DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2002 VII Legislatura Núm. 98

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES

Sesión núm. 37

celebrada el jueves, 27 de junio de 2002,

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez), para informar sobre:


- Los trabajos desarrollados en las materias que son competencia de su Departamento durante el semestre de la presidencia española de la Unión europea. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 214/000121 y número de expediente
del Senado 711/000272.) ... (Página 2332)


- Los resultados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000863 y número de expediente del Senado 711/000293.) ... href='#(Página2332)'>(Página 2332)

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Se abre la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (APARICIO PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE:


- LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS MATERIAS QUE SON COMPETENCIA DE SU DEPARTAMENTO DURANTE EL SEMESTRE DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente Congreso 214/000121 y número de expediente
Senado 711/000272)


- LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 213/000863 y número de expediente Senado 711/000293)


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Con algún retraso sobre el horario previsto por razones obvias, me disculpo frente a los senadores que han tenido que soportar una larga espera, debido a que el comienzo de la sesión se había fijado para
una determinada hora o cuando acabara la sesión. En este caso la sesión ha acabado mucho más tarde de lo previsto, por ello, los diputados no hemos tenido que esperar, pero ustedes sí y les ruego nos disculpen.



Tiene la palabra el señor ministro a los efectos de su comparecencia.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias Presidente.



Es obvio que el retraso, como se decía en términos clásicos, obedece a causas ajenas a nuestra voluntad. Sin perjuicio de ser lo más exhaustivo posible, trataré de sintetizar también al máximo para permitir que SS.SS.
puedan posteriormente
pronunciarse y tener -ese es el objetivo- un conocimiento cabal de lo acaecido durante la presidencia española en el área de empleo, área por la que comienzo.



En materia laboral nos fijamos como objetivos, como prioridades de la presidencia española, avanzar hacia la consecución del pleno empleo y buscar también que fuera un empleo de calidad. Los objetivos más concretos ya desagregados fueron y
son: promover la movilidad geográfica y funcional, impulsar servicios de información europeos del mercado de trabajo, potenciar la formación y el reconocimiento de las cualificaciones a nivel europeo, promover la salud y la seguridad frente a los
riesgos laborales, impulsar la economía social en el ámbito europeo e impulsar la participación de los interlocutores sociales en las estrategias en curso. El pasado 18 de abril tuve ocasión de darles a conocer estas actuaciones como objetivos.
Fue en el Consejo informal de Burgos, donde analizamos estas estrategias en curso y más concretamente y con especial interés la estrategia europea de empleo, puesto que en este año se cumple su período inicial de vigencia. ¿Cuáles fueron las
conclusiones básicas de aquel Consejo informal de Burgos? La validez de la propia estrategia y la necesidad de integrar y vincular sus objetivos con los establecidos en Lisboa, así como reforzar la participación de los interlocutores sociales,
máxime cuando en manos de los propios interlocutores están elementos tan esenciales para el empleo como es la evolución de los salarios, la distribución de las jornadas y ese importante concepto de flexibilidad interna que evite tener que recurrir a
la flexibilidad externa como método de ajuste producido hasta la fecha.



Estas reflexiones tuvieron su plasmación en la conferencia de Madrid, bajo el título De Luxemburgo a Barcelona, en la que se realizaron aportaciones concretas para su traslado al Consejo de Ministros de 7 de marzo sustancialmente reafirmar
la estrategia y la validez de la estrategia europea de empleo. Este Consejo, como saben SS.SS., se centró en la preparación del Consejo Europeo de Barcelona. Y Barcelona ha supuesto, básicamente, revitalizar los objetivos de Lisboa y de manera
especial el objetivo del pleno empleo, reafirmando la necesidad de hacer esfuerzos equilibrados entre los planos económico y social. La estrategia europea de empleo se manifestó como vital, como básica, en esta tarea. Para ello deberá adaptarse lo
que supone su simplificación y reducción del número de orientaciones, así como ajustar su calendario al de Lisboa, sin perjuicio de una evaluación intermedia, allá por el año 2006. La nueva estrategia debe centrarse, como se ha señalado, en elevar
los índices de empleo y en particular -esto es novedoso desde Barcelona- los de los trabajadores de mayor edad, mediante fórmulas flexibles de jubilación y el acceso a la formación permanente. Barcelona definió un objetivo concreto de elevar la
edad media de cese efectivo en la actividad en torno a cinco años para el año 2010. Hablamos de valores promedios y se trataría de situar al conjunto de la Unión en cifras semejantes a las que España tiene en este momento como medias efectivas de
jubilación. También se resaltó la necesidad de reforzar el papel de los interlocutores sociales en esta estrategia y se institucionalizó -y esto creo que hay que destacarlo- su participación al más alto nivel, a través de la celebración ya, como
parte del propio Consejo de primavera, de una cumbre social previa a las cumbres. Creo que ha sido un paso adelante conseguir que no sea discrecional, que no sea optativo, que no quede al albur de la presidencia de turno, sino que quede ya
constituida como parte del propio Consejo.



Con posterioridad a este Consejo de Barcelona tuvo lugar en la misma ciudad una conferencia para la presentación


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de la estrategia comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo para el período 2002-2006, elaborada por la Comisión como paso previo a su examen por el Consejo. Ulteriormente fue el Consejo el que avaló el excelente trabajo de
la Comisión. Esta conferencia se centró en el análisis de la aplicación de la normativa vigente, la mejora de la cultura de la prevención y la atención a los nuevos riesgos y cambios en el mercado de trabajo. Desde estas conclusiones, fue aprobada
una propuesta de resolución en el Consejo de 3 de junio, con lo cual quedó cumplido el mandato de Barcelona. La resolución destaca como objetivo principal la reducción de los accidentes y enfermedades profesionales, la implantación de una cultura
preventiva, el intercambio de información y experiencias entre las autoridades nacionales, y nuevamente realza el papel del diálogo social para abrir nuevas vías de progreso y abordar los riesgos específicos de distintos sectores y profesiones.



Posteriormente, en Córdoba, se trató, a través de una conferencia sobre movilidad y cualificaciones básicas, con unas conclusiones que también dieron lugar a una resolución aprobada por el Consejo el 3 de junio, en la que se establecía que
el Consejo debía dar los pasos necesarios para poner en práctica las medidas propuestas por la Comisión en el plan de acción sobre competencias y movilidad. Esta resolución destaca que la promoción de una sociedad del conocimiento es una condición
esencial de la competitividad, el crecimiento y la consecución del pleno empleo y que la movilidad profesional debe ser desarrollada para facilitar la adaptación a los cambios económicos y sociales mediante sistemas de formación de calidad, que hay
que superar la escasa movilidad geográfica en y entre los Estados miembros, y que es necesario un sistema transparente de información sobre el mercado de trabajo. Por tanto, se invita a la Comisión, a los Estados y a los interlocutores sociales a
que, en el marco de la estrategia europea para el empleo y en sus respectivos ámbitos de actuación, impulsen la puesta en práctica de medidas recogidas en el plan de acción, tanto en lo que concierne a la movilidad funcional y geográfica como a la
información y transparencia.
Junto a estos instrumentos, el Consejo de 3 de junio también logró importantes avances en dos directivas de enorme trascendencia para la mejora de las condiciones de los trabajadores de la Unión. En primer lugar, se
adoptó una orientación general tanto para el reglamento sobre el estatuto de la sociedad cooperativa europea como para la directiva por la que se completa dicho estatuto en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Saben que, por lógica
continuidad y simetría con los avances producidos en materia de sociedad europea, también había que impulsar fórmulas societarias, como las fórmulas cooperativas, a favor de la economía social y eso también ha sido posible encauzarlo bajo
presidencia española. Ambos instrumentos se basan en los textos aprobados para la sociedad europea de 2001, con las modificaciones necesarias, dada su especificidad. El objetivo, tanto del reglamento como de la directiva es crear, bajo la fórmula
de una sociedad cooperativa, una nueva entidad jurídica para la organización de la actividad económica, al menos entre dos Estados miembros, y supone dar un nuevo impulso a la economía social en el marco europeo.



En segundo lugar, se logró un acuerdo político en torno a la propuesta de Directiva del Parlamento por la que se modifica la directiva 83/447, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto
en el trabajo, cuestión ardua, ya que habían transcurrido bastantes años y seguíamos sin contar con un marco de protección para labores tan importantes como es el desamiantado o la retirada de asbestos de muchos de los grandes edificios europeos.
Este tema era de una especial sensibilidad y delicadeza tanto para la posición francesa como para la posición alemana, por lo cual haber obtenido una posición común en este mes de junio creo que es de especial trascendencia y digno de ser tenido
como muy positivo. El texto de la propuesta será enviado al Parlamento Europeo para su segunda lectura en el marco del procedimiento de codecisión. Esta nueva directiva adapta las medidas de protección de los trabajadores al progreso de los
conocimientos científicos, se aplica a todos los sectores de actividad, fija un solo valor límite de referencia para la exposición al amianto y se adoptan medidas para su detección antes de los trabajos de demolición, para la formación de los
trabajadores y para garantizar la capacitación de las empresas de desamiantado y demolición.



Por otra parte, y dentro de los logros alcanzados en el ámbito de la armonización legislativa durante la presidencia española, debo recordar los importantes resultados obtenidos en esa siempre compleja vía de la conciliación o codecisión.
De un lado me refiero a la decisión del Parlamento Europeo relativa a medidas comunitarias de incentivación del empleo, cuyo objetivo es el de financiar los estudios, los análisis y los informes relativos a los mercados de trabajo, de vital
importancia para la estrategia de empleo, y, por otro, a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes
físicos, en lo que se refiere a vibraciones mecánicas. Supongo que muchas de SS.SS. saben que de los tres agentes físicos considerados, en este caso ruidos, vibraciones mecánicas y lo que son otros agentes, en este caso luminosos, se ha conseguido
desbloquear y cerrar el correspondiente a vibraciones mecánicas.



Por último, se ha adoptado la directiva del Parlamento y del Consejo que modifica la Directiva 80/987, relativa a la aproximación de legislaciones en materia de protección a los trabajadores asalariados en caso de


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insolvencia del empresario. Para que puedan situarse, en este caso la posición española era razonablemente cómoda, puesto que tenemos una legislación que a través del Fondo de Garantía Salarial puede considerarse como media alta respecto al
objetivo pretendido, y sin duda alguna creo que es bueno que hayamos avanzado y hayamos adoptado esta directiva, directiva que actualiza y mejora, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, el texto adoptado en 1980. Incluye en
su ámbito de aplicación no sólo los procedimientos de quiebra sino también los de suspensión de pagos, simplifica los períodos de tiempo cubiertos por las instituciones de garantía de los créditos salariales y regula las situaciones transnacionales
de insolvencia.



En materia de protección social los objetivos que nos habíamos marcado eran: contribuir a garantizar pensiones seguras y viables; en segundo lugar, y creo que esto ha tenido plasmación en el día de hoy en el Senado, impulsar la
prolongación de la vida activa y la idea de una jubilación gradual y flexible; promover la adaptación de los sistemas de protección social a las nuevas formas de organización del trabajo y, en general, a las nuevas necesidades, y modernizar la
regulación aplicable a los trabajadores migrantes en materia de Seguridad Social. Garantizar esas pensiones seguras y viables ha sido para España uno de los objetivos prioritarios y por ello hemos impulsado la estrategia europea de protección
social formulada por la Comisión en 1999. En la reunión de Burgos ya se puso de manifiesto cómo el debate en torno al método de coordinación abierto en las pensiones hacía posible constatar el importante avance producido en la estrategia de
colaboración entre los Estados miembros en orden a afrontar los retos comunes que afectan a nuestro sistema de pensiones. Se logró, pues, un amplio consenso sobre los objetivos comunes a perseguir, así como sobre un método de trabajo que se
adaptase a las peculiaridades nacionales de los sistemas de pensiones y que fuese respetuoso con la competencia exclusiva -subrayo exclusiva- de los Estados miembros y con el principio comunitario de subsidiariedad. El desarrollo del método abierto
de coordinación está encaminado a garantizar la viabilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones, y esto significa, como saben SS.SS., mantener su capacidad para cumplir los objetivos sociales que tiene encomendados, garantizar su viabilidad
financiera y mejorar su capacidad para responder a las cambiantes necesidades de la sociedad y de los individuos. En este momento, fijados ya los objetivos comunes, método y calendario, los Estados miembros deben presentar, a mediados del próximo
mes de septiembre, unos informes de estrategia nacional relativos a las posibles reformas de los sistemas nacionales de pensiones. Evidentemente, en el caso español no solamente no se debe obviar sino que espero que se puedan poner en valor tanto
los acuerdos políticos, como es el caso del Pacto de Toledo, como los acuerdos sociales, de los que tan positivas acciones se han derivado.



A nadie se le escapa la importancia de este nuevo proceso de cara a garantizar nuestro modelo social europeo, tanto en sus aspectos económicos como sociales; por ello y con vistas a la presentación de estos informes, los de septiembre, se
han organizado reuniones bilaterales entre la Comisión y los Estados miembros para tratar de tener una estructura común en los mismos. Estos informes servirán de base para la elaboración del informe conjunto ya sobre pensiones que la Comisión y el
Consejo presentarán a la cumbre de primavera del próximo año 2003. Los informes nacionales deben elaborarse en función de una serie de objetivos comunes que son el resultado de un trabajo, también conjunto, efectuado por el comité de protección
social y el comité de política económica, quienes deberán proseguir su tarea encaminada también a la determinación de unos indicadores comunes y consensuados, que sean verdaderamente fiables y útiles y que puedan facilitar datos comparables sobre
las grandes tendencias económicas, financieras y demográficas que afectan a la viabilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones.



Con este mismo objetivo España se propuso dedicar especial atención a aquellos aspectos que ayuden a mejorar y modernizar los sistemas de pensiones, con especial incidencia en la prolongación de la vida laboral, aspecto considerado como eje
esencial de la viabilidad de los sistemas de protección y respuesta adecuada al reto del envejecimiento. En este sentido, y para enriquecer el método abierto de coordinación, se organizó un seminario sobre prolongación de la vida laboral, pensiones
seguras y viables, en el que se abordó la necesidad de afrontar el reto demográfico promoviendo la prolongación voluntaria de la vida activa y el establecimiento de sistemas de jubilación graduales y flexibles. Su objetivo fue promover un
intercambio de experiencias en esta materia, que creemos que resultó de gran utilidad. De hecho estos objetivos se vieron corroborados en la cumbre de Barcelona, que destacó la necesidad de aumentar la participación en el mercado de trabajo para
todos, y facilitar la permanencia voluntaria de los trabajadores mayores en la actividad como respuesta al envejecimiento, a la vez que indicaba la conveniencia de configurar -como insisto, ha logrado España- sistemas de jubilación graduales y
flexibles. Más allá de las meras declaraciones, Barcelona ha establecido un compromiso muy concreto para el año 2010: elevar progresiva y gradualmente, en torno a cinco años, la edad media en que se produzca el cese efectivo de actividad de las
personas de la Unión Europea.



Otro de los objetivos que nos planteamos fue contribuir a la modernización de los sistemas de pensiones para adaptarlos a las nuevas necesidades y, por decirlo de una manera clara, a las nuevas situaciones laborales.



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Es obvio que los sistemas de pensiones deben adaptarse a los cambios de la sociedad y del mundo del trabajo y, en definitiva, a las nuevas necesidades familiares y laborales. Este desafío se enmarca en uno de los retos comunes identificados
por la Unión Europea de potenciar la capacidad de los sistemas de pensiones para responder a las necesidades cambiantes de la sociedad y de los individuos. El seminario que se celebró en Toledo el pasado mes de abril examinó la relación de los
sistemas de seguridad social con estas nuevas formas de organización del trabajo. Este seminario permitió iniciar una reflexión a nivel europeo para encontrar pautas comunes que permitan una razonable regulación de lo que se consideran formas de
empleo no convencionales, cada vez más frecuentes en el ámbito de la Unión Europea.



Durante la presidencia española también hemos impulsado, y creo que con éxito, la tarea emprendida para que los derechos de seguridad social de los trabajadores en el territorio de la Unión Europea sean cada vez más claros, más accesibles y
más inteligibles para sus destinatarios. Con el fin de facilitar la libre circulación de los trabajadores se han venido desarrollando durante todo el semestre los trabajos previstos para modernizar y simplificar el Reglamento 1.408 sobre la base de
los parámetros adoptados ya en la cumbre de Laeken. El pasado día 3 de junio el Consejo alcanzó un amplio consenso sobre los títulos I y II, sólo pendiente de que Alemania retirara una reserva de examen, lo que hizo con anterioridad al Consejo
Europeo de Sevilla. En consecuencia, creo que ya tenemos, por decirlo así, cerrados y bien encajados dos de los títulos básicos del Reglamento 1.408. Creo que después de tantos años intentando simplificar este básico instrumento normativo tenemos
motivos para sentirnos satisfechos con nuestro trabajo y con la colaboración, que agradezco sinceramente, tanto de la Comisión como del resto de Estados miembros. Alcanzado el acuerdo respecto a los títulos I y II, ello permitirá a las futuras
presidencias seguir avanzando en esta tarea de simplificación, con el objetivo de acercar este instrumento al ciudadano y de cumplir el mandato, proveniente de la cumbre de Barcelona, de proseguir, con carácter de urgencia, los trabajos relativos a
la reforma del reglamento para que puedan adoptarse definitivamente antes de finales de 2003. También -y aquí hago una especial mención- hemos trabajado duramente en el reglamento por el que se extendía la aplicación del Reglamento 1.408 a los
nacionales de terceros países. A veces recibimos todos los Estados miembros acusaciones, que entiendo infundadas, de falta de atención o de discriminación respecto a los nacionales de terceros países que se hallan residiendo legalmente en
territorio europeo. Pues bien, con el decidido impulso de la presidencia y de la Comisión el Consejo de 3 de junio alcanzó una orientación general sobre el texto de reglamento por el que se extienden las disposiciones del precitado Reglamento 1.408
a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Comunidad y que debido únicamente a su nacionalidad no estaban cubiertos por dichas disposiciones, y estamos hablando de unos 15 millones de ciudadanos, para entender también la
trascendencia no solamente cualitativa, sino también cuantitativa. Este reglamento se enmarca dentro de los mandatos de Tampere de 1999 que proclamaron la necesidad de asegurar a los nacionales de terceros Estados, que residen legalmente en el
territorio de la Unión, unos derechos plenamente equiparables a los de los ciudadanos europeos, con la finalidad de promover su integración y como mejor forma de lucha contra el racismo y contra la xenofobia.



En materia de igualdad de oportunidades, que sin duda alguna también debía centrar parte de los esfuerzos de la presidencia española, se han logrado importantes avances y sobre todo uno, que me atrevo ya a destacar, la modificación de la
Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en relación al acceso al empleo, la promoción y la formación profesionales y las condiciones de trabajo. Estamos convencidos de que con la
aprobación del nuevo texto de la directiva, que ha culminado un largo, diría larguísimo, proceso de negociación y conciliación, hemos dado un paso esencial. El nuevo texto refuerza los derechos laborales y salariales de las mujeres, con una mejora
evidente en cuanto a la calidad en el trabajo, prohibiendo al tiempo cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo, de embarazo o de permiso de maternidad. Se actualiza y se moderniza una directiva de 1976 reflejando la intensa evolución que
en los últimos 25 años ha experimentado la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el trabajo. Pero además de esa puesta al día, me gustaría destacar que la nueva directiva sienta unas bases de futuro firmes y
sólidas si tenemos en cuenta las importantes modificaciones introducidas. Voy a resaltar cuatro: en primer lugar, el reforzamiento de los derechos laborales y salariales de las mujeres, con una mejora evidente por lo que a calidad del trabajo se
refiere. En segundo lugar, la prohibición de cualquier tipo de discriminación por motivos, como citaba, de sexo, embarazo o permiso de maternidad. En tercer lugar -y esto creo que es muy importante-, la clarificación y la precisión de determinados
conceptos como acoso y acoso sexual. En cuarto lugar, la determinación de un conjunto de actuaciones y medidas que deben desarrollar los Estados miembros con vistas a garantizar la efectividad de la nueva regulación. Así los Estados miembros
deberán tener en cuenta activamente el objetivo de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todas las políticas y en todas las disposiciones legales adoptadas en relación con el acceso al empleo, la promoción profesional, la formación y las
condiciones de trabajo, incluyendo, naturalmente, las retribuciones. En este sentido, y en línea con lo que actualmente dispone el artículo 141.4 del Tratado


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de la Comunidad, los Estados miembros podrán adoptar o mantener medidas de discriminación positiva para que la igualdad sea real y efectiva. Con objeto de promover, analizar, apoyar y efectuar un seguimiento de la igualdad de trato entre
hombres y mujeres, los Estados miembros deberán dotarse de un instrumento ad hoc y designar un organismo específico.
Estamos hablando de que haya una vigilancia efectiva del cumplimiento de los objetivos y del cumplimiento de los mandatos de la
directiva.



Expresamente se recoge también que los Estados miembros deberán alentar a los empresarios a promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo de forma planificada y sistemática y fomentar el diálogo social,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, para promover la igualdad de género. Las empresas, a su vez, también están obligadas a prevenir la discriminación por razón de sexo, así como el acoso sexual, debiendo adoptar las medidas oportunas
para ello.



Finalmente, la directiva reconoce el derecho de la mujer a regresar al mismo puesto de trabajo o a otro equivalente tras el disfrute del permiso por maternidad y a beneficiarse de las mejoras en las condiciones de trabajo que se hubieran
producido durante su ausencia. De esta forma, el ejercicio de un derecho reconocido como es el descanso por maternidad no podrá perjudicar a las trabajadoras en sus expectativas laborales.



Otro de los ámbitos que han sido objeto de especial atención ha sido el impulso de medidas que faciliten el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, evitando las discriminaciones e incrementando las actuaciones
encaminadas a la conciliación de la vida familiar y laboral. A este respecto, el Consejo Europeo de Barcelona recordaba especialmente la necesaria creación de servicios para una infancia y se marcaba el objetivo de prestar para el año 2010
servicios de acogida al menos al 90 por ciento de los niños entre tres años y la edad de escolarización obligatoria y al 33 por ciento de los menores de tres años.



Quiero también mencionar expresamente la reciente celebración del seminario sobre mujeres, empleo y fondos estructurales, cuya oportunidad es evidente ya que estos fondos constituyen el principal instrumento comunitario para promover la
cohesión social y mejorar las perspectivas de empleo e impulsar así la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, en el seminario se ha debatido sobre la adecuación de las actuaciones de los programas operativos de los fondos para conseguir un
mayor impacto de estos instrumentos en la obtención de la igualdad mujer-hombre, junto a otros temas, como el intercambio de ejemplos y de buenas prácticas o metodologías para conseguir una mayor eficacia en las intervenciones de los fondos
estructurales.



Por lo que se refiere al grave problema de la violencia contra las mujeres, a lo largo de este semestre hemos tenido diversas ocasiones de debatir en profundidad sobre el mismo. Además de la expresa y contundente condena que se ha realizado
en cuanto a reuniones y foros que hemos celebrado, incluida la cumbre de Barcelona, me gustaría mencionar la elaboración de dos documentos que van a ser sin duda valiosos instrumentos para abordar y diseñar actuaciones y medidas encaminadas a la
prevención y erradicación de esa lacra social así como para la protección de las víctimas y la condena del agresor. Tanto el estudio sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar contra la violencia hacia las mujeres como la guía
de buenas prácticas para paliar sus efectos y conseguir su erradicación fueron presentados en el Consejo de Ministros de Empleo y de Política Social de 3 de junio, y contienen información exhaustiva sobre las mejores formas de afrontar el problema.
Por el carácter pluridimensional de la violencia contra las mujeres, que exige actuaciones integrales y transversales, además de la presentación de los citados documentos en el Consejo de Empleo y Política Social, también han sido objeto de atención
en los Consejos de Educación y Cultura y de Justicia e Interior, y lo está siendo hoy mismo en el de Sanidad.



En definitiva, la Presidencia española ha representado un avance muy significativo en esta lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, labor que felizmente va a tener su continuidad, pues la futura presidencia danesa ha expresado
ya su compromiso de proseguir estos trabajos en el marco de las actividades derivadas de la Conferencia de Pekin, y en particular en lo que se refiere a la elaboración de indicadores comunes. A este respecto, ya durante nuestra presidencia hemos
trabajado conjuntamente con vistas a elaborar un cuestionario que sirva de base para la elaboración de dicho indicadores. Por otra parte, a lo largo de este semestre se ha impulsado decididamente la incorporación del principio del mainstreaming en
las políticas de la Unión Europea. Los Consejos de Ministros de Medio Ambiente y de Agricultura han debatido ampliamente sobre el papel de la mujer en relación con el desarrollo sostenible y su participación en el impulso de la sociedad rural.



En las conclusiones del seminario sobre políticas ambientales europeas y mujer, celebrado en febrero, y de las que ya se ha dado cuenta al Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado el 4 de marzo, se destaca en primer lugar la
necesidad de considerar la igualdad de oportunidades en las relaciones de género como un indicador general necesario para garantizar cualquier proceso de desarrollo sostenible. En segundo lugar, se incide en que es preciso promover la participación
de redes de mujeres profesionales y de organizaciones no gubernamentales de mujeres en la elaboración de las políticas ambientales y en la consideración de ese sector como un importante yacimiento de empleo que bien puede beneficiar a las mujeres.



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Por lo que se refiere a las conclusiones del Consejo de Agricultura de 27 de mayo sobre la integración de la perspectiva de género, se insta a los gobiernos a que reconozcan en sus políticas de desarrollo rural la función de las mujeres para
mejorar su nivel de vida, asegurar un empleo y los servicios básicos e impulsar la sociedad rural.



Aunque sea fuera del marco estricto de la presidencia española, en relación con esta materia quiero aprovechar la ocasión para informarles que en los próximos días 2, 3 y 4 de octubre va a celebrarse en España el III Congreso mundial de
mujeres rurales, en el que, por ejemplo, van a debatirse aspectos tan importantes como liderazgo y participación de las mujeres rurales o género, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.
Lamento la extensión pero, como verán, son varios los
consejos y las materias que afectan a la presidencia española.



Entro ya en el ámbito de juventud. También creemos que han sido importantes los avances, y si pudieran medirse por la actividad desarrollada y los documentos aprobados, señalaría lo siguiente: ha habido dos consejos de ministros de
juventud, siete reuniones del grupo de juventud del Consejo, dos reuniones de directores generales de juventud de los Estados miembros, una reunión de directores generales de juventud de los países candidatos -creemos que también es importante
producir una aproximación en materia de acervo comunitario para los países candidatos-, un encuentro europeo de jóvenes y dos audiencias al Foro europeo de la juventud.



Respecto a los documentos políticos y textos legislativos aprobados, los resultados serían, en primer lugar, las conclusiones del consejo sobre el libro blanco de la Comisión Un nuevo impulso para la juventud europea, la resolución del
Consejo de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo relativa al marco de cooperación europea en materia de juventud y la contribución del grupo juventud al Comité de educación sobre el aprendizaje permanente. Me parece relevante
destacar que por primera vez durante una presidencia se han realizado dos consejos de ministros de juventud, y especialmente importante ha sido la aprobación de la resolución que fija los mecanismos de aplicación del método abierto de coordinación y
los procedimientos para la consideración de la dimensión juventud en las políticas sectoriales. De manera análoga a las tres grandes materias en las que el método de coordinación abierto se ha demostrado útil, como son empleo, protección social e
inclusión, creemos que también este método en materia de juventud puede permitir el deseable avance común y conjunto de la Unión Europea. Creemos que así se garantiza también el respeto a la diversidad de las políticas de juventud, que son
competencia de los Estados miembros, y a la vez se asegura un trabajo de conjunto en torno a los comunes objetivos. Esta estrategia permitirá que cada Estado miembro aplique las medidas que considere adecuadas en desarrollo de dichos objetivos,
favoreciendo, eso sí, el intercambio de buenas prácticas, y, finalmente, el reforzamiento de la idea de que la juventud constituye un área de trabajo importante en el proyecto de construcción europea.



Abordo ya las cuestiones relacionadas con la inclusión social. Hemos prestado una especial atención a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por ello debemos recordar que el Consejo Europeo de Barcelona invitó a los Estados
miembros a fijar en sus planes nacionales objetivos orientados a reducir de modo significativo antes del año 2010 el número de personas con riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión.
Como ya manifesté en mi comparecencia anterior, para avanzar
en la Europa de las oportunidades el empleo sigue siendo el instrumento esencial como vía para lograr la integración social. Por ello, las estrategias europeas de empleo y de inclusión social tienen que guardar una estrecha relación, como ya he
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones. En los planes nacionales de inclusión social se identifican los factores que aumentan significativamente el riesgo de pobreza y de exclusión, y el desempleo, especialmente el de larga duración, es con
diferencia el factor más mencionado. Esta relación entre estrategia de empleo y estrategia de inclusión social ha sido el centro del seminario celebrado en Toledo sobre estrategias de empleo y de inserción laboral como medidas para la inclusión
social, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos. El seminario ha permitido el debate, la identificación y el intercambio de buenas prácticas para facilitar la inserción en el mercado de trabajo de personas y colectivos con mayores
dificultades de acceso al mismo, evitando los graves riesgos de exclusión social así como cualquier tipo de discriminación.



Las personas discapacitadas también han sido un colectivo que ha recibido especial atención en este semestre. En efecto, el Congreso europeo sobre las personas con discapacidad, en el que se aprobó la llamada Declaración de Madrid, era una
invitación a todos a impulsar y promover la sensibilidad social y la eliminación de los obstáculos que pudieran existir para que las personas discapacitadas puedan disfrutar en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos de los recursos de la
sociedad del bienestar. El citado congreso cobra especial significación si tenemos en cuenta que el próximo año se celebrará el año europeo de las personas con discapacidad. Entre los actos programados con tal motivo, me gustaría destacar la
celebración en Málaga en mayo de 2003 de la segunda Conferencia de ministros del Consejo de Europa responsables de la política de integración de las personas discapacitadas.



Por último, no quisiera olvidar la celebración en España de la segunda Asamblea mundial de Naciones Unidas sobre el envejecimiento, pues ha permitido la aprobación de un nuevo plan de acción internacional


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así como de una declaración política en la que se recoge el compromiso de los Estados para avanzar en la construcción de una sociedad para todas las edades, sin discriminación alguna de las personas de mayor edad.



Finalizo ya. Como afirmaba al comienzo de esta comparecencia, creo que el balance de la presidencia española puede ser calificado de satisfactorio, y nos agrada que dicho reconocimiento también haya sido puesto de manifiesto por otras
instancias europeas. Hemos logrado culminar los trabajos desarrollados por anteriores presidencias y sentado sólidas bases para las tareas que habrán de asumir quienes nos sigan en el desempeño de la presidencia del Consejo. Se han aprobado
relevantes modificaciones en el ámbito normativo, con la aprobación de directivas y reglamentos que llevaban en algunos casos un largo proceso de discusión y negociación y que van a ser fundamentales en la mejora de las políticas y las actuaciones
del ámbito sociolaboral. Temas cruciales para el futuro de la Unión Europea en el ámbito sociolaboral, como los relacionados con las estrategias europeas de empleo y de inclusión social, han sido objeto de debate y análisis de los que han surgido
importantes propuestas de actuación a corto y medio plazo. Problemas tan graves como la violencia sobre las mujeres han dado lugar no solamente a profundos debates sino también a instrumentos de trabajo frente a los mismos. Todas las actuaciones
programadas -y les puedo asegurar a SS.SS. que han sido numerosas- han sido realizadas y se han conseguido los objetivos a los que respondía cada una de ellas. Hemos colaborado estrechamente -reitero mi gratitud- con la Comisión, con el Parlamento
Europeo y con los representantes de los Estados miembros, por lo que, sin duda alguna, los logros y resultados obtenidos son también evidentemente suyos.



En definitiva, señorías, las prioridades que la presidencia española estableció al inicio del semestre han sido cumplidas satisfactoriamente y puedo afirmar, sin falsa modestia, que hemos contribuido a lograr importantes avances, por otra
parte tan necesarios en la Unión Europea, en las áreas de empleo, protección social, igualdad de oportunidades e inclusión social.



Dicho esto, me detengo y me pongo a su disposición para cuantas cuestiones y aclaraciones consideren oportunas.



El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra a continuación los portavoces de los distintos grupos, empezando por el solicitante de esta comparecencia, puesto que, además de la petición propia del ministro, hemos subsumido en una única
intervención la respuesta a la petición urgente del Grupo Socialista, que tiene la palabra a continuación para, intervenir después en el siguiente orden el Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Mixto, el Grupo de
Coalición Canaria, Entesa Catalana de Progrés, el Grupo de Izquierda Unida y finalmente el Grupo Popular.



Tiene la palabra el señor Velasco, por el Grupo Socialista.



El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señor ministro, por sus explicaciones.
Hay algunas cuestiones en las que vamos a estar de acuerdo con la exposición que ha hecho, pero hay otras en las que no estamos muy de acuerdo, sobre todo por el tono
un tanto complaciente con que el ministro ha expuesto los logros de la presidencia europea en materia de empleo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos tenido el sentimiento de que han sido seis meses perdidos en esta materia para lograr el
objetivo de una mayor integración europea así como conseguir el pleno empleo en Europa y desarrollar el modelo social europeo luchando contra los aspectos y fenómenos más graves de la exclusión social. España empezó su presidencia sin una
conciencia clara y sin ningún objetivo definido en estas materias, pese a que por calendario le correspondía relanzar la estrategia europea del empleo y el proceso de Luxemburgo, cuyo primer período llegaba a su fin, así como relanzar los procesos
de coordinación abiertos que las anteriores presidencias, sobre todo la belga, habían hecho en el ámbito de las pensiones y de la inclusión social.



Lamentablemente, su presidencia termina, como no podía ser de otra manera, sin haber dado ningún paso significativo en estos grandes dosieres. Se han limitado a una gestión administrativa de los procesos legislativos heredados de la
presidencia belga y han llenado el vacío de su Presidencia con una interminable lista de conferencias, seminarios, congresos y consejos informales, como ustedes nos han recordado, en los que se ha recorrido la geografía española, lo que no ha traído
ningún valor añadido al proceso de integración pero que habrá sido bastante útil para los intereses del Partido Popular a lo largo de esta geografía. Hay que recordar que el señor Aznar nos dijo en Sevilla que hay reducir a cuatro los Consejos y,
entre otros, uno que hay que eliminar es el de juventud, al que usted ha dedicado bastante tiempo en su intervención.



Sobre la estrategia europea del empleo y el proceso de Lisboa, este semestre terminaba el período inicial del proceso de Luxemburgo y España debería haber sentado las bases para una segunda fase en la que habrían de integrarse las nuevas
orientaciones de la cumbre de Lisboa y los objetivos cualitativos de la cumbre de Gotemburgo. Esperábamos también que los malos datos coyunturales sobre el empleo en Europa, el incremento del gas observable en Estados Unidos, los problemas de
dualización y precariedad del mercado de trabajo o los nuevos problemas asociados a la inmigración legal o ilegal hubieran sido la base para un fuerte relanzamiento de una estrategia de cooperación mucho más activa y a la que se asociaran más
intensamente al


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Parlamento Europeo los parlamentos nacionales, los poderes locales y los agentes sociales. Todo ello debería haber conducido a un replanteamiento del método de coordinación abierto entre los Estados miembros, a un mejora de la realización y
evaluación de los planes nacionales de empleo y a colocar la dimensión social a la misma altura de preocupación y compromiso que la vertiente económica.



La presidencia española o no sabe o no entiende o no le interesan estas dimensiones. Pondré algunos ejemplos, también de crítica, sobre la actuación de la presidencia en las dos cumbres más emblemáticas del semestre. En Barcelona, el
presidente del Gobierno ha hecho todo lo posible par que se olvide el auténtico sentido del proceso de Lisboa y se reduzca este a la simple, liberalización y a su manera, de algunos sectores económicos. Recordemos que la idea central de la cumbre
de Lisboa es que las personas constituyen el principal activo, por lo que deben convertirse en el centro de las políticas de la Unión. Sin embargo, la cumbre de Barcelona, y en general la presidencia española, ha olvidado totalmente el esfuerzo de
las políticas de inversión en capital humano: construir compromisos o señalar objetivos vinculantes sobre el aumento de niveles de capacitación, aprendizaje a lo largo de toda la vida, actitudes profesionales, capacidad empresarial o iniciativas
para fomentar la integración, la participación y un modelo de sociedad integrada. La cumbre de Barcelona sólo se comprometió a un objetivo: elevar el porcentaje de los trabajadores mayores presentes en el mercado de trabajo mediante el compromiso
de incrementar en cinco años la edad media de jubilación efectiva, lo que no deja de causar estupor y alarma por la mala presentación y por la tosquedad de este indicador en un espacio geográfico de quince países que tienen realidades sociológicas y
jurídicas muy heterogéneas. En Sevilla, las dimensiones sociales simple y llanamente no han existido y, lo que es más grave, se han aprobado las grandes orientaciones de las políticas económicas sin que se hayan incorporado ni a los trabajos del
Parlamento Europeo ni del Consejo de Empleo, que -cito literalmente- se ha limitado a realizar una exposición verbal de su trabajo al ECOFIN. Como quiera que el ministro de Trabajo, señor Aparicio, no estuvo en la reunión del ECOFIN del día 20 de
junio -día de la huelga- en Madrid, habrá que entender que la combinación de políticas que se exige desde Bruselas se ha resuelto, me imagino, con una llamada telefónica a su colega Rato. Esta es la caricatura a la que ha quedado reducido el famoso
triángulo equilátero que hasta la presidencia española consistía en la consideración simultánea y equilibrada de economía, trabajo y protección social. Ninguna sorpresa, por tanto, sobre que en las conclusiones de la cumbre de Sevilla aparezca el
pleno empleo, nominalmente en el título V, mientras que no hay ni una mención ni mucho menos un solo compromiso en el documento final. No hay que olvidar al hablar de Sevilla que esta falta de compromiso y sensibilidad hacia los modelos sociales
europeos es una escandalosa evidencia en el asunto más emblemático de la cumbre: la inmigración. La presidencia española deriva siempre hacia respuestas fuertes, es decir, propias del Ministerio del Interior, mientras las dimensiones sociales de
empleo e inclusión social se sitúan no ya en un segundo plano, sino en el más total de los olvidos.
Todo ello pese a que en la génesis de este fenómeno y en sus problemas hay una componente fundamental ligada al mercado de trabajo, y más
concretamente a la pobreza del mercado de trabajo, sobre todo a la trata de seres humanos que se realiza en ciertos países y ciertas comarcas bien conocidas por la Administración española. No solucionaremos ni mitigaremos los problemas humanos,
sociales y políticos del fenómeno sin una toma de consideración seria y rigurosa de las políticas de integración social y de la gestión eficiente de las políticas de empleo, de intermediación y de inspección laboral.



Me referiré muy brevemente a la inclusión social y la protección social.
En estas materias volvemos a encontrarnos las dos caras de la presidencia española: una gestión razonable sin más en los asuntos ordinarios de la agenda y una
impotencia radical sobre los procesos profundos de la integración europea en estas materias. Por todo ello y a modo de conclusión, no es exagerado decir que la presidencia española supone, como mínimo, un semestre perdido para la consolidación del
modelo social europeo. Seis meses después, no hay más Europa, no hay más empleo de calidad, no hay más protección o inclusión social, sino más confusión y una hermosa oportunidad perdida.



Señor presidente, voy terminando. Señor ministro, tal y como están diseñadas las presidencias, son poco más que un período de tránsito en el que apenas se puede hacer nada distinto de lo que toca. De ahí que evaluar los resultados de un
semestre en un proyecto de tan largo alcance como lo es la Unión Europea resulte ciertamente trivial; a lo sumo habría que señalar si el ritmo de marcha se ha acelerado o si, por el contrario, se ha reducido, y eso no suele ser responsabilidad de
la presidencia, sino de la coyuntura política europea. Ustedes han convivido en este semestre con elecciones presidenciales y legislativas en Francia y con la inminencia de las elecciones en Alemania; así pues, los dos gendarmes de la unión
monetaria han estado en estos seis meses más pendientes de lo interno que de lo europeo.



En el área de sus competencias, hay que alegrarse de que al fin el Parlamento Europeo diera el visto bueno a la directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato -que usted ha mencionado- respecto a hombres y mujeres en
lo que se refiere al acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo, que ha supuesto la puesta al día de un instrumento comunitario con más


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de veinticinco años de antigüedad, al incluir expresamente en el mismo la protección frente al acoso sexual y moral en el trabajo. Pero aparte de esto, ¿qué más podemos decir de cómo han repercutido estos seis meses en el área de su
ministerio, el de Trabajo y Asuntos Sociales? Bastante poco. Si acaso, lo que se puede decir es que no sólo en estos seis meses, sino en los últimos doce o dieciocho meses se ha producido un abandono culpable del espíritu de Lisboa. ¿Dónde ha
quedado Lisboa, señor ministro? La cumbre de Barcelona fue una forma de mirar parcial y cicateramente el objetivo del Consejo Europeo de Lisboa. Es cierto que la liberalización de los mercados de la energía y de las telecomunicaciones tienen un
gran interés, pero convendrá conmigo, señor ministro, en que lo definido en Lisboa fue otra cosa. Fue, en mi opinión, la apuesta que hicimos de afrontar la competitividad mediante una oferta de calidad e innovación. Fue una buena respuesta al
desafío de la globalización. Pero me temo que todo esto ha quedado en palabras, palabras y palabras. Hoy el discurso de los Quince, al término de la presidencia española, es un discurso más de miedo y de incertidumbre. Europa se ha visto en
Sevilla como una frontera, como una muralla, como un territorio cerrado.



Déjeme, señor ministro, que le haga una breve reflexión sobre la forma injusta en que se está produciendo la globalización y sobre la manera egoísta con que, ante este mundo abierto para el capital y cerrado para la economía productiva, la
Unión Europea la está afrontando. La resignación está haciendo que la Unión Europea se convierta en una fortaleza. Queremos una ampliación sin aumentar los recursos financieros, queremos una ampliación restrictiva y queremos que esta Europa,
asimétrica y débil políticamente, se defienda de países terceros, generalmente pobres, con aranceles para sus productos y alambradas para sus habitantes. En este contexto afrontamos la competitividad desde la miopía de creer que este desafío lo
ganaremos con un desarme social, con salarios bajos, con empleo precario, sin negociación colectiva, sin protección al desempleo, sin subsidio a los jornaleros, pero dejando que las ayudas a los dueños de la tierra no se extiendan a los países de la
ampliación. La ley del embudo.



Señor ministro, yo soy de un pueblo de Córdoba, y aunque soy joven, recuerdo que siendo niño los jornaleros iban a la plaza del pueblo, donde los manijeros del señorito, subidos a una camioneta, entablaban una subasta de sueldos a la baja
para contratar peones. Su voz, tras recibir la primera oferta de empleo, siempre era la misma: ¿Quién lo hace por menos? Le pregunto, señor ministro, si vamos caminando hacia esto, a preguntar quién lo hace por menos. Señor ministro, le diré
algo: con la superpoblación del Tercer Mundo y el egoísmo de los países ricos, siempre habrá alguien que lo tenga que hacer por menos; por eso a los jóvenes nos gustó Lisboa, porque la pregunta ya no era quién lo hace por menos, sino quién lo hace
mejor.



Por último, hablando de pleno empleo, le digo que pleno empleo, sí, que el pleno empleo es nuestro objetivo, pero pleno empleo debajo de los plásticos, cobrando tres mil pesetas de sol a sol, no es el que creo que Europa quiera ni el que
quiera usted ni el que quiera España. Eso hay que corregirlo con política social, con política de empleo y también con diálogo. Y la cumbre de Barcelona marcó una directiva que el señor Aznar presentó diciendo que cualquier medida que se tomara en
este ámbito tenía que ser consensuada -como bien ha dicho usted al principio de su intervención- con los agentes sociales. Y ¿con qué se han encontrado los agentes sociales? Con un plan de empleo del que no han visto ni un papel, presentado una
semana después de la cumbre de Barcelona, y con un decretazo, que ya ha visto usted la respuesta que ha tenido.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau. (El señor vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la presidencia.)


El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por la exposición exhaustiva y sintética que nos ha hecho de la actividad de su departamento durante la presidencia española en la Unión Europea en este primer
semestre que concluye en un par de días.



Creemos que en este período se han dado pasos importantes en el cumplimiento de los objetivos marcados en Lisboa, en el sentido de mantener el pleno empleo e intentar la cohesión social como objetivos básicos de la construcción de la Europa
del futuro, y entendemos que hay que caminar en este sentido para propiciar el trabajo de calidad y la competitividad de este continente que es Europa con vistas a la economía globalizada, que es el reto del futuro.



Entendemos también que se ha puesto un especial énfasis -así lo marcaban los objetivos de la presidencia española- en los obstáculos estructurales que tiene la creación de empleo y los sistemas fiscales y de protección social en los
diferentes Estados de la Unión. Me hubiera gustado oír en su intervención dada la especificidad de España y puesto que nuestro grupo valora mucho la importancia que tienen los trabajadores autónomos dependientes en el mercado del trabajo una
referencia especial a estos trabajadores en las cumbres sociales. Porque si hablamos de movilidad, posiblemente tendremos que hablar de movilidad de autónomos y de microempresas en los Estados de la Unión, con una protección similar, y creemos que
podrá darse con mayor facilidad en este colectivo puesto que tiene una capacidad de trabajo muy ágil. No debemos cerrar los ojos a estos trabajadores, que cubren unos determinados servicios con una competitividad muy importante.



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También nos hablaba de las nuevas fórmulas de trabajo que necesitan esta cobertura social, por lo que entendemos que este colectivo debería entrar en ese espíritu y posiblemente tener dicha cobertura en el futuro.



En cuanto a los acuerdos de Barcelona y el objetivo de aumentar cinco años la edad de jubilación manteniendo fórmulas que permitan o estimulen la ocupación en los mayores de 45-50 años, incluso hasta superar los 65, para obtener esta media
de edad de jubilación, se han dado pasos importantes en el contexto de la Unión Europea alcanzando acuerdos con los agentes sociales y también se han dado pasos, aunque mucho más tímidos, en este Parlamento. Es importante mantener un espíritu de
consenso en la Unión Europea, una política unívoca y fuera de especulaciones electorales a fin de conseguir la seguridad de todos los ciudadanos. Dentro de las propuestas que nos ha realizado, le recordaría que mejorara o activara la acción del
Pacto de Toledo, si fuera posible, que mantuviéramos más conversaciones y que este objetivo que marcó una política conjunta en el año 1995 fuera actualizado y tuviera una conexión con las posibles acciones a emprender de cara al mantenimiento del
sistema de pensiones, su estabilidad, su aseguramiento para el futuro y su financiación con vistas a los años venideros. El escenario demográfico ha sido muy analizado por la Comisión y nos marca aproximaciones importantes hasta el año 2015 que la
Unión de alguna forma ya ha previsto. La armonización con todos los Estados nos tiene que permitir mejorar tanto nuestra acción legislativa como el diálogo con el Gobierno.



Finalmente, es muy positivo el mantenimiento de la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar y laboral y la protección a los discapacitados. Este Congreso, al votar la ley sobre jubilación de discapacitados esta mañana, permite un
acercamiento, una protección y una integración de este colectivo -que el año que viene, como ya nos ha recordado el señor ministro, celebra su año internacional- para que podamos mejorar su incorporación y su normalización dentro del mercado de
trabajo. Se les reconocen derechos reales a unas personas que no son una carga para la sociedad y debemos dignificar mediante el trabajo su peso específico y su participación social.



Señor ministro, le agradezco su participación y reiteramos nuestra disposición para mantener el diálogo, al menos desde nuestro grupo, para continuar con el mantenimiento de los objetivos parlamentarios que nos corresponden en el ámbito de
la Unión Europea.



El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): No veo a ningún miembro del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); tampoco a ninguno del Grupo Parlamentario Mixto, ni del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ni de Entesa Catalana de
Progres.



Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor ministro, he seguido su intervención con atención e intentando ver lo positivo de este semestre que termina pero, pese a los esfuerzos, seguimos pensando que ha sido un semestre perdido y tenemos una
valoración negativa de las conclusiones que aportan al final del mismo; seguimos pensando que las relaciones sociales en Europa se deterioran rápidamente y que varios gobiernos de los países de la Unión Europea atacan los derechos de los
trabajadores y trabajadoras mediante revisiones a la baja y de forma unilateral de las legislaciones protectoras existentes. A su vez, patronales y empresas continúan presionando para desestructurar la negociación colectiva, y la decisión del
Gobierno español de profundizar en esa dirección durante la presidencia española es un claro mensaje a los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea y anuncia que el Gobierno español encabeza una ofensiva radical contra el modelo social
europeo.



Los gobiernos y las patronales, los españoles en primer lugar, están motivando sus presiones sobre los derechos de los trabajadores por pretendidas exigencias del mercado y de la política europea. Nada más lejos de la verdad. Debe
recordarse que la estrategia de Lisboa está fundada en el equilibrio del dinamismo económico, la mejora del empleo y la cohesión social. Es ilusorio creer que una competitividad más fuerte de la economía europea o española puede alcanzarse por una
reducción de la protección y las garantías sociales cuando depende, en primer lugar, de una política económica activa favorable al crecimiento del empleo que está lejos de materializarse, así como de la adaptabilidad a la innovación, la extensión
del conocimiento y la formación. Este era el reto que debería abordarse en Barcelona y que el Gobierno español fue incapaz de afrontar.



La situación económica aconsejaba adoptar como prioridad el apoyo al crecimiento y al empleo, aconsejaba recomendar cierta flexibilidad al Banco Central Europeo en materia de tasas de interés y aconsejaba al Ecofin salir de su pasividad y
afrontar una verdadera coordinación europea a favor de la economía y del empleo; en una palabra, aconsejaba impulsar inversiones. Ustedes impulsaron en Barcelona la dirección contraria, poniendo el acento exclusivamente en la liberalización de
mercados, las reformas estructurales y el crecimiento de la flexibilidad del trabajo. Esta orientación desequilibrada y unilateral contradice el carácter equilibrado e integrado de la estrategia de Lisboa, poniendo énfasis únicamente en reformas
económicas separadas de las exigencias sociales y ambientales. Por el contrario, es una evidencia para el que quiera verlo que sólo respetando la estrategia integrada y equilibrada de Lisboa puede alcanzarse el objetivo de una economía


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más competitiva e innovadora, portadora de pleno empleo y de una mayor cohesión social.



El Gobierno español ha liderado una propuesta política que constituye un evidente riesgo de ruptura del consenso en torno a la estrategia de Lisboa. Afortunadamente la derrota que han sufrido en Barcelona ante las posiciones alemanas y
francesas ha constituido un éxito y un respiro para los trabajadores europeos. No se nos oculta, y su propuesta de reforma de desempleo es una buena muestra de ello, que mediante la renacionalización de las políticas de empleo y las prácticas de
penalización en el mundo del trabajo pretenden sustituir la estrategia de Lisboa por una dirección política de liberalización que sólo responde a un apriorismo ideológico y que no está contrastado por experiencias exitosas en materia de empleo y
cohesión. La dirección política que han impulsado en su presidencia se basa en una flexibilidad que es sinónimo de precariedad, especialmente para jóvenes y mujeres. En este sentido, la ausencia de avances decisivos en las políticas de formación a
lo largo de la vida laboral constituyen un déficit añadido a su Gobierno.



En la fase actual de la economía europea, marcada por cambios profundos en el plano económico y social, es más necesario que nunca que los trabajadores y trabajadoras sean protagonistas de este proceso. En este sentido, sin negociación
colectiva y concertación social se pondrá en peligro el modelo social europeo. Es fundamental la participación de los agentes sociales para impulsar una estrategia más equilibrada. Diálogo social europeo y negociación colectiva no sólo no han
merecido ninguna atención por parte de la presidencia española sino que han salido debilitados de la misma. Ni la agenda social aprobada en Niza ni los acuerdos de Luxemburgo sobre la calidad del empleo han recibido apoyo alguno en su presidencia.
En Barcelona han vuelto a utilizar el pleno empleo como excusa que oculta sus verdaderas intenciones en materia de empleo. En primer lugar, las conclusiones recogen en este tema que es necesario seguir prestando especial atención a las reformas de
empleo y del mercado laboral. Ya se sabe que cuando en estos ámbitos se habla de reformas realmente se está hablando de empeoramiento de las condiciones de trabajo. El papel que desde los gobiernos se asigna a los sindicatos es el de negociar con
la patronal la adaptabilidad de las empresas en aspectos tales como negociación colectiva, moderación salarial, mejora de la productividad, formación permanente, nuevas tecnologías y organización flexible del trabajo. Esto se traduce en que desde
la Unión Europea se impulsan medidas que se indican expresamente o se apuntan tras un lenguaje que en muchas ocasiones no se acaba de entender, como son las siguientes: que las condiciones de trabajo, en especial los salarios, se negocian a nivel
de empresa, sin que los convenios sectoriales sean de mínimos, o que la extensión de la utilización del empleo temporal y a tiempo parcial y abaratamiento del despido, etcétera, son de alguna forma las recetas que se plantean en este tema.



En materia de protección social, los términos de lo acordado en Barcelona son muy claros y exigen que se recorten las prestaciones por desempleo y las pensiones de la Unión, sin, además, al igual que ocurre en el ámbito de la legislación
laboral, hacer distinción entre las muy diversas situaciones que se dan en materia de gasto social.



En relación con las prestaciones por desempleo, se plantea la revisión de la cuantía de la prestación, duración de la misma, su idoneidad y otros aspectos. Para justificar esta medida, se alude a que de esta forma se hace que el trabajo sea
rentable y se fomente la búsqueda de empleo.
Estos argumentos han sido profusamente utilizados por ustedes en la reforma que ha producido la mayor contestación social de la democracia, como jalón de su presidencia europea, aunque ustedes
seguramente lo seguirán negando. No debe olvidarse que sobre las pensiones los objetivos de Barcelona se centran en dificultar la jubilación anticipada y en alargar la edad de jubilación. Efectivamente, esta mañana hemos ratificado un acuerdo
sobre jubilación flexible -nosotros creemos que ha sido un éxito de los sindicatos conseguir una jubilación anticipada-, pero negros nubarrones se ciernen sobre el futuro de las pensiones. Usted ha dicho aquí algunas cosas y algunas cosas más
estamos viendo.
Seguramente dentro de poco veremos cómo se hacen planteamientos que van a ir radicalmente en contra de esa ley que acabamos de aprobar esta mañana.
Como en el caso de las prestaciones por desempleo, esta es también la política que
se viene siguiendo en los diversos recortes, como ya he dicho antes, de las pensiones que se vienen aplicando en España.



Algunas preocupaciones de carácter social se refieren al plano político.
Constituye un auténtico motivo de alarma la política de inmigración que se impulsa. Una política de inmigración y asilo europea es indispensable y urgente, pero el
Consejo de Sevilla ha convertido este tema en una simple cuestión de seguridad, lejos de afrontarla desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos de ciudadanía.
La explotación del trabajo clandestino y el
trabajo de seres humanos debe detenerse, pero el gobierno de la inmigración debe acompañarse de una estrategia eficaz de integración basada en la igualdad de derechos y de trato, así como en la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural.



El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Ruiz, le ruego vaya concluyendo.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Termino rápidamente.



En este caso conviene felicitarse también de la derrota del Gobierno español en su pretensión de imponer


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sanciones a los países, así como debemos felicitarnos de que esta derrota permita que las políticas de cooperación no se vean afectadas. El Gobierno en este caso cometió un error al plantear el plan de inmigración como un plan para
sancionar a los países de origen, ya que este anuncio del señor Aznar alertó a Marruecos y ha permitido que Francia vuelva a ganar en las relaciones con el Reino de Marruecos desde el punto de vista político, económico y cultural.



Y aunque no sea objeto de su comparecencia, cabe decir que es evidente que la cumbre de Sevilla no pasará como referente del proceso de ampliación de la Unión Europea, que queda pendiente de la cumbre correspondiente a la presidencia del
segundo semestre.



Por último, debemos referirnos a la Convención europea, que debería ser capaz de dar un nuevo impulso al proyecto europeo con el reconocimiento de nuestro modelo social y de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. El lema Más
Europea de su presidencia se ha convertido en realidad en más desregulación, pero no ha sido capaz de convertirse ni en referente de más Europa política ni de más Europa social. El plus europeo necesario es social, ciudadano y democrático. Esto es
lo contrario de lo que la presidencia española ha ofrecido a los trabajadores y trabajadoras europeos.



El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Concluye el turno de portavoces el señor Azpiroz, por el Grupo Popular. Tiene la palabra.



El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor ministro, por su presencia esta tarde, no sé si ya casi noche; cuando acabemos tal vez lo sea.



A mí me parece que ha presentado una intervención que podríamos calificar de completa, casi exhaustiva, y sobre todo con un acierto en los objetivos cuando ha tratado el ámbito laboral por una parte, el de la Seguridad Social por otra, la
igualdad de oportunidades, la juventud o la inclusión social como materias que la presidencia española ha desarrollado a lo largo de este semestre de presidencia de la Unión. Por lo tanto, nuestra felicitación. Creemos que se han hecho los deberes
y a partir de aquí resaltaré los aspectos que nos parecen más positivos. No sin antes decir una cosa, porque uno viene a priori, quizás con la ignorancia de no ser asiduo a esta Comisión, con el convencimiento de que se viene a hablar justamente
del papel desarrollado por la presidencia española en la Unión Europea y al final acabamos en debates muy interesantes de orden doméstico, en los cuales yo estaré también encantado de entrar, pero entenderá el señor presidente que no eran en
principio el objeto de la convocatoria que aquí nos traía ni de la comparecencia del señor ministro. Admito mi ignorancia en la materia, puedo estar perfectamente equivocado en este sentido, pero me parecía que veníamos a tal fin.



Dicho esto, con todo afecto y respeto a mi colega el portavoz del Grupo Socialista, le diré que a mí me parece un gran papel tener que leer el papel. Y le diré por qué. A mí me parece que es una paradoja relativizar el papel que un Estado
puede desarrollar en la presidencia en un término de seis meses en la Unión Europea para acto continuo afirmar que la presidencia española ha avanzado escasamente en un semestre en la Unión Europea. Me parece que es una contradicción en los
términos, y esto se ha puesto de relieve. Como también me parece que es otra contradicción en los términos aplaudir la existencia, todavía hoy, de algún Gobierno socialista en Europa -probablemente en septiembre haya alguno menos- y por otro lado
criticar el contenido de lo que esos propios gobiernos han venido a tener por bueno y aprobar dentro del ámbito de este semestre en la Unión Europea bajo la presidencia española. Por lo tanto, perdonarán que les diga que yo a veces no entiendo este
tipo de argumentos, en los cuales parece que se quiere sorber y soplar a la vez o que el blanco y el negro son una misma cosa.



Izquierda Unida, y me detendré un momento en alguna de sus afirmaciones, ha bajado más a lo doméstico, y ha bajado a lo doméstico para decir, entre otras cosas, que no había dentro de la Unión ni dentro de la política del Gobierno de España
una estabilidad ni un favorecimiento ni una garantía de un sistema de Seguridad Social. Yo creo que si ha habido un Gobierno que económica y legalmente ha venido a apuntalar la viabilidad y la garantía del sistema de la Seguridad Social es
justamente el Gobierno que se ha desarrollado estos seis años bajo la presidencia del señor Aznar. Estoy pensando en la rectificación del incremento de la vida automáticamente por ley y no por decisión unilateral y dadivosa de no sé qué Gobierno,
en las subidas que han existido en el orden de las pensiones mínimas y no contributivas, en las subidas tanto en márgenes temporales de los beneficiarios como en cuantías en las pensiones de orfandad o las relativas a la viudedad, que, como usted
sabe, parten de un acuerdo y diálogo social suscrito entre CEOE, CEPYME, Comisiones Obreras y el Gobierno el 1 de abril del año pasado, que se ha plasmado en que la pensión de viudedad en esta legislatura llegará al 52 por ciento; y en el debate
hoy en esta Cámara, como se ha recordado anteriormente, del proyecto de ley de jubilación gradual y flexible. No se puede ocultar que la realidad objetiva de todo occidente, y no sólo de Europa, es que vamos hacia un progresivo aumento de la
duración de la vida, hacia una superación de la expectativa de la vida tras los 65 años y hacia una evolución de las edades reales -inferiores- que cada año en la Unión se producen para jubilarse. Además, intentar obviar que estamos en una
situación demográfica de no crecimiento sería cerrarnos los ojos a una realidad que nos desembocaría en la auténtica irresponsabilidad de no adoptar hoy las medidas que con consenso, y dentro del desarrollo de los principios


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inspiradores del Pacto de Toledo, se han venido tomando. La prórroga de la vida activa en 5 años de la edad real de jubilación en cada país de la Unión Europea como objetivo para el año 2010 es algo que yo, señor ministro, le aplaudo. Le
aplaudo, porque me parece que es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio de realismo, es un ejercicio de futuro y es un ejercicio de mantenimiento y garantía para los que hoy están entrando en el mercado de trabajo o llevan ya años
trabajando, porque cuando ellos se jubilen van a poder tener una posibilidad cierta y estable de tener un futuro garantizado por el sistema al que han contribuido. Lo demás, con todo respeto, me parece erróneo o demagógico.
El toro hay que cogerlo
por los cuernos, porque de lo que se trata es justamente de garantizar nuestros sistemas de protección. Si el hombre vive más, biológicamente duramos más y las posibilidades de estar activo más tiempo nos permiten trabajar, lógicamente tendremos
que hacerlo y lógicamente eso contribuirá al mantenimiento del sistema.



También se dice que nosotros abandonamos el diálogo y que el Gobierno ha hecho una omisión escandalosa y provocativa de lo que significa la consideración del diálogo social. La gente no ha debido leer las conclusiones de la cumbre de
Barcelona y no ha debido escuchar la intervención que ha realizado el señor ministro ahora aquí. ¿Acaso no se ha establecido que, previa a la cumbre de primavera, va a tener que existir una cumbre social? ¿Acaso no se ha reflejado y se ha alentado
el papel primordial de los interlocutores sociales para que participen activamente en muchos problemas y cuestiones en el ámbito de su competencia? ¿No es cierto? ¿No es verdad que la cumbre de Barcelona ha recogido esto? Considero que obras son
amores y no buenas razones, y aquí están las realidades concretas aprobadas por nuestro Gobierno.



En cuanto al diálogo social, estos últimos días se habla mucho de decretazo; yo no diré huelguilla (Risas.) El Gobierno anterior habló de decretazos, puedo sacarles de la hemeroteca tacos muy gruesos de líderes actuales y anteriores, de
diputados que todavía están hoy en esta Cámara y probablemente estén en el Senado también -incluso se los puedo enviar-, a propósito de lo que decían sobre el término despectivo y peyorativo del decretazo, máxime cuando se estaba ya tramitando como
proyecto de ley dentro de las Cámaras. Podría hacer mías todas las consideraciones de ex líderes y actuales líderes del Grupo Parlamentario Socialista en la materia. Me ofrezco a remitirles un dossier al respecto. Por tanto, se ha entrado en un
debate que hemos tenido oportunidad de realizar y tendremos oportunidad de continuar, no deja de ser un debate apasionado y no deja de ser un debate en el que el Gobierno y el propio ministro han reiterado que estamos abiertos al diálogo, desde la
perspectiva -eso sí- y la filosofía que persigue el real decreto como medida de fomento del empleo.



Dicho esto -y por no prolongarme en demasía, por lo que en aras de la brevedad omitiré cosas que son importantes, pero lo tengo que hacer así-, señor presidente y señor ministro, considero que hay que resaltar que en el ámbito laboral me ha
parecido muy importante algo que ha venido favoreciendo este Gobierno aquí -ya que todo el mundo habla cuando le interesa de lo que ocurre aquí- con medidas concretas, como es el impulso y el apoyo a la economía social. El hecho de que ahora se
articule un instrumento para que se pueda actuar entre dos países, junto con el estatuto de la economía social que se está avanzando, me parece que son medidas razonables para dinamizar un sector que debe ser adecuadamente impulsado y reconocido.
Lo he dicho y lo repito: la prolongación de la vida activa para el año 2010 en 5 años me parece un objetivo básico.
También me parece de una enorme importancia la modernización del Reglamento 1408/71. La cobertura que se pretende aplicar a más de
15 millones de ciudadanos no nacionales -que por esta razón tienen problemas en el ámbito de la Seguridad Social- que están trabajando legalmente en Europa es un hecho cierto que apuntala la preocupación de la presidencia española en pro de estos
colectivos que están en una situación de marginalidad, de injusticia y de inequidad. La modificación de la Directiva 76/207/CEE sobre la igualdad de la mujer y la superación de las discriminaciones laborales, salariales o por causa del embarazo y
su reincorporación o no al trabajo, me parece que ahondan en la línea practicada a lo largo de estos últimos años por su Gobierno y por su ministerio. El objetivo, también para el año 2010, en cuanto a los servicios de infancia, creemos que
contribuirá a mantener un progresivo aumento y eficacia en la conciliación de la vida laboral y familiar, tan importante para la incardinación plena de las mujeres en nuestro mercado laboral. En cuanto a la juventud, el hecho de que hayan existido
dos Consejos de Ministros de Juventud creo que dice bastante de la importancia que su gabinete y nuestro Gobierno ha prestado a tal cuestión.



Por tanto, señor presidente, concluyo. Más que los ritmos de marcha, que son importantes y a ellos aludió antes un portavoz, lo que me preocupa es que la marcha sea en el sentido adecuado. A veces hay velocidades vertiginosas, pero en la
dirección equivocada, y eso es grave. Considero que este Gobierno ha hecho muy bien sus deberes, que ha tomado la senda adecuada, que lo ha hecho profundizando en la evolución natural que se puede producir en cada semestre de presidencia europea,
que impensablemente alguno pretende que sea revolucionario, pero que debe ser un ahondamiento, una introducción de mecanismos en las sensibilidades y preocupaciones de los problemas que, en este caso, ha planteado España.
Como decía hace un
momento, me parece que obras son amores y no buenas razones, por lo tanto tiene todo nuestro aplauso y toda nuestra felicitación.



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El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): A continuación, para dar respuesta a los distintos portavoces, tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Antes de entrar en algunas precisiones de naturaleza política, me parece que es obligado hacer una precisión de carácter estrictamente técnico: desde el hecho evidente de
que no ha desaparecido el Consejo de Juventud, tal y como se ha afirmado esta tarde, hasta el hecho de que el ordenamiento de los nuevos consejos obedece a un absoluto consenso, más allá de cualquier posición ideológica. Primer aspecto: se
mantiene el Consejo de Juventud, cosa que me parece excelente, y, desde luego, la presidencia española ha sido la primera impulsora de que se mantuviese ese Consejo. Segundo aspecto, que me parece puramente técnico, pero que si no va a ser muy
difícil entendernos: la renacionalización de las políticas de empleo como línea de trabajo. Es que es imposible renacionalizar; ya sé que la de nacionalizar es una palabra muy querida por los viejos troskistas, pero me es muy difícil aplicar esta
palabra a algo que el Tratado de la Unión dice taxativamente que son políticas subsidiarias, que son políticas propias de los Estados. Luego están, han estado y van a estar mucho tiempo en manos de quien tienen que estar, que es el Estado.
Difícilmente se puede renacionalizar lo que nunca ha sido desnacionalizado. Desde luego, al menos a la luz del actual Tratado, resultaría imposible, porque materias como el empleo, como la protección social, como la juventud o como la inclusión son
materias nacionales. Por eso, y para ello, se estableció un método de coordinación abierto que es, respetando la subsidiariedad, la plena y exclusiva responsabilidad de cada uno de los Estados miembros, elaborar -eso sí- no solamente informes, sino
una adscripción de medios a unos fines específicamente aclarados y una evaluación sistemática y constante, que permite saber si se está evolucionando en la dirección adecuada. Por esa misma razón se establecen indicadores, no para entrar en
comparaciones de naturaleza competitiva, sino para saber si todo el mundo está evolucionando en la dirección adecuada y en orden a esos objetivos que son comunes. Lo digo sobre todo para que los que son más jóvenes -a mí me produce envidia la
juventud, lo digo siempre- no adquieran unos conceptos equivocados por parte de los que somos más veteranos ante una materia tan importante como ésta.



La siguiente cuestión: cumbre de Barcelona y agentes sociales. Sé que uno es mal juez de sí mismo, pero ciertamente una persona que entiendo competente, de extracción socialdemócrata, militante en un partido socialista griego, como es la
señora Diamantopoulou, nos dedicó una frase, que evidentemente comparto con todos los que lo han hecho posible, dijo que Barcelona fue un verdadero éxito en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales y el ministro -aquí permítame que más que
ministro yo diga el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español organizó una de las mejores presidencias. Podemos seguir leyendo, si quiere leo el artículo completo. (Un señor diputado: Yo lo he leído y dice más cosas.) Entre otras cosas
justifica las medidas, y ella misma, que ha sido ministra de Industria reconoce: No puedo decir que el Gobierno no debe seguir adelante si no hay acuerdo. El Ejecutivo siempre es responsable de la decisión final. El consenso sigue siendo
importante, pero no siempre puede haber consenso. Lo dice una persona que no es en absoluto dudosa.



Me ha dicho algunas cosas que me parece muy importante precisar. Ha hablado de precarización o dualización del mercado de trabajo. Reconozco que los avances que España ha realizado en materia de reducción de la temporalidad a todos nos
parecen insuficientes. En esa afirmación podemos estar todos de acuerdo, pero también conviene recordar que la evolución de los catorce años anteriores a la suscripción de un acuerdo, como el del año 1997, no ha sido fruto de la casualidad, salvo
que usted entienda la política como algo puramente circunstancial o indiferente a la acción de los gobiernos. España tenía en 1997, año desde el que se realizan mediciones de la temporalidad, unas tasas de temporalidad comparables a la actual media
de la Unión Europea, y hoy son más del doble, a pesar de haberse retrocedido más de tres puntos. Afortunadamente esa reducción ha sido más enérgica en sectores como el de juventud. ¿Pero qué ha sucedido también durante estos últimos años, entonces
con mayoría de gobiernos socialdemócratas? Que se ha producido un incremento de la temporalidad.



Alguien ha preguntado dónde está Lisboa. Lisboa sigue estando en el estuario del Tajo, lo que ya no está es el Gobierno socialdemócrata portugués, que entre otras cosas, en el plazo de cinco años, ha elevado la temporalidad del empleo en
Portugal, eso que usted llama precariedad, del 9 al 20 por ciento. Eso es lo que ya no está. Lisboa sigue siendo un proyecto que requiere cambios equilibrados y armónicos, pero requiere cambios frente a los que no cabe instalarse en la pura
inmovilidad o en el puro rechazo a cualquier cambio. Todos sabemos por experiencia que los cambios de naturaleza social son más difíciles que los cambios de naturaleza económica, pero ambos son necesarios. Estoy seguro que en la conformación de
los cambios económicos, dado el alto nivel de consenso, se refleja la pluralidad de los distintos gobiernos.



Me preguntaba usted por el ECOFIN. Aparte de que el ECOFIN está excelentemente asistido por una persona que merece todo mi respeto, como es su compañero, el señor Solbes, es la primera vez -gracias en este caso y afortunadamente a una
presidencia española- que ha conocido el criterio del Consejo de Política Social y Empleo antes de celebrarse. También es la primera


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vez que el ECOFIN ha recibido, de cara a la construcción de las grandes orientaciones de política económica, el criterio del Comité de Política Social y del Comité de Empleo. Es la primera vez que esto ha sucedido, como es la primera vez,
bajo presidencia española, que ha dejado de ser discrecional, optativo o caprichoso que se celebre una cumbre social previa. ¿Cuál fue el compromiso que adquirieron los agentes sociales? El compromiso de poner sus estrategias al servicio de la
estrategia de Lisboa, que requiere y demanda cambios. Lo que no demanda Lisboa en ningún caso es la inmovilidad. Evidentemente tiene que haber equilibrio entre lo social y lo económico y tiene que haber redes de seguridad. Por eso estamos
haciendo también inclusión. También tiene que haber cambios fundamentales, por ejemplo, en materias como la formación y la adecuación profesional, y se vuelve a apelar a la participación de los agentes sociales. ¿Por qué? Porque sería muy triste
que lográsemos mantener importantes crecimientos económicos, que fuésemos eficientes a la hora de traducir ese crecimiento económico a crecimiento del empleo con mercados laborales adecuados, pero que finalmente no tuviésemos a los ciudadanos y
ciudadanas preparados para aprovechar esas oportunidades. Eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre los cambios que requiere nuestro sistema educativo y nuestro sistema de formación profesional. Admítame, como estoy seguro que me admitirá, que
un fracaso de naturaleza escolar es la antesala o bien de un fracaso o bien de una precariedad de naturaleza laboral. En consecuencia, parece lógico que se quiera actuar y se actúe sobre ámbitos tan determinantes como la propia calidad de la
enseñanza o como la necesidad de una nueva ley de formación profesional. Apelo también a la nueva ley de formación profesional, porque en esta misma legislatura también ha sido posible una posición de consenso con los agentes sociales en dicho
texto. No lo ha sido en el plano político, y no lo ha sido desde comunidades autónomas gobernadas por compañeros de su partido, que no parecen refrendar de manera política unos acuerdos de naturaleza social. No es la primera vez que nos piden
consensos que posteriormente no validan o refrendan. En cualquier caso, como bien decía la comisaria, un Gobierno está obligado a actuar.



De igual manera, me ha citado una figura que todos deseamos evitar, que es la de las contrataciones que se podían realizar en tiempos muy pasados y afortunadamente distantes. Desde luego, si se desea volver a ver esas imágenes, nada como
seguir auspiciando o proponiendo como modelo de inmigración el modelo de contratación en destino. Si usted cree -como ha creído durante mucho tiempo- que la mejor fórmula es que los ciudadanos acudan de cualquier manera a cualquiera de los Estados
miembros de la Unión, volverán a estar en manos de esa figura del manigero, que usted ha citado, que ha existido y existe, normalmente compatriotas de las personas que estaban acudiendo. Precisamente porque no se establecían unos mínimos de
garantía semejantes a los que España se exigía a sí misma y se sigue exigiendo -porque todavía se producen emigraciones temporales en España-, es necesario que exista un organismo de respaldo del Estado de origen para que se eviten situaciones de
abuso. España no está proponiendo nada distinto a lo que ha mantenido y mantiene aún a fecha de hoy para evitar esas situaciones de abuso. Desde luego, si se trata, como espero que se trate, no de prohibir, no de evitar los flujos migratorios de
naturaleza laboral, que son imprescindibles, lo que procede es darles ese necesario ordenamiento para que se establezcan garantías para los propios trabajadores, que a veces se omite. Una persona que acude de manera regular a otro Estado miembro no
tiene los riesgos de explotación o de esclavitud que tiene y asume el que los realiza de manera desordenada. Esto es bueno que lo sepamos. Por eso el consenso se ha suscitado en torno a lo que parece más obvio. No sé si a usted no le parece un
buen punto de partida que intentemos evitar primero las mafias de manigeros, aunque puedan volver a actuar bien en el traslado de las personas o bien en la actividad laboral. Sin embargo, vuelvo a insistir en que, con un modelo de contratación en
destino de las personas, que por cierto no existe como tal modelo en ningún Estado miembro de la Unión, ni siquiera en los países de mayor tradición migratoria, lo que se propicia son situaciones como las que usted condena, y yo naturalmente condeno
como usted.



El triángulo equilátero que usted ha citado es un figura que no es mía, vuelve a ser de la comisaria Diamantopoulou. Me parece absolutamente razonable saber que tenemos que seguir creciendo armónicamente entre cambios económicos, entre
cambios laborales y entre cambios de protección social, todos ellos tendentes a la mejora. Aquí vuelve a haber una reflexión bastante obvia. No se defiende un sistema de protección social si no se adapta a las nuevas circunstancias y a los nuevos
cambios; esa no es una forma de defender un sistema de protección social. Hemos intentado demostrar a lo largo de la presidencia española que hay que reconocer los cambios de toda naturaleza, los cambios demográficos, los cambios en las
estructuras convivenciales, los cambios en el mercado laboral, las nuevas tecnologías, porque es un conjunto de factores suficientemente amplios como para ser tenidos en cuenta. Felizmente, han salido objetivos concretos. Usted me hablaba de la
cumbre de Barcelona.
Debemos reconocer que uno de los colectivos más vulnerables del mercado de trabajo es el de las personas de mayor edad, 55 años. Piense usted, desde su envidiable distancia de edad, que estamos hablando de un sector que apenas
tiene un 30 por ciento de ocupación en el mercado laboral europeo. Algo habrá que hacer. El camino correcto es nuevamente el camino del acuerdo, y se ha citado esta misma tarde. Hoy el Senado ha aprobado


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una ley importante, una ley de jubilación gradual y flexible, en la que fue posible contar con el concurso de una de las centrales sindicales, de las organizaciones empresariales y del Gobierno. No haré una lectura belicista, como he oído,
de ganancia o de derrota. Gana la sociedad española en su conjunto, si sabe adaptarse a una demanda en este caso señalada no sólo por nuestra propia sociedad, sino por el conjunto de Europa. Añado también que si defendemos las estrategias
europeas, los métodos de coordinación abierta, es para poder seguir atendiendo a nuestros compromisos políticos internos. Como nunca se han desnacionalizado, lo que sí debe ser tenido en cuenta a la hora diseñar las políticas son los propios
compromisos, en este caso en sede parlamentaria, como es el Pacto de Toledo y los acuerdos sociales que espero que se sigan produciendo en torno a los mismos.



También he citado un ejemplo claro de avance. Quizás a usted o a alguna de SS.SS. les parezca mínimo o nimio que 15 millones de ciudadanos de terceros países, que residen legalmente en Europa, tengan ya por carta de naturaleza legal
iguales derechos sociales que quienes habían tenido la suerte de nacer en territorio europeo. Este era un tema muy difícil -por qué no decirlo- para algunos de los países, pero ante una presidencia como la danesa, que había ejercido una situación
de exclusión propia, parecía razonable hacerlo y ha habido que hacerlo bien y en poco tiempo.
Me extraña que me reproche, y se lo digo cordialmente, que hayamos intentado que los actos de la presidencia europea hayan tenido la mayor
descentralización posible. Me extraña que me lo reproche, entre otras cosas porque han ido a su propia ciudad y los asistentes no han ido sólo a pasear. No sé si usted desea que la presidencia española tenga un reflejo no solamente teórico sino
también físico en ciudades que son hermosísimas, de las que nos podemos sentir orgullosos, y que al menos yo me siento orgulloso de dar a conocer a personas que a su vez tienen capacidad de crear opinión sobre terceros. Concluyo. Creo que se puede
traducir el debate de la presidencia europea a un debate interno y supongo que algunas de SS.SS. desean que en vez de hablar de lo que ha sido una presidencia europea -entiendo, a la luz de las opiniones que hemos podido recibir bien de la Comisión
o de otros Estados miembros importante y positiva, diría yo- se pueda querer traducir a un conflicto vigente. Lo que he podido percibir en todos los países de la Unión es que la vía del conflicto no es la vía que pide Europa y alentar el conflicto
o hacer del mismo el principal objetivo político no es la vía que nos va a llevar ni al pleno empleo ni a la mejora de los sistemas de protección social ni a una eficaz lucha por la inclusión. Eso se lo puedo garantizar, después de haber hablado
con distintos colegas, nunca se ha producido. Ciertamente la obra humana es mejorable y es mejorable la presidencia española, pero permítanme que haga una última mención a avances como los que he intentado reflejar en el día de hoy. La definición
de acoso y acoso sexual, la igualdad de trato -en este caso entre hombres y mujeres- con apelación expresa a las acciones no ya defensivas sino a las acciones positivas que habrán de adoptar gobiernos y empresas para evitar las indeseables
situaciones que hoy se producen, me parece que son avances importantes porque llevaban pendientes también desgraciadamente -lo digo con tristeza- muchos años. No dudo del esfuerzo de anteriores presidencias y valoro el esfuerzo de anteriores
presidencias, en concreto de dos presidencias que -si usted quiere hacer esa lectura- eran de naturaleza socialdemócrata. No lo dudo, por el contrario agradezco y valoro esos importantes esfuerzos, pero permítame que considere una satisfacción que
hayan llegado a buen puerto bajo presidencia española. Todos sabemos que la obra política es una obra de continuidad y de relevo, pero me parece importante. Eso también lo reflejaba magníficamente la señora Diamantopoulou que decía que ella misma
tenía -y es lógico- sus temores al tratarse de un Gobierno, como ella define, conservador pero que, finalmente, desde la objetividad o al menos desde la facilidad de no verse envuelta en conflicto interno alguno, parece que reconoce y valora como
correcta, importante y positiva.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, por la información que ha proporcionado a esta Comisión y por el balance que ha hecho del semestre de presidencia española.



A continuación, dada la hora y con un carácter excepcional, como dice el Reglamento, se podría conceder un turno muy breve que no abriría debate.
Si alguna de SS.SS. desea ese turno, es exclusivamente para formular preguntas o pedir
aclaraciones sobre el tema que estamos tratando, no para abrir debate ni para contestar al ministro.



Señor Velasco, tiene usted la palabra por dos minutos.



El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señor ministro, por las explicaciones, pero hay algunas cuestiones que habría que aclarar. Nosotros nunca hemos hablado de fronteras abiertas; no se lo atribuya a nuestro grupo parlamentario. Sabe
perfectamente que siempre hemos estado proponiendo un pacto por la inmigración y son ustedes los que han anunciado una reforma de la Ley de extranjería porque la que han hecho no les ha resultado factible. Como usted dice, técnicamente no creo que
sea lo más correcto atribuirnos a nosotros esa idea de concebir la inmigración.



Por último, y seré breve, me hubiera gustado que las conclusiones de los encuentros de juventud hubieran sido mucho más fructíferas, aunque me ha parecido muy bien que se hayan celebrado en ese número, pero desgraciadamente, por la
información que nos ha llegado del INJUVE, no se han dado grandes avances. Habrá


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que seguir trabajando en ese sentido; problemas los hay -y no hablo localmente porque creo que mi intervención no se ha centrado en exceso en España, sino en el ámbito europeo-, pero debemos contribuir desde aquí con nuestras soluciones a
los problemas a encontrar una convergencia mucho mayor en todos los aspectos, desde el empleo a la protección social, al ocio y tiempo libre en lo que afecta a la juventud.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz.



El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Sólo un minuto, respecto a la afirmación que el señor ministro hace cuando habla de diálogo. Creo que el diálogo es algo precioso, bueno, pero hablar de diálogo y decir que ahí está la mesa y que nos vamos
a sentar no significa que se dialogue más; desgraciadamente tenemos ejemplos recientes de ello y no por decir diálogo está habiendo más acuerdos ni a nivel español ni a nivel europeo.
Por tanto, bienvenido sea el diálogo, pero el diálogo se
demuestra hablando y con acuerdos, y en estos momentos no creo que ustedes puedan presumir precisamente de eso.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.



Señor Azpiroz ¿desea hacer uso del turno? (Denegación.)


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Con suma brevedad.



Creo que una situación de conflicto no puede empañar tampoco el hecho de que a lo largo de los seis últimos años se hayan producido 13 acuerdos y en esta misma legislatura -en la que me siento directamente responsable- acuerdos tan
importantes como el que se ha señalado sobre pensiones que está permitiendo un esquema distinto en jubilación gradual y flexible, un acuerdo sobre formación continua, con presencia y participación de los propios agentes sociales en algo que es sin
duda alguna interesante, para mí decisivo, como es la formación ocupacional. En esta misma legislatura se ha alcanzado un acuerdo, el acuerdo interconfederal para la negociación colectiva del año 2002, demostrando que el Gobierno acepta
alternativas diferentes a su posición de partida, como hubiese sido una regulación de carácter normativo. En esta legislatura se ha producido también el agotamiento del plazo que libremente se dieron los propios agentes sociales para regular una
norma tras la cual actuó el propio Gobierno. Puedo decirle que en esta ocasión ha habido desencuentro. No me oirá decir que una situación de conflicto es una victoria o una derrota.
Creo que una situación de conflicto no es buena para nadie.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro, quisiera agradecerle nuevamente la voluntad expresa que ha tenido para comparecer ante esta Comisión a pesar la duración del Pleno y de lo largo que ha sido el día en cuanto a trabajos en esta Cámara.



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Eran las ocho y veinte minutos de la noche.