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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 95, de 25/06/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 95
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 20
celebrada el martes, 25 de junio de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución: - A) Informe de fiscalización especial de las cuentas y de la contratación del Consorcio para la construcción y dotación de un centro de atención a minusválidos psíquicos en La Rioja,
ejercicios 1995, 1996 y 1997. B) Nota complementaria del informe de fiscalización especial de las cuentas y de la contratación del Consorcio para la construcción y dotación de un centro de atención a minusválidos psíquicos en La Rioja, ejercicios
1995, 1996 y 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000044 y número de expediente del Senado 771/000026.) ... (Página 2242)
- Informe de fiscalización de los centros mancomunados de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ejercicio 1996. (Número de expediente del Congreso 251/000045 y número de expediente del
Senado 771/000031.) ... (Página 2245)
- Informe de fiscalización de los programas presupuestarios 314.B 'Pensiones de Clases Pasivas' y 314.C 'Gestión de pensiones de Clases Pasivas', ejercicio 1996. (Número de expediente del Congreso 251/000047 y número de expediente del
Senado 771/000028.) ... (Página 2247)
- Informe de fiscalización de la Escuela de Organización Industrial, referida a los ingresos del ejercicio 1996 y a su transformación en fundación. (Número de expediente del Congreso 251/000048 y número de expediente del Senado 771/000029.)
... (Página 2249)
- Informe de fiscalización del Instituto Español de Oceanografía, ejercicio 1996. (Número de expediente del Congreso 251/000053 y número de expediente del Senado 771/000033.) ... (Página 2250)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de Alba) para informar sobre los siguientes extremos: - Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Administración Pública, ejercicio 1997. (Número de expediente del
Congreso 251/000066 y número de expediente del Senado 771/000051.) ... (Página 2252)
- Informe de determinadas líneas de créditos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ejercicios 1996 y 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000070 y número de expediente del Senado 771/000059.) ...
- Informe de fiscalización de todas las actuaciones preparatorias, de adjudicación y ejecución relativas a la contratación para la Diputación Provincial de Albacete de las obras de construcción y equipamiento del teatro infantil y juvenil
'Teatro de la Paz', realizadas en los ejercicios 1997 y 1998. (Número de expediente del Congreso 251/000063 y número de expediente del Senado 771/000054.) ... (Página 2259)
- Informe de fiscalización de la actividad de la Corporación General del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ejercicio 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000064 y número de expediente del Senado 771/000052.) ...
- Informe de fiscalización especial sobre la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a partir del ejercicio 1997. (Número de expediente del Congreso 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000061.) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- A) INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS CUENTAS Y DE LA CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS EN LA RIOJA, EJERCICIOS 1995, 1996 Y 1997. B) NOTA COMPLEMENTARIA DEL
INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS CUENTAS Y DE LA CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS EN LA RIOJA, EJERCICIOS 1995, 1996 Y 1997. (Número de expediente Congreso
251/000044 y número de expediente Senado 771/000026)
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión, que saben que tiene dos partes: debate y votación de propuestas de resolución, por un lado; y después la comparecencia del presidente del
Tribunal de Cuentas, para informar de una serie de extremos.
En primer lugar, punto número 1: a) informe de fiscalización especial de las cuentas y de la contratación
del Consorcio para la construcción y dotación de un centro de atención a minusválidos psíquicos en La Rioja, en los ejercicios 1995, 1996 y 1997; y b) nota complementaria del informe de fiscalización especial de las cuentas y de la
contratación del Consorcio para la construcción y dotación de un centro de atención a minusválidos psíquicos en La Rioja, ejercicios 1995, 1996 y 1997. Se han presentado tres propuestas. El Grupo Socialista ha presentado tres propuestas de
resolución; por lo tanto, para su defensa tiene la palabra su portavoz el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Esta mañana me he sorprendido al ver que sólo mi grupo parlamentario había hecho propuestas de resolución con relación al informe de fiscalización del centro de minusválidos psíquicos de Fuenmayor. En la anterior
Comisión donde fue presentado el informe por parte del presidente del Tribunal de Cuentas explicitamos por parte de mi grupo todas aquellas cuestiones que con relación al informe de fiscalización de este centro nos habían preocupado. Efectivamente
he podido comprobar, mi grupo parlamentario puede comprobar que el Partido Popular, escuchando a veces las valoraciones que hace mi grupo parlamentario en esta Comisión o a través incluso de lo que publican los medios de comunicación ha sufrido
quizás en los últimos años una profunda metamorfosis, quizá un radical cambio de personalidad y percepción, al confundir lo público con lo privado, la parte con el todo y la crítica a veces con los insultos o por lo menos con valoraciones que no
tienen ninguna coincidencia con la realidad.
Como ha habido una cierta explicitación de algunos portavoces del Grupo Parlamentario Popular respecto a este informe de fiscalización, quiero que quede muy claro, señor presidente, que a mi grupo parlamentario el centro de minusválidos
psíquicos de Fuenmayor le pareció bien, por eso incluso lo diseñamos cuando tuvimos responsabilidades de Gobierno y buscamos un buen sistema de participación entre administraciones, eligiendo buenos socios. Hay un buen centro que presta un buen
servicio, pero ello no obsta para que efectivamente haya habido elementos de gestión financiera en la construcción del centro que han sido puestos de relieve desde un punto de vista negativo en el informe del Tribunal de Cuentas. Por eso, señor
presidente, cuando hemos hecho nuestras valoraciones y hacemos nuestras propuestas, hablamos no de cómo se gestó el centro, no de cómo se gestiona el centro, sino de cómo se gastó el dinero en la construcción y de qué responsabilidades tuvieron
algunos de los responsables políticos, que las tuvieron. Eso fue lo que denuncié en la Comisión anterior, y es a lo que van dirigidas concretamente las propuestas de resolución.
Fue el Tribunal de Cuentas el que dijo, reconoció y volvió a aseverar en su informe de ampliación que -era la opinión del Tribunal de Cuentas, coincidente con la Junta del Colegio de Abogados de La Rioja- se pagó en exceso -en bastante
exceso, un 400 por ciento por encima del precio real de mercado- una factura al abogado señor Pérez Alonso, por un trabajo que al final no se hizo porque no hubo que concluir todo el informe. Yo me pregunté entonces y me reafirmo ahora en que la
única explicación que existía era que el abogado era y es el abogado particular del máximo responsable del CAM de Fuenmayor, el consejero de Sanidad. Por eso presentamos las propuestas 1 y 3. La primera propuesta indica que el Gobierno de La Rioja
insista en la recuperación del dinero pagado en exceso a abogado y procurador por un trabajo que no se llegó a concluir; la segunda, que el Tribunal de Cuentas solicite el contrato de adjudicación de este proyecto y lo envíe a la sección de
enjuiciamiento para ver si hubo o no prevaricación en la adjudicación de dicho contrato, porque reconocerán conmigo, señores y señoras diputados, que ha sido un auténtico chollo cobrar cuatro millones por un trabajito de cuatro folios, prácticamente
sin hacer absolutamente nada. Presentamos también la propuesta número 2. Ya conocemos la decisión de Hacienda, del Tribunal Económico Administrativo, pero hay que seguir insistiendo, porque coincidimos con el Tribunal de Cuentas en que el
consorcio que gestionó y construyó el centro de minusválidos psíquicos al ser un ente público estaba exento, a pesar de lo que diga la Hacienda española, del impuesto sobre sociedades.
Son propuestas, señor presidente -termino ya-, razonadas, razonables, sensatas que esperamos que apoye el Grupo Popular. En definitiva, lo que pretendemos con estas propuestas de resolución es conseguir que el dinero que salió de las arcas
públicas, tanto desde nuestro punto de vista y como según el informe del Tribunal de Cuentas, en condiciones poco claras retorne al lugar de donde no debió salir.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Buenos días a todos. En primer lugar, me sorprende la sorpresa del señor Martínez Sanjuán, ya que la mayor ha sido la mía al comprobar las propuestas de resolución presentadas a esta Comisión por el portavoz
socialista. Digo que me sorprende porque a juicio de nuestro grupo parlamentario se trata de unas propuestas de resolución ridículas, extemporáneas y, lo más importante de todo, faltas de todo rigor. Lo fundamento. Tomo la palabra para
fundamentar el voto en contra de mi grupo a las propuestas de resolución presentadas en relación con el asunto de referencia. En primer lugar, respecto a la primera de las propuestas, a través de la cual se dice textualmente que la Comisión Mixta
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al Tribunal de Cuentas a solicitar del Gobierno de La Rioja la documentación y características de los contratos formalizados el 15 de
septiembre de 1995 por el Consorcio de La Rioja, esta documentación obra ya en poder del Tribunal de Cuentas desde el año 2000, es decir, desde el momento en el que el Tribunal de Cuentas solicitó esta documentación al Consorcio de La Rioja.
¿Cómo podía haber hecho el informe el Tribunal de Cuentas si no hubiese tenido esa documentación?
El Tribunal de Cuentas ha efectuado un análisis exhaustivo de los contratos a los que el señor Martínez Sanjuán hace referencia. Lo más importante todavía: no ha objetado absolutamente nada sobre su formalización. No lo digo yo, lo dice
el propio presidente del Tribunal de Cuentas en la anterior sesión de la Comisión del Tribunal de Cuentas que se celebró la semana pasada. Dijo textualmente que ni uno sólo de los funcionarios ni abogados del Estado del Tribunal de Cuentas habían
constatado que pudiera existir delito de ningún tipo. Al mismo tiempo quiero hacer constar que en la propuesta de resolución en ningún momento se habla de prevaricación. Si el señor Martínez Sanjuán quiere hacer referencia a la prevaricación,
debería hacerlo constar textualmente; no lo ha hecho. Como digo, el propio presidente del Tribunal de Cuentas hizo la afirmación en esta Comisión de que no existía ninguna consideración por parte de ninguno de los funcionarios del propio Tribunal
que permitiese intuir siquiera que existiese ningún tipo de delito a los que se refiere el señor Martínez Sanjuán. En lo referente al abono de las minutas, el propio Tribunal concluye que se han adoptado las medidas necesarias para obtener la
recuperación de dichos fondos públicos, por lo que nos parece totalmente fuera de lugar la remisión del expediente a la sección de enjuiciamiento. Eso en cuanto a la primera propuesta de resolución presentada.
En cuanto a la segunda, solamente podemos calificarla de esperpéntica.
¿Por qué digo esperpéntica? Porque desde el Grupo Parlamentario Socialista el señor Martínez Sanjuán lo que propone es instar al Gobierno de La Rioja a ejecutar
acciones judiciales que no sólo ya se han interpuesto, sino sobre las que ha recaído sentencia firme, sentencia número 472 de fecha 20 de noviembre de 2001. El propio Tribunal de Cuentas señala en sus conclusiones que se han cumplido con las
recomendaciones recogidas en el anterior informe especial. Por lo tanto, la sorpresa del señor Martínez Sanjuán, se queda corta respecto a la que tiene esta diputada. Nos parece absolutamente inaudito que se pretenda instar al Gobierno de La Rioja
a ejecutar acciones judiciales cuando no solamente se han ejecutado, sino que ya hay sentencia firme sobre ellas.
Por lo tanto, la segunda propuesta de resolución no podríamos aceptarla evidentemente porque es inaudita y además sorprendente.
Por lo que respecta a la tercera propuesta de resolución, el señor Martínez Sanjuán parece desconocer que el propio Tribunal constata en su informe que el Gobierno de La Rioja ya ha adoptado las medidas necesarias para obtener la
recuperación de los fondos públicos abonados en exceso al abogado y al procurador; a juicio del Tribunal, lo del exceso. El Gobierno de La Rioja presentó demanda en reclamación de cantidades contra los citados profesionales en fecha de 22 de marzo
de 2002, y ante la desestimación de la misma -parece ser que al señor Martínez Sanjuán no le interesa lo que estoy diciendo-, ha anunciado su intención de interponer recurso de apelación. Repito, la sorpresa del señor Martínez Sanjuán se queda
corta respecto a la que nos produce a nosotros recibir estas propuestas de resolución.
Desde mi grupo parlamentario quisiera recomendarle al señor Martínez Sanjuán que revise el expediente del CAM de Fuenmayor porque, por las propuestas presentadas hoy ante esta Comisión sólo se trasluce un profundo desconocimiento. Mi grupo
parlamentario aprovecha la ocasión para pedirle también al señor Martínez Sanjuán un poquito más de rigor en estas cuestiones. Realizar insinuaciones malintencionadas y torticeras sobre personas ajenas totalmente -lo repito para que quede
constancia-, ajenas totalmente al Consorcio de las entidades que construyeron el centro de atención de minusválidos psíquicos de La Rioja no lleva a ninguna parte, pero querer sembrar dudas sobre la actuación de dos profesionales libres, como son el
abogado y el procurador que intervinieron y defendieron al consorcio en el año 1995, significa algo mucho más grave: significa querer amenazar el libre ejercicio de la profesión y obstaculizar la labor profesional de estas dos personas.
Quizás sea
éste el modo de hacer política que le gusta al señor Martínez Sanjuán, o quizás sea que este diputado sienta nostalgia de tiempos pasados y crea que las conductas reales que en otras épocas llevaron a su grupo a la oposición vayan a resultar
aplicables a otra gente. Siento comunicarle al señor Martínez Sanjuán que para llevar a cabo determinadas conductas hay que valer. Para denunciar la posibilidad de que ciertas personas hayan estado implicadas en determinadas conductas hay que
demostrarlo; ni lo uno ni lo otro se dan en este caso. Sembrar dudas y sospechas sin razón sobre determinadas personas no suele dar buenos resultados. De hecho, ahí está el señor Martínez Sanjuán en la oposición.
El Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de La Rioja está montado en una estrategia de acusación continuada, no solamente en los medios de comunicación y en las comisiones al respecto, sino en los tribunales.
Hasta el momento ninguna
de ellas le ha dado buen resultado.
Por las razones técnicas expuestas y por las consideraciones que desde mi turno de palabra he hecho saber a la Comisión, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, que sí ha estudiado el informe, que sí ha estudiado el expediente y que sí
sabe reconocer las conclusiones que ha hecho de este expediente el propio Tribunal de Cuentas, votará en contra de las tres propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Martínez Sanjuán pide la palabra)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, sabe que no se suelen dar segundos turnos, porque si no no llegaremos...
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, pido la palabra por el artículo 72.3. En mi intervención no he citado ninguna vez a la señora Corres, y la señora Corres me ha citado y ha puesto...
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene un minuto, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, después de esta intervención de la señora Corres, que estoy seguro que alguien le ha redactado, posiblemente porque no la creo capaz de haber estudiado a fondo este informe en los términos que lo
ha visto (Rumores.-El señor Martínez Maillo: ¡Elegancia! ¡Elegancia!), lo que verdaderamente me sorprende es que no esté sorprendida la señora Corres ni el Grupo Popular de que cuatro millones de pesetas que se abonaron no se hayan recuperado por
parte del Gobierno regional, habiéndose pagado indebidamente en opinión del Tribunal de Cuentas; que le parezca absolutamente razonable el que la Hacienda pública siga cobrando al CAM de Fuenmayor un dinero que no tenía que haber salido nunca.
Deseo que quede absolutamente claro que, si hay algún responsable en mis opiniones políticas con relación al funcionamiento y las decisiones en las adjudicaciones, en los contratos y en las personas que tomaron decisiones acerca de la contratación
de abogados y procuradores, es única y exclusivamente un consejero político, y no es responsable ningún profesional libre; es el consejero de Sanidad, cuya actuación a lo largo de su ejercicio político en la Comunidad Autónoma de La Rioja es más
bien penosa y contraria a los intereses públicos del dinero de todos los riojanos. (La señora Corres Vaquero pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Corres, tiene un minuto también.
La señora CORRES VAQUERO: Simplemente por alusiones. Siento haberme referido al señor Martínez Sanjuán, pero como es el que presenta las propuestas de resolución, no me puedo referir a otra persona; eso para empezar.
Agradezco estilo que manifiesta y que utiliza el señor Martínez Sanjuán respecto a la capacidad o no capacidad de esta diputada. La capacidad de una diputada o de una persona no se demuestra por los años que se lleva en esta Cámara, como
son los 20 años que lleva el señor Martínez Sanjuán, sino con el estilo y con el rigor en los planteamientos. Por último, si todavía después del informe y de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, al señor Martínez Sanjuán le queda alguna duda
sobre la actuación de algún consejero -deseo que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' que en aquel momento no perteneció y no estuvo presente en ninguno de los momentos de gestión y de contratación del centro de atención de minusválidos
psíquicos de Fuenmayor, la persona a la que constantemente se hace referencia-, vaya a los tribunales; espero que le sigan dando las mismas respuestas que hasta el momento le han dado a su grupo parlamentario.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CENTROS MANCOMUNADOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 1996. (Número de expediente Congreso 251/000045 y número de expediente Senado
771/000031).
El señor VICEPRESIDENTE: El punto 2 del orden del día: informe de fiscalización de los centros mancomunados de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ejercicio 1996.
Ha habido dos grupos que han presentado propuestas de resolución. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: En primer lugar, la base de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista radica en la aceptación de forma integral del informe presentado por el Tribunal de Cuentas y, en concreto,
en todas las recomendaciones que se detallan, desde la denominada número 8.1 hasta la final, la 8.8. En cualquiera de los casos, estas propuestas de resolución que nosotros presentamos tienen por objeto subrayar algunas que nos parecen
especialmente significativas, pero reitero que no porque el resto no se asuman, sino todo lo contrario.
En primer lugar, se debe instar a la aprobación, si procede, de los estatutos del Centro de Recuperación y de Rehabilitación de Levante, del Centro Mutual para la Rehabilitación de los Accidentados de Sant Cugat del Vallés y del Centro
Intermutual de Euskadi. El objetivo de este procedimiento es simplemente que con la aprobación de los estatutos se transforme la personalidad jurídica actual de estos centros, que son comunidades de dominio, al objeto de que adquieran la
personalidad que significa de centros mancomunados. En segundo lugar, se propone la disolución de los centros mancomunados que así lo hayan solicitado a la Dirección General de la Seguridad Social, y específicamente, aun cuando no se detalla, nos
estamos refiriendo a la Comunidad de Bienes Agrupación Intermutual y al Centro Intermutual de Seguridad, así como al centro cuya gestión ha sido traspasada a la Comunidad Foral de Navarra, el Centro Mutual de Prevención, Recuperación
y Rehabilitación Ubarmin. En tercer lugar, solicitamos la supervisión de los centros mancomunados en funcionamiento, al objeto de que su actividad se acomode a los fines de los estatutos. Concretamente habría que destacar que el Centro
Mutual para la Rehabilitación de Sant Cugat del Vallés desarrolla actividades que no son...
El señor VICEPRESIDENTE: Perdone un momento. Ruego silencio, señorías, para que los servicios de la Cámara puedan seguir con nitidez el debate.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: Decía que el Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentados de Sant Cugat de Vallés desarrolla actividades que no son propias para los fines estatutarios, toda vez que, como muy bien detalle el informe, se ha
convertido en un centro de apoyo a un centro de alto rendimiento deportivo. De ahí que en esta supervisión, aun cuando es de carácter general al objeto de que los centros también adecuen su estructura, su dimensión y su plantilla a su verdadera
actividad, específicamente tendría también que resaltarse que en el caso del centro de Sant Cugat de Vallés está desarrollando una actividad que es contraria a los fines para los que en principio se aprobaron en los estatutos. De forma tal que, si
este centro insistiese o persistiera en su actividad, evidentemente el Ministerio de Trabajo tendría que plantearse su posible disolución. Y el último punto, el cuarto de las propuestas de resolución, hace referencia a que la Tesorería General de
la Seguridad Social debe inscribir a su favor todos los bienes inmuebles de su propiedad y que se vienen administrando por los centros mancomunados de las mutuas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Antón Rueda.
El señor ANTÓN RUEDA: Buenos días, señorías. He estado revisando la redacción de las propuestas de resolución y me he dado cuenta de que la 6 coincide con la 11, de manera que antes de nada quería decir que la 11 podemos suprimirla y dejar
la 6. Entonces serían diez propuestas de resolución las que se presentan. Dejando eso dicho, la propuesta de resolución 1, que es la 5 del orden general, se basa en que solamente dos centros de los autorizados, que son el Centro de Recuperación y
Rehabilitación de Levante y el Centro Intermutual de Euskadi, funcionan normalmente, pero ningún centro tiene aún personalidad jurídica. Por ello, en esta propuesta solicitamos que se aprueben los nuevos estatutos que confieran personalidad
jurídica y autonomía patrimonial a estos dos centros, para que puedan seguir realizando su actividad dentro de la más estricta normativa. Esta propuesta coincide sólo parcialmente con la 1 del Grupo Socialista, que solicita la aprobación de los
estatutos para los dos centros mencionados, pero también para el Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentados de Sant Cugat del Vallés. Si bien es cierto que este último centro realizó la adaptación de los estatutos y la presentó en tiempo
y forma ante el Ministerio de Trabajo, no es menos cierto que por la actividad que realiza, que es ajena a los fines de los centros mancomunados, por las importantes anormalidades detectadas en su funcionamiento y por la imposibilidad asumida por el
propio centro de encajar su situación en el marco establecido de colaboración de centros mancomunados, lo que realmente procede es la disolución y liquidación del centro, siendo, ineficaz e incoherente la aprobación de los nuevos estatutos, como
pide el Grupo Socialista. Algunos centros, como el de Recuperación y Rehabilitación de Levante, han presentado distintas peticiones de autorización. Existen deficiencias en sus inventarios, cuentas de inmovilizado y sus existencias; por ello en
nuestra propuesta 2 pedimos que se concluya el estudio de las solicitudes presentadas y se autoricen las que sean pertinentes.
Nuestras propuestas 3, 4, 5 y 6 solicitan al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la disolución y liquidación de los centros que no desarrollan actividad, o que su actividad es ajena a los fines de los centros mancomunados. Estos
centros son: la Comunidad de Bienes Agrupación Intermutual, el Centro Intermutual de Seguridad, el Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación Ubarmin y el Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentes de Trabajo de Sant Cugat.
Nuestra propuesta de resolución 4 contiene además una consideración sobre la Asociación para la Prevención de Accidentes, entidad que asumió los fines y funciones del Centro Intermutual de Seguridad y que está constituida por mutuas para la
realización de actividades remuneradas con sujeción a un régimen jurídico y económico ajeno al de colaboración en la gestión de la Seguridad Social. En esta propuesta, teniendo en cuenta la actividad de la Asociación para la Prevención de
Accidentes, se solicita también su disolución y la realización por parte de la Intervención General de la Seguridad Social de una auditoría que determine los respectivos patrimonios del centro y de la asociación, los fondos empleados para la
adquisición de sus elementos y las interrelaciones existentes entre ambos.
Este punto puede considerarse incluido en la tercera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, pero es importante su explicitación, por lo que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista la consideramos excesivamente genérica.
Habiéndose detectado ineficiencias en las inversiones, ineficacias en materia laboral y excesiva dotación de medios en algunos centros, en nuestra propuesta 7, que es la 11 de la lista general, se solicita mejorar el control de la actividad de los
mismos y poner en práctica las medidas para que sus actividades sean más eficientes y eficaces.
En nuestra propuesta 8, 12 de todas las presentadas, se pone de manifiesto que algunas mutuas no han escriturado convenientemente y en su momento los inmuebles
de los centros mancomunados; tal es el caso del Centro de Sant Cugat del Vallés, del Centro Intermutual de Seguridad y de la Comunidad de Bienes Agrupación Intermutual. Por ello, se anima a la Tesorería General de la Seguridad Social a
que, utilizando todos los medios legales a su alcance, promueva la titulación y registro definitivo de todos los bienes inmuebles de su propiedad. Esta propuesta coincide con la 4 del Grupo Parlamentario Socialista, y podemos consensuarla.
En el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante y en el Centro Intermutual de Euskadi, la fiscalización efectuada ha puesto de manifiesto algunas deficiencias, pero desarrollan actividades adecuadas a los fines para los que fueron
creados. Por tanto, deben continuar su actividad, pero deben solucionar las situaciones detectadas.
Por ello, en nuestras propuestas de resolución, 9 y 10, que son la 13 y 14 de la totalidad, nuestro grupo hace suyas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas hacia estos centros y realiza como propuestas de resolución las propias
recomendaciones del Tribunal, que por constar en el informe de fiscalización consideramos innecesario explicitar ahora.
Únicamente querría decir otra vez lo mismo que decía antes, que nuestra propuestas 11, la 15 del orden general, que como es igual que la 6 nuestra, que es la 10 del listado general, si le parece bien a la Mesa, la retiramos.
En resumidas cuentas, nosotros votaríamos favorablemente, consensuadamente, a la 4 del Grupo Socialista, pero a las otras, aunque nos parecen en general que se adaptan bastante al espíritu de lo que también nosotros pedimos, como nosotros
tenemos otras propuestas que son más concretas, más específicas, votaríamos en contra. Eso es todo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 314.B 'PENSIONES DE CLASES PASIVAS' Y 314.C 'GESTIÓN DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS', EJERCICIO 1996. (Número de expediente Congreso 251/000047 y número de expediente Senado
771/000028).
El señor VICEPRESIDENTE: Punto 3 del orden del día: informe de fiscalización de los Programas Presupuestarios 314.B 'Pensiones de Clases Pasivas' y 314.C 'Gestión de Pensiones de Clases Pasivas', ejercicio 1996.
El Grupo Socialista ha presentado propuestas de resolución: Para su presentación tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista, y no ningún diputado particular, presenta las propuestas de resolución.
Efectivamente cuando el presidente del Tribunal de Cuentas presentó el informe de fiscalización manifestamos nuestra preocupación, coincidente además con la del Partido Popular, a través del señor Martínez Maillo, de algunas deficiencias en
el funcionamiento, por lo menos en el año 1996, que era cuando se había hecho el informe de fiscalización en la gestión del Programa de Clases Pasivas, y que en el apartado de conclusiones señalaba el propio Tribunal de Cuentas. Efectivamente nos
preocupaba, como dijimos entonces, la existencia de defectos en la identificación de beneficiarios del sector de clases pasivas, el escaso rigor en el archivo y custodia de los documentos e historiales de los beneficiarios, errores e irregularidades
en el pago de prestaciones a quienes o bien no existían ya o no tenían derecho, y los escasos controles a los habilitados de clases pasivas que ha dado lugar a un funcionamiento irregular ...
El señor VICEPRESIDENTE: Perdone, señor Martínez Sanjuán. Ruego un poco de silencio a SS.SS.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Por ello, y en la línea de las conclusiones del propio Tribunal de Cuentas, hemos presentado estas cinco propuestas de resolución, que estoy convencido que SS.SS. ya conocen y que podrán votar favorablemente en
la medida en que, primero, instamos a reforzar los controles internos por parte de la Administración para evitar que se puedan producir pagos irregulares en las prestaciones por parte de clases pasivas; en segundo lugar, urgimos a la Administración
a recuperar inmediatamente las cantidades abonadas en su día de una forma irregular a personas que no tenían derecho a las prestaciones; en tercer lugar, instamos a utilizar a la Administración el que se cruce toda la información existente en manos
de las administraciones públicas con todos los medios posibles para evitar errores y mejorar la eficacia vía plazos del sistema, porque nos sigue pareciendo todavía un periodo muy dilatado en el tiempo entre que se solicita la prestación hasta que
se tiene derecho a ella. En cuarto lugar, pedimos a la Administración que refuerce y mejore los sistemas de archivo, para evitar que se puedan producir casos como los que denuncia el propio Tribunal de Cuentas en cuanto que documentación de
beneficiarios no se encuentra disponible o no existe. Y por último, instamos a modificar, tal y como pide el Tribunal de Cuentas, la Ley de Clases Pasivas para posibilitar la gestión de oficio de determinados haberes devengados y no percibidos por
los beneficiarios de clases pasivas.
Hubiéramos presentado también una propuesta de resolución para aumentar y mejorar el control que tiene que ejercer el Ministerio de Hacienda sobre los habilitados de clases pasivas, pero con los informes de alegaciones que se han producido
por el propio Ministerio de Hacienda se ha mejorado suficientemente el control sobre los habilitados de clases pasivas, para evitar que
se puedan producir circunstancias como las habidas por lo menos en el año 1996 y años concordantes. Son propuestas de resolución que estamos convencidos, señor presidente, que en la línea de lo que manifestó en la anterior Comisión el
portavoz del Grupo Popular podrán ser asumidas posiblemente por todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Maillo.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Señorías, en la primera intervención que realizó el señor Martínez Sanjuán en relación con este informe de fiscalización hacía una alusión con la cual estábamos todos de acuerdo, ya que este informe de
fiscalización se refería al año 1996, y esto era además una constante en esta propia Comisión, que se refería al informe de fiscalización de años anteriores, y lógicamente cualquier conclusión de alguna forma quedaba distorsionada en el tiempo
debido a este matiz importante sin duda, que es que se refiere a un informe de fiscalización de un ejercicio ya pasado y bastante pasado, como es el del año 1996. Por eso pensábamos -pensábamos quizá con una gran inocencia parlamentaria, si se me
permite decirlo- que el señor Martínez Sanjuán no iba a caer en el error de plantear cuestiones con respecto al año 1996, porque como él mismo acaba de reconocer en relación con los habilitados muchas de ellas ya están solucionadas o en vías de
solucionarse. Evidentemente este portavoz expresó sus inquietudes y sus preocupaciones, como lógicamente las tiene el Grupo Parlamentario Popular, en torno a aquellas recomendaciones o a aquellas conclusiones que hacía el Tribunal de Cuentas en
relación con el ejercicio de 1996. Esta es una realidad, y desde luego nosotros lo reiteramos. Ahora bien, plantear propuestas de resolución sobre cuestiones ya solventadas o en vías de solventar no nos parece el mejor camino. Les voy a poner
algún ejemplo simplemente. Usted habla de que es necesario mejorar el control interno cambiando el sistema de las nóminas. Las propias conclusiones o alegaciones de la Dirección General dicen que ya se implantó un nuevo sistema informático para la
gestión de nóminas de clases pasivas, que se llama Isla, en octubre de 1999. Instar al Gobierno a que realice algo que ya ha hecho no parece muy recomendable.
En cuanto al reintegro que se debe producir, como dice usted, en beneficio de la Hacienda pública, urgiendo a los afectados a realizarlo inmediatamente, ni el Tribunal de Cuentas ni esta Comisión pueden urgir a los afectados a que lo
reintegren; no puede ser así, evidentemente. Lo que dice el Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones, señor Martínez Sanjuán, es que es necesario crear un registro fiable, completo y permanentemente actualizado de reintegros. En las propias
alegaciones, -en la página 18 concretamente- de la dirección general se dice que en el Plan de actuación del año 2000 ya se ha incluido un proyecto para poner en marcha un sistema de registro centralizado de reintegros. Esa es la recomendación que
hizo el Tribunal de Cuentas y que ya siguió el Gobierno en el año 2000. Insisto, hacer una propuesta de resolución sobre algo que ya está, no nos parece muy correcto.
Por otro lado, presentan dos propuestas de resolución que chocan abiertamente con la legalidad y que, en cualquier caso, nosotros no decimos que pueda realizarse o no pueda realizarse lo que se pide por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. Lo que decimos es que, en el caso de que sea así, tiene que plantearse aquella propuesta necesaria para modificar la ley y que no es esta Comisión la vía adecuada para ello; deberá ser otra Comisión la que tendrá que plantear una
modificación legislativa. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que es reforzar los controles acerca de la actitud legal de los pensionistas, es decir, lo que denominábamos, si se acuerda, señor Martínez Sanjuán, como la revista anual, que
tenía una denominación un poco militar y que fue eliminada por el Real Decreto 5/1993, de revalorización de pensiones de clases pasivas, que suprime la obligatoriedad de efectuar la revista anual. Bien, si se plantea una reforma legislativa, habrá
que plantearla en el marco de otra Comisión, en otro ámbito completamente diferente.
Lo mismo le digo en relación con la última de las propuestas que realiza, que no entramos a discutir si puede ser recomendable o no, porque ahí existe una divergencia entre lo que dice la dirección general y lo que dice el Tribunal de
Cuentas en cuanto a la modificación del artículo 8.2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado sobre la gestión de oficio de aquellos haberes que han sido devengados y no cobrados por los pensionistas fallecidos, y que la dirección
general está en contra y el Tribunal de Cuentas dice que hay que modificarlo. Nosotros no entramos en esa discusión. Habrá que estudiarlo a fondo y, si es necesario, hacer una modificación; señor Martínez Sanjuán, también es otra Comisión la que
debe determinar en cada caso o en este caso en concreto, previo un estudio minucioso de la realidad, esta problemática.
Por todo ello, señoría, porque pensamos que realmente ya se ha realizado la mayoría de las propuestas de resolución que ustedes han presentado, y porque las propias alegaciones de la Dirección General las recogen prácticamente todas, es por
lo que no podemos aceptar estas propuestas de resolución, que se refieren al año 1996; señor Martínez Sanjuán, estamos en el año 2002, cuando después de todos estos años ya se han cumplido muchas de esas recomendaciones.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, REFERIDA A LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 1996 Y A SU TRANSFORMACIÓN EN FUNDACIÓN. (Número de expediente Congreso 251/000048 y número de expediente Senado 771/000029)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día: informe de fiscalización de la Escuela de Organización Industrial, referida a los ingresos del ejercicio 1996 y a su transformación en fundación.
El Grupo Socialista ha presentado propuestas de resolución: Para su defensa tiene la palabra el señor Gallego López.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Lo expondré brevemente porque quedó claro en la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas la situación en la que se encontraba esta Escuela de Organización Industrial en el año 1996, y luego su
transformación en fundación a partir de 1997. El informe del Tribunal de Cuentas era, por emplear una palabra suave, demoledor; y cito textualmente dos o tres frases que el presidente del Tribunal expuso en su intervención en la anterior Comisión.
Decía él textualmente que los procedimientos de control interno establecidos para la facturación de los cursos no aseguraban que la Escuela de Organización Industrial facturara todos los ingresos que procedía facturar. Después, respecto a los
cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, decía que el control interno de las horas liquidadas había sido deficiente y que la escuela carecía de un criterio definido, claro y preciso para determinar el precio de los cursos que imparte. Por
eso creo que a todos nos interesa que se aclare el funcionamiento de esta escuela, que se regularice la situación de descontrol que existía y que comprobemos si, una vez transformada en fundación a partir de 1997, estas deficiencias se han corregido
y el funcionamiento es correcto. Por eso, en las propuestas de resolución recogemos, como no podía ser menos, las recomendaciones del presidente del Tribunal de Cuentas y añadimos en nuestra cuarta propuesta de resolución que se compruebe que en
los años 1997 y siguientes la situación de la ahora ya Fundación de Escuela de Organización Industrial es radicalmente distinta a lo que se había detectado en el año 1996. Por eso decimos en la cuarta propuesta de resolución que el informe del
Tribunal de Cuentas se incluya en su programa de fiscalizaciones sobre la base del apartado correspondiente a informes especiales o extraordinarios a realizar por propia iniciativa del Tribunal, ya que en la exposición y en el informe del Tribunal
de Cuentas sobre el año 1996 se decía de una manera clara que esta fiscalización había sido por iniciativa propia del Tribunal.
En resumen, nuestras propuestas de resolución son: primera, instar a la Fundación Escuela de Organización Industrial a que establezca unos criterios claros y precisos para la determinación del precio de los cursos; segunda, instar a la
Fundación Escuela de Organización Industrial a que arbitre las medidas de control oportunas para que la facturación de los cursos se realice conforme a la normativa vigente; tercera, instar a la Fundación Escuela de Organización Industrial a que
las liquidaciones referidas a la utilización de las aportaciones del Fondo Social Europeo se ajusten a la normativa comunitaria aplicable en relación con el tipo de gasto subvencionable; y cuarta, que para nosotros -insisto en poner acento sobre
ella- es muy importante, instar al Tribunal de Cuentas a que fiscalice la gestión de la Fundación Escuela de Organización Industrial en los años 1997 y siguientes, ya como fundación, dentro de su programa de fiscalizaciones.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDÁ: Intervengo brevemente en nombre del Grupo Parlamentario Popular con el objeto de fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, que va a ser la de votar en contra de las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Socialista. Y lo vamos a hacer porque creemos que las propuestas de resolución no son acordes con el informe del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, en relación con el análisis de los precios de los cursos, queremos destacar que la
Fundación Escuela de Organización Industrial implantó ya en enero de 1999 un sistema informático de control de gestión que garantiza la facturación automática de los cursos y proporciona un control sobre la situación de los deudores, de forma que
los incobrables de la fundación han desaparecido prácticamente. Además, todos los años se realiza, a través de los consejos asesores de cada programa formativo, un análisis de los precios de los cursos, que van acordes con los precios de mercado de
postgrado en España y que fijan los precios con claridad. Por lo tanto, no podemos votar a favor de las dos primeras propuestas de resolución.
En cuanto a la propuesta número 3, tenemos que decir que las liquidaciones presentadas por la Fundación Escuela de Organización Industrial se aceptan como gastos subvencionables con arreglo ya a la normativa comunitaria; por lo tanto, es
inviable que votemos favorablemente esa propuesta de resolución. La Fundación ya ha tenido en cuenta las líneas determinadas por la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas para el establecimiento de criterios y procedimientos. En todo
caso, de lo que sí estamos seguros es de que la Escuela de Organización Industrial aceptará las recomendaciones, cómo no, que hace el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la última propuesta de resolución, también vamos a votar en contra porque consideramos que el Tribunal de Cuentas ya fiscaliza a la Escuela de Organización
Industrial, y la fiscaliza anualmente, puesto que todos los años se remiten al Tribunal de Cuentas los informes de cuentas anuales y la memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero. Además,
anualmente se somete la fundación a una auditoría privada, y la Intervención General del Estado realiza un control financiero de las ayudas del Fondo Social Europeo concedidas a la Escuela de Organización Industrial, por lo que creemos que es
excesivo incluirla en el programa de fiscalizaciones correspondiente a informes especiales o extraordinarios a realizar por propia iniciativa del Tribunal. En todo caso, siempre dentro de los procedimientos ordinarios, la Escuela de Organización
Industrial, como todos los organismos autónomos y cualquier organismo dependiente del Estado, está siempre sometida al Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, creemos que es inadecuado votar a favor de esta propuesta de resolución, por lo cual también
el Grupo Popular va a votar en contra de la misma.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA, EJERCICIO 1996. (Número de expediente Congreso 251/000053 y número de expediente Senado 771/000033)
El señor VICEPRESIDENTE: Punto 5.º del orden del día: Informe de fiscalización del Instituto Español de Oceanografía, ejercicio 1996.
Han sido presentadas propuestas de resolución por el Grupo Socialista.
Para su presentación tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor presidente, intervengo muy rápidamente para explicar el porqué de nuestra propuesta de resolución con respecto al informe de fiscalización relativo al Instituto Español de Oceanografía del ejercicio 1996. Es
cierto que el informe inicial de los inspectores se atiene a los objetivos que el Tribunal de Cuentas les estableció, y a partir de ahí debo manifestar que el informe, junto a aspectos no negativos, como que el control interno en líneas generales es
correcto, constata debilidades en el funcionamiento y en la gestión de este organismo tanto en lo relativo a los estados financieros rendidos como en lo relativo al Plan General de Contabilidad Pública, a la ejecución presupuestaria, tanto en las
imputaciones del gasto como en el retraso de transferencias. Hay además aspectos más preocupantes, como puede ser deficiencias que afectan a contrataciones administrativas, y también falta la opinión del Tribunal de Cuentas en lo relativo a la
eficiencia y a la eficacia, es decir, no hay opinión global con respecto a la eficiencia de este organismo.
Está claro que el informe del Tribunal de Cuentas, que, como he dicho inicialmente, se atiene fundamentalmente a los objetivos que el Tribunal mandató a los inspectores, muestra debilidades en el funcionamiento de este organismo, y
entendemos las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, en la medida en que responden a los objetivos señalados, como una vía en la que hay que profundizar para corregir estas debilidades, algunas importantes, en el funcionamiento y en la gestión
administrativa del Instituto Español de Oceanografía. De ahí nuestra resolución, que va claramente dirigida a que el Instituto Español de Oceanografía adopte las medidas necesarias, en consonancia con este informe del Tribunal de Cuentas, exigiendo
muy especialmente que se implanten medidas de control contable; que se revisen los criterios de imputación contable de las subvenciones que se reciben para financiar proyectos de investigación, que se establezca una adecuada presupuestación por
objetivos que permita utilizarla como instrumentación manual y como control de su cumplimiento, y la implantación de una contabilidad analítica. Estos son fundamentalmente los contenidos de nuestras propuestas de resolución, claramente dirigidas a
que el Instituto Español de Oceanografía profundice en la corrección de esas debilidades en cuanto a su gestión por la vía de aplicar las conclusiones del Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Maillo.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Señorías, la verdad es que siento tener que volver a decir prácticamente lo mismo que comentaba en la anterior intervención en relación con el informe de fiscalización de las clases pasivas.
Estamos hablando del informe de fiscalización del año 1996, que por cierto recoge muy escasas debilidades. Solamente se incluyen en concreto tres recomendaciones, y muchas de ellas aparecen recogidas en las alegaciones que hace el propio
Instituto Español de Oceanografía. Por eso nos llenan de sorpresa las propuestas de resolución que hace el Grupo Socialista, porque todas ellas están rebatidas en las alegaciones que realiza el instituto y desde el año 1996, como no podía ser de
otra manera, han sido corregidas porque, como he dicho, son debilidades bastante poco trascendentes. En este sentido, respecto a la implantación de las medidas de control contable, abstrayendo la conclusión fundamental que hace el Tribunal de
Cuentas, que es que dice que existe un verdadero control interno por parte del instituto, en las pequeñas deficiencias a las que se hace referencia, las alegaciones que hace el instituto dicen claramente que las medidas de control contable
recomendadas ya están implantadas. No olvidemos que las alegaciones que realiza el instituto son del año 2000 y estamos en 2002, y en el año 2000 ya se estaban contemplando las soluciones a esta problemática. Basta leer las alegaciones del
instituto. Concretamente dice: Desde el ejercicio contable de 1999, el Instituto Español de Oceanografía tiene ya corregidas las
deficiencias de técnica contable que el informe del Tribunal de Cuentas de 1996 puso de manifiesto. Así, los sucesivos informes de la intervención delegada han sido de carácter positivo a la hora de evaluar los mecanismos de corrección
introducidos. Pedir algo que ya está hecho y que además tiene una valoración positiva de los servicios de intervención nos parece innecesario. Lo mismo digo respecto a los criterios de imputación contable de las subvenciones, que también han sido
corregidos y han sido evaluados por los organismos públicos correspondientes.
Es verdad que el informe del Tribunal de Cuentas incidía bastante en la eficiencia o la eficacia a la hora de fijar los objetivos del Instituto Español de Oceanografía. En este sentido, hizo, si se me permite decirlo, un examen de
conciencia el propio instituto, que establece en sus alegaciones que se va a hacer una labor importante en la fijación y en la concreción de dichos objetivos en los años sucesivos y que además se va a comenzar a hacer una presupuestación por
objetivos. Pues bien, esto ya es una realidad. Concretamente, ya se han segregado por programas y por objetivos los presupuestos del organismo, actualmente hasta seis objetivos, y no voy a reproducir dichos objetivos ni la presupuestación
correspondiente. Por lo tanto, ya se han cumplido esas recomendaciones.
La última, nos sorprende aún más, ya que dice que es necesario implantar una contabilidad analítica, cuando ya está implantada. Concretamente, se ha implantado la aplicación llamada SOROLLA, que es un sistema de información desarrollado por
el Ministerio de Hacienda, para la gestión y seguimiento de expedientes de gasto. Esta aplicación consta de varios módulos, entre ellos el de gestión de contabilidad analítica CANOA. Por lo tanto, ya está contemplado desde hace unos años, por lo
que creemos que la propuesta es innecesaria.
No es que votemos en contra de las propuestas de resolución porque no estemos de acuerdo con su fondo, con el que lógicamente estamos de acuerdo, pero si ya están cumplidas, no tiene ningún sentido votar a favor de algo que ya se está
haciendo. Hay que ser más imaginativos y plantear cuestiones diferentes a las ya realizadas por el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.
Pasamos en primer lugar a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización especial de las cuentas y de la contratación del Consorcio para la construcción y dotación de un centro de atención a minusválidos psíquicos en La
Rioja, ejercicios 1995, 1996 y 1997.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de los centros mancomunados de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ejercicio 1996.
Vamos a votar en dos bloques. Creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha pedido votación separada para la número 4.
El señor ANTÓN RUEDA: Seguramente habría que votar una por una, porque hay diferencias en lo que vamos a votar.
El señor VICEPRESIDENTE: Su señoría quiere votación separada de la número 4. ¿Es así?
El señor ANTÓN RUEDA: De las propuestas del Partido Socialista, sí.
El señor VICEPRESIDENTE: Por tanto, votamos en primer lugar las propuestas números 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 4.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a continuación a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular. La portavoz del Grupo Socialista ha pedido votación separada. Por lo tanto, votamos en primer lugar la propuesta de resolución número 10.
Efectuada la votación, dio los siguientes resultados: votos a favor, 22; en contra, 12.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 12.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación el resto de las propuestas, excepto la 15, que ha sido retirada por el portavoz del grupo.
Efectuada la votación, dio los siguientes resultados: votos a favor, 22; abstenciones, 12.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de los programas presupuestarios 314.B, pensiones de clases pasivas, y 314.C, gestión de pensiones de clases pasivas, ejercicio 1996. Han sido
presentadas por el Grupo Socialista, y por lo tanto las votamos todas juntas.
Efectuada la votación, dio los siguientes resultados: votos a favor, 12; en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización de la Escuela de Organización Industrial, referida a los ingresos del ejercicio 1996 y a su transformación en fundación. También han sido presentadas únicamente propuestas de
resolución por el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Martí i Galbis pide la palabra.)
Señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Si me permite, yo pediría votación separada de la cuarta en relación con las tres primeras.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo. Por consiguiente, votamos las propuestas números 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio los siguientes resultados: votos a favor, 12; en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta de resolución número 4.
Efectuada la votación, dio los siguientes resultados: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización del Instituto Español de Oceanografía, ejercicio 1996.
Efectuada la votación, dio los siguientes resultados: votos a favor, 12; en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Suspendemos la Comisión unos instantes para recibir al presidente del Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE ALBA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EJERCICIO 1997. (Número de expediente Congreso 251/000066 y número de expediente Senado 771/000051)
El señor VICEPRESIDENTE: Reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Cuentas, que viene a informar sobre varios puntos del orden del día. En primer lugar, y dado que los portavoces así me lo han pedido, el
presidente va a informar sobre el punto 8.º, después el 9.º y luego seguiremos con el orden del día normal. Por lo tanto, en primer lugar veremos el punto 8.º: Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Administración Pública, ejercicio
1997. Para informarnos, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del Tribunal aprobó en octubre de 2000 el informe de fiscalización del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, INAP, referido al ejercicio 1997. De la
fiscalización realizada se deducen, entre otros, los siguientes resultados: el INAP no tiene implantadas normas escritas de funciones y procedimientos, lo que afecta al funcionamiento operativo de los servicios. Así, las revisiones que el
instituto realiza sobre la documentación justificativa enviada por los beneficiarios de las subvenciones para formación son claramente insuficientes, habiendo apreciado el Tribunal incumplimientos no detectados por el organismo que afectan a la
falta de acreditación parcial de la aplicación de las ayudas percibidas por las diversas entidades del sector de las administraciones públicas. En el caso de otras entidades no incluidas en este sector, se han aceptado indebidamente como
justificantes fotocopias de documentos y facturas, se han justificado gastos en acciones formativas no previstas en los planes de formación y presentado justificantes de gastos en los que no se acredita que hayan sido efectivamente pagados. El
examen realizado en el transcurso de la fiscalización sobre la tramitación administrativa de las pruebas de acceso y de los distintos cursos de formación celebrados en 1997 no ha puesto de manifiesto otras incidencias destacables.
En cuanto a la actividad de difusión y publicación de materias relacionadas con la Administración pública, que el instituto realiza a través de centros de publicaciones, en 1997 resultó deficitaria, además de no conseguir el objetivo de
divulgación perseguido, por lo que el Tribunal recomienda una política más restrictiva en los títulos a editar.
Con respecto a las cuentas del ejercicio de 1997 rendidas por el organismo, el Tribunal señala que reflejan la imagen fiel de la situación financiera patrimonial, de los resultados de sus operaciones y de la liquidación de sus presupuestos,
excepto por las salvedades que el informe detalla y que están relacionadas con la ausencia de registro en contabilidad o con el registro contable
inadecuado de algunos de sus inmuebles. En relación con las citadas salvedades, se aprecia para varios inmuebles la existencia de importantes discrepancias entre la información que posee el instituto acerca de su titularidad y la que consta
en el inventario general de bienes y derechos del Estado de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Cabe destacar, finalmente, que el informe aprobado contiene diversas recomendaciones orientadas fundamentalmente a la mejora de la organización administrativa, a la regularización de la situación jurídica y fijación del valor contable de los
edificios a los que se refieren las anomalías recogidas en el informe, a la adopción de una política más restrictiva de publicaciones y al reforzamiento y mejora del control de subvenciones por formación continua.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: El Grupo Parlamentario Socialista quiere en primer lugar agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas la claridad y la fluidez de un informe técnico como es el informe de fiscalización del INAP correspondiente al
año 1997. Esas dos cualidades nos han permitido que hoy, cuatro años después, podamos analizar y enjuiciar la gestión del Instituto Nacional de Administración Pública.
Desde luego, a nosotros nos ha congratulado que en este informe se señale, en el ámbito de la representatividad de las cuentas rendidas, que las cuentas presentadas por el INAP son la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial.
Sin embargo, lo que nos preocupa enormemente son las objeciones del Tribunal respecto a tres cuestiones relacionadas precisamente con la gestión de este organismo en el ámbito de la representatividad de las cuentas, en la evaluación de los
procedimientos de gestión y control interno y en el cumplimiento de la legislación en la gestión de los fondos públicos. Son objeciones que aparecen en el informe, pero sobre las que también ha hecho hoy hincapié el señor Nieto.
Lo que nos sorprende en este informe es que se llame la atención al INAP sobre carencias importantes en su gestión, carencias que restan eficacia a un organismo que es autónomo y que en su día el Gobierno socialista convirtió en un organismo
autónomo para que fuese mucho más eficaz y para que esa autonomía le diese una determinada independencia en su gestión, para que sus funcionarios fuesen eficientes y dicho organismo fuese eficaz. Eso nos ha dado una gran sorpresa. De todas
maneras, en el análisis que realizaremos lo más brevemente posible trataremos aquellas cuestiones que o no han tenido alegaciones por parte del INAP, lo cual significa que acepta las críticas del informe del Tribunal de Cuentas, o que, aunque ha
tenido alegaciones, el Tribunal no las acepta por no considerarlas pertinentes.
Ateniéndome a las cuestiones que aparecen también en las conclusiones o a lo largo del informe, queríamos decir que lo que establece el Tribunal es que existe ausencia de registro de contabilidad -de nuevo el señor Nieto ha hecho hincapié
hoy en ello-, ausencia de registro de contabilidad o registro de contabilidad inadecuado de varios inmuebles del INAP. Por lo tanto, lo que recomienda es regularizar en el menor plazo posible su situación jurídica o fijar su valor contable. Sin
embargo, lo que nos sorprende es que en las alegaciones, que son del año 2000, el INAP todavía deja en el aire esta situación, de manera que preguntaríamos al presidente del Tribunal de Cuentas si tales alegaciones, porque no queda claro, fueron o
no aceptadas por el Tribunal de Cuentas.
En relación con los procedimientos de gestión y control interno, lo que establece el Tribunal es que el INAP carece de un organigrama claro, lo que impide la eficacia de este organismo, y que carece asimismo de normas explícitas para sus
funcionarios. A raíz nada menos que de esta crítica, recomienda la elaboración de un manual de funcionamiento para el centro y sus empleados públicos. Curiosamente, el INAP no hace ninguna alegación sobre este punto. Y nos parece que es curioso
que precisamente el Tribunal, que hace una crítica de la política editora de este organismo, diga que hay que editar un libro sobre cómo debe funcionar el INAP para que sus funcionarios trabajen correctamente. Una política editora sobre la que el
señor Nieto ha vuelto a hablar hoy porque se venden sólo ocho unidades por cada libro editado y es una política que se considera nefasta puesto que tiene unos ingresos de 13 millones y unos gastos de 29. Es decir, el Tribunal de Cuentas advierte al
INAP de que no tiene cuidado con el uso de los fondos públicos. Por ello, preguntamos al presidente, señor Nieto, si tales recomendaciones se han cumplido en ejercicios posteriores.
En relación con la contratación de obras, suministros y servicios, hay una conclusión importante, y es que el Tribunal observa algunos incumplimientos de la Ley 13/1995, de Contrato de las administraciones públicas. Lo que realmente
preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que sobre este punto tampoco haya alegaciones, lo cual significa que el INAP también acepta los hechos establecidos. Quiero decir que lo que se indica en el informe es que hay 16 expedientes sobre los
que se han observado incumplimientos del artículo 69 de la citada ley, ya que se estima que se ha fraccionado el gasto a fin de eludir su tramitación por los procedimientos ordinarios de contratación marcados por la Ley 13/1995. Por lo tanto,
preguntamos también al señor presidente si tiene conocimiento de que el INAP ha corregido estos procedimientos inadecuados de contratación que se seguían al menos en 1997.
En relación con la selección y formación de los funcionarios, el informe también encuentra defectos en la justificación de gastos por los cursos de formación, un concepto por el que tan sólo se ingresan 5 millones pero se gastan 306, siendo
223 por gastos de profesorado y 83 por gastos generales. En el informe se señala que no hay información sobre el coste total de esta actividad. Sorprendentemente, el INAP no hace alegaciones.
Por lo tanto, quisiéramos saber si el presidente del
Tribunal conoce si el INAP ha cumplido las recomendaciones que aparecen en el informe para subsanar estas carencias.
En relación con el edificio que el INAP posee en Peñíscola, Castellón, y que en la actualidad se utiliza como establecimiento hotelero, con unas pérdidas de 35 millones, al menos en el año 1997, el Tribunal recomienda su cesión o enajenación
dado que entre sus funciones no está la explotación hotelera. La recomendación es, desde luego, clara y contundente, y como tampoco hay alegaciones al respecto, no sabemos qué ocurre en este momento. Lo que me sorprende es que en el año 1993 ya
había negociaciones para que este edificio fuese cedido a la Comunidad Autónoma de Valencia, concretamente al Instituto Valenciano de Administración Pública, del que entonces yo era directora general, por lo que conozco perfectamente este asunto.
Concluyendo, señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista considera que de las siete recomendaciones hechas por el Tribunal de Cuentas, el INAP sólo ha cumplido la de formación continua y en alguna ocasión, no en todas, tal y como ha
indicado el señor Nieto en la sesión de hoy. El resto de las recomendaciones y cinco de las conclusiones nos muestran un organismo autónomo que, según este informe, no hace una gestión adecuada, no es cuidadoso con el gasto de los fondos públicos,
no ejerce un control interno correcto del propio organismo y al menos en 16 ocasiones ha incumplido la Ley de contrato de las administraciones públicas. Son cuestiones muy importantes que han sido señaladas por el Tribunal de Cuentas y que espero
que, si tiene a bien el presidente del Tribunal, hoy nos clarifique, y si no, el Grupo Parlamentario Socialista hará las iniciativas parlamentarias que considere pertinentes, entre otras cosas, porque ya se está convirtiendo en una seña de identidad
de los gobiernos del Partido Popular la falta de eficacia y de eficiencia de las administraciones públicas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Bienvenido, señor presidente del Tribunal de Cuentas, a la Comisión y muchas gracias por el resumen del informe que ha hecho sobre la fiscalización del Instituto Nacional de Administración Pública.
Yo quisiera resaltar de ese informe que es quizá uno de los más transparentes y merece la calificación más positiva de todos los que ha venido haciendo en los últimos años. Quiero destacar solamente tres aspectos fundamentales que se
reflejan en el informe del Tribunal, que son que las cuentas del INAP del ejercicio 1997 reflejan a juicio del Tribunal la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, de los resultados de sus operaciones y de la liquidación de sus
presupuestos correspondientes a dicho año.
Quizás con eso bastaría para poner de relieve que la transparencia y el rigor están presidiendo la gestión actual del Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Pero a esto hay que añadir otro aspecto fundamental, que es la
contratación de obras. También el Tribunal dice que en materia de contratación de obras, suministros y servicios los expedientes se han tramitado en general de acuerdo con lo que dispone la Ley 13/1995 de contrato de las administraciones públicas.
Y el tercer aspecto claramente positivo que pone de relieve una gestión adecuada es que del examen realizado sobre la tramitación administrativa de las pruebas de acceso y de los distintos cursos celebrados en 1997, que es, pudiéramos decir, una de
las principales actividades del INAP, no ha puesto de manifiesto el informe incidencias destacables. Solamente alguna en temas menores. Por ejemplo, que las comprobaciones efectuadas con respecto a la concesión y justificación de subvenciones del
ejercicio 1997 pusieron de relieve que se entregaron a los beneficiarios con retraso, aunque es verdad, el propio Tribunal en este aspecto pone de manifiesto que esa situación ha mejorado en ejercicios posteriores.
Todas las recomendaciones del Tribunal, debiendo ser atendidas, sin embargo no revisten aspectos sustanciales a corregir. Por tanto, la intervención verdaderamente catastrofista de la portavoz socialista carece absolutamente de fundamento
teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor presidente, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Veo que las preguntas que se han hecho se refieren a alegaciones y a recomendaciones del informe. Las alegaciones que se reciben, el ponente y el Tribunal las valoran, las
examinan y si, después de esas alegaciones y de esas valoraciones, el informe no se cambia, es que naturalmente las alegaciones no se aceptan. La última palabra la tiene siempre el informe, lo que diga el informe. Se acompañan las alegaciones por
prescripción legal, pero la última palabra, insisto, es el informe.
Se han comentado otros aspectos y el Tribunal ya tiene experiencia en eso.
Por ejemplo, las publicaciones. Se hacen muchas publicaciones, se venden pocas,
se almacenan; independientemente de que los costes siempre superen a los ingresos, hay un coste adicional, que es el de almacenamiento. Y en cuanto al resto de las preguntas sobre las recomendaciones que hace el Tribunal, tengo que decir
una vez más que, hasta que no se haga una fiscalización, no se puede hacer una confirmación formal de ello, si bien debo reconocer que hay experiencia de que muchas recomendaciones, muchas conclusiones, los propios organismos, en cuanto reciben los
informes del Tribunal, ya empiezan a tenerlas en cuenta. Pero la confirmación exigiría hacer una fiscalización nueva.
- INFORME DE DETERMINADAS LÍNEAS DE CRÉDITOS DE MEDIACIÓN DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO), EJERCICIOS 1996 Y 1997. (Número de expediente Congreso 251/000070 y número de expediente Senado 771/000059).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 9 del orden del día: informe de determinadas líneas de créditos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ejercicios 1996 y 1997.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El Pleno del Tribunal aprobó en noviembre de 2000 el informe de fiscalización de determinadas líneas de créditos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ejercicios
1996 y 1997. La fiscalización se ha centrado en las líneas 'pyme' e 'internacionalización de la empresa'. Destaca el cumplimiento por el Instituto de las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables, excepto en la no realización de
determinados estudios previos a la aprobación de las líneas.
Las cuentas anuales de los ejercicios 1996 y 1997 reflejan, en lo que se refiere a las líneas fiscalizadas, la situación financiera y patrimonial así como las operaciones realizadas por el Instituto de acuerdo con los principios y normas
contables que le son de aplicación. El análisis del control interno y de la gestión de las dos líneas fiscalizadas ha puesto de manifiesto, en el caso de las líneas pyme, que la base de datos utilizada presenta una serie de deficiencias que reducen
su fiabilidad.
También se han observado incumplimientos del principio de segregación de funciones. Las entidades financieras no cumplen el plazo de un mes establecido para la justificación de los fondos dispuestos, sin que el Instituto lleve
ningún control sobre el tiempo que transcurre entre la disposición y la justificación ni penalice a las entidades que de forma reiterada lo incumplen, hecho que origina que la resolución de las incidencias y el cierre de las líneas se retrase
considerablemente. Como consecuencia de las discrepancias surgidas con el FEDER, el ICO no ha recibido la subvención correspondiente a las operaciones de línea pyme de 1997, retraso que ha supuesto un importante perjuicio económico para los
beneficiarios finales. Por lo que se refiere a la línea de internacionalización, se ha comprobado la existencia de préstamos concedidos a entidades que no cumplen las condiciones establecidas en los convenios, y que la aplicación informática
resulta inadecuada para la gestión.
El informe también pone de manifiesto que el Instituto no realiza comprobaciones sobre la documentación justificativa que deben enviar las entidades financieras una vez efectuada la disposición de los fondos.
Como en la línea pyme, se ha
observado una inadecuada segregación de funciones. El informe recoge como recomendaciones a la entidad para la mejora de la gestión de las líneas de mediación: la flexibilización de los plazos de amortización de estas operaciones para permitir que
se adapte mejor a las necesidades de los beneficiarios finales, la agilización de la entrega de la documentación en cada una de las fases de gestión de las líneas, la implantación de aplicaciones informáticas que se adapten lo máximo posible a sus
características, la actualización del manual de normas y procedimientos y la creación de una única unidad de inspección para la entidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señor Nieto, reitero la bienvenida que mi grupo ya le ha dado y paso a hacer referencia al informe que el señor presidente del Tribunal de Cuentas acaba de presentar.
Este informe, sin presentar conclusiones alarmantes, pone de manifiesto la existencia de problemas en el desarrollo de las líneas de crédito del ICO destinadas a las pequeñas y medianas empresas en las dos líneas que son objeto de
fiscalización, la llamada línea 'pyme' y la llamada línea de internacionalización. En mi intervención me voy a referir a tres aspectos: en primer lugar, a aquellos problemas que son comunes a ambas líneas; en segundo, a los problemas que son
específicos y diferenciados en cada línea; y, en tercero, a algunos aspectos que presenta el propio informe del Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con lo que acabo de señalar, el informe del Tribunal de Cuentas habla de la inexistencia, tanto en la línea pyme como en la línea de internacionalización de las pymes, de un manual adecuado de procedimientos de los préstamos,
defecto que permite al ICO incurrir en un control insuficiente de las inversiones realizadas, de las inversiones materiales, por los beneficiarios finales. No hay nunca evidencia de que existan físicamente, según se desprende de la lectura del
informe del Tribunal, los resultantes de las inversiones subvencionadas. La comprobación material de la realización
de la inversión es una responsabilidad que el ICO elude y que creemos que forma parte de sus responsabilidades. El Tribunal de Cuentas recomienda la elaboración del referido manual con el objetivo de subsanar esta y otras lagunas. ¿Puede
decirnos, señor presidente, si el ICO ha abordado esta tarea? En las alegaciones hace unas consideraciones que obviamente no son satisfactorias para el propio Tribunal, como se desprende de las recomendaciones que realiza el Tribunal de Cuentas en
su informe. En segundo lugar, igualmente, tanto en la línea pyme como en la de internacionalización, se observa que las entidades financieras incumplen los plazos, a nuestro juicio sobrados -aunque en las alegaciones diga que no el ICO; de hecho
también el informe considera que son lo suficientemente holgados- en la entrega de la documentación sobre los créditos finales conseguidos.
El Tribunal de Cuentas analiza la situación pero no propone ningún tipo de medidas, lo cual es algo preocupante, en función de las propias responsabilidades del Tribunal. El Tribunal de Cuentas sugiere que el ICO estudie una forma más ágil
en la obtención y entrega de la documentación.
¿Le consta, señor presidente, que el ICO haya realizado alguna mejora en esta cuestión? Del Tribunal de Cuentas se desprende que el ICO no tiene ningún código de buen gobierno, y me estoy refiriendo a
las pautas de gestión y organización que nacieron en su día del informe Cadbury y que tiene su aplicación en España con el código Olivencia. Uno de los puntos que se abordan en dicho informe es la necesidad de que existan murallas chinas entre
algunos departamentos de las empresas, para que no se produzcan interferencias improcedentes. En el ICO se produce una situación absolutamente contraria a los principios del código de buen gobierno que pudiera estar pervirtiendo toda la política de
apoyo a la pequeña y mediana empresa, al quedar mediatizada, o mejor dicho, subordinada, según se desprende de la lectura del informe, la función de inspección a la de gestión de los créditos. De este modo, una parte del tramo a inspeccionar tiene
una relación jerárquica superior sobre quien realiza la inspección. El Tribunal de Cuentas alerta sobre ello y le pregunto, señor presidente: ¿Tiene constancia el Tribunal de Cuentas de que este modelo de organización del ICO, contrario a la
transparencia y eficiencia y contrario a las prácticas de buen gobierno, ha sido reformado?
El informe del Tribunal de Cuentas señala que los préstamos carecen de flexibilidad, de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las pymes, conclusión que además ha expresado hoy verbalmente en la presentación del
informe el presidente del Tribunal.
Esa conclusión recoge las críticas que realizan al programa las propias pymes beneficiarias de los préstamos que concede el ICO. ¿Sabe el señor presidente del Tribunal de Cuentas si se han flexibilizado los
plazos de amortización y el período de carencia siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, dado que una vez más las alegaciones no son convincentes? El informe también señala que el ICO no realiza todas las comprobaciones precisas para
saber si se han producido incumplimientos, no tanto en el pago de la deuda, que eso se lleva bien en buena parte porque el Banco de España ejerce su función de supervisor, sino en la aplicación de la normativa establecida en la relación entre la
entidad financiera y el cliente, el beneficiario último del préstamo. Me refiero al control a que la entidad financiera tiene que estar sometida por parte del ICO, ya que en muchos casos estas entidades financieras intermediarias, entre las
decisiones del ICO y las solicitudes de los clientes y beneficiarios finales, no llegan a evitar que existan actitudes, conductas por parte de las entidades financieras que acaban penalizando al cliente, al beneficiario final. ¿Con qué? Con un
tipo de interés superior, con un mayor coste en el caso de la amortización anticipada, con la apertura de comisiones (lo cual está fuera de lo que se permite que hagan estas entidades financieras), por un conjunto de irregularidades que el Tribunal
de Cuentas ha detectado y que en definitiva suponen unos beneficios para las entidades que hacen esa intermediación, no aceptados por el engranaje, por la normativa que regula este tipo de actividad financiera.
Las alegaciones no son contundentes, no resuelven la cuestión que plantea el Tribunal de Cuentas. Por ello le pregunto, señor presidente: ¿Cuál es la razón por la que irregularidades que ponen en jaque el propio programa no son objeto al
final de ninguna recomendación? Las alegaciones no están suficientemente documentadas, no hay ninguna alegación convincente, no se acompaña la redacción, la exposición que da el ICO de una documentación que permita comprobar que es cierto lo que se
argumenta. Se observa también un vacío temporal de entre 230 y 250 días en el pago del ICO de las subvenciones a los beneficiarios finales. Esta demora supone que las pymes tengan que abordar pagos de intereses no previstos, y puede ocurrir que
esta situación llegue a comprometer el futuro de estas empresas, que sabemos que tienen una situación muy precaria en sus recursos financieros. Este problema está causado por el retraso, señala el Tribunal y señalan las alegaciones que da el ICO,
con que los bancos envían la documentación al ICO, retraso que supone para las entidades financieras unos beneficios que el ICO no debería permitir. El ICO, al igual que en el anterior caso, entendemos que debería ser más contundente con esas
entidades financieras, y posiblemente el Tribunal debiera haber aconsejado algún tipo de penalización del ICO respecto a estas entidades cuando incurren en una demora, que afecta al cierre de las líneas en el propio ICO además de provocar un
encarecimiento de los préstamos en los beneficiarios finales.
Esta situación, como ha dicho esta mañana el presidente del Tribunal, ha adquirido una especial importancia
en las zonas Objetivo 1, en las que las restricciones impuestas por el FEDER, al no aprobar el programa de subvenciones realizado por el ICO, ha provocado un retraso no solucionado en el momento del cierre del informe en el pago de las
ayudas a las pymes, lo que está suponiendo, según denuncia el propio informe, unos costes financieros muy elevados para este grupo empresarial. En este caso, la Administración, no el ICO, porque no tiene margen de maniobra, la Administración, y en
particular el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, debería haber solucionado esta situación, absolutamente inconcebible en la medida en que el beneficiario final de una zona Objetivo 1 que recibe
una ayuda ICO acabará pagando unos préstamos superiores en su tipo de interés a los del mercado. Y también en relación con las zonas Objetivo 1, no puede tolerarse, dado que la justificación de unas ayudas privilegiadas radica en el objetivo del
equilibrio territorial, a través de unas ayudas con mayor subvención a las pymes que están localizadas en esas zonas menos desarrolladas, no puede tolerarse, decía, que no exista constancia, como señala el Tribunal, de dónde están localizadas las
pymes, si realmente están localizadas en zona 1. Las alegaciones que da el ICO es que hacen servir el código postal. Y el código postal, el señor presidente del Tribunal sabe muy bien que no es un dato de referencia ni tan siquiera para la
construcción de las bases estadísticas de que se dispone en este país, porque el código postal puede capturar oportunismos y puede capturar errores. Sorprende de nuevo que el Tribunal no aborde en las recomendaciones resolver esta cuestión, que
pudiera muy bien estar relacionada con la disminución de fondos que el FEDER ha decidido en relación a las subvenciones del ICO a las pequeñas y medianas empresas de zona Objetivo 1.
Y le pregunto, por tanto, señor presidente: ¿Estudió el Tribunal de Cuentas si fue una negligencia, si radica en una negligencia del ICO la causa de la reducción del montante de recursos provenientes del FEDER.
El Tribunal de Cuentas -y voy acabando, señor presidente de la Comisión- aconseja al ICO que proceda a realizar estudios previos sobre su línea de actuación. En las alegaciones el ICO dice que no está de acuerdo y nada más. ¿Ha seguido el
ICO esta recomendación, señor presidente del Tribunal? La cuestión más preocupante dentro de los problemas comunes que afectan a las dos líneas es la falta de evidencia de que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las realmente
receptoras de los créditos, cuestión que el informe del Tribunal de Cuentas apunta que está en duda en diversas ocasiones y que indiscutiblemente pone en tela de juicio toda la política de la pequeña y mediana empresa del Gobierno.
Porque, si los
beneficiarios últimos no son pequeñas y medianas empresas, se está engañando a las pequeñas y medianas empresas como potenciales receptoras de estos créditos y se está engañando al propio Parlamento.
¿Tiene el Tribunal de Cuentas la relación de
todos los beneficiarios últimos de los créditos ICO, con detalle por tanto del tamaño de la empresa? El escaso número de beneficiarios permitiría obtener o reclamar esta información.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Costa, la ruego vaya concluyendo.
La señora COSTA CAMPI: Voy acabando, señor presidente.
Dentro de las características, señala que hay siete entidades financieras que no cumplen las condiciones, pero que aportan un aval, por lo que el ICO les permite que actúen en la intermediación. ¿Por qué el ICO, pregunto, si tienen ustedes
el dato, ya que no aparece en el informe, acepta que entidades cuyos recursos propios están por debajo de los mínimos realicen esa tarea de intermediación, que se considera que puede incurrir en riesgos al ICO?
Observamos con preocupación que, del conjunto de anomalías detectadas, la que registra una mayor frecuencia es, precisamente otra vez dentro de la línea pyme, a las características de los beneficiarios últimos y el perfil del tamaño de la
empresa. También, señor presidente, le queríamos preguntar si han resultado convincentes las alegaciones en los casos en que las entidades financieras no han aportado la documentación para justificar 118 millones de pesetas de inversión. En las
alegaciones que nosotros hemos leído y que se incorporan en el informe no llevan la documentación que permita comprobar la redacción de la justificación. Y nos parece un tema suficientemente grave para que fuera acompañado de la documentación. Con
relación, ya para acabar, a los temas que afectan a la línea de internacionalización, sorprende el escaso número de actuaciones realizadas, que pone en tela de juicio el desarrollo de esta línea.
Parece poderse deducir del escaso número de
beneficiarios últimos que es un fracaso rotundo. Volvemos a poner énfasis en el hecho de que el Tribunal vuelva a insistir en que no se sabe si son los beneficiarios últimos pequeñas y medianas empresas u otro tipo de empresas de mayor tamaño, que
no tendrían que acogerse a esta línea de préstamos.
Sobre el informe, si bien desarrolla una línea metodológica más rigurosa que en otro informe, y especialmente en la elaboración de las muestras, que, incluso en algunos casos, aunque no se detalle específicamente en el informe, calculándolo,
son muestras representativas, me va a permitir, en aras de la mejora del trabajo del Tribunal y de esta Comisión, que realice tres observaciones: Desde nuestro punto de vista, la fiscalización del gasto es en la mayoría de los casos inseparable de
la fiscalización del cumplimiento de los objetivos políticos, y eso aparece en muchos de los informes. Y entiendo que esto no ha quedado totalmente despejado
ante la gran incertidumbre que se desprende de que sean las pymes las receptoras últimas realmente de estos préstamos. En segundo lugar, insistimos en algo que hemos señalado ya en relación a otros informes: el Tribunal mejoraría los
resultados de su trabajo y facilitaría el trabajo de estos diputados si acabara estableciendo unas líneas metodológicas comunes en los informes, especialmente en los que se refieren a este tipo de entidades, como el que nos ocupa hoy, el ICO, y
pudiera haber unos criterios estadísticos solventes. Podríamos huir por tanto de criterios estrictamente opinables. Y, por último, entendemos que se produce en este informe algo que ocurre en otros informes, de lo que el señor presidente del
Tribunal debería, yo creo, alertar al Pleno. Es un cierto deslavazamiento, una cierta distancia entre el contenido del informe y las recomendaciones. El contenido del informe pone énfasis en aspectos de mucha gravedad, que no son contestados en
las alegaciones y que desaparecen en las recomendaciones. Me parece que esto debería evitarse y se lo planteo al señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Yo creo que a la portavoz socialista lo que le hubiera gustado es que el informe dijera cosas que no dice. Por eso le sorprende tanto. Y sin embargo omite aspectos fundamentales que incluye el informe, que ponen
de relieve su buena gestión. Por lo pronto, el informe dice que su actividad se adapta en la gestión de las líneas de crédito, que es el objeto del informe y no otro, las líneas de crédito, a las disposiciones legales y reglamentarias que le son
aplicables. También dice que las cuentas anuales de los ejercicios 1996 y 1997, en relación con la materia que se fiscaliza, que vuelvo a insistir que son las líneas de crédito, la situación financiera y patrimonial, reflejan las operaciones
realizadas por el Instituto con fidelidad.
Y una cosa, quizás lo más importante del informe, omite la portavoz socialista intencionadamente, y es que, al final, como consecuencia de esta política y de esta buena gestión, el tipo de interés al que las pymes obtienen los créditos ha
disminuido, de la misma manera que lo han hecho los tipos de interés general pero más, puesto que el interés al que el ICO ofrece el dinero a las entidades financieras ha disminuido en menor medida, con lo cual el margen de intermediación de las
entidades financieras ha disminuido considerablemente. Eso ha supuesto que las pymes puedan financiarse a un precio más barato y además que se produzca una disminución paralela del coste de la línea para el Instituto de Crédito Oficial. Ese
aspecto, que es tan importante, es ignorado absolutamente por la portavoz socialista. Y creo que es lo más importante, porque, en la actividad de dar crédito del ICO, lo importante es que los dé barato y además que lo dé con el menor riesgo
posible. En ese sentido también hay que destacar, según dice el informe, que el riesgo que asume el Instituto ha disminuido paulatinamente, ya que desde el año 1996 solamente asumía el riesgo de las operaciones realizadas en zonas FEDER Objetivo 1
y, a partir de las líneas del año 1999, el riesgo es soportado en su totalidad por las entidades de crédito. En precio y en riesgo, que son los dos factores fundamentales de la actividad del Instituto de Crédito Oficial, la gestión resulta
positiva, conforme dice el informe. También la objetividad del ICO, porque también dice el informe que todas las entidades financieras tienen las mismas posibilidades de acceder a los préstamos, puesto que para ello sólo es necesario el
cumplimiento de unas condiciones objetivas.
Los procedimientos que sigue el Instituto, en la parte de disposición de fondos por las entidades financieras, dice el informe que son adecuados, garantizando el control y el seguimiento de las cantidades de que disponen las mismas, y que la
base de datos es fiable y adecuada para la administración de los mismos. Esto es muy importante. Y vuelvo a decir lo mismo en relación con el riesgo, ninguna entidad financiera, dice el informe, ha incurrido en mora a la hora de satisfacer las
cuotas de los préstamos 'pyme' concedidos por el ICO. En las líneas de internacionalización, la portavoz socialista se queja de que se hagan escasas operaciones. Será culpa del mercado, será culpa de las empresas, no será culpa del ICO. En esas
líneas de internacionalización se aprecian, mutatis mutandis, los mismos aspectos positivos que en las líneas pyme nacionales y las mismas pequeñas disfunciones que en ese otro capítulo. Las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas formula al
ICO, sin perjuicio de que por supuesto deben tenerse en cuenta, son de ínfima incidencia en el buen funcionamiento del Instituto. La mayor parte de esas recomendaciones -y se pondrá de manifiesto en ese otro informe que ha pedido la portavoz
socialista que se haga- se verá que ya han sido puestas en práctica por el ICO. También ha hecho referencia, y creo que no viene a cuento, al código de buen gobierno, al código Olivencia, código que no está destinado a un órgano como el Instituto
cuya misión no es estar en el mercado financiero como una entidad competidora más. Eso significa sencillamente, señora portavoz del Grupo Socialista, desviar el tiro clamorosamente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Una vez más insisto en que las recomendaciones que hace el Tribunal procuran ajustarse a las comprobaciones del informe. Y sí hay recomendaciones, en esta observación que hace la
señora Costa, en cuanto a la entrega de documentación financiera al ICO. La recomendación segunda del
informe dice que el ICO estudie la forma en que la entrega de documentación de las entidades financieras sea más rápida, en cada una de las fases de gestión. También hay recomendaciones para intensificar la inspección, la recomendación
cuarta. El Tribunal de Cuentas es un órgano del control y por tanto tiene que estimular los controles y las inspecciones de las entidades. También hay datos importantes, ya se ha puesto aquí de manifiesto, sobre la reducción de los costes de
intermediación. En cuanto a la pregunta de las causas de esta discrepancia con el FEDER, el informe dice lo que dice, que ha habido un desacuerdo en la cuantía entre el FEDER y el ICO y que impidió percibir del FEDER los fondos de 24 operaciones;
el informe no explica más razones.
En los informes del Tribunal de Cuentas hay que agradecer incluso estas observaciones que se hacen para mejorar su calidad técnica, es un estímulo externo. Además, a mí me consta, todos los consejeros leemos el 'Diario de Sesiones' y
naturalmente contribuyen a mejorar el contenido del informe, porque siempre es estimulante la crítica externa. Pero hay que tener en cuenta que son informes selectivos, fiscalizaciones que se llaman selectivas, que a veces están respondiendo un
poco a la programación que ese departamento estima que se debe hacer en este tema y en esta situación. A lo mejor, si, en vez de ese consejero, fuera otro, haría otro planteamiento distinto. Pero lo que creo yo es que, para extender los informes
del Tribunal de Cuentas, de los que no hay manual de normas y procedimientos, y que siempre imprimen un rigor y una eficacia en la gestión, modelos de buen gobierno, habría que entrar ya en temas en los cuales el Tribunal tendría que hace
fiscalizaciones específicas y horizontales para analizar, ya no tanto gestiones concretas, sino modelos de organización, incluso de estas políticas de gestión. Y a lo mejor, si tuviéramos que hacer algún informe de ese tipo, la crítica no iría a la
gestión, sino a temas mucho más profundos. Estos informes se quedan en analizar esa gestión, que está respondiendo a unas políticas de facilitar créditos a las pymes, y no pasa de ahí. Por lo demás, siempre hay la posibilidad de plantear unas
fiscalizaciones con unos contenidos más adecuados a las conveniencias que puedan considerar los grupos a la hora de hacer resoluciones. (La señora Costa Campi pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Costa, ¿a qué efectos quiere la palabra?
La señora COSTA CAMPI: Un momento, señor presidente. Cuando yo le he hablado de los temas relativos a organización, es el informe del Tribunal de Cuentas quien lo plantea, al señalar que el departamento de Inspección no debería depender
del departamento de Gestión. No ha sido esta diputada. Es el Tribunal de Cuentas quien lo plantea.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Quiere tomar la palabra, señor presidente?
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): No le he entendido.
La señora COSTA CAMPI: La propuesta que hace el Tribunal, dentro de la filosofía del código de buen gobierno, nada más es encuadrarla; la propuesta la hace el Tribunal, la que yo he defendido.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): ¿Que el Tribunal hace una propuesta de buen gobierno?
La señora COSTA CAMPI: Que la propuesta de establecer murallas chinas, una separación entre la inspección y la gestión, la hace el propio Tribunal en su informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Claro, claro.
Eso sí que es contenido de las organizaciones internas. Si no hay segregación de funciones y cada uno no admite sus propios ámbitos de responsabilidad, la gestión
desmerece. Modelos de buen gobierno será mejor, porque estos días estamos en un ámbito, en un entorno, en que los modelos de buen gobierno en el ámbito financiero...
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS, DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO INFANTIL Y JUVENIL
'TEATRO DE LA PAZ', REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 1997 Y 1998. (Número de expediente Congreso 251/000063 y número de expediente Senado 771/000054).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: informe de fiscalización de todas las actuaciones preparatorias, de adjudicación y ejecución relativas a la contratación por la Diputación Provincial de Albacete de las
obras de construcción y equipamiento del teatro infantil y juvenil 'Teatro de la Paz', realizadas en los ejercicios 1997 y 1998.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El informe de fiscalización de todas las actuaciones preparatorias de adjudicación y ejecución relativas a la contratación por la excelentísima Diputación Provincial de Albacete
de las obras de construcción y equipamiento del teatro infantil
y juvenil Teatro de la Paz, realizadas en los ejercicios 1997 y 1998, se aprobó en octubre de 2000 y fueron realizadas a iniciativa de las Cortes de Castilla-La Mancha. Destaca en las conclusiones el informe que el Tribunal cuestiona la
competencia de la Diputación para la realización de las obras del Teatro de la Paz, porque, conforme a la normativa que regula el régimen local, es el municipio al que se le atribuye la realización de actividades e instalaciones culturales, por no
estar justificada en el expediente la imposibilidad del municipio de Albacete de prestar el servicio cultural inherente a la construcción del teatro, y existir además un consorcio con la finalidad específica de la difusión cultural en la provincia.
Asimismo el Tribunal cuestiona la cesión obligatoria y gratuita de terrenos efectuada por la Diputación Provincial de Albacete por valor de 84,6 millones de pesetas, como condición impuesta por el Ayuntamiento de Albacete en la concesión de la
licencia de obras para la construcción del teatro, al no estar únicamente al servicio del polígono o unidad de actuación correspondiente.
Con respecto a las obras de construcción y equipamiento del teatro, el informe concluye que no existe una programación de anualidades en el ejercicio 1997 y 1998 para la financiación del contrato y que se produjeron modificaciones en los
primeros meses de ejecución del proyecto con un total de 72,8 millones de pesetas, como consecuencia de los defectos del proyecto inicial, que no incluyó el estudio de la seguridad e higiene en el trabajo ni fue objeto de supervisión por la oficina
correspondiente. Durante el ejercicio de la obra, las sucesivas modificaciones por vía de hecho, sin la previa consignación presupuestaria y autorización del órgano de contratación, dieron lugar a un incremento de 329 millones de pesetas respecto
al importe inicial de la adjudicación, 115 millones de pesetas. El exceso producido motivó la solicitud por la diputación provincial de una valoración contradictoria de las obras al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, que lo fijó
en 411 millones, al no aceptarse en la liquidación diversas partidas que hacían referencia al plan de prevención y a la autoprotección, trabajos técnicos y limpieza y honorarios técnicos. El teatro se inauguró en junio de 1998, cuando las obras no
habían terminado.
El informe finaliza poniendo de manifiesto el incumplimiento del presidente de la diputación de las funciones de dirección, impulso e inspección de las obras, al permitir la no adecuación del proyecto licitado al objetivo que se pretendía
cumplir, admitir las sucesivas modificaciones del mismo producidas por defectos imputables a su autor sin exigir las oportunas responsabilidades, y permitir la inauguración del edificio cuando se encontraba sin terminar.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Perea Cortijo.
El señor PEREA CORTIJO: El informe de fiscalización que analizamos a continuación aborda todo el proceso de contratación y construcción del Teatro de la Paz, en la ciudad de Albacete.
Debo decir, en primer término, que estamos ante un asunto que levantó una notable polvareda política, sobre todo en los años 1998 y 1999, por la cercanía de unas elecciones municipales que se celebrarían meses después, concretamente en junio
de ese año 1999, y también porque, como se desprende de la exposición que acaba de hacer el presidente del Tribunal de Cuentas, las irregularidades, la constante falta de respeto a la legalidad vigente, salpicaron de lleno el proceso de construcción
y de contratación de esta obra que supuso un grave perjuicio económico no sólo para la institución, sino para el crédito en sí que tenía el Partido Popular en la provincia de Albacete en el momento en el que gestionaba directamente esta institución.
Hago esta precisión inicial porque es mi intención realizar una intervención sosegada y alejada de toda crispación. Créanme, señorías, este anhelo resulta harto difícil cuando se profundiza en el tenor del informe y en los hechos que
acredita el mismo, así como en los juicios directos que realiza el Tribunal para referirse, en términos que nosotros consideramos como durísimos, respecto a la gestión del señor Moya, presidente de la Diputación de Albacete entre los años 1995 y
1999.
Es prioritario comenzar felicitando al Tribunal de Cuentas por el informe de fiscalización con toda sinceridad desde la óptica de quien, habiendo participado hasta ahora en el debate de buen número de informes en el seno de esta Comisión en
los últimos meses, no ha encontrado un informe tan clarificador y alejado de innecesarios rodeos como el que nos ocupa, quizás por el hecho de que las irregularidades fueran tan obvias, que ni era necesario siquiera hacer rodeos en este sentido. Y
es que, señorías, el informe de fiscalización abarca un buen número de aspectos que, cuando menos, merecen el calificativo de poco justificables, siendo generosos.
Desde el dudoso título competencial de una institución como una diputación provincial para acometer una obra que por la legislación local está atribuida a los ayuntamientos, hasta la constatación de que durante el proceso de construcción se
cometen irregularidades tan llamativas como la emisión de certificaciones de obra, que el propio Tribunal califica de presuntamente falsas, o la falta más absoluta de control técnico y político de una obra que comienza con un presupuesto de 117
millones y acaba con un gasto total de 444 millones, pasando por una improcedente cesión de terrenos al ayuntamiento de la capital, actuando en contra del
patrimonio de la propia institución, valorada en otros 84 millones, o la acometida de las obras de urbanización, cuando son competencia municipal, del ayuntamiento. Circunstancias todas ellas que concurren durante la tramitación del
expediente y al tiempo de ejecución de la construcción del teatro.
Baste decir que se parte de un proyecto inicial de teatro para la juventud e infancia, sin saber muy bien, ni el propio Partido Popular, a qué se refería ese proyecto o qué es lo que quería hacer bajo esta denominación.
Y se termina por
construir un teatro general con modificaciones de hecho durante la fase de ejecución de las obras a cargo del contratista y que no son supervisadas por nadie. Se produce una modificación total del proyecto, que legalmente es causa de resolución del
contrato, según la legislación vigente, y justificaría la apertura de nuevo procedimiento de adjudicación y subasta, ya que lo que inicialmente contrata la empresa adjudicataria de las obras es radicalmente distinto a lo que finalmente entrega a la
Diputación de Albacete en el año 1999. Todo ello aderezado, según señala el informe, con una intervención personal y directa del presidente de la diputación que algún interés oculto debería tener cuando aboca competencias que son de otros órganos
políticos de la diputación, para decidir en solitario en numerosas fases del procedimiento.
No es intención de este portavoz repetir lo que expone el informe, pero sí considero indispensable hacer mención de algunos aspectos que arrojan luz sobre el trasfondo de esta actuación tan dañina para la institución y para todos los
ciudadanos de la provincia de Albacete. Por seguir un hilo argumental nítido, me referiré en primer término al ámbito competencial de la Diputación de Albacete para ejecutar la inversión de una construcción de un equipamiento cultural de la
envergadura de un teatro, cuyo coste final ronda los 600 millones de pesetas. Lo hago en primer término, señorías, porque puede arrojar una clarificadora luz acerca de las motivaciones que se esconden tras esta singular aventura -porque no cabe
calificarla de otra forma- que más se asimiló a un salto al vacío que a una actuación política seria y responsable con el interés público que cabe presumir preservado cuando se actúa en el seno de una institución pública.
El informe se refiere textualmente a la falta de competencias de la diputación provincial para acometer obras de este tipo, porque, citando la legislación local, esta competencia está atribuida a los ayuntamientos. Según el tenor de la
legislación de bases de régimen local, sólo cabría que la Diputación de Albacete ejerciera supletoriamente esta competencia cuando quedara evidenciada la incapacidad económica del ayuntamiento en cuestión para ejercerla, construir este equipamiento,
o cuando la obra tuviera un eminente carácter supramunicipal.
Aquí es preciso introducir la primera matización que, a modo de pregunta retórica, podría llevarnos a plantearnos por qué el equipo de Gobierno del Partido Popular adopta la decisión de construir un teatro en un municipio de 160.000
habitantes, el mayor de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que representa casi el 40 por ciento de la población de toda la provincia, una provincia que tiene 350.000 habitantes y una extensión de casi 15.000 kilómetros cuadrados, en la que se
encuentran otros 86 municipios, muchos de ellos diseminados en la zona sur de la provincia de Albacete. Hago aquí una pequeña exposición geográfica, porque no me resisto a decir que Albacete es una gran desconocida para mucha gente.
Aparte de la
llanura que muchos atravesamos para ir hacia Levante cuando llegan las vacaciones, en la zona sur hay una sierra de difíciles comunicaciones con numerosos pueblos que tienen dificultades económicas endémicas, no sólo desde el punto de vista
económico sino de la despoblación o imposibilidad de gestionar competencias que le son propias. Cabe preguntarse qué motiva la decisión de construir un teatro allí con fondos propios de una diputación, que tiene que servir principalmente a estos
municipios, sabiendo que causa un daño evidente al patrimonio o a la capacidad económica de la institución para afrontar su compromiso con esos pueblos que son los realmente necesitados de una intervención directa de una institución como una
diputación provincial.
Con esta reflexión, me gustaría poner sobre la mesa el debate de si es lícito, si es moralmente correcto que una diputación, cuyo máximo afán debe ser apoyar a los municipios más pequeños y fundamentalmente al depauperado medio rural, gaste
sus recursos en una infraestructura cultural que ninguno de ellos podría disfrutar. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. En la provincia de Albacete hay una localidad situada muy al sur, lindando con las provincias de Granada y Murcia, que se
llama Nerpio. Ese municipio se encuentra a dos horas y media de camino de la capital de la provincia. Un ciudadano que viva en la capital de la provincia, en Albacete, tarda menos tiempo en llegar a Madrid que en llegar a un pueblo de su propia
provincia. ¿Con esta reflexión qué pretendo decir? Muy sencillo. ¿En qué afectó a los vecinos de este municipio, de este pueblo de Nerpio, situado en las profundidades de la sierra, la construcción de un teatro con dinero público de toda la
diputación en la capital de la provincia, como digo, la ciudad más populosa de la Comunidad de Castilla-La Mancha que anda sobrada de equipamientos culturales? Como dicen los vecinos de aquel pueblo, no les beneficiaría en nada.
Cuesta trabajo entrar a valorar los razonamientos políticos que pesaron a la hora de afrontar esta inversión, pero lo que no cuesta ningún trabajo es entender que esta actuación no fue sino el fruto de un concepto trasnochado de la política,
el que se nutre de la idea de crear grandes edificios que recuerden a sus creadores y les eleven a la categoría de megalómanos, resaltando
un ego que hay que alimentar a costa del interés público. Construir algo grande, que dé testimonio del paso del cacique de turno por la institución para que la ciudadanía lo recuerde cada vez que pase ante las puertas de su magna creación.
De otra forma no puede explicarse semejante forma de proceder, máxime cuando esta obra se enmarca en el período de encarnizada lucha política -y aquí probablemente se encuentra el nudo de la cuestión- por el dominio interno del Partido Popular en la
provincia de Albacete. En esta confrontación luchan directamente el alcalde de la ciudad, del Partido Popular, y el presidente de la diputación provincial.
Estamos, por lo tanto, ante una carrera por ganar la batalla de la imagen a costa de
realizaciones magnas que resaltaran a los candidatos. Ante la pregunta de por qué se construye este edificio, por qué se hace sin tener competencias en la materia y por qué se cambia sobre la marcha el proyecto para terminar gastando casi el triple
de lo inicialmente presupuestado, la respuesta no puede ser más clara: por ambición y por oportunismo político.
Al margen de esta conclusión, a la que se llega casi sin querer, es preciso recalcar algunas de las consideraciones que se analizan en el informe y que contribuyen a diseñar el segundo gran grupo de irregularidades que se confirman en el
informe y que vienen a corroborar la clara intencionalidad política de esta actuación que he apuntado con anterioridad. Se alude reiteradamente en el informe a la intervención personal del presidente de la Diputación en todo el expediente, desde la
aprobación del mismo hasta la adjudicación del contrato (página 17 del informe), 'abocando' -dice textualmente- 'competencias que no le pertenecen. Sin embargo' -sigo leyendo textualmente- 'incumple sus funciones de dirección, impulso e inspección
de las obras'. De ello se puede deducir que el presidente estaba especialmente interesado en controlar la adjudicación del contrato, el manejo del presupuesto de la obra, pero parece importarle menos comprobar qué se está haciendo realmente con ese
dinero, cómo se está gastando y si se está haciendo daño a la institución provincial. Baste como ejemplo lo apuntado en el informe: se permite la falta de adecuación del proyecto licitado al objetivo que se pretende cumplir; se admiten sucesivas
modificaciones del proyecto inicial que se van produciendo por defectos del proyecto sin exigir las debidas responsabilidades a su autor y sin proceder a la resolución del contrato, como hubiera sido procedente; se falta a la inspección de las
obras, lo que motiva que no se detecten las modificaciones que se están introduciendo por la vía de los hechos e incrementan su coste en más de un 150 por ciento, sin que se exijan responsabilidades, como era su deber; y se permite, finalmente -y
esta es la guinda que pone fin a la actuación-, la inauguración del edificio cuando estaba sin terminar, sin importar el riesgo que se pueda derivar de este hecho y actuando, seguramente, bajo el único criterio del calendario libre de que disponía
la señora ministra de Educación y Cultura para proceder al acto protocolario en el que el señor De Moya iba a ser el rey por un día.
Junto a esta muestra de dejadez y desidia en el control de las obras, no es de extrañar que el propio Tribunal señale en la página 15 del informe que estas deficiencias cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que una de las
competencias de la diputación es prestar asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, redactar proyectos o direcciones de obras, 'funciones' -dice el Tribunal textualmente- 'que difícilmente se pueden realizar con actuaciones
semejantes a las producidas en este expediente'.
Señorías, causa sonrojo y vergüenza ajena comprobar cómo tan duros calificativos son aplicados por observadores imparciales, como son los miembros del Tribunal de Cuentas, en relación con la Diputación de Albacete durante el mandato del
señor De Moya y de su equipo de gobierno.
Me referiré, a continuación, al desarrollo de las obras...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Perea, por favor, vaya concluyendo.
El señor PEREA CORTIJO: Bajo el epígrafe de actuaciones preparatorias, se hace referencia al hecho de que en 1996 se ha elaborado un primer proyecto técnico de construcción de un teatro para juventud e infancia, con un presupuesto de
ejecución de 60 millones. Un año después se vuelve a redactar proyecto técnico, prácticamente idéntico al anterior, pero en el que se establece como importe de ejecución la cantidad de 128 millones; proyecto en el que no se incluyen ni estudio de
seguridad ni supervisión por la oficina técnica de la diputación, como es preceptivo.
En la fase de adjudicación se procede a la misma por resolución de presidencia, cuando legalmente compete al pleno, por el período de ejecución de la obra,
superior a la anualidad. Pero lo realmente llamativo de este apartado se plantea en la fase de ejecución del proyecto. A los dos meses de iniciarse las obras se redacta un primer modificado, que se destina casi en su totalidad al pago del estudio
de seguridad e higiene en el trabajo que la Administración no había computado para la construcción del edificio público. ¿Cómo vamos a exigirles a los particulares, a los empresarios que elaboren estudios de seguridad cada vez que hacen una obra
civil, si las propia institución provincial, como la Diputación de Albacete, no era capaz de poner en práctica lo que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el real decreto que la desarrolla? Además, la tramitación de la modificación
vulnera diversos artículos de la Ley de Contratos porque no consta informe de supervisión, autorización previa del órgano de contratación ni reajuste de la garantía del contrato. Dos meses más tarde, nuevo modificado por importe de 60 millones,
motivado por
el cambio de criterio de la diputación respecto al uso del teatro. Esta modificación tampoco obedece a necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas, que son los supuestos tasados en los que se permite el recurso a la redacción de
proyectos modificados.
Lo más grave es que las obras que comprendían esta modificación -y esto es lo más importante- se habían ejecutado con anterioridad por vía de hecho, porque la certificación acreditativa de su realización se emite a los tres días de su
aprobación y antes de la notificación del encargo de las mismas al contratista. ¿Para qué queremos certificación? A este respecto, el informe señala que las certificaciones no se expiden mensualmente, sino 'de forma totalmente arbitraria' -estoy
leyendo textualmente-, 'sin que nadie en la diputación mueva un dedo para poner orden en este desastre'. Entre la primera y la segunda certificación pasan dos meses; en los meses de marzo y abril se emiten dos certificaciones; entre la séptima y
la octava pasan seis meses. La séptima incluye importantes excesos respecto a los proyectos aprobados, acreditando nuevamente modificaciones por la vía de los hechos. Es por todo ello por lo que el informe alude expresamente a que se desvirtúa la
presunción de certeza que conlleva toda certificación (página 22 del informe) o, lo que es lo mismo, que las certificaciones que se emiten carecen de la mínima credibilidad. Se están emitiendo certificaciones falsas ante la pasividad cómplice de
quien tiene que defender a la institución.
Como colofón de todo este despropósito, deseo señalar que la recepción de las obras se produce tácitamente, como no puede ser de otro modo, con la inauguración del teatro el 30 de junio de 1998, cuando las obras aún no se han terminado,
porque 4 meses más tarde aún están llegando certificaciones. Cinco meses después de la liquidación de las obras, y casi un año más tarde después de la inauguración oficial del teatro, llega una última certificación. La consecuencia lógica de esta
actuación es que la liquidación presentada por el contratista es de 445 millones, con un incremento de 329 respecto al importe inicial. En el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos, abierto a instancias de la secretaría de
intervención de la institución para evaluar la desviación en los créditos, se emite informe técnico del Colegio de Arquitectos en el que se reiteran los argumentos de falta de supervisión y rigor técnico ante los que el equipo de gobierno del
Partido Popular parece haber hecho la vista gorda. Como culminación de este desastre, baste decir que el contratista incluye como gasto en la liquidación que presenta a la diputación el derivado del alquiler del equipo para la inauguración, 4 obras
de teatro y la contratación de una orquesta sinfónica para la semana de la inauguración, limpieza de la sala e instalaciones.
Francamente, sólo faltaba incluir el catering que se sirvió en honor de la señora ministra.
Como puede observarse, el cúmulo de despropósitos es de tal magnitud que cuesta creer que se haya actuado con torpeza y no con una intencionalidad premeditada. Sea como fuere, el único perjudicado por la desastrosa forma en que se conduce
todo el expediente y las obras posteriores fue el propio ciudadano de la provincia de Albacete. El que tiene que pagar la incompetencia u obscuro proceder -que todo puede ser- es el ciudadano de a pie, que meses después de la conclusión de la obra
decide enviar a los gobernantes de la diputación provincial y del ayuntamiento a donde debían, fuera del Gobierno, de las instituciones de la provincia y del municipio de Albacete, a la oposición. Cuatro años fueron bastantes para comprobar su
falta de compromiso ético con los intereses generales, y la derrota electoral fue el lógico castigo para quienes hicieron de las instituciones campo de batalla en el que dirimir su lucha política al frente del Partido Popular de la provincia de
Albacete.
Me gustaría terminar citando el hecho insólito de que este portavoz ha experimentado desde que está en esta Comisión que en las 30 páginas del informe no haya un solo calificativo a favor de la gestión del equipo de Gobierno responsable de
la construcción de esta obra que defienda esa gestión. Por último, una referencia más personal, pero que no deja de tener su importancia. Señorías, yo soy diputado provincial por la circunscripción de Albacete. En esta Comisión hay un senador
titular que fue vicepresidente primero de la Diputación de Albacete durante estos hechos. Ese vicepresidente primero no va a intervenir, por lo que puedo apreciar, pese a que ha estado en la votación anterior. Todo un ejemplo de respaldo, de
lealtad y de defensa de la gestión, que no queda más que entredicho ante el propio abandono de quien fue responsable para defender su gestión ante este órgano.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Yo voy a ceñirme al informe del Tribunal de Cuentas, aunque entiendo que el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, precisamente por lo ha que dicho al final, por su condición de diputado provincial por
Albacete, ha hecho una serie de consideraciones que no están en el informe del Tribunal de Cuentas, que van más allá del asunto objeto de la fiscalización del Tribunal y que no proceden en el seno de esta Comisión ni en el contenido de la
comparecencia de su presidente.
Comenzaré diciendo que afortunadamente la ciudad de Albacete tiene un teatro que realizó la diputación provincial. Hay que hacer un inciso en la polémica planteada por el portavoz del Grupo Socialista, sobre quién tiene o no competencias
para realizar ese tipo de obra. Generalmente las diputaciones provinciales en provincias como Albacete, o en otras como Soria, que yo conozco muy bien, deben salir al paso muchas veces de la falta de recursos de los ayuntamientos y de la
inactividad de las comunidades autónomas, y en este caso de la de Castilla-La Mancha, que tienen esa competencia. Si nos ceñimos al ámbito estricto de las competencias, ninguna Administración lo hace porque es muy difícil no salir al paso
de la demanda de los ciudadanos escudándose exclusivamente en si se tiene o no la competencia. Cuando se utilizan fondos públicos, se presupone que se están haciendo una serie de infraestructuras que son necesarias en esa ciudad, más allá de a
quién le corresponde la competencia, aunque, como señala el Tribunal de Cuentas, la legislación de régimen local lo matiza expresamente.
En la propuesta que mi grupo parlamentario y el Gobierno van a realizar respecto al nuevo pacto local, donde se van a ver esas competencias y cómo se va a plasmar la descentralización de las comunidades autónomas hacia las corporaciones, en
este caso más cercanas a los ciudadanos, espero alcanzar un acuerdo que permita que esas competencias se delimiten mejor y evitemos polémicas que a la hora de la verdad no le importan al ciudadano. Lo que quiere el ciudadano son unas
infraestructuras y unos equipamientos que le prestan en la medida de lo posible las administraciones más cercanas.
Tengo que añadir que, en este caso, la diputación provincial, con relación a lo manifestado por el portavoz socialista sobre obras llevadas a cabo en municipios más pequeños, no utilizó los fondos de cooperación, ni de los planes de obras y
servicios, que podrían habérsele imputado; utilizó sus propios recursos para acometer esta infraestructura.
Hay un teatro en Albacete que construyó la diputación provincial. Yo no voy a negar la evidencia -ha sido juzgada por los ciudadanos, como ha terminado diciendo el portavoz del Grupo Socialista- de que, efectivamente, existió falta de
control en muchos aspectos, no sólo control político sino también técnico. Las administraciones, en este caso las corporaciones locales, tienen otros controles, aparte de la voluntad exclusiva del presidente. En efecto, fallaron los controles pues
el proyecto inicial tenía una cuantía que acabó siendo infinitamente superior, pero este hecho se refleja en el edificio; ha costado más, pero ese plus está ahí, nadie se ha llevado el dinero; ha habido modificaciones del proyecto que han
redundado en la obra. Y tenemos un teatro que no era el del principio del proyecto, con unas características determinadas, sino con mayores posibilidades, no sólo infantil y juvenil, que permite todo tipo de actividades. Eso es lo que ha motivado
que los presupuestos se hayan disparado.
Debo destacar, sin embargo, una afirmación del Tribunal que es positiva.
Dice el informe que sorprende que dentro de tal descontrol, ese descontrol no se muestre en la construcción del edificio. Efectivamente, ha habido irregularidades en
el procedimiento, pero el dinero no ha desaparecido. Ha habido una serie de modificaciones que han conllevado, la no realización de los expedientes de modificaciones en forma, que no se hayan aprobado previamente como hubiera sido lo preceptivo,
sin embargo, el edificio está ahí y hay un informe contradictorio del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha que dice que la obra alcanza los 411 millones de pesetas, con una diferencia respecto de lo que en principio se certificó de 33,7
millones de pesetas, que fueron objeto de una reclamación contencioso-administrativa por parte del contratista, que aunque a la fecha de finalización del informe no se había producido resolución judicial, hoy sí se ha producido.
No me voy a referir a los informes y alegaciones de la intervención y de la secretaría que obran en el expediente pues S.S. los conoce bien por su condición de diputado provincial. Entiendo que políticamente mantenga su postura por el
proceso seguido, pero los hechos demuestran que ahí hay un teatro que se fue de presupuesto. Ese presupuesto está ahí y los 441 millones de pesetas están en obra ahí, con mejores materiales y una serie de cambios en infraestructuras que permiten
decir (porque no es intención de mi grupo negar lo evidente), que en el proceso hubo faltas de controles muy graves, no sólo de impulso político, no sólo de responsabilidades políticas, sino también técnicos, de los equipos de la diputación,
financieros, etcétera. El presidente puede actuar de muchas maneras, pero otros elementos en la diputación en un momento determinado deben apreciar las condiciones necesarias o matizar en los acuerdos posteriores las cuestiones de legalidad que
sean procedentes. Como señala el Tribunal de Cuentas, creemos que todos esos controles no han funcionado, la construcción de este teatro, no ha sido un modelo de gestión, pero al final debemos quedarnos con las conclusiones de los ciudadanos:
primera, que tienen un teatro; segunda, que las responsabilidades judiciales se han sustanciado, es decir, que este tema ha ido a los tribunales; y tercera, que respecto a las responsabilidades políticas de la actuación de los responsables de la
Diputación y del Ayuntamiento de Albacete, los propios ciudadanos se encargaron en el año 1999 de depurarlas por sí mismos.
Tenemos un informe muy preciso del Tribunal de Cuentas en cada uno de los aspectos de la fiscalización de este contrato con todas las incidencias y al final lo que tenemos, como digo, es una infraestructura. No vamos a discutir quién tenía
que haberla hecho, lo cierto es que está ahí y estoy segura de que para los ciudadanos de Albacete será una infraestructura importante que les permitirá tener una actividad cultural mucho mayor.
Como decía el Tribunal y repito en este momento, a
pesar del descontrol, en cambio en la construcción está el dinero invertido y no hay más que añadir, es decir, no hay responsabilidades de otro tipo. En cuanto a las modificaciones, lo cierto es que no han seguido el procedimiento mejor, pero el
teatro está ahí, las unidades de obra están ahí, las cantidades están pagadas, la Diputación de Albacete subsanó en su momento las deficiencias con los correspondientes expedientes. La
corporación, en sesión de 24 de julio de 2000, tuvo conocimiento de este informe, y por unanimidad respondió como alegaciones con los informes del secretario y del interventor. Esa es la realidad del contenido de este informe de
fiscalización.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CORPORACIÓN GENERAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS), EJERCICIO 1997. (Número de expediente Congreso 251/000064 y número de expediente Senado 771/000052).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto VII, del orden del día: Informe de fiscalización de la actividad de la corporación general del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ejercicio 1997.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en octubre de 2000, el informe de fiscalización de la actividad de la corporación general del Consorcio de Compensación de Seguros,
ejercicio 1997. El informe recoge como limitación que no se ha podido obtener evidencia suficiente de que las compañías aseguradoras hayan recaudado y autoliquidado todos los recargos correspondientes al consorcio, al no existir relaciones
individualizadas sino información global de cada compañía. El Tribunal concluye que no existe constancia de que el consorcio haya ejercitado sus competencias para obtener una información individualizada de las pólizas que soportan los recargos
ingresados, y que los procedimientos de control aplicados son insuficientes e inadecuados para garantizar que los recargos que se ingresan en sus cuentas son todos los que debieran ser.
Por lo que se refiere al seguro subsidiario de automóviles regulado en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en circulación de vehículos a motor, el principal problema detectado por el Tribunal es el elevado número de vehículos que
circulan sin seguro, originando pagos por 9.621 millones de pesetas por siniestros que corresponden a 17.057 expedientes sobre un total de 25.995 expedientes de siniestros en el seguro subsidiario de automóviles, a los que habría que añadir parte de
los pagos por 2.558 millones de pesetas por siniestros de vehículos desconocidos que presumiblemente no tendrían seguro. El informe señala que la función de defensa y fomento del aseguramiento obligatorio de vehículos a motor que el Consorcio tiene
encomendada no ha sido ejercida suficientemente. La falta de dicho aseguramiento implica un perjuicio, no sólo para el consorcio, sino también para el resto de los asegurados, que deben soportar el recargo para cubrir esta contingencia.
En cuanto a los ingresos financieros, el Tribunal concluye que los fondos situados en las cuentas bancarias, con importantes saldos medios, podrían haber obtenido una rentabilidad mayor en el ejercicio. Durante 1998 se renegociaron las
condiciones de las cuentas peor retribuidas y se mejoró la remuneración. En los expedientes analizados de prestación y gastos pagados se han apreciado algunas deficiencias de gestión, como lentitud en la tramitación y corrección de las incidencias
detectadas, dificultades y escasa eficacia en el cobro de importes a recobrar, excesiva judicialización de los siniestros al no potenciar adecuadamente acuerdos extrajudiciales, y elevado número de expedientes de siniestros reabiertos y de
retenciones y ejecuciones por embargos judiciales y por falta de agilidad en los pagos. También se pone de manifiesto la falta de formalización por escrito de la contratación con los peritos y del seguimiento suficiente de su trabajo, salvo en los
casos de grandes siniestros.
Hay que destacar finalmente que el sistema establecido por el consorcio para la imputación indirecta de los ingresos y gastos de inversiones financieras y materiales y de los ingresos y gastos no técnicos, que junto con los ingresos y gastos
técnicos deberían servir de base para la fijación de las tarifas de los recargos, no garantiza que éstas estén bien calculadas. Este hecho resulta relevante si se tiene en cuenta que el consorcio tiene atribuida la facultad de proponer a la
Dirección General de Seguros las tarifas de los recargos a percibir como contrapartida de sus funciones de fondo de garantía y compensación, y que las tarifas debieran ser suficientes y proporcionadas a los costes reales de las distintas
contingencias abiertas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alegre Escuder.
El señor ALEGRE ESCUDER: Respecto al informe de fiscalización de la corporación general del Consorcio de Compensación de Seguros, pues permítame destacar alguna de las cuestiones que aparecen que no son más que repetición de lo que acaba de
decir el señor presidente del Tribunal.
En el modelo para la autoliquidación establecido por el consorcio de compensación falta información complementaria que sería muy útil para evitar posibles fraudes, que debería contener detalle individualizado de las pólizas que se incluyen
en el modelo actual de forma global, tanto en su importe como en el número. En esa misma línea, y con excepción hecha de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), las autoliquidaciones citadas no tienen un control suficiente para
garantizar que los recargos que se ingresan sean todos los que deberían ser, como bien ha dicho también el señor presidente del Tribunal.
Respecto a un tema tan importante como es el número de vehículos a motor que circula sin seguro, indudablemente el Consorcio de Compensación de Seguros debería cumplir -no lo hace como debería hacerlo- con la función de colaborar tanto con
Tráfico como con Hacienda, para controlar efectivamente ese importante número de vehículos que circulan sin asegurar. Pero si hay algo que nos llama poderosamente la atención es el poco interés en obtener una remuneración importante de los saldos
que figuran en determinadas entidades financieras, en concreto, los que figuran en la Caja Postal, cuando se tiene constancia de que en otras entidades, dichas remuneraciones son mucho más altas. Para citar un dato concreto, en la Caja Postal,
según dice el informe, había unos depósitos de 5.107 millones de pesetas, que estaban remunerados al mibor menos tres puntos en algún caso, y al mibor menos 3,75 puntos en otro, siendo así que en el Banco Bilbao-Vizcaya eran 1.657 millones al mibor
menos 1,6. En las alegaciones, el consorcio dice que la Caja Postal realiza a plena satisfacción la gestión de esos ingresos y remite, en el ejemplar 1 del original de todas las liquidaciones cobradas en cualquier sucursal del territorio nacional
en el plazo de cinco días hábiles a su cobro, y que remite también en soporte informático diseñados por el propio consorcio y elaborado por la Caja Postal la información que se deduce de todos esos ingresos.
Es un argumento muy ingenuo, puesto que cualquier entidad financiera de este país, con muchísimos menos depósitos, muy inferiores, haría eso y bastantes cosas más. Bien es verdad que en el año siguiente, 1998, como consecuencia del informe
de fiscalización, negocian con la Caja Postal y obtienen unas remuneraciones más altas.
En cuanto a los expedientes, tal como dice el informe, son correctos, pero tienen defectos de gestión que inciden mucho en la lentitud de su resolución y en la excesiva judicialización. Igualmente, como ha dicho también el señor presidente
del Tribunal, se contratan peritos de cualquier forma; no hay ninguna formalización escrita y no se sigue el trabajo de los mismos, salvo cuando hay algún caso de cantidades elevadas por los siniestros que pueda haber ocurrido. Por lo demás, no se
sigue con cierta asiduidad ni como debería hacerse el trabajo de esos peritos.
Esto es lo más importante que hemos podido ver. Por nuestra parte, no hay nada más que decir.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Maillo.
El señor MARTÍNEZ MAILLO: Señorías, si normalmente hacemos una felicitación del informe del Tribunal de Cuentas, en este caso también tenemos que realizarlo, es el momento de ahondar en el contenido importante de las alegaciones que ha
realizado el Consorcio de Compensación de Seguros, que son casi tan extensas como el informe del Tribunal de Cuentas y en algunos puntos argumentan de manera bastante sólida algunas de las conclusiones -que no recomendaciones- a las que llega el
Tribunal de Cuentas. Algunas porque ya están subsanadas, como en años anteriores, y otras porque chocan más con la existencia de normas legales que imposibilitan el cumplimiento de esas conclusiones del Consorcio de Compensación de Seguros. Hay
que tener en cuenta, como siempre, que estamos en un informe de fiscalización del año 1997, han pasado muchos años, en los cuales muchas de esas deficiencias o anomalías han sido subsanadas por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Vamos a ir a los puntos que ha recogido el portavoz del Partido Socialista, a las conclusiones a las que llega el informe del Tribunal de Cuentas. Las dos primeras se refieren a los modelos de autoliquidación por el Consorcio de
Compensación de Seguros para el ingreso de los recargos. Como todos sabemos, las entidades aseguradoras hacen una labor de recaudación de esos recargos para posteriormente ingresarlos en la Caja Postal, en la cuenta donde se ingresan, en la cuenta
de ese consorcio. Manifiesta el Tribunal de Cuentas que es necesario establecer una información o anexo complementario que contenga el detalle individualizado de las pólizas. En las alegaciones el Consorcio de Compensación de Seguros lo deja
bastante claro; con independencia de que podamos estar de acuerdo, o no estar de acuerdo, existe una divergencia en la opinión. Dice que no hay ninguna normal legal que establezca este detalle individualizado y es una realidad objetiva; cualquier
modificación tiene que seguir como es obvio, su proceso legislativo correspondiente.
Se hace constar en las alegaciones que existe una imposibilidad técnica de incluir en ese modelo de autoliquidación prácticamente todas las pólizas con sus recargos y comprobar, por lo tanto, que se han ingresado póliza por póliza los
recargos correspondientes. Eso lleva aparejado una imposibilidad técnica, no digo si absoluta, pero que sin duda existe. No digo que sea imposible, pero técnicamente es compleja. Pone un ejemplo el Consorcio de Compensaciones de Seguros que no
voy a reproducir, pero que aparece constatado en la página 2 de sus alegaciones y da la cifra de 282 millones de pólizas anuales que afecten al riesgo concreto del que pone el ejemplo; imagínense SS.SS. el número de autoliquidaciones y de anexos
que habría que realizar. Digo que es difícil, no imposible; técnicamente, sin duda, es complejo.
En cuanto a los procedimientos de control aplicados por el consorcio para ver si existen estos recargos pagados o no, el Tribunal de Cuentas los considera suficientes para un correcto control aritmético formal de las autoliquidaciones
presentadas. Dice que son insuficientes e inadecuadas para garantizar que los recargos que se ingresan en sus cuentas son todos los que deberían
ser, vuelve a incidir en la autoliquidación. Esto que parece una deficiencia, sin duda alguna se corrige de dos maneras. En primer lugar, a través de los servicios de inspección, por denuncia o dentro de los planes del Consorcio de
Compensación de Seguros. Todo es siempre susceptible de ser mejorado, pero voy a dar sólo un dato: en los últimos diez años el importe de las actas de inspección con resultados a ingresar para el consorcio ha ascendido a 224 millones de pesetas,
lo que corresponde con un 0,037 por ciento del total recaudado por autoliquidación. El número de deficiencias o irregularidades detectadas en las inspecciones ha resultado mínimo. ¿Que se puede aumentar el número de inspecciones, que se puede ir a
más? Sin duda, pero la realidad objetiva de los últimos diez años está aquí constatada.
Por otra parte, no podemos olvidar que el régimen de infracciones y sanciones que establece el Consorcio de Compensación de Seguros es muy elevado, porque podría llegar al supuesto de suspender o revocar la autorización administrativa a la
propia entidad de seguros si no procede al ingreso del recargo correspondiente. Es una sanción bastante elevada como para que las entidades aseguradoras no cumplan con sus obligaciones.
Como he dicho antes, al final siempre está la labor de
inspección.
Sí nos parece importante el punto tercero de las conclusiones, que se refieren a la labor que tiene el consorcio de compensación en la función de defensa y fomento del aseguramiento obligatorio de vehículos a motor, y dice que ha habido
alguna distorsión en relación con la colaboración de la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Seguros, a la hora de obtener una relación de vehículos matriculados sin el seguro obligatorio.
Este es un tema que, evidentemente, al Grupo Parlamentario Popular nos preocupa, la existencia de vehículos que infringen la normativa administrativa, y que además también tiene la sanción penal correspondiente, por no tener un seguro obligatorio de
los distintos vehículos.
Es un tema que decimos nos preocupa, y que lógicamente en las propias alegaciones al informe de la propia asociación del Consorcio de Compensación de Seguros dice que se va más allá de sus propias competencias. En cierto modo es cierto,
porque la labor de coordinación de la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Seguros, del Ministerio de Economía, a la hora de pasar o de cruzar los datos, hay un informe de la Agencia de Protección de Datos donde dice que es
necesaria una norma legal que autorice hacer ese cruce; ese cruce de datos y ese informe aparece aquí reflejado, y sin duda tiene esa cobertura legal actualmente a través del real decreto que regula el reglamento de responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor.
Por tanto es susceptible de subsanarse o de ser subsanado.
En cualquier caso sí es preocupante la existencia de vehículos sin seguro obligatorio, que además trasciende el ámbito de esta Comisión, y que trasciende también incluso el ámbito competencial del propio Consorcio de Compensación de Seguros,
que tiene el que tiene y no tiene más; no tiene más que el que figura en su propio estatuto legal, y que nosotros lo consideremos importante desde el Grupo Parlamentario Popular porque lo refiere en las propias alegaciones, donde habla de que las
condiciones en el mercado de los seguros privados han variado, se han producido unos malos resultados económicos para algunas compañías de seguros privadas, que se han traducido en algunas ocasiones en subidas de precios importantes, en un
endurecimiento además de las condiciones de la contratación, y en algunos subsectores como el de ciclomotores y motocicletas en la imposibilidad de encontrar cobertura privada. Esta es una realidad constatable actualmente.
Este proceso ha sido fundamentalmente a partir del año 1999, y ha generado no sólo un aumento de la actividad de aseguramiento de vehículos particulares por parte del consorcio, sino también en un aumento de los conductores. Habitualmente
les afecta fundamentalmente al sector juvenil, como no puede ser de otra manera, que han optado por no asumir el coste del seguro, y en consecuencia por no acudir al consorcio y por conducir su vehículo de dos ruedas, fundamentalmente ciclomotores y
motocicletas, sin seguro.
Este problema está ahí, es un problema que trasciende, repito, a esta Comisión, que lo constata el propio Consorcio de Compensación de Seguros, y no sabemos por qué desde el Grupo Parlamentario Socialista no se ha hecho ninguna referencia,
pero creo que éste es el punto fundamental para derivar cualquier tipo de ampliación o cualquier tipo de modificación legislativa o normativa necesaria en el ámbito de otra Comisión, no precisamente de ésta, para tratar de solventar un problema que
afecta fundamentalmente a los jóvenes y afecta fundamentalmente a los que conducen ciclomotores y motocicletas. Esta es una realidad constatable que aparece en el propio consorcio, y que como he dicho trasciende el ámbito normativo y también el
ámbito de competencias de esta propia Comisión.
En cuanto a las rentabilidades obtenidas por parte de las cuentas corrientes que tiene abiertas el propio Consorcio de Compensación de Seguros, las propias alegaciones dan su contestación. Dice que con posterioridad al período fiscalizado,
durante 1998, se renegociaron las condiciones, se han renegociado prácticamente todas las condiciones. No entendemos por qué el Grupo Parlamentario Socialista dice que se han renegociado porque ya se ha hecho el informe de fiscalización. No, mire,
la renegociación fue en el año 1998, y el informe de fiscalización es del año 2000. Es imposible, se ha hecho por iniciativa propia del Consorcio de Compensación de Seguros, no porque el informe de fiscalización lo diga, que es posterior, repito, a
la renegociación de la rentabilidad de esas cuentas, además del conjunto de prestaciones que ofrecen las entidades
financieras. Hay que tener en cuenta además la especial dificultad que tienen algunas cuentas corrientes del Consorcio de Compensación de Seguros, que lógicamente están embargadas por la propia forma de actuar del Consorcio de Compensación
de Seguros en un ámbito, como es el ámbito judicial, donde por ejemplo el saldo medio del BBV es indisponible por estar retenido judicialmente y no estar ejecutado, pendiente lógicamente de una resolución judicial, que no podemos olvidar que está
siempre intrínsecamente introducido en las cuestiones que afectan al Consorcio de Compensación de Seguros.
En los puntos 5 y 6, y ya prácticamente para finalizar, se refiere a la lentitud de la tramitación en la corrección de las incidencias detectadas, a la escasa eficacia del cobro de los importes a recobrar, la excesiva judicialización, y no
potenciarse adecuadamente los acuerdos extrajudiciales, al elevado número de expedientes de siniestros reabiertos y a los embargos.
Las alegaciones también resultan creo bastante importantes de resaltar, fundamentalmente porque diferencian lo que son las coberturas del propio consorcio y dice que en el trámite entre la aceptación del siniestro y el pago transcurre
prácticamente lo mismo que en una entidad privada (de entre 3 y 4 meses). Yo no sé si eso es mucho o es poco, pero es el dato objetivo que dan las propias alegaciones. Otra cosa diferente es la cobertura que surge como consecuencia del fondo de
garantía, que es diferente y que introduce un elemento que es el judicial, un imponderable, ahí ya lógicamente no depende del consorcio de Compensaciones de Seguros ni del ciudadano, sino que depende de la propia actuación de la justicia a la hora
de dictar los autos y las sentencias correspondientes.
Simplemente dar un dato que corrobora lo que dije yo al principio. Estamos hablando de un informe de fiscalización del año 1997; en el año 1997 hubo un elevadísimo número de siniestros, el dato es claro; récord en la historia del
consorcio con 43.483 siniestros en un solo año, en 1997, por ejemplo frente a los 44.000 que hubo entre 1990 y 1993. En un año hubo más que en tres años. La razón no la sé, pero indudablemente también se ha podido producir algún tipo de retraso en
la tramitación como consecuencia de este aumento del número de siniestros. En cuanto a la referencia al excesivo número de embargos que se producen, no podemos olvidar también ese imponderable que surge de la actuación de la justicia, que
evidentemente cuando se archiva un procedimiento penal y se dicta un auto de ejecución de cuantía máxima, es automáticamente embargable. Por tanto el embargo se produce con independencia de que haya pagado o no, o con independencia de que tarde
uno, dos días o cuatro días en pagar el propio consorcio; es algo automático, por eso se amplía el número de embargos.
En cuanto a los recobros hay dos incidencias importantes. En primer lugar el Consorcio de Compensación de Seguros actúa a través de abogados sustitutos del propio abogado del Estado, sin la asistencia de profesionales del derecho como
procuradores, cosa que en otro ámbito, en el ámbito privado sí existen, con lo cual se facilita bastante el recobro de las cantidades entregadas inicialmente. Por otra parte, lógicamente recobrar esas cantidades, si se han pagado es porque son
personas insolventes, que normalmente no tienen bienes para responder, y por esa razón es más complicada la figura del recobro.
En cuanto al excesivo índice de reaperturas, evidentemente se produce porque es habitual tanto que se denuncie, se archive y posteriormente se presente demanda civil por parte del perjudicado, por parte del asegurado, o por parte de la
persona afectada, por eso se aumenta el número de reaperturas.
En cualquier caso, sí me quedo con un dato muy claro y es que en el plan de actuación trienal del año 1997 el propio Consorcio de Compensación de Seguros ya establece estos mismos objetivos que muy bien recalca el Tribunal de Cuentas, los
incluye dentro de sus planes de actuación, y en ese plan de actuación se establece la reducción del número de actuaciones judiciales, tratando de llegar a acuerdos extrajudiciales y no judiciales, la disminución del número de embargos, el aumento
del número de recobros, y en ese sentido se ha producido desde el año 1997 un aumento espectacular; por ejemplo en recobros se ha pasado de 230 millones de pesetas, en 1996, a 499 millones, en 1999. Por tanto con independencia de que sea cierto lo
que dice el Tribunal de Cuentas, no es menos cierto que la evolución sólo puede ser valorada desde un punto de vista positivo.
Para finalizar, en cuanto a los peritos, que además se han comentado por parte del portavoz del Grupo Socialista, los controles que existen sobre los peritos y la formalización del contrato o el documento que vincule al perito con el
Consorcio de Compensación de Seguros, el propio consorcio hace una relación detallada de cuáles son los sistemas de control, los documentales, controles informáticos de los peritos, de los informes a que me refiero, los controles a través sobre todo
de aquellos siniestros que tienen un valor superior a los 5.000.000 de pesetas, donde hay una peritación contradictoria. En fin, existe un control. Lógicamente al final son profesionales independientes en cierta forma, igual que lo son los
profesionales del derecho que actúan en las distintas delegaciones en cantidad de provincias, lógicamente bajo las directrices del consorcio, pero siempre con cierta autonomía que es exigible a este tipo de profesionales.
En cualquier caso, sí recoge el propio Consorcio de Compensación de Seguros esta argumentación del Tribunal de Cuentas en cuanto a que se está preparando un proyecto de manual sobre peritación, que, entre otras cosas normalizará los
criterios exigibles para que un perito pueda colaborar con el consorcio, e igualmente
se exigirá a los peritos suscribir una declaración expresa de aceptación del código de conducta aprobado por el propio comité de dirección del consorcio, con lo cual se está aceptando esa recomendación o esa conclusión que se realiza por
parte del Tribunal de Cuentas.
En definitiva, señorías, creemos que las alegaciones que se han realizado al Tribunal de Cuentas, aunque evidentemente no entramos en el contenido del informe del Tribunal de Cuentas, nada más que para constatar una cosa, la que dice el
Tribunal de Cuentas y la que dice el Consorcio de Compensación de Seguros, no es menos cierto que son alegaciones que nosotros entendemos son bastante correctas y muchas de las conclusiones que hace el propio Tribunal de Cuentas ya están siendo
objeto de subsanación por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Por tanto, creemos que es importante constatar estas dos realidades.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL SOBRE LA MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE), A PARTIR DEL EJERCICIO 1997. (Número de expediente Congreso 251/000071 y número de expediente Senado 771/000061).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto décimo y último del orden del día: informe de fiscalización especial sobre la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), a partir del ejercicio 1997.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En el informe sobre Muface aprobado por el Pleno del Tribunal en noviembre de 2000 destacan los siguientes resultados:
Muface gestiona de forma distinta el inmovilizado del fondo general que el del fondo especial, constituido por los inmuebles procedentes de las diez mutualidades integradas desde la creación de Muface y que aportaron inmuebles en el momento
de su integración. Esta distinción ha dado como resultado un deficiente control de los inmuebles del fondo especial. En el informe se describen irregularidades y deficiencias que afectan a la gestión de sus activos, entre ellos la inclusión
indebida del valor de los terrenos en el registro de las construcciones, la insuficiente información de la ubicación de los bienes reflejados en los inventarios, el registro con criterio de caja de las cuotas de los mutualistas voluntarios, y las
deficiencias en la disposición de fondos. Respecto a este último extremo se han comprobado diferencias en la relación de firmas autorizadas facilitadas por Muface para la disposición de fondos con las relaciones de firmas autorizadas enviadas por
las propias entidades bancarias.
Por otra parte, respecto a la determinación del resultado económico patrimonial, el informe destaca que el resultado del ejercicio 1997, negativo en 5.205 millones de pesetas, quedaría reducido a 808 millones de pesetas de pérdidas de haber
registrado la mutualidad las operaciones del ejercicio que detalla el informe.
En relación con la gestión del fondo especial, el informe detecta un control insuficiente en los ingresos de los inmuebles por falta de la adecuada segregación de funciones. La incompleta información de los datos de Muface, procedente de
las habilitaciones de las administraciones públicas, conlleva que las aportaciones que el Estado debe abonar a Muface por las cuotas de sus funcionarios mutualistas no sean correctamente calculadas, produciéndose transferencias globales cuyos datos
no han podido comprobarse con la debida exactitud.
El informe pone de manifiesto que Muface no lleva a cabo un adecuado análisis ni evaluación de los servicios de asistencia sanitaria que prestan las entidades privadas y la Seguridad Social a sus mutualistas, limitándose a resolver las
reclamaciones que en su caso realizan los beneficiarios.
En la gestión de prestaciones económicas, el informe aprecia que el tiempo empleado para contabilizar las prestaciones socioeconómicas es superior a diez meses y que Muface no ha dictado instrucciones para la realización de controles sobre
la persistencia de las circunstancias justificativas en la percepción de las prestaciones por hijo a cargo de minusválido.
El informe concluye formulando recomendaciones para la mejora de la gestión económico-financiera, el control y registro de los activos, la gestión del fondo especial, y de los ingresos por cotizaciones sociales, así como de la gestión de
prestaciones sanitarias y económicas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor Nieto, me imagino que usted coincidirá conmigo en que a lo largo de varias sesiones en esta Comisión, y también hoy, se está produciendo una circunstancia verdaderamente curiosa. El Tribunal de Cuentas, a
través del presidente, presenta el informe de fiscalización, explica sucintamente las conclusiones del mismo, que es el que los grupos parlamentarios, concretamente desde el Grupo Parlamentario Socialista analizamos, valoramos e incluso hacemos
alguna pregunta, sirve para establecer las conclusiones o recomendaciones en la próxima Comisión, pero sin embargo el Grupo Parlamentario Popular hace caso omiso del informe del Tribunal de Cuentas y solamente nos habla del informe de alegaciones.
Quiero llamar la atención, señor presidente del Tribunal de Cuentas, de que el informe del Tribunal de Cuentas que usted hoy ha venido a presentar, concretamente el de Muface del año 1997, se realiza, sus conclusiones
se establecen y las recomendaciones se hacen después de haber conocido las alegaciones presentadas por los diferentes organismos ministeriales en relación al informe previo de fiscalización. Es decir que da lo mismo, señor Nieto, lo que
diga el Tribunal de Cuentas, lo que parece que sugiere el Tribunal de Cuentas a la hora de hacer la definitiva valoración económica y política respecto al informe que el presidente del Tribunal de Cuentas nos ha venido a establecer.
Le digo esto, señor Nieto, porque también en este caso, en el informe que ha presentado de Muface, usted ha hecho una valoración, que nosotros hemos considerado a través de las conclusiones y de la descripción del informe, realizadas después
de haber conocido las alegaciones por parte de los organismos ministeriales respectivos y concretamente de Muface. Es decir, que si el presidente del Tribunal de Cuentas sigue manteniendo las conclusiones y recomendaciones que están en el informe,
será porque tiene la firmeza suficiente, después de haber conocido las alegaciones, para seguir haciéndolas. Eso nos sirve, señor Nieto, para manifestar algunas cuestiones en relación al informe que ha presentado el presidente del Tribunal de
Cuentas.
Primera cuestión. Es verdad que en el informe presentado de Muface del año 1997 y siguientes no se descubren irregularidades contables importantes, de lo cual nos alegramos muy sinceramente y desde luego se alegran mucho más sinceramente
los más de dos millones de funcionarios y beneficiarios del sistema de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, porque significa que con las cuestiones que S.S. ha presentado como irregularidades contables -entre comillas- la salud
financiera y el funcionamiento en términos generales de Muface, la mutualidad de funcionarios es globalmente positiva. Efectivamente, se desprenden algunas cuestiones del informe y de las palabras del señor Nieto. En primer lugar llaman la
atención, al igual que en otros informes de fiscalización, las discrepancias contables y de interpretación en este caso entre, el organismo Muface y el Tribunal de Cuentas, respecto a las cantidades imputadas a uno u otro ejercicio, que ha dado
lugar en diferentes párrafos del informe a valoraciones contradictorias entre Muface y Tribunal de Cuentas, que podrían alterar muy sensiblemente el resultado financiero de cada uno de los ejercicios, concretamente en el del año 1997. Pero
coincidirá conmigo, señor Nieto, que es una práctica habitual las discrepancias permanentes a la hora de la contabilización de determinadas partidas en un ejercicio presupuestario u otro. En este caso las del 1997, unas partidas importantes se
contabilizan a efectos de Muface en el año 1998, y las del 1996 se habían contabilizado en el año 1997. Es decir que se va produciendo permanentemente un efecto de deslizamiento y de solapamiento de las imputaciones contables de determinadas
cuestiones de un ejercicio a otro.
Fíjese si esto se sigue produciendo, señor Nieto, que este año, concretamente el año 2001 que se han producido las transferencias del Insalud a muchas comunidades autónomas, a la partida de gastos sanitarios del mes de diciembre, como se
pagaba y se paga en el mes de enero, han tenido que hacer frente las comunidades autónomas que ya tenían la competencia transferida desde el 1.º de enero, aunque no fuera competencia de ellas. Se lo digo porque cuando llegue la cuenta general,
concretamente de este año, del año 2001, nos vamos a encontrar con cuestiones de interpretación importantes que tienen un elemento político claro, aunque haya razones de peso suficientes para que el Tribunal de Cuentas diga lo que tiene que decir
respecto a los períodos de imputación.
No estaría mal, señor Nieto, que nos pusiéramos o se pusieran de acuerdo las administraciones públicas respecto a esta diferencia interpretativa respecto a la contabilización de determinados gastos en función de un ejercicio presupuestario u
otro, que da lugar efectivamente a cuestiones interpretativas verdaderamente curiosas.
Llaman la atención, además de esto y como no podía ser de otra forma, las diferencias y las discrepancias respecto a la gestión de los ficheros de los beneficiarios y las prestaciones de Muface. Es verdad que en el año 1997 hay, parece ser,
determinadas ocasiones o diferentes ocasiones en las que da la sensación que se funcionaba con demasiada buena fe o con cierta comodidad. Por ejemplo hay una crítica muy importante, aunque parece ser que ha sido corregida en ejercicios posteriores
viendo las alegaciones, de la deficiencia en los cruces de información entre los ficheros Muface y los ficheros de Seguridad Social o del Insalud, de tal forma que en el año 1999 parece ser que ya solo con el cruce de los ficheros Muface con los
ficheros INS se producen 33.000 duplicidades, lo cual da origen a que se produzcan 27.000 bajas en los ficheros bien de Muface bien del INS, porque existe duplicidad, duplicidad de beneficiarios en unos u otros, lo cual, en la medida que Muface, por
lo menos a los servicios privados de prestación sanitaria se paga por beneficiario y no por cartilla, da lugar o puede dar lugar a una desviación importantísima en cuanto que se pueden estar produciendo abonos posiblemente incorrectos por duplicidad
de ficheros, porque un mismo beneficiario puede estar en una cartilla, por ejemplo un hijo en Seguridad Social o en el fichero de Muface. Esta es una cuestión que a nosotros nos preocupa, y no lo he visto suficientemente detallado respecto a las
recomendaciones que el Tribunal de Cuentas realiza.
En segundo lugar, se produce cierta discrepancia en lo que es la gestión de determinadas cuotas digamos por la vía de la patronal, en este caso de las administraciones públicas a Muface, en relación a los funcionarios que han sido
transferidos a las comunidades autónomas. Curiosamente han sido transferidos muchísimos funcionarios
en los últimos años, pero sólo tres comunidades autónomas abonan la parte de cuota patronal a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. Es decir, se ha producido la transferencia del funcionario a las administraciones públicas, se
ha transferido, parece ser el monto económico a través de la valoración de la transferencia, pero sigue siendo la Administración central la que corre con la cuota patronal de la gestión de Muface de aquellos funcionarios que en estos momentos están
en las comunidades autónomas, lo cual nos parece cierta incongruencia que habría que solventar de forma relativamente rápida.
En el informe de Muface y parece ser que ha sido corregido después, se producen algunas debilidades en cuanto a la información que se exige a aquellos beneficiarios de Muface a la hora de pedir créditos para la financiación de la compra de
una vivienda. Parece ser que en el informe de 1997 no se les exigían todas las informaciones necesarias. Hablando de viviendas, y con esto ya termino señor Nieto, usted ha hecho referencia a la gestión del patrimonio de Muface, sobre todo del
antiguo patrimonio de las mutualidades que se incorporaron posteriormente a Muface.
A mí me llamó la atención, y quisiera que me aclarara esta duda, porque puede ser importante, que con 1.480 inmuebles que el informe reconoce tiene la Mutualidad de funcionarios, la valoración contable de estos 1.480 inmuebles (entre
inmuebles, edificios, locales, garajes, etcétera), es de sólo 3.760 millones de pesetas, lo cual da un valor medio de 2,5 millones de pesetas. ¿Le parece razonable la valoración contable del patrimonio inmobiliario de la Mutualidad de funcionarios,
señor Nieto?
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Antón Rueda tiene la palabra.
El señor ANTÓN RUEDA: En primer lugar, por supuesto, felicitar como siempre al Tribunal de Cuentas y a su presidente por el informe magnífico que ha realizado y sobre todo por el resultado.
Antes de nada quería referirme al comienzo de la intervención del portavoz socialista, en la que dice que el Grupo Popular hace caso omiso al informe del Tribunal de Cuentas, pues evidentemente eso no es cierto. El Grupo Popular estudia el
informe del Tribunal de Cuentas, sobre ese informe hace sus recomendaciones y al final sus propuestas de resolución.
Claramente también se tienen en cuenta las alegaciones, en este caso del ministerio y de Muface, pero lo fundamental es el informe.
Le digo esto al portavoz socialista porque en todo lo demás que ha dicho estoy más o menos de acuerdo, pero en este primer punto evidentemente no puedo estarlo. Yo sí me he estudiado el informe del Tribunal de Cuentas, como se puede ver
cuando vaya desgranando un poquito lo que tengo que decir sobre el mismo.
Es un informe que trata fundamentalmente de la gestión económico-financiera, de la gestión del patrimonio inmobiliario, de los ingresos por cotizaciones sociales y de la gestión de las prestaciones sanitarias. La fiscalización, como dice el
propio informe, ha tenido como objetivo comprobar la adecuación de la documentación existente a la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad. También se ha interesado por comprobar si los procedimientos de gestión y control
interno responden a criterios de eficiencia y economía. Y asimismo se ha evaluado el cumplimiento de la legislación vigente.
En una primera lectura del informe se ponen de manifiesto algunas alteraciones contables y de gestión, pero un estudio más detenido de las alegaciones y conclusiones definitivas nos hace ver que muchas de las deficiencias observadas merced a
la actuación del Tribunal se han solucionado o están en camino de hacerlo, y esto viene también en relación con lo que decía el portavoz del Grupo Socialista, de que efectivamente es muy importante y muy efectiva la fiscalización que hace el
Tribunal, porque por sí misma promueve ya muchas veces la mejora en la gestión y en la administración de las entidades auditadas.
Por el contrario, otras conclusiones del informe no son refutadas convenientemente en las alegaciones y por ello, lógicamente, son tributarias de las recomendaciones del Tribunal. Al estudiar el informe del Tribunal se aprecia claramente
que la mayor parte de las anormalidades detectadas se refieren a contabilidad y a gestión económica, financiera y patrimonial, y otras pocas deficiencias corresponden al control de la asistencia sanitaria y a la escasez de información sobre los
funcionarios mutualistas.
En general, los defectos encontrados, y coincido otra vez con el portavoz socialista, no parecen de excesiva importancia, pero sí que conviene impulsar su corrección. Sobre contabilidad y gestión económica, financiera y patrimonial, las
alteraciones que se han detectado son, entre otras, la falta de criterios homogéneos de amortización y el desconocimiento de la amortización acumulada, la existencia de inventarios sin actualizar, que produce desinformación sobre el patrimonio real,
la contabilización de ingresos por aportaciones en ejercicios distintos a los de los gastos generados que los financian y justifican, cuentas con errores de contabilización, con imputaciones irregulares, defectos formales y falta de procedimientos
contables, deficiencias en la gestión de arrendamientos de inmuebles, lentitud en los procedimientos de autorización y contabilización de los pagos a justificar. Pero, aunque esto efectivamente está ahí, no parece que revistan una excesiva
importancia. En otros aspectos, la fiscalización efectuada ha encontrado también deficiencias en la realización de las funciones y obligaciones de los
habilitados, en la información personal sobre los funcionarios mutualistas, en el control de la mayor eficiencia en la cobertura sanitaria internacional, en el análisis y evaluación de la calidad de los servicios sanitarios que se ofrecen a
los funcionarios mutualistas y en el control de los requisitos para la concesión de ayudas destinadas a la adquisición de vivienda.
De todas las conclusiones, y vuelvo a coincidir con el portavoz socialista, que se dará cuenta de que sí me leído el informe y me lo he estudiado, nos llama la atención especialmente la relativa al aplazamiento que Muface hace del 10 por
ciento de la aportación del Estado y que registra en la cuenta extra presupuestaria de Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. También nos preocupa que las obligaciones reconocidas por el Estado por hijo a cargo, minusválido, en
1997, fueran superiores a las aportaciones del Estado en ese año, lo que produjo que el resultado del ejercicio estuviera infravalorado. Sigo coincidiendo en que estas diferencias contables pues producen alteraciones. Sobre la primera, la
alegación del Ministerio de Hacienda dice que en la orden del 13 de mayo de 1976 se establece que la aportación provisional se determinará en el 90 por ciento, como se está realizando. La alegación de Muface dice que reconoce los derechos por la
aportación cuando el Estado reconoce la obligación. Puesto que las recomendaciones del Tribunal indican que no se debe anular ese 10 por ciento no aportado, porque el Estado no debe figurar como sujeto de un aplazamiento, y que las deudas a cobrar
por el Estado deben ser contabilizadas de acuerdo con los principios y normas contables públicos e imputarse al ejercicio en que se han generado los gastos que financian, para que exista una correlación entre ingresos y gastos, parece que existe
alguna dificultad para hacer coincidir las posturas del Ministerio y de Muface con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Yo quisiera preguntar al señor presidente qué procedimiento ve el Tribunal de Cuentas, procedimiento contable, que pueda
reunir los distintos criterios y ser adecuado para estos casos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor presidente, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer lugar, en efecto hay duplicidades de ficheros, pero en el informe del Tribunal ya hay una recomendación que indica que se actualicen las bases de datos. Otra cosa no
puede hacer. Me estoy refiriendo a las observaciones del señor Sanjuán. En cuanto a los inmuebles, cuya valoración había preguntado, el informe señala que hay una limitación, precisamente para opinar sobre la valoración contable de los inmuebles
del fondo especial. Además, añade que Muface no establece un sistema de amortización de inmuebles. De los otros aspectos de discrepancias y de deslizamientos contables, el informe dice que hay una serie de defectos de gestión, los detalla, pero
son defectos de gestión que vienen reiterándose en numerosos organismos, discrepancias a veces con criterios de contabilización, el famoso criterio contable o el criterio de devengo, discrepancias que son lógicas pero el Tribunal tiene sus razones
para admitir que un criterio para él es el correcto. El criterio de devengo no es un criterio solamente contable, sino que es un criterio de buena gestión. Dice: contabilice usted lo que piense ingresar y contabilice usted lo que piensa cobrar,
porque tendremos después que vigilar si usted ha gestionado bien el cobro o no. Es el criterio de caja. Una vez más tengo que repetir que, una vez que los organismos conocen las conclusiones y las recomendaciones, tienden a subsanarlas.
Hay otro aspecto de una mayor dimensión: si las alegaciones se introducen en el debate político. En el debate político SS.SS. son muy libres de introducir todos los elementos que estimen oportunos, pero este es un informe del Tribunal
donde la alegación ya está valorada, está ponderada, y lo que se presenta son informes y conclusiones del Tribunal. Si no dejaría de ser el Tribunal un órgano superior de fiscalización, desde el punto de vista técnico, y transformaríamos a la
Comisión mixta en ese órgano superior de fiscalización. Por supuesto, yo, que llevo muchos años en el Tribunal, he visto de todo: cómo se ha deslizado en el debate político incluso, como he descrito en algún artículo, había resoluciones que eran
lo que yo llamaba 'conforme a sistema'. Pero ese es un tema del debate político y no de este presidente, que viene a presentar el informe con sus conclusiones; las alegaciones se acompañan, pero ya fueron valoradas, ponderadas y estimadas por el
Tribunal. Otra cosa sería que SS.SS. estimaran oportuno hacer una sesión especial parar decir qué opina el presidente del Tribunal respecto a los debates políticos en relación con los técnicos, pero tendría que ser una configuración especial donde
este presidente viniera a participar con unas reglas de juego que ustedes previamente marcaran y no las que tengo marcadas por mi representación institucional.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, gracias por su comparecencia. Gracias por la información que nos ha suministrado.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, del martes 25 de junio de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.