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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 146, de 17/06/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 146
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 17 de junio de 2003,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de los procedimientos de control de la gestión económico-financiera de los centros e instituciones penitenciarias.
(Número de expediente del Congreso 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000100.) ...
(Página 3569)
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por las sociedades estatales que integran el grupo AHV-Ensidesa capital, S.A., en los ejercicios 1996, 1997 y 1998 y de su situación
a 31 de diciembre de 1998. (Número de expediente del Congreso 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000099.) ... (Página 3570)
- Informe de fiscalización selectiva de los contratos de obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona formalizados por el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en los años 1999 y 2000. (Número de
expediente del Congreso 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000101.) ... (Página 3573)
- Informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, ejercicio 2000. (Número de expediente del Congreso 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000115.) ... (Página 3574)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Nuevo Baztan (Madrid).
(Número de expediente del Congreso 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102.) ... (Página 3580)
- Informe de fiscalización de los gastos derivados de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de paz de organizaciones internacionales, ejercicios 1997-1998. (Número de expediente del Congreso 251/000104 y número de
expediente del Senado 771/000103.) ... (Página 3582)
- Informe de fiscalización del sistema de control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias periódicas, ejercicios 1998-1999. (Número de expediente del Congreso
251/000106 y número de expediente del Senado 771/000105.) ... (Página 3585)
- Informe de fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores. (Número de expediente del Congreso 251/000107 y número de expediente del Senado 771/000106.) ... (Página
3589)
- Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Estadística, ejercicio 1999. (Número de expediente del Congreso 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000107.) ... (Página 3595)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar comienzo a la sesión número 29 de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y de entrar en el orden del día propiamente dicho, quiero darles a conocer un escrito que me remite la
presidenta del Congreso, que dice: La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia. Autor: Guardans i Cambó, Ignasi, del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Solicitud a
la Mesa de la Cámara para que informe al citado diputado sobre los derechos que le asisten para poder desarrollar sus funciones parlamentarias en un espacio limpio de tabaco y dicte, para el caso de que no exista norma interna ni decisión alguna
sobre el consumo de tabaco en espacios cerrados en el Congreso de los Diputados, las normas que sean necesarias para limitar o, en su caso, prohibir el tabaco en sus reuniones de comisiones y de subcomisiones. Acuerdo de la Mesa: 1.º Establecer la
prohibición en las siguientes dependencias de la Cámara: registro y dependencias de recepción e identificación, salas de lectura de la biblioteca y del archivo general, ascensores, cocinas y áreas laborales donde trabajan mujeres embarazas. 2.º
Comunicar a los presidentes de las comisiones que corresponde a los mismos establecer en sus reuniones el criterio que entiendan pertinente sobre tal cuestión. 3.º Comunicar este acuerdo al señor diputado autor del presente escrito y a los órganos
directivos de la Secretaría General. Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso de los Diputados.
Este presidente establece que en las reuniones de esta Comisión se puede fumar todo lo que estimen oportuno sus señorías. (Una señora diputada: Si no, nos vamos.)
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.
(Número de expediente del Congreso 251/000100 y número de expediente del Senado 771/000100)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al primer punto del orden del día: informe de fiscalización de los procedimientos de control de la gestión económico-financiera de los centros e instituciones penitenciarias, al cual se han
presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por parte del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, tiene la palabra para defender las propuestas del Grupo Socialista, la señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Quiero explicar que las propuestas de resolución que planteamos tienen como objetivo reforzar los mecanismos de control sobre la gestión económica de los centros penitenciarios, aunque quiero señalar -como ya
dijimos en su día, cuando comentamos el informe del Tribunal- que muchas de las deficiencias señaladas por dicho informe se refieren a cuestiones de fondo, es decir, a falta de inversiones o a carencias presupuestarias, pero pensamos que estas
cuestiones se tienen que derivar hacia el debate de presupuestos del próximo año, que es lo procedente, y por lo tanto no hemos hecho referencia a ese tipo de cosas en las propuestas de resolución.
En primer lugar proponemos que se constate la necesidad de normalizar la contabilidad auxiliar en los centros penitenciarios facilitando el mismo programa informático a todos y elaborando una normativa adecuada a estos cambios en sustitución
de la actual, que era una de las cuestiones que señalaba el informe, que destacaba la ausencia de un sistema informático unificado que puediera recoger la totalidad de las operaciones de naturaleza económica que se producen en los centros
penitenciarios.
Entendíamos que la ausencia de ese sistema podía propiciar un cierto descontrol de la gestión económica de algunos centros, además de complicar y burocratizar la gestión, porque eso requiere remitir la documentación a la
Subdirección General de Servicios Penitenciarios, que tiene que esperar a recoger la de todos los centros. En fin, un lío que habría que resolver de una manera tan sencilla como esta.
La segunda propuesta se refiere a la inexistencia de normas internas que garanticen un control eficiente sobre los productos farmacéuticos que se dispensan en los centros penitenciarios. Como señalamos en su día, la importancia de esta
cuestión en nuestra opinión es grande, no sólo por la cuantía del gasto en este tipo de productos, sino porque cualquier falta de control en ellos en ese ámbito, en los centros penitenciarios, es un factor de riesgo sobre un uso indebido de los
mismos.
La tercera cuestión que planteamos tengo que confesar que es un poco más oportunista, si se me permite decirlo así, en el mejor sentido del término. En el informe del Tribunal se señalaba que no había un formato normalizado de inventario de
los bienes de los centros penitenciarios. En el debate que hicimos aquí sobre el informe, el señor Villanova, en nombre del Gobierno -aunque hablaba en nombre del Grupo Popular-, ya que tenía un informe de aquél, tuvo la amabilidad de informarnos
de que en septiembre de 2002 el Gobierno había remitido un programa informático a los centros de inventario de utensilios y mobiliario. Pues bien, lo que queremos en este momento -y en ese sentido va nuestra propuesta- es conocer el resultado de la
aplicación de ese programa, así como la valoración que hace el Gobierno de la situación del mobiliario de los centros penitenciarios, para que la subsanación de esta deficiencia, que en principio se presentaba como una deficiencia formal en el
informe del Tribunal de Cuentas, pueda conducir a tomar conciencia sobre la necesidad de dignificar esa parte de las infraestructuras penitenciarias y, como consecuencia, a mejorar las condiciones en que vive la población reclusa en nuestros centros
penitenciarios. Ese es, pues, el objetivo de estas tres propuestas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: He de decir en primer lugar que de las propuestas de resolución que presenta el Grupo Popular -y no el Gobierno-, que sustenta y apoya al Gobierno de la nación, con relación a la número 1, haciendo mención a que la
portavoz del Grupo Socialista prefiere dejar el debate para el presupuesto del año 2004 para que lógicamente se dote a Instituciones Penitenciarias de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el servicio que presta, tan importante
para todo el país, hemos visto cómo se ha ido incrementando cada año el presupuesto, concretamente del capítulo 2, de bienes corrientes y servicios, con un aumento, por ejemplo en reparación, mantenimiento y conservación de edificios, del año 2003
con respecto a 2000 del 46,29 por ciento; en energía eléctrica, 23,53 por ciento; combustible, un 78,83 por ciento; productos alimenticios, un 19,55; otros suministros, un 74,66 por ciento; asistencia sanitaria, un 5,9 por ciento de incremento.
Como ven ustedes, todas estas partidas presupuestarias del capítulo 2 han tenido un incremento bastante considerable, siendo del 80,62 por ciento de media en todo el capítulo. Por lo tanto, aunque ese debate me imagino que lo trasladarán ustedes al
trámite presupuestario, nosotros hemos visto y hemos observado -como así se había detectado en el informe del Tribunal de Cuentas- que no siempre se podían cubrir
los gastos reales que se producían cada año. Ante esa realidad, nosotros hacemos una propuesta, la número 1, para que se siga dotando de recursos al capítulo 2 de Instituciones Penitenciarias y adaptándolo a los gastos reales que viene
teniendo, conforme a los presupuestos de cada año. Se ha producido un incremento y se ha hecho un esfuerzo bastante considerable, pero somos realistas y nos gusta hacer bien las cosas y hay que, lógicamente, adaptar los gastos reales a la dotación
presupuestaria de cada ejercicio. Por eso hacemos esta propuesta número 1 y esperamos que cuente con el apoyo de todas sus señorías.
La propuesta número 2 hace mención a que, lógicamente, se ha implantado un sistema auxiliar de contabilidad homogéneo para todos los centros, pero faltaba adaptar la normativa, que había que actualizar, y por eso reiteramos y pedimos que se
adecue a las circunstancias actuales, en cuanto a la aplicación informática que se está llevando a cabo en todos los centros penitenciarios. He visto que también ustedes lo incluyen en la propuesta de resolución número 1, que habría casi que
rechazar, porque ustedes son reiterativos respecto a algo que ya se están haciendo, pero la vamos a aprobar. Vemos la buena fe y la buena voluntad de SS.SS.
respecto a querer perfeccionar los sistemas y mecanismos de control de las instituciones
penitenciarias.
En cuanto al gasto farmacéutico, tengo aquí la información actualizada de lo que se ha presupuestado, del crédito definitivo de cada ejercicio desde 2000 hasta 2003, y los gastos reales que se han producido. Tengo que decir que debido a la
eficiencia y al buen control, no a lo que S.S.
quiso decir en su intervención en la anterior Comisión, ha habido una reducción del gasto farmacéutico de un 13,91 por ciento. No obstante, nosotros no queremos decir que esto se pueda producir todos
los ejercicios, pero siguiendo la evolución que hemos venido obteniendo desde 2000 hasta 2003, empezando el año 2000 con casi 43 millones de euros, vemos cómo ahora hay un crédito inicial de 37 millones de euros; sin embargo, la estimación del
gasto va a ser inferior. Se ha hecho buena gestión del control del gasto farmacéutico en Instituciones Penitenciarias y por lo tanto no vemos necesario apoyarles a ustedes en estas propuestas de resolución, tanto en la número 2 como en la número 3,
porque entendemos que están funcionando los mecanismos de control que están implantados, y usted reitera la petición ahora de una información del resultado de la aplicación del sistema, digamos, de control de bienes inventariables. Me parece muy
bien, pero pídala usted en otra Comisión o en otro sitio si quiere llevar un seguimiento del gasto y del control de los bienes inventariables de Instituciones Penitenciarias, porque entendemos -como ya se vio en la Comisión por boca del propio
presidente- que quedaba claro que estaba garantizado que se están llevando las cosas bien, a pesar de que había anomalías. Había once recomendaciones, de las cuales nueve se habían ya puesto en práctica y habían dado buenos resultados, como la
relativa al absentismo; también había un problema de crecimiento de plantilla. Tengo la información aquí del crecimiento de la plantilla desde el año 2000 y pasamos de 540 en 1999 a 698, un crecimiento del 29,26 por ciento para tratar de realizar
un trabajo más adecuado y en mejores condiciones para todos los internos que hay ahora mismo en toda España.
Les vamos a aceptar la propuesta de resolución número 1, entendemos que coincide bastante con la nuestra, aunque es reiterativa; pero entendemos que no es necesario ni preciso ni imprescindible aprobar la número 2 y la número 3.
Muchas gracias, señor presidente, por permitirme ser un poco más extenso en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Este presidente es demasiado permisivo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES ESTATALES QUE INTEGRAN EL GRUPO AHV-ENSIDESA CAPITAL, S.A., EN LOS EJERCICIOS 1996, 1997 Y 1998. Y DE SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 1998. (Número de expediente
del Congreso 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000099.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al segundo punto del orden del día: informe de fiscalización de las actividades realizadas por las sociedades estatales que integran el Grupo AHV-Ensidesa Capital, Sociedad Anónima, en los
ejercicios 1996, 1997 y 1998 y de su situación a 31 de diciembre de 1998. A este informe presentan propuestas de resolución también los mismos grupos parlamentarios y para defender la del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz,
la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Paso a defender las propuestas de resolución presentadas por mi grupo al informe de fiscalización relativo al proceso de privatización del grupo AHV-Ensidesa Capital. Nosotros hemos presentado siete propuestas de
resolución, cuyo contenido está, lógicamente, en coherencia con la fijación de posición que defendimos en la sesión anterior cuando se presentó el informe. Estas propuestas de resolución tienen en conjunto el objetivo de mejorar la transparencia de
los procesos de privatización y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. En primer lugar, instamos al Gobierno -porque en definitiva es el responsable, detrás de la propia SEPI, de las decisiones tomadas- a que realice las aportaciones
presupuestarias pertinentes y necesarias para evitar que las empresas públicas sigan sufriendo los problemas que presentó el grupo AHV-Ensidesa Capital y también otras empresas públicas, como se demostró en informes anteriores, situaciones en las
que la falta de las
aportaciones presupuestarias lleva a desequilibrios patrimoniales, que además de tener una significación económica muy importante, al implicar que el Gobierno no cumple con sus compromisos de aportaciones presupuestarias, tienen también el
efecto o la consecuencia de crear una situación de ilegalidad en esas sociedades, al no cumplir con la Ley de Sociedades Anónimas, que obliga a convocar junta y a reducir el capital cuando hay una situación de desequilibrio patrimonial. Por
consiguiente, insisto, instamos al Gobierno a evitar que se produzca ese tipo de situaciones y a que cumpla con sus compromisos de aportaciones presupuestarias. Es una propuesta de resolución que recoge estrictamente las consideraciones que realiza
el Tribunal de Cuentas en su informe.
En segundo lugar, instamos al Gobierno también a que informe a esta Cámara acerca de cuál ha sido el grado de cumplimiento del plan de competitividad, los desembolsos realizados y el total de ayudas públicas autorizadas al grupo que hoy nos
ocupa, dado que el Tribunal de Cuentas afirma en su informe que no llega a poderse conocer exactamente con rigor cuál es el volumen de los desembolsos realizados y el total de ayudas públicas.
En tercer lugar, instamos al Gobierno a que informe y justifique un hecho que está detrás de todo el proceso que detecta el Tribunal de Cuentas con relación a la falta como mínimo de eficacia en el proceso de privatización y la falta de
transparencia y es el abandono del plan financiero. El plan financiero se abandona sin que sea sustituido por otro modelo de financiación acorde con las necesidades financieras y patrimoniales del grupo. No hay explicación, no se justifica por qué
se abandona el plan financiero; es más, el Tribunal de Cuentas señala que dicho abandono comporta una menor eficacia en el proceso de privatización y por lo tanto exigimos que se explique a esta Cámara cuáles fueron las causas por las que se
abandonó el plan financiero.
En cuarto lugar, instamos al Gobierno a que informe a esta Cámara sobre el efecto que tiene, en el volumen de deuda avalada por el Estado, la sustitución de ésta, en el momento que se abandona el plan financiero, por aportaciones de los
socios, que dice claramente el Tribunal de Cuentas que es un sistema más costoso y menos eficaz y además no resuelve el problema del desequilibrio patrimonial. Esa es una técnica de ingeniería contable que viene utilizando el Gobierno de forma
reiterada.
Los medios de comunicación ayer se hicieron eco de cómo en otro órgano de la Administración, que es el GIF, se transforman lo que tendrían que ser aportaciones presupuestarias en otro tipo de anotaciones de partidas contables y ese
cambio no tiene más objetivo que evitar que repercuta lo que son gastos reales en un déficit público. En definitiva, nos encontramos una vez más en esta cuestión que hoy nos ocupa con que se buscan soluciones para camuflar en realidad los
resultados de gasto público que se tienen comprometidos y que se anotan en otras partidas distintas. Por lo tanto el Gobierno debe explicar cuál hubiera sido el efecto sobre la deuda de no haberse abandonado el plan de financiación.
En quinto lugar, instamos al Tribunal de Cuentas a que fiscalice los movimientos de pago y de cobro de las cuentas corrientes del grupo, dado que, según señala el informe, hay un volumen de liquidez inexplicable que no se justifica por las
propias o compromisos del grupo y no se tiene constancia de qué rendimientos derivan de esos volúmenes elevados de liquidez, situación similar a la que se produce en otras cuentas de órganos fiscalizados por el Tribunal, y me remito, por ejemplo, al
mismo que anteriormente, al Gestor de Infraestructuras. Esos volúmenes de liquidez no se utilizan, están ahí permanentemente, no sirvieron tampoco para evitar los desequilibrios patrimoniales y hay que dar una explicación al órgano fiscalizador, es
decir, al Tribunal de Cuentas, de qué ocurre con los intereses de esas cuentas corrientes y adónde van.
En sexto lugar, instamos al Tribunal de Cuentas a que fiscalice las condiciones en las que el grupo realizó las ventas de terrenos y fincas.
El Tribunal de Cuentas señala explícitamente que no se hicieron de acuerdo con los principios de
legalidad, economía y eficiencia. Se recurrió a intermediarios, cosa que no está contemplada en estos procesos de privatizaciones, y hay que explicar y conocer, hay que fiscalizar quiénes se beneficiaron de esa intermediación que está fuera del
marco normativo que regula los procesos de privatización.
En último lugar, instamos al Tribunal de Cuentas a que remita a esta Cámara los nombres de las personas físicas y jurídicas que adquirieron los terrenos y fincas vendidas por el grupo, unas ventas que se realizaron a unos precios contables
diez veces por debajo del precio de mercado. Por lo tanto exigimos que si el Tribunal de Cuentas tiene estos nombres, por favor, los remita a esta Cámara, con el objetivo de que esta Comisión cumpla con su responsabilidad de fiscalizar y controlar
los gastos que se han realizado o los beneficios no lícitos derivados de un proceso de privatización.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Mi grupo parlamentario a este informe ha presentado dos propuestas de resolución. Como indicaba ya la portavoz del Grupo Socialista a lo largo de las últimas comisiones hemos tenido ocasión de debatir la situación de
las empresas públicas y la gestión que realiza en todas ellas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales; hemos visto el tema de los posibles desequilibrios patrimoniales, cómo se han subsanado esas situaciones, la externalización de sus
compromisos por pensiones, etcétera, y hay una conclusión y un denominador común, que además refleja el Tribunal, y es que en aquellos momentos en
los que se ha producido esa situación, inmediatamente el accionista mayoritario, en este caso la SEPI, ha procedido a inyectar los fondos necesarios para eliminar esa situación de desequilibrio patrimonial.
También hemos visto cómo la
mayoría de las empresas que puedan estar incursas en estas causas pertenecen a sectores en reconversión que han tenido unos avatares a lo largo de los últimos veinte años muy importantes, que es lo que hace que en estos momentos sigan necesitando de
ese restablecimiento de equilibrio hasta que se completen definitivamente sus procesos de privatización. Por tanto nuestro grupo parlamentario en este informe, al igual que en los anteriores, se remite a lo que es la situación genérica de todos
ellos y por eso la primera de nuestras propuestas de resolución insta al Gobierno a que mantenga la actuación que está realizando a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, como socio mayoritario, a que siga aportando y
restableciendo el equilibrio patrimonial allí donde se produzcan esos desajustes y en el caso de que sean empresas de capital mayoritariamente público cumpliendo, como se ha venido haciendo hasta ahora, la normativa mercantil. A la señora Costa en
algunos momentos le parece que eso no se está haciendo, pero creo que de los informes del Tribunal que hemos estado analizando en las distintas sesiones de esta Comisión no se deriva eso en absoluto. Se puede derivar y afirmar, como así lo hace,
efectivamente, el Tribunal, que hay momentos puntuales en los que se puede estar incurso en esas causas de desequilibrio, incluso en causas de disolución, de acuerdo con la ley mercantil, pero que sin embargo se ha restablecido el equilibrio en cada
uno de los casos.
La segunda propuesta está en relación directamente con la voluntad del Gobierno y sobre todo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de ir completando los procesos de privatización. En este caso, en lo que hemos visto del
informe sobre Altos Hornos de Vizcaya-Ensidesa, nosotros instamos a que efectivamente eso se vaya completando y, sobre todo, se liquiden rápidamente todas las empresas o las sociedades participadas que en estos momentos no tienen actividad
industrial, de acuerdo con esos planes previstos en su día, y permanecen, digamos, vivas sin tener una actividad clara. En ese sentido, nosotros pedimos que se culmine ese proceso de liquidación ordenada de todas las sociedades participadas en
estos momentos que no tienen, efectivamente, esa actividad industrial y que se realicen las actuaciones precisas para finalizar este proceso en el menor plazo posible, de manera que se tengan las garantías debidas y se defiendan con mejor resultado
los intereses generales.
Estas, como decía, son en resumen las propuestas que hacemos a todo ese informe de fiscalización, informe extenso y largo que tuvimos oportunidad ya de debatir y comentar en esta Comisión en su sesión pasada. Entendemos que, efectivamente,
la vida y el devenir de lo que es la industria siderúrgica y concretamente lo que ha sido Altos Hornos de Vizcaya-Ensidesa tiene aspectos que es necesario corregir, como ha dicho el Tribunal de Cuentas, pero estamos hablando de una fiscalización de
los ejercicios 1996, 1997 y 1998.
Voy a referirme ahora a las propuestas que realiza el Grupo Parlamentario Socialista, en las que al igual que en otros supuestos de estas empresas entendemos que mezcla lo que son los procesos de privatización con lo que son efectivamente
los informes específicos que realiza el Tribunal de cada una de ellas. Es decir, el Tribunal de Cuentas, en el control que tiene encomendado, realiza un control económico-financiero de esa actividad; detecta a lo largo de esa fiscalización una
serie de aspectos que considera que pueden o no haberse realizado quizá con la celeridad o con la rapidez que hubiera requerido en cada uno de los momentos, pero en ningún caso, de las conclusiones que hace el informe del Tribunal, se pueden
detectar las afirmaciones que reiteradamente realiza la portavoz del Grupo Socialista sobre ingeniería financiera o sobre lo que puedan ser los estados de liquidez. En este caso concreto, sobre todo en las últimas propuestas, va más allá del
informe de fiscalización. Yo creo que más que propuestas de resolución a este informe, serían peticiones específicas al Tribunal de Cuentas de nueva fiscalización, porque ninguno de estos tres supuestos, las propuestas 5, 6 y 7, estarían dentro de
este informe de fiscalización. Serían objeto, si se quiere, de una petición separada y entiende este grupo parlamentario que lo que se quiere es, a mayores, abundar en lo que puedan ser las explicaciones que en los procesos de privatización, ante
las comisiones correspondientes de esta Cámara, de Hacienda y de Economía, realiza el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Por tanto creemos que hay aspectos que no son objeto de este informe, que deben plantearse en
el trámite parlamentario correspondiente, cuando se produce la comparecencia del presidente de la SEPI, y que al mismo tiempo, repito, estarían fuera de lo que es este informe de fiscalización y debieran presentarse separadamente.
En cuanto a la primera, podemos estar de acuerdo, porque coincide básicamente en el fondo con lo que yo acabo de explicar en relación con la primera propuesta que realiza nuestro grupo parlamentario de que, efectivamente, se intente al
máximo evitar que esas empresas públicas incurran en situaciones de desequilibro patrimonial y se aporten los fondos necesarios para ello. En la número 2 se pide que se informe por el Gobierno del grado de cumplimiento del plan de competitividad,
de los desembolsos realizados y de las ayudas públicas autorizadas en el grupo AHV-Ensidesa Capital en los ejercicios 1996, 1997 y 1998. Señoría, esto está en el informe de fiscalización. Se dice exactamente cuál ha sido la aportación total de
fondos públicos que se ha realizado a este grupo a lo largo de los años y se hace una precisión por parte del Tribunal, si
no recuerdo mal, referida a lo que puedan ser las aportaciones de la Seguridad Social en determinados procesos que afectan a los colectivos de trabajadores, en regulaciones, etcétera, que es donde únicamente dice el Tribunal que no puede
cuantificar exactamente la cantidad, sólo en ese aspecto. El resto de las ayudas aportadas por los Presupuestos Generales del Estado a este grupo están en el informe de fiscalización; por eso nosotros creemos que está suficientemente aclarado en
el informe. Al mismo tiempo, también se hace la previsión de que, efectivamente, se abandona el plan financiero en un momento dado, pero no hay una afirmación del Tribunal donde se diga que eso ha supuesto un menoscabo en la gestión o un alcance
como el que S.S. acaba de explicar esta mañana aquí. Por tanto nosotros consideramos que efectivamente estas empresas, como digo, han estado y están afectadas por planes de competitividad muy importantes, sectores en reconversión donde el esfuerzo
del Gobierno ha sido y es muy importante para poder mantener el plan industrial y para poder efectivamente garantizar la actividad, y los informes de fiscalización son exhaustivos en cada uno de esos aspectos, de manera que para nuestro grupo
parlamentario la información tiene la suficiente entidad y se ha realizado de acuerdo con las competencias del Tribunal de Cuentas.
Deseamos y esperamos que efectivamente se completen esos procesos de privatización y se liquiden sobre todo aquellas sociedades que en estos momentos permanecen vivas sin actividad industrial, que creemos que es una de las cuestiones más
importantes derivadas de este informe y que, en concordancia con nuestra segunda propuesta de resolución, entendemos que es una fase que debe completarse y terminarse en el menor plazo posible.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA FORMALIZADOS POR EL ENTE GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (GIF) EN LOS AÑOS 1999 Y 2000. (Número de
expediente del Congreso 251/000102 y número de expediente del Senado 771/000101.)
El señor PRESIDENTE: Punto 3 del orden del día: informe de fiscalización selectiva de los contratos de obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona formalizados por el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) en los años 1999 y 2000. Han presentado propuestas de resolución el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Yo creo que todos ustedes conocen las propuestas, como es lógico, que hemos presentado y nosotros las que ha presentado el Grupo Popular y respecto a dos palabras que utiliza, perseverancia y mantenimiento, he decir
en nombre de mi grupo que en lo único que perseveran el Ministerio de Fomento, el GIF y la RENFE es en que el AVE no llegue a Zaragoza y que en lo único que se persevera de verdad es en que no se hayan cumplido las que parecerían actuaciones
normales, como una explicación a esta Cámara, en vez de las ruedas de prensa que se están dando para informar de los problemas que parecen existir y que no se explican a esta Cámara, para que sigamos leyendo la prensa, me imagino, y veamos los
conflictos que existen entre las empresas que se ocupan de la línea y el Ministerio de Fomento, las acusaciones recíprocas que se hacen los unos a los otros sobre quién es el responsable del retraso, en el que se persevera, y cuáles son las
deficiencias en las que se mantiene la línea y los problemas que existen para su solución. Por tanto, señorías, casi podríamos decir aquello de: decíamos el último día.
La situación es exactamente la misma. Lo único que pasa es que además va
habiendo alguna declaración que dice que este es el orgullo de España y la envidia en Europa y yo se lo podría resumir diciendo que es la única vez que este diputado recuerda que se construye y se inaugura una estación y se quitan los trenes. Esta
es la situación que estamos viviendo en Zaragoza, que para coger, por ejemplo, el tren a Barcelona, el Talgo, hay que irse veinte kilómetros, a Zuera, y que lo que antes duraba tres horas en estos momentos dura cuatro. Todas estas situaciones se
podrían haber evitado, decía yo el último día en nombre de mi grupo, si los avisos que están claramente expresados en el informe del Tribunal de Cuentas hubieran sido tenidos en cuenta por alguien. Ya no sé decir quién podría ser ese alguien,
puesto que ha habido esta semana pasada también nuevas remodelaciones en los equipos del GIF y de la RENFE, con nuevos ceses, sustitución y cambio de responsabilidades. Decía que si alguien hubiera hecho caso del informe del Tribunal de Cuentas,
que ya detectaba los retrasos, se hubiera podido evitar parte de los mismos y hoy estaríamos hablando posiblemente de otras cosas y no de la situación que está viviendo la línea Madrid-Zaragoza-Lleida-frontera francesa.
Nosotros presentamos dos tipos de resoluciones, unas que afectan a la literalidad de lo que es el informe del Tribunal de Cuentas y otras sobre el verdadero problema que tienen los ciudadanos y las ciudadanas con la malhadada línea del AVE,
que ya he citado. En las primeras lo que pedimos es, entre otras cosas, que se cumpla la aportación del 1 por ciento cultural, que dejen de existir los excesos de liquidez que antes se han citado por mi compañera la diputada Maite Costa, es decir,
que se agilicen los trámites. El informe del Tribunal de Cuentas, señorías, pone manifiestamente clara
una situación que puede que sea legal pero carece de sentido común, y es que se licita una obra, se hace el replanteamiento, pero los terrenos no están a disposición del que tiene el encargo, porque no están todavía expropiados. Obviamente
esto nos ha de conducir a retrasos. Hay que cambiar el planteamiento. Incluso el propio ministro en alguna de sus intervenciones en el Pleno nos ha enseñado un cuadrante, una especie de cronograma, en el que dice que, claro, la legislación obliga
a largos plazos, pero no tan largos; por eso aquí sí que habría que decir aquello de ¡cuán largo me lo fiáis! Estas son las resoluciones que nosotros proponemos en cuanto a lo que es la literalidad del informe del Tribunal de Cuentas. En otras lo
que pedimos fundamentalmente es una explicación en sede parlamentaria de cuáles son los hechos que se han producido, qué medidas se han tomado y qué auditorías o que investigaciones se han podido hacer. Resumiendo, son dos tipos de propuestas, unas
que afectan al informe del Tribunal de Cuentas y otras que afectan a la propia línea del AVE.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta sus propias resoluciones a la vista del informe del Tribunal de Cuentas y del debate de la anterior Comisión, que son siete. En primer lugar, instamos al
Gobierno para que la entidad pública empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, como ha venido haciendo hasta ahora desde su creación, tal y como expresamente ha reconocido el Tribunal de Cuentas, persevere en el estricto cumplimiento de
la legalidad vigente en materia de contratación, así como que el GIF mantenga, tal y como ha realizado desde el ejercicio del año 2001, en sus pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterios de adjudicación aquellos que no impliquen
la valoración de elementos relativos a la capacidad y la solvencia de las empresas; además, que persevere en la exigencia, tal y como viene haciendo desde el año 2001, de una mayor y más profunda plasmación de los informes técnicos de valoración de
los motivos determinantes de las valoraciones efectuadas; que el GIF, al igual que ha procedido en relación a los contratos de obras de adjudicación en los periodos del año 1997 y de 2001, proceda a realizar la aportación del 1 por ciento cultural
respecto de las obras de adjudicación con posterioridad al año 2001. Como quinta propuesta, pedimos que el GIF continúe perseverando en el camino emprendido, tendente a garantizar un mayor y más eficaz control respecto a las modificaciones de los
contratos de obras. La sexta propuesta va en el sentido de que continúe la exigencia de una mayor motivación y justificación técnica de las causas determinantes de la concesión de prórrogas en los plazos de ejecución de los contratos de obras. Por
último, pedimos que, tal y como se ha comenzado a efectuar, se redacten proyectos básicos con el suficiente grado de detalle que permitan anticipar el inicio de los trámites expropiatorios de los terrenos precisos para la ejecución de las obras
contratadas por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las resoluciones presentadas por el Grupo Socialista, porque a pesar de que en alguna de ellas en el fondo pudiera haber puntos coincidentes, la número 6, la 7 y la 8 no son
consecuencia del debate sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Consideramos que en una infraestructura como es el AVE Madrid-Barcelona, lo que no se puede hacer es que, por el hecho de que haya una serie de retrasos, en una Comisión que es
solamente del Tribunal de Cuentas, intentar cargarse, estropear o bombardear un proyecto de este alcance y de esta envergadura. Tenemos que recordar que lo que refleja el informe del Tribunal de Cuentas es un muestreo de los contratos que se han
realizado durante este periodo de tiempo. Por otro lado, como he comentado, las propuestas de resolución 6, 7 y 8 del Grupo Socialista nada tienen que ver con el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, nosotros votaremos a favor
de nuestras propias resoluciones y es un poco lastimoso que el Grupo Socialista vuelva a reiterar que el AVE llega con retraso. Tampoco me gustaría volver a ser reincidente y volver a exponer que sí, puede ser que llegue con algo de retraso, pero
sin escándalos.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EJERCICIO 2000. (Número de expediente del Congreso 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000115.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto 4 del orden del día, que corresponde al informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos en el ejercicio 2000. Tiene la palabra, para defender las propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta ocho propuestas de resolución, a tenor de las recomendaciones y conclusiones presentadas en el informe de fiscalización de los partidos políticos del año 2000. En la
primera de ellas, seguimos insistiendo en lo que se ha puesto de manifiesto por este portavoz y también en las reiteradas intervenciones que se han hecho, tanto en propuestas de resolución como en los propios análisis de los informes, la necesidad
de una modificación por consenso de la actual legislación de financiación de partidos políticos, atendiendo también al texto de la moción presentada
por el Tribunal de Cuentas y que así ha sido incluso aprobada en esta Comisión para remitir a los grupos e iniciar las negociaciones necesarias para ello.
Conjuntamente con esta primera propuesta de resolución, instamos al Tribunal de Cuentas a la realización de una serie de estudios exhaustivos para conocer el problema con profundidad, en búsqueda de la transparencia y, sobre todo, para la
eliminación en esa futura modificación legal de todas las lagunas, vacíos y facilidades interpretativas que actualmente existen en la legislación y que por otra parte también anuncia insistentemente el Tribunal de Cuentas en todas sus conclusiones.
Por tanto, nosotros queremos la máxima transparencia, sin caer en acusaciones que pueden ser más o menos oportunistas, atendiendo al periodo político del momento, e insistimos en la necesidad de acercar posturas para modificar la ley, instando al
acuerdo y al consenso.
En las propuestas de resolución que piden ampliar la transparencia y los informes y, por tanto, un mayor conocimiento, nos referimos a las renegociaciones y condonaciones de intereses, las donaciones de particulares, la financiación de las
fundaciones adscritas a los diferentes partidos, la evolución de la situación patrimonial, tanto del activo-pasivo como del endeudamiento, el nombre y actividad de los proveedores, la condonación de saldos acreedores por parte de dichos proveedores
e informe sobre las ayudas y subvenciones que reciben los grupos municipales, tema este que manifestó en el último informe -e insistió en él- el presidente del Tribunal de Cuentas en el que tiene que haber mayor claridad y profundización por parte
de la fiscalización de esta Comisión y del Tribunal, y finalmente nos referimos también al conjunto de entidades financieras, proveedores, empresas, etcétera, que no facilitan la documentación requerida al Tribunal de Cuentas para realizar las
diferentes fiscalizaciones.
Respecto de las propuestas de resolución del Grupo Popular, en primer lugar este portavoz se atreve a manifestar su impresión de que son unas propuestas de resolución presentadas de alguna manera a toda prisa, puesto que incluso aparecen en
ellas algunos errores de redacción de tipo morfológico, sintáctico y semántico. Creo que el tema que se trata en esta Comisión tiene la suficiente trascendencia como para que no sean propuestas para salir del paso, sino para que realmente podamos
profundizar en las soluciones tanto legislativas como de actuaciones políticas reivindicadas a los partidos. La primera propuesta que presenta el Grupo Popular nos parece que es una obviedad, al pedirle al Gobierno que cumpla con las funciones que
tiene que cumplir y recordar las obligaciones legales de los partidos y del Estado para proceder al pago de las subvenciones. En este sentido, estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social para que se otorguen subvenciones es una cosa que
viene establecida por ley, pasa con cualquier subvención que se otorgue a cualquier entidad o empresa. Por tanto reiterarle al Gobierno aquello que por norma tendría que hacer parece sospechoso al menos. Lo diga o no lo diga el Partido Popular,
para proceder al pago de subvenciones es necesario que se cumpla la ley. Por otro lado, no es lógico pedir el pago de subvenciones cuando hay procedimientos como la compensación y la renegociación, que permiten por un lado que se siga cumpliendo la
ley y por otro que se pueda proceder a la regularización de las deudas con la Seguridad Social sobre los pagos. A nuestro juicio, no hay que intentar paralizar el funcionamiento de los partidos privándoles de esa subvención, sino que renegocie o se
compense, y menos cuando hay a la vista unas elecciones autonómicas en Cataluña. Los votos se ganan con programas y propuestas y no intentando paralizar el funcionamiento lógico de los partidos políticos. En definitiva, esta propuesta incita a
pesar que el Gobierno no hace las comprobaciones pertinentes, puesto que lo insinúa y así lo pide el Partido Popular, por lo que nosotros creemos que no es aceptable y por tanto insistimos en que el Gobierno cumpla la ley y dé las subvenciones
atendiendo a los criterios legales establecidos.
La segunda propuesta de resolución del Grupo Popular es muy elocuente.
Nosotros vamos a votarla a favor porque es lo que hemos reiterado hasta la saciedad, tanto en las propuestas de resolución como en las intervenciones: la búsqueda de
una modificación legal consensuada que dé lugar a la erradicación de lagunas e interpretaciones de la actual legislación. Lo que es curioso es que el Grupo Popular tenga que reincidir y reiterar al Gobierno la petición de esa modificación de la
legislación, que se aprobó, como ellos mismos establecen en su propuesta de resolución, en junio de 2002. No es extraño que el Gobierno haga caso omiso al Grupo Socialista, pero me sorprende que el Gobierno no haga caso tampoco al Grupo Popular en
el Congreso. Por tanto me atrevo a preguntarle a la señora Ruiz si nos puede decir en qué estado se encuentra la petición reiterada que esta Comisión ha efectuado en varias ocasiones al Gobierno para proceder a la modificación legal.
La tercera propuesta de resolución del Grupo Popular evidencia a nuestro entender la prisa y la falta de concreción a la que aludía al inicio de la intervención, porque sólo habla de cajas de ahorros y de los préstamos concedidos a partidos
políticos. No entendemos por qué quedan excluidas otras entidades financieras. Creemos que es necesario que se refiera al conjunto de entidades financieras para una mayor transparencia y claridad de los préstamos y no sólo a determinadas entidades
que pueda considerar el Grupo Popular.
Finalmente, la cuarta propuesta de resolución del Grupo Popular no tiene sentido. Yo no entiendo ni su redacción ni su concreción, por lo que no sabemos quién tiene que presentar los informes a quién y para qué. Lo del Banc entiendo es un
error de tipografía y
que, por tanto, se referirá al Banco de España, pero lo que no es lógico es que se inste al Gobierno a que remita al Banco de España las conclusiones del informe sólo sobre una serie de fuerzas políticas, porque, ya que se acude a esta
institución por primera vez, lo lógico es que se manifieste la intención de que se le facilite, si esto es lo que quiere decir el Grupo Popular, al Banco de España lo que hace referencia a todas las fuerzas políticas, y si realmente lo que hay
detrás es la intención sobre la condonación o el impago de determinados intereses o la renegociación de los mismos, que también sea para todas las fuerzas políticas, y ya que se recurre al Banco de España por primera vez, que sea también a partir
del año 1987. Por tanto nosotros votaremos en contra de esa propuesta de resolución y le pido a la Mesa la votación separada.
El señor PRESIDENTE: La señora Ruiz, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora RUIZ RUIZ: En primer lugar, tengo que decirle al señor Romeu que puede haber errores mecanográficos en algunas de las frases, pero desde luego estas propuestas de resolución no están hechas con ninguna precipitación, entre otras
cosas porque le sería muy cómodo a este grupo parlamentario ir copiando sistemáticamente las últimas que ha presentado a los informes de contabilidad de los partidos políticos, porque la situación se mantiene prácticamente igual en aspectos muy
concretos, sobre todo en los que afecta a su grupo parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con nuestras propuestas de resolución? Ir añadiendo aspectos que posibiliten corregir entre todos las situaciones que se han detectado y que se
vienen detectando por el Tribunal de Cuentas año tras año. En ese sentido, en cuanto a la primera propuesta de resolución que presenta mi grupo parlamentario, que S.S. dice que es obvia, tengo que decirle que efectivamente es obvia, pero es que
hay veces que lo obvio es lo que no se hace. Entonces, el informe del Tribunal de Cuentas del año 2000, así como el del año 1999 -que son los dos que yo he tenido oportunidad de analizar aquí-, dice que hay formaciones políticas que tienen deudas
con Hacienda, formaciones políticas que tienen deudas con la Seguridad Social, formaciones políticas que como consecuencia de procesos electorales deben reintegrar cantidades, de acuerdo con el informe del Tribunal, porque se han excedido en los
créditos que tenían autorizados o, por contra, no los han utilizado, o no han tenido la representación necesaria, lo que les obliga a devolverlos. Su señoría sabe cuáles son. A lo mejor no es el caso del Partido Socialista Obrero Español, pero sí
del PSC en las elecciones catalanas últimas. Entonces, sobre esto que es obvio, lo que quiere decir mi grupo parlamentario es que efectivamente, como es obvio y la ley prevé que no se pueden conceder subvenciones de los presupuestos del Estado a
aquellas formaciones -en este caso me circunscribo sólo a las formaciones pero es una ley de aplicación genérica- cuando se mantengan estas situaciones, ¿qué es lo que decimos al Gobierno? Que efectivamente las compruebe, que no quiere decir que no
se esté haciendo, pero como se ve en los informes del Tribunal que existen deudas con la Hacienda pública y con la Seguridad Social, no es absolutamente ninguna obviedad; es recordar que antes de proceder a la nueva concesión de subvenciones para
el funcionamiento ordinario, se compruebe por las entidades correspondientes, a través del Gobierno, y se requiera a cada una de ellas, la Agencia Tributaria, organismos gestores de la Seguridad Social, es decir, en cada uno de los casos, antes de
concederlas, que o bien efectivamente existen convenios renegociados -eso es lo que dice el punto 2 de nuestra primera propuesta-, es decir, que los partidos y formaciones no tienen pendientes deudas con la Seguridad Social, o, en su caso, que se
presenten los convenios de aplazamiento y renegociación. Claro que se puede hacer. Lo único que decimos es que se compruebe que efectivamente está hecho ese convenio de renegociación. Yo creo que S.S. estará de acuerdo con nosotros en que no es
lógico que en el sistema general de la Seguridad Social o de Hacienda, a la que todos tenemos obligación de contribuir, las propias formaciones políticas tengan o puedan encontrarse en algún momento en situaciones de débito, cuando reciben
importantes subvenciones para su funcionamiento de los Presupuestos Generales del Estado. En el mismo sentido va el resto del cumplimiento de obligaciones con las administraciones públicas. Entonces nosotros creemos que esto puede ser obvio, pero
que conviene que se tenga en cuenta en cada uno de los momentos. Igual ocurre con aquellas formaciones que estaban obligadas a reintegrar las subvenciones, como consecuencia de lo que he explicado anteriormente, que es necesario que hayan realizado
esos reintegros, que se puede hacer por compensación, como dice su señoría, o reintegrando las cantidades directamente y después, automáticamente, recibirán las correspondientes en los procesos electorales siguientes, pero esto que a usted le parece
tan obvio es tan obvio que no se está cumpliendo, por lo menos así lo detecta el Tribunal de Cuentas cuando dice: esta formación política debe reintegrar. Los informes se refieren al año 2000, estamos en 2003, no sabemos si se han realizado o no
esos reintegros. Yo creo que será obvio para usted, pero es muy importante volver a recordar que se cumpla la ley y que no se otorguen subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado a ningún partido o formación política que pueda estar
incurso en algunos de estos supuestos, o que al menos se compruebe que no lo están. Esto es, lo cada vez hemos debatido aquí y lo que puede ser, efectivamente, el principio y el fin general que pretendemos todos: tener mayor transparencia y que al
mismo tiempo seamos los primeros en cumplir efectivamente las leyes que esta
propia Cámara aprueba y, en la medida que somos destinatarios de esas importantes subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado para el funcionamiento ordinario, seamos los primeros en cumplir la legalidad.
En cuanto a la segunda propuesta, señoría, no es que el Gobierno no le haga caso al Grupo Parlamentario Popular; es que entiende este grupo parlamentario que la propuesta que presenta es consecuente con lo que aquí ha aprobado este mismo
grupo parlamentario. Yo entiendo que sobre esta propuesta de resolución, S.S. podría decir mucho más, pero no lo que ha dicho hoy. ¿Qué es lo que decimos? Que, como ya aprobamos aquí, es necesario que se tome en consideración la modificación de
la Ley de financiación y nuestro grupo parlamentario insta al Gobierno a que efectivamente, con el mayor consenso posible, es decir, con el consenso de todas las formaciones políticas si es posible, se acometa en el proceso o en el período que sea
esta modificación de la Ley de financiación. Eso es lo que hacemos, ser consecuentes con lo que aquí aprobamos. Otras formaciones políticas quizá no tienen esa actitud consecuente o que lo que en un momento determinado parece que es lo que se debe
hacer de repente se elimina. Además, esto no es coyuntural, es decir, yo no la presento porque considere que tengo que reiterarla porque el Gobierno no hace caso, sino porque efectivamente es un tema que está pendiente, que requiere que existan
reuniones con las formaciones políticas, que se analice efectivamente cada uno de los aspectos que es necesario modificar en la Ley de financiación y que al mismo tiempo se elimine no sólo lo que detecta el Tribunal sino también otra serie de
prácticas que también señala -y usted ha colocado en sus propuestas de resolución-, como es el funcionamiento de los grupos municipales, las subvenciones que concede, por ejemplo, el Gobierno autónomo de la comunidad vasca, las subvenciones de los
grupos parlamentarios de la Unión Europea, es decir, muchas cosas que quizá en la Ley de financiación no están suficientemente claras y que es necesario que modifiquemos entre todos. Por tanto, es una consecuencia de la coherencia de este grupo
parlamentario precisamente con el Gobierno. Si se aprueba aquí, seguimos reiterando que es necesario que se analice y que se estudie y que se consensúe la posible modificación de la Ley de financiación en todos los aspectos que mejoren y eliminen
las lagunas que se detectan año tras año por el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a las otras dos propuestas, tengo que decirle a S.S., en primer lugar respecto a la número 11, que efectivamente no está bien transcrita en lo que era la intención de este grupo parlamentario e incluso voy a explicar por qué
pretendíamos esto y no tengo inconveniente en retirarla esta mañana hasta que pase el trámite parlamentario siguiente, que es el que motiva que la hayamos presentado. Cuando aquí se insta al Gobierno para que requiera al Banco de España, a través
de la normativa precisa, informes detallados en relación con los créditos otorgados por las cajas de ahorros a las formaciones políticas lo decimos en concordancia con el trámite que actualmente se está llevando en el Senado de enmiendas presentadas
por nuestro propio grupo parlamentario al proyecto de ley de los mecanismos de control del mercado de valores, proyecto de ley Aldama, en la que se pretende que se exija mayor transparencia a las cajas de ahorros. Su señoría conoce la distinta
entidad o el distinto funcionamiento y reglamentación de las cajas de ahorros respecto de los bancos o sociedades anónimas. En ese sentido, lo que nosotros pretendíamos es que una vez que se complete esa modificación, se apruebe esa nueva ley y
entre en vigor, de alguna manera, a través de las entidades que controlan el mercado de valores -no necesariamente a lo mejor el Banco de España; puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores si a resultas de esa modificación legal le
corresponde a ella-, se controle más los créditos que las cajas de ahorros puedan estar otorgando a las formaciones políticas, y esto porque a pesar de que los informes del Tribunal no especifican qué entidades son las que mantienen esos créditos
vencidos e impagados en el tiempo, sin llevar a cabo ningún tipo de actuación, tenemos la sensación de que estaríamos más ante créditos otorgados por las cajas de ahorros, por sus especiales peculiaridades en cada comunidad autónoma del Estado
español, que ante créditos de los bancos, que tienen unos controles mayores, con informes anuales a sus accionistas que permiten detectar más fácilmente cuáles pueden ser esas situaciones. En ese sentido iba planteada esta propuesta que, como digo,
vamos a retirar esta mañana y la volveremos a presentar en su momento, una vez que se complete esa nueva legislación sobre el mercado de valores y los posibles controles y mayor información que se pueda requerir a todas las entidades que operan en
el sistema financiero -cajas de ahorros y bancos-.
En cuanto a la última propuesta, yo no sé por qué le molesta tanto a su señoría, si aquí lo único que se dice es que se insta al Gobierno a que remita al Banco de España (le falta una a) las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas,
sobre todo en lo que se refiere a operaciones de crédito vencidas e impagadas que afectan a siete formaciones políticas, a todas las formaciones políticas que señala el Tribunal de Cuentas en su informe. Yo no estoy personalizando ni estoy
señalando a ninguna. He dicho a las siete formaciones políticas que en el ejercicio 2002 tienen deudas vencidas e impagadas de más de 5.484 millones de pesetas, porque en este momento ni siquiera el Tribunal de Cuentas es capaz de saber cuál sería
la deuda vencida total, ni siquiera lo sabe, y como no se sabe, porque en las contabilidades de cada partido político no se están presupuestando los intereses de la deuda vencida, se dice que se remita esa información. Yo no sé si el Banco de
España podrá hacer algo o no, pero creo que el sistema financiero y los órganos de control del mismo deben
conocer esa situación, que en este caso concreto, de los 5.484 millones, a su formación política, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña, le afecta en más del 60 por ciento. Si quiere S.S. le reitero lo
que hemos dicho permanentemente en estas comisiones. Además, esa afirmación no tiene nada que ver ni con procesos electorales ni con situaciones puntuales. Por último, le repito, en su caso, lo que existe es un trato de favor que no se justifica;
es decir, no se puede entender que un partido político deba más de 3.000 millones de pesetas entre los dos, esté ahí permanentemente aparcado en el tiempo, no exista renegociación de esa deuda, no exista ni siquiera en su contabilidad una cantidad
que permita ver que están ustedes intentando corregir esa situación y creo que hemos sido especialmente exquisitos en el tratamiento, es decir, en que sea un tratamiento genérico para todos, a cada uno en el aspecto que más le pueda afectar.
Reitero y mantengo mi afirmación en la última Comisión, en el sentido de que efectivamente se ha mejorado muchísimo, todas las formaciones intentan al máximo llegar a niveles mayores de autoexigencia y de transparencia, pero hay otras cosas que
tenemos que corregir.
Por lo que se refiere a sus propuestas de resolución, estamos de acuerdo por supuesto en la primera, en la que dice que se intente la modificación de la legislación, pero no hace falta que nos remita S.S. a los grupos parlamentarios la
moción, si la conocemos y la votamos todos por unanimidad. No hace falta. Yo creo que S.S. la ha presentado porque ha pensado que el Grupo Parlamentario Popular no quiere la modificación de la Ley de financiación. Sobre esto creo que ya le he
explicado al principio de mi intervención suficientemente cuál es nuestra intención en este tema.
En cuanto al resto de propuestas, S.S. pide un estudio exhaustivo de las renegociaciones y condonaciones, un estudio exhaustivo de las donaciones de particulares, un estudio exhaustivo de las fundaciones. El informe del Tribunal de Cuentas
es muy completo dentro de lo que él puede fiscalizar de acuerdo con su normativa. Explica muy bien cuáles y cómo, cuando ha habido casos de renegociación de la deuda -existen, y están puestos en el informe- por parte de algunas organizaciones
políticas. Explica muy bien cuándo no ha podido tener acceso porque los créditos o las donaciones nominales no se corresponden con lo que es la literalidad de la ley. Eso nos afecta a todas las organizaciones políticas, a todas, señoría, y me
incluyo como Partido Popular; a todas nos afecta. Nosotros hemos reiterado que efectivamente es necesario establecer mecanismos que posibiliten que esas lagunas que se detectan, que a veces excluyen de la posibilidad de fiscalización, de saber
concretamente si se incumplen los porcentajes que prevé la Ley de financiación actual. Del contenido de mis palabras, de nuestras propuestas de resolución, tanto anteriores como actuales, S.S. lo puede entender perfectamente incluido. Es decir,
en este momento este grupo parlamentario no está haciendo ni demagogia ni oportunismo. Se limita a intentar mejorar, como es su obligación, el funcionamiento, y está en disposición de entrar a reconsiderar la Ley de Financiación de Partidos
Políticos. Sus propuestas de resolución al final son casi como una huida hacia adelante por algo que usted considera probablemente que está afectado más directamente que otras formaciones políticas; es una salida hacia adelante diciendo: pues tú
más; y ahora esto más, y ahora esto más. Los informes del Tribunal son muy completos, muy exactos; año tras año vemos cómo se van subsanando situaciones, cómo hay otras enquistadas, que son las que les afectan a ustedes, que no se solucionan, y
fuera de eso, en el conjunto de la financiación de los partidos políticos, todos podemos decir que se va avanzando, que se va muy bien con lo que es la transparencia, la credibilidad de estas formaciones políticas. En definitiva, lo único que
pretende mi grupo es recordarle a usted que solucionen su situación, que renegocien, que hagan lo que quieran, y esperamos que en los próximos informes de fiscalización estas situaciones que hoy se detectan, tanto las que les afectan a ustedes como
al resto de las formaciones políticas, entre todos seamos capaces de corregirlas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de resolución que se han presentado a los distintos informes de fiscalización. En primer lugar, procedemos a la votación del informe de fiscalización de los
procedimientos de control de la gestión económico-financiera, según las propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 1.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, las propuestas números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Votamos las propuestas de resolución 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular, al informe de fiscalización de control de la gestión económico-financiera de los centros e instituciones penitenciarias.
La señora COSTA CAMPI: Presidente, queríamos votarlas separadas, por favor.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
En primer lugar, votamos la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a las propuestas del informe de fiscalización de las actividades realizadas por el grupo Ensidesa Capital, S.A., correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista. Votamos conjuntamente todas las propuestas de resolución que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 9, que sería la segunda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización selectiva de los contratos de obras de construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, yo pediría la votación separada de las propuestas de resolución 6, 7 y 8, en bloque, respecto de las cinco primeras.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En ese caso, señorías, pasamos a votar las propuestas 1, 2, 3, 4 y 5 que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de resolución 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de resolución 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas de resolución que presenta al informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos en el ejercicio 2000 el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍ I GALBIS: Pediría votación separada de la primera propuesta de resolución respecto del resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora COSTA CAMPI: Para no interrumpir luego de nuevo con las propuestas de resolución del Grupo Popular, pedimos también votación separada de la número 10.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, señorías, votamos, en primer lugar, la propuesta de resolución número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las propuestas restantes del Grupo Parlamentario Socialista: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, la número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 10.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La 11 me comunica el portavoz del Grupo Popular que queda retirada. En ese caso, votamos, por último, la número 12 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, agotada esta parte primera del orden del día, vamos a proceder a la suspensión por espacio de cinco minutos para recibir al presidente del Tribunal de Cuentas.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN (MADRID).
(Número de expediente del Congreso 251/000103 y número de expediente del Senado 771/000102.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos nuestra Comisión, que habíamos suspendido por espacio de cinco minutos para recibir al presidente del Tribunal de Cuentas, al cual le damos de nuevo una vez más nuestra bienvenida, para proceder a
la presentación de cinco informes, como SS.
SS. conocen por el orden del día; en primer lugar, para la presentación del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, en Madrid.
Señor presidente, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid) correspondiente al ejercicio de 1999, aprobado por el Tribunal en julio de 2002, se ha realizado a iniciativa
de la Asamblea de la Comunidad de Madrid a fin de verificar el cumplimiento de la legalidad, la representatividad de los estados contables y la adecuación de los procedimientos de control interno. La fiscalización ha estado significativamente
condicionada, principalmente, por las siguientes limitaciones: la cuenta general de 1999, formada durante la fiscalización, no fue aprobada por el Pleno municipal (tampoco lo fueron las de 1998 y 2000), incumpliéndose la normativa de rendición de
estados y cuentas e impidiendo al Tribunal emitir opinión sobre ellas. Las cuentas elaboradas de 1998 y 1999 no incluían todos los estados exigibles legalmente. Además, el ayuntamiento no ha aportado documentación especial sobre la justificación y
contabilización del reconocimiento de diversos derechos y obligaciones, así como de sus cobros y pagos, a pesar de la reiterada reclamación, circunstancia debida sobre todo al deficiente sistema de archivo y de organización administrativa municipal.
La entidad no ha aportado relación, desglose o detalle de la composición de los derechos pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados, que según la liquidación del presupuesto asciende a 308,1 millones de pesetas y según balance a 171
millones de pesetas. La entidad tampoco ha entregado al Tribunal la relación nominal de acreedores de ejercicios cerrados, no disponiéndose alternativamente de ningún tipo de desglose sobre la composición y procedencia de saldos. Respecto al área
de tesorería, la entidad no ha entregado las actas de arqueo del ejercicio fiscalizado, careciéndose, por otra parte, de una relación completa de cuentas abiertas en entidades financieras.
Con respecto a las operaciones económicas fiscalizadas se aprecia que la cuenta de recaudación de 1999 incluye únicamente la de dos tributos en periodo voluntario (impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas),
reflejando unos cargos por recibos de 78 millones de pesetas, mientras que la liquidación del presupuesto referido a los tributos registra 30,3 millones de pesetas. La recaudación de los tributos municipales fue encomendada a una empresa privada,
contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
En la gestión de personal, la corporación no dispone de relación de puestos de trabajo, y los dos convenios suscritos (uno con el personal funcionario y otro con el laboral) contienen cláusulas contrarias a las disposiciones legales
aplicables, como jornada de trabajo semanal inferior a la prevista legalmente, aumentos salariales y de productividad superiores a los límites establecidos o abono de complementos más elevados por prestaciones sociales y gratificaciones. El
Tribunal efectúa diversas recomendaciones dirigidas a la subsanación de las insuficiencias y debilidades detectadas en la organización municipal y en los mecanismos de control interno, a la mejora de la gestión de recursos y aplicación de los
mismos, así como a garantizar la transparencia y posibilitar mejor el control de la corporación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Acosta.
El señor ACOSTA CUBERO: Gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por las palabras que ha dicho
acerca del informe de fiscalización. Indagando sobre el origen de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Nuevo Baztán (es fundación de un noble navarro del siglo XVIII con habitantes del Valle del Baztán de
Navarra), descubro que la petición que hace el ayuntamiento a la Asamblea de Madrid de fiscalización de ese ayuntamiento, petición de Pleno, cubría un espacio de tiempo bastante mayor, que va desde 1995 hasta 2001. El Tribunal de Cuentas sólo
fiscaliza el año 1999, pero conste que la fiscalización pedida era de un espacio mayor, tal vez derivado de que en este tiempo en el Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha habido diferentes gobiernos municipales, procedentes de diferentes fuerzas
políticas.
El Tribunal se marca tres objetivos -así lo relata en el informe- a la hora de fiscalizar: primero, verificar el control interno, a ver si es suficiente; segundo, analizar la gestión económico-financiera; y tercero, comprobar si los
estados contables representan la situación financiera y patrimonial del ayuntamiento. Constata el Tribunal (lo explica hoy el presidente) las limitaciones a la fiscalización que se ha encontrado para llevar a buen fin estos objetivos. Ya las ha
relatado el señor presidente. Por lo tanto, ha habido una serie de limitaciones mecánicas, procedimentales y documentales que no ha sido posible constatar. En este espacio de tiempo del año 1999 hubo dos gobiernos municipales distintos, el que
dura hasta julio de 1999 y el que sale después de las elecciones municipales del año 1999. La primera parte del año está gobernado por una alcaldesa del Partido Popular y a partir del 3 de julio el pueblo está gobernado por una alcaldesa del
Partido Socialista Obrero Español. Las conclusiones que saca el Tribunal de Cuentas sobre el control interno son una enorme multitud de deficiencias. Las conclusiones que saca el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económico-financiera y estados
contables es de multitud de deficiencias. Me gustaría hacer una pequeña reflexión a la luz, de nuevo, de esta multitud de deficiencias en un ayuntamiento pequeño. Aparte de las circunstancias concretas de cada municipio, lo que llevamos observando
en esta Comisión cada vez que traemos un ayuntamiento pequeño es que se constata de nuevo que tanto en el control interno como en la gestión económico-financiera, como en los estados contables, en todos los ayuntamientos hay una línea común: que
hay fallos graves en la gestión de esos ayuntamientos. Esto requeriría una reflexión, a ver si es que la Administración local en estos pueblos pequeños necesita un impulso de medios o un impulso para incitar a gestionar mejor a los gobiernos
municipales respectivos. Recordará el señor presidente que desde Belmonte de Tajo hasta Paracuellos del Jarama, pasando por todos los tipos de municipios de estas dimensiones, nos encontramos con las mismas insuficiencias y los mismos defectos, o
los incumplimientos a veces de la normativa legal, que los ayuntamientos no aplican. Deduzco que si el Tribunal de Cuentas no ha pedido responsabilidades serán deficiencias administrativas y responsabilidades políticas que subsanan los electores.
El hecho es que este informe, a mi modesto entender, denuncia un estado grave en la gestión de este ayuntamiento en concreto y en todo lo que significa la administración local de menos de 2.500 habitantes. Es una preocupación que transmito en esta
Comisión y que debiera hacernos reflexionar a todos.
En las alegaciones que manda, particularmente hay que destacar también que por primera vez tenemos tres alegaciones distintas, lo cual da estado también de la situación de cambio y de inestabilidad de ese ayuntamiento: la de la alcaldesa
primera, la de la alcaldesa segunda y la de la alcaldesa actual. Constato que no he visto nunca en ningún informe tres alegaciones; algo tendrá que ver también con lo que es el desastre que relata el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de este
ayuntamiento. En las resoluciones que hagamos a la luz de la lectura de ese informe y la explicación del señor presidente, tendremos en cuenta toda esta serie de cosas para recomendar que las situaciones se arreglen y se subsanen para bien de la
Administración local y de los habitantes de éste y de otros municipios. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Aguado.
La señora AGUADO DEL OLMO: En primer lugar, agradezco la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas y el informe presentado dentro de las limitaciones que han tenido para la fiscalización de este ayuntamiento.
Analizando el informe del Tribunal de Cuentas, observamos los múltiples problemas que tiene un ayuntamiento de 2.800 habitantes en ese momento (hoy ya está doblada la población), como otros de estas mismas características; se suele pedir el
informe cuando se producen cambios de gobierno, a petición en este caso del Pleno de la corporación. Además, en este caso es un ayuntamiento ciertamente peculiar. Desde 1995 hasta el año 2001 han cambiado de alcalde en cinco ocasiones, siendo la
disputa (y es así) lo que produce una nefasta gestión económico-financiera y, en general, administrativa, destacando también los cambios producidos en lo que se refiere a la secretaria de Intervención, y esta movilidad produce un desorden en lo que
se refiere a la organización administrativa y al escaso control en la gestión en personal, en contratación, en presupuestos, etcétera. En las conclusiones del informe se destacan las dificultades en la fiscalización al ayuntamiento por la falta de
entrega de documentos relativos a la gestión económico-financiera; no obstante, se ha hecho un análisis, aun con dificultad, de todo el sistema del ayuntamiento en cuanto al control interno y el
sistema contable, sobre la cuenta general y sobre los aspectos más relevantes de la gestión económico-financiera.
Se propone una serie de recomendaciones para subsanar las deficiencias que se ajustan a las resoluciones que presentará el Grupo Popular, pero observamos principalmente la necesidad de dotarse de una organización administrativa
suficientemente capaz de introducir medidas adecuadas para todos los servicios que afectan al control interno de tesorería (registros, bienes), adaptando además su gestión a las normativas establecidas por ley, que en este momento tampoco se está
haciendo. Son medidas que hay que tomar, por supuesto, viendo el informe de fiscalización, del que se desprende que no ha habido control interno ni un sistema contable adecuado. Ha habido irregularidades en la tramitación del presupuesto del
ayuntamiento. También se deduce del informe de fiscalización que hay una falta de diligencia por parte de la Administración local, en donde parte de los bienes inventariables carece de un sistema de identificación y protección, así como de registro
y protección de los bienes inventariados. Nos parece que deberán tomarse las medidas necesarias para la tramitación de gastos y seguimiento de facturas, así como la ordenación de resoluciones de alcaldía y el sistema de control de expedientes, para
que no suceda lo que en estos momentos ocurre: el extravío de muchos de los documentos que se especifican en el informe.
En cuanto a la no disposición de relación de puestos de trabajo, sin hacer responsable a nadie, se ha de destacar que la falta de una continuidad en los altos cargos o técnicos hace imposible tener una gestión adecuada en cuanto al personal
del ayuntamiento. Es importante que adopte este ayuntamiento las medidas necesarias para establecer un control sobre las transferencias y subvenciones, como bien se recoge en las conclusiones, así como adoptar las medidas necesarias para que las
cuentas municipales reflejen todas las deudas, algo que ocurre no sólo en este ayuntamiento, sino en otros muchos en los que se contabiliza la deuda con las financieras de bancos y se esconde la deuda de proveedores, siendo en muchos casos mayor
ésta que la otra, mayor la de los proveedores que las de largo o corto plazo.
En cuanto a las alegaciones se observa cómo hay un enfrentamiento de las diferentes alcaldesas, así como de las secretarias interventoras, encontrándose en este caso la primera alcaldesa desde el año 1995 con presupuestos sin liquidar desde
1992. En este caso, la alcaldía dedicó parte de su gestión a cerrar ejercicios pasados e intentar estructurar el ayuntamiento. En 1999 se produce un cambio de gobierno y nuevamente un cambio de secretario interventor -cinco altos cargos han pasado
por esta Administración-, y se adoptan otras medidas en la gestión municipal, que por supuesto tampoco observamos que hayan servido para regularizar la Administración local. Parece ser (según se desprende de la actual corporación, de la que tomó
posesión en el 2001; en estos momentos también es alcaldesa), que ha puesto en marcha algunas medidas que se han pedido desde el Tribunal de Cuentas. Están tomando medidas que se hacen necesarias para la fiscalización de las cuentas generales,
etcétera, según se desprende de las alegaciones que hace, que además habrá que verificar. Por parte de este grupo las resoluciones que propongamos serán para que los problemas estructurales de este ayuntamiento puedan corregirse. Consideramos que
cuando la Administración sea inspeccionada por el Tribunal de Cuentas tenga una clara gestión para poder analizar el funcionamiento administrativo y de gestión. La Comunidad de Madrid está en estos momentos trabajando en este sentido, y lo ha hecho
así (aprobado unánimemente por todos los diputados de la Asamblea de Madrid), para que estos municipios pequeños y otros muchos, en los que no haya 5.000 habitantes, tengan facilidad en el acceso a la información y que la Administración autonómica
pueda colaborar en este tipo de trabajo. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Con respecto a las observaciones que se han hecho aquí, en efecto las dificultades de elaborar, aprobar y rendir cuentas son muy comunes en todos los ayuntamientos menores de
cinco mil habitantes. Con fecha 30 de abril -ya está enviada a esta Comisión Mixta- se ha aprobado la moción relativa a posibles soluciones legales y administrativas para las entidades locales que rindan sus cuentas de una forma completa en los
plazos legalmente establecidos. Tienen, por tanto, una moción y, en efecto, sus puntos fundamentales son simplificar para estas entidades locales menores la rendición de cuentas, fomentar la agrupación de municipios en el ámbito de la intervención
y que las diputaciones y comunidades autónomas uniprovinciales ejerzan un apoyo a estas entidades locales menores.
Respecto a la alusión que se ha hecho a las responsabilidades contables, el ministerio fiscal en este caso ha apreciado presuntas responsabilidades en doce operaciones por 17,5 millones de pesetas y en algunas otras por 0,7 millones de
pesetas, por entender que no está acreditada la aplicación de los fondos; esto está en trámite en la correspondiente sección de enjuiciamiento. Nada más.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN OPERACIONES DE PAZ DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, EJERCICIOS 1997-1998. (Número de expediente
del Congreso 251/000104 y número expediente del Senado 771/000103.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al informe de fiscalización de los gastos derivados de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de paz de organizaciones internacionales, ejercicios 1997-1998.
Para lo cual, señor presidente, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de los gastos derivados de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en las operaciones de mantenimiento de paz en organismos internacionales,
aprobado por el Tribunal en julio de 2002, tuvo como objetivos comprobar la liquidación presupuestaria del crédito consignado al efecto y el cumplimiento de la normativa en la gestión de los fondos públicos correspondientes. Los resultados más
significativos derivados de la actuación del Tribunal hacen referencia a la insuficiencia del crédito inicial y a la demora en la aprobación de los expedientes de ampliación de crédito, que determinaron que durante diferentes periodos de tiempo, y
especialmente en el primer trimestre de cada ejercicio presupuestario, no se dispusiera de los recursos necesarios y se utilizaran transitoriamente otros créditos del Ministerio de Defensa, generando una gestión presupuestaria laboriosa y confusa,
además de formalmente irregular. Se ha incumplido el principio de anualidad presupuestaria, se han producido imputaciones incorrectas de gastos y considerado como gastos de adquisición de bienes inventarios y otras inversiones reales, si bien la
repercusión de estas deficiencias en la cuenta de la Administración general del Estado carece de importancia relativa en los ejercicios fiscalizados.
La Orden comunicada del Ministerio de Defensa 143/1994, sobre retribuciones de personal que coopere o participe en operaciones para el mantenimiento de la paz en el extranjero, y las instrucciones que la han desarrollado no han sido
suficientemente claras y precisas para determinar de forma indubitada dichas retribuciones. Por otra parte, el informe concluye que el análisis de una muestra de las nóminas de retribuciones extraordinarias puso de manifiesto fallos y errores, que
dieron lugar a pagos por exceso o por defecto, que obligan a que por parte de los gestores se realice una revisión de las nóminas para exigir los reintegros o efectuar los pagos adicionales que en su caso puedan resultar procedentes. Además, se
aprecian abonos en exceso en las retribuciones efectuadas a los intérpretes traductores, y en dos casos de residentes en España los contratos suscritos fijaron unas condiciones económicas idénticas a las de los intérpretes que prestaban sus
servicios en la zona de operaciones en el extranjero.
Concluye el Tribunal recomendando, como en anteriores informes sobre esta materia, que se presupueste de forma más realista el crédito destinado a la cobertura de las operaciones de mantenimiento de paz de organismos internacionales, que se
integren en un programa presupuestario único las dotaciones destinadas a las mismas y que se fijen centralizadamente y con claridad las cuantías de las indemnizaciones para los distintos empleos y situaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Buenos días, y muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Decía don Diego Giordano en esta misma Comisión el 14 de octubre del año 1998, con motivo de la presentación de un informe similar a este con respecto al año 1995, que es el Gobierno socialista de 1995 el que debe asumir las
responsabilidades por las deficiencias o los problemas que se plantean en el informe del Tribunal. Pues bien, cogiendo las mismas palabras del portavoz del Grupo Popular en aquella ocasión, en este caso debe ser el Gobierno del Partido Popular el
que debe asumir esas responsabilidades, puesto que el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 1997 y 1998, que es el que nos trae hoy a esta Comisión, es idéntico en sus conclusiones y en sus recomendaciones a aquel del año 1995. Por
lo tanto, poco ha cambiado.
Dice el propio informe del Tribunal que la presupuestación es incongruente. No se entiende cómo a la hora de presentar los presupuestos en esta partida correspondiente aparecen nada más que 30 millones de pesetas, cuando realmente al final
se gastan más de 20.000 millones, y el año anterior la cifra era muy similar. Bien es cierto que en las propias alegaciones que se presentan a este informe se argumenta que no se sabe qué misiones de paz se van a realizar durante el año, pero no lo
es menos (así también lo pone de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas contestando a esa alegación) que ese cálculo se puede hacer perfectamente viendo el desarrollo de lo que han sufrido los presupuestos en esta partida desde el año 1990. Por
lo tanto, esta alegación no tiene mucho sentido, puesto que el desarrollo en el tiempo demuestra que no es así.
No existe una normativa clara tampoco (así también lo pone de manifiesto el propio Tribunal) en cuanto a la materia de retribución del
personal desplazado en estas misiones de paz. La insuficiencia inicial de créditos ocasiona que el ministerio utiliza otros créditos (entre comillas) de forma transitoria, para regularizarlos posteriormente. Esto desde el punto de vista contable
tiene un nombre muy claro, tachándolo el propio Tribunal de irregularidades.
En definitiva, no existe ninguna previsión inicial presupuestaria ni ningún control en cuanto al desarrollo
de estas misiones de paz de las Fuerzas Armadas en el extranjero, y en esa línea irán las propuestas de resolución que presentaremos a este informe.
Probablemente, aunque eso no lo sabremos nunca (esto quiero decirlo con el máximo respeto y
también con la máxima cautela), si estos controles existieran se podrían evitar decisiones tan desafortunadas como la que tomó el propio ministerio al alquilar determinados aviones sin las garantías suficientes para el traslado de las tropas que
desarrollan estas misiones de paz. (Rumores.) Vuelvo a decir que lo digo con el máximo respeto y con la máxima de las cautelas, pero esos controles deben existir. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, la señora Ruiz tiene la palabra.
La señora RUIZ RUIZ: El informe del Tribunal de Cuentas se refiere a la fiscalización realizada sobre los gastos derivados de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en las operaciones de paz de los ejercicios 1997 y 1998. En los
informes anteriores, desde el año 1990 aproximadamente, hay una serie de aspectos que se vienen repitiendo en el tiempo, y coincide el Grupo Parlamentario Popular en que efectivamente traen causa de la propia mecánica de la gestión presupuestaria,
que efectivamente quizá es excesivamente rígida y encorsetada para dar rapidez a decisiones de contratación e incluso a la disposición de fondos en este tipo de misiones internacionales, que todas ellas se realizan en el extranjero; y coincidimos
con la apreciación del Tribunal en que requeriría que se hiciera una normativa específica o a través de programas específicos que eliminaran el que se incurra, a pesar de que tiene que ser así, en determinadas insuficiencias a la hora de aplicar lo
que puedan ser los créditos que se asignan a cada uno de los aspectos que contemplan estas misiones, evitando que a través de sólo dos partidas se produzca lo que se produce, es decir, que gastos que tenían que ser de carácter inventariable se
apliquen en una serie de partidas que no tienen ese carácter. Por tanto, uno de los aspectos que deben corregirse en esta situación es adecuar los mecanismos presupuestarios que hagan mucho más ágil afrontar los compromisos de gasto que requieren
esos compromisos que adopta el Gobierno de mantenimiento de la paz y de misiones de todo tipo fuera de nuestras fronteras.
Efectivamente (en esto hago alusión a las primeras palabras del portavoz del Grupo Socialista), como no puede ser de otra manera, el Gobierno es responsable no sólo políticamente sino también de la gestión que realizan aquellos que están a
su servicio. Estará de acuerdo S.S. con nosotros en que hay determinados aspectos de este informe cuya responsabilidad de gestión le corresponde al Gobierno, pero hay otros que también derivan de lo que pueda ser la propia gestión de los servicios
y de los centros en cada uno de los ejércitos, que ha llevado a veces, en una interpretación diferenciada de la normativa aplicable, a tener -como se decía hace un momento por parte del presidente del Tribunal- distintos criterios a la hora de
aplicar, por ejemplo, las retribuciones tanto en el Ejército del Aire como en la Armada, o en el Ejército de Tierra; lo que quiere decir que es necesario, por las especiales características de la retribución y de los complementos por el trabajo
desempeñado fuera de nuestras fronteras, un ajuste mayor de lo que ahora mismo permite la normativa del año 1994. En ese sentido, esperamos que el decreto que ahora mismo se está realizando (ahora desconozco si ya se ha completado la tramitación)
para matizar más y aclarar cómo deben materializarse los distintos complementos corrija esas situaciones que han hecho que, por una parte, o bien en exceso o bien en defecto, haya sido diferente el criterio de aplicación de cada uno de los centros
de gestión de los ejércitos a la hora de aplicar las retribuciones al personal a su mando destacado en cada una de las misiones de paz.
En cuanto a la técnica presupuestaria en lo que se refiere a la dotación de créditos, este es un tema que no es una cuestión de hoy; es un tema que se viene derivando, y (lo decía el portavoz del Grupo Socialista) no cabe decir en la
alegación que no se sabe en qué misiones vamos a participar. Está claro que ahora mismo sabemos más o menos cuáles son los montantes que estamos pagando para cada una de esas misiones, pero lo que sí que está claro -en esto espero que S.S. sí
coincida con nosotros- es que no se sabe cuál va a ser la duración de cada una de las misiones. De hecho, como también se afirma en las alegaciones, generalmente se aprueban en el segundo semestre del año, tienen una duración que parece estimada en
un primer momento en unos meses pero que después puede (como consecuencia de los compromisos que el Gobierno tiene con las distintas organizaciones multinacionales que operan a través de los distintos gobiernos en cada una de ellas) dificultar el
cálculo del montante total que es necesario aplicar. Una vez que la participación de España es permanente en este tipo de misiones, coincidimos en que efectivamente debiera y debe, en la medida de lo posible, a efectos presupuestarios, corregirse
mejor y presupuestarse al inicio con mucha más precisión de lo que se puede hacer; sin embargo, matizamos que es muy difícil a veces tener en cuenta permanentemente cuáles pueden ser los montantes económicos definitivos, observando además que esto
tiene la consideración de crédito ampliable, es decir, que este no es un problema de dinero, sino de que se arbitren con mayor celeridad los mecanismos necesarios de aplicación en las modificaciones de crédito para no tener que usar partidas del
propio ministerio, que luego son repuestas. Eso afecta más a lo que es la propia mecánica de los plazos que
tenemos establecidos en esas modificaciones de crédito que a lo que puede ser la voluntad del Gobierno de, por supuesto, salir al frente, mantener esas misiones de paz y tener a sus fuerzas en las debidas condiciones, tanto en lo que se
refiere a la retribución de su propio personal como a los gastos de mantenimiento y funcionamiento de aeronaves, equipos, materiales, etcétera. Por tanto, estamos ante un informe donde se detectan determinados problemas de técnica presupuestaria,
de aplicación de lo que son las partidas, de demoras en el tiempo producidas por la propia legislación que tenemos en lo que se refiere a los plazos de los créditos, pero, en cualquier caso, nunca afectando a lo que es la necesidad del mantenimiento
de esas misiones y las dotaciones económicas necesarias para ello. Se puede decir que no se ha previsto al inicio, en la aprobación del presupuesto, la cantidad total que nos íbamos a gastar, pero lo que no se puede decir es que este Gobierno haya
escatimado ninguna, ni una sola peseta (ahora, euros) para poder salir al frente de todos sus compromisos, tanto en lo que se refiere a las fuerzas a nivel personal, de sus complementos y mantenimiento, como a todas las unidades, y dotarles de los
medios precisos y necesarios para que ejerzan esas misiones en las debidas condiciones. Esto lo digo porque quizá en otro momento este informe del Tribunal habría tenido la misma eventualidad que los anteriores, pero el hecho desgraciado que hemos
vivido en estos últimos días del accidente que ha costado la vida a 62 miembros de las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en una de estas misiones de paz trae aquí aspectos que en ningún caso puede admitir el Grupo Parlamentario Popular en el
sentido que se ha dicho, aunque tengo que reconocer que ha sido especialmente respetuoso el portavoz del Grupo Socialista, a diferencia de otras manifestaciones que hemos escuchado en días anteriores, incluida también la comparecencia en esta Cámara
del ministro. Quiero que quede muy claro que lo que dice este informe del Tribunal (las partidas, las conclusiones del informe del Tribunal) no tiene absolutamente nada que ver con decisiones que se pueden adoptar en el ejercicio de la gestión para
decidir qué equipos o qué medios se tienen que utilizar en cada uno de los casos. No estamos hablando de escasez de dinero, no estamos hablando de que se escatimen recursos; al contrario, lo que se está diciendo es que, si pensamos que nos cuesta
tanto, al final nos ha costado mucho más. El dinero está ahí y se ha salido al frente de esas necesidades, por tanto, no se puede mezclar en este caso una cuestión con otras que, como consecuencia -como he dicho- de un desgraciado accidente,
podemos plantear en este momento como debate político en esta Cámara.
Por tanto, circunscribiéndonos al contenido del informe del Tribunal de Cuentas, es necesario matizar mejor la regulación que respecto a las indemnizaciones y a las percepciones del personal que presta servicios en estas misiones es
necesario realizar, para que se unifiquen los criterios en cada uno de los centros de gasto de cada ejército. Esperemos que la nueva regulación, el decreto que está en estudio, lo permita y lo clarifique más. Es necesario corregir también otras
situaciones en las que, según donde se presten los servicios a los que hacía alusión el presidente del Tribunal, tiene que ser una retribución o tiene que ser otra. Fundamentalmente, es necesario, por supuesto, tener mayor rigor en la técnica del
presupuesto, en la ejecución presupuestaria, pero también en el inicio a la hora de presupuestar. Debemos buscar entre todos la fórmula que haga mucho más ágil el tipo de gestión en estos procedimientos. Coincidimos en que es una buena solución la
que aporta el Tribunal de que sea con programas específicos que permitan mayor agilidad a la hora de tomar las decisiones, de decir además en las partidas correspondientes cuánto tiene que ser derivado precisamente a esa misión de paz sin que exista
solapamiento a veces, como también se detecta en el informe del Tribunal, de gastos que se aplican a las partidas generales pero que en realidad son de las misiones específicas, o, al contrario, por no estar suficientemente clarificado o
independizado de lo que son los créditos específicos para este tipo de misiones. En definitiva, esto es lo que pretende el Grupo Popular, por supuesto, admitimos todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Nuestras propuestas de resolución
irán en la línea de estos aspectos intentar mejorarlos y corregirlos. Lo que sí que aquí afirmamos y garantizamos es que este Gobierno no escatima recursos en absoluto, ni al personal ni a los medios adscritos a ese personal, para que desempeñen
este tipo de misiones allí donde se están realizando, con las debidas condiciones y con las mayores garantías de paz y seguridad. A veces, desgraciadamente como ha ocurrido esta vez, está fuera del alcance del Gobierno evitar situaciones como la
del desgraciado accidente que ha costado la vida a estas 62 personas, y esperamos que en el futuro nunca más tengamos que lamentarlo. En cualquier caso, esto no es una decisión presupuestaria ni una consecuencia de lo que pueda ser la actitud, el
destino de fondos; en todo caso, queda clara la celeridad con la que se intenta (a pesar incluso, como decía el Tribunal, usando medios que no debían ser y anticipando partidas que no son las específicas) dotar de los mayores recursos a las fuerzas
españolas que prestan estas misiones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PERIÓDICAS, EJERCICIOS 1998 Y 1999.
(Número de expediente del Congreso 251/000106 y número de expediente del Senado 771/000105)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, pasamos al punto siguiente del orden del día: Informe de fiscalización del sistema de control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias periódicas, ejercicios 1998 y 1999. Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización del sistema de control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias periódicas, ejercicios
1998 y 1999, fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de septiembre del 2002. Las obligaciones tributarias periódicas son las declaraciones-liquidaciones que están obligados a presentar periódicamente determinados contribuyentes que
realizan actividades empresariales o profesionales, o que satisfacen ciertos rendimientos sujetos a retención. No se ha incluido dentro del alcance de la fiscalización los controles sobre las denominadas grandes empresas ni los que se realizan por
la Inspección Financiera y Tributaria, dado que presentan características distintas.
El control interno establecido por la Agencia Tributaria sobre el funcionamiento del sistema de control de las obligaciones tributarias periódicas, pese a presentar una adecuada distribución de competencias y de contar con un órgano
específico de auditoría interna, presenta debilidades, fundamentalmente por tres motivos: la inexistencia de un sistema adecuado de formalización, motivación, autorización y revisión de la mayoría de las actuaciones; las insuficiencias del sistema
de información a efectos de su empleo en actuaciones de control, al estar diseñadas principalmente para agilizar la gestión; y las insuficiencias de los instrumentos de planificación formal de la actuación de la Agencia en el ámbito objetivo de la
fiscalización. El sistema de gestión de las obligaciones tributarias periódicas establecido por la Agencia Tributaria descansa sobre tres pilares: el mantenimiento y depuración del censo de obligados, la tramitación de las
declaraciones-autoliquidaciones y el control de los incumplimientos. En estos tres ámbitos se han presentado insuficiencias de información y documentación, producto en su mayor parte de las debilidades de control interno, a las que se ha hecho
referencia, y especialmente por la falta de formalización y justificación de ciertas decisiones importantes, por ejemplo, la selección de los incumplidores a los que se debe envíar un requerimiento o el acuerdo de baja en el censo de obligados. En
los tres procesos se han detectado además deficiencias procedimientales que reducen la eficacia de la gestión tributaria, entre ellas destacan los siguientes: el elevado número de notificaciones realizadas por la Agencia que no llegan a culminar,
la falta de reacción frente a contribuyentes presuntamente ilocalizables o que no atienden a los requerimientos, la falta de incoación de los expedientes sancionadores previstos en la normativa, deficiencias en la documentación soporte de las
actividades de control de los cumplimientos y ciertas omisiones en los datos que figuran en los censos.
El Tribunal emite una opinión favorable sobre la liquidación y contabilización de los ingresos procedentes de las obligaciones tributarias periódicas al no haber observado incidencias significativas.
Destaca, sin embargo, las insuficiencias
de los instrumentos de planificación utilizados por la Agencia en el ámbito objeto de la fiscalización, que han impedido la realización con el rigor deseado del previsto análisis de eficacia. A efectos puramente ilustrativos, el Tribunal ha
realizado un análisis de eficacia aproximativo con instrumentos alternativos a los propios del citado sistema de planificación formal, del que se deduce un grado de eficacia muy discreto. Como es habitual, el informe finaliza con una serie de
recomendaciones encaminadas a mejorar la gestión fiscalizada. Así, se recomienda a la Agencia que refuerce el sistema de control interno establecido sobre la gestión de las obligaciones tributarias periódicas mediante medidas especificadas en el
informe, que deben favorecer un mejor control en este campo de la gestión pública. Asimismo, se recomiendan medidas específicas para superar las deficiencias observadas en la tramitación de las obligaciones tributarias periódicas y en el control de
los incumplimientos. En particular, el Tribunal considera que sería más eficiente potenciar las actividades dirigidas a colectivos cuidadosamente seleccionados, intensificando las actuaciones sobre contribuyentes de mayor riesgo y mayor fraude.
Por último, se recomiendan determinadas medidas para la mejora de la actividad de la planificación formal relativa al ámbito de gestión analizado en este informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Fernández Marugán tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor Puche, yo es la primera vez que intervengo en esta Comisión, y solamente quisiera manifestar a los diputados y a los senadores aquí presentes la satisfacción por este hecho, y a usted como presidente de la
Comisión.
No es la primera vez que en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se habla de la Agencia Tributaria; lo hicieron ustedes hace algunos meses en relación con la cuenta general del Estado de 1999, y
al calor o al tenor de las provisiones que para insolvencia de las deudas tributarias debía haber dotado la Agencia Tributaria en función de los elementos que tenía pendientes de cobro. En aquel momento el Tribunal de Cuentas marcó una línea,
señalando que esas dotaciones eran
insuficientes y que, como consecuencia, se generaba una incertidumbre en la cuenta general del Estado. Puso además de relieve algunos incumplimientos de ciertas resoluciones de la Agencia Tributaria, resoluciones que habían sido dictadas
por la Intervención General de la Administración del Estado. Estas insuficiencias de dotaciones se referían a créditos reclamados y pendientes de pronunciamiento judicial, a créditos de deudores incursos en procesos concursales, a deudores que
tenían procesos de alzamiento de bienes y a una serie más amplia de deudas.
Estas cuestiones de alguna manera constituían un indicativo para mi grupo sobre la forma de trabajar y de actuar de la Agencia Tributaria. A la vista de esa situación, para nosotros esta fiscalización que hoy nos presenta el Tribunal de
Cuentas resulta relevante, porque puede poner de relieve si un servicio público como el de la Agencia Tributaria es capaz de aplicar el sistema real que emana de las leyes que aprueba esta Cámara en materia de fiscalidad. Y tenemos que decir que
las dudas que habían surgido en la cuenta general del Estado, en lugar de aclararse se han acentuado.
Ha puesto de relieve el presidente del Tribunal de Cuentas que la Agencia Tributaria tiene un sistema poco adecuado de motivación, de autorización y de revisión de sus propias actuaciones; que hay una debilidad en el sistema de control
interno, en cuestiones tan básicas como el mantenimiento y la depuración de los censos, la tramitación de las declaraciones y el control de los incumplimientos; que abundan las deficiencias procedimientales en hechos tan simples como el elevado
número de notificaciones que no llegan a culminar, o tan significativos como el elevado número de contribuyentes ilocalizables o que no atienden los requerimientos de la agencia; y por último, las profundas carencias que se producen en los
instrumentos de planificación. No existen unos objetivos claros a conseguir y tampoco se dispone de unos indicadores de ejecución que permitan medir, analizar y valorar el grado de eficiencia de la Agencia Tributaria. Y lo dice el Tribunal
claramente: la opinión del Tribunal sobre la agencia no es positiva. Y lo dice de la siguiente forma: No es posible efectuar con el mínimo rigor requerido un análisis de la gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria referido al
control de las obligaciones periódicas, partiendo de los instrumentos de planificación establecidos por la agencia, dada la inexistencia y la falta de propiedad de los mismos para tales efectos.
Por eso, como ha dicho el señor presidente del
Tribunal de Cuentas, el Tribunal ha tenido que hacer una aproximación, de la cual se deducen, en opinión de mi grupo, al menos cinco cuestiones. En primer lugar, la calidad de la información de los censos no ha mejorado, sino todo lo contrario.
En segundo lugar, los porcentajes de depuración son bajos debido a la falta de notificación en un alto número de cartas y a la falta de respuesta de los contribuyentes a las mismas. Este es un hecho relativamente importante, porque la falta
de depuración del trabajo por parte de la agencia llega al límite de violentar los derechos del contribuyente. Se envían cartas o requerimientos a presuntos no cumplidores que resultan ser cumplidores y que la agencia lo sabía, lo cual no se
entiende. Se efectúan tareas de oficio que conllevan un cambio en las obligaciones del contribuyente sin que se le notifique, sin que se le permita el trámite de audiencia, y en la página 36 del informe se dice que este tipo de actuación está
bastante generalizado, y poner en conocimiento del contribuyente el derecho a la audiencia no se ha realizado en ninguna de las dependencias visitadas.
En tercer lugar, la eficacia de la campaña de depuración es muy escasa: de 86.000 requerimientos en el año 1998, sólo se lograron resultados finales en 1.294 contribuyentes que ingresan o que presentan, y en 2.200 a los que se da baja
provisional. En 1999 el resultado no es mejor: en aquel momento se emitieron 75.000 requerimientos y se consiguen 2.333 contribuyentes que ingresan o presentan y 1.526 que se les da baja provisional.
En cuarto lugar, la campaña de requerimientos integrales tiene un bajísimo grado de subsanación, el 20 por ciento en 1998, el 34 por ciento en 1999.
Hay una pasividad importante en el funcionamiento de la Agencia Tributaria que fomenta el
incumplimiento, porque iniciar una tarea de control frente a un incumplidor es importante, notificar un requerimiento por un incumplimiento manifiesto, también; pero si no reacciona el contribuyente y no reacciona la Administración, el resultado al
final termina siendo peor que al inicio.
En quinto lugar, la campaña de requerimientos especiales, tiene unos resultados profundamente decepcionantes: en 1998 se emiten 22.246 cartas y sólo se presentan 2.650 contribuyentes. Y un poco bajo en el tono de la voz: el resultado
financiero de esta actuación fue de 814 millones de pesetas. Lo digo con un cierto oprobio, aunque sólo sea por mi antigua condición de funcionario. Cuando una campaña de requerimientos, señor presidente, a contribuyentes especiales, tiene un
elevadísimo porcentaje de notificaciones no atendidas, no debiera ocurrir que por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tampoco se haga nada, y eso ocurre entre nosotros.
Como último indicador, los contribuyentes sometidos a módulos. He de decirle que en el año 1999 las cartas de envío y las cartas de trámite de audiencia sólo se dirigieron al 12 por ciento de los presuntos incumplidores. La valoración
final la hace el Tribunal. La enumeración de las deficiencias considera que es intensa, y lo ha dicho el presidente: El grado de eficacia es muy discreto. En la práctica, los resultados obtenidos presentan muy bajos porcentajes de realización
(página 108 del informe).
Aquí estamos -y termino- ya haciendo una valoración sobre las cuestiones que mi grupo considera relevantes. Tenemos la impresión de que más que luchar con todos sus medios contra los incumplidores la agencia propicia el incumplimiento. Y
que además lo hace no solamente por aquellos que son requeridos, sino que se genera un efecto contagio; un efecto contagio que hace que algunos que cumplen piensen que no cumplir es claramente rentable. Mientras no se tengan noticias de la agencia
se puede tener una cierta inquietud, pero cuando se constatan las deficiencias antes expuestas se pierde definitivamente cualquier tipo de prevención. Y eso, señorías, eso, señor presidente, ocurre cuando se le notifica a un contribuyente, éste no
reacciona y la agencia no hace nada. Entonces surge una duda, ¿para qué cumplir?
De todos es conocido, de los diputados, de las diputadas, de los senadores, de las senadoras, la posición de mi grupo político respecto de la legislación tributaria que vienen aprobando las Cortes Generales desde que gobierna el Partido
Popular. Nosotros hemos dicho claramente que es una legislación tributaria que conduce a una injusta distribución de la carga. Tenemos que decir que alguien podía pensar que esta es la posición lógica y legítima de un grupo de la oposición. He de
decir que a lo largo de las últimas semanas surgen algunos hitos, a través de los cuales algunas personas y algunas instituciones se acomodan, se unen al planteamiento de los socialistas. El Colegio de Economistas recientemente, cuando publicó el
balance del año 2000, a través del señor González Páramo decía que ni la reforma de 1999 ni la reforma de 2000 resuelven dos problemas importantes de la imposición de personas físicas en España: el incentivo al diferimiento y las diferencias
efectivas de fiscalidad que se producen como consecuencia de los rendimientos del ahorro; y que habría que esperar a futuras reformas para abordar la neutralidad del sistema tributario. Recientemente, no ya hace seis o siete meses, hace pocos días
el Banco de España, en el boletín económico del mes de mayo, decía que los rendimientos fiscales tienden a ser mayores cuanto mayor es el nivel de renta en muchos de los instrumentos analizados. La semana pasada Eurostat nos informaba que la
evolución de la presión fiscal en España entre 1995 y 2001 se había elevado en 2,2 puntos, cuando la media de la Unión Europea era 0,3.
Como se diría ahora, en la Hoja de Ruta nos vamos encontrando con nuevas instituciones y con nuevas personas. Desde luego, son cada vez más los que creen que la política del señor Aznar y del Partido Popular ha sido la de tratar mejor a los
poderosos, a los acomodados, a mí no me da miedo decir a los ricos, en esta época que el antiguo régimen trataba a la aristocracia.
Hoy nos encontramos, señor presidente, señoras diputadas, señoras y señores senadores, con una legislación tributaria injusta y con una administración tributaria ineficaz, y lo dice el Tribunal. El culmen de esta expresión está en la página
110 del informe que nos ha presentado hoy aquí el señor presidente del Tribunal de Cuentas, donde recomienda a la agencia que analice la conveniencia de intensificar las actuaciones sobre los contribuyentes de mayor riesgo y de mayor fraude. Y
créame, es impensable. Para mí es impensable porque, si no se dedica a actuar sobre unos y sobre otros, ¿a qué se dedica la Agencia Tributaria? ¿Al control de los contribuyentes que viven de una nómina? ¿A trabar una cuenta corriente? Pues bien,
del informe que hoy nos ha presentado aquí el Tribunal de Cuentas se deduce que se dedica fundamentalmente a esa tarea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición y, en general, a todo el Tribunal por este informe tan completo. Es un informe con unos objetivos claros, entre los
que cabe destacar el verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias periódicas o comprobar que la cuenta de tributos del Estado refleja adecuadamente el resultado de la gestión de los ingresos derivados del cumplimiento de estas
obligaciones periódicas.
A dichos objetivos hay que añadir una serie de limitaciones que pone de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas y que de alguna forma limitaron o mermaron la eficacia del informe, como así también lo recoge el propio Tribunal en la página
108, donde reconoce que ha realizado un análisis de eficacia aproximativa. Entre estas limitaciones cabe apuntar la falta de registro documental o electrónico de los antecedentes o históricos, la inexistencia de algunos listados de trabajo, o la
insuficiencia en la determinación de objetivos e indicadores concretos, adecuados y medibles.
A estas limitaciones expuestas para la realización de este informe, hay que añadir que en el mismo sólo se fiscaliza el control masivo o extensivo del
cumplimiento de las obligaciones periódicas y en ningún caso se fiscaliza la totalidad de la actividad de control que realiza la agencia estatal, entre las que se encuentran las denominadas grandes empresas. Por tanto, no es posible la
extrapolación de conclusiones al conjunto de la Agencia Estatal Tributaria dado el tamaño del ámbito fiscalizado, como pretende el portavoz del Partido Socialista.
Por lo que se refiere a las conclusiones y recomendaciones, es necesario mencionar el análisis que se realiza sobre el elevado número de notificaciones que no llegan a culminar, como puso de manifiesto aquí el presidente del Tribunal, por
encontrarse los contribuyentes presuntamente ilocalizables, lo que hace necesario que la Agencia Tributaria agote todas las posibilidades para lograr notificarles, siendo necesario llevar a cabo una mejora del sistema de control de los
incumplimientos. Se deben proporcionar en todo caso los medios disponibles,
obligando a priorizar actuaciones sobre contribuyentes de mayor riesgo y mayor fraude, teniendo siempre en cuenta la importancia de la actualización de los censos de obligados, como se ha puesto aquí de manifiesto a lo largo de esta mañana.
Mención aparte merece lo que se refiere a la recaudación y contabilización de los ingresos procedentes de las obligaciones tributarias periódicas, donde el Tribunal de Cuentas emite una opinión muy favorable al respecto. En cualquier caso, respecto
de las recomendaciones que emite el Tribunal de Cuentas, el Grupo Popular las considera muy oportunas y positivas, porque desde nuestro grupo consideramos, que aunque la actividad de la Agencia Tributaria es correcta, puede ser susceptible de
mejora. Esta mejora ya se fue produciendo en períodos posteriores a los ejercicios 1998 y 1999, en que se llevó a cabo la fiscalización, como consecuencia de la implantación, en 1998, del nuevo régimen de tributación de las Pymes y de la nueva Ley
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como la puesta en marcha de la denominada base de datos centralizada, que supone importantes mejoras en la formalización y motivación de las decisiones y el seguimiento posterior de las
actuaciones. Quiero poner de manifiesto que a partir de este período de fiscalización ya se han llevado a cabo modificaciones, tanto legislativas como de desarrollo de las propias leyes, para ir mejorando la actividad de la Agencia Tributaria, cosa
que anteriormente no existía; y me refiero a períodos anteriores a 1996.
Concluyo, señor presidente, manifestando que es sentir unánime el que mejore en ciertos aspectos la actividad de la Agencia Tributaria y para ello es muy oportuno el contenido del informe que hoy nos presenta aquí el presidente del Tribunal
de Cuentas, pues en estos momentos ya la Agencia Tributaria está analizando posibles medidas normativas en el sentido que propone el tribunal, por lo que nos queda muchas ventanas de futuro y de mejoras abiertas y no, como ha pretendido hoy aquí el
portavoz del Partido Socialista, cerrarlas todas. Desde luego, quiero decir que la Agencia Tributaria, aparte de recaudar, en estos momentos también está devolviendo con rapidez y con eficacia.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN CONTINUA DE TRABAJADORES. (Número de expediente del Congreso 251/000107 y número expediente del Senado 771/000106.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día, relativo al informe de fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores.
Para su presentación, tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de septiembre de 2002, aprobó el informe de fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua de
trabajadores, ejercicios 1996, 1997 y 1998. Las subvenciones a las que hace referencia la fiscalización fueron concedidas a través de la Fundación para la Formación Continua, FORCEM, y de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua,
HOBETUZ.
La concesión y libramiento de fondos a los beneficiarios de las subvenciones para la formación continua en 1996, estando en vigor el primer acuerdo nacional de formación continua, se llevó a cabo por FORCEM, y durante 1997 y 1998, en
vigencia el segundo acuerdo, fue el INEM el que asumió estas obligaciones. En el caso de Hobetuz fue esta fundación la encargada en todo el periodo fiscalizado. Los acuerdos a los que se han hecho referencia se han financiado fundamentalmente con
los recursos provenientes de la cuota de formación profesional y con fondos comunitarios, sobre todo del Fondo Social Europeo. Además, existen otras fuentes adicionales de financiación especialmente en el ámbito de la formación continua en el País
Vasco, donde hay que añadir los fondos provenientes del Gobierno vasco y hasta el año 2000 las subvenciones de INEM distintas a los fondos procedentes de la cuota de formación profesional.
El objetivo de la fiscalización ha consistido en verificar la correcta obtención, aplicación, registro y justificación de los fondos públicos destinados a la formación continua de trabajadores, concedidos durante los ejercicios señalados a
31 beneficiarios de estas ayudas, radicados en diferentes provincias de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. También se ha analizado el procedimiento seguido en la aplicación de estos
fondos por FORCEM y HOBETUZ, incluyendo el relativo a las subvenciones recibidas con destino a la financiación de sus gastos de funcionamiento. Las conclusiones más significativas referidas a la gestión de FORCEM ponen de manifiesto que más del 70
por ciento de la formación profesional recibida por los trabajadores ocupados se caracteriza por ser de carácter horizontal, es decir, acciones no específicas de un sector determinado (informática, idiomas, etcétera) y sin embargo, el contenido, la
duración, los medios, el número de partícipes y el coste hora/alumno de estas acciones de contenido estándar son diferentes para cada beneficiario y aún dentro de un mismo beneficiario. Por ello, el Tribunal considera conveniente establecer un
sistema de módulos predeterminados para la financiación de las acciones formativas horizontales.
Por otra parte, el Tribunal ha detectado una amplia diversidad de tipos de irregularidades relacionados tanto con la solicitud como con la aplicación y justificación de las subvenciones recibidas por los beneficiarios,
que podrían dar lugar a la exigencia de reintegros por importe de 350,5 millones de pesetas. Entre ellas se pueden citar la falsedad de los datos facilitados por los beneficiarios en el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso
a las ayudas, la imputación de costes por los beneficiarios superiores a los reales de la actividad subvencionada y la simulación por los beneficiarios de la realización de cursos que realmente no se han impartido. Asimismo, en el procedimiento de
gestión de ayudas seguidas por FORCEM se han puesto de manifiesto diversas diferencias, entre las que cabe destacar que las fechas de publicación de las sucesivas convocatorias reducen el período de tiempo que el beneficiario puede dedicar a la
ejecución del plan formativo que propone, y que FORCEM no ha contrastado que las empresas adheridas a los planes agrupados existan realmente, ni el volumen de la plantilla, y que no ha vuelto a reasignar los fondos inicialmente concedidos y
rechazados expresa o tácitamente por sus beneficiarios, lo que supone una ineficacia en la gestión. Durante el período de vigencia del segundo acuerdo nacional, esta situación supuso la pérdida de fondos para la formación continua por 5.690
millones de pesetas. En el caso de los permisos individuales de formación, el Tribunal ha observado la existencia de algunos cursos formativos que no guardan relación con la finalidad de la formación continua, que es el desarrollo o adaptación de
las cualificaciones técnicas profesionales del trabajador, sino que aparentemente respondían a un interés personal, no profesional.
Finalmente, durante el periodo 1996-1998 se produjo una doble financiación de gastos de funcionamiento del FORCEM por el Fondo Social Europeo y el INEM por importe de 18,8 millones de pesetas, lo que podría dar lugar al correspondiente
reintegro.
Por lo que se refiere a la gestión desarrollada por Hobetuz, el informe concluye que ha dado lugar a que la formación impartida a los trabajadores ocupados se caracterice por ser fundamentalmente horizontal, aunque con diferencias entre las
correspondientes acciones en cuanto al contenido y medios utilizados para su impartición entre los distintos beneficiarios, si bien en el caso del País Vascos no existan diferencias en su coste. También se han apreciado los mismos tipos de
irregularidades ya referidos en las conclusiones relativas a FORCEM relacionadas con la solicitud, aplicación y justificación de las subvenciones recibidas por los beneficiarios, que podrían dar lugar a la exigencia de reintegro por importe de 2,8
millones de pesetas. Hobetuz no ha utilizado la totalidad de los fondos asignados para la formación continua, lo que ha supuesto que en el total de las convocatorias de 1996 a 1999, ambas inclusive, no se hayan utilizado al menos 854 millones de
pesetas. Además, esta fundación no había aplicado a 31 de diciembre de 2001 la suma de 270 millones de pesetas recibidos del Gobierno vasco que debían haber sido utilizados en las convocatorias de 1997 y 1998, por lo que podría proceder el
reintegro de Hobetuz al citado Gobierno de dichas cantidades.
Durante los ejercicios 1997 y 1998 HOBETUZ concedió subvenciones a todas las entidades empresariales y sindicales que forman parte de su patronato por un importe de 350 millones de pesetas procedentes del Gobierno vasco, sin que estas
organizaciones hayan presentado a la fundación ni al Gobierno vasco justificación alguna, incumpliendo la Ley 1/1997, de 11 de noviembre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda general del País
Vasco. A la fecha de elaboración de este informe dicha cantidad tampoco había sido objeto de requerimiento por parte de HOBETUZ o del Gobierno vasco. HOBETUZ no ha exigido intereses de demora de aquellos beneficiarios que reintegraron fondos no
aplicados, lo que ha originado el incumplimiento del artículo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y un menoscabo de los caudales públicos durante los ejercicios 1997 a 1998 en torno a los 45,5 millones de pesetas. Por lo que
respecta a la convocatoria de las ayudas correspondientes al ejercicio 1996, se ha producido una doble financiación de gastos de funcionamiento de HOBETUZ vía Fondo Social Europeo e INEM por al menos 15 millones de pesetas.
Como SS.SS. conocen, el informe recoge numerosas y detalladas recomendaciones dirigidas al Gobierno del Estado, a los órganos de gobierno de las diversas comunidades autónomas, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al INEM, al Forcem
y a HOBETUZ con la finalidad de mejorar la gestión y evitar las deficiencias e irregularidades detectadas en la fiscalización.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: El informe de fiscalización que nos ocupa en este punto del orden del día exige en mi opinión una serie de consideraciones generales. La primera tiene por objeto resaltar que la formación continua es desde 1993, y
junto a la formación profesional reglada y a la formación ocupacional, uno de los tres subsistemas que configuran el sistema nacional de formación profesional. La segunda, y la más interesante a los efectos del presente debate, se refiere a los
objetivos de la formación continua, que de manera esquemática serían la mejora de la capacitación profesional de trabajadores ocupados y, en su caso, la cualificación permanente a fin de compatibilizar la competitividad de las empresas con la
formación individual de los trabajadores. De igual forma, el informe de fiscalización sobre los fondos públicos destinados a la formación continua, relativo a los ejercicios 1996, 1997 y 1998 se articula operativamente en dos contextos que quiero
resaltar: el primero, que el ejercicio 1996 se inscribe dentro del primer acuerdo nacional de
formación continua, que tuvo vigencia entre enero de 1993 y diciembre de 1996. Los ejercicios 1997 y 1998 se inscriben dentro del segundo acuerdo nacional de formación continua, cuyo ámbito temporal transcurre entre enero de 1997 y
diciembre de 2000. Entre ambos existen diferencias significativas. De un lado, el segundo acuerdo incorporó como novedades para el acceso a la formación continua a los trabajadores acogidos al régimen especial agrario, a los autónomos y a los
trabajadores con contrato de aprendizaje respecto de su formación teórica; también amplió el acceso a los trabajadores que no estuviesen ocupados y que se encontraran en situación de fijo discontinuo, así como para aquellos que estuviesen en
desempleo provenientes de un periodo de formación continua o trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo durante los periodos de suspensión del empleo. De otro lado, con la entrada en vigor del segundo acuerdo nacional, la Fundación
para la Formación Continua en la Empresa (FORCEM) perdió parte de las funciones en materia de gestión de ayuda, pues todas las competencias referentes a la convocatoria y resolución de las mismas le fueron atribuidas al INEM, que, además, realizaba
el pago de los beneficiarios. Al hilo de estas consideraciones pregunto al presidente si no sería más conveniente que los futuros informes de fiscalización sobre la formación continua agrupasen ejercicios afectados por un mismo acuerdo nacional de
formación continua.
El Tribunal ha fiscalizado en diferentes ocasiones los fondos públicos destinados a la formación continua. Resulta por ello conveniente valorar este informe en el contexto de los que le han precedido y, más concretamente, el relativo a los
años 1993, 1994 y 1995. Las recomendaciones derivadas de este informe que, en opinión del Tribunal de Cuentas, no han sido atendidas o lo fueron sólo parcialmente, son muy variadas. Destacan de las dirigidas al Gobierno las relativas a la
necesidad de que se eliminara la posibilidad de que los beneficiarios de las ayudas evitaran o limitaran la actuación de los órganos de control mediante la contratación de los cursos por terceras personas. A este respecto el Grupo Parlamentario
Socialista comparte la recomendación del Tribunal de que las subcontrataciones deban limitarse como máximo al primer nivel. También apoyamos seguir profundizando en el establecimiento de un sistema de módulos o costes predeterminados máximo, que ya
fue implantado en 1997, a fin de determinar módulos distintos a los distintos tipos de acciones formativas financiadas.
Quiero destacar de las recomendaciones dirigidas al INEM y a FORCEM la necesidad de que la normativa reguladora de las ayudas establezca las obligaciones por parte de las entidades perceptoras de los siguientes hechos: primero, la relación
jurídica de los trabajadores formados con las condiciones establecidas en los acuerdos nacionales y la obligación de comprobar que los trabajadores formados prestaban servicios en las empresas que afirman pertenecer; la necesidad también de que los
centros que imparten formación continua deberían estar homologados, bien por FORCEM, bien por alguna administración pública con competencia para ello.
Por último, de las recomendaciones que se deducen de la evaluación del cumplimiento de los
objetivos previstos en la concesión de las subvenciones, persiste el incumplimiento de que FORCEM concretara en objetivos específicos los objetivos generales previstos tanto en el primer como en el segundo acuerdo nacional de formación continua (por
ejemplo, la promoción profesional, los proceso de innovación tecnológica y las nuevas formas de organización del trabajo) y que establezca indicadores capaces de medir el grado de cumplimiento de los objetivos en los expedientes de ayuda concedidos,
verbigracia el impacto de la formación en la capacitación de los trabajadores, en cualificaciones profesionales, escasas en el mercado laboral.
Otra recomendación del Tribunal incumplida se refiere a la necesidad de profundizar en el análisis de los beneficios económicos y sociales obtenidos con la realización de la formación continua, para lo que FORCEM debería de ampliar la
información obtenida de los diversos colectivos implicados. En este sentido, si bien FORCEM viene realizando estudios generales de los colectivos según áreas de trabajo-tipo de trabajadores, aún no ha dispuesto de datos necesarios para una gestión
más eficaz como serían, por ejemplo, el número y el porcentaje de personas que están repitiendo cursos de formación o el grado de adecuación real de los cursos ofertados a la necesidad de formación existente en el mercado, que me parece que es uno
de los temas fundamentales.
La última de las recomendaciones no cumplidas de forma íntegra que deseo subrayar hace referencia a la conveniencia de que el INEM promueva un sistema de certificación de las cualidades profesionales adquiridas por los trabajadores mediante
la formación continua, sistema que daría un mayor reconocimiento a la formación impartida y facilitaría la promoción profesional de los trabajadores.
Todos estos incumplimientos, por sí solos, nos dan una panorámica muy precisa de los objetivos pendientes para alcanzar un nivel óptimo en la gestión de la formación continua, pero el presente informe también nos revela otras conclusiones a
todas luces preocupantes. De todas ellas, las más significativas son las que hacen referencia a la calidad. La calidad debe ser el objetivo fundamental y, como he señalado al comienzo de mi intervención, la formación continua está destinada a una
mejora de la calidad de los trabajadores ocupados como un mecanismo para mejorar la competitividad de nuestras empresas y, por añadidura, como un mecanismo de lucha contra el paro. Estamos, pues, ante uno de los retos más trascendentes de nuestra
economía y el Banco de España, en su informe anual de 2002, nos advertía de que el riesgo mayor de nuestra
economía era perder competitividad en la nueva Unión Europea que se proyecta con la ampliación. De ahí que para el Grupo Parlamentario Socialista las conclusiones del presente informe, relativo a los años 1996, 1997 y 1998, deben incidir
fundamentalmente en aquello que tenga como punto de referencia la calidad. Por ejemplo, FORCEM no ha realizado estudios que permitan determinar el número óptimo de alumnos asistentes por tipo de materia a cada grupo de acción formativa. También ha
excluido de su lista de seguimiento de la actividad del beneficiario las acciones de carácter horizontal, lo que deja fuera de control a más del 70 por ciento de los beneficiarios. FORCEM cuenta con pocos recursos humanos para la realización de la
actividad de seguimiento de las acciones formativas. Las convocatorias no establecen el porcentaje de asistencia que tienen que tener los alumnos para considerar que estos han realizado el curso. Este dato añadiría seguridad jurídica a los
beneficiarios, al terminar con la falta de definición de lo que debe entenderse por alumno finalizado, siendo así que este es un dato determinante en la liquidación final de la subvención. FORCEM tampoco realiza controles sobre los manuales
utilizados en la formación, lo que supone que la calidad de la misma no es objeto de control. Por último, el colectivo de los trabajadores mayores de 45 años, pese a sus especiales características, es el que menor número de partícipes presenta.
No quiero terminar sin aludir a algunas de las irregularidades de diverso tipo que han sido puestas de manifiesto en el informe que hoy nos ocupa.
De forma breve, y tomando como punto de referencia la sistemática que emplea el propio
Tribunal, me referiré a las más significativas. Por un lado, las que hacen referencia a los fondos obtenidos y aplicados en el concepto de gestión y evaluación de las subvenciones, tanto por parte de HOBETUZ como de FORCEM. En este caso FORCEM
tiene un cumplimiento impecable y, en el caso de HOBETUZ, las entidades empresariales y sindicales que forman parte de la citada fundación han recibido 380 millones de pesetas procedentes del Gobierno del País Vasco para la realización de funciones
previstas en los acuerdos vascos para el empleo y la formación que no han sido justificados. Hay otras irregularidades referidas al proceso seguido en la aplicación de las ayudas, donde se dan situaciones muy semejantes, tanto en la fundación
FORCEM como en la fundación HOBETUZ. Estas irregularidades son: falsedad en los requisitos, por ejemplo, un número de trabajadores inferior al exigible en los planes de empresa, presupuestos inflados para obtener más subvención, falsedad en la
declaración de no recibir otra subvención para el mismo fin, o la imputación de costes externos e internos por encima de los costes reales, o la imputación de facturas de cursos que no se han impartido. En cualquiera de los casos es importante
destacar aquellas que hacen referencia al número de alumnos cuyo número de afiliación a la Seguridad Social no existe o corresponde a otra persona o al incumplimiento de las condiciones incluidas en el plan que sirvió para la concesión de la
subvención; por ejemplo, el número de alumnos formado o el número de las acciones formativas. De ahí se deduce que haya unas responsabilidades de reintegro que el tribunal cifra en una cuantía en torno a los 350 millones de pesetas, repartidos
entre las diferentes confederaciones empresariales o sindicales que han recibido, bien a través de FORCEM, bien a través de HOBETUZ, la subvención.
Concluyo diciendo que las irregularidades detalladas por el informe revelan, en efecto, una gestión deficiente en numerosos aspectos de la formación continua. No obstante, me atrevo a opinar que esta situación ha mejorado con respecto a la
del periodo auditado, 1993-1995. El Grupo Parlamentario Socialista ratifica todas las conclusiones del Tribunal, al tiempo que reitera su apuesta por un sistema que tenemos que valorar en un contexto concreto, el de su juventud en el tiempo -lleva
poco tiempo vigente- y que permanentemente está perfeccionando su estructura y su funcionamiento. Por eso, en este sentido, y dadas las coincidencias del tercer acuerdo nacional de formación continua y del tercer acuerdo tripartito de formación
continua, publicados en el año 2001, pregunto al presidente qué recomendaciones fundamentales del presente informe que nos ocupa considera que han sido superadas ya por estos acuerdos. Somos conscientes que el mayor grado de responsabilidad en el
perfeccionamiento de la gestión corresponde tanto a FORCEM como a HOBETUZ, que son fundaciones con personalidad jurídica y, por supuesto, con autonomía, pero tanto el Gobierno como las diferentes comunidades autónomas, el Ministerio de Trabajo y el
INEM tienen pendientes directrices capaces de mejorar la gestión de la formación continua, porque, en definitiva, se trata de eso, de perfeccionar un sistema original por el que debemos seguir apostando, toda vez que ninguna conclusión ha
cuestionado su viabilidad. El sistema tiene retos de calidad y de eficacia, que es posible conseguir con sujeción fiel a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Quiero empezar esta intervención felicitando expresamente al Tribunal de Cuentas por el trabajo realizado en este informe, refiriéndome a un antecedente concreto del mismo, el informe de fiscalización que se vio en esta
Comisión en el año 2001 del primer acuerdo nacional de formación continua, en los años 1993-1996. Lo cito como antecedente básico, puesto que de las conclusiones y posteriores propuestas de resolución de ese informe ha derivado éste.
En aquel momento, cuando se vio en esa Comisión ese informe de fiscalización, mi grupo parlamentario -yo tuve el honor de intervenir en esa Comisión- ya detectó que, además de lo que el Tribunal de Cuentas, a propósito de esa fiscalización
del primer acuerdo nacional de formación continua, señalaba, podían existir, por el devenir del tiempo, una serie de aspectos que era necesario que se especificaran más y que fueran objeto de análisis más detallado. Por ello, una de las propuestas
de resolución que yo presenté en la sesión siguiente, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2001, pedía expresamente que el Tribunal de Cuentas realizara una fiscalización que incluyera, además de los aspectos que ya habían sido objeto de
fiscalización referidos a ese momento, un control del destino final de los fondos, tanto en organizaciones como en empresas destinatarias de los mismos, los colectivos a los que habían ido dirigidos los fondos, especificando sectores y actividades,
y todo ello mediante un amplio muestreo que permitiera valorar con mayores elementos de juicio la correcta aplicación, gestión y destino de los fondos públicos. Esa fue la propuesta de resolución que presentó el Grupo Parlamentario Popular, que
tengo que recordar hoy aquí que no fue apoyada por ningún otro grupo parlamentario de esta Cámara -la aprobamos en solitario- y que es la que abre el inicio de este informe de fiscalización. Por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular ya en
aquel momento, a la vista de aquel informe y de cómo se estaba llevando a cabo la gestión de los fondos, era preocupante ver cómo había muchas cantidades de dinero que no se estaban utilizando, creo recordar que unos 140.000 millones de pesetas;
que no se tenía nada claro que el destino final cumpliera efectivamente los objetivos de la formación continua y que la mecánica de funcionamiento en aquel momento de la fundación FORCEM ofrecía graves dudas. Era un funcionamiento anómalo, y era
irregular la justificación de los fondos que se recibían del INEM. Como consecuencia del informe, el devenir de los acuerdos siguientes, tanto el del segundo como el del tercero, ha cambiado en parte: es el INEM el que concede las subvenciones, y
ha introducido una serie de mecanismos de corrección, derivados de las propuestas de resolución y de las conclusiones y recomendaciones que hizo el Tribunal de Cuentas. Como consecuencia, pues, de la aplicación por parte del Tribunal de Cuentas de
la propuesta de resolución aprobada en esta Comisión, tenemos un informe exhaustivo, detallado y con un amplio muestreo, tal como se pidió en aquel momento.
Para no ser excesivamente duros, diremos que el informe detecta una serie de irregularidades que provienen de una situación completamente anómala, de falta de cumplimiento de los objetivos que pretende la formación continua; hay que ser
rigurosos y asumir cada uno la parte que pueda corresponderle de las consecuencias de esta gestión. Se ha destinado importes altísimos de dinero a formación continua, y se ha detectado que son las organizaciones más directamente beneficiadas por el
objetivo final de la formación continua -las organizaciones empresariales y sindicales- las que más incumplimientos presentan en todos los ámbitos objeto de fiscalización. Hasta tal punto, que son organizaciones empresariales y sindicales, en su
mayoría, las que tendrían que efectuar los reintegros de cantidades que propone el Tribunal de Cuentas; son cantidades muy importantes, lo que resulta verdaderamente preocupante.
En cuanto al funcionamiento de la mecánica de concesión, plazos de subvención y cursos que subvenciona cada una de las fundaciones -tanto FORCEM como HOBETUZ- se detectan también cosas muy curiosas, como el tipo de cursos que se realizan,
por ejemplo. Resulta como mínimo chocante que, en una empresa como la Empresa Nacional Bazán, se hayan financiado cursos de especialidad de fagot o de ciencias políticas y sociología; resulta un poco chocante, por el tipo de personal que los
tendrían que realizar, teniendo en cuenta la actividad de la empresa. También hay cursos de formación de música, en Construcciones Aeronáuticas, o de bellas artes; o doctorado en farmacia, en una empresa de iniciativas y servicios especializados
de seguridad. Supongo que hay muchísimos más, y que el Tribunal ha señalado los que resultan más chocantes, como decía. Es más, estoy segura de que, teniendo en cuenta la formación en todas las provincias y comunidades autónomas, y en función de
los responsables de cada una, existen curiosidades todavía mayores que estas.
Dicho esto, hay que señalar que la formación continua es un compromiso muy importante, un terreno novedoso -como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- que requiere ser mejorado en la andadura. Ahora bien, ni por la manera en
que se está llevando, ni por la ejecución de la formación que se está impartiendo, y mucho menos por parte de las empresas o personas que la imparten, se cumplen los objetivos que se pretende y que deberían alcanzarse. Por mi parte, espero y deseo
que la sección de enjuiciamiento de este Tribunal lleve hasta sus últimas consecuencias las actuaciones precisas, para poner orden en las situaciones que se han detectado; que se produzcan los reintegros necesarios, si esa es la conclusión, y que
se corrijan todas estas anomalías, que van en detrimento, en primer lugar, de la eficacia y eficiencia de los fondos públicos, y, sobre todo, en detrimento del objetivo final de profesionalización y formación continua de los trabajadores y de mejora
de competitividad de las empresas.
Las anomalías son muy preocupantes; el presidente del Tribunal y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista han señalado algunas de ellas, y yo insisto, pero hay muchas más en este informe de fiscalización, muy exhaustivo,
afortunadamente. Entre todos, debemos ser capaces de corregirlas, tratando de incidir cada
uno, en la medida que sea necesario, allá donde tenga mayores posibilidades de hacerlo. El Gobierno, a través de órganos de gestión como el INEM o el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene que introducir mayores controles y
correcciones en la formación continua; las comunidades autónomas, por su parte, tienen que hacerlo en sus ámbitos de competencia y allí donde destinan fondos. Hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno vasco.
Efectivamente, es muy curioso que las entidades empresariales y sindicales que forman parte del patronato de la fundación HOBETUZ sean las que han recibido mayores cantidades: 440 millones de pesetas, de los que 380 proceden directamente del
Gobierno vasco, y de los que el Gobierno vasco no ha tenido ninguna justificación. Además, para algunas de esas actuaciones ha habido doble financiación: por parte del INEM y de fondos europeos, aportados por el Gobierno vasco del Fondo Social
Europeo. Todo esto coincide con lo que pasa en la fundación FORCEM; por importes inferiores, pero igual de mal gestionados.
No olvidemos que la mayor parte de los ingresos que recibe la formación continua procede de las nóminas de los trabajadores. El esfuerzo que realizan debe revertir, pues, directamente en su formación, adecuándola.
Debemos ser especialmente
escrupulosos en el seguimiento y control de la formación. Es muy curioso que existan facturas duplicadas, que no asista realmente a un curso el número de alumnos que se dice que ha asistido, o que se falseen datos como el número de Seguridad
Social. Se trata de una situación realmente anómala, que debemos corregir entre todos. Seamos rigurosos: lo que al final se produce es la financiación de una serie de organizaciones y colectivos que no cumplen en cuanto al destino de los fondos.
Todos estamos obligados a procurar que la formación continua cumpla con su objetivo de formar a los trabajadores y de incrementar la profesionalización y competitividad de las empresas; esto no ocurre ahora.
Esperemos que, por las fiscalizaciones que se produzcan sobre el segundo y el tercer acuerdo de formación continua, se compruebe que se han ido corrigiendo determinados aspectos, a medida que el Tribunal lo ha ido recomendando. Hasta la
fecha de este informe, la situación es muy preocupante. Debemos establecer, pues, los controles y medidas necesarias, y, por supuesto, debemos apoyar la actuación del Tribunal de Cuentas con todas sus consecuencias -como ya he dicho que hará el
Grupo Parlamentario Popular-, según las responsabilidades que se deriven a través de la sección de enjuiciamiento del Tribunal, sin perjuicio de que se exija a los órganos de los que dependen las justificaciones el reintegro de cantidades si no se
han celebrado los cursos o ha habido irregularidades. Además, hay que exigir a dichos órganos que hagan efectivo cada uno de los requerimientos del Tribunal.
Hacemos nuestras absolutamente todas las recomendaciones del informe, tanto en lo que se refiere a la Administración central como en lo que se refiere a las comunidades autónomas o a las fundaciones FORCEM y HOBETUZ.
Repito nuestro
compromiso, por lo que se refiere a las propuestas de resolución, de seguir insistiendo en la existencia de un control y transparencia mayores, y de un mayor rigor a la hora de conceder los cursos y a la de revisar los cumplimientos: el grado de
satisfacción y la adecuación entre lo solicitado y las necesidades de formación de los trabajadores de que se trate. Creo que eso es lo que requiere el elevado volumen de fondos destinados a la formación continua, y, sobre todo, es lo que requieren
los trabajadores susceptibles de acceder a dicha formación continua; cada uno según su situación concreta, puesto que, afortunadamente, entre el primer acuerdo y los sucesivos, se ha ampliado la posibilidad de formación a colectivos que en
principio estuvieron excluidos y que ahora pueden realizar los cursos.
Termino ya, señor presidente, felicitando al Tribunal de Cuentas, como decía al principio, por el trabajo exhaustivo y sin concesiones que ha realizado. Por la importancia de la materia y por la situación que se da en este momento, debemos
seguir insistiendo en lo dicho. Tras felicitar al Tribunal de Cuentas por este trabajo exhaustivo -por el importe, la importancia de la materia y por cómo está en estos momentos la situación- que ha realizado, sin concesiones, creo que debemos
seguir incidiendo todos y también expresarle al Tribunal que esperamos que siga el curso de estos acontecimientos, que siga el devenir de cada uno de ellos y que por supuesto vamos a estar especialmente atentos a cuáles van a ser las conclusiones en
los sucesivos informes referidos a la formación continua, pero también a cuál puede ser el final de las actuaciones que pueda realizar la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En cuanto a las observaciones del señor López Carvajal, en efecto esta es una fiscalización que continúa sobre la que se hizo ya en el ejercicio 1993-1995; se hizo después otra
de la liquidación del primer acuerdo nacional de formación continua al ejercicio 1993-1996 y también la de los contratos de asistencia, consultoría y servicios celebrados por FORCEM en los ejercicios 1996-1998 que, junto con ésta, ponen de
manifiesto que la fiscalización del Tribunal de Cuentas en este campo ha sido bastante intensa. También estamos de acuerdo en que las irregularidades puestas aquí de manifiesto se repiten. Se repite la no aplicación de la totalidad de los fondos
recibidos, la no objetivación de los costes de las denominadas acciones
formativas horizontales y todo lo que son los procesos de concesión, aplicación y seguimiento de las ayudas.
En cuanto a la sugerencia que se hace sobre la agrupación de ejercicios en la fiscalización, lo único que cabe es tomar nota por si en futuras fiscalizaciones el Pleno lo estima conveniente. Respecto a la observación que me hace de si los
nuevos acuerdos pueden valorarse, este presidente no puede hacer valoraciones que trasciendan las conclusiones que saca este informe; eso dependerá de futuras fiscalizaciones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, EJERCICIO 1999. (Número de expediente del Congreso 251/000108 y número de expediente del Senado 771/000107.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al noveno y último punto del orden del día, relativo al informe de fiscalización del Instituto Nacional de Estadística del ejercicio 1999.
Para su presentación tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Estadística, INE, del ejercicio 1999 fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el día 20 de noviembre de 2002. El
INE es un organismo autónomo que en el ejercicio fiscalizado dependía del Ministerio de Economía y Hacienda y en la actualidad del Ministerio de Economía. Como resultado de las comprobaciones efectuadas, el Tribunal ha concluido que las cuentas
anuales del INE del ejercicio 1999 reflejan adecuadamente la imagen fiel de la situación financiera patrimonial del organismo y de sus operaciones en el ejercicio fiscalizado, con algunas salvedades descritas en el epígrafe 2.2 del informe. Entre
las salvedades destacan las referidas a las deficiencias del inventario que han impedido comprobar que el saldo contable del inmovilizado, por importe de 27.260 millones de pesetas, representa el valor de los elementos que poseía el INE, además de
impedir comprobar si son razonables las cuantías del fondo de amortización y la dotación del ejercicio. Asimismo, el informe describe como salvedad el hecho de que el INE no refleje en cuentas el valor de la variación de las existencias,
constituidas fundamentalmente por publicaciones destinadas a la venta. No existe información suficiente que permita determinar el valor por el que deberían figurar las existencias en el balance a 31 de diciembre de 1999 ni el importe de su
variación en el ejercicio. Por otra parte el INE activa indebidamente como inmovilizado inmaterial un importe de 1.680 millones de pesetas correspondiente al valor de los censos y encuestas cuya vida útil es inferior a un año.
En el análisis de los procedimientos de gestión el Tribunal ha detectado debilidades en el control de los elementos que componen el activo fijo, debido a la reducida utilidad del inventario como instrumento de gestión y control, dadas sus
deficiencias. La tramitación de los contratos administrativos se ha realizado, en general, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación aplicada, mientras que la contratación del personal laboral eventual con cargo a créditos de
inversiones para la realización de actuaciones estadísticas, con un coste de 5.401 millones de pesetas en 1999, no se ha adaptado en su plenitud a los requisitos exigidos por la normativa correspondiente. Por su parte, la gestión del procedimiento
sancionador en materia estadística presenta deficiencias, tanto en la extensión con que se debería haber aplicado como en la tramitación de los expedientes y en la gestión de cobro.
Por último, el informe señala que el INE es titular de un parque de viviendas arrendadas u ocupadas por delegados provinciales respecto a la situación de los cuales carecen de información los servicios centrales.
Como es habitual el informe
concluye con una serie de recomendaciones destinadas a favorecer la mejora de la gestión económico-financiera del organismo, entre las que destacan las relacionadas con el perfeccionamiento del inventario y la gestión del procedimiento sancionador.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: En relación con el informe de fiscalización del Instituto Nacional de Estadística, ejercicio 1999, en opinión del grupo parlamentario del que soy portavoz se debe partir de una consideración inicial cual es, como ha
sido reflejada ya por la exposición del propio presidente del Tribunal de Cuentas, en términos generales, el cumplimiento de las obligaciones formales y la representatividad de las cuentas del órgano fiscalizado, lo cual no implica que nosotros no
tengamos la obligación y la oportunidad de hacer algunas precisiones respecto a un informe en el que considero que hay algunos asuntos que merecen ser destacados por encima de otros.
Con independencia de las salvedades que se ponen de manifiesto en este informe y que hacen referencia a la dificultad para extraer una imagen global del inventario general del inmovilizado inmaterial y otras cuestiones contables relacionadas
con este asunto, el propio informe hace un análisis partiendo de dos condicionantes. Uno, el análisis de las cuentas anuales del organismo durante el ejercicio objeto de la fiscalización, del año 1999; y, en segundo lugar, la evaluación de
procedimientos de gestión y cumplimiento de la legalidad, de adecuación a la legalidad, de este organismo. Respecto al primer asunto, a las cuentas anuales, el propio Tribunal hace hincapié a través de este informe en que el inventario no es un
instrumento útil para la comprobación
del valor de los elementos en él contenidos, ya que no se puede contrastar el valor con el que pudiera constar en el documento de origen de la adquisición de numerosos valores que conforman el inmovilizado de este organismo. También se hace
una referencia explícita a las existencias.
Entendemos que este es un asunto importante, dado que no se contabiliza o no se refleja contablemente el valor de las publicaciones que en su mayoría están destinadas a la venta y que, por tanto, deberían
ser objeto de una valoración; en este caso las deficiencias también se ponen de manifiesto en el control de inventario de publicaciones por el informe.
Así se hace constar expresamente que tres de los cinco paquetes de análisis de las existencias
de las publicaciones presentaron deficiencias en las comprobaciones; no se conocía exactamente el volumen de las existencias ni de las publicaciones, ni coincidía exactamente con el registro de almacenamiento de estos materiales, de estas
publicaciones.
También hay incidencias en materia de deudores, dado que se hace inclusión de deudas de dudosa recuperación por importe de 31 millones de pesetas y se hace hincapié en la idoneidad de habilitar la oportuna provisión de fondos en tanto no se
proceda a su anulación. Estos asuntos son tratados muy someramente en las alegaciones que plantea la presidencia de este organismo y creemos que sin garantías exactas de que se haya producido una corrección total en esta cuestión, una corrección
completa de este asunto que es puesto de manifiesto por el Tribunal en el informe. También hay incidencias en materia de tesorería en cajas del servicio de publicaciones, una vez más, en las que son de destacar deficiencias en la custodia de
fondos; no en todos los casos se guardan en las cajas fuertes previstas. Además, hay una ausencia de registros detallados de todas las operaciones y falta de realización de arqueos periódicos. Pensamos que son cuestiones que en el reflejo de las
cuentas anuales deberían ser objeto de una solución por parte del organismo para clarificar de forma más adecuada estos aspectos importantes para reflejar la imagen fiel del patrimonio del Instituto Nacional de Estadística.
Nosotros entendemos que son todavía más llamativas algunas de las referencias que se plantean en torno a la evaluación de procedimientos de gestión y cumplimiento de la legalidad. En concreto, en el control de elementos que componen el
activo fijo, en el que hay una valoración inexacta de inmuebles sobre los que no se aporta detalle alguno de la modificación posterior en su valoración. Me estoy refiriendo en este caso concreto al edificio del paseo de la Castellana, con un valor
inventariado distinto al que nominalmente tiene, y a otro edificio en la calle Josefa Valcárcel, donde se contabiliza en el inventario un importe de 3.764 millones de pesetas, mientras que el valor formal de la Dirección General de Patrimonio es de
1.128 millones de pesetas. Tampoco hay una clarificación exacta en la valoración de estos inmuebles, por lo que entendemos que este es un asunto que debería ser también objeto de corrección. Cabe destacar también un nulo valor de las inspecciones
periódicas que se realizan para evaluar el estado y la valoración de estos inmuebles, dado que, de 38 elementos, 23 no han sido localizados, ni se aporta documentación justificativa de vida útil de los bienes que figuran en el inventario, que además
no es uniforme para bienes semejantes.
En materia de contratación también hay incumplimientos en cuestiones de personal para la realización de encuestas, que es una de las tareas principales que tiene este organismo; se hace una diferenciación entre las encuestas que tienen una
vida útil de un año, o sea que los datos obtenidos pueden ser susceptibles de aprovechamiento durante ese año, y las que se hacen con intención de ampliar a ciclos posteriores.
Entendemos que hay cuestiones que deberían ser objeto de una reflexión
por parte de este organismo y de esta Comisión. Hay incumplimientos, como decía antes, para la contratación de personal, para la realización de encuestas de vida útil inferior a un año, ya que técnicamente no se podrían financiar con la
consideración de créditos de inversión. En el propio informe se hace un análisis muy somero de las condiciones que deben requerir estas contrataciones para que puedan ser financiadas con estos créditos de inversión y que en ningún caso o en la
mayoría de ellos se pueden cumplir.
También entendemos que existen algunas cuestiones que merecen ser destacadas respecto a la política de personal llevada por el organismo, dado que se recurre con cierta frecuencia a la modalidad de contratos por circunstancias de la
producción. Sin embargo, esta figura contractual es estable a lo largo del periodo fiscalizado, lo que nos debe hacer presumir una estructura de producción no circunstancial. Si esta es una figura excepcional o de excepcionalidad en el ámbito
laboral para atender determinadas necesidades que se pueden plantear en el trabajo o en la vida útil de un organismo, habiendo como hay una necesidad cíclica muy concreta y que además se da con las mismas pautas, presumimos que estamos ante una
estructura de producción no circunstancial, viene a decir que requiere mayores medios humanos en el Instituto Nacional de Estadística.
En concordancia con ello, tenemos que recalcar algunas de las observaciones que hace el Tribunal en cuanto a la
no convocatoria de plazas de vacantes de encuestadores en la oferta de empleo público desde el año 1996 hasta el año objeto de fiscalización, el año 1999, por lo que también entendemos que este es un asunto que debe ser objeto de análisis y de
mejora por parte de los órganos competentes. Si se está reconociendo explícitamente que existen necesidades de personal y que además hay vacantes en las plazas de encuestadores que no se cubren, podemos llegar a la conclusión de que no se está
siguiendo una política de personal lo suficientemente adecuada a las necesidades
de este organismo. Consecuencia de ello es el alto índice de litigiosidad laboral, por el elevado número de contrataciones temporales, que conlleva a las típicas reclamaciones por fijeza y por otras figuras similares que se producen cuando
las figuras contractuales a las que se hace referencia no se destinan a cubrir las contingencias inicialmente previstas.
Se destacan asimismo irregularidades en la gestión del procedimiento sancionador, donde se dice expresamente que no se realiza esta función ni con el alcance ni con la diligencia prevista en la Ley reguladora 12/1989 ni en el Real Decreto
1572/1993. Vuelve a aparecer la reflexión sobre la escasa dotación de personal destinado a instrucción de estos procedimientos sancionadores, respecto de los cuales tenemos que llamar la atención sobre que existe un elevado número de expedientes
que mueren sin resolución firme. De los 32.278 expedientes analizados en el ejercicio 1999 nos encontramos con que apenas 7.500 alcanzan resolución firme. También es importante el dato de la caducidad de estos expedientes, una figura que, como
todos sabemos, se produce básicamente porque no se ha producido la suficiente diligencia, tal y como señala el propio Tribunal, en la resolución de los mismos y que alcanza el número de 3.304 expedientes a lo largo del periodo objeto de
fiscalización.
Por último, hay irregularidades destacadas por el Tribunal en materia de viviendas de titularidad del Instituto Nacional de Estadística; se hace referencia a que no hay formalización de la ocupación de las mismas y existen diversas
cuestiones que nosotros entendemos que deberían solucionarse, sobre todo en lo referente a la homologación, en el tratamiento y en la consideración jurídica, no solamente de las viviendas, sino de los títulos de uso de los funcionarios que están
ocupándolas actualmente. Hacemos hincapié sobre todo en esta falta de homogeneidad en la que ha hecho hincapié el Tribunal en el informe y que nosotros entendemos que justificaría en buena medida la resolución de líneas de actuación que nosotros, a
través de la propuesta de resolución, realizaremos para dar traslado a las recomendaciones que formula el Tribunal en este informe.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
El señor BAHAMONDE SALAZAR: Gracias al presidente del Tribunal por su informe y por el trabajo realizado.
En este informe de fiscalización del Instituto Nacional de Estadística, ejercicio 1999, se destacan las conclusiones que culminan el mismo y cuatro recomendaciones, a las que voy a referirme a continuación porque creemos que son consecuencia
de las conclusiones a las que se ha referido y ha expuesto en este acto el presidente del Tribunal. En la primera de ellas, la referente a que debería iniciarse en el menor plazo posible las reformas necesarias para que el inventario general del
inmovilizado incluya el detalle de todos los costes de los elementos que en él aparecen, hay que mencionar que los trabajos para la depuración y mantenimiento del inventario, cuya contratación se realizó con la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), han concluido, en lo que se refiere a la toma de datos y grabación de los mismos, en todas las delegaciones de España. Se está efectuando en este momento el volcado de información al programa de inventario
Sorolla, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, a fin de poder realizar su correcto seguimiento y permanente actualización.
Por lo que afecta a la inquietud manifestada por el Tribunal de Cuentas en relación con la incorporación al inventario general del detalle de todos los costes que intervienen en la composición de los elementos que integran el inmovilizado,
se informa que el pasado día 3 de junio la Intervención General de la Administración del Estado comunicó al INE la intención de probar la aplicación Canoa como paso previo para la implantación definitiva de una contabilidad analítica. En cuanto a
la segunda de las recomendaciones, con relación a la contratación de personal laboral temporal, el Instituto Nacional de Estadística ha elaborado procedimientos de selección adecuados al reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y siguiendo al efecto las instrucciones contenidas en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración pública
de 22 de noviembre de 2001.
Sobre la tercera de las recomendaciones del Tribunal, en la que considera que debe prestarse mayor atención a la gestión del procedimiento sancionador, debo manifestarle, de acuerdo con las informaciones recibidas, lo siguiente: en su
momento se incorporó al servicio de Inspección de la Subdirección General de Recursos Humanos personal cualificado, tanto en calidad de instructores como en el área de gestión administrativa, que ha facilitado la tramitación de los procesos
sancionadores, así como la incentivación del mismo mediante la percepción de los complementos correspondientes de productividad, destinados a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria requerida y el interés e iniciativa de todo
el personal destinado en esta unidad, como estimulante del servicio que tendrían que prestar. Se dieron igualmente instrucciones precisas a las unidades periféricas afectadas para la agilización en el proceso de notificación de los documentos del
procedimiento sancionador a los informantes y que con su comportamiento devinieron en infractores. En diversas reuniones directivas del organismo se trató la posibilidad de reiterar las notificaciones que no se hubieran practicado por el servicio
de Correos, por los procedimientos complementarios
establecidos en la Ley de régimen jurídico del procedimiento administrativo común. En el momento actual existe una propuesta de delegación de competencias y funciones de la presidencia del organismo en los delegados provinciales del INE,
para acordar la iniciación del procedimiento sancionador, a fin de evitar las posibles caducidades, a las que se ha hecho referencia en este acto, que pudieran producirse.
Igualmente está prevista la plena operatividad del procedimiento abreviado
para faltas leves, no utilizado hasta la fecha y previsto en el reglamento del procedimiento sancionador, aprobado por Real Decreto 1572/1993.
Por último, en cuanto a la cuarta recomendación que en materia de viviendas propiedad del organismo, formula el Tribunal de Cuentas, debo manifestarles que, por lo que respecta a las viviendas utilizadas por los delegados provinciales del
INE, este instituto, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y previo informe de los servicios jurídicos del departamento, ha procedido a la firma de un contrato de arrendamiento con los delegados provinciales del INE que ocupan una
vivienda de propiedad de este organismo, en el que se han uniformado los gastos que corren a cargo de cada uno de los arrendatarios y establecido la revisión de precios. Actualmente sólo ocupan viviendas propiedad de este instituto los delegados
provinciales de Badajoz y Sevilla, puesto que el delegado provincial de Jaén ya no reside en la vivienda propiedad del instituto.
En definitiva, como puede comprobar, señor presidente, el Instituto Nacional de Estadística está atendiendo o ha atendido ya las recomendaciones que le formulado el Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, agotado el orden del día y dando las gracias una vez más al señor presidente por su presencia y por la presentación de los informes, se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.