CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 69

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 8

celebrada el martes, 7 de septiembre de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias, en relación con el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género:


- De la señora catedrática de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona (Subirats i Martori). (Número de expediente 212/000124.) ... (Página 2)


- De la señora presidenta de la Asociación para la Protección del Menor en los procesos de separación (Aprome) (Sacristán Barrio). (Número de expediente 219/000036.) ... (Página 14)


- De la señora directora general de la Mujer de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Llinás Warthmann). (Número de expediente 212/000125.) ... (Página 25)

Página 2


- Del señor catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid (Valdés Dal-Ré). (Número de expediente 219/000037.) ... (Página 36)


- De la señora alcaldesa de Navarcles (Alòs i Pintó). (Número de expediente 212/000126.) ... (Página 43)


- De la señora representante de TAMAIA, Asociación de Mujeres contra la Violencia Familiar. Expertas en atención, asesoramiento y tratamiento a mujeres que han sufrido violencia de género, de Barcelona (Carmona Martínez). (Número de
expediente 219/000038.) ... (Página 52)


- De la señora representante de la Comisión de la Mujer del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) (Peláez). (Número de expediente 219/000039.) ... (Página 64)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:


- DE LA SEÑORA CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y CONCEJALA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (SUBIRATS I MARTORI). (Número de expediente 212/000124.)


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.



Reanudamos las comparecencias en relación con la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, bienvenidos a las señoras y señores diputados al inicio de este nuevo período de sesiones.



Nuestra compareciente, doña Marina Subirats i Martori, catedrática de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, también concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, nos hará una exposición sobre el proyecto que tenemos en
este momento en esta Cámara, esperando, como con todas las comparecencias que estamos teniendo, que repercuta en una buena ley que dé solución a los problemas que tenemos planteados en la sociedad.



Tiene la palabra, señora Subirats.



La señora CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y CONCEJALA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (Subirats i Martori): Buenos días a todas y a todos.



Tengo que empezar diciendo que para mí fue una gran alegría conocer este proyecto de ley y saber que estamos en una etapa en la que podremos iniciar un avance en nuestro país a través de esta ley, en lo que se refiere a la igualdad entre
hombres y mujeres y especialmente en lo que se refiere a la violencia de género, un problema que a mi modo de ver es gravísimo. Por tanto, lo primero que quiero hacer es felicitar al Partido Socialista por la presentación de este proyecto de ley y
animar a todos los partidos de esta Cámara a que esta ley pueda salir adelante, no sólo esto, sino que sea incluso liderada de una manera muy directa por este Congreso, porque esta ley tiene un gran alcance y es un marco de trabajo en el que debería
insertarse un cambio cultural con profundidad.
Evidentemente, todos sabemos que las leyes por sí solas no pueden cambiar la sociedad, pero las leyes son un marco necesario. En la medida en que esta ley es manifestación de una voluntad de un
Gobierno -y espero que sea también de la voluntad de una Cámara y de un país- de cambiar elementos que no funcionan en nuestro sistema social, efectivamente es cuando podemos emprender este cambio cultural que, como les he dicho, es absolutamente
necesario.



Voy a hablarles de tres aspectos a los que yo puedo referirme porque los conozco más y que me parecen fundamentales. En primer lugar qué es la violencia de género y qué costes tiene hoy para la sociedad, para explicar por qué necesitamos
este cambio cultural en profundidad. En segundo lugar, cómo conseguir este cambio cultural a través de dos aspectos, el primero la educación, que es el ámbito en el que yo he trabajado de una manera más directa, y el segundo, el de los medios de
comunicación que como creadores y difusores de cultura tienen hoy una potencia extraordinaria. Por tanto, o cambian también los medios de comunicación u otras medidas no serán suficientes para cambiar lo que tenemos que cambiar.



Primer aspecto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género y por qué les digo que necesita un cambio cultural? La violencia de género hoy ha aparecido como un problema en nuestra sociedad a través de un hecho terrible que
es el maltrato a las mujeres, maltrato que a veces llega hasta la muerte, hasta el homicidio, pero la violencia de género es algo que va mucho más allá. En este momento, y probablemente en todos los momentos del pasado -espero que no en el futuro-
es un componente que está profundamente enraizado en nuestra cultura, por una serie de


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razones, que sólo voy a nombrar hoy de paso porque no hay tiempo para explicar en profundidad. Durante muchísimos siglos se ha considerado que la agresividad era una necesidad de supervivencia y, en la división de roles de género entre
hombres y mujeres, esta ha correspondido a los hombres. Por tanto, ha habido muchísimos elementos que han contribuido a configurar así la figura masculina, no en cuanto a sexo, sino en cuanto a género; el género es variable a través de la historia
en sus formas, pero tiene una connotación que se mantiene por ahora aun con diversas formas.
Se ha considerado que uno de los componentes fundamentales del género masculino -de la socialización también, por tanto de cómo formar a los hombres en la
sociedad- era precisamente la agresividad y la violencia, entendidas como un elemento necesario para la supervivencia en sociedades de carencia, en sociedades de escasez, en las cuales la lucha por la vida es un componente fundamental. Hoy estamos
en una sociedad que ya no es de escasez, por supuesto que hay mucha escasez en el mundo, pero la humanidad hoy es capaz de vivir bien en cuanto a la capacidad productiva.
Por tanto, la primera afirmación que quiero hacer es que hoy la agresividad y
la violencia de género son actitudes totalmente obsoletas respecto a las necesidades sociales que las pudieron crear en el pasado.
Pero, ¿qué ocurre? Yo soy socióloga y me he dedicado toda la vida a estudiar las sociedades y en las sociedades hay
algo que se repite constantemente que es que muchas veces ciertas formas sociales aparecen por unas necesidades determinadas, esas necesidades luego desaparecen, pero la forma social como forma cultural se mantiene, porque el cambio cultural muchas
veces es más lento que lo que llamamos el cambio estructural. Cambian las condiciones de vida, pero las mentalidades se van manteniendo y se van reproduciendo cuando ya ni siquiera es una necesidad para la supervivencia o para la relación humana
que eso sea así. Esto es lo que nos está ocurriendo hoy. Hoy, inculcamos en los niños una violencia que no tiene ya ninguna necesidad en la sociedad, que no tiene ninguna virtualidad, pero que sí existe por razones culturales. Por esto es
necesario que haya un cambio cultural como única forma de erradicar en profundidad la violencia de género que estamos observando; de otro modo, vamos a poner parches, pero la causa seguirá estando ahí.¿A quién perjudica la violencia de género?
Evidentemente, estamos hablando de una ley que sobre todo nos tiene que servir para proteger a las mujeres de algo que estamos sufriendo. Sin embargo, quiero decir algo que no sé hasta qué punto puede ser hoy compartido y yo espero en algún momento
poderlo demostrar a través de la investigación -en este momento yo no tengo mucho tiempo para eso, pero tenemos ya algunas piezas de investigación que nos lo muestran- que es lo siguiente: la violencia de género masculino es hoy una causa de
pérdida de años de vida y de graves penalidades para las mujeres, pero más todavía para los hombres. Digo esto porque, cuando se analiza qué ocurre con la mortalidad femenina y la masculina, aparece el hecho de que la mortalidad masculina es mucho
más alta que la femenina, es mucho más alta desde los primeros años de vida, pero sobre todo se acelera a partir de los 14 años. Cuando analizamos las tasas de mortalidad masculinas y femeninas desde los 14 años hasta los 30 ó 40 nos encontramos
con que las tasas de mortalidad masculinas son aproximadamente el triple que las tasas de mortalidad femeninas. Cuando vamos a mirar las causas de mortalidad masculinas, el porqué de esta sobremortalidad masculina, normalmente se piensa que procede
del sexo, es decir, de características físicas que hacen que los hombres sean más débiles físicamente por alguna razón y mueran antes. No voy a negar que esto pueda existir, no lo sé; en unas condiciones de igualdad real y falta de violencia de
género veríamos hasta qué punto es así. No soy bióloga y no puedo saberlo y además creo que nadie lo puede saber, puesto que estas cosas sólo podríamos saberlas en una sociedad realmente igualitaria, donde los factores de género ya no incidieran
sobre los factores estrictamente biológicos.



En cualquier caso, lo que digo es que cuando hoy miramos cuáles son estas causas de muerte y lo miramos en edades tan tempranas como pueden ser los 14, 20, 25 años, es decir, cuando todavía no podemos atribuirlo a un desgaste del cuerpo, lo
que encontramos es que las causas de mortalidad masculinas son en gran parte causas externas: accidentes de tráfico, envenenamientos, caídas, homicidios, suicidios. Es decir, para llegar a saber hasta qué punto podemos atribuir toda una serie de
causas a la violencia de género tenemos que hacer una investigación mucho más detallada. Yo no conozco todavía que esto se haya hecho y espero que se haga. Cuando lo miro en los niños, pues sí lo hemos trabajado muchísimo en las escuelas, ¿qué es
lo que veo? Que estamos inculcando a los niños la necesidad de ser agresivos. Hemos hecho toda una serie de observaciones y análisis en las escuelas viendo cómo se produce la violencia y las agresiones entre niños y niños, niños y niñas, etcétera.

¿Qué es lo que observamos, cuáles son los datos que tenemos? El mayor número de agresiones se produce de los niños a los niños; el segundo de los niños a las niñas; el tercero, ya mucho más lejos, numéricamente mucho más abajo, de las niñas a las
niñas, y sólo en último términos tenemos, de una forma muy limitada, agresiones de las niñas a los niños.
Sin embargo, las que se quejan son las niñas, a pesar de que no son las que más agresiones reciben, ya que los niños reciben más agresiones.
La percepción de esta violencia y de estas agresiones es muy diferente en los niños y en las niñas. En los niños es casi un juego, forma parte del entrenamiento para la vida, es algo exigido. Quien sufre no es el niño que sufre una agresión,
excepto si le rompen la cara, depende del grado de violencia. En muchos casos esto sucede como un juego entre niños. El niño que sufre es el niño


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que no es capaz de soportar ese juego, el niño que no es capaz de agredir a los demás. Este niño inmediatamente es objeto de burla. Todos sabemos eso. Entre niños, excepto límites que van muy allá y también depende de las culturas, los
momentos, el nivel social, etcétera, esta violencia es algo compartido, es algo que forma parte del juego, es algo que no se percibe como negativo, sino que se percibe como la prueba de la masculinidad.En el caso de las niñas, las agresiones son
agresiones y lo que hacen es intimidarlas. Las niñas se defienden, pero curiosamente sólo se defienden a través de la palabra y muy raramente a través de la acción. Como hoy hay una cierta masculinización de las mujeres (la igualdad ha producido
de momento un ir hacia la masculinización por así decir), vamos encontrando niñas más agresivas cada vez, pero digamos que en unas proporciones mucho más bajas que en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque para las niñas la agresión aparece
precisamente como una agresión, por tanto, como un daño, como algo negativo, mientras que para el niño no. De la misma manera, en la sociedad nos hemos dado cuenta del horror de la violencia de género a través de las agresiones a las mujeres y no a
través de las propias agresiones entre los hombres. Sin embargo, como les decía antes, estas agresiones tienen un precio muy alto en vidas humanas, en años perdidos, etcétera.



Me parece que tengo por aquí los datos con los que he estado trabajando para Cataluña, que es el lugar donde vivo, y por ejemplo para el año 2002 la cifra que dan los anuarios catalanes sobre población es de 193.704 años de vida perdidos en
la población entre 1 y 70 años por muertes prematuras debidas a este tipo de violencia. Por supuesto alguien puede decir que un accidente de tráfico es un accidente de tráfico. Sin embargo, si indagamos en el porqué de muchos de los accidentes de
tráfico nos daremos cuenta de que hay una componente de afirmación de agresividad y de violencia que tiene mucho que ver con lo que inculcamos a los niños como necesidad de imponerse, de ser más fuerte, de dominar su entorno.
Ahí tenemos la raíz de
la violencia de género y por tanto de la violencia que se ejerce también sobre las mujeres. Muchos hombres ni siquiera son conscientes de que luego se están imponiendo sobre las mujeres de una manera que llega a la violencia. Por supuesto no digo
todos los hombres, cuando hablamos de género hablamos de una pauta cultural que abarca en principio a todos los individuos del grupo al que se refiere, pero luego cada individuo tiene otros componentes, sean biológicos o culturales, que pueden
modificar esa pauta que reciben. Por tanto, no estamos hablando de que todos los hombres incidan en esa pauta, sino de que la sociedad tiene hoy una cultura androcéntrica que da a todos los niños estas pautas y casi les incita y les fuerza a
interiorizarlas. Por tanto, o desmontamos eso o no avanzaremos. Evidentemente no se podrá desmontar en dos años, es un proceso largo, pero un proceso que hay que iniciar porque, si no, como les digo, el coste es altísimo, y también para los
hombres. Por tanto, esa ley no debe ser algo que las mujeres defienden solas, sino que es algo que debe interesar a los hombres y a las mujeres por igual, porque también los hombres tienen mucho que ganar si deconstruyen, por así decir, esta forma
cultural absolutamente perniciosa, como les decía, y además hoy ya no necesaria. Este es todo un discurso muy largo y no tenemos tiempo de verlo.



Dicho esto, voy a referirme rápidamente a cómo podemos ir cambiando esta forma cultural y cómo transmitirla, es decir, voy a referirme a los medios de comunicación y la educación.



Los medios de comunicación hoy son los grandes productores y distribuidores de cultura, entendiendo como cultura no sólo la alta cultura, que lamentablemente no suele estar muy presente en los medios, sino todo lo que desde el punto de vista
sociológico y antropológico llamamos cultura, es decir, todo el ámbito de las normas en que nos movemos, de las formas de relación, etcétera. Los medios de comunicación, cuando los analizamos, tienen un componente androcéntrico o de violencia
sexista, o como le quieran ustedes llamar, altísimo, porque juegan con una especie de connivencia: como esto es algo que está embebido en la sociedad, algo de lo que ni siquiera somos conscientes -las mujeres también participamos en la cultura
androcéntrica, también somos machistas en este sentido; hemos empezado a luchar contra ella y a cambiarla, pero como receptoras de la misma cultura también participamos del sistema de valores androcéntrico-, los medios de comunicación muy a menudo
buscan esta especie de connivencia, por lo que usan mucho todos estos estereotipos y muy pocas veces son innovadores culturalmente; la mayoría de las veces los medios de comunicación están utilizando unas formas culturales que no sólo no son
innovadoras, sino que son retrógradas, formas que corresponden más al pasado que al presente y por supuesto al futuro. Podría darles ejemplos, pero para no extenderme no voy a hacerlo.



Al margen de cosas que se refieren a la defensa de las mujeres agredidas, que son de una urgencia total, en términos de cambio cultural la máxima urgencia que hoy tenemos en nuestro país, y por supuesto en todos los países (todavía no
tenemos hoy ninguna cultura libre de androcentrismo, aunque algunas han avanzado más; la nuestra ha avanzado bastante en los últimos años, sin embargo, tiene todavía una componente muy fuerte de androcentrismo), lo más urgente es el cambio en los
medios de comunicación, precisamente por la gran potencia que tienen hoy los medios de comunicación como difusores de cultura. No tenemos hoy en la sociedad ninguna agencia de la potencia de los medios de comunicación en cuanto a la cultura; la
escuela, que es muy potente, solamente tiene una influencia sobre unas determinadas edades, y por supuesto menor que los medios de comunicación. Por tanto, o cambian los medios de comunicación, o esto no será posible. El cambio en los medios de
comunicación es absolutamente


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necesario; por supuesto, ya se ha dicho muchas veces y por supuesto se ha actuado. En una etapa, yo fui directora del Instituto de la Mujer y estuvimos trabajando muchísimo con los medios, no sólo tratando de controlar o de impedir el que
difundan ciertos mensajes que son groseramente sexistas, sino incluso tratando de cambiar la mentalidad y de que entendieran todo lo que podremos ganar si se produce dicho cambio.
Lamentablemente, son esfuerzos pequeños que, frente a la gran
corriente del pensamiento dominante, que es de carácter androcéntrico, pueden muy poco. Lo normal, por así decirlo, es que las cosas vuelvan a su cauce, por lo que volvemos a encontrarnos continuamente con mesas de debate donde no hay una sola
mujer pero a todo el mundo le parece normal; por supuesto si todas son mujeres a nadie le parece normal y todo el mundo reclama que haya hombres, y así sucesivamente. Los periódicos en muchos aspectos repiten las formas androcéntricas de siempre,
reafirman que eso es lo normal y lo correcto.



Si nos vamos al ámbito educativo, es quizá uno de los que mayor esfuerzo ha hecho por cambiar, en parte porque su materia es la cultura y está continuamente pensando sobre la cultura y su transmisión, en parte porque es un ámbito en el cual
las mujeres estamos muy presentes por lo que todos los elementos de sensibilización que se han producido en los últimos veinticinco años sobre la situación de las mujeres han encontrado un terreno muy apropiado en el ámbito educativo, en las
maestras, en las profesoras. En este ámbito se han hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, vemos que los resultados son hoy todavía muy escasos y que además ha pasado algo.



Un paréntesis. Yo me he dedicado a este tema aproximadamente desde 1980 y en algunos momentos lo he seguido de una forma muy próxima, porque desde la universidad he hecho investigaciones sobre mujer y educación. Digamos que he tenido una
posición en la que por diferentes razones, he podido ir observando e interactuando con muchísimas maestras y profesoras y maestros y profesores siguiendo este tema; mientras en los ochenta y a primeros de los noventa hubo un esfuerzo de cambio en
el mundo educativo, después pasó de moda y hoy nos encontramos con un esfuerzo menor, con un menor énfasis, todo el mundo dice: esto ya lo hicimos, hace quince o veinte años hablábamos de coeducación, ya lo hicimos, hoy ya tenemos niños y niñas en
las aulas. Cuando analizamos lo que ocurre en el sistema educativo nos damos cuenta de que no ha cambiado tanto, ha cambiado poco.
Ciertamente tenemos una educación mayoritariamente mixta, una escuela en que comparten aulas niños y niñas, desde
los más pequeños hasta la universidad, pero esto no significa que el trato sea igual. Hay muchos ámbitos en los que el trato y la cultura son diferentes.



Primero. El modelo que transmite la escuela, la educación en general, sigue siendo androcéntrico. ¿Por qué? Porque es el modelo cultural de la sociedad. La escuela no produce cultura en sí misma, la universidad un poco más, lo que hace
la escuela sobre todo es transmitirla, no va a inventar otra cosa, transmite lo que hay. Cuando intenta variarla un poco, como luego se choca con lo que ocurre en los medios de comunicación, como decimos tantas veces, todo el esfuerzo de una
maestra -no en este tema, en tantos- durante un día, se llega a casa y en cinco minutos de televisión se pierde. Es un poco lo del tejer y destejer, porque el esfuerzo de la escuela en muchos aspectos, y en términos de agresividad, etcétera, de una
manera muy especial se ve perdido.



La cultura es androcéntrica. Miren ustedes los libros de texto. Hace tiempo que no he visto estudios sobre los estereotipos sexistas en los libros de texto. En los ochenta y en los noventa hubo varios. Yo dirigí alguno y recuerdo muy
bien los datos. Recuerdo uno en que analizamos los textos de ciencias sociales que se utilizaban entonces en la EGB y luego en la ESO, hacia los 14 años. En el caso más favorable, en los libros de texto de ciencias sociales encontramos un 4 por
ciento de mujeres, frente al 96 por ciento de hombres, incluso con tendencia a desaparecer. Hasta la pobre Isabel la Católica había desaparecido porque resulta que con la historia menos política y más económica desaparecieron muchas de las personas
por supuesto las primeras las mujeres. Había libros de textos que si los hubiera leído un ser extraterrestre, habría creído que había un solo sexo en la humanidad porque no había ni una sola mención a las mujeres. De esto hace unos diez o quince
años. Siguen igual. Hoy no les puedo dar datos, no he visto ningún estudio últimamente, pero que no se hagan estudios ya es preocupante: ya no preocupa a nadie. A pesar de todo el esfuerzo que se hizo desde el Instituto de la Mujer y desde las
universidades, no cambiaron los libros de texto. Se reunieron muchas veces las editoriales, se habló con ellas, se crearon premios, estímulos.
Si se hiciera un nuevo estudio, estoy convencida de que si no encontramos un 4 por ciento, a lo mejor
encontraríamos un 5 por ciento, pero no iría mucho más lejos la cosa.



¿Otras cosas? Hice un estudio (perdonen que hable de mis trabajos, pero en este caso es un estudio que no ha tenido réplica, lamentablemente, y sería útil que se hiciera) para ver cómo se producía la relación con niños y niñas en las aulas,
en este caso en las aulas de infantil y primaria. ¿Qué es lo que encontré? Que por cada cien palabras dirigidas a niños, se dirigían 74 a las niñas. Es decir, a las niñas se les habla menos, a las niñas se les hace menos caso, hay menos atención
del profesorado, se las estimula menos, se les pregunta menos, se atiende menos a sus progresos. ¿Qué pasa? Que las niñas se adaptan y hablan menos que los niños, excepto en algún caso que encontré que se les había hablado más a las niñas, y las
niñas inmediatamente se destapan. Sin embargo, si se les habla menos, ellas se acomodan y hablan todavía menos; además, sólo hablan de los temas de la clase, mientras que los niños


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introducen sus fantasías, lo que ocurre en su casa, sus ideas, y las niñas sólo preguntan si está bien la suma o lo que toca, porque piensan que si dicen otra cosa, a lo mejor ni las escuchan. Es un libro y ahí está explicado.



En el mundo educativo, el modelo cultural sigue siendo absolutamente androcéntrico. A pesar de ello, las niñas tienen más éxitos escolares que los niños. Ustedes me preguntarán que cómo es posible, puesto que si hay discriminación tendrían
que estar por debajo y es cierto. Creo que no podemos decir que las mujeres sean más inteligentes que los hombres ni lo contrario, la inteligencia está repartida y depende a qué llamemos inteligencia. Sin embargo, las mujeres hoy son, por decirlo
así, el sexo ascendente, tienen unos objetivos a alcanzar en la sociedad; por tanto, incluso estando discriminadas necesitan trabajar para llegar donde quieren llegar, y el sistema educativo las discrimina, pero menos que otros sistemas, con lo
cual lo aprovechan muchísimo, incluso no siéndoles favorable lo aprovechan muchísimo. Así podemos explicarnos que hoy en España tengamos ya en la universidad más mujeres que hombres. También hay otro elemento y es que en las carreras técnicas y en
la formación profesional, como se entiende que la técnica no es para mujeres, hay menos mujeres, por tanto, van más a la universidad. En cualquier caso, tenemos ahí muchas mujeres y en conjunto ellas hacen la carrera en menos tiempo, tienen mejores
notas, etcétera.



Hay un último dato -no les voy a citar las cifras porque veo que se me ha pasado el tiempo-, que es un estudio muy reciente del CIDE que muestra cuál es la posición de las mujeres dentro del sistema educativo como profesoras y como
dirigentes. Evidentemente, aunque el número de mujeres en el sistema educativo es muy alto, su porcentaje como directoras de centros, como rectoras de universidad, como catedráticas, etcétera, es muy inferior al porcentaje de su presencia como
profesoras, como docentes. La educación no pasa sólo por la lección, la educación pasa fundamentalmente, como ha pasado siempre, por la imitación de conductas.
Por tanto, los niños y niñas van adquiriendo una estructura de valores no de acuerdo
con lo que les dicen los adultos que habría que pensar sino con lo que ven que hacen; eso es mucho más importante que lo que les decimos que tienen que pensar. ¿Qué ven? Que las mujeres están subordinadas también en el sistema educativo, que las
mujeres son las vicedecanas, pero casi nunca las decanas; que son las jefas de estudios, pero casi nunca las directoras, y así sucesivamente. Por tanto, niños y niñas aprenden, también en el sistema educativo, que las mujeres tienen un lugar
secundario y subordinado. Si unimos esto al aprendizaje de la agresividad y de la violencia de género por parte de los niños como parte integrante de su hombría, nos encontramos con una situación que es la que tenemos: una situación explosiva,
cargada de una violencia inútil y sólo dañina. Les digo que en el pasado la violencia ha sido necesaria para la humanidad en muchos momentos, pero en la situación actual es sólo dañina, por lo menos en muchos aspectos. Dicho así quizá sea
excesivamente simplista, pero habría que analizarlo y seguramente encontraríamos muy pocas situaciones en las que viéramos la necesidad de la violencia.



Termino diciéndoles lo mismo que al principio: me parece absolutamente necesario proceder lo más rápidamente posible a efectuar un cambio cultural en profundidad, que es muy difícil de hacer porque se asienta sobre bases de poder, de
personalidad y de identidad muy profundas en la personalidad masculina y en la femenina, pero es necesario. Les digo más, en este sentido hoy en día quienes más tienen que ganar son los hombres porque las mujeres ya hemos iniciado nuestro cambio y
accedemos a las posiciones anteriormente masculinas; los hombres siguen encerrados en una forma de género tradicional que no ha evolucionado, no se ha acomodado a la nueva sociedad; abrirse hacia nuevas formas beneficiará enormemente a los
hombres, liberándoles de la obligación de agresividad que en muchos casos resulta letal para ellos mismos o para sus compañeros; para muchos hombres resulta realmente una condena y liberarles de esto sería fundamental. Para esto se necesita un
liderazgo muy fuerte, muy decidido, una capacidad de crítica y al mismo tiempo también de tolerancia y un proceso largo porque no se va a hacer en un día.



Pediría a esta Cámara que tenga la fuerza y la voluntad de liderar este proceso, porque, como les he dicho, es una gran necesidad y si alguien puede hacerlo es precisamente esta Cámara.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Subirats, por su exposición.



Vamos a dar la palabra a los grupos que deseen intervenir.



En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora García.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar, quiero felicitar a la señora Subirats por su exposición. El grupo al que represento, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, comparte seguramente al cien por cien -he
llegado con diez minutos de retraso por problemas de avión y no he podido oír su exposición al completo, pero posiblemente es al cien por cien- las bases argumentales de su exposición en cuanto a las razones estructurales que llevan a la violencia
doméstica y también compartimos el cómo y de qué manera tendríamos que abordarlo.
Usted, por su experiencia tanto académica como política, es una de las personas en el ámbito de la educación que puede darnos más elementos para ver, desde la
perspectiva de lo que la ley, que es integral, pretende abordar desde diferentes ámbitos, entre ellos el educativo, si realmente las propuestas que en estos momentos tenemos en el


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proyecto de ley son las necesarias para poder empezar este proceso. Digo empezar porque todos somos conscientes de que no se va a poder resolver un problema endémico de tantísimos años, cientos, miles, en un proceso corto, pero lo
fundamental es que las bases sean sólidas y que orienten un camino que permita disminuir el problema y sobre todo -y aquí enlazaría con lo que usted ha mencionado al final- que nos lleve a una mejor situación evidentemente a las mujeres, pero
también -y lo comparto con usted- para los hombres, porque también han de beneficiarse de este proceso, ya que es parte de la resolución del problema precisamente que vivan el cambio como un beneficio propio.



Me voy a centrar en las propuestas educativas. En concreto, le quiero preguntar si considera que para este cambio cultural, que como muy bien nos ha expuesto usted es necesario realizar, es fundamental un cambio en la orientación, en el
enfoque, de los medios de comunicación, pero también en el sistema educativo. Sin duda el sistema educativo tiene valor y la familia también, pero ahora nos vamos a centrar en el sistema educativo; lo digo porque ello no significa que se tenga que
dar la responsabilidad del cambio cultural exclusivamente al sistema educativo; esto nos llevaría a un profundo error y a cargar una vez más de una manera desmesurada en el sistema educativo un cambio que afecta a toda la sociedad.



En todo caso, la ley hace unas propuestas muy concretas en este sentido y precisamente en este ámbito pensamos que posiblemente haya cosas que ampliar en esta propuesta que se nos hace. Yo le quiero preguntar si cree que las propuestas que
se hacen en el anteproyecto de ley sobre el ámbito educativo pueden realmente ser una solución al problema. En concreto, usted conocerá que se está planteando que haya una asignatura, una hora lectiva, en tercero de ESO, sobre el tema, sobre el
ámbito de la igualdad. Yo querría que usted nos diera su opinión sobre las medidas, si considera que la memoria económica es suficiente -en principio, a nosotros nos parece insuficiente- y que se va a poder abordar este cambio cultural o la parte
que le corresponde al ámbito educativo, y si realmente piensa que puede ser positivo abordarlo desde el tratamiento de una hora lectiva en tercero de ESO o si, como me ha parecido entender, sería mejor un planteamiento transversal desde el inicio de
la educación infantil que vaya abordando esta cuestión en todas las asignaturas. En definitiva se trataría de un planteamiento que afectaría a la manera de educar, de enseñar y a la convivencia y los contenidos educativos, para ir logrando una
nueva manera de relacionarse y una nueva manera de convivir en la sociedad.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señora Subirats, desde Convergència i Unió queremos darle la bienvenida a la Comisión y agradecerle su exposición; una exposición que, sinceramente, nos ha parecido magnífica. Desde un punto de vista sociológico
ha hecho usted una radiografía magnífica de cuál es la situación. Ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho que todos estos problemas penden alrededor de un eje sobre el que pivota la solución, que sería un cambio cultural. Es desde este
cambio cultural desde el que se puede abordar que realmente la violencia deje de ser, como usted ha dicho muy bien -y me parece un planteamiento novedoso al que me apunto-, un problema para las mujeres pero también para los hombres.



Podemos estar de acuerdo en que los cambios culturales son complicados y muy lentos y muchas veces se avanza y se retrocede, es decir, el camino es un camino muy en zigzag. Si no estás permanentemente en guardia, muchas veces los retrocesos
se llevan buena parte de los avances que se han podido hacer. Usted ha aludido en su exposición a la incidencia fundamental que tienen los medios de comunicación y la educación.
Indudablemente hay otros aspectos, pero usted desde su experiencia
como catedrática de sociología nos ha hablado de estos dos. Yo coincido con las preguntas que le ha hecho la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra y me gustaría que, desde su experiencia y después de la lectura del proyecto de ley
-donde se abordan medidas en el ámbito educativo y también en el de los medios de comunicación-, nos dijera si le parece que lo que contiene el proyecto es suficiente; si haría falta introducir algún cambio más; si cree que las medidas económicas
que se refieren a estos aspectos preventivos en cuanto a la sensibilización tanto educacional como en medios de educación son también suficientes o si deberían ampliarse; si en la educación -y aquí coincido con lo que ha dicho Carme García- es
suficiente afrontarlo como una asignatura, que quizá puede quedar un poco deslabazada con relación al resto del patrón educacional que usted nos ha expuesto, o si realmente sería conveniente introducir algún sistema, alguna plantilla o algún método
corrector en donde todo lo que se enseña fuera dejando de ser androcéntrico para dar lugar a un patrón cultural más igualitario y menos violento -entre comillas-, con menor capacidad de transmisión de la violencia que usted ha considerado ya inútil
para la sociedad en la que actualmente vivimos.



Esto desde su experiencia como socióloga, pero quiero aprovechar su presencia -y usted, indudablemente, tiene experiencia, como directora que ha sido del Instituto de la Mujer- para que, desde esa experiencia, nos dé su opinión acerca de la
estructura y del planteamiento general de este proyecto de ley, tanto en las medidas educativas y sobre los medios de comunicación como en aspectos preventivos, punitivos, jurídicos y de protección social, en su vertiente reguladora y en las medidas
económicas.



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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Popular, el señor Barrachina.



El señor BARRACHINA ROS: Señora Subirats, creo que su intervención arroja bastante luz sobre esta cuestión y da una opinión que no habíamos escuchado en esta ronda de comparecencias.



Sí me gustaría, después de oír su intervención, que usted profundizase en esa causa de una sociedad androcéntrica, donde el centro lo ocupaba, yo creo, antes exclusivamente el hombre y ahora preferentemente el hombre pero en un ámbito de
responsabilidad más compartido con la mujer. Ello me lleva a un cierto pesimismo porque en estas últimas décadas me parece que ha habido un crecimiento en las posibilidades, no legales, que ya las había, sino reales de la mujer y sin embargo la
consecuencia de ese compartir el centro de la sociedad no ha tenido como consecuencia una reducción de la violencia doméstica, al menos de forma plausible. Hay un componente en la violencia doméstica absolutamente aleatorio y que por tanto no puede
ser testado de forma inmediata. Este año en concreto y más en los últimos meses -ayer, una mujer en Sevilla fue la última víctima- nos viene acompañando, desgraciadamente, este tipo de sucesos con muchísima frecuencia. Sin embargo sí es verdad, y
todo el mundo lo reconoce, que ha habido un crecimiento en las posibilidades de la mujer, insuficiente pero, como usted destacaba en cuestiones como la universitaria y tantas otras, destacada. Digo que desgraciadamente porque esto supone que la
solución al problema, aunque haya medidas inmediatas y muchas se han tomado en el camino acertado en los últimos años, siendo cultural y educativa, está en el largo plazo. No veo, desgraciadamente, insisto, el paralelismo entre una mayor presencia
de la mujer, una mayor igualdad real, y una reducción de la violencia doméstica, como a todos nos gustaría.



Un segundo aspecto al que querría que usted hiciese referencia es el tema laboral. Supuestamente, el hecho de que la mujer tenga una menor dependencia económica del marido debiera llevarnos a un mayor número de denuncias y, en el medio o
largo plazo, incluso a una menor violencia, en tanto en cuanto la mujer adquiere una independencia que le lleva a no estar permanentemente sometida al designio, aunque sea meramente económico, del marido. En los últimos seis años usted conoce que
se han generado dos millones de empleos para mujeres y sin embargo ese paso de tres millones y medio de mujeres trabajando a casi seis millones tampoco -desgraciadamente y a pesar de que creo que es una teoría real que, dando oportunidades a la
mujer, debería menguar la violencia que padecen- ha dado los resultados esperados; hay un 50 por ciento más de empleo para las mujeres y no se ha reducido con esa intensidad la violencia. Ha habido medidas, y me gustaría que usted las valorase,
referidas al empleo, como la renta activa de inserción para posibilitar la salida o el alejamiento real con un aporte económico para la mujer, y otras, ya no en el ámbito laboral o del empleo sino puramente en el de la protección, como es la orden
de protección y los juicios rápidos, que no sé, desde su visión universitaria, qué opinión le merecen.



Refiriéndome al informe del Consejo General del Poder Judicial, las conclusiones séptima y octava dicen que esta ley integral no abarca todos los ámbitos de la violencia doméstica, en el sentido de que excluye a mayores, a niños, a personas
con discapacidad, o incluso, en una unión de homosexuales, al hombre que padece esa violencia doméstica. También dice que excluir a las víctimas potenciales y reales -aunque ciertamente en menor medida que la mujer- no añade nada a la tutela de la
mujer. ¿Usted entiende que perdería fuerza y vigor la protección de la mujer si se incluyese a esas otras víctimas de la violencia doméstica? Yo creo que no.



Le agradezco en nombre del Grupo Popular su comparecencia y su intervención y me gustaría que profundizara en estos aspectos.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Esteve por el Grupo Socialista.



La señora ESTEVE ORTEGA: En nombre de mi grupo le agradezco su presencia y quiero felicitarla, igual que han hecho los portavoces que me han precedido, por su intervención, que se ha centrado magistralmente, desde su experiencia tanto
profesional como política, en dos ámbitos que entendemos que son fundamentales, el de los medios de comunicación y el de la educación.



Me ha llamado la atención su intento de analizar la violencia de género desde la perspectiva de lo pequeño, desde las actitudes, desde cómo se conforman las actitudes, desde su valor histórico. Yo creo que esta es la raíz, el cambio
cultural, cómo podemos transformar una sociedad que evoluciona, donde las mujeres han tomado el relevo, tienen un cierto liderazgo y parece ser, desde su intervención, que yo comparto, que los hombres van a remolque de los acontecimientos,
intentando buscar un lugar, un espacio, en esta nueva sociedad. Esto es lo difícil. De todas las anteriores comparecencias, para mí su intervención ha sido la que ha ido más a la raíz de los hechos, a cómo se conforman las actitudes, a cómo se
construyen las imágenes, a cómo se hacen los aprendizajes, a la dicotomía y diferencia entre lo que decimos y luego lo que hacemos, que luego constituyen auténticos referentes para la educación, para la conformación de los valores y para lo que
estos niños y niñas, que serán ciudadanos adultos, volverán a reproducir. Desde nuestro punto de vista, esto hace que la empresa que tenemos entre manos, esta Cámara, la sociedad en su conjunto, sea altamente complicada. Yo siempre digo que una
ley, esta ley, no es la solución definitiva, pero es el camino, sin ella no podemos avanzar, y es cierto que en este sentido pretende hacer el recorrido transversal en los diferentes ámbitos para


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intentar sacar luz, para ir a la modificación de actitudes, para tomar medidas que obliguen a modificar esta situación, que hoy constituye no sólo algo demodé, sino una lacra terrible.



En lo que se refiere a la educación, y refiriéndome a su intervención, este proyecto de ley intenta entrar en elementos que ayuden a modificar las actitudes, la prevención de conflictos, la educación para la paz en el ámbito escolar, el
desarrollo de las capacidades afectivas, que parece que es algo tan difícil, sobre todo para los hombres, favorecer la convivencia en el centro como referente para después transportarlo a otros ámbitos de la sociedad, la modificación de los libros
de texto, la introducción de asignaturas. Este último apartado es mucho más amplio que una mera asignatura. Otra cosa será qué seamos capaces de hacer; sobre esto luego le haré una pregunta. El espíritu es avanzar en el cambio de lo más
profundo.



En segundo lugar usted señalaba los medios de comunicación y yo lo comparto. Realmente estamos preocupados; lo que se ofrece hoy no solamente son modelos obsoletos, sino modelos que animan a una frivolidad tremenda en las relaciones entre
los hombres y las mujeres, porque alimentan la agresividad y la desvalorización del rol de la mujer en esta sociedad. Me refiero sobre todo a los programas, a la telebasura, etcétera que cada día nos regalan y que todas las televisiones, por
cuestiones de audiencia, van incrementando. Desde esta preocupación y entendiendo que la ley es un camino quiero formularle cinco preguntas. La primera, redundante: ¿Cree que la ley va a contribuir a favorecer la sensibilización y a fomentar la
igualdad en este camino, en este proceso que usted señalaba? La segunda, referida a los medios de comunicación: ¿Cree que es necesario un pacto con todos los medios de comunicación sobre algunos elementos básicos de cuestiones que no se debieran
transgredir o que no se debieran permitir y si esto afectaría verdaderamente a la libertad de expresión? ¿En esto estamos siempre? La tercera: ¿Cree que el Observatorio Nacional contra la Violencia sobre la Mujer, que se plantea en la propia ley,
debería incorporar de manera específica el análisis y el seguimiento sobre los medios de comunicación? ¿Podría ser este un buen instrumento o deberíamos tener otro? La cuarta: ¿La difusión sistemática, persistente y tenaz de los medios en
relación con la propaganda, publicidad y difusión de los actos violentos, cree que, desde una perspectiva de la imitación del modelo, anima a que realmente se sucedan con más frecuencia los actos violentos del hombre a la mujer? Finalmente, la
educación: ¿Son suficientes las medidas que se plantean -ya lo han dicho las compañeras y el compañero que me han precedido en el uso de la palabra- en el ámbito educativo? ¿Qué papel deberían jugar los consejos escolares, ya que incorporan al
conjunto de la comunidad educativa y qué papel relevante se les debería dar? ¿Es suficiente el que plantea la ley? ¿Existen algunas otras medidas que aquí no se contemplan y que desde su punto de vista son necesarias e imprescindibles?


La señora PRESIDENTA: Habiendo terminado la intervención de los grupos, tiene nuevamente la palabra la señora Subirats para contestar a todos ellos.



La señora CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y CONCEJALA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (Subirats i Martori): Trataré de ser breve, aunque evidentemente estamos ante un ámbito tan amplio que es muy
difícil poder contestar a todas las preguntas; además, tampoco tengo todas las respuestas, por supuesto.



En primer lugar me referiré a la intervención de la señora García en relación con los aspectos educativos fundamentalmente y a cómo abordarlos. He partido precisamente de la idea de un cambio cultural porque es muy difícil pensar que una
ley y unas medidas concretas puedan resolver un problema que tiene la raíz y la amplitud del que estamos tratando. Por tanto, la ley es una absoluta necesidad. Estoy de acuerdo en que efectivamente la ley es como si fuera la carretera. Si no
existiera carretera, habría que andar con mucha dificultad por sitios donde no hay ni caminos; casi nadie andaría por esta senda. Solamente se podrá andar por la senda si hacemos una buena carretera. Sin embargo, una carretera no nos asegura que
se vaya a caminar por allí o no, ni a qué velocidad, ni cuántas personas. Es la condición previa y el catalizador necesario, pero no nos asegura lo que vaya a suceder luego. Es necesaria una fuerte voluntad política que de una manera transversal
afecte a todos los ámbitos de la sociedad. La cultura está en todos los ámbitos; hay una cultura en la sanidad, hay una cultura en el trabajo, hay una cultura en todos los ámbitos de la sociedad, no sólo en los medios y en la escuela.
Tenemos que
ser capaces de impulsar un cambio cultural transversal en toda la sociedad; la escuela no puede transmitir aquello que va contra corriente. A veces intentamos hacerlo desde la escuela. La tentación existe porque vemos los problemas que genera
muchas de las tendencias.
Pero ¿qué pasa? Que el esfuerzo es ímprobo y los resultados muy escasos.
Por eso yo hablo de la necesidad de un cambio cultural que, aunque sea lento, se ponga en marcha y vaya avanzando.



Dicho esto, ¿cómo puede recogerlo la escuela? Pasa un poco lo mismo.
Evidentemente, una asignatura no es suficiente. Nunca lo hemos planteado como una asignatura desde la reflexión en coeducación, en la que he participado desde principios
de los años ochenta, que ha sido muy amplia, han intervenido muchísimas personas y hay muchísima literatura; no voy a extenderme en esto. ¿Por qué nunca lo hemos planteado como una asignatura? Porque la educación de las actitudes no puede hacerse
en la estructura de asignaturas. Es más, yo creo que hoy la estructura de asignaturas está perjudicando


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enormemente al sistema educativo, especialmente en la escuela primaria.
Habría que ir a otra manera de organizar la educación que partiera más de la educación de actitudes, en la cual lo que hoy llamamos asignaturas, los conocimientos
instrumentales, fueran precisamente aprendidos como conocimientos instrumentales y no como objetivos en sí mismos, que muchas veces los niños y niñas no ven para qué sirven y les cuesta mucho, sobre todo en determinados ámbitos sociales, interesarse
por ellos. Ya sé que la ley no puede hacer esto, no es una ley de educación, pero ¿cuál debe ser la tendencia? La tendencia debe ser repensar la estructura misma del sistema educativo en cómo impartir dichos conocimientos. Hay cosas tan
fundamentales y que hoy se están viendo desde muchos ángulos cómo la educación emocional, lo que llamamos la inteligencia emocional, la educación de las emociones, etcétera, que necesita ser trabajado. Eso, evidentemente, tiene que ser transversal
en la educación. Necesita ser trabajada la aportación cultural de hombres y mujeres en la educación.
¿Qué camino hemos andado hasta hoy en la igualdad? Aquel que ha consistido en que las mujeres hemos podido acceder a cosas de las que antes
estábamos excluidas y que por tanto se presentaban como masculinas.
Pero la cultura dominante sigue siendo la masculina. Lo que no se ha hecho es la aportación a una cultura común de los aspectos que antes correspondían únicamente a las mujeres y
que son tan importantes para la sociedad y para la vida como las que correspondían sólo a los hombres. La educación de las emociones es fundamental. Las mujeres siempre se han ocupado de estas cosas, pero como eso era invisible parece que se podía
prescindir de ello. Y ahí es donde hoy hay unas graves carencias en la sociedad, de todo tipo, que vienen de este aspecto. El cambio cultural tiene que ser transversal. ¿Por dónde abordarlo en la escuela? Tiene que haber un cambio en la propia
mentalidad de los enseñantes. No me voy a extender hablando sobre esto, porque he hablado tantas horas sobre ello que temo ser pesada.



Hay muchísima literatura, muchísimos dispositivos, muchísimas cosas que permiten ver estos aspectos. El camino es el socioanálisis hecho por cada persona, que alguien analice lo que hace y lo que dice. Creemos que pensamos unas cosas y que
las hacemos de una cierta manera, pero una cosa son las creencias de tipo intelectual y otra nuestras prácticas y nuestros hábitos, que hemos adquirido sobre todo por educación. Muchas veces hay una gran distancia entre lo que creemos correcto y lo
que hacemos y ello no es porque lo que hagamos nos convenga más, sino porque tenemos el hábito de hacerlo y no somos conscientes de la discriminación.
En mi investigación en las escuelas me encontré con que, preguntando a las maestras y a los
maestros si trataban de manera diferente a los niños y a las niñas, todos, excepto una maestra, me dijeron que no, que los trataban por igual. Hubo una maestra que me dijo: Hasta dónde soy consciente. Era la mejor maestra de todas las que vi, era
la más consciente, la que más había reflexionado sobre su trabajo. Me dijo: Yo creo que los trato por igual, pero hasta donde soy consciente; no sé realmente lo que hago. La realidad era que estos maestros y maestras trataban muy diferentemente
a niños y niñas. No eran conscientes de ello, no lo hacían por maldad, por machismo o por mala voluntad, sino porque la cultura que nos han transmitido es esa.



Para poder cambiar en la escuela, hay que empezar por cambiar la mentalidad del profesorado, si no, podemos repetir hasta el infinito que hombres y mujeres son iguales, que tienen igualdad de derechos, que la Constitución lo dice, pero no
haremos nada. Y preguntarlo más a los niños que a las niñas. Tengo grabadas cosas muy curiosas. La maestra dice: Ahora los niños pueden salir al patio y una niña dice: ¿y las niñas? Y la maestra dice: Cuando digo niños, quiero decir niños y
niñas. Entonces la niña dice: ¡Ah! Al día siguiente, otra compañera dice: A las niñas no lo ha dicho. Y esta dice: No, es que cuando dice niños quiere decir niñas. O sea, la niña ya ha considerado que a ella no la nombran y es lo normal.

Hasta que la maestra y el maestro no sean conscientes de que hay que nombrar a la niña, porque tiene su nombre, y al niño porque tiene el suyo; que en la clase hay que hablar de matemáticas, pero también hay que educar las emociones (casi hoy nos
es más urgente educar las emociones que las matemáticas, porque las usamos a cada minuto y las matemáticas sólo de vez en cuando, por así decir -y conste que no estoy en contra de las matemáticas y que además lo digo como símbolo para no alargar mi
intervención-), hasta que no seamos conscientes de esto difícilmente podemos plantearlo bien.



Hay toda una serie de aspectos que están trabajados, metodológicamente los tenemos. Igualar las posiciones de hombres y mujeres en el sistema educativo es fundamental. Por mucha asignatura que haya, si los niños y niñas ven que quienes
mandan son los hombres, todo lo que puedas decirles no les interesa; van a copiar lo que ven. Por tanto, hay que igualar estas posiciones. Ya nos lo propusimos en el primer Plan de Igualdad.
Hemos avanzado pero muy poquito; si quieren luego les
doy las cifras.
Valorar los libros de texto; valorar por igual las posiciones de las mujeres, que haya figuras femeninas potentes que han intervenido en la sociedad, que sean ejemplo para las mujeres. Si no, ¿con quién se van a identificar? Y
así sucesivamente.



Dentro de todo este proceso, que técnicamente está muy trabajado ya, una posibilidad es que haya además una asignatura. Nosotros hemos hecho una experiencia en un instituto de Barcelona hace dos años sobre cómo enseñar física, química y
ciencias naturales a través de la cocina, del planchado y del trabajo doméstico. Ha sido precioso y los niños y niñas han aprendido mucha química a través de ver cómo freír un huevo significa que unos determinados elementos químicos cuajan de


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una manera y en cambio en otra situación lo que hace el fuego es licuar una materia, etcétera. Hay cantidad de cosas. Esto casi es más útil que una asignatura, porque una asignatura si no la ponemos en este contexto puede ser una maría y
entonces es algo que se aprueba como se puede y que incluso puede llegar a ser ridiculizado. Ahora, en un contexto de cambio cultural, dedicar un momento a la reflexión sobre esto puede ser también interesante. Lo que hay que evitar en este
momento es polarizar la discusión sobre si asignatura sí o asignatura no. Así la asignatura es un momento más, que puede ser útil, y lo que no puede ser es la única cosa, porque entonces no tendrá efecto. Además, hay que ampliarlo a las
universidades. Todo esto lo hemos trabajado mucho en la educación primaria, en la secundaria un poco menos pero también; en las universidades, no. Sin embargo, en las universidades también existe el problema y existe en formas como el acoso
sexual a las alumnas, este tipo de cosas de las que hemos hablado muy poco pero que existen. Algunas investigaciones hay sobre ello. Por tanto, lo que tenemos que hacer es empezar por la visibilidad de las mujeres, dar a las mujeres un puesto en
la sociedad y difundir una cultura que no sea sólo una cultura difundida desde las mujeres. Aquí lo que no vale es el sexo, lo que vale es el género y está empezando a haber cada vez más hombres capaces de ir cambiando su mentalidad de género. Lo
que nos interesa son personas que, desde el punto de vista de su cultura de género, incorporen las pautas femeninas en la cultura general, en la cultura para todos y todas y que eliminen aquellas pautas masculinas que son más negativas, que por
supuesto no son todas, las que resultan más dañinas, como decíamos antes por ejemplo las de carácter violento.



La ley es un marco y en este marco tenemos que avanzar. Lo que estaría bien es que se pudiera movilizar a todas las personas que han estado trabajando desde años en todos estos temas, para que pudieran contribuir.
Pero, por favor, no nos
polaricemos en asignatura sí o no, porque sería un debate muy pequeño respecto a la necesidad del cambio social. Sea bienvenido todo. Ahora bien, una asignatura no sería suficiente, desde este punto de vista.



En cuanto a la intervención de la señora Pigem, a la que agradezco todo lo que me ha dicho, creo que en gran parte la he contestado, porque ha expuesto el mismo tipo de preguntas o de dudas. Esta es una ley absolutamente necesaria,
absolutamente necesaria, repito. Es una forma de empezar, el cambio necesario es muy profundo y no puede hacerse todo de golpe. Pienso que hay una cosa que debe evitarse al máximo, que es plantearlo como un episodio más de lucha de sexos, por así
decirlo: mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, a ver quién puede más. Me parece que si lo planteamos así, estamos perdidos y perdidas. Hay que plantearlo como un cambio cultural beneficioso para toda la sociedad, en el que todo el mundo
tiene mucho que ganar y por tanto hay que buscar las complicidades y las sinergias, buscar que los hombres entiendan la necesidad y desde la propia masculinidad deconstruyan la masculinidad tradicional -perdonen que use términos a veces un poco
académicos-, que analicen y examinen las piezas que forman hoy la masculinidad tradicional que se transmite y vean cuáles les sirven y cuáles no, que es lo que hemos estado haciendo las mujeres en los últimos treinta años; hemos tirado a la basura
muchísimas de las cosas, que eran de la feminidad tradicional, que ya no nos parecían útiles ni necesarias. En cambio hemos salvado otras, las hemos potenciado y las estamos ofreciendo a toda la sociedad, y hemos admitido muchas que venían de lo
que se consideraba el patrimonio cultural masculino, las hemos aceptado, las hemos asimilado, las hemos defendido y las queremos para nosotras. El proceso que falta es justamente el proceso complementario: que los hombres hagan esto. En este
sentido las mujeres podemos aportar cosas, pero este cambio de deconstrucción de la agresividad masculina debe ser hecho en gran parte por los hombres desde la comprobación de su necesidad, como les decía antes.



Insisto en que me parece que la ley es necesaria y bienvenida. Si me preguntan si con esto acabaremos con la violencia de género, le diré que no, tardaremos mucho en acabar con la violencia de género y con otras muchas cosas que están
relacionadas con ella, pero en cada momento habrá que ir planteando las medidas que pueden permitir avanzar. Si se plantean medidas muy avanzadas, el problema que existe es que la mayoría de la sociedad no lo entenderá, porque tiene como normalidad
que las cosas sean como son y le parece un exceso de agresividad contra los hombres. Por mi experiencia, he visto que esto, más que ayudar, dificulta, porque bloquea, bloquea en posiciones antiguas y divide en buenos y malos y en culpas. Nadie
tiene culpa, es una cultura que hemos heredado del pasado que nos ha hecho así. En cada momento habrá que ir planteando aquello que nos permita avanzar al ritmo que la propia sociedad española sea capaz de avanzar, entiendo yo.



Respecto a las preguntas que me ha formulado el señor Barrachina, me ha parecido que usted partía de la hipótesis de que hoy existía una mayor violencia de género y que es como si no viéramos la relación o las ventajas que nos está
produciendo la mayor autonomía económica, laboral, etcétera, de las mujeres para combatir el fenómeno de la violencia de género. Mi impresión es que es un tema muy complicado porque carecemos de una información suficiente y de unos datos para poder
hacer comparaciones con lo que ocurría en el pasado. Por tanto, afirmar que hoy hay menor o mayor violencia de género que en el pasado es una opinión, no apoyada en hechos, puesto que no tenemos las medidas correspondientes. En términos
intuitivos, yo le diría que yo creo que, aunque sea lentamente y con un gran esfuerzo, la posición de hombres y mujeres se va equilibrando en la sociedad y que la violencia de género actual es menor que la que hubo en el pasado. Lo que


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ocurre es que hoy nos fijamos más en ella porque nos parece más escandaloso, lo que ya es un buen síntoma, que nos parezca escandaloso lo que antes era aceptado como natural; incluso aceptado por la ley, puesto que ha habido épocas en las
cuales, por ejemplo, estaba aceptado que el hombre matara a la mujer si la sorprendía en adulterio. Recuerden aquella maravilla que es Los cuernos de don Friolera, que nos explica precisamente esto, cómo un hombre, para defender su honor, debiera
matar a su mujer; el pobre no puede y hay que ver lo que esto representa, hasta qué punto la propia sociedad le obliga a veces a este tipo de situaciones. Y esto es algo que se escribe a principios del siglo XX y que refleja la sociedad española
del XIX y principios del XX, que no está tan lejos de nosotros.



En términos generales, podemos asumir la hipótesis, no demostrada empíricamente, de que la violencia sobre las mujeres es hoy menor que en el pasado, lo que pasa es que hoy la vemos más. En España, por un caso saltó a la prensa y no ha
parado, creo que fue desde 1997. Yo fui directora del Instituto de la Mujer de 1993 a 1996 y ya estaba angustiadísima, porque recibía periódicamente el número de víctimas de violencia doméstica, la Policía me mandaba el número de mujeres muertas,
cuando esto en la prensa era un pequeño recorte o ni siquiera eso y nadie hacía caso. Yo en aquel momento ya decía: está siendo más grave el número de víctimas que cosas que valoramos todos muy negativas, como puede ser la violencia terrorista,
etcétera. En término de número de vidas es peor que el terrorismo y sin embargo en aquel momento no se hablaba de ello, parecía que no había violencia de género. La violencia de género estaba ahí. Hoy somos más conscientes y eso nos permite
luchar mejor contra la violencia de género. Yo estoy convencida de que las medidas que se han ido tomando han permitido hacer aflorar el tema y empezar a combatirlo.
No sabemos hace cien años cuantas mujeres murieron en España por violencia de
género. Yo recuerdo como en mi infancia las criadas andaluzas, que entonces predominaban en Barcelona, no en mi casa pero sí en Barcelona, casi todas contaban cómo el sábado su marido se emborrachaba, llegaba a casa y la pegaba. ¿Que ese pegarle
fuera más duro o menos? Es difícil saberlo, probablemente pocas murieron de esas palizas, alguna debió morir. Ya las vecinas las avisaban en sus pueblos; recuerdo una que contaba que la decían: Cuidado, que tu marido viene midiendo la calle.
Midiendo la calle quería decir que estaba borracho y que ella debía esconderse porque podía pasar de todo; dependiendo del grado de medir la calle, podía ser mortal, menos mortal, etcétera. De todo esto hay pocas evidencias empíricas, pero
recuerdos sí hay. Sabemos que la historia de España, y de todos los otros países, por supuesto, está llena de esto. El patriarcado ha sido universal, hablamos de España porque estamos en España, pero no porque sea especialmente grave. Es difícil
establecer medidas de comparación, porque a veces estamos hablando de sociedades con tratos muy diferentes, con evoluciones muy diferentes. En cualquier caso, mi impresión es que todo lo que hagamos en este sentido es positivo, aunque estemos
todavía pagando este precio tan alto, gracias a él estamos reaccionando y estamos debatiendo ahora estos temas, que en otros momentos, a pesar de las mujeres muertas, no se han podido discutir.



En cuanto a si sería útil o no incluir en la ley la protección de otros colectivos, como pueda ser el caso de niños, ancianos, etcétera, yo he tratado de exponerles cómo, desde mi punto de vista, las víctimas de la violencia de género no son
sólo las mujeres. Incluso les he dicho al principio que, en términos numéricos, ni siquiera son más víctimas las mujeres, en términos numéricos yo creo que la mayor mortalidad de los hombres, probablemente en algún momento la explicaremos sobre
todo, no sé si totalmente, pero sobre todo por la existencia de la violencia de género. Por tanto, lo que les estoy proponiendo no es sólo erradicar la violencia de género que se ejerce sobre las mujeres, sino la violencia de género para todos, que
recae sobre las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, etcétera. Esta ley, que es la que nos ha permitido empezar a hablar de ello, está pensada en términos de la protección a las mujeres que, hoy por hoy, son las víctimas más visibles,
junto con los niños, pero las que menos se benefician del proceso, puesto que en cierto modo la violencia de género a los hombres les proporciona réditos, aunque también les proporcione problemas. A las mujeres no les proporciona ningún rédito la
violencia de género, sólo desgracias. Haber empezado por aquí tiene esta virtualidad. Si trabajamos para erradicar la violencia de género, ello nos permitirá que desaparezcan los problemas que estamos viendo hoy respecto a los niños y a otros
colectivos. El aspecto androcéntrico, patriarcal, en el cual las mujeres han sido víctimas a lo largo de la historia, hoy es el punto focal que nos permite abordar el conjunto.



Voy a tratar de contestar las preguntas de la señora Esteve de la manera más concisa posible. Me ha hecho unas preguntas muy concretas, que, sin embargo, conllevan mucha amplitud. Si la ley puede contribuir a este proceso. Por supuesto,
lo que pasa es que el proceso es amplio, complejo y lento. Esta ley es magnífica para empezar. Quizá dentro de cinco o diez años (ojalá fuera dentro de tres) se nos ha quedado corta y necesitamos instrumentos más sutiles. Si no es así, cuando sea
habrá que ampliarla.
Si hoy se hiciera una ley que quisiera abarcarlo todo, no sé sería comprendida por la sociedad española. Podríamos hablar de precedentes de otras leyes enormemente ambiciosas, necesarias, y que, sin embargo, luego he visto que
iban tan por delante de la sociedad española, que la propia sociedad no acababa de entenderlas. Me parece muy bien que las leyes representen un paso adelante, pero no cien, porque a veces nos perdemos.
¿Poner las bases? Fantástico. ¿Si será
suficiente para resolverlo todo? Seguramente, no.



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Hay que comenzar a andar y evaluar continuamente. No les voy a decir a ustedes qué hacer con las leyes porque no es mi terreno, pero me parece fundamental que entendamos que estas leyes que se refieren a procesos tan complejos y tan nuevos,
tienen que ser evaluadas y corregidas periódicamente. Las cosas no cambian por una ley, sino por un proceso de mejora continua, que se está dando hoy en muchas empresas y organizaciones, con unos mecanismos de análisis y de mejora continua.
Este
sería el dispositivo que habría que ir construyendo, a través del observatorio, para ir ampliando los aspectos de los que trata la ley.



Respecto a los medios de comunicación, un pacto. Desde luego, este pacto hoy es absolutamente necesario. Si no se pasa por él, será muy difícil, porque todo lo que se plantea como una lucha de ver quién puede más, acaba derivando en un
conflicto que la mayoría de la sociedad deja de entender. La sociedad lo interpreta como una lucha por el poder de la que se desentiende. Esto tiene que ser visto como algo que nos afecta a todos. Hay que establecer unas bases mínimas, pero que
sean respetadas. Y hacer un debate en la sociedad para que se vaya incorporando.



Voy a referirme muy brevemente a la experiencia que puse en marcha en la etapa del Instituto de la Mujer, que me enseñó algunas cosas. El proyecto de ley que estamos analizando plantea la posible retirada de anuncios y programas por parte
de una serie de entidades o incluso porque haya personas que puedan pedirlo. Cuando yo intenté ponerlo en marcha desde el Instituto de la Mujer me encontré con una cuestión que probablemente sucederá de nuevo, que es el clamor de los medios de
comunicación diciendo que yo quería volver al franquismo puesto que intentaba imponer censura desde la Administración. Esta es una acusación muy dura y es muy difícil darle la vuelta. Si efectivamente se da pie a que la Administración pueda
cercenar la libertad de los medios de comunicación, podría ser grave.



Lo que se me ocurrió y que creo que fue una buena opción -lo que pasó es que tuve poco tiempo, no acabó de dar los frutos y, por tanto, aquello se perdió-, fue poner un micrófono a la sociedad para que se expresara; poner un teléfono, y
publicitarlo continuamente, porque si no nadie se entera, al que la gente pudiera llamar para denunciar y tener un grupo de expertos que decidiera si aquella denuncia realmente tenía fundamento o no. Dejemos que se exprese la sociedad española si
no esto va a ser un conflicto entre las personas que están en el mundo de la política y las que están en el mundo de los medios, y como ahí ya tenemos bastantes debates y problemas, a veces esto no trasciende y no es útil. Si abrimos un micrófono
para que hable la sociedad española, los medios ahí sí son sensibles, porque con lo que vale la publicidad si se dan cuenta de que algunas personas lo están recibiendo en negativo van a cambiar el estilo.



Es muy difícil ajustar hoy dónde está lo sexista, porque está en todas partes y todo el mundo lo ve como normal. Tiene que ser la propia sensibilidad de la sociedad la que indique hasta dónde. Recuerdo que recibíamos muchas denuncias por
anuncios de mujeres desnudas o semidesnudas. Hoy en día prohibir el desnudo en la televisión sería muy mal interpretado porque se vería como un elemento de puritanismo al que ha renunciado la sociedad española. Hay que medirlo de otra manera: si
hay desnudos, que los haya de todo tipo, es decir, masculinos y femeninos. Probemos: ¿que esto se acepta? Estupendo. ¿No se acepta? Entonces retrocedamos en todo. Hay una serie de elementos que tienen que ser ajustados y que no se pueden
definir desde una ley sino desde organismos que tengan esta sensibilidad y que efectivamente puedan recoger el sentir popular, en qué imágenes o en qué cosas las mujeres y los hombres se sienten agredidos, mal reflejados, vulnerables. Este proceso
es el que nos puede hacer avanzar.



Su tercera pregunta iba justamente en esta dirección. ¿El observatorio puede incorporar medidas? El observatorio puede ser un excelente instrumento, quizá podría ser el que realizara este tipo de trabajo, que no se hiciera sólo desde un
organismo de la Administración, sino que incorporara a publicitarios, a medios de comunicación, a universitarias, etcétera, con una visión desde diferentes ámbitos de la sociedad para ver qué es aquello que hoy es aceptable y qué es lo que no lo es.
No hay que confundir sexismo con puritanismo, son dos cosas diferentes, son dos ámbitos que a veces se confunden. La medida siempre tiene que ser el tratamiento igualitario; ¿en qué grado de hedonismo? En el que la sociedad quiera. Eso es otra
cosa.



Me preguntan si la difusión de la violencia en los medios de comunicación puede incidir en la violencia masculina. Por supuesto, entre otras cosas la convierte en natural. Yo he puesto muchas veces este ejemplo: en mi vida he tenido una
pistola en la mano; nunca he visto una pistola de verdad, sólo de juguete o alguna pistola antigua en una vitrina, pero una pistola de verdad nunca la he visto de cerca, nunca la he tenido en la mano. En cambio, si yo veo la tele esta tarde tres
horas, seguro que pasará por delante de mis ojos más de una pistola, más de un arma en uso y alguien que muere por un disparo. Por mi experiencia personal ni siquiera sabría que hay pistolas o armas o para qué sirven más allá de los cuchillos de
cortar el pollo. Lo que ha hecho en mi caso que las armas de fuego que se usan en la guerra y de todo tipo sean normales es lo que me ha enseñado la televisión, lo que me han enseñado los medios.
Los medios me han enseñado que es normal que las
personas utilicen las armas e incluso en muchos casos aplaudimos cuando se mata al malo; el chico más guapo es justamente el más matón. Son los estereotipos que recibimos. Los medios están haciendo la sociedad mucho más violenta de lo que
realmente surge de la propia sociedad. La experiencia vivida es menos violenta que la experiencia observada. Estamos dando por bueno una experiencia de una violencia que ni siquiera responde a lo que los niños y niñas ven en su casa, en


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su calle o en su escuela, pero nos parece normal por los medios que esto sea así. Esto no tiene ningún sentido, nos está lanzando a una agresividad no sólo en términos de armamento, que por supuesto, sino en términos de violencia, de
altercados. Analicen un día lo que ven, ¿cuántas escenas violentas ven? Ninguna probablemente, una como mucho.
Llegan a su casa y la televisión les manda un mundo en llamas donde cada día hay una gran cantidad de muertos. ¿Es bueno? ¿Es malo?
¿Podemos discutir? ¿Hay que saber? ¿No hay que saber? Toda la ternura que ha habido en el mundo nadie se la transmite ese día, no tenemos la contrapartida. Como esto es el mundo de las mujeres, de esto no se habla, sólo de aquello que ha sido
relevante para el mundo de los hombres, que es el enfrentamiento por el poder. Los medios nos reflejan sólo una parte de la vida, que es básicamente androcéntrica, el tema de los hombres, la economía. Ustedes me dirán que la economía es también de
las mujeres. Por supuesto. Pero desde el punto de vista cultural es leída como masculina, del mismo modo que la guerra o la violencia. Ya no estamos hablando de lo que hombres y mujeres como individuos hacemos o nos interesa, sino de la cultura,
por tanto de los estereotipos androcéntricos, de lo que es masculino y femenino. Ahí predomina todo lo masculino y, por tanto, la carga de amor, la carga de entrega, no la vemos, sólo vemos la otra, y eso nos da esta visión de este mundo tan
violento.



En cuanto a la última pregunta de la señora Esteve, sobre si son suficientes las medidas en el ámbito educativo, creo haberla contestado.
Si las tomamos al pie de la letra y como lo único que vamos a hacer, tampoco están tan detalladas.
Como programa en el que trabajar, me parece un buen comienzo. Ahora bien, necesitamos una decisión política y una voluntad colectiva de avanzar para que esto dé fruto.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Subirats, por su valiosa aportación y por su claridad en la exposición que, como todas las comparecencias, espero contribuyan a mejorar esta ley que estamos tramitando.



Antes de pasar a la segunda compareciente del día, tendremos cinco minutos de descanso. Me gustaría, señorías, que habrá reunión de Mesa y portavoces aquí mismo después de la intervención de la señora Sacristán.
(Pausa.)


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN (APROME) (SACRISTÁN BARRIO). (Número de expediente 219/000036.)


La señora PRESIDENTA: Reanudamos las comparecencias con la presencia de doña Marisa Sacristán Barrio, presidenta de la Asociación para la Protección del Menor en los procesos de separación. Como todas las personas que han intervenido en
esta Comisión, tratará de aportar aquellos conceptos que puedan ayudarnos a elaborar la ley contra la violencia de género que se está tramitando en esta Cámara.



Señora Sacristán, tiene la palabra para realizar su primera exposición.



La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN (APROME) (Sacristán Barrio): Señoras diputadas, señores diputados, muy buenos días a todos.



Agradezco a SS.SS. haber acordado mi comparecencia y especialmente a doña Ana Torme por haberme propuesto. Asumí este compromiso con preocupación y responsabilidad, consciente de la obligación e importancia de transmitir de la forma más
real posible la experiencia que durante diez años lleva realizando APROME, entidad a la que represento. Desde que tuve conocimiento de la participación en la Comisión y, tras revisar el texto del proyecto de ley orgánica de medias de protección
integral contra la violencia de género, fueron múltiples las tormentas de ideas en mi cabeza. Además era el mes de agosto. Como después de la tempestad siempre llega la calma, pensé que la forma más eficaz de contribuir con dignidad a la función
que ostenta esta Comisión sería hacerles partícipes de las vivencias que con respecto a la violencia hemos experimentado en los puntos de encuentro familiar. La experiencia en lo que atañe al proyecto de ley se centra en lo tratado en el título II,
en varios artículos del capítulo I y en el título V, capítulo IV, artículos 49, 50, 52, 53 y 54, que es lo que directamente nos incumbe.



Nosotros siempre trabajamos el problema de violencia cuando hay hijos o hijas. No importa que hayan o no convivido con los padres, el tema es que tengan legimitado su derecho de filiación -sean hijos reconocidos, hayan convivido o no-.
Esta dinámica familiar, que se conforma una vez que existen hijos en la pareja, ha sido siempre vivida en la sociedad de forma relativamente diferente en cada momento histórico. Desde hace varias décadas, el modelo tradicional de familia ha
experimentado numerosos cambios, con una pluralidad de modelos de funcionamiento familiar, estando la familia cada vez más aislada del amparo de los miembros de una gran familia y extensa. De ahí la necesidad de que la Administración tenga que
adoptar cada vez mayores medidas de protección a la familia, que está alejada de la familia extensa, que, inicialmente, era su primera fuente de apoyo.



Otra de las características de la familia actual es la inestabilidad. En España, aunque nos mantenemos aún por debajo de otros países de nuestro entorno, las separaciones y los procesos de divorcio han registrado un rápido incremento desde
1981, año en el que se promulgó la Ley de Divorcio. Cuando esta ley era adolescente, 13 años después, en el año 1994, surgió APROME


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con la finalidad de facilitar el cumplimiento del tercer derecho fundamental de la familia, que es que la patria potestad se ejerza siempre en beneficio de los hijos. Después de estudiar las necesidades de las familias cuando se produce la
ruptura de pareja, pusimos en marcha el programa de punto de encuentro familiar. Inicialmente fue en Valladolid y tardamos siete años en extendernos. Recientemente hemos concluido una red completa en Castilla y León. Tenemos nueve puntos de
encuentro, uno en cada capital, con la intención de aproximarlo cada vez más a las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Tenemos otros cinco puntos de encuentro en la Comunidad de Madrid: dos dependientes del Ayuntamiento de Madrid y tres más
de los ayuntamientos de Fuenlabrada, de Getafe y de Las Rozas, que también financia el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Todos ellos cuentan desde el año 2001 con la financiación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, excepto los del Ayuntamiento
de Madrid y a la vez se está incrementando más el apoyo a los puntos de encuentro. En este momento hemos atendido a más de 2.000 familias y hemos realizado más de 32.000 intervenciones. Desde la Ley de protección, en julio de 2003, hace poco más
de un año, han sido derivadas a los juzgados de Instrucción más de 200 familias que han sufrido episodios de violencia. Cuando llegan estas familias al punto de encuentro muestran síntomas de desorientación y angustia y todas necesitan apoyo para
reorganizar la nueva estructura familiar, que se da de una forma rápida y súbita, a veces de un día para otro. Un día ha habido una agresión, han acudido al juzgado y en 72 horas tienen un juicio y se determina una orden de protección o de
alejamiento.



Ustedes se preguntarán, ¿qué es un punto de encuentro? Aunque se han facilitado unos folletos que lo presentan, voy a hacer una breve exposición. En primer lugar, el punto de encuentro familiar es un espacio neutral e idóneo para favorecer
el derecho fundamental del niño o niña a mantener las relaciones con sus familias, cuando hay una situación de separación o divorcio, un acogimiento familiar u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar siempre que exista un problema
en la relación de los menores con sus progenitores o familia extensa. Cuando hablo de un espacio neutral e idóneo es muy importante imaginárnoslo y por eso he traído un DVD, con una duración de 10 minutos, por si alguna de SS.SS. quieren verlo.
Es un programa de televisión que está configurado por los periodistas directamente, pero presentan un poquito la intervención. A veces es más fácil este sistema que lo que yo les pueda explicar. Voy a intentar trasladarles lo que es, día a día, un
punto de encuentro. Ese espacio idóneo debe disponer de un lugar confortable y adecuado para que los niños estén cómodos. Es una especie de hogar, una casa, donde hay cocinas, salas de estar, salas de juegos, pero que a su vez tiene otra zona para
la intervención profesional. Es importante diferenciar esto. Para esa intervención profesional se cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que intervienen atendiendo a estas familias derivadas en su mayoría, siempre más del 50 por
ciento, por los juzgados de Familia e Instrucción así como por los servicios de la protección a la infancia, dependiendo en cada comunidad autónoma de quien tiene competencias, o por los centros de acción social.
En algún momento se recibe también
a familias que de mutuo acuerdo desean no verse y utilizar el punto de encuentro para evitar esos episodios de violencia a los que temen y no quieren volver a vivir.



Previo al inicio del cumplimiento de visitas, que nos llega casi siempre derivado por el acto judicial, por la resolución administrativa de la comisión, por el servicio de protección a la infancia, o por un expediente de acción social,
siempre se cita a las familias para tener una entrevista individual y poder ver a los niños porque a los niños hay que explicarles para lo que van a venir y tenemos que ver también con qué motivación vienen hacia el cumplimiento. En algunas
ocasiones si los dos progenitores desean que se haga la entrevista junta, también lo facilitamos, con la finalidad de avanzar en esa futura coparentalidad y que cooperadamente vuelvan a hacerse responsables de la educación de sus hijos. Esto se
hace, se estudia y es imprescindible cuando existe violencia. Es muy importante que antes de intervenir nos deriven las sentencias de los juzgados porque hay que hacer una planificación estratégica de quién va a venir en primer lugar, quién va a
llegar en otro, dónde va a estar cada parte, para asegurar que hay seguridad porque es vital e importante para el niño, para los progenitores y especialmente para la víctima que ha sufrido la agresión y es más vulnerable. Todo esto está siempre
centrado en el bienestar de los niños. Nuestra Asociación para la Protección al Menor trabaja, y siempre tiene que ser así, en interés de los niños.



Otros instrumentos para obtener esta planificación es la coordinación con los profesionales que están interviniendo, han derivado la familia a este servicio o los que les atendieron, especialmente si hay problemas de enfermedades psíquicas o
tratamientos psicólogicos. Necesitamos aunar a todos los profesionales que estamos interviniendo para no errar y cometer un fallo que pudiera tener consecuencias irreversibles. Afortunadamente no hemos tenido ningún incidente grave de un total
32.000 intervenciones.
Tocamos madera porque es eficaz y preventiva la intervención.



Una vez que ya conocemos a la familia y sabemos cómo tenemos que intervenir, se pueden llevar a cabo las intervenciones de tres formas distintas. Es fundamental, especialmente en violencia, apoyar el inicio y la finalización de las visitas,
porque, si nos llega un caso en el que hace tres días han estado conviviendo, lo normal es que los niños puedan seguir haciendo la misma vida que hiciese con el progenitor que tiene que hacer las visitas, que va a ser el que ha cometido una agresión
o ha provocado un incidente de violencia. De este porcentaje, más de la mitad tiene que hacer la visita dentro del punto de encuentro. En un momento se


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apoya para empezar y finalizar, y pueden salir fuera; en otro momento se apoya dentro del punto de encuentro, supervisando, estando atentos y de una manera distendida para que utilicen con tranquilidad el espacio, y sin estar
presencialmente al lado, con las mil y una antenas puestas para asegurar cómo es esa dinámica. Realmente es eficaz, porque a veces lo que les sucede a las personas que llegan a estos conflictos de violencia es que tienen escasas habilidades para
tratar a los niños, tienen dificultades en la forma de relacionarse. El hecho de que esté el profesional para apoyarle es útil y ayuda a evolucionar positivamente en esa situación.



Hay otra forma de intervenir más inocua, que es el espacio sin más, porque puede ser que el papá o la mamá que va a visitar vive a 600 kilómetros, a 100 ó 200 y no tiene un espacio donde estar con el hijo y no va a estar tomando hamburguesas
o en un cine que no guste. Se le ofrece este espacio que a la vez propicia una intervención profesional para mejorar esa relación. Por el hecho de existir, lo agradecen y luego algunos, si mejora la situación, acaban viniendo a visitarnos y nos
hacemos un poquito parte de la familia. En este caso utilizan el espacio con toda libertad, pueden salir a comer, se van a jugar otro ratito, se van al cine, vuelven. Suelen ser visitas más espaciadas, a lo mejor de una vez al mes o dos, porque
también la distancia impide que la relación sea más frecuente.



Con todas estas conclusiones que podemos sacar de la valoración inicial, del apoyo en ese cumplimiento de visitas, de lo observado, de todas las conversaciones que los profesionales nos van transmitiendo en la coordinación, se puede ver que
hay que hacer una intervención más específica y puntual con cada miembro de la familia, fuera de ese momento de contexto de visita, porque ese momento es para los niños y sus papás y sus mamás. Después de ese momento se les cita a lo largo de la
semana, porque generalmente las visitas son en fin de semana, para favorecer ese avance en la relación. Como se imaginan el lugar de encuentro no puede ser para siempre, tiene que ser temporal mientras dura el conflicto.
Además, siempre que es
posible, nosotros ofrecemos a los progenitores la opción de la medición como instrumento para que poco a poco puedan ir llegando a acuerdos y esto les permita estar el menor tiempo posible en el punto de encuentro y normalicen cuanto antes las
relaciones. Todas estas actividades, como comprenderán, quedan debidamente registradas, porque hay que facilitar información al juzgado, una información fidedigna que los jueces agradecen muchísimo. Para lo que vemos en el punto de encuentro nos
encantaría tener a profesionales que registraran y cámaras ocultas, aunque sabemos que la confidencialidad lo impide y somos exquisitos en ello. Porque somos varios profesionales creemos lo que vemos, pero a veces nos preguntamos; ¿de verdad es
esto lo que estoy viendo? Una situación que puntualmente estás viendo que es maravillosa de un niño relacionándose con normalidad con el progenitor que tenga que ser, padre o madre, cuando acaba la visita, si tiene un conflicto de lealtades sale
diciendo todo lo contrario. Y lo dice con tal convicción que si no es porque somos más, no nos lo llegaríamos a creer, creeríamos que los equivocados somos nosotros y que no nos hemos enterado bien de lo que hemos visto. Es importante, para
trasladarlo a otros profesionales que trabajan con esta familia y al juez, que tengan esa información clara que les haga responder con una medida acorde con la realidad.



Como verán el valor que tienen los puntos de encuentro como observatorio es notable. Sobre la violencia, que es el tema que nos ocupa hoy, también tenemos que ser testigos en ocasiones. Estas situaciones familiares vienen por distintos
comportamientos, no todos son idénticos, pero hay una base social detrás, que es cómo se están configurando las relaciones familiares. Hoy en día, cuando nace una mujer puede asistir ya desde el primer momento al mismo jardín de infancia, la misma
escuela, la misma universidad, la mayoría de los puestos de trabajo son asequibles, pero aún existe desigualdad en cuanto a reconocimiento, remuneración, otros campos más y también en el hogar. De puertas adentro la mujer aún tiene serias
dificultades para conseguir la igualdad. La mayoría de las mujeres asumen responsabilidades fuera del hogar, aparte de todas las del hogar, sin las que no lograrían la independencia económica, pero sufre una sobrecarga y agotamiento que, entre
otras cosas, genera dificultades en la relación de pareja poniendo en riesgo la unidad familiar. Hay un alivio cuando el esposo o compañero colabora en las tareas del hogar, pero también este planteamiento es erróneo, pues ayuda a la esposa o
compañera pero no asume que es una responsabilidad suya, sustentando así como válido el rol de hombre como proveedor. Según la encuesta del uso del tiempo realizada por el CIS en 2003, las mujeres siguen realizando el 78 por ciento del trabajo no
remunerado, lo que es muy importante porque además hacen otro remunerado.



Los hijos son una responsabilidad común a la que deben contribuir ambos progenitores de forma cooperada desde el embarazo, proximidad en el parto, contribución a la crianza y a la educación, pero no como ayuda a la madre sino como
responsabilidad propia. Así tendrá la maravillosa recompensa que supone realizar esa tarea y lógicamente esta actitud crea un vínculo superior entre los hijos y el padre y una clara liberación de la madre, que puede realizarse en otros campos y
disfrutar también de la vida familiar sin sobrecargas. Esto si se hace bien, pero si la pareja o matrimonio no ejerce mientras convive una adecuada cooperación en su responsabilidad parental, no podemos imaginarnos como posible la actual demanda de
custodia compartida después de la separación. Los hijos no son una propiedad a compartir, son una responsabilidad en la que hay que cooperar. Así, cuando los progenitores dejen de convivir pueden llegar a una reorganización eficaz de la nueva
familia en la que no tenga lugar la violencia utilizando recursos como la mediación. Sin embargo, no


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en todos los casos sucede así. A veces la separación se produce por una relación de desigualdad, incluidos los malos tratos, y esto da lugar a la aparición de familias monoparentales con nuevas necesidades. Por una parte, necesita el mayor
apoyo social para poder llevar adelante el esfuerzo que supone el custodio en el cuidado y en la educación de los hijos por un solo progenitor y, por otra parte, el progenitor que no va a convivir con ellos tiene una falta de modelo o de rol, no
sabe cómo puede continuar siendo padre o madre sin convivir asiduamente con los niños. Si observamos más detenidamente esta realidad, vemos que además de esta situación hay otras complicaciones ya vinculadas con la violencia. En una separación por
litigio o con un procedimiento judicial contencioso, es posible que un viernes a las doce de la mañana la pareja salga de un juicio en el que ninguno ha podido expresar lo que quería o ha escuchado al otro lo que a veces tampoco es tan cierto o
sobre lo que tiene una versión distinta, y a las cinco de la tarde probablemente tengan que verse para que los niños vayan con el otro progenitor. Hay que ser muy santos y tener mucha paciencia para no continuar la conversación que se dejó
pendiente y que hubiese gustado tener a las doce de la mañana. Eso genera una tensión en los niños, que aun si son educados y evitan decir cosas poco adecuadas, siempre aprecian. Los niños están muy acostumbrados a leer las caras; a veces no
necesitan palabras. Hay otro problema que también genera violencia, que es la obstrucción de uno de los progenitores en la relación del otro con los hijos o con su familia de origen. Esto supone que al ir a recoger al niño al domicilio se plantea
un impedimento, a veces el niño dice que no porque no quiere y otras porque le conviene decir que no quiere o porque le han dicho que tiene que decir que no quiere. Eso genera violencia. Y en otros casos hay incumplimiento. A veces vemos la
violencia como una actuación única, pero también la omisión puede ser violencia. El abandono para mí es un acto de mayor violencia o maltrato, no voy a decir que es más que una bofetada, pero un niño que espera vestido de domingo con su maleta al
lado que lo venga a recoger el otro progenitor y que este no llegue un día y otro supone una lesión irrecuperable, por lo que conviene tener una forma de evitar que eso suceda, o bien se lo puede llevar y no estar en condiciones adecuadas y el
progenitor que lo tiene que entregar no lo puede acreditar e, impotente, tiene que facilitar que el niño se vaya, aun temeroso de que le pueda suceder algo. Todo esto se intenta regular en el juzgado y en ocasiones con valoraciones y con el equipo
psicosocial se hace un régimen de visitas lo más idóneo para la familia, pero aun así luego no se cumple con normalidad o no se cumple de la manera exacta que se había previsto, y esto vuelve a generar necesidad de modificación de medidas y nueva
situación de litigios para los menores, con riesgo consecuente de violencia. Este tema lo han tratado las recomendaciones del Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea, que consideran que la necesidad de asegurar la protección
del menor y su bienestar es uno de los problemas que existen en materia de guarda y derecho de visitas en separaciones y divorcios.



Estamos hablando de algo que se lleva en desigualdad, pero vamos a hablar ahora de algo que se lleva con mayor dificultad aún o con una agresión fuerte. Cuando ya alguien quiere romper una relación de sumisión no puede llevarlo a cabo sin
una ayuda profesional y con una estrategia muy bien definida en un entorno completo, no sólo por un profesional, porque esos intentos de separación, como saben ustedes, son los que al final ocasionan mayor riesgo para las mujeres. Es imprescindible
que, como recoge ya el proyecto de ley, se facilite información y asesoramiento en el ámbito preventivo, porque a algunos agresores no les disuade la orden de alejamiento o pensar que pueden pasar varios años en la cárcel y les supera el deseo de
venganza de la afrenta que para ellos supone que su mujer ose dejarles. No se debe iniciar una demanda judicial de separación sin una asesoría profesional que cubra este riesgo y tome medidas de prevención, porque no todos los agresores son
iguales: existen agresores dependientes emocionalmente de la posesión de sus parejas que tienen personalidades homicidas, otros psicópatas instrumentales y posesivos que explotan y adquieren satisfacción psicológica con la humillación y violencia a
la que someten a su pareja y que si no se les detiene pueden causar daños irreversibles no sólo en la primera pareja sino también en las consecutivas que siguen formando. Insisto en la necesidad de desenmascarar a los maltratadores, pero debemos
ser conscientes de lo que representa la denuncia cuando se mantiene la convivencia. La última ley de protección alivió la espera con los juicios rápidos porque el juicio se celebraba con mayor aceleración. A pesar de eso, tenemos una serie de
preocupaciones en los puntos de encuentro, y es cuando vemos que rápidamente las familias reanudan la convivencia después de un episodio de violencia sin que exista una intervención psicosocial que les apoye para que eviten nuevos episodios de
violencia y resuelvan los verdaderos motivos que les llevaron a denunciar. Cuando alguien da el paso de poner una denuncia, algo está pasando y hay que intervenir psicosocialmente, con el apoyo judicial por supuesto, pero el ámbito psicológico y
social es imprescindible, así como el policial o estratégico de protección.



Además de lo indicado anteriormente, el simple conocimiento de la realidad de esta situación familiar nos permite ser más eficaces en cualquier intervención que posteriormente pueda realizar la familia o alguno de sus miembros en otras
situaciones de urgencia. Si ya sabemos algo, si ya tenemos datos a los que cualquier profesional puede acceder, cuando surge algo urgente que es muy fácil que se produzca desde el viernes a las cuatro de la tarde, cuando se han ido los servicios de
mayor protección, hasta el lunes a las nueve de la mañana, hay que tener ahí un sistema de urgencia para


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atender esas necesidades, un buen registro para conocer sus antecedentes e intervenir con ese conocimiento. Les explico una intervención que se ha realizado el pasado fin de semana en el punto de encuentro. Desde el juzgado de familia nos
remiten a un niño de corta edad para que se le apoye en el cumplimiento de las visitas con su padre. La madre había puesto varias denuncias por malos tratos del padre hacia el niño y de todas había sido absuelto -con esos datos trabajamos
nosotros-, pero estando el padre durante el período vacacional con el niño, el bebé -el niño andaba- se rompe una extremidad el mismo día en el que debía producirse la entrega a la madre, por lo que el padre nos lo comunica y además nos pide que,
como el niño aún está incómodo -había sido la noche anterior- y había dormido mal, se pudiera entregar al niño al día siguiente y que se lo comunicásemos a la madre porque a él le parecía más adecuado no tener que moverlo. Cuando transmitimos esta
situación a la madre le dijimos que, según nos informaba el padre -y parece que así lo refiere el niño-, estaba jugando en una atracción de feria, concretamente en unos hinchables, y en un salto tiene la lesión. Pero la madre duda de la veracidad
de los hechos y sospecha que se trata de una agresión del padre y no quiere aceptar que la entrega se haga el día siguiente. La situación al final se resuelve conforme a las indicaciones judiciales y en un ambiente de tranquilidad para el menor;
afortunadamente se estaba interviniendo dentro del punto de encuentro. Probablemente, si no hubiesen existido esas denuncias previas la actuación habría sido diferente, igual que si no hubiese existido nuestra intervención. Hemos entendido que en
este caso no ha sido necesario hacer una nueva denuncia porque había un seguimiento profesional, se informó inmediatamente al juez, y el juez determinó cuál era la forma más adecuada de actuar y así lo pudimos ejecutar, porque además estábamos en
fin de semana: el hecho se produce el viernes por la mañana y hay que solucionarlo el viernes por la tarde. Por estas y otras muchas intervenciones realizadas en el punto de encuentro familiar se apunta la necesidad de intervenir tanto con la
víctima como con el presunto agresor si no ha sido condenado y también con el agresor de delito consumado, independientemente de que la pena sea condena de prisión o no. Incluso yo pienso que si no acepta voluntariamente la intervención se debería
contemplar la posibilidad de obligarle judicialmente. Ya hay precedentes en otros problemas en los que esta forma de intervenir y actuar ha sido positiva. Si alguien no se encuentra en condiciones de tener una relación a la que tiene derecho por
ejemplo, el caso de un niño que tiene derecho a relacionarse con su padre y su padre no tiene un comportamiento adecuado con él, el derecho es del niño para quitarle las visitas, pero también tiene derecho a su integridad y a un buen trato, para lo
cual si el progenitor o la persona que no tiene un comportamiento adecuado se somete a un tratamiento y evoluciona, obligatoriamente podrá tener acceso, porque se entiende que trataría de forma adecuada al niño; si no lo tiene, lógicamente no
podría tener acceso al niño.



También precisan de una atención psicosocial las parejas después de una denuncia cuyo procedimiento es archivado, porque existe un riesgo de violencia como consecuencia de la percepción subjetiva de un sentimiento de justicia después de la
resolución judicial de quien denunció, porque no se le ha hecho caso y está aún dándole vueltas a la injusticia, y del denunciado, por haberle sometido a ese procedimiento. Conviene que haya profesionales que elaboren esa situación para que se
resuelva de una forma adecuada y se evite que se generen nuevos incidentes. Reitero que los agresores no son todos iguales ante las indicaciones judiciales. Si no se les conoce y no se les trata, nunca sabremos si estamos cubriendo bien el riesgo
o si lo estamos aumentado.



Con frecuencia trabajamos en el punto de encuentro con familias reconstituidas con sus nuevas parejas que configuran una nueva familia, que después de una ruptura aportan hijos de la anterior relación y en ocasiones también tienen hijos en
común. Hace varios años, por mandato judicial, intervinimos en el apoyo para una visita a una niña que se negaba a ver al padre. La actitud del compañero de la madre era totalmente dominante, había suplantado el rol paterno de la niña de su actual
compañera y era totalmente obstructivo al régimen de visitas. La madre no imponía su autoridad y la niña estaba totalmente sometida a los dictámenes del compañero de la madre, que por esas fechas decidió tener otro hijo con su actual pareja.
Aunque informemos al juzgado sobre el origen de la situación obstructiva, nadie podía evitar el acceso de este hombre a la menor mientras su madre no interrumpiese la convivencia. La paciencia del padre en este caso, que debía relacionarse con la
niña en el punto de encuentro, y el carácter de la niña han permitido que mantengan una relación mínima durante estos años, la única que permitía el nuevo compañero de la madre para que ésta no tuviera consecuencia de desobediencia judicial. Pero,
curiosamente, hace unos días esta madre -se había establecido con ella un vínculo adecuado, o ella entendía que la podíamos escuchar- llegó para comentarnos que había decidido separarse de su actual pareja y nos refiere los acontecimientos vividos
durante estos años. El conocimiento del que ya disponíamos de la personalidad de este hombre, que claramente ha ejercido maltrato sobre esta mujer durante varios años, nos ha permitido asesorarla y derivarla a los servicios precisos para que adopte
la estrategia óptima y pueda organizar sin riesgo la nueva separación.



Como han podido apreciar, a los niños también se les debe aportar un tratamiento, pero en mi opinión como sujetos de derecho, separada su situación de la vivida por la madre, porque en muchos casos las consecuencias de estar inmersa en este
proceso destructivo que la ocasiona el maltrato la impide percibir la grave situación


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que puntualmente pueden estar sufriendo los menores. Hace unos meses se acercó solo hasta el punto de encuentro un niño de 14 años, y apenas lo reconocimos. Cuando tenía ocho años venía para visitar a su padre, unos días se quedaba a la
visita, otros días muy serio nos decía, siempre con dulzura y educación -era un niño encantador-, que no se quedaría a la visita porque se aburría. Finalmente, el niño deja de acudir a la visita y el padre decide no forzarle y se suspenden las
visitas. En esta ocasión, el menor que ha venido solo venía a pedir las cartas que le escribía su padre y que él nos devolvía diciendo que le dejásemos en paz, pero añadía siempre: muchas gracias. Ahora nos dice el motivo por el que no se
quedaba. Si lo hacía, durante una semana el compañero de su madre dejaba de hablarle. Es impotencia profesional también la que siente uno cuando ve a un niño de ocho años tan hermético, que está viviendo esa situación y no la puede transmitir.
Con toda esta experiencia, considero imprescindible un fiscal con dedicación a los asuntos de violencia y que atienda a las circunstancias de los menores que están inmersos en estas situaciones. Quiero destacar que en los casos en que uno de los
progenitores no ha deseado el nacimiento del bebé, este dato está siempre presente en el momento de la ruptura, con serias consecuencias negativas en la cooperación parental, produciéndose intentos claros de impedir la relación con el otro
progenitor, lo que también da lugar a episodios de violencia. En los casos en que la madre ha sufrido malos tratos estando embarazada, y aun cuando no hubiera tenido consecuencias de lesiones, se observa en la madre un miedo prácticamente
insuperable a que el niño no sea bien tratado por el padre. En mi opinión, se debería poner en la futura ley la agravante de que la mujer que sufre el maltrato esté embarazada, ya que está considerada como un factor de riesgo para la salud mental y
física, materna y fetal, la violencia durante el embarazo.



Estamos hablando de embarazos, pero hay una situación nueva que cada vez nos sorprende más. Al punto de encuentro están llegando familias cada vez más jóvenes, con niños de escasos meses, incluso de días, que no han conocido a su padre, la
relación de los progenitores se rompió antes de que él naciera o a los pocos meses, y el padre reconoce legalmente su paternidad y decide ejercerla. Esto representa un cambio cultural porque hace años la familia monoparental estaba constituida por
madres que tenían que contar con la ayuda de sus familias de origen o el amparo de las instituciones, ya que el progenitor masculino se desentendía de sus obligaciones parentales. Este cambio, aunque en ocasiones está bien aceptado, en otras muchas
genera violencia. Las madres luchan contra el sentimiento de abandono, que hacen extensivo a su bebé. Pero esta es la sociedad en la que queremos que los padres asuman sus responsabilidades, contribuyan económicamente y creen el vínculo necesario
para que el menor pueda adquirir un desarrollo armónico. Además se prioriza el derecho del menor a tener relación con sus dos progenitores. La contribución que desde el punto de encuentro se está haciendo a estas situaciones, que se resuelven sin
violencia, es muy positiva. En las primeras etapas y hasta que el niño puede verbalizar cómo se encuentra en cada momento, es muy importante la mediación de profesionales y contar con un espacio donde se puedan producir las visitas con seguridad
para el menor. También es importante la intervención de los profesionales en trabajar con los progenitores para eliminar estos miedos y que adquieran habilidades adecuadas de crianza y se eviten manipulaciones del menor.



Como ven, esta es una parte pequeñita, pero invito a SS.SS. a que visiten un punto de encuentro. Si doña Ana Torme propuso que viniésemos, probablemente es porque lo vió en su día, hace muchos años, y verlo produce como un enganche de
adición. Es tanta alegría y tanto sufrimiento a la vez, que no se puede dejar de ver la alegría ni de intentar hacer algo respecto al sufrimiento. Pero no somos tampoco la panacea. Este servicio tiene que estar configurado dentro de un sistema
integral de apoyo, porque hay que colaborar y cooperar con otros servicios que puntualmente atienden de forma específica los problemas que tienen los progenitores. Con nuestra misión única podemos diagnosticar estupendamente, pero a veces para
intervenir tenemos necesidad de otros recursos que no se pueden realizar en el mismo lugar donde se establece esa relación tan próxima, pero a la vez obligatoriamente neutral, con los progenitores. Para lo cual ya les he indicado que están
implicados el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las comunidades autónomas configurando distintas redes, como ya tenemos en Castilla y León, y los ayuntamientos que nos llaman. Si hemos puesto puntos de encuentro es porque ya nos han llamado
desde las administraciones para que los pongamos, como en Fuenlabrada y en Getafe. Quiero explicar que realizamos nuestra tarea casi continuamente con los jueces; tenemos una comunicación continuada con el Consejo General del Poder Judicial. Creo
que es el momento de que el Ministerio de Justicia, apoyándose en esta ley integral que pretende implicar a todos los estamentos que se ocupan de la violencia, colabore y se elabore una reglamentación en la que se exprese claramente cuáles son las
normas de funcionamiento; que se elaboren unos protocolos claros de intervención y derivación desde los juzgados, pero con la cooperación que hemos indicado con los servicios sociales. El punto de encuentro son los servicios sociales. Queda claro
que desde la intervención directa tiene que ir a los usuarios, pero con ese tándem que hasta ahora hemos llevado bien, es decir, unido con Justicia y bien coordinado. Yo lanzo esta posibilidad y al mismo tiempo espero que se apruebe la ley por
consenso y que el tan necesario basta ya a la violencia, que acaba repercutiendo de modo tan grave en las mujeres, en las familias y especialmente en


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los niños, sea definitivo y no tengamos que volver a reunirnos para tratar este problema.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su exposición, señora Sacristán.



¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)


Tiene la palabra la señora García en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora Sacristán, por su comparecencia.
Quiero decir en primer lugar que seguro que todas las aportaciones que se han ido haciendo en estas comparecencias, por consiguiente también en la suya, van a ser de
gran utilidad para todos nosotros, para el Congreso en general, para poder perfilar mejor esta futura ley.



Dicho esto, señora Sacristán, reconozco que tengo algunas dudas en cuanto a la exposición que usted ha realizado y también alguna dificultad para concretar sus propuestas en lo que afecta a la ley. En todo caso, quisiera aclarar alguna
cuestión. Me gustaría puntualizar algunas cosas, aunque creo que usted ya las ha mencionado. Nos ha explicado -y se lo agradecemos muchísimo- una experiencia de punto de encuentro. En nuestro país encontramos diferentes modelos de puntos de
encuentro, y en esto coincido con usted porque quizá no hay una reglamentación concreta y generalizada, como en tantos otros temas de servicios sociales. En todo caso, seguramente en esos diferentes modelos hay un elemento en el que todos
coinciden, que es lo relativo a las peticiones que realizan directamente los jueces. Precisamente por esto nacieron los puntos de encuentro, porque la ley recogía que en situaciones de conflicto, no de malos tratos, sino en cualquier otra situación
conflictiva en la familia, los jueces podían solicitar que hubiera espacios neutrales donde se pudiera garantizar la visita de los padres. Esta es una parte de los puntos de encuentro y seguramente es la que se ha de cubrir desde el Estado español
porque en definitiva está regulada por ley. Después tenemos el conjunto de situaciones que dependen de cada lugar y de cómo se desarrolla el punto de encuentro, con qué financiación, quién lo impulsa, si depende de las comunidades autónomas o no,
aunque en Cataluña depende la mayoría de las veces de los ayuntamientos y está impulsado por ellos, aunque puede estar gestionado por ONG, Cruz Roja, etcétera.



Creo que todos estamos de acuerdo en que los puntos de encuentro son necesarios y en que seguramente también sería muy necesario -como en otras cuestiones en las que a lo largo de la legislatura sin duda vamos a tener ocasión de ir
trabajando- tener una reglamentación general para todo el Estado que confirmara un marco global de servicios mínimos garantizados del que tantas veces hemos hablado respecto al modelo de servicios sociales, y que se hiciera con criterios generales.
Usted nos ha explicado su experiencia en los puntos de encuentro y seguramente hay otras que se asemejan mucho. También nos ha planteado la necesidad de que haya coordinación, al menos yo lo interpreto así. Los puntos de encuentro no son una gota
en una comunidad sino que en todo caso son un elemento más en los servicios sociales de aquella comunidad y han de estar integrados en los servicios sociales comunitarios y por tanto deberían estar regidos por los criterios de la comunidad y de los
municipios. Yo solamente lo entiendo desde este punto de vista, no lo puedo entender desde ningún otro, porque si no, estaríamos hablando de una atención específica a un sector sin que hubiera ensamblaje con el resto de servicios públicos, en
definitiva, como red pública de servicios en una comunidad. Sin duda es muy importante la experiencia en estos puntos de encuentro, como en los servicios sociales de atención primaria y en otros tipos de centros es importante recoger estas
vivencias y que en aquellos casos en los que haya un conflicto judicial, el juez tenga esta información para que pueda ir perfilando mejor la solución para estas familias, para una mejor relación de los niños con la familias. Por tanto, en relación
específicamente con la ley que estamos discutiendo quisiera saber si ustedes consideran que la aportación de los puntos de encuentro puede mejorar la situación y desearíamos conocer cuál es la propuesta concreta que nos hacen.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Bonás por el Grupo Esquerra Republicana de Cataluña.



La señora BONÁS PAHISA: Muchas gracias, señora Sacristán. Su exposición ha sido muy enriquecedora e interesante y ha traído al tema de la discusión a las otras víctimas, que son los hijos de las parejas. Debemos considerarlos
especialmente en esta nueva ley para que no quede desdibujada la importancia que tendrán en su futuro las decisiones que tomamos nosotros. Me ha interesado mucho lo relativo a los puntos de encuentro, que puede ser muy importante para el futuro de
estos niños.
Creo que deberían regularse dentro de los servicios sociales en todo el Estado de una forma concreta, clara, con presupuestos, por el Ministerio de Asuntos Sociales y por el Ministerio de Justicia. Creo que ustedes pueden hacer
aportaciones en este aspecto que se podrían ya incluir en esta ley. En concreto, en esto no he visto aportaciones. De modo tangencial ha tocado el tema de las separaciones conflictivas, que no nos afecta hoy, cuando a veces es la madre la que se
opone al régimen de visitas, pero me gustaría abordar algún día este tema; me gustaría ver qué propuestas tienen para solucionar estos problemas. También es interesante lo que ha dicho respecto a que los puntos de encuentro pueden ser una forma de
obligar al padre a seguir un tratamiento. Sabemos que el problema de los maltratadores es que no quieren seguir tratamiento, y una forma de obligarles podría ser decirles que podría


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visitar a su hijo si lo sigue. Me gustaría saber qué opina usted de esto, si sería factible y qué modificaciones deberíamos hacer en esta ley para implicar, si es posible, al maltratador a seguir un tratamiento. En otras comparecencias se
ha dicho que es mejor que los hijos o hijas no tengan ningún contacto con el padre maltratador una vez hecha la denuncia. Quería saber qué opina usted de esto.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Torme.



La señora TORME PARDO: Agradezco la intervención de la señora Sacristán.
La labor que están haciendo desde hace ya unos años los puntos de encuentro familiar tiene una gran trascendencia social en la defensa que hacen del interés
preferente del menor, tratando de garantizar el derecho que tienen los menores a desarrollar una relación adecuada con los dos progenitores, incluso cuando hay conflictos y cuando ha habido situaciones terribles de abusos o de malos tratos.



La portavoz de Esquerra Republicana señalaba -y así se ha manifestado en esta comparecencia- que hay personas que son partidarias de que se corte, en el momento en el que hay una denuncia de malos tratos, la relación de los menores.
Quisiera que desde su experiencia nos dijera -porque es un elemento que tenemos que tener en cuenta al desarrollar el texto de esta ley- si cree que para la defensa del interés preferente del menor y para su desarrollo personal es bueno que se
mantengan esas relaciones, sabiendo, eso sí, que éstas han de hacerse, por supuesto, con las mayores garantías para que en ningún caso pueda haber riesgos para ese menor, que ya bastante ha sufrido.



Aquí nos interesa la perspectiva del menor no sólo como sujetos ellos mismos directamente de malos tratos por parte de sus progenitores, porque hablamos de violencia de género y de cómo en esas relaciones de machismo y de dominación los
menores son víctimas también de esas situaciones, pero aunque no sean víctimas directas siempre son testigos, que es otra violencia que se ejerce sobre ellos. No son malos tratos físicos los que están sufriendo, pero en todo caso es una violencia
psíquica tener que ser testigos de forma diaria de las agresiones que se producen entre las personas con las que se está conviviendo, sean o no los dos sus progenitores. Pero es que además -se nos ha dicho también aquí en algunas de las
comparecencias- en la violencia que se ejerce sobre las mujeres inciden muchísimos elementos, pero a veces también el agresor las coacciona y las amenaza a veces psíquicamente y hace chantaje a costa de los menores. De manera que es un elemento
clave para abordar toda la problemática de la violencia de género, y por ello no conviene dejarlo al margen de esta ley.



Los puntos de encuentro familiar -y ya sé que ha tratado de hacer una intervención sintética, sin contarnos la multitud de casos que pueden comprobar y tratar de solucionar- hacen una labor muy amplia en conflictos, separaciones y en otras
situaciones en las que a lo mejor no hay malos tratos y lo que hay es incapacidad, por el motivo que sea, de alguno de los progenitores para tener el trato con el niño. Pero a nosotros hoy nos interesa sobre todo la labor que hacen en lo que tiene
relación con la violencia de género. Hace años tuve la oportunidad -estaba intentando recordar la fecha, creo que fue en 1997-, cuando se hicieron unas primeras jornadas promovidas por el Consejo General del Poder Judicial para hablar precisamente
del papel que estaba jugando los puntos de encuentro familiar, de asistir a estas jornadas y me quedé verdaderamente sorprendida de cómo estaban siendo cada vez más solicitados en aquellos sitios donde ya se conocían o jueces o fiscales que conocían
de la experiencia en otros partidos judiciales donde ya existían y cómo demandaban que se extendieran, porque se estaban demostrando como un recurso muy eficaz a la hora de dictar sentencias, de establecer, por ejemplo, el régimen de visitas y en lo
que a nosotros nos afecta, lo que estamos estudiando, cuando hay violencia sobre la mujer, esos lugares neutrales o puntos de encuentro pueden permitir desarrollar y llevar a buen término cuestiones como el régimen de visitas y custodias compartidas
de forma que la madre no corra peligro y a la vez se garantice ese derecho para el menor. Pero además -y aquí lo planteaban también las portavoces de Izquierda Unida y Esquerra Republicana- desde esa situación privilegiada de observatorio en el que
se puede ver a todo el núcleo familiar, a todas las personas que están pasando por una experiencia de malos tratos, se puede intentar que recobre el agresor un comportamiento adecuado. Hemos visto que en la ley aparece que tenga que haber
tratamientos de rehabilitación cuando ingresan en centros penitenciarios, pero aquí nos proponía también la señora Comas, presidenta del Observatorio de Violencia, que está en el Consejo General del Poder Judicial, la necesidad de extender también
este tipo de tratamientos de rehabilitación a los condenados por violencia de género que no ingresan en prisión. Quizá también puede ser este un buen observatorio para contribuir a exigir ese tratamiento y además para ver con las actitudes que se
van comprobando si evolucionan y remiten las conductas agresoras. Todos queremos prevenir y acabar con la violencia, pero acabar con la violencia cuando no se acaba con esos comportamientos del agresor es muy difícil. En determinados casos se
podrá evitar que el agresor maltrate o acabe matando a la mujer con la que está conviviendo y se pueda cortar esa relación de forma que al final el riesgo haya pasado y la mujer no se haya convertido en víctima mortal, pero en el futuro puede haber
otras mujeres con las que esta persona vaya a tener nuevas relaciones, y lo que tenemos que intentar entre todos es evitar que esa persona que se ha detectado que es un agresor, que ha sido condenado y que ha sido denunciado, en las futuras
relaciones


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convivenciales que vaya a tener con otras mujeres vuelva a reproducir lo mismo. Creo que ahí tenemos también un elemento sobre el que trabajar.
Cuando se constata que esas personas tienen esas conductas no podemos quedarnos simplemente en
si ha ido a la cárcel -donde puede tener rehabilitación- o si ha sido condenado y no ha habido pena de prisión, en que esa pareja ya se ha separado y ya no hay más conflicto dentro de ella. No podemos quedarnos de brazos cruzados y pensar qué
ocurrirá en el futuro, porque la próxima mujer que se cruce en su camino puede ser víctima y quizás en ese caso mortal. Es importante que todos los recursos que pueden tener algo que ver estén bien ensamblados para ayudarnos a que todas las medidas
que aparecen en la ley sean más eficaces. En esas jornadas tuve la oportunidad de ver cómo se reivindicaba esto y cómo jueces que contaban con puntos de encuentro familiar, a la hora de dictar sentencias, lo hacían con mucha más seguridad. El
planteamiento de los jueces era: verdaderamente esto es lo que yo tengo que hacer, pero quizá no lo puedo hacer si no cuento con un recurso adecuado; no quiero poner en peligro a una mujer que está sufriendo violencia y quiero garantizar el
derecho del menor a esa relación. De manera que el punto de encuentro apareció, lo que para mí fue una sorpresa. Pensé que era un recurso que había que potenciar. Se ha recogido en los planes integrales contra la violencia y, de hecho, en la
comparecencia de la vocal del Consejo ella lo reivindicaba y señalaba -y leo exactamente sus palabras-: Creo que falta una mención expresa a los puntos de encuentro, que saben ustedes que es una realidad que ya existe en varios partidos judiciales,
en varias comunidades autónomas, pero no están generalizados. Son lugares donde se están realizando regímenes de visita de los menores en presencia de profesionales cuando se ha dictado una orden de protección con prohibición al agresor de
acercamiento a la víctima. Estos puntos de encuentro están desempeñando un papel fundamental en la disminución del conflicto familiar y por tanto son, yo creo -añadía-, un instrumento de gran utilidad a la hora de prevenir o evitar la violencia
familiar. Ella hablaba aquí de un caso muy concreto como son las órdenes de protección.
Considero que ese papel lo han venido jugando desde antes, pero me interesaría que nos dijera si desde que entró en vigor esta nueva ley -creo que fue en abril
del año pasado, 2003; ya llevamos algo más de un año de aplicación- han llegado a los puntos de encuentro familiares también por parte de jueces y fiscales derivación de las mismas para hacer efectiva la orden de alejamiento, que nos parece
fundamental.
Habría que hacerla efectiva a través de muchos mecanismos: controles telemáticos, medidas cautelares o medidas penales mucho más duras, pero también con recursos para que se pueda impedir que se produzca el contacto que se quiere
evitar.



Termino, señora presidenta. Me gustaría que nos dijera, señora Sacristán -y aquí enlazo con lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida-, si cree que habría que concretar el papel de un recurso de estas características como son los
puntos de encuentro familiar y con qué sentido, con qué tipo de ubicación, si dentro, por ejemplo, del artículo 15 donde se contempla el derecho a la asistencia social integral -aquí se habla, entre otras cosas, del apoyo educativo a la unidad
familiar, de seguimiento de las reclamaciones, de apoyo social, de atención psicológica- o dentro de las medidas de seguridad y en concreto -como decía la señora Comas- en aplicación de la orden de protección y de la medida de la orden de
alejamiento. También quisiera que nos señalara -y aquí no me voy a extender porque lo han planteado las otras dos portavoces- qué tipo de colaboración se requiere con las instituciones -con las comunidades autónomas, con la Administración del
Estado, con las corporaciones locales- y si sería necesario que en esta ley hiciéramos una concreción de los requisitos mínimos con que deben funcionar. Está claro que estamos dentro del ámbito de las competencias de las comunidades autónomas, pero
que haya una serie de requisitos mínimos en cuanto a los profesionales y en cuando a los métodos de actuación puede ser clarificador para que consigamos que haya verdaderamente una red pública de atención integral en materia de violencia de género
en la que se contemple el papel que ha de jugar cada cual y en la que se produzcan sinergias, que todos contribuyamos y que vayamos en la misma dirección.



Otra cuestión. También se nos ha señalado, en relación con los menores, que cuando sufren violencia directamente o cuando son testigos de esos conflictos en su medio familiar, estos pueden generar en un futuro -y estadísticamente se da con
mucha frecuencia- que el niño que ha visto al agresor provocar situaciones como maltratar a su madre desarrolle ese tipo de comportamientos; lo mismo ocurre con las niñas que han visto esas agresiones, que disminuyen su autoestima o generan
conductas de sumisión, incluso asumiendo el machismo, que provocan que a la larga puedan ser luego víctimas de malos tratos. ¿En los puntos de encuentro se puede detectar también la influencia psicológica que está teniendo en los menores y se está
tratando de reconducir para evitar este tipo de pautas en el futuro?


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Buenos días. Muchas gracias a la señora Sacristán por su exposición, que en muchos casos ha sido muy concreta.
Voy a ser absolutamente breve y a limitarme a hacer una pregunta sobre un tema, que, a lo largo
de las comparecencias, ha salido varias veces, en las comparecencias del Defensor de la Comunidad de Madrid y de representantes de muchas de las asociaciones de mujeres que han pasado por aquí, que se refiere a que, en el momento en el que un
maltratador tiene una sentencia y pensando


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siempre en el interés superior del menor, si cree usted o su asociación que debe regularse el régimen de visitas entre el maltratador y sus hijos, aun incluso pensando en instrumentos como los puntos de encuentro.
Si fuera así, querría
saber si usted opina que se debe incorporar al articulado de la ley o, como se ha expresado mayoritariamente hasta ahora por las personas que han comparecido, cree que de una manera imperativa en la ley debe aparecer el no régimen de visitas en esta
situación una vez que se ha establecido la sentencia de culpabilidad del maltratador.



Nada más.



La señora PRESIDENTA: Para contestar tiene la palabra nuevamente la señora Sacristán, a la que le quiero pedir brevedad y concisión por el tiempo que ha utilizado en su primera exposición.



La señora PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN (APROME) (Sacristán Barrio): Voy a intentarlo.



Como soy mediadora, me voy a quedar con lo bueno. Mi agradecimiento a ustedes. También asumo todo lo que han dicho de forma común. Voy a intentar explicar un poquito las aclaraciones concretas que me han pedido.



Con respecto a la ley, señora García, me atormentaba una idea: ¿qué voy a decir a SS.SS. sobre lo que tienen que hacer? Humildemente me dije: sólo les puedo decir lo que hacemos nosotros. Diciendo lo que hacemos nosotros, probablemente
con los sabios que tienen, dirán: esto es lo que tenemos que hacer. Sí se han hecho cosas que se pueden introducir, pero fui incapaz de incluirlas en esas conclusiones. Queda claro que una de las cosas que se puede aportar a la ley es que se
incluyan los puntos de encuentro como una medida. Como decía la señora Torme, yo los incluiría en el capítulo V, mejor como servicios sociales, desde la línea de la intervención social. Han coincidido todos un poco y han venido a decir que hace
falta una regulación, unos criterios, para el establecimiento en la red de esos servicios sociales, además también el trabajo en la red desde nuestros propios puntos de encuentro.



Como han podido escuchar, lo que les he aportado es fruto de diez años de trabajo sin descanso, día a día, incluso 16 horas y más. Configuré esa red en nueve capitales, que es la mejor forma de prevención de violencia, y conocemos cómo es
de extensa Castilla: ancha es Castilla. Una mamá de Burgos que ha ido a una casa de acogida de Salamanca a lo mejor prefiere hacer una o dos visitas de sus niños en Valladolid, pero la tercera ha adquirido confianza y prefiere que sea en Salamanca
porque no se quiere desplazar, o prefiere en Burgos para que los niños estén con la familia extensa porque las cosas evolucionan. No les hablo ya de Ponferrada, que está bastante arriba, o de Ávila. Es una satisfacción y da tranquilidad que se
trabaje con los puntos de encuentro en las redes de servicios sociales. Totalmente de acuerdo, y se las tiene que amparar. Aunque seamos entidades sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales estamos inscritas con la reglamentación de
servicios sociales que requiere cada comunidad; se nos exige algo básico cuando se nos da una subvención, pero como algo aislado. Estoy de acuerdo con que hace falta reglamentación para poner los mínimos, como decía la señora Torme, especialmente
en el horario. Estoy seriamente preocupada por experiencias que están surgiendo como hongos o como setas, se dice que tienen un punto de encuentro porque abren viernes alternos tres horas. Yo me pongo nerviosa, me pongo fatal. Nos ha llegado a
algún punto de encuentro nuestro, tres casos derivados del mes de agosto porque cierran durante mes de agosto y yo me pongo malísima. Este es un servicio de urgencias, es decir, o estamos o no estamos. Si uno quiere ser bombero es bombero y, si no
quiere ser bombero, hace otra cosa. Quiero decir que no se puede intentar dar un servicio light de algo tan delicado y complejo como es esto. Quien quiera trabajar en punto de encuentro tiene que someterse a las intervenciones de fin de semana
amplias y cuando lo necesite el usuario e incluso habrá momentos en los que haya que habilitar horarios especiales porque iniciar una visita exige una concreción. La idea es que el servicio tiene que ser idóneo y si no, no nos ponemos a hacerlo.
Para esto hacen falta medios, reglas y normas. Me consideraría suficientemente contenta con que eso se incluya y se establezca esa reglamentación en tándem con los dos ministerios para que de verdad el protocolo de derivación de los juzgados sea
óptimo. No sé si habrá quedado satisfecha la señora García; si necesita alguna aclaración, luego me la pide.



La señora Bonás manifestaba que la reglamentación debía ser de todo el Estado. Estoy de acuerdo con que se haga a nivel de ministerio y que sea de todo el Estado porque lo progenitores de muchos niños viven uno en Canarias y el otro en La
Coruña y se tienen que ver en Madrid. La movilidad geográfica que hoy en día existe es grande, debido a los empleos o a otras circunstancias. No podemos tener reglamentaciones distintas en cada comunidad autónoma y que no sepamos el viernes por la
tarde a qué norma nos debemos atener porque el niño vive en una comunidad y la visita se hace en otra o los progenitores viven cada uno en un sitio.



Se ha hablado de la madre obstructiva. Yo ya he hablado algo de los miedos y por eso hablaba del embarazo. La forma de obstruir o el motivo de la obstrucción es diferente. Unas veces está basada en el miedo y en la falta de confianza
porque realmente no vaya a estar el niño bien; otras, porque todas las personas tenemos personalidades determinadas y a veces existen enfermedades o personalidades con determinadas patologías. El miedo es libre y es mucho más grande o se instaura
en un punto de dependencia, no han roto el cordón umbilical, especialmente en las embarazadas. Si a una madre la han agredido estando embarazada, le


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cuesta un trabajo serio, de profesionales, darse cuenta de que el niño es un ser diferente y no tiene por qué ser tratado de forma idéntica en que fue tratada ella en ese momento, y todo eso necesita un seguimiento. La realidad es que este
asunto es grave y está dejando a muchos niños sin la relación porque se les somete a una tortura, entre comillas, por ese rifirrafe, de tener que acudir cada día, sin haberlo resuelto, a otra intervención. Podemos ser los terceros en discordia si
no se hace una intervención previa de cuál es el motivo de la obstrucción; si no existe motivo de la obstrucción, la ley está para hacerse cumplir y entonces hay que utilizar medidas legales. El niño no es una propiedad y es necesario que se
cumpla lo que la ley establezca porque no puede tenerlo como ella quiera. Este tema es delicado, merece una mención especial, probablemente también un estudio completo y hay que atajarlo.



Se ha hablado de utilizar como coacción el tratamiento de los maltratadores. A mí alguien que tiene experiencia en droga me ha explicado que ha funcionado este tema. Yo no creo mucho en la estaca, pero en algún momento funciona. Lo que
está claro es que si no está bien no va a poder tener al niño. Tiene que pasar por el tratamiento y, si no pasa por el tratamiento, no puede tener acceso a una criatura a la que no va a tratar de forma adecuada. ¿Estaría condicionado a las visitas
cuando hay maltratador? Pues imperativamente no, pero tampoco sí. Hay que tratarlo, la brújula ha de estar con el norte hacia el niño.



Voy a recordar un caso. Eran cuatro hermanos, la mamá tuvo una lesión que le supuso estar dos meses y pico ingresada. Esto sucedió hace muchos años porque, como saben, llevamos diez años trabajando. El padre no estaba dando la versión
real a los niños de la incapacidad. La madre había sufrido un maltrato total y tenía una pequeña deficiencia, además de la lesión que le había provocado. Esa ausencia obligada de la madre porque estaba en el hospital, el padre se lo explicó a los
niños como le pareció mejor y les dijo de la madre todo lo que se podía decir en negativo. De pronto, aparecemos como punto de encuentro en Valladolid, los niños estaban tutelados pese a que tenían relación con el padre, con visitas para el padre,
y así iniciamos nosotros la intervención. Los niños estaban empezando en familias de acogida. Un niño que no sabe dónde está la madre y que tiene un padre maltratador necesita algo que le sustente como si es un clavo ardiendo y se lo ponen
delante. Eran distintas edades y la forma de intervenir fue totalmente diferente. Ya no se ven con este padre, pero porque los niños no lo necesitan ahora. Esa es la diferencia.
Los niños tuvieron durante un tiempo visitas muy esporádicas,
incluso les acompañábamos por la calle. Fuimos viendo la evolución, primero era un dios su padre (casi decían sí, bwana cuando lo veían) pero al estar más integrados, al tener algo, al tener una familia de acogida, un sustituto, alguien que les
cuidara, que les atendiera, que les protegiera, que les cubriera sus necesidades, ellos iban soltando la necesidad de esta persona. Un día yo tuve una visión real, el niño pequeño, que tenía 6 ó 7 añitos, iba detrás de los cuatro y dije: Dios mío,
si es que van como un rebaño de ovejas. Ellos se sentían como hermanos, como un grupo. No llegó a dos años la intervención de esta visita. La madre ni siquiera había podido pedir derecho de visitas; por fin la juez de familia preguntó por qué la
madre no tenía visitas y establecen visitas a la madre, a la que le llamaban de todo cuando empezaron las visitas y a la que ahora adoran.
Se ha hecho un trasvase. La madre estaba hecha una pena, no sólo porque estaba herida en el hospital sino
porque no tenía autoestima para presentarse delante de sus hijos. Poco a poco ese trasvase se ha producido, la madre ha crecido en positivo para los niños, los padres acogedores suplen esa otra función porque la madre también tiene visitas, no
puede estar con ellos, y este hombre ha desaparecido. Nos trajo incluso una foto suya en un sobre como de despedida para que se la diésemos a los niños. No sé si estaré actuando legalmente o no, pero la foto está guardada en el fondo de mi cajón,
porque era una forma de marcar su presencia, de decir aquí estoy yo.



Hay multitud de casos, les podía relatar uno a uno, pero hemos de tener en cuenta al niño, por supuesto a la madre y al padre, al momento y a la evolución. Contestando a su pregunta le diré: no, pero tampoco sí.
Tampoco me vale decir que
ha habido una agresión y por ello puedes chantajear, manipular al niño. Lo del chantaje es fortísimo. Ustedes me verán a mí muy acelerada, debo estarlo muchísimo, pero es fruto de no tener un minuto de sosiego, de la enorme preocupación de que a
cada niño le pueda pasar algo.



Hace dos semanas me vine a Fuenlabrada con la preocupación de un niño de tres años, necesitaba verlo yo para hacer la supervisión, necesitaba ver cómo eran esos encuentros. No tenemos una varita mágica, no tenemos un termómetro para
diagnosticar idoneidades, pero sí con nuestro diagnóstico y con una red adecuada de servicios sociales podemos afrontarlo. No hemos tenido ningún incidente grave, aunque se les puede romper la pierna accidentalmente. No nos faltan los niños, nos
sobran. Es otra tristeza, más me duele el abandono. Tenemos con más frecuencia niños que llegan y no hay quien los quiera recoger. Respecto a los incidentes ha habido una minoría, pero es que a mí con dos o tres me amargan el año. Eso es lo más
grave que podemos tener.



No sé si hay algo más que me quede por responder. Si hay algo que entiendan que no he dicho, en otro momento estoy a su disposición. Si quieren visitar los puntos de encuentro, como están en distintos lugares, están a su disposición total.



La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Sacristán.



Quiero recordarles que ha dejado un DVD y unos folletos a disposición de la Comisión, a disposición de


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los señores y señoras diputados. Gracias por su colaboración y por su exposición.



Vamos a reunirnos los miembros de la Mesa un momento antes de continuar con la siguiente comparecencia. (Pausa.)


- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD AUTÓ-NOMA DE BALEARES (LLINÁS WARTHMANN). (Número de expediente 212/000125.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos las comparecencias con la presencia de doña Isabel Llinás Warthmann, directora general del Instituto de la Mujer de la Comunidad Autónoma de Baleares, que también va a contribuir con su exposición a
enriquecer este proyecto de ley que tenemos en la Cámara.
Puede iniciar ya su exposición, señora Llinás.



La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES (Llinás Warthmann): Buenos días a todos y a todas ustedes.



Ante todo, quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Popular la confianza y la oportunidad que me ha brindado para comparecer ante esta Comisión de Trabajo que estudia el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la
violencia de género y a la vez poder hacer llegar a SS.SS. las sugerencias que entre todas y todos podamos aportar para hacer la mejor ley.



En mi doble condición de directora de un organismo de igualdad y como mujer que ha padecido el maltrato, quisiera darles una visión diferente de la que tienen quienes ya han comparecido ante ustedes, visión que viene dada por mi propia
experiencia personal y por la realidad social en la que yo me encuentro a diario al frente del Instituto Balear de la Mujer. Ante ustedes han comparecido rectores de universidad, profesores, abogados, abogadas, jueces y juezas, personas con una
amplia formación jurídica, otras personas con una dilatada experiencia en el mundo asociativo, ONG con implantación a nivel mundial, nacional, organismos que llevan años luchando frente a las desigualdades, pero creo que mis aportaciones pueden ser
hechas desde la realidad social en la que nosotros nos encontramos todos los días. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)


Para entender un poquito más esa realidad social que yo les venía mencionando, quisiera ponerles en antecedentes de mi comunidad, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Sin tener en cuenta, por obvio, la insularidad, que es un factor
primordial que hay que tener en cuenta, tenemos actualmente una población censada de 950.000 habitantes, y una tasa de inmigración que sobrepasa ligeramente el 13 por ciento, cuando la media estatal es de poco más de un 6 por ciento. Hay un
presupuesto consolidado para este año 2004 en nuestra comunidad de 1.859 millones de euros, en el cual la partida destinada al organismo de igualdad es de tres millones de euros; el incremento para este año ha sido de un 50 por ciento, yo creo que
bastante significativo, y representa en el montante del presupuesto de la comunidad un 0,16. Es el cuarto más alto de todo el Estado, así y todo creo que es insuficiente, pero nos demuestra el grado de implicación que tiene el presidente de mi
comunidad, don Jaume Matas, en todo lo relacionado con la mujer.



La realidad socioeconómica de las mujeres de mi comunidad autónoma es la siguiente. El hecho de tener un régimen foral diferente que el resto de comunidades autónomas -en nuestra comunidad rige la separación de bienes- ha hecho que la mujer
balear sea heredera y dueña de sus propias propiedades, de sus propias tierras, de sus propias casas. Eso la ha conferido una autonomía e independencia económica que otras mujeres españolas no han tenido. Además, somos una comunidad autónoma donde
el sector terciario está muy implantado, lo que ha facilitado que la incorporación de la mujer al mundo laboral se haya dado antes que en otras comunidades autónomas. Para mejorar eso, tenemos una de las tasas más bajas de paro femenino. Por otro
lado, desgraciadamente, desde el punto de vista de análisis de indicadores sobre temas de violencia ejercida dentro del ámbito familiar, somos una de las comunidades con más muertes por número de habitantes. El número de denuncias por maltrato a
nivel nacional el año pasado fue de poco más de 50.000; en las Islas Baleares el incremento fue de un 26 por ciento cuando la media nacional era de un 15, o sea, casi el doble de todo el Estado.



El Instituto Balear de la Mujer es el centro coordinador de las órdenes de protección de nuestra comunidad autónoma y como tal hace esa labor de coordinación entre todas las instituciones implicadas: juzgados, fiscalías, colegios de
abogados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios asistenciales de ayuntamientos y centros de salud. Además, para que la actuación sea global no tan sólo hacemos esa labor de coordinación de las distintas instituciones, sino que a la vez nos
ponemos en contacto con las víctimas, las asesoramos, las informamos, las orientamos sobre los diferentes recursos sociales y asistenciales que tiene nuestra comunidad, a los que ellas pueden acogerse, y les damos ese asesoramiento legal que
necesitan; además las metemos en nuestro programa de asistencia sicológica para ellas y para sus hijos, pues es básico y primordial que todas puedan tener esa asistencia. No nos quedamos ahí, también se hace un seguimiento de su expediente. Con
eso quiero decir que, cuando una mujer ha sufrido maltrato y se ha reintegrado otra vez en la sociedad, no la vamos a dejar sola, no la vamos a decir que ahora que ya está bien, siga su vida sola. Al contrario, intentamos hacer un seguimiento
durante un tiempo y un espacio, el que ella necesite, porque es


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muy diferente la situación de cada una de las mujeres. Es muy difícil globalizar y cada situación y cada circunstancia es diferente. Trabajamos en coordinación con el resto de los servicios sociales, a los que luego ella puede acogerse,
como pueden ser ayuntamientos, que son los que tienen competencias en servicios sociales primarios. Según datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, desde la implantación de la Ley
reguladora de la orden de protección se han concedido 12.5000 órdenes. En mi comunidad autónoma, en lo que llevamos de año nos han llegado, como centro coordinador de esas órdenes de protección, 813. En esto, y por desgracia, nos llevamos casi
todos los premios.



Una de las cosas que más nos preocupa es la información y de qué manera podemos ayudar a todas esas mujeres que están sufriendo esas situaciones.
Sabemos que esta ley no va a ser la panacea, pero valoramos muy positivamente que es un paso
adelante y firme. Esta iniciativa tiene que estar destinada básicamente a prevenir el maltrato y a ayudar a la recuperación de la víctima mediante un amplio sistema de apoyos que las permita dar el paso más difícil, que es denunciar al agresor. La
mujer lo intenta varias veces; pone la denuncia y la retira. Hay hechos estudios que dicen que la mujer necesita entre 7 y 10 años para tomar la decisión definitiva para poder romper esa situación. La mayoría de las veces el agresor es el padre
de sus hijos y es normalmente quien soporta el sustento económico de la familia. Presentar una denuncia es la única manera que existe para que la víctima pueda lograr el amparo del Estado y que se pueda poner en marcha toda esa maquinaria legal,
policial y social que está a su disposición. Sin embargo, todavía pocas maltratadas acuden a la comisaría o al juzgado a presentar la denuncia. Para nosotros es un logro que posteriormente no la retiren. ¡Cuántas mujeres ponen una denuncia y en
uno o dos días la vuelven a retirar ante el temor a represalias por parte de sus parejas o ex parejas! Por eso reitero una vez más lo fundamental que es para la mujer la información sobre los derechos legales que la asisten, sobre a qué lugares
acudir, qué hacer en caso de maltrato, sobre cuáles son los recursos que cada una de las comunidades autónomas tenemos a su disposición y cuáles son las ayudas estatales a las que ella puede acogerse. Sin esa información está sola y perdida y para
dar la información, no bastan los organismos de igualdad que hay en cada una de las comunidades autónomas, que suelen estar en las capitales de provincia. Hay que llegar hasta los lugares en donde ella habitualmente se mueve, que sepa que tiene ese
recurso. Hay que tejer una red y llegar a donde ella va cotidianamente. En todos los centros de atención primaria hemos puesto unos paneles de información de todos los recursos que tiene la comunidad relacionados con ella para que sepa dónde
acudir, qué hacer y dónde ir. Hay también trabajadores sociales en los ayuntamientos, policías locales, diferentes instituciones y entidades.



No debemos pensar sólo en las grandes ciudades, que normalmente es donde hay más recursos a disposición de las víctimas; también tenemos que pensar en el mundo rural. No olvidemos que el 40 por ciento de las mujeres maltratadas proceden
del mundo rural y ahí el desamparo es todavía mayor. Ningún partido político, ninguna institución, entidad, asociación, ninguna persona con un mínimo de sentido común se opondrá a esta ley, porque es necesaria y porque estamos hablando de un
gravísimo problema social. Estoy segura de que todos darán su apoyo a la ley, pero entre todos debemos hacer que esta sea la mejor, la más efectiva. Todas las personas que estamos compareciendo debemos aportar nuestro granito de arena para aclarar
en esa ley los puntos en los que cada uno de nosotros cree que es ambigua o poco definida. Voy a poner algunos ejemplos. ¿De qué manera se repartirán los fondos? Falta definir los recursos que vienen en la memoria económica para poner en marcha
esta ley: ¿Cómo se distribuirán? ¿Por comunidades autónomas? ¿Con qué criterios? La seguridad es una cuestión básica y fundamental y no podemos obviarla. Mi opinión personal es que en la ley sólo queda reflejada como una declaración de
intenciones, porque no se concreta nada. Pienso que es necesario crear programas de protección a las víctimas, dar escolta policial a quien lo solicite, incluir medios telemáticos, no sólo en sentencias firmes sino también en medidas cautelares, y
en el proyecto de ley no se hace referencia a esos medios telemáticos que nos ofrecen un avance tecnológico muy importante y un enorme abanico de posibilidades que podemos explotar. Eso nos garantiza una protección que la víctima necesita, que es
bueno para ella, para que pueda sentirse segura y a la vez tener un control del agresor y del cumplimiento de esas órdenes de alejamiento, entre otras ventajas.



Algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley, como la creación de unidades especializadas en los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya existen; por ejemplo, en la Policía Nacional y en la Guardia Civil tienen
esos grupos, en la Policía Nacional está el SAF y en la Guardia Civil está el grupo MUME. Ya estaban en vigor con el anterior Ejecutivo, pero no fueron suficientemente dotados por falta de tiempo. Por eso personalmente valoro mucho que el Gobierno
actual haya mencionado en su memoria económica esos recursos destinados a la creación de esos grupos, aunque yo creo que no consiste sólo en su creación, puesto que ya están creados; habría que realizar una mejor dotación de esos grupos
específicos. No dice nada sobre el número de miembros que tendrá cada uno de esos grupos; en función de qué criterios se hará; cuántos efectivos puede haber en cada una de las comunidades autónomas; si se hará en función de la población, en
función de las denuncias, de las muertes, etcétera; cómo se van a distribuir y de qué manera; cómo se


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van a establecer protocolos con las diferentes policías locales. Por ejemplo, ya he dicho anteriormente que sólo en este año hemos recibido en mi comunidad autónoma 813 autos judiciales de órdenes de protección. Hay dos policías de segunda
actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cómo pueden dos policías salvaguardar la integridad de ochocientas mujeres? Es casi irrisorio, es imposible. Creo que en este punto se podría incidir un poco más. La víctima siente miedo, siente
desamparo, está sola y lo que más le preocupa es su propia protección y la de sus hijos.



Otro de los puntos en los que podríamos incidir algo más es en el de mejorar y ampliar la jurisdicción de los juzgados de familia. ¿Por qué crear juzgados específicos de violencia doméstica y no mejorar los juzgados de familia en los que ya
tenemos creada una estructura? Habría que ampliar su jurisdicción para que puedan llevar civil y penal; de esta manera un mismo juez o jueza llevaría todo el proceso de una unidad familiar, lo que conllevaría un mejor conocimiento por parte de ese
juez o jueza de las circunstancias del entorno de cada una de estas familias.
Pero para eso debemos ampliar la especialización de esos jueces, de esos fiscales y además dotar a esos juzgados de equipos de psicólogos, de médicos forenses que puedan
ayudar a ese juez o jueza a emitir un informe, un auto, con pleno conocimiento de causa. Otra de las cosas que yo creo que podría ayudar a los jueces y juezas a emitir esos autos judiciales sería impulsar la emisión de informes periciales. Ya se
están haciendo, pero falta ese impulso definitivo para que todo el mundo tenga conocimiento de que es un recurso más al que pueden acogerse, para que pueda reforzar los argumentos jurídicos y la descripción técnica de la situación de la mujer, su
entorno, relaciones familiares, vecinales, laborales y educativas de sus hijos, así como evaluar los factores de riesgo y de protección. Por todo ello, no creo que la mejor solución y la más efectiva sea la de crear esos juzgados de violencia sino,
como he dicho anteriormente, reforzar, mejorar la jurisdicción de los juzgados de familia que ya tenemos. Además, es básico e imprescindible la formación específica para jueces y juezas, fiscales, ministerio fiscal, de todas las personas e
instituciones que intervenimos en ese proceso. Todos recordamos sentencias y absoluciones verdaderamente preocupantes en los que la víctima a veces se convertía en sospechosa, en provocadora; sentencias donde se absolvía al acusado porque la mujer
retiraba la amenaza ante la presión del agresor, por no hablar de la cantidad de mujeres que fueron asesinadas después de interponer varias denuncias.



En algunas situaciones yo creo que el ministerio fiscal debe actuar de oficio y la realidad cada día nos indica que eso no es así. Hay casos flagrantes en los que a veces el juez o jueza prevé o intuye lo que puede ocurrir, pero no puede
decretar según qué medidas cautelares o condenatorias si antes el ministerio fiscal así no se lo ha propuesto.
Tanto el mundo judicial como las fuerzas de seguridad se han quejado de la falta de medios, de vacíos legales, de la ausencia de medidas
instrumentales para proteger a las mujeres amenazadas. Sin embargo, a raíz de la aprobación de la Ley reguladora de la orden de protección para víctimas de violencia doméstica, cuya eficacia se viene demostrando día a día, las cosas han cambiado a
favor de la mujer, de la víctima. Por primera vez un mismo juez puede decretar medidas penales, civiles y sociales en un máximo de 72 horas. Eso da una rapidez de respuesta a la víctima que antes no tenía; antes era como el rosario de la aurora,
ponía una denuncia en un juzgado, el juzgado de guardia -muchas veces ustedes saben que estas son historias que son largas en el tiempo-, igual la mujer retiraba la denuncia o si la mantenía el proceso era muy largo, al cabo de un mes o dos había
otra denuncia, le tocaba otro juzgado; aunar todo eso era bastante dificultoso y largo en el tiempo y la víctima nunca tenía una respuesta rápida.



Otra de las aportaciones que humildemente yo les podría hacer es que en esta ley se incluyera obligatoriamente que por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se comunicara a la víctima la fecha de salida del agresor del centro
penitenciario. Cuando una mujer formaliza una denuncia sobre maltrato es obligatorio que cuente con asistencia letrada gratuita. Además, aunque la mujer no denuncie, tiene derecho a ser protegida. El hecho de poner la denuncia no debe ser un
condicionante para que ella pueda acogerse a medidas sociales asistenciales. Debe tener derecho a un abogado o a una abogada de oficio que le asesore y que le acompañe a la hora de interponer la denuncia en esa soledad que yo les decía; a las
mujeres les cuesta mucho tomar esa decisión e ir a poner esa denuncia, sienten una gran soledad, un gran desamparo. Deben tener derecho a un abogado de oficio independientemente del salario mínimo interprofesional, ya que si sus ingresos son el
doble de ese salario mínimo interprofesional no tienen ese derecho; tienen que tener derecho siempre a ese asesoramiento y a ese acompañamiento a la hora de interponer la denuncia. A veces las mujeres, a pesar de poseer un nivel de vida
medio-alto, no pueden disponer libremente de sus bienes, porque los esposos, los maridos, los compañeros, no les facilitan esos recursos.
Si ella tuviera derecho a ese asesoramiento, a ese acompañamiento legal de oficio, se facilitaría muchísimo
esa interposición de la denuncia. Y es primordial que se la asesore de cuáles son sus derechos. Por otro lado, el objetivo final de cualquier ayuda social debe ser potenciar las capacidades de las personas y además debe incentivar la participación
de las mujeres en la vida social, en la vida laboral, sin olvidar el área formativa. En educación, sanidad y servicios sociales las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Hay que tenerlo en cuenta. La desigualdad territorial
y presupuestaria ya provoca una discriminación. Dependiendo de la comunidad autónoma en que se resida hay diferentes presupuestos y en función de los


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mismos la asistencia que se recibe no es la misma en cada una de las comunidades, lo cual es ya es una desigualdad. El Gobierno central debería crear unos servicios mínimos, por decirlo de alguna manera, comunes a todas las comunidades
autónomas, garantizando que todas las personas, en este caso que todas las mujeres, que todas las víctimas, tengan un mínimo de asistencias comunes a todas. Luego, en función del presupuesto de cada una de las comunidades, la que pueda aportar
otros servicios, otros programas, otras acciones que puedan mejorar esa calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, mejor, pero creo que el Gobierno central debería establecer unos servicios mínimos.



Otro punto sería potenciar y formar específicamente a los profesionales de atención primaria que creo, y así lo hemos experimentado en nuestra propia comunidad, que son útiles en la detección del maltrato y después, durante ese proceso, en
la evolución posterior de esa unidad familiar, de esa mujer y de esos hijos. Y hay una falta de concreción total en un aspecto muy importante como es el derecho de las víctimas a una asistencia integral. Se enumera una serie de implicaciones,
atención multidisciplinar, soporte social, pero no hace mención de en qué medida deben ser asumidas por cada una de las comunidades autónomas y por las corporaciones locales, que son las que tienen, en definitiva, esa primera intervención y son las
que tienen las competencias en la atención social primaria. Se deben establecer mecanismos de colaboración y ayuda mutua entre las diferentes administraciones, que ya debería prever la ley, garantizando, como les decía anteriormente, esa unidad de
criterios mínimos de atención a las víctimas.



Otro punto que me parece que es básico es la RAI. Hay casi dos mil mujeres que actualmente se están beneficiando de la RAI, que es la renta activa de inserción, una ayuda económica contemplada en la Ley reguladora de la orden de protección;
cuando una mujer solicita una orden de protección y no tiene recursos puede solicitar esa paga durante diez meses; son 367 euros. Pero ¿ustedes realmente creen que con 367 euros una mujer, normalmente con cargas familiares, puede subsistir? Creo
que no, es insuficiente a todas luces; o sea que ampliar esa dotación económica debe ser otro de los puntos que deberían tener en cuenta. Además, sólo pueden acogerse a esa paga, a ese subsidio, las mujeres que hayan solicitado esa orden de
protección, pero si una mujer pone una denuncia por maltrato ya no tiene derecho a ese subsidio. Ampliar ese subsidio a las víctimas que pongan una denuncia por maltrato, tanto si es físico como si es psíquico es lo que debería hacerse. Por otro
lado, ¿por qué dar ayudas sociales sólo a mujeres mayores de 55 años cuando no pueden, por alguna de las circunstancias, acceder al mundo laboral, o a mujeres mayores de 50 años con cargas familiares? ¿Por qué no podemos ampliar eso a todas las
mujeres? Hay mujeres con 40 años o con 35 años que tienen muchísima dificultad para incorporarse al mundo laboral y no pueden acceder a ese subsidio. Sería más equitativo y más justo valorar la situación global de cada una de las víctimas y, en
función de eso, con unos mínimos y unos máximos, que se pudiera acceder a esas ayudas económicas. Ampliar la dotación y aumentar el tiempo de percepción creo que es del todo aconsejable, además de divulgar que las mujeres tienen un recurso más al
que ellas pueden acogerse. La mayoría de las beneficiarias no conocen ese recurso. Una vez que se ha emitido una orden de protección y nos viene el auto y nosotras, como centro coordinador, nos ponemos en contacto con la víctima para que venga al
Instituto y le podamos asesorar de cuáles son sus derechos, le decimos que tiene ese subsidio al que puede acogerse y la mayoría de las víctimas no lo conocen. Es importante que ellas sepan que cuentan con eso.



Además, nunca acabaremos con la violencia ejercida contra las mujeres si no entramos en el área educativa. Es como un círculo vicioso y si no intervenimos firme y contundentemente nunca acabaremos con ello. Es como el pez que se muerde la
cola. No quiero decir que el tema de la igualdad sea una asignatura troncal o que tenga que tener la importancia de una asignatura troncal, pero sí creo que se debe hacer efectiva una transversalidad en los centros escolares. No basta con vigilar
que el material educativo vele por la igualdad en textos o en dibujos si luego en el transcurso del día a día, en el patio o en pasillos, permitimos acciones, actitudes o comentarios con los alumnos que sí son sexistas y discriminatorios. Hay que
intervenir en toda el área educativa; es básico y primordial, pero no tan sólo con alumnos sino también con profesores y padres. Hay que trabajar en los diferentes sectores que intervienen en el ámbito educativo. Y no sólo en materia de igualdad
de sexos sino también en tolerancia y respeto hacia otras personas, independientemente de su procedencia. Por ejemplo, como les he mencionado antes, en mi comunidad autónoma la inmigración representa el 13 por ciento. Hay 105 ó 106 nacionalidades
diferentes en mi comunidad. Realmente hay que hacer un ejercicio de tolerancia y a los niños hay que educarles en que, aparte del color, de la procedencia o de los recursos económicos que cada una de las personas tengan, todos somos personas; hay
valores. Hay que trabajar mucho en ese sentido. Y son aconsejables herramientas como la resolución de conflictos, formación en materia de igualdad para los profesores; hay que facilitarles herramientas y material didáctico para esa implantación.

Pero debe hacerse desde la educación infantil hasta la educación universitaria. Hay que trabajar en la materia de género a lo largo de todo el ciclo educativo y formacional. De todos es sabido que los niños y niñas imitan roles y patrones. Los
niños aprenden desde que nacen y sus referentes son sus padres. Si esos niños y niñas crecen en una familia en la que el padre está infligiendo maltrato a su madre, ellos crecen creyendo que es algo habitual y probablemente cuando sean adultos, si
nadie les dice lo contrario, esos niños imitarán esa actitud que su padre ha tenido con su madre y las niñas imitarán


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esa sumisión y esa dependencia que la madre tiene con el padre. Por eso es muy importante trabajar en el área educativa para que alguien diferente a sus padres les diga que eso no está bien, que eso está mal.



Las situaciones de maltrato, a diferencia de lo que opina la mayoría de la sociedad, no se dan solamente en capas sociales bajas. Se dice: no, no, es que eso es la España profunda. No, eso no es así, se da en todas las capas sociales, se
da en ciudades, en pueblos, en todos los países del mundo. A medida que vamos subiendo en las capas sociales el maltrato es todavía más retorcido que según en qué capas sociales más bajas, porque son hombres muy inteligentes, con formación
académica y son retorcidos. Y hay mujeres que no se recuperan jamás del maltrato que han sufrido.
Cuanto más alta es la capa social más le cuesta recuperarse a la mujer de ese maltrato. Por eso, por muchos recursos que nosotros podamos destinar,
por mucho que incentivemos a las mujeres a que denuncien, por mucho que pongamos a su disposición casas de acogida y les ayudemos a reintegrarse en la sociedad y por mucho que les pongamos servicios de asistencia psicológica, etcétera no
conseguiremos modificar esa situación si no actuamos de manera decidida en prevención, desarrollando programas educativos dirigidos a prevenir la violencia de género. Sólo así nuestros hijos y nuestras hijas, que son los ciudadanos y ciudadanas
futuros de este país, podrán crecer en una sociedad más justa y más igualitaria. La ley no contempla a los menores ni a las personas dependientes que a menudo son usados como instrumento de presión, de amenazas y de coacciones para la mujer. Les
pido que se especifique a los menores como sujetos pasivos y que se les proteja igual o en mayor medida que a la víctima porque, como les decía, luego esos niños imitarán esos roles y no queremos que esos niños sean futuros maltratadores.



La unidad de criterios. Hay que hacer un ejercicio de conciencia.
Indicadores de muertes, de denuncias; el baile de cifras entre las diversas entidades e instituciones es perjudicial. Aunemos criterios en relación con los indicadores y
mejoremos la rapidez de actualización.
Personalmente pienso que quien debería recoger esos datos y posteriormente analizarlos es el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género, que depende del Consejo General del Poder Judicial; el
Ministerio del Interior también podría hacerlo. Creamos unidades de recogida de datos pero con los mismos criterios para cada una de las comunidades autónomas. Hay que optimizar recursos. Tenemos las herramientas necesarias, instituciones,
organismos creados y que ya funcionan, simplemente debemos ser más eficaces. Tenemos organismos de igualdad en todas las comunidades autónomas: a nivel nacional está el Instituto de la Mujer y la Secretaría General de Políticas de Igualdad (doña
Soledad Murillo está presente en la sala) y ambos dependen del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los organismos de igualdad tienen competencias y amplias en materia de igualdad, el fomento y puesta en marcha de iniciativas y programas
encaminados a mejorar, a paliar y a eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, pero dotémosles del presupuesto que necesitan, démosles el protagonismo que necesitan dentro de los gobiernos, que es escaso todavía, démosles la
fuerza y el impulso que necesitan y el lugar que se merecen dentro del organigrama funcional y debe ser común en todas las comunidades autónomas, es dispar ahora, y con un presupuesto mínimo asignado y garantizado en función de cada comunidad
autónoma. ¿Por qué si destinamos en los presupuestos el 0,7 por ciento a cooperación no podemos destinar por ejemplo el 0,2 por ciento a la mujer? ¿Por qué no? Nos lo podríamos plantear. ¿Por qué crear delegaciones de Gobierno contra la
violencia doméstica dependientes de la Secretaría General de Políticas de Igualdad? Ya están creados y consolidados en las comunidades autónomas los organismos de igualdad. Démosles el impulso del que les hablaba antes, potenciémosles y que ellos
sean los que realicen esa labor de coordinación entre todas las instituciones, así optimizaríamos recursos que ya existen. También sería aconsejable empezar esa transversalidad a la que yo me refería antes, que no sólo sean los gobiernos nacionales
y los gobiernos autonómicos, sino que se empiece a bajar a las corporaciones locales. Fomentemos la creación de áreas de igualdad en todas las corporaciones locales. Todos los grupos políticos -estoy segura de que la sociedad entera- desean
aprobar esta ley por consenso. Esta ley debe amparar a todas las víctimas de violencia doméstica del ámbito familiar. El 90 por ciento son mujeres, pero también tenemos personas mayores, niños, hombres y homosexuales. Pensemos en ellos también.
El Estado y las administraciones públicas tenemos el deber de garantizar esa protección. El endurecimiento de penas no ha permitido frenar esas muertes, abrumadoramente femeninas. El año pasado murieron 71 mujeres a manos de sus parejas o ex
parejas, según el Instituto de la Mujer. En lo que llevamos del año 2004 han muerto 45 mujeres, si añadimos a la mujer de ayer de Sevilla. Es innegable sociológicamente que la mayoría de víctimas son mujeres, pero no tiene sentido que desde su
denominación hasta la tipificación de los delitos se establezca discriminación.
Estamos trabajando para eliminar desigualdades, no las creemos ni las fomentemos. No debemos olvidar que, según datos estadísticos que se desprenden de la memoria del
Consejo General del Poder Judicial, durante el año pasado murieron 22 hombres. En este punto les quería hacer un inciso -ya se lo he comentado antes- sobre el baile de cifras. Si miramos la memoria del Consejo General del Poder Judicial, el año
pasado murieron 81 mujeres y 22 hombres. Si miramos las cifras del Instituto de la Mujer murieron 71 mujeres y si miramos las cifras de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas la cifra es bastante mayor. Aunemos criterios. Ya están más o
menos definidos, y todo el mundo está de acuerdo, unos criterios mínimos


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de que si la mujer, aunque no muera en el instante, muere en las 72 horas siguientes también se considere muerte por violencia doméstica. Hay varios puntos en los que todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué a la hora de contabilizar esas
muertes, por qué a la hora de contabilizar esas denuncias no nos regimos por esos criterios? Esto es importante. Cuando en prensa sale este tipo de noticias, si no se analiza correctamente es perjudicial.



Respecto a las discriminaciones que sufrimos las mujeres todavía hoy laboral y socialmente, no hay líneas estatales suficientemente conocidas y efectivas que garanticen la conciliación de la vida profesional y familiar. Es necesario
sensibilizar al conjunto de la sociedad de la importancia de la conciliación en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pero conciliación no sólo para las mujeres trabajadoras, conciliación para mujeres y hombres trabajadores. Esto
es primordial. ¿Por qué sólo la mujer tiene que conciliar? Conciliemos todos, hombres y mujeres. Así vamos a enriquecer y tener más tiempo de ocio para dedicar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Pongamos en marcha
iniciativas que de verdad eliminen esas desigualdades; fomentemos la contratación en empresas de mujeres; ayudemos a que puedan acceder a puestos directivos porque no llegamos ni al 5 por ciento en mujeres en cargos de responsabilidad; mejoremos
su formación; eliminemos desigualdades salariales, que existen.



Es una mera declaración de intenciones la creación de un paquete de medidas para fomentar el empleo. Hay que informar y dar a conocer esas medidas, hay que incentivar a las empresas para que las pongan en marcha y las apliquen y hay que
evaluar esa implantación. Y en función de los resultados hay que mejorar. En cualquier mejora que podamos introducir hay que evaluar su resultado analizarla y luego ampliarla. Es importante analizar y evaluar.



Quería asimismo resaltar el carácter fundamental de la prevención para erradicar en el futuro situaciones de maltrato, la importancia de la formación específica de todos los profesionales que intervienen en alguna de las etapas del largo
proceso, lo primordial que es para la víctima que se haga divulgación de cómo debe actuar, a qué lugares debe acudir y lo contundente de la actuación posterior. Todo ello no se podrá conseguir sin clarificar la dotación presupuestaria y añadida de
ese impulso político necesario. Todos queremos ayudar a que esta sea la mejor ley, pero debe ser eficaz, efectiva y eficiente.



Quiero agradecerles una vez más a todos ustedes la atención que me han prestado en las aportaciones que humildemente yo les haya podido hacer.
Quedo enteramente a su disposición para cualquier aclaración que SS.SS.
puedan formularme.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, vamos a dar la palabra a los representantes de los grupos que quieran intervenir o efectuarle algún tipo de pregunta.



En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: En primer lugar, señora Llinás, desde mi formación política quisiéramos darle la bienvenida a esta Comisión y agradecerle su exposición desde esta doble vertiente que usted nos ha dicho, tanto de su desgraciada
experiencia personal como directora del Instituto balear de la Mujer. Usted ha abordado un amplio campo que ha tocado todos los puntos, porque una ley integral, como su propio nombre indica, quiere hacer un barrido de todas las situaciones desde
las cuales se debe abordar este complejo tema. Yo no me voy a alargar mucho, simplemente quisiera incidir en alguna de sus afirmaciones para pedir una aclaración o su opinión.



Usted ha comentado que hoy por hoy la denuncia era la única manera de que la víctima entrara en la protección del Estado, con las prestaciones a las que podía acudir. Esto es así, afortunadamente, después de la orden de protección, en la
que se articula un mecanismo circular por el que son las propias instituciones las que se ponen en contacto entre ellas y ya la víctima no tiene que recorrer ese via crucis al que usted aludía de ir a las distintas administraciones.
Afortunadamente, es así, pero también, desgraciadamente, es así. Lo digo porque usted ha dicho también que se tendría que poder proteger a la víctima, aunque no denunciara. Ahí coincidimos absolutamente. Yo creo que esta ley integral tiene que
producir esta virtualidad, porque hay muchas mujeres que no quieren denunciar o que no están preparadas psicológicamente para denunciar. En cambio, a través de los centros de atención primaria, a través de los colegios de los niños, a través de
esos centros a los que una acude cotidianamente sí que pueden saltar las alarmas de que hay una situación anómala e invitar o sugerir a la víctima de malos tratos el entrar en algún programa de protección que la fortalezca psíquica,
psicológicamente, y que le haga ver su propia situación. A mí me alarman las encuestas cuando nos dicen que el número de víctimas que se reconocen como tales es muy inferior al número de las que técnicamente son consideradas víctimas de la
violencia. Quiere decir que hay muchísimas víctimas, sobre todo, mujeres con discapacidad que no son conscientes de que son víctimas de violencia de género. Yo creo con usted -me ha parecido entender- que una virtualidad importante que podría
desplegar este proyecto, una vez sea ley, es el que en un primer estadio no se necesite denunciar para fortalecer a las víctimas. ¿Usted cree desde este punto de vista que el articulado de la ley, tal como se nos presenta en el proyecto, es
suficiente o haría alguna sugerencia para que lo pudiéramos mejorar?


Segundo punto al que usted ha aludido y me parece muy importante: se va a poner la denuncia. S.S. ha


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dicho que sería vital que la persona que va a poner la denuncia pudiera tener un asesoramiento previo. Estoy completamente de acuerdo con usted, no sólo porque es mejor que alguien te explique cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes
hacer, qué es lo que no puedes hacer, sino porque incluso al solicitar la orden de protección hay unos efectos que son de justicia rogada, que quiere decir que si no los solicitas el juez no los puede dar, que son los efectos civiles. Cuando a la
Comisión de Derechos para la Mujer acude la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas, para que nos explique el funcionamiento de la orden de protección, llama la atención, en los datos que tenemos y que salen
también en prensa, que la protección penal que se da es numéricamente bastante superior a las medidas de otorgamiento del uso de domicilio, de pensiones, etcétera. Y cuando se pregunta la razón, la contestación es sencilla: son medidas que, si no
se solicitan, el juez no las puede dar. Sinceramente, una mujer que acaba de ser víctima de una agresión o que lo ha sido en las horas previas a poner la denuncia no está para calibrar ni para leerse los códigos para ver lo que puede poner o lo que
no puede poner. La asistencia jurídica gratuita tendría que ser ya previa a esta primera orden de protección. De esta manera estaría mejor protegida, sabría mejor cuáles son sus derechos y sabría mejor qué es lo que debe y qué es lo que no debe
hacer, aparte de que estaría más reforzada en su propia petición.



Tercer tema que enlaza con éste. S.S. ha dicho que no crearía los juzgados de violencia. Coincido con usted, pero no en que lo tuvieran que llevar los juzgados de Familia y le voy a decir por qué. Una persona que maltrata a otra, un
hombre que maltrata a una mujer es un delincuente y el reproche tiene que ser penal, como con el resto de delincuentes. No puede ser que el maltrato a la mujer tenga un reproche civil, como si fuera una delincuencia menor. Por tanto, coincido con
S.S. en no crear juzgados de violencia, que quizá acabarán conduciendo a que la gente se separe, unos por lo civil, otros por lo penal, puede victimizar más a las víctimas, pero el reproche no puede ser civil. El reproche ha de ser penal. Estoy
de acuerdo con usted en que lo que tiene que haber es una magnífica formación de todos los operadores jurídicos, jueces, juezas, abogados, abogadas, procuradores, fiscales, fiscalas, etcétera, de manera que a través de la Fiscalía, que funciona
perfectamente, pueda haber una buena articulación entre el Juzgado de Familia, que efectivamente debiera convertirse en una jurisdicción, no haber sólo en determinadas ciudades, y los juzgados penales. Los puntos de vista civiles y penales atienden
a objetivos distintos, son diferentes y creo que están mejor tal como están, con una buena formación especializada de todos los operadores jurídicos. Me gustaría saber cuál es su opinión.



En cuanto a la protección de las mujeres una vez tienen la orden de protección, es un gran agujero negro. Yo he formulado preguntas al Gobierno para saber cuántos medios personales, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Policía Nacional están a disposición de la protección y son escasísimos. Si se ponen más esto va en detrimento de otras áreas que también requieren vigilancia: seguridad ciudadana, terrorismo, etcétera. Se ha hablado de los medios
telemáticos.
Estoy con usted. Pensaba que los medios telemáticos tenían que ser un instrumento a potenciar no sólo cuando había una sentencia, también cuando había medidas cautelares. Lo creo de manera que mi formación política articuló enmiendas
en este sentido a las reformas penales que se hicieron. Esto prosperó en cuanto a las sentencias y por eso va a entrar en vigor en la reforma del Código Penal ahora en octubre, pero no se nos aceptó en cuanto a instrumento de vigilancia de las
medidas cautelares.
Hay comunidades autónomas que han hecho pruebas piloto. Yo le quería preguntar si en su comunidad autónoma hay pruebas piloto para hacer la vigilancia de la orden de protección con medios telemáticos. Si es que no, por qué no
se han hecho y si es que sí, qué resultados han dado.



Por último, los recursos económicos, problema importante. Coincido con usted en que los límites de edad y cargas familiares son demasiado elevados. Hoy en día hay muchas mujeres de 55 años que ya no tienen cargas familiares porque sus
hijos son mayores e independientes. La renta activa de inserción ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante, pero también insuficiente.



Hay otro fondo de pobreza-violencia que se puede unir y es peligroso, y es el tema de las pensiones impagadas. Me gustaría saber su opinión sobre la posible creación de ese tan solicitado durante tanto tiempo fondo de garantía de alimentos
y si sería esta ley un buen instrumento para poderlo crear.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra doña Ana Torme, en representación del Grupo Parlamentario Popular.



La señora TORME PARDO: Quiero dar gracias por su intervención a la directora del Instituto de la Dona de Baleares. Son importantes sus afirmaciones en esa doble condición de responsable de un instituto de la mujer que está luchando, por
medios de múltiples mecanismos e instrumentos, para alcanzar esa igualdad real, que entre otras cosas permitirá acabar con esa lacra que es la violencia de género, pero también en la condición de persona que ha sufrido y que conoce directamente la
violencia que sufren las mujeres.



Ha empezado su intervención de una forma muy reivindicativa, que es el talante ideal para afrontar estas cuestiones. Señalaba cuál es el presupuesto del instituto que usted dirige, que se encuentra en cuarta posición dentro de España porque
ha experimentado un incremento del 50 por ciento en este año, aunque a S.S. le parece insuficiente. Yo creo que es espectacular crecer


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el 50 por ciento, pero hay que ser reivindicativos. Quienes estamos aquí lo somos y lo tenemos que seguir siendo para conseguir las mejores leyes, los mejores instrumentos y la mejor financiación, porque muchas de las medidas que se recogen
en este proyecto de ley necesitan de una adecuada financiación para garantizar que haya esos servicios mínimos en todo el territorio, en todas las comunidades autónomas, en todas las corporaciones locales.



Usted señalaba que hay una falta de definición de recursos en la memoria económica que habría que concretar. Yo también lo creo, pero muchas de las materias que se regulan en el proyecto de ley son competencia de las comunidades autónomas.
Me gustaría saber si, sin esa concreción, ahora las comunidades autónomas podrían asumir algunos de los nuevos instrumentos que se apuntan en este proyecto de ley, o si sería necesaria esa financiación; que las nuevas medidas que se vayan a
impulsar o el incremento de algunas de las que ya se han iniciado impliquen esa adecuada financiación.



En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, entiendo que es un proyecto respetuoso con esas competencias, pero usted ha señalado que puede haber en algunos casos problemas a la hora de poner en marcha los mecanismos de
colaboración, de coordinación, y en concreto planteaba interrogantes sobre el Observatorio Nacional contra la Violencia Doméstica. Existe uno en el Consejo General del Poder Judicial y quizá sería mejor potenciar uno y no crear dos organismos
paralelos con funciones similares. Es imprescindible que se unifiquen los datos a la hora de elaborar estadísticas, porque si hay distintos órganos que van a recopilar datos y a hacer informes, es esencial que esos informes tengan un lenguaje común
para que puedan ser mucho más eficaces y más útiles para todos. Hablaba también del nuevo órgano, que es la Delegación del Gobierno contra la Violencia Doméstica, y quería preguntarle en qué medida alguna de estas medidas nuevas que aparecen en el
proyecto de ley pueden vulnerar las competencias o no contribuir adecuadamente a que haya la debida colaboración y coordinación.



Ha hecho mención a la orden de protección. Fue un paso muy importante el que se dio al aprobar, con el consenso de esta Cámara, un mecanismo legal tan importante y que por primera vez introduce una intervención integral en la lucha contra
la violencia de género. Ha señalado las órdenes que se han dictado en su comunidad, pero me gustaría que pudiera valorar, teniendo en cuenta que el Instituto de la Dona es el órgano coordinador de la orden de protección, cómo está funcionando este
mecanismo, si es eficaz, si hay un comportamiento distinto en las mujeres que sufren violencia una vez que ha entrado en vigor la orden de protección, si les infunde más confianza y les anima a presentar la denuncia o a no retirarla en ese paso
posterior que usted también ha señalado. Quisiera que nos hiciera esa valoración.



Otra cuestión que ha expuesto y a la que ha hecho alusión la señora Pigem es la necesaria protección física. Usted ha hablado de los dispositivos telemáticos y la señora Pigem se ha referido también a los efectivos policiales necesarios. A
mí me gustaría que usted nos dijera si podemos perfeccionar la orden de protección. El Grupo Popular ha presentado una iniciativa en la que hablamos del plan de seguridad personal en el que, en función de las circunstancias de las víctimas de
violencia, no sólo ellas, sino también su propio domicilio, si tienen hijos, el entorno de los colegios, el laboral, así como el perfil del agresor, su potencial de peligrosidad, se podría perfilar un plan individualizado según los distintos niveles
de riesgo. En función de cada uno de esos niveles la respuesta de protección policial sería distinta. Pueden ser esos instrumentos telemáticos que usted reivindicaba, pueden ser vigilancias intermitentes, o una protección policial continua cuando
el grado de peligro así lo aconseje. Querría que usted valorara si esa protección física es algo necesario que aparezca en la ley para que las mujeres tengan menos miedo, miedo que es inevitable cuando se está pasando por una situación de esas
características. Como usted ha dicho, cuesta muchísimo poner la denuncia, incluso cuando se ha puesto a veces se retira por el chantaje al que se ven sometidas estas personas. Nos gustaría saber en qué medida hacer un mayor hincapié en esas
cuestiones para garantizar la seguridad personal de las víctimas.



Me parece fundamental que haya un asesoramiento y esos servicios mínimos en todas las comunidades autónomas. Me parece bien que quien tenga recursos los quiera potenciar. Hablaba S.S. de las diferencias que hay entre núcleos grandes donde
puede haber más casas de acogida, centros de emergencia, centros de asesoramiento, y núcleos con menor población donde a veces es más difícil llegar a esos servicios y obtener información para salir de ese círculo terrible de la violencia. Es
fundamental que haya asistencia letrada no sólo en el momento de la denuncia sino en fases anteriores. Yo no sé si se puede incluir en el artículo 15, que habla de la asistencia social integral, el que haya también una asistencia jurídica que pueda
informar cuando todavía no se está pensando en poner una denuncia. Nos gustaría saber en qué modo se puede ampliar esa asistencia de los colegios de abogados para que tengan una justicia gratuita, pero que sea en una fase anterior, que no sea sólo,
como planteaba también la señora Pigem, en el momento de la denuncia.



Ya hemos dicho -y ha salido en las comparecencias- que es importante anticiparnos, avanzar cada vez más en la detección precoz de la violencia, cuando está en las fases incipientes, cuando a lo mejor incluso no ha habido violencia física.
Ha hablado usted de una serie de paneles informativos que se han puesto en marcha en los centros de atención primaria sanitaria. Me gustaría que nos dijera si tiene experiencia en su comunidad, o qué papel cree que pueden jugar los sanitarios


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detectando situaciones en las que pueden estar estas mujeres que a lo mejor todavía no han recibido esos malos tratos físicos, no hay esa realidad objetiva, pero ya se está viendo por las conductas, por las relaciones de pareja, que hay una
conflictividad y ellas lo están pasando mal. Quizá con anticipación uno puede empezar a actuar y a adoptar las medidas adecuadas, antes de que el deterioro de la situación haga que la mujer sea incapaz de dar esos pasos.



Usted mencionaba la jurisdicción, la organización de los tribunales. La señora Pigem defiende una postura concreta, que no coincide con la suya.
Yo tampoco tengo totalmente determinada mi posición. Aparece en el texto una regulación con
una configuración nueva, una especialización de juzgados de violencia contra la mujer. Algunos comparecientes no se han opuesto, sin embargo, han expresado sus dudas sobre la conveniencia y la eficacia que puede tener el que a estos juzgados se les
atribuya no sólo asuntos penales, la propia violencia de género, sino también muchos otros asuntos del orden civil. La señora Pigem propugna que haya una coordinación entre juzgados de Instrucción y juzgados de Familia, pero tampoco comparte su
planteamiento de que se potencie a estos últimos y asuman esas otras competencias de orden penal. Es un asunto que tenemos que estudiar. Asumimos el planteamiento que usted nos ha hecho y lo vamos a estudiar con gran atención. De lo que se trata
es de que tengamos la justicia más eficaz, porque si queremos dar una buena respuesta a las mujeres y que la Administración de Justicia sea ágil y eficaz, que no se produzcan descordinaciones, habrá que trabajar para conseguir esa organización de
los tribunales mejor y más efectiva. La formación que usted ha reivindicado me parece esencial. Me gustaría que nos dijera si le parece que está adecuadamente regulada o habría que hablar de más concreción en formación de jueces, de fiscales, de
todos los agentes que intervienen en el mundo judicial, así como de financiación concreta del Ministerio de Justicia para que se realicen todos esos programas de formación.



Voy a terminar preguntándole, en este caso abusando de su condición de víctima, por dos cuestiones. Si es partidaria de algo que se ha planteado en esta Comisión -yo lo decía esta mañana, lo mencionó la señora Comas, vocal del Consejo
General del Poder Judicial-, de extender el tratamiento de rehabilitación a los agresores, no sólo a los que están condenados y con ingreso en prisión, sino a los que habiendo sido condenados, sus penas no dan lugar a que ingresen en prisión. Si
cree que es adecuado que lo contemplemos en el proyecto de ley. Puesto que se ha mencionado en la comparecencia anterior, nos gustaría conocer su opinión sobre la interrupción del contacto de los padres agresores con sus hijos. Si cree que en
determinadas circunstancias, con todas las garantías, con todas las cautelas, puede ser bueno para el desarrollo del menor que tiene derecho a esa relación con los dos progenitores, mantener esa relación a pesar de que haya casos de malos tratos,
contando siempre con recursos adecuados, con esos espacios, con profesionales que garanticen que jamás va haber un menoscabo o se va a poner en riesgo la integridad física y psíquica del menor.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Por último, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señor Monteserín.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora Llinas, por su exposición y por su comparecencia en esta Comisión. Ha expresado muy bien que todos estamos de acuerdo en la importancia de esta ley y en que nadie debería de oponerse a
ella porque es absolutamente necesaria. A partir de ahí, ha hecho una serie de sugerencias, muchas de las cuales tienen que ver con el necesario reglamento posterior que conlleva la propia ley y otras muchas con la dotación económica que como
responsable política le preocupa y con referencia a la memoria económica del texto. Es desde la Administración y desde cargos como el que usted ocupa donde se detectan muy bien las necesidades que existen en la población, que siempre son infinitas,
y desde donde se gestionan los fondos que siempre son escasos.
Esto ha quedado claro en su exposición. Por ejemplo, sólo en Baleares ha habido 813 órdenes de protección y hay escaso número de policías para todo ello. Tenemos que dar pasos
adelante porque esto no puede ser. Esto tiene que ver más con algunas políticas que se hicieron el pasado de grandes anuncios que detrás no tenían fondos ni recursos. Este es el momento de superarlo. Con el protocolo de actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y la coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género se ha intentado algo, pero es esta ley integral la que intenta superar esta situación en la práctica.



A lo largo de su exposición se ha referido a distintos apartados de la ley, algunos de ellos por separado. A primera hora de esta mañana hemos visto algo en lo que la señora Subirats ha hecho mucho hincapié. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.) Quizá lo que intenta la ley integral es cambiar y superar una situación que subyace en el fondo de todo este problema y que supongo que usted también comparte, que es una determinada cultura machista que ha sido dominante, que es
tolerante con la violencia que se ejerce sobre las mujeres, que es tolerante con el sometimiento histórico de las mujeres y que es tolerante con la desigualdad. Por eso, a lo largo de todo el articulado de la ley se incide en instrumentos que
cambien esa ideología dominante, que para nosotros es fundamental, por valores de igualdad, de reconocimiento de la autonomía y de la libertad de las mujeres. Esto no está sólo en las medidas informativas, educativas o sociales, también está en
otro tipo de medidas, por ejemplo, en la de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Lo que se desprende


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de la ley es que el objetivo de estos juzgados responde al derecho a una asistencia temprana especializada, gratuita y cercana, próxima a la víctima, y sin embargo usted aboga por los juzgados de familia con alguna otra especialización. ¿No
cree que para el cambio cultural y para la visibilidad de la importancia que tiene dar solución a este problema, así como para la sensibilización del sistema judicial, para la formación que requieren los agentes del sistema judicial, además de los
aspectos que muy bien ha explicado la señora Pigem, aunque ella aporte otro tipo de soluciones, que son los aspectos penales y civiles que conlleva, es una mejor vía la que está en la ley?


Sin duda, en nuestro país hay distintos niveles de compromiso de las administraciones, las autonómicas y las locales, respecto a este problema. Creo que eso es bastante explicable desde el punto de vista de que depende del compromiso
político que tienen frente al problema los distintos responsables que gobiernan esas administraciones. Me parece que esto es inevitable porque también tiene detrás un componente ideológico.
La ley intenta que exista un mínimo común, y esto es
importante pero no sustituye el compromiso político. Evidentemente, no tiene comprometidos los mismos dispositivos, instrumentos, fondos y recursos la Comunidad asturiana -que la conozco bien porque es la mía- que la Comunidad Autónoma de Galicia,
que no tiene el mismo compromiso con este tema, o los que tiene Andalucía, por ejemplo, respecto a Valencia. Pero indudablemente la ley tiene que garantizar un ámbito de seguridad, de información, de dispositivos sociales y laborales, etcétera, que
recorra todo el articulado de la ley, que sea igual para todas las mujeres del Estado español. Me gustaría, desde ese punto de vista, sobre todo como responsable de esta materia en uno de los territorios, que nos dijera cuáles son las cuestiones
fundamentales que cree que deben figurar en el articulado para garantizar esa igualdad en todo el Estado, independientemente de otros niveles de compromiso por los que opten, más allá de la ley, los diferentes gobiernos locales o autonómicos, porque
esto ya tiene que ver con otras cuestiones.



La señora PRESIDENTA: Habiendo terminado las intervenciones de los grupos, tiene nuevamente la palabra la señora Llinás.



La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES (Llinás Warthmann): Actualmente la denuncia es la única vía que tiene la víctima para que todo el proceso se ponga en marcha. Hay muchas mujeres que no quieren
interponer la denuncia en un primer momento porque no están preparadas psicológicamente para hacerlo. Por eso creo que es básico que las mujeres asistan a un programa de asistencia psicológica, porque su autoestima está tan baja que creen que él
está actuando así porque ellas están haciendo las cosas mal; ellas son las que no han tenido la sopa lo suficientemente caliente o las que no han planchado la camisa que él quería ponerse aunque haya doscientas más en el armario.
Ellas le están
fallando, por eso él actúa así, por eso él responde así. Y eso no es así. Es muy importante que las mujeres asistan a esos programas de asistencia psicológica para que su autoestima vuelva a situarse en un nivel en el que ellas vean que son libres
de tomar sus propias decisiones igual que cualquier otra persona. Para que una mujer pueda percibir según qué tipo de ayudas, subsidios, por ejemplo, o que pueda asistir al programa de asistencia psicológica o tener una casa de acogida no tiene por
qué denunciar. Ya denunciará cuando se encuentre preparada. Debe tener todos esos recursos asistenciales y sociales sin que primero haya tenido que interponer una denuncia. El asesoramiento es básico y fundamental. Hay muchas mujeres que vienen
al instituto y cuentan su situación, se llevan la información y al cabo de uno o dos meses vuelven y dicen: Ahora quiero ponerme en marcha, ¿qué debo hacer? Porque necesitan ese tiempo. Yo creo que el asesoramiento previo lo podemos hacer tanto
los organismos de igualdad como el turno de oficio. Supongo que en otras comunidades autónomas también, pero en Baleares hay un turno de oficio específico de violencia sobre las mujeres. Si hay un abogado que lleve el primer paso de asesoramiento,
aunque luego después de interponer la denuncia a lo mejor la mujer se eche para atrás o mantenga la denuncia, opino que el mismo abogado de turno de oficio debe llevar el proceso interno. Porque, contestando a preguntas de la señora Torme, el auto
judicial de la orden de protección es una medida cautelar de 30 días y hay que poner toda la maquinaria en marcha para que las medidas sean luego efectivas, sobre todo las civiles. Ella cree que con ese auto en la mano ya está todo resuelto, él
está en la cárcel, tiene la medida del alejamiento o el derecho de visita regulado, lo que sea, pero hay que decirle a la víctima que no, que ella tiene 30 días para ratificar lo que en un principio ha denunciado y para que las medidas civiles se
pongan en marcha, y eso sin asesoramiento legal ella no lo va a tener. Por eso no basta con que tenga un asesoramiento legal previo o en el momento de formalizar la denuncia, sino que sería conveniente que el mismo abogado de turno de oficio la
lleve durante todo el proceso, no sólo en el juicio. Además, el agresor tiene derecho a abogado de oficio y la víctima no tiene derecho a abogado de oficio. Es decir, hay muchas cosas en las que creo que podíamos y debemos mejorar para amparar a
todas las víctimas.



En cuanto a los juzgados de familia, probablemente yo no me haya explicado correctamente, pero me refería a ampliar la jurisdicción de los juzgados de familia. Mi sugerencia es ampliar la jurisdicción de forma que no sólo civil sino también
penal, que puedan llevar las dos cosas. Si creamos los juzgados de violencia doméstica o contra la mujer o de género, tenemos que crear 400 juzgados más. Tenemos ya una estructura montada


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y organizada, unos juzgados de familia que funcionan, aunque ahora sólo lleven el ámbito civil, pero si ampliamos su jurisdicción para que puedan llevar también el penal y ampliamos la dotación en los recursos humanos, como médicos forenses,
psicólogos, educadores, etcétera, que puedan ayudar al juez o la jueza a ver la situación familiar que envuelve a la víctima y les damos formación específica en relación con la violencia de género, ya tenemos una estructura montada. No hay que
doblar, porque al final la víctima, si el caso es civil, tendrá que ir al juzgado de violencia doméstica; en cuanto entre algún delito, una agravante que pueda ser penal, tendrá que coger el expediente e irse a otro juzgado, declarar en un sitio y
volver a declarar al cabo de un tiempo en otro sitio. Estamos victimizando a la víctima, y eso no es bueno. Lo que ella necesita es rapidez de respuesta. Ella quiere acabar. Una vez que ha tomado la decisión, necesita acabar con esa situación
para poder iniciar una nueva vida. No quiere ir de juzgado en juzgado, por eso hay que ampliar la jurisdicción de los juzgados de familia. Si les quieren cambiar el nombre, se lo cambian si no les gusta la palabra familia, pero si ya tenemos una
estructura montada, formemos específicamente en violencia de género a la estructura que ya tenemos, mejoremos su dotación en recursos humanos y no hay que volver a montarla. ¿Cuánto tardaríamos en montar 400 juzgados de violencia doméstica?
¿Cuánto nos cuesta económicamente? Es mucho tanto en tiempo como en dinero. Debemos ir a la efectividad y a la rapidez, y si mejoramos los juzgados de familia, creo que podíamos dar una respuesta más rápida y mejor. Es una opinión personal.



Respecto a los medios telemáticos, hemos hecho en mi comunidad autónoma unas pruebas -yo misma hice de conejillo- con pulseras iraníes, francesas, estadounidenses y ninguna de ellas ofrecía seguridad porque el agresor se la podía quitar y
eso nadie lo detectaba. A través de los sistemas integrados del 112, que tienen unos programas informáticos muy avanzados, y en habla con el consejero de Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid, me dijeron que ellos encargaron a unos profesores
de la Universidad de Madrid que desarrollaran esas pulseras. Creo que recientemente las presentaron en sociedad y dijeron que estaba funcionando o habían hecho las pruebas finales. Yo hablé con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de mi
comunidad autónoma y le pregunté si ellos piensan que si pusiéramos a disposición de los jueces esos medios telemáticos éstos serían una herramienta más para los jueces, porque para qué vamos a comprar pulseras o colgantes si luego los jueces no los
van a usar. Me dijo que estarían encantados porque entienden que la víctima puede solicitar un medio de protección telemático como un colgante o una pulsera. A petición de la víctima creo que se lo debemos dar. Pero con el agresor es bastante más
difícil y sólo se la va a poner mediante un auto judicial, si no, no se la pondrá. Si en los programas informáticos que existen actualmente en los servicios integrados del 112 se introducen los datos de la víctima y los del agresor y todos los
datos del auto judicial, si la orden de alejamiento es de 300 metros, de 500 metros, y además se introducen varios metros más para dar un margen de seguridad, en cuanto se acerque el agresor va a saltar la alarma, se detecta y mandan a la unidad
policial que haya más cerca de la víctima.



Otra de las cosas que estuvimos probando fueron los teléfonos integrados, pero son aparatos muy grandes y tienen una cobertura de sólo ocho horas.
Como las jornadas laborales son de ocho horas, en el trayecto entre su casa, el trabajo y
luego el regreso, ya no se cubrían esas horas de cobertura y la mujer cuando salía del trabajo ya no estaba cubierta con el teléfono móvil. O sea que hay que encontrar un teléfono que pueda cubrir la amplitud de horario necesaria. No podemos poner
en marcha los medios telemáticos si no estamos convencidos al cien por cien de que van a funcionar, porque no le podemos decir a la víctima que se ponga una pulsera o un colgante y que va a estar protegida si sabemos que hay un margen de error. Yo
no quiero tener sobre mi conciencia que después de dar una pulsera a una señora por lo que sea el agresor se la quite y esa mujer sea agredida o muera. Por eso prefiero esperar a que sean cien por cien seguras y entonces sí que le puedo decir que
la lleve y no miento.
La mujer que está sufriendo o ha sufrido maltrato tiene una autoestima muy baja y siente una soledad impresionante. Por eso también he mencionado antes la diferencia entre las grandes ciudades y los pueblos.
En una gran
ciudad, además de que tienen más recursos, el anonimato es mayor. No es tan difícil denunciar porque probablemente ni los vecinos de la escalera la conocen. En cambio, en los pueblos pequeños -el 40 por ciento de las mujeres que sufren maltrato
vienen de zonas rurales- todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe y no dicen: Antonio es un agresor; dicen: Antonia ha sido una mujer maltratada. Eso es demasiado, ella siente una vergüenza enorme para denunciar, y por eso cuando la mujer da
el paso definitivo tiene que tener la seguridad de que las instituciones que le decimos que denuncie y que le ayudaremos la vamos a ayudar. Lo que no podemos hacer es decirle la verdad a medias y no darle cobertura tanto legal como de protección
policial o lo que ella necesite en un momento dado y luego fallarle, porque su autoestima está muy baja y las instituciones no podemos fallarle.



En cuanto a la financiación de los fondos, decimos en la ley que tiene que haber servicios de asistencia psicológica y varios puntos más -la ley dice los servicios que le debemos dar-, pero no todas las comunidades autónomas tienen los
mismos presupuestos ni la misma financiación ni las mismas realidades sociales. Hay comunidades autónomas que dedican un euro de su presupuesto por mujer y hay otras que dedican cuatro. ¿Cómo vamos a garantizar eso, y no sólo en mujer sino también
en otros temas? Si la ley quiere dar unos


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servicios mínimos, el Estado debe garantizar que esas comunidades den esos servicios, y la única manera de hacerlo es dotándoles con recursos económicos. Si luego hay comunidades autónomas más ricas que otras y quieren ampliar ese servicio
a sus ciudadanas, que lo amplíen, pero debemos conseguir que todas las mujeres, independientemente de si viven en Melilla, en el País Vasco o en Baleares, tengan mínimamente los mismos servicios y eso sólo lo puede garantizar el Estado, que debe ser
el que lo financie. Los efectivos policiales son totalmente insuficientes.
Últimamente ha salido en prensa que hay 600 efectivos policiales que han quitado del País Vasco y que van a trasladar a otras comunidades. Como decía la señora Torme, en
algún sitio faltarán. Tenemos grupos específicos dedicados a familia y a mujer, como SAF en Policía Nacional EMUME en Guardia Civil, y hablan de los policías de segunda actividad, pero hay dos para 800 mujeres, lo que es imposible, y más en mi
comunidad autónoma, donde, como les decía antes, la insularidad es un handicap, igual que lo puede ser en Canarias, de isla a isla. Es otro factor que hay que tener en cuenta. Hay que ampliar la dotación en recursos humanos de los efectivos
policiales y optimizar recursos en todos los sentidos.
Yo vengo de la empresa privada, hace escasamente un año que he entrado en la Administración pública, cuando el presidente Matas me ofreció dirigir el Instituto de la Mujer, y en la empresa
privada todos los días hablamos de optimizar recursos y de dar rendimiento y beneficios a las empresas.
Considero que nosotros debemos optimizar recursos. ¿Para qué crear otros organismos o instituciones colateralmente si ya tenemos toda la
estructura organizada? ¿Si ya tenemos un Observatorio de Violencia Doméstica creado, independiente, que está dentro del organigrama del Consejo General del Poder Judicial, por qué crear otro? Démosle la fuerza que necesita. ¿Por qué crear
delegaciones del Gobierno de violencia doméstica si tenemos organismos de igualdad en todas las comunidades autónomas? Demos la fuerza y el impulso necesario a los organismos de igualdad. Últimamente están cogiendo un espacio y un lugar en cada
uno de los gobiernos, pero dotémosles presupuestariamente. Aunque el presidente de mi comunidad sea un hombre que crea mucho en el tema de la mujer, como les he comentado antes, y haya aumentado el presupuesto del instituto el 50 por ciento, yo no
me conformo, el año que viene espero tener un poco más, y no me conformo con que sea mi presidente sino todos los presidentes y presidentas del resto de las comunidades autónomas. Por eso les ponía el ejemplo del 0,7 por ciento en cooperación. Si
se crea un mínimo en el área de mujer de todos los presupuestos de las comunidades autónomas, yo les he sugerido el 0,2 por ciento, pero puede ser cualquier otro lo importante es que se cree un mínimo garantizado que se dedique al organismo de
igualdad de cada una de las comunidades autónomas dentro del presupuesto general. Entonces lo tendríamos garantizado. Todo lo que sea mejorar y ampliar irá en beneficio de todas nosotras.



Señora presidenta, ya termino. Son las tres menos veinticinco y le pido disculpas si me he extendido en mi intervención. Quiero agradecer una vez más a todas y todos ustedes la oportunidad que me han brindado de comparecer ante esta
Comisión de Trabajo.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted por haberse brindado a colaborar en este proyecto de ley, por su exposición y por su sensibilidad respecto a la hora en que nos encontramos.



Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.



Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.



Se reanuda la sesión a la cuatro y cinco de la tarde.



- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (VALDÉS DAL-RÉ). (Número de expediente 219/000037.)


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con la comparecencia de don Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, a quien agradecemos su comparecencia y su
aportación a este proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.



Tiene la palabra, señor Valdés, para hacer su exposición inicial.



El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Valdés Dal-Ré): Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi comparecencia en esta Comisión he de entenderla vinculada al oficio que profeso, el de jurista
laboralista. Por tanto, en este turno de palabra me limitaré a efectuar algunas reflexiones sobre el proyecto de ley desde esa perspectiva, que es la única desde la que ese oficio me consiente hablar aquí con el respeto que la Comisión y sus
miembros se merecen.



Me permitirán que inicie esta intervención con el auxilio de una cierta banalidad: la inclusión en el proyecto de ley de un capítulo sobre derechos laborales y de prestaciones de la Seguridad Social encuadrado en un título cuya rúbrica es,
precisamente, la de derechos de las mujeres víctimas de violencia, que no hace otra cosa que traducir con notable fidelidad la gran opción de política legislativa que nutre y alimenta el propio proyecto de ley, es decir, la decisión de afrontar la
tutela de esa realidad social que es la violencia de género


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desde enfoques integrales. En otras palabras, creo que los derechos laborales y de Seguridad Social a favor de las mujeres que sufren este tipo de violencia forman parte del contenido esencial y necesario, que no exclusivo, de cualquier
tratamiento legislativo que pretenda abordar con criterios integrales e integradores este fenómeno. Siendo esa la lógica política del proyecto de ley, la presencia en el texto de una serie de medidas laborales y de Seguridad Social constituye su
regulación natural; es decir, una derivación en modo alguno inesquivable.



A los derechos laborales y de Seguridad Social dedica el proyecto de ley, como bien saben SS.SS., los artículos 17 a 19. Este último pasaje -el artículo 19- enuncia una medida instrumental, cual es la relativa a acreditar en el terreno
laboral la violencia padecida por las mujeres trabajadoras. Por su parte, el artículo 18 establece un mandato dirigido al Gobierno, que se centra en la inclusión de acciones específicas en los planes de empleo del Reino de España, que tiene que
cumplir el Gobierno desde el punto de vista de los compromisos comunitarios. Es el artículo 17, por tanto, el que concentra el grueso de las medidas sustantivas. Me permitirán ustedes, entonces, que me refiera sobre todo a estas medidas
sustantivas, y que empiece por efectuar algunas consideraciones de tipo formal, alusivas a técnicas legislativas, para centrarme luego en contenidos materiales. El artículo 17 -y es esta la observación formal- utiliza una doble técnica para la
regulación de los derechos laborales y de Seguridad Social de las trabajadoras víctimas de violencia de género.
Por un lado, utiliza la técnica de la remisión; de ahí los apartados 1 y 2, que son los que reenvían a las leyes sustantivas, en este
caso al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley General de la Seguridad Social, que regulan el grueso de estas materias en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, emplea también la técnica de la regulación directa, y los apartados 3 y 4 responden
a este criterio. El recurso a esta segunda técnica reporta alguna ventaja, pero también ofrece algún inconveniente.
Aquella reside, a mi juicio, en que visibiliza desde el propio texto del proyecto de ley los derechos que quiere regular. El
inconveniente, por el contrario, consiste en que dispersa el tratamiento normativo laboral, obligando a recurrir a interpretaciones sistemáticas entre este precepto -sobre todo el artículo 17.4- y los conexos del Estatuto de los Trabajadores. En
todo caso me parece un problema menor, que no es infrecuente en nuestro ordenamiento jurídico. Con todo y con ello, el grueso de la regulación laboral se lleva a cabo por medio de remisiones o reenvíos normativos. De ahí que la disposición final
quinta modifique determinados preceptos del Estatuto, y que la disposición final sexta haga lo propio respecto de la Ley General de la Seguridad Social.



La nueva regulación laboral y de Seguridad Social, es decir aquella con decidida vocación de integrar los derechos laborales y las prestaciones de la Seguridad Social -como se rotula el capítulo-, tiene algunos denominadores comunes que, en
mi opinión, se erigen en los elementos estructuradores de la nueva regulación, es decir, en aquellos que la sostienen, la sustentan y la explican. En primer lugar, la nueva regulación articula una serie de medidas que se encuadran, a mi juicio de
manera bastante decidida, en la categoría de las denominadas acciones positivas, tal y como las mismas se entienden hoy en el ordenamiento jurídico comunitario o en los ordenamientos de los países más próximos o afines al nuestro. Acciones
positivas que me parece que han de calificarse, sin embargo, como indirectas y no directas; es decir, acciones que procuran la consecución de la igualdad sustancial acudiendo a eliminar u obstaculizar el factor de desigualdad, en lugar de recurrir
a otros mecanismos propios de acciones positivas directas, como podría ser, por ejemplo, la redistribución de bienes, en este caso, la redistribución de ese bien escaso que es el trabajo. En otras palabras, las medidas laborales y de Seguridad
Social se encuentran en el proyecto de ley al servicio del principio de igualdad real y efectiva; son indiscutibles medidas de promoción en el ámbito laboral de la cláusula constitucional del principio de igualdad sustancial.



En segundo lugar, desviando ahora el centro de atención al terreno de las funciones normativas manifiestas de estos derechos, con estas medidas, a mi juicio, se pretende un objetivo que debe ser valorado de manera positiva. Los derechos
laborales y de Seguridad Social pretenden atribuir a las mujeres trabajadoras víctimas de la violencia de género un marco de estabilidad y seguridad en su actividad laboral. Creo que todos estos derechos que enuncia el artículo 17.1 y 17.2 (el
derecho a la readaptación de la jornada, al posible cambio a horario flexible, a la movilidad geográfica, a la suspensión del contrato, etcétera), pese a sus innegables diferencias, sirven ese común objetivo, un objetivo con el que se pretenden
establecer garantías que van a permitir a ese colectivo victimizado readaptar, reorientar o reorganizar su vida laboral. Si me permiten ustedes la licencia de que exprese esta idea con palabras menos jurídicas, estos derechos (los derechos
laborales y de Seguridad Social que el proyecto de ley incorpora) vendrían a actuar como cortafuegos de un incendio, es decir, evitan que la violencia física o psíquica padecida por las mujeres trabajadoras invada también el terreno laboral,
destruyendo de ese modo uno de los factores que en nuestra sociedad contribuyen de manera más decidida a procurar una vida digna, es decir, el trabajo. Tal es, me parece, el ángulo funcional desde el que han de ser enjuiciados y valorados estos
derechos.



Un último aspecto que no puedo dejar de evocar en este capítulo de elementos estructuradores de las medidas de las que me ocupo es el siguiente. A lo largo del articulado de la ley (artículo 17, apartados 1, 2 y 3, sobre todo, y
disposiciones finales quinta y sexta) es apreciable el cuidado del prelegislador en armonizar y ajustar las regulaciones sustantivas de los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia de género con los


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principios e instituciones de orden laboral y de Seguridad Social. Por formular la idea en otras palabras, el proyecto de ley creo que logra conciliar de manera bastante adecuada el reconocimiento de las garantías en favor de este colectivo
con el complejo nudo de intereses que convergen en las relaciones laborales y de Seguridad Social. Ilustraré la idea de lo que quiero decir con algunos ejemplos. En términos generales, los derechos laborales se articulan de modo que su ejercicio
no aporta cargas o costes más allá de los mínimamente necesarios o razonables para los empresarios. En otras palabras, es el sistema público de Seguridad Social, que como bien saben ustedes es la expresión de la solidaridad, el que soporta esos
costes. Un ejemplo de lo que quiero decir se encuentra en el nuevo artícu- lo 40.3 bis del Estatuto de los Trabajadores, que al regular la movilidad geográfica no establece un derecho absoluto de las trabajadoras a cambiar de centro de trabajo
dentro de una misma empresa sino que le reconoce un derecho preferente siempre que exista vacante. De ahí la obligación del empresario -dice el proyecto de ley- de comunicar a las trabajadoras que han sido víctimas de esta violencia las vacantes
que se produzcan en el seno de la empresa. También, en este mismo orden de ideas, los derechos laborales, tal y como han sido regulados, procuran acomodarse al creciente papel que en nuestro sistema jurídico ha venido adquiriendo la negociación
colectiva, es decir, el concierto entre sindicatos o representaciones de trabajadores, de un lado, y asociaciones empresariales y empresarios, de otro. Creo que de ello también da buena cuenta el nuevo artículo 37.7 que, al regular los derechos de
las trabajadoras víctimas de la violencia a reducir la jornada de trabajo, somete el proceso de concreción al tratamiento que en su caso hagan los convenios colectivos. Es decir, el proyecto de ley también ha querido dejar espacios normativos a la
negociación colectiva, máxime si se tiene en cuenta que desde hace tres años, con los acuerdos nacionales de negociación colectiva, los interlocutores sociales en la cumbre en nuestro sistema han venido prestando especial atención en general a los
problemas de desigualdad que se producen por razón de género.



En definitiva -y concluyo-, los derechos laborales y de seguridad social son, en primer lugar, me parece a mí, un instrumento insustituible de un proyecto de ley que pretende afrontar la violencia de género de una manera integral e
integradora; en segundo lugar, esos derechos se articulan a través de acciones positivas, indirectas, que hacen efectivo o que pretenden hacer efectivo el principio de igualdad sustancial; en tercer lugar, tienen como objetivo preservar o
salvaguardar la vida laboral de las trabajadoras; y, finalmente, se regulan de manera coherente con los principios rectores y, sobre todo, con las instituciones básicas del ordenamiento laboral y del ordenamiento de la Seguridad Social.



Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Valdés, por su exposición.
¿Grupos que desean intervenir?


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, profesor Valdés.



Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario a esta Comisión y también excusarme pues he llegado tarde y siento haberme perdido parte de su intervención porque lo que he escuchado de ella me ha parecido
realmente muy ilustrativo.



Únicamente quiero hacer un par de preguntas. En primer lugar, me parece, a juicio de lo que ha expuesto, que usted encuentra ciertamente adecuada la regulación del tema laboral en los términos en los que viene en el proyecto. Sin perjuicio
de que la valoración global sea ésta, me gustaría saber si hay algún aspecto que usted considera que se puede mejorar a través del trámite de enmiendas. En segundo lugar, el artículo 19 del proyecto dice que para tener legitimación activa para
solicitar toda esta serie de cuestiones, como la reducción de jornada, etcétera, se necesita acreditar que eres víctima, con la orden de protección. Es uno de los títulos donde esta exigencia es palpable. Por tanto, se puede decir que estos
beneficios quedan reservados únicamente a las personas que han puesto una denuncia -no a las personas que están siendo maltratadas y no han puesto denuncia- y durante el tiempo que dure la situación, me imagino; para solicitarlo, por lo menos,
necesitas acreditarlo de esta manera. También se reserva a que haya un informe del ministerio fiscal, pero es mientras no se adopte la orden de protección. ¿Usted considera que por seguridad jurídica, y por seguridad también de los empleadores,
esto debe ser así o habría alguna manera de que pudieran también trasladarse estos beneficios, de los que usted ha resaltado las bondades, a las víctimas de violencia que no han puesto todavía la denuncia, porque todavía no están fuertes para
hacerlo o porque prefieren primero ver solucionada su situación laboral y luego atreverse a denunciar?


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría, que acaba de entrar y así lo ha pedido.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor Valdés. No sabe con qué satisfacción le he escuchado -había salido en el último momento-, pero es que precisamente siendo aficionada a cuestiones jurídicas la rama social del derecho no es mi
fuerte. He estudiado los preceptos de la ley con singular atención intentando que nos acabe quedando en la forma adecuada


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para que luego no existan problemas de interpretación cuando vaya a ponerse en práctica en los tribunales, y alguna duda me suscita la técnica legislativa utilizada. Que quede claro que me parece adecuadísimo lo que la ley prevé en cuanto a
lo que pretende. Lo que no sé es si la técnica legislativa es la más correcta para conseguir lo que pretendemos.



En las últimas cuatro ocasiones en las que se han debatido leyes de presupuestos en esta Cámara, es decir, en la legislatura pasada, intenté que una parte del contenido del artículo 17 se trasladase a la normativa del Estatuto de los
Trabajadores y las distintas normas que regulan el sistema de Seguridad Social y siempre lo hacía con la enorme inseguridad de si estaba acertando a hacerlo bien, no sé por qué, porque jamás conseguí que el grupo mayoritario en aquellos momentos
votase lo que era mi pretensión. Sé que la ley de acompañamiento no es el momento más adecuado ni es la técnica legislativa más correcta, pero me parecía que podía ser un momento como otro cualquiera y lo intentaba. Singularmente, en lo que hace
referencia a las mujeres que se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo por ser objeto de una situación de maltrato, bien sea porque su entorno familiar lo conoce y las puede localizar de manera fácil o por cualquier otra circunstancia que
les obligue a abandonarlo, consideraba yo que esto carecía del elemento de voluntariedad, no era una ruptura voluntaria de la relación y debiera estar considerado como situación legal de desempleo. Creo que el texto de la ley es correcto en lo que
al contenido de las disposiciones finales se refiere, pero me queda la duda de si está bien que las disposiciones finales modifiquen las normas como se debe y, sin embargo, el texto normativo, es decir, el artículo 17, sea tan escueto en el
enunciado, si no deberíamos llevar el contenido concreto de lo que se pretende en la final quinta al propio texto del artículo 17 para que esté en la parte sustantiva de la ley y no sólo en las modificaciones que se articulan a través de la
disposición final. Simplemente esto le quería decir en la búsqueda de que finalmente la ley nos quede de la manera más correcta posible.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Quiero dar también la bienvenida al profesor Valdés a esta Comisión en la que se está estudiando una vez más -el trabajo tiene que ser siempre continuado, porque el tema es verdaderamente muy grave- el tema de la
violencia. Es un grave problema que afecta, como usted conoce también perfectamente, a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y siendo valores supremos de una sociedad democrática y libre, desgraciadamente sabemos que cada día se
quebrantan y que son muchas las personas, fundamentalmente las mujeres, las que lo sufren. Por tanto, aunque también conocemos cuáles son sus orígenes, que están en esa desigualdad terrible que a lo largo de la historia y de los siglos ha sufrido
la mujer, hoy afortunadamente tenemos unas leyes que prohíben esa desigualdad. Pero de la misma manera que nosotros hemos puesto empeño para que nuestras leyes sean absolutamente legales, seguimos poniendo empeño parlamentario también, y así
trabajamos todos los grupos, para conseguir erradicar esta lacra de la sociedad y conseguir esa tolerancia cero. Cuando lamentablemente eso sucede, la primera medida es la prevención de la violencia, pero la segunda es la ayuda y la protección de
las mujeres.



Usted tal vez conoce que en este tema hemos procurado siempre todos los grupos políticos que naciesen las medidas de la mano del consenso, del mayor de los acuerdos y buscando las mejores soluciones. Así, a lo largo de los últimos años se
han hecho muchas e importantes cosas. Ahora, por ejemplo, la violencia psíquica se encuentra tipificada como delito, algo en lo que todos hemos colaborado (yo lo he hecho en este Parlamento con algunos compañeros aquí presentes) para que se
consiguiese, así como para que la primera agresión que se produzca sea considerada un delito, para que se considere una agravante la reincidencia, para que aumenten los años de alejamiento cuando se estipula en una sentencia o para que se establezca
la prisión provisional en el caso de que se quebrante la orden de alejamiento. A lo largo de todos estos años hemos venido trabajando en una serie de medidas para luchar contra la violencia de género, llevando a cabo muchas modificaciones del
Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también medidas de tipo social. Por ejemplo, el acceso de las mujeres víctimas de la violencia a la renta de inserción activa cuando carecían de recursos, la primera ley realmente de tipo
integral, que es la Ley de protección de las mujeres víctimas de la violencia de género. El hecho de que las mujeres víctimas de la violencia tengan carácter preferente para acceder a esa renta de inserción activa y a los planes de empleo han ido
ayudando a que la mujer consiga una independencia, algo básico y fundamental para dar el paso de poner una denuncia, puesto que hay muchas mujeres que lamentablemente aguantan esa violencia porque no tienen recursos económicos y van pasando los años
y sufren en silencio. Que sepan las mujeres que las leyes están para protegerlas y que deben poner una denuncia desde la primera agresión, aunque también quiero decir que sabemos perfectamente que a lo largo de los años las mujeres han sufrido en
silencio esas agresiones y que muchos casos se derivan de la imposibilidad de la independencia económica, algo absolutamente necesario para reemprender una nueva vida y alejarse del maltratador y del agresor. También hay que decir que,
afortunadamente, estas medidas que hoy se contemplan en esta ley que entre todos estamos tratando de mejorar y de consensuar nacen en un contexto laboral diferente para la mujer, ya que en estos últimos años -como usted sabe perfectamente- se ha
integrado al mundo laboral activo un


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importante número de mujeres. Cerca de cuatro millones se han incorporado al mundo laboral activo y a la Seguridad Social, y eso también es básico puesto que la Seguridad Social no sólo es un seguro para el presente sino también para el
futuro. Pues bien, todo lo que son medidas relativas a la incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido el empeño del anterior Gobierno, de la misma manera que acudir a esa protección y proporcionarles rentas de inserción o facilitarles a
través de los planes de empleo que hacía el Reino de España el acceso al mundo laboral activo.



Me gustaría reflexionar con usted. Ha dicho usted que se trata de una ley integral, más bien de medidas de protección integral, pero al final ha señalado los artículos 17 al 19, que son los que tienen el carácter de derechos laborales y de
derechos sociales, y luego están las disposiciones finales. Podría repetirle las dudas que le ha planteado mi compañera del PNV, pero para no alargarme me hago eco de ellas y me sumo a esos interrogantes que le han planteado mis compañeras. Lo que
querría decirle entonces es que se trata de una ley que tiene muchos artículos, pero al final los derechos laborales y los derechos de la Seguridad Social se quedan muy reducidos. Le quiero preguntar si considera que son suficientes o si por el
contrario podríamos avanzar y, desde ese conocimiento, desde ese magisterio que tiene en este terreno, qué sugerencias podría hacer a la Comisión para que en este trámite en el que estamos, de tratar de mejorar, de perfeccionar y de buscar dar la
mayor seguridad y protección a las mujeres víctimas de esta violencia, las pudiésemos incorporar. Por otro lado, también me gustaría que nos dijera -seguro que sus conocimientos le permiten poder contestarnos- si conoce que en otros países de
nuestro entorno las leyes de tipo laboral o de protección social prestan alguna especial atención a estas mujeres, con el fin de poder sopesar la conveniencia o no de incorporarlas a nuestra legislación. Me gustaría también -ya que es un experto en
el terreno laboral- que nos dijese cuáles son a su juicio las actuaciones que se deben desarrollar -aunque ahora estemos sobrepasando el tema que aquí hoy nos trae y que le lleva a comparecer- acerca de los derechos laborales que muchas veces la
mujer ve pisoteados a lo largo de su vida laboral activa y tiene que ir sufriendo y cuáles son a su juicio las mejores actuaciones que pueden desarrollar los poderes públicos para prevenirlos, pues muchas veces acaban ligados a un tipo de violencia
que a lo mejor no es la de género pero que en todo caso sufre la mujer de una u otra manera, que tiene un nombre más concreto en el móvil y que en un porcentaje muy importante suelen ser mujeres.



Dejo estas reflexiones, así como nuestro agradecimiento de nuevo por su comparecencia y nuestro deseo de que pueda ayudarnos a ir perfeccionando lo que queremos que sea una ley consensuada y apoyada por todos, como es el espíritu del Grupo
Popular.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bienvenido, don Fernando Valdés Dal-Ré, a esta Comisión; muchas gracias por su información en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y un saludo afectuoso en el mío propio, porque ha sido un placer
volver a escucharle después de muchos años de haberle tenido como profesor bastantes días en la Facultad de Derecho de Valladolid cuando era alumno suyo en la clase de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Como siempre, magnífico -y nunca he
sido pelota- (Risas.), después de unos cuantos años. Y vamos ya al tema que nos ocupa.



Ha hecho usted algunas valoraciones, por lo que quería plantearle algunas pequeñas cuestiones. En España está claro que hay una igualdad formal desde el punto de vista jurídico entre el hombre y la mujer, aunque en la práctica -la ley esta
es una consecuencia de ello- existen profundas desigualdades, también en el mundo de las relaciones laborales y en el mundo del mercado de trabajo, aunque no me gusta la terminología. ¿Podría darnos algún dato, alguna pincelada, en este sentido?
Otra cuestión.
¿Comparte usted la opinión de que el artículo 9.2 de la Constitución española mandata expresamente a los poderes públicos luchar contra las situaciones de desigualdad real y efectiva entre hombre y mujer?


El proyecto de ley integral pretende combatir, luchar contra esta grave lacra social que es la violencia de género en la pareja con medidas de todo tipo: educativas, asistenciales, preventivas, penales y también laborales y de Seguridad
Social, aunque ya ha manifestado -o al menos yo lo he creído entender en su exposición- que valora muy positivamente esta parte en el contenido de la ley integral de violencia de género con el capítulo II, de derechos laborales y de Seguridad
Social. Me ha parecido entender que la portavoz del Partido Popular preguntaba qué le parecía a usted que en una ley tan amplia el número de artículos fuera tan escaso; no sé si se refiere a la escasez en el número de artículos o a la escasez en
el contenido de esos artículos respecto a los derechos que en el mismo se regulan. Son siete artículos y tres disposiciones finales. Lo importante -y es la pregunta concreta- es saber qué le parece el conjunto de medidas, desde el punto de vista
laboral y de Seguridad Social, que se recoge en el proyecto de ley. ¿Las considera adecuadas, como un paso para luchar, que no resolver, contra el problema de la violencia de género? ¿Ayudan a proteger a la mujer? Parece evidente, pero como se ha
formulado esa pregunta yo se la reitero. Hay otra cuestión que, aunque parezca de perogrullo, ha salido veintitantas veces en esta Comisión. ¿Considera usted que esta discriminación positiva para la mujer en el ámbito laboral y en el conjunto de
medidas que recoge el proyecto de ley merma o perjudica de alguna manera derechos de otros


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colectivos? Desde el punto de vista técnico-jurídico o de contenidos, ¿considera usted que hay alguna medida importante que el proyecto de ley no recoja? Si considera que hay que aportar alguna cuestión más, nos encantaría que nos lo
dijera. Concretamente, nuestro grupo parlamentario tiene una duda sobre si la regulación que el proyecto de ley hace de la movilidad geográfica es la más adecuada, cuando se refiere a la posible movilidad geográfica de la mujer víctima de maltrato
en distinto municipio. ¿Qué opina usted? ¿Podría regularse esto de alguna otra forma que mejorase no sólo la redacción sino también el contenido?Su explicación ha sido clarísima y su posicionamiento en cuanto a la oportunidad política y a la
necesidad de la ley ha sido evidente, incluso me ha parecido entender que la valora como el cortafuegos de un incendio, porque son un conjunto de derechos que establecen garantías para que la mujer víctima de malos tratos pueda salvaguardar o
reordenar su vida laboral, que es ni más ni menos lo que se pretende con este proyecto de ley. Si hay alguna otra cuestión que considere de interés para enriquecer este proyecto, este es el momento para ilustrarnos en los minutos que le quedan.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Valdés para contestar a los diferentes grupos.



El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Valdés Dal-Ré): Algunas de las reflexiones que se me ha invitado a efectuar son comunes. De todas formas, procuraré dar respuesta diferenciada a cada uno de los señores
diputados y diputadas que han intervenido. Agradezco sus comentarios hacia mi persona, señor Villarrubia. Evidentemente usted entonces no tenía un solo pelo gris y yo tenía más pelo en la cabeza y no tenía pelo gris en la barba. Son veinticinco
años los que separan ese dato personal que usted ha invocado y que a mí sencillamente me recuerda que el tiempo corre para todos.



El proyecto de ley de medidas integrales, desde la perspectiva laboral -única en la que yo me siento mínimamente capacitado para formular juicio-, tenía y tiene un delicado y gran problema que resolver; tenía que conjugar el modo en que el
poder público protege a determinados colectivos víctimas de violencia psíquica o física desde el mandato del artículo 9.2, al que luego volveré, con los derechos laborales -no los derechos de Seguridad Social-, y los derechos laborales inciden
claramente en una relación interprivada. Por tanto, el límite de la actuación del poder público en una relación privada tiene que tratarse con cuidado porque -esto ya se ha dicho desde todos los puntos de vista, no solamente vale para este tema-
una sobreprotección o una excesiva tutela desde la perspectiva laboral puede producir efectos de signo contrario para el colectivo más general. Cuando el legislador entra en este tipo de asuntos tiene que ser prudente y buscar puntos intermedios
para evitar los efectos finales laborales, que son garantizar y preservar la continuidad de la vida laboral, y que este colectivo víctima pueda seguir desarrollándose como persona en su medio profesional y no pueda verse definitivamente lesionado.
También tiene que ser prudente el legislador cuando para combatir esa verdadera lacra social hace recaer sobre el principio de solidaridad los costes que medidas de este tipo tienen. Consiguientemente, las medidas en esta materia tienen que ser
bien valoradas desde el punto de vista de las opciones de política legislativa y desde el punto de vista de los costes -que no necesariamente son económicos- que para una relación privada tiene. He intentado decir -y esta es la única observación
general que hago- que a mi juicio la ley es adecuada en el sentido de prudente, adecuada en el sentido de que conjuga y combina bien ese complejo nudo de intereses que se producen en el mundo de las relaciones laborales cuando el poder público entra
a regular, como lo hace en este caso, o cuando traslada, desplaza o transfiere al mundo laboral una situación que es personal derivada de una violencia que no se genera en el estricto ámbito profesional.



Está claro que el legislador podía haber ido más allá, qué duda cabe, en lo que se refiere a temas de Seguridad Social, por ejemplo. ¿Por qué sólo se establece en seis meses como máximo la suspensión de la relación laboral? ¿Por qué el
prelegislador no ha establecido 12 meses, como podía haber hecho, por ejemplo, para hacer coincidir la suspensión de la relación laboral derivada de violencia de género con la excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo? Existe una
vinculación directa y estrecha entre suspensión de la relación laboral y coste a la Seguridad Social. No se puede olvidar que este va a ser un supuesto suspensivo del contrato de trabajo que va a tener para la Seguridad Social un coste inmediato en
la medida en que, por ejemplo, el periodo de seis meses que la trabajadora va a percibir las prestaciones por desempleo no va a descontar posteriormente caso de que la trabajadora, ya una vez resuelto su problema personal, perdiese el empleo por
cualquier otra causa. Ese periodo de seis meses no va a afectar para nada a posteriores vicisitudes de la relación laboral desde el punto de vista de la prestación de ese empleo y el subsidio. Por tanto, el problema está aquí en una clara opción
de política legislativa: hasta qué punto seis meses, algunos pueden pensar en dos años o todo el tiempo que dure esa presión. No me parece a mí que me corresponda la opción, ya que este punto es básicamente un cálculo de tipo económico. Con los
datos que se pueden conocer, seis meses parece que es un periodo razonable para abordar y dar solución a la situación de violencia.



Intentando responder a cada una de las preguntas de SS.SS., se me ha preguntado en qué aspecto se podría mejorar desde el punto de vista laboral. Ha habido varias coincidencias. Toda ley es mejorable, pero diré algunos aspectos. En
materia de movilidad geográfica


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-y contesto también al señor Villarrubia- me ha llamado la atención que la ley en la disposición final quinta, en la modificación que hace del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, probablemente por excesivamente influenciado por el
artículo 40, sólo esté contemplando la posibilidad de abandonar el puesto de trabajo en la localidad para pasar a ocupar un puesto de trabajo en otra localidad. De una interpretación meramente literal del precepto, estamos hablando de cambio de
puesto de trabajo que lleva aparejado un cambio de localidad. A nadie se le oculta que en ocasiones la conveniencia o necesidad de cambio de puesto de trabajo puede efectuarse sin necesidad de cambio de localidad. Hay numerosas empresas que tienen
muchos centros de trabajo en una misma localidad muy distanciados unos de los otros. Incluso hay supuestos de cambios de localidad que no llevan necesariamente aparejados cambios de residencia. Puestos a regular esta situación, se podría hacer no
sólo cuando haya una movilidad geográfica que requiera cambio de localidad, sino en general cuando haya un cambio de puesto de trabajo de un centro a otro, lleve este cambio aparejado o no cambio de localidad. Hay otro supuesto que probablemente
sea más difícil de dar pero sobre el que convendría reflexionar. En determinadas ocasiones, cuando estos cambios van acompañados de cambio de localidad, puede significar una interrupción en la convivencia familiar de hijos. Puede haber hijos que
estén bajo la tutela de la trabajadora víctima y que, sin embargo, se han incorporado al mercado de trabajo. Son los menores de 18 años, mayores de 16, que estén incorporados al mercado de trabajo, que hayan concertado válidamente un contrato de
trabajo. Las medidas de tipo movilidad geográfica pueden producir una interrupción en el agrupamiento familiar.
La ley podría reflexionar sobre qué pasa si se da la circunstancia de que hay hijos que se encuentran con que de pronto la madre
trabajadora tiene que marcharse de Madrid a Barcelona o de Madrid a La Coruña y su hijo está trabajando en Madrid. A lo mejor esta empresa también tiene otro centro de trabajo y puede facilitar que a esas otras personas que no son víctimas
directas, pero que sí van a estar afectadas profundamente como consecuencia de la situación social, se les dé una fórmula para salvaguardar su empleo junto con el mantenimiento de la agrupación familiar.



Me han preguntado qué me parece la acreditación y si se podría hacer algo con carácter previo antes de que la trabajadora víctima presente la denuncia. Si se trata de una situación anterior a la formalización de la asistencia de una
violencia de género, la trabajadora siempre tiene la posibilidad, con los recursos que hoy arbitra el ordenamiento jurídico, de llegar a algún acuerdo con su empresario. Dicho esto, no sé cómo podría -fuera del contexto de lo que la ley persigue-
hacer aflorar las situaciones, pero es un terreno en el que no quiero entrar. La ley también persigue aflorar ese fenómeno oculto para que deje de estarlo y aflore con todas sus consecuencias. No veo fácil extender a situaciones de no denuncia
derechos que están especialmente pensados para mujeres en las que ya se produce una violencia de género formalizada. Si una de las finalidades es el afloramiento y la emergencia de esa violencia oculta, podría actuar de contrapeso para que emerja
ese fenómeno.



Yo me he referido en mi intervención a la técnica legislativa. Se me pregunta si se podría incluir la disposición final quinta -supongo que también la sexta porque están vinculadas- en todo su articulado, en todo su contenido sustantivo, en
los artículos 17 y siguientes del texto de ley. He intentado decir en mi intervención, a lo mejor con excesiva suavidad, que soy partidario (pero esto es, señora Uría, una opinión mía) de la unidad del ordenamiento. Es decir, yo creo que leyes
laborales dispersas perjudican el principio de seguridad jurídica, entendida desde un punto de vista pedagógico. ¿Por qué digo esto? Los trabajadores y trabajadoras de este país conocen el Estatuto de los Trabajadores y lo van a manejar. Yo creo
que el legislador debe ejercer aquí un poco de pedagogía, de tal manera que la unidad de todos sus derechos en un texto contribuye a la mejor defensa de los mismos a través de una más acertada información. Dicho en otras palabras, yo sería
partidario de utilizar siempre técnicas de reenvío a los textos sustantivos en lugar de la dispersión del ordenamiento, de tal forma que las trabajadoras víctimas, para conocer sus derechos, tengan que manejar el Estatuto de los Trabajadores, la ley
de violencia, el reglamento, etcétera. Me parece mejor un texto que reúna todos los derechos que no un mismo conjunto de derechos dispersos por diversos textos legislativos. Es decir, no soy partidario de reduplicar el texto de estos preceptos.
Me parece que la técnica de reenvío del artícu- lo 17.1 y 2 es muy correcta y la prefiero, por ejemplo, a la del artículo 17.4. Como bien saben SS.SS, el artícu-lo 17.4 exime de sanción civil, laboral, contractual, las faltas de puntualidad, la
impuntualidad, cuando venga avalada por un informe de los servicios sociales. Eso viene a establecer importantes excepciones en materia sancionadora en general y el despido en particular. No podemos olvidarnos, por ejemplo, que el artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores contempla como causa específica del despido precisamente las faltas de asistencia al trabajo y de puntualidad, cuando las mismas acumulen unos determinados porcentajes que el propio estatuto establece. El párrafo
segundo de ese mismo precepto, sin embargo, exime del cómputo de esas faltas de asistencia a una serie de supuestos. ¿No hubiera sido más favorable que este supuesto quedara también exento en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores para que
cuando la trabajadora lo lea diga: esta falta de asistencia, además del accidente de trabajo y de la enfermedad, también; si yo soy objeto de violencia de género, sé que...? Es decir, la dispersión genera inseguridad en el conocimiento de los
derechos, por tanto, a mi juicio es preferible todo lo que tienda a fortalecer la unidad formal del ordenamiento y no a la dispersión.



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Ya he dicho algo sobre la mejora de los derechos, señora Sainz, y también sobre cuáles podrían ser otros derechos; ahí están los derechos de la Seguridad Social. Entonces, ese es un problema de cálculo, de equilibrio financiero y
económico, de hasta dónde puede la Seguridad Social echarse esto sobre sí misma. Yo sé que ese es un punto de equilibrio muy complicado y, sin duda, S.S. comparte conmigo ese juicio. Evidentemente, aquí hay criterios de mera oportunidad: nueve,
doce, cuatro meses, lo que pueda considerarse razonable. La razonabilidad en principio, salvo que se destruya, debe atribuirse al prelegislador en este caso.



Su señoría me pregunta sobre los derechos laborales de la mujer. Si me pongo a hablar de eso, probablemente la señora presidenta me llamaría la atención y con toda razón.



Se me ha preguntado por algunas desigualdades. Tengo que decir -y con esto respondo a la primera de las preguntas del señor Villarrubia- que según datos que si bien no son absolutamente fiables son demostrativos e ilustrativos de la
desigualdad entre hombres y mujeres -no hablamos de violencia de género sino de desigualdad por razón de sexo-, las mujeres perciben una retribución que es un 20 por ciento inferior a la de los hombres -se entiende que a trabajo de igual valor-, lo
cual da idea del grado de igualdad real, porque si bien las normas ya no definen desigualdades, por debajo de las normas, de los convenios, de los contratos, hay una desigualdad que sigue siendo muy acusada. Es verdad, como ha dicho la señora
Sainz, que la tasa de empleo de la mujer ha crecido mucho estos últimos años, pero respecto a los objetivos de 2010, que se establecieron en la cumbre de Lisboa y que fijan la estrategia europea de empleo, todavía estamos a cerca de veintitantos
puntos. Según las estimaciones que hacen los economistas, y por tanto ahora hablo por boca de ellos, de aquí a 2010 se necesitaría crear cuatro millones y medio de empleos, de los cuales tres tendrían que ser para mujeres, para que España pudiera
cumplir los objetivos de dicha estrategia europea de empleo.



Desde luego, el artículo 9.2 es un principio y no una simple declaración.
Yo me eduqué o me posteduqué en un orden constitucional que entiende y defiende que en la Constitución sólo hay normas, normas que tienen una distinta intensidad en
la regla, en el mandato, pero que no son declaraciones retóricas, y, desde luego, el artículo 9.2 contiene un claro mandato para todos los poderes públicos para que logren la igualdad sustancial entre los individuos y los grupos sociales que los
integran.



Ya he formulado mi valoración de conjunto de la ley, que me parece que es francamente positiva. Sí responderé a otra pregunta diciendo que como las medidas articulan acciones positivas indirectas, no hay ningún otro colectivo que se sienta
perjudicado -son medidas de horario flexible, de movilidad geográfica, de suspensión, etcétera-, salvo que alguien pretenda, sin estar en este colectivo victimizado, que también quiere suspensión del contrato de trabajo durante seis meses, con
derecho a prestación por desempleo. Evidentemente, ahí no cabe ni siquiera hablar del factor desigualdad. No hay ningún precepto de ley del que pueda decirse que formula de manera refleja perjuicios para otros colectivos.
Las acciones positivas,
precisamente porque son indirectas, no van en detrimento de otros colectivos.­ Con esto creo, señora presidenta, que he dado respuesta a las preguntas. Muchas gracias por su atención.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Valdés, por su rica aportación y, como le he dicho al principio, por su colaboración en este proyecto de ley orgánica de tanta trascendencia social.



- DE LA SEÑORA ALCALDESA DE NAVARCLES (ALÒS I PINTÓ). (Número de expediente 212/000126.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con las comparecencias. Tenemos en este momento con nosotros a doña María Carme Alòs i Pintó, alcaldesa de Navarcles -no sé si lo digo bien-. Es una satisfacción contar en esta Cámara con ella. Yo sé que
las alcaldesas tienen una sensibilidad especial por la proximidad que tienen a los ciudadanos y desde luego yo me siento muy identificada con lo que son los municipios. Por tanto, señora Alòs, tiene la palabra para hacer su exposición inicial.



La señora ALCALDESA DE NAVARCLES (Alòs i Pintó): Quiero agradecerles la invitación de poder compartir con ustedes, por un lado, mi experiencia reciente de alcaldesa y, por otro, mi opinión para abordar este tema tan difícil que tienen
ustedes sobre la mesa.



Mi municipio, Navarcles, que lo ha dicho muy bien la señora presidenta, está a 60 kilómetros de Barcelona. Tenemos cerca de 6.000 habitantes, por tanto, estoy segura de que en toda España hay muchos municipios parecidos al mío en cuanto a
población. Quiero hacer con ustedes la reflexión sobre los recursos que tenemos y sobre el paquete que nos falta. Es un buen púlpito para pedirlo, para lograrlo y ponerlo en la ley. En este municipio -vamos a hablar de un municipio anónimo,
aunque yo represente a Navarcles- de cerca de 6.000 habitantes tenemos unos recursos propios en cuanto a servicios sociales, que son los servicios de atención básica, que constan de tres profesionales: trabajadora social, educadora social y
trabajadora familiar, las tres profesionales en este caso femeninas, a jornada completa, que hacen su horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes; por tanto, estoy segura de que a SS.SS. no se les escapa que los servicios sociales no están
cubiertos ni los fines de semana ni fiestas intersemanales que puede haber, de las 14 que tenemos aprobadas. Tenemos un servicio de atención a la mujer que es


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comarcal. Los servicios sociales dependientes del municipio tienen una conexión superior con los servicios comarcales, que en este caso están a 9 kilómetros, pero suelen tenerlos los servicios de provincia. Tenemos un juzgado de paz, no
así un juzgado de instrucción, con horario también de 8:00 a 15:00 horas. Tenemos el centro de atención primaria, que este sí cubre las 24 horas los 365 días del año, estando de urgencia los días festivos intersemanales con un médico y una
enfermera. Cuando se produce alguna agresión física e intervienen los Mossos d'Esquadra, que es la policía competente de Cataluña, y hay una orden de protección, para casos de urgencia han habilitado un albergue en el que la mujer sólo puede estar
72 horas, pero ni nuestro municipio ni los municipios de alrededor, ni a nivel comarcal, tienen a su disposición un piso tutelado o una casa de acogida. No hay ninguna en la comarca. A SS.SS. no se les escapará que cuando existe una orden de
protección y la mujer tiene que permanecer en una casa de acogida impide que la misma pueda continuar con su trabajo y que los hijos, si los hubiera, puedan asistir al colegio, produciéndose un desarraigo muy importante de su entorno social y
familiar.



Una vez descritos más o menos los servicios que tenemos, quiero explicarles -mi exposición será muy práctica y creo que a ustedes les podrá interesar- qué pasa cuando en mi municipio o en municipios que tienen una población semejante al mío
tiene lugar una agresión física.
Mayoritariamente, si tienen ustedes, que creo que sí y de forma habitual, concejales y alcaldes, les dirán que en esta población de la que estoy hablando, por la proximidad del alcalde y del regidor o concejal,
cuando se produce una agresión física suelen acudir al alcalde directamente.
Aquí la cuestión del anonimato de la persona agredida no importa tanto, sino más bien solucionar su problema. Como hemos dicho que los servicios sociales no funcionan los
fines de semana y que permanecen abiertos de 8:00 a 15:00 horas, por el acceso que pueden tener al político, llaman a su puerta o llaman directamente al ayuntamiento explicando su situación.
Esto es muy frecuente, por supuesto cuando las lesiones
no son graves.
Explican su situación, hay llanto, súplicas y contradicciones y hacen esta primera demanda a los políticos. Si consultamos a los 35 municipios de mi comarca y lo extrapolamos a otros pueblos de Cataluña, vemos que cuando se producen
agresiones físicas, mayoritariamente la denuncia la hacen los vecinos. Este es un dato importante. Los vecinos llaman a la policía local, a la guardia municipal, y no se quieren identificar, pero hablan de un domicilio, de la calle tal y del
número tal y dicen que oyen gritos y que hay una pelea. La guardia municipal se pone entonces en acción y se dirige al municipio indicado. Aquí pueden pasar dos cosas, que los dos miembros de la pareja se encuentren en el domicilio, reconozcan
haber tenido una discusión, pidan disculpas por los gritos y ruidos que hayan podido molestar a los vecinos y no haya ninguna otra manifestación. Puede que el agresor no esté y entonces la víctima puede explicar o no lo que ha sucedido. Puede
manifestar que se trataba de una pelea de pareja y que no quiere denunciarlo, que es la primera vez que pasa y que ellos lo saben porque no habían ido nunca y que cómo los vecinos han podido llamarles, que ella también podía haber llamado porque
siempre tienen la música muy alta, es decir, manifestaciones en este sentido. Puede pasar que la mujer quiera denunciarlo. Ahí entra la actuación de la policía local o de los vigilantes municipales, que informan a la mujer y se ofrecen a
acompañarla si no tiene acceso directo o bien la ayudan a hacer la denuncia correspondiente a los Mossos d'Esquadra. En este momento quiero resaltar un dato importante en relación con la comarca del Bages, la cual cuenta con 170.000 habitantes y
cuya capital es Manresa, un importante núcleo a 60 kilómetros de Barcelona, que el jefe de los Mossos d'Esquadra, subinspector de la comarca, me ha proporcionado. Dice que en nuestra comarca sólo el 32 por ciento de denuncias por agresiones son
reafirmadas posteriormente; por tanto el 68 por ciento son retiradas. Esta mujer, después de manifestar que ha tenido una agresión y tiene la valentía de denunciarla, posteriormente la retira.



Una vez que he hablado de esto, quisiera dejarles una propuesta de protocolo del área básica de servicios sociales comarcales del Vallés, con el fin de hacer una actuación de urgencia en casos de violencia doméstica. Esta propuesta que
entrego a la presidenta de la Comisión, que todavía no está aprobada por todos los alcaldes y el Consell comarcal, es de intervención para un trabajo multidisciplinar e integral en red.
Aunque está en catalán creo que no habrá problemas en
entenderla. Esta es la realidad y los recursos que tenemos. Quisiera aportar mi opinión, a fin de contribuir a que no haya actos de violencia. Yo creo que es necesario hablar de tres ámbitos. Uno es la prevención, otro es la detección y el
último el de protección a la víctima. Como el tiempo apremia y creo que las preguntas que SS.SS. me puedan hacer van a ser más importantes, voy a dedicarme básicamente a los dos primeros, la prevención y la detección.



A mi juicio, ¿qué se podría hacer? He leído con mucha atención el proyecto de ley y he visto que ustedes han tenido en cuenta ámbitos muy importantes, como son la educación y la sanidad, dos ejes muy importantes, abiertos y de acceso
directo a toda la población. Yo pienso que tendríamos que hacer unos cursos de preparación para la convivencia, unos cursos de resolución de conflictos. No sé qué nombre darles, pero sugiero algunos. Durante nuestra vida hacemos cantidad de
cursos para prepararnos y hacer cosas. Un ejemplo es la preparación al parto. Las futuras mamás y también los futuros padres asisten a clases de preparación del parto. ¿Por qué no hacer estos cursos para resolución de conflictos, para dar estas
normas básicas de convivencia y elaborar un manual de buenas praxis para llevar a cabo esta convivencia? ¿Por qué no hacer


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cursos para conocer y practicar nuestros derechos y obligaciones? A modo de anécdota, pero creo que es el lugar indicado para decirlo, el departamento de sanidad, cuando tuvimos la autonomía en Cataluña, hizo un programa piloto y ofreció a
los municipios menores de 5.000 habitantes en aquel momento, hacer unos enjuagues de flúor en las escuelas. Este programa se realizó en las escuelas de Navarcles desde el año 1980 hasta el año 1993 y según dicen los odontólogos de la comarca los
resultados empiezan a aparecer ahora. Es decir, aquellos enjuagues de flúor que se realizaban obligatoriamente en las escuelas ahora se ven los resultados en las caries de los niños que lo hicieron en aquel momento. Quiero decir con esto por un
lado que las medidas de sensibilización que ustedes proponen en la escuela, en los centros de atención primaria, son muy importantes y necesarias, pero habrá personas de otros ámbitos que no irán a la escuela ni a los centros de atención primaria, y
tendríamos que abordar estos cursos de preparación para la convivencia y la resolución de conflictos en diferentes ámbitos. ¿Dónde? A mi entender donde esté la persona: en el trabajo, en la familia, en los medios de comunicación, en los lugares
de ocio, en las escuelas, en la universidad y en las asociaciones. Es muy importante pues vemos que la mujer no llega a hacer denuncias o cuando las hace las retira con mucha facilidad. A veces los servicios profesionales no llegan, porque existen
dificultades de horario o dificultades de acceso, y por ello es importante que las diferentes asociaciones que están en todo el territorio puedan dar esta formación, que sería más informal, pero que es básica.



Los centros de atención primaria son también lugares clave para dar todas estas normas. La mujer va con más o menos frecuencia a los centros de atención primaria, bien para ver a su médico de cabecera o bien para visitar a su enfermera, a
su comadrona o a su pediatra. La enfermera tiene aquí un papel muy importante de complicidad, pues al trabajar en la historia clínica de atención primaria se sigue todo el protocolo y en alguna medida se intenta que tanto el médico, como la
comadrona, la enfermera o el pediatra conozcan la historia tanto de la mujer como de la familia. Ahí es donde se abren ámbitos de complicidad que permiten explicar la situación en que se encuentra la persona.



En cuanto a la Administración, entendemos que estos cursos podrían canalizarse a través de las bodas civiles. Ustedes saben que la iglesia hace unos cursos de preparación al matrimonio, ¿por qué no hacer unos cursos en las bodas civiles,
cursos que podría canalizar la propia Administración? ¿Por qué? Ustedes lo explican muy bien. Nos encontramos con falta de valores a la hora de educar para la diferencia. Nos encontramos con que faltan medidas de sensibilización en el ámbito
educativo. Tenemos que proporcionar información integral para construir la propia identidad. Hemos de educar para la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto en el personal como en el familiar y en el social. Es
necesario adquirir habilidades y aptitudes para la resolución pacífica de los conflictos y respetar la igualdad entre sexos para fomentar el respeto a la dignidad de las personas y la igualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, en los
municipios que estamos hablando, cuando la mujer sufre una agresión no siempre acude a los servicios sociales. Tiene que haber otras administraciones, otros parámetros y otros profesionales y asociaciones -hago hincapié en esto- que puedan ayudar a
resolver este tipo de situaciones.



Hemos hablado de prevención, ahora quisiera hablar de la detección. En la vida diaria encontramos muchísimas actitudes vejatorias o de menosprecio hacia las personas, cosas o lugares y una intolerancia en muchos ámbitos.
¿Dónde las
encontramos? En todas aquellas partes donde exista convivencia humana, desde el trabajo hasta el comercio o cualquier ámbito en que estén las personas. Para poder evitarlo tenemos que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo.



Quisiera acabar mi intervención refiriéndome a unas conclusiones y reafirmándome en estos dos ejes importantes que son prevenir y detectar, para llegar al objetivo final que sería de protección a la víctima. En este caso quiero volver a
hablar de la elaboración de este manual de normas básicas y de las pautas para llevarlo a término, haciendo una especial incidencia en reeducarnos otra vez, del mismo modo que estamos dando instrucciones muy importantes a todo el profesorado y un
encargo muy importante a las escuelas y a los profesionales de salud, lo extendería a los diferentes ámbitos. Es muy probable, y en la realidad nos encontramos que hay mujeres que no siguen este circuito para que puedan tener esta información y por
un proceso de autoestima importante puedan llegar a saber sus derechos y de saber las puertas que tiene abiertas, que son muchas. En este protocolo interno que he entregado a la presidenta, se ha trabajado profundamente para seguir todo el circuito
y hacer la suma de un trabajo integral para prevenir y que podamos atender que estas mujeres e intentar cambiar que el porcentaje de mujeres que retiren la denuncia, que como ven ustedes es muy elevado, evitando esto y poder sumar sobre todos
esfuerzos. La Administración local -y ustedes lo saben- aunque tengamos competencias en servicios sociales apoyados en los servicios comarcales, carece de autonomía financiera y esto es muy importante. La parte que podemos recibir de ayuda
económica viene sufragada aproximadamente en un tercio del gasto que representa la atención de los servicios sociales. A mí me encantaría poder ampliar los servicios sociales y ofrecer soporte psicológico in situ, cuando surge el problema, sin
embargo ya he manifestado el horario que tiene los profesionales. Este tema es importante porque no tenemos el horario que sería necesario.



La financiación es un discurso largamente repetido. Sin embargo, hemos querido de alguna manera sumar esfuerzos en este protocolo. Del mismo modo que mi municipio, o municipios parecidos al mío, se encuentran,


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por un lado con este problema de no detección, poca prevención, asistencia que damos suele resultar corta, y la vemos ineficaz por el resultado de denuncias que llegan, entonces este intento de hacer esta propuesta de protocolo, es para
sumar los esfuerzos de todos los municipios y plantear este proyecto de coordinación.



Hay un proverbio hindú que dice que sólo la paciencia de los niños es más corta que la memoria de los hombres. Realmente hay muchas mujeres que han recibido agresiones, coacciones o amenazas y las verbalizan continuamente, ya sea en los
servicios sociales o en los centros de atención primaria, que han visto esta actitud en su propia casa, en sus propios padres, en sus progenitores o en sus hermanos. Es importante realizar este cambio.



Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo. Para terminar quisiera explicar una anécdota que es real. Ustedes recordarán que en el año 1997, una señora, Ana, de Granada, salió en los medios de comunicación. Esta señora al
cabo de dos o tres días su marido la quemó y fue un revulsivo que salió en los medios de comunicación. Ahí un grupo de personas de una Asociación de Donnas de Navarcles, ADN, se plantearon en sus tertulias si ellas estaban agredidas física o
psicológicamente. Las mujeres mayores, porque el abanico de edades era entre 30 y 70 años, admitieron estar agredidas física y psicológicamente en los temas que se plantearon en aquel momento, por ver una actuación o una denuncia en los medios de
comunicación. Es muy importante el mensaje que se dé y sobre todo la resolución del tema que puede plantear para las personas su vida y su modo de vida.



He expuesto por un lado los recursos que tenemos. He dicho que tenemos que sumar esfuerzos para que estos pocos recursos tengan más utilidad y sean mucho más operativos, pero también he propuesto a SS.SS. esos cursos, que no sé si
llamarles de convivencia o de resolución de conflictos, que sería como reeducar a las personas que no van a la escuela, a la universidad, ni a los centros de formación. Sería un planteamiento para llegar a diferentes ámbitos. Si se planteara este
supuesto, el ayuntamiento de Navarcles estaría dispuesto a ser la prueba piloto para hacerlo desde sus asociaciones, desde sus centros de trabajo o desde cualquier ámbito que ustedes consideren.



Al venir hacia aquí, leyendo el periódico, hoy sale la noticia de que la empresa de Yahoo, de informática, está financiando a sus empleados toda clase de ayudas, desde masajes para evitar el estrés. Aunque he visto que SS.SS. ponían cara
de sorpresa por mis cursos de convivencia y de resolución de conflictos, creo que es avanzar en algunas cosas y algunas propuestas muy prácticas de pequeños manuales, viendo que las empresas multinacionales están prestando ayuda a sus trabajadores.



La señora PRESIDENTA: En cuanto a las dos sugerencias que ha aportado, señora Alòs, por la cara que ponen SS.SS creo que se apuntarían rápidamente a alguna de ellas, pero no quiero opinar para que no se me interprete mal.



Vamos a dar participación a los portavoces de los grupos políticos que desean intervenir. Tiene la palabra la señor García, por el Grupo Izquierda Unida-Izquierda Verde.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Quiero dar las gracias, en primer lugar, a doña María Carme Alòs, alcaldesa de Navarcles, y decirle que yo también soy de Cataluña. En cuanto al comentario que ha hecho de nuestras caras, pues posiblemente, porque
llevamos muchos días de comparecencias unidas a las anteriores; por eso es quizá más sugerente su aportación y su valoración.
Lo interesante es que son comparecencias muy diversas, que es lo que se pretendía, y desde diferentes puntos de vista.
Al hilo de lo que nos ha comentado de que quizá nos podría extrañar su propuesta, quiero hacer una reflexión. Mañana viene la alcaldesa de otro municipio, y una de las cosas más interesantes de la aportación de los ayuntamientos -soy muy
municipalista y siempre lo digo- es porque esta institución es el ente local más cercano a los ciudadanos a donde llegan en primer lugar las problemáticas. Durante todos estos años en los que no ha habido recursos ni el planteamiento, como el que
hay ahora de ley integral que todos y todas celebramos muchísimo, los ayuntamientos han tenido que improvisar y resolver, muchas veces de manera espontánea y sin un planteamiento a corto, medio y largo plazo, sino dando salida al problema concreto.
Esto ha llevado a que muchos ayuntamientos o municipios de todo el Estado español, tengan experiencias diversas, como el caso de Navarcles que usted nos ha venido a plantear, y como el que seguramente escucharemos mañana. ¿Por qué? A esto me
quiero referir. Realmente, cada realidad es plural y diferente. Si alguna cuestión importante he recogido de lo que usted nos explicaba hoy, es que tendría que existir la posibilidad de adaptar los recursos a las necesidades. Si usted está
planteando esa necesidad, es porque sin duda en la población que usted representa hay unas condiciones donde posiblemente determinados cursos y cuestiones podrían ser verdaderamente positivas, de interés, y a lo mejor una manera importante de
abordar la problemática. Lo que quiero decir es que ha de haber unas medidas generales como las que plantea la propuesta de ley, medidas que evidentemente han de regular cómo se ha de desarrollar el ámbito educativo, el ámbito sanitario, en
definitiva el ámbito de los servicios sociales, que es donde Navarcles está dando solución; se está dando solución a este problema y a muchos otros. Posiblemente, esos servicios sociales de atención primaria están saturados o con problemática que
requieren una atención de mucha exclusividad y que no se está pudiendo atender como debería. Además de definir el ámbito sanitario, de coordinación policial, el educativo, etcétera, nadie mejor que cada municipio para conocer


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su propia realidad, y lo que no es preciso en un municipio puede ser necesario en otro. Aquí posiblemente es donde tienen cabida proyectos y propuestas propias que son complementarias y que de alguna manera pueden ayudar a resolver mejor
todavía este problema. Por tanto, desde este punto de vista estoy de acuerdo en que si usted lo está planteando, debe ser por algún motivo.



En todo caso querría saber, porque me he perdido unos minutos de su intervención, si usted como alcaldesa o su municipio han cuantificado el coste que como ayuntamiento están asumiendo en todo lo que es la atención a la problemática de la
violencia, si ésta ha ido a más o está estabilizada, si lo asumen exclusivamente como ayuntamiento o si han tenido o tienen aportación de alguna otra institución, ya sea comarcal, de la diputación o de la Generalitat. Me gustaría saber esto, porque
creo que es de interés ver cómo se está resolviendo la problemática y en definitiva como los ayuntamientos están asumiendo desde hace tiempo parte de la resolución de este problema.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sólo quiero manifestar a la alcaldesa lo que me ha interesado su comparecencia, que ya me pareció de enorme interés cuando fue propuesta por el grupo catalán, puesto que a quienes estamos en la circunstancia de
hacer normas nos parece que quien se va a ver en una circunstancia de este estilo debe tener siempre órganos judiciales cercanos, que pensamos funcionan bien -esa es nuestra pretensión teórica-, que habrá fiscalías, policías y medios bastantes,
tendiendo a pensar más en los grandes núcleos de población que en las realidades que usted nos ha descrito; realidad, por cierto, en la que para el número de población que tiene veo que no sé si usted o quienes le han precedido, ha sabido usted -si
me permite usted utilizar la expresión coloquial- sacarle chispas a los medios municipales para hacer frente a este asunto, respecto del cual es evidente que está usted enormemente sensibilizada.



El hecho de tener sólo una justicia de paz cercana hace que algunos instrumentos de los que nos sentimos orgullosos de haber establecido, como una orden de protección, resulten perfectamente inoperantes, o por lo menos mucho más lentos que
cuando exista un órgano de este estilo.
Quizá debiéramos haber utilizado la vía que desde algunas organizaciones feministas se nos pedía, dando a los policías la posibilidad de que la orden sea policial. Nos pareció mayor garantía judicializarla,
y a lo mejor eso no ha sido bueno, o por lo menos no es bueno en todos los casos. También tienen ustedes medios distintos y es todo más cercano. A mí me impresiona sobre todo -ya lo intuía, pero usted lo ha evidenciado de manera muy clara- lo
relativo al entorno. En un entorno pequeño es evidente que quien denuncia está a la vista de todos; todo el mundo se entera, todo el mundo se conoce, todo el pueblo es consciente de lo que está pasando, y a lo mejor ello influye en el número de
denuncias que posteriormente se retiran, para no parecer estar estigmatizada, digamos, respecto a una situación de este estilo. El que se dirijan a la propia corporación o a usted misma denota que por lo menos suscitan confianza en relación con una
situación tan personal y un asunto tan delicado, y me han parecido interesantes algunas sugerencias que hacía. Se ha referido usted a la importancia de la cercanía, y en relación con esto a la ayuda que presta la red del sistema sanitario. Nos
hemos referido a ello en distintas ocasiones y eso sí existe en todas las poblaciones, tanto para la tarea preventiva como para la detección precoz de algunos casos de esta índole, y a lo mejor -estoy ya pensando en qué nos puede servir su
comparecencia para trasladarla al texto de la ley-, en la medida que la ley sí contempla que va a existir dentro del Consejo Interterritorial una comisión específica dedicada a este problema en materia sanitaria, poder hacer diferencias en función
de la importancia de las poblaciones, de los demás medios asistenciales con que se cuente, y poder residenciar en el sistema sanitario cuestiones de esta índole, es algo bueno, aunque yo creo que motu proprio ya tienen una labor importantísima al
respecto. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)


Me ha parecido curioso lo de los cursillos. En Euskadi se puso en marcha una experiencia, que aunque no se parece a esto tiene algo que ver: se tuvo la idea de que a quien fuese a contraer matrimonio se le entregasen en todos los juzgados
unos libritos -no se dan cursillos, pero sí unos libritos- en los que se indica cuál es el régimen económico al que se van a ver sometidos o qué posibilidades tienen. En Euskadi existe la comunicación foral y se pueden casar en gananciales o en
régimen común, y se trata de que se sepa porque luego, cuando llegan las separaciones o en determinadas circunstancias, ocurre que se les dice: a usted le afecta esto, usted es aforada, y contesta: ¿Qué me está usted diciendo? Había quien decía
que era de mal augurio que desde el primer momento se les preparara para la patología de la relación, pero a lo mejor no estaría mal, y puesto que también en esta Cámara -por lo menos así lo ha anunciado el Gobierno- está previsto que haya algunas
modificaciones en materia del régimen matrimonial, al menos en lo que hace referencia a la separación, quizá debiéramos valorar la conveniencia de que también hubiese alguna formación específica y concreta respecto de quienes contraigan matrimonio.
No sé si esto será asumido por las demás formaciones, pero cuando menos ante la sorpresa con la que la hemos mirado, quizá sí debiéramos darle a esto una vuelta más e intentar que exista algo sobre una mayor formación o preparación para quien decide
este tipo de convivencia, aunque nos encontraríamos que esto sólo nos sirve para las uniones matrimoniales, no para las uniones de hecho, en que no habría esta posibilidad y la violencia


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se produce en parecidos números en ambos tipos de familia. En todo caso, además de que quede constancia del interés que nos ha suscitado, quiero preguntarle sobre lo que usted conoce del texto de la norma, además de lo que le he indicado de
tener una especial atención respecto del sistema sanitario, en qué cree que podemos hacer algo que supusiese una contemplación distinta de los núcleos de población que no son los que específicamente van a tener los órganos judiciales que el propio
texto de la norma prevé o que tienen una lejanía respecto de las posibilidades asistenciales, de pisos de acogida o similares que sea propio de una norma con rango legal y que pueda ser objeto de inclusión dentro del texto.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En representación de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Mi intervención irá mucho en la línea de la señora Uría, y por tanto no voy a extenderme mucho.



Quiero agradecer la presencia de esta alcaldesa de una población rural porque hemos estado hablando de esta ley durante unos días, y como todos pensábamos en las grandes poblaciones no se ha introducido una variante para estas necesidades,
que no se van a ver cubiertas por la ley. La pérdida del anonimato en una población pequeña, que es lo que realmente debe incidir en la renuncia a la denuncia, y lo que ha aportado la señora Uría, que podía ser interesante, respecto a conseguir una
ley de protección que no fuera a través del juzgado, sino a través de la policía, supone un asunto a considerar. ¿Qué opina sobre esto? Igualmente, y con el ánimo de reunir recursos, ¿cree usted que sería interesante tener un psicólogo -por
ejemplo- o un mediador una vez a la semana en el centro de salud? Son medidas que quizá se podrían prever ya y que podrían ayudar un poco a solventar estos casos en esas poblaciones, a detectar los casos de violencia. En cuanto a las casas de
acogida y a los centros de recuperación, si usted ha leído la memoria económica, debería introducirse una variante para los lugares en que hay mucha población dispersa; si no, las medidas se reducirán a las grandes poblaciones.



Ha insistido usted en la prevención por la educación, y yo creo que nunca llegaremos a poner medios suficientes. Desde luego, no podemos obligar a nadie a ir a un curso, y seguro que las personas interesadas no irían.
Sin embargo, creo que
deberíamos pensar en algunos medios. Si no es el librito, habrá alguna otra cosa. Ahora tenemos unos días para pensar.
Usted ha señalado una dirección, y creo que los que estamos aquí debemos pensar en ello.



Por último, está la financiación. Hay que repasar bien la memoria económica; ya lo ha dicho la señora García: hay que evaluar los gastos que puede tener un ayuntamiento por persona que denuncie o que pueda denunciar, e introducir la
cifra. Si no, se quedarán ustedes igual.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En representación de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Bona tarda, señora Alòs. Le agradecemos su comparecencia y la exposición que nos ha hecho.



En Convergència i Unió pensamos que, además de tener la opinión de los comparecientes que nos la han dado desde el punto de vista profesional o de su experiencia política o administrativa, era interesante ver de qué manera incidían las leyes
que se hacen aquí en las grandes ciudades y cómo llovía esto sobre municipios más pequeños, sobre la gente que vive en poblaciones como la suya, en las que sólo hay un juzgado de paz: no hay juzgado de primera instancia, no hay juzgado de
instrucción, no hay casa de acogida, no hay pisos tutelados, etcétera. Desde este punto de vista, lo que nos ha transmitido usted es importante.



Por mi parte, quisiera añadir un dato que he tenido la oportunidad de comentar antes con usted, cuando le he preguntado cómo funcionaba la orden de protección -cómo llovía- en un pueblo de 5.000 habitantes: usted me ha contestado que no se
había dado ni una sola orden de protección. Lo digo porque, muchas veces, tenemos aquí la sensación de que, cuando se hace una ley, esta ampara y tutela a toda la población. Qué duda cabe de que, en su acepción literal, en la descripción legal,
esto es así. Sin embargo, esto no llega a los destinatarios, a todos los que debería llegar.



Ha dado usted unos datos que ya se conocían, que creo que son bastante ilustrativos y que, de alguna manera, conducen a su propuesta de los cursillos, a su propuesta de formar a la gente en métodos de resolución de conflictos. Nos ha dicho
usted que, de cada 10 denuncias, sólo se mantienen tres; no digo que prosperen ni que se condene: se mantienen tres; de modo que se retiran casi siete; no se ratifican casi siete. ¿Por qué?, podríamos preguntarnos. De entrada, el juzgado está
lejos. Esas medidas que prevemos aquí de cambiar de centro de trabajo en otra localidad, por ejemplo, sería imposible. Dudo que en su pueblo haya centros de trabajo que tengan centros en otras localidades, por las dimensiones de la población.
Están los colegios de los niños, las plazas en otros sitios, el desarraigo social, el desarraigo familiar, la falta de pisos tutelados y de casas de acogida, etcétera.



Decía la señora García que, si proponía usted esto, sería por algo. ¡Claro que es por algo! Usted lo que quiere es que la gente aprenda a resolver los conflictos de manera que no tenga que acudir a todas estas soluciones, porque,
sencillamente, no existen, no llegan, no pueden llegar. Su propuesta va directamente a cómo ayudar a las personas a no pelearse. Yo lo entiendo, lo que pasa es que a mí me parece que la violencia de


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género no viene de no saber resolver las diferencias de otra manera. Ni siquiera hay diferencias; lo que hay es imposición por la fuerza bruta, psicológica o física, del imperio y la dominación de uno, que quiere que el otro esté dominado.



Se ha dicho aquí que la gente, si quiere, puede aprender a resolver sus conflictos de otra manera. ¡Naturalmente! Lo que pasa es que, cuando prefiere acudir a estos métodos de dominación, no quiere resolverlo de otra manera. Éste es el
apunte que yo le hacía, entendiendo muy bien lo que usted propone ¿Cómo lo va a resolver si no?


Yo le agradezco que nos haga ver cómo llegan las propuestas a este tipo de poblaciones pequeñas y me gustaría que nos lo tradujera en propuestas concretas -me imagino que ha leído el proyecto de ley y la memoria económica-, si el tipo de
protección social que se diseña en el proyecto de ley es suficiente, cómo cree que va a mejorar la situación en la que usted como alcaldesa se encuentra para dar respuesta a las situaciones de conflicto derivadas de violencia de género que hay en su
población, cómo va a mejorarlo este proyecto de ley o qué cosas debiéramos introducir para que realmente fuera efectivo para poblaciones en las que no hay este tipo de servicios que estamos tan acostumbrados a pensar que existen que creemos que son
universales. Me gustaría saber cómo hay que diseñar los servicios para que tengan una extensión a todo el territorio y que todo el mundo que se encuentre en una situación de violencia de género denuncie o no denuncie, o se asesore o tenga un
soporte psicológico primero desde los propios servicios municipales para que pueda después pedir una orden de protección y se le pueda dar; cómo tendría que ser el servicio de casas de acogida, si se tendría que diseñar que no estuvieran todas en
las poblaciones grandes, etcétera.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.



La señora QUINTANILLA BARBA: En primer lugar, señora Alòs, querría darle la bienvenida a esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y decirle que es un honor para este grupo y para todos los
grupos, como no puede ser de otra manera, que comparezca una alcaldesa de un municipio de 5.000 habitantes. Además, ha dicho algo importante, y es que tiene esta red de servicios sociales, este centro de atención primaria y este juzgado de paz que
tiene que mantener con un gran esfuerzo presupuestario, e indiscutiblemente tendrá que hacer muchas cuentas a lo largo del año. ¿Por qué le digo esto? Porque desde mi grupo tenemos constancia, y todos los grupos lo saben, que una mujer víctima de
malos tratos es una mujer desestructurada mental y físicamente. Usted ha dicho algo importante y es que esa mujer rural acude a la concejala, acude a la alcaldesa a pedir ayuda, y esa ayuda conlleva -lo decía muy bien la señora Pigem pero yo quiero
volverlo a remarcar- que presente la denuncia e inmediatamente después retire la denuncia como consecuencia de falta de trabajo porque la mujer víctima de malos tratos mayoritariamente depende económicamente del maltratador y por tanto no puede dar
de comer a sus hijos al día siguiente, y por otra parte está claro que no puede salir del pueblo porque sus hijos van a faltar al colegio. Por tanto, existe el desarraigo social de esa mujer víctima de la violencia y de esos niños víctimas
invisibles de la violencia doméstica. Desde ese planteamiento y desde esa reflexión me gustaría hacerle algunas preguntas con respecto a la ley, porque usted no sólo está aquí como alcaldesa, sino como mujer preocupada, como todos los hombres y
mujeres que hemos sido capaces de transmitir que la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres sino que es un problema de la sociedad en general. Me gustaría conocer su punto de vista como alcaldesa de un pueblo de 5.000
habitantes que nos pueda ayudar a acoger, a proteger y a prevenir la violencia que sufren las mujeres del medio rural en España, mujeres del medio rural que todavía mantienen mayor silencio sobre esos malos tratos porque no tienen la prevención ni
la cobertura social que tenemos que facilitar no solamente por ley sino también creando una red social de ayudas económicas que necesitan esas mujeres.



Por tanto, desde ese planteamiento, a mí me gustaría plantearle algo. La propia ley, en el artículo 23, establece ayudas sociales. En mi grupo parlamentario creemos que se queda corta la ley. ¿Por qué? Porque establece dos tipos de
víctimas de violencia de género: las mayores de 55, años que van a recibir una prestación equivalente al cómputo del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional cuando carezcan de rentas superiores y, asimismo, aquellas que, con 50 años de
edad, tengan responsabilidades familiares. Desde nuestro punto de vista, con independencia de la orden de protección que establece una renta de inserción activa de 300 euros durante 10 meses y que fue consensuada por todos los grupos
parlamentarios, esta ley que hoy se trae al Congreso de los Diputados es importante y quiero saber su punto de vista -hablando de que la víctima depende económicamente del maltratador- sobre si deberíamos ampliar las ayudas económicas previstas en
el artículo 23 con independencia de esa renta de inserción activa que efectivamente puso en marcha el Pleno del Congreso de los Diputados y, en su día, el Gobierno del Partido Popular. También me gustaría preguntarle algo. El artículo 15 establece
-y lo recoge muy bien- el derecho a la asistencia social integral, pero me pregunto si con lo que se plantea en la memoria económica -que usted habrá visto- vamos a poder llevar esa información a las víctimas en los pueblos de 5.000, 3.000 ó 300
habitantes. ¿Cómo cree que podemos enriquecer nosotros este artículo? También echo de menos en la ley el fondo de alimentos a favor de las víctimas y


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de sus hijos en la situación de maltrato. Nuestro grupo parlamentario quiere que usted como alcaldesa, como mujer comprometida con su pueblo, con su medio rural, pueda ayudar a esas mujeres que acuden a usted -que no van al juez, que acuden
a usted- y a la concejala y a las que en muchas ocasiones no se puede proteger porque no hay servicios para ello.
Dígame cómo ve este tema del fondo de alimentos.



Quiero reiterarle las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por su comparecencia en esta Comisión.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Por último, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Esteve.



La señora ESTEVE ORTEGA: Buenas tardes, señora Alòs, y bienvenida, querida amiga, porque con la alcaldesa de Navarcles hemos discutido, trabajado y nos hemos empeñado muchísimas veces en cambiar una realidad a menudo hostil. Por tanto, es
doble el placer de que hoy esté con nosotros y le doy las gracias también por parte de mi grupo.



A partir de su intervención se me ocurre, señora Alòs, hasta qué punto llegan a condicionar la vida de las personas las características del territorio. En este caso lo vemos claramente. Sus ejemplos ejemplarizantes -valga la redundancia-
nos muestran cómo una situación no urbana, rural, semirrural, semiurbana, pero en todo caso alejada de grandes conurbaciones, presenta unas características absolutamente diferentes que obligan por fuerza a buscar respuestas también con carácter
diferente. Se me antoja que el hecho del mundo rural o semirrural, con esa dispersión territorial y con una escasez en cuanto a los recursos inmediatos -aquellos a los que tenemos más necesidad de acceso-, seguramente nos obliga cada vez más a
utilizar estrategias distintas y quizás esta ley, en este marco amplio, nos pueda permitir avanzar en este tipo de respuestas. Por ejemplo, se me ocurría -yo sé que usted va a estar de acuerdo, porque esto lo hemos discutido muchas veces- que
además de las respuestas de tipo gubernamental, de los recursos existentes, son importantes las respuestas de tipo comunitario. Cuántas veces nos hemos referido a que cuanto más fuerte está una comunidad para dar respuesta a los problemas que se le
plantean, mucho más éxito vamos a tener, mucho más va a crecer esta comunidad y mucho más van a crecer sus respuestas.
Yo creo que era en este sentido en el que la alcaldesa nos planteaba medidas que surgieran de la propia comunidad, porque
fortaleciendo a la misma, también estamos ayudando a superar los problemas que plantea. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la importancia de la ayuda mutua. Esto no sustituye para nada una red basada en la ayuda mutua, en la sensibilización de una
sociedad, de un pueblo, de una comunidad de 5.000 habitantes en relación con temas tan delicados como son la violencia de género, también nos es más fácil llegar a la información, nos es mucho más fácil sensibilizar, nos es mucho más fácil crear
redes de apoyo y nos es mucho más fácil que la propia comunidad devenga en un recurso para las mujeres y para la propia comunidad. Pero esto, evidentemente, no ayuda ni modifica lo que, por otra parte, es imprescindible -plantea la ley- que es que
realmente hemos de organizar de una manera integrada una respuesta contundente a las situaciones de violencia, tal y como señalaban mis compañeras en las anteriores intervenciones.



En este sentido, yo le quiero hacer algunas preguntas. A mí se me ocurre que entre las respuestas gu­bernamentales, una vez aprobado este proyecto de ley -me estoy refiriendo al artículo 15 y a otros artículos-, se hace necesario
indefectiblemente un pacto entre el Estado, las comunidades autónomas y entre los propios ayuntamientos con los entes locales intermedios en forma de consejo comarcal, etcétera, para poder organizar las respuestas, los recursos imprescindibles y los
modos de financiación, donde evidentemente las comunidades autónomas tendrán que contribuir liberando a los municipios, que ya están suficientemente cargados y presentan insuficiencia financiera manifiesta. Después de esto, tendremos que ver cómo
hacemos esta red de apoyo, pero a mí se me ocurren dos o tres temas muy concretos sobre los que me gustaría conocer su opinión.



Primero, hablamos de una red integrada. Usted hablaba del protocolo. Este protocolo lo que pretende es integrar las respuestas a partir de todos los servicios que hay en el territorio. Ha señalado dos básicos: los servicios sanitarios y
los educativos, y tenemos los servicios sociales, evidentemente infradotados, estoy de acuerdo con usted. Mi pregunta es: A partir de esta organización imprescindible, necesaria y de una cierta ampliación de recursos que tendrá que darse por
supuesto, ¿no sería necesario tener una línea específica que vaya directamente al intersticio de las políticas de igualdad y concretamente al tema de la erradicación de la violencia de género? Eso implica una manera de entender cómo intervenimos,
una manera de formar a los profesionales e integrar profesionales distintos a los actuales -usted hablaba de mediador y psicólogo-, que evidentemente hoy no se contemplan en las estructuras básicas de los servicios asistenciales que tenemos en el
territorio. No importan dónde se ubiquen, lo importante es que estén. ¿Comparte usted este criterio? ¿Es imprescindible esta especificidad dentro del conglomerado de respuestas de los servicios de bienestar?


Segundo, con relación a la ayuda mutua, ¿qué papel puede tener en este caso la alcaldesa de un consistorio en el fortalecimiento de la comunidad para dar respuestas que generen una organización informal que, junto con las respuestas
gubernamentales, multipliquen los esfuerzos sobre todo en el mundo rural, al que hacemos referencia? Estas estrategias, ¿deberían ser asumidas por los ayuntamientos, pueden ser asumidas, es posible, lo está haciendo usted? Me consta que está en
ello.



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Finalmente, quería señalar la importancia de los recursos intermedios, tal y como planteaba la anterior portavoz. Evidentemente, hay que ampliar las respuestas, pero no es necesario tenerlas al lado de casa, sino que lo importante es que
sean accesibles. ¿Qué tipo de recursos cree que serían imprescindibles, como casas de acogida o centros de atención de urgencias, y qué tipo de ubicación deberían tener? ¿Cuáles serían los mínimos indispensables para dar una respuesta con carácter
inmediato las 24 horas del día y desde qué distancia aproximada?


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente la alcaldesa de Navarcles, la señora Alòs, tiene la palabra.



La señora ALCALDESA DE NAVARCLES (Alòs i Pintó): Señorías, me han hecho tantas preguntas y a la vez me han dado tantas ideas que voy a ver si hago un resumen y les puedo contestar.



Cuando he dicho que no tenemos pisos tutelados ni casas de acogida, es que yo tampoco las quiero, sino que lo que quiero es que se marche el agresor. Esto no lo he dicho, pero imagino que lo compartimos. ¿Por qué a una persona que ha sido
agredida, que tiene su autoestima por el suelo, que está sufriendo enormemente desde hace mucho tiempo y que se atreve a denunciar, siguiendo el proceso su curso porque no retira la denuncia, le decimos luego que somos tan buenos que le hemos
conseguido un albergue para la juventud, que se va a ir a él un máximo de 72 horas con sus hijos y que además no va a volver a su casa porque la policía se va a encargar de recoger sus enseres? ¡Esto es de locos! ¿En qué país vivimos? No.
Quien
se tiene que marchar es el agresor. Ni en mi municipio ni en los alrededores de mi comarca tenemos pisos tutelados o casas de acogidas, pero es que quien tiene que marcharse es el agresor y ustedes son quienes tienen que hacer la ley para que ello
ocurra. Al agresor se le pone una denuncia y luego se ve si la retiran o no; si la retiran, bien, pero, como la mujer tiene miedo, se ha marchado, produciéndose un desarraigo de sus hijos, un desarraigo social, profesional y personal. Así pues,
quien quiero que se marche es el agresor y ustedes tiene que hacer la ley para ello. Se lo pido en nombre de Navarcles.



La cercanía. Tenemos dos pilares básicos que siempre mencionamos y de los que hemos hablado profundamente y con esperanza: educación y sanidad. La diferencia entre los dos es que educación proyecta a largo plazo, pero también de lunes a
viernes y a una edad determinada, mientras que sanidad lo hace durante toda nuestra vida, desde que estamos embarazadas hasta que tenemos Parkinson o demencia senil. Durante toda la vida, 24 horas al día, 365 días al año. El tercer eje son los
servicios sociales. Yo he manifestado que en mi municipio, pero también en los municipios parecidos al mío, contamos con servicios sociales buenos. Ahora no está la señora Uría, pero mi municipio fue el primero que en el año 1979 contrató a una
trabajadora social, el primero de la comarca de Barcelona con menos de 5.000 habitantes que contrató la telealarma. Es algo que hicieron los alcaldes que me han precedido y yo lo continúo. Así pues, tenemos buenos servicios sociales, pero tenemos
el problema de que está burocratizado de 8:00 a 15:00 horas. Pues bien, una de las soluciones que yo propugno, algo en lo que tenemos que trabajar, es que tenemos que tener un centro o de referencia o de urgencias y permítanme el ejemplo, que
creo que también es ilustrativo. Un alcalde vecino de mi población me decía: Tengo un problema de violencia doméstica y vienen a mí porque no suele ocurrir de 8:00 a 15:00 horas, sino que suele pasar los fines de semana o por la noche o de
fiesta, pero es que, cuando tengo que canalizarlo, me encuentro con el problema de los servicios sociales, esto es, que tengo durante media jornada a un trabajador social de Cáritas, durante otra media jornada a un trabajador social de la
municipalidad, de mi municipio, porque es un municipio más pequeño y lo comparte con otro municipio, y a otro trabajador social que se comparte con el centro de atención primaria. ¿A quién lo derivo? Si la mujer denunciante todavía está en el
proceso y no ha hablado nunca de su problema ni con Cáritas -a ella le parece que no tiene que hablar con este profesional para que haga el informe- ni con los servicios sociales municipales, ¿a quién lo derivo? Hay que sumar sinergias, una palabra
que a todos nos gusta, pero ¿cómo lo vamos a hacer en el territorio?, ¿cómo lo tenemos que hacer? Ampliando los servicios sociales para que haya un punto de referencia.
Ayuda económica. Por supuesto que es insuficiente, pero si podemos conseguir
que la mujer no se desarraigue de su medio con una ayuda desde la Consejería de Servicios Sociales, desde la municipalidad, desde la comunidad, desde las empresas, habremos logrado mucho. No he oído toda la intervención del compareciente que me ha
precedido, pero tenemos que atender muchas llamadas respecto a horarios de los niños, visitas a los colegios, por lo que estamos dando el mensaje de flexibilidad en las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hablamos de la recogida selectiva con el
polígono industrial, aprovechamos y sumamos sinergias. Si nos referimos al sector textil del Bagés, de la zona de los ríos Llobregat y Caldés, muchas mujeres tendrán que ausentarse por diferentes motivos, por lo que pedimos que sean flexibles en
este sentido. La proximidad, el conocimiento mutuo que tenemos con estas empresas, nos permite decirles que vamos a resolver el problema de iluminación que tienen en su polígono, de recogida de escombros, pero al mismo tiempo hablamos de otros
temas. La señora Uría hablaba de los bodas civiles. En los municipios sabemos las personas que se empadronan, por lo que podemos controlar a las parejas de hecho en esta posible formación de convivencia. No hemos cuantificado lo que dedicamos
desde los servicios municipales a atender a estas posibles víctimas. Para atender a este equipo de profesionales recibimos


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un tercio de su coste, aparte de las incidencias profesionales que puedan tener, como bajas laborales por enfermedad, por maternidad, vacaciones, etcétera, que tiene que asumir el municipio. Aportaciones que recibimos.
Diputación de
Barcelona y Generalitat hacen pequeñas aportaciones para el tema de prevención: charlas, exposiciones, etcétera. El problema ha aumentado en mi municipio. Tenemos una colonia importante de emigrantes ecuatorianos integrados laboralmente, pero las
mujeres sufren agresiones por parte de sus parejas o de sus maridos. Estas personas, en el momento en que se van integrando en las asociaciones de mujeres, en la coral del municipio, en charlas o talleres, manifiestan la agresividad que reciben por
parte de sus compañeros. También aumenta en la población autóctona.
¿Qué tenemos que hacer? Partimos de la base de que el agresor es el que se tiene que marchar de casa, tenemos que dar la máxima atención a la mujer con su núcleo familiar,
potenciar su autoestima, sus amistades, su familia, etcétera. En los municipios pequeños el anonimato casi no existe, pero la detección es mucho más fácil, porque está la amiga que puede decir: no viene a trabajar, está sufriendo, le pasa esto,
etcétera.
Es decir, lo que es malo por un lado, es bueno por otro.



En cuanto a las ayudas sociales, hay que aumentar toda esa red de la que he hablado antes, hay que incrementar las horas de trabajo social y sumar otros profesionales. El médico de cabecera, el médico de familia, seguramente necesita la
ayuda complementaria de un psicólogo, de un mediador, de una persona que sepa resolver conflictos y que le ayude a visualizarlos. ¿Dónde tienen que estar? Esto no importa, lo importante es que la mujer lo tenga cerca y que pueda acceder fácilmente
a él en el momento en que lo necesite y cuando haya interiorizado el problema que vive y pueda verbalizarlo. Es importante que esos servicios estén accesibles en ese momento.



¿Por qué llegan tan pocas denuncias? ¿Por qué no existe esa orden de protección? Los policías locales de municipios como el nuestro serían un buen recurso profesional debido a la fisonomía que tienen: están las 24 horas del día, los 365
días del año, conocen el territorio y saben qué personas tienen denuncias anteriores. La Policía local sería un buen medio de canalizar este tema. De todas formas -haré un paréntesis- no todos los municipios tienen Policía local. Hay municipios
más pequeños que tienen guardias municipales que no han recibido cursos de formación especializados, de aquí mi preocupación. Ustedes se han expresado mejor que yo cuando he hablado de dar herramientas para solucionar este tema.
Los policías
locales, cuando son funcionarios, pueden pasar a la escuela de Administración de Policía y reciben cursos de formación específica, pero los municipios menores de 5.000 habitantes no tienen Policía local y en muchos, como en el mío, el problema de
financiación tampoco nos permite tener esa formación, a pesar de que estamos haciendo un esfuerzo para formarlos en cursos de formación.



No sé si he respondido a todas las preguntas. He intentado responder globalmente. Disculpen si no he respondido a todas.



La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Gracias, señora Alòs.



Como alcaldesa, con la experiencia de un municipio pequeño, nos ha dibujado un perfil muy importante sobre cómo se pueden acometer actuaciones combinando recursos y, a veces, echando a volar la imaginación, que en ocasiones nos hace mucha
falta. Todos los grupos le han felicitado por su intervención y yo también quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' mi felicitación por su dedicación y esfuerzo.



Se suspende la sesión durante diez minutos. (Pausa.)


- DE LA SEÑORA REPRESENTANTE DE TAMAIA, ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. EXPERTAS EN ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO A MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO, DE BARCELONA (CARMONA MARTÍNEZ). (Número de
expediente 219/000038.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, si les parece oportuno y conveniente, vamos a dar comienzo a la comparecencia de la representante del grupo Tamaia, que es la asociación de mujeres contra la violencia familiar de
Barcelona. Su nombre es Lluisa Carmona, licenciada en historia y experta en todos los ámbitos de la violencia contra las mujeres.



Tiene la palabra.



La señora CARMONA MARTÍNEZ (Representante de Tamaia): En primer lugar, como supongo que han hecho todos los comparecientes, quiero mostrar nuestro agradecimiento por la invitación a estar aquí. Para nosotras es un honor y, además, estamos
encantadas de colaborar en lo posible en la mejora de un instrumento tan importante como la es la ley. Sé que llevan todo el día escuchando, así que una se plantea cómo va a ser el reto de tratar de transmitir algo de una manera mínimamente
asimilable para ustedes, que deben estar agotadas, y, por otro lado, sabiendo que han pasado por aquí muchas personas que han hecho aportaciones muy interesantes, especialmente destacaría las de las compañeras de las organizaciones de mujeres. En
todo caso, y con el tiempo de que disponemos, he tratado de hacer un esfuerzo por sintetizar algunos comentarios que pensaba que quizá podrían enriquecer el trabajo que ustedes tienen que llevar a cabo. También quiero decirles que esta es una tarea
difícil para cualquiera que trabaje


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en este tema. Como ustedes saben, tener tan poquito tiempo es todo un handicap, únicamente superable por la experiencia que tenemos las organizaciones de mujeres de hacer mucho con poco. Confío en esta habilidad que he desarrollado durante
más de 14 años -empecé muy jovencita en este tema-, pues no nos ha quedado más remedio.



Evidentemente, no vamos a hacer aportaciones desde el ámbito jurídico -porque no es el nuestro, aunque trabajamos muy estrechamente con él-, sino reflexiones desde nuestra experiencia de más de 12 años de trabajo en esta problemática.
Quiero decirles que -y les traigo algo de documentación- el abordaje que hacemos desde nuestra entidad es, por un lado, heredero de un trabajo de mucho tiempo y de muchas entidades y movimientos de mujeres -y es para nosotras un honor situarnos como
herederas-, pero, por otro, por el interés de llevar a cabo programas de intervención en esta problemática que traten de reunir lo que nosotras llamamos reflexión y acción. Cuando iniciamos este proyecto nos parecía muy importante combatir un poco
esa disociación que a veces puede haber entre la acción -hacer cosas contra esta problemática o a favor de las víctimas- y el ámbito del análisis. De hecho eso es lo que ha llevado a que en estos años desarrollemos programas de intervención para
las víctimas, las mujeres, y para sus hijos, pero también programas de participación social y de prevención con jóvenes, con grupos de mujeres, con la población en general y programas de formación. Impulsamos, y ha sido toda una lucha ponerlos en
marcha, los primeros estudios académicos sobre violencia doméstica con la Universidad Autóno­ma, porque nos parece importante avanzar en la reflexión y en el conocimiento de esta problemática. Nos situamos ahí, dentro de lo que sería la reflexión y
la acción, con el interés puesto en contrastar continuamente lo que aprendemos y reflexionamos con la propia experiencia; me parece que en este campo, y no sólo en este, es especialmente importante. Desde esta acción y esta reflexión hemos tratado
de sintetizar algunas reflexiones que puedan serles de interés, aunque quizá otras compañeras hayan planteado cosas similares.



Hemos tratado de ser muy sintéticas y decir los tres handicap fundamentales, las tres dificultades que le vemos a este texto y que están un poco en relación con aspectos de fundamentación. Por un lado, lo que tiene que ver con las causas de
la violencia. A nuestro entender, y con la experiencia que tenemos de trabajo, es fundamental que todo instrumento de intervención en esta problemática participe de un análisis causal mínimamente consensuado. Vamos avanzando en el tema y hoy en
día ya tenemos algunos elementos bastante consensuados, pero nos parece importante situar cuáles son las causas que obligatoriamente tenemos que tratar de modificar con todos los instrumentos a nuestro alcance y una ley es un instrumento muy eficaz
para tratar de erradicar esta problemática. Este tiene que ser nuestro objetivo y el espíritu de la ley. Desde este punto de vista nos parece que la formulación que se hace en torno a la causalidad de la violencia hacia las mujeres, de la
violencia de género o de género en la pareja es un poco generalista y, a nuestro modo de ver, poco rigurosa, si me lo permiten. Creemos que sería importante ir un poco más allá al decir que tiene que ver con la discriminación, con la desigualdad.
Tenemos que tratar de situar con mayor precisión las causas de este fenómeno y cómo se desarrolla esta causalidad en cada proceso de violencia. Dentro de esto, hoy en día pensamos, y no sólo nosotros, sino a nivel internacional, que esta es una
problemática que tiene múltiples causas -evidentemente es un fenómeno histórico- y que se ha desarrollado a través de múltiples factores: sociales, culturales, familiares; dentro de esa complejidad. No voy a explicar esto porque ustedes lo saben
de sobra, pero si tuviéramos que destacar un factor causal esencial y que a nuestro modo de ver está poco presente en el texto de la ley y, por tanto, es un handicap intervenir sobre él, es el tema del género. El término sí está presente, sí
aparece, pero no como el factor causal esencial. Nuestra experiencia en estos 12 años, en que hemos trabajado con 3.500 mujeres, nos lleva a decir que si realmente hay un elemento transversal en todos los procesos de violencia es el género, la
socialización de género. Eso es realmente lo que nos hace vulnerables al género femenino, lo que nos hace vulnerables a las mujeres frente a la violencia doméstica o la violencia en la pareja. A nuestro modo de ver, no es el único factor, pero sí
un factor transversal a todo este marco cultural, social, familiar, etcétera.



Por nuestra experiencia en el trabajo, en la prevención -en los últimos dos años habremos trabajado con más de 2.000 estudiantes-, les tengo que decir que muchas veces es un trabajo bastante triste porque hemos comprobado que realmente se
han modificado escasamente esos contenidos de género tradicionales y especialmente aquellos que podemos decir que son contenidos de riesgo que deben ser visibilizados y respecto a los cuales debemos crear instrumentos para transformarlos. A nuestro
modo de ver, está poco presente en el texto de esta ley e incluso cuando hablamos de educación, de impulsar una asignatura, etcétera. Sería esencial que realmente situáramos la causalidad del fenómeno y esos contenidos de género tradicionales que
arrastramos históricamente y que aquí sabemos muy bien todos, especialmente en aquellos aspectos que son de riesgo para la violencia. Ese es el factor común que tienen todas las mujeres de diferente condición social, de diferente formación o de
diferente perfil: el hecho de estar socializadas por medio de unos contenidos que, en algunos aspectos, son contenidos de riesgo. Este es el primer aspecto sobre el que nos parece importante reflexionar: situar con mayor claridad la causalidad y,
dentro de ella, el género como factor sobre el que intervenir para transformarlo. Me parece que tenemos pocas posibilidades si no conseguimos modificar esos contenidos de riesgo que, según nuestra


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experiencia, no están casi nada modificados, pese a los cambios aparentes y a los 25 años de democracia. Muchas veces el trabajo de prevención con los jóvenes es bastante triste, porque comprobamos que, debajo de las apariencias de
transformaciones en cuanto a la igualdad formal, etcétera, pocas cosas han cambiado, especialmente en lo que tiene que ver con los factores de riesgo de la violencia. Si situáramos con mayor claridad cuáles son las causas esenciales que tenemos que
abordar, podríamos también diseñar instrumentos más eficaces para transformar la causalidad.
Si no, no sé como vamos a poder hacerlo. Creo que los temas más genéricos de desigualdad no son realmente eficaces. Hace 25 años que las mujeres de este
país alcanzaron logros importantes en términos de igualdad y contra la discriminación, y eso no ha erradicado la violencia, y tenemos ejemplos de otros países.



Hasta aquí, el primer elemento fundamental. Quiero decir también que en el texto de la ley aparece continuamente la resolución pacífica de los conflictos -la ponente anterior lo ha comentado también-, aparece muchísimo. Lamentamos que ese
tipo de intervención tenga tal presencia.
Ya hace bastante tiempo que la literatura internacional sobre el tema -y también nuestra experiencia- nos permite establecer con bastante claridad la diferencia que hay entre conflicto y violencia. Como no
tengo mucho tiempo, no puedo alargarme; pero quiero citar a Jorge Corsi, por ejemplo, consultor internacional sobre el tema que en sus obras lo dice con mucha claridad. Quiero decirles también, desde nuestra experiencia de trabajo con las mujeres,
que las mujeres maltratadas son auténticas expertas en la resolución -o, al menos, en el intento de resolución- pacífica de los conflictos.
Buena parte de las secuelas que arrastran tienen que ver, precisamente, con esa especialización que,
lamentablemente, tienen que desarrollar.
Cuando la violencia se inicia en una pareja joven, fruto de esta socialización de género que todavía hoy en día normaliza los abusos cuando se presentan en sus formas más iniciales, no hay conflicto, porque
nuestra socialización de género lo da como normal todavía. Cuando la violencia está instalada de forma intensa, cuando se instala el ciclo y empieza a aparecer el miedo y las secuelas, es difícil plantear el conflicto. Además, la mujer maltratada
tratará de resolver lo que ella también interpreta muchas veces, fruto de los mensajes sociales, como un conflicto de pareja. Los conflictos de pareja y los conflictos familiares son extraordinariamente útiles, ayudan al crecimiento y al
desarrollo. Al menos eso nos dicen los expertos, y yo -como terapeuta-, también estoy absolutamente convencida; aunque, cuando una está dentro, son bien difíciles. Sin embargo, no tienen nada que ver con la violencia. La violencia no es un
conflicto, es algo que tiene características específicas.



Esto me lleva a hablarles del segundo punto crítico que queremos plantear: la definición que aparece en el texto de la violencia y del abuso. Si queremos erradicar este fenómeno, es importante, primero, saber cuáles son sus causas, al
menos, por lo que hoy en día conocemos. Segundo, necesitamos tener situado de qué tipo de problema estamos hablando. No podemos dejarnos llevar por definiciones generalistas, porque eso no nos ayuda; ya hemos visto que no nos ayuda, lo vemos en
la práctica, y lo vemos continuamente. Hablamos de procesos de violencia. Hoy en día ya sabemos que no son hechos puntuales, que no son situaciones de violencia física solamente sino que son procesos complejos y largos en el tiempo.
Nuestra
experiencia de trabajo en un centro no residencial donde acompañamos a las mujeres a lo largo de mucho tiempo en cualquier momento del proceso de violencia, desde una chica joven que tiene su primera pareja y presenta indicadores de abuso hasta una
mujer jubilada con un proceso muy avanzado -por decirlo de alguna forma- de violencia intensa, nos ha llevado a ver elementos comunes en todo este proceso. Por tanto, es un proceso largo y complejo que cuando se inicia lo hace de una manera muy
sutil, como deben saber, y que normalmente no tiene que ver con la violencia física. A nuestro modo de ver, la definición que se hace en el texto de qué tipo de problema estamos hablando es una definición que no va a ayudar mucho a intervenir
eficazmente. Creemos que es fundamental para poder hacer una de las cosas que la ley pretende hacer, que es la identificación y la detección, saber y conocer cómo es ese proceso para evitar lo que ahora mismo está ocurriendo, y es que prácticamente
sólo se interviene de forma general cuando nos enfrentamos a procesos ya muy agudos de violencia. Fíjense que muchas veces se dice que este tema es como un iceberg sumergido. La punta del iceberg son esos casos terribles que estallan públicamente
cuando presentan esos niveles de gravedad y de violencia aguda. Realmente tenemos que trabajar para que salga a la luz esa parte sumergida del iceberg, pero esa parte sumergida tiene que ver con utilizar una definición más amplia de violencia, por
ejemplo las definiciones en torno a procesos de violencia, abusos muy diversos que por supuesto incluyen los psicológicos, sociales, ambientales y económicos, y además con ese desarrollo sutil que tienen al inicio porque si no solamente podemos
esperar que se desarrollen de forma aguda para que sean visibles. Por tanto, si no existe una más estricta definición desde lo que hoy en día sabemos de qué tipo de problema es el que queremos erradicar, qué características específicas tiene y no
ideas generales, realmente va a ser difícil. ¿Cómo vamos a detectar un abuso de forma inicial si no lo tenemos tipificado como un abuso? No me estoy refiriendo exactamente a lo que es el proceso legal (incluso diría que este trabajo muchas veces
puede prevenir el proceso legal), me refiero a lo que serían instrumentos de detección genéricos desde los diferentes ámbitos en contacto con la comunidad (sanidad, servicios sociales) y también el ámbito jurídico, donde se puede hacer mucha más
detección de la que se hace.



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Nuestra experiencia es fundamentalmente en relación con esos procesos. Por ello, entendemos que poder definir mejor de qué estamos hablando nos permite detectar mejor y nos permite ayudar en esos procesos mucho antes de que entren en esas
dinámicas tan agudas y tan intensas. Es una enorme satisfacción poder trabajar con mujeres jóvenes o mujeres en situaciones iniciales de violencia que no evolucionan hasta esos niveles. Lo podemos decir desde la experiencia más palpable para
nosotros. ¿Cuándo podemos detectar esos abusos? Necesariamente volvemos al tema del género. Para eso tenemos que disminuir la tolerancia social hacia el abuso a la mujer, tratar de establecer (no es fácil pero podemos hacerlo desde lo que hoy en
día sabemos) cómo son esos procesos iniciales de violencia, cuándo los primeros abusos se empiezan a intensificar, empiezan a repetirse y entran en una escalada que aunque sea sutil se puede detectar; todo ello previo a que se instale el famoso
ciclo de la violencia y a que se agudice el proceso. Para ello tenemos que definir con más claridad esos procesos que, a nuestro modo de ver, no están suficientemente definidos. Por tanto, repito, la primera cosa sería definir con más claridad las
causas del fenómeno; la segunda, definir con más claridad de qué tipo de problema estamos hablando, hablar de proceso y hablar de forma específica de los tipos de abuso, de su desarrollo inicial, agravado, etcétera, porque si no me parece que nos
vamos a quedar un poco cortos en esto.



La tercera cuestión en cuanto a aspectos críticos, por decirlo de alguna forma, es todo el tema de la reparación y de la recuperación. Ese es el eje esencial de nuestro trabajo. Entendemos que la recuperación de las mujeres víctimas de
violencia empieza en cualquier momento en que puedan tomar contacto con el exterior y con una relación de ayuda, no necesariamente cuando se han separado; para nosotros eso no tiene demasiada trascendencia en el proceso. En el texto sí aparece el
tema de la recuperación -felizmente aparece-, pero lo hace de una manera vaga, con poca definición a nuestro modo de ver de cómo va a ser ese trabajo.
Quisiera decirles que nos gusta más hablar de reparación y de recuperación y no de
rehabilitación; es un aspecto importante, porque se trata más de reparación. Nuestra experiencia también en estos años nos ha llevado a comprender y a ver con mucha claridad cuál es el daño que genera la violencia. Este también sería un tema muy
amplio pero evidentemente hay que decir que la violencia por parte de la pareja daña los derechos esenciales de las víctimas y actúa progresivamente desposeyéndola de todos estos derechos. Nuestra experiencia nos ha llevado a determinar que hay
algunas áreas de daño, que decimos nosotras: el área de la seguridad, el de la salud de forma integral, el área relacional, el área social, y esto supone secuelas en todos estos ámbitos, no sólo en el ámbito más estrictamente psicológico, si es
posible decirlo así, en términos clásicos; es decir que las mujeres maltratadas presentan secuelas en todos estos ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito laboral, el empobrecimiento es una característica (independientemente de cuál sea el
nivel económico de partida siempre se produce un empobrecimiento); el aislamiento social también, independientemente de que la mujer pueda continuar funcionando con normalidad, aparentemente. Es una experiencia muy frecuente para nosotros que nos
llamen a veces mujeres después de 10 ó 12 años de separación física y legal del agresor y, sin embargo, las secuelas que arrastran no han podido ser superadas. Las secuelas forman parte de la violencia, también a nivel social forman parte de la
obligación que tiene nuestra sociedad de reparar las secuelas. Si no ayudamos a la reparación de esas secuelas, las mujeres víctimas de violencia no pueden recuperar lo que la violencia les ha arrebatado. Siempre decimos que nuestro trabajo de
recuperación es contribuir y colaborar a que las mujeres puedan recuperar todo aquello que ha quedado dañado en todas esas áreas.
Fíjense en lo poco que se habla normalmente de recuperación en estos otros ámbitos, aunque se habla mucho en relación
con la autoestima.
Nuestra experiencia es que es importante trabajar de forma integral en todos estos ámbitos y para eso se requieren programas multidisciplinares, perseverancia en el tiempo, y la reparación de secuelas, dependiendo de los años de
abuso y del tipo de abuso, es lenta. Aquí no tienen nada que ver los plazos, ni tres meses ni seis meses ni un año; otra cosa son recursos residenciales de urgencia o reparación de urgencia a nivel residencial, pero son necesarios recursos de
larga duración, de permanencia en el tiempo que permitan retornar a las mujeres maltratadas a su condición de ciudadanas de derecho, y evidentemente ahí tenemos que incluir a los hijos, hijas y jóvenes. Creemos que todo lo que tiene que ver con esa
reparación está vagamente definido y entendemos que esas secuelas forman parte de la violencia; es decir, en realidad tendrían que ver con el punto anterior. Cuando definimos qué es la violencia deberíamos incluir que las secuelas de la violencia
también forman parte de ésta y, por tanto, la reparación es algo que debe contemplarse de una manera más específica.



Lamentablemente, hasta ahora -y ustedes lo deben saber muy bien-, los procesos de recuperación son en realidad procesos de heroicidad, en primer lugar de las propias mujeres maltratadas que peregrinan pidiendo ayuda no sólo para salir de la
violencia directa e intensa que pueden estar viviendo, sino también para reparar las secuelas -es sorprendente el número de mujeres que demandan ayuda para reparar las secuelas que han tenido ellas y sus hijos y que son conscientes del daño que
pueden haber recibido- y, en segundo lugar, de las organizaciones, profesionales y mujeres implicadas muchas veces en estos programas que han suplido a la Administración y que, como bien saben, también han llevado a cabo procesos heroicos. Les voy
a poner el ejemplo de nuestra organización, que como algunas personas aquí ya saben llevamos más de doce años de


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trabajo, con reconocimiento nacional, también a nivel de organismos internacionales, y a pesar de eso seguimos sin tener los recursos suficientes para sobrevivir año a año, así que creo que es un buen ejemplo y estoy segura de que no somos
las únicas. Creemos que es importante también la reparación, que tiene que ver con la prevención de la repetición de situaciones de violencia, con romper la cadena generacional de la violencia que no se hereda sino que se aprende. Nos parece que
eso es esencial.



Una vez expuestos estos tres grandes handicaps que pensamos que pueden ser interesantes, o eso nos gustaría, si tuviéramos que hacer algunas recomendaciones concretas que tienen que ver con lo anterior, desde nuestra experiencia de trabajo
con las mujeres, también con los jóvenes, con los municipios, con los protocolos de actuación, con la formación de profesionales -cada año formamos a más de 500 profesionales como podemos, con los recursos que normalmente tenemos que son pocos, pero
con mucha ayuda de los municipios, etcétera-, ¿qué es esencial en estos momentos? Estoy encantada de encontrarme en el lugar idóneo para poder decir esto, porque lo digo también en otros foros que no tienen tanta incidencia en poder modificar
algunos de los aspectos más difíciles. En primer lugar, el tema de la detección precoz, que aparece en la ley pero nos ha parecido contemplar que sobre todo en el ámbito sanitario. Tenemos que mejorar la detección y para eso todo lo comentado
anteriormente es fundamental, sobre todo para poder detectar los procesos de violencia cuanto antes mejor. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Para ello tenemos que conocer mejor estos procesos. Para poder mejorar en la detección tenemos
que conseguir que todos los ámbitos que están en contacto con la problemática y con la ciudadanía de forma genérica: sanidad, servicios sociales, educación, justicia, seguridad, etcétera, tengan mecanismos para poder hacer esa detección. No sólo
sería el ámbito sanitario. Por ejemplo, desde el ámbito de la seguridad, la Policía, los distintos cuerpos de seguridad pueden hacer una importante tarea de detección, sobre todo los cuerpos de seguridad de proximidad; también los servicios
sociales y la justicia. La tarea de la detección es prioritaria, y nos parece que en el texto no está suficientemente recogida, al menos por lo que hace referencia a todos esos ámbitos. Todos los protocolos de actuación y todo lo vinculado a las
instituciones en contacto con la comunidad y con la problemática deben tener esos procedimientos y además deben tener procedimientos adaptados al proceso, porque si no sólo tenemos procedimientos adaptados a las situaciones de urgencia, de
emergencia, en situaciones de una enorme gravedad. Por tanto, vamos a tener de nuevo que esperarnos a que estos procesos de violencia se agudicen, presenten estos niveles de gravedad, para poder intervenir. Esa es tarea de todos los ámbitos de
intervención. Por otro lado, la ayuda integral que debe existir no tiene que estar limitada al procedimiento legal. Esto también es muy importante, porque si no nos vamos a quedar limitados a aquellos casos que inicien un proceso legal, y no
siempre es así ni es en todo momento así. El proceso de violencia implica normalmente muchos contactos con la comunidad. La mujer maltratada toma contacto con los servicios de sanidad, con servicios sociales, a veces con entidades, a veces con el
ámbito de educación, el ámbito laboral. No necesariamente tiene que quedar reducido al ámbito legal, porque si no hay un proceso legal, ¿cómo se va a ayudar a esa mujer? Hay que esperar a que haya un proceso legal. Así que nos parece que es
importante el trabajo de la detección desde todos esos ámbitos y poder detectar antes de que se den esos procesos tan agudos, por supuesto también en esos procesos.



Segunda recomendación básica: la victimización secundaria. Esta expresión tan larga y tan horrorosa, pero que seguro que conocen muy bien y aquí ya ha salido muchas veces, sin embargo, en la ley no aparece. La segunda victimización, la
victimización secundaria debe ser combatida, y lo tenemos en los organismos internacionales que han trabajado sobre el tema, hay recomendaciones sobre este aspecto. Debemos trabajar para combatir la victimización secundaria. La victimización
secundaria, que es lo que ocurre cuando una mujer maltratada o una situación de violencia toma contacto con el exterior y no es ayudada, a veces por activa o por pasiva, refuerza el proceso de victimización. Siguiendo con la imagen del iceberg es
como si emergiera socialmente esa situación y se la hiciera sumergir. La victimización secundaria no es una anécdota, sino que tiene una función social y además funciona realmente muy bien. Su función es penalizar a las víctimas, tratar de que
esas situaciones no emerjan, de manera que no es algo que ocurre casualmente, no es algo fruto de la falta de sensibilización o de la falta de formación, sino que a veces incluso puede ocurrir desde la más buena intención y desde la mayor
sensibilidad. Sin embargo, todos los recursos implicados en esta intervención tienen que trabajar para prevenir la victimización secundaria porque si no ésta se da, bien por la escasa formación de los profesionales, bien porque no hay recursos,
bien porque desde la buena intención no podemos entender cómo aquella mujer se comporta de esa manera o no entendemos las secuelas. Cualquiera de estas cosas puede producir una segunda victimización que silencia de nuevo el proceso de la violencia
y no volverá a emerger hasta que tenga unas características más agravadas. Y dentro de esto el ámbito legal es el rey de la victimización secundaria.
Por nuestra experiencia, puedo decirles que los procesos de recuperación que nosotras conocemos
se pueden hacer, entre comillas, a pesar de los procedimientos legales. Es cierto que quizá eso tiene que ver con que no tenemos los instrumentos legales adecuados y una ley integral puede ser un buen instrumento, pero también hay que tener en
cuenta cómo se aplica y ese cómo se aplica tiene que ver con la socialización que tienen los propios


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operadores de la justicia: jueces, magistrados, juezas, magistradas, fiscales, forenses, etcétera, con la escasa formación que tienen sobre el tema, por no decir nula, de forma mayoritaria, excepto que tengan un interés muy específico,
utilizando habitualmente los procedimientos legales para tratar de silenciar de nuevo la situación de violencia, en los menos casos todavía hoy en día, salvo que tengan unas características muy agudizadas, pero sobre todo en procesos donde no se dan
esas características más estereotipadas las posibilidades de que el procedimiento legal no penalice a la mujer son escasas o nulas. Nosotras de forma protocolaria preguntamos a las mujeres cuántas veces han explicado su historia en el primer
contacto y qué respuesta han obtenido para medir el grado de victimización secundaria, puesto que damos por sentado que existe siempre algún grado de victimización secundaria.
Nuestra recomendación humilde es que se hagan recomendaciones
específicas para prevenir esa segunda victimización y para poner de relieve la gravedad que tiene que desde una institución pública, desde unos servicios públicos de ayuda, etcétera, se pueda dar esa segunda victimización.



La tercera recomendación, siendo lo más sintética posible, es sobre el tema de la formación, aunque para nosotras más que formación es capacitación. En el texto de la ley aparece repetidamente el tema de la formación, que es necesaria,
etcétera. Pues bien, como he dicho al hablar de los otros aspectos, es necesaria una mayor definición. La formación hace 20 ó 25 años quizá era imposible literalmente, pero a estas alturas no tiene que ser algo recomendable sino obligatorio.
¿Cómo si no los operadores que van a utilizar la ley en cualquiera de sus ámbitos, tanto en el ámbito legal como en los aspectos educacionales, etcétera, van a poder detectar precozmente si no conocen las características de este fenómeno, si no
pueden identificar? Por ejemplo, en relación con las órdenes de protección, a veces les digo a las compañeras juristas que lo interesante sería analizar aquellas que se deniegan, porque cómo profesionales que aunque tienen muy buena intención
habitualmente no tienen una formación específica sobre el tema pueden medir, por ejemplo, el grado de riesgo? ¿Cómo lo hacen? Lamentablemente eso lleva a que muchas veces se mida desde los estereotipos y todos los aquí presentes conocemos esas
famosas sentencias: No es una mujer maltratada porque no se viste como tal, porque es una mujer famosa, porque sale en la prensa del corazón. Eso nos indica desde dónde los operadores sociales, jurídicos, etcétera, intervienen si no tienen
conocimientos específicos.
Hace 20 años quizás no los teníamos, pero hoy en día tenemos una importante literatura internacional, con investigaciones avaladas.
Creemos que es importante que se defina la necesidad de formación como un aspecto
obligatorio de todos los profesionales y de todos los servicios que intervengan específicamente en el tema, que no sea un añadido y que tenga unos requisitos esenciales de rigurosidad, que sea avalada por los conocimientos internacionales, por las
directivas de diferentes organismos internacionales, etcétera. Realmente, no creemos que pueda ser útil un instrumento como esta ley si no mejoramos el conocimiento, en general, que tenemos de la problemática, tanto a nivel social como a nivel
específico de los profesionales. Esa es nuestra experiencia. Si no mejoramos nuestros conocimientos, si no transformamos la mirada, y no sólo la mirada sino la comprensión de este fenómeno desde conocimientos rigurosos, discutidos, avalados, no
desde mitos y esterotipos, es muy difícil que cualquier instrumento, por muy bueno que sea, sea eficaz. Y esa es nuestra experiencia en los instrumentos de que disponemos, que son ineficaces y escasos, pero que muchas veces se enfrentan con el
enorme desconocimiento que hay sobre este tema. Nosotras habitualmente asesoramos a profesionales desde nuestra experiencia. Si no tenemos conocimientos rigurosos, lo que tendremos son mitos, este-reotipos, creencias desde las que repetimos y
reforzamos los procesos de violencia.
Si por nosotras fuera, haríamos un plan integral de violencia, de formación y de capacitación sobre el tema de la violencia de género en la pareja o de violencia doméstica. Nos parece que con eso podemos
tratar de que este instrumento sea más eficaz y consiga transformar en anormal lo que todavía hoy en día es bastante normal, que es este proceso de la violencia sobre todo en esas etapas no tan visibles, no tan agudas, aunque también en ésas.



Para acabar, porque me imagino que ya he sobrepasado el tiempo, parte de nuestro trabajo fundamental es la tarea con los jóvenes. Nos han recomendado que habláramos de ello, pero como no tenemos mucho más tiempo les voy a dejar que vean uno
de los materiales con los que trabajamos con jóvenes. Ya ven que cuando les digo que trabajamos desde la reflexión y la acción lo llevamos a cabo. Es uno de los materiales con los que trabajamos con jóvenes. Ustedes verán reflejados algunos de
los comportamientos y situaciones que desde la socialización de género se siguen transmitiendo como normales y que son indicadores de abuso iniciales. Querían que lo conocieran a título de ejemplo de este tipo de trabajo de intervención y de
detección.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora García por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda Verde.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias a la Asociación Tamaia y a su representante, la señora Carmona, por la exposición tan interesante que nos ha hecho y que estoy segura de que nos va a servir muchísimo como reflexión y como aportación
para introducir propuestas concretas en la ley.



He intentado trasladar a mi intervención algunas de las cuestiones que ha planteado la señora Carmona, aunque no he conseguido expresarlas con la clarividencia


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con que ella lo ha hecho. Entre otras cosas, esta ha sido también una de las razones por las que me parecía importante su asistencia. Usted ha dicho que el proyecto de ley es importantísimo, que lo necesitamos y que todos y todas
deseábamos su existencia. Dicho esto, lo que intentamos hacer es aportar todas las mejoras que puedan llevar a una mejor solución al problema. Según mi modesto entender y basándome en la experiencia -nos conocemos por el trabajo realizado por la
Asociación Tamaia en Cataluña, concretamente en colaboración con el Ayuntamiento de Sabadell-, estoy completamente de acuerdo en la importancia de la detección precoz. A nuestro entender, esta es una de las cuestiones que nos debemos asegurar que
el proyecto recoja. Nos parece -y en esto coincidimos con usted- que la ley empieza a actuar cuando el problema ya es grave. Por tanto, esta es la punta del iceberg, pero queda una parte todavía más importante, tanto cuantitativa como
cualitativamente, que la que se visualiza, que es la violencia trágica que todos conocemos y todos lamentamos. Es en la detección precoz donde hay que hacer el esfuerzo fundamental y coincidimos en que esta no queda suficientemente recogida en el
proyecto de ley.



También coincidimos totalmente en que no se puede vincular -y nos parece que se vincula de forma exagerada- el trabajo de recuperación -que me gusta mucho más que rehabilitación- o cualquier otro tipo de actuación que se haga con la familia
-digo familia porque usted ha hablado de la mujer y de los hijos dándoles una gran importancia, que yo personalmente también les doy- a lo judicial o a lo penal. ¿Por qué? Porque si hacemos una detección precoz, en la mayoría de los casos no va a
haber denuncia, porque vamos a llegar antes que la denuncia. Si llegamos antes de la denuncia, que es de lo que se trata, de llegar antes de que la violencia alcance unos niveles lamentables, quiere decir que ésta no va a existir.
(Rumores.)
Entiendo que se produzcan estos comentarios porque conozco esas fichas y son muy interesantes. Comprendo que generen este interés.
Personalmente no me molestan.



La señora PRESIDENTA: Señora García, un momento por favor.



Ruego a las personas que están viendo las fichas que mantengan el silencio que existía hasta ahora y que las vean al final.



La señora GARCÍA SUÁREZ: Insisto en la necesidad de no vincular la recuperación a la judicialización o a la denuncia. Lo que hemos de intentar conseguir es llegar mucho antes de que todo esto se produzca.
Esta es una de las preocupaciones
fundamentales que nuestro grupo tiene respecto a la ley, pero también nos preocupa la capacitación y la formación de los profesionales, de todos los agentes que intervienen.
Estamos hablando fundamentalmente de los profesionales, porque la
asociación de mujeres del barrio tal ha de tener un nivel de conocimientos -y seguramente por su interés y por su sensibilización lo tiene-, pero en este caso es recomendable que los tenga, no obligatorio.
Sin embargo, en todos los agentes
profesionales del ámbito de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de la justicia esto no es recomendable, es tan necesario como puede serlo el conocimiento en cualquier otro ámbito en el que a nadie se le ocurriría intervenir,
asesorar o dictaminar sin tener conocimientos. Esto debe ser previo y, por tanto, requiere una actuación muy especial en el marco de la ley. En todo caso, quisiera hacerle una única pregunta en este sentido y pedirle que aclarase un poco más este
tema, precisamente por este conocimiento que como asociación ustedes tienen en el ámbito de la educación. Yo sé y conozco que una de las colaboraciones más importantes que realizan con los municipios son precisamente los convenios para ir
directamente a los institutos y a las escuelas para realizar este tipo de trabajo precisamente con los jóvenes. Por tanto, ¿qué le sugiere o qué piensa sobre la propuesta que se realiza dentro del ámbito educativo? ¿Quizás podría recoger esta ley
cuestiones novedosas e introducir otras medidas diferentes a la que se plantea de una signatura concreta en tercero de ESO, etcétera?


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Quiero agradecer a la interviniente su comparecencia desde la perspectiva del enorme interés que me suscita siempre el movimiento de asociacionismo en todas sus formas o maneras, ya sea con una estructura
formalizada o las meras tramas de mujeres, si bien en el caso de ustedes no se trata de esto en absoluto, puesto que tienen reconocida fama de haber trabajado mucho y bien en esta área.



Coinciden sus inquietudes o la perspectiva que usted nos hace respecto del proyecto de ley con las manifestadas por el grupo que ha propuesto su comparecencia y ello es lógico, puesto que esa cercanía era la que le ha llevado a que nos venga
a la Comisión. He hablado con ella mucho de esta materia y siendo coincidente con las inquietudes que ella manifiesta, a mí -quizás porque mi formación es más de concreción o estrictamente jurídica- me resulta difícil pensar cómo puede trasladarse
eso que ustedes manifiestan como inquietud a un texto legal. No estoy defendiendo el proyecto del Gobierno. Yo soy oposición, no soy Gobierno y por lo tanto no tengo por qué defenderlo. Sin embargo, usted critica la definición de los procesos de
violencia que se dan en el texto de la ley.
Yo también le puedo ver pegas, pero lo que le pediría -sé que no tiene por qué hacerlo- es algún tipo de ayuda respecto de por dónde irían las definiciones a las que usted se ha referido y que cree usted
que debiéramos plasmar en el texto de la norma. Qué duda cabe que hay otro aspecto, al que usted se ha


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referido, que es el de la formación. Indudablemente, esta materia no es para aficionados, ni para bienintencionados, sino que hace falta además capacitación. Sobre todo si estamos hablando de trabajos o labores que han de llevarse a cabo
desde instituciones públicas, yo me pregunto por dónde podríamos acreditar la formación. Normalmente en nuestro sistema se acredita por las titulaciones, pero no siempre ser socióloga le capacita a una en relación con la violencia de género, ni
tampoco ser licenciada en derecho, porque a lo mejor una sabe derecho mercantil pero no tiene ni idea de otras cuestiones. Le pregunto también por dónde se podría ir en el texto de la norma, si hay que cerrar o acotar en algo las definiciones, que
permita una cierta objetivización que no sean las meras titulaciones para que podamos acertar de alguna manera en la pretensión de adecuación de quienes se vayan a dedicar a estas tareas.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Esta intervención ha despertado en mí todas las inquietudes que sentía desde que empezó este proceso con esta ley. Se está elaborando un documento que quiere atajar o terminar con unos problemas muy poco estéticos
de violencia en la sociedad, que no haya más mujeres muertas, pero como no va a ir al fondo del problema, la duda sigue siendo si en realidad vamos a mejorar la situación o incluso podría ser que con esta ley hubiera más casos de violencia extrema.
Tal como se deduce de su intervención, no tenemos los instrumentos necesarios para llegar a una prevención, a una educación, a una transformación de la sociedad y esta ley no los va a poner tampoco. Entonces me pregunto por qué tantas prisas. Si
la intervención de usted hoy en lugar de ser un día hubiese sido de un curso para los diputados o diputadas y si vamos a examinar el lenguaje de la ley, ¿por qué no se hizo más lentamente? ¿Qué lenguaje tiene esta ley o los documentos que se
elaboran aquí? Estaba reflexionando que igual habría que ir a un trabajo mucho más lento si en realidad queremos eliminar la violencia y transformar la sociedad, y no hacer un documento que nos sirva para decir que hemos elaborado una ley para que
mueran menos mujeres. Repito, no es seguro que después de esta ley esto ocurra. La detección precoz es interesante, pero hay una duda.
Si se pudiera desencadenar la ayuda no sujeta a un proceso legal, si hubiera instrumentos en la sociedad,
asociaciones preparadas como la de ustedes, con profesionales que pudieran detectar cuando hay un proceso de violencia que se está engendrando, ¿no se podrían prever en la ley estos casos para que el proceso de ayuda del Estado se desencadenara
antes y no esperar a la denuncia, que en muchos casos no se va a producir o habrá absolución? Porque si aumentamos las penas, es muy probable que los jueces absuelvan mucho más. Me gustaría saber si usted conoce experiencias de otros países para
saber qué resultados han tenido con leyes parecidas.



En cuanto a la formación, en la ley está recogida muy someramente. La formación hay que empezarla en las niñas cuando entran en la guardería para saber cómo perciben ellas su femineidad, su género, su diferencia.
Para esto necesitamos
buenos profesionales y, como apuntaba la señora Uría, quién los prepara y cómo se preparan. Una asociación como la suya tiene una gran experiencia y me gustaría preguntarle cómo podríamos aprovecharla, porque ustedes no tienen cabida en esta ley si
no tienen implantación en todo el Estado. ¿Qué podríamos hacer para que la Administración aprovechara la experiencia de muchos años de asociaciones como la suya? Si tiene usted alguna sugerencia, se lo agradeceremos mucho.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.



La señora QUINTANILLA BARBA: Señora Carmona, quiero darle las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por comparecer en esta Comisión y, como no podía ser de otra manera, felicitarla. Ha hablado usted de temas tremendamente
importantes desde una visión de trabajar directamente con esas mujeres, víctimas de la violencia doméstica, víctimas de la forma más dura de la violencia de género que es la violencia en pareja. Me gustaría hacerle una reflexión, a pesar de que le
voy hacer distintas preguntas por su intervención, pero también porque quiero conocer su opinión como representante de una asociación que lleva tantos años trabajando con mujeres víctimas de la violencia doméstica. En primer lugar, hablaba de una
reflexión. ¿Cree usted que ha aumentado la violencia contra las mujeres o hemos roto el silencio en las mujeres? Se la hago desde el más firme compromiso como Grupo Parlamentario Popular y le voy a decir por qué. Si, efectivamente, ha aumentado
la violencia contra las mujeres, ¿qué hemos hecho en materia de igualdad durante 25 años que llevamos en democracia? Ha dicho usted algo tremendamente importante, que los jóvenes mantienen hoy los mismos estereotipos de lo masculino y de lo
femenino que sus padres o sus abuelos. Hoy la violencia también existe en los jóvenes. ¿Cree que con el articulado de la ley que recoge medidas en el ámbito educativo, como es el artículo 4 del capítulo I, vamos a educar realmente contra la
violencia que sufren las mujeres? ¿Por qué sufren violencia si no es basada en una desigualdad que todavía viven las mujeres? En el ámbito educativo y desde su experiencia, ¿cómo podemos abordar realmente esa educación en igualdad que, en
definitiva, es una educación en valores y en respeto de la propia identidad como hombre y mujer ante una sociedad libre? Ese es el reto de la prevención.
Usted ha hablado de la prevención, de la detección. Indiscutiblemente, hoy lo sabemos, sobre
todo las mujeres que


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conocemos a mujeres víctimas de malos tratos, además en jóvenes parejas, y usted nos ha enseñado las fichas, porque, efectivamente, hay violencia en las discotecas, hay violencia en la relación de noviazgo, hay violencia en la relación de
pareja. ¿Cómo podemos abordar el problema para enriquecer esta ley y para terminar con las muertes de mujeres a manos de sus agresores? Usted sabe que siete de cada diez mujeres mueren a manos de sus agresores cuando están en proceso de separación
y de divorcio. Son datos estadísticos. ¿Cree usted que la ley prevé realmente la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia doméstica? ¿No cree que la propia ley podría desarrollar un plan de seguridad personal de las mujeres víctimas de
la violencia doméstica?Usted ha valorado todo lo que ha hecho a lo largo de estos años en su trabajo profesional y también dentro del voluntariado social, porque cuando se trabaja en una asociación es por encima de todo para ayudar a las mujeres.
¿Cree que la propia ley establece medidas sociales desde un punto de vista integral? Usted ha hablado de los marcos multidisciplinares, donde hay que establecer una clara ayuda social, laboral, ayuda a la vivienda y la ayuda permanente a esa mujer
para que salga del ciclo de la violencia, porque las mujeres víctimas de la violencia doméstica son mujeres desestructuradas psicológica y físicamente. ¿Cree que la propia ley, en ese derecho a la asistencia social integral y dentro de la memoria
económica que desarrolla, va a poder llegar a esa protección real social de esas mujeres?


Asimismo me gustaría preguntarle, dentro del debate para enriquecer esta ley, cuál es su opinión sobre la asistencia jurídica a través de los colegios de abogados y del turno de oficio a las mujeres víctimas de la violencia. Usted lo ha
dicho: victimizamos a la víctima doblemente y en algunas ocasiones más veces. ¿No cree que la propia ley tenía que recoger una ayuda a esas mujeres para que las que no tengan recursos económicos no hayan de ir a la asistencia gratuita del turno de
oficio? Soy consciente de que hoy el turno de oficio y todos los abogados, a través de organizaciones como la suya, de las comunidades autónomas y ayuntamientos y de los propios colegios, están recibiendo formación para la asistencia a las víctimas
de malos tratos. ¿No cree que la ley podría establecer una ayuda eco-nómica para que la propia mujer elija a su abogado defensor? Por otra parte, la ley no recoge un fondo de alimentos a favor de las víctimas y de sus hijos. Usted ha dicho una
cosa tremendamente importante: los hijos y las hijas víctimas de la violencia doméstica van a desarrollar después los mismos comportamientos sociales que han vivido en su familia. ¿Cómo cree que debemos proteger y avanzar en esa protección a esos
niños y niñas? Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que los menores están poco protegidos en esta ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género que sufren las mujeres.



Quiero felicitarla de nuevo, porque me ha parecido muy importante su intervención y decirle que desde luego mi grupo parlamentario quiere ofrecer nuestro más firme compromiso para enriquecer esta ley y que no haya ni una sola mujer muerta
más en la sociedad española.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.



La señora ESTEVE ORTEGA: En nombre de mi grupo parlamentario, señora Carmona, le damos la bienvenida.



Personalmente, he de decir que corroboro la experiencia de su entidad y el trabajo magnífico que están haciendo, dado que en mis anteriores responsabilidades tuve la oportunidad de hacerle un encargo a esta entidad, que fue de entera
satisfacción, no sólo por el momento, sino por el impacto que luego dejó su trabajo. Dicho esto, vamos avanzando un poquito más y me gustaría hacer alguna reflexión en torno a sus manifestaciones. Estaba escuchando con mucha atención y pensaba que
su reflexión es lo que, de alguna manera, ha dado pie a este proyecto de ley; es justamente esta situación la que recomienda -y hoy está ya en forma de texto legal, en forma de proyecto- una ley que básicamente y por primera vez se plantea con
criterios de transversalidad para que esa prevención, para que esa detección precoz, para que ese abordaje cuando ya se ha manifestado la situación de violencia, pueda hacerse con mejores cotas de eficacia de lo que hasta ahora ha sido posible. De
todas maneras, cuando nos estamos refiriendo a fenómenos como el que nos ocupa, el de la violencia de género, entiendo, y en esto creo que estaremos de acuerdo todos los grupos y también su entidad, que estamos hablando de una situación que a pesar
de que hagamos un esfuerzo increíble, que lo vamos a hacer seguro, se ha hecho y lo vamos a seguir haciendo, no se va a poder modificar de hoy para mañana. Estos son procesos largos. Una compareciente de esta mañana señalaba en contestación a una
pregunta mía que la ley era como una carretera, una carretera con obstáculos, pero una carretera. Yo suelo decir que la ley es un camino, no un fin en sí misma, no un objetivo final que nos resuelva todos los problemas. Esto sería pensar que la
ley en sí misma nos aporta todas las soluciones y si pensásemos eso seríamos unos ilusos. Ésta no es la solución, pero es el camino y es imprescindible.



Me sorprende, a la vez que me interesa, su aportación en relación con cinco conceptos básicos. Ha hablado de las causas de género, de la prevención o detección precoz, de la recuperación y reparación, de la victimización y de la formación.
Básicamente ha articulado su intervención en torno a estos conceptos. Yo estoy convencida de que usted quiere ir más allá de lo semántico; por tanto, como la señora Uría, creo que debemos dar un paso más. ¿Cómo concretaríamos todo esto es un
texto legal? ¿Cómo se concreta cuando, a la


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vez, modestamente, estamos convencidos de que si la ley no es la solución -la ley es mejorable-, es cierto que por primera vez pretende abordar de una manera integral, transversal, con todos los operadores sociales para dar respuesta a esta
multicausalidad, a esta multifactorialidad, respuestas integradas, interinstitucionales, próximas, etcétera y, ya digo, entendiendo que no es la solución? A propósito de esto me gustaría, solamente por aquello del contraste de pareceres, leerle un
pequeño párrafo de una persona, como usted, muy solvente, Ángeles Álvarez, que compareció en esta misma sala. Ella compareció aquí y nos dijo: Las organizaciones feministas y las asociaciones de mujeres hemos defendido una ley integral porque
certifica una adecuada conceptualización del fenómeno, porque envía un mensaje claro -se refería al proyecto de ley- e inequívoco por parte de los poderes del Estado sobre la no tolerancia hacia este tipo de sucesos y porque este proyecto realiza un
reconocimiento de derechos a las mujeres víctimas en relación con la asistencia y mecanismos de restitución del daño, que no es posible a través de otros procedimientos de intervención. Después sigue valorando positivamente la adecuación y
definición del texto, etcétera, y quiero hacerlo constar porque me parece que es importante este contraste de pareceres viendo que en su conjunto las organizaciones que han trabajado durante tantos años están valorando positivamente este texto, que
seguramente es mejorable. Vamos a tener en cuenta sus aportaciones para ver cómo podemos introducirlas, bien en este texto o bien en el desarrollo de la ley, porque olvidamos algo tan importante como que un texto legal, una ley general como ésta,
tiene que tener un desarrollo, porque buena parte de su aplicación se hace teniendo en cuenta las competencias de otros entes, comunidades autónomas, municipios, etcétera y, por tanto, el grado de especificidad que este proyecto tiene no puede
alcanzar niveles ínfimos de concreción, que corresponden a otros marcos y que en un pacto posterior y en el desarrollo de la ley deberemos hacer constar. En este sentido, estamos de acuerdo con usted: hay que señalar los factores causales, las
respuestas específicas, los dispositivos específicos, a veces adaptados incluso a las características del territorio -zona rural o urbana-, grado de organización de la comunidad, si las organizaciones de apoyo pueden prestarlo o no.



Quiero formularle unas preguntas dejándole muy claro que vamos a reflexionar, pero, a la vez, le invito a reflexionar sobre el espíritu de la ley, para que en el encuentro podamos multiplicarnos. Evidentemente, tenemos que contar con el
tercer sector, con las organizaciones sociales, con vuestra experiencia, que resulta del todo necesaria para seguir trabajando en la lucha que nos ocupa. Así, le formulo tres preguntas: ¿cómo concretaría en el articulado de la ley alguna de sus
propuestas? Lo vamos a desarrollar posteriormente, pero ¿qué concreciones haría usted? Segunda: ¿con qué dispositivos y actuaciones abordaría la recuperación y la reparación, tema que me ha perecido muy interesante? Tercero, puesto que hemos
dicho que seguiremos contando con organizaciones como la suya, porque son imprescindibles, ¿qué papel cree usted que deben tener en el marco de esta ley?


La señora PRESIDENTA: Damos nuevamente la palabra a la señora Carmona, para que conteste. Le pido un esfuerzo de síntesis, puesto que hay otra comparecencia prevista para las ocho de la tarde. Le ruego que haga una contestación global y
que haga luego llegar a esta Cámara y a esta Presidencia sus sugerencias, en los términos que las han pedido los portavoces de los grupos, puesto que entiendo que no es fácil concretarlas ahora en pocos minutos.



La señora CARMONA MARTÍNEZ (Representante de Tamaia): Me temo que mi preparación de todos estos años de hacer mucho con poco no va a ser suficiente. (Risas.) Lo reconozco de entrada. Voy a tratar de hacer algunos comentarios generales,
aunque el tema me parece apasionante. Por mí, estaría con ustedes mucho tiempo, porque me parece muy interesante, pero sé que después hay otra comparecencia. Hablaré de forma general y trataremos posteriormente de concretar y contestar de forma
más específica a algunas de las preguntas que nos hacen.



Para trabajar en este tema -tanto con las víctimas como con los profesionales o con los municipios- hay que tener siempre una dosis alta de optimismo; lo digo de entrada, porque esa habilidad desarrollada podría ser cuestionable. En
nuestra opinión, es muy importante todo lo que estamos haciendo en nuestra sociedad para combatir el fenómeno de la violencia. Lo realmente moderno y contemporáneo respecto al fenómeno es el hecho de que, progresivamente -primero grupos
minoritarios y luego cada vez más masivamente-, nuestra sociedad va estigmatizando situaciones y comportamientos que estaban normalizados. Tenemos normativas históricas que dicen cómo había que pegar a la mujer, a qué horas, etcétera. Eso es lo
que ha cambiado. Trabajamos y colaboramos con muchas instituciones y profesionales. Constituimos lo que nosotros llamamos el efecto ola; es decir que vamos sumando hasta conseguir que se produzca la ola que suponga el giro definitivo. Realmente,
estamos viviendo momentos históricos. Antes me preguntaban: ¿hay ahora más violencia? Nuestra opinión, contrastada con los agentes sociales y con otros países, es la de que no hay ahora más violencia. Lo que sí hay es más gente capaz de
identificar la violencia, incluidas las víctimas y los contextos sociales, y hacer que esta emerja. Por eso es tan bueno, aunque sea terrible, tener las cifras que tenemos sobre este tema; son cifras visibles, logramos que emerjan. En este
sentido, creemos que este instrumento -como otros que se crearán- será útil para dar luz a la problemática sumergida y para hacer que emerja. Esto es lo realmente nuevo en nuestras sociedades. Dentro de este


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optimismo un poco tenaz que una tiene que tener, creo que todo lo que se ha hecho nos ha llevado a este momento. Quiero decir en términos sociales; no soy socióloga, pero hago este análisis con permiso de los sociólogos y sociólogas. Todo
esto nos ha llevado a que en estos momentos se esté planteando en nuestra sociedad este tema, esta ley, etcétera. En ese sentido, todas las medidas que se tomen ayudan a poner cada vez más luz sobre estas situaciones, ayudan a hacerlas más visibles
en términos generales. Ello no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando.
Nuestro objetivo es que esto sea una situación residual, a mí me gusta mucho utilizar esa palabra.



Trabajamos mucho con profesores y profesoras, con esas batalladoras fantásticas que hemos tenido en este país en el tema de la coeducación, que a veces nos dicen: ¿en qué hemos fallado? En nada, en nuestra opinión. Lo que se ha logrado
hasta ahora desde la coeducación nos permite llegar a este momento donde podemos ver qué es lo que falta.
Nosotras decimos siempre que la violencia doméstica es el espejo donde vemos lo que todavía queda por alcanzar en términos de igualdad en
todos esos derechos que ha costado tanto lograr a las mujeres en este país y en otros. No se trata de decir que todo eso ha fracasado. No. Todo eso ha permitido llegar a este momento en el que nos preguntamos qué falta ahora. Por tanto, en
términos de educación es muy importante lo que se ha logrado en los centros educativos, lo que se está trabajando para conseguir la igualdad, etcétera. ¿Qué comprobamos ahora mismo? Estamos viendo que emergen esas situaciones, pero porque podemos
verlas con más claridad, no porque antes no existieran. Tenemos un déficit muy importante a nivel educacional, y aquí creo que todas y todos podemos estar de acuerdo, en todo lo que tiene que ver con los componentes emocionales y no cognitivos.
Nuestra sociedad ha hecho una apuesta muy importante y muy válida por todo el tema del conocimiento, por lo intelectual, y el tema de la violencia nos pone la luz sobre muchas cosas que no tienen que ver con lo intelectual o con lo razonable.
Trabajamos con tantas y tantas mujeres como cualquiera de nosotras, con conocimientos, con formación, y eso no significa que no pueda ser una víctima de violencia en la pareja. Tiene que ver con todo lo que sabemos que es la educación más
emocional, por decirlo de alguna forma, no con lo cognitivo. ¿Qué es lo fundamental? Nuestra experiencia nos dice que si dotamos a los profesionales expertos en educación de instrumentos para conocer esta problemática, fruto de su propia
especialidad, por decirlo de alguna forma, desarrollan instrumentos y capacidades para poder abordar todo ese trabajo. En el ámbito de la educación, yo creo que el hecho de que exista una asignatura es un poco reducido pero no quiere decir que sea
inútil, creo que todo puede contribuir, sin embargo, creo que no es solamente cuestión de una asignatura sino de dotar a los profesionales del ámbito de la educación de conocimientos, de habilidades, de instrumentos, de condiciones de trabajo que
les permita poder desarrollar sus habilidades también en relación con este tema para poder detectar, para poder intervenir, para poder manejarse un poco con esto, así como la posibilidad de que existan intervenciones específicas como pueden ser
programas como el nuestro u otros que se puedan desarrollar y que de alguna manera permiten profundizar a veces en un aspecto concreto. Nosotras hemos comprobado muchísimas veces con los jóvenes, que creo que es una buena manera de chequear la
realidad, que no sirven los elementos cognitivos porque esto lo tienen absolutamente claro; lo que sirven son los elementos relacionales, los elementos vivenciales... Es importante impulsar líneas de actuación sobre especificidades que tienen que
ver con lo emocional, pero creo que hay que dotar a los profesionales de la educación de conocimientos porque cuando lo hacemos tiene unos efectos fantásticos.



En cuanto a dificultades sobre definiciones dentro de la ley, yo no soy jurista y no puedo saber cómo se tiene que hacer. A nosotros nos es muy útil -creo que la compañera lo conoce- y cuando hacemos una formación siempre empezamos por
trabajar con un lenguaje común porque es muy importante lo que podemos nombrar; lo que podemos nombrar es algo que existe. En lo que hace referencia al abuso, es muy importante poder definir lo que hoy día tenemos bastante consensuado a nivel
internacional: el abuso económico, el abuso sexual, el abuso físico, el psicológico, el ambiental, el social y como mínimo tratar de situar que tienen desarrollos sutiles y desarrollos agudos, por ejemplo, para que eso pueda quedar situado. Eso
nos es muy útil en el trabajo con los profesionales. Así que en relación con lo que hablábamos de definir un poco mejor, no sé si ahora o en otro momento, creo que es importante porque hemos visto el impacto que tiene en los profesionales y en
nosotras mismas el hecho de dotarnos de un lenguaje que nos ayude a identificar; es tan importante cuando podemos decir que puede haber abuso ambiental o abuso social, que es muy inicial y el que provoca el aislamiento. Nos referíamos a eso.



Respecto al tema de la formación, estamos haciendo avances importantes en nuestra comunidad autónoma, en otras, y en realidad en todo el mundo, para tratar de sistematizar esos estudios; lo que les decía antes sobre el máster de estudios u
otros que existen. Creo que hay dos trabajos -me parece que esto puede servir también para contestar otras preguntas que me hacían-, desde nuestro punto de vista, por un lado tratar de mejorar desde los niveles superiores académicos, es decir
estimular a que las formaciones que tienen que ver directamente con el tema (que son muchas, no sólo psicología o trabajo social, sino también el ámbito jurídico entre otros) puedan desarrollar y tener ayuda para desarrollar estudios específicos en
este tema -creo que eso es muy importante- y por otro lado tenemos que seguir trabajando también con otros niveles formativos que de momento nos ayudan, ya sean postgrados o máster, a


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entrar en el terreno académico, y por otro lado las formaciones profesionales. Lo que nos parece básico es que tenga nivel de obligatoriedad para los profesionales que trabajan en el tema porque si no éste es un tema que despierta mucho
apasionamiento muchas veces a quien le interesa y puede ser difícil a veces que los profesionales sin un debido estímulo puedan formarse en la materia. Creo que eso es algo importante, así como seguir trabajando en esos diferentes niveles que son
los que tenemos en estos momentos.



Respecto al resto de temas que me plantean, cuando me decían cómo puede ir esto en una ley, les diré que yo tengo dudas de que la ley resuelva por sí misma las cosas. Hablamos de una problemática psicosocial, multicausal, y se requieren
muchos tipos de instrumentos, entre los cuales los instrumentos legales son fundamentales, pero no sólo los legales, aunque aquí estamos hablando de un proyecto de ley. Desde nuestra perspectiva, cuando hemos trabajado en protocolos, creemos que lo
importante -y tenemos las directivas internacionales y estudios- es articular planes integrales de actuación dentro de los cuales pueda estar una ley específica; pero quiero decir que la ley por sí misma no puede resolver todo lo que en este tema
se tiene que hacer. También tenemos dudas de cómo se puede integrar todo eso, aunque entendemos que puede ser un intento del cual se pueda aprender y sacar una experiencia útil.
Conocemos las experiencias de otros países y efectivamente creo que
un handicap importante -porque lo hemos visto en los protocolos en los municipios a un nivel más cercano de la Administración- cómo articular instrumentos que supongan un avance social, es decir que efectivamente iluminen, que vayan más allá pero
que a la vez también estén conectados con la realidad porque si no en algunos países donde se introdujeron de forma un poco precipitada leyes específicas -conocemos la experiencia de esos países, nos la han explicado- que han producido efectos
contrarios porque probablemente no estaba bien conectada con lo que era la realidad social. Creo que en nuestro país ha habido cambios importantes que permiten un poco más esa conexión pero también supongo que depende de cómo finalmente acabe, de
cómo se articule, y ahí está el tema. Creo que esa es la dificultad.
Cualquier instrumento en este ámbito tiene que ir más allá, y a la vez tiene que estar bien conectado con la realidad para que realmente no se produzcan desajustes que puedan
provocar efectos de retorno porque hay mucha reacción a este tema. Combatir la violencia doméstica es algo realmente transformador.



Respecto a si ha aumentado o no, yo creo que no ha aumentado, lo que ocurre es que resulta más visible y creo que hay un tema muy importante, pues cuando hablamos de reparación y de recuperación precisamente hablamos de prevenir estas
situaciones. No entro en más detalles, pero es fundamental que los procesos de reparación incluyan lo que llamamos los procesos de empoderamiento de las mujeres víctimas que les permite que ellas son buenas evaluadoras de sus problemas de
seguridad. Hay algo que echamos de menos en el texto, aunque entendemos que no es fácil, y es que la presencia, la voz de la mujer víctima de violencia tenga un lugar, que la mujer sea consultada, porque no siempre se hace. Con una víctima de
violencia es muy fácil obviar su palabra, pero sin su palabra y sin su protagonismo no estamos ayudando a la recuperación ni muchas veces va a ser eficaz la ayuda. Es muy importante adecuar los planes a la situación de la mujer y su percepción.
Sería muy importante que todo contacto con una mujer víctima de violencia, independientemente de que genere un proceso legal o no, permitiera un proceso de ayuda, tanto desde el recurso con el que toma contacto, como si es derivada. Esa es nuestra
experiencia: que todo contacto con el exterior del sistema de violencia sea una posibilidad de ayuda, independientemente de que pueda desencadenar un proceso legal o no y eso nos permitiría poder evaluar con la mujer -es lo que nosotras hacemos- su
situación de seguridad, el grado de peligro con ella. No sé cómo se podría hacer eso, pero creo que es importante que pudiera estar presente de alguna forma.



Hay otros temas como el referido a la formación. Yo creo que es fundamental que los profesionales trabajen desde unos conocimientos específicos y lo digo desde la experiencia de trabajar con profesionales del ámbito de la seguridad, de la
psicología y de ver que les es extraordinariamente útil, como nos lo ha sido a nosotras que seguimos en un proceso también de formación continua, tener elementos básicos que les permita la intervención. Por supuesto los abogados. Para mí no es tan
importante, creo que nuestra sociedad tiene que facilitar recursos para que las mujeres tengan asistencia jurídica suficiente y lo más importante es que esa asistencia jurídica sea de calidad; creo que eso es básico.
Esto no siempre está asegurado
por los turnos de oficio, pero es algo que se puede mejorar.



El tema económico es importante, a pesar de que no siempre las mujeres maltratadas se corresponden formalmente con el estereotipo. Pueden ser mujeres que tengan nómina, y que sin embargo no puedan disponer de sus recursos económicos. Ese
también es otro aspecto importante.



A la hora de concretar el tema del articulado, si ustedes quieren podemos pensar un poquito y hacerles llegar nuestras sugerencias, también con las limitaciones de que nosotras no somos juristas. Precisamente porque conocemos a muchas
mujeres juristas que son auténticas especialistas en este tema, sabemos que es un poco delicado. Tratar de definir más específicamente, con la máxima claridad en este texto o en momentos posteriores, aspectos fundamentales, ayuda a poner nombre a
la problemática y eso mismo ya ayuda a la detección. Profundizar en planes de formación puede ayudar a que colectivamente nuestra sociedad avance, utilizando este instrumento y utilizando todos los instrumentos que pueda haber a nuestro alcance.



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No sé si he respondido a todo, sé que no, pero he hecho lo que he podido.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carmona, por su intervención y por su esfuerzo de síntesis. Quiero desearle mucho éxito a su asociación y a todas aquellas que trabajan en la sociedad para ayudar a sobrellevar situaciones de
riesgo importante.



- DE LA SEÑORA REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI. (Número de expediente 219/000039.)


El señor PRESIDENTE: Para finalizar las comparecencias de hoy, contamos con la presencia de doña Ana Peláez, en representación de la Comisión de la Mujer del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), que va a
hacer una exposición contribuyendo, como lo han hecho las personas que nos han acompañado durante todo el día, a la Ley integral contra la violencia de género.



Señora Peláez, tiene usted la palabra para hacer su intervención inicial.



La señora REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Peláez): Señora presidenta, señorías, como primera cuestión desearía en nombre del CERMI, del Comité que representa
a todas las personas con discapacidad en España, y en el mío propio, expresar nuestro más sincero agradecimiento a esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales por darnos la oportunidad de venir hoy aquí a presentar las consideraciones que desde el
movimiento asociativo de personas con discapacidad en España consideramos son importantes y de alguna manera entendemos podrían contribuir a la mejora de este proyecto de ley integral contra la violencia ejercida contra las mujeres. Desearía
mencionar y agradecer especialmente a la diputada del Grupo Catalán, CiU, Mercè Pigem, el hecho de haber propuesto esta comparecencia, así como a todos ustedes, por supuesto, por haberla aceptado y traernos hoy aquí. Sinceramente, muchísimas
gracias.



Ustedes ya conocen perfectamente lo que es el CERMI, sus siglas y lo que detrás de él hay en España. Tres millones y medio de personas con discapacidad, más sus familias, constituyen realmente un grupo importante de personas que intenta
tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos españoles.



No me voy a extender haciendo una presentación de lo que es el CERMI, de la comisión de la mujer con discapacidad, porque van a poder contar con material complementario que se dejará sobre la mesa. Por tanto, me gustaría centrar mi
intervención en los aspectos concretos de la violencia de género ejercida contra una mujer con discapacidad y las enmiendas que desde este movimiento asociativo, desde el CERMI, consideramos se deberían tener en cuenta de alguna manera.



Lamentablemente no existen estudios. Ni por parte de las instituciones públicas ni por las instituciones académicas ha merecido interés la variable de género de discapacidad y de violencia en España en estudios concretos que nos hagan una
presentación básica de cuál es esa radiografía de la mujer con discapacidad víctima de violencia. Sin embargo los datos europeos hablan de que aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido en algún momento de
su vida una situación de abuso, de maltrato o de violencia. Esto hace que antes de presentarles directamente las enmiendas que hoy traemos aquí, indiquemos por qué las mujeres con discapacidad constituimos un grupo especialmente vulnerable a la
hora de poder sufrir una situación de este tipo. Podríamos hablar de factores endógenos y factores exógenos, según pongamos el punto de mira en la propia mujer con discapacidad o lo pongamos en su entorno comunitario.



En el primer caso, cuando se habla de factores endógenos, es seguro que estarán de acuerdo conmigo en aceptar que la autopercepción negativa de las mujeres con discapacidad es un hecho comprobado, generalmente se sienten menos capaces, menos
competentes en el ámbito de las relaciones sociales, en el acceso a las mismas oportunidades que el resto de las mujeres, porque se enfrentan con un rol socialmente establecido especialmente alto a la hora de poder ser sobrepasado o asumido por una
mujer con discapacidad. El escaso o nulo acceso a un empleo remunerado es una de las reivindicaciones, el segundo factor endógeno, que viene expresando el movimiento de mujeres con discapacidad en España, dado que solamente el 15 por ciento de
todas las mujeres en edad laboral con discapacidad que existen en España (en España hay 2.030.397 mujeres con discapacidad, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística de 1999) tiene un trabajo, pero el 76,7 por ciento no lo tiene, y
además ni se plantea tenerlo. Evidentemente, esto genera una situación económica muy deficitaria porque en muchos casos estas mujeres sólo pueden acceder a una pensión no contributiva. La verdad es que cuando uno analiza los factores que motivan
esta tasa tan alta de inactividad, factores personales, factores familiares, factores sociales -los hay de todos los tipos-, el tema de la educación y el acceso a la formación es algo que llama mucho la atención. Hay que decir aquí, por ejemplo,
que solamente el 1,5 por ciento de las mujeres con discapacidad en España tiene estudios superiores o que el 12,44 por ciento de todas ellas son mujeres completamente analfabetas.



También me gustaría señalar como uno de estos factores exógenos muy importantes que la ausencia de autonomía personal derivada de la propia discapacidad,


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hace que estas mujeres tengan dificultades serias a la hora de afrontar o repeler una acción de abuso e incluso de denunciarla. Esta situación todavía se agrava muchísimo más cuando estas mujeres -muchas de ellas todavía- viven en
residencias, en entornos segregados, porque de alguna manera son invisibles a la hora de conocer qué tipo de violencia o de situaciones de abuso o de maltrato pueden estar sufriendo. De alguna manera son invisibles a la hora de contabilizar o de
analizar la violencia de género. Efectivamente, también existen otros factores exógenos situados en el entorno comunitario, en la propia sociedad, como la percepción social que se tiene de la mujer con discapacidad o de los tabúes y las
motivaciones que rodean el abuso ejercido contra una mujer con discapacidad.



Permítanme que me detenga un minuto en estos temas, porque muchas veces la escasa o nula previsión de recursos comunitarios hace que la mujer con discapacidad tenga mayor dificultad a la hora de expresar los malos tratos por problemas de
comunicación, porque no se tienen previstos en juzgados, ni en otros sitios; dificultades en el acceso a los puntos de información y asesoramiento por barreras de todo tipo: barreras físicas, barreras de comunicación, etcétera; el enfrentamiento
entre roles tradicionalmente asignados a la mujer y la negación de estos roles en la propia mujer con discapacidad; generalmente se atribuye la guardia y custodia de los hijos a la mujer, pero muchas veces se plantea la capacidad de la mujer con
discapacidad a la hora de asumir este tipo de responsabilidades precisamente por el hecho de ser una mujer con discapacidad; la mayor dependencia de la asistencia y de los cuidados de otras personas; el miedo a denunciar ese abuso o ese maltrato
por la posibilidad de pérdida de los vínculos y la provisión de los propios cuidados que se reciben; la menor credibilidad que a veces se da a una mujer con discapacidad a la hora de denunciar hechos de este tipo ante juzgados, precisamente por la
dificultad que pueda tener en el lenguaje o por no tener un discurso tan fluido como el que puede tener una mujer sin discapacidad y sin problemas en su comunicación; vivir frecuentemente en entornos que favorecen la violencia, como familias
desestructuradas, residencias u hospitales, donde desgraciadamente no sabemos cuál es la situación que se está viviendo.



También hay que tener en cuenta que existen una serie de tabúes y motivaciones que rodean el abuso sexual perpetrado contra una mujer con discapacidad por parte del propio agresor. El mito de la deshumanización, se considera que debido a
nuestros problemas, a nuestros déficit no tenemos la misma humanidad que el resto de los mortales. El mito de la mercancía dañada: se nos ve como una mercancía defectuosa y eso parece que da al agresor la razón en la comisión de sus delitos. El
mito de la insensibilidad al dolor: a veces el propio agresor piensa que cuando una persona tiene problemas intelectuales, como no entiende tanto tampoco sufre tanto, y en consecuencia su culpa es menor. Sin embargo, existen estudios americanos
que demuestran todo lo contrario, que precisamente el trauma causado por este tipo de situaciones se padece muchísimo más en el caso de la persona con discapacidad. El mito de la amenaza de la discapacidad. A veces el agresor dice: no fui yo, me
agredió la víctima, por esa imagen que se tiene de la posibilidad de acometer una agresión por la persona con discapacidad, o el mito de la indefensión, tan sufrido por mujeres que dependen de otra persona en todo su quehacer diario, en vestirse, en
la higiene personal o en el cuidado de los hijos, que además tiene una imagen victimizada de ella, y por tanto la aprovecha para ejercer ese abuso o ese maltrato. Por todo ello, hemos considerado básicamente cuatro grupos generales a la hora de
presentar hoy aquí las enmiendas que desde el movimiento asociativo de personas con discapacidad, desde el CERMI, consideramos pudieran ser tenidas en cuenta. El primer grupo tiene relación con la propia conceptualización que se hace de la
discapacidad y la diversidad humana. El segundo grupo se refiere a los servicios específicos demandados en este proyecto de ley por parte de las mujeres con discapacidad. El tercer grupo tiene relación con los requerimientos de estudios concretos
que son necesarios a la hora de visibilizar cuál es la situación de la mujer con discapacidad, y por último respecto a alguna pequeña cosilla que hemos visto en el propio uso del lenguaje, alguna cosa muy breve.



Si me permiten, comenzando precisamente con este primer grupo, en relación con la propia conceptualización que se hace de la discapacidad y la diversidad humana se propone la introducción de varios conceptos, entre ellos el concepto de
vulnerabilidad. Según la resolución de la Comisión de Derechos Humanos la eliminación de la violencia contra la mujer de 1997/44 de Naciones Unidas y según la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, en septiembre de 1995, ya se
recoge este concepto de vulnerabilidad y se recoge la idea de que efectivamente las mujeres con discapacidad lamentablemente formamos parte de estos grupos vulnerables. Lo pueden encontrar en el artículo 1.º de la ley, el objeto de la ley, en el
artículo 11, etcétera. No me voy a detener en estos temas porque ustedes, como decía anteriormente, tienen toda la documentación a su disposición y van a poder analizarlo más detenidamente.



En cuanto al concepto de transversalidad, consideramos que igualmente tiene que ser tenido en cuenta a través de esta ley, dado que ya de alguna manera cuando se habla de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se compromete a que cualquier política específica que haya en materia social sobre el tema de la discapacidad se considerará este concepto de transversalidad. Lo pueden ver,
como decía, en el artículo 2.º, en lo que sería nuestra enmienda número 3.



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Introducir el concepto de personas con discapacidad, sustituyendo la palabra discapacitada, consideramos que es fundamental por dos razones.
En primer lugar, porque este nuevo concepto, persona con discapacidad, no tiene las connotaciones
negativas que tiene el concepto de discapacitadas en donde se adjetiviza a la mujer de que ella es la culpable de los problemas que tiene, sino que se abre un poco más y el entorno también forma parte de esa situación de discapacidad de la mujer, o
de la propia persona con discapacidad, así como un poco por seguir la coherencia legislativa en lo que ya está normado precisamente a través de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, aludida anteriormente. Lo pueden encontrar en los artículos 3 y 14,
concretamente.



Respecto a la diversidad humana, entendemos que el respeto a la diversidad humana significa respetar todas las circunstancias vitales de discapacidad, de raza o de edad, en las que se desenvuelven los seres humanos. En este sentido nos
parece fundamental a la hora de tener en cuenta precisamente las necesidades específicas de las personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad en este caso. Lo pueden encontrar concretamente en los artículos 4 y 15, en la disposición
adicional y en una serie de enmiendas que ustedes tienen perfectamente estructuradas en la documentación que se aporta en esta comparecencia.



En relación con los servicios específicos demandados por parte del sector de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, habría que hablar de la necesidad de la detección precoz de las situaciones de violencia, por una
parte y lo encuentran en el artículo 15. Respecto a la sensibilización de los profesionales entendemos que la realidad de las mujeres con discapacidad es compleja, específica y desconocida por los profesionales en general. Por ello, se hace
necesario dar cabida a la participación en esta atención multidisciplinar a las entidades con experiencia en materia de género y de discapacidad. Igualmente aparece articulada en las enmiendas a lo largo de la propia ley.



En cuanto a la formación de profesionales, en la misma línea de lo expuesto anteriormente, se considera fundamental que estos profesionales tengan que estar formados en lo que es la atención directa a las mujeres con discapacidad para poder
dar respuesta perfectamente a las necesidades planteadas por las víctimas que sufren además de discapacidad.



En cuanto a la accesibilidad universal en la comunicación y acceso a la información, entendemos que para garantizar el acceso integral a la información es necesario ofrecer toda la información que se presta en formatos accesibles a las
personas con discapacidad. Asimismo, es también necesario el servicio de interpretación de lengua de signos española; los sistemas aumentativos, alternativos y de logopedia que supriman las barreras actuales en la comunicación que discriminan a
algunas mujeres con discapacidad. La falta de este recurso para estas mujeres supone en muchos casos ignorar su voluntad, desestimar la validez de sus de-claraciones y lamentablemente aceptar como interlocutores válidos a personas ajenas a ellas.
Lo pueden encontrar establecido en nuestras enmiendas al artícu-lo 3, al artículo 14, etcétera. En cuanto a la accesibilidad universal en los servicios ofrecidos directamente en esta ley, otra forma de discriminación la constituyen las barreras
físicas de comprensión y de comunicación que existen en las oficinas y juzgados que impiden el libre acceso de las mujeres con discapacidad física. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, permite al juez que invierta la carga de la prueba para los demandados en casos en los que existan indicios racionales de discriminación directa o indirecta contra las personas con discapacidad. Los
prejuicios en torno a la discapacidad provocan que, en ocasiones, las decisiones y actuaciones judiciales discriminen a las mujeres con discapacidad, cuestionando la validez de sus declaraciones, su capacidad para ejercer la guardia y custodia de
los menores, etcétera. Por eso introducimos un nuevo artículo, garantía de los derechos de no discriminación de las mujeres con discapacidad, que será nuestra enmienda número 27.



En materia de empleo, entendemos que cuando sea necesaria la movilidad geográfica por razón de una agresión violenta y por decisión judicial, es necesaria la previsión de la adaptación del puesto de trabajo de la mujer maltratada con
discapacidad. Aparece, igualmente, en el articulado de la ley enmendado concretamente por el CERMI.



En cuanto al acceso a la vivienda, las personas con problemas de movilidad o comunicación reducidas, derivados de su discapacidad, usuarias de sillas de ruedas, de muletas, mujeres sordas, mujeres ciegas, pueden necesitar una vivienda
adaptada a sus necesidades funcionales que les permitan desarrollar una vida autónoma dentro de sus domicilios. La carencia de oferta adecuada de viviendas adaptadas se está intentando paliar actualmente en las políticas públicas, a través de
medidas como la reserva de cupo en viviendas promovidas mediante financiación pública o la dotación de ayudas públicas destinadas a la adaptación del hogar. En este sentido, sería necesario establecer la preferencia de optar a estas medidas a
aquellos casos en los que entre las solicitantes se encuentren mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, dado que la necesidad de acceder a una vivienda adaptada es más apremiante para ellas. Por otra parte, de acuerdo con lo
anterior, también se debería incluir esta variable entre los criterios de prioridad en aquellos casos en los que la dependencia derivada de la discapacidad haga necesario el ingreso en centros residenciales. Lo encuentran ustedes en el artículo 24,
enmendado, y añadimos una disposición adicional, la décima, convenios en materia de discapacidad.



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En cuanto a las prestaciones sociales, se propone eliminar el requerimiento de la edad mínima para acceder al subsidio y un incremento de la duración de la ayuda en caso de que la víctima sea una mujer con discapacidad o tenga a su cargo
conviviendo con ella a personas con discapacidad. Ello se justifica por la mayor dificultad para obtener un empleo retribuido que tienen las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, como ustedes ya han podido escuchar anteriormente.
Por eso, se propone que en las víctimas sin responsabilidad familiar no se tenga en cuenta la edad mínima para acceder a las ayudas si tienen una minusvalía acreditada del 33 por ciento o superior. En este caso, la duración de la ayuda será de 12
meses, en lugar de los 6 meses propuestos por esta ley. Igualmente, se propone que en las víctimas con responsabilidades familiares no se tenga en cuenta la edad mínima para acceder a la ayuda, si se tiene una minusvalía acreditada oficialmente del
33 por ciento o superior, siendo necesario además que tuviera cargas familiares. En este caso, la ayudaría pasaría de 18 a 24 meses. Esto lo pueden encontrar en nuestra enmienda número 21 al artículo 23. Respecto a la severidad de la
discapacidad, las mujeres con discapacidad severa que están en una situación de dependencia de sus cónyuges o parejas para desarrollar las actividades de la vida diaria, como es el comer, el vestirse, la higiene personal, el cuidado de los menores,
etcétera, y sobre las que se perpetra violencia de género, se encuentran en una grave situación de desamparo que debe ser atendida por los servicios sociales.
Las medidas que se adopten deben respetar el mantenimiento de la relación materno-filial,
evitando separaciones de los menores y la institucionalización de las madres con discapacidad. Por ello, lo que se propone en esta enmienda es que estas mujeres puedan obtener una ayuda de domicilio, así como la creación de un servicio
complementario específico de cuidadores de menores. Lo pueden encontrar en la introducción de un nuevo artículo, que es la enmienda número 23.



En cuanto al tercer grupo, en relación con el requerimiento de estudios e investigaciones, desde el CERMI entendemos que el informe emitido por la comisión constituida en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
podría aportar información sobre lo siguiente: el número de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género desagregado por tipos de discapacidad, el número de mujeres que han adquirido una discapacidad precisamente como consecuencia de
esa violencia de género, el número de menores que tienen una discapacidad o la desarrollan porque, previamente, cuando sus mamás estaban embarazadas sufrieron este tipo de amenazas. Nos gustaría saber la situación en cuanto a la patria potestad de
los menores en casos de madres con discapacidad. Estas son las demandas concretas que se hacen en este caso.



Por último, en cuanto al cuarto grupo, respecto a alguna pequeña modificación en el lenguaje, entendemos que las organizaciones que defienden los intereses de la mujer no sólo tienen que defender éstos, sino que pueden defender algún otro
interés, como se dice en nuestra enmienda número 7, así como eliminar la palabra único, tal y como aparece en la enmienda número 8, cuando se habla de que el único objeto de este tipo de organizaciones es la defensa de los derechos de las mujeres.



Muchísimas gracias, eso es todo. Quedo abierta a sus oportunas consideraciones.



La señora PRESIDENTA: ¿Qué grupos desean intervenir?


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Voy a ser extraordinariamente breve. Sólo quiero trasladar a la compareciente un doble agradecimiento. En primer lugar, por su presencia en esta Comisión y por su interesantísima intervención, tan documentada,
que nos ha traído una cuestión que -al menos a los redactores del proyecto, y debo confesar que también a más personas- nos habría pasado inadvertida y que nos parece vital que se contemple en el texto de la norma. Y, en segundo lugar, por habernos
traído un texto articulado de las enmiendas que se proponen tan absolutamente elaborado. Me parecen técnicamente muy correctas las que he tenido ocasión de hojear desde que nos han entregado el trabajo, y hasta en su estética está maravillosamente
presentado. Por eso le digo que muchísimas gracias. Mi grupo hará utilización de sus enmiendas, y no le digo que todas, pero sí asumiremos muchas de ellas en las enmiendas que presentemos.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Muchas gracias también de parte de mi grupo, Esquerra Republicana, por su presencia aquí, por su interesante exposición y por el material que nos ha traído. No dude de que lo vamos a analizar atentamente e
incluiremos todas las enmiendas que creamos oportunas.



Muchas gracias y felicidades.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM PALMÉS: Señora Peláez, muchas gracias por su intervención.
Quiero sumarme a las palabras de las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Creo que el CERMI ha realizado, como siempre, un trabajo impecable;
estéticamente también lo es, como ha resaltado la señora Uría.



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El objeto de estas comparecencias es que nos expongan cuál es su opinión y normalmente los portavoces hacemos una batería de preguntas o les solicitamos a ustedes las mejoras que se podrían hacer. Usted nos trae el trabajo hecho,
articulado, en negrita. Nos ha puesto el trabajo muy fácil y, por tanto, queda poco que resaltar, pero sí quiero decir que para mi grupo parlamentario, para mi formación política era importante oír la voz de las personas con discapacidad. Leímos
con agrado que tanto el anteproyecto como el proyecto tenían en cuenta a las personas con discapacidad en algunos de sus artículos; de todas maneras, pensamos que sería bueno escuchar la voz de un colectivo como el suyo, que agrupa a las personas
con discapacidad, para saber si lo que se había tenido en cuenta ya en el propio proyecto del Gobierno era suficiente o se tenía que ampliar. Este, como usted ha señalado, es un colectivo especialmente vulnerable al tema de la violencia de género.
Los datos que usted nos ha apuntado y que conocíamos por el Consejo de Europa son realmente alarmantes, el 40 por ciento de las mujeres con discapacidad han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia y es que parece que el colectivo de
las mujeres con discapacidad es especialmente vulnerable, porque es muy fácil, por acción o por omisión, ejercer violencia contra esas mujeres, que muchas veces, como el trato que han tenido durante gran parte de su vida no ha sido más que éste, ni
siquiera se reconocen dentro del colectivo de personas que sufren esta violencia. Dentro de la metodología de trabajo de aplicar la dimensión de discapacidad a todas las políticas sociales que se hacen, y esta ley integral es en buena parte un
articulado de medidas de política social, de derechos sociales, creíamos que era importante saber cuáles eran las propuestas de ese sector de la discapacidad. Como se ha repetido muchas veces, todo para las personas con discapacidad, pero nada sin
oír qué es lo que quieren, cómo quieren que sean articuladas estas necesidades, estas particularidades en la redacción legal. Escuchar ante todo a los colectivos que agrupan a las personas con discapacidad es lo que pretendíamos solicitando su
comparecencia, y con su exposición y con el magnífico trabajo que nos han preparado ha quedado cubierto de largo el objetivo de la comparecencia. Por tanto, nada más que agradecer sus palabras y el magnífico trabajo y decirle que será atentamente
estudiado y tenido en cuenta.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, doña Ana Peláez, por esa magnífica exposición y por ese magnífico trabajo que nos ha entregado. Su intervención ya justificaría el hecho de que en la Comisión de Trabajo Social y Empleo se hubiesen
organizado estas jornadas para estudiar, para analizar las posibles mejoras y enmiendas que hay que introducir en esta ley. Nuestro grupo se ha unido desde el primer momento a este trabajo con todo el interés que la gravedad de este problema
requiere. Durante estos últimos ocho años, y de manera especial durante la última legislatura, hemos trabajado de forma consensuada, modificando importantes leyes para tratar de garantizar al máximo la protección de las mujeres víctimas de malos
tratos, buscando además el objetivo básico y fundamental de erradicarlos.



Recordaba la señora Pigem cómo usted, en el año 2003, señalaba que, de acuerdo con los datos emanados de la Unión Europea, más del 40 por ciento de las mujeres con discapacidad sufren o han sufrido -decía textualmente- algún tipo de maltrato
hacia sus propias personas.
Cuando releía su intervención, para conocer mejor las reflexiones que podría hacernos usted hoy aquí y poder valorarlas, me estremecía. Nos estremece, porque sin duda es muy doloroso que una mujer sufra un maltrato,
tenga o no un problema de discapacidad; pero si lo vemos unido a una situación de mayor vulnerabilidad, se nos abren -dicho en términos coloquiales- las carnes. Se preguntaba usted algo que resulta muy duro: ¿cuántas de ellas -decía- han tenido
la oportunidad de denunciar estas situaciones y de hacer valer sus derechos humanos? Porque, efectivamente, estamos hablando de violación de los derechos humanos.



Si durante muchos años nuestro trabajo ha sido el de tratar de concienciar a las mujeres que sufren malos tratos de que los denuncien, y he oído antes por la televisión -aunque no estaba presente- cómo se recordaba aquí que no es que hayan
aumentado los malos tratos sino que las mujeres los denuncian más ahora, el hecho de que haya un grupo de mujeres que tengan más dificultades para denunciar los malos tratos nos tiene que preocupar. Efectivamente, nuestro grupo sabe que la realidad
de las mujeres que tienen una discapacidad es completamente distinta: no sólo tienen dificultad, sino que, encima, esto es desconocido para los profesionales que trabajan en este ámbito.



Recordaba usted, pues, esa doble discriminación que a nuestro grupo le preocupa tanto, a que se encuentran sometidas muchas mujeres por razón de género y de discapacidad. Las barreras físicas que usted indicaba al principio, que puede
haberlas incluso en los juzgados, y también las barreras de comunicación y las de comprensión de las personas que van a ser agentes y que tienen que estar en contacto con las mujeres, para ayudarlas. El concepto de mayor vulnerabilidad que ustedes
señalaban, y que articulan por medio de enmiendas, así lo avala, y nos solicitan que se introduzca un nuevo artículo de garantía del derecho de no discriminación de las mujeres con discapacidad.



Nuestro grupo se congratula de su comparecencia. Le damos las gracias porque posiblemente haya facilitado mucho el trabajo a nuestro grupo en el momento de articular las enmiendas. Tenga la seguridad de que vamos a estudiar las suyas con
detenimiento. En este


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momento no le puedo garantizar que vayan a tener una rúbrica del Grupo Parlamentario Popular al cien por cien, pero sin duda las veremos con atención. Sabiendo cómo trabajan, conociendo el rigor con que lo hacen y las necesidades que tienen
ustedes, prácticamente podemos decir que las asumimos.



Por otro lado, ha hecho una petición por medio de una enmienda, que le lleva a nuestro grupo a significar la importancia que tiene. En estos momentos no tenemos datos oficiales acerca del número de mujeres con discapacidad que son víctimas
de la violencia de género. Creemos que el conocimiento de la realidad es la primera piedra para ir tratando de solucionar los problemas. Por tanto, nos parece muy importante esto; creemos que ustedes tienen razón cuando lo demandan, y que la
invisibilidad de este grave problema social lo único que hace es ocultarlo y dificultar ese empeño que, afortunadamente, tiene hoy toda la sociedad de erradicarlo. Esa tolerancia cero de la violencia de género que está ahora en la agenda política y
de primer orden de trabajo en el Parlamento nos parece básico e importante.



Termino reiterándole una vez más el agradecimiento del Grupo Popular por lo que ustedes hoy aquí nos aportan, por su presencia y por esa magnífica exposición que nos ha hecho.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín.



La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora Peláez, por su intervención. La felicito sinceramente. Creo que ha sido una intervención muy interesante, muy necesaria y concreta, y eso se lo agradecemos especialmente los que hemos
escuchado a lo largo del día varias intervenciones.



Estoy muy de acuerdo con usted en casi todo lo que ha dicho. Si la variable género es fundamental en la problemática de la violencia y por ello el texto de esta ley pretende fundamentalmente atacar las causas que generan la violencia que se
ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, indudablemente cuando se une a la variable género una circunstancia vital como la discapacidad existe una clara y doble discriminación que es necesario tener en cuenta y que yo creo que se ha
tenido en cuenta a lo largo del articulado, pero ello no significa que en su intervención no haya hecho aportaciones realmente muy importantes y además muy oportunas. Le quiero decir que estudiaremos en profundidad cada una de sus aportaciones
concretas y algunas de ellas tendrán cabida en el desarrollo de la ley de igualdad de oportunidades, sobre todo aquellas que hacen referencia al apartado de mujer y discapacidad, y aunque algunas de las cuestiones que ha aportado aquí hoy se
incorporarán en la ley que nos ocupa sin ninguna duda y con gran consenso por parte de los grupos parlamentarios, hay otros temas que en los últimos años nos han preocupado y hemos trabajado en ellos, como por ejemplo todo aquello que acerca o
facilita la comunicación cuando se sufre algún tipo de discapacidad. El reconocimiento del lenguaje de signos sin duda generará recursos para facilitar esa comunicación, e incluso para resolver los problemas que usted había planteado en ese sentido
a lo largo de su intervención, por mencionar algunos de los aspectos concretos.



Mi grupo parlamentario cree absolutamente en la discriminación positiva para las situaciones de desigualdad, en las medidas de acción positiva.
En el caso del género es evidente, en el caso de la igualdad de oportunidades de las mujeres, y
en este caso concreto además de esa variable de género y de esa necesaria igualdad como mujeres existe esa doble desigualdad. Por tanto, es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de definir las acciones de discriminación positiva para resolver
esos problemas de igualdad.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar, tiene la palabra nuevamente la compareciente, doña Ana Peláez.



La señora REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE LA MUJER DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI) (Peláez Narváez): Desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad quiero expresar nuevamente
nuestro más sincero agradecimiento, y yo concretamente por recibir tantos elogios que corresponde a un trabajo bien elaborado de un grupo de personas, a las que transmitiré todo lo que me comentan. Estoy encantada de escuchar que de alguna forma
han entendido vitales este tipo de consideraciones que hoy aquí se han hecho.
Esperamos con impaciencia esta nueva ley.



Muchísimas gracias.



La señora PRESIDENTA: Señora Peláez, agradecemos una vez más su colaboración y sus aportaciones, y seguiremos trabajando en este campo de la integración que nos parece importantísimo.



Se suspende la sesión, que reanudaremos mañana a las diez de la mañana.



Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.