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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 94, de 25/06/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 94
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROBERTO SORAVILLA FERNÁNDEZ VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 25 de junio de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey) para informar sobre:
- El balance de las actuaciones de la presidencia española de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio del Interior. A petición propia. (Número de expediente del Congreso 214/000129 y número de expediente del Senado
711/000279) ... (Página 2198)
- Los resultados de la presidencia española de la Unión Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000855 y número de expediente del Senado 711/000285) ...
Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete) para informar sobre:
- El desarrollo de los trabajos realizados en materia de agricultura y pesca durante el semestre de la presidencia española. A petición propia.
(Número de expediente del Congreso 214/000128 y número de expediente del Senado 711/000278) ...
(Página 2220)
- Los resultados de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000865 y número de expediente del Senado 711/000295.) ...
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (RAJOY BREY) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL BALANCE DE LAS ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso 214/000129 y número de expediente del Senado
711/000279.)
- LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 213/000855 y número de expediente del Senado 711/000285.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Se abre la sesión.
Vamos a comenzar la sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea dando la bienvenida al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior y agradeciéndole su buena disposición para acudir a la Comisión a informar sobre
el balance de las actuaciones de la presidencia española de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias. Comenzamos la sesión lo más rápido posible puesto que el señor vicepresidente tiene otra comparecencia posterior a ésta y nosotros
también.
Tiene la palabra el señor Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Buenos días, señoras y señores diputados y señoras y señores senadores, comparezco ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea para informar acerca del balance de
actuaciones de la presidencia española de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio del Interior. En este sentido, lo primero que quiero señalar es que para mí es una satisfacción dirigirme nuevamente a todos ustedes tras la
comparecencia del día 5 de febrero del año 2002 para presentarles entonces las prioridades de nuestra presidencia en los asuntos de mi departamento.
Voy a iniciar mi comparecencia exponiendo lo que han sido los avances de la política común de inmigración y asilo. El fenómeno de la inmigración, como ustedes saben, es uno de los grandes retos a que nos enfrentamos todos los Estados en la
actualidad y los años venideros. Constituye, a mi entender, una de las políticas en las que se ha progresado más durante este semestre de presidencia española de la Unión y ha tenido el importante colofón de las conclusiones del Consejo Europeo de
Sevilla, celebrado, como todos ustedes conocen, este último fin de semana.
Posteriormente, repasaré los avances realizados en la lucha contra el terrorismo y otros aspectos de la cooperación policial. Por último, detallaré el balance de la política común en materia de lucha contra las drogas, tanto en su vertiente
de reducción de la demanda como de control de la oferta y de colaboración internacional, para concluir con la materia de la protección civil.
En primer lugar, voy a abordar los logros de esta etapa en materia de inmigración y asilo, que ocupa un lugar esencial dentro de la creación de ese espacio de libertad, seguridad y justicia consagrado en el Tratado de Amsterdam.
La política europea de inmigración y asilo debe sustentarse en un enfoque global y equilibrado. Este marco global, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999, ha de inspirarse en cuatro premisas esenciales: una
adecuada gestión de flujos migratorios, la búsqueda del trato justo a los nacionales
de terceros países, la colaboración con los países de origen y el establecimiento de un sistema europeo de asilo. El avance en estas cuatro directrices inspiró la elaboración del programa español de objetivos y prioridades de cara a la
presidencia del Consejo de la Unión Europea, todo ello teniendo muy presente el impulso renovado surgido del Consejo Europeo de Laeken, celebrado los días 14 a 16 de diciembre del año 2001, que puso el acento en el equilibrio necesario entre la
protección de los refugiados con arreglo a los principios del Convenio de Ginebra de 1951, la aspiración legítima a una vida mejor y la capacidad de acogida de la Unión y de sus Estados miembros. Asimismo, se ha tratado de dar prioridad a aquellos
instrumentos que las propias conclusiones de Laeken fijaban como más perentorios en su adopción, como el Plan global contra la inmigración ilegal.
De acuerdo con estas ideas, mi exposición sobre los avances de estos meses en materia de asilo e inmigración se va a sintetizar atendiendo a los dos principios inspiradores de esta política: caminar hacia un sistema europeo de asilo y
lograr una adecuada ordenación de los flujos migratorios.
En materia de asilo, quiero destacar el acuerdo político que alcanzamos en el seno del Consejo de Ministros de Justicia e Interior del mes de abril sobre la directiva por la que se establecen las normas mínimas para la acogida de los
solicitantes de asilo en los Estados miembros. Esta norma trata de garantizar que los peticionarios de asilo que llegan a nuestros Estados disfruten de un mínimo status de derechos esenciales para desarrollar una vida digna, entre ellos, la
residencia y libre circulación, la reagrupación familiar, la escolarización, la educación de menores, el acceso al empleo o a la formación profesional. También se ha aprobado el reglamento para la puesta en marcha del sistema Eurodac. Una vez
creado este sistema en diciembre de 2000 se hacía necesaria una norma de aplicación que estableciera los procedimientos que permitieran identificar a los solicitantes de asilo a través de la comparación electrónica de sus impresiones dactilares.
Por otro lado, se ha avanzado notablemente en la discusión del reglamento de sustitución del Convenio de Dublín, es decir, la norma por la que se establecen los criterios y el mecanismo de determinación del Estado miembro responsable de examen de
una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por solicitantes de un tercer país. Del mismo modo, se ha progresado en la negociación de la propuesta de directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos del
estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional, y por último se ha colaborado con la Comisión en la preparación de la propuesta
modificada sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado que exigió el Consejo Europeo de Laeken.
Dentro del segundo gran apartado relativo a la ordenación legal de flujos voy a referirme a la política de visados. Puedo destacar que en estos seis meses hemos avanzado notablemente en la unificación progresiva de nuestro sistema de
visados. Así, se han aprobado los instrumentos normativos necesarios para la adopción de modelos uniformes en la Unión de visado, de hoja para la colocación del visado expedido por los Estados miembros a titulares de un documento de viaje no
reconocido por el Estado miembro que expide el impreso de solicitud de visado y de permiso de residencia uniforme.
Igualmente, me gustaría destacar la aprobación por los Quince en el Consejo JAI, de 13 de junio, de las conclusiones sobre líneas directrices para el establecimiento de un sistema común de intercambio de datos de visados -el famoso Banco de
Datos de Visados- y se ha invitado a la Comisión a presentar antes de marzo de 2003 un estudio de viabilidad para su implantación. El objetivo principal de este sistema es facilitar la lucha contra el fraude mediante la mejora de la información
mutua entre los Estados miembros sobre las solicitudes de visados. Lo que se pretende es evitar que se expida un visado en un consulado de un Estado miembro si ya ha sido denegado en otro de otro Estado de la Unión.
Por otro lado, para apoyar financieramente determinadas acciones propuestas por los Estados miembros destinados a promover la cooperación y coordinación entre administraciones nacionales y la aplicación transparente de la legislación
comunitaria, se ha aprobado el programa ARGO, que tendrá una vigencia de cinco años y está dotado con 25 millones de euros.
Como he dicho al principio de mi intervención, uno de los principios básicos que preside la política común de asilo e inmigración es la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Siguiendo los mandatos del Consejo
Europeo de Laeken, y sobre la base de la comunicación de la Comisión de noviembre del año 2001, presentamos un Plan global de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos en la reunión informal de ministros de Justicia e
Interior, celebrada en Santiago de Compostela los días 14 y 15 de febrero, que aprobamos de modo formal en la siguiente reunión de finales de ese mismo mes, que ya tuvo lugar en Bruselas. El plan se concibe como una guía programática que ayude a
planificar las acciones que se pueden ir implementando a corto y medio plazo para combatir eficazmente el fenómeno de la inmigración ilegal. Permítanme que haga una breve exposición de las principales acciones y medidas que contempla este plan.
En primer lugar, la política de visados. En este sentido, el plan busca reforzar la seguridad de los visados y demás documentos de viaje, para evitar la falsificación y el uso fraudulento; avanzar hacia la creación de
oficinas consulares comunes en países terceros; instaurar un sistema común de identificación de visados para el intercambio de información, aspecto al que antes ya me referí. El segundo eje del plan es potenciar el intercambio, análisis e
información en torno al problema de la inmigración ilegal. En tercer lugar, el plan aborda una serie de medidas previas al cruce de fronteras a adoptar en y con los países de origen: potenciar la coordinación de nuestros funcionarios de enlace en
estos países; cooperar con estos Estados a combatir la trata de seres humanos y hacer frente a sus obligaciones de readmisión con ayuda técnica y financiera; desarrollar campañas de sensibilización sobre los riesgos de la inmigración ilegal.
El cuarto eje del plan se centra en mejorar la calidad y eficacia de los controles fronterizos. En este punto hemos avanzado profundamente al haber aprobado el Plan de gestión de fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión, al
que después haré una amplia referencia por su trascendencia. Otro aspecto que aborda el Plan global de lucha contra la inmigración ilegal son las políticas de readmisión y repatriación: el avance hacia el establecimiento de normas de procedimiento
comunes para llevar a cabo las repatriaciones y la negociación de acuerdos de readmisión con nuevos países. En sexto lugar, se potenciará el papel operativo de Europol en la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos. Finalmente, el plan
aborda medidas contra estos delitos. Se trata ahora de avanzar en la necesaria protección y asistencia a las víctimas, la lucha contra los empleadores que contratan ilegalmente, la incautación de las ganancias derivadas de este tráfico y en la
confiscación de los medios de transporte utilizados y en hacer efectiva la obligación de los transportistas de asumir los gastos de repatriación de los extranjeros que no cumplan los requisitos para la entrada legal.
Pues bien, a pesar de los escasos meses de vida del plan, ya ha dado importantes frutos, que tuve la oportunidad de reseñar en un informe que presenté al Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión, en su reunión de 13 de junio.
Además de los avances en materia de visados, a los que antes me referí, muy brevemente me gustaría destacar lo siguiente: las conclusiones sobre tráfico ilegal de seres humanos por mar, adoptadas en la reunión del día 25 de abril o el documento
aprobado el pasado día 13 sobre medidas para luchar contra el mismo, tanto por nuestra parte como por los terceros Estados cuya cooperación resulta necesaria; la lista de terceros países con los que conviene celebrar acuerdos de readmisión o la
realización de dos operaciones de evaluación de riesgos en algunos aeropuertos de la Unión Europea y de algunos Estados candidatos a la ampliación, conocidas como las de operación de Río I y Río II.
Entre estos frutos del Plan global contra la inmigración ilegal está en materia de fronteras exteriores el Plan de gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea. Este plan ha sido aprobado en un tiempo que
no exageraré si lo califico como un récord. Se inspira en tres iniciativas muy recientes: una comunicación de la Comisión sobre gestión integrada de las fronteras exteriores, hecha pública el 7 de mayo; el estudio de viabilidad para la creación
de una policía europea de fronteras, elaborado por expertos de Alemania, Francia, Bélgica, España e Italia, bajo el liderazgo de este último país, que fue presentado en Roma en una conferencia ministerial del pasado 30 de mayo, y el taller sobre
policía y seguridad de fronteras que vienen desarrollando Finlandia, Austria y Bélgica.
En un espacio sin controles en las fronteras exteriores, como es el espacio Schengen, resulta esencial una gestión eficaz de las fronteras exteriores, que debe realizarse coordinadamente y de modo integrado, habida cuenta de que la frontera
exterior de un Estado constituye la frontera de todos los demás. Pues bien, esta propuesta se ha elaborado como un programa que planifica diversas medidas que se deben ir implementando progresivamente para conseguir un nivel de seguridad adecuado
en las fronteras exteriores de los Estados miembros. Este plan contempla medidas de diversa naturaleza y se articula en cinco grandes ejes. El primero, la implantación de mecanismos comunes y operativos de concertación y cooperación en la gestión
de fronteras. Entre ellos, quiero destacar a corto plazo la creación de un organismo común de expertos de fronteras exteriores; la implantación de centros operativos para estudiar y aplicar medidas concretas, abiertos a los Estados que lo deseen,
que se organizarán en una estructura de red; el establecimiento de una red de puntos de contacto para la realización de operaciones conjuntas. A medio plazo, se prevé entre otras medidas la implantación de unidades de respuesta rápida ante crisis
específicas y con carácter complementario a los servicios nacionales. En segundo lugar, el establecimiento de un sistema de análisis de riesgos común e integrado.
En tercer lugar, la armonización de la formación de personal de guardias de
fronteras y su equipamiento. En cuarto lugar, el desarrollo de un cuerpo legislativo común a través de manuales comunes de actuación para los servicios nacionales. En quinto lugar, las bases para el reparto de cargas y la financiación comunitaria
de estas actividades.
También en el ámbito de fronteras, hemos elaborado un catálogo de recomendaciones y buenas prácticas de Schengen, que hemos entregado también a los países de la ampliación y Rusia, y hemos actualizado algunos aspectos del manual común de
fronteras.
En cuanto a la regulación de la situación de los inmigrantes legales en Europea, los esfuerzos han sido también bastante notables. Se ha impulsado en los grupos de trabajo correspondientes el estudio y debate de la propuesta de directiva
que regula el estatuto de la Unión Europea de los extranjeros legales de larga duración
y la propuesta de directiva sobre condiciones de entrada y residencia con fines de actividad laboral por cuenta ajena y trabajo autónomo. Asimismo, se ha iniciado el estudio de la propuesta de directiva del Consejo relativa a la expedición
de un permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda de la inmigración ilegal o la trata de seres humanos que coopere con las autoridades competentes y se ha colaborado estrechamente con la Comisión en la preparación de la nueva
propuesta de directiva sobre reagrupación familiar, conforme al mandato de Laeken, que fue presentada el día 30 de abril.
El sexto elemento al que me gustaría referirme en el ámbito de la política migratoria es la colaboración con terceros Estados. Para una adecuada gestión de los flujos migratorios, es imprescindible fomentar la cooperación entre los países
de origen, tránsito y destino de estos movimientos de personas. Por eso, en estos seis meses, hemos intensificado las relaciones exteriores de la Unión en este ámbito. Estas relaciones han sido especialmente estrechas con los países candidatos a
la ampliación. En la reunión que mantuve el día 28 de febrero, durante un Consejo JAI con sus ministros, se les hizo entrega, como ya dije antes, del catálogo de recomendaciones y buenas prácticas de Schengen, así como del manual de documentos
auténticos de identidad, viaje y residencia de la Unión Europea. También con Rusia. Así, por primera vez, en el seno de la Unión, tuvo lugar el 25 de abril una reunión de los ministros de los quince Estados miembros con los ministros de Justicia e
Interior de aquel país, durante la cual se trató, entre otros asuntos, el tema de las migraciones, la gestión de fronteras y la política de readmisión. Además, se ha intensificado la cooperación con los Estados Unidos en materia de asilo,
inmigración y fronteras, autorizándose la de entrega del manual de documentos auténticos de identidad, viaje y residencia de la Unión Europea a los Estados Unidos, intercambiando información e intensificado la cooperación entre el grupo
Fronteras-Documentos falsos con Europol, USA y Canadá, como consecuencia de los últimos sucesos acontecidos en el ámbito internacional.
Por otra parte, en el seno de la Conferencia Ministerial Euromediterránea celebrada en Valencia los día 22 y 23 de abril, se abordó la cooperación en materia de integración social de los inmigrantes, migraciones y circulación de personas,
aprobándose dentro del Plan de Acción de Valencia un programa regional en este sentido. Además, en ese mismo plan se recoge la voluntad de las partes de celebrar una conferencia ministerial euromediterránea, centrada en la cuestión de las
migraciones y de la integración social de los inmigrantes, en el segundo semestre del año 2003.
Especialmente importante fue la Conferencia sobre Migraciones, celebrada en el seno del proceso ASEM, en Lanzarote, los días 4 y 5 de abril. Fruto de este encuentro, se aprobó una declaración, que ha sido una pieza esencial para la
construcción de un marco, en la que se subraya la necesidad de cooperación de diálogo entre Europa y Asia para organizar los flujos migratorios de manera integral y en la que se concreta, entre otros aspectos, el establecimiento de una red de puntos
de contactos nacionales para continuar el diálogo y desarrollar actuaciones futuras.
Finalmente, no podemos olvidar tampoco el impulso dado a los planes de acción de la Unión Europea con terceros Estados. En particular, por lo que se refiere al diálogo con Marruecos, en este tiempo han avanzado los trabajos del grupo de
Asuntos sociales y migraciones, en el que se abordan asuntos de migración legal, lucha contra la inmigración ilegal e integración social de los inmigrantes y que celebró su segunda reunión el 12 de marzo del año 2002 en Rabat. También me gustaría
destacar que se ha acordado enviar una misión de expertos a Marruecos para evaluar un programa de control de fronteras y está previsto que dicha misión se traslade a este país a principios del próximo mes de julio.
Para concluir con la política común de asilo e inmigración, es obligado mencionar los resultados del Consejo Europeo de Sevilla de los pasados días 21 y 22 de junio. Sin embargo, quisiera hacer antes un comentario previo sobre este asunto.
Probablemente, el tema más importante de la presidencia europea en el área de Justicia e Interior, en donde sin duda alguna se ha hecho un gran esfuerzo, lo que ha dado lugar a muchos resultados, ha sido conseguir que al final los jefes de Estado y
de Gobierno debatiesen sobre la inmigración. Es la primera vez que se hace y responde al puro sentido común. En primer lugar, si el fenómeno más importante que en este momento tiene planteado la Unión Europea y en general todo el mundo del
bienestar es el de la inmigración, no tiene ningún sentido que no sea debatido por los jefes de Estado y de Gobierno en sus reuniones. Desde ese punto de vista es muy importante. En segundo lugar, no tiene sentido que el asunto de la inmigración
se trate única y exclusivamente por los ministros del Interior, puesto que dichos ministros tienen unas competencias muy definidas, que son las que ustedes ya conocen. Por tanto, lo que creíamos los ministros del Interior es que era bueno que la
inmigración fuese considerada como un elemento decisivo en las relaciones exteriores de la Unión Europea y lo que pedimos es que se haga un esfuerzo de colaboración con los países de origen y al mismo tiempo que a tales países se les exija el
cumplimiento de determinadas obligaciones que son normales entre todos los países, entre ellas los acuerdos de readmisión y de repatriación o el control de la inmigración irregular y de la trata de personas. Hablando exclusivamente como responsable
de la cartera del Interior, tengo que decir que estoy muy satisfecho de que por primera vez en la Unión el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno haya tratado este tema, en la creencia de que es el asunto más importante
que tiene planteado la Unión Europea y que no se puede contemplar única y exclusivamente desde la visión que puede tener un grupo de responsables de la cartera de Interior. En este sentido, tuve un apoyo muy decidido por parte de todos los
ministros del Interior y ha sido muy positivo que los jefes de Estado y de Gobierno hayan convertido este asunto en el eje básico del Consejo Europeo de Sevilla.
Dicho esto, como ustedes saben y ayer el presidente del Gobierno expuso ante el Pleno del Congreso, este Consejo Europeo ha prestado especial atención al fenómeno de la inmigración y ha puesto, que era lo que nosotros pretendíamos, en el
corazón de la política exterior de la Unión la política migratoria y de asilo. Las conclusiones de este Consejo reafirman los compromisos adquiridos en Tampere y recuerdan la importancia de que los flujos migratorios se lleven a cabo siempre con el
máximo respeto a la legalidad. Por otro lado, en Sevilla se ha destacado la necesidad de conciliar la legítima aspiración de los inmigrantes a mejorar sus condiciones de vida con la capacidad real de acogida de los Estados miembros de la Unión, la
importancia de la lucha contra el racismo y la xenofobia y la necesidad de un sistema adecuado de protección a los refugiados.
Las conclusiones del Consejo Europeo se articulan en torno a cuatro grandes capítulos, que todos ustedes conocen por la amplia difusión que han tenido estos días. Simplemente, me gustaría recordarlos muy brevemente, puesto que, si no, no
acabaría nunca. Primero, lucha contra la inmigración clandestina. El Consejo Europeo ha respaldado el Plan global de lucha contra la inmigración ilegal que aprobamos los ministros del Interior y ha dado prioridad, es decir nos ha impuesto
obligaciones, a algunos de los aspectos contemplados en el mismo. Segundo, gestión coordinada de las fronteras exteriores. Tras felicitarse por la aprobación del Plan de gestión de fronteras exteriores, los jefes de Estado y de Gobierno han
destacado algunas de las medidas en él contempladas para que se lleven a cabo en breves plazos. Es decir, se da por bueno el Plan de fronteras que nosotros aprobamos y se nos imponen también determinadas obligaciones. Tercero -este es el tema
capital al que me he referido antes-, la integración de la política de inmigración en el seno de las relaciones exteriores de la Unión. Se destaca que la lucha contra la inmigración ilegal requiere un mayor esfuerzo de la Unión, con la utilización
de todos los instrumentos apropiados de su política exterior. En este sentido, el Consejo subraya la necesidad de asegurar la cooperación de los Estados de origen y tránsito en este punto, que será tenida en cuenta en las relaciones de la Unión con
estos países. Y por último, impulso, con un calendario, de los trabajos legislativos en curso para la definición de una política común de asilo e inmigración. No voy a hacer más análisis sobre esto, pero creo que se trata de un acontecimiento
importante. Se fijan con claridad las reglas del juego en materia de asilo e inmigración, así como los plazos y la Unión hace suya esta política. No es un asunto que competa sólo a los ministerios del Interior, cuya función fundamental es hacer
respetar la ley -no tienen funciones de otro tipo- y por eso, como presidente que he sido del JAI a lo largo de estos seis meses, tengo que manifestar que estoy muy satisfecho de que esto haya transcurrido como acabo de señalar.
En segundo lugar, quiero referirme a una de las grandes prioridades de la presidencia española durante este semestre, que es la lucha contra el terrorismo, y en especial el impulso y seguimiento en las materias que afectan al llamado Consejo
JAI, del Plan de acción contra el terrorismo, adoptado en el Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre. Es conocida la importancia que España siempre ha atribuido a lo que significa progresar en el seno de la Unión Europea en materia de
cooperación policial y judicial y, particularmente, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo. El Consejo Europeo de Tampere, en 1999, respaldó la necesidad de estos avances. Desde entonces, la Unión Europea y sus distintas
instituciones, no sólo el Consejo, sino también la Comisión y el Parlamento, han venido trabajando en los últimos años en esta línea. Se trataba, por así decirlo, de corregir un desarrollo asimétrico de la Unión Europea, en la que la cooperación en
las cuestiones relativas a Justicia e Interior, esto es, el llamado desde el Tratado de Maastricht tercer pilar, se había quedado desfasada frente a los grandes logros conseguidos por ejemplo en el área económica -los que todos conocemos- y
comercial. Por otra parte, la cooperación judicial y policial tampoco estaba a la altura del reto que suponía la consecución de un espacio como el de Schengen, sin controles en las fronteras interiores.
Los bárbaros atentados terroristas del pasado 11 de septiembre aceleraron el proceso de concienciación de la comunidad internacional en general y de la Unión en particular sobre la gravedad de la amenaza terrorista y la urgencia de reforzar
la cooperación contra esta lacra. En este contexto, se aprueba, como ustedes saben, el Plan de acción de lucha contra el terrorismo antes mencionado, cuyo impulso y seguimiento ha sido un eje esencial de los trabajos de la presidencia española,
cogiendo el testigo de la presidencia belga. Así, como es de todos conocido, durante la anterior presidencia se llegó a acuerdos políticos sobre textos tan importantes como la Decisión-marco sobre la orden europea de detención y entrega, superadora
del anacrónico procedimiento de extradición, o la Decisión-marco sobre la armonización entre los Quince del delito de terrorismo. Igualmente, se alcanzó un acuerdo político respecto de la Decisión-marco sobre la constitución de equipos conjuntos de
investigación. Pues bien, durante la presidencia española hemos efectuado un estrecho seguimiento de la situación en los distintos países de estos
proyectos de decisión-marco y por fin se han levantado todas las reservas parlamentarias existentes, de forma que en el Consejo JAI de 13 de junio estas tres decisiones-marco fueron aprobadas formalmente, comenzando así el período para ser
traspuestas en los ordenamientos internos de los países miembros. A este respecto, y en lo que concierne a los equipos conjuntos de investigación, como saben, el Gobierno de España, del que yo formo parte, ya examinó el anteproyecto de Ley
reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea el 1 de marzo pasado y el debate a la totalidad iba a haber tenido lugar el 20 de junio, pero no se ha celebrado porque no se han presentado enmiendas de
totalidad y está ahora en las comisiones.
Además, se han dado otros importantes pasos en la aplicación del mencionado Plan de acción de lucha contra el terrorismo. Así, hemos procurado que se produzca un intercambio más sistemático de datos sobre terrorismo entre los Estados
miembros y Europol, así como el fortalecimiento de la labor antiterrorista de esta organización, dotándole de mayores medios materiales y humanos. En este sentido, quiero subrayar el sensible aumento, un 45,9 por ciento, del presupuesto de Europol,
aprobado en el Consejo JAI de febrero, y el hecho de que todos los Estados miembros hayan enviado expertos en materia antiterrorista a Europol, que han constituido lo que se llama una Task Force antiterrorista, es decir, un grupo de trabajo
específico en la materia.
Además, en el programa de trabajo de Europol para el año 2003, aprobado en el Consejo JAI del pasado 13 de junio, el terrorismo es uno de los delitos de atención prioritaria. A lo largo de nuestra presidencia, siempre en
esta línea de fortalecimiento de Europol, hemos impulsado una reforma del Convenio de Europol que le permitirá participar en equipos conjuntos de investigación o solicitar que los Estados miembros lleven a cabo determinadas investigaciones, todo
ello de conformidad con el mandato del Consejo Europeo de Tampere de 1999. Me gustaría que la presidencia danesa pueda aprobar formalmente esta modificación en los próximos meses.
Por otro lado, la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo se ha visto reforzada también por la aprobación en abril de una Recomendación para la creación de equipos multinacionales de investigación ad hoc para la recogida de
información relativa a los terroristas, que cubren un ámbito que quedaba fuera de la competencia de los equipos conjuntos de investigación, que son equipos básicamente policial-judiciales. Me estoy refiriendo a las investigaciones prejudiciales o
no judicializadas.
Además, también en el Consejo JAI de 13 de junio, hemos aprobado un programa para mejorar la cooperación en la Unión Europea en materia de protección a la población frente a las amenazas terroristas bacteriológicas, químicas, radiológicas y
nucleares, como nos pidió el Consejo Europeo de Laeken. Durante nuestra presidencia también hemos impulsado la actualización de la lista pública de organizaciones, entidades y personas terroristas, que se había aprobado en su primera versión el 27
de diciembre del año 2001. Igualmente, en este último Consejo JAI de 13 de junio, se tomó nota de la actuación de la lista confidencial de organizaciones terroristas conocida como Lista del Tercer Pilar, así como de un informe sobre la evaluación
de la amenaza terrorista, conocido como Documento Estratégico. De igual forma, en este último Consejo JAI se alcanzó el acuerdo político necesario en torno a la decisión, cuya finalidad es desarrollar el artículo 4 de la Posición Común del Consejo,
de 27 de diciembre, sobre aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo. Dicho artículo 4 contempla la prestación de la asistencia policial y judicial más amplia posible para la prevención y lucha contra actos terroristas, en
especial, de las personas, grupos o entidades relacionados en la lista anexa a dicha posición común. Además el Plan de acción de lucha contra el terrorismo y las medidas recogidas en las conclusiones del JAI, de 20 de septiembre de 2001, preveían
también una serie de importantes actuaciones en materia de controles en las fronteras exteriores, intercambio de información sobre visados, etcétera. En este sentido, les recuerdo que en el Plan global contra la emigración ilegal, antes mencionado,
se contempla una serie de medidas en materia de gestión de fronteras, de intensificación de la cooperación consular y de desarrollo de un sistema europeo de identificación de visados, que contribuirán a aumentar la seguridad de nuestras fronteras y
obstaculizar, en definitiva, la entrada de terroristas.
Por último, hay que decir que en el capítulo de relaciones exteriores JAI, la cooperación contra el terrorismo tiene lógicamente un lugar muy destacado, del que también se ha ocupado la presidencia española. Así, por ejemplo, en las
relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos, Rusia y los países candidatos, a través de las reuniones a las que hice referencia anteriormente. Además, el 17 de abril tuvo lugar en Madrid un seminario con los representantes policiales de los
países candidatos para un mejor conocimiento mutuo de las legislaciones y estructuras en materia de lucha antiterrorista. En el programa de cooperación en materias JAI con los países de la ribera sur del Mediterráneo, acordado en la conferencia
ministerial, antes citada, la cooperación contra el terrorismo también está muy presente.
La atención prestada a la lucha contra el terrorismo durante este semestre ha estado acompañada de una dedicación muy especial también a la cooperación policial en general. Ya antes pude referirme a la atención prestada a Europol y a la
reforma del convenio que lo regula, pero la cooperación policial ha estado también muy presente en las relaciones exteriores de los Quince en materias JAI. Así, en la reunión que todos los ministros
de Interior y Justicia mantuvimos con nuestros homólogos rusos aprobamos una declaración conjunta sobre la designación de puntos centrales de contacto para el intercambio de información sobre el crimen organizado.
En esta materia de
cooperación policial, me gustaría destacar los siguientes ámbitos de actuación durante nuestra presidencia: La Task Force o grupo operativo de directores de policía, que ha impulsado fórmulas de organización interna que permitirán una actuación más
ágil y, por otra parte, ha puesto en marcha las dos operaciones RIO, que antes he mencionado, sobre evaluación de riesgos en aeropuertos internacionales.
También quisiera destacar que se ha logrado desbloquear la situación de la escuela Europea de
Policía (CEPOL), mediante la asunción provisional de su secretaría por Dinamarca hasta que se decida qué país albergará la sede de su secretaría permanente. Se pone así en marcha la escuela como lugar de formación de los policías europeos, y
finalizando la parálisis que venía afectando a la misma.
Por otra parte, hemos conseguido que el Consejo JAI, de 25 de abril, aprobase una decisión sobre la seguridad de los partidos de fútbol de dimensión internacional. Mediante este instrumento se contempla la creación de un punto de contacto
nacional en cada Estado miembro, para el tratamiento de información de carácter policial con ocasión de la celebración de partidos de fútbol de carácter internacional. Esta decisión parte de una iniciativa belga fundada en la experiencia que
obtuvieron este país y Holanda durante la organización del Campeonato Europeo del año 2000. Además, se ha impulsado decididamente la Red Europea de Prevención de la Delincuencia mediante la celebración de numerosas reuniones de los representantes
de la Red y la presentación del primer informe anual de la Red en el Consejo JAI de 13 de junio. Por decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, se había creado esta Red, cuyo objetivo es determinar las medidas que puedan reducir de cualquier modo
la delincuencia, con prioridad en ámbitos como son la prevención del consumo de drogas, la delincuencia juvenil y la delincuencia urbana.
También en este último Consejo JAI de junio se ha aprobado la recomendación relativa a la cooperación de las
autoridades nacionales competentes en materia de control de la seguridad privada. Este instrumento tiene como objetivo impulsar y facilitar la cooperación para el intercambio de informaciones aportadas por empresas de seguridad privada, de acuerdo
con cada legislación nacional, cuando dichas informaciones representen un interés para la seguridad pública. De este modo, se quiere llegar al establecimiento de las mejores prácticas en esta materia. También se ha adquirido el compromiso de
organizar, como mínimo cada dos años, una reunión de las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad privada.
Igualmente, es necesario recordar el seguimiento efectuado a la puesta en circulación del euro. Bajo la coordinación de Europol se efectuó durante la presidencia española una minuciosa vigilancia en este tema que, indudablemente, tiene
también un matiz de marcada cooperación policial en lo que se refiere a las medidas de lucha contra la falsificación. En el primer Consejo formal de presidencia española, celebrado el 28 de febrero, los ministros de Interior pudimos felicitarnos de
la introducción del euro en nuestros países sin especiales incidentes policiales, como nos expuso el director de Europol.
También en el área de aplicación de lo que llamamos acervo de Schengen, la presidencia española ha cumplido con notable éxito los objetivos que se habían propuestos. Quiero destacar solamente un par de aspectos. Como saben, el Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen recogió entre sus previsiones la puesta en marcha de lo que llamamos el Sistema de Información de Schengen (SIS), un sistema informático compartido, de carácter gubernamental, a través del cual se intercambian
registros de carácter policial. Pues bien, durante la presidencia se han intensificado los trabajos para el desarrollo del llamado SIS II, es decir, un nuevo sistema mejorado en el que se contemplen nuevas funcionalidades y nuevos usuarios del
sistema. Además, y relacionado directamente con el tema de la libre circulación, que es la base de Schengen, se ha alcanzado en la reunión del Comité mixto que integra los países de la Unión Europea con los socios Schengen, Noruega e Islandia, el
acuerdo político para la modificación del artículo 40 del Convenio de aplicación del Acuerdo Schengen, en lo relativo a la aplicación de las vigilancias transfronterizas. Es decir, no sólo para autores de delitos sino también para sus cómplices y
otros implicados, así como extender también la vigilancia por vía marítima, aérea y ferroviaria.
Seguidamente, me resta exponer el balance de la presidencia española de la Unión en política común de lucha contra la droga y en materia de protección civil. El programa de trabajo de la presidencia española en materia de drogas partía de
dos premisas básicas: el desarrollo de una serie de iniciativas contenidas en el Plan de acción de la Unión Europea sobre drogas, aprobado en el Consejo Europeo de Santa María da Feira en el año 2000, y la continuidad de los trabajos impulsados por
la presidencia belga.
En materia de reducción de la demanda de drogas, se ha aprobado por el Consejo JAI la Resolución sobre prevención del uso recreativo de las drogas, con la que se pretende fomentar alternativas de ocio positivas a las drogas, especialmente
mediante actividades de tiempo libre sanas para los jóvenes, al tiempo que se les intenta concienciar sobre el riesgo asociado al consumo de drogas. En este mismo ámbito de reducción de la demanda, se ha aprobado también la Resolución del
Consejo sobre la incorporación de los programas de drogas a los planes de estudio en las escuelas.
En lo referente al control de la oferta de drogas, se ha adoptado por el Consejo JAI la Recomendación sobre sincronización de las investigaciones operativas y patrimoniales de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, con el
objetivo de que las dos investigaciones, tráfico de drogas e investigación patrimonial de las organizaciones criminales, avancen simultáneamente y que, dentro de las unidades de investigación de drogas, se creen grupos especializados en materia
económico-patrimonial y se refuerce la colaboración entre autoridades policiales, judiciales y fiscales. También dentro de este ámbito de control de la oferta se ha aprobado la recomendación sobre la necesidad de reforzar la cooperación e
intercambio de información entre las distintas unidades operativas especializadas en la lucha contra el desvío ilícito de precursores de los Estados miembros de la Unión Europea.
Finalmente, y dentro de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, se ha puesto especial énfasis en dos áreas geográficas específicas, América Latina y Caribe y países candidatos, sin olvidar las reuniones antes citadas con
los Estados Unidos, Rusia y con Irán. En relación con América Latina, se ha celebrado la IV reunión del mecanismo de cooperación y coordinación en materia de drogas entre la Unión Europea, América Latina y Caribe en Madrid los días 7 y 8 de marzo.
En dicha reunión se adoptó la Declaración de Madrid, en la cual las partes se comprometían a impulsar políticamente el mecanismo como foro de debate permanente entre ambas regiones en materia de drogas, así como la coordinación de las acciones de
cooperación en esta materia. Asimismo, se celebró la V reunión de alto nivel entre la Unión Europea y la comunidad andina.
Por otro lado, la cooperación con los países candidatos ha sido especialmente intensa durante la presidencia española, realizándose diversas acciones, como la declaración conjunta entre los ministros de la Unión Europea en asociación con la
Comisión y los países candidatos, adoptada por el Consejo JAI de 28 de febrero, o la celebración de una conferencia Unión Europea-países candidatos donde se abordó la situación de la incorporación del acervo comunitario en materia de drogas por
dichos países.
Para concluir mi intervención, deseo referirme a la política común de protección civil. En este ámbito, el Consejo JAI de 13 de junio aprobó un programa para mejorar la cooperación en la Unión Europea en materia de protección a la población
frente a las amenazas terroristas bacteriológicas, químicas, radiológicas y nucleares, Plan NBQ. Se pretende dar respuesta a los compromisos recogidos en las conclusiones de los Consejos Europeos de Gante y Laeken sobre la necesidad de lograr una
verdadera cooperación entre Estados miembros frente a eventuales amenazas terroristas de carácter nuclear, bacteriológico o químico. Como hemos mencionado anteriormente, esta iniciativa tiene un indudable aspecto de lucha antiterrorista, pero
también de estricta política de protección civil, puesto que conecta con el mecanismo de coordinación reforzada de acciones en materia de protección civil en caso de emergencias, aprobado el 23 de octubre del año 2001.
Señoras y señores diputados y senadores, este es el balance de forma muy resumida, porque podría estar hablando aquí 15 horas, pero lo hemos resumido lo más que hemos podido en el ámbito de las competencias de mi departamento. Es un balance
positivo, lo creo y así lo digo, a la vista de los objetivos y prioridades que nos habíamos propuesto el 1 de enero de este año 2002.
Sobre este asunto quisiera hacer dos comentarios finales que me parecen importantes. El primero es que la Unión Europea ha sido a lo largo de 50 años, prácticamente en sus distintas denominaciones y formas, un espacio fundamentalmente
económico. Donde más se ha avanzado ha sido en lo económico, en la política monetaria, en una nueva moneda, también en las políticas agrarias y pesqueras, pero se había avanzado muy poco en este espacio de seguridad, justicia y libertad, hasta el
punto de que yo siempre digo que en Europa había libre circulación de mercancías, capitales, servicios, personas e incluso delincuentes, pero no había libre circulación ni de policías ni de jueces. En este espacio, que es el del tercer pilar, de
libertad, seguridad y justicia, prácticamente a partir del Tratado de Amsterdam del año 1997, que ha entrado en vigor en el año 1999, se ha empezado a trabajar de verdad en esta dirección. Este pilar, y esto es muy importante que lo tengamos en
cuenta, ha dado un impulso espectacular en los últimos tiempos. Primero, durante la presidencia belga como consecuencia de los acontecimientos producidos el 11 de septiembre. Nosotros, como Gobierno de España, siempre hemos dado la batalla para
que este espacio de seguridad, justicia y libertad fuera un hecho, pero era muy difícil. Lo cierto es que los acontecimientos del 11 de septiembre supusieron un gran avance, como la orden de detención y entrega, que ya tenía un precedente en un
convenio bilateral entre España e Italia, como la definición del terrorismo, como los equipos conjuntos de investigación, como el asunto de la lista de las organizaciones terroristas, etcétera.
En el área de inmigración, que es la otra gran área, ha habido un avance espectacular también bajo presidencia española con la reunión que se ha celebrado en Sevilla y donde se han fijado reglas de juego para los próximos años. Por tanto,
España en los próximos años debe trabajar y ayudar a las presidencias subsiguientes a hacer lo posible para que esto pueda avanzar y se logre crear un espacio que parece lógico, sensato y razonable. Al final la existencia de sistemas penales
distintos de sistemas judiciales para los problemas de soberanía policiales no pueden convertirse en un obstáculo para luchar eficazmente contra la delincuencia.
Este es un asunto capital y lo mismo ocurre con el tema de la inmigración.
En un espacio como este, donde hay libre circulación de personas, es absurdo que unos controlen las fronteras de una forma, otros de otra, unos den determinados
derechos a los extranjeros, otros den otros derechos distintos, unos concedan visados exigiendo unos requisitos, otros concedan visados exigiendo otros requisitos distintos, porque al ser un espacio de libre circulación de personas esto es absurdo.
Este es el reto del futuro. Hemos realizado un avance muy importante, lo creo y así lo digo, habrá quien me diga que no es así, pero, si lo comparamos fundamentalmente con lo que hicieron los anteriores, esto es así.
El segundo comentario que quería hacer no se refiere a un asunto que se haya debatido durante la presidencia española en el Consejo Europeo, aunque sí se debatió bajo presidencia belga, que es el de la seguridad en las cumbres. Ustedes
saben que a lo largo de numerosas cumbres, no sólo de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, sino también de otros organismos internacionales o de otras reuniones de tipo internacional, sobre todo del G-8, del Fondo Monetario
Internacional, del Banco Mundial, ha habido situaciones de mucha tensión, de mucha violencia, de muchos problemas. El año pasado bajo presidencia sueca, todos ustedes recordarán Gotemburgo, después la reunión del G-8 en Génova. Desde el Ministerio
del Interior nos tomamos muy en serio este asunto y fundamentalmente hemos trabajado en lo siguiente.
Empezamos a preparar la seguridad de las cumbres, que no han sido pocas.
Ha habido dos consejos en Barcelona y Sevilla, pero ha habido dos acontecimientos importantes en Valencia y en Madrid. En Madrid, América Látina y Caribe-Unión
Europea, con una presencia muy importante de jefes de Estado y de Gobierno. Luego ha habido 15 reuniones ministeriales informales, algunas muy importantes como la de Justicia e Interior en Santiago de Compostela o la de Defensa en Zaragoza. Hubo
también otras 19 reuniones ministeriales ordinarias y extraordinarias. Y entre seminarios y conferencias ha habido 127 reuniones en España. El programa era complicado desde el punto de vista policial, no entro en programas de fondo. Nosotros
trabajamos de la siguiente manera. Comenzamos a preparar todos estos temas, fundamentalmente las cumbres de Barcelona y de Sevilla, también la de Madrid, prácticamente desde abril y mayo del año 2001. Estudiamos lo que había ocurrido en Génova, en
Gotemburgo, en Laeken y en Davos. Se hizo un análisis muy detallado de cómo había funcionado y qué estrategias se habían utilizado en aquellos países para aprender de lo bueno, que tampoco se trata de inventar nada, y para no equivocarse y recaer
en lo malo. Por tanto, se trabajó desde hace mucho tiempo y se fijaron fundamentalmente tres tipos de objetivos. En primer lugar, una labor de prevención. Se hizo una amplia labor para estudiar qué era lo que podía ocurrir aquí, es decir, lo que
es una labor fundamentalmente de información.
En segundo lugar, se hizo un esfuerzo de colaboración con las policías locales y, donde las había, como era el caso de Cataluña, con las policías autonómicas. En tercer lugar, los responsables del Ministerio del Interior y de las
delegaciones del Gobierno dialogaron con todos los convocantes de manifestaciones y con todo el mundo -salvo con gente con la que es imposible dialogar- y se pactaron los itinerarios de las manifestaciones tanto en Barcelona como en Sevilla, aunque
en Sevilla se pactó después de que el juez diera la razón a la Delegación del Gobierno respecto al itinerario de la manifestación, y aún así, accedimos a los cambios que nos propusieron los organizadores.
En el conjunto de todas las cumbres participaron más de 30.000 policías y muchísimos guardias civiles, siendo el grueso en cada cumbre de unos 3.500 policías, aunque luego se hayan publicado otras cosas. Desde el punto de vista policial, el
resultado ha sido excelente, y quiero felicitar en el Parlamento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos han dicho que ha sido excelente, pero que fue debido al civismo de los manifestantes, cosa que es verdad, pero también eran
cívicos los manifestantes de otros países, porque no todos los de Génova no eran cívicos. Eran cívicos, pero al igual que en otros países, los había incívicos, para entendernos. Esos incívicos fueron bien controlados por la Policía y la Guardia
Civil y por eso no pudieron hacer sus actos de incivismo. Ese es un dato muy importante, porque es verdad que los grupos que han convocado manifestaciones lo han hecho bien, han hablado con nosotros, han aceptado lo que les hemos pedido para
facilitarnos las cosas y nosotros hemos aceptado lo que nos pidieron ellos, pero se ha hecho un esfuerzo policial importante que hay que tener en cuenta. Le puedo dar los datos, porque estas cosas es bueno que las sepa la gente.
En los controles
previos a las cumbres de Sevilla y Barcelona se han intervenido puños de ataque, cadenas, armas blancas, bates de béisbol, caretas antigás, artefactos pirotécnicos, sprays de defensa, sprays de pintura y, en alguna ocasión, armas de fuego. Es decir
eran honorables y pacíficos ciudadanos democráticos, pero la Guardia Civil y la Policía Nacional actuaron con la eficacia debida. También tengo que decir que en dos ocasiones hemos hecho uso de nuestras facultades de poder rechazar en las
fronteras, como han hecho otros países, y hemos rechazado a 9.929 personas, solamente aquellas que las policías de los países de donde venían nos dijeron que merecían ser rechazadas. Por tanto, desde el punto de vista policial, me gustaría que
España significara un antes y un después. Es decir, no ha habido incidentes policiales importantes y tengo que felicitar a la Policía y a la Guardia Civil, que han cumplido estupendamente con su función, han garantizado el derecho a manifestación
de quienes quisieron hacerlo y, al mismo tiempo, han
dado lugar con su actuación a que no se generasen situaciones indeseadas, como las que tuvieron lugar en otros países.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: Me pide el vicepresidente que hagamos un receso.
Suspendemos la sesión por unos minutos. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
En primer lugar, quiero dar las gracias al señor vicepresidente primero del Gobierno por la densa información que nos ha proporcionado y que corresponde a los puntos primero y segundo del orden del día. Ahora corresponde el turno a los
portavoces.
Quisiera hacer un llamamiento a los portavoces para que procuren ajustarse en la medida de lo posible al tiempo que establece el reglamento, que como saben es de diez minutos.
La presidencia será flexible, pero ayuden también a la presidencia acomodándose al tiempo permitido.
Como había una petición del Grupo Parlamentario Socialista, este Grupo es el que inicia ese turno de portavoces y para ello tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor vicepresidente, quisiera empezar por recordar el contexto en que se produce su comparecencia con relación a la que abrió los trabajos de la presidencia en esta Comisión. En aquella ocasión planteaba usted
cuáles eran las expectativas y los objetivos de la presidencia en relación con los temas de interior en lo que se refiere a terrorismo, crimen organizado, inmigración y asilo, etcétera, y lo planteaba como un programa que entonces calificábamos, en
términos generales, de razonable y con el que coincidíamos en los elementos principales, del mismo modo que también coincidíamos -las habíamos hecho nuestras- con las seis prioridades que había establecido la presidencia.
Desde esa perspectiva, estábamos en condiciones de afirmar que desde el Grupo Socialista se apoyaba y se deseaba el máximo éxito en la presidencia española. Naturalmente siempre habrá discrepancias y diferencias de matiz, algunas de ellas
las manifestamos en aquella ocasión, pero no afectaban al núcleo, al tronco, central ni de las prioridades ni de los objetivos concretos en aquellos temas que no formaban parte de las prioridades de la presidencia, que, en su caso, sólo lo era la
cuestión relativa a la lucha contra el terrorismo. Por tanto, miente quien diga lo contrario. Por tanto, también miente quien diga, por ejemplo -y reto a que me lo demuestren- que desde el Grupo Socialista en materia de inmigración y asilo se ha
planteado una formulación, un discurso de: papeles para todos; en el Grupo Socialista lo que hemos pedido ha sido: derechos para todos.
Cuando usted comparecía aquí aceptaba que solamente los temas de terrorismo eran una prioridad, y ha hecho una exposición que ha sido un desarrollo de lo que planteaba en el mes de febrero -le haré gracia de glosarlo nuevamente-, pero creo
que la aplicación de los acuerdos del 21 de septiembre, de un consejo muy importante porque había una visión interdisciplinar de la lucha contra el terrorismo, suponen un paso importantísimo por parte de la Unión Europea de dotarse de esa visión, de
dotarse de unas capacidades de respuesta, de eliminar obstáculos para luchar no ya sólo contra el terrorismo sino contra todo tipo de crimen organizado, especialmente en lo que se refiere, como el señor ministro ha señalado, a la decisión de la
orden europea, a las decisiones sobre armonización de delitos o delitos conjuntos, a las listas de organizaciones, etcétera. Creo que se ha avanzado en esa línea y en los términos, ni más ni menos ambiciosos, que el ministro había planteado en el
mes de febrero. Eso era agenda y en la agenda se ha realizado prácticamente el trabajo que había sido asignado por el Consejo de Laeken.
Hace seis meses le pedíamos que impulsara una política común de inmigración y asilo sobre la base de los acuerdos de Tampere, que están pendientes de desarrollo y aplicación desde 1969; también le pedíamos encarecidamente que impulsara, que
lograra, un acuerdo sobre las directivas y sobre los planes de acción que están en la mesa del Consejo.
En aquel momento la política común de inmigración y asilo no formaba parte de las seis prioridades de la presidencia, aunque, como ha dicho el
ministro, las bases de esa política estaban ya claramente definidas en Tampere.
Hace aproximadamente dos meses el presidente del Gobierno decidió que la inmigración ilegal -no la inmigración, la inmigración ilegal- era la máxima prioridad de la presidencia y la mayor amenaza para la Unión. Es más, llegó a vincularla,
en una imagen que me parece bastante negativa, con el terrorismo, como carácter de la amenaza. Todo el mundo entendió entonces que quizá la ausencia de resultados en otros objetivos de la presidencia le llevaba a buscar nuevas prioridades; todo el
mundo entendió también que Le Pen y compañía, y su resurgir, influían no sólo en la agenda de Sevilla, lo cual es lógico, para eso están los responsables políticos, para responder a los acontecimientos, sino, y fue lo que realmente nos preocupó, en
el discurso populista y amenazante con el que la presidencia abordaba una vieja prioridad de la Unión, el dotarnos de una política común de inmigración y asilo, que se había acordado en Tampere.
El señor Aznar lo hizo presentando como amenaza lo que en Tampere se había definido como un reto. Ha intentado que el diálogo, la cooperación y la ayuda al desarrollo dejen de ser elementos para el progreso, para la fijación de poblaciones,
para la cogestión de flujos migratorios, y los ha querido convertir en rehenes de una política impuesta de control de fronteras y de admisión de retornados. Pero creo, señor vicepresidente, que condicionar, como pretendía el señor Aznar, la ayuda
al
desarrollo al retorno de inmigrantes ilegales es moralmente repugnante.
El resultado final de Sevilla, después de un debate improvisado, de un debate tergiversado, es una nueva declaración de intenciones, con un nuevo calendario de estudios y de evaluaciones, pero sin duda es un paso adelante. Si nos situamos
en la lógica de su comparecencia del mes de febrero, el resultado final de Sevilla encaja dentro de esa lógica, quizá va un pasito más allá. Se va avanzando hacia lo que en 2004 debiera ser una política común de inmigración y asilo, tal y como se
definía en el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, en más del 90 por ciento lo que se hace en Sevilla es reproducir lo que ya se había acordado en Tampere, pero no existe prácticamente ningún avance concreto ni en el control y persecución de la
inmigración ilegal ni en la integración de los inmigrantes ya establecidos o en la reagrupación familiar. Y tampoco, por el momento, en la creación de una auténtica política común que haga efectivo el reparto de cargas en el control de fronteras.
Lo que queda después de la excursión populista y de tan bajo tono intelectual del señor Aznar es una imagen, la de que desde España y su Gobierno se presenta al extranjero como amenaza, a los países de origen como cooperadores necesarios de
las mafias y al inmigrante como un delincuente en potencia. Afortunadamente, no se ha logrado ese objetivo, hemos vuelto de nuevo a Tampere, a unos objetivos de los que el presidente se había desvinculado. Tendrá usted que decirnos si asume los
resultados del Consejo y va a actuar en consecuencia, porque cuando se había planteado la posibilidad de modificar la legislación actual y había entre algunos de los más aguerridos miembros del Partido Popular y del Gobierno el mensaje de que era
necesario cambiar la ley para adaptarla a la de otros países y al marco europeo, y usted mismo dijo que España se adaptaría a lo que decidiese la Unión Europea, la Unión Europea se ha mantenido en el camino de Tampere. Habría que saber si se asumen
plenamente los resultados y si se acepta desarrollar también desde España, en el plano bilateral, hasta que exista una política común, una política de inmigración y asilo que contenga esos elementos de Tampere.
Hace un año se aprobó una ley de la que se dijo que era la más eficaz y la más avanzada de Europa, que se ha estado cuestionando estas últimas semanas. Quizá, señor ministro, sería más fácil que usted reconociera que el problema no está en
la ley; que el problema tampoco está en las leyes europeas, ya que, sin duda, la coordinación hará mucho eficaz la lucha contra la inmigración ilegal, sino que está en la incapacidad del Gobierno para controlar las fronteras, las nuestras, por
tierra, mar y aire. Quizá debiera reconocer que hay un alto grado de incompetencia, y también de falta de medios, de los servicios del Estado, y que eso está trasladando a los servicios sociales de las comunidades autónomas una carga insoportable.
Quizá también debiera reconocer que es el propio Gobierno quien origina conflictos cuando no es capaz de gestionar adecuadamente los flujos y los cupos que el propio Gobierno ha establecido, como hemos visto recientemente en el caso de la fresa, en
Huelva.
Quisiera decirle, señor ministro, congratulándome de ese retorno a Tampere, que la política de inmigración no puede hacerse desde el miedo.
El discurso del miedo ante la inmigración, como ante el terrorismo, sólo es el instrumento de quien
intenta obtener una ventaja política, sembrando miedo y ofreciéndose como salvador, y ése no tiene una alternativa política. Por ejemplo, no es casual que las agencias de prensa -y me parece especialmente grave- titularan: Aznar reclama que caigan
las máscaras de hipocresía para reformar la política de inmigración. No sé qué máscaras de hipocresía, supongo que las de un gobierno que es incapaz de gestionar y de controlar sus fronteras. Y, al mismo tiempo, subtitulaban: Espera que se
incluyan elementos de la amenaza terrorista en la política de seguridad europea.
Señor ministro, leyendo las conclusiones del Consejo, que las tengo aquí, la verdad es que poco hay de concreto; incluso, algunos elementos, que estaban en Tampere, directivas que están encima de la mesa del Consejo, que se tenían que haber
impulsado, nos las hemos visto aparecer con la fuerza con que las habíamos reclamado. Por ejemplo, las normas comunes para asilo y establecimiento de un marco común para reagrupación familiar, un marco común de derechos y deberes de los ciudadanos
de terceros países comparable -decía Tampere- a los de los ciudadanos de los Estados miembros, un marco común para la entrada legal de inmigrantes, una cogestión de flujos migratorios con los países de origen. No hay medidas concretas para esto,
hay discursos, hay marcos, tantos como para llenar una pinacoteca bastante mayor que la de las Koplovich...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Estrella, le ruego que vaya terminando.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Voy terminando, señor presidente.
Esto se tenía que haber hecho en cinco años, han pasado tres y el Consejo vuelve nuevamente a expresar esos deseos, con algunas fechas y algunos compromisos, que son parciales. El Consejo viene a reiterar la necesidad de adoptar las
propuestas de la Comisión previstas desde Tampere, y esto, a estas alturas, señor ministro, parece una declaración de impotencia. Si había algo que adaptar, se podía haber hecho antes. En la declaración común no hay ninguna novedad. Se piden
normas comunes para la reagrupación familiar -ya se hizo en Tampere- y se reitera la necesidad del estatuto de residente de larga duración, instrumento que estaba pensado para la integración de los inmigrantes,
tal y como se dijo en Tampere. En el ámbito de la relación con los países de origen de la inmigración, se ha obligado a la presidencia a dar marcha atrás en esa política de castigo que pretendía establecer, se vuelve a una política de
cogestión de flujos, en el sentido de Tampere y, por lo tanto, se desvinculan los objetivos de cooperación al desarrollo del establecimiento de sanciones, como veníamos reclamando al Gobierno que hiciera y que abandonase la deriva que había
adoptado. Por cierto, hubiéramos deseado que también se impulsara desde la presidencia algo más de lo que usted ha dicho, el plan de acción con Marruecos. Parece que la situación de nuestras relaciones actuales con Marruecos ha dificultado ese
objetivo.
Sobre la lucha contra la inmigración ilegal, el plan de acción que se ha adoptado es un compendio de medidas elementales de cooperación en la gestión de fronteras exteriores, esencialmente de tipo burocrático; llevaban meses sobre la mesa
del Congreso y la Comisión las ha compilado recientemente. Creemos que van en la buena dirección, pero nos parece insuficiente.
Se dice en Sevilla que la política de repatriación debe basarse en el libro verde de la Comisión. A mí me gustaría saber si el debe basarse quiere decir debe basarse o quiere decir debe tomar elementos, porque en el libro verde hay
propuestas muy ambiciosas, por ejemplo, el retorno voluntario asistido de inmigrantes o la lucha contra el trabajo irregular con sanciones especiales a los empleadores, que pueden llegar incluso a la expropiación de bienes. Esto lo podía estar
aplicando ya en España con las competencias que tiene su Gobierno, porque es una competencia nacional.
En cuanto al control común de fronteras exteriores, estamos a favor de la propuesta de la Comisión, incluida la creación de una policía europea de fronteras, aunque no está claro que esa sea la voluntad del Consejo. El Consejo, al final,
parece volver con las manos vacías a las propuestas de la Comisión, y el plan de acción sobre la inmigración ilegal es un ejemplo de ello. La referencia a las sanciones y a la entrada y estancia irregular es otra declaración de impotencia. En
definitiva, estamos en una situación en la que hasta el año 2004 los gobiernos tendrán capacidad legislativa, y ya vimos lo que ocurrió con las propuestas del señor Chevènement.
Finalmente, en ningún lugar se habla de las propuestas de gestión de la inmigración legal. En la parte declarativa se reitera la necesidad de establecer esa política -ya estaba dicho en Amsterdam-, no se menciona la propuesta de directiva
para la entrada por razones de empleo, no se menciona el método de coordinación abierto para establecer cupos a escala comunitaria -y eso en un mercado único es una grave carencia-, no existe una política proactiva y global de inmigración que
establezca canales de entrada legal adaptados a las necesidades de un mercado de trabajo y a una sociedad del siglo XXI. En definitiva, señor ministro, creemos que la combinación de declaraciones fuertes en relación con el control de fronteras y
políticas débiles en materia de gestión y control de los flujos migratorios es, probablemente, la mayor invitación para que las mafias sigan actuando y para que se intente mantener los canales de inmigración ilegal.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Concluyo, señor presidente.
Ha hecho usted un comentario sobre la seguridad de las cumbres. Puedo aceptar sus planteamientos, creo que hay que felicitar a las fuerzas de seguridad y también a los organizadores, pero habría que revisar las instrucciones que se les dan
a los delegados del Gobierno, porque el delegado del Gobierno en Andalucía ha actuado como el delegado para el alarmismo y el abogado del Estado, siguiendo sus instrucciones, cuando iba al juez diciendo que ya veía los contenedores ardiendo o las
declaraciones de la presidenta del Partido Popular de Andalucía sólo contribuyen a sembrar más crispación.
Yo quería acabar, señor presidente, preguntando al ministro si el Gobierno asume sus responsabilidades en lo que es hoy el control de fronteras y el control de flujos y si está dispuesto a corregir los errores que se han producido hasta
ahora en algo que es de su exclusiva competencia; segundo, si considera que la ley aprobada hace un año, que era la mejor de Europa, sigue siendo válida para realizar esas políticas, con las limitaciones que supone el que no existan políticas
comunes todavía y, tercero, si el Gobierno tiene intención de modificar esa ley en la línea de lo que el Gobierno pretendía introducir en el Consejo Europeo de Sevilla. Creo que estas preguntas merecen una respuesta en este momento, después de la
alarma que ha generado el Gobierno con sus planteamientos ante la cumbre de Sevilla.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Nuestro grupo entiende positivo, y ayer nuestro portavoz señor Trías tuvo ocasión de manifestarlo en el debate en el Pleno con el presidente del gobierno, el hecho de que este semestre finalice en Sevilla con
esta prioridad marcada en materia de política migratoria. Nos parece que desde el año 1999, con la entrada en vigor de Amsterdam y de la cumbre de Tampere, existe una necesidad de articular una política común en materia de inmigración y asilo;
política a la que hasta ahora la Comisión le ha dedicado un importante esfuerzo. La Comisión ha elaborado cerca de 20 documentos que afectan a ese ámbito, dos o tres comunicaciones y una serie de propuestas de directivas y de decisiones conjuntas,
pero
que hasta ahora habían tenido una capacidad de concreción bien escasa, fundamentalmente como resultado de la falta de voluntad política del conjunto de los Estados de la Unión. En la medida en que en Sevilla se empiezan a concretar algunas
cuestiones y se empieza a marcar algunos plazos, nuestro grupo entiendo que empezamos a concretar aquellas previsiones de Tampere y de Amsterdam.
Dicho esto, ¿qué nos preocupa del contenido de la discusión política de este semestre en materia de inmigración? Nos preocupan dos cuestiones: una, que el impulso que se ha dado en esta materia durante la presidencia española ha venido
demasiado marcado por el síndrome pos 11 de septiembre (los aspectos de seguridad son los que, de alguna manera, han enmarcado esta prioridad de la presidencia en materia de inmigración) y, dos, que este impulso político ha venido muy marcado
también por resultados electorales en determinados Estados de la Unión.
Nos parece que el discurso público que se ha hecho e incluso las prioridades que se han marcado en Sevilla, se alejaban en parte de la lógica que se marcó en Tampere y de la lógica que ha marcado la propia Comisión Europea en alguno de sus
documentos producidos a lo largo de estos años. Por ejemplo, la comunicación de noviembre de 2000 sobre una política comunitaria de inmigración, recuerda que en esta situación debe optarse entre mantener la visión de que la Unión puede continuar
resistiendo las presiones migratorias o aceptar que la inmigración va a continuar, debe regularse adecuadamente y debemos trabajar juntos para intentar maximizar sus efectos positivos en la Unión, tanto para los propios emigrantes como para los
países de origen. En esta nueva situación la Comisión opina que debe ponerse a disposición de los trabajadores emigrantes vías para la emigración legal a la Unión. Éste era el enfoque en el año 2000 de la Comisión Europea en esta comunicación.
Además, en esta misma comunicación se decía: El cambio a una política de emigración dinámica requerirá un liderazgo político fuerte y un compromiso claro hacia el fomento de sociedades pluralista y la condena del racismo y de la xenofobia. Será
necesario poner de relieve los beneficios de la emigración y de la diversidad cultural y al comentar cuestiones relacionadas con la emigración y el asilo, evitar un lenguaje que pueda incitar al racismo o a agravar tensiones entre comunidades. Los
responsables políticos deberán mostrar su apoyo a las medidas de fomento de la integración de los inmigrantes recién llegados y de sus familias y promoverán el reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales en un marco claro de
derechos y obligaciones. Esta política de inmigración más abierta y transparente deberá ir acompañada de mayores esfuerzos para luchar contra la emigración ilegal y especialmente el contrabando y el tráfico, no sólo a través de una mayor
cooperación y consideración de los controles fronterizos, sino también garantizando la aplicación de la legislación laboral respecto a los nacionales de terceros países.
Tengo la sensación de que estas orientaciones que venían marcadas por la Comisión en noviembre del año 2000, continúan formando parte de la lógica de los acuerdos de Sevilla, pero a lo largo de estos seis meses creo que nos hemos
desequilibrado en nuestras apreciaciones de cómo gestionar conjuntamente este fenómeno, demasiado marcados por el ambiente del 11 de septiembre y demasiado marcados por los resultados electorales en Francia, en Holanda y en Dinamarca. A mi grupo
todo esto le preocupa.
Tampere es el resultado de una visión global sobre cómo gestionar este fenómeno. En Tampere y en las propias propuestas que ha hecho hasta ahora la Comisión Europea se pone el énfasis en esta gestión adecuada del flujo migratorio, en primer
lugar a través de la puesta en marcha de instrumentos que puedan canalizar la inmigración de carácter legal, y en segundo lugar la colaboración con los países de origen. Ahí, los resultados de la Cumbre de Sevilla no son claros. En la presidencia
hemos invertido el orden de prioridades y hemos situado como elemento central de la preocupación de la Unión no precisamente esta gestión adecuada del flujo migratorio y esta colaboración con los países de origen, sino un aspecto que la mayoría de
las veces es el resultado de la falta de una gestión adecuada del flujo y de una insuficiencia de la colaboración con los países de origen de la emigración ilegal. Deberíamos recuperar en los próximos meses esa visión de conjunto.
Segunda consideración. Hubiésemos preferido que en las posiciones que ha mantenido la presidencia a lo largo de estos meses se hubiese sido muy claro en la necesidad de defender en materia de asilo el absoluto y escrupuloso respeto a los
derechos humanos. El sistema de asilo marcado en Ginebra se fundamenta básicamente en la universalidad de los derechos humanos y en el compromiso de la Unión Europea de convertirse en un espacio de libertad y acogida de aquellas personas que en
cualquier lugar del mundo vean vulnerado sus derechos humanos. A eso responde la cuestión del asilo y es lo principal. Lo principal no son los abusos que se puedan producir de la Convención de Ginebra, sino que la Convención de Ginebra está
pensada para proteger los derechos humanos de cualquier persona.
Incluso en el propio documento de la cumbre de la presidencia de Sevilla no hay ninguna referencia al respeto de los derechos humanos. Es una pena que el Gobierno no haya sido más
claro y que hayan sido otros Estados quienes hayan podido incorporar aspectos como que se pueda introducir cualquier tipo de sanción por incumplimiento de algún Estado en materia de gestión de los flujos migratorios y que esto se haga sin menoscabo
de los objetivos de la cooperación para el desarrollo. En la cumbre de Sevilla se ha asumido esta consideración, pero no ha sido el Gobierno español
quien ha liderado esta defensa de los objetivos de la cooperación al desarrollo, que por otro lado también forma parte de lógica de Tampere.
En Tampere se insiste desde el primer momento en esta necesidad de introducir elementos de
codesarrollo en la política de inmigración de la Unión y de vinculación entre las políticas de inmigración y las políticas de cooperación. Esa ausencia de liderazgo en materia de defensa de la ayuda al desarrollo y defensa de los derechos humanos
en un momento de articulación de una política común de asilo, han sido dos cuestiones que a juicio de nuestro grupo han faltado y nos gustaría que se hubiesen incorporado.
Finalmente, de cara a los próximos meses y como resultado de lo que se decida en Sevilla, creo que el Gobierno español, el propio Ministerio del Interior y vicepresidente del Gobierno deben marcar en esta materia migratoria tres grandes
prioridades. La primera convertir en un objetivo político potente, que implique al conjunto de las administraciones públicas y al conjunto de los agentes sociales, la lucha contra el trabajo sumergido, contra el trabajo no declarado. La propia
Comisión Europea -en su intervención el señor vicepresidente hacía referencia a ello- reconoce que el principal elemento que justifica la existencia de emigración de carácter irregular es la existencia de trabajo no declarado. Existe un reciente
informe de la Unión Europea que sitúa entre el 15 y el 20 por ciento el producto interior bruto español que podríamos calificar de esa manera.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, termino.
Ahí debemos formular una movilización absoluta de los recursos públicos y privados para hacer frente a este trabajo no declarado. En segundo lugar recuperar la normalidad de las relaciones políticas, económicas y sociales con Marruecos. Va
a ser imposible gestionar conjuntamente esta inmigración con la actual relación con el Gobierno de Marruecos. En tercer lugar -y termino, señor presidente-, ser capaces de conseguir un acuerdo político de fondo en esta Cámara sobre los ejes de esta
política.
Creo que la envergadura de la cuestión migratoria continúa exigiendo un consenso mínimos alrededor de tres, cuatro o cinco grandes ejes de la política de inmigración. Me parece que a pesar de las tormentas que hemos tenido en estos meses
es obligación del Gobierno trabajar para recuperar el consenso que hasta 1999 funcionó en la política española en esa materia.
A pesar de todo, mi grupo en los próximos meses va a insistir en la necesidad de trabajar para este consenso. Ojalá, el Gobierno también apueste por el mismo.
El señor VICEPRESIDENTE: Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Vasco (PNV). No reconociendo a ninguno de sus miembros aquí, consecuentemente pasamos al siguiente.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias señor ministro por su comparecencia. Voy a realizar una intervención de breves pinceladas en relación con las cuestiones que ha ido planteando. En primer lugar asilo y refugio. Es cierto que en
Tampere se habla de esta cuestión en 1999, se vuelve a citar en la cumbre de Laeken en el 2001 y aparece otra vez en Sevilla, pero lo que no compartimos es el deslizamiento que ha habido en relación con ese equilibrio de principios que aparece en
Tampere y en Laeken. En concreto se habla explícitamente de que no aparece, como decía mi compañero Carles Campuzano, en las conclusiones de la cumbre de Sevilla. En Laeken sí aparece en la conclusión 39 (usted lo ha hecho implícitamente, pero no
explícitamente y tampoco ayer lo hizo explícitamente el presidente del Gobierno) la necesidad de mantener un equilibrio entre las capacidades de acogida de la Unión, la mejora de la situación de las personas que vienen como consecuencia del asilo o
refugio y la obligación de tener que salir de sus países, y necesariamente el mantenimiento de la aplicación estricta de los principios de la Convención de Ginebra de 1951. Este es el principio clave que tiene que ser elemento sustancial a la hora
de aplicar, a la hora de desarrollar o a la hora de establecer materias o medidas en esta cuestión. Esto es lo que no se ha mantenido desde el 2001 hasta ahora. Ha habido un pequeño deslizamiento y aunque no ha habido medidas y no se ha
desarrollado suficientemente esta cuestión podemos observar en el ámbito europeo y sobre todo en el ámbito de los Estados miembros, que ha habido una constante modificación en muchos Estados miembros del asilo y refugio, medidas a nivel estatal que
han hecho que se hayan endurecido las medidas contra los solicitantes de asilo en ámbitos estatales, se producen procedimientos acelerados, se hacen recortes en el derecho de apelación, deportaciones instantáneas, trabas a la reunificación familiar,
etcétera. Es decir, observamos una cuestión muy grave que es un deslizamiento de ese equilibrio que entendemos debe ser absolutamente clave. Usted no lo ha dicho, pero ayer nos suscitó preocupación un concepto que utilizó el presidente del
Gobierno cuando habló de abuso del asilo. Ese concepto de abuso del asilo no es admisible en la medida que si comprobamos los números de solicitudes de asilo que ha habido desde el año 1992 al 2002 observaremos no sólo que no ha habido más
solicitudes, sino que muy al contrario esas solicitudes van disminuyendo cuando curiosamente los conflictos en el mundo no van disminuyendo. Si observamos a su vez de qué países vienen esas solicitudes de
asilo, ninguno de nosotros tendrá duda sobre que la realidad nos obligaría a establecer de inmediato la concesión y yo diría que en muchos casos automática del asilo. Hablamos de la antigua Yugoslavia, de Irak, de Afganistán, de
Bosnia-Herzegovina, de Sri Lanka, de Somalia, del Congo, etcétera. Estas son las solicitudes mayoritarias de asilo; estos son los números de solicitudes de asilo. Por tanto, no se puede hablar de abuso de la utilización del asilo. No obstante,
si observamos lo que ocurre en el Estado español es muy curioso que la situación respecto de Colombia, los ciudadanos colombianos a los cuales desde enero de 2002 se les están aplicando medidas restrictivas de visados en cuanto a la Unión Europea,
no va mejorando desgraciadamente. Parecería lógico pensar que tiene que haber más concesiones de medidas de asilo y curiosamente se van rebajando alrededor del 20, 30 ó 40 por ciento. Esto es lo que no funciona y lo que queremos poner encima de la
mesa para entendiendo que es necesario llevar a buen término esos dos principios, respeto a la Convención de Ginebra, por tanto derechos humanos exclusivamente, mejora de la situación de esas personas y capacidad de acogida, no haya un deslizamiento
respecto de uno de esos principios dejando al margen el segundo.
En cuanto a la inmigración, se ha hecho un calendario marco. Esta es una cuestión que compartimos con el portavoz del Grupo Socialista. Se produce constantemente el llamado miedo al extranjero. Esto no es nuevo, es histórico, pero como
consecuencia de ello y de múltiples eventos electorales se están produciendo probablemente una serie de actuaciones que quizá no sean las mejores. Hay que hacer una reflexión de modo general respecto a cuál es la política exterior que está llevando
la Unión Europea en relación con la inmigración, es decir no mirar simplemente el efecto que produce la inmigración en la Unión Europea, y por tanto blindarnos como Europa-fortaleza, sino mirar las causas del porqué de esa inmigración y si la
política de la Unión Europea en lo que se refiere a política exterior puede mejorar esas causas. Hay cuestiones que no se han tratado y deben ser prioritarias respecto a determinar medidas; no buscar solamente la cuestión de efecto, sino buscar
también la cuestión de la causa.
Tercera cuestión. Ha hablado de Eurodac, el sistema de documentación de asilo. Ya sé que el ministro lo ha repetido en varias ocasiones. Es posible que todos ustedes lo sepan de manera muy clara. A lo mejor es una cuestión problemática
de esta diputada, pero se me escapa bajo que control parlamentario están, Eurodac, Eurosis, Eurosysmin, etcétera. Por utilizar la terminología del presidente del Gobierno, no sé si están en la tierra o en la aurora boreal. Quizá todos ustedes
sepan quién puede controlar parlamentariamente Eurodac. Yo al día de hoy no lo sé. Señor ministro, es una pregunta sin connotación más allá de la política. Sé que ha habido sus más y sus menos respecto al cumplimiento de las legislaciones de
protección de datos; sé que ha llegado a buen término en cuanto a que se cumple todo el tema de protección de datos, pero al día de hoy respecto de Eurodac que es el registro de todos los datos, de impresiones digitales de los que piden asilo o
respecto de otras cuestiones, se me escapa pensar si por ejemplo pudiéramos tener capacidad de controlar parlamentariamente cómo se lleva a cabo el registro, el secreto de cuestiones fundamentales que afectan a derechos clave, privados, de la
intimidad y de la libertad de las personas que piden asilo, pero de personas.
Esto es una pregunta. En relación con la lucha contra el terrorismo es evidente que compartimos los objetivos de reforzar el Estado de derecho, de mejorar la cooperación judicial tanto en lo penal como en lo civil, de buscar la cooperación
regional entendida como regiones de la Unión Europea con otra serie de regiones del mundo. Sin embargo, a la hora de desarrollar estas medidas en las que no vamos a entrar ahora, hay que decir y lo dijimos en su momento, que teníamos que ser muy
cuidadosos y ver cómo se desarrollaban las medidas. Ha habido distintas decisiones marco que han sido luego objeto de proyectos legislativos que se han presentado en esta Cámara. Ha señalado que no ha habido enmiendas de totalidad; es verdad que
no las ha habido respecto del bloqueo de capitales en cuanto a utilización de fondos económicos para la ayuda del terrorismo y no ha habido tampoco respecto a equipos de investigación conjuntos penales; sin embargo comprenderá que esta diputada ha
aprendido algo a lo largo del tiempo que lleva en esta Cámara y se puede imaginar qué interpretación se hubiera realizado por parte de determinadas personas, no ya de medios, si a esta diputada se le hubiera ocurrido presentar una enmienda a la
totalidad respecto de estas cuestiones simplemente por entender que el desarrollo de los objetivos que compartimos no es del todo adecuado. No se le ocultará que hubiera sido una interpretación no positiva respecto del trabajo o de las pretensiones
que queremos hacer, pero es verdad que a la hora del desarrollo de estas cuestiones hay elementos que no nos gustan especialmente. Lo digo por los dos proyectos de ley que están en tramitación parlamentaria. Estamos de acuerdo en los objetivos de
los mismos, pero no compartimos el deslizamiento -vuelvo a señalar- de la participación de los gobiernos en detrimento de la participación de las autoridades judiciales, que deben ser siempre el contrapeso, cuando entendemos que afectan a cuestiones
muy básicas. Hay artículos de la Comisión de Vigilancia, por ejemplo, de la prevención de la financiación de fondos económicos para la ayuda al terrorismo sobre los que no estamos de acuerdo y lo mismo ocurre con los equipos de investigación penal.
Falta el suficiente control judicial en estos proyectos. Por tanto, sí a los principios, sí a los objetivos, sí a las decisiones marco, pero eso no significa que estemos totalmente de acuerdo en cómo se está produciendo el desarrollo concreto en lo
que se refiere al Estado español con esos proyectos.
Igualmente tenemos que decir, es una pregunta que quizá no le corresponda a usted, como está en los consejos JAI...
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Lasagabaster, vaya concluyendo.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo con rapidez, señor presidente.
Decía que se han aprobado tres decisiones marco, sustancialmente la definición de terrorismo y otra serie de cuestiones y nos gustaría saber cuáles son las perspectivas del Gobierno español a la hora de trasponer esta serie de decisiones
marco. Es decir, primero, qué tipo de proyectos legislativos va a requerir, si se requiere por ejemplo modificar alguno de los aspectos del Código Penal en lo referente a la definición de terrorismo u otra serie de cuestiones, qué otro tipo de
proyectos legislativos están en marcha en relación al cumplimiento de esas decisiones-marco, y en definitiva un poco más detallado cuál va a ser nuestro trabajo parlamentario en relación a los asuntos JAI para poner en marcha e implementar las
decisiones que se han tomado a nivel europeo.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Doy mi bienvenida al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señor Rajoy, agradezco su presencia y la información que nos ha facilitado.
Entro rápidamente en la materia objeto de esta comparecencia en la Comisión. Desde la óptica de mi grupo, Coalición Canaria, de la exposición de figuras delictivas quiero destacar las que para nosotros suponen un mayo nivel de preocupación,
como bien conoce el señor Rajoy.
En primer lugar, en el área del archipiélago canario, una inmigración ilegal procedente fundamentalmente de un área más fotografiada, de las pateras que vienen de la costa africana, y una inmigración de países del
área del Caribe y de Latinoamérica; en segundo lugar, el problema de la droga; y en tercer lugar el problema de los delitos de las mafias europeas, británicas o de países del Este de lo que ahora hablaremos rápidamente.
En cuanto al asunto de la inmigración ilegal y de la lucha contra las drogas y de todo lo que está dentro de este contexto, nosotros queremos hacer una valoración positiva -coincidimos con el señor ministro- de lo que se ha acordado en la
cumbre de Sevilla. Participamos en la idea de que ya era hora de que hubiera una toma de conciencia genérica y amplia de todos los países miembros de la Unión Europea. La inmigración ilegal no es un problema que afecte solamente a España, a
Francia o a Italia, es decir al final como bien se ha señalado por la política de los países Schengen, el que desembarca ilegal o clandestinamente en cualquier punto de la costa española, italiana o francesa en ese momento y si no hay unas medidas
correctoras, se está beneficiando de las libertades señaladas en los derechos europeos, y el principio de Schengen se desarbola si no hay un control de esas fronteras exteriores. Nosotros valoramos positivamente todo lo que se ha acordado en la
cumbre de Sevilla a este respecto, en primer lugar porque se han concretado ideas, y en segundo lugar porque se han puesto fechas y calendarios. Sin concretar una serie de obligaciones para que el Consejo o la Comisión y cada uno de los países
miembros afectados por este problema directa o indirectamente eleven un compromiso de actuaciones específicas y al mismo tiempo de calendario, no se está haciendo nada.
Creemos que el plan global que se ha establecido en la cumbre de Sevilla es el mejor que se puede haber diseñado en este momento. Yo señalaría para llevarlo a la sensibilidad del señor ministro, que en cuanto a la lista de terceros Estados
que deben estar sometidos a la exigencia de visado se guarde una especial consideración hacia aquellos países -me estoy refiriendo concretamente a Latinoamérica- que han mantenido tradicionalmente unos vínculos con España como países receptores de
una emigración española hace años. Sabe el problema que ha habido con la exigencia de visados a los ciudadanos de Colombia, y nosotros creemos que esto debe ser objeto de una consideración especial, una regulación sí, pero una consideración
especial.
A nosotros nos preocupa que no se haya llevado a efecto hasta ahora con solidaridad europea un principio para acelerar la conclusión de los acuerdos de readmisión. Este problema que se presenta en Canarias es fundamental para los centros de
acogida de emigrantes. Una vez que se ha establecido una cifra tope a nivel canario de 1.500, como bien conoce el señor Rajoy, tiene que ser también sustentado por una política de presión, vamos a llamarlo así, de los otros países para que haya
acuerdos de readmisión en los países de origen, y a lo mejor por ser países en su día de cultura colonial británica o francesa están en mejores condiciones el Reino Unido y Francia de presionar a los países de origen de esos emigrantes para que esto
se pueda llevar a efecto rápidamente.
Creemos que la aprobación del plan para la gestión de las fronteras exteriores nos coloca en una situación compleja al mismo tiempo que importante y que necesita este apoyo europeo. Nosotros valoramos positivamente las medidas que se han
adoptado para antes de finales de 2002, como pueden ser la práctica de operaciones conjuntas en las fronteras exteriores o la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros. Si esto no se tiene, es muy difícil
la información homogénea que se trata de hacer. Que se le haya puesto a esto la fecha de finales de 2002 en el Consejo que corresponde a Dinamarca a celebrar en Copenhague lo vemos muy positivo. Las
medidas a aplicar antes de junio de 2003 las vemos verdaderamente imprescindibles, que haya un tronco común de formación de los guardias de fronteras, que haya un análisis de los riesgos y que haya un estudio por parte de la Comisión para el
reparto de cargas entre los Estados miembros. Tiene que entenderse que esos emigrantes no vienen muchas veces a un país determinado, desembarcan en él porque es el punto geográfico de llegada de la patera, del avión o del medio de transporte que
han utilizado para su entrada ilegal; pero esto requiere un tratamiento a nivel europeo.
Por eso coincido con lo que ha dicho el señor Rajoy de que ya era hora también, que no se dejara este problema en el área de los ministros de Interior como una figura puramente de portero, de ser el receptor del problema pero no el que tiene
que buscar las soluciones globales, y que sean también los elementos constituyentes de la política exterior, los ministerios de Asuntos Exteriores, de Trabajo o de asuntos laborales, etcétera, los que entren en la resolución del tema. Esto es
fundamental, porque la resolución 35 aprobada en Sevilla, dentro del apartado de la integración de la política de inmigración de la Unión Europea en relación con terceros países, viene a decir que el Consejo Europeo estima que hay que llevar a cabo
una evaluación sistemática de las relaciones con los terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.
El señor ministro ha coincidido muchas veces con el Gobierno autónomo de Canarias y viceversa, el Gobierno con el señor ministro y este portavoz, en el problema con Marruecos y algunos países africanos a los que se quiere exigir un
comportamiento de celo legislativo en los compromisos internacionales, porque Marruecos no es un país que carezca de infraestructura policial ni militar en las costas y en los terrenos, bien de soberanía marroquí, bien del antiguo Sahara occidental
español para ejercer los controles pertinentes, hasta tal punto que desde Canarias decimos que si las autoridades militares o policiales marroquíes quisieran de allí no sale una patera con el sistema de control que tienen.
Coincidimos plenamente en una aceleración de los trabajos legislativos.
Entendemos que consolidar el reglamento de Dublín 2 es fundamental para que los propios funcionarios que tengan que hacerlo cumplir sepan a qué tienen que referirse, y
sobre todo para ir encontrando una solidaridad financiera en todos los aspectos. En las conversaciones que hemos tenido a través de la Comisión de Exteriores o de los encuentros internacionales con parlamentarios franceses, alemanes, daneses y
británicos, yo les he dicho el costo que se exige vía Presupuestos Generales del Estado a la Administración española, concretamente al Ministerio del Interior como bien conoce el señor ministro, en la dotación del plan de seguridad en Canarias, en
la adquisición de lanchas rápidas y de helicópteros para la Guardia Civil del mar. Eso no es gratis, y es una aportación presupuestaria muy significativa que está haciendo España elogiosamente, que está dentro de la línea de evitar la penetración
de los ilegales en todo el territorio de la Unión Europea, porque si los presupuestos españoles bajaran para la adquisición de helicópteros, sistemas de infrarrojos o de vigilancia nocturna, como se tiene para el Estrecho de Gibraltar y las costas
canarias orientales, se tendría que entender, y yo animo al señor ministro a que estas cifras se presenten a nuestros colegas europeos y se les exijan. Esta es una aportación no solamente de servicio de las fuerzas de seguridad españolas y del
Ministerio del Interior, sino que está en un soporte presupuestario. Pues vamos a intentar, si hay una política económica común, que haya también un principio de solidaridad, donde tendrá, señor ministro, el apoyo total de mi grupo.
Una última pregunta o reflexión, porque antes de terminar, quería felicitar al Ministerio del Interior por la magnífica actuación de los servicios de la Policía Nacional en esta lucha contra las mafias extranjeras y de la Unión Europea que
operan en Canarias, que ha permitido desmantelar la red de extorsión, blanqueo de divisas y estafas a ciudadanos británicos o españoles con el time sharing de este delincuente británico, el señor Palmer. La semana pasada ya se culminaron
brillantemente las operaciones de nuestra Policía Nacional para desmantelar la red que existía en Tenerife para estos delitos de primer orden. La presencia de mafias procedentes de antiguos países del área de la Unión Soviética, ucranianas,
albanesas o yugoslavas, nos tiene que hacer mantener este principio.
La pregunta a que me refería era la siguiente. Dado que usted ha aludido a la seguridad en las cumbres, supongo que no solamente habrá habido conversaciones para coordinar la actuación protectora de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
con las policías municipales, las policías locales que se encuentran con todos los problemas que se generan en el tráfico interno de los municipios y que son merecedoras del reconocimiento y la gratitud en las coordinadoras de sistemas de seguridad
estatales y autonómicos o locales en este caso. A la ciudad que le cae una cumbre le cae un gran honor pero también una serie de problemas que la Policía Municipal tiene que ordenar para que no sufran los ciudadanos los inconvenientes de las
restricciones de tráfico.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino inmediatamente. En esta línea de seguridad en las cumbres, en esta psicosis generada por mensajes del señor Bush desde el 11 de septiembre que residenció en dos generales norteamericanos la capacidad de
derribar un avión que tuviera un objetivo sospechoso de terrorismo, dado que por primera vez el Gobierno español se ha pronunciado
y ha residenciado en el secretario de Estado de Seguridad, en su Ministerio, la capacidad de derribar un avión sospechoso que fuera contra la cumbre de Sevilla. Es un día como para coger el eslogan de RENFE: Papá ven en tren, porque se
está hablando de un avión con pasajeros civiles, no es una avioneta solamente cargada con explosivos y los terroristas suicidas. En función de eso le pregunto: ¿Se adoptaron algunos criterios por los cuales tuviera que regirse el señor secretario
de Estado de Seguridad de poder tener la capacidad tremenda de derribar un avión civil comercial de pasajeros con terroristas a bordo que fuera hacia la cumbre? Como esto surgio, esta pregunta se la han hecho muchos españoles en estos días.
El señor VICEPRESIDENTE: Corresponde ahora intervenir al Grupo de la Entesa Catalana de Progrés. (Pausa.) No reconozco a ninguno de sus miembros.
Grupo Federal de Izquierda Unida. (Pausa.) Tampoco reconozco a ninguno de sus miembros.
Por último, grupo Parlamentario Popular. El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: En principio, con carácter formal y de fondo, quiero resaltar en términos generales la aplicación con la que el Gobierno ha rendido cuentas ante el Parlamento en este tracto sucesivo, iniciado ayer con la comparecencia
general del presidente del Gobierno, hoy con la del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior y con las que se van a producir en esta misma Comisión en los días sucesivos. Me parece que ese hecho tiene un carácter formal, insisto,
pero de fondo muy importante que acredita el talante con que el Gobierno en términos parlamentarios ha rendido y quiere rendir cuentas de su responsabilidad en estos seis meses de presidencia española de la Unión.
La presidencia, a juicio de nuestro grupo, se salda con un balance positivo, a la vista de los objetivos y prioridades propuestas. En lo que concierne a la responsabilidad sectorial del señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro
del Interior, creemos que la presidencia se salda igualmente con un balance muy interesante para avanzar en la definición de ese espacio común de libertad, seguridad y justicia, que es esencial para avanzar a su vez en la dimensión política de la
Unión. ¿Por qué hacemos esta afirmación? En función básicamente de una aproximación y de un análisis a los tres grandes bloques temáticos que sustancian esa responsabilidad sectorial del señor ministro del Interior, es decir en materia de
inmigración, de lucha contra el terrorismo y en una materia general de lucha contra la delincuencia.
En materia de inmigración creemos que la presidencia española, culminada en los resultados de la cumbre de Sevilla, ha sido esencialmente útil para fijar, como recordaba el señor vicepresidente primero y ministro del Interior, lo que van a
ser las reglas del juego de la Unión en los próximos años en esta materia sobre algunos compromisos y coordenadas muy claras. Creemos que en estos meses se ha continuado perfeccionando el régimen de asilo y refugio, lo que evidencia un compromiso
claro del conjunto de la Unión y particularmente de quien ha impulsado esos trabajos en estos seis meses, es decir del Gobierno español en todo aquello que afecta al desarrollo y a la profundización de la cultura de los derechos humanos, por cuanto
parece que esa era una cuestión que legítimamente preocupaba a alguno de los señores portavoces que han intervenido. Se han establecido igualmente unas coordenadas claras en materia de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico ilegal de seres
humanos, en cuanto a un aspecto esencial como es la gestión de fronteras exteriores. Recordaba hoy el señor vicepresidente, y es un hecho incuestionable, que la frontera exterior de uno de los países miembros constituye a su vez frontera de todos
los demás. Se ha seguido avanzando en esa voluntad de enfocar el desarrollo de las políticas de inmigración desde los principios de globalidad, equilibrio y legalidad; se ha continuado avanzando en mejoras sustanciales en la situación de los
inmigrantes legales, lo que equivale a seguir profundizando en las políticas de integración y se ha establecido a nuestro juicio un marco adecuado de lo que deben ser las relaciones de colaboración de la Unión Europea con terceros Estados.
Coincidimos con el señor vicepresidente primero del Gobierno en que es muy importante que por vez primera se haya abordado en la cumbre la cuestión global de la inmigración, trascendiendo del ámbito estricto de los ministros de Interior y
por razones obvias. Aquí necesito detenerme muy brevemente en algún discurso porque ciertamente algunos discursos no merecen mayor comentario. Lo que es moralmente repugnante, por utilizar la misma expresión que ha utilizado el señor portavoz
padre de la misma, es tratar de falsear la realidad; y tratar de falsear la realidad es decir que el discurso de la presidencia ha sido populista, amenazante y lepeniano en materia de política de inmigración; y tratar de falsear la realidad es
decir que se ha tratado de minar las ayudas al desarrollo o de hacer rehenes a terceros países. El conjunto de estas tres afirmaciones es sencillamente una simpleza monumental puesto que constituye esencialmente una falsedad colosal. Una falsedad
colosal y una simpleza monumental que no sabemos si es fruto estrictamente de la demagogia o de la ignorancia, pero que en todo caso acredita y nos preocupa un bajo tono intelectual del discurso sobre el que se sustenta.
Un bajo tono intelectual
que no es el del señor presidente del Gobierno, como ha dicho un señor portavoz, sino probablemente el del señor portavoz que establece como todo criterio que la presidencia española ha tratado de convertir en rehenes a terceros o ha tratado de
formular un discurso en una materia tan singular para el conjunto de la Unión solamente populista,
amenazante o lepeniano. Decíamos que no sabemos si esas afirmaciones son fruto de la demagogia o de la ignorancia y queremos pensar, más bien por sentido de la responsabilidad, que son fruto de la ignorancia, porque las referencias
interiores que se han hecho para tratar de argumentar ese discurso o de darle una dimensión política interna, citando el caso de lo sucedido en Huelva o estableciendo estrictamente la conclusión de que el Gobierno, y por tanto el señor
vicepresidente como responsable de ese departamento acredita una manifiesta ineficacia en la gestión de nuestra frontera es, vuelvo a repetir, desconocer, querer falsear la realidad y probablemente quererla falsear por pura ignorancia.
En este contexto de referencias interiores quisiera también muy brevemente hacer mención de alguna cuestión que ha planteado el señor portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), agradeciéndole como es natural desde la perspectiva de mi
grupo el balance positivo global de lo que es el conjunto y el balance de la presidencia española. Pero el señor Campuzano con dimensión de futuro pedía tres prioridades: en primer lugar la lucha contra el trabajo sumergido y desde la perspectiva
de mi grupo eso se está haciendo de manera drástica y eficaz como un compromiso manifiesto y claro del Gobierno en contra de la explotación de seres humanos. En segundo lugar reclamaba un acuerdo político de fondo sobre la política de emigración.
Nosotros, desde la perspectiva de nuestro grupo tenemos que decir que este grupo parlamentario y el Gobierno han sido siempre partidarios de la existencia de ese acuerdo político de fondo. En este sentido, si ese acuerdo político de fondo no se ha
producido no nos sentimos plenamente responsables, porque hemos tendido sistemáticamente la mano, porque hemos dicho que las políticas de emigración son políticas de Estado que deben estar fuera de la natural alternancia entre partidos y deben estar
más allá de la estricta dialéctica Gobierno-oposición, por lo que significan para el interés de España y por lo que significan para el interés de personas muy concretas, de aquellos seres humanos que tratan de buscar en nuestro país una segunda
oportunidad. La tercera de las cuestiones que planteaba el señor portavoz, desde la perspectiva de mi grupo, tengo que señalar que no ha sido el Gobierno español quien ha decidido imponer un determinado acento a nuestras relaciones con Marruecos.
No quiero ir más allá en esta cuestión, pero me refiero a las declaraciones sistemáticamente pronunciadas por el señor presidente del Gobierno a este respecto que también son, como no puede ser de otra forma, las de una política permanente de
búsqueda del diálogo, de la cordialidad y del sentido profundo de la relación tradicional que existen entre nuestros dos pueblos.
El segundo gran bloque de cuestiones, en virtud de las cuales nosotros afirmamos el balance interesante de la aportación española en el ámbito de la búsqueda y de la definición de la profundización de ese espacio de seguridad, libertad y
justicia, es el que afecta a la lucha contra el terrorismo. Creemos que en estos seis meses se han promovido los mejores elementos de cohesión interna frente a esa amenaza creemos que ha habido una adecuada gestión política del plan de lucha contra
el terrorismo, con la aprobación formal de las tres decisiones marco básicas a las que se ha hecho referencia, y creemos que se ha producido una intensificación de los recursos operativos a partir de mejoras en el intercambio de información y de
potenciación, tanto de Europol, como de la cooperación con Estados Unidos y con el resto de la comunidad internacional, con una especial referencia a Rusia.
En cuanto al tercero y último de los grandes bloques, la lucha contra la delincuencia en general, el balance es positivo, puesto que se han acentuado los elementos prácticos más interesantes para reforzar esa lucha. Se ha avanzado
notablemente en materia de cooperación policial a través del reforzamiento del grupo operativo de directores de policía, del desbloqueo de la situación de la escuela europea de policía y del impulso de la red europea de prevención de la
delincuencia. Nos parece muy importante la recomendación relativa a la cooperación de las autoridades nacionales competentes en materia de control de la seguridad privada, en tanto en cuanto a partir de ese entramado se pueden seguir mejorando los
mecanismos operativos y de información en común. La contribución de la presidencia y la contribución sectorial del vicepresidente primero y ministro del Interior, en el ámbito de las políticas de su responsabilidad en estos seis meses, y la
contribución española en el ámbito de la lucha contra la droga, han sido igualmente importantes. Se ha seguido avanzando, que es esencialmente lo que importa. En materia de protección civil, en el contexto de los riesgos derivados de la amenaza
terrorista, se ha creado específicamente un importante elemento de reacción, especialmente frente a un determinado riesgo específico.
Por último, y concluyo, señor presidente, dentro del tiempo que tenemos asignado, me corresponde, en nombre de mi grupo, felicitar al ministro del Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el éxito evidente en materia de
seguridad de las cumbres y del conjunto de las reuniones celebradas en España en el contexto de esta presidencia.
Los elementos de prevención, coordinación y diálogo -subrayo prevención, coordinación y diálogo-, han funcionado de manera eficaz,
probablemente porque el conjunto de las políticas de seguridad interna que viene aplicando el Ministerio del Interior, tienen su base en esa filosofía de la prevención, de la coordinación y del diálogo. Por tanto, a la responsabilidad de las
políticas de seguridad en el contexto de la presidencia, se ha aplicado la filosofía de prevención, coordinación y diálogo que el Ministerio del Interior viene aplicando al desarrollo de sus políticas de seguridad
nacional. Creemos que también en esta cuestión habrá un antes y un después de la presidencia española. Lo único que lamentamos, a propósito de las referencias que algún señor portavoz ha hecho en concreto al delegado del Gobierno en
Andalucía, es que nos da la sensación de que ese señor portavoz no ha escuchado bien los importantes decomisos de arsenal a los que ha hecho referencia el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro por ajustarse al tiempo, el único portavoz que lo ha hecho.
A continuación, tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno, para dar contestación a los distintos portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Son muchas las cosas que se han dicho y no menos las afirmaciones que se han hecho por los distintos intervinientes. Quisiera hacer un balance, recogiendo
algunas de las afirmaciones que se han hecho, de lo que ha sido esta presidencia europea en el área que a mí más me compete, que es la de Interior, aunque me voy a referir al asunto de la inmigración porque es al que han hecho referencia en su
intervención, salvo alguna aislada, los distintos intervinientes.
En materia de inmigración, quiero insistir en dos ideas que me parecen importantes. La primera es que se ha producido el mayor avance en política de inmigración en la Unión Europea desde que surge el tercer pilar. Desde Amsterdam no se
había producido un avance como el que ha tenido lugar a lo largo de este período. Es un dato difícilmente discutible, que está en la categoría del hecho objetivo. En segundo lugar, y es algo sobre lo que también quiero hacer algún comentario en
esta intervención porque he visto que ha generado duda a alguno de los intervinientes, se ha hecho un planteamiento equilibrado del tema del asilo y de la inmigración, tanto en las decisiones adoptadas en los diferentes consejos de ministros de
Justicia e Interior que han tenido lugar a lo largo de este semestre, como en las propias conclusiones aprobadas en el consejo de Sevilla. Alrededor de estas dos ideas voy a intentar construir esta intervención. Primero, que se han producido
avances como nunca en esta materia y, segundo, que el planteamiento que se hace en materia de asilo e inmigración es equilibrado.
En primer lugar, para intentar defender estas dos afirmaciones que acabo de hacer, voy a referirme a la cumbre de Sevilla. Como decía al principio de mi intervención, dentro de los avances que se han producido, que han sido muchos -luego
haré una referencia a ellos-, el más importante es que por primera vez en la historia de la Unión Europea este asunto se trate como tema estelar, por utilizar algún calificativo, por los jefes de Estado y de Gobierno. Vuelvo a insistir, esto
responde a la lógica y al sentido común. Es verdad que responde a una petición que hemos hecho los ministros de Interior de la Unión Europea, pero responde también a algo tan entendible como que si la inmigración es, que lo es, el fenómeno más
importante que tiene planteada la Unión Europea en este momento, no parece lógico que sea ajeno a los debates de los jefes de Estado y de Gobierno. Por otra parte, y éste es un asunto capital, la inmigración no es sólo un tema de los ministros del
Interior, como recordaban muchos de los intervinientes, es de sentido común. Los ministros del Interior tenemos las competencias que tenemos, que ya son conocidas, pero la inmigración está ligada a muchas otras cosas como la cooperación, las ayudas
al desarrollo a países, etcétera. Desde este punto de vista, considero enormemente importante que el Consejo de Sevilla haya tratado este asunto, y lo ha hecho dándole contenido y de una manera equilibrada.
Con relación a alguna de las
afirmaciones que se han hecho aquí, quiero decir que se le ha dado contenido, se han aprobado cosas muy importantes en Sevilla y, además, se ha hecho de forma equilibrada.
¿Por qué se ha hecho de forma equilibrada? Basta con leer las conclusiones. El artículo 28 dice que las medidas que se adopten a corto y medio plazo para la gestión de los flujos migratorios, han de respetar el equilibrio -utiliza esta
expresión- necesario entre, por una parte, una política de integración de los inmigrantes legales establecidos y, por otra, una política de asilo que respete los convenios internacionales, principalmente la Convención de Ginebra de 1951. Por otra
parte, dice: La lucha decidida contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Es más, a continuación dice que la actuación de la Unión ha de basarse en los siguientes principios rectores: La aspiración legítima a una vida mejor debe
conjugarse con la capacidad de acogida de la Unión y sus Estados miembros, y la inmigración debe canalizarse por las vías legales previstas a tal efecto (esta es la tesis que llevamos manteniendo en el Ministerio del Interior a lo largo de los
últimos meses), la integración de los inmigrantes legales en la Unión entraña tanto derechos como deberes. Eso es lo que tantas veces hemos repetido desde el Ministerio del Interior a lo largo de los últimos tiempos. Habla del respeto de los
derechos fundamentales reconocidos en la Unión y de la lucha contra el racismo y la xenofobia. Luego dice que, de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, debe garantizarse una protección rápida y efectiva a los refugiados, desarrollando
mecanismos para evitar que se abuse del sistema y acelerando el retorno a aquellas personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. Es decir, más equilibrado que la propia fijación de los principios rectores no puede haberlo.
Se hace un planteamiento equilibrado y, luego, se establece una serie de medidas contra la inmigración ilegal y la puesta en marcha de una gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores, habla de la integración de la política de
inmigración en las relaciones de los países con la Unión; son fundamentalmente los capítulos que se han aprobado en el Consejo de Sevilla.
Primera idea: en Sevilla, enfoque equilibrado. Segunda idea, en Sevilla se han aprobado cosas muy importantes; no estamos sólo en Tampere, como ha dicho algún interviniente, en Sevilla, además de ratificar el plan de lucha contra la
inmigración legal que aprobamos los ministros del Interior, se pide lo siguiente. Revisión antes de fin de año de la lista de terceros Estados cuyos nacionales estén sometidos a la exigencia de visado o estén exentos de esta; instaurar lo antes
posible, a la luz de un estudio de viabilidad que se presentará en marzo de 2003, un sistema común de identificación de visado, tomando como base las orientaciones del Consejo (es decir, que se aprueba lo que hemos hecho los ministros del Interior,
que la Comisión presente el estudio de viabilidad en 2003 y que se instaure lo antes posible); acelerar la conclusión de acuerdos de readmisión en curso de negociación y aprobar nuevos mandatos de negociación de acuerdos de readmisión con los
países con los que ya lo aprobamos los ministros del Interior. Por lo que se refiere a las políticas de expulsión y repatriación, se pide lo siguiente. Aprobar, antes de fin de año a más tardar, los elementos de un programa de repatriación
basándose en el Libro Verde de la Comisión; aprobar formalmente en el próximo Consejo -en el próximo- la decisión marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, la decisión marco destinada a reforzar el marco penal para la represión de
ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares, y la directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares; todo esto a aprobar en el próximo Consejo.
Siguiente capítulo: gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores. Además de ratificar lo que hemos hecho los ministros del Interior, se dice que se establezca sin demora, en el marco del Consejo, el órgano común de expertos
sobre fronteras exteriores compuesto por los jefes de servicio de control de fronteras, etcétera. Se establecen obligaciones concretas antes de fin de 2002: puesta en práctica de operaciones conjuntas en fronteras exteriores, puesta en práctica
inmediata de proyectos piloto abiertos a todos los Estados miembros y creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros. Además, se establece una serie de obligaciones antes de junio de 2003, que no voy a leer
porque no terminaría nunca.
Repito de nuevo que en Sevilla se ha dado un enfoque equilibrado y, en segundo lugar, se han aprobado cosas muy importantes. Se ha dicho que estamos en Tampere, que no se ha hecho nada. Pues mire usted, en este semestre se ha hecho más que
nunca; simplemente, eso. Comprendo que haya que oponerse o matizar algunas de las cosas que dice el Gobierno, pero es que los hechos objetivos empiezan a ser difíciles de discutir. Así, además del equilibrio y las decisiones mencionadas, se ha
hecho lo que para mí es más importante, la integración de la política de inmigración a las relaciones de la Unión con terceros países. A este respecto se dicen cosas con las que no puedo estar de acuerdo. Fíjense ustedes en lo que se ha aprobado
en Sevilla. El Consejo recuerda que tanto la intensificación de la cooperación económica, como el desarrollo de intercambios comerciales, la ayuda al desarrollo y la prevención de conflictos, constituyen medios para promover la prosperidad
económica de los países y reducir así las causas de los movimientos migratorios. Por esto he pedido yo que se trate por los jefes de Estado y de Gobierno porque, ni la cooperación económica ni los intercambios comerciales ni la ayuda al desarrollo
ni la prevención de conflictos son competencias del ministro del Interior, como es perfectamente entendible. El Consejo insta a que se incluya una cláusula sobre gestión de flujos migratorios y sobre la readmisión obligatoria en caso de inmigración
ilegal en todo futuro acuerdo de cooperación, asociación o equivalente que la Unión Europea celebre con cualquier país; y esto es muy razonable.
Se ha producido un extraño debate en cuanto a sanciones. ¿No les parece a ustedes razonable que, si se coopera económicamente con un país, si se llevan a cabo intercambios comerciales con él, si se intenta promover su prosperidad, si se le
conceden ayudas y fondos, se le pueda exigir algo a cambio? Ustedes dicen que amenazamos, pero esto es tan razonable como la vida misma. Hay debates que me dejan muy sorprendido pues terminan diciendo que al final no se aprobó nada. ¿Cómo que no?
El Consejo Europeo estima que hay que llevar a cabo una evaluación sistemática de las relaciones con los terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. ¡Claro que hay que llevarla a cabo, es de sentido común! ¿Por qué no
vamos a hacerlo? Además, dice que esta evaluación se tendrá en cuenta en las relaciones de la Unión Europea y sus Estados miembros con los países afectados en todos los ámbitos pertinentes.
Luego, dice: una colaboración insuficiente por parte de
un país podría dificultar la intensificación de las relaciones de dicho país con la Unión. Es que no nos leemos los papeles. Es que, ¿quién se lee un papel en este país? Hay que procurar leerse los papeles. Continúa: una vez que se hayan
agotado sin resultado los mecanismos comunitarios existentes, el Consejo podrá constatar por unanimidad una falta injustificada de colaboración por parte de un tercer país en la gestión de los flujos. En tal caso, el Consejo podrá adoptar, de
conformidad con lo dispuesto en los tratados, medidas o posiciones en el marco de la política exterior y de seguridad común y en el de las
demás políticas de la Unión. Esto es lo que nosotros queríamos y por otra parte, es lo que dice el sentido común. ¿Cómo vamos a luchar, si no, contra la inmigración ilegal? Dicen: controlen fronteras. Mire usted, en cuanto una patera
sale de un país, llega a España. Desde luego, si no queremos, no llegan, pero entonces se mueren, y comprenderá usted que somos personas civilizadas y no tenemos esos planteamientos; de modo que la solución es decirles: les vamos a ayudar, vamos
a cooperar, vamos a colaborar, pero hagan ustedes un control. Es puro sentido común, y lo sorprendente es que no se hayan planteados estas cosas hasta ahora. En Sevilla, pues -y fijo mi criterio una vez más-, se han tomado decisiones importantes y
equilibradas; no se ha ido al aspecto más represivo o menos bonito de la inmigración, se ha hecho un enfoque equilibrado y se ha llevado al eje básico de la política exterior de la Unión.
En cuanto al JAI, quiero demostrar lo mismo: que se han hecho cosas y que son equilibradas. Empezaré por las de un lado y seguiré por las del otro, para demostrar por fin que son equilibradas. Primero, en materia de asilo, se ha aprobado
una directiva por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros; esto es importante, y no tiene nada que ver con la lucha contra la inmigración ilegal. Además, se establece un reglamento
del Consejo con determinadas normas de desarrollo del reglamento relativo a la creación de Eurodac. Se ha avanzado notablemente en la discusión del reglamento del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. Se ha avanzado en la negociación de la propuesta de directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos del estatuto al que pueden optar ciudadanos de países
terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional. También se ha colaborado con la Comisión, que estaba preparando, por mandato de Laeken, una propuesta de normas mínimas para los
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado. Además, en materia de colaboración con otros Estados, hemos tenido reuniones con los países candidatos a la ampliación, reuniones con Rusia; se
ha celebrado la Conferencia Ministerial Intermediterránea y la Conferencia ASEM, hemos tenido una reunión de cooperación con Estados Unidos, hemos mandado a la Comisión nuevas negociaciones con Suiza en materia de Eurodac y hemos impulsado los
planes de acción de la Unión con terceros Estados. En lo que se refiere al diálogo con Marruecos en particular, durante este tiempo han avanzado los trabajos del grupo de Asuntos Sociales y Migraciones, que se celebró en Rabat el 12 de marzo, y en
julio habrá una nueva reunión, como he dicho antes. Desde otro punto de vista, hemos impulsado los grupos que están trabajando la propuesta de directiva que regula el estatuto de la Unión Europea de los extranjeros residentes de larga duración, la
propuesta de directiva sobre condiciones de entrada y residencia con fines de actividad laboral por cuenta ajena y trabajo autónomo, la propuesta de directiva del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia de corta duración a las
víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes, y hemos colaborado estrechamente en la nueva propuesta que sobre reagrupación familiar presentó Laeken el 3 de septiembre.
La Unión va recogiendo los trabajos de una presidencia y la siguiente los continúa; aparte de aprobar muchas cosas, se van impulsando muchas más.
Hemos tomado también medidas de las del otro lado, para entendernos. En materia de visados,
los reglamentos que establecen un modelo uniforme de visado y un modelo uniforme de hoja para la colocación del visado expedido por los Estados miembros a titulares sin documento de viaje o no reconocido por el Estado miembro que expide el impreso;
el reglamento que establece un modelo de permiso de residencia uniforme para los nacionales de terceros países; hemos aprobado el Programa Argo y hemos articulado las líneas directrices para el establecimiento de un sistema común de intercambio de
datos de visado, banco de datos de visado que se ha sido recogido en Sevilla.
En materia de lucha contra la inmigración ilegal, hemos aprobado el plan de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos; hemos aprobado las conclusiones sobre inmigración ilegal y tráfico de seres humanos por vía
marítima; hemos aprobado, el 13 de junio, las medidas para prevenir y luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos por mar; hemos determinado la lista de terceros países con los que deben negociarse acuerdos de readmisión.
En materia de fronteras exteriores, hemos aprobado el plan de gestión de fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión. Tengo que decir que la Comisión presentó una comunicación en mayo y con el trabajo de la Comisión y con el
trabajo del grupo de fronteras que se constituyó en Italia y con otro grupo, del que formaban parte Finlandia, Suecia y Bélgica, en un tiempo récord se ha aprobado una comunicación de la Comisión; nunca en un plazo de tiempo tan corto, como dijo el
propio comisario en su intervención con motivo de la aprobación, se ha aprobado una comunicación de la Comisión. Hemos aprobado el catálogo de recomendaciones para la correcta aplicación del acervo de Schengen y mejores prácticas; hemos tomado una
decisión relativa a la actualización del manual común de fronteras; hemos tomado una decisión relativa a la desclasificación de la parte segunda del manual común, adoptada por el Comité Ejecutivo, establecida por el convenio de aplicación de
Schengen; hemos hecho las operaciones de evaluación de riesgo en los aeropuertos;
hemos tenido la reunión en el marco del Comité estratégico de inmigración, fronteras y asilo a nivel de jefe de servicio, control de fronteras exteriores, y hemos aprobado las conclusiones sobre la aplicación a Francia del acervo Schengen.
Estos son, fundamentalmente, los asuntos a los que ustedes han hecho referencia, que son los importantes. Luego hay otros temas también importantes pero son más puntuales.
¿Cuál es el debate y, al final, las conclusiones de la presidencia europea en el área de inmigración? Primero, que se ha fijado un criterio y una política clara en materia de inmigración, que tengo que decir que coincide con lo que estamos
haciendo en España, coincide sustancialmente: España y Europa pueden ser países de acogida. Segundo, la inmigración tiene que ser legal, porque no puede ser infinita y, por tanto, tiene que ser regulada. Tercero, hay que hacer un esfuerzo de
integración, que compete a las sociedades que reciben extranjeros y a esos extranjeros; se dice en Sevilla que aparte de derechos tienen deberes y obligaciones.
Cuarto, hay que luchar contra la inmigración ilegal. Esta posición que mantenemos
aquí es la que mantiene hoy toda Europa.
En segundo lugar, es un planteamiento equilibrado; hemos aprobado directivas que no tienen nada que ver con la lucha contra la inmigración ilegal y sí con los derechos y deberes de estas personas, los temas fundamentalmente de integración,
digamos, los sociales, entre comillas.
En tercer lugar, creo que se han hecho muchas cosas a lo largo de esta presidencia en materia de inmigración y tengo que decir que así ha sido reconocido por todas las personas que allí estaban presentes.
Estos son los temas esenciales. Es probable que me haya olvidado de algunos. Tampoco voy a ponerme a discutir aquí sobre la demagogia, sobre si se hicieron declaraciones, etcétera, porque me parecen temas poco importantes, aunque forman
parte de este negociado en el que estamos todos.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente primero del Gobierno. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
Dada la hora que es, el segundo turno, como saben, no está previsto en el reglamento. Se inicia ahora una sesión de la Comisión de Justicia a la que la mayoría de los portavoces que aquí están tienen que asistir; el señor vicepresidente
primero también tiene que estar en esa sesión que comienza ahora, a las once y media. Por ello, voy a prescindir en esta ocasión del turno y lo mantendremos cuando dispongamos de más tiempo.
Señor Estrella, debo decirle que ha consumido veinte minutos, exactamente el doble del tiempo que tiene asignado reglamentariamente. No piense que la presidencia no es flexible, sino que en este caso la flexibilidad viene impuesta por otros
asuntos relativos también a la Cámara.
Damos las gracias al señor vicepresidente primero del Gobierno por haber comparecido ante esta Comisión y por los datos que nos ha ofrecido. El debate es interesante y va a continuar.
Con estas palabras de despedida suspendemos la sesión hasta las doce de la mañana.
Se suspende la sesión a las once y veinticinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (ARIAS CAÑETE) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE AGRICULTURA Y PESCA DURANTE EL SEMESTRE DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente del Congreso 214/000128 y número de expediente del Senado 711/000278.)
- LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 213/000865 y número de expediente del Senado 711/000295.)
El señor VICEPRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, agradeciéndole que haya acudido a la misma con tanta celeridad para ofrecernos el balance de los trabajos realizados en materia
de agricultura y pesca durante el semestre de la presidencia española, según rezan los puntos 3.º y 4.º del orden del día, que como es habitual en esta Comisión se verán conjuntamente.
Así pues, habiéndole dado la bienvenida y habiéndole mostrado
agradecimiento en nombre de toda la Comisión, doy la palabra al señor ministro de Agricultura para que realice su primera exposición.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, le agradezco sus palabras de bienvenida a esta Comisión, a la que me es grato volver para informar sobre el balance de la presidencia española en
materia agrícola y pesquera y cerrar así un capítulo que iniciamos el 21 de febrero, cuando informé a SS.SS. de los objetivos y prioridades del semestre de presidencia española en estas materias. Quiero hacer mi exposición
siguiendo el mismo orden de mi anterior comparecencia, por lo que en primer lugar les voy a informar del balance de los objetivos y prioridades que en su día nos fijamos en materia de agricultura.
Globalmente se puede afirmar que hemos
cumplido los objetivos que nos habíamos trazado y para demostrarlo voy a recordar las grandes metas que nos habíamos fijado, que tienen como eje fundamental la consolidación del modelo agrario establecido en la Agenda 2000. Una prioridad
fundamental era impulsar la aprobación de una posición común sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea. La segunda prioridad era abordar el futuro del desarrollo rural, segundo pilar de la política agraria común.
En tercer lugar, teníamos
que seguir impulsando decisiones sobre los temas presentados por la Comisión en forma de directivas o reglamentos.
La cuarta gran prioridad era la relativa a la seguridad alimentaria y al restablecimiento de la confianza de los consumidores
europeos en nuestros productos alimentarios. Y además teníamos previsto avanzar en temas de sanidad vegetal y animal, que afectan singularmente a toda la agricultura europea.
En lo relativo al cierre del capítulo agrario, el más complejo y voluminoso de las negociaciones para la adhesión de los países de Europa Central y Oriental, además de mencionar el cierre de los aspectos fitosanitarios y veterinarios, los
más complejos, debo decir que la Comisión presentó a finales de enero una serie de orientaciones para la negociación del capítulo agrícola recogidas en el documento denominado La ampliación y la agricultura: la integración armoniosa de los nuevos
Estados miembros en la política agraria común. Desde la perspectiva de la presidencia española, se trata de un documento que respeta el acervo comunitario y las perspectivas financieras establecidas en Berlín y que no permite una política agraria a
dos velocidades sino un único modelo para todos. En el Consejo de Ministros del mes de marzo celebramos una reunión, a la que también asistieron los ministros de los países candidatos y, en base a un cuestionario elaborado por la presidencia,
pudimos contrastar las reacciones de todos los Estados miembros a las propuestas iniciales de la Comisión. Como he dicho, se ha hecho un gran esfuerzo para negociar con los países candidatos aspectos tan complejos como los veterinarios y los
fitosanitarios, así como los aspectos derivados de las cuotas y los períodos de referencia. Para todos ellos se ha conseguido una posición común europea.
La presidencia ha cumplido con el road map establecido en Niza, aplazando sin embargo la decisión sobre los pagos directos. Como saben ustedes, en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 10 de junio se aprobó un texto en el que se
manifestaba que las perspectivas financieras acordadas en Berlín no cubrían los pagos directos en agricultura. Sin embargo, las ayudas directas establecidas en el Reglamento del Consejo número 1259/99 y su anexo son parte del acervo comunitario y,
teniendo en cuenta que el acervo debe ser aplicado a todos los Estados miembros, con períodos transitorios que serían adoptados por los candidatos en el tratado de adhesión, aún debe ser tomada una decisión sobre el procedimiento de los pagos
directos para completar una posición común en agricultura. Es decir, en primer lugar se establece el principio de que los pagos directos son parte del acervo y, en segundo lugar, hay que aplicarlo por lo tanto a los candidatos y ello requiere una
decisión específica. De acuerdo con el calendario acordado en Göteborg y Laeken, esta decisión se tomará en el periodo necesario para cumplir con el calendario que se acordara en la cumbre de Sevilla en relación con la fase final de las
negociaciones de la ampliación. El pasado fin de semana se acordó un calendario en Sevilla para ejecutar esta decisión, de manera que permitiera cumplir con el calendario de Göteborg y Laeken para la fase final de las negociaciones. Por tanto, a
finales del año 2002 deberían concluir las negociaciones con los 10 países candidatos y en la primavera del 2003 se podría firmar el tratado de adhesión con ellos, de modo que participen en las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004.
Bulgaria y Rumanía, aunque han hecho avances considerables en el cumplimiento del acervo comunitario, no están en las mismas condiciones que los 10 primeros países candidatos y en Copenhague habrá que adoptar un road map y una nueva estrategia para
ayudar a estos dos países candidatos en la fase de negociación. Por tanto, el primer pilar está claro. Tenemos una posición común cuyo último escollo se salvará en el otoño de este año para permitir el cierre a finales del año 2002 con todos los
países candidatos.
Dentro del programa de la presidencia, el segundo gran pilar es el del desarrollo rural. Este tema fue abordado por el consejo informal que se celebró en Murcia a finales del mes de abril. Para entender el futuro del desarrollo rural hay
que tener en cuenta que la futura política agraria común tiene que dar respuesta a varios temas. En primer lugar, ha de ser conforme a los compromisos que se adquieran ante la Organización Mundial de Comercio; en segundo lugar, debe permitir el
mantenimiento del modelo europeo de explotación agraria familiar; y en tercer lugar, debe permitir el mantenimiento de la población en las zonas rurales y poderse inscribir en el marco de las estrategias de desarrollo sostenible. Por todo ello, el
segundo pilar debe jugar un papel muy importante, pero sin olvidar que los agricultores dependen de un primer pilar fundamental que les permite mantener unas rentas dignas. Esta necesidad de reforzar el carácter común del segundo pilar fue patente
en el Consejo de Murcia, en donde todos los Estados miembros pretendían un claro reforzamiento de este segundo pilar, siendo ello compatible con la aplicación de criterios de subsidiariedad para dejar margen de maniobra a los Estados miembros para
determinar políticas de desarrollo rural adaptadas a las
características de su territorio. Quedó de manifiesto también en Murcia que los problemas de cofinanciación del segundo pilar debían ser abordados, ya que de lo contrario se podía llegar a un desarrollo muy desigual de unos Estados y otros.
Otro criterio que se constató en el Consejo de Murcia es que es fundamental mantener cierta prudencia en el trasvase de recursos de un pilar a otro, y que si se hace, hay que hacerlo aplicando criterios de cohesión y relacionando dicho trasvase con
el desarrollo de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. Por tanto, las conclusiones fundamentales del Consejo de Murcia son que hay que reforzar el segundo pilar, que hay que hacerlo con prudencia y que hay que hacerlo con
criterios de cohesión. La presidencia espera que en las propuestas definitivas que la Comisión presente para reforzar el segundo pilar, el modelo de modulación que se ponga encima de la mesa sea un modelo en el que el reparto de los importes
modulados pase al segundo pilar, se haga con criterios de cohesión y se haga además con un cierto grado de prudencia. Por tanto, este Consejo de Murcia ha tenido un impacto importante en la formulación de las propuestas de modulación que la
Comisión pondrá encima de la mesa el próximo día 10 de julio, cuando apruebe su propuesta de revisión a medio plazo de la política agraria común.
En tercer lugar, durante este semestre se han sometido al análisis del Consejo las propuestas que la Comisión, en forma de directiva o reglamento, había iniciado. Se han aprobado los umbrales de garantía y primas para el tabaco en el
periodo 2000-2004, parando la estrategia que pretendía la desaparición del régimen de apoyo al tabaco. Se han aprobado igualmente nuevas orientaciones para el Fondo comunitario del tabaco, manteniéndose el aspecto sanitario y de lucha contra el
tabaquismo y proponiendo ayudas al desarrollo de iniciativas de reconversión hacia otros cultivos. En la defensa y mejora de OCM que nos afectan particularmente, como es el sector de frutos de cáscara y algarrobas, el Consejo ha adoptado un
reglamento por el que se prorroga la financiación de planes de mejora de calidad y comercialización y se establece la concesión de una ayuda específica a las avellanas. Por tanto, las organizaciones de productores cuyos planes contienen superficies
con ayudas que expiraban en el 2001 podrán solicitar la prórroga de financiación durante un periodo adicional de un año. En la propuesta de revisión a medio plazo que la Comisión presentará, habrá un régimen especial de apoyo a los frutos secos,
que confiamos sea suficiente para impulsar la continuidad del desarrollo de este sector. También se ha reformado bajo presidencia española la OCM de semillas, determinando los niveles de ayuda para las dos próximas campañas y estableciendo una
cantidad máxima comunitaria que se beneficiará de la ayuda. En el Consejo del mes de mayo se han prorrogado por tres años los contingentes de fécula de patata. En el Consejo del próximo día 27, probablemente se aprobará el reglamento que regule el
alcohol etílico de origen agrícola, una vez que ya disponemos definitivamente del dictamen del Parlamento Europeo. Debemos proseguir los trabajos en relación con la propuesta de la Comisión sobre protección de las indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, así como sobre el informe sobre las medidas de control de gastos del FEOGA-Garantía. Hemos modificado los reglamentos relativos a la protección de bosques contra la contaminación atmosférica e incendios y se ha tomado la
decisión de firmar el Tratado internacional de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación de la FAO. Dentro de los trabajos del grupo de coordinación de la FAO, y según la estrategia de trabajo planteada por la presidencia, se han
preparado los documentos y se han coordinado los informes de seguimiento del plan de acción para la Cumbre mundial de alimentación celebrada en Roma. Con respecto a aspectos agrícolas de interés para otros Estados miembros, se han aprobado
decisiones por las que se autorizaban ayudas nacionales a los sectores vitivinícolas de Francia e Italia y ayudas nacionales a los criadores de cerdos portugueses. También se han aprobado reglamentos que establecen medidas especiales a favor de las
islas menores del mar Egeo, relativas a determinados productos agrícolas.
En materia de seguridad alimentaria, cuarta de las prioridades de la presidencia española, nos comprometimos a avanzar en la necesidad de restablecer la confianza en los consumidores y desarrollar las propuestas previstas en el libro blanco.
La seguridad alimentaria ha pasado a ocupar un puesto de gran relevancia dentro de la PAC, y con toda seguridad lo será en la PAC del futuro. En este contexto se han dado grandes pasos porque en el mes de enero aprobamos el reglamento por el que se
establecían los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria y se creaba la Autoridad Alimentaria Europea para facilitar a la comunidad el asesoramiento científico y técnico independiente en el que basarse para establecer la
política y la legislación en todos los ámbitos de la seguridad alimentaria, habiéndose previsto también una estrecha cooperación con los organismos competentes de los Estados miembros en este ámbito. Con posterioridad hemos logrado completar los
órganos de gobierno de esta agencia, con participación también de representantes españoles en el seno de los mismos. En el marco del Salón internacional de la alimentación y bebidas, Alimentaria, la presidencia impulsó la cooperación
agroalimentaria entre Europa e Iberoamérica mediante la firma de la II Declaración de Barcelona, acuerdo con el que se potencia el apoyo a la investigación sobre nuevas tecnologías con las que incrementar la disponibilidad de alimentos, y se
impulsan los intercambios comerciales científicos, tecnológicos y empresariales en el ámbito de los sectores alimentarios de Europa y Latinoamérica. También bajo presidencia española se han vuelto a examinar los
criterios utilizados en la Unión para juzgar la eficacia de los sistemas de control de residuos aplicados por los países terceros, habida cuenta del aumento de casos de productos alimentarios importados, en particular procedentes del Lejano
Oriente, que pueden contener residuos a veces perjudiciales para la salud.
En lo relativo al paquete legislativo sobre la higiene de los productos alimenticios compuestos por cuatro reglamentos y una directiva, se ha avanzado durante el primer semestre lo suficiente para alcanzar un acuerdo político inicial que
pueda permitir el desbloqueo del resto del expediente en el segundo semestre. Dentro del expediente de alimentos y piensos modificados genéticamente, se espera el dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo y por tanto corresponderá a la
presidencia danesa llegar a un acuerdo. En cuanto a sanidad vegetal se ha aprobado la directiva sobre comercialización de material vegetativo de la vid, que ha estado bloqueada durante dos presidencias. En materia de bienestar y sanidad animal, se
ha aprobado la propuesta presentada por la Comisión sobre la peste porcina africana y se ha adoptado la directiva sobre sustancias indeseables en la alimentación animal, fijándose límites máximos más restrictivos. En el tema de residuos de
medicamentos veterinarios, el Consejo se ha pronunciado en contra de la fijación de límites máximos para los residuos de dos hormonas esteroides utilizadas en los medicamentos de uso veterinario y está pendiente de una nueva propuesta de la
Comisión, la relativa a la prohibición del uso de sustancias de efecto hormonal tireostático o beta-antagonista en la cría de ganado, al haberse dado una fuerte resistencia de los Estados miembros que temen no poder disponer de sustancias
alternativas para uso terapéutico en el ámbito de la sanidad animal. También bajo nuestra presidencia se han abordado, y se debe llegar a un acuerdo en el mes de junio, las condiciones zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de
compañía sin ánimo comercial, las famosas cuarentenas de animales domésticos, estableciéndose en la normativa condiciones como la identificación individual mediante microchip y métodos de control frente a la rabia según el país de origen y destino.
Otro tema importante sobre el que hemos trabajado es el de los aditivos destinados a la alimentación animal. Se ha trabajado sobre un reglamento que tiene el objetivo de establecer un procedimiento comunitario para la utilización de los aditivos,
su renovación y clasificación, siendo el organismo encargado de su evaluación la Autoridad Alimentaria Europea. La propuesta persigue el objetivo de eliminar de forma gradual los cuatro antibióticos que aún permanecen en la lista de aditivos
utilizados en la alimentación de animales como promotores del crecimiento. La presidencia española ha impulsado los trabajos sobre acuerdos veterinarios y fitosanitarios con terceros países, habiéndose elaborado un documento de conclusiones que se
aprobó en el Consejo de Agricultura del mes del marzo. El Acuerdo de asociación con Chile, firmado en la cumbre Unión Europea-América Latina, celebrada en Madrid el mes de mayo, deberá servir como referencia para los acuerdos que hay que celebrar
con los países de Mercosur.
Durante nuestra presidencia se han sometido al Consejo de Ministros varios documentos de reflexión para orientar el futuro sobre diversos temas pendientes de reforma en la política agraria común. En materia de sanidad animal, hemos lanzado
un debate sobre el funcionamiento del Fondo veterinario presentando un memorándum para mejorar su papel y dotarlo con financiación suficiente para dar respuesta comunitaria en el caso de epizootias y zoonosis. El memorándum plantea asimismo el
seguro ganadero para abordar los riesgos a los que se enfrentan los ganaderos europeos.
Otro tema de relevancia que la presidencia española ha puesto sobre la mesa es el de los seguros agrarios, habiéndose presentado un memorándum en el Consejo de
marzo en el que se ponía de relieve la inexistencia de un sistema común y armonizado de seguros agrarios, para lo cual celebramos en Madrid el pasado mes la Conferencia internacional de seguros agrarios y garantía de rentas, encuadrada dentro de las
actuaciones promovidas durante este semestre de presidencia española. Se ha evidenciado la necesidad de fomentar más aún el conocimiento e intercambio de experiencias entre los países de la Unión Europea sobre los riesgos que afectan a los
distintos sectores productivos y los instrumentos para su gestión, para iniciar un proceso de reflexión sobre la conveniencia de establecer un marco básico común para una estrategia comunitaria de gestión de riesgos. También se ha analizado la OCM
de frutas y hortalizas en el seno del grupo de trabajo del Consejo sobre frutas y hortalizas. Se han transmitido a la Comisión posibles propuestas de modificación de la actual normativa, con vistas a optimizar la regulación y los recursos del
sector, recogiendo nuestra propuesta las peticiones del sector productor de cooperativas que han trasladado al Gobierno. Se trata por tanto de proceder a una simplificación de la OCM, particularmente en cuanto a constitución y utilización de fondos
operativos de los Fondos operativos de las organizaciones de productores y a la documentación individualizada que los socios deben aportar cuando se ponen en marcha operaciones de retirada o de entrega de productos a la industria. También se
destaca en nuestra propuesta la importancia de promocionar la calidad en los productos hortofrutícolas e impulsar la producción ecológica. De todos estos memorándum habrá conclusiones en el último Consejo que tendremos esta misma semana.
Continuando con la línea de trabajo de las presidencias anteriores, hemos presentado igualmente un documento sobre la perspectiva de género en el medio rural, para el que ya se aprobaron conclusiones en el pasado Consejo del mes de mayo.
Hemos puesto de manifiesto
que es imprescindible asegurar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que residen en el medio rural europeo, que es fundamental la participación de la mujer para afianzar el modelo rural europeo, que se basa además
de en los objetivos clásicos de mejora en la productividad y competitividad agraria, en objetivos más recientes como los englobados en la multifuncionalidad de la agricultura.
En definitiva, con este periodo de presidencia se ha avanzado en numerosos aspectos que deben incrementar la legitimidad de la política agraria común ante los ciudadanos, como son los relativos a seguridad alimentaria y bienestar de
animales. Hemos impulsado diversos debates para reflexionar sobre el modelo de agricultura que queremos desarrollar para hacerlo más competitivo y moderno. Hemos avanzado significativamente en las negociaciones de uno de los mayores retos que
afronta la Unión Europea desde su creación, la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central y Oriental.
Hasta aquí, les he informado del balance de la presidencia española en materia de agricultura. Paso a continuación a exponerles los resultados de los principales asuntos tratados en materia pesquera durante este semestre.
Como conocen SS.SS. por diversas interpelaciones parlamentarias y comparecencias, no se celebró la reunión del Consejo de Ministros prevista para el 8 de abril por diferentes razones: en primer lugar, por la complejidad de algunas
propuestas, como la de regulación de especies profundas que no había sido suficientemente debatida en los grupos técnicos y, en segundo lugar porque, faltaba la presentación de la propuesta complementaria de medidas técnicas por parte de la
Comisión, por lo cual el Consejo entendió más útil decidir sobre la propuesta completa. Sobre otros dossieres como el de los planes de recuperación de merluza y bacalao, además de faltar la propuesta complementaria de medidas técnicas, faltaba toda
la información científica adicional reclamada por el Consejo que no estaría disponible hasta el mes de junio.
Finalmente, en esa fecha tampoco contábamos con las propuestas de la Comisión en uno de los asuntos fundamentales para la presidencia
española de este semestre, como eran las controvertidas propuestas de reforma de la política común pesquera, que finalmente aprobó la Comisión el pasado 28 de mayo, antes de ser remitidas al Parlamento Europeo para su preceptivo informe.
Voy a empezar informándoles sobre la propuesta de planes de recuperación de merluza y bacalao del stock norte, presentada por la Comisión al Consejo en diciembre de 2001 y que fue uno de los puntos debatidos en el Consejo de Ministros del
pasado 11 de junio. Durante estos seis meses esta propuesta ha sido objeto de una discusión técnica muy detenida en los diversos grupos de trabajo que se han organizado. Dada la falta de dictámenes revisados del CIEM sobre la situación de las
poblaciones en recuperación, la falta del dictamen del Parlamento Europeo y la ausencia de la propuesta del reglamento sobre medidas técnicas que debía acompañar a los planes de recuperación, no fue posible intentar alcanzar un compromiso durante
este Consejo de pesca. Además, una de las principales dificultades que tiene la propuesta en sí es que contiene muchos aspectos que se entrecruzan con la reforma de la política común pesquera y que, por tanto, debe ser objeto de un debate general
en el marco de revisión de la misma, lo cual ha ocasionado que muchos Estados miembros mantengan posiciones provisionales y cautelares hasta que se discuta la política común pesquera. No obstante, celebramos un debate político en el Consejo sobre
aspectos claves de la propuesta, es decir, sobre la estrategia de recuperación, el régimen de esfuerzo pesquero, las medidas estructurales, las medidas de control y el procedimiento de adopción de vedas. Sin duda será un tema complicado para la
futura presidencia danesa, dada la relación muy estrecha de esta propuesta con la filosofía que inspira las propuestas de la Comisión para la futura política común de pesca y la discusión paralela que se va a mantener en el Consejo. Los debates han
mostrado la diferencia de opiniones entre los Estados miembros, alguno de los cuales, entre los que se encuentra España, se inclinan por una importante consideración de las consecuencias socieconómicas de los planes como un aspecto fundamental a la
hora de adoptar las medidas precisas para la recuperación. Todos los Estados miembros consideran necesario adoptar medidas para mejorar la situación de estos recursos pesqueros, aunque para ello es necesario contar con la mejor y más reciente
información científica y, además, adoptar medidas equilibradas que tengan en cuenta los principios de transparencia, simplicidad y efectividad e impliquen a todos los afectados en los esfuerzos necesarios.
En cuanto a la propuesta de reglamento para la regulación de las especies profundas, a pesar de la extrema complejidad del tema, se han producido avances muy significativos hasta el punto de que el compromiso surgido en este Consejo del 11
de junio es sin duda uno de los grandes resultados de este semestre. Contamos con un acuerdo político del Consejo para regular estas especies y estamos a la espera del informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de medidas de gestión, que
será estudiado por el Consejo antes de la adopción formal de los reglamentos, para adaptarlos si fuera necesario. La adopción de estos acuerdos es importante para conservar estas especies, no reguladas hasta el momento y objeto de grave
preocupación para los Estados miembros por la fragilidad de las poblaciones de que se trata. El acuerdo del Consejo se ha obtenido sobre la base de dos propuestas de la Comisión, siguiendo el compromiso adoptado en el Consejo de diciembre del año
2000. En diciembre de 2001, la Comisión presentó una propuesta de TAC y cuotas para algunas especies
en aguas profundas, entre ellas el sable negro, el granadero, la maruca y ciertos tiburones de profundidad, hasta 11 especies distintas. Los TAC se proponían sobre la base de las capturas históricas entre 1997 y 1999 y las cuotas se
atribuían siguiendo las capturas entre 1990 y 1999.
Posteriormente, en marzo de 2002 la Comisión presentó una propuesta de un sistema de licencias que complementaba la propuesta inicial, para establecer una regulación de esfuerzo pesquero y una
recopilación más completa de los datos de actividad referidos a 21 especies más. Ambas propuestas han sido objeto de diversos debates técnicos, que han permitido alcanzar un acuerdo sobre la base de una propuesta de la presidencia que ha tenido en
cuenta la información científica más reciente publicada en junio de este mismo año. Los aspectos fundamentales del acuerdo han sido los siguientes.
En primer lugar, ambas propuestas se adoptarán conjuntamente. Se somete a TAC aquellos stocks para los que existe información técnica suficiente y se aplica el régimen de esfuerzo a las especies profundas en todo caso.
En segundo lugar,
los TAC y cuotas se establecen para los años 2003 y 2004, sin perjuicio de la revisión que fuese necesaria a la vista de los dictámenes científicos. Esto supone el primer ejemplo de TAC plurianuales adoptados en la Comunidad que garantizan
estabilidad en la industria. En tercer lugar, se adopta una solución práctica en aguas internacionales, regulándose por esfuerzo pesquero y por TAC sólo en casos en que exista un dictamen claro, a la espera de las decisiones que deben adoptarse en
la organización NEAFC. En cuarto lugar, se ha estipulado una cuota sin distribuir para evitar los descartes en los casos en que los Estados miembros no disponen de cuotas. Esto puede suponer un ejemplo para tratar este problema en la futura
política común pesquera. En quinto lugar, se prevé una cláusula de revisión del sistema para el año 2005, aprovechando los datos aportados por los Estados miembros en los años de funcionamiento del sistema para alcanzar la solución más adecuada.
En sexto lugar, se adopta un sistema de esfuerzo pesquero y licencias, que limitará la capacidad pesquera de las flotas dirigidas a estas especies, junto a una serie de medidas de control, como puertos designados y reforzamiento del sistema
satélite, que van a permitir asegurar que se cumplan las normas establecidas. Por fin, se pondrán en marcha, en línea con las recomendaciones científicas, una serie de programas de observadores a bordo, muestreos y recopilación de datos de 46
especies más, que serán de gran utilidad para la evaluación biológica de las diferentes especies y permitirá alcanzar una regulación más definida en el futuro. Por tanto, se van a regular mediante TAC ocho especies, suben de 21 a 24 las que se
regulan mediante licencias y se emprende la recopilación científica sistemática sobre otras 46 especies. En definitiva, el trabajo de la presidencia y la colaboración de la Comisión y de los Estados miembros ha permitido alcanzar en un tiempo
récord un resultado muy positivo y ambicioso en un tema que estaba pendiente desde el año 2000.
Otra de las prioridades de la presidencia española, como saben ustedes, era reforzar la lucha contra la pesca ilegal y los pabellones de conveniencia. Para nosotros tenía gran importancia que el Consejo se manifestase claramente a favor de
adoptar acciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptado por la FAO en el 2001 en el marco del Código de
conducta para la pesca responsable constata que la pesca ilegal perjudica los esfuerzos de conservación de las poblaciones que actúa en particular en detrimento de las medidas de ordenación y conservación pesquera de las organizaciones regionales de
pesca y al sector pesquero cuyas actividades se desarrollan bajo el marco jurídico y económico de una Administración pesquera responsable, cuyo fin último es un desarrollo sostenible y equilibrado entre la seguridad alimentaria y la protección del
medio ambiente. También afecta a la conservación de otras especies como los mamíferos y aves marinas que se capturan incidentalmente en las actividades pesquera y a la propia seguridad marítima, porque la actividad de estos buques de pabellones de
conveniencia se produce en un marco no regulado en el que no hay garantías laborales ni de seguridad a los tripulantes a borde de los mismos. Por tanto, tengo la satisfacción de poder manifestar que el Consejo de Pesca ha adoptado conclusiones
sobre la pesca ilegal relacionadas con el plan de acción comunitario que la Comisión ha decidido incluir en el primer paquete de la reforma de la política común pesquera. Estas conclusiones tienen por objeto destacar la importancia política de esta
cuestión y la necesidad de avanzar a nivel nacional, comunitario e internacional en la lucha contra este tipo de pesca. Según el texto en que quedan recogidas, la Unión Europea se compromete a apoyar el plan de la FAO contra la pesca ilegal y el
plan de acción comunitario que se ha presentado en la Comisión en el marco de la reforma de la política común pesquera; también a reconocer la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos para luchar contra este tipo de pesca, y a reconocer la
necesidad de que la Comisión encabece la acción en las organizaciones regionales de pesca para luchar contra la pesca ilegal en aguas internacionales.
Las conclusiones del Consejo respaldan la celebración de la Conferencia internacional sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada, organizada a iniciativa de España y prevista para el mes de noviembre; conclusiones que deberán ser
tenidas en cuenta por la Comisión en las reuniones que celebrará la FAO en el año 2003 para presentar los planes de acción nacionales. Con estas conclusiones se alienta a la Comisión a
seguir en su trabajo para poner en marcha los elementos de su plan de acción lo antes posible.
En lo que a política exterior se refiere, y comenzando por el capítulo de acuerdos de pesca, la presidencia ha realizado importantes esfuerzos para avanzar en las negociaciones con países terceros para concluir nuevos acuerdos y renovar los
existentes. Durante la presidencia se han firmado protocolos con Cabo Verde hasta 2004; Gabón y Seychelles hasta 2005, y Guinea-Bissau hasta el 2006. Se ha prorrogado por tres meses el acuerdo con Angola y hasta el 31 de diciembre con Guinea. Se
ha avanzado considerablemente en las negociaciones con otra serie de países como Senegal, Angola, Rusia, Mozambique, Estados Unidos y Kiribati. En los casos de Senagal, Angola y Kiribati, las negociaciones deben alcanzar su término antes del
verano. En cuanto a política referida a las organizaciones regionales de pesca, durante este semestre ha tenido lugar toda una serie de reuniones que han ofrecido resultados muy importantes para la pesca comunitaria. Entre ellas, en el seno de la
Conferencia internacional para el establecimiento de una ORP en el Pacífico centro occidental, en la reunión celebrada en febrero en Papúa-Nueva Guinea se consiguió el ingreso de la Unión Europea como participante pleno en las negociaciones para
establecer una nueva organización regional de pesca que regule las poblaciones de túnidos en el océano Pacífico central y occidental. El ingreso en este foro era uno de los objetivos principales de la presidencia española. Por tanto, me congratulo
de que se pueda haber logrado, porque es fundamental que España haya culminado con el ingreso en este proceso negociador de una forma positiva para los intereses generales de la Unión Europea y de su sector atunero, a la vez que se logra que una de
las zonas más extensas y ricas en recursos pesqueros del mundo quede regulada bajo los auspicios de una organización regional, que constituye la máxima garantía para la conservación y buena gestión de los recursos en la zona.
En lo que se refiere a la NAFO, durante su última reunión, celebrada en Dinamarca en el mes de enero, se aceptó la propuesta comunitaria de incrementar el TAC de fletán negro en 4.000 toneladas, estableciéndose un TAC de 44.000 toneladas,
mientras que la propuesta canadiense de prohibir la pesca del fletán en profundidades inferiores a 500 metros, que a juicio de la Unión Europea no tenía un fundamento científico sólido, fue rechazada. Se ha logrado, finalmente, resolver las
cuestiones administrativas que habían retrasado su firma, y por ello, mediante decisión del Consejo de 29 de enero, se rubricó el convenio relativo a la conservación y gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico sur oriental (SEAFO), convenio
que es el más avanzado del mundo en lo que se refiere a normas para el ejercicio de un ordenamiento responsable de los recursos pesqueros.
En cuanto a la reforma de la política común pesquera, como SS.SS. bien conocen, la Comisión presentó por primera vez su primer paquete de propuestas sobre la reforma de la PCP, que fue aprobado por la propia Comisión el 28 de mayo en el
Consejo del 11 de junio. Por primera vez se pudo abordar un debate político sobre este asunto, que era uno de los temas más importantes previstos en los trabajos de este periodo de presidencia. Este primer paquete, que será posteriormente
complementado con otras iniciativas, como por ejemplo las referidas al Mediterráneo, a los acuerdos de pesca o al futuro de la acuicultura, consta de los siguientes documentos: una comunicación general sobre la reforma, llamada ROADMAP una
propuesta de reglamento de conservación y gestión de recursos, una propuesta de reglamento que modifica el reglamento IFOP, una propuesta de reglamento que crea un fondo especial para desguace de buques pesqueros, una comunicación que incluye un
plan de acción contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y otra que incluye un plan de acción para integrar los requisitos de la protección medioambiental en la política común de pesca. En el Consejo del día 11 los trabajos sobre este
asunto se limitaron a una primera presentación por parte de la Comisión y a la exposición de las primeras opiniones preliminares por parte de los Estados miembros. Somos conscientes de que, tras este primer intercambio de opiniones, tendremos que
trabajar muy a fondo y buscar las alianzas necesarias con el resto de los Estados miembros para defender nuestras posturas y alcanzar un acuerdo equilibrado en todos sus aspectos y beneficioso para el sector pesquero. En eso estamos y no
escatimaremos ningún esfuerzo.
Se han podido identificar dos puntos en los que hubo acuerdo unánime del Consejo: en primer lugar, en la urgencia y necesidad para reformar la política común de pesca y, en segundo lugar, en que hay una oposición a que la Comisión se
adjudique competencias en detrimento de las competencias del Consejo, en concreto en materia de fijación de posibilidades de pesca y en medidas técnicas de conservación. En el resto de las propuestas hay toda una serie de reservas y una mayor o
menor división de opiniones, fundamentalmente en lo que se refiere a las propuestas de modificación de las medidas estructurales para el sector pesquero, donde la división es muy clara. Se prevén, por tanto, trabajos muy intensos durante la
presidencia danesa. La presidencia actual, en concertación con la inmediata presidencia danesa, ha programado una serie de reuniones para el mes de junio destinadas a un primer tratamiento técnico de las propuestas para avanzar lo más rápidamente
posible en los trabajos. En el plano internacional, ya al día siguiente del Consejo de Ministros, el 12 de junio, se mantuvo una reunión bilateral a alto nivel con Dinamarca para identificar puntos de interés entre ambos países, principalmente en
el ámbito estructural, ya que Dinamarca comparte en este punto la posición
de España. El 17 de junio se reunió en Madrid el Comité de pesquerías hispano-británico, donde el análisis de las propuestas de la Comisión fue la materia principal del orden del día, y ese mismo día por la tarde se mantuvo una reunión
bilateral monográfica sobre la reforma con Holanda.
Los días 1 y 2 de julio, en Lisboa, mantendremos una reunión bilateral con Portugal, y hoy se está celebrando una reunión del Grupo de amigos de la pesca en Dublín.
Una cuestión más de la que quería informarles y que nos ha preocupado durante esta presidencia es la política de flotas, ya que la finalización del Plan de orientación plurianual IV el próximo 31 de diciembre provocaba la necesidad de
iniciar las discusiones sobre este tema fundamental lo antes posible. Al haber introducido la Comisión en el ámbito de la reforma de la PCP una propuesta de modificación de la política estructural hace que de nuevo ambos procesos se entremezclen,
por lo que el retraso en la presentación de las propuestas para la revisión de la política común pesquera ha provocado que este tema no haya podido ser abordado con la minuciosidad necesaria. No obstante, la presidencia decidió tratar este asunto
en la reunión informal de directores generales de pesca celebrada en Lanzarote el pasado mes de mayo, donde los Estados miembros tuvieron la oportunidad de manifestar sus posiciones sobre la futura política de flota pesquera. Se puede destacar de
esta reunión el consenso entre los Estados miembros en la necesidad de que exista, por una parte, una política de flotas dentro de la política común pesquera y, por otra, un sistema de entradas y salidas de buques que garantice que no se incrementan
los niveles de esfuerzo pesquero.
En cuanto a la política de control, el pasado mes de mayo se celebró en Madrid un seminario específico del que la presidencia informó también al Consejo. Cada Estado hizo una presentación de su política nacional de control pesquero. España
hizo una presentación de su legislación nacional de lucha contra la pesca ilegal, probablemente la más avanzada de este campo en la Unión Europea, y sobre las conclusiones de este seminario fue informado el Consejo, pudiéndose resumir en que,
primero, los Estados miembros piden que se reflexione sobre métodos para alcanzar sanciones pesqueras más efectivas a nivel comunitario que de manera real impliquen un desincentivo a las infracciones pesqueras y, en segundo lugar, que deben buscarse
vías para fomentar la cooperación y coordinación en el control pesquero, con apoyo de la Comisión, destacando la importancia de organizar reuniones anuales de directores de control pesquero. En cuanto a la lucha contra la pesca ilegal, el seminario
reforzó la evidencia de que la lucha contra este tipo de pesca es esencial y que hay que reforzar las normas de control comunitarias para que el control sea equivalente en todos los Estados miembros.
Estos han sido, señorías, los trabajos del semestre de presidencia española. Espero no haber consumido demasiado tiempo y haber podido hacer una exposición detallada. Agradezco su atención y me pongo a su disposición para aclarar cualquier
cuestión que quieran plantear.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos mucho la extensa exposición que nos ha hecho.
Ahora pasamos al turno de portavoces. El Grupo Socialista intervendrá en primer lugar puesto que es solicitante de una de las comparecencias y ha pedido que se divida su turno. Les recuerdo que el turno reglamentario es de diez minutos y
les ruego que se ajusten lo más posible a él. En primer lugar intervendrá el señor Díaz, que tratará los asuntos de pesca, y a continuación el señor Cuadrado, que tratará de los de agricultura.
Tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, sus éxitos están en el camino. La pesca ilegal, el tema de las especies profundas, el plan de la merluza y el bacalao y los acuerdos internacionales están aún en marcha. Por
ello permítame que discutamos estos temas en Comisión cuando lleguen a puerto. Por lo demás, por favor, señor ministro, en pesca no nos venda una gestión positiva, pues en pesca no hizo nada importante; al contrario, batió récords negativos,
consiguió que por primera vez en la historia de la Unión Europea la Comisión aprobara una propuesta claramente hostil al Estado que la presidía y además se daba la circunstancia de que era la primera potencia en el sector afectado. Este hecho sólo
se puede explicar si el Gobierno de España es cómplice de la propuesta y delega en la Unión Europea la liquidación de un sector que nunca valoró y que le resulta incómodo. Señor ministro, si usted niega esta explicación le concederemos el beneficio
de la duda, pero la actitud de Fischler tiene que tener una explicación, y la que queda es casi peor.
La propuesta de Fischler se explica por el poco peso que con Aznar tiene España en la Unión Europea. (Rumores.) Señor Arias Cañete, le recuerdo
que lo que pasará a la historia de esta presidencia de la Unión Europea en materia de pesca es la propuesta Fischler; eso es lo que va a pasar a la historia de su presidencia. La historia recogerá que cuando el sector pesquero español aún no había
asimilado el trauma de la falta de acuerdo con Marruecos, que afectaba alrededor de 400 barcos y 3.000 pescadores, en plena presidencia española se presenta una reforma de la política común de pesca que pretende recortar la flota española en más de
1.300 unidades y dejar sin actividad a 8.000 pescadores y a miles de empleos en tierra, empleos ligados a la pesca.
Señor ministro, la reforma de la política común pesquera no es algo nuevo, se veía venir, pero usted no la tomó en serio. Le recuerdo que zanjó en sede parlamentaria el debate en torno a la postura española sobre la reforma en una
comparecencia de jueves por la tarde en la que acumuló nueve peticiones diferentes en una sola sesión. En aquel momento le recriminamos su actitud, le dijimos que los temas importantes no se podían tratar a toda prisa. Usted lo veía fácil, asumió
el tema en solitario y los resultados están a la vista. La presidencia no se tomó en serio el tema pesquero, programó dos reuniones del Consejo y suspendió una porque no había temas que tratar, no había propuestas de la Comisión.
¿Por qué, señor
Arias Cañete, en su presidencia la Comisión no cumple con lo programado? ¿Por qué hay tan poca cooperación con la Comisión? Dinamarca asume la presidencia en julio y ya tiene programados no dos, sino tres consejos de pesca. Seguro que no se
suspende ninguno. Los daneses van a empujar los temas que usted no supo poner en marcha. Y para terminar la presidencia otro récord: en Sevilla se aprueba la suspensión de los consejos de pesca después de que Dinamarca celebre los suyos. Los
consejos de pesca desaparecen como entidad propia y se celebrarán con agricultura.
Señor ministro, la pesca requiere un tratamiento singular. Luxemburgo, Austria, incluso Alemania podían sostener una posición contraria, España nunca podía aceptarlo, y lo hizo. Las consecuencias las veremos pronto.
Pero lo que no se
hizo, no se hizo, y ahora lo que interesa y lo que hay que hacer es corregir la situación.
El sector pide la retirada del documento de la Comisión, que por parcial no puede ser base de la negociación. Hay precedentes en este sentido, señor ministro. Nosotros compartimos esta propuesta y, en todo caso, le digo que tiene un
mandato unánime de la Cámara, que no es un mandato de máximos, sino de la reforma que hay que conseguir para que la política común de pesca sea equilibrada, sostenible y no discriminatoria. Gestione el mandato parlamentario, gestione con sus
europarlamentarios el apoyo a la posición que defendimos todos en la Cámara; búsquese aliados para sacar adelante una posición que creemos justa y equilibrada; y, en última instancia, búsquese una minoría de bloqueo para parar la reforma si ésta
quiere hacerse contra los intereses de nuestra flota sin tener en cuenta ni a los trabajadores ni a los sectores afectados. Para defender una política común de pesca equilibrada, de acuerdo con el mandato parlamentario, tiene nuestro apoyo; para
pedir una nueva propuesta de discusión, tiene nuestro apoyo; para maquillar el documento Fischler y liquidar nuestra flota con mayores dosis de anestesia, no tiene nuestro apoyo.
Usted quiso defender el tema en solitario y la mayoría de la Cámara le apoyó. Nosotros hubiéramos querido que una comisión más amplia supervisara las negociaciones, pero aceptamos el resultado y le reiteramos que, a pesar de que la historia
nos hace desconfiar de usted, puede decir en Europa cuando negocie que habla en nombre de toda la Cámara cuando defiende una política común pesquera equilibrada.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Díaz, por solidaridad con su compañero, le advierto que ha consumido ya la mitad del turno.
El señor DÍAZ DÍAZ: Un poco menos.
Señor ministro, tiene usted poco tiempo y mucho trabajo por delante para recuperar el tiempo perdido. Si el Gobierno quiere esta partida, que es difícil, no está perdida, es cuestión de querer, quiéranlo.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Cuadrado tiene la palabra.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor ministro, por su información.
Ayer en el Pleno el señor Aznar decía solemnemente que la presidencia española había alcanzado todos los objetivos que se había marcado, y hoy usted ha seguido el mismo guión, sólo que, señor ministro, hay que hacer un gran gasto de retórica
para ocultar la relación que existe entre las prioridades, y eso que no eran muchas, que solemnemente usted también expresó aquí el 21 de febrero, y los resultados.
Como usted sabe, señor ministro, de las conclusiones de la presidencia ha desaparecido el capítulo agrario y pesquero, y no es por casualidad.
Efectivamente, se pueden hacer muchos ejercicios de retórica incorporando memorándum, elementos
de reflexión, etcétera, pero le recuerdo cuáles eran las prioridades. Prioridad esencial, decía usted el 21 de febrero, cerrar el capítulo agrícola de la ampliación. ¿Se ha cerrado el capítulo agrícola de la ampliación? No, se ha pospuesto para
la próxima presidencia. ¿Por qué? Porque ha fracasado la presidencia española en ese tema, y ha fracasado justo en la parte esencial, la que tiene que ver con la financiación. Ese es el resultado real. Se puede ocultar de muchas maneras, pero
hoy nadie negará que se ha cometido un estrepitoso fracaso en esa materia concreta. La posición común que debería haber trabajado el presidente Aznar en sus viajes por las capitales europeas no ha dado el resultado y nos hemos encontrado con un
fracaso absoluto, sin paliativos.
En segundo lugar, el desarrollo rural, la revisión a medio camino de la PAC, también se ha pospuesto para la próxima presidencia, un tema fundamental para nuestro país, no sólo por aspectos de modulación o de multifuncionalidad, como usted
ha indicado hoy y también el pasado 21 de febrero, sino porque nadie duda que hay una relación estrecha entre la revisión de la PAC, la negociación de la Organización Mundial del Comercio y la propia ampliación, por más que el señor Aznar ayer nos
quisiera dar una lección de cómo se
deben negociar estas cosas, pero lo cierto es que el resultado les pone donde les pone, se pospone para la próxima presidencia, estamos cargando de objetivos a la presidencia danesa.
Nos puede dar todas las relaciones que quiera sobre modulación y sobre aspectos fundamentales de la revisión de la PAC, pero si alguien ha mantenido una posición errática sobre esa materia es su Gobierno y el Partido Popular. Ahora nos dice
usted que modulación sí pero obligatoria en todos los Estados, justo lo contrario de lo que dijeron en Berlín en marzo de 1999. Entonces, de modulación ni hablar y, en cualquier caso, si lo eligen los Estados miembros. Ahora usted cambia
radicalmente la posición, y no termina ahí la marcha errática de su grupo político y de su Gobierno, sino que eso no tiene nada que ver con la posición de los europarlamentarios del Partido Popular español en el Parlamento Europeo.
Allí votan
contra la población, y además no apoyan las propuestas que se hacen para eliminar la cofinanciación, aspecto al que usted se ha referido siempre como fundamental.
En tercer lugar, se ha referido usted a aspectos de interés para los sectores en España y ha hecho también juegos retóricos. Usted dice: hemos conseguido una prórroga de la ayuda a frutos secos, a frutos de cáscara y algarroba. Esa
prórroga estaba conseguida antes de que empezara la presidencia española, en junio, pero usted se comprometió solemnemente, y está en el 'Diario de Sesiones', se lo puedo leer, señor ministro, a conseguir una ayuda permanente. Puede usted hacer
todos los juegos retóricos que quiera, pero justo en esa materia, que era su compromiso, es en la que ha fallado estrepitosamente. Por tanto, se pueden ocultar las cosas, pero la evidencia es muy difícil de ocultar.
Dice usted que ha conseguido un gran éxito en el tabaco. No ha conseguido que desaparezca la espada de Damocles de la supresión en el futuro de las subvenciones, está en el documento y, por tanto, es muy difícil que pueda darle también la
vuelta.
Decía usted que iba a conseguir una propuesta de reforma de la OCM del arroz, un sector con graves problemas en España. Ahora nos dice que en la próxima presidencia, y con la revisión que por supuesto se pospone para la próxima presidencia.
¿Se acuerda de las solemnidades que usted estableció en esta Cámara en relación con la producción de proteínas vegetales en la Unión Europea? ¿Dónde está? Para la próxima presidencia. Y no es eso en lo único en lo que ha fracasado esta
presidencia. Ha fracasado fundamentalmente en tener una posición del Gobierno español justo en el momento en que ejerce la presidencia española sobre la revisión de la PAC. Se lo vuelvo a decir.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.
El señor CUADRADO BAUSELA: Voy concluyendo, señor presidente.
Se lo vuelvo a decir -se lo dije entonces y se lo vuelvo a decir ahora-, usted decía que existía una posición consensuada de España, hablaba de las OPA, de las cooperativas y de las comunidades autónomas. ¿Usted llama posición consensuada a
que las OPA le niegan casi el 70 por ciento de la representación, que le niegan las cooperativas, que incluso le afean el que en el documento de El Escorial ni siquiera se las cite, y que las comunidades autónomas lo que le dicen es que a ver cuándo
se hace la conferencia sectorial para fijar la posición de verdad? ¿Usted llama fijar posición de todos esos sectores, comunidades autónomas, OPA y cooperativas, a que les pida una encuesta que se la manden por escrito? Ese es justo el camino que
nunca sirve para fijar una posición común. Al final decide usted, ¿fijando qué posición: esto me gusta, esto no me gusta, que al final es lo que ha ocurrido?
Termino, señor presidente, señor ministro. Puede tener usted muchas habilidades, pero no le concedo la de convertir el agua en vino. Fracaso estrepitoso en todos y cada uno de los grandes compromisos que adquirió usted aquí el 21 de
febrero.
Hace muy pocos días decía el señor Aznar que los objetivos que no se cumplen producen melancolía. Espero que usted esté muy melancólico, sobre todo si relacionamos su comparecencia del 21 de febrero con la de hoy.
Cuánta cita ha tenido
usted que hacer de las reflexiones y de los documentos que ha presentado la presidencia española, documentos de reflexión que tienen como conclusión final que el aspecto más importante de Murcia, el desarrollo rural, tuviese una intervención del
comisario Fischler en la que todo su contenido fue que no podía desvelar ninguno de los elementos de la revisión a medio camino; eso sí, los medios de comunicación alemanes ya han publicado todos los elementos que componen esa revisión y a usted,
en la presidencia agrícola española en Murcia, le dijo que era secreto y no se lo podía decir. Bastante éxito para una presidencia que ha sido presentada con tanto bombo y platillo, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el representante del Grupo de Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero darle la más cordial bienvenida a esta Comisión Mixta para la Unión Europea, señor ministro; Comisión de la que tengo el honor de formar parte en los últimos
tiempos.
En el mes de febrero compareció usted, señor ministro, para explicar cuáles eran los retos de la presidencia española en materia agraria. Por mi parte, le adelanté en mi intervención que, si bien en otros temas se podría adelantar, en
cuanto a la agricultura, pesca y ganadería
sería realmente difícil. Dije entonces que iba a ser difícil adelantar en cuestiones de gran calado porque, entre otras cosas, las elecciones francesas -un país con gran peso agrario- iban a celebrarse durante la primavera siguiente -ya se
han celebrado- y poco después se celebrarían las elecciones en Alemania; se trataba, dije, de dos países importantísimos que no estarían por la labor de modificaciones importantes en materia agraria. Así, se podrían hacer muchas cosas, pero iba a
ser difícil acometer asuntos de gran calado.
Usted enumeró entonces una serie de temas, que me parecen importantes y que iremos repasando, como ha hecho usted hace un momento. Mencionó cuestiones tan importantes como la profundización en la incorporación de nuevos miembros, asunto de
sumo interés, sobre todo si lo hacemos de forma adecuada. Nuestro grupo parlamentario está absolutamente de acuerdo en la incorporación de esos 10 países. Ahora bien, tenemos encima la espada de Damocles: hay un acuerdo de la cumbre de Berlín por
el que quedan congelados los presupuestos comunitarios y, por tanto, será muy difícil cuadrar el círculo de la nueva incorporación con un presupuesto que ya resulta justo. De hecho, en Sevilla ya se ha aprobado un calendario que, con toda
seguridad, será una realidad en la primavera de 2003. No obstante, hay que ver cómo encontramos la financiación suficiente para cumplir las expectativas que tienen los nuevos países que se incorporarán y las que tenemos los que ya estamos; sobre
todo, si tenemos en cuenta el cambio de postura de los americanos en la ley agraria -farm bill- que han presentado, cuestión de la que no voy a hablar hoy y que plantearemos mañana en una interpelación.
Hay que continuar trabajando en la consolidación de ese modelo europeo de agricultura establecido en la Agenda 2000, apoyado sobre la empresa familiar agraria y basado en una agricultura común, respetuosa con el principio de solidaridad
financiera; estamos absolutamente de acuerdo.
Sin embargo, estará usted de acuerdo conmigo, señor ministro, en que, con la aplicación de ese nuevo criterio de modulación -veremos cómo termina-, según el cual no se trata de repartir los excedentes
dentro del mismo sector sino del trasvase de financiación del primer pilar al segundo pilar, y partiendo de la situación actual -veremos qué pasa cuando se termine- en que la financiación del primer pilar es del 100 por cien mientras que la del
segundo pilar -estructuras agrarias- es del 50 por cien, sólo el traspaso de los efectivos financieros del primer pilar al segundo significaría doblar la financiación comunitaria; y me temo mucho que las cosas podrían ir por ahí. De este modo,
¿qué problema tenemos? Que esto es el principio de la renacionalización de las ayudas y, así, sin que se note demasiado el cuidado -como diría Felipe V- estaríamos entrando poco a poco en dicho proceso de renacionalización; mecanismo que, sin
perturbar los acuerdos de la cumbre de Berlín, sin modificar, por tanto, el presupuesto comunitario, que estaría congelado, haría posible hacer frente de forma clara a la incorporación de nuevos miembros. Esto es peligroso y es un asunto que nos
preocupa a todos; está en debate y sería bueno conocer claramente la postura del Gobierno español respecto a él.
La aportación del 50 por ciento por parte de la Unión Europea significa que alguien tendrá que aportar el otro 50 por ciento. ¿Quién lo aportará? ¿El Estado? ¿Las comunidades autónomas? Usted negocia en nombre del Estado, y los
presupuestos de las comunidades autónomas los tienen que aprobar los parlamentos autonómicos; como mínimo, el asunto tiene cierta complejidad. Usted representa en ese momento a las comunidades autónomas y sería bueno que las posturas fuesen
correctas en asuntos de tanto calado, no vaya a ser que salga algún presidente de comunidad autónoma diciendo que él no aplica eso; imagínese el problema que se nos presentaría.
Ha hablado de otras prioridades, como la seguridad alimentaria, que me parecen también importantes. Se ha adelantado, señor ministro, pero es algo básico. En Europa podemos continuar produciendo incluso más caro por unidad que en otros
países, pero necesitamos el marchamo de calidad; sin él, tendremos que cerrar nuestras explotaciones. Hay que adelantar en esto en los próximos años. Los consumidores de todo el mundo deben saber que, cuando consumen productos de Europa, tienen
asegurada la calidad al máximo; ese es nuestro futuro. Si no somos capaces de hacer eso no iríamos por buen camino.
Ha hablado de la revisión de la OCM de frutas y hortalizas. Había un compromiso de adelantarla; se ha adelantado, pero hubiese sido bueno haberla cerrado durante la presidencia española. No sé como ha quedado la OCM del arroz; en las de
frutos secos y tabaco hemos adelantado. En el caso de los frutos secos, tenemos un año más de vida, pero hubiera sido bueno dejarlo resuelto porque era de justicia resolverlo de forma adecuada; usted lo dijo en la comparecencia del mes de febrero,
y estamos todos de acuerdo.
También ha hablado usted de los seguros agrarios. Usted sabe, señor ministro, que soy un enamorado de ellos; no hay ninguna industria seria en el mundo que pueda funcionar si no tiene la capacidad de asegurar sus producciones. Para la
agricultura, que tiene toda su producción en el campo, bajo las estrechas, y que le afectan las nieves, el hielo, los vientos y la sequía, es básico tener un soporte desde el punto de vista financiero: los seguros agrarios. Si los seguros agrarios
que se hacen en este momento en el Estado español se ampliasen a nivel europeo, la cobertura sería mucho más amplia y mucho más sólida. Sabe usted que he tenido infinidad de intervenciones reclamando seguros agrarios para que el campo pueda
aguantar sin que tengamos que ir siempre habilitando créditos extraordinarios para resolver los problemas que normalmente se
presentan; para que esos problemas se puedan resolver a través de una norma y a través, sobre todo, de la capacidad del sector asegurado. Es un tema que no está cerrado tampoco, según parece; se está trabajando en él, y es un logro que el
sector le demanda, puesto que daría seguridad a la producción.
La pesca es asunto complejo. Ayer tuvimos la posibilidad de debatir y hablar largamente con el ministro de Pesca de Canadá. El problema de la pesca no afecta a todo el Estado español, afecta a algunas comunidades autónomas, como Galicia,
el País Vasco o Andalucía, que tienen un potencial pesquero muy grande, sobre todo de cara al exterior. En general, durante muchos años, no se ha tratado el asunto como el sector merece que se haga; no hemos adelantado lo debido, y espero que la
propuesta del señor Fischler quede en propuesta sin más, y pase con ella lo que pasó con el vino hace unos años. Usted era en aquel momento diputado en el Parlamento Europeo, y sabe que una de las propuestas de Alemania era el arranque de viñedos;
se logró frenar, y, al cabo de un año, nos dieron cuotas para renovar plantaciones. Si el asunto de la pesca se trae bien, seguro que se puede reconducir, de modo que, aunque no crezca la flota, se puedan articular los mecanismos adecuados que
permitan hacer una pesca sostenible.
España es uno de los mayores consumidores de pescado del mundo per cápita y, por tanto, debemos seguir intentando no ser más deficitarios cada vez, sino que podamos aprovechar al máximo esas cuotas históricas que tenemos como país que
durante muchos años hemos estado pescando por todos los litorales del mundo.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señor presidente, me voy a ceñir exactamente al horario previsto, pero es muy difícil en diez minutos poder dar una visión global de lo que han sido seis meses de trabajo y, sobre todo, de las amplísimas
posibilidades que hay en el mundo de la agricultura.
Voy a terminar diciendo que seguramente hemos progresado durante esos meses, pero quedan cosas muy importantes y quizá, como he dicho al principio de mi intervención, el hecho de que Francia estuviese envuelta en un proceso electoral, con
cambios importantes, y que Alemania lo tenga dentro de poco tiempo, hace que temas de gran calado no se hayan podido poner encima de la mesa. Deseo que en los próximos meses, en la presidencia danesa, pero sobre todo que desde España definamos el
modelo que queremos de política agraria, que sea compatible con el desarrollo rural, con la gente que viene al territorio y que realmente la Unión Europea (y lo digo desde mi posición de europeísta convencido, aunque a veces esa falta de rapidez en
tomar decisiones hace que podamos dudar de esa capacidad) sea capaz de poner encima de la mesa alternativas, por ejemplo, a la farm bill, a la política americana. Esa es una estrategia terrible para la agricultura europea, para el modelo agrario, y
creo que la Unión Europea y usted, señor ministro, en este momento como máximo responsable de la política agraria europea -aún la está presidiendo, aunque sea por pocos días- tendría que definir exactamente cuál es la respuesta, si realmente
nosotros estamos dispuestos a continuar defendiendo un modelo que está funcionando muy bien a nivel europeo, porque efectivamente la política americana, que responde más a tics electorales y partidistas que a una visión, les permite en un momento
determinado pasar de la presión a través de la Organización Mundial del Comercio en Doha, a aprobar una ley que va en contra de lo que predicaron hace sólo unos meses.
Muchas gracias, señor ministro, por su intervención. Efectivamente pasaría más rato hablando de estos temas, pero el presidente me está reclamando que termine.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias por su comprensión, señor Companys.
No reconozco a ningún miembro del Grupo del Partido Nacionalista Vasco; Grupo Mixto tampoco está; Coalición Canaria tampoco; Grupo de la Entesa, la señora Cid tiene la palabra.
La señora CID PAÑELLA: Gracias, señor ministro, por su exposición. Seré breve porque las intervenciones anteriores, básicamente la del Grupo Socialista, han marcado también un poco la opinión de mi grupo y por eso haré un breve resumen.
Creo, señor ministro, que le ha tocado la peor parte y que releyendo su intervención de 21 de febrero tengo que decir que era usted muy optimista, diría que demasiado optimista, teniendo en cuenta, como se ha dicho aquí, la situación
europea, teniendo en cuenta cómo estaban en Francia o cuál era la posición ya declarada de Alemania y que, por tanto, estos objetivos que tenía que marcarse eran, a nuestro entender, excesivamente optimistas.
Lo cierto es que a día de hoy en la presidencia española, quizá en el área de su responsabilidad, es donde podíamos encontrar más cosas que continúan en marcha y que no han llegado al objetivo final. No quiero decir con eso que no se haya
avanzado, que seguramente sí porque cuando le he dicho que le ha tocado la peor parte es que su ministerio es el que abarcaba temas más complejos, porque durante este semestre se ha encontrado con el tema pesquero. Además, durante su presidencia
nos han colocado encima de la mesa otro tema con la reforma de la pesca que nos vuelve a poner en el ojo del huracán. Es decir, nuestra situación con los temas de su ministerio es tal que cada vez que tocan una ficha en la Unión Europea nos tocan
de rebote algo de todo lo que tenemos; si se habla de pesca nos toca
en pesca y si se habla de frutos secos, si me lo permite, señor ministro -usted en el Senado se comprometió en una comparecencia-, usted aceptó llevar hasta el final lo que era la reivindicación del sector, que continúa siéndolo porque se ha
ampliado un año, pero este no era el objetivo. El objetivo que usted asumía era conseguir una ayuda a perpetuidad, para entendernos, salirnos de ese problema cíclico con el que nos vamos encontrando.
Su señoría sabe que en otro tema en el que mi grupo tiene mucho interés también, que es el arroz, otro tanto de lo mismo. Hemos sacado a la luz mociones aprobadas por unanimidad en el Senado instando para ver qué se va a hacer con las
ayudas agroambientales, por ejemplo, y ahora todavía no sabemos cómo vamos a cerrar todo ese capítulo. Por tanto, en los aspectos generales los objetivos de su responsabilidad no se han alcanzado, y con eso no quiero decir que usted y el ministerio
no hayan puesto el empeño de hacerlo; lo que digo es que la realidad es la que es.
No se ha cerrado el capítulo agrícola de la ampliación, que era uno de los objetivos básicos que se habían planteado y que hasta el último momento parece que
ustedes intentaron cerrar; no tenemos claro el tema del traspaso de recursos del primero al segundo pilar, con la definición del modelo de modulación y, por tanto, ahora vamos a añadir a eso -y mañana usted sabe, antes lo comentaba conmigo, tiene
una comparecencia en la Comisión de Agricultura del Senado- qué acciones va a emprender el ministerio ante la aprobación por la Comisión Europea de la reforma de la política pesquera común.
El balance de la presidencia en temas agrarios y pesqueros es que no estamos mejor de lo que estábamos. También es cierto, señor ministro, que con los problemas que teníamos antes de enero de este año muchos sectores tenían la esperanza de
que la presidencia española podría solventar algunos problemas históricos que estos dos sectores vienen arrastrando y en sus comparecencias lo decía claramente. Las preguntas iban dirigidas a qué vamos a solucionar. Usted ha presidido la comisión
agraria y pesquera como ministro del Gobierno, pero los sectores que esperaban alguna resolución clara en algunos temas históricamente pendientes continúan estando pendientes y, por tanto, desde mi grupo no podemos decir, como usted ha dicho hoy en
su comparecencia, que haya ido bien la presidencia española en las materias de su competencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cid, especialmente por el uso del tiempo que ha hecho S.S.
Tampoco reconozco a ningún miembro del Grupo Federal de Izquierda Unida.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, ¿van a dividir el turno SS.SS.? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GÓMEZ: Efectivamente, señor presidente, en el apartado de pesca intervendrá el señor Mantilla, a continuación de que yo fije la posición del Grupo Popular respecto del capítulo agrario en general.
Señorías, ayer comparecía el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar, con carácter general y de forma solemne, sobre la presidencia de la Unión Europea en este primer semestre de 2002, y hoy comienzan
a informar cada uno de los ministros sobre las materias de sus competencias como presidentes de los respectivos consejos de ministros europeos, y en el caso que nos ocupa esta mañana lo hace a petición propia el titular de Agricultura, impulsando
con ello desde el Gobierno popular una política abierta y transparente respecto de la política informativa que viene desarrollando.
Señor ministro, sea usted una vez más bienvenido a esta Cámara, en este caso a la Comisión Mixta de la Unión Europea, a fin de informar de los trabajos realizados en materia agrícola y pesquera durante el semestre de presidencia española.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, representante mayoritario del pueblo español, queremos dejar sentado en esta Comisión, a falta de cinco días para que concluya la presidencia española, que nos sentimos orgullosos y satisfechos del
trabajo realizado por el Gobierno español y, en concreto, por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación como presidente del Consejo de Ministros agrarios europeos. Nos sentimos satisfechos y orgullosos del liderazgo que, sin duda, ha
ejercido el Gobierno español en su conjunto y cada uno de los ministros en particular, en relación con la presidencia europea; liderazgo, señor ministro, a pesar del Grupo Parlamentario Socialista que ha hecho de todo en busca del fracaso de la
presidencia española, confundiendo la legítima batalla política partidista interior con unos planteamientos y estrategias exclusivamente partidarias en un asunto como éste de política comunitaria o exterior, sin importar para nada el daño que
pudiera hacerse a la imagen de nuestro país.
Señor presidente, señorías, durante estos seis meses, las instituciones europeas han estado presentes a lo largo y ancho de la geografía española. Se han celebrado cumbres sectoriales en la práctica totalidad de las regiones españolas;
cumbres del Consejo de Europa, de jefes de Estado o de Gobierno, en Barcelona, Madrid y Sevilla; cumbres, señorías, todas ellas, modelos de organización y, con ello, de promoción de España, a pesar de los comportamientos de algunos grupos de la
oposición, más preocupados por la pancarta que por leer papeles y hacer propuestas concretas.
Señor presidente, recordemos algunas cuestiones importantes que ha mantenido la presidencia española del Consejo de Ministros agrícolas y cuyo eje fundamental se basaba en la consolidación del modelo agrario establecido en la Agenda 2000,
que podíamos resumir fundamentalmente en cuatro importantes prioridades:
impulsar la aprobación de una posición común en el proceso de ampliación de la Unión Europea; abordar el futuro del desarrollo rural, como segundo pilar de la política agraria común; trabajar en la decisión sobre temas presentados por la
Comisión en forma de reglamentos, y la relativa a la seguridad alimentaria, intentando, como no puede ser menos, el restablecimiento de la confianza de los consumidores. Señorías, señor presidente, bajo estas cuatro importantes premisas, se ha
trabajado y se ha trabajado bien, y se ha trabajado impulsando el mantenimiento de la ficha financiera de la PAC, aprobada dentro de la Agenda 2000 en abril de 1999, que garantiza, al menos, hasta el año 2006 las ayudas directas a los agricultores y
ganaderos españoles en más de un billón de pesetas/año; ello frente a voceros que pretenden que se renegocie aquel acuerdo que tantos beneficios está reportando al sector agrario español.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Isasi, le recuerdo la solidaridad con sus compañeros.
El señor ISASI GÓMEZ: Voy terminando, señor presidente.
En segundo lugar, señorías, la presidencia española ha impulsado, como no podía ser de otra manera, la defensa del principio de solidaridad financiera en la aplicación de la PAC mediante el cien por cien de las ayudas directas y de mercado a
cargo exclusivamente del presupuesto comunitario, sin caer en la demagogia de las ayudas de Estado que conllevarían la renacionalización de la PAC en función de la capacidad económica de cada Estado miembro, con lo que acabaríamos con la política
agraria común a favor del Estado más viejo y más fuerte.
En definitiva, señor presidente, señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Popular podemos afirmar con claridad que en la presidencia española en materia agrícola, se han hecho los deberes con éxito, por lo que felicitamos al señor
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras tenemos que denunciar que otros han estado más preocupados, como decía antes, en buscar el fracaso de la presidencia española practicando una política demogógica, de pancarta, como se ha visto
en los últimos días.
Se nos ha pintado un cuadro desastroso fundamentalmente en la última intervención del Grupo Socialista, como viene siendo habitual por otra parte, tampoco es ninguna novedad. En España, si nos tuviéramos que atener a lo que aquí se ha
escuchado esta mañana, en el campo agrario, en el mundo rural, durante estos últimos seis años, se ha producido una gran catástrofe y un gran desastre para los agricultores, y los ganaderos españoles, provocados eso sí, intencionadamente por la
maliciosa interpretación de este Gobierno y de este grupo. Señor Cuadrado, ni muchísimo menos se ajusta para nada la realidad del campo español con lo que usted aquí ha pintado. Si quiere, le puedo recordar, porque estaba en esta Cámara, que entre
las prioridades del Gobierno socialista en el semestre de presidencia española, en 1995, existía establecer, aprobar la organización común de mercado del vino o la de frutas y hortalizas; ninguna de las prioridades que se propuso el Gobierno
socialista en la presidencia española de 1995 fue aprobada. Sin embargo, hoy podemos decir que el campo español, como citaba anteriormente, ha garantizado en Berlín más de un billón de pesetas de fondos comunitarios hasta 2006, ello a pesar de
ustedes y salvando las zancadillas que ustedes nos pusieron.
Respecto de la demagogia en cuanto a la modulación, que ustedes vienen practicando en los últimos años, poco a poco se vienen abriendo paso unas propuestas sensatas que afectan a toda Europa por igual, sin la demagogia que ustedes vienen
predicando en cuanto que pretenden quitar a los más ricos para devolver a los más pobres. Ustedes están tratando de engañar al sector agrario porque saben que esto es imposible con el reglamento comunitario que establece las reglas del juego para
la modulación en cada uno de esos países europeos. Por cierto, algunos países que han hecho experimentos con gaseosa, vienen abandonando ese procedimiento. Por eso animamos al ministro a seguir trabajando en el seno de la Unión Europea para
establecer un sistema de modulación que afecte a todos los países por igual.
Se ha dicho -y termino- que el ministro era muy optimista en febrero de 2002. Si quieren, reivindiquen que tiene que ser un pesimista redomado.
Me parece bien que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno español sea
optimista; además, por los resultados obtenidos a posteriori; ahora podemos decir que tenía razón. En cuanto a las soluciones a perpetuidad, ya nos gustaría encontrar para algunas de las cuestiones soluciones a perpetuidad. Creo que no hay nada
absolutamente a perpetuidad.
En definitiva, señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Popular, insisto una vez más y termino, le felicitamos por los éxitos obtenidos en la presidencia española y le animamos a seguir trabajando en beneficio del campo español.
Por mi parte, con la venia del señor presidente, cedo la palabra al portador de pesca del Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Isasi, ha consumido usted íntegramente el tiempo reglamentario. Teniendo en cuenta que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) han usado tres minutos
sobre el tiempo reglamentario, son los que le voy a dar al señor Mantilla para que intervenga.
Señor Mantilla, tiene tres minutos para intervenir.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Quiero agradecer la presencia del señor ministro para hacer el balance de la presidencia española de la Unión Europea, especialmente en los temas de pesca.
Todos sabemos, incluso los intervinientes que me han precedido, que la cuestión pesquera está en una situación un tanto delicada, pero también sabemos las gestiones y trámites que ha hecho el señor ministro con todo su gabinete para que, en
las decisiones de la Unión Europea, España no salga perjudicada.
Yo quería decir a don Ceferino Díaz, que hay temas que España ya ha logrado con anterioridad y otros que está intentando lograr actualmente.
Le quiero recordar que las volantas, esas redes de enmalle a la deriva, que eran redes asesinas, se
han erradicado totalmente en la Unión Europea debido, fundamentalmente, a las gestiones y presiones que se hicieron desde este Parlamento. Igualmente, estamos intentando lograr que se erradique la pesca ilegal que - como usted bien sabe, porque no
me cabe duda de que usted es uno de los pioneros o impulsores de esos temas- es una decisión que ha partido del Parlamento español y estamos totalmente convencidos de que se va a aceptar por la Unión Europea.
Como tengo un tiempo muy reducido, simplemente quisiera reiterar mi agradecimiento al señor ministro y decirle que estamos totalmente convencidos de que, en la labor que ha llevado en estos seis meses y la que seguirá llevando en el futuro
más o menos inmediato, intentará por todos los medios que el sector español no salga perjudicado en las decisiones que se van a producir en la Unión Europea, especialmente en la reforma de la PCP y, lógicamente, en el control de stock del bacalao y
la merluza, temas que pueden incidir, sin duda, en el sector pesquero español.
El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Arias Cañete.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ( Arias Cañete): Quería decirle al señor Díaz que se puede querer no ver las cosas. Le he dicho que el problema de las especies profundas ya estaba resuelto porque hay un acuerdo en el
seno del consejo, por mayoría de catorce Estados y con la exclusiva oposición del Reino Unido, que se aplique un reglamento, cuyos detalles he explicado claramente, dónde había TAC, dónde había cuotas, donde había esfuerzo pesquero, etcétera. Ese
es un tema que la presidencia española ha resuelto. Usted no dará importancia a ciertos acuerdos, pero Cabo Verde, Gabón, Seychelles, Ginea-Bissau, prorrogar Angola y prorrogar Guinea, supone que cien barcos españoles puedan seguir faenando, y eso
tiene un impacto siempre.
Luego, ha dicho una cosa absolutamente inexacta, que el Gobierno se ha empeñado en afrontar la reforma de la PCP en solitario. Nada más lejos de la realidad. Desde que la Comisión sacó el Libro Verde, el Gobierno convocó a todo el sector
pesquero español, organizó toda serie de encuentros y plasmó la posición española en un documento que tiene el apoyo de todo el sector pesquero español; documento que fue remitido a la Comisión para que conociera nuestros planteamientos. En
segundo lugar, el Gobierno, desde mucho antes de iniciar la presidencia, puso en marcha un grupo de seis países, precisamente para preparar la reforma de la pesca.
O sea, estamos bastante acompañados, no vamos en solitario, porque sabíamos que iba
a ser una reforma dura teniendo en cuenta las ideas que tienen carácter dominante en el seno de la Comisión. Eso es un hecho y en política hay que reconocer la realidad. Se puede querer cerrar los ojos o se puede afrontar el futuro sabiendo a qué
adversario se enfrenta uno y cuáles son las condiciones del enfrentamiento. Sabíamos que era un reforma compleja.
Yo no sé si el señor Díaz se ha leído los borradores, pero estoy seguro de que no. (El señor Díaz Díaz: sí, sí.) Estoy seguro de que no se ha leído los siete borradores que hay encima de la mesa y también estoy seguro de que no se ha leído
los cambios que ha habido en el proceso legislativo.
Si se hubiera leído los borradores, vería usted lo que se ha movido la presidencia española y el Gobierno español sustancialmente. En los primeros borradores, no aparecía para nada el acceso de
la flota española a las aguas comunitarias ni la eliminación de ninguna restricción. En los textos definitivos que están encima de la mesa se reconoce por primera vez que en el año 2003 deben terminar las restricciones de acceso a la flota
comunitaria. Cuando se ven todos los borradores ¿qué es lo más conflictivo? Obviamente, el aspecto de las nuevas construcciones, porque hay otras cifras que son tan irreales que no vale la pena comentar; el impacto de 1.300 barcos y 8.000 empleos
es absolutamente ridículo y la propia Comisión reconoce que estas cifras no tienen ningún criterio racional que las pueda soportar. El Gobierno español está dialogando con la Comisión por una razón muy sencilla, señor Díaz, porque la Comisión
trabaja para reducir esfuerzo pesquero sobre la base de planes de recuperación de recursos y toda la flota española que faena en zonas sujetas a recuperación de recursos la constituyen 1.200 barcos. La cifra supondría el cien por cien de la flota,
es decir, que nadie podría faenar, por lo que la Comisión está manejando porcentajes de reducción que suponen el 30 por ciento. Por lo tanto, las cifras, tanto de barcos como de empleo, están absolutamente faltas de realismo, como el tiempo
demostrará.
Nosotros estamos trabajando con rigor y seriedad, buscando aliados, utilizando argumentos, poniendo encima de la mesa información científica de última generación y contrastando nuestros datos con los de la
Comisión. Yo no tengo la culpa de que la Comisión no haya preparado sus propuestas. El derecho de iniciativa legislativa, como usted bien sabe, corresponde a la Comisión y pone sus propuestas encima de la mesa cuando puede. Las puso el 28
de mayo y el 11 de junio ya estábamos discutiendo las propuestas. Además, se han visto los bloques que se han formado. Hay ocho países que apoyan ayudas para temas estructurales, para temas de mayores competencias de la Comisión todos los países
están en contra, y en los demás temas puede usted encontrar todo tipo de alianzas y países que, claramente, apuestan por la propuesta de la Comisión, como es el caso del Reino Unido o Alemania. Por lo tanto, este va a ser un debate político muy
complejo que España no va a jugar en solitario. A nivel nacional, hemos constituido la mesa para la defensa de la pesca, donde está representado todo el sector: sindicatos, cofradías, armadores, administraciones autonómicas y administración
nacional, que mañana empiezan sus trabajos, reuniéndose los cuatro primeros grupos para preparar la documentación. En segundo lugar, supongo que sabrá que lo primero que he hecho como ministro ha sido ir al Parlamento Europeo para hablar con los
parlamentarios europeos y pedirles que, en la medida de lo posible, intentaran ser ponentes de los dictámenes más importantes por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Jové va a ser ponente de uno de ellos, y el Partido Popular europeo determinará
si es ponente de otro de los temas importantes. La primera estrategia va a ser de coordinación con el Parlamento Europeo, con el Comité Económico y Social y con el Comité de las Regiones. No estamos jugando en solitario, sino siempre muy bien
acompañados; estamos acompañados por todo el sector pesquero español, que apoya íntegramente la estrategia del Gobierno -hubo alguna comunidad autónoma que al principio tuvo ciertas reservas, pero ya está integrada en esta plataforma-, y también
por el Parlamento Europeo, en el que su grupo comparte íntegramente las posiciones del Gobierno y está colaborando perfectamente en la definición de una estrategia común, cosa que yo agradezco al Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros no teníamos propuestas de reforma de pesca; Dinamarca las tiene y ha convocado tres consejos. Ahora bien, los consejos se hacen cuando hay orden del día, hay materia y temas que discutir. No se desplazan quince ministros a una
tertulia de amigos, sino con propuestas encima de la mesa para tomar decisiones políticas. Debo decirle que la desaparición del Consejo de pesca es una decisión lógica, porque en trece de los quince ministros de la Unión coinciden la cartera de
agricultura y la de pesca, sólo hay dos ministros -Irlanda y Reino Unido- que tienen cartera de pesca autónoma. Esto no quiere decir que se suprima ninguno, sino que en los consejos de agricultura se meten temas de pesca, es decir, la pesca se va a
poder discutir con más frecuencia. El Consejo de agricultura es el que más se reúne en la Unión Europea junto con el ECOFIN, -entre seis y ocho reuniones al año-, por lo que la pesca estará presente en todos los consejos. Por lo tanto, se van a
debatir los temas con más frecuencia y no sólo en un consejo cada dos o tres meses como teníamos previsto.
Señor Cuadrado, usted habla de convertir el agua en vino. Hay quien quiere convertir el vino en vinagre, pero no le puede salir bien la jugada, porque si se ha avanzado en algo fuertemente en esta presidencia ha sido en todos los capítulos
de la agricultura, sobre todo en la ampliación. En cuanto a la ampliación hemos cerrado todo lo complicado, como son las cuotas, los temas fitosanitarios, veterinarios, los períodos de referencia, todo lo que se refiere a la ampliación. España ha
dado tal empujón a todo lo que se refiere a la ampliación que no sólo hemos recuperado el retraso de presidencias anteriores, sino que nos hemos puesto al día en cerrar todos los capítulos. Hemos cerrado todos los temas técnicos y en los temas
políticos hemos avanzado sustancialmente.
Cuando nosotros llegamos se negaba que los pagos directos fueran parte del acervo comunitario; está reconocido en el Consejo de Asuntos Generales que forman parte del acervo comunitario. En segundo lugar,
se negaba que los pagos hubiera que aplicarlos a los países candidatos; la declaración del Consejo de Asuntos Generales dice que los pagos hay que aplicarlos a los países candidatos y además con modalidades transitorias que habrá que adoptar. ¿Qué
ha pospuesto? La decisión definitiva sobre cuáles van a ser las modalidades de los pagos transitorios. Todo lo demás se ha cerrado. Esto es lo más fácil, porque es una simple decisión política. Los temas técnicos, muy complejos, se han cerrado
todos, y se ha dicho además en el Consejo de Sevilla que esa decisión se toma necesariamente en el mes de noviembre. Si en noviembre hay alguien que se opone a esa decisión, será responsable de los retrasos que se puedan producir. España es
partidaria de la concesión de estos pagos, hay 11 países que están de acuerdo y hay cuatro que están en contra. Esta es una decisión que se toma por unanimidad. Se dice: usted ha fracasado. No, porque se ha avanzado en que los pagos directos
formen parte del acervo comunitario, se ha avanzado en que habrá una Europa a dos velocidades y se ha avanzado en algo muy importante. Había países que querían vincular ampliación con el proceso interno de reforma de la política agraria común y en
el Consejo de Asuntos Generales se dice que las decisiones se tomarán sin prejuzgar las decisiones internas. Por tanto, no hay nexo entre una decisión y otra, no hay reducción de la política agraria para financiar la ampliación y no hay que tomar
una decisión previa en la política agraria antes de tomar una decisión sobre la ampliación. Por eso empezamos a discutir la política agraria común a partir del mes de julio, en el seno del Consejo de Ministros, mucho antes de que discutamos cuáles
son los pagos compensatorios. Por
tanto, en materia de ampliación, se ha cubierto el objetivo de la posición común; queda una decisión política exclusivamente, que habrá que tomar en su momento. Se ha avanzado sustancialmente, como reconoce toda la Unión Europea, salvo el
señor Cuadrado y el señor Zapatero, por supuesto.
Se nos dice que en desarrollo rural no se ha avanzado. En desarrollo rural hemos hecho un consejo informal en el que se han tomado dos decisiones fundamentales. Una, que va a haber un trasvase de fondos del primero al segundo pilar; ahora
se lo voy a cuantificar en el caso español, para que vea que va a ser sustancial. En segundo lugar, que hay que tener en cuenta los elementos de cofinanciación, para que no haya tanto peso. Con este tema me referiré al portavoz de Convergència
para dar una respuesta a un tema que nos puede preocupar. Los dos temas están encima de la mesa.
Tenemos en este momento una propuesta de modulación que conocen, una modulación obligatoria, con una franquicia entre 5.000 y 10.000 euros, con un 3
por ciento anual acumulativo, hasta llegar a un 20 por ciento, con un descreste, que por encima de 300.000 euros no se puedan percibir ayudas, si bien puede haber incrementos en función de las unidades trabajo-año; todo ese importe se traslada a
Bruselas, que lo repartirá de acuerdo con criterios de cohesión entre los Estados miembros. Por tanto, va a haber un trasvase.
Si S.S. tiene curiosidad en saber qué supone esa propuesta en el caso español cuando estemos a velocidad de crucero, le diré que una franquicia de 5.000 euros deja fuera a 750.000 de los 970.000 perceptores de ayuda directa. Los
agricultores modulables van a ser unos 200.000 y cuando estemos a velocidad de crucero, el volumen de ayudas que puede pasar del primero al segundo pilar, si esta propuesta se aprobara, sería de cerca de 700 millones de euros. Estamos hablando de
una cifra de 112.000 millones de pesetas largos, una cantidad sustancial.
Por tanto, la presidencia española ha hecho lo que tiene que hacer: se ha establecido el debate, ha establecido el principio de que habrá trasvase del primer al segundo pilar, que el sistema será probablemente a través de la utilización de
la modulación y que los temas de cofinanciación habrá que tenerlos en cuenta.
Habrá que conocer los términos exactos de la propuesta definitiva, porque parece que la propuesta definitiva introduce distintos parámetros de cofinanciación en función de que sean medidas tradicionales -que pueden tener menos- o medidas de
carácter medioambiental o bienestar de animales o calidad alimentaria, en cuyo caso puede bajar hasta el 15 por ciento la cofinanciación. Ayer tuve un encuentro con los consejeros de las comunidades autónomas y les dije que, siendo este un tema que
afecta a las comunidades autónomas, que tendrán que cofinanciar el segundo pilar, junto con el Gobierno de la nación, la posición común en esta materia debe tomarla el Gobierno de acuerdo con comunidades autónomas, de manera que lleguemos a un
consenso básico sobre las propuestas de la Comisión para ver cuáles son las consecuencias financieras que nos correspondería asumir a cada uno. No se trata de que el Gobierno acepte alegremente o rechace una propuesta sin consultar a aquellos que
van a ser partícipes, primero en la ejecución de las políticas y, segundo, en la cofinanciación de las mismas. Es obvio que tan pronto conozcamos el texto definitivo, porque ahora manejamos filtraciones, borradores -probablemente sea la vez que
menos se han filtrado las propuestas de la Comisión; están ya a nivel interservicios y ya se empiezan a conocer algunos detalles-, aprobado por el Colegio de Comisarios, porque es un tema muy importante, haremos la consulta a las comunidades
autónomas, ya sobre bases sólidas, para empezar a evaluar cuál será el impacto en España, cuál será el impacto de cofinanciación, aunque en este momento, si se aplican criterios de cohesión, se puede dar el resultado de que a España se retiraran del
primer pilar 700 millones de euros, pero por aplicación de la cohesión recibiéramos cantidades sustancialmente superiores para financiar el segundo pilar. Tendremos que ver la propuesta definitiva.
Decía el señor Cuadrado que en frutos secos no habíamos hecho nada; no crea que conseguir una prórroga de la Unión Europea es fácil. Le voy a dar solamente un detalle, señor Cuadrado. La Unión Europea, en este año, no ha puesto dinero
nuevo encima de la mesa más que en dos ocasiones, sobre el marco financiero presupuestario originalmente establecido. En las dos ocasiones se lo ha llevado íntegro España; en una ocasión nos hemos llevado 197 millones de euros, junto con Portugal,
para el plan de acción de Marruecos, y en la segunda nos hemos llevado 59 millones de euros para los frutos secos. Seremos muy torpes, pero somos los únicos que nos hemos llevado dinero de la Unión Europea. Por tanto, señor Cuadrado, cuando se
dicen cosas hay que ver el grado de dificultad que tienen. Ningún Estado miembro ha obtenido financiación adicional; nosotros hemos conseguido una prórroga con enorme dificultad, y a base de invocar el gran problema medioambiental y el gran
problema social que se planteaba. Durante toda la presidencia hemos trabajado para que en el paquete de la revisión a medio plazo venga una propuesta de ayuda directa a la hectárea de carácter definitivo. Yo confío en que cuando el comisario
Fischler lo presente el 10 de julio, el trabajo de la presidencia se plasme en esa propuesta. Cuando salga esa propuesta no crea usted que la trae el ángel de la guarda o que ha aparecido un santo que la ha sacado de la nada. Esa propuesta, sea
buena, mala o regular, tiene detrás el trabajo de seis meses de presidencia y de dos años en el Consejo de Ministros hablando de frutos secos en todos los consejos. Yo espero que pase por el Colegio de Comisarios y ese día reconozca que no ha sido
el Espíritu Santo el que ha
traído la propuesta, sino que algo ha hecho la Administración española, de la que usted dice que está paralítica y sin hacer absolutamente nada.
Sobre el tabaco, cuando yo fui al Consejo todo el mundo daba por muerto el tabaco; a la salida del Consejo teníamos tres años más y además se habían eliminado las espadas de Damocles, porque en el texto que hay ahora no se dice una fecha
fija para la eliminación de las ayudas. En los textos que fueron al Consejo ya había fechas para la desaparición del cultivo del tabaco. Es cierto que la Comisión va a presentar sus informes, es cierto que el Gobierno español ha presentado un
informe técnico a la Comisión justificando que no existen alternativas, y es obvio que respecto del tabaco hay una batalla campal en el seno de la opinión pública europea y en el Parlamento Europeo entre los que ponen por encima los temas de salud
pública y los que ponen por encima los temas económico-sociales que plantea un cultivo de esta naturaleza que no tiene alternativa. Respecto del tabaco se ha hecho una buena cosa; se ha conseguido, para un cultivo amenazado de muerte, tres años de
horizonte despejado, con lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea; seguiremos luchando para mantenerlo.
En arroz, como saben ustedes, el modelo de OCM que propuso la Comisión estaba tocado de ala a partir de las concesiones a los países menos desarrollados, a los países a los que se les ha dado la iniciativa EBA -everything but arms, todo
menos armas-, y a partir de ese momento el modelo de la Comisión es un modelo caduco. La Comisión, en la previsión a medio plazo, va a presentar un modelo distinto, pues hay disminuciones de apoyo, hay apoyo al almacenamiento privado, hay
disminución de precio de intervención y probablemente haya una diferenciación entre los humedales tradicionales y las demás zonas, es decir, tratar de asociar unos pagos complementarios a aquellos arrozales que cumplen una función de mantenimiento
de ecosistemas de zonas húmedas y de mantenimiento de la avifauna, frente a los cultivos de arroz que se hacen simplemente por puesta en regadío a base de obras de ingeniería hidráulica, con lo cual puede caber una diferenciación para tener en
cuenta los temas de carácter medioambiental. Probablemente ocurra así.
Me faltaba contestar a la pregunta sobre la posición del Gobierno sobre la reforma de la PAC. El Gobierno hizo su documento, lo mandó a las comunidades autónomas, de 17 contestaron sólo 5 -se ve que el resto no tenía ningún interés en
colaborar- se mandó a las OPA, se han integrado posiciones de las cooperativas en el documento definitivo se han integrado posiciones de las OPA y se ha hecho un documento de síntesis que se ha trasladado a la Comisión; documento que, como saben
ustedes, defiende la existencia de una política agraria de carácter común, sin elementos de subsidiariedad, sin elementos de cofinanciación, y una política en la que haya un segundo pilar, en que haya ayudas multifuncionales desacopladas.
Probablemente, en la revisión a medio plazo va a ver que la Comisión propone ayudas multifuncionales desacopladas en la línea del documento español.
El señor Companys ha hecho una referencia a los graves problemas de cofinanciación encubierta. Es obvio que si se hace un trasvase íntegro de recursos del primer pilar al segundo pilar y luego requiere algunos elementos de cofinanciación,
estamos cofinanciando políticas estructurales, estamos reduciendo el apoyo en el primer pilar, estamos incrementando las políticas estructurales, pero estamos dotando a esas políticas estructurales de elementos de cofinanciación en línea con todas
las políticas estructurales que tienen elementos de cofinanciación. Habrá que ver si luego, en el marco de ese segundo pilar, se configuran ayudas multifuncionales que puedan suponer retornos a los agricultores. En este momento una de las
preocupaciones que tiene el Gobierno sobre las propuestas que se han filtrado es muy clara. El segmento de agricultores que están exentos de la modulación son los que tienen menos de 5.000 euros o 10.000 euros, no son agricultores a título
principal, porque la agricultura para alguien que percibe 5.000 euros de subvenciones normalmente no es la fuente principal de sus ingresos. En tanto que los agricultores modulados son todos los agricultores a título principal y entre ellos hay
algunos agricultores en zonas marginales de cereales, por ejemplo, de las dos mesetas castellanas, a los que una reducción del 20 por ciento de las ayudas, cuando se tienen rendimientos históricos muy bajos, puede crear problemas económicos serios.
Por tanto, sobre las propuestas de regulación de la Comisión, el Gobierno es partidario en este momento de la modulación obligatoria. Yo desde que tengo esta responsabilidad siempre he dicho lo mismo, que el modelo anterior distorsionaba la
competencia entre Estados y entre comunidades autónomas, que producía deslocalización de fondos de las comunidades que más ayudas perciben hacia otras que pueden percibir menos ayudas pero que pueden tener también los mismos problemas de desarrollo
rural, y que además exigía una cofinanciación que en los términos actuales era imposible de asumir por razones presupuestarias. Yo siempre he dicho la verdad y los consejeros de las comunidades autónomas en conferencia sectorial dicen lo mismo.
Por eso la preocupación del señor Companys de fondos adicionales imposibles de cofinanciar es una preocupación grave que el Gobierno tiene también, porque si no se cofinancian no se utilizan y si no se utilizan retornan a la Comisión Europea. Por
tanto, este es un tema de enorme sensibilidad y cuando se conozcan las propuestas definitivas habrá que estudiarlas desde la perspectiva del impacto no sólo en las cifras macroeconómicas del Estado, sino del impacto en cada uno de los territorios
autonómicos para ver qué pasa en cada uno de los cultivos.
Piensen ustedes que la modulación afecta a todos los cultivos, al tabaco, al arroz, a todos
los cultivos herbáceos, al vacuno, a los gusanos de seda; en definitiva, a una pléyade que figura en el anexo del reglamento horizontal que hace muy difícil analizar el impacto sector por sector. Por tanto, cuando se conozcan las
propuestas, el Gobierno convocará a la conferencia sectorial y a las OPA, haremos un estudio de cuál es el impacto global de las mismas y a partir de ese momento empezaremos a trabajar en el esquema de su mejora sistemática.
El señor VICEPRESIDENTE: Seguiremos la costumbre de esta Comisión, aunque debo advertir que el turno es excepcional, como reza el artículo 203 del Reglamento, que dice que se abre un turno para que los diputados puedan escuetamente
-recalco- formular preguntas o pedir aclaraciones sobre información facilitada. Es decir, no se va a admitir que se reabra el debate. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor ministro, el acceso a recursos de la Unión Europea que hasta hoy estaba vedado, en qué condiciones va a hacerse, ¿en condiciones de igualdad?, ¿con qué cuotas?
Segunda pregunta. ¿No le parece sarcástico vender como un éxito que desaparezcan los consejos de pesca? Porque con ellos desaparece el elemento singular de la pesca y pasan a tener un lugar subordinado dentro de una Comisión más amplia?
Por último, señor ministro, si con tantos apoyos obtuvimos este resultado en lo que se refiere a la reforma de la política común de pesca, por favor, coordinemos mejor los apoyos para que el trabajo sea más efectivo y para que, al final,
obtengamos mejores resultados que los que obtuvimos, también con grandes apoyos, en la renegociación del Tratado de Pesca con Marruecos.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Cuadrado tiene la palabra.
El señor CUADRADO BAUSELA: En primer lugar, señor ministro, le sigo diciendo que usted intenta convertir el agua en vino. (El señor Madero Jarabo: ¡Eso fue en las bodas de Canaán!) Usted se comprometió a ello, está escrito en el 'Diario
de Sesiones' y, por tanto, no voy a insistir.
Dice usted que yo soy el único que entiende que de los 31capítulos agrícolas se han resuelto los más sencillos y que no se han resuelto los más complicados, aquellos que técnicamente eran difíciles. Señor Arias-Cañete, es usted el único que
no entiende que los capítulos que cuestan dinero, que son los que no se han resuelto, son los más espinosos. Usted puede insistir en ese argumento, pero -léase la prensa internacional- lo más espinoso, lo que cuesta dinero, es lo que no se ha
resuelto. Ahora bien, no sé si usted es un técnico o un político. Es usted todavía el presidente del Consejo Agrícola. Tener que venir a esta Cámara a explicarnos la propuesta del paquete Fischler por filtraciones de prensa, lo dice todo; yo no
diré nada más.
Termino. Efectivamente, estas cosas afectan a los agricultores y a los ganaderos, les afectan en su renta, que es lo más importante. Del Anuario del propio ministerio les voy a leer...
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego que no haga lecturas de textos y que abrevie lo más posible.
El señor CUADRADO BAUSELA: Son tres cifras exactamente, señor presidente, del propio Anuario del ministerio. En 1986, renta agraria por ocupado, deflactada con el IPC, 1.165.000 pesetas; en 1996, 2.512.000 pesetas, y en el año 2000,
2.401.000 pesetas. Ha descendido la renta. Y para el año 2001, que es el que queda, todos los avances que se han dado están por debajo del IPC.
Efectivamente, ha habido resultados en las elecciones en el campo que lo dicen todo.
El señor VICEPRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Concluyo, señor presidente, muchas gracias por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: No voy a hacer ninguna pregunta, sólo voy a agradecer al señor ministro las contestaciones que ha dado a los interrogantes que nuestro grupo ha puesto encima de la mesa. Hay preocupación en el sector, el modelo
agrario está sufriendo profundos cambios en este momento con la incorporación de nuevos países, con las políticas agrarias americanas, que van en contradicción con lo que habíamos predicado hasta hace pocos días. Estamos apostando por un modelo que
estaba de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio y sobre todo con las declaraciones de Doha. Ahora parece que la política americana nada tiene que ver con eso y estamos legislando, estamos trabajando para un sector importante de gente que
ha hecho inversiones a largo plazo y que no sabe qué le reserva el futuro. Por tanto, tenemos que crear seguridad en el sector. Esa era la línea de mi intervención.
Gracias por su contestación, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Isasi tiene la palabra.
El señor ISASI GÓMEZ: Señor presidente, sólo quiero ratificarme en nuestra felicitación al ministro de Agricultura por los resultados obtenidos en el semestre de la presidencia española, que han quedado reflejados tanto en la primera
intervención como en el segundo turno del señor ministro, y hacer unas reflexiones respecto
de alguna cuestión que se ha planteado en el último momento por el portavoz del Grupo Socialista.
Quisiera resaltar en esta Comisión que, en cuanto a recursos del sector agrario, las administraciones públicas traspasan al sector agrario en torno a tres billones de pesetas: uno, de la Unión Europea, uno en forma de la Seguridad Social
agraria y otro en beneficios fiscales a favor del sector agrario. Tres billones de pesetas que la sociedad española pone a disposición del sector agrario, y creemos que es necesario, porque está cumpliendo un servicio de cara a toda la sociedad.
En cuanto a resultados electorales, me remito a ...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Isasi, le ruego concluya.
El señor ISASI GÓMEZ: Concluyo ahora mismo.
Me remito a los resultados electorales del año 2000, que ahí están y que han puesto al grupo del señor Cuadrado en su sitio y al Grupo Popular en el suyo, y estamos ejerciendo según esos resultados electorales.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor ministro, si lo desea, puede contestar a las preguntas que le han realizado.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Quisiera contestar al señor Díaz, porque ha hecho preguntas muy concretas. En primer lugar, el acceso de España tiene que ser en condiciones de absoluta igualdad, la
única restricción que puede haber es la del Shetland Box y en las mismas condiciones que cualquier Estado miembro.
En cuanto a cuotas, el problema que se plantea en este asunto es que el principio de estabilidad relativa determina los repartos. Pero después, con posterioridad a 1986, habrá que revisar los repartos efectuados en base a una
reinterpretación del principio que va a ser muy cuestionada en sede comunitaria, ya que incluso podrá derivar probablemente en discusiones de carácter judicial, porque este es un tema en el que los Estados miembros tienen interpretaciones muy
diversas. España ha pedido asesoramiento jurídico para ver cómo debe reinterpretarse en los repartos posteriores a 1986 y no en los anteriores, que son acervo comunitario, por tanto, a lo que hubiera antes no tenemos ninguna posibilidad de acceso.
En los repartos posteriores a las limitaciones del Tratado de Adhesión tendremos que reivindicar una diferente clave de reparto, y por ello la Comisión está también estudiando este tema.
En segundo lugar, decía que los Consejos de Pesca pasan a ser secundarios.
Pues no, un tema de pesca en un Consejo de Agricultura tiene la misma importancia, ya que somos ministros que tenemos la responsabilidad de carteras múltiples.
Tiene la misma importancia, la única diferencia es que habrá que llamar al seno del Consejo a dos ministros adicionalmente cuando vengan los puntos de pesca, pero el problema, la dimensión y la importancia será absolutamente la misma.
Finalmente, me dice que a pesar de las alianzas procure ser más efectivo.
Mire usted, la Comisión tiene capacidad de iniciativa legislativa plena y las alianzas empiezan cuando los documentos salen de la Comisión, cuando empezamos a
discutir en el Consejo. Es en el Consejo donde podemos formular nuevos equilibrios de poder que pueden llevar a mayorías cualificadas o a minorías de bloque y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Mi equipo está en Dublín hoy,
hablando con los irlandeses, en primer lugar, de la Irish Box y, en segundo lugar, hablando con el Grupo de amigos de la pesca, para tratar de mantener este grupo. Por supuesto, la Comisión intentará negociar dando satisfacción a pretensiones
nacionales para disgregar los grupos, ya que ésa es la labor de la Comisión para apoyar sus propuestas. Nuestra labor será tratar de mantenerlo unido el mayor tiempo posible.
El señor Cuadrado, como siempre, empieza a decir: Ustedes no han hecho nada. Hemos cerrado cien capítulos de la ampliación, entre ellos, todos los capítulos agrícolas importantes. Sabemos cuál es la cuota de cada Estado miembro, cuál es
su período de referencia, se han cerrado todos los temas fitosanitarios, es decir, se han cerrado los temas más complicados. Le vuelvo a decir que se ha avanzado en el sentido de que habrá pagos compensatorios porque son acervos comunitarios, habrá
período transitorio y se toma la decisión en noviembre. Usted dice que no hemos tomado la decisión porque es un tema político. Evidentemente, los condicionamientos políticos son los que son. Hay unas elecciones en un Estado miembro que es el
mayor contribuyente neto en la Unión Europea y si usted no quiere ver eso, pues no lo vea. ¿Usted cree que el señor Zapatero, con su magnificencia y oratoria, hubiera convencido a Alemania en período electoral? Por favor, seamos serios y empecemos
a ser serios en esta vida.
Agradezco mucho al portavoz de Convergència i Unió que haya dicho claramente cuáles son los temas. A pesar de la dificultad, Alemania ha reconocido que son acervo comunitario, que hay que darlo a los países candidatos, que hay período
transitorio y que habrá que tomar las modalidades de aplicación en el mes de noviembre. Fíjese si se ha avanzado; se ha avanzado todo lo que se puede avanzar en un contexto de esta naturaleza. Todos los que saben algo de la Unión Europea
reconocen que ha habido enormes progresos. Por supuesto, no el señor Cuadrado ni tampoco el señor Zapatero, pero tampoco podríamos esperar nada de generosidad de determinadas personas y formaciones políticas.
Quisiera referirme a un tema que me preocupa mucho y que ha mencionado el señor Companys, como es el Farm Bill. La Comisión ha hecho sus propuestas y ha elaborado sus trabajos como si el Farm Bill no estuviera encima de la mesa. Es obvio
que un Estado federal
tiene una capacidad de reacción sin discusión, además el carácter presidencialista de Estados Unidos facilita el tema, de tomar acciones de esta naturaleza. En una Unión Europea de 15 Estados, que tienen que tener unanimidad en los temas
financieros, eso se vuelve absolutamente imposible. Pero a la hora de hacer una reforma de una política agraria común como la que estamos haciendo, hay que tener en cuenta el Farm Bill, porque éste produce efectos sobre los precios. Es decir, que
los mercados mundiales de cereales y del arroz, entre otros, van a tener distorsiones.
En definitiva, eso tiene que ser tenido en cuenta por la Comisión en sus propuestas. Uno de los ejes dialécticos que va a seguir el Gobierno español es un
análisis profundo de los efectos del Farm Bill sobre los mercados mundiales, para ver si las propuestas a medio plazo de la Comisión son adecuadas para contrarrestar sus efectos más negativos, a parte del problema que pueden plantear en cuanto a
posición política en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
Señor Cuadrado, sobre la reforma a medio plazo conozco muchos aspectos, pero como soy una persona muy prudente, hasta que este tema no pase por el Colegio de Comisarios no quiero poner encima de la mesa ningún aspecto, como es obvio.
Prefiero hablar de los aspectos más superficiales de la misma. El Colegio de Comisarios, en un tema como la reforma agraria común, es un colegio soberano que puede modificar muchas de las propuestas del comisario Fischler. El comisario Fischler va
en una dirección, pero el Colegio de Comisarios es soberano. Esto tiene implicaciones presupuestarias, tiene implicaciones que pueden estar conexas con la ampliación, a pesar de que el vínculo no esté establecido, porque esta es una política para
siempre y el modelo que definamos en este momento es la política del futuro. Yo no creo que después de esta reforma, aparte de la reforma de frutas y hortalizas y la reforma que tiene que haber del aceite de oliva, haya grandes reformas en la Unión
Europea, entonces esta es la gran última reforma agraria y, después de la ampliación, será muy complicado afrontar procesos de reforma. Por eso esta reforma va a tener una duración muy larga, esta reforma no se va a resolver en presidencia danesa,
señorías, sobre esta reforma la Comisión va a presentar una comunicación global genérica y luego habrá propuestas legislativas más adelante, lo cual quiere decir que hasta probablemente mayo del año que viene esta reforma no pueda estar en vigor.
Es una reforma de la política agraria común, este es un tema en el que tendremos un año entero de largas discusiones políticas, y yo confío contar con la colaboración de esta Cámara y de SS.SS. para configurar posiciones coherentes que sirvan de
base para la mejora sustancial de las propuestas que salgan y su adecuación a la realidad agraria española.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por la información que ha traído a esta Comisión. Muchas gracias a los señores portavoces por la colaboración que han tenido con la presidencia.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.