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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 107-3, de 16/10/2006
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
16 de octubre de 2006
Núm. 107-3
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
121/000107 Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de su portavoz Joan Puigcercós i Boixassa y al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad
por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2006.-Joan Puig i Cordón, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
ENMIENDA NÚM. 1
FIRMANTE
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 tiene una significación muy particular para Catalunya. Por norma general, el presupuesto es probablemente la referencia más fiable para determinar las prioridades
políticas del Gobierno Español. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, de forma muy particular, presentan un reto para el Gobierno todavía más transcendente en Catalunya: dar cumplimiento a su Estatuto de Autonomía recientemente
aprobado por las Cortes Generales y refrendado democráticamente. Más allá de consideraciones subjetivas, la concreción de la disposición adicional tercera del Estatuto no deja lugar a dudas: el porcentaje de inversiones en infraestructuras del
Estado en Catalunya debe corresponder al peso relativo de su Producto lnterior Bruto en el conjunto estatal. La inversión prevista en Catalunya no respeta dicho precepto para el año 2007 y representa, a nuestro entender, un gesto altamente
representativo de la voluntad con la que este Gobierno fomentará el desarrollo político y legislativo de nuestro nuevo Estatuto.
Si el peso relativo del Producto Interior Bruto de Catalunya sobre el agregado estatal es de un 18,85 por ciento, teniendo en cuenta que el total regionalizable en este Proyecto de Ley es de 21.128,6 millones de euros, debería de ser de
3.983 millones de euros. La inversión del Estado en Catalunya contemplada en este proyecto a duras penas supera los 2.900 millones de euros: el Estado prevé invertir en Catalunya 1.000 millones de euros de los que serían necesarios para dar
cumplimiento al Estatuto.
No únicamente se está incumpliendo un Estatuto de Autonomía antes que cumpla su primer aniversario en vigor, sino que la situación en materia de inversiones es relativamente peor que la del ejercicio anterior: el
porcentaje de inversión del Estado en Catalunya sobre el total regionalizable en el pasado ejercicio era del 14,6 por ciento y este año se sitúa en un 14. Un retroceso
inaceptable al albur de la situación de discriminación histórica que ha experimentado Catalunya en inversiones estatales y que merman significativamente su competitividad: si entre 1991 y el 2004 se acumuló un déficit en inversión pública
del Estado cercano a los 6.000 millones de euros, los últimos datos estiman que el porcentaje de stock de capital público en Catalunya es del 12,6 por ciento del agregado estatal, un porcentaje muy inferior no únicamente al peso relativo de su PIE
(18,85 por ciento), sino también de su población (16 por ciento). No únicamente se incumple el Estatuto de Autonomía, sino que éste tampoco ha servido ni para impulsar un cambio de tendencia en un tema tan sensible: mejorar la política inversora
del Estado en Catalunya.
Si bien es cierto que el Gobierno ha intentado argumentar que este Proyecto de Ley de Presupuestos da cumplimiento al Estatut, lo ha hecho de forma poco convincente y con una exposición de datos sumida en una confusión de cifras y partidas.
El Gobierno argumenta que las inversiones en infraestructuras sólo contemplan las inversiones de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. Es cierto que ésta puede considerarse una práctica habitual en la contabilidad presupuestaria, pero no
es menos cierto que hasta la fecha nunca ha habido ningún precepto estatutario que fijara reglas específicas en lo referente a la distribución territorial de la inversión del Estado. Exigimos al Gobierno una revisión de criterios que no sea
únicamente autorreferencial o arbitraria, sino que se homologue a los fijados por organismos internacionales como Eurostat o la OCDE, capaces de introducir una mayor neutralidad en la definición del concepto infraestructuras.
En segundo lugar, se presenta un cuadro en el informe económico-financiero pretendiendo justificar la inversión en Catalunya por valor de 3.195 millones de euros, que a nuestro entender es una cantidad también insuficiente considerando las
cifras anteriormente estimadas. Un cuadro en el que se suman transferencias de capital y partidas que, según reconoce el mismo Ministerio de Economía, no están contempladas propiamente como partidas presupuestarias. Un procedimiento, no únicamente
inadecuado, sino totalmente inaceptable.
Por último, no consideramos justo negar que el Gobierno haya realizado un esfuerzo inversor considerable en este Proyecto. Pero a su vez ha aumentado dramáticamente su opacidad en la distribución territorial de fondos: la inversión
regionalizable ha aumentado alrededor de un 8 por ciento, mientras que la inversión no regionalizable ha aumentado un 35 por ciento. En ausencia de argumentos de peso, se están priorizando aquellas partidas de inversiones por las que el Estado no
debe de rendir cuentas. Una práctica lícita, pero también poco transparente.
En resumen, presentaremos una enmienda a la totalidad, porque, habiendo modificado nuestro marco estatutario, el Gobierno continuará actuando con el mismo margen de arbritrariedad. El ejemplo más gráfico de este margen de arbritrariedad lo
encontramos en la ejecución de la inversión presupuestada. En los últimos años los niveles de ejecución de la inversión no han superado el 75 por ciento del presupuesto inicial. En ausencia de garantías o sin haber creado comisión tripartita de
seguimiento -Estado, Generalitat y Administración local-, tal y como contempla el apartado segundo de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, el Gobierno puede decidir el nivel de ejecución sin tener que rendir demasiadas cuentas.
Esquerra ha propuesto en diversas ocasiones establecer una cláusula de garantía para la ejecución de la inversión presupuestada en Catalunya: si el Estado no puede ejecutar sus partidas, prever mecanismos de transferencia a la Generalitat para que
estos recursos puedan destinarse finalmente en inversión productiva en el territorio. Esta propuesta no ha sido aceptada y hasta el momento la inversión no ejecutada ha revertido simplemente en ahorro del Estado: una práctica que actualmente no
podemos permitirnos perpetuar.
En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario de Esquerra tampoco considera que el presente Proyecto de Ley de Presupuestos dé una respuesta adecuada a las preocupaciones y/o problemas de los ciudadanos.
Como primer ejemplo, nos remitimos
a una de las primeras preocupaciones ciudadanas según los sondeos oficiales: la inmigración. Como es bien sabido, una correcta política de acogida a la inmigración requiere de recursos suplementarios para las principales políticas de gasto que
actualmente están llevando a cabo las Comunidades Autónomas en el desarrrollo de sus competencias. El año pasado este fondo era de unos 180 millones de euros a distribuir entre las CCAA: una cantidad de por sí escasa, pero introducida en los
Presupuestos del año 2005 y 2006 a consecuencia de la presión ejercida por Esquerra. No consideramos pertinente que, a la luz de los acontecimientos recientes y de considerarse uno de los principales retos de nuestra sociedad, el fondo de
inmigración ha aumentado de forma ridícula.
Por otro lado, el Gobierno afirma que, respondiendo a las peticiones de los empresarios, priorizará el gasto productivo, y muy especialmente el gasto en I+D. Si bien no podemos negar que el gasto en I+D civil ha aumentado, también
consideramos injustificable la inclusión en el presupuesto del Ministerio de Industria de 1.225 millones de euros en investigación y desarrollo militar. Una cifra, que por elevada, es aproximadamente igual a la del gasto total presupuestado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para el próximo ejercicio (1.275 millones de euros).
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2006.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 2
FIRMANTE
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
JUSTIFICACIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado para 2007 están elaborados ignorando las necesidades reales de la economia española, atienden sólo a los compromisos políticos y necesidades electorales del Presidente del Gobierno, y consagran un modelo
basado en la desigualdad que olvida la solidaridad.
El Proyecto de Ley de Presupuestos consagra un modelo de financiación autonómica que privilegia a unas comunidades frente a otras y que se decide de forma unilateral. Un modelo en el que algunas autonomías imponen su criterio sobre otras y
en el que las inversiones del Estado se asignan independientemente de las necesidades reales. Las Comunidades Autónomas con menos capacidad de presión política se deberán conformar con los recursos sobrantes.
Los presupuestos para 2007 no abordan rigurosamente los principales problemas de nuestro país, no aportan soluciones y agravan los desequilibrios que sufre nuestra economía.
Problemas como la inmigración ilegal, la caída de la competitividad internacional de nuestra economía, las deslocalizaciones industriales, el enorme endeudamiento de las familias, la pérdida de la calidad de la educación y el incremento de
los casos de violencia de género no encuentran respuesta en estos presupuestos. Con ello se demuestra que han sido elaborados al margen de las necesidades reales de los españoles.
Los presupuestos están basados en unas previsiones económicas erróneas que ya han sido desautorizadas por los principales organismos económicos internacionales. El Gobierno estima que el PIB real crezca un 3,2% en 2007 mientras que el FMI y
la OCDE prevén que crezca un 3%.
A la controvertida cifra del crecimiento del PIB bajo la cual están elaborados estos presupuestos hay que unir la no menos discutible previsión del Gobierno de mantener el objetivo de crecimiento de los precios que establece el Banco Central
Europeo de en torno al 2%. La media del incremento del IPC en 2006 es de 3,9% y, ni siquiera, si se confirmara un cambio de tendencia de los precios, se podría alcanzar el objetivo del Gobierno. La OCDE prevé un crecimiento de los precios en 2007
del 3,4%. Los presupuestos, por tanto, están un año más sustentados en un cuadro macroeconómico endeble y poco verosímil.
El incremento del gasto no financiero de un 6,7% en términos presupuestarios, y casi de un 9% en términos de Contabilidad Nacional está por encima del crecimiento nominal del PIB. Estos son, en definitiva, unos presupuestos expansivos y pro
cíclicos, que desaprovechan el buen momento del entorno económico internacional para cerrar las cuentas públicas con el superávit necesario y que agravarán los desequilibrios ya existentes. El superávit previsto de las cuentas públicas del 0,7%,
menor que el previsto para 2006, es insuficiente, y no aprovecha el momento del ciclo en que nos encontramos.
Para financiar el brusco crecimiento del gasto, el Gobierno tendrá que recurrir a incrementar un año más la presión fiscal a los españoles, aumentando los ingresos tributarios un 13,2% respecto al presupuesto del año anterior. El superávit
no se conseguirá a través de la contención del gasto, sino aumentando la presión fiscal.
En consecuencia, consideramos que el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2007 presentado por el Gobierno no aborda los problemas reales de los españoles, es incoherente, está mal elaborado, eleva la presión fiscal a los ciudadanos,
desincentiva la actividad económica y aumenta los desequilibrios, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.
A La Mesa de la Comisión de Presupuestos
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, Presenta la siguiente enmienda a la
totalidad al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2006.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
ENMIENDA NÚM. 3
FIRMANTE
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 no se ajusta a las necesidades sociales
y económicas que hoy necesita afrontar el Estado español y muy particularmente no cumple con aquello que establece l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
En primer lugar, los Presupuestos para el 2007 no cumplen con la disposición adicional tercera del Estatuto catalán donde se establece que, con el fin de paliar el déficit histórico de inversiones del Estado en Cataluña, en los próximos
siete años el Estado destine en el territorio catalán un porcentaje de la inversión en infraestructuras, descontado el Fondo de Compensación Interterritorial, equivalente a la aportación catalana al PIB español. Dicha aportación, según los últimos
datos del INE, debería ser 18,85%. El proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Gobierno destina a Cataluña un porcentaje sensiblemente inferior, incluso inferior al presupuestado para el año 2006, a pesar de que algunas de las principales
infraestructuras que se construyen, como el AVE, el Puerto o el Aeropuerto de Barcelona, se encuentran en su fase más madura. Este grupo parlamentario no admite que sólo dos meses después de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Cataluña el
Gobierno del Estado propicie su incumplimiento.
En segundo lugar los Presupuestos para 2007 responden por tercer año consecutivo a un modelo de crecimiento expansivo, pero, sobre todo, desequilibrado. La economía crece y crea empleo, pero únicamente a causa de la masiva entrada de
inmigrantes que se incorporan a la actividad productiva española, con empleos poco cualificados. Crecemos porque somos más y para seguir creciendo el año próximo deberemos ser más todavía, este es un modelo de crecimiento que no compartimos. Hay
que primar el crecimiento cualitativo, nuestro valor añadido no puede venir dado por un crecimiento sustentado en una mano de obra poco cualificada y por tanto barata. Este modelo, que es el que contemplan estos presupuestos, tiene fecha de
caducidad. El futuro de nuestra economía no puede basarse en la necesidad permanente de incorporar varios millones más de inmigrantes en los próximos diez años, tal como ya ha avanzado algún estudio reciente, necesitamos otro modelo de crecimiento
más equilibrado, que incorpore la excelencia en la producción de nuestros bienes y servicios, que permita incorporar mayor valor añadido a nuestras actividades con menor inflación, con menos déficit exterior, más competitivo, con industria, con
agricultura y con servicios, además de construcción y turismo. Los Presupuestos para el 2007 no incorporan las medidas y los instrumentos que necesitamos para reconducir el modelo económico que ha venido propiciando el Gobierno.
En tercer lugar estos Presupuestos tampoco dan respuesta a los grandes retos sociales que debemos afrontar: pensiones, vivienda, sanidad, educación, formación. Así pues, el nuevo sistema de protección a la dependencia y a la autonomía
personal de las personas con discapacidad nace cojo de recursos y cojo de modelo. Para el año 2007 el Gobierno prevé unas necesidades de 800 millones de euros, pero los presupuestos solo prevén incorporar 400 millones, ¿quién pondrá los otros 400?
Según el Gobierno, las Comunidades Autónomas, pero de acuerdo con el principio de lealtad institucional, recogido en la normativa de financiación de la Comunidades Autónomas, es el Estado quien debe transferir a las Comunidades Autónomas los
recursos necesarios para afrontar gastos derivados de una normativa estatal. También es un problema de modelo, corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en servicios sociales, por lo que bienvenida la participación del Estado
en la financiación del nuevo sistema de dependencia, pero que defina el Estado lo que está dispuesto a financiar con carácter general para todo el territorio y deje a las comunidades el modelo de implantación, ya que no son equivalentes las
necesidades y costes de cobertura de las prestaciones en Madrid o Catalunya que en Extremadura. La formación es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra economía, es también una de las causas principales de nuestra baja productividad,
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que corresponde a las Comunidades Autónomas su gestión, en cambio, los presupuestos para 2007 otorgan de nuevo al Estado la gestión de la mayor parte de estos recursos, con el
agravante de que en los últimos años la Administración General del Estado ha dejado de gastar varios centenares de millones de euros que debían destinarse a formación, y los ha destinado a reducir el déficit público o aumentar el superávit.
Necesitamos formación pero el Estado no gasta apropiadamente los recursos que tenemos.
Finalmente, los Presupuestos para el 2007 tampoco incorporan mecanismos eficaces para agilizar y garantizar el cumplimiento de los compromisos que se aprueban, lo cual afecta especialmente a la inversión. Año tras año las inversiones se
ejecutan con enormes retrasos sin que la normativa presupuestaria corrija estas prácticas. En este sentido, la liquidación de los presupuestos de 2005 y la previsión de los Presupuestos de 2006 apunta que en ambos casos van a alcanzarse superávit a
los presupuestados inicialmente. Es evidente que las desviaciones que comportan déficit no previsto son negativas, pero la acumulación de superávit cuando tenemos una de las economías con menor crecimiento de la productividad de la Unión Europea y
cuando tenemos las pensiones que tenemos, la mayoría por debajo de los índices de pobreza, y cuando tenemos los déficit en sanidad, vivienda o educación que nos señalan las diferentes estadísticas comunitarias, tampoco se ajustan a la política
presupuestaria que el país requiere.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 solicitando su devolución al Gobierno.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de lo establecido en el articulo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007 de devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2006.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
ENMIENDA NÚM. 4
FIRMANTE
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Enmienda a la totalidad
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, solicitando la devolución de los mismos al Gobierno.
La mayoría de los argumentos utilizados años atrás para solicitar la devolución de los Presupuestos siguen estando hoy plenamente vigentes en este Proyecto.
A pesar de que la disposición del Grupo Vasco era favorable a llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, esto no ha sido posible. Y no lo ha sido, en nuestra opinión, por la falta de voluntad política del Grupo Socialista y del
Gobierno.
Por una parte, el olvido de Euskadi en materia de inversiones públicas continúa siendo una característica definitoria de estos Presupuestos. Las inversiones reales del Estado previstas para Euskadi están por debajo de 1%; y si incluimos
las que prevén realizar las sociedades públicas mercantiles, fundaciones públicas, etc., la cifra total prevista para el año 2007 apenas alcanza el 1,7% (hay que tener en cuenta que el peso de la economía vasca en el capítulo del Estado es superior
al 6%). Lejos de apostar por Euskadi, estos Presupuestos significan un alejamiento de Euskadi.
Por otra parte, la reforma del gasto público pendiente que desde el Grupo Vasco venimos demandando insistentemente, no se observa por ningún lado.
Más bien, van en sentido contrario los pasos que está dando el Gobierno.
En lugar de
respetar el ámbito competencial que contempla el Estatuto de Autonomía de Gernika, y de buscar la eficacia y eficacia económica mediante las transferencias pendientes en materias como la I+D+i, Formación Profesional, Seguridad Social, Vivienda,
etc., tales políticas constituyen las rúbricas presupuestarias más significativas de los Presupuestos.
Estos son argumentos que a juicio del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) justifican sobradamente la petición de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad al proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2006.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NÚM. 5
FIRMANTE
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto)
JUSTIFICACIÓN
El pasado 26 de septiembre, el Gobierno del Estado presentó a esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado para el 2007 con el objeto de conseguir el apoyo de la misma. Analizados los mismos, Eusko Alkartasuna entiende que estos
Presupuestos no se ajustan a las necesidades y objetivos que esta formación considera necesarios para el próximo año y por ello presenta la siguiente Enmienda de Totalidad en virtud de los argumentos que a continuación se exponen.
La Ley de Presupuestos es el instrumento clave que tiene el Gobierno para establecer las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto y los criterios de política económica general complemento de los anteriores.
Más allá de ello,
cualquier presupuesto debe cumplir las previsiones legales del ordenamiento jurídico vigente, estableciendo la determinación presupuestaria y en su virtud los flujos de financiación y esfuerzo inversor que responden a dicho ordenamiento jurídico.
Esta es la primera consideración que entendemos falla en los Presupuestos que nos presenta el Gobierno, al menos en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por un lado, denunciamos el incumplimiento del Estatuto de Gernika
de 1979 debido única
y exclusivamente a la inexistencia de voluntad política por parte del Gobierno, y por otro, el déficit de inversiones que realiza el Ejecutivo en la CAPV.
En relación al Estatuto de Gernika, debemos recordar nuevamente que tras los informes elaborados y aprobados por el Parlamento Vasco en los años 1993 y 1995, donde se analizaban las transferencias pendientes y se evaluaban las prioridades a
la hora de proceder a su traspaso, siguen existiendo 37 competencias que no se han llegado a transferir.
Competencias que son vitales para el desarrollo socioeconómico de Euskadi, como las políticas de empleo y de Seguridad Social y, entre ellas,
la correspondiente a políticas activas de empleo, la Inspección de Trabajo, la Formación Continua, las políticas sobre Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, así como competencias tan relevantes como la organización, régimen y
funcionamiento de las instituciones penitenciarias. La no transferencia de estas competencias impide a las autoridades vascas contar con los instrumentos suficientes para afrontar y resolver retos tan importantes como la siniestralidad laboral, la
formación de los trabajadores o la resolución de la grave situación en la que se encuentran las personas reclusas en los centros penitenciarios de Nanclares de la Oca, Basauri y Martutene, centros absolutamente obsoletos.
Es evidente que la pretensión de Eusko Alkartasuna es la de seguir reivindicando hasta obtener todas y cada una de las competencias que por derecho corresponden a la CAPV, pero consideramos que el planteamiento efectuado por nuestra
formación política al Gobierno, en las conversaciones sobre estos Presupuestos, ha sido lo suficientemente flexible para haber podido obtener un acuerdo razonable en alguna de estas materias.
La segunda razón mencionada, el ya tradicional déficit de inversiones que realiza el Gobierno del Estado en Euskadi en las materias que les corresponden, como grandes infraestructuras de transporte, aguas, costas, etc., se vuelve a
reproducir este año. No podemos admitir que el argumento de un aumento del 14,5% respecto del 2006 sea ya justificación para el Gobierno para no abordar lo que es un injustificable y perjudicial 'gap' que existe en lo que paga el ciudadano vasco al
Gobierno del Estado en la gestión de lo que a éste le corresponde con lo que realmente se revierte en Euskadi.
Ejemplos como la falta de formalización y por tanto de desembolso de la participación del Gobierno del Estado en la sociedad Jaizkibia para la regeneración de la bahía de Pasaia, cuando las demás instituciones vascas ya lo han hecho, o el
retraso de las grandes infraestructuras de transporte ferroviario, retrasos en esta materia que hacen difícil que obras 'tan importantes' a nivel europeo como la Y vasca, así lo ha señalado la Comisión Europea al entender preferente el tramo
Vitoria-Bilbao-Dax del eje Paris Madrid-Oporto, puedan estar culminadas para el año 2010 o en materia de aguas podemos señalar como temas pendientes, entre otros, la depuración de la Ría de Gernika, la culminación del Plan de Saneamiento del Bilbao
Metropolitano, el acondicionamiento del cauce del Zadorra o el Saneamiento y Depuración del Alto Nervión. Estos son algunos de los ejemplos que visualizan las consecuencias que ese déficit inversor ha supuesto y supone para Euskadi.
Pero más allá de estos argumentos, existen razones de orden general que nos llevan a mantener ciertas reservas en relación a las previsiones económicas de estos Presupuestos. Las Cuentas del Estado se han definido por el Gobierno como unos
presupuestos sociales, inversores y con una previsión del superávit para el próximo año. Compartimos algunas de las previsiones económicas que sustentan los Presupuestos, pero creemos que debe hacerse también mención y prever algunos de los
posibles riesgos o peligros que la situación de la economía española puede afrontar en los próximos tiempos, tales como la inflación, el coste energético, la preocupante situación de deuda de las familias por la compra de vivienda, que ya superó el
medio billón de euros o las dificultades de competitividad de las empresas para afrontar los mercados exteriores.
El crecimiento de la economía española basado en una demanda de consumo elevado, en la industria de la construcción, no responde a un modelo de crecimiento equilibrado, ni es un modelo de crecimiento sostenible. Ello implica la necesidad
por parte del Gobierno de encauzar este cambio fortaleciendo dotaciones de capital tecnológico y humano que permitan una buena situación de competitividad en las empresas y supongan una modernización de la economía.
Queremos también insistir en una reiterada orientación de estos Presupuestos a destinar un porcentaje muy elevado de I+D+I a investigación militar, el 20% del total, que si bien supone un descenso del 27% que se reflejaba en los Presupuestos
para este año, este 20% sigue siendo el doble del que se dedica al Programa de Investigación Científica, cinco veces más que el presupuesto de investigación sanitaria y por supuesto del correspondiente a la investigación educativa, situándonos un
año más en los primeros puestos de los países desarrollados que mayor porcentaje del P.I.B. destinan a investigación militar.
Por último, consideramos necesario aumentar algunas de las partidas presupuestarias. Es difícil entender que 310 millones de euros puedan ser suficientes para abordar la complejidad y las necesidades humanitarias de integración que requiere
el fenómeno de la inmigración o que 400 millones de euros puedan permitir un eficaz desarrollo de lo contenido en la Ley de Dependencia aprobada por este Congreso recientemente.
Por todo lo anterior solicitamos la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2007.