CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 68

MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA

Sesión núm. 3 (extraordinaria)

celebrada el martes, 27 de julio de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) para informar sobre el Plan Nacional de asignación de derechos de emisión, en cumplimiento del Protocolo de Kioto. A petición del Gobierno (Número de expediente
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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión, sesión extraordinaria con un único punto del orden del día, que es la petición de la ministra del Medio Ambiente para informar sobre el Plan nacional de asignación de
derechos de emisión, en cumplimiento del Protocolo de Kioto.



Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, buenas tardes. Comparezco a petición propia para explicar en esta Comisión el contenido del proyecto de decreto ley por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2003/1987, relativa el régimen comunitario de comercio de derechos de emisiones, y también el Plan nacional de asignación de derechos de emisión que acompaña a dicho proyecto de decreto
ley. Esta comparecencia se sitúa con anterioridad a lo que será la aprobación por parte del Gobierno de este proyecto de decreto ley con el correspondiente Plan nacional de asignación de derechos de emisión, para poder situarnos dentro del
escenario que la Comisión Europea ha permitido en el caso de España, teniendo en cuenta el notable retraso que este país tenía en el seno de la Unión Europea en cuanto a cumplimentar determinadas obligaciones. De todas formas, tenemos el compromiso
de comunicar estos textos a la Comisión Europea antes del día 31 de julio, evitando así el inicio de un procedimiento de infracción, en el que se encuentran ya algunos otros países por incumplimiento de esta norma.



Por otra parte, la necesidad de aprobar este texto como decreto ley para que pueda existir en nuestro país el marco jurídico institucional necesario para que a partir del día 1 de enero del 2005 entren en vigor en nuestro país todas las
consecuencias de la existencia de un mercado europeo de derechos de emisión, es lo que justifica que tengamos que recurrir al decreto ley. Es la única forma de permitir que el 1 de octubre de este año pueda existir ya el marco en el cual las
empresas puedan solicitar y recibir las correspondientes asignaciones de derechos de emisión y que haya el tiempo para que las administraciones acuerden sobre tales solicitudes un tiempo estimado de tres meses entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de este año. Esto es, como digo, lo que nos obliga a aprobar esta norma por decreto ley y someterla, en el caso de que así lo estime la Cámara, al procedimiento posterior de tramitación como ley por la vía de urgencia.



En cualquier caso, antes de entrar a comentar el decreto ley, el propio plan y los mecanismos con los cuales han sido elaborados estos documentos, quisiera señalar en esta Cámara la extraordinaria importancia de esta norma y del propio Plan
nacional de asignación de derechos de emisiones. En España, esta es la primera vez que se va a aprobar una ley, una norma con rango de ley, que establezca la obligatoriedad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero; un proyecto de
decreto ley que va a establecer además un instrumento concreto, cual es el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Como digo, la primera vez en nuestro país, a pesar de que desde el año 1992 España, como país miembro de la
Unión Europea, está incorporada en el ámbito internacional a lo que son los grandes compromisos en materia ambiental, y muy en particular al Convenio de Naciones Unidas sobre lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha no ha
habido ninguna norma con rango legal que establezca unos techos y unos procedimientos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país.



Por otra parte, quiero también destacar la importancia de aprobar, aunque sea con esta premura de tiempo como lo estamos haciendo, esta norma antes de que el 1 de enero en toda la Unión Europea se ponga en marcha un comercio de derechos de
emisión. De hecho, la puesta en marcha de ese mercado europeo, en el supuesto de que España no hubiera tenido disponible el marco correspondiente para su incorporación al mismo, hubiera supuesto una enorme inseguridad jurídica para las empresas
españolas y también consecuencias incalculables desde el punto de vista de las infracciones que hubieran recaído directamente sobre las empresas españolas, en cuanto a la presunción de ayudas de Estado contemplada por la Comisión Europea en el
supuesto, insisto, en que España no se hubiera incorporado a este mercado europeo de derechos de emisión. Éste es un país, el nuestro, donde lamentablemente hay muchos incumplimientos de normas ambientales de la Unión Europea, pero por primera vez
en este caso el incumplimiento de una norma europea no sólo iría en contra del propio país miembro, que iría sin ninguna duda, sino también afectaría de una manera directa y negativa a las propias empresas españolas por esa presunción de obtención
de ayudas de Estado no permitidas por la Unión Europea y, por lo tanto, contrarias a los principios de la competencia en el espacio europeo. Por lo tanto, la necesidad y la urgencia de las decisiones que está tomando el Gobierno en esta materia
desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista de nuestra pertenencia a la Unión Europea, creo que son evidentes.



Yo quisiera arrancar diciendo que el compromiso de este Gobierno en relación con el cumplimiento del Protocolo de Kioto no es un mero compromiso, en términos formales o jurídicos, de aceptación de la legalidad europea. Al contrario, el
compromiso del presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, en el sentido de que España comience a avanzar en una senda de desarrollo más sostenible y por lo tanto de un


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desarrollo donde sea compatible el crecimiento económico con la cohesión social, pero también con la reducción de la contaminación en nuestro país y con el uso más eficiente de todos los recursos naturales, incluida la energía, es un
compromiso que evidentemente requiere instrumentos para llevarlo a la práctica. No es un puro compromiso retórico, no es una declaración más de principios, sino el punto de partida de decisiones que deben incidir de manera positiva en un modelo
económico que hasta la fecha ha registrado un crecimiento, sobre todo en los últimos años, donde el incremento del producto interior bruto no ha ido de la mano, sino más bien todo lo contrario, con el incremento, por ejemplo, en términos de avance
tecnológico de nuestro país. España se sitúa a la cola de todos los países de la Unión Europea y de los países occidentales en general, en cuanto al gasto en I+D, en cuanto a la generación de patentes propias, y eso tiene mucho que ver con un
modelo de desarrollo insostenible, que ha conseguido ritmos elevados de crecimiento en términos de producto interior bruto, pero no, en cambio, de un reparto más equitativo de la riqueza, de una menor degradación de nuestro medio ambiente y de un
avance, como digo, en términos tecnológicos.Desde el Partido Socialista creemos que el cumplimiento del Protocolo de Kioto es ante todo una oportunidad para avanzar en esa dirección, para reducir el enorme margen de ineficiencia energética que
plantea nuestro país en el contexto internacional, y en particular dentro de la Unión Europea. Durante los últimos años el producto interior bruto ha crecido en España bastante, pero por detrás del crecimiento registrado en el consumo de energía y
también, en la medida que nuestra energía está muy basada en combustibles fósiles, por detrás del incremento registrado en cuanto a los gases de efecto invernadero. Hay que ayudar al cambio de tendencia de la economía española para que nuestra
economía parta de una menor intensidad energética de nuestro producto interior bruto y por tanto se reduzca el consumo unitario de energía en nuestro país para que haya una mayor diversificación de las energías renovables. En España el uso de las
energías renovables conjuntamente con el resto de las fuentes energéticas en estos momentos marca un escenario excesivamente concentrado en torno a los combustibles fósiles y debería dar lugar a esa mayor diversificación que hará de nuestro país,
entre otras cosas, un país mucho menos vulnerable a la evolución del precio de los combustibles fósiles o a la necesidad de la obtención de dichos combustibles fósiles en espacios a escala mundial que presentan una conflictividad creciente durante
nuestro siglo. Mejorar la eficiencia energética, reducir la intensidad energética del producto interior bruto, aumentar la diversificación en las fuentes energéticas de nuestra economía, reducir la dependencia energética del exterior y, por
supuesto, reducir también gases de efecto contaminante, que tienen no sólo un impacto en términos de cambio climático sino también en términos de la salud de los ciudadanos, en la medida además que la combustión de determinados combustibles está
asociada en el consumo con otros gases contaminantes, es sin ninguna duda un objetivo prioritario para nuestro país. Somos muy conscientes de que tenemos que hacer este esfuerzo de manera que nuestras empresas puedan adaptarse gradualmente al nuevo
escenario y por eso hemos planteado un recorrido a lo largo de los próximos años moderado, un recorrido prudente, que permita esa adecuación gradual de nuestra economía al escenario de la reducción de gases de efecto invernadero que se planteaba y
se plantea dentro de la Unión Europea de acuerdo con el Protocolo de Kioto.



Quiero señalar que para el Gobierno es una satisfacción haber podido llegar hasta aquí en el poco tiempo del que hemos dispuesto, gracias, en primer lugar, al mecanismo de coordinación dentro del propio Gobierno, creado en el seno de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ha permitido trabajar bajo la presidencia del Ministerio de Economía a los ministerios de Medio Ambiente, de Industria y al resto de los departamentos que aparecen recogidos en los documentos de los que
se dispone, de forma que, efectivamente, la decisión que hoy se plantea no es una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, sino una propuesta formulada por el conjunto del Gobierno, que se ha implicado en esta tarea de forma muy directa. Esto es
lo que explica que hayamos podido avanzar de una manera rápida y rigurosa al mismo tiempo, tal como se nos ha reconocido, entre otras instancias, por los propios expertos de la Comisión Europea, con los cuales venimos trabajando en sintonía y de
manera simultánea durante estos tres meses de gobierno desde las elecciones generales. También quiero señalar cómo estos textos que hoy traemos aquí han sido sometidos a un amplio proceso de consulta y participación pública, algo que es esencial,
en general, en todo lo que tiene que ver con la incorporación de las directivas europeas en nuestro país, pero muy en particular cuando, como en este caso, se trata de normas y de decisiones que afectan a un número muy importante de empresas de
nuestro país.



De esta manera, la consulta pública que se ha llevado a cabo desde el día 8 de junio hasta el día 19 de julio, ha permitido recoger 320 alegaciones; de esas 320 alegaciones, aproximadamente un 80 por ciento se refieren al listado de
instalaciones que acompaña al proyecto de decreto ley, en particular al Plan nacional de asignación de derechos de emisión.
El resto son, por el contrario, alegaciones que tienen más relación con el fondo, con los contenidos del propio texto del
Plan nacional o del proyecto de decreto ley. Esta consulta se ha extendido también a lo que ha sido la reunión, la convocatoria, el debate en otros órganos previstos en nuestro ordenamiento, como ha sido, por supuesto, la consulta con las
comunidades autónomas. A las comunidades autónomas se les ha ido informando y han sido escuchadas desde el primer momento en que el Gobierno aprobó


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unos criterios básicos el pasado 24 de junio, que permitió de esa manera incorporar también la opinión de las comunidades autónomas en esa fase, antes de la propuesta que hoy ha sido comentada ya, sometida a consulta pública. Por otra
parte, además de las comunidades autónomas, de forma bilateral en algunos casos, se ha convocado conferencia sectorial, tanto Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como de Industria, y los consejeros de los dos ámbitos han podido participar de
manera conjunta en la misma. También se ha convocado y escuchado al Consejo Asesor de Medio Ambiente y al Consejo Nacional del Clima. Ha habido un dictamen, que ya obra en nuestro poder, emitido por el Consejo Económico y Social, y queda
pendiente, y recibiremos su informe, el dictamen del Consejo de Estado, que esperamos tener el próximo jueves. Con ello completaríamos todo el recorrido de las distintas instancias que han sido consultadas y, como comentaré más adelante, tenidas en
cuenta en la medida de lo posible dentro del propio texto del decreto ley y también en lo relativo al Plan nacional de asignación de derechos de emisión.Señorías, como ustedes saben, el Gobierno español estaba obligado a incorporar una directiva
relativa al comercio europeo de derechos de emisión antes del pasado 31 de diciembre del año 2003 y un plan nacional relativo a ese comercio de emisiones, a su implantación en nuestro país, antes del pasado 31 de marzo de este año. En ninguno de
los dos casos este país estaba en condiciones de hacerlo. No había habido una comunicación por parte del Gobierno de la nación atendiendo esos requerimientos y efectivamente eso es lo que ahora estamos intentando subsanar. Sin embargo, hay que
entender también la urgencia desde el punto de vista de la situación relativa de España en el contexto europeo.



Al principio de mi intervención señalaba que desde 1992 existen compromisos internacionales, que afectan también a España, en cuanto a la Convención de Naciones Unidas sobre lucha contra el cambio climático y posteriormente, en el año 1997,
en el escenario trazado por el Protocolo de Kioto en el ámbito también europeo. Esos compromisos internacionales, en el caso de otros países miembros de la Unión Europea, han dado lugar durante la década de los noventa a toda una serie de
estrategias nacionales y de instrumentos fiscales, económicos o regulatorios, que han sido implementados en la mayoría de los países europeos y que han permitido que en esta fecha la mayoría de los países europeos se encuentre próxima al
cumplimiento de los objetivos que marca el Protocolo de Kioto en el escenario 2008-2012.



No es ése el caso de España. De acuerdo con las últimas estimaciones disponibles, España en el año 2003 habría superado ya el 39 por ciento de incremento en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la situación
alcanzada en 1990, cuando de acuerdo con el Protocolo de Kioto nuestras emisiones no podrán superar en más de un 15 por ciento respecto al nivel de 1990 en el promedio de los años 2008 al 2012. Por tanto, nuestra situación de partida es sin duda
especialmente compleja, que refleja la desidia de sucesivos gobiernos frente a una cuestión de importancia internacional, donde otros países de la Unión Europea con los que nos sentimos felices de converger en materia, por ejemplo, económica o
monetaria, han hecho un esfuerzo más importante que España. Eso nos lleva a esa situación en la que evidentemente tenemos que intentar corregir las tendencias e implementar instrumentos eficientes para que esa tendencia a largo plazo sea mucho más
ajustada con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países del planeta, pero ciertamente en los países occidentales que mayor responsabilidad tenemos de ello en el conjunto planetario.



En España no se había llegado ni siquiera a aprobar una estrategia nacional de lucha contra el cambio climático por parte del Gobierno. Sí lo había hecho el Consejo Nacional del Clima el pasado diciembre del año 2003, aunque esa estrategia,
no aprobada posteriormente por el Gobierno, es un documento con un buen diagnóstico técnico y también con un número muy importante de posibles instrumentos a desarrollar para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero un documento
que carecía de un escenario, de una temporalidad en la aplicación de las medidas y también de unos objetivos concretos respecto del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Tampoco existían en la estrategia presupuestos asociados a las
distintas medidas ni una implicación clara y nítida de todas las administraciones en torno a las distintas actuaciones a desarrollar. Partimos, por tanto, también con esa carencia en estos momentos que hay que añadir, para completar el dibujo
descrito anteriormente, a la falta de la norma a trasponer y también del propio Plan nacional de asignación de derechos de emisión.



Déjenme decir que, además, nos hemos visto obligados a empezar la casa casi por el tejado. Casi por el tejado, porque la inminencia de la entrada en vigor de la directiva europea relativa al comercio de emisiones se ha producido en nuestro
país cuando faltaban esos otros instrumentos de mayor alcance, ligados a la consecución de objetivos de reducción de emisiones, en todos los sectores de nuestra economía. Hay que recordar que el plan nacional solamente afecta a seis sectores
industriales y que por ello deja fuera el resto de los centros emisores de gases de efecto invernadero en nuestro país, esos que deben de ser atendidos con medidas diferentes de las que se plantean al crearse un mercado de comercio de emisiones.
Por eso creo que más importante aún que el proyecto de real decreto que hoy traemos aquí y que el propio Plan nacional de asignación de derechos de emisión, es el esfuerzo que tienen que hacer todas las administraciones para llevar a cabo planes de
acción concretos en cada uno de los sectores -estoy hablando, por lo tanto, del transporte, de la


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agricultura, del comercio, de la vivienda etcétera- para procurar que efectivamente haya esa reducción en el nivel de emisiones en los próximos años respecto a la tendencia alcista registrada hasta ahora. Sólo se puede entender la
importancia de lo que ahora el Gobierno va a aprobar en ese contexto más amplio, en el que obviamente estamos trabajando. La misma Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, en su seno, el mismo grupo de trabajo interministerial sobre cambio
climático, es el llamado a desarrollar, a hacer que se desarrollen por parte de otros ministerios, y muy en particular por parte del Ministerio de Fomento, del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Economía y
Hacienda, otros instrumentos, en algunos casos de carácter transversal y en otros de carácter sectorial, para conllevar ese proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.Si no se entiende lo que hoy tenemos ante nosotros como una
pieza de ese escenario mucho más importante y amplio, sinceramente éste sería un ejercicio bastante estéril. Podríamos aprobar hoy, aprobar plantear al Consejo de Ministros la aprobación de esta transposición de la directiva y del correspondiente
plan nacional y acometer la creación de ese comercio de derechos de emisión; pero si no acometemos el resto de las tendencias de cada uno de los sectores, evidentemente nuestro país nunca podrá acercarse al cumplimiento de los objetivos del
Protocolo de Kioto. Tenemos, por tanto, que trabajar y seguir trabajando de manera simultánea, cuando lo lógico y natural sería que hubiéramos dispuesto en nuestro país desde hace tiempo de una estrategia nacional que abordara todos y cada uno de
los sectores, con los correspondientes instrumentos para reducir las emisiones, y que a partir de ahí se hubiera incorporado en nuestra legislación un instrumento puntual de carácter económico, como es el comercio de derechos de emisión, que, sin
embargo, hoy día aparece ante la opinión pública prácticamente como la única herramienta o la más importante de todas ellas. Hay, por tanto, que situar en ese contexto el esfuerzo que se está haciendo, poniendo también por delante el compromiso del
Gobierno de seguir trabajando, como se explica claramente en la propuesta del Plan nacional de asignación de derechos de emisión, en los sectores no incluidos en la directiva. Por cierto, precisamente esa alusión y sobre todo el establecimiento de
techos en cada uno de los sectores no incluidos en la directiva es una propuesta del Gobierno español que ha sido felicitada por la Comisión de la Europea, por los grupos de trabajo que existen con la Comisión Europea, porque otros países no han
incorporado ese tipo de compromisos cuantificados y con la voluntad política y las herramientas a desarrollar que están contenidas en nuestra propuesta de plan nacional. Es verdad que otros países esas cuestiones en algún caso se habían
desarrollado ya con bastante éxito, pero forma parte del empuje que queremos dar a una situación bastante lamentable en la que nos hemos encontrado esta materia al llegar al Gobierno.



Voy a referirme a continuación de manera breve a los dos textos que se han repartido, puesto que tiene ustedes los textos y simplemente se trata de resumirlos para que después haya todas aquellas observaciones que se consideren pertinentes.
Me referiré primero al proyecto de real decreto-ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que, como he señalado ya, es la trasposición de la Directiva 2003/1987. En este texto se
establece el régimen de comercio de derechos de emisión para aplicar inicialmente a las emisiones de dióxido de carbono, de acuerdo con la definición que se hace de los sectores y de las instalaciones que deben someterse a esta normativa. En el
propio capítulo 1 ya se crea un órgano de coordinación dentro del propio Gobierno y con las comunidades autónomas, la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático, colaboración entre la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, que va a ser clave en la correcta aplicación de todo lo previsto en el régimen de comercio de derechos de emisión.



A partir de ahí el texto regula la autorización de emisión de gases de efecto invernadero con la que deben de contar todas las empresas que aparezcan en el listado del plan nacional a partir del próximo día 1 de enero del 2005 y cuyo
otorgamiento se corresponde con el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma. Aquí también se establece cómo pueden funcionar, en su caso, instalaciones que se reúnan en una agrupación o pool, circunstancia que está prevista en
esta normativa simplemente para las empresas de los sectores industriales, no así para el sector energético, puesto que se ha considerado que las especiales características del sector energético harían complicados los efectos en términos de
competencia de la creación de un pool entre sus empresas.



En el capítulo 4 se define la naturaleza y el contenido del plan nacional de asignación y su procedimiento de aprobación. Se regula la asignación individualizada de los derechos de emisión, que tendrá lugar por resolución del Consejo de
Ministros y a propuesta de varios ministerios, previas consultas al propio Comité de coordinación de las políticas de cambio climático, y el trámite también de información pública. No entro en los detalles del plan nacional, simplemente repaso lo
que son los contenidos de este real decreto, que tiene un capítulo dedicado, como es obvio al régimen regulador de los derechos de emisión, en cuanto a qué conlleva la propiedad de uno de estos derechos subjetivos que son de carácter transmisible y
también cuáles son las obligaciones derivadas del titular de cada una de las instalaciones. Todos los titulares de instalaciones que estén dentro de esta norma tendrán que informar antes del 28 de febrero de cada año de cómo han cumplido con sus
obligaciones en términos de los límites que se establezcan para cada instalación en relación con las


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emisiones que les corresponden. Son las comunidades autónomas las que tienen que comprobar la verificación que se hace de esa información y por lo tanto dar su conformidad al informe verificado. Habrá un registro nacional de derechos de
emisión, que será el que establezca todas las operaciones de expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada, cancelación, a través de un sistema de cuentas separadas donde aparecerá cada uno de los titulares de los
correspondientes derechos de emisión. Y el capítulo octavo regula también el régimen sancionador de acuerdo con las diferentes posibles infracciones existentes.Quiero señalar que en la elaboración de este decreto ley se ha partido de los títulos
competenciales previstos en las reglas 23 y 13 del artículo 149.1 de la Constitución española, tanto en lo que se refiere a las bases en legislación ambiental como también a la ordenación de la economía o, como dice nuestra Constitución, a las bases
de la planificación general de la actividad económica, puesto que aquí nos encontramos con la necesaria regulación de prácticas que podrían suponer alguna incidencia en lo que se refiere a la competencia entre actividades y que pudieran alterar la
libre competencia. Este proyecto de real decreto ha recibido observaciones y alegaciones tanto en el trámite de consulta como en lo que han sido las relaciones bilaterales con las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas han tenido
ocasión de pronunciarse, y muchas de sus observaciones y de sus peticiones van a ser tenidas en cuenta en el texto definitivo; texto definitivo del que sólo puedo hacer hoy algún anticipo, porque, como he comentado a SS.SS., todavía tiene que ser
estudiado por la comisión de subsecretarios, por la propia comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y obtener ese dictamen del Consejo de Estado. En cualquier caso, en el momento en el que nos encontramos sí les puedo decir que el
Gobierno va a considerar varias de las observaciones planteadas por las comunidades autónomas para dar un mayor papel a las mismas en cuanto a una serie de cuestiones incluidas en el proyecto de decreto-ley, como por ejemplo lo relativo a los
mecanismos de desarrollo limpios y también a lo que son los mecanismos propios de esa comisión de coordinación de todas las administraciones. Habrá, por lo tanto, como digo, una incorporación de observaciones desde las preocupaciones
competenciales; por otra parte, las comunidades autónomas han tenido también, obviamente ocasión de pronunciarse respecto del Plan Nacional de Derechos de Emisión, que, por supuesto, aunque sea un plan nacional, tiene una incidencia diferenciada en
cada una de ellas, lo cual ha generado alegaciones importantes en cuanto al efecto que puede causar el plan nacional sobre los distintos territorios en términos de su propio desarrollo económico. El Gobierno está considerando la oportunidad de
tener en cuenta algún criterio en lo que se refiere a la reserva que se mantiene para nuevos entrantes, es decir, para empresas que todavía no están funcionando, y que pueda tener en cuenta precisamente esa situación diferenciada de las distintas
comunidades autónomas.



Paso a comentar brevemente el plan nacional, que ha sido objeto evidentemente de los mismos trámites que el propio proyecto de decreto ley y que además ha sido conocido con anterioridad en lo que se refiere a los criterios básicos para
establecer la senda de aproximación a los objetivos del Protocolo de Kioto. Esa senda de aproximación está dibujada gráficamente en la página 10 de este texto. Ahí se puede saber dónde hubiera ido la tendencia de nuestro país en el supuesto de no
hacerse ningún tipo de esfuerzo en los próximos años, una tendencia creciente de manera muy intensa durante los últimos años, que efectivamente se pretende corregir con un escenario básico que supone la estabilización en el período 2000-2002 de las
emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Eso por lo que se refiere a los primeros tres años, 2005-2007, mientras que a continuación, entre el 2008 y el 2012, se produciría una reducción, hasta quedar situados en el nivel de un
incremento del 24 por ciento por encima del nivel de emisiones del año 1990, que se traduciría en la práctica en ese objetivo del 15 por ciento establecido por el Protocolo de Kioto, gracias a un porcentaje de atribución de la compensación generada
por los sumideros de carbono en nuestro país, es decir, el incremento de las masas forestales en nuestro país en este período, y también a un 7 por ciento, que sería el cubierto por los denominados mecanismos de desarrollo limpio, es decir,
inversiones en países no desarrollados de empresas españolas en proyectos de tecnologías limpias que contribuyan también a la reducción de gases de efecto invernadero.



En la construcción de este plan nacional, como he dicho al principio, se ha tenido muy en cuenta el hecho de que los sectores incluidos en la directiva sólo suponen algo más de un 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero
en nuestro país y que, por lo tanto, debe mantenerse ese criterio en cuanto a la exigencia también de en cuánto contribuyen sectores incluidos y sectores no incluidos en la directiva en el proceso de reducción. Por eso tienen ustedes dentro de este
documento, concretamente a partir de la página 11, los escenarios que se contemplan en el caso de los distintos sectores, sectores donde efectivamente hay aquí ya las medidas que se considera que pueden ser incorporadas. En particular quiero llamar
la atención sobre el hecho de que el Gobierno está trabajando en incrementar la eficiencia de las ayudas para las energías renovables. Ustedes saben que en España está en vigor un Plan de fomento de energías renovables que no está consiguiendo ni
mucho menos sus objetivos globales; solamente la energía eólica se está desarrollando de forma acorde a esos objetivos, sin embargo hay enormes potencialidades en otros campos, como son el de la energía solar o el de la biomasa. Pues bien, una de
las tareas en las que está trabajando el Gobierno de la nación es precisamente en la revisión de ese Plan


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nacional de fomento de las energías renovables, pero también en cuanto a la implementación de la estrategia de ahorro y eficiencia energética aprobada durante la anterior legislatura y que necesita para poder llevar a buen fin sus objetivos
medidas no contempladas inicialmente o no implementadas desde el punto de vista presupuestario.Voy a resumir muy brevemente el contenido de los distintos aspectos de este plan para poder después escuchar a SS.SS. En primer lugar, como señalaba, el
objetivo inicial que se fije es el de que durante el período 2005-2007 se estabilicen en la media de las emisiones de los tres últimos años, con información disponible del 2000 al 2002, las emisiones de CO2 en los sectores de la directiva, con una
adición de 3,2 por ciento de emisiones, que sería la reserva para nuevos entrantes. Esto supondría para las emisiones globales un objetivo de 398,1 millones de toneladas de CO2 equivalentes al año para 2005-2007, con una reducción del 0,4 por
ciento respecto a las emisiones del 2002. El esfuerzo de reducción adicional en el período 2008-2012 es el que ha preocupado más, y es evidente que esto sea así, a todos aquellos que han estudiado con detenimiento esta propuesta de plan nacional.
En la medida que en ese período se tienen que acrecentar los esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero en nuestro país, eso sólo es creíble y sólo será viable si durante los próximos tres años todas las administraciones, todas ellas, y
desde luego el conjunto de la sociedad, hacen los esfuerzos necesarios para que en los años sucesivos se produzca esa reducción en el conjunto de los sectores de la economía española. De lo contrario, evidentemente tendríamos una incidencia que no
sería positiva y que ha sido destacada incluso en el informe del Consejo Económico y Social del que hemos tenido conocimiento, que establece muy claramente la necesidad de ese esfuerzo durante los próximos tres años, que permita hacer creíble la
mayor reducción en el segundo período cubierto por este plan.



En cuanto al reparto del esfuerzo entre los sectores de la directiva y los sectores fuera de la directiva se mantiene, como he señalado, el peso actual de las emisiones de CO2 de los sectores incluidos en la directiva, que son el 40,5 por
ciento respecto a las emisiones totales nacionales, y aparecen aquí reflejadas las distintas cifras, que no comentaré, de lo que esto significa dentro de los sectores incluidos en la directiva. Como he señalado ya, se está trabajando sobre un
conjunto de medidas complementarias en lo que se refiere a los sectores fuera de directiva, hay un reparto de emisiones, de derechos de emisión entre los sectores industriales y el sector eléctrico, que ha sido seguramente una de las cuestiones que
más comentarios y más reflexión ha suscitado, en la medida que sin ninguna duda es en el sector energético donde cabe hacer el mayor esfuerzo de reducción de emisiones de CO2 en nuestro país. En ese sentido, como todos seguramente conocen, ha
habido posiciones discrepantes dentro del sector eléctrico y el Gobierno se ha inclinado por una posición intermedia a la hora de establecer el volumen global de derechos de emisión para el sector eléctrico, que creemos que es perfectamente asumible
por el conjunto de los sectores energéticos de nuestro país. Hay, por supuesto, que asignar a nivel de instalación los derechos de emisión, pero eso no se hace en esta fase. En esta fase lo que recoge nuestra propuesta de plan nacional, como se ha
hecho ya en otros países europeos, son los criterios con los cuales se atribuye a cada instalación los correspondientes derechos de emisión. Son criterios que básicamente tienen en cuenta las emisiones históricas, pero que también introducen
mediante distintas fórmulas lo que es la consideración del esfuerzo tecnológico llevado a cabo, y en particular, en lo que se refiere también al sector eléctrico, la profunda transformación que ese sector, el sector energético, va a registrar en los
próximos años.
Existen al respecto fórmulas en el propio texto de la propuesta del plan nacional que no entraré a comentar.



Terminaré también señalando algunas de las otras decisiones que se han tomado en cuanto al diseño de este plan nacional en nuestro país y que son acordes a lo que se ha llevado a cabo en otros países, por ejemplo, en lo relativo al banking,
a lo que se denomina banking, que es el arrastre de derechos del primer período de asignación al segundo período, que no queda contemplado; y también, como ya había señalado con anterioridad, a la autorización de un pool en el ámbito de los
sectores industriales, no así en el ámbito del sector energético, entendiendo que en ese ámbito se podrían registrar problemas en términos de la competencia y de la propia incidencia en cuanto a los cambios tecnológicos que se pretenden. Aquí
están, yo creo que con mucho detalle, especificados los temas a los que me he referido. Quiero por lo tanto terminar aquí mi intervención, agradecer la atención a SS.SS. y quedar a su disposición.



El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el turno de intervenciones.
Dejaríamos un tiempo de quince minutos por grupo parlamentario y una posterior réplica de cinco minutos a continuación de la réplica de la señora ministra.



Empezaríamos por el Grupo Mixto, señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Desde Chunta Aragonesista querríamos felicitar la valentía de la ministra por haber sacado adelante el Plan Nacional de Asignación. Consideramos, como muchas organizaciones ecológicas, que siempre será mejor
tener un documento base sobre el que trabajar y mejorarlo que no tener nada, situación en la que nos encontramos ahora.
Por este motivo queremos mostrar nuestra satisfacción por este documento, aunque también advertimos que el plan, a juicio de
Chunta Aragonesista, debería ser más ambicioso, porque es posible y necesario lograr reducciones de emisiones que nos acerquen más al cumplimiento


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de Kioto. Nos gustaría participar en este debate y realizar propuestas para que sean discutidas y votadas para mejorar el plan del Gobierno.Según Greenpeace, la aplicación de los objetivos y medidas del plan obligará a revisar la actual
planificación energética que nos lleva a un aumento incesante de las emisiones de CO2. Ahora la prioridad deberá estar en las energías renovables y en el uso eficiente de la energía, claves para sustituir centrales térmicas. Uno de los aspectos
que consideramos más positivos es que se reparten equitativamente los derechos de emisión, sin recargar injustamente al conjunto de la sociedad con las emisiones producidas por la industria; cada sector tendrá que contribuir en proporción a lo que
emite. Otro punto es la voluntad de cumplir el calendario para la elaboración del plan, como marca la directiva. Creemos, como afirma Greenpeace, que es imprescindible asegurar que los mecanismos de Kioto se usen exclusivamente para proyectos de
renovables y eficiencia energética, en coherencia con los objetivos estratégicos señalados por el Gobierno español.



Finalmente, nos gustaría realizar una serie de preguntas para aclarar las dudas que nos surgen con este plan. Primero, ¿cuál es el alcance del concepto jurídico del derecho de emisión de gases, en especial sobre si se corre el riesgo de que
alguien pueda argumentar jurídicamente, y ganar el juicio, de que el responsable de los daños producidos por las emisiones es el Estado, al ser el que usa la atmósfera, de la que el Estado no es titular? Segundo, ¿se han considerado las mejoras
técnicas disponibles en la valoración de la posibilidad de que un sector determinado pueda reducir sus emisiones a la hora de asignarle emisiones? Es probable que haya sectores, siderurgia por ejemplo, que no dispongan actualmente de técnicas para
reducir emisiones y se les pueda penalizar injustamente. En cambio, la generación de electricidad sí tiene alternativas y no todas deben ser la gasificación, por la dependencia económica que supone. Tercero, ¿qué conexión va a haber con la
estrategia de ahorro energético 2004-2012, y si se va a mantener o revisar? Cuarto, ¿existe el riesgo de pasar de la dependencia del petróleo a la del gas? ¿cómo se va a corregir este problema real? Quinto, ¿cuáles son las actuaciones para
favorecer la liberalización del mercado eléctrico en Europa? Se podría favorecer el cumplimiento de Kioto con menores costes en compra de emisiones, pues podrían asegurar abastecimiento a precio europeo, por tanto, el cierre de las instalaciones
más obsoletas. Sexto, ¿el cierre de las instalaciones de producción de electricidad con energía térmica procedente de carbón va a repercutir en el empleo en las zonas mineras que abastecen? ¿qué medidas hay previstas? Séptimo, ¿se han evaluado
correctamente las emisiones para que no queden fuera de evaluación empresas e instalaciones, tal como ha ocurrido con los sectores de la cal y el ladrillo? ¿se dispone de los inventarios con precisión, con mediciones, con estimas de expertos, o
sólo con las declaraciones de las empresas? Octavo, ¿cómo se van a coordinar las concesiones de derechos de emisión con la autorización ambiental integrada, ésta última competencia de las comunidades autónomas, es decir, cómo se articula el Estado
de las autonomías en esta materia? Noveno, ¿tiene previsto el Gobierno considerar la oportunidad que la aplicación del Protocolo de Kioto supone para acometer una reforma estructural de la economía que hay que abordar con urgencia y que supone al
menos, primero, la reducción de la dependencia energética exterior; segundo, la mejora del mercado europeo y el acceso a electricidad generada en otros países de la Unión Europea; tercero, la mayor y más urgente reducción real de las emisiones de
CO2 y otros gases de efecto invernadero -metano de origen agrario o ganadero-; y cuarto, un gran impulso a la investigación y desarrollo, la innovación, en materia de generación de energía limpia, por ejemplo, el hidrógeno, fusión nuclear, solar,
biomasa, y la mejora en la red de distribución para, por ejemplo, reducir pérdidas y la modificación de hábitos de consumo?


Nosotros apoyaremos esta medida, fundamentalmente porque creemos, como he dicho al principio, que es interesante tener un proyecto para poder debatirlo y poder sacar adelante un problema tan importante para nuestro país y para toda la
comunidad europea. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herrera, de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, nosotros valoramos de forma positiva la presentación del plan, lo dijimos en la última interpelación que se dio en el Congreso. Este plan es una exigencia no solo derivada del Protocolo de Kioto o
del cumplimiento de la directiva de la normativa europea, sino de la ineficiencia, la profunda ineficiencia energética del modelo de desarrollo español. Es más, creemos que puede servir para reorientar en gran parte la política energética. De
hecho, el primer borrador del Plan Nacional de Asignaciones es globalmente positivo, supone una ruptura con la dinámica imparable del crecimiento de los gases de efecto invernadero. Podemos decir que es globalmente positivo, que se ubica en el
realismo, pero también podría tener mayores dosis de ambición, porque hay margen para una mayor ambición. ¿Lo positivo? Pues lo dicho: obedece al imperativo de Kioto; hay una negativa a aceptar el pool del sector eléctrico; no se permite el
arrastre, el banking que usted ahora mismo planteaba, se reparten equitativamente los derechos de emisión, sin recargar injustamente al conjunto de la sociedad con las emisiones producidas por la industria.



¿Cuáles son, a nuestro punto de vista, los elementos a mejorar en este plan? En primer lugar, los tiempos. Los tiempos que marca el plan, en el primer período una reducción de un 0,4, en el segundo período una reducción de un 24 por
ciento, pueden ser incluso un exceso de realismo.
De hecho, el exceso de realismo


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puede hacer que acabe no siendo real el cumplimiento del plan, sobre todo en el segundo tramo. Por tanto, podría haber margen para un esfuerzo que se reparta de una forma más uniforme a lo largo de los dos períodos. En segundo lugar, hay
sectores donde hay un mayor margen, es decir, que hay un exceso de derechos de emisión. Le pongo dos ejemplos. Es el sector de las eléctricas, usted lo explicaba, hay margen, porque además así lo pedía parte del sector, para conceder menos
derechos de emisión (seguramente es donde se da menos eficiencia energética y, por tanto, creemos nosotros que hay margen) y, en segundo lugar, la metodología empleada. Nosotros creemos, y también lo plantea Greenpeace en sus alegaciones, que la
metodología debería tener en cuenta el criterio del bench marking, es decir, que las centrales tengan una asignación en proporción no a sus emisiones sino a la electricidad generada; esto significaría una mayor eficiencia energética. El segundo de
los sectores es el sector cementero. Lo decimos porque España es sin duda el país que está a la cabeza de Europa, y el segundo a nivel planetario en la producción de cemento. Sin duda se debe al modelo de desarrollo urbanístico que tenemos, pero
precisamente con una gestión y un cambio del modelo urbanístico podríamos reducir aún más las emisiones que genera el sector cementero. Otro elemento en este sentido fundamental es que no se subvencione la compra de derechos de emisión, porque
podría acabar siendo la puerta de salida para escapar determinados sectores que no hacen los esfuerzos necesarios en una mayor eficiencia energética. Y por último, que supongo que vendrá más adelante, que se señalen las instalaciones, las 1.097 que
se deberían señalar, y cuáles son los topes que se deben asumir en ellas.Como tercer elemento en el marco del plan nacional en cuanto a los derechos de emisión, queríamos hacer una reflexión profunda sobre los mecanismos de flexibilidad. Se debe
garantizar la integridad ambiental, se debe garantizar una reducción real de emisiones y los mecanismos de flexibilidad, porque depende de cómo se apliquen, pueden acabar siendo una válvula para escapar del cumplimiento de los objetivos del
Protocolo de Kioto. Por tanto, el 7 por ciento propuesto debe ser un límite máximo, y así debe constar en el Plan Nacional de Asignaciones; a su vez, deben ser sólo proyectos de renovables y eficiencia energética. Sin la limitación de estos
mecanismos podrían acabar siendo un ejercicio de ingeniería contable en los gases de efecto invernadero, por tanto se deben limitar mucho.



Mención específica quiero hacer de los mecanismos de desarrollo limpio.
Los mecanismos de desarrollo limpio necesitan un mayor control para el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. De hecho, hay muchas propuestas de grandes
empresas españolas que se han desarrollado en países al sur, que podrían haberse acogido a la condición de mecanismo de desarrollo limpio, pero que, en cambio, han supuesto una flagrante vulneración a veces de derechos humanos, incluso a veces de
derechos ambientales. Por eso los mecanismos deben ser de pequeña escala, locales, siempre basados en energías renovables, y en el plan deberían introducirse mecanismos de control, una especie de comité de garantía que avalase la sostenibilidad y
el respeto de los derechos humanos, y que en él pudiesen participar las empresas del sector, obviamente el Gobierno, pero también entidades ecologistas. Debemos introducir garantías a los mecanismos de desarrollo limpio.



Cuarto elemento, los sumideros. Los sumideros arrojan muchas dudas (no es que lo diga yo, lo dice casi todo el movimiento ecologista) porque el desarrollo de sumideros en los países del Sur no tiene una garantía de monitorización. De
hecho, podemos crear un sumidero pero, a cambio, ese agricultor que sale de ese terreno donde tenía una superficie agrícola puede destruir una superficie boscosa al lado y, por lo tanto, en esa superficie boscosa destruir parte de lo que serían
también sumideros. La quema de las superficies boscosas además puede suponer la destrucción casi instantánea del esfuerzo acumulado durante décadas, lo estamos viendo ahora en Portugal. Por tanto, son elementos que suponen un gran riesgo. Por eso
nosotros creemos que este 2 por ciento de emisiones a descontar debería ser más adicional que sustitutivo, porque supone un gran riesgo en ese sentido. Lo que también es importante, aparte de estos cuatro elementos que le he situado en torno al
Plan Nacional de Asignaciones, es qué hacemos más allá del plan nacional, qué hacemos más allá de este 40 por ciento de emisiones, de los seis sectores responsables de este 40 por ciento de las emisiones. Aquí nuestro grupo lo que plantea es una
reorientación de la política en torno al 60 por ciento restante. En el plan de acción se apuntan políticas, pero le falta concreción, y este es un elemento fundamental para que el cumplimiento del Protocolo de Kioto de aquí a ocho años sea
efectivo.



Primera concreción en el modelo urbano. Cuando hablamos de la insostenibilidad del modelo de desarrollo en España, uno de los pilares de la insostenibilidad es el modelo de desarrollo urbano que se ha ofrecido en los últimos años,
especialmente en los últimos ocho años; más allá de estos ocho años, con un modelo de ciudad difusa, segregadora, con una ocupación extensiva del territorio... Podría dar aquí muchos ejemplos. Por tanto, es fundamental que en el plan de acción se
especifique la modificación de la Ley del régimen del suelo y valoraciones; una cosa va asociada a la otra. Si continuamos partiendo del modelo de ciudad extensa, el modelo es absolutamente insostenible; y en esta modificación de la Ley del
régimen del suelo y de valoraciones, que evite la ciudad difusa, es fundamental que el suelo urbanizable tenga un carácter residual y que se fomenten los procesos de rehabilitación.
Muchas de las cuestiones que le comento se están planteando ya en
el Ministerio de Vivienda, pero debería haber un compromiso en el plan nacional.



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Segundo elemento fundamental: modelo de movilidad. No podemos hablar de sostenibilidad si en la sostenibilidad que planteamos continuamos con el mismo modelo de infraestructuras. Le pongo un ejemplo. El AVE a trescientos por hora consume
el doble de electricidad que el tren de velocidad alta que circula a 220 o a 230. Esto significa un cambio de modelo de movilidad y esto significa un plan estratégico de infraestructuras y transporte debatido en el Consejo Nacional del Clima y que
sea sometido a una evaluación ambiental estratégica; significa reorientación de las infraestructuras viarias que afectan a tantos sitios, las islas Baleares como ejemplo paradigmático; significa reorientación del Plan Prever, invirtiéndolo y
enfocándolo hacia los coches que consumen menos gasolina, y un plan nacional de control de emisiones de transporte aéreo, que sabemos que están a la cabeza del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.



Tercer elemento: nueva cultura de la energía, y se lo digo a usted, cuando usted ha sido seguramente la abanderada, o una de las abanderadas de la nueva cultura del agua. La nueva cultura de la energía es el gran reto a asumir, a afrontar
en esta nueva etapa, y eso significa calendarización y compromiso. Eso para nosotros es especialmente necesario, por tanto, la puesta en marcha a gran escala de programas de gestión de la demanda eléctrica, tal y como prevé la Ley del Sector
Eléctrico; la E-4, digamos, que es insuficiente en este sentido. Segundo elemento: internalizar los costes energéticos que hoy se externalizan.



Señor presidente, ¿qué tiempo me queda?


El señor PRESIDENTE: Le quedan cuatro minutos.



El señor HERRERA TORRES: ¡Ostras! Yo creo que podré acabar y todo.
(Risas.) Lo que le decía, le pongo un ejemplo sólo, el estudio sobre el coste social y ambiental del transporte en Cataluña, que está hecho por el departamento de Política
Territorial y Obras Públicas, indica que este sector externaliza, es decir, no repercute en su precio 4.774 millones de euros sólo en Cataluña, en costes sociales y ambientales, de los cuales, 1.158 corresponden al cambio climático. Este es un
claro ejemplo de que hay que internalizar estos costes en aquellos que los generan. Y eso significa afrontar un gran reto, que es el de la fiscalidad ecológica.
Ustedes lo apuntan, pero yo creo que sería necesaria una mayor concreción. Es bueno
que estudiemos, por supuesto, es positivo que estudiemos, pero creemos que hay un nivel de conocimiento suficiente para concretar ya de forma inmediata medidas de fiscalidad ecológica sobre combustibles y energías para poder afrontar de forma
correcta los retos que se nos van a presentar. Y hay que hacerlo ya porque las medidas que se implementan hoy tienen repercusión de aquí a tres o cuatro años, y por lo tanto posponer la decisión dos o tres años supone que se empiezan a repercutir
seguramente en el 2010, cuando ya no estemos a tiempo para cumplir el Protocolo de Kioto. Este es un elemento fundamental que requiere y necesita una relativa urgencia; se trata, al fin y al cabo, de eficiencia energética, política fiscal
ecológica, etcétera. El cuarto elemento es la revisión y la implementación presupuestaria del Plan de Fomento de las Energías Renovables, como usted planteaba, pero que necesita de esta implementación. El quinto es que nosotros creemos que se
podría impulsar -usted lo ha planteado también en diferentes foros- un pacto con la Federación Española de Municipios y Provincias para que se apliquen modelos de ordenanzas solares de diferentes ayuntamientos. Un ejemplo es el Ayuntamiento de
Barcelona, donde se han desarrollado yo creo que de forma notable. El sexto es la revisión de la dotación económica de la estrategia de eficiencia y ahorro energético de España -lo planteábamos en nuestro programa, el PSOE también lo planteaba en
el suyo-, y eso significa una actualización que debería incorporar nuevas tecnologías aparecidas. Greenpeace habla en sus alegaciones de los HFC como tecnología a incorporar en la tecnología del frío, que es mucho más eficaz y que debería ser un
elemento fundamental. El séptimo es la concreción del Plan de acción 2004 y 2007, de medidas complementarias a la E-4, y la aprobación ya en 2005 del Plan de Acción de 2008 a 2012. Y el octavo es la estrategia contra el cambio climático, con
medidas mucho más concretas, fechas, programas de financiación, etcétera.



Por último, lo que nosotros queremos además es que todo esto -usted lo planteaba y esperamos que así se recoja-, se dé con una mayor participación de las comunidades autónomas, y una mayor participación haciendo que la comisión de
seguimiento tenga participación paritaria entre ministerio y comunidades autónomas, que tenga mayor protagonismo y que incluso marque líneas y criterios. Porque, en definitiva, las comunidades autónomas son las que tienen que implementar muchas de
las medidas que se plantean en el Plan Nacional de Asignaciones, y por tanto creemos que esta participación se debería dar. Todo ello desde la transparencia y desde el seguimiento, y esto significa que el Congreso y la Comisión de Medio Ambiente
tengan acceso regular a las emisiones que van generando las principales empresas contaminantes del Estado, para ver su evolución. Porque el problema no es que aprobemos el plan, sino el seguimiento que le demos y que en cada momento veamos si se va
cumpliendo o no.



Nosotros creemos que las cuatro medidas que le planteamos son realistas, ambiciosas y realistas a la vez y hacen del Plan Nacional de Asignación no un plan realista sólo sino un plan real que se cumple. Sobre todo creemos que hay recorrido,
mucho recorrido para el resto de medidas que le planteamos en torno a los elementos que suponen un 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, creemos que el plan es positivo; supone un cambio de tendencia, pero con
propuestas como las que les planteamos,


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como las que le plantea el movimiento ecologista, puede llegar a ser un claro punto de inflexión.El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Señora ministra, permita que le felicitemos en nombre de mi grupo por el tiempo récord en que ha conseguido presentar este documento. Reconocemos las dificultades que habrá encontrado.



El protocolo de Kioto es hoy en día una utopía hasta que Rusia o Estados Unidos se adhieran, pero hay que dar el primer paso y somos los miembros de la Unión Europea los que estamos obligados. Además debe ser una oportunidad para modificar
nuestra industria y nuestra generación de energía. Son casi una utopía los valores a los que nos hemos propuesto llegar. Un 15 por ciento de incremento en el año 1990 podía parecer un bono para el Estado español, pero ahora hemos visto que era una
trampa, porque Alemania sólo ha tenido que reducir las empresas obsoletas de Alemania del Este y ya cumple con Kioto. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo adicional. Nuestro sector industrial está ya muy renovado y no podemos poner la
presión sólo en ese sector. Si vemos que un 60 por ciento de las emisiones vienen de los sectores no incluidos en la directiva, la primera reflexión es dónde deberíamos incidir si no es en este sector. Y es ahí donde hasta ahora están las cosas
por hacer. Se desprende de la lectura del Plan Nacional de Asignaciones que la asignación a los sectores no incluidos en la directiva no es rigurosa, como compete a la industria. El efecto de las medidas horizontales que se mencionan en este
sector no está cuantificado. La estrategia E-4 dice que reducirá unas 14 megatoneladas en el transporte y, dado que es insuficiente para el plan nacional, apunta otras medidas que tampoco se cuantifican. Hay una serie de planes de acciones, como
el Plan de Acción 2004-2007, derivado de la estrategia de diversificación y ahorro energético E-4, pendiente de elaboración; el Plan de fomento de energías renovables, que no se está cumpliendo; la estrategia española contra el cambio climático,
que todavía no se ha hecho pública; la falta de trasposición de la Directiva europea de fomento de energías renovables. O sea, el Plan Nacional de Asignación tendrá una coherencia discursiva tan pronto como vaya acompañado de los necesarios planes
de acción actualizados. Se solicita en este sentido que la ejecución de los planes mejorados de acción derivados de la E-4 y del Plan de Fomento de Energía Renovables se consensúen y se articulen con las comunidades autónomas en su integridad. Se
propone que tan pronto como estén diseñados estos planes, se destinen íntegramente los recursos necesarios para su implementación en cada comunidad autónoma para que su desarrollo se lleve a cabo de una forma inmediata. Esto no se solicita por un
efecto de celo de competencias, sino que Kioto debe ser asumido por la ciudadanía, y la Administración más cercana a la ciudadanía es la comunidad autónoma y no la Administración central, que es un ente difuso al que nunca se le puede pedir
responsabilidades. Por tanto, creemos que es importante que Kioto se asuma desde la Administración más cercana a los ciudadanos.



También sería interesante que participaran en las mesas de diálogo entidades ambientalistas y científicos independientes. El tema más importante que se debe abordar es el del transporte. En el tema del transporte hay buenas intenciones
pero no hay objetivos claros; cuánto transporte de mercancías se va a reducir en cinco años, qué tanto por ciento, qué infraestructuras se van a acometer, cuantificadas. Si esto no se hace, no cumpliremos Kioto. Las infraestructuras planificadas
por el anterior Ejecutivo obedecían a un criterio de movilidad que no coincide con Kioto, como extender la metrópoli y facilitar el transporte con vehículos privados. En Cataluña hay una serie de infraestructuras planeadas, como el cuarto cinturón,
que es el cinturón orbital, que consideramos que debían reconsiderarse antes de llevarse a su ejecución, porque obedece a un modelo de movilidad que va a facilitar el transporte privado y a extender la ciudad, cuando debe haber medidas claras de
transporte público, aparte del de mercancías. Lo mismo pasa en la islas Baleares, para las que hay un modelo de infraestructuras que ahora es el momento de reconsiderar. Solicitamos que el desarrollo de los estudios previos de estos modelos de
infraestructuras se realice desde el territorio por la misma razón; por que donde se conoce bien el territorio es en la comunidad.



Respecto al sector agrario, en el plan nacional se comenta que no hay mucho que hacer en la gestión de los purines. Nosotros lo ponemos en duda, ya que creemos que en Cataluña se podía hacer mucho más y no tenemos noticia de que haya un
plan. También hay que potenciar la gestión de los residuos vegetales. En la legislación española, el Reglamento 2003/178 de la Comunidad Europea introduce los requisitos ambientales en la práctica agraria como condición necesaria para el cobro de
pagos directos. La aplicación de esa normativa podría contribuir a la reducción de las emisiones de gases, concretamente, la prohibición de quemar rastrojos, que es una práctica muy extendida en Cataluña. Una alternativa sería establecer plantas
de eliminación de fracción vegetal de compostaje, y nosotros no hemos visto ningún plan sobre ese tema. El tema de los sumideros que usted ha mencionado antes puede ser una iniciativa interesante para la gestión de los bosques y evitar los
incendios. Hoy en día los bosques no son rentables y es una de las causas de incendios, porque no son gestionados. Para mejorar la ordenación forestal, podíamos incentivar los sumideros y mejorar la gestión.



Respecto a residuos, el plan nacional concluye que las emisiones para el año 2010 serán un 24 por ciento


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inferiores a las del año 1990 y que en el trienio 2005-2007 habrá una radical disminución que se fundamenta en la aplicación del Plan Nacional de Residuos. Aun así, la aplicación efectiva del Plan de Residuos se debe poner en duda si no hay
una nueva preocupación por su cumplimiento. La incineración no computa como gases de emisión. Nosotros queríamos saber hasta qué punto se evalúa la reducción de la incineración, que tampoco consta en el plan.Respecto a los sectores incluidos en la
directiva, el más importante sin duda es el de la generación energética. Entendemos que hay que proteger las minas de Asturias, pero queremos saber cuántos derechos de emisión se da al carbón y si esto no puede suponer un agravio comparativo en
cuanto a las empresas que ya utilizan menos carbón, porque en el momento en que estas centrales pasen a ser de combinados o con gas, se les daría una ventaja competitiva frente a las demás empresas.



En cuanto a las energías limpias y la introducción de los productores independientes de energía, que no se contempla en el plan, lo deseable sería que el Protocolo de Kioto contribuyera a desencadenar nuevas y descentralizadas formas de
producción de energía, y se deberían desencadenar condiciones para incentivar las energías limpias, lo que tampoco está incluido.



Se reconoce el balance ambientalmente positivo que la cogeneración aporta al sistema. El balance neto con una tecnología apropiada es claramente de reducción de emisiones de CO2 y cabe considerarla mayoritariamente como una tecnología
limpia. Un dato: si las cogeneraciones españolas se parasen, se aumentarían un 3 por ciento las emisiones de CO2. Otros países europeos, como Dinamarca, Alemania u Holanda, han diseñado un tratamiento diferenciado a las asignaciones asociadas a
la cogeneración en sus planes nacionales de asignación. Solicitamos que estas instalaciones tengan un trato diferenciado y concretamente se asignen derechos a la producción de calor útil y a la producción de electricidad mediante una fórmula justa
y transparente. Tenemos también dudas respecto al riesgo de acumulación de derechos de emisión inexistentes. Por la lista centrales sabemos que algunas están aún sobre el papel. ¿Hasta qué punto habrá un control y no se asignarán derechos a
empresas de las que aún no se ha puesto la primera piedra?


En el sector industrial creo que debía analizarse el impacto que tendrá Kioto en cada sector. Por ejemplo, hemos analizado el sector de la cal, porque es un sector pequeño y fácil de analizar en el que hay pocas empresas. En Cataluña, la
aplicación de Kioto podría suponer la construcción de monopolios, porque se ha hecho según los tres años de emisiones anteriores, con lo que las empresas mayores tienen más derechos de emisión y las pequeñas no podrán crecer, con un producto que no
se puede importar, como la cal, que debe fabricarse in situ. Se pueden generar tensiones y a larga es perjudicial para el consumidor y para la Administración, que también es consumidora, porque la creación de monopolios puede hacer que los
productos aumenten de precio. Con el cemento puede pasar algo parecido, aunque el cemento sí se puede importar y se pueden soportar las necesidades del Estado Español. No se ha tenido en cuenta que el Estado español está creciendo económicamente.
La cal, por ejemplo, se utiliza para sistemas medioambientales, para las carreteras, no sólo para la construcción. Aunque sabemos que la construcción va a tener un declive, no es interesante que perjudiquemos a la industria, así que los
industriales no deberían pagar Kioto. Por tanto, nos ha parecido interesante la propuesta, pero creo que debería analizarse cada sector por separado para saber cómo puede influir, si no vamos a crear monopolios y si no vamos a encarecer los
productos.



De todas formas, vamos a votar favorablemente. Creemos que se ha dado el primer paso, aunque ha sido muy precipitadamente, y celebraríamos la disposición del ministerio a hablar con las comunidades autónomas, a recoger las alegaciones de
cada sector y esperemos, para bien de todos y de las futuras generaciones, que España cumpla este Protocolo.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar agradezco la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente ante esta Comisión para informarnos de todos aquellos aspectos relevantes que van a afectar al tejido industrial español con la
aplicación del Protocolo de Kioto.



Me gustaría hacer dos consideraciones previas. Una es que los que no saben a qué obedece esta comparecencia tendrían que saber que el Gobierno no hubiera comparecido ante esta Comisión -aunque tarde, también es cierto- si no hubiera habido
una iniciativa de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco en la Diputación Permanente para que compareciera el señor Montilla. Sobre la base de esta iniciativa, pactamos con el Grupo Parlamentario Socialista que compareciera el señor
Montilla en la Comisión de Industria, pero finalmente ha comparecido la ministra de Medio Ambiente ante esta Comisión, lo que consideramos positivo, pero -todo hay que decirlo- si usted hoy ha comparecido ante esta Comisión ha sido gracias a la
iniciativa de Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, que planteamos la comparecencia urgente del señor Montilla ante la Comisión de Industria y Energía, ya que entendemos que quienes tienen que asumir el coste de la aplicación de Kioto
serán las industrias y el tejido industrial español, y quién mejor debe comparecer que el ministro Montilla, un ministro de Industria. De todas formas, consideramos muy positiva su comparecencia, nos ha venido muy bien, pero seguiremos insistiendo
en que comparezca el señor


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Montilla o el señor Solbes, porque entendemos que la aplicación del Protocolo de Kioto es un hecho muy importante que va a afectar en gran manera a la competitividad del tejido industrial español. Por lo tanto, le damos la bienvenida a esta
Comisión y le agradecemos su comparecencia.Segunda consideración. Escuchando su intervención inicial pensaba que parece que en España existe una fiesta mayor importante, y que los sectores industriales están lanzando cohetes por lo que va a
representar la aplicación del Protocolo de Kioto, que todo el mundo está saltando de alegría porque, en definitiva, según al menos parte de sus manifestaciones, España va a ser la primera de la clase en dicha aplicación y vamos a ser más papistas
que el Papa en su aplicación, en su negociación, en sus cuotas y en su calendario. Nosotros pensamos sinceramente desde Convergència i Unió que está muy bien el planteamiento que ha hecho el Gobierno, que ha hecho usted, y que el papel lo aguanta
todo. El papel, en teoría, lo aguanta todo. Los casos prácticos que se pueden discutir en las diferentes universidades españolas, en las escuelas de negocios, en los papeles, lo aguantan todo. La práctica es otra cuestión totalmente diferente.
Nosotros entendemos que el planteamiento que ha hecho el Gobierno en estos momentos lo puede aguantar en teoría, pero ustedes han de saber que en el sector industrial español existe una gran preocupación y un gran desconocimiento de los resultados
de la aplicación del Protocolo de Kioto. Ninguno de los sectores industriales afectados sabe lo que le va a costar. Pueden haber leído que puede representar un 0,5 por ciento del PIB español, pero realmente nadie sabe lo que le va a costar y, en
definitiva, existe una gran incertidumbre respecto a lo que va a representar la aplicación del Protocolo de Kioto en España.



Existen grandes dudas, y existen, a nuestro entender, grandes puntos débiles en el sentido de quién va a pagar finalmente la factura de la aplicación del Protocolo de Kioto. ¿Van a ser finalmente los ciudadanos porque por esta aplicación
las eléctricas a lo mejor incrementan el precio de la electricidad en un 10 o en un 7 por ciento, que son cálculos teóricos que todos los grupos parlamentarios tenemos a nuestra mano, porque nos los han hecho llegar diferentes medios de comunicación
y los sectores afectados? ¿Va ser posible que las empresas incorporadas en este régimen asuman estos costes y no tengan que deslocalizarse, no tengan que cerrar o no vaya a haber destrucción de empleo porque sus cuentas de explotación no van a
poder aguantar esta aplicación? ¿Va a haber más deslocalizaciones de las que hay realmente? Estoy hablando de las empresas españolas, de las cementeras, las papeleras, etcétera. De las eléctricas no hablo porque si se habla de las eléctricas se
puede llegar a entender que se están defendiendo los grandes monopolios eléctricos, y este no es el caso, estamos defendiendo el tejido industrial español.
Pero lo curioso del caso es que la empresa española que tenga necesidad de comprar derechos
de emisión los tendrá que pagar a Alemania, que contamina más que España y que es un país mucho más rico que España. Por lo tanto, hay una serie de incongruencias que no son culpa de ustedes, señora ministra, pues ustedes se han encontrado con un
plan que no estaba presentado y lo han tenido que aplicar rápidamente, pero lo curioso del caso es que en 2007, 2008 y 2009 una compañía española que no tenga derechos de emisión, porque su capacidad no se lo va a permitir, porque está mal planteado
de inicio, va a tener que comprar derechos de emisión no a una empresa polonesa o a una empresa de Lituania, que hasta cierto punto se entendería, los va a tener que comprar a un país muchísimo más rico que España y que además contamina más que
España. Esto es lo que, a nuestro entender, señora ministra, tendríamos que renegociar y plantear desde otra perspectiva. Por lo tanto, hay una primera observación importante a nuestro entender: Convergència i Unió comparte el objetivo de su
ministerio para cumplir los compromisos de Kioto; lo que no compartimos es la asignación de cuotas ni el calendario de las mismas, como más adelante explicaré.



Tampoco compartimos el punto de partida otorgado a España en la negociación comunitaria. Partimos de un mal acuerdo, y también hay que reconocer, señora ministra, que ustedes no tienen ninguna responsabilidad en este aspecto, pero lo que no
es de recibo es que nosotros partamos de un compromiso engañoso por su efecto escaparate y que en el año 2012 nos encontremos que España podrá efectuar unas emisiones máximas per cápita o por unidad del PIB inferiores en un 20 por ciento a la media
de los países de la Unión Europea de los Quince. No tiene ningún sentido que nosotros empecemos desde un punto de partida en el que en el año 2012 nos vamos a encontrar con un 20 por ciento menos de capacidad que los países más directamente
competidores con nosotros y que, para más inri, señora ministra, son muchísimo más ricos que España. Como ejemplo significativo -yo pienso que los ejemplos son muy aclaratorios-, la cuota española autoriza emisiones del orden de 8,1 toneladas por
habitante, mientras que Alemania tiene una cuota de 11,7 toneladas por habitante. Esto significa lo que yo le decía antes en el ejemplo: que entre una planta instalada en España y otra planta instalada en Alemania, la española va a tener que pagar
derechos de emisión a la alemana. Esta es una cuestión que constituye, desde nuestro punto de vista, un proyectil en la línea de flotación de la competitividad industrial española, y el coste de estos derechos, señorías -y pienso que estamos en el
momento oportuno para debatirlo porque quedan muchísimos años o quedan algunos años para poder alcanzarlos-, puede representar del orden de 1.500 a 2.000 millones de euros anuales. Este coste no se lo puede permitir el tejido industrial español, no
nos lo podemos permitir. Está bien que quien contamine pague, pero lo que no puede ser es que quien contamine pague a un país que contamine más que nosotros y además sea muchísimo


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más rico. Por lo tanto, esta es una primera cuestión: no compartimos el punto de partida otorgado a España en la negociación comunitaria, en la cual nos vamos a encontrar en el año 2012 con un 20 por ciento menos de capacidad de emisión de
gases que los alemanes, los ingleses o los franceses.Tampoco compartimos el procedimiento o el método utilizado por el Gobierno para la presentación del plan. Nosotros entendemos -se lo he dicho al inicio de mi intervención- que éste es un plan muy
importante, quizás esta sea una de las cuestiones más relevantes desde el punto de vista de la competitividad del tejido industrial español de esta legislatura, y ustedes lo han ventilado en dos meses y si nos descuidamos no pasan por el Parlamento
y nos vemos en el mes de septiembre con todo esto ya ventilado sin haber tenido lugar un debate en sede parlamentaria para recabar propuestas que los grupos parlamentarios podemos aportar, y que pensamos sinceramente que pueden ser de gran utilidad
para el Gobierno.



No entendemos cómo no ha comparecido, no ante esta Comisión sino ante la Comisión de Industria, el ministro Montilla. Esta es una cuestión que compete directamente a todas las industrias españolas, tiene muchísima importancia, y entendemos
que hubiera tenido que comparecer. Y si usted me apura, señora ministra, pienso que el tema es lo suficientemente importante como para que hubiera comparecido el ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno ante el Pleno del Congreso
de los Diputados para debatir esta cuestión, a nuestro entender, tan trascendental. Sin embargo, ahora todo se plantea sobre un papel, y ya veremos los que estemos aquí, en esta Cámara, lo que pasa en 2012, cuando se haya acabado el período de
aplicación del Protocolo de Kioto.



Tampoco compartimos, señora ministra, otra cuestión que han planteado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra: la concentración de todas las medidas concretas en los sectores regulados, mientras que nada específico se
adopta respecto a todas aquellas cuestiones que hacen referencia al tráfico y a los sectores no regulados, que concentran básicamente el 70 por ciento de las emisiones de CO2. Toda la factura la van a pagar cinco o seis sectores que son bastante
importantes, que representan el 5 o el 6 por ciento del PIB español, que aglutinan más de 150.000 empleos, y de los otros sectores no regulados, que son muy importantes y generan muchísima contaminación o emisiones de CO2, nadie dice nada.



Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se propone plantear una iniciativa que vaya dirigida a la reducción de emisiones en el horizonte del año 2012 y no del 2005, porque también hemos de considerar qué es
lo que hacen los demás países de la Unión Europea que son competidores del tejido industrial español, por ejemplo, qué es lo que ha hecho Irlanda, qué es lo que va a plantear Italia, qué es lo que va a plantear Austria o qué es lo que va a plantear
Portugal, que se encuentra en una situación parecida a la de España en estos momentos. Estos países van a permitir para el período 2005-2007 un incremento de emisiones de entre un 7 y un 9 por ciento. No digo que nosotros tengamos que permitir un
porcentaje similar al de estos países; lo que no tiene sentido es que nosotros en este período inicial del año 2005 al año 2007 tengamos que empezar ya la reducción de las emisiones.
Por lo tanto, mi grupo parlamentario va a defender que haya una
renegociación en la dirección de una revisión de las cuotas y del calendario que sería el establecimiento de reducción de emisiones en el marco de un ciclo de tres a cuatro años entre el período 2008 y 2012 -en este aspecto estamos de acuerdo-, pero
no antes. Nos referimos al período 2005-2007. Esta negociación, que quede muy claro también, señora ministra, señoras y señores diputados, no es un no a Kioto, sino la búsqueda de la compatibilización entre el interés que Kioto protege y el de la
economía española. España no puede pagar el liderazgo europeo en este ámbito.



Y finalmente, ya que el señor presidente me llama la atención, porque me imagino que debo estar ya bordeando el límite del tiempo, nos gustaría que, desde la perspectiva de generación de energía eléctrica de cara al futuro, pudiera
especificar más si va a existir un equilibrio de las fuentes de suministro energético. Desde esta perspectiva, nosotros creemos que sería interesante también poder aportar una idea al respecto, en el sentido de que fuera factible la creación de un
fondo de carbono, para así poder compensar con la creación de este fondo de carbono un mercado libre de emisiones dentro del Estado español entre las reguladas y las no reguladas y que el Gobierno tuviera más capacidad de negociación entre los dos
sectores.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, la señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora ministra, por las explicaciones que nos ha dado tanto sobre lo que venía en el orden del día, que era el Plan nacional de asignación de derechos de emisión en cumplimiento de Kioto, como sobre lo que
usted ha añadido, que es la transposición de la Directiva del comercio de emisiones. Esto no voy a comentarlo porque no venía en el orden del día de la Comisión.



Quiero empezar mi intervención aludiendo a lo que usted ha dicho en cuanto a que en el año 2002 el incremento de las emisiones respecto al año 1990 suponía cerca del 40 por ciento, el 39 por ciento, lo cual es un hecho cierto. Pero no hemos
dicho por qué se ha producido este incremento tan notable de las emisiones, no ha dicho la señora ministra que este incremento de las emisiones se ha producido con un crecimiento del producto interior bruto cercano al 29,5 por ciento, con tasas
superiores al 4 por ciento en los últimos años. No ha dicho la señora ministra que este crecimiento del producto interior bruto como consecuencia ha producido la creación


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de cuatro millones y medio de puestos de trabajo y, como consecuencia, ha producido la afiliación récord de más de diecisiete millones a la Seguridad Social.Efectivamente, en este período ha habido un crecimiento del consumo de la energía
primaria en un 36 por ciento, superior al producto interior bruto, una disminución de la eficiencia energética e insuficiencia en las políticas de ahorro. Todos estos son hechos ciertos, por lo cual el Gobierno anterior, el Gobierno del Partido
Popular, elaboró la Estrategia de ahorro y eficiencia energética para incrementar las medidas de ahorro y de eficiencia en el uso de la energía.



Ha dicho usted que el Plan nacional de asignación de emisiones se sometió a consulta pública y que de las alegaciones presentadas solamente el 20 por ciento tienen relación con el contenido del Plan. Desearíamos que nos informara usted
sobre este 20 por ciento de alegaciones que sí tienen relación con el contenido del Plan. Y desearíamos que nos informara sobre las alegaciones que han presentado las comunidades autónomas.



Ha dicho usted que se ha presentado el Plan al Consejo Económico y Social y efectivamente, como viene hoy en la prensa, el Consejo Económico y Social muestra su preocupación por la inviabilidad del cumplimiento de los objetivos del Kioto a
partir del año 2008. Usted lo ha dicho de pasada y yo voy a leer el párrafo, porque estamos completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Consejo Económico y Social. Dice: 'Dadas las incertidumbres sobre la disponibilidad de nuevas tecnologías
económicamente viables, el Consejo Económico y Social manifiesta su preocupación por los efectos que puedan tener sobre la producción, la inversión y el empleo de las empresas españolas los objetivos de reducción de emisiones previstos para el
segundo período, 2008-2012'.
Esta etapa corresponde al período obligatorio del mercado de emisiones y los agentes sociales reclaman la adopción de medidas en los sectores no incluidos en la Directiva europea de comercio de emisiones, como el
transporte. El CES considera que podría suponer un aumento de costes, cuyas posibles repercusiones en precios y tarifas deberían contar con compromisos suficientes para que no repercutan negativamente en la competitividad, el proceso inversor y el
empleo de las empresas, así como en los consumidores. Esto creo que es un dato que es importante y que debemos tener en cuenta, porque todos estamos de acuerdo con el cumplimiento del Protocolo de Kioto, pero debemos ir con cuidado de que la
repercusión en la economía española sea la mínima posible o no exista esta repercusión.



La ministra nos ha explicado el Plan nacional de asignación de pasada, realmente lo tenemos, lo podemos leer, y ha utilizado algunas descalificaciones contra el Gobierno anterior, como suele ser habitual en ella, no nos extraña para nada.
Ha hablado de la desidia del Gobierno, ya estamos acostumbrados a estas descalificaciones porque éste es el modo de ser de la ministra, es el rencor de la ministra hacia el Gobierno anterior, ella sabrá por qué y a qué se debe. Sin embargo, algunas
de las declaraciones que hace la ministra de Medio Ambiente son sorprendentes, hoy no lo ha hecho, pero son declaraciones que han salido en prensa, y creo que es importante que la ministra fije su posición aquí, en la Comisión de Medio Ambiente.



Tanto la ministra de Medio Ambiente como el ministro de Industria, e incluso el asesor económico del presidente del Gobierno, han dicho lo mismo que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió: que España negoció mal el Protocolo de Kioto,
al que su partido, por cierto, señora ministra, se adhirió fervorosamente. Y digo que parece sorprendente en el marco de actuaciones del Gobierno socialista, cuyas prioridades se centran en la revisión de todo lo que hizo el Gobierno del Partido
Popular. Señora ministra, si usted cree que se negoció mal, si cree que un incremento del 15 por ciento de las emisiones respecto al año 1990 es escaso, por qué no acude usted a la Comisión Europea para renegociarlo, por qué no intenta renegociarlo
mejor. Usted, señora ministra, conoce muy bien los entresijos de Bruselas, usted los conoce muy bien, entre otros motivos, por sus frecuentes viajes para conseguir que no se financiara el Plan Hidrológico Nacional, usted los conoce por sus viajes
para renunciar a los fondos europeos a los que España tenía derecho. Entonces, ¿qué es lo que la detiene ahora?, ¿por qué lo critica y no hace nada? Nosotros entenderemos aquí que si usted no hace nada por renegociar lo que se negoció en el
pasado, es que usted está de acuerdo con ello. Porque si no estuvieran de acuerdo usted y el Gobierno socialista, usted lo renegociaría, como está haciendo con todo. Por consiguiente, señora ministra, díganos por favor si usted está de acuerdo o
no con la negociación que se hizo. Si no está de acuerdo, supongo que la cambiará.
Si no la cambia es porque está de acuerdo.



Es un engaño a esta Cámara, señora ministra, decir que el Gobierno del Partido Popular no había hecho nada para elaborar el Plan nacional de asignación de emisiones, ya que usted oculta a la opinión pública que el señor Folgado le entregó
este documento, señora ministra, documento que usted tiene, en el que se resume el trabajo de un año de muchos funcionarios y de excelentes profesionales de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa,
y cuyas pautas principales usted ha seguido al pie de la letra en las ideas del documento del Plan nacional de asignación de emisiones. Este documento está calcado del trabajo que se le entregó; si quiere, señora ministra, podemos irlo comparando
punto por punto. Entonces, no repita usted más, señora ministra, que la urgencia en la presentación del Plan a las comunidades autónomas, a la Unión Europea, a esta Cámara, se debe a que el Gobierno anterior no hizo nada. Reconozca todo lo
contrario, reconozca que usted está aquí hoy y puede presentar este Plan precisamente por el trabajo previo que hizo el Gobierno anterior. Por cierto,


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que el Gobierno anterior mandó a la Unión Europea con fecha 31 de marzo un informe de todo lo que se había hecho, tanto para reducir las emisiones en estos años como lo que había hecho para el Plan nacional de asignación de emisiones. Sepa
usted que la Unión Europea tiene el contenido de todo lo que hizo el Gobierno español.Si analizamos el Plan que nos ha presentado y lo analizamos en el período 2005-2007, creo que el esfuerzo parece asumible y básicamente podemos coincidir con el
Plan, pero a partir del 2008 nuestro análisis coincide con el del Consejo Económico y Social al que antes me he referido, y básicamente también con el del representante de Convergència i Unió.



Creemos que la directiva exige que la asignación debe ser coherente con el cumplimiento del objetivo de Kioto. Para ello, cada país debe definir una senda y efectuar el Plan de asignación en coherencia con la misma. Y la senda debería
estar determinada por el punto de partida, que es la situación en el momento de hacer el Plan, las proyecciones estimadas de acuerdo con las medidas adoptadas y en curso, como la planificación energética nacional, la Estrategia de ahorro y
eficiencia energética, y el objetivo de Kioto. De esta manera, la asignación debe reflejar el esfuerzo a realizar para ir desde las proyecciones al objetivo y, en su caso, ir acompañado de medidas adicionales.



Lo que observamos en el Plan nacional de asignación de emisiones es que se fija un objetivo para el período 2008-2010, establecido en un incremento del 24 por ciento respecto del año base, y un objetivo intermedio del 2005 al 2007. Y ello
nos lleva a dos conclusiones. En primer lugar, como quiera que no se da ningún dato de proyecciones, se desconoce totalmente si estos objetivos son o no son realistas. La situación en el 2002, con un incremento registrado de un 40 por ciento, la
tendencia de los últimos años y las previsiones de incremento de la demanda energética, hacen pensar que el objetivo del 24 por ciento pueda ser muy irreal, a no ser que se esté dispuesto a aplicar medidas adicionales contundentes. Y, por supuesto,
el auténtico esfuerzo de reducción se centra en el período 2008-2012.



Si analizamos su Plan de asignación de emisiones, vemos que en la página número 4 usted nos habla del objetivo en el escenario básico de cumplimiento y nos habla de estabilizar las emisiones. Es un esfuerzo que ya he dicho que creemos que
es asumible por varios sectores, pero, sin embargo, creemos que hay otros sectores en los que se han introducido ya mejoras tecnológicas, se han eliminado instalaciones ineficientes y se han modernizado muchas de ellas, por lo cual creemos que tal
vez no va a ser posible que sigan reduciendo sus emisiones.



Estamos de acuerdo en que hay que incluir a los sectores no incluidos en la directiva -sector transporte, residencial, agrícola, residuos-, ya que efectivamente representan el 60 por ciento del total de las emisiones, estamos de acuerdo con
ello. Pero en lo que no estamos de acuerdo, señora ministra, es en lo que dice usted sobre que están trabajando en un conjunto de medidas complementarias a las ya incluidas en la Estrategia de ahorro y eficiencia energética. Mi pregunta, señora
ministra, es ¿por qué no pone usted primero en práctica las medidas incluidas en el Plan de ahorro y eficiencia energética, que son muchas? Concretamente en el sector transporte tenemos una serie de medidas incluidas en la Estrategia como son sobre
el cambio modal, donde hay cinco medidas incluidas, sobre el uso eficiente del transporte, sobre la mejora de la eficiencia energética de los vehículos, etcétera; es decir, ponga usted en práctica lo que ya tenemos y veremos a continuación si esto
es suficiente o no es suficiente. Porque creemos que no todo se reduce a hacer planes, planes que luego pueden o no pueden cumplirse.



Estamos de acuerdo en que tienen que hacer una reducción de emisiones en los sectores transporte y edificación, pero no olvide, señora ministra, que estamos hablando de sectores cuya gestión es competencia de las comunidades autónomas y de
los ayuntamientos y, por cierto, parece que usted no toma en demasiada consideración a las comunidades autónomas, por mucho que aquí haya dicho que va a contar con ellas, cuando las reúne con un escaso margen de tiempo para analizar el documento que
usted les envió y no les envía la memoria económica, pese a que se les imponen obligaciones de reducción en los sectores no incluidos en la directiva.
Parece además que debido a la falta de tiempo incluyó usted un anexo de inversiones en el que las
empresas contenían múltiples errores. Espero, señora ministra, que éste no sea su talante de cooperación institucional.



Por cierto, que usted en el mes de abril anunció textualmente que el Gobierno elaboraría un Plan de incentivos para impulsar a las empresas a cumplir con los compromisos derivados del Protocolo de Kioto. Esto es textualmente lo que dijo la
ministra de Medio Ambiente en el mes de abril. Y luego, en el Plan nacional de asignación de emisiones no vemos nada sobre incentivos a las empresas para que cumplan los compromisos derivados del Protocolo de Kioto.



Si analizamos la página 11, vemos que usted habla de los logros que se han conseguido en el sistema fiscal, es decir, lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Usted habla de todas las medidas que incentivan las mejores tecnologías
disponibles y las mejoras medioambientales en las empresas, medidas puestas en práctica por los gobiernos del Partido Popular. Pero usted lo que dice aquí textualmente es lo siguiente. Dice: En el contexto del cumplimiento del Protocolo de Kioto
podría ser oportuno abrir un debate sobre la conveniencia de profundizar en la utilización de la fiscalidad como instrumento para mejorar el medio ambiente. Es decir, usted se olvida de sus declaraciones del mes de abril, en las cuales dijo que se
elaboraría un plan de incentivos para impulsar las empresas. Dice también que la estrategia de ahorro y eficiencia energética debe


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contribuir a la consecución de tres objetivos básicos, objetivos con los que estamos plenamente de acuerdo. Primero, garantizar el suministro de energía en un escenario caracterizado por el alto grado de dependencia energética exterior;
segundo, mejorar la competitividad por la vía de la utilización eficiente de los recursos, y tercero, fomentar la protección del medio ambiente. Estamos de acuerdo, señora ministra, con ello y estamos de acuerdo en que hay que aplicarlo a todos los
sectores para conseguir reducir la demanda energética.Ahora bien, aparte de la demanda energética hay que considerar la oferta energética. ¿Y qué nos encontramos en la oferta energética? Pues nos encontramos con un panorama en el que la
dependencia del exterior de productos fósiles es más de 20 puntos superior a la media europea, con una enorme incertidumbre en los precios del petróleo, que van imparablemente al alza. Ello puede poner en peligro nuestra economía y puede
incrementar el paro, esto es indudable.
Nos encontramos con que ya no puede producirse más energía hidroeléctrica, sí pequeñas centrales minihidráulicas, pero está calculado que la energía que podrían producir todas ellas equivaldría a la de media
central nuclear. Nos encontramos en un marco en que el carbón sigue siendo necesario, pero hay que replantearse las centrales más obsoletas. Y con todas estas restricciones se ha apostado por el gas natural en los ciclos combinados y en la
cogeneración y en las renovables para incrementar la oferta, todo ello en el Plan Energético Nacional.
Pero como sabe S.S., los ciclos combinados tienen problemas con los ayuntamientos por las autorizaciones que éstos deben conceder y el gas, como
sabrá S.S., tiene emisiones de CO2, aparte de que también tiene una gran dependencia energética. Y además de esto, usted nos anuncia el cierre de las centrales nucleares y sabemos que la demanda anual se incrementará en 2.000 megavatios. Por esto,
señora ministra, creo que es el momento de que usted nos diga cuál es su opción por el lado de la oferta energética. Ya sabemos cuál es por el lado de la demanda, ahorro y eficiencia energética, que compartimos, pero queremos saber cuál es su
opción por el lado de la oferta energética.



Querríamos saber también cómo piensa el Gobierno compatibilizar el futuro de las comarcas mineras con el cumplimiento de Kioto. Queremos saber también si mantiene lo que usted dijo de que la mayor eficiencia en el uso de la energía
acarreará un incremento en el precio de la misma. No sabemos si creerla a usted o creer el desmentido rápido que hizo el señor Montilla. Usted dice que subirá el precio de la luz, de la energía, el señor Montilla dice que no. Querríamos saber
exactamente qué es lo que piensa el Gobierno al respecto. No estamos de acuerdo con trasladar el coste de todo a los consumidores, que esto es lo que va a ocurrir al final, con esto nuestro grupo no está de acuerdo, señora ministra.



También querríamos saber qué opina usted de las declaraciones de varios ex ministros de Energía, entre ellos el ministro socialista Carlos Solchaga, defendiendo la ampliación del parque nuclear como alternativa al cada vez más problemático
suministro de petróleo. Queremos saber su opinión al respecto y cómo cree que hay que hacer frente al elevado precio del petróleo y a la disminución de emisiones de dióxido de carbono. No me diga usted que solamente con renovables, porque ahora es
usted ministra de Medio Ambiente y tenemos que plantearnos el tema con seriedad. Y también querría saber si la señora ministra sigue diciendo que la energía nuclear no es una opción energética sostenible para el futuro (son frases que he recortado
de algunas declaraciones suyas) y que la energía nuclear ni es la más limpia ni la más barata ni la más segura.



Nosotros confiamos en que el Gobierno construya un Plan energético que no paralice al país, porque sobre el papel se puede hacer que las empresas reduzcan emisiones, como ha dicho el portavoz de Convergencia, pero creemos que el tema
energético es un tema fundamental para España.
Nosotros creemos que el objetivo es energía suficiente para garantizar el desarrollo y energía limpia y ahorro energético para que el desarrollo sea sostenible.



También querría saber lo que opina la señora ministra de la petición de la patronal europea de que exista una moratoria en el cumplimiento de la directiva si finalmente el Protocolo de Kioto no entra en vigor. Si el Protocolo de Kioto no
entra en vigor, ¿la señora ministra sigue estando de acuerdo en que la Unión Europea siga con la directiva, siga con el Plan nacional de asignación de emisiones y con el comercio de emisiones pese a que en el resto del mundo no se haga nada por
restringir las emisiones de dióxido de carbono? Es la pregunta que dejo ahí sobre la mesa para saber la opinión de la ministra de Medio Ambiente.



Y luego querría saber si también va a usted a seguir el diálogo emprendido por el anterior ministro de Economía, el señor Rato, con la Unión Europea para conseguir fondos que financien la adaptación de las industrias para poder cumplir con
el Protocolo de Kioto.



Nuestro grupo parlamentario, señorías, señora ministra, señor presidente, cree que es esencial respetar una serie de principios. Los podríamos resumir en cuatro. El principio de reducción de emisiones a nivel global, que evite que la
deslocalización de las industrias europeas a zonas que no tengan compromiso de reducción y con tecnologías más ineficientes lleve a un aumento global de las emisiones. El principio de convergencia real o cohesión, que permite que los Estados
miembros que así lo requieran sigan alcanzando tasas de crecimiento económico acordes con el objetivo de convergencia real. El principio de competencia, que evite la distorsión de la competencia al exigir a sectores igualmente eficientes esfuerzos
de reducción diferentes en función de su ubicación. Y el principio de equidad, de promover que todos los sectores económicos, estén o no incluidos en la directiva, se vean involucrados en el compromiso de reducción.



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Nosotros creemos que los compromisos que tiene el Plan nacional de asignaciones del 2005 al 2007 se pueden cumplir con relativa facilidad y se puede cumplir con todas las medidas que el Gobierno anterior puso en práctica y que,
eventualmente, empezarán a dar sus frutos, porque, como sabe la ministra de Medio Ambiente y saben los señores diputados, la legislación que se pone en vigor en medio ambiente no tiene efectos inmediatos. Nosotros esperamos que empiece a dar sus
frutos el Plan de fomento de energías renovables, que prevé un ahorro de entre 25 y 40 millones de toneladas de dióxido de carbono...



El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, vaya terminando, por favor.



La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente. El fomento del uso del gas, el Plan de residuos, las actividades de reforestación para que actúen como sumideros... En fin, nosotros esperamos que todas las medidas puestas en práctica
por el anterior Gobierno del Partido Popular den sus frutos y se produzca una reducción de las emisiones.



Quiero indicar solamente que coincido con la preocupación de la representante de Esquerra Republicana de Catalunya respecto a un encarecimiento de los productos industriales. Creo que esto va a ser un hecho y veremos qué es lo que ocurre.
Y quería también preguntar, por último, a la señora ministra cómo se van a computar en las industrias cementeras las emisiones procedentes de las descarbonatación de la piedra caliza para obtener el clinquer, que como sabe la señora ministra son
iguales que las que se obtienen del combustible que se quema en el horno.



Y ya para terminar, sigo diciendo que el Gobierno parece que tiene un plan para reducir las emisiones, lo celebramos, es continuación de lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Pero si tiene este plan, no siga con su política,
señora Narbona, de la desalación masiva, que incrementa las emisiones, ni cierre las centrales nucleares, ya que no tiene alternativa energética para ello.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Garrido.



El señor GARRIDO PEÑA: Me van a permitir que lea brevemente un pequeño texto que dice así: 'Se trata de un asunto (el cambio climático) en el que el tiempo es especialmente precioso, puesto que un retraso en la adopción de medidas
adecuadas en el marco de una visión realista de las cosas, puede ocasionar que en el futuro cualquier intento de solucionar no ya la cuestión sino el problema pueda resultar baldío o excesivamente gravoso desde el punto de vista económico o, lo que
sería aún más grave, desde el punto de vista social'. Este es el último párrafo del informe del grupo de trabajo, firmado el 27 de diciembre de 1995, que trató en este Parlamento, en el Senado en concreto, sobre el cambio climático.
Desde entonces
nada de nada, una sola comparecencia, mucho bloqueo, ocho meses de inactividad y tres meses de vértigo. Ésa es la realidad de la preocupación que ha habido por solucionar, por afrontar el reto. Es decir, desde 1995 prácticamente nada.



Y esto es así, y es especialmente preocupante, porque el problema del cambio climático no es una cuestión que se pueda banalizar, no es una cuestión que se pueda cuantificar en términos económicos, es posiblemente el problema económico más
grave que va a afrontar la humanidad y posiblemente también el problema económico más grave que va a afrontar este país, porque no hay que olvidar que el cambio climático supone la extremización del clima, y eso supone un impacto directo sobre dos
sectores que tienen un eje central en nuestra economía, como son el turismo y la agricultura. Por lo tanto, aun siendo un problema de carácter económico de dimensiones colosales, es también un problema que afecta a la biodiversidad, que afecta, en
definitiva, a todos los aspectos ambientales, porque ambiente es igual a clima y cambio climático es igual a cambio ambiental.



Pero también afecta a la salud. Sin ir más lejos, anteayer en Science salía un artículo que decía que la subida en dos puntos de contaminación en ciudades como Sao Paulo, Nueva York o México, supone un aumento en diez puntos de mortalidad.
Y hacían una estimación de más de sesenta mil personas que morirán víctimas de la contaminación en estas ciudades en los próximos diez años. Por lo tanto, no estamos hablando -insisto- de ningún problema menor, sino de un problema central y lo que
resulta escandaloso es que en ocho años aquí casi no se haya podido hacer nada, no se haya podido ni siquiera hablar ni afrontar este problema de manera seria.



Pero además estamos también abordando el Protocolo de Kioto y el Protocolo de Kioto es un instrumento que, como ha dicho muy bien la señora ministra, inaugura, por primera vez en la historia de todo el proceso de industrialización, un
acuerdo multilateral e internacional de desaceleración selectiva e intencionada del crecimiento de la contaminación. Es la primera vez en el proceso de industrialización que hay un acuerdo para reducir el proceso de contaminación y se da un giro
radical a la antigua ecuación que decía: a más crecimiento, más desarrollo y más contaminación, orientándose precisamente a la lógica de la eficiencia. Insisto, se deben abordar estas dos cuestiones que son absolutamente centrales. Es
problemático que hasta ahora no se haya hecho apenas nada, no se haya trabajado y ni siquiera se haya debatido sobre cómo se abordaba esto.



Las quejas de esta Comisión, que decía que podíamos llegar tarde y que si llegábamos tarde iba a ser mucho más costoso, desgraciadamente hoy, a la altura del 2004, son una realidad; estamos viendo las consecuencias


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de haber abandonado esto y de no haberle echado cuentas a un proceso y a un problema de la envergadura del cambio climático y a una opción de la envergadura del Protocolo de Kioto.Pero para saber y entender bien el decreto ley que se nos
presenta, hay que entender la situación de la que se parte. Se han hecho alusiones anteriormente a cuál era la situación previa. Se ha dicho que es cierto que se estaba en un 41 por ciento de crecimiento de los gases de efecto invernadero, pero
que se iba a cambiar. No sé cuándo. De seguir la lógica y la ratio de producción, en el 2012 estaríamos por encima del 70 por ciento seguramente de gases de efecto invernadero e incluso ese argumento tan manido de la producción per cápita, que
puede ser que no se diga, defendiendo los intereses de las grandes corporaciones, pero curiosamente se coincide en la argumentación, ese argumento tan manido ya lo habríamos superado, y estaríamos por encima de la media europea en producción per
cápita. Por lo tanto, ése es el punto de partida.



¿Pero cómo se estaba en 1996? En 1996 se estaba muy cerca del 15 por ciento, se estaba en el 16 por ciento, el 37 por ciento restante ha crecido en estos ocho años, y ese 37 por ciento supone el 90 por ciento del total del 41 por ciento en
el que estamos hoy. Por lo tanto, la responsabilidad política está en ese proceso concreto, en estos últimos ocho años, y en este abandono absoluto de la política energética y de la preocupación por un protocolo que se firma, por un objetivo que se
dice perseguir, pero que luego no se hace absolutamente nada para conseguirlo.



El problema se sitúa en la intensidad energética. La eficiencia energética agregada de nuestro país es una eficiencia cada vez peor. Hemos retrocedido en nuestra eficiencia energética, hemos aumentado nuestra intensidad energética, cuando,
sin embargo, la Unión Europea ha mejorado su eficiencia energética, es decir, ha disminuido su intensidad energética. Y ahí es donde está posiblemente el factor de la competitividad. ¿Por qué mirar tanto a otros factores y no mirar, por ejemplo,
al de la eficiencia energética, que es un factor fundamental en los costes de producción y que determina el cambio tecnológico? Yo creo que es una falacia plantear que se pueda sustituir capital natural por capital tecnológico, pero creo que es
imprescindible que el capital tecnológico pueda reducir el consumo de capital natural. Y si no somos capaces de reducir el consumo de capital natural es porque tenemos un déficit, como ha dicho muy bien la señora ministra, en capital tecnológico,
porque no se ha invertido en investigación, porque no se ha invertido en investigación más desarrollo, porque no se ha tenido en cuenta, en definitiva, que hoy el capital intelectual forma parte del centro de cualquier proceso de acumulación de
capital que se quiera considerar un centro y una acumulación como futuro.



Pues bien, ésa era la situación en que se estaba. Y en esa situación de deficiencia con respecto al cumplimiento de los objetivos, en esa situación de intensidad energética, también podemos ver otros elementos, y podemos ver, por ejemplo,
cómo se estaba con relación al autoabastecimiento. Se ha empeorado con relación al autoabastecimiento en un 8 por ciento, hoy somos mucho más dependientes que hace ocho años.
Pero incluso alguien que se preocupa tanto por el carbón no dice que se
ha perdido un 27 por ciento del carbón, que a pesar de que nuestro carbón es desde el punto de vista de la eficiencia mejor carbón que el que traemos de fuera, se está importando hoy mucho más carbón que el carbón que se produce aquí y se está
importando porque es mucho más barato, perdiéndose un 27 por ciento con relación al abastecimiento de carbón con respecto a 1996.



Si miramos la tarta o el mix energético, vemos que no ha habido cambios sustanciales, salvo el leve incremento del gas, y que la dependencia sigue siendo la misma, que la estructuración sigue siendo la misma y que las energías renovables
están en torno al 4,5 por ciento aproximadamente, si no incluimos la gran hidroeléctrica, que es dudoso que pueda ser incluida como energía renovable por su brutal impacto medioambiental.



Por lo tanto, ésa era la situación en que nos encontrábamos, y eso es lo que ha conducido al crecimiento del 41 por ciento, no el crecimiento del empleo, no el crecimiento del producto interior bruto; la alta intensidad energética, es la
ineficiencia energética. Y claro, darse cuenta de esto al final del ciclo y elaborar un documento de consejos, como es la E-4, donde más o menos se dicen cuáles son las orientaciones que se deben llevar, desde luego no resuelve para nada ni supone
sentar las bases de un proceso distinto, tal como sería necesario.



En ese contexto hay quejas legítimas de por qué se ha hecho tan rápido el proceso de consulta, de por qué.... Sencillamente porque estábamos fuera de juego, porque lo que había era un documento socrático (digo lo de socrático porque está
cargado de preguntas) que se llama Síntesis del estado actual de las actuaciones realizadas para aplicar la directiva de comercio de emisiones y elaborar el Plan nacional de asignación. Este documento socrático, que tiene preguntas y algunas
certezas (por ejemplo, la energía nuclear es una de las pocas certezas que aparecen en él), sería un documento interesante si no tuviera la fecha del 25 de marzo del 2004, es que está fechado seis días antes de tener que entregar. Seis días antes
el Gobierno lo que hace es preguntarse cosas e interrogarse sobre lo que va a hacer. Esto, dos años antes, cuatro años antes, hubiese sido un interesante documento de trabajo; por cierto, que la energía nuclear está explícitamente excluida del
Protocolo de Kioto, por lo tanto, no sé por qué se saca o se alude a la energía nuclear como una fuente compensatoria de las emisiones de otro tipo que se podrían sustituir. Por lo tanto, esa es la situación en que se encontraba. La celeridad está
absolutamente justificada y yo creo que tenemos que felicitarnos porque a la altura del día de hoy estemos aquí discutiendo, estemos cumpliendo los plazos y pasemos de ser uno de los países


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que estaba en peor posición a uno de los países que puede estar en mejor posición.Con respecto ya directamente al Plan Nacional de Emisiones y la directiva se han comentado bastantes cuestiones. En líneas generales, se han cubierto
básicamente los problemas fundamentales que se pretendía, y se ha tenido una amalgama entre prudencia, voluntad de consenso y al mismo tiempo coraje a la hora de establecer y ser capaz de marcar esos objetivos. Por lo tanto, podríamos comentar
alguna de las cuestiones más relevantes. Yo coincido en que, en el caso concreto de la trasposición de la directiva, es muy importante que se establezca un marco jurídico seguro, porque el mercado responde bien ante los marcos jurídicos seguros y
responde mal ante la inseguridad, pero, claro, habría que preguntarse cuál era la seguridad o la inseguridad que tenían las empresas españolas a la altura de este 25 de marzo de 2004. ¿Qué hubiese ocurrido si no vence el Gobierno socialista, si no
hay una victoria socialista? ¿En qué situación se hubiesen encontrado las empresas ante la Unión Europea? Porque alguien ha comentado que alguien había comentado que lo mismo que Francia y Alemania eran insumisas al equilibrio presupuestario
España lo sería al Protocolo de Kioto; es decir, el marco era de absoluta inseguridad y de absoluta desinformación. Creo, sin embargo, que la trasposición de la directiva y el decreto-ley que se nos presentan tienen un marco riguroso y un marco
que establece una garantía y una seguridad jurídica, que es siempre un factor que favorece el desarrollo empresarial, la inversión y la seguridad como tal. La división entre estos dos períodos, entre un período de estabilización y un período donde
se afronta, es una medida imprescindible de prudencia, dadas las circunstancias, los trabajos realizados y las condiciones en que se encuentran. Lo que me sorprende profundamente es que se establezcan que se está de acuerdo con el primer proceso,
el proceso de estabilización, pero se diga que luego tampoco. Bueno, ¿entonces cuándo? Si luego tampoco, entonces ¿cuándo? Porque claro, si también es después, después y después, recuerda aquello del lema de Brasil es el país del futuro y siempre
lo será, es decir, es una situación insoportable.



Por otro lado, la relación, por ejemplo, con la participación con las comunidades autónomas está bien definida, aunque se puede mejorar. Es imprescindible no solamente la participación de las comunidades autónomas sino de los ayuntamientos,
de todas las administraciones y de todos los agentes sociales, porque, tal como se puede comprobar en las intervenciones que ha habido aquí de SS.SS., este plan comporta un cambio de conducta y de hábitos de un calado y de una profundidad que sería
imposible que ningún Gobierno pretendiera a través de decreto-ley amparar su desarrollo, y eso es evidente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el problema del cambio climático no es una cuestión que podamos compartimentar. Hay una
pequeña anécdota que me contaban: Hace dos años hubo aquí una reunión de viceconsejeros de Medio Ambiente y hubo un consejero de una comunidad, no voy a decir la comunidad para no desprestigiarla, que dijo que en su comunidad no había problemas de
cambio climático, porque como no emitían... -es como si fuera una especie de cilindro donde uno emite y recibe, ¿no?- (Risas.) A lo cual otra comunidad más pequeña dijo: Y en la mía tampoco. No se puede compartimentar de esa manera, es un
proceso muchísimo más complicado, pero ese proceso muchísimo más complicado requiere de todos. Por lo tanto, la orientación del plan en la colaboración y la cooperación con las comunidades autónomas no se orienta tanto en un problema competencial
como en un problema de la imprescindible cooperación y coordinación de todas las administraciones en las actuaciones conjuntas que tienen que realizarse. Desde ahí es desde donde se orienta y me parece que es un efecto que puede ser muy positivo.



También se ha tenido un gran cuidado a la hora de establecer el tipo de sector y básicamente el tipo de instalaciones a las que se intervenía, tratando de ser lo más equitativo y utilizando criterios que son importantes. El debate que se ha
planteado sobre el crecimiento de las emisiones en función de la renta per cápita y no desde el producto interior bruto es no entender para lo que sirve Kioto. Kioto es un instrumento ambiental, básicamente ambiental, y lo relevante desde el punto
de vista ambiental no es la renta per cápita, sino la de producción. Lo que contamina no son los habitantes que tiene un país, lo que contamina es el volumen de producción final y de emisiones que realiza. En ese sentido no tiene ninguna base
cuestionar la adjudicación en función de una posible atribución de parámetros que nos podrían teóricamente beneficiar.



También con respecto a los mecanismos de flexibilidad habrá que desarrollar... porque, evidentemente, existen riesgos tal como se han incorporado, pero son oportunidades también para un modelo de cooperación y de desarrollo distinto, donde
se puede innovar. En eso habrá una gran apertura a la participación de los agentes sociales, del movimiento ecologista, de las organizaciones no gubernamentales y de todos los que pueden estar interesados en el control y en el desarrollo de estos
mecanismos. Como se ha dicho también, la limitación de las agrupaciones es un elemento de seguridad que evita fraudes; también la eliminación o la prohibición del arrastre es otro elemento que impide que pueda haber una utilización también
fraudulenta de los derechos. Por lo tanto, debe abordarse este plan y este decreto y debe abordarse, en general, el cumplimiento del Protocolo de Kioto no como un obstáculo, sino como un reto y como una oportunidad. Kioto no solamente es válido
porque sirve para eliminar los efectos del cambio climático, que lo es y ya sería suficiente, sino Kioto es válido porque ayuda al cambio tecnológico, porque establece estímulos para aumentar lo que es el gran reto de la industria y de la tecnología
contemporánea, que es aunar complejidad con eficiencia. Hemos


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tenido industrias muy complejas y muy pocas eficientes; hemos tenido tecnologías muy ineficientes pero muy poco complejas; sumar complejidad y eficiencia es fundamental. Kioto es un estímulo para ese proceso de modernización reflexiva,
que es un elemento básico que va a determinar este tiempo presente. Por lo tanto, no hay que entender que Kioto es un problema de que firme Rusia o no, es un problema de que firme Rusia o firme Estados Unidos para el cumplimiento final del
objetivo, y ahí debemos poner todos los esfuerzos, pero Kioto en sí mismo es positivo. La reducción de emisiones, la reducción de contaminación, el estímulo hacia la mejora tecnológica, el estímulo hacia la eficiencia, son incentivos fundamentales;
por lo tanto, el cumplimiento de este plan y de esta directiva es en sí mismo positivo, es en sí mismo una oportunidad independientemente de los efectos finales, que son también fundamentales sin lugar a duda, y en los que tenemos que poner todos
los esfuerzos y todas las posibilidades del mundo.Para finalizar solamente quiero, evidentemente, agradecer el esfuerzo, felicitar a la ministra, porque sin lugar a duda en un tiempo récord y de manera muy eficiente en este caso ha logrado llevar
adelante estos proyectos, y desearle suerte y fuerza, porque los enemigos de estos proyectos son pocos pero son poderosos.



El señor PRESIDENTE: Para responder, tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios que han intervenido. He tomado muy buena nota de todas sus observaciones, pero antes de contestar, espero, de una forma sintética a todas
ellas, puesto que ha habido muchas, quería señalar alguna cuestión.



En primer lugar, hoy tenemos esta comparecencia por parte del Gobierno en esta Comisión, pero, tal como he dicho en mi intervención, desde el Gobierno no hay el menor inconveniente en que el decreto-ley que vamos a llevar a convalidación el
principio de período de sesiones próximo se tramite después como ley. Quiero decir que ello permitirá un debate parlamentario más profundo, más sosegado, más enriquecedor; muchas de las cuestiones que se han planteado esta tarde es posible que
puedan tener cabida en ese debate en un trámite como ley del texto que acompaña y, por lo tanto, que da cobertura al Plan nacional de asignación de derechos de emisión. En segundo lugar me referiré a algo que también he visto en muchos de los
intervinientes, una preocupación claramente centrada en el período 2008-2012. Quiero que quienes se preocupan de ello vean el detalle de lo que significa la Directiva de comercio de emisiones en cuanto a estructurar en el tiempo las obligaciones de
los países miembros, puesto que tendrá que haber un nuevo Plan nacional de derechos de emisiones para el período 2008-2012. Eso significa que a la altura de principios del año 2007, para hacer las cosas esta vez con tiempo y sin el apresuramiento
al que nos hemos visto obligados ahora, habrá la posibilidad de valorar cuestiones que ahora mismo es muy difícil tener en cuenta. No sabemos, por supuesto, qué va a pasar a escala internacional ni a escala europea, lo que sí sabemos es lo que hoy
día es una obligación, una exigencia legal, el establecimiento de un marco jurídico que va a condicionar la vida de las empresas españolas de un número importante de sectores. Para el período 2008-2012, ése en el cual se suscitan dudas hoy día en
este debate, por parte del informe del Consejo Económico y Social y de algunos sectores industriales, saben SS.SS., si miran la letra de la directiva que vamos a trasponer, que eso será objeto de un nuevo plan nacional, pero el que se presenta ahora
tiene que contemplar ese escenario, porque es la plasmación de la voluntad de un Gobierno que se enfrenta con el cumplimiento, que efectivamente tiene una fecha, que es 2008-2012. Si antes se hacen cosas es precisamente para ir preparando de la
manera más gradual posible al país para que no sea el año 2008 cuando se empiece a considerar cómo reducir las tendencias en el comportamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es muy positivo que todos los grupos hayan
manifestado esta tarde aquí su opinión sobre el período 2005-2007; sólo el partido Convergència i Unió ha mostrado su disconformidad por una evolución que es de estabilización prácticamente, es decir, de apenas reducción para el conjunto de los
sectores, y que significa cambiar la tendencia. Por eso después volveré a ello, porque me gustaría que también el representante de Convergència i Unió se uniera a lo que es un sentir compartido en esta Comisión, y es que para los próximos tres años
se ha diseñado un escenario que es asumible. Evidentemente, quien ve en ese escenario menor ambición de la debida y pide que el esfuerzo hubiera sido mayor en estos primeros años, seguramente no hubiera compartido criterio con la mayoría de una
Cámara donde se tiene preocupación por el impacto que pueda tener este proceso en términos de competitividad.



Ciertamente la competitividad de la empresa española no va a depender desde luego en los próximos años ni mucho menos de las obligaciones que se deriven del documento sobre el que hoy estamos debatiendo. Yo estoy convencida de que también
el representante de Convergència i Unió -y ha hecho alusión a ello- entiende que hay un déficit tecnológico que sitúa a las empresas españolas en estos momentos en dificultades en términos de competitividad externa de nuestra economía, y que es ahí
donde hay que hacer un esfuerzo fundamental. De hecho, el Gobierno ya ha anticipado que tiene el compromiso de incrementar en una cuantía muy significativa los Presupuestos Generales del Estado en la parte de I+D. Eso va a tener una incidencia
muchísimo mayor en el desarrollo de los próximos años, cara a la empresa española y a la economía española en general, que un proceso inicial de práctica estabilización


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que hemos medido bastante de acuerdo incluso con lo que las propias empresas y los propios sectores nos han transmitido. En cualquier caso, es bueno partir de que en el debate nadie está diciendo que no debemos cumplir Kioto; se plantea si
el ritmo para cumplir los objetivos de Kioto debería ser más intenso y más ambicioso, como el escenario planteado por el Gobierno, o si el ritmo debería ser incluso algo menor en los próximos años para los sectores de la directiva, como se plantea
por parte de Convergència i Unió.Dicho eso, también quiero señalar que por supuesto a lo largo del proceso de consultas ha habido muchísimas cuestiones de detalle que no estoy hoy en condiciones de explicar en esta Comisión, porque sería realmente
muy prolongada mi intervención, por ello la Cámara va a conocer un texto que ya va a incorporar preocupaciones que aquí se han suscitado, como la situación de algunos sectores concretos. Haré alguna alusión sobre alguno en particular, pero sepan
que efectivamente en el plan que tienen ustedes sobre la mesa y en el propio proyecto de decreto-ley, que el Gobierno traerá a la Cámara para su convalidación como decreto-ley con el plan incorporado, habrá algunas diferencias.
Incluso a estas
horas todavía se está trabajando para que la comisión de subsecretarios y la comisión delegada de Asuntos Económicos den luz verde definitivamente. Ciertamente los cambios que prevé el Gobierno, una vez estudiadas las alegaciones y transcurridos
estos tres meses de trabajo intenso, no van a ser cambios radicales ni sustanciales; van a ser quizá pequeños cambios de detalle y algunos relativos al mayor papel de las comunidades autónomas sobre la articulación de las tareas de todos.



Aclarada esta cuestión, me parece que lo del año 2008-2012 va a tener su momento también. El escenario internacional nadie sabe cuál va a ser.
Todos los que estamos aquí deberíamos desear que Estados Unidos y Rusia ratifiquen el Protocolo
de Kioto (ese debería ser el sentir común de una Cámara, porque creo que ninguno de sus miembros piense que fuera bueno lo contrario), pero ciertamente para que eso sea así la Unión Europea tiene que dar ejemplo de voluntad política de desarrollar
mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si la Unión Europea no hiciera lo que ha venido haciendo hasta ahora, difícilmente en el ámbito internacional se podría avanzar de una manera más clara. Si hay avance será
gracias a lo que muchos países europeos a lo largo de estos años han trabajado en esta dirección. Por tanto, hay un rumbo que está claro que compartimos todos, y me felicito por ello. Los problemas de ritmo o de detalle son importantes, pero creo
que también estamos en condiciones de analizarlos.



Haré algún comentario ya sobre intervenciones concretas. Al Grupo Mixto quiero señalarle que coincido con el alegato que hacía de una reforma de fondo de la economía española. De hecho, mis primeras palabras han ido en esa dirección, esto
no es tanto cumplir por cumplir, para quedar bien. Yo no he dicho en ningún momento que todo el mundo esté dando saltos de alegría ni mucho menos, al contrario, hay de todo; pero es verdad que aquí de lo que se trata es de que seamos competitivos,
no porque no hagamos esfuerzos en la dirección de una mayor eficiencia energética o de una mayor diversificación de nuestras fuentes de energía, sino, todo lo contrario, porque este país puede ser líder en muchas energías renovables y en
determinadas tecnologías en las que en estos momentos ya tenemos empresas muy competitivas. Por tanto, este es un compromiso del Gobierno en línea con el modelo de desarrollo en su conjunto de España, y no por una cuestión de mayor o menor
importancia de cumplir con una directiva europea en este momento.



Por otro lado, por parte del Grupo Mixto, del señor Labordeta, se me hacen algunas preguntas. Si me permite, le tengo que remitir a los propios textos, incluso al que hoy ya tienen también; se ha repartido el proyecto de decreto-ley. Lo
digo porque ahí, por ejemplo, hay disposiciones que se refieren a la articulación entre las obligaciones derivadas de la directiva en materia de comercio de derechos de emisión y la IPPC, por ejemplo. Se ha buscado en el marco del decreto-ley
precisamente eximir de determinadas obligaciones que ahora quedan sobrepuestas o sustituidas por las disposiciones que se refieren a los límites de emisión de gases de efecto invernadero.



Por lo que se refiere al sector de la minería -esto ha estado presente en varias intervenciones y es evidente que es muy importante-, el Gobierno prepara un nuevo plan para la minería, porque es muy consciente de que se debe intentar evitar
efectos sociales no deseados durante los próximos años, en un contexto en que la minería no solamente se enfrenta con lo que serían las consecuencias de la aplicación del Protocolo de Kioto, sino con algunas otras cuestiones importantes, por
ejemplo, las derivadas de la directiva europea sobre techos de emisión de las grandes centrales de combustión, que digamos que es, además de una obligación que recae sobre nuestro país y sobre determinadas centrales que utilizan carbón; así como lo
que es el establecimiento de marcos de ayudas públicas a la minería y al futuro que este marco pueda tener a escala europea. Todas estas son cuestiones que están siendo objeto de análisis por parte del Gobierno de la nación para determinar un plan
de la minería que evite, efectivamente, daños en términos sociales. Eso se tendrá que hacer como se han hecho otros procesos en este país, abriendo nuevos nichos de empleo. Sin ninguna duda, todo lo que está detrás de un esfuerzo por cumplir el
Protocolo de Kioto significa la posibilidad de nuevos puestos de trabajo, de ámbitos tecnológicos diferentes, tanto en lo referente a tecnologías eficientes como a energías renovables, y ese plan de la minería tendrá una vinculación muy estrecha con
todo lo que el Gobierno diseñe a partir de ahora para fortalecer esa creación de empleo en el


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marco del desarrollo de las energías renovables o de las tecnologías eficientes en nuestro país.Por supuesto -con esto también contesto a alguna otra previsión al respecto-, la Estrategia de ahorro y eficiencia energética, que estaba ya
aprobada en la anterior legislatura por el anterior Gobierno, era un documento que naturalmente hay que cumplir, pero hay que ir más allá. Ese documento preveía que cumpliéndose tendríamos en el año 2003 exactamente un incremento del 58 por ciento
de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990; estrategia de ahorro y eficiencia energética aprobada por el anterior Gobierno de la nación que en sus determinaciones establecía que llegaríamos a +58 por ciento, es decir, en
absoluto a cumplir con el Protocolo de Kioto. No digamos ya si vamos al documento aprobado de planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011, donde se preveía que eso significaría un incremento del 78 por ciento en el año 2008-2012
respecto al año al año 1990. Es evidente que había herramientas diseñadas por el anterior Gobierno que tienen que ser revisadas, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, ir más allá, porque con esas herramientas no sólo no cumpliríamos
Kioto sino que estaríamos excesivamente lejos, no sólo por no cumplir la directiva europea, insisto, sino porque todos esos documentos llevarían a un modelo de oferta energética de este país fuertemente dependiente del exterior, con escasa
diversificación de fuentes energéticas y con un nivel de intensidad energética que seguiría siendo absolutamente inasumible, en términos económicos y también ambientales, por este país.



A Izquierda Verde le quiero también agradecer, como en el caso del señor Labordeta, la valoración positiva que se hace de este documento como punto de ruptura, asumiendo a continuación todo lo que se nos plantea desde su grupo parlamentario
en relación con lo que podría haber sido un exceso de realismo. Es posible que en estos momentos hayamos pecado de un exceso de realismo con tal de poder tener un escenario asumible y que parezca viable y creíble en términos de la economía española
en estos momentos y de sus perspectivas a más corto plazo, pero quiero insistir en lo que dije en mi intervención: nada de todo esto tendría ningún valor si efectivamente este Gobierno no estuviera comprometido a dirigir sus esfuerzos en todos los
sectores no incluidos en la directiva. Se nos ha dicho que eso está por ver, y -evidentemente, llevamos tres meses en el Gobierno- claro que está por ver, está por ver esto y muchas otras cosas.
Yo lo que les puedo decir a SS.SS. -con esto
contestaré también a quien pedía más información sobre los sectores no incluidos en la directiva-, en primer lugar, es que son sectores donde, como se ha señalado muy bien, hay competencias autonómicas y locales, no solamente competencias de la
Administración General del Estado. Es por ello por lo que por escrito he pedido a todos los consejeros de Medio Ambiente de todas las comunidades autónomas conocer cuáles son en estos momentos sus propios planes con objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero; planes con objetivos, con medidas, con actuaciones y, en su caso, con resultados, puesto que algunas comunidades autónomas en estos últimos años han hecho esfuerzos reales para reducir el uso de los
combustibles fósiles, para aumentar el uso de las energías renovables, para mejorar la eficiencia energética, y ese es el punto de partida que tenemos. No podemos no hacer una visión agregada de nuestro país dentro de la escena europea, pero es
verdad que nuestro país es extremadamente diverso desde el punto de vista territorial y también en términos del esfuerzo que se ha hecho o que no se ha hecho por parte de cada una de las comunidades autónomas. Ese mapa de la situación autonómica
nos va a permitir ir más allá, espero de forma concertada, con todas y cada una de las comunidades autónomas para definir una auténtica estrategia que implique a todas las administraciones. El Gobierno puede y debe hacer cosas, las comunidades
autónomas pueden y deben hacer también avances y, por supuesto, los ayuntamientos.



En el caso de los ayuntamientos tenemos ya un convenio en elaboración, bastante avanzado, que contempla precisamente ese apoyo a aquellos ayuntamientos que vayan decantándose por compromisos firmes en materia de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero. Evidentemente, no valen sólo las declaraciones de principios. En España hay ya muchísimos ayuntamientos que han suscrito la Carta de Alborg, que han iniciado la elaboración de una Agenda local 21, pero hay muy pocos
ayuntamientos que tengan, por ejemplo, como se señalaba aquí, una ordenanza municipal que obliga a la instalación de energía solar térmica. Es bueno que desde el Gobierno de la nación apoyemos precisamente esa dirección para el conjunto de los
ayuntamientos españoles. Me he referido a esa medida porque es una medida muy concreta, pero por supuesto hay otras que tienen que ver con una movilidad más sostenible en el ámbito de cada ciudad. Ahí es cada ayuntamiento el que en sus decisiones
urbanísticas o de ordenación del tráfico tiene una enorme capacidad para que se use más o menos el coche, para que se usen vehículos con energías más limpias o menos limpias..., en fin, para que de hecho ese ayuntamiento pueda avanzar en un
compromiso claro respecto del cambio climático. Por eso queremos trabajar con la FEMP, así lo hemos trasladado ya al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y así estamos ya preparando un convenio específico de colaboración;
colaboración, concertación y coordinación en estos ámbitos con comunidades autónomas y con ayuntamientos, pero también compromisos del Gobierno de la nación.



En estos momentos se está trabajando para anticipar la transposición al derecho español de la directiva europea sobre eficiencia energética en la edificación a la fecha límite prevista. Esto es algo fundamental. No


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tenemos por qué esperar a que se agoten los tiempos si creemos que la entrada en vigor de esas determinaciones a escala europea es positiva; todos compartiremos que lo es, que se pierde muchísima energía dentro de los edificios por la
escasa capacidad de aislamiento, de climatización, en suma, de eficiencia en el uso de la energía dentro de viviendas o de otro tipo de edificios. Pues bien, el Gobierno está ya trabajando para anticipar la trasposición de esa directiva y el propio
Ministerio de la Vivienda, en el decreto con el que acaba de aprobar determinadas modificaciones en la política de vivienda a nivel nacional, ha incorporado en uno de sus artículos el compromiso de someter las viviendas protegidas, a partir de la
entrada en vigor en España de esa trasposición de la Directiva sobre eficiencia energética en edificios, a las determinaciones de la misma. Por lo tanto, también existe un compromiso que se lleva al ámbito de la política de vivienda en lo que hace
a la eficiencia energética, al apoyo a la rehabilitación, que evidentemente ya vincularía no sólo nueva vivienda sino algo fundamental, que es actuar sobre ese enorme parque vacante que tenemos en nuestro país, ese parque que el Gobierno pretende
que por lo menos en una parte se ponga en alquiler a un precio asequible para quienes necesitan una vivienda y no pueden satisfacer su necesidad en el mercado.La política de rehabilitación, de recuperación de las ciudades, con determinados criterios
de sostenibilidad, va a ser apoyada en la política de vivienda del actual Gobierno. Ese es un compromiso concreto, como lo es que el Plan integral de infraestructuras del transporte se someta a una evaluación estratégica ambiental, como tiene ya el
compromiso de hacer el Gobierno de la nación. En estos momentos lo que se está preparando, conjuntamente con los criterios de ese plan, es cómo llevar a cabo un primer informe de sostenibilidad que luego permita, en las fases sucesivas, que exista
también esa posibilidad de contrastar si con un determinado plan de infraestructuras vamos a acentuar suficientemente por ejemplo esas inversiones en ferrocarril, en transporte de mercancías por ferrocarril, de velocidad alta y no sólo de alta
velocidad, de modos no motorizados, de intermodalidad, etcétera, que deben formar parte, así lo ha previsto el Ministerio de Fomento, de sus primeros documentos al respecto.



Por parte del Ministerio de Industria también se ha manifestado en diversas ocasiones su deseo y su voluntad de potenciar la fabricación de productos más eficientes desde el punto de vista energético. Es evidente que esto va de oferta y de
demanda y que todo el tiempo tenemos que estar viendo los dos lados del problema, pero el Ministerio de Industria ha puesto por delante su voluntad en ese sentido, voluntad que todavía, es cierto, en los primeros tres meses de este Gobierno no ha
podido concretar, como todavía no ha podido concretar la voluntad de revisar el Plan nacional del fomento de las energías renovables, que no se estaba cumpliendo, y establecer nuevas medidas para escenarios incluso más ambiciosos. Porque ha bastado
que hubiera un poco más de apoyo a la energía fotovoltaica para que se haya colapsado el IDAE de peticiones de actuaciones de energía fotovoltaica en nuestro país. Ha sido realmente impresionante la respuesta. Luego no hay un problema de oferta o
de capacidad de este país para aumentar el uso de determinadas energías; lo que hace falta es que el marco normativo, como lo ha sido y lo está siendo en otros países, por ejemplo, en Alemania, dé cabida a ese desarrollo infinitamente más potente
de nuestra energía solar, de nuestra industria solar, por poner un ejemplo concreto.



En la misma situación se encuentra la biomasa; en la misma situación de tratamiento insuficiente está el problema de los purines, los biocombustibles. Todo esto forma parte de la tarea que está desarrollando el ministerio al que ello
compete, que es el Ministerio de Industria; evidentemente tendrá ocasión de explicar estos planes y estas medidas en la sede parlamentaria que proceda, porque son sus competencias todo lo que tiene que ver con mejorar la utilización de las energías
renovables.
Otra cosa es que desde cada uno de los ministerios podamos también, y lo vamos a hacer en algún caso, favorecer el uso de las energías renovables.



Sé que estoy moviéndome en distintos planos, pero hay preguntas que comparten muchos de los intervinientes. Energías renovables. El Ministerio de Medio Ambiente va a dar prioridad absoluta, para las plantas desaladoras que se vayan a hacer
en las cuencas mediterráneas, al uso de energías renovables asociado a dichas plantas. Vamos a ser demandantes de energías renovables y eso, sin ninguna duda, va a cooperar a la propia modificación y revisión de los objetivos del Plan nacional de
fomento de las energías renovables. Por cierto, a la señora De Lara le preocupa la desalación. Yo sólo quiero recordar a SS.SS. que disponen del informe ambiental sobre el decreto-ley por el que se derogaba el trasvase del Ebro y se aprobaba un
conjunto de actuaciones en las cuencas mediterráneas de nuestro país, donde se podían ver que el consumo de energía necesario para trasvasar el agua desde la desembocadura del Ebro a lo largo de 914 kilómetros hubiera requerido once bombeos y un
consumo permanente de una central equivalente a 900 megavatios, un 35 por ciento más de consumo de energía del que requeriría la totalidad de las plantas que están previstas en las actuaciones a desarrollar por el Gobierno. Es bueno que quede
constancia de ello, porque todavía hay muchas personas en este país que creen que el trasvase del Ebro no emitía gases de efecto invernadero. Pues bien, consumía un 35 por ciento más de energía que las plantas desaladoras que se plantean. Desde
luego, no parecía que a nadie le preocupara que esa energía se impulsara con energías renovables, pero, en cualquier caso, el consumo de energía era el que era, aunque sea difícil imaginarlo cuando uno mira el mapa de este país.



Hay, por lo tanto, planes que se están en estos momentos diseñando y será muy interesante que el


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debate parlamentario que se suscite sobre el proyecto del que hoy estamos hablando, permita mejorar el contenido del Plan nacional en relación con medidas en otros ámbitos distintos de los cubiertos por la directiva. Ahí es donde serán
bienvenidas todas las aportaciones que se puedan hacer desde los grupos parlamentarios. Evidentemente, si hay un consenso en torno a ello, en sede parlamentaria, el Gobierno determinará avances concretos y ulteriores a aquellos en los que está ya
trabajando en este momento.Todo ello requiere efectivamente una nueva ley de régimen del suelo, como planteaba el representante de Izquierda Verde, porque la actual legislación en materia de suelo sin ninguna duda ha favorecido un uso muy irracional
del suelo y con ello también un consumo irracional de energía en nuestro país. Eso debería cambiar. Es evidente que la Administración General del Estado y el legislador estatal tiene unos límites, debe aprovecharlos, pero ahí también insisto en la
corresponsabilización que debe existir en el ámbito autonómico y local.
Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los responsables últimos del diseño de las ciudades y de la ordenación del territorio, pero no le quepa duda a S.S. de que el
Ministerio de Medio Ambiente hará todo lo que esté en su ámbito para favorecer un cambio de criterios en cuanto al uso del suelo en nuestro país, en particular en las zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental.



La información disponible, que es también algo que preocupa a Izquierda Verde, es una cuestión fundamental. Es verdad que lo que está previsto es que haya información una vez al año, y yo creo que eso debe formar parte de la información que
puedan manejar las distintas comisiones en este Parlamento. Y sería muy importante que, con la fórmula que el Parlamento establezca, un grupo de trabajo o una subcomisión, el tema del cambio climático estuviera presente en esta legislatura. Creo
que es la legislatura del desafío. Sin ninguna duda, lo que hagamos en esta legislatura condicionará mucho los años siguientes y sería muy oportuno que el Parlamento estuviera implicado, con la fórmula que considere suficiente.



En lo que se refiere a la intervención de Esquerra Republicana de Catalunya, quiero agradecer sus palabras por la intensidad del trabajo con el que hemos tenido que avanzar. Evidentemente, otros países lo han hecho con otros tiempos y otros
ritmos y eso sin ninguna duda favorece hacer las cosas con mayor rigor. No obstante, nosotros sabemos que lo que ahora ponemos sobre la mesa es mejorable, tanto en el trámite parlamentario como indudablemente, no cabe ninguna duda, a lo largo de
los próximos años, en esta legislatura, puesto que todo lo que no cubre la directiva va a ser precisamente una acción del Gobierno sometida al contraste de este Parlamento. Por ello asumo algunas de las cuestiones que ha expuesto Esquerra
Republicana de Catalunya y que eran similares a algunas otras en cuanto a las exigencias de una mayor ambición en los terrenos no cubiertos por la directiva. En alguno de esos sentidos ya las he contestado.



Y paso a contestar a Convergència i Unió. Sé que me estoy dejando alguna cuestión, pero en las réplicas procuraré cubrirla. Ya he dicho antes que solamente el representante de Convergència i Unió ha cuestionado el escenario 2005-2007,
entendiendo que se está pidiendo demasiado esfuerzo a las industrias. Yo quisiera pedir al señor Sánchez Llibre que vea las páginas 23 y 24 del documento que tiene a su disposición, porque allí podrá ver que el conjunto de los derechos de emisión
que se ha dado a los sectores industriales se sitúa entre el 90 y el 98 por ciento de lo que los sectores han solicitado. El grado de esfuerzo de algunos sectores, respecto a sus propias previsiones, es un esfuerzo bastante reducido. Y para tener,
digamos, la legitimidad de exigir ese esfuerzo, evidentemente el Gobierno ha trabajado, por supuesto, con todos los estudios acumulados por anteriores gobiernos. Qué duda cabe que había estudios, lo que no había eran decisiones, pero estudios había
muchísimos. Y esos estudios son los que permiten, sin ninguna duda, junto con el trabajo que se ha hecho durante estos tres meses, apreciar si hay margen de avance tecnológico en algunos sectores o apreciar también si las previsiones de esos
sectores iban ligadas a una extrapolación del comportamiento de los últimos años, cosa que evidentemente siempre cabe objetar porque algunos sectores han crecido mucho en estos últimos años, como es el caso del cemento, pero evidentemente ligado a
un modelo de crecimiento que empieza a dar ya síntomas de agotamiento o por lo menos de freno en los parámetros de crecimiento que han tenido hasta ahora. Por ello, efectivamente, yo quisiera insistir, primero, en que juzgue el decreto-ley y el
plan nacional en su versión definitiva. Yo creo que esto es importante, para que en el momento que tenga que votar la convalidación o no, o la abstención en su caso, tenga una información mucho más precisa, en cuanto al tratamiento de cada uno de
los sectores, de lo que yo puedo darle en este momento. Me parece sinceramente que el esfuerzo que se pide es un esfuerzo asumible, la verdad es que así lo han reconocido incluso en sede del Consejo Económico y Social los máximos representantes de
la CEOE, que se han decantado por señalar que para el año 2005-2007 no entienden que haya un problema y que no sea eso asumible, los problemas de competitividad los veían a más largo plazo.
Por ello me gustaría que leyera con detenimiento cómo
quedará este texto y, si es posible, que se sume a lo que entiendo que es un acuerdo mayoritario de esta Cámara respecto al escenario 2005-2007.



Es evidente que comparezco aquí como miembro del Gobierno y no sólo como ministra de Medio Ambiente, porque ésta es una cuestión que parte de un compromiso del propio presidente del Gobierno y que, como ya he señalado, efectivamente ha
discurrido por un trabajo compartido, donde la última palabra la ha tenido el ministro de Economía, que presiden la Comisión Delegada


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de Asuntos Económicos, y yo creo que el ministro de Economía cuando compareció en sede parlamentaria ya anunció que éste era un compromiso que entendía que era factible asumir sin perjuicio o sin daño a la competitividad de las empresas
españolas. El documento que va a aprobar el Gobierno evidentemente no es un documento del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un papel de impulso, que tiene un papel de colaboración y de cooperación con el resto de los ministerios; es el
Gobierno en su conjunto el que va a presentar a la Cámara los documentos de los que estamos hablando hoy.El señor Sánchez Llibre tiene preocupación sobre los costes y menciona algunos que quisiera corregirle a la baja sustancialmente, porque se
trata de estimaciones que se basan en unos precios del derecho de emisión, de la tonelada de CO2, que no son en absoluto en estos momentos ni medianamente consistentes. Le diría que esos costes que usted ha señalado se reconducen a la baja
inmediatamente en cuanto se tienen en cuenta costes por tonelada de derecho de emisión de CO2 de entre 5 y 10 euros, que es lo que en estos momentos se está calculando en todo el mundo, evidentemente, no en España, porque éste es un mercado europeo
que surge en el ámbito internacional, que en parte está ya funcionando y que arroja señales todos los días. No vayamos a situarnos en lo que da lugar a escenarios muy catastrofistas, como los que han presentado algunas empresas consultoras, pero
que evidentemente tienen poco que ver con el análisis que se hace incluso a escala europea de lo que va a ser la evolución del mercado de emisiones. Insisto, ya no se trata de estimaciones que hagamos desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino del
seguimiento que estamos haciendo de forma permanente de cómo se mueve este mercado, de cómo se mueven las estimaciones en el ámbito europeo.



La renegociación respecto de la participación de España dentro de la Unión Europea. Yo he dicho antes que nada está escrito en estos momentos de lo que puede estar sucediendo el año 2007. A mí me gustaría y querría que a todos también les
preocupara, que efectivamente ese escenario fuera el de la ratificación, porque Rusia entrara en este compromiso y también porque Estados Unidos se adecuara, a nivel federal y de su Gobierno, a lo que ya algunos de los gobiernos de sus propios
Estados están reclamando. Ustedes saben que hay ocho Estados de Estados Unidos de América que han presentado reclamaciones ante los tribunales por las emisiones de gases de efecto invernadero de determinadas empresas multinacionales, digamos
empresas estadounidenses. Eso no es casual, en Estados Unidos hay Estados, como es el caso de California, que ya se han impuesto a sí mismo objetivos bastante restrictivos en cuanto a la evolución de los gases de efecto invernadero. Eso va
acompañado de un esfuerzo tecnológico impresionante, por ejemplo, en las tecnologías del hidrógeno y en otras tecnologías de energías renovables, que creo que deberían ser un estímulo; para el conjunto de Estados Unidos por supuesto lo están siendo
ya, pero debían serlo también para la Unión Europea, que puede quedarse descolgada si no va a la cabeza de ese esfuerzo tecnológico que en Estados Unidos, aunque no firme el Protocolo de Kioto, están ya en estos momentos desarrollando.



Nos podemos comparar con Alemania en muchas cuestiones. Es verdad que, como se ha señalado antes en la intervención de Esquerra Republicana de Catalunya, Alemania se ha encontrado con que la eliminación de las fronteras con la Alemania
oriental y toda la transformación tecnológica que ha habido ahí ha provocado una determinada evolución, pero también Alemania ha tomado medidas muy importantes para provocar una evolución positiva, por ejemplo, la de las energías renovables. Usted
seguramente sabe que Alemania, que tiene la mitad de horas de sol que España, tiene en estos momentos instalada más de diez veces más energía solar que España. También queremos parecernos a Alemania en esa materia, porque eso no ha sido porque en
Alemania hubiera ni más horas de sol ni tecnologías más competitivas, ya que muchas de las instalaciones solares que hay en Alemania las han desarrollado empresas españolas altamente competitivas.
Si queremos converger con Europa, deberíamos tener
una visión un poco más global de qué es esto de la convergencia. Evidentemente, convergemos en producto interior bruto por habitante; pero también deberíamos converger en innovación tecnológica por habitante. Y sin ninguna duda, como ha dicho muy
bien el portavoz socialista, el reto de cumplir el Protocolo de Kioto significa un estímulo para España en esa dirección muy potente y que además el Gobierno actual ha recogido.



Nos preguntamos que quién va a pagar la factura. Yo veo que todos nosotros, como consumidores, pagamos todos los meses una factura de la luz sin cuestionarla demasiado. Si aplicáramos un proceso de gestión de la demanda de energía y un
esfuerzo de ahorro y el Gobierno incentivara ese ahorro, los primeros beneficiarios seríamos los consumidores. Los consumidores podríamos pagar mucha menos electricidad, no porque bajaran las tarifas, sino porque bajara nuestra factura al hacer ese
esfuerzo.
Este país se sigue comportando en materia energética como un país de nuevos ricos; parece que, por estar iluminados los edificios día y noche o por coger un coche para hacer dos kilómetros y medio, somos más ricos o más modernos que
otros países europeos que se comportan con una sana racionalidad en materia energética y que deberían ser en ese sentido nuestra referencia. No creo que nuestra referencia en materia de eficiencia energética sea Estados Unidos. Me parece que no es
ese el modelo europeo y me gustaría que tampoco lo fuera en el caso de España.



La preocupación por el 2012 ya la he señalado. Por lo que se refiere a la participación de los sectores industriales en el futuro desarrollo de todas estas cuestiones, seguramente sabe que ya se ha acordado en el marco del diálogo social
que haya mesas tripartitas donde


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todo lo relativo a la implementación de los compromisos del Protocolo de Kioto se va a desarrollar sector por sector, con presencia de los sindicatos y con presencia de las empresas de los distintos sectores.
Usted me señala como ejemplo lo
que va a hacer Italia. Sepa que Italia en estos momentos está en infracción porque a la Unión Europea no le gusta nada el plan que tiene Italia para reducir emisiones, porque efectivamente no las reduce. Estos planes, nos guste o no, los tenemos
que hacer con determinadas reglas del juego, y a nosotros no nos gustaría que, después del esfuerzo que estamos haciendo para recuperar el tiempo perdido, la Comisión Europea nos dijera que estamos haciendo trampa, como le ha dicho a Italia o como
le ha dicho parcialmente también ya a algún otro país miembro. Insisto en que no se trata de cumplir por cumplir; se trata de estar convencidos o no de que éste es un rumbo que es positivo para el conjunto de la economía. Y con decir eso, señor
Sánchez Llibre, yo no digo que estén dando saltos de alegría los sectores industriales.
Evidentemente, no los están dando, nosotros tampoco, porque, entre otras cosas, nos gustaría trabajar menos de veinte horas al día, como algunas de las personas
que están hoy acompañándonos, miembros de la Oficina de Cambio Climático, han tenido que trabajar para llegar al punto en que estamos hoy. Efectivamente, va a haber un trabajo con los sectores industriales, me parece que eso es fundamental dentro
del propio diálogo social y este Gobierno está dando muestras de querer que haya creación de empleo estable, en particular, y al mismo tiempo innovación tecnológica y competitividad.Por lo que se refiere a la intervención del Grupo Popular, voy a
comentar sobre todo aquello que tiene que ver con lo que hoy nos trae aquí, más que con lo que dicen los periódicos, que muchas veces recogen lo que uno dice, pero lo sacan de contexto. Las afirmaciones, en lo que a mí se refiere, sobre las
características de la energía nuclear quedan ratificadas en este momento. Quiero recordar, y con ello no voy a volver a hablar más de energía nuclear, porque estamos hablando de otra cosa en este momento, que hay un compromiso del presidente del
Gobierno de la nación y un compromiso del presidente del Gobierno de la nación es un compromiso del Gobierno de España, no de la ministra de Medio Ambiente. Mis observaciones al respecto efectivamente son las que usted ha dicho. Y en cuanto a qué
va a hacer este Gobierno, no me compete decírselo porque no soy la responsable de la planificación energética dentro del Gobierno. Cuando el Gobierno avance en una revisión de la planificación energética, que obviamente será necesaria, será el
momento de plantear a esta Cámara y a esta sociedad cuál es el modelo a largo plazo. El modelo a largo plazo, ya se lo anticipo, es un modelo ciertamente con una mayor diversificación de las fuentes energéticas y con una mayor capacidad de ahorro y
eficiencia energético.



Es verdad que el anterior Gobierno aprobó algunos documentos de planificación y he tenido ya ocasión de comentar qué es lo que preveían.
No preveían cumplir Kioto, señoría, ninguno de esos documentos preveía cumplir Kioto, no hay ningún
documento de los gobiernos del Partido Popular que prevea cumplir Kioto ni el recorrido para cumplir Kioto.
Planificación energética: incremento del 78 por ciento en el año 2012.
Estrategia de ahorro y eficiencia energética: incremento de un 58
por ciento sobre el año 1990 en el año 2012. Plan de Energías Renovables: muy loable, pero no se cumple, señoría. No se cumple porque apenas se está cumpliendo lo relativo a la energía eólica y en estos momentos el incremento brutal de consumo de
energía en nuestro país hace que, sobre el total del consumo de energía, apenas un 3,8 por ciento se satisfaga con energías renovables. Luego estamos lejísimos de cumplir ningún escenario de energías renovables razonable. Por eso el Gobierno no
sólo parte de lo que ya había, que eso s obvio, siempre se parte de lo que hay, sino que se intenta fortalecer y mejorar. Y estaremos muy satisfechos de escuchar al Partido Popular cómo quiere que se mejore el Plan nacional de ahorro y eficiencia
energético o el Plan de fomento de energías renovables. Como va a haber debate parlamentario ligado a la tramitación de estos textos como ley, será un buen momento para saber si ustedes están de acuerdo o no en poner determinados impuestos
ecológicos, si ustedes están de acuerdo en prohibir el uso del transporte privado o no, si están de acuerdo en que aumenten las centrales nucleares en España o no. Yo estoy segura de que habrá aportaciones muy interesantes para ir más allá del
punto de partida, que era el que era y no era otro. Y evidentemente todo Gobierno arranca de lo que se encuentra y lo que yo encontré, como ya se ha señalado, fueron estudios sobre la situación de los sectores, por supuesto, ninguna consulta con
los sindicatos, ninguna consulta con las organizaciones no gubernamentales y muchísimas preguntas sin respuesta. Eso es exactamente lo que había el día 31 de marzo del año 2004 en España y lo que conoce, por supuesto, la Comisión Europea. En mi
primera visita tuve que manifestar que, habiendo un cambio de Gobierno, había un cambio rotundo de voluntad política respecto al cumplimiento de Kioto y que intentaríamos que España dejara de ser lo que era en ese momento: el país peor colocado de
todos los países europeos respecto al cumplimiento del Protocolo de Kioto.



Evidentemente, yo no oculto ningún documento, porque los documentos del señor Folgado, que están aquí, por cierto, son documentos donde efectivamente hay mucha información sobre lo que piden los sectores industriales y mucha pregunta no
contestada por el Gobierno de la nación sobre los criterios para hacer una base o una propuesta de plan nacional, que por supuesto no estaba hecho.



Y esto no es dictado por ningún rencor, señora De Lara, yo no tengo ningún rencor hacia los gobiernos del Partido Popular, pero éste es otro Gobierno que tiene otros objetivos y que va a trabajar, en la medida de lo


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posible, corrigiendo el rumbo de algunas de las cuestiones a las que ustedes no dieron la suficiente importancia. Y como usted ha señalado que todos queremos cumplir el Protocolo de Kioto y que además le parece bien el escenario del
2005-2007 que contempla este Gobierno, nos podemos felicitar de tener ese punto de acuerdo y de poder abrir a enriquecimientos ulteriores la labor del Gobierno con las aportaciones del principal partido de la oposición en lo que se refiere a cómo
seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en este país y cómo seguir mejorando el ahorro y la eficiencia energética en nuestro país.Queda mucho por hacer, porque en tres meses no se puede hacer lo que se tiene que hacer en una
legislatura. Y he comentado ya antes cuáles son las primeras cuestiones que nos están ocupando para esos planes de acción que el Gobierno tiene que hacer para hacer creíble que, además de lo que suceda en los sectores incluidos en la directiva,
haya también cambios importantes en los sectores no cubiertos por la directiva. Por lo tanto, llegará el momento en que la Comisión Europea planteará qué se hace más allá de Kioto, se planteará si Kioto no es suficiente porque otros países no
quieren ratificarlo, evidentemente será el momento en el cual este Gobierno tendrá dentro de la Unión Europea que trabajar conjuntamente con el resto de los países miembros, entiendo que para seguir avanzando en un desarrollo más sostenible y menos
contaminante. Y en esta Cámara se podrá debatir sobre cómo se debe avanzar más allá de Kioto o en sustitución del Protocolo de Kioto, en el caso de que el Protocolo de Kioto no pudiera ser ratificado y tuviera que plantearse la Unión Europea una
estrategia internacional diferente. De ello se hablará antes de final de este año en la convención de Naciones Unidas sobre cambio climático y será importante escuchar a SS.SS. sobre la posición que España, dentro de la Unión Europea, debe
mantener y qué opciones podría defender España para fortalecer ese movimiento hacia un desarrollo más sostenible a escala internacional. Porque sabemos muy bien que o este país hace un esfuerzo dentro de la Unión Europea por una cooperación al
desarrollo que contenga mucho mecanismo de desarrollo limpio o ciertamente el Tercer Mundo y los países en vías de desarrollo nunca podrán tener un comportamiento tendencial más saludable que el que hemos tenido los países occidentales con nuestro
modelo energético. Creo que debe ser un objetivo de todos, y espero que así lo comparta usted, que los países en vías de desarrollo sigan una senda bien diferente respecto de la contaminación y de los problemas que el mundo occidental ha generado a
escala planetaria.



Yo no sé si por parte del Grupo Popular se ha hecho en algún momento alguna estimación de cuál sería el coste económico de no actuar, de seguir como estamos. Pero sería muy oportuno que de este tema, por ejemplo, con motivo del debate de
este proyecto de ley, los grupos parlamentarios tuvieran ocasión de opinar. ¿Cuál es el coste de no actuar en materia de cambio climático, de paralizar a nivel europeo el esfuerzo que la Unión Europea está haciendo en este momento? ¿Eso está
medianamente interiorizado por los políticos que tenemos responsabilidades en un Gobierno como el Gobierno de España? Eso es bastante importante.



Es evidente, señoría, que es del lado de la demanda donde este país tiene que hacer el mayor de los esfuerzos. Varios de los intervinientes ya se han referido al recorrido que queda, por supuesto en el ámbito de las energías, menos en el
ámbito industrial, sin ninguna duda, pero en lo que es la demanda de energía en este país, ahí sí que hay un extraordinario margen de actuación, y yo creo que eso es lo que debe de presidir todas las iniciativas que desde esta Cámara exijan del
Gobierno la recuperación, por ejemplo, de los programas de gestión de la demanda, que el Partido Popular eliminó el año 1997. No era mucho, eran 5.000 millones de las antiguas pesetas destinados a programas de gestión de la demanda, pero fueron
eliminados por el Gobierno del Partido Popular en el año 1997, y dado que ahora parece que hay un acuerdo en que debemos cumplir Kioto, yo espero del Partido Popular propuestas concretas para hacer programas de gestión de demanda en este país,
porque creo que, como principal partido de la oposición, todo lo que puedan ustedes plantear en positivo y en constructivo este Gobierno lo tendrá que tener en cuenta, y yo además se lo agradeceré. Aquí no se trata de mirar hacia detrás, hemos
partido de donde hemos partido, se había hecho lo que se había hecho, pero estamos esta tarde aquí contemplando por primera vez en España un proyecto de ley que establece restricciones a la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y
estamos constituyendo un marco jurídico, que hemos tenido que hacer por desgracia en poco tiempo, para evitar el caos jurídico al que se enfrentarían las empresas españolas si no hubiera ese marco determinado el 1 de enero del próximo año. Por
tanto, yo agradezco, por supuesto, todas las sugerencias que se han formulado. Si en el turno de réplica hay cuestiones que SS.SS. valoran como temas importantes, intentaré contestarlas, pero también les invito a que analicen con detenimiento lo
que es el propio texto del decreto-ley, porque ahí hay respuesta a muchas de las preguntas que se han formulado y que espero, por lo tanto, que se puedan satisfacer.



El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un turno de réplica de cinco minutos, cinco minutos si desean agotarlos, si no, lo dejamos aquí. Por el Grupo Mixto, ¿señor Labordeta? (Denegaciones.) Por el Grupo de Izquierda Verde, el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Señora ministra, nosotros, ya lo ha visto, no hemos criticado las prisas, las prisas obedecían a las exigencias comunitarias, y valoramos positivamente lo planteado. De hecho, nosotros hacemos esta valoración
positiva, si bien creemos que se podría ir un poco más allá, y nos mantenemos en


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eso. Por eso le reitero las propuestas en torno a los mecanismos de desarrollo limpio, de control de los mismos, sobre los que me gustaría que la ministra emitiese opinión, y también en cuanto al control sobre los sumideros, por lo que
estos suponen.Segundo elemento, la transparencia. El medio ambiente es una ciencia dura y, por tanto, para el control del cumplimiento del Protocolo de Kioto, los parlamentarios, al igual que el Consejo Nacional del Clima, el conjunto de entidades
ecologistas, necesitamos muchos elementos para hacer el seguimiento, es cierto. Por tanto, yo creo que sería oportuno estudiar, no hace falta que lo aprobemos hoy pero sí valorarlo, el establecimiento de una oficina parlamentaria o una oficina que
sirviese también para el conjunto de organizaciones ecologistas, que nos permitiese hacer este seguimiento e ir evaluando en cada momento si se está cumpliendo o no y, a la vez, tener detalles de forma más periódica que de año a año. Creo que esto
debería ser un elemento a considerar.



Tercer elemento. En cuanto a lo que va más allá de los sectores afectados por la directiva -me he dejado, se lo comentaba al señor Labordeta, lo de la edificación que usted ha planteado, lo tenían en el guión, pero no lo he sacado-, creo
que hay un elemento también interesante, que es la euroviñeta en todo lo que es el transporte de mercaderías por ferrocarril, que también se debería implementar, y por supuesto la reordenación o la revisión de las políticas de infraestructuras debe
afectar sin duda a la orientación de la política ferroviaria mantenida hasta el momento, una política ferroviaria dirigida a muy poca gente, la mayoría de la inversión, y que, en cambio, no ha invertido en cercanías y en regionales. Creemos que
este debe ser un acento que se debe sin duda dar.



El cumplimiento del Protocolo de Kioto es una oportunidad, no es un problema, y de hecho lo han dicho diferentes portavoces. El gran problema del modelo de desarrollo del Estado español es que es profundamente ineficiente, que la intensidad
ha subido muchísimo y que además el consumo de energía ha subido muy por encima del crecimiento del PIB. Por lo tanto, el Plan nacional de asignaciones tan sólo puede ser una oportunidad. Yo creo que se debería revisar este planteamiento de Kioto
como problema, porque en definitiva es la oportunidad para muchos sectores industriales que no son eficientes. Por supuesto el planteamiento lo tenemos que hacer en función de lo que producimos, no de los habitantes. No es una cuestión de
emisiones per cápita; es una cuestión de, por lo que producimos, cuántas emisiones se dan, y por lo que producimos, las emisiones que emitimos son muchas más de lo que se está pasando Alemania, y esa es la comparación. Somos profundamente
ineficientes desde el punto de vista energético.



Luego, en cuanto a sectores, hay datos que son profundamente clarificadores. El grado de autoabastecimiento en la energía primaria en España en el caso del carbón ha pasado del 51 por ciento en el año 1998 al 35 por ciento en el año 2003.
Por supuesto que tenemos que ser especialmente cuidadosos con los sectores del carbón y con determinadas zonas que son exclusivamente dependientes del carbón, pero es que esta cifra lo que nos dice es que hay margen, que hay margen precisamente para
la reducción de las emisiones. De la misma manera, la producción de energía por sectores de transporte lo que dicen y lo que nos explican es que la diferencia entre ferrocarril y transporte aéreo es de 1 a 5,5. Por tanto, tenemos que hacer frente
a lo que planteaba yo en una intervención anterior en el transporte aéreo como una de las necesidades urgentes.



Por último, en cuanto a las infraestructuras, que antes planteaba, tiene que haber una repercusión concreta en la infraestructura cotidiana que se hace. Doy el ejemplo de Cataluña. Hoy hay quien se plantea que el cuarto cinturón alrededor
de Barcelona es una prioridad. Pues sería mucho más razonable priorizar por parte de aquellos que queremos cumplir con Kioto el transporte ferroviario. Por supuesto las autonomías son las que están más cerca del terreno de lo inmediato, pero el
ministerio en este plan de infraestructuras debe marcar y orientar, y orientar hacia una mayor inversión en el ferrocarril y una menor inversión en las infraestructuras viarias.



El señor PRESIDENTE: Por parte de Esquerra Republicana, la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Señora ministra, celebro que el compromiso de Kioto sea un compromiso del Gobierno, no del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es clave para incidir en el sector que no está en la directiva, el transporte,
infraestructuras, agrario, y las sucesivas normativas que se van a desarrollar tendrá que reflejarse en los presupuestos, porque si queremos cumplir con Kioto, tenemos que cumplir precisamente en los sectores que no están en la directiva. Ya se ha
dicho que se puede mejorar la eficiencia del sector energético, pero no entiendo cómo se están dando derechos de emisión al carbón de importación. Esto va a producir ventajas a la empresa que tiene centrales con carbón, porque va a tener los
derechos de emisión que luego podrá ella transformar en centrales de ciclo combinado y va a ser una desventaja competitiva frente a otras empresas. Celebro los convenios con las comunidades autónomas, es un enfoque, creo, muy positivo para entender
que la transformación debe hacerse desde el lugar, pero le recuerdo que la capacidad financiera está aquí. Entonces, si no va acompañado de capacidad financiera, todo esto será papel mojado también.



Respecto al sector industrial, sí que se han dado unos derechos de emisión pero son globales, y aquí el portavoz del Grupo Socialista ha dado a entender que el sector industrial es ineficiente. El sector industrial es eficiente en función
del coste del combustible en el producto final y hay empresas que se han esforzado mucho en ser eficientes y ahora las estamos castigando,


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porque los derechos de emisión se dan en base a los tres últimos años de las emisiones históricas; las que más han contaminado recibirán más derechos gratuitos y las que menos han contaminado recibirán menos. Así como en el sector
energético hay un factor de corrección, no en el industrial, y esto sí que hay que controlarlo, porque sí que puede llevar a lo que decía antes de monopolios, porque las empresas que tengan menos derechos no podrán expandirse y las más contaminantes
tendrán más derechos y podrán crecer. Ahí sí que hay tiempo, en esto no habría que correr. Habría que analizar bien el sector industrial y, lo que he dicho anteriormente, hacer un modelo de lo que va a repercutir Kioto en los distintos
sectores.Por lo demás, creo que es una oportunidad para España, porque los cambios se pueden hacer aunque Kioto ratifique, aunque nunca llegue a existir Kioto porque Rusia no lo admita, porque Estados Unidos no se adhiera, es una oportunidad para
este país y también para el Tercer Mundo, porque si funcionamos así, con la expansión de China ahora, el cambio climático puede acelerarse mucho más rápidamente.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Agradezco las explicaciones que nos ha manifestado la señora ministra. Ella nos pide a nosotros que cambiemos de opinión respecto a los planteamientos y al posicionamiento de nuestro grupo parlamentario y
quisiera, antes de volverme a manifestar, fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en cuanto al objetivo global de los compromisos de Kioto, que ya he dicho al inicio de mi intervención que los asumíamos y que estábamos de acuerdo. En lo
que no estábamos de acuerdo era en la asignación de las cuotas y en el calendario.
Básicamente no estábamos de acuerdo por un aspecto básico y fundamental, a mi entender, que no es responsabilidad del Gobierno socialista en estos momentos, ya que
no compartíamos el punto de partida otorgado a España en la negociación comunitaria. Partíamos de un mal acuerdo, cuyo resultado final es que en el año 2012 España va a tener un 20 por ciento de emisiones de CO2 por debajo del resto de los países
de la Unión Europea.
Este es el objetivo inicial que nosotros no compartimos. Sobre la base de que partimos de un mal acuerdo, pensamos sinceramente que tendríamos que renegociar el establecimiento de las reducciones en el marco del año 2008-2012,
este es un primer planteamiento que nosotros hemos fijado, y también hemos dicho que no estamos de acuerdo en que entre el año 2005 y 2007 hubiera una pequeña reducción en las emisiones. He puesto como ejemplo no un país, usted solamente me ha
cogido el país que más le interesaba, que era Italia, pero es cierto que hay otros países que están en la legalidad vigente, como pueden ser Austria, Portugal e Irlanda, que han optado por dar más capacidad a sus industrias para que no pierdan
competitividad. Yo no he fijado el porcentaje; lo que he dicho es que no estableciéramos reducciones en el período 2005-2008 y que estableciéramos una renegociación para las emisiones del 2008 al 2012, para defender básicamente el sector
industrial español.



Usted no ha dicho en su intervención que España hoy es eficiente desde el punto de vista de las emisiones específicas energéticas que se están emitiendo, según datos del Eurostat del año 2003. Según estos datos, España es el quinto país más
eficiente en la Unión Europea, por delante de Inglaterra, de Italia, de Alemania, Dinamarca, Holanda y Grecia, y que España está por debajo de la media europea en cuanto a eficiencia energética en el sector del cemento, en relación a Europa, según
datos del Eurostat del año 2001; la media europea es de 880 y España está en el orden de 850, o sea, por debajo de la media europea. En emisiones específicas del sector siderúrgico europeo, según datos del año 2001, España es la quinta en Europa,
por delante de Suecia, Holanda, Francia, Bélgica, Austria, Reino Unido y Alemania. Si vamos a la comparación de emisión por individuo, por renta per cápita (ya sé que a algunos grupos parlamentarios no les gustan estas comparaciones, pero cuando
son positivas se han de decir), España está por debajo de la media Europea.
Si en la media europea el objetivo de Kioto está fijado en 10, España, según datos del Eurostat del año 2001, está en 9,7. Por lo tanto, estamos por debajo de la media
europea, y lo que no tiene sentido es que en el año 2012 estemos un 20 por ciento por debajo de lo que van a estar nuestros países competidores. Estas son cuestiones que nosotros no llegamos a entender, yo no soy experto en la materia, yo me fijo
solamente en los planteamientos y en los datos que nos hacen llegar, y es por este motivo por lo que yo no puedo cambiar de opinión, y si encima uno tiene en su poder los datos del sector del cemento, que curiosamente es uno de los más importantes
de Cataluña y que han hecho importantes modificaciones y mejoras de cara a la eficiencia energética, veremos que este sector va a tener un déficit de derechos de emisión entre cinco y diez millones de toneladas en el año 2010 y tendrán que comprar
forzosamente, a pesar del esfuerzo financiero que han hecho. Ya acabo, señor presidente.



Respecto al sector de la cerámica, el vidrio y la cal, pues exactamente los mismo, van a tener un déficit superior al 50 por ciento de sus emisiones y tendrán que llegar a comprar valores de emisión de 5 millones de toneladas de CO2, con lo
cual les va a mermar competitividad. Son cuestiones estas que cuando sepamos industrialmente todo el gasto y todo el coste y toda la competitividad que puede llegar a generar su aplicación, no vamos a tener una opción clara para poder
posicionarnos.
En estos momentos nosotros estamos por la revisión, para que no exista reducción del año 2005 al año 2007, para que exista


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reducción del año 2008 al año 2012, y estamos de acuerdo con los objetivos de Kioto, que quede bien claro.El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Simplemente querría decir a la ministra que sobre el tema de la energía nuclear ha dicho que no es el momento y que ella no es la responsable de la planificación energética. En esto estamos de acuerdo, pero usted
siempre habla de su apuesta por las renovables, y tan energía limpia es la nuclear como las renovables. Por esto yo le pregunto cuál es su alternativa al cierre de las centrales nucleares.



Nosotros, señora ministra, no estamos de acuerdo, por supuesto, en prohibir el uso del transporte privado. Yo no sé si usted me lo pregunta porque ustedes quieren prohibirlo. Nosotros no estamos de acuerdo en prohibir nada. Sí estamos de
acuerdo en potenciar el transporte público, pero, desde luego, en absoluto prohibir el transporte privado.



Señora ministra, no me ha contestado sobre lo que usted ha comentado varias veces de que no tiene por qué hacer caso de lo que dice la prensa, pero sí le pido que diga usted aquí si cree que se negoció mal el tema de Kioto y, si cree usted
que se negoció mal, si va usted a renegociarlo.
Nosotros apoyamos la gestión de la demanda y creemos que, efectivamente, del lado de la demanda hay margen de actuación y cuenta con nuestro apoyo para ello.



Tampoco nos ha contestado sobre el plan de incentivos para las impulsar a las empresas a cumplir Kioto. ¿Va a haber plan de incentivos o no va a haber plan de incentivos?


Ttampoco nos ha contestado si va a seguir el diálogo iniciado por el anterior ministro de Economía con la Unión Europea para conseguir ayudas que financiaran la adaptación de la industria española.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Garrido.



El señor GARRIDO PEÑA: Quiero comentar algunas cuestiones. Una es el tema del consenso que se ha alcanzado. Yo creo que es realmente inaudito el consenso que ha habido. Los sectores afectados, a pesar de todo, han tenido una reacción
bastante positiva y solamente ha habido una reacción un poco extraña en la cúspide de la CEOE, que, por cierto, el artículo que yo he leído de Cuevas sobre este tema, no era un ataque al plan, sino que era un ataque a Kioto, es un ataque a los
mismos objetivos del protocolo, por lo tanto, está fuera del debate que al menos aquí hemos establecido, porque todos estamos de acuerdo en que hay que cumplir Kioto. Creo que es también un éxito haber conseguido en un tiempo récord aunar
voluntades y consensos con intereses y con perspectivas tan distintas.



Hemos discutido mucho y yo creo que va a ser un tema muy importante sin lugar a dudas, ya se ha comentado por parte de la señora ministra, que en el plan hay la innovación de incorporar para el tema de las emisiones difusas objetivos y
escenarios concretos, cosa que no está presente en otros planes nacionales de asignación, y creo que ahí va a haber un reto importante. El plan de acción que hay preparado, todo lo que va a hacer el plan estratégico de infraestructuras y
transportes y otra serie de instrumentos van a ser fundamentales, pero desde luego hay que tener claro que ahí hay modelos y ahí modelos que son absolutamente insostenibles. El modelo de agricultura y de urbanismo que presuponía el Plan Hidrológico
Nacional es absolutamente incompatible con la reducción de las emisiones difusas que estos sectores suponen. El modelo de infraestructuras de potenciación del transporte privado de manera absolutamente enloquecida, como se está planteando en muchos
momentos, es algo también absolutamente incompatible. Por lo tanto, ahí va a haber que hacer un gran esfuerzo, pero ahí hay que cambiar conductas, ahí hay que cambiar parámetros, ahí hay que cambiar conceptos, y eso no va ser fácil, ni muchísimos
menos, y espero que en esto también al final, cuando lleguemos a la concreción, haya los niveles de consenso que teóricamente tenemos ahora mismo aquí, porque creo que sería un éxito importante.



Se ha aludido también al problema de la fiscalidad. En el acuerdo que firmamos el Partido Socialista y los Verdes hay un compromiso de una ley de fiscalidad ecológica y yo creo que esto va a ser un instrumento; seguro que de la manera más
oportuna y con los costes más leves se va a poner en funcionamiento, pero sí me sorprende que algunos portavoces hablen de fiscalidad cuando cada vez que se ha intentado poner instrumentos fiscales ecológicos en algunas comunidades autónomas, desde
el Gobierno anterior se han presentado recursos, se ha hecho la vida imposible, tanto en el caso de Andalucía como en el caso de Baleares, y se ha impedido cualquier tipo de fiscalidad -afortunadamente el último ante el Tribunal Constitucional se ha
retirado-. Mi comunidad autónoma, Andalucía, tiene el primer impuesto ecológico sobre dióxido de carbono y creo que esos son instrumentos que seguramente tendremos que considerar, pero en un plano en el que yo creo que ahora mismo es mucho más
importante establecer estos instrumentos e ir estudiando con posterioridad.



Hay una última cuestión. A mí me resulta realmente también llamativa la obsesión de la portavoz del Partido Popular con el tema nuclear. Parece ser que este es el debate central. Yo creo que se tiene que ser claro en esto y realmente
nosotros hemos establecido ya el compromiso y fijaremos los plazos en el marco de la política energética. Hemos dicho qué es lo que pensamos sobre la energía nuclear y cuál es la función. Desde


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luego, no le aconsejo que se acerque a la limpieza de un reactor atómico, porque le puede dejar en circunstancias realmente lamentables y no le deseo esto. En el análisis coste-beneficio habría que ver cómo podremos amortizar el coste del
residuo por su almacenamiento y cuidado, que se eleva a 5.000 años. No sé exactamente qué sistema de cálculo podría amortizar un residuo que tiene 5.000 años de vida; es decir, cualquier referente que utilicemos de coste-beneficio en el análisis
de la energía nuclear nos dará un resultado realmente ineficiente e ineficaz, como se ve. Hay que decir claramente que en España hoy no se construyen nuevas centrales nucleares no porque haya una moratoria, busquen en los textos legales porque no
hay en ningún sitio escrito esto, sino porque ninguna empresa privada quiere construir una central nuclear, porque las centrales nucleares son algo que hace el Estado, porque no es eficiente desde el punto de vista económico de ninguna de las
maneras en que se pueda analizar la energía nuclear. Por lo tanto, yo creo que no tiene lugar, y si lo que se quiere plantear es de nuevo volver a la energía nuclear, plantear de nuevo la construcción de nuevas centrales o la ampliación a 60 años
vista de vida media de las centrales, que se plantee claramente.Solamente quiero insistir en mi felicitación por los proyectos que nos ha traído, porque creo que aquí se ha iniciado un nuevo ciclo que creo que va a ser muy positivo.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Rápidamente.
Mecanismos de desarrollo limpio y sumideros. Efectivamente, son dos posibilidades contempladas por el Protocolo de Kioto y por sus desarrollos reglamentarios que son
polémicas, en particular la contabilización en el caso de los sumideros, y ciertamente existen unas reglas del juego y unas posibilidades incluso de exigir determinado rigor que querremos incorporar en lo sea la vigilancia que nos corresponderá como
autoridad nacional designada al efecto. Eso es lo que está previsto en el proyecto de real decreto-ley, que haya esta autoridad nacional, que va a tener el deber de vigilar el contenido de los mecanismos de desarrollo limpio, en particular. Por
supuesto, en relación con los sumideros, esto sí tiene que ver con una política forestal que cara a los próximos años tenga más atención seguramente a la conservación de los bosques de mayor calidad, que no a la repoblación forestal con determinados
criterios que creo que tienen poco de sostenible, y hay que ir más a la calidad y la cantidad, y eso será motivo de otro debate, pero ciertamente el tema de los sumideros es una cuestión de la que tomamos buena nota. Desde el punto de vista del
Ministerio de Medio Ambiente no deberían de ser trampas para escapar al esfuerzo de reducir las emisiones dentro de nuestro país, sino más bien lo contrario, en la medida en que seamos capaces de ayudar en otros países a un desarrollo
cualitativamente diferente.



Cualquier planteamiento que haga esta Cámara para reforzar el seguimiento en general en materia ambiental y, por supuesto, en relación con el cumplimiento del Protocolo de Kioto tendrá todo el apoyo del Gobierno de la nación. En nuestro
propio programa electoral como Partido Socialista planteábamos la necesidad de un observatorio en materia de sostenibilidad, con indicadores permanentes y sistemáticos. Todavía no hemos desarrollado ese instrumento, pero es algo que creemos
fundamental para poder evaluar la incidencia de las distintas políticas públicas en términos de sostenibilidad. Por tanto, estamos abiertos a propuestas del Parlamento en este sentido.



Se habla de cuestiones relativas al transporte, en lo que ya he hecho hincapié, en ese compromiso del Ministerio de Fomento con el que obviamente estamos ya trabajando para llevar a cabo la mejor orientación posible dentro del planteamiento
de futuro.



Por parte de Esquerra se lamentaba de que pudiera haber alguna discriminación a favor del carbón importado. No va a ser así. Me gustaría que viera en concreto los criterios que están planteados dentro de los textos objeto de estudios,
porque ahí también de alguna manera se está buscando mantener esa reserva estratégica de carbón nacional y de preservar en la medida de lo posible ese sector respecto de los impactos en términos de empleo que podrían derivarse de una preferencia
hacia carbones de importación. Luego ahí también juega no sólo el componente ambiental, una vez más el componente económico y social, que de alguna manera nos preocupa a todo el Gobierno y muy en particular al Ministerio de Industria.



Es verdad que se hacen las proyecciones teniendo en cuenta las emisiones históricas de cada sector, pero al mismo tiempo incorporando el análisis de la capacidad de reducción que todavía cada sector tiene. Hemos buscado criterios que son
mixtos en cuanto a lo que sería un criterio puramente de emisiones históricas y otro que fuera exclusivamente en términos tecnológicos o de acciones tempranas en ese caso. Todo tenía pros y contras y es verdad que hemos ido, en lo que son criterios
de asignación, a soluciones un tanto intermedias, que sé que no dejan particularmente felices a nadie. El ejemplo extremo, por supuesto, es el sector energético, donde teníamos y tenemos dos voces claramente discrepantes.
Hemos intentado tener en
cuenta consideraciones de unos y otros, precisamente en ese esfuerzo de hacer asumible este plan para el conjunto de los sectores. Tomo nota que por parte de Convergència i Unió hay una posición, que yo espero en cualquier caso que sea más benévola
cuando tengan el texto por delante. Ya saben que la idea es que este texto pueda ser convalidado a primeros de septiembre, yo espero que con algunas de las modificaciones que hemos hecho y también incluso a la luz del propio informe del Consejo
Económico y Social, que me gustaría que conociera,


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porque es muy representativo de las preocupaciones, y lo que se nos dice desde la propia CEOE es que el problema lo identifican mucho más a partir del año 2008, que no en el período 2005-2007. Yo por eso le invito a que también pueda
compartir con nosotros el planteamiento de 2005-2007.
Seguramente en breve vamos a tener también más información sobre cómo está evaluando la Comisión Europea el resto de los plantes nacionales, porque es verdad, antes hemos citado Italia porque
también se había citado por parte del diputado, que otros planes como el de Irlanda o el de Austria en algún caso ya han sido objeto de alguna modificación por parte la de la Comisión Europea. Todo ello yo creo que será una información que hará que
nuestro debate parlamentario sea indudablemente mucho más riguroso, porque para esa fecha ya habrá habido un contraste con los criterios de la Comisión Europea respecto a cómo afecta o no afecta lo que algunos países han planteado. Simplemente
quiero recordar al señor Sánchez i Llibre que España está la última, que en la última evaluación que hace la Agencia Europea de Medio Ambiente sobre España en relación con Kioto hasta Portugal e Irlanda están mejor que nosotros en términos de
aproximación al objetivo final, y esa es la distancia que desgraciadamente se ha creado y que nos gustaría poder ir recuperando de una manera sin duda gradual y prudente.Respecto de la energía nuclear, señora De Lara, lea usted el discurso de
investidura del presidente del Gobierno. Verá que ahí hay un planteamiento por parte del presidente en cuanto a la eliminación gradual de la energía nuclear. No se entra en ningún detalle más y evidentemente tampoco voy a entrar yo, porque ese es
un tema que corresponderá debatir al Gobierno, pero lo que hay no es un compromiso de la ministra de Medio Ambiente sino un compromiso de legislatura asumido por el presidente del Gobierno. Yo comprendo que quiera que yo me reitere, pero yo ya lo
he hecho. He dicho que ratificaba, respecto de las características de la energía nuclear, cuál era mi opinión, pero mi opinión personal no es lo que vale. Aquí lo que vale es lo que el Gobierno en su conjunto y su presidente consideren que deben
de hacer en esa materia y seguro que habrá ocasión a lo largo de la legislatura para debatir si debemos hacer cosas en esa materia y contar también con su opinión al respecto.



Los temas concretos que mencionaba sobre cómo se debe abordar, no era tanto, por supuesto, para que ahora fueran contestados, sino porque creo que ese es un debate importantísimo para este Parlamento y no se ha debatido a lo largo de la
historia de la democracia española demasiado en sede parlamentaria sobre cómo se puede hacer que el transporte sea menos contaminante. Por supuesto que hay medidas puntuales, en algunas ciudades se han hecho esfuerzos, pero digamos que no ha sido
un tema de los que están en lo que llamamos la agenda política. En la agenda política lo que está es que todo el mundo quiere un tren de alta velocidad, a ser posible que pase por su barrio; pero no está en la agenda política, en un sentido más
amplio y más potente, que todos contribuyamos a un debate sobre cómo reducir las emisiones contaminantes generadas por el transporte. Esta es una legislatura en la que debemos de contribuir a ello.



Lo que se negoció el año 1997, por cierto, fue lo que todos votamos a favor en este Parlamento, Convergència i Unió y todos los partidos del arco parlamentario; ninguno votamos en contra. No comprendo, en ese sentido, el deseo de mirar
hacia atrás, porque el problema no es tanto lo que en ese momento se estaba ratificando, sino que del año 1997 al año 2004 estamos donde estamos. Yo no he dicho que se negociara mal, desde luego no son mis palabras el que se negociara mal. No, no,
se negoció una cosa que por cierto todos ratificamos, el Partido Popular y todos los partidos del arco parlamentario ratificamos Kioto el año 1997.
Plantearnos ahora renegociaciones..., todo está abierto en el futuro, por supuesto, pero fíjense lo
que sería que España se atreviera, siendo el último de la fila, a ir a los demás países a decirles: Vamos a ver, a ti te han pedido que reduzcas en un 20 por ciento; no, no, reduce un 25, porque yo quiero poder crecer un 20. ¡Pero bueno, en qué
términos se podría plantear semejante negociación dentro de la Unión Europea con países que han hecho los deberes mejor que nosotros! Una renegociación entiendo que se puede plantear cuando hay una mayoría de países miembros que suscita la necesidad
de una renegociación, pero cuando hay un país que se aparta de lo que ha hecho el resto, sustancialmente respecto de aquellos que más esfuerzo han hecho, ponerse a renegociar..., no sé con qué legitimidad, francamente. Otra cosa será qué pasará en
los próximos años, cuáles serán los criterios, en su caso, de reparto, si será un criterio de emisiones per cápita, si será un criterio de emisiones por producto interior bruto, si se centrarán los temas en el esfuerzo en relación con los países en
vías de desarrollo, etcétera. Todo eso está por venir, el marco vigente es el que ratificó el Parlamento español el año 1997 y que todos aceptamos. Lo importante es cumplir de una manera fehaciente esos compromisos. No lo hemos hecho, estamos
intentado hacerlo. No me cabe la menor duda de que habrá cambios a escala europea y a escala internacional y será muy bueno que si este Parlamento ratifica nuevos acuerdos en este campo, gobierne quien gobierne, lo que se ratifique por el
Parlamento se cumpla, que es lo que no ha sucedido hasta este momento. Yo creo que ahí es donde está el debate.



Respecto a las ayudas que pedía el señor Rato siendo ministro, tenemos ahora al ministro de Economía bastante preocupado por ver qué pasa con algunas empresas como Izar o cuál es el futuro de la minería, por ejemplo, respecto de situaciones
de ayudas públicas concedidas al margen de los acuerdos europeos y de las políticas europeas; por cierto que también le toca a este Gobierno enfrentarse con semejante herencia. Luego creo que el Ministerio de Economía y el Gobierno tienen bastante


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trabajo en Bruselas para ajustar algunas cuestiones que nos han quedado a nosotros. Si menciono Izar creo que no le sorprenderá a ninguno de los presentes, dado lo que ha sucedido en el caso de los astilleros y de las ayudas públicas para
las empresas españolas. En fin, lo que debemos hacer es aumentar, y mucho, nuestra capacidad de trabajar como país miembro de la Unión Europea, no a posteriori, no exclusivamente cuando llega una directiva y estamos todos viendo cómo la podemos
poner en marcha. Creo que el esfuerzo hay que hacerlo cuando las directivas se están generando, cuando hay el debate entre los distintos países, y en ese momento es cuando hay que hacer valer la posición de cada partido. Una vez que se aceptan las
reglas del juego, lo que toca hacer es cumplirlo, y esa es una de las cuestiones que debe marcar esta legislatura: una mayor responsabilidad de este Gobierno, de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad como miembro de la Unión
Europea, no solamente para pedir fondos europeos, sino para cumplir y hacer cumplir las normas que nos damos como ciudadanos europeos. Sin ninguna duda los compromisos en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero forman parte de
nuestro compromiso como europeos y lo que debemos hacer entre todos es cumplir lo mejor posible, de manera que nuestras empresas se puedan adaptar gradualmente y que nuestros ciudadanos en general se responsabilicen más en esta materia.El señor
PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Cerramos aquí, pues, esta sesión. Muchas gracias y buenas vacaciones.



Eran las ocho y diez minutos de la noche.