CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 73

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRAN

Sesión núm. 11

celebrada el lunes, 13 de septiembre de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) para informar sobre:


- Las líneas de actuación del Gobierno en materia de inmigración. A petición propia. (Número de expediente 214/000030.) ... (Página 2)


- La política del Gobierno en materia de inmigración. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000098.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.



La señora PRESIDENTA: Abrimos la sesión con la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, excelentísimo señor don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, que comparece a petición propia y del Grupo Popular para informar de las líneas
de actuación del Gobierno en materia de inmigración. Por tanto, señor ministro, bienvenido nuevamente a esta su casa, y tiene la palabra para iniciar su comparecencia.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoras y señores diputados.
Como bien decía S.S., comparezco a petición propia y del Grupo Parlamentario Popular, para
abordar un asunto de capital importancia para la sociedad española, como es la inmigración. Me permito leer un texto cuya lectura voy a recomendar a SS.SS. a lo largo de esta intervención: la inmigración -dice este texto- ha sido un fenómeno
constante y fundamental para el desarrollo económico, social y cultural del conjunto de la Unión Europea. Durante los últimos diez o quince años, la intensidad e importancia de la inmigración ha hecho de este fenómeno uno de los componentes más
importantes de su desarrollo económico -de la Unión Europea- y uno de los asuntos más urgentes también de la agenda pública, tanto para el conjunto de la Unión Europea como para la mayoría de los países miembros, y muy particularmente para España.



Así comienza el texto que ahora les recomendaré. Y acaba este texto con la siguiente reflexión: como no existe una respuesta única para un fenómeno multidimensional como el de la inmigración, sino que son múltiples y variados los
mecanismos y los campos de intervención posibles, constituye un requisito imprescindible -dice este texto- la consecución del más amplio consenso posible entre todos los agentes políticos y sociales.



Este texto, señorías, del que haré diversas citas en mi intervención, no es otro que un informe aprobado por el Consejo Económico y Social en abril de este año, es decir antes de la toma de posesión formal de quien hoy gobierna, y que lleva
por título La inmigración y el mercado de trabajo en España. A ello, a conseguir ese consenso político y social, encamina sus esfuerzos este Gobierno, y la exposición y análisis que hace este informe creo que son muy acertados y yo les recomiendo
sinceramente a ustedes su lectura y su análisis.



Dividiré mi intervención en tres bloques: situación del fenómeno de la inmigración en España al momento de la toma de posesión de este Gobierno, actuaciones que desde entonces hemos llevado a cabo; y planes de futuro inmediato. Empiezo
por la situación, señorías. Es evidente que todos los asuntos relacionados con la inmigración son muy complejos, afectan a intereses muy sensibles de millones de seres humanos, y es por eso que mi intervención va a ser respetuosa con estos
criterios. Nos enfrentamos a una materia sensibilísima, donde la alarma, el interés y la demagogia creo que hay que dejarlas a un lado. Nos enfrentamos a una situación que puede marcar, ya lo está haciendo, pero sin duda marcará en el futuro los
criterios de convivencia de las sociedades modernas, dada la extensión e intensidad de este fenómeno. Como afecta a millones de seres humanos, sean nacionales o extranjeros, los intereses de éstos pueden en ocasiones entrar en conflicto; de ahí la
necesidad de contar con una auténtica política de inmigración que ordene y encauce este fenómeno y que evite sus efectos negativos, y de ahí también que resulta necesario alcanzar para ello, como decía antes, los más altos grados de consenso
político y social.



Por ello recordarán que el Partido Socialista ya desde la oposición en la anterior legislatura, y con mucha más responsabilidad sin duda desde el Gobierno, hemos considerado siempre que la mejor respuesta posible es un pacto de Estado que
permita coincidir en las líneas a aplicar para la política de inmigración y que permita preservar a la política de inmigración de cualquier tentación demagógica, partidista o de búsqueda de enfrentamientos entre los ciudadanos españoles y los
extranjeros que viven y trabajan con nosotros. ¿Por qué? Pues porque, y también lo dice este excelente texto que no sólo recomiendo su lectura sino que elogio de forma reiterada, los proyectos migratorios individuales, señorías, están asociados,
dice este texto, a motivos de muy diversa índole: económicos, sociales, culturales, geográficos o políticos. No obstante, creo que hoy podemos todos convenir desde una perspectiva macroeconómica que entre esos motivos predominan sin ninguna duda
los de orden socioeconómico; es decir que hoy los principales motivos para el fenómeno de la inmigración son sin duda los de orden socioeconómico, y entre estos el principal para el caso de la Unión Europea y de España sería la presencia de un
importante volumen de necesidades no cubiertas de mano de obra.



Pues bien, de acuerdo con esta realidad, este Gobierno quiere someter a su consideración, a la consideración de los grupos políticos en esta Cámara, los pilares que entendemos deben sustentar la política de inmigración.
Son cuatro: la
gestión de los flujos migratorios canalizando los mismos de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, es decir, lo que podríamos llamar inmigración laboral; la lucha contra la inmigración clandestina con adecuados controles en fronteras y
repatriación de ilegales; la integración social de los inmigrantes; y la cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente los inmigrantes que llegan a España.



Como demuestra este informe, la política de inmigración seguida hasta ahora en España ha tenido importantes fallos, señorías, respecto a los criterios anteriores. Yo no dudo de que la cuestión es compleja, que resulta comprensible la
dificultad que suponen el diseño


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y aplicación de políticas en este terreno, pero si por algo se ha caracterizado la etapa anterior, sin duda ha sido por la incoherencia. Se ha aplicado una Ley de extranjería restrictiva, en la que los trámites burocráticos resultaban
complicadísimos, carentes de nitidez, que ha dado lugar a disparidad de criterios a la hora de la toma de decisiones. Este hecho ha impedido en los sucesivos procesos de regularización, que ha habido muchos; aunque ahora parece que no han
existido, ha habido muchos procesos extraordinarios de regularización singularmente gobernando el Partido Popular, muchos y muy amplios, como luego demostraré. Este hecho, decía, ha impedido en los sucesivos procesos de regularización general y
extraordinaria una rápida resolución de los expedientes, lo que nos lleva a la otra cara de la moneda, que los principales objetivos de esta ley, la de extranjería me refiero, eran terminar con el mal llamado efecto llamada y acabar con la presencia
de ciudadanos en situación administrativa irregular. Pues ninguno de ellos se ha cumplido, señorías, y vuelvo al informe del Consejo Económico y Social tomando prestadas algunas citas textuales, ahora las leeré pero están en este libro. Sobre el
contingente, decía en abril de 2004 el Consejo Económico y Social, por su parte en la fase de gestión posterior el desconocimiento del procedimiento, su rigidez, su duración, la dificultad de las empresas para desplazarse al exterior, la
desconfianza en firmar contratos sin haber tenido previamente un contacto directo con los trabajadores, la multiplicidad de pasos en instancias involucradas, la falta de información a las empresas y de contacto directo con el órgano de selección, o
la toma de decisiones, al margen de la voluntad empresarial, han sido algunos de los problemas que han llevado a que muchas empresas que confiaban en cubrir sus necesidades por esta vía hayan desistido de su pretensión inicial.Sobre el régimen
general, dice el Consejo Económico y Social que el régimen general sigue adoleciendo de una gran complejidad, en abril de 2004, recuerdo, seguía adoleciendo de una gran complejidad en su regulación, así la lentitud y falta de claridad en el
procedimiento de gestión, ya que las resoluciones se producen en un plazo muy posterior a la presentación de solicitudes. Además de la lentitud en la emisión de resoluciones, la práctica administrativa se caracteriza por la saturación de las
oficinas de extranjeros, incluso, decía el CES en abril de 2004, cuando se trata de procedimientos relativamente sencillos, como la renovación de las autorizaciones para el trabajo cuando existe un contrato o una oferta de empleo en vigor. Y
continúa el CES: la falta de renovación de muchas de las autorizaciones concedidas en los procesos de regularización extraordinaria es otro ejemplo del carácter intermitente de la situación de irregularidad en muchos casos. Las sucesivas reformas
de la normativa de extranjería dificultan no sólo el acceso a la legalidad de los extranjeros que han entrado y permanecen irregularmente en España, lo cual sería consecuente con los principios que rigen la legislación de extranjería, sino la
recuperación, fíjense señorías, la recuperación de la situación de regularidad administrativa en supuestos que se ha perdido circunstancialmente, pero existe o puede existir a corto plazo una incorporación real al mercado de trabajo. Es decir, el
análisis que hacía el CES estaba detectando causas sobrevenidas de irregularidad imputables a la propia Administración, a la ausencia de eficacia suficiente para poder proceder a las renovaciones de los permisos. Y dice más: El hecho -dice el
informe del Consejo Económico y Social- de estar en posesión de dichas autorizaciones por parte del trabajador, no impide que su acceso a un puesto de trabajo se pueda realizar al margen de la legalidad vigente en materia laboral y de Seguridad
Social. Para la tramitación de la autorización se exige la acreditación de una oferta de empleo no vinculante, que en ocasiones no llega a materializarse en un contrato. Fíjense bien en esta frase: La legislación actual permite, para la
tramitación de la autorización de permiso o de residencia en España, la acreditación de una oferta de empleo no vinculante, que en ocasiones -decía el CES- no llega a materializarse en un contrato. Es decir, la simple oferta de empleo permite
solicitar esa documentación hoy, y digo hoy por lo que luego veremos en relación con las propuestas que formula el Gobierno para el futuro.



Llegamos, señorías, a un aspecto esencial, como es el de la inmigración irregular, perdón, como es el de la situación administrativa irregular de las personas que en ella se encuentran. Quiero que quede claro mi máximo respeto a los
derechos de todos los seres humanos. Cuando se abrevia y se habla de irregulares, cometemos una equivocación. No son irregulares, son seres humanos en situación administrativa irregular. Entiéndanme que siempre que me refiera a ellos lo haga con
esta cautela y en este sentido. Como dice el Consejo Económico y Social, es preciso reconocer la existencia de este fenómeno -lo decía en abril del año 2004- acerca del cual no pretendo especular con su número. Sin embargo creo que existe el
convencimiento, según los autores de este informe que son los representantes de los empresarios y los trabajadores españoles, que prácticamente todo el mundo comparte ese convencimiento en torno a que el número de irregulares, o de extranjeros en
situación administrativa irregular, es muy elevado. Debería ello hacernos reflexionar a todos y también al principal partido de la oposición, al Partido Popular, dado que el Gobierno anterior, probablemente buscando solucionar los problemas,
efectuó hasta cinco procesos de regularizaciones extraordinarias, sin que el fenómeno haya desaparecido, bien al contrario, el fenómeno se ha recrudecido. Durante la etapa del anterior Gobierno del Partido Popular, los residentes extranjeros
legales pasaron aproximadamente de medio millón de personas en 1996, a 1.700.000 en abril de 2004. Esto quiere decir que hay más de 1.200.000 nuevos residentes legales, la gran mayoría de ellos regularizados a través de fórmulas extraordinarias,


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y que por tanto habían entrado en España de manera clandestina, todo ello tomando sólo los datos de residentes legales e ignorando otros, como el padrón municipal de habitantes, que elevan estas cifras en casi otro millón de personas. A
pesar de las distintas fórmulas empleadas, contingente y cierre del régimen general, la situación se ha mantenido.
La Ley de extranjería ha dado prioridad a la contratación en origen (y eso lo comparte este Gobierno) y a través también de los
mecanismos de los contingentes (también lo compartimos); otra cosa es que el modo en que se han aplicado los contingentes hasta ahora, como demuestra el Consejo Económico y Social, haya sido un verdadero fracaso. Los contingentes, por tanto, han
sido un fracaso. Les daré algún dato. En el año 2003, gobernaba el Partido Popular, se ofertaron 10.575 plazas estables y sólo se cubrieron 3.845. Mientras que respecto a los puestos temporales ofertados, 13.672, se concedieron algunos más,
21.687; es decir alguno más de los inicialmente ofertados. En lo que hace al año 2004 el contingente heredado preveía un número de plazas estables de 10.900, de las que sólo se han cubierto 3.000, y de temporales 20.000, que han superado sus
expectativas y se han concedido 8.000 más de las ofertadas.Lo importante, señorías, es que ustedes retengan el dato de que el Gobierno anterior decidía regular el contingente, tanto para los puestos permanentes como temporales, con un criterio
restrictivo, de tal modo que en el año 2003 sólo estaban autorizadas a entrar en España 30.000 personas para trabajar en nuestro mercado laboral y nos encontramos con las estadísticas de Eurostat, de la Comunidad Europea; Eurostat acreditan que en
el año 2003 en España entraron 600.000 extranjeros -no es un dato del Gobierno actual, lo dice la Unión Europea-; y si entraron 600.000 extranjeros y sólo estaban autorizadas cerca de 30.000 personas, quiere decirse que los mecanismos no
funcionaban y quiere decirse que el sistema era demasiado restrictivo para el volumen tan importante de puestos, de necesidades a cubrir en nuestro mercado laboral.



En lo que hace al régimen general, éste obliga a la contratación nominal de personas y el regreso a los países de origen para conseguir un visado de trabajo. Pues bien, desde el 14 de enero del año 2002 quedó restringida la regularización
por arraigo, que era la única vía para legalizar la situación sin regresar al país de origen, con lo cual empeoró la situación. Por tanto, la gestión del Gobierno anterior tengo que decir, apreciando objetivamente sus resultados, que no solucionó
estos importantes problemas, generando una creciente y elevada bolsa de irregulares. No es extraño, por tanto, que el Consejo Económico y Social concluyera así el capítulo final de su informe: Hasta el momento, dice -abril de 2004- la respuesta a
la presencia de los extranjeros que residen en España ha sido de tipo coyuntural, mediante la convocatoria de sucesivas regularizaciones generales extraordinarias, que han hecho aflorar de manera masiva este tipo de situaciones. Lo que creo que hay
que hacer es salir de esa coyunturalidad y crear los mecanismos necesarios para que el fenómeno se ordene de forma regular. Luego haré las propuestas en ese sentido.



Paso al segundo punto de mi intervención: las actividades desarrolladas por este Gobierno desde su toma de posesión. Desde el principio la política de inmigraciones fue una verdadera preocupación del Gobierno y desde luego del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, y nos pusimos a trabajar en la línea de lo que ya anuncié ante la Cámara en mi primera comparecencia. Nos hemos inspirado siempre, señorías, en cuatro líneas de acción que consideramos se deben seguir: la inmigración
ilegal no beneficia a nadie, ni a la sociedad de acogida ni a los inmigrantes ilegales y por tanto hay que evitarla; hay que evitar la inmigración ilegal, la inmigración debe ser legal. En segundo lugar, la gestión y el control de los flujos debe
hacerse de forma eficaz y debe estar relacionada con las necesidades del mercado laboral, ese debe ser el criterio fundamental. En tercer lugar, la integración de los inmigrantes en la sociedad española es una política a desarrollar. Y en cuarto
lugar, debemos cooperar con los países emisores de inmigrantes, emigrantes en su país inmigrantes en España.



Pues bien, en ese sentido la acción del Gobierno ha sido la siguiente. La época veraniega, como saben ustedes, es la más propicia para que se intensifiquen los intentos de entradas irregulares por vía marítima, tanto en Andalucía como en
Canarias, y de forma singular en la isla de Fuerteventura. Fruto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno a fin de luchar contra la inmigración clandestina, debo señalar que no se ha detectado -a pesar de lo que se ha dicho durante este
verano por parte de algunos- ningún aumento significativo de la inmigración irregular por vía marítima, señorías, ni por otras vías, y es cierto que aunque nuestro país sufre, desde hace aproximadamente una década, una fuerte presión migratoria -los
datos de la Unión Europea de 2003 ahí están cuando gobernaba el Partido Popular- y es razonable que en época veraniega la llegada de pateras resulte más intensa, especialmente por el drama humanitario que encierran o conllevan, hay que insistir -e
insisto ante ustedes y les suministraré todos los datos que ustedes necesiten- que no nos hallamos ante un incremento de este tipo de llegadas; es más los datos demuestran que se está produciendo un retroceso continuado a lo largo de los últimos
meses. En el cómputo anual se ha producido un descenso del número de extranjeros detenidos en embarcaciones. Se podría decir detenidos porque no se es eficaz, al contrario, cada vez se es más eficaz, en función sobre todo del establecimiento del
sistema de vigilancia SIVE, y cuando hablo del número de detenidos me refiero al número de llegadas a nuestras costas. Se ha reducido el 9 por ciento respecto al año anterior y si computamos la diferencia entre los meses de agosto de 2003 y de
2004, en términos interanuales, el descenso


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es superior, alcanza el 14 por ciento. Ahora bien, no quiero hacer triunfalismo en relación con estos datos -lo hemos evitado, señorías- porque su alcance es limitado y pueden registrarse incrementos en el futuro. Ya lo hemos visto en
otras ocasiones, algún año ha descendido y luego ha vuelto a subir. Por tanto, es un dato limitado, aunque va descendiendo, pero es un valor indicativo de que durante el presente año la inmigración irregular por medio de pateras no ha crecido sino
que ha tendido a disminuir. Les decía que no quiero hacer previsiones optimistas, porque de un lado el drama continúa, y de otro las cifras tienen alcance coyuntural; son datos que es preciso tener en cuenta, valorar en su justa medida y que deben
ser conocidos por todos los ciudadanos. Sí hemos constatado que se está produciendo un cambio en el modus operandi de las mafias del tráfico de seres humanos, se registran cambios de ruta que aumentan las llegadas de inmigrantes irregulares tanto
en Canarias como en Andalucía oriental y disminuyen en la zona del Estrecho que es el primer lugar donde se instaló el sistema de vigilancia integral, lo que ya ha sido tenido en cuenta a fin de reforzar los medios en estas áreas geográficas para el
próximo año y los próximos presupuestos recogerán la extensión del sistema de vigilancia integral a Andalucía oriental y su refuerzo en las Islas Canarias, especialmente en Fuerteventura, porque, señorías, el Gobierno sitúa entre sus prioridades
estratégicas la lucha contra la inmigración irregular, y en coherencia con ese objetivo seguirá reforzando los recursos humanos y materiales considerando que el SIVE es un instrumento imprescindible para combatir la inmigración clandestina y
conforme a ello, como les decía, durante el próximo año seguirá ampliándose a la zona oriental de Andalucía y reforzándose en Canarias. Por otra parte, me consta que desde el Ministerio del Interior se está trabajando en un proyecto para reforzar
los medios policiales en fronteras para superar las carencias actuales.
Otro aspecto que se pone especialmente de manifiesto en estas fechas es la necesidad de primeros auxilios inmediatos. En este sentido quiero anunciar que el Gobierno se
propone renovar para el año 2005 el convenio de Cruz Roja para la atención a los inmigrantes a pie de playa. Además de reconocer la valiosa labor humanitaria del personal de Cruz Roja, que yo mismo he tenido oportunidad de comprobar personalmente,
quiero añadir que es necesario reforzar y ampliar sus medios en las áreas que he citado antes y hacia las que se desvían en mayor medida las rutas de la inmigración clandestina. El convenio es un instrumento humanitario de primer orden y el
Gobierno lo va a dotar para el próximo año con mayores medios. Finalmente, durante el último mes se ha repetido hasta en cuatro ocasiones -nueve a lo largo del año, pero cuatro en el último mes, señorías- la tragedia de los naufragios de
embarcaciones que transportaban inmigrantes para introducirlos irregularmente en España.
Los únicos responsables de estas muertes, 53 cadáveres, 40 desaparecidos y 202 rescatados en lo que va de año, son por supuesto los traficantes de seres
humanos, que aprovechando las expectativas de tantos hombres y mujeres organizan sus arriesgadas excursiones hacia el primer mundo. En relación con los naufragios que se sucedieron en agosto, sí quiero significar que en ningún caso las muertes
están relacionadas con falta de medios de salvamento, en ningún caso; al contrario, tanto la Guardia Civil como Salvamento Marítimo han vuelto a salvar un número muy importante de vidas humanas. Una labor, señorías, que yo desde luego en nombre
del Gobierno quiero reconocer una vez más aquí, y en ello estoy seguro haciéndome eco del sentir unánime de esta Comisión. Por eso debemos despejar cualquier recelo al respecto. Pueden estar seguros de que se ha hecho todo lo posible y con los
medios necesarios. En el momento de los naufragios, ni la Guardia Civil ni Salvamento Marítimo estaban abordando las embarcaciones. Además hay que tener en cuenta la precaria situación de las víctimas quienes, tras largas horas hacinadas, se
encuentran entumecidos, desorientados, con hipotermia y cuando caen al agua -en muchas ocasiones por inexperiencia- además de que la mayoría no saben nadar, su capacidad de reacción es mínima sin que en muchos casos haya habido posibilidad alguna de
recuperarlos; en otros sí, como indican las cifras que les suministré anteriormente. Además, quiero resaltar la transparencia informativa que se viene observando para despejar cualquier duda o recelo al respecto.Señorías, me gustaría abordar ahora
nuestras relaciones con Marruecos. Insistiendo en el control de flujos y en la lucha contra la inmigración ilegal, no cabe duda que la mejor arma consiste en atacar las causas en su origen, en este caso en Marruecos, lugar de origen o tránsito de
la mayoría de los flujos registrados en las costas andaluzas y canarias y por supuesto en las ciudades de Ceuta y Melilla. En este sentido y en cumplimiento de lo que ya anuncié en mi anterior comparecencia en esta Comisión, el Gobierno está
haciendo esfuerzos por estrechar relaciones y cooperación con Marruecos. Llegados a este punto me gustaría reconocer que estamos asistiendo a una creciente implicación del país vecino en las tareas de lucha contra la inmigración clandestina. A la
creación de un nuevo organismo en el seno del Gobierno marroquí dedicado a esta labor, debemos unir la evidencia de este mismo verano donde se han incrementado de modo muy notable la interceptación de pateras por parte de las fuerzas marroquíes.
Sin duda queda mucho por hacer, pero es imprescindible dar cuenta de estos importantes avances que se inscriben en un clima de cordialidad y franca cooperación entre los dos gobiernos. Mañana mismo -creo que es mañana-, en la ciudad de Córdoba se
reunirá el Comité mixto sobre inmigración, integrado por responsables de ambos gobiernos, se evaluarán distintos ámbitos de la cooperación, entre ellos la experiencia, para mí muy positiva, de las patrullas mixtas, que deberían prolongarse de
inmediato, así como la propuesta española


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para la ayuda, tanto técnica como financiera, para la creación de centros de menores en Marruecos, que nos permitan repatriar a los menores no acompañados, por supuesto con las debidas garantías. Las iniciativas en proyecto o en marcha son
muchas y no puedo agotarlas en esta comparecencia. Próximamente la secretaria de Estado de Inmigración les dará cuenta de las mismas y de los avances de la reunión que se inicia mañana en Córdoba. Lo que sí entiendo más relevante es constatar en
esta Comisión que el estado de las relaciones también en materia de inmigración arroja un resultado esperanzador y que el reto ahora es intensificarlas durante los próximos meses. No exagero al decir que la cooperación en este ámbito es
imprescindible, que nos necesitamos mutuamente y ambos gobiernos estamos trabajando en la dirección correcta.Por lo que se refiere a Ceuta y Melilla, como saben, señorías, las ciudades de Ceuta y Melilla, por evidentes razones de índole geográfica,
son objeto de una marcada presión migratoria, que aun siendo persistente desde hace años se ha venido incrementando a partir de mediados del año 2003. No es fácil determinar las causas de ese incremento de la presión sobre el perímetro fronterizo,
pero sí puede aventurarse que entre las mismas se hallan sin duda el incremento de las medidas de control, inicio de las obras de elevación de la valla interior y la reactivación de los acuerdos de colaboración entre España y Marruecos, que pueden
llevar a la repatriación a las personas que intentan entrar ilegalmente en Ceuta y Melilla. Desde el año 1988 se vienen produciendo con alguna frecuencia intentos de entradas masivas por parte de inmigrantes subsaharianos, en general protagonizados
por los que residen de forma estable en Marruecos, en el monte Gurugú. En Melilla se han sufrido, en este verano al menos, dos intentos de entradas masivas y a la fuerza los días 8 y 15 de agosto. En ambas oportunidades la Guardia Civil actuó con
eficacia repeliendo los intentos, aunque sin causar daños de entidad, como creo que hay que hacer estas acciones, y persiguiendo posteriormente hasta detectar y expulsar del territorio a quienes lograron traspasar el perímetro. Desde el 15 de
agosto no se han producido nuevos intentos de este carácter, sin duda a causa del fracaso de los últimos, ya que una gran parte de los que lograron introducirse el 8 de agosto en Melilla ya han sido devueltos a Marruecos y la entrada del día 15 fue
abortada antes de que accedieran al doble vallado. En otro orden de cosas debe señalarse que la Guardia Civil tiene desplegado a lo largo del perímetro fronterizo y de la costa un operativo de inpermeabilización, 45 agentes en horario nocturno, que
a partir del 12 de agosto ha sido incrementado con 20 agentes más para reforzar la vigilancia. Por otra parte y debido a la citada presión migratoria intensificada desde el pasado año, se ha producido un incremento progresivo de la población
irregular en Melilla, desbordándose la capacidad de acogida. El Gobierno sabedor de estos datos y de estos hechos, desde comienzos de agosto puso en marcha un programa de actuaciones dirigido por la Secretaría de Estado de Inmigración y coordinado
con la Delegación del Gobierno, que ya ha comenzado a ofrecer resultados, que a grandes líneas ha desarrollado las siguientes iniciativas. Primero, erradicación del chabolismo que ha persistido durante años en los alrededores del centro de estancia
temporal de inmigrantes en Melilla, con una población en estas condiciones de entre 200 y 300 personas. Se ha dispuesto y financiado la adquisición de tiendas de campaña, que están siendo instaladas en el interior del centro de estancia temporal de
inmigrantes, y en breves días se habrá erradicado este foco chabolista. Se ha dado salida a centros de acogida de la Península a unas 50 personas integrantes de familias en situación de vulnerabilidad, y también se han agilizado las expulsiones de
inmigrantes a sus países de origen cuando su identificación ha sido posible. En definitiva, las actuaciones llevadas a cabo en Melilla dirigidas por el Gobierno de la nación están incidiendo positivamente en la situación a lo largo de las últimas
semanas. De otra parte cabe señalar que desde febrero de 2004 existe un convenio entre el Gobierno de la nación y la ciudad de Melilla para la atención a menores extranjeros no acompañados, con un esfuerzo presupuestario de la Administración de
2.300.000 euros, que el actual Ejecutivo prevé renovar para el próximo ejercicio. No cabe duda, por tanto, de que Melilla resultaría especialmente beneficiada por la materialización del proyecto antes citado entre España y Marruecos para la
cofinanciación de centros de acogida en territorio marroquí y la formación por parte de España de personal especializado. En Ceuta nos hallamos, señorías, con una similar presión migratoria que también ha motivado un programa de actuaciones
coordinado y financiado por la Secretaría de Estado de Inmigración. La acogida a la población inmigrante se organiza en Ceuta a través del CETI, el centro de estancia temporal de inmigrantes, y también con programas de plazas en pensiones de la
ciudad dirigido por Cruz Roja y en plazas dirigidas por dos órdenes religiosas.
En la actuación del Gobierno en el mes de agosto ante un brote de sarna que afectó a la ciudad se garantizó la asistencia y el tratamiento en el CETI, deteniéndose
radicalmente la evolución del brote. Ante la presión y situación existente se han desplazado hacia centros de acogida en la Península hasta 25 personas en situación de vulnerabilidad y se han agilizado las expulsiones. Tanto en el caso de Ceuta
como en el de Melilla es imprescindible tener en cuenta que el desproporcionado número de solicitudes de asilo condiciona la eficacia de la gestión migratoria porque requieren de un tiempo hasta su solución en virtud de la legislación. Existe
también un convenio entre el Gobierno de la nación y el de la ciudad de Ceuta para la protección de menores extranjeros. En definitiva, señorías, creo que hemos actuado positivamente en relación con la situación de Ceuta y Melilla, desarrollando
medidas que evitaran la congestión en la que han vivido ambas ciudades, aunque las actuaciones urgentes tienen que ir


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acompañadas por una planificación a medio plazo que ponga en marcha mecanismos estables que estamos estudiando y desarrollando. El Gobierno se propone trabajar con previsión, evaluar con puntualidad la evolución de la presión migratoria y
actuar con agilidad para evitar las aglomeraciones en las dos ciudades.Señorías, abordo el tercer punto de mi intervención: el futuro inmediato. Como les dije, cuando llegamos al Gobierno otorgamos prioridad a las cuatro líneas de actuación que he
señalado: lucha contra la inmigración ilegal, gestión de flujos en relación con el mercado laboral, integración de inmigrantes, importantísima para la paz social y para que el fenómeno migratorio continúe siendo un factor positivo para nuestro país
como, por cierto, recoge un reciente estudio del Boletín económico del Banco de España describiendo la aportación al crecimiento del PIB que tiene el fenómeno de la inmigración, y por último la cooperación con los países emisores de inmigrantes. Al
hilo del relato realizado sobre las actividades de este verano, quedan claramente de manifiesto los esfuerzos realizados desde entonces en este sentido: esfuerzos en el reforzamiento del control de fronteras, la agilización de expulsiones o
devoluciones, en los convenios de cooperación con los países de origen o de tránsito de los principales colectivos de inmigrantes; y en una política cauta que evite el nacimiento de falsas expectativas y que los inmigrantes legales pudiesen caer en
situaciones de irregularidad como consecuencia del retraso en la tramitación de sus expedientes por parte de la propia Administración. Me estoy refiriendo, en concreto, a la situación de colapso que existía en las oficinas de extranjería. Cuando
llegamos al Gobierno nos encontramos prácticamente 400.000 expedientes sin resolver y con unas perspectivas de incremento imparable de dicha cifra de no actuar de inmediato. De estos 400.000 expedientes en torno a 100.000 eran renovaciones de
permisos de residencia y trabajo, es decir autorizaciones a residir y trabajar en España que había concedido el anterior Gobierno, autorizaciones ya concedidas en las cuales sólo se trataba de realizar el proceso de renovación, de acuerdo con los
requisitos legales establecidos. La incapacidad para dar respuesta a las renovaciones nos situó ante la paradoja de que de no actuar rápidamente, la Administración arrojaba a la irregularidad a personas que hasta ese momento disponían de una
situación de legalidad, perdiendo consiguientemente sus puestos de trabajo. Es fácil comprender que no podíamos tolerar esta situación, y que a pesar de algunas críticas a las que luego contestaré, evidentemente el Gobierno debía resolver esta
situación, igual que debería hacerlo con cualquier ciudadano español que se encontrara en una situación de dificultad para renovar sus autorizaciones administrativas. Pensemos en el documento nacional de identidad. ¿Se imaginan que tuviésemos una
bolsa de ciudadanos españoles esperando a que se les renovaran 400.000 documentos nacionales de identidad o 400.000 pasaportes? Desde el punto de vista jurídicotecnico exactamente es la situación en la que nos encontramos con los ciudadanos
autorizados a residir y a trabajar en España -de forma temporal, claro-, que al finalizar ese permiso pueden renovarlo si reúnen los requisitos legales establecidos. Eso fue lo que llevó al Gobierno a establecer un plan de medidas urgentes para
evitar entre otras razones que estas personas pudieran perder sus empleos, perjudicando también a las empresas y actividades económicas en donde ellos prestaban servicios.
Las medidas urgentes consistieron en crear 267 plazas para reforzar la
plantilla de Oficina de extranjería, desconcentrar el servicio en distintos locales para evitar la congestión, establecer nuevos puntos de recogida de solicitudes de renovación a través de Seguridad Social e INEM, reorganizar los procesos de trabajo
para conseguir más eficacia y modificar el sistema de cita previa. Desde este momento, y dando cuenta de la prioridad que se concedía a la solución de este grave colapso, el Gobierno llevó a cabo una extraordinaria movilización de esfuerzos,
implicando en la tarea a delegados del Gobierno y subdelegados del Gobierno. Actuamos, pues, con rapidez poniendo fin a una situación que se había prologando por demasiado tiempo y que, movilizando recursos y garantizando una adecuada coordinación
entre distintos ministerios y unidades, nos permitiera salir del atasco en el que nos habíamos encontrado. Desde este momento hemos puesto rumbo a la solución definitiva de este problema que será permanente en la realidad política y social española
dado el gran número de ciudadanos extranjeros que están trabajando en España y que disponen de estos permisos, los cuales tienen que ir renovando de forma temporal. Por tanto, hemos puesto rumbo definitivamente a la solución, incorporando, por
ejemplo, la recepción de las solicitudes en las oficinas de la Seguridad Social y en las del INEM, acabando con las colas y tramitando un número importante de expedientes ya no sólo de renovación, que fue la prioridad, por las razones antes
expuestas, sino también en lo que se refiere a las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo. A 31 de julio se habían resuelto más de 150.000 expedientes y se han puesto en marcha medidas para normalizar definitivamente el proceso. Es más,
ya conocemos, señorías, el número de permisos que caducarán hasta el 31 de diciembre -aproximadamente 200.000- y será la propia Administración quien se dirija al interesado para renovar en plazo su permiso. Como comprobarán, se ha llevado a cabo un
esfuerzo de modernización importante y hoy podemos decir que hemos dado respuesta a este grave problema pero que todavía no es suficiente para el Gobierno. Queremos seguir mejorando los instrumentos de gestión y a lo largo de la legislatura vamos a
conseguir mediante un nuevo modelo de atención personalizada a extranjeros que las solicitudes estén resueltas en el plazo de un mes, dos menos del máximo fijado en la legislación.
Este es el objetivo que hoy nos trazamos, cuya consecución marcará
la mayor distancia entre dos modelos de gestión distintos, uno que no se


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preocupó ante la acumulación de expedientes y el que eficazmente puede resolver este problema.Ahora, brevísimamente, me gustaría responder a algunas informaciones que se han vertido en estos meses y que ha incorporado a sus discursos alguna
fuerza política en particular, el principal partido de la oposición, y que desde luego -y yo creo que lo saben bien sus portavoces-no se corresponde con la realidad -otra cosa es el juego político-. Me refiero en concreto al asunto de los silencios
positivos. Quiero indicar, señorías, que no se trata de una decisión caprichosa de este Gobierno, sino del cumplimiento estricto de la legislación vigente, específicamente de la disposición adicional primera de la Ley de extranjería, que, como bien
saben, responde a un principio establecido en la normativa administrativa española, la Ley 30/1992, en torno al deber de las administraciones públicas de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Es una ley aprobada por el Gobierno
anterior y es correcta (este punto fue apoyado por mi grupo parlamentario entonces en la oposición). Pues bien, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas, de los 400.000 expedientes de que les he hablado un
total de 26.366 presentados con anterioridad al 1 de abril eran susceptibles de recibir la aplicación del silencio positivo por el plazo discurrido. Pues bien, sólo se ha aplicado el criterio de silencio positivo a 2.500 expedientes; repito, sólo
a 2.500 expedientes; es decir, una cantidad ínfima en relación con el total y desde luego con el número de aquellos a los que se podía aplicar. Por tanto, hablamos de la garantía de un derecho de los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, da
igual (aunque escuchando algunas intervenciones parece que hay evidentes prejuicios para que esto aplique a extranjeros, que tienen los mismos derechos que los ciudadanos españoles, tal y como ha aprobado este Parlamento). Esta utilización no es
novedosa, se ha recurrido a ella con profusión en los últimos años.
Les daré un dato para comparar. Entre 2001 y 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, el número total de renovaciones de autorización de trabajo y residencia concedidas mediante
silencio administrativo positivo ascendió a 306.939, mientras que en este caso lo hemos aplicado a 2.500.
En los tres años anteriores afectó a 306.000 expedientes. El silencio administrativo, por imperio de la ley, se convierte en positivo cuando
no ha podido resolver la administración. En el caso de los 100.000 que ha resuelto este Gobierno, en 97.500 de ellos pudieron analizarse pormenorizadamente todas las consecuencias y todos los requisitos para establecer la renovación o no -porque
hubo algunos que no se renovaron- de aquellos permisos de residencia y de trabajo, y sólo en 2.500 se aplicó el silencio positivo, mientras que en los tres años anteriores se aplicó a 306.000. Lo digo porque, si alguien pretende establecer un
término comparativo o criticar esta aplicación de silencio positivo -como se ha hecho en los últimos días de forma alarmante y un tanto escandalosa-, que sepa que sólo lo ha sido para 2.500 expedientes, para ninguno más.



Señorías, también se ha intentado generar alguna incertidumbre en torno a la observancia de la exigencia de recabar antecedentes penales de los extranjeros que soliciten la renovación de sus permisos. Me gustaría ser muy claro al respecto,
para que no quepan dudas sobre estas renovaciones.
La exigencia de informe policial a la hora de conceder los permisos se mantiene intacta y, por supuesto, lo seguirá siendo sin lugar a dudas.
Las razones de seguridad priman y este Gobierno las va
a seguir aplicando, entre otras cosas porque es lo que exige la ley. Pues bien, como en los procesos de renovación se piden informes a la Dirección General de la Policía, para saber si quienes están incursos en el procedimiento tienen antecedentes
penales, tengo que decirles que desde el 1 de enero hasta el día 30 de agosto de este año han sido rechazas 13.000 peticiones de renovación por informes de la Dirección General de la Policía, varios miles de ellos en este último proceso de
renovación con el plan de medidas urgentes que puso en marcha el Gobierno socialista. Por lo tanto, claro que se piden los documentos y se aplica rigurosamente la ley.



También me gustaría, señorías, establecer otra aclaración en torno a las renovaciones de autorización de personas que se encuentran bien en situación de prisión preventiva o bien con causas pendientes ante la justicia. Me gustaría aclararlo
porque aquí estamos tocando la médula del Estado de derecho y la médula de las normas de garantía que tenemos establecidas para ciudadanos españoles o para ciudadanos extranjeros en relación con el respeto a sus derechos fundamentales. Señorías,
los extranjeros con autorización de residencia, o residencia y trabajo, que figuran como imputados por la comisión de un delito y se hallan en prisión preventiva, pero sin sentencia firme, cumplen los requisitos para la renovación, pero no porque lo
diga este Gobierno, sino porque está establecido así en la ley que aprobó este Parlamento a propuesta del Gobierno anterior. En este caso la presunción de inocencia impide la aplicación de una norma hasta que la sentencia condenatoria exista. En
el momento en que exista esa sentencia condenatoria se puede revisar la situación de esos expedientes y denegar la autorización de la prórroga del permiso de residencia o de trabajo, y así se hará en todos y cada uno de los casos en que ello ocurra.
Así se hará en todos y cada uno de esos casos de acuerdo con la ley; sin embargo, existen casos de extranjeros que tienen una autorización de residencia o trabajo que no cumplen los requisitos para renovar su autorización, por ejemplo, que no
demuestran que han cotizado el mínimo de seis meses. En este caso se están denegando todas y cada una de las peticiones de renovación de los documentos.
Distinto de los dos anteriores -para acabar con este punto- es el supuesto en que el
extranjero, preventivo o condenado, haya ocultado su verdadera identidad al entrar en prisión y pretenda seguir renovando por


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medio de falsificaciones su autorización con la verdadera identidad. Puede ser que haya algún caso, no lo niego, pero este hecho supone la comisión de un delito de falsedad en documento público y tanto la actual normativa como la que está
en fase de aprobación, de la que ahora les hablaré, permiten que se extinga la autorización cuando se ha comprobado que se ha incurrido en una inexactitud grave en las alegaciones formuladas por el titular. Desde luego les digo, para que quede
meridianamente claro que si cualquier funcionario de policía, como hoy he podido leer en una información, ha detectado estas situaciones, lo primero que debe hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades para aplicar estrictamente los
criterios legales e impedir esas renovaciones o revisarlas, porque es el Cuerpo General de Policía quien investiga esas situaciones de irregularidad. Por tanto, si ha habido algún caso de esta naturaleza y alguien lo conoce, debe ponerlo en
conocimiento de las autoridades para evitarlo. En todo caso, ya les anuncio que, entre otras propuestas y medidas que partirán de este ministerio para la reorganización administrativa en materia de extranjería e inmigración, buscaremos la
posibilidad de que se acometan los cambios normativos que permitan el cruce de datos entre la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para que no se produzcan estos supuestos de falsas identidades y
para que cuando realmente no se tenga derecho a la obtención de una renovación del permiso de trabajo o de residencia no se conceda. Quería despejar cualquier duda en relación con estas críticas o con estas informaciones que han surgido en los
últimos días.Nosotros creemos necesaria la ordenación integrada de los flujos migratorios y más concretamente la mejora de la acción pública; lograr que la efectividad de los instrumentos de la política migratoria nos aproxime al objetivo esencial
que perseguimos, que es ordenar y canalizar los flujos migratorios de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo y nuestra capacidad de acogida, así como la plena integración en nuestra sociedad de los inmigrantes. Todo ello hecho con
diálogo, que es lo que les voy a ofrecer a ustedes, con las aportaciones de todas las fuerzas políticas, de los interlocutores sociales, de toda la sociedad civil organizada, porque un asunto de tanto calado social, político, económico y humano no
puede quedar al socaire de la confrontación política y requiere de un acuerdo entre todos que garantice su aceptación y posterior cumplimiento y permanencia. Saben ustedes que el Partido Popular, la derecha española, frustró en su momento, cuando
estaba en el Gobierno, la oferta de pacto de Estado que en aquel momento le hizo llegar el Partido Socialista. A mí me gustaría que ahora nadie incurriera en ese error y que todos pudiéramos -porque ya se ha perdido bastante tiempo- sentar las
bases para afrontar este fenómeno, que tiene un potencial extraordinario, pero que conlleva riesgos si no somos capaces de encauzarlo de manera adecuada. Este Gobierno no quiere patrimonializar ningún posible acuerdo, ningún posible pacto de
Estado. El éxito, en su caso, y su desarrollo serían un éxito colectivo de sectores políticos, sindicales y sociales, así como de las instituciones de distinto signo.
Quien ganaría sería sin duda la sociedad española.



En ese sentido, en estos momentos se encuentra en avanzada fase de elaboración el reglamento que da desarrollo a la Ley de Extranjería tras su última reforma, reglamento que a la espera de sus intervenciones y de las posibles incorporaciones
les entregaré mañana mismo si es posible a los portavoces de los diversos grupos parlamentarios para su consideración, para su análisis. Ya conocen bastantes de las líneas inspiradoras del mismo porque la secretaria de Estado de Inmigración ha
venido explicándoselas a todos los grupos políticos, pero mañana mismo, antes del inicio de las conversaciones, del diálogo social, haríamos entrega del texto, pero me gustaría describirles brevemente, en cinco o seis minutos, las grandes líneas que
inspiran este reglamento. Quiero aclarar que el reglamento utilizará los borradores que dejó elaborados el anterior Gobierno, que por cierto no estaban en trámite de ser aprobados, quiero aclararlo, sino que les faltaban trámites preceptivos, como
los diversos informes, entre otros, del Consejo de Estado; por tanto, el reglamento no estaba para ser aprobado. Sin embargo, sí tenían una base interesante que hemos recogido en parte, junto con las aportaciones de todos los demás agentes que he
indicado. Por ello hemos tardado un tiempo en hacer este trabajo, y ya les anuncio que prevemos que sea llevado al Consejo de Ministros durante el próximo mes de octubre.



Queremos que cuente con la mayor participación de los sectores interesados en la política de inmigración: fuerzas políticas, comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales. Hemos tenido las
reuniones que les indicaba con la secretaria de Estado para su conformación. Debo añadir que la respuesta ha sido hasta ahora mayoritariamente positiva: se ha recibido un número elevadísimo de aportaciones, incorporándose muchas de ellas al texto;
otras no se han podido incorporar, pero la mayor parte de las observaciones fundadas sí lo han sido. En cualquier caso durante las próximas semanas serán convocados nuevamente el Consejo Superior de Política de Inmigración, el Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes y la Mesa para el Diálogo Social, para que puedan opinar sobre el texto que se les presenta.



Paso a referirles las grandes líneas de este reglamento, que supone la primera ocasión para materializar normativamente un cambio de orientación de la política migratoria que he enunciado. En primer lugar, plasma la voluntad de que exista
el máximo consenso en política migratoria, e incorpora las aportaciones que les he indicado. En segundo lugar, el texto resultante es coherente en su forma y fondo con el marco normativo de referencia, y este no se limita sólo a la ley orgánica,


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sino que también está formado por un elenco normativo de la Unión Europea cada vez más amplio y por diferentes tratados internacionales con incidencia en la materia. En tercer lugar, el reglamento es fruto del esfuerzo de potenciar la
inmigración legal y de sumar más instrumentos para perseguir más eficazmente la inmigración irregular, a través de la lucha contra la economía sumergida y los empresarios que contratan trabajadores sin autorización. El reglamento apuesta, pues, por
fomentar los instrumentos de inmigración legal. Para ello se reformará el requisito básico para contratar en el exterior, que es la valoración de la situación nacional de empleo. Así, el Servicio Público Estatal de Empleo elaborará un catálogo de
puestos de trabajo, una vez que se haya comprobado que no hay trabajadores residentes que puedan ocuparlos, lo que permitirá la contratación de extranjeros, con los debidos controles pero sin obstáculos, repito, cuando dichos puestos de trabajo no
puedan ser cubiertos en España.El contingente, otro de los instrumentos clave para regular la inmigración legal, será un instrumento más ágil y flexible. En cada contingente se incluirá un número de visados para la búsqueda de empleo en
determinados sectores, entre los que predominarán las pyme y empleadores individuales como el servicio doméstico y la hostelería, entre otros, y el contacto directo entre empleador y trabajador será elemento clave en la decisión de contratar.
Asimismo, los visados para búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de españoles habilitarán para buscar trabajo en cualquier sector de actividad, aunque, como es lógico, su número será limitado.



Además se van a aumentar las formas de lucha contra la inmigración irregular, atacando a su primera causa: la falta de instrumentos suficientes para perseguir la contratación de inmigrantes irregulares o sin papeles. Se ha incorporado al
reglamento un instrumento innovador y radical para luchar contra la contratación de irregulares: la figura de arraigo laboral, cuyo contenido les explico a continuación. Si la persona que se encuentra en situación irregular presenta una denuncia y
se demuestra que la relación laboral dura al menos un año y es reconocida fehacientemente, se producirá el efecto de que el extranjero pueda acceder a un permiso. El empresario deberá hacer frente a todas sus obligaciones con carácter retroactivo y
recibirá además la correspondiente multa, aunque se dará la salida posible de que se suspenda la sanción en el caso de que liquide las deudas con el trabajador y con los organismos públicos correspondientes y mantenga al trabajador en su plantilla
un año o más. Este será, señorías, el sistema general a partir de la entrada en vigor del reglamento; el sistema general y el sistema permanente. La vía de arraigo laboral que acabo de describir puede ser a medio plazo un revulsivo eficaz contra
la causa principal de la inmigración irregular: la existencia de ofertas de empleo en la economía sumergida.



También con el propósito de introducir mayores controles del fraude, las autorizaciones de trabajo concedidas entrarán en vigor sólo -insisto en esto, porque ha habido alguien que se ha precipitado al enjuiciar esta propuesta- si existe
afiliación y alta del trabajador en la Seguridad Social, evitando así la compraventa de ofertas de empleo, de la que se lucran mafias sin escrúpulos. Desde el punto de vista administrativo el reglamento contribuye a que la contratación legal sea
más sencilla y accesible y, por este motivo, simplifica los procedimientos. Con estos cambios, señorías, se va a producir una paulatina reducción de los plazos de contratación hasta llegar a un plazo medio de un mes desde la solicitud de
autorización hasta la disponibilidad del trabajador. Otra incorporación para los procedimientos será el uso preferente de las tecnologías de la información hasta ahora infrautilizadas. Con el acuerdo de los ministerios implicados se pondrá en
marcha una aplicación informática común que permitirá una comunicación permanente en tiempo real entre las delegaciones del Gobierno, oficinas provinciales, sedes centrales de los ministerios y también oficinas consulares. Como válvulas de escape
del sistema para situaciones que no han encajado en los supuestos anteriores, se van a reflejar de manera comprensiva pero rigurosa las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. En estos supuestos se ha incluido el arraigo
laboral señalado anteriormente. Otros casos donde son las entidades locales las que avalan dicho arraigo son los supuestos de residencia excepcional por motivo de protección internacional, por razones humanitarias o por colaboración con las
autoridades judiciales o policiales. El resto de supuestos de arraigo se van a vincular también a una estancia de al menos tres años y a una incorporación real al mercado laboral, pero además los extranjeros que accedan a él deberán demostrar dicho
arraigo mediante los lazos familiares o a través de informes sociales elaborados por los ayuntamientos. Como les decía, este será el régimen general; sin embargo, el alcance y la entidad del fenómeno de la inmigración irregular vinculada al
mercado laboral es tan amplio que aconseja, siquiera transitoriamente, sólo durante un tiempo, establecer un mecanismo flexible como solicita el Consejo Económico y Social en su informe para normalizar la situación de quienes tienen una relación
laboral demostrable.



Señorías, quiero abordar en este momento la propuesta de solución que formula el Gobierno para hacer frente a tan grave problema que, por cierto como se ha visto, heredamos de la gestión del Gobierno anterior.
Se trata pues de la situación
de los extranjeros, difícil de cuantificar pero desde luego numerosos, que se encuentran en España sin autorización para residir y/o trabajar y que están realmente trabajando e integrados en nuestro mercado laboral. Quiero que sepan ustedes que la
propuesta del Gobierno es abierta. Es una propuesta para el diálogo, para el debate, para su posterior aprobación; es una propuesta que quiere reunir el consenso


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mayoritario. No es una propuesta que vayamos a imponer a nadie. El Gobierno quiere escuchar las posiciones de todos los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, ayuntamientos, ONGs, agentes económicos y sociales en la mesa abierta
también para el diálogo social.
En la elaboración de esta propuesta de solución que les formulo hemos tenido en cuenta este informe que elaboró el órgano tripartito del CES, como saben ustedes, formado por representantes de empresarios,
trabajadores a través de los sindicatos más representativos, Administración pública y otros actores de la sociedad civil al que tantas veces he hecho referencia, después de destacar que el fenómeno de la inmigración irregular aparentemente de
difícil contención -dice el CES- se agudiza por la práctica ausencia de mecanismos individuales de regularización en determinadas circunstancias como ellos proponen -y cito literalmente-. En todo caso el CES considera deseable que en el desarrollo
reglamentario -que ahora estamos abordando- al menos se mantengan los requisitos para la obtención de un permiso de residencia temporal por la vía de arraigo, como posibilidad individual y excepcional de obtención del permiso de residencia temporal
cuando se acredite una situación de arraigo, considerando como tal la incorporación real al mercado de trabajo. Por último, el CES también propone que un enfoque realista de la política de ordenación de flujos migratorios laborales debería tender a
la consideración de los instrumentos existentes, como así propone hacer el reglamento, introduciendo en los mismos las pertinentes mejoras que contribuyan a su correcto funcionamiento y a una mayor transparencia en su gestión. A este respecto,
además de las sugerencias específicas ya realizadas -dice el CES- sería positivo introducir elementos de mayor flexibilidad que permitieran dar respuesta a situaciones individuales específicas en las que existe una vinculación real y efectiva al
mercado de trabajo, adoptando al mismo tiempo las medidas adecuadas para evitar el denominado efecto llamada. En atención a ello -y acabo definitivamente, señorías- el Gobierno pretende resolver la situación con el mayor consenso posible y les
somete a su consideración el acuerdo con los siguientes criterios: propuesta abierta para el diálogo inspirada en la propuesta del CES. El mecanismo podría ser el siguiente: si una persona lleva en España un tiempo suficiente -esto es el arraigo;
por cierto, recuerdo que este concepto se incorporó a nuestra legislación a petición de Convergència i Unió-, a fijar en coordinación con todos ustedes y con los interlocutores sociales y quienes están participando en las consultas para la
elaboración del reglamento -es decir, un tiempo que no fija el Gobierno, que fijemos entre todos-, y sea susceptible de acogerse a esta medida porque esté desarrollando una actividad laboral fehacientemente demostrable -remarco lo de fehacientemente
demostrable- (para poder acogerse a este mecanismo se requerirá la presentación no sólo de una oferta de empleo, sino de un contrato de trabajo y un alta posterior en Seguridad Social, y el posible permiso que se le conceda quedaría supeditado a la
continuidad de la relación laboral, para lo cual esa duración debería ser como mínimo de un año, pudiéndose también recoger la posibilidad de actualizar las cotizaciones a la Seguridad Social ingresándose por parte del empresario las
correspondientes al tiempo de trabajo que hubiera desarrollado en situación irregular); si se dan esas circunstancias, que es, interpretando bien la propuesta del CES, lo que nos piden empresarios y trabajadores, durante un tiempo, unos meses, una
vez que entrara en vigor el reglamento, se podría conceder personalizadamente en su caso un permiso de trabajo o residencia temporal transitorio mientras dure esta relación laboral. Dicho sistema, como les decía, tendría duración limitada para
acogerse a él y se establecería mediante acuerdo, que es lo que les propongo.En consecuencia, se trata de un proceso de normalización vinculado a la efectiva prestación de un trabajo, no a una simple oferta de empleo o a una situación de arraigo por
otras razones que no fueran las laborales; no. Por tanto, no es un proceso de regularización, señorías, dado que sería selectivo y personalizado para las personas que estén trabajando y vayan a continuar haciéndolo durante un año, con las
correspondientes sanciones en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social no abonadas por el trabajo prestado con anterioridad a la normalización y supeditando el permiso a la continuidad de la relación laboral, y en esos casos se concedería
un permiso temporal por el tiempo de duración del contrato de trabajo, finalizado el cual estas personas deberían regresar a su país, salvo que estuvieran en condiciones de renovarlo por cumplir con los requisitos exigidos en la legislación vigente.



Para concluir, mención especial merecen los ayuntamientos, que en esta nueva etapa van a ocupar un espacio mucho más importante en el desarrollo de la política de inmigración. No es posible que se siga ignorando a quien desempeña el primer
papel en la atención humanitaria y en labores de acogida a la población inmigrante. El Gobierno, sensible a esta realidad, quiere apoyar a los ayuntamientos tanto para atender a la población inmigrante como para que los servicios públicos no
pierdan cuota de calidad a causa de los incrementos de población.



Con estos cuatro pilares que tantas veces he invocado (control y lucha contra la inmigración clandestina, canalización ordenada de la inmigración legal de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, promoción de la integración social de
los inmigrantes en la realidad social española y cooperación con los países emisores de los inmigrantes) son con los que quiere desarrollar el Gobierno su política de inmigración. De la capacidad para aproximarnos cada vez en mayor medida a la
consecución de estos objetivos dependerá que la inmigración pierda en riesgos y gane, y mucho, en oportunidades.



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención, señor ministro.



Si les parece a SS.SS., damos un descanso de cinco minutos y reanudaremos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. (Pausa.)


Reanudamos la sesión con la intervención del Grupo Parlamentario Popular como grupo solicitante. Tiene la palabra doña Angeles Muñoz.



La señora MUÑOZ URIOL: Señor ministro, esta comparecencia se podría haber realizado en otro escenario. Si de verdad hubieran querido hablar de diálogo y de consenso deberían habernos hecho entrega de ese reglamento.
Desde luego se
deberían de haber hecho las cosas de otra manera, pero su Gobierno nos tiene muy acostumbrados a: ahora digo una cosa y después reflexiono, o siendo una idea abierta dan marcha atrás; en este caso siguen haciendo exactamente lo mismo. Es lógico,
su ministerio no iba a ser una excepción con la trayectoria que llevamos. Al final lo que se ve es una falta de rigor, una improvisación, y a nosotros nos parece una gran precipitación lo que ha ocurrido durante las últimas semanas.
Rectificar es
de sabios, pero hacerlo tan a menudo crea un estado de confusión, y ocurre lo que ocurre y lo que hemos venido viendo durante todo el verano. Esa es nuestra primera crítica, señor ministro: el caos, la confusión y la desconfianza que han provocado
las palabras de su secretaria de Estado sobre lo que iban hacer, los principios en materia de inmigración. Llevan cinco meses y usted se ha dedicado durante una hora a explicarnos la situación que había y seis minutos a decir qué es lo van hacer
respecto al reglamento. Es verdad que nos ha leído las recomendaciones del CES, lo que por otra parte hemos hecho todos. En cualquier caso usted, aparte de las recomendaciones del CES, me imagino que tendría claro qué es lo que quería hacer en
política de inmigración.
A la vista de los resultados ya no estoy yo tan segura, pero lo deberían haber tenido claro, sobre todo teniendo en cuenta que usted compareció en el mes de mayo, y entonces habló otra vez de diálogo (que debe ser la
panacea; todo lo intentan arreglar con diálogo, aunque luego no lo practiquen), de control de fronteras, de la planificación y de la inspección para evitar la contratación ilegal. Es más, decía que si no se ordenaban los flujos migratorios habría
dificultades y tensiones que podrían crecer y agravar el futuro de la convivencia.



Su secretaria de Estado también ha hablado, durante este verano ha tenido varias intervenciones y la verdad es que sorprendía cuando en aquella entrevista dijo que su objetivo prioritario era cambiar radicalmente la política de inmigración.
Tenemos pedida su comparecencia (aquí ha habido un juego de que iba a comparecer hoy ella y al final ha sido usted el que ha salido de su época veraniega y ha dado la cara en materia de inmigración) y en su momento le preguntaremos a ella qué quería
decir con ese cambio radical como objetivo prioritario en la política de regularización. Pero ha dicho muchas más cosas; ha dicho cosas que usted aquí no ha explicado, aunque ha intentado salirse por la tangente diciendo que todo lo que ha
levantado este revuelo ha sido una reflexión, una propuesta abierta y que ya se verá si se plasma o no y dónde se plasma.



Aquí se ha hablado de un proceso de regularización generoso. Se ha hablado de que los empresarios decidirán qué inmigrantes van a ser regularizados.
Se ha dicho que se va a terminar con la economía sumergida con una amnistía a esos
empresarios defraudadores. Es más, se ha dicho textualmente que esto no va a ser un papeles para todos, pero una regularización generosa. Explíqueme usted en su intervención cómo introducimos esta figura que su secretaria de Estado ha estado
lanzando durante todo el verano.



A esto hay que añadir las denuncias que le han llovido por parte de los sindicatos en cuanto al control y situación de las fronteras y las críticas que le han llovido desde todos los sectores -desde todos, no desde los partidos políticos,
señor Caldera, todos los sectores- llamándoles imprudentes, inmaduros; diciéndoles que eviten la demagogia -eso lo ha dicho el sindicato UGT-; diciéndoles las asociaciones de inmigrantes que es un anuncio electoralista; diciendo también que es un
grave ejercicio de cinismo o poniendo encima de la mesa que ya habían aparecido nuevas formas de fraude: vendiendo contratos de trabajo o vendiendo asesoramiento falso.



Si a todo eso añadimos, además, que ese anuncio -usted dice que ha sido una propuesta abierta de su secretaria de Estado- ha levantado una gran polvareda en Marruecos, incluso en la prensa marroquí alertaban del incremento de las pateras y
de la inmigración ilegal, dígame usted si hoy aquí no tenía que dar explicaciones. Tenía que dar explicaciones y muchas y a nosotros no nos las ha dado. Le voy a decir por qué, señor Caldera.
La consejera de Andalucía dijo que cuando uno gobierna
las cosas se tienen que hacer bajo la responsabilidad. Eso es lo que le pido, que sean responsables. Precisamente por eso hay cinco temas que a nosotros nos preocupan y que aquí no han quedado resueltos. En primer lugar, cómo van a planificar los
flujos migratorios, porque usted aquí nos dice que apuestan por la contratación en origen. Nosotros lo hicimos, fuimos los que pusimos en marcha los convenios y los contratos de temporada. Pero con el anuncio de su secretaria de Estado, que es la
máxima responsable, por lo menos dentro de su departamento, en materia de inmigración, ¿cómo casa eso con esa propuesta abierta que usted dice que se ha hecho? Porque el CES en su libro, que usted sigue a pies juntillas, lo deja bien claro: que
sean los contratos en origen. A partir de ahí, ¿ustedes van a tener en cuenta la situación nacional de empleo? Lo que le quiero decir es, ¿nos olvidamos totalmente de la propuesta de su secretaria de Estado, que ha aparecido en la prensa, además,
durante varios días, y empezamos a pensar que lo que usted dice, que es lo que decimos nosotros, es lo que va a imprimir la política de inmigración?


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Porque si es así no nos referimos más a ello, pero es que ha estado ahí durante todo el verano y hasta la fecha usted ni nos ha dicho cómo va a cambiar el reglamento, ni la secretaria de Estado nos ha llamado para darnos una explicación y
decirnos que eso era una reflexión en voz alta.
Como no lo ha hecho presupongo que cuando habla de que va a unir permiso de trabajo con una oferta, con un contrato de trabajo, le pregunto, señor ministro, ¿Ese contrato de trabajo va a tener en
cuenta la situación nacional de empleo? ¿Va a tener en cuenta los sectores de actividad? Porque usted sabe que hay sectores de actividad con paro. ¿Va a tener en cuenta esa situación?Algo más, señor ministro, esta nueva modalidad, a la que usted
ha hecho referencia, ¿se va a aplicar en todo el territorio nacional? Porque el otro día estuve en Ceuta y el delegado del Gobierno decía que allí no se iba a aplicar de ninguna de las maneras, porque había muchísimo paro y que no iba a darse
ningún contrato de trabajo. ¿Se va a aplicar en unas partes sí y otras no? ¿Se va a tener en cuenta la situación nacional de empleo?


Otro dato más, haciendo referencia al estudio del CES que usted nos ha dicho que nos leamos, que por cierto ya nos lo hemos leído, ¿cuál es la duración que tiene que tener ese contrato de trabajo? Tampoco se ha dicho y tampoco se ha hecho
referencia a ello por parte de su secretaria de Estado. Fíjese usted en un dato. El CES dice que el 50 por ciento de todos los contratos de trabajo a extranjeros -en situación de regularidad, por supuesto- es inferior a un mes; otro dato, el 14
por ciento es inferior a siete días y solamente el 8 por ciento tienen una duración superior al año. Dígame usted exactamente cómo es posible que aquí digan que la economía sumergida va a desaparecer con este tipo de actuaciones, sobre todo si
tenemos en cuenta también el dato que da UGT de que hay 123.000 extranjeros con permiso de trabajo y residencia que no trabajan y, por tanto, se presupone que están en la economía sumergida.
Me tendrá que explicar usted eso, igual que lo de la
amnistía a los empleadores fraudulentos, porque una de las cosas que tendremos que hacer será modificar la ley.



En cuanto al control de los flujos, que es el segundo punto al que yo quería hacer referencia, el SIVE, señor ministro, no solamente lo puso en marcha el Gobierno anterior, sino que ya se presupuestó en partidas plurianuales la extensión a
la que usted ha hecho referencia. También existía la previsión de aumentar la valla en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla -es otra medida que también puso en marcha el Gobierno anterior-, pero fíjese que aquí hay un dato. Nosotros no le
vamos a decir que eso no es lo que se debe hacer -lo hemos hecho nosotros-, pero nos extraña mucho que durante los años que usted ha estado en la oposición todas estas medidas fueran calificadas por parte de sus compañeros de partido, concretamente
del señor Perales y del señor Zarrías como medidas represivas del Gobierno del Partido Popular. En el tema de las expulsiones y de las repatriaciones, nos parece bien que sigan la misma política y, en cuanto al control de fronteras, hemos leído que
el señor Ibarra ha dicho recientemente -creo que fue ayer- que el control de las fronteras lo debía hacer el ejército. Nos gustaría saber si ustedes van también por ese camino de que el control de las fronteras lo haga el ejército, porque son unas
declaraciones que habrá que explicar.



Respecto a la tramitación de expedientes, señor Caldera, ustedes hablan aquí de que han resuelto 100.000 expedientes. Yo estoy convencida de que usted no tiene intención de mentir a esta Cámara, probablemente lo haga por desconocimiento,
pero no diga que por no renovar a tiempo un expediente de renovación la persona pierde la condición de legal en nuestro país. No lo diga porque no es verdad. No hay ni una sola persona que por no haber renovado su permiso de trabajo y residencia
pierda la condición de residente en nuestro país. Usted ha puesto el ejemplo, es exactamente igual que la persona que no renueva su DNI, no por eso deja de ser español, señor Caldera. Sí es verdad que habría que incrementar el número de personas
que trabajan en las oficinas de extranjería.
Precisamente por eso esos 237 nuevos funcionarios que están vinculados en la Administración al ámbito de la extranjería, fue un expediente que dejó en marcha el Partido Popular. Pero si es que es una
realidad, si lo que usted está diciendo aquí es lo que ya se venía haciendo. No intente vender como un gran logro que han hecho una renovación de esos 100.000 expedientes (desde luego, pediremos la comparecencia de la señora Rumí para que explique
exactamente cómo ha sido posible y cuáles han sido motivados y cuáles no), no diga que es un gran logro de este Gobierno, entre otras cosas porque durante el año 2003, señor Caldera, se gestionaron más de un millón de permisos de trabajo, residencia
y de ofertas; más de un millón. Creo que es importante saber cómo ha ido evolucionando la inmigración, sobre todo para que se sepa cómo ha ido evolucionando también el esfuerzo que se ha hecho en esa materia.



Usted ha hablado de Marruecos -es el tercer punto importante que nosotros queríamos destacar- y a mí me gustaría que dijera aquí algo que a nuestro juicio es una parte muy importante de la política de cooperación con Marruecos. Hay un
convenio de readmisión suscrito con Marruecos en el año 1992. La secretaria de Estado, cuando compareció, dijo que ella personalmente iba a hacer una visita en el mes de julio y que se iba a poner en marcha ese convenio de readmisión suscrito en el
año 1992.
Quiero saber qué ha pasado y le voy a decir por qué, porque por primera vez se puso en marcha ese convenio y como en la pasada legislatura se empezó a hacer por primera vez la devolución, la readmisión de subsaharianos desde Canarias.
Nosotros tenemos indicios -nos lo han confirmado los delegados del Gobierno que son de su mismo signo político- de que Marruecos no está admitiendo ninguna


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devolución de aquellos que no sean marroquíes. Si usted ha dicho que las relaciones con Marruecos iban a dar un giro radical ¿cómo es posible que se iniciara ese procedimiento con el Gobierno anterior y actualmente no se siga? ¿Cómo puede
decir que se están poniendo en marcha las patrullas conjuntas si ya era una realidad? ¿Cómo puede ser un logro de su Gobierno el tema de menores si el memorándum y además los convenios firmados con Ceuta y Melilla son partidas presupuestarias
actuales, con unos presupuestos en vigor, esos 2.300.000 euros con Ceuta? Eso es una realidad -y está ahí- que ya se venía haciendo. Lo que esperamos es que se siga haciendo.En cuanto al reglamento, señor Caldera, hay una disposición final tercera
que dice que tiene que estar en marcha en seis meses, y eso es lo que nosotros pretendíamos. Ya en el mes de marzo tenía yo un borrador completo de reglamento, donde además venían incluidas las propuestas que usted estaba haciendo. A mí me
gustaría decirle que de lo que se ha venido diciendo a lo largo de la pasada semana a lo que usted ha dicho aquí, va un abismo importantísimo. Usted ha hablado aquí con el mismo lenguaje, exactamente el mismo lenguaje que el Partido Popular ha
venido defendiendo a lo largo de todos estos años. Es más, las propuestas que usted ha hecho aquí que vienen recogidas en el reglamento y que además se deben desarrollar, sabe usted que vienen recogidas en ese borrador que el Partido Popular, que
el Gobierno anterior le dejó, y nosotros sí que le hacemos responsable a usted de que ese reglamento no esté ya en marcha. Esa sí que es su responsabilidad, no lo que ha venido a decirnos durante la hora que ha durado su comparecencia. Su
responsabilidad es haber puesto en marcha ese reglamento, y le digo por qué. Porque muchas de las situaciones de irregularidad que se podrían solventar vienen recogidas en el reglamento. Cuando se habla de ese visado para búsqueda de empleo, no se
puede aplicar todavía, aunque viene recogido en la ley, porque no tenemos un reglamento. Cuando se habla del arraigo, no se puede aplicar porque no viene recogido en el reglamento.
Cuando usted habla de arraigo, viene a decir exactamente lo mismo
que nosotros aplicábamos y lo mismo que nosotros decíamos en concepto de arraigo. Por tanto, señor Caldera, no me diga que se están haciendo las cosas, que esto es un giro radical, que aquí las cosas se hacen de otra manera y que desde que ustedes
han llegado la inmigración ha cambiado, porque es todo lo contrario. Han creado un clima de expectación, unas falsas expectativas a los propios inmigrantes, a las mafias que están encantadas con sus anuncios. Han creado un clima de confusión que,
como yo le decía, lo único que ha conllevado es crear un caos en la materia que le ocupa.



Ustedes han estado más preocupados -y esto sí que es una reflexión que yo le hago- en su imagen que en gobernar. Han estado más preocupados en dar una imagen de que aquí se arreglan las cosas cuando llegamos nosotros que en gobernar.
Desgraciadamente, hemos visto a lo largo de este verano cómo eso ha sido un cúmulo de actuaciones. Primero anunciaron que ya estaba solucionado el atasco burocrático, que son expedientes que se tendrán que ver uno a uno. A partir de ahí, con el
incremento de pateras, ustedes hicieron otro anuncio para evitar quedar en entredicho; aquello que anunciaron a bombo y platillo de las estupendas relaciones que íbamos a tener con Marruecos por la gran dosis de tolerancia y la estupenda sonrisa
del señor Zapatero. Y a partir de ahí anuncia algo sin meditar, sin dialogar, sin consensuar que ha tenido una trascendencia muy negativa para su departamento, para la credibilidad de la secretaría de Estado y, desde luego, para la inmigración. Lo
del diálogo, lo del consenso...



La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, vaya terminando, por favor.



La señora MUÑOZ URIOL: Voy terminando enseguida, entre otras cosas porque como vamos a pedir la comparecencia de la secretaria de Estado de Inmigración, le pediremos a ella explicaciones de muchas de las cuestiones que aquí se han puesto
encima de la mesa, desde luego de los criterios, de la motivación y de todo lo que ha venido alrededor de sus declaraciones. Solamente quiero decirle un dato más. Voy a hacer un par de referencias a lo que venía anunciando y a lo que ha sido la
tónica habitual del señor Caldera, que está muy acostumbrado -y esto me lo permite con un tono cariñoso- a leer lo que quiere y lo que no quiere no lo lee. Yo le voy a decir algunas cosas que también vienen en el informe del CES, que usted no ha
leído porque no le interesaban, pero que efectivamente están ahí. Cuando habla del contingente dicen que la nueva concepción del contingente da respuesta positiva a algunas de las sugerencias que hizo el CES en el informe 1/2002, sobre movilización
geográfica, y sobre todo, señor Caldera, se ha dotado al procedimiento de una mayor transparencia, siendo hoy en día un mecanismo de acceso al trabajo de los extranjeros, en cuyo procedimiento se contempla la participación de agentes sociales. Le
recuerdo que el contingente está desde el año 1993, por cierto, cuando ustedes gobernaban.



Solamente dos pinceladas más. Cuando se habla de la entrada de inmigrantes, dice: Con todo lo anterior, el CES considera un enfoque realista de la política de ordenación de los flujos migratorios que tienda a la consolidación de los
instrumentos existentes, básicamente el contingente y el régimen general, y que introducen en los mismos las pertinentes mejoras que contribuyen a su correcta funcionamiento y a una mayor transparencia. Es más, dice que la política de lucha contra
la inmigración irregular debe acompañarse con un refuerzo de los mecanismos de control de las infracciones relacionadas con la contratación irregular. Totalmente lo contrario de lo que decía su secretaria de Estado. Para terminar, el CES también
dice que la inmigración ha aumentado la presión de la demanda sobre


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el sistema de protección social en un sentido amplio y que ha elevado la necesidad de aumentar el gasto. En este sentido es necesario acomodar a la realidad de una mayor población las previsiones de ingresos, de gastos y de inversiones que
garanticen una eficiente provisión de las necesidades actuales, compatible con la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo y también para evitar efectos sociales poco deseables, pues este es uno de los aspectos que más condicionan
la actitud de los ciudadanos hacia el inmigrante. Lo dice el CES, no lo dice el Partido Popular. Esperamos el informe del señor Solbes para ver cómo van a incrementar la dotación presupuestaria, dado que van a hacer una política -teniendo en
cuenta a los empresarios- abierta y real, según el mercado de trabajo.Yo lo he oído aquí: diálogo, consenso y pacto. Se lo he oído muchas veces. Yo le digo que diálogo, el que practicó el Partido Popular, consensuando con ustedes la Ley de
Extranjería en la pasada legislatura; consenso, consensuaremos el reglamento cuando nos lo enseñen y cuando de verdad lo apliquen y pacto, cuando hablen con seriedad y con rigor.



La señora PRESIDENTA: El señor ministro quiere contestar directamente.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Dado que usted había solicitado la comparecencia, quiero darle una breve contestación porque no quiero que ustedes piensen que incurro en descortesía. Si no les
importa, al resto de los grupos parlamentarios les contestaré conjuntamente, aunque si ustedes desean que hagamos un diálogo bilateral o grupo a grupo, estoy dispuesto a hacerlo. No querría, por tanto, caer en la descortesía.



Permítame que esté un poco confuso porque la intervención de S.S. no ha sido demasiado clara. En todo caso, me voy a acoger a los aspectos más positivos de la misma porque creo que la materia es tan importante para la sociedad española que
bien merece echar un cuarto a espadas para conseguir el mayor consenso posible. Su señoría dice que en el borrador de reglamento que dejó preparado el anterior Gobierno -yo tengo aquí uno de los varios que habían dejado preparados- venían incluidas
las propuestas que he hecho aquí esta tarde (que, por supuesto, están abiertas al diálogo y al acuerdo con los grupos políticos, con las comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales, como ONG), lo que me
alegra profundamente.
Entonces, me pregunto el porqué de determinadas críticas que han venido acompañadas de cierta virulencia que creo que carecen por completo de sentido. Me explicaré. En relación con el proceso de renovación, usted dice que
los afectados no pierden su permiso. Sí lo pierden. Pierden el permiso de trabajo o de residencia. Sí lo pierden, si no se renueva en tiempo y forma sí lo pierden porque, por su naturaleza, los permisos concedidos son temporales. Mírese la ley.
(La señora Muñoz Uriol pronuncia palabras que no se perciben.) Imputable a la Administración.
Por eso hemos tenido que actuar rápidamente para que no ocurriera. Me parece muy bien que ustedes hicieran un millón de renovaciones o de actos
relacionados con la situación en el año 2003. A pesar de ello, en abril de 2004 había casi 500.000 expedientes acumulados, a los que hemos tenido que dar salida. Me alegro si están en el reglamento que ustedes dejaron porque nos permite un
importante punto de encuentro, pero no se puede acusar de que desarrollar un proceso administrativo lleva a conceder papeles para todos como se ha dicho de forma insistente, porque si es así, si por la aplicación de 2.500 expedientes con silencio
administrativo se habla de que se conceden papeles para todos, ¿qué podría haber dicho de los trescientos y pico mil que ha indicado del periodo del Gobierno del Partido Popular? Por tanto, dejo eso a un lado.



Efectivamente, había un borrador. Quiero decirle, señoría, con claridad -y espero que no le moleste que sometamos a diálogo y a discusión algo tan importante, debería saludarlo como algo positivo- que el reglamento va a entrar en vigor
prácticamente en el periodo de vacatio que estaba establecido y que vamos a necesitar un par de meses más, ocurre con mucha frecuencia. Si le traigo los plazos de entrada en vigor del desarrollo reglamentario en las anteriores legislaturas verá que
muy pocas veces se cumplen los plazos; es decir, van a exceder en dos los seis meses originalmente autorizados por la Ley de Extranjería, y es lógico si hay un cambio de gobierno. Quiero decirle que no se entregó a mi grupo parlamentario la
elaboración del anterior reglamento y que yo voy a entregarlo a todos los grupos parlamentarios antes de que ese reglamento sea aprobado por el Consejo de Ministros, con la mejor disposición y la mejor voluntad, para que ustedes hagan las
aportaciones que consideren oportunas, porque no hay rectificaciones. Quiero apoyar el trabajo intenso de la secretaria de Estado de Inmigración, de consultas permanentes a lo largo del todo el verano en relación con la elaboración de este
reglamento. Ha sido un trabajo importante que permite que hoy todos podamos pronunciarnos sobre las grandes líneas que deben primar la política de inmigración. Yo las he indicado, y hay algunos cambios que van en la línea de más eficacia, de mejor
ordenación del fenómeno y, sobre todo, y quiero que se pronuncien sus señorías, sobre la vinculación de los flujos migratorios con las necesidades del mercado laboral. Si se está realmente desempeñando un empleo, no se puede decir que eso provoca
un gasto al Estado del bienestar, que grava las cuentas públicas.



Como se ha escuchado a un importante dirigente del Partido Popular, la Ley de Extranjería -y me parece muy bien porque lo apoyó mi grupo parlamentario- reconoce la universalización de las prestaciones en sanidad y en educación para todos los
seres humanos que se encuentran en España, todos ellos, los cuales, en consecuencia, están hoy gravando al sistema de protección


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social. Sin embargo, si no hay un canal para que se conecte la situación de esas personas desde el punto de vista individual en el mercado laboral con un permiso que permita aflorar ese puesto de trabajo y legalizarlo, cotizar a la
Seguridad Social y, consecuentemente, pagar los correspondientes impuestos, entonces es cuando estamos desaborlando nuestro mercado laboral, entonces es cuando estamos permitiendo una competencia desleal, cuando estamos permitiendo una degradación
de las condiciones de trabajo. No propongo otra cosa que resolver adecuadamente esta situación y de acuerdo con los criterios que he planteado, que suponen algunos cambios en la política de inmigración, por supuesto, no del cien por cien. Le
repito: control de flujos migratorios, inmigración regular, conexión de la inmigración con el mercado laboral, integración de los inmigrantes y cooperación con los países de los cuales surgen los inmigrantes. ¿Vamos a tener en cuenta la situación
nacional de empleo? Claro, pero de una forma mucho más eficaz, señoría, y es lo que les proponemos discutir entre todos. Queremos obtener las necesidades de nuestro mercado laboral en el régimen general, a la hora de definirlas y de elaborar el
contingente, mediante la reunión de las opiniones de empresarios, trabajadores, comunidades autónomas, fuerzas políticas y Administración general del Estado para adaptar las decisiones a las verdaderas necesidades. Por tanto, vamos a aplicar ese
criterio y ser más flexibles en el requisito de tener en cuenta la situación nacional de empleo, por cuanto los propios empresarios, la práctica y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo nos demuestran que, en muchas ocasiones, se
restringen determinadas áreas que luego no se cubren y sigue siendo, por tanto, necesaria mano de obra.¿Qué pretendemos hacer? Establecer bien cuál es el criterio obstativo, desde el punto de vista de la situación nacional de empleo, para impedir
que puedan salir a concurso esos puestos de trabajo y con la suficiente flexibilidad para que en aquellos empleos que son de difícil cobertura -que son bastantes en nuestro mercado laboral- pueda haber una apertura para que, tanto el régimen general
de contratación en origen, como el contingente autorizado de personas que vienen a trabajar a España, se adapte a esa verdadera situación de necesidad laboral. Eso es lo que proponemos. Y no me utilice el criterio de la duración del empleo. He
dicho que la propuesta de normalización que hacemos es rigurosa y seria, porque creo que se debe exigir que haya un contrato de trabajo, al menos, de un año de duración.
Si me da usted el dato de que la mayoría de los inmigrantes tienen hoy
contratos inferiores al mes, se deberá a la situación heredada del Gobierno anterior, que es lo único que he puesto de manifiesto. Vamos a intentar corregir esa situación y, desde luego, vamos a favorecer la legalización o normalización de esas
situaciones a partir de la exigencia de un tiempo mínimo de duración del puesto de trabajo, del empleo, para que, efectivamente, la conexión mercado laboral y permiso sea eficiente, sea eficaz. Esos son los criterios que nosotros queremos poner en
marcha.
Por tanto, no hay renuncia a ninguna de las competencias de la Administración general del Estado, no hay ningún desapoderamiento. Ahora bien, señoría, los empresarios y los trabajadores son fundamentales en este proceso.



Si decimos que la inmigración tiene que estar relacionada con el mercado laboral, tiene que haber un ofertante de empleo. En cuántas ocasiones hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación que se ha intentado por activa y
por pasiva obtener una situación de regularidad para esos trabajadores. ¿Cuántos ejemplos hay? Son miles las personas las que de buena fe, cuando les emplean, han querido, han deseado, entre comillas, regularizar o legalizar su situación y no han
podido, entre otras cosas, porque, necesitando cubrir esa mano de obra, la Administración no ha sido capaz de facilitar a ese empresario los cauces suficientes para poder tener una mano de obra legal. ¿Vamos a sancionarles además? Vamos a
pensarlo. Yo planteo que ingresen las cotizaciones de Seguridad Social del tiempo que han estado trabajando, esa ya es una especie de sanción. ¿Vamos a sancionar a quienes hagan esta oferta, considerándoles poco menos que unos delincuentes, cuando
usted y yo sabemos, y lo sabe la sociedad española, que en la mayor parte de estas ocasiones la situación se debe a imponderables, donde quien ha querido buscar a un trabajador no lo ha encontrado?


Teniendo en cuenta sus testimonios respecto a las críticas que hemos recibido, permítame decir que son bastante falaces. Las vamos a escuchar ahora de los grupos políticos, no se adelante usted; ahora, los grupos políticos opinarán sobre
la propuesta del Gobierno y los sindicatos y empresarios van a opinar mañana en la mesa de diálogo. Es verdad que ha habido algunas opiniones, como la de un representante de un sindicato agrario -que creo no tuvo su mejor día-, que decía que el
Gobierno quería perdonar a los empresarios explotadores con su propuesta. Al día siguiente me encontré en un diario nacional a un miembro de su sindicato explicando que llevaba dos años -y creo que debe ser una persona con buenos sentimientos-
intentando legalizar a un trabajador rumano que trabajaba en su explotación y que, incluso, le había enviado a Bucarest, para ver si en origen podía obtener los documentos y no había podido ser.
Y yo pensaba: resulta que las críticas de algún
miembro de su sindicato le podrían afectar a aquel que estaba intentando regularizar la situación de este trabajador. Creo que no pensaría esta persona que ese compañero suyo era un empresario explotador, no lo creo. Lo que pido es que hagamos una
pedagogía en positivo, que discutamos entre nosotros lo que tengamos que discutir, pero que no creemos alarmas infundadas, situaciones irracionales, que no hagamos acusaciones que no se sostienen.



Podría leerle, aunque no lo voy a hacer, cómo se desarrolló -es un documento oficial de la época de su


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Gobierno- la última gran regularización cuando el señor Rajoy era ministro del Interior y los requisitos exigidos. Le garantizo que los requisitos exigidos eran muy inferiores a los que vamos a establecer ahora si concordamos entre todos
que es necesario combinar mercado laboral con permiso de trabajo o de residencia. También le podría decir que, si se aprueba esta propuesta que estoy haciendo, seguramente serán muchas menos las situaciones individuales a tratar que en el último
periodo, cuando el señor Rajoy era ministro del Interior, y yo no lo critiqué, nosotros no lo criticamos, entre otras razones porque probablemente no había otra salida.En resumen, y para que el resto de los grupos parlamentarios se puedan expresar
con tiempo suficiente, vamos a entregarles el reglamento, antes incluso de que sea informado por los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo de Estado, y antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros. Ese reglamento está abierto a las
sugerencias de todos, también al diálogo social, y contiene los grandes elementos que he explicado, con la pretensión de establecer una política de inmigración que dure en el tiempo y que permita solventar los problemas a los que ahora nos
enfrentamos, entre otros muchas personas trabajando que no pueden contribuir a las arcas públicas y que pueden ser objeto de explotación. Si ese empleo es necesario, pido que se me dé una alternativa y sólo hay tres, y con esto acabo. La primera,
señora Muñoz, expulsarlos a todos de España. Ustedes gobernaron y no lo hicieron, pero dígame si la propuesta de su grupo parlamentario es expulsarlos a todos.
La segunda, taparse los ojos y seguir con la situación actual; es decir, no hacer
nada. En ese caso estamos impidiendo que los derechos que recoge nuestro ordenamiento lleguen a todos y que la inmigración sea algo positivo, con las contribuciones necesarias, tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social. Y la
tercera es buscar una solución razonable que parta de un criterio general y permanente, como es el del arraigo laboral que he explicado; será permanente, con las sanciones correspondientes y con un sistema transitorio que nos permita conectar las
necesidades del mercado laboral y la concesión de permisos de residencia o de trabajo. Sobre una de esas tres propuestas hay que pronunciarse.



Este Gobierno quiere que exista el mayor grado posible de consenso y les garantizo que todas las sugerencias que nos hagan, todas, serán estudiadas e incluso intentaremos incorporarlas al reglamento. Y, como digo, el borrador que ustedes
dejaron ya preveía esta posibilidad, señora Muñoz, aunque algunos dirigentes de su partido y usted misma la hayan criticado en estos días. El borrador decía: Se podrá conceder una autorización de residencia temporal por razones de arraigo a los
extranjeros que acrediten una permanencia continuada -y, dependiendo de los borradores, se establecían uno, dos, tres o hasta cuatro años de estancia en España-, carezcan de antecedentes penales y cuenten con un contrato de trabajo formalizado o
acrediten medios de subsistencia suficientes en el momento de la solicitud. O sea, que era una propuesta bastante más abierta que la que estoy planteando ahora, que es una propuesta conectada estrictamente con el mercado laboral y no con la
acreditación de medios de subsistencia en el momento de formular la solicitud, cosa que también podemos incorporar si es deseo de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales. (La señora Muñoz Uriol pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señora Muñoz, muy brevemente porque ha consumido su tiempo abundantemente.



La señora MUÑOZ URIOL: Brevísimamente. Sólo quiero decir al señor ministro, que me pregunta sobre nuestras propuestas, que las tiene ahí, en el reglamento. Ya nos hubiera gustado a nosotros saber cuáles son las suyas porque hasta ahora
han sido capaces de decir una cosa y la contraria.



Respecto a lo que se habla de los procesos de regularización amplios o de que son los empleadores los que van a legalizar a los inmigrantes, sepan que esa propuesta, que es suya, no nuestra, ha levantado las críticas de todos los sectores;
no solamente de los grupos políticos, que la han podido calificar de una u otra manera, sino de la inmensa mayoría de las asociaciones de inmigrantes, de los propios inmigrantes y de todos aquellos relacionados con el ámbito de la inmigración.



Señor ministro, hay algo que me preocupa y no puedo irme sin decírselo: que sus asesores le expliquen en qué consiste la renovación de un permiso de trabajo porque, al oírle, señor ministro, vemos que no se ha enterado usted de lo que es.
Cualquier inmigrante que solicite la renovación de su permiso de trabajo no pierde su condición si cumple los requisitos para que aquella se lleve a cabo. Así que no vuelva a decir eso, señor ministro. Yo sé que no es mala voluntad, pero refleja
una falta de conocimiento que, tras seis meses de actividad, resulta preocupante.



La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)


Señora Barkos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto.



La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias por su comparecencia, ministro, en la que echamos en falta no haber conocido -aunque parece que lo haremos durante las próximas horas- la versión avanzada de la reforma del reglamento. De modo que nos
centraremos en comentar los cuatro ejes de la gestión, que ya anunció en su día la secretaria de Estado de Inmigración.



En primer lugar, la canalización de la inmigración laboral. Hablaba usted de inmigración laboral como origen o causa de los movimientos migratorios y como efecto en los países de acogida. En este punto, nos tendrá


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de su parte, y no caeremos en el absoluto innegociable de papeles para todos. Tampoco por la izquierda, puesto que, de momento, las críticas vienen por la derecha, por el supuesto exceso. Así que estaremos con su departamento en la
búsqueda de soluciones a este problema.Lo que nos preocupa es cierto riesgo de sesgo mercantilista de la filosofía que debería servir de base a su departamento. No puede ser que sea el mercado, ministro; no puede ser que sean las empresas las que
marquen uno de los elementos fundamentales de este fenómeno. En definitiva, se trata de nuestra capacidad de acogida. Quiero decir que, a los números de las posibilidades económicas debemos añadirles una cuota de solidaridad. Si no, en la
filosofía de nuestro trabajo desaparecerán conceptos fundamentales como el derecho al asilo de los emigrados y el deber de asilo de sociedades como la nuestra.



Estamos absolutamente de acuerdo en que es muy importante acometer el trabajo de conocer cuáles son nuestras posibilidades, en función de las necesidades del mercado, para establecer así las cuotas de acogida, pero haciendo que todo ello
sirva de base sobre la que establecer un segundo estadio de capacidad solidaria para hacer frente a las necesidades de asilo.



Se ha referido usted también a la lucha contra la inmigración clandestina.
En este punto quiero insistir en algo que vengo repitiendo desde que se inició este debate: la necesidad de reformar no sólo el reglamento, sino también la última
Ley de inmigración. Es necesario y urgente, si no acometer una modificación general, sí articular medidas como la supresión de la disposición adicional quinta de la ley; lo sabemos ahora mucho mejor que hace algunos meses. La adicional quinta
permite el acceso policial a los registros municipales. En este tiempo, desde la aprobación de la disposición, todos los ayuntamientos del Estado -prácticamente todos- han detectado un descenso significativo del número de registros que se venían
solicitando. Este hecho no redunda sólo en perjuicio de las personas indocumentadas, sino también en el de los intereses de la sociedad en general y, en particular, de la Administración, que está perdiendo de hecho una de las herramientas más
eficaces que tenía hasta ahora para tener un conocimiento aproximado -no completo, pero sí aproximado- de la dimensión de este segmento de la población. Por cierto, aprovecho para hacer un inciso: estoy de acuerdo con usted en que irregulares no
es la palabra; quizá sea mejor hablar de personas indocumentadas, al referirnos a este segmento de la población.



Se refería usted a otro reto de su gestión, a uno de los pilares en que se apoyará su departamento para trabajar en este asunto. De cara a la integración y en lo que a propuestas de reforma del reglamento se refiere, usted se ha centrado
básicamente en asuntos de orden laboral, pero yo quisiera que incidiéramos también en algunas de las propuestas para la reforma del reglamento de la Ley de extranjería que hizo nuestra formación. Apuntábamos en el documento que presentamos en la
Secretaría de Estado de Inmigración que algunas de las propuestas de reforma que hacemos son de reforma de la ley. Entre otras cosas, porque hay que recordar que la última reforma de la Ley de extranjería venía motivada por la sentencia del
Tribunal Supremo de marzo de 2003, que anulaba 13 apartados del reglamento vigente en ese momento. Nos parece, pues, fundamental que acometamos también reformas de la ley; o, cuando menos, de lo que venía siendo reglamento hasta entonces, una
forma un tanto curiosa de responder a la anulación del Supremo de aquellos 13 apartados.



Quiero recordar las propuestas que hacíamos y me gustaría tener su respuesta. Proponíamos suprimir el actual período de convivencia de un año, exigido al reagrupante. A principios de julio o finales de junio tuvimos un fallo del Tribunal
Supremo contra el real decreto que regula el régimen de entrada y permanencia en España de nacionales de la Unión Europea y sus familiares, porque anulaba el requisito de un año de convivencia. Esto puede tener un traslado claro al apartado del
reglamento, y puede que sea interesante que se adelante esta Cámara antes de encontrarnos con una fallo de esas características respecto a la renovación del nuevo reglamento.



Con respecto a los menores, limitación del plazo de repatriación, en el actual reglamento es de nueve meses, porque facilitar la posibilidad de acceder a la nacionalidad española, era ya una recomendación del Defensor del Pueblo anterior que
nosotros teníamos recogida también en nuestras propuestas.



Por último, centrándonos ya en cuestiones de trabajo, aumento de los recursos humanos de las distintas administraciones públicas afectadas. Sé que lo ha anunciado de alguna manera, pero quería saber si podía incidir en esta cuestión con el
fin de mejorar la actuación de los servicios públicos de empleo. Esto posibilitaría, y nos parece fundamental, que el paso de una situación de irregularidad a otra de regularidad sea ágil, pero sobre todo evitaría lo que está ocurriendo
actualmente, que la tasa de irregularidad aumenta de forma mucho más rápida, con una enorme diferencia con la tasa de regularidad. Como digo, con respecto al último de los retos que usted nos anunciaba, nos repetía o incluso aumentaba con respecto
a otras comparencias, estas son las propuestas y estos son los riesgos que vemos ministro.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda verde, tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Señor ministro, nuestro grupo pidió su comparecencia en la Diputación Permanente porque vimos que lo que pasaba este verano era, no más grave, igual de grave que lo que había acaecido en veranos anteriores. De
hecho, lo que ha


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ocurrido este verano pone de manifiesto que las políticas que se han llevado a la práctica hasta ahora han sido de un notable fracaso y estábamos dispuestos a escuchar las nuevas propuestas del Gobierno para hacer otra política de
inmigración que no nos llevase al drama humano a que nos ha conducido ésta. Dicho esto acudimos a la Diputación Permanente con la mejor de las disposiciones y entendíamos que tenía que comparecer el ministro, pero el Gobierno nos planteó la
posibilidad, la necesidad, la oportunidad de que compareciese la secretaria de Estado. Nosotros lo aceptamos. También le tengo que decir que el cambio de actitud y de postura por parte del Gobierno ha generado malestar en nuestro grupo y alguna
conclusión hemos sacado.Dicho esto y entrando en materia, nuestro grupo entiende que hay medidas urgentes a afrontar y usted las ha planteado: la aprobación del reglamento y hacer frente a esta situación de transición. Ahora bien, nosotros, tal y
como planteaba Uxue Barkos portavoz de Nafarroa Bai, entendemos que también hay elementos a cambiar en la actual legislación. Luego entraré en materia de reglamento, pero deberíamos ponernos en marcha para modificar aspectos básicos de la ley que
no permite el derecho de asilo de forma efectiva. Así lo denuncia Amnistía Internacional y sin una modificación del marco legal no es posible. Hay que modificar la posibilidad de que los cuerpos policiales puedan hacer el padrón siendo este un
factor disuasorio en la concesión de derechos porque muchos inmigrantes no se empadronan. Así podría seguir con un largo etcétera, muchos casos compartidos con su grupo y con recursos de constitucionalidad que el Grupo Socialista interpuso en su
momento. Esto es importante, ahora bien lo urgente es hacer frente a este nuevo reglamento y nuestro grupo valora positivamente el arraigo laboral, pero creemos que la residencia tiene que ser realista. No podemos poner unos topes y que de aquí a
dos o tres años nos encontremos con una situación similar a la de hoy. Estos topes deberían ser de dos años de residencia. Al igual que la denuncia. Si queremos que la denuncia sea un mecanismo real tiene que ser en cuanto a un período laboral
que se haya podido realizar. Hablar de un año de trabajo, dadas las características del mercado laboral respecto a las personas indocumentadas, en una situación administrativa irregular creo que es privar de un marco real a un grupo de personas muy
numeroso cuando lo que necesitamos es la regularización de determinadas situaciones.



De igual manera, entendemos que el arraigo social, con la participación de ayuntamientos, que nuestro grupo valora muy positivamente, debería ceñirse a tiempos razonables, e ir poniendo diferentes períodos para menores, para arraigo social o
para arraigo laboral no sería una buena noticia. También aquí deberíamos hablar de los dos años.



En cuanto al acceso a las ofertas de empleo, aquí debemos hacer la valoración del empleo sobre la situación nacional de empleo, pero tenemos que ir muy al detalle y territorializar la situación. Sin lugar a dudas no es lo mismo la situación
de Almería que la que se pueda generar en Barcelona, pero es que tampoco es igual la situación del empleo en Barcelona que la que se pueda generar en Lérida. Es importante que haya la mayor territorialización posible, y a nuestro entender, para que
esto sea efectivo, debería haber también aquí una activa participación de los sectores sociales, por supuesto, pero también una participación activa de las comunidades autónomas.



Usted hablaba de las propuestas de arraigo. Nosotros entendemos que en esta materia debería haber un dispositivo especial por parte del Gobierno. Se lo digo porque si bien valoramos muy positivamente los progresos acontecidos en los
últimos tiempos, la situación actual es que en Barcelona -me lo explicaban representantes sindicales- hoy se da hora a los empresarios del régimen general para junio de 2005 o si es para reagrupación familiar para mayo de 2005. Por tanto, es
fundamental que se establezca un dispositivo especial para que el arraigo sea efectivo, independientemente de las medidas provisionales o transitorias que se adopten.



Nuestro grupo ve un problema muy grave en que la orden de expulsión motivada simplemente por una situación de irregularidad sea un imperativo imposible de superar a la hora de regularizar determinadas situaciones y, por tanto, plantea al
Gobierno que busque una solución, que podría ser la prescripción para determinados casos. En cualquier caso en determinadas zonas con órdenes de expulsión imposibles de materializar lo que debe haber es una solución para estas personas, una
solución que dé salidas, y por supuesto se debe evitar que la expulsión de personas suponga un riesgo para sus propias vidas.



La verdad es que me congratulo de que los subsaharianos no hayan sido devueltos a Marruecos, porque la práctica habitual, denunciada por diferentes ONG del Gobierno marroquí -esto lo puedo decir yo, sé que determinados responsables
gubernamentales no lo pueden decir-, ha sido situar a los inmigrantes subsaharianos en medio del desierto, con lo que muchos de ellos morían allí, tal vez de sed. A la hora de materializar una expulsión debemos tener garantías de que estas personas
no corren riesgos para sus propias vidas. Igualmente en casos de países que están en guerra o en zonas en conflicto, donde la expulsión puede suponer el riesgo para sus propias vidas, y lo ligo con la reforma que planteaba en materia de ley de
extranjería, para que haya un cumplimiento efectivo del derecho de asilo ya que con la actual ley no se puede cumplir. Igualmente que, por circunstancias excepcionales, se pueda regularizar la situación de inmigrantes procedentes de países en
conflicto.



Por último, en materia de reglamento, se debería recoger el derecho de representación, del que se ha privado a los inmigrantes, lo que ha supuesto el colapso más absoluto en muchas delegaciones y el subsiguiente retraso.



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En cuanto al proceso transitorio, nuestro grupo entiende que debería haber participación de los actores sociales, tanto de sindicatos como de empresarios, porque es un elemento que garantiza precisamente que aquellas personas que están en
disposición de trabajar tengan empleos reales y no ficticios. Por tanto, la participación de los actores sociales es un elemento de garantía que sin duda supone un avance.



Más allá de la transición y del reglamento nuestro grupo entiende que en políticas de integración deberíamos adoptar algunas que en otros países ya se han empezado a hacer. En primer lugar, políticas de codesarrollo.
Quien diga que el
efecto de llamada se debe a determinados anuncios, yo creo que lo que hace es simplemente electoralismo. El efecto de llamada se debe a la miseria en muchos países del Sur y a la situación irregular en que muchos de ellos entran. Si hubiese
canales regulares de entrada y oportunidades en estos países, no se darían. Por tanto, nuestro grupo plantea, más allá del reglamento, la necesidad de impulsar políticas de codesarrollo, la necesidad en las políticas de integración, y así se lo
hemos transmitido a su grupo, de la creación de fondos para que aquellos ayuntamientos con mayor porcentaje de inmigración puedan hacer frente a las necesidades sociales que se derivan de esta inmigración.



Por último, una propuesta que en nuestro grupo es histórica, que en su grupo también han adoptado, y que incluso un alcalde significativo de su partido, de hecho yo diría que el alcalde de la ciudad más importante donde gobierna su partido,
el alcalde de Barcelona, también hacía suya, que es el derecho de voto de los inmigrantes. No se puede hablar de integración real y efectiva sin que en la agenda política se hable ya del derecho de voto. Lo digo porque la verdad es que yo me
congratulé de que por primera vez el alcalde Clos lo plantease en el Fórum de las Culturas en Barcelona. Nuestro grupo entiende que esta es una necesidad apremiante. Más allá del reglamento, más allá de políticas razonables que no se han adoptado,
es imposible la integración y la incorporación de ciudadanos que han decidido vivir y trabajar con nosotros durante muchos años, que no están de paso, sin este derecho de voto. Sé que no es materia exclusiva de esta comparecencia, pero si lo sitúo
es porque le anuncio que vamos a perseverar, nuestro grupo entiende que esta es la legislatura del derecho de voto para los inmigrantes, como mínimo en las municipales, y que este no es sólo un compromiso nuestro sino también compartido con el
Gobierno y con su grupo que así lo especificaba en su programa


Acabo, señora presidenta, simplemente añado que entendemos que hay buena disposición al diálogo, pero las propuestas del reglamento tienen que ser realistas y no excesivas, tiene que haber canales individuales pero ordinarios de
regularización. Por tanto, los tiempos cuanto más realistas sean mejor, porque si nos situamos otra vez en la irrealidad lo que nos encontraremos de aquí a tres o cuatro años será con otro proceso extraordinario de regularización que no nos
conduciría a ningún lado.
Necesitamos canales estables de entrada y de regularización.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, quisiera comentarle que esa apelación al consenso y al debate que ha proclamado sabe que va a ser acogida con gran receptividad por mi grupo parlamentario. Nosotros quizá esperábamos algo más,
porque entendemos que algunas de las deficiencias que en materia de extranjería existen en este momento no son corregibles en el desarrollo reglamentario por un elemental problema de rango normativo o de jerarquía normativa, sino que están en la
propia ley. Yo comparto las opiniones de quienes me han precedido en el uso de la palabra y entiendo que la ley tiene deficiencias de constitucionalidad, deficiencias democráticas notables, a pesar de las proclamaciones del Tribunal Constitucional,
las hechas y las que se puedan hacer. En el fondo, señor ministro, yo esperaba una especie de reglamento contra ley.
Yo sé que es un poco atrevido, quizá un poco sedicente, pedir a un ministro que apruebe un reglamento contra ley, pero sí un
reglamento que haga una interpretación espiritual, espiritualista, flexible, casi extravagante en cuanto al contenido normativo del mismo para iniciar el decalaje de una ley que es profundamente antidemocrática en nuestra opinión. Usted sabe, señor
ministro, no lo tengo que reproducir, que el artículo 13 de la Constitución establece que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas y de los derechos fundamentales que proclama el título I de la Constitución, salvo uno -aquí sí
estaría en discrepancia quizá con la propuesta de Izquierda Unida-: el derecho previsto en el artículo 23, es decir, el derecho de sufragio, el derecho a la participación en asuntos públicos. El reconocimiento del derecho al voto de los
extranjeros sí requeriría una reforma expresa constitucional, y quizá el debate no esté maduro a estos efectos; pero si se permite esta circunstancia, si se les reconocen a los extranjeros todos los derechos que proclama el título I, que es el de
rango normativo superior de la Constitución, es el núcleo de los derechos fundamentales y libertades públicas de la Constitución, desde una perspectiva de jerarquía normativa hay que considerar que los extranjeros implícitamente también son
depositarios, también son titulares subjetivos de los derechos que reconocen los demás títulos de la Constitución. También el derecho al trabajo, que proclama el artículo 35 de la Constitución, el derecho de reunión, el derecho para deambular
libremente por el territorio. Todos los demás derechos, muchos de ellos relativizados, limitados y algunos de ellos, incluso -con su consenso desgraciadamente, señor ministro, con el consenso de su partido- negados por la legislación de
extranjería, cuyo


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decalage espero que también podamos consensuar en esta legislatura. Por lo menos en sus aristas más dudosas jurídicamente y más antidemocráticas.El Partido Popular tuvo una concepción del problema de la extranjería vinculado a la política
criminal, a la política de orden público, que, afortunadamente, en esta legislatura estamos en condiciones de superar.
Sin embargo, tampoco parece mucho más sugestivo vincular el problema de la extranjería a la situación del mercado de trabajo, a
la situación del empleo. Contingentar un derecho como el derecho al empleo, que también corresponde a los extranjeros, es casi como negar el derecho al empleo a estas personas, sobre todo cuando ya sabemos, no sólo empírica sino experimentalmente
por el largo período de aplicación de estas leyes, que estos contingentes de extranjeros cuya situación se regulariza, curiosamente, casualidad seguramente, coinciden con la mano de obra que los ciudadanos del Estado español, que los ciudadanos
nacionales, no quieren asumir. Curiosa coincidencia, señor ministro, que desprovee a esta legislación, tanto en su dimensión legal, como en su dimensión reglamentaria, del componente de solidaridad que la señora Barkos proclamaba como necesario y
que yo también reproduzco como opinión de mi grupo parlamentario. Falta solidaridad cuando se vincula el hecho del trabajo, la regularización del contingente de extranjeros. Palabra, por cierto, tampoco particularmente feliz la de contingente.
Como el efecto llamada, palabra infeliz, ya que el efecto llamada no se puede concebir.
No hay un efecto llamada, hay una huida de personas que están sufriendo situaciones de marginación, de hambre, de hambruna, muchas veces, de guerras,
situaciones insoportables. Estas son expresiones no neutras -las palabras no son neutras- que hay que superar en nuestra normativa no sólo literalmente, no sólo nominalmente sino también en cuanto supone un contenido ontológico, un contenido de
fundamentación ontológica de nuestras leyes. Hay que superar eso y no sólo se supera con el reglamento, porque el reglamento no puede modificar la legislación.
Tenemos que afrontar, también en serio, nuevos consenso en relación con la legislación.
Porque el fenómeno de la extranjería es un fenómeno transnacional que nos afecta a todos. Estamos hablando de derechos fundamentales que afectan a las personas por ser personas, por ser ciudadanos, y están limitadas por leyes aprobadas con su
consenso, desgraciadamente. Qué no decir de expresiones particularmente infelices como las del presidente de Extremadura, señor Ibarra, apelando nada menos que al uso del ejército, me imagino que será la Legión, para proveer al control de los
contingentes o de los flujos de extranjeros. También sería bueno, en esta materia como en otras, una única voz por parte de su partido y evitar ciertas licencias literarias a las que, por cierto, es bastante propenso el presidente de esta comunidad
autónoma.



Hecha esta reflexión preambular, con las líneas maestras de lo propuesto por usted como avance, quizás modesto, quizás todavía insuficiente, pero avance que un reglamento posibilita, estamos fundamentalmente de acuerdo y va a poder contar
con nuestra colaboración. Lo decimos enfáticamente, sin ninguna reserva. Me parece que es una aplicación flexible de una ley que tiene elementos difíciles de dulcificar, difíciles de flexibilizar.
No obstante, mi grupo parlamentario tiene algunas
dudas. En primer lugar, ha dicho que uno de los elementos, y nosotros compartimos esta opinión de actuación contra una desordenación del fenómeno de la extranjería, de recepción de extranjeros, es el consenso o los acuerdos que son necesarios con
los llamados países emisores, también expresión infeliz. A las personas no se las puede emitir, se emiten cosas. Las personas huyen de situaciones desgraciadas, de situaciones horribles en muchas cosas. Me gustaría saber un poco de qué hablamos
cuando nos referimos a países emisores; dada la heterogeneidad de los países emisores (vamos a continuar con la infeliz expresión), en cuáles de ellos están pensando, porque la recepción de extranjeros en el Estado español no puede ser más
heterogénea. Son múltiples y de múltiples continentes los extranjeros que vienen a trabajar al Estado español. Es una primera cuestión sobre la cual nos gustaría una mayor aclaración ante la circunstancia de no tener en nuestras manos en estos
momentos el texto legal, señor ministro.



En segundo lugar, cuando habla de requisitos básicos para los contratos celebrados en el exterior ha citado la palabra catálogo. Estas palabras le ponen a uno a la defensiva inmediatamente, porque cuando se habla de catálogo de puestos de
trabajo ya se está contingentando de alguna manera la mano de obra. No sé hasta qué punto también hablar de un catálogo supone reproducir deficiencias que están en la propia ley, reproducir el sistema de cupos, de contingentes, ya que son elementos
desprovistos absolutamente de solidaridad. Estos catálogos harían referencia a los puestos no cubiertos por mano de obra española, es decir, estaríamos reproduciendo esa falta de solidaridad manifiesta consistente en cubrir unos cupos, unos
contingentes coincidentes -¡oh casualidad!-otra vez con la mano de obra que los españoles no quieren asumir. Me parecería importante por lo menos superar nominalmente esta expresión y también conceptualmente, desde luego.



Luego hay una expresión en sus reflexiones que nos parece más preocupante todavía, señor ministro, lo cual no empece que estemos de acuerdo con sus reflexiones troncales. Son algunas cuestiones que nos han generado dudas, como es la
relativa a que la actividad laboral, a efectos de la regularización, tiene que ser fehacientemente demostrable y además supeditada a la continuidad, evaluando esta continuidad en el trabajo en el tiempo de un año. Aquí estamos contradiciendo ya una
de las partes o de las cuestiones dispositivas de la sentencia de 20 de marzo del año 2003, citada también por la señora Barcos, que desaconseja o desautoriza la exigencia


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de una continuidad en la relación laboral a efectos de regularizar la situación de los extranjeros. Me imagino que esto necesita ser objeto quizás de una reflexión más pormenorizada por usted, señor ministro.
Estamos contradiciendo el
contenido de la parte dispositiva de esta importante sentencia y además estableciendo un requerimiento de difícil superación no sólo por extranjeros en situación no documentada, en situación irregular -utilice la expresión que quiera-, sino incluso
por personas como los jóvenes trabajadores que acceden a su primer empleo, a los que muchas veces no les resulta muy fácil conseguir un puesto de trabajo por un plazo de duración de un año o más de un año. Existen contratos temporales de duración
inferior que, por cierto, son la mayoría de los que permiten acceder al primer empleo a los jóvenes trabajadores españoles. Es un requerimiento duro y que además contradice una de las situaciones declaradas nulas por el propio Tribunal Supremo.Por
último, le comento, señor ministro -y esto no va en detrimento del consenso global que mi grupo manifiesta con sus explicaciones, con la filosofía que subyace en el reglamento que vamos a aprobar-, que este reglamento también debe respetar las
competencias que ya están reconocidas por títulos competenciales específicos a distintas comunidades autónomas, y no sólo estas competencias reconocidas por títulos competenciales específicos -luego el consenso debería ampliarse no sólo a los grupos
parlamentarios y a los agentes e interlocutores sociales, sino también a los representantes de todas las comunidades autónomas con competencias- sino también respetar políticas de inserción de trabajadores extranjeros en situación irregular, muy
activas, muy beligerantes, que en comunidades autónomas como la de Euskadi se están desarrollando y practicando hoy.
Desde esta perspectiva, señor ministro, le manifiesto que lo más importante es que compartimos globalmente su posición respecto al
reglamento; que esperamos más en esta legislatura, no basta con aprobar un reglamento que es susceptible de flexibilizar las aristas más duras, más antijurídicas y antidemocráticas de la legislación de extranjería; que esperamos bastante más; que
estamos de acuerdo, pero que, en todo caso, hay algunos aspectos dudosos en su explicación, cuando menos, que requieren alguna matización, alguna reflexión complementaria para conseguir la adhesión incondicional, que es una expresión un poco pasada
de moda, pero la adhesión por lo menos con menos reservas intelectuales de mi grupo parlamentario. No estamos a estas alturas de la vida en condiciones de ofrecer adhesiones condicionales a nadie y sobre casi nada.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra el señor Tardà.



El señor TARDÀ I COMA: Debo decir, desde la inexperiencia, que el señor Caldera nos asusta un poco a veces, porque no sé si es por despiste, si se me permite la expresión, o por voluntad política, pero tiende a olvidar las referencias a las
comunidades autónomas y a sus responsabilidades y obligaciones. Lo digo sin ninguna acritud. Por ejemplo, las comunidades autónomas -al menos hablo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña- sí han contribuido de manera constructiva, eficaz,
conjuntamente con la Administración del Estado, a desencallar el gran tapón que había respecto a los expedientes de regularización, pero quizá tampoco esto tenga demasiada importancia. Usted sabe, señor ministro, que somos conscientes de la
magnitud de la tragedia heredada de la derecha en cuanto a la inmigración; también conoce cuál es nuestra posición crítica respecto de la actual Ley de extranjería; además ya debe conocer nuestras aspiraciones inmediatas respecto a
reivindicaciones competenciales de nuestro país que estarán contenidas en el nuevo estatuto de autonomía, referidas a la emigración y a la inmigración; es decir, de entrada debe quedar claro esto. Ello no quita que nuestro grupo parlamentario se
comprometiese ante doña Consuelo Rumí, en su comparecencia ante esta Comisión -compromiso que la secretaria de Estado agradeció-, a presentar un conjunto de propuestas para el reglamento de ejecución de la Ley orgánica 4/2000, cuyo contenido no
difiere en demasía, como corresponde a la lógica interna de nuestra actuación política, a la presentada posteriormente por el Gobierno de nuestro país.
Por supuesto, al cabo de unos días las hicimos efectivas. Han transcurrido los meses y nuestro
grupo parlamentario no ha recibido ninguna respuesta, lo cual no deja de sorprendernos puesto que somos conocedores de que el proyecto del Gobierno de España, no sé en qué estado de elaboración, ha circulado por diversas sedes de sindicatos, por
algunas ONG y, según parece, en algún departamento de Bruselas. Es más, hemos sido conocedores de que la Generalitat de Cataluña tampoco tiene noticia del contenido del borrador redactado del reglamento y, menos aún, de los recursos de que se
dispone ante el alud de nuevas tareas administrativas que su puesta en marcha supondrá. Resumiendo, una cierta decepción -transitoria, todo sea dicho- por su manera de proceder que lamentaríamos que obedeciera a un cierto menosprecio por su parte
respecto a nuestro grupo parlamentario y a nuestro Gobierno. La verdad es que si el Gobierno de Cataluña -país que acoge el 23 por ciento de la inmigración del Estado español- recibe este trato de ustedes es que nuestras relaciones no van demasiado
bien.



Dicho esto, desearía dejar pública constancia de los ejes prioritarios del contenido de nuestra propuesta de reglamento que aspira a aprovechar al máximo las posibilidades de la Ley orgánica actual. En primer lugar, manifestamos que la
irregularidad es sin duda el primer objetivo a superar. Como criterio general entendemos que el nuevo reglamento ha de permitir aflorar una parte importante de la irregularidad existente en la sociedad. En consecuencia, la dinámica de
regularización


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debe ser permanente, estructural e individual. De igual manera, es imprescindible intensificar las dotaciones de medios humanos y materiales de los servicios de extranjería, la potenciación de la contratación en origen y la mejora de la
acción exterior de las comunidades autónomas.
Por todo ello relacionamos la regularización con la necesidad de plantear la concesión de autorización de residencia temporal por explotación laboral, por irregularidad sobrevenida, por oferta o arraigo
laboral, por supuesto; por arraigo comunitario, es decir, para todas aquellas personas que hayan vivido en el Estado español continuadamente durante un período de dos años y acrediten una situación de arraigo comunitario, un arraigo familiar, un
arraigo por permanencia continuada en situación irregular, o sea, para las personas extranjeras que hayan vivido en el Estado español de forma regular o irregular un período mínimo de cinco años; por razones humanitarias; por ser víctimas de
violencia doméstica, atendiendo además a medidas específicas para las órdenes de expulsión no materializadas; para trabajadores por cuenta propia y a la aplicación de medidas rehabilitadoras -atención, que para nosotros es muy importante- en
centros penitenciarios. Igualmente el reglamento debe fomentar el reagrupamiento familiar porque éste facilita el bienestar y el nivel de satisfacción de las personas y el respeto hacia el país de recepción, posibilitando, por ejemplo, la
reagrupación de hijos hasta los 18 años sin más requisitos y hasta los 25 años si éstos demuestran que dependen económicamente del reagrupante, materializando políticas activas del Plan Nacional de Acción para el Empleo para los residentes sin
derecho a trabajar, facilitando autorizaciones para trabajar a los jóvenes residentes menores de edad nacidos en España de padres extranjeros o atendiendo de manera especial a los menores desamparados. Asimismo, planteamos avanzar en un reglamento
que establezca las garantías y la mayor simplificación de los procedimientos de regularización, haciendo especial hincapié en la capacidad de representación por parte de sindicatos y organizaciones sociales.En lo concerniente a la Administración
local, es necesario el reconocimiento de su responsabilidad en diversas materias relacionadas con la extranjería: colaboración en los centros de migraciones, elaboración y administración de planes de acogida y los procedimientos de extranjería,
colaboración en materia de contingente, etcétera.



Tampoco deben obviarse las comunidades autónomas. Su coparticipación es imprescindible en la concertación de los traslados de irregulares, en las tareas correspondientes a la selección en origen, en la delegación de competencias ejecutivas
en centros de migraciones, en oficinas de extranjeros, en los tratados internacionales de inmigración, en la concertación de todas las decisiones concernientes a contingentes, etcétera. Es más, nos sentiríamos políticamente alarmados si se
pretendiera obviar a las comunidades autónomas. No nos oponemos, ha quedado claro desde siempre, a la idea de traspasar recursos al mundo local, ¡sólo faltaría eso!, pero hay que vehicularlo a través de nuestras instituciones de autogobierno.



Por otro lado, a nuestro entender deben contemplarse otros aspectos básicos: máxima mecanización en la gestión de procedimientos, incremento de los medios humanos y materiales de los servicios de extranjería de las comunidades autónomas y
la delegación a las mismas de las competencias relativas a la inspección laboral, con su dotación económica correspondiente. Esperamos que se nos tenga en cuenta sin más, de otra forma estaríamos gestando un gran fracaso. Ustedes han manifestado
un gran interés en avanzar hacia un pacto de Estado que nos permita afrontar el gran reto de las nuevas inmigración con criterios que, a nuestro entender, dejarían de ser viables si se alejaran de la realidad, pero de igual manera sólo contarán con
nosotros en la medida en que estén presididas y caracterizadas por los anhelos de solidaridad y justicia social, en la medida en que en la coyuntura política actual las fuerzas de la izquierda disponemos de nuevas y mayores posibilidades. Este fue
el sustrato común a ustedes y a nosotros gracias al cual pudimos consensuar hace unos meses una moción específicamente relacionada con la inmigración a raíz de la interpelación presentada por nuestro grupo parlamentario.



Finalmente, permítame que le diga que para nosotros también es muy importante hablar de recursos. Estamos de acuerdo en que una política de inmigración correcta y progresista requiere recursos económicos para destinarlos a fortalecer los
programas sociales. De hecho, es imposible protagonizar una buena política de inmigración sin tener en cuenta las necesidades específicas de esta población -educación, sanidad, servicios sociales etcétera-, en el marco del fortalecimiento del
Estado del bienestar para evitar -lo cual conlleva un gran esfuerzo presupuestario, repito- brotes de racismo y xenofobia entre la población autóctona. Hay que dotar económicamente el fondo estatal que se convino en la moción aprobada a la cual se
ha hecho referencia anteriormente; dotarlo suficientemente para posibilitar las aportaciones a las comunidades autónomas según el porcentaje de población inmigrante empadronada en los ayuntamientos y de los planes o acciones que se quieran
desarrollar. La efectividad y rentabilidad de las políticas de acogida e integración exigen también transparencia presupuestaria y que cada una de las administraciones que intervienen conozca qué es aquello que llevan a cabo las otras. Creo que
una propuesta aplicada y materializada de corresponsabilidad nos haría avanzar a todos en positivo, para lo cual proponemos la elaboración de una estrategia tendente a establecer un programa que a lo largo de la legislatura vincule a todas las
administraciones en una empresa común. Este programa evitaría que se funcionase con convenios negociables año a año -éste es el caso de los convenios con el Imserso para políticas de integración- y evitaría la


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dinámica de que cada año las comunidades autónomas tengan que plantear una cuestión tan fundamental. Cataluña apuesta por un programa general de acogida de los inmigrantes que mejora la actual. En estos momentos la acogida se basa en un
convenio con el Imserso que está actualmente desbordado por las necesidades. No se puede acoger a 200.000 personas cada año; cien diarias.Termino. Vivimos un momento decisivo en las políticas de inmigración, una coyuntura decisiva y clave. En
Cataluña y en todas las comunidades autónomas donde la recepción de población inmigrante es notoria se es consciente de que nos jugamos el futuro de la unidad civil. Por eso desde Cataluña exigimos recursos de forma inmediata; recursos que
permitan afrontar la acogida, recursos que permitan atender las problemáticas añadidas producto de la inmigración en el mundo escolar o en la sanidad, que permitan atender al gran incremento de usuarios de los servicios públicos y, por supuesto,
exigimos recursos de su ministerio, cuyo ámbito y responsabilidad de actuación tan relacionados están con la problemática que nos ocupa. Es más, estamos muy expectantes ante lo que nos presentarán en estos presupuestos, con especial énfasis a la
transferencia económica necesaria a la que hemos hecho referencia para que en Cataluña podamos elaborar un plan general de acogida profundo y un programa de integración eficaz para Cataluña y para el conjunto de las comunidades autónomas que tienen
el problema más acuciante. Sin ello -no quisiera decir que no cuente con nosotros, sería absurdo decirlo- es evidente que el gran pacto de Estado será una virtualidad. Para nosotros la propuesta que usted nos hace es muy importante. Nosotros la
estudiaremos a fondo. Usted sabe que en Cataluña nos jugamos mucho. Estudiaremos el reglamento y, a la vez -repito-, esperamos con expectación los presupuestos.



Debo decirle también -quizás ahora me voy a alargar- que hay algunas cuestiones que no hemos entendido. Por ejemplo, la Dirección General de Integración se propone actuar en un campo en el que no tiene competencias. Las competencias son de
las comunidades autónomas. Anuncian ayudas a la primera acogida. ¿Con qué criterios? Termino el bucle. Cuando usted obvia a las comunidades autónomas, quizá nosotros nos alarmamos de manera exagerada. (Risas.) Usted ha hecho referencia a la
necesidad de transferir recursos a los municipios -lo que nos parece perfecto-, pero siempre se olvida de hablar de las comunidades autónomas. En fin, supongo que será un despiste. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Campuzano por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor ministro, quiero agradecerle su intervención que ha sido larga y ha apuntado los principios en los que se va a desarrollar la acción del Gobierno. Creo que todos los grupos y el propio ministro en su
intervención coincidimos en ese análisis basado en la complejidad del asunto del que estamos hablando y de las repercusiones para el conjunto de la sociedad en términos de cohesión social, en términos de convivencia ciudadana y en términos de
desarrollo de valores compartidos en nuestras sociedades. Todo ello es lo que exige, evidentemente, políticas sostenidas en el tiempo y políticas además que compartan lo más posible todas las fuerzas con representación parlamentaria, todas las
instituciones que gobiernan en los diversos niveles administrativos del Estado y el conjunto de sectores que representan los intereses de la sociedad. Mi grupo viene insistiendo prácticamente desde finales de la primera legislatura en la que
gobernó el Partido Popular en que es necesario alcanzar acuerdos de fondo en política de inmigración. Por tanto, de entrada el planteamiento que viene haciendo el Gobierno sobre la necesidad de alcanzar políticas de Estado en esta materia que sean
compartidas goza de las simpatías de Convergència i Unió. El reto que abordamos es difícil, es complejo, implica a menudo que los gobiernos deban tomar medidas duras, medidas que quizás desde la óptica de los derechos humanos o desde la óptica de
los principios de solidaridad sean discutibles y que requieren del consenso para mantenerse en el tiempo y dar respuesta a los problemas que el fenómeno de la inmigración también nos genera. En este sentido, sepa el Gobierno, sepa el señor ministro
que en la aplicación firme y rigurosa de las actuales leyes existentes en ese ámbito va a contar con la complicidad de Convergència i Unió. Mi grupo entiende que a veces usted y su secretaria de Estado, su equipo, deberán tomar medidas que serán
criticadas desde determinadas posiciones políticas, pero sin lugar a dudas cualquier gobierno de la Unión Europea deberá tomar en los próximos tiempos en materia de inmigración. Por tanto, aplicación firme y rigurosa de la ley que va a contar con
nuestro apoyo. Eso no quiere decir aplicación rígida de la ley, sino ser capaces también de introducir la flexibilidad necesaria en términos de eficacia, y sin lugar a dudas en términos humanitarios y de solidaridad; aplicación firme y rigurosa,
pero ni mucho menos aplicación rígida, sino con la suficiente flexibilidad.



Entendemos que el Gobierno deberá moverse en los próximos tiempos en ese punto de sentido común que se necesite en materia de inmigración. Además, la aplicación rigurosa y firme de la ley pero suficientemente flexible va a exigir la
movilización de recursos económicos tanto por lo que hace referencia a la propia gestión de los flujos migratorios como al desarrollo de las políticas de acogida e integración social. Es evidente que si hoy las cosas no han funcionado bien en
materia de política de inmigración ha sido por la ausencia de recursos económicos de la Administración central del Estado en la gestión de los flujos migratorios, en la gestión pura y dura de la extranjería. En ese sentido, los presupuestos para el
año que viene van a ser la prueba


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del nueve de la capacidad que tenga el Gobierno de articular los incrementos necesarios, por ejemplo en todos los procesos de mecanización de los procedimientos orientados tanto a la obtención de permisos de residencia y trabajo como a la
renovación de los mismos, en el aumento de las plantillas de trabajadores estables y fijos que deben hacer frente a esas situaciones (quiero recordar que de esas doscientos y pico personas incorporadas, la mayoría son contratos temporales), al mismo
tiempo de hacer frente a las necesidades de carácter social. Otros portavoces ya han hecho referencia a ello, pero es evidente que hay territorios -en mi caso, Cataluña, que recibe un mayor número de personas inmigrantes- que necesitan una mayor
capacidad de recursos económicos para hacer frente a las necesidades de carácter social, de carácter educativo y de carácter sanitario. En este sentido, también debe formar parte de la prioridad de su acción política aplicar el principio de
solidaridad hacia aquellos territorios del Estado que reciben más inmigrantes. Por tanto, movilización de recursos económicos tanto en el ámbito de la gestión de la extranjería en el sentido puro y duro como para hacer frente a las necesidades de
carácter social en relación con los servicios públicos de manera muy específica. Además hoy es inimaginable la gestión de la inmigración sin un papel central y primordial de los gobiernos autonómicos. Comparto las referencias que se han hecho en
la última intervención en el sentido de que nos ha sorprendido también en su intervención la ausencia del papel central de los gobiernos autonómicos en ese ámbito. Le recomiendo, señor ministro -seguro que lo conoce-, la última comunicación de la
Comisión Europea, de junio de este año, muy interesante, sobre el estudio de los vínculos entre la inmigración legal e ilegal. En la página 8 destaca y dice: Dado que muchos de los trabajadores admitidos en virtud de los acuerdos bilaterales son
contratados por pequeñas y medianas empresas, las oficinas de empleo regionales -en la terminología de la Unión Europea- son más capaces de responder a las necesidades específicas de la economía local.En esta interesante comunicación se insiste en
la aproximación de la gestión de la inmigración precisamente a quienes están más cercanas a las dinámicas económicas donde se desarrollan buena parte de los movimientos de trabajadores extranjeros. Cuando mi grupo le plantea la necesidad de papel
central (ya insistíamos en diversos aspectos en el documento que le hicimos llegar a la señora Rumí sobre propuestas respecto al reglamento), nos fundamentábamos en dos elementos: por un lado, la exigencia de Cataluña como nación, como país, de
gestionar el propio impacto migratorio en nuestras sociedades, pues nos parece que cualquier sociedad nacional tiene derecho a gestionar el impacto de los fenómenos migratorios en términos de eficacia, y por otro lado respecto a aquellos territorios
que no se afirman como sociedades nacionales, una mejor incorporación de las personas trabajadoras pasa por una efectiva implicación, tal como afirma la comisión de las oficinas de empleo, hoy día en manos de las comunidades autónomas en buena parte
del territorio del Estado. Por tanto, en el desarrollo de la política que deberá producirse en los próximos tiempos, y bajo la lógica de esa política de Estado, bajo la lógica de una política sostenida en el tiempo, ese papel central de las
comunidades autónomas nos parece absolutamente esencial.



Entrando en el reglamento, mi grupo se alegra de que el Gobierno marque claramente la salida del proceso de elaboración del mismo. Nos parece importante que mañana se nos haga llegar este borrador de reglamento. Mi grupo le pide que no
mantenga abierto el proceso de elaboración del reglamento más allá de lo legalmente necesario. Nos parece que llevamos demasiados meses -prácticamente desde su triunfo electoral- con la expectativa abierta en el mundo de la inmigración, y por lo
tanto es bueno cerrarla, para procurar que las buenas expectativas que se abren no sean aprovechadas por quienes desde hace demasiados años han hecho negocio alrededor de las personas inmigrantes en situación irregular. Por tanto, mi grupo insta a
que a partir de mañana, cuando ese reglamento circule de manera pública por todo el Estado, por los medios de comunicación y en el mundo de la inmigración, el Gobierno tenga la capacidad de conducir este proceso con firmeza, y mucho antes de que
termine este año apruebe este reglamento y se publique en el Boletín Oficial del Estado.



Respecto a los criterios que ha formulado en su intervención, y a la espera de poder estudiar a fondo el reglamento, a mi grupo le parecen suficientemente razonables. Por tanto nos parece que vamos en la línea de aprovechar el actual marco
legal existente, para procurar un desarrollo que nos permita la aplicación rigurosa y firme de la ley, pero que también nos dé margen para introducir la flexibilidad necesaria y que podamos responder de manera razonable a los retos planteados. En
este sentido, en relación con el proceso de normalización vinculado al trabajo, y con ese carácter transitorio, mi grupo quiere plantearle cuatro peticiones. En primer lugar y en función de las experiencias habidas en anteriores procesos de
regularización, procurar que la duración de ese proceso no sea excesivamente larga. Yo creo que los anteriores procesos fracasaron, entre otras cuestiones, porque durante demasiado tiempo estuvo abierta la expectativa de encontrar papeles, y por
tanto dimos muchísimo margen para que quien se quisiera aprovechar de la situación pudiese jugar. Por ejemplo, la última regularización que hubo en Bélgica duró tres semanas; quizá tres semanas son pocas, pero yo creo que un mes es el período
interesante para mantener abierto ese procedimiento de carácter transitorio. En segundo lugar, que el Gobierno se plantee la necesidad de cerrar el espacio Schengen mientras dure ese proceso de normalización efectiva. Mantener abiertas las
fronteras españolas durante el proceso de la obtención


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de papeles es una invitación a que emigrantes que están situados en otros países de la Unión Europea tengan la tentación equivocada de acercarse a España para intentar resolver su situación. Es una medida excepcional, pero creo que puede
funcionar y dar garantías. En este sentido, a mi grupo le gustaría saber si el Gobierno ha abierto una discusión en el marco de la Unión Europea con otros gobiernos europeos para conocer el alcance de las medidas que se contienen en este
reglamento. Finalmente, en ese mismo ámbito, en el texto de su intervención - que he pedido para leer con un poco de calma-, en el supuesto de este proceso de normalización, abre la posibilidad de actualización de las cotizaciones a la Seguridad
Social, ingresándose las correspondientes al tiempo de trabajo que hubiesen transcurrido en situación irregular. Mi grupo entiende que esta posibilidad no sería demasiado oportuna. Al empleador, a la familia que tiene una persona trabajando en su
seno, a la pequeña y mediana empresa que ha cogido una persona por esas dificultades que usted mencionaba, si además les hiciésemos pagar las deudas con la Seguridad Social no sé si estaríamos estimulando la necesidad de que este proceso suponga una
efectiva normalización de nuestro mercado de trabajo. En este sentido, mi grupo entiende necesaria una medida excepcional como la que se plantea con ese carácter transitorio, y por tanto manejada lo más firmemente posible por parte del
Gobierno.Tres comentarios muy breves, porque veo que tengo la luz roja. Mi grupo le pide encarecidamente, señor ministro, que haga frente con firmeza a la situación que este verano se ha vivido de nuevo en Alcarràs, en la comarca del Sarrià, en el
poniente de Cataluña. La situación que se ha vivido en Alcarràs es absolutamente absurda. El primer ayuntamiento de las comarcas de Lleida que hizo frente, muchas veces con la incomprensión absoluta del resto de municipios de esa zona, a la
situación de la inmigración irregular necesita el apoyo del Gobierno del Estado español, necesita la proximidad del ministro, necesita la proximidad del Estado y necesita los recursos para hacer frente a lo que viene sucediendo en los últimos años,
como es la aglomeración de ciudadanos que llegan de terceros países y que, sin papeles, se dirigen a uno de los primeros ayuntamientos que ha desarrollado políticas de acogida e integración social. Mi grupo le pide encarecidamente que tome las
medidas necesarias para evitar que en Alcarràs vuelva a suceder lo que ha sucedido este verano.



Dos últimos comentarios. Aplaudimos la apertura de las negociaciones con Marruecos para la gestión conjunta del fenómeno migratorio y estimulamos al Gobierno al éxito en esta materia. Es imposible gestionar el fenómeno de la inmigración en
España sin esa cooperación, sin esa colaboración a fondo con Marruecos. Por tanto, mi grupo alienta al Gobierno en esa política. Finalmente, entendiendo ese ámbito de la cooperación con los países terceros, con los países de donde proceden las
personas inmigradas, mi grupo pide al Gobierno que, junto con el Grupo Socialista, estudie con calma una iniciativa que mi grupo parlamentario ha presentado al principio de esta legislatura, una proposición de ley para modificar la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo con el fin de incorporar el codesarrollo como un elemento central en las políticas de cooperación de España, y por tanto que avancemos en la vinculación entre las políticas de inmigración y las políticas
de cooperación, no tanto con la esperanza de que eso suponga un freno para los movimientos migratorios, sino con la convicción de que a las personas inmigradas que vienen a España podemos dar los medios para que puedan ayudar al desarrollo de sus
países de origen. En este sentido, mi grupo pretende contar con el apoyo y la complicidad del Gobierno socialista, y por tanto del Grupo Parlamentario Socialista, para abrir en esta legislatura un proceso de reforma de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo con el fin de incorporar estos criterios.



La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al señor Hernando, suspendemos la sesión durante dos minutos. (Pausa.)


Tiene la palabra el señor Hernando, por el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor ministro, por comparecer en esta Comisión y por hacerlo de forma urgente, en la medida de lo posible, dado que la Comisión tramita las comparecencias de la Ley contra la violencia de género -como usted
sabe perfectamente, porque es también materia de su competencia-, la presidenta dio la fecha de hoy como primera posible, y el ministro ha acudido a esta comparecencia en la primera fecha posible.
Vaya por delante, en todo caso, que si llega a
venir usted la semana pasada habría habido gente que no hubiera estado contenta -usted lo sabe, ministro-, puesto que la cuestión era criticar al Gobierno.



Antes de empezar propiamente mi intervención, quisiera hacer una aclaración con seriedad. Sé que va a comparecer la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración que tendrá tiempo de contestar a ciertas manifestaciones que se han hecho.
No obstante, déjenme decirles que, hablando de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración hoy se han hecho acusaciones injustas, basadas en falsedades y en inexactitudes.
A mí eso me produce indignación, y esto lo digo con mucha seriedad.
Ojalá el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista hubiesen tenido la suerte, mientras estaba en la oposición, de contar con la mano tendida y la interlocución que la secretaria de Estado y el ministro están ofreciendo ahora a la
oposición para llegar a un acuerdo sobre esta materia; y ojalá tuviésemos ahora también la suerte de tener aquel tipo de oposición responsable. Lo digo porque he tenido el honor de trabajar durante cinco años con la secretaria de Estado.



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Se ofrecieron hasta cinco redacciones para dar salida a la Ley de extranjería y al tratamiento de los derechos fundamentales. Se estuvo negociando hasta las doce de la noche, y el Partido Popular y el Gobierno dijeron no; simple y
llanamente no porque no querían el acuerdo. Se ofrecieron dos redacciones de acuerdo y de pacto, y el Gobierno del Partido Popular dijo no. El Partido Popular, hasta ahora -usted lo sabe, y lo ha dicho, señor ministro-, no ha querido un pacto de
Estado sobre esta materia.Sabemos -y lo hemos sabido por los periódicos- que hace dos semanas en Tordesillas -allá donde, hace siglos, se repartieron el mundo-, un comité de estrategia decidió que la inmigración iba a ser un campo de confrontación.
(Rumores.-La señora Muñoz Uriol: ¡Bueno, sabe más que nosotros!) Bien, pues en un campo de confrontación lo que hay que buscar es motivos para confrontar, y motivos para confrontar se pueden buscar en un tema como la inmigración siempre que uno
quiera. Es tan complejo, es tan difícil de asir, que uno siempre puede simplificar o sacar de contexto frases o palabras y criticar al Gobierno. Pero hay críticas que son injustas.



La vez anterior vine con una documentación relacionada con el pasado, y debo ser un poco ingenuo. Cuando el diputado de Esquerra decía que él se sorprende o se asusta ante determinadas manifestaciones porque lleva poco tiempo aquí, yo
también me sorprendo y me asusto porque llevo poco tiempo, por tanto pensé que esta vez la réplica de determinada portavoz no iba a ir por ahí, y me dije: esta vez vamos a intentar que vaya por un cauce de normalización del tratamiento de este
fenómeno, y por tanto de normalización de las relaciones entre los partidos políticos para tratar este fenómeno. Soy demasiado ingenuo.



Sobre el período inmediatamente anterior a esta comparecencia, sobre estos meses de atrás, básicamente los meses de verano, se ha comentado que el Gobierno había dicho que eran los empresarios los que iban a decidir -falso, nunca dijo el
Gobierno que son los empresarios los que van a decidir-, que el Gobierno dijo que iba a haber una amnistía -falso, el Gobierno nunca dijo que iba a haber una amnistía-; que esto era papeles para todos y que los papeles para todos producen el efecto
llamada. Pero ¿quién habla de papeles para todos, si es el Partido Popular el que inmediatamente, ante cualquier propuesta del Gobierno, ha hablado de papeles para todos? Además nos habla de papeles para todos alguien que ha dado papeles a los que
han viajado por miles -los viajes de ida y vuelta de Fernández Miranda para los ecuatorianos-; papeles a los que se han encerrado en las iglesias; papeles para los que no tenían empleo ni tenían oficio ni beneficio. Pero ¿cómo papeles para todos
esta propuesta que establece cuatro y cinco requisitos? Papeles para todos es la propuesta que el Grupo Popular en el Senado aprobó con otros grupos en el mes de junio pasado diciendo: abrir un período de regularización para aquellas personas que
en la actualidad se encuentren en situación irregular administrativa en la perspectiva del mercado laboral. Pero ¿cómo papeles para todos cuando el ministro ha mencionado hasta cuatro requisitos? ¿Cómo que papeles para todos? No, seamos un poco
responsables, no es papeles para todos, y ustedes lo saben.



Dicen: diálogo, consenso y pacto el que alcanzamos con la Ley de extranjería. No, con la Ley de extranjería ustedes hicieron tres reformas, y en la última y respecto a la parte que se reformaba llegamos a un acuerdo, pero no se equivoquen,
la ley de extranjería no es la política migratoria, ese es su gran error, se lo digo sinceramente; su gran error es pensar que la política migratoria se reduce a la ley de extranjería, y no es eso, es un conjunto de medidas que nos ayude a
gestionar el fenómeno migratorio, y es sobre todo una actitud. Que constantemente nos estemos arreando -y permítanme la expresión- paraguazos en la cabeza con este tema es la peor pedagogía que podemos hacer ante la ciudadanía, pero yo sigo
teniendo esperanza y que en algún momento se darán cuenta de que debemos dejar de discutir para ponernos a trabajar en serio sobre un acuerdo que haga que este fenómeno empiece a normalizarse en España.



El ministro sabe cuál ha sido nuestra actitud, y nuestra actitud ha sido intentar llegar a acuerdos sobre los ejes fundamentales que él ha mencionado. En torno a eso voy a hacer una serie de reflexiones. Sobre las causas de la inmigración
estoy de acuerdo con Emilio Olabarría y con algún otro portavoz que decían: el efecto llamada no lo produce el Boletín Oficial del Estado, porque el Boletín Oficial del Estado no se lee en los suburbios de Casablanca, ni en los bateyes de República
Dominicana ni en la conurbación de Bogotá. No, allí lo que hay es miseria. Allí lo que hay es gente con ganas de prosperar. Es la dignidad la que mueve los flujos migratorios. Son una serie de factores de expulsión.



En cuanto a los factores de atracción, tampoco son las leyes. Los mejicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos intentan ir hacia Estados Unidos porque allí encuentran empleo y una vida más digna. Los sudaneses o los somalíes se van a los
países del Golfo Pérsico porque allí encuentran empleo y una vida digna y tantas otras naciones y los ciudadanos de esas naciones emigran a los países vecinos por razones, como ha dicho usted, ministro, sociolaborales. Es el mercado de trabajo, la
búsqueda de bienestar y la búsqueda de mayor seguridad vital la que hace que se muevan los flujos migratorios y no los boletines oficiales del Estado de que se trate. En España aparte de un diferencial de riqueza, de bienestar, de crecimiento
respecto a los países de los que provienen los inmigrantes, hay fundamentalmente un problema grave que es la segmentación del mercado de trabajo. Esa segmentación del mercado de trabajo propicia que haya un segmento secundario del mismo que
requiere una mano de obra muy poco cualificada, está muy desestructurado, es una mano de


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obra intensiva, muy poco remunerada y fundamentalmente en la economía sumergida. Son la economía sumergida y ese segmento secundario los que produce básicamente una atracción. Por tanto, la intención del Gobierno de tratar la economía
sumergida como un elemento fundamental para armonizar las migraciones y para dar salida a las migraciones es un elemento básico, no creo que nadie esté en desacuerdo con ello. Estas causas de atracción del mercado de trabajo español y las causas de
la emigración se dan en España desde los años ochenta con mayor o menor medida y de ahí la Ley 7/1985. Vemos que en los últimos ocho años se ha multiplicado por 3,4 el número de inmigrantes en España, y que según el Observatorio europeo en el
último año han entrado 600 ó 700.000 inmigrantes. ¿A nosotros se nos ocurrió decir entonces que las fronteras españolas eran un coladero, un queso de Gruyère o algo por el estilo? No, porque sabemos las dificultades que hay. Incluso le digo que
tiendo a no creerme el dato, pero el dato de las entradas de inmigrantes irregulares en el último año es espectacular. Sin embargo, nunca se nos ocurrió decir que se había abandonado el control de las fronteras porque eso era hacer demagogia y con
este tema no conviene hacer demagogia.Se han hecho manifestaciones respecto al mantenimiento o la quiebra del sistema de solidaridad y reparto de la Seguridad Social, la mayor presión como ha leído de la inmigración sobre el Estado del bienestar.
Eso es indudable; pero se ha llegado a decir por el consejero de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que esto iba a producir una auténtica quiebra. Si queremos que los ciudadanos comprendan el hecho migratorio y acojan a los
inmigrantes con normalidad, esas declaraciones no se pueden volver a producir porque eso es un llamamiento manifiesto a la xenofobia frente a los extranjeros. El ministro ha dicho que la inmigración tiene una serie de efectos secundarios.
Reconozcámoslo, efectos secundarios en la educación, efectos secundarios en los servicios sociales, efectos secundarios en los municipios sobre todo, y que los ayuntamientos y las comunidades autónomas a veces no pueden hacerse cargo del aumento de
gasto que eso significa. Parece que el Gobierno, y lo ha manifestado el ministro, está en un proceso para ver cómo se puede colaborar con ayuntamientos y con comunidades autónomas a fin de evitar que la llegada de inmigrantes produzca un deterioro
de los servicios públicos. Señorías, respecto a los inmigrantes que ya están aquí, reconozcámoslo, no seamos hipócritas, hay muchos miles de inmigrantes que están trabajando, tienen alquilada una vivienda, a sus hijos escolarizados, están empleados
y, sin embargo, carecen de papeles. ¿La solución es expulsarlos, como ha dicho el ministro? Estas cosas hay que contestarlas. ¿Qué hacemos, los expulsamos? Si tienen trabajo no se lo están quitando a otros, es su trabajo. ¿Es razonable, por
tanto, darles un permiso de trabajo y residencia, o parece disparatado teniendo todos estos requisitos darles un permiso de trabajo y residencia? Sinceramente yo creo que es muy razonable.



Se ha dicho también que esto contravenía la normativa europea en materia de inmigración. Esta es una alegación extravagante, porque en Italia se han regularizado 600.000 inmigrantes en el año 2002, en Portugal 180.000 en el año 2001, y en
Grecia 370.000 en 1998 y 351.000 en el 2003; pero cuando el Gobierno propone aquí en el 2004 un proceso de estas características está contraviniendo la normativa europea, y el que lo dice se queda tan pancho, y no pasa nada. Pues no, es falso,
tampoco contraviene la normativa europea ni la legislación europea un proceso de estas características. Vamos a decir lo que es falso, porque si no luego parece que todo lo que se manifiesta tiene visos de ser verdad.



La continuación de estas miles de personas en situación irregular, sin papeles, es perjudicial para todos: perjudica a las Administraciones, a la Seguridad Social, a los propios trabajadores españoles y a los empresarios que cumplen con sus
obligaciones. Beneficia a alguien: a las mafias y a los explotadores. Sinceramente, como los beneficios para el interés general, incluido el interés de los inmigrantes, son mucho mayores, bienvenido sea este proceso con todo el diálogo necesario
para adaptarlo lo máximo posible a las necesidades reales del mercado de trabajo. Me está mirando la presidenta con cara de que tengo que terminar ya, y voy a hacerlo.



Quizá el Gobierno podía haber tomado la decisión de aprobar el reglamento de la Ley de extranjería hace tres meses, lo que pasa es que entonces sólo se estaba iniciando el proceso de diálogo. Se podía haber aprobado sin hablar con nadie:
con sindicatos, con empresarios, con organizaciones no gubernamentales y con asociaciones de inmigrantes. Se decidió que era preferible abrir un proceso para hablar con todos ellos, y todos han presentado sugerencias, y a partir de ahora, ya con el
texto en la mano, se va a volver a hablar con estos interlocutores; parece necesario. Se podía haber dicho: como el Parlamento hizo la ley, nosotros vamos a hacer el reglamento sin consultar a nadie, como ya se hizo en el pasado.



Por último, ministro, nadie se lo va a reconocer, pero ha acabado usted con un atasco histórico. La portavoz del Grupo Popular, que fue directora general de Migraciones -no recuerdo exactamente el nombre-, conoce las colas que se generaban
y se han ido generando sucesivamente durante años en torno a las oficinas de extranjería, colas que daban la vuelta a la manzana en algunos sitios (en Pintor Rosales, en muchos sitios), pero en el plazo de tres o cuatro meses se ha acabado con un
atasco espectacular de expedientes. Digo que nadie se lo va a reconocer, porque no hay nadie aquí que venga de las organizaciones sociales ni ningún inmigrante que le diga que en España en el mundo de la inmigración se sabía que para pedir una cita
había que esperar tres meses, para que la diesen seis, para que renovasen el permiso doce, y para que den una nacionalidad dos años y medio (lo digo de paso); es decir, esto


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se medía en plazos. En tres meses se ha podido con medidas muy sencillas (por eso a veces me pregunto por qué no se tomaron en el pasado) acabar con ese atasco. Por tanto, he de felicitarle, ministro, por esa solución.Ya simplemente tengo
que decir alguna otra cosa. A pesar de la intervención de algunos portavoces, sigo teniendo esperanzas, señora Muñoz, de verdad se lo digo. El fenómeno migratorio en España sólo es posible afrontarlo desde la unidad de las fuerzas políticas y
desde la colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos; unidad y colaboración para gestionarlo con acierto; unidad y colaboración como la mejor pedagogía política para que la sociedad comprenda y acoja este fenómeno con
naturalidad. Sinceramente, no creo que la bandera de la inmigración pueda ser una bandera en manos de ningún partido. Se lo digo muchas veces a las organizaciones no gubernamentales. No es bueno que la bandera de la inmigración sea bandera de un
solo partido o de una organización no gubernamental o de una asociación. Es bueno que la inmensa mayoría de la ciudadanía se haga con esa bandera, que sea la inmensa mayoría de la ciudadanía, todos los partidos, los que digan: la inmigración es
necesaria, vamos a gestionar adecuadamente la inmigración.
Del mismo modo, no sería bueno que ningún partido cogiese la bandera del no a la inmigración, y creo que por ahora no se ha hecho, sinceramente; igual que por ahora ningún partido lo ha
hecho, jugar su futuro electoral a la carta migratoria, porque el día que eso ocurra, será un desastre para todos. Confío, señor ministro y señorías, en que todos vamos a reflexionar sobre el tema y en que el pacto, tantas veces anunciado por el
Gobierno y hoy reiterado por usted, sirva para que afrontemos la inmigración con responsabilidad y de nuevo desde la unidad y la colaboración.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, nuevamente, el señor ministro, para responder a los distintos grupos.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señoras y señores diputados, por sus intervenciones.
Estamos reflexionando ya en palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que
el resultado de esta reflexión va a ser muy útil a la sociedad española. Les agradezco profundamente sus intervenciones porque interpreto, y creo que bien, que todos los grupos parlamentarios, al margen del Grupo Popular al que ahora dirigiré una
sola reflexión, coinciden en el análisis de fondo de qué tratamiento se debe dar a la inmigración, la necesidad de que sea consensuada y también realista, es decir, hay que contraponer las cosas a la realidad. En ese sentido, he entendido que todos
los grupos avalan en principio las propuestas de fondo que hemos sometido a su consideración a través de esta propuesta de proyecto de reglamento. Reconózcanme, señoras y señores diputados, señora portavoz del Grupo Popular, que no es habitual
discutir un proyecto de reglamento en esta Cámara. En mi larga vida parlamentaria, que ya suma bastantes años, nunca lo he visto. Yo lo estoy haciendo porque además es muy necesario para que acertemos en las soluciones, en la regulación de este
fenómeno. Por lo tanto, me alegro profundamente que coincidan en el fondo de las cuestiones. Por supuesto que hay visiones parciales críticas y aportaciones muy interesantes. He tomado nota de todas ellas, vamos a tratarlas con el debido respeto
y muchas de ellas a incorporarlas a esta filosofía. Una vez que les entreguemos mañana mismo el reglamento, espero que a partir de ese momento, y sin demasiado tiempo, como decía el señor Campuzano (estoy de acuerdo; creo que estamos todos
dispuestos a hacer un trabajo, rápido, esmerado, en no demasiado tiempo, y es intención del Gobierno que sea aproximadamente en un mes, a mediados de octubre), pueda estar aprobado para no alimentar posibles situaciones fraudulentas que siempre
perjudican a seres humanos. Por lo tanto, espero que ustedes nos envíen todas sus reflexiones, todas sus propuestas y que de aquí a que se apruebe el reglamento estemos casi en diálogo permanente para esa incorporación. También con el Grupo
Parlamentario Popular me gustaría que así fuera. La secretaria de Estado desde el mes de junio viene trabando contactos con grupos políticos, comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos y empresarios, para ahormar las propuestas. Hemos
recibidos sugerencias e indicaciones, como han expuesto aquí varios portavoces de todos los grupos, de todos los consultados. Tengo que decir que del Grupo Popular no hemos recibido ninguna sugerencia. (La señora Muñoz Uriol: ¡El reglamento!)
Bien, dice que el reglamento. De acuerdo, si ustedes consideran que su propuesta es el borrador de reglamento así lo consideraremos, pero me gustaría que sobre las propuestas que les hemos hecho hoy y que mañana presentaremos, ustedes, como
principal grupo de la oposición, nos den sus respuestas y nos encantaría que se sumaran al consenso. Es evidente que de las intervenciones de S.S. se demuestra que hay problemas serios que hay que resolver y que el único mecanismo para resolverlo
está en las grandes líneas que inspiran las propuestas de reglamento.



Por contestar de forma rápida, porque no puedo hacerlo demasiado detalladamente a todas las intervenciones, a la señora Uxue Barkos -que ha tenido que marcharse seguramente, pero para que conste en el 'Diario de Sesiones'-, le agradezco su
intervención, que comparto básicamente.
Manifestaba una prevención que quiero despejar completamente y era que el enfoque a dar a la inmigración no tuviera un carácter mercantilista; no lo va a tener. Hay que combinar adecuadamente -y contesto
también a algunas otras posiciones- necesidades del mercado laboral con criterios de solidaridad y humanitarios, pero no es menos cierto que el criterio principal, debido a que efectivamente los


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factores de expulsión de los países de donde vienen los inmigrantes y los factores de atracción de las sociedades a las que se dirigen tienen un orden socioeconómico básico y están sustentados en la necesidad de mejorar la calidad de vida y
de encontrar un futuro mejor, debe ser ese, aunque este debe venir acompañado, por supuesto, de las necesarias cuotas de solidaridad. Por ejemplo -lo han planteado los señores Herrera y Tardà- hay sin ninguna duda incluidos en la propuesta de
reglamento a discutir con todos ustedes criterios de arraigo; otros donde son las entidades locales, por ejemplo, quienes avalan dicho arraigo; otros supuestos de residencia excepcional por motivo de protección internacional, por supuesto más
amplio que el criterio stricto sensu del asilo; otras por razones humanitarias y otras por colaboración, que hay que mejorar ese régimen con las autoridades judiciales o policiales cuando se produzcan situaciones de explotación. Es decir, existe
un elenco, suficiente -que podemos mejorar- para que entre los criterios de arraigo, entre aquellos criterios que permitan la concesión de un permiso de trabajo o de residencia, se encuentren también otros factores; el principal debe ser sin
ninguna duda el de las necesidades del mercado laboral.Por supuesto vamos a reforzar los servicios públicos de empleo, como plantea la señora Uxue Barkos, porque son absolutamente fundamentales, pero también la Administración tiene que ver con la
gestión de la inmigración.



Me gustaría contestar a Joan Herrera, portavoz de Izquierda Unida, primero, pidiéndole disculpas, porque tiene razón. Lamento profundamente no haber dicho al principio que ustedes promovieron una Diputación Permanente en agosto, preocupados
como estaban con la evolución del fenómeno. Es evidente que en el fondo compartimos plenamente los criterios que les llevaron a ustedes a solicitar esa Diputación Permanente; y hubo un pequeño desacuerdo que lamento profundamente, porque estoy
convencido de que ustedes -y así lo habíamos hablado incluso entre nosotros- lo que querían era que compareciera el Gobierno, y no establecían ningún requisito previo sobre cuál de sus miembros debería ser. El Gobierno consideró después que, debido
a la evolución de los trabajos previos del reglamento y a lo ocurrido durante el verano, debería comparecer el ministro. Sinceramente les pido disculpas y les reconozco que por supuesto ustedes jugaron un papel fundamental. Ha distinguido entre
medidas urgentes y a medio plazo. Tiene que haber algunos cambios. No toda la política de extranjería tiene que ver con el orden legal, como indicaba don Antonio Hernando; hay otras muchas políticas que pretendemos impulsar. Además en el orden
legal efectivamente no sólo hay que centrarse en el reglamento; habrá cambios en la ley debido entre otras razones a la incorporación de nuevas decisiones comunitarias. Algunas preocupaciones que SS.SS. han manifestado estoy convencido de que las
podremos resolver.



El Grupo Socialista en su momento presentó un recurso -contestando también al señor Olabarría, que no está presente- de inconstitucionalidad, y mantiene plenamente los criterios que le condujeron a la presentación de aquel recurso en
relación con la valoración del alcance de los derechos fundamentales que asisten a los seres humanos por el hecho de serlo. Ese recurso se mantiene y el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el mismo. Yo expreso mi opinión. Creo que va
a ser favorable a la aceptación de aquel recurso; por tanto, nos permitiría reformar algunos de los elementos de la vigente Ley de extranjería, que espero que sea también en su momento por consenso. Esas serían las medidas más de fondo.



Sobre las medidas urgentes he escuchado, señor Herrera, con absoluta atención las propuestas que usted planteaba; coincido ampliamente con ellas: la flexibilidad en relación con el tiempo de permanencia para utilizar el concepto de arraigo
laboral -yo estoy de acuerdo-, también que aquilatemos el tiempo exigible para formular una denuncia y que no sea obstáculo quizá la necesidad de que se haya estado trabajando durante un año. Todo eso está abierto a la consideración de todos
nosotros.
Efectivamente, la consideración de la situación nacional de empleo -y también la señora Barkos lo planteaba- hay que territorializarla, claro que sí. Ese es un elemento fundamental que queremos modificar con el reglamento; es decir, que
los actores principales del diseño tanto del régimen general como del contingente no sea sólo el Gobierno por su decisión, sino que sean las comunidades autónomas -aquí tiene que haber plena capacidad de codecisión y de integración en la decisión, y
lamento que no se haya entendido mi respeto, luego le contestaré, señor Tardá, a las comunidades autónomas-, fundamentalmente con el análisis territorializado de las necesidades del mercado laboral que los empresarios y sindicatos pueden aportar a
través de los procedimientos establecidos para una buena fijación tanto del criterio de situación nacional de empleo como de los instrumentos que van asociados al mismo.
Estoy totalmente de acuerdo con esto, así como con el dispositivo especial que
usted ha planteado para que el arraigo sea efectivo; no me ofrece ningún problema. También podremos discutir a lo largo de la elaboración del reglamento todo lo atinente a las órdenes de expulsión, a aquellas situaciones donde efectivamente puedan
existir riesgos para la vida de las personas -creo que están bastante puestas en razón-, así como que en este proceso transitorio la participación de los interlocutores sociales es fundamental; totalmente de acuerdo. Por supuesto que coincido con
el criterio del codesarrollo; lo he planteado como uno de los cuatro elementos fundamentales de las líneas que deben guiar la política de inmigración, y en relación con los medios -también lo ha planteado el señor Tardá- vamos a hacer un esfuerzo.
Le puedo anunciar que en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2005 los presupuestos que tienen


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que ver con la Secretaría de Inmigración y Emigración van a sufrir un importante incremento, superior al 15 por ciento. Hay que tener presente, lo adelanto, que las cantidades destinadas a esta actividad o a la cobertura de estas
necesidades son modestas. Vamos a hacer un importante esfuerzo, pero aún con ello yo mismo soy consciente de la magnitud de las necesidades, y es por ello que además del esfuerzo que por sí mismo hace el Gobierno consideramos muy oportuna -creo que
su grupo parlamentario, también el de Esquerra Republicana, lo plantea- la necesidad de dotar de un fondo específico que esperemos que pueda articularse en la tramitación parlamentaria; desde luego el Gobierno va a tener la mejor disponibilidad a
que esto pueda ocurrir. No prejuzgo su alcance específico; es un fondo que al final tiene que llegar a los ayuntamientos, que son los receptores de la inmigración y quienes fundamentalmente atienden desde el punto de vista de la política social
las necesidades de los inmigrantes, pero que bien puede conformarse, por supuesto, como un fondo estatal con participación de comunidades autónomas, y los criterios se puedan acordar entre comunidades autónomas, Estado y entidades municipales
(ayuntamientos) para su distribución. Por tanto, ese fondo podría y debería tener esa amplia naturaleza con participación, por supuesto, de las comunidades autónomas. He escuchado con sumo respeto, señor Herrera, su propuesta en relación con el
voto. Creo que deberíamos intentar en su momento un consenso generalizado. Usted dice que lo va a plantear a lo largo de la legislatura y me parece bien, es una línea que tenemos que explorar. Me gustaría que hubiera el máximo consenso posible en
estas materias que sin ninguna duda son materias constituyentes. Yo no lo descarto, me parece bien que S.S. lo plantee; tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, pero es probable que haya que abordarlo a lo largo de la legislatura. Ojalá
que sea con el consenso de todos. Ya conozco su posición que, repito, escucho con sumo respeto.En relación con la intervención del señor Olabarría, que está entrando, he explicado antes que a lo largo de la legislatura no sólo nos centraremos en el
reglamento, sino que probablemente habrá que hacer modificaciones legales derivadas entre otras razones por la necesidad de incorporar la normativa comunitaria. No me incite usted a hacer un reglamento contra ley, pero sin duda que en este
reglamento vamos a intentar absorber, incorporar muchos de los elementos que su sensibilidad ha puesto encima de la mesa.
Me gustaría profundizar en ello, porque cuando le escuchaba estaba pensando que el señor Olabarría tiene un concepto que le
honra, como a otros portavoces que han intervenido, y que ya me gustaría que pudiera ser universal. En el fondo lo que nos ha venido a decir es: Emigrar es un derecho, inmigrar es un derecho, no sean ustedes cicateros y no establezcan sólo una
conexión directa o relacionada con el mercado laboral. A eso tengo que contestarle que le honra su posición, señor Olabarría, pero que todavía no estamos en disposición, vistas las tensiones que se podrían generar y la entidad del fenómeno, de
aceptar una política que sí sería absolutamente de puertas abiertas, por tanto, hay que establecer algunos criterios de regulación que permitan un flujo ordenado desde el punto de vista legal. El mejor sistema para hacerlo es el de las necesidades
del mercado laboral con algunos elementos humanitarios y de solidaridad, que antes explicaba. El reglamento establece esa posibilidad, para que el criterio de arraigo lo sea también por razones humanitarias, de protección internacional, en
supuestos de residencia excepcional por colaboración con autoridades judiciales o policiales. En todo caso, cierto es que tiene que haber unos criterios legales inspiradores. Por tanto, aunque esa posición repito que le honra, en este momento no
podríamos desarrollarla. Desde luego, estoy de acuerdo en que la política de extranjería no debe estar vinculada al orden público. Decía usted que no es demasiado feliz que lo vinculemos sólo al mercado laboral; ya le digo, con las matizaciones
que le he expresado, que estamos abiertos a las propuestas que SS.SS. nos quieran aportar.
Cuánta razón tiene -también nos lo recordaba el señor Hernando- en decir que somos a veces prisioneros del lenguaje, y se va estableciendo una pedagogía
negativa que lamento profundamente. Lo voy a tener en cuenta además a partir de ahora. Es verdad, eso de efecto llamada es horrible.
Lo que hay son factores -nos lo recordaba el señor Hernando- de expulsión y factores de atracción. Sin ninguna
duda, quienes abandonan su familia, su tierra, lo hacen empujados por un verdadero estado de necesidad, y aquí tenemos que pensar en la enjundia del problema. No sé si a veces somos conscientes de su alcance. Cuando en Africa se desarrolla una
plaga de langosta como la ocurrida este verano, van a aumentar los flujos migratorios; cuando se producen guerras sin fin en determinados países, aumentan los flujos migratorios. Las situaciones trágicas y desgraciadas que se viven aumentan esos
flujos y hay que tener un sentimiento humanitario para entenderlo. Otra cosa es que al mismo tiempo tenemos que procurar que estos flujos se desarrollen de acuerdo a criterios ordenados y legales. Le agradezco profundamente su planteamiento en
relación con el apoyo de fondo a las cuestiones que planteamos en este reglamento.



Por lo que se refiere al codesarrollo y qué países, son muchos; pero no es menos cierto que hay algunos países, señor Olabarría, donde se concentra especialmente el fenómeno y donde nos interesa particularmente fomentar políticas de
codesarrollo que permitan la sujeción de la población y que exista inmigración incluso de forma ordenada, con contratación en origen, con posibilidad de retorno a estos países. Singularmente estos países en estos momentos son Marruecos sin ninguna
duda, que es el principal emisor junto con Ecuador; están a la par; Colombia es el tercer país con número de emigrantes en España; Rumanía es en este momento es el cuarto y a partir de ahí ya hay una larga


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lista de países, incluidos los subsaharianos, donde como usted bien sabe el porcentaje de su población, a pesar del dramatismo que conlleva las imágenes que vemos en el fenómeno del tránsito de pateras, es muy inferior al conjunto de la
inmigración. A lo largo de lo que llevamos de año el número de detenciones de personas que ha entrado vía pateras no llega a 10.000 en España; la cantidad es mínima en relación con la de otros países. A mí tampoco me gusta la expresión catálogo
de puestos de trabajo; vamos a intentar mejorarla. ¿Qué es lo queremos decir, señor Olabarría? Es sencillo. Ahora tenemos una reserva cuasimonopolística de los instrumentos que favorecen la entrada de trabajadores extranjeros, necesarios, como
recordaba el señor Hernando, para la economía nacional; el que se establezca en función de la situación nacional de empleo en ocasiones impide que se puedan realizar esos contratos. Hay que flexibilizar este criterio, y lo que estamos diciendo es
que en muchas ocasiones la situación nacional de empleo se convierte en una especie de velo que impide que se pueda contratar legalmente a estas personas. Es decir, para cubrir determinado puesto de trabajo hay inscritas en los servicios públicos
de empleo determinadas personas; llamadas a desempeñar la actividad concreta que se ofrece, no la cubren y al mismo tiempo es imposible que a través del contingente o del régimen general se pueda desarrollar este acto que es necesario para nuestro
mercado laboral. Se trata de ver qué necesidades tenemos y cuáles son de difícil cobertura porque aunque nominalmente estén cubiertas realmente no lo están, y ello nos permita -hablamos de un catálogo- hacer una política más extensa a la hora de
identificar las necesidades del mercado laboral. Si no le gusta la fecha obligatoria de un año a efectos de poder acogerse a este nuevo sistema de concesión de permiso de trabajo, podemos revisarlo. Es una propuesta que hace el Gobierno. Quizá
sea un dato demasiado exigente o una circunstancia obstaculizadora, demasiado exigente. Estamos dispuestos a revisarlo en función de las aportaciones que ustedes mismos y los sindicatos y empresarios nos puedan hacer en el diálogo social. Si la
oferta ha de durar un año quizá sea un período elevado; es una propuesta que hace el Gobierno y que -repito- estamos dispuestos a revisar y a concordar con todos ustedes.Por supuesto, señor Olabarría, tenga claro mi máximo respeto a las
competencias de las comunidades autónomas -igual que le diré ahora al señor Tardá-, mi máximo respeto al orden competencial vigente y al futuro, al que se establezca. Con independencia del orden competencial de futuro, que sé que ustedes reclaman
-y, como le indique en mi primera comparecencia, hay algunos límites al mismo que están establecidos constitucionalmente y sobre todo por la política comunitaria; podremos discutirlo en su momento-, antes de llegar a ello, en toda la gestión que
hoy compete a la Administración del Estado, el mecanismo más inteligente y el mejor de todos es asociar, codecidir, participar con las comunidades autónomas para que éstas, junto con los ayuntamientos, nos puedan ayudar en la gestión de este
fenómeno. Por tanto, no va a haber ninguna reserva en esta disponibilidad que manifestamos. El reglamento es competencia estatal sin ninguna duda, pero en el mismo incluso -podemos discutirlo- incorporaremos medidas que permitan que se desarrolle
esa política de codecisión entre comunidades autónomas y el Gobierno de la nación. Espero que de ese modo no entienda que esto es un olvido ni que mis posiciones le supongan a usted un susto, porque además he citado varias veces a las comunidades
autónomas. Tiene usted toda la razón; le pido también disculpas como hacía antes con el señor Herrera. El éxito del programa de renovación, que es también importante porque va a ser permanente, de papeles de personas con documentación a lo largo
de este verano no hubiera podido ser posible sin la cooperación de las comunidades autónomas, en particular de la Comunidad Autónoma de Cataluña que ha aportado sus medios y que ha demostrado que, cuando se coopera, se obtienen unos resultados
excepcionales, como los que ha tenido Cataluña, a la hora de eliminar esas tremendas colas y esas inquietudes para todos, para el ciudadano que pedía la renovación de su permiso y para los empresarios para los cuales trabajaban. Por tanto, por
supuesto que esa cooperación ha sido muy eficaz y yo se la reconozco, como respeto sus críticas a la Ley de extranjería -ya decía antes que algunas de ellas deberán ser abordadas a lo largo de la legislatura-, como respeto también su reivindicación
competencial. Tengo que decirle, en relación con las propuestas que hace para la aplicación del reglamento, que no se lo hemos entregado a nadie; créame que serán ustedes, los portavoces de los grupos parlamentarios, los primeros en recibirlo
mañana por la mañana y después lo haremos con los interlocutores sociales. Ni yo ni la secretaria de Estado hemos entregado ningún texto, hemos conversado con todos ustedes a lo largo del verano sobre las grandes líneas orientadoras del mismo. Por
lo tanto, espero que me crean cuando les digo que ustedes serán los primeros en recibirlo. Aflorar esas situaciones y superar la irregularidad es el verdadero sentido de este reglamento. Si yo tuviera que poner un título diría reglamento tiene que
ser igual a regularidad, entre otras cosas porque los principales beneficiados son los propios inmigrantes y la sociedad española. Sólo se pueden aprovechar de estas situaciones de irregularidad desaprensivos para así explotar a estas personas.



Estoy bastante de acuerdo en tomar en consideración algunos de los planteamientos que ha hecho. Quizá tiene un concepto demasiado expansivo de los criterios de arraigo, ya hay algunos incorporados al reglamento, pero podemos estudiar el
resto. Totalmente de acuerdo con la coparticipación de las comunidades autónomas. Ya le dije antes al señor Herrera que el incremento para el próximo año de la partida en las actividades de inmigración y migración estará por encima del 15 por
ciento.



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Aunque es modesta la cantidad de la que disponemos, es un incremento importante y espero que en los próximos ejercicios podamos superarlo. Por último, estoy muy de acuerdo con usted -y voy a intentar hacer un esfuerzo en ello- en establecer
programas plurianuales; es decir, en superar la anualidad -la visión corta, la visión estrecha- de programas que son indispensables, sobre todo, para acoger el fenómeno de la inmigración. Igualmente el Parlamento, si así lo tiene a bien, debería
dotar un fondo en la tramitación presupuestaria y que, como le decía, el Gobierno no tiene ningún inconveniente que sea también comunitaria -en relación con comunidades autónomas-, pero, sin ninguna duda, su destino final tendrán que ser los
ayuntamientos que soportan la mayor presión migratoria.Gracias por su intervención, señor Tardà, y recogeremos también sus sugerencias.



En relación con la intervención de Convergència i Unió, el señor Campuzano ha hablado también de la necesidad de programas estables, sobre todo de la necesidad de políticas de Estado sostenidas y compartibles. En ese sentido su intervención
ha sido muy interesante y la comparto plenamente e igualmente la flexibilidad que plantea en la aplicación firme de la ley. Hay que hacerlo pero con la suficiente flexibilidad y ausencia de rigidez para que los criterios humanitarios y de
solidaridad tengan cabida, y desde luego la van a tener, van a tener cabida en la elaboración y aprobación de este reglamento. Ya le he contestado en relación con los recursos, vamos a hacer un verdadero esfuerzo. Vuelvo a decir que, sin ninguna
duda, en este momento son modestos, pero me parece importante el incremento superior del 15 por ciento, además del fondo que se pueda dotar a lo largo de la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sin ninguna duda, la
solidaridad debe ser el criterio fundamental a la hora de aplicarlo con aquellos territorios en los cuales se da una mayor emergencia de este fenómeno, donde hay una mayor concentración de inmigrantes -por supuesto que este tiene que ser el criterio
fundamental-, y, como he dicho, el papel de las comunidades autónomas debe ser, sin ninguna duda, esencial. Queremos que esté aprobado el reglamento a mediados de octubre, por tanto, en este caso, la rapidez es un elemento protector de derechos;
no supone una desprotección, al contrario, protege. Por tanto, vamos a pedir a todos los actores y a los grupos políticos que intervienen en la negociación la máxima diligencia y rapidez posible.



Me han hecho cuatro peticiones que estudiaremos con mucho detenimiento.
Dice que la duración del proceso no puede ser muy larga. Estoy de acuerdo -no sé si quizá un mes es poco, sensu contrario-, quizá haya que establecer un tiempo más
amplio. En todo caso lo he sometido a su consideración. La idea del Gobierno es que el proceso debe ser breve porque, si no, se convertiría prácticamente en proceso permanente. Vamos a ver el tema del espacio de Schengen porque tiene otras
contraindicaciones, no es fácil. En todo caso, es un planteamiento que hace su señoría. Tiene usted razón sobre el fondo. Quien piense que al socaire de este proceso puede obtener una documentación, está francamente equivocado, porque para ello
tendría que haber estado residiendo en España el tiempo que marquemos entre todos, previamente a la entrada en vigor del reglamento, que será un tiempo suficiente. Por lo tanto, la llegada inmediata no serviría para nada, pero lo estudiaremos. Me
parece un planteamiento interesante el que usted hace. Anteriormente, contestando a la señora Muñoz, dije que si vamos a imputar una responsabilidad a aquellas personas que quisieron legalizar estas situaciones y no pudieron, quizá este
procedimiento sea injusto a la hora de obligar a pagar cotizaciones a la Seguridad Social. Si le parece, creo que el mejor modo de resolverlo es el diálogo con empresarios y sindicatos, para ver si podemos establecer algún mecanismo razonable, en
el que no haya un elemento sancionador demasiado elevado que permita el afloramiento de esas situaciones. Al final, creo que el criterio debe ser el de la utilidad.



En relación con Alcarràs, señor Campuzano, quiero manifestarle mi apoyo, al igual que para todos aquellos municipios que sufren la economía irregular, es decir, con inmigrantes irregulares o sin documentación, y que están haciendo esfuerzos
notables por su integración. Por tanto, como sé que este es un problema que sufren este ayuntamiento y algunos otros, quiero manifestarle toda mi solidaridad y todo nuestro apoyo, así como el estudio de su proposición de ley sobre cooperación
internacional al desarrollo para fomentar el codesarrollo.



Me alegro que usted salude el mejoramiento del clima de relaciones con Marruecos, porque es muy importante. Quiero recordar, porque quizá lo olvidé en la intervención de la señora Muñoz, que el número de repatriaciones de este año, a día 31
de agosto, alcanza las 70.000. Ha sido un número elevado, casi el doble del año pasado. Quiero decir que Marruecos está aceptando íntegramente la repatriación de sus nacionales.
Antes no se hacía con tanta claridad, pues hubo rechazos en años
anteriores, pero hoy recibe y acepta la repatriación de todos aquellos ilegales que han salido de sus fronteras y que han llegado a España. Un problema más grave es el de los subsaharianos, donde comunitariamente hemos planteado -y esperamos que se
pueda desarrollar- la necesidad de dotar un fondo de ayuda a Marruecos para la repatriación de aquellos ciudadanos subsaharianos que están en su territorio de forma ilegal, con un coste que grava mucho los recursos de Marruecos, a quien hay que
ayudar para que pueda hacerlo, tanto en ese sentido como en las patrullas mixtas, que ya existían, pero que hay que continuar impulsando y desarrollando. La cooperación con Marruecos es un elemento fundamental para la ordenación adecuada de la
inmigración.



Por último, quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su intervención. Quiero recordar,


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como él indicaba, que la política migratoria no sólo tiene que ver con las normas legales, sino que hay otro capítulo fundamental, como son las políticas de integración y desarrollo, a las que el Gobierno va a dedicar especialísima atención.
Me gustaría que pudiéramos compartir todos estos criterios.Acabo agradeciéndoles a todos sus intervenciones y aportaciones, destacando la complejidad de este fenómeno, su sensibilidad por afectar a millones de personas, la necesidad de que
intentemos articular el mayor consenso político y social y el entendimiento de que la inmigración es un fenómeno universal permanente en el tiempo, fundamentalmente impulsado por razones de orden económico y de miseria, que son los factores de
expulsión. Creo que debemos articular una política razonable, con los controles suficientes, pero adecuando las necesidades de nuestro mercado laboral a las necesidades de mano de obra y a la concesión de estos posibles permisos. Si lo hacemos
así, rendiremos un buen servicio a la sociedad española. Una vez que tengan ustedes el reglamento, les pido por favor que, cuanto antes, nos envíen cuantas sugerencias y aportaciones consideren oportunas.



Una vez más, muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su pormenorizada y detallada comparecencia en un tema tan sensible en nuestro país como el de la inmigración.



Muchísimas gracias de nuevo, señor ministro.



Se levanta la sesión.



Eran las nueve y veinte minutos de la noche.