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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 123, de 17/12/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 123
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 17 de diciembre de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del fiscal general del Estado (Cardenal Fernández), para que informe de los criterios de actuación del Ministerio Fiscal en materia de lucha contra los delitos de narcotráfico, en concreto en el ámbito de la provincia de Cádiz.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente del Congreso 212/001369 y número de expediente del Senado 713/000722.) ... (Página 2988)
Proposiciones no de ley:
- Sobre las Unidades de Recepción y Custodia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001723 y número de expediente del Senado 663/000082.) ... (Página 3001)
- Sobre destrucción de droga decomisada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001724 y número de expediente del Senado 663/000083.) ... (Página 3004)
- Sobre una nueva política de drogas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Congreso 161/001731 y número de expediente del Senado 663/000084.) ... (Página 3007)
- Relativa a la elaboración de programas de atención específicos para las mujeres drogodependientes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001776 y número de expediente del Senado
663/000088.) ... (Página 3013)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO (CARDENAL FERNÁNDEZ), PARA QUE INFORME DE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO, EN CONCRETO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente del Congreso 212/001369 y número de expediente del Senado 713/000722.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Iniciamos la sesión de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas y comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado, para que informe de los
criterios de actuación del ministerio fiscal en materia de lucha contra los delitos de narcotráfico, en concreto en el ámbito de la provincia de Cádiz.
Una vez más damos la bienvenida en la Comisión al señor fiscal, quien tiene la palabra.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Señorías, como en ocasiones anteriores, es para mí motivo de especial satisfacción y un indudable honor comparecer ante SS.SS., representantes del pueblo, que en legítimo uso y
ejercicio de sus facultades y deberes parlamentarios han recabado mi presencia hoy aquí para, según reza la convocatoria, explicar los criterios de la Fiscalía General del Estado en relación con el problema de las drogas, los criterios de actuación
del ministerio fiscal en materia de lucha contra los delitos de narcotráfico, y en concreto en el ámbito de la provincia de Cádiz. Como siempre, quiero reiterar mis inmejorables disposiciones para comparecer ante SS.SS. cuantas veces lo consideren
necesario, pues entiendo que ello es una elocuente muestra de la necesaria coordinación entre todos los poderes del Estado. No quiero extenderme demasiado en esta exposición porque creo que la postura del fiscal general del Estado y del ministerio
fiscal se puede explicar con breves palabras, sin perjuicio de posteriormente, como siempre, quedar a plena disposición de SS.SS. para realizar cuantas aclaraciones o explicaciones reclamen y esté en mi mano hacer.
Comparezco, como acabo de decir, ante esta Comisión Mixta, surgida por la necesidad de poner en razón determinadas afirmaciones y valoraciones objeto de publicidad, que a mi juicio en nada benefician a la causa de la justicia y que crean
inapropiadamente un ánimo de sospecha y desconfianza en la opinión pública, en la opinión del ciudadano. Se me reclama que esclarezca los criterios por los que se guía el ministerio fiscal en la lucha contra el narcotráfico y se cita genéricamente
el caso de Cádiz, como si esta provincia representara en el conjunto de la nación una excepción objeto de estudio separado.
He de comenzar, obviamente, negando la existencia de vicisitud singular en dicho ámbito geográfico y reafirmando la unidad de criterio que caracteriza al ministerio fiscal en el desenvolvimiento de su función.
Los delitos de tráfico ilícito
de drogas y sustancias estupefacientes que se cometen a lo largo del territorio nacional constituyen motivo de preocupación preferente del ministerio público, constituyendo la eficacia en la represión de los mismos uno de los objetivos fundamentales
de mi trabajo como fiscal general del Estado desde el mismo momento en que asumí la dirección de esta institución. En este sentido, puedo asegurar que la intervención del fiscal en la investigación de este tipo de delitos y en el ejercicio de las
acciones penales correspondientes se desarrolla con homogeneidad y atendiendo a criterios unitarios en todo el territorio de España, sin que sea dable afirmar la existencia de ámbitos territoriales donde la función fiscal se ejerza con
injustificada diversidad de criterio, disminuida la eficacia o por la desidia.
La importancia que la persecución del narcotráfico tiene en la actividad de la Fiscalía queda reflejada en las sucesivas memorias que la Fiscalía General del Estado publica año tras año, dejando constancia documentaria estadística de la
labor de las distintas fiscalías territoriales y de la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, que en desarrollo de las específicas competencias que le atribuye el artículo 18 bis del Estatuto Orgánico del
ministerio fiscal contribuye desde su creación a una más adecuada y poderosa coordinación de esfuerzos en la lucha contra esta lacra social.
Tal y como se deja constancia en la memoria última, correspondiente al año 2002, al comentar los indicadores más importantes en relación con la represión del tráfico de drogas se constata que en el año 2001 se han tramitado un total de
26.708 procedimientos judiciales, habiéndose decomisado un total de 630.578 gramos de heroína, 33.680.699 gramos de cocaína y 541.181.631 gramos de hachís. En todos los procedimientos judiciales se halla personado el ministerio público, ejerciendo
la acción de la justicia y promoviendo el castigo de los culpables con considerable éxito en su intervención.
La ingente cantidad de esfuerzo procesal destacado en este campo y la complejidad característica de algunos de estos procesos penales cuando tienen por objeto la actuación prolongada en el tiempo de organizaciones o grupos coordinados, así
como las implicaciones económicas ulteriores de estos delitos, hacen muy delicado el trabajo de los órganos del Estado implicados en la represión del narcotráfico, tanto de la policía como del ministerio fiscal y la judicatura. En general, los
procesos penales están bien conducidos y se resuelven en sentencias condenatorias que procuran una respuesta proporcional y adecuada a los autores de estos delitos.
Conocido es de SS.SS., sin embargo, que en determinadas ocasiones y en ciertos ámbitos geográficos, la labor de la Fiscalía ha sido objeto de críticas acerbas, cuando no destempladas, desde algunos medios de comunicación. Les puedo asegurar
que comprendo la preocupación de la sociedad en relación con la eficacia y coordinación de las instituciones del Estado en la lucha contra la droga; pero también he de expresar mi desacuerdo por lo que considero que son en ocasiones críticas
excesivas y nacidas de unas fuentes de información, quizá no correctamente suministradas, acerca de la actuación de la Fiscalía, que analizadas en modo mesurado y objetivo, lejos de cualquier apasionamiento, caen por su propio peso.
Recientemente la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha sido públicamente censurada por algunos medios en relación con su actuación en las diligencias previas 1945/2000, del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa
María. Me consta que algunos medios de comunicación han trasmitido a la opinión pública afirmaciones poco afortunadas, haciéndose eco de imputaciones verificadas por el juez titular del citado órgano jurisdiccional, en las que con ausencia de la
mesura debida afirma que la Fiscalía torpedea su investigación, la entorpece o incluso que beneficia a los imputados. De tal importancia y gravedad han sido estas imputaciones que la Inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado decidió
incoar diligencias, que fueron registradas con el número 40/2002, con el fin, principalmente, de tomar conocimiento de la realidad de los hechos, en las que se reclamaron informes de la Fiscalía de Cádiz y se incorporaron documentos relacionados que
permitieron aclarar la verdadera naturaleza de la actuación del fiscal.
Tras detenido estudio de las actuaciones, estas diligencias han sido archivadas mediante decreto de fecha 5 de septiembre de 2002, por estimar que los hechos carecían de entidad disciplinaria y que la actuación del ministerio público se
ajustó de modo riguroso a la legalidad, pues actuó en todo momento movido por el interés de asegurar la eficaz resolución del proceso. Se considera relevante el dato de que la fiscal encargada del despacho del asunto es precisamente la fiscal
delegada en el territorio de la Fiscalía especial Antidroga; se trata de una profesional experimentada y especialista en la materia. Que la postura del fiscal se ajustaba a la ley lo demuestra la resolución dictada por la Sección III de la
Audiencia Provincial de Cádiz, que a instancia suya, es decir, a instancia del fiscal, se ha pronunciado, en auto de fecha 3 de octubre de 2002, a favor de la tesis del fiscal al aceptar el desglose del proceso principal en varias piezas y atribuir
su conocimiento a diferentes juzgados, por ser lo más indicado con arreglo a las normas legales de atribución de la competencia judicial y lo más lógico y efectivo atendiendo a una distribución racional de medios y recursos. Cabe recordar al
respecto que corresponde al fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.8 de su estatuto orgánico, mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso,
las cuestiones de competencia que resulten procedentes, y que ello le obliga a ser vigilante del adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, procurando que en todo caso los procesos estén correctamente asignados a los órganos judiciales
competentes para su llevanza, atendiendo además al hecho -de extremada importancia- de que la competencia judicial es una cuestión de orden público de la que no pueden disponer a su discreción las partes procesales ni el propio juez, por lo que el
fiscal no puede permanecer impasible si considera con fundamento y razón que la asunción del caso no ha sido correctamente planteada.
En la instrucción de causas criminales, la definición de la competencia judicial es una cuestión susceptible de cambio valorativo en función del progreso de la investigación, que a veces aporta viales y hechos nuevos
que obligan a replantear la competencia inicialmente admitida. Esto es particularmente claro en aquellos delitos de narcotráfico en los que se involucran organizaciones o redes territorialmente extensas, una vez que se comprueba que el
delito se ramifica a ámbitos geográficos correspondientes a audiencias provinciales diversas, y en parte este ha sido el caso que se ha planteado en la instrucción de las diligencias previas que conducía el Juzgado de Instrucción número 3 de El
Puerto de Santa María.
De acuerdo con el artículo 65.1, apartado d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas o estupefacientes, siempre que sean
cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias.
La investigación emprendida por el Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María parte de la localización de un alijo de 2.000 gramos de cocaína en un chalet de su demarcación, lo que conduce a la detención de dos imputados,
uno en el Puerto y otro en Sevilla. Pronto se comprueba que estos imputados han configurado una red que extiende droga a localidades diversas de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. El juzgado va abriendo piezas diversas, separadas del
pleito principal y fundadas en el hallazgo de cantidades de droga en varias localidades, hasta producir una acumulación procesal de muy difícil manejo. Los grupos de implicados en estos nuevos hallazgos no guardan, a juicio de la fiscal, la debida
conexión asociativa con los primeros implicados, razón por la cual, en el legítimo ejercicio de su función, solicita del juzgado decline su competencia a favor de los juzgados de instrucción en cuyos partidos judiciales ha sido hallada la droga y
actúan los inculpados, al menos en aquellas partes del proceso o piezas en que la conexión asociativa de los distintos grupos de imputados no consta o resulta dudosa o poco verosímil, por reducirse su relación, en el mejor de los casos, al
esporádico contacto de suministrador y cliente, sin subordinación, planificación ni reparto de papeles relevantes.
Las peticiones en favor de la desagregación de piezas son rechazadas por el juez titular, lo que obliga a la Fiscalía a emplear como último remedio el cauce procesal previsto en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice
que si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal, el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa podrán reclamar ante el tribunal
superior a quien corresponda, el cual, previos los informes que estimen necesarios, resolverá de plano y sin ulterior recurso.
El tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial de Cádiz, superior jerárquico del juez de instrucción de El Puerto, en razón de dicha preeminencia jerárquica, dirime la diferencia entre juez y fiscal mediante auto de su Sección
III, dictado el 3 de octubre de 2002, en el que acoge íntegramente las tesis del fiscal y ordena, en aras de una óptima asignación de los casos, la remisión del núcleo original de las actuaciones al juzgado central de instrucción que por turno
corresponda en el ámbito de la Audiencia Nacional, a la vista de la indiciaria apreciación de la existencia de una red organizada con actuación en varias provincias, ordenando, por otra parte, la separación de las distintas piezas y su remisión a
otros juzgados de instrucción, por estimarlos competentes al no haber sido constatada la presencia de un vínculo asociativo entre los grupos de personas que se veían inculpadas en las diferentes piezas.
La resolución adoptada por la Audiencia Provincial de Cádiz es técnicamente irreprochable y procura una correcta ordenación de los múltiples hechos que habían sido acumulados, con criterio más que discutible, por el juzgado de El Puerto,
reasignando su conocimiento a aquellos órganos jurisdiccionales que, por su proximidad territorial con el objeto de la investigación, se hallan en mejores condiciones para su seguimiento y control. Tras un detallado examen de la documentación, me
veo precisado a afirmar que la insinuación que vierten algunos medios de comunicación, no muy bien asesorados, en el sentido de que la separación y reasignación de procedimientos propugnada desde el ministerio público resulta en demérito de la causa
de la justicia, supone un injustificado ataque no ya al ministerio fiscal, sino a la competencia y profesionalidad de los magistrados y jueces titulares de los juzgados de instrucción de Sevilla, Cádiz, Alcalá de Guadaira, La Palma del Condado,
Jerez de la Frontera, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda e incluso de los juzgados centrales de instrucción en cuyo favor se declina la competencia y que son en este momento los que desarrollan con integridad intachable la tarea de investigar los
delitos.
Entiendo que en la lucha contra el narcotráfico todos los miembros del ministerio fiscal y todos los jueces de instrucción tienen mucho que aportar. Sostener paladinamente que la integridad y competencia profesional reside exclusivamente en
el titular de un determinado órgano jurisdiccional resulta un despropósito que se comenta por sí solo. En este sentido, la extensa argumentación procesal que exhibe la Sala en su auto no deja resquicio alguno de duda sobre la conveniencia y
adecuación a la legalidad de la reasignación de los distintos procedimientos actualmente en trámite, lo que quedará sobradamente confirmado en el futuro, una vez que los procesos penales conduzcan al enjuiciamiento de los diferentes grupos
implicados.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha instado la presencia del fiscal.
La diputada doña Carmen Romero tiene la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor Cardenal, nos ha costado mucho obtener su comparecencia de hoy. Para usted es un honor comparecer en el Congreso, pero la verdad es que cuesta mucho conseguir su comparecencia. Razones de diversa naturaleza
probablemente han interferido en esta comparecencia.
Pero no le anuncio nada nuevo si le digo que, como mi grupo en sucesivas ocasiones ha tenido ocasión de decir en la Comisión de Justicia e Interior, usted se ha convertido en un abogado defensor
del Gobierno, y eso significa el abandono del interés público y el incumplimiento de su propio estatuto. Casos como el de Piqué o Matas, o ahora el caso Alierta, probablemente le alejan de las obligaciones del estatuto del ministerio fiscal y, por
lo tanto, de las que también tiene con respecto a múltiples temas.
En este caso nos trae a esta Comisión de Drogas el narcotráfico, para el que deberíamos haber pedido la comparecencia del fiscal especial contra la Droga, pero debido al debate que se ha producido en la provincia de Cádiz, no hemos tenido
más remedio que pedir su comparecencia para que nos informe de cuestiones que están pendientes y sobre las que los gaditanos necesitan tener su respuesta. Ruego al señor presidente de la Mesa que sea benevolente porque hay muchas respuestas que
necesitan tener hoy los ciudadanos de Cádiz y que han quedado en el aire y ponen en cuestión la misión de la Fiscalía. Aunque dice que ha habido unas diligencias y que se han archivado, hay, sin embargo, muchas preguntas en el aire que no tienen
respuesta. Por lo tanto, pido la benevolencia del presidente de la Mesa.
Niega la vicisitud singular de la provincia de Cádiz y dice que hay informaciones que no están correctamente suministradas y que caen por su propio peso. Pero mientras no nos dé información sobre todas las sospechas que están en el aire y
que pueda aclarar el clima enrarecido que se está viviendo en la provincia, seguirán estando esas sospechas en el aire y, por lo tanto, el clima enrarecido seguirá. Por el bien del ministerio fiscal y de la lucha contra el narcotráfico, es preciso
aclarar estas vicisitudes, que son, señor fiscal general del Estado, singulares por la trascendencia que están teniendo, pese a que usted lo niega, como nos pasó ayer con el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que también
negaba la realidad que le estábamos poniendo sobre la mesa, no tenemos que traer otros temas que están sucediendo hoy, y no basta con negar la evidencia para que la realidad sea distinta. Desgraciadamente, la realidad es la que es y hay evidentes
ausencias en la investigación de delitos en la provincia de Cádiz, y no me voy a ceñir sólo a la operación Semilla, porque ya había antecedentes que hubieran justificado pedir su comparecencia.
No sabemos lo que pasó con la joven que murió en Jerez, por ejemplo, de la red, ésta sí, que ocasionó esa muerte u otras muchas que han ocurrido en muchas provincias de España, pero nunca se supo nada de la investigación que se hiciera.
Tampoco tiene conocimiento la opinión pública sobre la pieza de blanqueo en el juicio famoso que se hizo, en Barbate y que ahora está recurrido en el Supremo, al clan Antón, un juicio que fue por primera vez seguido muy ampliamente porque las
coordinadoras se convirtieron en acusación particular, por lo que supone además el municipio de Barbate y la problemática que allí se está dando. Como sabe, la pieza de blanqueo al juicio está archivada; la Sala primera dice que se reabra, y han
sucedido muchas cosas, loterías e infinidad de procedimientos para blanqueo de capitales, y el fiscal Sacaluga hasta este momento parece que no sabe qué ocurre con este tema.
Hay excarcelaciones por incomparecencia de los fiscales, como también hemos tenido ocasión de debatir aquí y poner en evidencia en esta Cámara, y que han requerido declaraciones del Grupo Popular respecto a esta materia. Hay condenas por
blanqueo de capitales, condenas fuertes, a representantes de sociedades que firman convenios con ayuntamientos en la provincia de Cádiz con el compromiso de recalificación de terrenos, sin que se reabran diligencias. Las coordinadoras piden que se
investigue a las promotoras inmobiliarias, pero hasta este momento no sabemos cuántas investigaciones de oficio se han abierto, ya no solamente por lo que supone esa conexión a todas luces evidente para la opinión pública gaditana entre promociones
inmobiliarias, desarrollo turístico y dinero procedente de blanqueo de capitales de origen sucio y otras muchas conexiones que hemos puesto en evidencia en anteriores comparecencias de otros altos cargos con respecto a las sociedades instrumentales
de Gibraltar.
Por todo ello, no se puede decir que Cádiz no tenga una vicisitud singular, porque la tiene por sus características geoestratégicas o por las razones que sea. El solo hecho de que comience su comparecencia negando esa vicisitud singular ya
es preocupante, señor fiscal general, ya eso es preocupante porque supone que no está al tanto de la gravedad que podamos vivir quienes estamos siguiendo de cerca algunos procesos.
Nos centramos en la operación Semilla porque ha sido la última y la
que más ha despertado en estos momentos la inquietud, y en cierto modo la alarma, por algunas cuestiones que le voy a enumerar rápidamente. La operación Semilla ha reunido a 140 imputados, como bien sabe, y a 10 piezas, más la principal, todas
referidas a diversos tráficos que están subyacentes. Hay una organización para el tráfico de cocaína en El Puerto de Santa María, con lo que parece que son alijos de coca a gran escala procedentes del puerto de Cádiz, con depósitos en el Puerto de
Santa María y en Sanlúcar de Barrameda y distribución a Sevilla y Madrid, a la que se incautaron en principio, como ha dicho muy bien, 20 kilos de coca, pero parece que era medio kilo de cocaína semanalmente, por lo que se deduce de los autos que he
podido conocer a través de las informaciones existentes,
más 3.000 kilos de hachís en un primer momento, más 1.600 millones de pesetas de valoración de los bienes que estuvieron en un principio decomisados. Hay otra organización para el tráfico de hachís en la pieza de San Fernando, conectada
además con tráfico de cocaína, es decir compraventa de hachís y cocaína, con ramificaciones en Chiclana, Jerez, Lebrija y en todos los municipios de la bahía de Cádiz. Más otra pieza en Jerez, que descubre además tráfico de éxtasis de unas 6.000
pastillas.
Más una red de venta dependiente de las anteriores. Todas estas piezas que tiene esta operación, más la principal, están conectadas además, como sabe, con la pieza de Sanlúcar II, donde hay implicación de altos cargos de la Policía
Nacional, siendo, en principio, según parece, la Guardia Civil la que insta al Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María y después la unidad de asuntos internos de El Puerto de Santa María los que inician estas investigaciones en la comisaría de
Sanlúcar. Por lo tanto, es una operación importante, como no se había visto desde hace mucho tiempo en la provincia de Cádiz. Había habido la personación de la coordinadora en el juicio del famoso clan Antón, pero una operación de esta naturaleza
es la primera vez que se produce en la provincia de Cádiz y se ha llegado a llamar la gran operación del narcotráfico.
Usted sabe que en la provincia de Cádiz se decomisa el 77 por ciento del hachís que se decomisa en el Estado y que hasta este momento no se ha descubierto ninguna gran red ni hay capos, como puede haber en Galicia, en la cárcel para
tranquilizar a la opinión pública en el sentido de que se está al tanto de esta situación y hay una cierta eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos, por el contrario, un mar de confusiones, y es lo que quisiera ahora ponerle sobre la
mesa para que respondiera a alguno de los despropósitos que han ocurrido con motivo de la Operación Semilla a lo largo del año 2002. En primer lugar, el juez hace declaraciones ante el cambio de posición de la Fiscalía de Cádiz, que en un principio
había aceptado que todas estas piezas estuvieran reunidas debido a la conexión que existía entre ellas, y es cuando cambia de posición la Fiscalía porque el fiscal anterior pasa a ser destinado a Sevilla sin que la opinión pública sepa las razones
por las cuales el fiscal anterior pasa a ser destinado a Sevilla, y el fiscal o la fiscal posterior separa las piezas del macroproceso, coincidiendo también con la implicación de la pieza de Sanlúcar II, que es la implicación policial.
Esto también
se produce simultáneamente. Si hay errores, le ruego que me lo diga, porque estamos aquí precisamente para que nos responda a esa serie de interrogantes graves que ponen en sospecha la actuación del ministerio fiscal sin que tuvieran por qué
existir, pero actualmente existen en la opinión pública y su comparecencia es para responder a esos cambios y para que usted, con sus declaraciones, pueda ajustar la situación para la tranquilidad de la opinión pública. El cambio, por lo tanto, se
produce cuando hay implicación policial. Cuando el juez hace declaraciones, el fiscal apela a la juventud e inexperiencia de este juez y niega que exista, por lo tanto, esa trama. A continuación, el fiscal explica en rueda de prensa la decisión de
la Audiencia Provincial, porque recurre, por su superioridad jerárquica, a la Audiencia Provincial para conocer cuál es la posición de ésta con respecto al tema que usted ha explicado, para ratificar la decisión del fiscal. Sus razonamientos
jurídicos los expone en un auto la Audiencia Provincial, pero el fiscal, en lugar de pasar la decisión al juzgado, tarda una semana en hacerlo, explica su posición en una rueda de prensa.
A continuación, abogados defensores de los narcotraficantes publican artículos apoyando la decisión del fiscal de separar las piezas. La Audiencia Provincial había fundamentado la decisión de separar los procesos en que la instrucción
duraba ya dos años, en que sólo había los indicios del juez, y afirma, por lo tanto, que la existencia de una organización es dudosa, que se basa en las declaraciones de un arrepentido y además argumenta la decisión de separar los procesos diciendo
que no hay personación de expertos particulares y no es probable que la haya. Con los indicios que se hay, niega, por lo tanto, la existencia de las organizaciones. A continuación de este auto de la Audiencia Provincial, los testigos arrepentidos
no tienen protección. Hay declaraciones en la prensa, se piden elevadas fianzas, los abogados temen por la vida de estos arrepentidos si tienen que peregrinar por diversos juzgados, etcétera, con la consiguiente intranquilidad de quienes han
confiando en que, gracias a los arrepentidos, de verdad se puede llegar a conocer cuáles son las redes y cómo funciona el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
A continuación, la Federación REDEIN, coordinadora de drogas, se persona como acusación particular teniendo en cuenta que puede ser necesario que exista otra acusación particular para investigar más a fondo los asuntos.
La excarcelación de
capos, otro acontecimiento sucesivo, no se ve acompañada de medidas de excarcelación para quienes se encuentran en iguales circunstancias. Parece ser que quienes tienen mejores abogados consiguen la excarcelación más rápida y con menos fianza. La
excarcelación de uno de los capos famosos, el Gordo, se decide por el juez, pero curiosamente no por el juez instructor de la causa. Durante tres días este juez instructor deja la causa y lo sustituye una jueza, que es quien toma la decisión de la
excarcelación de este capo por 6.000 euros de fianza. Evidentemente, surge otro mar de sospechas en la opinión pública acerca de este acontecimiento.
A continuación, o simultáneamente a todos estos acontecimientos, el Partido Popular hace declaraciones a los medios de comunicación, porque evidentemente son los medios de comunicación pero hay quien ha hecho declaraciones antes, detectando
anomalías -y además no pongo nada en cuestión en absoluto, no
estoy más que constatando los hechos que han ocurrido-, en la Fiscalía de Cádiz. La decisión de separar, según el Grupo Popular, se considera gran noticia para los narcotraficantes. Pide además el Grupo Popular que el auto de la Audiencia
Provincial sea revocado por defecto de forma. Acusa además a la Fiscalía de poner trabas a la justicia y de hacerlo además por motivos ocultos. Y dice que el Grupo Popular va a comunicar a la justicia. Esto se produce, además, con la
corroboración de destacados miembros del Partido Popular en la provincia de Cádiz. La candidata a la Junta de Andalucía hace declaraciones acerca de que el Grupo Popular está en su derecho de llevar al Parlamento y criticar a la Fiscalía en estos
términos, y otros diputados también corroboran estas mismas declaraciones. Por último, el fiscal de Cádiz afirma que va a informar al fiscal general del Estado de este asunto y acusa al Grupo Popular, en este caso al diputado don Aurelio Sánchez,
de electoralismo por ser candidato a la alcaldía de El Puerto de Santa María.
Estos son los hechos que he podido constatar a lo largo de este año y que dejan en el aire, como puede apreciar, muchos interrogantes. Es cierto que la Audiencia Provincial sostiene en el primero de sus razonamientos jurídicos que la
existencia de una organización se basa sólo en las declaraciones de un arrepentido, y no se constata que se trate de miembros de una organización en el sentido de los artículos del Código Penal. Pero en el segundo razonamiento afirma que las
declaraciones del hermano del capo al arrepentido en prisión en relación con el alijo que iba a recibir un miembro de la organización no han sido ratificadas ni se constata que se llevaran a cabo ni a qué organización se refiere. Pero evidentemente
hubo esas declaraciones. Por otra parte, dice el señor fiscal general del Estado que el razonamiento jurídico de la Audiencia Provincial es indiscutible, pero en el punto cuarto dice que la competencia posiblemente tenga que resolverse de otra
manera en el futuro. Por lo tanto, es provisional también la decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de separar las piezas a lo largo del procedimiento.
Como ve por la exposición que he hecho, hay muchas cuestiones que afectan seriamente a la credibilidad de la Fiscalía y que la sumen en un gran descrédito, y con la situación que estamos viviendo la provincia de Cádiz, esto sería ahora mismo
lo peor que podría pasar, porque es evidente para todo el mundo que el narcotráfico en la provincia de Cádiz es ahora mismo una de la peores circunstancias que estamos viviendo, además del tráfico de personas, por supuesto. En una patera van
normalmente 1.500 kilos de hachís, lo cual supone un dinero limpio de medio millón de euros, según cálculos que se hacen fácilmente, hasta el punto de que, por ejemplo, en las playas de Barbate la población incluso se ríe cuando entierran dinero
porque no parecen darle mucha importancia si pierden algo de dinero que se entierra y después no se sabe dónde está, tanto es el dinero que pueda entrar por esos procedimientos: caños, puertos deportivos, puertos pesqueros,etcétera. El último
alijo ha sido en Puerto Real, por el río San Pedro, donde hay un caño que aparece con una cierta vigilancia. Como la provincia de Cádiz tiene esa especial situación geográfica, siempre hay otro caño y otro río por los que pueden entrar.
Lo grave es que no estamos dando respuesta a la situación que se está viviendo. Y se puede hablar de muchas cosas, pero lo que es cierto, señor fiscal general del Estado, es que existe un fiscal general sobre drogas en la provincia de
Cádiz, que existió en un tiempo en el Campo de Gibraltar y después dejó de existir, pero nunca ha sido exclusivamente para los temas de droga, sino que siempre ha tenido que atender a menores, delitos medioambientales por vertidos, tráfico de
personas, etcétera, así que realmente no tiene más que el título de fiscal especial antidroga, pero atiende a otros muchos asuntos que no son específicos del fiscal del Estado. Con la situación que le estoy poniendo sobre la mesa, nos parece que es
evidente que, al margen de que puedan existir o dejar de existir más o menos fiscales, la provincia de Cádiz tiene que tener una consideración especial. Por eso nos preocupa muchísimo que usted haya comenzado su comparecencia diciendo que no hay
ninguna vicisitud singular, porque, a pesar de que existan 52 fiscales, se está produciendo la situación que estamos viviendo, por lo que es necesario hacer una reflexión seria sobre lo que está ocurriendo. Lo que quería preguntarle, señor fiscal
general, es qué ocurriría con la defensa del interés público si no existieran coordinadoras. La pregunta que se están haciendo ahora los ciudadanos de la provincia Cádiz. es si suplen estas coordinadoras a la Fiscalía General del Estado por la
desidia, el desinterés, la carencia de instrucciones y el abandono de la defensa del interés público. El ministerio público ha dejado de ser público con este Gobierno y ha dejado a los ciudadanos sin el instrumento más importante en la defensa de
la justicia. Créame, señor Cardenal, que estas acusaciones son fuertes, y por lo tanto esperamos que de su respuesta pueda de verdad originarse un clima distinto al que hoy se está viviendo en la provincia de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: El señor fiscal general del Estado tiene la palabra.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): No voy a prestar, señoría, mucha atención a la alusión que ha hecho inicialmente de que el fiscal general del Estado es el defensor del Gobierno, para lo que, como no podía ser menos,
cita el caso Piqué, otro más reciente, el caso Matas, y uno recientísimo, el caso Alierta. La verdad es que no sé a qué viene esto en esta comparecencia, perdóneme, pero si aquí vamos a tratar de las drogas y de los problemas
que esto origina en Cádiz, me parece que esta iniciación de su intervención no es precisamente la que se correspondería con la materia en cuestión.
Dice usted que hay muchas preguntas en el aire y muchas cuestiones sin resolver de una gran trascendencia en relación con las drogas, eso sí, en Cádiz y su provincia y demás. En mi exposición anterior, señoría, ha quedado más o menos claro
que no tenemos ninguna instrucción especial para ninguna zona de España en cuanto a las drogas. ¿Por qué? Porque, con mayor o menor extensión, con mayor o menor intensidad, se dan en unas provincias más que en otras. Es el caso, por ejemplo, de
Galicia, donde efectivamente el tráfico de drogas es importantísimo. Y como S.S. sabe, porque es de dominio público, las redes y las organizaciones que se dedican a la importación de cocaína, sobre todo de allende los mares, de Colombia, y a su
distribución en España y en otros países de Europa han dado y están dando lugar a procedimientos muy sonados y conocidos, que son de competencia de la Audiencia Nacional.
En el caso de Cádiz, ciertamente, yo comparto con S.S. las preocupaciones de que nos ha hablado, porque ciertamente Cádiz -quizá en este sentido yo no me he pronunciado con suficiente precisión- no es una provincia más a la hora de
calcular, de precisar o valorar la trascendencia y la incidencia, si S.S. quiere, en la tranquilidad, la paz y el sosiego de los ciudadanos, por sus condiciones o por su situación geográfica, que la hace particularmente propicia para que los
mercaderes -digámoslo así- de esta mercancía criminal que son las drogas se prevalgan y efectivamente Cádiz esté sufriendo o padeciendo en ese sentido mucho más que otras provincias. Tiene S.S. toda la razón del mundo y es verdad que es
responsabilidad nuestra y de todos los poderes públicos, en la medida que a cada uno nos corresponde, hacer todo lo posible para contrarrestar en la medida de lo posible -valga la redundancia- esta gravísima incidencia que tiene allí el tráfico de
drogas.
Centrándonos en el tema que nos ha traído en concreto aquí, que es el de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto, que están identificadas como las 1945/2000, la verdad es que desde el punto de vista práctico
cualquier fiscal entiende que es mucho mejor llevar un procedimiento donde haya seis, dos, tres o un inculpado, y se refiera a uno o varios hechos que estén relacionados de manera que con arreglo a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal se puede hablar de conexidad, de que son delitos conexos que justifican todos ellos un único procedimiento, excepción a la regla general de que cada acto delictivo debe ser tramitado en un procedimiento. Decía que desde el punto de vista
práctico de la actuación de cara a los juzgados y a los tribunales resulta mucho más práctico, no ya por la comodidad, sino porque se puede acotar mucho mejor el estudio de la materia cuando, como en este caso, además de un asunto principal hay
otros diez más. Nos ha hablado usted de diez piezas y, efectivamente, el auto de la Audiencia de Cádiz hace referencia a ello.
A los fiscales nos da muchísima tranquilidad lo que resuelve un tribunal.
En este caso, el fiscal, cumpliendo su deber (he citado los artículos correspondientes respecto a la obligación que tiene el fiscal de promover los conflictos de
jurisdicción y las cuestiones de competencia que crea necesarias para que cada órgano judicial entienda de aquellos asuntos que por razón de las normas procesales le corresponden o en los que tienen competencia), está en su derecho y en su
obligación (artículo 3.º 8 del Estatuto) promover esta cuestión.
Entonces, la fiscal, en este caso delegada de la Fiscalía especial y experta en la materia, ha pensado, con buen criterio, que para el mejor conocimiento de los hechos, para una depuración más clara, más precisa, más total, más exhaustiva de
los hechos que se han producido, no es bueno, si no existen razones suficientes para ello, que todas esas piezas, aparte de ese asunto principal, se lleven por un mismo juez en un mismo juzgado, cuando (y aquí está el asunto) los hechos realmente no
se han cometido dentro del ámbito de su jurisdicción. Es el juez, o uno de los jueces de Primera Instancia e Instrucción de El Puerto de Santa María, pero aquí se hace referencia a hechos que se han realizado o que se entiende que son de la
competencia de otros varios juzgados, incluso de algunos juzgados que no son ni siquiera de la provincia de Cádiz. Pero si nosotros los fiscales, y digo nosotros porque pertenezco a la carrera fiscal y me sitúo en el lugar de esa fiscal, entendemos
que por razón del lugar donde se han cometido, o por razón de la conexidad que tienen unos con otros, formando una banda, no es de la competencia de El Puerto de Santa María, o de Gijón, me da lo mismo, estamos en nuestro derecho y, más que derecho,
en la obligación de interesar que ese juez se ocupe de aquello de lo que es competente; pero no solamente para mantener unas razones de principio, sino además, desde el punto de vista práctico. Y nos da mucha tranquilidad que la Audiencia, a la
que ha acudido el fiscal, como no podía ser de otra manera, haya dictado un auto que es reciente, este auto es de 3 de octubre de 2002, un auto (no sé cuántas páginas tiene, pero algo así como 20 ó 30 páginas), donde va razonando y donde va
admitiendo los razonamientos y la exposición que hace el fiscal y después, en la parte dispositiva dice qué es lo que a su entender debe de conocer cada uno de esos juzgados. No le voy a leer la parte dispositiva, que tiene una página y media,
porque no es necesario y porque probablemente lo tiene S.S. en su poder. Pero repito que a los fiscales nos da mucha tranquilidad que un órgano superior a quien corresponde decidir estas cuestiones, de plano y sin posibilidad de recurso, haya
dicho: tiene razón el fiscal cuando dice que este juez en concreto del Juzgado de Instrucción número 3 de El
Puerto de Santa María tiene que conocer de este procedimiento, pero de esta pieza y de la otra tiene que conocer este otro juez. Realmente, si esto lo ha dicho la Audiencia después de estudiar detenidamente la exposición que le hace el
fiscal, pudiendo pedir los particulares de todos aquellos extremos que no les resulten suficientemente claros, para nosotros esto es decisivo, no solamente porque es el órgano encargado, el órgano competente para dirimir esta cuestión, sino porque,
en definitiva, a ella corresponde la responsabilidad de haber decidido esto. De manera que si a alguien hay que preguntarle por la responsabilidad de este asunto, de esta resolución, es a la Audiencia, a la Sala Tercera, a la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Cádiz; no al fiscal; la fiscal ha hecho lo que le correspondía.
Ha hecho referencia también a un problema, y es un problema efectivamente que existe y que a veces no se puede resolver de un día para otro, y es que esta fiscal se ocupa además de otros temas, de otras materias.
Señoría, tenemos aquí, en
Madrid, una Fiscalía especial, la Fiscalía para la prevención y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y estupefacientes, que tiene competencia para todos aquellos asuntos que son (valga también la redundancia) de competencia
de la Audiencia Nacional, que son aquellos que están cometidos por personas que forman una banda, un grupo de delincuentes con la estructura propia de una organización delictiva y que afecta a varias provincias. Bien, pues de los hechos que aquí se
describen, hay un procedimiento que, según razona la Sala, le corresponde a uno de los juzgados centrales de Instrucción al que corresponda por razón de las normas de reparto que tengan. Pero, aparte de esto, lo que se ha procurado es que esta
Fiscalía especial coordine la actuación de los fiscales en las provincias que se ocupan de esta materia. Entonces, hay provincias, o hay fiscalías, si S.S. quiere, en las que hay un delegado de esta Fiscalía que despacha los asuntos que le
correspondan de acuerdo con el reparto del trabajo que se hace en la Fiscalía, responsabilidad que es del fiscal jefe, oída la Junta de la Fiscalía. Y si en esta Fiscalía se hace así, yo no tengo datos para corregirle al fiscal jefe la distribución
que ha hecho, él sabrá por qué no le ha encargo con carácter exclusivo, probablemente porque también hay otras materias de las que por razón del trabajo que haya en la Fiscalía deba ocuparse también esta fiscal. Pero no parece que sea una fiscal,
primeriza en ese sentido, que por primera vez haya caído este asunto en sus manos. Da la impresión de que no solamente ha trabajo este asunto, sino otros muchos desde que está encargada de este tema o de esta materia, y que está en una relación
permanente, si lo necesita para coordinar sus esfuerzos, con la Fiscalía especial, que tiene su sede aquí, en Madrid.
Ha hecho referencia S.S. en algún momento a que a alguien se le ha puesto en libertad o a que un fiscal ha sido trasladado a otro lugar. Mire, esto son incidencias normales: si un fiscal está en Cádiz ocupándose de un asunto, sale una
vacante en Sevilla y le interesa irse a Sevilla, no le puede prohibir nadie que solicite Sevilla y que se vaya de destino a Sevilla. ¿Y qué tiene que hacer el fiscal jefe de Cádiz? Pues dedicar a otro fiscal. ¿A quién? Pues eso ya lo verá él de
acuerdo con las aptitudes y cualidades de cada uno. Pero este traslado no tiene ningún sentido político, sería lo más ajeno a la materia; que no es un traslado, esto es un traslado pero en el sentido de petición que hace el fiscal de irse a otra
Fiscalía. ¿Que lo ha hecho por esta razón o por la otra? Bueno, es muy libre de hacerlo por la razón que sea, se lo podemos preguntar y nos lo puede decir o no, pero eso es muy personal. En cualquier caso, repito, no hay que ver en este hecho de
que un fiscal se haya trasladado de una Fiscalía a otra una intencionalidad política en absoluto, porque en la Fiscalía de Sevilla tendrá tanto o más trabajo que en la de Cádiz, eso por descontado. De la competencia de la fiscal coordinadora de
drogas allí, en Sevilla, parece que no podemos prestar una atención especial.
Cuando he hecho mi introducción he puesto de manifiesto que este asunto nos había interesado, que había despertado no solamente un interés o una curiosidad, sino el interés legítimo de una institución responsable, como es la Fiscalía General
del Estado, y por esa razón requirió al órgano encargado de estos asuntos, que es la Inspección, que abriera una diligencias a ver qué es lo que había ocurrido realmente con esta fiscal, con este juez y con este procedimiento o estos procedimientos.
Y como les he leído, las diligencias se archivaron, sin reproche alguno de ninguna naturaleza respecto de ese fiscal o esa fiscal ni de otro fiscal, y menos aún del jefe, por razón de estos hechos. Es decir, se archiva después de estudiar cuál
había sido el motivo, la discrepancia, esas declaraciones poco mesuradas que se habían hecho ante los medios de comunicación, si realmente obedecían a un comportamiento irregular del fiscal jefe o de alguno de los fiscales o de la encargada. Y si
la Inspección a mí, fiscal general del Estado, me dice no hay nada y hay que archivarlo, pues mire, señoría, no hay nada y hay que archivarlo. Otra cosa es que aparezcan datos nuevos y haya que reabrirlo, no habría ningún inconveniente.
En cuanto al auto de la Sala, efectivamente, la Sala se cura en salud, por decirlo de alguna manera, que por ahora, con los datos que tenemos, esto es lo procedente, lo cual no quiere decir que si aparecen nuevos datos que nos obliguen a
cambiar de parecer, cambiemos; pero es que esto es de una prudencia elemental, esto no es nunca definitivo, es definitivo sólo en la medida en que no aparezcan otros datos, otros elementos, de hecho, que obliguen a cambiar de opinión respecto de la
competencia. Eso es, digámoslo así, una materia variable en función de la realidad que se nos imponga, en función de la realidad que estemos descubriendo. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, para un turno muy breve, por favor.
La señora ROMERO LÓPEZ: Lamento que no haya profundizado en algunos otros temas que le he planteado, señor fiscal general del Estado, porque no voy a tener ocasión de replicar después. Hay algunas cuestiones que han motivado la presencia
como acusación particular de la Federación de las Coordinadoras REDEIN, y no comprendemos por qué no ha contestado a algunas de las preguntas que están aquí planteadas. Nos tememos que no ha profundizado mucho en este tema probablemente por lo que
al principio dijo en la comparecencia, que niega esa vicisitud, aunque después lo ha rectificado, evidentemente, pero nos tememos que le ocupen más casos como el de Alierta o el de Piqué. Desgraciadamente, esos casos probablemente le llevan más
tiempo que el caso del narcotráfico en la provincia de Cádiz. Lo siendo de verdad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el diputado don Aurelio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muchísimas gracias, señor fiscal general del Estado. Quiero agradecer su comparecencia, comparecencia que ha sido puesta en duda reiteradamente por la portavoz del Grupo Socialista, parece que por un intento del
Grupo Popular de que no viniera, y eso aderezado con sus declaraciones llamándole abogado defensor del Gobierno, cosa que yo también rechazo y no comparto en absoluto, como tampoco comparto la manifestación que ha hecho de soltar la pretendida
coincidencia de las detenciones en Sanlúcar de Barrameda con la separación después que hace la Audiencia Provincial. Eso me parece de una gravedad enorme, de una falta de pruebas total, y lanzar acusaciones de esa gravedad de esa manera me parece
un poco temerario, aunque se haga en sede parlamentaria.
Sí comparto con la portavoz socialista su preocupación por el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, que usted también, como es lógico, comparte. Lo que nosotros no entendemos en el Grupo Popular es cómo se inicia una causa que parte
de las declaraciones de dos arrepentidos y que hacen un juez y un fiscal codo a codo durante 18 meses, tiempo en el que prácticamente se concluye la instrucción. Pero, efectivamente, este fiscal se traslada a Sevilla a petición propia, según me
consta, y la nueva fiscal que llega considera que lo actuado no es correcto.
Usted también ha manifestado que la instrucción no había sido correcta.
Entonces yo me preguntaría ¿cuál, la del primer fiscal o la del segundo? Porque ahí ha habido un codo a codo, un mano a mano entre el juez y el fiscal y se han
producido 140 detenciones y una importante aprehensión de droga y de dinero, aunque todas estas actuaciones cambian cuando se traslada, efectivamente, a este fiscal.
Nosotros nunca hemos hecho declaraciones a la prensa, sino que hemos sido requeridos por los abogados. Yo tengo aquí un escrito que le ha mandado a usted y al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía uno de los abogados,
en el que dice que se requirió al ministerio fiscal si sería competente para la celebración del juicio oral la Audiencia Provincial de Cádiz, y se le manifestó que sí. También que el ministerio fiscal ha admitido durante muchos meses la competencia
para instruir del juzgado de Instrucción. Que la defensa, esta defensa, no ha sido notificada de que el ministerio fiscal había solicitado el auxilio de la Audiencia Provincial, por lo cual le resulta inadmisible la supuesta resolución de la
Audiencia, puesto que esa parte ha tenido noticia solamente a través de una rueda de prensa, que aquí ha sido citada. Por todo ello, incluso creo que han recurrido al Tribunal Constitucional por estas actuaciones, que son las que nosotros hemos
calificado de anomalías, no porque hubiera nada dentro, sino porque si le habían hecho promesas o si no se ha contado en el procedimiento con la personación o la audiencia a esa parte, pues pudiera provocar su nulidad. Eso sí provocó que nosotros
dijéramos que esta separación era una buena noticia para los narcotraficantes porque había dado lugar a que se pusieran en libertad ya, a partir de ahí, a una serie de los detenidos.
Yo tengo aquí algunos titulares de prensa, y coincido con S.S. en que esto ha tenido una repercusión que en nada beneficia, son palabras suyas, a la justicia y además crean desconfianza en los ciudadanos, que es lo que nosotros compartimos.
Dicen estos titulares que abogados de arrepentidos dicen que la justicia ha engañado a sus clientes, no entienden el cambio de criterio de la Fiscalía sobre las competencias del juez de El Puerto.
'Han ofrecido a gente de la prisión 40 millones por
matarnos'. Son unas declaraciones que hacen precisamente estos testigos de cargo, los cuales dicen que están arrepentidos de haber colaborado con la justicia porque la Fiscalía de Cádiz no ha cumplido sus promesas. 'La Fiscalía pide la libertad de
un testigo de cargo sin garantizar su seguridad', y el abogado se pregunta: '¿A quién interesa que mi cliente esté sin protección? Los muertos no hablan'. 'El juez de El Puerto acusa a la Fiscalía de beneficiar al jefe de una red de narcos: el
ministerio público dejó en libertad a este capo en contra del criterio del juez'.
'Los cabecillas de las redes de narcos de La Manzanilla ya están en la calle, el juez de El Puerto dejó en libertad a supuestos capos a petición del ministerio
fiscal'. 'El fiscal jefe de la Fiscalía dice que no varió el criterio con el juez de El Puerto y manifiesta que el juicio ya se habría celebrado si se hubiera acabado la instrucción'. A mí me consta que la instrucción está acabada. Y también hay
unas palabras del Defensor del Pueblo andaluz que coinciden plenamente con lo que usted ha manifestado, que lamenta la
imagen que se da de la justicia y la desconfianza que se da a los ciudadanos.
En este sentido nosotros hemos constatado que se ha creado una alarma social importante, puesto que de los 140 detenidos parece que ya solamente quedan tres o cuatro en prisión, los demás están en libertad.
Entonces, creo, señor fiscal
general del Estado, que estará de acuerdo con que esta situación ha creado esta alarma y nosotros entendemos que hay dos cuestiones, una de fondo y otra de forma, que son las que no se entienden. La de fondo: nadie entiende el cambio de opinión de
un fiscal a otro, se supone que el primer fiscal estaría actuando correctamente, conforme a reglamento, que estaría transmitiendo al fiscal jefe sus actuaciones y las del juez, pero no se entiende muy bien ese cambio entre fiscales, porque aquí lo
que había cambiado había sido el fiscal, no el juez o la instrucción. Y de forma, porque nadie tampoco comparte en la provincia de Cádiz, y creo que nadie compartirá después de los titulares de prensa que he leído, la forma, esa forma según la cual
un abogado defensor y un juez se enteran de una resolución de la Audiencia Provincial a través de una rueda de prensa del fiscal, que además es una rueda de prensa en la que se descalifica al juez, que después atribuye a manifestaciones que haya
podido hacer con fines electoralistas. Mire usted, yo hablaré con mi criterio, mi conciencia, pero no admito tampoco que se diga que actúo por fines electoralistas. Y después hay un auto de un juez en el que hace unas manifestaciones en las que
parece que la fiscal actúa como si fuera un abogado defensor. Tampoco compartimos esas manifestaciones.
Mi grupo quiere aprovechar esta comparecencia del señor fiscal general para mirar hacia el futuro, es decir, lo actuado hecho está, yo no sé qué solución tiene, pero el futuro es lo que nos preocupa. Porque además hay otra operación, esta
se llama Semilla en términos vulgares, hay otra, Manzanilla, también muy importante, que creemos que no debe llevar el mismo proceso de enfrentamiento ni se debe debatir en los medios de comunicación. Eso sería nefasto para el fin que se pretende.
También quería aprovechar su presencia para transmitirle quejas que este diputado ha recibido tanto de la Policía como de la Guardia Civil por actuaciones de la Fiscalía en general. Yo con esto quiero dejar aparte a las personas y las
actuaciones personales, digo la Fiscalía como entidad, como corporación. Ellos se quejan de que detienen a los implicados, los conducen ante el juez y en el juzgado se ve el juez, la Policía, el detenido, pero no está el fiscal. Al no comparecer
el fiscal en esa vistilla, no solicita el ingreso en prisión si correspondiera, con lo cual todo lo que se ha hecho se deshace, se desmonta y los medios que se han utilizado se pierden.
Aquí se ha dicho, es verdad, que hay 53 fiscales en la provincia de Cádiz, Cádiz es una provincia en la que hay 200 kilómetros de distancia de una punta a otra, y la mayoría, salvo en Algeciras y Jerez, están ubicados en la capital, con lo
cual, lógicamente, no viven en la capital; mientras se desplazan, hacen su reparto y después tienen que volver a las vistillas o a determinados juzgados de toda la provincia, hay una pérdida de tiempo, de medios, de actuación, que provoca las
quejas de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Yo no sé si esa distribución es la más idónea ni estoy capacitado para juzgarlo; pero sí le pido que se interese por estas peticiones que se hacen, para ver si se puede actuar en este
sentido.
Otra cosa que preocupa a nuestro grupo es la inmediatez de los juicios rápidos y el papel importante que tiene que representar la Fiscalía en esta celeridad y en este trámite de urgencia que se da. Entonces, si la situación actual vemos que
no es la más idónea, nos tememos que se pueda dar una sensación de que esa impunidad y esa multirreinciencia que se quiere evitar con los juicios rápidos, si no se está en esa dinámica, se siga produciendo.
Yo creo que esto puede suponer un esfuerzo para los fiscales, y nosotros lo que deseamos para la organización fiscal de la provincia es que esté a la altura de las esperanzas que tenemos puestas en estas actuaciones y en la lucha contra el
narcotráfico, cosa que no dudamos; pero sí aprovechamos para manifestarle estas preocupaciones desde nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Señor fiscal.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Señor presidente, más que un trasladado, repito, supongo que ha sido a petición propia, porque traslados forzosos, que me consten, no se ha hecho ninguno, si se hubiera hecho alguno
lo hubiera conocido yo; simplemente se trata de un traslado porque pide un destino distinto, y en el lugar que estaba este fiscal viene otro fiscal u otra fiscal, en este caso es una fiscal, pero a estos efectos es exactamente lo mismo porque la
preparación y la dedicación de las fiscales es por lo menos tan buena, es de tanta idoneidad, de tanta capacidad como pueda ser la de los fiscales, esto que quede claro. (Rumores.)
Dejando esto sentado significa que ha habido un cambio esencial de criterio en la Fiscalía respecto del modo de ver un determinado asunto por un fiscal respecto a como lo estaba viendo otro. Pues puede darse, efectivamente. Cuando se hace
cargo otro fiscal de un asunto que ya está muy extendido, que no ha estado desde el principio, como el otro, que lo conocía desde que ha nacido el procedimiento, puede proponerle al fiscal jefe: a mí no me parece que esta sea la mejor manera de
llevar este procedimiento; yo creo que en este procedimiento se pueden distinguir este hecho y este otro, que efectivamente hay conexidad y pueden ir en el mismo, pero este otro y el otro y el otro, según las normas de competencia, debería de
llevarlo un juzgado
distinto, porque por razón del lugar donde se ha encontrado la droga o por razón del lugar donde, de acuerdo con las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que entender que se ha cometido o se ha descubierto el delito, debería
llevarse en los juzgados respectivos. Esta es una reflexión que yo supongo que se puede haber hecho, porque he ejercido de fiscal 37 años, de manera que he conocido de estos asuntos y otros muchos. Y se puede cambiar de opinión y el fiscal le
puede decir al fiscal jefe: a mí me parece que esto se podía llevar de esta otra manera, porque hay datos suficientes para que este procedimiento vaya a este otro juzgado, y este a otro, y este a otro. De esta manera, efectivamente, vamos a ganar
en claridad y vamos a ganar en precisión y vamos a ganar en lo que usted quiera, porque esto es normal. Cuando más extensa, más compleja, más voluminosa es una causa, resulta más difícil la comprensión hasta el último detalle, pero si eso lo llevan
diez juzgados distintos con diez fiscales distintos, como es natural, el delito es el mismo, no lo van a calificar de una manera distinta, pero lo van a comprender, en el sentido de que van a conocer el asunto mucho mejor. Imaginemos, por una
hipótesis, que cada una de estas piezas tiene 500 folios, serían 5.000 folios, aparte del principal, que puede tener otros 5.000; pues mire usted, qué duda cabe que lo pueden llevar mejor diez fiscales que uno. Pero si a eso añadimos que no hay un
juez instructor sólo, sino que hay varios, pues la posibilidad de llevarlo mejor gana, efectivamente, porque un juez no puede atender sólo a ese asunto, sino que tiene otros muchos. Y sobre todo, tengamos presente que estamos en un juzgado de un
pueblo y que, por tanto, es un juzgado mixto de penal y civil, presumo, en principio, que no están separados, no sé si ustedes me pueden aclarar si están separados o no, pero, en fin, eso ya no me afecta a mí. Con lo cual si lleva materia penal y
civil, tiene que ocuparse no solamente de los asuntos penales y no solamente de éste, sino de todos los demás, y además poner las respectivas sentencias, porque los pleitos civiles también hay que resolverlos. Entonces, desde un punto de vista que
podría decir normal, es mejor, en principio, que si un asunto está tan enrevesado, que si hay datos como para entender que se ha cometido o la competencia le puede corresponder a otro juez o a otros, siempre es preferible esta segunda opción a la
primera.
¿Significa esto que se ha cambiado de criterio en cuanto a la valoración de los hechos? No. En principio lo que significa es que se ha cambiado de criterio en cuanto a quién corresponde llevarlo y cómo se puede llevar mejor, cómo se puede
tramitar mejor, cómo se puede llegar a un conocimiento más detallado de cada uno de lo supuestos. Porque piense usted, señoría, si se han de hacer determinadas inspecciones o hay que ver dónde se encontró la droga, es evidente que si es en un
pueblo de Sevilla en principio lo hará mejor un fiscal que lo tiene allí al lado que uno que tiene que venir de Cádiz y que tiene además otros 16 asuntos unidos a ese mismo sumario. Esto, las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es que lo
permitan, es que lo ordenan, y por tanto, en un momento dado, puede efectivamente llegar un fiscal y decir: pues mira, es que este asunto realmente se ha estado instruyendo, desde este punto de vista, con una falta de orden'; y voy a emplear este
término que es perfectamente neutro y que no significa nada peyorativo ni para el que lo ha dejado ni para el que llega. Esto es lo que podría explicar el que al llegar un fiscal nuevo o distinto adopte esta postura. No es, por tanto, una postura
distinta de la Fiscalía en cuanto a la valoración jurídico-penal de los hechos, sino en cuanto a la tramitación.
En cambio, algún abogado dice que ha formulado una protesta porque no se le ha notificado esta cuestión que planteó este segundo fiscal a la Audiencia para que se dividiera. Bueno, esto ya no es un problema del Fiscal; las notificaciones
quien debe hacerlas es el Tribunal. El fiscal confecciona su informe, lo eleva a la Sala, lo razona y la Sala, la sección correspondiente, dicta su resolución. Si ha omitido la sección el notificar oportunamente a éste o a estos abogados, que
podían ser no uno sino varios, porque si hay 140 acusados o presuntos acusados puede haber muchos más abogados, esto no es responsabilidad del fiscal. Si si hay alguna responsabilidad en el sentido de que hay alguna omisión que debe aclararse,
correspondería a la Sala, naturalmente, ponerlo de manifiesto.
¿Por este camino se podría llegar a una nulidad? Pues a lo mejor, porque se podía haber producido una situación de indefensión. Tiene sus trámites. Si vamos a la Ley orgánica del Poder Judicial, vemos: Supuestos en los cuales se puede
pedir la nulidad de unas actuaciones. Y nos podemos encontrar con este supuesto. ¿Por qué? Porque se ha omitido la oportunidad de que este letrado haya tenido ocasión de defender los intereses de sus patrocinados.
Que se ha puesto en libertad a algunos acusados. Esto, en principio, no es ni bueno ni malo. A lo mejor no había más remedio que hacerlo. ¿Por qué se les puede poner en libertad? Uno, porque se entiende que los hechos que se les imputan
son de una gravedad, la que sea, por lo cual llevan presos lo que sea, seis meses o un año, y ya es suficiente. Se les puede poner en libertad con una fianza, para asegurar que van a estar a disposición de la justicia cuando sean llamados. Dos, se
les puede poner en libertad porque ya hayan agotado los dos años que se establece como máximo, que sí se pueden prorrogar en razón a determinadas circunstancias, que a lo mejor en el caso no concurrían. Repito que estoy hablando en teoría, pero que
no es un despropósito; a veces no hay más remedio que poner en libertad porque ya ha pasado el tiempo. Esto, indirectamente, nos vendría a dar la razón en lo que decíamos antes,
porque ese procedimiento llevado por un solo juez puede tardar cuatro años -una hipótesis- y llevado por seis jueces, en lugar de tardar cuatro años, tarda dos. Y a un señor no le podemos tener en prisión preventiva más de dos años, salvo
que concurran -repito- esas situaciones excepcionales. Puede suceder que, cuando se haya hecho la división, cada juez haya cogido la parte que le ha correspondido y haya dicho: acusados, o presuntos acusados, o presuntos responsables de los
hechos: fulano, fulano... ¿Desde cuándo están presos? Desde tal fecha. Pues, por los hechos que se les imputan, hay que ponerlos en libertad. Yo, dice el juez, me encuentro más tranquilo dejándole en libertad. Porque, la privación del derecho
a la libertad es la privación de uno de los derechos más importantes que tenemos las personas, y si no está realmente justificado, el Tribunal Constitucional todavía no lo ha planteado, pero podía ser inconstitucional. En fin, no vamos a meternos
en ese terreno, pero puede haber sustituido esa medida, que es una medida precautoria, es una medida cautelar, por una de carácter pecuniario; en lugar de mantener la privación de libertad, ha querido asegurar la presencia del acusado mediante la
prestación de una fianza.
Me han hablado varias veces de que a algunos testigos protegidos se les ha privado de la protección. Esto no es algo que tenga que pedírsele al fiscal ni el fiscal es responsable de ello. Será el juez; el juez lo tendrá que poner en
conocimiento de la policía, porque quien tiene que protegerle o prestarle la protección adecuada no es el fiscal y tampoco es el juez, aunque sean quienes lo ordenen. Esto hay que ponerlo en conocimiento de la policía correspondiente, la que sea;
hay que decir: este señor es un testigo protegido y es preciso, lo que sea, tomar estas medidas o las que fueren. Pero esto, repito, no es imputable al fiscal, es imputable a quien resuelve, ponerle en libertad, pongo por caso, porque no va a ser
acusado, va a ser, en definitiva, un testigo, pero es un arrepentido y desde ese punto de vista corre un peligro, un riesgo. No solamente hay que proteger la integridad de la persona y su vida, sino además hay que asegurar esa prueba para un
procedimiento tan importante.
Estoy totalmente de acuerdo con SS.SS. en que estas medidas hay que adoptarlas, por supuesto.
Que produce alarma social. Estas cosas no rara vez producen alarma social, sobre todo cuando son hechos de una importancia o de una trascendencia grave, cuando hay implicadas nada menos, en un procedimiento como este, 140 detenidos; es una
monstruosidad. No digo que no deban ser detenidos, no digo tampoco que no deban estar inculpados. Lo que digo es que se convierte en un procedimiento monstruo. Sienten ustedes a 140 acusados, vamos a un juicio y a ver hasta dónde llegamos y cómo
llegamos.
Obviamente, si hay fundamento, y parece que lo hay por lo que ha dicho la Sala, para dividir este procedimiento en diez, ganaremos todos no sólo en rapidez, sino también en profundidad y daremos también más tranquilidad y más seguridad a
la sociedad.
Hay otro punto que, parece que es aprovechando en este momento, se trae a colación. Yo se lo agradezco, porque algún conocimiento tengo del mismo.
Es un episodio que tuvo lugar este año por marzo o abril; se hicieron eco de él los medios
de comunicación. Una determinada juez -también en este caso era una juez- de un determinado pueblo que no recuerdo, también de la provincia de Cádiz, había puesto en libertad a un narcotraficante porque, habiendo requerido a la fiscal para que se
personara en el juzgado a los efectos de pedir la prisión preventiva, no había ido y por consiguiente no había podido pedir la prisión. El fiscal no la había pedido y la juez no podía acordarla. ¿Qué ha pasado con esto? Yo me pongo en contacto
con Cádiz, hablo con el jefe de Cádiz y también con la inspección. Si no me informaron mal, se trataba de dos individuos que circulaban en dos vehículos distintos, la Guardia Civil los sorprendió, consiguió detener a uno pero no al otro. Y se dio
la circunstancia de que la droga se encontró en el vehículo del individuo que no fue detenido, que no fue aprehendido. En el vehículo del que fue aprehendido no se encontró, digámoslo así, el cuerpo del delito y por tanto no había base suficiente
para poder interesar del juez que acordase su prisión. Estos son los datos que a mí me facilitaron. La fiscal dijo: si no te importa -al estar en un pueblo, como S.S. decía, a 150 kilómetros de distancia de la ciudad, o a cien, o a ochenta-
mándame por fax el atestado de la Guardia Civil, así yo me entero y, en vista de lo que aparezca en el atestado, voy a pedir la prisión o no voy. Le mandó el atestado, lo vio y dijo: yo no voy a pedir la prisión de este señor, para qué voy a ir.
Ya no es cuestión de que yo pida la prisión para satisfacer un interés o una curiosidad de la juez, no, no, yo pido la prisión bajo mi responsabilidad. Si lo que hay es este atestado, no voy a ir, no voy a ir al juzgado; conociendo los hechos, no
voy a pedir la prisión. Por lo tanto, juzgo innecesario asistir. Esto no quiere decir que no se vayan a conocer los hechos, porque esto no impide que se le reciba declaración.
De hecho, la Guardia Civil le recibió declaración, se le pudo recibir
declaración en el juzgado y se le puso en libertad, por supuesto. Y es posible que en este sentido o por ese camino vayan esas quejas de la Policía y la Guardia Civil. Es evidente que, si hay omisiones en este sentido, es responsabilidad nuestra
pedir cuenta y aplicar las correspondientes normas de comportamiento, pero en el hecho que yo conozco, en el episodio que yo conozco con estos detalles, respecto del cual también se abrieron diligencias de investigación en la inspección, se vio que
no había consistencia para continuar o para que terminase en un expediente disciplinario.
Ha hecho S.S. por último referencia a los juicios rápidos. Es un problema, digámoslo así, que no tenemos ahora, pero que lo vamos a tener dentro de tres
meses, o de cuatro, o de seis. Digo problema en un sentido amplio, porque en este momento -y me anticipo a otras comparecencias que puedan hacer o que hayan hecho ya otros responsables en este ámbito- se están llevando a cabo conversaciones
a todos los niveles, a nivel ministerial, a nivel de Fiscalía General, a nivel de comunidad autónoma, con las principales digamos personas, constituidas en autoridad, responsables de distintos ámbitos: presidente del Tribunal Superior de Justicia,
fiscal jefe, delegado del Gobierno, secretario de Estado de Justicia, consejero de Justicia, jefe de la Policía, jefe de la Guardia Civil, para que cada uno ponga de manifiesto lo que piensa. Evidentemente, lo que nosotros estamos deseando, y
creemos que vamos a poder conseguirlo, es un fiscal de guardia por cada juzgado de guardia. Si ese fiscal tiene que hacer cien kilómetros, que los haga, los tendrá que hacer, porque ya no habrá más remedio que estar presente en muchas ocasiones
para celebrar incluso el juicio o para practicar aquellas diligencias sin las cuales no puede seguir adelante. Pero ya nos movemos en un escenario distinto, respecto del cual solamente le puedo apuntar brevemente estas previsiones que se están
haciendo y el conocimiento de la realidad que se nos aproxima, para adecuar los medios a esas situaciones de necesidad que se nos van a presentar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Don Aurelio.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Una matización, señor fiscal general. Yo en ningún caso, no ha sido mi intención, discriminar a la fiscal por su sexo. Yo he distinguido el cambio del fiscal por la fiscal, pero no la competencia.
Me consta además
que la fiscal es más cualificada que el fiscal anterior en su escala. En ningún caso he querido decir eso, ni lo he dicho ni lo he pensado siquiera.
Con respecto a la alarma social, yo pienso que estas cosas no se deben debatir en los medios de comunicación, no podemos hacer estos titulares de prensa, estos juicios, vendidos más en los periódicos o en las emisoras de radio y televisión
que en los propios juzgados. Y usted me dice yo puedo compartir que con las piezas separadas se pueden estudiar con más intensidad. Pero también puedo pensar que, si la instrucción está terminada, como lo está, si ahora, que ya se han perdido tres
o cuatro meses nada más que en fotocopiar las partes, en mandarlas a los juzgados, que entrarán en los juzgados en las colas de donde estén, ahí estaba en cabeza, en el Juzgado número 3 de El Puerto estaba en el principio, ahora tendrán que empezar
a leerlo, a saberlo, a conocerlo. Y si se estaba diciendo que además había una red y que estaban relacionados unos con otros, esa conexión se pierde. La valoración que yo hago, y no soy técnico en materia, simplemente pienso en la situación, es
que era una buena noticia para los narcotraficantes, como yo había dicho, que eso se separara, respetando, por supuesto, como siempre he hecho, que la Sala III de la Audiencia tomara la decisión que creyera oportuna. Otra cosa es que los abogados
consideren que no se les ha dado trámite de audiencia y tendrán, como usted bien dice, su derecho a que se rectifique.
Por último quería decirle que yo no me refería a la juez de Barbate, que es concretamente el pueblo de Cádiz donde ocurrió. Además me consta que actuó correctamente la juez; yo no me estaba refiriendo a eso. Me estaba refiriendo a que,
según mis conversaciones con comisarios, con responsables de la Guardia Civil, se generaliza, que cuando ocurren estas cosas, cuando las detenciones se presentan ante el juez, normalmente, no siempre, algunas veces, no sé en qué cuantía, está la
Policía, está el juez, está el detenido y no está el fiscal. Y no es un caso que hubiera tenido trascendencia en los medios de comunicación, sino en la vida cotidiana, en la realidad. Es lo que yo le transmito, quiero que tomen buena nota de que
eso está ocurriendo y que en una provincia como Cádiz, con la situación en que se está con el narcotráfico, debía ponerse un poco más de empeño o de alguna manera poner medios de resolver esa situación.
El señor PRESIDENTE: Señor fiscal, ¿quiere añadir algo?
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): No. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Como aquí no utilizamos la rigidez formal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino la flexibilidad del Reglamento, don Joan Sabaté quiere intervenir y tiene la palabra.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente, por su benevolencia por permitirme alterar el turno de intervenciones, porque he estado ausente en el momento que me correspondía la intervención.
Gracias, señor fiscal general del Estado, por su comparecencia, en nombre de nuestro grupo parlamentario en el Senado, la Entesa Catalana de Progrés. Nuestro grupo es un grupo de referencia territorial catalán y por tanto no conocemos de
primera mano la situación en la provincia de Cádiz. Eso sí, compartimos la posición del grupo peticionario de su comparecencia, el Grupo Socialista, nuestros representantes de referencia en la provincia de Cádiz son los diputados socialistas y en
concreto compartimos la posición y la exposición que la señora Carmen Romero ha hecho respecto a este tema. En cualquier caso, si me lo permite, sí que quería pedirle en nombre de nuestro grupo una mayor implicación de la Fiscalía General, como
institución impulsada por la propia Fiscalía General del Estado, en todos los temas que afectan al narcotráfico. He estado presentes en las distintas
intervenciones y me parece que es una situación en la que, desde el punto de vista social, se provoca de alguna forma la alarma y la inquietud social. Específicamente este caso en la provincia de Cádiz, pero pueden extrapolarse al resto de
provincias del conjunto del Estado. Sería necesario reafirmar el esfuerzo, que sin duda se debe estar haciendo, pero habría que reforzar esa posición y sería necesario una intervención decidida y constante del conjunto de la Fiscalía, sobre todo
para evitar esa alarma social que sin duda existe, con mayor o menor magnitud, según las provincias. Es importante que esa alarma disminuya y que el conjunto de la ciudadanía tenga la certeza de lo que es evidente, de que está protegida por el
conjunto de instituciones del Estado y que la Fiscalía está actuando en defensa del interés público, como sin duda, ya digo, se produce.
Muchas gracias de nuevo por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor alcalde. (Rumores) Es que es alcalde.
El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Señoría, recojo la propuesta, la legítima aspiración de trasladar a este escenario, una preocupación que efectivamente existe en toda la sociedad. Y además, por la experiencia que
tenemos y por lo que vamos viendo, tristemente no es algo que vaya disminuyendo. Lo que podemos esperar es quizá poner más esfuerzo, poner más medios, que haya una mayor dedicación por nuestra parte y por parte de los demás responsables. Pero
repito, no es de esperar que haya disminución de la presión, tanto exterior como interior, en cuanto a la puesta en el mercado de las drogas. No es aquello de decir: ya hemos encontrado un remedio para que en el mercado haya menos droga. Podemos
y debemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo y por eso digo que acepto, recojo y le agradezco esa manifestación del interés que todos tenemos que poner, nosotros dentro la parcela nuestra, para combatir, naturalmente con las armas del
derecho, con las que corresponden a un Estado de derecho, a esta lacra social, a esta lacra de nuestros tiempos, desgraciadamente.
Puede estar seguro S.S. de que desde la Fiscalía General del Estado se sigue con la proximidad, la mayor que se puede, a través sobre todo de la Fiscalía Especial Antidroga, la marcha general, y la particular cuando hay algunos casos
especiales en esta materia. Y si de nuestra parte no hay una dedicación mayor, como se decía antes de la fiscal en concreto de Cádiz, que tiene que despachar también asuntos de otra materia, es sencillamente porque no se llega a más, pero nuestro
deseo y nuestro interés es cada vez poder llegar a más, en el sentido de disponer de más medios personales y materiales para combatir, hasta donde el derecho nos lo permite, esta clase de delincuencia, que realmente es una lacra social.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor fiscal general del Estado.
Reciba nuestro afecto, nuestra consideración y nuestro más absoluto respeto. Y felices Pascuas.
Parada técnica de cinco minutos para despedir al fiscal. (Pausa)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS UNIDADES DE RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE DROGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 161/001723 y número de expediente Senado 663/000082.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con el debate y votación de las siguiente proposiciones no de ley. Les anuncio previamente que las votaciones no serán antes de la una.
En primer lugar, la proposición no de ley sobre las unidades de recepción y custodia de drogas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Señorías, resulta tremendamente desalentador para este diputado defender una proposición no de ley que ya sabe de antemano que el Grupo Popular va a votar en contra. Y digo desalentador porque por mucho que ponga
entusiasmo, interés y argumentos de todo tipo, al final, el resultado es el mismo. Digo esto porque mi experiencia en la reunión de esta Comisión de hace una o dos semanas fue exactamente la misma. Yo defendí la proposición no de ley de la
seguridad en el transporte de la droga decomisada, parece ser que a la senadora del Partido Popular no le gustaba la redacción instando al Gobierno, y aunque le ofrecí todo tipo de facilidades para una enmienda transaccional, incluso hasta redactar
de nuevo la propuesta, a pesar de todo al final no se aceptó ninguna de estas posibilidades, que yo creo que eran realmente interesantes por lo menos en esta discusión parlamentaria, y el Grupo Popular votó en contra.
Insistiendo le pregunté por
qué habían votado que no y me dijo que porque no. Ante este razonamiento tan contundente, tan parlamentario y tan democrático es difícil iniciar la defensa de una proposición no de ley en una Comisión a la que, por cierto, hoy mismo se le está
dando la importancia que tiene que tener, pues nada más y nada menos es la cuarta preocupación de los españoles en la encuesta del CIS el problema de las drogas. Por tanto, señor presidente, creo que está dirigiendo una Comisión que tiene que tener
una gran importancia en el Congreso de los Diputados por la preocupación que los españoles, a los cuáles servimos y de cuyos problemas nos ocupamos, catalogan en esa cuarta posición.
Quiero hacer referencia a las últimas palabras del fiscal general del Estado que recoge la petición de parte de los grupos representados en la Cámara, el Grupo Socialista, en aquel momento Entesa Catalana y el Grupo Popular, que le han
pedido que inste al Gobierno a dedicar más medios en la lucha contra la droga. El propio fiscal ha recogido ese pañuelo y ha dicho que sí, que tenemos razón los grupos parlamentarios al solicitar que si los fiscales están atiborrados de problemas
judiciales haya más fiscales, más jueces, que dejemos de insistir tanto en el déficit cero y pongamos los medios aunque no lleguemos al déficit cero.
La lucha contra la droga es complicada y se define desde la responsabilidad política en la Estrategia nacional de droga 2000-2008.
Esta estrategia incluye la actuación en diferentes ámbitos, pero el mundo de las drogas es tan complejo que
cualquier eslabón ignorado o desatendido puede derivar en la ineficacia de todo el problema de la droga. Así, en esta lucha se presentan dificultades que los poderes públicos tienen la obligación de superar. Esas dificultades son de índole
diversa, pero una de ellas es el eslabón de la custodia de la droga decomisada; es un eslabón más en esta cadena de fabricación, venta mayorista y venta minorista -que decía ayer el delegado nacional- de consumo, de destrucción de droga, de
paraísos fiscales, de blanqueo de dinero. De todos estos eslabones que tiene el problema de la droga y que son muy difíciles -este diputado así lo entiende- el de la custodia de la droga decomisada es uno más pero hay que cuidarlo.
Ayer me alarmaba, entre comillas, el delegado nacional cuando decía que en el depósito de la Delegación del Gobierno en Navarra, en Imarcoain, había 875 kilogramos de droga. Digo que me alarmaba por la experiencia que tenemos de lo que
ocurrió hace más o menos año y medio, cuando desaparecieron -nunca digo robo ni hurto- 225 kilogramos de hachís, y me alarma que ahora pueda haber problemas con esos 875 kilogramos. No sé sí se ha arreglado algo el problema de la seguridad en ese
depósito, pero me consta, porque estoy tratando con guardias civiles que lo inspeccionan de vez en cuando, la sorpresa que le produjo al delegado del Gobierno en Navarra ese robo cuando fue allí y vio que había diferentes llaves, dos puertas, que
las cámaras no funcionaban, que las bolsas estaban desde hacía mucho tiempo y no sabían si estaban llenas o vacías, etcétera. Ese abandono tan manifiesto de ese depósito de custodia me produce, repito, cierto pavor. No estoy hablando solamente en
este momento de Navarra sino de todo el Estado español; y no estoy hablando solamente de depósitos de droga adscritos a determinados laboratorios; no. Estoy hablando de lugares donde se custodia y se guarda droga decomisada, como comisarías de
policía, cuarteles de la guardia civil, etcétera, con lo que realmente este problema se agranda. El fiscal general del Estado ha afirmado categóricamente en la comparecencia de hoy que las propuestas que se hacen en la memoria de la Fiscalía
General del Estado son algo más que indicaciones y deberían ser materias obligatorias para que el Poder Legislativo las tuviera muy en cuenta y en su trabajo parlamentario las llevara a la práctica; en consecuencia, que el Gobierno central y los
diferentes gobiernos autonómicos las lleven a cabo, las impulsen para que estas indicaciones que propone el fiscal general del Estado tengan cobertura legal. Lo que yo intento con esta proposición no de ley es que la guarda y custodia de la droga
decomisada esté reglamentariamente bien custodiada y guardada.
En esta defensa de la proposición no de ley iba a hablar simplemente de lo que el propio fiscal del Estado dice en la memoria que presenta. Dice una y otra vez que existen hoy graves problemas para la destrucción de la droga, cuestión sobre
la que después una compañera mía va a defender en una proposición no de ley. Si existen problemas para la destrucción de la droga, ¿qué hacemos con ella? Tenemos que guardarla, custodiarla hasta que el juez diga que se destruya. Hay una cuestión
previa: no existen hornos propios. Ayer el delegado nacional decía que en Navarra hay que recurrir al hospital y me imagino que en el resto de comunidades o provincias habrá que recurrir a cementeras o a empresas privadas que a veces se niegan
porque los ecologistas protestan por la destrucción, por lo que tendremos que construir hornos propios; como no los tenemos tendremos que recurrir a hornos prestados, y como a veces en estos hornos prestados tampoco hay tiempo y medios para hacerlo
tenemos que guardarla.
Pues vamos a guardarla adecuadamente. ¿Cómo se debe guardar la droga? Tiene que estar en un lugar con capacidad suficiente porque debe estar clasificada. No podemos tener la droga de cualquier manera porque, si no la
tenemos bien catalogada y pesada ¿cómo sabemos si ha faltado droga? Dicen que solamente hay noticia de que ha desaparecido droga en Navarra.
Ojalá fuera verdad. ¿Y quién me dice a mí que no ha desaparecido en algún sitio más que por motivos de
espacio físico, por motivos de custodia, no está bien catalogada, no está bien pesada y hay pequeñas sustracciones que ojalá no hubiera? Por lo menos me cabe esa duda y tengo que plantearla. Tiene que haber seguridad y una buena gestión, lo que
significa que el estocaje que hay esté bien clasificado, bien pesado, en definitiva, bien guardado, bien custodiado.
El aspecto más importante una vez obtenido el decomiso de una droga es la seguridad de su custodia. No se olvide que la droga alcanza un altísimo valor en el mercado y por ello el depósito es un centro que atrae la atención no ya de los
narcotraficantes, que a eso se dedican, sino de los consumidores. Es una auténtica bomba tener droga en un cuartel, en una comisaría donde probablemente la puerta no esté bien cerrada a
los posibles visitantes, y si encima resulta que uno es drogadicto y tiene la forma de resolver su problema será muy difícil que no intente cogerla de alguna manera. Sería como querer cerrar los ojos ante el hecho de que habiendo mucho
dinero en un sitio un ladrón no intentara robarlo; lo intentará normalmente. Tendremos que hacer todo lo posible para que no se pueda robar la droga. Es precisamente uno de los riesgos que se corren con el depósito en los acuartelamientos, en la
medida que en los mismos suelen vivir las familias de los agentes y nada impide que por simple juego, por gamberrada o por necesidad de satisfacer el mono se quebrante el depósito con el consiguiente desprestigio de la institución. Estas palabras,
por si acaso son alarmistas, no son mías. Si fueran mías seguro que algún diputado hubiera dicho: ¿Nos estás diciendo aquí que en la Guardia Civil son todos unos drogatas? No son palabras mías, son de la Fiscalía General del Estado. Ayer el
delegado de la droga me dijo que yo estaba insinuando. No. No insinuamos nada. Tampoco me importaría insinuar pero no son palabras mías, da la casualidad de que son del fiscal general.
Creo que los diputados del Grupo Popular deberían reflexionar en el interés de esta proposición no de ley. Intentamos sólo y exclusivamente que la droga decomisada se guarde y custodie adecuadamente. ¿Que esto cuesta dinero? Claro que sí;
sin duda ninguna cuesta dinero. Este país, que ayer decíamos que está tan bien económicamente y que tiene tantos recursos y medios, que dedique a este problema algo de dinero.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Corgos por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor Ripa, creo que esa invitación a la reflexión que nos hace ha de ser recíproca. Su señoría ha tratado de razonar y justificar su proposición no de ley en aquellos argumentos que le han parecido convenientes,
pero quizá falta una parte de la reflexión. Su señoría sabe que el control judicial de la droga la ley lo atribuye precisamente a los juzgados y tribunales, que son los que ordenan en su caso la destrucción de la misma. Mientras no se produce la
orden de destrucción hay que custodiar la droga. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Pero su señoría sabe que a lo largo de la geografía española son muchísimos los juzgados y tribunales que existen y lo que no podemos hacer es una unidad específica de
custodia de droga en cada uno de los partidos judiciales de España, porque su señoría me está pidiendo la creación de un sinnúmero de infraestructuras. Me dice que la droga hay que pesarla bien. ¿Qué sucede, que del juzgado sale sin pesar? ¿Cree
su señoría que es así? Dice que tiene que salir bien identificada. ¿Su señoría cree que sale sin precinto, sin las debidas diligencias? ¿Por qué hemos sabido que en el cuartel de Imarcoain o en una delegación ha desaparecido droga? Porque se
conocía la cantidad que inicialmente había entrado. Creo que esas reflexiones también hay que hacerlas. ¿Qué es lo que quiere su señoría que hagamos? ¿Cámaras blindadas para la custodia de la droga? Yo creo que tenemos que ser no solamente
retóricos, no solamente bien intencionados, sino lo suficientemente posibilistas para saber hasta dónde podemos llegar. Y hasta el punto que su señoría lo ha planteado no podemos llegar -usted lo sabe-, por muy bien que vaya este país.
Comparto plenamente con su señoría que esta es una cuestión complicada y compleja. También es cierto que es el cuarto problema en la percepción de los españoles, pero afortunadamente no es el segundo como en otros tiempos. Su señoría
también lo debe reconocer. Sabe que los esfuerzos presupuestarios -hablaremos de ello en otra proposición no de ley- han sido crecientes constantemente. Por tanto no le voy a decir que no porque no. Creo que le he razonado por qué no. Me parece
que su proposición no de ley es bien intencionada pero absolutamente imposible de llevar a la práctica. También la recomendación del fiscal general del Estado es bien intencionada, no lo dudo, pero seguramente sin haber tenido en cuenta cuáles son
las posibilidades económicas de este país. Me gustaría que su señoría también las tuviera en cuenta cuando formula sus proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Dos cosas. Primera, no he pedido que haya un depósito en cada partido judicial. Con que hubiera uno en cada comunidad autónoma sería suficiente. Segundo, el problema de la droga ha pasado a ser el cuarto porque ha
habido otros que se han adelantado, que son muchos más graves que la droga; no porque haya descendido en preocupación sino porque la seguridad ciudadana, el paro y el terrorismo han pasado a ser más importantes. Es el cuarto no porque se haya
reducido su importancia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: No comparto su análisis en cuanto a la percepción de los ciudadanos. Creo que tener una unidad en cada comunidad autónoma y cada provincia sería un gasto excesivo y, por otra parte, tampoco iba a ser la panacea a
estas cuestiones.
Querría decirle una cosa que antes por olvido omití. Cuando su señoría habla de que se tiene que recurrir a veces a hornos de cementeras, creo que no habría que verlo desde el punto de vista negativo como hace, sino que hay que reconocer el
esfuerzo altruista de quienes ponen a disposición de los poderes públicos sus infraestructuras para la consecución del bien común.
- SOBRE DESTRUCCIÓN DE DROGA DECOMISADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 161/001724 y número de expediente Senado 6637000083.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley sobre destrucción de la droga decomisada. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
La señora ROMERO LÓPEZ: Espero que esta proposición no de ley no corra la misma suerte que la anterior y otra que se debatió también sobre el transporte de drogas. En algunas ocasiones el Grupo Popular nos ha introducido alguna enmienda
transaccional para acelerar las actuaciones del Gobierno en las materias que le corresponden, así que nos sorprende que en estas proposiciones no de ley ni siquiera haya presentado esas enmiendas transaccionales sino que parta de la base de negar lo
que es una evidencia. Pero no solamente se parte de la base de negar una evidencia sino que además el fiscal general del Estado, en su memoria, recoge esa evidencia y está instando al Gobierno a que ponga en marcha estas medidas, oportunidad
maravillosa que pierde el Grupo Popular para unirse al fiscal general del Estado e instar al Gobierno a que estos problemas reales, que están existiendo, se solucionen. Nos extraña que el Grupo Popular haya seguido fielmente la instrucción de
negarse a votar a favor estas iniciativas, lo cual no comprendemos porque, como digo, ésta tiene base en la propia memoria del fiscal general del Estado y que además pasen a negar la evidencia de los hechos es incluso más preocupante. Tendremos que
pedir la comparecencia del fiscal especial para las drogas para que justifique por qué ha hecho esas recomendaciones, por qué insta al Gobierno a que exista un transporte adecuado, unas unidades de recepción y custodia con garantías y a que se
destruya la droga decomisada; porque si no es con la comparecencia del fiscal especial parecería que nos hemos inventado estas preocupaciones y que traemos por capricho estas iniciativas al Parlamento.
En la comparecencia ayer el delegado nacional para la droga declaró que estos grandes decomisos de droga no se destruyen en su gran mayoría por la actuación judicial. Fue el caso que nos expuso ayer cuando hablaba de 800 kilos de los 875
que ahora mismo están en Navarra decomisados, cuya destrucción no se ha producido porque no hay una decisión judicial. En frase de la memoria de la Fiscalía General del Estado el retraso en su destrucción se debe a la carencia de funcionarios en
los laboratorios de droga, lo cual es causa del retraso en los análisis e influye indirectamente en la imposibilidad de destrucción de la droga al no permitir su realización en tanto no estén los análisis practicados. Como sabe su señoría, para que
la resolución judicial se produzca es preciso que existan esos análisis previos. La carencia de técnicos y de laboratorios -lo hemos denunciado aquí en otras ocasiones- paraliza los procedimientos judiciales. Si ello es así las cantidades de droga
cada vez aumentan y se ocasionan problemas en cuanto a su recepción y custodia. Esto es una cadena de perversiones que no justifica en absoluto el déficit cero. En absoluto puede justificar lo que está ocurriendo con esta materia el argumento del
déficit cero, porque al final los presupuestos van a tener que ser mayores cuando son problemas que se podrían solucionar y que haría bien el Grupo Popular en votar a favor. Si de lo único que aquí estamos careciendo es de instrumentos adecuados y
de medios, no solamente para la recepción y custodia sino también para el transporte y la destrucción, pongamos los medios. Aceptaríamos una transaccional que dijera que el Gobierno continuará poniendo los medios.
Previsiblemente puede haber
puesto algunos pero la carencia es tanta que hasta el propio fiscal general del Estado la incluye en la memoria. En este caso de la destrucción de la droga habla de que esos retrasos no solamente se deben a la carencia de laboratorios. Puesto que
el delegado nacional del plan carga la responsabilidad en los jueces, podría haber asumido una parte puesto que es delegado del plan nacional sobre drogas y del Ministerio de Administraciones Públicas dependen los laboratorios y la problemática que
estamos planteando aquí. En absoluto se refirió a eso, sólo se refirió a los jueces. El fiscal habla no sólo de los laboratorios sino de otro problema que traemos a colación en esta proposición no de ley, porque hay también otros temas que están
imposibilitando hoy la destrucción de la droga. Decía el delegado de que en otras ocasiones existen hornos adecuados, pero quienes somos de una provincia sabemos la lentitud en las decisiones administrativas. Todavía no se ha inaugurado el horno
para la destrucción de drogas en la provincia de Cádiz, pese a que hace mucho tiempo que el delegado lo dijo y aún se sigue destruyendo la droga en las cementeras. Ayer hablaba de que en Navarra se destruía en el cementerio. En Málaga pasa lo
mismo, porque los hornos no están previstos para estas ingentes cantidades. A veces incluso se hace de mala manera, como hemos señalado en otras ocasiones, con el escándalo de los ecologistas o con la participación del ejército.
No es un tema solucionado, señorías del Grupo Popular; y como no es un tema solucionado y como exige la implicación urgente del Gobierno es por lo que hemos pedido que se acelere el cumplimiento de la ley y se pongan las condiciones de
idoneidad para la seguridad en el proceso de destrucción creando los hornos necesarios en los sitios que lo precisen y adecuando todas las medidas para ese proceso de recepción, transporte y destrucción de la droga.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada señora Reyes.
La señora REYES MIRANDA: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición del mismo respecto a las iniciativas de referencia. Se trata de una proposición no de ley escueta sobre un tema muy importante, como
expondré a continuación, pero como es habitual el grupo solicitante suele presentar estas proposiciones no de ley instando al Gobierno a tener actuaciones sobre propuestas que ya el Gobierno del Grupo Popular viene realizando desde hace varios años.
Las competencias sobre el análisis, custodia y destrucción de las drogas decomisadas corresponden a los laboratorios de drogas y sus correspondientes unidades de recepción, custodia y destrucción, dependientes de las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y provincias, y a través de ellas el Ministerio de Administraciones Públicas, según la disposición de la Ley 6/1997, del 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado, LOFAGE. Tras la publicación de la LOFAGE, el Ministerio de Administraciones Públicas comenzó a asumir sus nuevas competencias en la materia, realizando multitud de contactos con los organismos de la Administración más
relacionados en este ámbito, especialmente con el Ministerio de Sanidad, con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y con el fiscal general para la prevención y represión del tráfico ilícito de drogas, estableciendo la
necesidad de reordenar la organización periférica de los servicios administrativos del Estado en materia de laboratorios de droga, bajo los principios de optimización de recursos, tanto personales como materiales, y de una eficaz prestación del
servicio a todos los ciudadanos.
En este orden de consideración, con fecha de 24 de octubre del 2000 se creó en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas un grupo interministerial de trabajo, integrado por representantes de dicho ministerio, del Ministerio del
Interior, a través de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, y del Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia Española del Medicamento, que finalizó sus trabajos el pasado julio del año 2001. Las conclusiones
elevadas por este grupo interministerial de trabajo parten del criterio insoslayable de segregar en todo lo posible la anterior estructura de laboratorios mixtos de alimentos y drogas, con el fin de otorgar cobertura en todo el territorio nacional y
dotar de los recursos específicos que cada una de estas actividades requiere. De esta manera, la propuesta en curso es la de mantener y dotar 19 laboratorios específicos para el análisis de la droga, clasificados por cargas de trabajos en tres
grupos: el grupo A, de hasta 5.000 muestras al año; el grupo B, de 5.001 a 15.000 muestras al año, y el grupo C, de más de 15.000 muestras al año. Entre estos laboratorios específicos se mantienen dos de carácter mixto, que por razones de
eficacia se entiende que deben continuar, que son el de Algeciras y el de Santa Cruz de Tenerife, llegando en un futuro a que ninguna comunidad autónoma carezca de un laboratorio de análisis.
A la par de la reordenación de los laboratorios, y en estrecha vinculación con los mismos, la propuesta del grupo interministerial de trabajo abarca también la redistribución de las unidades de recepción, custodia y destrucción de droga
(URCD), cuya planta queda establecida en un número de 31, con garantías de resultar suficientemente operativas. Desde del punto de vista de la dotación de los laboratorios, hecho en el que insiste mucho su señoría como causa del retraso de la
destrucción, las conclusiones del grupo justifican la necesidad de personal para los citados laboratorios y unidades de recepción, custodia y destrucción de drogas, con 44 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 20 técnicos superiores de
laboratorio, 15 auxiliares de laboratorio, un auxiliar administrativo y 8 mozos. Señorías, estas propuestas están gestionándose en la actualidad en la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas en orden a la adopción de las medidas
de carácter orgánico que resulten oportunas. Por otra parte, la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado ha trasladado estas propuestas a los delegados del Gobierno en todas las comunidades autónomas con fecha 20 de marzo del año
en curso en atención a sus competencias sobre los servicios periféricos de la Administración general del Estado, realizándose en este momento el análisis de las observaciones realizadas con vistas a establecer, previa consulta a las subsecretarías
de los Ministerios de Consumo, Sanidad, Interior, Agricultura, Pesca y Alimentación y Administraciones Públicas, el futuro mapa de los servicios periféricos de la sanidad exterior y la droga, mediante resolución de dicha Secretaría de Estado de
Organización Territorial del Estado.
La ley 6/1999 dispone el control judicial de la droga decomisada y ordena a los juzgados y tribunales la inmediata destrucción de la misma, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por
lo que es la autoridad judicial la que marca el ritmo de la instrucción más conveniente a su actividad jurisdiccional.
La autorización para la destrucción corresponde al juez instructor, quien debe apreciar la existencia del peligro real o
potencial que comporta su almacenamiento o custodia, circunstancia que debe ser, como la ley ordena, considerada con ocasión de llevarse a cabo el decomiso. Sin embargo, resultando plenamente operativa esta fórmula, en el supuesto de la aprehensión
de drogas la realidad aconseja que esa destrucción sea, salvo excepciones, obligatoria una vez cumplimentada, naturalmente, la oportuna diligencia mediante la que quede constancia de la naturaleza, calidad y peso de dicha sustancia. En este
sentido, el Ministerio de Administraciones Públicas quiere conseguir que la droga almacenada en los depósitos se destruya rápidamente, guardando
siempre una muestra para su estudio, lo que se hará en colaboración con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. La destrucción de la droga se realiza por incineración en condiciones de bastante idoneidad y seguridad, sin que
exista constancia de ningún incidente relacionado con estas condiciones en ninguna de las quemas realizadas en España durante los últimos años.
Respecto a la construcción de los hornos, hay que significar que en los lugares en donde son necesarios existen o están en fase de creación, como bien ha dicho usted. Sin embargo, en otras zonas, dada la escasa cantidad de droga que hay que
destruir, no es necesario ni rentable, ya que cuesta unos 100 millones de pesetas cada horno, no bastando para esta labor los acuerdos existentes con diversas entidades públicas o privadas, tales como incineradoras municipales, plantas de
tratamiento de residuos, etcétera.
Como podrán entender SS.SS. después de esta exposición, se ve claramente que los puntos en que se basa esta proposición no de ley están claramente alejados de la realidad. La escasez de personal de los laboratorios y la creación de hornos
están claramente resueltas ya por el Gobierno y se continúa haciendo un seguimiento de esta problemática con gran interés para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan surgir.
Señorías, para terminar, no podemos proponer algo que consista en instar al Gobierno a que realice lo que, como anteriormente comenté, ya está realizando y además lo está haciendo muy bien. Por lo expuesto, mi grupo estima que no procede
que tomemos en consideración esta proposición no de ley por ser innecesaria. Por tanto, nuestro voto va a ser necesariamente contrario a la misma.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Sentimos que la representante del Grupo Popular haya traído su respuesta por escrito y, por lo tanto, no haya contribuido realmente a que el debate sea fructífero. Nosotros conocíamos ya, por supuesto, las
atribuciones del Ministerio de Administraciones Públicas, y es precisamente de esas atribuciones y de su escaso cumplimiento de lo que nos hemos quejado en diversas ocasiones, y puesto que sigue siendo su responsabilidad, no hay presupuesto ni
siquiera para las propias demandas que los técnicos de los laboratorios suscitan ahora mismo al Ministerio de Administraciones Públicas. Es decir, no es cierto lo que está diciendo acerca de que existen laboratorios y técnicos suficientes, porque
desde la propia Administración se están reclamando y hay en los presupuestos del Estado (cuando quiera podría facilitarle datos) propuestas concretas respecto a la exigencia de técnicos necesarios para los laboratorios. Así que si me dice que el
problema está resuelto, eso significa que ni siquiera ha sido capaz S.S. de entrar en el debate, sino que se ha limitado a leer el papel de la Administración, pero que no refleja la realidad que se está viviendo incluso dentro de la propia
Administración.
Tengo que decirle que hemos constatado la necesidad de técnicos en los laboratorios porque además han ocurrido muchos casos. El caso de los desgraciadamente muertos en el polideportivo de Málaga sufrió un gran retraso precisamente por la
carencia de laboratorios y de análisis. Así es que ese retraso es constante, y me refiero a ese caso porque fueron bastante escandalosas las declaraciones que se hicieron como consecuencia de que no había medios para agilizar los análisis. Pero el
retraso judicial es un hecho y es un hecho también que no existen técnicos ni laboratorios suficientes, y esa es una de las razones más importantes por las cuales la Fiscalía dice que no se destruye la droga. Dice usted que existen procedimientos,
y no sé si son las cementeras privadas o si son los cementerios, pero ni existen los hornos necesarios ni son los que hay, y desde luego vamos a seguir con este tema porque vamos a ver cuáles son exactamente los hornos que existen en el territorio
español y que están ahora mismo dispuestos para esto. Ya le garantizo que no son suficientes en las provincias de Cádiz y Málaga, donde se decomisa el mayor porcentaje de hachís, que en definitiva es la droga que más se destruye, porque no estamos
hablando aquí de las cantidades de heroína o de cocaína, sino sobre todo de las de hachís. Sorprende la cantidad de kilos decomisados en la provincia de Navarra, y es muy probable que haya cantidades decomisadas en otras provincias, y no digamos en
Galicia. Pero sí le digo que en las provincias de Cádiz y Málaga no existen hornos suficientes ni idóneos para los centenares de kilos que ahora mismo se decomisan. Incomprensiblemente, ustedes van a votar que no, pero volveremos sobre este tema y
esperamos que en el futuro recapaciten, aunque probablemente tengamos que llegar al Gobierno para solucionar estos problemas. (La señora Reyes Miranda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Reyes.
La señora REYES MIRANDA: No creo que el hecho de que haya traído mi respuesta escrita haya sido inconveniente, pues creo que mucha gente de su partido y de otros partidos también la traen escrita, por lo que creo que ha sido una estupidez
decir eso en este momento. Usted, por supuesto, defiende sus ideas, y yo defiendo las mías. Creo que mis datos son ciertos y lo comprobará. Desde luego que tendrá que llegar al Gobierno para hacer cambios, porque nosotros estamos en lo cierto y
no vamos a cambiar. Tampoco creo que lo hayan hecho ustedes bien cuando gobernaron y tuvieron la oportunidad de hacer los hornos y todo lo demás, y no lo hicieron en tantos años de gobierno.
- SOBRE UNA NUEVA POLÍTICA DE DROGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente Congreso 161/001731 y número de expediente Senado 663/000084.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el cuarto: Proposición no de ley sobre una nueva política de drogas. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, diputado don Carlos Ignacio Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, con esta proposición no de ley que trae el Bloque Nacionalista Galego intentamos que en esta Comisión se reflexione sobre la política de drogas que se está siguiendo y acerca de si el prohibicionismo, que
es como genéricamente podríamos caracterizar la política que se está siguiendo en los últimos decenios, es una política realista, eficaz y que respeta los derechos de las personas.
Desde nuestro punto de vista -y ese es el sentido y esa es la justificación de esta proposición no de ley- la respuesta tiene que ser negativa. Comprobamos que las consecuencias perjudiciales del narcotráfico, tanto a nivel individual como
social, no sólo no han disminuido sino que ha aumentado en los últimos años la criminalidad vinculada con el tráfico de drogas, por tanto, el carácter ilegal de las drogas, la militarización de amplias zonas del planeta con la excusa de la lucha
contra la droga (el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Andina) y el predominio de una visión represiva y policial del problema sobre una visión preventiva y una visión sanitaria. Y es que la guerra contra las drogas, como es
denominada en Estados Unidos, es sobre todo una guerra contra las personas, una guerra contra los eslabones más débiles de la cadena, contra los consumidores, contra los pequeños traficantes, contra los productores latinoamericanos, y no contra
aquellos que frecuentemente tienen una sospechosa proximidad con el poder. No me voy a referir a datos que están en anuarios, por ejemplo, en el del Observatorio Geopolítico de las Drogas, que habla claramente de la proximidad y de los vínculos y
las amistades peligrosas que no sólo en Galicia, sino también en otros lugares, existen entre los dos grandes partidos españoles y el narcotráfico.
Son muchas las personas implicadas directamente en la problemática de las drogas que reclaman una nueva política al respecto, una política que insista en la información, en la prevención, en el tratamiento y en la reducción de daños, que se
refiere a cualquier tipo de drogas, tanto a las hoy consideradas legales como a las consideradas ilegales, y una política realista, es decir, que parta de la constatación de que las drogas siempre han existido, que derrotar a las drogas, si de eso
se trata en esta guerra contra las drogas, es una quimera, no es realista, y que, por tanto, lo que está quedando por el camino es la libertad de las personas. Pero antes de perfilar las líneas maestras de lo que podría ser, desde nuestro punto de
vista, una nueva política sobre drogas, que me gustaría desarrollar brevemente las afirmaciones que acabo de hacer.
En primer lugar, la política actual es ineficaz. Según datos de la Fiscalía General del Estado, los detenidos y denunciados entre el año 1991 y el año 2001 se multiplicaron 4,5 veces: de 28.561 en el año 1991 hemos pasado en el año 2001,
en todo el Estado español, a 129.650. Los decomisos aumentaron 5,4 veces: de 23.848 a 129.077 decomisos. Los gramos incautados de heroína prácticamente se mantienen, pero los de cocaína aumentan cinco veces, los de hachís cinco veces y en el
cuadro que está en la memoria de la Fiscalía General del Estado faltan las drogas sintéticas; por lo tanto, después de años de prohibicionismo y de guerra (entre comillas) contra las drogas, los resultados son bastante desalentadores. Además, la
política actual antidrogas es un peligro para los derechos humanos y para el Estado de derecho, así como para el medio ambiente. No vamos a hablar de las fumigaciones que se realizan en Latinoamérica, del fracaso total de los programas de
desarrollo alternativo, tanto en los países productores como en los consumidores, y de la incardinación -yo creo que es muestra de lo que estamos afirmando- del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio del Interior, cuando debería estar más bien,
desde nuestro punto de vista, en el Ministerio de Sanidad.
Esta política, que se afirma de forma dogmática e irreflexiva, impide un debate tranquilo sobre las alternativas que están surgiendo en el ámbito estatal y en el internacional. No es casualidad por eso que en el Estado español, y en Galicia
en especial, las políticas de reducción de daños -que, aunque no cuestionan directamente el prohibicionismo sí suponen un paso al frente- aún no se hayan experimentado, salvo los programas de metadona. Hay dos narcosalas y dos experimentos de este
tipo en todo el Estado español, en Galicia ninguno; no hay salas de calor, no hay programas de intercambio de jeringuillas en todas las prisiones, no hay, en el caso de Galicia, tampoco administración controlada de heroína.
La política actual sobre drogas fomenta también la desinformación y el abuso, en lugar de promover un uso racional de las mismas, y es además una política socialmente injusta: un consumidor actualmente debe pagar aproximadamente quinientas
veces el precio real de la sustancia que consume, por lo que, o bien es rico o bien tiene que delinquir y arriesgarse a todas las enfermedades ligadas al consumo de drogas, que, por cierto, en el Estado español también ostentan cifras récord: el 34
por ciento de los consumidores de drogas por vía parenteral tienen sida y más del 83 por ciento de estas personas tienen hepatitis C. Son cifras récord en Europa, cuando, por ejemplo, en el Reino Unido las
cifras son bastante inferiores, entre el 1 y el 3 por ciento. Son datos del informe anual del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, el último que tenemos, que es del año 2002. Creo que tampoco se podrán negar o controvertir.
Esta política es también ineficaz para prevenir el lavado de dinero.
Incluso después de los fogosos impulsos posteriores al 11 de septiembre, nada se ha hecho para eliminar los paraísos fiscales, nada para investigar seriamente a los bancos
implicados en estos negocios, y para ver los perniciosos efectos del dinero sucio del narcotráfico, no hay que ir a Rusia, sino que basta ir por Vilagarcía y ver que muchísimas tiendas venden por debajo del precio de fábrica, sin que las autoridades
municipales o las autoridades autonómicas parezcan inmutarse. Y el desequilibrio represivo de esta política provoca graves carencias en otros aspectos del problema: muertes por sobredosis, infección o reinfección de VIH, limitaciones en los
programas de metadona o, en general, en programas de reducción de daños, suspensión de las pensiones no contributivas para quienes entren en prisión, suspensión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social a los afectados por VIH,
privatización en la práctica de los tratamientos y precarización, en centros como Reto, etcétera, que no ofrecen ninguna garantía y que normalmente suponen un atentado contra los derechos laborales y la dignidad de las personas que a ello se
someten. Ésta es, por tanto, la situación.
Frente a esto, desde el Bloque Nacionalista Galego proponemos debatir, reflexionar y ver qué se puede hacer en un primer plano dentro del marco regulatorio actual. Y dentro del marco regulatorio actual, es decir, sin cuestionar el marco
internacional que regula estas cuestiones, podría aumentarse el presupuesto destinado al tratamiento de drogodependientes que quieran voluntariamente abandonar su adicción y crear una red pública de centros con capacidad suficiente. Podría desde
luego eliminarse el acento que esta política tiene en lo represivo y que la política de drogas pase a formar parte de la política sanitaria, y no, como ahora, de la política de Interior. Podría dejar de perseguirse al consumidor. El Bloque
Nacionalista Galego ya presentó -y fue rechazada en el Pleno- una proposición de ley de derogación de aquellos artículos de la denominada ley Corcuera que sancionan administrativamente el consumo de drogas. Se podrían integrar los programas de
reducción de daños en la red sanitaria pública. Se podría ahondar en programas como la administración controlada de heroína, narcosalas, salas de calor, que se podrían extender y controlar que exista transparencia en el acceso a estos programas.
Podría aumentarse la oferta de centros de cumplimiento alternativos a la prisión, solucionando el problema que a la luz del Código Penal vigente plantean los programas que dispensan metadona de mantenimiento en el sentido de que no persiguen, al
menos no directamente, el abandono de la adicción. Podría existir una implicación seria y creíble en la lucha contra el blanqueo del dinero de la droga, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Y se podría también -y eso sería muy
interesante- proceder a una fijación legal de lo que a los efectos del artículo 369.3 del Código Penal se entiende por cantidad de notoria importancia, es decir, lo que de acuerdo con la jurisprudencia delimita la droga para el autoconsumo de la
droga para el tráfico. En este momento depende de los tribunales la determinación de lo que en cada caso se haya de interpretar por cantidad de notoria importancia, dando lugar a notorias injusticias y, desde luego, a que el consumo esté no sólo
sancionado administrativamente sino incluso penalizado en la práctica.
En un segundo orden de cosas, pensamos que más allá de estas medidas, que, ya digo, se pueden tomar dentro del marco regulatorio vigente, habría que avanzar hacia una modificación de este marco regulatorio, sobre todo del marco regulatorio
internacional relativo a las drogas. Sería una modificación que valorase las alternativas existentes en la actualidad al prohibicionismo, como puede ser la tolerancia -el ejemplo holandés- o como puede ser la legalización controlada de drogas,
diferenciando entre lo que son drogas blandas, por cierto, retomando esa diferenciación entre drogas blandas duras y estableciendo para las primeras, las drogas blandas, un sistema de autorización del cultivo para el propio consumo y del consumo sin
ningún problema, un subsistema de mercado controlado, y, para las segundas, un sistema de dispensación controlada por los poderes públicos. Esta no es una propuesta cerrada. Es una propuesta que entiende que es necesario superar la política
actual, y superarla no por razones ideológicas, que también si por ello se entiende la defensa de los derechos humanos, que normalmente son pisados o que normalmente son desconocidos en las políticas que actualmente se siguen de lucha contra las
drogas, sino por plantear una política o una reflexión realista. Hay que ver y valorar -y los datos son elocuentes- si los decenios que llevamos de prohibicionismo han reducido o aumentado los problemas ligados al tráfico de drogas y si el carácter
ilegal del tráfico de drogas aumenta o disminuye problemas. La población reclusa en el Estado español, en este momento superior a las 50.000 personas, está compuesta en su mayor parte por personas que o bien están por delitos de narcotráfico o bien
por delitos provocados por la adicción a las drogas, y desde luego, desde nuestro punto de vista, esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Como debería hacernos reflexionar en esta Comisión lo que sucedió con el señor Pino Arlacci -no sé si se
acuerdan de él-, con quien compartimos un desayuno hace aproximadamente dos años, cuando nos vino aquí a decir que era posible derrotar a las drogas. Este señor fue cesado en diciembre del año 2001 por el secretario general de Naciones Unidas.
Defendió
aquí el plan Colombia, las fumigaciones, etcétera, y espero que no tengamos que seguir el camino del señor Pino Arlacci.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada señora Valera.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, yo creo que conviene recordar una vez más que los ciudadanos de nuestro país nos seguimos preocupando por la lacra social que supone el consumo ilícito de drogas. Nos preocupamos no sólo por el consumo
sino también por las consecuencias que se derivan del mismo, ya que el consumo ilícito de drogas trae, como todos sabemos, una serie de problemáticas asociadas, que van desde los problemas sociales, los legales, los sanitarios, los familiares, los
laborales, etcétera.
Todos sabemos que el problema de la drogadicción o del consumo ilegal de drogas afecta a múltiples facetas. Es complejo, como compleja nos parece la proposición no de ley que hoy nos trae a esta Comisión para su debate el Grupo
Parlamentario Mixto. Acabo de decir que esta proposición no de ley es compleja, pero a nuestro entender sería mejor decir que es amplia, tan amplia que cada uno de sus puntos podría convertirse en una proposición no de ley, y así y todo requeriría
un debate en profundidad.
Nos da la impresión de que con esta proposición el Grupo Mixto pretende arreglar o solucionar de un solo golpe toda la problemática que se deriva del consumo ilegal de drogas: el tráfico de las mismas, el blanqueo de
capitales, etcétera, porque toca puntos muy dispares, aunque lógicamente todos tienen que ver entre sí y están relacionados con el tema, como son los presupuestos que maneja el plan nacional, la corrección del Código Penal, las derogaciones de
diversas disposiciones relacionadas con el consumo y el tráfico ilegal de drogas, los problemas de rehabilitación, los incrementos de centros, el blanqueo de capitales, las revisiones de marcos jurídicos internacionales, la producción y el comercio
de drogas, controlados por las autoridades públicas o por el Estado, que es lo que propone, y el gran debate sobre el viejo dilema sobre si legalización sí o no.
Como comprenderán SS.SS., a nada que lean la propuesta planteada por el Grupo Mixto verán que esta es una proposición que exige mucho tiempo para su debate, yo diría que incluso horas, porque como he dicho antes, tiene muchos puntos y sería
conveniente argumentar cada uno de ellos en profundidad. Nosotros vamos a hacer una valoración grosso modo, ateniéndonos al tiempo que se asigna a cada propuesta, y fijaremos nuestra posición. Quiero solicitar, si es posible, si el grupo
proponente está de acuerdo y si técnicamente es correcto, una votación separada punto por punto de esta proposición porque con algunos puntos estamos totalmente de acuerdo y con otros no lo estamos tanto o al menos lo estamos a medias. Estamos de
acuerdo respecto al aumento del presupuesto destinado al tratamiento de los drogodependientes que quieren abandonar su adicción, y hasta tal punto estamos de acuerdo que en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, en lo concerniente al
Plan Nacional sobre Drogas y en lo relativo a este tema, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda solicitando el doble de la cantidad asignada por el Gobierno para este fin, enmienda que defendió en su momento doña Carmen Romero
y que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular con su votación negativa. No tenemos constancia -o al menos esta diputada que les habla no es conocedora de ello- de que el Grupo Mixto haya presentado en su momento una enmienda de iguales o
parecidas características con el fin de paliar el déficit que ahora pone de manifiesto el grupo proponente en su primer punto de la proposición, y corríjame si me equivoco, que todo puede ser.
Respecto a otro punto, tenemos que recordar que la política de drogas ya ha estado en su momento en el marco de la política general de consumo y sanitaria. Por tanto, pensamos que, independientemente de dónde esté encuadrada, porque también
podría estar en Trabajo, ya que tiene implicaciones también con el mundo laboral, o en el Ministerio de Hacienda, cuando existe verdadera voluntad política para erradicar este problema social se ponen todos los medios, los esfuerzos, las medidas, la
coordinación y el presupuesto para ello, independientemente de donde esté encuadrada. También podría estar encuadrada, por ejemplo, en Presidencia, por qué no. Conviene poner de manifiesto que respecto a este tema los propios médicos y el personal
sanitario, que serían los primeros implicados en este asunto, no lo tienen claro. Lo que creemos en el Grupo Parlamentario Socialista es que debe existir una normalización sanitaria, pero, como digo, es un tema que afecta a muchísimos ámbitos y,
por tanto, entendemos que puede estar encuadrada en cualquiera de ellos.
El punto relativo a las sanciones ya lo hemos debatido en esta Cámara en más de una ocasión. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha impuesto además la sanción sobre el consumo de alcohol en público. Nosotros entendemos que las sanciones
son arbitrarias y lo que habría que analizar es si el Gobierno hace un uso arbitrario de las mismas o no. La segunda parte de este punto requiere un debate en profundidad, porque habría que establecer la cantidad de droga que cada uno requiere para
su consumo propio, que, lógicamente, variará en función de las necesidades de cada consumidor y del tipo de droga que se consuma, porque ¿dónde está el límite?, ¿quién lo fijaría y basándose en qué?, ¿cómo se controla después esa producción a
pequeña escala?, ¿cómo se controla que sólo se produce para uso particular y no para el vecino y para el hijo del vecino y para el amigo del otro vecino? ¿Tendríamos que asignar inspectores para
vigilar las plantaciones de los pequeños productores? ¿Cómo se solucionaría?
En cuanto a las legislaciones, es cierto que en otros países sí fijan las cantidades. En nuestro país está fijada por el Tribunal Supremo una cantidad por encima de la cual se considera ya que es cantidad de notoria importancia.
Lógicamente, es una cantidad que se puede variar, pero en nuestro país esa es y ha sido una decisión judicial.
En el quinto punto también estamos de acuerdo y, de hecho, en lo referente a la segunda parte de este párrafo, es decir, a la extensión a todos los centros penitenciarios del Estado español de los programas de intercambio de jeringuillas, el
Grupo Socialista presentó no hace mucho una proposición similar, sólo que afectando a las farmacias, y el Grupo Parlamentario Popular también votó en contra de esa proposición. Ayer precisamente hubo una pregunta sobre este tema y la respuesta fue
que sólo el 15 por ciento de los centros penitenciarios lo tienen. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con esta parte de esta proposición no de ley.
En cuanto al sexto punto, con el que por cierto estamos también de acuerdo, hay que decir que en la actualidad las autoridades judiciales de nuestro país y de los Estados miembros de la Unión Europea favorecen la adopción de medidas
alternativas a la sanción penal tradicional por consumo y posesión -no es ese nuestro caso- de drogas para uso personal.
Las autoridades judiciales, por tanto, abandonan a menudo las sanciones penales y prefieren usar medidas alternativas muy
variables, como advertencias formales, las multas, retirada del permiso de conducir, período de prueba o envío a tratamiento. Otra cosa muy distinta es la atención que el Gobierno presta a estos fallos de ley. Nosotros entendemos que el Gobierno
no lo tiene correctamente atendido, porque lo está sufragando con los fondos provenientes de la Ley del fondo, cuando eso no debería ser así.
Con relación al punto séptimo, estamos totalmente de acuerdo en la primera parte y el Grupo Socialista ha presentado en esta Comisión sendas proposiciones no de ley que siempre el Grupo Parlamentario Popular ha invalidado con su mayoritario
voto en contra. Una de las últimas propuestas del Grupo Socialista fue la de instar al Gobierno a aumentar el número de inspectores para investigar y perseguir precisamente todo el tema del blanqueo de dinero y, como es ya siempre habitual, el
Grupo Popular se opuso a dicho aumento del número de inspectores para la persecución de ese delito. Con ese punto estaríamos de acuerdo. En cuanto a la última parte nos cabe añadir que en nuestro país está despenalizada la tenencia de drogas
ilícitas para consumo propio, como SS.SS. saben, y cabe señalar además que nuestro país es uno de los más avanzados, legislativamente hablando, sobre este tema y la revisión del marco jurídico internacional que propone el Grupo Mixto relativo a las
drogas desde nuestro punto de vista quizá sea más positivo y más conveniente realizarla precisamente en un foro internacional, donde participan, lógicamente, todos los países, ya que ese puede ser el marco más adecuado para que entre todos se puedan
proponer las modificaciones más pertinentes y oportunas para conseguir erradicar esta lacra social, que afecta no sólo a nuestro país sino al resto de los países que nos rodean.
Para terminar, esta es una proposición en la cual se mezclan muchos temas y, cuando se propone algo tan general siempre se corre el riesgo de abordar mucho y no solucionar o concretar nada. Reitero que nuestro grupo propone una votación
separada de cada uno de los puntos de esta proposición no de ley, porque mi grupo votaría favorablemente alguno de ellos y en otros nos abstendríamos. Si la votación fuese global, si fuese al conjunto de la proposición no de ley, tomaríamos la
decisión de abstenernos.
El señor PRESIDENTE: Senador Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Debo decir también, en nombre de nuestro grupo, Entesa Catalana de Progrés, que nos sorprende la amplitud de la propuesta planteada por el Grupo Mixto. En cualquier caso, nuestro grupo comparte buena parte de la
exposición en cuanto a la necesidad de incentivar y de promover las políticas de prevención y de atención a los enfermos por drogadicción y, evidentemente, la información y todo lo que sean medidas tendentes a mejorar el impacto social de un
problema tan grave como es el problema de la droga. En cualquier caso, no compartimos lo que me ha parecido entender que es una propuesta de abandonar las políticas policiales que se siguen en contra de todo el tema de la droga.
Precisamente ayer,
en la comparecencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en nombre de mi grupo pedía un mayor esfuerzo policial en determinados casos y en concreto en la zona del delta del Ebro. Entendemos que las políticas policiales son
necesarias, que deben mejorar en su eficacia, que deben, evidentemente, hacerse desde el respeto, como no podía ser de otra manera, a la legalidad vigente y con las debidas garantías para el respeto a los derechos humanos, pero, en cualquier caso y
dada la especificidad del problema del mundo de la droga, en concreto de los grupos y de las mafias que promueven este tipo de tráfico, es necesario un esfuerzo policial constante y coordinado a nivel internacional y que en la medida de lo posible
sea lo más eficaz.
(El señor vicepresidente, Álvarez Álvarez, ocupa la presidencia.) Por tanto, en ese punto no acabamos de entender ni de compartir que se abandonen las políticas del Ministerio del Interior. Es cierto que tienen aspectos, como se
ha dicho, sanitarios, sociales, educativos, laborales y de muchos otros tipos, pero en ningún caso debe significar eso el abandono de las políticas
policiales o de represión sobre todas las redes del narcotráfico.
Por eso nuestro grupo apoyaría la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que si se puede realizar la votación separando distintos puntos, nos plantearíamos nuestro apoyo a algunos de ellos y, en cambio, votaríamos en
contra de todos los que signifiquen el abandono de estas políticas policiales de tipo represivo sobre las redes del narcotráfico.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Álvarez): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señor Aymerich, sería fácil para mí pedirle una votación separada, pero yo no lo voy a hacer. Yo creo que no puedo utilizar el tiempo que tengo para contestarle punto por punto a la proposición no de ley que usted
plantea, que el portavoz de la Entesa Catalana de Progrès ha calificado de amplia -me ha sorprendido, decía, la amplitud-. A mí me sorprenden mucho más otras cosas. Su señoría nos ha invitado a reflexionar sobre la política de drogas que se está
siguiendo en los últimos decenios. Yo casi le formularía la pregunta de qué cree usted que hemos hecho a lo largo de todos estos decenios, sino reflexionar. Su señoría sabe que la política de drogas que se ha seguido en España y que se está
siguiendo en la Unión Europea es una política ampliamente consensuada por todas las fuerzas políticas. Su señoría ha venido a esta Comisión y se nos ha plantado solo frente al mundo. Ha criticado S.S. a España, a Europa, a Estados Unidos, a la
Organización de Naciones Unidas y sólo le ha faltado, yo qué sé, criticar al voluntariado incluso. Yo calificaría su proposición no de ley no de tramposa, yo no quiero decir que esconda ninguna trampa, porque es muy clara, pero sí al menos de que
tiene una importante carga política. Estamos ante dos modelos: el modelo prohibicionista o el modelo permisivo. Hasta ahora, ya le digo, creo que S.S. está absolutamente solo en este tema, porque el ejemplo de la tolerancia holandés que usted
nos ha puesto no es un modelo realmente que nosotros estemos dispuestos a seguir, de la misma manera que el modelo permisivo sueco ha tenido que ser cambiado por otro de no tolerancia, S.S. lo sabe. Su señoría nos hablaba de la criminalidad
asociada. ¿Está convencido de verdad de que en un sistema permisivo la criminalidad descendería? ¿Usted cree que por el hecho de que el alcohol sea una droga legal y permitida no se generan problemas y conflictos derivados de su consumo:
criminalidad, siniestralidad laboral, desestructuración familiar, violencia, malos tratos? ¿Usted cree que permitiendo un consumo libre de drogas se acabaría con estos problemas? Yo creo que votar de una forma una parte de la proposición no de ley
y votar la otra de una manera diferente carece de sentido cuando estamos en una política, de verdad, de absoluto consenso entre todas las fuerzas políticas, la mayoría de las fuerzas parlamentarias, y también en un amplio consenso social. Usted no
puede ir a las zonas de Galicia o de Cádiz o de Andalucía o del Levante español diciéndole a los familiares de los drogodependientes que usted es partidario de la legalización de las drogas, porque no se lo admiten. Usted no puede decirles a las
asociaciones contra la droga que usted no reprimiría el consumo público de drogas, porque tampoco se lo admitirían. Aquí, señoría, el que sufre el problema tiene una posición muy clara, y de la misma manera que existe contrabando de artículos
absolutamente legales, seguiría existiendo el contrabando de drogas o el narcotráfico.
De poco me sirve decirle, señoría, cuánto se ha incrementado el presupuesto en políticas de lucha contra la droga en los últimos años ni decirle a usted que la política sobre drogodependencias se aborda no desde el ámbito represivo
exclusivamente sino desde un ámbito multidisciplinario. Efectivamente, el Plan Nacional sobre Drogas depende orgánicamente del Ministerio del Interior, pero usted sabe que el Plan Nacional sobre Drogas lo componen el Ministerio de Interior, el
Ministerio de Sanidad, el de Educación, Cultura y Deportes, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas es el secretario de ese plan y que tiene labores de impulso y de coordinación,
pero no estamos ante una política exclusivamente represora.
Usted sabe, señoría, que en nuestro país abordamos una política realista.
Nuestro país, igual que Alemania -son los únicos países de la Unión Europea que lo tienen- tiene un programa de intercambio de jeringuillas, porque en las cárceles
existe droga aunque esté prohibido que la haya.
Realmente aceptamos que existe y, por lo tanto, ponemos en marcha un procedimiento par evitar la infección por VIH. Eso es política realista, pero no es una política realista propugnar la producción
y el comercio controlado por las autoridades públicas, porque eso no nos lleva absolutamente a nada, sino al deterioro de los derechos de las personas, porque entre estos está el derecho a la salud. Señoría, podría darle infinidad de datos,
hablarle de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas, de todos estos ámbitos internacionales donde la señora Varela decía que deberíamos o podríamos discutir este asunto, y estamos todos de acuerdo; el único que no lo está es su
señoría. Todas estas razones me llevan, señoría, a decirle absolutamente que no a la proposición no de ley que usted plantea. El Grupo Parlamentario Popular no va a tomar en consideración una proposición no de ley que plantee la producción y el
comercio controlado, aunque sea por las autoridades, de sustancias psicotrópicas o de drogas o sustancias estupefacientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Álvarez): El representante del Bloque Nacionalista Galego tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: En primer lugar, debo recordar cuál era el objetivo de esta proposición no de ley, por si alguien lo olvidó. No es optar claramente por ningún modelo; sí es criticar el modelo vigente, claro que sí, es obvio. Es
decir, si el modelo vigente crea más criminalidad, crea más infecciones por VIH, crea más infecciones por hepatitis C y atenta contra los derechos y la libertad de las personas, lógicamente, yo tengo que criticar este modelo, y no es una crítica
únicamente ideológica, que -ya digo- sería totalmente legítima; es una crítica realista y basada en datos, datos que no son del Bloque Nacionalista Galego, sino que son de la Fiscalía General del Estado y del Observatorio europeo de drogas y
toxicomanías. Yo creo que nadie puede dudar que la política actual sobre drogas en el Estado español es una política desequilibrada en el aspecto represivo, porque, efectivamente, en la formulación del Plan Nacional sobre Drogas intervienen
diversos departamentos ministeriales, pero ¿por qué razón está incardinada entonces justamente en el Ministerio del Interior? Porque hay una perspectiva y, un enfoque muy determinados, condicionados por una visión de Interior, de política de
Interior, por una visión represiva del problema. ¿Qué está sucediendo? Que esto supone que no hay dinero para otras cuestiones o que hay menos dinero del que debería haber, para competencias, por cierto, autonómicas; recuerdo: cuestiones de
prevención y, sobre todo, de tratamiento. En algunas comunidades autónomas se avanzó más, en la de Galicia desde luego se avanzó muy poco o menos que en otras. No hay plazas, no hay centros públicos en realidad de deshabituación. En Galicia no
hay prácticamente, fuera de programas de metadona o fuera de Pereiro de Aguiar, el programa que se está haciendo ahí de intercambio de jeringuillas, ningún otro programa de reducción de daños ni de intercambio de jeringuillas, por cierto, a los que
se oponen determinados sindicatos penitenciarios apoyados por el Partido Popular.
Hay que decirlo todo claro, con argumentos como el de la peligrosidad.
Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Los programas de intercambio de jeringuillas
siguen teniendo problemas de encaje legal. Si habla uno con los reclusos dicen: no, no, yo no me meto en el programa de intercambio de jeringuillas porque es reconocer que soy drogodependiente y eso supone que no me dan permisos, que puedo tener
una regresión de grado. Eso está sucediendo. Claro, pues habrá que ponerlo todo encima de la mesa. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)
Acerca de que la legalidad o ilegalidad de las sustancias disminuya o no la criminalidad, efectivamente, que el alcohol sea legal no evita problemas asociados su abuso, no los evita; lo que sí evita son problemas asociados al comercio
ilegal que podría haber de alcohol: la existencia de mafias que traficasen con alcohol, la existencia de dinero sucio procedente de ese comercio ilegal de alcohol, que es justamente lo que está sucediendo con las drogas ilegales. Luego no se diga
que los familiares o las asociaciones no lo entenderían, porque familiares y asociaciones hay de todo tipo, y, por ejemplo, una señora nada sospechosa ni de proximidad con el Bloque Nacionalista Galego ni de falta de sensibilidad para estos
problemas, como es Carmen Avendaño, se ha manifestado recientemente de forma pública a favor de otro modelo y a favor, por ejemplo, de la revisión de la política actual que se está siguiendo respecto de las drogas blandas, en concreto respecto del
hachís.
Yo no dije que haya que abandonar las políticas policiales; lo que sí creo que habrá que hace es orientar esfuerzos. Yo no sé si tiene sentido que se dedique todas las semanas bastantes agentes de la Policía Nacional, a los jueves por la
tarde, en la estación de ferrocarril de Santiago de Compostela, cachear a los chavales, que van allí a pasar la noche o a estar con sus hermanos, para ver si llevan una piedra de hachís. Yo no sé si esa es una buena utilización de los recursos,
cada vez más escasos por cierto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que sí sé es que no es lo que se hace en otros países europeos y, ya digo, sin cambiar el marco regulatorio vigente. Por cierto, respecto a si el marco
regulatorio vigente hay que cambiarlo en foros internacionales, yo creo que estamos en una Comisión en la que tenemos capacidad para instar al Gobierno, que es el que actúa en esos foros internacionales, a que en esos foros fomente y promueva una
revisión de ese marco, un marco que obedece a los intereses -y también hay que decirlo- de una determinada política que se sigue desde los Estados Unidos. Le sirve como excusa para muchas aventuras. Si hoy el señor Aznar está con Bush y seguro que
coinciden en eso, muy bien; pues el Bloque Nacionalista Galego no coincide y no renuncia a cambiarlo. Nada más, y, por cierto, la proposición se votará en conjunto.
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Varela? (Denegación.) Señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Simplemente para hacer dos puntualizaciones, una, que dentro de este consenso del que yo le hablaba están también incluidas las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial, como S.S.
sabe; dos, que el
programa de intercambio de jeringuillas lo puso en marcha el Gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, cualquier funcionario o sindicato de funcionarios que presuma estar apoyado por el Partido Popular está equivocado, porque en 2001 existían
once centros penitenciarios de cinco comunidades autónomas, País Vasco, Galicia, Canarias, Navarra y Asturias, donde se dispensaron 11.339 jeringuillas, y la intención es generalizar el programa a toda España. Por lo tanto, no hay ningún apoyo del
Partido Popular a las reticencias de cualquier sindicato de funcionarios.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS PARA LAS MUJERES DROGODEPENDIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001776 y número de expediente del Senado
663/000088.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente y último punto, proposición no de ley relativa a la elaboración de programas de atención específicos para las mujeres drogodependientes. Tiene la palabra señora Varela.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, esta proposición no de ley que hoy presentamos en esta Comisión pretende defender la idea de que las mujeres drogodependientes necesitan una atención específica en los programas de tratamiento. No sólo
se trata de defender una idea, sino que lo que pretendemos es que después de nuestra exposición sobre el tema compartan todas SS.SS. con nosotros la convicción de que los programas no ofrecen a las mujeres los servicios que estas requieren y que
incluso el tipo de terapia puede ser inadecuado. ¿Por qué decimos esto? Como ponemos de manifiesto en la motivación que ha originado esta proposición no de ley, la mujer tiene poca presencia en los programas de atención y tratamiento, porque si
observamos los datos del Plan Nacional sobre Drogas, nos daremos cuenta que en los tratamientos por adicción a opiáceos las mujeres representan el 15,7 por ciento y en los tratamientos por dependencia a cocaína el 12,5 por ciento. También la última
memoria del proyecto Hombre refleja unos datos similares, ya que en el programa tradicional las mujeres representan el 12,5 por ciento y el 10,5 por ciento en el programa de cocaína. Esta realidad nos ha llevado a preguntarnos sobre los motivos por
los cuales existe este menor número de mujeres en procesos de rehabilitación. Pues bien, la baja representación de las mujeres en los programas de tratamiento puede deberse a varias razones. Una de ellas puede ser debida a que la tendencia general
es que las mujeres presentan mayores porcentajes de uso de drogas legales como tabaco, alcohol y psicofármacos que de drogas ilegales y, por tanto, podría suceder que las mujeres no estén representadas en el sistema asistencial de los usuarios que
solicitan ayuda porque sean muchas menos.
También podría suceder que el consumo de las mujeres sea más oculto o discreto y no requiriese tratamiento bien porque su consumo sea moderado o bien porque sea sostenido sin excesivos problemas. También
es posible que en las mujeres se pueda producir una recuperación natural de la dependencia y por tanto no soliciten los tratamientos, o que los programas estén diseñados preferentemente para varones; puede que tengan una orientación masculina y,
por tanto, no acudan a ellos. Señorías, son numerosos los investigadores que han planteado la orientación masculina de los programas de atención, empezando ya por Silverman en 1982, siguiendo por Cuskey también en 1982, por Reed en 1985, Inciardi
en 1993 y Sterk en 1999, y efectivamente, señorías, tenemos que reconocer que las mujeres presentan situaciones diferentes que requieren cierta especificidad en el tratamiento por drogodependencia.
Las mujeres requieren servicios y recursos en el contexto del tratamiento diferentes a los varones y algunas de estas necesidades más señaladas son las siguientes. En primer lugar, el abordaje de la historia de abuso sexual y físico.
Existe una alta proporción de mujeres consumidoras de droga que han padecido abusos sexuales y físicos en su infancia, y como estos hechos ocasionan una serie de secuelas en su desarrollo posterior, requieren lógicamente una adecuada atención. En
segundo lugar, la atención a infecciones ginecológicas y problemas de amenorrea, así como servicios de planificación familiar. En general, la mujer usuaria de drogas presenta un descuido y deterioro de su salud reproductora. Además, no suele
planificar los embarazos ni suele acudir a los servicios de obstetricia por miedo a la condena social de los profesionales. En tercer lugar, la situación de pobreza y precariedad vital en muchas mujeres adictas suele ser más drástica que en los
varones, por lo que se debe tener en cuenta su estado de nutrición y el apoyo en situaciones sociales precarias. En cuarto lugar, tenemos que decir que el factor de la maternidad en la mujer drogadicta es uno de los más importantes y, sin embargo,
en muy pocos programas es contemplado, y si, por un lado, y es fácil de entender, ser madres y poder ejercer de tales es un acicate que puede ilusionar y puede empujar a iniciar un proceso de recuperación, por otro lado, ser madre y tener que dejar
a los hijos en manos de familiares o en manos de instituciones del Estado mientras dura el programa de rehabilitación, es una barrera, ya que existe la desconfianza de recuperarlos o, lo que es más temido, de perder su cariño. Además de todo lo
expuesto, convendría añadir que muchas mujeres han sufrido abusos y violencia en la calle durante el período de consumo, por lo que conviene reducir la culpabilidad y autovergüenza de las mujeres, puesto que influye negativamente en la obtención de
resultados positivos en el tratamiento. También los niveles de baja autoestima son superiores en las mujeres, porque sienten que ellas tienen menos valor y poder. Los sentimientos de culpabilidad y vergüenza son mayores en las mujeres y los logros
conseguidos muchas veces son valorados como cuestión de suerte más que fruto de su esfuerzo personal. También se plantea que las mujeres son más difíciles de tratar porque presentan angustia, depresión, ansiedad y otros problemas en mayor medida
que los hombres. Por último, señorías, cabe señalar dos aspectos más. Uno es el hecho de que en las mujeres se hace mayor hincapié en su situación de madres y esposas,
dejando desatendidas otras necesidades y problemas relacionados con su identidad femenina; el otro es que la cualificación y la experiencia laboral de las consumidoras de drogas ilegales suelen ser bastante inferiores respecto a la de los
varones y la reinserción social, como SS.SS. conocen, conlleva la preparación para acceder al mercado laboral, y este aspecto tampoco es adecuadamente considerado en los programas de tratamiento, ya que se hace poco hincapié en la inserción laboral
de las mujeres.
Señor presidente, señorías, por todas estas razones, que en el fondo no son más que el reflejo de la sociedad en la que vivimos, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley.
Nosotros entendemos que para ganar
en la retención de las mujeres, para que estén más tiempo en los programas y para tener éxito en el proceso de rehabilitación, se deben tener en cuenta precisamente las diferencias de género.
El señor PRESIDENTE: Señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Señorías, el Grupo Popular básicamente están de acuerdo con la proposición no de ley que nos ha presentado la señora Varela, relativa a la elaboración de programas de atención específicos para las mujeres
drogodependientes. En su exposición de motivos nos invita a reflexionar sobre las causas de esta existencia de menor número de mujeres en procesos de rehabilitación, y la señora diputada lo ha puesto de manifiesto en su intervención, quizá porque
el acceso sea más tardío o quizá por los tipos de consumo, pero también tenemos que tener en cuenta que los últimos informes nos hablan de una creciente presencia femenina en el consumo de drogas y quizás ello nos lleva a plantearnos la necesidad de
ese mayor acceso de las mujeres a los tratamientos específicos en un futuro.
Señorías, decimos que estamos básicamente de acuerdo porque esta proposición no es nueva, sino que está recogida en la estrategia nacional sobre drogas, elaborada en colaboración por los técnicos de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y de los planes autonómicos y aprobada por el Gobierno en diciembre del año 1999, de acuerdo con todos los grupos parlamentarios y que plantea una serie de objetivos y características en relación con la asistencia e integración
de los drogodependientes, que recogen básicamente lo que esta proposición plantea en su exposición de motivos. Así, esta estrategia en primer lugar habla de que los programas asistenciales deben ser flexibles en las condiciones de acceso y de
permanencia en los mismos, deben realizarse preferentemente en el ámbito de residencia del usuario y asimismo recoge que el abordaje terapéutico de un drogodependiente requiere una combinación coordinada de diferentes recursos asistenciales. Unas
veces, estos recursos asistenciales deben acometerse secuencialmente y otras simultáneamente, pero está claro que esos centros, servicios y programas que forman parte de esa red integral deben aceptar unos objetivos asistenciales individualizados,
en los que prime evitar ese deterioro ya no sólo biológico sino también psicológico y social.
Por último, me gustaría resaltar también que esta estrategia recoge que los planes autonómicos, en esa red diversificada que deben ofrecer en el tratamiento de drogodependientes, deberán contar con programas específicos de atención y esos
programas específicos -se remarca- habrán de ser para mujeres. Va incluso más allá de lo que esta propia proposición, porque no habla de programas específicos para mujeres, globalmente, sino incluso de programas específicos para mujeres según sus
circunstancias. Así, recoge la necesidad de programas específicos para reclusas, para mujeres que ejercen la prostitución, como usted misma ha dicho, y para mujeres gestantes. La comunidad autónoma de la que usted y yo provenimos, la comunidad
autónoma gallega, tiene de hecho programas específicos de atención a mujeres que ejercen la prostitución y de atención a mujeres drogodependientes y al mismo tiempo gestantes. Se recoge también la necesidad de que esos programas abarquen también la
planificación familiar, el sexo seguro, el problema de abusos sexuales y de los malos tratos. Se encuentran en el objetivo 10 que se marca la estrategia nacional dentro de la asistencia e integración de drogodependientes.
Señorías, como ustedes muy bien sabe, a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas le corresponde el impulso, la coordinación e incluso la supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución de este
plan, y es a los planes autonómicos, es a las comunidades autónomas a las que les corresponde la valoración de la situación y la evolución del consumo de drogas en sus propios territorios, y en función de esa valoración y de esa evolución del
consumo deben de planificar y ejecutar las actuaciones pertinentes en las diferentes áreas de intervención en relación con este tema, me refiero a las áreas de prevención, a las áreas de asistencia y, cómo no, a las áreas de reinserción social. De
acuerdo con ello, no sería competencia del Gobierno la elaboración de programas específicos que luego tendrían que desarrollar los respectivos planes autonómicos, sino que esta es una materia que entra de lleno en las funciones de estos planes y que
los mismos vienen desarrollando desde hace quince años. Yo creo que es necesario incidir en la necesidad de esos tratamientos específicos, por lo que se ha expuesto tanto por el Grupo Socialista como por el propio Grupo Popular, por el diferente
tipo de consumo y por las diferentes peculiaridades que el género femenino presenta en cuanto a la necesidad de acceso a estos tratamientos y de tratamientos diferenciados. No se nos puede escapar que, de hecho, en materia sanitaria la mujer tiene
un plan integral de atención específico
y diferenciado de lo que puede ser la atención sanitaria requerida por los varones y tenemos que tener en cuenta que en esta atención al drogodependiente están implicados tanto los servicios sanitarios como los servicios sociales. Tampoco
se nos puede escapar que las competencias hoy en día son de las comunidades autónomas. Ante la necesidad de que se impulse por las distintas comunidades autónomas estos planes específicos dentro de esa valoración y evolución que hagan del consumo
en sus propios territorios, presentamos una enmienda in voce, que iría en el sentido de que, más que elaborar el Gobierno esos planes específicos, la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas insta a la Delegación del Plan Nacional
de Drogas o al Gobierno, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, a impulsar y elaborar para las mujeres drogodependientes programas de atención y programas de tratamiento específicos que atiendan las diversas peculiaridades
reales que presentan dichas mujeres, con el fin de que los procesos de rehabilitación sean lo más efectivos posibles.
En resumen, entendemos la necesidad de impulsar esos tratamientos, pero queremos ser respetuosos con las competencias que cada institución tiene y que están recogidas y marcadas en la estrategia nacional aprobada por los distintos grupos
parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Señora Varela, ¿acepta la enmienda?
La señora VARELA VÁZQUEZ: Quiero felicitar al Grupo Parlamentario Popular porque parece que aceptan alguna proposición no de ley nuestra, al reconocer que el Gobierno tiene que hacer este trabajo con las comunidades autónomas. Son claves
las palabras impulsen y elaboren. No sirve de nada impulsar si luego no se elabora nada. Por tanto debe decirse impulsar y elaborar. Estamos de acuerdo en ello. Si es así, nuestro grupo acepta esa enmienda, que es simplemente añadir que el
Gobierno en colaboración con las autónomas, como debe ser, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, y dada la hora, iniciamos las votaciones. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento) En algunas cosas estamos de acuerdo, porque siempre se ve el lado negro.
Votamos el punto segundo: Proposición no de ley sobre las unidades de recepción y custodia de drogas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre destrucción de droga decomisada.
Efectuada la votación, dijo el señor presidente: votos a favor, 9; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre una nueva política de drogas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 19; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Y por último la relativa a la elaboración de programas de atención específicos para las mujeres drogodependientes. Como se ha aceptado la enmienda, ¿se aprueba por unanimidad? (Asentimiento.)
Queda aprobada. Felices fiestas.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.