Ruta de navegació
Publicacions
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 85, de 28/05/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 85
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 28 de mayo de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno) para informar del expediente administrativo en relación con la desaparición de 225 kilogramos de hachís de las dependencias oficiales de la delegación del Gobierno
en Imárcoain (Navarra). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000576 y número de expediente del Senado 711/000186) ... (Página 1972)
Comparecencia del señor director general de la Guardia Civil (López Valdivielso) para explicar la desaparición de hachís de las dependencias oficiales de la Delegación del Gobierno en Imárcoain (Navarra) y las responsabilidad derivadas de
este hecho. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 212/000551 y número de expediente del Senado 713/000257) ... (Página 1979)
Proposiciones no ley:
- Sobre la urgente realización de la planta para destrucción de drogas de la provincia de Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente del Congreso 161/001380 y número de expediente del Senado 663/000054)
... (Página 1984)
- Sobre creación de laboratorios para los análisis de estupefacientes.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente de Congreso 161/001395 y número de expediente del Senado 663/000059) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (POSADA MORENO), PARA INFORMAR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN CON LA DESAPARICIÓN DE 225 KILOGRAMOS DE HACHÍS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES DE LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN IMÁRCOAIN (NAVARRA) A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente del Congreso 213/000576) y número de expediente del Senado 711/000186)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Iniciamos la Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas. El primer punto del orden del día es la solicitud de comparecencia del ministro de Administraciones Públicas para que informe del
expediente administrativo en relación con la desaparición de 225 kilos de hachís de las dependencias oficiales de la Delegación del Gobierno en Imárcoain, en Navarra. El solicitante es el Grupo Parlamentario Socialista. Por acuerdo de la última
Mesa de esta Comisión, en nombre del ministro de Administraciones Públicas comparece la subsecretaria, doña María Dolores de Cospedal, a quien damos la más cordial bienvenida. La señora subsecretaria tiene la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García): Entiendo que SS.SS. saben perfectamente que este tema ha sido objeto de varias comparecencias en esta Comisión, así como en otros órganos parlamentarios. No
obstante, a pesar de que SS.SS. conocen en gran medida el acontecer de los hechos que se han producido y que dan lugar a la solicitud de esta comparecencia, teniendo en cuenta que la petición es para informar sobre el expediente administrativo que
se produjo en relación con la desaparición de 225 kilogramos de hachís de las dependencias de la Delegación del Gobierno de Navarra, haré una exposición muy breve de los hechos acontecidos y de las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de
Administraciones Públicas con relación a la desaparición de la droga en cuestión.
El día 1 de junio de 2001, el delegado del Gobierno de Navarra tiene conocimiento, a través de la directora del área funcional de sanidad y del jefe de la sección de inspección farmacéutica y de control de drogas, de la desaparición de 225
kilos de hachís. El delegado del Gobierno lo pone en conocimiento del jefe de la IX zona de la Guardia Civil y el mismo día 1 de junio se presenta la correspondiente denuncia ante la unidad orgánica de la zona de la Policía judicial de la Guardia
Civil. La droga presuntamente sustraída se encontraba almacenada en el depósito de drogas ubicado en la denominada Ciudad del Transporte, en dependencias contiguas a las de la aduana en Imárcoain, en el término municipal de Beriáin. Entiende de la
causa, y se reparte así de manera inmediata, el Juzgado de instrucción de Aoiz y la juez declara inmediatamente el secreto sumarial de las actuaciones.
Puestas las cosas así, el delegado del Gobierno en Navarra comunica a esta subsecretaria, en carta de 4 de junio del año 2001, con entrada unos días después, los hechos acaecidos el día 1 de junio. A la vista de esta información y sin
perjuicio de las diligencias judiciales en curso, dirigidas a depurar posibles responsabilidades penales, con fecha 12 de junio y como órgano competente, la subsecretaria que comparece ante ustedes firma una resolución ordenando al inspector general
de servicios del departamento la práctica de una información reservada, a los efectos de determinar la posible existencia de responsabilidades administrativas.
Como consecuencia de esta práctica de información reservada, entre los días 18 y 22 de
junio del año 2001, se desplazan
a la Delegación de Gobierno de Navarra dos inspectores de servicios para llevar a cabo la misma. De acuerdo con lo que establece el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, antes de iniciarse
la incoación de cualquier expediente disciplinario el órgano competente para incoar el procedimiento puede acordar previamente la realización de una información reservada. Esta es una práctica que, por prudencia y por mero sentido común, se realiza
siempre por parte de esta subsecretaria antes de comenzar cualquier expediente disciplinario para ver si efectivamente existen responsabilidades disciplinarias que depurar.
El contenido de la información reservada fue el siguiente. Se entrevistó al delegado del Gobierno de Navarra, a la secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, a la jefa del área de sanidad y al jefe de la sección de
inspección farmacéutica y de control de drogas.
Esta fue la inspección que realizó el Ministerio de Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que la competencia de este ministerio se circunscribe a las personas que dependen orgánica y
funcionalmente del mismo, que son las que he relatado, y no a otras personas que hayan podido tener relación, mayor o menor, con el caso que nos ocupa. Teniendo en cuenta esta cuestión, no sólo ha comparecido el Ministerio de Administraciones
Públicas, que lo está haciendo en este momento ante esta Comisión, sino también el Ministerio del Interior. De estas entrevistas se sustrae la siguiente información: Que la droga presuntamente sustraída procede de expedientes correspondientes a
los años 1990, 1996 y 1999; que las cajas de los expedientes de los años 1990 y 1996 contienen exclusivamente hachís, mientras que la de 1999 contiene además otras substancias estupefacientes, pero sólo ha sido sustraído el hachís. Como ya he
indicado, el depósito está ubicado en el edificio de la aduana de la Ciudad del Transporte, en el término municipal de Beriáin, y sus características son las siguientes. Se trata de un despacho de unos 28 metros cuadrados, adosado a otros
contiguos, al que se accede por una única puerta, sin blindaje hasta ese momento; en su interior se encuentran cinco armarios de seguridad, con llave de seguridad y clave, y un armario normal y estanterías de archivos. Asimismo existe una cámara
de vídeo situada en el ángulo superior del habitáculo y conectada al control de la Guardia Civil en el recinto. De la puerta de acceso existen tres llaves, una está en poder de la jefa del área de sanidad, otra en poder del jefe de la sección de
inspección y control de drogas y otra en poder de la Guardia Civil. Esta tercera llave la facilita la Guardia Civil a una limpiadora de la empresa concesionaria de estos servicios, que realiza la limpieza en horario de tarde. Quiero apuntarles que
esta limpiadora es la misma desde hace aproximadamente diez años.
Respecto a lo que es la pura gestión administrativa, existe un libro de entrada de droga, que está diligenciado con los siguientes apartados: el número de expediente, la identificación del decomiso, el número de paquetes, las diligencias
judiciales a las que pertenece la droga incautada, la fecha de entrada en depósito, con la firma del responsable del almacén, la fecha de salida para la destrucción y la firma del responsable del almacén en caso de salida. Esta documentación se
completa con estadillos mensuales y anuales en los que, por el sistema de registro de altas y bajas, se determinan las existencias; en él constan todas estas cuestiones y este libro registro se diligencia desde el 3 de enero de 1986 hasta el día de
hoy, sin solución de continuidad.
¿Cuáles fueron las propuestas de actuación de la inspección de servicios del Ministerio de Administraciones Públicas a la vista de todas las actuaciones practicadas y de los hechos que derivaban de la información reservada? En primer lugar,
reforzar las medidas de seguridad y de protección del depósito -más adelante explicaré cómo se hizo-; en segundo lugar, continuar en la línea de coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a fin de conseguir una más rápida
destrucción de droga almacenada en el depósito, porque, como han visto SS.SS., había droga almacenada de años muy lejanos y este es un problema que se está tratando de resolver con los tribunales superiores de Justicia, ya que no son ellos los que
tienen que realizar la custodia de la droga sino órganos de la Administración, y es fundamental para nosotros que se pueda proceder a destruir la droga, guardando tan sólo muestras, pero estamos en ese proceso, junto con el Ministerio del Interior y
el Ministerio de Justicia; también, establecer medidas de control interno que, mediante muestreos, faciliten un mejor seguimiento de la droga que esté incautada y estimar, por último, y este es el hecho fundamental, que, en principio y a resultas
de cuanto se deduzca de las actuaciones judiciales, que están bajo secreto del sumario en estos momentos, como he dicho, no se aprecia responsabilidad administrativa en la dirección del área de sanidad ni en el jefe de la sección de farmacia y
control de drogas. Por ello y ante la ausencia de indicios razonables de inculpación de responsabilidad administrativa a personas determinadas, se propuso quedar a la espera de la resolución del procedimiento judicial iniciado, que lo estaba por el
Juzgado de instrucción de Aoiz, y a la vista de la misma proceder en consecuencia. Así las cosas, tengo que comunicar a SS.SS. que con fecha 12 de abril de 2002 el Juzgado de instrucción de Aoiz, que, como se ha dicho, conocía del caso, ha
acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de esta causa. Como razonamiento jurídico del auto, la juez apunta, textualmente, que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de delito que ha dado
motivo a la formación de esta causa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 641.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
Como es lógico -y este es el motivo de mi comparecencia, la instrucción del expediente-, cuando se instruye un expediente administrativo o cuando se comienza la práctica de una información reservada para un posible expediente administrativo,
desde el momento en que existen actuaciones judiciales en curso y se declara, como ha sido en este caso, aunque no fuera necesario, el secreto del sumario, la Administración tiene la obligación de suspender el procedimiento que esté en sus manos, a
resultas de lo que pueda aparecer. En este caso, lo que ha aparecido es que se ha dictado un auto de sobreseimiento provisional, constatando que no existen motivos para considerar la existencia de la perpetración del delito, y lo que está haciendo
en estos momentos el Ministerio de Administraciones Públicas, puesto que el sumario se le ha remitido a mediados de la semana pasada, es estudiar con detenimiento las actuaciones practicadas en el juzgado, para las cuales se contó con medios de
prueba muy superiores a los que cuenta una inspección de servicios, de tal manera que si de las mismas, se dedujeran posibles negligencias o responsabilidades administrativas, que no pudo conocer en su día porque los medios de una inspección
administrativa son, lógicamente, mucho más limitados, se iniciaría, en su caso y si ello fuera procedente, otra vez práctica de información reservada y expediente administrativo. Todo parece indicar, sin embargo, que de la lectura primera del
sumario, que se ha hecho muy rápidamente porque, como les digo, lo ha remitido el juzgado la semana pasada, no aparece la existencia de responsabilidades administrativas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Vicente Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Señora subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, he seguido con muchísimo interés su exposición-relato de los hechos, pero no me ha sacado de ninguna duda.
Usted nos ha contado qué ha pasado en esas
dependencias de la Delegación del Gobierno situadas en Imárcoain, en Navarra, a partir del día 1 de junio de 2001, cuando se descubre el robo. Aquí recuerdo yo aquella especie de cantinela de un viejo diputado del Partido Popular, que decía:
¿dónde están las llaves, matarilerilerile? Yo digo: ¿dónde está la droga, matarilerilerile?, como digo, rememorando aquella intervención de aquel viejo diputado, viejo en sentido positivo, no peyorativo, evidentemente, y la droga no sabemos dónde
está. Al principio de estas intervenciones mías, yo también hablaba de que el hecho era un poco de película y recuerdo que el ministro del Interior, señor Rajoy, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados, me dijo que no tenía
que hacer yo cuestión de hilaridad de este asunto, aunque él, meses más tarde, en una comparecencia solicitada por el Partido Nacionalista Vasco, trató el tema de esperpéntico, y lo esperpéntico está bastante cercano a la hilaridad, porque lo
esperpéntico normalmente produce risa; si no, que se lo pregunten a Valle-Inclán.
Yo comprendo, doña Dolores de Cospedal, que este es un tema muy complicado para usted, aunque mis compañeros me informaron que cuando se reunió la Mesa y portavoces habían dicho que venía usted porque era la experta en este tema. Yo me dije
que entonces la experta nos diría dónde está la droga porque es la que más sabe del tema y veo que la experta tampoco sabe nada. Aquí, como Sócrates, sólo sé que no sé nada. Poco más podemos decir. Al final habría que achacar todas estas
cuestiones a algo. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo se puede producir un robo de 225 kilos de hachís de unas dependencias oficiales de la Delegación del Gobierno? Es robarnos el pan del morral. La Guardia Civil se pasa la vida, como decía yo,
decomisando droga, apresando a toda esta gente y cuando tenemos ya la droga en las dependencias nos la roban. Mal está que nos las roben, pero mucho peor es que no sepamos descubrir a los culpables, porque como también decía yo en aquella ocasión,
da la sensación de que se ha evaporado -se ha esfumado, decía yo, aunque me imagino que ya se habrá fumado-. Por supuesto, no me la fumé yo, aunque el ministro del Interior estableció también cierta relación con este tema y me preguntó si me la
había fumado yo. No, no fumo nada, ni siquiera un cigarro y mucho menos droga.
Aquí habría que analizar por qué sucedió esto. Sucedió porque la droga no estaba bien vigilada, pero, fíjese usted, ni siquiera fue bien transportada. Me gusta mucho a veces hacer ciertas investigaciones y tengo la duda de si la droga
llegó a donde tenía que llegar. Tengo la duda de si no desapareció en su traslado, que se produjo un año o un año y medio antes desde Noain a Imárcoain, -son tres o cuatro kilómetros de distancia o menos-. Entonces estaba de delegado del Gobierno
don Francisco Javier Ansuátegui, nuestro delegado ahora en Madrid. ¿Cómo se produjo el traslado? Tengo noticia de que no acompañó al traslado ningún guardia civil. La droga se trasladó desde un lugar a otro controlando solamente los camiones o
las furgonetas donde se trasladaba. Salían de un lado y llegaban a otro, pero no sabemos si llegaban con el mismo o con distinto peso, porque me parece que no había una báscula para pesar la droga. Simplemente se decía: ha llegado el camión o tal
camioneta. Por tanto, la droga que se trasladó de Noain ¿llegó a Imárcoain? Nadie lo sabe; luego ahí hubo una dejación importante de vigilancia. ¿Quién ordenó el traslado y cómo se hizo? Imaginemos que el traslado ha llegado y que la droga está
en Imárcoain. Allí hay unas dependencias construidas en terrenos del Gobierno de Navarra que se han puesto al servicio de la Delegación del Gobierno para diferentes objetivos. En una de ellas está la droga y parece que hay, como ha dicho muy bien
la subsecretaria, unos armarios blindados, pero también parece ser que la
droga está depositada en el suelo (digo siempre parece ser porque no lo sabemos), en unas bolsas negras porque no caben en los armarios blindados, y cuando un funcionario año y medio más tarde va a levantar una de las bolsas se da cuenta de
que está vacía, que no pesa, que no hay droga allí. Había 225 kilos. Es importante. ¿Quién tenía que cuidar esa droga? Aquí hay otra cuestión. Pregunto a la Guardia Civil y me dice -y la creo- que no tiene orden de vigilancia expresa de esa
droga.
Simplemente hace unas rondas como puede hacerlas a otras dependencias. No sabemos si hay seguridad privada o no. Hay tres llaves, hay dos puertas, hay una cámara de vídeo que observa pero no graba. Que ocurran todas estas cosas en un país
en el que todo va bien, en el de la lluvia fina, en el que esto es una maravilla, la verdad es que no está tan claro. Aquí había algo que estaba funcionando mal, había alguien que estaba haciendo dejación de su responsabilidad, había unas personas
que tenían que haber cumplido con una determinada misión y no la estaban cumpliendo. Por tanto, hubo una facilidad importante para cometer este robo y hay alguien responsable que permitió esa facilidad, porque además se hizo en las dependencias de
la Delegación del Gobierno. Es importante decir esto porque crea alarma social. Tengo aquí infinidad de recortes de periódico de aquellos días, no solamente de Navarra sino de ámbito nacional, en los que se hacen chistes entre la Policía foral y
la Guardia Civil, como diciendo, si le pasa a la Policía Foral, bien, pero que nos pase a nosotros... Es de chiste. Esa alarma social se transmite en los medios de comunicación. ¿Este es un hecho puntual? ¿Solamente ha ocurrido esto en Navarra o
está bastante generalizado? ¿Quién lo sabe? ¿Qué interrogante se nos abre? Porque nos hemos dado cuenta casi por casualidad de que la droga ha desaparecido. La situación podía haber seguido sin descubrirse durante diez o doce años y si encima la
droga no estaba pesada o no estaba controlada, todavía peor. La alarma social viene por una sensación general de que los servicios de vigilancia de esa droga no existían. No obstante, si hubiera acabado todo aquí, es decir, nos han robado, pero
tenemos unos servicios de investigación, tenemos una Policía judicial, no hay problema, van a coger a los culpables, pero, nada, ha pasado prácticamente un año y, como ha dicho muy bien la subsecretaria, el Juzgado de Aoiz, al no tener ningún tipo
de prueba contundente, ha sobreseído provisionalmente el caso; luego, además de facilidad y de alarma, ha existido impunidad. Aquí pasa algo gordo, algo importante, y tan tranquilos. Este es el país del todo va bien y de la lluvia fina.
Este es
el país que gobierna el Partido Popular, porque le ha ocurrido al Partido Popular no le ha ocurrido a otro; le ha ocurrido al que gobierna, al Partido Popular. Por tanto, existió facilidad, alarma e impunidad.
Dice ahora la subsecretaria que como consecuencia de que el caso se ha sobreseído van a ver qué hay en las diligencias para ver si pueden buscar algún responsable y volver a abrir un expediente administrativo e informe reservado. Por
cierto, el ministro también en su día lo confundió. No sabía si era informe reservado o expediente administrativo, pero hoy doña Dolores nos lo ha aclarado muy bien diciendo que una cosa no es óbice para la otra. Se puede hacer un expediente
administrativo y encargar, que me parece correcto, un informe reservado para actuar primero sin tener que airear el caso. Tiene que haber responsabilidades, porque además lo dijo el ministro en su primera intervención: No se preocupe señor
diputado -además de preguntarme si me la había fumado yo-, cuando se resuelva el expediente administrativo, nosotros actuaremos, exigiremos responsabilidades y tomaremos las medidas oportunas. A veces esto de pedir responsabilidades, señora
subsecretaria, no me gusta mucho, porque, muerto el burro, cebada al rabo, y las cosas al final las pagan muchas veces los que no tienen que pagarlas, porque se va dejando y al final el que cuidaba la puerta es el que paga el pato. Este es un caso
que había que analizar y que estudiar. Por tanto hay que ir bajando de la prepotencia, de la arrogancia, del todo va bien, del somos los mejores.
Un poco más de humildad, también el Partido Popular tiene grandes fallos, grandes errores y también
se equivoca, como nosotros; por tanto lo único que pido en este caso es que el Gobierno tome las medidas oportunas, vigile la droga y actúe, como ha dicho muy bien la subsecretaria, con la Administración judicial para destruir la droga. Es
importante. El otro día salía una noticia en la prensa que decía que había toneladas y toneladas de droga en las comisarías de policía. ¿Qué hace esa droga ahí, si a un juez no le hace falta tener 225 kilos, si con tener medio kilo basta y sobra?
Destruyámosla para que no nos la quiten y agilicemos el trámite. Como dijo el ministro: vamos a intentar... pues bien, que se haga. Siento que esto se lo haya tenido que decir a la subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas,
porque creo que es un marrón que le han puesto. Han dicho: la más entendida, la más experta, que vaya al Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la diputada doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias por sus explicaciones, señora subsecretaria, que son las más completas que hasta ahora hemos recibido sobre este suceso, lo cual denota que ha puesto usted en su preparación mayor interés que otros
comparecientes que le han precedido, cuya vaguedad en las explicaciones movía a una cierta indignación por parte de los diputados, porque el hecho es grave, la droga desapareció y parecía un hecho lo suficientemente trascendente como para tomarse un
mayor interés en las explicaciones que hasta ahora se habían facilitado. Ahora bien, sus explicaciones, siendo completas, tampoco aclaran
gran cosa respecto a qué piensan hacer ustedes en relación con este suceso y denotan hasta quizás una cierta despreocupación final o un sentimiento de impotencia para llegar hasta el fondo, porque creo que la droga sí que desapareció. No
aliento como el diputado socialista ya la idea de preguntar dónde está esa droga, la evidencia es que no está, pero me parece que como representante de los ciudadanos tengo que preguntar quién va a responder de una actuación que mi formación
política ha tenido interés en esclarecer, porque el hecho tuvo enorme trascendencia, tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se ha hablado de la información reservada practicada y que de la misma no se deducían responsabilidades concretas respecto de personas también concretas y de que se tuvo que paralizar la iniciación posible de un procedimiento administrativo,
a la vista de lo que podía resultar de las diligencias penales; diligencias penales que también han concluido en un sobreseimiento provisional y que en su convicción, según lo que nos ha explicado, denotan que será difícil proseguir intentando
buscar responsabilidades administrativas, puesto que si un juzgado, que dispone de más medios que la Administración, no lo ha conseguido, será difícil que puedan encontrase nuevos datos o causas para esclarecer responsabilidades. Entiendo que los
objetos de conocimiento son distintos. El juzgado pienso que estaría buscando conductas individuales a las que imputar hechos delictivos. Desde la representación que usted ostenta, de la misma manera que desde la que ostenta el director de la
Guardia Civil, que también en ocasiones precedentes ha dicho que no parecía haber responsabilidades en personas concretas, hay otro estadio importante. Si no se logra esclarecer qué personas concretas tuvieron que ver con la desaparición, alguna
responsabilidad tendrá que asumir colectivamente la Administración o los poderes públicos encargados de la vigilancia y la custodia de esa droga que había sido incautada. En primer lugar, de alguien dependió la elección de ese lugar como sitio
idóneo para el almacenamiento de la droga, y quienes vivimos en mi ámbito recordamos todavía las fotos que en el periódico se hizo con profusión el actual delegado del Gobierno en Madrid, entonces delegado en la Comunidad Foral de Navarra, como le
gusta publicitarse en todas sus actuaciones, y en aquel entonces había conseguido un acuerdo con la comunidad foral, conforme al cual se había llegado a algo tan importante como encontrar un lugar idóneo. Si el lugar ha resultado no serlo, alguien
tendrá que decir por qué se dieron tantas alharacas a algo que luego a resultado ser poco más que un despachito sin excesivas garantías, ni siquiera respecto de quien entraba o salía o de la confidencialidad respecto de lo que allí había, porque,
según se nos informó por el señor vicepresidente primero y ministro del Interior, la ventana no tenía cortinas y desde fuera se veía perfectamente qué es lo que había almacenado, en el supuesto de que la droga llegase, conforme ha puesto en duda,
con datos que yo no tengo desde luego, el diputado socialista. En todo caso, supongo que también, sea el depósito adecuado o no, de lo cual alguien deberá responder, habría una policía encargada de su tutela y custodia. Si no se puede detectar
quiénes eran las personas concretas que estaban en los días en que la droga pudo desaparecer, porque tampoco se precisa fecha cierta, sino que simplemente alguien un día descubrió: ¡huy, si esto ya no está aquí!, y no se sabe el día que
desapareció, por lo menos algo sí tendré que decir, aquella instancia de la que depende la Guardia Civil y alguna responsabilidad administrativa o política deberá asumir. En último término, del ministerio al que usted representa del que usted es
subsecretaria, depende, como usted ha dicho, el personal de la Delegación del Gobierno e incluso, aunque la dependencia es compartida entre la vicepresidencia primera y el Ministerio del Interior, el propio cargo que entonces ostentaba la
responsabilidad. Desde la perspectiva nuestra nos ha parecido bien que usted aluda, como conclusión, a buenas prácticas para el futuro, a que se va instar también a que haya una regulación distinta para almacenar la droga y a que sea posible su
destrucción antes de que terminen las diligencias penales, que todos sabemos que suelen ser largas y costosas, pero nos parece que con esto no basta. En cuanto a la idea de decir: a partir de ahora adoptaremos otro tipo de medidas, para quienes
representamos a los ciudadanos, y se lo he indicado, nos parece que es exigible y seguiremos pidiendo una y otra vez que alguien nos dé alguna respuesta desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa o de las responsabilidades
políticas y que alguien se haga cargo y las asuma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la diputada doña Zoila Riera.
La señora RIERA I BEN: Señora subsecretaria, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiero darle la bienvenida a esta Comisión y agradecerle sus explicaciones, que, como ha dicho la portavoz que me ha precedido, hasta el
día de hoy son las más completas que se nos han facilitado sobre este tema.
No está en el ánimo de mi grupo actuar como jueces cuando el caso ha sido sobreseído, no nos compete esta función, pero nos parecería evidentemente irresponsable, políticamente incorrecto y también impresentable -porque pensamos que los que
estamos aquí ostentando una representación que nos han dado los ciudadanos con sus votos nos debemos a la gente que nos ha votado- agradecer sus explicaciones, conformarnos con este dictamen que es un poco triste y mirar a otro lado. Pensamos que
esto no podemos hacerlo.
Es evidente que si en el juzgado no se ha podido imputar el delito a personas concretas, el tema ha quedado sobreseído, pero la Administración que usted representa no puede darse por satisfecha. Usted ha relatado unos hechos, y yo la creo,
no tengo por qué no hacerlo y, además, no tengo ninguna prueba de que lo que usted dice no sea exacto. Lo que pasa es que precisamente, porque le doy credibilidad a todo lo que usted ha dicho, los hechos son incongruentes. ¿Cómo es posible que si
existían cámaras de vídeo, como usted ha dicho, estas no registrasen nada? ¿Qué pasa, que las cámaras están simplemente de adorno? ¿Cómo es posible que si los armarios tienen puertas de seguridad, se abriesen con tanta facilidad? Hay una serie de
interrogantes, señora subsecretaria, que conducen por pura lógica a un tipo de conclusión: o, a pesar de que todo lo que usted ha dicho y de las medidas de seguridad que teóricamente protegen este lugar, la droga no estaba donde teóricamente debía
de estar, con lo cual habría una responsabilidad muy grave de la Administración por no asegurarse de que se almacena donde se debe, o, de lo contrario, todos los mecanismos de seguridad, en vez de seguridad, son de risa, porque no pueden darse
tantas cosas a la vez. Compartimos con usted, señora subsecretaria, el diagnóstico que hace de propósito de enmienda y de la necesidad de que en lo sucesivo se adopten medidas que eviten que hechos tan desgraciados como éste vuelvan a repetirse.
Supongo que sabe usted y sabe su ministerio que la propia fiscalía, en comparecencia en esta Comisión para el estudio del problema de la droga, ha denunciado de manera clara que es totalmente incomprensible que cuando se decomisa la droga pueda
estar almacenada tantos años. Es más, el propio fiscal jefe Antidroga dijo claramente, y consta en el 'Diario de Sesiones', que además de los esfuerzos que hay que poner al servicio de quien tenga la custodia para protegerla debidamente, es un
riesgo inútil e innecesario, entre otras cosas, por aquello del refrán de que la ocasión hace al ladrón. Luego comparecerá el director general de la Guardia Civil, pero vale la misma argumentación ante usted que ante el director general de la
Guardia Civil. Pero el fiscal dijo algo más, dijo: Tengamos en cuenta que muchas veces las personas que tienen la misión de perseguir el tráfico de drogas se juegan su vida, y no es que perciban unas prestaciones económicas o unos salarios que les
permitan vivir como marajás, ni mucho menos. Y dijo el fiscal -no lo digo yo, estoy repitiendo sus palabras- que tenemos que ser conscientes de que ante situaciones de tensión y de riesgo, la ocasión de pensar que allí hay dinero fácil puede ser un
problema que tenemos la obligación de evitar.
Si esto es así, y me parece que nadie lo duda, es congruente lo que usted decía de tomar medidas en lo sucesivo. Lo lamentable es que seamos tan lentos de reflejos en tomarlas ya. Es un tema que
tendría que estar solucionado porque ni la persecución del tráfico de drogas es un invento del actual Gobierno ni del anterior. Hace años que todas las administraciones, al margen de quien sea el responsable del Gobierno central, estamos luchando,
junto con las administraciones autonómicas y todos los que tenemos competencias en materia de seguridad, contra esta lacra que es el tráfico de drogas. Pero es incongruente que, por un lado, dediquemos tantos esfuerzos a perseguir el tráfico, que
cueste tanto conseguir un decomiso, y que cuando lo tenemos almacenado pueda esfumarse. Es peor que si se hubiese fumado; se ha esfumado.
Señora subsecretaria, este tema, que es grave y que causa alarma social, no puede darse por cerrado ni con las explicaciones que usted dé ni con la que pueden dar sucesivos responsables. Es necesario llegar al fondo del tema. Den por
descontado que nuestro grupo no persigue la erosión del Gobierno en el sentido de evidenciar la responsabilidad que, sin duda, tiene la Administración, sino que es de justicia y es un problema de equilibrio social y de respeto a la gente poder
llegar al fondo del tema, decir la verdad de lo que ha pasado y tomar las medidas para que en lo sucesivo se evite. Sería deseable encontrar a los verdaderos responsables de lo que ha pasado. Querría pedirle, al margen de lo que el juzgado haya
dictaminado, al margen de este auto de sobreseimiento, que el ministerio al que usted representa no dé carpetazo a este tema y mucho menos se banalice, porque la lucha contra la droga es demasiado seria, causa demasiada miseria humana como para que
ante un tema de tal gravedad nos permitamos todos, el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas, ser tan frívolos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada de UPN, doña Eva Gorri.
La señora GORRI GIL: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a esta Comisión a la señora subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas y agradecerle los esfuerzos que el ministerio al que usted representa ha realizado con el
fin de obtener resultados positivos y esclarecer la desaparición del hachís del área de sanidad de las dependencias de la Delegación del Gobierno de Navarra.
Como usted nos ha relatado, es la propia Delegación del Gobierno la que pone en conocimiento del Ministerio de Administraciones Públicas el hecho de la desaparición de la droga, y a instancias de esa misma delegación se ordena que se efectúe
una información reservada al objeto de depurar responsabilidades administrativas en la medida de lo posible. Nos parecen adecuadas todas las iniciativas que se llevaron a cabo nada más conocerse el suceso, en ningún caso con arrogancia y
prepotencia, por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, y que seguramente nos enumerará usted a continuación. La instalación de nuevos sistemas de alarmas, sensores y cámaras de seguridad, otros
armarios blindados y el blindaje de toda la sala, así como la investigación hecha por la inspección de servicios a cargo de dos inspectores de servicios que se trasladaron hasta el lugar. Aplaudimos, igualmente, el proyecto tutelado por el
Ministerio de Administraciones Públicas, que ya está en marcha, para dotar de medios y personal a laboratorios para el análisis de la droga, instalación de hornos para destruirla y construcción de más depósitos.
El informe reservado ha llevado su tiempo, el necesario, estimamos. Nadie puede fijar la duración de un procedimiento de esta clase. En su momento, concretamente en esta misma Comisión celebrada el día 23 de abril de 2002, algún portavoz
llegó a dudar de que este informe tuviera contenido, siquiera alguna línea escrita, se dijo. Hemos conocido el informe, o lo que se ha podido averiguar sobre él, y ahora su presencia aquí sí es justificada. Pensamos que el objetivo de algún grupo
parlamentario no es aclarar lo sucedido. Lo que pretenden ahora es enarbolar la bandera de la ética, de la honradez, cuando éstas hace tiempo que las perdieron, sin ir más lejos en la propia Navarra. (Protestas.) El auto de la juez no culpa a
nadie. El sobreseimiento provisional de la causa supone que por deficiencias de prueba la causa queda paralizada.
Quiero referirme a la reiterada y repetida petición de comparecencias, formulación de preguntas escritas y orales por parte de algún grupo parlamentario, en algunas ocasiones, todo hay que decirlo, muy poco serias. Están en su derecho, pero
sabían perfectamente que al existir actuaciones judiciales sobre los hechos, cualquier información solicitada estaba supeditada al resultado de las mencionadas investigaciones.
Comento esto porque la pasada semana en la prensa navarra se decía que
no se había aclarado absolutamente nada en las distintas explicaciones demandadas. Seamos serios, señorías. ¿De verdad no pueden entender que mientras ha existido secreto sumarial no se han podido dar explicaciones de lo ocurrido? Animamos al
Ministerio de Administraciones Públicas a que continúe con sus investigaciones, que seguiremos apoyando y aplaudiendo.
Finalmente, señora subsecretaria, le reitero nuestro agradecimiento por su presencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal García):Voy a intentar contestar a todas SS.SS. Si queda alguna cuestión en el tintero, imagino que serán tan amables de recordármela.
Señor Ripa, usted sabe que yo vengo como experta, no de la custodia de las drogas, sino en cuanto que todos los subsecretarios de los departamentos son los competentes en tramitar expedientes disciplinarios. Esa es mi responsabilidad. El
motivo de esta comparecencia es que informe acerca del expediente administrativo que se instruyó en relación con la desaparición del hachís. Sé que usted ha dicho eso en tono jocoso, así lo recibo y así le contesto respecto a esa información.
Señala S.S. que no le saco de dudas con la información que he dado, que no sabemos dónde está la droga y que no lo podemos saber. Es verdad, no sabemos dónde está la droga. En esto tengo que ser muy sincera y no voy a decir cosas que no
son: no sabemos dónde está la droga. Sabemos que la droga desapareció una vez que fue transportada, pero no hay una certeza absoluta. Lo puedo decir porque también se ha dicho. Tampoco lo ha podido averiguar la juez durante la investigación del
sumario, a través de los medios de que ha podido disponer y utilizando todos los que ha tenido a su alcance; así se puede ver en el sumario, puesto que ya se ha levantado el secreto. Yo tuve acceso a él hace cinco días y, hasta hoy, no sabemos
dónde está la droga o quién la hizo desaparecer; no tenemos ningún conocimiento de eso, lo lamento.
Estoy de acuerdo con usted en que ha faltado la diligencia debida. Todo parece indicar que ha habido algo de eso; si no, la droga no tendría por qué haber desaparecido. ¿A quién es imputable esa negligencia? Digo negligencia porque ha
habido actuaciones judiciales por las que no ha quedado constatada la perpetración del delito; por eso hablo de negligencia administrativa ¿A quién es imputable? Como he dicho anteriormente, de las informaciones previas practicadas por los
inspectores de servicios, no se podía deducir imputación de esa negligencia a personas o servicios determinados. Con los nuevos datos del sumario, que estamos leyendo detenidamente, estamos estudiándolo ya -el sumario llegó la semana pasada- para
ver hasta qué punto se pueden depurar responsabilidades. Quiero decirles, tanto a usted como a los demás portavoces que han intervenido, ratificando lo que dijo el vicepresidente primero, que no les quepa la menor duda de que haremos todo lo que
podamos para depurar las responsabilidades a que haya lugar; esa es nuestra intención.
Contestando a todos los portavoces, quiero señalar que el Ministerio de Administraciones Públicas no da este caso por cerrado con el auto de sobreseimiento. La juez ha dicho que no consta la perpetración de un delito; sin embargo, algo ha
pasado -eso lo sabemos todos- y queremos saber qué. Como ahora disponemos de más medios, vamos a investigar qué ha pasado y vamos a llegar al fondo en la medida de nuestra responsabilidad.
¿Por qué me he adelantado a decir que será muy difícil que
podamos deducir algo a primera vista del sumario? A mi me ha dado tiempo de leerlo muy deprisa y no he visto nada muy nuevo respecto a lo que teníamos; de todos modos, lo vamos a intentar.
¿Que las medidas de seguridad no eran todo lo aconsejables que tenían que ser? Quizá no lo eran o no eran las más adecuadas. Desde luego, a esto ya se ha puesto remedio en todos los sentidos. Se está acorazando
el depósito y se ha puesto un sistema de seguridad que graba, porque las cámaras de televisión que había antes no grababan; ese ha sido el motivo de su extrañeza, como ha dicho la representante de CiU: qué pasaba con esa cámara, si estaba
instalada o no.
El presunto retraso en la tramitación de la información reservada o del expediente administrativo, que nunca llegó a serlo porque tuvimos que pararlo antes si no se deducían responsabilidades administrativas inicialmente -y es cierto que
aquí había una confusión-, no ha sido tal; la información reservada se practicó rápidamente a partir del momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, y se paralizó y se terminó donde se debía hacer. Ocurre que ha habido actuaciones
judiciales y que se decretó secreto de sumario, de modo que, hasta que se nos comunicó que se había levantado el secreto y se pudieron iniciar de nuevo las actuaciones, ha pasado todo este tiempo que no es imputable ni al Ministerio de
Administraciones Públicas ni a la Delegación del Gobierno en Navarra.
Ha tenido lugar -lo he dicho con anterioridad- esa información reservada.
Todas las informaciones reservadas son eso, reservadas, y por eso no se traen a esta Comisión. Sí que existe el expediente en el ministerio, existe la petición de
práctica, existe la práctica de esa información reservada, existe constancia del desplazamiento de los inspectores a Navarra y hay unas conclusiones en un papel que tiene más de dos líneas, eso se lo puedo asegurar a SS.SS. Sí que se desprenden de
esa información reservada los hechos que les he relatado, y en principio, y a resultas del sumario que tenemos que examinar, no se puede deducir ninguna responsabilidad administrativa. Cuando terminemos de estudiarlo no puedo más que decirles a
SS.SS. que intentaremos hacer todo lo posible para depurar todas las responsabilidades a las que hubiera lugar, y eso es todo lo que puedo contestar. (El señor Ripa González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, muchas gracias y la despedimos con el cariño y el afecto con que la hemos recibido.
Un minuto, señor Ripa, que le conozco. (Risas.)
El señor RIPA GONZÁLEZ: Un minuto.
Siento tener que contestar a la portavoz del Partido Popular, y digo que lo siento porque conozco a esta diputada y creo que ha tenido un pequeño desliz porque no tenía que haber sacado aquí palabras como ética y cosas por el estilo. Yo he
estado hablando de arrogancia y prepotencia, que tienen una gran diferencia con las cuestiones éticas. En cuestiones éticas todos nos podemos dar a todos muchos ejemplos y todos podemos aprender de todos.
El señor PRESIDENTE: Doña Eva Gorri, también por un minuto.
La señora GORRI GIL: Menos todavía.
Simplemente para decir que el Gobierno contesta lo que sabe, lo que ha conseguido averiguar. Quiero reiterar mis palabras y no entrar en esta dinámica con el portavoz socialista. El Gobierno no puede inventarse absolutamente nada y menos
hacer películas; ya sabemos que otros hacen películas perfectamente. Esto es lo que hay y creo que todas las peticiones que se han formulado para responder sobre este tema han sido contestadas con creces por parte del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Para películas, Polanski. (Risas.)
Suspendemos cinco minutos. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (LÓPEZ VALDIVIELSO) PARA EXPLICAR LA DESAPARICIÓN DE HACHÍS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN IMÁRCOAIN (NAVARRA) Y LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE
ESTE HECHO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 212/000551 y número de expediente Senado 713/000257)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la solicitud de comparecencia del director general de la Guardia Civil, don Santiago López Valdivielso, para que explique la desaparición de hachís de las dependencias oficiales de
la Delegación del Gobierno en Imárcoain, Navarra, y las responsabilidades derivadas de este hecho. El grupo solicitante es el Grupo Parlamentario Socialista.
Damos la bienvenida, una vez más, a don Santiago López Valdivielso, que tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): La subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas ha dicho que era la cuarta vez que se trataba este asunto. En mi caso es la quinta y, aunque se dice que no hay
quinto malo, creo que no voy a poder aportar más datos de los que SS.SS. conocen. Por tanto, voy a pasar por alto todos los antecedentes de sobra conocidos por SS.SS. y me voy a limitar a hacer algunos comentarios en relación con el papel de la
Guardia Civil en este asunto.
Quiero empezar por decir que, en ningún caso, la Guardia Civil tuvo la responsabilidad de la custodia y protección de la droga depositada en el área de sanidad de la Delegación del Gobierno de Navarra, que la Guardia Civil nunca se hizo
cargo de esa droga y que no sabía ni qué tipo ni cuánta droga había.
La Delegación del Gobierno requirió a la Jefatura de la comandancia de Navarra, en febrero del año 1996, y después en abril de 2000, para que los especialistas fiscales del puesto de Bereain que prestan sus servicios en la aduana de
Imárcoain, en su calidad de reguardo fiscal del Estado, colaborasen con el área de sanidad manteniendo una copia de las llaves de acceso general a las dependencias del área, para facilitar la reacción ante los sistemas antiintrusión instalados - el
famoso circuito cerrado de televisión y la alarma contra incendios- y vigilando por circuito cerrado de televisión el interior del local donde se hallan los armarios blindados donde debía estar depositada la droga. Esa vigilancia carecía de
carácter permanente. Lógicamente, no podemos destinar a un guardia civil 24 horas al día 365 días al año a estar mirando una pantalla de televisión, por muy importante que sea el contenido de lo que allí haya. Además, esa función de vigilancia
nunca ha incluido el control del personal funcionario o de limpieza autorizado para su acceso al recinto. El objeto de la vigilancia que se nos pidió lleváramos a cabo consistía en detectar e impedir el acceso intempestivo al local de referencia o
la manipulación de los armarios blindados por parte de personal no autorizado en horario extralaboral y reaccionar ante la activación de los sistemas contra incendios instalados a los que me he referido.
En cuanto a las instalaciones en general, la labor específica del resguardo fiscal que ejerce la Guardia Civil se limita al recinto aduanero propiamente dicho, que incluye las dependencias de la aduana y el muelle exterior, sin extender su
vigilancia más allá del control de ese circuito cerrado de televisión a las dependencias del área de sanidad. Como se ha dicho reiteradamente, y como todas SS.SS conocen, la droga desaparecida correspondía a depósitos de los años 1990, 1996 y 1999,
y el traslado a las nuevas dependencias se produjo en abril de 2000. Yo no digo que no se produjese, pero la Guardia Civil no tiene constancia de que esa droga en concreto se trasladase en su momento. La Guardia Civil no la trasladó ni se hizo
cargo de ella. La Guardia Civil no tiene la seguridad de que la droga desapareciese en estas dependencias o en las anteriores ni, naturalmente, cuándo desapareció esa droga. Saben SS.SS - dato que yo simplemente confirmo- que los accesos al local
no estaban forzados. Por tanto, se accedió al lugar de una manera natural, con las llaves o desde dentro, pero ni las puertas ni las ventanas estaban forzadas; luego no se produjo ninguna intrusión intempestiva ni ningún incendio, que son las dos
cuestiones ante las que la Guardia Civil podía haber reaccionado.
Tengo muy poco más que decir. Yo lamento no aportar nada más a esta cuestión. Sin duda, SS.SS están en su derecho a formular cuantas iniciativas parlamentarias consideren oportuno y pedir explicaciones, pero, realmente, esto es todo
cuanto, como director general de la Guardia Civil, puedo informar a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo solicitante, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Vicente Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Agradezco al señor director de la Guardia Civil su comparecencia ante esta Comisión para tratar de explicar lo inexplicable.
Yo solicité esta comparecencia el 8 de junio del año pasado; lo cita así un periódico navarro y varios periódicos que dicen: 'El director general de la Guardia Civil citado para informar del robo de hachís. El diputado del PSN-PSOE
Vicente Ripa calificó el hecho de caótico'. Y sigo calificándolo de caótico, de esperpéntico, de película y de todo lo que quieran. Los diputados del PP se ofenden a veces, pero es que es de película, es un extraño robo y lo acaba de confirmar con
su escasa explicación - probablemente, porque no hay otra- el propio director de la Guardia Civil.
Ayer asistía yo en Buñuel (Navarra), a un acto muy emotivo y muy interesante: la Guardia Civil concedía la medalla de plata a un pueblo de Navarra por su comportamiento cuando hace seis años el cuartel de la Guardia Civil fue afectado por
una bomba de ETA. El acto fue emotivo -muy tardío, seis años son muchos años- y si fue muy emotivo también fue demasiado politizado. Ayer la Guardia Civil era la que debería haber protagonizado el acto, hubiera sido suficiente que el director
general de la Guardia Civil estuviera allí, como hoy está aquí. Este diputado ha solicitado también la comparecencia del ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, que no está aquí pero estaba allí. Yo también me sumo por lo tanto a ese
agradecimiento a la Guardia Civil y entiendo claramente, según mis informaciones, que no tiene ninguna responsabilidad directa en el tema de la desaparición de los 225 kilos de hachís. Lo he hablado con el coronel jefe en Pamplona, lo he hablado
con diferentes guardias civiles y estoy convencido; pero si la Guardia Civil no custodiaba la droga, si la Guardia Civil no custodió el transporte de esta droga de unas dependencias a otras, ¿quién lo hizo, o es que la droga se lleva de un lado a
otro sin ningún tipo de custodia? ¿Es que la droga puede venir de Pamplona a Madrid o ir de Madrid a Pamplona sin que nadie la vigile, en un coche normal y corriente? Esto no puede ser, y repito que no achaco a la Guardia Civil su responsabilidad;
más bien al contrario, quiero hacer constar que en Navarra estamos profundamente agradecidos a ésta por el apresamiento de diferentes comandos de ETA últimamente; no se trata de criticar a la Guardia Civil. Yo pedí en aquel momento la
comparecencia del director general de la Guardia Civil porque desconocía (era el 8 de junio) información que he tenido después. Incluso lo que ha manifestado hoy a esta Comisión el director general de la Guardia Civil es muy importante: ha dicho
lo que tenía que decir, que la Guardia Civil no tenía por qué custodiar porque nadie se lo había encargado. Pero
alguien debería haberle encargado esto a la Guardia Civil -voy al segundo paso-, ¿o es que la Guardia Civil no tiene medios ni recursos suficientes para custodiar? Lo ha dicho el propio director general: nosotros no podíamos dedicar un
guardia civil a estar observando la pantalla. ¿Para qué queremos entonces la pantalla, para qué queremos la televisión? Si además la televisión no graba, como ha dicho la subsecretaria, es un objeto totalmente inútil. Si la televisión no graba y
no la estamos observando continuamente, ¡usted me dirá!, es un objeto inútil. ¿Qué es lo que pasa? Yo deduzco que el director general lo que quiere decir es: no tenemos medios suficientes, no tenemos personal suficiente. Ese es el problema,
señor director general. Si no hay medios suficientes, si no hay recursos suficientes, dótense. Me dice usted con la cabeza que no. Le voy a dar tres ejemplos, tres pequeñas anécdotas. Me consta que en un pequeño cuartel de nuestra zona en el que
hay 13 guardias civiles se recibieron el otro día dos pares de zapatos y hubo que sortearlos. No me diga que esto no es un ejemplo claro de las deficiencias de esa situación. Pero también me consta que en nuestra zona, en la que yo vivo y me
muevo, cuando hay algún tipo de manifestación y la Guardia Civil tiene que acudir como antidisturbios a la misma solamente hay material para unos cuantos. Ya sé que hay cuerpos especiales de la Guardia Civil que están muy bien dotados, pero los
guardias normales no. Le pongo un ejemplo.
Este diputado de Navarra, como usted sabe muy bien, tiene escolta -estoy agradecidísimo a mis escoltas, que son guardias civiles-, pero este diputado ha estado tres meses con un Ford Escort color oro, que
lo ven los de la ETA a 50 kilómetros. Toda Navarra sabía que en él iba una personalidad o como quieran llamarla. Y antes que yo lo tuvo la diputada que luego va a hablar. Ella también podrá decir cómo ha ido hasta este momento en su coche. A lo
mejor es que no hay medios. ¿Por qué el Gobierno no destina más medios a la Guardia Civil? ¿Por qué ese objetivo de déficit cero cuando realmente hay muchas deficiencias y muchas prioridades? ¿Están contentos los miembros de la Guardia Civil?
No. ¿Su sueldo es comparable con el de otras Fuerzas de Seguridad del Estado? No.
Por lo tanto, el cuerpo de la Guardia Civil necesita más ayuda, más recursos humanos y materiales. Si el cuerpo de la Guardia Civil tuviera más recursos humanos y
materiales probablemente se le podría haber encomendado la custodia de esta droga. Si usted, como director general de la Guardia Civil, en vez de tener en Navarra, pongamos por caso, 500 guardias civiles tuviera 1.000, podría dedicar un guardia
civil a vigilar la cámara que está grabando o podría dedicar equis guardias civiles a que vigilasen la droga, si pensamos que la droga debe de ser vigilada, porque si pensamos que la droga que está ahí puede ser robada tranquilamente, entonces no
hace falta vigilancia. Pero si realmente hay que vigilarla hay que poner medios.
Como antes he dicho, hubo grandes deficiencias de vigilancia, se robó la droga fácilmente, se robó de las dependencias de la Delegación del Gobierno y ha habido impunidad. Por lo tanto, no queda más que una palabra final: hay que pedir
responsabilidades, y ya he dicho antes que no soy de los que les gusta exigirlas, pero evidentemente algo habrá que hacer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, la diputada doña Margarita Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: A la vista del orden del día y de las veces que en esta Comisión o en el seno de la de Justicia e Interior se ha hablado de esta cuestión podía parecer que su comparecencia iba a tener un sesgo reiterativo. Veo
que no, que ha resultado útil en dos aspectos. En primer lugar, útil para usted. De la intervención del diputado socialista podrá extraer argumentos en cuanto a la escasez de medios con que cuenta la Guardia Civil para cuando tenga que pelearse
con la vicepresidencia segunda. No es solamente usted quien sin ninguna duda se quejará de la escasez de medios, sino que hasta el grupo mayoritario de la oposición le apoya en esta reivindicación. También es útil para quienes hemos tenido interés
en llegar a saber qué es lo que pasó con la desaparición de una droga incautada y poder centrar el objeto de la investigación por lo menos en algún lugar concreto, sin dispersarnos entre lo que podía ser la custodia policial o las responsabilidades
de otras administraciones encargadas de haber seleccionado el depósito donde se almacenaba o de la cadena orgánica de quien dependía, la Delegación del Gobierno, que era quien había tomado las decisiones pertinentes en la materia. Usted nos dice
que la Guardia Civil no fue avisada de que se había producido este almacenamiento, por lo que en modo alguno creo -siendo eso cierto, y no lo pongo en duda- que podrá exigírsele responsabilidades respecto a las deficiencias habidas en la custodia.
Si a alguien no se le encomienda ni se le notifica que un determinado juzgado ha procedido a esa incautación difícilmente se le podrá luego exigir que responda de la debida custodia.
Nos ha abierto otro flanco. Quiero con esto decirle que quizás
sea en Administraciones Públicas, en esa cadena orgánica, donde haya que ver qué es lo que se hizo desde la Delegación del Gobierno, qué personas concretas tenían encomendada la tarea de vigilar estas dependencias, si no era personal policial o por
lo menos personal dependiente de la Guardia Civil. Quizá ahora sea más fácil centrarse en la cuestión determinada, puesto que la señora subsecretaria que le ha precedido en la comparecencia ha dicho que, aunque las diligencias judiciales estaban
cerradas, iban a continuar con las averiguaciones, aunque el asunto estaba difícil. Por cierto, sería bueno manifestar que las diligencias judiciales han terminado no con la absolución de nadie ni con un sobreseimiento definitivo,
sino con un sobreseimiento provisional, lo que quiere decir que de lo investigado hasta el momento por S.S. no se han podido encontrar responsabilidades penales por parte de nadie. No quiere decir que una vez que se esclarezcan otras cosas
o se realicen otras actuaciones no vaya a ser así en el futuro. Lo digo a los efectos de quien ha pretendido dar un valor absoluto a la resolución judicial. Simplemente quiere decir que de momento no se sabe nada. Hay otra posible vía de
investigación y a lo mejor tenemos que empezar a tirar por ahí, porque si la droga se incautó por alguna autoridad judicial y el propio órgano judicial o alguien de los que trabajan en ellos pusieron la droga en el depósito sin oficiar la oportuna
comunicación a las autoridades policiales o a la Policía correspondiente, a lo mejor habría que preguntarse por qué el propio juzgado del que dependía la droga incautada ha procedido de esa manera, porque supongo que será obligación de quien procede
a incautar la droga avisar a las autoridades que van a estar encargadas de su custodia.
Con esto quería simplemente decir que el grupo al que represento no ha querido tolerar el encogimiento de hombros de decir: Ha desaparecido y nadie sabe como ha sido. Nos parece que para centrar la posible exigencia de responsabilidades,
no digo que tengan que ser ni siquiera responsabilidades personales, sino que alguna administración o alguna autoridad política asuma que esto no debe pasar y que la tutela de los bienes y derechos que tienen encomendados ha fallado en alguna
medida, por no haberse guardado esta mercancía con las debidas condiciones. A partir de su comparecencia, nos va a permitir centrarnos en las Administraciones Públicas, donde podamos exigir responsabilidades, siempre que no logremos saber qué es lo
que sucedió cuando el juzgado que procedió a la incautación dio aviso para que ésta se pusiese a buen recaudo. Repito, señor director general, que una comparecencia que podía haber pasado por anodina finalmente nos ha ayudado a establecer cuál ha
de ser la línea de investigación y por dónde debe ir nuestro requerimiento de averiguaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña María Zoila Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor director general, gracias por sus explicaciones. Aprovechando que usted está aquí y que nos ha dado las explicaciones que podía dar, voy a reiterar la reflexión que me preocupa.
Me parece que aquí no se trata
de dirimir si la Guardia Civil tuvo en este caso responsabilidades o no. En función de sus explicaciones, este no es el tema. Me parece que lo que aquí hay es una evidencia de que nos fallan los principales mecanismos, que son de sentido común, de
racionalización de los recursos. Lo que me parece realmente inconcebible, incongruente, grave, antieconómico y antitodo lo que se quiera, es que en el Estado -no estoy pensando en los actuales responsables del Gobierno, hago una reflexión para
quien corresponda y para que se actúe para modificarlo- se deban destinar recursos materiales y humanos en vigilar la droga incautada y que pueda ser droga incautada que lleva almacenada 10 años. Esto no hay administración que lo aguante. Porque
por esta regla de tres, cuanta más droga almacenemos e incautemos más necesario será incrementar la plantilla de la Guardia Civil y más dinero vamos a pedir para ello. Deberíamos partir de que cualquier administración en un Estado moderno tiene que
tener los recursos necesarios, pero sobre todo debería estar muy claro que los recursos deben destinarse a aquello que es necesario. Destinar recursos humanos y materiales a vigilar una cámara o a vigilar una pantalla de televisión de algo cuya
finalidad es destruirse es tan antirracional que parece mentira que en un Estado moderno aún funcionemos de esta manera. Desconozco lo que debe hacerse ya para modificar la ley, si es un problema de modificar algún aspecto de la ley, o si es un
problema de que los jueces deben aplicar bien una ley y no lo están haciendo. En todo caso, no me cabe la menor duda de que esta vía, que parece ser la habitual, no se puede aguantar. Es inoperante, crea riesgos innecesarios y además exige unos
esfuerzos que el Estado no puede mantener.
Quiero adoptar, en nombre de mi grupo, el compromiso de trabajar para procurar que esto se modifique -si es que debe modificarse algún aspecto de la ley- o de instar al Poder Judicial para que tome las medidas necesarias para que la droga
que tiene que destruirse se destruya a la mayor brevedad posible. Este objetivo es el que hoy deberíamos dejar más claro. Espero que ustedes, que también lo padecen de alguna manera, porque se les puede responsabilizar de no vigilar adecuadamente
una cosa a la que es absurdo tener que destinar tantos esfuerzos, ayuden a que podamos poner un grado de racionalidad a este aspecto que nos parece grave.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Gorri.
La señora GORRI GIL: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, doy la bienvenida al señor López Valdivielso a esta Comisión y también le doy las gracias por la exposición que nos ha hecho. Además le diré que su presencia hoy aquí nos
parece importante, porque ha venido en el momento adecuado, cuando se ha levantado el secreto de sumario. No era lógico demandar constantemente su presencia, cuando se sabía perfectamente que las investigaciones estaban bajo secreto sumarial.
Además -corríjame si me equivoco- el señor López Valdivielso no estaba ayer en Buñuel porque estaba compareciendo y contestando a preguntas en esta misma Cámara, atendiendo peticiones de otros diputados.
Esta diputada también es diputada por Navarra y también lleva escolta de Guardia Civil y está agradecida a este cuerpo por la labor que realiza.
Tras el asesinato de un compañero, concejal de Unión del Pueblo Navarro, el pasado verano, un
gran número de cargos electos de Navarra pasamos a llevar escolta en cosa de 15 ó 20 días. Personalmente comprendo que no es fácil dotar de repente a cerca de 500 personas de su escolta y de su vehículo correspondiente.
El tema de hoy no es si la Guardia Civil tiene o no tiene suficientes medios. Queremos ver solucionado el caso que hoy nos ocupa cuanto antes.
El objetivo es sobre todo que no vuelva a repetirse un hecho como este, para lo cual ya se han
puesto las medidas oportunas, que se nos han relatado anteriormente. La investigación judicial realizada por parte de los miembros de la Guardia Civil ha sido intensísima, siguiendo los trámites adecuados y pertinentes, llegándose incluso a detener
a una persona que finalmente tuvo que ser puesta en libertad por falta de pruebas. Este suceso nos va a permitir llamar a la sensibilidad de todo el mundo que se implica en la lucha contra la droga y llevar a cabo cambios importantes, como el que
antes también se ha mencionado, un posible cambio en el artículo 374 del Código Penal, para que sea la autoridad administrativa bajo cuya custodia esté la droga la que pueda ordenar la destrucción inmediata de la misma. Actualmente es única y
exclusivamente competencia judicial determinar que se destruya la droga, y respecto a los alijos sustraídos no existía resolución judicial para que se destruyeran. Creo que fue el Partido Socialista quien se opuso en su día a un intento de reforma
para que los alijos se destruyeran de forma más rápida, por una vía administrativa. No debemos poner en entredicho la profesionalidad de personas que luchan contra la droga en nuestro país, como son los cuerpos de seguridad o funcionarios de la
Administración pública, por un hecho aislado. Se ha pretendido desacreditar el sistema con la maniobra de airear reiteradamente el caso de forma injustificada.
Por mi parte, es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, señor López Valdivielso.
El señor PRESIDENTE: Señor director general de la Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): He venido cuando me han citado. Su señoría sabe como funciona esto. El día que he recibido la citación de la Cámara he venido, y con mucho gusto, para decir lo que sé.
Otras veces venimos a decir lo que podemos decir, pero hoy he venido a decir todo lo que sé en relación con este asunto.
La Guardia Civil tiene muchas misiones. En los seis años que llevo al frente de la Guardia Civil me he dado cuenta de que hay muy pocos cuerpos de seguridad, ninguno que yo sepa, que tenga tantas misiones y tantas competencias como tiene
éste, pero no tiene la misión ni la competencia de la custodia o el transporte de los depósitos de droga. En ese sentido hago mía -no sé si es muy ortodoxo- la intervención de la señora Riera.
No se pueden utilizar efectivos policiales para
custodiar unos almacenes de algo que efectivamente hay que destruir. Otra cosa es que esos depósitos tengan las medidas de seguridad que tengan que tener, que supongo que tendrán que tenerlas y que habrá que mejorarlas, y de hecho creo que eso se
está haciendo, pero no es nuestra misión. Por tanto, a mi juicio no hay responsabilidad -y hablo como director general de la Guardia Civil- de la Guardia Civil, ni directa ni indirecta. Dice: Alguien tenía que haber encargado a la Guardia Civil
la custodia de esto.
No, es como si nos encargan..., no sé qué ejemplo ponerle, pero no es competencia de la Guardia Civil la custodia y el transporte de los alijos que se efectúan de droga.
Yo asumo la responsabilidad que tenga que asumir por el hecho de estar detrás de este letrero en estos momentos, y aprovecho para agradecer las palabras de todas SS.SS. en relación con la Guardia Civil, que yo creo que cumple adecuadamente
las misiones que se le encomiendan, y lo digo en nombre de la Guardia Civil porque eso no es mérito de este director general, sino de los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil. Por tanto, los méritos son suyos, los errores de la Guardia
Civil los asumo yo, que entre otras cosas para eso estoy, pero en este caso sólo estoy dispuesto a asumir la cuota parte de responsabilidad que me corresponde por el hecho de estar detrás de este cartel, no como director general de la Guardia Civil.
El señor Ripa ha aprovechado para hablar de la falta de medios de la Guardia Civil. Cuando quieran, yo vengo a explicarles a ustedes las inversiones que hemos hecho en estos seis años, lo que se ha incrementado el capítulo 6, las medidas
que hemos tomado para obtener una mayor eficacia de los recursos que, en definitiva, ustedes nos dan, y cuando quieran yo estaré encantado de venir a explicarles en una comparecencia cómo estaba la Guardia Civil cuando yo me hice cargo y cómo está
en este momento desde el punto de vista de los medios y las inversiones. Dicho esto, agradezco a SS.SS. cuantas enmiendas puedan efectuar a la próxima ley de presupuestos para que mejoren los presupuestos de la Guardia Civil.
Con respecto a la diputada señora Uría, efectivamente el asunto no está cerrado. Aquí ha habido un sobreseimiento provisional, la juez puede encomendar en cualquier momento la reapertura, puede encomendar a la Guardia Civil que inicie las
diligencias y, si hay indicios de que se puede seguir en la investigación, si aparecen nuevos hechos, nuevos acontecimientos, se volverán a abrir las diligencias porque el sobreseimiento ha sido provisional, y los efectivos que se dediquen a ello lo
harán con la competencia y la disposición con
que lo han hecho hasta ahora. Ya he dicho que hacía mías las palabras de la señora Riera. La solución es la inmediata destrucción de la droga. Una vez que por la autoridad judicial se toma nota de los kilos que había y del tipo de droga y
se hace un acta de recepción o como se diga, no podemos, insisto, destinar policías o guardias civiles a estar custodiando depósitos de droga.
En cuanto a la intervención de la señora Gorri, agradezco las palabras que ha tenido en relación con la Guardia Civil. Eso es mérito de los y las guardias civiles, insisto. El que tengan un Ford Escort color oro es culpa mía, intentaremos
cambiarlo, lo estamos haciendo. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que es de donde soy yo, diré que hemos renovado ya el 70 por ciento de nuestra flota y que en los próximos presupuestos iremos avanzando y renovando más.
En relación con la inauguración del cuartel de Buñuel, ayer estaba en el Parlamento y por eso no pude asistir. En cuanto a por qué se ha producido tan tarde, posiblemente SS.SS. también lo sepan y no es momento en esta comparecencia para
hablar de eso.
Nada más, señor presidente, no sé si lamentable o afortunadamente no tengo más que decir como director general de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil. Como siempre, le despedimos con el mismo afecto, el mismo cariño, el mismo respeto y la misma amistad de todos los días.
Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
- SOBRE LA URGENTE REALIZACIÓN DE LA PLANTA PARA DESTRUCCIÓN DE DROGAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente Congreso 161/001380 y número de expediente Senado 663/000054)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Si le parece oportuno a la Comisión, agruparíamos las votaciones de las dos proposiciones, que no serán antes de la una de la tarde.
Sobre la proposición no de ley relativa a la urgente realización de la planta para destrucción de drogas de la provincia de Cádiz, cuyo grupo solicitante es el Grupo Parlamentario Socialista, hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que lo que pretende es modificar donde se dice: la urgente realización, por: acelerar la terminación de la planta para la destrucción de la droga decomisada en la provincia de Cádiz.
En primer lugar, por el grupo solicitante, tiene la palabra doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Nos toca hoy presentar esta proposición no de ley que viene muy a cuento después de las comparecencias que hemos tenido en esta Comisión y que nos muestran los sucesos que pueden producirse por el problema que
estamos viviendo acerca de los depósitos provisionales de droga. Nos ha llenado de preocupación la respuesta del director general de la Guardia Civil, también desde luego la de la subsecretaria de Administraciones Públicas, por cómo se está
retrasando este tema, pero sobre todo la preocupación del director de la Guardia Civil cuando ha hablado de que no hay competencia para la custodia porque evidentemente si no hay competencia para esta custodia, tendremos que seguir este asunto para
saber a cargo de quién están estos depósitos provisionales.
Pero éste no es el tema de esta proposición no de ley, no es un tema territorial desgraciadamente. No afecta sólo a la provincia de Cádiz, está afectando a toda España. La respuesta que
me da el Gobierno con fecha 21 de mayo es bastante alarmante, desde el punto de vista de las cantidades de droga que están en depósitos provisionales, ya que pueden producir sucesos no ya como los que hoy se han visto, sino incluso otros que serían
más peligrosos. Todo el mundo sabe, y no hace falta ser explícito, los riesgos que conlleva custodiar tantas cantidades de droga.
En total son 283 toneladas las que dice el Gobierno que se encuentran en depósitos provisionales, de las cuales una
cantidad muy importante, 188 toneladas, están en Andalucía. Gran parte de estas toneladas estarán en la provincia de Cádiz, indudablemente, por su situación geográfica, pero también están distribuidas por otras comunidades bastantes cantidades en
esta situación de depósito provisional.
Desde nuestro punto de vista, la situación es bastante grave. Comisarías atiborradas o comandancias de puesto o delegaciones del Gobierno o no se sabe qué otros procedimientos pueda tener el Gobierno para depositar estas drogas, pero lo que
sí es cierto es que se ha evidenciado un problema muy grave y que existe una ley que no se está cumpliendo. El fiscal especial para las drogas, en la comparecencia que tuvo aquí, explicó también esta problemática y denunció que era uno de los
problemas más importantes con los que se encontraba en este momento la Fiscalía. El panorama que dibujaba acerca de lo que está pasando en Cádiz era esperpéntico: cómo el ejército se ve obligado a destruir las drogas de manera incorrecta,
incinerándolas provisionalmente, de tal manera que las protestas de los ecologistas son muchas. No parece que esa sea la forma más correcta de abordar una problemática de esta naturaleza.
No era sólo la denuncia del fiscal la que ponía el acento sobre la gravedad de esta situación y, desde luego, no es la provincia de Cádiz la única que tiene esta problemática, como demuestra la respuesta del Gobierno. Es más preocupante aún
cuanto que la respuesta
del Gobierno hace referencia a que diariamente se intervienen en torno a 1.500 kilos de estupefacientes, es decir, una tonelada y media, principalmente de hachís. Esto significa que el problema no disminuye, sino que se acentúa diariamente,
a pesar de los procesos de destrucción habituales que pueda haber. Es evidente que cuando existe este atasco es porque no hay procedimientos correctos para la destrucción de cualquier tipo de drogas. En Madrid, por ejemplo, se reseña en la
respuesta que han sido 500 kilos de cocaína mezclados con 24.000 kilos de melaza. Dónde están estos depósitos provisionales, a cargo de quién, custodiados por quién y cuándo se van a destruir son preguntas que deberían ser respondidas por el
Gobierno. Estas situaciones deberían ser solucionadas.
La proposición no de ley de mi grupo se refiere exclusivamente a la planta de Cádiz, pero anuncio ya que presentaremos una proposición no de ley para que esta situación se aborde con la mayor urgencia posible.
Precisamente ayer o anteayer
hablaban del decomiso de dos toneladas en la provincia de Cádiz, operación por la que felicito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -creo que ha sido la Guardia Civil quien ha intervenido esta última operación-, pero diariamente se viven
operaciones con bastantes decomisos. Si este tipo de drogas -no ya el hachís, sino cualquier tipo de droga que se decomisa- no se destruyen como prevé la ley y además, hasta este momento, no sabemos quiénes están a cargo de la custodia de los
depósitos, la verdad es que nos vamos de esta Comisión con preocupación ante esta situación sobre la que, como digo, insistiremos. Esta proposición, por tanto, se refiere a Cádiz y a la urgente realización de una planta que, desde nuestro punto de
vista, ya debería estar construida porque hemos insistido en ello en varias ocasiones; desconocemos las razones de la tardanza.
Nuestra proposición hace hincapié en la urgente realización de esta planta para la destrucción de las drogas que se decomisan en la provincia de Cádiz después de haber conocido la situación alarmante que se está viviendo en los depósitos
provisionales, la función que desempeñan hoy las fuerzas de seguridad y la que deberían desempeñar donde las custodian -puesto que hoy el director general de la Guardia Civil ha dicho que no tiene la competencia-, porque quizá no estén ni siquiera
realizando la función que deberían.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la senadora doña Inmaculada Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Intervengo brevemente para manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Vasco a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendido por la diputada Romero. Por
definición, esta Comisión debe estudiar el problema de las drogas, y basándose en esos estudios y en los datos aportados plantear propuestas y alternativas que nos permitan avanzar en la lucha contra las drogas, oídas incluso las comparecencias
celebradas a lo largo de esta mañana y también los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han intervenido en las mismas. Creo que se ha puesto sobre la mesa una situación que se refiere a la demora en la destrucción de droga
decomisada, sobre la cual también tendremos que plantear alternativas y tomar decisiones para que esto no se produzca, tal y como en estos momentos se viene dando, y evitar situaciones como las que hemos estado debatiendo esta misma mañana. Para
ello es necesario crear la infraestructuras precisas. Por tanto, creemos que la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista va en esa línea y por ello vamos a apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Zoila Riera.
La señora RIERA I BEN: Simplemente quiero dejar constancia del voto favorable del Grupo de Convergència i Unió a la proposición no de ley que ha defendido la diputada señora Romero. Es consecuente y congruente con el discurso que hoy
mismo, con motivo de las comparecencias, ha formulado en esta Comisión esta diputada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Aurelio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: El Gobierno es consciente de la necesidad de tener dotación suficiente para el análisis, custodia y destrucción de drogas.
Por cierto, quiero aprovechar la ocasión para responder a la portavoz del Grupo Socialista
que las competencias en estos temas las tienen los laboratorios de drogas que dependen de la Delegación del Gobierno en las distintas comunidades autónomas y, a través de ellas, del Ministerio de Administraciones Públicas.
También quería, como ha hecho la portavoz socialista, que nos congratuláramos de los frecuentes y continuos éxitos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz, en general en toda Andalucía y en toda España, y
trasladarles nuestra felicitación.
Ciñéndonos a la provincia de Cádiz, que es el objeto de esta proposición no de ley, quiero decir que allí se dispone de dos unidades: un laboratorio en el Campo de Gibraltar, en Algeciras, con su correspondiente unidad de recepción,
custodia y destrucción, que cuenta con cámara de seguridad para diez toneladas y un pequeño horno, casi artesanal, en la planta de incineración municipal de Los Barrios, que ha venido funcionando de forma satisfactoria hasta la fecha.
En el resto de la provincia ya no es así. Aunque existe una unidad de recepción y custodia en Cádiz, los análisis se realizan en Sevilla, porque esta planta presenta algunas carencias que justifican totalmente no ya la proposición no de
ley, sino la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno, como más tarde diré. Las necesidades que tiene el resto de la provincia son un almacén de custodia con capacidad suficiente y un horno de incineración propio para evitar depender de empresas
privadas o de la citada planta de Los Barrios.
La situación en estos momentos es la siguiente. Con respecto al depósito de custodia, en estos días está prevista la inauguración de un almacén de custodia, en Cádiz capital, para 80 toneladas, cuya obra civil se encuentra totalmente
terminada, restando la instalación de medidas de seguridad, como videocámaras, etcétera. En cuanto a la planta de incineración, existe ya un preacuerdo, una concesión administrativa, entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Administraciones Públicas, por la cual se va a ceder en terrenos de Puerto Real una zona perfectamente vallada y vigilada para ubicar este horno, que se hará con cargo al presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas. La redacción del
presupuesto está terminándose y está previsto iniciarse la licitación antes de final de año y el comienzo inmediato de las obras que, al ser menores, se prevé que se realicen en un plazo muy corto.
Según se desprende de lo que he ido indicando, no se justifica aprobar esta proposición no de ley, puesto que lo que se solicita está ya en avanzado estado de ejecución. No obstante, y en el ánimo de no rechazar esta propuesta, cuyo
objetivo, además, compartimos, ofrecemos una enmienda transaccional que define mejor la situación en el momento actual, ya que no hay que empezar el expediente de construcción, sino culminarlo, estando próximo ya ese momento. Por ello, cambiamos lo
relativo a la realización de una planta por acelerar la terminación de la misma. Esta enmienda, según me ha manifestado la portavoz socialista, se va a aceptar, por lo cual queremos darle las gracias.
En la exposición de motivos se habla de que estos problemas de destrucción de drogas y su almacenamiento son graves. Estamos de acuerdo en que ello requiere una respuesta inmediata, que ya ha hecho el Gobierno adelantándose a esta
iniciativa, que es del 18 de abril. A la fecha en que estamos las obras están prácticamente terminadas. Por ello, habría que dar al césar lo que es del césar. Reconozcamos el compromiso de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y del Ministerio de Administraciones Públicas, aceptando esta enmienda que va en beneficio del tratamiento de la droga decomisada, en la que tanto éxito, como he dicho el principio, estamos teniendo. (La señora Romero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, sólo para agradecer el ánimo de colaboración del Partido Popular y la comprensión de que éste es un problema importante. Quiero pedir, ya que existe este ánimo de colaboración, que el Grupo
Parlamentario Popular insista al Gobierno para que dé trámite de urgencia a las obras de dicho horno, porque si hasta finales de año tenemos que esperar a la licencia, etcétera, se puede producir una situación que sigue siendo difícil para una
problemática que es muy grave, porque él mismo ha reconocido que si solamente son unas cantidades mínimas las que se están destruyendo en el horno del Campo de Gibraltar, ni con mucho estamos atendiendo a las necesidades urgentes de los depósitos
actuales. Sólo quería pedir la urgencia en la realización de este horno.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, tiene que manifestarse sobre la aceptación expresa de la enmienda transaccional. (Asentimiento.)
- SOBRE CREACIÓN DE LABORATORIOS PARA LOS ANÁLISIS DE ESTUPEFACIENTES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. ((Número de expediente Congreso: 161/001395 y número de expediente Senado 663/000059)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, debate de la proposición no de ley sobre creación de laboratorios para los análisis de estupefacientes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Alberto Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, señorías, la proposición no de ley que vamos a debatir ahora trata sobre la creación de los laboratorios necesarios para el análisis de estupefacientes y dotarlos de los técnicos necesarios para
atender los requerimientos judiciales.
Desde luego, de las sesiones de la Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas, de las habidas hasta ahora, creo que ésta puede ser de las más fructíferas, dado que, por unas cuestiones o por otras, se van hilando los temas y
todos los diputados y senadores estamos llegando a determinadas conclusiones que pueden ser muy positivas en la lucha que debemos tener todos contra las drogas.
La lucha contra el tráfico de drogas es un reto para toda la sociedad que quiera considerarse libre. La lacra que supone su comercio y la fuerza de coerción y el deterioro del entramado social hace que ese tráfico no sólo represente un
peligro en el ámbito sanitario, sino también una de las mayores amenazas para la normal convivencia ciudadana. La alarma social creada cada vez que surgen por uno u otro motivo casos de esta
índole (por ejemplo, las aprehensiones importantes, las detenciones, las fugas inexplicables, las muertes relacionadas con el consumo de drogas) así lo demuestran. Además de la alarma puntual que se produce en estos casos, los ciudadanos
tienen la impresión generalizada de que algo falla en la lucha contra el narcotráfico. Una cuestión que es percibida socialmente con meridiana claridad, que se observa por otra parte y en contraste es cómo esa misma cuestión se difumina y se
ralentiza en los trámites burocráticos y procedimientos legales, asistiendo finalmente a situaciones y resoluciones que rayan en el escándalo. Parece como si el tráfico de drogas fuese como una inmensa montaña que todo lo aplasta y muy difícil de
remover. El grupo Socialista coincide con esta percepción, pero, lejos de la resignación, consideramos que es necesario atacar sistemáticamente y en todos los frentes y dotar a la sociedad y a sus instituciones de todos los medios necesarios para
que esa lucha sea constante, rápida y efectiva. En este sentido queremos hacer una serie de apreciaciones.
El Código Penal español no ofrece un concepto genérico de droga ni define las características que haya de poseer una sustancia para ser considerada a efectos jurídico-penales como tal. El actual artículo 368 (cultivo, elaboración o tráfico
y la promoción y facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su posesión con esos fines) se refiere a las conductas delictivas en relación a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, pero no establece qué se entiende por las mismas. Tampoco contiene un catálogo o listado de dichas sustancias, cuyo tráfico es objeto de represión. Esta indefinición legal del objeto material del delito hace necesaria la legislación
complementaria y así hay que acudir a los listados de sustancias contenidas en los convenios internacionales actualizados de los que España es parte o ha firmado, o a las disposiciones administrativas propias que incluyan el concepto o la
delimitación de las sustancias consideradas drogas, por ejemplo, la Ley de 8 de abril de 1967 sobre estupefacientes y el Real Decreto de 6 de octubre de 1977 sobre psicotropos. Ambos textos legales se remiten a su vez a los listados de los
convenios internacionales. La determinación exacta de la composición de las probables drogas es clave y fundamental no sólo en el aspecto sanitario y el tratamiento individual de los efectos, sino también y sobre todo en lo que aquí nos interesa,
en la posibilidad del enjuiciamiento y del tratamiento penal de los hechos.
También hay que recordar que, por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, a petición de las partes, la presencia de peritos que ratifiquen los informes periciales efectuados con anterioridad y éstos, lógicamente, han de ser
realizados por organismos oficiales. La ausencia de los peritos y de los informes puede argumentarse como motivo de indefensión y, por lo tanto, provocar al menos demoras y efectos perversos en los juicios. Esto vendría a explicar entonces el
porqué de muchas demoras e incluso lo sorprendente de determinadas resoluciones.
Parece, pues, que disponer de los medios técnicos y humanos adecuados y suficientes para el análisis rápido y exacto de las sustancias implicadas es un elemento
fundamental y básico en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, en España tenemos en este campo importantes lagunas. Así, en la comparecencia parlamentaria del 21 de marzo, el fiscal especial para la prevención y represión del tráfico de
drogas afirmaba que otro obstáculo para su labor era la falta de laboratorios y técnicos para el análisis de las drogas, afirmación corroborada implícitamente por el propio delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas cuando en su
comparecencia de 26 de abril reconocía que estaba en proyecto la dotación de estos laboratorios y la necesidad de que sean específicos para el tema de drogas. Lo cierto es que lleva el Partido Popular gobernando este país seis años y, hoy por hoy,
el laboratorio de la Agencia Española del Medicamento, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por ejemplo, y otros laboratorios existentes no satisfacen las necesidades de una justicia rápida y eficaz. De ahí la necesidad de dotar al país de una red
de laboratorios con los medios técnicos y humanos adecuados que resuelvan de manera definitiva esta penuria y cierren un posible resquicio a la impunidad de los narcotraficantes.
El Grupo Popular tiene otra buena oportunidad para pasar de la retórica a los hechos y contribuir, entre todos, a estrechar de verdad el cerco al narcotráfico, que es preocupación y responsabilidad de toda la sociedad, pero sobre todo es
obligación inexcusable e inaplazable del Gobierno.
Todo lo que han hecho hasta ahora o lo que se podía hacer es, pura y simplemente, abandono y dejación. La modernización y mejora del país no debería estar sujeta a la parafernalia propagandística
de los buenos gestores del déficit cero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la senadora doña Inmaculada Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Intervengo única y exclusivamente para manifestar el voto favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición viene a complementar la que hemos debatido
anteriormente, dado que estamos hablando de creación de infraestructuras y dotación de medios y recursos adecuados para luchar de forma eficaz contra el tráfico de drogas y para prevenir el mismo.
Como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, para actuar desde las dos vertientes más importantes, la prevención y la represión, se debe realizar el debido enjuiciamiento de las situaciones en las que se da dicho tráfico. Para ello es necesario atender con eficacia los
requerimientos
judiciales y aportar los datos, desde los análisis efectivos y adecuados de la droga decomisada e incautada, a la vertiente sanitaria, con el fin de trasladar a la opinión pública y a la sociedad los riesgos que entraña el consumo en base a
las características de la droga decomisada. Por ello es importante dotarnos de las herramientas adecuadas, y una de ellas es la creación de laboratorios que permitan realizar dichos análisis con rigor, eficacia, y con los correspondientes medios
técnicos y humanos para luchar de forma eficaz contra un problema que nos preocupa a todos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Zoila Riera.
La señora RIERA I BEN: Simplemente intervengo para anunciar el voto favorable de mi grupo a esta proposición no de ley y para hacer mías las palabras que ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de justificar esta
solicitud en una propuesta del fiscal jefe antidroga que, en su comparecencia en esta Comisión, dijo que era necesario que se impulsase la creación de nuevos laboratorios al objeto de que en los juzgados no hubiese la excusa de falta de recursos y
así demorar más unas actuaciones judiciales, demorar sine die unos trámites, que imposibilitan hacer justicia rápida. La demora en todos estos medios, que son imprescindibles -como se ha demostrado hoy mismo en las comparecencias que ha habido en
esta Comisión-, no hace más que añadir leña al fuego a un problema muy grave, que es la precariedad, en su conjunto, de los recursos y de los medios, con los que cuentan las fuerzas de seguridad del Estado. Por más que el Gobierno haga esfuerzos
-que yo no los niego- en proporcionar más presupuesto y más medios, siempre son insuficientes en función de las necesidades que la lucha antidroga genera. Por lo tanto, disponer de laboratorios es un requisito imprescindible para que en los
juzgados puedan efectuarse los trámites con celeridad. Consideramos que es un bien que todos debemos apoyar y espero que el grupo que sustenta al Gobierno apoye también esta iniciativa por pura coherencia con lo que todos deseamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Carlos Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la posición del mismo con respecto a la iniciativa de referencia. Se trata de una proposición no de ley escueta, aunque redundante, en su forma y más
escueta aún en su contenido. Me van a permitir, señorías, que con todos los respetos les exponga los motivos de esta afirmación, que no son otros que el conocimiento de la realidad que debería alcanzar a todos los miembros de ambas Cámaras que
forman parte de esta Comisión.
Las competencias sobre el análisis, custodia y destrucción de las drogas decomisadas corresponden a los laboratorios de drogas y sus correspondientes unidades de recepción, custodia y destrucción, dependientes de las delegaciones del
Gobierno en las comunidades autónomas y, a través de ellas, del Ministerio de Administraciones Públicas, según disposición de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración general del Estado (LOFAGE) Tras la
publicación de la LOFAGE, el Ministerio de Administraciones Públicas comenzó a asumir sus nuevas competencias en la materia, realizando multitud de contactos con los organismos de la Administración más relacionados con este ámbito, especialmente con
el Ministerio de Sanidad, con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y con el fiscal especial para la prevención y represión del tráfico ilícito de drogas, estableciendo la necesidad de reordenar la organización periférica de
los servicios administrativos del Estado en materia de laboratorios de drogas bajo los principios de optimización de los recursos, tanto personales como materiales, y de una eficaz prestación de servicios a los ciudadanos.
En este orden de consideraciones y en el complejo ámbito de la sanidad exterior y de la droga, con fecha 24 de octubre de 2000 se creó en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas un grupo interministerial de trabajo, integrado por
representantes de dicho ministerio, del Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y del Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia Española del Medicamento, que finalizó sus
trabajos en julio del pasado año 2001. Las conclusiones elevadas por este grupo interministerial de trabajo al respecto parten del criterio insoslayable de segregar en todo lo posible la anterior estructura de laboratorios mixtos de alimentos y de
drogas con el fin de otorgar cobertura en todo el territorio nacional y dotar de los recursos específicos que cada una de estas actividades requiere. De esta manera, la propuesta en curso es la de mantener y dotar 19 laboratorios específicos para
el análisis de droga, clasificados por cargas de trabajo en tres grupos: grupo A (de hasta 5.000 muestras al año), grupo B (de 5.001 a 15.000 muestras al año) y grupo C (de más de 15.000 muestras al año). Entre estos laboratorios específicos se
mantienen dos de carácter mixto, que por razones de eficacia se entiende deben continuar, y que son el de Algeciras y el de Santa Cruz de Tenerife.
A la par de la reordenación de laboratorios, y por su estrecha vinculación con los mismos, las propuestas del grupo interministerial de trabajo abarcaban también la redistribución de las unidades de recepción, custodia y destrucción de droga
(las URCDS) cuya planta queda establecida en 31, con garantías de resultar suficientemente
operativas. Desde el punto de vista de dotación de personal para los citados laboratorios y URCDS, las conclusiones del grupo justifican la necesidad de 44 nuevos puestos de trabajo, distribuidos en 20 técnicos superiores de laboratorio, 15
auxiliares de laboratorio, un auxiliar administrativo y 8 mozos.
Señorías, estas propuestas se encuentran en la actualidad gestionándose en la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, en orden a la adopción de las medidas de carácter orgánico que resulten oportunas.
Por otra parte, la
Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado ha trasladado estas propuestas a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, con fecha 20 de marzo del año en curso, en atención a sus competencias sobre los servicios
periféricos de la Administración general del Estado, realizándose en este momento el análisis de las observaciones formuladas con vistas a establecer, previa consulta a las subsecretarías de los ministerios de Interior, Agricultura, Pesca y
Alimentación, Sanidad y Consumo y Administraciones Públicas, el futuro mapa de los servicios periféricos de la sanidad exterior y la droga, mediante resolución de dicha Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado.
Créame, señor Fidalgo, que le tengo en gran estima personal y profesional y que por tanto le considero capaz de realizar propuestas con mayor fundamento técnico y de mayor altura parlamentaria. Sospecho que en esta ocasión le ha tocado
defender a usted una de esas proposiciones lanzadas sin estudio previo ni otro objetivo que la difusión mediática de la misma. Se ha apoyado usted en palabras entresacadas de la comparecencia del fiscal especial para la prevención y represión del
tráfico ilegal de drogas, el señor López Fando, quien finalizaba el párrafo al que se ha hecho referencia preguntándose: ¿Es necesario crear más laboratorios? Yo no soy quién para decirlo, pero conozco los obstáculos que tenemos -añadía en
palabras textuales-; obstáculos, dificultades que no son ajenos al propio ordenamiento jurídico y al estricto cumplimiento de los procedimientos administrativos. Ha hablado usted en su intervención de hoy de abandono y de dejación, términos que
están absolutamente alejados de la realidad, así como de colaboración para acabar con la lacra, colaboración que ojalá fuese sincera y en todas las ocasiones por todas las partes implicadas.
Decía, señoría, que, aparte de la pobreza argumental de su motivación y de la redundancia lingüística de la misma, no se puede proponer algo que consiste en instar al Gobierno a que realice lo que ya está realizando y que además lo está
haciendo bien, salvo que sea eso lo que se pretende, felicitar al Gobierno por su labor, en cuyo caso me congratulo de que compartamos la misma opinión que la mayoría de los españoles. Pero si no, señoría, si su propuesta es fruto del
desconocimiento, podría haber evitado este trámite realizando una pregunta parlamentaria al Gobierno al respecto. No se enfade, señor Fidalgo. Insisto en que le tengo en gran estima, tanto como médico, como representante en este caso que somos
ambos en esta Cámara de la misma provincia, y créame que entiendo que tienen ustedes tal barullo en su provincia que quizá no le quede mucho tiempo para argumentar sus iniciativas, pero precisamente por eso considero que no debería perderlo en
propuestas que son absolutamente innecesarias y carentes de contenido.
Por lo expuesto mi grupo estima que no procede que tomemos en consideración esta proposición no de ley por innecesaria. Por tanto, nuestro voto va a ser necesariamente contrario a la misma.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta la una, para votar.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, a efectos de la votación de ambas proposiciones no de ley.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre la urgente realización de la planta para destrucción de drogas de la provincia de Cádiz, con la enmienda propuesta por el Grupo Popular y que ha sido aceptada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, sometemos a votación la proposición no de ley sobre creación de laboratorios para los análisis de estupefacientes.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Era la una y cinco minutos de la tarde.