CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 107

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 14

celebrada el jueves, 14 de octubre de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (Número de expediente 121/000009.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


- De la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (Valcarce García). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000314), del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso (número de expediente 212/000250) y del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000168.) ... (Página 2)


- De la señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Rumí Ibáñez). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000315) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 212/000251.) ... (Página 13)

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- Del señor secretario general de Empleo (Gómez Sánchez). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/000316) y del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds. (Número de expediente 212/000171.) ... (Página 22)


- De la señora secretaria general de Políticas de Igualdad (Murillo de la Vega). A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000167.) ... href='#(Página32)'>(Página 32)


- De la señora subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales (Domínguez González). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/000248) y del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente
212/000187.) ... (Página 38)


- Del señor director general del Servicio Público de Empleo Estatal (Baíllo Ruiz). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000317.) ... (Página 43)


Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005. (Número de expediente 121/000009.)


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (VALCARCE GARCÍA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000314), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (número de expediente 212/000250) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 212/000168.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Bienvenidos todos y todas. Agradecemos la presencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en esta Comisión y vamos a dar la palabra a los grupos
parlamentarios que han solicitado la comparecencia, según lo acordado con otros portavoces de esta Comisión, por orden de presentación en el Registro. Por lo tanto tomarán la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular
y el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tienen diez minutos cada uno de los intervinientes y la secretaria de Estado contestará en bloque a todas las cuestiones que le planteen.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora Valcarce, por su presencia en esta Comisión para informarnos sobre el proyecto de presupuestos para 2005 en el área de su competencia, Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.



Antes de pasar a lo que es el análisis del proyecto de presupuestos para este primer ejercicio de la legislatura, que es importante señalar, me gustaría decir algunos datos sobre la situación de la que partimos en el ámbito de las políticas
sociales que ocupan a esta Secretaría de Estado.
En los años de Gobierno del Partido Popular, España se ha situado, como todos sabemos, a la cola del gasto social entre los países de la Unión Europea. Los últimos datos de Eurostat nos señalan que
no es casualidad que España haya pasado de ocupar el lugar número nueve del índice de desarrollo humano de la ONU en 1990 al lugar 21 en el año 2000, pues esto ha sido consecuencia de la reducción del porcentaje del producto interior bruto en casi
dos puntos en estas políticas desde 1996. Mientras que el gasto promedio de la Unión Europea es del 27,3 por ciento, en España estamos situados en el 21,2 por ciento del producto interior bruto. En lugar de reducir diferencias, como sin duda
ocurrió en los años ochenta y primeros noventa, durante los últimos ocho años hemos aumentado nuestro déficit en política social.



Frente a esta situación, nos encontramos con los primeros presupuestos del Gobierno socialista que mi grupo piensa que nos sitúan en la senda del bienestar para acercarnos a los países de nuestro entorno europeo, tal y como decíamos en
nuestro programa electoral y como se ha señalado en distintas ocasiones en esta Cámara. Por primera vez en España, con estos presupuestos, más de la mitad del gasto público, el 50,1 por ciento, se destina a políticas sociales. Señorías, he


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hecho el ejercicio de comparar, de los datos que nos ha facilitado el Gobierno, el presupuesto de gastos del Estado de 2004 y 2005 y nos encontramos con que la diferencia del consolidado se eleva en más de 18.000 millones de euros, tres
billones de las antiguas pesetas más, de los cuales 10.836 millones de euros se destinan a la política social, es decir, 1,8 billones de las antiguas pesetas, de nuestra antigua moneda. Y este aumento tan significativo está centrado principalmente
en las políticas sociales más necesarias, en la política de pensiones, de prestaciones y de servicios sociales; tengo aquí los cuadros donde aparecen estos datos. Crece por tanto el gasto social en 2005 en un 9,5 por ciento, dato a nuestro
entender muy significativo. Es una política, señora Valcarce, que no sólo se ve reflejada en el área que usted lleva, que también, con importantes aumentos, sino que afecta de manera transversal a las distintas secciones del presupuesto; la subida
de las becas, tanto en número de beneficiarios como en cuantía; la subida del salario mínimo interprofesional; las medidas de apoyo a la vivienda, de cuyo presupuesto más del 40 por ciento está dedicado a ayudas directas para el acceso a la
vivienda; el significativo aumento de las pensiones mínimas y de viudedad y de las prestaciones familiares; y un largo etcétera. En el área que le compete afrontamos el 2005, a nuestro entender, con dos ejes de actuación indisolublemente unidos,
y que es importante destacar: leyes que garanticen nuevos derechos de ciudadanía y presupuestos que sustenten esos derechos.



Por pasar ya directamente al presupuesto, en concreto cabría destacar como primer punto el incremento del área social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que usted es responsable, en un 5,1 por ciento. A mi grupo le parece
un incremento importante, sobre todo si tenemos en cuenta el punto de donde partimos. Estamos ante unos presupuestos que beneficiarán a los ciudadanos más desfavorecidos y con una clara dimensión social, respondiendo al objetivo básico de
consolidar políticas de solidaridad propiciando nuevas acciones de atención y apoyo a aquellos colectivos y segmentos de población en mayor riesgo social. Nos encontramos con una clara apuesta por reforzar los servicios sociales en la línea, como
es nuestro compromiso, de construir un sistema público que dé cobertura a las necesidades básicas que se manifiestan tanto en el ámbito personal como en el familiar y social. Y esto se manifiesta en un claro giro de la política de prestaciones
sociales que apreciamos en su presupuesto, dotando el plan concertado con un significativo incremento en el presupuesto del 7,7 por ciento, del que se beneficiarán cuatro millones de usuarios atendidos en los 1.200 centros de servicios sociales que
abarcan todo el territorio. Las cifras hablan por sí mismas.
Siguiendo además con los compromisos adquiridos en esta misma Cámara por el Gobierno, se produce un incremento del 11,5 por ciento para atender las nuevas necesidades de las familias
españolas. A mi grupo le gustaría, señora Valcarce, que profundizara en estas políticas, en la creación del nuevo observatorio de la familia, que aparece recogido en los presupuestos, y en la ampliación de programas para la conciliación de la vida
familiar y laboral, de los que mi grupo quiere destacar las 63.800 plazas de guarderías laborales y centros de educación infantil que serán financiadas en el próximo ejercicio de 2005.



Siendo todo esto muy importante, si hay un compromiso de nuevos derechos sociales por este equipo de Gobierno en materia de política social, del propio Partido Socialista y de este grupo parlamentario, ése es el compromiso de atención a las
personas en situación de dependencia, mayores y discapacitados fundamentalmente, compromiso que ha quedado bien claro en la elaboración que se está efectuando en estos momentos del libro blanco, cuya finalización está prevista para el mes de
diciembre, así como la ley que entrará en la Cámara, esperamos, en el próximo período de sesiones. Somos conscientes de que el cuidado de estas personas recae fundamentalmente en las familias y particularmente en las mujeres. Un reciente estudio
aparecido estos días en la prensa, del Imserso, señala que las mujeres se encargan, mejor dicho, nos encargamos de cuidar a los ancianos en 1,1 millones de hogares de este país. Esta ley, que es importante que venga pronto al Parlamento, aparte de
solucionar un problema social, ayudará a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y sin duda generará mejor calidad de vida para el entorno familiar.



Quisiéramos conocer si tiene usted previsiones sobre el número posible de beneficiarios y sobre la generación de puestos de trabajo que la implantación de este sistema de atención a la dependencia supondrá para nuestro país. No obstante,
señora Valcarce, y en espera de esta ley, ya en estos presupuestos queda patente el compromiso del Gobierno con las personas dependientes, y esto se ve en el fuerte incremento presupuestario que se produce en programas que inciden directamente en
esta población, como son la ayuda domiciliaria y la teleasistencia, con un incremento del 48,80 por ciento, casi doblar lo que existía para el ejercicio de 2005. Supone atender, según los datos que he visto en el presupuesto, a un total de 150.000
usuarios, cuando las previsiones para 2004 están cifradas en 90.000. El incremento es importantísimo. Y a esto además podemos añadir que en el presupuesto del Imserso, que también gestiona los temas sociales, para programas de atención a personas
mayores se produce una sustancial subida del 14,68 por ciento. Aparecen también en los presupuestos para 2005 nuevos programas para la mejor atención de los mayores y promoviendo el envejecimiento activo; han llamado profundamente mi atención y me
gustaría que usted nos informara de ellos en su intervención, porque son absolutamente novedosos, quiero saber exactamente en qué consisten. Además, cómo no, tengo que felicitarla especialmente por el gran avance que se produce en programas puestos
en marcha ya por los primeros gobiernos socialistas, que


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tanta felicidad han dado a nuestros mayores, como son el termalismo y el turismo social, que se incrementan de forma considerable.



En cuanto a las personas con discapacidad, compartimos con el Gobierno la prioridad presupuestaria que da a la eliminación de barreras físicas y de comunicación, porque es la base fundamental para la integración de estas personas, y aumenta
en un 9,79 por ciento, junto a otras actuaciones del vigente plan que tienen como prioridad la atención personal y la vida autónoma, así como el apoyo a las familias cuidadoras de personas con graves discapacidades.



Voy acabando, señora presidenta, pero no quisiera olvidar, en el desarrollo de las políticas sociales, el importante papel que desarrollan en estas políticas y que siempre han realizado las organizaciones no gubernamentales y el
voluntariado, sobre las cuales mi grupo siempre ha solicitado, en anteriores presupuestos, en otras ocasiones, que se aumentara la consignación presupuestaria, así como que se dotara de estabilidad, que las ONGs y el voluntariado puedan trabajar con
planes plurianuales. Quisiera saber a este respecto cómo va a quedar incrementada la partida que afecta a las ONG.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señora Pérez Domínguez, le quedan treinta segundos.



La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Termino enseguida, señora presidenta, estamos a primera hora de la mañana y todavía nos podemos permitir alguna demora.
No quisiera finalizar mi intervención sin hacer mención de un nuevo concepto de la política
social que queda patente en estos presupuestos, que es la política social no entendida como gasto, sino como inversión generadora de empleo. A lo mejor usted se puede extender quizá un poco más en esto al hablarnos de los programas vacacionales, o
de termalismo, o de la atención a las personas dependientes, de la teleasistencia, etcétera. Y tengo que señalar la importancia del plan de inversiones, que se concreta en 29,98 millones de euros, con la creación de tres nuevos centros estatales de
referencia, un nuevo centro de atención a minusválidos físicos, así como la elaboración de estudios informativos de otros cuatro centros estatales de referencia, inversiones sobre las que quisiera que usted se detuviera y nos explicara. Una última
curiosidad y acabo, señora Valcarce, ¿le importaría informarme detenidamente sobre la creación del centro estatal de referencia para atención sociosanitaria a personas con Alzheimer que se ubicará en Salamanca? He podido leer las valoraciones que
realizó en días pasados la responsable de Política Social del Gobierno de la Comunidad de León, recogidas en distintos medios de comunicación, y la verdad es que no entiendo cómo se puede desconocer la situación en la que se encuentran estas
personas.



Gracias, señora Valcarce, cuenta usted con el apoyo del Grupo Socialista para sacar adelante estos presupuestos, que son importantes para la política social. Disculpe, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra Miguel Barrachina Ros, en nombre del Grupo Popular.



El señor BARRACHINA ROS: Gracias, secretaria de Estado, por su comparecencia. Antes de plantearle una serie de cuestiones técnicas que me gustaría aclarar, porque me han generado profundas dudas con relación a los sectores más
desfavorecidos de España, quiero desmentir dos auténticas bromas que se vienen con insistencia reiterando. Una de ellas es que el actual presupuesto dedica más del 50 por ciento a la política social, concretamente el 50,1 por ciento. Si tenemos en
cuenta el aumento del 14 por ciento en las prestaciones por desempleo, es decir, para pagar a los nuevos parados que se van a producir en el 2005, si quitamos ese 14 por ciento, el presupuesto no sube del 50 por ciento, sino que está en el 49, donde
estaba con el Partido Popular. Por tanto, el gran cambio en la política social y en el gasto social del 2004 al 2005 es que ustedes han previsto un crecimiento de algo más de un 14 por ciento en las prestaciones por desempleo. Si usted quita eso,
el gran eje del discurso de la política social de este presupuesto se viene abajo por completo.
Eso en primer lugar.



En segundo lugar, he tenido que padecer, como tantas veces, descalificaciones a la política social de las dos legislaturas anteriores. Yo entiendo que sea hiriente, pero durante todos los años de los ocho ejercicios de gobiernos anteriores
creció el presupuesto una media del 13 por ciento. Entiendo que pueda parecer poco, pero es el doble, crecer el 13 por ciento es el doble que crecer el 7 por ciento que creció en la última legislatura del Gobierno socialista; del 13,10 al 7,20 es
casi el doble. Será poco, pero es un 110 por ciento de crecimiento en dos legislaturas. Hay una cosa curiosa y es que, para menospreciar, para ningunear cualquier política, no la social sino cualquier otra del Gobierno popular, solamente hay que
ponerlo en relación con el producto interior bruto. Cuando un país crece en renta tanto, en un 40 por ciento, como pasó en estos últimos ocho años, si comparas cualquier dato con el crecimiento de la renta, esa cantidad será pequeña. Esto no
pasaba en 1992, cuando el crecimiento del PIB fue negativo. Si lo comparas con el crecimiento de la renta, con el producto interior bruto, cualquier dato, en épocas de crecimiento tan grandes como las que se ha vivido con el Partido Popular, es
pequeño. Esto tiene un fácil arreglo: empobrecer, como en otras ocasiones, al país para que descienda el producto interior bruto; así cualquier cosa que compares con el PIB crecerá, como desgraciadamente me temo que va a pasar en los próximos
meses.



Hecha esta acotación, yo venía a hacer simplemente una serie de precisiones técnicas, pero la intervención


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previa me ha motivado para que situemos exacta y precisamente lo que distingue la política social del Partido Socialista de la del Partido Popular, es decir, las prestaciones por desempleo. Y ahora voy a exponer las cuestiones que yo quería
preguntarle, que son las que verdaderamente me preocupan y por las que le agradezco su presencia. En el programa 212.M, y sí me gustaría una respuesta, señora secretaria de Estado, lo más precisa posible, cuando se habla de pensiones no
contributivas y de prestaciones asistenciales hay una caída de 16 millones de euros, en prestaciones sociales a ancianos y a enfermos incapacitados.
Concretamente, de esos 16 millones de euros yo he encontrado explicación a 4 millones por un ajuste
interno, pero a los otros 12 millones de euros que ustedes quitan a los ancianos y a enfermos discapacitados no les encuentro ninguna justificación. De esa cantidad que son más de 2.000 millones de pesetas, que se les quita a enfermos, a
incapacitados y a ancianos, me gustaría conocer cuál es la motivación.



En el programa 231.C se vuelve a insistir en esto. Si usted me lo explica, me quedaré más tranquilo; si no, me parece verdaderamente desalentador el retroceso que hay hacia las personas con discapacidad. En este programa, y también me
gustaría, si la tiene, una respuesta concreta, hay un desplome, hay una caída de los servicios sociales a personas con discapacidad de 13,4 millones de euros. No es ninguna broma. En concreto se produce en dos de sus partidas; una es las
transferencias a familias, que cae un 12 por ciento, 14 millones de euros se quita a estas personas con discapacidad, y otra es una caída relativamente mayor, de un 40 por ciento, y en términos absolutos menor, es decir, de algo menos de 2 millones
de euros, que se quita a las comunidades autónomas de transferencias que se hacían para estas personas con discapacidad en este programa 231.C. Me gustaría conocer dónde ha ido ese dinero porque intuyo, señora secretaria de Estado, que ha de tener
alguna explicación.
No puede ser que se haya quitado dinero a las personas con discapacidad y a ancianos y enfermos incapacitados sin más, ha de tener una justificación, y por eso le especifico el programa y la partida de la cual desaparecen, para
que usted tenga la oportunidad de dejarnos a todos tranquilos, no sólo al Grupo Popular -al Socialista ya hemos visto que no le preocupaba- sino especialmente a los colectivos a quienes iba dirigido este programa.



Hay otro programa, el 231.F, otros servicios sociales del Estado, que efectivamente tiene un gran incremento, un incremento sustancial en gastos de personal, un 52 por ciento; y en el capítulo 2, en gastos corrientes, un 226 por ciento.
Son dos cambios, dos incrementos sustanciales. Naturalmente, en algún ajuste de plantilla o en los cambios que ha habido de reprogramaciones y cambios de denominación de programa ha de estar justificado este crecimiento desmedido; en el capítulo
1, del 52 por ciento, y en el capítulo 2 del 226. Del mismo tenor es un crecimiento importante en el programa 231.G, que también debe tener su explicación, pero que yo, buceando en el texto presupuestario, no la he hallado en ninguna parte.
Atención a la familia y a la infancia hay un crecimiento considerable; el capítulo 1 crece un 48 por ciento, gastos de personal casi se duplica. Naturalmente ha de tener una justificación que yo no alcanzo y me gustaría, no que usted me diga que
se debe a ajustes internos, sino que me diga, de la misma forma que yo le digo el programa en el cual crece, el 231.G, el capítulo 1, un 48 por ciento, en qué otro capítulo 1 del ministerio se ha reducido, para justificar ese supuesto ajuste. Lo
que no ha crecido, dentro de Atención a la familia y a la infancia, no ha crecido ni un 48 por ciento como el gasto de personal, ni un 1 por ciento, ni el IPC, absolutamente nada, son los 7 millones de euros que había para guarderías en el capítulo
7, una transferencia, uno de los muchos programas que creó el Gobierno anterior para guarderías, que está congelado. Yo pensaba que esta partida iba a crecer, porque yo, en mi ingenuidad. había creído que, cuando se hablaba, y hoy se ha reiterado
aquí, de que en el primer semestre habrá una ley de dependencia, sería verdad. Además el señor Caldera, en una entrevista que tengo aquí, decía que en el próximo año habrá un fondo estatal con dotación para iniciar en 2005 el programa del plan de
dependencia. Esto yo no lo he encontrado en el presupuesto para 2005. Intuyo que habrá sido un despiste de este portavoz y espero que me diga.



Sí me gustaría también, no lo tenía previsto pero he escuchado unas referencias a unas becas que sí que tienen que ver con este ministerio.
Son las becas del Injuve que recibían los jóvenes artistas y que han desaparecido. El Instituto
Nacional de la Juventud daba 1.200.000 euros para la ampliación de estudios y la formación de jóvenes artistas y esa cantidad no está. Hasta ahora la anterior Secretaría General de Asuntos Sociales daba cuenta de los temas de juventud; ahora creo
que la estructura orgánica lo separa y lo hace depender directamente del ministro. Pero como he escuchado hablar de becas, sí me gustaría, si alguien sabe, si alguien ha hallado dónde está el 1.200.000 euros de becas del Injuve para jóvenes
artistas, si alguien lo ha encontrado, que me lo diga. En este presupuesto, en el texto que nos ha remitido el Gobierno, yo no lo encuentro. Este programa, el de juventud, del que también le pido una explicación directa, es el programa 232.A, que
usted debe conocer. Se refiere a las transferencias corrientes, el artículo 4, del que le pido también una respuesta precisa, como al resto de dudas técnicas que tengo. Estoy convencido de que usted me va a resolver todas las sombras que yo tengo
sobre este presupuesto; su intervención espero que tenga más precisión técnica que la mía y que me detalle usted exactamente dónde aparece este dinero que ha desaparecido.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra, en nombre del


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Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora Carmen García.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida. Intentaré ser lo más breve posible, porque entiendo, quizás también todavía desde mi inexperiencia, que hoy de lo que se
trata es de aclarar aquellos puntos del presupuesto que a cada grupo parlamentario no le hayan quedado suficientemente claros, puesto que estamos en un momento de poder presentar enmiendas. Lo que necesitamos es información lo más clarificadora
posible.



Voy a hacer en primer lugar la valoración del presupuesto. El análisis y sobre todo la comparación de los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dedicados a políticas de asuntos sociales, migraciones e igualdad, a
nuestro entender está resultando especialmente complejo en este proyecto de presupuestos de 2005. Esto tiene sus razones, aparte de que todo presupuesto siempre tiene un grado de complejidad muy elevado, porque la reforma de la estructura que ha
experimentado el citado ministerio ha supuesto la creación, por ejemplo, de dos nuevas secretarías, de inmigración y emigración, y una general de políticas de igualdad. La creación también de nuevas direcciones generales ha supuesto también
modificación a las competencias del Imserso y la asunción de competencias realizadas en el pasado por el Ministerio del Interior. Todo ello entendemos que lleva aparejado importantes modificaciones en el proyecto de presupuestos, que al menos a
nuestro grupo le resulta difícil entender, aparte de que hay rúbricas presupuestarias que en algunos casos han cambiado de denominación. Todas estas modificaciones en muchos casos entendemos que no se explican adecuadamente en las memorias que
acompañan a los programas, porque se da demasiado por supuesto que el lector va a seguir perfectamente toda esta situación. Con todo esto quiero decir que voy a pasar a hacer una valoración, pero que entiendo perfectamente y acepto ya de antemano
que esta valoración puede estar acompañada de errores por lo que acabo de mencionar; en todo caso hemos de partir de una valoración inicial y aquí estamos hoy precisamente para que, si no lo hemos entendido, usted nos lo pueda aclarar.



Haciendo un poco de abstracción de las modificaciones derivadas de los cambios de la estructura administrativa, nosotros hubiéramos querido hacer una valoración ahora positiva, en cuanto al capítulo, al ámbito que hoy nos corresponde hablar
de este presupuesto, pero no lo hacemos, ésta es la realidad. Nosotros, en este ámbito del que hoy estamos hablando, entendemos que estamos teniendo encima de la mesa un presupuesto bastante continuista en relación con los del año anterior y con
pocas o escasas innovaciones. También con poco riesgo, en el sentido de que sabemos perfectamente que todo presupuesto tiene sus limitaciones y que de lo que se trata es de mostrar en un presupuesto aquellas políticas y aquellas prioridades que
pretendemos realizar, lo cual ha de suponer en muchos casos incrementos, pero también en otros casos a lo mejor supone modificaciones.



Entendemos que el crecimiento total de las tres secretarías asciende a 26.000.000 de euros, unos 4.352 millones de las anteriores pesetas, y que esto supone un 4,78 sobre el presupuesto del año anterior; estamos hablando en términos
homogéneos. No podemos olvidar y hay que tener en cuenta que, de este crecimiento, 11.555 millones de euros, el 44 por ciento, se destina a las pensiones asistenciales para los emigrantes españoles, por lo que realmente en definitiva el crecimiento
real ha supuesto un 2,6 por ciento. Nos damos cuenta de que nosotros estamos citando unas cifras que no coinciden ni con las citadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ni con las del Grupo Popular; seguramente tampoco coinciden con
el Gobierno. Esto significa que, una de dos, o estamos interpretando cada uno de nosotros los presupuestos de una determinada manera o nos faltan datos, nos faltan clarificaciones y nos faltan, en definitiva, más elementos.



En lo que se refiere al Imserso, el crecimiento que nosotros detectamos es exclusivamente un 0,27 por ciento, que tampoco coincide con las perspectivas que se tenían. De la misma forma, y haciendo una valoración general, nosotros lo que
vemos es que en todos los planes, tanto el gerontológico, el de discapacidad, el concertado, el plan existente sobre Alzheimer, inmigración, voluntariado, en el cuadro que hemos realizado, hay una congelación con relación a otros años, no hay
aumentos que se puedan considerar significativos, a no ser que sea un crecimiento vegetativo, que, nosotros no podemos valorar como un crecimiento significativo.



La realidad es que nosotros, y vamos a insistir en ello en nuestras enmiendas, teníamos la esperanza de que este fuera un presupuesto claramente social. El planteamiento que se ha hecho desde el inicio de esta legislatura y que nosotros
hemos valorado con una gran esperanza y muy positivamente, tanto por el ministro Caldera como por la comparecencia de usted misma, en la que hizo una exposición de todos aquellos planes nuevos, fundamentalmente para desarrollar la cuarta pata del
bienestar social, nos lo hemos creído y nos lo queremos seguir creyendo. Pensamos que debe haber errores en el presupuesto y que no estamos interpretando bien estos números. Para aclararlo estamos en este proceso, como antes decía, para poder
hacer las enmiendas y las propuestas correspondientes como grupo.



Voy a hacer unas preguntas concretas, aunque he querido primero hacer esta valoración. Nuestra valoración, nuestro análisis, no se corresponde con lo que se está de alguna forma planteando desde el equipo del Gobierno.
Me centraré en el
programa 231.S, Otros servicios sociales del Estado.
Nosotros encontramos una sola partida nueva, que es la 482. Para programas de discapacitados, con 3.984.000 euros, unos 661


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millones de las antiguas pesetas; es para nosotros la única partida nueva que encontramos. Las preguntas que queremos hacer con relación a la discapacidad, en lo que nos queremos centrar en esta comparecencia, son: Esta partida, ¿a qué va
a ser destinada? Si es realmente nueva, tal y como la estamos nosotros ahora interpretando, porque hemos visto que hay cambios de partidas. Nosotros sí que hemos detectado algunos cambios de partidas, que se traspasan, digamos. No es que se
reduzcan, ni que se incrementen en otras partidas, simplemente hay unos traspasos; es el caso del programa de acción social, infancia y familia, que se traspasa al 231.G. Aparte de este traspaso no hemos encontrado ninguno más. En este programa
nuevo, para nosotros absolutamente insuficiente, quisiéramos saber qué está previsto y si con esta partida es con la que está previsto desarrollar algo que nosotros entendemos que no sería posible hacer como es el compromiso del programa, el plan
realmente, de desarrollo de la atención a la dependencia: Revisando su comparecencia de hace ya algunos meses, en la que nos habló de toda una serie de ampliaciones de atenciones y servicios, citó por ejemplo, 158.000 nuevas plazas de residencia;
quizás se refería a toda la legislatura, pero quisiéramos saber cuántas se van a ampliar en este año, en este presupuesto. También se hablaba de 51.370 nuevas plazas de centros de día, de llegar a 865.000 nuevas...La señora VICEPRESIDENTA
(Cortajarena Iturrioz): Perdón, señora García, le ruego que vaya concluyendo.



La señora GARCÍA SUÁREZ: De acuerdo, iré acabando, presidenta, iré acabando. Se hablaba asimismo de una ampliación importante de servicios de teleasistencia. Todo esto ya sabemos que es en colaboración con las comunidades autónomas, pero
es que del plan concertado y de la aportación a las comunidades autónomas que en estos presupuestos se detallan tampoco se deduce que haya ningún incremento. No nos queda claro cuál es la aportación del Estado ni qué van a recibir las comunidades
autónomas para poder desarrollar lo que por competencia les corresponde, teniendo claro, evidentemente, que las comunidades autónomas han de aportar también la cantidad que les corresponde. Por tanto, mis preguntas se centran concretamente en temas
muy específicos con relación a la dependencia, a cuál va a ser el incremento real y los servicios reales que se van a incrementar.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, si alguno de los grupos que no han intervenido hasta el momento quiere hacer uso de la palabra, la Presidencia considera que tienen como tope máximo de intervención tres
minutos. En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora Valcarce, bienvenida a la Comisión.
Quería decirle, con relación a las previsiones que contemplamos en estos presupuestos, y considerando las expectativas de la comparecencia del señor ministro de usted
misma, éstos son unos presupuestos decepcionantes. Son presupuestos realmente continuistas en los programas que viene desarrollando España en materia social en los últimos años, mi grupo no percibe ninguna novedad, y por tanto quedan lejos de las
expectativas que nos habíamos marcado todos en esta legislatura de avanzar de manera evidente en la solución del problema de la dependencia.



A mí me gustaría que, junto a las preguntas concretas que le han planteado algunos portavoces, la señora Valcarce informase de qué previsiones concretas existen de crecimiento, de cobertura de las necesidades de dependencia, especialmente
por lo que hace referencia a la creación o el apoyo a la creación de plazas de residencia para personas mayores, de aumento de la cobertura de la asistencia a domicilio. Además, querría saber una previsión de distribución territorial de estos
posibles crecimientos, para poder tener una cierta valoración del impacto que estas políticas, que insisto que son continuistas, van a provocar en el conjunto del territorio.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra el señor Olabarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me ajustaré al tiempo y a la naturaleza del debate, porque hoy nos encontramos con la sorpresa en la Comisión de Interior de que algunos portavoces de la oposición en este momento articulaban la totalidad de sus
políticas sectoriales a los comparecientes o las exponían con el sufijo posterior de consignación presupuestaria, para no desnaturalizar de forma particularmente indecorosa el trámite, con lo cual se ha convertido en un verdadero debate de política
general. Y no es eso en lo que va a incurrir mi grupo parlamentario; voy a indicar tres deficiencias que observo en el presupuesto que presenta la secretaria de Estado que van a constituir enmiendas parciales de mi grupo parlamentario.



La primera hace referencia a la conciliación de la vida laboral y familiar. La verdad es que nosotros hemos repetido, a iniciativas del grupo de Convergència i Unió, hasta la saciedad que nadie hace nada en esta materia. Le puedo decir que
yo tengo sobre esta cuestión aportaciones o una aproximación no sólo empírica sino de naturaleza experimental, porque he tenido que sufrir esta situación también personalmente. Y nadie hace nada, todo el mundo hace apología, están grandes leyes,
grandes normas conciliadoras, y realmente no se avanza nada, cuando el papel de la familia está consignado en el artículo 19 de la Constitución y cumple funciones importantes que requieren incluso su revalorización


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como institución, desde la perspectiva del cuidado de ancianos, de niños, de reproducción de valores metaculturales, dado el valor sincrético que se atribuye a la familia y, en su seno, a la mujer. Y sobre todo en una materia que no se
suele tocar y que debe de alguna forma afrontarse por la Administración, que es que normalmente a los familiares se les atribuye por los jueces las situaciones de guarda, cuando hay un incapacitado, las situaciones de tutela, curatela y guarda, con
carácter general, con el quebranto incluso patrimonial y de esfuerzos que eso supone para un familiar, y sin ningún tipo de colaboración por parte de la Administración, cuando al guardador se le obliga a controlar el patrimonio, regenerar el
patrimonio del incapacitado, hacer todo lo posible para su restablecimiento, y una serie de quebrantos en que los poderes públicos tendrían que colaborar. Yo no he observado nada en el presupuesto en esta materia. En las diputaciones forales de
Euskadi se están haciendo importantes aportaciones, importantes actuaciones en este ámbito, y le voy a indicar que vamos a hacer alguna incorporación en forma de enmienda a un problema socialmente importante y que debe afrontarse.



En materia gerontológica yo también compartiría las opiniones del grupo de Izquierda Unida, nosotros no apreciamos significativos incrementos presupuestarios cuando ese es un problema creciente, exponencialmente creciente, donde hay
problemas de atención no en el sentido convencional de la palabra sino donde habría que incorporar novedades importantes. Y una específicamente, que va a configurar o fundamentar una enmienda de mi grupo parlamentario, es el problema de soledad que
afecta a ancianos que viven no sólo en una situación de absoluta soledad, sino en zonas urbanas deprimidas por circunstancias urbanísticas y sociológicas en el seno de nuestras ciudades por todos conocidas. Y el problema de la necesidad de atender
esas situaciones de soledad, además en contextos muchas veces que incluso tienen esas zonas deprimidas urbanísticamente, componentes de peligrosidad social o problemas de política criminal que rodean la vida de estos ancianos, que también deben ser
afrontados debidamente, quizás no por su departamento, por su ministerio, sino en colaboración con otros.



Por último, también en materia de discapacidades, tengo que decirle que tampoco nos parece que se avance lo suficiente en esta materia, en la remoción de las dificultades de los discapacitados, y le voy a poner un ejemplo. La Diputación
Foral de Guipúzcoa hizo un trabajo muy interesante la semana pasada, a pesar de que está trabajando con gran sensibilidad con relación a los problemas de los discapacitados, y la presidenta de esta Comisión sabe perfectamente de lo que estoy
hablando desde hace muchos años. Un grupo de expertos detectó nada menos que setenta puntos que dificultan la movilidad de los discapacitados en el seno de las dependencias de la propia institución foral del territorio histórico de Guipúzcoa, que
precisamente se caracteriza por tener una de las políticas más avanzadas en esta materia. Por lo tanto, también aquí habrá alguna enmienda de nuestro grupo. Y agradezco a la presidenta su moderada generosidad.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, para responder a todas las cuestiones que se han planteado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Muchas gracias, señorías, por sus consideraciones sobre los Presupuestos Generales del Estado. Quiero hacer una primera intervención general
para responder a los grupos parlamentarios y luego responderé a las cuestiones puntuales que han planteado sobre el presupuesto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.



Señorías, yo también entiendo que es muy importante señalar de dónde partimos, y quiero poner sobre la mesa algunos indicadores de la situación social a día de hoy, en el año 2004, en nuestro país. Por ejemplo, la oferta de servicios
sociales para las personas con dependencia no llega a cubrir en nuestro país ni siquiera al 5 por ciento de la población de mayores; sin embargo, en la Unión Europea, la media es del 12 por ciento. En plazas residenciales disponemos de alrededor
de tres plazas por cada cien personas mayores de sesenta y cinco años; la media de los países de la Unión Europea es claramente superior, está en el 7 por ciento. El servicio de ayuda a domicilio da una cobertura del 2 por ciento en la población
mayor de sesenta y cinco años, que está muy por debajo de cualquiera de las ratios de los países europeos con más desarrollo en materia de servicios comunitarios. Está desde luego muy lejos, por ejemplo, de Dinamarca, cuya cobertura es del 21,7 por
ciento; Suecia, el 17,9 por ciento; Francia, el 7 por ciento; Alemania, el 6,5 por ciento. El servicio de teleasistencia da sólo cobertura al 1 por ciento de la población de personas mayores en España. Esto nos puede dar una idea de cuál es la
situación de la dependencia en nuestro país. En lo que respecta a la protección a la familia, es uno de los más bajos de la Unión Europea; equivale, en términos de PIB, y luego responderé puntualmente al portavoz del Grupo Popular en esta
cuestión, al 0,5 por ciento. La media de la Unión Europea de ayudas a la familia está en el 2,1. Ésta es la realidad social de nuestro país y es la que queremos cambiar con este presupuesto. Este presupuesto, desde luego, no es continuista,
supone una ruptura con respecto a los presupuestos de los últimos ocho años y nos coloca en la senda del bienestar. Los presupuestos del año 2005 tienen un objetivo muy claro en este departamento y es situarnos, ir colocándonos, en la media de la
Unión Europea en protección social. Y, señorías, en esto hay que recordar también dónde se


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inscribe este presupuesto. Se inscribe dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, que en gasto social crecen por primera vez en España el 9,5 por ciento. Suponen más de la mitad del gasto público, nada menos que el
50,1 por ciento está destinado a fines sociales.



En cuanto a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, tiene un presupuesto, ejecuta un presupuesto de 2.750,63 millones de euros. El presupuesto, dentro del área social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, crece el 5,1 por ciento, y el presupuesto del Imserso, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que les recuerdo que está adscrito a esta Secretaría de Estado, crece el 7,2 por ciento; este crecimiento duplica el crecimiento de la
economía española previsto para el año 2005. Y esto sí que es un indicador incuestionable.
Este crecimiento, ¿para qué? El objetivo básico de la Secretaría de Estado es la consolidación, mejora y actualización de las políticas de bienestar,
propiciando nuevas acciones de atención y apoyo a la población con más necesidades. Se trata de construir un sistema público de servicios sociales para dar cobertura a necesidades sociales que se manifiestan en el ámbito personal, en el ámbito
familiar y en el ámbito social. Queremos hacer mejores servicios públicos y también que sean más universales. Queremos mejorar las coberturas y las prestaciones, pero también queremos que sean más personales, mejorando la atención del servicio que
se presta, por lo tanto, logrando una mayor calidad. El presupuesto que presentamos es claramente inversor, la inversión es socialmente eficiente y quiere atender necesidades que son reales y urgentes. Con ello, no les quepa la menor duda, también
perseguimos el objetivo de dinamizar la economía española y crear más empleo.



Queremos ahora señalar al menos las actuaciones fundamentales. Primero, en el ámbito de las personas mayores. El objetivo es mejorar la atención a las personas mayores, ampliando los programas que ya venían funcionando desde los gobiernos
socialistas, por ejemplo, el programa de vacaciones de la tercera edad y el termalismo social, y mejorando la asistencia a los mayores dependientes, a través de programas como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y las
residencias asistidas.
Quiero destacar que estos presupuestos incorporan nuevas acciones, y lo hacen en el programa de envejecimiento activo. Se desarrollan a través de actuaciones que se van a formalizar de acuerdo con las comunidades autónomas.
Estas son medidas como, por ejemplo, la prevención de la dependencia y promoción de la salud, a la cual vamos a dedicar 525.000 euros; la promoción cultural de los mayores, con una dotación de 700.000 euros; la preparación a la jubilación y el
fomento de la jubilación gradual y flexible, a la que se dedicarán 420.000 euros; la protección de los derechos de las personas mayores, a la que se dedicarán 700.820 euros. Vamos a dedicar a estas nuevas actuaciones cerca de 2,5 millones euros.



En el presupuesto del Imserso, el incremento del programa de atención a personas mayores en su conjunto experimenta un incremento del 14,68 por ciento y se sitúa en una cuantía cercana a los 138 millones de euros. Con este presupuesto vamos
a aumentar un 15,4 el número de plazas concertadas en residencias, pero también un 13,3 por ciento el número de beneficiarios del programa de turismo social, y esto supone 680.000 beneficiarios. Vamos a incrementar el 5,9 por ciento los
beneficiarios del programa de termalismo social, que supone 125.000 españoles y españolas beneficiarios. Un 70,4 por ciento, el número de beneficiarios del servicio de teleasistencia, 136.350 nuevos beneficiarios. El crédito destinado a las
pensiones no contributivas de vejez e invalidez se eleva nada menos que a 1.863,45 millones de euros. Este crédito resulta suficiente para atender el coste derivado de la revalorización de las pensiones, que se incrementa en un 3 por ciento. El
número estimado de beneficiarios es de 491.542 pensionistas; por invalidez, 207.643, y por jubilación, 283.899.



Quiero referirme a algunos de los programas orientados a las personas con discapacidad. El Imserso dedica un total de 177,14 millones de euros para la discapacidad, que incorpora la LISMI, los centros y los programas específicos. En este
ámbito es una prioridad eliminar las barreras físicas y de comunicación, porque lo que nos proponemos es avanzar en la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por cierto, los convenios de accesibilidad tienen un incremento del
9,79 por ciento. El crédito destinado al pago de las pensiones LISMI contará con una dotación de 98,80 millones de euros. Va a beneficiar a 59.377 personas discapacitadas; el incremento en esta partida para el subsidio de movilidad es del 5 por
ciento. Con estos presupuestos se pretende mejorar las condiciones de vida, la rehabilitación, los cuidados de las personas discapacitadas severas, pero además pretendemos la creación de centros de rehabilitación; la creación de estos nuevos
centros va a suponer 1.129 beneficiarios nuevos, a la vez que ampliamos las plazas concertadas en centros para discapacitados. Las principales actuaciones del plan de inversiones se refieren a la construcción de tres nuevos centros estatales de
referencia -Burgos, Salamanca y Valencia-; un nuevo centro de atención a minusválidos físicos en San Andrés del Rabanedo, León; además se incluye la elaboración de los estudios informativos de otros cuatro centros estatales de referencia, Murcia,
Sevilla, Extremadura y Madrid.



Voy a explicar este plan de inversiones, que se concreta en dos capítulos.
Uno, el capítulo 7, que son convenios comprometidos presupuestariamente en cuanto a convenios con ayuntamientos: residencia de mayores en La Robla, León;
residencia de mayores en Trespaderne, Burgos; ciudad del mayor, en León, centro cívico de Quilós en León y centro cívico en Serranilla del Arroyo, Salamanca. Además incluye el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla


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y León para la construcción del centro Santo Ángel, en Soria; incluye también el convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la construcción del centro galego de desarrollo integral para discapacitados dependientes, Cegadi, en
Mos, Pontevedra. Estos convenios comprometidos presupuestariamente superan los dos millones de euros.



En el capítulo de inversiones, capítulo 6 del ministerio, Imserso, suponen la construcción de un centro estatal de referencia en Burgos, orientado al tratamiento de las llamadas enfermedades raras; la construcción de un centro estatal de
referencia en Salamanca para el tratamiento de Alzheimer; la construcción de un centro estatal de referencia en Valencia para el tratamiento de la enfermedad mental, la terminación del centro de rehabilitación de minusválidos físicos en Bergondo, A
Coruña; la continuación de obras en diversos centros de rehabilitación de minusválidos físicos en Albacete, Cádiz, Madrid, Alcuéscar, y también la continuación de obras en el centro de daño cerebral de Madrid. Incluye también el plan de obras del
centro Ceapat de Madrid. Y los nuevos centros, el inicio de actuaciones en el centro de minusválidos físicos gravemente afectados de San Andrés del Rabanedo, en León; la ampliación del centro de atención a minusválidos físicos de Guadalajara; el
estudio informativo para la creación de un centro estatal de referencia de Parkinson en Murcia; el estudio informativo para la creación de un centro estatal de referencia de daño cerebral en Sevilla; el estudio informativo para la creación de un
centro estatal de referencia de I + D + I en Extremadura; el estudio informativo para la creación de la ciudad del mayor en León; el estudio informativo para la escuela nacional de servicios sociales en Madrid, el hogar de residencia de Ceuta para
mayores; el hogar residencia para mayores, centro de día de Ceuta; la residencia de Ceuta y la residencia de Melilla. Ello supone un total en este capítulo 6 cercano a los 28 millones de euros.



En lo que se refiere a los programas de familias e infancia, el presupuesto del programa supone 51.262.180 euros. Está previsto mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención a la primera infancia en convenio con comunidades
autónomas, ayuntamientos y empresas, sobre todo en las zonas socialmente desfavorecidas. Este objetivo incluye las escuelas infantiles de 0 a 3 años, pero también las guarderías infantiles laborales, es decir, en empresas. Se prevé la creación de
3.800 plazas nuevas y la cofinanciación de 60.000. Además, se incrementa uno de los programas en un 11,5 por ciento en su consignación presupuestaria, y está orientado a elaborar el Plan Nacional de infancia y adolescencia, al Observatorio de la
Infancia, al Plan de Acción contra la explotación sexual infantil, al Plan Integral de apoyo a familias y a la creación y puesta en marcha del Observatorio de las Familias.



En lo que se refiere al capítulo de servicios sociales y tercer sector, vamos a dedicar 205,96 millones de euros. Una parte se destina a consolidar la red básica de los servicios sociales y su red asistencial.
Incluye los centros de acción
social, las casas de acogida, los albergues, los centros de rehabilitación a través del plan concertado, y vamos a dirigirnos nada menos que a 3.738.608 españoles, españolas y residentes en España, que van a estar atendidos en 1.194 centros y 170
albergues y casas de acogida. Señorías, para afrontar este objetivo, el incremento respecto al presupuesto del año anterior es del 7,7 por ciento. Otra parte se destina a reforzar el tercer sector, el voluntariado y las ONG, para ampliar y mejorar
la acción social en colectivos desfavorecidos, por ejemplo, población gitana, erradicación de la pobreza extrema, presos, drogodependientes, etcétera. ¿Con ello qué queremos? Garantizar financiación suficiente y estable de las actividades que
desarrolla tanto el tercer sector como las ONG. El crédito destinado a las subvenciones del 0,52 del IRPF es de 96.945.430 euros. Supone un incremento con respecto al año anterior del 2 por ciento. La consignación presupuestaria destinada a las
subvenciones de régimen general es de 15.744.040 euros, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento.



Con estos presupuestos queremos evidenciar la voluntad política del Gobierno de hacer un proyecto de sociedad que quiere la mayoría de los españoles. Pero no quiero terminar aquí mi intervención sin unas respuestas concretas a algunas de
las cuestiones que los portavoces han planteado. Quiero responder por el mismo orden de intervención, en primer lugar a la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez Domínguez. Muchas gracias por su intervención, comparto el análisis que usted ha
hecho del presupuesto y su valoración. En relación a lo que ha dicho, muchas gracias. Quiero responderle en concreto a lo que ha planteado sobre el Sistema Nacional de atención a las personas dependientes en el que se ha comprometido el Gobierno y
en el que también, como ustedes muy bien saben, se comprometió en el Pleno de esta Cámara el presidente del Gobierno. Antes del 31 de diciembre estará presentado en esta Cámara el libro blanco de atención a las personas dependientes, y en el
próximo período de sesiones se presentará el proyecto de ley de atención a las personas dependientes. El libro blanco, que está en proceso de elaboración, será en el próximo mes objeto de debate, de diálogo, de estudio y de búsqueda de consenso, en
primer lugar en la mesa del diálogo social con trabajadores y con empresarios. En segundo lugar será también presentado en conferencia sectorial a las comunidades autónomas para alcanzar el máximo consenso entre los diferentes gobiernos regionales,
para alcanzar también un acuerdo con las comunidades, porque tienen muchas competencias en materia de dependencia. Asimismo, será presentado también a la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, para buscar el máximo acuerdo, puesto
que las corporaciones locales en buena medida tienen la primera responsabilidad en muchos de los aspectos que cubre la atención a las personas dependientes.



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Señorías, el Gobierno está persuadido de que el desarrollo del Sistema Nacional de atención a las personas dependientes es un proyecto de país, y por ello queremos alcanzar el máximo consenso en esta Cámara, y por ello también lo
presentaremos en la Comisión del Pacto de Toledo.
Personalmente estoy ya comprometida a comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo de esta Cámara el próximo día 26. Y todo ello, ¿para qué? Señorías, nuestro objetivo espero que sea compartido:
atender más y mejor a todas las personas dependientes en España, mayores, discapacitados, y queremos hacerlo con un sistema de prestaciones que dé una atención básica a todos los españoles y españolas, independientemente del lugar en el que residan,
y también que esas prestaciones les permitan acceder a unos servicios básicos que al menos han de incorporar las ayudas técnicas, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y las residencias de mayores. El objetivo básico,
señorías, es la atención a las personas dependientes, sin lugar a dudas; pero también estamos persuadidos, y yo comparto su análisis, señora Pérez Domínguez, de que con ello estamos impulsando un sector importante, estratégico de la economía
española, pero también que la inversión social es una inversión eficiente. Nosotros preferimos hablar de inversión y no de gasto, porque estamos también persuadidos de que los retornos económicos que ello produce, ya sea vía cotizaciones, ya sea
vía impuestos, o cualquier otro tipo de tasas, contribuyen de manera decisiva a la creación de empleo y, desde luego, a la dinamización de la economía española.



Señora Pérez Domínguez, con respecto a la cuestión concreta que usted planteaba sobre la valoración hecha por la consejera de Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, prefiero pensar que ha sido una valoración personal, y que además
no comparte el conjunto del Gobierno de la Junta de Castilla y León, puesto que no es ni muchísimo menos, me consta, compartido por el presidente de la Junta de Castilla y León, y lógicamente eso me produce una gran satisfacción. Es imposible
pensar que la construcción de un centro de referencia nacional para Alzheimer en Salamanca pueda ser recibido diciendo que puede haber un exceso de oferta de plazas en Salamanca y en Castilla y León, cuando como ustedes muy bien saben hay 500.000
españoles y españolas afectados por el mal de Alzheimer. La lista de espera en España, en Castilla y León, y desde luego en Salamanca, supera las plazas disponibles tanto en la red pública como en la red concertada como en la red privada de esta
comunidad autónoma. Creo que fueron unas manifestaciones desafortunadas, que no se corresponden con la seriedad y con el rigor de un Gobierno como es el de la Junta de Castilla y León, y que, no habiendo sido defendidas por el presidente de la
comunidad, yo las he dado por no hechas.



En cuanto a la intervención del señor Barrachina Ros, del Grupo Popular, señor Barrachina, tranquilidad, porque no hay sombras ni desplomes, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, estoy completamente segura de que con mis respuestas va a
sentirse usted mucho más tranquilo, y le aseguro que los españoles no sólo van a estar más tranquilos, sino que se van a sentir mucho más seguros, porque éste es un Gobierno que hace de sus presupuestos un ejercicio de rigor y transparencia, y ese
rigor y transparencia tiene mucho que ver con el manejo de los datos estadísticos. Por lo tanto, en este presupuesto hay una primera cuestión, y es que se ha hecho una limpia de lo que no era verdad, una limpia de lo que estaba inflado, y ahora a
usted le salen unos números que no cuadran con la realidad y, sobre todo, con la lectura de los presupuestos. En cualquier caso, es usted muy libre de utilizar los indicadores que considere oportunos. Pero mire, en España y fuera de España, para
saber cuál es el esfuerzo de un país en materia de servicios sociales siempre se utiliza un indicador básico, que es cuánto gastamos en relación a cuánto crece nuestra economía y en relación al producto interior bruto.
Le guste o no le guste, en
los últimos diez años España no ha avanzado en gasto social. Ha retrocedido seis puntos, y esto es en términos de PIB.
Pero también si usted lo compara con el crecimiento de la economía, ya he dicho cuánto crece el presupuesto de este departamento
en relación al crecimiento previsto de la economía, que por cierto usted no ha cuestionado. Crece más del doble, y ello es un gran esfuerzo que realiza este Gobierno para ir reduciendo las diferencias que nos separan con los países de nuestro
entorno europeo. ¿Pero para qué? Pues para alejarnos de sombras, y en eso sí le doy la razón, de situaciones como la de nuestros mayores, la de las familias españolas con personas con discapacidad. Yo le he dado los datos de los indicadores
básicos, tanto en teleasistencia, en ayuda a domicilio, centros de día, residencias, de cómo estamos en España y cómo estamos en la media de la Unión Europea. Pero usted puede hacer dos cosas, creerme a mí o creer a la concejala de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado recientemente unos datos que, a mi juicio, son escalofriantes. Decenas de mayores en Madrid mueren solos, y diez en condiciones muy graves de soledad. Entonces, eso es lo que tenemos, y eso es
lo que este Gobierno va a cambiar, señor Barrachina. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Antes le señalaba algunas cuestiones, pero le voy a decir algo más. Hay que hacer limpieza, para entendernos, por ejemplo en las prestaciones por desempleo. ¿Cómo
es que crecen el 14,3 por ciento? Eso es así, pero usted y yo conocemos perfectamente la explicación, y es que si usted tiene en cuenta cuántas personas a finales del año 2004 van a ser perceptoras de la prestación por desempleo, verá que el
crecimiento es del 2,09 por ciento. Espero y deseo, señor Barrachina, que usted no vaya a proponer que quien ha tenido hasta ahora el derecho a percibir una prestación por desempleo la vaya a perder. El 2 por ciento, como usted muy bien sabe, es
la inflación prevista. Por lo tanto, esto es una cosa que debe usted tener muy en cuenta, porque


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esta limpieza no se ha hecho sólo aquí, sino en otros muchos indicadores.
Por referirme a alguno de los que usted se ha referido. ¿Pero cómo puede decir que nadie se va a quedar sin una pensión? ¿Pero en qué país vive usted? ¿Pero en qué
país vive? Mire, las pensiones están aseguradas para todos los españoles, y quien tiene el derecho la va a percibir. Por lo tanto, cuando usted hablaba del programa 212M, le recuerdo que en él está la Lismi, y la Lismi como usted sabe, es a
extinguir. Por darle algún dato, en el año 1991, ¿sabe cuántos beneficiarios hubo por la Lismi? 341.460. ¿Sabe en el año 2004? 84.860. En el año 2005 está previsto que haya 67.940, porque estas personas optan generalmente a una pensión no
contributiva o de otro tipo porque les beneficia más. Lo que no es razonable es seguir manteniendo inflada artificialmente esta partida, cuando usted y yo hemos sabido siempre que no se iba a ejecutar, porque la reducción de los beneficiarios es
muy importante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un presupuesto serio, riguroso y transparente, y entonces veremos que no hay ningún desplome, todo lo contrario.



En lo que se refiere a una cuestión que usted ha planteado sobre las familias y la infancia, en el 231G, que está dotado con 7 millones de euros, es para la creación de plazas de menores de tres años en empresas y centros de titularidad
municipal. Puedo decirle que este programa, que nosotros mantenemos y que además nuestra voluntad es reforzarlo, no es de interés para las comunidades autónomas, porque sólo Cataluña, Murcia y Baleares lo han solicitado; son las únicas. Por lo
tanto, nuestra voluntad es de total continuidad, pero esta es la realidad de lo que hay.



En lo que se refiere al tema del Injuve, probablemente ustedes se lo podrán preguntar a la directora general en su comparecencia, pero en lo que respecta a la información de la que yo dispongo, había efectivamente una partida de 1.200.000
euros para becas. Lo que ha hecho este Gobierno es que ese 1.200.000 euros no sólo no se ha reducido sino que se ha incrementado, y se dedica a dos cosas: espacio de creación joven y también a la política de vivienda joven. El incremento de
transferencias a las comunidades autónomas para el desarrollo del Plan joven tiene un incremento del 36 por ciento, por lo tanto no desaparece ningún programa, al contrario, lo que se hace es darle la orientación que nosotros entendemos que ha de
tener: apoyo a los jóvenes creadores, y también una cuestión que nos parece muy importante como es la vivienda. Y le insisto, hay una recuperación de recursos para convenios con las comunidades autónomas.



En lo que se refiere al capítulo de personal, no hay ninguna situación que a usted le pueda parecer llamativa. Fíjese, el gasto total de personal del departamento son 7.188.620 euros, que supone un incremento del 26 por ciento. Señor
Barrachina, este Gobierno ha entendido que la política social es una prioridad, por lo que ha modificado la estructura del departamento haciéndola más sólida, y además apuesta por lo público. Y aunque indudablemente habrá convenios, sobre todo con
entidades públicas, para el encargo de determinados trabajos que parecen preocuparle en el capítulo 2, sin embargo, le insisto, nuestra apuesta es por lo público, y por lo tanto, por la oferta de empleo público, y por lo tanto también para que la
estructura del departamento sea la adecuada en recursos humanos para llevar a cabo los objetivos que tenemos previstos. Pero insisto, son 7.188.620 euros.



En lo que se refiere a la señora García, de Izquierda Unida e Izquierda Verde, muchas gracias por su intervención. Quiero señalarle que en lo que usted planteaba sobre la dependencia, nosotros ya hemos incorporado en este presupuesto
importantes acciones. Antes me he referido a la teleasistencia, a la ayuda a domicilio, a los centros de día y a las residencias. Hay que señalar el importante incremento que se produce en estos capítulos. Pero también queremos hacer un
reconocimiento. El proyecto de ley estará registrado en la Cámara antes del 30 de junio del año 2005. Si se aprueba el proyecto de ley, indudablemente irán incorporadas todas las medidas económicas que despliega la Ley de atención a las personas
dependientes. Hemos entendido que no cabía abrir nueva partida sin tener la cobertura jurídica de la ley; pero sí hemos pensado, en los actuales capítulos y programas del presupuesto, incorporar dotaciones importantes, como las que he señalado,
para atender a la dependencia.



En cuanto a la política de discapacidad, quiero señalarle que una parte se ejecuta desde la Dirección General de la Discapacidad, en el presupuesto que llamamos Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y otra parte muy significativa, a la
que me he referido, se desarrolla desde el Imserso, que está adscrito a esta Secretaría de Estado. Usted preguntaba por el programa 231.F, aunque tiene una importante dotación, como usted bien ha señalado, no es ni mucho menos el único de la
atención a las personas con discapacidad. Este programa está orientado sólo a un objetivo, que es el primer plan de acción para mujeres con discapacidad, es exclusivamente a lo que se va a dedicar.



En cuanto al señor Campuzano, de Convergència i Unió, agradecerle sus palabras. No puedo estar de acuerdo en la valoración que usted ha hecho; para nosotros éste es el presupuesto del cambio, éste es el presupuesto que abre una nueva era.
Queremos dejar de estar a la cola en protección social en la Unión Europea, con ello iniciamos una nueva senda, la senda del bienestar en nuestro país. Este presupuesto coloca las primeras piedras de un pilar fundamental, que es el cuarto pilar del
Estado del Bienestar, y desde luego apuesta claramente por la atención a las familias. Dentro de esta acción a favor de las familias priorizamos los mayores y las personas con discapacidad por entender que son aquéllas las que más lo necesitan.



En cuanto al señor Olabarría, del Partido Nacionalista Vasco, señalarle dos cuestiones: una referida a la


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conciliación y otra a los planes de movilidad. Con respecto a la conciliación, recordarle al señor Olabarría que las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, pero este Gobierno quiere impulsar las medidas de conciliación de
la vida familiar y laboral con dos acciones. A una ya me he referido con anterioridad, que es la puesta en marcha de la red de escuelas infantiles y guarderías laborales en cooperación con las comunidades autónomas. Este programa se desarrolla a
través de los convenios acordados en la conferencia sectorial y, tal como he señalado, nosotros esperamos reforzar y dar un impulso a estos programas que hasta ahora han tenido escasa acogida entre las comunidades autónomas. La segunda y
fundamental es aquella que se refiere a la atención a personas dependientes. Nosotros con este objetivo queremos regularlo por ley, queremos además que esta ley permita la cobertura del cien por cien de las situaciones de dependencia severa y muy
grave, y con ello estaremos en condiciones de atender a millón y medio de españoles situados en lo que llamamos la dependencia severa y muy grave. Estamos seguros también que tendrá no sólo un efecto muy positivo sobre la economía española, sino
también en la creación de empleo, que nosotros valoramos en algo más de 300.000 puestos de trabajo. Entendemos que el mayor problema al que se enfrentan hoy las familias españolas es precisamente el de la atención a las personas dependientes.
Queremos desarrollarlo, tal como he señalado antes, con el mayor consenso, en el cual espero encontrar, como no podría ser de otra manera, a su grupo parlamentario.



En cuanto a la accesibilidad, comparto lo que usted ha señalado. Se ha hecho mucho, se ha hecho quizá de manera muy dispersa, con ejemplos muy interesantes, como el que usted ha señalado en San Sebastián, por ejemplo, pero también en otros
ayuntamientos y otras diputaciones, que lo han hecho de forma verdaderamente ejemplar. Creemos de tal manera en la cooperación entre el Gobierno central y las corporaciones locales que hemos aprobado ya el convenio Once-Imserso, que en los próximos
tres años invertirá cerca de 54 millones de euros. Se ha publicado en el BOE del 3 de agosto el acceso de todos los ayuntamientos españoles que así lo demanden y corporaciones locales y administraciones públicas a la subvención de proyectos para la
eliminación de barreras arquitectónicas, barreras urbanísticas y acceso virtual. Es nuestra intención, puesto que ya lo hemos empezado a hacer, firmar los convenios con todas las administraciones públicas que compartan este objetivo: la
accesibilidad universal.



Señorías, espero haber respondido a todas sus cuestiones. En cualquier caso tanto yo misma como mi equipo leeremos con atención y detalle todas sus intervenciones, veremos si alguna pregunta ha quedado sin responder, y tengan la seguridad
de que a través de la señora presidenta y de la Mesa de esta Comisión les daremos cumplida respuesta.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Gracias, señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, por su intervención y por su ofrecimiento de aclarar cualquier tema o duda que haya podido quedar pendiente
en esta comparecencia. Le agradecemos nuevamente su intervención y pasamos seguidamente a la intervención solicitada. Se levanta un minuto la sesión. (Pausa.)


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (RUMÍ IBÁÑEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000315) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000251.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, vamos a comenzar nuevamente la sesión. En primer lugar les rogaría que guardasen silencio y abandonaran la sala. Vamos a comenzar las intervenciones de las solicitudes de
comparecencia que han tenido lugar en relación a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. En primer lugar va a intervenir el Grupo Parlamentario Socialista, don Antonio Hernando tiene la palabra.



El señor HERNANDO VERA: En primer lugar, agradecer la comparecencia de la secretaria de Estado para explicarnos cuál va a ser el presupuesto de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, en la medida de lo posible, intentaré no
desvirtuar la naturaleza parlamentaria de este trámite. Creo que es una costumbre inveterada en el parlamentarismo español, lo he podido ver en debates anteriores, que en el trámite de los presupuestos en Comisión los diputados se dedican a hacer
intervenciones de carácter lateral, permítaseme la expresión, y no van al objeto de la cuestión, que es básicamente que se nos diga cuál es el presupuesto y que se aclaren las dudas respecto al mismo. En la medida de lo posible intentaré centrarme
en esta naturaleza parlamentaria de este trámite.



En relación con este tema lo que le diría es que, desde mi modesto entender, el presupuesto, después de haberlo estudiado, es coherente con los planteamientos que la secretaria de Estado enunció en la Cámara cuando hizo su primera
comparecencia en el mes de junio, el 29 de junio de 2004, y coherente con lo que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, manifestó cuando estuvo aquí aún más recientemente, el 13 de septiembre, hace escasamente un mes y un día. En
este sentido, nos parece, y la secretaria de Estado tendrá la oportunidad de clarificárnoslo, que el presupuesto crece convenientemente, pero como parece que hay guerrilla de cifras, lo que queremos es que se nos aclare si el presupuesto de la
Secretaría de Estado


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para Inmigración y Emigración crece un 16 por ciento, lo que no es una cifra desdeñable, y si de alguna manera puede plantear alguna interpretación en el crecimiento del presupuesto, dado que no hay que olvidar que esta Secretaría de Estado
es un órgano de nueva creación, que recoge competencias que antes estaban dispersas en algunos ministerios, que la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior se traslada básicamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y sin embargo,
dentro del Ministerio del Interior siguen quedando algunas competencias, como no podía ser de otra forma. Pero ayer ya tuvimos la oportunidad, con ocasión de la comparecencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior y del secretario de
Estado de Seguridad, de conocer cuáles eran las partidas que estos presupuestos prevén para el control de flujos migratorios, el control fronterizo, exclusivamente en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y para lo que podríamos
denominar policía migratoria. Sistemas como el SIVE, y otros aspectos relacionados con los apátridas, los solicitantes de asilo y los refugiados, concretamente la Oficina de Asilo y Refugio, no están en el ámbito de este presupuesto, sino que
pertenecen al ámbito del presupuesto del Ministerio del Interior. Por lo tanto, quizás nos puede aclarar la secretaria de Estado cuál es el objeto concreto del presupuesto que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en sus diferentes partidas
prevé para lo que quieren ser los ejes anunciados de la nueva política migratoria del Gobierno.



Nos parece que el presupuesto era coherente porque responde a esos cuatro ejes. Citaré al ministro en su intervención del 13 de septiembre, que decía que los cuatro ejes son la gestión de los flujos migratorios, canalizando los mismos de
acuerdo con las necesidades del mercado laboral; la lucha contra la inmigración clandestina, con adecuados controles en fronteras y la repatriación de personas sin papeles -ése es el eje al que yo creo que se ha dado respuesta desde las
comparecencias que hubo ayer en la Comisión de Interior-; la integración social de los inmigrantes y la cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente los inmigrantes que llegan a España. Es a estos tres a los que les dedica el
presupuesto la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y respecto a estos tres ejes es donde nosotros creemos que el crecimiento, si es que es así, de un 16 por ciento es sustancial e importante.



Del mismo modo, nos parece que es importante que, por ejemplo, se crezca, según nuestros cálculos, y ya digo que lo que deseamos es que se nos aclare si eso es así, un 69 por ciento en inmigración, concretamente en la Dirección General de
Inmigración, y se crezca menos, pero también sustancialmente en emigración y en integración social de los emigrantes.
Y deducimos que este crecimiento tan importante en la Dirección General de Inmigración es porque precisamente es una dirección
general que tiene la tarea de coordinar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, así como la política migratoria en su conjunto.



Antes de entrar en aspectos concretos y de hacer preguntas concretas, quisiera referirme en principio, porque a veces no nos damos cuenta de la enorme importancia que ello tiene, al presupuesto dedicado a la emigración española, al millón y
medio largo de emigrantes españoles que residen fuera de nuestras fronteras y que cuando compañeros del Grupo Parlamentario Socialista se desplazan a aquellos países, todavía ven que hay personas que tienen dificultades, que no viven en estados
similares al nuestro, a los que es muy difícil trasladar el Estado del bienestar, entendido éste no solamente como los tres pilares básicos del Estado del bienestar, sino como un conjunto de circunstancias que dan tranquilidad a una persona, a un
ciudadano, y respecto a los cuales es necesario seguir haciendo esfuerzos. Recientemente, en esta misma Comisión acordábamos todos los grupos una proposición no de ley para la atención sanitaria, en su caso farmacológica y social, de las personas
mayores. Agradezco la intervención que en su momento tuvo la portavoz del Partido Popular respecto a este tema. Ella decía una cosa que yo creo que es cierta: obras son amores y no buenas razones. Venía a decir: concretemos esta proposición no
de ley en un presupuesto que sea adecuado al objetivo que nos hemos fijado, que es atender a aquellas personas que carecen de ese servicio sanitario, farmacológico o, en su caso, social. Creo recordar, no sé si es así, que se ha venido creciendo
una cifra importante entre un 15 y un 20 por ciento anualmente en este tema, dado que partíamos de una situación muy mala. Veo que ya me está diciendo la presidenta que tengo que terminar, sólo pido un minuto más. Quisiera saber si han crecido
también las pensiones por ancianidad para mayores. Sabe la secretaria de Estado que éste es uno de los capítulos fundamentales de esta Secretaría de Estado, y así debe seguir siendo. Y luego hay un tema, a raíz de los incidentes de este verano y
de los problemas que vivimos cada verano en las costas españolas, que yo creo que nos preocupa a todos, y es si ha aumentado el presupuesto lo suficiente para atender a todas esas personas que llegan en lamentables condiciones, explotados y
engañados por las mafias, a las costas andaluzas, al archipiélago canario y que entran también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, solamente para que lo pueda aclarar la secretaria de Estado.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra, en nombre del Gripo Parlamentario Popular, doña Ángeles Muñoz.



La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias secretaria de Estado por esta comparecencia, y decirle al señor Hernando que se puede quedar tranquilo, que no voy a hacer un debate lateral, sino todo lo contrario, yo creo que aquí venimos para ver
cuáles son las propuestas de la Secretaría de Estado. Es verdad que es una


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situación complicada respecto a años anteriores, porque son partidas presupuestarias que estaban en distintos departamentos, tendremos posibilidad de hacer un estudio comparativo de cómo va evolucionando la política de inmigración en años
sucesivos, pero hoy sí que es importante, por lo tanto, conocer cuáles son sus prioridades, las líneas básicas y algunos conceptos que a nuestro juicio no quedan claramente reflejados en el presupuesto.



Voy a empezar hablando de la emigración. Decía el señor Hernando, y es verdad, que en los años anteriores ha habido un incremento presupuestario muy importante, entre el año 1997 al 2004 hemos crecido prácticamente un 100 por cien,
concretamente un 94,2 por ciento, lo cual hace referencia clarísimamente a la importancia que se le ha dado durante todo este tiempo a la atención hacia los españoles que residen fuera. Mi pregunta es muy concreta a la señora Rumí, dos cuestiones
fundamentales. En el tema de las pensiones asistenciales es cierto que va a haber un incremento de la cuantía total de lo que se va a destinar a esas pensiones asistenciales, pero a nuestro juicio esa cuantía, esos presupuestos vienen reflejados
por un doble baremo: en primer lugar el número de personas que van a percibir esas pensiones asistenciales, y tal como viene en los objetivos y en los programas que desarrollan esos presupuestos, se ve claramente que va a incrementarse el número de
perceptores de estas pensiones asistenciales. A nuestro juicio, lo que se venía a decir antes en la anterior comparecencia es que todas aquellas personas que efectivamente estén en edad y estén en situación de percibirla, tienen el derecho a
hacerlo; con lo cual nos parece lógico que se haga una previsión en ese sentido. Pero nos gustaría saber cuál es su intención en cuanto a los baremos, en cuanto al coeficiente que se le aplica a las pensiones asistenciales en los distintos países.
Usted lo sabe y lo sabemos nosotros, no es el mismo baremo, no es el mismo coeficiente de aplicación en las pensiones que se estaban percibiendo, y nos gustaría saber si en ese incremento presupuestario solamente ha tenido en cuenta el número mayor
de personas que van a acceder a esas prestaciones, o si por el contrario también ha tenido en cuenta un incremento dentro de esos baremos y dentro de ese coeficiente.



Y una segunda cuestión referida a la emigración, señora Rumí. Es verdad que aquí hemos aprobado una proposición no de ley para ampliar la cobertura sanitaria que se puso en marcha hace cuatro o cinco años hacia los españoles en el exterior.
La preocupación de nuestro grupo es a la hora de hacer una valoración en el número de las cuotas que ustedes calculan en cuanto a la cobertura de asistencia sanitaria a los emigrantes. Fíjense que en el año 2003 era una previsión de 104.000 cuotas,
en el año 2004 fue una previsión de 117.500 cuotas, y ustedes bajan en el año 2005 a 104.000 cuotas. Nuestra pregunta es, si se ha hecho una propuesta por unanimidad por parte de todos los grupos para ampliar la cobertura sanitaria, para ampliar
también la cobertura farmacológica, ¿por qué ustedes hacen una previsión en cuanto a número de cuotas que van a ser sufragadas por el Ministerio similar a la del año 2003, cuando tendría que ir en ascenso, tal como se había hecho en años anteriores?
Ésas son nuestras dos preguntas con respecto al ámbito de la emigración. Y también nos gustaría saber cuáles son las partidas completas, globales, que ustedes van a destinar a la emigración. Saben que en los anteriores ejercicios había un programa
concreto para estas partidas, aunque también había una partida en el Imserso, pero nos gustaría saber porcentualmente, por lo menos de manera comparativa, si esos más de 83 millones de euros que se destinaban solamente desde la Dirección General de
Emigración hacia el exterior, se siguen manteniendo y en qué cuantía se aumentan.



Le he hecho dos preguntas muy concretas respecto a la emigración, y respecto a la inmigración voy a ser exactamente igual de concreta. Me gustaría saber cuál va a ser su línea de actuación, señora Rumí. Se habla mucho de que va a existir
un cambio en la política de inmigración de este Gobierno y me gustaría saber claramente cuál va a ser su línea de actuación. ¿Por qué le digo eso? Pues porque uno de los aspectos que nos ha llamando la atención a la hora de hacer una valoración
comparativa entre su programa y el programa de los años anteriores, es que no aumentan ninguna plaza dentro de los centros de estancia temporal, los siguen ubicando en esa capacidad de 928 plazas, también los centros de acogida a refugiados los
siguen manteniendo en 396 plazas, y nos gustaría saber si dentro de sus previsiones hay contemplada alguna actuación en concreto para seguir incrementando ese número o esa capacidad de acogida.
No mueven ninguna cifra, y a nuestro juicio son datos
que tienen que ir en incremento, dada la situación que vive nuestro país.



Quiero añadir además que en el año 2004 sabe usted que se financiaron programas de servicios de información de acogida temporal, de asesoramiento y de integración social y laboral con convenios de colaboración con Cruz Roja, con CEAR y con
ACM, y además con un presupuesto muy claro, 14.397.000 euros. La verdad es que nos sorprendió recibir una carta de CEAR en este sentido, yo se la voy a leer, algunos párrafos muy concretos, no sé si se la habrán hecho llegar a ustedes CEAR, la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, nos dice que se dirigen a nosotros con la intención de hacernos llegar la preocupación por el escaso importe del crédito presupuestario contemplado en el borrador de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado 2005, para atender a los programas de refugiados y asilo que ejecuta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es más, dice que en la propuesta incluida en el borrador de Presupuestos Generales del Estado, dicho crédito aparece con una
cuantía de 14.397.000 euros, exactamente igual, sin variar una coma, que la partida que venía presupuestada en el ejercicio 2004, sin que ni siquiera se hubiera incrementado el IPC. Añade que en el año 2005


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España quiere llevar a cabo la ejecución de un programa de reasentamiento, auspiciada además por Acnur, y que además ellos entienden que dadas las previsiones del Gobierno de dar una salida a la situación de hacinamiento de extranjeros
existentes en Ceuta y Melilla, esto va a suponer una disminución global de lo que puede recibir Acnur. Dice textualmente que transmiten su sorpresa por esta congelación presupuestaria en una partida que año tras año y desde el año 1984 ha crecido
al menos lo que la inflación preveía, y en el contexto político actual, donde el Gobierno manifestó su voluntad de aprobar unos presupuestos más sociales, preocupa que este crédito presupuestario no crezca lo suficiente para hacer frente a las
tareas urgentes que ellos tienen que asumir. Efectivamente es una partida presupuestaria que está con la misma consignación tanto en sus presupuestos como en los presupuestos de 2004.Quiero añadir simplemente para terminar, porque espero que usted
nos haga referencia a las cuestiones que le estamos planteando, que una de las políticas que ustedes querían llevar a cabo, o por lo menos dentro de los programas que han desarrollado en cuanto a la inmigración, y en materia de integración así lo
han hecho saber, era el tema de los convenios con comunidades autónomas y con corporaciones locales. Decían además que era un eje fundamental en su política. Usted, cuando era portavoz en la oposición incluso llegó a decir que había que tener un
programa concertado concretamente con los ayuntamientos, para sacar adelante muchas de las actuaciones que ahora tienen que soportar las arcas municipales. No sé si será porque están en otros presupuestos o están con otro epígrafe, pero nosotros,
por mucho que hemos buscado cuáles son las transferencias de crédito que se le van a hacer a las corporaciones locales, solamente hemos podido encontrar un crédito de 800.000 euros, cosa que nos parece escasa si tenemos en cuenta que dentro de sus
propuestas de integración ustedes hablan de acceso a la vivienda, de desarrollo de una red de alerta temprana ante problemas emergentes y otras cuestiones que entendemos que deben de ser asumidas por los ayuntamientos. Con lo cual, nos gustaría
saber si, dentro de esos programas específicos de apoyo, de colaboración, de concertación con los ayuntamientos, han destinado alguna partida en los presupuestos y dónde pueda estar reflejada claramente, con nombre y apellido.



Leyendo debates anteriores cuando usted era la portavoz en materia de inmigración, usted reclamaba un pacto en ese sentido por más de 200 millones de euros, eran los 30.000 millones de las entonces pesetas que usted reclamaba al Gobierno
anterior. Me gustaría saber si dentro de sus presupuestos ha podido hacer frente a esas actuaciones.



Simplemente decirle algo más, y voy terminando, los convenios con Ceuta y Melilla para el tema de menores sabe usted que es uno de los programas que tanto en Ceuta como en Melilla se venían reclamando. Ustedes no han subido ni un solo euro,
lo mantienen en los 4 millones que estaban presupuestados en el ejercicio anterior, y saben la situación en torno a los menores que están soportando Ceuta y Melilla. Me gustaría saber por qué dentro de estas previsiones que hace el Gobierno no se
destina ni un solo euro más a los convenios que van a llevar a cabo con Ceuta y Melilla.



Y termino hablando de un programa muy concreto. ¿Se acuerda usted que en los Presupuestos Generales del 2004 había un programa que estaba dotado con 3.735.890 euros, que era el Plan para Integración Social de Inmigrantes? Bueno, pues en
este Plan de Integración Social de Inmigrantes (que supuso que su grupo parlamentario presentara una enmienda, quería 2 millones más de euros en esta sección) sigue exactamente la misma partida, siguen existiendo los 3.735.890 euros que venían
presupuestados en los ejercicios anteriores. Se lo digo solamente para que vea que difícilmente se puede tener una postura coherente cuando uno está en la oposición y cuando se está en el gobierno, a no ser que nos explique usted ahora esos grandes
incrementos de los que ha hecho gala su compañero, que yo tengo que decirle que no los he visto claramente en estas partidas presupuestaria.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente y siguiendo la tónica, ¿hay algún grupo que no haya intervenido hasta ahora y que quiera participar? (Pausa.) Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió, el señor Carles Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Bienvenida señora Rumí. Mi grupo constata evidentemente un crecimiento del presupuesto en este ámbito, pero también es un presupuesto que queda lejos de la magnitud del problema y de las necesidades a las que
debemos hacer frente. Y sobre esa cuestión, seis preguntas muy concretas.



Primera pregunta, el compromiso asumido por el Gobierno en diversas ocasiones de creación de un fondo estatal para comunidades autónomas en políticas de integración social para la inmigración, ¿en qué partida concreta se contempla en los
presupuestos y cuál es la perspectiva de distribución territorial de estos recursos? Mi grupo insiste en que Cataluña, país que recibe alrededor de un 25 por ciento del conjunto de la inmigración en España, tiene necesidad de esos recursos.



En segundo lugar, y coincido con una de las preguntas que le planteaba la señora Muñoz sobre esas críticas que se formulan sobre las órdenes comunicadas que el Gobierno viene asignando a tres entidades para hacer frente al programa de
acogida, ¿tiene previsto el Gobierno aceptar en el trámite parlamentario enmiendas que pretendan aumentar esas previsiones, considerando que efectivamente esas partidas han quedado congeladas?


Tres. En materia de gestión de permisos de trabajo y residencia, ¿qué incrementos prevé el Gobierno que se


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produzcan para dotar de nuevas oficinas de gestión de los permisos de trabajo y residencia, en la línea de lo que, por ejemplo, el delegado del Gobierno apuntó en Cataluña, de creación de nuevas oficinas para atender a la gestión de esos
permisos?En cuarto lugar, ¿tiene previsto el Gobierno hacer algún tipo de inversiones en materia de centros de internamiento en Cataluña? Y en este mismo sentido, si en los presupuestos se contempla el cambio de ubicación del actual Centro de
Internamiento de Barcelona, de la Verneda, a otras ubicaciones.



En quinto lugar, si los presupuestos contemplan algún tipo de medidas, algún tipo de recursos para facilitar la política para menores extranjeros no documentados del Gobierno de la Generalitat.



Y en último lugar, si los presupuestos contemplan alguna medida en el ámbito del codesarrollo.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra el señor Olabarría en nombre del Grupo Nacionalista Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que a pocas cuestiones colaterales nos podemos dedicar en los tres minutos que la magnanimidad de la Presidencia nos concede. Pero realmente, sin perjuicio de que no nos parece tampoco espectacular el
incremento presupuestario para la magnitud de los problemas a afrontar, y sobre todo para los presumibles y próximos pactos que en materia de inmigración o en materia de extranjería nosotros esperamos del talante del Gobierno, reiteradamente
anunciado, sí le quería hacer una pregunta específica de naturaleza estrictamente presupuestaria. Ahora que estamos en momentos históricos de reconciliación simbólica, tal como nos explicó antesdeayer perfectamente el ministro Bono, quería
preguntar sobre un colectivo de españoles, algunos han retornado y hoy están viviendo en España en este momento, otros siguen viviendo fuera de España, que se tuvieron que exiliar tras la guerra civil y la represión franquista posterior, y que han
causado sus pensiones en países extranjeros, pensiones de cuantía muchas veces rayana en la miseria, o bajo el umbral de la miseria, o bajo el umbral de la pobreza, por usar la expresión técnica adecuada. Nos gustaría saber si se va a afrontar una
deuda histórica que existe desde el Gobierno con estas personas, como son los niños de la guerra y otros colectivos, hasta el punto de incrementar sus pensiones cuando menos hasta las pensiones mínimas existentes en el Estado español. Yo no he
visto ninguna consignación de esta naturaleza en el ámbito de sus consignaciones, de la estructura presupuestaria atinente a sus responsabilidades, ni en otros ámbitos del ministerio de Trabajo, aunque aquí sea Seguridad Social. Me gustaría saber
cuál es la opinión de la secretaria de Estado sobre esta cuestión y si realmente comparte que existe una deuda histórica con estas personas y que es un requerimiento que debemos afrontar antes o después, siendo la presidenta de nuevo muy amable por
su generosidad.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra la diputada Uxue Barkos en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.



La señora BARKOS BERRUEZO: Muy brevemente. Expresar, señora secretaria de Estado, la sorpresa, no dulce por cierto, por la importante partida (lo señalaba anteriormente en otros términos seguramente y en otra lectura el portavoz del Grupo
Socialista en esta Comisión) del capítulo de inmigración que sigue consignada en el departamento de Interior, porque esta es finalmente la expresión real de una voluntad política, y quiero recordar que ante esta Comisión, tanto el ministro como
usted misma declararon su voluntad de que este capítulo de la inmigración traspasase los límites de lo policial y fuera mucho más allá, y sin embargo la manera de trabajo sigue en este departamento. Por lo tanto, una vez expresado ese descontento,
preguntar a la secretaria de Estado del área si este desglose, como digo de hondo calado político, a mi entender, es susceptible de mantenerse en próximas partidas presupuestarias a lo largo de esta legislatura o es su intención, yo no sé si incluso
podríamos hablar de compromiso, traspasar la totalidad de los medios al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente para contestar a todas las cuestiones tiene la palabra doña Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Quiero en primer lugar agradecer todas las intervenciones, y desde luego hago constar el compromiso de esta secretaria de Estado en nombre del Gobierno. En estar
aquí es precisamente para explicar los presupuestos y aclarar todas las dudas.



Me gustaría comenzar poniendo de relieve la importancia que tiene precisamente el ámbito competencial diferente de las materias migratorias, tanto de la inmigración como de la emigración. Hay un nuevo ámbito competencial donde todas las
políticas migratorias se trabajan, se evalúan, se desarrollan y se planifican desde el Ministerio de Trabajo y desde la Secretaría de Estado de Inmigración y de Emigración, dando por tanto respuesta al objetivo básico del Gobierno, una nueva
política migratoria. Tengo que decir lo que se ha hecho y en lo que creo, y por tanto voy a diferir de alguna de las intervenciones que ustedes han hecho. También creo que existen algunos temas de gran importancia política, y es necesario que se
aclare por dónde están y dónde residen esas competencias, y que no van en detrimento de ese nuevo ámbito competencial.



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La realidad tozuda de los números, porque es así, es que el servicio 07 de Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración tiene una dotación presupuestaria de 165.012.580 euros. ¿Y esto qué significa, señorías? Significa un incremento
del 16 por ciento respecto al ejercicio del año 2004. Pero voy a ir más allá. Esta cantidad supone el conjunto de capítulos que afectan a la Secretaría de Estado, es decir, el capítulo de personal, gastos corrientes, etcétera. Voy a ser más
exacta, voy a especificar exactamente lo que significa la dotación presupuestaria destinada a subvenciones, a ayudas y a inversiones, es decir, a los capítulos 4, 6 y 7. En estos capítulos, el proyecto de presupuesto para 2005 de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración asciende a 142.826.460 euros, y esto supone un incremento del 16,26 por ciento respecto al presupuesto del año en curso, del año 2004.



Dadas estas cifras, señorías, voy a intentar responder a todas las preguntas. Ya adelanto que si alguna no queda respondida, porque sea necesaria una concreción más exacta, desde luego no duden que se hará por escrito, para la tranquilidad
de todos ustedes. Y como debe de ser dentro de ese nuevo ámbito competencial y dentro de ese nuevo concepto político para abordar la inmigración y la emigración como una política integral, voy a pasar a desglosarle esta partida a través de las
grandes áreas de trabajo en que se ha diseñado el Ministerio y, por tanto, la Secretaría de Estado.



Una aclaración: evidentemente no están computadas las cifras que están en otros ministerios. No puede estar, por ejemplo, todo el tema del control de fronteras. Lo hemos dicho siempre y lo he dicho, señora Barkos, en mi primera
comparecencia, cuando expliqué las líneas de la Secretaría de Estado: las competencias en materia de seguridad siguen siendo del Ministerio del Interior. Además, yo no tengo ningún problema en darlas porque las tengo aquí, porque coordinar la
política de inmigración significa saber las partidas que en cada ministerio se van a destinar para colaborar en esa política integral e integrada de inmigración. Las tengo aquí, las dio el secretario de Estado ayer, y dio por tanto datos sobre los
CIES, o sobre gastos en repatriaciones; como los estarán dando ahora sobre otros ministerios otros responsables. Pero yo las tengo. ¿Por qué? Porque como coordinadora de la materia migratoria tengo que conocer los datos para ejercer las
responsabilidades que tengo, por si ustedes no pudieron asistir a otras comparecencias y para dar cumplimiento a la voluntad política del Gobierno que es coordinar la materia de inmigración. No sería entendible que la política de seguridad en
cuanto a ese control de fronteras estuviera en la partida de este Ministerio y de esta Secretaría de Estado; pero sí que sea conocida, coordinada y consultada con la Secretaría de Estado, como con otros departamentos que tienen que ver con la
inmigración. Pero más allá de eso, si alguna de SS.SS. no ha podido asistir, yo no voy a decir lo que se hizo en el ejercicio anterior se respondió en estas comparecencias a una pregunta similar: que buscara un tiempo en la agenda para asistir a
esas comparecencias. No, yo no lo voy a hacer, señora Barkos. O sea, que yo puedo darle los datos que sean necesarios, porque me pareció en aquel momento una descortesía y, para ser coherentes, no hay que ejercer precisamente lo que uno ha
criticado.



Entonces, continuando con lo que es el compromiso de la Secretaría de Estado de Inmigración y de Emigración, quiero que se puedan entender no sólo las partidas, sino los objetivos prioritarios que se reflejan en esas partidas
presupuestarias. He de decirle a la portavoz del Partido Popular que es bastante complicado que quiera comparar unos presupuestos con otros. Yo lo entiendo, es muy complicado, pero es porque las prioridades políticas son otras, el diseño de la
política es otro y, por tanto, sólo en algunos conceptos o en algunos programas podríamos hablar de una comparación pero, en general, estamos hablando de un enfoque diferente. Evidentemente hemos mantenido algunos de los conceptos y algunos de los
programas, pero yo le voy a explicar por qué algunas no aumentan, porque evidentemente pensamos que se debe utilizar ese mayor presupuesto para hacer una política diferente, que es la que este Gobierno quiere realizar.



Voy a comenzar por emigración, voy a comenzar por este asunto porque creo que todos compartimos que tiene una gran importancia, y así se demuestra en el presupuesto asignado, que es de 93.923.520 euros. Con este crédito destinado a la
emigración el Gobierno quiere llevar a efecto una de las prioridades políticas para los próximos años: atender y mejorar la situación de los ciudadanos españoles que residen en otros países. A estos efectos, el presupuesto destinado a emigración
se incrementa en números reales en el 13,79 por ciento sobre el presupuesto anterior, con la premisa de ir haciendo efectiva una política de emigración integral, que atienda todos los ámbitos y derechos de los españoles en el exterior, lo cual
supone desde luego llevar a cabo un esfuerzo sostenido en el aspecto presupuestario durante los próximos años. Con esta perspectiva de futuro se han priorizado las acciones en los correspondientes escenarios presupuestarios, estableciéndose como
tareas principales para el ejercicio 2005, entre otras, las siguientes: trasladar el Estado del bienestar más allá de nuestras fronteras, allí donde viven ciudadanos españoles que atraviesan situaciones de dificultad; hacer efectivos los derechos
subjetivos que como ciudadanos españoles les corresponden. Y dentro de algunas de las partidas que voy ahora a enunciar están -entiendo- algunas de las respuestas a las preguntas que se me han hecho por algunos de los intervinientes. Gasto
destinado a pensiones asistenciales. El gasto destinado a pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles se va a elevar a 68.671.010 euros, es decir, un 15,33 por ciento más que en el presente ejercicio. La valoración
de este gasto es fácilmente evaluable en su significación económica y social, cuando además se considera que representa el 73,11


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por ciento del presupuesto de la Dirección General de Emigración. Pero, señorías, a pesar de este significativo incremento, no puede dejar de destacarse el esfuerzo presupuestario realizado en la propuesta de gasto, considerando que nos
encontramos ante un crédito que ha venido siendo deficitario en los últimos años -desde luego, esto es conocido por la portavoz del Grupo Popular- y que además tiene que incorporar en el ejercicio de 2005 obligaciones reconocidas en 2004. También
quiero subrayar que aparte de dar cumplimiento a esta tarea priorizada para 2005, de atender a los ciudadanos españoles residentes en el exterior que atraviesan situaciones de dificultad, hay créditos para subvencionar programas de actuación a favor
de los mismos. Y aquí viene otra de las preguntas que ustedes querían que concretara. En estos programas es donde se ha priorizado aquel que permite dispensar asistencia sanitaria, aquel que permite, en su caso, dispensar también asistencia
farmacéutica a través de conciertos con entidades públicas o privadas a los beneficiarios de pensión asistencial por ancianidad y a aquellos emigrantes a los que se les reconoce anualmente una ayuda social por incapacidad, considerándose que son los
colectivos más necesitados de atención social. Este crédito contempla una previsión de gasto de 9.768.360 euros y supone un incremento del 33 por ciento. Alguien recordaba que se había venido elevando esta cantidad en los últimos ejercicios entre
el 15 y el 20 por ciento, creo que el portavoz del Grupo Socialista. Bien, pues este año significa un 33 por ciento en términos relativos con respecto al año 2004. Quiero ir contestando a las preguntas en función de la intervención, para ir dando
respuesta a sus inquietudes y a sus dudas.



La señora Muñoz, portavoz del Grupo Popular, hacía una serie de preguntas concretas, a las que yo quiero desde luego contestarle, con respecto a este tema. Mire, evidentemente el número previsible de personas se ha tenido en cuenta, sobre
todo cuando hemos visto circunstancias con las que nos hemos encontrado; circunstancias, por ejemplo, como la de Argentina, donde el recién incorporado consejero laboral se ha encontrado con 16.000 peticiones de pensiones con derecho archivadas en
un armario.
Evidentemente que hemos tenido en cuenta esto para hacer nuestro presupuesto y parar responder a todas las personas que tengan esa necesidad. Además, en cuanto a la cantidad, tenemos en cuenta el cambio de moneda, la revalorización del
euro y que este año se incrementan las pensiones no contributivas en un 3 por ciento. Las pensiones asistenciales duplican, triplican o incluso cuadruplican el salario mínimo en algunos de estos países. Y en cuanto a las pensiones, son desde luego
superiores a diez veces las mínimas. Vamos a garantizar que todas nuestras pensiones se van a incrementar y que para ello se van a revisar los coeficientes y todos los demás parámetros que hay que tener en cuenta: la inflación, el salario mínimo,
la cesta de la compra y la paridad en el poder adquisitivo. Y vamos a tener en cuenta muchas otras cosas para dar una respuesta justa y solidaria con nuestros compatriotas.
Por ejemplo, habrá que poner de manifiesto el fracaso del programa España
Salud, sobre todo en Argentina, porque había actuaciones previstas para 20.000 personas y sólo se han acogido 4.000. Ello también significa que tenemos que evaluar todo lo que ha ocurrido, todo lo que nos hemos encontrado, para que la respuesta sea
real, una respuesta que significa que todos los españoles, aunque no estén en nuestras fronteras, tienen exactamente los mismos derechos.



Por otra parte, y continúo con el capítulo de emigración, el gasto que hemos adjudicado tiene como objeto contribuir a la adquisición de equipos y mejora de instalaciones de instituciones o entidades cuya finalidad sea la asistencia social,
la sanitaria o la cultural de los emigrantes españoles. Dotación para esta partida: 1.352.111 euros. Esto significa un 58,68 por ciento más de lo presupuestado para 2004. Con esto, señoría, de lo que se trata es de contribuir de forma efectiva
al reforzamiento del tejido asociativo que realiza una importante labor de asistencia a los españoles residentes en el exterior.



En líneas generales, éstos son los aspectos más significativos del proyecto del presupuesto. Había otra pregunta que creo que además merece una respuesta concreta. Se reseñaba al concepto 425 del programa OOX de la Dirección General de
Emigración, donde había una disminución, efectivamente, de esa partida. Mire, este programa se refiere a las cuotas patronales de asistencia sanitaria para trabajadores emigrantes, que se paga a la Seguridad Social. ¿Por qué disminuye? La
reducción del crédito es bien clara, se debe a la disminución del número de cuotas. Hay menos personas a las que hay que abonarle ese concepto y por tanto disminuye. Me estoy refiriendo a personas que tenemos la obligación, a través de un
convenio, de abonarle estas cuotas empresariales porque trabajan en buques y tienen una relación específica. No hay que confundirlo, y por eso quiero que quede muy claro, con la destinada a emigrantes mayores, cuyo concepto presupuestario aumenta
un 33 por ciento y que aparece dentro del programa Acciones a favor de los emigrantes.
Son, por tanto, dos partidas bien diferenciadas para conceptos también bien diferentes.



Decía que con estos presupuestos en materia de emigración para dar respuesta a los españoles que viven fuera de nuestras fronteras, desde luego empezamos a trabajar en esa primera fase de una política de emigración integral, que conllevará,
evidentemente, un esfuerzo sostenido en los próximos presupuestos, para conseguir, entre otros, algunos objetivos que creo que son importantes de reseñar: la elaboración y la aprobación del Estatuto de los ciudadanos españoles en el mundo,
precisamente para que haya la obligación de respetar esos derechos que tienen reconocidos pero que no siempre se ven materializados; constituir la Oficina española del retorno; llevar a cabo ese esfuerzo especial destinado a nuestros mayores que
lo necesitan, tanto a


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través de pensiones, de asistencia sanitaria o bien del mantenimiento o reforma de centros de día y residencias de tercera edad; establecer pensiones para emigrantes incapacitados para el trabajo a través de normas que las configuren como
derechos subjetivos; incorporar ayudas específicas para las familias de emigrantes con hijos discapacitados a su cargo, a efectos de trasladar el mismo ámbito de protección que se aplica a los españoles residentes en territorio nacional; impulsar
y mantener el tejido asociativo; mejorar la capacidad y la funcionalidad del Consejo General de la Emigración; promover la participación de los emigrantes en las instituciones democráticas; y, por supuesto, comenzar esta primera iniciativa que es
la creación del portal de la emigración y prestar una atención prioritaria al acceso a la educación de los residentes españoles y a sus descendientes.



Señorías, continúo con el segundo tema que aborda las dos grandes áreas en materia de inmigración, que reflejan además los tres grandes objetivos que se ha marcado el Gobierno en este ámbito: lucha contra la inmigración irregular, regular y
ordenar los flujos migratorios y la integración social de los inmigrantes.



El primero de ellos, el presupuesto destinado a la inmigración, reseñado en la Dirección General de Inmigración, se consigna en el programa 231.N, Coordinación en materia de extranjería e inmigración, y que asciende a 12.390.340 euros. Con
este presupuesto, como decía, pretendemos poner en marcha políticas públicas que permitan alcanzar esa perspectiva integral para luchar contra la inmigración irregular, mejorando y ampliando los acuerdos de readmisión -aquí descuento las
competencias, evidentemente, que tiene el Ministerio de Interior-; mejorar los mecanismos de canalización de la inmigración legal; mejorar la gestión de los trámites administrativos, la colaboración con instituciones autonómicas municipales,
sindicatos, empresarios y organizaciones sociales; reformar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros aumentando la participación de las comunidades autónomas y ayuntamientos; establecer fórmulas de formación y selección en los
países de origen que permitan a los extranjeros desempeñar en las mejores condiciones el trabajo para el que han sido demandados por nuestros empresarios; y revisar y mejorar los convenios de regulación y ordenación de los flujos migratorios
suscritos, ampliarlos a otros países buscando siempre la máxima eficacia de ellos junto a los acuerdos de readmisión.



La mayoría de estas actuaciones se financian en el capítulo 4, cuya dotación asciende a 9.413.950 euros. Es a este capítulo, señorías, al que se dedican las tres cuartas partes, el 75,97 por ciento, del presupuestos del programa 231.N,
donde se refleja con mayor claridad el nuevo enfoque del fenómeno migratorio del Gobierno. Aquí es donde se establece un amplio abanico de transferencias a distintas instituciones autonómicas, en concreto a Ceuta y Melilla, para centros de menores
inmigrantes, por un importe de 4 millones de euros. Y también las partidas municipales, que ascienden a 810.560 euros, lo que, en el caso de las corporaciones locales, aunque le parezca a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular una pequeña
cantidad, supone casi el 200 por ciento de lo presupuestado en el año 2004. Luego las cifras son relativas en función de lo que partíamos y hasta dónde estamos llegando en el presupuesto de 2005.
Supone casi el 200 por ciento de lo destinado en
2004, exactamente, para que no diga que redondeo al alza a favor del Gobierno, el 199,70 por ciento.



Había algunas preguntas relacionadas con esta partida. Vamos a ver. ¿Por qué no se habían aumentado en concreto estos convenios de Ceuta y Melilla? Bueno, nosotros hemos hablado con los Gobiernos de las ciudades autónomas y su petición
era que se renovaran tal y como estaban. Y este Gobierno dijo que por supuesto, y fue, como ustedes conocen en los temas de presupuestos, un trabajo arduo, pero se han mantenido, porque ésa es la petición que fue hecha por las ciudades autónomas,
con una evaluación evidentemente positiva de esos convenios que había que renovar.



En cuanto a la falta de aumento de la partida destinada al capítulo de ayudas a distintas entidades sociales, nosotros hemos priorizado en función de nuestra política, de la que queremos llevar a cabo. Hemos mantenido ese capítulo porque
hemos aumentado en otros, a los que yo ahora me voy a referir, y en esos capítulos en concreto desde luego entendíamos que no era por ahí por donde teníamos que ir. Evidentemente la cuantía se mantiene, porque las solicitudes de asilo están
perfectamente cubiertas, llevamos años en los que está bajando el número de admitidas a trámite y además es por esta razón, porque se mantienen las plazas y disminuye la cuantía de las admitidas a trámite, por lo que estamos en condiciones de asumir
programas de reasentamiento.



En cuanto a por qué no se aumentan las plazas en los Cetis y en los Cads, yo también sugeriría que no habláramos ya de Cetis, entre todos vamos a asumir el lenguaje moderno, como creo que debe ser; se denominan centros de migraciones. Pues
bien, estamos convencidos que la solución no viene por aumentar las plazas, que la solución está precisamente en el control y en otras actuaciones, como las que se han venido desarrollando este verano, precisamente para superar el colapso y una mala
planificación, a través de acciones concretas para acabar con el chabolismo, para acabar con ciertas situaciones. Yo tengo que decir que hemos contado con la colaboración de los Gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero por ahí
es por donde entendemos que debe de ir la respuesta y no por aumentar ni esos centros ni las plazas en esos centros.
Seguramente, si hubiéramos decidido hacerlo, nos hubieran acusado de un efecto llamada para esos centros, pero ésa no es la
política del Gobierno y creemos que a través de una política de control, por supuesto de


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acciones diseñadas para estas dos ciudades autónomas y con la colaboración de los gobiernos de estas ciudades autónomas, podremos dar una respuesta que ya hemos empezado este verano, pero que será evidentemente mucho más adecuada.¿Y por qué
no aumenta la partida para otras entidades con fines sociales? Porque hemos querido realizar otro tipo de presupuesto. Pero también les voy a decir una cosa respondiendo a esta pregunta que ha sido hecha por distintos portavoces, incluido -creo-
el señor Campuzano: estamos en el trámite parlamentario de los presupuestos, el Gobierno está abierto a subir esa partida. Por tanto, de SS.SS. depende que se suba o no se suba. También quiero que esto quede claro, que la voluntad del Gobierno
es aumentarla; pero tengo que decirles que ante unas previsiones con las que la secretaría de Estado tenía que realizar unos objetivos muy concretos, tenía que priorizar en función de los conceptos que yo les estoy explicando. Pero también digo:
señorías, estamos abiertos a aumentar esa partida.



Continúo. ¿En dónde creíamos que teníamos que realizar ese esfuerzo? Pues en la atención a familias e instituciones sin fines de lucro. A esta partida se dedican 4.543.290 euros. Tengo que destacar especialmente un incremento, un
incremento que ustedes habrán comprobado que es del 500 por cien respecto al presupuestado de 2004. Este incremento va destinado a la subvención nominativa de Cruz Roja Española y asciende a 2.400.000 euros. ¿Por qué, señorías? Porque hemos
detectado muchas carencias, carencias vinculadas con la inmigración irregular, carencias en esa atención a pie de playa, en esa atención humanitaria, en esa primera acogida. Tanto los gobiernos autonómicos como las corporaciones locales demandan
del Estado poder dar una respuesta satisfactoria, por eso queremos que no se produzcan esas carencias sufridas hasta ahora y el aumento del presupuesto en Cruz Roja Española ha sido de un 500 por cien.
No quiero olvidar tampoco que la ayuda para la
contratación de trabajadores inmigrantes asciende a 2.143.290 euros. Un 160,30 por ciento es el aumento que experimenta esta partida. ¿Y por qué? Comentaba al comienzo de mi intervención la importancia que vamos a dar al control, a la regulación
de los flujos migratorios, a las contrataciones en origen, a la formación, a la selección de los trabajadores, por eso es tan importante el aumento de esta partida presupuestaria.



Y paso al segundo gran bloque dentro de la política de inmigración: la integración de los inmigrantes. La dotación presupuestaria para la integración asciende a casi 40 millones de euros, son exactamente 30.488.990 euros, destinados -y
aquí hago un matiz- a los capítulos 4, 6 y 7. El presupuesto de la Dirección General de Integración en estos capítulos tiene un incremento del 13,61 por ciento bajo el epígrafe de Otras ayudas de carácter social, para que pueda ser distribuido
entre las distintas acciones a llevar a cabo por la Dirección General de Integración. ¿Por qué decía que iba a hacer una mención especial en esta dirección general? Porque en este caso concreto hay que señalar la dotación presupuestaria destinada
al capítulo 2, que asciende a 12.769.990 euros. Esto supone un incremento del 11 por ciento. ¿Y por qué, señorías? Porque tenemos que dar respuesta con este presupuesto a la puesta en marcha del Observatorio español del racismo y la xenofobia y
al Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico, así como al funcionamiento de los centros de migraciones y las acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad.



El objetivo básico de esta dirección general es evidentemente la puesta en marcha de un plan estratégico de coordinación para la ejecución de las políticas de integración, porque creemos que ése es el instrumento para coordinar las acciones
llevadas a cabo por algunos gobiernos autonómicos, por algunos ayuntamientos, y que además promueva la participación de las organizaciones sociales. Este objetivo, junto con la necesidad de alcanzar un esfuerzo presupuestario sostenido, obliga a
priorizar las líneas de actuación del plan estratégico en algunas líneas que den respuesta al principal principio en el que se basa este plan, que es la actuación integral, y que tiene como finalidad impulsar actuaciones a través de la acción
concertada; ayuda humanitaria en la primera atención en situaciones vinculadas a la inmigración irregular; crear una red de alerta temprana que permita detectar zonas de riesgo potenciales e intervenir con antelación a la agudización de conflictos
latentes; desarrollar planes específicos en zonas de especial vulnerabilidad por ser objeto de una mayor presión migratoria; apoyo a los ayuntamientos con mayor presión migratoria en sus planes de integración; promoción de itinerarios de
integración, información y asesoramiento que incluyan programas de acogida y de inserción sociolaboral; apoyo al autoempleo, además de otras actuaciones en materia de sanidad, empleo y reagrupación familiar; atención especial a las actuaciones con
menores no acompañados; sensibilización de los ciudadanos a favor de la población inmigrante; lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación; desarrollo de la participación de los inmigrantes y la promoción del
conocimiento de la situación de la inmigración a través de redes, estudios, investigaciones, publicaciones y difusión de la información.



No quiero dejar de contestarle al señor Olabarría en uno de los puntos que no he tocado en mi intervención. Me refiero a esa deuda histórica de los niños de la guerra. Señor Olabarría, señorías, se está estudiando en un programa específico
el incremento de estas pensiones hasta el nivel de las no contributivas españolas. Muchos ya están cobrando las pensiones asistenciales, también para asistencia sanitaria, fundamentalmente en Rusia, Ucrania, Chile, México y Bélgica, aunque la
situación en estos países es más favorable. Desde luego, en su momento se habilitarán, porque es posible hacerlo a


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través de la asignación presupuestaria, las partidas extraordinarias que hagan posible este compromiso que, comparto con usted, es una deuda histórica.



Voy a dar una novedad, a la que SS.SS. no pueden asistir porque se está dando paralelamente a esta comparecencia, que es el tema de las oficinas de Extranjería. La subsecretaria de Administraciones Públicas, a la misma hora que se celebra
esta comparecencia, está explicando los presupuestos del Ministerio de Administraciones Públicas y va a hablar de una novedad de la que yo quería, cómo no, hacerles partícipes a ustedes, señoras y señores diputados, que se preocupan y que quieren
trabajar por un tema tan especial, de tanta trascendencia como es el migratorio. Las oficinas de Extranjería, por primera vez -esta es la novedad-, van a tener un capítulo destinado a ellas. Se hace porque, evidentemente, queremos continuar con el
esfuerzo del plan iniciado para acabar con el colapso que nos hemos encontrado a la hora de tramitar todos los expedientes y la gestión que se realiza en las oficinas, y además para modernizarlas.
Porque habría que hacerlo, hubiera o no un
desarrollo reglamentario, pero si me apuran con más fuerza aún, puesto que tenemos que afrontar dentro de poco el nuevo reglamento de Extranjería. Se abre por tanto un capítulo destinado a dar una respuesta concreta y exacta a las oficinas de
Extranjería, distribuido en el capítulo 6 y en el capítulo 2 de ese ministerio, que asciende a 2.110.000 euros. Creo que es una importante novedad dentro de la correlación de las fuerzas que esta secretaría de Estado debe de procurar para que el
resultado de la que tiene que ser la responsabilidad de la Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Trabajo pueda ser realizada con todo el orgullo y con toda tranquilidad.



Sé que hay un tema en el que están esperando una respuesta por mi parte.
El señor Campuzano preguntaba qué pasa con el fondo estatal. Algún otro diputado, no recuerdo ahora mismo, ha preguntado cómo se va a establecer esa colaboración con
Gobierno, con ayuntamientos, para dar una respuesta no sólo a una petición del Gobierno, sino también de otros grupos parlamentarios, más allá de las partidas que aparecen en los distintos programas destinadas a convenios, para seguir trabajando en
esta materia.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de una partida específica, de una partida que no aparece en estos presupuestos. Señorías, el trámite parlamentario está abierto, las enmiendas están abiertas, el Gobierno está abierto, la
voluntad del Gobierno es que sea posible. Por tanto, les invito a todos los que tengan interés, que creo que son todos, a que funcione la acción concertada, a que esté dotada suficientemente en este primer año para empezar a trabajar, a que se
pongan, como se suele decir, manos a la obra, porque desde luego será muy bien recibido por el Gobierno.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Damos por finalizada esta comparecencia. Se suspende dos minutos la sesión. (Pausa.)


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (GÓMEZ SÁNCHEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/000316) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS. (Número de expediente 212/000171.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, va a dar comienzo la siguiente comparecencia, que es la del señor secretario general de Empleo, don Valeriano Gómez. En primer lugar, y por orden de presentación en el Registro,
tiene la palabra don Jesús Membrado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor MEMBRADO GINER: Buenos días, señor secretario general, gracias por su asistencia. Quiero hacer una reflexión sobre los presupuestos que desde el punto de vista técnico presenta usted mismo a través de las tres direcciones
generales que dependen de su propia secretaría, unos presupuestos, desde nuestro punto de vista, que inciden fundamentalmente en un área muy sensible del conjunto de la sociedad española como es el área del empleo, la potenciación del mismo y la
caracterización que este empleo debe tener en el futuro.



Su secretaría general está enmarcada dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que tiene un crecimiento importante desde el punto de vista presupuestario, más de un 10 por ciento, lo cual nos congratula, porque supone una apuesta
de cara al momento inmediato y también una línea de actuación que previsiblemente continuará en el futuro. Un aumento que además está por encima del PIB nominal, que además está por encima del IPC previsto y que en los aspectos concretos de su área
de trabajo tiene crecimientos excepcionalmente importantes: el incremento a la protección por desempleo, con más del 14,4 por ciento, el incremento a las políticas activas de empleo, con más del 7 por ciento, o el incremento a la formación, en el
ámbito tanto de la formación ocupacional como conjunta, con una media del 23 por ciento. Un presupuesto que indudablemente tiene un importante crecimiento del gasto, un crecimiento del gasto en protección social y que supone, desde nuestro punto de
vista, la opción de potenciar la creación de empleo, pero de un empleo de calidad y un empleo con derechos; todo ello en el marco de un intento de nueva política económica que tenga como objetivo consolidar un crecimiento económico


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equilibrado y duradero, basado fundamentalmente en el aumento de la productividad, en el equilibrio presupuestario y en el desarrollo de políticas de cohesión social, tres ejes que determinan todas las actuaciones del conjunto de los
Presupuestos Generales del Estado, pero que en el área que usted está dirigiendo tienen una enorme trascendencia, porque en gran parte se concreta un elemento fundamental, como es la productividad.



Desde nuestro punto de vista, desde el Grupo Parlamentario Socialista, aumentar la productividad es esencial para hacer frente a uno de los problemas básicos que tiene la economía española. Y decimos esto conscientes de que es un tema
complejo, difícil y que indudablemente no depende de una o dos actuaciones, sino de sucesivas actuaciones y sucesivos participantes: el Gobierno, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y el mundo del trabajo en general.
Porque, señor secretario general, usted sabe muy bien que nuestra productividad ha caído en los últimos años y que en estos momentos la relación de los índices de productividad de trabajo/hora en nuestro país está situada casi a 20 puntos de
diferencia de la media de la eurozona, y si tenemos que hacer una comparación con algunos de los países más desarrollados, como Estados Unidos, Francia, Italia o Alemania, se eleva a casi 30 puntos de diferencia. Por lo tanto, no estamos hablando
de cuestiones baladíes, sino que estamos hablando de cuestiones esenciales de cara al futuro del crecimiento económico de este país. Hemos apostado por un crecimiento económico muy frágil como ha denunciado la propia OCDE, donde el aumento del
empleo se ha realizado en sectores muy poco productivos, y el seguir apostando por esos sectores de escaso valor añadido lleva consigo un paulatino empobrecimiento o un distanciamiento de aquellas medias de crecimiento de la Unión Europea que nos
estuvieron acercando en un cierto tiempo.



Es por eso que estos presupuestos diseñan un modelo de crecimiento diferente, porque hacen y tienden a generar políticas de empleo que tengan como objetivo fundamental el crear empleo de calidad y empleo estable y con derechos, haciendo así
frente a la excesiva temporalidad, al bajo nivel de formación, a la débil gestión del mercado de trabajo y las políticas de empleo. Un presupuesto que ve en el diálogo social una parte esencial del futuro por donde hay que caminar, que ve en el
cumplimiento de las directivas europeas un camino que hay que seguir y que ve en la cooperación con las comunidades autónomas el mejor método de trabajo y de participación para superar este modelo de crecimiento y de relaciones laborales que, desde
nuestro punto de vista, está desfasado.



Usted ha tenido que construir unos presupuestos embarcado en un proceso de diálogo social en el una parte importante de las políticas activas están condicionadas -supongo- al desarrollo de este diálogo social. No en balde, usted sabe que la
revisión del sistema de bonificación a la contratación estable es materia de debate en estos momentos en la Mesa de diálogo social; el aumento de empleo para los colectivos con mayores dificultades de inserción es materia en estos momentos del
diálogo social; la formación permanente a lo largo de la vida laboral, exactamente lo mismo; el impulso de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo, también; y la prevención de los riesgos laborales es uno de los
elementos esenciales de los trece puntos que conforman en estos momentos la Mesa de diálogo social. Por lo tanto, harto complicado es confeccionar unos presupuestos teniendo en cuenta que elementos de criterios esenciales pueden acordarse y pueden
variar en los próximos meses, de lo cual estoy convencido que todos nos congratularemos de que así ocurra.



Usted sí que está planteando en estos momentos una apuesta por la economía, digamos, del conocimiento, que requiere una mayor inversión en formación. El incremento del 23 por ciento para la formación de los trabajadores a lo largo de toda
la vida laboral supone el apostar por la cualificación profesional que el actual mercado de trabajo demanda. Ahora bien, en el presupuesto presentado hay un considerable aumento de la formación continua, hay un considerable aumento en detrimento de
la formación ocupacional, además de haber también un nuevo ajuste de reparto con las comunidades autónomas de los fondos de formación. Suponemos que esto será motivado por la adaptación del modelo de formación continua a las dos sentencias del
Tribunal Constitucional a requerimiento de la Generalitat de Cataluña y de la Xunta de Galicia. Ahora bien, a nosotros sí que nos plantea este tema una pregunta, y es, señor secretario general, en cuánto se incrementa el gasto de formación continua
y qué razones han llevado al Gobierno a proponer un incremento del mismo.
Porque la reorientación de la economía supone mejorar y actualizar constantemente la formación y la cualificación de nuestros trabajadores, acompañada de una mayor inversión
en investigación y desarrollo y también en políticas activas de empleo.



No quisiera en estos momentos hacer de esto un caballo de batalla, pero sí que es cierto que desde que gobierna el Partido Popular la situación en este ámbito de las políticas de empleo ha ido empeorándose, a pesar de los acuerdos de la
Estrategia europea de empleo, que vienen funcionando en la Unión desde hace ocho años y se vienen incumpliendo sistemáticamente en estos ocho años, y de las transferencias del Servicio de Empleo a las comunidades autónomas, con los reajustes que eso
podría suponer. Los datos que en estos momentos nos mandatan claramente es que los fondos para los desempleados en nuestro país son escasos, los recursos que se dirigen a las empresas son entre los tres países de la Unión Europea que más
aportaciones hacen y los fondos que dedicamos en estos momentos para la gestión de la colocación y de la intermediación laboral


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son efímeros o escasísimos, a pesar de las transferencias realizadas.



En este orden de cosas, sí me gustaría saber, señor secretario general...



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Le ruego, señor Membrado, que vaya concluyendo.



El señor MEMBRADO GINER: Termino. ¿Qué incremento experimentan para el año 2005 los presupuestos de las políticas activas de empleo a gestionar por las comunidades autónomas? Son medidas todas ellas, estoy seguro, para fomentar el empleo,
fundamentalmente estable, y me ha llamado la atención la existencia del mismo importe de bonificaciones en la Seguridad Social por este tipo de contratación estable. Señor secretario general, en los presupuestos para el año 2005 existen los mismos
2.270 millones que había presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, ¿por qué no se incrementa el gasto de bonificaciones a la contratación indefinida? ¿Es que no ha dado resultado en los programas actuales? Esas son
las preguntas que desde el Grupo Parlamentario Socialista le queríamos hacer, sabiendo, lógicamente, que estos son unos presupuestos condicionados al diálogo social, que esperemos además que en los presupuestos de 2006 se recojan todos los acuerdos
que ese diálogo conlleve.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Izquierda Verde, tiene la palabra don Ángel Pérez.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: En primer lugar, agradezco la presencia del señor secretario general de Empleo en esta Comisión, en una comparecencia que para nosotros significa algo importante en la política de este país y en la política de este
Gobierno, o debería significarlo. Pero tenemos que decir desde el primer momento que tenemos preocupación por lo que intuimos un cierto grado de continuidad con respecto a políticas y a modelos practicados hasta ahora en nuestro país y que no han
reportado precisamente éxitos. Creemos que no hace falta extenderse en muchas explicaciones para lo que es evidente, y es que los resultados de los últimos meses, concretamente del último mes de septiembre, no son resultados especialmente
satisfactorios. Es cierto que hay una leve mejora de la contratación indefinida, hasta el 8,4 por ciento sobre el total, pero también que persisten los problemas estructurales del mercado de trabajo, sigue habiendo un alto volumen de paro, que se
concentra en los colectivos que habitualmente son también más afectados y más vulnerables en el mercado laboral, fundamentalmente mujeres y jóvenes menores de 25 años. La temporalidad sigue superando, en lo que se refiere a la contratación, en diez
veces el número de contratos indefinidos. Son esos los problemas que creemos que afectan fundamentalmente al mercado laboral en nuestro país y son por lo tanto los problemas que entendemos que los presupuestos deberían abordar, arbitrando los
recursos y todo lo necesario para las mejoras de las políticas activas de empleo y un mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo.



Lo que puede decirse sobre las políticas de empleo es que no percibimos un cambio especialmente apreciable en cuanto a la filosofía que impera en este presupuesto, y que mantienen en cierto modo ese modelo heredado del Partido Popular en
2004. Es decir, trabajar en el sentido de las prioridades para corregir la situación de las mujeres en el mercado laboral hacia la reducción de la distancia que todavía separa a mujeres y a hombres en el mercado laboral en nuestro país; plantear
la cuestión de la estabilidad en el empleo, de la calidad en el empleo; la potenciación de los servicios públicos; simplificar la tramitación para la generación de empresas o destinar más recursos a la investigación, el desarrollo y la innovación
con vistas a desarrollar más el capital humano y a la formación permanente, creemos que siguen siendo objetivos fundamentales que no se abordan suficientemente desde estos presupuestos.



Los presupuestos del servicio público de empleo, el INEM, para 2005 mantienen fórmulas de financiación vigentes hasta hace algunos años y desde hace algunos años. No hay aportación económica del Estado para financiar las políticas activas
de empleo y siguen siendo las cotizaciones sociales por desempleo las que financian el conjunto de las prestaciones -contributivas, subsidios, renta agraria y renta activa de inserción-, así como parte de los gastos de funcionamiento. Las
cotizaciones sociales, que ascienden a 18.000 millones de euros, es decir, 3,5 puntos de incremento real, suponen el 94,2 por ciento de los ingresos del INEM, y dentro de las mismas, las correspondientes al desempleo soportan el mayor peso, es
decir, el 85,9. Los ingresos por la cuota de desempleo permiten el pago de todas las obligaciones generadas como prestaciones económicas, generando además un excedente de 3.986 millones que sirve para financiar el conjunto de los programas de
empleo, salvo la formación profesional, ocupacional y continua, que se financia con sus propias cuotas y las aportaciones del Fondo Social Europeo.



En lo que se refiere al gasto, las prestaciones económicas por desempleo, esto es, 12.475 millones, representan el 65,1 por ciento del total, siendo el principal destino de ese apartado las prestaciones contributivas, a las que se dirigen
las tres cuartas partes de los recursos asignados. Las políticas de empleo son el siguiente destino en volumen de recursos, con 3.782 millones. Las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por conversión de contratos, nuevas
contrataciones de personas de los grupos considerados con


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dificultades de acceso al empleo y jóvenes autónomos, son el destino de la mayor parte del gasto previsto en este apartado: 2.270 millones. Una política, la de las bonificaciones, dicho sea de paso, que no ha mostrado demasiado éxito en el
pasado. En definitiva, estamos ante el aumento del 7 por ciento en políticas activas, que apenas nos dejan como estábamos.
Junto a eso, un descenso de las políticas relativas a economía social, que no parece explicable teniendo en cuenta la
creciente importancia de este sector en la economía española. Se mantienen los instrumentos y modelos que han producido fracasos en el periodo más reciente de la economía española, es decir, un mercado laboral en el que sigue reinando la
temporalidad, la baja cualificación y tasas de actividad muy inferiores a la media de la Unión Europea.



Sigue la Seguridad Social ofreciendo un superávit que se destina al fondo de reserva. Se mejoran las pensiones mínimas y se persiste en la separación de fuentes, ratificando positivamente, por lo tanto, algunas de las vías apuntadas en el
Pacto de Toledo. Ahora bien, la financiación del necesario nuevo pilar de la protección social, esto es, la protección de las dependencias, sigue estando pendiente de que aborden políticas reales y eficaces de apoyo a los sectores sociales
dependientes. No es menos importante señalar en el terreno de la protección en este caso la protección de rentas, y en ese sentido un comentario sobre la actualización del Iprem. La propuesta de actualización del Iprem para 2005 en tan sólo el 2
por ciento, es decir, igual al objetivo de inflación utilizado en la elaboración de los Presupuestos Generales para este año, responde a una interpretación, entendemos nosotros, estricta de la normativa reguladora vigente y no tiene en cuenta otras
posibles variables que pueden ser consideradas relevantes tras el proceso negociador que debe abrirse sobre esta materia. Creemos que una estrategia de revalorizaciones que tenga como único referente la previsión de inflación resulta inaceptable a
medio plazo y tan sólo conseguiría invalidar el indicador y vaciarlo de contenido y de representatividad socioeconómica, tal y como estaba sucediendo con el salario mínimo interprofesional en la última década. Dada la naturaleza de este indicador,
nosotros plantearíamos que con la participación de los interlocutores sociales se hiciera una evaluación cada tres o cuatro años de este indicador en relación a parámetros objetivos, como la renta media por habitante o la evolución del gasto social.



Resumo, señorías, para ganar tiempo en una mañana en la que ya vamos escasos. Creemos que hay cierta continuidad de estos presupuestos. Desde el punto de vista del empleo, estamos por supuesto atentos al diálogo social. Creemos que una
política de empleo necesita de la reforma fiscal pendiente, capaz de generar los instrumentos y los recursos financieros para abordar estas grandes cuestiones pendientes. Por lo tanto, lo que le pedimos, señor secretario general, es que nos aporte
líneas de estrategia que permitan superar la situación actual, ya que entendemos que en buena parte el presupuesto actual las va a seguir dejando pendientes.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, aquellos grupos que no hayan solicitado la comparecencia y quieran intervenir. En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero agradecer la comparecencia del señor Gómez.



Yo coincido en la valoración que ahora mismo hacía el portavoz de Izquierda Unida, y que necesariamente no es mala tampoco; quizá discrepemos con el portavoz de ese grupo parlamentario en la continuidad de estos presupuestos respecto a los
grandes parámetros de las políticas de empleo que ha venido desarrollando el Gobierno de España en los últimos años, quizás nuestras preocupaciones respecto a esta cuestión no sean tanto la continuidad como algunas cuestiones concretas que le voy a
plantear.



Una primera cuestión más global, y que rompe con algo que a nuestro entender debería ser fundamental en los próximos años, es ese incremento de un 14 por ciento de las políticas pasivas de empleo, frente a un crecimiento tan sólo del 7 por
ciento de las políticas activas de empleo.
A mi grupo le preocupa esa orientación de incrementar el peso de las políticas pasivas frente a las políticas activas, cuando creo que en la lógica en la que estábamos instalados era la del aumento de las
políticas activas como mecanismo de generación de empleo. ¿Qué valoración hace el Gobierno de esa diferencia?


En segundo lugar, si el Gobierno cree que lo presupuestado es suficiente para hacer frente al reto de la modernización de los servicios públicos de empleo. El fracaso en general de los servicios públicos de empleo para participar
activamente en la intermediación en el mercado de trabajo nos preocupa, nos preocupó en la tramitación de la Ley de Empleo en la pasada legislatura y no vemos que exista un esfuerzo presupuestario suficiente para hacer frente a esta cuestión.



En tercer lugar, ¿específicamente qué parte de los recursos de la formación continua se contempla que vayan a ser gestionados por las comunidades autónomas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional y según el compromiso
del Gobierno en esta propia Cámara de incrementar los recursos que se han asignado en 2004 para ser gestionados por parte de las comunidades autónomas?


En cuarto lugar, no nos pareció ver ninguna previsión presupuestaria para hacer frente a la necesidad de contemplar algún tipo de mecanismo que dé cobertura a los trabajadores autónomos en situaciones de desempleo. Nos preocupa esa falta de
previsión ante una demanda política que diversos grupos venimos planteando en esta Cámara y que incluso los diversos grupos sociales también han planteado el propio Gobierno.



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Y en último lugar, señora presidenta, estamos preocupados por los presupuestos asignados a la economía social, que no están a la altura de un sector emergente en la creación de empleo ni satisfacen necesidades sociales hoy no cubiertas ni
por el mercado ni por las administraciones públicas. Espero que nos pueda aclarar estas cuestiones.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero dar la bienvenida a esta su Casa al señor secretario general de Empleo en su primera comparecencia en Comisión. En primer lugar, le pido disculpas porque por un error meramente administrativo mi grupo no
acabó solicitando en el Registro su comparecencia, que obviamente yo tenía pedida, porque si ha habido una cuestión que ha sido núcleo de la acción política de los gobiernos populares ha sido su preocupación por el empleo, por la lucha contra el
desempleo y contra esa especie de maldición que hace una década se calificaba como estructural dentro de nuestra sociedad y mercado de trabajo. Afortunadamente, hoy vemos que no es así, y esperemos y confiemos, y se lo deseamos muy sinceramente,
que las medidas que adopte contribuyan a erradicar el desempleo y también a mejorar la calidad de la contratación y del trabajo de nuestros conciudadanos.



Yo le quiero solicitar (a lo mejor no tiene el dato encima de la mesa, pero si nos lo pudiera aportar por escrito también se lo agradeceríamos sinceramente) el grado de ejecución, supongo que lo tendrán cerrado ya a 30 de septiembre, de lo
que han sido las cotizaciones por desempleo y del pago de prestaciones y subsidios. También se ha hecho alusión a que sigue la partida de bonificación de la contratación en 2.270 millones, pues justamente el grado de ejecución, el gasto en
bonificación de contratos.



Hacía referencia hace un momento el señor Campuzano a una preocupación relativa el incremento del 14,4 por ciento en lo que podemos llamar políticas pasivas de empleo, en el programa 251.M, y yo también le pregunto qué valoración hace, cuál
es la razón que sustenta en principio un incremento tan notable dentro del presupuesto destinado a esta partida. Tenía unas cuantas preguntas concretas que no sé si me dará a hacer respecto de este programa, me imagino que se debe a una reubicación
de conceptos, pero en el cual, en contra de lo que en la memoria se dice, hay una reducción de las partidas. Si puedo, luego se las menciono. Lo que me interesa específicamente, aparte de la ejecución presupuestaria y de un análisis del programa
251.M, es que nos explique cuál es a su entender la razón por la cual en el capítulo de gastos de su departamento se transfiere a la Seguridad Social, dentro del concepto. Cotizaciones sociales de los desempleados, una partida que se incrementa
este ejercicio el 11,9 por ciento y que se ubica -si mal no recuerdo, porque no tengo el dato aquí- en casi 6.000 millones de euros, 5.800 y pico. Lo digo porque nos pareció una elevación importante; quizás esto vaya vinculado a la subida del 14,4
en las políticas pasivas.



Mi tiempo se acaba, no tengo forma de plantearle los puntos detallados que quiero que me aclare y le agradecería que por lo menos nos diera una información más amplia al respecto.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para responder a las diferentes cuestiones planteadas, tiene la palabra el secretario general de Empleo, don Valeriano Gómez.



El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Esta es mi primera comparecencia parlamentaria. Quiero ponerme a disposición de SS.SS. para todo aquello que pueda serles útil en el área de mi competencia en su trabajo
parlamentario. Hay que agradecer también el tono y la forma en las que se han manifestado los diferentes grupos.



Empezaré por una visión general que tiene que ver con algunas cuestiones que se han planteado respecto al objetivo a medio y largo plazo de la política económica del Gobierno, y en qué puede contribuir la política laboral, las políticas de
empleo al logro de ese objetivo. Debo empezar señalando que el que el énfasis del Gobierno en esta nueva etapa esté centrado en la necesidad de que nuestra economía alcance mayores niveles de productividad, no debe interpretarse tanto en un tono
crítico respecto del pasado, sino más bien en que estamos en una etapa en la cual, alcanzados cada vez más altos niveles de empleo, no será posible sostener el modelo de crecimiento actual si no incorporamos nuevas variables, tanto a las políticas
de empleo, como a las políticas industriales, como a las políticas fiscales, como al conjunto de las políticas públicas que tienen incidencia en una variable esencial.



Como ya tuvo ocasión de señalar el ministro de Trabajo en su comparecencia en esta misma Comisión para explicar el conjunto de las intenciones del Gobierno y del Ministerio de Trabajo en esta materia, nuestra visión sobre la evolución del
empleo en términos cuantitativos durante el periodo reciente no es en absoluto una visión negativa. Valoramos positivamente los resultados, muy especialmente de la primera legislatura del Gobierno popular; valoramos muy especialmente en positivo
el haber alcanzando acuerdos en el año 1997 que lograron una cierta reorientación del tono general en el que se desenvolvía el mercado de trabajo en aspectos esenciales como es la temporalidad; y proponemos ahora afrontar una nueva etapa donde,
efectivamente, algunos aspectos que no fueron abordados en aquellos acuerdos del año 1997 y muchos otros que hemos incorporado al diálogo social, puedan hacer mejores contribuciones al logro del objetivo general de consolidar un nivel de crecimiento
económico más


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equilibrado y sostenible desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental y hacer que la política de empleo siga contribuyendo en la medida de sus posibilidades, que no siempre son tantas, al logro de este
conjunto de objetivos.



Se ha dicho que este presupuesto se puede caracterizar en muchos aspectos como el presupuesto de la continuidad. Yo querría decir a ese respecto que el Gobierno muy pocas semanas después y como primer elemento a la hora de plantear cuál va
a ser su política laboral y de empleo, ha afrontado un proceso de formulación de cuáles son sus intenciones, compartidas con los interlocutores sociales, en un conjunto de ámbitos.
Si repasan ustedes la declaración de intenciones firmada el día 8
de julio, salvo los ámbitos referidos a política industrial y ambiental, que hay alguno, todos los demás son estrictamente ámbitos sociales o laborales. Si tenemos en cuenta los relativos a la atención a la negociación y al diálogo en el nuevo
reglamento de la Ley de Extranjería, y los contemplados en la protección social, nuestro sistema de pensiones, todos los demás son aspectos que tienen que están directamente vinculados y forman el núcleo central de la política de empleo y de la
política laboral de cualquier Gobierno. Por eso, no tengo más remedio que matizar las críticas a la continuidad. El Gobierno ha hecho una apuesta por el diálogo social, ha incluido materias no solamente tradicionales en el diálogo social, ha
incluido al menos siete materias que nunca han formado parte del diálogo social, y ha incluido asimismo el núcleo central de la política laboral, lo que tiene que ver con la regulación de las políticas laborales, con nuestro marco de contratación,
con los estímulos y las políticas activas de empleo, con el impacto del sistema de protección en nuestro modelo laboral, con nuestras instituciones laborales, la Inspección de Trabajo, la comisión consultiva de convenios colectivos y con la
formación profesional, tanto continua como ocupacional. Es decir, ha incluido, su voluntad de someter a diálogo todas estas materias.
Naturalmente, el Gobierno tiene sus propuestas respecto a las mismas, pero ha preferido en este primer
presupuesto avanzar durante los próximos meses, muy especialmente en aquellas materias que, como señalaba anteriormente, forman el núcleo central de la política de empleo.



Siguiendo esta reflexión, ya hemos avanzado en algunas materias, hay mesas abiertas en el diálogo social donde ya se están produciendo contactos, avances significativos y acuerdos de forma paulatina y permanente.
Empezaré por la formación
profesional. En este extremo el presupuesto propone cambios significativos tanto en su estructura como en las tasas de crecimiento. Este es un ámbito esencial de la política económica, de la política laboral del Gobierno. El Gobierno ha hecho una
apuesta, manifestada y reflejada en la declaración de intenciones, por la necesidad de incrementar el soporte y la infraestructura tecnológica de este país, y la mejor contribución que puede hacer la política de empleo a esa apuesta general por
darle mayor contenido tecnológico a nuestro crecimiento en el futuro es el uso de la formación profesional, tanto la ocupacional para los desempleados como la continua. Ocurre en esta materia que estamos alcanzando acuerdos y avances concretos con
los interlocutores sociales y con las comunidades autónomas. El presupuesto crece en torno al 16,7 por ciento en formación ocupacional y, en formación continua, el 26,9 por ciento; son crecimientos significativos.
Después hablaremos de la
ejecución, como planteaba el señor Azpiroz, porque incluso si hablamos de la ejecución, estas tasas de crecimiento son mucho más importantes.



¿Cómo hemos planteado estos avances en el ámbito de la formación ocupacional? En dos cuestiones esenciales. En primer lugar, un diagnóstico compartido por los interlocutores sociales y las comunidades autónomas en el hecho de que se está
registrando ya una cierta saturación tanto en el grado de ejecución como el influjo de las políticas de formación ocupacional hacia los desempleados. Al mismo tiempo se está registrando, por fortuna, un lenta pero paulatina reducción de la tasa de
desempleo en nuestro país. No ha sido difícil, por consiguiente, alcanzar un consenso básico en la conveniencia de modificar la distribución del 50 por ciento para formación ocupacional y el 50 por ciento para la formación continua, característica
de periodos anteriores. Prácticamente se convirtió en un dogma el hecho de que debíamos de repartir aquello que se recauda en formación profesional. Desde el punto de vista del impacto de la población desempleada y de la población ocupada, no
tiene ningún sentido. Tenemos una tasa de desempleo que está en el diez y pico por ciento y el resto en su mayor parte población ocupada. El resultado tampoco puede ser dedicar el 90 por ciento de fondos para la formación continua y el 10 por
ciento para la formación de desempleados. Pero sí es posible, que es lo que hemos venido haciendo, ir alterando esta distribución, tratando efectivamente de que los fondos destinados a formación continua no sean sólo los resultantes de la
aplicación del 50 por ciento de la cuota. Es una de las razones por las que el crecimiento del capítulo de formación continua es tan importante. Además del esfuerzo presupuestario, al que después me referiré, también hay un resultado derivado
porque lo que hacemos es que el 40 por ciento de la recaudación va destinada a la formación de desempleados y el 60 por ciento de la cuota va destinado a la financiación de acciones de formación continua.
¿Qué significa esto? Significa, en cuanto
al escenario presupuestario, un cambio que avanza hacia el futuro modelo de formación continua en nuestro país. Avanza en un doble sentido. En primer lugar, en darle una mayor participación a las comunidades autónomas. Les recuerdo que el
presupuesto inicial para acciones gestionadas de formación continua por parte de las comunidades autónomas era de 1.000 euros; no mil millones de euros, sino mil euros. Lo que hemos hecho durante el presupuesto del 2004 es incrementar


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desde esa cantidad hasta 135 millones de euros aquella parte de la formación continua que pueda ser gestionada por las comunidades autónomas. Esto supone un 36 por ciento del conjunto de los fondos de formación continua.



Me detengo algo más en este modelo porque es una parte esencial de las políticas activas. Llegará un momento, conforme vayamos reduciendo la tasa de desempleo, en el que la principal política activa será la formación continua, y merece la
pena que afinemos al máximo el diseño de un modelo que funcione. Nuestra apreciación respecto a la tercera pata del modelo de formación continua diseñado por el Gobierno anterior es algo crítica, no respecto al modelo en sí, sino a las demasiadas
expectativas que se pusieron en un buen funcionamiento futuro, me estoy refiriendo al modelo de bonificaciones. La tercera pata del modelo de formación continua era, junto a las acciones de formación continua gestionadas por el Estado junto a los
interlocutores sociales y las comunidades autónomas dotadas de forma marginal, la tercera pata como digo, eran las acciones de formación continua, que eran financiadas por medio del descuento de la cotización por formación profesional directamente
realizadas por las empresas. Desde nuestro punto de vista, esa tercera pata, no está funcionando todavía a un nivel suficiente y maduro. No ha de extrañarnos pues es el primer año de funcionamiento del modelo. Pero tenemos la impresión, producida
con arreglo a los datos que se van obteniendo en cuanto a su ejecución, de que será un modelo que terminará financiando sólo y exclusivamente a aquellas empresas que ya hacen formación continua. Y ése es el principal defecto que vemos. No vemos un
defecto en cuanto al modelo en sí, a la filosofía. No supone ningún inconveniente ideológico ni político el que busquemos modelos de bonificación con cierto automatismo en las cuotas de formación profesional de las empresas, pero tenemos la
impresión de que si el resultado de ese modelo es que financiamos y apoyamos la formación ocupacional a aquellas empresas que ya lo hacen, no estamos obteniendo el principal objetivo que debe cumplir cualquier política en esta materia, cual es
tratar de incentivar y de estimular a aquellas empresas que no lo hacen, que son básicamente las pequeñas y medianas empresas. Este no es un problema sólo español, sino que es el gran problema de las políticas de formación continua en toda Europa.
Pero si el resultado de este modelo es el que entrevemos con los datos de ejecución que conocemos (son datos, insisto, muy preliminares), el cambio de modelo tiene que pasar por acotar exactamente cuál es el tamaño óptimo de empresa que puede ser
financiado o cofinanciado a través del descuento automático de su cotización, y el resto seguirlo planteando a través de modelos de programas de formación, de oferta de las diferentes instituciones e interlocutores sociales y públicas, es decir,
aquellos que vienen en este momento ofreciendo formación ocupacional. Y que se haga de tal forma que sea gestionado por las comunidades autónomas y por el Estado. ¿Por qué por las comunidades autónomas y por el Estado? Porque tienen ámbitos
propios en esta materia. En primer lugar, la transferencia tiene que producirse. Nuestra idea general es que tiene que haber una transferencia también de la formación continua a las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, tiene que haber una
reserva de fondos del Estado suficiente como para mantener la vinculación actual de las acciones de formación ocupacional continua con la negociación colectiva de carácter sectorial. Desde nuestro punto de vista, uno de los elementos más positivos
de la participación actual de los interlocutores sociales en el diseño y en la gestión es precisamente la vinculación de esa formación a la negociación colectiva de carácter sectorial. El Gobierno quiere un modelo que, además de pacificar las
impugnaciones constitucionales que en este momento existen sobre la materia, mantenga la estructura de participación de los interlocutores sociales en el ámbito estatal a través de la negociación colectiva sectorial y, en el ámbito autonómico a
través de la negociación colectiva correspondiente a cada territorio; y que el modelo de participación que rija en cada una de las comunidades autónomas sea similar, con los matices necesarios, pero con participación efectiva de empresarios y
sindicatos en el diseño, en la gestión y en el control ex post al conjunto del funcionamiento en las comunidades autónomas.



Son crecimientos importantes los que he señalado en la política de formación ocupacional. Pero debo matizar mucho y rechazar, por supuesto, las críticas que se refieren al hecho de que se incrementen más las políticas pasivas que las
activas. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace (y eso es lo que hemos hecho en este presupuesto) un ejercicio de realismo en la presupuestación, y cualquier ejercicio de realismo es siempre un ejercicio de transparencia, ocurren estas cosas.
Nosotros hemos hecho un presupuesto en el que prevé un mayor nivel de acercamiento, teniendo en cuenta que cuál va a ser el ingreso futuro en cotizaciones y en prestaciones.



En términos de ejecución, por ejemplo, en las prestaciones por desempleo, en relación con la ejecución correspondiente, la prevista a estas alturas del año para el 2004 crecería sólo el 2,1 por ciento. Los presupuestos de 2004 preveían un
gasto en prestación por desempleo de 10.907 millones de euros. La ejecución de 2003 era de 11.124 millones, y la expectativa de evolución del desempleo en el 2004, la que se podía prever al final del 2003, no era una expectativa de reducción. Esta
forma de presupuestar tiene muchísimas ventajas, pero el principal inconveniente es que nunca refleja la realidad y que, en términos de gasto, necesita durante el año apelar sistemáticamente a ampliaciones de créditos para responder a un derecho
subjetivo.



Nosotros hemos de huir de esta práctica en términos generales, no solamente en lo que ha sido la presupuestación correspondiente al área de empleo y al conjunto


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del mercado de trabajo, sino también a la presupuestación del ministerio y en general del Gobierno. Hemos ido a una formulación presupuestaria con unos niveles de transparencia que implica, efectivamente, tratar de prever con realismo tanto
los ingresos como los gastos. En ese sentido hemos hecho un ejercicio de sinceridad con el conjunto de la sociedad española. Efectivamente, eso no significa que las políticas pasivas vayan a crecer el 14 por ciento. Yo no creo que sea un buen
ejercicio decir: y en prueba de nuestro compromiso con la población desempleada las políticas de protección al desempleo crecen un 14 por ciento. Crecen un 14 por ciento respecto de un presupuesto inicial del 2004 que estaba, como sabemos bien
aquellos que nos dedicamos al seguimiento de este tipo de cuestiones, infravalorado en el gasto y en el ingreso.¿Cuánto suben en realidad respecto de la ejecución? Suben exactamente un 2,1 por ciento.
Ahora bien, ¿cuánto sube respecto de la
ejecución correspondiente o previsible para el 2004 lo que presupuestamos en políticas activas? En formación profesional no sube en términos totales todo el capítulo de formación un 22 por ciento respecto de la ejecución; sube mucho más, porque
hay muchas partidas que ni siquiera se han podido ejecutar durante el 2004. El capítulo de formación ocupacional sube un 18 por ciento, frente al 16 si lo comparamos con el presupuesto inicial. Y el capítulo de formación continua sube un 39 por
ciento. Este es el mejor resumen que sintéticamente se puede hacer del debate en términos presupuestarios entre políticas pasivas y políticas activas. En términos de ejecución, las políticas activas suben diez veces más, no un 10 por ciento. En
tasa de crecimiento suben diez veces más las políticas activas que lo que suben en términos de ejecución las políticas pasivas. Este es el resultado real. Cuando lo hacemos en términos de presupuesto inicial, nos llevamos este tipo de sorpresas,
que valen bien para el debate presupuestario en ocasiones, pero que cuando lo comparamos en términos de ejecución debemos unos y otros ponernos de acuerdo en que merece la pena de vez en cuando algún matiz.



Respecto de algunas cuestiones que se han señalado, me parece también importante subrayar que se han citado los resultados del mes de septiembre del paro registrado. No está aquí en este momento el diputado Ángel Pérez, que lo ha planteado.
Mi impresión (y quiero ser también transparente en mis opiniones, muy especialmente en esta Comisión) es que tenemos siempre que analizar los datos de paro registrado con lo que se llama tratar de filtrar el dato mensual. No nos dejemos llevar por
el simbolismo del dato mensual, aunque a veces sea un simbolismo significativo, incluso magnífico. Hemos encontrado un dato en el mes de agosto que es el peor dato de desempleo de los últimos veinte año.
Después viene septiembre y resulta que es
el cuarto mejor dato en cuanto a desempleo de los últimos veinte años. El debate parlamentario naturalmente permite este tipo de apreciaciones, pero el seguimiento coyuntural no; el seguimiento coyuntural exige, y mucho más con el paro registrado,
que es un dato que contiene mucho sesgo administrativo, un debate mucho más sosegado. Interpretemos los datos al menos en trimestres.



El Gobierno ha mantenido la costumbre de poner a disposición de la sociedad los datos en un cierto momento y de producir valoraciones generales sobre materias de carácter semestral. En términos comparados septiembre es un buen mes porque
estamos en un crecimiento anual del desempleo de 10.500 personas. El desempleo al final de septiembre, respecto de septiembre de 2003, ha crecido en 10.500 personas. En abril de este mismo año crecía en 47.000 respecto al mismo mes del año
anterior. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en una situación en la que podemos alcanzar relativamente pronto una de estabilización del crecimiento del desempleo compatible con un crecimiento del empleo importante. Es un crecimiento que está
previsto en el escenario macroeconómico, el famoso libro amarillo, en un 2 por ciento. Yo creo que eso en empleo es un nivel de crecimiento del empleo compatible con una evolución de la población activa tal que haga que no crezca el desempleo
durante el año 2005. Esa es la previsión del escenario macroeconómico.
Con esa previsión hemos realizado el presupuesto correspondiente a protección por desempleo, que, como les decía, grosso modo implica, que tengamos a unos 1.282.000
beneficiarios en el sistema de protección por desempleo. ¿Esto es mucho o es poco? En el año 1993 teníamos aproximadamente dos millones de beneficiarios de la protección por desempleo, pero teníamos una tasa de cobertura sensiblemente similar a la
actual. Teníamos entonces una tasa de cobertura del 67, y prevemos tener en el año 2005 una tasa de cobertura del 66. La tenemos actualmente está en torno al 64 por ciento.



El objetivo del Gobierno en esta materia es seguir tratando de incrementar el nivel de cobertura sobre la base de reducir el conjunto de los colectivos no protegidos por la cobertura. Nuestra estimación para el 2005 es que haya sólo 549.000
personas paradas que no reciban protección.
En 1993, cuando teníamos una tasa de cobertura similar a la prevista para el 2005, ese nivel de personas que no percibían protección era de prácticamente el doble, y en 1994 era el triple, unas 1.200.000
personas sin protección. Los objetivos siempre estarán vinculados a ir reduciendo paulatinamente el volumen de las personas no protegidas por el sistema.



El compromiso electoral del Gobierno en esta materia, sometido también, como el resto, a su análisis y a su correspondiente diálogo con los interlocutores sociales, es el de producir algún tipo de elevación o de incremento en un colectivo
concreto (el otro ya se ha incluido en la Ley integral para la violencia de género), y es el de estudiar la protección para las personas mayores de 45 años que no tienen responsabilidades familiares. Este es el único compromiso existente en este
momento respecto a los colectivos susceptibles de protección. El Gobierno en esta materia no se plantea


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modificación alguna ni en las tasas de reposición respecto al salario previo en la prestación contributiva -son tasas de reposición que están vigentes desde el año 1992- ni bonificación sustancial alguna en el subsidio por desempleo,
subsidio que prolonga la prestación, en este caso no vinculado al salario previo, sino vinculado al nuevo índice, al IPREM.
Después entraré en una reflexión al respecto, pero sí quería decir que en esta materia, a diferencia de todo lo que tiene
que ver con el trabajo temporal y con la nueva regulación del trabajo temporal, el Gobierno no se plantea grandes cambios en nuestro sistema de protección actual.



Consideramos que es un sistema sensible al ciclo, pero eso es una característica esencial de cualquier sistema de protección. Consideramos, en todo caso, que también es un sistema que tiende a colapsarse rápidamente en cuanto el ciclo baja.
Nos gustaría, tratar de encontrar fórmulas para seguir, por una parte, incrementando el control sobre el buen uso de las prestaciones por desempleo, sobre el uso adecuado de esas prestaciones, y nos gustaría también seguir encontrando fórmulas que
permitan que el sistema no se encuentre en una situación como la que podamos perfectamente describir para la actualidad; es un sistema que, pese al crecimiento del empleo, pese a un crecimiento del desempleo, como decía, en términos anuales
relativamente poco importante -son diez mil personas más en lo que ha crecido el desempleo en los últimos doce meses- sigue gastando más. Efectivamente, nos preocupa ese hecho. Es un sistema que tiende a gastar menos en cuanto el ciclo sube. Pero
no hace falta que baje demasiado el ciclo para que gaste más.



Esto queremos analizarlo en profundidad y forma parte incluso del mandato que el Gobierno ha remitido a la comisión de expertos creada también en el seno del diálogo social. Pero nos preocupan estas características del sistema. Es un
sistema que por lo demás, como saben SS.SS., descansa en el hecho de que dos tercios de la población ocupada no lo utiliza y no gasta un duro de él, se puede decir así grosso modo, y un tercio gasta todo lo demás. Este es el modelo que tenemos.
Este es un modelo característico también de cualquier sistema de reparto de riesgos. Lo que ocurre es que en este caso tenemos un sistema en el que dos terceras partes de sus entradas provienen del trabajo temporal. En qué medida esté alimentando
este diseño actual del sistema de protección la propia dinámica expansiva del trabajo temporal, es una gran pregunta que debe ser contestada también por parte de la comisión de expertos nombrada al efecto.



El diputado Ángel Pérez ha suscitado una cuestión respecto del fondo de reserva y la prestación por desempleo. Ha hecho una reflexión que es compartida en términos generales. Pero quería hacer sólo una matización.
El fondo de reserva de
la Seguridad Social tiene que responder a criterios demográficos; ahí lo que importa es el ciclo demográfico. En la Seguridad Social lo que importa siempre es el ciclo demográfico, además de la evolución del empleo, además de las bases
reguladoras. Cuando pensamos en el concepto de reserva también estamos pensando siempre en guardar para una situación que estimamos que va a ser tal que nos exija su utilización, o el acompañamiento de su utilización con otras medidas correctoras,
y ahí el elemento de referencia siempre es el ciclo demográfico. Pero en el desempleo el elemento de referencia es el ciclo económico. ¿Tiene sentido reservar, crear mecanismos de reserva en el desempleo? Sí. ¿Tiene sentido, en cambio, utilizar
un tipo de cotización más fluido? También. Depende de las circunstancias macroeconómicas. Desde mi punto de vista yo creo que tiene sentido en este momento pensar que el tipo de cotización de equilibrio, en cuanto a la financiación del gasto en
desempleo, es un tipo sobrevaluado; es decir, no hacen falta siete puntos, siete puntos y pico de cotización al desempleo para poder financiar los costes de las prestaciones por desempleo, hace falta en torno a dos puntos menos.



El problema está en que hemos ido lentamente caminando a un modelo en el cual ha desaparecido la aportación del Estado, Y reconstruir un modelo en el cual la aportación del Estado financie al menos una parte de las políticas activas será un
camino que debe ser seguido, desde mi punto de vista es un camino que debemos perseguir, pero que exigirá tiempo, de la misma forma que ocurre con el proceso de separación de fuentes en el sistema de la Seguridad Social. Creo que es un objetivo
perseguible que el Estado vuelva a poder financiar una parte de las políticas activas.
Recordemos la situación vigente hace veinte años: financiaba todas las políticas activas, no una parte, todas; financiaba una parte significativa de las
políticas pasivas, que llamábamos entonces asistenciales, todo el subsidio; y financiaba incluso la cotización al desempleo de los trabajadores desempleados, éstas a la que el diputado Azpiroz se ha referido, que crece, efectivamente, el 11 por
ciento, pero que tiene que ver, insisto, con ese mismo ejercicio de presupuestación realista del gasto. Estas son las cotizaciones de los desempleados, aquellas que el INEM transfiere a la Seguridad Social.



Por ello ¿qué planteará el Gobierno en el diálogo social en esta materia? Junto a un conjunto de reformas en el ámbito de las políticas activas de empleo, que tienen que ver con su simplificación en primer lugar, que tienen que ver muy
probablemente con su prolongación del periodo de influencia, observamos que hay un nivel de mortalidad que creemos que es importante cuando desaparece la bonificación; junto a todo un conjunto de aspectos que no quiero adelantar aquí por respeto al
diálogo, pero que no tengo ningún inconveniente en subrayar al menos en cuanto a lo que son los objetivos (muy probablemente un conjunto de reformas en las que las bonificaciones no giren como porcentaje, como tarifa aplicada de forma porcentual
respecto de la base de cotización, sino que se construyan en base a cantidad a tanto alzado y permitan, por consiguiente, primar


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de forma estable la incorporación al trabajo indefinido a los colectivos de trabajadores menos cualificados); junto a todo un conjunto de reformas, que naturalmente estamos estudiando y que plantearemos en la mesa del diálogo, el Gobierno
lo que se plantea es la posibilidad de intercambiar, sin cambios en la presión fiscal global, la reducción de cotizaciones al desempleo con incremento de la aportación del Estado. Eso exigirá modificaciones en los escenarios tributarios, al menos a
medio plazo, porque estamos hablando ya de cuantías importantes en cuanto al nivel de la aportación del Estado que desapareció en su día. La aportación del Estado al INEM llegó a ser de prácticamente la mitad del conjunto de su presupuesto, ahora
es cero. Así que reconstruir una situación en la que el Estado pueda participar en la financiación de las políticas activas exigirá tiempo. Pero, modulándolo, yo creo que es un objetivo perseguible y razonable, sobre todo porque carece de sentido
hacer gravar en forma de coste, nuevo coste al factor trabajo, este conjunto de políticas activas.



De paso subrayaré también que en todo este proceso la aportación de las cotizaciones sociales no solamente abarca las políticas activas y las pasivas, abarca también al propio funcionamiento del instituto. Es decir, las cotizaciones
sociales incluso pagan el coste de las transferencias, los servicios transferidos, lo pagan todo. Esta es una crítica que como responsable de la Secretaría General de Empleo no tengo ningún inconveniente en reconocer. Lo que planteo es que tenemos
que buscar la fórmula para que la modulación de esa nueva incorporación del Estado a la financiación de una parte de las políticas activas, que tienen que ser esencialmente las bonificaciones, sea compatible con una posible rebaja en las
cotizaciones sociales correspondientes al desempleo. Si eso no fuera posible, si no fuera posible que la aportación del Estado participara en la financiación del servicio público de empleo, no habría margen alguno para poder reducir cotizaciones
sociales, porque el remanente de tesorería existe, son 3.800 millones aproximadamente, pero ya no crece, ya hace varios años que no crece. El nivel real en este momento es tal que las bonificaciones financian todo lo que hemos dicho, es decir, todo
el gasto, pero prácticamente no sobra nada. Después del decreto ley de junio pasado, en el que se elevaba la cuantía correspondiente al salario mínimo interprofesional, en el que se desvinculaba del salario mínimo la prestación por desempleo, pero
se modificaban las tasas correspondientes a su vinculación al nuevo índice, al IPREM, de forma tal que se recogiera efectivamente en la prestación de los desempleados esa subida del 6,6 en el salario mínimo, después de eso el nivel de remanente real
prácticamente será cero a lo largo de este año. No se espera que haya un remanente importante durante el año 2005.
Por esa razón quiero decir que la apelación al remanente vale bien como reflexión en términos históricos; es decir, se ha ido
creando un remanente que en este momento se utiliza como fórmula de estabilización del conjunto del ingreso y del gasto público y como fórmula de financiación efectiva del déficit público global. Pero ese remanente no crece continuamente. A veces
he escuchado la siguiente reflexión: pero es que sobra medio billón de pesetas todos los años. No, todos los años no, han ido sobrando y se han ido acumulando 3.800 millones de euros, pero hace ya dos años al menos que ese remanente no crece.



Respecto al IPREM, que se ha citado también por el diputado Ángel Pérez, el Gobierno se planteó, y forma parte de la declaración de intenciones, un capítulo expreso para constituir una mesa de negociación, una parte de los ámbitos que
llevamos entonces del diálogo social, donde queríamos discutir tres cosas. Queríamos discutir cómo se alcanzaba el compromiso electoral del Gobierno de llegar a una cuantía de 600 euros mensuales al final de la legislatura, cómo se cumplía ese
compromiso; no sólo queríamos hacerlo, queríamos invitar a modular el cumplimiento de ese compromiso con los propios interlocutores sociales. Queríamos también discutir una nueva regulación del artículo 27, en cuanto a lo que es la fórmula de
revisar y el papel del salario mínimo. Y queríamos, también discutir cómo iba a crecer el IPREM en el futuro. Nuestra idea general es que el Gobierno debe evitar que dentro de un cuarto de siglo al IPREM le pase lo mismo que le ha pasado en el
último cuarto de siglo al salario mínimo interprofesional; es decir, debe evitar un índice que al final quede absolutamente obsoleto en su papel. El IPREM no debe recoger, como es nuestra aspiración respecto a lo que debe ser el papel del salario
mínimo, tanto las ganancias de productividad del sistema, que sí lo debe hacer el salario mínimo, como debe de alguna forma asegurarse que no pierde sucesivamente, paulatina y lentamente, poder adquisitivo. Sobre lo que planteaba el diputado de que
busquemos una fórmula de evaluación plurianual del poder adquisitivo del IPREM y fórmulas de revisión, etcétera (fórmulas, por consiguiente, que permitan flexibilidad al Gobierno a la hora de fijar anualmente su presupuesto en esta materia, pero
también permitan algún elemento de garantía de que no va a haber pérdidas sucesivas importantes de poder adquisitivo) quizá lo podamos encontrar en acuerdos en el ámbito del diálogo social. Esta es una mesa que pensamos abrir durante el periodo de
tramitación del presupuesto.
Queremos hacerlo aproximadamente la última semana de octubre; nos gustaría antes haber cerrado, si es posible con acuerdo, la mesa correspondiente al Reglamento de la Ley de Extranjería. En este ámbito de modulación
temporal del diálogo es en el que nos movemos al respecto.



No sé si respecto a los temas esenciales he podido responder a todas las preguntas planteadas. Me gustaría, en todo caso, manifestar algo que tiene que ver con lo señalado por el diputado Membrado: la contratación estable. Efectivamente,
el presupuesto en términos nominales ahí no crece. El nivel de ejecución actual está en torno al 98 por ciento, es decir, el nivel de ejecución


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de esta partida, la partida de bonificaciones, es alto y muy probablemente sobrará muy poco de esa partida. La pregunta inmediata es: pero si las tasas de crecimiento de la contratación estable bonificada en los últimos 4 meses están en
torno al 18 por ciento, ¿habría sido necesario hacer un mayor esfuerzo? Eso es cierto y yo no tengo ningún inconveniente en reconocer esta reflexión. La respuesta inmediata es relativamente sencilla: hemos ido a una presupuestación en la cual
contaremos siempre con elementos de respuesta a esta cuestión, podremos siempre apelar al remanente de tesorería en caso de que nos quedemos cortos en esta presupuestación y podremos también apelar a fórmulas de flexibilidad interna. Dentro de los
capítulos presupuestarios correspondientes hay un nuevo programa que acumula también el conjunto de los programas de fomento del empleo, de formación profesional, escuelas taller etcétera, donde poder compensar posibles insuficiencias en esta
materia. Y mientras tanto tenemos que abordar el proceso de diálogo social.



El proceso de diálogo en esta materia es trascendental. Comenzará en torno al mes de enero, es decir, queremos que la comisión de expertos termine el 31 de diciembre su informe y empezar a dialogar inmediatamente después. Habrá cambios
previsibles, muy previsibles en todo el conjunto de las políticas. Hemos preferido no avanzar, hemos hecho un ejercicio de realismo, tenemos instrumentos suficientes para asegurar cualquier evolución futura sin cambios respecto a la legislación
vigente, asegurar el cumplimiento de los compromisos en esa materia, y muy probablemente habrá cambios, y cambios trascendentales, en el ámbito de la configuración de las políticas activas, en este caso de las políticas de fomento del empleo
estable; cambios también vinculados, no repetiré la discusión, a la aportación del Estado etcétera. Pero creemos que con el diseño actual no hay ninguna dificultad y está perfectamente asegurado (recuerdo la cuantía del remanente, 3.800 millones
de euros), que con este nivel presupuestario nosotros podremos atender incluso tasas de crecimiento en el empleo estable superiores a aquellas que se han manifestado en el último semestre.



Seguramente he sido muy largo, presidenta, pido perdón.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Gracias, señor secretario general de Empleo. Vamos a pasar a la siguiente comparecencia.



- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (MURILLO DE LA VEGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 212/000167.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, vamos a comenzar la comparecencia de la secretaria general de Políticas de Igualdad, doña Soledad Murillo de la Vega, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Izquierda Verde. Por lo tanto, vamos a dar la palabra a la señora Carme García.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Muy buenas tardes, ya casi, señora Murillo, nos hemos retrasado un poquito y por este motivo, entre otras razones, voy a intentar ser muy concreta.



Como ya he dicho anteriormente entiendo que lo fundamental de estas comparecencias no es volver, al menos desde mi intervención, a incidir en aquellos aspectos más de política de actuación general, ni tampoco de planteamientos políticos en
cuanto a la igualdad, porque creo que se han debatido muchísimo. En todo caso, si usted quiere entrar, yo estaré encantada igualmente de volverlo a escuchar y a recoger. Estas comparecencias entiendo que nos han de servir, en general, pero
concretamente a nuestro grupo político, para poder afinar más en aquellas propuestas que nosotros queremos llevar a las enmiendas del presupuesto.



En este sentido, me ceñiré a lo que es el programa 232.B, de promoción de la mujer. Aunque ahora voy a hablar concretamente de algunas de estas partidas, la complejidad de un programa de promoción de la mujer está en que entiendo que es
transversal, o que la idea, la intención evidentemente es que sea transversal, puesto que la mejor manera de promocionar cualquier actuación social, y en este caso de promoción de la mujer, es que cada ministerio se haga cargo de aquellos aspectos
que van a incidir en una mayor promoción, en una mayor igualdad, etcétera. Por tanto, ya parto de esta idea de que precisamente en los diferentes ministerios habrá partidas concretas, específicas, programas, actuaciones, etcétera, que van en la
línea de complementar lo que es el programa 232.B. Por la dificultad, al menos personalmente, por la inexperiencia, y también porque en un presupuesto si intentas buscar aquellas partidas transversales es más complejo, la primera pregunta sería la
siguiente: ¿En qué partidas de estos ministerios se encuentran realmente programas y presupuesto concreto para el fomento de la promoción de la mujer y, por tanto, de la igualdad de la mujer? Esta sería una primera pregunta, porque de alguna
manera me ayudaría muchísimo en el trabajo de comprensión del presupuesto y de las enmiendas.



En cuanto al programa 232.B, si no hago una mala lectura del mismo, por un lado encontramos la partida económica 451, que es transferencias a comunidades autónomas para programas dirigidos a mujeres, que nos da la impresión, por el análisis
que hacemos, que es una partida nueva, que asciende a un millón de euros. Después querría saber qué enfoque, qué planteamiento y cuáles son las actuaciones que se pretenden realizar en concreto con esta partida nueva y si supone abrir una


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partida presupuestaria con la idea de que la misma se incremente.
Entendemos que en la 481, transferencias a entidades y personas físicas para realizar actividades que fomenten la no discriminación de la mujer, hay un incremento del 5,4 por
ciento, y nos gustaría conocer, porque me ha costado muchísimo poderlo comprender, qué se está destinando realmente en esta partida y cuál es el enfoque de futuro.



La primera lectura en profundidad sobre las otras partidas nos da la sensación de que han quedado igual, por la comparación que hemos hecho.
Por tanto, el incremento de presupuesto en el programa 232.B es este millón de euros más 126.000,
que es el 5,4 por ciento de esta partida 481. Quizás sube también un poco la 492, programas de cooperación internacional. En total nos da la sensación que lo que sube el presupuesto es aproximadamente un 5 por ciento del total. Con este
incremento he de reconocer que se nos hace como muy complicado vislumbrar cómo se va a poder llevar a término todo lo que ha sido el planteamiento y los objetivos y lo que desde el Gobierno se ha manifestado en comparecencias, incluso en el trámite
de la Ley contra la violencia, etcétera. Vemos que con este presupuesto esto es imposible abordar. Por ese motivo la duda también está en si usted nos va a poder explicar en qué otras partidas, en qué otros ministerios podemos encontrar también
otros incrementos que puedan de alguna manera darnos una visión más optimista, de lo que ahora, en estos momentos, con los datos que tenemos, nuestro grupo parlamentario tiene, porque no es una visión precisamente optimista con estos datos del
programa 232.B.



Diría que son unas preguntas muy concretas. No quisiera tampoco alargarme y lo que pretendo es que sirva para la comprensión de mi grupo y de otros grupos que puedan tener interés también.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Algún grupo parlamentario que no haya intervenido quiere usar de la palabra? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Corral.



La señora CORRAL RUIZ: Gracias, señora Murillo, por su comparecencia, por estar aquí esta mañana.



Señorías, el Grupo Socialista está convencido de que las políticas de acción positiva son el atajo y el impulso para que las mujeres avancemos hacia la igualdad real. Por ello vemos con satisfacción que los presupuestos del 2005 renuevan su
apuesta por las mujeres y vuelven a tomar pulso las políticas de género que tanto han languidecido durante los años de gobierno del Partido Popular. Nos gusta este presupuesto porque piensa especialmente en las mujeres que tienen más dificultades,
porque apoya la creación de empresas de mujeres, porque apuesta por la igualdad de trato en el empleo, porque no se olvida del merecido apoyo a las organizaciones de mujeres y porque eleva y quiere impulsar nuestra presencia en la esfera
internacional y dar también más coherencia a los programas de cooperación al desarrollo. Y nos gusta porque da un paso de cercanía abriendo una nueva partida a la que ha hecho referencia también la diputada que me ha precedido en el uso de la
palabra, una nueva partida de programas para las comunidades autónomas. El Grupo Socialista también querría, señora Murillo, más información sobre esta novedad. Este Grupo Socialista es consciente de que las desigualdades y las injusticias que
todavía padecemos las mujeres se corrigen con incrementos presupuestarios, pero sabemos también que para hacer una gestión eficaz de estas políticas de género se necesita inteligencia, fe y mucho ánimo.
Nos felicitamos, señora Murillo, porque
sabemos que usted cuenta con estas cualidades y es un valor añadido muy importante para este presupuesto 2005.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el señor Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: Bienvenida, señora Murillo. Tomo la palabra para unas cuestiones de precisión técnica y de concreción. Lo que más crece en la promoción de la mujer es el capítulo de inversiones reales, concretamente un 154 por
ciento en reposición, que no sé si tiene mucho que ver con promocionar a la mujer o no, por eso me gustaría saber a qué se debe ese aumento en las inversiones reales, en el patrimonio propio.
Otra partida que crece significativamente, más de
500.000 euros, son los gastos de personal y me gustaría también que nos explicase tanto en el capitulo 6 como en el capitulo 1 a qué se deben esos importantes incrementos. Mengua el capitulo 2 y lo hace de una manera peculiar en transferencias a
comunidades autónomas, y también en el capítulo 1 hay una disminución de transferencias a comunidades autónomas que supongo que estaría en su día mal ubicado, porque siempre uno tiene la impresión de que las transferencias, por su propia naturaleza
económica, deben figurar en el capítulo 4 y no en el 1 ni en el 2, y por tanto me gustaría saber esas transferencias a comunidades autónomas tanto en el capítulo 1 como en el 2, que se eliminan ahora, a qué respondían.



Hablando de la transversalidad, de su competencia en materia de políticas de igualdad, nosotros, que hemos colaborado en no obstruir, no obstaculizar la tramitación de la Ley de violencia de género -que sabe usted que ha seguido un proceso
precipitado y hemos renunciado todos a muchos turnos de palabras para que pudiese entrar en vigor en el 2005-, naturalmente echamos de menos y nos genera una gran decepción no haber encontrado nada -supongo que algo habrá, ahora usted me lo explica
y yo tomaré buena nota- ni aquí ni en los siete ministerios a los cuales se decía que iba afectar. Por tanto, me gustaría que tanto aquí como en los siete ministerio a los que esta Ley de violencia de género iba a afectar y por la cual todos


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hemos alterado las formas para que entrase en vigor usted nos dijera dónde están.



Me gustaría preguntarle sobre el cuarto Plan de igualdad de oportunidades cuál es la cantidad destinada, porque no la he encontrado, y si sabe usted si el compromiso electoral de extender la paga de 100 euros va a ser una realidad o no. En
cuanto a la creación de guarderías infantiles en su primera intervención hablaba de 450.000 plazas de nueva creación, sin embargo, su compañera de ministerio ha hablado de que el próximo año serán 3.600, por lo que la diferencia es significativa y
me gustaría saber si esa diferencia de 3.600 a 450.000 tiene alguna explicación.



La renta activa de inserción, que sabe usted que fue un programa para evitar que las mujeres maltratadas siguiesen conviviendo en su entorno familiar y pudiesen salir del hogar con inmediatez, ¿va a tener algún incremento? Como yo no lo
conozco me gustaría que me lo dijera. También en la Ley de violencia de género se hablaba de unas nuevas ayudas especialmente para un colectivo vulnerable de mujeres mayores de 55 años para incluir en renta activa, lo que tampoco he encontrado y
espero que usted me lo diga.



Muchas gracias por su comparecencia.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para dar respuesta a todas las preguntas que se le han formulado tiene la palabra la secretaria general de Políticas de Igualdad.



La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Señoras y señores diputados, para mi es una oportunidad hablar de presupuestos, porque al hablar de presupuestos se está hablando de las políticas en materia de
igualdad que lleva este Gobierno. Especialmente es una oportunidad porque el solo hecho de mi presencia significa que se ha reforzado no sólo a través de un gesto sino de un hecho importante, que es la creación en un organigrama político de la
Secretaria de Políticas de Igualdad. En ese sentido, hablar de rangos es mucho más que hablar de un tema puramente administrativo y procedimental; significa elevar a la categoría de política todo lo que implica las materias de igualdad. Tengo
mucho gusto en contestar las preguntas que me han ido formulando y lo voy a hacer de manera alternativa, sin necesidad de ir uno por uno. Quiero agradecer también su preocupación por el hecho de conocer estos presupuestos, porque detrás de ellos
están los programas, las actuaciones y sobre todo, como digo, el haber elevado la posibilidad de interlocución y la posibilidad de incluir en la agenda política algo que es importante, y es que la materia de igualdad no quede solamente en el marco
de una dirección general, sino que tenga un rango que facilite y dote de actuaciones más eficaces todas las políticas relativas a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Voy a empezar precisamente por una pregunta que me hacia el señor Barrachina con respecto a ese incremento del 154 por ciento en infraestructuras. Lo voy a hacer porque precisamente esta mañana en el Instituto de la Mujer tuvimos
oportunidad de hablar de ello. Este incremento se debe fundamentalmente a la remodelación del edificio. Es un edificio que carece de las normas básicas de seguridad y que conlleva una dotación que nos parecía importante a efectos de poder cumplir
con la normativa vigente. Como ustedes saben, anteriormente el Instituto de la Mujer se situaba en la calle Almagro en un edificio que cumplía perfectamente con la normativa, además de tener una ubicación céntrica que permitía que las mujeres
hicieran de él un marco de referencia de consulta y un marco de referencia también de investigación. Ahora estamos en un lugar distinto y, por supuesto, con unas condiciones bastante diferentes que debemos subsanar y reflejar absolutamente en los
presupuestos. Por ello, la remodelación del edificio responde a una obra a tres años que en principio tiene necesariamente que incluirse en el presupuesto a efectos de poder cumplir la normativa de seguridad. Por eso se incluyó como principio de
este ejercicio.



Es cierto que se han incrementado los gastos de personal, y se han incrementado por una cuestión muy evidente, y es que como decía al principio de mi intervención lo que supone dotar a la estructura orgánica del Gobierno de una Secretaría de
Políticas de Igualdad implica necesariamente dotarla de una infraestructura que es el gabinete que tiene usted en los presupuestos con 495.000 euros, que es aquella cantidad que sirve para dar cuenta de esta partida que conlleva la creación del
puesto al que me he referido antes. Cuando se ha planteado el establecimiento de los presupuestos se ha diseñado en función de la realización de un grupo de actividades que necesitaban ser coordinadas por varios ministerios. Hablé en mi primera
comparecencia en esta Cámara sobre la necesidad del meanstreaming, especialmente porque creo que la transversalidad comprende una serie de actuaciones para que los ministerios implicados en las políticas específicas de su competencia entiendan que
la política de materia de igualdad no es sumar a las mujeres sino simplemente trabajar bajo los conceptos de efectividad, calidad y excelencia dentro de las competencias que desarrolla cada ministerio. El meanstreaming está presupuestado de acuerdo
con las estimaciones de gasto en todas las materias que contempla el Instituto de la Mujer, y lo está en todas las materias porque la colaboración institucional en materia de igualdad ha sido permanente en el instituto.
Hasta ahora teníamos unas
colaboraciones puntuales pero necesitábamos plantearlo en las partidas subrayando aquellas actividades que nos aseguraran de mayor forma y eficacia la realización de actividades que tuvieran que ver con la transversalidad. Nosotros tenemos
convenios con el Ministerio de Sanidad y Consumo, tenemos convenios con Justicia, con Educación,


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Cultura y Deporte y con Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar actividades conjuntas, lo cual supone arbitrar equipos de trabajo permanentes que no sólo intercambian ideas sino que proponen actuaciones a medio, corto y largo plazo.
Tenemos además programas en materia de empleo, en materia de salud, en materia de cooperación internacional -contestando a la señora diputada Corral-, que implican por nuestra parte desagregar puntuación por puntuación y programa por programa
aquellas actividades que tengan que ver con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, no en aquellos puestos de trabajo que simplemente tengan una relación por cuenta ajena sino en los que las mujeres han despuntado como emprendedoras,
como lo han sido hasta el momento, por lo que hemos habilitado y hemos hecho un esfuerzo presupuestario en aquellos programas que nos parecían que tenían una transversalidad desde el punto de vista de las escalas más importantes del mundo del
trabajo.



Tenemos el programa Optima -por darles unos datos que me parecen claves, para que se entienda- en el que destinamos 150.000 euros a la gestión de recursos humanos en cuestiones de perspectiva de género, porque trabajamos con empresas
grandes, de tamaño multinacional, que nos aseguren que la presencia de las mujeres no se encuadrará siempre en aquellas ramas u ocupaciones que tengan una presencia más discreta y, por supuesto, un nivel retributivo y un nivel de condiciones de
trabajo menor. De las 200 empresas que trabajan menciono solamente el Banco de Santander, Caja Madrid, IBM, Microsoft y Coca-Cola, por citarles empresas del rango internacional y multinacional al que me he referido antes. En materia de empleo
también nos interesa trabajar con las cámaras de comercio porque se constituyen en principales interlocutores para después arbitrar, dentro del diálogo social, aquellas propuestas que vamos a tener en cuenta de cara a las nuevas actividades que
tenemos pensadas y específicamente planificadas desde esta secretaria general. Las cámaras de comercio significan la creación de un gabinete especifico para trabajar y asesorar a las mujeres y se han creado 1.700 empresas. Además, creemos que las
nuevas tecnologías deben estar impulsadas y acreditadas desde un marco de intervención que no sea un organismo autónomo sino una entidad con la capilaridad y el rango de influencia que tienen las cámaras de comercio. Les puedo dar el dato de que se
hacen 10.000 consultas al mes y nosotras, en función de esa calidad del servicio, hemos planteado que las consultas se contesten en un plazo máximo de 48 horas. Es cierto que hemos incrementado una serie de gastos como el que supone ese dos por
ciento, porque el incremento total del presupuesto del instituto es un seis por ciento y un dos por ciento más, por lo que supone asumir como un gasto más de todo el conjunto mi secretaria de igualdad y, por tanto, a lo que usted se refería respecto
al personal implica la dotación de mi gabinete.



Me plantean cuáles son los convenios que tenemos con comunidades autónomas. Este es el concepto 226.10, que se refiere a actividades a través de convenios, que se específica en la cantidad de tres millones 768.500 euros, pero disminuimos la
dotación porque se va a traspasar un millón de euros para realizar convenios con comunidades autónomas. ¿Por qué se traspasa al capitulo 4? Porque es más correcta esta aplicación a efectos presupuestarios y procedimientales. Se mantiene la
dotación de ejercicios anteriores, lo cual hará posible la realización de un montón de actividades coordinadas con otros organismos. Y en este subconcepto figura la colaboración institucional, que es el objetivo 3 del programa en materia de
igualdad de oportunidad, donde se especializan con programas tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del empleo, así como programas transversales. Por ejemplo, uno de los programas que mayor efecto ha conseguido en cuanto a estimación
positiva de resultados ha sido el programa Clara en relación con familias monoparentales, no solamente en aquellas familias con renta baja por tener una situación conyugal encuadrada en protección social o en sistemas de exclusión, sino que el
programa Clara también se refiere a aquellas familias monoparentales donde el cónyuge tiene una enfermedad crónica o no puede atender sus responsabilidades parentales. Me parece importante referir que cuando estamos traspasando ese millón de euros
en ayudas a las comunidades autónomas, éstas tienen la posibilidad de hacer suya esa acción. Cada vez que hemos trabajado en programas concretos como técnicas de búsqueda de empleo, como la inversión en teletrabajo, como las campañas y los consejos
que cada actuación necesitaba, las comunidades autónomas han hecho suya esa actuación y, por supuesto, ha sido valorada como tal y así se ha publicitado en los diferentes medios de comunicación, algo que nos parecía importante porque nuestras ayudas
a las comunidades autónomas tienen que ver fundamentalmente con lo que significa colaborar en intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas y en hacernos más fuertes con respecto a los convenios que se fijan con las respectivas
comunidades autónomas. Tenemos convenios concretos con corporaciones locales y con comunidades autónomas, pero ese gasto presupuestario es una de las partidas estrella -me atrevería a decir- en el Instituto de la Mujer. ¿Por qué? Porque tenemos
convenios y programas que son transversales y que las comunidades autónomas adaptan a su territorio, a las necesidades locales, y a la detección de situaciones que puedan hacer frente con este dinero que presupuesta el Instituto de la Mujer. ¿Por
qué queremos hacer esto? Porque con las comunidades autónomas tenemos la intención de participar mucho más activamente y porque las comunidades autónomas representan para nosotros y para mi secretaría general la posibilidad de mantener un contacto
permanente en las actuaciones que hay previstas en un plazo de tiempo prudente, como pueda ser la Ley de garantía de igualdad


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de oportunidades entre hombres y mujeres y como pueda ser también la creación del consejo de participación de las mujeres. Queremos que estas decisiones que deben llevarse de manera concertada sean mucho más ágiles y mucho más productivas
siempre que se traten desde las comunidades autónomas, previamente a un trabajo realizado con equipos de expertas que han podido llevar a cabo sus programas con un éxito notable. Desde el instituto se está financiando sabiendo que las comunidades
autónomas en sus programas y convocatorias hacen suyo este éxito y, por tanto, nos permite colaborar en mejores situaciones con cada comunidad autónoma.



Se ha incrementado también otro tipo de partidas. Tenemos pensada una revisión del cuarto Plan de igualdad de oportunidades porque creemos que cualquier plan tiene que recoger las nuevas formas de trabajar en función de dos parámetros
fundamentales. Las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población y, por tanto, lo que tenemos que extender con cada acción es el concepto de ciudadanía en el sentido de hacernos capaces de ser portadoras de derechos, igual que somos
portadoras de obligaciones. Por tanto, la modificación del plan obedece fundamentalmente a traspasar en la medida en que cada acción suponga apostar por la autonomía, apostar por la no dependencia de las mujeres y apostar por una gestión de su
proyecto vital y su proyecto profesional que no penalice en ningún caso las cargas familiares, ya que estas son siempre compartidas. Por ello la modificación del plan, sabiendo que todos los planes de igualdad de oportunidades se basan en las
recomendaciones de organismos internacionales, tendrá este parámetro de modificación en función de trabajar despejando el concepto sector, despejando el concepto colectivo y aplicando mucho más el concepto de autonomía y, en definitiva, el concepto
de ciudadanía. Por ello, los cursos que estamos haciendo de formación tanto para las personas que están incluidas en presupuestos como aquellas que están incluidas en cualquier nivel técnico de los diferentes ministerios son cursos de formación que
suponen especialmente que la promoción de la mujer no se viva como un trato de favor, sino que se vea ligada a optimizar resultados y a trabajar el concepto de calidad. No estamos pidiendo favores y, por supuesto, para no pedir favores necesitamos
desvinculamos del concepto de sector que está muy presente en el Plan de igualdad de oportunidades. Por ello tenemos que revisar todas las acciones y así lo vamos a hacer. Vamos a revisar todas las actuaciones y vamos a dar prioridad
fundamentalmente a aquellas donde el meanstreaming sea una realidad a lo largo de esta legislatura, donde los ministerios cuenten no como una carga sino, todo lo contrario, como un recurso que pueden poner a su disposición para lograr mayor
optimización de los resultados dentro de sus competencias, lo que significa la igualdad de oportunidades. Y para hablar de igualdad de oportunidades tenemos que hablar necesariamente de lo que suponen los impactos de género.



El capítulo de estudios de I+D es una de las partes fundacionales del Instituto de la Mujer. Necesitamos dotarlos de una gran innovación en el sentido de trabajar constantemente con convenios con institutos y universidades, dentro de los
marcos normativos de I+D, convenios de contratos con universidades en que pidamos a la universidad y al campo del saber que no simplemente nos hagan un diagnóstico de la realidad sino que trabajen para la agenda política del Gobierno; y trabajar
para la agenda política del Gobierno significa no trabajar con sectores sino con lo que supone hacer de la ciudadanía un concepto extenso y no un concepto de favor o de privilegios dosificados en función de presupuestos. En el Instituto de la Mujer
tenemos un planteamiento mucho más ambicioso.
Cuando acudimos a foros y congresos internacionales sólo si podemos apostar por este concepto nos planteamos que ése va a ser el pilar de actuación tanto presupuestariamente como el pilar de actuación
de las posiciones que adopte el Gobierno español.



Para nosotros es importante como institución y como mujeres que trabajamos dentro del organismo plantearnos actuaciones en todos los campos; y un campo que no hemos desestimado para nada es el campo de la violencia de género. El Instituto
de la Mujer y todos los organismos de igualdad de las comunidades autónomas han trabajado de manera decidida contra la violencia de género. Había centros de información que el Instituto de la Mujer ha mantenido desde el año 1983 en todas las
comunidades autónomas y que ahora están transferidos; el último que se transfirió fue el de Sevilla y solamente tenemos un centro no transferido en la Comunidad de Madrid ubicado en la calle Génova. Es cierto que ahora tenemos una ley -hemos dado
un paso más-, y que esa ley ha dotado de tutela institucional a las mujeres y a la protección que conlleva el realizar una evaluación seria y muy pormenorizada de los resultados de la ley, y para eso se crea la Delegación del Gobierno adscrita al
Ministerio de Trabajo y el Observatorio contra la violencia de género. Es cierto también que es una ley que cuenta con un fondo que va a ser definido en cuanto a los criterios de gasto y a las partidas presupuestarias de acuerdo con las
observaciones y los parámetros que se marquen en la conferencia sectorial conjuntamente y de manera concertada con las comunidades autónomas. Es cierto también que un procedimiento de ley nos obliga a respetar escrupulosamente los plazos en el
sentido de que cuando se apruebe la ley se dotará presupuestariamente de créditos y de capítulos específicos para el Observatorio de violencia de género y para la Delegación de violencia de género, porque no se podría hacer de una manera
presupuestaria de acuerdo con los procedimientos que contribuyen a hacer una dotación en función de la aprobación de la ley.



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Me han preguntado sobre cooperación internacional también, en lo que tenemos el mismo planteamiento que hay ahora en las políticas del Gobierno y es dotar de discurso político a la materia de igualdad. En cooperación internacional existen
convenios con Latinoamérica, con comunidades específicas. Tendremos un encuentro importante para mí de todos los institutos de la mujer a nivel latinoamericano donde vamos a programar precisamente que se incluya en la agenda política de los
diferentes gobiernos y en las cumbres latinoamericanas el concepto de ciudadanía extensiva para hombres y mujeres. Por tanto, el capitulo de cooperación internacional es un capítulo cuidado y como todos los capítulos remodelado en su
fundamentación, lo que implica dotarles de mayor credibilidad en el sentido de mayor influencia y de mayor eficacia.
No quiero descuidar tampoco los programas de salud que se están haciendo también con comunidades autónomas, tanto en cuanto a
calidad de vida de la mujer como de aquellas enfermedades fundamentalmente femeninas como el cáncer de mama o la menopausia. Tenemos publicaciones y hacemos un gran esfuerzo de información y difusión de ideas del Instituto de la Mujer en materia de
igualdad. Respecto a las actuaciones en los ámbitos de cooperación internacional existen programas de empleo con empresas, programas referidos a salud y programas relativos a la pobreza y a la exclusión social. Tenemos también encima de la mesa
temas que no vamos a obviar como el tráfico de mujeres y la protección a las mujeres inmigrantes. Tenemos también en este campo la necesidad de plantearnos dar una respuesta no sólo cualificada sino que incida en el concepto que he estado
explicando anteriormente sobre los temas que pueden estar debatiéndose socialmente de aquí a un futuro, como la Ley de garantía de igualdad entre hombres y mujeres, que no sólo va a implicar al ámbito de trabajo sino a educación, participación en
las decisiones políticas y también sanidad; es decir, todos aquellos campos que nos den una estimación de resultados positiva.



Respecto al capítulo 481, que ha preguntado la diputada de Izquierda Unida, por cuya iniciativa estoy yo aquí en esta comparecencia, para entidades de personas físicas en actividades que fomenten la no discriminación de la mujer y su
participación en la sociedad tenemos muchas subvenciones. El capítulo de subvenciones es un capítulo con una transferencia importante dentro del Instituto de la Mujer y, así como otros organismos de igualdad han rebajado este tipo de subvenciones,
el Instituto de la Mujer las va a mantener porque cree que la interlocución con las asociaciones de mujeres le asegura dotarse de criterios y de conocimientos que de otra manera le seria bastante dificil de obtener solamente por grupos de expertos.
Queremos combinar ambas cosas. Esas transferencias corrientes suponen el 20 por ciento del Instituto de la Mujer al año, un 20 por ciento que no solamente es en capital sino que es en esfuerzo. Cada vez que se abre un periodo de subvenciones se
presentan 6.000 ó 7.000 solicitudes de las cuales se puede conceder un número concreto, con lo cual tenemos un personal cualificado dedicado a cumplir los requisitos de la convocatoria y a trabajar en lo que supone la dotación y después a vigilar
que el presupuesto y el gasto hayan sido escrupulosamente cumplidos. Este es uno de los temas importantes. Cuando la directora general y yo llegamos al Instituto de la Mujer, el volumen de trabajo que suponía estas subvenciones implicaba un
asesoramiento técnico importante y, a pesar de que la eficacia no siempre está en función de los resultados, creemos que uno de los cometidos del organismo autónomo es subvencionar la participación política y la ciudadanía, y las asociaciones de
mujeres son agentes ciudadanos en primera instancia y por eso, por encima de lo que supone un proyecto que tendrá una cuantía de mayor o menor grado, nos parece importante subvencionar esa parte de arraigo, esa parte de trabajo que las asociaciones
de mujeres están llevando en cada entorno. Estamos aquí priorizando lo que implica apoyar políticas en materia de igualdad expresadas y realizadas a través de las asociaciones de mujeres. Ya le digo que supone un 20 por ciento del presupuesto del
instituto.



Es cierto que nosotros nos surtimos de convenios no sólo con comunidades autónomas, sino también a la Federación Española de Municipios y Provincias. Tenemos reconocidas 47 actuaciones que abarcan todos los ámbitos que conlleva el
instituto. Y la Federación Española de Municipios y Provincias supone para nosotros trabajar directamente con los primeros receptores de las demandas de las mujeres, que son los ayuntamientos y los servicios sociales, los servicios de la mujer, que
tengan dentro de su infraestructura y de su organigrama. No escatimamos tampoco actuaciones en cooperación internacional, como he dicho, en diversidad, ni tampoco actuaciones en lo que supone trabajar en los distintos ámbitos que podemos establecer
como punto de referencia. Ahora bien, es cierto que tenemos que innovar y trabajar programas donde, una vez que se han experimentado, se puedan lanzar y se puedan también dar por buenos y trabajar con nuevas experimentaciones. Hay que dar
respuesta a las mujeres inmigrantes, como nos dijeron en el Cedan, en la ONU, hay que dar respuesta a las mujeres inmigrantes, que necesitan salir de esa cultura de dependencia que tienen con sus relaciones familiares. Vamos a trabajar para que no
sea algo cotidiano, algo habitual, la situación de dependencia que mantienen dentro de su estructura familiar. No descuidamos la difusión de campañas, pero son un conjunto de actuaciones que apuntan a no especializarnos en un comportamiento
sectorial, sino en lo que supone trabajar las unidades de cada actuación dentro de aquel concepto que es mucho más avanzado y más comprometido, que es el de ciudadanía.



Yo he visto que esta sala ha estado muy llena hasta mi comparecencia, y no me parece casualidad. Tampoco me sorprende. Lo único que puedo esperar es que no sólo debido a la hora, sino debido a que la igualdad se


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ha emparentado con el tema de la mujer, todavía se considera a la mujer un sector. No se ha emparentado la igualdad con hacer efectiva la democracia, todavía la igualdad está emparentada con verbos y metáforas parecidas a creer ser sensible
y entender los aspectos que conlleva la igualdad. La igualdad es muchísimo más que esto. Nosotros queremos que todas las actuaciones apunten, como hizo la Ley de Violencia de Género, con unanimidad, a trabajar desde un concepto que nos concierne a
todos, que es el concepto de ser para todo iguales y, por lo tanto, estar incluidos en todos los programas y actuaciones, y que cada ministerio, dentro de la organización central de la Administración, como en la Administración local, como en la
autonómica, nos considere como lo que somos, ciudadanas de primera.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Muchas gracias, señora Murillo, por su intervención y por las aclaraciones que nos ha permitido escuchar en esta sesión. Seguidamente se suspende la sesión por dos minutos.



- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000248) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO-BNG.
(Número de expediente
212/000187.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, ruego que vayan tomando asiento. Iniciamos la comparecencia de la subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, doña Aurora Domínguez.



Los grupos que han solicitado esta comparecencia han sido el Grupo Popular y el Grupo Mixto. Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Jesús Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Sea bienvenida, señora subsecretaria. Le contaba antes, iocandi causa, que ayer me llamaron y me dijeron: no va a comparecer a las once, sino a las once y media. Ya nos hubiera gustado a ambos, desde luego;
quizá a los demás también. Procuraré hacer un ejercicio de obligada síntesis, habida cuenta la hora que es y estoy convencido que el objetivo fundamental de mis preocupaciones, no el exclusivo, en cuanto a presupuestos es algo que conoce muy bien
la señora compareciente, dada su condición de miembro de la Inspección de Trabajo.



Empezaré, no obstante, por preguntarle por el programa 143.A, cooperación para el desarrollo, para que haga una valoración. El Gobierno anterior la hacía positiva y a mí me parece que lo es. En este presupuesto en principio no figura
dentro de los gastos corrientes una dotación de 570.000 euros que figuraban en el programa que entonces era el 134.A. En cuanto al programa 291.M de la Dirección y Servicios Generales de la Seguridad Social, en el capítulo 6 vemos que hay una
cuantía de 12.471.000 euros, y quisiera preguntarle qué parte, si es que hay alguna, se dedica a la Inspección de Trabajo, porque el año pasado en el programa equivalente, que era el 311.A, sí la había.



En el programa 291.A, pasa de 104 a 108 millones de euros, es decir, menos de un 4 por ciento. Este es un programa nuclear. Le comentaba anteriormente, y lo manifesté públicamente en la última Diputación Permanente, que a mí me parece que
esta sociedad algún día debería hacer un reconocimiento público a la labor de la Inspección de Trabajo. Lo digo muy sinceramente, porque a mí me parece que los requerimientos políticos y sociales que cada vez hacemos son más amplios, y sin embargo
el contingente que ha crecido en los últimos años, dado el nivel de especialización y profesionalización, no aumenta, no sólo por dotación presupuestaria, sino por la dificultad de obtener buenos profesionales en la inspección en el número que
desearíamos. En inmigración tendrán que velar por los contratos de los inmigrantes, de prevención de riesgos, la actividad normal de las empresas. Es una labor permanentemente en crecimiento, y a mí me parece que es una función importante y que
socialmente debe de ser valorada. En este sentido el anterior subsecretario, su predecesor, el señor José María Olano, puso un énfasis especial en comenzar a atender una modernización de los equipamientos informáticos y los programas informáticos
que utiliza la Inspección.
Manifestaba en el presupuesto anterior que tenía una dotación importante a este fin, que había ido creciendo en los últimos años, pero no a la velocidad que él quería. Queríamos saber, dentro del crecimiento, que se nos
antoja un poco escaso -permítame que se lo diga-, en qué medida se recoge esta modernización informática y la evolución presupuestaria en informática. El año pasado fue un 53 por ciento superior al año anterior, pero no es ocioso el actualizar los
medios que la Inspección puede utilizar, tan necesarios en esta materia, como en otra vieja reivindicación, que es el tema de los locales y arrendamientos de locales para poder prestar dignamente la labor inspectora como autoridad pública que además
es la Inspección de Trabajo.



Veo que dentro de los objetivos propuestos en la memoria, del programa hay un leve crecimiento de los objetivos de visitas, de levantamiento de actas infractoras, etcétera, de las mil cuestiones y facetas que cubre la Inspección y que no
relataré. Sin embargo, me parece que no es cualitativamente importante, y a mí me hubiera gustado que fuera más ambicioso. Imagino que en consonancia de las disponibilidades presupuestarias, probablemente la señora subsecretaria comparta el punto
de vista y le hubiera gustado disponer de un mejor nivel de financiación y de presupuesto.



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Sólo un par de cuestiones concretas en relación al programa que antes aludía de Dirección y Servicios Generales de la Seguridad Social y Protección Social. Me gustaría que me contestara, si no, por escrito en el programa 291.M, en la
subpartida 202, arrendamiento de edificios y otras construcciones, vemos que hay un cierto incremento y queríamos saber a qué obedecía, pasa de 3.941.000 a 5.620.000 euros. En la 212 del mismo programa, edificios y otras construcciones, pasa de 948
a 2.288 euros. Y en la subpartida 22, pasa de 23.600.000, en suministros de material, a 28.700.000 euros. Si nos puede dar ahora la explicación, muy bien, y si no, nos la puede proporcionar por escrito.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Gracias, señor Azpiroz, por su concreción y sobre todo por el poco tiempo que ha consumido en esta intervención.



Seguidamente tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, doña Amalia Fernández Dávila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Aprovecho la ocasión para decir que es Davila sin acento, porque normalmente se dice mal. Deseo agradecer la presencia de la subsecretaria. Yo no sé, después de la primera comparecencia de esta mañana, si a lo
mejor se respondió a alguna de las preguntas que voy a hacer, porque no estuve presente. Nuestro interés es genérico al respecto de los servicios sociales, y concretamente del compromiso del Estado en el plan concertado y en la financiación a las
comunidades autónomas, por un lado, y por otro lado una cuestión concreta que tiene relación con las inversiones territoriales, y concretamente en Galicia.



En el primer aspecto nuestra preocupación es que vemos que hay un incremento del plan concertado, anunciado en su momento también por el Gobierno, pero no sabemos muy bien si después la distribución en la financiación en las comunidades
autónomas va a tener un criterio no solamente equilibrado respecto a la población, sino también a las diferentes causalidades que se pueden dar en esas comunidades, como el envejecimiento de la población, por ejemplo; las diferencias que existen
entre las residencias para personas mayores, que aunque entra dentro de los servicios sociales especializados, el plan concertado, como parte de los servicios de atención primaria, tiene mucha relación con la atención a los mayores, sobre todo por
las impotencias que los servicios sociales de atención primaria sienten cuando no hay alternativa para resolver esos problemas. Nos interesaría saber si va a haber un criterio para equilibrar, de acuerdo con esas casuísticas territoriales, esa
financiación de los servicios sociales, incluso la financiación existente hasta ahora. Reconocemos el incremento que se hizo, pero la subsecretaria sabe perfectamente que desde 1993 los incrementos en materia de plan concertado fueron escasos o
prácticamente nulos, mientras que las necesidades económicas de estos servicios se fueron incrementando por las necesidades sociales, las nuevas necesidades motivadas por la inmigración y también por la población envejecida, que en los últimos años
aumentó.
Independientemente de que es una pregunta genérica y que nos puede interesar a todos los grupos, nos gustaría que nos pudiera concretar, aunque tenemos tiempo más adelante, la marcha del funcionamiento de los presupuestos, si en la
financiación de estos servicios sociales o del plan concertado a Galicia se tienen en consideración esas desigualdades existentes, no solamente en la financiación del Estado, sino porque esas diferencias están también las administraciones locales y
autonómicas.
Concretamente en el plan concertado existe una desigualdad motivada por la financiación estatal. En las inversiones y en la territorialización que mencionaba antes, en los presupuestos del año 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, había una partida presupuestaria de 550.000 euros en inversiones, pero este año no existe nada en la territorialización de Galicia. Nos gustaría saber por qué no existe ninguna partida de inversiones, cuando afrontar la política de
incremento de residencias para personas mayores significaría también un compromiso del Estado en esta materia. Nos gustaría saber, asimismo -si en este caso nos pudiera informar, porque corresponde al presupuesto anterior- a qué correspondieron
esos 550.000 euros que sí estaban presupuestados en este año 2004.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Hay algún grupo que no haya intervenido hasta ahora y que quiera intervenir? Seguidamente paso la palabra a doña Aurora Domínguez para que responda a las cuestiones que le han planteado.



La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Domínguez González): Es para mí un honor comparecer en esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y poner en su conocimiento algunos de los aspectos relacionados con el presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. He estado aquí desde las nueve y media de la mañana y he visto las comparecencias de las dos secretarias de Estado, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, de Inmigración y
Emigración, dos secretarios generales, de Empleo y de Políticas de Igualdad, y sólo faltó que pasara por esta Comisión el secretario de Estado de la Seguridad Social porque comparecía a las nueve de la mañana en la Comisión de Presupuestos para
explicar los presupuestos de la Seguridad Social. El formato que han seguido estas comparecencias nos ha llevado del análisis de la parte al todo y a lo largo de toda la mañana he visto hablar muchísimo de las partidas correspondientes a cada una
de las secretarías de Estado, a cada una de las secretarías generales, como no podía ser menos; está claro que debía hacerse así. Pero esta mañana -y me van a permitir que haga, pese a que


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sea tarde, una brevísima referencia- no he visto referencia alguna al envolvente global de la sección 19, Ministerio de Trabajo. Me van a permitir que lo haga, aunque sea muy brevemente.



Si hablamos del departamento, es decir, de toda las sección 19 del Ministerio de Trabajo más los siete organismos autónomos que tiene adscritos más el ente público, es decir, el Consejo Económico y Social, el presupuesto no financiero
consolidado del departamento, se eleva a 25.328.839,770 miles de euros, con un incremento de 2.378,92 millones de euros. Como ya alguien ha señalado con anterioridad, el presupuesto del departamento crece un 10,4 por ciento. Es cierto, señorías
-el secretario general de Empleo lo puso de manifiesto-, que una parte muy importante del crecimiento corresponde al servicio público estatal, que crece un 11,99, y cuyo presupuesto se eleva a 19.162 millones de euros. Sin embargo, como
subsecretaria del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, si hablamos no del departamento globalmente, sino del presupuesto del Ministerio de Trabajo propiamente dicho, es decir, la sección 19 con los servicios que tiene adscritos, el
presupuesto consolidado se eleva a 5.580 millones de euros, es decir, crece 338 millones de euros, un 6,5 por ciento.



Señorías, es cierto, cuando se habla de los presupuestos de al sección 19, que hay que enmarcarlos dentro de la política general de los Presupuestos Generales del Estado. Estos presupuestos se incardinan dentro de los tres ejes
fundamentales de los Presupuestos Generales del Estado: hay un compromiso serio con la estabilidad presupuestaria, hay un incremento de la productividad como eje fundamental para conseguir la competitividad de las empresas y hay un incremento
importante en política social. Los presupuestos del Ministerio de Trabajo tienen que responder a estos tres grandes principios. Pero luego, en el ministerio tenemos que establecer nuestras propias prioridades, y de estos 338 millones de euros que
les he dicho que crece el presupuesto del Ministerio de Trabajo, lógicamente hemos hecho una apuesta decidida por las prioridades. En estas prioridades 307 millones de euros son transferencias a la Seguridad Social para financiar íntegramente todas
las prestaciones no contributivas. Una partida importantísima de estas cantidades va para el complemento de mínimos, de acuerdo con los compromisos del Pacto de Toledo, partida que cree un 33,1 por ciento. Otra prioridad importantísima, señalada
por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, es la que se refiere al crecimiento de las partidas destinadas a favor de los migrantes y a extranjería e inmigración, que absorbe prácticamente el incremento, 20 millones de euros. Y en
tercer lugar, están las partidas destinadas a las políticas sociales. Estas son las grandes prioridades. Ello no significa, señorías, pese a que son las prioridades del ministerio, que dentro de los programas que específicamente corresponden a la
subsecretaría no se haya realizado también un esfuerzo importante de crecimiento y de priorización de estas políticas. Me voy a referir, en primer lugar, a las partidas relativas a cooperación internacional.



Decía el señor Azpiroz que le llamaba la atención que unos 570.000 euros habían desaparecido del capítulo 2 para cooperación internacional, del actual programa 143.A. Efectivamente, señor Azpiroz, desaparecen del programa 143.A porque están
subsumidos en el programa 291.M. Como usted conoce estaba destinada esta partida a pagar a los expertos en las cooperaciones internacionales, celebración de seminarios, remisión de material didáctico, etcétera. No desaparece esta partida sino que,
por el contrario, se integra en el programa general.



En cuanto al capítulo 4 hay que decir que el programa 143A, que es el corresponde a la subsecretaría, tiene un crecimiento del 4,5 por ciento respecto al presupuesto de 2004, pero en materia de cooperación internacional el esfuerzo conjunto
de los presupuestos del Estado eleva al 21,5 ciento el crecimiento, como todos ustedes saben. A la sección 19, es decir, a todos los presupuestos del departamento, a estas cantidades específicas del 143.A tenemos que sumar las que acaba de referir
la secretaria de Estado de Políticas de Igualdad, es decir, el programa 322.B, referido a la promoción de la mujer, que aumenta un 8,2 por ciento, con 843.000,5 miles de euros; en el Consejo de la Juventud aparece por primera vez una nueva partida
de 200.000 euros, dedicados a la cooperación internacional con países en desarrollo; y por último hay que señalar la importantísima partida que aparece en el servicio 101, es decir, en el servicio público estatal de empleo, de transferencias a la
Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, para la financiación de los proyectos de escuelas taller en Iberoamérica, que se eleva a 3.417.000 euros. Efectivamente, señor Azpiroz, es mucho menos de lo que desearía esta subsecretaria, pero
es una partida importante, si se coordinan los esfuerzos y si integramos las acciones de cooperación internacional en el plan anual de cooperación internacional, como es nuestra intención.



Me pedía usted que hiciera una valoración de este programa. La valoración no puede ser más que positiva. En este momento se están llevando a cabo los programas de cooperación internacional que se iniciaron a propuesta del anterior
Gobierno, como usted conoce perfectamente, casi siempre son programa plurianuales, sobre todo aquellos que celebramos en el marco multilateral de cooperación con la Organización Internacional de Trabajo.
Me referiré a tres proyectos que están en
marcha, que van a continuar en el año 2005 y a los que concedemos la máxima importancia y a los que probablemente en años anteriores, o por lo menos en el debate del presupuesto del año pasado, se habrá hecho ya referencia. En primer lugar el
proyecto de fortalecimiento de los mecanismos institucionales para el diálogo social, que se está desarrollando y va a continuar en el 2005, en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y


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Perú. Programa fundamental, como ustedes conocen, señorías, porque el diálogo social es un elemento clave, lo sabemos nosotros en España, tenemos gran experiencia en este tema, pero es un elemento clave para la modernización de las
relaciones laborales, y por lo tanto todos los países iberoamericanos tienen un gran interés en conocer nuestra experiencia, y si conocen SS.SS., que seguro la conocen, la realidad sociolaboral de estos países, sabrán también cuán difícil es incluso
que los interlocutores sociales se reconozcan como tales a efectos de entablar el necesario diálogo para llevar adelante las relaciones laborales. En este programa colabora el Consejo Económico Social, puesto que tiene también una partida dedicada
a cooperación internacional, pero sobre todo lo que se le pide desde los países iberoamericanos es trasladar la experiencia en materia de diálogo social.



En segundo lugar, otro programa de gran importancia para nosotros es el proyecto de promoción de empleo juvenil en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y República Dominicana. Es un proyecto
también de tres años. Estaba previsto iniciarlo el segundo semestre de este año, probablemente se aplace hasta el año 2005, pero éste es un programa de gran interés, porque, por primera vez, va a estar cofinanciado por el Ministerio de Trabajo con
una partida muy importante, por la AECI, lógicamente, y también por seis empresas españolas a través de la CEOE. Siempre que en la cooperación internacional impliquemos a varios interlocutores, el éxito será mucho mayor que si se realiza individual
y aisladamente desde la administración correspondiente.



Y en tercer lugar, el tercer proyecto es el fortalecimiento de los servicios de la administración del trabajo en Bolivia, Ecuador y Perú, que es fundamentalmente asistencia técnica a través de expertos para mejorar todas las administraciones
laborales. Yo no diría que es la continuación de un proyecto que tuvo un gran interés y que ya se dio por finalizado en el 2003, en América Central, Belice, Panamá y República Dominicana, no diría que es la continuación, pero diría que es un
programa que tuvo un gran éxito y diría que en cierta medida, puesto que va a perseguir también el fortalecimiento de las administraciones laborales, va en la misma línea del proyecto ya iniciado. Además, para el próximo año, para el año 2005,
queda por definir un proyecto en el marco de la Comisión Mixta España OIT, que la vamos a celebrar el próximo mes, y alguna acción de formación, que no sabemos realmente si se va a realizar como el año pasado, en el centro de Turín, o por el
contrario se va a realizar en algunos de los centros de formación que posee la Agencia Española de Cooperación Internacional en Iberoamérica.



Y por último decirle que se continuará con todas las actuaciones de cooperación internacional a través del envío de expertos en el marco de los convenios bilaterales, y que deben ser definidas estas actuaciones de expertos conjuntamente con
los países que lo solicitan, teniendo en cuenta además la valoración de las colaboraciones que se han hecho o que están teniendo lugar en el año 2004.



En segundo lugar, y por lo que respecta a la pregunta que me hace de la Inspección de Trabajo, decirles que la Inspección de Trabajo efectivamente es una institución fundamental dentro del marco de relaciones laborales en España, es una
institución que dentro de poco más de un año va a cumplir cien años de vida y que ha sabido ir adaptándose a las modificaciones que se han ido produciendo en el marco de relaciones laborales desarrollado en España y también en el marco
institucional, de la división de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado.
Para nosotros es una institución básica. Desde el punto de vista de la aplicación de las medidas de política social que el Gobierno piensa implementar, el
seguimiento de estas medidas por la Inspección de Trabajo es evidente. Además es una institución que desde nuestro punto de vista mantiene la cohesión territorial, importantísima, garantizando que el grado de exigencia de cumplimiento de la
normativa laboral en los tres aspectos básicos, prevención de riesgos, condiciones de trabajo, Seguridad Social, sea similar en todas las comunidades autónomas. Esto produce una gran cohesión social desde el punto de vista de los trabajadores, pero
también una gran seguridad desde el punto de vista de las empresas. Las empresas no trabajan en una comunidad autónoma, las empresas trabajan en todas las comunidades autónomas, y por lo tanto es muy importante que el nivel de exigencia de las
condiciones de trabajo, de las condiciones de salud y seguridad, del cumplimiento de las normas de seguridad social, sean similares en todo el Estado. Piensen ustedes que en España en este momento tenemos en torno a lo que llamamos 20.000 empresas
de ámbito supraautonómico, es decir, con códigos de cuenta de cotización en muchísimas comunidades autónomas; por lo tanto, ésta es una institución básica, así lo han reconocido los interlocutores sociales, el secretario general de Empleo acaba de
decir que es una de las instituciones que se van a someter al diálogo social para ver cómo se fortalece. Hablábamos, en cooperación, de ayudar a los países en vías de desarrollo o poco desarrollados a fortalecer los mecanismos de los ministerios de
Trabajo respectivos. Ahora los interlocutores sociales hablan del fortalecimiento de la Inspección de Trabajo. Estamos deseosos además de oír cuáles son sus reflexiones y cuáles son las aportaciones.



Me preguntaba, señor Azpiroz, si vamos a continuar el esfuerzo, al que hizo referencia el anterior subsecretario, respecto a la modernización de la informática de la Inspección de Trabajo. La respuesta es terminantemente sí. No solamente
hemos iniciado un proyecto de modernización informática importante, sino que además los actuales presupuestos están dotados con 4 millones de euros más para continuar la modernización del plan informático de la Inspección de Trabajo.
Probablemente,


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señoría, no vea usted reflejado con tanta claridad el esfuerzo que se está haciendo en esta materia, porque varios comparecientes que me han precedido en el uso de la palabra, hicieron referencia a una forma de presupuestar distinta. Pues
sí, estamos presupuestando de forma distinta, señor Azpiroz, y probablemente los 4 millones de euros que se añaden a la partida presupuestaria que actualmente estaba prevista para la informática de la Inspección de Trabajo, son los que el año
pasado, en una modificación presupuestaria, se pasaron de prestaciones asistenciales al capítulo 2 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por lo tanto, probablemente ésta sea la dificultad de encontrar con absoluta claridad esta partida en
los actuales presupuestos. Pero esto no es lo importante, lo importante es que se continúa el esfuerzo y que para nosotros es fundamental la modernización de la Inspección de Trabajo, y es fundamental no solamente la modernización de los elementos
técnicos que tiene que utilizar el inspector de trabajo, sino del entorno laboral en el que presta sus servicios. No descubro nada nuevo si les digo aquí que hay inspecciones provinciales de Trabajo en las que los inspectores no disponen de un
puesto de trabajo, y éste es un elemento que queremos corregir. Hay un esfuerzo presupuestario importante. Concretamente usted se refirió a una partida de arrendamientos donde hay un crecimiento de 1.600.000 euros. Efectivamente, señoría, son
para un edificio que se va a alquilar para la sede de la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, donde vamos a reunir los servicios que actualmente están distribuidos en varias sedes, y además garantizar que, al menos, cada- inspector de trabajo
tenga un despacho, tenga un ordenador, tenga un sitio donde tener sus expedientes y pueda recibir dignamente a todos los administrados. Y por lo tanto, ninguna duda, el esfuerzo en materia de Inspección va a continuar. Y va a continuar también en
lo que es dotación, de medios personales. En este momento, la relación de puestos de trabajo de la Inspección de Trabajo es de 833 puestos, de los cuales, están cubiertos 803; los subinspectores son 853 en relación de puestos de trabajo, se
encuentran cubiertos 822. A estos efectivos habría que añadir, y es muy importante, que, como ustedes saben, se modificó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a finales del año pasado, en función de un acuerdo al que llegó el Gobierno anterior
con los interlocutores sociales, en el sentido de que las comunidades autónomas iban a poder habilitar técnicos para la comprobación de las condiciones materiales en materia de prevención de riesgos laborales. Según me informa la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha consensuado con todas las comunidades autónomas un proyecto de real decreto que será aprobado próximamente, una vez que pase los trámites preceptivos de informes de la Secretaría General Técnica,
en los que se ha llegado a un acuerdo con todas las comunidades autónomas para decidir qué requisitos tienen que reunir estos técnicos como colaboradores de la Inspección de Trabajo a efectos de la comprobación material de prevención de riesgos. El
sistema de Inspección de Trabajo va a estar integrado por inspectores, por subinspectores y, lógicamente, también por estos técnicos en materia de prevención. Hoy no podemos decir qué número de técnicos se van a incorporar, porque esto es una
decisión autónoma de las comunidades autónomas; pero una vez que sepamos qué número de técnicos están en condiciones de incorporar las comunidades autónomas estaremos también en condiciones mejores de definir a lo largo de la legislatura qué
incrementos deberían producirse razonablemente en las plantillas, tanto de inspectores como de subinspectores, para alcanzar ratios similares, o homogéneos, siendo difícil de establecer homogeneidad de ratios, porque los sistemas de inspección de
trabajo son absolutamente diferentes en los distintos países de la Unión Europea, como ustedes saben perfectamente.
Nosotros tenemos un sistema generalista, donde el inspector de trabajo es el que vigila, por decirlo de alguna manera, el
cumplimiento de toda la legislación social en sentido amplio, mientras que en otros países sólo se vigila prevención de riesgos; en otros, prevención de riesgos y condiciones de trabajo, pero no Seguridad Social, etcétera. Hay unos ratios
establecidos en el Comité de altos responsables de la Inspección de Trabajo, que como saben es un grupo de trabajo que depende de la Dirección General de Política Social de la Unión Europea, y de acuerdo con los últimos datos publicados, que son del
año 2002, el ratio medio de inspector por población ocupada es de un inspector cada 11.000 personas ocupadas. Por lo tanto, para alcanzar este ratio, probablemente incluso relativamente inferior, sí tenemos previsto a priori, sin perjuicio de tener
en cuenta qué vaya a ocurrir con la incorporación de los técnicos, incrementar nuestra plantilla de inspectores y de subinspectores hasta alcanzar en torno a los 1.000 inspectores y 1.000 subinspectores al finalizar la legislatura. No es un trabajo
fácil, porque lógicamente a la Inspección de Trabajo y a la condición de subinspector se accede después de superar unas oposiciones donde nos encontramos que el cuerpo de opositores es relativamente pequeño, y por lo tanto el esfuerzo lo queremos
hacer no tanto en aumentar las plazas libres, convocadas libremente, sino en incrementar las plazas de promoción interna que permitan a funcionarios que ya están en el sistema poder promocionarse.



Le he contestado respecto a las preguntas que usted me había planteado en torno a la Inspección de Trabajo. Sé que hay algún tema puntual que me ha señalado que probablemente se lo conteste por escrito, porque no he entendido siquiera muy
bien, aunque seguro que mis colaboradores han tomado buena nota de la partida presupuestaria a la que se estaba refiriendo, de 12.000 euros.



Por lo que se refiere a las preguntas que me planteaba la señora Fernández, del Bloque Nacionalista, sobre el plan concertado, tengo que decirle que la secretaria de


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Estado de Inmigración y Emigración ha dado esta mañana información abundante en torno al crecimiento que se produce en este plan concertado, que se sitúa exactamente en un crecimiento del 7,7 por ciento, de 90.802.000 euros. Me preguntaba,
señoría, cómo se va a repartir este incremento del plan concertado y qué criterios se podrían utilizar para corregir algunos desequilibrios que se producen en la financiación del plan concertado respecto a determinadas características que tiene la
población en determinadas regiones. No le puedo dar respuesta señoría, y creo que incluso tampoco se la podría dar (me permito decirlo, a lo mejor me excedo en la afirmación) la secretaria de Estado de servicios sociales, familias y discapacidad,
porque todos aquellos créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado pero que corresponden a políticas cuya ejecución ha sido transferida a las comunidades autónomas, no se territorializan, sino que el reparto se hace a través de los
criterios objetivos que se fijan en las respectivas sectoriales, y por lo tanto será la conferencia sectorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, la que debe hacer las propuestas correspondientes para el cambio de los
criterios que permitan corregir estas desigualdades. Conozco menos el plan concertado, señoría, pero el director general del Servicio Público de Empleo, que va a intervenir a continuación, se lo explicará mucho mejor que yo. Sí hay un tema que
conozco bien, que es cómo se territorializan los fondos, por poner un ejemplo, los fondos de formación profesional entre todas las comunidades autónomas. Si se trata de formación profesional continua el criterio que se toma es fundamentalmente el
de la población ocupada de cada comunidad autónoma. Imagínese que éste no fuera el criterio adecuado, quien lo tiene que cambiar es la propia conferencia sectorial, donde están representadas no solamente la Administración General del Estado, sino
las comunidades autónomas que van a ejecutar el proyecto. Por lo tanto, yo, sinceramente, no soy capaz de darle respuesta a esa pregunta que usted me hace, señoría, y no sé si podrá hacerlo la secretaria de Estado, a lo mejor sí.



Y una pregunta que, si no le importa se la voy a contestar por escrito, es la referente a la inversión de los 550.000 euros que estaban regionalizados en el presupuesto de este año y que yo desconozco. Nada más.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Muchas gracias, señora doña Aurora Domínguez, subsecretaria general de Trabajo y Asuntos Sociales. Suspendemos la sesión por dos minutos y la volvemos a reanudar.
(Pausa.)


- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (BAÍLLO RUIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000317.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, volvemos a reanudar la sesión con la última comparecencia solicitada en el día de hoy, don Valeriano Baíllo, director general del Servicio Público de Empleo Estatal. El grupo
parlamentario que solicitó su comparecencia ha sido el Grupo Parlamentario Socialista y en nombre de este grupo tiene la palabra el señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Señor director general, voy a ser muy breve y conciso y voy a intentar limitarme a hacer las preguntas que tenía previstas, entre otras razones porque la intervención del secretario general de esta mañana ha sido
una intervención muy global, donde no solamente ha tocado las políticas activas, sino también las pasivas, y lógicamente, ahora creo que hay que ir a los temas más concretos.



Usted tiene una dirección general que en estos momentos abarca la protección económica al desempleo y comprende las prestaciones contributivas, el subsidio de desempleo, el subsidio REA, la renta agraria y la renta activa de inserción.
Solamente en esas políticas usted está administrando en estos momentos 12.500 millones de euros, según los presupuestos que se han planteado, con un incremento de casi el 14,4 por ciento. Ahora bien, hay dos cuestiones que a mí sí que me preocupan.
¿De qué manera influye el salario mínimo interprofesional aprobado el 25 de junio en estas prestaciones? Porque indudablemente puede influir por un lado en el incremento de las percepciones y por otro lado en el aumento de las mismas y las
cuantías. Y otra pregunta que me interesa, sobre todo porque me ha llamado la atención, es la que hace referencia al subsidio de desempleo. En el subsidio de desempleo se está produciendo una especie de disfunción y yo quería saber cuáles son los
motivos para que mientras el gasto en el subsidio de desempleo disminuye el 1,58, las cuotas del propio subsidio aumentan el 13,20 por ciento. Ésas eran las dos cuestiones. Nada más.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra don Valeriano Baíllo.



El señor DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (Baíllo Ruiz): Muchísimas gracias por haber solicitado mi comparecencia al Grupo Socialista, y al resto de grupos, que no están en este momento presentes pero que la
presidenta representa, ofrecerles la colaboración del Instituto Nacional de Empleo para todo lo que sea información y colaboración con los grupos parlamentarios y con la Comisión, colaboración que por otra parte ha sido tradicional entre la
Comisión, los diputados y el Instituto Nacional de Empleo, precisamente por la incidencia que tiene en todas las labores que ustedes representan a nivel provincial y a nivel estatal.



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Responder concretamente dada la hora que es, que la incidencia de la repercusión de la subida del salario mínimo en las prestaciones por desempleo es muy concreta. El año 2004, en el segundo semestre, que es cuando realmente tiene
incidencia, repercute de dos maneras, una es incrementado beneficiarios y mejorando la prestación de los beneficiarios existentes en la prestación, en la protección por desempleo en general, y otra, incrementando lógicamente el gasto. En el año
2004, en el segundo semestre, según lo que hemos estudiado y analizado, aproximadamente 639.400 beneficiarios por desempleo, en media mensual, se han beneficiado del incremento del salario mínimo en las diversas prestaciones. Es decir, 44.400 en la
prestación contributiva; en el subsidio por desempleo, incluida la renta agraria, 350.000 personas; en el subsidio agrario, 204.000; y en la renta activa de inserción, 40.000 personas mínimo.
Aproximadamente 639.400 personas se han beneficiado
del incremento del salario y ha supuesto un gasto adicional de 146 millones de euros. En el año 2005, estimamos que se beneficiarán del incremento del salario, y sobre todo del IPREM, calculando y realizándose el incremento en un 2 por ciento, que
es lo previsto, 786.340 personas (beneficiarios de las diversas ayudas de la protección por desempleo) y va a suponer un incremento del gasto de 504 millones de euros. Eso podríamos ampliarlo más, en qué medida y por qué se benefician, pero sólo
quería responder concretamente a la incidencia del salario mínimo en la protección por desempleo, tanto en el número de beneficiarios como en el gasto.



Respecto a esa especie de relación extraña que existe en el presupuesto, que era la segunda pregunta que hacía, que por una parte disminuye el gasto del subsidio, aunque las cuotas aumentan casi en un 19 por ciento, la respuesta tendría tres
elementos. Primero, nosotros hemos hecho una presupuestación realista, como dijo el secretario general, de las previsiones del gasto y de beneficiarios en el 2005; es realista, porque hemos tomado como referencia no tanto el presupuesto inicial
del 2004, sino la previsión de liquidación del 2004. Eso supone un incremento del número de cuotas. Por una parte se rebaja el número de beneficiarios del subsidio por la ejecución; en los datos de liquidación baja el número de beneficiarios del
subsidio y por tanto disminuye el gasto en subsidio, pero aumentan las cuotas por un doble elemento: por una parte la repercusión del salario mínimo, la subida del salario mínimo incrementa las cuotas, y por otra parte porque en la componente del
subsidio se incrementan fundamentalmente los destinatarios beneficiarios del subsidio mayores de 52 años. Estos mayores de 52 años se benefician no solamente de la subida del salario mínimo, a que antes hacía alusión, sino también porque tienen una
nueva contingencia que no tiene el resto de los beneficiarios, que es la contingencia para pensiones de jubilación. Eso hace que se incrementen las cuotas y sin embargo disminuya el coste total del subsidio. Esa sería la respuesta y la explicación
de por qué hay esa disparidad entre coste del subsidio y, en cambio, incremento de cuotas.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Si ya ha quedado solventada la cuestión que le han planteado, y agradeciendo su concreción, rapidez y también su paciencia de espera, por supuesto, dada la hora en que nos encontramos, se
levanta la sesión de las comparecencias de presupuestos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Gracias, señorías, por su paciencia también.



Eran las tres de la tarde.