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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 30/06/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 59
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 30 de junio de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Conde-Pumpido Tourón) para informar sobre:
-Las medidas de carácter general que piensa impulsar. A solicitud del Grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000007.) ... (Página 2)
-Las propuestas de nombramiento de la carrera fiscal. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000057) ... (Página 2)
-Las líneas generales en que va a basar su actuación al frente de la Fiscalía. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 212/000065) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión. Como saben ustedes, el orden del día hoy es denso; tenemos tres comparecencias del fiscal general del Estado. La primera a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para informar de las medidas de carácter general que piensa impulsar; la segunda a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para informar sobre las propuestas de nombramientos en la carrera
fiscal; la tercera, para informar sobre las líneas generales en que va a basar su actuación al frente de la Fiscalía, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Por acuerdo de la Mesa de la Comisión, en su reunión con los portavoces del 22
de junio de 2004, hemos decidido tramitar también de manera conjunta estas comparecencias. Por mi parte, como además es la primera ocasión que en su condición de fiscal general del Estado visita la Cámara, quiero darle la bienvenida en nombre de
todos ustedes y expresar nuestra satisfacción por su presencia y su disposición a realizar esta comparecencia para ilustrar a todas sus señorías.
Sin más rodeos, agradeciéndole una vez más su presencia, tiene la palabra el fiscal general del Estado.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara con la satisfacción personal e institucional de quien acude al llamamiento del órgano que es expresión de
la soberanía popular. La presencia del fiscal general del Estado ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debe ser interpretada como la mejor muestra de normalidad institucional y de colaboración democrática. Así lo quisieron los
redactores del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que cuando regulan la redacción del ministerio público y del fiscal general del Estado con los demás poderes, fijaron el deber de colaboración con las Cortes Generales, compareciendo ante las
mismas para informar de aquellos asuntos para los cuales fuese especialmente requerido. Soy conocedor de que el modelo institucional del ministerio fiscal no se ajusta a un esquema de exigencia de responsabilidades políticas ante el órgano
parlamentario. También entiendo que la comunicación institucional con el órgano depositario de la voluntad popular no hace sino enriquecer al ministerio fiscal y dignificar su posición institucional ante los órganos del Estado. Precisamente por
ello, quiero expresar desde ahora, como tuve ocasión de manifestar oficialmente al señor ministro de Justicia con ocasión de la primera solicitud de comparecencia que fue formulada por un grupo parlamentario, mi disposición absoluta e incondicional
a comparecer cuantas veces sea estimado procedente por SS.SS., y lo haré siempre con la mejor de las voluntades, pues desde mi toma de posesión como fiscal general del Estado me he impuesto un compromiso de transparencia, un compromiso de claridad a
la hora de justificar las decisiones que adopte de acuerdo con mi responsabilidades, sobre todo en todos aquellos asuntos que puedan tener interés para la opinión pública.
Esta comparecencia ante la Comisión de Justicia me proporciona, además, una satisfacción adicional, que es la de poder expresarme en términos jurídicos ante juristas. Como saben ustedes, a veces las intervenciones del fiscal general en
otros ámbitos públicos se comentan con el reduccionismo propio de la difusión informativa o con el ritmo de los latidos de la información pública, de la información política que no permite expresar con la misma claridad y con la misma contundencia
los argumentos jurídicos que sustentan las decisiones del fiscal general. De ahí que al brindarse al fiscal general la oportunidad de exponer los sustentos jurídicos de sus decisiones, esta posibilidad me permite, además, agradecerlo doblemente.
Profesionalmente no he hecho otra cosa, a lo largo de mi vida profesional, que aplicar normas jurídicas para la solución de conflictos sociales, y eso es lo que pretendo hacer en la jefatura del ministerio público. Eso sí, con la adecuación
consiguiente al órgano de carácter diferenciado que en este momento dirijo, que no es de naturaleza estrictamente jurisdiccional. No tengo más intención que hacer realidad la misión que constitucionalmente incumbe al ministerio público, que es
promover la acción de la justicia en defensa del interés social, y además hacerlo con sujeción estricta a los principios de legalidad y de imparcialidad. Quiero expresar con claridad que el mismo respeto al principio de legalidad que inspirará
todas las actuaciones del ministerio fiscal ante los tribunales, servirá también para el ejercicio de las potestades que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal me concede en materia de nombramientos o en otras materias. Nunca tomaré una
decisión de carácter intraorgánico que se aparte del respeto escrupuloso al vigente marco estatutario. Puedo anticipar desde ahora que cualquier duda en la interpretación de las facultades que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal me concede,
la resolveré de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Antes de entrar en el desarrollo de los contenidos que integran las peticiones de comparecencia, me van a permitir, si la Presidencia no lo considera inconveniente, que agrupe dos de ellas, la formulada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el fiscal general, y la planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las líneas generales en que va a basar su
actuación al frente de la Fiscalía. Creo que la fórmula empleada por ambos grupos autoriza un tratamiento conjunto que dé respuesta a sus respectivas solicitudes. Después de exponer estas líneas generales, pasaré a
abordar la petición del Grupo Parlamentario Popular que solicita información acerca de las propuestas de nombramiento en la carrera fiscal. Con este tratamiento sistemático resultará más fácil no reiterar las ideas y adaptarme, al mismo
tiempo, al compromiso de brevedad porque no deseo abusar de la generosa atención de sus señorías.Comienzo por las líneas generales de actuación del ministerio fiscal. Con la máxima vocación de síntesis, como puse de manifiesto el día de mi toma de
posesión y como he adelantado ya en las palabras iniciales, no tengo otros objetivos que aquellos que marca la propia Constitución: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley. Los dos ejes de mi actuación coincidirán con estos principios estructurales del ministerio fiscal. Conforme al principio de imparcialidad pondré mi esfuerzo en que el ministerio fiscal actúe siempre con plena
objetividad e independencia en defensa de la ley y de los intereses de los ciudadanos, y en relación con el principio de legalidad lo consideraré tanto como un objetivo como un límite. Creo aclarar que entenderé la defensa de la legalidad en el
sentido más dinámico posible.
El ministerio fiscal no puede ser una pieza del inmovilismo jurídico. La defensa de la legalidad, entendida como defensa puramente formal del orden jurídico, significaría una traición al significado constitucional del ministerio fiscal. El
ministerio fiscal -el fiscal general del Estado-, como los demás poderes públicos, debe estar comprometido con remover los obstáculos que se opongan a la igualdad y a la libertad del individuo y de los grupos, tal y como establece el artículo 9.2 de
la Constitución. Por lo tanto, un ministerio fiscal que no comprenda de esta manera dinámica el principio de legalidad estaría traicionando o identificando la defensa de legalidad con el conservadurismo jurídico. Al mismo tiempo la legalidad se
establecerá como un límite. Es mi propósito que todas y cada una de las decisiones que adopte sean expresión de las facultades legales que se conceden por el estatuto orgánico. No reivindico para el ministerio fiscal nada más que lo que la ley
establece, pero tampoco nada menos; es decir que ejercitaré mis facultades siempre dentro del ámbito legal, pero también al límite de lo que las facultades permiten, sin admitir que existan condicionamientos, gobiernos en la sombra en el ámbito del
ministerio fiscal o limitaciones de carácter asociativo o corporativo que puedan impedir el ejercicio de mis facultades. Me gustaría recibir todas las críticas necesarias, que esas críticas estuviesen apoyadas en argumentos jurídicos, pero incluso
en el supuesto en el que no lo estuviesen, entiendo perfectamente que la función del ministerio fiscal es una función sometida, en todo caso, a crítica -a crítica política, a crítica social- y, por lo tanto, me comprometo en este momento a aceptar
con toda normalidad cualquier crítica que pueda ser expresada.
Quiero señalar que también otro de mis objetivos era situar al ministerio fiscal en el centro del sistema jurídico. Como defensor de la legalidad, el ministerio fiscal se constituye en el eje central del Estado de derecho. El fiscal es
quien aplica la ley con firmeza, y aplicar la ley con firmeza refuerza la seguridad de los ciudadanos, y hoy la seguridad es un derecho fundamental porque sin seguridad no hay libertad. Quiero llevar, por tanto, a los poderes públicos la idea de
reforzar el ministerio fiscal, que potenciar el ministerio fiscal e invertir en el ministerio fiscal es reforzar el valor constitucional de la justicia.
El adecuado ejercicio de las funciones que incumben al ministerio fiscal tiene también reflejo de la exigencia de un esfuerzo presupuestario encaminado a la modernización de este órgano del Estado, que es clave para el funcionamiento de las
instituciones. En este ámbito presupuestario necesito recalcar que me empeñaré en que cada órgano jurisdiccional que se cree con competencias que exijan la intervención del ministerio fiscal determine la correlativa creación de una plaza de fiscal.
Lo contrario significa actuar en el vacío, impedir que los ciudadanos dispongan de la protección que merecen; asimismo que la Fiscalía General del Estado disponga de su propio presupuesto para poder atender con autonomía sus mínimas necesidades,
como sucede con otros órganos similares en la estructura del Estado.
Quisiera, al fin, que la ciudadanía viera en el ministerio fiscal un instrumento al servicio del interés público. Es mi propósito que el ministerio fiscal se despoje del sabor burocrático que le ha acompañado durante mucho tiempo. Sé que
la mayoría de los fiscales han hecho de la protección de las víctimas y de la defensa de sus valores y garantías constitucionales sus principios rectores, pero quiero profundizar en esta concepción. Quiero un fiscal que no sea solamente acusador,
quiero un fiscal que sea también, como dice la Constitución, defensor de los incapacitados, defensor de los menores, defensor de los impedidos, defensor de las mujeres que se ven sometidas a la violencia doméstica, defensor de los trabajadores que
se ven sometidos al riesgo de la inseguridad laboral, defensor del medio ambiente, en fin, más defensor de la legalidad que acusador.
Paso a exponer lo que calificaría de prioridades del ministerio fiscal, una vez aclarados estos objetivos o, por lo menos, en la capacidad que pueda hacerlo. Estas prioridades no son otras que la lucha contra el terrorismo, contra la
violencia doméstica y contra la siniestralidad laboral. Me resulta obligado hacer una precisión inicial. La fijación de estas prioridades, en el ejercicio de las funciones que le incumben al ministerio fiscal, ha de ser entendida como el deseo de
responder a una inquietud social en torno a determinadas formas de delincuencia que, por una u otra razón, exigen una decidida respuesta de los poderes públicos.
Como fiscal general no puedo olvidar el resto de los trabajos diarios de los fiscales.
Hacer de determinados delitos
una prioridad no quiere decir, en absoluto, olvidar el resto de los hechos delictivos. Los principios constitucionales que informan el ministerio fiscal han de hacerse visibles en todos los asuntos de trascendencia social, pero también en
la cotidianeidad de su labor. Por lo tanto, me interesa no sólo los grandes temas, sino también los pequeños.Pues bien, señalada esta precisión, la sociedad entenderá sin dificultad que los devastadores efectos del terrorismo, la intensa capacidad
lesiva de los actos de violencia doméstica y la preocupante estadística que año tras año ofrece la siniestralidad laboral centren el interés institucional del fiscal general del Estado.
En cuanto al terrorismo, estoy seguro que no necesito desplegar grandes esfuerzos argumentales ante esta Comisión para poner de manifiesto la gravedad de la amenaza terrorista. España ha sufrido durante varias décadas la tragedia del
terrorismo de ETA. Esta amenaza sigue existiendo y obliga a los poderes públicos -cada uno en su ámbito funcional- a luchar con el fin de neutralizar su potencialidad lesiva. A esta expresión del terrorismo se ha sumado otra amenaza que nos exige
una atención reforzada. Me refiero obviamente al terrorismo islamista. Al peligro que toda agresión terrorista encierra para la vigencia de los valores constitucionales se añade esta forma de agresión que también atraca rasgos culturales y una
tradición histórica de tolerancia y de convivencia.
Creo que nuestro sistema jurídico cuenta con los instrumentos normativos necesarios para dar respuesta jurisdiccional a todas las formas de terrorismo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo -y permítanme que me haga partícipe de esta
honrosa tarea evocando mis años como magistrado de la Sala Segunda- ha llevado a cabo un esfuerzo interpretativo especialmente valioso, habiendo consolidado un marco jurídico idóneo para hacer frente a esta gravísima forma de delincuencia. Entiendo
que este marco es tan válido para una como para otra forma de terrorismo, pero es también sabido que las técnicas de investigación han de adaptarse a la singularidad que ofrece cada una de las manifestaciones terroristas, y esa necesidad de
adaptación afecta tanto a las estrategias policiales como a la metodología del proceso judicial y, por tanto, a la labor del ministerio fiscal. Precisamente por ello, en los días inmediatamente posteriores a mi toma de posesión inicié una serie de
contactos con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional con el fin de que me informara del estado actual y de las previsiones futuras en relación con los sumarios en trámite por los desgraciados sucesos del 11 de marzo. En esa reunión -existe
constancia documental de sus conclusiones- expresé al señor Fungairiño mi compromiso de convertir la persecución del terrorismo en objetivo prioritario del ministerio fiscal. Le indiqué mi propósito de llevar a cabo un seguimiento continuado y
preferente de todas las investigaciones referidas a grupos terroristas y bandas armadas. De ahí que le exigiera que con toda regularidad me fuese remitida una información precisa acerca de aquellos temas que tengan relación con la delincuencia
organizada y delincuencia terrorista. Ya entonces indiqué que era consciente de las dificultades que ofrece el tratamiento jurisdiccional del atentado terrorista cometido el día 11 de marzo. El número de fallecidos, la cifra de heridos, los
cuantiosos daños materiales que acarreó tan execrable acción criminal harán del sumario 24/2004 un proceso penal sin precedentes en la historia judicial española. Precisamente por ello, el ministerio fiscal ha de prepararse para hacer frente a un
reto que no admite otro desenlace que la consecución de una sentencia que haga justicia y que demuestre el restablecimiento del orden jurídico ofendido por el delito. Con ello triunfará el Estado de derecho frente a las agresiones terroristas. En
aquella reunión fui informado de la decisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional de atribuir el conocimiento de aquel sumario a una fiscal de reconocida experiencia en asuntos de terrorismo.
Aun así, ordené el nombramiento de una segunda fiscal de la plantilla de la Audiencia Nacional que reforzara la posición del ministerio público en un proceso penal que no admite ningún margen a la improvisación. Ambas fiscales, con
dedicación exclusiva, habrán de compartir la llevanza de las investigaciones, preparar el correspondiente escrito de conclusiones provisionales y, en su caso, asistir a la celebración del juicio oral.
Las razones que hacen del sumario 24/2004 un
proceso penal marcado por la singularidad me han llevado a adoptar soluciones que eviten el riesgo de una imposibilidad ocasional que pueda repercutir en el desarrollo normal de las investigaciones. Paralelamente me pareció oportuno establecer un
sistema de trabajo que coordinase el despacho del sumario por los asesinatos del 11 de marzo y el seguido a raíz de la colocación de artefactos explosivos en el AVE y el procedimiento derivado de las muertes de terroristas islámicos en Leganés.
Entendía que, con independencia de que entre esas diligencias penales exista o no conexidad en términos estrictamente procesales y que puedan, por tanto, ser competencia de distintos órganos jurisdiccionales, en el ámbito del ministerio
fiscal era necesario establecer una coordinación, una unificación, que permitiese contemplar el conjunto de estas actividades terroristas como un solo hecho desde el punto de vista fáctico y, por lo tanto, disponer, por parte del ministerio fiscal,
de la información completa que permitiese un mejor despacho del sumario principal. Desde el primer momento alenté la constitución de un grupo de trabajo de fiscales especializado en terrorismo islámico y tripliqué el número de integrantes de este
grupo. He decidido que todos estos fiscales se integren en el área especializada, asuman en el futuro y con carácter preferente la llevanza de los sumarios que puedan incoarse sobre hechos terroristas cometidos por grupos radicales islámicos.
He respaldado también la creación de un grupo conjunto de trabajo entre las autoridades españolas y norteamericanas en el ámbito del ministerio fiscal con responsabilidad en la persecución judicial de los delitos de terrorismo. La
importancia del intercambio de información acerca de los grupos terroristas con implantación en nuestro territorio puede llegar a ser decisiva. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la secretaría técnica de la propia Fiscalía General del Estado
están ahora a la búsqueda de la fórmula jurídica más eficaz para dar contenido a este acuerdo de colaboración. No albergo dudas de que podremos hacer de este equipo de colaboración conjunta una pieza de máxima utilidad para el desarrollo de las
funciones en materia de terrorismo.
Como ya he comentado con anterioridad, mi compromiso con la lucha antiterrorista me ha llevado a imponer un sistema regular de información y de seguimiento del estado de los procesos más relevantes en esta materia. Para tener conocimiento
de todas las vicisitudes del proceso sobre el sumario de los atentados de Atocha y de los sucesos de Leganés, me va a ser remitido cada dos meses informe en el que se me dé cuenta de la marcha del proceso. He hecho llegar al señor Fungairiño mi
deseo de que esta dación de cuenta no se convierta en una rutinaria notificación de las resoluciones judiciales. Quiero que estos informes sirvan al fiscal general del Estado para tener conocimiento de todas las dificultades jurídicas que puedan
presentarse y conocer anticipadamente el cálculo acerca de la fecha en que pudiera darse por terminada la instrucción del escrito de acusación y de los demás actos procesales de significación en el proceso penal. Han de tener por seguro SS.SS. que
la Fiscalía General del Estado va a hacer de la batalla jurídica contra el terrorismo una de sus prioridades fundamentales.
En cuanto a la violencia doméstica, también en la primera de mis declaraciones institucionales manifesté que debemos enfrentarnos a otra violencia, lamentablemente enraizada en nuestra sociedad, que es la violencia de género. Dije entonces
que el origen de esta modalidad criminal reside en la desigualdad, ya que constituye una forma de expresión de la dominación entre sexos. Por ello, la erradicación de la violencia de género está ligada a la consecución de la igualdad real entre
hombres y mujeres. Para conseguirlos son esenciales la educación, la prevención y la sensibilización social. Pero también es indispensable una reacción penal contundente. Esta fiscalía general va a empeñarse en que la reacción penal frente a la
violencia de género sea lo más efectiva que se pueda alcanzar. No es casualidad que la primera de las juntas de fiscales de Sala por mí convocada, lo haya sido para oír el criterio de este máximo órgano consultivo acerca del acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros en su reunión de 7 de mayo del corriente año. En plena sintonía con el parecer unánime de los integrantes de la Junta de fiscales de Sala, expresé al Gobierno de la nación mi decisión favorable a la viabilidad de las medidas y
a la procedencia de las soluciones sugeridas por aquel Consejo de Ministros, y nos estamos refiriendo, con carácter general, a la violencia doméstica y no al paso siguiente que se ha dado en cuanto a la Ley integral de violencia de género.
He querido expresar esta voluntad de compromiso en la lucha contra la violencia doméstica, haciendo que no sólo en la primera reunión de la Junta de fiscales de Sala, sino también la primera de las instrucciones que he dictado como fiscal
general del Estado se refiera a esta materia.
Me refiero a la instrucción 4/2004, de 14 de junio, acerca de la protección de las víctimas y el reforzamiento de las medidas cautelares en relación con los delitos de violencia doméstica. Este
instrumento legal, puesto al servicio de la unidad de criterio del ministerio fiscal, ha querido convertir en pautas interpretativas para todos los fiscales las soluciones sugeridas por el Consejo de Ministros, a través del cauce estatutario
previsto en el artículo 8 del Estatuto fiscal. Que en los planes de actuación del ministerio fiscal se considere prioritaria la persecución de los delitos y faltas relacionados con la violencia de género, que se preste especial atención por el
ministerio fiscal a las actuaciones relacionadas con la solicitud ante los tribunales de medidas cautelares dirigidas a la suspensión, en los casos más graves, del régimen de visitas establecido a favor del agresor y que, en caso de tener
conocimiento del quebrantamiento de medidas cautelares o de violación de las órdenes de alejamiento, sea instada por el ministerio fiscal la inmediata detención y puesta a disposición judicial del infractor.
En esta primera instrucción se reconoce de forma expresa la tarea llevada a cabo por el ministerio fiscal en los últimos años en la persecución de la violencia doméstica, pero también se deja constancia de que la lucha por el adecuado
tratamiento jurisdiccional de esta violencia aconseja no basar la respuesta jurídica a estos fenómenos violentos en la confianza que proporciona la suficiencia de los instrumentos jurídicos existentes.
De ahí la importancia de contemplar nuevas
instrucciones o circulares que hagan frente a este grave problema.
He creído oportuno recordar a los fiscales que la denuncia por el hecho violento en el seno familiar es algo más que la simple transmisión de una noticia criminis. La experiencia demuestra que en muchos casos la mujer que acude a unas
dependencias policiales, al juzgado de guardia o a cualquier oficina del ministerio fiscal, está denunciando un hecho delictivo, pero también al mismo tiempo está exteriorizando su confianza en que los mecanismos jurídicos de protección vayan a
responder adecuadamente y el fiscal necesita constituir una pieza esencial para activar esta respuesta de salvaguarda y de tutela. Por ello, considero indispensable que los fiscales aseguren su presencia en la declaración judicial de la víctima.
El fiscal debe contemplar esta primera declaración como un medio privilegiado de conocimiento para postular las medidas de protección
necesarias. En este acto procesal, tan próximo al momento de la agresión, los factores de riesgo son cuando se evidencian con especial nitidez, y es por ello por lo que el fiscal tome contacto directo y personal con la víctima para
responder de la manera más proporcionada y más adecuada en este momento.He querido también en esta primera instrucción recordar a los fiscales la necesidad de prestar atención a las actuaciones relacionadas con las medidas cautelares referidas al
régimen de visitas establecidas a favor del agresor. Parece claro que en la voluntad de reforzamiento del papel del fiscal no se puede entender con una rigidez que determine, en todo caso, la necesidad de suspender este régimen de visitas; debe
ser adecuado, debe ser establecido en relación con la gravedad del hecho con el que nos encontramos. Pero también es evidente que el fiscal debe prestar una especial atención para impedir, en todo caso, que la continuidad de este sistema permita
que exista una relación entre el agresor y sus víctimas potenciales y, por tanto, que la agresión realizada contra la mujer se prolongue también en una agresión contra los menores. He deseado también que en esta primera instrucción se haga una
especial atención al problema del incumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento. Este incumplimiento significa una medida de alarma sobre la posibilidad de que se cometan actos de agresión. Por lo tanto, he establecido que el fiscal debe
reaccionar ante estas medidas de alejamiento, ordenando o acordando, en su caso, la detención y sin que esto sea con carácter generalizado, porque las medidas referidas a la libertad de los ciudadanos no se puede adoptar con carácter generalizado,
pero interesando, en su caso, la prisión provisional en aquellos supuestos en que sea procedente.
Esta sensibilidad ante los actos de violencia doméstica me llevaron también a valorar positivamente la presentación del proyecto de ley orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida contra la mujer. Es indudable que, como todo
anteproyecto de ley, puede ser objeto de mejoras y que en el proceso legislativo ante esta Cámara indudablemente será mejorado técnicamente y será dotado de una mayor eficacia en su actuación. Pero también lo es que en el informe que ha elaborado
el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal, nos hemos atenido a proponer mejoras técnicas exclusivamente en aquellos aspectos que se refieren a la estructura, a la organización y a las funciones del ministerio fiscal. Y ello porque así lo
establece el artículo 14 del estatuto orgánico y el fiscal general del Estado no puede en este informe entrar en otros aspectos que no se refieran precisamente a esta materia.
La filosofía de la ley, que el fiscal general del Estado estima
perfectamente constitucional, es algo que en cualquier caso se puede discutir en el ámbito político o en el ámbito jurídico, pero el fiscal general del Estado, salvo esta conceptuación general con respecto a la Constitución, no se va a pronunciar.
Sí, sin embargo, en cuanto a la creación de la figura del fiscal delegado para la violencia doméstica.
Con ocasión de los trabajos preparatorios del anteproyecto, fue el propio fiscal general del Estado el que se dirigió al señor ministro de Justicia para proponerle la necesidad de la creación de una figura de fiscal especial en materia de
esta violencia. La creación de una figura de fiscal especial tiene la virtualidad de potenciar la coordinación de todas las secciones de violencia doméstica que existen en cada una de las fiscalías y permitir que el fiscal general del Estado pueda
desarrollar en esta materia una política criminal que esté orientada por un criterio de homogeneidad y por un criterio de verticalidad. El desarrollo, el despliegue horizontal del ministerio fiscal en las diversas fiscalías de las Audiencias
Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia conlleva en muchas ocasiones una cierta dispersión de criterios que debe ser evitada a través de la creación de una figura única y esa figura única, es la del fiscal delegado que la fiscalía
general ha acogido con satisfacción.
Soy plenamente consciente de que la lucha contra los perversos efectos de la violencia doméstica sólo podrá obtener frutos a través de la cooperación, de la suma de esfuerzos institucionales. Por eso el fiscal general del Estado potenció la
presencia de la fiscalía general, de la representación de la secretaría técnica en las labores desarrolladas conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial a través del observatorio para esta materia y por la Secretaría de Estado de la
Seguridad para la elaboración de un protocolo precisamente en materia de violencia doméstica. Desde el primer momento insté la presencia de la Fiscalía General del Estado en estas actuaciones, que han culminado con la firma de un protocolo de
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de coordinación con los órganos judiciales y el ministerio fiscal para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género. Este protocolo fue aprobado por la comisión de
seguimiento y estoy seguro de que va a servir para neutralizar las situaciones más graves de riesgo.
En tercer lugar me referiré a la siniestralidad laboral. En mi primera declaración institucional dije que la actual inseguridad en el trabajo convierte a España en uno de los países europeos con un índice más elevado de siniestralidad
laboral. Sé de la importancia de las políticas de prevención. Pero esta prevención sólo se obtendrá cuando el incumplimiento de las normas esenciales de seguridad sea sancionado adecuadamente. Por ello la fiscalía general va a promover una
enérgica reacción penal frente a los delitos que ponen en peligro la seguridad laboral. Mi preocupación por los nocivos efectos de esta siniestralidad no es nueva. Ya en mi etapa de magistrado del Tribunal Supremo intenté contribuir a la
consolidación de una jurisprudencia que interpretase los tipos penales que protegen la seguridad en el trabajo con el rigor que imponen los valores en juego. Desde siempre me he negado a explicar la cifra
de muertos y lesionados que nos ofrecen las estadísticas como la necesaria o lamentable consecuencia impuesta por el avance tecnológico. El lugar de trabajo -para SS.SS., para mí, para cualquier operario- no puede ser un lugar de riesgo en
el que se sobrevive sólo si la suerte nos acompaña.
Puedo asegurar a SS.SS. que en mi experiencia como juez he podido comprobar la existencia de empresas modélicas en materia de seguridad; pero también he conocido infracciones groseras de los
estándares mínimos de seguridad y de higiene en el trabajo. Como fiscal general del Estado quisiera hacer llegar a los responsables de garantizar el derecho a la vida y la integridad de los trabajadores un mensaje bien claro: la violación de las
normas de seguridad ha dejado de ser rentable. Voy a hacer todo lo que institucionalmente esté a mi alcance para transmitir la idea clave a partir de ahora de que no valdrá la pena eludir las inversiones en seguridad con la esperanza de que, de
producirse el desgraciado accidente, se podrá escapar de los efectos con el abono de una sanción pecuniaria. Para hacer frente a las consecuencias jurídicas de la omisión de los estándares de seguridad va a ser necesario algo más que una simple
póliza de accidentes.El delito contra la seguridad de los trabajadores va a ser perseguido con la firmeza que imponen unos datos que no nos permiten mirar hacia otro lado. Voy a dar instrucciones para que el pago anticipado por el empresario de las
consecuencias civiles derivadas de delito no afecte a la persecución penal de éste. Los fiscales habrán de garantizar, instando para ello las medidas cautelares necesarias, el abono de las indemnizaciones. Pero no se podrá relajar la exigencia de
responsabilidades penales por el hecho de que la víctima se aparte de la acción penal al ver satisfechas sus expectativas de cobro.
Me da la impresión de que existe una práctica generalizada que conduce a una inadmisible privatización del proceso
penal pervirtiendo con ello alguno de sus fines más elementales. Como fiscal general me niego a aceptar la degradación del proceso penal que hace de éste un instrumento al servicio del cobro de una indemnización. Tengo además la impresión de que
la negociación de esta cuantía no siempre se produce en un plano de igualdad. Los familiares del trabajador fallecido suelen añadir a su desgracia la resignada aceptación de una indemnización que no siempre es justa reparación del daño sufrido.
Por ello voy a publicar en los próximos meses una instrucción que recuerda a los fiscales lo que la sociedad espera de ellos en materia de persecución de los delitos relacionados con la seguridad laboral. Quiero hacerlo conociendo con exactitud las
causas que contribuyen a este crecimiento estadístico inaceptable, y quiero por ello diagnosticar el actual estado de cosas para que los criterios que se incorporen a esta instrucción resulten verdaderamente operativos.
Precisamente con este objetivo he visitado hace escasas semanas la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde la privilegiada atalaya que concede la Sala segunda del Tribunal Supremo observaba con frecuencia que la
Fiscalía de Barcelona era verdaderamente pionera en materia de siniestralidad laboral, reaccionando siempre con firmeza frente a la lenidad de algunas sentencias. He conocido in situ el funcionamiento del servicio de siniestralidad laboral, he
encargado los pertinentes informes y sobre todo he podido conocer la importancia de una fluida relación con la Inspección de Trabajo. Los procesos penales por delitos contra la seguridad en el trabajo han de contar con un aliado insustituible, que
es precisamente el inspector de trabajo. Me propongo dar órdenes a todas las fiscalías con el fin de que privilegien esta relación institucional. Como consecuencia de esta visita a Barcelona he visitado también otras fiscalías, he hecho un
esfuerzo de visita a los lugares donde está el trabajo efectivo del ministerio fiscal para trasladar en todos ellos la necesidad de la creación de estas secciones de siniestralidad laboral y por ello he estado también en la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia, donde se ha creado específicamente por orden del fiscal general esta sección, en la Fiscalía de Sevilla, en la Fiscalía de Canarias -en Las Palmas-, en la Fiscalía de La Coruña, en la Fiscalía de Vitoria, para
conocer y reunir a todos los fiscales del País Vasco y también a los fiscales de Navarra. Y como consecuencia de todas estas visitas he potenciado la creación de este tipo de secciones.
Para los trabajos preparatorios de esa instrucción me gustaría también iniciar conversaciones formales con los sindicatos y con las agrupaciones empresariales más representativas. Creo que una instrucción para hacer frente a los problemas
asociados a esta siniestralidad laboral debe tener en cuenta también la opinión de todos los agentes sociales. En suma, me propongo superar esta situación, que me parece impropia, de una comunidad con los niveles de seguridad, bienestar y riqueza
que definen el resto de nuestras relaciones sociales.
No quiero dejar de enumerar entre mis prioridades como fiscal general del Estado la lucha contra la inmigración clandestina. Nuestra posición geográfica es y ha sido a lo largo de la historia fuente de numerosas ventajas. Pero encierra
también el inconveniente de representar para muchas personas, sin más horizonte que su propia miseria, la puerta de acceso a un mundo mejor. Millones de bocas hambrientas ven en nuestra frontera la llave para acceder a una sociedad más rica, más
justa y menos convulsa que la de sus países de origen. Me propongo instar de los fiscales una eficaz coordinación de todas las instituciones a las que se encomienda la guardia de nuestras fronteras y las labores de asistencia con los inmigrantes.
Me da la impresión de que no siempre hemos sido capaces de lograr un equilibrio entre las exigencias impuestas por una política comunitaria de inmigración restrictiva y el respeto a la dignidad de cualquier persona que pisa nuestro territorio. Voy
a otorgar preferencia a la persecución penal de
las mafias, que han convertido el tráfico de seres humanos en una lucrativa fuente de negocio.La marginalidad a la que conduce la entrada y permanencia clandestina en nuestras ciudades se ha convertido en un factor criminógeno que aconseja
un tratamiento específico. Precisamente por ello quiero estudiar en profundidad los problemas asociados a la entrada de los menores inmigrantes. Una vez haya obtenido mis propias conclusiones acerca de los límites de nuestro sistema jurídico en
esta materia, y por supuesto con pleno respeto a los derechos de la infancia, reconocidos en los tratados suscritos por España, dictaré una instrucción que sugiera soluciones a un problema que, en mi opinión, actualmente está tratado de manera
insatisfactoria. He iniciado una ronda de contactos con instituciones de protección del menor, hace escasas fechas me entrevisté personalmente con el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y quiero hacer extensivos estos lazos con
organizaciones no gubernamentales preocupadas por el mismo problema. Tengo sobre la mesa en mi despacho el informe de Amnistía Internacional, especialmente crítico, acerca de las vulneraciones de los derechos de este sector de la inmigración más
necesitado de protección integral y en la agenda de trabajo una reunión con sus representantes. No quiero precipitarme en un tema tan sensible, pero desde luego le anuncio que daré un nuevo enfoque con el fin de lograr una solución más respetuosa
con los derechos de los menores.
He hecho un recorrido por lo que he definido mis objetivos y prioridades al frente de la Fiscalía General del Estado. Además de estas materias capitales, me resulta obligado hacer una mención a otras cuestiones. El tráfico de drogas, por
ejemplo, se ha revelado desgraciadamente como una de las lacras más destructoras para la sociedad de nuestro tiempo. Creo que el fiscal ha de ser firme en la persecución de este delito. Con ocasión del acto formal de clausura de la Junta de
fiscales delegados de la Fiscalía Antidroga, al que me desplacé en Valencia, tuve oportunidad de recordar la importancia de que los fiscales dirijan su mirada, en primer lugar, a las víctimas más directas, esto es, a los propios drogodependientes y
a su entorno familiar, poniendo el acento de forma prioritaria en la faceta preventiva y no sólo en la represiva. Estoy firmemente convencido de que la eficacia en la persecución de este delito se incrementa cuando se aprovechan las posibilidades
que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para motivar al delincuente drogodependiente en el respeto de los bienes jurídicos ajenos. Por ello insté de esta fiscalía una audaz y generosa aplicación de las disposiciones que facultan al juez o tribunal
para acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad a los penados que hubiesen cometido este hecho a causa de su dependencia de sustancias psicotrópicas, siempre que se certifique suficientemente que el condenado se
encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.
Con motivo de mi estancia como magistrado en el País Vasco entre los años 1980 y 1985, en San Sebastián, tuve ocasión de adquirir una importante experiencia en esta materia y darme cuenta de que la atención al drogodependiente que delinque
es la mejor fórmula de evitar precisamente los delitos que en el futuro se pudieran cometer. Más prevención que represión. También he querido definir un nuevo entendimiento en las relaciones entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía
especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. El fenómeno de la corrupción, los delitos económicos, la delincuencia fiscal estarán también, como han estado siempre en mi condición de magistrado, entre los
temas a los que preste un gran interés. En esta nueva relación con la Fiscalía Anticorrupción no solamente me refiero a un aspecto puramente formal, a una declaración puramente programática. Con fecha 5 de mayo del corriente año me dirigí
oficialmente al fiscal jefe de la Fiscalía especial para hacerle saber mi propósito de que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y sus relaciones con la Fiscalía General del Estado no conociesen otros límites que los establecidos por la propia
ley. Solicité del fiscal jefe de Anticorrupción un informe acerca de aquellas causas penales en trámite que estuviesen en otras fiscalías, pero respecto de las cuales la Fiscalía Anticorrupción estimase que su conocimiento había de serle atribuido.
A la vista del informe elaborado y valoradas las razones argumentadas, he decidido adjudicarle el conocimiento de todas y cada una de las causas que la propia Fiscalía Anticorrupción ha solicitado. No entra en mis previsiones ahogar la iniciativa
de esta Fiscalía especial cuando se trata de asumir el conocimiento de aquellos asuntos que objetivamente hayan de serle atribuidos y aquellos asuntos para los cuales la Fiscalía Anticorrupción, que es un órgano modélico en el ministerio fiscal
europeo, dispone de los medios técnicos de los que carecen otras fiscalías.
En este recorrido de urgencia a través de los grandes ejes temáticos del ministerio fiscal, me resulta obligado mencionar las directrices que he impartido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de persecución de los graves delitos
cometidos fuera de nuestras fronteras en aplicación del principio de justicia universal. El papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en este ámbito es decisivo. De hecho, conviene recordar que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal
atribuye al fiscal la función de mantener la integridad de la jurisdicción y de la competencia de los jueces y tribunales españoles. Estas razones me llevaron a dirigirme oficialmente a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con fecha
5 de mayo, impartiendo instrucciones concretas de cara al futuro inmediato. Razoné entonces que era consciente de que la ausencia de precedentes jurisprudenciales podía haber determinado una cierta inseguridad en este ámbito en una primera etapa,
pero también
que la jurisprudencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo ha desplegado un apreciable esfuerzo en limitación jurisdiccional que permite excluir determinadas incertidumbres pasadas. Por eso le insté a que en todo caso los dictámenes de
la Fiscalía de la Audiencia Nacional se atuviesen a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso Brady, que recoge, ratifica y enriquece los criterios sentados en la sentencia de 25 de febrero del año 2003 del denominado caso
Guatemala.
Asimismo, en este supuesto del genocidio maya apoyé el recurso de amparo que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional, de tal manera que el ministerio fiscal ha instado su aceptación por el Tribunal Constitucional con la
finalidad de que, en una materia en la cual la Sala segunda del Tribunal Supremo ha mostrado una división significativa entre sus componentes, exista por fin una doctrina del Tribunal Constitucional que pueda unificar esta materia.Naturalmente,
sería imposible y agotaría la atención de SS.SS. si me dedicase a pronunciarme sobre todos los temas sobre los cuales quiero que el ministerio fiscal preste una especial atención, por ejemplo en materia de medio ambiente, que ha constituido para
este magistrado, ahora ocupando temporalmente la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Supremo, una ocupación especial. En su día, como presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, promoví la celebración de las primeras jornadas en el año 1988,
en las que el Poder Judicial se ocupó de la materia de medio ambiente. Antes parecía simplemente una materia que era propia de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de protección de la naturaleza, de organizaciones de los verdes,
pero no del ministerio fiscal o del Poder Judicial. Desde entonces, la obra que se publicó, recogiendo aquellas jornadas, se convirtió en una referente en materia jurídica, habiendo avanzado mucho en la protección del medio ambiente por parte del
Poder Judicial y del ministerio fiscal. De manera especial me he dedicado estos días a suscribir con el presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves, un convenio de especialización de los fiscales en materia de protección del medio
ambiente, un convenio cuyo ámbito territorial es exclusivamente la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero me he dirigido a todos los fiscales de los demás tribunales superiores de Justicia con la finalidad de que procuren hacerlo extensivo a las
demás comunidades. Y también para la protección del patrimonio histórico, que está incluido en el ámbito del convenio, me desplacé a Córdoba hace unos días con la finalidad de visitar las excavaciones de Medina Azahara y potenciar y apoyar a los
fiscales que están dirigiendo una serie de acciones penales en esta localidad para evitar que determinadas urbanizaciones de carácter ilegal comprometan el patrimonio histórico que nos pertenece a todos y que es el mejor legado que podemos dejar a
las generaciones futuras.
Con anterioridad he proclamado mi voluntad de dotar de sentido institucional al ministerio fiscal, reforzando su significado entre los órganos constitucionales del Estado, y quiero hacerlo sin olvidar el reto que encierra el imparable
proceso de construcción europea. El espacio de libertad, de seguridad y de justicia, que día a día consolidamos en el ámbito de la Unión Europea, no puede hacerse con la distante indiferencia del ministerio fiscal. El ministerio fiscal, con
vocación de modernidad, debe invertir sus esfuerzos institucionales en la construcción de Europa y también en lo que será el futuro de la Fiscalía europea, hoy contemplada en el proyecto de Constitución.
Conforme a este criterio he cursado las instrucciones precisas para reforzar las relaciones de la Fiscalía General del Estado con Eurojust, haciendo más fluidos los contactos con la red judicial europea y la propia red interna del ministerio
fiscal. He propuesto al Ministerio de Justicia el nombramiento de la fiscal jefe de la secretaría técnica como corresponsal nacional de Eurojust en materia de terrorismo y esta propuesta ha sido aceptada. De esta manera, la fiscalía general, a
través de la secretaría técnica, asumirá la importante labor de cooperación judicial e internacional en relación con los delitos de naturaleza terrorista, sin perjuicio naturalmente de las funciones desarrolladas por los fiscales especialmente
destinados a esta materia en la Audiencia Nacional.
Durante los días 26 y 27 de mayo del corriente año asistí en Finlandia a la reunión de presidentes de Tribunal Supremo y de fiscales generales de la Unión Europea. Este encuentro me permitió reforzar contactos con autoridades judiciales y
fiscales de especial interés para España. Tengo intención de acudir en el próximo mes de octubre a Dublín, escenario de la reunión bianual de Eurojustice. Como SS.SS. conocen, se trata de un foro que reúne a los fiscales de la Unión Europea y
donde se abordan los principales problemas que plantea la cooperación judicial e internacional. Participo de la idea de que una adecuada respuesta a la delincuencia internacional exige un escenario de cooperación que no circunscriba sus límites al
territorio de la Unión Europea. La afirmación de que determinadas formas de delincuencia no conocen fronteras es un tópico que encierra una gran verdad. Nuestra contribución a la lucha contra la delincuencia trasnacional resultaría incompleta si
no dirigiésemos también nuestra mirada a Iberoamérica. El reforzamiento de los lazos jurídicos con aquellos Estados cuenta con la doble ventaja del idioma y de la experiencia que estamos adquiriendo mediante la construcción de la red europea y que
el ministerio fiscal ya está transmitiendo a los ministerios fiscales de los países iberoamericanos para la construcción de lo que hemos denominado la IberRED. En la primera semana del mes de junio ha tenido lugar en Brasil la reunión de ministros
de Justicia, que ha acordado la creación de una red única de cooperación judicial iberoamericana. En esta reunión se culmina un proceso anterior en el que la Fiscalía General del Estado español ha desplegado un protagonismo especial.
He comisionado al fiscal de Sala de la unidad de apoyo de la Fiscalía General del Estado para que acudiese en mi nombre a la reunión de presidentes de Cortes Supremas iberoamericanas, que se ha celebrado la pasada semana, en respuesta a la
invitación oficial que me fue cursada.
Este encuentro, celebrado en Honduras, ha permitido profundizar en la aspiración compartida de cooperación judicial internacional.También quiero incluir entre mis objetivos al frente de la Fiscalía General del
Estado convertir las nuevas tecnologías en un instrumento al servicio del ministerio fiscal. No me voy a extender en esta materia, pero sí quiero decir que la utilización de las nuevas tecnologías no solamente constituye un derecho sino que debe
constituir una obligación de todos los fiscales. No se puede hacer frente a las modernas formas de delincuencia sin disponer de los medios adecuados y proporcionados y no se puede actuar en el mundo actual sin tener en cuenta la utilización de
estas nuevas tecnologías. Por tanto, no concibo un ministerio fiscal que no considere como obligatoria la utilización de los medios informáticos, que ya están siendo utilizados en el resto de las administraciones públicas.
Potenciación de las nuevas tecnologías; potenciación de las nuevas formas de organización, superando unas formas de organización en cierta manera exclusivamente territorial y, por tanto, con un carácter un tanto decimonónico; potenciación
de la especialización del ministerio fiscal y potenciación también de la adecuación del ministerio fiscal a la estructura territorial del Estado. Creo que el ministerio fiscal es uno de los organismos que no se ha adecuado al modelo constitucional
de reparto del poder entre el Estado y las comunidades autónomas y, por tanto, en todas las visitas que he realizado a las fiscalías de los tribunales superiores he transmitido al fiscal correspondiente su obligación de responder ante los
parlamentos de las comunidades autónomas. He promovido la presentación -ya se ha hecho- del fiscal general de Cataluña, del fiscal del Tribunal Superior de Cataluña, señor Mena, ante el Parlamento de Cataluña y he instado también la presentación
del fiscal de Andalucía ante el Parlamento de la comunidad autónoma andaluza. Deseo que en otras comunidades autónomas se acuda también a este procedimiento, al mismo tiempo que se potencia la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia como un
órgano diferenciado de las fiscalías puramente provinciales, de tal manera que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, a modo de Fiscalía General de la comunidad autónoma correspondiente, se constituya en el órgano paralelo a nivel de la
comunidad autónoma.
Paso ahora a la tercera de las peticiones de comparecencia que me han sido formuladas y lo haré, desde luego, con un compromiso de mayor brevedad.
Esta comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, se refiere a los
nombramientos en el seno de la carrera fiscal. En relación con los nombramientos ya efectuados no he tenido -ni lo tendré respecto a los que deba proponer en el futuro- otro criterio que el estricto cumplimiento de las previsiones legales
contenidas en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Sé que esta materia, como tantas otras relacionadas con el ámbito decisorio del fiscal general del Estado, se presta a la crítica, a la opinión y al desencuentro. En la elección de los
cargos, en la elección de las personas, siempre se puede discrepar del perfil más adecuado para cada uno de los nombramientos que deben efectuarse. Por ello no aspiro a provocar la unanimidad cuando se trata de valorar uno u otro perfil para el
desempeño de una jefatura del ministerio fiscal. Créanme que no me mueve otro criterio que el de seleccionar a la persona adecuada. He contado para ello con una ventaja, la indudable valía de todos los candidatos que han aspirado a una o a otra
jefatura. La carrera fiscal cuenta con unos profesionales cuya preparación y solidez técnico-jurídica han sido desde siempre algunas de sus notas definitorias. Hago esta afirmación más allá de cualquier fórmula de cortesía hacia los fiscales que
no han visto prosperar su candidatura. Mi condición de magistrado del Tribunal Supremo me ha permitido en los últimos años estar en contacto cotidiano con el trabajo de la fiscalía. El papel que las leyes reservan al ministerio fiscal en la
casación penal me ha proporcionado una privilegiada visión del laborioso y eficaz trabajo de los fiscales. Quiero con ello decir que, en materia de nombramientos, la profesionalidad de los candidatos es una virtud que puedo predicar por
conocimiento propio de todos los que se habían presentado.
La reacción de desacuerdo respecto a las propuestas que ha efectuado el fiscal general se ha centrado al parecer en dos aspectos: el primero de ellos, la designación del señor Fernández Bermejo como fiscal de Sala; el segundo, el hecho de
no sentirme vinculado en todas las ocasiones al criterio mayoritario de los miembros del Consejo Fiscal. En relación con la primera de las cuestiones, la propuesta de nombramiento del señor Fernández Bermejo, quiero precisar una idea inicial. Para
el puesto de fiscal jefe de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, tres candidatos, todos ellos especialmente cualificados, quedaron muy igualados en las votaciones del Consejo Fiscal. Siendo los tres magníficos
profesionales, decidí proponer al ex fiscal jefe de Madrid, porque además de constarme personalmente su gran preparación y capacidad de trabajo, solamente en él concurrían dos cualidades específicas. En primer lugar, haber sido fiscal precisamente
en la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, es decir, tener una experiencia concreta precisamente en la sala cuya jefatura iba a ostentar. Siempre he creído que para la presidencia de una determinada Sala como magistrado, pero
también para la jefatura de una determinada Sala como fiscal, es conveniente haber sido antes miembro de ella, haber sido antes fiscal en esa misma materia. El único de los candidatos que efectivamente había desempeñado, antes de ser fiscal jefe
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, la plaza de fiscal en la Sala de lo contencioso que ahora debía desempeñar la jefatura era el señor Fernández Bermejo.En segundo lugar, concurría en él otra condición estrictamente profesional.
Independientemente de las críticas que
puedan hacerse por su comportamiento en una fiscalía especialmente compleja, en la cual es muy difícil desempeñar la función sin tener en algún momento que hacer frente a problemas tan complejos, tan difíciles que puedan dar lugar a críticas, el
único de los fiscales que habían estado al frente de una de las grandes fiscalías, la de Madrid y la de Barcelona, que tienen unos problemas muy específicos y un número de fiscales a los que atender que les lleva a tener una cualificación especial,
era el señor Fernández Bermejo. Desde el retiro del señor Fernández Villarejo, la Junta de fiscales de Sala no cuenta entre sus miembros con un fiscal procedente de la jefatura de una de estas dos grandes fiscalías, ni de otras grandes fiscalías,
como la de Bilbao, la de Valencia, ni de ninguna otra fiscalía del mismo tamaño. Dado que era necesario cubrir ese hueco, la propuesta de Fernández Bermejo, desde un punto de vista estrictamente profesional y desde el punto de vista de las
necesidades que apreciaba en la Junta de fiscales de Sala, era la más adecuada para llevarlo a cabo. No voy a invocar razones estadísticas basadas en la pertenencia a una u otra asociación profesional de los fiscales de Sala que fueron propuestos
por mi antecesor. Como fiscal general del Estado no voy a hacer de este hecho el motivo determinante de la promoción profesional de un fiscal.
Considero que en una sociedad pluralista debe reflejarse también el valor del pluralismo en los cargos de dirección del ministerio público, por lo que siempre procuraré efectuar nombramientos equilibrados, pero me atendré escrupulosamente a
los datos que pongan de manifiesto la trayectoria profesional de cada candidato, por encima de su adscripción asociativa. Sólo reivindico una cosa: que, cuando, como fiscal general del Estado, formule el juicio de idoneidad de cualquier fiscal, no
se descalifique esta propuesta como si fuese una invasión del ámbito competencial reservado al Consejo Fiscal. Con este planteamiento se intenta erosionar injustamente la figura del fiscal general, pero lo que es más grave, y si me permiten es más
injusto, se socavan algunos de los principios estructurales del ministerio fiscal. En materia de nombramientos el Estatuto orgánico del ministerio fiscal dibuja un esquema bien sencillo, informe no vinculante del Consejo Fiscal, propuesta del
fiscal general del Estado y nombramiento por el Gobierno.
Deslegitimar la función de la primera de las jefaturas del ministerio fiscal y postular su subordinación respecto del Consejo Fiscal es subvertir la lógica jurídica. Voy más allá, es
traicionar el modelo constitucional del ministerio fiscal. Y eso lo conocen perfectamente SS.
SS., porque en realidad mi actuación es el fruto precisamente de una ley aprobada por el Parlamento de una forma muy reciente y de una jurisprudencia del
Tribunal Supremo que estableció exactamente cuáles eran los límites y también los contenidos de las potestades del fiscal general del Estado. Por tanto, debo responden en esta materia diciendo que asumiré en todo caso mis responsabilidades y haré
las propuestas de nombramiento de la persona que estime más idónea para cada cargo y no de la persona que obtenga más apoyos asociativos.
Mi opinión sobre el alcance y el valor jurídico de los informes del Consejo Fiscal no puede ser otra que la que se deriva de la naturaleza y de las funciones, conforme ha tenido ocasión de recordar el Tribunal Supremo. Permítanme SS. SS.
que haga una pequeña glosa del esquema jurídico y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado en materia de nombramientos. No es ocioso señalar que, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal no es el órgano de
Gobierno de los fiscales, sino un órgano de asistencia y de consulta del fiscal general del Estado. Salvo excepciones, el Consejo Fiscal no ejerce potestades propias, realiza una labor de ayuda en el desempeño de las mismas por quien legalmente las
tiene atribuidas. En definitiva, nos encontramos ante un órgano colegiado de carácter eminentemente consultivo. El Consejo Fiscal, como conocen SS. SS., en esta materia no es un órgano decisor sino simplemente un órgano asesor. No es el único
órgano colegiado consultivo del que dispone el ministerio fiscal. Los fiscales jefes tienen las juntas de fiscalía y especialmente se establece que los acuerdos que adopte la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre
debate el criterio del fiscal jefe. Lo mismo sucede con la Junta de fiscales de Sala que es el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado.
Pues bien, el Consejo Fiscal integrado por nueve vocales electos por un período de cuatro años y también por dos vocales nombrados por mi antecesor, tienen en este momento una representación que no necesariamente puede determinar la
realización de todos los nombramientos, porque hay que tener presente un dato clave. Aunque la posibilidad de presentarse a las elecciones del Consejo Fiscal está abierta a todos los miembros del ministerio fiscal que lo deseen y que cumplan los
requisitos establecidos por la ley, lo cierto es que sólo concurren a ella las asociaciones fiscales reconocidas. Tengo un gran respeto por el movimiento asociativo. Yo mismo fui impulsor y creador de la Asociación Profesional de la Magistratura
en su momento y posteriormente de otra asociación que se desligó de esta. En cualquier caso, debo decir que las funciones de las asociaciones deben ejercitarse en el ámbito estricto en que la ley lo establece y no puede sustituir la responsabilidad
del fiscal general del Estado. Me niego, por tanto a suscribir una línea de nombramientos por cuya aplicación una parte muy importante de la carrera fiscal resultaría sistemáticamente preterida de los cargos de responsabilidad o al menos se
encontraría en una situación de grave inferioridad. Me refiero a los asociados
que no pertenezcan a la asociación conservadora mayoritaria o al amplio número de fiscales que no están asociados y que, como independientes, también deben ser respaldados en su momento por el fiscal.No creo que esta sea la forma en que SS.
SS., la sociedad en su conjunto y, en definitiva, los propios componentes del ministerio fiscal consideren que debo asumir el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado. Quiero manifestarles que, entre mis intenciones como fiscal general del
Estado, no se encuentra eludir el cumplimiento de mis responsabilidades. Soy perfectamente consciente de que, si las propuestas de nombramiento que salieran del fiscal general se atuviesen mecánicamente a criterios estrictamente aritméticos
escalafonales o a criterios estrictamente aritméticos asociativos, sería objeto de un menor número de críticas, pero no estaría haciendo frente a la responsabilidad que, como fiscal general del Estado, me atribuye la Constitución y el Estatuto
orgánico, por la cual debo nombrar en cada caso, bajo mi responsabilidad, a aquel fiscal que considere más idóneo.
No voy a hacer referencia a las resoluciones de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que avalan este criterio.
Estoy seguro de que SS. SS. las conocen sobradamente. Por ello, voy prácticamente a concluir
expresando sin embargo que, en esta materia de nombramientos, también he tenido en cuenta algún otro criterio que, quizá llevados por la polémica puramente asociativa que se ha centrado exclusivamente en el hecho de no haber designado a los
candidatos en algunos casos. Exclusivamente en tres de los 12 nombramientos el fiscal general del Estado se apartó de la mayoría del Consejo Fiscal y, si no lo hubiese hecho, no hubiese podido nombrar, como ha nombrado en algún caso, a un fiscal
independiente o a dos fiscales de la asociación que no es la mayoritaria, porque en todo caso se vería constreñido por esa mayoría.
Pero el centro de la polémica se ha situado precisamente en estos nombramientos y no se ha tenido en cuenta algún
otro dato importante que me gustaría destacar.
El fiscal general del Estado también es consciente del papel que hoy ocupa la mujer dentro de la carrera fiscal. El fiscal general del Estado es consciente de que, a pesar del importantísimo papel que las mujeres desempeñan hoy en la
carrera fiscal, no están igualmente desempeñadas en el nivel de los altos cargos, en el nivel de las jefaturas. Por eso, en esta primera decisión del Consejo Fiscal he querido situar a una mujer, a una grandísima profesional, al frente de la
Secretaría Técnica, que es el órgano principal de asesoramiento del fiscal general del Estado, y he querido también situar en el Tribunal Supremo, en las dos plazas que tenía que cubrir en él a dos mujeres, una fiscal de Bilbao y una fiscal jefe de
Guadalajara; me parecía que era necesario incorporarlas a los altos niveles de dirección como constituye concretamente el Tribunal Supremo.
Concluyo. No tengo más que expresar mi deseo de máxima cooperación, de colaboración con el Parlamento. Durante estos últimos días, la Fiscalía General del Estado ha dedicado absolutamente todos sus esfuerzos a movilizar a todas las
fiscalías de España para obtener detalladamente la documentación que había sido solicitada por el Congreso de los Diputados precisamente para la Comisión de investigación. Quizá la Fiscalía General del Estado podía responder diciendo que no
teníamos toda esa documentación que se nos solicitaba o que el plazo señalado, que terminaba ayer a las ocho de la tarde, era escaso para poder atender la petición del Congreso. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo adicional, hemos solicitado un
esfuerzo específico de todos los fiscales de cada una de las fiscalías de España para poder proporcionar al Congreso de los Diputados más de 700 folios de documentación sobre los incidentes ocurridos ante las sedes del Partido Popular en la víspera
del proceso electoral, con la finalidad de que todos los documentos policiales, judiciales o fiscales estuviesen a la disposición del Congreso y esa documentación ha sido entregada en el día de ayer. Quiero expresar esta voluntad de cooperación con
la finalidad de quizá hacer más creíble también mi deseo de que esta comparecencia ante la Comisión de Justicia haya servicio o pueda servir para reforzar la cooperación entre el fiscal general del Estado y todos los fiscales de España con el órgano
representativo de la voluntad popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso muy breve, de cinco minutos.
Suspendemos en este momento la sesión, pero dentro de cinco minutos la reiniciaremos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Por razones de acumulación de trabajo de los señores diputados y su necesaria presencia en otras comisiones, hemos establecido, de conformidad con los grupos, el siguiente orden de intervenciones; en primer lugar daremos la palabra a la
diputada doña Isaura Navarro Casillas y a continuación intervendrán el resto de grupos, de menor a mayor, empezando por doña Begoña Lasagabaster Olazábal; después don Luis Mardones, si estuviere en ese momento -ahora veo que está-, porque el señor
Mardones es la referencia y el reflejo de la pluriocupación parlamentaria; doña Margarita Uría, don Agustín Cerdá, etcétera.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, doña Isaura Navarro Casillas.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero empezar mi intervención agradeciendo la presencia en esta Comisión del fiscal general del Estado; le felicito no sólo por su nombramiento sino también por las decisiones que ha ido adoptando y que
compartimos, especialmente la del nombramiento de Mariano Fernández
Bermejo, que fue represaliado por el anterior fiscal general por razones ideológicas y cuyos méritos y capacidad entendemos que están sobradamente acreditados. Para nosotros, es imprescindible que la política de nombramientos se base en
criterios de idoneidad, profesionalidad y equilibrio y que no se someta a presiones políticas o asociativas en función de los apoyos con los que cuente cada candidato. Le felicito por sus primeras decisiones y muy significativamente por el cambio
de criterio en justicia universal, que esperamos permita juzgar en nuestros tribunales a personas imputadas por delitos contra la humanidad, delitos de genocidio y tortura. Concretamente, valoramos muy positivamente la decisión de apoyar el recurso
de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional para que España juzgue el genocidio maya de Guatemala y la retirada del recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Nacional de celebrar juicio contra los militares implicados en el
genocidio de Argentina. Son buenas expectativas en la etapa que se inicia y en la que deseamos que se dé cumplimiento efectivo a la función principal que entendemos le corresponde al ministerio fiscal: que promueva la acción de la justicia en
defensa del interés general frente al seguidismo de la acción de Gobierno propio del anterior fiscal general del Estado. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la Presidencia.) De ahí que nuestras propuestas sean, en primer lugar, pedirle
que lleve a cabo ese modelo del ministerio fiscal comprometido con la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente con aquellos que no puedan valerse por sí mismos, como los menores e incapaces, o que tienen graves
dificultades para defender sus derechos, como son las mujeres, trabajadores, minorías y extranjeros, a los que ha hecho referencia.Esperamos que este modelo de ministerio fiscal no sólo se reduzca al ámbito penal sino que se proyecte en defensa de
los derechos en todas las jurisdicciones, como son la contencioso-administrativa, la laboral (en la que ha hecho hincapié), la civil contra la presencia del fiscal en los juicios de derechos de familia y en los asuntos relativos a los incapaces y
sus problemas.
También esperamos que apueste por mantener y reforzar la Fiscalía Anticorrupción, dotándola de todos los recursos necesarios a fin de garantizar su eficacia para detectar y perseguir los delitos de corrupción.
Nosotros consideramos muy negativo y peligroso que en un Estado de derecho el fiscal general pueda decidir qué asuntos de corrupción se investigan y cuáles no, por lo que esperamos que no se repitan actuaciones partidistas que se muevan en
parámetros políticos no deseados en el funcionamiento independiente del Poder Judicial que consagra la Constitución española.
Igualmente deseamos que se conceda la máxima importancia a la formación, con especial atención al Centro de Estudios de la
Administración de Justicia en lo que se refiere a la formación de los fiscales, una formación multidisciplinar y comprometida con las realidades sociales.
Asimismo, avanzar en las relaciones ministerio fiscal-ciudadanos, para que estos encuentren
por fin en el fiscal el defensor de sus derechos de forma inmediata, que se abran las fiscalías a los ciudadanos y comparezcan los fiscales jefe, en especial los de los tribunales superiores de Justicia, en los parlamentos autonómicos, para explicar
su actuación.
Nosotros, como es bien sabido, entendemos que el modelo de ministerio fiscal es el de la institución encargada de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, no sólo potenciándolo en el
ámbito penal sino ante las jurisdicciones en los que la tutela judicial efectiva es, principalmente, la defensa de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, dado que estamos en un Estado
social, según la Constitución española. La actuación del ministerio fiscal debe ser sometida a tres principios esenciales, como es el de legalidad, el de imparcialidad y autonomía y el de jerarquía y unidad de acción para no desvirtuar el principio
de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Para llevar a cabo un cambio institucional de este calado, entendemos que es necesario sustraer al fiscal general de las injerencias del Gobierno a través de la capacidad del Parlamento para
nombrarlo y cesarlo, una propuesta que vamos a hacer y que esperamos que sea acogida favorablemente, aunque sabemos que hay reticencias por parte del grupo mayoritario, el Grupo Socialista. En cualquier caso, una vez reformada la posición
institucional del ministerio público a fin de acentuar esta imparcialidad, proponemos la atribución al ministerio fiscal de la investigación penal, reservando al Poder Judicial el enjuiciamiento de la garantía de los derechos en el proceso.
Aparte de estas medidas, entendemos que la fiscalía debe implicarse y querríamos que manifestase en esta comparecencia qué piensa hacer respecto al caso de las cesiones de crédito en el asunto del Banco Santander porque, como bien sabe el
fiscal general, hasta el año 1998 había una acusación de la fiscalía, después se cambió de criterio y no se pasa a la Fiscalía Anticorrupción. El papel que corresponde a la fiscalía ha sido asumido por un partido, que es Iniciativa per Catalunya
Verds; la jueza Palacios, contra el criterio de la fiscalía y de la defensa, ha mantenido el caso abierto, éste continúa y nos interesaría saber qué criterio va a mantener el fiscal general del Estado, entendiendo que, como vengo diciendo, el
cumplimiento de los criterios expuestos supondría una implicación en este asunto, porque no debe ser Iniciativa per Catalunya quien esté llevando a cabo esta acción sino que debe ser el ministerio fiscal, en cumplimiento del papel que la ley le
atribuye.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Tiene la palabra la representante del Grupo Mixto, doña Begoña Lasagabaster Olazábal.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Yo también quiero dar la bienvenida al fiscal general y agradecerle su presencia en esta Comisión de Justicia, en la que, según sus palabras, le veremos a menudo, dado que tiene como objetivo comparecer
cuantas veces sea necesario. A nosotros nos interesa, y así lo hemos planteado muchas veces, esa relación de cercanía entre el Parlamento y el fiscal general y, llegado el momento, reformar el Reglamento para que el Parlamento pudiera tener
participación en el nombramiento del fiscal general; con ello evitaríamos muchos de los problemas que han sucedido a lo largo de los últimos años, por no decir décadas. En todo caso, eso supondría una modificación que corresponderá a la Cámara
determinar, pero sí nos satisface y nos agrada que haya plasmado ese deseo de comparecer cuantas veces sea necesario. Por tanto, bienvenido, y le felicito.
Ha hablado usted de las prioridades respecto de temas que nosotros compartimos. Es claro que al hablar de prioridades como la lucha contra el terrorismo, violencia doméstica o siniestralidad laboral no creo que haya ninguna divergencia;
también en otros temas que ha citado y que nos parecen terriblemente importantes, como es la defensa del menor. Ha hablado incluso de los menores extranjeros como necesitados de tener una mayor protección que, ciertamente, no han tenido en algunos
casos, han sido mal protegidos. En este tema nos parece que hay que hacer modificaciones legislativas; no entraré ahora en la materia porque no corresponde, pero, en materia de justicia y de protección de menores, se deberían hacer algunas
modificaciones. El principio de justicia universal como elemento clave que tenemos que mantener siempre en mente nos parece también importante y defendemos el ejercicio de este principio al máximo nivel y con el máximo efecto. Tampoco hablaré de
la defensa del medio ambiente y de otros temas, porque son cuestiones que compartimos.
No voy a entrar en todas las cuestiones; sí voy a centrarme en temas que ha tocado menos o que, al menos desde nuestra perspectiva, pueda tener mayor interés conocer su respuesta a algunas cuestiones, especialmente desde la perspectiva,
como se puede imaginar lógica, de la defensa de los planteamientos de mi partido, Eusko Alkartasuna, y también de las responsabilidades que en este momento tenemos en el Gobierno vasco tripartito, como es la responsabilidad del Departamento de
Justicia. Me voy a referir a cuatro temas. Primero, yo me centraría en ese necesitado incremento de la planta judicial de fiscales. Hemos observado que la reciente experiencia de implantación de los juicios rápidos y de las órdenes contra la
violencia doméstica -en el caso del País Vasco se han desarrollado unos protocolos de colaboración impulsados por el Gobierno vasco y el departamento de Justicia que han permitido una mejor implantación de la reforma procesal- han permitido atisbar
posibilidades de actuación y coordinación entre la judicatura y la fiscalía, por supuesto también con otros sectores y operadores jurídicos, y ha supuesto también una experiencia que ha redundado en una mejor optimización de los recursos humanos, en
el aspecto específico de coordinación y concentración de los señalamientos judiciales a juicios y pruebas en los que también ha de intervenir, lógicamente, el ministerio fiscal. Pero también -y eso es lo que nos preocupa- ha puesto de manifiesto
que la plantilla del ministerio fiscal se encuentra tan limitada que resulta difícil que puedan estar presentes en todos los actos que la ley prevé con sus actuales situaciones, lo cual, ciertamente, lo que hace es redundar en perjuicio de la
función que están llamados a cumplir. Por ello me gustaría saber exactamente cuál la perspectiva y la posición del fiscal general en relación con esta cuestión y cuál es su previsión en relación con la necesidad y la obligación de cumplir con todas
sus funciones, tanto evidentemente la función de defensa de legalidad como especialmente en la protección a las víctimas. Esa sería la primera consideración de la que nos gustaría, si es posible, obtener respuesta.
Hay otro tema que usted no ha mencionado en absoluto. Nos tiene ciertamente preocupados que ni tan siquiera haya habido una mención. Ya no digo que comparta con nosotros la cuestión, pero sí nos gustaría que al menos hubiera mencionado el
conocimiento y valoración del conocimiento de las lenguas autonómicas por los fiscales. Nos parece que este es un tema que es absolutamente necesario y hacia el que no solamente la judicatura sino también la fiscalía tiene una especial obligación y
en el que tiene un especial deber para ponerse al día y a tono en esta materia.
No alcanzamos a saber la razón por la que el conocimiento de las lenguas autonómicas y de los derechos propios de cada una de las comunidades autónomas son valorados
como mérito en la provisión de destino para jueces y magistrados, conforme se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 341, y en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, no existe semejante previsión en
el caso de los integrantes de la carrera fiscal, cuando los requerimientos del servicio público de la justicia en las comunidades autónomas son similares en este aspecto para ambos colectivos -por la necesidad y la función de conocer tanto el
derecho como la propia lengua-, especialmente cuando el ministerio fiscal toca temas relacionados con instituciones sustantivas propias de algunas comunidades históricas del ámbito interfamiliar, de tutelas, de patria potestad, etcétera. No
alcanzamos a conocer la razón de esta diferencia de criterios. Además hemos observado que en los últimos cuatro años aproximadamente estos méritos eran objeto de valoración preferente en la selección de fiscales sustitutos que habrían de integrar
las bolsas que se convocan regularmente. En la última legislatura han desaparecido, lo que hizo que los fiscales sustitutos, con arraigo en las comunidades con derecho propio y lengua propia, fueron preferidos por otros de otros territorios, con lo
cual el proceso de normalización
lingüística ha sufrido un retroceso. Queremos saber la posición del fiscal general en relación con este tema, qué modificaciones deben realizarse, qué actuaciones van a realizar y, qué medidas van a tomar, porque ciertamente afecta a
cuestiones muy sensibles de protección de los ciudadanos en el ejercicio del interés público, también de la resolución de cuestiones y conflictos sociales y lógicamente de la defensa de la legalidad.Sí ha tocado otro tema y nos congratulamos de que
haya señalado literalmente -si no lo he recogido mal- una cuestión clave: su afirmación de que efectivamente no se ha producido una adecuación del reparto de poder al Estado autonómico y esa actuación que ya se ha realizado en Andalucía en relación
con los propios parlamentos. Esta es una cuestión a la que Eusko Alkartasuna y la Comunidad Autónoma del País Vasco son terriblemente sensibles, pero no solamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino que creo poder decir que también en
todas las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en materia de justicia. Ya en la reunión de coordinación de estas comunidades autónomas en el año 2002 se suscribió un acuerdo por estas seis comunidades: Cataluña, Euskadi, Galicia,
Valencia, Canarias y Andalucía, donde se reclamaba en relación con el ministerio fiscal que se actualizara el Estatuto orgánico del ministerio fiscal mediante la creación de la figura del fiscal superior de la comunidad autónoma y la adaptación de
dicho estatuto y su organización al Estado de las autonomías, con participación de los parlamentos autonómicos en su nombramiento, y la realización de las pruebas correspondientes a los procesos selectivos de jueces, fiscales y secretarios
judiciales de forma territorializada, así como la construcción de los respectivos tribunales, impulsando las reformas legislativas necesarias. Este es un acuerdo del año 2002 y por tanto parecería lógico decir que han iniciado un primer camino,
pero que podría avanzarse más en esta materia. Nosotros entenderíamos que quizá, y sin tener que cambiar ninguna de las previsiones legislativas que hoy existen en el ordenamiento jurídico, la territorialización podría alcanzar su sentido, además
de con esas comparecencias, mediante la participación -como decía antes- de los parlamentos autonómicos en la propuesta de una terna entre la que el fiscal general podría decidir. Este es un mecanismo, como bien sabe, ya inserto en la actual Ley
Orgánica del Poder Judicial para la designación de los magistrados de la Sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia y que por tanto podría ser perfectamente compatible y podría dar una participación mayor de la que hoy hay, teniendo en
cuenta la afirmación clave que usted hacia sobre que a día de hoy todavía no ha habido una adecuación suficiente y necesaria a lo que es el Estado autonómico.
Hay otro tema que ha mencionado como nuevas tecnologías, que es muy puntual; pero consideramos que la actualidad que existe hoy no es razonable. Hablamos de la informatización del ministerio fiscal. La Ley 19/2003, de 23 de diciembre,
introdujo mediante la disposición adicional decimosexta una nueva disposición adicional segunda en la regulación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, a través de una forma inédita de legislar -hay que decir inédita aunque realmente fue tan
habitual que al final pasó casi a ser lo normal-, mediante su introducción en el Senado, lo que ocurrió siempre en la última legislatura y ya ni nos sorprendió que se realizara de esa manera. En todo caso, desde el punto de vista estrictamente
parlamentario sigue siendo una forma inédita de proceder a legislar. En esa disposición adicional decimosexta se establecía una creación de sistema de comunicaciones informáticas integradas para el ministerio fiscal y un sistema de información que
reserva a las comunidades autónomas el papel de mero provisor de herramientas de hardware, sin más, con sujeción a lo dispuesto en las resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional de Informática y comunicaciones electrónicas del ministerio
fiscal, y de acuerdo con el soporte tecnológico del Ministerio de Justicia, que en este momento tiene transferidas gran parte de estas cuestiones a siete comunidades autónomas, más este año -o el año pasado, no recuerdo muy bien- la Comunidad
Autónoma de Madrid.
Desde nuestra perspectiva, esta previsión legal contraviene tanto el marco legal como el operativo de las competencias ya asumidas y desarrolladas por las comunidades autónomas en materia tecnológica para las fiscalías de todo el Estado,
merced al traspaso de competencias de medios materiales para el funcionamiento del ministerio fiscal, lo que, por cierto, ha supuesto un importantísimo esfuerzo presupuestario que se tuvo que realizar -aunque en algunos casos la competencia no
correspondía- para el ministerio fiscal en las comunidades autónomas para evitar un colapso en el desarrollo de los procedimientos judiciales. Porque, evidentemente, si el ministerio fiscal en estos temas estaba en la edad paleolítica mientras
todos los demás avanzaban, difícilmente se podía llegar a buen término un procedimiento judicial acorde con la necesaria agilización de la justicia que reclaman todos los ciudadanos de cualquier territorio. A nosotros nos parece que este tema no se
corresponde con las cuestiones que ya se han realizado, que no ha sido respetuoso con el papel de las comunidades autónomas, con las competencias que ya han desarrollado, con los esfuerzos presupuestarios y que, necesariamente, esta cuestión tiene
que encajar con la normalización, con el intercambio de información, con la necesaria normalización de contenidos, formatos y codificación, en el cual el envío periódico de informaciones no solamente haga referencia al ministerio fiscal, sino que
también puedan participar las comunidades autónomas en materia de justicia. Puede parecer un tema menor, pero ciertamente es bastante sangrante que se haya producido así.
Nos gustaría saber, por tanto, cuál es la posición del fiscal
general en relación con este ámbito de nuevas tecnologías y al papel que tienen las comunidades autónomas.Termino con estos cuatro temas. No entro en otros. Estoy convencida de que el fiscal general va a venir pronto por esta casa, por
esta Comisión, y entraremos en cuestiones más concretas, podría citar algunas, como determinados informes, determinados procedimientos judiciales concretos y expresos pero, por deferencia, en esta primera intervención no entrare en temas que ya le
he preguntado por escrito y a los que espero su contestación.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Estoy presente, aunque lo dudaba el presidente, pero los grupos minoritarios estamos obligados a un pluriempleo en la asistencia a las comisiones. Sí quiero dejar claro que siempre he estado donde tenía que estar
a la hora en que me tocaba intervenir.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Somos conscientes, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sean mis primeras palabras, como han hecho mis antecesores, de salutación y bienvenida al señor fiscal general del Estado; les deseo la mejor andadura en su difícil, importante y trascendental cargo, en esos
principios de legalidad e imparcialidad que están siempre sometidos a un enjuiciamiento crítico que en una sociedad democrática es una situación sana. Tendrá en esta línea la permanente colaboración, como no podía ser menos, en la representación
que ostento de mi grupo parlamentario y muchas veces ocupándonos de los problemas específicos que el ministerio fiscal tiene en el área territorial por la que soy diputado, el archipiélago canario, con sus peculiaridades, tanto en los aspectos de
asistencia a los principios de legalidad y de imparcialidad como a la problemática específica en determinado tipo de realidades punibles que puedan existir en ese momento.
Señor fiscal general del Estado, paso a continuación a hacerle una serie de preguntas, observaciones y reflexiones en el mejor sentido de cooperación. Mi primera pregunta es la siguiente. Usted se encuentra con una modificación
recientísima del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. La Ley 14/2003 viene a modificar, después de 22 años en los que había estado prácticamente intocable, desde 1981, con los gobiernos del presidente Suárez, de UCD, la Ley del Estatuto
Orgánico del ministerio fiscal. ¿Usted cree que debe proponer al Gobierno que vengan al Parlamento modificaciones en el sentido de adicionar o de suprimir algunas de las modificaciones que la Ley 14/2003 introdujo en el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal? Señor fiscal general del Estado, en esta ley que modifica la anterior hay determinados aspectos muy importantes operativos, sobre todo en el reconocimiento de competencias que puede haber en la Junta de fiscales y en las que se
puedan introducir modificaciones -en su intervención se ha referido al tema del terrorismo- por las fiscalías especiales y los fiscales jefes. También estas modificaciones señalaban aspectos operativos de las competencias que corresponden, sobre
todo al Consejo Fiscal, para sacarle muchas veces de una situación puramente de dictamen no vinculante a las decisiones que se puedan tomar por parte del fiscal general del Estado. Sería, por tanto, un juicio de intenciones en cuanto a posibles
modificaciones que usted considerase que fueran necesarias en los planteamientos que usted ha hecho, que comparto, admito, acepto o puedo tener observaciones al respecto, pero que si no las trasladamos a un texto legal, no podrían ser. Usted ha
empleado una frase al principio de su intervención, solicitando el apoyo a sus decisiones y que las críticas se apoyen en argumentos jurídicos, porque los conceptos de idoneidad son siempre subjetivos, salvo que veamos ahora lo que yo le voy a decir
sobre los conceptos de idoneidad en decisiones que usted ha tomado, que se transforman en lo que sería el principio de la ley del precedente en estos aspectos. Todo argumento jurídico es bueno, como usted ha señalado, sin perjuicio de las críticas
políticas que no tienen por qué tener argumentos jurídicos, sino argumentos de idoneidad o de oportunidad política al momento en que se puedan tomar.
Ha hecho en su intervención y en declaraciones de prensa, a mi juicio, una serie de dicotomías o diferencias. Respecto a los nombramientos, usted no está obligado -y me parece muy legítima y decente, política y profesionalmente, su postura-
a someterse a apoyos asociativos. Una cosa son los apoyos asociativos para determinados nombramientos de las asociaciones profesionales de fiscales y otra los pronunciamientos del Consejo Fiscal. Yo entiendo que el Consejo Fiscal no es un apoyo
asociativo, figura en las modificaciones de la Ley 14/2003. Quisiera saber si hay una distinción, porque no serían de recibo los apoyos asociativos; también las asociaciones son entes legales y están ahí como centros de opinión en el sentido
profesional, porque si no, no sabríamos en estos casos para qué sirven las asociaciones profesionales, que están deontológicamente obligadas a pronunciarse, se acepte o no su pronunciamiento, pero para eso hay en una sociedad democrática, lo que se
denomina la sociedad civil, unos pronunciamientos de las asociaciones legalmente, porque son asociaciones legales de fiscales, como lo son también las de magistrados, jueces, etcétera. Otra cosa distinta son las opiniones, aunque no sean
vinculantes, del Consejo Fiscal.
Se ha referido a objetivar los requisitos de idoneidad y ha expuesto el caso del Fernández Bermejo. Me parecen diáfanos y claros y sólo tengo que decirle, señor fiscal general del Estado, que estoy de acuerdo. Ahora bien, como usted ha
señalado unos antecedentes o
requisitos de idoneidad para este caso, supongo que con esto se acepta usted una ley de precedente y los aplicará indefectiblemente en los siguientes nombramientos. Usted sabe que entre este año y el que viene le van a quedar una media
docena de vacantes de fiscales, aproximadamente, en el Tribunal Supremo, en las distintas salas. Si se jubilan cinco o seis fiscales de Sala del Tribunal Supremo en este año y en el siguiente, es de suponer que el señor fiscal general mantiene los
mismos principios de idoneidad para efectuar los nombramientos. Dejo en el aire esta cuestión como una pregunta.Otro de los temas que usted ha tocado que me ha parecido interesantes es el relativo a crear un colectivo de fiscales especializados en
terrorismo islamista. Como en este momento en la estructura de la pirámide fiscal, como se señala en el artículo 34, según la nueva redacción que se dio, los fiscales especiales -aparte del del Tribunal de Cuentas o el de la Audiencia Nacional o
los de las salas del Tribunal Supremo- son nada más que dos, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga o de la represión del tráfico ilegal de drogas y su prevención y de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
¿Entiende,
usted, señor fiscal general del Estado, que debe haber también una fiscalía especial contra delitos terroristas, sean islamistas, sean de ETA, sean de cualquier grupo que invoque la autoría de actos terroristas? ¿Debería exigirse la existencia, en
su criterio, de un fiscal especial de menores? Le formulo estas dos preguntas sobre los menores y el terrorismo para ligarlos con las siguientes cuestiones. Si respecto al terrorismo usted va a buscar fiscales especializados en terrorismo
islamista, ¿los va a sacar de la plantilla actual de fiscales o va a proponer al Gobierno que le aumente a usted la plantilla de fiscales? ¿Considera usted que estos aspectos interesantes, que mi grupo los va a apoyar, señor fiscal, conllevan un
aumento de la plantilla de fiscales existentes en este momento en España?
En el caso de los fiscales antiterroristas especializados en terrorismo islamista -dado que quien tiene una información antiterrorista de primera mano no es el fiscal, son los servicios secretos del Estado, bien de la Guardia Civil, bien de
la Policía Nacional o del Centro Nacional de Inteligencia-, ¿se tendrá que pedir, entiendo, señor fiscal general, un apoyo, una adscripción o una especie de policía judicial al servicio de los fiscales que van a tratar de este tema? Hay
antecedentes de cuando los fiscales especializados en corrupción y en drogas lo han tenido que utilizar, porque era lógico por su servicio tanto en tema de corrupción, delitos fiscales, servicios de los técnicos especializados de la Agencia
Tributaria, como los servicios de Policía o Guardia Civil en el tema de la droga. Con respecto a lo de menores, el fiscal general sabe que uno de los problemas que tenemos son las deficiencias en ejecución de sentencias. ¿Piensa incitar al celo al
ministerio fiscal para que se resuelvan estos problemas? Los jueces encargados de los juzgados de ejecución de sentencias en el caso de menores -por el hacinamiento y la superpoblación de reclusos y de penados en las cárceles españolas- no pueden
hacer ejecución de sentencia de menores por esta razón.
Otro tema que quisiera plantearle, señor fiscal general, es el asunto -usted ya se ha pronunciado de alguna manera y he leído declaraciones a medios informativos, pero me gustaría escuchárselo aquí de una manera concreta- de la instrucción
del proceso penal. Usted, en su época de magistrado en el Supremo, ya emitió juicios de valor críticos muy elogiables a juicio de este diputado, sobre no poner la instrucción del proceso penal en manos de los fiscales, sino ser ejercidas por el
propio juez y magistrado. En unas recientes declaraciones suyas, señor fiscal general del Estado, me he perdido un poco en la confusión porque habla usted de un nuevo modelo, no pasar así como así la instrucción penal al fiscal y sustraerla del
juez o del magistrado, sino dejar a este juez o magistrado una situación de garante. Me da la sensación de que esta figura del juez garante del proceso pero no instructor puede entrar en un conflicto de competencias con los fiscales porque si el
juez garante le va a enmendar la plana a este fiscal que está llevando la instrucción, el tema puede ser verdaderamente complicado. Le leo textualmente porque yo no he encontrado un punto de lógica en su declaración. Cuando usted es preguntado por
un informador periodístico sobre el tema de entregar la instrucción del proceso penal a los fiscales, usted responde que no se trata de cambiar el juez de instrucción por el fiscal de instrucción, sino que se trata de hacer un nuevo modelo de
instrucción. ¿Cómo plantea usted ese nuevo modelo de instrucción si no encomienda al fiscal la instrucción del proceso penal? Usted dice que hay que redistribuir los papeles que en este momento tienen el juez y el fiscal. Le leo sus declaraciones
del domingo 27 de junio al diario El País en la entrevista que le hacen a usted. Yo no he entendido qué modelo de instrucción se pretende, cuando dice usted además que no debe llevar él la iniciativa de la instrucción -se refiere al juez o
magistrado-. Esta es una cuestión importante y nos conformaríamos con saber cuál es el criterio que en este momento tiene el señor fiscal general sobre este complejo asunto de la instrucción penal, qué figura es esa del juez garante al respecto y
qué tiene que conllevar esto en la modificación legal. Tiene usted nuestro apoyo, señor fiscal, como no podía ser menos, en toda aquella cuestión que en el principio de legalidad y de imparcialidad conduzca a los buenos fines que yo creo que la
legislación vigente en este momento señala a la competencia del ministerio fiscal, a la cual nosotros hacemos esta modesta aportación en un sentido constructivo y clarificador para que no existan lagunas a este respecto. Tendrá usted nuestro apoyo
en cualquier propuesta que quiera hacer tanto de aumento de la plantilla de fiscales como de la claridad de sus competencias.
Muchas gracias, señor fiscal general del Estado, para quien yo, en la persona de don Cándido Conde Pumpido, tengo mis mejores respetos y referencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Turno para el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor fiscal general, reciba usted la cordial felicitación en nombre del Grupo Vasco, al que represento, por su nombramiento como fiscal general, nombramiento que hemos visto con extraordinaria simpatía y también
además el agradecimiento por haberse prestado a comparecer en esta Comisión con relativa celeridad, dado el escaso tiempo transcurrido desde la constitución de las cámaras.
Le manifiesto que, además, acudo a esta comparecencia con la notable tranquilidad que me da haber sido ya dos legislaturas diputada y haber pertenecido a esta misma Comisión de Justicia, porque le confesaré que, en la primera ocasión que en
el año 1997 comparecía un fiscal general a una comparecencia distinta de la presentación de la memoria, por parte de la Presidencia de la Mesa en aquel entonces se nos dio traslado de una instrucción o de un informe de la Secretaría General de la
Cámara del año 1988, donde se nos decía que no podíamos hacer valoración política alguna respecto de lo que el fiscal general nos dijese; simplemente teníamos que conducirnos en los estrictos términos del ar- tículo 109 -lo cual sí es cierto-, pero
la amplitud de las posibilidades de expresión en esta Cámara han sido siempre más amplias. Sólo cabía hacerle preguntas sobre la información que facilitase, sin valoración o sin juicio crítico alguno. Por fortuna la realidad supera siempre los
límites de los informes y nos hemos podido mover -existe una tradición en esta Comisión- con absoluta libertad en todas las comparecencias, pero singularmente en las que ha habido en relación con el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado,
las veces que ha venido para darnos explicaciones.
Debo decirle que he recibido con agrado las líneas generales de las pautas que se dan de comportamiento de la Fiscalía General del Estado mientras usted cumple su jefatura, porque qué otra cosa cabe decir de que de la aplicación de las
normas para resolver conflictos sociales vaya a hacerse causa, de la misma manera que del criterio de utilización de la legalidad como límite. Por supuesto no podemos estar más de acuerdo con esta cuestión, igual que compartimos completamente las
prioridades que ha señalado de terrorismo, violencia doméstica y siniestralidad laboral. En esta política criminal, si se me permite manifestarlo así, contará usted siempre con la aquiescencia del grupo al que yo represento y con nuestra
colaboración, de la misma manera que ya le felicito por el contenido de la instrucción 4/2004 que sobre violencia doméstica se ha hecho en tiempos recientes, a la vez que creo que también es enormemente satisfactorio, al menos desde la perspectiva
de mi formación política, el informe que desde la Fiscalía General del Estado se ha hecho en relación con el anteproyecto, hoy ya proyecto de ley, integral que sobre violencia doméstica tramitaremos dentro de poco en esta Cámara.
Ha hablado usted del tráfico de drogas. Me gustaría hacerle una petición o un recordatorio quizá. Ha hablado usted del tiempo en el que pasó por Euskadi en relación con esta delincuencia. Si me permite manifestarlo -iba a decirlo al
comienzo pero a todos nos gusta ceñirnos a los localismos-, debo decirle que entonces ya gozaba usted de excelente reputación, no ya por sus conocimientos penales, sino como excelente profesor de derecho civil, que lo fue, de la Universidad del País
Vasco y confieso que en alguna ocasión he acudido a escucharle, aunque yo para entonces ya era hacía tiempo licenciada en Derecho. Iba a los delitos vinculados con el tráfico de drogas. Se ha manifestado en numerosas ocasiones que existe un rigor
exagerado en la penalización de ese pequeño tráfico, sobre todo cuando el pequeño tráfico se vincula a personas que en muchas ocasiones lo hacen por subsistencia o incluso para pagarse el traslado a países donde vienen en busca de una vida mejor.
Hubo una serie de memorias de la fiscalía en las que entre las recomendaciones que se hacen al legislador se recomendaba una modificación de estos tipos penales que permitiese diferenciar de mejor manera el gran tráfico del pequeño. Me gustaría
saber si la fiscalía sigue con este criterio o la indicación que él ha hecho sobre acelerar las libertades en determinados casos se considera política criminal suficiente. Creo que se han hecho esfuerzos notables en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo por intentar diferenciar estas circunstancias, pero no creo yo que esté claro en el tipo penal concreto. Me gustaría saber si esa recomendación que antes se nos hacía de modificación del Código Penal va a seguir siendo una constante en la
memoria desde que usted tenga responsabilidades.
De la misma manera que me ha gustado que haga referencia a la unificación de la doctrina referida al genocidio. En esta Cámara ha habido debates memorables en relación con la crítica que desde determinadas formaciones políticas hacíamos a
posturas que desde la Fiscalía General del Estado se sostenían respecto de este tipo de delincuencia y la rectificación operada en el sentido que usted ha manifestado nos resulta satisfactoria.
De igual forma que ha mencionado el informe de
Amnistía Internacional en relación con el trato que reciben los inmigrantes. A nuestro grupo vincular delincuencia e inmigración le ha parecido siempre un binomio no aceptable, porque la inmigración es en muchas ocasiones más sujeto pasivo de
determinadas formas delincuenciales que sujeto activo, teniendo en cuenta que siempre las personas más desfavorecidas o quienes se encuentran en situación no legal por lo menos, son más propicias de ser objeto de explotación por diversas causas.
Nos satisface que al informe de un organismo
tan prestigioso como Amnistía Internacional se le vaya a hacer especial caso desde la Fiscalía General del Estado. Señor fiscal general del Estado, también me gustaría, aunque no quiero exagerar sobre si esto es una conducta generalizada,
que haga caso la Fiscalía General del Estado al informe de Amnistía Internacional cuando habla de los delitos de tortura. Insisto, no creo que sea una práctica generalizada ni muchísimo menos, pero sí alertaba sobre una cierta incidencia, un número
mayor en los últimos tiempos, y nos parece importante que la Fiscalía lo tenga en cuenta, lo examine y, sobre todo, que informe de manera negativa en los supuestos en los que se ha pretendido indultar conductas de este estilo.
Si usted revisa las
dos últimas legislaturas, ha habido indultos por delitos de este tipo y nos gustaría que estén entre los excluidos de toda posibilidad de indulto, de la misma manera que el señor ministro anunció que no se concederán indultos a delitos vinculados
con la violencia que denominamos de género.Siendo como soy nacionalista ya esperará usted que algo le vaya a decir sobre el Poder Judicial y las comunidades autónomas, y así lo haré. Usted se ha referido a la especial importancia que pretende dar
durante el tiempo que ocupe la Fiscalía General del Estado a las fiscalías de los tribunales superiores. Sepa que este ha sido el criterio constante al intervenir en cuantas iniciativas ha habido en esta Cámara referidas a esa cuestión. Le supongo
conocedor de la interpelación, seguida de la siguiente moción, que se debatió en la VI Legislatura a iniciativa de don Pablo Castellano, portavoz de Justicia, que a mí me gusta citar con frecuencia porque dejó honda huella en esta Cámara y que
contenía previsiones al respecto, que algunos pretendimos ahondar. Lo aprobado finalmente resultó ser muchísimo más light en cuanto a las posibilidades de acercar la estructura orgánica del ministerio fiscal a las comunidades autónomas. Si bien ni
siquiera eso fue objeto de atención cuando en la legislatura pasada se nos presentó por el Gobierno un proyecto de ley para modificar el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. No sólo no se hizo caso a lo que había sido una propuesta unánime de
esta Cámara, aprobada en forma de moción, sino que tampoco al acuerdo que el propio Gobierno había asumido con las comunidades autónomas el 18 de abril de 2002, en referencia a dar un mayor protagonismo a las comunidades autónomas en la estructura
de las fiscalías, acuerdo al que se ha referido con anterioridad mi compañera Begoña Lasagabaster.
En cuanto a la utilización de las lenguas por la Fiscalía, en modo alguno pedimos lo que no da el mapa sociolingüístico. Conozco cuál es la implantación del euskera en la Comunidad Autónoma vasca y, por tanto, a esa implantación
sociolingüística hace referencia siempre en las reivindicaciones que en materia de su utilización desde el Poder Judicial y la Fiscalía hace mi formación política. Me gustaría que se tuviera especial atención a que en el proceso penal la viva voz
del acusado, el poder ser entendido en la lengua que quiera utilizar, forma parte de su derecho de defensa. Usted conoce que no siempre el acusado habla a través de su abogado, sino que existe también el trámite de la viva voz al que el Tribunal
Constitucional ha dado una relevancia importante. Me parece singularmente llamativo el caso de la delincuencia de los menores en los que pueden existir supuestos en los que estos se expresen, con mayor facilidad, libertad o precisión en supuestos
en los que están en entredicho libertades que les afectan, en su lengua propia y debiera facilitarse esta posibilidad. Para ello contará con la colaboración que desde el Gobierno vasco se pueda hacer en esta materia. Sé que existen ya fiscales que
son euskaldunes, conozco varios que son excelentes, pero me gustaría que se hiciese un esfuerzo mayor porque en la última memoria que nos ha sido presentada por el Comité europeo para el empleo de las lenguas regionales se nos decía que en materia
de justicia se evidenciaba un notable retroceso en la protección de estas lenguas regionales y se hacía referencia al uso del catalán, del gallego o del euskera; en concreto se nos presentaba la parte de la memoria referida a España.
Debiera
evitarse esta involución y debiera hacerse lo posible por propiciar el progreso.
Paso al apartado que es objeto de la petición de comparecencia por parte del grupo mayoritario en la oposición. Aquí haré una pequeña queja, no al señor fiscal general del Estado, sino a la Mesa de la Cámara y a los señores portavoces,
puesto que en esta legislatura se está consagrando lo que desde nuestra perspectiva es una pequeña trampa. Toda la vida -así lo sugiere el Reglamento- deben ser los peticionarios de las comparecencias en materias concretas los primeros en
intervenir y después los grupos que no lo hemos pedido nos pronunciaríamos sobre lo por ellos manifestado. No se está haciendo así en las dos Comisiones de Justicia que ha habido en esta legislatura y nos gustaría que en un futuro hubiese una
vuelta al viejo sistema tradicional. Tengo ahora que adelantar que me parecen bien los nombramientos que ha hecho, sin haber oído previamente por qué le parecen mal a quien ha pedido la comparecencia y le hace a usted objeto de crítica. No porque
usted necesite mi defensa, que obviamente no la va a necesitar, pero el orden lógico debiera ser el que le he manifestado y no otro. La bibliografía de los 'Diarios de Sesiones' nos da abundantísimo material sobre debates que se han referido a
nombramientos de altos cargos. Tengo delante un memorable debate habido por quien entonces era portavoz del grupo que apoyaba entonces al Gobierno -otro ex diputado al que me gusta mencionar por su extraordinaria valía y por la trayectoria que ha
dejado en esta Cámara-, señor Ollero, y la que hoy es vicepresidenta primera, doña María Teresa Fernández de la Vega, a propósito del nombramiento del señor Fungairiño como jefe de la Audiencia Nacional. El debate de los dos partidos mayoritarios,
de la real alternancia de poder, sobre quién tenía la culpa de que el Consejo Fiscal tuviera el cometido que tenía en el Estatuto del ministerio fiscal y
la redacción dada a los artículos 13 y 14 en las distintas modificaciones que ha habido, repito, es digno de ser examinado y analizado. En realidad, lo que subyace para quienes no estamos en esa condición de ser alternativa de poder es que
a ninguno de los dos partidos les interesa, para el momento en el que ellos gobiernen y vayan a estar en la condición de ser quienes nombren al fiscal general del Estado, que este esté excesivamente atado por un Consejo Fiscal de una u otra índole.
Hemos tenido ocasión de comprobar que esto era así al debatirse, al final de la legislatura pasada, la modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Algunas formaciones políticas no pedíamos que fuese vinculante el informe del
ministerio fiscal, pero sí vinculábamos la posibilidad de los nombramientos a que hubiese un determinado porcentaje en la propuesta.
Enmienda que sin embargo no fue aceptada, no ya por el grupo mayoritario, sino tampoco fue recogida en sus
enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece que este debate se va a producir siempre porque quien está en una determinada posición critica lo que hace el grupo contrario. Algunos medios de comunicación han hablado, en relación con
lo efectuado en esta legislatura en materia de justicia, de un asalto a la justicia. Debo manifestarle que desde la perspectiva del grupo al que yo pertenezco, el asalto se produjo en las dos legislaturas anteriores y los nombramientos en este
momento, pertenezcan a la opción política a la que pertenezcan las personas nombradas, nos parecen más acordes con los criterios de legalidad y por qué no, la oportunidad ha de ser valorada por el señor fiscal general del Estado. Ha hecho especial
referencia a los nombramientos de mujeres. Nos halaga a quienes somos portavoces de mujeres y tenemos una trayectoria feminista. Reciba nuestra felicitación por ello, porque estoy segura de que las mujeres nombradas no sólo son mujeres, sino
excelentes profesionales y de extraordinaria competencia.
En el día de hoy he conocido a quien ocupa la Secretaría General, pero estoy convencida de que lo acreditará. Le felicito por la propuesta, como fiscal del Tribunal Supremo de Paloma Abad,
cuya trayectoria en Euskadi conozco sobradamente.Una última cuestión que me gustaría conocer, al igual que le ha manifestado el señor Mardones, aunque no sé si es momento para preguntas, es cuál es la opinión de la Fiscalía General del Estado en
relación con la idea del fiscal instructor que nos ha enunciado el Gobierno como criterio a la hora de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiempo habrá para estas cuestiones. Me gustaría hacerle un llamamiento, si me lo permite, para que
durante su mandato intente una cierta desmovilización -utilizando coloquialmente el término- en relación con pleitos que ha habido en estos últimos tiempos que son de una indudable inspiración política, aunque no sé si su predecesor, el señor
Cardenal, necesitaba ser inspirado para actuar en una determinada orientación con según que materias. Si me permite la sugerencia, considere la posibilidad de desjudicializar asuntos que sólo deben moverse en el ámbito del legítimo debate político
o en el campo, también político, del propicio juego de la separación de poderes. Sabe usted perfectamente a qué me estoy refiriendo. No le voy a pedir el pronunciamiento expreso ahora, porque no debería. Sería una injerencia en asuntos concretos
que usted no lleva, sino que están siendo llevados por los fiscales concretos en cada caso, pero le pido atención o por lo menos preocupación por estos supuestos, porque a la formación política a la que pertenezco le preocupan.
Concluyo ya con una manifestación, señor fiscal general del Estado, probablemente voy a incurrir en la grosería de ausentarme probablemente antes de que usted tenga tiempo de proceder a la réplica. Leeré con atención lo que manifieste en el
'Diario de Sesiones' y espero que en una fecha próxima tengamos ocasión de hablar cuando se nos presente la memoria general de la Fiscalía, que confío sea lo más cerca posible de la apertura del año judicial. Se había convertido en una cierta
tradición que fuese presentada en el mes de septiembre.
Con esta petición concluyo mi intervención felicitándole nuevamente por su nombramiento y deseándole lo mejor en el desempeño del mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere agradecer la comparecencia hoy aquí del fiscal general del Estado, felicitarle por su nombramiento y desearle éxitos en su gestión y en el cumplimiento de
sus funciones. Sus funciones -lo ha recalcado el propio fiscal general del Estado- son importantes para el conjunto de la sociedad, ya que representa al ministerio público y promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Desearle éxito en esta función es desear éxito a una función constitucional en beneficio de la sociedad.
Tendrá la colaboración del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en
toda la legislatura. Celebramos de entrada esta pronta comparecencia en este primer período de sesiones y su manifestación sobre la necesaria normalidad institucional de las relaciones entre la Fiscalía General y este Parlamento, que entendemos
necesaria. El propio ministro de Justicia, el pasado 25 de mayo, propugnaba una forma distinta de nombrar al fiscal general del Estado, a través de lo que debería ser una comparecencia previa al nombramiento del candidato propuesto. A nosotros nos
parece bien esa fórmula, la llevábamos en nuestro programa electoral y la habíamos pedido expresamente en anteriores legislaturas. Es la forma de los hearings parlamentarios: que el futuro fiscal general antes de ser nombrado pase por el
Parlamento y se pueda someter no a un examen,
pero sí a una comparecencia profunda para conocer cuáles son sus prioridades y cuáles son sus puntos de vista en aspectos importantes que después debe realizar como máximo responsable de la Fiscalía. Es un modelo que nos gusta. Si
realmente abordamos en esta legislatura una reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal en la que entre de lleno esta comparecencia previa, nuestro grupo la va a apoyar y nos gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. Asimismo nos
gustaría conocer la opinión que le merece esa nueva configuración de la Fiscalía con un nombramiento de cinco años, con causas tasadas para ser cesado un fiscal para que aumente lo que debería ser un funcionamiento más imparcial de la propia
Fiscalía. También nos gustaría conocer su opinión sobre esa posible reforma anunciada por el ministro de Justicia el pasado 25 de mayo.Mi grupo comparte un aspecto al que hoy hacía referencia el fiscal general del Estado en su intervención. Está
el imperio de la ley y para todo jurista el imperio de la ley es un mandato más allá del que pueda ser para una persona que está fuera del mundo del derecho. Yo estoy de acuerdo en el dinamismo del imperio de la ley y en lo que debe ser -y ahora se
está discutiendo en un proyecto de ley muy específico que tiene un alcance más global- el imperativo del artículo 9.2 de la Constitución que nos obliga a todos los poderes públicos a actuar de forma que la igualdad no sea una igualdad formal, sino
que sea una igualdad material y, por tanto, actuar para remover todos los obstáculos posibles, ya que en ocasiones un trato igualatorio es discriminatorio al final. En muchas ocasiones para evitar la discriminación debemos hacer tratos diferentes
para conseguir esa igualdad material. De ahí que mi grupo parlamentario celebre esa concepción jurídica que ha expresado hoy aquí el fiscal general del Estado, de buscar ese dinamismo en el imperio de la ley, la adaptación de la ley siguiendo su
postulado, pero buscando siempre esa interpretación que tienda a hacer más efectiva tanto la libertad como la igualdad que proclama, repito, el artículo 9.2 de la Constitución.
El señor fiscal general del Estado ha manifestado una serie de prioridades, tres en concreto: la lucha contra el terrorismo, la violencia doméstica y la lucha contra la siniestralidad laboral. Nosotros las compartimos, como compartimos
también las especiales menciones que ha hecho en otros ámbitos como la corrupción y el medio ambiente. Sin embargo, hay un aspecto concreto, señor fiscal general del Estado, que mi grupo le quiere pedir que forme parte de sus prioridades, es el
ámbito de la seguridad vial. Sabe S.S. que en Cataluña el señor Mena ha intentado dar una especial prioridad a la lucha contra la inseguridad vial y contra determinados comportamientos de conductores que entran de lleno en tipos penales que
después no se aplican de la forma en que mi grupo entiende que deberían ser aplicados. En esta legislatura se ha creado en este Parlamento una nueva Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, que tengo el honor de presidir.
Quiero trasladarle al fiscal general del Estado la necesidad de hacer también de la lucha contra la inseguridad vial una prioridad porque nos hemos acostumbrado a que cada año en España mueran casi 5.000 personas en nuestras carreteras; el último
fin de semana ha habido 39 muertos. Estas cifras en ocasiones vienen provocadas por determinadas conductas en las que la Fiscalía puede dar un impulso para trasladar a la sociedad que no vamos a ser débiles en la persecución de determinadas
conductas y ello también tiene su traslación en el ámbito penal. Sabe el señor fiscal general del Estado que existen dos tipos delictivos, el artículo 381, conducción con temeridad manifiesta y el artículo 384, conducción temeraria con consciente
desprecio por la vida de los demás, artículos que se aplican poco y depende de la Fiscalía ser conscientes de que es una de las prioridades que deberíamos tener en nuestra agenda. Si hiciéramos también una encuesta ciudadana, indicaría que es uno
de los aspectos que más preocupan a los ciudadanos, incluso a veces les preocupa inconscientemente porque no saben que lo tienen en mente, pero si reciben una llamada a las dos de la noche de un sábado lo primero que piensan es que a lo mejor ha
habido un accidente de tráfico. La Fiscalía puede realizar una labor aquí y puede ayudar a la labor que están desarrollando ya otros poderes públicos, campañas publicitarias, Ministerio de Fomento, etcétera.
En materia de terrorismo compartimos su preocupación. Este diputado forma parte también de la Comisión del 11 de marzo y agradecemos la documentación que ayer llegó a la Cámara, ya que ayer estuve repasando los centenares de folios que
venían de la Fiscalía. Como parlamentario de esta Comisión quiero invertir los términos que ha manifestado en su primera intervención. Es responsabilidad de este Parlamento y de la Comisión de investigación, en aras al rigor y seriedad de la
misma, trasladarle a la Fiscalía aquellos datos que se conozcan de la investigación parlamentaria para que puedan ayudar al proceso penal abierto. Le agradezco la colaboración que nos ha ofrecido y como miembro de esta Comisión y de este Parlamento
le ofrezco la nuestra. Todos aquellos documentos que nos lleguen como consecuencia de las investigaciones parlamentarias que ayuden a la Fiscalía y al proceso penal, es obligación de este Parlamento remitirlo a la Fiscalía. El parlamento deberá
aquí -en el inicio de su intervención habló de esa necesaria relación institucional Parlamento-fiscalía-, a la inversa, estar abierto a las sugerencias de la Comisión de investigación en el ámbito expreso de la lucha contra esas nuevas formas de
terrorismo que se manifestaron tan dramáticamente el pasado 11 de marzo. Me gustaría conocer su criterio sobre los medios y el número de fiscales que debemos incrementar en este ámbito y que nos especificara más que en su intervención inicial. En
cuanto a los medios ¿tenemos las dotaciones necesarias de traductores en el ámbito de la Fiscalía para la traducción del árabe al español? ¿Hay los medios suficientes para que los fiscales
realicen bien su función en este ámbito importante y que se ha demostrado dramático en fechas recientes? Es un aspecto que preocupa a nuestro grupo parlamentario y de ahí que queramos saber cuál es su opinión al respecto.En cuanto a la
prioridad de todos los aspectos relativos a la violencia de género, la compartimos desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hemos leído recientemente declaraciones del fiscal general en el sentido de que el nuevo proyecto de ley
que tuvo entrada en esta Cámara esta semana, con todas las consideraciones en las cuales ha intervenido también la Fiscalía General del Estado, va a precisar de mayor número de fiscales en este ámbito. Nos gustaría que nos expresara qué número de
fiscales harán falta para poder cumplir las nuevas funciones que el proyecto de ley les otorga. Todo ello lleva consigo otro parámetro presupuestario: más fiscales, más dotaciones, más traductores... Evidentemente deberemos incrementar la
dotación presupuestaria y esto va a depender de este Parlamento, que aprueba los presupuestos, y del Gobierno que presenta el proyecto de ley. Nosotros vamos a contribuir a que ello sea posible. Ya le adelanto que la predisposición de nuestro
grupo parlamentario es favorable a incrementar las partidas presupuestarias del ministerio fiscal, no tan sólo para la dotación de nuevos fiscales, sino incluso para el propio estatus personal del fiscal. Usted sabe bien que el fiscal ha realizado
la misma oposición que un juez. Después, una vez aprobada la oposición, uno decide si va por la vía jurisdiccional o entra en la carrera fiscal, pero es la misma oposición. En muchas ocasiones miembros de la carrera fiscal expresan una queja, al
parecer de mi grupo parlamentario justificada, de que el estatus, la realización de medios personales, no es la misma en la Fiscalía que la que tiene un juez con el amparo del Consejo General del Poder Judicial. Sepa el señor fiscal general, que
tendrá la comprensión, la ayuda y el impulso, a través de enmiendas si es necesario, para incrementar esas partidas presupuestarias dedicadas al ministerio fiscal.
Compartimos también la preocupación que ha expresado en lo relativo a la lucha contra el tráfico de drogas, a la lucha contra la corrupción, contra el medio ambiente, aspectos que preocupan a la ciudadanía. Como portavoz de un grupo
nacionalista quiero referirme también a lo una asignatura pendiente, a esa necesaria adaptación de la Fiscalía a un Estado compuesto. Usted ha hecho una referencia a la necesidad de impulsar esas fiscalías superiores de las comunidades autónomas en
sus relaciones con las respectivas asambleas legislativas. Yo quiero hacerme eco -y no quiero ser repetitivo con lo que han dicho ya otros portavoces, como la señora Uría o la señora Lasagabaster- de que aspectos importantes de esa estructura están
pendientes, como lo está también la necesaria adaptación lingüística. En el caso de Cataluña, el catalán es la lengua oficial propia de la comunidad, y mi grupo parlamentario entiende que estamos ante una asignatura pendiente. Debemos hacer un
esfuerzo suplementario, pero entendemos que sería importante que los fiscales que vayan a ser destinados a una comunidad con lengua oficial propia tuvieran un conocimiento de esa lengua para realizar mejor la función que tiene encomendada el fiscal
en ese ámbito. Este también es un aspecto prioritario para nuestro grupo. Tendremos ocasión de tratarlo a lo largo de la legislatura. Sean bienvenidas sus palabras en el sentido de reconocer que es un tema que no está todavía bien resuelto.
Por último, quería preguntarle su opinión -lo ha hecho también la señora Uría- sobre las nuevas funciones que el fiscal debería realizar de acuerdo con el modelo que presentó aquí el ministro de Justicia el pasado 25 de mayo. El ministro
expresó la necesidad de cambiar la manera de actuar de los fiscales y después encomendarles una función específica en la instrucción penal. Esto va a ser un cambio, si se produce finalmente.
El ministro puso una serie de parámetros previos: el
consenso de todas las asociaciones, con los grupos parlamentarios, una comisión de expertos, pero al final había una propuesta. ¿Cómo valora el señor fiscal general del Estado esa propuesta y cómo valora la cifra que anunció el ministro? Tras
realizar esos cambios entendía el ministro de Justicia que harían falta unas 600 nuevas plazas de fiscales. Al parecer de mi grupo parlamentario, son insuficientes. Si realizamos ese cambio de fiscal en la instrucción penal, 600 nuevos fiscales no
serán suficientes. Dado que hoy tenemos aquí al fiscal general del Estado, que ya conoce bien la estructura, los medios, las funciones que está realizando actualmente la Fiscalía, nos gustaría saber su opinión, primero, sobre esa nueva función
instructora que propuso el ministro; segundo, sobre si esas 600 plazas son o no suficientes. Mi grupo tampoco va a discutir hoy el juicio de idoneidad que usted ha realizado con los recientes nombramientos.
Entendemos que todos los ámbitos
relativos a los nombramientos deberían ser objeto de una reforma legislativa global, tal y como anunció el ministro de Justicia, y establecer unos nuevos parámetros, una duración de los mandatos y unas causas objetivas de cese para permitir a los
fiscales realizar con mayor imparcialidad su función. Tampoco hoy mi grupo parlamentario le va a discutir esos nombramientos, aunque le va a realizar un ruego: en la política de nombramientos, en la realización de las funciones que le competen
como fiscal general del Estado, como mi grupo le desea éxitos, también le pide que se orienten siempre en esa dirección que nos marca nuestro ordenamiento jurídico, la defensa del interés general, la defensa del ministerio público no tanto como
acusador (en eso coincide este portavoz con el planteamiento inicial) sino como defensa de los que están en una situación de mayor desprotección en la sociedad. Este va a ser el anhelo que inspirará a mi grupo parlamentario en esta legislatura.
Le deseo éxitos en su gestión y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Turno para el portavoz del Partido Popular, Astorla Huarte-Mendicoa, don Ignacio.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Es obligado que comience esta intervención dando la bienvenida al fiscal general del Estado a esta Comisión, expresándole también, como igualmente es obligado, los mejores deseos de éxito en el ejercicio
de sus muy importantes tareas para los derechos y las libertades de los ciudadanos. Añado una primera consideración, que no es ni mucho menos un reproche dirigido al fiscal general del Estado: nos hubiese gustado que esta no hubiese sido la
primera, sino la segunda comparecencia del fiscal general del Estado en esta Comisión, en la medida en que, como ya se ha recordado por algún anterior interviniente, existía el compromiso de una primera reunión a los efectos de su nombramiento,
compromiso que finalmente no se pudo consumar. Insisto, en que esto no va dirigido al fiscal general del Estado, va dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, que naturalmente me contestará que cuando aprueben la ley y ya no proceda que comparezca
el fiscal general del Estado para ser nombrado, entonces podría comparecer. Mi bienvenida más cordial y con la misma cordialidad, pero también con toda claridad, querríamos fijar una serie de consideraciones, con el mismo orden que el fiscal del
Estado siguió, es decir, sobre los criterios generales que van a guiar su actuación y, posteriormente, sobre los nombramientos que el fiscal general del Estado ha propuesto y que se han producido, en relación con los cuales hemos solicitado su
comparecencia.
Empezaré con un primer apartado, que llamaría la visión del fiscal general del Estado sobre su posición en el ordenamiento y en el esquema de la estructura constitucional. El señor Conde Pumpido ha sido muy honesto en su exposición y ha
hecho una descripción muy real de cómo entiende el ejercicio de su función. Creo que no me equivoco -y si me equivoco lo debatimos- que se puede deducir de esa exposición que tiene un criterio de ejercicio muy personalista de esa función, un
criterio muy ideologizado en un doble sentido. En el sentido de que tiene una serie de ideas muy claras sobre lo que tiene que ser la política criminal, previas a su acceso al ejercicio de esta función; estas ideas las trae y las pone en
ejecución, hablando de la justicia universal, de cuál tiene que ser un planteamiento sobre la criminalidad relacionada con las drogas o de cómo debe ser la actuación del fiscal en relación con la inmigración ilegal, en lo que hoy, por ejemplo, ponía
el acento en su preocupación en la cuestión de los menores. En un segundo sentido, al que luego aludiré, lo relacionado con los nombramientos, en los que hace un planteamiento -que, como verá luego, yo no comparto- entre lo progresista y lo
conservador como elemento fundamental de juicio a la hora de buscar -utilizo sus palabras- equilibrios en las designaciones. Esas dos deducciones me parecen perfectamente respetables y legítimas, pero añaden algunas perplejidades a las propias del
cargo, que todos los presentes sabemos que no es fácil. No es fácil la relación entre el fiscal general del Estado y sus subordinados. En numerosas ocasiones de su intervención, el señor fiscal general del Estado ha hecho referencia muy intensa a
las órdenes que ha cursado, a las instrucciones que ha cursado, a los informes que ha pedido, etcétera. El otro día, en una de sus intervenciones ante los medios de comunicación, hablaba de un principio general que era el de interferir lo menos
posible en la tarea que corresponde a cada uno de sus subordinados. Hay ahí un punto de equilibrio difícil que S.S. va a tener que buscar entre lo uno y lo otro, tanto más cuando se manifiesta una concepción del Consejo Fiscal, podríamos hablar de
junta de jefes de sala, como la que el señor fiscal general del Estado nos ha explicado esta mañana. El fiscal general del Estado ponía el acento en una cuestión a la que obviamente no le vamos a dedicar un minuto, lo que la ley dice y cuál es la
función de cada quien según la ley; está claro y yo no lo voy a cuestionar. En el argumento de: tomo determinadas actuaciones porque es lo que la ley dice, aquí va a encontrar siempre el apoyo del Grupo Popular. Pero dice usted más: escucho la
opinión, pero luego actúo. Ha dicho algo que a mí me ha parecido especialmente confuso (como me lo ha parecido se lo planteo para que en su caso lo aclare), que es que en el capítulo de nombramientos y tratando la cuestión del consejo, hablando de
cómo se elige el consejo, cuál es el papel de las asociaciones y cuál es la responsabilidad que corresponde a cada quien, ha llegado a un punto en el que se ha parado, pero estaba a la puerta de la propia deslegitimación del sistema. Al final el
mensaje que nos quería traducir es: yo tengo que actuar con mi propio criterio porque todo lo que me precede tiene una conformación que no permite que pueda realizar la tarea que usted ha definido de consolidación del pluralismo en la carrera y en
la profesión.
Hay una segunda vertiente de la posición del fiscal general, a la que usted no se ha referido pero que ha sido mencionada por algún otro portavoz, que no es la relación hacia abajo sino hacia arriba. Aquí me va a permitir que ya que no de
sus palabras de hoy, sí de algunas consideraciones que ha hecho en alguna entrevista, le plantee dos cuestiones. Cuando le preguntaban si piensa dejarse influir por las llamadas telefónicas del señor ministro competente en el ramo, usted contestaba
muy seguro que no piensa dejarse influir, que no habrá otra actuación en las llamadas del ministro de Justicia al fiscal general del Estado que la que se ajuste a los criterios legales. Yo no sé por qué usted está tan seguro de que esa es la forma
en la que va a actuar el otro interlocutor. Nos gustaría que quedase muy claro, si ello es posible, que usted tiene mecanismos en la cabeza para lograr eso que el propio ministro llama la inmunidad, no sólo la suya, sino la de toda la carrera y la
de todo el cuerpo en el ejercicio de sus funciones. Decía una
segunda cosa, ésta menor, pero como la decía, yo se la recuerdo: actuaré en esto con mi mentalidad de juez, iré a una parte o iré a la otra, haré pruebas. No sé cuándo va a escuchar a la otra, de momento no lo ha hecho.
Aquí nos tiene a
la otra para cuando nos quiera escuchar. En cuanto a los objetivos que nos ha expuesto esta mañana, tiene el absoluto apoyo del Grupo Parlamentario Popular para hacer lo más eficaz posible la tarea del ministerio fiscal en los tres objetivos
prioritarios que usted dibujó: terrorismo, violencia doméstica y seguridad en el trabajo. Haré algunos comentarios añadidos. Yo le sugeriría que reflexione sobre la posibilidad de elevar al mismo grado de objetivo prioritario dos cuestiones:
una, a la que luego se refirió en su intervención, y otra, que también salió de forma colateral pero que al Grupo Popular le parece que requiere la máxima preocupación de todos los poderes públicos. La primera a la que me refiero, como es lógico,
es la inmigración ilegal y la máxima intensidad en la persecución de las redes de tráfico de personas. Usted mismo ha dicho que no se va a precipitar en la eventual revisión de los criterios que tiene la Fiscalía en relación con los menores. No se
precipite. Es un tema de una complejidad extraordinaria en el que yo no me atrevería a decir con la misma rotundidad con que usted lo ha dicho: los criterios que en este momento están establecidos no me resultan satisfactorios.
Ojalá encontremos
criterios mejores, pero tengo la sensación de que a día de hoy todavía esos criterios no los ha encontrado y, en consecuencia, siguen siendo valiosos los que están establecidos.
La segunda cuestión se refiere a lo que probablemente va a requerir una reflexión profunda y muy rápida, que es un cambio y una serie de medidas importantes en el seno de la Fiscalía, como ya se está produciendo en otros ámbitos del Estado y
según conozco bien en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo lo que se refiere, dentro de la lucha contra la criminalidad, a la lucha contra las redes organizadas de criminalidad.
Nuestro grupo le invita a que con la mayor prontitud
posible, dentro del cuadro general de reflexiones que se ha trazado, concluya lo que proceda en el seno del ministerio fiscal y podamos examinar las propuestas que de ella se deduzcan porque son propuestas sobre una cuestión que consideramos
especialmente importante.
Ha hablado el señor fiscal general del Estado de terrorismo. Ya le he manifestado con carácter general que, a estos efectos, tiene todo nuestro apoyo, pero añadiré dos o tres reflexiones complementarias y alguna preocupación. Primera
reflexión. El hecho de que hoy tengamos conciencia muy cierta de que junto a la amenaza terrorista tradicional del terrorismo de ETA que hemos sufrido durante tantos años tenemos la amenaza del terrorismo islámico, debe llevar a consideraciones
como la que S.S. ha hecho aquí esta mañana y en relación con la cual lo único que nosotros demandaríamos, en el tiempo en que ello resulte posible, es que tengamos un conocimiento muy preciso de cuáles son las medidas que se van a adoptar para
potenciar la capacidad, especialmente en la Audiencia Nacional, de actuación de los fiscales para la persecución del terrorismo de carácter fundamentalista islámico radical. Ello no debe hacernos olvidar que aunque con toda evidencia la lucha
contra el terrorismo de ETA camina en una muy buena dirección y hoy tiene la manifestación que tiene frente a las dolorosas manifestaciones mucho más intensas que ha tenido en el pasado, conviene, señor fiscal general, no bajar la guardia ni un
segundo hasta que esto esté terminado. En consecuencia, no sustituir el trabajo de un terrorismo sobre otro sino, como decía algún otro interviniente, buscar las soluciones que permitan mantener la máxima intensidad en el trabajo de la Fiscalía en
el terrorismo de ETA y en el terrorismo islámico radical. En ese sentido, le quería trasladar dos preocupaciones, una mayor y otra menor.
Preocupación menor. Ha mencionado usted un nuevo instrumento que de entrada nos merece un juicio razonable, que es el restablecimiento de un grupo específico de trabajo con los Estados Unidos de América, pero yo, que conozco bien el muy
buen trabajo que ha estado haciendo la Fiscalía en relación con el terrorismo de ETA, tengo que plantearle la cuestión de si según sea la naturaleza, finalidad y sentido de ese grupo de trabajo no deberíamos estar al mismo tiempo pensando en un
grupo con los Estados Unidos de América y otro grupo con Francia en la medida en que, como sabe muy bien, la cooperación a todos los niveles con Francia es elemento esencial para terminar, esperemos que pronto, con el terrorismo de ETA.
La
perplejidad y la preocupación mayor tienen que ver con la Audiencia Nacional. Voy a ser muy claro en esto para permitirle que también lo sea usted y que de aquí salga algo positivo. Nosotros estamos preocupados, señor fiscal general del Estado,
porque hemos leído en medios de comunicación determinadas incidencias que podrían dar la impresión de que no existe la mejor sintonía posible entre el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. De sus palabras de hoy no
diría que he rebajado esa preocupación, sino que la he incrementado porque si ha habido un capítulo en el que ha intensificado el ardor expositivo a la hora de hablar de órdenes, instrucciones y solicitudes periódicas de informes ha sido en el
correspondiente al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Como le decía que quería ser muy claro, añado dos o tres cosas.
Nosotros consideramos que el trabajo que está haciendo la Fiscalía en la Audiencia Nacional en la lucha en general contra la
criminalidad y, desde luego, en la lucha contra el terrorismo es extraordinario, con su fiscal jefe a la cabeza. Puedo añadir mi testimonio personal de haber sido, por las responsabilidades anteriores, testigo privilegiado del esfuerzo, de la
capacidad y el éxito, porque no sólo estamos hablando de esfuerzo y de capacidad, sino de todo ello, coronado por un trabajo que está produciendo
un gran beneficio a la sociedad española. No va dirigido este comentario a usted, va dirigido al debate y reflexión que tenemos todos los grupos de la Cámara. A mí me molesta muy particularmente cuando, a la hora de hablar de
nombramientos, se cita como posible precedente en sentido contrario de lo que ustedes hicieron precisamente el nombre del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Sobre todo -y voy a la parte de futuro de este asunto-, no nos podemos permitir, en una
cuestión tan importante como la que corresponde a las tareas de los fiscales en la Audiencia Nacional, no ya que haya, que a lo mejor no la hay, sino que se perciba esa posible falta de sintonía. Yo entiendo que el trabajo de esos fiscales, con el
fiscal jefe a la cabeza, requiere el máximo apoyo del fiscal general del Estado y de todos y cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara.El otro capítulo es el correspondiente a la violencia doméstica. Aparte de volver a reiterar nuestro
máximo apoyo para que la Fiscalía pueda hacer su buen trabajo y de comentar, en líneas generales, favorablemente los papeles que han ido saliendo en este tiempo de la Fiscalía General del Estado en relación con la tarea que a los fiscales les
corresponde en esta cuestión, quería traer alguna de las primeras palabras de su intervención, aquellas en las que decía que se iba a sentir particularmente a gusto porque, con independencia de que algo de política habrá que hablar aquí, está en la
seguridad de que en esta Comisión va a hablar del derecho. Déjeme que hable de derecho un poquito en relación con esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Señor Astarloa, un momento.
Quiero recordarle que lleva agotados los 15 minutos. Le ruego que en la medida de lo posible vaya concluyendo.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Trataré de no agotar otros 15 minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para ser homogéneo con todos.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Seré sensible a la petición.
Fuera y dentro de esta Comisión ha mencionado, sobre el proyecto de ley que en este momento está en marcha en esta Cámara, una serie de cuestiones. Voy a omitir aquí -entre otras cosas, por no disgustar más al presidente y abusar de su
paciencia- aquella en la que ha mencionado determinados comentarios refiriéndoles genéricamente a que eso es crítica política. Yo discutiría mucho sobre si eso ha sido así o no, especialmente si lo referenciamos con toda claridad a algún informe,
como el del Consejo General del Poder Judicial o el del Consejo de Estado, con el que estoy en desacuerdo con una calificación de esa naturaleza. A continuación, en alguna ocasión ha dicho que la discriminación en el sistema de penas no le produce
una repugnancia jurídica en la medida en que algunas agravantes ya están construidas desde esa perspectiva. Más allá de eso, hoy ha preferido decirnos que nuestra función en el ministerio fiscal era opinar esencialmente sobre lo que afecta a la
organización, estructura y funciones. Lo hemos hecho y no quiero hacer más comentario. Solamente quiero plantearle dos cuestiones. La primera: ¿afecta a las funciones del ministerio fiscal -y yo creo que muy señaladamente porque puede traer
graves problemas al ejercicio de la función- todo lo relacionado a la calificación para promover la acción penal que se pueda deducir de las previsiones de esa ley? Hay ahí -y no quiero meterle a usted en el debate que corresponde hacer a los
grupos en esta Cámara- una cuestión muy problemática, y al jurista se la planteo como es, si a efectos del trabajo que tiene que realizar el ministerio fiscal, la incorporación del elemento de la intención en el frontispicio de la ley no plantea una
dificultad grave para el ejercicio de esa función y, en consecuencia, para la aplicación de la ley por quien corresponde. La segunda va dirigida también al jurista, aunque se sale un poquito del ámbito que usted nos ha trazado, probablemente no del
ámbito de lo que deben ser este tipo de informes del ministerio fiscal. ¡Qué quiere que le diga! Me resisto a creer que en leyes que vayan a plantear menos problemas jurídicos que ésta ustedes, muy decididamente, no vayan a expresar en el futuro
-usted concretamente- una opinión más comprometida que la que ha emitido en esa ocasión. Por si quiere hacerlo hoy, le diré que nos preocupa, y nos preocupa mucho -y al jurista hago la pregunta-, la variación de una misma conducta lesiva en función
de quiénes sean sujeto activo o pasivo. En la medida en que el señor fiscal general del Estado pueda tener criterio sobre eso, se lo pido.
El último capítulo tiene que ver con los nombramientos. En relación con los nombramientos, señor fiscal general del Estado, no creo que le sorprenda que le diga que este grupo no ha quedado muy satisfecho con la explicación que usted nos
dio. No lo voy a plantear como una cuestión de victoria o derrota de un interlocutor o de otro, sino como algo que nos preocupa mucho y queremos que usted sea consciente de ello. A diferencia de la explicación, a mi juicio reductiva, que usted ha
hecho de las causas por las que hemos demandado su comparecencia, y estamos emitiendo determinados juicios críticos sobre su actuación, lo que nos preocupa esencialmente de esta primera ocasión en la que bajo su responsabilidad se han producido
estos nombramientos no es una u otra causa concreta -y usted ha mencionado una determinada cuestión, la del Consejo Fiscal-, sino el conjunto de elementos que han concurrido en esos nombramientos, puesto en el contexto político en el que se han
producido. Me explico.
La secuencia es la siguiente. El señor ministro de Justicia comparece ante esta Comisión y hace una exposición de su programa de la que resulta un primer
problema grave, que es percibido por la opinión pública, y muy sensiblemente percibido. El problema es que se puede estar abriendo un camino extremadamente polémico que lleve a la politización y la instrumentalización de la justicia. Ese
debate, como usted sabe muy bien, se abre de la mano de la posibilidad de pasar a un nuevo sistema de instrucción y la sustitución del juez por el fiscal. Ahí se explica políticamente esto, además de las cosas que se han dicho por otros portavoces
-ya se buscará el consenso, etcétera-: vamos a modificar el principal escollo para que esto sea creíble, que es la dependencia jerárquica y, en consecuencia, la previsible no independencia de un eventual fiscal instructor. En ese contexto se
producen los nombramientos, nombramientos que plantean problemas muy serios, señor fiscal general del Estado, por la acumulación de una serie de elementos, que enumero con toda rapidez. Elemento número uno -lo mencionó S.S-, hacerse (equis número
de ellos) contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Elemento número dos, la impresión cierta de que han jugado no criterios de mérito y capacidad, sino criterios no llamaré corporativos, digamos, que de compensación corporativa. Y,
elemento número tres, la existencia en el seno de esos nombramientos, por lo menos, de dos extremadamente polémicos, a los que me referiré ahora para terminar y cumplir con la Presidencia. Más que los hechos sumados, que ya están muy analizados y
en los que no voy a insistir, todavía nos preocupa más cómo se está explicando la producción de esos hechos, cómo lo explicó el ministro en su día y cómo lo ha explicado usted hoy. Porque de verdad, si vamos al buen camino a lo que tenemos que
aspirar es a decir en relación con los nombramientos solamente una cosa: que se nombra en cada caso a aquellos que tienen más mérito y capacidad para estar en cada momento en el puesto. Eso, señor fiscal general del Estado, no es conciliable con
una explicación en la que uno pone en cuestión si hay un mayor peso asociativo de unos que de otros en el pasado, si ahora procede en consecuencia reequilibrar y crear la sensación máxima de incertidumbre. Cuando nosotros hemos calificado todo esto
y hemos hablado de un primer desembarco y de marcar territorio desde el primer momento, etcétera, no nos preocupa sólo el hecho en sí sino la perpetuación del hecho y, más aún, la sensación que se instala en la carrera de que depende de la faz que
uno dé, de si es más o menos progresista, o próximo al fiscal general del Estado o a la idea del Gobierno de la nación, uno tiene una carrera y una capacidad de ascender u otra. Y es en eso con lo que radicalmente, si fuésemos por el buen camino,
si de verdad usted quiere ir por ese camino, tendríamos que centrarnos.Termino, señor presidente, con dos comentarios sobre los dos específicos nombramientos, que añaden un elemento particularmente serio a todo esto. Uno de ellos -usted no lo
mencionó, pero a mí me parece obligado que lo tratemos y que usted nos dé su visión- tiene que ver con el hecho -que no tiene nada que ver, ya lo adelanto, con la persona a la que me voy a referir- de ascender en este momento a una persona que es
vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una persona que no va a poder ocupar ese puesto hasta dentro de dos años y pico, cuando termine con sus responsabilidades en el Consejo. Me parece un muy mal mensaje que se podría haber evitado
perfectamente. Además -no lo pierda de vista-, porque se produce al mismo tiempo en que el Gobierno, con razón o sin ella -yo creo que claramente sin ninguna razón-, está desautorizando, apremiando y haciendo determinado tipo de calificaciones a un
informe que ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial. Sume usted todos los elementos que le voy poniendo encima de la mesa y entenderá por qué hay una muy seria preocupación por la forma en que se ha actuado en general y concretamente en
este caso.
Finalmente, el señor Fernández Bermejo. Yo no voy a entablar -no lo han hecho los demás portavoces- un debate sobre si los elementos que usted ha tomado en consideración son o no razonables para su toma de decisión. Sé dos cosas en cuanto
a los méritos. La primera, que probablemente con la misma o más intensidad, de méritos podríamos hablar si hiciésemos una sesión monográfica hablando uno a uno de los restantes candidatos y bien fácil se nos ocurre a todos que puestos a hablar de
experiencia en la jurisdicción contencioso-administrativa no era, entre los concurrentes a ese puesto, el señor Fernández Bermejo el que tenía mayor experiencia.
Pero no quiero situar la cuestión ahí. Aparte de eso, -probablemente ninguno podamos
sustituirle a usted, al ministro y al Consejo de Ministros en ese juicio- hay, y usted lo sabe muy bien, otros elementos muy graves que concurren en la persona del señor Fernández Bermejo y que igualmente tienen que ser valorados a la hora de tomar
una decisión de esta naturaleza. Elementos que tienen que ver con lo que muy resumidamente podríamos llamar su autoproclamación sin rebozo como un hombre progresista, de izquierdas, o como se le quiera llamar, que actúa en consecuencia de palabra y
de obra. Eso tiene -no voy a insistir no sólo por el tiempo, sino porque está en el conocimiento de todo el mundo- la traducción en algo que podríamos llamar suavemente animadversión a una parte del espectro político y concretamente al Grupo
Parlamentario Popular. Estamos hablando de personas que dan lecciones de democracia y al que no se le vota ni una sola vez, no ésta, ni una sola vez: cero votos, un voto, ahora hemos mejorado, 12 años después, tres votos. Sus propios compañeros.
No es ya si hay que oír o no al Consejo... No, no, vaya sumando elementos. Finalmente y es una cosa que hay que tener muy clara, estamos hablando de una persona que va y viene de la política, no está situado en el mundo de una determinada manera
aséptica; no, ha tenido sus responsabilidades en el pasado en el Ministerio de Justicia y ha tenido sus ofertas en el presente de entrar a formar parte en su caso de un Gobierno regional formuladas por un líder
del Partido Socialista, insisto, con toda legitimidad. Pero no es ese verdaderamente el modelo de fiscal, señor fiscal general del Estado, que queremos para el Tribunal Supremo y no nos parece, de verdad, que no haber tenido en cuenta
ninguna de estas consideraciones ayude nada a evitar la sensación, en la que tengo que insistir, de desembarco, de marcar territorio, de dejar claro que ahora de lo que estamos hablando no es del mérito o de la capacidad sino de avanzar en el
nombramiento de fiscales más adictos con la línea del fiscal general del Estado y del Gobierno.Muchas gracias por la benevolencia y perdón por el exceso.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para concluir, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Julio Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, como es obligado y además sentido, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al nuevo fiscal general del Estado en esta su primera comparecencia, dándole también la enhorabuena por su
reciente nombramiento.
Empezaré diciendo que desde el Grupo Parlamentario Socialista pretendemos -y agradecemos su amplia información en su primera intervención- normalizar este tipo de comparecencias ante el órgano que representa la soberanía popular que es el
Parlamento, en este caso el Congreso de los Diputados, como también sostenemos que, en idéntico sentido, deberá hacerse con el Consejo General del Poder Judicial en la persona de su presidente y también de sus vocales en los temas que sean de
especial interés para el funcionamiento de la justicia. Una primera cuestión es que no llega usted tarde, no debería ésta ser la segunda comparecencia; ha venido pronto, inmediatamente después de la solicitud. No hay incumplimiento del Grupo
Parlamentario Socialista en cuanto a que usted tuviera que haber comparecido con carácter previo; no, señor Astarloa.
Tendremos que cambiar la ley para que eso sea así y mantendremos nuestro compromiso electoral, porque sí nos parece correcto y
adecuado que el fiscal general del Estado, antes del nombramiento, pase por el trámite parlamentario que, de forma consensuada, pondremos en marcha reformando la ley en el momento oportuno. Lo digo con mucha suavidad. No se podía esperar a ese
momento, señor Astarloa -creo que lo entendemos todos y no quiero ser excesivamente duro-; diré que simplemente por razones de salud democrática era urgente cesar al anterior fiscal general del Estado, señor Cardenal.
Señor fiscal general del Estado, compartimos plenamente -y se lo digo de verdad, compartimos plenamente, y cuando tengamos que criticarle no tenga duda que lo haremos desde el Grupo Parlamentario Socialista- las líneas generales de lo que
deben y van a ser sus preocupaciones en los próximos años: la lucha antiterrorista, la lucha contra la violencia doméstica o de género, la siniestralidad laboral, tan grave en el momento actual, con unos costes económicos insoportables y, sobre
todo y también, con unos costes sociales y humanos que no nos podemos permitir en esta sociedad del año 2004, en una sociedad moderna como tiene que ser ya la sociedad española. Me ha gustado especialmente una frase frente a la impunidad, que en
este sentido ha dicho usted de que, con otras palabras, no le salga rentable al infractor de las medidas de seguridad cometer esa infracción, que no sea la restitución civil suficiente causa para no seguir persiguiendo esa tremenda lacra de la
siniestralidad laboral en unos límites absolutamente insoportables.
Ha hecho usted mención a la ley integral sobre la violencia de género, muy rápidamente; lo ha dicho usted en una conclusión. Se ha referido a ello en su informe -que yo he leído atentamente y que comparto en buena parte, aunque no es
momento de desarrollar con amplitud en este trámite de comparecencia-, y nos interesa especialmente desde el Grupo Parlamentario Socialista su opinión sobre la constitucionalidad del proyecto, al margen de las razones concretas de oportunidad
política, de oportunidad social, de mayor o menor grado de acierto en los desarrollos concretos de lo que es un proyecto de ley integral contra la violencia de género. Nos gustaría que, en el trámite de réplica, pudiera comentar algún aspecto más
sobre la figura del fiscal delegado, en resumen -porque, insisto, el trámite es corto-, cómo afecta a la Fiscalía el contenido del proyecto de ley y expresamente sobre la constitucionalidad del proyecto.
Señor fiscal general del Estado, ha tocado otros temas algunos de los cuales no son menos importantes. Aquí sí voy a coincidir, y creo que es en lo poco que voy a coincidir con el portavoz del Partido Popular en la mañana de hoy. Hay
algunos temas que no son esos tres que usted ha tocado, no van en orden de jerarquía ni de importancia, como son la persecución y la protección de los delitos contra la inmigración. Nos parece un tema fundamental. También nos parece un tema
importante, que ha tocado por encima, la potenciación de la Fiscalía Anticorrupción para la persecución de los delitos económicos. Hemos apreciado -estoy convencido de que va a ser así, señor fiscal general del Estado- una especial sensibilidad.
No vamos a repetir los principios de legalidad, de defensa de los intereses generales, de defensa de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que están más desprotegidos. Eso es lo que nosotros esperamos de usted, señor fiscal general del Estado, no
tenga dudas de que eso es lo que esperamos, pero lo más importante es la esperanza y la ilusión que hay en la sociedad española, que de verdad necesita de un fiscal general del Estado que aplique esos principios, que vele por los más necesitados,
que su función fundamental no sea -importantísima como es- la de acusar, como usted decía, sino también la de defender y canalizar la defensa -valga la redundancia- de todos
estos derechos. Un fiscal general del Estado que no sea fuerte con los débiles y débil con los fuertes, como así ha sido en la época anterior.
Esta es la expectativa que hay, señor fiscal general del Estado, y yo estoy convencido de que no
le va a ser difícil, no por el listón anterior, sino por sus convicciones, por su talante y por su trayectoria intachable. No debe ni puede, señor fiscal general del Estado, decepcionar este caudal de esperanza que hay en la sociedad con su
nombramiento.Ha tocado algunos temas más que voy a resumir mucho. Sí nos gustaría que en la réplica, también se lo ha sugerido algún otro grupo, nos ofrezca unas líneas someras, generales, sobre el nuevo modelo que vamos a intentar consensuar -en
ningún caso, imponer, señor Astarloa- sobre el cambio del modelo del procedimiento penal con la posible instrucción por parte del ministerio fiscal. Nos gustaría escuchar alguna línea en esa dirección. Ha insistido en la necesidad de la
potenciación de la especialización del ministerio fiscal -coincidimos con ello-, de las nuevas formas de organización -también coincidimos- y de las nuevas tecnologías. Nos gustaría conocer alguna pequeña reflexión sobre la situación actual en la
dotación de medios informáticos, telemáticos y de todo tipo que en estos momentos tiene el ministerio fiscal para perseguir con eficacia el conjunto de los delitos y los nuevos delitos de esta sociedad moderna. También nos gustaría conocer en qué
situación global, aproximada, por encima, se encuentra la dotación de medios de la Fiscalía en el sentido de la ayuda pericial, de inspectores de Hacienda, del Banco de España, de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, como instrumento
fundamental para la lucha y la persecución de la corrupción y de los delitos económicos. Le adelanto que es voluntad de este grupo parlamentario que este Código Penal que va a entrar en vigor -porque procedimentalmente no hemos tenido ocasión de
poder evitarlo por el tiempo- el día 1 de octubre tendrá una reforma, entre otras cosas, para la persecución de estos delitos económicos y la modificación de esos tipos con la que estamos frontalmente en desacuerdo. Tendrá una reforma amplia, en la
medida de lo posible consensuada, en el próximo año 2005, coincidiendo con el décimo aniversario de la entrada en vigor del Código Penal. Nos gustaría conocer alguna referencia sobre estos medios en nuevas tecnologías, en medios personales, en
adscripciones permanentes o no, pero sobre todo en las permanentes del ministerio público. Por supuesto, coincidimos, sin que vaya en una relación jerárquica con sus valoraciones, en qué tipo de delitos hay que perseguir, qué situaciones hay que
proteger, qué delitos medioambientales. Nos parecen fundamentales los derechos de los trabajadores, la persecución de la droga y la lucha contra el terrorismo, que admite pocas aportaciones más en este momento, porque ha sido ya reiterada por todos
los grupos y manifestada expresamente por usted.
Atendiendo a la indicación de la Mesa voy a ir abreviando, pero no puedo por menos que entrar en un tema importante, motivo de la comparecencia, que es la política de nombramientos. Señor Astarloa, con el afecto que le tengo, voy a intentar
contener de verdad lo que interiormente me saldría decirle y lo que a cualquier persona normal se le ocurriría contarle. Hay que tener -y no lo tome personalmente- poca vergüenza política para hablar de politización de la justicia, de politización
del ministerio fiscal y de la política de nombramientos después de ocho años de absoluto atropello en la política de nombramientos del fiscal general del Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Señor Astarloa, es una perversión del
lenguaje decir una cosa cuando han hecho absolutamente la contraria, cuando por primera vez se actúa con criterios -permítame la expresión- razonablemente decentes. No se puede pretender aludir -usted sí-, en nombre de quien representa, al mérito y
capacidad y no a criterios políticos, partidarios y asociativos desde el punto de vista sindicalista -entre comillas-, cuando en ocho años no ha habido ningún nombramiento de persona no afín a pies juntillas de la opción política que usted
representaba. ¿Qué criterio de capacidad y de mérito, sino ese otro absolutamente contrario, han aplicado ustedes? ¿Es que en sectores no afines son absolutamente incapaces todos los miembros de la carrera fiscal? ¿Absolutamente incapaces todos?
(El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Dígame un caso.) Un caso, no; es que no existe un solo caso de fiscal progresista. Señor fiscal general del Estado, me voy a permitir pedirle, si los tiene, los datos estadísticos de los nombramientos de
fiscales de los últimos ocho años o algún dato, si lo tiene, para saber a qué tipo de asociación o tendencia han pertenecido la totalidad de los nombramientos. Yo lo conozco de forma global. No sé si hay algún caso aislado, pero afirmo en esta
Cámara que el conjunto, si no la totalidad, han sido nombramientos de personas afines. Por tanto, señor fiscal del Estado, está clarísimo quién tiene la competencia por imperativo de ley, pero no sólo por eso, sino también por los criterios que hay
que aplicar, que son los de especialización, antigüedad, mérito y capacidad. En definitiva, como decía el señor fiscal general del Estado, hay que nombrar a la persona más idónea, no a quien tenga más apoyos asociativos. El portavoz del Grupo
Popular pretende -y esa es la gran perversión, señor fiscal general del Estado- interpretar palabras que usted no ha dicho en su intervención. Usted no ha deslegitimado para nada la representación asociativa, para nada, lo que sí ha dicho es que
tienen las competencias que tienen y la legitimación que tienen y son escuchados. Incluso -corríjame si no es así- en este concreto paquete de nombramiento de doce fiscales, en nueve de ellos se ha tenido en cuenta lo que ha dicho la mayoría. Tan
sólo en tres de ellos no se ha tenido en cuenta lo que ha dicho la mayoría del Consejo Fiscal, pero incluso en ese supuesto había apoyos parecidos. Señor Astarloa, usted conoce la composición
del Consejo Fiscal mucho mejor que yo. Hay once miembros, de los cuales una mayoría, nueve, son de la asociación conservadora, y los otros dos son más dudosos, porque han sido nombrados por el anterior fiscal general del Estado. Atender
tan sólo a ese carácter asociativo para llevar a cabo los nombramientos nos conduciría a lo que han hecho ustedes en estos ocho años, pero es que ustedes ni siquiera adoptaban, ni tenían por qué, el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Tan
falso es que en el nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional no tuvo ni un solo apoyo, y además creo que aquí -si me equivoco, rectifico- pasó algo parecido a la historia de san Pedro de la negación en tres ocasiones, porque creo
recordar que pasó tres veces por el Consejo Fiscal y en las tres ocasiones obtuvo cero votos. Eso sí que sale un poco de ojo.Si esto es así, el señor fiscal general del Estado, señor Astarloa, no ha hablado para nada de compensaciones o de
reequilibrios; ha hablado de criterios de profesionalidad, de idoneidad y, por lo que este modesto portavoz puede conocer, la mayoría de las personas que han entrado en esos 12 nombramientos no pertenecen a una asociación progresista. ¿Qué hacían
ustedes? Absolutamente todo lo contrario, no sólo la mayoría, sino la totalidad.
Hablan de un nombramiento concreto -30 segundos nada más, señor presidente, voy concluyendo-, del señor Fernández Bermejo. Según las referencias que nosotros tenemos, como persona honesta, ha reconocido sentirse, desde el punto de vista
personal, como una persona progresista y lo manifiesta abiertamente, lo que no es incompatible ni para aplicar la ley ni para tener ningún cargo dentro de la carrera judicial, ni como juez, ni como magistrado, ni como fiscal. ¿O es que esto es algo
de derecho natural, señor Astarloa? Quien es conservador de derecha o de extrema derecha, no necesita decir qué posicionamiento ideológico tiene porque es de derecho divino y quien diga que es progresista significa que es sospechoso. Y es una
persona honrada, decente y profesional, como este señor ha demostrado a lo largo de su intachable trayectoria profesional.
Eso sí, cometió un terrible error en su propia forma de actuar, no en los últimos tiempos sino siempre: ser incómodo al
poder establecido. Eso debe ser un pecado grave. Pues bien, señor fiscal general del Estado, sepa que al Grupo Parlamentario Socialista no nos molesta sino que nos agrada la idea de que en un momento dado alguien pueda ser incómodo al poder
establecido, democrático, si es querido y respetado por el conjunto de la ciudadanía porque se dedica a aplicar esos principios que usted ha dicho y que yo estoy seguro de que va a aplicar.
Concluyo, por lo tanto, apoyando totalmente los nombramientos. Pero al decir totalmente no es por las personas concretas que en algún caso aislado ni personalmente conocemos, sino por los principios aplicados, por la recuperación de la
decencia en la política de nombramientos. Y lo digo con la suavidad con la que he intentado expresarme.
Señores del Partido Popular, han perdido las elecciones. No lo soportan, no lo asumen diariamente y eso no significa que quien las ha ganado vaya a hacer absolutamente nada en el sentido que usted ha acusado en su intervención, no sólo de
hoy sino de días anteriores, que era exacta y lamentablemente lo que venía ocurriendo en este país en los últimos ocho años y que no queremos que vuelva a suceder.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Concluidas las diversas intervenciones de los portavoces, corresponde ceder la palabra al señor fiscal general del Estado.
Tiene la palabra el señor fiscal general del Estado.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muchas gracias, señor presidente.
Debo confesar a SS.SS. que comparecía ante esta Cámara con cierto nerviosismo dada mi inexperiencia en estos lances. Debo decirles en este momento que ha constituido un verdadero placer intelectual escuchar sus intervenciones y que para
mí, después de treinta años de ejercer como magistrado, encontrarme en este momento en la Comisión de Justicia y apreciar el profundo conocimiento que los diputados han expresado de los temas que me han planteado ha sido un momento especialmente
gratificante.
Si las cosas se suceden así, pueden ustedes estar seguros de que me tendrán en esta Cámara siempre que lo deseen, incluso hasta aburrirse, porque he disfrutado sinceramente al apreciar el enorme conocimiento que tienen de los temas
que han planteado.
Voy a dar, dentro de lo que esté en mi mano, una respuesta individualizada a las cuestiones que SS.SS. me han planteado con la brevedad que me exigirá seguramente la Presidencia. Comienzo agradeciendo a doña Isaura Navarro su felicitación
y expresándole que me comportaré, en lo que esté en mi mano, de acuerdo con los valores que ella misma ha expresado.
Quiero también agradecerle de una manera especial su llamada de atención sobre el tema de la formación de los fiscales, porque es
una cuestión que no había tratado en mi intervención. Como sabe perfectamente S.S., los medios de que dispone la Fiscalía para la formación de los fiscales son absolutamente desproporcionados con los que esta Cámara ha proporcionado, sin embargo, a
la formación de los magistrados. Por razones coyunturales del hecho de que exista un presupuesto propio en el Consejo General del Poder Judicial y que no lo tenga la Fiscalía General del Estado, se ha ido estableciendo una desproporción que ha sido
objeto de quejas continuadas por parte de los fiscales desde que me he hecho cargo de la Fiscalía General. He tratado de hacer frente a esta desproporción a través de algunos medios, como por ejemplo la suscripción de un convenio con las
comunidades autónomas, pero estimo que debería ser una responsabilidad del Estado y desearía que por parte de esta Cámara, que dispone de los servicios necesarios, o en su caso del Ejecutivo, se hiciese un balance o un estudio equilibrado de
los medios que el Estado español dedica a la formación de cada uno de los jueces y magistrados y de los medios infinitamente más inferiores que dedica a la formación de cada uno de los fiscales.Aun cuando no se encuentre presente, deseo dar
respuesta a la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, que me planteaba una serie de cuestiones, la primera de ellas en cuanto a la planta del ministerio fiscal. La propuesta del fiscal general del Estado ha sido la de que a cada
creación de un órgano judicial nuevo con competencias que afecten al ministerio fiscal debe corresponder la creación de una plaza de fiscal. Esto no se ha hecho hasta la fecha, entendiendo que mientras los órganos jurisdiccionales necesitan ir
aumentando de una manera expresa, del ministerio fiscal es como si fuese una plantilla extensible, con los mismos funcionarios se pueden ir atendiendo cada vez mayores funciones, y la verdad es que no es así, que ese posible estiramiento de la
plantilla existente ha llegado a sus límites y, por tanto, es necesario atender al incremento de plazas del ministerio fiscal. Las gestiones realizadas por el Ministerio de Justicia han llevado a que de la propuesta que existe por parte del
Ejecutivo de mil plazas para esta legislatura se haga un reparto que prime al ministerio fiscal, pero efectivamente las 600 plazas que están previstas para esta legislatura serán necesarias para atender a las necesidades actuales y sería muy difícil
que pudiesen atender a nuevas funciones en materia de instrucción, que, si efectivamente se encomiendan, requerirían un esfuerzo especialmente dedicado a esa materia.
Me planteaba una segunda cuestión que para mí, aunque no se mencionó en la intervención, tiene un especial interés, y es la valoración como mérito del conocimiento de la lengua propia de cada una de las comunidades autónomas. El fiscal
general del Estado, quizá por su experiencia como magistrado, no está acostumbrado a hablar de lege ferenda, es decir, a proponer reformas legislativas que, a mi entender, le corresponden esencialmente al Ejecutivo y su aprobación a esta Cámara.
Por tanto, mi función consiste en el aprovechamiento de las posibilidades legales existentes. En esta materia creo que más importante que las leyes son las prácticas. Efectivamente estimo que el conocimiento de la lengua propia debe ser un mérito,
y no solamente lo estimo sino que lo he practicado ya. En el nombramiento de fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es el nombramiento que he efectuado respecto de una comunidad con lengua propia, se ha valorado especialmente el
mérito concurrente en el candidato designado, que no es solamente un experto en la lengua gallega y un conocido escritor en lengua gallega, sino que también ha realizado especiales esfuerzos a favor de la normalización de la lengua. Por tanto, no
es algo que deba establecerse en la ley, sino en la práctica, y ese mérito ha sido valorado ya en el nombramiento que he tenido que hacer para una determinada comunidad autónoma con lengua propia.
Me planteaba también la necesaria adecuación de la estructura del ministerio fiscal a la estructura autonómica del Estado. Es una idea que comparto. No comparto la intervención del Parlamento autónomo en la designación de los fiscales. El
diseño constitucional del ministerio fiscal establece un principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y esa dependencia jerárquica resulta difícilmente conciliable con la intervención en los nombramientos de instancias que no se
correspondan con el poder del Estado, pero sí entiendo que se pueden encontrar fórmulas de mayor coordinación entre el fiscal del Tribunal Superior y las comunidades autónomas. Entre estas fórmulas se encuentran precisamente las que ya antes había
anunciado de la posible intervención del fiscal del Tribunal Superior ante el Parlamento autonómico, intervención que no tiene que ser una medida de control, que efectivamente no corresponde, pero sí de información, comunicación y normalización
democrática. En mi primera visita al País Vasco he reunido en Vitoria a los fiscales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de Navarra, también he tenido una relación con el consejero de Justicia, e interesé una reunión con el
lehendakari, que no pudo celebrarse por cuestiones de agenda y por la escasez de tiempo del que podía disponer en mi estancia en Vitoria; en cualquier caso, expresaba la voluntad de normalización de las relaciones del ministerio fiscal, del fiscal
general del Estado, con todos los poderes de las comunidades autónomas.
Por último, me planteaba el problema de la situación en que se encuentra, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista informático, la Fiscalía, y me señalaba que en el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal se prima la
realización de un sistema uniforme. Las visitas que hasta ahora he realizado a las diversas comunidades me han permitido apreciar una situación que ya calificaba de paleolítica, que yo no puedo desmentirla, en el sentido de que las disponibilidades
informáticas del Ministerio Público forman un mundo absolutamente caótico. El fiscal general del Estado no puede conocer la situación de las fiscalías que de él dependen porque los sistemas que se han ido implementando en cada una de las
comunidades no son compatibles entre sí, en muchas ocasiones no son compatibles con los del Poder Judicial y, por tanto, la necesidad por lo menos de una armonización entre esos sistemas me parece indispensable.
He realizado ya gestiones con el
Ministerio de Justicia, con lo que era la Dirección de Modernización, que ahora depende de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, para la búsqueda, quizá a través del punto de encuentro que ha diseñado el Consejo
General del Poder Judicial, de una armonización y de una compatibilidad
entre estos sistemas informáticos. Lo que desde luego no puede tener el ministerio fiscal es un reino de taifas informático en el que cada una de las comunidades no pueda comunicarse con las demás y con las que el fiscal general del Estado
no pueda conocer detalladamente lo que sucede en unos u otros lugares porque no hay compatibilidad entre los sistemas de comunidad y otra.El representante de Coalición Canaria, señor Mardones, me ha planteado también temas de enorme interés. Debo
decirle que, aunque no creo que lleve dos meses en la Fiscalía General del Estado, he visitado ya Canarias, he estado en Las Palmas; conozco las peculiaridades que la insularidad determina y por eso creía que una reunión de los fiscales de Canarias
con el fiscal general del Estado serviría de apoyo y transmitiría una sensación de comunicación y de acercamiento que me parecía muy necesaria. Allí conocí directamente del fiscal del Tribunal Superior y de la fiscal de la Audiencia Provincial de
Tenerife los problemas que en estos momentos tienen, entre ellos los que afectan a la sobrecarga penitenciaria y también, de una manera específica, a los problemas de los menores, a los cuales espero que se pueda dar solución, o por lo menos he
instado que se dé solución, por parte del fiscal del Tribunal Superior en relación con las autoridades de la comunidad, que son las que le pueden proporcionar los medios necesarios, dado que Canarias tiene ya transferidas competencias en materia de
justicia.
Me planteaba una serie de cuestiones de carácter general en cuanto a la reforma del estatuto, en cuanto a la reforma del proceso penal.
Sinceramente, debo decir que sobre estas materias no me he pronunciado en mi exposición, en la medida en
la que no corresponde al fiscal general del Estado establecer cuál va a ser el diseño definitivo de una ley orgánica como es el estatuto o de una ley orgánica como es el nuevo código procesal penal; es una competencia que depende de la iniciativa
del Ejecutivo, que depende de la decisión de la Cámara y única y exclusivamente puedo señalar, a título quizá más bien personal, que comparto el criterio de que el estatuto sea reformado en el sentido de que el fiscal general del Estado tenga un
mandato establecido con un periodo predeterminado. En la situación actual el mandato del fiscal general del Estado es, como suelo expresar a mis compañeros de otros países, semanal, es decir, dura del viernes al viernes siguiente; cualquier
viernes, como le pasó al primer fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno anterior, puede estar despachando con sus colaboradores y recibir directamente al motorista que le indica que el Consejo de Ministros, sin conocimiento previo alguno,
ha procedido a su cese. Por tanto, comparto la idea de que debía establecerse un plazo predeterminado, una intervención ante el Parlamento con anterioridad a su nombramiento, que hubiera estado encantado de poder realizar, y también unas causas de
cese tasadas.
Hay otras posibilidades de modificación y he señalado alguna, no voy a poder extenderme en esta materia. Creo que el diseño que ha hecho el estatuto de las diligencias de investigación en materia del fiscal peca de insuficiente y no prevé
algunas necesidades, por ejemplo, en determinadas materias el juez en el proceso judicial, que es mucho más garantista en principio que la investigación previa de carácter fiscal, puede acordar el secreto y, sin embargo, el fiscal no puede hacerlo y
eso provoca determinadas disfunciones. Hay muchos temas realmente que no nos permiten en estos momentos extendernos, pero que sí sería conveniente reformar en el estatuto.
Se hablaba también de si se van a mantener los mismos criterios de idoneidad en los nombramientos de los fiscales de Sala. Naturalmente que se va a atender, en todo caso, a los criterios de mérito, capacidad, especialización y experiencia
en el nombramiento de todos los fiscales.
Aquellos que no son nombrados, que normalmente son magníficos profesionales y que disponen de sus apoyos, quizá no se sientan adecuadamente atendidos y pueden ser objeto de crítica, pero el fiscal general
atenderá a los criterios de capacidad, mérito y especialización.
También se me planteaban, en relación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una serie de temas, a los que me referiré quizá cuando responda al portavoz del Grupo Popular, que también planteó precisamente esta materia.
En cuanto a la figura del fiscal delegado, sí que me parece que es un avance, porque no siempre es necesaria una fiscalía especial. En realidad, en materia de terrorismo ya tenemos una fiscalía especial, porque la Fiscalía de la Audiencia
Nacional es especial en materia de terrorismo y está dotada de medios policiales, de medios de investigación, aunque quizá no de los suficientes, porque en este momento el fiscal de la Audiencia Nacional me ha trasladado un dossier en relación con
las mejoras que podría necesitar y precisamente está siendo estudiado en la secretaría técnica para poder acudir en su momento al Ministerio de Justicia para que proporcione los medios necesarios; pero sí es verdad que tenemos una fiscalía
especializada.
En mis viajes internacionales siempre he tenido ocasión de presumir de que en esta materia en España tenemos un sistema procesal que es envidiable.
En discusiones mantenidas con colegas norteamericanos éstos me señalaban su pesar por no
poder disponer de un sistema similar que a ellos en este momento les ha llevado, para atender a determinadas cuestiones de terrorismo, a la jurisdicción militar o a crear limbos como el de Guantánamo, porque su sistema procesal no permite, como el
nuestro, disponer de una audiencia especializada como la Audiencia Nacional, con unos profesionales altamente cualificados y además con una resolución centralizada que permite que los temas se resuelvan por un número de fiscales que pueden ser
adecuadamente protegidos y adecuadamente especializados.
Creo que es algo que debemos apoyar y en ese sentido así lo haré. Pero, repito, ya tenemos una fiscalía especial en materia de terrorismo, no hace falta que se denomine fiscalía especial, que es la Fiscalía de la Audiencia Nacional.La
figura del fiscal delegado es un poco diferenciada, porque en materia de violencia doméstica no existen grandes procesos que sea necesario llevar ante la Audiencia Nacional y, por tanto, es preferible tener una figura que instalada en la Fiscalía
General del Estado actúe de coordinador de todos los fiscales de todas las secciones.
A mí me parece que puede servir de modelo para nuevos casos de fiscal delegado, como en materia de menores, incluso en alguna otra materia en la que se
estableciese un sistema de coordinación vertical y no exclusivamente horizontal. Por tanto es una aportación que me parece de enorme interés.
En materia de instrucción y de modelo procesal me encuentro en la misma situación. Debo respetar las propuestas que haga quien tiene la competencia constitucional para hacerlas. Yo solamente puedo señalar -si sirve como aclaración- que he
trabajado, he escrito, he publicado bastantes trabajos sobre esta materia y que, según mi criterio, cuando esta comisión que se designe culmine estos trabajos parlamentarios, no sería buena la idea de que donde esté el juez de instrucción, en cada
uno de los pueblos de España donde haya un juez de instrucción, se tenga que poner un fiscal que haga lo mismo que está haciendo ahora el juez de instrucción; no me parece que esa fuera la solución. Por eso digo que más bien se trata de un nuevo
reparto de papeles, de un nuevo modelo de instrucción que ya en este momento existe, de alguna manera, en lo que denomina el estatuto orgánico como diligencias de investigación del fiscal. Hoy la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, está
desarrollando una fase de investigación previa al proceso propiamente dicho, de tal manera que esa fase de investigación se hace en la Fiscalía Anticorrupción con todos los medios o se hace en otras fiscalías, por ejemplo, también se hace en
Barcelona en materia de delito fiscal o se hace en materia de delito ambiental; esa investigación de la que lleva la iniciativa el fiscal (porque es al fin y al cabo el que debe acusar, y permite al juez colocarse en una posición de mayor
imparcialidad a la hora de adoptar decisiones que afectan a derechos fundamentales) se lleva al juzgado cuando ya está en un estado muy avanzado.
La idea es una investigación impulsada por el ministerio público y un juez de instrucción, de garantías, de libertades, como se le pueda denominar, que lo que hace es actuar de garante de los derechos fundamentales, es decir, adoptar todas
aquellas decisiones, intervenciones telefónicas, entradas y registros, decisiones que afecten a la libertad del ciudadano; esas decisiones le corresponden al juez mientras que la decisión de impulso de la investigación le corresponde al fiscal.
Sobre esta idea del diseño es sobre la que personalmente me parece que podríamos avanzar, pero naturalmente pienso que el resultado de ese trabajo debe ser fruto del consenso de las fuerzas políticas, porque el modelo procesal penal de un país no
debe ser un modelo que se adopte exclusivamente a iniciativa de un sector del elenco político, sino que se debe llegar a él a través de un consenso, fruto también de un proceso de reflexión por parte de una comisión técnica que así lo elabore. Por
tanto, en esa materia yo no puedo predeterminar cuál va a ser el resultado final. Yo tengo una idea, pero es una idea personal o fruto de mi experiencia como magistrado.
Me corresponde responder ahora a don Jordi Jané, del Grupo de Convergència i Unió, quien me ha señalado algunos temas de especial interés a los que no me había referido como, por ejemplo, el de la seguridad vial.
Efectivamente, el fiscal
general del Estado no puede olvidar algunas cuestiones importantes en esta primera intervención. Yo le doy la razón y me disculpo en el sentido de que quizás haya sido una omisión. Se trata, sin embargo, de un tema que creo que está muy asumido
por la cotidianeidad del trabajo de los fiscales, pero también es una cuestión en donde el número de víctimas nos debe llevar a que, no solamente en las labores de prevención que ya se están realizando, sino también en las labores de sanción en una
materia que para mí es de especial interés, como es la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y los supuestos de temeridad manifiesta, el ministerio fiscal muestre todo su rigor. Me hablaba también de la situación de medios en la que se
encuentra el ministerio fiscal y en algún momento me dijo algo que me proporciona una enorme satisfacción, y es que apoyará en este Parlamento las medidas que vayan destinadas a reforzar los medios de que dispone el ministerio fiscal. Es un
esfuerzo presupuestario necesario y, por lo tanto, todo el apoyo que pueda venir de las fuerzas políticas será muy bien recibido por el fiscal y será agradecido de manera expresa por el fiscal general del Estado.
En relación con lo que planteaba acerca del estatuto de la función instructora, ya he dado una visión. Respecto a la cuestión específica de la adecuación del ministerio fiscal a la estructura autonómica del Estado, créame que cuenta con mi
mayor sensibilidad en esa materia dentro, como he dicho, de las facultades de autoorganización que tiene en este momento el fiscal. Dentro de las posibilidades que nos da la ley vigente, sin necesidad de modificar absolutamente nada, ya he instado,
por un lado, a la intervención ante los parlamentos y, por otro lado, a la redistribución interna de las fiscalías para potenciar la Fiscalía del Tribunal Superior y diferenciarla de las actuaciones provinciales. Creo que las fiscalías del Tribunal
Superior deben desempeñar ese papel.
También en la primera ocasión que he tenido he valorado como mérito para el nombramiento de una fiscalía, de una jefatura de una comunidad autónoma con lengua propia el conocimiento de ese idioma. Naturalmente,
el perfil o las necesidades lingüísticas no son las mismas en la Comunidad
Autónoma Vasca que en la Comunidad Autónoma de Cataluña o que en la gallega. En unos lugares el conocimiento de la lengua es más reducido que en otros. La normalización lingüística que existe en Cataluña debe conllevar la normalización
lingüística del Ministerio Fiscal. Si me permite decir algo que entra en el tono de lo personal, puedo comunicarle que he recriminado en tono cariñosamente al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su escaso uso de la lengua de la
comunidad en la que ejerce su función.Me corresponde ahora responder a la representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Su recuerdo de la época que vivimos en San Sebastián en la que, efectivamente, ejercí como magistrado y como profesor
ha sido muy gratificante. Los temas que ha comentado entroncan en algunos casos con cuestiones planteadas por otros miembros de la Comisión. En cualquier caso, le reitero mi sensibilidad hacia la problemática que plantean las comunidades
autónomas.
Señor Astarloa, le agradezco de una manera especial la felicitación, que sé perfectamente que es sincera, y la corrección en la expresión de unas discrepancias que estimo absolutamente legítimas. Debo, además, reconocer su crítica, en el
sentido de que no hayamos tenido todavía una reunión personal para poder escuchar sus criterios. Me pongo a su disposición, para cuando así lo estime conveniente, en el momento que a usted le parezca más oportuno, para poder reunirnos en el
ambiente que le parezca a usted procedente y tener una conversación para poder escuchar -pues para mí son muy importantes- las opiniones del primer partido de la oposición en este momento, así como las de todos los demás representantes en esta
Cámara. Debo decirle, sin embargo, que quizá me expresé mal cuando, trasladando mi práctica jurisdiccional, decía que mi forma de tomar decisiones es muy judicial, pues escucho a una parte, escucho a otra, practico prueba y después decido. La
verdad es que son 30 años comportándome de esa manera y no puedo dejar de decidir de otra. Pero me estaba refiriendo, fundamentalmente, al Consejo Fiscal y no a las fuerzas políticas. Me refería a que yo había escuchado a los que apoyaban un
determinado nombramiento y a los que apoyaban otro determinado nombramiento, recabando datos personalmente -que es a lo que yo llamo practicar prueba- de otras fuentes diferentes, de mi propio conocimiento y del ministerio fiscal, que me parecían
suficientes e, incluso, viajando a aquellas localidades, como La Coruña y Valencia, donde tenía que hacer un nombramiento y donde estimaba necesario tomar más datos y tener más conocimiento de la situación de la fiscalía. Por lo tanto, sí le puedo
decir que he escuchado a todas las partes y que, en ningún caso, se ha hecho un nombramiento que no estuviese apoyado por el Consejo Fiscal, aunque quizá no haya sido el que tuviese más votos. Cuando hablo de apoyos asociativos quiero decir que,
efectivamente, en los 3 únicos casos en los que el fiscal general del Estado no ha nombrado al fiscal propuesto por la mayoría del Consejo Fiscal existía un candidato de la asociación mayoritaria. Indudablemente, la única posibilidad que tenía el
fiscal general del Estado de poder designar a personas que no fuesen de esta asociación, era, necesariamente, apartándose del criterio que la asociación mayoritaria había apoyado. En cualquier caso, en todos los supuestos, el fiscal general del
Estado se ha ceñido también a tres criterios esenciales. Dado que tiene que resolver, oído el Consejo Fiscal, en su nombramiento (aun cuando puede, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con la ley y de acuerdo con la
práctica de épocas anteriores, recaer sobre alguien que no haya tenido ningún apoyo en el Consejo Fiscal), el fiscal general del Estado no seguirá esta práctica, sino que se centrará en los nombramientos que tengan un apoyo significativo dentro del
Consejo Fiscal. Ahora bien, una vez que existe un apoyo significativo, atenderé a los argumentos que apoyan uno u otro nombramiento, no necesariamente al número de apoyos que tenga, porque yo valoraré los argumentos en función de las condiciones de
mérito, capacidad e incidencia. También, autolimitaré mis facultades, expresando en el propio Consejo Fiscal, de manera pública, la decisión que el fiscal general del Estado adopte. En épocas anteriores, cuando la decisión del fiscal general del
Estado no respondía al criterio mayoritario del Consejo Fiscal, se reservaba y consultaba posteriormente, mediante una propuesta que el propio Consejo Fiscal no conocía hasta que llegaba al ministerio. Pues bien, en mi caso, en los supuestos en que
hube de apartarme de esta decisión lo expresé en el propio Consejo Fiscal, y así lo haré siempre que sea necesario. En tercer lugar, también lo hice de manera motivada, con una motivación sucinta. La jurisprudencia del Tribunal Supremo -y aquí
tengo las resoluciones, que usted, como buen jurista que es, conoce- ha expresado que estas decisiones no deben ser motivadas, porque son decisiones en las que juega un factor de discrecionalidad e idoneidad difícilmente objetivable. Sin embargo,
en aquel momento sí expresé de manera sucinta y de manera verbal, cuáles eran las razones que me llevaban, motivadamente, a apartarme del criterio mayoritario. En todo caso, como le he expresado, me ceñiré no solamente a las facultades legales,
sino también a los criterios que podríamos llamar de carácter especialmente profesional. Me viene usted a decir que puede existir una contradicción entre expresar, de un lado, que me ciño estrictamente a los aspectos profesionales y, de otro lado,
que hablo de pluralismo o de equilibrio. Al hablar de pluralismo o de equilibrio estaba dando un paso más allá. Efectivamente, el fiscal general del Estado puede quedarse exclusivamente en una explicación de iure. Yo agradezco al señor Astarloa
que haya superado esa fase de iure y llegue a una explicación de facto. Efectivamente, yo deseaba expresar algo más que el mero, digamos, encierro en el ejercicio de mis facultades legales, en lo que establece la ley, la jurisprudencia o los
precedentes, y quería expresar sencillamente
que en determinados supuestos, dada la situación de facto, la realidad que existe en la mayoría del Consejo Fiscal, sería necesario, precisamente para poder atender a sectores de la carrera fiscal no asociados o a sectores que pertenecen a
una asociación que no es la mayoritaria, para garantizar el pluralismo y el equilibrio en esos supuestos, no atender necesaria y mecánicamente todas las decisiones que exprese el Consejo Fiscal mayoritariamente. Señor Astarloa, usted sabe que esto
es así; yo sé que usted sabe que esto es así, que la ley así lo establece y que, además, esos criterios se los he escuchado defender, con mucha más habilidad de lo que lo estoy haciendo yo en este momento, a usted en la época en que ocupaba
responsabilidades de gobierno. Efectivamente, usted sabía que era necesario, por mantener el principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, que el fiscal general del Estado hiciera uso de sus facultades.No desearía entrar en aspectos
de carácter concreto.
Quizá he alterado el orden de los temas, pero después me referiré a alguno de los que me planteaba usted en primer lugar. Sí quiero señalar, sin entrar en las personas -quizá no tenga más remedio porque usted me lo ha
señalado-, que todos los candidatos que había eran magníficos profesionales. La decisión del fiscal general es dura, es difícil y, además, no significa, en absoluto, ningún desdoro para aquel que no haya sido nombrado, pero tiene que haber una
decisión. Me dice usted que no le satisfacen las razones expresadas de especialización en relación con el señor Bermejo o de especial cualificación por haber estado al frente de una importante fiscalía. Tengo que decirle que estos son datos
objetivos.
Yo no voy a entrar en cuestiones relativas a su forma de pensar, ni en dónde se sitúa desde el punto de vista del pluralismo que existe en nuestra sociedad, pero me dice que hay dos aspectos que le llaman la atención. Me gustaría
informarle, porque quizá su información no responde totalmente a la realidad. Me dice usted que los nombramientos siempre han sido sin apoyo del Consejo Fiscal. No es así. El señor Bermejo fue nombrado para su primer cargo de jefatura, un cargo
de discrecionalidad, la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia, en el funcionamiento ordinario del Consejo Fiscal y fue designado por unanimidad. Por tanto, en aquel momento tuvo el apoyo unánime del ministerio fiscal. El
señor Bermejo fue posteriormente nombrado fiscal del Tribunal Supremo y lo fue con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. Por tanto, esos dos cargos que en su día ostentó el señor Fernández Bermejo fueron cargos para los que el Consejo Fiscal le
mostró su absoluto apoyo. Por tanto, quizás ese dato no se corresponde en absoluto con la realidad y lo digo única y exclusivamente partiendo del criterio, como he señalado, de que no es necesario, sin hacer referencia a otros supuestos. Me decía
usted también que es una persona que entra y sale de la política. Para mí el ejercicio de la política es el más digno ejercicio que se puede realizar y, por tanto, creo que eso no puede ser en absoluto un desdoro para un nombramiento. Pero,
además, es que no se corresponde tampoco, señor Astarloa, con la realidad. El señor Bermejo, por lo menos del conocimiento que yo tengo de su expediente profesional y que he tenido que estudiar como los demás expedientes para efectuar el
nombramiento, ha ejercitado las funciones en el ministerio fiscal durante toda su vida profesional, 30 años de vida profesional que coinciden además con mi propia vida profesional, porque pertenecemos a la misma promoción de jueces y fiscales,
ingresamos al mismo tiempo.
Exclusivamente el señor Fernández Bermejo asesoró, como asesor técnico, al Ministerio de Justicia en una determinada época. Puede usted estar absolutamente convencido de que los fiscales que han asesorado al Ministerio
de Justicia en la época en que S.S. fue secretario de Estado, son fiscales que para el fiscal general del Estado no están en absoluto afectados por el hecho de haber participado en la vida política. Creo que en esta última época ministerial había
varios fiscales, dignísimos representantes del ministerio fiscal -creo que el propio director general de relaciones con la Administración de justicia pertenecía a la carrera fiscal-, había fiscales asesores en el Ministerio de Justicia y estos
fiscales están cumpliendo una función íntimamente relacionada con la carrera fiscal, que es la de apoyo al Ministerio de Justicia en aquellas materias que se refieren al ministerio público y, por tanto, si el señor Bermejo fue durante una época
ministerial asesor ejecutivo del Ministerio de Justicia, creo que no se puede considerar exactamente que esa haya sido una función de carácter político y, por supuesto, aunque lo haya sido, no creo que sea óbice para que a los 10 ó 15 años después
podamos entender que no pueda ser promovido a la condición de fiscal de la primera categoría, condición que ha ostentaba otro de los candidatos y que precisamente no fue por eso considerado para ser ascendido porque ya tenía esa categoría, siendo
más moderno en el escalafón que el señor Fernández Bermejo.
Me dice usted también que no comparte el nombramiento de una vocal del Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, tenga usted en consideración que dentro de las situaciones administrativas que están previstas en la Ley orgánica y en el
Estatuto orgánico y que el fiscal general del Estado desde luego no realiza sino que simplemente respeta, la función de servicios especiales se caracteriza precisamente por el hecho de que las personas que se encuentran en esta situación pueden
legalmente concursar. Por tanto, el fiscal general del Estado no puede oponerse a la petición de una fiscal que se encuentre en servicios especiales, siempre que reúna las condiciones necesarias y tenga la antigüedad suficiente y en este caso así
se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho? Porque en ocasiones, en una época anterior, un fiscal con gran antigüedad que estaba como vocal en el Consejo General del Poder Judicial solicitó también una plaza en el Tribunal Supremo; era el más
antiguo, el de más cualificación, fue apoyado por unanimidad por el Consejo Fiscal, el fiscal general del Estado le propuso y, sin embargo, la ministra entonces ejerciente del Partido Popular no le nombró, y no lo hizo a pesar de que había
tenido el apoyo del Consejo Fiscal y a pesar de que el propio fiscal general nombrado por el Partido Popular le había propuesto. Sin embargo, ese nombramiento fue desechado. Eso dio lugar a un recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo y éste estimó el recurso y señaló en su jurisprudencia que los fiscales que se encontraban en situación de servicios especiales y, por tanto, estaban en el Consejo General del Poder Judicial, tenían
todo el derecho a concurrir a esos nombramientos y que en el caso de que se diesen esas condiciones deberían ser nombrados. En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo, quizá por el hecho de pertenecer al mismo me vea especialmente vinculado a
ella, pero, naturalmente, en el momento de tomar la decisión, yo considero que no se puede excluir esta solicitud por el hecho de formar parte del Consejo General del Poder Judicial porque así lo ha dicho ya el Tribunal Supremo. Por lo tanto, esa
solicitud se tiene que tomar en consideración. A partir de esa necesidad de tomarla en consideración, nos encontramos con una serie de condiciones que se configuran en esta candidata. Era la más antigua, dejando al margen a un solicitante que no
tuvo ningún apoyo en el Consejo Fiscal, la segunda en antigüedad después de la fiscal del País Vasco, que fue nombrada en primer lugar. Era la siguiente en antigüedad. Fue también la siguiente en votos obtenidos en el Consejo, por lo que para mí
los nombramientos debían hacerse en favor de los dos más votados cuando reunían las condiciones legales para ello. El hecho de que se encuentre en situación de servicios especiales no es obstáculo, puesto que está previsto en el artículo 118 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial su sustitución, pero es que además concurrían también dos circunstancias, señor Astarloa: se trataba de la única solicitante que era fiscal jefe de una audiencia -ninguno tenía esa condición- y de la única
solicitante que ya había estado destinada en el Tribunal Supremo en comisión de servicios y por lo tanto tenía una experiencia específica dentro de dicho Tribunal.
Por tanto, el nombramiento responde absolutamente a condiciones de carácter
objetivo: la siguiente en antigüedad y la siguiente en votos, esto es, la que, efectivamente, tiene las condiciones para ser nombrada.
No se trata de una decisión personal del fiscal general, sino de una decisión que está vinculada a una serie de
criterios de objetividad. En este sentido, hemos actuado con la máxima imparcialidad que yo por lo menos pueda ofrecerle en este momento a su señoría.Solamente quería añadir un pequeño apartado. Sé que me extiendo, pero la verdad es que las
intervenciones han sido tan ricas que no soy capaz de responder más brevemente de lo que lo estoy haciendo. Decía usted que existía una cierta contradicción o personalismo en el hecho de haber expresado por un lado que trataré de respetar como
línea general el criterio profesional de cada uno de los fiscales y haber manifestado por otro reiteradamente determinadas instrucciones que se han ido dando hasta la fecha. Son perfectamente conciliables ambas posiciones, puesto que por un lado me
estoy refiriendo a los asuntos concretos. Naturalmente, no quiere decir que el fiscal general del Estado no vaya a ejercer su obligación, que está establecida en el estatuto, de dar instrucciones en los casos que sea necesario, y así lo he hecho,
pero, cuando existe una instrucción de carácter genérico, por ejemplo en materia de potenciación de un aspecto que a mí me parece importante, que es la defensa del principio de justicia universal, y de ahí pueden salir determinadas instrucciones.
En general, lo que sostiene el fiscal general del Estado es que su intervención no va a ser en todos y cada uno de los casos polémicos decisiva y con eso también respondo de alguna manera a lo que me planteaba la diputada de Izquierda Unida en el
caso de las cesiones de crédito. Yo me dirigí al fiscal Anticorrupción y le dije que íbamos a potenciar esa Fiscalía y que me propusiese los asuntos necesarios que creía debía llevar la misma. Pues bien, se aceptaron todos los que propuso, aunque
en el caso de las cesiones de crédito me manifestó que la situación procesal no hacía necesaria su intervención y a eso se atuvo el fiscal general. Así pues, trataré de atenerme siempre a estos criterios.
Por último, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está llevada por un profesional de enorme altura, con una enorme experiencia y con una gran cualificación, y cuenta, independientemente de lo que reflejen los medios -con todo el respeto a los
mismos, es sabido que siempre es más fácil que se publiquen las aristas que los aspectos más lineales-, con la confianza y el apoyo del fiscal general del Estado, con independencia de que en determinados supuestos, como ha sucedido ahora con la
cooperación con la Cámara en materia de aportación de documentación sobre los sucesos del 11 de marzo, el fiscal general tenga que expresar una instrucción públicamente. Quizás no hubiese sido necesario hacer públicos determinados temas, pero
cuando se publican el fiscal general del Estado se ve obligado también a responder públicamente. Todas las materias a que antes me referí -la cooperación con las autoridades norteamericanas, también con las francesas, que me decían que era
conveniente, pero con las francesas ya existen esos grupos de trabajo-, siempre proceden de una propuesta que antes ha realizado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, propuesta que siempre contará con el apoyo del fiscal general del Estado.
No puedo concluir sin hacer referencia a la última intervención, que ha revestido para mí un gran interés, pero todos los temas que se han ido desgranando anteriormente ya me evitan tener que reiterar esa respuesta individualizada.
Agradezco el apoyo que se ha expresado.
No sé si responder a una pregunta concreta que se me planteaba porque no deseo entrar detalladamente en esas materias, pero dado que la propuesta se me hacía de manera específica diré que puedo referirme estrictamente, por no entrar en
mayores detalles, a los nombramientos que se hicieron después de que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se reformase por esta Cámara. Eso provocó la necesidad de renovar las jefaturas de las fiscalías de los Tribunales Superiores de
Justicia. Prácticamente se renovó un gran número de fiscalías y de las 11 propuestas que hizo el Consejo fiscal solamente una, la del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, recayó sobre un fiscal que pertenecía a la Asociación Progresista;
solamente una, que era la del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 11. También podríamos añadir, para mejor conocimiento, que precisamente esa propuesta fue la única que el Ministerio de Justicia no aceptó y fue la única que el Ministerio
de Justicia guardó en un cajón y devolvió. Por lo tanto, ese nombramiento fue precisamente el único que no se hizo por el Gobierno de la nación en el Consejo de Ministros.
Atendiendo que esa propuesta había sido hecha por su antecesor, había sido
hecha por el Consejo Fiscal, creo que por unanimidad o por lo menos por amplia mayoría, y además había sido refrendada por su antecesor, el fiscal general del Estado, en la primera reunión del Consejo Fiscal lo que ha hecho ha sido reproducir la
propuesta que se había efectuado por el anterior Consejo fiscal y que no había sido atendida en este supuesto por el Gobierno. He tenido la satisfacción de que el Consejo de Ministros atendiera todas las propuestas que hizo el fiscal general del
Estado sin entrar en discriminaciones sobre a quién pertenecía de asociación uno u otro nombramiento. Todas las propuestas han sido aceptadas, lo cual agradezco porque es una muestra de confianza que debo expresar en este momento.
Con esto concluyo una exposición en la que, como digo, he tratado de dar respuesta individualizada a las cuestiones que se me han planteado, quizás me haya extendido demasiado y por lo tanto pido mis disculpas a los miembros de la Comisión,
pero ha sido consecuencia de la riqueza de los problemas y del deseo del fiscal general de atender todas las preguntas que se le planteen.
El señor PRESIDENTE: Observo la inquietud en el portavoz del Grupo Popular por intervenir, así como en el de Convergència i Unió. Con carácter extraordinario, y a los efectos de preguntas o rectificaciones, vamos a conceder un turno
extraordinario muy breve.
Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Quisiera agradecer al fiscal general del Estado sus respuestas puntualizadas a los distintos portavoces y agradecerle la especial inquietud que también ha mostrado en los temas específicos de lucha contra los delitos
de la seguridad en el tráfico. Nosotros compartimos esta inquietud y sabe que en Cataluña el fiscal jefe, señor Mena, precisamente ha dado también instrucciones en este ámbito. Nos gustaría la máxima implicación posible de la Fiscalía General en
este asunto para poder entre todos redundar en ese objetivo de que las muertes en carretera no tengan el índice que tienen actualmente. Por tanto, yo se lo agradezco y le tomo la palabra, otro día tendremos una comparecencia más específica para
poder profundizar en este tema. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la Presidencia.)
Quería ahondar en dos de los aspectos que yo había hecho hincapié en mi primera intervención, ya que no se ha dado respuesta a los mismos en la segunda, dado también la multitud de aspectos que le hemos planteado. El primer tema se refiere
a los traductores. Quisiera saber si le consta el personal específico que existe para realizar traducciones del árabe al español y si las dotaciones son las adecuadas o no. A lo mejor usted no dispondrá hoy de esta información, pero es un tema
importante, especialmente ahora en pleno transcurso de la Comisión de investigación sobre el 11 de marzo y tras los atentados.
El segundo tema se refiere al anuncio del ministro en cuanto a su criterio de que harían falta 600 nuevas plazas de fiscales, tras la reforma del proceso penal y el nuevo papel que en ese proceso debería tener el fiscal. Yo estoy de acuerdo
con usted. Aquí las posiciones de lege ferenda tampoco deben corresponder al fiscal general porque debe ser el Gobierno el que presente el proyecto de ley y el Parlamento el que al final lo apruebe o no. Sin embargo, más allá de que no corresponde
a la fiscalía el impulso de la reforma legislativa, sí que puede corresponderle la valoración sobre ese criterio. De entrada le tenemos que manifestar, una vez más, que nos parece que se quedan cortas esas 600 plazas, si realmente se hiciera ese
cambio global de la función del fiscal en el nuevo proceso penal. Se aprobarán en su caso las leyes orgánicas, lo hará este Parlamento, pero me gustaría conocer su criterio.
Por último, quisiera agradecerle la especial sensibilidad que ha demostrado en lo que es la configuración autonómica del Estado y la configuración en ese Estado plurilingüe que también debe tener la fiscalía. Por tanto, desde Convergència i
Unió le agradecemos en esta su primera comparecencia este espíritu que ha mostrado hacia el alcance que debe tener el reconocimiento de la pluralidad lingüística en las comunidades autónomas con lengua oficial propia. Asimismo, quisiera pedir
disculpas a la Presidencia por si en el momento de contestar este portavoz no está presente, que no lo sé, será porque a las dos empieza la Comisión de investigación sobre el 11 de marzo y tenemos reunión de Mesa y Portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Señor Astarloa, tiene la palabra por un tiempo, por favor, que no exceda de tres minutos.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: No protestaré, señor presidente, nunca y no lo verá en esta Comisión aunque el portavoz del grupo mayoritario se dedique a contestar las afirmaciones que hace en su intervención el portavoz del Grupo
Popular, en vez de hablar con el compareciente como es el trámite. Esa es una cosa que podemos asumir como buena regla de juego que, desde luego, yo acepto. Incluso acepto que cuando usted me deja contestarle le llame turno extraordinario y me
tase el tiempo, también lo acepto.
Dicho esto, en relación con lo que me contestaba el fiscal general del Estado, primero, le agradezco sin duda todos sus comentarios, como el tono de buen jurista que ha utilizado en todas sus intervenciones. Le agradezco las rectificaciones
y aclaraciones que ha hecho ahí donde lo ha considerado oportuno e incluso le agradezco la elegancia con la que no ha contestado a una importante serie de preguntas que también le he formulado. Se ha empeñado en decir S.S. que en dos o tres
ocasiones yo le he señalado una contradicción. La verdad es que yo no creo haberle señalado ninguna contradicción, menos contradictorio, S.S. es cualquier cosa. En concreto, cuando le hablaba del equilibrio no le hablaba de contradicción, sino de
una confusión que he creído percibir en la forma de explicarlo e Incluso se lo decía por si quería rectificar. Si yo interpretaba bien la confusión, y quería no interpretarlo así, usted estaba dejando a los pies de los caballos al Consejo Fiscal y
como estoy seguro que ese no era su propósito, a eso venía mi intervención.
En relación con los nombramientos tampoco le he señalado una contradicción. Le he dicho que hay una suma de elementos que hacen que estemos verdaderamente preocupados. Es verdad que a la hora de contestar con, insisto, la habilidad del
buen jurista, S.S., el señor fiscal general del Estado pone encima de la mesa unos, obvia a otros y el sumatorio es diferente. Por no mantener una polémica que no me parece necesaria, porque todos los que están en esta sala, incluso los que están
viendo fuera de esta sala esta comparecencia, están suficientemente ilustrados, me gustaría que recapacitase a futuro sobre las impresiones que tenemos en este grupo, porque tal y como lo explica usted lo deja muy claro: la ley no vincula al fiscal
general del Estado a lo que le diga el Consejo y yo atenderé siempre a que las personas que nombre tengan algún apoyo que se manifieste en el Consejo. Se le entiende todo. Usted tiene la idea de que tiene la máxima libertad en relación no sólo
legal, sino también de oportunidad de hacer los nombramientos que le parezcan bien en cada momento. Frente a eso le digo, deberíamos ponernos de acuerdo por lo menos en dos o tres cosas. La primera, que en la mayoría de los casos como ha ocurrido
(ahora hablaré un momentito, si me lo permite, con mi colega el portavoz del Grupo Socialista) con el Gobierno Popular en lo que yo mejor conozco que son los últimos cuatro años, debería ser un buen criterio, ya que no legal de sentido común, que el
fiscal general del Estado estuviese de acuerdo con el Consejo Fiscal, y no con uno o dos o dos y medio apoyos, sino con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.
Dos, que de verdad no me parece bueno que tanto el fiscal general del Estado como el
portavoz del Grupo Socialista, seguro que lo dicen porque lo creen, hagan un planteamiento de todo esto sobre la perspectiva de las ideas de cada quien, que se haga desde la perspectiva exclusiva del mérito y de la capacidad, que se haga con los
baremos que deben llevar a, como decía el señor Jané, satisfacer mejor el interés general.
Sobre los dos casos concretos, no he puesto en cuestión en ningún momento, señor fiscal general del Estado, la legalidad ni en la letra de la ley ni en la interpretación jurisprudencial de poder nombrar a un vocal del Consejo General del
Poder Judicial y tampoco voy a poner en cuestión los elementos de oportunidad que ha puesto encima de la mesa. Soy funcionario público y conozco muy bien lo que un funcionario público deja atrás cuando asume determinadas responsabilidades que no
son las del funcionario público. Y digo, desde mi propia concepción de la función pública, que la mejor manera no es en el tiempo compatibilizar lo que me permite ser funcionario público y compatibilizar lo que me permite el ejercicio de otra
responsabilidad en este caso, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y que en la medida en que eso crea una confusión que sumada a otros elementos tiene una mala interpretación, si se puede evitar parece razonable que quien tenía la
responsabilidad de elegir, que era usted, hubiese optado por elegir de otra manera.
En cuanto al señor Fernández Bermejo, primero permítanme un desahogo, que es que ninguno de los dos me haga replicar algo que es obvio. Ni el señor portavoz del Grupo Socialista me debe hacer replicar a la idea de que a alguien no se le
puede descalificar por ser de izquierdas o por tener unas ideas progresistas, porque sabe que jamás en mi vida lo haré, y lo que es peor, ese no es el problema, ese no es el tema que está puesto encima de la mesa en ese nombramiento. Al señor
fiscal general del Estado no hace falta que le diga que tengo igual o mejor concepción todavía de lo que la política con mayúsculas significa, con lo cual cuando hago este tipo de juicios no pretendo en sede política y delante de todos estos señores
descalificar la política ni a nadie porque pueda tener una cierta vocación política. No, no. Lo que estoy diciendo, y además usaré el mismo recurso retórico que usaba el señor fiscal general del Estado, es una cosa que usted sabe perfectamente qué
estoy diciendo.
Estoy diciendo que, teniendo las ideas que un fiscal quiera tener, ya es mucho más discutible que, de forma reiterada, notoria y pública, haga manifestación ofensiva, entrecomillas, de esas ideas en relación con una
parte del espectro político. En esta sala nadie considerará que eso no es, por lo menos, más que discutible. También saben perfectamente que cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo sabiendo que aquí detrás, en lo que
es el grupo parlamentario, hay muchas personas que han tenido responsabilidades de gobierno en muchos gobiernos y administraciones del Partido Popular que conocen las actuaciones del señor Bermejo, porque lo han sufrido, y que es un hecho. Si no
quieren que lo diga haciendo afirmaciones, ni juicios de valor, lo digo haciendo preguntas, señor fiscal general del Estado, para que los ciudadanos que estén siguiendo esto sepan, como usted, el portavoz socialista y yo sabemos de qué estamos
hablando. Pregunto, por ejemplo: ¿Es cierto o no que el señor Bermejo el año pasado reabre una querella que estaba archivada sobre cuestiones inmobiliarias en Madrid? ¿Es cierto que, además, esa querella aparece en medios de comunicación? ¿Es
cierto o no que, al aparecer en medios de comunicación, eso lleva a la apertura de dos expedientes disciplinarios? ¿Y es cierto o no -y en esto ya no tengo ningún elemento de juicio- que en un momento determinado un medio de comunicación publica
que esos expedientes disciplinarios se han archivado? De eso estamos hablando. De ese tipo de problemas que, con toda la evidencia, no hacían aconsejable, a nuestro juicio su nombramiento. Aquí añado otra cosa, y lo lamento de verdad, y que es
que ni el fiscal general del Estado, ni el ministro de Justicia, ni el presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, ni ahora el portavoz del Grupo Socialista hayan tenido sensibilidad para entender cómo afecta eso al sentimiento de los
miembros del Partido Popular y del Grupo Popular. Lamento, de verdad, que no hayan tenido esa sensibilidad.Termino, señor presidente, si me lo permite, dirigiéndome -señor fiscal general del Estado un momentito- a mi colega el portavoz del Grupo
Socialista y con el mismo afecto que también sabe que le tengo.
Permítame la expresión, creo que ha teatralizado muy bien su calor interior, como usted lo ha denominado. Sabe que yo jamás voy a entrar en el territorio de la mucha vergüenza, la
poca vergüenza, porque yo creo, y usted lo sabe muy bien, que, con independencia de que nos digamos lo que nos tengamos que decir, siempre tiene que ser con argumentos, que serán mejores o peores, que serán más aceptables o menos aceptables. Dicho
eso y con un argumento muy sencillo le diré, pasado por pasado, en materia de justicia, sin duda, no digo yo que los del Grupo Popular nos quedemos con el pasado del Gobierno Popular, digo que estoy seguro de que, si hiciésemos una encuesta, la
mayoría de los ciudadanos se quedarían con el pasado del Grupo Popular. No lo voy a llamar poca vergüenza o no poca vergüenza, voy a ser más suave, voy a hablar de poca memoria. Ahí me quedo.
En relación con la cuestión concreta de los nombramientos, los hechos son los hechos y no vale para contestar, cuando decimos desde el Partido Popular que los nombramientos no han sido afortunados, unas veces hablar del pasado, otras veces
del único caso del pasado que se trae a colación, otras veces de la cuestión de si conservadores o progresistas e ir dando vueltas, según sea menester, y en cada caso contestar. En lo que a los hechos se refiere, quien sea, el fiscal general del
Estado, usted o yo, quien más facilidad tenga, pongamos encima de la mesa los papeles, porque no es de recibo que se esté justificando una equivocación de presente con supuestas equivocaciones de pasado que no se contrastan. Se ha referido el señor
fiscal general del Estado, por ejemplo a lo que ha pasado después de la aprobación de la reforma del estatuto del ministerio fiscal. Prácticamente todos los nombramientos, por no decir todos, se han hecho siguiendo el criterio mayoritario del
Consejo Fiscal. Y como ahora no tengo seguridad para añadir lo segundo, lo añado entre comillas: en los cuatro años últimos de legislatura, del Gobierno del Partido Popular, es absolutamente excepcional la existencia de nombramientos de cargos de
fiscales que no se hayan hecho con el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. A partir de los hechos, luego ya nos ponemos a hacer valoraciones porque, si no, no estamos utilizando argumentos que sean válidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villarrubia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con la brevedad requerida, señor presidente. Como es una de las primeras comparecencia, para tranquilidad del portavoz del Grupo Popular, le diré que no va a ser nuestra línea de actuación hacer lo que
ustedes hacían, que era de oposición de la oposición. Ahora bien, me reconocerá que en su intervención anterior aludió expresamente a la comparecencia del señor ministro, aludió expresamente a compromisos del Gobierno actual y del grupo
parlamentario y no a compromisos, que exculpaba, del ministerio público y a expresiones tan claras como la politización e instrumentalización de la justicia, derivada de hechos concretos y de las afirmaciones del ministro de Justicia actual en su
comparecencia. Me entenderá que yo le conteste a eso. Aparte de que es una práctica parlamentaria habitual que el portavoz del grupo mayoritario se haga un poco eco de las críticas de la oposición e intente dar una respuesta lo más solvente
posible a ellas.
En cuanto al turno, he intentado, y me gustaría que lo creyera, no he teatralizado en absoluto. Me he contenido en mi expresión verbal ante lo que he considerado de verdad, créame, ofensivo. Lo digo suave. Le dije de poca vergüenza
política, y le excluí a usted personalmente cuando hice esa afirmación, para tratar de respetarle, como sabe que le respeto. Pero políticamente no podía soportar estas afirmaciones cuando con hechos, con argumentos, le he demostrado, y usted
conoce, porque
lo conoce, que lo que usted ha acusado es lo que ocurría en los ocho años anteriores y que, afortunadamente, no está ocurriendo en la actualidad.
Los datos, la información del ministerio público del fiscal general del Estado han sido
elocuentes: tribunales superiores de justicia, once nombramientos, tan sólo uno perteneciente a una asociación progresista, y es el único nombramiento que el Gobierno se permite rechazar. Cada uno saque sus conclusiones y sus
lecturas.Brevísimamente. Señor Fernández Bermejo. Es absolutamente subjetiva su intervención. Yo fui testigo presencial en esta Cámara de cómo el anterior ministro de Justicia vejó claramente al señor Fernández Bermejo, criticando su actuación
como fiscal de la Fiscalía de Madrid con relación a la entrada en vigor de los juicios rápidos. Casi le imputa la voluntariedad y la intencionalidad de que los aspectos informáticos entraran en funcionamiento, y lo hizo en sede parlamentaria,
además de a través de los medios de comunicación. No voy a entrar, porque eso está resuelto, en la relevancia penal o no de aquellas imputaciones, pero lo que tendría que haber hecho el fiscal general del Estado de entonces, al menos, era haber
amparado los derechos de este fiscal. No cabe confundir esa actuación personal entre el exceso que se produjo, injusto desde mi punto de vista, con independencia de la relevancia penal o no, por el entonces ministro de Justicia a este fiscal, y
mezclarlo con que ataque expresamente a todo su grupo, a todo lo que usted representa y a la falta de sensibilidad, porque quizás la falta de sensibilidad existe absolutamente en el sentido contrario. Por lo tanto, en este caso, igual que en el
resto, insisto en que aceptamos y compartimos el acierto de la propuesta que, por cierto, no ha rechazado en ningún supuesto el Gobierno, con independencia de pertenecer a la mayoritaria asociación conservadora, que, insisto, no se contradiga, señor
Astarloa, cuando habla de los criterios de mérito y capacidad y luego pretende que los nombramientos del fiscal general del Estado, sus propuestas, sean consecuencia del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, porque eso conduciría al absurdo,
elevado a la totalidad de esa interpretación, de que no podría haber un solo nombramiento de alguien al que no avalara la asociación mayoritaria conservadora porque tiene mayoría en el consejo fiscal.
Es tan claro, es tan evidente.
Para concluir, 10 segundos tan sólo, para agradecer la información exhaustiva que ha presentado ante esta Comisión el fiscal general del Estado, deseándole mucha suerte en esta importantísima y difícil tarea.
Sepa que de entrada va a contar
con el apoyo, con la comprensión y con el respeto del Grupo Parlamentario Socialista si, como estamos convencidos, su actuación va a ir dirigida a la defensa de esos principios que tan magníficamente ha plasmado en su intervención inicial.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el fiscal general del Estado.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Conde-Pumpido Tourón): Muy brevemente, al diputado de Convergència i Unió quería decirle que efectivamente hay una deficiencia de los traductores. Las comisiones rogatorias se dilatan excesivamente, y
eso es algo que no corresponde resolver al fiscal pero sí reconocer. En cuanto al número de plazas de fiscales, he de decirle que esas 600 plazas se plantean durante esta legislatura mientras que la posible reforma se plantea para su entrada en
vigor quizá en el año 2010, es decir, después de terminada esta legislatura y con un plazo de vacatio legis de dos años. Eso es lo que ha manifestado el señor ministro de Justicia en esta Cámara o en el Senado. Esas plazas son esenciales para las
necesidades actuales y posiblemente, en función de cuáles fuesen las nuevas competencias que tuviese el ministerio fiscal, durante esos dos años de vacatio legis habría que prever posiblemente nuevas plazas para el ministerio público.
Al señor Astarloa me gustaría dejarle claro mi agradecimiento por sus críticas y mi comprensión a la sensibilidad del Partido Popular en este caso. He meditado muy profundamente la decisión y he tomado en consideración lo que pudiese
afectar esa decisión a la sensibilidad del Partido Popular; sinceramente lo he valorado y lo he considerado. Sin embargo, también he tenido que considerar que ha habido alguna decisión anterior que me ha situado en una mala posición en la medida
en que, si bien es cierto que la destitución se produjo de acuerdo con las normas legales, también es verdad que la negativa de que el señor Fernández Bermejo pudiese volver a la plaza que ocupaba antes de ser nombrado fiscal jefe de Madrid, esa
decisión dejó un magnífico profesional en una situación de ostracismo que el fiscal general del Estado, en la medida en que tiene que contar con todos los fiscales, no podía perpetuar y por tanto no podía demorar. Si el señor Fernández Bermejo
hubiese sido autorizado a volver a su plaza en el Tribunal Supremo, posiblemente las circunstancias se hubiesen planteado de una manera diferente o, por lo menos, con menor urgencia; pero le puedo decir que el fiscal general del Estado valora en su
altísima cualificación y en su altísimo interés los informes del Consejo Fiscal, los valora enormemente y en absoluto puede minusvalorar la función que desarrolla. Lo que sucede es que el fiscal general del Estado está acostumbrado a aplicar la ley
y, por tanto, valora las funciones que a cada uno le corresponden. Quizá esas ideas de oportunidad o de valoración no entren en mi decisión. No se trata de criterios de oportunidad; se trata de criterios de ejercicio de las facultades legales y,
dentro del ejercicio de esas facultades legales, los criterios de idoneidad, de mérito y de capacidad apreciados por el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal. Su señoría dice que sería un buen criterio que en la mayoría de las
ocasiones, a pesar de que la ley le permita apartarse, el fiscal general del Estado se atuviese al criterio del Consejo Fiscal. Así lo he hecho. De doce
nombramientos, en nueve (la mayoría de las ocasiones) el fiscal general del Estado se ha atenido al criterio mayoritario del Consejo Fiscal, pero naturalmente no podemos quedarnos en la pura formalidad para poder hacer algunos nombramientos
que no son de la línea mayoritaria del Consejo Fiscal que afecten a personas no asociadas o a personas de asociaciones que no son mayoritarias. El fiscal general del Estado, en una minoría de los casos, haciendo uso de sus facultades, se tiene que
apartar de ese criterio. Sabe usted, señor Astarloa, que esa es mi obligación, que esa es mi responsabilidad y que he actuado en todo momento ponderando todas las circunstancias y teniendo en cuenta también el interés de los ciudadanos. Me parece,
y no es en absoluto crítica alguna, que estamos dedicando demasiados esfuerzos, demasiado tiempo al tema de un nombramiento para un cargo de lo contencioso-administrativo que no me parece que sea lo que a los ciudadanos más les preocupa del fiscal
general del Estado o, por lo menos, del ejercicio de la Fiscalía. Voy a procurar que el fiscal se convierta en un defensor de los derechos de los ciudadanos, ejercitando todas las facultades que le corresponden de acuerdo con la ley. En esa
función voy a poner todo mi empeño. Desde luego, considero que no es lo más importante de mi función la distribución de los nombramientos de una u otra Fiscalía; forma parte de mis responsabilidades pero no es aquello a lo que me gustaría dedicar
toda mi atención. Toda mi atención va en los intereses de las víctimas de los hechos delictivos, y los intereses de las víctimas de los hechos delictivos requieren que el fiscal actúe con la máxima entereza, con la máxima firmeza, con la máxima
fortaleza del fiscal general del Estado, no debilitado por polémicas que me parecen secundarias, y para eso pido al representante del Partido Popular -y sé que lo tengo- el máximo apoyo en esta función.El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señor
presidente, no es para replicar. Se ha producido un incidente parlamentario, la manifestación que hacía el portavoz del Grupo Socialista considerando vejatorias determinadas apreciaciones del ex ministro de Justicia al señor Fernández Bermejo.
Diré dos cosas. Primera, el trámite de alusiones, que es del propio interesado, lo tiene no sólo en esta sesión sino en los demás supuestos que establece el Reglamento; y segundo, en la parte que a mí me afecta, yo no he mencionado al señor ex
ministro de Justicia y diputado de esta Cámara, lo ha hecho directamente el señor Villarrubia. Le añadiré para su conocimiento que yo no estaba pensando -si hubiese querido mencionarlo lo hubiese hecho- en el señor ex ministro de Justicia. El
señor Michavila es sólo uno de otros muchos miembros del Partido Popular y del Grupo Popular que han tenido que recibir la protección jurídica de otros jueces y magistrados ante actuaciones del señor Fernández Bermejo, no el único.
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia. (Denegaciones)
Sin perjuicio de los derechos que como diputado al señor Michavila le puedan corresponder dentro de lo que está previsto en el Reglamento, agradeciendo sobre todo el trabajo y la presencia de los servicios de la Cámara, de los medios de
comunicación, de todas SS.SS. y del propio fiscal general del Estado, se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.