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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 51, de 20/09/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 51
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 13
celebrada el jueves, 20 de septiembre de 2001, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la Tesorería General de la Seguridad
Social, ejercicio 1996. (Número de expediente del Congreso 251/000021
y número de expediente del Senado 771/000086) ...
- Informe de fiscalización especial de liquidación del I Acuerdo
nacional de formación continua, ejercicios 1993-1996. (Número de
expediente del Congreso 251/000036 y número de expediente del Senado
771/000018) ... (Página 1159)
- Ampliación del informe de fiscalización sobre actividad económico-
financiera relacionada con la conmemoración del V centenario del
descubrimiento de América y con la Exposición Universal de Sevilla.
(Número de expediente del Congreso 251/000042 y número de expediente
del Senado 771/000024) ... (Página 1163)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda
(Madrid), ejercicios 1991 a 1995. (Número de expediente del Congreso
251/000062 y número de expediente del Senado 771/000045) ...
Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, EJERCICIO 1996. (Número de expediente del Congreso 251/000021
y número de expediente del Senado 771/000086)
El Señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vamos a comenzar con el
primer punto del orden del día de la sesión número 13 de la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que es el
informe sobre fiscalización de la Tesorería General de la Seguridad
Social, ejercicio 1996.
Se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo
Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora
Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: El Grupo Parlamentario Popular ha hecho un
análisis de las diferentes propuestas de resolución que han
presentado los grupos parlamentarios a la vista del informe que
emitió el Tribunal de Cuentas y cuyo debate se celebró en la última
reunión de esta Comisión.
La Tesorería General de la Seguridad Social es el servicio común que
coordina a efectos económicos todas las gestiones, prestaciones,
cobros y derechos patrimoniales del resto de entidades gestoras de la
Seguridad Social y depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Desde el punto de vista de su gestión contable ha ido
realizando distintas actuaciones en recaudación, tanto en vía
ejecutiva como voluntaria, para mejorar día a día todos aquellos
mecanismos que tiene para el control de los débitos y de las
percepciones que pudiera tener. De todos es conocido que la gestión
de un servicio común que tiene las principales obligaciones de pago y
los derechos de cobro de los presupuestos de toda la Seguridad Social
no es un tema fácil por cuanto sus competencias son muy extensas y
mueven los presupuestos de la Seguridad Social, unos 16 ó 17 billones
de pesetas, lo cual hace ver la dificultad
de cambiar u orientar de un año para otro la gestión dada su
complejidad.
Hemos leído de forma detallada las propuestas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista para que la tesorería general facilite una
contabilización efectiva de las deudas del Estado con la Tesorería
General de la Seguridad Social. Voy a pasar a comentar nuestra
posición sobre las propuestas de resolución. Estima el grupo
parlamentario al que represento que la resolución número 4 que acabo
de mencionar sobre las posibles deudas de otras entidades estatales u
organismos del Estado están siendo objeto de un riguroso seguimiento.
Si aceptáramos esa propuesta de resolución complicaríamos mucho la
gestión de Tesorería, por lo que el Grupo Parlamentario Popular no va
a apoyarla.
La propuesta número 2 habla de un sistema de información. La
tesorería general ha creado, en la gerencia de informática, sus
propios medios de información. Los procesos de seguimiento, tanto en
la fase recaudatoria como en la voluntaria, están siendo objeto de
una revisión y por esa vía va a seguir funcionando la tesorería. En
relación con un intercambio centralizado de ficheros informáticos, si
bien al pie de la letra, tal como establece la resolución, no nos
parece lo más ajustado, hay que decir que la tesorería ya intercambia
información con la Dirección General de Tráfico, con la Dirección
General del Tesoro, con la Dirección General de los fondos
comunitarios y financiación territorial con determinadas
corporaciones locales, con diputaciones forales de Álava, Vizcaya,
Guipúzcoa y Navarra y, a nivel periférico, existe intercambio con los
servicios de índices del Registro de la propiedad. Esa propuesta
queda ya englobada en las gestiones que tiene encomendadas en ese
ámbito la tesorería.
En relación con la propuesta número 7, que coincide con la número 16
del grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), existe
protección para la confidencialidad prevista en la Ley de Protección
de Datos, por lo que excede de lo que mi grupo podría aceptar.
En cuanto a la propuesta de resolución número 8, que incide en la
notificación de la reclamación de la deuda yla providencia de apremio
al deudor, tengo que poner en
conocimiento de esta Cámara que existe al efecto el reglamento
general de recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad
Social que desarrollaba la Ley 40/1980, de Inspección e Infracción a
la Seguridad Social, que ha sido objeto de modificación para
perfeccionar los posibles errores que pudiera haber. Aunque se hable
de una mayor economía administrativa, el hecho de notificar en un
solo procedimiento el acto y la resolución podría hacer incurrir al
deudor en indefensión ante la Administración pública -en este caso al
servicio común de la Seguridad Social-, puesto que un procedimiento
de apremio no trata de la notificación en vía voluntaria, sino que el
Estado, con toda su fuerza, traba embargo sobre los bienes del
deudor. Podría decirse que se faculta a la Administración para actuar
de forma arbitraria y se la podría acusar de desviación de poder.
Creemos que esa propuesta tampoco es ajustada a los criterios que
deben obrar hoy en el seno de un orgáno como la Tesorería General de
la Seguridad Social, ya que se trata, en definitiva, de la actuación
estatal.
En relación con las modificaciones y reorganizaciones de las unidades
de recaudación ejecutiva, tengo que decir que ya se han iniciado, que
han sido dictadas resoluciones al respecto por parte de la Dirección
General de la Tesorería de la Seguridad Social y que en esta
orientación se están contemplando todas estas reorganizaciones para
adaptarlas al proceso de recaudación ejecutiva que tiene encomendado
por ley la Seguridad Social. Tampoco cabría admitir lo que ya se ha
ido corrigiendo a lo largo de estos años. No hay que olvidar que
estamos hablando de la fiscalización de este servicio común respecto
del año 1996 y que desde entonces hasta hoy la Seguridad Social ha
mejorado muchas cosas tanto en la vía ejecutiva como en la
voluntaria.
Por lo que se refiere a los bienes muebles que se puedan trabar en un
procedimiento de apremio, se ha establecido la conexión telemática en
relación con la traba y embargo y eso ha sido tenido en cuenta a la
hora de aprobar esas resoluciones del director general de Tesorería
que, en definitiva, conllevan una mayor agilidad de la gestión del
procedimiento de apremio que tiene encomendada la Tesorería de la
Seguridad Social Esta propuesta de resolución coincide con la número
14 que también ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(convergència i Unió). Damos una respuesta uniforme porque entra en
contadicción con los argumentos del grupo parlamentario al que
represento. Lamentamos no poder acoger las propuestas de resolución
porque exceden del ámbito global del informe que emitió el Tribunal
de Cuentas. La tesorería en los cinco años que han transcurrido desde
la fiscalización de 1996, ha seguido, de motu proprio, corrigiendo
determinados desajustes. A tal efecto, mi grupo ha presentado también
sendas propuestas de resolución más acordes con el contenido del
informe emitido por el Tribunal de Cuentas, con los problemas que
pudieran derivarse de la gestión de la Tesorería General de la
Seguridad Social. Pasaré a defender las propuestas, ya que entendemos
que la tesorería debe continuar con su labor de unificar los
criterios contables para una mayor transparencia de su gestión.
También debe continuar con el establecimiento de cauces de
información con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, para
que se pueda perseguir de forma mucho más transparente, ágil y
efectiva, como ya viene haciendo, la morosidad de los deudores
Finalmente, nos ha parecido muy razonable que se continúe con la
actualización de la información que ofrecen los estados contables en
materia de inmovilizado, de forma que reflejen la realidad
patrimonial de la Tesorería de la Seguridad Social, puesto que es ese
servicio común que ostenta la titularidad de todos los bienes
patrimoniales y eso daría mayor claridad a efectos de poder hacer un
seguimiento exhaustivo de las labores que tiene encomendadas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las propuestas de resolución
que presenta el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor
Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Mi grupo parlamentario ha presentado ocho
propuestas de resolución al informe de fiscalización de la Tesorería
General de la Seguridad Social, ejercicio 1996. Estas ocho propuestas
van en la línea que marca el Tribunal en su informe, tanto en las
recomendaciones como en sus conclusiones y, por tanto, nos hacemos
eco de un informe de fiscalización en el que se han manifestado
diversas cuestiones que son susceptibles de una mejora bastante
notoria.
En la primera propuesta de resolución incidimos en la incoherencia
que supone la no contabilización efectiva de la deuda de Estado con
la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de
la asistencia sanitaria prestada por el Insalud, instando al Gobierno
a que establezca los mecanismos precisos para llevar a cabo esta
operación. Aun sabiendo que puede haber una dificultad teórica en la
realización de esta propuesta creemos que ello arrojaría beneficios
en cuanto a la transparencia y la realidad contable de nuestro
sistema de Seguridad Social.
En la segunda propuesta se insta al Gobierno a que ponga en práctica
un sistemna de información que permita controlar y seguir los
parámetros claves en las diferentes fases y procedimientos
recaudatorios.
En la tercera propuesta se insta al Gobierno a que fomente la
integración de las bases de datos de la tesorería general con las de
aquellas entidades públicas que puedan facilitar información sobre
deudores. Creemos que cualquier trabajo que se haga en esta línea
puede ser poco teniendo en cuenta el informe realizado por el
Tribunal de Cuentas.
En la cuarta propuesta se insta al Gobierno a que proceda a la
reforma del procedimniento de cobro aplicado a aquellos deudores que
sean simultáneamente
acreedores de la propia tesorería mediante el mecanismo de la
compensación de los citados derechos y obligaciones. Aun sabiendo que
posteriormente ha habido modificaciones en esta materia en el
Reglamento general de recaudación, creemos necesario hacer hincapié
en esta materia porque incidiría en una mayor agilidad en cuanto a
los procedimientos recaudatorios. En la misma línea va la quinta
propuesta, que incide en la necesidad de simplificar procedimientos
de cobro.
En la sexta propuesta de resolución nuestro grupo insta al Gobierno a
que se modifique la organización de las unidades de recaudación. Las
afirmaciones que se hacen en el informe revelan que era necesaria una
reorganización de este sistema, partiendo de las consideraciones que
se hacen en el propio informe. En la séptima propuesta se incide en
la necesidad de que la Administración aumente el número de
instrumentos de coordinación en la línea que se manifiesta el
Tribunal. Por último, en la octava propuesta se insta al Gobierno
a que extienda los sistemas alternativos a los actualmente existentes
que permitan una rápida y efectiva traba de bienes, así como la
obtención de un mayor grado de realización en los procedimientos de
enajenación forzosa de bienes embargados. En esta línea, nosotros
manifestamos, tal y como señalaba el informe, que los resultados no
son satisfactorios a la vista de las consideraciones que se hacen en
él.
En cuanto a nuestra posición sobre las propuestas de resolución de
los otros grupos parlamentarios, vamos a votar en contra de las tres
del Grupo Parlamentario Popular porque se basan en una labor de
continuidad que en modo alguno se está produciendo; las deficiencias
siguen estando vigentes a día de hoy, independientemente de que el
Grupo Popular considere lo contrario.
Con relación a las propuestas que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), vamos a votar a favor porque entran
dentro de las consideraciones que nuestro grupo parlamentario ha
hecho en cuanto a las propuestas de resolución de este informe.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señorías, mi grupo parlamentario ha
presentado cinco propuestas de resolución a este informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas divididas en dos bloques. El
primer bloque es el relativo a medidas que el Gobierno debería
impulsar tendentes a que la Tesorería General de la Seguridad Social
mejore alguno de los procesos en la gestión de las competencias que
le corresponden. El segundo bloque contiene dos propuestas de
resolución que instan al Gobierno a incidir en esas mejoras
progresivas en la gestión de este organismo de la Administración
general del Estado. En concreto, en la primera de las tres del primer
bloque -numerada, según los servicios de la
Cámara, como la número 12- proponemos que se establezca un sistema de
información que permita el control y el seguimiento de los agentes
responsables de la gestión de los parámetros claves de las diferentes
fases y procedimientos recaudatorios.
La segunda propuesta de resolución, con el número 13, insta al
Gobierno a que la Tesorería General de la Seguridad Social fomente la
segmentación de la deuda existente en función del tamaño y de la
naturaleza pública o privada de los sujetos obligados a pago y cree
unidades especializadas en seguimiento y gestión de grandes empresas.
La tercera, que sería la número 14, pide que se formalice un
concierto con las entidades financieras para la obtención de
información en materia de recaudación ejecutiva.
Por lo que se refiere a la propuesta de resolución número 15 de ese
segundo bloque, instamos al Gobierno a fomentar la integración de las
bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social con las
de aquellas entidades públicas, especialmente la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para poder informar sobre sus deudores.
Finalmente, la quinta propuesta de resolución, con el número 16,
insta al Gobierno a proceder a la reforma del procedimiento de cobro
de aquellos deudores que sean al mismo tiempo acreedores de la
tesorería general u otros organismos públicos, de forma que sea
posible la compensación de derechos y obligaciones.
Antes de anunciar la posición de mi grupo respecto a las propuestas
de resolución que han presentado el Grupo Popular y el Grupo
Socialista, fijaríamos nuestra posición en el momento del voto,
siempre desde la coherencia de los planteamientos que figuran en las
propuestas de resolución de mi grupo parlamentario. Quiero hacer un
comentario marginal, relativo a la intervención de la portavoz del
Grupo Popular. Es cierto que, en general, todos los organismos
dependientes del Gobierno o de la Administración general del Estadoo,
año tras año, y en función de las propuestas de resolución que se
aprueban en esta Comisión o en otros órganos de este Parlamento, van
mejorando la gestión de los recursos, en este caso, de las
prestaciones que gestiona esta entidad. Debe también remarcarse que
los grupos parlamentarios de esta Comisión periódicamente fijamos
posición sobre las recomendaciones y conclusiones del Tribunal de
Cuentas. En casos como el que nos ocupa, un informe del tribunal del
año 1996, es fácilmente imaginable que no todos los grupos
parlamentarios tenemos la información actualizada para comprobar in
situ cuáles son las mejoras que puntualmente van introduciéndoseen la
gestión de los puntos que estamos tratando. Hay un cierto desfase que
se produce en casi todas las Comisiones que estudian estos informes.
Estamos hablando en este caso de un informe del año 1996, en
ocasiones de 1995, no sólo relativos a la gestión de ayuntamientos u
otras administraciones locales, sino, muy especialmente, de gestión
de organismos que dependen de la Administración general
del Estado. Cuanto más lejos quedan en el tiempo mayores
posibilidades tenemos de encontrarnos con la grata sorpresa -entre
comillas- de que se han introducido ciertas mejoras que aplaudimos.
Repito que a veces hay un cierto desfase entre las recomendaciones
del Tribunal de Cuentas con la defensa que hace el grupo mayoritario.
Celebramos que esos informes vayan incorporando las mejoras de la
Comisión y del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las propuestas
que acaban de ser defendidas.
Votamos las propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. (El señor Martí i Galbis pide la palabra.)
El señor Martí tiene la palabra.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, quiero pedir votación
separada de cada una de ellas.
El señor PRESIDENTE: ¿De las del Grupo Parlamentario Socialista?
El señor MARTÍ I GALBIS: Sí, señor presidente, de las del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Propuesta número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
ocho; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta numero 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
ocho; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
ocho; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
nueve; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LIQUIDACIÓN DEL I ACUERDO
NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA, EJERCICIOS 1993-1996. (Número de
expediente Congreso 251/000036 y número expediente del Senado 771/
000018.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día: Informe
de fiscalización especial de liquidación del I Acuerdo nacional de
formación continua. Para la defensa de las propuestas de resolución
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: En relación con el informe de fiscalización
especial de la liquidación del I Acuerdo nacional de formación
continua, ejercicios 1993-1996, mi grupo presenta cuatro propuestas
de resolución que recogen el tenor general que se desprende de las
conclusiones del citado informe. En primer lugar, se insta al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a adoptar las medidas
necesarias para analizar las gestiones pertinentes para que el INEM
manifieste, en el plazo más breve posible, la conformidad o
disconformidad con la liquidación definitiva realizada por el FORCEM
del primer Acuerdo nacional de formación
continua. En la segunda propuesta de resolución instamos al
Ministerio de Trabajo a adoptar las medidas normativas precisas que
permitan al INEM la normalización de los fondos destinados a la
formación continua provenientes de la cuota de formación profesional,
para que puedan ser aplicados por la formación correspondiente a la
financiación de acciones formativas en las convocatorias de
ejercicios subsiguientes, dentro de la vigencia del actual Acuerdo
nacional de formación continua. En la tercera propuesta de resolución
se insta al Ministerio de Trabajo para que el INEM modifique el
procedimiento de concesión de ayudas a la formación continua, a fin
de que se no se produzcan recursos inutilizados como consecuencia de
los desfases que se producen entre las cantidades económicas
concedidas y posteriormente realizadas por los adjudicatarios. En la
cuarta propuesta de resolución, mi grupo va a aceptar la propuesta
transaccional que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en la cual
se insta a que, en desarrollo de lo establecido en el tercer Acuerdo
nacional de formación continua, en las resoluciones que aprueben los
gastos de funcionamiento de la fundación subvencionados por el INEM
se adopten los mecanismos específicos que sean precisos para
garantizar el cumplimiento y control en aplicación de los principios
de publicidad y concurrencia.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las propuestas que presenta
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán ha
presentado también cuatro propuestas de resolución. La primera de
ellas insta al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesarias
que permitan al INEM a seguir utilizando en un ejercicio determinado
los fondos no aplicados por el FORCEM en el ejercicio anterior
mientras permanezca en vigor el acuerdo nacional de formación
continua vigente en cada momento. La segunda propuesta de resolución
insta al Gobierno a modificar el procedimiento de concesión de ayudas
previsto en la convocatoria de ayudas a la formación continua, de
forma que no sea posible que el solicitante de la ayuda reconfigure
su plan formativo una vez presentada la subvención y producida una
solución de concesión del director general del INEM, que es una
circunstancia que se ha producido en diversas ocasiones, según el
mismo informe del Tribunal de Cuentas y también ha ocurrido en
informes anteriores.
En relación con la tercera propuesta de resolución, personalmente
esperaba al turno correspondiente de aceptación de la propuesta del
texto transaccional del Grupo Popular, pero atendiendo a la
intervención del portavoz socialista me adheriré, aunque formalmente
no sea quizá respetuoso, y provecho para anunciar la
aceptación de dicha propuesta por parte de mi grupo parlamentario, ya
que incorpora la propuesta en la que inicialmente instábamos al
Gobierno a incluir en el marco jurídico regulador de las relaciones
del INEM con la Fundación de Formación Continua una referencia que
estableciera explícitamente el respeto de los principios de
concurrencia y publicidad en las contrataciones que realice la
fundación, pero, repito, aceptaremos el texto transaccional que nos
presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, hemos presentado una cuarta propuesta de resolución,
aunque en este caso no es consecuencia directa de las conclusiones
expresadas por el Tribunal de Cuentas en este informe. Lo que hacemos
es recuperar el contenido de una moción que se aprobó en el Senado y
presentarlo en este informe a través de esta propuestas que
concretamente insta al Gobierno y a los agentes sociales integrantes
de la Fundación FORCEM a que avancen en la territorialización de los
recursos de dicha fundación por comunidades autónomas, al objeto de
aumentar el grado de efectividad de la formación continua. Repito que
este contenido es fruto de una moción aprobada por el Senado en la
anterior legislatura. Por tanto aquí acabaríamos nuestra intervención
dejando para el momento de la votación la fijación de nuestra
posición en relación con el resto de las propuestas de resolución
presentadas por el resto de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Mi grupo parlamentario ha presentado dos
propuestas de resolución, una que se derivaría más directamente del
informe presentado por el Tribunal de Cuentas y otra que explicaré
dentro de breves momentos. En lo que se refiere a la primera, sólo
hemos presentado una derivada directamente de este informe de
fiscalización porque, como se decía hace unos instantes, el tiempo ha
hecho que una serie de circunstancias que estaban incorporadas en las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas actualmente ya se hayan
corregido, debido a lo cual entendíamos que en aras de una mayor
eficacia se podían obviar. Después 1o explicaré más detenidamente en
cada una de las propuestas que presenta el resto de los grupos. Sin
embargo, uno de los temas importantes y que conviene realzar, en
coincidencia también con la opinión del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo de Convergència i Unió, es la necesidad de
garantizar una escrupulosa aplicación y corrección de los principios
de publicidad, libertad y concurrencia en lo que se refiere a las
contrataciones, en este caso no ya de la Fundación FORCEM, sino de la
nueva fundación que ha sustituido a la anterior, y que ha sido el
objeto de esta propuesta transaccional que hemos planteado a los
grupos, con el texto que hemos leído hace un momento y
que facilitaremos ahora a los servicios de la Cámara. Esta propuesta
estaría en la misma línea de lo que pretendían todos los grupos en
sus propuestas de resolución, nosotros en la número 9, el Grupo
Parlamentario Socialista en la número 4 y el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió en la número 7.
También hemos incorporado la número 10, de acuerdo con la numeración
dada por la Cámara, que se refiere a la conveniencia de que por el
órgano fiscalizador se incorpore en el futuro -además de las
fiscalizaciones donde se incluyen, igual que en este informe que
hemos visto, hasta el año 1996, los criterios o todo lo que se
refiere al estudio de las aplicaciones de los créditos- un muestreo
amplio, que permita a los grupos parlamentarios conocer cuál ha sido
el destino final de esos fondos y cuáles han sido las organizaciones
o empresas destinatarias de los mismos, así como los colectivos, por
sectores y actividades, a los que han ido dirigidos los fondos a la
hora de la formación continua. Este amplio muestreo nos permitiría
valorar con mayores elementos de juicio la correcta aplicación y
gestión de los fondos públicos. Efectivamente, el volumen que se
destina en estos acuerdos a formación continua es importante y esto
nos permitiría comprobar incluso si se han aplicado correctamente los
principios de concurrencia, a través de la incorporación por el
órgano fiscalizador del Tribunal de Cuentas de un muestreo de las
actuaciones que en cada uno de los planes de formación continua se
han llevado a cabo. Corno decimos, esto debería incorporarse en el
futuro, en las distintas fiscalizaciones del segundo, ya terminado
también, o del tercero, actualmente en vigor.
En relación a las propuestas de resolución que presentan el resto de
los grupos, la posición del Grupo Parlamentario Popular es la
siguiente en cada una de ellas. En principio estamos dc acuerdo en
cómo están planteadas, porque derivan directamente, como así se ha
indicado, de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su
informe. Sin embargo, como decía hace un momento, estamos ya en el
año 2001 y el propio devenir del tiempo ha hecho que se corrigieran
muchas de las deficiencias que se detectaban en ese momento y que
eran objeto de recomendación por parte del Tribunal de Cuentas,
algunas de ellas por la aplicación de las convocatorias siguientes y
la reestructuración de los órganos que ahora mismo deciden y
gestionan estos fondos o, en otro caso concreto, porque exceden de la
esfera de actuación del propio Ministerio de Trabajo a través del
Instituto Nacional de Empleo. En este sentido, no vamos a votar a
favor la propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, por
cuanto se entiende que debe ser la Intervención General del Estado la
que dé o no la conformidad a la liquidación presentada en su día por
FORCEM, de acuerdo con las directrices que ha marcado la Intervención
General del Estado, y por cuanto se considera por parte del INEM,
como no puede ser de otra manera, que en ese primer acuerdo nacional
de formación continua la Fundación FORCEM era de ámbito privado que
aplicaba la contabilidad privada, por lo que no puede ser en este
caso el INEM el que dé o no la conformidad a esa liquidación, sino la
Intervención General de la Administración del Estado, a la que el
INEM ha cursado esa solicitud oficial para que se proceda
definitivamente a manifestar si está acorde o no la liquidación que
se presentó en su día. Por tanto, repito, no vamos a votar a favor
porque no es el INEM, de acuerdo con las directrices de la
Admistración general del Estado, del Ministerio de Hacienda, quien
debe presentar o dar el visto bueno a esa liquidación.
En la propuesta numero 2 se dice, también de acuerdo con una de las
recomendaciones del Tribunal, que se permita la reanualización de los
fondos a través del mecanismo que técnicamente está previsto, que es
la incorporación de créditos que figura en el artículo 73 de la Ley
General Presupuestaria. En su día y por parte del Ministerio de
Trabajo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fue objeto de
una enmienda para posibilitar esa incorporación de crédito. Sin
embargo, no fue aceptada y las leyes anuales de Presupuestos
Generales del Estado han declarado en los últimos años en suspenso
esa posibilidad de incorporación de créditos, por lo que no
corresponde en este caso al Ministerio de Trabajo decidir si se puede
o no hacer, sino que, como ya he indicado, dicho departamento planteó
esa enmienda pero no fue aceptada. Por tanto habría que volverla a
plantear en la próxima tramitación de la Ley General de Presupuestos
del Estado, si es que dentro de esos principios que recogía la del
año 2001 se abre la posibilidad de que se incorporen estos remanentes
de crédito. Por consiguiente no parece factible en este momento
aprobar esa propuesta de resolución, puesto que no estaría ahora
mismo en la esfera de competencia ni del ministerio ni de la
propuesta en sí de esta Comisión modificar lo que es el mecanismo que
prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a la propuesta de resolución número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, recoge una de las cuestiones sobre las que
decía que el propio devenir del tiempo ya ha subsanado. El
procedimiento de liquidación de las ayudas se ha modificado, tanto en
el segundo acuerdo en formación continua como en el tercero, que
desde enero de este año está en vigor. Esa cuestión está ya
perfectamente delimitada en esta nueva gestión, por lo que no vamos a
aprobarla.
La propuesta de resolución número 4 es la que hemos planteado como
transaccional al Grupo Parlamentario Socialista, por lo que si dicho
grupo está de acuerdo en los términos que la hemos planteado, por
supuesto, estaremos a favor.
Respecto de las propuestas de resolución planteadas por el Grupo de
Convergència i Unió, por lo que se refiere a la número 5 serviría el
mismo argumento que acabo de definir respecto de la número 2, del
Grupo Parlamentario Socialista, puesto que incide en el
mismo aspecto de la incorporación de créditos, por lo que doy por
reproducida mi intervención respecto de ese punto.
En cuanto a la propuesta de resolución número 6, la propia
convocatoria de los planes del año 2001 ha subsanado las
posibilidades que anteriormente se permitían de reconfiguración de
los planes de formación y actualmente se imposibilita a la misma.
Entendemos que de cara a la adaptación actual de estas propuestas de
resolución, tampoco sería necesario incorporarla ahora a dichas
propuestas.
La propuesta de resolución número 7 es la que hemos transaccionado.
En cuanto a la número 8, en la que se pide una mayor
territorialización de los fondos en términos generales, nuestro grupo
entiende que los planes de formación que se presentan actualmente
tienen un enfoque más global que abarca la generalidad del Estado y
que los gestores de los planes de formación se ciñen cada vez menos a
un enfoque local o autonómico en sus planteamientos, desplegando lo
que son sus planes y actividades a empresas con centros en todo el
territorio nacional. En cualquier caso, creemos que el sistema actual
garantiza en mayor medida los principios de unidad de mercado y de
libre circulación de los trabajadores, dentro de lo que es el
desarrollo de las acciones de formación continua, que nos parece un
aspecto muy importante que se debe tener en cuenta. No obstante, por
si le sirve al Grupo Parlamentario Catalán, en la convocatoria de los
planes de formación continua correspondiente al año 2001, como
novedad, existen una serie de mecanismos correctores que no permiten
una concentración excesiva de las acciones en un territorio
determinado, es decir, dentro de lo que esa convocatoria y de los
planes que se presentan a la misma, hacen posible que en un momento
determinado se decida por quien corresponde que no se concentren en
un determinado territorio. Nosotros creemos, por el principio que
hemos señalado, que hay que primar la libertad del mercado de trabajo
y la libre circulación de los trabajadores, por lo que se deben hacer
planes globales que tengan un amplio arco y que, al mismo tiempo,
supongan mayores posibilidades para todos los centros, empresas y
trabajadores del territorio nacional.
En definitiva, no votaremos a favor de las propuestas de resolución
de ninguno de los grupos por los motivos que he expuesto, a excepción
de las números 4 y 7 que han sido transaccionadas, por lo que
entendemos que se subsumen en una y que seran objeto de una votación
única, independiente de la del resto de las propuestas presentadas
por cada grupo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, dado que la audición desde la Mesa ha sido nada más
que regular, yo le rogaría a la señora Ruiz que acercara a la Mesa el
texto de la enmienda transaccional. En segundo lugar, salvo que los
portavoces
me digan lo contrario, voy a someter a votación conjuntamente las
propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, menos la
número 4; agrupadas todas las del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), menos la número 7, y agrupadas todas las del
Grupo Popular, menos la número 1. ¿Están de acuerdo sus señorías?
El señor PEREA CORTIJO: Señor presidente, solicitaríamos votación
separada de la número 8 de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, señorías, vamos a proceder a la
votación de las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
siete; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 4, transaccionada con la número 1 del Grupo Popular y
la número 7 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas correspondientes al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas números 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
ocho; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 7 transaccionada con la número 1 del Grupo Popular
y la número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, ya no hace falta
votarla.
La enmienda número 8 del grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) se vota separada, de acuerdo con el deseo del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; votos en contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Popular puesto que la
número 9 ha quedado aprobada al transaccionarse con la de los
restantes grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
votos en contra, 6; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- AMPLIACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE ACTIVIDAD
ECONÓMICOFINANCIERA RELACIONADA CON LA CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA Y CON LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE
SEVILLA (Número de expediente Congreso 251/000042 y número de
expediente Senado 771/000024)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el tercer punto del orden del día,
correspondiente a la ampliación del informe de fiscalización sobre la
actividad económicafinanciera relacionada con la conmemoración del V
centenario del descubrimiento de América y con la Exposición
Universal de Sevilla, no tiene ninguna propuesta.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA
(MADRID), EJERCICIOS 1991 A 1995. (Número de expediente Congreso 251/
000062 y número de expediente Senado 771/000045)
El señor PRESIDENTE: Punto 4 del orden del día, informe de
fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid) para
la defensa de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Acosta.
El señor ACOSTA CUBERO: Voy a exponer las propuestas de resolución
del Grupo Parlamentario Socialista sobre el informe de fiscalización
del Ayuntamiento de Torres de la Alameda que tuvimos la oportunidad
de debatir el 25 de junio del presente año y voy a fijar la posición
de mi grupo en torno a las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta dos propuestas de
resolución en torno al informe de fiscalización referido. La primera,
prácticamente obligatoria, insta al Ayuntamiento de Torres de la
Alameda al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el
informe de fiscalización; al convertir las recomendaciones en
resoluciones por esta Comisión, resulta evidente que tienen desde
luego más fuerza para que el Ayuntamiento corrija los defectos
enunciados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización
En la segunda propuesta solicitamos al Tribunal de Cuentas una
fiscalización nueva de ese ayuntamiento, es decir, de un período de
tiempo distinto del fiscalizado, los ejercicios del año 1996-2000.
En el informe del Tribunal de Cuentas que estudiamos el 25 de junio
hay parte de la fiscalización que no ha podido ser comprobada al
denunciar el Tribunal de Cuentas la falta de archivo municipal o la
falta en el mismo de documentos y expedientes claves para algunos
asuntos. Tuve la oportunidad de decir, y lo reitero, que en las
alegaciones del alcalde, cuya gestión corresponde a nueve décimas
partes del tiempo fiscalizado
-una décima parte corresponde a otro Alcalde, segunda mitad del año
1995-, informaba de la existencia de un archivo ordenado y magnífico.
Sin embargo, en los años posteriores este archivo o está desarbolado
o está falto de documentos. También queremos conocer en los años
1996-2000 cómo se efectúa la corrección de los errores denunciados
por el Tribunal de Cuentas, así como en la nueva gestión existente.
Todo esto nos lleva a pedir la fiscalización de este Ayuntamiento de
nuevo en el período de esos cuatro años, 1996-2000, ambos inclusive.
Señor presidente, vamos a fijar nuestra posición sobre las propuestas
del Grupo Parlamentario Popular. En la propuesta número 1 dicho grupo
pide que se envíe al Ayuntamiento las conclusiones y recomendaciones
contenidas en el informe de fiscalización y, además, insta al mismo a
que dé cumplimiento a las recomendaciones realizadas. La parte
primera es reiterativa porque el ayuntamiento ya tendrá el informe de
fiscalización y conocerá las resoluciones, y la segunda parte, instar
al ayuntamiento a que dé estricto cumplimiento, se corresponde
exactamente con la nuestra. Por tanto, a pesar de la reiteración,
vamos a votar a favor de esta primera propuesta. Sin embargo, sobre
la 2 y la 3 quiero que conste en el «Diario de Sesiones» nuestro más
rotundo no a estas propuestas de resolución. Desconozco quién ha sido
el redactor, aunque he leído en otras resoluciones el mismo tono y la
misma desmesura -recuerdo una en torno al Ayuntamiento de Alcorcón-.
La redacción está repleta de los siguientes tenores: múltiples
irregularidades, falta absoluta, incumplimiento sistemático,
numerosas irregularidades, lo cual, señorías, no es lo que se deduce
del informe del Tribunal de Cuentas, estos valores absolutos en torno
a actuaciones municipales, y no pueden deducirse ni aceptarse
redacciones de este tipo. Ahora viene el estrambote; si esto fuera un
soneto, sería con estrambote. El estrambote de la propuesta número 3
es que pide que esta Comisión inste al Tribunal de Cuentas a que por
la sección de enjuiciamiento de dicho Tribunal se estudien las
posibles responsabilidades que puedan generarse por los hechos
comprobados en el informe de fiscalización. Señorías, si el Tribunal
de Cuentas hubiera visto en las irregularidades y anomalías
detectadas causa penal o responsabilidades posibles, habría hecho
pieza separada y lo habría llevado él mismo a la sección de
enjuiciamiento. El no llevarlo es que no ha visto ningún motivo para
hacer lo que aquí se nos pide que le pidamos nosotros al Tribunal de
Cuentas.
Reitero mi intervención del 25 de junio. Por el Grupo Municipal
Popular de Torres de la Alameda, se llevó al anterior alcalde, ése a
cuya gestión corresponden nueve décimas partes de lo fiscalizado, 70
veces a los tribunales, 70. Ninguna de esas denuncias supuso
encausamiento. ¿A qué viene, pues, ahora insistir, de no buena
manera, en pedir un encausamiento en la sala de enjuiciamiento de
dicho Tribunal del anterior alcalde?
Es muy sencillo también. Habrá que deducir que estamos, como en otros
escritos o resoluciones que hemos visto en esta Comisión, más ante un
elemento de propaganda que de rigor y de verdad y, como es evidente,
este grupo no va a apoyar la propaganda política que quiere hacer el
Partido Popular en Torres de la Alameda. Quede claro, pues, que vamos
a votar en contra. Señor presidente, a la hora de la votación, separe
las propuestas del Partido Popular en dos, la 1 y el resto, porque
nuestra votación será distinta. Un consejo. Decía Talleyrand, aquel
ministro francés de la monarquía, de la república y del imperio, que
todo lo excesivo es insignificante. Estamos ante lo excesivo. A ver
si va a quedar en insignificante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular,
señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: En primer lugar, voy a defender las
propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular y a fijar
posición en cuanto a las propuestas presentadas por el Grupo
Socialista. Me voy a adelantar diciendo que quien hace aquí la
propaganda política es el Grupo Socialista, no nosotros. Nosotros nos
basamos en el rigor de los informes que presenta el Tribunal de
Cuentas. Por tanto la intervención anterior ha sido muy desafortunada
al intentar defender la gestión de un alcalde que no tiene defensa
ninguna, y el informe del Tribunal de Cuentas es claro y taxativo.
Paso a defender la propuesta de resolución número 1 del Grupo
Popular, que dice que se manden las conclusiones y recomendaciones al
pleno del Ayuntamiento de Torres de la Alameda. Esto siempre se hace
por parte del Tribunal, pero yo creo que se debe dejar constancia de
que la propia Comisión lo aprueba institucionalmente y, por tanto,
esto lo van a conocer todos los vecinos del ayuntamiento.
La segunda propuesta ante la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas hace constatar -y así lo dice el informe, nos
atenemos a lo que dice el informe de fiscalización- las múltiples
irregularidades existentes en el sistema contable de los ejercicios
fiscalizados, existiendo una falta absoluta de control interno y un
incumplimiento sistemático de las normas legales, siendo además
especialmente grave la falta de expedientes contractuales en la
ejecución de las partidas presupuestarias, con cantidades que no han
sido justificadas -y así lo dice el informe-, en especial en la
comisión de festejos, que no ha rendido cuenta en ninguno de los
ejercicios fiscalizados. Lo dice el informe textualmente, no se lo
inventa nadie, señorías.
En la propuesta de resolución número 3 también nos atenemos a los
hechos constatados y basados en el informe de fiscalización, que
habla de las numerosas irregularidades sobre actuaciones urbanísticas
en las cuales no se han ajustado a la ley, como la formalización de
convenios urbanísticos a través del alcalde, en
los que se incluían cláusulas contrarias a la normativa urbanística
-lo dice textualmente el informe-, la adjudicación de viviendas sin
acreditar los pagos por los adquirentes -hay una cosa clara, que no
han sido acreditados los pagos por los adquirentes, y así lo dice el
informe, no estamos diciendo nada más que lo que dice el informe; lo
demás ya lo dirán los tribunales, si lo tienen que decir-, la falta
de concurso en la enajenación de parcelas y la vulneración de los
principios de publicidad y concurrencia. En este extremo, señor
presidente, quiero decir que nuestra propuesta de resolución dice
textualmente principios de publicidad y consecuencia. Se trata de una
errata, pues debe decir la vulneración de los principios de
publicidad y concurrencia en la ejecución de las obras, por lo que
instamos al Tribunal de Cuentas a que por la sección de
enjuiciamiento civil se estudien las posibles responsabilidades.
Nosotros estamos diciendo que se estudien las posibles
responsabilidades, porque el informe habla de que hay falta de
acreditación de pagos de los adquirentes en la adjudicación de
viviendas; lo dice el propio informe y por eso debe estudiarlo la
sección de enjuiciamiento de dicho Tribunal, que es una sección no
solamente penal sino también civil, y por tanto no estamos diciendo
nada raro ni contrario a derecho.
En cuanto a las propuestas de resolución del Grupo Socialista, vamos
a votar a favor de la número 1 y en contra, por supuesto, de la
número 2, en primer lugar porque hay otros métodos para solicitar que
se fiscalicen los ejercicios de 1996 a 2000. Aquí no estamos hablando
de ejercicios posteriores, sino de los que se han fiscalizado, que
han sido hasta el año 1996. La segunda parte de la propuesta de
resolución del Grupo Socialista -que no sé exactamente quién ha sido
el redactor, a lo mejor ha sido el propio diputado que lo ha expuesto
aquí- no la entiendo muy bien, porque al final dice que se basa en
las alegaciones del alcalde, alegaciones que no han sido constatadas.
Las propuestas de resolución se deben basar en los informes
comprobados, en los hechos constatados por el Tribunal de Cuentas. No
es serio basarse en las alegaciones que hace un ex alcalde a tipo de
denuncia, que ni son ciertas, en primer lugar, ni han sido probadas,
en segundo lugar, y que no tienen ningún rigor, en tercer lugar. Yo
creo que todos los grupos parlamentarios deberían mirar esta
propuesta de resolución, no solamente el Grupo Socialista, porque
están votando algo que se debe estudiar. Dice que dicha documentación
constaba en los archivos municipales al finalizar el mandato del
alcalde en el mes de junio de 1995. ¿Qué nos quiere decir con esta
proposición? ¿Que han sido sustraídos los documentos? ¿Que han sido
robados del ayuntamiento? ¿Por qué no se ha presentado una denuncia
en el juzgado de guardia? ¿Por qué no se han presentado denuncias en
los juzgados? No entiendo muy bien qué se nos está diciendo aquí.
¿Que se han robado? ¿Por parte de quién? ¿Quiénes han entrado en el
ayuntamiento
a robar? ¿Quiénes se han llevado esos archivos que no ha sido probado
que hayan sido robados? Pero quien apruebe esta resolución que vaya
al juzgado esta tarde y ponga una denuncia.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, y debe constar en el
«Diario de Sesiones», va a votar en contra de esta resolución porque
no podemos dar fe con nuestro voto de unos hechos que son falsos. Si
se tiene conocimiento de ellos que se vaya esta tarde al juzgado y se
ponga la denuncia.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la propuesta
de resolución número 1 que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
siete; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 3, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmiendas números 4 y 5.
Efecutuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
21; en contra, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, antes de levantar la sesión quiero recordar a los señores
portavoces y miembros de la Mesa que permanezcan aquí para celebrar
reunión de Junta y portavoces.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.