecto que
afecten derechos y libertades fundamentales en razón de la posición prevalente y de eficacia inmediata que gozan


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los mismos por disposición expresa del artículo 53 de nuestra Constitución. Además de lo anterior, de acuerdo con el principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la
oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas tanto a cuestiones de pura técnica legislativa o incluso terminológicas con el ánimo de contribuir tanto a mejorar la corrección de los textos normativos como a su efectiva
aplicabilidad e incidencia sobre los procesos jurisdiccionales, y ya que son los órganos jurisdiccionales quienes han de aplicar posteriormente, en la práctica, las normas correspondientes.



Como más arriba he indicado a SS.SS., todo ese contenido de la actividad consultiva que el Consejo General del Poder Judicial ha venido desplegando ha sido acogida de buen grado por la comunidad jurídica de nuestro país, sin reproches de
exceso en las potestades conferidas, hasta el punto de integrar ya un sólido acervo de ciencia jurídica del que se ha ido beneficiando la iniciativa legislativa y los intérpretes o estudiosos de las normas finalmente alumbradas. Otra cosa puede ser
que se estime por algunos que el Consejo General del Poder Judicial no puede solicitar del Ejecutivo el envío, para informe, de determinados anteproyectos que por propia iniciativa no ha remitido, o que se crea que si el Gobierno de la nación no
efectúa esa remisión, debe aquietarse el Consejo ante ese hecho, sea cual fuere la opinión que ostente sobre la intervención que le resulta legalmente requerida. Pues bien, con respecto a aquella primera cuestión, es ya práctica, hasta ahora exenta
de especial problemática, que el Consejo solicite del Gobierno de la nación el envío para informe de todos aquellos anteproyectos en los que estima debe ser oído para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y que no le han sido cursados en
el momento oportuno. Me interesa además resaltar, para la reflexión de SS.SS. y también para la información de los ciudadanos, que en la legislatura anterior, es decir, en aquella en la que, según los planteamientos reduccionistas al uso, ocupaba
el Gobierno de la nación un partido aparentemente coincidente con la que se dice posición mayoritaria del Consejo General del Poder Judicial, las peticiones al Gobierno para la remisión de los anteproyectos eran aprobadas por un número abrumador de
vocales. Si embargo, actualmente las solicitudes de remisión de informe, una vez cambiado el Gobierno, salen del Consejo con la estricta mayoría simple. Acaso sea este dato buena expresión de los distintos talantes que se tienen.



Por último, para aquellos que puedan creer que el sejo, si el Gobierno no le remite un determinado anteproyecto para informe, debe permanecer impasible y aceptar esa realidad, quisiera aclarar que la posición constitucional del Consejo
General del Poder Judicial no es la de órgano consultivo del Gobierno, sino que forma parte de un poder distinto del Estado y que está sometido, de manera redoblada además, al imperio de la ley. De ello se sigue que, a diferencia de los órganos
consultivos, que si no reciben la petición de informe por parte de la Administración activa ninguna intervención puede realizar, el Consejo General del Poder Judicial ha de obedecer en exclusiva a las determinaciones legales. Es pues la Ley
Orgánica del Poder Judicial, junto a la Constitución, la que rige la actividad del Consejo General del Poder Judicial. Su actuar está así condicionado en exclusiva por la ley con respecto a qué proyectos han de ser informados; no, por supuesto,
por la calificación jurídica que otra autoridad pueda realizar con respecto al alcance de determinados proyectos o por el cumplimiento, más o menos diligente, de sus atribuciones por otros poderes públicos.



No necesito recordarles una obviedad para todos los profesionales del derecho público: que las potestades, a diferencia de los derechos subjetivos, deben ser obligatoriamente ejercidas, y que así como un ciudadano es libre para concertar o
no una hipoteca o para contraer matrimonio, los poderes públicos en modo alguno lo son para desatender sus potestades legalmente establecidas. El Consejo desde luego no lo es.
Además, no es esta una convicción actual o alcanzada bajo las nuevas
relaciones entre el Gobierno y el Consejo, sino que extiende sus antecedentes en el pasado, de modo que, si SS.SS. lo desean, podemos también entrar a ver alguno de los ejemplos en los que todo ello se ha producido.



Muchas gracias por su atención. Quedo, como anteriormente, a disposición de sus señorías.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



Para ilustrar a SS.SS. y sin prejuzgar el debate, la Presidencia hace dos aclaraciones. En primer lugar, cuando se admiten a trámite ambas solicitudes se hace recogiendo la filosofía, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su
sentencia 208/2003, de 1 de diciembre. En segundo lugar, como obra en poder de algunos de ustedes a la vista de los precedentes de la Cámara, en esta Comisión se han realizado distintas comparecencias, diferentes de las celebradas para presentar la
memoria del Consejo General del Poder Judicial ante esta Comisión, no por el actual presidente del Consejo, sino en otros momentos y en otras legislaturas. Repito, a efectos de ilustrarles y sin prejuzgar el contenido del debate, que las
comparecencias precedentes han sido las siguientes. Sobre el funcionamiento de los órganos judiciales que conocen de los delitos económicos y monetarios, así como sobre las medidas que piensa adoptar el citado Consejo para remediar las disfunciones
que en este ámbito se han venido produciendo en la Audiencia Nacional. Esta comparecencia se celebró el 5 de diciembre de 1995. En la misma fecha, otra para abordar las actuaciones emprendidas por el citado Consejo para el esclarecimiento de
circunstancias que se han producido por la excarcelación de presos preventivos por delitos de terrorismo y narcotráfico a la espera de juicio ante la Audiencia Nacional y de las eventuales responsabilidades que podrían derivarse


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si se han producido como consecuencia de dilaciones indebidas. Otra comparecencia se celebró el 6 de noviembre de 1997, para presentación del llamado Libro Blanco de la justicia, y otra, el 4 de octubre de 2001, para informar de las
actuaciones que está llevando a cabo el Consejo General del Poder Judicial en relación con la desaparición de varios expedientes de los juzgados de Marbella y sustracción de sumarios en sedes judiciales malagueñas. Estos son los precedentes, ya
digo que sin prejuzgar el fondo ni los motivos que han llevado a cada grupo a formular sus distintas solicitudes. Quiero aclarar estos extremos para que, en lo posible, SS.SS. puedan centrarse en los temas objeto de comparecencia.



Ahora, por el orden de presentación de solicitudes, lo corresponde hablar al portavoz del Grupo Socialista; en segundo lugar, a la portavoz de Iniciativa per Cataluña-Verds y, a continuación, al resto de los grupos, de menor a mayor.
(Rumores.) Perdón, me refería a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Veía que la portavoz estaba disconforme con la síntesis que hacía de la denominación de su grupo parlamentario y
no le falta razón. A veces, el ánimo de economizar produce este tipo de lapsus.



Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Aprovecho para agradecer de nuevo al presidente del Consejo la información dada en el turno anterior, al que, por consenso de todos los grupos, renunciamos a hacer una réplica en aras de la brevedad y
teniendo en cuenta que teníamos esta segunda comparecencia que al Grupo Parlamentario Socialista nos parece importante. Nos parece importante, al margen del contenido -que más que importante puede resultar interesante-, por el precedente. Al
margen de otra serie de comparecencias, le indicaba con anterioridad que a nuestro grupo parlamentario nos parece adecuado, nos parece bueno para el propio sistema democrático, este intercambio, esta potenciación del principio de colaboración
interinstitucional. Ese es el objetivo inicial, sin perjuicio, y quiero que quede claro, de que en esta ocasión, y precisamente en esta ocasión, haya algunos temas de discrepancia profunda e importante, que no tienen por qué reproducirse en nuevas
comparecencias que de este tipo o similares pueda haber en el futuro. Créame que no es nuestra voluntad ni nuestra intención. Esa parte es importante, tan importante o seguramente más, como eso que denominaba, por decirlo de alguna forma,
interesante, porque ha tenido trascendencia de cara a la opinión pública, porque ha podido afectar al propio funcionamiento de la institución, porque, en términos de credibilidad social y de credibilidad democrática, la ha afectado sin duda,
queramos o no reconocerlo, con independencia de quien tenga una mayor parte de la responsabilidad en que eso sea así; pero hay un hecho concreto que se está produciendo y que queríamos -y voy al grano ya- analizar con usted en esta comparecencia.



En relación con lo anterior, sepa que compartimos, y puede sonar a palabra fácil, créame que no es así, su afirmación de la ilusión que tiene por la justicia. Lo que quiere este grupo parlamentario, y específicamente esta Comisión, es
mejorar el servicio público de la justicia y, como hoy hemos hablado mucho de paréntesis, permítanme uno más. Quizá, para el funcionamiento del servicio público de la justicia en general, en lo que afecta de verdad, sobre todo al justiciable, y yo
diría que también -es una opinión- a la mayoría de los operadores jurídicos, me atrevo a decir que incluyendo a los propios jueces, esto que vamos a debatir hoy no es lo que más les interesa cotidianamente, pero no por ello carece de importancia y
al parecer es demasiado importante para alguna minoría.
Insisto, en mi opinión.



Dos temas fundamentales: políticas de nombramientos y situación de informes. ¿Por qué tener que hablar de políticas de nombramientos? Porque en la realidad y en la opinión pública, al margen de opiniones y de posicionamientos, se ha
abierto un debate, unido al otro motivo de la convocatoria: la emisión de informes. ¿Por qué se abre un debate social ante una función de un órgano constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial, que, si funciona con carácter normal,
gusta más o menos? Las opiniones, sobre todo cuando hay decisiones discrecionales no tienen por qué gustar a todo el mundo. Parece que se ha llegado a una situación insostenible y bastante atípica. Ya no se trata de que no gusten algunas
decisiones, el problema se plantea cuando una línea, probablemente no la idónea, de funcionamiento de un órgano constitucional, en este tipo de políticas importantes -junto a otras muchas que tiene de nombramientos e informes-, se lleva con
discrepancias, con cierto consenso, con tiras y aflojas, como es el propio funcionamiento democrático, y llega un momento dado, coincidente, señor presidente -así lo vemos nosotros-, con el cambio de Gobierno que se produce en este país, en que
aquello que eran informes de loas permanentes al Poder Ejecutivo y también -aunque no es lo que estamos debatiendo fundamentalmente- al Poder Legislativo se trueca en todo lo contrario: que hay una oposición radical por escrito y más allá de lo
normal que entendemos muchos; yo, personalmente, así lo entiendo y créame que soy bastante abierto, desde el punto de vista democrático. Ocurre, en nuestra opinión, que se produce esa quiebra, y ahora pondré los ejemplos.



En política de nombramientos, se lo digo con toda cordialidad y lo repito, usted ha dicho lo que quizá no podía decir de otra forma. Créame que la tozuda realidad de los hechos no avala lo que usted ha afirmado aquí, en mi opinión. Creo
que se produce -permítame otra pequeña regresión- un cambio importante en sus palabras cuando se expresa tal cual usted piensa, creo yo, y cuando lee lo que trae escrito; se produce un cambio


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importante. Yo creo que si usted reflexiona sobre lo que ha leído, usted mismo corregiría en minutos al menos una parte, aunque no me lo reconozca hoy aquí, porque con ese talante que creo que ha demostrado tener hoy cuando ha estado
contestando a las preguntas de los grupos, cuando ha asumido, como tiene que ser y como nos corresponde a todos, ciertas críticas, se compartan en mayor o menor medida, ha puesto un muro en cuanto ha leído lo que traía por escrito y que representa
la tesis no del Consejo sino de ese sector que usted no ha querido reconocer que existe de la mayoría minoritaria altamente conservadora en el Consejo General del Poder Judicial. Usted invertía los términos, yo creo que con cierta perversión,
permítame la expresión en términos dialécticos del lenguaje.
Usted ha jugado incluso con la representación numérica de los distintos sectores asociativos o no asociados de la carrera judicial. Usted hablaba, por ejemplo, del 68 por ciento de
representación de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) y de un 5 o un 10, según los casos, de Jueces para la Democracia. Seguro que usted, muy por encima de este modesto portavoz, tiene altura para el debate, así como conocimientos y
preparación, por tanto no juguemos artificialmente con los datos. Una cuestión es la representación electoral de un resultado en función de aplicar un método o un sistema, legítimo por supuesto pero que se puede compartir en mayor o menor medida, y
otra es la representación que realmente tenga cada colectivo.



Le decía con anterioridad, al margen de este debate no extraído al caso, que al Grupo Parlamentario Socialista no le preocupa de forma fundamental qué representación tenga una asociación u otra. Lo cierto es que usted sí jugaba con los
números y decía que la APM tiene un 68 por ciento de representación; un 68 por ciento de cargos electos, de representación dentro del colectivo no tengo el número pero probablemente no llegue a la cuarta parte del número de jueces que tiene este
país. Jueces para la Democracia creo que ha obtenido un resultado (corríjame si no es así) de alrededor de un 30 por ciento de los apoyos electorales. Eso se refleja por el sistema mayoritario en un 5 o un 10 por ciento de cargos electos, pero en
términos democráticos lo importante es el apoyo, el substrato de apoyos que determinada sensibilidad tiene en los distintos ámbitos, en cualquier tipo de ámbito del que hablemos. Si hablamos en un ámbito más amplio, en la representación del pueblo,
que es la máxima, es en función del número de sufragios, al margen del número de escaños. No estamos discutiendo eso aquí porque además no nos preocupa y no es nuestro debate el número de miembros de la APM o de JD, no es el principal debate. El
principal debate es cómo se eligen, qué criterios se tienen en cuenta y qué forma, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la legitimidad de origen, se está llevando a cabo para proceder a ese tipo de nombramientos. Y en
nuestra opinión, con el máximo respeto, nos parece que ustedes (no me gusta la palabra rodillo) han aplicado su mayoría, la mayoría minoritaria, para imponer todo aquello que han querido sin ningún tipo de consenso, insisto, sin ningún tipo de
consenso en todos los ámbitos de elección discrecional. Así, observamos los siguientes datos, y corríjame si no es así. De los 17 miembros del Tribunal Supremo, 11 lo fueron a propuesta de la mayoría conservadora y seis por el resto. No hablo de
una asociación, hablo del resto, con la legitimidad o legitimación que tienen de lo que representa el resto, y usted sabrá interpretar. Además, no se representa lo mismo en los mismos momentos porque ha habido un pronunciamiento del pueblo en otro
momento concreto que no hay que trasladar automáticamente allí ni pretendemos que sea así, pero le hablaba antes de la denominación que nosotros dábamos a lo que estaba ocurriendo a diferencia de algunas otras intervenciones.



Resumiendo mucho. Presidentes de los TSJ, 14 (10, a propuesta de la mayoría; cuatro, a propuesta del resto); 16 audiencias provinciales (12, a propuesta exclusiva de la mayoría minoritaria, cuatro, a propuesta del resto). Vea usted si se
están respetando no las matemáticas sino las tendencias, las distintas sensibilidades. Entendemos que no. Sala segunda del Tribunal Supremo -especialmente sensible, no nos vamos a engañar a estas alturas- cien por cien (cuatro magistrados
totalmente conservadores). Resto de nombramientos discrecionales en el Consejo General del Poder Judicial, salvo alguno anecdótico, casi todos del sector conservador. Ésta es la práctica de la imposición y no del consenso, señor presidente. Y eso
es lo que tenemos que decir aquí. Le acepto por convicción, porque tiene usted toda la razón cuando ha empezado defendiendo lo que tiene que ser una serie de principios que usted tiene que defender y que todos también tenemos que defender y apoyar.
No está usted hoy aquí para ser controlado y fiscalizado, no hay que entender de esa forma esta comparecencia, este importante, entre comillas, acto que hoy estamos teniendo aquí, por supuesto que no. El Poder Legislativo controla
constitucionalmente al Poder Ejecutivo y no a ustedes. Estamos en esa potenciación de la colaboración interinstitucional, estamos en un funcionamiento democrático donde nos decimos, con la divergencia y con el respeto institucional que tenemos,
aquello que entendemos que no es correcto. No es fiscalizar ni vamos a poder censurarle a usted, suponiendo que quisiéramos, y no crea que alguna tentación yo, personalmente, sí he tenido en las últimas fechas, pero no nos corresponde, y tómemelo a
broma.



Entendemos que se ha producido por parte del sector mayoritario conservador una ocupación del Poder Judicial, en los términos que le he expresado, mucho más allá de lo que es el principio de capacidad y de mérito. Porque no toca en este
acto pero este debate tiene que ir mucho más allá de cualquier tipo de asociación y de organización, sea progresista o sea conservadora porque ¿qué dice la mayoría de los no asociados? ¿Habrá


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que aplicarles el principio de mérito y de capacidad? Tendremos que pensarlo entre todos, pero no con la cobertura, permítame decirlo, de decir que no están en la mayoría y computarlos en la forma interesada que usted, respetuosamente se lo
digo, ha computado, porque todos sabemos a qué sector pertenecen, qué tendencia tienen y por qué han sido en determinados casos nominados, elegidos y nombrados. No nos engañemos y, si no nos engañamos, entre todos seremos capaces de mejorar, porque
eso sí tiene que ser un afán común, el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Ahí llegamos a un tema crucial e importante, señor presidente. El órgano de la soberanía popular, que es esta casa, el día 21 de septiembre pasado
aprueba una proposición no de ley que no les ha gustado a algunos absolutamente nada y eso es respetable, como tiene que respetar que a otros sí nos pueda gustar. Es que es así. Pero sobre todo deben, en mi opinión, respetar que el Congreso haga
un pronunciamiento ¿Sabe qué pronunciamiento? El que quiera, después del debate y en libertad, el que quiera la mayoría de esta casa, que es la mayoría del pueblo español. ¿Qué pecado ha cometido este Parlamento, señor presidente? Instar al
Gobierno a que adopte una serie de medidas, entre otras un cambio en el quórum para la elección en los nombramientos de miembros del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores de justicia. ¿Qué hace el Gobierno cumpliendo en
un acto de normalidad democrática, como bien dice el gran jurista, portavoz de Convergència i Unió, mi amigo Jordi Jané? En un acto de normalidad democrática, cumple aquello que le ha mandado el Congreso y aprueba un proyecto de ley. Ha aprobado
un proyecto de ley con otros contenidos, pero en el que aquí nos ocupa se dice que se requieran tres quintos para esto que comentábamos antes evitarlo y que se fuerce un consenso mayor, entendiendo que se fortalece la democracia interna y la propia
independencia del Poder Judicial. Otros lo interpretan en sentido contrario. Y no es aquí donde estamos debatiendo quien tiene mayor o menor grado de razón; que estamos hablando de la forma, que se podrá compartir o no. La voluntad de mi grupo
parlamentario, créalo, es mantener ahora y en el futuro, no sólo ahora, ahora y en el futuro, ese intento de consenso. ¿Qué ocurre con esta situación? Que desde el propio Consejo se dice una serie de cosas a mi juicio graves y que se las quiero
trasladar directamente. Se hace una serie de juicios de valor, como atropello a la independencia del Poder Judicial, acoso y derribo al Poder Judicial, pulso del Gobierno al Poder Judicial, una serie de cuestiones muchas de las cuales seguramente
serán errores de transcripción de medios de comunicación, porque me cuesta pensar que eso pueda venir de verdad del órgano de gobierno de los jueces, un órgano constitucional e independiente.



Aprobado el proyecto, se manda al Consejo a informe preceptivo y por el Consejo se pide una prórroga. Honestamente le tengo que decir, por lo que he leído, y al final llegas a algunas conclusiones, que no entendía muy bien el porqué de esta
prórroga. Algunas malas lenguas decían que era para intentar demorar la entrada en vigor de esta norma, pero, salvo que usted me diga otra cosa, yo tengo que pensar que eso no es posible. A cualquier demócrata normal, aunque no entrara en vigor la
norma, si la voluntad del órgano de la soberanía popular está puesta de manifiesto, la sensibilidad democrática no le llevaría a tener esa tentación. Corríjame usted si no es así. Yo creo que esa no puede ser la razón. Pero es que hace pocos
días, señor presidente, cuando la Cámara soberanamente decide que el procedimiento sea en lectura única y por trámite de urgencia, se emiten, por usted o por el portavoz del Consejo en su caso, calificativos como procedimiento arbitrario,
atropellado. Está por escrito, atropellado. Señor presidente, esto es lo que no puede ser, esto es lo que antes le decía de falta de respeto al Parlamento, porque podremos coincidir o no con los contenidos, podremos coincidir o no con qué sea
mejor o peor para esos objetivos que desde puntos de vista diferentes podemos defender, incluso con la mejor intención, pero que un procedimiento ordinario sea tachado de atropello y de arbitrario cuando ha sido votado por el Congreso, permítame
decirle con todo respeto que quien diga eso quién se cree que es. ¿A quién representa para poder decir eso? No hablo, insisto, de las razones; hablo del procedimiento formal, de lo que es la esencia de la democracia.



No voy a entrar -voy concluyendo y abreviando mucho, señor presidente- en los contenidos de la norma. Se va a debatir inmediatamente.



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Villarrubia. He hablado de la flexibilidad de la Presidencia y simplemente le recuerdo que ya lleva consumidos más de 15 minutos.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En efecto, voy abreviando. Realmente lo voy a intentar.



Me gustaría hacer alguna reflexión más, pero no es el momento de la discusión política -no corresponde aquí-, de la voluntad y de lo que se pretende en definitiva con esa modificación normativa. Al final será el Parlamento quien decida lo
que se va a hacer.



Doy por concluida esta parte y, en cuanto a la otra, prometo ser más breve. Voy a intentarlo en dos o tres minutos. Resumiendo mucho, porque casi se deduce, se lo adelantaba: política de informes. Se ha producido la situación, sospechosa
entre comillas -se lo tengo que decir porque si no no me sentiría a gusto, no diría lo que pienso-, de que no ha habido -corríjame si no es así- informe de este Consejo. Léame una línea o dos de alguna modificación normativa positiva en lo que
llevamos de legislatura. Absolutamente lo contrario de lo que ocurría con anterioridad. Ley de violencia de género -ya se lo he dicho antes y doy por reproducido lo que le comenté-, anticonstitucional. Ley de divorcio, inconstitucional. Fíjese
hasta qué limites coincidió


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en los teletipos. No tengo tiempo y no le suelo seguir, pero alguien me llamó ese día por teléfono y me dijo que mirase unos teletipos. Pues bien, veo unos teletipos de agencia con minutos de diferencia, señor presidente, y me encuentro
con algo que no es casual. Son indicios, pero son tantos... Comparan la regulación del divorcio con la regulación del repudio musulmán y dicen que viene de lo mismo. Pero mira quién hace esta declaración y es la portavoz del Partido Popular por
un lado y el portavoz del Consejo, por otro, con escaso margen de diferencia en el tiempo. Es difícil coincidir, porque hablar de inconstitucionalidad es más genérico, pero hacerlo del repudio musulmán paralelamente... Estamos llegando a límites
que al menos te sorprenden un poquitín y nada tiene que ver el repudio musulmán con la regulación del divorcio en el Código Civil español. Pero llegamos al matrimonio homosexual y también es inconstitucional. No se les pide informe y lo recaban,
cuestión en la que podemos discrepar o no, pero es legítimo recabarlo. Por un lado, piden ampliación de plazo para emitir un informe -por lo que sea, deben andar demasiado cargados- y por otro, curiosamente cuando formalmente y de manera preceptiva
no les corresponde, recaban para sí la solicitud de informe. Lo grave, señor presidente, no es que recaben la solicitud de informe, es que, sin habérselo pedido, a las 24 horas titulares en todos los medios de comunicación del propio Consejo
descalificando el contenido de la ley. Antes de informar, antes de debatir, descalifican el contenido del proyecto de ley.



Llegamos a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya le he comentado y llegamos rapidísimo al informe de la modificación del Código Penal, y mejor no reproducirlo, mucho mejor. El Código Penal, efectivamente -creo que lo
dice el artículo 107 o el 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, es una de las materias que requieren de informe preceptivo, pero cuando es un anteproyecto, como bien sabe usted.
La proposición de ley no necesariamente lleva motivo, pero no
voy a entrar en esa discusión, voy a la cuestión de fondo. Ustedes critican abiertamente y hacen juicios de valor sobre el cauce y llegan a decir textualmente que el Congreso de los Diputados lo que pretende es impedir que el Consejo General del
Poder Judicial informe. Eso se ha tenido que transcribir mal. ¿Cómo pueden decir eso dentro de la lealtad institucional? Podrán recabar o no que se emita informe, de acuerdo, pero con qué legitimidad se descalifica al Congreso, que utiliza un
cauce reglamentario, que es la proposición de ley, igual que si es un proyecto de ley. Son las previsiones constitucionales y reglamentarias existentes para la tramitación de una norma jurídica. No me refiero al contenido, acertado o no, de la
regulación, sino a la intencionalidad con juicio de valor político y realizando además luego las valoraciones, las que sean, con mayor o menor acierto, que llevaron a unas consecuencias que no quiero ni debatir en este acto. La propia Cámara, señor
presidente, les pidió el 10 de junio -le recuerdo la fecha porque no se acordaba usted bien- un informe en relación con la proposición de ley del Parlamento catalán que fue admitido a trámite -no admitida su regulación, porque habrá temas en los que
no coincidiremos pese a estar admitido a trámite, ya veremos- y todavía no se ha aprobado; hace una semana aproximadamente, en Comisión, pero esto está desde el 10 de junio. Es decir, ahí vemos una serie de contradicciones y una actitud. Ojalá
nos equivoquemos, pero si estamos mínimamente acertados en estas valoraciones que estamos haciendo, señor presidente, lo más importante es que lo hayamos detectado y cambiemos el rumbo. Usted y yo estamos de paso, quizás usted un pelín más que yo
si la legislatura se completa, pero sería bueno que cada uno cumpliera con lo fundamental de su función, y a usted le ha tocado una difícil, pero para la que todavía está a tiempo, que es eso que usted ha dicho aquí y que yo creo que va a llevar a
cabo: una política de consenso. Dentro de las turbulencias que existen en este mundillo como en todos los mundos complicados, que una minoría no nos lleve a romper con principios y a tener que defender públicamente lo contrario, porque dentro de
poco tiempo ni usted estará donde está, ni yo estaré donde estoy, pero la vida seguirá y el servicio público de la justicia seguirá también. La manipulación está ahí, pero si aportamos un granito de arena -y usted puede más que yo, por supuesto- en
la dirección de conseguir que cada vez sea menor y conseguimos arbitrar sistemas y métodos para que quien tenga la tentación de actuar de determinada forma lo tenga por lo menos cada vez más difícil, habremos prestado un servicio a la democracia y
al funcionamiento de la justicia en este país.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra doña Isaura Navarro Casillas.



La señora NAVARRO CASILLAS: Para abreviar, con Izquierda-Verde es suficiente, porque engloba a los dos partidos.



Como valenciana, necesito hacer una aclaración respecto a lo que se ha comentado antes, aunque no corresponda hacerlo ahora mismo. Quiero decir al presidente del Consejo General del Poder Judicial que una distinta denominación no hace a una
lengua distinta, sino que se le llama de dos maneras diferentes. Yo lo llamo valenciano y el portavoz de Convergència lo llama catalán, pero la lengua que hablamos es la misma. Me parece importante aclarar este punto.



Entrando ya en esta segunda comparecencia, agradezco la presencia del presidente del Consejo. Es cierto que es la primera vez que se pide una comparecencia para este asunto concreto. Ojalá no la hubiéramos tenido que pedir, ojalá no se
estuviera dando esta situación de controversia permanente respecto a los nombramientos que se efectúan por parte del Consejo, ojalá no hubiera ese conflicto permanente respecto a los informes


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que se están realizando, porque entonces no habría hecho falta esta comparecencia. Sin embargo, es evidente que ha hecho falta y, de hecho, ha sido pedida por dos grupos parlamentarios. Nosotros la hemos pedido porque estamos alarmados,
como gran parte de la sociedad, por toda esta controversia que afecta a los nombramientos que se efectúan y por las declaraciones puramente políticas con las que nos deleitan algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial. A mí,
personalmente, me ha alarmado alguna declaración, como aquella manifestada por el portavoz que decía que las personas que pudieran fallecer tuvieran cuidado, porque si fallecían sus hijos podrían ser adoptados por homosexuales. ¡Oh Dios mío! ¡Qué
horror! Estas declaraciones nos están afectando. A mí me afectan no sólo como miembro del Parlamento, sino también como ciudadana, porque no creo que esas sean las tareas a las que deban dedicarse ni el portavoz del Consejo General del Poder
Judicial ni el Consejo en su conjunto. Por tanto, entiendo que se está produciendo una confusión de las funciones y, sobre todo, una confusión en la ciudadanía, que escucha con mucha atención lo que dice el órgano del gobierno de la justicia. Se
está influyendo sobre la ciudadanía, creando una situación de alarma que es del todo innecesaria y que no debería ser así.



Volviendo a los nombramientos, aunque según las declaraciones del señor presidente parece que todo son fantasmas, existe una clara desproporción entre los propuestos por la minoría existente en el Consejo, los progresistas, y los propuestos
por la mayoría conservadora. Entendemos que no se refleja ni la pluralidad que existe en el Consejo, ni las distintas sensibilidades que reinan en este a la hora de entender cómo ha de funcionar este gobierno de la justicia. A la vista del apoyo
permanente del presidente a esa mayoría conservadora, quizás uno de los objetivos de su función no sea cumplir con esa pluralidad en cuanto a los nombramientos. En cualquier caso, lo que más nos alarma es que siempre haya una tendencia hacia las
propuestas conservadoras, lo que nos da a entender que se olvida la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Parece que esto es lo menos relevante. Cuando el presidente ha hecho mención de esta cuestión, ha aludido incluso a
la adscripción o no a determinadas asociaciones, destacando los que no corresponden a ninguna asociación, cuando lo que hay que destacar y donde hay que justificar es en los méritos y en la capacidad, porque, si no, pasamos de la discrecionalidad a
la arbitrariedad y entonces entramos en la ilegalidad. A lo mejor, los que casi siempre están más preparados son los candidatos que propone la mayoría conservadora con la que usted vota indefectiblemente. Quizás sea esa la motivación, pero lo que
está claro es que, a la vista del resultado de las votaciones, el criterio de proporcionalidad respecto a las distintas sensibilidades no ha sido el seguido.



Efectivamente, los datos son muy tozudos, pero en este caso, a nuestro entender, juegan en su contra, en contra de esa pluralidad que sí reina en la sociedad y, por fortuna, en la judicatura y en contra de un funcionamiento democrático en la
designación de los nombramientos. Desde luego, a la vista de los datos que se han mencionado, se considera que los que no están adscritos a ninguna asociación son conocidos como conservadores, porque uno puede no estar adscrito, pero es propuesto
por un determinado sector de esos dos bloques bien conocidos que existen en el Consejo General del Poder Judicial, aunque el señor presidente lo haya negado, y también se conoce la tendencia de los magistrados.
Efectivamente, existe una
desproporción absoluta entre los nombrados por un sector y los avalados por el resto de los vocales. En el caso del Supremo son 12 del sector conservador y 6 avalados por el resto; en el caso de los presidentes de los tribunales superiores de
justicia de las comunidades autónomas, 11 son del sector mayoritario y 4 de la minoría; en el caso de los 20 nuevos presidentes de las audiencias provinciales, 15 son auspiciados por la mayoría conservadora. Los datos son tozudos y juegan a favor
de los que cuestionamos la manera en la que se han llevado a cabo estos nombramientos. De su actuación y de la crispación existente, que es innegable, se deduce que no hay un debate interno en el Consejo, es decir que no hay diálogo entre esos dos
bloques que existen.
Entendemos que el presidente, que es usted, debería ejercer el papel de mediador, debería ser el amparo de esos dos sectores cada vez más distantes en el Consejo. Por el contrario, lo que observamos es que se atrinchera
permanentemente con uno de ellos, incumpliendo el papel institucional que le corresponde, dejando en indefensión y rechazo al sector minoritario y, lo que más nos preocupa, desprestigiando el papel de gobierno autónomo que corresponde al Consejo.
El presidente elegido por consenso y unanimidad debe asumir y desempeñar el papel institucional que le corresponde y se le confió, debiendo forzar a la negociación y el consenso entre las diferentes sensibilidades y no funcionar como portavoz de un
sector ni denotar elevada sintonía con un determinado grupo parlamentario. Es más, le diré que desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Izquierda Verde, usted perdió una gran oportunidad pues, ante el cambio de
Gobierno y de mayorías en el Parlamento, podría haberse erigido precisamente como la persona de consenso, devolviendo la autonomía al Consejo. Un papel conciliador que, a la vista de las actuaciones, está claro que nunca ha intentado.



En el caso de los nombramientos, la verdad es que incluso las cifras que ha dado del porcentaje no se corresponden con las que nosotros tenemos, quizás porque las leemos de otra manera, pero lo cierto es que el porcentaje correspondiente a
la famosa asociación Jueces para la Democracia en cuanto al resultado de la votación global es de un 30 por ciento, muy alejado del que le ha correspondido en cuanto a la designación de nombramientos. Pero yo no he venido aquí a defender a


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ninguna asociación, no. A lo que he venido es a pedir que el funcionamiento interno del Consejo cambie y se intente un consenso, se intente un diálogo, y esa es la línea en la que va precisamente la modificación operada en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, porque lo que se pretende es que, requiriendo una mayoría superior cualificada de tres quintos, se tenga que dialogar a la hora de efectuar los nombramientos.
Nos parece altamente positivo.



En cuanto a los informes, he tenido el gusto de entretenerme leyéndolos y también nos sorprende el contenido, en especial el que afecta precisamente a esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la regulación de los
nombramientos. Primero, porque dejan claro el abandono de las cuestiones técnicas para profundizar en las políticas. En ese sentido le diré que no es lo que se espera del Consejo General del Poder Judicial porque no nos interesa su visión
política, lo que nos interesa es la técnica, que es la que tienen atribuida. Nos interesa su visión jurídica, pero no la política; de la política nos encargamos los que nos dedicamos a esto. Además, se reclama la atribución de efectuar informes
con los que después se lanzan a la prensa controversias que afectan a la sociedad y a la imagen que se pueda tener de las modificaciones legales que se operan desde el Gobierno y posteriormente desde esta Cámara, pero otras se retrasan, como es el
caso de las lenguas, que también preocupa enormemente al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.



Dejando claro su interés por influir en la sociedad a través de su visión política de las reformas legales operadas utilizando las atribuciones técnicas que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial les confían, nos parece que no
se está actuando correctamente y por eso también hemos pedido esta comparecencia. Además, todo ello bajo el amparo del máximo representante del órgano y la persona de consenso que debería ser usted, y está amparando estas actuaciones. Por cierto,
hablando de influir, tanto en el informe como en lo que han trasladado a la opinión pública entiendo que tiene muchísimo mérito cómo se le da la vuelta con una difícil argumentación pero que cala en la sociedad, y es cómo el aumento de la mayoría
necesaria para producir los nombramientos va en contra de la independencia judicial, cuando ustedes abusan de la mayoría y lo que se persigue con esta modificación legal es simplemente que tengan que consensuar más, dialogar. En la práctica, sólo
implica eso: dos miembros más del Consejo tendrán que votar a favor de esos nombramientos. Lo único que se les impide es no utilizar el diálogo.
Desde luego, si tanto les molesta esta modificación será porque algo hay y no porque algunos grupos
parlamentarios nos estamos imaginando cosas que no suceden, que no existen esos dos bloques, esas dos tendencias en el Consejo, etcétera. Digo yo que algo habrá.



Para Izquierda Verde, el Consejo General del Poder Judicial no puede funcionar como correa de transmisión ni portavoz de ningún partido político. Hemos de parar el rodillo y el espectáculo que da el Consejo General del Poder Judicial de
división en estos dos bloques absolutamente enfrentados. Por eso exigimos un funcionamiento más dialogante, del que le hacemos responsable, reitero. Además, en esos nombramientos se debe reforzar, como ya se ha comentado, la paridad de los sexos.
La mitad de los jueces de España son mujeres, pero no ocurre lo mismo con los altos cargos. Como veíamos que no era esa la línea, hemos decidido ayudarle con esta modificación legal y esperamos que lo que se aplique sea precisamente los principios
de igualdad, mérito y capacidad, para que los más capaces y competentes no sean relegados por criterios de afi-nidad.



En definitiva, le traslado nuestro pesar por el contenido de los informes y por la situación de crispación permanente a la que ya nos están acostumbrando. En cuanto a los nombramientos hemos podido hacer una modificación legal, pero en
cuanto a los informes lo único que podemos hacer es pedirle que vuelvan a un trabajo más técnico y más jurídico y abandonen, en la medida de lo posible, las consideraciones políticas.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar el turno a los grupos parlamentarios, tengo que decir que el señor Mardones, que intervendría a continuación en representación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, me ha manifestado que haga
constar en el 'Diario de Sesiones' que no puede intervenir en este trámite, no por falta de voluntad sino porque está en el debate de la Comisión de Presupuestos.



Siguiendo de menor a mayor, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, doña Margarita Uría Etxebarría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, señor presidente del Consejo, señorías, dudaba yo si intervenir o no en esta petición de comparecencia puesto que hablar en general, que es lo que pretendo, me lleva a adelantar en este momento
en Comisión los argumentos que utilizaré cuando dentro de dos semanas se vea en Pleno la toma en consideración, y la aprobación puesto que va en lectura única, de la ley orgánica por la que se va a modificar el régimen de mayorías en los
nombramientos que se efectúan por el Consejo General del Poder Judicial, dado que el hablar de nombramientos concretos, de los que yo más conozco o controlo que son algunos de los efectuados en el ámbito vasco, me llevaría a hablar de personas,
quizá hasta con nombres, y el patrimonio personal, el honor de las personas, el buen nombre me parece de las cosas más respetables que hay en este mundo, esté yo de acuerdo o no con que su designación haya sido la adecuada para un determinado
órgano. Creo que es el patrimonio que todos nosotros tenemos y que, por lo tanto, no será esta diputada quien se adentre por esa vía.



He dicho antes, al hablar de la memoria, que se mencionaba en ella que los nombramientos es la parte que


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más interés suele suscitar; además de suscitar más interés, es también de las pocas cosas que son contenido obligado de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial, a lo largo de su historia, ha tenido
distintas leyes orgánicas o modificaciones en la ley orgánica que le han quitado o le han dado, en relación con el Poder Ejecutivo, determinadas competencias; sin embargo, el 122.2 es bien claro en que los nombramientos sí son competencia del
Consejo. Pero la propia Constitución dice que la ley orgánica será la que regule; ley orgánica que corresponde hacer a este órgano, que son las Cortes Generales y, por lo tanto, es a esta parte a la que le corresponderá decidir y no me parece a mí
descabellado el que se vaya a requerir un sistema distinto en cuanto a las mayorías de los nombramientos. El propio informe del Consejo, a pesar de ser enormemente descalificador, no niega legitimidad a la opción política que se adopte, que
corresponde adoptar, por cierto, a las Cortes Generales.



Yo le agradezco también, como han hecho quienes han intervenido por delante de esta portavoz, su presencia hoy en la Cámara, pero creo que la voluntariedad que podía acompañarle, y que no dudo que le acompañaría en todo caso, está en este
caso además motivada por la jurisprudencia constitucional relativamente reciente. La sentencia 208/2003, que ha sido citada por el portavoz del Grupo Socialista, entendía que había habido en la legislatura pasada una violación del derecho al
ejercicio del cargo por parte de los diputados del Grupo Socialista al habérseles negado reiteradamente por la Mesa, una Mesa de mayoría del Partido Popular, la posibilidad de que compareciese el presidente del Consejo General del Poder Judicial con
distintos motivos, y también creo que en algún caso del de la Fiscalía General, aunque creo que la jurisprudencia concreta es respecto de la presencia del presidente del Consejo. Insisto, por tanto, la no comparecencia es, según jurisprudencia
constitucional, vulneración del artículo 23, del derecho que, en ese caso a los diputados del Partido Socialista, pero a todos, nos incumbe para el buen ejercicio de nuestro cometido parlamentario.



He indicado también antes que mi formación política no es especialmente feliz y que en alguna medida coincide con el contenido del voto particular del miembro del Consejo al que antes he citado, Alfonso López Tena, en relación con la idea
del rodillo o la idea del reparto. La idea del reparto a lo mejor no está mal si para el reparto hay que forzar llegar a acuerdos, y a eso puede llevar la exigencia de unas mayorías determinadas, sobre todo si finalmente se establece dentro del
propio texto de la ley lo que como enmienda tiene intención de presentar el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que hace referencia a las valoraciones de una determinada manera concreta y objetivable del mérito y la capacidad. A lo
mejor resulta que de la elaboración del texto de la ley, de la que en principio mi partido no se mostró particularmente entusiasta, algún beneficio puede surgir de cara a poder objetivar, repito, determinadas condiciones o cualidades en quienes
vayan a desempeñar determinados cargos judiciales a los que se está refiriendo el proyecto de ley.



Se ha hecho referencia a los informes que emite el Consejo, y ciertamente los de los últimos tiempos también a mi formación política y a mí misma nos parecen especialmente combativos en contra de las iniciativas legislativas adoptadas por el
Gobierno. Hay en ellos algún contenido -yo puedo decirlo desde la perspectiva que me da no pertenecer al Partido Socialista ni a la mayoría gobernante; tan oposición era en la pasada legislatura como en esta- que no es ya teórico o doctrinal o de
opinión libre, sino que en ocasiones resulta abiertamente ofensivo. Mis compañeros han utilizado los de las últimas leyes o los del matrimonio homosexual, yo me voy a referir a otro, puesto que es materia que se me ha olvidado mencionar en mi
intervención anterior y me parece de justicia traerlo ahora a colación. Me estoy refiriendo a la violencia de género, y lo hago para hacer justicia al trabajo que el Consejo ha hecho en esta materia y singularmente para citar a su vocal, la señora
Comas, que preside el Observatorio y que está efectuando una labor tan digna, tan en colaboración con todos -la Administración estatal, la Administración de las comunidades autónomas y los propios legisladores-, aunque por desgracia de momento no se
traslade en resultados muy positivos, pero creemos que el camino iniciado es el buen camino.



A la hora de efectuar el informe jurídico sobre la ley integral que sobre esta materia se ha presentado y aprobado ya por cierto por el Congreso, no todavía en el Senado, en contra de la violencia de género, había algunas descalificaciones
que no soportarían el examen de expertos en determinadas materias. Intentar tachar al Gobierno de inculto, de analfabeto o de inexperto en derecho por hablar de discriminación positiva en relación con la materia penal no denota más que
desconocimiento por muchos miembros del propio Consejo, de quien les haya asesorado para la elaboración del informe, puesto que la discriminación positiva no ha sido nunca propia del campo penal. La discriminación positiva tiene su origen y su
historia referida al campo de la promoción a o el acceso a, promover que colectivos determinados que no pueden llegar a determinadas cuestiones puedan llegar, ya sea minoría racial o minoría de mujeres, como es en este caso.



En el campo del derecho penal la intención del proyecto de ley y la intención de todos los que hemos contribuido presentando enmiendas al mismo ha sido la de hablar de bienes jurídicos distintos protegidos. No es lo mismo matar en una
reyerta que matar intentando someter y humillar.
Hablábamos de un dolo distinto del habitual, un dolo agravado, que por tanto sí justificaba un tratamiento penal distinto de la materia. Las múltiples comparecencias que hubo en esta Cámara para
avalar la posibilidad de que el proyecto de ley fuese adelante y de las que nos ilustramos quienes hemos sido ponentes fueron, creo que unánimemente, en este


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sentido. No es que ignoremos quienes hemos participado en la elaboración de la norma estos rudimentos del derecho, sino que creemos que estábamos hablando de tutelar bienes jurídicos distintos, de un dolo distinto, respecto de determinados
delitos que justificaban la respuesta penal distinta. Se lo digo a propósito de que le he puesto este informe como ejemplo, pero en otros varios sí existe un cierto tono ofensivo o de descalificación, no siempre amparada sólo en razones jurídicas,
en los informes que creemos que un órgano de relevancia constitucional como es el Consejo debiera evitar a la hora de valorar las iniciativas del Gobierno, con independencia de que por supuesto les ampara la libérrima facultad de expresión, pero yo
me ceñía a los contenidos doctrinales o contenidos típicos que debieran tener sus informes.



Hay una última cuestión que me ha inquietado. Leeré su intervención con más calma, pero me ha parecido deducir que había hasta un tono de amenaza en lo que usted decía. Ha dicho que el Consejo utilizará todos sus instrumentos para
reaccionar frente a productos normativos. Me ha parecido entender -quizá sea yo muy mal pensada- como si, caso de producirse o de llegar al Boletín Oficial el proyecto de ley que se tramita, repito, respecto del cual yo no llevo la pancarta -no soy
la más entusiasta-, hubiese anunciado usted una posibilidad de reacción del propio Consejo, casi de poder a poder, un recurso frente a una norma que impusiese unas ciertas mayorías en el funcionamiento del propio Consejo.



Finalmente, no me había referido a esta cuestión, pero sí me ha parecido hasta divertido que usted mencione la crítica a las cuotas políticas. No se le ocultará a usted que el actual Consejo es fruto de cuotas políticas, todo un verano
estuvimos en danza criticando cuántos le correspondían a cada quién y cómo se repartían, con mi propio nombre en danza -no lo he dicho nunca en esta Cámara, pero todos ustedes lo conocieron-. En esta misma Comisión con cierta frecuencia las dos
formaciones mayoritarias, la que gobierna y su alternancia, se refieren a los vocales propuestos por uno o por el otro, y desde luego es uso común en la prensa. La propia interviniente del Grupo Izquierda Verde ha hablado de los propuestos por la
mayoría conservadora entonces y los propuestos por el Grupo Socialista. Decir que la composición actual del Consejo obedece a cuotas se me hace, por lo menos desde la perspectiva de la formación política a la que yo represento, una evidencia, y no
creo que vaya a peligrar, insisto, con la exigencia de una mayoría que a lo que en definitiva cree mi formación política que va a forzar es a que haya que negociar, que hablar más, que haya que repasar y sopesar los méritos y los valores de cada una
de las personas propuestas.



El señor PRESIDENTE: Les informo que hemos empezado la sesión a las diez de la mañana, son ahora las 15.55 y a las 16.30 hemos previsto un refrigerio en una sala contigua no solamente para todas y todos ustedes, sino también para los
comparecientes y para los miembros del Consejo General del Poder Judicial.



Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, querría trasladar al presidente de esta Comisión que la organización de estas sesiones no obedece a la normalidad, como tantas cosas en esta casa, en el Congreso de los Diputados. El transcurso de
las sesiones lo deberíamos organizar de manera más serena, y habiendo hoy dos puntos en el orden del día ese pequeño refrigerio pudiera haber sido colocado en medio de las dos comparecencias, hubiera sido mucho mejor para todos, porque hubiéramos
reanudado la sesión (El señor Villarrubia Mediavilla: Con más energía.) con más energía, sí, señor Villarrubia, y sobre todo también con un ritmo de trabajo más acorde con lo que debería ser el ritmo de este Parlamento.
No es culpa del presidente
de la Comisión, ni mucho menos, es culpa de los tiempos que nos damos en esta casa, que no siempre se entienden por parte de los medios de comunicación que tienen la obligación de seguirnos ni por parte de la sociedad en su conjunto, pero estamos
aquí.



Yo le agradezco, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, esta segunda comparecencia. Es cierto que aquí no estamos en una actuación de control y nunca debería serlo como tal, en el sentido de que debemos en todo caso
preservar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Mi grupo no pidió esta comparecencia, entiende que acordarla entra dentro de las funciones de esta Comisión, tal y como ya se ha recordado, pero también entiendo que en todo caso no
estamos ante un control político de la actuación del Consejo, sino ante un intercambio -se ha dicho también antes- institucional de información y de contraste de distintas posiciones políticas que como siempre se dan en el Congreso de los Diputados
y no tienen por qué darse en el Consejo General del Poder Judicial.



Hecha esta precisión inicial, quiero manifestar en nombre de Convergència i Unió que mi grupo no tiene un entusiasmo especial en la reforma que se va a acometer en las próximas semanas y por lectura única, y quiero manifestarlo de forma
clara en esta Comisión, y lo haré también en el Pleno, pero tampoco entiende mi grupo por qué razón, si los nombramientos se acuerdan por mayoría, esto es necesariamente menos politizado que si se acuerdan por una mayoría más reforzada, que es lo
que ha dicho en su intervención inicial. Tampoco llego a comprender por qué si se aumenta el quórum necesario para un nombramiento tiene obligatoriamente que politizarse más. Habrá que buscar un mayor grado de acuerdo. Repito que mi grupo no
tiene un entusiasmo muy especial y ya veremos al final qué resultados da y si, como decía el vocal Alfonso López Tena, puede pasarse un rodillo a un reparto. Yo prefiero no hablar de esta terminología en lo que es el funcionamiento


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ordinario de un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial. Ya veremos lo que da de sí. Lo que sí es necesario y creo que vamos a compartir todos es reafirmar el principio de mérito y capacidad en cualquier
nombramiento. En esta línea va a ir mi grupo parlamentario, en el consenso que finalmente se consiga en esta Cámara para aprobar esa reforma. Mi grupo ha presentado una enmienda de adición en la que claramente exige que para efectuar las
propuestas de nombramiento el pleno del Consejo establezca previamente los criterios y baremos objetivos para la valoración de los méritos y capacidades en la provisión de las plazas a cubrir; que aparte y paralelamente se exija -ahora es
potestativo, pues que sea obligado- ese informe de la sala de gobierno del Supremo o de la respectiva sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, si de lo que se trata es de proveer la presidencia de ese Tribunal
Superior de Justicia de esa comunidad autónoma y que, para finalizar, la propuesta de nombramiento que efectúe esa nueva mayoría de tres quinto sea motivada claramente en el grado de cumplimiento de ese baremo de mérito y capacidad. Creo que esto
sí puede ayudar a que las propuestas, además de ser de amplio consenso, deban obedecer también a unos criterios que el propio Consejo previamente fije con esa necesidad de preservar el mérito y la capacidad. Repito que en esta línea va a ir mi
grupo parlamentario. Mi grupo tiene la esperanza de que esto pueda redundar en el futuro en un funcionamiento mejor del propio Consejo y de los nombramientos que en el mismo se efectúan.
Comparto con la señora Uría que hubo nombramientos que
obedecieron a cuotas -todos lo sabemos-, pero me cuesta muchísimo poner adjetivos a las mayorías y minorías en cada una de las votaciones que se realizan en el Consejo. Yo no lo voy a hacer porque me es difícil. Antes el señor Villarrubia afirmaba
que todas las peticiones de informe adicionales habían sido exclusivamente de los once votos de la llamada mayoría conservadora. Todas seguro que no, porque yo recuerdo ahora que hubo una mayoría de doce miembros cuando se solicitó informar el
proyecto de ley de reforma del Código Civil para los matrimonios homosexuales. En ese caso no hubo una mayoría de once sino de doce. Por tanto, no es exactamente que se haya dado en todas, pero sí es cierto que ha habido unas pautas de actuación.
Al final de lo que se trata es de mejorar el funcionamiento, y esperemos que nuestra enmienda pueda ayudar en este intento de reafirmar los principios de mérito y capacidad.



Igual que le decía al inicio de esta intervención que no acabo de comprender por qué es más politizado tres quintos que la mayoría, tal y como lo ha expresado, también quiero hacer una matización al portavoz socialista, mi buen amigo Julio
Villarrubia, a quien agradezco sus palabras. En alguna parte de su intervención había un aspecto que yo no comparto y que creo es un salto peligroso. Es cierto que ha habido elecciones el 14 de marzo y que ha cambiado la mayoría política en esta
Cámara y en las Cortes Generales en su conjunto, pero esto no tiene que trasladarse necesariamente al criterio de la opinión que cada uno de los vocales tenga en función de si representaba a una determinada cuota cuando fue elegido, porque daríamos
un salto peligroso. Debemos hacer un esfuerzo importante en preservar esa independencia del Consejo General del Poder Judicial. Quizá -y por eso mi grupo se implica en ese consenso para cambiar ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial- al final
esta reforma puede ayudar a ello, y en este espíritu debemos seguir trabajando. No va a ser fácil por los antecedentes en el actual funcionamiento pero bueno será intentarlo.



Para finalizar, quiero hacer una referencia a la primera comparecencia en la que nos quedaba el turno de réplica. Yo no le discuto en ningún momento que el artículo 7 del Estatuto de la Comunidad Valenciana hable del valenciano, o en ningún
caso lo he discutido, es un hecho que jurídicamente está en ese estatuto. El hecho de que exista esa denominación de lo que es una misma lengua no tiene por qué comportar en ningún caso que el Consejo General del Poder Judicial, a la hora de
valorar el conocimiento, las distinga como dos realidades distintas. Este era el motivo de mi inquietud, y después de oír al presidente del Consejo General del Poder Judicial aún se acrecienta más esa inquietud. ¿Por qué motivo? Porque si la
llamamos euskera o vascuence estamos hablando de la misma lengua, y a lo mejor en leyes orgánicas aprobadas en esta Cámara a esa misma lengua se le dan esas dos denominaciones y no por ello negamos que sea la misma. Incluso estoy convencido de que
el Consejo General del Poder Judicial, por el hecho de que en una norma jurídica vinculante se hable de español y en otra de castellano, no va a hacer una baremación distinta del conocimiento de esa misma lengua que sería en todo caso la lengua
castellana. Por tanto, la unidad de la lengua catalana es una realidad científica. Querer distinguir que uno sabe valenciano pero no catalán va a tener una gran dificultad porque, se lo aseguro, es la misma lengua. Yo hablo catalán y entiendo a
cualquier persona que hable valenciano porque es la misma lengua.



Le agradezco una vez más su comparecencia hoy aquí.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor As-tarloa.



El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor presidente, espero que el anuncio feliz del refrigerio a hora fija no lo entienda S.S. como una limitación a la flexibilidad que pródigamente ha deparado a lo largo de la sesión en relación con lo
que va a ser mi intervención.



Yo lamento extraordinariamente, señor presidente, creer que tenía razón cuando anuncié que esto no era


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una feliz idea. Es verdad que de acuerdo con los pactos lógicos y legítimos que hicimos con carácter previo a esta sesión yo dije -y he cumplido- que no tendríamos un debate sobre el procedimiento previo al inicio de la sesión. Lo hacía
por el bien de los trabajos de la Comisión y por el entendimiento y el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para el desarrollo de esta sesión, pero sin haber dejado de decir cuáles eran mis preocupaciones, la mayoría de las cuales he visto
confirmadas esta tarde, y lo siento. Yo no creo que sea una buena idea que una sesión en la que comparece la cuarta autoridad del Estado se acabe convirtiendo en su presencia en un debate serio, sensato, acalorado o como se quiera definir entre los
grupos parlamentarios que estamos aquí. Y después de escuchar lo que yo he escuchado de los restantes portavoces de esta Comisión, no sé si antes o después del refrigerio, los grupos parlamentarios de esta Cámara tenemos muchas cosas que debatir.
Tenemos que debatir el alcance constitucional de la función de información y control de esta Cámara, que todos los intervinientes -no es una manía mía- han empezado e incluso terminado por señalar al hilo de sus intervenciones. Tenemos que debatir,
si no he contado mal, hasta tres proyectos o proposiciones de ley que tenemos en este momento en tramitación, en relación con los cuales todos los portavoces anteriores han fijado -legítimamente por otra parte- su posición a lo largo de sus
intervenciones, sea el Código Penal, sea la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sea el matrimonio entre personas homosexuales, etcétera. Tenemos que debatir hasta las decisiones procedimentales que se han adoptado en relación con la
tramitación, en primer lugar, del proyecto de ley del Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre el cual el portavoz del Grupo Socialista ha hecho una serie de consideraciones que, como él sabe muy bien, no comparto en
absoluto, y al margen de eso otra serie de incidencias procedimentales en las que de una u otra manera ha incidido la existencia o no de informe del Consejo General del Poder Judicial. Fíjese, señor presidente, por tener que debatir, cinco horas y
cuarto después de haber empezado la sesión, el señor portavoz del Grupo de Convergència i Unió quiere hasta que debatamos ya las enmiendas que ha presentado para el debate en el Pleno de la próxima semana y por si no nos habíamos enterado en la
primera intervención lo ha repetido en la segunda. No era una buena idea; no era en absoluto una buena idea forzar un desarrollo de la sesión de esta naturaleza.



No voy a hacer reflexiones sobre si esta es una sesión constitucional o inconstitucional, tal y como se va desenvolviendo, pero sí tengo que decir que espero -de verdad lo espero- de la Presidencia de la Comisión y también de la Presidencia
de la Cámara que después de lo que hoy estamos viviendo reflexionemos sobre algo que yo sé que usted, señor presidente de la Comisión, y desde luego el portavoz del Grupo Socialista y la portavoz de Izquierda Unida -además lo ha defendido con gran
vehemencia- tienen claro, y que es bueno traer aquí a la cuarta autoridad del Estado no ya para que nos informe sobre cosas sino para desarrollar una sesión en la que uno le expresa por qué está en desacuerdo con los nombramientos que hace -no el
presidente sino el órgano al que representa en el acto, es decir, el Consejo-, por qué está en desacuerdo con los informes que aprueba e incluso por qué está en desacuerdo -luego hablaremos largo y tendido sobre eso- con las declaraciones públicas
que sea el presidente u otra persona que no está compareciendo en este acto pero que ha sido repetidamente citada hace en un momento determinado. Es verdad que cuando aquí se habla de las declaraciones sólo se sacan las de los que parece ser que no
gustan, las otras no existen; la libertad de expresión existe para unos pero para otros no. En fin, como ve, señor presidente, con el desarrollo de esta sesión tenemos para varios refrigerios.



Empezaré por la primera de las tres grandes cuestiones que yo creo que tenemos encima de la mesa, que es el desarrollo mismo de la sesión; e insisto en que lamento tener este debate en presencia del señor presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, pero es lo que tenemos. Ha hecho el señor presidente de la Comisión, según terminaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, una enumeración de precedentes sobre comparecencias del presidente
del Consejo General del Poder Judicial. El otro día -es verdad que en ausencia del señor presidente en cumplimiento de otras obligaciones- tuvimos un debate sobre esta cuestión con la Mesa de la Comisión y allí quedaron claras algunas cosas que
luego han ido quedando claras también en la sucesión de intervenciones de los restantes portavoces. Por ejemplo, ha quedado claro que esta es la primera comparecencia que se celebra en la historia de la democracia española, desde la transición, del
presidente del Consejo General del Poder Judicial en la que tenga que dar cuenta de los nombramientos realizados por el Consejo; absolutamente claro. Ha quedado claro también -y lo ha dicho muy bien el señor portavoz del Grupo Socialista porque ya
lo deliberamos el otro día- que esta Cámara ha ido imponiendo dos criterios sobre este tipo de comparecencias: uno, luego ratificado por la sentencia del Tribunal Constitucional que mencionó, y bien mencionado, la portavoz del Grupo Vasco, que es
la colaboración entre los poderes del Estado. La colaboración entre los poderes del Estado, señor presidente, no quiere decir traer aquí a cualquier persona, pública o privada, a decirle si le gustan o no sus declaraciones públicas, que es otra
cosa; y dos, la no fiscalización de autoridades que no están sujetas al control parlamentario de la Cámara.
Eso es importante que se respete por dos cosas: una -en la que no voy a insistir porque es muy evidente-, porque es bueno que cumplamos la
Constitución, por lo menos nosotros; y otra, porque, como dije al señor ministro de Justicia en su comparecencia ante esta Comisión al inicio de la legislatura, no


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puede pasar que nuestro sistema de poderes se traduzca en que el Gobierno controla al órgano rector del Poder Judicial a través de su mayoría en el Parlamento. Ese es un efecto perverso no querido por nuestro sistema constitucional, no
previsto por nuestro sistema constitucional. Es lo que tenemos aquí. Es más, es importante que quede claro -por lo menos para el futuro, ya que no ha podido quedar claro para hoy- que el Tribunal Constitucional no ha dicho que allí donde se nos
ocurra nosotros podemos hacer comparecer al presidente del Consejo General del Poder Judicial o a otras autoridades que no sean el Gobierno, que es el sujeto de control parlamentario. Ha dicho que en la medida en que una solicitud sea compatible
con el principio de colaboración entre poderes no se puede decidir la inadmisión por la Mesa de la Cámara y que luego la Mesa de la Comisión decidirá lo que quiera. En esos términos, señor presidente, me parece que de verdad -y lo digo sin ánimo
polémico porque no pretendo abrir un debate sobre el debate- tenemos que reflexionar sobre si, como yo creo, esto no ha sido una buena idea o, al contrario de lo que ha dicho el señor portavoz del Grupo Socialista, este no ha sido un buen
precedente.



En fin, se han discutido aquí -a veces sin utilizar, como es lógico, la referencia al señor presidente del Consejo porque algún portavoz se estaba refiriendo a este grupo parlamentario y sencillamente ha abierto el debate entre los grupos-
dos órdenes de cosas, y paso a la segunda de mis consideraciones que es el tema de los nombramientos. Le habían demandado los grupos solicitantes de la comparecencia información al señor presidente del Consejo sobre los nombramientos y el señor
presidente del Consejo ha dado su información. Como la información que da el señor presidente del Consejo no confirma sus planteamientos previos a lo que es el inicio de la comparecencia, tratan de encontrar una explicación de por qué lo que está
diciendo el señor presidente del Consejo -mira tú qué cosas- no es la información que esperan recibir sino otra. He ido apuntando la forma de razonar sobre esto; no la voy a repetir entera porque entonces serán más de dos refrigerios diarios y ya
tendríamos que pensar en mañana. Si se dan datos de elecciones recientemente celebradas, en las que ha quedado claro cuál es el perfil de lo que la carrera quiere en los puestos a elegir, resulta que eso no es representativo de la carrera.
Probablemente el señor Villarrubia sabrá explicarme luego por qué no son representativas las elecciones que se realizan en el seno de la carrera judicial. A continuación dice: Yo no tengo los datos, probablemente... Entonces entramos en otro
capítulo, que luego ha seguido la señora portavoz de Izquierda Unida, de tantos han sido propuestos por no sé quién, tantos han sido propuestos... Ya no estamos en la fase de cómo ha sido la distribución de los elegidos, ya vamos a la fase de los
propuestos. En todo caso, lo más importante es que ambos han coincidido en una afirmación que es: Al margen de elecciones y al margen de la representatividad de las asociaciones de la carrera, nosotros sabemos que hay un sustrato de apoyo a otra
sensibilidad. Está en el 'Diario de Sesiones'. Estoy estupefacto, señor presidente, por una afirmación de esa naturaleza. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién decide cuál es la sensibilidad del sustrato que no está asociado o que ha votado lo que ha votado?
¿El Gobierno, el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida? ¿Quién decide eso? Sigan su argumento hasta el final, sean intelectualmente honestos y digan: Sería bueno que les preguntáramos a todos lo que piensan sobre la composición del
Consejo General del Poder Judicial y así seguro que atenderíamos a las sensibilidades de todos.
Pues revísense a sí mismos de raíz porque algo de eso es lo que ustedes se cargaron rotundamente en el año 1985 cuando cambiaron el sistema de elección
del Consejo General del Poder Judicial. Y la Constitución no iba tan lejos como ustedes. La Constitución decía: Estos los eligen entre los propios jueces y magistrados y estos los elegimos en el Parlamento. Ahora ustedes dicen: No, ustedes
tienen que atender al sustrato de todas las sensibilidades. Supongo que están queriendo decir que en la reforma constitucional nos van a proponer que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por sus compañeros y así
tendremos clarísimo cuáles son sus sensibilidades. (El señor Villarrubia Mediavilla hace gestos al orador.) No, ya sé que no, no hace falta que me haga gestos, señor Villarrubia, pero lo que sí quiero que quede claro es el absurdo completo de esa
forma de razonar.



En cuanto a los informes, señor presidente -y estoy haciendo un enorme esfuerzo por llegar al refrigerio a una hora prudente-, se han planteado diversas cuestiones. El señor presidente ha planteado unas cuantas que no son las que más han
interesando a la mayoría de los grupos parlamentarios, sí quiero hacer reflexiones sobre alguna de ellas y luego iré a las reflexiones de los grupos parlamentarios. En cuanto a la reflexión sobre si es bueno o malo que el Consejo General del Poder
Judicial reivindique que tiene que informar cuando cree que tiene que informar y no se le ha solicitado el informe en relación con un proyecto de ley, el portavoz del Grupo Socialista tiende a pensar que las cosas malas sólo le pasan a él, pero como
ha recordado el señor presidente otros nos hemos llevado los mismos sofocos en relación con esta cuestión porque la discrepancia también se ha producido. En todo caso, el señor presidente plantea que le demos una respuesta parlamentaria sobre esa
cuestión. Me parece bastante evidente que cuando existe esa discrepancia hay que entrar a estudiarla y ver quién tiene razón porque, por ejemplo -vamos a uno de los proyectos que el señor portavoz del Grupo Socialista quería que debatiéramos hoy
aquí-, es bien sabido que el Grupo Parlamentario Popular considera que hay una enorme equivocación por parte del Gobierno cuando decide que no está obligado a solicitar informe al Consejo General del Poder Judicial en relación con el proyecto de ley
que modifica el Código Civil en cuanto al matrimonio entre personas homosexuales.



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Me va a permitir aquí el señor portavoz del Grupo Socialista que me tome una muy pequeña revancha; ya se sabe que las minorías se toman revanchas pequeñas. Dije en su día -lo recordará muy bien el señor Villarrubia- que cuando llegase el
momento tendríamos que examinar aquí qué alcance estaban dando ustedes y el ministro de Justicia a eso que enunciaban como las nuevas libertades civiles, algunos llamaban libertades sexuales, etcétera. Y dije que era importante no sólo que
tuviésemos el debate concreto sobre cada cuestión sino también el debate sobre el fundamento para ver dónde entroncamos eso dentro de los conceptos jurídicos generales. Fíjese, señor Villarrubia, si tenía razón. La razón por la cual el Gobierno no
ha solicitado oficialmente ese informe al Consejo General del Poder Judicial -y usted lo sabe- es nada menos que por entender que no afecta a ningún derecho fundamental, con lo cual entramos en el terreno de lo incomprensible también en esta
materia. En cuanto a la cuestión de los informes sobre las proposiciones de ley, yo he dicho desde el principio de mi intervención que lamento mucho tener todo este debate delante del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial como testigo de excepción, pero voy a lanzar un anuncio a los restantes grupos parlamentarios y ya veremos qué es, vamos a tomar la decisión de que en todas aquellas cuestiones en las que por vía proposición de ley se plantee un asunto que
requiera informe del Consejo tengamos el criterio general bien regulado de que efectivamente se pide; porque lo que no nos puede pasar -y desde luego no le puede pasar al destinatario de nuestras penas en este caso, que sería el Consejo- es que
tomemos la decisión de que unos informes sí se solicitan y otros no se solicitan exclusivamente sobre la base de criterios políticos, de que ahora la mayoría dice sí y ahora la mayoría dice no.
Recordaba el señor Jané -como han salido todos, lo
recordaba también- la proposición de ley planteada por el Parlamento de Cataluña en la que se establecen determinadas reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre los cuerpos nacionales, la lengua, etcétera. Decía el señor Jané -y lo he
estado preguntando porque yo no lo sabía y tenía razón- que en el Consejo ya se había iniciado el procedimiento para solicitar que la Cámara le enviase a informe la proposición de ley. De lo que yo tenía constancia -me parece estupendo y lo
apoyamos- es que el Grupo Socialista ya lo había solicitado en la Cámara y la Mesa de la Cámara acordó enviarlo al Consejo General del Poder Judicial. Bien, ¿por qué ese sí y, por ejemplo, la proposición de ley que modifica el Código Penal,
presentada por todos los grupos parlamentarios, no? Habrá que entender que sí también y que es razonable. Pongámonos de acuerdo en que siempre que sea razonable se hará y no metamos al Consejo General del Poder Judicial en el lío de si tiene que
solicitar o no tiene que solicitar.
Algunos portavoces han dicho -no todos pero algunos sí y han coincidido en esto- una cosa sobre la que a lo mejor tienen razón -ya lo contestará el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial; yo no
acabo de verlo claro-, y es que creen apreciar en algún caso que los informes han podido ser -creo que esa ha sido la expresión de la señora Uría- más combativos. En esto yo creo que hay una grandísima equivocación de origen, aunque insisto en que
puedo estar equivocado. Algunos de los mayores disgustos que me he llevado teniendo responsabilidades en el Ministerio de Justicia han sido por apreciaciones contenidas en informes sobre proyectos en los que yo he trabajado. Es decir, de verdad,
no tengan ni la sensación ni sobre todo la pretensión política de que tienen la sensación de que sólo ahora el Consejo General del Poder Judicial dice cosas que no le gustan a quienes mandan un proyecto de ley. Normalmente quien manda un proyecto
de ley cree haber hecho el trabajo previo razonable, haber previsto todo lo que cree que tenía que prever y, en consecuencia, no le hace gracia que alguien -se llame Consejo General del Poder Judicial, se llame Consejo de Estado o esta propia
Cámara- ponga de relieve que no había previsto todo lo que tenía que prever y que no había acertado en todo lo que tenía que acertar. Pero eso, señores, no significa que se pueda justificar toda una ofensiva contra un órgano que hasta hoy -que yo
recuerde y que yo conozca- ha emitidos dos informes.
Tengo que decir, no ya políticamente sino como jurista, que estoy seguro de que si sobre esos dos informes no se expresasen fundamentalmente opiniones políticas la mayoría de los juristas que
estamos en esta Comisión (al menos en uno de ellos, en el otro a lo mejor no; en el de la Ley Orgánica del Poder Judicial quizás no, pero desde luego sí en el de la ley de la violencia contra la mujer), por no decir todos, habríamos dicho algo
similar o parecido a lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial o, señor Villarrubia, a lo que de forma parecida dijo el Consejo de Estado, porque no era un buen proyecto de ley. Era un proyecto de ley, como el tiempo ha demostrado, que se
había hecho con premura, y el que tiene que prever el máximo de cosas para que nadie le corrija no tuvo tiempo o no tuvo capacidad o no tuvo la donosura jurídica que hay que tener para una cosa como esta. El resultado es el que ustedes conocen y
conocen bien: que esta Cámara ha tenido que aprobar las modificaciones que ha tenido que aprobar y que hemos buscado ponernos de acuerdo en aprobar las modificaciones que hacen que un proyecto que era un disparate se convierta en una cosa que todos
podemos votar, porque es importante que busquemos un encuentro entre todos para poder votar un proyecto de esa naturaleza.



Dicho esto, a mí me preocupan mucho algunas expresiones de esta tarde -lo creo sinceramente, señor presidente y señores portavoces-; se han oído excesos difíciles de tolerar, falta de respeto al Parlamento, tono de amenazas; nada en
concordancia con una discrepancia de opiniones como la que tenemos aquí. Al final, después de escucharles, lo que más les ha preocupado -si no les he entendido mal- es que, al hilo de los


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informes o de los nombramientos, se hagan declaraciones que ustedes consideran que no se deberían hacer por personas que forman parte del Consejo General del Poder Judicial. Yo ahí diría varias cosas. Hablé antes de la libertad de
expresión, pero demos un paso más: hablemos de la equidad y de la igualdad, porque o todos o ninguno, y yo no me he dedicado, señor portavoz del Grupo Socialista, a hacer una recopilación hoy de declaraciones que considero extremadamente
desafortunadas de otros vocales del Consejo General del Poder Judicial, en las que incluso, en público, ponen en cuestión a la persona que les preside o a compañeros que tienen otra forma de pensar dentro del Consejo. Entiendo que no es bueno que
entremos en un debate de esa naturaleza, pero si entramos, entramos para todos. Aquí -lo he dicho en público en alguna ocasión- no hay lo que usted llama, señor portavoz, los vocales absolutamente conservadores y luego están los buenos. No; están
los que estén, y a los que usted llama los buenos les llamaremos los pro gubernamentales o los absolutamente progresistas -no sé, es su terminología; a mí no me gusta usarla-. En todo caso, hagamos los análisis bien y hagámoslos pensando en el
bien del órgano, no en el bien de mi postura política en relación con el órgano.



Termino, señor presidente. Ustedes saben muy bien lo que nosotros pensamos de lo que ha pasado, porque todas estas preocupaciones no eran preocupaciones que existiesen antes de una fecha, y lo ha dicho bien, con mucha educación, el señor
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No estaban en su programa electoral, no estaban en lo que aquí hemos visto juntos como programa del Gobierno socialista para esta legislatura. Empezaron cuando empezaron; empezaron
cuando ustedes consideraron que el Consejo no había nombrado a algunas personas que ustedes querían que se nombrasen; y empezaron no al décimo informe o al séptimo o al quinto o al tercero que no les gustó del Consejo General del Poder Judicial:
empezaron con el primero.



Decía usted, señor Villarrubia, que a lo mejor tenía el presidente del Consejo que pedir disculpas por algunas manifestaciones. Mire, si hay alguien que tiene que pedir disculpas en relación con una manifestación hecha sobre el proyecto de
ley, sobre cualquiera de las incidencias que han rodeado al proyecto de ley de violencia contra la mujer, es un miembro del Gobierno, que se permitió, vamos a decir benévolamente, el error de descalificar en su presencia, señor Villarrubia, y en la
mía, en el Pleno del Congreso de los Diputados, ese informe del Consejo General del Poder Judicial aludiendo única y exclusivamente a la ideología, al pensamiento, a las creencias del ponente que había redactado el borrador de ese informe, lo cual
es absolutamente increíble, vejatorio para esta Cámara. Dejémoslo, en consecuencia, en un error que esperamos que nunca se vuelva a producir.



A partir de ahí, el Gobierno ha empezado a hablar de ingeniería jurídica y hoy hemos hecho, más que nunca, ingeniería jurídica, ingeniería jurídica máxima metiendo, en presencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, el
debate sobre proyectos de ley, proposiciones de ley, enmiendas, presupuestos y demás, que, entiendo, en modo alguno deberíamos haber hecho.



En fin, en aras del refrigerio, señor presidente, termino.



El señor PRESIDENTE: Más allá del alcance que cada uno tenga del concepto de centralidad del Parlamento y más allá de las relaciones entre Consejo General del Poder Judicial y Parlamento, más allá de ese debate de fondo, me quedo con la
expresión de la sentencia del Tribunal Constitucional cuando habla de manifestación del principio de colaboración entre los poderes públicos.



Tiene la palabra el señor presidente.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): Iba a decir, y voy a decir, que me esperaba que en esta comparecencia se formulase una serie de preguntas y de cuestiones a la Presidencia, pero tengo que
coincidir con el portavoz del Partido Popular en que ha sido un debate entre grupos parlamentarios y no se me ha formulado ninguna pregunta. Se ha hecho una serie de consideraciones en orden a por qué a determinados miembros, a determinados
portavoces de esta Comisión no les gustaban los nombramientos que el Consejo General del Poder Judicial venía produciendo ni tampoco el contenido de determinados informes. Yo voy a dar dos pinceladas porque cada uno tiene ya su posición
intelectual.



Yo creo que llevo razón cuando hablo de que se ha profundizado en el pluralismo político y lo hago desde la adscripción de determinados magistrados y jueces a formaciones asociativas que tienen una ideología distante unas de otras,
equidistante en algunos casos o simplemente que no tienen ninguna ideología, y no voy a indagar en cuál es la ideología que tienen estos magistrados. Yo he hablado de la implantación, del espíritu que tenían determinadas asociaciones en la carrera
judicial aludiendo a los resultados de las últimas elecciones a salas de gobierno de todos los tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. ¿Por qué se había acudido a ese baremo, a esa conformación? Porque en esa
elección han participado todos los miembros de la carrera judicial, que han mostrado sus preferencias mediante una votación democrática, que ha dado el resultado que ha dado y que he expuesto. Pero es que si no cogemos ese baremo y cogemos el de la
implantación en la carrera judicial por asociaciones, los resultados son equivalentes, y digo por qué. Porque la Asociación Profesional de la Magistratura tiene una implantación en la carrera en torno al 10 por ciento (400-425 asociados) y ha
obtenido


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en todos los nombramientos, desde el 7 de noviembre de 2001 al 3 de noviembre de 2004, el 18,37 por ciento, casi el doble. Si acudimos a la Asociación Francisco de Vitoria, que tiene una implantación equivalente, ha recibido el 12,24 por
ciento. La Asociación Profesional de la Magistratura, la que se dice que tiene una mayor consonancia ideológica con la mayoría del Consejo, tiene una implantación, respecto de 4.200 jueces y magistrados que somos en la carrera judicial, del orden
de 1.200, está en un 25 por ciento, y ha recibido un 42 por ciento.
Equidistante o equivalente, la Asociación de Jueces para la Democracia hubiera tenido que recibir la mitad, pero es que Jueces para la Democracia ha recibido el doble.



Concretamente, en lo que se refiere a la ley, he puesto a SS.SS. el ejemplo de los magistrados nombrados para el Tribunal Supremo, que por cierto son 16, no 17 ni 18, como se ha dicho esta mañana: son 16, y les puedo decir los nombres.
Pues bien, de esos, progresistas, porque están encuadrados en una asociación que se denomina asimismo progresista, que es Jueces para la Democracia, han recibido cinco nombramientos; la Asociación Profesional de la Magistratura, otros cinco
nombramientos, y los no asociados, seis nombramientos. Aplicar el rodillo hubiera sido, de los 16 ó 14 nombres, 2 para la Asociación Jueces para la Democracia. ¿O es que el grupo minoritario del Consejo lo que quiere es que sean exclusivamente de
Jueces para la Democracia, tengan o no calificación, mérito y capacidad? Porque parece que eso es lo que se pretende. Cuando no se logra el consenso es porque ellos quieren imponer a un determinado candidato; sin embargo, nosotros, permítame la
expresión, pescamos en aguas que no nos son favorables; es decir, cuando hemos aplicado el rodillo, según se nos viene imputando, y hemos nombrado a cinco jueces para el Tribunal Supremo que son de ideología más avanzada que otros, es porque hemos
ido a pescar en esas aguas, porque si no no se comprende cómo hubiéramos obtenido esos nombramientos. Lo mismo sucede con los no asociados. No vamos a buscar a los proclives a la ideología mayoritaria del Consejo, sino que venimos nombrando a los
que mayor mérito y capacidad tienen en el desarrollo de su función profesional en la carrera judicial, y en el total de todos los nombramientos que hemos efectuado, que son 147 entre magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Sala del Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional, presidentes de tribunales superiores de Justicia, presidentes de Sala de los tribunales superiores de Justicia, magistrados de sala de tribunales superiores de Justicia, presidentes de audiencias provinciales, letrados
del Consejo General del Poder Judicial y otros cargos. Total: 147. La proporción es, de afiliados, el 73,47 por ciento (108), y no afiliados, el 26,53 por ciento, y los afiliados se reparten casi proporcionalmente a la implantación que tienen en
la carrera judicial. ¿Se puede decir que no hemos hecho participación plural o participación de todas las sensibilidades que existen en la carrera judicial? Para lo que se va a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (nombramientos del
Tribunal Supremo y nombramiento de los presidentes del TSJ) hemos realizado nombramientos plurales dentro del seno de la carrera judicial.



El número. Yo creo que tan democrático es que se nombren por tres quintos, como por mayoría absoluta, como por mayoría relativa o por unanimidad.
Personalmente, lo he dicho públicamente, me da igual. Cualquier número que represente la
mayoría o más de la mayoría me vale, el mínimo de la mayoría que represente la mayoría para formar una decisión colectiva. Me da igual, no tengo ninguna preferencia. Si la semana próxima el Congreso varía la ley y pone los tres quintos, como si
hubiera puesto otro porcentaje: me parece absolutamente perfecto, no tengo nada que objetar.
Otra cosa es que en su aplicación vaya a conseguir los resultados que se pretenden. Esa es otra cuestión que está por ver. Lo cierto y verdad es que
desde el año 1985 la mayoría cualificada exigida para determinados nombramientos frente a la mayoría simple que se exige para otros ha venido funcionando sin problemas con distintos colores y distintas facetas en los distintos consejos generales del
Poder Judicial que se han venido sucediendo.



Política de consenso. Señorías, en mi tierra, que es Madrid, hay el dicho de que cuando uno no quiere, dos no regañan. Pues eso aplicado al consenso es igual. Cuando uno no quiere, dos no logran el consenso, y aquí he de decir que no se
debe aplicar a un grupo determinado la falta de voluntad para llegar al consenso, porque se puede decir que se quiere consensuar determinado asunto y estar poniendo obstáculos para que no haya manera de llegar al consenso, y eso es lo que ha venido
sucediendo.
Este presidente ha practicado durante todo su mandato la política de consenso hasta que se ha visto defraudado en su quehacer presidencial porque no ha tenido acogida en cuanto a los quehaceres y a las inquietudes que ha propiciado. Y
voy a seguir, pero que no se me pongan obstáculos y que no se utilice la mínima ocasión para, aprovechando que el presidente pasa, sacudirle, porque eso es lo que ha venido haciendo reiteradamente el grupo minoritario del Consejo General del Poder
Judicial, hasta llegar a un intento de reprobación del presidente -de las palabras, dicen, no del presidente, respetando a las personas-, de las palabras del presidente por una manifestación hecha en el ejercicio de la libertad de expresión.



En cuanto a los informes, no sé si SS.SS. conocen cuál es la mecánica de elaboración, pero ahí hay una comisión, que es la de estudios e informes, a la que están adscritos unos letrados, hay adscritos unos determinados vocales, en la que se
elaboran los informes, que se discuten en el seno de la misma, se aprueban por mayoría o por unanimidad, y una vez aprobados pasan al pleno; en el pleno se votan y si el informe adquiere esa mayoría, se remite al órgano correspondiente. En los
informes que se han emitido por el Consejo, antes y


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ahora, no me refiero exclusivamente a los que se han emitido ahora, ha habido críticas, censuras y manifestación de inoportunidad de técnica jurídica para poner de relieve cómo un determinado anteproyecto o proyecto de ley no tenía la
especificidad necesaria o la técnica jurídica requerida, etcétera.



La petición al Gobierno cuando éste no solicite un informe no es una cuestión nueva. Precisamente, cuando se eludió o se pretendió eludir por el anterior Gobierno el informe a la reforma del Código Penal, el pleno del Consejo, por
unanimidad, requirió al Gobierno y mostró su malestar porque se había utilizado el trámite de una enmienda parlamentaria en el Senado para introducir una modificación del Código Penal. Eso lo hizo el anterior Consejo, y así tres o cuatro veces, y,
si lo desean sus señorías, les puedo dar cumplida información. Y no se hacía con una mayoría exigua sino por amplia mayoría. Esto quiere decir que, contra la decisión del anterior Gobierno, el grupo proclive al anterior Gobierno votaba exigiendo a
dicho Gobierno lo mismo que está exigiendo al de ahora, que emita los dictámenes y que mande los proyectos de ley. Eso se efectuó así, sí, señorías, eso es así, y ahí está, en las actas del pleno del Consejo.



Su señoría puede tener la seguridad de que en los nombramientos que ha realizado el Consejo hasta el momento, que vuelvo a decir que son 147, desde la toma de posesión del Consejo hasta hace una semana, no ha habido exclusivamente una
adscripción ideológica, en absoluto. Yo personalmente he propuesto a magistrados que no tienen una ideología conservadora sino progresista, y ahí están las actas, ahí están los nombramientos y ahí están las personas desempeñando funciones en el
Tribunal Supremo. Esa es la prueba evidente de que hemos producido mérito y capacidad allí donde se encuentre el mérito y la capacidad, sea en sensibilidades próximas, remotas o lejanas. La capacidad y el mérito ha sido lo que ha predicado nuestra
actuación en todo momento.



Señorías, no quiero terminar esta maratoniana sesión sin mostrar a todos los portavoces mi agradecimiento por la ponderación, el tono y, por qué no decirlo, la cortesía, de la que no se podía dudar en una Cámara que es representante de la
voluntad popular, con mi persona. Mi reconocimiento y mi gratitud y tengan en cuenta que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Supremo estará siempre a disposición de esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia quiere hacer constar las últimas palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial para, apoyándome en ellas, agradecer a todas SS.SS. el buen tono adoptado en la sesión y las facilidades
que han dado a la Mesa para dirigir este debate, debate que me ha parecido muy positivo. También quiero dar las gracias a los servicios de la Cámara por el esfuerzo que les hemos obligado a desarrollar en esta maratoniana sesión, a los medios de
comunicación que nos han acompañado y, por supuesto, al resto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que en el día de hoy nos han honrado con su presencia.



Se levanta la sesión.



Eran las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.