DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2003 VII Legislatura Núm. 141

PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 27

celebrada el martes, 27 de mayo de 2003,

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Robles Orozco) para que informe sobre el cumplimiento de las directrices del OEDT sobre indicadores epidemiológicos clave para la homologación de datos sobre
drogas en la Unión Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 212/001486 y número de expediente del Senado 713/000805.) ... (Página 3452)


Proposiciones no de ley: - Relativa a la elaboración de un plan integral de prevención y lucha contra las drogas en las zonas más afectadas por este problema en la Comunidad de Madrid. Presentada por el

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Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/002091 y número de expediente del Senado 663/000106.) ... (Página 3463)


- Sobre atención a las mujeres drogodependientes en las prisiones españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/002129 y número de expediente del Senado 663/000108.) ... href='#(Página3467)'>(Página 3467)


- Sobre la creación de módulos de tratamiento libre de drogas en las prisiones españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente del Congreso 161/002130 y número de expediente del Senado 663/000109.) ...
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Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (ROBLES OROZCO) PARA QUE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DEL OEDT SOBRE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS CLAVE PARA LA HOMOLOGACIÓN DE DATOS SOBRE
DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 212/001486 y número de expediente del Senado 713/000805.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.



Se inicia la sesión de la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas. El primer punto del orden del día es la comparecencia del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para que informe sobre el
cumplimiento de las directrices del OEDT sobre indicadores epidemiológicos clave para la homologación de datos sobre drogas en la Unión Europea.



En primer lugar, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Con mucho gusto les paso a relatar cuál es la situación del cumplimiento de las diferentes directrices que el Observatorio Europeo de las Drogas hace a los
Estados miembros para su homologación, dentro de los criterios de dicho observatorio.



Como saben ustedes, la mejora de la comparabilidad de los datos entre los Estados miembros de la Unión Europea constituye uno de los principales objetivos y tareas del Observatorio Europeo de las Drogas. Éste desarrolla y recomienda métodos
e instrumentos para reunir y analizar datos armonizados y de buena calidad a escala europea. Por otra parte, el plan de acción en materia de lucha contra las drogas 2000-2004 pide que los Estados miembros proporcionen información fiable y
comparable sobre cinco indicadores epidemiológicos clave, en coherencia con los instrumentos técnicos y directrices emanados del Observatorio Europeo de las Drogas.



Ustedes conocen sobradamente estos indicadores, pero les voy a recordar someramente cuáles son. En primer lugar, el indicador de prevalencia y pautas de consumo de drogas entre la población en general. Básicamente se refiere a las
encuestas de población. En segundo lugar, el de prevalencia y pautas, denominado problemático de drogas; cuál es la prevalencia sobre el uso problemático de las drogas. En tercer lugar, las demandas de tratamiento sobre problemas de adicción a
las drogas, que, como saben, se refiere fundamentalmente a datos de carácter estadístico en centros de tratamiento sobre pacientes que se someten a intervención. En cuarto lugar, la mortalidad relacionada con las drogas. Se refiere a los registros
de mortalidad general y a los registros especiales. Y, en quinto lugar, el de enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de drogas. Se refiere fundamentalmente a las tasas de prevalencia e incidencia del VIH, de la hepatitis B y de la
hepatitis C en los consumidores de drogas por vía parenteral.



España ha venido contribuyendo durante muchos años, de una forma activa y comprometida, en el desarrollo de estos cinco indicadores. Somos considerados uno de los países europeos que más esfuerzos ha aplicado en el impulso a los sistemas de
información y el único, junto a nuestros vecinos franceses, que ha creado un observatorio nacional de drogas.
Incluso, como SS.SS. saben, la estrategia nacional sobre drogas del 2000-2008 contempla también la creación de observatorios autonómicos
de drogas en las comunidades autónomas, y ya se han puesto en marcha los observatorios de Galicia, del País Vasco, de Castilla y León, de Asturias y está estudiándose en este momento alguna creación en otra comunidad autónoma. Otra muestra de


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nuestra colaboración estrecha con el Observatorio Europeo de las Drogas es que durante los últimos años hemos sido el país anfitrión de diferentes reuniones europeas destinadas a profundizar en el tema de los indicadores epidemiológicos.



Por darles algunos ejemplos, en el año 2001 se celebró en Madrid una reunión con distintos países europeos para analizar el estado de la situación del indicador demanda de tratamiento. Más recientemente, en mayo de 2002, bajo la presidencia
española de la Unión Europea, se organizó en colaboración con la academia Reuter un curso intensivo sobre cinco indicadores epidemiológicos clave, con asistencia no sólo de los países miembros, sino también de los países candidatos de la Unión
Europea. Pero la contribución española sin duda más significativa en este campo es la participación de España en siete hermanamientos con otros tantos países candidatos a la adhesión. Entre las aportaciones más importantes que nuestro país está
haciendo en el marco de estos hermanamientos se encuentra el apoyo a la creación de los observatorios nacionales sobre drogas, a partir de la implantación precisamente de estos cinco indicadores clave. La experiencia española y el alto nivel de
desarrollo en el Observatorio Español sobre Drogas es lo que hace que estemos aportando expertos técnicos y nuestra capacidad a estos países candidatos. Por otra parte, España ha aportado cinco expertos, uno a cada indicador clave, que acuden
regularmente a las reuniones de los grupos de trabajo europeos, que se celebran en Lisboa, para contribuir en la máxima explotación y en la plena armonización de estos indicadores.



Voy a continuar explicándoles cuál es la situación de los diferentes indicadores. Como podrán comprobar, señorías, y aunque se trata de un proceso que exige un constante esfuerzo de adaptación, España ha realizado notables esfuerzos, que
nos ha permitido situarnos en una posición alta o media, según el indicador de que se trate, pero que en su conjunto nos coloca entre los países de la Unión Europea que disponen de unos sistemas de información sobre drogas más desarrollados. Una
prueba de ello es la valoración que hace el propio Observatorio Europeo de las Drogas en el último informe emitido, refiriéndose a España de la siguiente manera: La calidad del informe es muy buena, especialmente en lo que respecta a los datos
epidemiológicos y a los indicadores clave, en particular, la encuesta sobre la población general, la demanda de tratamiento y la mortalidad relacionada con el uso de las drogas.



En cuanto al primer indicador, el de extensión de los patrones de consumo en la población en general, España comenzó a desarrollar encuestas de población general en el año 1995, utilizando un cuestionario similar al modelo de cuestionario
europeo y que se recoge en el documento del Observatorio Europeo de las Drogas, que señala las directrices para este indicador. Desde entonces se han desarrollado encuestas domiciliarias sobre drogas cada dos años. En consecuencia, existe un
núcleo común de datos para los años 1995, 1997, 1999 y 2001 que permite cumplimentar perfectamente las tablas estándar solicitadas por el Observatorio Europeo de las Drogas. En estos años hemos realizado sucesivas modificaciones a requerimiento del
observatorio. Así, la encuesta de 2001 fue dirigida ya a la población entre 15 y 64 años, para facilitar el trasvase de datos a las tablas europeas que solicitan información referida a este grupo de edad. Como la población de referencia de las
encuestas anteriores se refería a otros grupos de edad, ha sido necesario realizar una explotación y tabulación específica de los datos para presentar una serie temporal homogénea con respecto al grupo de edad. También es importante aclarar que el
cuestionario español es más amplio que el modelo del cuestionario europeo e incluye más preguntas y más precisas sobre tabaco, alcohol, cuestiones adicionales sobre salud, seguridad y otros aspectos no incluidos en el modelo europeo. Según el
citado informe del observatorio, España ocupa en este indicador una posición calificada de alta, que comparte tan sólo con otros dos países de la Unión Europea, como son el Reino Unido y Holanda. Esta valoración implica que, en cuanto al
conocimiento del consumo de drogas entre la población general, España dispone de un indicador consolidado, con series establecidas y un tamaño muestral sustancial.



El segundo indicador es el de prevalencia del consumo problemático de drogas. España comenzó a trabajar en estimación de la prevalencia del consumo de drogas más tarde que otros países. En los últimos años se han hecho importantes
progresos, pero sigue siendo necesaria una actividad intensa en este campo para obtener estimaciones de mayor validez. Las estimaciones de las prevalencias realizadas hasta ahora se refieren al consumo problemático de opiáceos o de drogas por vía
inyectada. En el ámbito nacional, los métodos aplicados han sido el método etnográfico, aplicado a datos de admisiones a tratamiento por abuso de drogas, y el método multiplicador de tratamiento y de mortalidad. También se dispone de estimaciones
por el método de la captura-recaptura para algunas áreas geográficas y años concretos. La utilización de este último método a nivel nacional no es posible porque se necesitan identificadores personales para cruzar distintas bases de datos de
consumidores de drogas conocidos, como son el tratamiento, la mortalidad, los detenidos, etcétera; estos indicadores no se transmiten a nivel central por razones de confidencialidad. Por tanto es necesario trabajar aún más en los sistemas de
información, sobre todo a nivel local y autonómico, para poder hacer estimaciones más válidas del consumo problemático de opiáceos. En este indicador España alcanza una posición de carácter medio en comparación con otros países de la Unión Europea.



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El tercer indicador se refiere a la demanda de tratamiento por los consumidores de drogas. Se trata con toda seguridad del indicador más sólido que tiene el Observatorio Español sobre Drogas. Fue creado en el año 1987 y tiene la capacidad
de monitorizar a la gran mayoría de los centros asistenciales sobre drogas existentes en nuestro país. Está consensuado con todas las comunidades autónomas y nos permite comparar datos de admisiones a tratamiento de los últimos 15 años. Como es
lógico, cuando el observatorio europeo crea el protocolo estándar europeo denominado TDI, España ya disponía desde hace muchos años de este indicador, al que se han ido introduciendo sucesivas mejoras. La última se ha realizado precisamente el día
1 de enero de 2003 y ha estado orientada precisamente a la convergencia del TDI europeo. Así, han entrado en vigor diversos cambios en el protocolo e instrumentos, hoja de notificación y programas informáticos del indicador, admisión a tratamiento
por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas. Se han añadido cinco nuevas variables: el tipo de centro de tratamiento que efectúa la notificación; la fuente de referencia; convivencia, es decir con quién viven en los 30 días previos al
tratamiento; tipo de alojamiento en los 30 días previos al tratamiento y frecuencia del uso de la droga principal en los 30 días previos al tratamiento. También se han introducido otros cambios menores en las categorías de las variables, como la
introducción de un nuevo código para el uso de la mezcla de heroína más cocaína en polvo, y otro para el uso de la mezcla de heroína más cocaína base. En algunos aspectos no ha sido posible adaptarse literalmente al protocolo europeo, porque -como
les decía- el indicador español funciona desde el año 1987 y también es un valor muy importante mantener la comparabilidad de la serie temporal española. Por tanto, en algunos casos hemos de conciliar la convergencia europea con la preservación del
trabajo realizado durante tantos años en nuestro país.



Por otra parte, el estándar europeo TDI es una solución de compromiso entre varios países que tenían ya el indicador en marcha, con definiciones y procedimientos de recogida de información muy diferentes.
Como nadie quería perder la
comparabilidad de su serie histórica en bastantes puntos, el TDI es muy general, muchas veces inconcreto y algunas veces ambiguo. En cualquier caso, con la información disponible de España es posible cumplimentar las tablas anuales del indicador
solicitadas por el Observatorio Europeo de las Drogas con una calidad más que aceptable, siendo España considerada uno de los países europeos que disponen de un indicador de tratamiento de drogas de mayor calidad. Por tanto, a partir del informe
del observatorio europeo citado anteriormente, España ocupa una posición alta en este indicador, y en esta situación se encuentran solamente Suecia y Grecia.



El cuarto indicador del observatorio se refiere a la mortalidad relacionada con las drogas y a la mortalidad en consumidores de drogas.
Para obtener información sobre la mortalidad relacionada con las drogas, el observatorio europeo ha
venido considerando dos alternativas: en primer lugar, la utilización del registro general de mortalidad, que se elabora a partir de los datos de los boletines estadísticos de defunción y que gestiona el Instituto Nacional de Estadística y, más
recientemente, las comunidades autónomas; la segunda vía sería la utilización de los registros específicos. En ambos casos, el observatorio europeo ha desarrollado metodologías estándares para que los Estados miembros adapten sus sistemas de
información nacionales. Sin embargo, recientemente el observatorio europeo ha recomendado que debería trabajarse para que en el futuro sea posible obtener en todos los países estos datos con una calidad aceptable a partir del registro general de
mortalidad. En España, la utilización del registro general de mortalidad para obtener información sobre las muertes de causa extrema o causa violenta ha sido tradicionalmente muy compleja, porque la causa de estas muertes se codificaba
exclusivamente a partir del boletín estadístico, donde se anotaban causas de muerte muy inespecíficas, por ejemplo parada cardiorrespiratoria. Por esta razón, en el año 1987 se decidió poner en marcha un registro específico para recoger las muertes
por reacción aguda a drogas, basado en el Instituto Anatómico Forense y en el Instituto Nacional de Toxicología. Este registro ha marcado muy bien la evolución temporal de este tipo de muertes en España y sigue funcionando en la actualidad con una
cobertura poblacional cercana a los 20 millones de habitantes. Recientemente se ha explorado la posibilidad de usar el registro general de mortalidad como recomienda el Observatorio Europeo de las Drogas, pero la comparación de las cifras del
registro general con las que ofrece el registro específico muestra que el primero sigue presentando muchos problemas a la hora de codificar las muertes relacionadas con el consumo de drogas. Es más, la introducción de la codificación, según la
versión 10 de la clasificación internacional de las enfermedades y de la transferencia de la gestión a los registros del Instituto Nacional de Estadística a las comunidades autónomas, en algunos casos ha complicado los procesos. Se va a poner en
marcha un programa para buscar una solución, pero no es sencillo, porque el problema no afecta sólo a las drogas, sino también a otras muertes por causa externa, como los accidentes, y es necesario poner de acuerdo a muchos actores, como son el
Instituto Nacional de Estadística y los departamentos encargados de esta gestión en el registro general de mortalidad de las comunidades autónomas. Un problema añadido es que la ubicación de estos registros difiere según cada comunidad autónoma.
Por el momento no hay intención de abandonar el registro específico, que funciona desde el año 1987 y que se ha mostrado especialmente útil para monitorizar las muertes relacionadas con el uso de drogas en España.



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Por lo que respecta a la mortalidad en consumidores de drogas y para conocer las distintas causas de muerte en consumidores de drogas y sus tendencias, es necesario seguir a grupos específicos de consumidores durante largos periodos de
tiempo. Esto es lo que se conoce como estudios longitudinales o cohortes. El observatorio europeo ha desarrollado un protocolo estándar para realizar este tipo de estudios. En España se está desarrollando un estudio de este tipo en un grupo de
consumidores de opiáceos en la ciudad de Barcelona, siguiendo el protocolo europeo. La valoración del informe de la Unión Europea respecto a este indicador es diferente según cuál sea el procedimiento al que se refiera. El registro general tiene
una valoración bajo-medio, el registro específico se valora como medio y los cohortes como alto.



Por último, el quinto indicador se refiere a las enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas. El documento del observatorio para intentar homogeneizar la información sobre este aspecto es bastante preliminar y está todavía en
desarrollo. Se limita a señalar las posibles fuentes de las que puede obtenerse esta información y a dar algunas recomendaciones generales. El objetivo fundamental es obtener información sobre la evolución de la prevalencia, la incidencia de la
infección por el virus del sida, la hepatitis B y la hepatitis C, así como de las conductas de riesgo para estas infecciones en grupos de consumidores de drogas, sobre todo en los inyectores. Con este fin, en España se realizó en el año 1996 una
encuesta sobre consumidores de heroína en tratamiento. Actualmente se está desarrollando una segunda encuesta de este tipo, incluyendo también a los tratados por cocaína y la realizada a través de análisis de saliva, con el fin de explorar los
cambios que se han producido desde entonces.
Por otra parte, en España hay buena información sobre los casos de sida diagnosticados en consumidores de drogas y se han realizado bastantes estudios dirigidos a explorar la prevalencia de infección del
virus del sida y de la hepatitis B y C en diversos grupos de consumidores de drogas, sobre todo en inyectores. Por otra parte, algunas áreas geográficas, como Rioja, Navarra y el área sur de Madrid, disponen de registros de nuevos infectados por el
virus del sida, que permiten obtener información sobre la prevalencia de la infección por este virus en inyectores de drogas. En comparación con la media europea, este indicador se sitúa en una posición media, teniendo en cuenta que tan sólo nos
superan dos países pequeños, como son Austria y Luxemburgo, que ocupan una posición alta.



En conclusión, como se recogía en la valoración general del observatorio, podemos afirmar que el grado de convergencia de España con los estándares europeos es razonablemente satisfactorio con dos indicadores perfectamente desarrollados,
como son el de encuestas y el de admisiones a tratamiento; otros dos que precisan mejoras, como son la mortalidad y el consumo problemático, y un quinto, el de enfermedades infecciosas, que estará supeditado al propio desarrollo de los estándares
europeos, que dispone de unas bases suficientemente sólidas.



Por lo que finalizo como comencé, la construcción y la armonización de los indicadores clave constituye un proceso en el que estamos participando de una forma activa y comprometida y en el que España ocupa una posición de prestigio, tanto
por la alta cualificación de los profesionales como por el importante esfuerzo que estamos realizando.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada doña Carmen Romero.



La señora ROMERO LÓPEZ: En primer lugar, después del proceso electoral que acabamos de vivir, quería felicitar a todos los que han concurrido a estas elecciones cualquiera que sea el resultado que hayan obtenido.



Respecto al tema que hoy nos trae aquí, quisiera agradecer la comparecencia del señor delegado para abordar este tema, que ya ha sido durante este período de sesiones motivo de algunas iniciativas, en concreto, una proposición no de ley que
debatimos en marzo de este año y que ha motivado la comparecencia de hoy. En la citada proposición no de ley el representante del Grupo Popular dio algunos datos, que hoy confirma el señor Robles, acerca de las dificultades que se están teniendo
para poner en marcha los indicadores epidemiológicos clave que se fijaron en la Unión Europea en el plan de acción 2000-2004. Dicho plan de acción, que ha sido el fundamento de la estrategia europea para luchar contra estas adicciones y al mismo
tiempo de la estrategia nacional sobre drogas, contemplaba una evaluación intermedia y en el informe se citaba la necesidad de poner en marcha estas directrices que el observatorio europeo considera sustanciales para mejorar la comparabilidad de los
datos. Teniendo en cuenta este informe de evaluación intermedia de este plan de acción, las líneas fundamentales de colaboración entre los países de la Unión Europea son la información y la coordinación de los datos existentes. Estas directrices
son sustanciales para abordar una política de drogas que conduzca a resultados en la Unión Europea. Al mismo tiempo deben basarse sobre datos sólidos porque si no hablamos de datos comparables difícilmente podremos saber si estamos de verdad
afrontando este problema de una manera semejante a como lo abordan otros países de la Unión Europea y si estamos en la línea de abordar las soluciones o las propuestas que en otros países se están planteando. Lo que ocurre con estas directrices,
que sustancialmente han sido cinco, es que mi grupo considera que en España no tenemos los suficientes datos no sólo para comparar con otros países de la Unión Europea, sino incluso para comparar


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con las propias comunidades autónomas y con España.



Desgraciadamente, la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas no está actuando con el objetivo sustancial, origen de la creación de esta Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, de coordinar y mejorar la información entre las distintas
comunidades autónomas o ayuntamientos, de los planes de acción locales y planes de acción autonómicos y de los datos que se manejan ahora mismo en España. A partir de ahí podemos partir hacia una comparabilidad con datos que puedan darse en
cualquier otro país de la Unión Europea. Si no se tienen estos datos dentro de los distintos países y con la particular estructura que tiene nuestro país es difícil entonces manejar esta comparabilidad con otros países de la Unión Europea. Tengo
que recordar aquí las dificultades que existen -el propio señor Robles las ha esgrimido en otras ocasiones- para elaborar la memoria. La última memoria que tenemos es la del 2000, si no me falla la memoria, es decir, que estamos en el 2003 y no
tenemos memoria de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. El último documento que es la base de estos datos que el señor Robles está manejando hoy si no me falla la memoria, y que según el propio señor Robles ha merecido una valoración alta
por parte del Observatorio de Lisboa, del que podemos nosotros extraer datos, es el observatorio de julio de 2002, es decir, que hace casi un año que no tenemos ningún documento sobre este observatorio.
Aunque en marzo hubo también un ejemplar de
este observatorio y en julio otro, a partir de ahí ya no hemos tenido ningún informe de dicho observatorio. A juzgar por los resultados de estos datos y de que la información no nos llega, deberíamos decir que esta valoración alta que puede haber
hecho el Observatorio de Lisboa no sabemos a qué época corresponde. Probablemente pueda corresponder a la época de julio de 2002, pero desde luego no corresponde a la época que estamos viviendo porque no tenemos absolutamente ningún dato desde
julio de 2002. El último observatorio corresponde a esa fecha y, desde luego, la memoria no la tenemos desde el año 2000. Ya hace tiempo que nos anunció que habría un nuevo informe del observatorio, pero no aparece por ningún lado, ni siquiera en
la página web, que tengo que señalar aquí que es bastante deficiente y bastante escasa de información en lo que se refiere a materia sobre drogas.



Señor delegado, la información que tenemos sobre drogas es absolutamente oscura, insuficiente y estamos ahora mismo en una etapa en la que se ha producido un hermetismo total en materia de información sobre drogas. La información no es
fiable porque no está actualizada. No tenemos información de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos y por lo tanto difícilmente podemos decir que se esté cumpliendo el objetivo de información y coordinación en España y comparar datos con
la Unión Europea. Con los documentos que tenemos usted debería pensar si realmente está desempeñando la labor de coordinación que debe desempeñar un delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, como el que tenemos en España, y si
realmente estos datos pueden ayudar a la lucha contra estas adicciones. Sólo para constatar esta carencia de datos, de información y coordinación nos parece suficiente para que usted comparezca hoy aquí. En cuanto al primero de los cinco
indicadores, ya hemos hablado que esta valoración alta no sabemos a qué época corresponde porque el último observatorio que tenemos es de julio de 2002. Respecto a los siguientes indicadores, la posición de España -como muy bien ha destacado- no es
en absoluto relevante y deja mucho que desear.



Respecto a los consumos problemáticos, no nos satisface en absoluto la respuesta que nos ha dado acerca de que existen dificultades para saber cuál es la prevalencia, precisamente por la carencia de información de los planes de acción local
y autonómico. Es absolutamente increíble que la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas no consiga, no requiera o no se valga de instrumentos para tener esa información por el procedimiento que fuera, ya que justamente ese es el papel de la
delegación.



En cuanto al tercer punto, la demanda de tratamiento, ya nos ha dicho que este indicador existe desde 1987. España disponía desde hace mucho tiempo de este indicador y de lo que aquí se trataría sería de cómo preservar la comparabilidad
española con la que exige Europa, pero no debería ser algo contradictorio ni algo que hiciera abandonar las exigencias del Observatorio Europeo de Lisboa, es decir, el hecho de que se adopten unos sistemas que podrían ir paralelos a la introducción
de algunas nuevas directrices que exigiera el Observatorio Europeo de Lisboa. Por tanto, tampoco nos satisface su respuesta.



Mucho menos todavía nos satisface la respuesta dada al cuarto punto, que es sustancial porque en materia de droga lo que sin duda genera más alarma social son los datos de mortalidad, y ya sabe el señor Robles la dificultad tan grande que
hemos sufrido con la epidemia de heroína que vivimos y con la discrepancia en cuanto a los datos que podrían manejarse a propósito de esta mortalidad. La época que estamos viviendo, una vez que se superó la epidemia de la heroína, es bastante
oscura en cuanto a muertes por efecto de las drogas. Respecto a lo que hoy nos ha respondido acerca de este tema, es decir, dificultad existente en cuanto al registro de mortalidad gestionado por el Instituto Nacional de Estadística y la
utilización de registros específicos, tengo que decir que es evidente que pueden existir dificultades, pero las razones que nos dio aquí el representante del Partido Popular respecto a este indicador subrayaban que, como siempre, hay dificultades en
las comunidades autónomas para proporcionar datos de las competencias que tienen en materias de competencia


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del Instituto Nacional de Estadística. Si eso es así, habría que decir si nos encontramos de nuevo ante una dificultad de coordinación o si la razón es que el registro específico del Instituto de Toxicología es más fiable que el registro de
mortalidad gestionado por el Instituto Nacional de Estadística. En ambos casos, como es natural, los ciudadanos no esperan conocer las dificultades que pueda tener la Administración en utilizar un registro u otro, sino que esperan datos que puedan
ser fiables y comparables con los del resto de los países de la Unión Europea.



Tengo que decirle que a una pregunta oral de esta diputada en el Pleno del Congreso, el señor Rajoy nos dijo que las muertes por sobredosis durante el año 2002 habían sido 192, y cuál no sería nuestra sorpresa cuando el director del
Instituto de Toxicología nos dijo que eran 655. La diferencia es tan grande, señor delegado, que nos tiene que conducir a reflexión, porque o el señor ministro faltó a la verdad o hay un error en esta cifra, y de este error nos tiene que sacar hoy
mismo. Si usted dice que el registro específico nos ha dado la evolución durante estos años, nos gustaría que nos diera la evolución actual, si la tiene, o si no, que nos la mandara próximamente, para que supiéramos que estos son datos fiables y
que, por tanto, los datos de la respuesta del ministro Rajoy no eran exactos, sino que pueden corresponder a la información policial, de la que ya sabemos que existen otras formas comparables con años anteriores. Pero no son los datos del Instituto
Nacional de Toxicología y puestos a analizar la fiabilidad de unos y otros, es evidente que son más fiables los datos del Instituto Nacional de Toxicología puesto que se basan en análisis que se han hecho sobre las muertes por sobredosis.



En cuanto al último indicador de enfermedades infecciosas, su respuesta ha sido bastante deficiente, por lo que, a pesar de que nos diga que España es uno de los países más activos y en el que existe el único observatorio, la verdad es que
los datos se los quedará la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, pero no los conoce el Parlamento ni la opinión pública, aparte de que los últimos datos del observatorio son de hace casi un año y, por tanto, están anticuados. No tengo que
decirle que en esta evaluación intermedia hay una exigencia de que estas directrices se cumplan, pero estamos muy por debajo de lo que la opinión pública, es decir, los ciudadanos, exigen acerca de la información que debemos tener sobre datos que
son sustanciales a la hora de analizar una política sobre drogas, porque si no es un dato sustancial el dato de las muertes por sobredosis, o el de las prevalencias, o el de los consumos problemáticos, o el de las enfermedades infecciosas, nos viene
a decir que sólo es importante el dato sobre unas encuestas que tienen ya casi un año de vigencia. No me parece que la respuesta que el señor delegado pone hoy sobre la mesa sea satisfactoria, en un tema tan importante como éste, porque creíamos
que el delegado del Plan Nacional sobre Drogas no sólo trabajaba más en el campo de una información que fuera certera para los ciudadanos y para los diputados, sino también mejor en el campo de la coordinación.



Tengo que decirle, señor delegado, que el problema no es sólo comunicarse con los ciudadanos y hacer contratos sustantivos con empresas de servicios que suponen muchos millones de pesetas, contratos de cuya eficacia probablemente las propias
empresas de servicios puedan responder pero efectivamente se hace con dinero público, y estos datos sobre información y coordinación son datos sustanciales que preocupan a los ciudadanos, que deben estar en el Parlamento, que es su responsabilidad,
y que a estas alturas su trabajo deja mucho que desear con respecto a algo que preocupa a los ciudadanos, que es el núcleo fundamental del plan de acción sobre drogas, de la evaluación intermedia y de nuestra estrategia nacional sobre drogas.



El señor PRESIDENTE: Señor delegado.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Señoría, en primer lugar tengo que decirle que estamos hablando de una materia extraordinariamente técnica en la que, como comprenderá usted, el papel que
jugamos los políticos es impulsar y poner medios y recursos, pero en la que lo realmente relevante es el trabajo serio y riguroso que están haciendo excelentes profesionales en el ámbito nacional desde hace muchísimo tiempo y desde hace mucho menos
tiempo en el ámbito europeo, porque, como usted bien sabe, la creación del observatorio europeo es muy posterior a los desarrollos del Plan Nacional sobre Drogas español. Por tanto, quizá haya que redefinir primero, el concepto de lo que usted está
tratando de explicar, porque no se trata de que España se esté sumando en este momento a algo que ya estaba creado y que tenemos la obligación de cumplir, sino que se está creando en Europa un procedimiento de indicadores comunes; es decir, en este
momento lo que entre todos estamos haciendo es definir esos indicadores. Y lo estamos haciendo desde el conocimiento de la realidad de cada uno de nuestros países y, como también he tratado de explicarle, desde el diferente nivel de desarrollo que
tienen estos indicadores, cuando existían, porque no existían en todos los países, en los diferentes Estados miembros.



Existe, pues, una doble dificultad: primero, construir estos indicadores por consenso de los países miembros y, segundo, intentar armonizar lo que ya estaba en marcha en cada uno de estos países y que ningún país quiere sacrificar porque
tan importante es que podamos compararnos dentro de Europa como que tengamos un nivel de comparabilidad interna. Fíjese,


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señoría, en lo que sería tirar por la borda en este momento, como usted bien se ha encargado de poner de manifiesto, el trabajo realizado desde el año 1987, que me parece serio y riguroso y que es el primer indicador en nuestro país. Por
tanto, es muy importante que el fondo de información que nosotros tenemos y que, de alguna manera, avala nuestro trabajo pueda ser preservado. Pero es que ese mismo problema que nosotros tenemos lo manifiestan y lo tienen otros países de la Unión
Europea. Por tanto, hay que combinar nuestro trabajo, nuestra fuente de información, con lo que en este momento es el deseo que tenemos todos los países de construir indicadores que nos permitan la comparabilidad. Y eso mismo se pone de manifiesto
dentro de cada país, porque la realidad española parte de un país centralizado que en los años 1985/1987 tenía fuertes competencias centralizadas, por lo que cuando se ponen en marcha esos indicadores reside la competencia en la Administración
central, y que pasa a ser un país que ha tenido un gran proceso de descentralización y en el que la gestión de parte de esos indicadores, por no decir la totalidad, en este momento ha pasado a manos de las comunidades autónomas, lógicamente, con
criterios, prioridades e incluso urgencias distintas. Por tanto, la Delegación también ha tenido que cumplir el papel de preservar la fuente de información de estos indicadores, que era tan importante, con la necesidad de cada comunidad autónoma de
poner en marcha sus propios criterios, que es lo que hemos hecho. Le puedo poner como ejemplo, señoría, que uno de los indicadores que más valora el observatorio, y que usted ha destacado, es el referido a los estudios epidemiológicos. Nada más
tomar posesión en el año 1996, una de nuestras tareas fue hacer un gran esfuerzo de armonización en este terreno porque, junto con la encuesta troncal, la Delegación del Gobierno saca la de población y la escolar, que son bianuales. Usted dice que
tenemos datos de una encuesta que se nos ha quedado antigua por un año, pero hay que tener en cuenta que las encuestas son bianuales y, por lo tanto, hasta dentro de dos años no tendremos datos de encuestas de población; sí tendremos datos de la
encuesta escolar, que es la que corresponde a este año, pero que no estarán disponibles, como usted bien sabe, hasta el verano. Ese es el ciclo normal de los estudios epidemiológicos.El primer año que tuvimos la responsabilidad, nos encontramos con
que ya había una pluralidad de encuestas en las comunidades autónomas, que tenían el deseo, en desarrollo de sus competencias, de tener sus propios estudios epidemiológicos. Nos hemos aplicado seriamente a intentar hacer una buena coordinación y en
este momento tenemos un sistema doble que nos permite, por una parte, mantener que cada comunidad autónoma que lo quiera hacer pueda tener su propio estudio -caso de Andalucía, por poner un ejemplo- y, por otra, que las comunidades autónomas que
quieran ampliar sus estudios, se sumen al estudio troncal que hace la Delegación del Gobierno. En todo caso, hemos conseguido que todos los estudios que se hagan en nuestro país permitan esa comparabilidad, porque los técnicos han trabajado en
temas de metodología, de selección de muestras, de estadísticas y de cuestionarios que garantizan en este momento que cualquier estudio que se haga en nuestro país permite la comparabilidad, lo que no sucedía hace siete años. Por tanto, hemos
avanzado en ese sentido, como hemos avanzado en el tratamiento, como lo ha puesto usted de manifiesto y también el observatorio europeo. En este momento, todos los datos de tratamiento en nuestro país son perfectamente comparables, y fíjese que
tenemos 160.000 admisiones a tratamiento y una red de 1.000 programas de tratamiento en el territorio nacional. Por lo tanto, es un gran esfuerzo desde el punto de vista de la comparabilidad.



Se trata, por tanto, de preservar nuestras fuentes de información y de trabajar en un país que, a diferencia de otros países de la Unión Europea, presenta dificultades de gestión. No es difícil entender, señoría, que entre un país como el
nuestro y un país como Luxemburgo hay serias diferencias, no solamente de tamaño y de población, sino incluso de la forma de gestión administrativa. Como usted comprenderá, señoría, no es lo mismo un país de 40 millones de habitantes, con un
territorio como el nuestro, con 17 gobiernos autonómicos, que un país de dos millones de habitantes sumamente centralizado donde no existen administraciones con poder descentralizado. También tenemos el caso de Austria, país pequeño en población y
sin las mismas características administrativas que el nuestro. Lógicamente, tiene que haber un nivel de desarrollo distinto.



Hemos trabajado en el doble sentido de armonizar primero nuestros indicadores internamente para permitir la comparabilidad de nuestros datos, habida cuenta que hay 17 comunidades autónomas, y en la construcción de estos indicadores para
Europa. Insisto, este es el proceso, los indicadores no están definidos, Europa en su conjunto los está definiendo, y por eso he querido poner de manifiesto que España ha aportado en los últimos años, y lo sigue haciendo, nuestros conocimientos y
nuestros técnicos. En cada uno de los grupos de trabajo de la Unión Europea en este momento existe un experto español. Son técnicos que se incorporan y que están ayudando a definir los indicadores. En España ha habido en los últimos siete años
dos reuniones del observatorio europeo con el único objetivo de trabajar en estos indicadores. Si usted lee correctamente este informe, que es de la evaluación intermedia, es decir, muy reciente, verá que pone de manifiesto claramente que España en
dos de estos indicadores se encuentra en una situación alta, en dos se encuentra en una situación media y el quinto indicador no se puede valorar porque está en desarrollo en este momento, y todo esto con criterios


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de comparabilidad. Cuando se dice que es alto, medio o bajo, no nos estamos refiriendo a su situación interna sino a la situación en el contexto de la Unión Europea. Para nosotros son perfectamente válidos los cinco porque nos permiten
nuestro trabajo interno. Esta valoración no se refiere a si es bueno para España, sino a si es bueno en el conjunto de la Unión Europea, es decir, si nos permite comparar. Nosotros no tenemos ningún problema con nuestros indicadores, llevamos
mucho tiempo trabajando con ellos y nos permiten una información extraordinaria, desde antes de 1996 -por si usted alberga alguna duda de que trato de decir que es desde ahora-, desde antes ya existían unas buenas fuentes de información. El
problema de ahora no es para dentro de nuestro país sino para la comparabilidad europea, y ahí, como he tratado de explicarles, existen las dificultades del diferente nivel de desarrollo que tienen los países en este terreno, pero creo sinceramente
que nuestros técnicos tienen un gran prestigio en la Unión Europea y en este momento nuestro trabajo está bien considerado. Lo vuelvo a poner una vez más sobre la mesa porque creo que las cosas no se producen por casualidad. Que en este momento de
los nueve hermanamientos que salieron a concurso y a los que se presentó España, siete los esté haciendo España, y que cuando uno de los núcleos fundamentales es precisamente desarrollar el observatorio de cada uno de estos países, se haya escogido
la cualificación técnica que presentan los proyectos españoles supongo que se debe a que en la Comisión habrán observado que el soporte técnico que presentamos es mejor que el de otros. Esos técnicos son los que en este momento están montando los
observatorios nacionales de siete países candidatos de la Unión Europea.



Si nos trasladamos a América, señoría, actualmente España está haciendo precisamente el mismo modelo en Centroamérica, en el Caribe y en los países andinos. España está montando los observatorios nacionales de esos países, no lo está
haciendo otro país. Como usted bien sabe, dentro de lo que es la evaluación multilateral en el hemisferio americano, que sustituye a la famosa certificación americana que tan devaluada se encuentra, en el MEM, que es el mecanismo de evaluación
multilateral, del que España no forma parte más que como observador, se ha solicitado nuestra asistencia técnica porque nuestros técnicos, entre los que yo no me incluyo, indiscutiblemente, insisto, tienen una cualificación alta y de alguna manera
se mira la experiencia española en lo que ha supuesto el desarrollo de estos indicadores. Reconocemos, pues, señoría, las dificultades técnicas que se presentan en el ámbito de la armonización europea, pero también le aseguro que es una prioridad
para nosotros porque es coherente con la historia del Plan Nacional sobre Drogas. Se ha hecho un gran esfuerzo en la información y en los indicadores y estamos colaborando muy activamente con profesionales, con medios y con recursos en este nivel.
Sinceramente, creo que nos encontramos en una situación satisfactoria.



En cuanto a la información que maneja la Delegación, yo tengo que discrepar de lo que usted ha dicho, señoría. Creo que nuestra información es bastante exhaustiva. Precisamente ha citado usted la página web, que yo creo que es un ejemplo
de transparencia. En la página web de la Delegación puede usted encontrar toda la información, no nos reservamos nada, es decir, toda la información que produce la Delegación está volcada a la página web. La página web de la Delegación, señoría,
tiene una media de consultas mensuales en torno a las 200.000, que en opinión de los profesionales es una cifra bastante alta para un tema tan sectorial y tan específico como es el de las drogas, y eso significa que hay muchos profesionales que
están entrando a nuestra página como referente, lo que, como usted bien sabe, también requiere un esfuerzo de actualización permanente. Creo que la página es un buen ejemplo de la transparencia y de la cantidad de información de todo tipo que se
puede encontrar en ella.



Respecto a los informes que emite la Delegación, efectivamente el quinto es el último informe, señoría, pero usted sabe que una cosa es publicar un informe y otra es prepararlo. Los informes se tienen que preparar cuando se tienen los
indicadores, cuando se tienen las encuestas y cuando los grupos de expertos han hecho su trabajo. Como usted sabe, hay cinco comisiones técnicas que preparan ese informe y hay un consejo del observatorio que tiene que analizarlo previamente y
emitir un informe, que después se publica. Le puedo decir que el sexto informe está avanzado, pero otra cosa es que esté publicado, porque antes tiene que haber un proceso en el que los técnicos analizan la información y emiten sus opiniones.



Se ha referido usted a la memoria, y le tengo que decir, abierta y públicamente, que este año hemos tenido muchos problemas para emitir la memoria. No me importa decirle, señoría, que por primera vez en la historia del Plan Nacional sobre
Drogas -y bien que lo siento- la memoria va a salir sin los datos de una comunidad autónoma, lo que, evidentemente, no es una buena noticia. Le puedo asegurar que he agotado personalmente todas las vías posibles para que esto no se produjera. Me
parece que no es bueno que no tengamos los datos de esa comunidad autónoma. Se trata de la Comunidad autónoma del País Vasco. No tenemos datos en este momento y no hay forma de tenerlos y lo siento profundamente porque hemos hecho lo posible. Por
eso hemos retrasado hasta lo imposible, insisto una vez más, la emisión de esta memoria que rompe muchas cuestiones, ya no solamente en información sobre drogas, porque es un tema preocupante. No puedo decirle mas que esto es así y que espero y
deseo que esa tendencia se pueda invertir. Por lo demás, vuelvo a decirle que tenemos que sentirnos razonablemente satisfechos.



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En cuanto a los datos que usted decía que había dado el vicepresidente, entonces ministro del Interior, usted misma lo ha dicho: existen diferentes parámetros para medirlo y, como le he explicado aquí, en 1987 la entonces delegación del
Gobierno tomó una serie de decisiones sobre qué datos se incluirían en los indicadores de mortalidad. Por tanto, el ministro se ha referido a los datos que la Delegación maneja, que no son la cobertura de todo el país, que, como he dicho,
afortunadamente representa una cobertura de 20 millones de españoles, pero tenemos que mantener ese indicador mientras no se cambie porque nos interesa la comparabilidad con los años anteriores. En ningún momento se ha dicho que eso sea la
totalidad de las muertes. Como sabe, hay otro indicador que manejamos en mortalidad que se refiere a cinco grandes ciudades, pero no podemos mezclar -perdón por la expresión un poco vulgar- churras con merinas. No podemos dar datos de la totalidad
de cinco grandes ciudades y compararlos con cinco ciudades anteriores porque estaríamos equivocando claramente un análisis. Si queremos mantener la comparabilidad con los años anteriores, solamente podemos usar el mismo indicador de los años
anteriores. Por eso se han dado los datos que permiten la comparabilidad, y eso lo conoce usted porque conoce bien la historia de este indicador en el Plan Nacional sobre Drogas.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, tiene la palabra.



La señora ROMERO LÓPEZ: En primer lugar, muchísimas gracias por todas las explicaciones pedagógicas que nos ha dado acerca de este tema. Estamos bastante habituados a ese nivel y se lo agradezco sinceramente. Me parece que algunas
lecciones sobre drogas las tengo aprendidas, pero le agradezco una vez más su explicación pedagógica.



En cuanto al rigor de los datos y del trabajo de los técnicos, tengo que decirle, como en otras ocasiones, que los técnicos tienen, como es natural, directrices políticas y que aquí no estamos hablando del rigor de los grupos de trabajo y de
los técnicos. Estamos hablando de las orientaciones políticas que un Gobierno da. Si un Gobierno no gobierna y deja toda su gestión al trabajo de los técnicos, es otra cuestión, pero estamos hablando de las orientaciones políticas que se dan a los
grupos de trabajo. Me dice que existen información y coordinación suficientes sobre esta materia, etcétera, pero la realidad es que no tenemos información y no existe coordinación. No tenemos información de estos datos ni siquiera en el ámbito de
España y no existe una coordinación. El caso del País Vasco demuestra el fracaso de la coordinación en cuanto a esta materia. Desgraciadamente, eso no lo puede atribuir a un mérito en su trabajo, sino a un fracaso en la tarea de coordinación que
tiene un delegado del Plan Nacional sobre Drogas. No existe información ni siquiera menor, ya no exhaustiva, sobre cómo se están comportando estos indicadores en las distintas comunidades autónomas, en los distintos planes de acción local y en
comparación con los datos europeos. No nos sirve de mucha satisfacción el hecho de que seamos uno de los países que tiene observatorio. No nos sirve de mucha satisfacción porque nuestro país ha ido por delante respecto a otros países europeos y
debería seguir por delante también en cuanto a información y coordinación. El hecho de que me diga que la página web tiene información suficiente espero que no quiera decir que el Parlamento está de más o sobra porque al existir la información en
la web los diputados no necesitamos tenerla. Espero que no haya querido decir eso y que, por tanto, la información de que dispone pase al servicio de los diputados para poder ejercer nuestra tarea parlamentaria. Tampoco nos vale que diga que las
encuestas son bianuales, porque tiene mil motivos, como orientaciones políticas que dar, para que salga documentación del Observatorio Español sobre Drogas, como sale mensualmente información del Observatorio Europeo de Drogas de Lisboa.
Usted
podría tener una información disponible mensualmente para todos los ciudadanos y para los diputados. Cuando no la emite es porque no tiene necesidad de dar ningún dato, lo cual deja mucho que desear sobre lo que es un Gobierno y sobre lo que es un
delegado del Plan Nacional sobre Drogas.



No me diga que el informe número 6 está avanzado, porque debe de tener embalsada la información cuando no la ha sacado, si es que ha dicho que lo iba a hacer. Estamos esperando a ver qué ocurre con este informe y por qué no ha salido, por
qué, si se anunció, no se ha puesto en marcha.
Esperemos que no hayan tenido nada que ver las elecciones que hemos vivido ni las elecciones siguientes para que podamos conocer este informe que la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas tiene
embalsado.



En cuanto a la información sobre muertes por sobredosis, que es una de las más necesarias para saber de verdad los efectos de estos consumos problemáticos y hasta qué punto esta lacra afecta a nuestro país, la respuesta que nos da no deja de
ser preocupante. Es cierto que el ministro Rajoy manejó los datos sobre informes policiales, pero ya es hora de que sepamos la evolución de estas muertes según el Instituto de Toxicología. Usted también tiene la evolución de los datos del
Instituto de Toxicología. O sea que no es esa la razón. Si el ministro hubiera sido honrado, podría haber dado estos dos tipos de datos, los que son de informes policiales y los que se refieren al Instituto de Toxicología, porque existe esa
evaluación y existe esa evolución. Luego, exactamente igual que los informes policiales, se podrían haber suministrado los datos del Instituto de Toxicología, cuando además ha dicho que el registro específico plantea ahora mismo menos problemas que


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el registro de mortalidad gestionado por el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿por qué ocultar en nuestro país que las cifras de datos de muertes por sobredosis del 2002 han sido 655 y que han aumentado respecto al año anterior,
según los datos de que disponemos, que son siempre insuficientes?


El señor PRESIDENTE: El señor delegado tiene la palabra.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Señoría, ya dije en la anterior comparecencia y repito aquí que muchas veces no sé que tono adoptar en esta Comisión. No he pretendido darle ninguna
lección. Si trato de ser exhaustivo en la explicación y responder a lo que me pregunta, usted lo interpreta como que quiero darle lecciones. No quiero dar lecciones ni a usted ni a nadie. Trato simplemente de explicarle lo que me ha pedido, y si
no se lo explicara, probablemente me acusaría de que estoy intentando burlar la información.
No tengo ningún interés en darle lecciones, sino que pretendo explicar lo que me ha preguntado.



Entrando en su mismo juego dialéctico, señoría, me gustaría que me explicara qué entiende por dar orientaciones políticas a un técnico sobre un indicador epidemiológico. Explíqueme en qué consiste dar una orientación política sobre una
cuestión técnica que es, por ejemplo, decidir sobre cuál es el cuestionario que se va a aplicar en una encuesta escolar o el criterio científico en las muestras aleatorias. Dígame cómo puedo dar una orientación política a un técnico sobre esa
cuestión y, sobre todo, qué sentido tendría eso que me está diciendo. ¿Qué sentido tendría eso que usted me está diciendo, si lo único que queremos es precisamente garantizar la calidad de esos indicadores? No le encuentro ningún sentido ni ningún
objetivo, y créame que no ha habido ninguna orientación porque desconozco cómo se podría dar una orientación política en una cuestión tan sumamente técnica, en la que muchos de nosotros no somos expertos y, por tanto, tenemos que confiar en lo que
los sociólogos, los técnicos, los epidemiólogos y los médicos nos dicen a la hora de diseñar los diferentes indicadores. Por tanto, créame que no ha habido ninguna orientación política ni la va a haber, porque desconozco cómo se puede dar una
orientación política en una cuestión tan sumamente técnica.



Me habla usted del fracaso de nuestra capacidad de coordinación porque en este momento no estén, por ejemplo, recogidos en la memoria los datos del País Vasco. Yo no lo interpreto así y creo que hemos hecho todo lo que humana, política y
razonablemente hay que hacer, pero, dicho de otra forma, dos se coordinan cuando los dos quieren coordinarse, es decir, cuando uno no quiere ser coordinado, ya puede usted ponerse a gritar en mitad del monte, que es absolutamente imposible. Sí le
digo que yo considero una mala noticia que no estén recogidos estos datos, que hasta ahora hemos hecho lo que hemos podido y que intentaremos seguir haciéndolo porque el objetivo es recuperar todos los datos y toda la información de todas las
comunidades autónomas de nuestro país y, por tanto, no se ha renunciado a que eso sea así, pero me parecía que ya no se podía esperar más a publicar la memoria cuya publicación lleva mucho tiempo esperando, por lo que, insisto, sale por primera vez
información en la memoria sin datos del País Vasco.



Cuando me he referido a que en la web hay mucha información, he contestado a una afirmación que ha hecho usted respecto a que la web es insuficiente. Me estoy refiriendo a la web. Eso no quita para que el Parlamento tenga su derecho a
pedir toda la información, y nosotros se la mandaremos encantados, como cada vez que nos la ha solicitado, y la pongo a su disposición.



Dice usted que podríamos sacar una información mensual. De hecho, el Plan Nacional sobre Drogas saca mucha información mensual, pero eso es distinto de la información que se publica en el informe anual o semestral del Observatorio Español
sobre Drogas; dicho de otra forma, es complementario, el informe del observatorio recoge una información estructurada, pactada, que siempre es la misma, y existen otras informaciones que si usted quiere que las englobemos dentro del concepto del
Observatorio Español sobre Drogas, las podemos englobar perfectamente, pero las sacamos como información de la Delegación del Gobierno. Normalmente sale a sectores, por ejemplo, un boletín -creo recordar que mensual- de jurisprudencia destinada a
cuerpos de seguridad y a ámbitos judiciales; salen informaciones de carácter científico a determinados colectivos; sale información de carácter bibliográfico desde el centro de documentación, y son diferentes boletines. Eso es equiparable al
boletín al que usted hace referencia que saca el observatorio europeo, pero el observatorio europeo saca un informe anual comparable al nuestro al que usted está haciendo referencia. Otra cosa es que salgan hojas informativas de diferente
naturaleza; de esas nosotros sacamos muchas, pero usted no me puede comparar esas con el informe anual. Hay un informe anual del observatorio y nosotros sacamos normalmente dos informes semestrales. Otra cuestión es la proliferación de
información no menor sino simplemente sectorial que sale y que, insisto, si usted tiene interés -está aquí la directora del Gabinete y tomamos nota- en el boletín de jurisprudencia, en la información sobre el boletín del centro de documentación o
sobre el boletín científico, se la mando encantado. (La señora Romero López: Sobre esto.) Existen, por tanto, muchas informaciones complementarias al informe. Creo que la estructura del informe sigue siendo la correcta porque espera a recoger lo
más relevante de lo que sale sobre drogas, que evidentemente no es todo. No obstante, insisto, no es que yo le esté remitiendo


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a usted a la página web, que S.S. tiene todo el derecho a pedirnos la información y yo se la mandaré, pero le aseguro que en la página web hay muchísima información con un carácter muy ágil y permanente. Todo es mejorable, pero ese es el
sentido.



Vuelve usted sobre las muertes, señoría. Créame que no hay ningún interés en ocultar nada. Lo que hemos intentado es tener un indicador que nos permita la comparabilidad. Si usted me pide datos históricos del toxicológico, yo le doy datos
históricos del toxicológico; si me dice: deme los datos de muertes en España, yo le tengo que dar las muertes del indicador que tradicionalmente hemos usado, porque si no, no permite la comparabilidad. No hay ningún interés, señoría, porque,
cojamos el dato que cojamos, si cogemos las fuentes del INE, las fuentes del toxicológico o las fuentes de cualquier otro indicador, siempre se va a encontrar que las muertes por sobredosis han disminuido en España, siempre. Por tanto, comparando
reacción aguda a heroína, siempre se va a encontrar que las muertes han disminuido, si cogemos el indicador que nos permite la comparabilidad. Ahora, si mezcla indicadores o si introducimos en las muertes por droga otros conceptos que antes no
estaban, entonces será distinto, pero no es coherente con lo que usted me está diciendo. Esta comparecencia está pedida para que hablemos de la armonización de los indicadores. Armonización, entre otras cosas, significa comparabilidad, y no
podemos mezclar, insisto, churras con merinas. Si el objetivo y el trabajo de esta comparecencia es precisamente la comparabilidad, ¿cómo vamos a mezclar en este momento conceptos que no estaban incluidos en el indicador de muertes? Tenemos que
utilizar siempre el mismo concepto para tener la serie de la comparabilidad. Otra cosa es que si en un momento determinado decimos: esto ya no nos vale y ahora tenemos que utilizar otro concepto, lo meteremos, pero, busquemos la fuente que
busquemos, en el caso de las muertes se va usted a encontrar que las muertes por reacción aguda a la heroína en España han disminuido. Eso es así, es el dato real, es de sentido común, y lo ha citado usted varias veces en esta comparecencia: la
epidemia de la heroína la hemos superado en España. Las muertes por sobredosis agudas de heroína están relacionadas con la epidemia de la heroína. En este momento en España hay una extensión enorme de programas de metadona, de sustitutivos, de
reducción del daño, de jeringuillas, y es de sentido común que las muertes por reacción aguda a la heroína han disminuido. (La señora Romero López: En total.) Señoría, estamos hablando de indicadores comparables. (La señora Romero López:
Europeos.) Por tanto, le aseguro que todos esos indicadores comparables nos dicen que ha disminuido, pero no trato en este momento de discutir con usted, simplemente doy un dato técnico que someto a revisión. No se trata de ocultar nada, se trata
de tener datos que puedan ser buenos para España y para el conjunto de la Unión Europea.



En todo caso, volviendo al comienzo de esta comparecencia, yo le garantizo que para nosotros es una prioridad el trabajo en el observatorio europeo y estamos aportando técnicos, expertos y reuniones, y creo sinceramente que España está en
este momento entre los países que puede considerarse que tienen más desarrollados o avanzados los indicadores que en este momento nos solicita el observatorio. Y, como le he dicho a lo largo de mi comparecencia, hay que aceptar que existen algunos
indicadores con un mayor desarrollo que otros y que dependerá de la evolución en paralelo que vayan teniendo todos los países miembros de la Unión Europea, que tienen diferentes niveles. Imagine usted lo que pasará cuando dentro de muy poco tiempo
-inmediatamente- los países que acaban de entrar en la Unión Europea tengan que armonizarse en este sentido. ¿Usted cree, señoría, que vamos a poder seguir avanzando al mismo ritmo que en este momento, cuando España, entre otros países, está
trabajando con esos países en la creación de los observatorios y los indicadores? Pues tendremos un nivel de desarrollo muy distinto, no podremos avanzar al mismo nivel nosotros que otros países que están entrando por primera vez y que tienen
serias dificultades para hacer simplemente una recogida razonable de información. De eso es de lo que habla el informe, de la comparabilidad en el contexto europeo, no de la situación de cada país.
En todo caso, insisto, le agradezco la
comparecencia porque demuestra que tiene interés en el tema y le garantizo que para nosotros es una prioridad trabajar en este sentido.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.



El señor PÉREZ CORGOS: Intervengo con mucha brevedad para agradecer al delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas su comparecencia para explicarnos el cumplimiento de las directrices del Observatorio Europeo de Drogas, sobre
indicadores epidemiológicos clave para la homologación de datos sobre drogas en la Unión Europea, y agradecerle la explicación exhaustiva y también la explicación que ha sido calificada como pedagógica por el Grupo Parlamentario Socialista. Estoy
seguro de que para el Grupo Parlamentario Socialista no hacía falta esta pedagogía, pero sí para la opinión pública y para evitar la confusión que el Grupo Socialista trata de introducir en la opinión pública. Efectivamente, no estamos ante unas
directrices que nos vengan impuestas ex novo por la Unión Europea, unas directrices que estuvieran ya funcionando y que nosotros tengamos que cumplir de nuevo, sino que se trata de criterios y directrices que entre todos estamos diseñando. La lucha
contra el problema de las drogas, lo hemos dicho en múltiples ocasiones,


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es una lucha global, internacional, pero también es un trabajo de política interna y de acción interna. Por eso, la colaboración y coordinación de la Administración central con las comunidades autónomas es absolutamente fundamental. Estoy
totalmente de acuerdo con el delegado en cuanto a que a los técnicos que están trabajando en el diseño de estas directrices no se les deben dar más orientaciones y más criterios políticos que los estrictamente necesarios, no debiendo en ningún caso
estas orientaciones políticas interferir en una acción puramente técnica, que es la que tienen que desarrollar.



Le agradezco el esfuerzo realizado, que se ve plasmado en la posición española en esos nueve hermanamientos con otros países candidatos al ingreso en la Unión Europea. También quiero sumarme a la valoración del delegado del Gobierno sobre
el contenido de la página web de la delegación; es una página que utilizo muy a menudo y que considero que tiene una información exhaustiva y suficiente. No vivimos, como decía la señora Romero, una época oscura. Yo pienso que la época oscura,
triste y desesperada era precisamente cuando estábamos en plena epidemia de la heroína, tal y como ha sido calificada por la señora Romero.
Afortunadamente el trabajo del señor Robles en la Delegación del Gobierno y el trabajo del Partido Popular
han hecho posible que superemos aquella epidemia a la que los ciudadanos españoles no veían ninguna solución.



Nada más, señor delegado. Muchas gracias por su comparecencia y por sus explicaciones.



El señor PRESIDENTE: Señor delegado.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles Orozco): Sólo quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular sus palabras y la comprensión de lo que yo he tratado de explicar hoy aquí, porque de alguna manera el
intento es la racionalización y la profesionalización al máximo de estos temas. Ganaremos cuando los criterios en los indicadores sean estrictamente técnicos y profesionales y serán buenos para España y en el conjunto de los países de la Unión
Europea.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado, y le despedimos con el mismo afecto y cariño de siempre hasta pronto, porque supongo que en breve tendrá que volver otra vez.



Suspendemos la sesión cinco minutos. (Pausa.)


Señorías, reanudamos la sesión.



El siguiente punto serían diversas preguntas, pero se van a posponer, habida cuenta de que el diputado que las formula, don Carlos Navarrete Merino, no ha podido comparecer. Se verán en otra sesión en la que comparezca el delegado del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR ESTE PROBLEMA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente del
Congreso 161/002091 y número de expediente del Senado 663/000106.)


El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, tenemos tres proposiciones no de ley. Si a SS.SS. les parece las debatimos y las votamos al final conjuntamente. Esta votación, por mucho que apuremos, no va a ser posible realizarla
antes de las doce de la mañana. Comenzamos con el debate de la proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan integral de prevención y lucha contra las drogas en las zonas más afectadas por este problema en la comunidad de Madrid,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.



Tiene la palabra doña Dolores García-Hierro.



La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados, buenos días.



Como ya se ha dicho, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición no de ley referida a la creación de un plan integral específico de lucha contra el tráfico de drogas y de prevención de la
marginación social en diferentes barrios y municipios de Madrid. La situación, tal y como vienen recogiendo distintos medios de comunicación que informan sobre las diferentes actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no hace
sino reflejar que a pesar de los esfuerzos realizados por estos profesionales y el éxito, por qué no decirlo, de muchas de las operaciones de incautación de drogas, Madrid capital y más concretamente los distritos de Barajas, puente de Vallecas,
Vallecas villa, Moratalaz, Villaverde, Usera, Centro o Latina, son los más castigados por el narcotráfico, aunque también hay otros municipios del extrarradio que se ven muy afectados. Y es que desde 1998 Madrid se ha convertido, como ya se
denunció en diferentes informes de la policía judicial y por mi grupo ante esta Comisión el 29 de julio de 1998 y en junio de 2001, en un gran mercado para las bandas, porque existe una gran demanda -la media de iniciación en el consumo de drogas
ronda los 16 años- y porque es puente de comunicación con el resto de España y la Unión Europea.



Se calcula que el tráfico de drogas mueve miles de millones de euros, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. El mayor número de delitos en Madrid está relacionado con la droga, aproximadamente el 70 por ciento de los delitos
juzgados. A ello hay que sumar el número de muertes por ajuste de cuentas


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-en estos momentos ya son cincuenta y tres- y el incremento de la delincuencia y la criminalidad. Alrededor de cien bandas parece que se asientan en diferentes puntos o lugares de Madrid, principalmente en los distritos citados; incluso la
mayoría de los asesinatos, el 70 por ciento, pueden ser ajustes de cuentas por droga. Lamentablemente esta gravísima situación viene de muy atrás. Ya no se concentra en un solo núcleo, Las Barranquillas, donde, lejos de llevarse a cabo un plan
integral, tal y como se comprometió aquí en julio de 1998 el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se ha agravado. Se ha agravado en diferentes puntos. El tráfico de drogas y el lugar que escogen los traficantes son los citados
distritos y municipios. Al no actuar con los medios policiales, judiciales, etcétera, suficientes, el problema crece y se agrava. A ello hay que sumar el olvido al que han sido sometidos estos barrios en los que el fracaso escolar alcanza entre el
24 y el 34 por ciento, donde se concentra el 14 por ciento de la población madrileña más pobre, que vive por debajo de la renta mínima; el 56 por ciento de los hogares monomarentales; el 50 por ciento de las familias inmigrantes con niños.
Algunos de los colegios públicos tienen, en más de la mitad de sus aulas, escolarizados a niños inmigrantes, que a su vez hablan más de 30 lenguas distintas, sin que haya ningún apoyo psicopedagógico, educativo, complementario, que permita su
integración en barrios y distritos ya de por sí carentes de estos medios.



Se da la mayor tasa de desempleo, el doble que en el resto, sin estudios; las infraviviendas, las condiciones de vida y la falta de recursos hace que en estos distritos la situación sea ya insostenible. Hay un alto grado de toxicómanos,
aumenta el número de seropositivos -está en la memoria de 2001 del Plan Nacional sobre Drogas-. Se ha dicho aquí que ya no tenemos ese problema. Lamentablemente es que está localizado en unos focos de determinados núcleos urbanos. Ya lo dijimos
en el año 1998. Se prometió un plan integral que no se ha hecho. Se ha limitado exclusivamente a desmantelar unos núcleos chabolistas y a concentrar a todos los que se dirigían bien a comprar sus dosis -alrededor de 4.000 ó 5.000 personas diarias-
o bien al tráfico de las drogas en Las Barranquillas. El único elemento asistencial es la narcosala, como único recurso del famoso plan integral que se iba a desarrollar. Esa situación se ha extendido y ya no es sólo ese núcleo sino que afecta a
diferentes puntos de Madrid.



Ante esa situación, nuestro grupo, de acuerdo con los planteamientos aprobados en la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas en 1998 y que plantea un equilibrio en la estrategia de reducción de la oferta y la demanda
multidisciplinar, así como con el Plan de acción europeo 2000-2004, considera necesario una plan integral específico que contemple medidas de prevención para reducir la demanda y la oferta y prevenir una mayor marginación social en estos núcleos.
Nuestra propuesta consiste en elaborar un plan integral específico de prevención, protección ciudadana y lucha contra el narcotráfico y las drogas, que proteja y dé seguridad ciudadana, que contemple las medidas necesarias sanitarias, sociales,
económicas, formativas, laborales, para evitar una mayor marginación social. El plan deberá elaborarse contando con la participación de expertos y profesionales sanitarios, sociales, educadores, policías, judiciales, etcétera, y teniendo muy en
cuenta la participación ciudadana a través de sus asociaciones. En el plan deberán colaborar todas las administraciones públicas; la responsabilidad de su ejecución y evaluación será de acuerdo con las competencias de cada una, pero se coordinará
a través del plan nacional.



El plan deberá estar dotado económicamente con un presupuesto suficiente para abordar las medidas no sólo policiales, asistenciales, etcétera, sino de prevención, formación, educación e inserción laboral, paliando en lo posible la
marginación social. Como ya dije al principio, se trata de distritos que sufren desde hace ya bastantes años un gran desequilibrio desde el punto de vista de los recursos sociales, educativos, de empleo, económicos, a los que hoy viene a sumarse el
hecho de la emigración.
Ciertamente las condiciones del suelo y de la vivienda son las más baratas y esto hace que se dé una situación de mayor dificultad para los que allí residen y para quienes vienen con la intención de integrarse y no
encuentran una respuesta ni desde el punto de vista de la inversión ni de la atención en el gasto público a sus necesidades. Esas zonas también son utilizadas como lugares donde los narcotraficantes y estas más de cien bandas que tiene localizadas
la policía judicial pueden moverse mejor. Ya no estamos hablando sólo del fenómeno de Las Barranquillas.
Sigue siendo realmente llamativo que en el siglo XXI lo tengamos que soportar sin que se tomen las medidas adecuadas; sigue siendo llamativo
que haya un lugar donde se puede ir de manera tranquila a comprar las dosis o donde se puede traficar sin ningún tipo de preocupación. Y se está extendiendo a diferentes puntos, precisamente a aquellos donde históricamente ha habido siempre más
desequilibrios. El abandono de estos últimos años ha hecho que en estos momentos la situación que se vive en estos distritos pueda derivar en un conflicto -y no estoy creando ningún tipo de alarma social- si no se toman a tiempo y de manera
profunda las medidas oportunas. Esto significa que se apruebe un plan específico, un plan integral que contemple todos y cada uno de los puntos ya citados para en la medida de lo posible atajar este grave problema en Madrid.



Espero y deseo que el Grupo Popular comparta esta preocupación con el Grupo Socialista y manifieste su apoyo a esta proposición no de ley.



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada señora Seller.



La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Tenga presente, señoría, que el Grupo Popular tiene la misma preocupación que acaba de manifestar usted. En función del enunciado de cada una de las situaciones que usted ha expresado, estamos de acuerdo
no sólo con el contenido sino sobre todo en la forma y en el planteamiento.



Vengo a decirle esto porque desde mi grupo entendemos que usted es portadora de una noticia que todos conocemos, una iniciativa certera, pero no lo es tanto en cuanto a la instancia en la que viene a ser presentada. Esto muchas veces es una
dificultad, porque cuando estamos hablando de temas tan importantes, como para todos nosotros es todo aquel relacionado con la droga, buscamos ante todo la concitación de determinadas situaciones que no solamente obedezcan a la realidad sino que
también puedan ser operativas en función de la instancia a la que se puedan presentar. Como quiera que desde el Grupo Parlamentario Popular no pretendemos de ninguna de las maneras sustraer el debate sencillamente por excusarnos o por escudar la
realidad de esta propia iniciativa en la incompetencia de presentación, quisiéramos exponer una serie de premisas que sin duda pueden ayudar a formar un juicio de valor a todos y cada uno de los diputados y a conformar el criterio más certero.



Señorías, su proposición no de ley viene expresada en dos partes muy concretas. La primera hace referencia a un plan específico en la materia que nos ocupa en la Comunidad de Madrid y la segunda hace referencia a los medios y modos, aunque
no se cuantifica económicamente ninguna de las propuestas mencionadas. Independientemente de estos dos enunciados a los que hace referencia, usted está acertada al decir que la Delegación del Gobierno tiene una responsabilidad en cuanto a la
prevención y la lucha contra la droga, pero también la tiene en cuanto a la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas y los planes que en ellas se elaboran y se ejecutan. Existen un par de mecanismos de gran trascendencia a la hora de
llevar a cabo este tipo de planes y que seguro que S.S. no ignora. Uno es la conferencia sectorial, presidida por el ministro del Interior, y el otro es la comisión interdepartamental; en ambas las comunidades autónomas tienen la representación
que les corresponde. Es precisamente, señoría, en la primera donde los planes de estas características vienen especificados en cada uno sus aspectos más relevantes -social, cultural, como usted bien ha dicho, por cierto, una visión global- junto
con una dotación económica que viene a ser discutida dentro de la misma conferencia sectorial. Pero en esta Comisión es bueno hablar y a su vez aportar cada uno el punto de vista que tiene.



El objetivo que S.S. pretende en este asunto tan comprometido, como supongo que cualquiera de nosotros también, es sin duda abordar el asunto desde la prevención, desde la rehabilitación y desde la reinserción de las personas. Estamos
hablando de personas y por lo tanto merecen tener la consideración y el respeto con los que usted misma se ha referido a ellas. Entendemos que desde luego no hay mejor prevención que la información y la educación, que tampoco hay mejor
rehabilitación que aquella que viene a recuperar al ser humano y que tampoco hay mejor reinserción que aquella que devuelve a la persona a la sociedad, al núcleo social del que nunca debiera haber salido y que se hace desde el punto de vista social
y laboral, cuestión esta que puede ponerse en jaque cuando estamos hablando de determinados barrios en donde la situación no es precisamente halagüeña. Sin embargo, señoría, entre las diferentes competencias que se ostentan desde el plan y al mismo
tiempo desde la trasversalidad de diferentes ministerios, podemos aportar algunas informaciones que entendemos son interesantes también para, como he dicho antes, formarnos un juicio de valor, sin necesidad de acabar hablando únicamente de
cuestiones competenciales, que naturalmente van a fijar la posición de mi grupo.



Estamos hablando de planes tan importantes como el plan FIP que S.S.
conoce -es un Plan de formación e inserción profesional para personas, sobre todo jóvenes, que están en alto riesgo-; estamos hablando también del propio Instituto
Nacional de Empleo y los diferentes convenios que ha firmado con entidades sin ánimo de lucro, como puede ser el proyecto Hombre para la reinserción de hombres y mujeres, en mayor parte chicos y chicas que han tenido problemas con la droga; estamos
hablando de los programas de fomento de empleo del año 2003, programas que llevan incorporadas bonificaciones, que también en otros colectivos se hacen, pero particularmente en estos, que son de alto riesgo, en donde las cuotas empresariales vienen
a su vez a tener bonificaciones por los contratos indefinidos o temporales. Puede que a S.S. le parezca una falacia, pero nosotros seguimos manteniendo que la integración de la persona pasa por la circunstancia de que se integre no sólo
socialmente sino laboralmente. Son medidas que sin duda se tienen que ver, pienso, con respeto -me consta que S.S. las ve- y por otra parte, como he dicho antes, hablando de personas, la integración, tanto la laboral, que es la fundamental, como
la social, es la que todos nosotros perseguimos.



¿Qué personas se pueden incorporar a estos programas de fomento de empleo tan decisivos para ello? Pues todas aquellas que están en situación de riesgo social. Su señoría conoce perfectamente que entre las personas de alto riesgo social
están las personas con problemas de drogadicción, aquellas que están en régimen semiabierto en centros penitenciarios o que están en libertad condicional, o aquellos que son ex presidiarios,


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que sabe S.S. que tienen graves problemas. Por supuesto, y se hace referencia en su proposición no de ley, están los menores con problemas de drogadicción e independientemente de la reinserción que al efecto se pueda llevar a cabo, habrá
que seguir potenciando aquellas unidades terapéuticas que ustedes con tanto recelo miraron y que van enfocadas directamente a la recuperación integral de los menores, independientemente del barrio; pero con mayor motivo en aquellos barrios donde
los menores sufran las mayores cotas de absentismo en el colegio y de graves anomalías en la formación, como usted acaba de expresar.



En otro orden de cosas, y dado que también es necesario hacer referencia a otros ámbitos, no únicamente el laboral, está el asistencial, que pasa por, a través de las asociaciones, colaborar con la reinserción. Si no me confundo en este
momento, es en torno a 5 millones de euros lo que ha invertido el Gobierno a través del IRPF en forma de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Dichas entidades son, entre otras cosas, las pioneras en este ámbito; posteriormente, otros
partidos que nos precedieron en el Gobierno también echaron mano de la misma para conocer la circunstancia que entonces ya apuntaba como muy peligrosa. Sin duda en los ámbitos educativo y familiar está la prevención, y S.S. en otras ocasiones ha
llevado iniciativas tan interesantes como ésta y precisamente en educación ha hecho muchas veces hincapié. Eso supone el mejor resorte para que podamos tener un futuro en el que esos mismos barrios puedan salir de la misma penuria, no solamente en
el ámbito laboral, al que a cabo de hacer referencia, sino también en el ámbito educacional. Desde las competencias del Gobierno se han llevado a efecto diversas formas de prevención, entre las que figuran las guías didácticas orientadas al primer
ciclo de la ESO, pasando incluso por vídeos orientativos que van dirigidos al profesorado para su formación, y también programas que están relacionados tanto con la salud como con el ocio, para que en uno y en otro podamos ser capaces de discernir
cómo uno puede cuidar su cuerpo y su persona, incluso su psicología, a la hora de saber con qué se está enfrentando en términos médicos y, por otra parte, podamos conocer los riesgos que entraña el uso de las drogas. Es necesario abordarlo desde un
punto de vista pedagógico en relación con el ámbito lúdico. En este ámbito nosotros hemos hecho hincapié reiteradamente en las unidades terapéuticas para menores. Seguimos pensando que en este momento es la mejor solución conocida. Creemos que la
recuperación de estos menores que hoy por hoy es lo que más nos interesa de cualquier núcleo social y de cualquier barrio ya sea de la periferia o no -en cualquier caso, son personas-, y con mayor motivo aquellas que tienen mayor grado de
marginalidad.



Para no extenderme más haré referencia a las dos últimas partes de su intervención. Ha hablado usted de la financiación. Señoría, me hubiera gustado que usted hubiera sido más concreta, porque comprendo que discutiéndolo desde los ámbitos
que modestamente nos corresponden a S.S.
y a mí quizá nos falte juicio de valor de suficiente para poder cuantificar grosso modo un plan de estas características. Por este motivo mi grupo le sugería la posibilidad de discutirlo dentro de la
Conferencia sectorial, que es donde sin duda se podrá especificar más claramente esta situación, importantísima por otra parte, pues difícilmente se puede llevar a cabo un plan si no lleva aparejado una cuantificación económica.



En último lugar, haremos referencia a ese asunto tan controvertido de la seguridad ciudadana en el que también S.S. ha puesto gran interés.
Nosotros compartimos sinceramente el punto de vista en cuanto a su expresión de la problemática que
puede existir sobre todo en barrios marginales. Todos sabemos, por lo menos aquellos que vivimos en grandes ciudades, que siempre hay algunos barrios marginales que tienen mayores problemas, y ese mayor problema se traduce en una prevención mayor,
en una reinserción mayor y en determinados esfuerzos que puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No pensamos que deba utilizarse exactamente el método represivo. Por tanto entendemos que la protección, el cuidado y el servicio que
puedan dar las fuerzas de Seguridad del Estado no residen tanto en esa represión sino también, y sobre todo, en esos tres puntales a los que hemos hecho referencia anteriormente. Puedo informarle, señoría, de que tanto desde la Guardia Civil como
desde la Policía Nacional se están efectuando grandes operaciones. Cuando usted habla de narcotráfico yo me planteo una cuestión bien sencilla que ya hemos abordado en otras ocasiones. Se trata de ese mercado de menudeo, del trapicheo que al final
resulta que no es el narcotráfico en sí sino que es el pobre que paga el pato por el narcotráfico. Cuando usted habla de incluir dentro de estos barrios una mayor seguridad con una mayor represión, yo entiendo que hay que hablar fundamentalmente de
las otras premisas -prevención, reinserción- antes que hablar directamente de represión, lo que no le quita la razón que usted tiene. Por tanto, desde el Grupo Popular entendemos que nunca podremos decir que los programas de proximidad a los
barrios y los planes de lucha contra el narcotráfico son suficientes y que no hace falta nada más porque eso sería una falacia que creo no compartiríamos ningún grupo, pero sí son pasos muy decisivos que están dando buenos resultados como para poder
seguir continuando en esta tarea tan merecidamente importante como es de la que estamos hablando.
Señoría, entre las consecuencias del plan -ya que hemos hablado entre comillas de represión- está poner en circulación más de 20.000 nuevas plazas de
policías y guardias civiles. Pienso que es una forma de colaborar -no la única-, sobre todo entendiendo la formación que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con este tema que suscita tanto interés para todos los grupos
y para la sociedad en general.



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Por todos estos motivos, señoría, lamento tener que decirle ya que nuestro voto va a ser en contra, insisto, no por el calado y la importancia de su proposición no de ley sino por la cuestión de la competencia a que le hemos hecho referencia
en primer lugar, sugiriéndose que la Conferencia sectorial probablemente sea el lugar adecuado para discutir todas las propuestas que usted plantea en su proposición no de ley, y al mismo tiempo esa cuestión económica, que sin duda será necesaria
para poder llevar a cabo este cometido.



El señor PRESIDENTE: Señora García-Hierro, sea breve por favor.



La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Intervengo brevemente sin abusar de su benevolencia, aunque con anterioridad no he utilizado los diez minutos; pero necesariamente tengo que aclarar algún concepto a la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. El Congreso de los Diputados está para instar al Gobierno y en este caso concreto quien tiene la competencia es el delegado nacional, que puede efectivamente abordar con todas las bases que nosotros tratamos en nuestra propuesta, es decir
con el resto de las administraciones, con las organizaciones sociales y con los expertos lo que es una preocupación de la sociedad que nosotros recogemos ante este gravísimo problema; es decir que el lugar es éste, el Congreso de los Diputados.
Por supuesto, también se puede hacer en la Conferencia sectorial y no tenga usted la menor duda, señoría, de que el futuro presidente Rafael Simancas desarrollará el plan integral específico para estos distritos que vienen sufriendo la marginación
desde hace tiempo, pero sobre todo durante los últimos 14 años. No tenga usted la menor duda de que será planteado en la Conferencia sectorial. Se nos ha requerido también que se cuantifique. Esa no es la labor de los parlamentarios porque ¿a qué
cifras tenemos que hacer referencia? ¿A la de las memorias que el propio delegado nacional del Gobierno presenta? Si son esas cifras, nos parecen insuficientes para el conjunto de España. Se dice que en la campaña escolar del año 2001 se han
beneficiado 28.000 alumnos en todo el Estado español. Es insuficiente a todas luces. En un convenio se contemplaba crear 5.000 plazas de inserción laboral para drogodependientes, de las cuales sólo 1.338 han sido posibles. Es absolutamente
insuficiente. Se ha destinado y transferido una cantidad a todas las comunidades autónomas para lo que ustedes llaman campañas de prevención y para elaborar la guía. De la guía casi se han publicado dos millones de ejemplares; en esto de hacer
propaganda se les da a ustedes muy bien gastar el dinero. Probablemente sea un instrumento útil pero no es el fundamental. El presupuesto y la campaña de prevención nos parece realmente insuficiente. Si tuviéramos esa referencia es evidente que
no nos serviría porque estamos hablando de una población de más del 15 por ciento del total de la ciudad de Madrid; una población de alto riesgo -no sólo los que ya están afectados- debido al entorno y la carencia de recursos sociales, educativos,
laborales, etcétera. Si estamos queriendo decir lo mismo en cuanto al discurso y en cuanto al fondo nos preocupa de la misma forma, y no deberíamos eludir nuestra responsabilidad instando a que sea precisamente el delegado nacional del plan de
lucha contra las drogas quien tome la iniciativa de coordinar e impulsar ese plan. Deben ser los expertos junto con las ONG quienes hagan el diagnóstico más certero, evalúen y cuantifiquen. Esa misma pregunta se la hacemos nosotros a ustedes
cuando traen un proyecto sin cuantificar y ustedes sí tienen la obligación de hacerlo. El Gobierno tiene la obligación, porque además tiene los recursos técnicos adecuados para poderlo hacer. Por tanto, sinceramente y para terminar -he
comprometido mi palabra en ello-, agradezco sus palabras pero sus palabras son sencillamente una salida decorosa de lo que debería ser un compromiso real. No se preocupen, lo tendrán en la Conferencia sectorial ya que aquí lo van a votar en contra.



El señor PRESIDENTE: Señora Seller.



La señora SELLER ROCA DE TOGORES: No me preocupo, porque con la afirmación que S.S. acaba de hacer me deja bastante más tranquila. Si ustedes lo van a presentar ante la Conferencia sectorial ya le felicito de antemano por que lleven a
efecto esa iniciativa. Tenemos a su disposición toda la documentación que nosotros hemos elaborado desde la Comunidad Valenciana y cuando usted guste el ofrecimiento está en pié. Le agradezco las aclaraciones que me ha hecho y particularmente una
de ellas. Usted acaba de decir que nosotros -ni ningún diputado del hemiciclo- no somos quizás los alumnos más aventajados para llevar a término una cuantificación económica, y por tanto todo esto carece de virtualidad desde el primer momento. Le
agradezco que me dé la razón; no solamente se trata de una cuestión competencial, sino que además usted reconoce que no lleva aparejado ningún tinte económico que pueda sustentar las palabras que muy bondadosamente y racionalmente usted ha
pronunciado. Compartimos el fondo, como he dicho, pero usted nos da la razón en su intervención final.



- SOBRE ATENCIÓN A LAS MUJERES DROGODEPENDIENTES EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/002129 y número de expediente del Senado 663/000108.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día. Debate sobre atención a las mujeres drogodependientes en las prisiones españolas.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Varela tiene la palabra.



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La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, desde un punto de vista de estadística penitenciaria, alrededor del 70 por ciento de la población reclusa está relacionado con delito de consumo de drogas: robos, hurtos, homicidios, etcétera. Además,
el consumo de drogas en la cárcel sigue siendo un fenómeno habitual. Según diversas fuentes las personas drogodependientes encerradas superan el 50 por ciento, llegando hasta el 80 por ciento en algunos centros penitenciarios. España es el segundo
país europeo con más presos toxicómanos. La condición de drogodependiente y número de entradas en prisión es directa y proporcional. Las personas con problemas de toxicomanía reingresan más veces en la cárcel que las que no lo son. De los que han
ingresado en la cárcel una sola vez, solamente el 35 por ciento son drogodependientes. Entre los que llevan ya dos ingresos en la cárcel el porcentaje de toxicómanos crece hasta el 50 por ciento, sube hasta el 64 por ciento entre los que llevan
tres ingresos y finalmente quienes han pasado ya por la cárcel cuatro o más veces la proporción de drogodependientes se eleva hasta las tres cuartas partes, es decir hasta el 74 por ciento. Por tanto, podemos decir que la cárcel y la droga van
directamente unidas.



Este reflejo de la realidad nos lleva a plantear que el tratamiento de la drogodependencia es esencial si se quiere evitar no solo la comisión de delitos, tanto dentro como fuera de la prisión, sino la reincidencia en ellos; pero conviene
sabe cómo se encuentran las personas drogodependientes en la cárcel. Las personas presas con problemas de drogodependencias presentan un importante deterioro humano. La vivencia personal de sentirse rechazados distorsiona la autoperfección
personal de tal modo, que el autoconcepto de estas personas lejos de ser ajustado a la realidad es negativo, y en muchos casos inamovible. A la drogodependencia se unen largas condenas por cumplir, el sida, falta de recursos económicos e
imposibilidad de acceso a ellos, nula relación familiar, falta de motivación para el cambio, irresponsabilidad personal, desorganización vital, escasa o nula formación, pensamientos deformados, falta de estabilidad emocional y afectiva, falta de
conocimiento personal, etcétera.



Todos sabemos, señorías, que la cárcel se organiza bajo un régimen que además de despersonalizar y desocializar a los presos les provoca graves problemas de desestructuración personal. Las personas presas, señorías, pasan a ser una cifra,
una unidad que se mueve en torno a un sistema automático de vida, con estrictos esquemas de dominio y disciplina. La Administración penitenciaria pone el énfasis en la seguridad, en evitar la fuga, en el control de la vida del preso en cada
momento, y por tanto en su sumisión. La persona presa hay que decir que sufre una experiencia de convivencia en un medio social caracterizado por la omnipresencia de relaciones de dominación, disciplina, obediencia irracional, estancia obligada,
sumisión permanente y tensión violenta en las relaciones.
Mediante el proceso adaptativo al medio carcelario se origina una quiebra del yo y una pérdida definitiva de los roles y status sociales anteriores al ingreso; por otra parte el
internamiento carcelario también origina una deprivación sensorial de la vista, oído, olfato y una alteración de los ritmos vitales anteriores al ingreso. Esta alteración es provocada por la relación de dependencia absoluta a la institución debido
a que la reglamentación de todas las actividades vitales, la comida, el sueño, ocio o relaciones personales, son dirigidas al control de todos los actos, a fin de evitar la autonomía del preso y su capacidad de reacción.
Esta situación conduce a un
proceso de infantilización, de pérdida del rol de adulto, que crean un sentimiento íntimo de dependencia absoluta que altera su identidad personal y social, su autoimagen y la conciencia de sí mismo.



Señorías, esta es la situación personal en que se encuentran las personas, los ciudadanos y ciudadanas drogodependientes en las prisiones, y como comprenderán hay que hacer un gran trabajo con ellos y con ellas para cumplir el artículo 25 de
la Constitución. El artículo 25 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. En el Grupo
Parlamentario Socialista pensamos que la cárcel o el establecimiento penitenciario no es el mejor lugar para atender a estos enfermos drogodependientes ya que muchas veces es más bien al contrario, puesto que la prisión es una escuela que enseña en
el inicio de estos consumos y provoca contagios de sida, hepatitis, tuberculosis, etcétera. Además -hay que decirlo-, la prisión supone una respuesta cara, 5 millones por cada preso al año y 18 millones en el caso de centros de menores infractores;
es generadora de sufrimiento para la persona privada de libertad y su familia, reforzadora de la previa exclusión social y a la postre inútil. De ello habla por sí solo el dato de la reincidencia. Por tanto, parece inexcusable propiciar
alternativas a la prisión con más generosidad que lo hace el vigente Código Penal, pero como tenemos lo que tenemos, mientras lo sigamos teniendo desde las cárceles tenemos que dar cumplimiento de la mejor manera posible al citado artículo 25 de la
Constitución.



El tratamiento de deshabituación en prisión se presenta desde un doble ámbito: el de salud y el de resinserción social. Desde la perspectiva sanitaria, la Administración penitenciaria tiene el deber de velar por la vida, la integridad y la
salud de los internos y de las internas, en tanto que la adicción a drogas tóxicas afecten a la salud de las personas privadas de libertad en las cárceles, la Administración penitenciaria tiene que articular mecanismos en orden a posibilitar la
superación de aquellas. Por otro lado, la relación entre droga y comisión de delitos nos conduce a la idea del tratamiento penitenciario vinculado a la posibilidad de


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superación del problema de la drogadicción o de reducción del daño a fin de que la persona presa pueda vivir en libertad fuera con una calidad de vida digna y plenamente integrada en la sociedad. Se hace necesario, por tanto, el abordaje de
la drogodependencia no solo desde el punto de vista de orden y seguridad ciudadana, que es el enfoque desde el que se trabaja en la actualidad, sino desde un enfoque que permita a las personas con esta adicción poder vivir con una calidad de vida
digna. Lamentablemente la política desde el Ministerio del Interior es casi con exclusividad de control. Se trata de la política basada exclusivamente en la seguridad ciudadana y por ello se aborda la posible solución al conflicto con escasísimos
medios personales y profesionales.



Por ello el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley. Para nosotros todos los presos con problemas de drogadicción son igual de importantes, igual de dignos e igual de necesitados de políticas y programas
activos para su reahabilitación e incorporación a la sociedad, por tanto todos ellos precisan de actuaciones de tipo preventivo, actuaciones de tipo formativo y programas dirigidos a la incorporación social. Esta propuesta concreta la hemos
centrado en las mujeres en el entendimiento y en el conocimiento de que ellas presentan unas características y unos problemas totalmente diferenciados a los de los hombres, y por tanto requieren unos programas específicos adaptados a sus
necesidades.



Señorías, no podemos olvidar que la Administración penitenciaria tiene responsabilidad en este tema; el Gobierno no puede dejar este tema sólo en manos de las ONG, ni lanzar continuamente la pelota a las comunidades autónomas; debe tomar
cartas en el asunto. Desde luego no basta con apoyar a esta proposición no de ley, como hizo el Grupo Parlamentario Popular con otra de características similares, en el mes de diciembre.
Aparte de apoyar esta proposición no de ley, se deben poner
en marcha todos los mecanismos necesarios para que las dos proposiciones se hagan realidad. Eso redundaría, sin duda, en beneficio de estas ciudadanas, que verían mejorar su calidad de vida y la posibilidad de reinserción socio-laboral, cuando
salgan de la situación en que se encuentran.



Esperamos que la proposición sea aprobada, y que se pongan los medios necesarios para solucionar los problemas de las mujeres con drogadicción en las cárceles españolas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Faraldo, por el Grupo Parlamentario Popular.



La señora FARALDO BOTANA: Señorías, de las personas ingresadas en centros penitenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el 8,2 por ciento son mujeres. Es verdad que es importante conocer la situación
socio-demográfica de las reclusas, y en qué situación se encuentran al ingresar en prisión.



En el momento de su ingreso en prisión, un porcentaje muy importante de las mujeres presentan policonsumo activo de sustancias tóxicas, principalmente de heroína y cocaína; también de otras sustancias, como cannabis, alcohol y
psicofármacos. La de heroína y cocaína es, pues, la drogodependencia más determinante en la trayectoria personal, social y penal de estas personas. El 39,8 por ciento de estas mujeres consumían heroína o cocaína en el momento de su ingreso. En
cuanto a las vías de consumo, las más frecuentes era la inhalación, es decir fumada; lo que se denomina tipo chino. También hay un porcentaje importante -21,4 por ciento de las mujeres que ingresan en prisión- que consume drogas por vía
parenteral. Ello hace que el tratamiento de su drogodependencia se oriente a la abstinencia; han seguido ya diversos tratamientos de este tipo, y han tenido fracasos terapéuticos repetidos; se trata de consumidoras activas en el momento del
ingreso. Hemos de decir también que el nivel de estudios de estas mujeres es muy bajo; con frecuencia dejaron de estudiar a edad temprana. Asimismo, un elevado porcentaje de las mujeres drogodependientes presentan patologías asociadas:
seropositividad al VIH, sida, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual y patología psiquiátrica. La mujer drogodependiente tiene escasos conocimientos de salud y raramente ha tenido contacto previo con los
servicios sanitarios comunitarios. Ya hemos dicho que es frecuente la presencia de trastornos en el desarrollo de la personalidad.



Bien, señorías, esta es la situación de las reclusas en el momento de su ingreso en prisión. Como ya ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el marco jurídico de que disponemos para desarrollar programas de intervención en
esta situación es la Constitución española, la Ley general de Sanidad, la Ley orgánica general penitenciaria y el Reglamento penitenciario. Estos preceptos establecen que el fin de los centros penitenciarios es la reeducación y la reinserción
social, de modo que se deben desarrollar principalmente actividades dirigidas a su consecución, y se utilizarán programas y técnicas de carácter psicosocial orientadas a los problemas específicos, sin discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión u opinión. Estamos, pues, de acuerdo en que todos los reclusos deben tener acceso a los mismos programas, y entendemos que no se produce discriminación por razón de sexo. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
debe velar -como muy bien se ha dicho- por la vida, integridad y salud de las internas. A fin de lograr la recuperación social de las internas, la Administración penitenciaria oferta la posibilidad de seguir programas de tratamiento y
deshabituación, con independencia de la situación procesal y de las vicisitudes penales y penitenciarias de cada reclusa. Dentro


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del marco establecido por el Plan Nacional sobre Drogas, la Administración penitenciaria actúa en coordinación con otras administraciones públicas y con otros organismos e instituciones.



¿Qué objetivos deben plantearse? Los objetivos de la actuación con mujeres drogodependientes que ingresan en prisión y presentan deterioro personal, orgánico y social, necesitan un abordaje integral y multiprofesional, basado en la
organización y coordinación tanto dentro del centro penitenciario como con los recursos asistenciales extrapenitenciarios. El deber de protección de la salud y los fines de la rehabilitación y la reinserción social deben caracterizar las medidas
que se lleven a cabo.
Hay que priorizar las intervenciones, ofreciendo el tratamiento adecuado a cada problema específico en cada momento. Así el primer objetivo, por considerarlo el más urgente, debe ser el de prevenir y reducir los daños y
riesgos de las patologías asociadas al consumo que presentan las mujeres drogodependientes. Evitar fallecimientos o el incremento del deterioro debe constituir el primer abordaje; conseguir períodos de abstinencia, que configuren la ruptura de la
dependencia y la reordenación de la dinámica personal y social de estas mujeres, será el segundo objetivo; otro objetivo será optimizar la incorporación social, dotando a las mujeres de las habilidades necesarias para que puedan afrontar el
tratamiento con posibilidades de éxito, una vez en libertad o durante los sucesivos permisos.



Los programas dirigidos a estos objetivos son: intervenciones sanitarias, intercambio de jeringuillas, prevención y educación para la salud, tratamiento con metadona, tratamiento de deshabituación y preparación para la salida y la
reincorporación social. No quiero extenderme, pero no puedo dejar los programas en su mero enunciado, sin hacer referencia a cómo se llevan a cabo en los centros penitenciarios. Hablábamos de un planteamiento general de abordaje del problema de la
drogodependencia de forma diferenciada para cada persona, en función del momento y de la situación penal y penitenciaria. Hay que tener en cuenta cada historia de drogadicción, cada historia terapéutica y la situación social. En la mujer, debemos
considerar específicamente los conocimientos que tiene sobre la maternidad responsable, la infección y transmisión de enfermedades asociadas a las relaciones sexuales, las situaciones que se pueden presentar durante la gestación, o sobre la
interrupción del embarazo; igualmente sobre la posibilidad de producir daños a los niños, en los casos de consumo activo, prostitución o abandono.



Hablamos, pues, de una intervención sanitaria que debe contener promoción de la salud en cuanto a la situación y prácticas de riesgo, así como en cuanto a las patologías asociadas al consumo por vía parenteral, además de vacunaciones contra
la hepatitis B, programas específicos contra la tuberculosis, y por supuesto atención ginecológica; igualmente, participación pediátrica en los centros con niños menores de tres años.
Hay que destacar también el programa de intercambio de
jeringuillas, que reduce los riesgos de contagio y transmisión de enfermedades en las prisiones, y los programas preventivos y de educación sanitaria que deben ofrecer información básica sobre los aspectos sanitarios, jurídicos y sociales ligados al
consumo de drogas. También es destacable el tratamiento con metadona, porque se ha demostrado eficaz para determinado grupo de internas drogodependientes; especialmente, para aquellas que son consumidoras activas por vía parenteral, que tienen VIH
asociada y presentan deterioro importante. El programa de tratamiento con metadona debe ir acompañado de otras intervenciones relacionadas con la mejora de su situación.



Hablábamos también de programas de deshabituación. A mí me gustaría destacar que cada vez es mayor el número de centros penitenciarios que tienen módulos terapéuticos. Tengo en mis manos un gráfico que dice que en el año 1994 el número de
internos atendidos en estos módulos terapéuticos era de 547 y en el último año que tenemos, 2001 -pronto tendremos los datos de 2002-, son 2.354, lo que significa un avance importante que además ha sido año a año ya que en el año 1995 era de 812;
1045 en 1996, y 1898 en el año 2000. El avance ha sido año a año y creemos que hay que seguir en esa línea.



Finalmente habría que hablar del programa de rehabilitación e incorporación social de las mujeres drogodependientes, donde es fundamental la continuación del proceso terapéutico y para ello necesitamos equipos multidisciplinares, como
decíamos anteriormente, que aborden distintos programas en los diferentes centros penitenciarios. En todos ellos se mantiene una coordinación con los recursos comunitarios existentes, tanto terapéuticos como con la red de servicios sociales.
Esta
coordinación debe llevarla a cabo Instituciones Penitenciarias para conseguir una globalidad en las actuaciones porque el trabajo no termina cuando estas mujeres drogodependientes salen de los centros penitenciarios sino que se debe seguir
trabajando de forma coordinada con las asociaciones y ONG, una vez que estas mujeres han accedido a su puesta en libertad, para obtener un verdadero éxito en su reincorporación.



La adición a sustancias tóxicas provoca en las personas una desestructuración global a todos los niveles, de ahí la necesidad de equipos multidisciplinares. Cada centro penitenciario está constituido por un equipo multidisciplinar compuesto
por profesionales de las distintas áreas que realizan una definición de los objetivos y la coordinación de los recursos tanto internos como externos.



La intervención con mujeres drogodependientes en prisiones está dirigida a la normalización, reeducación y reinserción social, protegiendo especialmente la vida, la integridad y la salud de las internas, ofertándoles la


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posibilidad de seguir programas de tratamiento en la dependencia de sustancias tóxicas.



En los centros penitenciarios se desarrolla una atención específica a la población reclusa femenina. Esta intervención se realiza desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en colaboración, como no podría ser de otra manera,
con los servicios autonómicos de salud y los planes autonómicos sobre drogas con el fin de proporcionar una atención médica especializada y hospitalaria. Una preocupación permanente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias es la
mejora de las líneas de actuación en el tratamiento de mujeres drogodependientes.



Sin duda queda mucho camino por recorrer, pero creo que no estamos en el mal camino y que se está trabajando bien en este tema. El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías reflejaba hace muy poco las siguientes realidades.
España es, junto con Alemania, el único país con programas de intercambio de jeringuillas en prisiones. En el terreno de la información y la educación es, junto con Bélgica, el único país que además de proporcionar un material específico para
prisiones da información para su uso. En cuanto al papel desempeñado por los especialistas externos en la asistencia a drogodependientes en prisiones, España es uno de los pocos países, junto con Suecia y Reino Unido, en donde existe una cobertura
prácticamente total de ayuda de especialistas externos. A su vez España encabeza el número de atendidos en tratamientos de abstinencia dentro de prisiones, seguido muy de lejos por el Reino Unido. En cuanto a tratamientos de sustitución, el
Observatorio Europeo presenta a España como el único país donde las tasas de sustitución dentro de las prisiones son equivalentes a las tasas fuera de las prisiones.



Por todo lo expuesto, porque se trata de una proposición no de ley que va más allá de las competencias que tiene el Plan Nacional sobre Drogas y porque creo que estamos en el buen camino en esa coordinación entre Instituciones
Penitenciarias, comunidades autónomas y el Plan Nacional de Drogas, el Grupo Parlamentario Popular va a desestimar esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Señora Varela.



La señora VARELA VÁZQUEZ: Simplemente para decirle a la señora diputada del Grupo Parlamentario Popular que nosotros estamos pidiendo una discriminación positiva para la mujer, no sé si lo han entendido o no, que no existe en las cárceles.
También quiero decirle que una cosa es lo que dicen los papeles y otra la realidad, por ello mi recomendación es que visiten las cárceles para que vean lo que existe y después actúen en consecuencia.



El señor PRESIDENTE: Señora Faraldo.



La señora FARALDO BOTANA: La recomendación no era necesaria porque creo que todos visitamos las cárceles y vemos cuál es la situación tanto de los reclusos drogodependientes, sean o no mujeres, y cuáles son las actuaciones que se están
llevando a cabo. Es verdad que hay que tener en cuenta esa situación pero creo que también hay que ir valorando positivamente los avances que se están produciendo, y que no sólo lo hagan desde fuera de España. Yo decía que es mucho el camino por
recorrer pero creo que estamos en el buen camino.



- SOBRE LA CREACIÓN DE MÓDULOS DE TRATAMIENTO LIBRE DE DROGAS EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número expediente del Congreso 161/002130, y número expediente del Senado 663/000109.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día.
Proposición no de ley sobre creación de módulos de tratamiento libre de drogas en las prisiones españolas. En nombre del grupo proponente, tiene la palabra la diputada del
Grupo Socialista, señora Romero.



La señora ROMERO LÓPEZ: Agradecemos a la anterior portavoz del Grupo Popular que hayan visitado las cárceles y lamentamos que por parte del Grupo Popular hasta este momento no haya habido ninguna iniciativa sobre la situación de los
toxicómanos en las cárceles. Esperemos que de aquí en adelante podamos traer a esta Comisión propuestas que mejoren la situación de los toxicómanos en las prisiones españolas.



El programa de reducción de daños ha sido un programa muy importante para la población toxicómana, no sólo la que se encuentra en las cárceles sino en general para toda ella, lo que ha situado a nuestro país en una situación superior a la de
otros países en distintas partes del mundo.
(El señor vicepresidente, Álvarez Álvarez, ocupa la presidencia.)


Esta política consensuada de reducción de daños entre comunidades autónomas y el propio Gobierno, que surgió como consecuencia de la epidemia de la heroína, ha puesto en marcha programas que han mitigado los efectos de la adición a las
drogas; una política que ha hecho posible que ese programa haya sido una realidad en nuestro país. Es cierto que hay muchos países europeos en los que todavía no se ha impulsado este programa de reducción de daños e incluso las propias
convenciones de Naciones Unidas, desde nuestro punto de vista, deberían ser reformadas precisamente para abordar estos programas de reducción de daños y su impulso en los distintos países.



Este programa de reducción de daños tiene una especial importancia en las prisiones (no sólo los tratamientos con sustitutivos o los intercambios de jeringuillas,


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etcétera), pero hoy no traemos al Parlamento el programa de reducción de daños sino la estrategia de creación de módulos terapéuticos dirigidos a la población reclusa drogodependiente, algo que está contemplado en nuestra propia estrategia
nacional sobre drogas. En el Plan nacional sobre drogas está proyectada la creación de módulos terapéuticos y en él se dice que para el año 2003 esta población reclusa podrá disponer de esos módulos terapéuticos en el cien por cien de los centros
polivalentes. Las cifras que se han manejado en la anterior proposición no de ley, que abordaba también el tema de la situación en las cárceles, de unos 1.000 ó 2.000 reclusos que están actualmente en las cárceles o que puedan tener un tratamiento
en módulos terapéuticos, no llegaría ni con mucho al 3 por ciento o al 5 por ciento, dependiendo de las distintas prisiones, el porcentaje a abordar. Es decir, si la estrategia fija el objetivo en el cien por cien de los centros polivalentes, hoy
estamos muy lejos de alcanzar esa cifra que la propia estrategia definió para el año 2003. Mi grupo parlamentario ha visitado durante la primera quincena de abril la prisión de Villabona, con nuestra diputada Mercedes Gallizo, y he de manifestar
que el módulo de tratamiento libre de drogas existente en la misma, como dice la exposición de motivos de la proposición no de ley, es un ejemplo de eficacia en este tipo de actuaciones que se ha de tener en cuenta en las cárceles españolas. Si el
número de reclusos existentes en la prisión supera los 1.200 y el porcentaje de toxicómanos está en torno al 30 por ciento, puede decirse que alrededor de 400 reclusos son toxicómanos y, si el número de reclusos que asisten al módulo de tratamiento
está en torno a 200 y hay una amplia lista de espera, puede pensarse que dicho módulo es un éxito, puesto que en este momento casi un 50 por ciento de los toxicómanos asisten al módulo de tratamiento libre de drogas. Por tanto, desde nuestro punto
de vista, es un ejemplo a imitar por otras prisiones españolas, que podrán poner en marcha otros módulos, siendo la Administración penitenciaria responsable de su impulso. Curiosamente, unos días antes de nuestra visita el propio director general
de Instituciones Penitenciarias estuvo en Villabona y anunció que se pondrían en marcha nueve módulos terapéuticos, de tratamiento libre de drogas, en otras nueve prisiones. Efectivamente, todavía estamos muy lejos de alcanzar el cien por cien de
los centros polivalentes que la propia estrategia señalaba para el año 2003, es decir, aún nos queda mucho por avanzar en este campo y desde luego podemos decir que no ha sido una prioridad para la Administración penitenciaria impulsar este tipo de
módulos, los cuales son complementarios del tratamiento sustitutivo o del tratamiento de intercambio de jeringuillas, teniendo en cuenta que los ciudadanos que están privados de libertad no tienen por qué ser considerados con respecto a esta
cuestión de forma diferente a como lo son los que no están privados de ella. Perfectamente puede darse la paradoja de que en cualquier ciudad existan tratamientos sustitutivos o programas de intercambio de jeringuillas dependientes de una
Administración que no sea la penitenciaria y no un tratamiento libre de drogas.



Así pues, comprobada la eficacia de estos módulos -tenemos el ejemplo de la prisión de Villabona-, lo que hace la propuesta de mi grupo parlamentario es tender a generalizar la experiencia de dicha prisión en todas las cárceles españolas.
En primer lugar, se trataría simplemente de cumplir los objetivos de la estrategia del Plan Nacional sobre Drogas, ya que eso es lo que se prevé para el año 2003: la generalización. En segundo lugar, la puesta en marcha de estas medidas supone una
implicación de los funcionarios de las prisiones y un programa de formación destinado a ellos, pero no un incremento presupuestario que haga inabordable esta propuesta. En tercer lugar, supone que los posibles convenios que se puedan firmar con
algunas comunidades autónomas en materia de equipos sociosanitarios se incrementen y se perfeccionen y desde luego que el seguimiento de los internos no se haga solamente cuando están en prisión, sino también cuando han cumplido su condena, que es
cuando más apoyo necesitan de los equipos sociosanitarios, puesto que están inmersos en el proceso de reinserción. En cuarto lugar, estos programas se basan sobre todo en la generalización de programas formativos laborales y en la conexión con las
empresas externas, que son las que posibilitan que la reinserción sea posible. Y por último, las propias comunidades autónomas pueden y deben ofertar, como de hecho está sucediendo en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, recursos para
la reinserción sociolaboral de aquellos que han participado en los programas formativos y han cumplido su condena. Nosotros creemos que esta proposición no de ley se basa en una experiencia eficaz, la cual nos demuestra además que otra política de
drogas es posible en las cárceles españolas. La propia estrategia recogía que el cien por cien de dichas cárceles contaría con estos módulos de tratamiento libre de drogas, debiendo movernos la exigencia de los derechos constitucionales a apoyar
este tipo de propuesta. Los mismos reclusos nos dijeron que, una vez que se comete un delito, las cárceles por supuesto son el lugar indicado para el cumplimiento de la pena, pero no para el ensañamiento, lo que se puede demostrar cuando además son
adictos. Esta prisión está demostrando que pueden curarse de su adicción y que pueden reinsertarse perfectamente, pero la colaboración ciudadana y de las administraciones es fundamental para que esto se lleve a buen término. Sería una verdadera
pena que esta proposición no de ley, como en el caso de la mediación que pretendimos en alguna otra proposición no de ley presentada aquí, fuera votada en contra. Probablemente, quienes están deseando que la reinserción tenga lugar no comprenderían
que el Grupo Popular votara en contra de la misma.



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El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Álvarez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Tirado.



El señor TIRADO OCHOA: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero aclarar a la diputada Romero que el Grupo Popular ha presentado varias iniciativas, concretamente en relación con la defensa de los intereses de las personas que
sufren prisión. Presentó una proposición no de ley sobre unidades terapéuticas para menores, otra acerca de las mujeres en tercer grado con hijos a cargo con el propósito de crear pisos tutelados para la convivencia e integración en la sociedad, la
cual se ha puesto ya en marcha en la Comunidad Valenciana, y queda pendiente de debatir una sobre enfermos de sida en las prisiones españolas. El Grupo Popular se está interesando por todos estos asuntos, pero no sólo presentando iniciativas
legislativas, sino que también desde el Ejecutivo se está desarrollando un extraordinario trabajo para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas. Se está yendo por buen camino y quiero manifestar que los objetivos de dicho
plan no sólo se están cumpliendo, sino que los plazos se están adelantando, como se va a poder comprobar. En concreto, en Instituciones Penitenciarias se están realizando acciones para que esa estrategia que está comprendida entre el 2000 y el 2008
se lleve a cabo.



En cuanto a los programas y actividades preventivas en relación con el consumo de drogas y sus consecuencias, he de manifestar que en el cien por cien de los centros penitenciarios se desarrollan este tipo de intervenciones: programas de
prevención, de educación para la salud, mediadores de salud. La estrategia nacional preveía para el año 2003 un 50 por ciento, con lo cual ya llevamos prácticamente un 50 por ciento más en cuanto a programas y actividades de prevención, porque está
al cien por cien.



En relación con la formación de funcionarios de los centros penitenciarios en materia de prevención, desde el año 2000 alrededor del 20 por ciento ha recibido este tipo de formación por medio de actividades organizadas de forma centralizada,
actividades en los propios centros penitenciarios y actividades organizadas por las propias comunidades autónomas. La estrategia nacional sobre droga recomienda el 20 por ciento para el 2003.



En cuanto a la implantación en los centros penitenciarios de programas de intercambio de jeringuillas, en el año 2002 ha habido usuarios de dicho programa en el 40 por ciento de los centros penitenciarios; en el año 2003, en el que estamos
actualmente, el cien por cien de los centros penitenciarios tiene condiciones técnicas y legales para efectuar el intercambio si hay demanda. Les recuerdo, señorías, que la estrategia nacional recomienda el 30 por ciento para el año 2003.



Respecto a la implantación de iniciativas de carácter psicosocial que desarrollen los programas de reducción de daño, se desarrollan programas específicos de intervención psicosocial en el 65 por ciento de los centros con dichos programas.
La estrategia nacional, sobre datos, recomienda el 50 por ciento en el 2003.



En cuanto a la creación de módulos terapéuticos y comunidades terapéuticas intrapenitenciarias dirigidas a población reclusa drogodependiente, hay programas de deshabituación en módulo terapéutico en 16 centros penitenciarios, y programa de
deshabituación en comunidad terapéutica intrapenitenciaria en tres prisiones. En total, son 19 los centros penitenciarios -el 30 por ciento del total- en los que hay destinados departamentos específicos para la intervención con drogodependientes.

Queda por constituir módulo o comunidad terapéutica en ocho centros penitenciarios en los que técnicamente es posible, para lo cual es fundamental la participación en los planes sobre drogas de las administraciones autonómicas y de las ONG.



Si nos fijamos en el ingreso de reclusos drogodependientes en programas formativos laborales, desde el año 2000 se ha producido un incremento en el número de drogodependientes que están accediendo a estos programas.
Sobre programas
adaptados a la mujer, en la anterior proposición no de ley este tema ya se ha debatido lo suficiente y se han dado datos clarificadores.



La intervención con drogodependientes en departamentos específicos se está realizando mediante dos modalidades: el módulo terapéutico y la comunidad terapéutica. La intervención en módulo terapéutico se desarrolla en centros penitenciarios
con estructura modular, destinando al menos uno de los módulos para albergar exclusivamente a internos drogodependientes en programa de deshabituación de forma independiente al resto de la población reclusa. En cuanto a los perfiles de los
internos, este tipo de intervenciones en módulo terapéutico y comunidad terapéutica se dirigen a drogodependientes con buenas perspectivas para iniciar un proceso de deshabituación a través de un programa libre de drogas, siendo la intervención de
carácter integral y abarcando actuaciones individuales y grupales desde las áreas sanitaria, social, formativa y laboral.



En relación con los recursos humanos, de los 19 establecimientos en los que se desarrolla este tipo de programa, en el 50 por ciento la actividad se realizada por profesionales de la institución, mientras que en el otro 50 por ciento
participan profesionales de las ONG. Estas ONG están recibiendo la financiación por vía del 0,52 del IRPF, de los planes autonómicos contra la droga y de financiación propia. (El señor presidente ocupa la presidencia.)


En definitiva, señoría, se está trabajando bien. Se han puesto en marcha todos y cada uno de estos programas y las perspectivas de los programas de intervención


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con drogodependientes en módulo terapéutico y comunidad terapéutica están adquiriendo un desarrollo muy notable en los últimos años. La Administración penitenciaria continúa impulsando la intervención bajo esta modalidad terapéutica en los
8 centros restantes, en los que técnicamente ya es posible, para lo cual es fundamental -vuelvo a repetir- la coordinación y la ayuda de los planes autonómicos de la droga y de las propias ONG. Para impulsar la constitución de los módulos
terapéuticos en centros penitenciarios y para mejorar aspectos metodológicos en los ya existentes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha celebrado cuatro reuniones de trabajo con profesionales de prisiones, a las que han asistido
440 profesionales de todos los establecimientos de las diferentes áreas -sanidad, trabajo social, derecho, educación-, abordando entre otros temas el trabajo en equipo, la organización de recursos, la adecuación de ofertas de trabajo en equipo, la
organización de un abordaje multidisciplinar del problema de los propios recursos que están accediendo a este tipo de comunidades. Con los mismos fines está prevista la celebración de otras cuatro reuniones para este año.



En conclusión, en referencia a la proposición no de ley debo decirle: primero, que la institución penitenciaria está desarrollando acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas; segundo, que la
institución penitenciaria pretende implantar módulos terapéuticos en todos los establecimientos en los que técnicamente sea posible, siendo fundamental la colaboración de los planes autonómicos y las propias ONG; tercero, que los profesionales
penitenciarios de las diferentes áreas son asignados de forma voluntaria a los módulos terapéuticos periódicamente, y que, fundamentalmente al inicio y constitución de estos departamentos, reciben cursos de actualización y formación de
drogodependencias y técnicas de intervención, abordando entre otros temas el trabajo y la intervención grupal. En los módulos terapéuticos, la oferta ocupacional y formativo-laboral es amplia. Como ustedes mismos han reflejado en su propia
exposición de motivos, allí donde han sido puestos en marcha -la inmensa mayoría- están funcionando perfectamente.



En definitiva, la función rehabilitadora y socializadora se está haciendo cumplir. Los objetivos del Plan Nacional sobre Droga se están cumpliendo, y no sólo eso, sino que se están adelantando los plazos, como he dicho al principio, dando
además datos. Esto es ir por buen camino, y lógicamente lo que se pretende es que el cien por cien del Plan Nacional sobre Drogas esté cumplido en el periodo previsto, y no sólo en el 2008, sino que se puedan ir adelantando en el tiempo muchas de
las medidas, como ya se está haciendo en la actualidad.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero.



La señora ROMERO LÓPEZ: Nuestra proposición no de ley iba dirigida a que el plan nacional cumpliera sus objetivos. Como usted mismo ha reconocido, no los ha cubierto, pues los módulos terapéuticos llegan si acaso a un 30 por ciento,
incluyendo las comunidades terapéuticas. Es decir, a esta cuestión habría que darle un impulso muchísimo mayor que el que la Administración penitenciaria le está dando. No estoy hablando aquí de programas de reducción de daño o de intercambio de
jeringuillas, porque incluso aunque existieran las condiciones en algunos centros penitenciarios, habría que ver si ese programa está generalizado.
Nosotros hemos traído aquí abundantes iniciativas y no lo consideramos así, pero ese no era el tema
de nuestra iniciativa de hoy, sino los módulos de tratamiento libre de droga.



En cuanto a los módulos, usted mismo ha reconocido que no existe un porcentaje suficiente de módulos terapéuticos en las prisiones españolas, y no es un problema de que los planes autonómicos, los ayuntamientos o quienes tengan competencias
para colaborar con la Administración penitenciaria pongan en marcha una serie de mecanismos, sino que es la propia Administración penitenciaria la que tiene que poner a disposición de estos módulos los espacios necesarios, incluso físicos, para
ello. Es decir, no basta con que exista colaboración con los planes autonómicos, que por supuesto es necesaria -en nuestra propia proposición no de ley se decía que era preciso incrementar los convenios-, porque si la propia Administración
penitenciaria no pone los espacios necesarios a disposición de estos módulos, ni se implica realmente en esta tarea, no llegaremos a la generalización de los mismos, ni a cumplir el objetivo que estaba previsto en el año 2003; es decir, estaríamos
en la misma situación que en la que nos encontramos en estos momentos. Creemos que el Grupo Popular podría perfectamente instar al Gobierno a que esta generalización se produjera, puesto que la propia estrategia nacional sobre drogas indica que
estos módulos estarían implantados en el cien por cien de los centros polivalentes.



No estamos hablando de comunidades terapéuticas porque, entre otras cosas, lo que hacen las ONG es paliar la falta de implicación de la Administración penitenciaria en estos módulos terapéuticos. Hay que elogiar aquí la tarea de todas las
ONG que actúan en distintos programas en las cárceles españolas porque son tareas encomiables, pero eso no quiere decir que la Administración penitenciaria no se implique y que los módulos de tratamiento libre de drogas no se puedan generalizar,
como la propia estrategia fija para el año 2003. Desgraciadamente no es así, la experiencia es muy minoritaria. No nos ha dado la cifra de los centros que tienen módulos de tratamiento libre de drogas, porque la que nos ha proporcionado incluye
módulos terapéuticos con comunidades terapéuticas, pero es escasísima. La Administración penitenciaria no se ha implicado en esta tarea y se da una


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clara injusticia para los ciudadanos que están privados de libertad respecto a los que disponen de estos tratamientos.



El Grupo Popular ha desaprovechado hoy la oportunidad de instar al Gobierno a que cumpla los objetivos y generalice estos módulos en el año 2003, como está previsto no sólo en la estrategia sino en todos los documentos que hemos utilizado
para hacer esta proposición no de ley. El hecho de que haya otros países que no lo hagan o que vayan muy por detrás de lo que ha hecho España en todo lo que se refiere al tratamiento de toxicomanías no es motivo de satisfacción para ningún
ciudadano español.
Deberíamos pensar en lo que nos falta por hacer y no mirar hacia otros países que no han evolucionado en este campo. Este es uno de los temas que van a ser cruciales en el futuro y creemos que el Grupo Popular desaprovecha esta
oportunidad.



El señor PRESIDENTE: Señor Tirado, tiene la palabra.



El señor TIRADO OCHOA: En primer lugar, agradezco a la señora Romero que reconozca que España va muy por delante del resto de los países en cuanto al trabajo en el tratamiento de las drogodependencias. Es verdad que vamos avanzando,
todavía queda más, pero es importante ir a la cabeza de los trabajos para bien, en definitiva, de todas aquellas personas que sufren esta lacra.



Como he señalado, no sólo se están cumpliendo los objetivos y el porcentaje de cumplimiento que está previsto para cada uno de los años, sino que se ha sobrepasado, y objetivos que estaban cuantificados en el 30 o en el 50 por ciento a estas
alturas están al cien por cien. Le puedo decir que incluso para los módulos de tratamiento libre de drogas técnicamente ya es posible al cien por cien, pero depende también de las comunidades y de la colaboración de las ONG, que está siendo
extraordinaria. Para nosotros, no es la Administración quien debe suplantar a las ONG, sino que debe dar cauce a éstas para que puedan realizar ese trabajo. Con ese fin se han constituido muchas de ellas y eso es lo que están desarrollando.



Para concluir diré que se está trabajando bien, que vamos por el buen camino y que la presente proposición no de ley no debe ser estimada toda vez que la propia administración penitenciaria está trabajando en todas y cada una de las líneas
que ustedes nos han propuesto. Entendemos que no nos podemos conformar, que todavía hay mucho trabajo por desarrollar, pero que el que se ha realizado es bueno, satisfactorio, y podemos decir que en muchos sitios hemos sido pioneros a nivel
internacional. Tenemos que lograr que todas aquellas iniciativas que se deben poner en marcha lo hagan al cien por cien; en cuanto a los módulos de tratamiento libre de droga, técnicamente es posible y se ha puesto en funcionamiento en la mayoría,
pero en lo que resta se pondrá en funcionamiento cuando la Administración autonómica y las ONG estén dispuestas a hacerlo, porque desde la Administración se está trabajando para lograr ese fin.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.



En primer lugar, sometemos a votación el punto número 6, que es la proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan integral de prevención y lucha contra las drogas en las zonas más afectadas por este problema en la Comunidad de
Madrid.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora el punto 7, sobre atención a mujeres drogodependientes en las prisiones españolas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Por último, votación de la proposición no de ley sobre la creación de módulos de tratamiento libre de drogas en las prisiones españolas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y diez minutos del mediodía.