DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 2001 VII Legislatura Núm. 55



PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA



Sesión núm. 13



celebrada el martes, 30 de octubre de 2001, en el Palacio del
Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor vicepresidente primero del Gobierno y
ministro del Interior (Rajoy Brey) para informar sobre:



- Las políticas de prevención y lucha contra la droga. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente del Congreso 213/000091 y número de expediente del Senado
711/000037.) ... (Página 1242)



- Las medidas relacionadas con el incremento del narcotráfico. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
del Congreso 213/000206 y número de expediente del Senado 711/
000063.) ... (Página 1242)

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Proposiciones no de ley:



- Sobre medidas para corregir los hábitos alcohólicos que afectan a
una parte de la población juvenil. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/
000867 y número de expediente del Senado 663/000024.) ... (Página 1266)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DEL
INTERIOR (RAJOY BREY) PARA INFORMAR SOBRE:



- LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA DROGA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente del Congreso 213/000091 y número de expediente del Senado
711/000037.)



- LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL INCREMENTO DEL NARCOTRÁFICO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
del Congreso 213/000206 y número de expediente del Senado 711/
000063.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se inicia la sesión de la
Comisión. En primer lugar voy a hacer una puntualización. Hay pedidas
tres comparecencias del señor ministro del Interior y, si la Comisión
no tiene inconveniente, sería bueno acumular las dos primeras, una
propuesta por el Grupo Catalán y otra del Grupo Socialista. La
tercera, formulada por el Grupo Mixto, ha sido retirada. En
consecuencia, si no hay nadie que se oponga, acumularíamos las dos
primeras comparecencias. (Asentimiento.)
Dicho esto damos la bienvenida a don Mariano Rajoy, vicepresidente
primero del Gobierno y ministro del Interior, que tiene la palabra.




EL señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE INTERIOR (Rajoy Brey):
Muchas gracias señor presidente, con el mismo afecto, cariño y
respeto. Buenos días señoras y señores diputados.

En primer lugar, quiero agradecer a los grupos parlamentarios las
peticiones de comparecencia en esta Comisión y mostrar mi interés por
estar ante sus señorías para hablar y debatir sobre un asunto de
tanto interés como el de las drogas, en toda la extensión de este
fenómeno. Si me permiten hablaré en primer lugar de los aspectos
preventivos en la lucha contra la droga y después me referiré a las
políticas de lucha contra el narcotráfico, puesto que se han unido
las dos peticiones de comparecencia. La primera es una petición, la
de los aspectos preventivos, del Grupo Catalán, y la segunda, de las
políticas de lucha contra el narcotráfico, es una petición del Grupo
Parlamentario Socialista.

Pues bien, la prevención es el objetivo prioritario del Plan Nacional
Sobre Drogas y el eje fundamental de la Estrategia Nacional aprobado
en diciembre del año 1999 y con vigencia hasta el año 2008, y cuando
hablo de prevención quiero referirme a estos aspectos una prevención
concebida como educación en valores, competencias y habilidades
sociales y dirigida de forma destacada a los niños y jóvenes; una
prevención que se apoya en el conocimiento objetivo de la realidad
y que precisa de la evaluación y el rigor metodológico; una prevención
que parte de la articulación de estrategias globales y que incorpora
plenamente todas las sustancias que pueden ser objeto de uso y abuso,
incluyendo el alcohol y el tabaco; una prevención universal que a su
vez sea compatible con una serie de medidas prioritarias dirigidas
hacia los grupos de alto riesgo y, finalmente, una prevención que
sólo puede tener éxito mediante la participación de la sociedad en su
conjunto, instituciones, colectivos, asociaciones y particulares.

Y dicho esto, quiero repasar a continuación aquellas actuaciones más
destacadas desde 1996 en este ámbito preventivo. En materia de
prevención escolar, en el curso 1997/1998 los ministerios de
Educación y Cultura, Sanidad y Consumo e Interior iniciaron
conjuntamente una experiencia piloto denominada Construyendo salud
dirigida a alumnos de enseñanza primaria con dos tipos de
actividades: un programa educativo para ser aplicado en el aula por
el profesorado y un programa de puertas abiertas en el que se
promueven alternativas saludables de ocio y tiempo libre fuera del
horario escolar. En esta experiencia, que se ha ido renovando en
cursos sucesivos, han participado cerca de 24.000 alumnos y 971
profesores pertenecientes a 334 centros escolares, y tras un riguroso
proceso de evaluación la experiencia ha mostrado unos resultados
esperanzadores en cuanto a la información recibida por los alumnos



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y en relación con el retraso en las edades de inicio de consumo de
alcohol y de tabaco.

Las actuaciones conjuntas entre los tres departamentos se han ido
actualizando y continúan en el presente año, concretamente mediante
la incorporación de nuevos centros de educación infantil, primaria y
secundaria, con la aplicación del programa Construyendo salud,
constitución de la comisión técnica de prevención para la
homologación, autorización y acreditación de materiales y programas
de prevención de las drogodependencias y realización de un seminario
conjunto entre los tres ministerios dirigido a expertos en educación
y promoción de la salud. Para la realización de estas acciones los
ministerios citados destinarán los siguientes recursos económicos: El
Ministerio del Interior 41,5 millones; el de Educación 6 millones, y
el de Sanidad y Consumo 19,7 millones.

A lo largo del curso 2000/2001 se ha desarrollado un programa de
prevención dirigido asimismo a alumnos de educación primaria,
colaboran además de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los
planes autonómicos de drogas.

El programa, conocido como Concurso Escolar Sinesio, se basa en la
participación de los alumnos en un juego con soporte CD-rom apoyado
por una agenda escolar para los alumnos y una guía sobre prevención
escolar para los profesores, y su objetivo es sensibilizar e informar
sobre las consecuencias del consumo de drogas así como proporcionar a
los alumnos habilidades y recursos para enfrentarse a posibles
incitaciones a su uso. Se ha desarrollado una primera fase en la que
han participado alrededor de 28.000 alumnos de todas las comunidades
autónomas y para el curso 2001/2002 está previsto llegar a los
62.000. Se han editado varias publicaciones relacionadas con el tema
de prevención escolar, entre ellas los volúmenes de la colección
Actuar es posible, El consumo de drogas y la comunidad escolar y
Educación sobre el alcohol así como las monografías El consumo
abusivo de alcohol en la adolescencia: un modelo explicativo desde la
psicología social y La prevención del consumo de drogas y la conducta
antisocial en la escuela: análisis y evaluación de un programa.

Por último, quiero recordar que una de las prioridades españolas en
este ámbito durante la presidencia española del Consejo de la Unión
Europea es la de impulsar un proyecto de recomendación sobre la
prevención del uso recreativo de las drogas, es decir del alcohol, el
cannabis y los psicoestimulantes, cocaínas y drogas de diseño. Es
evidente que el modelo del consumo en materia de drogas tanto en
España como en el resto de Europa ha variado sustancialmente puesto
que ya no se basa en la heroína, con el enorme componente de
marginación social que conlleva esta sustancia, sino que se basa en
otras drogas con un componente de exclusión social mucho menor pero
que afectan a un
amplio grupo de jóvenes de nuestras sociedades. La recomendación
incidiría sobre la necesidad de mayor coordinación entre las
instituciones y de más implicación de la sociedad civil ante este
problema, poniendo el acento en las actuaciones de información y
sensibilización dirigidas a los jóvenes en los programas de ocio
alternativo, en la reducción del daño asociado con estos consumos y
en la limitación de la oferta de drogas recreativas.

En cuanto a la prevención familiar y comunitaria prácticamente desde
todas las comunidades autónomas se trabaja con programas dirigidos a
familias, y muchos municipios ofertan este tipo de actuaciones dentro
de sus programas comunitarios. En los dos últimos años han podido
beneficiarse de estos programas más de 50.000 familias, si bien es un
colectivo sobre el que se pretende intensificar las actuaciones. Por
su parte, desde el Ministerio del Interior se subvencionan programas
de prevención comunitaria y familiar, habiéndose destinado a este
tipo de programas alrededor de 1.620 millones de pesetas en los
últimos años. En relación con este tema también se han editado
trabajos de información y divulgación como La prevención del consumo
de drogas en la familia, Servicios sociales y drogodependencias,
Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas y
Salir de marcha y consumo de drogas.

Por lo que se refiere a la prevención en medios de comunicación
social, las campañas de sensibilización e información a través de los
medios de comunicación social -es lo primero que quiero decir- son
esenciales en materia de prevención. Por ello éstas se han sucedido
en los últimos años, año tras año, y la última de estas campañas,
iniciada en junio de este año 2001, lleva como eslogan: Entérate:
drogas, más información, menos riesgos y utiliza diversos elementos
de carácter interactivo tales como una página web y un teléfono de
información personalizado. Asimismo, y formando parte de esta
campaña, se ha editado una guía informativa que se está distribuyendo
de forma masiva a través de encartes en prensa, asociaciones
juveniles, planes autonómicos y municipales de drogas, etcétera, con
una tirada estimada de 2 millones de ejemplares. También se ha
publicado el volumen: Medios de comunicación y drogodependencias.

En cuanto a la prevención laboral se han firmado dos convenios de
gestión entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre
Drogas y el Instituto Nacional de Empleo para la promoción
profesional e inserción laboral de drogodependientes en
rehabilitación en el año 1997 y 2001. A raíz de los mismos más de mil
consumidores de drogas en proceso de rehabilitación han participado
en proyectos de escuelas taller y casas de oficios y en cursos del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. En julio de 1997
se constituyó la Comisión Nacional para la prevención de las
drogodependencias en el ámbito laboral con la



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participación del Plan Nacional Sobre Drogas, los sindicatos
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y la patronal
CEOE. Su objetivo es informar, prevenir y en su caso prestar apoyo
asistencial en el ámbito laboral. Entre las actividades llevadas a
cabo por esta Comisión cabe señalar la campaña de prevención sobre el
alcohol dirigida al sector laboral del transporte humano de viajeros
y al sector de trabajadores del mar, que tuvo lugar en 1999 y que
llegó a más de 44.000 trabajadores, con un presupuesto de 10 millones
de pesetas. Y, a lo largo de los próximos meses, está prevista una
nueva fase de la campaña anterior con un alcance aún mayor.

En cuanto al ámbito penitenciario, en relación con las medidas para
la atención a drogodependientes con problemática jurídico penal, la
colaboración existente entre el Plan Nacional Sobre Drogas, los
planes autonómicos sobre drogas, la administración de justicia y la
administración penitenciaria han permitido la puesta en marcha de
programas de atención tanto a los detenidos en comisarías y juzgados
como a los internos en centros penitenciarios. A título de ejemplo
cabe señalar que en el año 2000 se han beneficiado de programas de
metadona 20.214 internos; otros 17.454 han participado en programas
de prevención, mientras que en otros programas de deshabituación
participaron 7.508 internos.

Por lo que se refiere a la asistencia e integración social, España
dispone de una red asistencial a los drogodependientes amplia y
diversificada que incluye centros, ambulatorios, comunidades
terapéuticas, unidades hospitalarias de desintoxicación, centros de
emergencia, programas de metadona, etcétera, todos ellos de carácter
público, con financiación pública, y que en el año 2000 han atendido
más de 163.000 demandas, entre las que se cuentan 78.806 usuarios de
programas de metadona. Por otra parte, se han proporcionado más de 4
millones de jeringuillas a lo largo de todo el año en programas de
intercambio de las mismas. Hay que señalar, además, que junto a esta
red de programas asistenciales también existe un amplio abanico de
programas de apoyo a la incorporación social que comprenden
actividades de formación, programas de integración laboral y recursos
de apoyo residencial y de los que en conjunto se beneficiaron en el
año 2000 más de 25.000 consumidores en rehabilitación.

Además, quiero señalar también que, aparte de estas acciones
preventivas directamente encaminadas a evitar el consumo de drogas,
es muy importante la labor de investigación e información, es decir,
que se deben desarrollar al tiempo sistemas de recogida e información
que nos permitan conocer la realidad de la cuestión y la incidencia
de los planes y programas en los sectores de población a los que se
dirigen. En este sentido quiero destacar la creación del Instituto
Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas que tiene como
función básica el impulso y la mejora de la calidad
de los programas de investigación y de formación de profesionales
en prevención; así, en el año 2000, se subvencionaron dieciséis
proyectos por un importe de 60 millones de pesetas y en el 2001
fueron subvencionados otros dieciséis por un importe de 67.900.000
pesetas.

Además, se han firmado diferentes convenios en estos dos últimos años
con distintas universidades, con el Colegio Oficial de Psicólogos,
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, por
un importe de 47 millones de pesetas, igualmente para la realización
de programas de investigación. Y para contar con información útil y
veraz se puso en marcha el Observatorio Español sobre Drogas que,
tras la creación de su consejo asesor y de diferentes comités
sectoriales, está impulsando nuevos sistemas de información
y evaluación así como la constitución de observatorios sobre drogas en
la totalidad de las comunidades autónomas.




Por otra parte, en próximas fechas, se pondrán en marcha las
siguientes actuaciones en materia de prevención: en febrero del año
que viene se celebrarán en Madrid el congreso sobre Jóvenes y la
noche y el alcohol, que profundizará sobre medidas para controlar el
consumo de esta sustancia, y una exposición sobre los principales
programas que en materia de consumo de alcohol se han desarrollado en
los últimos años. Próximamente también, se publicará un interesante
manual sobre el tratamiento de personas consumidoras de cocaína
y además, en colaboración con Proyecto Hombre, tendrá lugar el próximo
mes el Seminario de Adolescentes y Drogas con el tema Educar desde el
ámbito comunitario; un seminario sobre la reducción de daños en el
consumo de alcohol, en colaboración con la Asociación Española de
Toxicomanía; un encuentro sobre evaluación de experiencia de ocio
alternativo, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la
Asociación Deporte y Vida; y por último, en diciembre, se celebrará
el Sexto Seminario Europeo sobre las Drogas en la cultura del ocio:
La invención de la diversión.

Pues bien, señoras y señores diputados, éstas son las principales
políticas que en materia de prevención hemos puesto en marcha.

Seguiremos incidiendo en este aspecto desde la premisa de que es el
principal objetivo establecido en la Estrategia Nacional Sobre Drogas
2000/2008 insistiendo en la educación y en la utilización saludable
del ocio por los jóvenes mediante una generalización de estos
programas a toda la población escolar. Esta estrategia insiste en la
necesidad de que la mayoría de los escolares al terminar la educación
obligatoria haya recibido información suficiente sobre este asunto,
además de potenciar la colaboración con servicios sociales y
asociaciones de padres y otras instituciones.

Por lo que se refiere a la asistencia e integración social, la
estrategia prevé la normalización de redesasistenciales integrándolas
en los sistemas públicos de



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salud. Asimismo se pretende dar un impulso a los programas de
detención precoz e intervención temprana para menores y para hijos de
adictos. Y respecto a la integración social destacan los programas de
integración laboral; a estos efectos, los planes autonómicos de
drogas y los municipios de más de 20.000 habitantes tendrán programas
de formación de empleo para drogodependientes en colaboración con las
agencias públicas de empleo. En cuanto a la reducción de daños, la
estrategia insiste en el reforzamiento de los programas de
intercambio de jeringuillas en los que seguiremos trabajando.

Y para terminar esta primera parte, quiero detenerme brevemente en el
aspecto económico. Además de otras actuaciones relacionadas con
drogodependencias se vienen realizando importantes esfuerzos
económicos en los últimos años. Efectivamente, se han transferido las
siguientes cantidades de presupuestos propios y de recursos aportados
a través de la Ley del fondo de bienes decomisados a narcotraficantes
a planes autonómicos de drogas por un importe de 21.769 millones
largos de pesetas; a ayuntamientos, 470; a ONG, 3.244; y a programas
de investigación que se han potenciado en los últimos tiempos 162
millones; en total 25.645 millones largos de pesetas.

Paso ahora a la segunda parte de mi intervención que, en realidad, es
la segunda de las dos comparecencias que se han agrupado por decisión
de la Comisión y que hace referencia fundamentalmente a la petición
del Grupo Socialista para que yo informe acerca del incremento del
narcotráfico.

En los últimos tiempos el Gobierno ha venido intensificando la acción
contra el tráfico de drogas que sin duda, como ustedes saben,
constituye una lacra de graves consecuencias y que degrada a los
consumidores hasta extremos incompatibles con la dignidad humana. Su
capacidad además para inducir a otros delitos altera la seguridad
ciudadana y la paz social a la vez que corrompe los valores de la
sociedad; y de hecho, la droga y el alcoholismo constituyen el tercer
problema que preocupa a los españoles, detrás del terrorismo y el
paro, según el último barómetro del CIS del pasado mes de septiembre,
es decir, de hace muy poco tiempo, un 15,3 por ciento. Y precisamente
el carácter transnacional de la delincuencia y la globalización del
tráfico de drogas se ven hoy favorecidos por factores como la
mundialización de las comunicaciones, la agilidad de los intercambios
comerciales y la facilidad del transporte de mercancías; por estas
razones puede decirse que la lucha contra el tráfico de drogas no es
simplemente el combate de la distribución de drogas ilegales sino que
también y principalmente es la lucha contra la delincuencia
organizada, contra el blanqueo de capitales y contra el desvío de
precursores. Desde nuestro punto de vista y para acometer de manera
integrada un conjunto de medidas eficaces es necesario abordar un
análisis de los factores que intervienen en este fenómeno,
porque sin duda el tráfico de drogas es un proceso complejo que
comienza con la elaboración de las sustancias ilegales y termina con
la venta al consumidor, última fase en la que intervienen
organizaciones criminales de dimensión transnacional. Y dicho esto,
hay que distinguir claramente entre traficantes y consumidores,
aplicándose a los primeros las medidas que se marcan en el ámbito de
reducción de la oferta, en tanto que los segundos son destinatarios
de los programas de reducción del daño, rehabilitación social,
reinserción laboral y todos aquellos que contribuyen a mitigar las
consecuencias de la adicción.

Pues bien, en el año 1995, esta Comisión Mixta elaboró un informe
básico para orientar la acción del Gobierno y, como consecuencia de
ello, en enero de 1997 se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan
de medidas urgentes para luchar contra las drogas, documento esencial
de la acción institucional que se ha ido desarrollando en años
posteriores. Este Plan de medidas se organizaba en torno a seis
grandes áreas de trabajo que incidían fundamentalmente en la
reorganización de los servicios policiales, en el refuerzo de la
Oficina Central de Estupefacientes, en la adecuación de la normativa
aplicable y en la intensificación de la cooperación internacional.

Las iniciativas puestas en práctica supusieron un aumento de la
eficacia contra las organizaciones de traficantes al tiempo que se
comenzaba a elaborar y a desarrollar una verdadera estrategia contra
las drogas más ambiciosa y global en la que se contemplaban no sólo
los aspectos represivos sino también los preventivos y asistenciales
de un fenómeno tan complejo.

La Estrategia Nacional Sobre Drogas 2000/2008, aprobada en diciembre
de 1999, profundiza y perfecciona el Plan anterior cuyos objetivos y
resultados paso a detallar a continuación. Primero, en el ámbito
policial se crearon las UDYCO y las EDOA como unidades especializadas
en el tráfico ilícito de drogas, hoy ya desplegadas en todo el
territorio nacional; también se desarrolló el Plan policía de
proximidad como instrumento básico de prevención de toda clase de
delitos, incluyendo los conexos con las drogas, a través del
acercamiento del policía al ciudadano; también es importante resaltar
la importancia que juega en este proceso el refuerzo de las fronteras
exteriores con el desarrollo de la Guardia Civil del Mar y el sistema
integral de vigilancia del Estrecho que constituye una herramienta de
gran utilidad para el control del movimiento marítimo y el transporte
de la droga. En este sentido hay que señalar que la reorganización de
los cuerpos policiales está suponiendo un cambio en la cultura de
intervención contra las drogas, reforzando las unidades
especializadas y mejorando el análisis y la inteligencia operativa,
lo que permite hablar de un nuevo modelo de dirección estratégica de
lucha contra el tráfico de drogas. Este modelo se basa en el
desarrollode un método de evaluación de las operaciones policiales



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con la identificación y actuación contra los nuevos modus operandi y
en el conocimiento y actuación sobre el papel que desempeñan los
paraísos fiscales en este asunto.

En cuanto a la modernización operativa de los cuerpos de seguridad la
Estrategia Nacional muestra una especial preocupación ante el uso de
los nuevos medios tecnológicos; y para hacer frente a esto se está
poniendo en marcha el Observatorio Español de seguimiento de las
nuevas tecnologías con participación de instituciones como el
Ministerio de Ciencia y Tecnología o los institutos de Investigación
Aplicada, y durante el próximo año, coincidiendo con la presidencia
española de la Unión Europea, se desarrollará en nuestro país un
seminario internacional para evitar el mal uso de los avances
tecnológicos.

En segundo lugar, una parte fundamental de la eficacia policial
descansa en la capacitación profesional de los agentes, y en este
sentido el Plan de medidas determinaba la necesidad de crear un
programa de formación anual de los funcionarios policiales en estas
materias. En términos globales, desde el año 1997 se han impartido
por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas un
total de 34 cursos a 1102 alumnos con una carga lectiva total de
1.187 horas; de los alumnos que han recibido formación 903 pertenecen
a los Cuerpos de Seguridad del Estado, 100 a otras instituciones y
cuerpos de seguridad españoles y extranjeros y el resto a
funcionarios de la Administración Civil del Estado.

En tercer lugar, hay que señalar que todo proceso de reorganización y
modernización requiere de una adecuada dotación de medios y recursos
humanos, y el Plan de medidas ya preveía asignar al Plan Nacional
Sobre Drogas una línea presupuestaria específica; y sobre esta base
el Ministerio del Interior ha realizado un notable esfuerzo
presupuestario que ha supuesto desde 1998 una inversión superior a
4.300 millones de pesetas para mejorar la capacidad operativa de los
Cuerpos de Seguridad del Estado. Además de esta cantidad, desde 1997
se han invertido unos 1.158 millones de pesetas con cargo a los
bienes intervenidos a los narcotraficantes a través de la Ley del
Fondo entre los Cuerpos de Seguridad del Estado, la Dirección General
de Aduanas, el Servicio Ejecutivo de prevención del blanqueo de
capitales, la Fiscalía Antidroga, la Oficina Central Nacional de
Estupefacientes y otros organismos. Por tanto, puede hablarse de
5.458 millones de pesetas como el importe total invertido desde 1998
hasta la fecha en dotación de medios como complemento, lógicamente,
de las inversiones que realizan esas instituciones en base a sus
propios presupuestos.

En cuarto lugar, la propia Oficina Central Nacional de
Estupefacientes es considerada en el Plan y en la Estrategia de una
forma especial por su importancia como órgano de coordinación
informativa entre los Cuerpos de Seguridad del Estado, policías
autonómicas
y Dirección General de Aduanas; y a estos efectos se ha desarrollado
un proyecto para la creación de un sistema de registro de
investigaciones sobre drogas mediante una aplicación informática
específica para garantizar la coordinación de las informaciones de
interés policial sobre drogas. En estos momentos se está
desarrollando el pliego de prescripciones técnicas para dar paso a la
ejecución del proyecto, que cuando se encuentre culminado permitirá,
entre otras cosas, detectar antes de que se inicie una actuación
policial si un asunto ya se encuentra sometido a investigación,
permitiéndose transmitir la información a la unidad correspondiente.

En quinto lugar, el Plan de medidas establece la necesidad de crear
nuevos medios legales de lucha contra la droga para mejorar la
capacidad de reacción penal frente a este fenómeno. Para ello se
definieron tres grandes áreas de desarrollo: Los instrumentos de
investigación policial para crear nuevos medios, agente encubierto y
entrega vigilada, y mejorar los existentes (me refiero a
observaciones telefónicas y otros); la Ley del Fondo, al objeto de
crear la mesa de coordinación de adjudicaciones y el procedimiento de
gestión de bienes; y la Ley de control de sustancias químicas
catalogadas, los precursores, para desarrollar el registro general de
sustancias químicas catalogadas. La Estrategia Nacional prevé,
además, la revisión de las penas en determinados supuestos, la
regulación de la figura del colaborador con la justicia, la
incriminación por mera participación en organización delictiva y la
mejora del régimen actual del comiso específico.

En la actualidad se están desarrollando diversas propuestas entre las
que se encuentran, además de las referidas anteriormente, las
siguientes: primero, desarrollar una normativa sobre enajenación
anticipada de bienes; segundo, la incorporación de la prueba
indiciaria; tercero, la reforma de la regulación de la intervención
legal de las comunicaciones, y cuarto, la integración en la Ley del
Fondo de los bienes decomisados procedentes del contrabando y de las
sanciones impuestas como consecuencia de la aplicación de la Ley de
precursores y de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

Algunas de las cuestiones contempladas en el Plan de medidas ya han
sido adoptadas, como por ejemplo la figura del agente encubierto;
otras se han propuesto que se incorporen a nuestro ordenamiento
jurídico a través del Ministerio de Justicia y, finalmente, otro
grupo está todavía en estudio.

Creo que merece la pena detenerse un momento en el desarrollo de las
previsiones normativas sobre el control de precursores. Se trata de
una de las más recientes recomendaciones de los organismos
internacionales para evitar que su desvío contribuya a la fabricación
de sustancias ilícitas. A estos efectos se ha creado la Unidad
Central de inspección de operadores que desarrolla un Plan integral
de inspecciones al tiempo que reactiva la actividad de los enlaces
policiales designados



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por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para estas
funciones. Su finalidad es la de concienciar a la industria química
sobre este problema, apoyarla en la ejecución de los controles y
velar por su cumplimiento. Además, con esta nueva unidad, se
garantiza la coordinación de las inspecciones con las que viene
realizando la Dirección General de Aduanas en los aspectos
relacionados con el comercio exterior. Y también hay que destacar el
desarrollo de acuerdos voluntarios de cooperación con empresas para
facilitar el autocontrol de las industrias como medio de colaborar
con las instituciones, modelo de cooperación que ha sido adoptado en
el seno de la Unión Europea.

En sexto lugar, y respecto a la política española de cooperación
policial internacional, ésta se basa en el objetivo de disminuir la
amenaza procedente de las regiones productoras de las drogas
ilegales, localizadas básicamente en la región de los Andes para la
cocaína, el norte de África para el hachís y Medio Oriente para la
heroína. Y para reducir esta amenaza se han establecido tres áreas de
colaboración con los países afectados. El refuerzo institucional
mediante lazos de apoyo y dotación de recursos para combatir la
corrupción e influencia de las organizaciones en el entramado social
de estos países; el apoyo a la reducción de las áreas de cultivo en
la región andina y norte de África mediante el apoyo a un desarrollo
sostenible como instrumento cardinal de acción contra el tráfico
ilegal de drogas, y la capacitación de unidades policiales en países
productores y de tránsito como medio para reducir la producción
y elaboración de sustancias. Desde 1997 hasta hoy se han desarrollado
un total de 41 cursos de formación dirigidos específicamente a las
policías de los países de máxima prioridad para España, con una
participación de 1.314 alumnos extranjeros en un total de 1.073 horas
lectivas. El intercambio de información se desarrolla a través de los
oficiales de enlace: 43 funcionarios tiene España repartidos en todo
el mundo, trece prestan servicios en Iberoamérica y tres en
Marruecos. También hay oficiales extranjeros en nuestro país: 28
funcionarios de la Unión Europea, uno marroquí, 7 iberoamericanos
y 16 del resto del mundo.

En cuanto al ámbito multilateral se está reforzando la colaboración
con foros como la CICAD, habiendo desarrollado los siguientes
proyectos conjuntos: programas de capacitación judicial continua en
materia de cooperación jurídica internacional; apoyo a la red
iberoamericana de ONG sobre drogas, programa de fortalecimiento de
las estructuras nacionales y red de universidades con máster en
drogodependencias. Para este año está previsto que a través de la ECI
se realice una contribución al proyecto de fortalecimiento
institucional de las comisiones nacionales de droga en Centroamérica
y los países andinos que lleva a cabo la CICAD.

En cuanto a la cooperación policial dentro de la Unión Europea hay
que hablar de Europol, configurada como un instrumento todavía por
desarrollar en el seno
de la Unión y en paralelo a la cooperación reforzada entre los
cuerpos policiales y aduaneros de los estados miembros. Además del
papel ejercido por Europol, se trabaja en el desarrollo de mecanismos
de colaboración con los países miembros de la Unión de acuerdo con
unas grandes áreas de trabajo que son el establecimiento de unidades
conjuntas de inteligencia, la armonización de los procedimientos
policiales, el incremento de los intercambios bilaterales y
multilaterales y el refuerzo de las fronteras exteriores. En este
sentido quiero señalar que España mantiene una postura de solidaridad
con los países de Europa central y oriental en fase de adaptación de
sus estructuras a la dinámica de la Unión Europea, para garantizar
que dichos países cumplen los requisitos de seguridad y eficacia
antidroga equivalentes a los de los actuales miembros de la Unión. Y
como consecuencia de esta necesidad, la Comisión Europea ha
contemplado programas de hermanamiento en materia de drogas; y una
concreción práctica de la posición española es el desarrollo de los
programas de hermanamiento con Hungría, Eslovenia, Rumanía, Lituania,
Letonia en el marco del programa FARC, como ejes de los proyectos de
reforma institucional, en los que España compitió con otros países de
la Unión para el desarrollo de estos programas, ganando por concurso
de méritos en cinco de las seis ocasiones en que presentó un
proyecto, y por ello participará directamente con funcionarios allí
desplazados para la puesta en marcha de estos planes sobre drogas.

Pues bien, hecho este análisis de situación y de proyectos veamos
ahora con datos concretos la situación actual de este problema en
nuestro país, empezando por la evolución de la percepción ciudadana
al respecto. La comparación de los barómetros desde julio de 1998 a
septiembre del 2001 permite establecer algunas tendencias relevantes.

Primero, las drogas y el alcoholismo se mantienen en el tercer lugar
entre los problemas principales de España, tras el paro y el
terrorismo. Segundo, se ha reducido significativamente el porcentaje
de ciudadanos que consideran a las drogas y el alcoholismo como uno
de los principales problemas de España: del 29,1 por ciento al 15,3
por ciento. Este dato confirmaría los resultados obtenidos por el
programa de encuestas domiciliarias, que viene registrando una
reducción progresiva de la alarma social que despierta este fenómeno.

Tercero, por lo que se refiere a los problemas que más directamente
afectan a los ciudadanos, las drogas y el alcoholismo ocupan el
quinto lugar (8,5 por ciento según esta última encuesta) tras el
paro, el terrorismo, los problemas económicos y la inseguridad
ciudadana.

Y por lo que respecta a la evolución de los consumos de droga en
nuestro país los datos disponibles indican que el consumo de heroína
se encuentra en descenso mientras que el consumo de cocaína y drogas
de síntesis se mantiene, en tanto que el consumo de hachís ha
aumentado.




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En cuanto a cantidades decomisadas veamos por sustancias. Con
respecto al tráfico de heroína, los cuerpos de seguridad han
realizado operaciones importantes durante el año 2000 y el primer
semestre del 2001, mediante las que se han desarticulado relevantes
redes de distribución interna y se han podido conocer los sistemas de
introducción de esta droga en España. La tendencia descendente desde
1994 a 1998 se quebró en el año 1999 con un incremento de las
incautaciones gracias a tres importantes operaciones: CARRO, TEMPLE
y LOCKMAN. Durante este año, a día de hoy, se han incautado unos 120
kilogramos más que hace un año, lo cual ciertamente no es una cifra
menor.

En este sentido quiero señalar que la acción de los Cuerpos de
Seguridad contra el tráfico de cocaína muestra una gráfica clásica de
dientes de sierra que sugiere unas tendencias de adaptación de los
modus operandi criminales a las medidas de investigación policial. De
esta forma, las dieciséis toneladas incautadas en 1997 se redujeron a
once en 1998, aumentando hasta dieciocho en 1999, descendiendo en el
2000 a seis. Sin embargo, durante este año, se han incautado más de
veintinueve toneladas de cocaína, lo que indica que los Cuerpos de
Seguridad se encuentran en permanente mejora de sus procedimientos de
detención de tráfico de esta sustancia. Es decir, éste es el año
récord, no ha terminado aún, en los últimos años, como acabo de
señalar. Y debe destacarse que parte de estos resultados se deben a
la creciente confianza de los países de nuestro entorno para luchar
contra las drogas, y fruto de esta colaboración internacional han
sido las operaciones Barthon Gueen, a petición expresa del Reino
Unido al amparo del artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas,
o los decomisos de la operación Grumete y del buque Abrente. También
hay que destacar los últimos resultados de las recién creadas
unidades de análisis de riesgo de los puertos españoles entre las que
pueden destacarse las de Vigo, Bilbao o la operación de Valencia, que
fueron finalmente intervenidas en Valdemoro, Madrid.

En cuanto a las incautaciones de hachís realizadas en España vienen
experimentando una curva creciente desde 1996, a pesar de que la
cantidad total incautada en la Unión no ha tenido grandes
variaciones. La importancia de nuestro país como freno del paso de
hachís hacia Europa se demuestra por el hecho de que más del 60 por
ciento de las aprehensiones totales de hachís en la Unión Europea se
realizan en España, y esta tendencia alcista parece confirmarse por
los datos de octubre del 2001, que superan ya en dieciséis toneladas
a los de todo el ejercicio anterior que es el del 2000; en este
sentido cabe pensar que el creciente control de las costas andaluzas
está teniendo como resultado una mayor dificultad de los traficantes
para desembarcar sus cargamentos.

Desde otro punto de vista, la adaptación policial ante las nuevas
drogas de síntesis ha supuesto un incremento
paulatino de las aprehensiones hasta llegar a las 891.000
pastillas en el año 2000. Durante el presente año, en nueve ocasiones
se han intervenido cantidades que oscilan entre las 20.000 y las
62.000 pastillas, lo que indica una mayor eficacia policial hacia la
distribución intermedia, escalón especialmente difícil de fracturar
por las características y formas de actuación que presentan. Por
último, las incautaciones de LSD y speed evidencian una importancia
decreciente en el panorama del consumo: descensos del 44 y 56 por
ciento, respectivamente; las incautaciones de otros psicotrópicos han
aumentado un 120 por ciento: de 63.541 pastillas a 139.776.

En cuanto al número de personas detenidas, desde 1996 las puestas a
disposición judicial por tráfico de drogas se han mantenido en una
línea descendente hasta 1999 para casi recuperar el nivel original
durante el año 2000. La tendencia ligeramente descendente que
mostraban las detenciones de extranjeros ha sido compensada
ampliamente por el incremento del 2000, superando incluso las cifras
de 1996; puede hablarse por tanto de un aumento de las detenciones de
extranjeros hasta llegar al 28 por ciento del total. Durante el año
2000, Marruecos es la nacionalidad que más ha aparecido en las
detenciones de extranjeros con un 33,5 por ciento sobre el total de
los mismos, seguido por Colombia con un 17,6 por ciento; a
continuación, alrededor del 4 por ciento, se encuentran Argelia,
Francia, el Reino Unido, Portugal e Italia.

Y por lo que respecta al número de decomisos se confirma una
tendencia ascendente con un aumento del 55 por ciento en el número de
intervenciones respecto al año 1996 y un 9,54 por ciento respecto al
año 1999. Por tanto, creo que de todos estos datos podemos deducir
que a lo largo de los últimos años la eficacia policial ha venido
incrementándose especialmente en lo que se refiere a aquellas
sustancias con más incidencia en España. De este modo, de 1995 a
1999, que es el último año del que se dispone de datos procedentes de
la Unión Europea, el porcentaje de las incautaciones de drogas
producidas en España ha pasado del 26,8 por ciento en el hachís, en
el primero de los años señalados, al 63,8 por ciento en 1999,
habiéndose mantenido las capturas totales dentro de la Unión Europea
en un nivel similar. Por lo que respecta a la cocaína se ha pasado
del 33,5 por ciento en 1995 al 42,5 por ciento en 1999. Y en cuanto a
la heroína se pasó del 10,5 por ciento en 1995 al 20,7 por ciento en
1999, si bien es cierto que las incautaciones de esta sustancia en
dicho año se vieron afectadas por operaciones extraordinarias ya
citadas anteriormente.

Pues bien, los datos expuestos muestran que la aplicación del Plan de
medidas urgentes y de la Estrategia Nacional sobre drogas 2000/2008
han supuesto un aumento de la eficacia de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y de otras instituciones encargadasde la
represión del tráfico de drogas. Y en la actualidad,



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diversos cabecillas de organizaciones de traficantes que han
permanecido en la impunidad durante años han sido puestos a
disposición de la justicia, tal es el caso de José Ramón Prado
Bugallo alias «Sito Miñanco», Manuel Charlín Gama, Josefa Charlín
Pomares, José Santorum Viñas y Pablo Vioque Izquierdo por citar a los
más conocidos.

Y este resultado positivo responde principalmente a la política de
reorganización de la estructura policial, a la mejora de los
procedimientos y sistemas de investigación y prevención, al
incremento de recursos puestos a disposición de la justicia y a la
colaboración que se viene manteniendo con otras fuerzas policiales de
diversos países. No se trata, por tanto, de que nos encontremos con
el agravamiento de un problema, sino con la mejora de la respuesta
ante el mismo. Por eso no estoy de acuerdo con el título de la
comparecencia que dice: Para informar acerca del incremento del
narcotráfico. Y en este sentido quiero señalar también que el
estancamiento de los consumos, salvo el hachís, el incremento de los
decomisos realizados, que han pasado de 42.216 en el año 1995 a
100.386 en el año 2000, es decir un incremento del 237 por ciento y
el incremento de las cantidades de droga incautados son indicadores
que ponen de manifiesto que la afirmación realizada anteriormente (es
decir, la que he hecho yo) se basa no sólo en estimaciones sino en
datos objetivos.

Pues bien, para terminar, desde que se creó el Plan Nacional sobre
drogas una de sus misiones fundamentales ha sido articular mecanismos
para obtener un conocimiento exacto de la situación relacionada con
las drogas y diseñar los mecanismos de reacción institucional. En
este sentido se está desarrollando el proyecto Senda, cuyo objetivo
es tener un sistema de estadística nacional sobre drogas y de
análisis capaz de integrar todos los instrumentos necesarios para
conocer en tiempo inmediato la evaluación de las incautaciones y las
operaciones policiales y disponer en consecuencia de capacidad para
establecer y emprender acciones de acuerdo a la marcha de los
acontecimientos. Y junto con el proyecto Senda, la elaboración de los
informes estratégicos de situación actualizados permanentemente
permite optimizar una dirección estratégica sobre drogas que redunda
en la mejora de la represión del tráfico ilegal de drogas,
garantizando con ello el libre ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y mejorando la seguridad ciudadana, objetivo final, como
es natural, de la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en nuestro Estado de derecho.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Grupos
que quieren intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra doña Carmen Romero como representante y portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La señora ROMERO LÓPEZ: Entiendo señor presidente que como se han
acumulado las comparecencias tenemos derecho al doble de tiempo para
expresar nuestra posición.




El señor PRESIDENTE: Creo que con usted siempre se ha utilizado el
doble y a veces el triple; o sea, que nunca se le ha puesto coto.




La señora ROMERO LÓPEZ: Si no hay problema, entonces por mi parte
tampoco lo hay. Muchísimas gracias.

Gracias, señor ministro, por su presencia hoy aquí en esta Comisión,
su presencia tan esperada. Usted está cumpliendo hoy un deber del
Ejecutivo en las democracias parlamentarias que es someterse al
control del legislativo, razón de ser de cualquier parlamento para
garantizar la transparencia en la gestión y el cumplimiento de
nuestra Constitución. Ocho meses le ha costado cumplir con este deber
después de su primera comparecencia en la Comisión de Justicia e
Interior. Espero que no nos diga, como el fiscal general del Estado,
que acaba de enterarse de nuestra petición y que, por lo tanto, ha
venido en cuanto que ha conocido nuestro interés por que esté usted
presenté aquí en esta Comisión, que recoge la tercera preocupación de
los ciudadanos, como muy bien acaba de expresar en los datos que nos
ha proporcionado, que por otra parte no son nuevos, ya son conocidos.

Usted probablemente creyó, o al menos así es la información que pueda
tener nuestro grupo, que los tres párrafos con los que despachó el
tema en la Comisión de Justicia e Interior eran suficientes. Tampoco
las explicaciones que su grupo ha dado sucesivamente en la Comisión
han sido suficientes para convencernos de su ausencia durante estos
meses, ni para convencernos de por qué esta Comisión no se ha reunido
el día 2 como tenía previsto, ni siquiera de los mecanismos que usa
su grupo para impedir que las comisiones se reúnan y para presentar
bloqueos incomprensibles desde el punto de vista del Reglamento de la
cámara. Está claro que, esté usted al tanto o no, su grupo está
actuando como si no estuviéramos viviendo en una democracia
parlamentaria, sometidos por lo tanto a los reglamentos y en este
caso sometido el Ejecutivo al control del Legislativo; no es posible
que el Ejecutivo venga cuando le plazca y dé las explicaciones que le
plazcan. No es la primera vez señor ministro, siento que sea en este
momento usted el receptor de esta crítica de nuestro grupo, pero no
es la primera vez que sucede, y en cuanto a esta comparecencia todos
sus antecedentes son desastrosos desde el punto de vista
parlamentario; así que es nuestra obligación ponerlo sobre la mesa
para que el señor ministro sea consciente de esos antecedentes, cómo
se han producido y las consecuencias que se pueden derivar de esta
situación. Usted tiene que darnos muchas explicaciones y me temo que
van a ser



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algunas más de las que dio cuando compareció en la Comisión de
Justicia e Interior; entonces esperábamos que hubiera sido el
narcotráfico una de sus prioridades pero ya digo que no lo fue.

Después de la muerte desde agosto de ocho colombianos en Madrid a
manos de las bandas de narcotraficantes usted empieza a admitir que
existe un repunte de la violencia en Madrid; no sabemos cuántas
bandas más tienen que existir para que este problema se pueda abordar
con la eficacia que la sociedad española demanda y podamos vivir una
situación distinta a la que se está viviendo. Este es el último
problema que tiene usted sobre la mesa, pero ha habido otros muchos,
porque España lleva siendo durante mucho tiempo tierra de tránsito y
de tráfico de todas las rutas. Sabrá, a pesar de que acaba de llegar
al ministerio, que los fiscales de Cádiz han pedido sucesivamente la
legalización del hachís por sentirse impotentes. Sabrá los problemas
que ha habido con las múltiples colas que se han producido por la
zona de Valencia y que han sido un escándalo en los medios de
comunicación, lo que ocurre con las mafias de la Costa del Sol, que
campan a su antojo; lo que ocurre con las fiestas pastilleras que se
hacen sin control; para no hablar del tema que hoy ha desaparecido
del orden del día acerca de lo que sigue ocurriendo con la droga
decomisada, cuyos controles se conocen al menos cuando hay problemas
como el que ha ocurrido en Navarra, pero de los que no se sabe cuáles
han sido los resultados ni las responsabilidades ni la asunción de
las conclusiones de expedientes aún desconocidos.

No se encuentra usted, señor ministro, con una reducción de la
demanda por más que hagan encuestas domiciliarias o de otro tipo que
le hablen de reducción de la demanda: cambian los hábitos pero no
cambian los consumos. Hay muchos datos que nos hacen estar muy
atentos a todos los problemas que se están produciendo en los centros
escolares como consecuencia de la disminución de la edad de acceso a
las drogas y España, además, por su situación, por sus costas, por
sus paraísos fiscales sigue siendo lugar de tráfico y de negocio.

A usted le pasaron algunas iniciativas, normativas que llevan
anunciando desde 1996 pero que aún no se sabe cuál es su desarrollo;
usted mismo hoy, aquí, ha anunciado algunas más, algunas de ellas son
modificaciones legislativas, otras son simples normativas. Las
normativas no se sabe por qué no las ponen en marcha; si tienen una
normativa anunciada sobre el decomiso desde finales del período de
sesiones anterior aún no se sabe por qué, si es pura normativa y no
es rango de ley, no la han puesto ya en marcha. Pero incluso aquellas
modificaciones que puedan ser legislativas tampoco comprendemos por
qué desde 1996 (y no es su responsabilidad pero es responsabilidad
del ministerio anterior), tampoco las han puesto en marcha, salvo la
incorporación del agente encubierto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que fue la única modificación
legislativa que su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular,
incorporó en el anterior período de sesiones. A partir de ahí, las
modificaciones legislativas en materia de narcotráfico no las
conocemos. Se ha hablado muchas veces (y el fiscal general del Estado
también) de la mejora de la regulación del secreto de las
comunicaciones, pero todavía no sabemos qué quiere decir con eso y
qué proyecto de ley es el que van a presentar a propósito de eso y si
lo van a presentar o no y cuando lo van a presentar o no. Hablaron
también de la revisión de penas por tráfico de drogas pero, señor
ministro, afortunadamente ha sido el Supremo quien lo ha resuelto
porque probablemente no era rango de ley, como así se ha visto; no
era modificación de ley sino era modificación de la normativa interna
judicial. Luego, de todas las modificaciones de las que usted ha
hablado, créame señor ministro, hasta este momento no ha llegado a la
Cámara ninguna modificación legislativa importante en materia de
narcotráfico que nos haga pensar que verdaderamente este Gobierno
sitúa al problema del narcotráfico en la primera o en la segunda o en
la tercera, como mínimo, de sus prioridades, como la sitúan los
ciudadanos. Ustedes han optado por la paralización: la mejor política
es la que no existe. Paralización legislativa, paralización en
presupuestos, paralización en el Plan Nacional, paralización
y utilización de la legislación existente en perjuicio de los más
débiles. Tengo que decirle que de las novedades que hoy nos ha
aportado todavía no sabemos en qué consiste la prueba indiciaria (de
la que, por cierto, también habló el Delegado Nacional); no sabemos
exactamente en qué consiste, porque no hay ninguna iniciativa
legislativa sobre ese tema. De todo lo que hoy nos ha dicho tengo que
felicitarle por la creación de la Unidad Central de Inspección de
Operadores en el tema de los precursores, noticia que creemos que es
positiva y que puede contribuir al mejor funcionamiento de esa ley;
pero salvo esto, que hoy conocemos como novedad, el resto (es decir,
todo lo que usted hoy nos ha contado aquí), permítame que le diga que
no es nada nuevo. En el tema de la prevención no se ha dicho nada que
no se haya dicho por anteriores ministros (de Sanidad o Educación) o
por el propio delegado nacional sobre drogas. Y de las medidas
específicas contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, no
hay nada que pueda tranquilizarnos a propósito de su compromiso por
incorporar a la legislación nuevas figuras que probablemente serían
necesarias, ni siquiera las que ya llevan anunciando desde hace mucho
tiempo y en qué medida lo van a hacer. Fíjese señor ministro, según
dice la memoria del fiscal general del Estado ha habido ocho
sentencias en los últimos tres años contra el blanqueo de capitales.

No sé, nos parece un número como mínimo para pensárselo. Y conocerá
también, señor ministro, que sólo ha habido una sanción (no sé si en
estos últimos tiempos se sabe alguna más), referida a la



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sanción administrativa contra el blanqueo de capitales procedentes
del narcotráfico.

No son unos resultados como para pensar que verdaderamente estamos
afrontando ese problema y que tenemos los mecanismos suficientes para
hacerlo por más que usted quiera plantearnos un panorama que no es el
real, que no es el que de verdad está sucediendo en este país, a no
ser que usted me esté hablando de un país que no existe y de unas
medidas que desde luego no existen en la Cámara. Y, sin embargo, hay
miles de sanciones arbitrarias contra los consumidores. Y digo
arbitrarias porque no tiene ningún sentido que CastillaLa Mancha o
Castilla-León tengan el 20 por ciento de las sanciones por el consumo
en público y sin embargo Cataluña y Madrid tengan sólo el 5 por
ciento. ¿Eso qué explicación tiene? Salvo que me diga que realmente
el consumo en público donde se está produciendo es en las zonas
rurales y en los pueblecitos más pequeños; porque si no es así, es
decir, si no es cierto que en Cataluña y en Madrid no se está
consumiendo en público ningún tipo de drogas ¿por qué entonces las
sanciones en Castilla-La Mancha y Castilla-León son el 20 por ciento
y en Cataluña y en Madrid son sólo el 5 por ciento? Ahí, como mínimo,
hay un mapa muy extraño.

Señor ministro, le he hablado de paralización legislativa y quisiera
hablarle de paralización de los presupuestos y del propio Plan
Nacional. El presupuesto destinado a drogas (es verdad que cualquier
policía de proximidad evidentemente tiene relación con la droga),
pero el específico relacionado con drogas no llega ni al 1,5 por
ciento de su presupuesto de Interior. Contando con el programa de
dotaciones policiales del 222 C, ustedes llegan a 11.000 millones de
un total de 871.000 millones del Ministerio del Interior; es evidente
que toda la policía, toda la Guardia Civil, todas las fuerzas de
seguridad están también, pero el presupuesto específico no alcanza ni
al 1,5 por ciento, y el presupuesto del Plan Nacional es tan escaso
que hemos llegado a pensar si realmente este Plan Nacional está
siendo operativo para lo que se creó. Los objetivos no los conocemos,
la Conferencia intersectorial apenas sí se reúne, se reúne una vez al
año, y no sabemos cuáles son las prioridades para las transferencias
a las comunidades autónomas ni en qué se está actuando cuando estamos
hablando de un problema que es la tercera prioridad para los
ciudadanos. Pero si el paquete legislativo es escasísimo, por no
decir nulo, y los presupuestos son escasísimos y la Delegación del
Plan tiene un bloqueo no sólo presupuestario sino de iniciativas que
transmitir a la sociedad española, creo que está claro que la
criminalidad organizada sí avanza; y ahora se conoce la relación
entre el ejército del islam Al Qaeda y el control del opio en los
laboratorios de heroína.

Se lleva mucho tiempo trabajando en la Unión Europea y en Naciones
Unidas y en la OCDE y en el GAFI que ahora presidimos, pero el
paquete legislativo que hay contra el narcotráfico, el bloque del
paquete,
pertenece a la etapa del Gobierno socialista; la creación de la
Fiscalía Especial contra la Droga (por cierto, que no ha venido y
todavía veremos si viene) pertenece al Gobierno anterior; la creación
de la propia Delegación pertenece al Gobierno anterior. Ustedes
impulsaron la creación de esta Comisión, que ahora desactivan y
neutralizan. Lleva ocho meses señor ministro, pero ¿puede decirnos
las iniciativas legislativas que vamos a aportar a nuestro
ordenamiento? De las que ha dicho, ¿cuáles van a tener rango de ley y
en qué período se van a presentar? Llevan mucho tiempo anunciándolas,
pero queremos saber exactamente los plazos en los que se van a
presentar estas iniciativas, alguna nueva, porque considero nueva la
prueba indiciaria, que por boca de un ministro no se había oído nunca
en esta Comisión, quisiéramos saber si es realmente una modificación
de ley, qué modificaciones legales y en qué plazo se van a producir.

¿El Gobierno va a dotar a la Fiscalía (que tiene estatuto autónomo
pero con unas carencias fuertes en este ámbito) de los equipos de
investigación, de los expertos financieros que necesita, de los
intérpretes, de todos los medios que está necesitando para la
investigación contra el narcotráfico? ¿Van a seguir dejando a la
Delegación del Plan en el limbo como la tienen actualmente o es
posible que se puedan conocer cuáles son las prioridades
presupuestarias de ese departamento y cuál es la eficacia de ese
departamento en lo que se refiere también a la lucha contra el
narcotráfico? Porque no es solamente su misión establecer prioridades
en el campo de la prevención o en el campo de la asistencia, también
lo es, porque por eso está radicada en ese ministerio coordinar otras
actuaciones que no conoce porque en la última comparecencia en la
Comisión con ocasión de los presupuestos el propio delegado no habló
de cuáles eran esas prioridades en esa materia, indudablemente que
las conocía, pero no las puso sobre la mesa. Señor ministro ¿el
Gobierno va a seguir manteniendo que la Estrategia 2000/2008 debe ser
financiada por las comunidades autónomas sin que la delegación le
transfiera los medios? Porque usted ha hablado, como ya lo ha hecho
muchas veces el propio delegado, de que el Gobierno ha puesto en
marcha un Plan de reducción de daños, lo que ha hecho con los
tratamientos sustitutivos, con la metadona, etcétera, ¿pero sabe que
el presupuesto de la delegación no transfiere apenas medios para
llegar a los objetivos que se están detectando y que se están
poniendo en marcha? ¿Usted sabe que las comunidades autónomas asumen
esos programas de dispensación en las instituciones penitenciarias no
siendo competencia de las comunidades autónomas, a menos que sean
solamente algunas comunidades autónomas las que tienen que asumirlo y
no otras porque, desde luego, con lo que transfiere la delegación ni
con mucho se llega al programa de reducción de daños? ¿Y cree que la
Estrategia efectivamente va a cubrir los objetivos previstos para el
2003? Usted ha hablado en el tema de la prevención de una serie de



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objetivos previstos ¿pero cree que con el presupuesto que hay sobre
la mesa, con los 2.000 millones de los que nos informó la
subsecretaria en la Comisión de Presupuestos, se puede llegar al
objetivo para el 2003? Porque uno de los objetivos es que el 60 por
ciento del profesorado tiene que estar formado ¿Usted cree que se
puede llegar a esa cifra? Por los datos que tenemos de anteriores
comparecencias aún no llegamos ni al 2 por ciento de los centros
escolares. Hay proyectos que usted mismo ha dicho pilotos, porque es
cierto, pero no se puede hablar de generalizar los programas de
prevención sin poner sobre la mesa lo que supone la generalización de
estos programas para poder llegar a los objetivos fijados en la
Estrategia ni, desde luego, contar con que sean las comunidades
autónomas quienes lo vayan a asumir sin que haya transferencias
previstas por el instrumento que tenemos que es la propia delegación.

¿Cómo es posible que podamos llegar a alcanzar esos objetivos?
Usted habló también en su comparecencia del 17 de abril de normalizar
la cobertura asistencial para los drogodependientes, ¿pero qué
medidas han adoptado ya para eso y qué medidas van a adoptar para
eso? Si es un objetivo para ese ministerio normalizar la cobertura
asistencial para los drogodependientes, se supone que alguna medida
habrán puesto ya en marcha; y si en la Estrategia 2003 se dice que
tiene que haber un centro de drogodependientes por cada área de salud
¿se supone que con los presupuestos que hay sobre la mesa se podrá
llegar a cumplir ese plazo?
Usted habló también en esa comparecencia de que cada año presentarán
un plan de acción concreto sobre drogas evaluable y que darán cuenta
a la Cámara y dijo que el Plan del 2001 ya había sido aprobado y que
se está desarrollando, pero ni usted ni el delegado han comparecido
para explicar ese Plan o qué quiere decir evaluar ese Plan. Se supone
que si tienen un Plan para el 2001 al menos el subdelegado debería
haber comparecido, porque estamos ya en noviembre y esta cámara no
conoce cuál es ese Plan para este año, ni se ha comparecido para que
la oposición pueda hacer el control al Gobierno que se debe hacer en
un sistema parlamentario.




El Plan de acción de la Unión Europea acerca de la aplicación de la
estrategia está evaluado y existe un documento. Por cierto ¿no le
sorprende que en ese documento sólo se hable de la ruta de la heroína
y de la ruta de la coca y no se hable de la ruta del hachís? Si acaba
de decirnos que el 80 por ciento de esa sustancia que se decomisa
procede de España, si la tercera parte de todo lo que se decomisa en
Europa lo hace la Guardia Civil ¿cómo es posible que no se hable de
esa ruta en ese documento? ¿Y qué va a hacer el Gobierno para aportar
ese dato? Se supone que es importante, se supone que todos los kilos
de toneladas y todo el programa SIVE tienen una importancia también
¿Cómo es posible que en ese documento, que es un documento importante
de valoración en la Unión Europea de lo que son las políticas,
no se hable de eso?
Señor ministro, usted se está enfrentando a problemas graves sin
recursos suficientes. No tienen equipos de investigación ni
suficientes ni dotados para enfrentarse a las mafias; ahora son los
colombianos, antes fueron las mafias de la Costa del Sol, italianos,
rusos, etcétera. Ustedes han puesto en marcha esta operación Ludeco
fichando a todos los que son inmigrantes colombianos y además
ecuatorianos, porque Ecuador no está entre los países andinos, no
está entre los principales cultivadores de la hoja de coca, pero
ustedes los han puesto en el mismo paquete, y 137.000 colombianos
y 25.000 ecuatorianos están siendo fichados por ese fichero del GATI,
además con las diez huellas dactilares, criminalizando a todos los
inmigrantes. Usted está necesitando personal para la unidad de
investigación, para las unidades centrales de estupefacientes, para
la Brigada de Delitos Monetarios, para todo lo que supone realmente
investigar y no criminalizar a quienes vienen sencillamente a
trabajar ¿Sabe lo que puede producirse? El bloqueo absoluto, como
está pasando en el SEBPLAC. Lo mismo le va a pasar señor ministro con
el GATI porque ¿qué sentido tiene ir indiscriminadamente cuando
tienen la cooperación policial y judicial para que no sea una tarea
indiscriminada? ¿Qué es lo que está pasando efectivamente igual con
el SEBPLAC? ¿Qué sentido tiene que estén sobre la mesa analizándose
los reporting sistemáticos y no se esté actuando sobre las entidades
financieras de La Línea, de Pontevedra, de Estepona, de cualquier
población de la Costa del Sol? ¿Por qué esa actuación indiscriminada
y no centrarse realmente sobre cuáles puedan ser los objetivos?
Porque está bloqueado el SEBPLAC y lo hemos dicho en infinidad de
ocasiones aquí en esta Cámara.

Y está bloqueada la Agencia Tributaria, aunque por otros motivos,
dedicada a paralizar las inspecciones a Gescartera, como mi grupo ha
denunciado, instrumento para eliminar a la oposición política pero no
para ayudar en las investigaciones que en este momento serían
necesarias. Señor ministro, 138 cuentas del banco este famoso de Hong
Kong con 12.000 millones de pesetas tienen dinero opaco; el propio
Gobierno ha dicho que eso es ilegal; ¿Si es ilegal cómo es que el
Gobierno no ha actuado ya o no actúa ya? Porque no le voy a decir
aquí, como es natural, que esos 12.000 millones procedan del
narcotráfico, porque ahí hay dinero de todo, pero habiendo dinero
negro también lo podría haber sucio ¿Por qué no? Y si eso es así,
esta Comisión tiene que tener como primera prioridad el poner en
marcha todos los mecanismos necesarios para que eso no se produzca,
porque no es posible tener además paraísos fiscales en el centro de
Madrid cuando ya los tenemos en los alrededores. Es escandaloso desde
nuestro punto de vista que se produzcan estas situaciones y el
Gobierno no actúe.




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Y eso por hablar sólo de las últimas noticias porque ¿sabe señor
ministro que los equipos de investigación en las comisarías se han
ido desmantelando poco a poco en beneficio de otros servicios en la
calle? Lo sabe, porque lo ha detectado, porque tiene información de
primera mano, y como sabemos el número de policías que hoy serían
necesarios para que realmente pudiéramos estar abordando la
problemática que está sobre la mesa, quiero decirle que no tiene
usted los medios. Le voy a dar un dato, por ejemplo: ¿Cuántas
denuncias hay por parte de la Policía Nacional por la venta de
alcohol a menores? Haga una investigación, porque en algunas
comunidades autónomas se va a llevar una sorpresa. Aparte de lo que
podría ser un cambio de la legislación, en lo que algunas comunidades
autónomas han avanzado, tendríamos que hablar de una serie de
propuestas que su grupo no pone sobre la mesa, el Gobierno tampoco,
pero en las que tendríamos que ir avanzando; lo que sí es cierto es
que ustedes tienen un grave problema de falta de medios, de falta de
personal, de falta de recursos y usted no puede venir diciendo que no
existe incremento del narcotráfico, porque cuando usted da datos, los
datos que da el ministerio son objetivos y cuando nosotros
respondemos son estimaciones. Y usted sabe que no existe ninguna
relación que haga que sea dogma de fe aquello que plantea un ministro
o un delegado del Gobierno cuando dicen que si hay más decomisos es
porque hay más persecución y por lo tanto hay menos incremento del
narcotráfico. No existe una relación demostrable y por lo tanto, como
no existe una relación demostrable, usted no puede hablar aquí de
datos objetivos y decir que la oposición plantea estimaciones porque,
en todo caso, existe un problema en la calle, lo está detectando la
sociedad y usted tiene la obligación de tener encendidas las alarmas.

Los ciudadanos es lógico que no las tengan, es bueno que no las
tengan, pero el anterior ministro dejó pasar mucho tiempo, no le voy
a decir más, porque tenía otros compromisos. Usted tiene la
obligación de tener encendidas las alarmas porque un ministro del
Interior no puede ser un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del grupo
parlamentario de Convergència y Unió, doña Froila Riera.




La señora RIERA I BEN: Señor ministro, ante todo darle la bienvenida
en nombre de mi grupo parlamentario de Convergència i Unió a esta
Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga.

La verdad es que la nuestra es una solicitud de comparecencia entrada
en registro en junio del año 2000 en el Senado. Viendo el tiempo
transcurrido podría darse el caso de que la solicitud hubiese quedado
obsoleta, pero el cambio de responsable de la cartera de Interior
justifica a nuestro entender la vigencia de la petición.




Si es cierto que la Estrategia Nacional Sobre Drogas aprobada por
Real Decreto 1911/99, 17 de diciembre, establece un programa y unos
criterios para el período 2000/2008, también lo es que el contraste
continuado de los objetivos del Plan con la evolución de la realidad
año tras año de la vigencia del mismo es condición indispensable para
valorar los resultados de los objetivos que nos proponemos y tomar
aquellas decisiones que deben permitir garantizar el permanente
ajuste de los programas de lucha contra las drogas a la realidad de
cada momento.

El Plan para luchar contra las drogas, como establece el mismo
documento, debe ser participativo, clarificador, globalizador,
evaluable, actualizado y respetuoso con las funciones y competencias
de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas.

Analizar la situación, ver la evolución y evaluación de los objetivos
principales del Plan, aplicar medidas de ajuste correctoras deberían
ser a nuestro modo de ver objeto de debate en esta Comisión, que es
una comisión de estudio, por lo menos una vez al año, por lo menos,
porque es obvio que la vigencia del Plan, ocho años, es excesivamente
larga como para que no hagamos un seguimiento exhaustivo por lo menos
año por año.

La Estrategia, usted mismo lo ha dicho señor ministro en su
intervención, pone especial énfasis en la prevención y en la
adecuación de la red asistencial existente, al objeto de adaptarla a
las nuevas demandas y facilitar la reinserción de las personas
drogodependientes en la sociedad. Por este motivo, porque estamos
completamente de acuerdo con este objetivo de la Estrategia, mi grupo
solicitaba, como digo, hace ya más de un año, una comparecencia del
ministro del Interior para hablar de este aspecto en concreto, para
hablar de prevención. Es cierto que también han comparecido en esta
Comisión la ministra de Cultura, el propio delegado del Gobierno y a
todos y cada uno de ellos se les ha preguntado por prevención, y me
parece que sería negar una obviedad que este Plan, que usted conoce
señor ministro y que todos nosotros hemos estudiado con detenimiento,
pone en esta prioridad de la prevención un énfasis especial, porque
sin duda que la mejor manera de luchar contra la droga es evitar que
el número de personas drogodependientes crezca o evitar, dentro de lo
posible, que se inicien en esta lamentable conducta jóvenes o
personas no tan jóvenes que están tentadas por muchos factores pero
principalmente por lo que tiene de negocio y de consumo fácil hoy día
la oferta de consumir sustancias tóxicas.

Estamos de acuerdo, señor ministro, con los objetivos del plan, lo
sabe el delegado del Gobierno y yo diría, para poner una imagen
gráfica, que la distancia que hoy separa en esta sala al
compareciente, el señor ministro, de los grupos parlamentarios es una
distancia que en absoluto es representativa ni refleja la proximidad
que tenemos, yo creo, todos los grupos parlamentarios



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por haber colaborado en la elaboración de este plan: las comunidades
autónomas con competencias en la materia; por parte de los gobiernos,
los delegados de los planes autonómicos para drogas, muy en concreto
el delegado de Cataluña, el doctor Joan Colom, del que el propio
delegado nacional sobre drogas siempre alaba la estrecha colaboración
que ofrece y yo celebro poder manifestar aquí que la colaboración por
parte del doctor Joan Colom siempre se visualiza de forma recíproca.

Por lo tanto, nada que objetar en este sentido y celebrar la buena
sintonía que ha habido en los planteamientos y en la elaboración de
programas, deseando que lo que hasta ahora ha sido una constante siga
siéndolo y que, dentro de lo posible, se intensifique, porque es la
única manera razonable de plantearnos una lucha que es muy compleja y
en la que por descontado las comunidades autónomas debemos y tenemos
muchas cosas que decir, pero no sería ni lógico ni sensato pensar que
cada uno actuáramos con independencia de lo que es una problemática
muy global, donde la puesta en común de criterios y objetivos es un
requisito indispensable para que el Plan tenga más eficacia y
eficiencia. Por lo tanto, nada que objetar en este aspecto; al
contrario, celebrar la buena sintonía y desear que sigamos por este
camino.

Pero permítame, señor ministro, que le haga énfasis en dos aspectos
que son también prevención y que a mi grupo le preocupan de manera
sobresaliente: uno es que la prevención necesita de más recursos
financieros. Lo decía también la diputada doña Carmen Romero en su
intervención y nosotros suscribimos esta afirmación. Si bien
reconocemos que este Gobierno, como los anteriores, han hecho
esfuerzos por ir incrementando cada año la partida presupuestaria que
se destina a la lucha contra el narcotráfico y a las medidas de
prevención y educación, pensamos que la dimensión del problema es tan
grande y tantos los recursos de los que trabajan a contracorriente de
lo que nosotros intentamos, que es que el problema se extienda
(porque si se extiende el problema quiere decir que el negocio
prospera y el negocio va muy bien para unos cuantos), que es
totalmente necesario que los recursos que desde el Gobierno se
destinan se incrementen más de lo que se hace. Antes de su
comparecencia, hacía una lectura un poco por capítulos de la
Estrategia del Plan Nacional Sobre Drogas porque, insisto, en la
música, en los objetivos que nos fijamos estamos completamente de
acuerdo y una de las cosas que marca la Estrategia y que usted
seguramente señor ministro habrá leído es que en el año 2003 los
municipios deben haber elaborado un plan local sobre drogas y que
estos planes locales deberán ponerse en común, evidentemente por
categorías distintas de municipios, en número de habitantes,
etcétera, pero es importante que el plan tenga muy presente que no ya
tan sólo las comunidades autónomas tienen cosas que decir y deben
decirlo sino que en primera instancia la administración más cercana a
los ciudadanos, la municipal, debe tener programas de actuación que
focalicen la problemática a nivel de barrio, o a nivel de sectores.

Sabe usted, señor ministro, que hay también una canción reiterativa,
pero no por ello menos cierta, que es la insuficiencia de recursos de
las administraciones locales para afrontar los retos que una
administración moderna les pide. Cada vez más los ciudadanos piden
que la primera administración, la más inmediata, que es la local, dé
una serie de servicios, y es justo que los ciudadanos lo pidan así,
pero también me parece que es justo reconocer que la precariedad de
recursos aún de las administraciones locales imposibilita muchas
veces que se compagine lo que por un lado es una exigencia de dar un
servicio, de actuar, y por otra tener unos recursos financieros
razonables como para poderlos desarrollar. Pues reconduciendo a lo
que le decía, señor ministro, si además deben afrontar planes locales
de drogas se hace totalmente imprescindible que los recursos que les
lleguen sean superiores.

Y también hay otro aspecto que nosotros quisiéramos enfatizar, señor
ministro. Usted, en su exposición, ha hecho un repaso de los
objetivos que sobre prevención se marca esta Estrategia Nacional
Sobre Drogas y ha puesto énfasis en algo que ya la mayoría conocemos,
que son las actuaciones, los recursos, los medios que desde el
ministerio se incentivan, se implementan tanto en educación como en
prevención como en aspectos que yo quiero también celebrar y
reconocer que están siendo positivos, y es que estamos consiguiendo
entre todos, y por descontado también con el impulso del ministerio,
que cada vez más determinados conceptos o determinados prejuicios que
existían sobre la problemática de las drogas vayan enfocándose bajo
situaciones y valoraciones que pensamos que son mucho más positivas.

Cada vez más hablamos de enfermos drogodependientes en lugar de
delincuentes drogodependientes y pensamos que se está haciendo una
buena labor en general en este aspecto; incluso hay que reconocer que
el Gobierno ha tenido iniciativas que han sido en algunos casos
valientes. La Comunidad de Madrid pienso que ha dado un buen ejemplo
con algunas iniciativas, como pueden ser las salas de punción, para
dignificar y dar categoría de seres humanos a los que son enfermos
toxicómanos y además prevenir daños mayores; son políticas de
prevención y educación para evitar el riesgo mayor que están dando un
resultado favorable y que pensamos que, de alguna manera, también
consiguen que la visión que pueda tener la sociedad en general sobre
las toxicomanías sea cada vez culturalmente más sensata, en el
sentido de marginar menos a estas personas que son drogodependientes
e intentar entender que hay que ayudarles, que hay que tratarles como
enfermos y, dentro de lo posible, normalizarles y reinsertarles en la
sociedad, y en este terreno, Gobierno y comunidades autónomas pienso
que hemos avanzado mucho y bien. Insisto, mucho y bien. Pero tenemos
aún lagunas importantes y déficit estructurales en aspectos que
inciden también en la prevención.




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Es el caso de una lucha más eficaz contra el blanqueo de dinero, una
lucha más eficaz contra lo que al fin y al cabo es el fin último de
los narcotraficantes, que es el enriquecerse; o sea, existen personas
toxicómanas porque hay redes que tienen un objetivo, que es que las
personas con drogodependencias que sean toxicómanas se extiendan como
un mercado cualquiera y que cada vez haya más consumidores; de la
misma manera que a nivel comercial las marcas, los fabricantes,
etcétera incitan al consumo porque genera negocio, pues así de simple
funciona el mundo del narcotráfico. Es una de las fuentes más
importantes de dinero junto con el tráfico de armas y con el trato de
la esclavitud, como a mí me gusta llamar, sexual a la que se somete a
muchas mujeres y, por lo tanto, como es una fuente de ingresos
espectacular, inimaginable para los que nos movemos dentro de los
parámetros de la legalidad, pues existe una gran motivación para que
esta problemática no tan sólo no se limite sino que dentro de lo
posible se extienda. Y ésta es la realidad con la que nos enfrentamos
y, por lo tanto, si es tan fuerte la motivación para los que quieren
extender el negocio también debe ser muy fuerte, muy fuerte, muy alto
el compromiso del Gobierno y de los gobiernos de los países que
(usted también lo ha dicho en su intervención) estamos en un entorno
que luchamos por un mismo objetivo, que es la lucha eficaz contra el
blanqueo de dinero, contra, al fin y al cabo, el instrumento que
tienen los narcotraficantes para vivir como personas muy dignas en la
sociedad, disfrutando de los beneficios que esta actividad totalmente
ilegal les reporta. Porque el gran drama social, señor ministro, es
que muchas de las personas que viven de este acto delictivo tan
grande, viven como perfectos ciudadanos, con hábitos y actitudes
modélicas, insertados socialmente muchas veces en sus poblaciones, en
sus municipios, con categoría de honorables señores y señoras porque
se comportan aparentemente de manera ejemplar. Es uno de los
escenarios de la vida donde la hipocresía funciona de manera más
espeluznante y más patética. Por lo tanto, cuantos recursos, cuantos
sistemas se inviertan para cambiar esta tendencia y para visualizar
que el escaparate de personas que viven dentro de la legalidad y de
la normalidad se nutre muchas veces de un blanqueo de dinero, fruto
de la actividad ilícita del narcotráfico, son totalmente necesarios e
imprescindibles y forman parte de lo que nosotros hemos dicho que es
la prevención, porque de no tener esto tan claro podríamos incurrir
de una manera un poco ingenua en una valoración en la que simplemente
incidiríamos en los recursos escolares, en los recursos educativos,
en hacer formación para los profesores o para los padres. Todo eso
está muy bien, todo eso es imprescindible, pero la motivación por el
negocio existe y por lo tanto no son posturas enfrentadas sino que
las dos deben trabajar paralelamente, pero sin pecar de ingenuos.




En este sentido, señor ministro, mi grupo parlamentario le pediría un
mayor compromiso en esta lucha que, insisto, se está haciendo pero
que pensamos que debe intensificarse, al mismo tiempo que, como le
decía al principio, reiteramos desde nuestra responsabilidad la
máxima colaboración y disponibilidad para poner actuaciones, recursos
y apreciaciones en un camino común que conduzca a que cada vez más en
España esta lucha sea más eficaz.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la
palabra doña Margarita Uría.




URÍA ETXEBERRÍA:
La señora Gracias señor vicepresidente primero por las extensas
explicaciones que ha dado a esta Comisión sobre la respuesta
institucional de nuestro país en relación con el fenómeno de las
drogas. Le reconozco el esfuerzo, pero es ésta una materia que causa
cierto desaliento. Se lo digo porque da la sensación en muchas
ocasiones de que el delito, sobre todo el delito, va siempre por
delante; por eso todos los esfuerzos son pocos puesto que estamos
ante una delincuencia que se sofistica en los métodos (sobre todo la
gran delincuencia, no me refiero al pequeño trapicheo) y que rebasa
fronteras.

Es ya un tópico decir que la prevención o educación para la salud es
un aspecto importantísimo y fundamental, y a ello se han referido ya
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y que
ciertamente se pone en marcha esta educación para la salud por entes
distintos del propio ministerio al que usted pertenece, pero en este
momento creo que debo manifestarle la percepción de mi formación
política y la mía propia de que la campaña que actualmente está
desarrollándose en este sentido, llamada a dar un toque a padres poco
avisados o a padres que prefieren hacerse los ciegos frente al
problema, me parece francamente buena; creo que también tiene su
utilidad desde el punto de vista pedagógico para los chicos y chicas,
aunque no sé si esto se lo puedo afirmar con rotundidad porque soy un
poco mayor para ponerme ya en la perspectiva de ellos. Fíjese que un
programa tan políticamente poco ortodoxo como es el de Crónicas
Marcianas le elogiaba a usted en el día de ayer esta campaña, se lo
digo para que vea que de vez en cuando también se dicen algunas cosas
buenas del Gobierno.

En lo sanitario o en lo asistencial creo que es necesario, y esto
también es un tópico, desarrollar todas las potencialidades de
coordinación de las redes de asistencia social y sanitarias. Bien
está que sea competencia propia de las comunidades autónomas y que
muchas hayan hecho bastante, y muy bien, pero creo que ésta es una
materia en la que es difícil hablar de parcelitas o de
compartimentación. Sobre todo es difícil hablar de esto cuando se
alude a otro de los aspectos fundamentales en esta materia, que es la
necesidad de coordinación o de cooperación policial, puesto que



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como he indicado en el momento inicial de mi intervención estamos
hablando de hacer frente a formas de delinquir que son muy
sofisticadas y, sobre todo, que rebasan fronteras; todo lo que se
haga en el ámbito europeo, todo lo que sea cooperación internacional
será siempre bienvenido y servirá para poner parapetos o topes o
barreras a esta delincuencia que, repito, se extiende de manera que
en muchas ocasiones resulta alarmante, sobre todo cuando de mafias se
habla.

Me quería centrar, puesto que usted también ha dedicado gran parte de
su intervención a ello, en lo que son medidas normativas que deben
articularse en relación con la más eficaz lucha o control de las
conductas referidas al tráfico de drogas. Me ha sorprendido, al ojear
en el día de ayer lo que se propone en la Estrategia Nacional Sobre
Drogas, cierta coincidencia que existe entre lo allí propuesto con lo
que nos fue facilitado a todos los portavoces de esta Comisión que
participamos activamente en su concepción cuando fuimos objeto de la
amable invitación por la Plataforma Galega Contra el Narcotráfico.

Varias de las cosas que allí analizamos y expusimos con algún detalle
están recogidas ya en la Estrategia Nacional y son también
coincidentes, otras no, con lo manifestado por el señor
vicepresidente en relación con las asignaturas pendientes que tiene
el Gobierno en cuanto a traer los correspondientes textos normativos
a la cámara.

Es cierto que, como ha manifestado la señora Romero, en la
legislatura pasada se hizo poco, muy poco, en ese aspecto; la única
norma que se aprobó respecto de esta área es la proposición, no lo
que hoy es ley, que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal en
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada
con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.

Y aún así, esta norma no fue por iniciativa del Gobierno sino que fue
traída a la Cámara por dos formaciones políticas: fue iniciativa del
Partido Popular y del Partido Socialista. Repito, no hubo nada en
esta materia procedente del propio Gobierno. Debo, además,
manifestarle, como ponente que fui en esta norma, que no nos quedó
excesivamente bien, porque la regulación final creo que tiene
problemas desde instancias judiciales; desde las propias fiscalías se
nos ha hecho notar que puede todavía acotarse de manera mejor que
permita lo que debe ser la finalidad última de una norma de este
estilo: el perfeccionamiento de la acción investigadora cuando se
está tratando de delincuencia organizada.

Hay otras varias cuestiones a las que me quería referir, que ya han
sido puestas de manifiesto por otros portavoces y por mí misma cuando
compareció en esta misma Comisión el fiscal general del Estado, y que
creo que es importante tenerlas en cuenta. Por cierto, y dicho sea
entre paréntesis, nos gustaría que de una vez, desde el Gobierno, no
desde su ministerio o su vicepresidencia sino desde el Gobierno en su
conjunto, se permita que el fiscal general del Estado no tenga el
monopolio
de la relación de la fiscalía con esta Comisión, sino que el
fiscal antidroga pueda venir de vez en cuando y darnos algunas
explicaciones respecto del área que él conoce con un mayor pormenor,
sin que tampoco las explicaciones del fiscal general del Estado sean
ociosas. Se refería el fiscal general del Estado, y en su memoria se
recoge de manera sobrada, a los problemas que plantea el delito de
blanqueo de capitales y su interpretación jurisprudencial; se habla
ahora también de las posibilidades de bloqueo de cuentas referidas a
otra delincuencia organizada. Bueno sería que se aprovechara también
para hacerlo en relación con lo que hace referencia al narcotráfico
puesto que, repito, estamos hablando de organización y de grandes
traumas internacionales y es importante que se tenga en cuenta la
dimensión de estos delitos, que el Código Penal no se quede pequeño o
corto a la hora de reprimir estas conductas.

Hacía él referencia, y yo la hago también porque es una de las
mayores querencias de la formación política a la que pertenezco, a lo
mal regulada que está en nuestro sistema la prisión preventiva y los
problemas que genera en relación con los delitos referidos al mundo
de la droga. Conocerá el señor vicepresidente sobradamente que la
sentencia 47/2000 del Tribunal Constitucional puso en duda que los
artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cubran de
manera sobrada lo que serían las exigencias del artículo 17 de la
propia Constitución. Esto hace particularmente necesario que cuanto
antes se aborde la regulación de la prisión preventiva. Usted me dirá
que eso es un problema general y que en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que está prometida para esta legislatura ya se verá; pero es
que en este tipo de delitos, donde en muchas ocasiones a quien se la
acuerda la prisión preventiva es a su vez consumidor, tiene una
especial trascendencia. Debieran habilitarse sistemas distintos para
el consumidor, de tal forma que no tuviera que cumplir en los
establecimientos penitenciarios normales, porque allí el pequeño
consumidor o quien se ha iniciado en el mundo del consumo de droga
puede acabar siendo un consumidor ya crónico con carácter permanente.

El poder tratarles como enfermos, el no acordar prisiones preventivas
en establecimientos penitenciarios sino en centros especializados en
la cura y el tratamiento creemos que es un esfuerzo que es exigible a
los poderes públicos. No se le ha ocurrido a esta formación política
sino que está en la propia memoria de la Fiscalía General del Estado,
y la Plataforma Galega Contra el Narcotráfico también lo pedía de
manera insistente.

La atribución de mayores competencias a la Audiencia Nacional en
relación con esta materia es otro tema a revisar y respecto del cual
nos gustaría saber no sólo fechas concretas, como exigía la señora
Romero, sino también textos concretos respecto de lo que se esté
barajando desde las instancias del Gobierno.




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E igualmente se ha hablado de la prueba indiciaria, que también es
otra materia a regular y habría que saber cómo, o de las
intervenciones telefónicas que le traigo hoy a colación, puesto que
en el día de ayer el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que
me parece extraordinariamente interesante. Yo le decía al fiscal
general del Estado en su comparecencia que siempre que se habla de
esta materia, de las intervenciones de las comunicaciones en materia
de narcotráfico, se alude a la mayor posibilidad de eficacia en la
actuación de la policía, pero le sugería que también debería hacerse
sin demérito de las garantías que le corresponden al vigilado, y le
citaba entonces la sentencia 49/1999. Pero, repito, en el día de
ayer, al menos los medios de comunicación se hacen eco de ella,
todavía no dispongo del texto, espero disponer de ella a lo largo de
esta mañana, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que
parece francamente interesante: declara inconstitucional unas
escuchas por el dato (que debiéramos por tanto tenerlo en cuenta y
recogerlo en la norma) de que se concede la prórroga de unas escuchas
sin que se acredite suficientemente qué es lo que se está buscando,
por qué lo escuchado hasta ese momento permite pensar que se va a
encontrar algo más o por qué no ha sido suficiente el tiempo acordado
respecto de lo que se espera encontrar. Es decir, no cabría hablar de
la prórroga por la prórroga sino que debiera quedar muy claro en la
norma que el juzgador debe justificar, cuando acuerde una medida de
intervención de las comunicaciones, que él mismo está obligado a
acreditar por qué con lo que ha escuchado le parece que va a haber
algo importante pero que todavía no ha llegado a ello. Creo que es
algo que debiéramos tener en cuenta a la hora de articular un texto
que cumpliese las garantías que le incumben al ciudadano concreto,
sin demérito de la eficacia de los cuerpos policiales que persiguen
los delitos.

Se ha referido también la señora Romero a la necesidad de modificar
los tipos penales en cuanto a las penas que se asignan a determinadas
conductas. En el día de la comparecencia del fiscal general del
Estado yo le hablaba de la necesidad de que si no lo hacíamos desde
el órgano legislativo, y no estaba yo en condiciones siendo de una
formación de sólo siete para hablar de modificar leyes orgánicas, sí
debieran las fiscalías pedir que cuando menos se fuese abriendo eco
la doctrina consistente en darle un determinado alcance a lo que el
artículo 369.3 del Código Penal llama notoria importancia de las
cantidades aprehendidas. Le decía yo que la Audiencia de Vizcaya ya
lo estaba haciendo y que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el
magistrado Perfecto Andrés había intentado en varios votos
particulares que esto se abriese camino. Como tardamos bastante en
legislarlo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya lo ha admitido,
pero debiéramos tomar puntual nota en todo caso para hacer una
reconsideración de los tipos de infractores, porque en
muchos casos se estaban aplicando penas gravísimas al pequeño
trapicheo, casi equivalentes a las del gran narcotráfico, sobre todo
si tenemos en cuenta, y quiero que se me entienda a este respecto que
no hago una identificación entre extranjero y delincuente, que mucha
población de la que viene de otros países se ve abocada a participar
en conductas de este estilo o incluso a pagarse su entrada en un país
que él considera mejor a través de conductas de este estilo. Habría
que tener siempre la conciencia de que se ven abocados a ese tipo de
tráfico como único medio de vida, ya que proceden de países en los
que la salud y la subsistencia como derechos son en muchos casos pura
retórica constitucional. El que las penas de este tipo de ciudadanos
se quieran equiparar a las penas del gran narcotraficante nos parece
que no tenía justificación alguna y es bienvenida por tanto la
reflexión que el Tribunal Supremo ha hecho modificando este concepto,
pero todavía se requieren otras.

Hay una última cuestión que se ha visto en esta Cámara en dos
ocasiones sin que haya tenido la mayoría bastante y que me parece que
desde la perspectiva de la persecución policial (por no dedicar
efectivos a una cosa en la que yo creo que existe conciencia social
de que es impune) le vendría bien a usted como responsable de unos
cuerpos policiales e incluso a otras policías que son también
integrales, y hace referencia no ya al Código Penal sino a la Ley de
Seguridad Ciudadana. En dos ocasiones, repito, hemos visto esta
cuestión y es que conoce el señor vicepresidente de sobra que en
nuestro sistema no todo el consumo de drogas es delito, e infracción
administrativa solamente es el consumo en lugares públicos. Entonces
ocurre que hay un determinado párrafo del artículo 25.1 de la Ley de
Seguridad Ciudadana en el que se habla de la mera tenencia, sin decir
si es para consumo público o privado. En una sentencia, desgraciada
sentencia desde la perspectiva de mi formación política, el Tribunal
Supremo entendió que algo tenía que quererse decir con eso de la mera
tenencia y consideró que era necesario perseguir esas conductas y
penarlas. Desde el punto de vista, con toda modestia manifestado, de
lo que es la ortodoxia de la potestad sancionadora, creo que la
tenencia siempre será para un consumo público o para el privado. Si
es tenencia para tráfico desde luego es delito, si es tenencia para
consumo público es infracción administrativa y si es tenencia para
consumo privado es impune. Nos encontraríamos por tanto que estamos
castigando, si alguien tiene para consumo privado, un acto
preparatorio de un acto impune o un acto preparatorio de un acto que
ya tiene en sí mismo una pena. Es absurdo que permanezca esta
coletilla dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana y creo que puede
llevar a más problemas, a dedicar efectivos policiales a la
persecución de una conducta que en sí misma, repito, carece de toda
entidad para llevar aparejada una respuesta punitiva. Es simplemente
un defecto de técnica legislativa que



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debiera ser tenido en cuenta sin miedos, puesto que nadie pone en
duda que el consumo en lugar público, al menos desde la perspectiva
de la formación política a la que yo pertenezco, existe todavía un
sustrato de conciencia ciudadana que hace que sí deba tener alguna
respuesta punitiva por parte de los poderes públicos.

No me extenderé más señor vicepresidente, únicamente le quería
manifestar la cierta sensación que se tiene desde una Comisión como
ésta que por ser Mixta no tiene en sí misma potestad normativa o
respecto de la cual incluso los propios responsables del Gobierno
consideran que no es prioritaria su comparecencia, antes debe irse a
la de Justicia o a la de Economía, y pedirle que haga un poco de caso
a esta inquietud que todos los problemas que giran alrededor de la
droga suscita en la ciudadanía (se ha dicho que es la tercera causa
de inquietud de los ciudadanos) y que requiere desde luego
respuestas, que ya le digo que tengo la percepción de que sí se están
dando, pero también manifestación de un interés político. Es además
una materia ésta, señor vicepresidente, en la que, aunque ya sé que
no les hace ninguna falta puesto que el Gobierno tiene el apoyo de un
grupo con mayoría absoluta, no le sería nada difícil, repito, contar
con la aquiescencia de todos los grupos, porque es interés de todos
los grupos la mejora en todos los aspectos que hacen referencia a la
lucha contra el consumo, contra el tráfico y contra toda la
delincuencia vinculada a lo que es el mundo de las drogas, o al menos
en lo que yo puedo prometer sí contarían con la colaboración del
grupo al que represento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado don Jesús Manuel Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Señor vicepresidente primero del Gobierno y
ministro del Interior, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
quiero agradecer su comparecencia y la profusión de sus explicaciones
en materia de prevención y de represión del delito de narcotráfico.

En cuanto a la prevención, como ha podido comprobar S.S., hay un
importante consenso entre todos los grupos parlamentarios acerca de
que las medidas adoptadas por el Gobierno son las medidas adecuadas,
en el sentido de que se están combinando las acciones destinadas a la
educación, a la escuela, a la familia, a la sociedad, entendida ésta
con la participación de los medios de comunicación y de las
organizaciones no gubernamentales que operan en esta materia. Sí es
cierto que los recursos económicos son siempre escasos en todos los
órdenes de la Administración y a todos nos gustaría que se destinaran
muchos más recursos a prevención, pero nos gustaría que se destinaran
desde la Administración central y desde las administraciones
autonómicas con competencia en esta materia, además,
somos conscientes de las limitaciones presupuestarias de todas las
administraciones.

Por lo que se refiere a la represión del narcotráfico, y empezando
por su comparecencia, se nos ha dicho que hace ocho meses que la
misma está solicitada. Quiero recordar a la Cámara, a la Comisión,
que en estos ocho meses han sucedido cosas muy importantes en España
y en el mundo y que, desde su toma de posesión, ha pasado el verano y
el Grupo Parlamentario Popular jamás ha tratado de entorpecer, en
ningún caso, el funcionamiento de la Comisión. Una comisión
parlamentaria tiene que estar para controlar al Gobierno, para
impulsar la acción del Gobierno, para controlar al mismo pero también
para facilitarle su labor. Si el día 2 de octubre, que era cuando
estaba prevista su comparecencia, coincide con el patrón de la
Policía Nacional, nos parece lógico facilitar también la labor del
Gobierno y, por supuesto, el estímulo que éste debe dar a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entendemos que no hay ningún
peligro en que la comparecencia se hubiera demorado desde el día 2 de
octubre hasta la fecha de hoy, 30 del mismo mes. Por otra parte, el
Gobierno se ha sometido siempre al control de esta Comisión. No
podemos olvidar que a lo largo de esta legislatura el delegado para
el Plan nacional sobre drogas ha comparecido en cinco ocasiones para
darnos las explicaciones de cuál es la política del Gobierno, cuáles
son sus iniciativas en esta materia. Debemos tener en cuenta que la
figura del delegado del Plan nacional sobre drogas está incardinada
dentro del Gobierno y, por tanto, como órgano específico nos puede
explicar cuál es esa acción del Gobierno.

Es cierto que estamos ante el tercero de los problemas en la
percepción de los ciudadanos, pero también es cierto que estamos
notando que hay una bajada, como decía la señora Romero, en las
alarmas de los ciudadanos. Los ciudadanos están menos preocupados de
lo que estaban en otras épocas en cuanto al problema de las drogas,
si bien es cierto que cualquier problema de salud, que además tiene
connotaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana, genera una
evidente e importante preocupación. Se nos ha dicho que no hay una
reducción de la demanda; lo que sí está claro es que hay una
reducción de la oferta, y lo que es incuestionable es que las edades
de inicio de consumo no han bajado como estábamos acostumbrados en
otras épocas. Es un dato incuestionable: la edad de inicio en el
consumo de las drogas no ha bajado.

Presupuesto. Se nos dice que el presupuesto que destina el Ministerio
a la política de drogas no llega al 1,5 por ciento del presupuesto
del ministerio. Quisiera recordar que a lo largo de esta legislatura,
y de la anterior, desde el año 1996, el presupuesto del Plan nacional
sobre drogas se ha incrementado en un 60 por ciento. Y tengo que
recordar también que en el año 1995 el presupuesto del Plan sufrió un
recorte de más de 1.500



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millones de pesetas que dejó sin cobertura las políticas de
prevención.

Señor ministro, concluyo diciéndole que sólo desde la vehemencia con
la que se reviste un discurso se puede incurrir en el ejercicio
retórico de decir que el ministro es un riesgo para la sociedad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente primero
del Gobierno y ministro del Interior.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señoras y señores diputados. Con
perdón, señor Pérez Corgos, desde la vehemencia y un cierto olvido de
tiempos pasados, pero es mejor no volver a hablar de ese asunto.

Señor presidente, voy a intentar responder, en la medida en que me
sea posible, a todos y cada uno de los planteamientos que se han
hecho por parte de los distintos intervinientes, comenzando por la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Romero. En la
primera parte de su intervención hace, fundamentalmente, afirmaciones
de tipo general. En la primera parte, además de recordarme la
obligación que tiene el Gobierno de someterse al control del
Parlamento, me ha dicho que llevo ocho meses sin aparecer por aquí,
que he hecho una comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior,
etcétera, y que no le diga, como el fiscal general del Estado, que
vine cuando me lo dijeron. Este es el debate de siempre. Yo llevo
ocho meses en el Ministerio del Interior, esta es la sexta vez que
comparezco en una Comisión. La semana pasada comparecí en la Comisión
de Justicia e Interior, estuve el lunes; luego estuve respondiendo a
nueve preguntas en el Senado y respondo a las que ustedes me hacen en
el Congreso. Creo que hay que tener una cierta flexibilidad y un
cierto equilibrio a la hora de juzgar si uno comparece mucho o poco.

Es como si yo le digo: yo comparezco y aquí no hay nadie, porque de
su grupo parlamentario aquí no están ni el 25 por ciento de la
Comisión. Nunca se me ocurriría decirles algo en ese sentido, aunque
peor fue el otro día en el Senado, que quedamos dos. Estaba
compareciendo y delante de mí había una persona. Yo respondo a las
preguntas que me hacen en el Congreso, en el Senado, las
interpelaciones; he comparecido seis veces en ocho meses y no voy
a hacer comparaciones con épocas anteriores por que, si no, me ponen
inmediatamente de vuelta y media. No las hago pero, si las hiciera,
no quedaría yo muy mal.

Dentro de las afirmaciones generales que ha hecho sobre el repunte de
la violencia en Madrid, mafias colombianas, el hachís, vuelve a
hablarme de lo de la Delegación del Gobierno en Navarra -es la
tercera vez que he hablado del tema de la Delegación del Gobierno en
Navarra- y al final hace una afirmación donde dice que yo digo que no
hay reducción de la demanda y que
yo aporto unas encuestas. Es verdad, creo que hay reducción de la
demanda y aporto datos. Creo que los datos son objetivos y usted no
aporta datos, usted hace afirmaciones y éstas hay que probarlas, por
que, si no, estamos en el mundo de lo subjetivo. Yo le he demostrado
con datos, luego hablaremos de alguno de ellos, que sí hay una
reducción de la demanda y que hay una percepción distinta de este
problema en los últimos años por parte de los ciudadanos, así como
que la eficacia policial ha mejorado. Si quiere, contrapongo mis
datos a sus impresiones, pero comprenderá usted que me quede no con
mis datos sino con los que son pura estadística y, por tanto,
difíciles de discutir.

Sobre las iniciativas normativas hace usted una serie de
consideraciones, y yo no recuerdo lo que he dicho en mi intervención
inicial. Nosotros hemos definido tres grandes áreas de desarrollo:
los instrumentos de investigación policial para crear nuevos medios y
mejorar los existentes, la Ley del fondo y la Ley de control de
sustancias químicas catalogadas para desarrollar el registro general
de sustancias químicas catalogadas. Le he dicho que la estrategia
nacional prevé además la revisión de las penas en determinados
supuestos, la regulación de la figura del colaborador con la
justicia, la incriminación por mera participación en la organización
delictiva y la mejora del régimen actual del comiso específico. Y le
he dicho que en este momento estamos trabajando en diversas
propuestas, entre las que se encuentra el desarrollo de la normativa
sobre enajenación anticipada de bienes, que ya tenemos redactada, la
incorporación de la prueba indiciaria, la reforma de la regulación de
la intervención legal de las comunicaciones y la integración en la
Ley del fondo de los bienes decomisados procedentes del contrabando y
de las acciones impuestas como consecuencia de la aplicación de la
Ley de precursores y la Ley de prevención de blanqueo de capitales.

Algunas de estas medidas ya han sido aprobadas; otras, en concreto el
desarrollo de la normativa sobre enajenación anticipada de bienes, la
presentaremos en las Cortes antes de final de año, y las otras irán,
lógicamente, dentro de lo que es el pacto de Estado por la justicia,
y yo espero que sobre todo las que se refieren a modificaciones de
las leyes vayan en el primer semestre del año que viene.

Me felicita sobre la creación de la unidad central, y yo le doy las
gracias. Sobre las sentencias arbitrarias contra los consumidores,
solamente se me ocurre decirle que no soy juez. Y sobre que el
presupuesto de la droga no llega al 5 por ciento, le recuerdo que el
presupuesto en el año 1996 era de 4.600 millones de pesetas y hoy es
de 8.400 millones de pesetas, por lo que creo que se ha producido un
incremento muy importante en los últimos tiempos y que los avances
que hemos hecho en materia de la utilización de los recursos del
fondo para atender a las necesidades derivadas del tema que nos ocupa
y las modificaciones legales que he anunciado que presentaremos antes
de fin de año son un dato



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positivo en ese sentido. Ya sabe que yo nunca me refiero a los
gobiernos anteriores, pero usted lo cita y dice que todo lo que se
hizo en esta materia lo ha hecho el Gobierno anterior, y yo, sin
ánimo de molestar, tengo que decir que en 1995, como aquí se acaba de
recordar, se estableció un recorte presupuestario por causas que nada
tenían que ver con el tema que nos ocupa, y lo primero que se hizo
fue hacer desaparecer de ese presupuesto el dinero dedicado a estas
atenciones.

En cuanto a las transferencias de medios a las comunidades autónomas,
este es el gran debate económico presupuestario de siempre, pero yo
creo que hemos dado unos datos bastante ilustrativos en mi
intervención y también le voy a hacer unas consideraciones sobre este
asunto. A los planes autonómicos de drogas se han destinado más de
21.000 millones de pesetas; a los ayuntamientos, por primera vez, 470
millones de pesetas; a las ONG, más de 3.000 millones de pesetas, y a
programas de investigación, 162 millones de pesetas. Es decir, las
cantidades superan los 25.000 millones de pesetas.

Me habla también de la formación del profesorado, y tengo que decir
que en este momento se están haciendo cursos interesantes, pero yo
quisiera hacer una consideración que me parece importante y que hace
referencia a los traspasos. En cuanto a las políticas en materia de
drogas, fundamentalmente la prevención y la rehabilitación están
transferidas a las comunidades autónomas, y la parte que no está
transferida es la represión, que es una competencia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo en aquellos lugares, que
solamente son dos y en uno de ellos no completo, donde existe Policía
autonómica. Es decir, la educación es algo que está transferido a las
comunidades autónomas en este momento, y no debemos olvidar estos
datos. A medida que los distintos gobiernos centrales fueron haciendo
transferencias a las comunidades autónomas, la primera decisión que
tomaban las comunidades autónomas era subir el sueldo a los
profesores de las mismas. Yo recuerdo que en 1999 hice el traspaso de
educación a la Comunidad Autónoma de Madrid, y a las 24 horas se
anunció una subida de sueldo de 26.000 pesetas mensuales en dos
presupuestos. Por tanto, la financiación de la educación es
incondicionada, y cada comunidad autónoma toma las decisiones que
estima oportunas y convenientes, y hay comunidades autónomas que
dedican mucha más atención a la educación, otras que dedican, dentro
de la educación, mucha más atención a la labor preventiva y hay otras
que prefieren dedicar sus recursos económicos a atenciones
diferentes. Y si usted hace un repaso de cómo han evolucionado los
presupuestos de educación de las comunidades autónomas que tuvieron
este traspaso en la década de los ochenta, verá que algunas han
aumentado el presupuesto en un 40 ó un 50 por ciento y otras lo han
aumentado en un 20 por ciento. Por tanto, nosotros asumimos nuestras
responsabilidades y hacemos
una labor de impulso. Creo que es muy destacable lo que se ha hecho
en los últimos años, pero cada uno tiene que asumir sus propias
responsabilidades, y lo mismo ocurre, como me ha dicho alguno de los
intervinientes anteriormente, con la financiación de los municipios.

Se dice que no hay recursos suficientes para todos, y probablemente
no los haya, pero lo que nadie ha demostrado hasta el presente
momento es que sea la Administración central del Estado la que cuente
con más recursos para atender las obligaciones que
constitucionalmente le son exigibles. Este es un discurso que creo
que hay que hacer también en defensa del Estado, pues se supone que
todos los que estamos aquí presentes tenemos algo que ver con el
mismo.

Hay otras consideraciones, como que no tenemos equipos de
investigación para enfrentarnos a las mafias, y esa afirmación, que
está muy bien, es una afirmación que usted hace, pero no aporta, como
en tantas de las que usted ha realizado a lo largo del día de hoy,
ninguna prueba en ese sentido. Yo creo que afirmar que no tenemos
equipos de investigación para establecerlos en las mafias es
contradecir la realidad y los datos objetivos a los que yo he hecho
referencia anteriormente y que no me parece que tenga que volver a
contarle. Pero sí debo hacer referencia a un dato que creo que tiene
una cierta significación: no es sólo que hayan aumentado, y de manera
muy espectacular, en el año 2001 las aprehensiones que se han hecho;
se ha cogido, primero, más droga, ha habido más operaciones, no
aumentó el consumo, la percepción ciudadana es mejor y además se ha
ido a la organización. Yo creo que uno de los datos más
significativos que debemos destacar es el de los nombres, a los que
yo he hecho una referencia. Esto además tiene mucha relación con la
intervención de la representante de Convergència i Unió, la señora
Riera. Es que no sólo, insisto, se ha cogido más droga, ha habido más
operaciones, no aumentado el consumo y la percepción ciudadana es
mejor, sino que se ha detenido a las personas que durante muchos años
se pasearon por el territorio nacional como personas honorables, como
se ha dicho en alguna ocasión. Conozco muy bien esa zona porque
resido a muy pocos kilómetros de donde estos señores se paseaban e
incluso fueron presidentes de clubes de fútbol a los que colocaron,
por cierto, en muy buen lugar, pero es que este año se ha detenido al
señor Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, al señor Charlín, a Josefa
Charlín, a José Santorum y Pablo Vioque, que eran los clásicos del
narcotráfico en Galicia. Y hoy, de los clásicos del narcotráfico en
Galicia, de los conocidos, de los que todo el mundo sabía que eran
narcotraficantes pero luego tenían una apariencia muy respetable, ya
no queda ninguno. Por eso, señora Romero, está muy bien hacer
declaraciones como: Ustedes no saben investigar, no hacen nada, pero
tiene que acompañarlas de pruebas porque si no, está usted en el
discurso y en el eslogan y es como si usted dice: Este ministro es
tonto, es un ineficaz, es usted un



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peligro -que es algo que dijo- o puede serlo para la seguridad de los
ciudadanos. Todo eso está muy bien, ni siquiera me parece mal, pero
yo creo que hay que actuar con un mínimo de rigor a la hora de hacer
oposición, porque el rigor se le debe exigir al Gobierno, que sin
duda es el que tiene más responsabilidad, pero usted también podía
acompañar sus afirmaciones y dar algunos datos concretos y
determinados. Por tanto, yo no le acepto lo que usted ha dicho, y le
doy los siguientes argumentos. En el año 2001 se ha cogido más droga
que nunca, primer argumento. Segundo: ha habido muchas más
operaciones que nunca. Tercer argumento: ha disminuido el consumo.

Cuarto argumento: la percepción de los ciudadanos -he dado los datos
del CIS y las encuestas domiciliarias-, igual. Y, quinto, se ha
detenido a todos los grandes capos del narcotráfico. Esos son mis
argumentos que tiene que desmontar en réplica sin hacer eslóganes.

¿Esto por qué ha ocurrido así? Porque se han hecho muchas cosas y, en
mi opinión, bien hechas. Ha habido modificaciones legales, se han
creado oficinas de enlace en el extranjero y se ha hecho una labor
muy importante en colaboración con otras policías y países de origen,
se ha producido una muy importante reorganización policial, y otro de
los intervinientes ha dicho aquí que ahora el narcotráfico cada vez
opera con medios más sofisticados, y es verdad, pero también lo es
que la Policía y la Guardia Civil operan con medios más sofisticados
y precisamente esos medios, en buena parte, se consiguen con el
dinero que procede del fondo de bienes decomisados. Se han hecho
aportaciones muy importantes con el dinero del fondo a la Guardia
Civil y a la Policía. Usted dice que se dedica el 1,5 por ciento del
presupuesto del Ministerio del Interior a la droga. El grueso del
presupuesto del Ministerio del Interior es Guardia Civil y Policía.

¿Para qué está el Ministerio del Interior? Para garantizar los
derechos y libertades de los ciudadanos y, por tanto, para que actúe
la Policía y la Guardia Civil. A eso se dedica el dinero. Una de las
obligaciones de la Policía y de la Guardia Civil es detener a las
personas que se dedican a cometer delitos, y uno de los más
importantes es el de la droga. Usted coge una partida y dice: el 1,5.

Déme argumentos un poco más serios, porque si no me quita la moral
hasta para debatir y tengo que hacer un esfuerzo mayor del
acostumbrado.




Creo que es muy importante lo que hemos hecho en materia de
cooperación extranjera. Yo he dicho aquí lo que hemos hecho y lo que
vamos a hacer en el futuro, con arreglo a un plan que, entre otras
cosas, mereció un consenso bastante generalizado. Se habló con mucha
gente, se pactó, se oyó a todas las personas; ¡si nosotros no somos
unos genios, ni pretendemos serlo! En un tema de estas
características, lo que pretendemos es que la gente aporte cosas
razonables y las que nos lo parezcan lógicamente las vamos a aceptar.

Usted no me ha dado ni una idea. Lo único que ha hecho es ponerme
de vuelta y media y decir, por ejemplo, que utilizamos a la Agencia
Tributaria para eliminar a los opositores políticos. Pero ¿a mí que
me cuenta, por qué me dice a mí eso? ¿Qué quiere decir, que mandan
inspectores a los señores de su grupo para ver si han hecho bien o
mal la declaración de Hacienda? Eso es un sinsentido. Gescartera.

¿Qué tiene que ver Gescartera con esto que estamos hablando aquí?
Hace una disquisición que no tiene nada que ver con el asunto que nos
ocupa. Que se han desmantelado los equipos de investigación. ¿Pero
cómo puede decir usted que hemos desmantelado los equipos de
investigación, si estamos haciendo todo lo contrario? En cualquier
caso, si hubiéramos desmantelado los equipos de investigación,
seríamos unos genios, porque hemos desmantelado los equipos de
investigación y los resultados son mucho mejores que antes.

Hay una cosa en la que sí tiene razón, en el número de policías y
guardias civiles. Puedo asegurarle que cuando yo llegué al Ministerio
del Interior mi mayor preocupación fueron las plantillas de Policía y
Guardia Civil. Además, creo que hay un argumento de sentido común
para defender esto, y es que si alguna obligación tienen los Estados
-y está en el origen de los Estados- es la de garantizar los derechos
y libertades de los ciudadanos, que para eso está la Policía y la
Guardia Civil. Por tanto, se necesitan policías y guardias civiles.

Puedo decirle que este año hemos aprobado la mayor oferta de empleo
público, por lo menos desde 1990, porque los años anteriores no los
he visto. El cuerpo nacional de Policía estuvo muchos años -toda la
década de los noventa- con una oferta de empleo público de mil
policías y para este año tenemos tres mil y pico policías, lo que
pasa es que tienen que formarse en la Escuela de Policía de Ávila y
lleva su tiempo la incorporación. Este año tenemos 2.200 guardias
civiles nuevos, que son muchos más que los de los años anteriores.

¿Que sería bueno que el número de policías y de guardias civiles
aumentara? La culpa no es mía, serán culpas compartidas de todos. Lo
importante no es que la situación esté así, que es importante; lo
grave sería que el Ministerio del Interior no tuviera conciencia de
que esto fuera así y no hubiera actuado en consecuencia. Yo creo que
hemos actuado en consecuencia y ese dato también debiera valorarlo
usted.

A partir de aquí cita al señor Mayor Oreja, yo no me acuerdo
exactamente por qué y por tanto no puedo contestarle sobre este
asunto. Vuelve con los datos y dice que los que yo doy no valen,
aunque sean objetivos. ¿Cómo me puede decir a mí eso? Si quiere
criticarme, dígame que manipulo los datos, porque eso sí se entiende.

Si manipulo los datos, me acusa de manipularlos, pero decir que los
datos que yo doy no valen aunque sean objetivos es una afirmación un
tanto pintoresca. En cambio, usted no da ninguno, pero son buenos los
que no da porque sí. Tampoco es una afirmación muy



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brillante o por lo menos yo no la logro entender. Seguramente por mi
culpa.

Por último, tenía apuntado aquí lo del riesgo para la seguridad de
los ciudadanos. Esto se lo dije al principio, esto es muy duro,
señora Romero. Esto de decir que el ministro del Interior es un
riesgo para la seguridad de los ciudadanos… Luego me dicen que hablo
del pasado y yo no quiero hablar del pasado.

Respecto a la señora Riera, estoy de acuerdo en que la Comisión se
reúna una vez al año, pero como dijeron algunos de los
intervinientes, concretamente el portavoz del Grupo Popular, el
delegado del Plan nacional contra la droga ha estado presente en esta
Comisión cinco veces a lo largo de esta legislatura; hoy en día está
compareciendo el secretario de Estado de Interior en la Comisión de
Justicia e Interior toda la mañana, la semana pasada estuve yo
compareciendo todo el día en la misma Comisión y el delegado del Plan
nacional contra la droga vuelve a comparecer el día 27 de noviembre
en esta misma Comisión. Por lo tanto, para evaluar el plan una vez al
año, me parece muy razonable, pero tengo que matizar las afirmaciones
que se hacen en el sentido de que comparecemos poco.

Estoy de acuerdo en que la estrategia clave en esta materia es la
prevención, pero al final la prevención es clave en todas y cada una
de las facetas de la vida. Al final, los países más justos, más
cultos, donde la gente es más equilibrada son los países en los que
hay nivel cultural. Eso no creo que sea un dato objetivo, sino una
afirmación difícil de discutir. Creo que la prevención es
responsabilidad no sólo de las administraciones públicas, sino, al
menos en mi opinión, la primera obligación de las familias. Hay una
responsabilidad enormemente importante en la educación de los niños
por parte de sus familiares; hay una responsabilidad importante
también en la escuela, de los profesores y de la Administración
educativa, pero tanto más de los profesores que de la propia
Administración educativa; la hay por parte de la sociedad; la hay por
parte de las personas con las que se trata y la hay también por parte
de las administraciones públicas. Pero a veces hay una cierta
tendencia, que creo que no podemos compartir, independientemente de
quién esté en cada momento dirigiendo la Administración. La
Administración no puede ser la responsable de todo. Hay
responsabilidades que son más, incluso, de la propia sociedad que de
la Administración, y una de ellas me parece la labor educativa, que
está muy relacionada con este asunto. Creo que en la labor educativa
hay una colosal responsabilidad por parte de las familias y por parte
de los profesores. Bien es verdad que hay situaciones familiares
difíciles, que hacen que esto sea en la práctica imposible de llevar
a buen término y ahí, sin duda alguna, la labor de la Administración,
la labor asistencial, la labor de los servicios sociales y la labor
de la escuela es mucho más decisiva. Pero yo creo que también es
positivo y es importante que todos demos un mensaje, porque cada
uno, en la sociedad en la que vivimos, debe asumir sus propias
responsabilidades.

Hace una afirmación de acuerdo general con los objetivos del plan,
que yo celebro, y vuelvo a insistir en lo que he dicho antes
contestando a la señora Romero. Creo que el plan se ha hecho de forma
participativa, que se ha hecho sin más interés que acertar y sin
ningún prejuicio contra nada ni contra nadie y en este sentido tengo
que decir que cualesquiera que sean las ideas que ustedes aporten, si
me parecen buenas -lo hago en esto y lo haré en cualquier faceta de
mi actuación política- las haré mías inmediatamente.

Luego ha hecho un comentario sobre los recursos financieros y yo ahí
quisiera insistir en lo que he dicho antes, introduciendo algún dato
nuevo. El 60 por ciento del fondo se destina a la prevención y las
comunidades autónomas han recibido aumentos presupuestarios
importantes en los últimos años, también las ONG, y los
ayuntamientos, por primera vez, han recibido asignaciones
presupuestarias destinadas a estos efectos. Además, en las campañas
publicitarias se ha hecho un esfuerzo por parte de la Administración
y, tengo que decirlo, por parte de una gran mayoría de medios de
comunicación, que nos ha permitido hacer muy buenas campañas, que
también ayuda a los efectos que todos perseguimos. No obstante,
insisto en que no podemos mantener constantemente como válido el
discurso de que las comunidades autónomas o las corporaciones locales
no tienen los recursos presupuestarios suficientes para atender todas
estas cosas, porque lo mismo le ocurre a la Administración central
del Estado. Con el modelo de Estado que nos hemos dado, donde la
financiación es incondicionada, cada uno puede priorizar sus
políticas como considere oportuno y conveniente. Por tanto, en este
asunto la Administración del Estado tiene una labor de impulso, de
ayuda, de firma de convenios, pero al final -lo ha dicho usted- hay
un tema que es de una importancia capital y es que donde se hace
labor de verdad en esta materia es en los propios ayuntamientos,
donde se puede crear el ambiente y las circunstancias necesarias para
que una persona en lugar de iniciarse en las drogas se inicie en
otras actividades es una labor muy municipal. Yo estoy de acuerdo en
lo que usted ha dicho de que los ayuntamientos deben tener más
recursos y más competencias. Por eso he propuesto que se haga el que
hemos llamado pacto local autonómico en virtud del cual las
comunidades autónomas cederían competencias y recursos a las
corporaciones locales. Igual que se hizo un proceso de traspasos de
la Administración central del Estado a las administraciones
autonómicas, a mí me gustaría que hubiera un proceso de traspaso de
las administraciones autonómicas a las administraciones locales,
entre otras cosas, porque tendríamos una mejor distribución del gasto
público total español. ¿Estoy hablando demasiado?



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El señor PRESIDENTE: El señor ministro puede hablar lo que quiera.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Cuando termine este proceso, con los traspasos de
sanidad que quedan, el Estado, la Administración central, gastará el
48 por ciento, las autonomías estarán en el treinta y tantos y los
ayuntamientos en torno al 14 ó 15 por ciento. En el modelo alemán
andan alrededor del 50, 25 y 25. Aprovecho para animar a las
comunidades autónomas a que cedan competencias a las corporaciones
locales y sobre todo en esta materia, en la de servicios sociales, es
fundamental. Un señor que está en Sevilla no puede, lógicamente,
estar preocupado por lo que sucede en todos y cada uno de los
municipios de Almería, que está a muchísimos kilómetros. En este tema
estoy de acuerdo con usted, aunque tal vez no estemos de acuerdo en
el procedimiento o sí lo estamos.

Es verdad que la persona que consume drogas al final es un enfermo y
como tal debe ser tratado. Coincido con usted en que ha habido un
avance muy importante en la percepción de la sociedad y también de
las personas que ocupan responsabilidades en las administraciones
públicas y creo que también hay una actuación en consecuencia por
parte de todas las administraciones. Sin duda alguna hay cosas que
pueden mejorarse.

Ha dicho una cosa en la que tiene toda la razón y a la que yo antes
me he referido también, contestando a la señora Romero, pero a la que
quisiera volver, aunque sea brevemente. Como en tantas y tantas
facetas de la vida hay una cosa muy importante que es la pedagogía.

En determinados momentos determinadas personas que cometen claramente
actos delictivos pueden ser vistos por una cierta parte de la
sociedad, y desde luego se comportan, como señores honorables y
respetables - antes yo he puesto el ejemplo de que hasta pueden
presidir clubes de fútbol-. Por eso quiero insistir en que quizá una
de las cosas más importantes -tal vez de este asunto no se ha hablado
suficientemente- que ha ocurrido en los últimos tiempos es que las
operaciones policiales no hayan sido de detención de un barco donde
venían un capitán y unos señores muy importantes, pero que no los
conocía nadie, sino que lo que ha sido realmente importante es la
detención e ingreso en prisión de una serie de señores que,
efectivamente, tenían una cierta respetabilidad. Eso ha sido así
entre otras cosas por la especialización muy importante en esta
materia tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que no
se han quedado solamente en detener un barco en alta mar, sino que
han ido a la cúpula de la organización. Puedo decir que la última
operación que ha tenido lugar en el verano, en el mes de agosto,
terminó con la detención de una de las personas más importantes en el
mundo del narcotráfico como es Sito
Miñanco, fue una operación que, si no fuera por la inteligencia, por
la habilidad, por el tesón y por la determinación de los responsables
policiales, se hubiera quedado en algo que era muy importante como
era coger un barco con 4.500 kilos, pero no hubieran detenido a quien
en ese momento estaba tranquilamente en una casa en Madrid. Coincido
con usted en eso, esas cosas sirven para hacer mucha pedagogía, hasta
pueden desmontar ciertos mitos cuya imagen puede resultarle atractiva
a algunos y, desde luego, supone ir a las cúpulas de la organización.

Ese es un tema muy importante.

En relación con la señora Uría -y voy terminando, señor presidente-
es verdad lo que ha dicho que aquí el delito va por delante. Por eso,
lógicamente, siendo conscientes de eso hacemos todos los esfuerzos de
que somos capaces para ir mejorando los medios tecnológicos tanto de
la Policía y de la Guardia Civil. Me alegro de que me haya dado la
buena noticia de que hablen bien de la campaña contra la droga en el
programa de televisión Crónicas marcianas. No viene mal que de vez en
cuando hablen bien de uno o de sus colaboradores.




Hace referencia a algo que es muy importante y es la colaboración
internacional. Esto es absolutamente clave, pero la colaboración
internacional en el mundo en que vivimos es decisiva no solamente en
el tema de la lucha contra el narcotráfico, sino en la lucha contra
cualquier delito. De ahí el empeño que nosotros hemos manifestado en
tantas ocasiones de que la Unión Europea no sea sólo un espacio
económico donde haya una libre circulación de mercancías, capitales,
servicios y personas, y hasta de delincuentes, sino que también haya
una libre circulación de resoluciones judiciales y de policías. Este
es un tema capital, de aplicación tanto al terrorismo como mucho más
en relación con esta materia, porque al final son operaciones de
grandes bandas internacionales. Como le he dicho antes, hay
destinados muchos oficiales de enlace dedicados a esta materia, vamos
a intentar dedicar más, porque, sin duda alguna, en el incremento que
tengamos de estas personas y en la colaboración que podamos hacer con
policías de otros países está en buena medida el éxito de las
operaciones puramente represivas.

Estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho en el sentido de que el
bloqueo de cuentas se aplique también al narcotráfico. Es un tema
ciertamente complicado, que estamos utilizando ahora, que tiene mucho
sentido. A veces tengo la impresión de que los Estados de derecho
y las democracias están en una cierta indefensión frente a estas
personas. Siendo, como es cierto, democrático y esencia de la
democracia que nosotros actuemos con pleno respeto a la ley y al
Estado de derecho, tenemos que hacer un mayor esfuerzo para que
podamos actuar con la mayor diligencia y eficacia contra estos
grupos.

La prisión preventiva es un tema para nota y sobre el que se podrían
hacer discursos durante horas. Yo



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puedo asegurarle a usted que la prisión preventiva me preocupa por
múltiples razones. Probablemente una de las razones por las que más
me preocupe -no se ha referido usted a eso- sea por los temas de
reincidencia. A uno no deja de preocuparle y de producirle una cierta
desazón ver cómo hay personas detenidas en 160 ocasiones -de esto
hemos hablado hace poco en la Comisión de Justicia e Interior- y en
las 160 ocasiones no se le aplica la prisión provisional; es decir, a
veces se aplica mal y otras no se aplica. Siempre cito el caso del
famoso asesinato de un abogado en una urbanización cerca de Madrid
por un ciudadano moldavo que produjo una gran alarma social. ¿Qué
había ocurrido? Que esa persona había sido detenida cuatro veces y
las cuatro veces había sido puesta en libertad, que lo expulsamos de
España y no pudimos hacerlo porque se nos dijo que tenía cuatro
causas pendientes. Hay quien tiene más de cien causas pendientes y
nunca se le ha aplicado la prisión preventiva. Esperemos que en
potencia no sea un ciudadano como el que he nombrado antes.

Estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted sobre los consumidores. El
consumidor bastante desgracia tiene ya con el grave problema que
afecta a su propia esencia como persona. Evidentemente, creo que las
penas para el gran narcotráfico deben subirse. Probablemente sea uno
de los delitos más demoledores de entre los muchos que comete la
especie humana.

Sobre las disquisiciones de los jueces, hace usted referencia a la
tenencia y su interpretación. Estoy dispuesto a estudiar lo que usted
ha dicho, pero al final, como en el tema de la prisión preventiva,
estamos en manos de los jueces y lo que hacen los jueces unas veces
nos gusta y otras no nos gusta, pero no se ha inventado un sistema
mejor que el del Legislativo que legisla y controla el Gobierno, el
Ejecutivo que gobierna y el Judicial que dice si se adecuan las
actuaciones, ya de los poderes públicos ya de los particulares, a la
legalidad.

En cuanto a la intervención del señor Pérez Corgos, le agradezco su
apoyo al Gobierno. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho de los
recursos económicos a la prevención, pero no hay ni se conoce en la
historia mundial que no se le diga a un ministro que no dedica lo
suficiente a una determinada atención presupuestaria. A mi me han
dicho que a la inmigración no dedico un duro, que tampoco dedico un
duro a la droga, que tampoco tengo policías, que se paga poco, que no
dedico lo suficiente a la Guardia Civil, etcétera. Eso es evidente,
al ministro de Justicia se le dice que no hay jueces ni medios
materiales. Esto es así, seguro que es cierto, porque a todos nos
gustaría tener más recursos presupuestarios. Además tener más
recursos presupuestarios también depende muchas veces de decisiones
políticas, porque ahora existe el gran debate sobre si es bueno o
malo que haya más déficit. Ustedes dicen que haya más déficit y
nosotros que no, pero al final se
prioriza, unos creen que es bueno que no haya déficit porque eso da
lugar a una situación económica en la que se puede crecer más y
generar más empleo y otros creen que por el contrario no es así. Todo
esto es muy opinable y muy discutible. En cualquier caso, de esto ya
he hablado mucho y también he dicho que es una responsabilidad de
todos.

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted que yo venga o no a la
Comisión. Yo vengo a la Comisión bastante veces. A ésta es verdad que
sólo he venido una vez, pero es que tengo que ir a la de Inmigración
y ahora me han citado a una de la Unión Europea. Entre la Unión
Europea, la de Inmigración del Senado, la de Justicia e Interior del
Congreso, la de Justicia e Interior del Senado tengo seis comisiones
a las que asistir y luego tengo los plenos del Congreso y el Senado.

(La señora García-Hierro Caraballo: Para eso es el Gobierno.)
Es verdad lo que ha dicho sobre la preocupación de los ciudadanos por
las drogas. Es verdad, este es un dato importante, que el inicio en
la edad del consumo no ha bajado y es verdad la consideración que
usted ha hecho, que yo comparto y que he reiterado también, sobre esa
afirmación de que dedicamos solamente el 1,5 por ciento del
presupuesto al tema de la droga. (La señora Romero López pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Alguien quiere intervenir?
Señora Romero, usted conoce las reglas como yo y me parece que la
tolerancia llega a unos extremos límites. Usted ha usado 35 minutos,
quiero recordárselo, cuando le correspondían diez. Le pediría que
interviniese en cinco minutos exactos, porque si no, no salimos de
aquí.




La señora ROMERO LÓPEZ: En menos de cinco minutos, señor presidente.

Quisiera empezar diciéndole al señor ministro que cuando he
finalizado diciendo que un ministro del Interior no puede ser un
riesgo para la seguridad, y esas han sido mis palabras, me estaba
basando en la argumentación que he desarrollado a lo largo de mi
intervención, la paralización legislativa, la falta de medios y la
falta de recursos. No había, en absoluto, ninguna alusión personal
que usted sí ha recogido, no se sabe por qué, y con una referencia a
la etapa anterior que tampoco se sabe por qué. Como esperamos que la
democracia en este país sea larga, tendremos tiempo de seguir
hablando de esto y, a lo mejor, de otra manera.

Le voy a decir, señor ministro, que la oposición no tiene que tener
los datos, ya que los datos operan en el Gobierno. Cuando usted exige
datos para determinadas afirmaciones, no puedo más que manifestarle
los datos que están en prensa. Los datos sobre consumo de alcohol han
salido en la prensa. No tengo por qué buscar datos donde no se nos
facilitan. Además, usted sabrá que las preguntas no suelen ser
respondidas en los



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tiempos reglamentarios y muchas no se suelen responder. En fin, no
vamos a hablar de esa mecánica parlamentaria que no viene al caso. Lo
que sí quisiera decirle, entrando en detalles, es que algunas de sus
respuestas son un tanto displicentes. Señor ministro, aquí en la
Comisión sobre Drogas, lo siento, no venimos a hacer chistes, venimos
a intentar responder a las preguntas que se plantean. Si es verdad
que tiene en marcha ese paquete de iniciativas legislativas, le
urgimos a que lo ponga en marcha, porque lo que hemos denunciado es
que durante el período anterior no se ha hecho.

Señor ministro, cuando le he hablado de que había una
discrecionalidad en las sanciones por el consumo en público, me ha
respondido: yo no soy juez, pero es que yo no estaba hablando de la
sentencia, estaba hablando de las sanciones por consumo en público.

Probablemente no ha seguido el hilo de la intervención, porque no se
puede despacharla simplemente diciendo: yo no soy juez.

Me ha respondido a propósito del presupuesto necesario para la
estrategia europea. Ya sabemos que responsabiliza siempre a las
comunidades autónomas, pero cuando hay un documento europeo que pone
sobre la mesa una necesidad y que pone sobre la mesa el que los
respectivos gobiernos tienen que aportar más medios, si hay gobiernos
que no tienen esos medios -pasó en la Cumbre de Luxemburgo con el
tema del empleo- pueden requerir más fondos europeos, pueden requerir
un presupuesto extraordinario, pueden requerir lo que sea necesario.

Le estamos diciendo que no existen recursos suficientes. Las
comunidades autónomas pueden o no usarlos adecuadamente, ese no es
nuestro debate, porque para eso existen los parlamentos autonómicos.

Sin embargo, sí es nuestro debate fijar que si las prioridades son el
cumplimiento de la estrategia, tiene que existir un presupuesto para
el cumplimiento de la misma. El Gobierno tiene medios y tiene que
tenerlos para que esa estrategia se cumpla, salvo que nosotros
vayamos a devaluarla, porque es así, tiene unos plazos y hay que
cumplirlos.

Me ha pedido que le aporte datos sobre los equipos de investigación.

Le vuelvo a decir lo mismo, operaciones hay muchísimas. Pregunte en
la calle si hay conciencia de que esas operaciones tienen los
resultados satisfactorios para la población. Solamente le he aportado
un dato que es el único que tengo, porque es el que viene en la
memoria del Fiscal General del Estado, son ocho sentencias de
blanqueo en los últimos tres años. Me gustaría tener más datos, pero
es el Gobierno quien tiene que tenerlos. No puede despachar con
displicencia, señor ministro, este tema que no es tan fácil, porque
usted sabe que no tiene nada que ver el número de operaciones con el
número de resultados. Deberían de estar preocupados, como de hecho sé
que lo están, sobre qué procedimientos hay que poner en marcha para
que realmente exista más eficacia en la lucha contra
el narcotráfico. No recurra a la Ley del fondo porque le voy a
tener que decir que también fue de nuestro período y que el
presupuesto extra, que se está teniendo, procede también de esa ley
que pusimos en marcha, no ha sido una ley de este Gobierno. Permítame
que le diga que no me ha convencido, ya sé que los gobiernos no
tienen todos los medios y sé que el Gobierno anterior en el último
presupuesto, redujo las partidas para la lucha contra la droga, pero
ustedes han tenido años florecientes con 4 billones de ingresos por
privatizaciones y no es la situación ni comparable.

Usted me pregunta qué tiene que ver la Agencia Tributaria pues sabe
que tiene que ver y mucho. Otra cosa es que usted quiera hacer
chistes, pero usted sabe que tiene mucho que ver. Sabe además que se
puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Desde luego, yo no
le voy a hacer sus deberes. Sabe que hay muchas medidas que otros
países están poniendo en marcha, como en Inglaterra que hace poco
puso en marcha el registro de narcotraficantes. Existen muchas otras
medidas que han puesto en marcha muchos países, porque la
problemática que se vive hoy no es la misma que la que se vivió hace
unos años. Entonces, señor ministro, no venga haciendo chistes porque
el tema es grave. Nosotros no hemos venido a hacer chistes, ni a
tratar el tema de manera displicente, sino a señalar que existe ese
problema, que ha habido una paralización en la etapa anterior. Es
posible que la oposición siempre crea que los recursos sean
insuficientes, pero nos hubiera gustado reconocer u oír el
reconocimiento por parte del ministerio de que va a haber el
incremento presupuestario para los objetivos que el propio Gobierno
tiene como son la estrategia 2000-2008. Sentimos mucho, señor
ministro, que su respuesta haya ido en ese tono, porque la nuestra no
lo ha hecho, pero, como le he dicho anteriormente, tendremos la
posibilidad y la ocasión de seguir debatiendo sobre estos temas,
porque espero que no tengamos que aguardar otros ocho meses a su
presencia aquí.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún representante de algún grupo
parlamentario quiere intervenir?
El señor vicepresidente primero y ministro del Interior tiene la
palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Un par de comentarios. Si, como usted dice, la
afirmación que hizo al final de su primera intervención no suponía
ninguna alusión personal, entonces lógicamente retiro lo que he dicho
en relación con la misma. En cualquier caso, usted ha dicho otra cosa
que acompañaba a esta primera a la que acabo de hacer referencia, y
es que yo hice referencia a la etapa anterior, cuando lo que yo dije
es que no iba a hacer referencia a la etapa anterior; por tanto, no
hice referencia a la etapa anterior. Eso supone que usted, como yo he



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retirado la primera de mis afirmaciones, tiene que retirar la segunda
de las suyas. En cualquier caso, usted no me puede prohibir a mí que
yo haga referencia a la etapa anterior. Otra cosa es que yo quiera o
no quiera hacer referencia a la etapa anterior, y quien primero hizo
aquí referencia a la etapa anterior fue usted en su primera
intervención, y por eso citamos nosotros lo ocurrido en el año 1995
por razones puramente presupuestarias. Yo creo que así quedan las
cosas razonables.

En cuanto a los datos, yo insisto en que yo digo que doy datos. Doy
datos porque los tengo, y entonces usted dice que la oposición no
tiene por qué dar datos porque no los tiene. ¿Pero cómo que no los
tiene, si se los doy yo? Lo que pasa es que usted no quiere creerse
los datos que le doy yo porque esos datos que le doy yo no le sirven
para los argumentos y para el discurso que usted quiere hacer aquí,
pero de eso no soy responsable yo, digo yo. (Risas.)
Dice usted que yo hago chistes. Creo que yo he respondido a la
inmensa mayoría de las preguntas que se me han hecho por parte de los
distintos intervinientes de la mejor forma que sé y puedo, créame; a
lo mejor no hago las cosas todo lo bien que debiera, pero yo he
respondido a todas las preguntas. En cualquier caso, ¿es que está
prohibido hacer chistes? Ahora me quieren prohibir hablar del pasado
y hacer chistes. Es como si yo digo, que no lo digo, ya que usted
dice que yo hago chistes, que usted parece que está enfadada. Yo
nunca lo diría, pero a lo que sí tengo derecho es a reivindicar la
posibilidad de hacer chistes siempre y cuando responda a las
preguntas que aquí se me hacen y, por tanto, me someta al control
parlamentario, que es mi obligación, y además ya digo que lo hago
casi todos los días, soy el ministro que más comparece a responder a
lo que ustedes tienen a bien preguntar.

En cuanto al presupuesto, yo no responsabilizo a las comunidades
autónomas, ya hace mucho tiempo que hago el ejercicio interior de
responsabilizarme a mí mismo de las cosas que hago y sobre todo de
jugar en el campo de juego que tengo. Tengo el presupuesto que tengo,
me gustaría que aumentase en todas y cada una de las partidas
presupuestarias, pero ya sabe usted que esto no se puede hacer.

Tenemos un presupuesto razonable y con el mismo estamos haciendo -yo
he presentado en mi primera intervención los planteamientos de
futuro- una labor que percibe la gente como bastante eficaz. Hemos
mejorado nuestra eficacia en la lucha contra el narcotráfico; creo
que la sociedad -y esto es muy importante- percibe este problema como
problema básico, pero ya no con tanta intensidad y con tanta
preocupación como hace algunos años, e intentaremos aplicarnos en el
futuro a hacer las cosas de esta manera.

En cuanto a la Comisión de prevención del blanqueo -ya termino, señor
presidente- del Sepblac, como usted sabe, el reporting sistemático es
obligatorio por ley a los sujetos obligados, incluyendo las entidades
financieras. Se han realizado 3.146 actuaciones previas, se han
remitido 217 a la Fiscalía de la Droga y 197 a la Fiscalía
Anticorrupción, se han realizado 27 inspecciones a entidades
bancarias y se han abierto dos expedientes y se han impuesto dos
sanciones. Por tanto, las cosas se van haciendo, aunque yo me quedo
de su discurso con su estímulo para que las hagamos mejor en el
futuro.




El señor PRESIDENTE: Con esto termina el primer punto del orden del
día, que es la comparecencia del señor vicepresidente primero del
Gobierno y ministro de Interior, don Mariano Rajoy, al que damos las
gracias por su comparecencia y yo personalmente por su espléndido
humor.

Suspendemos durante cinco minutos. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LOS HÁBITOS ALCOHÓLICOS QUE AFECTAN A
UNA PARTE DE LA POBLACIÓN JUVENIL, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 161/000867 y
número de expediente Senado 663/000024.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.

Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la
proposición no de ley sobre medidas para corregir los hábitos
alcohólicos que afectan a una parte de la población juvenil.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y
proponente de la proposición no de ley, el diputado Carlos Navarrete.




El señor NAVARRETE MERINO: Buenas tardes, señorías.

Nosotros tenemos presentada una proposición no de ley para corregir
los hábitos alcohólicos que afectan a una parte de la población
juvenil. No voy a entrar, dado lo avanzado de la hora, en los
elementos cuantitativos que se recogen en el cuerpo de nuestra
proposición. Es evidente que hay una tendencia progresiva al consumo
masivo de alcohol entre la juventud, hasta el extremo de que el
consumo de alcohol funciona como una especie de carné que permite la
admisión en la colectividad juvenil, porque constituye uno de los
rasgos, desgraciadamente, identificativos de la juventud en estos
momentos.

Hay problemas que tenemos los seres humanos respecto de los cuales es
posible plantearse su superación. Y hay otros problemas, relacionados
en general con la propia existencia, con la insatisfacción que
provoca la vida cotidiana que llevan al mundo de la evasión: unas
evasiones son perfectamente legítimas y compatibles



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con la salud física y mental, y otras son más complicadas porque
entran en el terreno de las adicciones. De esa manera se produce la
adicción al poder, la adicción al sexo, al dinero, a la droga y,
dentro de ella, quizá como una parte singularizada de la propia
familia, la adicción al alcohol. Por consiguiente, plantearse en este
terreno, como les gusta hacer a los puritanos y a la derecha más
recalcitrante, la posibilidad de superación del tema de la droga o
del tema del alcohol nos parece una tarea imposible. Lo que es más
viable y más realista es plantearse la lucha contra estas adicciones
de la misma manera que se plantea la lucha contra el delito. Se trata
de minimizar la existencia del delito en la sociedad, se trata de
minimizar el impacto de la droga y el alcohol, se trata de minimizar
específicamente el impacto del alcohol dentro de la juventud.

Como todo el mundo tiene su pasado -ustedes también lo tienen-, en
nuestra proposición no de ley tratábamos de recordarles algunas cosas
que ya forman parte, lo quieran o no, de su propio pasado: El
discurso de investidura del presidente Aznar, de mayo de 1996; las
decisiones del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999 y de 4 de
agosto de 2000; la participación española en el plan europeo de
actuación sobre el alcohol o el grupo de trabajo sobre el alcohol y
la salud en la Unión Europea, y diferentes proposiciones no de ley
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular el 19 de julio de
1996, el 5 de marzo de 1999 y el 6 de noviembre de 2000. Algunas
están en ese maravilloso anecdotario del grupo y del Gobierno
popular, como la proposición de 6 de noviembre de 2000, en la que se
solicita algo que, con la facilidad que existe hoy para la
comunicación, sería perfectamente asequible por cualquiera de los
procedimientos telefónicos. Se pide por el Grupo Parlamentario
Popular que el Gobierno impulse las medidas necesarias para limitar
la disponibilidad y accesibilidad de los menores al alcohol,
aplicando con rigor la normativa vigente. Es una especie de
reconocimiento del grupo que hizo esta proposición no de ley de que
su Gobierno no actúa con rigor respecto de la aplicación de la
normativa vigente.

Anécdotas aparte, el hecho es que, si somos coherentes con lo
profundamente arraigado que está en la naturaleza humana el mecanismo
de evasión de la cotidianeidad, de la que forma parte la lucha contra
el alcohol, lo que hay que hacer en esta lucha es ser
extraordinariamente pragmático y, hasta donde sea posible, tratar de
unir fuerzas. Por eso hemos tratado de eludir toda la carga
demagógica que tienen las diferentes actuaciones del Partido Popular
en este tema de la droga y el alcohol, donde parece como si, con la
repetición de las palabras, se quisiera convencer a la opinión
pública de que se está haciendo todo lo posible y todo lo necesario.

Esta última proposición, cuya parte dispositiva dice que el Gobierno
impulsara las medidas necesarias, etcétera, se vio hace
aproximadamente cinco meses en la Comisión de Justicia e Interior, y
se llegó a
un acuerdo con una filosofía parecida a la que estamos planteando en
estos momentos. Nosotros propusimos en la Comisión, y así fue
aceptado en una enmienda transaccional, que el Gobierno viniera a la
Comisión de Justicia e Interior en el plazo de seis meses para
explicar las medidas que se están utilizando en la lucha contra el
alcohol en el ámbito de la juventud. A petición nuestra se incluyó la
apostilla: dando cuenta en esta Comisión, informando, en el plazo de
seis meses, sobre el seguimiento y la eficacia de las medidas
aplicadas. En definitiva, de los distintos puntos que comprende la
parte dispositiva de nuestra proposición no de ley, es el más
significativo, porque, efectivamente, se están utilizando una serie
de medidas, yo no las niego, para luchar contra el alcohol en el
ámbito juvenil, lo que pasa es que esas medidas exigen un examen
detallado en el tiempo. En este instante, se trata de ver cuáles de
las medidas que ha adoptado el Gobierno han sido eficaces y deben
mantenerse, cuáles han sido menos eficaces y deben ser reforzadas, y
cuáles son completamente ineficaces y deben ser sustituidas por otras
nuevas. Este es un ejercicio periódico que debería hacer bien esta
Comisión, bien la de Justicia e Interior o bien la de Sanidad,
cualquiera de las cuales tiene importantísimas competencias en esta
materia. Además, al poder del Estado en su ámbito central le
corresponde la labor definida en el artículo 103 de la Constitución
española y en los primeros artículos de la Ley sobre el régimen
jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento
administrativo común.

En este país existen diferentes administraciones que no pueden estar
permanentemente en una especie de guerra de unos contra otros, y se
trata de que, de vez en cuando, se sienten a colaborar, a coordinar
sus actuaciones y a implicarse desde el punto de vista que les otorga
su propia fisonomía en esta lucha. Antes lo citaba el ministro del
Interior, refiriéndose concretamente a los servicios sociales y a las
administraciones locales en la lucha contra la droga, y ahora lo
citamos nosotros refiriéndonos a las importantes implicaciones de las
administraciones autonómicas y locales en esta materia. Lo que pasa
es que no pueden ir por libre; lo que pasa es que la Administración
central debería tomar las iniciativas que puede adoptar de acuerdo
con los primeros artículos de la ley antes citada. Es verdad que no
todo en la lucha contra el alcoholismo le corresponde hacerlo a la
Administración central, pero puede hacer bastantes cosas; entre
ellas, constituir equipos de colaboración con las restantes
administraciones públicas, e incluso con elementos como las ONG o los
centros escolares, que no tienen mucho que ver con las
administraciones públicas en algunos casos.

Dicho esto, se nos ofrece esta mañana una transaccional, a través de
un compañero que goza de mi aprecio y de mi respeto, y al que me
cuesta tanto trabajo decirle que no como si se tratara de una mujer
bella, que abre la posibilidad de que en este país haya un



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nuevo grupo de estudio, unido a los numerosos que ya existen sobre la
materia. Quizá tendríamos que actualizar aquel dicho de que, cuando
no se quiere resolver un problema, se crea una comisión, ampliándolo
a: o un grupo de estudio. No quiero, en principio, condicionar la
posible eficacia que pudiera tener ese grupo de estudio; lo que digo
es que esa transacción no puede suplantar al compromiso adquirido ya
por el Gobierno, cuyo cumplimiento permite reiterar esta proposición.

Se le dio un plazo de seis meses para traer a la Cámara esas medidas;
no era un plazo fijo, era un plazo máximo y, por consiguiente, podría
haber cumplido ya el compromiso. No lo ha cumplido, y le recordamos
que, antes del 20 de diciembre, debe cumplirlo.

Si las palabras de mi compañero, que intervendrá ahora, dejaran
constancia en el «Diario de Sesiones» de que este compromiso que él
plantea como transaccional no sustituye al adquirido ya por el
Gobierno ante la Comisión de Justicia e Interior, estaríamos en este
caso, y sin que sirva de precedente, de acuerdo con el Gobierno del
Partido Popular y con su grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Como bien ha dicho el señor diputado, hay una
enmienda a la proposición no de ley, que ha propuesto el Grupo
Parlamentario Popular y que defenderá el diputado don Jesús Manuel
Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Señor Navarrete, señoras y señores diputados,
tratando de ser pragmático y huyendo de cualquier tentación
demagógica, aunque recordando -eso sí- que las competencias no son
exclusivas de la Administración central sino que existen unas
competencias de las comunidades autónomas -las 17 comunidades
autónomas y también las ciudades de Ceuta y Melilla tienen todas sus
planes sobre drogas, y en todos ellos se recoge la lucha contra el
abuso del alcohol-, quiero decirles que el compromiso que puede
adquirir hoy la Comisión mixta para el estudio del problema de la
droga no tiene nada que ver -es absolutamente independiente- con el
compromiso adquirido por la Comisión de Justicia e Interior de
esta Cámara. Mis competencias se limitan a lo que va a constar en el
«Diario de Sesiones» de esta Comisión y no al acuerdo que hayan
alcanzado los grupos parlamentarios en otra Comisión. Entiendo que
ese acuerdo, la aprobación de aquella proposición no de ley vincula
al Gobierno.

Por tanto, y a pesar de que entiendo que se han destinado importantes
medidas a la lucha contra el abuso del alcohol, sobre todo por niños
y adolescentes, le voy a proponer una enmienda transaccional a su
proposición no de ley, que rezaría de la siguiente manera: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el seno de la
Comisión de salud del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se cree un grupo de trabajo -no una comisión de estudio sino
un grupo de trabajo- multidisciplinar que siente las bases para la
elaboración de unas recomendaciones en materia preventiva sobre
consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes para seguir los
criterios establecidos en la estrategia nacional sobre drogas
aprobada en 1999.

Esta es la oferta transaccional del Grupo Parlamentario Popular,
señor presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete, ¿acepta la enmienda?



El señor NAVARRETE MERINO: Una vez que se ha salvado la vigencia del
anterior acuerdo que se había establecido en la Comisión de Justicia
e Interior, entendemos que todos los caminos que conduzcan a Roma lo
único que hacen es sumar garantías de que se llegará a Roma.




El señor PRESIDENTE: Señorías, lo procedente es someter a votación,
supongo que por unanimidad, el texto de la proposición no de ley con
la enmienda transaccional.




¿Estamos todos de acuerdo? (Asentimiento.) ¿Se aprueba por
unanimidad? (Asentimiento.)
Si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.