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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 307, de 18/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 307
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 294
celebrada el jueves, 18 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados: ...
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (NUM. REG. 165119.) ...
(Página 16218)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: ...
- Real Decreto-ley 7/2003, de 28 de noviembre, por el que se concede un suplemento de crédito a fin de conseguir una disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas y ayudas de carácter general correspondientes a la
convocatoria 2003/2004, por importe de 50 millones de euros. ('BOE' núm. 286, de 29 de noviembre de 2003.) (Número de expediente 130/000042.) ... (Página 16218)
Enmiendas del Senado: ...
- Proyecto de Ley de Arbitraje. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 173-1, de 3 de octubre de 2003. (Número de expediente 121/000172.) ... (Página 16223)
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 175-1, de 18 de noviembre de 2003.
(Número de expediente
121/000175.) ... (Página 16231)
Votación de conjunto ... (Página 16244)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales: ...
- Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Beijing del 23 de agosto al 15 de septiembre de 1999. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 491, de 20 de octubre de 2003.
(Número de
expediente 110/000276.) ... (Página 16244)
- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
493, de 27 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000279.) ... (Página 16244)
- Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila), hecho
en Madrid el 22 de junio de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 494, de 27 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000280.) ... (Página 16244)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 495, de 28 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000281.) ... (Página 16244)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 496, de 28 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000282.) ... (Página 16245)
- Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra, hecho en Valencia el 22 de abril de 2002. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 497, de 28 de octubre de 2003. (Número de expediente 110/000283.) ... (Página 16245)
- Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República del Líbano, por otra, hecho en Luxemburgo el 17 de junio de 2002. 'BOCG.
Sección Cortes
Generales', serie A, número 501, de 10 de noviembre de 2003. (Número de expediente 110/000284.) ... (Página 16245)
- Convenio complementario de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 505, de 18 de
noviembre de 2003. (Número de expediente 110/000285.) ... (Página 16245)
- Acerdo entre el Reino de España y la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL, sobre privilegios e inmunidades con ocasión de las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General de dicha Organización que se celebrará
en Benidorm (España) del 29 de septiembre al 2 de octubre, hecho en Madrid el 4 de septiembre de 2003. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 506, de 18 de noviembre de 2003. (Número de expediente 110/000286.) ...
- Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 507, de 18 de noviembre de 2003. (Número
de expediente 110/000287.) ... (Página 16245)
- Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre suspensión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 507, de 18
de noviembre de 2003. (Número de expediente 110/000288.) ... (Página 16245)
- Canje de notas constitutivo de Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica de 27 de octubre de 1994.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 509, de 21 de noviembre de 2003. (Número de expediente 110/000289.) ... (Página 16245)
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones y Ponencias: ...
- Acuerdo de la Comisión de Justicia e Interior, en relación con el Informe de la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. (Número de expediente 154/000010.) ... (Página 16246)
- Acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo, en relación con el Informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro. (Número de expediente 154/000011.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión con carácter secreto a las nueve y diez minutos de la mañana.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 16218)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores Diputados ... (Página 16218)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 16218)
Real Decreto-ley 7/2003, de 28 de noviembre, por el que se concede un suplemento de crédito a fin de conseguir una disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas y ayudas de carácter general correspondientes a la convocatoria
2003/2004, por importe de 50 millones de euros ... (Página 16218)
Defiende la convalidación del Real Decreto-ley la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera), basándose en el artículo 4 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, que encomienda al Estado el establecimiento, con
cargo a sus presupuestos generales, de un sistema general de becas y ayudas al estudio que garantice las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. El instrumento imprescindible para hacer efectivo el principio del derecho
a la educación es, sin duda, un sistema de becas eficaz y compensador que haga posible que todas aquellas personas con aptitudes para el estudio, pero con dificultades económicas, puedan acceder al sistema educativo y continuar, en su caso, los
estudios postobligatorios. En ese contexto, dice, se enmarca la política de becas y ayudas al estudio llevada a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Explica el cúmulo de circunstancias causantes del desfase entre el coste de
convocatoria y el presupuesto, ocasionado en la convocatoria 2003/2004, lo que le lleva a solicitar un suplemento de crédito destinado a becas y ayudas de carácter general de 50 millones de euros.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y las señoras Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2003, de 28 de noviembre, por el que se concede un suplemento de crédito a fin de conseguir una disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas y ayudas
de carácter general
correspondientes a la convocatoria 2003/2004, se aprueba por 282 votos a favor.
Enmiendas del Senado ... (Página 16223)
Proyecto de ley de arbitraje ... (Página 16223)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de arbitraje, se aprueba por 304 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.
Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página 16231)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, las señoras Lasagabaster Olazábal y Miquel Serdá y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aprueban por 179 votos a favor y una abstención.
Votaciones de conjunto ... (Página 16244)
Proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página 16244)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de un proyecto de ley orgánica, se aprueba por 179 votos a favor y una
abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 16244)
Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), hecho en Beijing del 23 de agosto al 15 de septiembre de 1999 ...
(Página 16244)
Sometidas a votación, se aprueban por 310 votos a favor.
Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), hecho en Ginebra el 9 de diciembre de 2002 ... (Página 16244)
Sometido a votación queda aprobado por 302 votos a favor y dos en contra.
Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila), hecho en
Madrid el 22 de junio de 2003 ... (Página 16244)
Sometido a votación, se aprueba por 310 votos a favor.
Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de septiembre de 2003 ...
Sometido a votación, se aprueba por 307 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003 ...
Sometido a votación, se aprueba por 309 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra, hecho en Valencia el 22 de abril de 2002 ...
Sometido a votación, se aprueba por 306 votos a favor y una abstención.
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros por una parte, y la República del Líbano, por otra, hecho en Luxemburgo el 17 de junio de 2002 ...
(Página
16245)
Sometido a votación, se aprueba por 307 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Convenio complementario de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, de 16 de mayo de 1991, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002 ... (Página 16245)
Sometido a votación, se aprueba por 309 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sobre privilegios e inmunidades con ocasión de las reuniones del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General de dicha organización, que se
celebrará en Benidorm (España) del 29 de septiembre al 2 de octubre, hecho en Madrid el 4 de septiembre de 2003 ... (Página 16245)
Sometido a votación, se aprueba por 308 votos a favor y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales ... (Página 16245)
Sometido a votación, se aprueba por 309 votos a favor.
Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 3 de junio de 2003 ... (Página 16245)
Sometido a votación, se aprueba por 308 votos a favor y dos abstenciones.
Canje de notas constitutivo de acuerdo por el que se prorroga el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica, de 27 de octubre de 1994 ...
Sometido a votación, se aprueba por 303 votos a favor y siete en contra.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias ... (Página 16246)
Acuerdo de la Comisión de Justicia e Interior en relación con el informe de la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico ... (Página 16246)
Presenta el informe de la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico el señor López-Medel Bascones, presidente de la Comisión de Justicia e Interior.
En defensa de los votos particulares presentados al informe intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mayoral Cortés, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Se someten a votación los votos particulares presentados, que son rechazados.
Sometido a votación el acuerdo de la Comisión de Justicia e Interior sobre el informe elaborado por la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, se aprueba por 182 votos a favor, cuatro en contra y 98
abstenciones.
Acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo, en relación con el informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro ... (Página 16258)
Presenta el informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro el señor Padilla Carballada, presidente de la Comisión de Política Social y Empleo.
En defensa de los votos particulares presentados intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que da a su vez por defendido el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y la señora García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Martín Vivas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación los votos particulares presentados y mantenidos, son rechazados.
Sometido a votación el acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo en relación con el informe de la Subcomisión sobre el estudio de la discapacidad y perspectivas de futuro, se aprueba por 234 votos a favor.
Se levanta la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión con carácter secreto a las nueve y diez minutos de la mañana.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 165119.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 7/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO A FIN DE CONSEGUIR UNA DISPONIBILIDAD ADECUADA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS BECAS Y AYUDAS DE CARÁCTER GENERAL CORRESPONDIENTES A LA
CONVOCATORIA 2003/2004, POR IMPORTE DE 50 MILLONES DE EUROS. (Número de expediente 130/000042.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado el carácter orgánico
de la misma, no se producirá antes de las once de la mañana.
Punto VIII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Convalidación o derogación de Real Decreto-ley 7/2003, de 28 de noviembre, por el que se concede un suplemento de crédito a fin de conseguir una
disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas y ayudas de carácter general correspondientes a las convocatorias 2003/2004, por importe de 50 millones de euros.
Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real Decreto-ley por el que se concede un suplemento de crédito a fin de conseguir una
disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas y ayudas de carácter general correspondientes a la convocatoria 2003-2004, por importe de 50 millones de euros. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación encomienda al
Estado el establecimiento, con cargo a sus presupuestos generales, de un sistema general de becas y ayudas al estudio que garantice las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Esta previsión legal no es más que el
reflejo de uno de los objetivos fundamentales, en el ámbito educativo, de la acción de los poderes públicos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación, como es el de promover la igualdad en el acceso a la enseñanza. Se trata,
en definitiva, de asegurar el derecho de todos a la educación y de erradicar los efectos negativos de las desigualdades sociales en la distribución de la demanda educativa. El instrumento imprescindible para hacer efectivo lo dicho anteriormente
es, sin duda, un sistema de becas eficaz y compensador, que haga posible que todas aquellas personas con aptitudes para el estudio, pero con dificultades económicas por disponer de unos niveles de ingresos menores, puedan acceder al sistema
educativo y continuar, en su caso, los estudios postobligatorios. En este contexto se inscribe el hecho de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoque cada curso escolar distintas modalidades de becas y ayudas al estudio dirigidas a
los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Para su financiación se dota anualmente en los Presupuestos Generales del Estado la aplicación 48301, dentro del programa 423.A, becas y ayudas al estudio, con la que hacer frente a las mismas,
imputándose el coste de cada convocatoria a dos ejercicios consecutivos como consecuencia de no coincidir el curso lectivo con el año natural. Concretamente con cargo a este crédito se financian las ayudas para la adquisición de libros y material
didáctico complementario destinado a los alumnos de los niveles obligatorios de enseñanza; las becas de carácter general destinadas a los alumnos que cursan estudios posteriores a la enseñanza obligatoria; también las becas de movilidad destinadas
a los alumnos universitarios y de otros estudios superiores que cambian de comunidad autónoma para seguir sus estudios; y, por último, las becas destinadas a los alumnos de primer curso de estudios universitarios.
Los datos generales de la política de becas y ayudas al estudio seguida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ponen de manifiesto que, tanto el importe por convocatorias como el número de becarios han aumentado significativamente
en los últimos años, a pesar, señorías, del descenso del número de alumnos registrado en el mismo período. Así, si nos referimos, por ejemplo, al número de alumnos receptores de las becas por las distintas líneas de ayudas del ministerio, los datos
ponen de manifiesto que en el curso 1993-1994 recibieron becas un total de 800.086 alumnos, mientras que en el curso escolar 2003-2004, una década más tarde, se estima que serán receptores de beca en sus distintas modalidades un total de 1.280.930
alumnos. Si nuestro análisis se ciñe a los aspectos que afectan al volumen de los recursos públicos del departamento destinados a becas y ayudas al estudio, se pone de manifiesto el enorme esfuerzo presupuestario realizado que evidencia hasta qué
punto esta línea de actuación tiene una carácter prioritario en la acción del Gobierno. En los últimos diez años los presupuestos iniciales de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han aumentado, en términos reales, un 21,1 por
ciento. A ello se une el hecho de que el alumnado de enseñanzas universitarias y no universitarias, excepto el del País Vasco, que tiene transferida la competencia en materia de becas, ha disminuido un 10,8 por ciento en el mismo período.
El
efecto combinado de ese crecimiento en términos de asignación de recursos y, en paralelo, la disminución del alumnado se traduce en un notabilísimo incremento de la ratio de asignación de euros entre el crédito inicial y el número de alumnos, que ha
pasado de representar el 49,8 por ciento en el año 1993 a representar el 93,4 en el año 2003.
Si nos ceñimos a la evolución reciente de la dotación presupuestaria para estas atenciones, veremos que se ha venido incrementando de forma sensible en los últimos ejercicios presupuestarios, con el fin de dar cobertura al mayor coste de las
sucesivas convocatorias anuales. Así, en el año 2000 dicha dotación ascendió a 392.707.320 euros y en el año 2003 a 515.932.060 euros, lo que supone más de un 31 por ciento de incremento.
Este mayor coste de las convocatorias obedece
principalmente a los siguientes factores: en primer lugar, al crecimiento en el número de las ayudas concedidas para la adquisición de libros en los niveles obligatorios de la enseñanza; en segundo lugar, a la creación de becas de movilidad para
los estudiantes universitarios que cursan sus estudios en una comunidad autónoma distinta a la de su domicilio familiar y, en tercer lugar, al incremento del número de ayudas compensatorias concedidas. Permítanme SS.SS que me detenga brevemente en
cada uno de estos tres factores.
Primero. Las ayudas concedidas para la adquisición de libros en los niveles obligatorios de la enseñanza -educación primaria y secundaria obligatoria- han pasado de 292.000 en el curso 1998-1999 a 699.611 en el curso 2002.2003. Esta
evolución responde a las conclusiones de la subcomisión creada en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, que, de conformidad con el acuerdo adoptado por dicha Comisión en su sesión del día 25 de noviembre de 1999, recomienda que la gratuidad de los libros de texto en los niveles de
enseñanza obligatoria sea un objetivo al que deba tenderse de forma gradual, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y garantizando en todo caso el principio de equidad. En términos de coste de convocatoria, la correspondiente al curso
1999-2000 ascendió a 25.226.353 euros, mientras que la última convocatoria, correspondiente al pasado curso 2002-2003, ascendió a 52.561.734 euros; es decir, más del doble del citado curso 1999-2000.
Segundo. Las becas de movilidad para los estudiantes universitarios que cursan sus estudios en una comunidad autónoma distinta a la de su domicilio familiar se crean como consecuencia de la Declaración de Bolonia, suscrita por los
ministerios de Educación de 29 países europeos -entre los que se encuentra España- en 1999. En esta declaración se sentaban las bases para la construcción de un espacio europeo de enseñanza superior y entre sus objetivos se encontraban la promoción
de la movilidad y el remover obstáculos para el ejercicio libre de la misma por los estudiantes universitarios. Estas becas se convocaron por primera vez el curso 1999-2000, en el que se concedieron 15.965 becas, con un coste de 51.771.243 euros, y
en este último curso académico se han concedido 17.660 becas por un importe de 63.968.006 euros.
Tercero. Por lo que se refiere al incremento del número de ayudas compensatorias concedidas, quiero señalar que la convocatoria de becas fija las condiciones para tener acceso a las ayudas al estudio en función de la renta de las familias,
cuantificada de acuerdo con la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En este sentido, el número de solicitudes que, de acuerdo con la normativa vigente, han acreditado tener derecho a la ayuda compensatoria se ha
ido incrementando de forma paulatina por el efecto producido en el cómputo de la renta familiar del solicitante de la beca por las minoraciones que la Ley de 9 de diciembre de 1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establece para
los rendimientos del trabajo. En efecto, la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas modificó sensiblemente el tratamiento de los rendimientos del trabajo. Frente a la situación anterior a dicha ley, en que los rendimientos del
trabajo personal se minoraban en un 5 por ciento, con un límite de 1.502 euros, el artículo 18 de la mencionada ley establece una reducción mínima de 2.254 euros, que puede llegar a los 3.005 euros para las personas con rendimientos de trabajo
inferiores a 8.114 euros. Estas reducciones se incrementan, además, hasta en un 175 por ciento para trabajadores discapacitados. El resultado de esta normativa es el de unas rentas familiares sensiblemente más bajas que en años anteriores, por lo
que un número mayor de solicitantes acredita tener derecho a la ayuda compensatoria.
La consecuencia de todos estos factores que acabo de exponerles es que el crecimiento del coste de las convocatorias ha resultado superior al crecimiento de los créditos presupuestarios. Además, como las convocatorias se financian con cargo
a dos presupuestos consecutivos, el desfase entre coste de convocatoria y presupuesto ha ocasionado que en la convocatoria 2003-2004 (en la que, previendo esta circunstancia, ya se había procedido a incrementar la financiación) el cúmulo de
circunstancias antes mencionadas hayan provocado una reducción en el tanto por ciento del crédito dedicado a iniciar los pagos de las convocatorias del curso siguiente. En consecuencia, y teniendo en cuenta que han de realizarse gastos para atender
obligaciones que no cuentan con dotación presupuestaria suficiente en los vigentes presupuestos del Estado, se estima que concurren las circunstancias señaladas en el artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en orden a la
necesidad y urgencia de un suplemento de crédito. Así pues, y con el fin de poder hacer efectivo el pago de las solicitudes que han sido propuestas para su concesión en el primer trimestre del curso escolar, resulta necesario suplementar el crédito
destinado a becas y ayudas de carácter general con 50 millones de euros. Por otro lado, el calendario de tramitación parlamentaria hace imposible la aprobación dentro de este año 2003 de un proyecto de ley que autorice este suplemento de crédito,
mecanismo que hubiera sido utilizado normalmente de ser otras las circunstancias. Por este motivo ha resultado ineludible, señorías, acudir a la vía del decreto-ley, prevista en el artículo 86 de nuestro texto constitucional.
Por último, y por lo que se refiere a la financiación del suplemento de crédito, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece en su artículo 16 que los suplementos de crédito, entre otras modificaciones presupuestarias, se
financiarán mediante el recurso al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria o mediante bajas en otros créditos. El acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2003 autorizó la aplicación del fondo de contingencia para financiar
modificaciones de crédito por importe de 151.435.767 euros, entre los que figura el suplemento de crédito de 50 millones de euros para el pago de becas y ayudas al estudio al que me vengo refiriendo. Por tanto, el mencionado suplemento de crédito
se financiará con cargo al fondo de contingencia presupuestaria
Por todo lo anterior, el Consejo de Ministros, en su sesión del día 28 de noviembre, aprobó el Real Decreto-ley, cuya convalidación les solicito, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de 50 millones euros, con el fin de
conseguir una disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas y ayudas de carácter general correspondientes a la convocatoria del curso 2003-2004.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto ley, por coincidir plenamente, en primer lugar, en su carácter de urgencia y excepcionalidad, y también por congruencia y solidaridad.
Congruencia, porque se trata de
una dotación de 50 millones de euros a uno de los capítulos sensibles, respecto a lo cual mi pensamiento coincide con el expresado por la señora ministra en la defensa que ha hecho del real decreto-ley. Además, con el curso 2003-2004 ya convocado,
es adecuado que todos aquellos que tengan derecho a que se les cubran unas necesidades perfectamente justificadas puedan beneficiarse de ello, en una sociedad democrática y de derecho. El Estado quiere impulsar todas las líneas educativas, y tal
impulso no debe quedar lastrado por deficiencias económicas o por limitaciones presupuestarias de índole familiar o de índole estatal, sino que debe ser beneficiario de una política racional y razonable de becas.
Por todas estas razones, señora presidenta, y coincidiendo con la señora ministra -como he dicho-, nuestro voto será favorable a la convalidación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la política de becas es el pilar fundamental de una política educativa que tenga como objetivo reforzar la igualdad de oportunidades y en definitiva garantizar la equidad del sistema educativo. Sin embargo en nuestro país hemos
podido ver como a lo largo de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios se iba debilitando la equidad y quebrando la igualdad de oportunidades. Sobre todo queremos llamar su atención porque la política educativa sin complejos del Gobierno del
Partido Popular ha situado a España a la cola de Europa en cuanto a financiación de la educación y por debajo de la media de los países de la OCDE, pero principalmente porque para el curso 2003-2004 el presupuesto de becas es claramente antisocial:
está presupuestado que habrá 25.400 alumnos menos con beca o ayuda al estudio. La política de becas del departamento es por tanto desde nuestro punto de vista irresponsable, no permite avanzar en la igualdad de oportunidades y habrá menos becas
para universitarios y también para las enseñanzas no universitarias. Quiero recordar a la Cámara que se va a reducir el número de becas universitarias pasando de 202.000 en 2003 a 199.100 en 2004 y el número de alumnos que va a disfrutar de
matrícula gratuita se reduce pasando de 140.000 a 125.000; esto sucede también en las becas no universitarias, se reduce el número de becarios pasando de 190.000 a 182.500, precisamente en el año en que por primera vez en muchos cursos habrá más
niños en las escuelas españolas. Los alumnos de educación especial van a ver reducida la cuantía media de sus becas, que pasa de 713 a 712 euros. Alguien debería darnos una explicación de una medida tan injusta. También quiero llamar su atención
sobre las becas Erasmus porque se congela el gasto total del programa. En cuanto a las becas Séneca, la Conferencia de Rectores de España acaba de denunciar que, contrariamente a lo que se prevé por parte del Gobierno en los Presupuestos Generales
del Estado, sólo hay garantía para que 1.100 alumnos puedan recibir esta beca; además se congela el gasto total en la aportación a las universidades.
Señorías, España dedica un tercio de lo que dedica la media de los países de la OCDE a becas y ayudas al estudio: en nuestro país sólo el 0,08 por ciento del PIB y la media de los países de la OCDE es del 0,24 por ciento. Más grave si cabe
es nuestra comparación con la media de los países de la Unión Europea: en nuestro país sólo 16 de cada 100 alumnos universitarios tienen beca o ayuda al estudio, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en un 40 por ciento. Lo que hoy
nos presenta el Gobierno a la Cámara es un real decreto con el que de alguna manera se quiere paliar una situación tan grave que ha llevado a la Conferencia de Rectores de España a reclamar una política de becas distinta, que ha llevado a un
auténtico clamor de familias y estudiantes en las escuelas, en los institutos españoles, pero también hay que recordar que tanto los sindicatos de la enseñanza como los representantes de las asociaciones de padres, las asociaciones de estudiantes y
las propias comunidades autónomas han venido denunciando cómo se reducen progresivamente las becas compensatorias para los alumnos de la enseñanza no universitaria.
Esa situación es la que ha movido durante los últimos cuatro años al Grupo
Parlamentario Socialista a denunciar sistemáticamente la política de becas del Gobierno y coherentemente con ese planteamiento a presentar las correspondientes enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, nosotros ya alertamos al Gobierno y a la Cámara de que el presupuesto de becas era claramente insuficiente, que no podrían de ninguna de las maneras cumplir con los compromisos que en la memoria de los presupuestos quería asumir el
Gobierno. Esto nos llevó a presentar una enmienda por 200 millones de euros, que fue rechazada en el ejercicio presupuestario anterior
por la mayoría del Partido Popular; lo mismo sucede en este ejercicio presupuestario, donde nosotros también hemos enmendado la partida de becas porque hemos señalado lo que ahora el Gobierno, en alguna medida, viene a reconocer, que hay
una insuficiencia presupuestaria gravísima que impedirá que el Gobierno y la Administración puedan hacer frente a sus responsabilidades y a sus compromisos en materia de becas.
¿Qué es lo que se está pidiendo a la Cámara? Que votemos una reforma que permita dotar de 50 millones de euros a la partida de becas. La partida de becas es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, pero también para
garantizar la solidaridad y la cohesión territorial, así como la solidaridad con los alumnos y las familias más desfavorecidos en nuestro país. Cincuenta millones de euros es una cantidad insuficiente, pero también quiero señalarles que supone nada
menos que el 10 por ciento del presupuesto global de becas. Lo que el Gobierno ha presupuestado son 560.289.071 euros: la desviación es nada menos que de un 10 por ciento.
Esto, señora ministra, señores del Gobierno, señores del Partido Popular,
es algo más que una irresponsabilidad; es también una gravísima impericia por parte de los gestores del departamento de Educación. A esa irresponsabilidad y a esa impericia se une una auténtica terquedad en mantener unos presupuestos que son
claramente injustificables.
El Gobierno justifica ahora esa desviación nada menos que de un 10 por ciento en tres razones, y ninguna de ellas nos vale porque ninguna de ellas responde a la realidad. No es verdad que sea necesario este suplemento de crédito porque haya
más estudiantes que puedan solicitar una beca por reflejo de la nueva Ley del IRPF. No es verdad, señorías. Es patético que se pueda decir que hay alguna imputación de minoración en rentas debido a la nueva Ley del IRPF. No es verdad, señorías.
Lo que sucede única y exclusivamente es que más estudiantes cumplen los requisitos de unos umbrales de renta muy bajos porque en la sociedad española son cada vez más las familias que tienen dificultades económicas; por tanto, es un problema de
mayores diferencias sociales, ya que cada vez son más las familias que reúnen unos requisitos de extrema necesidad.
No es verdad que este nuevo compromiso se deba a las previsiones de la LOCE y de la LOU. Señora ministra, usted misma desde esta tribuna dijo que ni la LOCE ni la LOU tenían nada que ver con las becas, y es verdad, porque no hay ningún
compromiso ni en la LOCE ni en la LOU para avanzar en la igualdad de oportunidades. Estas dos leyes, por cierto, una de ellas sin memoria económica, no adoptan ninguna medida ni previsión para avanzar en la equidad del sistema educativo.
La tercera razón que se aduce es la de avanzar en la gratuidad de los libros de texto y material escolar. Señorías, el Gobierno y el Partido Popular se han negado, en un planteamiento rayano en la terquedad, a financiar los materiales
escolares y los libros de texto como parte integrante de la gratuidad de la enseñanza. No es verdad por tanto que las previsiones de las conclusiones de la subcomisión de avanzar en la plena gratuidad de los libros de texto y materiales escolares
haya dado pie para que un mayor número de estudiantes en España se beneficie de la beca de ayuda a libros de texto.
Todo esto nos lleva a una conclusión. Después de cuatro años de no dotar adecuadamente las becas, después de cuatro años en los cuales el Gobierno ha ido disminuyendo en términos reales los presupuestos dedicados a becas, ¿cuál es la razón
por la cual ahora el departamento, el Gobierno y el Partido Popular tratan de paliar las insuficiencias presupuestarias en materia de igualdad de oportunidades? Mi grupo parlamentario sólo ha encontrado una y es que no pueden soportar en año
electoral ni un momento más la presión de la Conferencia de Rectores, de las comunidades autónomas, de los sindicatos de la enseñanza, de las organizaciones de estudiantes, de las asociaciones de padres y de toda la oposición parlamentaria -porque
en este asunto, señores del Partido Popular, ustedes y el Gobierno se han quedado absolutamente solos- para que en nuestro país las becas y la igualdad de oportunidades nos acerquen a la media de la OCDE, nos acerquen a la Unión Europea y no nos
alejen de la convergencia real. Por todo ello, señorías, a pesar de considerar insuficiente la partida de 50 millones de euros, por lo que ya he señalado, y de que lo que hoy vamos a resolver aquí no es otra cosa que el fruto de la impericia del
Gobierno, no es más que contribuir a resolver sólo en parte la grave irresponsabilidad que durante cuatro años ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto porque no
podemos consentir de ninguna de las maneras que un solo alumno universitario, que un solo alumno de un instituto, que un solo alumno de una escuela en España, que una sola familia pueda quedar sin beca sencillamente porque el Gobierno pueda utilizar
como excusa que no ha tenido suficiente apoyo en la Cámara, pero queremos dejar bien claro que es insuficiente y si fuese coherente el Grupo Parlamentario Popular, todavía estaría a tiempo de votar las enmiendas en esta partida de becas del Grupo
Socialista y de otros grupos de la Cámara y desde luego tendría la oportunidad de corregir lo que ha sido un error mantenido a lo largo de los últimos cuatro años, con unas consecuencias graves e irresponsables para los estudiantes y las familias
españoles.
Gracias señorías, gracias señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Valcarce.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quisiera comenzar mi intervención enviando un saludo cordial al que ha sido a lo largo de esta legislatura portavoz en materia de becas, el señor Guerra Zunzunegui, que por motivos de salud no puede estar hoy con nosotros,
junto con mis deseos de la más pronta recuperación.
Señorías, Presupuestos Generales del Estado para 2004, partida destinada a becas y ayudas para los estudiantes españoles: 819.064,27 miles de euros.
En España hemos pasado de algo más de 800.000 estudiantes becados a 1.200.000 en 2004.
Esta es la evolución de las becas en nuestro país, como se puede constatar en las estadísticas del Ministerio de Educación, porque este Gobierno, señorías, el Gobierno del Partido Popular hace políticas de igualdad de oportunidades, políticas de
distribución equitativa de los beneficios del crecimiento económico de nuestro país.
Si analizamos el período presupuestario 2001-2004, podemos decir sin temor a equivocarnos que el presupuesto global del Ministerio de Educación ha crecido un 33
por ciento. El incremento en becas y ayudas al estudio ha sido del 29,2 por ciento, muy distinto por cierto del experimentado en el cuatrienio 1993-1996, período en el que el aumento del presupuesto en materia de becas fue únicamente del 6,69 por
ciento.
Señorías, para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos del sistema educativo no bastan las palabras huecas, las pancartas o los mensajes vacíos. Los gobiernos responsables deben hacer esfuerzos presupuestarios
importantes, como los que ha hecho este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular. Este Gobierno, señorías, ha cuadruplicado en términos porcentuales el que se llevó a cabo en el cuatrienio 1993-1996, período en el que, si no recuerdo mal,
señorías, gobernaban otras personas, las que hoy dicen que todo es insuficiente.
Hay una atención privilegiada al tema de las becas y ayudas al estudio, señorías. El conjunto de las becas crece un 9,23 por ciento, más de 69.000.000 euros. Mención especial requieren también las becas universitarias Séneca de movilidad,
que se incrementan en un 46,4 por ciento. Las becas para formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado y personal investigador se incrementan también en un 5,5 por ciento. Las transferencias educativas a las comunidades autónomas a lo
largo de la legislatura han hecho que la única política educativa de alcance nacional sea precisamente la de becas. Incluso en el debate presupuestario el portavoz en aquellos momentos del Grupo de Convergència i Unió dijo textualmente -está
reflejado en el 'Diario de Sesiones'- que este Gobierno había hecho un esfuerzo presupuestario. Señora Valcarce, la realidad es tozuda. Durante estos cuatro años de legislatura el presupuesto en materia de becas se ha incrementado un 29,2 por
ciento y a lo largo de las dos legislaturas de Gobierno del Partido Popular casi un 70 por ciento. Siempre se puede pedir más, sobre todo cuando uno está en la oposición, pero también es cierto que con una política de contención del gasto como la
que ha tenido que poner en marcha el Partido Popular se ha hecho un esfuerzo considerable. Usted siempre se refiere en todas sus intervenciones al informe de la OCDE. Por favor, señora Valcarce, refiérase a dicho informe en todos sus términos. El
informe de la OCDE dijo que España era el segundo país que más había incrementado el gasto educativo por alumno, uno de los máximos incrementos en inversión educativa del mundo. En España, las ayudas económicas a estudiantes -hay que leérselo todo-
en relación con el PIB son iguales a las de Francia y superiores a las de países más ricos, como Japón.
No quisiera extenderme, puesto que se trata del último debate en Pleno, pero no quiero dejar de mostrar mi agradecimiento a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. A lo largo de estos cuatro años hemos discrepado en
muchas ocasiones, pero también hemos llegado a acuerdos importantes. Tampoco quisiera finalizar mi intervención, señora ministra, sin felicitarla a usted y a su equipo de gobierno del Ministerio de Educación por el trabajo realizado a lo largo de
estos años, por el aguante estoico que ha tenido usted en esta Cámara y en otros foros. Por su esfuerzo y dedicación, no sólo yo, sino también mi grupo parlamentario y todos los españoles estamos seguros -en breves meses lo comprobaremos- de que
habremos logrado mejorar la situación de muchos ciudadanos españoles y habremos contribuido a procurar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Corres.
Señorías, sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2003, de 28 de noviembre, por el que se concede un suplemento de crédito a fin de conseguir una disponibilidad adecuada de recursos para el pago de las becas
y ayudas de carácter general correspondientes a la convocatoria 2003-2004.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
¿Algún grupo desea que el real decreto-ley convalidado sea tramitado como proyecto de ley? (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO
- PROYECTO DE LEY DE ARBITRAJE. (Número de expediente 121/000172.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de arbitraje. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Comienzo diciendo que a requisitoria de los servicios de la Cámara, que me habían consultado como portavoz la posibilidad de una tramitación conjunta de este proyecto de ley de arbitraje que viene del Senado y del proyecto de ley orgánica
subsidiario a la de arbitraje que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, mi grupo expresó claramente su voluntad de una votación separada, dado que el fondo, forma y contenido los han hecho en el trámite del Senado totalmente diferentes para
un debate político y parlamentario. Por tanto, ciñéndome a este primer punto del proyecto de ley de arbitraje, mi grupo va a votar favorablemente las cinco enmiendas que nos llegan de la Cámara alta. Entendemos que tres de ellas son solamente
aportaciones técnicas, de corrección de estilo.
Quiero resaltar, en primer lugar, la referida al artículo 8, que es una aclaración complementaria del texto de la exposición de motivos que salió de esta Cámara, es decir, todo lo relativo a la
concesión del exequátur de los laudos extranjeros.
La enmienda al artículo 15 podía tener alguna discusión de tipo profesional, dado que el texto que salió del Congreso de los Diputados no otorgaba ninguna prioridad o preferencia a ninguna carrera, título universitario o profesión colegiada
como requisito para el nombramiento de los árbitros. Se dejaba la condición profesional de los árbitros a la libertad de las partes de encontrar la persona idónea, por características personales, profesionales, experimentales, etcétera, para tener
la facultad de ser árbitro. Nosotros entendimos desde un principio que esta facultad es buena y positiva. El Senado ha introducido una prioridad o preferencia a los titulados como abogados en ejercicio, es decir, abogados colegiados. Ni siquiera
los licenciados en derecho que no estuvieran colegiados, y por tanto no fueran abogados en ejercicio, podrían tener esta limitación. No obstante, se ha mantenido una cláusula de excepcionalidad cuando se dice: salvo acuerdo expreso en contrario,
lo cual puede permitir que el laudo lo puedan emitir licenciados o titulados en ciencias económicas, ingenierías o de las distintas facultades universitarias o de cualquier otra actividad o profesión no académica.
Finalmente, señora presidenta, quiero hacer un elogio a este proyecto de ley que vamos a sancionar, porque es ejemplar. Viene en la línea de los compromisos que en 1981 adquirió el Gobierno de la UCD con un real decreto para acomodar al
derecho mercantil internacional los problemas de arbitraje que en el área comercial y mercantil se pudieran dar y evitar así una supeditación de la doctrina española aplicable a la que venía de Latinoamérica, por encontrar una lengua común en las
disposiciones del arbitraje mercantil. Nace de ese mundo y por tanto los pleitos y contenciosos internacionales había que resolverlos por la vía del arbitraje. En 1988 se pasa a un texto con rango de ley, que es la que hasta ahora hemos tenido
como Ley de Arbitraje. También regula la normativa en el arbitraje comercial internacional. Y con este texto que estamos finalmente discutiendo se recoge el arbitraje en pleitos mercantiles internacionales e internos del Estado español, así como
las cuestiones propias del derecho mercantil que las leyes de Enjuiciamiento Civil no iban a contemplar, sobre todo cuando hemos hecho modificaciones a través de la Ley Concursal, introduciendo fundamentalmente los juzgados de lo mercantil.
Precisamente en las enmiendas que trataremos posteriormente hay una adecuación de competencias entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de lo Mercantil creados dentro del marco de la Ley Concursal. Por tanto, quisiera
llamar la atención en que cuando se elabora una ley con unos equipos ministeriales de alta competencia, cuando los trámites parlamentarios han ido en una línea de gran concordancia y armonía con disposiciones mercantiles, directivas de la Unión
Europea, de derecho internacional comparado, se consigue la máxima calidad técnica en un proyecto de ley. Basta leerse la exposición de motivos para darse cuenta de la calidad técnica alcanzada, cuando además toca todas las facetas y todos los
aspectos que en el amplio campo de los contenciosos del arbitraje se pueden dar. Hay que destacar que la sistemática de este arbitraje comercial, tanto interno como internacional, hace una distinción entre el arbitraje ordinario y los arbitrajes
especiales, generando una importantísima doctrina general, de ley marco para la regulación del arbitraje y sentando los principios aplicables a las materias que pueden ser objeto de arbitraje, que son el principio de arbitrabilidad y el principio de
disponibilidad, haciéndolos congruentes y armónicos. De esta manera, toda materia que pueda ser arbitrable tiene que ser también disponible, un principio de filosofía y de ciencia del derecho que es muy acertado traer aquí.
El énfasis especial que se ha puesto en distinguir y singularizar institucionalmente la figura del árbitro, desechando la del tribunal arbitral, es también una faceta importante a resaltar, que no hablemos de tribunales arbitrales, sino de
árbitros, un organismo unipersonal, singularizado en la persona que al final tiene que dictar el laudo. La exposición de motivos y el texto articulado del proyecto de ley detalla de una manera ejemplar los requisitos para el laudo. El árbitro es
quien tiene que dictar al final un laudo que, con la aceptación de las partes, venga a resolver el conflicto planteado.
Por todas estas razones, señora presidenta, mi grupo se siente satisfecho de rematar hoy el texto de esta Ley
de Arbitraje, que viene a normalizar toda una vida socioeconómica y legislativa y viene a sentar unos principios de legalidad, de legitimidad y, sobre todo, de seguridad jurídica y de normalización en cuestiones que la sociedad civil tiene
que resolver con responsabilidad e inteligencia.
Por ello, votaremos favorablemente estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comenzaré la intervención referida al proyecto de ley de arbitraje con dos constataciones iniciales. Es la primera vez en el tiempo que llevo de diputada que existiendo una ley ordinaria, que regula una determinada materia,
materia importante, y una orgánica, que hace referencia a la adecuación de los órganos judiciales que han de entender de esta materia, éstas se van a tramitar de manera separada, lo cual evidencia que el contenido real de la segunda de las normas,
de la orgánica, tiene poco que ver con el contenido propio de la Ley de Arbitraje, lo que ya es un adelanto de la postura de distintos grupos respecto de esta cuestión.
En segundo lugar, quisiera hacer otra referencia. Cuando al comienzo de la tramitación de esta norma en Comisión el diputado Sánchez Garrido me comentaba que era pena que una materia tan importante como la Ley de Arbitraje fuese a pasar
casi sin pena ni gloria al final de la legislatura, sin el debate social que hubiera sido querido -puesto que se trata de una buena ley, de una ley necesaria-, no sabía él hasta que punto se iba a convertir en famosa la Ley de Arbitraje por causas
extra arbitraje. Para la posteridad, la ley orgánica que le acompaña dará mucho que hablar a los tratadistas, a los operadores jurídicos, no necesariamente por el contenido de la ley ordinaria, sino por el de la orgánica que le acompaña y que será
debatida a continuación.
Nos hubiese gustado más poso en la tramitación, pareciéndonos bien los ejes centrales de la norma, ya que lo que se pretende es la modernización del arbitraje, porque la Ley 36/1988, de Arbitraje, había quedado ciertamente atrasada y poco
adecuada a las necesidades actuales. También nos parece magnífica la homologación internacional del arbitraje e incluso que se invierta la regla que la ley actual contempla respecto al arbitraje de equidad: ahora se establece la preferencia del
arbitraje de derecho. Incluir la flexibilización y agilización del proceso arbitral es también un valor que la ley tiene. La ampliación de la competencia de los árbitros, el aumento de la eficacia del laudo, etcétera, son materias que llevaron a
que mi formación política optase por las enmiendas parciales y no presentase enmienda a la totalidad. El Consejo General del Poder Judicial hacía algún reproche en relación con el modelo elegido. Hablaba de la no existencia de sutil compromiso
entre las tradiciones jurídicas europeo-continentales y las anglosajonas y parecía haber alguna queja sobre que el modelo elegido finalmente fuese el anglosajón. A mi formación política tampoco esto le pareció mal, si bien apostábamos por una
regulación que pudiese ser acorde con las necesidades que la sociedad a la que la ley va dirigida tuviese, puesto que justo es reconocer que siendo una institución utilísima goza de escasa tradición en España y esta tradición sólo se conseguirá si
se logra la confianza de los ciudadanos en esta institución para que la use.
Presentábamos enmiendas parciales que han tenido regular aceptación, unas más que otras, pero hay aportaciones de nuestro grupo en muchos casos parecidas a las de las demás formaciones políticas incorporadas al texto.
Sí hacíamos un
reproche desde el primer momento referido a que no se hubiese aprovechado, ya que se pretende una regulación global, dar desarrollo al artículo 107.2 de la Ley 30/1992, en la medida en que la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común habla de la posibilidad de la utilización de la técnica arbitral en relación con recursos administrativos y podría ser un sustitutivo de los recursos de alzada o de reposición. No se ha aprovechado este
viaje para hacer esta ampliación de la institución del arbitraje en asuntos que afectan a las administraciones y nos parece una pena que así haya sido.
Hacíamos igualmente reproche -y nos parece justo manifestarlo en este momento, en el que ya adelanto que votaremos favorablemente a todas las enmiendas que vienen respecto de este texto del Senado- a la falta de sensibilidad que existe en el
grupo mayoritario cuando se trata de citar los títulos competenciales que se ejercitan al regular una determinada materia. La mera cita a que puede haber competencias propias de las comunidades autónomas levanta tales suspicacias que aunque la
enmienda tenga el tenor de lo que literalmente dice el Código Civil no es normalmente objeto de aceptación. Pretendíamos y reconocemos que esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, civil
y procesal, de conformidad con lo que establecen los artículos 149.1.6.º y 149.1.8.º de la Constitución, pero debe hacerlo -y así lo dice el Código Civil- sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas o de las especialidades que en
estos órdenes se deriven de las peculiaridades de su derecho sustitutivo propio y de las competencias en orden a la conservación, modificación y desarrollo de sus derechos civiles, forales y especiales. Título preliminar del Código Civil que, como
bien tiene dicho el Tribunal Constitucional, tiene valor constitucional y, sin embargo, la mera cita cuando se trata de hablar de salvedades posibles en
algunas comunidades autónomas referida al derecho civil no se quiere hacer nunca objeto de cita, como hemos tenido ocasión de comprobar en distintas leyes que se han tramitado recientemente en esta Cámara. Las enmiendas incorporadas por el
Senado en esta ley -luego hablaremos de las enmiendas incorporadas en la ley orgánica que le acompaña- son realmente aceptables desde la perspectiva de la formación a la que pertenezco.
Quisiera hacer mención -porque me sirve para enlazar también con las modificaciones que lleva la ley orgánica- a lo introducido en el artículo 15, en referencia a que en determinados arbitrajes se requerirá la condición de abogado en
ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario. No es mi formación política muy partidaria de la defensa de intereses gremiales o corporativos, sin embargo, la forma en la que finalmente se plasma parece que sí puede tener interés si la generalidad
de los arbitrajes se pretende que lo sean de derecho. Si la fórmula satisface a los colegios profesionales, bien está la pacificación social de determinadas cuestiones. Los añadidos en los artículos 19 y 21 nos parecen también aceptables.
Respecto al añadido referido a los abogados quisiera contar a la Cámara la anécdota que vivió esta diputada. En el día en el que se iba a introducir esta enmienda en el Senado recibió la amable llamada del secretario de Estado de Justicia para
indicarle que finalmente sí iba a haber alguna consideración en relación con los abogados y su preferencia para ser nombrados árbitros en determinadas cuestiones. Le agradecí el detalle -porque siempre está bien que se tenga este tipo de cortesía-,
aunque mi formación política no tenía enmiendas al respecto. Resulta curioso que se nos comunicase una cuestión de esta índole y que en el mismo día, que también se estaban introduciendo las modificaciones penales de las que luego hablaremos, no se
hiciese gala de mención de esta cuestión. Parece que tenía bastante más importancia y bastante más enjundia lo añadido para que también hubiese sido objeto de manifestación a los portavoces de los grupos políticos y no encontrarse con la sorpresa
de su inclusión ya en el boletín correspondiente.
He mencionado al comienzo de mi intervención al diputado Sánchez Garrido y quisiera hacerle objeto de despedida puesto que, aunque todos desconocemos cuál será nuestra suerte en la próxima legislatura, el señor Sánchez Garrido ya con certeza
ha manifestado que dejará la actividad parlamentaria. El clásico señala -la cita no es literal, pero algo así-, cuando define a los vizcaínos, como cortos en palabras y largos en hechos. En este caso se produce una circunstancia distinta, una
vizcaína entiende que esta es una magnífica definición para un honesto diputado castellano. Realmente, ha sido un placer haber trabajado con él.
Realmente, tiene una capacidad extraordinaria para concitar intereses contrapuestos, como acreditó
mientras tramitábamos la Ley Concursal. Es un excelente jurista y, sin embargo, rara vez da lecciones. Tiene la facilidad de lograr imponer a los demás sus posturas por la solidez de sus argumentos y, fundamentalmente, nos parece un hombre
tremendamente honesto. Insisto en lo que he empezado manifestando, ha sido un placer haber podido coincidir con él.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, la verdad es que esta ley hubiera pasado por este penúltimo día de Pleno de la presente legislatura sin pena ni gloria si no fuera porque, como otras muchas -pero esta más- está sirviendo y
va a servir de percha a una de las muchas tropelías con que el Gobierno de la Administración central y el grupo parlamentario que lo soporta nos tiene acostumbrados, sobre todo en los últimos tiempos.
Dicho esto, señorías, bien que hayan ustedes convertido al Senado, que era una Cámara de segunda lectura, en una Cámara donde se introducen una serie de enmiendas basura para supuestamente mejorar los textos cuando no es más que una fórmula
torticera de hurtar, primero, los informes preceptivos de las distintas instituciones, y segundo, las enmiendas de los distintos grupos. Ya en su día Izquierda Unida dijo sobre este texto que no tenía tanta prisa y que la única razón por la que se
realizaba la adecuación a la normativa europea era porque venía a beneficiar a las grandes multinacionales que estaban presionando y llamando a las puertas para exigir que en esta legislatura saliera una ley de este tipo. Por eso me llama muchísimo
la atención y creo que no vale la pena esa pasada por el Senado, salvo que sea utilizada como parche en elementos tales como que en la disposición final primera se plantee que la gran modificación es que donde dice: 2. los laudos o resoluciones
arbitrales, ese 'los' aparezca con mayúscula. Esa es la gran aportación o innovación que se produce. También quiero decirles que, por favor, modifiquen el gran error que creen corregir ustedes en el punto 3 de la disposición final primera.
Este
punto decía originalmente: 3. Se adiciona al número 4 el apartado 1 del artículo 559 con esta redacción. Y ahora viene del Senado como punto 4. Quiero pedirles a SS.SS. que corrijan eso para que no hagamos el ridículo, como ocurrió el otro día
en la Escuela Judicial de Barcelona donde algunos portavoces tuvimos que aguantar la crítica sobre la mala calidad de la legislación que está saliendo de aquí, por mor de las prisas del ministerio y otras. Ustedes intentan corregir la disposición
final primera pero lo único que hacen es equivocarse. Es decir, en lugar de corregirla técnicamente producen
una equivocación. Déjenla como estaba, porque estaba muy bien. Al tocarla ustedes para intentar justificar el pase por el Senado con alguna modificación más que la introducida sobre los abogados en el ejercicio, que ha dado para una
magnífica intervención del señor Mardones -aunque para una magnífica intervención del señor Mardones sirve la almeja pirula, por ejemplo, en la isla de Lanzarote-. Han conseguido que tenga un punto 1, un punto 2, y un punto 4, pero no tendrá un
punto 3, salvo que el punto 3 sirva de introductorio al punto 4, lo cual quedaría incluso como broma en la técnica jurídica.
Sólo quiero volver a plantear la queja que luego mi compañero Alcaraz hará de manera más explícita y de manera más implícita sobre cómo se está utilizando el trámite del Senado y estas leyes para ser percha de algo con lo que no tienen nada
que ver.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
También intervendré con brevedad para ajustarnos a lo que ha sido el procedimiento de tramitación de esta ley. Esta es una ley importante, con la que si mi grupo tiene alguna discrepancia es, como suele ser habitual, una discrepancia desde
el punto de vista de las competencias autonómicas y de las especialidades que en materia procesal salvaguarda la Constitución, derivadas del derecho material propio de las comunidades autónomas y que, por tanto, debieran permitir también en este
tema ejercer sus competencias en el uso de las lenguas propias de las comunidades autónomas o en cuanto a la necesidad de hacer referencia a órganos de defensa de la competencia, por ejemplo de las comunidades autónomas, para que junto con los del
Estado puedan administrar el arbitraje. Digo con brevedad porque ha sido una ley que ha pasado muy velozmente por las dos Cámaras, una ley que puede tener una buena síntesis de las necesidades o adaptación al arbitraje anglosajón, exigencia
fundamental para que esta ley sea también una ley de arbitraje internacional, y, por lo tanto, tenga este concepto unitario, y que, al mismo tiempo, mantenga un respeto por el propio sistema continental y, por tanto, pueda ser válida para los
arbitrajes de derecho interno, y que, salvando las distancias en los aspectos autonómicos, en lo demás nos consideramos relativamente satisfechos. Ya hablaremos después de la famosa ley orgánica.
En cualquier caso, quiero mostrar satisfacción porque, de las tres incorporaciones que se producen en el Senado que no son de naturaleza estrictamente técnica o mejoras técnicas sino de contenido, dos obedecen a enmiendas de Convergència i
Unió, y en algún caso también a enmienda de algún otro grupo. En primer lugar pretendíamos, y habíamos presentado enmienda en el Congreso y la enmienda número 97 en el Senado, acotar la capacitación profesional de los árbitros en aquellos supuestos
en los que tuviesen que enfrentarse a arbitrajes de derecho, no pura y simplemente a arbitrajes de equidad. Convergència i Unió planteaba en la enmienda que, en estos arbitrajes, el árbitro debiera ser una persona cualificada en derecho, por lo
tanto, que fuera bien abogado o bien catedrático de universidad, y podríamos encontrar otros profesionales. Debo decir que, al final, la aceptación de la enmienda en el Senado ha ido mucho más allá y lo restringe a abogados en ejercicio. Debo
decir que nosotros tampoco ponemos pegas, aunque nos gustaba más nuestra formulación, porque entendemos que si ha habido un colectivo, por así decirlo, que ha sido objeto de sacrificio a lo largo de estos cuatro años por la puesta en práctica hasta
su suspensión del pacto de Estado por la justicia han sido fundamentalmente los abogados, abogados que se han visto afectados por las disposiciones legales que hemos ido aprobando en esta Cámara y, sin embargo, no han podido ver satisfecha una de
sus más ansiadas y ambiciosas reivindicaciones que es la regulación de la ley de acceso a la profesión. En este caso, saben sus señorías que mi grupo las únicas pegas que puso fueron de orden autonómico, no de la necesidad de la ley.
Hubiésemos
estado dispuestos, y lo estuvimos, a negociar y a impulsar una ley en este sentido, pero no ha sido posible. En cualquier caso, ya digo, no nos importa que desde este punto de vista precisamente en el Senado se distribuya una justicia a este
colectivo. En segundo lugar también nos preocupaba que un sistema de responsabilidad demasiado exigente del árbitro ante terceros o ante las partes pudiera determinar una situación que acabase afectando realmente a su imparcialidad y a su
independencia o, en última instancia, al sistema en su conjunto porque no hubiese ningún profesional que, ante un sistema tan exorbitante de responsabilidad, basada en cualquier tipo de culpa, se viera motivado a no aceptar precisamente configurarse
como árbitro. Aquí, la enmienda de Convergència i Unió, que matiza esa responsabilidad y que establece que, para que pueda exigirse, debemos encontrarnos ante supuestos de mala fe, temeridad o dolo, pone las cosas en su justo término. Pocos grupos
más que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) han reivindicado en el ámbito jurisdiccional el principio de responsabilidad, pero, del mismo modo, también hay que saber situar en el ámbito del arbitraje esa responsabilidad, en el punto
que permita que el arbitraje sea operativo y que el árbitro sea independiente e imparcial respecto de las partes. Por lo tanto, manifestamos nuestra satisfacción. Nos hubiese gustado una tramitación ciertamente algo más sosegada y que también
correspondiese con la dignidad de la materia que estamos abordando. En cualquier
caso, salvo, ya digo, y vuelvo a reiterar, en el ámbito autonómico, debo manifestar nuestra satisfacción por completar lo que debe ser el puzzle de nuestras instituciones jurídicas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Con su permiso, permítame que mis primeras palabras sean de agradecimiento a mi compañera Margarita Uría por sus inmerecidos elogios. También para mí ha sido un placer trabajar con ella a lo largo de estos años, al igual que con todos los
miembros de la Comisión de Justicia y con todos los compañeros que hay en este Pleno, especialmente con mi portavoz de Justicia, Javier Barrero, que me ha dado su confianza. Muchas gracias a todos; ha sido una satisfacción poder estar en esta
Cámara trabajando con personas tan importantes.
Ahora, ciñiéndome a la cuestión de la Ley de Arbitraje, me hubiera gustado que esta ley hubiera tenido el protagonismo que se merece, porque yo creo que es muy importante. Se trata de una ley que está pensada para aligerar la carga de los
tribunales de justicia españoles, que es muy grande.
Nosotros esperábamos con atención, interés y con mucha expectativa esta ley y, sinceramente, creo que el Gobierno debiera haber sido un poco más avanzado en la concepción de una moderna Ley de
Arbitraje. Si bien es cierto que, por un lado, abraza con pasión el derecho anglosajón y olvida el derecho continental, que es el que hemos vivido en nuestro país, sin embargo vemos que ha sido muy restrictivo en algunos casos y, en otros casos,
excesivamente ultraliberal. Por nuestra parte, quiero decir que solamente un acto de absoluta responsabilidad impidió que nosotros presentáramos una enmienda a la totalidad de devolución, porque teníamos la esperanza, que se ha visto un poco
defraudada, de que esta ley pudiera recoger las enmiendas que todos los grupos, y no sólo el nuestro, habíamos presentado al texto, que lo hubieran mejorado tremendamente como explicaré a continuación.
Es cierto que en el trámite del Senado se han aprobado parcialmente dos cuestiones importantes, una de ellas en relación con el exequátur, pero, sobre todo, la posibilidad de que en los arbitrajes de derecho los laudos se dicten por
profesionales del derecho. Nosotros, y casi todos los grupos, decíamos que estos profesionales del derecho debían tener la capacidad necesaria para poder dictar estos laudos y poníamos como condición que, al menos, tuvieran cinco años de ejercicio.
Sin embargo, esto no se hace así, sino que en caso de acuerdo interno entre las partes, éstas podrán nombrar un licenciado en derecho que dicte el laudo.
Nos parece un poco insuficiente, pero, al menos, se ha recogido esa sugerencia tan importante
que hacíamos todos los grupos parlamentarios, pues nos parecía un auténtico disparate que un laudo de derecho no fuera dictado por un profesional del derecho. Sin embargo, esta ley no recoge -y a mí me parece un error- limitaciones ni prohibiciones
para ser árbitro. En principio se dice que para ser árbitro basta simplemente con estar en plena posesión de todos los derechos civiles. Y, con todos los respetos, cuando se dictan laudos de determinadas clases, se tiene que tener un mínimo de
formación. Sin embargo, en las prohibiciones no se dice nada. Yo creo que en esta cuestión ha habido presión de unos grupos importantes, a los que no voy a negar su capacidad jurídica y su calidad, como son los notarios, que a partir de ahora
pueden ser árbitros. Los notarios o registradores -ligados directamente con la Administración del Estado, pues dependen de la Dirección General de Registros y Notariado, y que cobran por arancel-, sinceramente, no me parece correcto que puedan ser
árbitros. Faltaría solamente que en las escrituras que hicieran pusieran una cláusula que dijera que las partes se someten al arbitraje de esa notaría. Eso sería nulo y lo digo en broma, pero ahí queda. Por lo tanto, a mí me parece que esa
prohibición debería haber quedado manifiesta en esta ley que, por cierto, se recogía en la ley vigente.
El Gobierno tampoco ha tramitado con celeridad esta ley, aunque haya tenido tiempo de hacerlo a lo largo de toda la legislatura. El Gobierno no la anunció con el pacto por la justicia y, sin embargo, la ha traído en el último minuto, casi
en fuera de juego. Sinceramente, yo creo que las Cortes Generales no le han dedicado a esta ley más de tres horas y media. Yo creo que esta ley se merecía un poquito más y se ha tramitado con una celeridad impropia. Por eso, algunas veces salen
las cosas como salen. Esta ley, que es ultraliberal y que abraza con pasión el Convenio de Nueva York y también la ley model, no tiene en cuenta sin embargo que nosotros nos guiamos por las normas que marca el Tribunal Superior de Justicia Europeo.
Si se ha pensado que con esto nuestros profesionales van a tener más asuntos en los países latinoamericanos están en un error, porque la mayoría de estos países no han abrazado ni el Convenio de Nueva York ni la ley model y por lo tanto va a tener
la vigencia que sea pero una aplicación escasa.
Nuestro grupo presentó una enmienda que nos parecía importante y que va en consonancia con la Ley Concursal en algunos aspectos. En las impugnaciones de los acuerdos sociales que se hacen en la Ley de sociedades anónimas, artículo 120, y
artículo 56 de la Ley de responsabilidad limitada, la impugnación de esos acuerdos no se puede someter a arbitrajes de equidad, porque son acuerdos de impugnaciones de sociedades, donde se tratan cuestiones económicas y jurídicas muy importantes y
que no deben ser susceptibles
de arbitraje de equidad, sino de derecho. No se ha considerado, no sé por qué, pero creo que es un error. También -y nosotros hemos intentado sin éxito que se recogiera-, cuando los arbitrajes de derecho privado se someten al auxilio
judicial de los tribunales, por qué las tasas tienen que ser gratuitas. Están invocando el auxilio judicial y no tienen por qué ser gratuitas; tendrían que pagarse, como todo el mundo, no pasa absolutamente nada. Eso va a ser una carga cuando se
practiquen las pruebas para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción y no se tenía que haber considerado.
Quiero hacer una referencia importante a los arbitrajes de consumo. En nuestra sociedad actual los arbitrajes de consumo tienen una importancia muy grande. Todos los días estamos viendo reclamaciones importantes en los temas relativos al
consumo y sin embargo los arbitrajes de consumo no tienen la preponderancia ni la calidad técnica que deberían tener, por una razón muy elemental y muy simple y es que no están dotados de medios técnicos ni económicos. Nosotros propugnábamos que en
el plazo de tres meses a partir de la promulgación de esta ley se articulara una dotación económica y técnica, para que estos arbitrajes se pudieran celebrar con toda clase de garantías y que sobre todo tuvieran calidad. Porque se pueden hacer
muchas leyes, pero si al final los arbitrajes, los árbitros, no tienen calidad, la gente no va a creer en ellos y nosotros tenemos que hacer una ley para que la gente crea en ellos y para que se puedan hacer estos arbitrajes.
La exposición de motivos, como decía antes el señor Mardones, es impecable, pero lo malo es que no se corresponde con la realidad. Esta ley se hace precisamente buscando la celeridad y la eficacia y establece un procedimiento nada menos que
de seis meses hasta que se dicte el laudo. Y hay más. El árbitro a su libre arbitrio -y valga la redundancia- puede prorrogarlo dos meses. Nosotros dijimos que no, que quien tenía que tener la facultad para pedir la prórroga de esos dos meses
tenían que ser las partes, no el árbitro, porque si no iremos siempre a un procedimiento arbitral donde el laudo se dicta a los ocho meses. Señorías, esto sinceramente es excesivo, no va con el espíritu de la ley, no concuerda con la exposición de
motivos y no tiene utilidad práctica. Estamos buscando procedimientos ágiles. Se ha hecho un esfuerzo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que yo creo que es positivo, y aquí se tenía que haber seguido manteniendo ese esfuerzo para lograr lo que se
pretende fundamentalmente, que es que esta ley sea buena y que se tramite con eficacia.
Nos hubiera gustado, como he dicho al principio, que esta ley se tramitara de otra forma y que los grupos parlamentarios hubiéramos tenido más tiempo para estudiarla, participando con el Gobierno para hacer una buena ley. Lamento decir,
aunque otros opinen lo contrario -y ahí está el respeto-, que esta ley podía haber sido mejor y que no cumple todas las expectativas que nosotros queríamos que cumpliera. A pesar de todo, no quisimos presentar una enmienda de totalidad con
devolución porque teníamos la esperanza de que el Grupo Popular nos iba a escuchar más. Me parece que se nos ha admitido una enmienda y media o algo así, aunque no pensamos en eso; si se hubieran admitido las de otros grupos, nos hubiera parecido
estupendo, porque todos iban en una línea parecida. Pero las cosas son como son y a pesar de todo deseo que esta ley tenga larga vida y sobre todo que se vayan haciendo algunas correcciones sobre la marcha.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez Garrido.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas a este proyecto de ley de arbitraje que vienen del Senado. Quiero agradecer en primer lugar a todos y cada
uno de los portavoces de los grupos parlamentarios su aportación, su colaboración y de manera especial su tono. Mi grupo considera que, dentro de la urgencia de la tramitación, ha habido colaboración desde el principio y que, independientemente de
que tengamos posiciones distintas, siempre ha sido constructiva. Agradezco al señor Mardones lo que ha dicho sobre este proyecto de ley -ha dicho que es un proyecto de ley ejemplar- así como a la señora Uría, aunque luego habrá otro debate -ya he
hecho referencia a que es la primera vez que hay un trámite por separado de lo que es ley ordinaria y ley orgánica- y, por supuesto, en ese trámite todos podremos exponer las razones que nos llevan a mantener determinadas posturas, creo que se podrá
hacer de forma sosegada, lo mismo que se está haciendo en este trámite.
De lo dicho por el señor Rejón no puedo admitir -se lo digo con todo cariño- que esto sea una percha para ninguna tropelía del Gobierno. No hace falta ninguna percha, no hay ninguna percha y el Gobierno no ha cometido, ni comete, ni
cometerá nunca ninguna tropelía; absolutamente ninguna. Luego, en el siguiente debate, expondré las razones. En lo que respecta a las enmiendas del Senado, a las que el señor Rejón se ha referido como enmiendas basura, tengo que decir que o no se
ha leído bien el proyecto o no sabe el carácter de esas enmiendas; por tanto, creo que lo ha dicho dentro de la dialéctica parlamentaria y no desde ningún otro punto de vista.
En relación con Convergència i Unió, diré que muchas de las enmiendas introducidas en el Senado son el resultado de transacciones con varios grupos y de manera especial con Convergència i Unió.
Al señor Sánchez Garrido, del Grupo Socialista, quiero agradecerle su aportación. Qué diferente es decir las mismas cosas de distinta manera y con distinto tono. Sólo hace falta ir al 'Diario de Sesiones' y ver lo que fue la sesión
anterior sobre este mismo proyecto de ley y lo que se acaba de decir aquí, diciendo y haciendo, con legítimo derecho, las mismas o parecidas críticas. Eso demuestra el talante dialogante, el talante parlamentario del señor Sánchez Garrido.
Entrando en el fondo de la cuestión, señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Popular va a apoyar -no podía ser de otra manera- todas y cada una de las enmiendas que vienen del Senado. El artículo 8.6 ha sido modificado para
dotar de la necesaria flexibilidad el precepto relativo al exequátur de laudos extranjeros. Ahora la competencia corresponde al órgano jurisdiccional, al que el ordenamiento procesal civil atribuye la ejecución de las sentencias dictadas por
tribunales extranjeros. En el artículo 15 se añade un nuevo apartado -que pasa a ser el apartado 1- que establece que en determinados arbitrajes se requerirá la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario.
Como
consecuencia de la aprobación de esta enmienda, cambia la numeración de los demás apartados del artículo y se modifica la revisión contenida en el último de ellos. Luego hay una serie de enmiendas de corrección de estilo y finalmente hay una
enmienda al artículo 21.1 que pretende favorecer e incentivar el desarrollo de procesos arbitrales.
Como ya dije en esta misma tribuna en el trámite anterior, el texto que vamos a aprobar ha sido en general muy bien recibido y valorado, propicia progresos esperados en materias concretas y consagra el deseado acoplamiento de nuestro sistema
arbitral al marco del arbitraje internacional. Desde 1988, los abogados asumieron el importante rol que el legislador de entonces les atribuyó como árbitros de derecho. Así, han sido abogados en ejercicio los que han desempeñado la función
arbitral de derecho y es necesario subrayar la alta calidad de los resultados obtenidos. El proyecto contiene un giro importante: a partir de ahora, si el arbitraje no es expresamente de equidad, será de derecho. Esto es bueno, está respaldado
por la positiva experiencia de estos años y a ello responde la medida. La utilización residual de la equidad se ajusta a la exigencia de que sea expresa, acomodándose más a los criterios básicos del título preliminar del Código Civil.
No hay razones de política legislativa, por otra parte, que justifiquen el cambio, porque se ha hecho bien y sin regatear esfuerzos; de ahí que se haya introducido en el Senado esa enmienda al artículo 15, para establecer que en
determinados arbitrajes se requerirá la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario. Por supuesto, con la actitud, con la preparación y con todo lo que lleva consigo el ejercicio de la abogacía, aquel que tenga una
cuestión que someter a arbitraje sabe perfectamente a quién tiene que acudir: a la experiencia y a la preparación; sin duda, a quien, por su preparación, sabe de verdad defender los intereses generales. Ello independientemente de que el abanico
esté abierto a otros colectivos para que puedan ejercer, como ocurre en otros países europeos. En relación con este tema no hay ninguna otra cuestión.
En definitiva, señorías, el objetivo de esta ley es la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales. El crecimiento de la confianza del ciudadano ha supuesto que los asuntos planteados ante los tribunales hayan
aumentado en un 20 por ciento, superando la cifra de siete millones de casos durante el pasado año. La creación de 800 nuevas plazas de jueces y magistrados y la sustitución de 644 jueces no profesionales por jueces de carrera, unido al impulso de
procedimientos más ágiles y eficaces establecidos por las nuevas leyes de Enjuiciamiento Civil, de lo contencioso-administrativo y de juicios rápidos, está permitiendo que los tribunales resuelvan, por primera vez, más asuntos de los que entran. La
nueva ley de arbitraje trata de dar un paso más respecto a estas medidas, facilitando los instrumentos de resolución extrajudicial de los conflictos. Además, esta ley potenciará el arbitraje español como referente para el tejido empresarial de
todos los países iberoamericanos.
Los ejes centrales de esta ley, en resumen, son los siguientes. Primero, modernización del arbitraje; el proyecto introduce algunas soluciones novedosas a cuestiones que venían planteando dificultades en la práctica arbitral, como el uso
de los nuevos medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Segundo, homologación internacional del arbitraje; se tiene en cuenta la ley modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, que ha
sido adoptada por más de 35 países. Asimismo se regula el arbitraje internacional y se establece el arbitraje de derecho cuando no haya un pacto expreso entre las partes, como lo hacen la mayoría de las legislaciones de nuestro entorno. Tercero,
flexibilización y agilización del proceso arbitral; se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo, se regula la designación judicial de los árbitros y la anulación del laudo arbitral a través del juicio verbal y se deja
mayor libertad a las partes en cuanto a la designación de los árbitros. Cuarto, ampliación de las competencias de los árbitros; se reconoce un mayor margen de libertad a los árbitros para resolver los conflictos y se les faculta incluso para
adoptar medidas cautelares. Quinto y último, aumento de la eficacia del laudo; se atribuye al laudo fuerza ejecutiva incluso en caso de que se ejercite la anulación, permitiendo la suspensión de la ejecución siempre que se preste caución
suficiente. Este es, señorías, el proyecto de ley que vamos a someter a votación a continuación.
Y en lo que respecta al señor Sánchez Garrido, al que se han hecho ya algunas referencias desde esta tribuna, yo, personalmente y en nombre de mi grupo, añadiré
que el señor Sánchez Garrido es una gran persona, un buen parlamentario, un buen dialogante, honesto, y que ha dado a mi modo de ver lecciones magistrales en esta legislatura acerca de lo que es saber estar, también en la crítica; cuando
una cosa se ha querido reconocer se ha reconocido, por supuesto desde el respeto, que es lo más importante en la vida parlamentaria y en la democracia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bueso. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de arbitraje.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ARBITRAJE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. (NÚMERO EXPEDIENTE 121/000175.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de arbitraje, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señor Aymerich.
(Rumores.)
Señorías, por favor, hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra. ¿Sería posible que guardaran silencio y ocuparan los escaños? (Pausa.) Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con esta ley orgánica -inicialmente era ley orgánica- complementaria de la ley de arbitraje y que en este momento ya no sabemos lo que es, el Gobierno y el Grupo Popular consuman un fraude al procedimiento legislativo y a los
principios inspiradores del derecho penal en un ordenamiento democrático. Estamos ante un proyecto de ley, tal y como nos llega del Senado, inadmisible desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, tanto por razones de forma como por
razones de fondo.
Por razones de forma, de procedimiento, porque es evidente que el contenido de esta enmienda supone una burla al procedimiento legislativo y supone desconocer, de forma grosera, las competencias de esta Cámara y también las competencias de
órganos consultivos del Gobierno, como el Consejo de Estado o el propio Consejo General del Poder Judicial. Saben ustedes, señorías, que el procedimiento es algo más que forma, el procedimiento en derecho, también el procedimiento legislativo,
tiende -por lo menos así se sigue explicando en los manuales- a asegurar el acierto en la decisión. Precisamente por el desacierto del contenido de esta enmienda, quisieron ustedes evitar la intervención del Congreso y de estos órganos consultivos.
No basta con decir, como decían ayer, que el PSOE también abusó de las enmiendas del Senado cuando gobernaba, con la misma finalidad. En la ilegalidad no hay igualdad o mal de muchos ya saben de quién es consuelo.
En cuanto al fondo, en general en esta enmienda hay una abierta infracción de los principios constitucionales inspiradores del derecho penal: la intervención mínima, la proporcionalidad o, como recordó el Consejo General del Poder Judicial
en la anterior al infausto pacto de Estado por la justicia entre ustedes y el Partido Socialista, con ocasión de la primera de sus reformas penales a finales del año 2000, tampoco en esta reforma es observable la serenidad congruente con el carácter
de ultima ratio que debe caracterizar a la respuesta penal. Estamos ante una reforma precipitada y, como ya dije, desacertada. ¿Cuál es, señores del Partido Popular, el bien jurídico protegido a través de este nuevo tipo penal? ¿Cuál es el bien
jurídico protegido; es un precepto contra el terrorismo, es un precepto de defensa de la soberanía popular? ¿Acaso la soberanía popular no reclama más consultas, más referéndums, incluso no sólo consultivos, como dice la Constitución, sino
vinculantes? Quizás el problema está en que no se hacen los suficientes referéndums, quizás el problema está en que no se consulta suficientemente a la ciudadanía acerca de qué es lo que quiere, acerca de qué es lo que desea y acerca de cuál es el
futuro que las distintas sociedades del Estado español quieren establecer para sí mismas.
Es, además, un precepto, un tipo penal, plagado de deficiencias técnicas; más que un tipo penal parece una excomunión. Ustedes pretenden meter en la cárcel a todo el mundo, a la autoridad o funcionario que promueva, al que colabore, al que
asegure, al que financie. Recuerda aquellas excomuniones pronunciadas por ciertos obispos y por ciertos curas católicos contra cualquiera que de alguna forma colaborase en el aborto; incluso, decían, que quienes participasen en la limpieza del
quirófano en el que se practicó un aborto serían excomulgados. Quizá sea mucho pedir, pero este diputado y el Bloque Nacionalista Galego esperan que de la sensibilidad política, de la sensibilidad jurídica, en definitiva, del sentido común del
grupo que da apoyo al Gobierno salga un voto negativo, no a este
proyecto de ley orgánica pero sí a esta enmienda impropia, fraudulenta, que hoy nos llega del Senado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, la democracia tiene sus leyes, la democracia tiene su fondo, no vale utilizarla torticeramente. No se pueden poner casas de prostitución y con los beneficios luchar contra la
prostitución. No se puede permitir el tráfico de drogas para con los beneficios luchar contra la droga. No se puede luchar contra teóricas posiciones inconstitucionales de forma inconstitucional. Señorías, se empiezan admitiendo en esta Cámara
pequeños trucos, se empieza admitiendo que pulpo es animal de compañía y admitimos la ley de acompañamiento con los cajones de sastre y los cambios y se termina aquí con un proyecto de ley orgánica, hurtando el debate a esta Cámara. Se utiliza la
Cámara para saltarse el debate, cuando la Cámara está inventada para el debate. Se utiliza el Gobierno para ordenar a la Cámara que haga una determinada cuestión saltándose a la propia Cámara, cuando es ésta la que aprueba los decretos y los
gobiernos son los que luego los aplican.
Estamos en un último día de Pleno triste, porque no podemos estar de acuerdo ni con el fondo ni sobre todo, algo importantísimo en democracia, con la forma. Este Parlamento hoy está siendo burlado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy, sin menoscabar el papel del Senado -por cierto, siempre que subimos a esta tribuna y nos referimos a la Cámara Alta hay que reseñar la necesidad de su reforma, que algunos partidos de esta Cámara
defendemos-, creemos que el Partido Popular ha consumado un fraude de ley. Ha intentado la modificación del Código Penal por la puerta trasera y, como decía ayer en la cena de los premios de la Asociación de Periodistas, hay quien sólo se acuerda
del Senado una vez al año en la ley de acompañamiento de los presupuestos o en situaciones como ésta.
Dicho esto, no es un problema sólo de forma, que parecería grave, es también un problema de fondo. Y es cómo desde el Partido Popular y desde el Gobierno se está intentando escamotear la legitimidad de comunidades autónomas, pueblos,
territorios, naciones que componen el Estado, un Estado compuesto para reformar sus propios estatutos y para poder siempre desde el mismo marco del diálogo, desde la búsqueda del diálogo, desde atender a razones, la modificación de sus estatutos.
La cerrazón que ha llevado el Partido Popular y el Gobierno contra cualquier reforma vulnera el mínimo espíritu democrático y el espíritu del diálogo. Ayer desde esta misma tribuna, este diputado le decía en la despedida del señor Aznar que,
definitivamente, lo que se predica por parte del Gobierno español y del Partido Popular en Europa no se practica en el Estado español. Se argumenta que en Europa hay una Europa de ciudadanos y de Estados para combatir lo que podría ser un rodillo
mal llamado francoalemán o centroeuropeo, pero curiosamente en el Estado español estamos ante el rodillo que permanentemente se enfrenta a la pluralidad y a la diferencia que podemos representar territorios, comunidades autónomas, pueblos o naciones
en el seno del Estado.
Esta modificación del Código Penal es un paso más en esta sensación de asfixia permanente a las instituciones que discrepamos de este modelo de Estado, es un paso más a la negación del diálogo y al conflicto, y este Gobierno saca
permanentemente tajada electoral de este conflicto. El nacionalismo excluyente, el nacionalismo español, del cual hace gala hoy el Partido Popular y este Gobierno, tienen en esta modificación del Código Penal munición suficiente como para ir más
allá del mes de marzo.
Es un mal camino y Esquerra Republicana de Catalunya denuncia aquí, en esta tribuna, que con esta situación esto no puede continuar así. En el Estado español hay suficiente conciencia democrática, suficientes ciudadanos y
ciudadanas con la conciencia del diálogo y la búsqueda de acuerdos, no así el Partido Popular. Esperemos que la democracia, el debate, la razón, pueda hacer que esta situación sea reversible.
Gracias, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Subo a la tribuna para fijar la posición de Eusko Alkartasuna en relación con las enmiendas del Senado sobre la reforma del Código Penal. Las rechazamos de manera absoluta por el procedimiento y por el
contenido y señalamos que no participaremos en la votación de esta barbaridad política y jurídica. Las razones son claras.
Estas enmiendas suponen un ataque a la línea de flotación de los principios básicos de una democracia. Atacan al Poder
Legislativo, a las competencias de este Congreso de los Diputados, ya que han impedido que diputados de esta Cámara podamos ejercitar nuestro derecho de presentación de enmiendas, han impedido el debate. Han hecho que el Gobierno no tenga
obligación de confrontar y explicar esta reforma que han propuesto y también han incumplido los necesarios informes que se requieren de órganos como el Consejo
General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Pero siendo todo ello muy grave, la segunda razón es que atacan y vulneran los principios democráticos de los derechos de los ciudadanos.
Señorías del Grupo Popular, están muy equivocados si creen que con reformas punitivas, regresivas y represivas van a impedir la libertad de expresión de los ciudadanos. En esta tribuna, como en otros sitios, Eusko Alkartasuna siempre ha
pronunciado palabras claras y sinceras y hemos sido respetuosos con las opiniones que eran distintas a las nuestras.
Pero queremos decirles clara y sinceramente que, después de un debate serio y riguroso en el Parlamento vasco, donde se apruebe una
propuesta clara en un ambiente civilizado y democrático, Eusko Alkartasuna promoverá, facilitará e intentará asegurar que los ciudadanos vascos puedan decidir y expresar lo que quieren en relación con su futuro. Esto es lo que vamos a hacer porque
es clave en una democracia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señora Miquel.
La señora MIQUEL SERDÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo de Iniciativa per Catalunya-Verds tampoco va a participar en una votación que es un fraude de ley. La reforma de la Ley de Arbitraje para modificar la Ley orgánica del Poder Judicial con la introducción de enmiendas en el
Senado es condenable desde el punto de vista político y democrático. Esta manera de actuar del Grupo Popular que vemos hoy en el Parlamento no es sólo un problema de forma, sino también de fondo. El Grupo Popular ha hurtado al Congreso de los
Diputados su función de eje discutidor de las cuestiones de trascendencia política con la introducción de enmiendas que pretenden castigar con penas de privación de libertad. No sé si ustedes saben que durante toda la campaña, en Cataluña,
Iniciativa per Catalunya-Verds ha estado al tanto de la reforma estatutaria y que la gran mayoría de los catalanes y catalanas nos vamos a ver obligados a lo mismo que está pasando en el País Vasco con el Partido Popular. Dijimos que haríamos una
consulta popular y la haremos, porque la participación siempre tiene un doble objetivo: que la sociedad haga suyo un proceso, que si no puede quedar alejado de las inquietudes cotidianas, y demostrar al Estado la voluntad firme de todo un pueblo
que no está dispuesto a admitir recortes a su decisión. Los vascos van a debatir y decidir su futuro y los catalanes y las catalanas también vamos a debatir y decidir nuestro futuro. La participación democrática será evidente y, por tanto, habrá
fuerzas políticas, como el Partido Popular, a quienes este planteamiento no les gustará nada y querrán limitar el debate a una ponencia parlamentaria reservando este papel de la ciudadanía a una simple ratificación posterior. Para Iniciativa per
Catalunya-Verds la forma es tan importante como el fondo. Es gravísimo que, más allá de la forma, un debate que debe ser político se solvente mediante la reforma del Código Penal, que es el último instrumento para resolver este tipo de cuestiones.
Tiene que abordarse desde la política y nunca desde derecho penal.
El Gobierno del Partido Popular está llevando a España a una situación de ruptura, con su actitud y su falta de responsabilidad, al propiciar un clima de crispación mucho mayor del que pueda crear cualquier plan Ibarretxe. Existe el derecho
político a plantear estas propuestas políticas y el Partido Popular debería tomar nota de ello.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miquel.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, nos encontramos hoy con un verdadero caso de ilegalidad, tal y como denuncian el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y
otras instituciones, ante la enmienda de modificación de varios artículos del Código Penal que denuncia que, de modo torticero y por la puerta de atrás, se modifiquen leyes sin pasar por los conductos reglamentarios. Esto ha sido un insulto a la
democracia y a la Constitución ahora que a ustedes, los del Partido Popular, se les llena la boca con una propaganda verdaderamente bochornosa.
Señorías, el presidente del Consejo General de la Abogacía ha declarado que no se puede utilizar la legislación como arma política y ha criticado la última reforma sufrida por el Código Penal y, en concreto, la modificación promovida contra
el plan Ibarretxe. El responsable de los abogados de España subrayó: Me preocupa enormemente que la legislación se haya convertido en un instrumento de la acción política. Añadió que la reforma o reconstrucción de las normas jurídicas requería un
período considerable de reflexión y afirmó que estos cambios de final de legislatura no eran buenos. En este sentido, aludió a lo que llamó la moda del cuelgue, explicó que consistía en colgar reformas que no tenían que ver con la ley a las que se
aplicaban y pidió mayor ponderación a la hora de modificar las leyes. Asimismo, el señor Carnicer criticó que se legisle técnicamente de forma muy deficiente, dudó de que sea bueno legislativamente introducir cuñas al final de año para reformar la
mitad del ordenamiento jurídico, a veces produciendo reformas en leyes que ni siquiera han entrado en vigor y puso el ejemplo de la Ley Concursal.
Señorías, si a mí me dijese esto una autoridad como la referida, se me ocurriría pensar dos cosas.
En
primer lugar, dudaría de mi capacidad legislativa y, en segundo lugar, ante la duda, dimitiría. Pero como sé que no van a hacer caso a ninguna de estas dos propuestas, sólo me queda desearles a ustedes que pasen una Feliz Navidad y que el
año que viene seamos todos más buenos y más justos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, para mi grupo -y pienso que para muchos constitucionalistas- hoy no es un día grato; hoy es un día triste. Y nos incomoda. Mi grupo quiere dejar constancia aquí de tener que debatir una iniciativa del Senado,
por imperativo del voto del grupo mayoritario y del Gobierno, que nos hace sentirnos incómodos, cuando celebramos los 25 años de la Constitución. Esta iniciativa nos obliga también a una toma de posición en defensa de unos principios, de forma y de
contenido, de todo el proceso legislativo.
Lo que llega del Senado es un cuerpo extraño. Con el Reglamento de la Cámara y con la Constitución en la mano, más que un proyecto de ley enmendado tendría que ser una proposición de ley proveniente del Senado, como permite su Reglamento;
una iniciativa de origen senatorial que tiene que tener la clasificación no de proyecto de ley, sino de proposición de ley. Porque las leyes no solamente están definidas por el contenido de su articulado, por la exposición de motivos, que hasta
ahora parecían razones necesarias y suficientes. El contenido del texto articulado de una ley y la exposición de motivos o justificación de la misma tenía que contemplar una armonía de principios entre lo que explicita la exposición de motivos y lo
que concreta el texto articulado. Pero faltaba un detalle, que es el frontispicio de toda ley: su título. Los títulos de las leyes definen cuál es la materia jurídica, cuál es el contenido del principio de legalidad. El proyecto de ley que el
Congreso remitió en su momento al Senado es el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial.
Todo experto, todo profesional del derecho tendría que buscar en la hemeroteca
la materia del arbitraje en la selectividad de los textos legales, cuando se trata de armonizar la competencia de Ley orgánica por el Poder Judicial con las competencias del arbitraje de un Juzgado de lo mercantil especializado frente a un Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, ya que esto era lo que tenía el carácter orgánico. Esto respondía al propio título de la ley. Pero hete aquí que se produce una modificación no solamente de forma y contenido, sino una transmutación, una
mutación genética, y el título de proyecto de ley que remite el Senado se transforma en proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. Esto violenta cualquier sensibilidad democrática, de respeto
constitucional, de la relación que la Constitución señala entre el Congreso de los Diputados y el Senado para el origen y naturaleza de las iniciativas. No se trata de una modificación sustancial del Senado sobre unos preceptos de leyes técnicas,
un olvido o una circunstancia durante su tramitación previa en el Congreso de los Diputados, como señala la Constitución. Si así hubiera sido, en el Senado tendría que haberse buscado un consenso, un voto mayoritario o absoluto para hacer esta
modificación.
Señorías, mi grupo rechaza frontalmente, en forma y contenido, lo que nos llega del Senado, pues se trata de la desnaturalización de un principio de norma legislativa. No sabríamos decidir tanto el rechazo por el fondo como por la forma,
por los principios formales de remitirse al Congreso.
Un Estado democrático de derecho tiene que velar no solamente por el fondo y contenido de sus preceptos, sino por la forma en que los tramita.
La forma es lo que va a dar un principio de
legitimidad y de legalidad.
Esa forma es imprescindible porque si la pisoteamos ya podemos hacer el mejor contenido que el principio de ley estará viciado. Es un principio espurio porque está ocultando la finalidad política y legítima de un
Gobierno o un grupo mayoritario bajo una especie de camuflaje que va desde el título de la ley hasta la forma en la que se trae aquí. Nada está reñido con el debate democrático, pero la Constitución da prioridad a los actos políticos, democráticos
y parlamentarios que regulan un correcto tratamiento de los proyectos de ley.
El primer escenario de entrada de todo proyecto de ley es el Congreso de los Diputados, pero cuando se trata de una ley con un contenido netamente político, los proyectos de ley tienen que entrar por donde entra la máxima jefatura del Estado
en esta Cámara, por la puerta principal, por el pórtico, por la puerta derecha hacia esta Cámara, para responder ante la misma. No pueden entrar por la puerta de servicio, no pueden entrar por la puerta trasera. Hay un principio que mi grupo
quiere hoy defender y dejar bien claro, que es el principio de la calidad democrática de las normas, independientemente de su contenido. Si nos queremos preciar, ya que celebramos ahora los 25 años de la Constitución española, debemos tener el
decoro de mantener el principio de calidad democrática de todas nuestras normas, porque cuando a los legisladores se nos juzgue por el principio de calidad democrática, los estudiosos querrán ver en qué forma se hizo el debate y qué filtros se
pusieron para perfeccionar el texto.
No se puede hurtar a esta Cámara un debate sobre unos principios políticos. Estaríamos dispuestos a entrar en ellos y a tener las coincidencias que la racionalidad y el buen
sentido de gobernabilidad nos permitieran, pero para eso hay que permitir el debate, debate que tiene su foro en el Congreso de los Diputados.
Podríamos llegar a arreglos, a pactos, a acciones perfeccionadoras de un texto, para que una vez
que se remita al Senado, éste, si lo desea, pueda hacer alguna corrección puramente gramatical y de sintaxis. No se puede conculcar un principio que, más que en la letra, está contenido en el espíritu de la Constitución española y en el Reglamento
del Congreso de los Diputados, que es el principio de la calidad democrática de las normas. Si no presentamos ante la ciudadanía española unas leyes realizadas con este principio de calidad democrática, de transparencia absoluta y sin ánimo en el
legislador de una acción dolosa -que sería lo más grave-, la clase política española y la democracia no tendrán capacidad de convencimiento para poder llevar a cabo estas actuaciones.
No ha habido un texto legal de la enjundia del que viene en
estas enmiendas que se haya podido hacer aquí. En la Junta de Portavoces se ha pedido -mi grupo se ha sumado a ello- su retirada del orden del día, yendo incluso a un aspecto formal, como es solicitar el dictamen previo del Consejo General del
Poder Judicial. Esta iniciativa que llega hoy viene sin los padrinos democráticos de todo sistema de transparencia, ni siquiera trae un dictamen del Consejo de Estado. Es preceptivo, no vinculante, pero enriquece, legitima y da calidad democrática
el que un proyecto de ley tenga el dictamen del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sin una consulta previa al Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado constitucional, junto al Ejecutivo, el Gobierno, y al
Legislativo, el Parlamento, no se le puede endosar la responsabilidad política de juzgar a una persona en un tema que sería perfectamente discutible, aunque ahora no podamos hacerlo formalmente. No se puede decir al Poder Judicial: Ahí tiene usted
eso, sin que hayamos escuchado su opinión. Eso, señorías, no es presentable en un Estado de derecho. Nos hubiera gustado celebrar los 25 años de la Constitución con la conciencia bien tranquila, porque defectuosas o no en su fondo, las leyes que
se aprueban respetan el principio de calidad constitucional y democrática. Por estas razones, mi grupo rechaza frontalmente esta situación en la que nos encontramos, dejando claro estos principios porque preferimos ser leales al espíritu y a la
letra de la Constitución que a un proyecto de ley que adultera estos valores.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comenzaré leyendo un párrafo del 'Diario de Sesiones' de esta Cámara que evidencia la tramitación engañosa que se ha producido en la tramitación del proyecto de ley al que ahora nos referimos. Se decía en el 'Diario de Sesiones'
por quien era portavoz del grupo mayoritario que íbamos a desdoblar el proyecto de ley en dos y que se trataba simplemente de una adaptación técnico-jurídica de la Ley de Arbitraje a la Ley orgánica del Poder Judicial para lograr una mejora técnica,
en el sentido de que los juzgados de lo mercantil puedan ser competentes para conocer de los temas de arbitraje. Evidentemente, mi grupo y todos los grupos dijimos que sí porque tal era el propósito: desdoblar la Ley de Arbitraje en dos y los
preceptos que debían ser orgánicos, puesto que decían dónde habían de residenciarse los recursos procedentes de las impugnaciones de laudos, deberían ir a los juzgados de lo mercantil. Después esto no ha sido así y se pega a este proyecto otro
proyecto que para nosotros es distinto, el de modificaciones del Código Penal, en los términos que más adelante enunciaré.
Resulta curioso que todas las formaciones de la Cámara, a excepción de la mayoría, nos hayamos quejado de los contenidos y, sobre todo, de los aspectos formales y entre ellos haya tenido especial relevancia la idea de que el proyecto -lo que
hoy se pretende aprobar, estas enmiendas- carece del informe del Consejo General del Poder Judicial a lo que llama la Ley orgánica del Poder Judicial; ciertamente que con carácter potestativo, si fuese obligatorio estaríamos hablando de recursos
distintos. Sorprende que el propio Consejo General del Poder Judicial en su gran mayoría haya parecido relativamente feliz de que se le puentee o haya estado ignorante de esta cuestión. En el mismo día en que se hace público que se van a
introducir estos tipos penales nuevos, un ilustre representante de la facción conservadora del Consejo -si se me permite manifestarlo en estos términos- escribía un artículo que se titulaba: Los jueces ante el plan Ibarretxe y se pronunciaba en
contra de que se utilizasen vías penales. Decía que no le parecía correcto o no debería llegarse a utilizar el artículo 155, ni la vía penal, por mucho que los nacionalistas vascos nos obliguen. Esto sucedía en el mismo día en que se anunciaban
las modificaciones legales. Eso sí, le parecía, que los recursos iniciados ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción contenciosa, o ante el Tribunal Constitucional, eran perfectamente posibles y llamaba a: ¡Adelante con los faroles!. No deja de
sorprender a esta diputada que desde el Consejo General del Poder Judicial se haga tanta política proclive al Gobierno. Sin embargo, sí parecía encantado de que se puentease a la institución, alta institución del Estado a la que representa. Su
propio portavoz el mismo día decía que era muy adecuado que se hiciesen estas modificaciones penales. Parecería que uno que sirve a una institución debería preocuparse por que ésta no sea objeto de puenteo, insisto, cuando
de tramitaciones tan importantes como son las modificaciones del Código Penal se trata. La doctrina en general, aunque hay alguna excepción evidentemente, los colectivos colegiales y las asociaciones judiciales -excepción hecha de las de la
derecha, muy derecha, porque han sido también personas concretas y no los colectivos enteros- se han manifestado en contra de los contenidos de esta norma.
A mí me interesa en concreto -puesto que estamos en el Congreso de los Diputados, órgano de soberanía popular- hacer referencia a otro argumento formal utilizado por alguna de las formaciones políticas que se han opuesto a que se incluyese
hoy la norma en el orden del día. Me estoy refiriendo a la violación del artículo 23.2 de la Constitución porque no se ha permitido que los diputados que teníamos que haber participado en la intervención de esta norma podamos utilizar nuestro
derecho, el ius in officium, que no se nos reconoce, y que es la garantía del ejercicio efectivo de nuestro mandato representativo. Ayer cuando se citaban estas sentencias por el secretario general del partido mayoritario de la oposición muchos
diputados de la mayoría decían que no, que no. Sin embargo, estas sentencias existen. Por dos veces, dos, el Tribunal Constitucional en esta legislatura ha entendido que la Mesa ha incurrido en violación del artículo 23.2 respecto de formaciones
políticas de esta Cámara al no permitir -insisto- este ius in officium. En concreto, me estoy refiriendo a la que se nos hizo entrega el otro día en la Junta de Portavoces, con la documentación que siempre se acompaña, que hace referencia a un
recurso de amparo, la número 2.602/2001, que ni siquiera está numerada porque fue dictada tan recientemente como el día 1 de diciembre de este mismo año; es decir, es una sentencia que ni siquiera tiene un mes de existencia. Es muy feo, señorías,
que se concluya esta legislatura entendiendo que la propia Mesa de la Cámara limita o violenta el derecho que los parlamentarios tienen al ejercicio legítimo de su función representativa permitiendo tramitaciones que la cortan o la limitan en lo que
debe ser la extensión constitucionalmente querida.
A propósito de otra cuestión, hace poco el profesor José Ramón Recalde, quien fuera consejero del Gobierno vasco y a quien quiero rendir homenaje desde esta tribuna, escribía un artículo titulado: Formas necesarias y juegos prohibidos.
Este título es absolutamente adecuado para las modificaciones del Código Penal que en este supuesto se están intentando.
La Constitución llama a un procedimiento para la modificación de leyes orgánicas tan importantes como son las que incluyen
tipos penales, y ahí las formalidades son más que formalidades porque hacen referencia a la garantía de la propia tramitación de la norma. Veamos, pues, señorías, qué es lo que se ha incluido como corrección técnica, tal y como dice, nada menos que
el mensaje motivado -que ya es cinismo, si me permiten manifestarlo así- de la ley orgánica que acompaña a la de arbitraje. Se ha modificado el Código Penal en los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. Uno de los tipos penales, ya lo saben
ustedes, hace referencia a quien convoca elecciones o referendos. El segundo apartado se refiere a quien, sin convocar, facilita, promueve o asegura que pueda celebrarse el proceso. El artículo 521 bis es más curioso, y a ello me referiré, porque
pretende penar a particulares que participen bien como interventores -es decir, sin ser autoridades públicas- en un proceso de este estilo. Y el artículo 576 bis hace referencia a la utilización de fondos o bienes de naturaleza pública que ayuden a
partidos o asociaciones que se encuentren suspendidos.
Utilizaré lapidariamente, puesto que no hay más tiempo, las argumentaciones que nos parece que convierten en ilegales estos tipos penales en in extenso respecto del artículo 606 bis del Código Penal, que nos parece intramitable, que no
debería haber sido nunca objeto de inclusión en la forma en que lo ha sido, ni con el contenido con el que lo ha sido, por ocho motivos que enunciaré. Primero, por no haber sido informado por el Consejo General del Poder Judicial. Segundo, por
tratarse de una disposición sorpresiva y metida con calzador en el proyecto de ley de arbitraje. Tercero, por razón del mecanismo legislativo utilizado, que es justo el inverso del que debió emplearse: traerse como proyecto con todos los informes
preceptivos y empezar su tramitación en esta Cámara pasando luego al Senado. Cuarto, por tratarse de una disposición ad hominem; algo prohibido respecto de todas las leyes, pero sobre todo de las leyes penales, cuando uno de los caracteres que
tiene que revestir toda ley es el principio de generalidad. Quinto, por resultar innecesario en cuanto a que las conductas que se tipifican en este artículo encajarían hoy en el delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal; encima se
es penalmente torpe. Sexto, por la desproporción de la pena. Una privación de libertad por un mínimo de tres años obligaría a su cumplimiento efectivo y resulta desproporcionado a lo que se pretende penar. Séptimo, por aplicación del principio de
mínima intervención, que saben ustedes que es básico en el derecho penal o del carácter residual del derecho penal. Las conductas tipificadas en el artículo 508 bis del proyecto pueden hallar su correlato en otras jurisdicciones distintas de la
penal. Ahí está la jurisdicción contencioso-administrativa para reprimir conductas que se cometan desde los poderes públicos y ahí está la vía constitucional. Octavo, por ser contrario a una política criminal que se pretenda sensata. Encarcelar
al lehendakari o a quien incurra en alguno de los tipos -que incluso pueden ser particulares- no haría otra cosa que radicalizar más el problema sin que hubiese solución real ninguna. La enmienda al artículo 521 bis -que nosotros presentaríamos
solicitando, por supuesto, su supresión- además de los ocho motivos que he enunciado tendría el añadido de que trata de sancionar conductas, incluso de particulares -ya lo he
indicado- cuando estos últimos al carecer de la condición de funcionarios ni siquiera infringen un deber inherente al cargo. Nos gustaría también que alguien experto en derecho penal nos explicara cómo se ha llegado a la confección de un
tipo de esta índole. El artículo 576 bis que se pretende sanciona conductas para las que -si realmente llegasen a producirse en los términos que se pretende- ya basta y sobra el delito de malversación de caudales públicos que contempla el artículo
432 del Código Penal. Esta es otra torpeza desde el punto de vista de la dogmática penal. ¿Para qué este viaje?, nos preguntamos. Es una pena que la Ley arbitral, buena ley a la que mi formación política ha dado su voto afirmativo, acabe unida a
lo que queremos denominar como engendro. Es un engendro en lo formal, es un asalto a los principios que rigen la dogmática penal y sobre todo, tal como he manifestado, es una gran torpeza política.
Nuevamente, como ocurrió en el Senado, el Grupo Popular votará en solitario esta reforma penal hecha ex profeso para castigar a personas concretas. El propio Grupo Popular deberá explicar también cómo se sitúa con este talante en este
debate en un momento en que se están celebrando los 25 años de una Constitución que, no lo olviden, señorías, se hizo para integrar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta, en el año en que conmemoramos el 25 aniversario de la Constitución y cuando el Partido Popular se dedica a repartir certificados de patriotismo, estamos ante un auténtico fraude de
Constitución; no sólo es un fraude de ley, es mucho más allá, un fraude con respecto a la Carta Magna. Estamos ante un auténtico bajonazo parlamentario en la forma y también, en cuanto al contenido, en la instauración de la democracia penal y del
delito político. Es cierto que ya se están interponiendo recursos de amparo con respecto al procedimiento, pero a partir del debate de hoy hace falta pensar en la necesidad de un recurso de inconstitucionalidad con respecto al contenido. La
emotividad, la inquina personal, la necesidad de convertir el debate en una máquina de sacar votos han elegido el cauce que corresponde: el atajo, la conculcación de la arquitectura constitucional. Sin duda, como han dicho unos penalistas
integrados en el grupo de estudio de política criminal de la Universidad Complutense, so pretexto de una defensa de la Constitución se realiza una lectura unilateral de la misma que socava los cimientos del pluralismo político.
Este grupo de
penalistas llega a la siguiente conclusión: un gobierno que recurre al derecho penal para solventar conflictos políticos es un gobierno con vocación totalitaria. Pues bien, el señor Michavila en rueda de prensa, después de un Consejo de Ministros
que se constituye en una especie de grupo parlamentario, anuncia no el ejercicio de la iniciativa parlamentaria sino que ha aprobado enmiendas que va a interponer en el Senado precisamente en el momento procesal en que no hay ningún tipo de defensa
ni siquiera para los grupos del Senado y mucho menos del Congreso de los Diputados. El amañamiento de las leyes y la indefensión de los grupos parlamentarios ha llegado, señorías, señora presidenta, a su cenit en el cuarto año glorioso de la
mayoría absoluta del aznarismo sin complejos. Se anuncia, por tanto, una legislación espuria que conculca igualmente las competencias del Consejo General del Poder Judicial puesto que a éste le corresponde informar los anteproyectos de leyes
penales, como en esta ocasión así lo ha puesto de manifiesto el propio presidente del Consejo. Y a nuestro juicio se vulneran de manera flagrante las competencias del Congreso de los Diputados. Lo hemos dicho en la Junta de Portavoces, hemos
presentado un primer recurso -trámite de reconsideración que no se ha tenido nunca en cuenta- para que no se admitieran estas enmiendas, y que se admitiera solamente el texto que ha conocido previamente el Congreso con las enmiendas
correspondientes, que en este caso sí procederíamos a su ratificación o su rechazo. Pero actualmente en este trámite estamos absolutamente indefensos porque los diputados, ni por sí mismos ni a través de sus grupos, podemos establecer ningún tipo
de enmiendas, cuando el Congreso debe tener esta oportunidad a través del artículo 121 del Reglamento de la Cámara. Estamos ante una enmienda injertada en un proyecto de ley, en principio, totalmente diferente que vulnera este derecho. Por eso,
entre otros argumentos, hemos pedido a la Mesa la inadmisión de las enmiendas. No hemos sido atendidos. Pensamos que las Cortes Generales, que son uno de los tres poderes del Estado democrático si atendemos a Montesquieu -y desde entonces los
contrapesos son fundamentales, al igual que la independencia- no están funcionando como un poder. No tenemos la dignidad de poder independiente. No se está representando lo que significa un poder. Este es un poder dependiente, un poder
debilitado, anoréxico, como ocurre por cierto en todos los bonapartismos. En el bonapartismo, el Ejecutivo adquiere un poder creciente que al final debilita los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Estamos asistiendo exactamente a este
fenómeno en el culmen de la mayoría absolutista del Partido Popular.
Con esta cuarta reforma del Código Penal cerramos el círculo de la democracia penal en versión del Partido Popular. Y la pieza no es cualquier cosa. Nosotros no la vamos a
admitir y no podemos ni siquiera ejercer el derecho de voto, porque sería complicarnos en una situación predemocrática o en todo caso, a nuestro juicio, absolutamente antidemocrática. Se reinventa, se recupera el delito político
y se amenaza directamente a presidentes de comunidades autónomas. ¿Es que estamos perdiendo la cabeza, señorías? Por razones de inquina personal se hace una ley ad hominem. (Aplausos.) , una ley que tiene un destinatario personal, señores
juristas del Partido Popular, desde la emotividad, desde la improvisación y en la recta final de un procedimiento, sin ningún tipo de defensa por parte de los grupos. No es una amenaza cuando el señor Maragall dice que el drama está servido si
seguimos por este camino; no es una amenaza. Las costuras del Estado están al máximo nivel de tensión, y lo está provocando alguien de quien se dice, en plan de broma, que va a entrar en una ONG que se llama crispadores sin fronteras.
(Risas.) El
señor Aznar está generando esta situación. (Aplausos.)
La situación es grave y dramática. Desgraciados los tiempos en que hay que demostrar lo evidente. ¿Cómo se puede hacer política y elaborar leyes que reformen el Código Penal sin diálogo previo? Esto es algo evidente aunque muchos del
Partido Popular dirán que es una exageración. ¿Cómo se puede hacer una ley de este tipo sin consultar con el Gobierno vasco y también ahora con el Gobierno catalán? ¿Cómo se puede hacer una ley de este tipo -pues nos encontramos ante un paquete
que configura una ley- sin consultar a un partido con el que se ha suscrito un pacto antiterrorista? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede traer aquí un texto que no conoce nadie y que aprueba como enmienda el Consejo de Ministros? Son cosas
inexplicables que habrá que explicar con un esfuerzo de pedagogía a la gente. No se puede mantener esta fuerza política tal y como está.
Tenemos que recuperar el diálogo. Que lo que nos diferencia en democracia es precisamente lo que nos une: el
respeto a la diferencia. Ante cualquier problema político no se puede reinventar el Código Penal para intentar meter en la cárcel a la gente. Este es el eslogan de esta legislatura: ¡Todos a la cárcel! El que se descuida va a la cárcel.
(Aplausos.) Qué situación tan profundamente triste o, como diría César Vallejo, que tristumbre cuando se piensa desde los bancos de la mayoría que la síntesis es cobardía, cuando se piensa que el diálogo es debilidad y cuando se piensa que hablar
con la gente y saber despedirse bien es un acto de cortesía parlamentaria. Qué tristeza que una democracia esté abocada a la bronca permanente, al disenso, a la confrontación, a establecer una política electoral en el resto de España -aunque se
inmolen dentro de Cataluña y el País Vasco- intentando apagar el fuego con gasolina. Eso es lo que se está haciendo. O se desconoce realmente el problema político del País Vasco y de Cataluña, o estamos ante gente irresponsable que está intentando
una situación que no podemos aceptar en democracia, tal y como en algunos momentos de su discurso expresó el jefe del Estado hace pocos días en esta Cámara. Yo llamo a la reflexión y pido a los juristas del Partido Popular que se pongan la mano en
el cerebro y en el corazón -aunque parece un gesto un tanto extraño- y piensen de verdad si vamos por buen camino.
No es un día alegre de final de fiesta, señor De Grandes. Es un día absolutamente triste, un día muy triste para esta democracia que montamos sobre el consenso usted y yo en 1979, por ejemplo, con un debate tranquilo y estableciendo las
diferencias que nos separan pero que al mismo tiempo a veces suponen un punto de encuentro a mitad de camino o proporcionalmente en función de los votos que tenga cada uno. Eso se ha roto. Esperemos que Dios le dé a Aznar tanta gloria como
descanso nos deja.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera empezar la intervención con un paréntesis. Antes el resto de mis compañeros han procedido a despedir con afecto y con respeto al que no volverá a ser diputado del Grupo Parlamentario Socialista don Joaquín Sánchez
Garrido. En esos momentos se me fue la cabeza y me olvidé de hacerlo, pero sí quiero decir que siempre, en la próxima legislatura si estoy o en cualquier otro sitio, tengo in mente un libro -de los que me transmitió mi padre- de Gregorio Marañón
que se titula Elogio y nostalgia de Toledo, y siempre me acordaré en esos dos términos, elogio y nostalgia, de don Joaquín Sánchez Garrido. Muchas gracias. Cierro paréntesis y paso a temas menos cariñosos en este caso. (Aplausos.)
Señorías, debemos abordar las enmiendas introducidas por el Senado que pretenden la reforma del Código Penal a través de tres artículos, el 506 bis, 521 y 576. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Entendemos que hay aspectos de procedimiento que son absolutamente intolerables, aspectos de procedimiento que no se pueden asumir, y que quizá se ha llegado a una situación en la que poco a poco nos hemos ido desplazando a través de una pendiente
resbaladiza en la que las responsabilidades sean diferentes pero todos podemos compartir algunas, y se ha llegado ya a una situación carente de justificación porque incluso en la orfebrería parlamentaria todo tiene un límite.
(Rumores.) Podemos
recordar circunstancias y situaciones de leyes o enmiendas que no se adaptan al contenido, al ámbito normal del título de una ley. Puedo recordar incluso alguna enmienda de mi grupo...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Silva.
Señorías, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que puedo recordar cómo a través de una ley sobre el tribunal de hombres buenos de Murcia pudimos modificar el Estatuto del Tribunal Supremo, cómo a través de la Ley de garantía en la venta de bienes de consumo hemos modificado el
contrato de aparcamiento o la Ley de arrendamientos urbanos, que es lo que ocurre cada año en la ley de acompañamiento. Por descontado que sí. También salvamos unas enmiendas que no pudieron ser aprobadas por este Congreso porque no tuvieron
mayoría de ley orgánica en materia de prisión provisional. Pero a lo que nos enfrentamos hoy es algo cualitativamente distinto, es algo que nos hace decir que todo tiene un límite y que lo que ha ido siendo una pendiente resbaladiza, a veces
apoyada reglamentariamente, se convierte ya en un caer por el precipicio. No estamos hablando de estos otros ejemplos que les he puesto y que quizá se puedan poner posteriormente, sino que estamos hablando de modificaciones en una ley orgánica que
no ha sido debatida con anterioridad. No se trata de una enmienda nueva al Código Penal introducida por el Senado. Se trata de aquello que se ha llamado la constitución negativa; se trata del Código Penal; se trata de la introducción de tipos
nuevos; y como después me referiré sucintamente, no es que sean nuevos, es que son clara y absolutamente extravagantes.
Por tanto, señorías, eso que ha sido irse dejando caer por una pendiente se ha convertido en estos momentos en caer por el
precipicio de las prácticas absolutamente contrarias al espíritu reglamentario e incluso constitucional.
A mi grupo no le importa, incluso sería conveniente, que la Cámara contase con más informes; que pudiéramos contar con el informe del Consejo General del Poder Judicial, que a veces hemos rechazado; que pudiéramos contar con el informe del
Consejo del Estado, con el informe de la Fiscalía General del Estado y cuantos más informes, mejor. Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) una cosa es la conveniencia y otra la necesidad. No seremos nosotros los que digamos que
no hacen falta informes, pero sí somos nosotros los que decimos que para poder fijar el voto estos informes no nos hacía ninguna falta. El planteamiento de inconstitucionalidad, de extravagancia es tan manifiesto que no necesitamos ningún informe,
ni del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial ni de ningún otro organismo, para poder conformar nuestra voluntad. Si otros los precisan, me parece muy bien que lo soliciten y nosotros lo apoyaremos, pero, sinceramente, nosotros
no contamos con que el contenido de esos informes nos pueda mover un ápice en nuestra voluntad -aunque después la expresaremos con otros grupos-, que es clara, absoluta y rotunda y que en otras circunstancias se expresaría en un voto total y
absolutamente negativo.
Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), abordar esta circunstancia, este fenómeno político conocido con el nombre de plan Ibarretxe a través de una reforma del Código Penal no supone más que dar un paso más en un camino
absolutamente equivocado. Decía Séneca que cuando en busca de la virtud -de la protección del sistema democrático se pudiera decir- se elige un camino equivocado, cuanto más se avanza por él más se aleja uno de la virtud. Eso es lo que les está
pasando a los señores del Grupo Parlamentario Popular, que cuando por una hipotética necesidad de protección del sistema o de la Constitución cogen un camino equivocado -el camino de los recursos jurídicos, que en estos casos es el camino de la
política criminal-, cuanto más avanzan por ese camino más se alejan de esa virtud, de ese sistema o de esa Constitución a la que pretenden servir. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no
entiende que la solución a este fenómeno sea acabar introduciendo en el libro segundo del Código Penal un título que ya bien pudiera denominarse de los delitos relativos al plan Ibarretxe, porque al paso que vamos lo único que va a acabar faltando
es precisamente ese título. No se protege así el Estado de derecho, no se puede extender tanto el ámbito de lo penal.
Quisiera acabar con una reflexión muy clara y una sugerencia dirigida al Gobierno y a las señorías del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, el plan Ibarretxe no es tema de política criminal, sino pura y simplemente de política, y cuanto
más tarden en darse cuenta de que es un tema de política que puede abordarse desde la complicidad, desde la indiferencia o desde la oposición firme, pero que es un tema de política y sólo de política, no de política con adjetivos y mucho menos de
política criminal, no vamos a ser capaces de esa convivencia en democracia y en libertad a que muchos aspiramos. La política criminal tiene su ámbito. Mi grupo parlamentario incluso se puede congratular de muchos pasos que se han dado con su apoyo
en esta legislatura en esta materia, pero lamentablemente el fin, el bordón que se da a través de esta ley llega hasta poner en cuestión mucho de lo que con toda convicción en materia de política criminal, donde había que aplicar política criminal,
hemos hecho. Recuerden, señorías, esto es política. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señorías, de menor a mayor nos hemos ido sucediendo en el turno de palabra los grupos parlamentarios que hemos anunciado que no vamos a participar en una votación que significaría convalidar un acto parlamentario que
nunca debió
haber tenido lugar, un acto parlamentario sencillamente inaceptable.
Toma la palabra un grupo de oposición. Hemos ejercido el derecho y el deber de oposición frente a una mayoría absoluta durante cuatro años.
Acaba una legislatura que ha obligado a los grupos que hemos ejercido el derecho y el deber de
oposición -por cierto, representando a más millones de españoles de los que representa el Partido Popular- a soportar muchos atropellos y desafueros, indignos de un parlamento que merezca ese nombre. Hemos visto cómo se han conculcado los derechos
de los diputados individuales y de los grupos parlamentarios; derechos fundamentales que han sido validados por sentencias estimatorias del Tribunal Constitucional, para vergüenza de esta Cámara y del grupo de la mayoría que perpetró esos
desafueros. Hemos visto cómo, tarde tras tarde de los miércoles, lo que lleva el nombre de control parlamentario ha llegado a convertirse en una farsa en la que los portavoces y los parlamentarios del grupo de la mayoría regalan oro, incienso y
mirra a los miembros del Gobierno, impidiendo que se ejerza lo que da justificación a ese turno de la Cámara: el control parlamentario. Sin embargo, tengo que reconocer que la iniciativa que nos ocupa hoy supera realmente todas las expectativas;
supera en la imaginación la degradación parlamentaria, de modo que tras haber asistido estos días a la entrega de tantos premios a la actividad parlamentaria en tan distintas modalidades, puedo afirmar que si existiera un irónico anti premio Idi
Amin de degradación parlamentaria, la iniciativa que hoy nos ocupa sería una magnífica candidata a recibirlo. No se trata sólo de una chapuza, como se ha dicho, que también lo es; se trata de un inaceptable atropello en toda regla en la forma y en
el fondo, un ejemplo insuperable de cómo no se legisla en materia penal, de cómo no se reforma el Código Penal, y también un ejemplo insuperable de cómo no se legisla en absoluto.
Vamos con el Código Penal. Se trata de la cuarta reforma legislativa del Código Penal a que hemos asistido en el curso del último año: reformas acumulativas, compulsivas y sorpresivas que progresivamente han ido subvirtiendo hasta el
fraude y el esperpento el procedimiento parlamentario que la Constitución mandata para modificar el Código Penal: nada menos que una reserva de ley orgánica. Se trata también de una modificación que por grosera y obscena conculca el fondo de la
legislación penal. En democracia, sin duda, las formas dan el ser a las cosas, y esta enmienda no es una enmienda, es una proposición de ley orgánica disfrazada que no ha seguido -como se ha dicho- el procedimiento parlamentario que la Constitución
ordena para las leyes orgánicas. Por supuesto, ha omitido los informes preceptivos en todo lo que toca a derechos fundamentales -preciosos para la Constitución-, como lo es desde luego el de la libertad personal. Ha despreciado todas las formas y
procedimientos que por medio de la transacción y de la negociación deben ilustrar las modificaciones del Código Penal. Pero es que, además, ha sido anunciado con el látigo del portavoz del Gobierno que ordena al grupo parlamentario del Partido
Popular en el Senado asumir, acrítica y pasivamente, la interposición de una enmienda en un texto legislativo que nada tiene que ver con el Código Penal, como es la ley de arbitraje en su fase final de tramitación. Hemos visto cómo a lo largo de
esta legislatura se ha humillado al Senado hasta lo insoportable haciendo que no cumpla en absoluto la función de integración territorial que la Constitución le ordena. No es para eso, desde luego, para lo que lo manejan el Grupo Parlamentario
Popular y el Gobierno de José María Aznar.
Tener que soportar que la mayoría absoluta del Senado reciba la orden del portavoz del Gobierno en la mesa del Consejo de Ministros -en rueda de prensa- de interponer, de forma acrítica y a toda prisa, un
esperpento legislativo que conculca los principios más elementales y los fundamentos del derecho penal de una democracia constitucional, resulta una humillación que realmente sobrepasa nuestra imaginación. Las categorías jurídicas, para merecer tal
nombre, no pueden convertirse en cáscara vacía, en retórica sin contenido destinada a celebrar las decisiones de poder; nunca antes habíamos visto cosas semejantes. Les hemos oído decir unas cuantas mentiras en esta tribuna del Congreso de los
Diputados. Ayer le oímos decir nada menos que al vicepresidente segundo del Gobierno que había habido el mismo número de debates en el Senado sobre la España autonómica, uno en tiempo socialista y otro en tiempo popular. Se le olvidó decir que la
reforma que ordenó la celebración de este debate se adoptó por un Gobierno socialista en 1994 y que en 1995, último año del Gobierno socialista, tuvo lugar ese debate de las autonomías que desde entonces brilla por su ausencia. Pero jamás habíamos
visto, nunca habíamos visto una reforma del Código Penal en diez días que tipifica conductas y que prevé para ellas penas privativas de libertad de tres a cinco años de cárcel. Esto es gravísimo y carente de precedentes, y debe ser protestado
también en el fondo. Es una medida espantosamente equivocada e inasumible que conculca el principio de intervención mínima, conculca el principio de proporcionalidad, conculca la reserva de ley penal -de ley orgánica- y nos devuelve a un tiempo que
creíamos superado ya hace mucho, cuando hicimos la transición. El tiempo en el que la ley penal es entendida como represalia: represalia contra los adversarios, represalia, por supuesto, contra los adversarios políticos; la ley penal
reinstaurando, por tanto, la penalización de la discrepancia política, la penalización de la política. Esto, señores del PP, va mucho más allá de lo que se ha calificado -y con justicia- derecho penal simbólico y propagandístico; raya en la
categoría del derecho penal de la caza del hombre, derecho penal ad hominem, derecho penal que intenta estigmatizar al adversario para convertirlo en enemigo.
Esta propaganda es la que anima el anuncio del portavoz del Gobierno en la mesa del Consejo de Ministros, una propaganda berlusconiana: ¡Todos a la cárcel! ¡Vamos a meter en la cárcel a los adversarios políticos! Y además se les señala por
su nombre, se está hablando de Atutxa, se está hablando de Ibarretxe, el presidente de un parlamento autonómico, que tiene su lugar en nuestro sistema constitucional, el presidente de una comunidad autónoma, que tiene su lugar en el sistema
constitucional, y se dice expresamente que la intención de estas reformas penales es meter en la cárcel a Atutxa e Ibarretxe. Pero no, no se acaba ahí la intención, por supuesto. Animado por su propia bulimia perseguidora de los adversarios,
enseguida se amplía la nómina de los adversarios que son susceptibles de ser criminalizados y amenazados con la cárcel y ya tenemos dentro a Maragall. ¿Y por qué no a Chaves? ¿Por qué no anunciar, señor Zaplana, el próximo viernes en Consejo de
Ministros que el Gobierno planea interponer como enmienda a la Ley de acompañamiento la penalización con 10 años de cárcel del presidente autónomo socialista que se atreva a subir las pensiones no contributivas con cargo a sus presupuestos?
(Aplausos.) ¿Por qué no, señores del PP? ¿Por qué no? Es el paso adelante en una correlación lógica. Pero esta berlusconización inaceptable, inaceptable, de la democracia está siendo denunciada socialmente. Se lo están diciendo -se ha mencionado
aquí- todos los especialistas de derecho penal de este país. El grupo de estudios de derecho penal ha descalificado esta reforma como la antesala del totalitarismo, la criminalización de la discrepancia. Más de 120 constitucionalistas, entre ellos
35 catedráticos de derecho constitucional, han descalificado esta utilización torticera, oportunista, chapucera, profundamente contraria al espíritu de la Constitución, de la legislación penal como derecho penal del enemigo, y supone en todo caso un
colofón, yo diría que difícilmente superable, a lo que ha sido el estilo del Gobierno y de la mayoría que lo sustenta a lo largo de esta legislatura; un colofón que retrata todo un estilo de época.
Creo que es bueno traer a la memoria que el Gobierno del Partido Popular comenzó su andadura -que ya se prolonga ocho años- con un portavoz del Gobierno, don Miguel Ángel Rodríguez, que amenazó a periodistas incómodos y a profesionales de la
comunicación con meterlos en la cárcel si no se sometían a los dictados de la estrategia informativa del Partido Popular.
Termina el tiempo de gobierno del Partido Popular con amenazas de cárcel, por cierto, profundamente incongruentes no sólo por
la situación de saturación penitenciaria de nuestras instituciones penitenciarias, sino con la ausencia de incremento suficiente para el presupuesto de las cárceles españolas, que no van a dar abasto, no van a dar abasto para meter en la cárcel no
solamente a todos los políticos y a todos los responsables que participen en convocatorias de referéndum ilegal o de elecciones que ustedes consideren ilegales -y si no son suficientemente ilegales, reformarán las leyes para que lo sean-, sino
también para los interventores, para los apoderados, para todos los que participen en el procedimiento electoral. Pero, señores del PP, ¿han pensado ustedes un solo minuto seriamente a cuánta gente pretenden meter en la cárcel y cuán grande va a
tener que ser el incremento del presupuesto de prisiones para dar abasto? Piénsenlo un segundo.
De manera que tenemos aquí un retrato de época, un tiempo de gobierno que comenzó con amenazas de cárcel para los adversarios y los periodistas incómodos y que termina amenazando con la cárcel a todo el mundo. Creo que retrata cuánta
retórica farisea, indigna de ninguna confianza ha anidado detrás del discurso de celebración de la Constitución en su 25 aniversario por parte de un Partido Popular que se llena la boca con la Constitución sin profesar sus valores ni practicarlos.
Escuchamos ayer aquí al presidente del Gobierno despedirse de esta Cámara lamentando fariseamente que el Partido Socialista hubiese dejado de ser un partido nacional, y quiero contestarle en nombre del Grupo Socialista y de todo el Partido
Socialista que el Partido Socialista es un partido español que lleva las siglas de España, es un partido autonómico y es un partido europeo, es, en definitiva, un partido profundamente identificado con la idea de España que propugna la Constitución,
que es una España plural, una España en positivo en la que las comunidades autónomas son Estado y son España y como tal merecen respeto. Efectivamente, nuestra idea de España no es la misma que la de ustedes, señores del Partido Popular, porque
viendo lo que se proponen consumar hoy como atropello a los procedimientos más elementales de una democracia que se precie no cabe sino concluir que la idea de España como nación que ustedes propugnan, pretendiendo convertir en enemigos de España o
en anti España a todo el que les lleva la contraria, es una idea que está todavía muy anclada en los reflejos reaccionarios de una derecha de hace 70 años, una derecha de los años treinta (Aplausos.) que pretendía criminalizar la discrepancia y la
oposición política y que condujo a este país a desastres de los que debimos haber aprendido lecciones definitivas. Por ello, permítanme que concluya recordándoles a quienes nos prometieron la segunda transición y sólo nos han traído la derogación
de la primera y única transición de la dictadura a la democracia (Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) que estos 25 años han debido preservar intactos, vivos, los valores de la concordia, del diálogo, del entendimiento; la preservación de la
política como espacio de resolución de conflictos y no la negación ni la criminalización del conflicto y de la discrepancia.
Como alguien dijo ayer, hablando se entiende la gente. Señores del Partido Popular, hablando se entiende la gente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal en relación con las enmiendas
que vienen del Senado. El Senado ha modificado el título de este proyecto de ley con objeto de acomodarlo a su actual contenido. Se dota al artículo primero de la correspondiente rúbrica y se introduce la corrección correspondiente. El artículo
segundo recoge la adición de tres artículos del Código Penal (506 bis, 521 bis y 576 bis) y la disposición final ha sido modificada para diferenciar la entrada en vigor de los dos artículos.
Señorías, después de haber oído a todos y cada uno de los portavoces con todo el respeto desde mi escaño, tengo que decir que, salvo muy raras excepciones, que por supuesto han existido, ha habido portavoces que nos da la impresión que no
han leído en absoluto, a pesar de ser muy pocos los artículos que se reforman, el contenido de los mismos. Yo les preguntaría, señoras y señores diputados, ¿ustedes están de acuerdo en que se facilite, se promueva o se asegure la realización de
procesos electorales o referéndum una vez acordada su ilegalidad y requeridos para que cesen? ¿Están de acuerdo en que haya interventores para ello? ¿Están de acuerdo con financiar los partidos ilegalizados? (La señora Chacón Piqueras: ¡No le
dará vergüenza!) ¿Están de acuerdo con la convocatoria de cualquier clase de proceso electoral o referéndum por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello? (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señora Juaneda, guarde silencio. Señor Cuesta, guarde silencio. ¡Señor Cuesta, guarde silencio!
El señor BUESO ZAERA: Creo que el respeto al orador forma parte de la democracia. (El señor Cuesta Martínez: ¡Vaya respeto al Parlamento!)
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Cuesta!
El señor BUESO ZAERA: El artículo 576 bis dice exactamente: 'La autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos
políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Sección, así como a los partidos políticos, personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y,
en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de estos partidos políticos disueltos o suspendidos, será castigado con la pena de tres a cinco años de prisión.' (La señora Chacón
Piqueras: ¡Una burrada!) ¿Creen ustedes que esta cuestión no debe ser tenida en cuenta y que no se debe debatir con toda seriedad, como se ha debatido en el Senado? (Protestas.-El señor De Grandes Pascual: ¡Un poco de vergüenza!) Porque el
Senado, señoras y señores diputados, no tiene una capacidad de enmienda diferente o disminuida en relación con la que la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados atribuyen a esta última Cámara, y así se deriva del artículo 66.2 de
la Constitución. (El señor Cuesta Martínez: ¡Ocho años!)
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Cuesta, le llamo al orden y le ruego que permita que continúe la intervención del diputado que está en el uso de la palabra de la misma manera que ha transcurrido la del diputado anterior!
El señor BUESO ZAERA: Esta capacidad se deriva igualmente de un principio de carácter general, cual es la plena potestad legislativa de la Cámara.
El Poder Legislativo es la facultad de aprobar leyes y las Cortes Generales están formadas
por el Congreso y por el Senado, y esta plena capacidad de enmienda no afecta a las facultades que la Constitución atribuye al Congreso de los Diputados, pues el artículo 121 del Reglamento establece que los proyectos de ley vetados o enmendados por
el Senado serán sometidos a nueva consideración del Pleno del Congreso de los Diputados. Debe de rechazarse que el procedimiento empleado haya restringido las facultades del Congreso. La posibilidad de que el Senado introduzca enmiendas en los
textos remitidos por el Congreso de los Diputados aparece expresamente contemplada en el artículo 90.2, y el Tribunal Constitucional, señorías, ha defendido y definido desde la sentencia 99/1987, de 11 de junio, un concepto formal de enmienda en
relación con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. No existe en la Constitución ni en los reglamentos de ambas cámaras norma alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y proposición de
ley. Para la calificación y admisión a trámite de las enmiendas y en relación con alguna referencia que ha hecho alguno de los portavoces desde esta tribuna, permitiéndose hacer una soflama lamentable -me refiero en este caso al representante de
Izquierda Unida-, tengo que decirle que dicha calificación se limita a verificar los requisitos formales establecidos en el Reglamento. Esta potestad calificadora de la Mesa de la Cámara ha sido circunscrita por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y hay innumerables sentencias de cuya referencia libro a SS.SS.
En la última de las sentencias, en uno de sus fundamentos, señala que a la Mesa le compete, por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y
funcionamiento, examinar si la iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria, y si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre
formal. Existen precedentes en la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas.
Particularmente es llamativa la tramitación al final de la V Legislatura de la Ley 9/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía, en su paso por la Cámara alta. Y el Pleno aprobó, a propuesta del Grupo Socialista, varias enmiendas que tenían por objeto
introducir en el texto varias disposiciones adicionales dirigidas a modificar la Ley de contratos de las administraciones públicas; y muchas más, como son la Ley por la que se modifica la Ley 7/1985, reguladora de bases de régimen local, que
introducía cuestiones relacionadas con temas que no tenían absolutamente nada que ver con la ley; lo mismo que la Ley 19/1992, de 7 de julio, por la que se modifica la Ley 49/1984, reguladora de las instituciones de inversión colectiva, para
regularizar los fondos de titulación hipotecaria. Así podríamos estar hablando de innumerables precedentes.
En relación con el fondo, tendría que decir lo siguiente. La primera cuestión que surge radica en determinar la necesidad actual de afrontar las modificaciones legislativas a que se refieren las enmiendas presentadas, y el carácter
inaplazable se pone de relieve si se tiene en cuenta el estado de tramitación en el Parlamento vasco de la propuesta de estatuto político de la Comunidad de Euskadi. Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha interpuesto recurso ante el Tribunal
Constitucional contra el plan Ibarretxe por las más de cien vulneraciones de la Constitución y, ante la actitud que se está tomando en este momento, es preciso poner en marcha una legislación que trate de salvaguardar la soberanía nacional y el
derecho de participación política de los ciudadanos en el sistema democrático. Por consiguiente, se trata de hacer frente a nuevos desafíos a la Constitución, a nuevas formas de vulneración de las garantías constitucionales y a posibles violaciones
del derecho de participación política. Señorías, los vigentes tipos penales no son suficientes para englobar la gravedad de esta conducta, porque es necesario fortalecer las leyes y las instituciones, y ello significa nada más y nada menos que
fortalecer la democracia. Se está conculcando el orden constitucional y es necesario un freno real a un intento de ruptura para con ello favorecer precisamente el Estado de derecho.
No entendemos la actitud del Partido Socialista. El Partido Socialista, a través de su líder, dijo en su día que era necesario poner un muro frente al plan Ibarretxe, y lo que ha hecho ha sido llevar al Tribunal Constitucional esta ley que
hoy se va a aprobar. Hoy existe una coalición de Batasuna, PNV e Izquierda Unida y el Partido Socialista. (Protestas.) ¿Qué es lo que hace? Señorías, se hizo en su día todo lo necesario para combatir el terrorismo con la ley, con toda la ley, con
el Estado de derecho y sin ningún atajo, absolutamente sin ningún atajo. Al principio de la legislatura hubo una colaboración para combatir el terrorismo callejero y nos apoyó el Grupo Socialista. También se aprobó la Ley de partidos y una serie
de leyes importantes como son la Euroorden y todo lo que lleva consigo el pacto antiterrorista. Hoy, ¿qué ha pasado, señores del Partido Socialista? ¿Por qué nos dejan solos? (Rumores.-Protestas.) ¿Será sencillamente porque prevén una futura
alianza que puede llevar a España a una situación inconcebible? (La señora Cunillera i Mestres: ¡Tramposo!) Allá ustedes con lo que hagan y allá con su conciencia, porque, ¿por qué no apoya el Grupo Socialista lo que dijo en su día que iba a
apoyar? ¿Qué intereses electorales le impiden hacerlo? ¿O es que es más sencillo adoptar una postura desde la soflama y desde todas las perlas de las que ha hecho gala el representante del Grupo Socialista desde esta tribuna hablando de
atropellos, de desafueros, de farsa (El señor Cuesta Martínez: ¡Un atraco!), de anti premios, de ejemplos de lo que no se debe hacer, de informes preceptivos omitidos, cuando sabe perfectamente que no es necesario ningún informe para presentar este
tipo de enmiendas? Lo saben perfectamente. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio y permitan que se oiga la intervención del diputado que está haciendo uso de la palabra.
El señor BUESO ZAERA: ¿Cómo puede decir que el portavoz del Gobierno anuncia con látigo desde la Mesa del Consejo de Ministros? ¿Así pretenden potenciar el Senado? Tras una soflama del representante del Grupo Socialista, se viene aquí a
manifestar que se han dicho mentiras y que se ha hablado de represalias contra los adversarios. Hay una expresión latina que dice excusatio non petita, accusatio manifesta. El Grupo Popular y el Partido Popular no piensan meter en la cárcel
absolutamente a nadie (Un señor diputado: ¿Ah, no?), sino solamente defender la democracia y con hechos, no con demagogia. La diferencia entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Olmedo y señora Moreno, les ruego que no dificulten la audición de la intervención del diputado que está haciendo uso de la palabra.
El señor BUESO ZAERA: Termino, señora presidenta.
La diferencia entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular es sencillamente que el Popular es un grupo y un partido español, autonómico y europeo, un grupo y un partido que por supuesto busca siempre -lo ha demostrado a lo largo de esta
legislatura con su presidente a la cabeza, y ayer dio un ejemplo de ello, cosa que otros no pueden decir- (Rumores.-Aplausos.) la concordia, el diálogo y el entendimiento, y me remito a los hechos.
Concluyo, señora presidenta, señoras y señores diputados, diciendo que este es un momento de responsabilidad y precisamente desde la responsabilidad es desde donde está hablando el Grupo Popular para ayudar a la democracia y no para estar en
todo momento en lo que no se debe estar (La señora Chacón Piqueras: ¡Estáis solos, qué solos estáis!), es decir, estamos precisamente para el interés general de todos los españoles. El presidente del Gobierno y del Partido Popular ayer dio un
ejemplo de ello (Rumores.) y, por supuesto, ustedes no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso. (El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida exhibe una pancarta que dice: Todos a la cárcel.-Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Señores miembros del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida...
(Continúan los rumores.)
¡Señorías, guarden silencio!
Señores representantes del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señores Llamazares, Alcaraz, Frutos, Centella, Rejón y Ruiz, a través de su portavoz han tenido la oportunidad de expresar desde la tribuna su opinión sobre el asunto
que se está debatiendo. Les ruego que respeten la práctica parlamentaria, en la que no se utilizan las pancartas para expresar las ideas. Han hecho uso del derecho de intervención que les confiere el Reglamento y les ruego que recojan la pancarta.
(La señora Sánchez García: ¡Que se vayan!-El señor Albendea Pabón: ¡Qué bochorno!-Continúan los rumores. )
¡Señorías, guarden silencio! (Pausa.-Varios señores diputados: ¡Vamos a votar ya!-Protestas.)
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 180; a favor, 179; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ARBITTRAJE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000175.)
La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto por tratarse de un proyecto de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 180; a favor, 179; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haberse superado los votos requeridos para ello. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Manos arriba, esto es un atraco!)
Señorías, las votaciones van a continuar.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACTAS APROBADAS POR EL XXII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU), HECHO EN BEIJING DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000276.)
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), HECHO EN GINEBRA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000279.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGUIMIENTO TERRESTRE Y ADQUISICIÓN DE DATOS, INCLUIDA UNA ANTENA DE ESPACIO LEJANO, EN EL EMPLAZAMIENTO DE CEBREROS (ÁVILA), HECHO
EN MADRID EL 22 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000280.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN TALLIN EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de
expediente 110/000281.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN RIGA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de
expediente 110/000282.)
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, POR OTRA, HECHO EN VALENCIA EL 22 DE ABRIL DE 2002. (Número
de expediente 110/000283.)
- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DEL LÍBANO, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 17 DE JUNIO DE 2002. (Número de expediente
110/000284.)
- CONVENIO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL DE 16 DE MAYO DE 1991, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000285.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL-INTERPOL, SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CON OCASIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DICHA ORGANIZACIÓN QUE SE
CELEBRARÁ EN BENIDORM (ESPAÑA) DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, HECHO EN MADRID EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000286.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES, HECHO EN MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003. (Número de expediente 110/000287.)
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN MADRID EL 3 DE JUNIO DE 2003. (Número de expediente 110/000288.)
- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y CIENTÍFICA DE 27 DE OCTUBRE DE 1994.
(Número de expediente
110/000289.)
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea fijar posición en los convenios? (Pausa.)
Vamos a proceder a llamar a votación nuevamente. (Pausa.)
Iniciamos la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, Actas aprobadas por el XXII Congreso de la Unión Postal Universal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 302; en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
La señora PRESIDENTA: Quedado aprobado.
Convenio entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 307; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte y la República Argelina Democrática y Popular por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte y la República del Líbano por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 307; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio complementario de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Internacional de Policía Criminal-Interpol sobre privilegios e inmunidades con ocasión de las reuniones del comité ejecutivo y de la asamblea general de dicha organización que se celebrará
en Benidorm.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana sobre ejecución de sentencias penales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de servicio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Canje de notas constitutivo de acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de cooperación educativa, cultural y científica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 303; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. (Número de expediente 154/000010.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. Acuerdo de la Comisión de Justicia e Interior en relación con el informe de la subcomisión sobre seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico. Para la presentación de dicho informe tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Señoras diputadas, señores diputados, me corresponde presentar ante este Pleno el informe de la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. Lo hago por encomienda de los miembros de la citada subcomisión, por lo
que les agradezco su confianza en orden a que fuera quien está hablando ahora quien desempeñase el papel de relator. Lo hago con gusto desde mi condición de presidente de la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara. Esta Comisión ha
llevado a cabo un intensísimo ritmo de trabajo, sin parangón con ninguna otra Comisión a lo largo de la historia de esta Cámara. Con la de la próxima semana, serán 121 las sesiones celebradas habiéndose llevado a cabo una gran tarea
legislativa y un gran esfuerzo en las tareas de control, al igual que en las de impulso parlamentario. Se han abordado en esta Comisión abundantes cuestiones referentes a la seguridad ciudadana, al terrorismo, a la inmigración, a la lucha contra la
droga y por supuesto al proceso de modernización de la Administración de justicia, pero a todas ellas hay que unir la referida al tratamiento del tráfico, materia en la cual se han tramitado en esta Comisión de Justicia e Interior abundantes
iniciativas. Hoy presentamos ante este Pleno una de ellas, que responde a unos trabajos en ocasiones no conocidos suficientemente, pero que mediante el estudio y la reflexión generan propuestas y compromisos de futuro.
La subcomisión cuyo informe presento hoy aquí fue creada el 11 de diciembre de 2001 por acuerdo de la Comisión aprobándose asimismo por el Pleno en su sesión de 12 de febrero de 2002, si bien buena parte de sus trabajos se ha desarrollado a
lo largo del presente año. El órgano que se creaba en aquel momento tenía por objeto realizar un balance de la aplicación de las distintas normativas vigentes realizando un estudioso examen sobre las causas que provocan los índices elevados de
siniestralidad. Asimismo se debían definir -formaba parte del encargo- las posibles líneas y propuestas de mejoras legislativas al igual que de cambios normativos en la legislación estatal. Para la realización del mencionado estudio la subcomisión
procedió a recabar abundante información proveniente no sólo de administraciones públicas sino también de muy diversas entidades. De una manera especial quiero destacar que la subcomisión recabó la presencia de expertos en la materia. Es cada vez
más frecuente en la Comisión de Justicia e Interior, al igual que en otras, que se solicite la audiencia en sede parlamentaria de diversos agentes sociales y especialistas en la materia que se pretende abordar.
Este tipo de intervenciones, como
decía antes, se ha utilizado otras veces no sólo con motivo de alguna otra subcomisión, tal y como ha sucedido con la que se constituyó sobre víctimas del terrorismo, sino también con ocasión de procesos de elaboración de leyes como es la hoy ya Ley
Concursal. Esta es una línea de trabajo que ha de potenciarse y que permite compaginar la dimensión política de los grupos con la especialización de expertos y además permite fortalecer algo que creemos que es muy importante, cual es la simbiosis
entre el Parlamento y la sociedad. En el caso que nos ocupa quiero destacar que ante la subcomisión han comparecido numerosos sectores muy conocedores de la materia de tráfico y seguridad vial, que han aportado no pocas propuestas, por lo que
quiero expresar en nombre de la Comisión el más efusivo de los agradecimientos a todos ellos. Han sido 23 los comparecientes, número sin duda elevado que ha hecho posible un trabajo útil no sólo para esta Cámara sino en general para todo el sector
de la seguridad vial. Han concurrido ante esta subcomisión representantes y especialistas en el ámbito universitario, compañías aseguradoras, agrupaciones y clubes de automovilistas, asociaciones de prevención, de discapacitados, representantes de
autoescuela, examinadores de Tráfico, de centros médicos psicotécnicos, al igual que asociaciones de ciclistas y motociclistas. También han comparecido y han aportado ideas ante esta subcomisión representantes de las administraciones públicas en
muy diversos ámbitos como es en materia de seguro, educación, interior y justicia, culminando con la presencia del propio director general de Tráfico. A lo largo de diez sesiones los representantes de estas entidades, los 23 expertos, tal y como
dije anteriormente, realizaron numerosas propuestas que en buena parte tienen reflejo en el informe elaborado por la subcomisión que ahora estoy presentando. Sobre esta base dicho informe, aunque no es asumido unánimemente por todos los grupos
parlamentarios, sí que ha sido aprobado por el voto favorable de varios de estos grupos y con una muy amplia mayoría de diputados.
Antes de referirme al contenido del informe permítanme que destaque una cuestión no menor. De acuerdo con el Reglamento y las normas internas del Congreso que regulan la creación y el funcionamiento de las subcomisiones, los informes
elaborados por éstas en principio concluyen en el seno de la Comisión correspondiente. Sólo excepcionalmente se prevé que dichos informes puedan ser elevados posteriormente al Pleno. Pues bien, esto es lo que se ha hecho en el presente caso, desde
el compromiso y la convicción de que la materia de tráfico es algo muy importante para los diputados que se ocupan y se preocupan en sus tareas parlamentarias por algo que afecta a la realidad cotidiana de los españoles, cual es precisamente la
seguridad vial. El informe que tengo el honor de presentar ante este Pleno no es tanto una pieza de literatura más o menos retórica, sino que todo él está integrado por propuestas muy concretas, exactamente 68, que se agrupan en diversos epígrafes
a los que me referiré brevemente.
En primer lugar, están las propuestas incluidas bajo el título movilidad y seguridad vial, en las que se incluyen medidas para incidir en los valores y comportamientos que redunden en conductas preventivas, fomentando la concienciación
social, potenciando las políticas transversales de las administraciones públicas y la facilitación del transporte público y otros medios alternativos diferentes al automóvil.
En segundo lugar, el informe de la subcomisión dedica un buen número de
propuestas, concretamente 22, a algo tan fundamental como es el factor humano, incidiéndose en temas relevantes como la educación vial, la información, la formación de conductores y las condiciones psicofísicas
para acceder al permiso de conducir. Un tercer bloque de propuestas se agrupan bajo el epígrafe de infraestructuras, en las que se solicita que se continúen impulsando medidas sobre el plan permanente de señalización, eliminación de puntos
negros, iluminación nocturna, ampliación de zonas de descanso o la utilización de pinturas no deslizantes. En cuarto lugar, el informe se ocupa de los vehículos, a propósito del mantenimiento constante en buen estado, la garantía de inspección
técnica de aquellos y su extensión igualmente a ciclomotores y motocicletas, el fomento de la instalación de cinturones de seguridad en camiones y autocares y la instalación de serie en los vehículos de teléfonos móviles sin manos, etcétera. El
quinto grupo de medidas son las referidas a algo esencial como es la vigilancia y el control. Concretamente, en este caso 12 son las propuestas contenidas en el informe que abordan, entre otras cuestiones, las relativas a la promoción del anuncio
de la existencia de control remoto, el impulso a una mayor presencia policial o el endurecimiento de sanciones en caso de reincidencia. El sexto y último grupo de las propuestas son las que se califican de planificación e investigación, referidas
entre otros extremos a la elaboración de planes de seguridad con objetivos cuantificados, la potenciación de la actividad del Consejo Superior de Tráfico como órgano coordinador, la adhesión a la Carta europea de seguridad vial recientemente firmada
en esta Cámara por representantes de todos los grupos parlamentarios o el estudio de la conveniencia de la implantación de un permiso de conducción por puntos.
Señoras diputadas, señores diputados, este es un brevísimo resumen de este informe en el cual, sin perjuicio de la existencia de algunos votos particulares, ha de reconocerse el muy buen trabajo que han realizado todos los comisionados, al
igual que la utilidad de las ideas aportadas por todos los comparecientes. Que este informe, señorías, traducido en hechos sirva para reforzar -y ha de ser nuestro compromiso- el valor de la seguridad que afecta a algo que es de lo más sagrado: el
derecho a la vida y a la integridad física que reconoce el artículo 15 de la Constitución española, cuyo 25.º aniversario no sólo ahora conmemoramos sino también celebramos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López-Medel.
Para la defensa del voto particular suscrito por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para recordar cuáles son las tres propuestas que integran el voto particular planteado por el Bloque Nacionalista Galego y que nosotros mantenemos porque no las consideramos integradas en el informe final elaborado por
la subcomisión. La primera de nuestras propuestas pretende que, al igual que se ha hecho con otras sustancias legales sujetas a un comercio regulado, la publicidad de los vehículos a motor esté también regulada por los poderes públicos y en
concreto que se prohíba que esa publicidad se fundamente en reclamos que fomenten o supongan directamente una infracción de los límites de velocidad establecidos en la normativa sobre circulación vial o que, como viene siendo habitual, promuevan de
cualquier modo la conducción violenta o agresiva en infracción de las normas. En segundo lugar, planteamos que en las ciudades, en las zonas cercanas a instituciones sanitarias, educativas o residenciales se establezcan zonas de velocidad limitada
para los vehículos a motor a 30 kilómetros por hora. Esto permite establecer casi una nueva categoría de zonas, como ya hay en muchas ciudades europeas, en las que se permite la circulación vial pero de forma no agresiva para los peatones, y
también debe servir -desde luego ese es el ánimo del Bloque Nacionalista Galego cuando realiza esta propuesta- para ir asentando en los conductores y en la sociedad una nueva cultura vial, una nueva cultura de la relación entre las personas y los
vehículos a motor. Finalmente una tercera propuesta se refiere al fomento del transporte público. Es evidente que la siniestralidad en las carreteras se puede y se debe reducir -y hay ejemplos en Estados vecinos- a través de una normativa
sancionadora más ambiciosa, con más medios personales y materiales para ser aplicada, con medidas preventivas, educativas, etcétera, pero sobre todo con la reducción del tráfico de vehículos privados. Esto supone indefectiblemente plantearse la
movilidad de una forma distinta y a través de la promoción del transporte público.
Las tres medidas que propone el Bloque Nacionalista Galego son muy concretas y me parece que deberían merecer el apoyo de toda la Cámara. En primer lugar, se trata
de permitir y establecer que las subvenciones del Estado al transporte público urbano no se limiten a aquellos ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que tengan por tanto el transporte público urbano como servicio municipal obligatorio, sino que
estas subvenciones estatales puedan dirigirse también a aquellos otros ayuntamientos de población inferior que se mancomunen a través de cualquier fórmula consorcial, etcétera, con otros ayuntamientos limítrofes para prestar este servicio. En
segundo lugar, habría que ampliar a todas las conurbaciones y establecer en todas las áreas metropolitanas de población superior a 300.000 habitantes servicios ferroviarios de cercanías. Es cierto, los servicios ferroviarios de cercanías existen en
la mayoría de las áreas metropolitanas del Estado español. No existen, y es una excepción que pensemos que en el año 2003 debería ser ya objeto de estudio y de una especial sensibilidad por parte del Gobierno, ni en el área metropolitana de A
Coruña ni en el área metropolitana
de Vigo. En tercer lugar planteamos también una ampliación de los horarios de estos servicios de transporte, por carretera y ferroviarios, en especial los fines de semana, para que exista una oferta de transporte público atractiva que
realmente haga pensarse dos veces a las personas coger su vehículo privado. En la medida en que estas propuestas no han sido acogidas desde nuestro punto de vista en el informe final; en la medida en que el mismo no recoge cuestiones para nosotros
importantes como podrían ser el carné por puntos; que en realidad es un catálogo de vaguedades y de inconcreciones y que pensamos que los datos desde luego no avalan informes de este tipo, sino una posición y voluntad políticas más decididas y más
firmes de atajar este grave problema social, nos abstendremos en la votación final sobre el informe.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa del voto particular suscrito por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, llega hoy al Pleno del Congreso el informe final de la subcomisión sobre seguridad vial y el estudio de los problemas que plantean el tráfico y los accidentes de tráfico ante la sociedad. Ha sido una subcomisión importante en la
que ha habido diversas comparecencias, con aportaciones muy útiles. Quiero agradecer expresamente a todos los comparecientes la información y documentación que nos han facilitado.
Creo que esta subcomisión es un reflejo de una inquietud que está
en la sociedad; nosotros, como parlamentarios, tenemos la obligación de trasladar siempre al Parlamento aquello que está en la sociedad y sin ninguna duda esta subcomisión traslada al Parlamento lo que es una inquietud de muchos ciudadanos: el
número de accidentes, con la lacra que esto supone y con unos datos que, en el caso de España, no nos permiten presumir. Estamos entre los países de Europa que encabezan el mayor número de accidentes de tráfico al año; nos ganan Grecia y Portugal,
pero estamos en unos índices que deberíamos mejorar. Para mejorar la situación de la seguridad vial se creó esta subcomisión como ámbito de reflexión y de elaboración de propuestas. Todos los grupos hemos tenido oportunidad de hacer nuestras
propuestas y desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero afirmar hoy aquí que, de las 73 que planteamos, 60 se han visto reflejadas de forma literal o transaccional en el dictamen final, que mi grupo va a votar favorablemente.
Se han aprobado 60 propuestas, a pesar de que las 13 no aprobadas contenían algunos aspectos importantes para nuestro grupo y por lo tanto las mantenemos en nuestro voto particular. Quiero aprovechar también para afirmar que votaremos a favor de
los distintos votos particulares que otros grupos han presentado para su defensa en el Pleno, porque entendemos que todos ellos enriquecen el informe final. Vamos a votar a favor del que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista, pero quiero
afirmar que no podría ser un voto particular alternativo, quedaría pobre.
Si sólo se aprobara el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, que es importante y con el que coincidimos en muchos aspectos -entre ellos, el carnet por puntos-,
empobrecería los trabajos de la subcomisión. ¿Por qué? Porque las más de 60 medidas que figuran en el informe son positivas y van en la dirección de lo que nos proponían los comparecientes en la subcomisión. Por lo tanto nosotros entendemos que
lo más positivo sería aunar esfuerzos de todos para aprobar el máximo de propuestas posible.
Voy a dividir mi intervención en dos apartados. En primer lugar, quiero destacar alguna de las 60 propuestas que finalmente se ven reflejadas en el informe y que había planteado Convergència i Unió. El presidente de la Comisión de
Justicia, el señor López-Medel, destacaba ya algunas de estas propuestas cuya autoría es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a las que quiero referirme porque creo que pueden ser útiles.
Una de ellas va en la línea de fomentar
que se incorpore de serie en los vehículos el teléfono sin manos. Esto es importante. No podemos obligar a ello de golpe, pero es necesario que se diga que debemos dirigirnos hacia ese objetivo, que es importante por dos motivos: en primer lugar,
porque la telefonía móvil se ha generalizado de tal manera que prácticamente la mayoría de conductores son usuarios de la misma y, en segundo lugar, porque, tal y como quedó aprobada la ley por unanimidad, entre todos permitimos que la única
telefonía móvil que pueda utilizarse mientras se conduce sea la del móvil sin manos. Esta fue una opinión unánime de todos los grupos, pero como diputados tenemos la obligación de advertir lo que sucede en la calle, y lo que sucede es que esta
obligación legal no se respeta. Continuamente estamos observando conductores que utilizan el móvil a la vez que conducen como pueden y, si ven a un agente que puede llegar a sancionarles, lanzan ese móvil rápidamente al asiento de al lado del
conductor para no recibir la sanción; por lo tanto esa obligación legal no se respeta. Debemos fomentar que, de serie, esos vehículos lleven ya adaptado el teléfono sin manos. Esta conclusión la aporta mi grupo y es muy positiva. Quiero citar al
portavoz de mi grupo, Javier Trías, que recientemente ha Estado en el Reino Unido y nos comentaba cómo allí los radares se anuncian para que produzcan el efecto disuasorio. Se sabe que allí hay un radar y, para prevenir la sanción, el conductor se
atiene a la velocidad que indica la señal. Esto es positivo. No se trata de ir multando. Tenemos obsesión de sancionar, de que paguen multas. No, la multa es un mal remedio. Lo que interesa en temas de
seguridad vial es la prevención, es que no llegue a producirse esa actitud que nos lleva a la sanción. En las conclusiones deberíamos haber introducido que se anuncien los controles de radar para que produzcan ese efecto disuasorio, como
ocurre en el Reino Unido. Esta sugerencia la comentó el portavoz de mi grupo, Javier Trías, a los miembros de la subcomisión de tráfico y seguridad vial. Es una propuesta importante y creemos que debe figurar como una reflexión y como una meta que
debe perseguir toda norma relativa a la seguridad vial, que es prevenir y no tanto castigar.
Valoramos también positivamente otra conclusión de nuestro grupo. Las nuevas tecnologías, que son útiles para el conductor, no deben suponer una distracción. Todos conocemos que está de moda la implantación de los navegadores en los
vehículos que incorporan esta nueva tecnología, que puede ayudar muchísimo mediante el sistema GPS, por ejemplo, conocer algunos restaurantes, pero hemos de advertir que no se puede consultar mientras se conduce. En los vehículos debemos introducir
mecanismos que permitan que esos navegadores no puedan utilizarse mientras el coche está en marcha y el conductor está conduciendo, porque ello puede llevarle a una situación de riesgo. Señorías, las reflexiones que hoy vamos a aprobar son útiles.
No son un punto y final, son un punto y aparte. Son útiles también los votos particulares que han presentado los distintos grupos. Por tanto, una primera valoración positiva de las distintas reflexiones. Quiero agradecer que 60 propuestas de mi
grupo se hayan introducido, pero quiero hacer también una reflexión negativa. Hay propuestas que no se introducen en el informe y que tenían un grado de maduración suficiente que hubiese permitido incluirlas en las conclusiones, favoreciendo un
consenso más amplio en la votación final.
De estas propuestas no incluidas voy a citar algunas especialmente emblemáticas. La primera es el permiso de conducir por puntos. Es una opción de futuro que yo no estoy de acuerdo en que debemos estudiar.
Debemos implantar el permiso por
puntos. Se ha estudiado ya. Todos los comparecientes están de acuerdo con el permiso por puntos. El director general de Tráfico, señor Muñoz Repiso, estaba de acuerdo y dijo que lo íbamos a hacer. Si esto es así, que se reconozca esta propuesta
-mi grupo fue el primero que la planteó en esta Cámara-, no estudiemos más. Ya se aprobó hace dos años en un debate de política general entre las resoluciones finales que se estudiaría el permiso por puntos. Ha pasado ya mucho tiempo, no más
estudios y más realidades. Implantemos el permiso por puntos. Pero esto del permiso por puntos requiere de una explicación adicional y de una pedagogía que debemos hacer los diputados. ¿Qué es el permiso por puntos? Es simplemente cambiar la
forma en que se sanciona, para que la sanción vaya directamente relacionada con el currículum personal de cada conductor y que ese conductor se implique con sus antecedentes. Ya no se trata de ir multando al conductor infractor, no se trata de
multar porque uno va pagando multas, pagando multas y, al final, no tiene conciencia de que es un conductor que puede perder su permiso; en cambio, el sistema de puntos es un sistema distinto, que está en el Reino Unido, que está en Alemania, que
está en Francia y que permite dar una confianza, un crédito inicial a cada uno de los conductores. Nosotros decimos: de 10 puntos. ¿Y cómo se pierden puntos? Sólo se pierden puntos si se conduce mal. ¿Se puede pagar una multa y recuperar los
puntos perdidos? Nunca. Los puntos sólo se recuperan a través de un periodo de tiempo en que ese conductor conduzca bien. Por tanto, el permiso de conducir por puntos incita claramente a que el conductor no quiera perder más puntos y, sobre todo,
quiera recuperar los perdidos, y no se recuperan pagando, sólo se recuperan conduciendo bien. El permiso por puntos no es una varita mágica; no lo es. Sabemos que en los países en que se ha implantado necesita un periodo de adaptación, que no se
notan sus consecuencias el primer año, pero en un periodo dilatado de tiempo se ha comprobado que contribuye a disminuir los accidentes de tráfico. De ahí que nosotros pidamos al Grupo Popular que sea más valiente en las conclusiones finales y no
digamos que se estudie el permiso por puntos, sino que se implante. Esa sería una novedad hoy que, entiendo, podríamos compartir todos los grupos parlamentarios.
Hay otras propuestas, como el IVA reducido para la enseñanza de la conducción o la creación de la escala ejecutiva de técnicos de tráfico, o la creación en esta Cámara de una comisión permanente. Hay muchas familias que están pendientes del
asunto de la seguridad vial, muchos ámbitos de la sociedad que están pendientes de esto; creemos una comisión permanente de forma que podamos controlar al Gobierno, que podamos legislar sobre un aspecto tan importante y crucial.
Hay muchos más aspectos que quería destacar, pero termino con uno que tampoco va a ser aprobado hoy que mi grupo entiende que también sería positivo. En el informe se habla, de forma acertada, de mejorar la señalización y ha sido un punto
de acuerdo entre muchos de los comparecientes. En muchas ocasiones la señalización está mal puesta, es inadecuada, pero es que en muchas ocasiones el límite de velocidad que se pone en la señal es también un límite inadecuado que, al ser tan bajo,
no se respeta por nadie y entonces no es disuasorio porque nadie lo respeta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Jané, le ruego que vaya concluyendo.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta.
Mi grupo pide unos límites más adecuados a la realidad, pero que, cuando se sobrepasen, se sancione; que
sean más creíbles, es muy importante la credibilidad de las señales para que, al final, redunden en un mejor cumplimiento de las normas y de esas señales.
Termino con el agradecimiento a todos los que han intervenido en esta subcomisión, a la señora Torme y a los demás diputados que han intervenido, pero permítanme, señora presidenta, señorías, que dirija mis últimas palabras de agradecimiento
a un diputado de esta subcomisión, al señor Sánchez Garrido, que ha sido de los diputados que más ha trabajado en esta subcomisión y, además, con un espíritu leal, constructivo y con un quehacer parlamentario que ha permitido la concordia entre
todos. Como el señor Sánchez Garrido ha anunciado que, previsiblemente, no va a continuar en la próxima legislatura, sirvan estas mis palabras para finalizar esta intervención como homenaje a su labor como parlamentario y como homenaje a su talante
de concordia y de buen hacer entre todos los grupos de esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa del voto particular suscrito por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, el 12 de febrero de 2002 se creó la subcomisión de tráfico y seguridad vial y se le asignaron los siguientes objetivos. Primero, realizar un balance de la aplicación de la normativa
vigente en tráfico y seguridad vial. Yo me pregunto, ¿dónde está ese balance? Ese balance no existe, no ha sido elaborado, porque una cosa es escuchar a los comparecientes y otra trabajar en la realización de un balance. El segundo objetivo era
el de realizar un estudio exhaustivo sobre las causas que provocan que España posea uno de los índices más elevados de siniestralidad. ¿Dónde está ese estudio exhaustivo? No existe, no ha sido elaborado; una cosa es escuchar las opiniones de los
comparecientes y otra ponerse a elaborar un estudio que se ha calificado de exhaustivo. El tercer objetivo era proponer las reformas necesarias de la legislación estatal en materia de tráfico y seguridad vial, con objeto de adecuarla a la de la
Unión Europea. ¿Dónde está esa adecuación, dónde esa propuesta legislativa? No las vemos por ninguna parte. Mejor dicho, sí que las vemos: porque el Gobierno, de manera paralela al funcionamiento de la subcomisión, las ha hecho a su modo y sin
informar para nada a esta subcomisión. Las ha hecho, además, en el Senado, por vía de urgencia, por el mismo procedimiento que acabamos de criticar todos los grupos de la oposición, consumando así un caso práctico de la tropelía cometida con la
reforma del Código Penal. Es lo mismo, pero esta vez ninguneando, arrinconando y despreciando el funcionamiento de una subcomisión, en la que han comparecido personas muy importantes.
No podemos estar de acuerdo con don Jesús López-Medel. No podemos estar de acuerdo porque, creada para realizar su cometido en seis meses, la subcomisión ha estado abierta -no digo trabajando- durante 22 meses, se le han concedido tres
prórrogas y ha estado mucho tiempo inactiva, 16 meses, prácticamente. La mayoría de los comparecientes han venido durante el mes de noviembre, ayer mismo; de los 22 comparecientes, 10 han venido en el mes de noviembre. La subcomisión, dirigida
por el Partido Popular, sólo ha llevado a cabo la escucha de comparecientes, pero no ha realizado estudios ni viajes. Yo propuse que visitásemos las naciones, los países, los Estados, en que los resultados de las reformas para luchar contra la
siniestralidad hayan sido más eficaces. Propuse ir al Reino Unido, donde las cifras son, afortunadamente para el país, las mejores. Esta subcomisión me ha dado la impresión de ser una especie de seminario académico, que ha tratado fundamentalmente
de entretener a los diputados mientras que el Gobierno, al margen de ella, tomaba las medidas más importantes. La subcomisión, creada por el Pleno, no sólo no ha cumplido los objetivos para los que fue creada -según mi criterio-, sino que, además,
jamás fue consultada, jamás fue informada, jamás fue advertida por el Gobierno ni por el Grupo Parlamentario Popular, que la dirigía, de las importantes decisiones que mencionaré a continuación y que el Gobierno estaba tomando al margen de ella.
El Gobierno, en el Consejo de Ministros del 17 de octubre, aprobó el Plan especial de seguridad vial, con 19 medidas: ni del plan ni de su contenido se dio cuenta jamás a la subcomisión. Es más, compareció el director general de Tráfico, y
no informó en ningún momento de que se estaban tomando las decisiones de tal programa. Mientras se mantenía a la subcomisión en la mayor ignorancia, el Gobierno propuso en el Senado la reforma del Código Penal, para sustituir la pena de arresto por
la de prisión de tres a seis meses; otro empeño carcelario de este Gobierno, que todo lo arregla con la cárcel. Mientras la subcomisión permanecía en las nubes, o en el limbo, el Gobierno procedió a modificar un número importante de artículos de
la Ley de tráfico y seguridad vial, por el mismo procedimiento que han criticado esta mañana todos los grupos de la oposición. Alguien lo ha llamado bonapartismo, pero ya lo había dicho yo anteriormente: el bonapartismo y el fraude en las
democracias siempre van literalmente unidos. Aquí, a la ausencia de consenso y de cortesía, se añade otro atentado antidemocrático: el fraude de legislar por el procedimiento de urgencia, para impedir el debate parlamentario. Este modo
antidemocrático de legislar también ha supuesto un riesgo elevado, por las medidas que se han adoptado de manera improvisada, deficiente y, a mi juicio, bastante alocada,
lo cual las aboca al fracaso. Tal es el caso del artículo 71 bis, la joya -diríamos- de lo que algunos han llamado ya la reforma de la escayola.
Tanta velocidad ha tomado el Gobierno para reformar la Ley de tráfico por un procedimiento excepcional y antirreglamentario, que ya ha provocado diversos accidentes: el primero ha sido el atropello que ha sufrido esta subcomisión. Un
Gobierno que conduce bajo los efectos de una borrachera de prepotencia y autoritarismo y de la droga de la improvisación incompetente es el primer y más grave riesgo para la seguridad vial, señorías, para terminar finalmente estrellándose contra un
árbol porque toda la opinión pública observa con estupor, con consternación, con rechazo, incluso con cierta rechifla que el 1 de enero entrará en vigor esa autorización que permite al agente retirar el carné -el permiso- en condiciones de enorme
discrecionalidad. Para salir de esa situación el Gobierno ha utilizado distintos preceptos. Primero, que una secretaria se había olvidado el término 'físicas' y finalmente la justificación, que nos parece absolutamente cómica, que ha realizado el
señor ministro del Interior de que estas medidas se tomaban en función de la gran cantidad de personas que conducen escayoladas en este país. ¡Al parecer debe ser una auténtica epidemia! Bien, error sobre error. Pero hasta qué punto y límite de
relevancia, ridículo y desprecio el Gobierno ha condenado a esta subcomisión lo ponen en evidencia hechos como que el propio ministro compareciera en otoño a petición de mi grupo para informar sobre los resultados de tantas víctimas en tantos
puentes durante los años 2002 y 2003 y en ningún momento informara de que iba a reformar la Ley de tráfico ni de que fuese a elaborar ningún plan de seguridad vial. Tampoco en ningún momento, como he dicho anteriormente, el director general de
Tráfico cuando fue llamado y compareció ante esta subcomisión a principios de diciembre informó de que se fuesen a presentar en el Senado reformas tan importantes como las que se han introducido en la Ley de seguridad vial. Esto es un auténtico
atropello, esto es una tomadura de pelo descomunal, ¡y nos llaman a nosotros desleales! Nosotros, ya lo dije el otro día, somos leales con el pueblo, con nuestra conciencia y con nuestros electores y no debemos lealtad alguna al Partido Popular
porque somos la oposición.
Nosotros, señorías, sí hemos presentado aquí una proposición no de ley después de que el señor ministro del Interior presentara su Plan de seguridad vial el 17 de octubre ante el Consejo de Ministros. Hemos traído aquí nuestra proposición y
la hemos planteado como voto particular. ¿Por qué razón? Porque queremos que se debata aquí. Pero el Gobierno en ningún momento ha traído aquí ni su plan ni sus reformas de la Ley de tráfico y seguridad vial. Esto quiere decir que nosotros hemos
sido más leales con el Parlamento.
Finalmente llegan aquí estas conclusiones y nosotros evidentemente nos distanciamos de ellas. Estas conclusiones son mejores que las iniciales gracias a la aportación de determinados grupos, pero nosotros no hemos estado en esa perspectiva
ni siquiera de buscar el entendimiento, ni siquiera de hablar. El Partido Popular en ningún momento nos ha ofertado el más mínimo diálogo, por tanto, ¿cómo íbamos a poder hablar ni a proponer nada? Se trata de unas conclusiones, éstas que traen
hoy aquí, que a pesar, repito, de que han sido mejoradas con las aportaciones del señor Jané y otros comparecientes, no vinculan al Gobierno, que llegan tarde porque las medidas fundamentales ya están tomadas por el Gobierno y que se trata de
conclusiones vagas, dispersas, sin plazos ni previsiones.
Les voy a poner varios ejemplos de propuestas de conclusiones que van a votar ustedes dentro de poco rato y que no tienen realmente el más mínimo sentido. La primera conclusión que se va a votar es que se traslada a no se sabe quién la
propuesta de analizar las causas de la inseguridad.
Pero, señor mío, ¡si éste era el objetivo de esta subcomisión! El primer objetivo señalado a esta subcomisión era que analizara las causas de la siniestralidad y aquí la conclusión primera lo
remite al Gobierno, al director general de Tráfico o a vaya usted a saber quién. La segunda es instar a los ayuntamientos a que faciliten el uso de bicicletas, ciclomotores y motocicletas. ¿Pero saben ustedes, señorías, que el uso de ciclomotores
por parte de los jóvenes es una de las causas de mayor riesgo, peligrosidad y mortalidad que existe entre los jóvenes? ¿Y el uso de las motocicletas? ¿Por qué los ayuntamientos van a tener que promover el uso de motocicletas? Será conveniente que
promuevan el uso de la bicicleta porque es algo bueno para la salud, ¿pero la motocicleta, señores míos? ¿A quién tratan de favorecer?
No se pronuncia claramente esta propuesta por la incorporación a la enseñanza obligatoria de una materia preceptiva ni señala qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación para promover la incorporación preceptiva de esta materia.
¿Cómo se puede dar una instrucción de este género sin decirle al Ministerio de Educación en concreto que trabaje para la incorporación de la materia? Apuesta por campañas divulgativas y otras campañas, campañas, campañas... -se cita muchas veces
la palabra campaña-, que son muy costosas, pero no hace un análisis crítico de la ineficacia de las campañas. Todos los expertos consideran que las campañas que se están haciendo son inútiles porque no impiden la catástrofe que hay en nuestras
carreteras. Otra perla: desarrollar la regulación de las medidas reeducadoras. Pero, señor mío, las medidas reeducadoras las establecimos en la Ley de tráfico y se mandató al Gobierno para que lo hiciera en el plazo de seis meses, y ahora resulta
que mandatamos otra vez al Gobierno para que haga algo que ya está obligado a hacer por ley, que es el desarrollo del reglamento que permita la introducción de las medidas reeducadoras. Aumentar los controles e inspecciones sobre los centros de
reconocimiento.
¡Pero si no hay funcionarios para hacer los centros de reconocimiento ni se indica aquí que deba haber más funcionarios para que inspeccionen los centros de reconocimiento!
Hay muchas cosas más que no puedo desarrollar en este corto espacio de tiempo, pero finalmente voy a mencionar el tema del carné por puntos.
Según el Partido Popular, lo que se debe hacer es estudiar la conveniencia o no de implantarlo;
según nosotros, lo que hay que proceder es a implantarlo. Hemos presentado un documento que desarrolla nuestra propuesta y que no voy a especificar aquí. Es una estrategia que los países de nuestro entorno han abordado e introducido y que ha
producido muy buenos beneficios, como es el caso reciente de Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. Nosotros planteamos que aquí se puede y se debe hacer, en esto coincidimos con Convegència i Unió y con otros grupos que lo han planteado.
Nosotros consideramos que la sociedad española, en un proceso de modernización y de lucha contra la siniestralidad, esto lo tiene que hacer ya porque, como decía el señor Jané, todos los comparecientes nos han recomendado que se haga.
Por todo ello, anunciamos lo siguiente, y con esto voy a finalizar mi intervención, señoras y señores diputados. Pese a estar convencidos de que la subcomisión ha sido burlada, que ha sido ninguneada de manera espectacular y que las medidas
importantes, significativas y reales las ha tomado el Gobierno al margen de ella y sin informarla ni advertirla siquiera, a pesar de ello, anunciamos que nos vamos a abstener, que no vamos a votar en contra solamente por una razón, porque, como
decía el señor Jané, nosotros queremos considerar la posibilidad, aunque sea remota, de que las medidas que se contienen aquí puedan tener alguna eficacia en algún momento, sólo por eso, por preservar ese valor, vamos a abstenernos y porque, en todo
caso, no queremos estar literalmente en contra, aunque razones he dado anteriormente para votar en contra y he expuesto supuestos que debían de suprimir por un sentido de respeto a la inteligencia, porque en esta proposición hay algunos insultos a
la inteligencia.
La segunda cuestión que quiero plantear es que votaremos afirmativamente el voto particular de Convergència i Unió y del Bloque Nacionalista Galego y que mantenemos nuestro voto particular, lo mantenemos porque hemos incluido medidas que
consideramos estratégicas, medidas de cambio hacia una política similar a la que hacen los países europeos que están en la vanguardia de la lucha contra la siniestralidad en el tráfico.
Comentaré muy brevemente estas medidas. Un plan estratégico
de seguridad vial que debe incluir elementos de eliminación de tramos de concentración de accidentes y una dotación suplementaria de 120 millones de euros para luchar contra la siniestralidad, y un principio que nosotros consideramos que debe ser
irrenunciable a estas alturas, y es que todo el dinero que se extrae de tráfico, toda esa función recaudadora que se atribuye a la Dirección General de Tráfico y que origina la autofinanciación de la Jefatura de Tráfico y el sobrante de 96 millones
de euros que se destinan al Tesoro público, nadie sabe para qué...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, le ruego concluya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Acabo ya, señora presidenta.
Planteamos que el dinero procedente de tráfico se dedique a la seguridad vial; infraestructuras más seguras; incorporación de nuevas tecnologías; generalización de la educación vial; garantizar la vida y la convivencia cívica en el
tráfico, acabando con la impunidad de las conductas más irresponsables; agencia nacional de seguridad vial; conocer las causas para mejor prevenir; atender a las víctimas, cosa que no hemos visto que se recoja en el informe que se ha planteado
hoy; plan especial de prevención de fin de semana y atención al problema de los jóvenes, que es donde está centrada en este momento la principal causa del número de víctimas y de desgracias. Finalmente, el carné por puntos que, repito, es una
estrategia fundamental desde nuestra perspectiva.
Quiero acabar -posiblemente no tenga ocasión de dirigirles la palabra más adelante- con un ferviente deseo que hace mi grupo parlamentario a todas SS.SS. y que quisiéramos trasladar a toda la sociedad. Nosotros queremos felicitar la
Navidad a todo el mundo, pero para nosotros feliz Navidad es Navidad sin víctimas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve. Mi grupo va a votar favorablemente todas estas conclusiones que tienen un sentido de coherencia. Se ha hecho un trabajo sistemático y esperamos que la Administración pública, sobre todo el Ministerio del Interior, la Dirección
General de Tráfico, le den la utilidad pertinente, complementando los acuerdos que ya ha venido adoptando el Consejo de Ministros sobre los problemas de seguridad vial y de lucha contra los accidentes de tráfico. En las conclusiones de este informe
se hace hincapié en los factores humanos -son fundamentales los referentes a la educación, a la información, a la formación de conductores- y hay uno sobre el que quiero hacer una especial llamada y es el de las condiciones psicofísicas para acceder
al permiso de conducir. Mi grupo quiere recordar aquí algo que ha sido incluso motivo de una reciente declaración del presidente nacional de la Federación de autoescuelas
de España en cuanto a hacer una advertencia a la Administración respecto a la convalidación u homologación de los permisos de conducir de ciudadanos extranjeros para obtener el correspondiente español; que se extremen las medidas, que se
convalide lo que es convalidable, porque la obtención del permiso de conducir obedece a requisitos y formalidades muy distintas y hay países donde este documento es prácticamente una simple concesión administrativa previo pago de una tasa
determinada sin más exigencias y, sin embargo, los rigores actuales y la prevención de accidentes obligan a que la convalidación sea en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles; las mismas condiciones en las que un ciudadano español
puede obtener de las autoridades administrativas de tráfico españolas el correspondiente permiso de conducir. Es decir, que no regalemos nada que además puede ser muy perjudicial para la seguridad vial y que sigamos extremando todas las exigencias
técnicas en el control de la calidad mecánica y para la circulación de los vehículos.
Mi grupo ve en muchas de estas conclusiones un principio de declaración enunciativo, no perjudican a nadie y pueden beneficiar a todo lo que se pueda beneficiar y, sobre todo, resaltar al final que se ha incluido en los anexos el texto de la
Carta europea de la seguridad vial. Sintonizar con este documento en una declaración de principios creo que es bueno. A lo mejor si hubiéramos terminado hace un año o seis meses estas conclusiones hubieran permitido también complementar los
acuerdos recientes del Consejo de Ministros a este respecto. Une un deseo de reducción de esta tremenda plaga mortífera y lesiva de accidentes de tráfico en España, bajarla de la posición lamentable que tenemos actualmente en el contexto europeo
occidental y sumarnos a todas las medidas correctoras. Por eso votaremos, sin más, favorablemente este informe.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi formación política se une también a la inquietud manifestada por todos los grupos de esta Cámara en el sentido de que hay que hacer algo, hay que acertar para atajar la epidemia que supone el número de muertes y accidentados que
existen en las carreteras. La existencia de esta subcomisión denota que desde los poderes públicos y en la medida en que es responsabilidad de esta Cámara se ha estado trabajando y se ha estado intentando; no se ha acertado, puesto que hay que
constatar nuestro trabajo con la realidad y se ve que el número de accidentes es todavía elevado. Quería agradecer, como han hecho los demás comparecientes, a todos los compañeros de la subcomisión el buen clima en el que se ha trabajado y a todos
los comparecientes las interesantísimas cuestiones que han sabido traernos, que por cierto deben ser examinadas de forma especial. Cuando se aprobó el informe que hoy viene a Pleno, me quejé de que lo muchísimo trabajado tenía escasa traslación al
informe que hoy aprobamos, pero eso suele ser normal en casi todas las subcomisiones. Por último, debo agradecer al presidente de la Comisión la amabilidad con la que ha valorado nuestros trabajos y los ha presentado ante este Pleno.
Votaremos el informe en los términos en los que está aprobado, pero también queremos hacerle alguna crítica. Sorprende el excesivo número de veces -he contado muchas- en las que se enuncian las políticas que se recomiendan al Gobierno bajo
la expresión de: Continuar haciendo o seguir haciendo. La autocomplacencia no es buena en una materia en la que la realidad nos enseña día a día que existe el número de muertes y el número de accidentes que estamos viendo todos los días. La
autocrítica debiera ser más general en el informe. Nos sorprende que no se hayan admitido con mayor generosidad aportaciones de otras formaciones políticas que mi grupo sí quiere hoy votar. Votaremos el informe, pero también votaremos parte de los
votos particulares que se han sostenido. De la misma manera también hicimos objeto de crítica, y lo reiteramos ahora, el dato de que se hubiese modificado el Código Penal sin contar con las formaciones políticas -al menos no se ha hecho con la que
yo represento-, en términos que desde la propia Guardia Civil, desde quien compareció en su nombre, se manifestó que tenían una generalidad tan excesiva en los términos que se empleaban que iban a impedir la fijación de unos criterios de certeza tan
importantes en materias como las que hoy analizamos y que iban a tenernos en la inseguridad jurídica durante mucho tiempo, hasta que se asentase el criterio jurisprudencial, igual que los tipos que aprobaremos el martes que viene en la ley de
acompañamiento respecto del famoso artículo 17 bis, de la escayola o no escayola. No hemos tenido todavía aclaración suficiente de a qué se refiere y el propio director de la Guardia Civil no hizo gala de su cita cuando compareció en esta
subcomisión. Todos ellos son aspectos que son corregibles, que son trasladables a una nueva legislatura, donde podrán seguir siendo objeto de examen.
Voy a referirme a otro asunto que en estos días está apareciendo reiteradamente en la prensa y sobre el que en numerosas ocasiones he preguntado a los comparecientes, sin haber tenido respuesta satisfactoria; es el problema del canje de los
carnés de los extranjeros.
Hay muchas noticias que están queriendo vincular la subida de la siniestralidad con la forma en la que se hace el canje. Me parece peligrosísimo, como lo hemos dicho siempre en materia de delincuencia, que se quiera
vincular a la condición de inmigrante o extranjero una cuestión que es negativa para la visión de la sociedad.
Seamos cuidadosos y si no desde los poderes públicos hágase lo que sea necesario para que, en condiciones de objetividad y de valoración sensata de las condiciones de obtención en otros países, pueda efectuarse el canje en las condiciones
que vienen requiriendo las distintas asociaciones de inmigrantes en este país. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Haré mención de otra cuestión que no aparece recogida, como no podía ser menos, de manera satisfactoria en el informe, que es lo que hace referencia a la materia competencial. Sabido es que hay dos comunidades autónomas que tienen
plenamente asumida la competencia y existe la queja reiterada de quienes han comparecido en nombre de las dos administraciones de la dualidad de procedimientos y el problema existente en la obtención de permisos de conducir. Es más, con el paso del
tiempo, en el otorgamiento de autorizaciones especiales hay también un intento, sin justificación material alguna, de atribuir estas competencias a autoridades estatales y no a las propias de las comunidades autónomas. Si uno repasa las
intervenciones, tanto en el caso catalán como en el vasco, en el seno de la subcomisión, se evidencia la absoluta seriedad, el absoluto rigor y la profesionalidad con la que se está actuando en esta materia, además en magnífica coordinación -hay que
decirlo- con la Administración del Estado. Además ocurre que el listado de las competencias, singularmente me refiero a las vascas, que son las que conozco más, contenidas en el Real Decreto 3256/1982, ha quedado petrificado tal y como estaba en el
momento en el que se efectuó la transferencia y la realidad del tráfico -a ello aludimos en varias partes del informe- es sin embargo una realidad dinámica, en la que van surgiendo aspectos distintos, funciones distintas, que lógicamente debieran ir
unidas a los títulos competenciales y no al mero listado del real decreto.
Un llamamiento final -y lo he dicho muchas veces en la subcomisión, siempre que se hablado de temas sancionadores, en relación con lo cual debemos tener especial cuidado el Gobierno y quienes estamos en los poderes públicos- es que hay que
conseguir un procedimiento sancionador que permita que la sanción sea ejemplar y que sirva para que el mismo sea rápido y efectivo, única manera de que valga para algo de cara a la ciudadanía. La reeducación y la educación, entendidas ambas como
prevención, pensamos que son factores interesantísimos.
Nada más, señora presidenta. Me uno al deseo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista de una Navidad sin víctimas. Iríamos un poco más lejos: una Navidad sin víctimas y que además exista una reducción de los accidentes en el
futuro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, concluimos hoy los trabajos que hemos venido realizando en la subcomisión sobre prevención de accidentes de tráfico y seguridad vial.
Presentamos un informe en el que el Grupo Parlamentario Popular hace un balance razonablemente
positivo. Se trata de un informe que se estructura en torno a seis áreas, que son fundamentales para seguir avanzando en la seguridad vial. Contiene 68 propuestas, todas ellas fruto de los trabajos que se han realizado en esta subcomisión, de las
reflexiones y de las aportaciones que en ella han hecho los expertos que han comparecido. En la pasada sesión de la Comisión de Justicia e Interior debatimos un informe que contenía 49 propuestas que habían sido presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. En su momento, cuando trasladamos estas propuestas, ni siquiera las registramos con nuestro papel de grupo pues fue una iniciativa que planteamos a todos los grupos parlamentarios, ya que, como dijimos, no se trataba de
medidas que nosotros nos hubiéramos inventado, sino que eran fruto de las reflexiones y de las valiosas aportaciones que nos habían hecho llegar los expertos. Después de ese debate de la Comisión de Justicia e Interior, se ha enriquecido el informe
con casi otras 20 propuestas más, que son fruto de aportaciones de otros grupos parlamentarios; muchas de las que ya se habían incluido se han perfeccionado o se han modificado en virtud de transacciones. Se han incorporado muchas propuestas, como
ha señalado el señor Jané, del Grupo de Convergència i Unió, así como las que ha planteado el señor Mardones o la propia señora Uría. Y al Grupo Parlamentario Socialista y al BNG les ofrecimos transacciones sobre sus propuestas, pero no las
aceptaron. En todo caso, las medidas que contienen sus votos particulares están en el conjunto de propuestas que aparecen en este informe que hoy debatimos. De manera que ha habido trabajo, ha habido esfuerzo de todos y ha habido también un
diálogo abierto con todos los grupos.
Todos hemos compartido una gran preocupación ante la gravedad y la trascendencia de un problema que en nuestro país supone la pérdida de tantas vidas. Es muy difícil no estar de acuerdo con medidas que, a juicio de los expertos, a juicio de
quienes llevan muchos años estudiando todas estas cuestiones, van a permitir avanzar hacia una mayor seguridad vial. Resulta incoherente que se haya llegado a votar en contra de estas propuestas, que se refieren a todas aquellas áreas, como he
señalado antes, que son claves para mejorar la seguridad vial. Se hace hincapié en una pieza clave, como es la educación vial; se desarrolla en los currículos escolares la introducción de una materia como esta para tratar de transmitir valores y
actitudes responsables en los futuros conductores, empezando desde las edades
más tempranas y tratando de que se desarrolle un material didáctico que esté de acuerdo con las necesidades y con las características como usuarios de la vía en función de las distintas edades. Cuando uno es pequeño, se utilizan las vías
como peatón, por lo que hay que concienciar de los peligros y de las pautas a seguir como tal; o pueden utilizar los automóviles como pasajeros y es importante que los niños estén concienciados y pidan a sus padres que adopten dispositivos de
retención para prevenir riesgos y prevenir lesiones en caso de hipotéticos accidentes. La educación, nos lo han dicho todos los expertos, es un elemento fundamental, puesto que entre la población de 18 a 25 años la primera causa de mortalidad son
los accidentes. De ahí que durante la edad escolar, hasta los 18 años, sea tan importante que transmitamos esos valores.
Hay muchas propuestas -las ha presentado de una forma muy correcta el presidente de la Comisión- que van dirigidas a mejorar la formación de los conductores y a potenciar las medidas reeducadoras cuando ni la educación ni la formación
específica de los conductores han dado sus frutos para tratar de recuperar esos buenos hábitos. Por ello sigue siendo difícil entender que no se hayan apoyado estas medidas. Se incluyen otras propuestas dirigidas a implicar más a los medios de
comunicación con campañas de concienciación, respecto a las que reivindicamos que haya una adecuada planificación y una adecuada evaluación y de los efectos y resultados que se han conseguido. Hay medidas, como se ha dicho, dirigidas a garantizar
unas adecuadas condiciones psicofísicas.
Todas las propuestas que se incluyen en estas 6 áreas en que se estructura el informe tienen una clara finalidad preventiva, con ese objetivo final que compartimos de reducir los accidentes de tráfico. Todas las medidas, incluidas las del
apartado de infraestructuras, las relativas a los vehículos o todas aquellas que se engloban en el apartado de vigilancia y control, están encaminadas a seguir incrementando los efectivos de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a potenciar
sus medios materiales, a que se sigan incorporando las nuevas tecnologías que hagan más eficaz su tarea, a que haya una mayor presencia policial, a que se incorporen radares -como decía el señor Jané, con una finalidad preventiva-, radares
anunciados, en aquellos puntos conflictivos en los que puede haber más accidentes por unas determinadas circunstancias, para prevenir y para que los comportamientos sean mucho más responsables y precavidos. En este apartado incluimos campañas
específicas para fomentar el uso del cinturón u otros dispositivos de retención, para prevenir el consumo del alcohol, que es una de las mayores causas de la siniestralidad; también hay actuaciones dirigidas a prevenir accidentes que se concentran
en fines de semana o actuaciones de riesgo por parte de los jóvenes.
Cuando proponemos que se endurezcan las sanciones tenemos también una clara finalidad preventiva y queremos hacer un especial hincapié en los supuestos de reincidencia, en esos conductores que a lo largo de su vida repiten comportamientos
infractores que introducen riesgos en la conducción, para ellos y para los demás usuarios de las vías. El apartado de planificación e investigación también es fundamental, porque incorpora propuestas como que en los planes de seguridad vial del
Estado se incluyan objetivos, no sólo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, que estén cuantificados y que se puedan evaluar, en coherencia con esa propuesta de la Unión Europea de reducir los accidentes de tráfico hasta un 50 por ciento para
el año 2010. En coherencia con estas propuestas, en la subcomisión de tráfico y seguridad vial hemos firmado la Carta europea para la seguridad vial, con importantes medidas que compartimos y que también queremos impulsar.
No voy a seguir haciendo hincapié en las distintas medidas que ya han sido debatidas y que han sido presentadas por el presidente de la Comisión, pero sí que quiero volver a destacar que resulta prácticamente imposible comprender que se haya
llegado a votar en contra y que por parte de algunos grupos parlamentarios no se vaya a apoyar este conjunto de medidas que -como digo- nos han exigido y nos han pedido todos los expertos que han comparecido en la subcomisión. Estas posturas sólo
se puede entender cuando forman parte de estrategias partidistas que sólo quieren atacar al Gobierno de la forma que sea; como eso es muy difícil, adoptan posturas que son incoherentes y que no son comprendidas por los ciudadanos. Al final, los
resultados y la credibilidad de determinadas actitudes se ven en las citas electorales.
Creo poder afirmar que hemos abordado de una forma adecuada el tratamiento de la seguridad vial, siendo conscientes de que no hay una fórmula mágica que de una manera inmediata y definitiva acabe con los accidentes de tráfico. Hemos
afrontado una cuestión que es muy compleja, muy cambiante, que exige actuaciones muy diversas en relación con los distintos factores que intervienen, por lo que exige un esfuerzo multidisciplinar. Era necesario tener un buen marco normativo, es
algo fundamental y así, al inicio de esta legislatura, se abordó la reforma de la Ley de Tráfico, que ya tenía más de 10 años de vigencia y que había demostrado que en algunos aspectos era perfeccionable. Además había otras muchas cuestiones que
surgieron en la tramitación de esa reforma y por ello se han presentado muchas iniciativas.
Hemos debatido y se han adoptado soluciones en torno a problemas como, por ejemplo, los que afectan a los seguros. Se ha despenalizado la circulación sin seguro para que haya una sanción muchísimo más fuerte en vía administrativa; se ha
solucionado el problema que había de falta de aseguramiento en el sector de los ciclomotores y motocicletas; se han debatido cuestiones que afectan a la renovación del parque automovilístico,
para que se siguiera incentivando fiscalmente la renovación de los vehículos. Ha habido otras iniciativas concretas que afectaban a personas con determinadas patologías, como los diabéticos, a los que, por los avances médicos, se podía
justificar que la renovación del permiso que se les exigía no fuera tan frecuente. Los avances han sido importantes y los acordamos en un marco de reflexión pausada y sosegada, que ha sido la subcomisión en la que hemos venido trabajando. Fue una
buena decisión porque ha propiciado un debate político y un debate técnico, a partir de esas experiencias y de ese conocimiento por parte de los expertos; un debate sereno, que debería haber sido -y lo ha sido- a lo largo de los trabajos, con
carácter general y al margen de intereses partidistas, un debate desde la responsabilidad. Y es que nadie puede permanecer insensible ante el problema que hoy estamos abordando. Ni siquiera el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que en mi
opinión se ha equivocado. Se equivocó cuando votó en contra de la reforma de la Ley de Tráfico, aunque luego rectificó. También se equivocó cuando votó en contra de todas estas medias que hemos presentado y construido entre todos, basándonos en
los expertos, aunque todavía tiene la oportunidad de rectificar.
Como decía, se ha abordado esta cuestión adecuadamente y desde la responsabilidad en este marco de reflexión. Y hoy concluimos con este informe, con estas 68 propuestas en estas seis áreas de actuación, que son fundamentales para seguir
avanzando en este objetivo compartido de reducir los accidentes en España. Puede ser que no estén todas las medidas que son posibles, puede ser también que alguna de estas medidas no se demuestre en el futuro tan eficaz como todos nosotros
quisiéramos, pero en todo caso son medidas compartidas, medidas fruto del sentido común, medidas fruto de la opinión de los expertos y que nos van a permitir seguir avanzando hacia una mayor seguridad vial, cumpliendo con la obligación que todos
teníamos y tenemos de contribuir a combatir esas cifras de accidentes, ese problema que se ha llegado a denominar epidemia invisible. La seguridad vial ha sido en esta legislatura objeto de reflexión y debate de forma muy intensa. Han salido de
esta Cámara nuevos textos legales, nuevas iniciativas y propuestas, y hoy este informe que vamos a votar. Con este conjunto de medidas contribuiremos a seguir avanzando hacia una mayor concienciación social, hacia una mayor prevención para
garantizar ese valor que es la seguridad vial.
Concluyo, señora presidenta, agradeciendo a los servicios de la Cámara todo el apoyo que nos han prestado en las numerosas sesiones de trabajo que hemos tenido y agradeciendo la labor realizada por todos los miembros de la subcomisión, por
los ponentes de la reforma de esa Ley de Tráfico.
Agradezco también la colaboración de los miembros de mi grupo parlamentario, de doña Reyes Carabel y de don Francisco Antonio González, y me sumo en este momento a las elogiosas palabras que se han
dirigido al señor Sánchez Garrido; produce gran satisfacción encontrar en otros grupos parlamentarios personas que, desde la lealtad, también desde la discrepancia, son capaces de construir discursos rigurosos. El señor Sánchez Garrido lo sabe,
pero quiero hacer un reconocimiento público de sus aportaciones, valiosas y siempre rigurosas. Quiero agradecer a todos los responsables de seguridad vial de todos los grupos parlamentarios todos sus trabajos y su asistencia a esas sesiones tan
largas que hemos compartido, a veces desde la discrepancia y en muchas ocasiones con coincidencias. Confío en que con el informe que hoy vamos a aprobar, con estas medidas, vamos a contribuir a que sigamos avanzando en la seguridad vial.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Señorías, iniciamos la votación de los votos particulares e informe de la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico.
Sometemos a votación, en primer lugar, los votos particulares del Grupo Parlamentario Mixto, firmados por el señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 122; en contra, 163; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Voto particular del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 121; en contra, 164; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el acuerdo de la Comisión de Justicia e Interior sobre el informe elaborado por la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. (Número de expediente 154/000011.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate sobre el acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo, en relación con el informe de la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro.
Para proceder a la presentación del acuerdo de la Comisión, tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me permitirán, para aliviar un poco el estrés de estas últimas horas, una pequeña licencia, con la que les aseguro la brevedad de mi intervención. Recuerdo una anécdota, que seguro que es histórica y con muchas
aportaciones, de un letrado que al comenzar en una hora muy parecida a ésta su informe ante el tribunal lo hacía diciendo: En el derecho de Roma... Y entonces el presidente del tribunal le dijo: Señor letrado, si se va acercando a la hora de
comer se lo agradeceremos.
De manera que vamos a ello.
Me siento, señorías, muy honrado de que mi último cometido como presidente de la Comisión de Política Social y Empleo, que he tenido la honra de desempeñar en esta VII Legislatura, sea la presentación del informe de la subcomisión sobre el
estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro, que me fue encomendado muy amablemente por la totalidad de los comisionados, sin duda porque el informe de la subcomisión fue aprobado por unanimidad de todos los
integrantes de la Comisión. El informe está integrado por unas consideraciones generales, con una definición y análisis sobre la situación de la discapacidad en España, y por el balance de la acción del Gobierno en materia de discapacidad de los
últimos años que sin duda no es pequeño. Además, entiendo que debe recogerse también en el eco de la importancia que, desde el punto de vista social, tendrá la futura ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, que el Gobierno ya anunció; lo hicieron los altos cargos que comparecieron.
Señorías, la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro ha escuchado la opinión y ha estudiado la documentación aportada por los numerosos expertos que han comparecido, ha celebrado 18
sesiones y ha tenido ocasión de recibir a 36 comparecientes. Desde este conocimiento de la situación de la discapacidad en España, la subcomisión ha valorado las propuestas necesarias para continuar mejorando las condiciones generales que hacen
posible la integración social de las personas con discapacidad. Por ello, ha entendido como necesario, con carácter general, que se proceda a la trasposición de la Directiva comunitaria 2078, de la Unión Europea, para el establecimiento de un marco
general en la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; se proceda a dar apoyo firme a los trabajadores de la Organización de las Naciones Unidas para aprobar en el menor tiempo posible una convención internacional de los derechos de las
personas con discapacidad que sitúe definitivamente a la discapacidad en la escena internacional en el terreno de los derechos humanos y, a partir de ahí, a la elaboración del libro blanco de accesibilidad con la participación de los agentes
implicados en base a los contenidos del I Plan nacional de accesibilidad 2004-2012; se continúe con la mejora en la atención de los distintos servicios públicos y, especialmente, en la tesorería general de la Seguridad Social y en el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, a través de los servicios de gestión telefónica disponible para ciudadanos con dificultades de movilidad; se continúe con el esfuerzo contenido en el Plan nacional investigación, desarrollo e innovación, así como
que se proceda a la regulación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación con los trabajadores con discapacidad. Percibirán SS.SS. que en algunos casos y en los últimos días ya se han producido algunas decisiones que hacen que estas
conclusiones sean un poco post eventum. La subcomisión propone, en definitiva, que se sigan desarrollando las previsiones contenidas en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, aprobada por el Pleno del Congreso el 16 de abril de
2002.
Además se contienen una serie de conclusiones relativas a condiciones generales, barreras, accesos a los servicios, educación y formación, dependencia, empleo, grandes discapacidades, salud mental, inteligencia límite, prevención, familia,
dimensión de género, concertación de la sociedad civil, participación y cooperación, tiempo libre, cultura y deporte.
Hay algunos votos particulares, por lo que van a intervenir algunos de los integrantes de la subcomisión. Concluyo, señorías, afirmando que la discapacidad ha cambiando absolutamente en el panorama de todos los países del primer mundo, ha
dejado de ser una cuestión circunstancial o accesoria que está presente en la discusión real de los problemas políticos de la gente. Si un día la libertad fue una conquista para todos, con el transcurso del tiempo debe lograrse la plenitud de
derechos
que haga que los derechos de algunos no sean retóricos, porque aunque los tengan no los puedan ejercer por razones ajenas a su voluntad, y que dejen de serlo gracias a que los poderes públicos y la sociedad hagan los esfuerzos necesarios
para permitirles un pleno ejercicio de esos derechos. Yo creo que la filosofía presente ya está inscrita en aquello que decía Federico Balart: ¿De qué te vale ser más fuerte si no sabes ser mejor? Todos los fuertes hemos de ser mejores para
asegurar que todos tengan las mismas posibilidades en el ejercicio de los derechos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padilla.
¿Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Decae.
¿Grupo Parlamentario Vasco, PNV? (El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.)
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Doy por defendido el voto particular del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para presentar el voto particular y posicionar al Grupo de Convergència i Unió ante este informe de la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro. Tiene su origen en una
iniciativa de Convergència i Unió, de junio de 2001, con la que pretendimos impulsar su creación.
Posteriormente, una proposición no de ley -iniciativa del Grupo Parlamentario Popular- nos permitió llegar, con el consenso de todos los grupos de la
Cámara, a los inicios de los trabajos de esta subcomisión.
¿Para qué nos han servido los trabajos de la subcomisión a los que presentamos los votos particulares que vamos a debatir y a aprobar?
En primer lugar, para haber creado un espacio privilegiado de diálogo entre el Parlamento y el amplio y plural movimiento que representa a las personas con discapacidad; espacio de diálogo que hemos querido entender como una determinada
manera de hacer política que pone el acento en la discusión con los representantes de la sociedad civil, de aquellos colectivos que muchas veces quedan al margen de otros intereses de carácter general. No sé si todos somos conscientes de que en el
ámbito de la discapacidad hemos vuelto a enlazar con los trabajos parlamentarios que en 1977 se iniciaron en esta Cámara, con la creación de una Comisión especial de estudio sobre la discapacidad, presidida por don Ramón Trías Fargas, que llevó a la
elaboración de la LISMI. Aquella ley también fue elaborada con el apoyo de esa sociedad civil. Por tanto, hemos creado ese espacio de diálogo con esta subcomisión.
En segundo lugar, hemos evidenciado que existe un potente capital social para el conjunto de la sociedad española que representa ese movimiento asociativo. Si hoy en la agenda gubernamental las cuestiones de la discapacidad han ganado peso
es también por la existencia de esos movimientos sociales. Estamos convencidos de que ese capital social nos permite hacer mejor política y gobernar mejor la sociedad. Ese capital social está siendo tremendamente útil para cambiar la sociedad.
Hemos querido asociar el Parlamento a esta dinámica. A pesar de que el Gobierno ha impulsado en paralelo a los trabajos de la subcomisión un importante paquete de medidas legislativas -que no han encontrado tampoco el apoyo de la Cámara de los
grupos que estamos en la oposición-, la subcomisión puede reivindicar su influencia en la elaboración de estas leyes. La subcomisión ha sido un acicate para la acción legislativa del Gobierno y queremos reivindicarlo.
En tercer lugar, los debates en la subcomisión y los de esta mañana van a poner en evidencia que necesitamos un empuje en las políticas de la discapacidad orientadas a hacer cumplir aquello que inspiró en su momento los debates de la
Constitución en la elaboración de la LISMI, como es entender que las personas discapacitadas son fundamentalmente personas y como tales son ciudadanas y ciudadanos que tienen derechos y deberes y deben poder ejercerlos participando en una sociedad
que les garantice la igualdad de oportunidades. El gran reto que hoy tenemos es hacer posible la ciudadanía para las personas discapacitadas, superando cualquier tentación de orientar estas políticas bajo la lógica de la caridad. No estamos
hablando de caridad, estamos hablando de justicia social; estamos hablando de derechos, de ciudadanía.
En cuarto lugar, convencidos de que nuestra sociedad es diversa y de que la discapacidad es su expresión; desde el respeto que hay que tener con aquellas personas que se reconocen de manera diferente y diversa, la subcomisión ha contribuido
a algo que Ramón Trías Fargas defendió en los debates sobre la elaboración de la ley: que es necesario superar las leyes especiales, las políticas especiales y articular una visión global para que las personas discapacitadas encuentren acomodo en
esas leyes y en esas políticas. También la voluntad de consenso, porque, a pesar de los votos particulares que hoy los grupos hemos presentado, este informe va a ser aprobado por unanimidad.
Quiero agradecer la presidencia del señor Padilla, pero, muy especialmente, a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Martín, el que su sensibilidad, su delicadeza y su buen hacer va a permitir que todos los grupos podamos
sumarnos al informe de esta
subcomisión. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y en el mío propio, se lo quiero agradecer. Queremos destacar de este informe de la subcomisión cuestiones como la referencia al cumplimiento de la LISMI en tasas
universitarias; la necesidad de asumir la puesta en marcha de esa política de atención a la dependencia; la gran cuestión pendiente de las políticas sociales en España, así como la incorporación de manera destacada en el informe de la salud
mental, la inteligencia límite, las políticas orientadas a la prevención, al apoyo a las familias, la dimensión de género -que hemos de incorporar en nuestras políticas para reconocer que las mujeres discapacitadas padecen hoy esa doble
discriminación-, y la necesidad de la concertación con la sociedad civil, superando esa dicotomía entre público y privado que seguramente hoy ya no responde a las exigencias de una sociedad moderna y civil que exige participar en la gestión de las
prestaciones del Estado del bienestar.
Nos parece un informe que marca una hoja de ruta positiva en muchos sentidos y que compartimos todos los grupos de la Cámara. Con nuestro voto particular hemos querido expresar que, en algunas cuestiones, nos gustaría ir más allá de ese
consenso que hemos podido hilvanar en estos últimos días. De ahí nuestro voto particular, que insiste en ese concepto del derecho de ciudadanía de las personas discapacitadas, que nos parece esencial para ser útiles en la promoción de un modelo de
sociedad avanzado y justo, y la convicción de que en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación existen enormes posibilidades para mejorar las condiciones de vida de las personas discapacitadas, pero también para prevenir esas
discapacidades.
Hemos querido insistir en las pensiones porque, a pesar de que por primera vez en esta subcomisión el grupo de la mayoría acepta avanzar hacia esa compatibilidad entre la pensión no contributiva y el empleo remunerado en mejores condiciones,
es necesario ir más allá de lo que se aprueba en el informe, especialmente en materia de jubilación anticipada, así como en la necesidad de abordar la revisión a fondo de la actual Ley de pensiones no contributivas, para garantizar el derecho
individual de la persona discapacitada a recibir un subsidio que le pueda otorgar esa autonomía personal que muchas personas discapacitadas hoy nos vienen reclamando.
Hemos querido mantener también el voto particular en materia de educación y
formación, valorando positivamente la referencia que se hace a las tasas universitarias, pero haciendo hincapié en que el modelo de escuela inclusiva es nuestro modelo, es el modelo que puede garantizar esa igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad. Hemos querido mantener nuestro voto particular en materia de empleo, convencidos de que, a pesar de que desde el año 1996 se ha creado empleo en el ámbito de las personas con discapacidad, España continúa hoy a la cola de
la Unión Europea. Estamos convencidos de que las actuales políticas, tanto de incorporación a la empresa ordinaria como del trabajo protegido, necesitan una reflexión a fondo, y hemos formulado algunas ideas que van en esa línea. Hemos mantenido
el voto en materia de fiscalidad porque es una cuestión que se debe continuar incorporando en las próximas reformas fiscales. Propugnamos que en la próxima legislatura se cree una comisión permanente de seguimiento de las cuestiones de
discapacidad, precisamente para mantener ese espacio privilegiado de diálogo con la sociedad civil.
Termino, señora presidenta, agradeciendo a todos los grupos políticos el esfuerzo que hemos realizado: a las diputadas del Grupo Socialista, al diputado del Grupo de Izquierda Unida, a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular y a
los de los grupos más pequeños, como a la diputada Monzón, que por pertenecer a un grupo pequeño no le ha sido posible participar en esta subcomisión. Todos hemos tenido ideales nobles, hemos tenido ilusión y hemos asumido que nuestro esfuerzo
puede ser útil porque estábamos planteando políticas posibles, que son las únicas que pueden transformar la realidad. La vamos a transformar no desde una compasión sentimental, que sólo sirve para quedar bien con uno mismo, sino desde una compasión
solidaria, recuperando el profundo sentido de la expresión compasión que significa participar de los sentimientos de las otras personas. Esta es la única manera de transformar la sociedad. Modestamente, este informe puede contribuir a marcar esa
senda a todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de hacer una valoración del contenido del informe de la subcomisión en materia de discapacidad y del voto particular que el Grupo Parlamentario Socialista quiere presentar, nos gustaría agradecer su presencia a todas las
organizaciones sociales que han pasado por la subcomisión, que nos han aportado una visión real y que han sido los verdaderos protagonistas de esta subcomisión. Hemos conseguido un ejemplo de la interlocución entre la sociedad civil y el Parlamento
a la hora de trasladarnos una realidad, como es el mundo de la discapacidad, las necesidades con las que se encuentra y las políticas que desde las distintas administraciones tenemos que poner en marcha. Sin ellos, sin su papel, difícilmente
podríamos haber hecho el trabajo que finalmente hemos desarrollado en este tiempo. En mi nombre y en el de mis compañeras de la subcomisión, el Grupo Socialista quisiera valorar muy positivamente el trabajo y la comunicación entre los distintos
grupos parlamentarios. El sector
de la discapacidad tenía puestas muchas esperanzas en esta subcomisión.
Todos hemos hecho un esfuerzo por dialogar y comunicarnos para ver de qué manera respondíamos ante las expectativas que se estaban generando. El diálogo y la
flexibilidad han sido satisfactorios. Ha sido también satisfactoria la flexibilidad del Grupo Parlamentario Popular. Queremos aprovechar esta oportunidad para trasladar el agradecimiento de mis compañeras diputadas y el mío propio a la diputada
Gloria Martín Vivas, porque ha demostrado que en política el diálogo y la flexibilidad se deben tener en cuenta. Ojalá tomara ejemplo el Gobierno del Partido Popular de la capacidad de diálogo que esta diputada ha tenido en la subcomisión sobre la
discapacidad. Es merecido que se diga y que se tengan en cuenta estas cuestiones, en política a veces es necesario resaltar estos valores que dignifican la actividad política.
El Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente el informe de la subcomisión, ya que consideramos que este instrumento debe servir de forma valiosa para que en un futuro muy próximos se puedan desarrollar todas las acciones que vienen
referidas en él para mejorar la calidad de vida de las personas de discapacidad y para que estas personas tengan los mismos derechos, haciendo efectivas todas y cada una de las acciones referidas en el informe, tanto en la Administración general del
Estado como en las distintas administraciones que tienen competencia para desarrollar estas iniciativas. Pese a esta valoración positiva y el trabajo realizado por los distintos grupos, que consideramos que ha enriquecido muchísimo el documento
final, el Grupo Parlamentario Socialista no comparte algunas de las afirmaciones contenidas en el informe, por lo que hemos visto necesaria la presentación de este voto particular. Es conocida la posición crítica del Grupo Parlamentario Socialista
en cuanto a la acción del Gobierno en estos últimos años en materia de política de discapacidad. Ha existido poca voluntad de este Gobierno a la hora de llegar a acuerdos en cuestiones tan importantes como la nueva Ley de no discriminación y
accesibilidad de personas con discapacidad, una ley en la que todo el sector tenía puestas muchas esperanzas, una ley respecto a la cual el sector esperaba que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo tan mayoritario como el que existió cuando se
desarrolló la anterior LISMI y, por desgracia -y creo que es responsabilidad del Gobierno-, no han sido capaces de llegar a este acuerdo y atender a las reclamaciones y reivindicaciones que hacíamos los distintos grupos parlamentarios. Por eso, no
podemos compartir la parte del informe en que se desarrolla la valoración de la acción del Gobierno.
Estimamos que se debería haber ido mucho más allá, se debería haber aprovechado esta ley para hacer frente a muchas necesidades del sector de la
discapacidad en materia de reconocimiento de derechos, de empleo o de acceso a los servicios públicos, que no se han tenido en cuenta, y por ello esa parte no la podemos asumir. Ese es el sentido de nuestro voto particular.
Es importante que las políticas de discapacidad vengan acompañadas, como cualquier otra política, de un esfuerzo presupuestario suficiente. En ese sentido, hemos de denunciar que este Gobierno no ha hecho un esfuerzo presupuestario en
política social ni, por supuesto, en discapacidad. Hay muchos programas presupuestarios que han sido congelados este último año, como el Plan de acción para las personas con discapacidad, y difícilmente podemos hacer frente a estas nuevas políticas
que se tienen que poner en marcha si no es con ese esfuerzo presupuestario del que hablamos. Los datos dejan claro cuál es esta realidad. En 1996 el gasto social suponía un 24 por ciento del producto interior bruto y en estos momentos estamos
hablando de un 19 por ciento. Esta cifra es real y demuestra que el Gobierno no está haciendo ese esfuerzo presupuestario que el Grupo Parlamentario Socialista viene reivindicando a lo largo de toda la legislatura y que tendría que haber sido
referido el propio informe.
En cuanto a cuestiones más concretas, en este informe deberían haber sido referidas materias como el incremento de horas de subtitulación en Televisión Española; en el acceso a las nuevas tecnologías, lo que suponen para las personas con
discapacidad los programas de alfabetización, cuestión muy importante en la que todavía estamos muy lejos de conseguir los objetivos que pretendemos y, por tanto, entendemos que el programa de alfabetización digital para las personas con
discapacidad debía haber sido referido en este informe; el reconocimiento del lenguaje de signos a través de una ley, iniciativa que ya hace tiempo que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara y reivindicada por
organizaciones sociales del mundo de la discapacidad y, por desgracia, rechazada por la mayoría del Partido Popular. Seguimos insistiendo en que debe ser a través de una ley como se haga el reconocimiento del lenguaje de signos para las personas
sordas y, por ello, también debería haber sido trasladado a este documento. En cuanto a la dependencia, esta cuestión representa, sin duda alguna, uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos para las políticas públicas en los próximos
años. El informe no puede pasar someramente sobre estas relaciones y entendemos que se deberían haber precisado estas cuestiones.
Por poner un ejemplo, diré que es necesario garantizar la cobertura pública del cien por cien de las necesidades de
las personas en situación de gran dependencia y el 60 por ciento de las del resto. Hay asimismo otras cuestiones. Por lo que se refiere al empleo, se han puesto en marcha distintas iniciativas durante esta legislatura. Quiero recordar la
propuesta que hizo el Grupo Parlamentario Socialista, y que apoyaron los demás grupos parlamentarios, de pasar del 3 al 5 por ciento de reserva de empleo público para estas personas. Es necesario buscar instrumentos que hagan efectivo
el cumplimiento de la norma. En la proposición de ley que presentamos, que fue rechazada por la mayoría del Partido Popular, ofrecíamos algunos de esos instrumentos.
Hay que insistir en la necesidad de buscar instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de la norma, lo mismo que otras soluciones posibles en materia de empleo; porque, si bien es cierto que va aumentando el número de personas con
discapacidad que acceden al mercado laboral, también lo es que estamos todavía muy lejos de conseguir el objetivo último: que todas estas personas puedan trabajar de forma normalizada para que, de esa manera, tengan mayor facilidad para acceder al
resto de los servicios. El informe no recoge, por ejemplo, una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que pretendía primar en los concursos públicos a las empresas que cumplieran o superaran la cuota de reserva de plazas para personas con
discapacidad. Estas son las cuestiones que debería reflejar el informe, que consideramos positivo -repito- y que no puede quedar en papel mojado. Es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y de las administraciones hacer efectivos todos
los elementos del informe. Hemos suscitado una gran expectativa entre los discapacitados y no podemos frustrarla al no llevar a cabo todos estos aspectos que vendrían a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Debemos agradecernos mutuamente la labor que hemos hecho en los grupos parlamentarios. Por mi parte, como estamos en época de despedidas, me gustaría agradecer a todos la labor que han desarrollado. Sobre todo, quiero dar las gracias a las
personas de mi grupo parlamentario que, además de buenos políticos, han sido buena gente, que es lo que más me importa. Como todavía soy muy joven, no quiero deciros adiós, y os digo hasta pronto.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.
Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, y al igual que los portavoces de otros grupos parlamentarios, quisiera dar las gracias, en nombre de Coalición Canaria, a todas aquellas personas y colectivos que han participado en la elaboración del documento que
aprobaremos hoy en este Pleno, y que contará, por supuesto, con el apoyo de Coalición Canaria. Quiero felicitar a los portavoces de los grupos por un nuevo documento de consenso. Me sumo a la felicitación de la diputada Gloria Martín, a la que he
tenido la oportunidad de conocer en la Comisión del Pacto de Toledo y, más concretamente, en el viaje que hicieron recientemente a Fuerteventura los miembros de dicha Comisión. (El señor Griñán Martínez: ¡Yo no pude ir!.-Risas.)
La señora PRESIDENTA: Adelante, señora Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Han sido más de tres años de intenso trabajo, durante los cuales aquellos que han tenido la oportunidad de asistir a los debates celebrados en el seno de la subcomisión han podido acercarse a una realidad para la
que, en ocasiones, los políticos y las administraciones públicas son incapaces de ofrecer respuestas reales. Las respuestas se quedan, a veces, en meras declaraciones cargadas de buenas intenciones, pero vacías de contenidos eficaces.
Yo no tuve la ocasión de elaborar el documento, porque mi incorporación a la Cámara es reciente, pero su lectura me ha servido de acercamiento a una realidad que, según el estudio presentado por la Oficina de Estadística Europea, afecta a
uno de cada seis europeos de entre 16 y 64 años. Probablemente, todos los que han formado parte de la subcomisión han abierto los ojos a un mundo que les era ajeno, en mayor o menor medida, y que está plagado de obstáculos, marcado por la
discriminación diaria y, sobre todo, ávido de gestos de la ciudadanía y de las administraciones, sin excepción. La solución de los problemas que afectan a los discapacitados es un reto que debemos asumir todos con acciones cotidianas en calidad de
ciudadanos de una sociedad que a veces peca de insolidaria y con acciones como el documento que hoy debatimos en esta Cámara, que esperamos sirva para que el Poder Ejecutivo tome nota de las demandas planteadas y las traduzca en hechos tangibles.
Desde que se aprobó la Constitución de 1978 y la Ley de integración social de los minusválidos de 1982 se han ido concretando, con más lentitud de la deseada, diversas acciones que han ido desde la integración en el mercado laboral hasta la
eliminación de las barreras arquitectónicas; pero no podemos estar satisfechos de que en más de 20 años hayamos sido incapaces de actuar con la celeridad que requiere el tratamiento de un asunto que debe adquirir la condición de prioritario en la
gestión de cualquier Gobierno.
En el informe se detalla con amplitud el conjunto de reformas llevadas a cabo por el Gobierno en esta legislatura; unas reformas aún insuficientes. Todavía queda mucho camino por recorrer. No basta únicamente con aprobar leyes; hay que
tratar de que éstas se cumplan y esta es la principal asignatura pendiente. De ahí la importancia de este documento. La creación de una subcomisión supuso un ejercicio de autocrítica al reconocer implícitamente que era necesaria para tratar de
enmendar los errores cometidos y tratar de impulsar las leyes aprobadas hasta la fecha cuyo cumplimiento dejaba mucho que desear. Nuestro grupo apoyó la iniciativa y creemos que el resultado ha valido la pena. Reitero
que esperamos que las propuestas y recomendaciones incluidas en la segunda parte del documento no queden en meros propósitos. Nuestra obligación a partir de ahora y una vez aprobado el mismo consistirá en llevar un seguimiento del Gobierno
para que cumpla con las directrices establecidas en él. Insisto, por último, en que 3.528.221 personas, que es el número de ciudadanos y ciudadanas con alguna discapacidad según la encuesta sobre discapacitados, deficiencias y estados de salud, de
1999, requieren algo más que lo que hasta ahora se les ha ofrecido. Desde Coalición Canaria consideramos que el principal impulso debe partir del Gobierno y de todas las administraciones públicas, tratando este asunto como prioritario y no como una
cuestión secundaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida agradecemos también el trabajo que se ha desarrollado por parte de todos los integrantes de la Comisión, que ha dado como fruto el informe que hoy debatimos y que
probablemente será votado por consenso por toda la Cámara. Agradecemos el trabajo de la portavoz -como también se ha dicho ya- del Grupo Parlamentario Popular porque ha sido una de las artífices para que se pueda traer hoy este informe. El trabajo
en la Comisión nos ha permitido conocer el mundo real de la discapacidad, los colectivos a los que nos estamos dirigiendo y el problema con el que viven estas personas. Esto es lo que nos ha hecho tener la sensibilidad suficiente como para trabajar
de forma consensuada a fin de que fuera posible traer este informe hoy aquí.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no hemos creído conveniente hacer ningún voto particular hoy, no porque estemos de acuerdo con todo el informe, sino porque para nosotros sería suficiente con que fuéramos capaces de
desarrollarlo en la legislatura que viene.
Con esto lo que quiero decir es que son muchas las leyes y compromisos que hoy están en vigor y que se están incumpliendo. En este sentido, a través de este humilde diputado que les habla, queremos decir
que somos un tanto escépticos en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones que hoy traemos en este informe. Esperemos que el trabajo que se ha hecho, la sensibilidad que hemos sido todos capaces de adquirir sirva para que los acuerdos que hoy
se van a aprobar aquí se desarrollen conforme a la voluntad manifestada por los componentes. Pero nosotros quisiéramos hacer un repaso de la realidad que traemos a debate en este Pleno.
Estamos hablando de los discapacitados y para ello vamos a enmarcar el colectivo lo más fiablemente posible. En primer lugar, veamos la importancia social del colectivo en España. Según la encuesta aplicada por el INE hay tres millones y
medio de personas con discapacidad, es decir, el 9 por ciento de la población española. La problemática de la discapacidad afecta a una de cada tres familias, siendo uno de los principales colectivos a los que se dirige la política social, y aunque
sólo sea por propio egoísmo sería razonable volcar nuestro esfuerzo sobre este colectivo, como decía anteriormente. Sin embargo, veamos cuál es la actitud del Gobierno a través del análisis de nuestras diferencias con Europa. Según el panel de
hogares de Eurostat, España es el tercer país con menor proporción de personas con discapacidad, después de Italia y Grecia, pero el número se incrementa con la edad a un ritmo mucho más acelerado que la media europea. Esto se debe a que en España
las condiciones de vida y de trabajo son más nocivas para la salud y producen más accidentes graves que en el resto de la Unión. En efecto, España es, por un lado, uno de los países europeos con más siniestralidad laboral, más accidentes de tráfico
y más fumadores, y por otro uno de los que menos gasta en salud por habitante. Por otra parte, podemos establecer una relación directa entre discapacidad y pobreza, ya que en las familias con bajos ingresos se producen discapacidades en una
proporción tres veces superior a las familias ricas. Ello se debe a que las familias pobres padecen unas condiciones ambientales menos saludables y mayores riesgos de contraer enfermedades y sufrir accidentes, a la vez que pueden dedicar menos
recursos a la prevención o a la rehabilitación. En cuanto al empleo, siguiendo la misma fuente de Eurostat, podemos establecer que España registra la menor tasa de ocupación de las personas con discapacidad de la Unión Europea, siendo con Italia el
país que más discrimina a las mujeres en el acceso al empleo. Sólo tiene empleo remunerado el 31,5 por ciento de los hombres y el 15,8 por ciento de las mujeres en edad laboral. Si descontamos aquellas personas que se encuentran incapacitadas para
trabajar, la proporción de desocupados es del 52 por ciento entre los hombres y del 72 por ciento entre las mujeres. Pero la situación adversa no acaba aquí, ya que su discriminación lo es también en cuanto a los empleos más frecuentes. En
comparación con el resto de trabajadores, las personas empleadas con discapacidad están más presentes en ocupaciones poco cualificadas (obreros no especializados, servicios personales, hostelería y comercio) y menos en los que exigen mayor
cualificación (directivos, profesionales y obreros cualificados). Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres tienen contrato de trabajo de duración temporal. Si queremos centrarnos en las causas del desempleo, además de la situación
general de empleo que afecta más gravemente a los jóvenes, a las mujeres, a las personas sin estudios y
a quienes viven en regiones como Andalucía y Extremadura, el 27 por ciento destaca como causa principal del paro la discriminación y el estigma de que son objeto precisamente por ser discapacitados.
El hecho objetivo es que a pesar de los avances en nuestro Estado de bienestar -menos del necesario, naturalmente- nos encontramos con un grupo de personas -más de tres millones y medio- que se encuentran en una clara situación de exclusión
social. Todo tipo de discriminación social, muy sutil a veces, persiste en cuanto a las personas con discapacidad, se extiende preocupantemente al mundo de los mayores y sigue representando un problema grave por cuanto supone la exclusión de un
grupo de personas que no pueden ejercer todos sus derechos como ciudadanos en igualdad. A veces se trata de una barrera tan simple como una escalera que les impide acceder libremente a un edificio público o a una escuela o al transporte público,
recursos a los que, sin embargo, el ciudadano con discapacidad contribuye con sus impuestos a crear y a mantener y, en el caso de los mayores, con el deterioro de sus condiciones de salud, de vida, en solitario, especialmente en el caso de las
mujeres. La debilidad de los sistemas de atención y servicios sociales constituye una barrera más sutil que el problema de la accesibilidad. Evidentemente, queremos destacar nuestra disparidad de criterio con el texto que debatimos hoy, ya que
ésta corresponde a un breve análisis de Izquierda Unida que deseo dejar patente. Como dijimos el otro día -el informe es el mismo-, nosotros diríamos que es un informe que peca de exhaustivo en cuanto al relato de la documentación recibida, preciso
respecto de las comparecencias, completo en cuanto a las sesiones celebradas y detallado en cuanto a la solicitud de documentación, pero algo pretencioso en cuanto a la situación de la discapacidad, excesivo en cuanto al desarrollo de las políticas
a ejecutar y exagerado en cuanto al balance de la acción del Gobierno en materia de discapacidad en los últimos años.
En resumen, señorías, y para finalizar, nuestra posición frente a este informe será favorable como he dicho al inicio. Esperamos que la próxima legislatura nos traiga un verdadero impulso para resolver los problemas de los discapacitados,
de las personas mayores y de todos aquellos que por razón de sexo, clase, raza o cualquier otra condición se encuentran en situación de exclusión. Teniendo en cuenta que hoy se celebra el penúltimo Pleno de esta legislatura, igual que han hecho mis
compañeros, quisiera despedirme de todos ustedes y decir un hasta luego -aunque no soy tan joven como la compañera Iratxe- y que ha sido un placer trabajar y estar con todos ustedes.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, culminamos en la sesión de hoy un trabajo que ha sido largo e intenso por parte de todos los miembros de la subcomisión y de las personas que han participado en la misma de una forma directa o indirecta, trabajo que hoy puedo
afirmar que concluimos con éxito. Esta subcomisión nacía con un claro objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. Para ello era necesario estudiar, analizar y evaluar todos aquellos aspectos y problemáticas que les
afectan para, finalmente, elaborar un diagnóstico incorporando las correspondientes propuestas o recomendaciones que permitan en un futuro establecer los mecanismos para poner en práctica medidas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida. Nuestro
grupo, desde el inicio de la presente legislatura, tuvo claro cuáles eran sus prioridades entre las que figuraba en lugar preferente la discapacidad. Por ello solicitó la creación de esta subcomisión que fue aprobada el 23 de noviembre del año
2001; petición que recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
En total han sido 36 las comparecencias celebradas. Por el Congreso de los Diputados han pasado representantes de la Administración del Estado, representantes acreditados del
sector de la discapacidad, encabezados por el CERMI y la ONCE, representantes sindicales, de universidades, expertos y representantes de las diferentes comunidades autónomas y de sus gobiernos con responsabilidades en el ámbito de asuntos sociales,
a quienes deseo agradecer sus aportaciones que han hecho posible la conclusión de este informe. Como verán, señorías, esta ponencia ha contado con la aportación de los mejores especialistas que trabajan en el ámbito de la discapacidad y para los
discapacitados y con una experiencia muy acreditada en el sector. El Grupo Popular, que asumió con ilusión la defensa de este estudio, ha elaborado el informe y ha incluido, obviamente, sus propuestas en este documento, pero también ha incorporado
otras de los grupos de Convergència i Unió, Socialista, Izquierda Unida, que vienen a enriquecer su texto y a los que quiero agradecer muy sinceramente su colaboración, sus formas y su buena predisposición en aras de alcanzar un consenso. Ha sido
una experiencia muy positiva haber tenido la oportunidad de trabajar con las personas de los diferentes grupos que han formado parte de esta subcomisión y constatar la ilusión de todos por alcanzar los objetivos. Muchas gracias a todos.
El informe sobre la situación actual de la discapacidad nos ha evidenciado algo que todos conocemos y es la necesidad de seguir prestando una especial atención a los más de tres millones y medio de personas con discapacidad que según la
encuesta sobre discapacidades de 1999 hay en España. El informe se inicia con un breve análisis sobre la situación actual de la discapacidad en España, en el que constan una serie de consideraciones generales y el perfil sociodemográfico
de los discapacitados, y le siguen dos grandes apartados, uno con el balance de la acción del Gobierno en los últimos años y otro con las conclusiones propiamente dichas, que es donde se incluyen todas las recomendaciones. En el apartado
del balance de la acción del Gobierno se detalla con amplitud el conjunto de reformas llevadas a cabo en esta legislatura. Nuestro grupo está convencido de que es mucho lo realizado en estos últimos años: apoyo a las familias, conciliación de la
vida familiar y laboral de los familiares cuidadores, nuevos programas específicos como el dirigido a los enfermos de Alzheimer o el primer y segundo plan de acción de las personas con discapacidad, ambos con importantes dotaciones presupuestarias
para acciones de cooperación con las comunidades autónomas, beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nueva regulación de los internamientos de personas carentes de voluntad, nuevas formas procesales que permiten la
satisfacción más eficiente de los derechos familiares, nueva ley de propiedad horizontal que mejora las posibilidades de accesibilidad en la vivienda, así como otros programas promoviendo la eliminación de barreras y la accesibilidad. El informe
también detalla con amplitud el importante impulso a la integración laboral que se ha dado en estos últimos años, que ha hecho que más de cien mil personas discapacitadas encontraran empleo, destacando los dos acuerdos suscritos con el Comité
español de representantes de minusválidos, CERMI, en el año 1997, y el segundo plan de empleo, firmado en diciembre del año 2002, en el que el Ministerio de Trabajo se compromete a llevar a cabo una serie de medidas para adaptar normas y prácticas
en las políticas de empleo a las necesidades y particularidades de los trabajos de las personas discapacitadas. El informe recoge también los avances hechos en materia de protección patrimonial de los discapacitados haciendo referencia a la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección de las personas con discapacidad, que modifica el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la normativa tributaria con la finalidad de dar respuesta a la preocupación de las familias por el futuro de
su familiar discapacitado. De la misma manera se menciona la reciente aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades, el primer Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que tiene como objetivo inmediato la promoción de la accesibilidad mediante
estrategias transversales que refuerzan y complementan la acción de las restantes administraciones sin colisionar sus competencias. Estas son sólo algunas de las medidas que han sido llevadas a cabo por el Gobierno y que no voy a ampliar, ya que
constan todas ellas detalladas en el informe de conclusiones poniendo de manifiesto la intensa actividad desarrollada que nos muestra una situación mucho más favorable y optimista para el futuro de nuestras personas discapacitadas. Pero,
obviamente, señorías, del desarrollo de los trabajos de esta subcomisión se evidencia también la existencia de problemas que deben ser abordados y que precisan de un nuevo impulso para conseguir esa tan deseada plena integración de las personas
discapacitadas en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
El otro gran apartado, que es el dedicado a las conclusiones, incluye las propuestas o recomendaciones, de las que quiero destacar solamente algunas de ellas en aras de la brevedad. El informe recoge una treintena de propuestas en la línea
de la eliminación de barreras, tanto arquitectónicas como de comunicación y de acceso a las nuevas tecnologías. Para ello, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología se recomienda la adopción de medidas para garantizar la integración social y
laboral de las personas discapacitadas, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y promoviendo el acceso a las mismas con un desarrollo tecnológico adecuado y orientado a sus posibilidades
y necesidades y el impulso de diseño para todos en este ámbito. En relación con los medios de comunicación de radio y televisión, se propone el desarrollo de un plan de medidas para favorecer el acceso a dichos medios, incluyendo la obligación de
subtítulos tanto para operadores de ámbito nacional como autonómico. En el apartado de acceso a los servicios se incluyen algunas recomendaciones para la mejora de las condiciones básicas de acceso a las oficinas públicas, como aquellas de uso
público incluyendo las diferentes administraciones de justicia, de sanidad, etcétera. En el ámbito de la educación y la formación -apartado de mucha importancia para este sector- se incluyen del orden de 16 propuestas que inciden en la educación y
en la formación como requisito indispensable para, aprovechando las capacidades en cada caso, poder mejorar el grado de empleabilidad en condiciones de igualdad. Así, se recomienda ampliar las edades de escolarización de los discapacitados y
fomentar su acceso a las universidades eximiéndoles de las tasas académicas ordinarias. También se propone facilitar a las personas discapacitadas la posibilidad de acceder a un empleo remunerado sin renunciar total o parcialmente a una prestación
no contributiva. Y se sugiere la importancia de modificar la regulación sobre el grado de minusvalía necesario para acceder a los beneficios de los programas de empleo.
Las grandes discapacidades es otro de los apartados de especial relevancia en las recomendaciones. Las grandes discapacidades es uno de los graves problemas que afectan a este mundo. Los grandes discapacitados requieren una atención
continuada y además no pueden utilizar el camino de la educación, la formación o el empleo como forma de integración, significando para su entorno familiar una preocupación
constante en el presente y también en el futuro. Aquí se incluyen diversas propuestas, pero entre ellas destacan las que se refieren a la creación de centros estatales de referencia desde los que se investigue y se siga una atención
especializada en función del tipo de gran discapacidad, siguiendo la línea iniciada ya por el Gobierno. Existe en la actualidad el CEADAC, Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, que fue creado en el año 2002 y que funciona a plena
satisfacción, y se prevé la creación en el año 2004 de tres centros más para la salud mental, para Parkinson y para síndromes minoritarios o enfermedades raras. Junto a éstas existen otras muchas propuestas en el informe, como la que se refiere a
la jubilación anticipada para los discapacitados más severos que ya ha sido regulada mediante desarrollo reglamentario por parte del Gobierno hace muy pocos días, lo que va a suponer la posibilidad de adelantar la edad ordinaria de jubilación a
estas personas sin merma de su pensión.
Señorías, ahora quiero referirme con mucha brevedad a los votos particulares presentados por los grupos Socialista y de Convergència i Unió y hacerles algunas reflexiones. Nosotros entendemos, lógicamente, que es legítimo discrepar en
algunos aspectos y en este caso las pequeñas diferencias que se han puesto sobre la mesa en el momento de elaborar este informe vienen recogidas en estos votos particulares, que a nuestro entender no tienen excesiva fundamentación, pues siguen la
línea que marcan las recomendaciones y muchas de ellas ya se incorporan en las mismas o incluso vienen recogidas en otras normas, y aquellas que no se han incluido tienen su fundamento en la falta de criterio uniforme por parte de las aportaciones
de los colectivos afectados.
Señora presidenta, señorías, tanto esta diputada como el Grupo Parlamentario Popular estamos satisfechos con la presentación de este documento, que ya ha recibido la aprobación unánime de los diferentes grupos en la Comisión de Política
Social del pasado día 10. Y, repito, estamos satisfechos porque responde al objetivo que nos habíamos planteado al inicio de la legislatura, que era trabajar por y para el futuro de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y también,
por qué no decirlo, estamos satisfechos por el trabajo que ha hecho el Gobierno en favor de los discapacitados. Nunca se ha realizado una política social en España tan avanzada. Es cierto que a veces se nos dice que se puede llegar más lejos, pero
si tenemos en cuenta la situación en la que estaba España en el año 1996 y la situación en la que se encuentra en estos momentos, es difícil que ninguna Administración, que ningún Gobierno hubiera podido ir más lejos de lo que desde el punto de
vista de una política social una política que ha fomentado la igualdad de oportunidades en nuestro país hubiera podido realizar.
La señora PRESIDENTA: Señora Martín, le ruego que concluya, por favor.
La señora MARTÍN VIVAS: Acabo, señora presidenta.
Es verdad que en política social nunca llegaremos a la meta y que siempre tendremos que seguir trabajando con retos y objetivos por delante, lo que tiene que ser una preocupación y un estímulo permanente de la Administración y de cualquier
Gobierno. El problema no es si hemos conseguido todos los objetivos, sino si se avanza sustancialmente, si somos capaces de tener una sociedad cada vez mejor, con mayor igualdad de oportunidades y con mayores oportunidades para sus ciudadanos, en
la que no exista discriminación y en las que las personas que pueden tener una situación más delicada sean atendidas por la solidaridad del conjunto de la sociedad. Esta es la cuestión que hay que debatir siempre.
Sinceramente, el balance que
podemos hacer de estos años es altamente positivo y no lo decimos sólo nosotros, ya que el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad celebrado en Roma a principios de diciembre, el griego Yannis Vardakastanis, hizo unas declaraciones sobre el
Año Europeo de la Discapacidad y destacó que España y Bélgica lograban un sobresaliente en dicho año por los importantes avances legislativos llevados a cabo durante el año 2003. Después del esfuerzo realizado por el Gobierno, ahora lo más
importante es saber que estamos en el camino adecuado, que se ha hecho bien y que las previsiones son francamente optimistas y positivas.
Acabo diciendo, señora presidenta, señorías, que hoy es un día en el que todos nos debemos felicitar por el trabajo realizado y sobre todo por lo que ello está significando para las personas con discapacidad y sus familias, que ya han visto
cumplidas muchas de sus reivindicaciones en las medidas adoptadas por el Gobierno paralelamente al desarrollo de esta subcomisión, viendo asimismo reflejadas otras que aún no se han desarrollado en el contenido de las propuestas que se incorporan
hoy en las conclusiones de este informe y que esperamos que se vean cumplidas en un futuro no muy lejano, contando para ello con el buen hacer y con la colaboración de todas las administraciones implicadas y con la cooperación y la solidaridad de
toda la sociedad.
Nada más. Muchas gracias y Feliz Navidad a todos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación los votos particulares presentados en relación con el informe de la subcomisión sobre el estudio y la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro. En primer lugar, y tras haber
decaído el voto particular del Grupo Parlamentario Mixto, sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 80; en contra, 155.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 81; en contra, 151; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo, en relación con el informe de la subcomisión sobre el estudio de la discapacidad y perspectivas de futuro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 234.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cinco minutos de la tarde.