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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 76, de 15/09/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 76
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 15 de septiembre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Seguridad (Camacho Vizcaíno) para informar sobre:
-Las líneas generales de la política que va a desarrollar su departamento.
A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000023.) ... (Página 2)
-Los motivos que han dado lugar al encierro de más de mil inmigrantes en la catedral de Barcelona y de las circunstancias del desalojo de los mismos por parte de las autoridades correspondientes. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 213/000066.) ... (Página 32)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones:
-Para el reconocimiento y apoyo de todas las víctimas de todo tipo de terrorismo. Formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 158/000002.) ... (Página 36)
-Sobre las víctimas del terrorismo. Formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 158/000005.) ...
(Página 37)
Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (CAMACHO VIZCAÍNO) PARA INFORMAR SOBRE:
-LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA QUE VA A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000023.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Interior.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia del secretario de Estado. Antes de iniciar el orden del día quiero comentar, aunque lo haré en su momento, porque no veo aquí al portavoz de Izquierda Unida, que me ha
llegado un escrito para posponer el punto tercero, que es una iniciativa de ese grupo. En cualquier caso, iniciamos la sesión con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, para informar sobre
las líneas generales de la política que va a desarrollar su departamento.
Antes de darle la palabra, me gustaría proponer algo al grupo proponente de estas iniciativas, el Grupo Parlamentario Popular. Ha presentado dos peticiones de comparecencia, ésta y una segunda, para informar sobre los motivos que han dado
lugar al encierro de más de 1.000 inmigrantes en la catedral de Barcelona y de las circunstancias de su desalojo por parte de las autoridades correspondientes. Es verdad que no son temas exactamente similares, pero como los va a contestar la misma
autoridad, pregunto al grupo proponente si estaría de acuerdo en que se pudieran acumular las dos iniciativas en la misma intervención.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: El grupo proponente estima que deberían sustanciarse de forma separada, dada la diferente índole de cada una de ellas. La primera comparecencia trata sobre política general y había sido solicitada por el
Grupo Popular hace más de tres meses. Entendemos que se produce tarde, pero tiene lugar hoy y no creemos que deba unirse con una comparecencia sobre unos hechos muy concretos acontecidos en Barcelona en junio.
Además, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular quiere presentar una queja por el hecho de que esta comparecencia se sustancie a esta hora. Entendemos que hay una reunión previa de otra Comisión, pero dada la importancia de lo que
hoy vaya a presentar el secretario de Estado y de los temas a tratar aquí solicitaríamos que para la próxima ocasión no se fijaran las comisiones a una hora tardía, porque esto va a hacer que la dilación del orden del día arrastre temas tan
importantes como los que hoy tenemos fijados todas las señorías.
La señora PRESIDENTA: No voy a entrar en el tema de la hora, puesto que han sido consultados y conocen las causas que han hecho que tengamos que retrasar la hora prevista en principio para esta reunión. Por tanto, las dos iniciativas se
van a sustanciar separadamente, y para el primer punto, las políticas que va a desarrollar su departamento, tiene la palabra el señor secretario de Estado para la Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señora presidenta, señoras y señores diputados, permítanme antes de nada, y como ya hizo en su día aquí y ante ustedes el ministro del Interior, que les exprese mi profundo y
personal deseo de colaboración y de diálogo con ustedes y con los grupos y formaciones políticas que representan, como expresión del imprescindible y necesario diálogo y consenso en una materia como la de la seguridad, que se ha convertido en una de
las más importantes preocupaciones y necesidades de nuestros conciudadanos. Como también entonces dijo aquí el ministro, en una cuestión de una extrema complejidad como es la de la seguridad, todas las voces y todas las voluntades son necesarias y
relevantes para intentar construir un consenso en una cuestión de tanta trascendencia para la seguridad cotidiana de los ciudadanos, de las instituciones y, en definitiva, de nuestra democracia.
Comparezco para atender dos peticiones de información diferenciadas. Esta primera comparecencia hace referencia a las líneas generales de la política que se va a desarrollar por la Secretaría de Estado de Seguridad, y sin más dilación
debemos introducirnos en lo que constituye el tema de esta comparecencia. Señorías, como muy bien saben ustedes, el presidente del Gobierno situó de una forma nítida y solemne ante este Congreso de los Diputados la seguridad de los españoles como
un objetivo estratégico y prioritario de su acción de Gobierno, tal y como además había ofertado y prometido a los ciudadanos y ciudadanas durante la campaña electoral. Como sin duda ustedes compartirán, no podía ser de otra manera la fijación de
esta prioridad política para un Gobierno responsable, y ello por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque para nuestro Gobierno, para todos nosotros la seguridad constituye una condición necesaria para el desarrollo y el ejercicio en
libertad de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. La seguridad, garantía sin duda de la libertad, es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, su producción es un deber prioritario y esencial para el Estado, un deber que además
no puede ser delegado y menos abandonado y en cuyo logro, por el contrario, deben implicarse todas las administraciones e instituciones. En segundo lugar, la seguridad constituye un objetivo prioritario para este Gobierno, porque es además un
derecho social básico, en cuanto se constituye como elemento esencial e imprescindible para la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, para el progreso social y el desarrollo económico de nuestro país y para la armonía y la convivencia en
nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Por tanto, es un presupuesto necesario para una sociedad justa, que es el horizonte que inspira la acción de este Gobierno. Desgraciadamente, sin embargo, durante los últimos años la seguridad de los
españoles se ha deteriorado en algunos aspectos y en otros se ha visto atacada de forma muy grave, y esto constituye la tercera de las razones por la cual el Gobierno considera la seguridad como un objetivo prioritario. Este deterioro de la
seguridad se ha producido por un lado -todos ustedes lo conocen- debido a la grave lacra del terrorismo que venimos padeciendo ya desde hace muchos años, a la que se ha sumado ahora la amenaza real del terrorismo internacional, con las terribles
consecuencias que ya hemos sufrido y que todos conocemos. Por otro lado, la llamada criminalidad tradicional se ha incrementado notablemente desde finales de los años noventa, estando acompañada cada vez más con formas y manifestaciones de
violencia contra las víctimas. Además, como ponen de relieve informes policiales tanto nacionales como internacionales, la criminalidad organizada no ha elegido ciertas áreas geográficas de nuestro país sólo como retaguardia de sus operaciones, lo
cual por sí mismo es ya intolerable y debe ser combatido, sino que además penetra con sus ilícitas actividades en esos territorios, constituyendo una muy grave amenaza no sólo para la seguridad interior de España, sino también para el marco de la
Unión Europea en el que estamos integrados. Si además añadimos a todo lo anterior cuestiones tales como los retos que desde el punto de vista de la seguridad comporta el fenómeno de los modernos flujos migratorios, en el que pueden penetrar las
mafias internacionales y al que España como frontera exterior de la Unión debe hacer frente, o el grave problema que constituye la violencia doméstica y de género en nuestro país, parece obvio que los ciudadanos han tenido elementos objetivos
suficientes para percibir un deterioro en su seguridad, cuestión esta puesta de relieve además por todos los estudios demoscópicos y de opinión que se han realizado durante los últimos años.
Esta percepción y esta realidad de inseguridad es uno de
los más preocupantes asuntos a los que nuestro Gobierno, el Ministerio del Interior y esta Secretaría de Estado de Seguridad deben enfrentarse, viendo además que los ciudadanos esperan de nosotros que demos respuestas y soluciones eficaces para
mejorar su seguridad, sobre la base de un uso más eficiente y coordinado de los recursos de los que disponemos.
Señorías, sobre estas bases y este diagnóstico se asienta el compromiso del Gobierno, que es el de poner en marcha y con carácter
inmediato una política global y eficaz de seguridad para todos, cuya ejecución habrá de descansar en gran medida y bajo la dirección del Ministerio del Interior sobre la Secretaría de Estado de la que soy responsable; una política para que los
ciudadanos estén y se sientan seguros, en calles seguras y en hogares seguros; un compromiso para que ningún ciudadano, sea cual sea su situación social o económica o el territorio en el que viva, quede privado del derecho a estar y sentirse seguro
ni, por tanto, quede privado o excluido del derecho a ser y a sentirse en todo momento libre.
Señoras y señores diputados, nuestra estrategia de seguridad parte de un análisis que sin duda tiene identificados y que conoce muy bien las demandas de
seguridad de los españoles, así como los nuevos riesgos y los nuevos escenarios a los que una política de seguridad debe hacer frente en el inmediato futuro. Conocemos también y tenemos identificadas nuestras fortalezas y nuestras debilidades,
tanto operativas como de recursos disponibles; en alguna de ellas hemos empezado a trabajar ya sin ninguna dilación para potenciar esas fortalezas y generar sinergias entre ellas y para corregir las graves carencias que pudieran existir. Sobre
estas bases políticas y este diagnóstico descansan los ejes estratégicos sobre los que habrá de pivotar la política de seguridad, que ha diseñado el Ministerio del Interior y que corresponde poner en marcha y desarrollar a la Secretaría de Estado de
Seguridad. Tales ejes sobre los que esperamos y deseamos, más allá de los matices lógicos perfectamente comprensibles, alcanzar el máximo consenso con SS. SS. y los grupos a los que representan son: en primer lugar, la lucha contra el terrorismo
como una prioridad máxima de la política de seguridad de este Gobierno; en segundo lugar, la modernización y el
reforzamiento de los instrumentos operativos del Estado, que aparece sin duda como una condición necesaria e inaplazable para la eficacia de cualquier política de seguridad; en tercer lugar, la mejora de la lucha contra la criminalidad; en
cuarto lugar, la puesta en marcha de actuaciones específicas dirigidas a la protección de colectivos especialmente necesitados de lo que denominamos colectivos de riesgo; en quinto lugar, el reforzamiento del control y de la cooperación con el
sector de la seguridad privada y, finalmente, como sexto eje de nuestra política de seguridad, la transparencia y la participación en la puesta en marcha y en el desarrollo de la política de seguridad.
Por lo que se refiere al primero de los ejes en el que entro ya, la prioridad de lucha contra el terrorismo, sin duda la lucha sin cuartel contra el terrorismo, contra todo terrorismo, empleando todos los recursos de los que pueda dotarse
una sociedad democrática, es una de las prioridades políticas del Gobierno y además es la prioridad operativa máxima de esta Secretaría de Estado de Seguridad. Dentro de esa lucha contra el terrorismo desgraciadamente en este momento tenemos que
diferenciar lo que es la lucha contra el terrorismo de ETA de lo que es la lucha contra lo que se ha dado en llamar terrorismo internacional. En referencia a la lucha contra el terrorismo de ETA, su desarrollo está marcado por el estricto y
escrupuloso seguimiento de la estrategia definida en el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, además por razones obvias. Este acuerdo, además de proclamar el reconocimiento político y moral a las víctimas del terrorismo y de
asegurarles el apoyo económico, ha permitido una mayor eficacia para luchar contra ETA en todos los ámbitos de la estrategia que los sucesivos gobiernos y los demás poderes del Estado vienen desplegando contra la misma. Esta organización terrorista
es hoy más débil y está política y operativamente acorralada en España, en la Unión Europea y en cualquier parte del mundo en la que pudiera en el pasado haber encontrado cualquier facilidad para sus actividades. No debemos olvidarlo, ETA aunque
derrotada políticamente todavía está ahí y con posibilidades reales para causar dolor y sufrimiento a los españoles. Impedirlo es nuestro trabajo, y los cuerpos de seguridad sin bajar la guardia siguen trabajando intensamente en tal objetivo y en
derrotar definitivamente a la banda terrorista.
Desgraciadamente, sin embargo, desde hace algún tiempo debemos enfrentarnos a un nuevo tipo de terrorismo de carácter internacional y de base yihadista o islamista radical, cuyo objetivo es atacar
indiscriminadamente la seguridad interior de nuestras democracias o de los países con fuertes vínculos políticos o geoestratégicos con las democracias occidentales. Es un terrorismo desestructurado desde un punto de vista organizativo, pero que
representa una amenaza global. Nadie está libre de ser su objetivo (es profundamente simbólico a la hora de elegir sus objetivos), aunque a veces sólo el terrorista sea consciente del carácter simbólico que representa el objetivo atacado. Un
terrorismo además permanente y a la vez intemporal, tanto en el logro de sus fines como en el momento de actuar, y para el que el valor de la víctima, desgraciadamente, su número y circunstancias no cuenta. Todas estas características nos ponen de
relieve no sólo la gravedad de esta amenaza, sino también aspectos y circunstancias nuevas para las que incluso una sociedad como la nuestra, habituada pero no resignada a sufrir el azote y los males del terrorismo, no estaba preparada.
Señorías, sabemos y conocemos ya el valor estratégico que el Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo está desempeñando en la lucha contra el terrorismo de ETA; sin duda sería también muy importante una apertura de todos hacia un
acuerdo político para establecer nuevas y compartidas acciones estratégicas frente a las nuevas formas de terrorismo a las que acabo de referirme. En todo caso, el Ministerio del Interior y esta Secretaría de Estado no han dejado pasar un solo día
para articular y poner en marcha un plan operativo contra el terrorismo destinado a hacer frente tanto a las nuevas como a las viejas amenazas terroristas; un plan que obviamente no está orientado a desmontar o a atacar las acciones estratégicas
llevadas a cabo bajo el anterior Gobierno, sino dirigido a reforzar aquellos aspectos en los que se han detectado carencias, a implementar actuaciones nuevas frente a situaciones nuevas y a apuntalar y robustecer los aspectos operativos y de
recursos existentes hasta ahora. Por tanto, las novedades introducidas en el plan persiguen un objetivo operativo estratégico: facilitar y proporcionar una nueva escala de valor añadido a la actividad que hasta ahora vienen desempeñando los
excelentes profesionales y los servicios antiterroristas del Estado. Por ello, sólo se innovará o cambiará aquello que se demuestre que es capaz de proporcionar un valor añadido a la actividad de los servicios de inteligencia y antiterroristas de
los cuerpos de seguridad. Bajo esas premisas y dentro del plan que hemos elaborado, el Gobierno aprobó la puesta en marcha (hoy ya es una realidad) del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, una propuesta elaborada y adoptada por el Comité
Ejecutivo para el Mando Unificado al que después me referiré. El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que depende orgánicamente de este secretario de Estado y funcionalmente del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, está estructurado
como una unidad policial conjunta y permanente, no operativa, con sede propia integrada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y con una participación del Centro Nacional de Inteligencia. Sus funciones son las de
recepción, tratamiento y análisis estratégico de la información tanto nacional como internacional relacionada con el terrorismo. Para ello tendrán acceso directo a las bases de datos policiales y de inteligencia, realizarán una evaluación de
riesgos y amenazas para España y propondrán y planificaran en su caso respuestas conjuntas a lo que constituya en cada momento la amenaza
terrorista. Su estructura de mando está constituida por un director y un vicedirector, y cuenta con 36 especialistas y analistas procedentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia, además
de los funcionarios administrativos de apoyo y los traductores que son necesarios. El inicio pleno de sus actividades tendrá lugar a lo largo de este mes de septiembre.
Señorías, el Plan operativo contra el terrorismo que hemos puesto en marcha y que potenciará sin duda la cooperación e intercambio de información con la Ertzaintza y los Mossos d'esquadra parte de la consideración de que los ataques
terroristas contra España, contra nuestra seguridad interior son también ataques contra la seguridad interior de la Unión Europea y viceversa. Por ello, nuestro plan sigue las líneas del Plan de acción contra el terrorismo aprobado por los jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión y cuyos objetivos estratégicos han sido revisados y aprobados por el Consejo Europeo de marzo pasado, a raíz de los gravísimos atentados de Madrid del 11 de marzo.
Por todo ello, constituyen también objetivos de nuestro plan: maximizar las capacidades de inteligencia y antiterroristas de nuestros cuerpos de seguridad para contribuir también con ello a aumentar las capacidades de la Unión y de los
Estados miembros para detectar, investigar y procesar a los terroristas y prevenir los ataques de estas organizaciones; impedir el acceso de los terroristas a los recursos financieros o a otro tipo de recursos económicos; proteger la seguridad de
los transportes nacionales e internacionales y asegurar sistemas eficaces para el control de las fronteras; potenciar nuestras capacidades y las de la Unión para responder adecuadamente a las consecuencias de un hipotético ataque terrorista; y
apuntalar las acciones de España y de la Unión hacia terceros países en los que sea necesario fortalecer sus capacidades en la lucha contraterrorista.
En tal sentido, y además del refuerzo que ya supone en sí mismo la constitución del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, hemos procedido a aumentar las plantillas de las áreas de información y lucha contra el terrorismo del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil en 150 nuevas plazas para cada uno de estos cuerpos, además de cubrir las vacantes existentes en el catálogo de puestos anterior. Esto ha de significar, por ejemplo, en el caso del Cuerpo Nacional de
Policía, que sean 357 nuevos funcionarios los que se incorporen por todo el territorio nacional, y en especial en las áreas definidas como de interés especial, a la lucha contra el terrorismo de ETA y de tipo islamista radical porque, insisto, ambas
líneas son prioritarias en nuestro plan operativo.
Por otro lado, y entre otras específicas actuaciones, vamos a reforzar el número de nuestros agentes policiales de enlace del Cuerpo Nacional de Policía en los países del Magreb y en aquellos otros Estados de Asia que sean de especial
relevancia en la actuación o extracción de los terroristas yihadistas. También en la X Conferencia de ministros del Interior del Mediterráneo Occidental (CIMO) celebrada el pasado junio en Túnez hemos propuesto la creación de un grupo cuya primera
reunión tendrá lugar en España para articular mecanismos de intercambio y de información en la lucha contra el terrorismo, sus fuentes de financiación y la seguridad de los sistemas de transporte. Por lo que se refiere a la Guardia Civil vamos a
desarrollar un plan de especialización de 1.600 agentes dentro del sistema de defensa NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico) para prevenir o reaccionar ante ataques de este tipo o en todo caso catástrofes no provocadas y de tales
características.
Señorías, todos estos objetivos y actuaciones precisan de un soporte tecnológico nuevo de infraestructuras, de más medios materiales de todo tipo, de métodos de trabajo nuevos y, en definitiva, de recursos económicos para ponerlos
en marcha y sustentarlos o mejorarlos. Los Presupuestos Generales del Estado así lo reflejarán, como se verá muy pronto por SS.SS. en esta Cámara y en esta Comisión.
Además, el combate democrático contra el terrorismo precisa también de actuaciones normativas para regular aspectos específicos e intrínsecamente ligados con la prevención y la lucha contra el terrorismo, y entre ellos destaca por la
trascendencia que todos conocemos el reforzamiento del actual sistema de control sobre la fabricación, el almacenamiento y el uso de explosivos. En tal sentido el Consejo de Ministros del pasado 9 de julio analizó un informe del ministro del
Interior sobre una serie de medidas referentes a la legislación en materia de explosivos, cuyo objetivo es actualizar y mejorar el conjunto de normas administrativas y penales relativas a la utilización de estas sustancias. El objetivo de las
propuestas de nuestro ministerio es actualizar y mejorar en lo posible el conjunto de normas administrativas y penales relativas a la utilización y al consumo de estas sustancias, y con tal finalidad el Ministerio del Interior ha promovido tres
frentes de actuación normativa: por un lado, la promulgación de una orden ministerial firmada conjuntamente por los ministros de Interior, y de Industria, Turismo y Comercio, que tiene por objeto determinar el contenido y formato de los
libros-registro de movimientos y de consumos de explosivos; el segundo de esos frentes en la reforma de la legislación en materia de explosivos se desarrollará mediante la reforma y desarrollo del reglamento de explosivos y del reglamento general
de normas de seguridad minera; y, en un tercer nivel a corto plazo y en colaboración con el Ministerio de Justicia, se estudia la reforma del Código Penal principalmente para incrementar las penas impuestas a quienes en la fabricación,
manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos contravengan las normas de seguridad y pongan en peligro la vida y la integridad de nuestros ciudadanos.
Asimismo cabe destacar la posible introducción de un nuevo tipo de delito
que reforzaría la aplicación de aquel otro penalizando las
conductas ilícitas de quienes están obligados a mantener la vigilancia de los explosivos; es decir, tratamos de incriminar expresamente a quienes incumplen el deber de custodiar y vigilar explosivos y otras sustancias susceptibles de causar
estragos de modo que o bien entregan las mismas a terceros, o bien las sustraen, o permiten que esos terceros lo hagan.
Consideramos necesario introducir dicho delito para reforzar y complementar la legislación penal ya existente y en especial la
legislación en los delitos contra el terrorismo.
El segundo de los ejes de nuestra política de seguridad es el de la modernización y el reforzamiento de los instrumentos operativos de la seguridad del Estado. Señorías, sin duda estaremos de acuerdo en que nuestro sistema estatal de
seguridad está necesitado de actuaciones de modernización que eviten duplicidades en el uso de los recursos disponibles, que son escasos sin ninguna duda, que eviten la descoordinación operativa y que en todo caso refuercen los instrumentos
policiales puestos a disposición de lo que son los actores operativos del Estado en materia de seguridad, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro diagnóstico así lo indica y la seguridad de los ciudadanos demanda actuaciones urgentes
e inaplazables en tal sentido.
Señorías, nuestro objetivo es proporcionar seguridad a todos los ciudadanos, cualquiera que sea el territorio en el que se encuentren. Los recursos disponibles para ello, como para el logro de cualquier otro objetivo público, nunca serán
suficientes, pero la escasez de los mismos, que debe corregirse, no puede verse agravada por actuaciones descoordinadas por duplicidades, por ausencia de mecanismos de cooperación o de actuación concertada. Nuestro actual sistema de seguridad
estatal es un sistema plural, pero debe ser además un sistema política y operativamente coordinado para que pueda ser eficaz en el logro de objetivos y además eficiente en el uso de los recursos. La descoordinación, la ineficacia, la ineficiencia
son verdaderos factores, a veces trágicos, de inseguridad, por eso nuestra política de seguridad establece como ya dije al inicio de mi intervención que la modernización y el reforzamiento de los actores e instrumentos operativos del Estado son el
segundo eje de la política y de los compromisos de este Gobierno.
Como muy bien saben SS.SS. el programa electoral del partido que sustenta al Gobierno incluyó en sus propuestas la creación de un mando operativo unificado para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de garantizar la
actuación conjunta y coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, premisa necesaria para la eficiencia del sistema y para generar sinergias entre los recursos y las actuaciones de ambos cuerpos policiales. También recordarán
ustedes que el presidente del Gobierno en su discurso de investidura ante esta Cámara señaló al inicio de su intervención su compromiso de crear un mando único operativo de las fuerzas de seguridad, que evite descoordinaciones que mermen su eficacia
y disminuyan así la seguridad de los españoles. En respuesta a tales compromisos, el ministro del Interior mediante una orden ministerial de mayo de este año creó el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que bajo la dirección del propio ministro está presidido por este secretario de Estado de Seguridad y del que son miembros los directores generales de la Policía, de la Guardia Civil, de infraestructuras y material de seguridad y el director
del gabinete del ministro. El Comité Ejecutivo de Mando Unificado tiene como misión el reforzamiento de la dirección y coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado y sus decisiones tienen carácter directivo para dichos cuerpos,
correspondiendo al presidente del CEMU, a este secretario de Estado, asegurar su ejecución.
Sus funciones son, por un lado, la elaboración, ejecución y supervisión de los programas, procedimientos y servicios de actuación integrada del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil y, por otro lado, garantizar la coordinación orgánica y operativa de ambos cuerpos en sus funciones de cooperación policial internacional, seguridad ciudadana, información e investigación, policía judicial,
infraestructuras y material. La creación de este mando unificado es, por tanto, un imperativo para la modernización y el reforzamiento de los instrumentos operativos de la seguridad del Estado y una necesidad inaplazable para garantizar la
necesaria coordinación y la acción operativa conjunta de los cuerpos de seguridad dependientes del Gobierno de la nación. En cumplimiento de su misión en el desarrollo de las funciones que he mencionado y en el desempeño de los objetivos que se le
han marcado, a los que ya en su día se refirió en esta Comisión el ministro del Interior, el CEMU propuso, y el Consejo de Ministros aprobó, la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, al que antes me referí detalladamente.
Además en esa labor que corresponde al CEMU se está trabajando, a través de grupos técnicos específicos, en la puesta en marcha de un sistema de bases de datos policiales común y de acceso conjunto para los cuerpos de seguridad del Estado, con la
finalidad de que la información de la que dispone cada cuerpo sea compartida en el curso de investigaciones en marcha.
Señorías, compartir información es enriquecer la que se dispone, generar valor añadido para los profesionales que la precisan para su trabajo diario, para luchar eficazmente contra todo tipo de criminalidad, para producir la seguridad que
los ciudadanos necesitan y nos demandan. Lo importante, lo relevante en los servicios públicos en una sociedad democrática no es acumular información para disponer de más poder, sino compartir información para mejor servir a los intereses de los
ciudadanos y de las instituciones. Este es el objetivo que en esta cuestión tan relevante en el mundo actual persigue el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado y en eso estamos trabajando, porque además constituye una demanda de los propios
profesionales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sienten una gran frustración cuando descubren que una actuación
delictiva o sus consecuencias pudieron ser evitadas de haber dispuesto adecuadamente y en el momento oportuno de la información que ya podría existir en algún otro servicio policial.
Señoras y señores diputados, como muy bien saben, durante los últimos años se ha producido una notable pérdida de los recursos humanos necesarios, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil también, para poder llevar a
cabo con eficacia y con calidad las funciones que les están encomendadas. Este es un punto indiscutible sin duda y que debe ser corregido tan pronto como las capacidades del sistema de selección y formación nos lo permitan. Así lo considera
también el Gobierno, en cuyo nombre el ministro del Interior manifestó y reiteró públicamente el compromiso de incrementar hasta las 6.000 plazas anuales la convocatoria de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía durante al menos cinco años y en
3.000 la de la Guardia Civil durante el mismo plazo de tiempo. Para ello hemos puesto en marcha las actuaciones pertinentes para ampliar la capacidad de las academias de formación, tanto de la Guardia Civil como el centro de formación del Cuerpo
Nacional de Policía en Ávila. Este incremento de la oferta de plazas irá acompañado de las reorientaciones necesarias en el programa y en la metodología de formación que garanticen que los alumnos reciban una formación de calidad, adecuada a las
funciones policiales que deben desarrollar y a la calidad de los servicios que los ciudadanos esperan de nuestra policía. Las realizaciones sobre los recursos humanos exigen también otros programas de actuación que permitan una optimización de los
efectivos de cada cuerpo, tanto desde el punto de vista operativo como en su distribución sobre el territorio. Los funcionarios policiales son especialistas y deben ser formados y empleados como especialistas en las diferentes funciones de la
profesión policial, deben ser por ello liberados de aquellos trabajos de carácter burocrático o administrativo a los que alguno de ellos está todavía adscrito. Al mismo tiempo, su distribución funcional y territorial debe responder a criterios e
indicadores de población, de actividad, impacto y riesgo de la actuación delictiva y de demandas específicas de los ciudadanos. En tales planes y criterios se está trabajando en las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil, según lo
acordado en el seno del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado. Entre tales planes figura el estudio sobre la creación de comisarías de policía en las localidades de más de 30.000 habitantes, como ya anunció en su comparecencia aquí el ministro
del Interior.
Además, señorías, los nuevos retos a los que nos enfrentamos en materia de seguridad exigen más, mejores e innovadores medios tecnológicos y el Gobierno así lo está haciendo ya y de manera más clara a partir de los presupuestos que en
este momento se están elaborando. Exigen también perfeccionar los métodos de trabajo policial, dando un nuevo valor a la inteligencia policial, a la puesta en común de la información y de la experiencia operativa, a la promoción de las mejores
prácticas operativas.
Sin duda esa mejora no será posible sin la participación y la activa implicación de todas las mujeres y hombres policías o guardias civiles.
El elemento humano es un factor determinante del éxito de la policía, y todos los ciudadanos,
evidentemente todos nosotros, queremos ese éxito.
Esos hombres y mujeres de la Policía y de la Guardia Civil son profesionales, son especialistas en seguridad al servicio de los ciudadanos y de las instituciones, que acumulan además muchos años de
experiencia y que han prestado innegables servicios a la sociedad, algunos incluso al precio de su vida, del riesgo y del peligro cotidiano, de la incertidumbre, etcétera. Son, por tanto, unos magníficos funcionarios, unos buenos trabajadores de la
cosa pública. Merecen ser respetados, como sin duda lo son y lo prueban continuamente los barómetros del CIS, y deben ser oídos en todo aquello que afecta a su vida profesional, a su estatuto, a sus condiciones sociolaborales, en definitiva a lo
que constituyen sus preocupaciones. Ellos viven el trabajo policial desde dentro y conocen bien sus puntos fuertes y sus puntos débiles y tienen mucho que aportar. Es voluntad del ministro, por ello -que yo reafirmo aquí-, mantener y reforzar ese
diálogo social. En este sentido en el Cuerpo Nacional de Policía ya está institucionalizado a través de los sindicatos presentes en el Consejo de la Policía, cuya última reunión celebramos el 13 de junio y en la que se acordó crear mesas de
negociación sobre cuestiones tales como la equiparación y armonización salarial con otros cuerpos policiales, el régimen estatutario, el régimen de los derechos sindicales, la promoción interna y la segunda actividad. En la Guardia Civil los
procesos de diálogo se han iniciado, pero debe profundizarse en los mecanismos de participación, de representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros a través del ejercicio del derecho de asociación. Este es un compromiso
del Gobierno que, sin duda, verá la luz en esta legislatura que apenas acaba de comenzar. De la misma forma se abordarán otros compromisos tales como la modificación del régimen disciplinario de este cuerpo, diferenciando la actuación de estos
profesionales en el cumplimiento de lo que son estrictamente funciones policiales de aquellas otras que lo puedan ser en el cumplimiento de funciones o misiones de carácter militar, así como estamos abordando otras modificaciones referidas al
régimen estatutario y a las condiciones laborales y profesionales de los guardias civiles.
Señorías, para finalizar la exposición sobre este segundo eje de modernización y reforzamiento de nuestro sistema de seguridad debo referirme todavía a un elemento estratégico de especial significado en nuestra opinión y es el de la
necesidad de cooperación en los ámbitos, tanto operativos como de inteligencia, con los demás cuerpos policiales existentes en España, tanto autonómicos como municipales, y también a la imprescindible cooperación internacional, de manera
especial con las instituciones de seguridad de la Unión Europea y todos sus Estados miembros. Sin duda todos estamos de acuerdo que España, al igual que los países de nuestro entorno, se enfrenta a retos importantes e ineludibles en materia
de seguridad e interior. Para actuar eficazmente es necesaria desde los ámbitos propios de competencia la participación de las administraciones del Estado en los objetivos de esa política de seguridad e interior, siempre bajo principios y métodos
que fomenten la cooperación y la lealtad entre los distintos actores implicados y que garanticen una coordinación efectiva de todos los recursos y todas las capacidades puestas en manos de los tres niveles de la Administración del Estado. En tal
sentido y a través de las instituciones y los responsables políticos, ya sean de las autonomías, de la Federación Española de Municipios y Provincias o de sus ayuntamientos en concreto, o bien a través de las juntas de seguridad autonómicas o
locales -que, por otro lado, vamos a impulsar para optimizar las actuaciones en cada ámbito correspondiente- o a través de los mandos policiales correspondientes, esta Secretaría de Estado por medio del CEMU, el Comité Ejecutivo para el Mando
Unificado, pondrá en marcha mecanismos que faciliten en la práctica y de manera institucionalizada aquella participación, cooperación y coordinación efectiva. Pero además, en cuanto Estado miembro de la Unión Europea y parte de un mundo
crecientemente globalizado, nuestro país se enfrenta también a retos nuevos que provienen de la criminalidad tradicional, paulatinamente controlada por mafias internacionales; amenazas frente a las nuevas formas de criminalidad organizada y
amenazas nuevas provenientes del terrorismo internacional. Son amenazas que desgraciadamente no conocen de fronteras, que se aprovechan de los avances económicos y tecnológicos y de la corrupción para desafiar las capacidades del Estado a la hora
de hacer frente a tales nuevas amenazas.
Para enfrentarse a todo ello los recursos de cada Estado no son suficientes y por ello vamos a relanzar y a promover dentro de la Unión Europea, y con los países de nuestro entorno relevantes para nuestra
seguridad interior, la cooperación policial internacional con las instituciones que en tales ámbitos operan, tanto en la lucha contra la criminalidad tradicional y organizada como contra el terrorismo y contra el tráfico de inmigrantes.
Señorías, con todas las medidas y planes a los que me acabo de referir como desarrollo del segundo eje de nuestra política de seguridad, estamos seguros de que la modernización y potenciación del sistema de seguridad será un hecho, de modo
que el Estado, a través de los cuerpos de seguridad, estará en condiciones de proteger más eficazmente el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos y de mantener su seguridad. Sin embargo, luchar más
eficazmente contra la criminalidad constituye el tercero de los ejes de nuestra política de seguridad pública. Sin ningún afán de polémica sino de diagnóstico, es un hecho incuestionable que durante los últimos años la criminalidad ha crecido de
manera notable en nuestro país, la cual, además de deteriorar nuestra tradicional buena posición relativa frente a la mayoría de los países de nuestro entorno, ha venido acompañada de rasgos o circunstancias más preocupantes, si cabe, que el solo
propio crecimiento general. En este sentido, y como ustedes conocen ya, ese incremento de la criminalidad estuvo, por un lado, acompañado de un incremento de las conductas delictivas que emplean la violencia física o incluso psíquica sobre las
víctimas; por otro lado, las tasas de criminalidad juvenil han aumentado de una forma muy significativa y además la delincuencia organizada en sus actividades preferentes de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos,
atracos y extorsiones, no sólo actúa desde nuestro país sino que ha penetrado significativamente con sus actividades dentro de nuestras fronteras. Es necesaria, por lo tanto, una nueva estrategia policial apoyada en otras medidas generales o
específicas desde el conjunto de las instituciones y de la sociedad que no sólo nos permitan hacer frente a tales comportamientos delictivos sino incluso que nos habiliten para invertir la fuerte tendencia al incremento que se ha observado durante
los últimos años. Los datos de criminalidad, vistos en la perspectiva de la evolución de la delincuencia durante los últimos años en España, nos ponen de manifiesto que su volumen está conociendo, sin embargo, un cierto y positivo retroceso sobre
los valores máximos de ahora hace un año. Nuestra tasa de criminalidad es hoy de 48,6 infracciones por cada 1.000 habitantes, casi dos menos que las que había hace ahora justo un año. Ello es motivo de satisfacción y de felicitación por el trabajo
que están desempeñando los cuerpos de Policía, como lo refleja además el incremento de la tasa de hechos esclarecidos, lo cual -todo sea dicho de paso- constituye uno de los factores más importantes de disuasión para los delincuentes.
Señorías, una vez dejada constancia de la situación actual de la criminalidad, es voluntad del ministro del Interior, para cumplir con uno de los compromisos del Gobierno, poner en marcha una nueva estrategia policial para luchar todavía con
más eficacia frente a la criminalidad, tanto la que podríamos denominar criminalidad tradicional como ante la llamada criminalidad organizada, y dentro de esta última poniendo en marcha medidas específicas frente al tráfico de drogas y actividades
conexas y contra las redes de inmigración ilegal. En ello están trabajando tanto la Dirección General de la Policía como la de la Guardia Civil, alguno de cuyos aspectos operativos ya se han puesto en marcha.
Los objetivos que se persiguen, en
concreto, frente a la criminalidad tradicional son los de reforzar la investigación sobre aquellas modalidades delictivas que, no sólo por su gran volumen sino también por sus consecuencias, tienen una gran incidencia sobre la seguridad de los
ciudadanos y sobre su sentimiento de inseguridad. Hablamos de los hurtos en las calles, de los robos en las
viviendas y en los comercios y esencialmente también de la sustracción de los vehículos. Además es necesario desarrollar operativos específicos sobre aquellos delincuentes o grupos de delincuentes cuya actividad delictiva va acompañada del
uso de la violencia física o psíquica contra las víctimas, porque no cabe desconocer que plantean un especial problema en la seguridad de nuestros ciudadanos.
Finalmente es necesario reforzar la acción investigadora y preventiva de los agentes y patrullas policiales sobre los territorios y durante los horarios de mayor actividad delictiva, especialmente durante las noches.
En esta línea de
actuación vamos, además, a proponer y favorecer la colaboración y la participación de los cuerpos de la Policía local mediante acuerdos en el seno de las juntas de seguridad, en las funciones de Policía de prevención y de colaboración en las tareas
de Policia judicial porque, como ya les dije, nosotros entendemos la seguridad como una tarea de todos y escasos serán siempre los recursos de los que podamos disponer. Por ello no debemos desdeñar la importancia profesional, operativa y de
recursos humanos que representan estos cuerpos en el sistema de seguridad español. Tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía están trabajando en la puesta en marcha de los planes específicos cuyas líneas generales son las que acabo
de señalar. De esos planes específicos les darán cuenta en su día aquí los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil. Pero además de la criminalidad tradicional nos enfrentamos, como ya hemos señalado, al grave fenómeno de la
criminalidad organizada. Todavía hace muy poco tiempo, en su informe 2003 sobre delincuencia organizada, Europol daba cuenta de que los servicios policiales de los Estados miembros de la Unión Europea habían detectado la existencia de 4.000 grupos
de este tipo de delincuencia que integraban a 40.000 miembros y sobre los cuales se observaba un alto y creciente grado de cooperación internacional para llevar a cabo sus ilícitas actividades. Si a ello unimos que la Unión recientemente se ha
ampliado hacia el este de Europa, donde actúan otros muchos grupos de delincuencia organizada, parece obvio que la amenaza y los retos a los que nos enfrentamos son muchos y muy evidentes. Las instituciones de la Unión, los profesionales y los
expertos vienen reiterando toda una serie de recomendaciones políticas, legislativas y operativas para luchar con eficacia contra este tipo de delincuencia que opera tanto en actividades contra las personas -la inmigración ilegal, la trata de seres
humanos, la prostitución, la extorsión son algunas de estas modalidades- como en el tráfico de drogas, los delitos financieros y contra la propiedad, entre estos, el blanqueo de dinero, la falsificación de moneda, los atracos organizados, los
delitos relacionados con las aplicaciones de la alta tecnología o los delitos de tráfico de armas, de vehículos, etcétera.
Las capacidades tecnológicas, económicas y logísticas de los grupos de delincuencia organizada son elevadísimas y ello da idea del esfuerzo de los recursos y de la metodología policial que debe emplearse para luchar eficazmente contra ella.
Pero hay que tener en cuenta que siempre serán esfuerzos bien empleados si pensamos en que las actividades de este tipo de delincuencia suponen una grave amenaza para la seguridad interior de España y de la Unión Europea. Por eso constituye una
necesidad estratégica no sólo perfeccionar los instrumentos operativos internos sino también fomentar de modo real la cooperación transnacional, tanto policial como judicial, y la puesta en común de la información disponible para generar operaciones
de inteligencia al servicio de los cuerpos policiales. Esa es sin duda nuestra voluntad y vamos a trabajar decididamente en ello con los mecanismos adecuados, tanto desde el Cuerpo Nacional de Policía como desde la Guardia Civil. En concreto,
vamos a potenciar en medios humanos, materiales y tecnológicos las unidades especializadas de ambos cuerpos en la prevención, investigación y represión de la delincuencia organizada. Además, el comité ejecutivo para el mando unificado, en línea con
lo que constituye sus objetivos, estudia la posibilidad de creación de unidades especiales conjuntas en los ámbitos de la inteligencia y lucha operativa contra la criminalidad organizada. Vamos a potenciar y a privilegiar la cooperación operativa y
el intercambio de información con las instituciones y los órganos del sistema de seguridad interior de la Unión Europea, Eurojust, Europol, Olaf y además con los órganos del sistema de seguridad de cada uno de los Estados miembros. En todo caso,
esa lucha contra la criminalidad requiere
-así lo hemos entendido- de medidas específicas contra el tráfico ilícito de drogas, que constituye también un grave problema que exige una estrategia específica dentro de esa estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.
Desde el ámbito de la seguridad pública, y bajo esa consideración de problema grave para el conjunto de los países de la Unión, el fenómeno de las drogas exige un tratamiento prioritario y específico tanto en el ámbito nacional como
internacional y que debe estar dirigido, en nuestra opinión, en primer lugar, a luchar eficazmente contra el tráfico de drogas para reducir su oferta y de manera especial perseguir a las organizaciones criminales nacionales e internacionales que
controlan y establecen dicha oferta, así como a descubrir sus actividades económicas y de blanqueo de dinero y sus bienes y medios económicos para que pueda procederse a su incautación; además, colaborar con los demás servicios del Estado en la
política de reducción de la demanda de drogas. Para alcanzar tales objetivos es necesario, también en nuestra opinión, en primer lugar potenciar los servicios policiales dedicados a combatir el tráfico de drogas y todas aquellas actividades
delictivas que tienen un carácter conexo; han de mejorarse los métodos de trabajo, incrementar los recursos económicos y materiales de esas unidades policiales, creando, además, unidades específicas en los territorios con mayor
incidencia o actividad de este tipo de criminalidad e incrementando la cooperación con las instituciones de la Unión y de terceros países. En este último aspecto, que consideramos de especial importancia, el de la cooperación internacional,
debo comunicarles que muy recientemente el Cuerpo Nacional de Policía ha formado un grupo especial con los servicios equivalentes del Reino Unido y de Francia para luchar contra el tráfico de cocaína por vía marítima, estando prevista la creación de
equipos policiales conjuntos de carácter operativo y de inteligencia que actuarían sobre objetivos comunes a estos países.
Por otro lado, y en el ámbito de esta colaboración tripartita, se ha creado un centro de inteligencia, operativo además, en La Martinica, en Francia, al que se incorporará un funcionario policial español de enlace y donde está representada
también la unidad DEA, de Estados Unidos, y los servicios policiales de Colombia. Un grupo de similares características está funcionando a nivel policial también en colaboración bilateral con el Reino Unido. Por ello, la estrategia policial en
este campo al que ahora me estoy refiriendo deberá ir dirigida a luchar contra lo que se ha determinado que constituye los tres niveles del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes: en primer lugar, contra el tráfico organizado a gran escala;
en segundo lugar, contra el tráfico medio y sus redes de distribución y, finalmente, contra el tráfico o el pequeño tráfico y sus puntos de venta. Para luchar contra el tráfico a gran escala es fundamental la cooperación internacional -reitero- y,
por tanto, la utilización de las posibilidades que ofrecen Europol, Interpol, Schengen y los equipos conjuntos de investigación. Las unidades UDICO, del Cuerpo Nacional de Policia, y EDOA, de la Guardia Civil, profundizarán en su cooperación y en
la utilización de las posibilidades de la cooperación internacional. En cuanto a las redes de distribución dentro del territorio nacional, desde la Secretaría de Estado de Seguridad vamos a desarrollar dos actuaciones: por un lado, poner en marcha
un programa de análisis de los modus operandi en la distribución interior para adaptar las respuestas policiales al transporte y distribución interior de la droga y, por otro lado, estableciendo canales de transmisión de información operativa y de
inteligencia con la Ertzaintza y los Mossos D'Esquadra para mejorar la respuesta sobre todo el territorio. Por lo que se refiere a la distribución al consumidor, la experiencia nos dice que esta se produce fundamentalmente en asentamientos o
poblados marginales y en lugares de ocio o esparcimiento. Por tanto, las actuaciones policiales, tanto preventivas como de investigación, van a concentrarse sobre tales espacios.
Por último, y para mejorar nuestras capacidades policiales de prevención y represión del tráfico de sustancias estupefacientes, así como nuestros mecanismos de análisis estratégico en la materia, desde esta Secretaría de Estado de Seguridad
vamos a regular normativamente la puesta en marcha y el desarrollo de dos sistemas informáticos de explotación de datos y de investigaciones contra el tráfico de drogas. En concreto, vamos a regular y a potenciar el sistema SENDA, que es un sistema
de análisis, evaluación y explotación de datos sobre drogas, y el sistema SRI o sistema de registro de investigaciones sobre drogas. Ambos sistemas habrán de radicar en la Secretaría de Estado de Seguridad y participarán en ellos los gabinetes
específicos de esta secretaría, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y a corto plazo las policías autonómicas y las policías
locales.
En el ámbito de la delincuencia organizada, también es esencial tener ideas y ponerlas en marcha en la lucha contra las redes de inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Una política eficaz de gestión de los flujos migratorios
necesita ser apoyada por todo un abanico de actuaciones dirigidas a combatir la inmigración ilegal y de manera específica a combatir la actuación de las redes de delincuencia que operan en esta materia, sin olvidar además que estas actividades
criminales entran dentro de la criminalidad organizada y que, por tanto, también aquí es necesaria la cooperación internacional en el seno no sólo de la Unión Europea sino también con terceros países.
Por lo que se refiere al ámbito competencial de la Secretaría de Estado de Seguridad, vamos a poner en marcha una serie de medidas operativas destinadas a mejorar el trabajo policial frente a estas redes de inmigración ilegal. Por un lado,
se van a poner en marcha nuevas unidades contra las redes de inmigración por parte del Cuerpo Nacional de Policía hasta completar su despliegue por todo el territorio nacional. En la unidad central se potenciará el intercambio de información, tanto
con los países de origen y tránsito como con los del posible destino. Se va a incrementar el número de efectivos policiales en los principales puestos fronterizos para aumentar el control fijo o móvil, se implantarán también sistemas técnicos
avanzados, verificadores de documentos, archivos de los mismos y sistema avanzado de pasajeros para mejorar el control en las fronteras, y se habrá de crear la brigada central de expulsiones. En el ámbito de la Guardia Civil, se extenderán por su
territorio los equipos de lucha contra las redes de inmigración clandestina.
Agotado en mi intervención el tercer eje, paso a referirme al cuarto: actuaciones específicas dirigidas a determinados colectivos de riesgo. En mi opinión y en opinión del Ministerio del Interior, las mujeres, los niños y los mayores,
desgraciadamente, se han convertido en nuestras sociedades desarrolladas en grupos objetivos de riesgo y de vulnerabilidad frente a la criminalidad en general y frente a específicas formas de violencia. Para luchar y erradicar dichas conductas, nos
hemos comprometido a poner en marcha, y después de su elaboración conjunta con los colectivos e instituciones implicadas, un conjunto de programas dirigidos a
erradicar tales conductas, a minimizar la victimización de tales colectivos y a combatir las causas y los efectos de las mismas. Tales programas integrarán, desde la perspectiva y las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, un
conjunto de medidas policiales dirigidas a prevenir y a reprimir la violencia contra los niños, contra las mujeres y contra los grupos de mayores. A este respecto, y como conocen SS.SS. perfectamente, el Consejo de Ministros celebrado el 7 de mayo
de 2004 aprobó, a propuesta de los ministerios de Justicia, de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, el Plan de medidas urgentes para la prevención de la violencia de género. El plan contiene una serie de medidas que abordan la violencia de
género desde una perspectiva integral: judicial, social y de seguridad Por lo que al Ministerio del Interior se refiere, ya hemos realizado las siguientes actuaciones, contempladas en dicho plan.
En primer lugar, el plan preveía un incremento de las plantillas de las unidades especializadas en la protección de la mujer, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, las UPAP, como de la Guardia Civil, las EMUME. Las previsiones del plan de
dotar a estas unidades especializadas de 200 y 250 efectivos respectivamente se ultimarán en el último trimestre del presente año. A día de hoy, el grado de cumplimiento de esta medida es el siguiente. Respecto a las UPAP, que son las unidades en
el Cuerpo Nacional de Policía, hay 120 funcionarios incorporados ya a la plantilla, 40 funcionarios realizarán el curso de formación este mes y, por tanto, se incorporarán en octubre y 40 funcionarios realizarán el curso de formación en octubre y se
incorporarán en noviembre. Por lo que se refiere a las EMUME, y por lo tanto a la Guardia Civil, ya hay 163 funcionarios incorporados en plantilla, 27 funcionarios realizarán el curso de formación en septiembre y se incorporarán a finales de
septiembre o en octubre y 60 funcionarios realizarán el curso en octubre y se incorporarán en noviembre. También se ha elaborado un mapa de riesgo de la incidencia de las infracciones penales en materia de violencia doméstica y de género en cada
territorio, que además se mantendrá constantemente actualizado. Se ha elaborado y aprobado un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de
la violencia doméstica y de género, y se ha puesto en marcha una colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del estudio y el trabajo sobre un protocolo de coordinación, para permitir
que las policías locales también colaboren de una manera protocolizada y coordinada en la prevención y protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género con la máxima eficacia.
Por lo que se refiere al quinto eje de la política de seguridad de esta Secretaría de Estado y del Ministerio del Interior, el control y la cooperación con la seguridad privada, nuestra opinión es que la prestación de servicios de seguridad
por empresas privadas es una actividad que afecta al núcleo esencial de la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública. Se trata de una materia sensible y estratégica para la seguridad del Estado, de modo que el Ministerio del
Interior debe mantener activos y reforzar los servicios de inspección y de control de las actividades de seguridad prestadas por empresas privadas y también, es obvio, por los detectives privados, así como el control de la formación del personal de
dichos servicios privados y de los recursos y medios materiales y tecnológicos disponibles. Al finalizar el presente año elaboraremos un informe sobre la situación del sector, que será presentado al Parlamento por el ministro del Interior. En todo
caso, la seguridad privada ya tiene hoy una fuerte penetración en España y es lógico que se deban buscar y encontrar espacios en los que este sector contribuya, mediante la colaboración y la cooperación en actividades concretas con los cuerpos de
seguridad, a los objetivos de la estrategia de seguridad del Estado. Son, en nuestra opinión, recursos externos del sistema público de seguridad, pero son recursos que están ahí y deben ser aprovechados, por lo que, mediante el diálogo y la
concertación con el sector, estableceremos protocolos de actuación y de cooperación con la seguridad pública. Además, queremos que la prestación de su actividad se haga con parámetros de calidad y de ética profesional similares a los exigibles por
nuestra legislación y por las recomendaciones del Consejo de Europa a la actuación de los profesionales de la Policía. En tal sentido, vamos a presentar al sector un código de deontología profesional aplicable a los servicios privados de seguridad.
El sexto y último eje de esta política de seguridad es el de la transparencia y participación, con una especial referencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Nuestra misión es, sin duda, proporcionar seguridad a los ciudadanos y a
sus instituciones y todos sabemos que la apreciación que tienen los ciudadanos sobre los niveles de seguridad de que gozan o sobre la inseguridad que padecen tiene un alto componente subjetivo, construido precisamente a partir de percepciones de una
realidad que les es transmitida fundamentalmente a través de los medios de comunicación o de la interacción con los mensajes de los grupos e instituciones que forman el tejido social en cada uno de los ámbitos territoriales. La importancia de ese
factor subjetivo de seguridad es tal que incluso podríamos encontrarnos con la paradoja de que, con niveles aceptables de seguridad objetiva, existiesen unos niveles menos favorables o incluso alarmantes de inseguridad subjetiva entre los
ciudadanos. De ahí la gran importancia que concedemos al necesario establecimiento, a través de los representantes del tejido asociativo e institucional, de mecanismos de participación, comunicación y seguimiento de la evolución y de la
problemática de la seguridad pública en cada momento. Además, ello nos permitirá una corresponsabilización de los ciudadanos en la formulación
de políticas de seguridad y su posterior seguimiento, una profundización en la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los ciudadanos y sus movimientos asociativos y posibilitará un mayor acercamiento de la Administración, de
la seguridad pública al ciudadano y una mayor agilización en el funcionamiento de la misma. Disponemos ya de un instrumento para fomentar esa función de transparencia y participación, a través de los consejos de seguridad ciudadana, creados en 1995
por una instrucción del entonces secretario del Interior, pero que han estado inactivos durante los últimos años.
Desde aquí, y para finalizar mi intervención sobre las líneas generales de nuestra política de seguridad, les comunico que en breve procederemos a convocar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presidencia me corresponde, y en el
que están representados como vocales los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, el director general de Política Interior, un vocal del Consejo General del Poder Judicial,
el fiscal general del Estado, un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los presidentes del Consejo Económico y Social, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Consejo General de la Abogacía, del Consejo de la
Juventud, los secretarios generales de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Confederación de Padres de Alumnos, Federación de Asociaciones de Prensa y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Señoras y señores diputados, quedo a su disposición para responder a sus preguntas o para recibir sus sugerencias y opiniones sobre los aspectos de la política de seguridad pública que bajo la dirección del ministro y del Gobierno me
corresponde llevar a la práctica.
La señora PRESIDENTA: Voy a dar la palabra, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular por ser el grupo autor de esta iniciativa y, después, seguiremos con el orden general, que se iniciará por el Grupo Mixto.
Tiene la palabra por un tiempo aproximado de 10 minutos la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, señora presidenta, sobre todo por la valoración del tiempo aproximado que espero de la cortesía de la Presidencia que pueda ser aumentado, debido a la importancia de esta comparecencia que se ha
sustanciado esta mañana por parte del secretario de Estado.
En primer lugar, muchísimas gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia hoy aquí. Nosotros hubiéramos deseado que se hubiera realizado con anterioridad, dada la importancia de los temas que usted ha tratado y que también
presentó el señor ministro del Interior, pero es el momento de pasar a analizar el contenido de la intervención que usted ha llevado a cabo esta mañana. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que usted ha realizado una intervención
excesivamente generalista en sus términos, de buenos propósitos, de buenas intenciones, que vuelve a reiterar casi en su totalidad la intervención que realizó el ministro del Interior aquí. Pero usted la realiza con una diferencia importante y es
que ya han pasado seis meses de Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros querríamos haber visto alguna que otra aportación, alguna que otra iniciativa, más allá de las expectativas de: estamos estudiando, estamos trabajando y
estamos elaborando, que de hecho debe ser así, y se lo agradecemos, pero entendemos que en temas tan importantes como la lucha contra el terrorismo y la seguridad ciudadana ustedes deberían haber aportado ya algunas concreciones que nosotros vamos a
intentar sugerirle en la línea de que puedan empezar a avanzar.
Señor secretario de Estado, respecto al plan que usted ha mencionado, básicamente el Plan de seguridad ciudadana y el de criminalidad, debemos decirle que no aporta grandes novedades al que ya estaba realizando el Gobierno del Partido
Popular, el Plan de lucha contra la delincuencia aprobado en el año 2002, al que usted no ha hecho referencia y no ha hecho valoraciones, pero incluso ayer el informe del fiscal general del Estado valoraba positivamente el descenso de la
criminalidad, el descenso del número de delitos y faltas tanto en el año 2003 como en el primer trimestre de 2004. Echamos de menos, desde el Grupo Parlamentario Popular, la presencia de esos datos, porque no los están ustedes facilitando a la
ciudadanía, en este caso a los parlamentarios. De las aportaciones que ustedes tenían en su programa electoral, básicamente las que ya nos referimos en la comparecencia con el señor ministro, la denominación de ese ministerio de seguridad, que ya
vimos que quedó en agua de borrajas, y la creación de esos dos únicos órganos -el CEMO y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista- hicimos la correspondiente interpelación, tenemos nuestras reservas, respetamos que empiece a iniciarse la
actuación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, pero evidentemente, como usted ha dicho, hasta septiembre no va a iniciar sus trabajos, lo único que sabemos es la composición, pero aún no hemos visto su andadura. Vamos a esperar a esa
andadura, a ver si realmente tiene la eficacia que ustedes han planteado de coordinación, según le han solicitado los mandos policiales, en materia de seguridad ciudadana, fundamentalmente.
Ustedes han hablado y han priorizado que sus líneas de actuación, y nos lo ha dicho aquí, son básicamente el despliegue territorial y el incremento del número de policías. Nosotros hemos estado realizando una auditoria -yo diría que
importante- al Ministerio del Interior, a través de más de 1.000 preguntas, para que ustedes concretaran cómo van a llevar a cabo esas actuaciones. Sólo tenemos anuncios de las 6.000 nuevas plazas en la Policía Nacional y de las 3.000 nuevas plazas
en la Guardia Civil. ¿Cómo las van a crear ustedes, con qué presupuesto van a prever esas plazas? Hay
otra cuestión importante, ¿cómo van ustedes a contener la formación de ese número ingente de policías que nosotros entendemos, y así era la línea de actuación del antiguo Gobierno del Partido Popular, que debían incrementarse? En esa línea
de incremento estábamos. Además usted goza este año de un incremento de más de 3.000 policías, porque usted conoce muy bien que fue así presupuestado el año anterior y que fue gracias a los propósitos del Partido Popular. Ustedes hacen grandes
anuncios, grandes cantidades del número de policías, pero luego no nos dicen ni cómo los van a pagar ni qué previsiones tienen en los presupuestos ni cómo los van a formar. Nos han anunciado que van a hacer reformas en la escuela de Valdemoro, en
la escuela de Baeza y en la escuela de la Policía Nacional de Ávila. Van a tener que ser reformas estructurales importantes, si ustedes quieren una formación de calidad y quieren incorporar ese gran número de policías a las calles españolas.
Ustedes hablan de la creación de células especiales. Ha dicho también en su intervención que van a crear nuevas unidades contra la inmigración, contra la droga, células especiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Nosotros le hemos
preguntado por escrito si van a ser sustitutivas de las ya creadas en cada uno de los cuerpos y ustedes han contestado que no, evidentemente, que se van a adicionar y que van a tener únicamente carácter multidisciplinar. No sabemos nada más, señor
secretario de Estado. No sabemos si son reasignación de efectivos o si son de creación nueva en el catálogo. Ustedes se limitan a anunciar esas creaciones de nuevas unidades, pero no nos dicen en absoluto en qué modo lo van a hacer, si con una
nueva fijación de catálogos, si van a crear nuevas plazas, si son reasignaciones, qué formación van a tener. No dicen absolutamente nada de esto al respecto.
Señor secretario de Estado, con respecto a las propuestas que usted ha hecho de carácter estatutario, de carácter retributivo de cada uno de los cuerpos, nosotros únicamente obtenemos vaguedades, principios generalistas de buenas
intenciones. Yo creo que después de medio año de Gobierno esas vaguedades, esas inconcreciones deberían estar ya contestadas. A las preguntas que nosotros hemos realizado sobre el incremento retributivo en cada uno de los cuerpos, cuáles van a
ser, sabe usted que nosotros, el Gobierno del Partido Popular, llevaba acometiendo esos incrementos y el Ministerio del Interior además goza en este año del presupuesto que más aumentó de todos los ministerios. Usted sabe que esa es una de las
preocupaciones fundamentales de los dos cuerpos, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Pues bien, ustedes responden con vaguedades, diciendo que ya se verán, los parámetros, que ya se verá en función de los parámetros más viables,
las alternativas más factibles, incluso tenemos la transcripción de la reunión que usted tuvo con las asociaciones, tanto con ASIP como con la Confederación Española de la Policía, a las que también contestó vaguedades e inconcreciones. Se lo digo
también, señor secretario de Estado, porque vamos a tener que negociar eso en los presupuestos, y me da la sensación de que, aparte de esos buenos propósitos, usted no sé cómo va a conseguir ese incremento ingente de presupuesto con el Ministerio de
Hacienda y cómo va a poder hacer realidad y poner negro sobre blanco esas peticiones ilusionistas, esas expectativas que ustedes están planteando. Entendemos que deben ser así y que están en esa línea las peticiones que el Partido Popular y el
grupo parlamentario estaba haciendo, pero nosotros las hacíamos con carácter realista, con carácter eficaz y de una forma efectiva, no planteando todas esas propuestas que usted hace, pero que después no vemos la realidad de las mismas. En cuanto a
la prestación de servicios, usted ha dicho que quiere también implementar la segunda actividad de los cuerpos policiales. Lo compartimos absolutamente. Creemos que deben, cada vez más, realizarse esas funciones de más incorporación de medios
policiales en las calles y funciones burocráticas por las personas que estén realizando esa segunda actividad. Pero ustedes no han realizado tampoco ninguna modificación normativa ni modificación administrativa ni aportación de ningún tipo para que
eso sea una realidad, al menos no nos lo han contestado y yo hoy en su intervención tampoco he podido comprobar esas aportaciones.
Usted ha hablado de terrorismo. Evidentemente, el terrorismo ha sido una prioridad del Gobierno del Partido Popular. Así lo hemos dicho a lo largo de los ocho años de Gobierno y en algunas ocasiones con críticas feroces por parte de otros
grupos en el sentido de que era la única prioridad y de que soslayaba algunas otras prioridades, como podían ser la política económica que después el Gobierno del Partido Popular demostró que era de una eficacia y de un disfrute para todos los
ciudadanos, como ahora sabemos. Usted en la política contra el terrorismo va a tener al Grupo Parlamentario Popular a su lado. Se lo dijimos al ministro, y además lo hacemos de forma responsable, de forma coherente, porque entendemos que es una
cuestión de Estado y ahí vamos a estar. Pero queremos decirle varias cosas, señor secretario de Estado. En primer lugar, el ministro del Interior ha estado realizando anuncios a lo largo de todo este verano diciendo que se va a ofertar un nuevo
pacto a los grupos políticos, a los grupos parlamentarios, a la sociedad española. Nosotros querríamos saber qué condiciones, cuáles son las líneas de ese nuevo pacto, porque evidentemente sabe usted y conoce muy bien, que con el Partido Socialista
Obrero Español tenemos un pacto fundamental, que ha sido muy eficaz en la lucha contra el terrorismo, que es el Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Nos preocupa enormemente que se hagan esos anuncios por parte de los representantes de
Interior y en cambio no se diga en qué líneas y de qué forma debemos hacerlo. Evidentemente, la lucha contra el terrorismo islamista requiere que todos tengamos esos nuevos planteamientos y los fijemos como una prioridad en el Gobierno y en el
Estado. Pero le vuelvo a repetir que no hemos visto por parte del Gobierno más que esos anuncios en los medios de comunicación, anuncios pura y exclusivamente mediáticos, y este problema entendemos que debe ser tratado con una mayor
seriedad.
Con respecto a las propuestas que ha planteado, nos presenta algunos anuncios como el de los 300 efectivos en la lucha contra el terrorismo islamista con carácter especializado. Se lo hemos preguntado por escrito, pero se lo volvemos a
reiterar ahora, señor secretario de Estado. ¿Cuáles van a ser esas plazas? ¿Plazas nuevas? ¿Plazas reasignadas? ¿Esos 150 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil van a ser nuevos o van a ser efectivos ya existentes? Además,
anuncian un incremento policial de carácter especializado y específico en la lucha contra el terrorismo islamista en determinadas ciudades españolas (entre ellas y nos enteramos por los medios de comunicación, porque su comparecencia ha sido tardía
y no hemos tenido otras vías de enterarnos que los medios de comunicación, en algunos casos no con información directa del ministerio) Madrid, Valencia y Granada. ¿Cuáles son los criterios que han previsto para ciudades como Barcelona o Sevilla?
No sabemos con qué criterios están tratando de incrementar esas unidades especializadas en la lucha contra el terrorismo islamista en esas ciudades y no en otras. ¿Con qué criterios lo están haciendo?
Usted ha dicho que va a reforzar los controles en las fronteras, lo cual va a ser un instrumento eficaz en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo de carácter islamista. Desgraciadamente, el mundo global esté permitiendo
un movimiento mucho más fácil de personas y nosotros entendemos que se debe mantener ese reforzamiento de las fronteras. Usted y SS.SS. conocen muy bien los tratados que la Unión Europea se ha dotado, entre ellos el de Schengen, y nos sorprende
que por una parte diga aquí que se van a incrementar esos refuerzos en las fronteras y por otra veamos que se ha reducido el número de agentes en la frontera de la Junquera con Francia.
Señor secretario de Estado, una cosa son las palabras y otra los hechos.
Estamos viendo que ustedes no concretan ni fijan ni dicen cómo lo van a hacer y de las pocas cosas que vemos que están haciendo es que están retirando efectivos en
zonas importantísimas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Usted sabe que a través de diversas fronteras ha estado entrando de manera alegal un gran número de inmigrantes, entre ellos inmigrantes de los países del Este, como
Rumanía. Allí teníamos una unidad móvil y ustedes la reducen a la mitad, al 50 por ciento. Como nos hemos enterado por los medios de comunicación, desearía que nos diera una mayor información al respecto, puesto que es poco lo que hemos podido
conocer.
Otra de las cuestiones que le quería plantear es que nos ha sorprendido el catálogo de formación continuada de los diferentes cuerpos de seguridad, por ejemplo el de la Guardia Civil. La formación que va a realizar el cuerpo de la Guardia
Civil durante el ejercicio 2005 ha supuesto una respuesta extensísima. Pero sorprende, señor secretario de Estado, que no haya ni un curso sobre terrorismo islamista. ¿Esa es la verdadera intención del Gobierno en esa especialización en la lucha
contra el terrorismo islamista que han estado propagando a lo largo de estos últimos seis meses? Cuando vamos a comprobar qué es lo que realmente está haciendo el Gobierno vemos que en la calidad y en la cantidad de la formación no se prevé ningún
curso de terrorismo no ya islamista, sino de cualquier tipo. Nos gustaría que nos diera respuesta a lo que nosotros vemos que son lagunas importantes en la previsión de su Gobierno.
También nos preocupa enormemente no sólo lo que están haciendo mal, relativamente bien si lo miramos desde un aspecto más positivo, sino lo que ustedes dicen. Entendemos que el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Interior
deben ser extraordinariamente prudentes y no generar alarma social en modo alguno, puesto que ustedes están garantizando el ejercicio de los derechos y de las libertades de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo, que es la principal
preocupación de los españoles.
Cuando nos encontramos con declaraciones como las que usted ha hecho el 12 de agosto de 2004 respecto a la denominación de la kale borroka, señor secretario de Estado, entendemos que usted debía haber presentado aquí, en sede parlamentaria,
una rectificación. La lucha contra el terrorismo ha sido muy dura para el Partido Popular, y usted lo conoce muy bien. Que oigamos afirmaciones de responsables de Interior diciendo que los hechos acontecidos el 12 de agosto en las fiestas de San
Sebastián sea una forma desagradable de divertirse, me perdonará la ironía, pero tengo que decirle que no sé cómo entiende la forma agradable de divertirse. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular no entiende que esto sea una forma desagradable
de divertirse, sino un gravísimo error por su parte. No sólo lo entendemos nosotros, sino también los demás grupos políticos, y entre ellos el mismo Grupo Socialista, en palabras del señor Odón Elorza, que reitera que usted no se enteraba de nada.
No lo dice esta señoría, que podría decir que necesitaría una mayor especialización en algunos de los temas o una mayor prudencia, que le aconsejaríamos, como también lo hicimos con el ministro, sino el propio Odón Elorza, el Sindicato Unificado de
Policía, la Confederación Española de la Policía, vocales delegados del Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco, etcétera. Nosotros hubiéramos deseado esa rectificación, y le ofrecemos esta oportunidad para hacerla, porque entendemos
que ha sido un gravísimo error. Y si no debe explicarnos cuál es el concepto que tiene de esa kale borroka. Usted dice que no era un acto previamente organizado y todo lo que nosotros vimos, como el desastre del mobiliario urbano, fue que la
respuesta era la misma que venía haciendo la kale borroka con anterioridad.
A usted parece que eso no lo considera terrorismo, pero sabe muy bien que en el Código Penal está previsto no como terrorismo urbano, sino como terrorismo. Asimismo, sabe muy bien que las medidas legislativas aportadas por el Grupo Popular
y por el Gobierno del Partido Popular hicieron que esa kale borroka se pudiera reducir y prácticamente hubiera desaparecido a lo largo de este tiempo.
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, le advierto que ha consumido justo el 50 por ciento más del tiempo previsto. Por lo tanto, le conmino a que vaya concluyendo.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Queremos también hacer referencia a otra de las cuestiones que ha planteado, como es el tema de la reducción de escoltas en nuestro país. No ha hecho alusión al mismo en su intervención y entendemos que es
de suma importancia para las personas que tienen grave riesgo en su seguridad en España. Conoce que son más de 5.000 y en el País Vasco unas 1.200 las personas que ven afectadas sus libertades y que necesitan de esa protección y de esa seguridad
pública. Vimos en los medios de comunicación que se iba a reducir ese número de escoltas, después ustedes apuntaron rápidamente que no iba a ocurrir en el País Vasco ni en Navarra, y nos gustaría que lo volviera a reiterar aquí, señor secretario de
Estado. Recientemente ha nombrado un subordinado suyo, no hace falta que le dé nombres, que hace muy poco solicitaba al Gobierno del Partido Popular el incremento del número de escoltas, y ustedes parece que prevén esa reducción del número de
escoltas. En ese debate vamos a estar con ustedes, así como en el análisis del riesgo y en ver si se debe racionalizar o no ese servicio de escoltas. Pero entendemos que no debe ser un debate público, señor secretario de Estado; entendemos que es
una temeridad y una irresponsabilidad que planteen en los medios de comunicación ese debate con esas características. Por eso solicitamos al secretario de Estado y al ministro que se tomen estos temas con la mayor responsabilidad, seriedad y
discreción.
También queremos apuntarle dos cuestiones muy concretas sobre varias declaraciones que usted ha hecho, pues nos parecen extraordinariamente sorprendentes en un responsable del Ministerio del Interior. Con respecto a la investigación del
11-M, en una entrevista realizada el 16 de agosto en El Mundo, usted dijo que no se va a poder conocer la autoría intelectual del atentado del 11 de marzo. Nos sorprende que pueda decir eso. Si lo dijo sin pensar, es una irresponsabilidad para un
representante de la seguridad pública de nuestro país y si lo dijo pensándolo es muchísimo peor, porque la obligación que usted tiene y conoce es esclarecer todo tipo de delitos, todo tipo de actos que sucedan en nuestro país y esforzarse con todos
los recursos disponibles para que eso no ocurra. No podemos encontrarnos con un representante público que diga esas palabras con esa tranquilidad y frivolidad. Estamos seguros de que no era su intención, pero la verdad es que nos preocupan
enormemente todas esas declaraciones.
Una última referencia a la cooperación internacional y a la colaboración con determinados países, como pueda ser Marruecos. Usted también ha hecho declaraciones sobre Marruecos diciendo -además hemos visto que varios representantes del
ministerio han acudido a ese país y han tenido relaciones bilaterales con ese país- que desconocía la existencia de células islamistas en Marruecos. Usted afirma en esa entrevista que no tienen ningún conocimiento, que no tienen la respuesta sobre
afirmaciones del juez Garzón. Desde aquí le preguntamos: ¿Qué información puede aportarse a esta Comisión por parte de esos contactos bilaterales, por parte del Gobierno con respecto a posibles células islamistas en ese país y en qué medida está
mejorando esa colaboración en virtud de los viajes que ustedes han estado realizando a ese país vecino?
Para finalizar, quiero decirle dos cosas, señor secretario de Estado.
Entendemos que la importancia de su trabajo en la secretaría de Estado requiere gran capacidad de estudio, propuestas, alternativas, pero entendemos también que este país
necesita respuestas y que ustedes llevan gobernando seis meses. Entendemos que, al margen de las vaguedades y las inconcreciones, deberíamos tener ya respuestas concretas sobre cómo van a mejorar la seguridad ciudadana en nuestro país y sobre cómo
van a realizar esa lucha contra el terrorismo, esa especialización de nuestros cuerpos y, sobre todo, cómo lo van a hacer y con qué presupuesto, porque nos preocuparía enormemente que todo lo que han venido diciendo aquí sean ilusiones y vaguedades
que no puedan quedar concretadas en programas operativos al no tener los recursos y el presupuesto necesarios para llevarlas a cabo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la representante del Grupo Mixto, señora Lasagabaster, por un tiempo aproximado de diez minutos.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quiero dar la bienvenida al señor secretario de Estado de Seguridad. Usted sabe que nuestro deseo de colaboración con el ministerio en esta materia no hace falta ni decirlo.
Compartimos el objetivo de la
lucha contra el terrorismo, como no podía ser de otra manera, y la defensa de los parámetros de seguridad, libertad y justicia en todos los lugares y en una materia en la que creemos que tiene que haber la prudencia y la discreción necesarias y una
colaboración mutua. En ese sentido, tiene nuestra colaboración ahora y desde siempre.
No iba a mencionarlo, pero lo ha hecho usted, y no me deja más posibilidades que referirme al Pacto por las libertades, que usted ha centrado como eje de toda su política. Nosotros entendíamos que el Pacto por las libertades era una
cuestión que era mejor no mencionar,
sobre todo porque no se corresponde mucho con la necesidad o con la voluntad que tiene su Gobierno de consenso y de talante. No parece muy razonable que se cohoneste Pacto por las libertades y necesidad o voluntad de buscar un consenso,
cuando realmente hay muchas formaciones políticas a las que no se ha permitido participar, y no digamos ya si ese pacto por las libertades incluye en su preámbulo ataques a formaciones políticas como la mía, injustificadamente y sin ningún tipo de
razón. Ese es un tema que yo no iba a mencionar, porque creo que debe quedar en el pasado, sin que nadie tenga que hacer una rectificación, pero, en todo caso, buscando el cambio.
Quiero hacerle una serie de reflexiones y preguntas y manifestarle algunas preocupaciones. En primer lugar, quiero referirme al centro nacional de coordinación antiterrorista; ya se lo insinué, porque todavía no sabíamos muy bien cómo iba
a funcionar, pero hoy sabemos la composición, aunque no tenemos claro cuál va a ser el devenir funcional y operativo de este centro nacional de coordinación antiterrorista. Pero más allá de otras consideraciones que en su momento podremos
preguntar, nos preocupa -y lo digo claramente- una cuestión relativa al control judicial de este tema.
Lo digo por lo siguiente: Usted ha dicho que va a ser un centro permanente -nos ha hablado de su composición- en el que se produzca la recepción
y tratamiento de la información sobre el terrorismo, especialmente con el intercambio de bases policiales y bases de inteligencia. Nos preocupa -porque ya nos preocupaba antes- todo lo que se refiere al control judicial previo en las bases de
inteligencia, pues no compartimos la regulación actual en esa materia. No nos sorprende enterarnos a través de los medios de comunicación de que ha habido escuchas telefónicas -que creemos que no son admisibles de acuerdo con el artículo 18 de la
Constitución- a personas que nunca han estado inmersas en ningún tipo de procedimiento judicial, personas que jamás han sabido que se ha producido una escucha telefónica y que, curiosamente, se enteran de repente a través de filtraciones a medios de
comunicación, sin saber dónde están custodiados esos materiales, si se han destruido como exige la ley y, en definitiva, dónde están.
Como ya le decía antes, la Ley orgánica 2/2002 nos parece muy débil en relación con el control judicial en esta materia y es necesario que esto sea una cuestión relativa al Centro Nacional de Inteligencia, a unas competencias muy concretas
del director, a una materia considerada como secreto y a su inmediata destrucción. Si ahora me dice el secretario de Estado que va a haber un intercambio de bases de datos policiales y de inteligencia, mi preocupación aumenta porque no sabemos cuál
va a ser la garantía de control judicial en relación con algo que ya sale del Centro Nacional de Inteligencia, algo que sale de la calificación de secreto porque, al parecer, se amplía y se extiende a un montón de bases de datos, sin existir ninguna
regulación legal en relación con el control judicial. Tendríamos que acudir al artículo 18 de la Constitución, conforme al cual no se podría hacer ninguna actuación salvo existencia de autorización judicial concreta y determinada para un
procedimiento judicial. Es necesario reorganizar esta cuestión. Desde nuestro punto de vista, la regulación existente es bastante débil y floja, pero con este Centro Nacional de Inteligencia que ustedes han creado, aunque no nos parece mal per se,
creemos que sigue habiendo una debilidad en el control judicial en relación con la protección de datos y a quién tiene la competencia de la custodia, de la garantía, de la protección de datos, de la protección de las personas, de la distribución.
En definitiva, esto requiere una regulación nueva -por ejemplo, en videovigilancia existe, pero en esta materia ni existe ni al parecer nadie quiere que exista- para que sepamos exactamente quién tiene datos que afectan a nuestro derecho a la
intimidad, porque al parecer ahora va a haber un intercambio de bases de datos y de inteligencia, con lo cual ya no sabemos dónde está esa regulación y esa protección.
La segunda cuestión hace referencia a un tema distinto. Usted ha hablado de aumento de dotaciones de plantilla en Policía Nacional y Guardia Civil. Nosotros creemos que, si es necesario, es evidente que habrá que buscar la dotación
presupuestaria y habrá que buscar la necesaria organización para saber a qué se van a dedicar, con unas prioridades claras. En todo caso, ratificaríamos aquí que el aumento de esos 9.000 efectivos puede ser razonable, pero espero que a usted
también le parecerá razonable el aumento de los 500 efectivos para la Ertzaintza, que en este momento dedica la mayor parte de sus efectivos a la protección de las personas. Pero la puesta en marcha de ese aumento de dotación está absolutamente
estrangulada, entre comillas, simplemente por cuestiones de voluntad política, porque la parte financiera y de flujos financieros ya se ha resuelto. Creemos que, en la misma medida que ustedes quieren ese aumento de 9.000 efectivos, los 500
efectivos de la Ertzaintza son absolutamente imprescindibles y necesarios.
En relación con la colaboración internacional, yo distinguiría dos partes.
La primera hace referencia a la colaboración a nivel de la Unión Europea.
En primer lugar, voy a insistir en algo que pedimos constantemente, pero es evidente que
es debido a la necesaria eficacia que todos queremos en la colaboración entre policías, ya sea a nivel del Estado o ya sea a nivel europeo. No entendemos por qué las policías integrales -que lo son- de Ertzaintza y Mossos d'Esquadra no pueden estar
en los foros operativos, y no hablo del Consejo JAI, aunque alguna vez le dije al ministro que el ministro escocés también va y no pasa nada. Como sabe usted, Luxemburgo presentó una enmienda al Tratado de Schengen por la que se ha flexibilizado el
mecanismo de incorporación de policías al Tratado de Schengen 2 y, por tanto, bastaría con que el Estado nominara a la Ertzaintza o a los Mossos d'esquadra como policía del Estado. No entendemos por qué no se hace. La
decisión marco de 19 de septiembre, en relación con los puntos de contacto operativos para intercambio de información, establece la posibilidad de crear estructuras nuevas o utilizar las ya existentes y, por tanto, podría entenderse que la
Ertzaintza es un punto de contacto. Simplemente, no requiere nada más. También podría aplicarse, por ejemplo, la decisión marco de la orden europea de detención y entrega. En noviembre de 2003, el anterior Gobierno constituyó un equipo conjunto
de investigación penal con Francia contra el terrorismo. Me dirá usted si no es normal que en un equipo conjunto de investigación penal en materia contraterrorista, en el que están los Estados español y francés, no esté la Ertzaintza. Esto no
tiene ningún sentido. Y no estamos hablando de ponerse medallas políticas, estamos hablando de eficacia policial. Por tanto, le rogaría, por si no lo han pensado así, que en este equipo conjunto introduzcan también a la Ertzaintza. Hablamos de
eficacia, que es lo que nos interesa en un objetivo común que compartimos.
En materia de cooperación con la Unión Europea, nos gustaría saber qué piensa el Gobierno al día de hoy. Me han contestado ustedes en lo que se refiere a la declaración llamada Schengen 3. Ya sabemos que no es Schengen 3, que no es todavía
cooperación reforzada, que es una declaración política en la que ustedes no participaron, todo eso ya lo sabemos, pero es verdad que existe una declaración política de tres países a la que luego se incorporan otros dos y nos gustaría saber, seis
meses después de constituir el Gobierno, qué piensan hacer y qué medidas van a tomar. De las once medidas que tiene esta declaración política, quiero resaltar que el comisario Vitorino ya señaló que algunas tienen dificultades en lo que se refiere
a protección de datos y derecho a la intimidad, de ADN, etcétera, que requerirían una regulación. Nos preocupa también qué piensan hacer en el ámbito europeo respecto a estos temas, porque al ser declaración política todavía no se ha entrado en la
dinámica de regulación concreta.
Hablamos también de lucha contra el terrorismo en el ámbito internacional.
Le pregunté al ministro, no me contestó, pero quiero saber cómo va el comité contra el terrorismo en Naciones Unidas. Sabe usted que está de director el señor
Rupérez, que se creó a raíz se los atentados del 11 de septiembre y que se quiere dar un reforzamiento importante a este comité contra el terrorismo. Soy consciente de que hace referencia a cuestiones de política exterior. Hace poco los portavoces
de la Comisión de Asuntos Exteriores estuvimos en Naciones Unidas con el embajador de España ante Naciones Unidas, señor Yáñez, y también con el director, señor Rupérez, y aquí entran dos partes. Una parte, relativa a elementos legislativos. Hay
que tener cuidado porque el comité contra el terrorismo, como cualquier otro comité en el mundo, no puede afectar a las competencias legislativas de ningún Parlamento, si bien entra también la parte correspondiente a exterior, que tendría que enviar
todas las convenciones o tratados al Parlamento, pero entra la parte relativa a medidas operativas y de seguridad. Nos gustaría saber cuáles son los avances que se están produciendo y qué participación del Ministerio del Interior y de su
departamento, en la responsabilidad que le corresponde, está realizando en esa materia.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya concluyendo.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí.
Habla usted también de tres cuestiones más. Me gustaría saber algún dato sobre la inauguración en julio de 2004 -nos lo anunció el ministro- del centro de cooperación policial aduanera en la comisaría de Irún. Queríamos saber cómo está
estructurado.
Dos cosas también. Sobre el tema de las drogas, los datos publicados ayer son muy alarmantes. En relación a la nueva ley integral contra la violencia de género, desearía saber qué memoria económica responde al departamento del cual
usted es responsable.
Vamos a decirle que la reordenación de la seguridad de las personas especialmente amenazadas es una cosa lógica. Hay que ver exactamente en cada momento qué es lo que hay que hacer. Nunca vamos a hacer de este tema una cuestión de debate
político, porque somos muy sensibles, y tendrá siempre nuestra aportación, como lo hemos hecho en los acuerdos de Arkaute traducidos luego en determinada legislación.
Termino, señora presidenta. En cuanto a la seguridad privada, llevamos muchos años batallando en este Congreso, señor secretario de Estado para la Seguridad, con relación a los necesarios y preceptivos informes que el Ministerio del
Interior tiene que traer cada año por lo que se refiere a este tema. Es un tema muy serio y no se le ha dado la suficiente importancia. Hay que regular nuevamente cuál es el papel del Estado respecto a la seguridad privada porque creo que falta el
suficiente control en este tema. Una última cuestión. Además de las medidas legislativas que nos corresponden a nosotros -por tanto no le corresponden a usted-, en materia de prisión provisional no compartimos en absoluto las nuevas medidas con
relación a incomunicación, artículos 509, 520, 527 bis, y le recomendaría las medidas operativas y de eficacia para la prevención y para evitar incluso que haya denuncias falsas.
Simplemente tendría que haber protocolos en el intercambio de médicos
forenses e información a las familias. Como sabe usted, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han puesto en marcha medidas que sin cambiar la ley previenen y, además, permiten mayores garantías. Creo que eso lo puede hacer usted sin cambiar
ninguna ley -ya lo haremos nosotros-, pero en todo caso ahí están las recomendaciones de Amnistía Internacional, Consejo de Europa y Comité de Naciones Unidas, del relator Teo van Boven, por ejemplo, sobre cámaras de videovigilancia.
La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, que no está.
La señora NAVARRO CASILLAS: Tenía que ir a otra Comisión e intervendrá después.
La señora PRESIDENTA: Su turno ha pasado porque tiene que intervenir en este momento y no está en la sala. El turno de Coalición Canaria ha pasado.
La señora NAVARRO CASILLAS: La presidenta entenderá que los grupos reducidos -en este caso el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que tiene tres miembros- tienen que acudir a todas las comisiones...
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, en primer lugar no me ha pedido la palabra, y la ordenación del debate es como es. Yo soy perfectamente consciente de la acumulación de trabajo para los grupos pequeños, que es lo que nos ha llevado a
retrasar hoy la hora de esta Comisión, y esperaremos unos minutos después, pero formalmente el uso de la palabra del señor Mardones o del representante de Coalición Canaria ha pasado.
Ahora le tocaría el turno al representante del Grupo
Parlamentario Vasco, que me parece que tampoco está presente, por lo que también le ha pasado.
A continuación tiene la palabra la señora Navarro, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (La señora Lasagabáster pide la palabra.)
Sí, señora Lasagabáster.
La señora LASAGABÁSTER OLAZÁBAL: Por una cuestión de orden. Yo rogaría el amparo de la presidenta para con los grupos que no han podido estar y que se pudieran incorporar a la sesión. Ya sé que no es mi caso en este momento, pero nos
puede pasar a todos, incluso a los grupos mayoritarios, cuyos portavoces no han estado muchas veces en la sala.
La señora PRESIDENTA: Ya tenemos al señor Mardones aquí. Por tanto, no va a pasar su tiempo. Estábamos haciendo unos minutos, pero realmente la ordenación del debate es la que es, independientemente de que después en un momento dado se
pueda volver sobre ese tema.
Si está en condiciones, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, agradezco su amabilidad por esta servidumbre que tenemos los grupos minoritarios con un programa de reuniones tan apretado. Estaba en la Mesa y portavoces de la Comisión de Cultura.
Comienzo saludando en nombre de mi grupo al secretario de Estado de Interior por su comparecencia ante nuestra Comisión y agradeciendo la información exhaustiva que ha dado. Yo voy a centrarme en algunos de los problemas que usted ha
tocado, señor secretario de Estado, con una especial referencia a la problemática, como usted bien conoce, del área de seguridad del Estado en Canarias, con los problemas específicos de nuestra situación y de nuestras circunstancias en los distintos
temas que le planteo.
En primer lugar, quiero rogar al señor secretario de Estado que haya una línea de potenciación sobre el problema del SIVE. Sabe usted que esto está relacionado con el problema de la inmigración, y creemos que las competencias del Ministerio
del Interior deben reforzarse, sobre todo en lo que es el servicio que está actuando tanto en las provincias andaluzas del Estrecho de Gibraltar como en Canarias con respecto a las pateras que nos llegan de Marruecos. Por tanto, el primer punto que
queremos tocar es la potenciación de los medios técnicos y humanos -helicópteros, radares, infrarrojos, etcétera- para la detección de las pateras que salen de las playas marroquíes o de cualquier otro instrumento que estén utilizando las mafias de
la inmigración, como naves nodrizas que proceden de otros países africanos y que llegan por ahí. Por tanto, dotación de medios humanos y técnicos para el Servicio Integral de Vigilancia Exterior.
En segundo lugar, querría saber si se ha reanudado en este momento una cooperación entre la policía española, Cuerpo Nacional o Guardia Civil, y las autoridades policiales marroquíes, los agentes de la gendarmería, etcétera. Sabe usted que
el anterior Gobierno español anunció unas patrullas mixtas sobre las patrulleras de la Guardia Civil compuestas también por gendarmes marroquíes para la vigilancia, pero nos interesa que se estimule el celo -vamos a llamarlo así entre comillas- de
las autoridades marroquíes policiales y de la gendarmería en los territorios, porque es bien notorio en las actas que levantan la Guardia Civil o la Policía Nacional cuando se interroga a los patronos de las pateras, antes de entregarlos a la
autoridad judicial correspondiente, dicen que salen de las playas del Aaiún, del antiguo Sáhara español, etcétera. Ahí hay fuerzas marroquíes y por tanto les corresponde la vigilancia para evitar estas situaciones.
El tercer punto relacionado con esto es que se aclare (ya tendremos ocasión de hablarlo en las próximas semanas, cuando vengan las comparecencias del Ministerio del Interior a la Comisión de Presupuestos para hablar de los Presupuestos
Generales del Estado) de una vez el inexplicable asunto de la financiación, con cargo al Gobierno autónomo de Canarias del combustible de las patrulleras de la Guardia Civil. El consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias recientemente ha dicho
que no está dispuesto a seguir autorizando que, con cargo a presupuestos de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, se financie el combustible de las patrulleras de la Guardia Civil. Si la Guardia Civil que depende del
Ministerio del Interior tiene que montar un servicio de vigilancia con cargo a
los presupuestos, nosotros apoyaríamos cualquier medida que el Ministerio del Interior plantee al Ministerio de Economía y Hacienda o se contemple en los presupuestos, que todos los medios instrumentales, logísticos y de intendencia sean del
Ministerio del Interior. Ya en épocas pasadas, años muy atrás, se daba el espectáculo de que los cabildos insulares de Canarias tenían que financiar vehículos de la Guardia Civil, teléfonos, faxes, o cualquier sistema de transmisión. No nos parece
serio en un Estado que tiene que consolidar sus presupuestos de acuerdo con los programas que viene desarrollando. Señor secretario de Estado, ahí tendrá nuestra colaboración plena, aunque estamos hablando de cantidades menores.
En segundo lugar, el señor secretario de Estado ha hablado de las plantillas y ha hecho el elogio de la profesionalidad, que nosotros suscribimos, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el archipiélago canario, tanto de la
Guardia Civil como de la Policía Nacional, pero quiero decirle que la batalla permanente es que se cubran todos los catálogos de puestos de trabajo. Antes de pedir aumento de dotación y de plantilla, es necesario que se cubra el catalogo de puestos
de trabajo vacantes que son necesarios. Le quiero contar como detalle que recientemente, en unos debates de radio, sale la noticia de que el Ministerio de Defensa cambia el plan de envío de fuerzas a Haití. Cuando en el Parlamento se había dicho
que iba a ir una compañía o no sé cuántos guardias civiles a Haití, ahora se habla de que van a ir soldados de la infantería de Marina. Pues si esos guardias civiles le sobran al señor secretario de Estado, sepa S.S. que hay huecos tanto en el
SIVE como en la Guardia Civil de Canarias para contar con ellos como personas necesarias y muy eficaces en este momento en la represión. El señor secretario de Estado también sabe porque se ha referido a ello que en Canarias a este problema de la
inmigración se superpone el de las mafias que operan allí, sobre todo mafias de personas que proceden de la ex Yugoslavia, de antiguos Estados satélites de la Unión Soviética, que están campando por sus respetos con el crimen organizado. Que en
Canarias, dada la vinculación de su producto interior bruto, de los puestos de trabajo, de la seguridad ciudadana, con el fenómeno fundamental para nuestra economía, como es el turismo, estos extorsionadores puedan actuar y extenderse con los
efectos negativos con el crimen organizado, es muy preocupante.
Otro tema relativo a su departamento, señor secretario de Estado, para el que Coalición Canaria y este diputado le ofrecen la máxima colaboración -se lo he dicho ya a la directora general de Instituciones Penitenciarias-, el de las
prisiones. Yo sé que hay problemas con los ayuntamientos que no están predispuestos a ceder terrenos para la construcción de las prisiones. Nuestras instituciones penitenciarias, sobre todo en Gran Canaria en la prisión del Salto del Negro, el
hacinamiento es evidente, está en unas circunstancias inadmisibles y esto tiene que ser resuelto con inversiones y dotaciones en Instituciones Penitenciarias. También le quiero llamar la atención algo esto que han empezado a denunciar algunos
medios informativos en algunas prisiones peninsulares relativo a la actuación de grupos dominantes por ideología religiosa o por ideología económico-comercial, grupos dominantes que operan dentro de las prisiones españolas coaccionando al resto de
los penados con conductas que van desde obligarles a respetar los rezos del Corán, a comercializar los productos que circulan allí, sean alimentos, tabaco, alcohol o drogas. En esto hay que encender ya las señales de alarma y cortarlo, señor
secretario de Estado.
Quiero ir terminando rápidamente, señora presidenta, con una última cuestión. Este diputado se opuso hace tres legislaturas a la creación de los consejos asesores de personal en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. El Gobierno lo
llevó adelante y ahí están los consejos asesores a los que se ha referido el señor secretario de Estado. Hay que hacer cuanto se pueda por normalizar ese mundo asociativo o no asociativo de reivindicación, que se reconduzca con mucha racionalidad
para que no altere las estructuras jerárquicas de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado y, sobre todo, de la Guardia Civil. Que nadie se sienta capitidisminuido porque en la anterior dirección de la Guardia Civil se estableció un
consenso muy genérico sobre los consejos asesores de personal. Y si se hace por una representación cuantitativa, son los grados inferiores de los cuerpos los que tienen más plazas de representación. Pero en una estructura jerárquica, el poder no
está en lo cuantitativo o en la jerarquía, sino en lo cualitativo. No se puede decir que 500 de la base mandan igual que un capitán o que un coronel. Son cuestiones muy delicadas y todos debemos hacer aportaciones, tanto las representaciones de
asociaciones en la Guardia Civil como de los consejos asesores de personal u otras entidades. Sabe el señor secretario de Estado que existe algún movimiento entre la alta oficialidad de la Guardia Civil para buscar unas expresiones de
representación de los problemas que tienen. Nuestro deseo es que esto funcione armónicamente, porque cuando pedimos los catálogos de puestos de la Guardia Civil en Canarias o en cualquier parte de España se puedan realizar, estamos hablando de toda
la estructura jerárquica de la Guardia Civil y de que tengamos profesionalidad. Y quiero hacerle una advertencia.
Ha puesto mucho énfasis en su exposición en el elogio, legítimo, al que nos sumamos, de la profesionalidad de estas fuerzas de seguridad del Estado. Junto a ello ha empleado la palabra especialidad. Se dan casos en que en la estructura
jerarquizada, sobre todo en la Guardia Civil, el ascenso de una persona en los grados de cabo, sargento o brigadas, produce situaciones como la que he conocido. En Canarias ha llegado a mi conocimiento el caso concreto de un sargento especializado
en el mantenimiento de los helicópteros que tiene la Guardia Civil, asciende a brigada y lo destinan a un pueblo de Levante en una brigada de seguridad ciudadana. Si estaba especializado
en el mantenimiento de helicópteros, ¿cómo puede pasar a un destino, no ya por los kilómetros de distancia de su puesto de trabajo, sino a una tarea totalmente ajena a su especialización? Puede que se sirva con más facilidad en la seguridad
ciudadana, que los problemas sean delicados pero más sencillos técnicamente, que ser especialista en helicóptero, que no sólo tiene el piloto sino el mantenedor. La Guardia Civil tiene muy buenos especialistas en este tema y hay que evitar que
cuestiones puramente reglamentarias de ascenso distorsionen la especialidad. Por todo lo demás, cuenta con nuestra cooperación, señor secretario de Estado, porque entre todos tenemos que resolver los graves e importantes problemas que existen. Se
ha avanzado mucho y se sigue avanzando.
Esperemos que se pueda rematar todo a satisfacción de las partes.
El señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al secretario su comparecencia y decirle que mi grupo parlamentario le pediría que no caiga en los triunfalismos a los que nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular, ni a la
venta de humo, sino que cumpla los compromisos ya referidos por el ministro del Interior y ahora reiterados en su persona y actúe eficazmente contra el terrorismo, la delincuencia y otorgue a esta ciudadanía seguridad ciudadana. Pero seguridad
ciudadana desde el prisma de la garantía de libertad y los derechos, porque la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. Eso sólo es posible a través de la creación de un nuevo sistema policial, porque lo que hace falta es una
nueva mentalidad. Sabemos que el Partido Socialista no quiere abordar este nuevo sistema policial, pero iremos reiterando esta petición en cada comparecencia. Desde esa nueva visión, hace falta una nueva ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que la recoja, porque el problema no es tanto de función como de estructura. Encontrará el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poner en relación las políticas de seguridad y las políticas sociales, aspecto en el que hacemos hincapié en
todas nuestras comparecencias y en nuestro programa electoral, porque lo que hay que hacer es desarrollar políticas para prevenir los delitos, políticas que ataquen la raíz de los problemas, pues la protección pública comienza por un buen desarrollo
social. Además, es un ámbito que en los últimos años de Gobierno del Partido Popular ha sido altamente abandonado. Por tanto, habría que hacer mucho hincapié en ese aspecto, en esas medidas concretas y necesarias bajo una voluntad política que
está en sus manos.
Respecto a la política antiterrorista, es necesario hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Los resultados lo ponen de manifiesto.
Hay que ir a los orígenes del problema, no cuando ya nos encontramos con el delito consumado.
Habrá que buscar cauces eficaces de cooperación interministerial e interinstitucional en los cuatro bloques: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal. No debemos olvidar, por supuesto, el terrorismo de ETA, que no ha terminado. Nos
encontramos ante un momento óptimo para buscar nuevas vías, salidas dialogadas a este conflicto. Quizás el término de diálogo está muy manoseado y hay que buscar el de vías pacifistas, si se quiere, pero sería necesario abrir nuevas vías de
resolución del conflicto buscando nuevos interlocutores en la sociedad vasca. No me puedo extender en este campo, que sería infinito, pero sí quería apuntar que espero que este nuevo Gobierno no se cierre la puerta ante nuevas vías de solución de
este terrible conflicto.
Es necesario que se hagan reformas legales en los centros de internamiento de extranjeros, que se han convertido -como ya le comuniqué al ministro del Interior- en pequeños guantánamos al margen de la legalidad, donde se vulneran derechos,
no hay ningún control judicial y ni siquiera hay un reglamento, que sería necesario, que regule la estancia de estos extranjeros. Además de esa situación que están padeciendo, nos encontramos con los métodos para capturar a estas pequeñas pateras
que son de madera, que son muy débiles y aparecen las lanchas que con el oleaje hacen que los inmigrantes, que lo único que están buscando es un poco de esperanza para su vida, caigan todos al mar, que algunos se levanten, que están desorientados...
Estaría bien que se formara a la gente y se actuara para que no tuvieran que sufrir estos ataques que ponen en peligro su integridad física.
Volviendo al sistema policial, no funciona. En el sistema policial español tendemos a detener a las moscas pero dejar pasar a los elefantes. En cuanto a las cifras de criminalidad, por una parte, se denuncia una de cada cinco infracciones,
después hay muchas denuncias con autor desconocido que no se investigan. Todo eso nos lleva a un panorama borroso y desenfocado. Necesitaríamos conocer mejor cuál es la realidad para buscar métodos contra esta situación. Necesitamos más medios,
más formación de los agentes y una formación adecuada que hasta ahora no están recibiendo. Los mismos agentes lo denuncian reiteradamente, demandan una formación adecuada para el desempeño de sus trabajos y una mayor contundencia para los delitos
fiscales, medioambientales o la seguridad laboral, que según los datos del informe anual del fiscal son los que han tenido un aumento espectacular y un alto grado de impunidad.
Lo mismo sucede, como ya ha sido comentado por el propio secretario,
con la proliferación del crimen organizado, las famosas mafias. España se ha convertido en un referente internacional del crimen organizado. Parece ser que hay más de 18.000 delincuentes en España vinculados a este tipo de mafias. Quizá será
porque España es un país óptimo para que proliferen estas mafias, y eso es lo que nos tenemos que plantear. Consideramos necesario un plan de actuación específico que
se debata en sede parlamentaria para actuar contra el crimen organizado.
Quizás uno de los motivos por los que se instalan con tanta facilidad en el Estado español es por la facilidad para blanquear el dinero. De esa manera legalizan el
producto de sus fechorías. Habría que atacar esta facilidad, para que no se diera y se instalaran menos en nuestro país. El sistema policial necesita una revisión. Hay que avanzar en el nuevo modelo de policía. En ese nuevo modelo no
compartimos, como ya hemos reiterado, el nombramiento de un militar como director general de la Guardia Civil. Nos encontramos con el mando único al que usted ha hecho referencia, que se supone que va a llevar a cabo una coordinación.
Entendemos
que no tiene ninguna repercusión operativa y esperábamos que fuera más hacia la unificación. Como sabe S.S., apostamos por un sistema policial acorde con una estructura federal del Estado, apostamos por la unificación entre la Guardia Civil y la
Policía Nacional, no tanta coordinación fallida hasta la fecha y humanamente -dicho por los propios agentes- imposible, porque son dos cuerpos distintos y no tienen posibilidades de coordinarse. Hay que trabajar por una verdadera unificación que
nos llevaría a incrementar la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, esperamos, como he dicho al principio de mi intervención, que cumpla sus compromisos en cuanto a la modificación del régimen disciplinario de la
Guardia Civil, que no se les aplique el Código Penal militar.
En cuanto a la regulación del asociacionismo, las condiciones laborales, los turnos de trabajo, a todos esos compromisos que se han llevado a cabo con los miembros de la Guardia Civil,
algo debe estar pasando porque la asociación unificada de la Guardia Civil está bastante insatisfecha con las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio. De hecho, parece ser que está en proceso la elección de los miembros del consejo superior
de personal y hay 30 provincias en las que no se ha presentado nadie. Antes se presentaban unas 1.250 personas y ahora 50. Todo esto es un mecanismo de denuncia y de presión que están utilizando porque no ven un cumplimiento de estos compromisos.
Desde aquí transmitimos esta denuncia al secretario de Estado y esperamos que no escondan la cabeza y afronten de una vez estas reformas, que son imprescindibles para los miembros de este cuerpo, que lo sufren en su situación personal y en el
desarrollo de su trabajo, en la cotidianidad. Las actuaciones deben ser urgentes y efectivas.
La señora PRESIDENTA: Señora, Navarro, le ruego vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CASILLAS: De acuerdo.
Nosotros entendemos que la crisis de los cuerpos policiales no se soluciona con más agentes -tenemos las ratios más altas, junto con Italia, de policía por número de habitantes-, sino con una mayor efectividad y, desde luego, con la
unificación; de ahí la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También nos preocupan las fuentes de la lucha contra el terrorismo, es decir, las escuchas telefónicas, el acceso a datos sensibles, los
seguimientos, las grabaciones masivas, etcétera. Se ha de proteger al ciudadano y queríamos saber qué valoración hace el secretario al respecto. Nos gustaría saber si las prioridades contra el terrorismo internacional van a suponer un reajuste en
la disminución de recursos en la protección contra ETA. Me gustaría manifestar nuestro desacuerdo con el pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que se desprecia además a otras opciones políticas
democráticas y legítimas, y es necesaria la firma urgente de un nuevo pacto que recoja todas las sensibilidades del Parlamento.
En cuanto a la violencia doméstica, en la que usted también ha hecho hincapié, nos preocupa trasladar una excesiva responsabilidad de las funciones policiales a los miembros de estas fuerzas cuando lo que están diciendo los criminólogos es
que hay que buscar otros enfoques, que era el origen del problema. Desde luego, la solución para actuar contra la violencia doméstica no es el aumento de plantilla. Así lo dicen también los miembros de la policía, que se sienten indefensos e
incapaces de ayudar a esas mujeres que efectúan las denuncias. Habrá que buscar soluciones, señor secretario, porque, si no, no estaremos cumpliendo con esta tarea que nos corresponde.
Por último, ya para terminar, quiero preguntarle qué sucede con las policías autonómicas, locales y las otras agencias con funciones policiales, si se va crear alguna multiagencia para coordinarlos o si se trata de la genérica obligación
interadministrativa; qué está sucediendo en estos ámbitos de la vigilancia aduanera, la inspección laboral, el urbanismo, etcétera.
Muchas gracias por su comparecencia, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor Camacho, mi grupo parlamentario le da la bienvenida a esta Comisión. Menos mal que se ha producido en el mes de septiembre porque parece que las declaraciones hipotéticas que ha hecho S.S. en este verano
han salvado la comparecencia de algún grupo parlamentario porque no sé si hubiesen sabido qué preguntarle.
Mi grupo parlamentario no quiere ni reproducir ahora la declaración y la intervención que tuvo cuando compareció el señor ministro ni adelantar posibles conclusiones de lo que deben ser las resoluciones y posibles recomendaciones de la
Comisión del 11-M en relación con un posible y futuro pacto de todas las formaciones políticas respecto del nuevo terrorismo internacional que nos gustaría que se pudiera llevar adelante.
Su intervención ha sido prolija, detallada, profunda y
esperanzadora para la seguridad de este país, que mi grupo parlamentario valora positivamente después de ocho años de políticas conservadores en materia de seguridad que
no han hecho más que incrementar la inseguridad en la percepción de todos los ciudadanos en relación con un tema tan sensible para sus vidas, haciendas y el ejercicio de su libertad. Los datos conocidos, tanto por parte del Ministerio del
Interior como por la Fiscalía General, a lo largo del día de ayer nos demuestran que tenemos un problema serio de inseguridad debido a las políticas conservadoras de los gobiernos anteriores, en los que al haberse desarrollado políticas erráticas en
materia de seguridad ciudadana, disminución de efectivos del orden de casi 15.000 personas en los últimos ocho años y una disminución en la presión presupuestaria en relación con las políticas de seguridad pública -al pasar de un gasto en seguridad
del 0,63 por ciento del PIB en el año 1996, al 0,52 en 2004-, lo que ha significado que para haber mantenido este gasto público en porcentaje del PIB se tendrían que haber gastado -que se han dejado de gastar- aproximadamente 4.200 millones de
euros.
Esto repercute en políticas, en plantillas, en actividad y en eficacia.
Por eso, señor Camacho, valoramos muy positivamente el primer anuncio que ha hecho la Secretaría de Estado de Seguridad de comprometer el esfuerzo del Gobierno en los
próximos Presupuestos Generales del Estado en políticas de seguridad pública: en el aumento de plantillas, en el aumento de medios y en el aumento de gasto corriente para las políticas de seguridad.
Hablaba de nuevas plazas y de mejor formación, lo que nos llena de satisfacción porque creemos que efectivos con más formación, unido a una mejor dirección y coordinación, deben ser garantías para mejorar la seguridad pública de este país y
de los ciudadanos; formación que anunciaba en cuanto a la mejora de la eficacia y de los medios de la escuelas tanto de formación de Guardia Civil como de Policía Nacional, pero sobre todo mejora de los contenidos. Estos contenidos nos preocupan
en cuanto a dos objetivos básicos: incrementar el estado de la formación, los nuevos medios y, sobre todo, ir avanzando en unificación de formación entre ambos cuerpos policiales; objetivo estratégico también surgido del CEMU, el Comité Ejecutivo
del Mando Unificado. Esperemos que esto nos lleve en el futuro a una escuela unificada de formación en grandes temas que tienen que ver con los grandes problemas, en donde el nuevo terrorismo es una pieza fundamental, como estamos viendo todos los
ciudadanos de este país y los ciudadanos no solamente de la Unión Europea, sino de otros países de nuestro entorno más próximo. Por eso, señor Camacho, quiero manifestar nuestra satisfacción por escucharle que la máxima preocupación y el primer
objetivo del Gobierno es seguir luchando contra el terrorismo, contra todo tipo de terrorismo, contra el autóctono y contra el internacional de nuevo cuño que se ha instalado, temporalmente esperemos, en España; contra el más radical y sanguinario,
pero también contra el de baja intensidad, que sin alcanzar en estos momentos las cuotas del pasado, algunos datos demuestran que puede haber signos preocupantes de un cierto relanzamiento. Los hechos de violencia callejera, actos violentos contra
personas -concretamente ayer contra un ertzaina en una localidad del País Vasco-, contra sedes de partidos políticos en el País Vasco, concretamente el nuestro, son síntomas de un cierto rebrote que nos gustaría que se tomara muy en serio y estoy
convencido de que así se hará en la política de seguridad.
La lucha contra el terrorismo de ETA está bien enfocada, de tal forma que la continuidad en la estrategia política del Pacto por la libertad y contra el terrorismo, de la política de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de las policías autonómicas va en la buena dirección, pero, efectivamente, tenemos un problema que ha golpeado a la sociedad española, y con especial dureza a la sociedad madrileña, como es el terrorismo de nuevo cuño. Todos los expertos y
la lógica consideran que información, inteligencia y coordinación operativa es una tríada importante, bandera de la lucha contra este tipo de terrorismo.
Esperamos mucho del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que no va a ser solamente
un instrumento más, sino la pieza fundamental en coordinación con el CEMU para desarrollar políticas de estrategia contra este tipo de terrorismo. Por lo tanto, coordinación y cooperación. Nos parece positivo el anuncio que ha hecho S.S. desde la
Secretaría de Estado de colaboración con los países de la Unión Europea, con el Magreb y con instituciones ya existentes como Europol, Interpol, así como la coordinación de los servicios de información. Nos preocupa la financiación del terrorismo
internacional, de este terrorismo nuevo que puede tener ramificaciones en la delincuencia organizada en España, que debe ser atajada por esos medios de especialización y de coordinación que ha explicado S.S. como el segundo gran objetivo en la
lucha contra la delincuencia organizada, pero también con la financiación internacional.
Es verdad que en el año 2003 se aprobó en el Congreso de los Diputados una ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, pero quisiera
preguntarle si se está desarrollando eficazmente, si se han puesto en marcha los organismos de coordinación y si cree positiva su actual configuración para luchar contra la financiación del terrorismo internacional.
Nos ha hablado de medidas de fomento en la coordinación contra la criminalidad organizada. En este sentido, la pequeña delincuencia, la delincuencia urbana, que tiene su lógica y su desarrollo en el mundo urbano y a veces en el mundo rural,
debe ser combatida, fundamentalmente, con coordinación desde las juntas de seguridad. Señor Camacho, quiero preguntarle si piensan elaborar pronto el reglamento de las juntas de seguridad, que está sin realizar todavía, como mecanismo de
coordinación de políticas locales. También nos ha hablado de la mejora de los medios y de la creación de nuevas unidades. Efectivamente, creemos que los nuevos planes y los objetivos avanzados por el CEMU, que se deben desarrollar con políticas
operativas a corto plazo -unidad de fichero, banco de datos, coordinación,
etcétera-, deben ser piezas clave para el desarrollo de la lucha contra la delincuencia organizada y frente a los nuevos tipos de delito. Señor Camacho, querría preguntarle: ¿cómo se va a materializar el protocolo con la autoridad judicial
para el cumplimiento de las órdenes de protección y alejamiento para luchar contra la violencia doméstica? ¿Cómo se van a desarrollar los planes de cooperación y unidad de medios, bases de datos conjuntas y formación a los diferentes cuerpos de
seguridad? ¿Se ha establecido desde el CEMU algún calendario o estrategia a corto y medio plazo? ¿Se van a mejorar los sistemas operativos de la obtención de la información? En esta lucha contra la criminalidad organizada va a ser importante la
creación de comisarías en las ciudades de más de 30.000 habitantes. Si está en condiciones de hacerlo o, si no, posteriormente, quisiera que nos avanzara las líneas fundamentales del plan de infraestructuras de la seguridad elaborado desde la
dirección general.
Termino, señora presidenta, diciendo que planes objetivos, coordinación, etcétera, son piezas importantísimas para mejorar la seguridad, pero que una parte importantísima de toda esta estrategia son las personas, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Se ha dicho que estadísticamente partíamos de una situación bastante complicada en materia de seguridad y de un cierto grado de deterioro del servicio público de seguridad, con plantillas escasas y en muchos casos
desmotivadas, con problemas de representatividad sindical y social, que ahora algunos quieren que se arreglen en tres días como consecuencia de una estrategia política determinada. Estas son piezas fundamentales para animarle, señor Camacho, a
recomponer el diálogo con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, avanzar en la mejora de las condiciones laborales y económicas, eliminar anacronismos histéricos, quiero decir históricos -en algún caso pueden ser
histéricos- en determinados sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Espero que desde el diálogo y desde la colaboración se puedan ir superando estos problemas para mejorar el buen clima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Señora presidenta, termino diciendo al secretario de Estado que el Grupo Parlamentario Socialista, que apuesta por un servicio público de seguridad bien organizado, bien dirigido y bien financiado, va a colaborar con el ministerio en todos
aquellos proyectos legislativos y de operatividad destinados a mejorar el actual marco normativo y operativo de la calidad de la seguridad pública de los ciudadanos y que va a estar en todo momento en aquellos pactos y acuerdos que surjan entre las
fuerzas políticas y sociales en la defensa de la paz, de la libertad y contra todo tipo de terrorismo.
Le deseamos suerte, señor Camacho, en su gestión en la Secretaría de Estado porque sus éxitos serán la garantía de la paz, de la seguridad y de la libertad de todos los ciudadanos de este país.
La señora PRESIDENTA: Si la Comisión no tiene inconveniente, vamos a interrumpir la sesión durante un tiempo aproximado de tres minutos.
(Pausa.)
Reanudamos la sesión dando de nuevo la palabra al señor secretario de Estado para que conteste a las intervenciones de los distintos grupos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaino): Para fijar la posición de una manera más clara, creo que lo conveniente, aunque no sé si es lo habitual, es contestar a las preguntas que han formulado cada uno de los grupos.
A la señora Sánchez Camacho, del Grupo Popular, le agradezco el contenido y el tono de su intervención y sobre todo el ofrecimiento, que, como ya he señalado a lo largo de mi intervención, es en nuestra opinión absolutamente necesario, de
colaboración y de ayuda para intentar mantener unos índices de seguridad adecuados para los ciudadanos.
Por lo que se refiere a la valoración de planes que fueron puestos en marcha por anteriores gobiernos, creo que a lo largo de mi intervención he manifestado de manera clara que el Ministerio del Interior pretende sumar y no restar y pretende
aprovechar todo aquello que se haya podido hacer bien en la medida en que ello nos va a ayudar en nuestra labor de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero, como entenderá perfectamente S.S., hay muchas cosas que se hicieron en su momento
con las que no estamos de acuerdo. Por ello, al corresponder su gestión a un nuevo Gobierno, en la medida en que creamos -y así lo he manifestado a lo largo de la intervención- que eso puede suponer un valor añadido a favor de la seguridad de los
ciudadanos, las vamos a modificar.
Me pregunta S.S. si hay alguna previsión económica de todo aquello que se ha dicho en relación con plazas nuevas y nuevas obras en el seno de las academias de la Guardia Civil y de la Policía. Por lo que se refiere a la academia de Baeza
de la Guardia Civil, el Consejo de Ministros aprobó en el mes de julio el inicio de ejecución de un contrato para la construcción de edificios prefabricados que permitan aumentar el número de alumnos en la academia de Baeza. Hemos tenido que acudir
a la solución de edificios prefabricados porque no había nada previsto para permitir la entrada de nuevos alumnos y, por tanto, la salida de un mayor número de nuevos guardias civiles. Por ello ha sido necesario acudir a una fórmula que nos
permitiera tener esa infraestructura dentro de los plazos de tiempo suficientes para cumplir nuestro compromiso electoral, que es la presencia de más miembros de la Guardia Civil y de la Policía. El concurso está perfectamente presupuestado, son 19
millones de euros, y creo que va a ser posible, porque nos estamos esforzando todos, contar con la infraestructura necesaria para que existan aulas que permitan introducir más alumnos en las academias y que, por tanto, salgan más alumnos debidamente
formados para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.
También se están haciendo obras menores en Ávila para permitir el aumento del número de alumnos que pueden entrar en esa academia de formación del Cuerpo Nacional de Policía y, por lo tanto, para contar con más funcionarios perfectamente
formados y que puedan intervenir de forma positiva en el aumento de la seguridad de nuestros ciudadanos.
En cuanto a la previsión presupuestaria, es obvio que en los presupuestos de 2004, y en la medida en que no estaba previsto, no existe una previsión presupuestaria y de alguna manera hay que tirar de las partidas que estaban previstas bien
para gastos corrientes, bien para inversiones, y así permitir que el proyecto salga. Como S.S. tendrá ocasión de comprobar, en el momento en que se terminen de elaborar, se presenten y se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, todas estas
políticas tendrán el correspondiente sostén presupuestario.
Su señoría me pregunta sobre la naturaleza de las nuevas plazas, si son de nueva creación o si se han convertido plazas anteriores en plazas destinadas, por ejemplo, al terrorismo internacional; es decir, si hablamos del aumento de 150
plazas en el Cuerpo Nacional de Policía y de 150 plazas en la Guardia Civil. El 15 de junio se aprobó una ampliación del catálogo en la que -así se me ha transmitido por primera vez- las plazas eran nuevas: 150 nuevas plazas dentro del catálogo de
la Policía y 150 nuevas plazas dentro del catálogo de la Guardia Civil, y no se transformaban las plazas previamente existentes en plazas destinadas a servicios de información y, por tanto, destinadas a la lucha contra el terrorismo internacional.
¿Por qué esto es así? Porque nuestra política es la de no rebajar tensión en la lucha contra el terrorismo; es decir, vamos a añadir, no vamos a restar, no vamos a transformar lo que ya se está haciendo, sino que vamos a incrementar el esfuerzo de
los servicios de información en un nuevo ámbito que se ha planteado como problemático, pero sin que eso suponga, de ninguna manera, rebajar la tensión, por ejemplo, en lo que ha sido tradicional en la lucha contra el terrorismo de ETA en los últimos
años. Por tanto, se trata de nuevas plazas con carácter absoluto, no se ha transformado ni se ha restado ninguna plaza, sino que se han sumado. De la misma manera, las plazas del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista son nuevas y no se
han transformado plazas ya existentes en los catálogos de la Policía y de la Guardia Civil, por la misma razón.
Por lo que se refiere al incremento retributivo, evidentemente constituye un objetivo de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior e incluso del Gobierno, y así se ha puesto de manifiesto públicamente, pagar el
trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de forma adecuada al esfuerzo que desarrollan y sobre todo al resultado de su actividad, que todos debemos convenir en que es altamente positivo. Por lo tanto, en el momento en
que sean traídos a la Cámara y se aprueben los Presupuestos Generales del Estado se comprobará que sí se ha hecho un esfuerzo presupuestario por el Ministerio del Interior con la finalidad de hacer frente paulatinamente a las reclamaciones
salariales que durante tantos años han venido manteniendo estos cuerpos.
Me ha resultado un poco preocupante lo que ha dicho S.S. sobre las transcripciones de mis conversaciones con los sindicatos policiales y con las asociaciones de la Guardia Civil. Nosotros mantenemos una política de plena transparencia, y
si S.S. hubiera tenido un interés especial, la hubiéramos invitado a esas reuniones. Es obvio que me he reunido, además me reuní la primera y la segunda semana después de tomar posesión de mi cargo, porque creía que tenía algo que decirles, y era
que tuvieran una absoluta confianza en que lo que constituían los objetivos del programa electoral iban a ser cumplidos y que si yo había ido a la Secretaría de Estado de Seguridad era para cumplir esos compromisos recogidos en el programa
electoral. Además, la reunión también se producía porque yo creo que los sindicatos y las asociaciones pueden proporcionarnos mucha información acerca de cuál ha de ser el camino correcto en la gestión de la seguridad de este país. Por lo tanto,
creo que ambos estamos de acuerdo en la necesidad de contar con los sindicatos y asociaciones para la política de seguridad que pretenden desarrollar el ministerio y el Gobierno.
Por lo que se refiere a la materia del terrorismo, quiero agradecer nuevamente a S.S. su apoyo a nuestra política antiterrorista, y no es el único miembro del Partido Popular que ha manifestado su apoyo pública y privadamente. Creo que
esta no es una política de Gobierno pues desgraciadamente en este país es una política de Estado y cuanto más sumemos, mejor nos enfrentaremos a un problema que se ha intensificado en algunos ámbitos en los últimos tiempos.
En cuanto a los nuevos efectivos para la lucha contra el terrorismo internacional, la respuesta está dada: son nuevos policías, nuevos guardias civiles, y no hemos transformado nada. La distribución territorial de los nuevos efectivos no
se ha hecho al albur del criterio del secretario de Estado de Seguridad, que puede ser más o menos acertado, sin contar con datos. Previamente hemos hecho un mapa y hemos determinado cuáles son los centros que podrían ser problemáticos desde el
punto de vista de esta nueva forma de terrorismo, tratando de realizar la distribución de acuerdo con las necesidades que tal terrorismo plantea.
Así, no se han tenido en cuenta solamente las localidades que ha mencionado S.S., sino también otras
zonas del país que todos conocemos y que se encuentran en situación especial o, si quiere, deben ser objeto de especial interés para los servicios de información.
Yo también he leído lo que ha aparecido en la prensa sobre la reducción de efectivos policiales en la frontera entre Francia y España y los problemas que podría plantear. Confieso a S.S. que no entendí exactamente el sentido de la noticia
porque, como S.S. sabe perfectamente, estamos dentro del espacio Schengen, de modo
que las fronteras exteriores a nuestro espacio territorial de la Unión Europea no se encuentran entre Francia y España sino en otros sitios: los países del Este, por ejemplo, entran en el espacio Schengen a través de Alemania. Los
controles fronterizos entre Francia y España no son tan intensos como serían si se tratara de una frontera exterior a la Unión Europea, como S.S. sabe perfectamente. Pedí toda la información sobre la noticia, y tengo que decir que no se ha
producido ninguna reducción permanente de los efectivos policiales que están en esa frontera.
Convenimos todos en que se trata de una frontera especial, no de una frontera exterior a la Unión Europea, de modo que los controles no deben hacerse
necesariamente allí sino en aquellos lugares que marcan la frontera exterior del espacio Schengen.
Por lo que se refiere a manifestaciones públicas, convengo con usted en que es necesario que un secretario de Estado sea responsable y prudente en todo tipo de manifestaciones públicas. Y paso a explicarle ahora mis declaraciones del 12 de
agosto, qué es lo que pretendía decir y qué es lo que parece que desgraciadamente no se extendió de mi mensaje. La pregunta era muy concreta: si los acontecimientos que se habían producido en San Sebastián, creo recordar que el día anterior,
suponían un repunte de la kale borroka. En la respuesta no me guiaba sólo mi criterio sino también el de especialistas en la materia, y vine a decir que la kale borroka es terrorismo, violencia callejera, que es execrable y que por lo tanto se lo
digo en este momento vamos a mantener la máxima tensión para evitar ese tipo de actos. Nadie que haya visto las imágenes en televisión puede pensar que un secretario de Estado manifieste que no eran de kale borroka. Eso no es lo que yo dije; dije
que deberíamos esperar a que pasara el tiempo para llegar a la conclusión de que eso suponía un repunte del fenómeno que nos ha planteado muchos problemas durante los últimos 10 años, como usted perfectamente conoce. Habría que esperar, por tanto,
un tiempo para decir que había un repunte notable de la kale borroka; sobre todo porque si acudimos a los datos vemos que los acontecimientos kale borroka del mes de agosto de este año se han reducido respecto a los del año anterior, y de la misma
manera que 10 ó 12 casos de meningitis no constituyen una epidemia, yo no quería trasladar a los ciudadanos la preocupación de que nos encontrábamos otra vez con el fenómeno kale borroka tal y como ocurría hace cinco o seis años, incluso tres.
Cuando hablaba de la organización no me refería a la del acto en concreto, sino a que el fenómeno kale borroka como tal, como una forma de terrorismo que es, evidentemente, conlleva una cierta planificación de acontecimientos y dije que
deberíamos esperar a ver qué es lo que sucedía durante el mes de agosto antes de hablar de repunte. Por lo tanto, en ningún momento el secretario de Estado de Seguridad piensa que la kale borroka no es terrorismo, en ningún momento quería reducir
la importancia o intensidad del caso concreto de ese día en San Sebastián, porque además lo oí por televisión, como creo que todos los ciudadanos, sino que no quería transmitir que esa iba a ser una situación que nos iba a complicar la vida de la
forma tan intensa como nos la complicó hace unos años.
Después, los datos del mes de agosto ponen de manifiesto que, desgraciadamente, el fenómeno continúa, pero que no se puede hablar de repunte. Creo que en la utilización del vocabulario hemos
de ser -yo el primero y todos los demás detrás- especialmente cuidadosos y que no se puede preocupar innecesariamente a la ciudadanía hablando de repuntes, sí de violencia callejera, sí de terrorismo, pero no de un fenómeno que pudiera ponerse de
manifiesto con nuestro lenguaje que iba a ser continuado todos los días del mes de agosto. En todo caso, le transmito que hay no solamente la intención del secretario de Estado, sino también instrucciones dadas a los cuerpos de la máxima tensión,
de la máxima inversión policial para evitar, prevenir y de alguna manera impedir que los ciudadanos se encuentren sometidos a imágenes como las que vimos todos ese día. Por otro lado, no tengo ninguna duda -y aquí soy especialmente sincero- de que
ese acuerdo va a ser fácil con todos los diputados y diputadas que están aquí presentes y que, en definitiva, no vamos a entrar en polémicas artificiales sobre declaraciones que o no han sido bien matizadas por quien las ha hecho o no han sido bien
interpretadas, porque esas polémicas son estériles. En definitiva, al único que beneficia es al autor de los hechos, a la persona o personas que quieren complicarnos la vida con ese tipo de actos y que quieren complicársela a los ciudadanos.
Por lo que se refiere a la reducción de escoltas, estoy de acuerdo con usted en que no ha de ser un tema de debate, y porque no ha de serlo no encontrará ni una sola manifestación pública del secretario de Estado en relación con esa
cuestión. No me he manifestado hasta este momento ni a título privado ni a título público ni delante de ningún medio de comunicación en relación con una presunta o posible reducción o aumento de las escoltas. Estoy de acuerdo con S.S. en que ese
es un debate que tiene unas características muy especiales. Estamos hablando de la seguridad de muchas personas, y por lo tanto, aparte de que lo que pretendemos es racionalizar el sistema, conceder un sistema de seguridad a todas aquellas personas
que se encuentren en riesgo y hacer los cambios que han sido habituales a lo largo de este tipo dependiendo de la modificación de las situaciones de riesgo, no vamos a ir más allá. Pero no he hecho ni pienso hacer ninguna manifestación pública,
porque estoy de acuerdo con usted en que este tipo de debates sólo puede plantear problemas.
Por lo que se refiere a la autoría intelectual, siento que tenga que matizar mis declaraciones, porque yo las he visto modificadas a lo largo del tiempo respecto a lo que yo dije, lo que publicó el medio y lo que después se reitera en algún
medio de comunicación. Yo dije que en el terrorismo internacional, por desgracia, no podíamos llegar -coma-, hasta sus últimos extremos -coma-,
a todos los aspectos de la organización. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Pues que el terrorismo internacional tiene unas características, una morfología, un contenido distinto al del terrorismo al que desgraciadamente venimos
sometidos desde hace más de 30 años, el terrorismo de ETA. Se trata de un terrorismo que, como he manifestado en mi intervención, se relaciona a nivel mundial a través de las facilidades que proporcionan las vías de comunicación. Ya se ha puesto
de manifiesto en algunas detenciones que determinadas personas que pudieran estar implicadas con este tipo de terrorismo antes o después han estado en países como Francia, Italia, Bélgica. La financiación proviene en algunas casos de países del
sudeste asiático. Lo que quiero poner de manifiesto es que no se puede deslegitimar la eficiente, eficaz, rápida y completa investigación policial que se ha llevado a cabo, dando la sensación de que todavía queda mucho por investigar.
Evidentemente, quedan flecos, extremos de la investigación que es importante cerrar, pero no se puede generar la idea de que queda tanto por hacer que no es nada importante lo que se ha hecho, puesto que en todos los ámbitos nacionales e
internacionales, en todas las reuniones con especialistas en seguridad, en todos los países que están preocupados por este tema, la sensación que se tiene por el tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tardado en desentrañar el
núcleo de los desgraciados acontecimientos del 11-M es de asombro. Asombra la eficiencia, la rapidez y lo completo de la investigación en el tiempo en el que se ha desarrollado. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que la organización de este
tipo de terrorismo es desestructurada -algunos hablan de tela de araña- y probablemente determinados matices no pueden llevarnos a pensar que no se ha investigado y que no se ha conseguido un éxito policial en la investigación del 11-M. Por lo que
se refiere a la autoría intelectual, no tengan ninguna duda de que el seguimiento de cualquier indicio que exista y que pueda dar lugar a alguna investigación será apoyado desde la Secretaría de Estado, pero no olvidemos que la investigación la
dirige un juez y que nosotros estamos destinados a proporcionarle los medios necesarios para que se lleve a cabo esa investigación, y lo vamos a hacer sin ninguna duda. Y en cuanto a la cooperación internacional, han sido muchos los encuentros que
he mantenido durante los cinco meses que llevamos de Gobierno. Son muchos los acuerdos, muchas las visitas, nos hemos relacionado con todo aquel que tenía algo que decirnos y vamos a continuar en esta línea.
Respecto a la intervención de la señora Lasagabaster, también quiero agradecer la colaboración. He dicho en mi intervención que la colaboración es absolutamente necesaria porque soy ferviente creyente de esa idea. Sin la colaboración de
todos la labor que tiene que cumplir la Secretaría de Estado de Seguridad no va a ser tan efectiva que lo será si todos llegamos a acuerdos en aspectos básicos.
Por lo que se refiere al control judicial del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, es obvio que es una cuestión que me debería preocupar si dicho centro tuviera un diseño distinto del que tiene, pero, tal y como está pergeñado en
la orden de creación, este no es un centro operativo. Eso quiere decir que todas aquellas intervenciones telefónicas que puedan producirse, todas las entradas en domicilios, todas las excepcionalidades que puedan producirse en el seno de la
investigación policial y que afecten a derechos fundamentales serán autorizadas por los jueces previa petición del cuerpo que la efectúe. Lo que el centro pretende es coordinar esas investigaciones, obtener información, pero siempre dentro del
marco legal, y permitir dar una respuesta adecuada a la situación de terrorismo. La información, evidentemente, se va a obtener a través de bases de datos que están dentro del sistema legal, dentro de la legislación en materia de protección de
datos, y lo que estamos estudiando ahora son los problemas jurídicos que puedan plantearse. Es obvio que el Ministerio del Interior tiene intención de que todo lo que se produzca en materia de política antiterrorista esté en el marco de una
sociedad democrática y por lo tanto de acuerdo con los requisitos legales, con el control judicial en aquellos supuestos en los que sea necesario y con la intervención de los jueces si así lo impone la naturaleza de la investigación.
En cuanto a los aspectos relativos a la Ertzaintza, en mi intervención he puesto de manifiesto que estamos dispuestos a cooperar, que consideramos un punto importante en una política de seguridad integral las policías integrales que se
encuentran en los distintos territorios de nuestro país, y que nuestra intención es avanzar y considerar una columna importante de nuestra política de seguridad la coordinación, la colaboración y el acuerdo con las policías integrales de este país
y, evidentemente, también con la Ertzaintza.
Respecto a la lucha contra el terrorismo internacional, ha citado expresamente al presidente del Comité Antiterrorista de Naciones Unidas.
Yo ya he estado reunido con él poco antes de que viajara a Estados Unidos a tomar posesión de su
cargo, y no solamente le he ofrecido la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad, sino de todo el Gobierno, y no tengo dudas de la colaboración de todas SS.SS. a que vaya adelante una función tan importante como es que desde las
Naciones Unidas se dé una respuesta a este tema. Además de haberme reunido con el señor Rupérez, también me he reunido, por ejemplo, con el embajador que preside el Comité de las Naciones Unidas en el asunto de Al Qaeda, a efectos de coordinar
nuestra actividad. Por lo tanto, uno de los que han de ser pilares importantes en la lucha contra el terrorismo, que es la cooperación internacional, debe continuar yendo hacia delante porque el esfuerzo de todos nos permitirá luchar contra la
amenaza terrorista que nos afecta a todos.
Coincido con la intervención de la señora Lasagabaster en relación con la seguridad privada y con la
importancia -y así lo he manifestado en mi intervención- que tiene que el Estado lleve a cabo las funciones que le son propias en cuanto al control de la eficacia, eficiencia y regularidad en el funcionamiento de estas empresas de seguridad
privada. En cuanto a medidas legislativas, la modificación de la prisión provisional no entra dentro de las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, que corresponde a otro departamento ministerial. Por lo tanto, creo que no debo
pronunciarme sobre la citada cuestión.
Respecto a la intervención del señor Mardones, le agradezco su saludo y su anuncio de cooperación en una política en la que todos estaremos de acuerdo en que los máximos consensos siempre nos van a llevar a un mejor resultado. Comparto su
preocupación por el SIVE, se está ejecutando; es un programa que comenzó el anterior Gobierno y que nosotros vamos a seguir ejecutando, por las noticias que tengo ya están desplegadas en Canarias cuatro estaciones fijas y tres móviles y vamos a
intentar -porque está demostrando ser eficaz- que ese Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho funcione. Por consiguiente, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que funcione. Por lo que se refiere a la cooperación marroquí creo que
está funcionando de una manera adecuada; sí funcionan esas patrullas mixtas en barcos para el control de la inmigración; desde el punto de vista del terrorismo funciona de una forma adecuada la colaboración con Marruecos y esa es la única manera
desde la que podemos luchar contra determinados aspectos del terrorismo, ya que necesariamente tienen que ser fruto de políticas comunes de todos los países que están afectados por este problema.
Me preocupan, lo mismo que le preocupan a usted, las plantillas, no sólo en Canarias, sino en la comunidad andaluza, en Barcelona, etcétera. Hemos asistido en los últimos años a una política que ha propiciado que en este momento las
plantillas no estén completas. Hay que hacer un esfuerzo suplementario, hay que ampliar Baeza para que entren más alumnos, de forma que los puestos de los guardias civiles que todos los años abandonan el catálogo por jubilaciones, pases a la
reserva y otras circunstancias puedan ser cubiertos. Esperemos que en pocos años contemos con los guardias civiles y policías suficientes para permitir que esos catálogos que nos preocupan a S.S. y a mí puedan estar ampliamente llenos. No
desconfíe de que hacemos un esfuerzo casi diario por intentar distribuir lo que tenemos para que esos catálogos, que no pueden ser llenados porque no existe suficiente policía ni suficiente Guardia Civil, sean completados al cien por cien. De todas
formas, el problema canario me preocupa, y tanto que mi primer viaje fue a Lanzarote. Me reuní con el Cabildo insular, donde me transmitieron la problemática. Soy consciente de cuál es la problemática de Canarias. Trataremos de trabajar en la
línea de llenar esos catálogos en la medida en que el número de policías y de guardias civiles nos lo permita.
Por lo que se refiere al tema de prisiones, por cortesía gubernamental, y dado que depende de la directora general de Instituciones Penitenciarias, que va a comparecer en esta Comisión, no me voy a pronunciar sobre cuestiones que son objeto
de su competencia.
Evidentemente, también estoy de acuerdo con los esfuerzos para lograr una mayor participación, una mayor transparencia y una mayor colaboración de la Guardia Civil y de la Policía en la función que nos compete.
Por lo que se refiere a la intervención de la señora Navarro, por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde, quiero corresponder a su agradecimiento por mi presencia aquí y quiero agradecerle la colaboración que me ha ofrecido, igual que
todos ustedes. No tenga ninguna duda; nada hay más alejado de mi carácter que el triunfalismo o el deseo de crear cortinas de humo. Esa no es mi forma de ser y no creo que ningún responsable público deba hacer esa política de triunfalismo, sobre
todo en materia de seguridad, por tanto no tenga ninguna duda de que yo no la voy a hacer. Estoy de acuerdo con usted y comparto que las políticas de seguridad no pueden ser sólo políticas dirigidas desde el Ministerio del Interior. Yo hablo de la
política de seguridad desde el Ministerio del Interior porque los demás ámbitos (los de prevención, los de intervención previa para evitar los hechos y los de asistencia) corresponden a otros ministerios, y nada más lejos de mi intención que
introducirme en ámbitos competenciales que no me corresponden; sin embargo, estoy de acuerdo con usted con que una política de seguridad adecuada no solamente puede bascular sobre el Ministerio del Interior y sobre la Secretaría de Estado de
Seguridad, y lo he defendido y lo defenderé desde mi secretaría.
Aunque comparto con usted ese análisis de lo que debe ser una política de seguridad, no comparto su análisis acerca del diálogo con la banda terrorista ETA. He dicho, y creo que he
sido especialmente claro, que nuestra política antiterrorista se mueve en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, y en ese acuerdo está muy claro que esa no es la vía ni tampoco va a serlo en el futuro.
Por lo que se refiere al centro de internamiento de extranjeros, puedo compartir de alguna manera con usted que hay determinadas carencias que deben ser suplidas, lo que no puedo compartir es que sea el Guantánamo español, porque hay
características muy diferentes y estamos ante gobiernos y sociedades muy diferentes.
Coincido con usted en que es necesaria una política contundente en áreas como la seguridad laboral y el medio ambiente; no podría ser menos si tenemos en cuenta mis antecedentes profesionales. Debemos reconocer los esfuerzos que en
determinados cuerpos se hacen en materia de medio ambiente. El ejemplo de la Guardia Civil, el ejemplo del Seprona, es un ejemplo a seguir, es un cuerpo modélico en esa actividad; vamos a tratar de incidir en aquellos aspectos positivos de la
actividad del Seprona dentro de la Guardia Civil.
Evidentemente, tengo una especial sensibilidad con el tema de la Guardia Civil. Como le he dicho a la señora Sánchez-Camacho, me he reunido con todos los sindicatos y asociaciones que tienen representación en el seno de la Policía y de la
Guardia Civil y he oído directamente las críticas de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Lo que vine a decir en esas reuniones fue que prefería que se me llamara por teléfono ante situaciones que ellos entendían complicadas y que se me
trasladara la problemática que se producía. La idea que le he transmitido al presidente de la AUGC se la transmito a usted. Llevamos cinco meses de Gobierno, el programa electoral es un programa pensado al menos para cuatro años; hemos empezado
con la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y estamos también con la tramitación de la modificación del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Las labores bien hechas requieren del tiempo suficiente para reflexionar,
pensar y ponerlas en marcha, y ese tiempo es el de la legislatura. Por tanto, debemos esperar un tiempo para presentar un trabajo bien hecho en determinados ámbitos, sin perjuicio de que ya esté constituida la comisión que ha de estudiar cuáles han
de ser los cambios que han de afectar al régimen disciplinario de la Guardia Civil.
Como no he estado de acuerdo con usted en dos cuestiones, voy a terminar estando de acuerdo en el tema de la violencia doméstica. El problema de la violencia doméstica no es sólo un problema de plantillas, es un problema que debe ser
tratado desde un punto de vista integral. El proyecto de ley que ha sido presentado por este Gobierno contempla ese tratamiento integral por distintos ministerios que tienen competencias en el tema. No es sólo necesaria la reacción, es necesaria
la prevención, una adecuada asistencia, y esa es la línea que debemos seguir para hacer frente al grave problema de la violencia doméstica.
Por lo que se refiere a la intervención del Grupo Socialista, es obvio que también he de corresponder a sus agradecimientos y a lo que de positivo ha entendido el diputado que representa al Grupo Socialista en la intervención del secretario
de Estado. Es obvio que nos preocupa la financiación del terrorismo, y porque nos preocupa es por lo que hemos reactivado la comisión de vigilancia de financiación de actividades terroristas. Como todos ustedes saben, esta comisión se creó por una
ley del año 2003 que, sin embargo, sólo se reunió en dos ocasiones, la última en octubre de 2003, cuando se planteó la necesidad de hacer entre otras cosas un reglamento de funcionamiento de la comisión. Desde octubre no se ha reunido hasta que la
hemos retomado en el mes de julio de 2004. Como saben, es una comisión en la que interviene el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el servicio ejecutivo del
Banco de España.
Hemos planteado la necesidad de hacer un reglamento lo más rápidamente posible. Se ha trabajado durante el mes de agosto en ese reglamento y en la semana próxima nos reuniremos para ver el proyecto y las enmiendas que han hecho
todos los intervinientes. Estoy de acuerdo en que una de las formas de luchar contra el terrorismo es luchar contra la financiación del terrorismo; creo que ha sido puesto de manifiesto en nuestra historia de lucha contra el terrorismo y que es
especialmente complicado en el ámbito del terrorismo internacional por ese mundo de relaciones internacionales. Comisiones como a la que estamos haciendo referencia son fundamentales para romper uno de los mecanismos que permiten que el terrorismo
pueda seguir funcionando.
Por lo que se refiere al reglamento de las juntas de seguridad, uno de los principios que presiden la actuación del Ministerio del Interior es la necesaria coordinación no sólo entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, sino de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas y también con las policías locales. Por lo tanto, vamos a intensificar, vamos a proteger las juntas de seguridad. A nivel autonómico se ha celebrado ya una en Cataluña y
pretendemos celebrarla en el País Vasco e incluso hacer reuniones de coordinación en aquellos territorios autonómicos que no tienen policías propias. También es absolutamente necesario hacer frente a una adecuada coordinación con las juntas de
seguridad locales, es decir, hemos de conseguir que se coordinen también las policías locales. En este sentido estamos elaborando un reglamento que nos permita que esa coordinación pueda llevarse de una manera adecuada.
El protocolo relativo a la orden de protección se elaboró en la Secretaría de Estado, en el propio despacho del secretario de Estado, con la intervención de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de los
gabinetes que dependen del secretario de Estado, se aprobó por la comisión de implantación de la orden de protección, se aprobó por el comité técnico de la Comisión nacional de coordinación de Policía judicial a finales del mes de julio; se ha
dictado ya una instrucción por parte del secretario de Estado de Seguridad trasladando el contenido de ese protocolo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se pretende trasladar también el contenido a los delegados y subdelegados del
Gobierno. En definitiva, lo que pretende la Secretaría de Estado de Seguridad es conseguir que la actuación eficaz de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se coordine con eficacia con la actuación eficaz del Poder Judicial en esta materia,
para permitir garantizar a las personas que se encuentran dentro del ámbito de la orden de protección que la respuesta que da la Administración en cada momento sea una respuesta rápida, eficaz y eficiente.
Por lo que se refiere a las bases de datos, es uno de los objetivos del CEMU. Consideramos necesario, y así lo he manifestado a lo largo de mi intervención, que el acceso a la información sea en tiempo real por parte de todos aquellos que
lo requieran, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, respetando sin duda
el marco legal y el marco que establece una constitución y una sociedad democrática como la nuestra. En la medida en que constituye un objetivo prioritario del CEMU, se han creado ocho subcomisiones que están encargadas de analizar toda la
problemática jurídica y técnica de la utilización de esas bases de datos. Estas subcomisiones, a finales del mes de septiembre, nos van a adelantar de alguna manera cuáles han sido las conclusiones de ese trabajo para permitirnos avanzar y que el
sistema de coordinación en materia de información se ponga en pie lo más rápidamente posible.
Finalmente (siento volver a la intervención de la portavoz del Grupo Popular), los datos en materia de criminalidad sí se proporcionan de forma habitual. Probablemente no haya tenido acceso a ellos. Los traía para exponerlos en mi
intervención, pero entiendo que una exposición de una hora es especialmente pesada si se introducen determinados datos. Le ofrezco o bien la posibilidad de leer los datos de criminalidad en este momento o incluso de proporcionárselos. En general,
el conjunto de los delitos y faltas conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en sus ámbitos respectivos y en el período enero a julio, es decir, primer semestre aproximadamente, sumaron un total de 1 millón 106.294
infracciones, lo que representa un descenso del 2,6 por ciento sobre el mismo período del año anterior. Este buen comportamiento es general en toda España, salvo determinadas excepciones. La tasa de hechos esclarecidos, de los hechos denunciados y
que han sido investigados por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha subido dos puntos respecto a la tasa del año anterior, es decir, se han esclarecido más hechos de los que habían sido denunciados. Por lo que se refiere a los tipos
delictivos en concreto, las infracciones contra el patrimonio descendieron un 4,5 por ciento y destacan dentro de las infracciones contra el patrimonio los descensos de los robos con fuerza en inmuebles (menos 9,4 por ciento), los descensos en los
robos con violencia o intimidación (10,2 por ciento) y los descensos en las sustracciones de vehículos (11,5 por ciento). Los homicidios, que es algo que preocupa tanto a la sociedad en la que vivimos, también han conocido un importante descenso,
un 8,5 por ciento. Si a los datos de los cuerpos de seguridad sumamos los de la Ertzaintza y los de los Mossos d'esquadra, nuestra previsión es que el conjunto de la criminalidad en España finalice en el año 2004 con un descenso en torno al 1 por
ciento sobre el año 2003. Son unos datos positivos de los que debemos felicitarnos todos. De todas formas, quedo a su disposición por si creen necesaria alguna otra matización.
La señora PRESIDENTA: Supongo que los grupos querrán utilizar el turno de réplica. Los que así lo quieran tienen la palabra, empezando por el Grupo Popular. Haremos como antes, empezaremos por el Grupo Popular y seguiremos por los demás
grupos que quieran intervenir. Les daré la palabra, ahora sí, por un tiempo máximo de 5 minutos porque todavía nos quedan varios puntos del orden del día y no podemos terminar sino antes de que comience el Pleno.
Tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Intentaré ajustarme al tiempo ofrecido por la Presidencia.
Muchas gracias, señor Camacho, secretario de Estado de Seguridad, por la intervención que ha realizado aquí. Acaba de demostrar que no necesita el apoyo o la salvaguarda de ningún otro grupo parlamentario para la defensa de sus posiciones,
puesto que al hilo de la intervención de este grupo parlamentario ha matizado unas declaraciones que entendíamos extraordinariamente preocupantes y además ha procedido a esa rectificación. Lo ha hecho en el momento y en el tiempo oportuno porque
justo esta misma mañana el ministro del Interior estaba matizando su expresión con respecto a la kale borroka. Lo acaba de hacer en el Senado y afirmaba que usted cuando se refirió a esa forma desagradable de divertirse no se expresó correctamente
y no era exactamente lo que usted quería decir. Por eso, aunque ha llegado tarde esa rectificación matizada del secretario de Estado, era extraordinariamente necesaria que la hiciera. Hubiera sido mucho mejor para todos que no hubiera hecho esas
declaraciones, para los ciudadanos en concreto y sobre todo para el concepto y el entendimiento que el Gobierno tiene del terrorismo, de la kale borroka como terrorismo urbano, como terrorismo tipificado en el Código Penal y que además transmite a
la ciudadanía una situación no de alarma, sino en este caso de escándalo al oír la interpretación de sus declaraciones. Esas matizaciones son aceptadas por este grupo; esa rectificación se la había solicitado el Grupo Popular, y así se ha llevado
a cabo.
Siguiendo el hilo de las declaraciones que le habíamos mencionado, porque eran de extraordinaria preocupación, voy a hablar ahora de las relativas a los escoltas privados. Acaba de decir aquí que no ha hecho ninguna intervención en ningún
medio de comunicación y que comparte con este grupo el hecho de que este debate no sea un debate público. Estamos hablando de la libertad y de la vida de muchas personas (concejales del Partido Popular, del Partido Socialista y de muchos otros
partidos, miembros de la judicatura, personas del mundo del periodismo, etcétera) que pueden estar en situación de riesgo en este país. Pues bien, al menos las declaraciones que esta diputada tiene de EFE (se refieren a su persona y están
entrecomilladas) hacen alusión en este caso a que usted había decidido estudiar caso por caso las situaciones de riesgo (lo digo porque están aquí; si no, usted debería al menos pronunciarse al respecto) de los servicios de escolta que protegen a
las 5.000 personas amenazadas por terrorismo en España, con el objeto de racionalizar y optimizar ese servicio, y además solicita usted a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la realización de un mapa de riesgo. Están aquí, están
entrecomilladas. [El señor secretario
de Estado de Seguridad (Camacho Vizcaíno): ¿De qué fecha son?] Son de 26 de agosto de 2004.Parece ser que el ministerio tiene ahora una dirección general con rango de dirección general, lo que antes era la ORIS, la antigua oficina que
tenía rango de subdirección general. Como ustedes están dando tanta importancia a la información, a la transparencia y a la comunicación, sorprende que esta señoría le tenga que informar al señor Camacho de qué es lo que aparentemente se dice y se
hace en su departamento. Además usted debe procurar, para no generar alarmismo, que estas declaraciones no se produzcan, pero en el caso de que se produzcan se maticen, porque usted conoce muy bien que eso ha producido un debate en la sociedad
pública española y en los medios de comunicación, y ustedes deberían haberlo evitado o haberlo corregido.
Por el hecho que se refiere a las declaraciones sobre autoría intelectual, agradecemos sus matizaciones, sus correcciones. Entendemos que este Gobierno está en la línea de rectificar y corregir, en este caso declaraciones, pero estamos
acostumbrados ya a verlo desde en disposiciones y decisiones del Gobierno hasta en otros aspectos referidos a libros de texto, a CD, en muchas decisiones del Gobierno que son automáticamente rectificadas con posterioridad. En este caso usted está
rectificando declaraciones y se lo agradecemos, porque nos preocupaba enormemente que en un tema de la importancia de la tragedia del 11-M el responsable número dos del Ministerio del Interior dijera que se apostaba que no se iba a encontrar la
autoría intelectual. Esas eran las declaraciones que nosotros habíamos leído, que parece que usted ha matizado, lo que le agradecemos.
Le decimos, señor Camacho, que usted ha dedicado prácticamente la mayor parte del tiempo en la contestación a este grupo parlamentario a matizar esas declaraciones. Volvemos a reiterar que esperemos que no ocurra como ocurrió con el
ministro del Interior, que este grupo tuvo que calificar de frivolidad la actuación del ministro del Interior en algunas de esas declaraciones. Esperemos que no tengamos que volver a reiterarlas con respecto al número dos y que este ministerio
tenga la prudencia y la discreción que corresponden a unos temas tan importantes como la seguridad pública en este país y la lucha contra el terrorismo.
Vamos a algunas de las respuestas que usted ha aportado -muy rápidamente, señora presidenta- a la intervención de este grupo parlamentario. Con respecto al terrorismo y la lucha contra ETA y contra el terrorismo islamista volvemos a
reiterar, señor secretario de Estado, que usted no ha contestado a lo que le hemos pedido. Hemos visto en los medios de comunicación que ustedes ofrecen ese nuevo pacto, pero le he solicitado, en un tema de suficiente entidad como el que estamos
hablando, que usted fijara directrices, posiciones, porque no se pueden estar afirmando vaguedades o proyectos esperanzadores o ilusionistas cuando además tenemos un marco en el Estado de derecho y un marco de consenso, como es el Pacto de las
libertades y contra el terrorismo, que ha sido extraordinariamente eficaz en la lucha contra el terrorismo de ETA, y esperemos que lo siga siendo. Usted no ha contestado ninguna directriz, como tampoco lo hizo el ministro ni lo hemos sabido a
través de ningún otro medio. Le requeriríamos, señor Camacho, que lo pudiera hacer, al menos que intentara decirnos en qué línea prevén ustedes que ese pacto se pueda realizar.
Respecto al terrorismo usted apuntaba a que esas 150 plazas son nuevas. Le agradecemos al menos esa precisión, porque ahí sí ha precisado, aunque no ha precisado cuáles son los criterios territoriales de especialización, pero entendemos que
serán los criterios adoptados por el FEMO, aunque no ha aportado usted información alguna de por qué en la especialización de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto la formación continuada, no hay nada en este ejercicio 2005
sobre terrorismo; no ha precisado además con qué presupuesto va a hacer eso. Dentro de quince o veinte días van a poder entrar en esta Cámara los presupuestos, y usted debe conocer muy bien si tiene o no esas partidas presupuestarias para que
estos sean proyectos reales y no vender humo, vender proyectos que no van a ningún sitio y que no aportan nada a la ciudadanía española.
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, si no termina le tendré que retirar la palabra.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Esperemos que no sea así.
Para resumir, entendemos que la actitud y la actuación de este Gobierno en estos cinco meses está siendo en este caso de una profunda inactividad.
Querríamos que eso no fuera así, que ustedes corrigieran ese hecho, porque ustedes tienen
ahora un serio problema, y es que esos programas operativos que tanto han lanzado y que en su opinión son diferenciadores de la gestión de los gobiernos anteriores no están siendo presentados a la sociedad, no están siendo eficaces y no tienen ni
una dotación presupuestaria ni una realidad operativa.
Nos gustaría que eso no quedara en agua de borrajas y comprobar dentro de un mes aquí si verdaderamente usted puede acometer todas esas propuestas y reformas tanto en despliegue territorial como en muchas otras cuestiones que usted ha
apuntado.
Debido a la limitación del tiempo no vamos a poder tener un debate mucho más extenso, que sí que me hubiera gustado tener con el secretario de Estado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Navarro, también por un tiempo de cinco minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Seré más breve, señora presidenta.
En cuanto a los centros de internamiento de extranjeros no se me ha contestado cómo se van a cumplir las carencias que han sido reconocidas, qué se va a hacer para solucionar los problemas que hay, se les llame como se quiera. Aunque no se
quiere utilizar el término de pequeños guantánamos, se ha reconocido que hay un problema que solucionar; qué se va a hacer al respecto.
En cuanto a la violencia doméstica, no sé si es que no se me ha entendido bien. Lo que quería decir es que las funciones que corresponden a los policías que actúan en ese ámbito quizá no están suficientemente claras o no están ellos
preparados para realizarlas. En la actualidad los policías se encuentran con que la protección que les corresponde respecto a las víctimas no la pueden llevar a cabo. Quisiera saber cómo dentro de sus funciones se pretende dar soluciones por parte
de la secretaría. No me voy a otros ámbitos que sé que no son de su competencia y que se discutirán en las correspondientes comisiones.
Respecto a las mafias que están instaladas en nuestro país, deseo saber si se va a hacer algo en cuanto al problema del blanqueo de dinero que, como ya he comentado, es uno de los motivos por lo que somos tan visitados por este tipo de
organizaciones criminales.
Para finalizar, en cuanto al diálogo con ETA, yo no he dicho diálogo con ETA, sino la búsqueda de soluciones dialogadas o pacíficas, buscando nuevos interlocutores para dar una solución al conflicto vasco, que es otra cosa.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Simplemente quiero anunciar que nuestro grupo va a pedir a la Presidencia de la Cámara la organización de cursillos acelerados de ubicuidad o, alternativamente, presentaremos alguna PNL para aprobar el desarrollo de
las técnicas de clonación humana. Nos es imposible estar en todas las comisiones al mismo tiempo, y en ésta hemos estado sólo intermitentemente escuchando las explicaciones del señor Camacho. No obstante, leeremos con atención todo su informe, que
estará en el 'Diario de Sesiones', y también sus respuestas, y a partir de ahí presentaremos iniciativas en aquello que nos parezca que debamos tener aclaraciones o tomar medidas o decisiones que mejoren la seguridad de los españoles.
Quisiera destacar desde nuestro punto de vista de partido nacionalista el hecho de la consideración final que hacía ante la intervención de la señora Navarro en relación con la coordinación necesaria y la consideración y respeto a las
policías autonómicas, Mossos d'esquadra y Ertzaintza, y especialmente (esto me ha gustado oírlo de forma específica, el ministro no lo dijo tan claro) las tareas de coordinación y apoyo con las policías locales y las juntas de seguridad locales, así
como en el reglamento que dice que se está preparando en este aspecto.
Valoramos que en esos meses de inicio la puesta en marcha de las nuevas políticas de seguridad, con el nuevo equipo que lo está implementando, resulta todavía prematura; no obstante, de forma natural, ya que la seguridad es un tema ahora
mismo de gran interés mediático y de opinión pública, haremos un seguimiento exhaustivo de las evoluciones, los resultados y la eficacia tras las nuevas medidas que se tomen.
Finalmente, acabo deseándole mucho acierto en su actuación futura, porque esto sin duda redundará en la seguridad de todos los españoles.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor secretario de Estado, sólo quiero decirle que a mi grupo parlamentario le resulta simpático, por no utilizar otro calificativo u otro adjetivo, que aquellos que gobernando aumentaron, por una política
errónea en materia de seguridad, las tasas de criminalidad, de determinados delitos y determinada implantación en España de mafias organizadas y el desarrollo de nuevos delitos, acusen al nuevo Gobierno, concretamente a su secretaría de Estado, de
inactividad. Si la crítica fundamental era disminución de medios, disminución de políticas, disminución de efectivos, estos problemas están siendo corregidos y está mejorando la coordinación con la creación de dos instrumentos potentes,
importantes, que deben ofrecer seguridad a todos los ciudadanos, como es el comité ejecutivo para el mando unificado y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que fundamentalmente luchen y ofrezcan cooperación, colaboración, cruce de
datos, información, inteligencia, que creo que ha faltado en algunos momentos determinados, como así lo han manifestado concretamente altos dirigentes del sistema policial en las diferentes comisiones de investigación o en las diferentes
comparecencias de la Comisión de investigación del 11-M. Nos produce una sorpresa importante la acusación de inactividad, cosa que no compartimos bajo ningún concepto. De nuevo, señor secretario de Estado, mi grupo parlamentario le ofrece nuestra
colaboración sin reservas, sin demagogias, sin frivolidad y sin comentarios interesados a beneficio de parte en temas que tienen que ver con la seguridad pública o privada o con las determinadas circunstancias que se han discutido a lo largo de esta
mañana.
Por último, señor secretario de Estado, mi grupo parlamentario tampoco le va a pedir una delimitación expresa de las posibles líneas de un pacto entre todas las formaciones políticas para luchar contra el terrorismo internacional, porque ese
creía que era uno de los temas fundamentales de los grupos parlamentarios que estamos en este momento en la Comisión de investigación del 11-M.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Voy a ser breve porque tampoco es mi intención cansarles excesivamente. Sigo diciendo que yo no he hecho ninguna declaración en materia de escoltas a ningún medio de
comunicación. Es más, el 26 de agosto yo estaba fuera de este país disfrutando de los pocos días que he tenido de vacaciones, y no hablé con ningún medio de comunicación ni de los escoltas ni de ningún otro tema. A mí me es difícil intentar
rectificar algo que no he hecho.
Por lo tanto, que S.S. tenga muy claro, y seguramente coincidimos en esto, que ese tema es lo suficientemente sensible e importante para muchos ciudadanos de este país, y que no he hecho declaraciones y fuera del
ámbito parlamentario, donde tengo que dar una respuesta a S.S., no voy a hacerlas porque lo único que hacen ese tipo de declaraciones, y ha habido algunos responsables en determinados ámbitos que las han hecho, es perjudicar a los ciudadanos y a las
personas que debemos prestar el servicio que demandan con el derecho que tienen a hacerlo.
Por lo que se refiere a lo que usted considera que he rectificado, lo que he hecho en materia de manifestaciones públicas es expresarle lo mismo que expresé a los medios que tomaron nota de mis manifestaciones. En agosto y en el momento en
que hice las declaraciones, que no recuerdo cuándo fue, en relación a las nuevas características del terrorismo internacional, dije lo mismo que he venido a decir aquí. Es probable que
el 12 de agosto, al final de mi discurso, utilizara un término que ha interpretado de forma autónoma del resto del discurso, eso pudiera crear algún tipo de confusión o mala interpretación. Por eso sí me disculpo, por utilizar un término
que quien lo ha excluido del resto del discurso lo ha interpretado de una determinada forma. Pero lo que he hecho en relación al resto es contarle, tal como conté a las personas que me preguntaron, su opinión sobre esa cuestión. Por lo que se
refiere al pacto contra el terrorismo, he manifestado a lo largo de mi intervención que este Gobierno va a seguir la senda del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que no hay que olvidar que fue realizado a iniciativa del partido que
sustenta al actual Gobierno. Pero creo que no es función mía ni proponer el contenido de ese pacto, ni proponer la forma en la que tiene que hacerse, ni establecer el contenido del mismo.
Como responsable de una pequeña parcela de la seguridad de
este país, creo que es importante que exista ese acuerdo y esa colaboración que se ha puesto de manifiesto en el día de hoy por todos los grupos parlamentarios y que, de alguna forma, se escenifique para luchar de una manera eficaz contra el
terrorismo, y la intervención que he hecho ha ido en ese sentido.
Por lo que se refiere a los criterios territoriales, evidentemente tengo en la cabeza cuál es la distribución territorial y cuáles son las zonas en las que pude existir un interés por parte de las fuerzas y cuerpos de tener una mayor
información, pero no creo que este sea el momento, a las horas que son y dado el tema, de introducirme en una distribución geográfica detallada de todas esas cuestiones.
Por lo que se refiere a la formación continuada, no sé qué documentación es la que usted tendrá, pero no tenga ninguna duda de que tanto en las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil, como en la Secretaría de Estado de
Seguridad, hay una preocupación absolutamente intensa por la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de terrorismo y, en ejecución de esa preocupación, van a tener los cuerpos la formación adecuada a lo largo del siguiente año y
en lo que queda de éste.
Por lo que se refiere a la intervención que ha hecho la portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida, comparto, vuelvo a decirlo, su preocupación por la violencia doméstica, por la formación adecuada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y, en la medida en que comparto esa preocupación, eso nos llevó a hacer tan rápidamente un protocolo que permitiera sumar en esa materia para prestar una asistencia más adecuada a las víctimas de este tipo de violencia doméstica. La idea que
presidía la realización de ese protocolo es que, inmediatamente que se tuviera conocimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un hecho que afectara o que estuviera dentro del ámbito de la violencia de género, se prestara una
protección inmediata por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se pusiera a los autores a disposición judicial y que a partir de este momento fuera la autoridad judicial la que determinara cuál debía ser el nivel y la
intensidad de la protección. Creo que es un buen protocolo, vamos a ver hasta qué punto ese protocolo nos ayuda a sumar también en este ámbito.
Agradezco finalmente, las intervenciones de los portavoces de Convergència i Unió y del Grupo Socialista. Ambos grupos creo que son conscientes de que la Secretaría de Estado de Seguridad está a su disposición para llevar a cabo todas las
políticas que sean adecuadas para la seguridad de los ciudadanos de este país.
- LOS MOTIVOS QUE HAN DADO LUGAR AL ENCIERRO DE MÁS DE MIL INMIGRANTES EN LA CATEDRAL DE BARCELONA Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DESALOJO DE LOS MISMOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000066.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que es una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, que va a sustanciar
el secretario de Estado, como se acordó en la reunión de la Mesa del 30 de junio, y que tiene como objeto informar sobre los motivos que han dado lugar al encierro de más de mil inmigrantes en la Catedral de Barcelona y de las circunstancias
del desalojo de los mismos por parte de las autoridades correspondientes, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Para hacer la exposición, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): En relación con esta segunda cuestión que formaba parte del objetivo de mi comparecencia, por lo que se refiere -y es la concreta pregunta que hace el grupo proponente- al
desalojo de un grupo de inmigrantes, que se produce los días 5 y 6 de junio en la Catedral de Barcelona, tengo que señalar que esta información que voy a prestar ya ha sido facilitada de alguna manera por el ministro del Interior, tanto oralmente en
el Pleno del Congreso de los Diputados, como en respuesta por escrito a una pregunta que se formuló. De todas formas, creo importante reiterar la información que ya ha sido proporcionada.
De acuerdo con la información que se nos transmite en ese momento, el desalojo que se produce el día 6 de junio de las personas que ocupaban la Catedral de Barcelona fue un desalojo en el que se cumplió de forma estricta el marco legal de
este país, respetándose los derechos que correspondían tanto a las personas que estaban dentro de la catedral, que se habían encerrado, como a las personas que de alguna manera reclamaron ese desalojo. Además -y creo que esto también es
importante-, se realizó a través de una actuación policial proporcionada en todo momento, sin que se cometiera ningún tipo de exceso.
Por lo que se refiere al encierro, hay que tener en cuenta dos circunstancias que son importantes, y es que ese encierro contó con el rechazo unánime, incluso por escrito, de los sindicatos mayoritarios, de las ONG más importantes y de las
asociaciones de inmigrantes con más prestigio y experiencia en Cataluña. Además, el desalojo fue solicitado expresamente por el propio arzobispado en la medida en que se había ocupado un centro de culto católico. Se restituyó, creo que con un alto
nivel de consenso, el Estado de derecho y se preservó -y eso también es importante- la seguridad en la ejecución del desalojo, se preservó -reitero- la seguridad de los propios encerrados, de la catedral y de los bienes que todos conocemos que se
encuentran dentro de la catedral. Por tanto, desde el punto de vista policial, la información que proporciono ha de ser tranquilizadora para los grupos parlamentarios en la medida en que hablamos de una actuación policial ajustada al marco de la
legalidad, perfectamente organizada, perfectamente estructurada, perfectamente proporcionada a la entidad del problema que en aquel momento suponía el encierro, y en donde hubo un amplio consenso por las asociaciones de inmigrantes, que en
definitiva tenían mucho que decir también sobre el problema que planteaba este desalojo.
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. No voy a poner tiempo, lo voy a dejar a criterio de SS.SS., pero comprenderán que no disponemos de demasiado.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Actuaremos con discrecionalidad, pero también con prudencia dado las horas que son y que aún restan puntos del orden del día por sustanciarse. Ello no obsta para que esta solicitud de comparecencia tenga la
suficiente entidad e importancia para el grupo solicitante, en este caso para el Grupo Parlamentario Popular, por una razón básicamente, señor Camacho, porque el Grupo Parlamentario Popular, cuando estaba en el Gobierno, actuó con responsabilidad y
con coherencia, y nosotros queremos exigir aquí y ahora esa coherencia y esa responsabilidad también del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, porque entendemos que su actitud ha sido absolutamente diferente, yo diría que
extraordinariamente diferente de la que tuvieron y de la que su propio partido sustanció cuando ocurrieron los hechos del encierro en Barcelona en el año 2001. Me gustaría analizar algunas de las cuestiones que usted ha planteado desde el punto de
vista policial y que no ha matizado. Usted no ha informado a esta Cámara si hubo colaboración o no de algún otro medio policial de carácter local, de carácter autonómico, cómo se llevó a cabo esa colaboración, cuáles fueron las solicitudes por
parte del delegado del Gobierno; además usted entenderá, quizá lo comparte, que es poco presentable en democracia que en ese caso tuviéramos una delegación del Gobierno que acababa de ser asumida por una persona que ostentaba cargos de
responsabilidad en el Partido Socialista de Cataluña como secretario de organización. Al menos en nuestro grupo parlamentario no lo entendemos. Pero queríamos saber cuáles son las medidas, la colaboración, la solicitud que se hizo por parte de la
delegación del Gobierno al Ministerio del Interior.
Señor secretario de Estado, las diferencias entre uno y otro encierro son sustanciales. Fíjese usted que en el año 2001 el encierro se produjo durante 47 días y además sin la aquiescencia de los propietarios, del arzobispado, el sitio donde
se habían realizado los encierros, y en este caso la respuesta rápida del Gobierno se dio en menos de 72 horas.
Ustedes en 48 horas ya procedieron al desalojo y además ha dicho que a solicitud del arzobispado. Me gustaría que lo matizara, porque
hubo declaraciones posteriores de que el arzobispado les había autorizado hasta las 9 de ese mismo día para poder mantenerse en las instalaciones de la catedral de Barcelona y en cambio se produjo el desalojo con anterioridad. Señoría, nosotros
entendemos que un partido de Gobierno debe ser coherente y responsable y esa actuación es la que se debía llevar a cabo, puesto que se
estaban infringiendo los derechos de propiedad y estaban ustedes garantizando la seguridad y el orden público, que es lo mismo que hizo el Gobierno del Partido Popular tres años antes. Lo que nos sorprende enormemente y nos gustaría que
usted nos lo explicara, lo justificara, al margen de cómo se sustanció desde el punto de vista judicial, es la falta de coherencia de su Gobierno, la falta de coherencia del Partido Socialista Obrero Español. Le digo lo siguiente. Hay
declaraciones en las cuales el señor Joan Clos, el alcalde de la misma ciudad que parece ser que puso en colaboración a la Policía urbana -a no ser que usted también lo matice, lo justifique o lo afirme en esta comparecencia-, dijo, años atrás, que
iba a encerrarse con los inmigrantes en la catedral de Barcelona. En cambio, ahora se produce un desalojo de las características del que ustedes han realizado. Nosotros volvemos a decir que es lo que se tenía que hacer. Cuando en un Estado de
derecho se incumple la normativa, como ocurrió hace tres años y como ocurre ahora, se debe proceder a ese desalojo. Lo que queremos manifestar es que ustedes actúan de manera diferente cuando están en el Gobierno a cuando están en la oposición, con
una hipocresía y una incoherencia manifiesta en las declaraciones desde el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pascual Maragall, del mismo alcalde de Barcelona, hasta de la actual secretaria de Estado de Inmigración, doña Consuelo Rumí, quien
decía que únicamente se había actuado de manera policial y que no se habían previsto soluciones a ese problema.
Ahora vamos a otro apunte en materia de inmigración que queríamos tratar con el secretario de Estado y es el siguiente. Usted sabe que la Secretaría de Estado de Inmigración ha desaparecido del organigrama del Ministerio del Interior a
causa de la reorganización que ha hecho el propio ministerio. Desde el año 2000 esa Secretaría de Estado del Interior estaba encardinada en el organigrama del Ministerio del Interior; así lo entendimos desde el Grupo Popular y desde el Gobierno
popular. Al hilo de un tema referido a problemas de inmigración, desde el punto de vista de coordinación y de colaboración policial, queremos que nos explique cómo están realizando y quién está asumiendo esas funciones allí y, sobre todo, que nos
explique -a efectos de que no ocurran casos como estos y de esas regularizaciones que se van a realizar ahora y que ha anunciado el propio ministro de Trabajo- qué control policial desde Interior van a tener esas regularizaciones. Porque ustedes
tienen un plan de choque, con 73 OTG al menos de la Generalitat de Catalunya y para reducir las listas de espera en toda España -no sabemos si las han reducido en su totalidad-, para que los funcionarios del INEM realicen también medidas de
concesión de permisos de residencia.
La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo, señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: ¿Usted puede garantizar a este grupo parlamentario y a esta Cámara que se están asegurando de que todos los antecedentes policiales y penales de todas esas personas que están solicitando y que van a
solicitar esa regularización quedan cubiertos desde el punto de vista de la seguridad policial? Porque ayer leíamos declaraciones de un alto responsable que decía que podían no quedar garantizados.
Nosotros queríamos solicitar esta comparecencia, y así lo hemos hecho, para tratar esos dos puntos: para constatar que en políticas de inmigración ustedes tienen que dar respuestas sobre esa garantía de la coordinación y la colaboración
policial y de que se van a proceder a analizar cada uno de los antecedentes policiales y penales -como dijo el ministro de Trabajo- de todas las personas que se van a regularizar, porque como el ministro de Trabajo y el Gobierno del Partido
Socialista Obrero Español están cambiando cada día, no sabemos si va a ser a denuncia del empresario, en un plazo en el cual se produzca una amnistía, etcétera. Estamos acostumbrados a esas rectificaciones posteriores, pero lo que nos incumbe en
esta Comisión es que se mantenga la seguridad penal y policial en ese plan de choque que se está haciendo desde el Ministerio del Interior con la colaboración de los responsables del Ministerio de Trabajo. Quiero reiterarle que, aunque esa
actuación de las fechas 5 y 6 de junio son compartidas por nuestro grupo parlamentario, ustedes actúan de forma muy diferente según estén en el Gobierno o en la oposición. La sociedad demanda a un partido político y a unos gobernantes coherencia,
responsabilidad y ser consecuentes, y ustedes han demostrado que no lo son.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida, la señora Navarro tiene la palabra.
La señor NAVARRO CASILLAS: A mi grupo parlamentario le sorprende enormemente que se pida una comparecencia para decir: ustedes han hecho lo mismo que hubiéramos hecho nosotros, y además a estas horas duele todavía más, estando el Pleno a
punto de comenzar.
Quiero decir únicamente que esperamos que en materia de inmigración -desde luego, no corresponde a este ministerio solucionar esos problemas- se estén adoptando medidas, que deberían ser mucho más amplias y no más restrictivas porque de esa
manera los inmigrantes no necesitarían encerrarse y encontraríamos soluciones previas al problema sin llegar a situaciones extremas que les conducen -por exigir derechos que yo consideraría humanos- a tener que encerrarse, además en lugares como la
catedral o el arzobispado. Desde luego, esperamos que las políticas que se lleven a cabo por parte del Gobierno vayan encaminadas a solucionar previamente los problemas que
padecen los inmigrantes en este país y no a establecer más mecanismos policiales para poder sacarles cuanto antes de cualquier tipo de encierro.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Intervengo brevemente sólo para replicar las palabras de mi colega, la portavoz del Partido Popular, que se ha referido a un contexto totalmente diferente y que mi grupo querría constatar. Comparar la actuación de
desalojo de la catedral de Barcelona, donde podríamos matizar algún aspecto, con la actuación de la anterior delegada del Gobierno del Partido Popular, me parece una pura falacia. Yo creo que los contextos son diferentes. De las actuaciones de la
anterior delegada del Gobierno del Partido Popular en Cataluña ha quedado constancia por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Me parece que no se puede comparar una actuación con la otra, porque hay mucha diferencia. Sólo quería
remitirme a las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y matizar que los contextos y las actuaciones son bastante diferentes.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Con la brevedad a que nos obligan los síntomas galopantes de hipoglucemia, que seguro padecemos todos en este momento, no puedo dejar de intervenir en esta comparecencia. En primer lugar, para agradecer la
contestación y la comparecencia del señor secretario de Estado y, en segundo lugar, para decir que ahora he descubierto por qué se ha pedido la comparecencia, que resultaba realmente curiosa en cuanto a la literalidad de la petición, donde se pide
al ministro del Interior que comparezca para informar sobre los motivos que han dado lugar al encierro de más de 1.000 inmigrantes, dejando aparte los problemas matemáticos o simplemente aritméticos de convertir a aproximadamente 600 personas en más
de 1.000; sabrá el Partido Popular cómo cuenta. Lo cierto es que los motivos eran clarísimos, no hay duda alguna del motivo. Lo sorprendente, repito, es que lo pregunte el Partido Popular. Los motivos eran la errática y absolutamente
incomprensible, variable y catastrófica política de inmigración que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, que llevó al convencimiento a algunos grupos de inmigrantes, por suerte no a todos, de que el ejercicio de medidas de presión, como
encerrarse en templos católicos o de cualquier otra confesión -normalmente católicos, pues es la más abundante en este país-, podía hacer rectificar al Gobierno, a base de ceder a la presión que se estableciera en aquel momento. Visto esto, lo
cierto es que ha parecido que lo que se quería era quejarse de que la oposición criticara al Gobierno cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno. Es un mecanismo curioso y novedoso del uso del Parlamento; posiblemente, el parlamentarismo
futuro sea así, es decir, utilizar instrumentos establecidos reglamentariamente para quejarse de lo que hacía el Gobierno cuando estaba en la oposición, aunque no parece que sea el uso adecuado de los instrumentos y mecanismos parlamentarios.
¿Qué ocurrió en el año 2001? En el año 2001, la señora García Valdecasas no era secretaria general del Partido Popular en Cataluña, como era en aquel momento su colega delegado de Gobierno en Andalucía, que no era secretario de
organización, sino secretario general del Partido Popular en Andalucía; advierto que no es lo mismo secretario general que secretario de organización, pero los escrúpulos éticos de la señora Sánchez-Camacho quizá se podrían aplicar también al caso
de la secretaría general y no sólo a la secretaría de organización. En el año 2001 hay una intervención en que se deja pudrir la situación, no hay ningún acuerdo con la sociedad civil y se actúa con la fuerza pura y simple a que la equivocada
gestión política del encierro llevó a aplicar. Cosa completamente distinta fue lo ocurrido el día 6 de junio de 2004 en Barcelona. Señora Sánchez-Camacho, a usted le consta -y si no le consta sólo puede ser por una negligencia inexcusable- que se
actuó con el pleno acuerdo de la sociedad civil y de los distintos organismos administrativos, representantes de distintas instancias administrativas y políticas. Primero se produjo una intervención por parte de Cáritas, en un intento de
negociación con los inmigrantes encerrados. La señora Gispert, en aquel momento presidenta de Cáritas Cataluña, ahora presidenta de Cáritas España, intervino personalmente para intentar la mediación. A través de estas mediaciones se consiguió que
bastantes inmigrantes abandonaran voluntariamente el encierro, de tal forma que en el momento del desalojo había sólo 200 de los que habían entrado en la catedral. Evidentemente se habló con el Arzobispado de Barcelona, propietario de la sede
física de la Catedral de Barcelona, que estableció claramente que no había dado permiso ni consentía el encierro y que solicitaba que no se produjeran detenciones en el desalojo si ello era posible. Se habló con los representantes de los sindicatos
y se llegó a un acuerdo escrito, que luego fue firmado -escrito que si usted no conoce no tengo ningún inconveniente en facilitarle una copia, porque yo lo tengo y lo pongo a su disposición- por los representantes ni más ni menos que de Comisiones
Obreras, de Unión General de Trabajadores, del Ayuntamiento de Barcelona, dos representantes de distintas consejerías del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Arzobispado de Barcelona, la asociación cultural Ibn Batuta, que acoge a la mayoría
de los inmigrantes magrebíes en Cataluña, la asociación de soporte a las organizaciones chilenas, Asopxi tiene el ámbito que indica su nombre, la asociación paquistaní, la asociación
Nigeria, la Red Solidaria Argentina y la coordinadora de entidades de inmigrantes de Cataluña, las cuales dijeron que era inoportuno el encierro, que no era adecuado, que era un momento de cambio de políticas y que las formas de presión que
estaba realizando la autodenominada o denominada -lo mismo me da- Coordinadora para la regularización sin condiciones, que era quien llevó a los inmigrantes a este encierro, eran contrarias realmente a los intereses del conjunto de los inmigrantes.
Obtenido este consenso social respecto a la inoportunidad completa de la actuación de los que se encerraron en la catedral, se procedió a negociar con ellos, como usted sabe, y quedaron sólo unos 200, que a las 8:30 horas fueron desalojados
por métodos de aplicación de la fuerza mínima; no ha habido ningún herido, no ha habido ningún atestado de heridos, no ha habido ningún parte en ningún servicio de urgencias de Barcelona respecto a aquella situación.
La señora PRESIDENTA: Señor Pedret, le ruego que concluya.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señora presidenta.
Por tanto, se trata de una actuación que nosotros consideramos estrictamente correcta: no cesión a determinadas presiones; acuerdo con la sociedad civil; oferta de negociación sobre los temas de fondo que llevaron al encierro. Esto es a
lo único a lo que me voy a referir, porque naturalmente no voy a entrar en las políticas de inmigración, que fueron expuestas por el ministro de Trabajo el lunes de esta semana en la Comisión pertinente, lugar donde desde luego el representante que
correspondiera del Partido Popular tuvo la ocasión de discutir sobre estas políticas con el ministro competente en la materia.
Nada más, señora presidenta. Simplemente quiero decir que nos resulta insostenible la comparación entre las actuaciones de los años 2001 y 2004 y que nos resulta especialmente poco satisfactoria la utilización de mecanismos parlamentarios
serios, como es el de la comparecencia, para quejarse de una actuación de la oposición cuando había un Gobierno anterior que, por fortuna para el país, está en este momento en la oposición.
La señora PRESIDENTA: Va a hacer uso de la palabra el secretario de Estado para terminar este turno de intervenciones en este punto número 2, no sin antes informarle, como seguramente ya sabe, de que si quiere sólo tiene que responder a lo
que estrictamente figura en el punto del orden del día y no a ninguna otra cuestión.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Me cuesta responder a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque no puedo ni debo entrar en la comparación con hechos que conozco como ciudadano,
durante los cuales no era responsable público de ningún tipo, ni tampoco puedo entrar en aspectos competenciales que no son propios de este ministerio. No creo que el ministro de Trabajo viera bien que yo me pronunciara sobre políticas de
inmigración. Excluido eso, lo que le puedo contar realmente a S.S. es que la operación fue diseñada, bien ejecutada y bien estructurada por la delegación del Gobierno. El secretario de Estado de Seguridad tiene plena confianza en el delegado del
Gobierno y existe una coordinación en materia de política de inmigración entre la secretaria de Estado de Inmigración y el secretario de Estado de Seguridad hasta el punto de que nos vemos todas las semanas y además hablamos por teléfono en
ocasiones varias veces al día. En todo el proceso de regularización extraordinario, que es competencia de esta Secretaría de Estado de Seguridad, cuando fue necesario intervenir fue controlado desde el punto de vista de seguridad y además no se
plantearon problemas.
Respecto al desalojo de la catedral de Barcelona, repito que fue una medida proporcionada y de acuerdo con todas las organizaciones y asociaciones que algún grupo ha citado en su intervención, a petición de quien es el propietario del
edificio y de acuerdo con el marco legal en el que nos movemos en una sociedad democrática, sin que se produjeran incidentes importantes que sean dignos de mención. Más allá, ni puedo ni debo ir.
La señora PRESIDENTA: No voy a dar un turno de réplica porque creo que este punto está perfectamente debatido. La inmensa mayoría de los grupos que han querido intervenir lo han hecho y otros grupos ni siquiera han intervenido, por tanto,
creo que el tema está perfectamente debatido; además, dentro de 25 minutos comienza el Pleno.
Muchas gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia.
El punto 3 del orden del día, como informé al inicio de la sesión, se pospone para un ulterior debate, de acuerdo con el escrito remitido a la Mesa por el grupo proponente.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PARA EL RECONOCIMIENTO Y APOYO DE TODAS LAS VÍCTIMAS DE TODO TIPO DE TERRORISMO. FORMULADA POR EL GRUPO MIXTO, GRUPO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Y GRUPO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Nú-mero
expediente 158/000002.)
- SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número expediente 158/000005.)
La señora PRESIDENTA: Puntos 4 y 5 del orden del día. La Mesa ha recibido un documento firmado por los grupos parlamentarios presentes en la Comisión por el cual se unen las dos iniciativas con un contenido distinto que expresa el
documento a que estoy haciendo referencia y que supongo que todos ustedes conocen. Podemos entenderlo como una enmienda a la totalidad sustitutiva de la iniciativa de los otros dos grupos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy a ser muy breve, pero creo que en esta materia no intervenir o no decir nada resultaría de alguna forma ofensivo.
La iniciativa que planteábamos tres grupos parlamentarios -que luego planteó también otro grupo parlamentario y que felizmente hemos tenido la oportunidad y la conveniencia de hacer una enmienda de sustitución firmada por todos y por tanto
votada por unanimidad- creo que es de una gran sensibilidad en una materia en la que no debiéramos hacer nunca ningún tipo de partidismo, ni de división, ni de cuestión política de debate, ni de utilización por parte de nadie. Las razones son
obvias, no tendríamos ni que decirlo. En la anterior legislatura era curioso porque así como en algunos parlamentos, y especialmente en el Parlamento vasco, había una ponencia o una comisión en la que, como mínimo, se recibía a las personas que
pudieran expresar cuáles son las situaciones de sufrimiento, las situaciones derivadas de una actuación de violencia o de drama y luego se establecían medidas para ayudarles, en el Congreso no se había planteado, y lo digo en genérico, esa
posibilidad. Lo hicimos en los últimos tiempos de la legislatura y la verdad es que hubo un trabajo intenso durante apenas tres meses. Había algunas medidas prácticas que hubieran podido ser objeto de una conclusión, pero no se hizo así, sino que
se hizo una recomendación para la composición de la próxima legislatura, para que los nuevos diputados retomaran el tema. Lo que nosotros pretendíamos con nuestra iniciativa era, desde el principio, y sin ningún tipo de espera, retomar esta
cuestión. Desde luego, el atentado del 11-M lleva consigo que tengamos la obligación de crear esta subcomisión, de escuchar a las personas -a las víctimas y a sus familias- que han sufrido los ataques terroristas y de tratar de tomar todas las
medidas posibles para ayudarles desde el punto de vista del reconocimiento moral, del reconocimiento social y del reconocimiento económico. Esta es la pretensión y simplemente diré que me agrada que, finalmente, una iniciativa de otro grupo
parlamentario haya tenido como final la enmienda de sustitución firmada por todos los grupos y votada por unanimidad. En definitiva, en este tema no debe haber, en ningún caso, división, ni demagogia, ni utilización.
La señora PRESIDENTA: Coalición Canaria no está PNV tampoco, ni Izquierda Verde-Izquierda Unida.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Sumarme a las palabras de la portavoz del Grupo Mixto y expresar la satisfacción de que todos los grupos parlamentarios compartamos la necesidad de esta subcomisión. En ese sentido, expresar, como digo, la
satisfacción por que se haya producido la unanimidad en los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUINART SOLÁ: En la misma línea, destacar que en este ámbito es necesario, como se ha dicho, discutido y se refleja en la enmienda firmada por todos, que esa subcomisión de atención a las víctimas del terrorismo prosiga sus
trabajos y llegue a conclusiones, a propuestas y a medidas en su favor, y me congratula hacerlo desde la unidad que ha iluminado su creación. Pido a todos los grupos el esfuerzo de que a lo largo de sus sesiones y trabajos, en la medida de lo
posible, se mantenga esa unidad. Todos debemos conjurarnos y no hacer partidismo, no hacer política partidista a través de las personas que han sufrido los estragos del terrorismo.
Por otra parte, quiero añadir a los comentarios anteriores que me ha parecido leer, entre líneas o literalmente, en algunas entrevistas publicadas en los medios que precisamente las víctimas, sus asociaciones o representantes no tienen un
especial buen concepto o una percepción demasiado elevada de la tarea política y de sus protagonistas y uno de los cometidos de esta subcomisión, más allá de las propuestas que se hacen en esta enmienda unitaria de estudiar medidas, de escuchar, de
valorar posibles actuaciones a su favor, debería consistir en contemplar algún tipo de actuación para enmendar o para cambiar la percepción que este colectivo tiene en relación con nuestra tarea. Sin duda esto redundaría en una mejor comprensión de
la tarea política, que no siempre está bien valorada por la opinión pública o, al menos, por la opinión publicada.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Nuestro grupo parlamentario valora también como extraordinariamente positivo el consenso a que hemos llegado todos los grupos parlamentarios aquí representados,
en el sentido de que una iniciativa de estas características debía ser votada de forma conjunta y debía mostrar la unidad, y no la división, o la utilización partidista por parte de algunos, de un tema tan importante como es el tratamiento y
asistencia a las víctimas.
En el Partido Popular siempre se ha tenido una atención preferente a las víctimas del terrorismo. Por eso creamos la Oficina de asistencia a las víctimas del terrorismo, en 1996, la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, en
1999 o las modificaciones de las leyes de presupuestos para introducir agilidad en los trámites. Por eso entendemos que el trabajo, el estudio y la elaboración del dictamen de esta subcomisión serán de gran trascendencia para las víctimas y sus
familias. Después de la tragedia del 11 de marzo, es evidente que nada podrá compensar a las familias de las víctimas -ni a las de las víctimas de ETA, ni a las de las víctimas de ningún otro terrorismo-. Sin embargo, los grupos parlamentarios
debemos realizar el máximo esfuerzo para proponer todas aquellas alternativas tendentes a la mejor y mayor asistencia a las víctimas, y también al control y seguimiento de la actuación administrativa de los gobiernos y del cumplimiento de la misma.
Señalamos también, como ha hecho el portavoz de Convergència i Unió, el hecho de que algunas asociaciones han podido sentir que no eran suficientemente bien atendidas. Entendemos la justificación de que nunca se hace lo suficiente; nunca
se podrá paliar el daño causado por los terroristas irracionales. Sin embargo, esta subcomisión puede trabajar por un mejor control de las actuaciones administrativas de tratamiento y asistencia a las víctimas. Por eso nos congratulamos, señora
presidenta, por que se haya llegado a un acuerdo sobre este tema, y esperamos que los trabajos y el dictamen que se lleven a cabo dentro del plazo establecido sean suficientemente satisfactorios para las asociaciones y para las víctimas del
terrorismo que, en definitiva, es para los que estaremos trabajando en esta subcomisión.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Si en la anterior legislatura mi grupo parlamentario apoyó sin reservas la creación de la subcomisión, como consecuencia del debate sobre el estado de la Nación del año 2003 y de las iniciativas de varios grupos
parlamentarios, en esta ocasión lo hará con más fuerza, si cabe, máxime teniendo cuenta los tristes y dramáticos acontecimientos ocurridos después del 11-M, con la generación de un importante y nuevo colectivo de víctimas, fruto de un terrorismo que
no conocíamos con tanta intensidad en España.
Celebra mi grupo parlamentario la unanimidad que se va a producir con la firma de esta iniciativa de sustitución de las dos alternativas que habían presentado varios grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
quiero agradecer la actitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-Verds, firmantes de las dos alternativas que han permitido la enmienda de sustitución que he mencionado, que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios dando un ejemplo de lo que debe ser la actitud de los grupos parlamentarios
del Congreso de los Diputados: una sola voz para con las víctimas del terrorismo, que están y deben estar permanentemente en el ánimo y en los trabajos de esta Comisión de Interior y del Congreso de los Diputados.
Estos trabajos no deben ceñirse únicamente a la aprobación de normas con carácter general, como la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, surgida de una proposición de todos los grupos parlamentarios -y no de un Gobierno, quiero
recordarlo-, o a la aprobación de leyes de aumento de crédito y de reconocimientos económicos, sino que nuestra actitud, a través de la creación de esta subcomisión, debe ser escuchar, atender y estar con las víctimas de todo tipo de terrorismo, en
los términos de esta proposición que vamos a aprobar unánimemente, que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios.
De ahí la satisfacción de mi grupo parlamentario, a la que añado un ruego que quiero que conste en el 'Diario de Sesiones': que una vez que terminen los trabajos de esta subcomisión, podamos someter sus conclusiones al Pleno del Congreso,
como Comisión de Interior, de modo que puedan ser discutidas en dicho Pleno. Esta era una cuestión en la que todos los grupos parlamentarios habían coincidido: la de incorporar el texto que habían suscrito todos, y que las circunstancias de
funcionamiento y la decisión de la Mesa del Congreso habían impedido poner en el texto final. Pero una cosa es el texto y otra cosa es el espíritu de todos para que en la negociación, en el diálogo con la Mesa del Congreso, nuestras conclusiones
nuestras sugerencias, nuestras ideas y nuestras alternativas, después de seis meses o cuando sea necesario, puedan ser también discutidas en el Pleno del Congreso.
La señora PRESIDENTA: Finalizadas las intervenciones de los grupos, y dado lo expresado por todos ustedes, ¿podemos aprobar por asentimiento esta enmienda de sustitución y remitirla al Pleno del Congreso para que en los términos de la
enmienda pueda ser debatido en su momento? (Asentimiento.)
Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.