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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 45, de 07/06/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 45
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 11
celebrada el jueves, 7 de junio de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización del Instituto de la Mujer, ejercicio 1996
(corresponde al número de expediente 251/000082 de la VI
Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000010 y número
de expediente del Senado 771/000004.) ... (Página
997)
- Informe de fiscalización de las áreas de tesorería e ingresos de la
Confederación Hidrográfica del Norte, ejercicios 1995, 1996 y 1997
(corresponde al número de expediente 251/000084 de la VI
Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000012 y número
de expediente del Senado 771/000080.) ... (Página
998)
Página
- Informe complementario al de fiscalización del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae), ejercicios 1992 y 1993
(corresponde al número de expediente 251/000085 de la VI
Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000013 y número
de expediente del Senado 771/000081.) ... (Página
999)
- Informe de fiscalización de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras (Clea), ejercicios 1994 y 1995 (corresponde al número de
expediente 251/000087 de la VI Legislatura). (Número de expediente
del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/
000082.) ... (Página 1000)
- Informe de fiscalización del área de ventas y deudores de la
sociedad estatal Indra D.T.D., S.A. (corresponde al número de
expediente 251/000088 de la VI Legislatura). (Número de expediente
del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/00006.)
... (Página 1001)
Debate sobre solicitudes a la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas:
- Para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de la gestión
de la ciudad autónoma de Ceuta y de las sociedades mercantiles
participadas (ejercicios 1998 a 2001). Formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 253/
000004 y número de expediente del Senado 772/000003.) ...
(Página 1001)
- Para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de la gestión
del Ayuntamiento de Puerto de Santa María (Cádiz), desde el ejercicio
de 1995 hasta la fecha, en especial las actuaciones administrativas
en materia de contratación, sometimiento a la legalidad y a los
principios de economía, eficacia y eficiencia de la gestión del gasto
público, así como la posible desviación de fondos públicos a personas
y entidades y la depuración de las eventuales responsabilidades que
pudieran derivarse de los hechos examinados. Formulada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente del
Congreso 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000004.)
... (Página 1002)
- De una fiscalización específica del Instituto Balear de Desarrollo
Industrial dependiente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para aclarar el uso ilegal de fondos públicos en la promoción
electoral frente al voto de españoles residentes en el extranjero.
Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente del Congreso 253/000006 y número de expediente
del Senado 772/000005.) ... (Página 1003)
- Para que recabe de dicho Tribunal la fiscalización de determinados
ámbitos de la gestión del Gobierno de las Illes Balears y de las
entidades: Instituto Balear de Desarrollo Industrial, Servicio de
Mejora Agraria e Instituto Balear de Promoción del Turismo, todas
ellas dependientes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente del Congreso 253/000007 y número de expediente
del Senado 772/000006.) ... (Página 1003)
- Para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de las cuentas
del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) en los ejercicios de los años
1991 a 1995. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente del Congreso 253/000008 y número de expediente del
Senado 772/000007.) ... (Página 1005)
- De una fiscalización específica y urgente de todas las operaciones
económico-financieras y patrimoniales llevadas a cabo por el
Instituto de Crédito Oficial en los Grupos Fesa/Enfersa y Ercros, en
el período 1992-2000. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000009 y número
de expediente del Senado 772/000008.) ... (Página
1006)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización sobre las principales actuaciones del Ente
Público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión) en
1996, relativas al proceso de privatización de Retevisión, S.A.
(corresponde al número de expediente 251/000090 de la VI
Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número
de expediente del Senado 771/000083.) ... (Página
1009)
- Informe de fiscalización del Consejo Superior de Deportes,
ejercicio 1996 (corresponde al número de expediente 251/000091 de la
VI Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000019 y
número de expediente del Senado 771/000084.) ...
- Informe de fiscalización de la actividad de la Sociedad Estatal de
Patrimonio (actualmente Sociedad Estatal de Participaciones
Patrimoniales), en 1995 y 1996 (OPV de Argentaria, S.A. y Telefónica,
S.A.) (corresponde al número de expediente 251/000100 de la VI
Legislatura). (Número de expediente del Congreso 251/000028 y número
de expediente del Senado 771/000085.) ... (Página
1014)
- Informe de fiscalización de la actividad de la Sociedad Estatal de
Patrimonio II, S.A. (Sepi II), en 1995 y 1996 (OPV Telefónica, S.A.).
(Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de expediente
del Senado 771/000020.) ... (Página 1014)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER, EJERCICIO 1996
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000082 DE LA VI LEGISLATURA)
(Número de expediente del Congreso: 251/000010 y número de expediente
del Senado: 771/000004.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días. Vamos a comenzar la
sesión número 11 de la Comisión para las relaciones con el Tribunal
de Cuentas.
Les adelanto a SS.SS., a efectos de la intendencia y de su trabajo en
alguna otra cuestión, que, dado que hay 11 puntos de debate, las
votaciones no se producirán antes de las doce menos cuarto de la
mañana.
Entramos en el primer punto del orden del día, que es el relativo al
informe de fiscalización del Instituto de la Mujer, ejercicio 1996.
Para la presentación y defensa de sus propuestas de resolución, tiene
la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Pausa.) No
está presente.
En ese caso, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, para
la presentación y defensa de sus propuestas de resolución.
La señora COSTA CAMPI: Buenos días.
Nuestro grupo ha presentado tres propuestas de resolución, que están
en concordancia con las recomendaciones que da el Tribunal en su
informe sobre esta institución. La primera propone que el Instituto
destine una parte del remanente de tesorería a previsiones iniciales
del presupuesto del organismo o bien la transferencia al
Estado de los excesos de tesorería. La segunda propone instar a la
dirección del organismo autónomo Instituto de la Mujer a aclarar el
saldo de la cuenta de pagos a justificar y anticipos de caja fija.
Por último, proponemos instar a la dirección del organismo autónomo a
que adopte las medidas tendentes para que se minimice en el resultado
contable el desfase temporal que se produce entre el gasto soportado
y el ingreso de la parte cofinanciada por la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Intervengo para defender la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular y, a la vez y en aras de
una mayor economía de tiempo, para fijar posición respecto de las
propuestas de resolución presentadas por los demás grupos.
En cuanto a las tres propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Socialista y puesto que el desfase de caja fija y de anticipos
que se arrastraba en 1996 ya está regularizado, que el Instituto de
la Mujer intenta minimizar el desfase temporal entre los gastos
efectuados y los ingresos pendientes de percibir de la Unión Europea,
aunque no puede evitar que en algún momento suceda, caso en el que
nunca sería imputable al Instituto, y que el remanente de tesorería
ya se viene utilizando en el presupuesto inicial del Instituto,
anunciamos que votaremos en contra de estas tres propuestas. Por otra
parte, y en referencia a la presentada por Izquierda Unida, quiero
decir, asimismo, que el remanente de tesorería, que proviene de
ejercicios anteriores, ha disminuido porque desde 1998 se viene
destinando al presupuesto inicial del Instituto.
Finalmente, y con toda brevedad, dado que el Instituto de la Mujer
desde 1996 comenzó a subsanar las numerosas deficiencias observadas
después por el Tribunal de Cuentas, anticipándose al informe de
fiscalización,
sólo nos queremos detener en la tercera recomendación del Tribunal.
El organismo autónomo Instituto de la Mujer tiene como finalidad
primera la promoción y el fomento de las condiciones que hagan
posible la igualdad social de ambos sexos y la participación de la
mujer en la vida política, cultural, económica y social. Las
funciones y objetivos que despliegue han de ir encaminados al logro
de estos fines. Llegados a este punto, nuevamente tenemos que
reconocer que el Instituto de la Mujer se ha anticipado ya que, como
se ha indicado, tiene implantado un sistema de objetivos y de
indicadores que permite ajustar sus políticas y actividades a los
objetivos previstos, a la vez que trabaja en el desarrollo de nuevas
fórmulas que permitan evaluar los resultados con una mayor precisión.
Por ello, desde esta Cámara, queremos instar al Instituto de la Mujer
para que continúe esta línea de trabajo.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TESORERÍA E INGRESOS DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE, EJERCICIOS 1995, 1996 Y 1997
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000084 DE LA VI
LEGISLATURA.) (Número de expediente del Congreso 251/000012 y número
de expediente del Senado 771/000080.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al II punto del orden del día: Informe
de fiscalización del área de tesorería e ingresos de la Confederación
Hidrográfica del Norte, ejercicios 1995, 1996 y 1997.
Para defender las propuestas de resolución del Grupo de Izquierda
Unida, tine la palabrea su portavoz. (Pausa.) No está su
representante. Para defender las propuestas de resolución del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Para defender las propuestas de resolución
que hemos presentado en el día de hoy, hay que recuperar el hecho de
que nosotros habíamos valorado positivamente el informe del
presidente del Tribunal de Cuentas en la anterior reunión de esta
Comisión Mixta, sobre las áreas de tesorería e ingresos de la
Confederación Hidrográfica del Norte de España, relativa a los
ejercicios 1995, 1996 y 1997 porque era necesario que se produjese,
como se produjo, la citada fiscalización. Había dudas sobre la
gestión y la existencia o no de irregularidades en la gestión de este
organismo y consideramos que la decisión que en su momento se tomó de
proceder a su fiscalización por el Tribunal fue positiva.
En segundo lugar, son positivas las reflexiones que en la anterior
reunión de esta Comisión hizo el presidente del Tribunal de Cuentas,
constatando debilidades -fue el término que se usó- en la gestión de
este organismo. Es necesario corregir esas debilidades y, sobre todo,
desterrar las dudas que pueda haber. Se han
constatado debilidades que hay que corregir, tanto en lo relativo a
los sistemas de control como al funcionamiento de las cuentas de
ingresos, como al control de la facturación o de la gestión de
cobros. Nuestra resolución recoge las recomendaciones del informe del
Tribunal de Cuentas, expuestas por su presidente en la anterior
reunión de esta Comisión. Se mueven en tres parámetros. En primer
lugar, la necesidad de que este organismo, la Confederación
Hidrográfica, fortalezca los sistemas de control interno de su
tesorería con varias medidas que se especifican con claridad en la
resolución, desde todo lo relativo a registros auxiliares completos,
a la necesidad de implantar sistemas eficaces de archivo, de
simplificar sus estructuras de cuentas bancarias, de extremar el
rigor en el control de cheques anulados, etcétera. En segundo lugar,
medidas concretas para un adecuado control de la facturación y de la
gestión del cobro, al margen de instar a la Confederación
Hidrográfica -esperemos que lo esté haciendo ya- a la aplicación del
manual en vigor de gestión de ingresos de las confederaciones
hidrográficas. Por último, que la Confederación Hidrográfica corrija
el valor de los derechos pendientes de cobro mediante las provisiones
correspondientes que reflejen las posibles insolvencias que se
presenten en el cobro de las deudas.
Estas son las resoluciones que nosotros presentamos y que esperamos
sean apoyadas por SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: En mi intervención no voy a
tratar de convencer a nadie, pero sí de poner de manifiesto, como
dije en su presentación, que lo que existía en el informe del
Tribunal de Cuentas sobre la Confederación Hidrográfica del Norte era
un abundantísimo número de debilidades; término que me parece
correcto y que utiliza el portavoz del Grupo Socialista.
Trataré de explicar, punto por punto, la propuesta efectuada por el
Grupo Socialista y manifestar cuáles son las razones por las que
quizá no sea necesario incidir en el asunto. No trato de convencerle
de que retire las propuestas de resolución, sino de explicar que la
Confederación Hidrográfica del Norte se ha puesto manos a la obra con
la presentación del informe. En relación con llevar registros
completos y rigurosos de cada cuenta bancaria, que es una de las
debilidades que se señalan en el informe, en la actualidad la
Confederación Hidrográfica del Norte lleva por cada una de las
cuentas el correspondiente libro auxiliar donde se reflejan todas las
entradas y salidas de efectivo, lo que no ocurría a la vista del
informe.
Respecto a la letra b), realativa a implantar sistemas eficaces de
archivo de la información bancaria, debo indicar que se implanta en
el año 1999 lo que solicitan el Tribunal y el Grupo Socialista: un
nuevo sistema de
archivo que permita localizar eficazmente todos los extractos
bancarios. Con relación al Z-1000, a partir del año 1999 será
encomendada la gestión de la recaudación a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, y ha permitido cancelar en el mes de mayo
de 1999 todas las cuentas de recaudación de la Confederación. Por lo
tanto, no existe la debilidad como tal relacionada en el punto c) de
la propuesta de resolución del Grupo Socialista. En cuanto a la letra
d), sobre el control de los cheques anulados, lo cierto es que los
cheques anulados se archivan ya con la matriz y se comunica esta
circunstancia al Banco de España como debiera haber ocurrido desde un
principio. No ocurría, pero esta debilidad se ha erradicado. Con
relación a la letra e), elaborar presupuestos de tesorería, una de
las debilidades en las que nuestro grupo coincidía con el Grupo
Socialista, en el sentido de que debía extremarse el rigor de la
Confederación, porque se habían observado decisiones de carácter,
como dijimos en su día, imaginativos. En este sentido, la
Confederación ejerce el control de tesorería mediante sistemas
completos de gestión financiera y presupuestaria que está utilizando.
En concreto, ha aprobado, más allá de las recomendaciones a las que
hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista sobre las
instrucciones de las confederaciones hidrográficas, un documento que
se llama análisis de la situación económico-financiera de la
Confederación Hidrográfica del Norte, escenarios por los ejercicios
2001 y 2002, que constituye un documento de control y seguimiento de
las necesidades financieras del organismo, que no exige tampoco las
instrucciones, por lo que es un documento que va más allá de lo que
establecen las instrucciones de las confederaciones.
Con relación al punto 2, en cuanto a las debilidades del sistema de
facturación, la Confederación implantó un sistema informatizado de
control de facturación mediante el cual se verifica que el total de
lo liquidado por las distintas oficinas liquidadoras es coincidente
con el total de contraídos y efectuados por la sección de recaudación
y los censos de obligados al pago se mantienen actualizados mediante
la incorporación al sistema de todas las modificaciones derivadas de
recursos y demás incidencias. En la actualidad, en el sistema de
recaudación -como he dicho en un punto anterior de las propuestas del
Partido Socialista- se realiza ya la gestión de cobro a través de
entidades colaboradoras de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por lo que las deudas abonadas ya se pueden identificar
automáticamente, no por la Confederación, sino, como digo, por la
Agencia Tributaria, en el procedimiento de liquidación.
Repasados uno por uno los puntos que define el Partido Socialista
como debilidades que hay que mejorar, lo cierto, en nuestra opinión,
es que la Confederación Hidrográfica del Norte no sólo se ha puesto a
trabajar, sino que está haciendo más cosas de las que en principio le
serían exigibles, por lo que nuestro grupo no
votará a favor, aunque vería con mejores ojos que el Grupo Socialista
se planteara la posibilidad de no someter a votación las propuestas
de resolución sobre la Confederación Hidrográfica del Norte, que ha
acreditado garantías de que esas debilidades están erradicadas. Lo
mismo he de decir con respecto a la propuesta del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, que, por otra parte, no ha defendido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Para facilitar la labor de las
votaciones, pediríamos votación separada de la propuesta de
resolución número 2 del Partido Socialista y de las números 3 y 4,
que para nuestro grupo podrían votarse conjuntamente. Creo que de
esta manera facilitamos a la Presidencia la ordenación del voto.
- INFORME COMPLEMENTARIO AL DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO NACIONAL
DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (ONLAE), EJERCICIOS 1992 Y 1993
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000013). (Número de
expediente del Congreso 251/000013 y número de expediente del Senado
771/000081.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Propuestas de
resolución presentadas al informe complementario al de fiscalización
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, ejercicios
1992 y 1993.
Izquierda Unida no está presente, por lo que para defender las
propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: Aprovecharé el turno para fijar el voto de mi
grupo favorable a las propuestas de resolución de Izquierda Unida
-supongo que no se votarán, por no asistir su portavoz- y del Partido
Popular, y para explicar brevemente las propuestas de resolución del
Grupo Socialista, en las que, en la misma línea que las del Partido
Popular, se insta a que se sigan realizando las mejoras y las
incorporaciones tecnológicas. Desde el año 1993 se habrán producido
ya determinadas mejoras y solicitamos en nuestra propuesta de
resolución, que consta con el número 3 según el orden de la Comisión,
para que el Tribunal y los grupos puedan trabajar como lo consideren
conveniente, que figure qué sistemas han sido adaptados, tanto
técnicos como de contabilización, para la supervisión de las cuentas
bancarias desde el año 1993.
En el punto 3 -4 según el orden de la Comisión- instamos al Onlae a
que remita a esta Comisión el conjunto de entidades bancarias que
desde el año 1993 han
realizado cualquier tipo de trabajo complementario para el organismo,
con sus correspondientes contratos y coste total exacto del servicio
que se haya prestado. Este era uno de los puntos que aparecían en el
segundo informe necesitado de mayor concreción, por lo que nuestro
grupo pide que el Onlae nos facilite, tanto al Tribunal como a los
grupos, qué tipos de contratos y con qué entidades bancarias se han
formulado.
Termino la intervención manifestando el voto favorable del grupo a la
propuesta de resolución del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: También muy brevemente, porque
hay plena coincidencia con el Grupo Socialista en cuanto a las
propuestas de resolución presentadas al Onlae. Efectivamente, en el
informe se ponía de manifiesto la existencia de recomendaciones que
están en la línea de lo que nuestro grupo considera que hay que
verificar en el Onlae. Corresponde al Organismo Nacional de Loterías
poner de manifiesto la documentación que se les requiere en la
segunda de las propuestas del Partido Socialista fundamentalmente y
en la propuesta, que es prácticamente coincidente, de nuestro grupo
parlamentario. Por esa simple razón, nuestro grupo parlamentario
votará a favor de las propuestas presentadas al informe
complementario al de fiscalización del Organismo Nacional de
Loterías.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE ENTIDADES
ASEGURADORAS (CLEA), EJERCICIOS 1994 Y 1995 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 251/000087 DE LA VI LEGISLATURA). (Número de expediente
del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/
000082.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Propuesta de
resolución presentada al informe de fiscalización de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras.
Para defender las propuestas del Grupo Socialista, tiene la palabra
su portavoz el señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Intervengo brevemente para reseñar las
propuestas que ha presentado el Grupo Socialista que, según el número
de la Comisión son las numeros 6, 7, 8 y 9, instando todas ellas a la
dirección de CLEA, en la primera de las nuestras que es la número 6,
ha que efectúe un mejor control de la documentación generada en la
función liquidadora; en la segunda se insta también a que efectúe por
sí mismo la función liquidadora en la medida en que pueda, en
vez de delegar la totalidad de las liquidaciones asumidas; en la
tercera, a que se ajuste a los principios de publicidad y
concurrencia para cuando tenga que efectuar contrataciones con
liquidadores delegados y en la última instamos a que exija las
fianzas correspondientes a quienes participan en los distintos
procedimientos de oferta de inmuebles, en el sentido de evitar los
perjuicios que se producen cuando hay alguna renuncia e igualmente a
exigir el cumplimiento del plazo establecido, diez días, para la
firma del contrato privado y el depósito del 10 por ciento de la
adjudicación.
Con respecto a las presentadas por otros grupos parece que Izquierda
Unida no la va a defender. En el caso de votarla, lo haríamos
favorablemente, de igual manera votaremos a favor de la propuesta
única, numero 10, presentada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: El Grupo Parlamentario Popular reconoce, como
hace el Tribunal en el informe de fiscalización correspondiente al
año 1995, que, a partir de 1997, la CLEA adopta numerosas medidas
tendentes a superar las deficiencias puestas de manifiesto por el
Tribunal de Cuentas. Por ello, nosotros instamos al Gobierno a que
continúe dotando a dicha Comisión liquidadora de la normativa propia
necesaria para que siga avanzando en el ámbito de las funciones que
tiene atribuidas.
Por otra parte, señor presidente, no podemos votar a favor de las
propuestas del Partido Socialista y de Izquierda Unida porque en el
momento actual la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras
ejerce con sus recursos todas las tareas de liquidaciones sin
recurrir a la contratación de liquidadores delegados ni empresas de
servicios, mecanismo éste que fue determinante de los errores
detectados por el Tribunal de Cuentas. Todas las contrataciones de
suministro o de prestaciones de servicio concretas, tales como
transporte y comunicaciones, se desarrollan cumpliendo
escrupulosamente los principios de publicidad y de concurrencia.
El procedimiento actual utilizado para la venta de inmuebles
propiedad de las entidades de liquidación es el de subasta pública,
salvo supuestos excepcionales en que queda desierta dicha subasta y
se recurre a una adjudicación notarial, siempre cumpliendo los
principios de publicidad y concurrencia. También quiero señalar que
en los procesos de adjudicación de inmuebles los participantes
prestan ya fianza, de acuerdo con el manual de procedimiento
específico que, para la venta de inmuebles, elaboró la propia
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, que fue oportunamente
aprobado por su consejo de administración.
Estas medidas, ponen de manifiesto que se han tenido en cuenta las
recomendaciones del Tribunal de
Cuentas recogidas en dicho informe de fiscalización. Como señalaba al
principio, SS.SS. piden en sus propuestas de resolución que se
adopten una medidas que están ya en marcha por lo que no es necesario
su aprobación. Votaremos a favor de la propuesta del Partido Popular
y en contra de las del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Para pedir votación separada de la
resolución número 8, del Grupo Socialista.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ÁREA DE VENTAS Y DEUDORES DE LA
SOCIEDAD ESTATAL «INDRA D.T.D., S.A» (CORRESPONDE AL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 251/000088 DE LA VI LLEGISLATURA). (Número de expediente
del Congreso 251/000016 y número de expediente del Senado 771/
000006.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la propuesta de resolución
presentada al informe de fiscalización del Área de Ventas y Deudores
de la sociedad estatal Indra, sociedad anónima.
El portavoz de Izquierda Unida no está presente, por lo que tiene la
palabra para defender sus propuestas el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muy a pesar de que Izquierda
Unida no defienda la propuesta de resolución, nuestro grupo quiere
poner de manifiesto, que en nuestra opinión -y puede resultar un poco
duro lo que voy a decir-, la propuesta de resolución que se presentan
en la Comisión del Tribunal de Cuentas no hay que tomárselas a
beneficio de inventario. Independientemente de que esté presente o no
el portavoz de Izquierda Unida, a efectos del «Diario de Sesiones»,
nos interesa decir que en Indra, como quedó acreditado en la sesión
del otro día, la única pega que puso el Tribunal de Cuentas sobre su
fiscalización fue una diferencia si se quiere abultada en cuanto al
criterio contable de contabilización de la obra en curso, pero
básicamente nada más. Por tanto, carece de sentido hacer
manifestaciones como las que en la propuesta de resolución hace
Izquierda Unida, sin conocer cuál es la situación real de Indra en
este momento, porque carece de sentido vincular el balance de
situación de una empresa con posteriores modificaciones de plantilla.
Por otra parte, Izquierda Unida desconoce -y es una lástima- que la
plantilla de Indra, que parece ser es lo único que le preocupa, se ha
incrementado de 1.200 a 1.500 trabajadores.
Habla de la inminente privatización de Indra cuando lo cierto y
verdad es que se hizo finalmente el 21 de noviembre 1999, por tanto,
de reciente de privatización
nada. Izquierda Unida no sólo desconoce la realidad de Indra sino que
desconoce también el proceso de privatización que experimentó esta
sociedad.
A efectos del «Diario de Sesiones», aunque obviamente no se sometera
a votación, nuestro grupo, no votaría afirmativamente esta propuesta
de resolución.
DEBATE SOBRE SOLICITUDES:
A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS:
- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
PARTICIPADAS (EJERCICIOS 1998 A 2001). FORMULADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 253/
000004 y número de expediente del Senado 772/000003.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto VI del orden del día:
Solicitud a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de la
gestión de la ciudad autónoma de Ceuta y de las sociedades
mercantiles participadas. A petición del Grupo Parlamentario
Socialista, para lo cual tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: La ciudad autónoma de Ceuta presenta una
situación que no tiene precedentes en la historia del derecho
presupuestario; no hay otro caso igual en todos los órganos que son
sometidos a control por el Tribunal de Cuentas en cuanto que la
persona que ejerce de controlador es el propio controlado. El
director general de Presupuestos de la ciudad autónoma de Ceuta es, a
su vez, el interventor y el que realiza también las alegaciones de
oficio a los informes que presenta el Tribunal, situación inadmisible
sobre la que esta Comisión tendría que pronunciarse. En ese sentido
va nuestra propuesta de fiscalización, ya que el posicionamiento de
la Comisión crearía una referencia útil para el trabajo del Tribunal
y para la literatura sobre cómo han de diferenciarse las tareas del
controlador y del controlado.
Nuestra propuesta de fiscalización tiene obviamente ámbitos más
amplios, ya que hace referencia al control interno de la gestión
económica financiera; normativa presupuestaria; análisis de cuentas
generales; gestión económica financiera de los ejercicios aquí
señalados; gestión, recaudación e inspección de los recursos propios
de carácter tributario; gastos de personal; contratación
administrativa y privada de la ciudad autónoma; situación de los
bienes municipales; convenios con particulares; gastos de
representación; utilización de tarjetas
de crédito; subvenciones a terceros y endeudamiento con terceros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Intervengo para manifestar que nuestro grupo
venía con la intención de votar favorablemente este propuesta del
Grupo Socialista, pero después de escuchar la intervención de la
señora Costa, lo votaremos aún con mayor convicción. Por tanto,
nuestro voto será favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Vaya por delante que el Grupo Popular va a
votar favorablemente la petición que realiza el Grupo Socialista,
pero nos gustaría hacer una serie de apreciaciones, que no sólo por
la forma sino también por el fondo tienen importancia. El Grupo
Socialista habla de dos o tres situaciones en las que nos gustaría
ahondar y pedir alguna rectificación. En el ámbito material de la
fiscalización, se habla del impuesto sobre la producción, los
servicios y la exportación. En Ceuta ese impuesto no existe, existe
el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación,
porque si fuera exportación sería justo lo contrario. Pedimos que se
rectifique para facilitar la labor al personal del Tribunal de
Cuentas, puesto que no encontraría este impuesto. Imagino que habrá
sido un error mecanográfico.
Respecto a la doble personalidad de la función del interventor, creo
que también hay un pequeño error y es que en tiempos recientemente
pasados, como consecuencia de la gestión de un Gobierno de todos
conocido, porque su líder carismático es presidente a la vez de un
equipo de fútbol, ha cometido no pocas irregularidades, sino todas,
absolutamente todas, desde encontrar de facturas de comidas en
restaurantes el mismo día en Huelva, en Cádiz y en Málaga a nombre
del presidente, hasta propinas justificadas de 30.000 y 50.000
pesetas dejadas en hoteles y en restaurantes. Esto implica que
apoyemos con absoluta vehemencia la propuesta del Grupo Socialista.
También -permítanme que barra un poco para casa- nos da la
oportunidad de contrastar las cuentas de 1998 en la ciudad autónoma
de Ceuta, cuyo gobierno no era del que estaba hablando, sino un
gobierno anterior de un partido nacional -no voy a decir el Partido
Popular, aunque lo fuera- y se va a notar estrictamente la diferencia
que existe entre un partido que ejerce la política económica de forma
seria y un partido que no era partido ni era nada.
Para terminar, queríamos añadir un punto en esa petición que hace el
Grupo Socialista y es que se fiscalizara cómo es posible que haya
contratación de servicios
externos a bufetes por valor de 12 millones de pesetas
mensuales.
El señor PRESIDENTE: Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Aceptamos la enmienda transacional que hace el
portavoz del Grupo Popular y queremos señalar que, obviamente,
exportación es un error de transcripción y debe decir importación.
El señor PRESIDENTE: Señora Costa, el tema que apunta el portavoz del
Grupo Popular relativo al cambio de palabras exportación, por
importación, será simplemente una corrección de errores técnicos no
lo incluiremos como enmienda.
Por lo que se refiere a la última parte de su intervención, he
entendido la inclusión de un punto 14, que sería una enmienda
transaccional, que acepta la portavoz del Grupo Socialista.
(Asentimiento.)
- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) DESDE EL EJERCICIO
DE 1995 HASTA LA FECHA, EN ESPECIAL LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, SOMETIMIENTO A LA LEGALIDAD Y A LOS
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL GASTO
PÚBLICO, ASÍ COMO LA POSIBLE DESVIACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS A PERSONAS
O ENTIDADES Y LA DEPURACIÓN DE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE
PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS EXAMINADOS. FORMULADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente del
Congreso 253/000005 y número de expediente del Senado 772/000004.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número VII: Solicitud de
fiscalización a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas. (El señor Albendea Pabón pide la palabra.)
Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, para no perder más tiempo,
si el grupo proponente no está presente para defenderla, propongo que
decaiga la solicitud.
El señor PRESIDENTE: Se me adelante usted siempre, señor Albendea.
A efectos del «Diario de Sesiones», no tengo más remedio que leer el
punto VII para que se recoja en elacta y se sepa qué ha pasado con
él.
Decía que pasábamos al punto VII del orden del día: Solicitud a la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para
que recabe de dicho tribunal una fiscalización de la gestión del
Ayuntamiento del Puerto de Santa María, cuyo autor es Izquierda
Unida. Dado que no está presente su portavoz decae su petición.
- DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL INSTITUTO BALEAR DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
PARA ACLARAR EL USO ILEGAL DE FONDOS PÚBLICOS EN LA PROMOCIÓN
ELECTORAL FRENTE AL VOTO DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente del Congreso 253/000006 y número de expediente
del Senado 772/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto VIII del orden
del día: Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas de una fiscalización específica del Instituto
Balear de Desarrollo Industrial, dependiente de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, para aclarar el uso ilegal de fondos públicos
en la promoción electoral frente al voto de españoles residentes en
el extranjero, presentada también por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. Como no se encuentra presente su portavoz, decae
la iniciativa.
- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DE DETERMINADOS
ÁMBITOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS Y DE LAS
ENTIDADES: INSTITUTO BALEAR DE DESARROLLO INDUSTRIAL, SERVICIO DE
MEJORA AGRARIA E INSTITUTO BALEAR DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, TODAS
ELLAS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente del Congreso 253/000007 y número de expediente del Senado
772/000006.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX: Solicitud a la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho
Tribunal la fiscalización de determinados ámbitos de la gestión del
Gobierno de la Islas Baleares y de las entidades: Instituto Balear de
Desarrollo Industrial, Servicio de Mejora Agraria e Instituto Balear
de Promoción del Turismo, todas ellas dependientes de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, iniciativa que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, para lo cual tiene la palabra el señor
Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: La normalización de la vida política de las
Islas Baleares exige la conclusión, con la mayor urgencia posible,
del ya tristemente famoso caso Mapau. Se trata, simple y llanamente,
de confirmar o desmentir si desde el Gobierno de las Islas Baleares,
presidido entonces por el hoy ministro de Medio Ambiente, don Jauma
Matas i Palou, se proyectó, se financió y se ejecutó toda una
operación de ingeniería electoral entre los emigrantes en Argentina
y Uruguay, para inscribir votantes de forma sesgada en los puntos donde
podrían resultar decisivos para los resultados de las elecciones
municipales y autonómicas. La aparición súbita de un contingente de
votos de emigrantes en la pequeña isla de Formentera resulta
emblemática. La isla elige un diputado que en los ajustados
resultados electorales de las Islas Baleares hubiera podido resultar
clave para decidir el Gobierno de la comunidad autónoma. El hoy
denominado caso Mapau resultó un fracaso político. El Partido
Popular, después de una larga hegemonía, fue incapaz de repetir
resultados y perdió el Gobierno de la comunidad autónoma, que pasó a
manos de una coalición de fuerzas políticas que les superó en votos y
en escaños.
Debemos reconocer que el noticiario político de las Islas Baleares
sólo en casos excepcionales consigue una resonancia en todo el ámbito
del Estado español. En general, los sucesos de un archipiélago que
representa apenas el 1 por ciento del territorio y poco más del 2 por
ciento de la población de España, no suelen superar el estricto
ámbito de las Islas Baleares. Significativamente, el caso Mapau ha
obtenido una amplia presencia en los grandes medios de comunicación.
Se halla presente en las Cortes Generales, en el Parlamento de
Baleares, en la opinión pública regional y nacional y, según las
últimas noticias, puede estar dando los últimos coletazos en los
tribunales de justicia de la comunidad autónoma antes de ser
trasladado a instancias judiciales nacionales.
Para nosotros es claro que nos hallamos ante un evidente caso de
alarma social. La sensatez y el puro sentido común exigen el pleno
esclarecimiento de los hechos, que resplandezca la verdad y nada más
que la verdad. La versión de los hechos del caso Mapau difiere
radicalmente según las que pueden ofrecer del mismo el Partido
Popular o el Partido Socialista Obrero Español. Ni una ni otra son
objeto de la iniciativa que hoy se propone. Recordando a Antonio
Machado, no interesa mi verdad ni tu verdad, sino la verdad. Vayamos
pues, si es posible, a buscarla juntos.
Proponemos a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones
con el Tribunal de Cuentas que se realice un informe de fiscalización
sobre la legalidad, la eficacia, la eficiencia y la economía de la
gestión de las consejerías de Presidencia y de Agricultura, Industria
y Comercio del Gobierno de las Islas Baleares y de algunas entidades
dependientes de la misma, como son: el Instituto Balear de Desarrollo
Industrial y el Servicio de Mejora Agraria, además del Instituto
Balear de Promoción del Turismo, que son, según propias declaraciones
de personas involucradas en el asunto, las dependencias del Gobierno
de las Islas Baleares que tuvieron que ver en el diseño y la
ejecución del plan de captación de votos. Es cierto que hasta el
momento existen algunas importantes contradicciones entre las
declaraciones efectuadas por los más directamente interesados en la
trama. Esto mismo, señorías, es una de las razones más importantes
para que instancias técnicas y neutrales, como puede ser el Tribunal
de Cuentas, nos ayuden a esclarecer las cosas.
El informe interesado debería comprender los años 1998 y 1999,
período durante el cual tuvieron lugar los supuestos hechos del caso
Mapau, y el ámbito material de la fiscalización, a nuestro entender,
deberían integralo: primero, la contratación con terceros por parte
de dichos órganos y entidades en España y en el extranjero, con
especial detalle de las contrataciones que tengan que ver con
actividades que durante el período señalado haya llevado a cabo la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en Argentina y en Uruguay.
Segundo, subvenciones a terceros que reúnan las mismas
características del punto anterior. Tercero, gastos de viaje,
representación, protocolo, relaciones institucionales, etcétera,
relacionados directa o indirectamente con las actividades de la
comunidad autónoma en los países antes citados. Y cuarto, gastos de
personal realizados por las instituciones de la comunidad autónoma
antes citada, con especial detalle de los generados por el personal
nombrado o contratado que haya realizado actividades de promoción
comercial o cultural en los países mencionados. ¿Qué razones avalan
tal petición? Sencillamente la necesidad urgente de esclarecer unos
acontecimientos que han generado un escándalo político de gran
magnitud: si se ha programado desde el Gobierno de las islas Baleares
manipular el censo de emigrantes de Uruguay y de Argentina a favor de
una opción política determinada: si se han situado votos no en los
lugares de origen de los inmigrantes, sino donde pudieran resultar
decisivos para el Partido Popular y si todo ello pudo haber sido
hecho con cargo a financiación pública; si tales sombras de sospecha
encubren hechos delictivos o si, por el contrario, todo ello no pasa
de ser pura fantasía de los adversarios del Partido Popular o de
algún medio de comunicación. A nuestro entender, para dilucidarlo de
forma definitiva conviene llegar hasta el final en la búsqueda de una
verdad clara, rotunda y definitiva. Tenemos además todos los
españoles, no solamente los ciudadanos de las islas Baleares, la
necesidad de acotarlo para que estas experiencias no vuelvan a
repetirse en el futuro ni en mi comunidad autónoma ni en cualquier
otra de la geografía española, aunque, desgraciadamente,
y por las últimas noticias conocidas, parece que este
mal proceder puede tener ya continuidad en otras comunidades, como es
el caso de Galicia.
La fiscalización de las cuentas de las consejerías y entidades que
solicitamos puede ser un instrumento necesario, útil y adecuado para
confirmar o desmentir si los fondos públicos en las islas Baleares se
han administrado honestamente a favor del bien común o si, por el
contrario, se han dedicado a financiar el tenebroso o demasiado
claro, en mi personal opinión, caso Mapau. Sin dinero es muy difícil
hacer política, sin dinero la costosa operación Mapau no hubiera
existido.
La intervención y el informe consiguiente que solicitamos es un paso
absolutamente necesario para conocer la verdad del caso. Si nada hay
que ocultar, no hay por qué temer el informe, pero si a alguien le
interesa encubrir hechos poco claros, que incluso pueden ser
delictivos, entenderé perfectamente su voto en contra, aunque esta
postura rompa con la tradición arraigada en esta Comisión de apoyar
las peticiones de fiscalización que presentan los grupos
parlamentarios.
En definitiva, y para terminar, señor presidente, lo que pedimos
desde el Grupo Parlamentario Socialista a los otros grupos del
Congreso es el apoyo para esclarecer el trasfondo económico de una
operación política que se dice y repite que solamente tenía como
objetivo cuestiones de carácter comercial, pero que, al parecer,
acabó siendo un intento de manipulación de la voluntad popular en las
elecciones autonómicas del año 1999 y que, para bien de todos,
debemos esclarecer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Vaya por delante que mis primeras palabras
serán para manifestar claramente que nuestro grupo tiene el máximo
interés en que quede aclarada toda esta situación que tanto perjudica
a nuestra labor como políticos. La alarma social que esto crea
perjudica la actuación política y, aunque se piensa que perjudica
solamente a un partido -es cierto, el que haya cometido, si es que lo
ha hecho, alguna irregularidad es el más perjudicado-, en el fondo,
siempre ocurre lo mismo, que nos perjudica a todos en mayor o menor
medida, porque la ciudadanía cree que no se llevan las cosas como es
debido y, sobre todo, que en procesos electorales, que son
fundamentales en el funcionamiento democrático, puede haber
irregularidades. No obstante, nuestro grupo observa en este caso que
se mezclan unas peticiones de fiscalización económicas con lo que es
realmente la cuestión política. Fíjense si no en la petición que no
ha sido defendida por Izquierda Unida, que en su enunciado decía:
para aclarar el uso ilegal de fondos públicos en la promoción
electoral frente a los votos de españoles residentes en el
extranjero,saltándose el precepto constitucional de la presunción
de inocencia. En este país estamos pasando fácilmente a defender la
presunción de culpabilidad, cuando costó mucho, para implantar la
democracia, defender el derecho de la presunción de inocencia. Por
tanto, parece que todos los que nos dedicamos a la política nos
tenemos que dedicar a defender nuestra honorabilidad y a demostrar
que somos inocentes, cuando en realidad la carga de la prueba debía
ser para el que acusa.
En este caso, además, se da la circunstancia de que en el Parlamento
balear hay una comisión de investigación política sobre este hecho,
no económica ni financiera, que es lo que aquí se mezcla. Creo que
anteayer precisamente compareció el ministro señor Matas y no sé si
estos días la diputada Estaràs. Hay una comisión mucho más próxima a
los hechos. Además a un grupo como el nuestro, que defiende en lo
posible el principio de subsidiariedad y que sea cada organismo, cada
territorio y cada comunidad autónoma la que intente solucionar sus
problemas, le parece que ya existe un ámbito para dilucidar
responsabilidades políticas o alguna cuestión que se derivara de la
comisión de investigación que hay en el Parlamento de las islas
Baleares.
Por tanto, como entendemos -y pedimos disculpas si a alguien se puede
molestar- que tiene más trasfondo político que no el real de
averiguar si en el Servicio de Mejora Agraria los fondos se
administraron como es debido, nuestro voto va a ser negativo a la
solicitud del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Quiero decir, que pese a las hermosas
referencias machadianas del portavoz socialista, el Grupo
Parlamentario Popular no va a apoyar esta petición de fiscalización
por sólidas razones.
La primera, porque los gastos electorales de las elecciones
autonómicas de las islas Baleares ya han sido fiscalizados por el
Tribunal de Cuentas y hemos debatido y aprobado ese informe en esta
Comisión. En virtud del elemental principio jurídico de non bis in
idem no sería lógico repetir la fiscalización. No se puede utilizar
el Tribunal de Cuentas como arma arrojadiza entre los partidos, no
sería lógico.
Segunda razón, porque el asunto que les mueve a ustedes, señores de
la oposición, se encuentra sub iudice en el Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, lo que hace claramente inconveniente e
innecesaria la fiscalización que pretenden.
Tercera, porque como ha dicho muy bien el portavoz de Convergència i
Unió, el Parlamento de Baleares ha fiscalizado lo que ustedes
proponen a través de una comisión técnica asesora, que es el órgano
que, en tanto no se constituya allí la sindicatura de cuentas, viene
ejerciendo esa función. Además, se ha creado una comisión de
investigación específica al respecto en la Cámara balear.
El escándalo político a que se refería el portavoz socialista no es
sino una tormenta en un vaso de agua, que sin duda alguna han agitado
ustedes.
- PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS
DEL AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS (TOLEDO) EN LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS
1991 A 1995. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente del Congreso 253/000008 y número de expediente del
Senado 772/000007.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto décimo del orden
del día, solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una
fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Torrijos, Toledo, en
los ejercicios de los años 1991 a 1995, solicitud que hace el Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra su
portavoz, don José Miguel Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Efectivamente, el Grupo Parlamentario
Socialista solicita de esta Comisión Mixta la aprobación de esta
propuesta para que el Tribunal de Cuentas realice la fiscalización de
las cuentas del Ayuntamiento de Torrijos en el período 1991-1995.
Quiero decir, en principio, que la actuación del Tribunal de Cuentas
en los hechos que ocurrieron en este ayuntamiento en ese período y
también la del ayuntamiento, la de la propia corporación que en
aquellos momentos gobernaba el Ayuntamiento de Torrijos -dejo claro
que era del Partido Popular-, desde nuestro punto de vista fue
totalmente correcta; fueron unos hechos lamentables, ya que el
recaudador de dicho ayuntamiento, de una manera un tanto extraña,
hizo desaparecer 96 millones de pesetas.
El Tribunal de Cuentas actuó de una manera correcta a través de la
Sección de Enjuiciamiento, elaborando un procedimiento de reintegro
por esa cuantía. El propio Ayuntamiento de Torrijos denunció este
tema ante los tribunales, en concreto ante el Juzgado de Instrucción
número 2 de Torrijos, que dictó un auto de procesamiento contra don
Ángel Delgado Lara, que era el recaudador en aquel momento. Hasta ahí
todo correcto.
En el año 1999, como consecuencia de las elecciones municipales, hubo
un cambio de color político en este ayuntamiento, que no viene al
caso en cuanto a lo que es la actuación en este tema, pero también
quiero dejar claro que así se produjo. Lo que ocurre es que la propia
actuación del Tribunal de Cuentas en este tema ha suscitado en el
municipio de Torrijos, un municipio de 10.000 habitantes, y en la
propia corporación municipal una sensación de cierta inquietud y de
cierta alarma. Voy a hacer una relación de los hechos que han
ocurrido desde entonces para acá para que todos podamos
comprender qué es lo que ha ocurrido y por qué el Grupo Parlamentario
Socialista solicita esta fiscalización.
El día 18 de febrero del año 2000, por tanto ya con la nueva
corporación en el Ayuntamiento de Torrijos, el presidente del
Tribunal de Cuentas comunica al Ayuntamiento de Torrijos que el pleno
del Tribunal, con fecha 21 de diciembre del año 1999, aprobó, dentro
del programa de fiscalizaciones para el año 2000, la fiscalización
del Ayuntamiento de Torrijos, ejercicios 1991 a 1995. El 23 de
febrero del año 2000, don Andrés Fernández Díaz, consejero del
Tribunal de Cuentas, comunica al Ayuntamiento de Torrijos que el 1 de
marzo comenzarán los trabajos de fiscalización. Esos trabajos
comienzan, se desplazan personas del Tribunal de Cuentas al
Ayuntamiento de Torrijos para recabar información y el día 13 de
abril del año 2000 don Andrés Fernández Díaz solicita documentación
complementaria para continuar esa fiscalización. El 17 de mayo, la
alcaldesa de Torrijos remite al Tribunal la documentación solicitada.
Posteriormente, el 22 de diciembre, el presidente del Tribunal de
Cuentas comunica al Ayuntamiento de Torrijos la eliminación de esta
fiscalización por acuerdo de pleno del Tribunal de 19 de diciembre
del año 2000. El 30 de enero del año 2001, el secretario general del
Tribunal, don José Antonio Pajares, a requerimiento de la alcaldesa
de Torrijos, contesta diciendo que la eliminación de esta
fiscalización se debe al desfase temporal respecto a los ejercicios
cuya fiscalización se había solicitado. El pleno del Ayuntamiento de
Torrijos, con fecha 5 de marzo del año 2001, solicita de nuevo al
Tribunal que esta fiscalización se lleve adelante.
En Torrijos, en concreto en el ayuntamiento, nadie entiende cómo una
fiscalización cuyo expediente inicia el propio Tribunal de Cuentas,
para lo que se desplazan los funcionarios al Ayuntamiento de
Torrijos, automáticamente puede quedar en suspenso y además con el
argumento de que existe un desfase temporal sobre esta fiscalización
en un plazo aproximado de diez meses, que es el que se produce desde
que se comunica que se va a iniciar esta fiscalización hasta que se
dice que no se va a realizar por ese desfase en el tiempo.
Entendemos que esto no puede ser así. En el propio ayuntamiento
-vuelvo a repetirlo- existe una cierta sensación de inquietud y
evidentemente también en el pueblo, porque que en un ayuntamiento que
tiene una población de 10.000 habitantes hayan desaparecido 96
millones de pesetas no es una situación, por suerte, habitual.
Creemos que para mayor tranquilidad de la corporación municipal es
conveniente que esta fiscalización se lleve adelante.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Simplemente quiero decir, señor presidente,
que nuestro grupo no cree disponer de los suficientes elementos de
juicio para pronunciarse. En todo caso, nos abstendremos. Pero como
queda alguna otra intervención y la verdad es que las manifestaciones
del representante del Grupo Socialista nos han hecho cierta mella, si
hubiéramos de cambiar nuestra posición lo haríamos, pero en todo caso
en el sentido de votar afirmativamente. De momento quedamos a la
espera del debate en la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Estoy en la misma situación que el portavoz
de Convergència i Unió, porque todas estas manifestaciones que ha
hecho el portavoz socialista tengo que decir sinceramente que nos las
conocía. Por tanto, no estoy en disposición de pronunciarme ni a
favor ni en contra. En esta ocasión me pronunciaré en contra
provisionalmente. Vamos a pedir opinión al Tribunal de Cuentas para
ver por qué ha interrumpido la fiscalización y una vez que tengamos
esa opinión con mucho gusto, si lo vuelve a plantear el Grupo
Socialista, votaremos a favor, siempre que oigamos primero, repito,
al Tribunal de Cuentas.
En estas circunstancias no podemos votar a favor.
- DE UNA FISCALIZACIÓN ESPECÍFICA Y URGENTE DE TODAS LAS OPERACIONES
ECONÓMICO-FINANCIERAS Y PATRIMONIALES LLEVADAS A CABO POR EL
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL EN LOS GRUPOS FESA/ENFERSA Y ERCROS, EN
EL PERÍODO 1992-2000. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 253/000009 y número
de expediente del Senado 772/000008.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto 11 del
orden del día, referente a la solicitud a la Comisión Mixta de un
informe de fiscalización específico y urgente de todas las
operaciones económico-financieras y patrimoniales llevadas a cabo por
el Instituto de Crédito Oficial en los grupos Fesa/Enfersa y Ercros
en el período 1992-2000, que solicita el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Esta petición de fiscalización no tiene otro
propósito que aclarar de una vez por todas cuál ha sido la actuación
del Instituto de Crédito Oficial en el tema Ercros.
Señores del Grupo Socialista, ustedes llevan queriendo desacreditar a
un miembro del Gobierno desde la anterior legislatura. Hace unas
semanas, su portavoz preguntaba al vicepresidente económico del
Gobierno
sobre un acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, en junio de 1998, en relación con un crédito
participativo concedido a Ercros en el año 1994, cuando ustedes
gobernaban. Dada la frecuente utilización sectaria y torticera de las
iniciativas parlamentarias del Grupo Socialista, mi grupo no está
dispuesto a soportarlas con pasividad y, en este caso, vamos a pedir
al Tribunal de Cuentas que aclare de una vez por todas quién otorgó
trato de favor, con evidentes perjuicios para el erario público, a
este grupo empresarial.
Por todo ello, pedimos una fiscalización específica y urgente de
todas las operaciones económico financieras y patrimoniales llevadas
a cabo por el Instituto de Crédito Oficial en los grupos Fesa/Enfersa
y Ercros en el periodo 1992/2000, señalando, en su caso, cuantas
infracciones, prácticas irregulares y responsabilidades pudieran
derivarse de ellas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Ángel Martínez.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Mi grupo parlamentario, como comprenderán,
señor presidente, señores miembros de la Comisión, no tiene
obsesiones ni espíritu persecutorio más allá de trasladar en
determinados debates políticos la realidad que vemos, que conocemos,
que intuimos y que incluso vemos publicada hoy por una causa
totalmente distinta en relación con un miembro del Gobierno al que,
sin citar su nombre, se ha referido el señor Albendea. Como
comprenderá, señor presidente, no tenemos espíritu obsesivo sino
simplemente aclaratorio en defensa de los intereses generales. Ésa
fue la razón fundamental por la que este diputado y otros dos
compañeros de mi grupo parlamentario presentamos una demanda ante el
Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable, que en un primer
momento fue denegada por el miembro del Tribunal de Cuentas señor De
la Rosa Alemany. Sin embargo, posteriormente, el 7 de mayo de este
mismo año, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha
aceptado el recurso, de lo cual me alegro por dos razones, señor
Albendea: en primer lugar, porque quiere entrar en el fondo de la
cuestión y, en segundo lugar, porque restituye una decisión que no
podíamos compartir ni como persona afectada ni como grupo
parlamentario, la decisión del señor De la Rosa Alemany, que, entre
otras cosas, aparte de denegarnos la posibilidad de seguir el
expediente, nos había condenado, concretamente a mí, a pagar las
costas de este juicio. Como comprenderá, señor Albendea, la admisión
del recurso me deja muy satisfecho por esta doble razón.
El motivo de mi grupo parlamentario para continuar con este tema es
porque el mismo es de interés general, como ha tenido en cuenta la
decisión final de la Sala de Enjuiciamiento de seguir el expediente.
Pero mi grupo parlamentario no tiene ningún interés en torpedear, ni
mucho menos, cualquier espíritu y análisis de fiscalización del grupo
Fesa/Enfersa, del grupo Ercros y de las decisiones adoptadas desde el
año que ustedes quieran investigar.
Usted sabe que desde el momento en que es admitido a trámite nuestro
recurso y aceptada la continuación del expediente por la sala de
justicia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, las
cuentas, las intervenciones, las decisiones de la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos en relación con el tema Ercros van a ser
analizadas. Mi grupo parlamentario pensaba que no hacía falta llegar
a esta decisión para que realmente se hubiese establecido una
investigación y una pieza separada de las decisiones de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos y de las decisiones trasladadas por
parte del Gobierno al Instituto de Crédito Oficial para las ayudas
que todos conocemos que se produjeron a la empresa Ercros y a su
grupo.
En el trámite de este expediente, la presidenta de la Sección de
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, a través de una carta del 13
de enero del año 2000, informaba que ni se ha llevado a cabo, ni está
en curso, ni está pendiente, ni se espera la realización de una
fiscalización como pieza separada en relación con el tema Ercros.
Mi grupo parlamentario está dispuesto a votar afirmativamente la
propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular porque creemos en
la transparencia, creemos en las decisiones que se han tomado a lo
largo de los años en un contexto económico, social y político que ni
S.S. ni el ministro Rato, en el debate a que dio lugar las preguntas
de mi grupo parlamentario el 23 de mayo, fueron capaces de explicar
coherentemente. No fueron capaces de explicar las razones de fondo
que dieron origen a las decisiones de ayuda por parte del ICO y de la
comisión delegada en los años 1994 y 1995 a este grupo de empresas,
que se enmarcan en un contexto que es el de la mayor suspensión de
pagos, fruto de una crisis del sector de fertilizantes y de las
consecuencias de la guerra del Golfo; la mayor suspensión de pagos
producida en este país con relación al grupo Ercros y al grupo de
fertilizantes españoles.
Mi grupo parlamentario quiere transparencia, en este tema, en
Baleares y donde haga falta. El grupo parlamentario del Partido
Popular siempre va a contar con el voto afirmativo de mi grupo
parlamentario para apoyar una iniciativa de fiscalización, y le
sugiero al grupo parlamentario del Partido Popular que acepte la
enmienda in voce que quiero presentar en estos momentos como Grupo
Parlamentario Socialista, en la que proponemos que la fiscalización
no se produzca sólo desde el año 1992 al año 2000, sino desde el año
1990 al año 2000. Como S.S. sabe, el 15 de noviembre del año 1990 se
produjeron las primeras ayudas públicas en relación con el conflicto
Fesa/Enfersa, respecto a la crisis del sector de fertilizantes.
Nosotros presentamos esta enmienda in voce con el fin de que el
período
de fiscalización se refiera no a los años 1992/2000, sino a los años
1990/2000. Estoy convencido de que mi grupo parlamentario verá
recogida, con el sentir positivo del Grupo Parlamentario Popular,
esta enmienda que presenta; si no fuera así, nos haría pensar que no
hay verdadero interés en realizar la fiscalización de un problema de
forma integral. A pesar de todo, aunque no la acepten, mi grupo
parlamentario votará a favor de la propuesta de fiscalización,
incluso en los términos propuestos por el Grupo Parlamentario
Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea, tiene la palabra a efectos de
manifestar si su grupo admite o no la enmienda.
El señor ALBENDEA PABÓN: En primer lugar, y para que tenga
conocimiento de ello la Comisión, quiero recordar que la sección de
enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas también ha admitido a trámite
unos recursos que nuestro grupo había presentado, no solamente el del
Grupo Socialista.
En segundo lugar, tengo que decir que no vamos a admitir la enmienda
in voce porque entendemos que cuando el Instituto de Crédito Oficial
-que es de lo que se trata- empieza a actuar en este tema es a partir
del año 1992. Podríamos remontarnos hasta el año 1970, pero no hay
razón alguna para ampliar el período de fiscalización. Nos mantenemos
en los términos del año 1992 al año 2000 y agradezco al Grupo
Parlamentario Socialista que vaya a apoyar nuestra propuesta de
fiscalización, pese a que no aceptemos la enmienda in voce.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Ante la decisión del Grupo Popular de no
aceptar nuestra enmienda, lamento no poder agradecer que hubiera
recogido el espíritu de colaboración y cooperación que ha lanzado mi
grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señorías, habíamos anunciado la votación para
las doce menos cuarto pero, como ha habido algunas solicitudes que
han decaído, nos han sobrado diez minutos. Por ello, suspendo la
sesión hasta las doce menos cuarto, que procederemos a la votación.
(Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones.
Empezamos con la votación de las propuestas de resolución que
presenta el Grupo Socialista al informe de fiscalización del
Instituto de la Mujer.
Votamos las propuestas números 2, 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 5, presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 2, del Grupo Socialista, al informe de
fiscalización de las áreas de tesorería e ingresos de la
Confederación Hidrográfica del Norte.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 3 y 4, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución 2, 3 y 4, del Grupo Socialista, al informe
de fiscalización del Organismo Nacional de Loterías.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 5, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas de resolución números 6, 7 y 9, del Grupo Socialista, al
informe de fiscalización de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 8, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 10, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Dado que al informe de fiscalización del área de ventas y deudores de
la sociedad estatal Indra solamente ha sido presentada una propuesta
de resolución por Izquierda Unida y ha decaído, no tiene votación.
Solicitud a la Comisión Mixta para que recabe del Tribunal una
fiscalización de la gestión de la Ciudad Autónoma de Ceuta, formulada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La solicitud de fiscalización al Tribunal de Cuentas de la gestión
del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, presentada por Izquierda
Unida, ha decaído y por tanto no se somete a votación.
En el mismo caso se encuentra la solicitud de Izquierda Unida para la
fiscalización del Instituto Balear de Desarrollo Industrial
dependiente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Pasamos a votar la solicitud a la Comisión Mixta para que recabe del
Tribunal la fiscalización de la gestión del Gobierno de las Illes
Balears y de otras entidades, presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar la solicitud que presenta el Grupo Socialista para que
recabe un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torrijos
(Toledo).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la solicitud de informe de gestión específica y
urgente de todas las operaciones económico- financieras y
patrimoniales llevadas a cabo por el Instituto de Crédito Oficial en
los grupos Fesa/Enfersa y Ercros en el período 1992/2000, que
presenta el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, dado que hemos citado al presidente del Tribunal de Cuentas
a las doce y media, volvemos a suspender la sesión hasta esa hora.
Se suspende la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE
ALBA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ENTE
PÚBLICO DE LA RED TÉCNICA ESPAÑOLA DE TELEVISIÓN (RETEVISION) EN
1996, RELATIVAS AL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE RETEVISION, S.A
(CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000090 DE LA VI
LEGISLATURA). (Número de expediente del Congreso 251/000018 y número
de expediente del Senado 771/000083.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas y
comenzamos con el punto 12 del orden del día, comparecencia del
presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre las
principales actuaciones del Ente Público de la Red Técnica Española
de Televisión (Retevisión) relativas al proceso de privatización,
para lo cual tiene la palabra, dándole de nuevo la bienvenida a esta
Comisión, el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El
informe de fiscalización de las principales actuaciones del Ente
Público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión) en
1996, relativas al proceso de privatización de Retevisión, Sociedad
Anónima, tenía los siguientes objetivos: verificar el cumplimiento de
las previsiones legales contenidas en el Real Decreto-ley 6/1996, de
7 dejunio, de liberalización de las telecomunicaciones, en los
aspectos referentes a la creación de la sociedad estatal Retevisión,
Sociedad Anónima, comprobar la valoración de activos y pasivos
aportados por el ente a dicha sociedad; analizar las relaciones
contractuales entre ambos, a partir del 1 de enero de 1997 y
fiscalizar el concurso y la adjudicación parcial del capital de
Retevisión, Sociedad Anónima.
El informe concluye que el procedimiento de creación de la sociedad
anónima se ajusta a las previsiones legales, la valoración de activos
fue realizada de forma detallada y razonable para el fin perseguido,
y sus procedimientos se encuentran suficientemente documentados.
Asimismo, los estados financieros del ente público,
al finalizar 1996, recogen fielmente el traspaso de bienes a la
sociedad anónima y las variaciones experimentadas por los activos y
pasivos, como consecuencia de las transacciones realizadas por el
Ente en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 1996,
fecha de elaboración del balance de aportación, y el 31 de diciembre
del mismo año, fecha de aportación efectiva.
A partir del 1 de enero de 1997, las relaciones entre el ente y la
sociedad anónima constituida para garantizar la continuidad del
servicio portador de difusión de televisión se fijaron por un
contrato que tenía por objeto la cesión por Retevisión, Sociedad
Anónima, de la capacidad de red necesaria para la prestación por el
ente del servicio portador soporte de los servicios de difusión de
televisión durante el período de diez años. El ente debe satisfacer a
Retevisión, Sociedad Anónima, por este servicio el 95 por ciento de
la facturación a las entidades gestoras, lo que supone un riesgo
económico-financiero para la gestión del ente público si las citadas
entidades gestoras se retrasan en el pago, como ha sucedido en el
pasado y se ha puesto de manifiesto en otros informes anuales del
Tribunal.
El procedimiento de privatización parcial de la sociedad constituida
se sometió voluntariamente al dictamen del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, pese a que el programa de modernización del sector
público empresarial dejó fuera del mismo a determinadas sociedades
y entes, como es el caso del ente público retevisión. El proceso de
privatización tuvo por objeto el 60 por ciento del capital social de
Retevisión, Sociedad Anónima, y el Tribunal considera que ofreció
transparencia y publicidad, permitiendo que se adjudicara a la oferta
más ventajosa, de acuerdo con los criterios de selección y puntuación
máxima de los mismos fijados pública y previamente a la presentación
de las ofertas por los licitadores.
Sin embargo, hay que señalar que las directrices para la valoración
de las ofertas, documento que desarrollaba los criterios para la
valoración y puntuación máxima contenidos en el pliego, no se
aprobaron hasta el día en que finalizó el plazo de presentación de
ofertas, por lo que no pudieron ser tenidos en cuenta por los
licitadores. El criterio de adjudicación que determinó la resolución
del concurso fue la denominada oferta económica, no sólo por ser la
más ponderada, sino también por la sustancial diferencia entre las
ofertas económicas presentadas. Así, el adjudicatario ofertó 116.359
millones de pesetas, frente al tipo mínimo del concurso de 45.600
millones de pesetas o los 84.000 millones de pesetas ofertados por el
otro licitador. En tres de los cuatro restantes criterios (plan
estratégico y financiero; infraestructura y derechos de paso;
experiencia y capacidad del licitador; y mejora en las condiciones de
prestación establecidas en el contrato de servicio público,
aportaciones a la economía nacional y otras), el licitador no
adjudicatario obtuvo mayor puntuación. En la
puntuación de las ofertas, tanto la mesa de contratación como el
Consejo de Administración del ente aceptaron las valoraciones
realizadas por los asesores del proceso de privatización. El Ente
Público Retevisión obtuvo un beneficio antes de impuestos por la
venta del 60 por ciento de Retevisión, Sociedad Anónima, en 1997, de
94.564 millones de pesetas. El beneficio neto de la operación (61.465
millones de pesetas) representó el 97 por ciento del beneficio neto
del ente público en el citado ejercicio.
El informe del Tribunal contiene dos recomendaciones de carácter
general para los procesos de privatización: que la actuación del
Consejo Consultivo de Privatizaciones se extienda a todos los
procesos de privatización y que los criterios de valoración y
puntuación de las ofertas se fijen y hagan públicos de forma completa
y detallada con anterioridad a la expiración del plazo de
presentación de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, el señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar
posición sobre el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal
de Cuentas relativo al proceso de privatización de Retevisión y las
actuaciones complementarias a la misma que se producen desde el año
1996 y que concluyen con el inicio de la actividad por parte de la
sociedad anónima a partir del 1 de enero de 1997.
Estamos ante un informe que debe enmarcarse en la fiscalización
específica del proceso privatizador de un ente público empresarial
creado en el año 1988, un proceso de privatización que cabría incluir
en la política de liberalización del sector en el marco de la cual se
dictaron diversas normas específicas aplicables con carácter
específico a este proceso. Entrando a valorar el informe diré que
este se centra en la constitución de Retevisión como ente derivado de
la privatización parcial del Ente Público Retevisión y podríamos
destacar que el informe analiza con detenimiento aspectos esenciales
del proceso, como la elaboración del balance de aportación a la nueva
sociedad, que debía cuantificar la valoración de los elementos objeto
de la transmisión y fijar así el balance de partida de la sociedad.
En términos generales, el informe elaborado por el Tribunal reconoce
el cumplimiento de la normativa prevista a lo largo del proceso y
manifiesta expresamente en alguna de las conclusiones que el
procedimiento ha sido transparente y que ha gozado de la suficiente
publicidad garante de la concurrencia pública en el proceso de
enajenación. No obstante, es preciso reconocer -por poner algún pero-
que la propia mesa de contratación aprobó el mismo día de
finalización del plazo de presentación de ofertas las directrices
para la valoración de las mismas, razón por la que no pudieron ser
tenidas en cuenta por
los licitadores al formular sus ofertas, lo que no contribuye
precisamente a realzar la transparencia en el procedimiento, antes al
contrario, puesto que es un principio comúnmente reconocido el del
conocimiento previo de los criterios de valoración y puntuación
máxima por parte de los licitadores.
Es intención de nuestro grupo llamar la atención sobre un aspecto
concreto que se menciona en el informe, pero que queda a nuestro
entender un tanto diluido en el mismo, pese a poner de manifiesto una
importante consideración. Me estoy refiriendo a la actuación del
Consejo Consultivo de Privatizaciones en este caso concreto y en el
resto de supuestos en que procedería la enajenación de
participaciones, entidades o empresas de naturaleza pública en el
marco del programa de modernización del sector público empresarial
del Estado establecido por acuerdo del Consejo de Ministros. En la
segunda recomendación contenida en el informe se hace referencia
explícita a la conveniencia de que sea sometido al dictamen del
Consejo Consultivo todo proceso privatizador del sector público, con
independencia de quienes sean los agentes gestores que intervengan en
el proceso. En el supuesto de análisis, en el presente informe esta
circunstancia no se produce, toda vez que hay una actuación
voluntaria en Retevisión de someter el proceso al dictamen del
consejo, pero sería deseable que se produjera una mayor clarificación
en este sentido, haciendo primar la vocación del programa de
modernización aprobado por el propio Consejo de Ministros, pese a que
el informe no se detiene en exceso en este aspecto un tanto
colateral, pero de importancia, a nuestro juicio, tanto desde el
punto de vista de la seguridad jurídica invocable en este tipo de
procesos como desde la óptica de la claridad en los trámites
concretos que deben ser preceptivos a la luz de lo dispuesto en las
normas aplicables.
En este sentido, sería interesante conocer la opinión del presidente
acerca de los supuestos específicos en que debería entrar en juego
con carácter preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, puesto que en el informe se hace referencia a esta
cuestión como deseable o como positiva. Estaríamos en el marco de
actuación de lo que es el espíritu de la norma o del acuerdo aprobado
por el Consejo de Ministros de someter a dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo de Privatizaciones procesos como el que tenemos
ante nosotros y que con una aplicación taxativa de algunos apartados
de este dictamen quedaría fuera del mismo.
A este respecto anuncio que las propuestas de resolución de nuestro
grupo irán en la línea de clarificar esta situación referida de
soslayo en el informe pero que a nuestro juicio tiene una importancia
mucho mayor de la que se desprende de la lectura del presente
informe, por más que se pueda colegir de la misma una actuación más o
menos respetuosa del ente Retevisión, que, aun sin estar obligado, a
tenor de lo dispuesto en el mismo, somete voluntariamente a
consideración del
Consejo Consultivo de Privatizaciones el informe que en ese caso
sería preceptivo según el espíritu del acuerdo del Consejo de
Ministros, en sus apartados quinto y sexto, al que he hecho
referencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Nuestro grupo parlamentario
suele tener la costumbre de iniciar las intervenciones agradeciendo
el trabajo realizado, la profundidad de las conclusiones y la
meritoria labor del Tribunal de Cuentas, pero esta vez se nos han
adelantado, y no se nos ha adelanto el Grupo Socialista, porque no lo
ha hecho, sino que se nos ha adelantado el propio presidente de
Retevisión, en un escrito de alegaciones que les puedo asegurar que
yo personalmente he visto en muy pocas ocasiones, por no decir que en
ninguna. Y quiero leer, porque creo que merece la pena, lo que un
fiscalizado dice de la actuación del fiscalizador, para que vean lo
poco habitual que resulta esto. El presidente de Retevisión, en su
único escrito de alegaciones, en el que dice por otra parte que no
presenta alegaciones, dice: Me gustaría añadir una opinión personal y
una valoración. El equipo dependiente del Tribunal de Cuentas enviado
por el Tribunal ha realizado un informe tan completo y fiel, reflejo
del estudio muy profundo y detallado de un proceso extremadamente
complejo, que no se le pueden hacer observaciones. Por todo ello, a
título completamente personal, de parte de un profesional de este
sector le ruego felicite al equipo de fiscalización.
No se les escapa a SS.SS. que esto se ve pocas veces en un proceso de
fiscalización; y además se ve pocas veces en un proceso tan complejo,
en el que a poco que hubiera habido algún descuido, incluso humano,
hubiera aparecido en el informe del Tribunal de Cuentas. Éste es el
prototipo de ejemplo, muy pocas veces hallado en los procesos de
fiscalización, ya no del Tribunal de Cuentas, sino de cualquier
órgano de control externo, de lo que es una opinión limpia de
auditoría. Si en alguna ocasión hay que presentar un ejemplo de lo
que es una opinión limpia de auditoría y explicárselo a un alumno de
la Facultad de Ciencias Económicas, se puede presentar como ejemplo
el informe que hoy ha presentado el presidente del Tribunal de
Cuentas. Por tanto, en este punto he echado de menos en la
intervención del Grupo Socialista cierta generosidad política, aunque
entiendo que es tremendamente difícil hacer oposición con un informe
así. Es cierto.
Hay que resaltar de dónde proviene este proceso de privatización de
Retevisión. Procede del Real DecretoLey 6/1996, de 7 de junio, de
liberalización de las telecomunicaciones, y del Real Decreto 2236/
1996 de 25 de octubre, justo en los primeros meses de Gobierno del
Partido Popular. Quiero recordar a SS.SS., porque ya hace tiempo de
esto, que éste fue un real decreto
extraordinariamente criticado y con extraordinaria dureza por el
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en el Senado y allí
donde tuvo oportunidad de hacerlo, fundamentalmente en los medios de
comunicación. Se pone de manifiesto otra vez que, en los proceso de
privatización, por ejemplo el de Retevisión, no hay tantos peros que
poner, y aquellas alarmas de las que habló el Grupo Socialista en
aquellos días de la presentación de este real decreto no son ciertas,
sino todo lo contrario. Porque la calificación que ha merecido,
aparte de la opinión limpia de auditoría, pone de manifiesto que
aquellas calificaciones que hacía el Grupo Socialista en su momento
de que estos del PP favorecen a sus amiguetes eran falsas,
radicalmente falsas, en términos políticos. Y el ejemplo vivo lo
tenemos hoy.
Lamentablemente, no es nunca noticia lo que ha ocurrido esta mañana
con la presentación de este proceso de fiscalización de Retevisión.
Fueron noticia las declaraciones en el año 1996 del Grupo Socialista.
Es muy difícil que esto pase a ninguna historia del parlamentarismo
español. Lo cierto es que, cuando uno va andando en política y
transcurre cierto tiempo en la vivencia parlamentaria, se encuentra
con que muchas de aquellas declaraciones estaban trufadas de enormes
dosis de falsedad y de intencionalidad política desmesurada. En el
caso de Retevisión, debo decir que lo que dice el Tribunal de Cuentas
para empezar, algo difícilmente visto en informes de fiscalización,
incluso de sociedades privadas, es que no hay ninguna limitación al
alcance. El Tribunal de Cuentas ha podido fiscalizar
pormenorizadamente todo aquello que ha pretendido hacer. Si SS.SS.
hacen un repaso de todo lo que hemos visto en esta legislatura, por
ejemplo, es difícil encontrar un informe de fiscalización en el que
no se diga: El Tribunal de Cuentas no ha podido acceder a determinada
información y, por tanto, luce cierta limitación al alcance. En la
página 2 del informe se dice que no ha existido limitación alguna
para el desarrollo de la fiscalización.
Por seguir hablando de las cosas que cuenta el Tribunal de Cuentas
sobre el proceso de privatización puesto en marcha por el Gobierno el
año 1996, se dice que el procedimiento de creación de la sociedad
anónima se ajustó a las previsiones legales; se dice que la
valoración de los activos fue realizada de forma detallada
y razonable para el fin a perseguir en sus procedimientos y se
encuentran suficientemente documentados; se dice que los estados
financieros del ente público en el año 1996 recogen fielmente el
traspaso de bienes; se dice que el procedimiento de privatización
parcial de la sociedad constituida se sometió voluntariamente al
dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Y ésta ha sido la
única pega que ha podido poner el Grupo Socialista. Es cierto que en
el caso de Retevisión, se sometió voluntariamente al dictamen del
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Vamos a ver qué más se
podía hacer. Esta es toda la oposición que se puede hacer al proceso
de privatización encaminado por el Gobierno en el año 1996. En el
caso concreto del que hablamos, Retevisión se pronuncia
voluntariamente a ser dictaminado por el Consejo Consultivo de
Privatizaciones.
Y se dicen más cosas. Se dice que se ha ofrecido transparencia y
publicidad en el procedimiento de privatización. Se dice que el
conocimiento de la aplicación concreta de los criterios de la mesa de
contratación se ha realizado con total transparencia en el
procedimiento. Que en la adjudicación de las acciones se ha respetado
el principio de igualdad; que los licitadores invitados cumplieron
todos los requisitos. Que se ha constatado que la unión de los
empresarios adjudicatarios ingresó la totalidad del precio de las
acciones en el plazo. Que el cumplimiento de las demás previsiones
referentes al adjudicatario contenidas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, que no son pocas, se hizo
estrictamente. Que el Ente Público Retevisión además obtuvo beneficio
extraordinario, beneficio que se podía cifrar en 95.000 millones de
pesetas, por lo tanto, se hizo de forma legal y con un resultado
económico extraordinariamente satisfactorio para el Gobierno y para
el patrimonio público.
Es imposible hacer oposición así. El Grupo Socialista podría hacer un
ejercicio político, señoría, y reconocer al menos que en algún
proceso de privatización puesto en marcha por el Gobierno del Partido
Popular se hicieron las cosas bien, por no decir extraordinariamente
bien, porque, a la luz del informe del Tribunal de Cuentas, es lo que
ocurrió. Que, cuando haga pronunciamientos políticos de forma
altisonante sobre aquellas cuestiones del año 1996 que tanta polémica
suscitaron, al menos exceptúe algunos procesos concretos de
privatización, como, por ejemplo, el proceso de privatización de
Retevisión, que es un fiel exponente de esto.
Señor presidente, yo no tengo ninguna pregunta que formular y ningún
agradecimiento especial, porque, como digo, se nos han adelantado. El
propio presidente de Retevisión lo hizo en su escrito de alegaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba):
Intervengo solamente para responder al señor Perea sobre la
intervención del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Su
intervención fue voluntaria, no era preceptiva. Y lo que dice el
Tribunal y recomienda es que, cualquiera que sea el agente
privatizador se someta siempre a este consejo consultivo, porque es
tanto como ir buscando la publicidad, la transparencia y la
concurrencia. No ha habido ninguna otra observación.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES,
EJERCICIO 1996 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000091 DE LA
VI LEGISLATURA. (Número de expediente del Congreso 251/000019 y
número de expediente del Senado 771/000084).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13 del orden del día, informe
de fiscalización del Consejo Superior de Deportes, ejercicio 1996.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): El
Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Educación y Cultura, fue creado en 1977 con la
finalidad de ejercer las actuaciones del Estado en el ámbito del
deporte.
Los objetivos de la fiscalización han consistido en el examen de las
cuentas, la verificación del cumplimiento de la legalidad y la
evaluación de los sistemas de gestión y control interno. Se han
encontrado una serie de limitaciones que se refieren fundamentalmente
al inmovilizado. Al inicio de la fiscalización, el organismo no
contaba con relaciones e inventarios detallados y valorados de las
inversiones gestionadas, pendientes de entrega a los entes públicos
en ejecución del plan de extensión de la educación física y el
deporte en centros docentes no universitarios (Plan MEC). En la
relación presentada en el primer trámite de alegaciones se
advirtieron errores. Las nuevas relaciones se entregaron en el
segundo trámite y no han sido objeto de posteriores comprobaciones en
el procedimiento fiscalizador. Por este motivo no se ha podido
confirmar que los 12.964 millones de pesetas registrados en esta
situación correspondan a obras de esta naturaleza pendientes de
finalización y entrega a sus destinatarios. El Consejo no ha
establecido la debida separación entre los valores del suelo y de las
construcciones de sus inmuebles adscritos, por lo que no ha podido
determinarse el efecto que este hecho haya podido tener en el cálculo
de las amortizaciones.
En relación con la representatividad de las cuentas, el informe
detalla la existencia de reclamaciones presentadas por la Universidad
Complutense de Madrid pendientes de resolución definitiva al
finalizar la fiscalización y la existencia de defectos sustanciales
en la valoración y clasificación contable de las cuentas
representativas del activo fijo. Como consecuencia, el informe estima
que los fondos propios de la entidad están sobrevalorados en 1.581
millones de pesetas aproximadamente. En los sistemas de control
interno y los procedimientos de gestión se ha observado la falta de
desarrollo de instrucciones y manuales de una serie de funciones a
realizar por las principales unidades
administrativas del Consejo. También se han puesto de manifiesto
deficiencias sustanciales en el archivo de documentación de los
activos fijos. En la tramitación y justificación de las subvenciones
se ha observado que no en todos los casos se han respetado
estrictamente las condiciones establecidas en las normas de
concesión. Además, en su justificación se han aplicado criterios
amplios, especialmente en las concedidas a las federaciones
deportivas. Así, los plazos de remisión de justificantes se incumplen
con relativa frecuencia, las comprobaciones no se extienden
suficientemente a verificar los gastos justificados y se admiten
algunas justificaciones en las que no consta la preceptiva retención
del IRPF.
Por otra parte, un número importante de federaciones presenta
informes de auditoría con salvedades significativas respecto a sus
cuentas y no existe constancia de que estos hechos tengan reflejo en
el montante de subvenciones que se conceden. En la revisión de los
contratos realizados por el organismo en 1996 no se han apreciado
incumplimientos. No obstante, en la revisión de expedientes
anteriores por obras del Plan MEC se ha observado la existencia de
reformados de proyecto que se ejecutaron sin la preceptiva
tramitación previa de la modificación de los correspondientes
contratos, por lo que tuvieron que ser convalidados por acuerdos del
Consejo de Ministros. El informe recomienda, entre otros extremos,
que se mejoren los procedimientos de control administrativo y
contable de los activos fijos y se incremente el esfuerzo en el
control de subvenciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don José Miguel Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muy brevemente. Las cuentas anuales del
Consejo Superior de Deportes correspondientes al ejercicio de 1996
son imagen fiel de la situación financiera patrimonial de este
organismo autónomo.
Con relación a la salvedad realizada por el Tribunal de Cuentas,
quisiera preguntar al señor presidente si conoce el Tribunal de
Cuentas si el recurso presentado por la Universidad Complutense de
Madrid a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 42, de
Madrid, ha sido resuelto. A 31 de marzo de 1999, fecha de recepción
de las alegaciones, y a 29 de septiembre de 1999, fecha de emisión
del informe, no lo estaba. Y sobre los dos tipos de inversiones, en
el grupo de las correspondientes a construcciones terminadas en la
segunda mitad de los años ochenta, no entregadas formalmente pero
cuya explotación y gestión se realiza por sus destinatarios finales,
existen dos instalaciones sobre las que no se ha aportado suficiente
información para conocer su situación jurídica actual: una pista poli
deportiva
en El Pardo, por importe de 51 millones de pesetas, y la adaptación
de un inmueble en Madrid para centro de esgrima, por importe de 108
millones. ¿Se conoce por parte del Tribunal de Cuentas si ha cambiado
la situación, dada la urgencia manifestada por el propio Tribunal?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Simplemente, después de haber visto el
exhaustivo trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas con respecto
al Consejo Superior de Deportes, voy a decir que, en aquellas
apreciaciones que hace el Tribunal, nos consta, en algunos de los
apartados, que ha habido la corrección correspondiente por parte del
Consejo Superior de Deportes, independientemente de ser un órgano en
este caso complejo, por la cesión que hubo en su momento a las
comunidades autónomas de transferencias en materia de deportes. Y no
solamente por eso, sino por la complejidad de entrelazamiento
económico que existe entre el propio Consejo y aquellos apartados de
convenios realizados con el entonces Ministerio de Educación y
Ciencia y en estos momentos también de Deportes.
Quisiera comentarle que, si no he entendido mal, donde más hincapié
hace el Tribunal de Cuentas es en la denuncia que existía de la
Universidad Complutense de Madrid con respecto al Consejo Superior de
Deportes. Creo que ese tema se solventó, porque era un litigio que
existía en el ámbito estrictamente de las transferencias, sobre
terrenos y edificaciones sobre terrenos en este caso deslindados. La
pregunta que quisiera hacer al señor presidente del Tribunal de
Cuentas es si tiene conocimiento de si ese litigio entre ambas
instituciones, en este caso reflejado en el informe del Tribunal de
Cuentas, se ha solventado o no. Fue un año en el que se estuvo a
caballo de dos administraciones y esto también conlleva, lógicamente,
distintos criterios a la hora de valorar el funcionamiento, en este
caso, político y económico del Consejo Superior de Deportes.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el presidente del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Señor
presidente, de los litigios de la Universidad Complutense de Madrid,
que eran dos, uno relativo al dominio y otro relativo al canon, este
presidente no tiene otra información que la que figura en el informe.
Lo mismo ocurre con respecto a la otra cuestión que ha planteado el
señor Camacho. No tengo más datos sobre la pista de esgrima y la
finca de El Pardo que la que contiene el informe.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE
PATRIMONIO I (ACTUALMENTE SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
PATRIMONIALES), EN 1995 Y 1996. (OPV DE ARGENTARIA, S.A. Y
TELEFÓNICA, S.A.) (Corresponde al número de expediente 251/000100 de
la VI legislatura) (Número de expediente del Congreso 251/000028 y
número de expediente del Senado 771/000085)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE
PATRIMONIO II, S.A. (SEPI II), EN 1995 Y 1996 (OPV DE TELEFÓNICA, S.
A.) (Número de expediente del Congreso 251/000038 y número de
expediente del Senado 771/000020)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a los puntos 14 y 15, se van a
agrupar los dos puntos, que se refieren al informe de fiscalización
de la actividad de la Sociedad Estatal de Patrimonio I e informe de
fiscalización de la actividad de la Sociedad Estatal de Patrimonio
II, SEP, de 1995 y 1996.
Para la exposición de dichos informes, tiene la palabra el presidente
del Tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La
fiscalización de la actividad de la Sociedad Estatal de Patrimonio I,
actualmente Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales,
referida a los ejercicio 1995 y 1996, realizada a iniciativa del
propio Tribunal y aprobada en noviembre de 1999, tuvo los siguientes
objetivos. Comprobar el cumplimiento de la legislación aplicable a la
actividad de la entidad; verificar sus estados contables; fiscalizar
las actividades encaminadas a la privatización de las acciones de la
Corporación Bancaria de España, S.A. de febrero y marzo de 1996, y de
Telefónica de España, S.A. de febrero de 1997, y analizar el
cumplimiento de los compromisos futuros adquiridos.
El informe señala que las cuentas anuales de los ejercicios 1995 y
1996 reflejan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la entidad, del resultado
de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados, con la
salvedad de que la entidad contabilizó en 1996 los ingresos netos
originados por la OPV de Argentaria sin que figuraran en la cuenta de
pérdidas y ganancias las comisiones satisfechas por un importe de
5.030 millones de pesetas; aunque la información figura en la
memoria, es necesario realizar cálculos para obtenerla. En 1997 la
entidad aplicó el mismo criterio para la contabilización de los
ingresos y gastos de la OPV de Telefónica, abonando comisiones por
18.034 millones de pesetas. En el análisis de legalidad se concluye
que se cumplió adecuadamente la normativa aplicable, tanto
en la actividad societaria como en los procesos de privatización. El
informe señala que la gestión realizada para efectuar las dos OPV
analizadas en este informe, vistos los resultados globales de las
mismas en cuanto a la demanda generada, su colocación e importe
obtenido, puede considerarse positiva, con las peculiaridades que se
exponen en la conclusiones de cada OPV.
Como conclusiones específicas de la OPV de Argentaria, se indica que
el sistema seguido por la Sociedad Estatal de Patrimonio I para
seleccionar las diferentes entidades que participaron en la OPV no se
ajustó a un procedimiento escrito que tuviera como objetivo
garantizar la publicidad, transparencia y concurrencia. En el proceso
de selección no se recogió por escrito el criterio seguido para la
elección de las entidades. La auditoría externa de los procedimientos
informáticos seguidos por el banco agente para efectuar la
adjudicación y prorrateo de los tramos minoristas presenta una
opinión favorable con varias salvedades. Se adjudicaron a la sociedad
estatal Teneo 745.000 acciones, lo que, independientemente de la
contradicción que supone respecto a uno de los fines perseguidos por
la OPV (el traspaso de acciones del sector público al privado)
originó como pago de comisiones un gasto de 113 millones de pesetas.
Los gastos de la OPV satisfechos por la Sociedad Estatal de
Patrimonio I (2.428 millones de pesetas) se realizaron directamente
por Argentaria con sus proveedores habituales, sin promover
publicidad ni concurrencia y sin que Patrimonio I supervisara esta
contratación, al no estar previsto en la carta mandato.
En relación con la OPV de Telefónica, el informe concluye que el
procedimiento de selección de las entidades que participaron en la
ejecución de la OPV no ha presentado salvedad alguna, estando
debidamente razonada la selección efectuada. La auditoría externa de
los procedimientos informáticos seguidos por el banco agente para
efectuar la adjudicación y prorrateo de los tramos de minoristas
presenta una opinión favorable, con salvedades que no los invalidan.
En este caso no se incluyó la presencia física de los auditores
durante la ejecución de los procesos de OPV, quedando por tanto
algunas de las verificaciones efectuadas limitadas a garantizar la
bondad de los sistemas hasta la fecha de su realización, anterior a
la fecha de prorrateo. El contrato para prestar los servicios de
Central de Medios de Publicidad, que originó una facturación de 1.023
millones de pesetas, se realizó de forma directa con el proveedor
habitual de Telefónica para este servicio, sin promover concurrencia
entre otras empresas que permitiera contrastar las condiciones
económicas aplicadas.
Como resumen global de las dos OPV analizadas cabe señalar que se
obtuvieron unos resultados netos de 71.315 y 517.543 millones de
pesetas en Argentaria y Telefónica, respectivamente.
En cuanto al informe de fiscalización de la actividad de la Sociedad
Estatal de Patrimonio II, S.A., referido a los ejercicios 1995 y
1996, fue aprobado por el Pleno del Tribunal en abril de 2000. Los
objetivos fueron similares a los de la fiscalización de la Sociedad
de Patrimonio I. Por un lado, comprobar el cumplimiento de la
legislación aplicable a la actividad de la entidad y la verificación
de sus estados contables y, por otro, analizar la gestión de la
sociedad en la OPV realizada en el periodo fiscalizado y el
cumplimiento de los compromisos futuros adquiridos.
La Sociedad de Patrimonio II se creó en 1993, siendo su objeto social
la tenencia, administración y enajenación, total o parcial, de las
acciones de las sociedades Telefónica de España S.A. y/o Telefónica
Internacional, S.A., así como de las obligaciones convertibles
emitidas por esta última sociedad, pudiendo realizar cualquier
actuación complementaria o derivada que resultara necesaria o
conveniente para llevar a cabo la enajenación. En 1999 se procedió a
su disolución mediante la cesión global de sus activos y pasivos a la
Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales. De entre los
principales resultados recogidos en el informe cabe destacar que las
cuentas anuales de los ejercicios 1995 y 1996 reflejan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la entidad, con salvedad de que contabilizó
en 1995 los ingresos netos originados por la OPV de Telefónica sin
figurar en la cuenta de pérdidas y ganancias las comisiones
satisfechas, por importe de 4.914 millones de pesetas. Esta
información es ofrecida en la nota explicativa de los ingresos que
figuran en la memoria de la cuenta anual de la entidad, aunque hay
que realizar una serie de cálculos para obtenerla. El informe señala
también que la entidad cumplió adecuadamente la normativa aplicable,
tanto en su actividad societaria como en los procesos de
privatización.
Respecto a la OPV de Telefónica, el informe concluye que el
procedimiento seguido para la determinación de los precios de venta
de las acciones se considera adecuado y transparente y que los
precios obtenidos parecen razonables, teniendo en cuenta el valor de
cotización en los mercados de valores, aunque también se destaca que
el sistema seguido por la Sociedad de Patrimonio II para seleccionar
las diferentes entidades que participaron en la OPV no se ajustó a un
procedimiento escrito que tuviera como objetivo garantizar la
publicidad, transparencia y concurrencia. Además, en el proceso de
selección no se recogió por escrito el criterio seguido para la
selección de las entidades.
Se liquidaron comisiones por el tramo internacional superiores en 33
millones de pesetas a las que se hubieran derivado de aplicar las
condiciones establecidas en el folleto informativo, como consecuencia
de una interpretación contractual, y según la Sociedad de Patrimonio
II, de acuerdo con las prácticas internacionales de los miembros del
mercado, pero discrepante con el
contenido del folleto. También hay que señalar que la Sociedad sufrió
un quebranto por tipo de cambio de 44 millones de pesetas, al estar
definido el precio de venta de las acciones en dólares y a un tipo de
cambio pesetas- dólar superior al que realmente aplicó la entidad
financiera que efectuó el cambio de los dólares recibidos por la
Sociedad de Patrimonio II, por no estar previsto dicho quebranto
mediante alguna fórmula de cobertura financiera. Los gastos de la OPV
satisfechos por la Sociedad de Patrimonio II -3.164 millones de
pesetas- se contrataron por Telefónica, sin que se recogiera en el
mandato otorgado la obligación de promover publicidad y concurrencia,
y fueron realizados directamente por ésta con sus proveedores
habituales y sin que Patrimonio II supervisara la contratación, al no
estar previsto en la carta mandato. Además, aunque la sociedad
estatal se comprometió a reembolsar a Telefónica todos los gastos
incurridos por ésta en el ejercicio del mandato, no se definió la
forma de llevar a cabo la justificación del gasto ni de los pagos
realizados, a pesar de que entre los mismos se incluía el coste
financiero derivado de la financiación necesaria para realizar dichos
pagos.
Finalmente, hay que señalar que en la OPV analizada se obtuvieron
unos ingresos brutos de 163.124 millones de pesetas, siendo el
resultado neto de 107.981 millones de pesetas. El coste contable de
las acciones vendidas fue de 46.204 millones de pesetas y los gastos
propios de la OPV, junto con las diferentes comisiones satisfechas y
las provisiones aplicadas para el cumplimiento de los compromisos
futuros, ascendieron a 8.939 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, el señor Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Señor presidente, intervengo para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con los
informes de fiscalización llevados a cabo por el Tribunal.
En primer lugar, queda patente que el Tribunal manifiesta la
exactitud de las cuentas de las dos sociedades, tanto contable como
de patrimonio. En segundo lugar, el Tribunal plantea de forma clara
que el proceso seguido en las privatizaciones es conforme a ley y
básicamente positivo; por consiguiente, nada que alegar al respecto.
En tercer lugar, el Tribunal deja patente que todo lo relativo a la
valoración y distribución de acciones y a los contratos de
aseguramiento se ha hecho conforme a ley o de acuerdo con los precios
que el mercado podía determinar en aquellos momentos. Tampoco aquí
hay ninguna observación o matización que hacer.
El Tribunal hace algunas observaciones respecto a la contabilidad de
las comisiones producidas en las distintas OPV, pero manifiesta
posteriormente, a la vista de las alegaciones que hace la sociedad,
que figuran
en los estados contables de la propia sociedad. Por consiguiente,
hay una ligera irregularidad desde el punto de vista formal, pero
parece que en absolutoexiste ningún otro elemento de sospecha o duda.
El Tribunal hace otra observación relativa a los pagos realizados en
el tramo internacional. Considera que hay un menoscabo de 100
millones o de 70, en su caso. Las alegaciones parece que justifican
de forma razonable lo que se ha producido y también existe
documentación concreta en los contratos desarrollados entre la
sociedad y las sociedades internacionales que les obliga al pago, en
un caso, de 100 millones y, en otro, de 33 millones de pesetas. Esto
sin duda, tanto en unas como en otras OPA, viene derivado por la
necesidad de que pueda salir al mercado y éste impone una serie de
condiciones que son las que hacen viable esta operación a través de
los contratos. Hay alguna diferencia entre lo que se produce en la
OPV de Telefónica-2 y lo que se produce en Argentaria y Telefónica-1
en relación con la selección de las entidades que dirijan el proceso.
Hay dos procedimiento: uno más de selección directa y otro de
selección por concurso. He de manifestar que, en cualquier caso,
según el informe que el Tribunal plantea -me gustaría que lo
comentara el presidente del Tribunal-, no se incide tanto en un tipo
de selección como en el otro en el desarrollo del proceso, no
constatándose que pueda alterar de forma sustantiva el desarrollo del
mismo, tanto en el procedimiento de selección como en el
procedimiento directo sobre la base de la presentación de unas
dieciocho empresas, en el caso de Argentaria, de las cuáles
seleccionan las tres para los coordinadores globales.
Finalmente, hay una diferencia desde el punto de vista formal, aunque
no es la práctica habitual, y es la carta-mandato que firman la
entidad matriz con las entidades que han de desarrollar la OPA, las
OPV, en relación con los pagos. Desde el punto de vista formal
también existe una contratación directa por parte de Argentaria y por
parte de Telefónica en un caso y, por otro lado, concursos, pero en
la práctica se produce de la misma manera, por adjudicación directa
prácticamente de todo, en el caso de Telefónica 2, alegando la
urgencia del caso para producir la contratación. Por consiguiente, si
bien es cierto que desde el punto de vista formal se produce el
concurso con la publicidad, transparencia y concurrencia, en la
práctica, tanto en un caso como en otro, las empresas deciden quiénes
son los proveedores y el pago a los mismos. Es verdad que en
cualquiera de los casos es difícil saber si se hubiese producido un
concurso menor coste desde el punto de vista formal y desde el punto
de vista real; eso está por ver, es uno de los temas sobre los que se
tendría que incidir en el futuro. En cualquier caso, salvo esta
pregunta que hago al presidente del Tribunal sobre si la ausencia de
contratación de las entidades que dirigen el proceso ha podido
modificar sustancialmente ono el proceso en Argentaria y en
Telefónica-1, haremos
las pertinentes propuestas para que los procesos de entidades
públicas, que se produzcan en el futuro no solamente se saquen a
concurso con transparencia, publicidad y concurrencia, sino que la
ejecución sea en las mismas condiciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Quiero agradecer al presidente del Tribunal
de Cuentas su exposición en relación con el tema de la SEP I y la SEP
II. También yo voy a acumular ambas en mi intervención.
Las privatizaciones de Telefónica y de Argentaria suenan ya a algo
muy antiguo. Recuerdo de la privatización de Argentaria que hacia la
mitad de la pasada legislatura el entonces presidente de Argentaria
compareció en la Comisión de Economía para explicarla -hace tres años
ya-; también estuvimos hablando con ocasión del informe del Tribunal
de Cuentas que se aprobó en noviembre de 1999, hace ya más de año y
medio. Es un tema que no tiene interés para detenerse en exceso.
Ambas empresas están ya hace tiempo en el mercado. Se advierte que la
decisión que en su día se tomó sobre las sucesivas privatizaciones
fue positiva para la economía española y ambas empresas, tanto
Telefónica como Argentaria, se encuentran ubicadas en sectores
estratégicos y millones de ciudadanos españoles ostentan el capital
de ambas compañías, y una de ellas está fusionada con otra entidad
bancaria de primera fila. Ambas empresas privatizadas se han
convertido en grandes multinacionales, de las que los españoles
podemos sentirnos orgullosos. Es verdad que en los procesos de
privatización hubo pequeñas disfunciones que señala el Tribunal, pero
carecen de relevancia. Si los ingresos registrados eran netos una vez
descontadas las comisiones de la OPV, en lugar de registrar los
ingresos brutos y en la cuenta de pérdidas y ganancias las comisiones
de la oferta pública de venta, o no haber asegurado la diferencia de
cambio peseta-dólar para venta de las acciones que se nominaban en
dólares a efectos del tramo internacional, esas son pequeñas
disfunciones. Pero del informe realmente se deduce que en las
privatizaciones de Telefónica y de Argentaría, como dice el Tribunal,
en ambas se cumplió adecuadamente la normativa aplicable, tanto en su
actividad societaria como en los procesos de privatización. Por
tanto, no le voy a hacer ninguna pregunta al señor presidente, porque
ya es un tema que se refiere a empresas que hace muchos años
pertenecen al sector privado y que afortunadamente van bien.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Tribunal, tiene usted la
palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Quizá
debo hacer unas
consideraciones para aclarar los informes, pero nada más.
Lo que se registra en cada uno de ellos es que entre una
privatización y otra medió un acuerdo del Consejo de Ministros que
señaló un marco de actuación, en el que se pusieron de manifiesto las
distintas responsabilidades que existen entre lo que es el agente
privatizador y la gestión de la entidad, marco que no existía hasta
esa fecha. Por consiguiente, en lo que es SEP I, tanto en la
privatización de Argentaría como en la de Telefónica, si bien el
Tribunal dice en el primer caso que fue positiva, pero no se ajusto a
un procedimiento que es precisamente el que marca ese acuerdo, en la
de Telefónica, como se hizo posteriormente, en el informe no se pone
esta observación porque se hizo después del acuerdo. En ambos casos
el informe señala que la fijación del precio y la privatización fue
positiva. En la SEP I, se puede apreciar la diferencia entre antes y
después del acuerdo, ya que la privatización de Argentaria, que fue
en los meses de febrero y marzo de 1996, cuando no existía el
acuerdo, no estuvo sometida al consejo consultivo, no hubo una
auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado,
no se sujetó a una autorización previa o a una gestión directa en la
publicidad, sino que se hizo directamente por el agente gestor; hay
esa diferencia con Telefónica. Lo mismo ocurre en el segundo informe;
como la privatización de Telefónica fue hecha en el año 1995, antes
del acuerdo, el informe es positivo. En él se dice que el precio de
venta fue adecuado y transparente, razonable, teniendo en cuenta las
valoraciones y las condiciones del mercado, pero también pone de
manifiesto que no hubo un procedimiento al que pudiera sujetarse el
proceso de privatización en cuanto a garantías de publicidad,
transparencia y concurrencia.
Hay que entender que, cuando los procesos de privatización culminan
en una total privatización, no son procesos en los cuales la
privatización es parcial y todavía el sector público tiene un control
de los gestores; cuando la privatización es total, los gestores están
viéndose como gestores privados, siendo muy importante que el agente
privatizador, el que asume las responsabilidades de privatizar, sea
distinto y esté pensando más en los intereses públicos. Esto lo añado
un poco como filosofía muy personal sobre este tema.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Dando las gracias al presidente del Tribunal de
Cuentas una vez más, sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión, rogando a los portavoces y a la Mesa que se queden para
debatir el próximo orden del día.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.