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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 261, de 19/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 261
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 252
celebrada el jueves, 19 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2002: ...
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2002. (Número de expediente 260/000004.) ... (Página 13481)
Enmiendas del Senado: ...
- Proyecto de Ley Concursal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 101-1, de 23 de julio de 2002. (Número de expediente 121/000101.) ... (Página 13505)
- Proyecto de Ley Orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados',
serie A, número 102-1, de 23 de julio de 2002. (Número de expediente 121/000102.) ... (Página 13515)
Modificación del orden del día ... (Página 13515)
- Elección de secretario segundo de la Cámara ... (Página 13516)
Enmiendas del Senado. (Continuación.):
- Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 125-1, de 13 de diciembre de 2002. (Número de expediente 121/000125.) ... (Página 13516)
- Proyecto de Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A,
número 127-1, de 20 de diciembre de 2002.
(Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 127-4, de 14 de febrero de 2003.) (Número de expediente 121/000127.) ... (Página 13520)
- Proyecto de Ley de Seguridad Aérea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 128-1, de 17 de enero de 2003. (Número de expediente 121/000128.) ... (Página 13524)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley del sector ferroviario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 135-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 121/000135.) ... (Página 13531)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 13539)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 151-1, de 23 de mayo de 2003. (Número de expediente 121/000151.) ...
Declaración institucional ... (Página 13561)
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 151-1, de 23 de mayo de 2003. (Número de expediente 121/000151.) ...
- Proyecto de Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 150-1, de 23 de mayo de 2003.
(Número de expediente 121/000150.) ... (Página 13562)
Prórroga de plazo:
- Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico ... (Página 13562)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2002 ... (Página 13481)
Para la presentación del informe interviene el señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) Expone que durante el ejercicio 2002 han tenido nuevamente ocasión de comprobar la solidez de las convicciones ciudadanas en cuanto a la consideración
que merecen los derechos constitucionales y los instrumentos previstos por nuestro ordenamiento para su defensa. Este dinamismo contribuye a reforzar la confianza ciudadana en la labor de las instituciones y muy especialmente en la actuación del
Defensor del Pueblo, a lo que también contribuye el empeño que han puesto en difundir su origen, naturaleza y procedimiento de actuación.
En cuanto al propio informe de gestión, se han utilizado las mismas estructura y sistemática que tan favorable acogida tuvieron en pasados ejercicios. El informe contiene los datos globales y cuantitativos de la gestión, la relación de las
administraciones que no han cumplido satisfactoriamente con la obligación legal de cooperar con el Defensor del Pueblo, los sectores y ámbitos materiales de las administraciones públicas más directamente relacionados con la supervisión ejercida por
mandato constitucional y
las resoluciones formuladas en materias diversas. Por lo que se refiere a los datos de carácter global, estos señalan un incremento notable en las quejas recibidas durante el año 2002, que alcanzaron un total de 21.039, de las que 11.818
partieron de reclamaciones individuales y 9.221 fueron quejas colectivas. A ellas se unen 152 quejas de oficio, registrándose por tanto una cifra total muy superior a las 13.365 quejas recibidas en el ejercicio precedente.
Agrega el Defensor que en el documento que ha hecho llegar a SS.SS. se contiene una completa enumeración y distribución de esas quejas, no obstante lo cual realiza una exposición detallada de los datos más relevantes, esperando que las
orientaciones contenidas en el informe sirvan para mejorar la comprensión de las tareas que vienen desempeñando en defensa de los derechos constitucionales y en cumplimiento del mandato recibido de las Cortes Generales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y señor Delgado Arce, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmiendas del Senado ... (Página 13505)
Proyecto de ley concursal ... (Página 13505)
Proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página
13505)
Interviene el señor ministro de Justicia (Michavila Núñez) para agradecer a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo realizado para que estos dos importantes textos legales sean hoy aprobados por unanimidadon Quiere agradecer también el
que se hayan superado los obstáculos que existían por parte de algunos grupos, permitiendo que los proyectos de ley lleguen hoy de forma consensuada con todos los grupos parlamentarios. Desea agradecer asimismo el trabajo hecho en el Senado, con
aportaciones importantes que van a permitir aprobar una importante reforma de nuestra justicia. Se trata de dos leyes que permitirán una justicia más ágil, acorde con una economía más dinámica, que ofrezca más confianza a quienes ofrecen puestos de
trabajo y los mantienen, y una justicia especializada creando 62 juzgados de lo mercantil.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 13515)
El señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a tenor del artículo 68.1 del reglamento, y después de haber mantenido conversaciones con los grupos parlamentarios, solicita, en primer lugar, que los puntos 46 y 50 del
orden del día queden pospuestos para el siguiente Pleno y, en segundo lugar, que una vez producida la votación de estos proyectos de ley se proceda a la votación para la elección de secretario segundo de la Mesa, continuando después con los
siguientes puntos referidos a enmiendas del Senado.
La señora presidenta somete al Pleno de la Cámara, de acuerdo con el artículo 68.1 del reglamento, la modificación del orden del día, en el sentido de excluir los puntos 46 y 50, relativos al debate de totalidad de los proyectos de ley de
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social y de protección a las familias numerosas. Se aprueba por asentimiento.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 68.1, propone a la Cámara alterar el orden del día para que el punto relativo a elección del secretario segundo de la Cámara, que estaba previsto realizar al finalizar el debate del punto 44, se efectúe
al finalizar la votación de los puntos 40 y 41.
Se acuerda por asentimiento dicha alteración del orden del día.
Votación de enmiendas del Senado ... (Página 13515)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley concursal, son aprobadas por 285 votos a favor y una abstención.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, son aprobadas por 285 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Elección de secretario segundo de la Cámara ... (Página 13516)
La señora presidenta informa a la Cámara que la elección se rige por lo dispuesto en el artículo 38, en relación con los artículos 37 y 87 del reglamento.
Realizada la votación y verificado el escrutinio, resultó elegido secretario segundo de la Cámara don José Antonio Bermúdez de Castro con 242 votos a favor.
Enmiendas del Senado (continuación) ... (Página 13516)
Proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial ... (Página 13516)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y señora García-Alcañiz Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales ... (Página 13520)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); señoras Romero López y Costa Campi, del
Grupo Parlamentario Socialista, y señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de seguridad aérea ... (Página 13524)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y señores Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 13531)
Proyecto de ley del sector ferroviario ... (Página 13531)
En defensa de las enmiendas mantenidas al dictamen, intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; y señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor López-Amor García.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 13539)
Votación de enmiendas del Senado ... (Página 13539)
Proyecto de protección jurídica del diseño industrial ... (Página 13539)
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial, siendo aprobadas todas ellas.
Proyecto de ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales ... (Página 13540)
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de
capitales, siendo todas ellas aprobadas.
Proyecto de ley de seguridad aérea ... (Página 13541)
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad aérea, siendo aprobadas todas ellas.
Votación de conjunto ... (Página 13541)
Del proyecto de Ley Orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página
13541)
Sometido a votación final de conjunto el proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
es aprobado por 264 votos a favor y tres abstenciones, al haber superado el número de votos exigible.
Votación de las enmiendas y el dictamen del proyecto de ley del sector ferroviario ... (Página 13542)
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas por los Grupos Parlamentarios al proyecto de ley del sector ferroviario, así como al texto del dictamen de la Comisión, que es aprobado.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 13545)
Proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud ... (Página 13545)
Para la presentación del proyecto de ley interviene, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián) manifestando que este proyecto, al igual que el de ordenación de las profesiones sanitarias, era ampliamente
demandado por los profesionales y por los partidos políticos. No se trata sólo de que los ciudadanos demanden profesionales bien formados, profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud que sin su esfuerzo y su compromiso no habrían sido
posibles los avances conseguidos en el transcurso de los últimos años, como tampoco sería asumible sin su esfuerzo el actual crecimiento de la demanda sanitaria de una población civil con niveles cada vez mayores de necesidades y de calidadon Añade
que el proyecto de ley que hoy presenta a la Cámara, junto con la recientemente aprobada ley de cohesión y calidad, constituye una de las normas fundamentales para que las profesiones sanitarias sean la herramienta básica para la consolidación y
modernización del Sistema Nacional de Saludon El proyecto afecta a más de 600.000 trabajadores de la sanidad y tiene entre sus principales objetivos definir los derechos de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y las condiciones básicas de
su regulación laboral, lo que a su vez va a representar para los usuarios la mejor garantía de un sistema sanitario de calidadon Otro punto clave del estatuto es que asegura y garantiza la movilidad del personal entre los servicios de salud
autonómicos, garantía que constituye un principio fundamental para asegurar la cohesión del Sistema Nacional de Saludon El estatuto proporciona, por otra parte, la seguridad jurídica y motivación de los profesionales, incentivando a éstos para
seguir manteniendo nuestro sistema entre los mejores del mundo. Como aspecto asimismo sustancial menciona la transposición de las directivas comunitarias sobre tiempo de trabajo y régimen de descanso, lo cual va a suponer un cambio en el modelo
organizativo y profesional que va a afectar al ejercicio de los profesionales y redundar en un mayor y mejor nivel de protección de la salud y en más altas cotas de seguridad para todos los trabajadores del sistema sanitario.
Termina señalando que este estatuto marco es una norma esperada por los profesionales y gestores del sistema sanitario desde hace más de 20 años, reconociendo y agradeciendo el trabajo, rigor y tenacidad de muchas personas hasta conseguir el
texto que hoy somete a la Cámara. Apela al consenso en la tramitación parlamentario del proyecto de ley.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la enmienda de totalidad presentada.
Comienza reconociendo el carácter dialogante de la señora ministra, que considera necesario para una regulación básica de las condiciones en las que los profesionales de los servicios de salud desarrollan sus importantes funciones, así como
la necesidad y urgencia de eliminar la actual dispersión normativa y las abundantes lagunas del régimen jurídico vigente del personal sanitario. Menciona también la necesidad de transposición de directivas comunitarias y de ofrecer a las
comunidades autónomas un marco básico en la materia, razones todas ellas que justifican la promulgación de un estatuto marco, si bien el que hoy se presenta a la Cámara cree que no es el que necesita la sanidad pública, porque desde su punto de
vista no va a resolver ninguna de las asignaturas pendientes en la ordenación y gestión del personal sanitario.
El Bloque Nacionalista Galego muestra su desacuerdo especialmente con las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios
públicos sanitarios que, en su opinión, no van a verse mejoradas con el nuevo estatuto marco.
Pide finalmente a la señora ministra que siga dialogando, por entender que no es éste el estatuto que la sanidad pública necesita y para ello pide la devolución del proyecto al Gobierno, ofreciendo por su parte la colaboración, como lo hará
a través de enmiendas parciales de no prosperar la de totalidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y señores Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista y Zambrano Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional ... (Página 13561)
La señora presidenta somete a la aprobación de la Cámara, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios, una declaración institucional con motivo del establecimiento por las Naciones Unidas del día 20 de junio como Día
Internacional del Refugiado, ocasión adecuada para recordar a los 20 millones de personas que han debido abandonar sus hogares para salvar su vida. Asimismo el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, que con su labor encomiable en sus 52 años de existencia ha permitido salvar tantas vidas. Se aprueba por asentimiento dicha Declaración institucional.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación) ...
(Página 13562)
Votación de la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud ...
(Página 13562)
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, es rechazada por un voto a favor, 141 en contra
y 67 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 13562)
Del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud ... (Página 13562)
La señora presidenta somete al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del reglamento, la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de
salud, que es aprobada por asentimiento.
Proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias ... (Página 13562)
La señora presidenta somete asimismo al Pleno, de conformidad con el artículo 149.1 del reglamento, la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que es aprobada por
asentimiento.
Prórroga de plazo ... (Página 13562)
De la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico ... (Página 13562)
La señora presidenta, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico,
constituida en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, hasta el 31 de diciembre de 2003. Se aprueba por asentimiento la prórroga solicitada.
Se levanta la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2002. (Número de expediente 260/000004)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2002.
Para la presentación del informe, tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta, señorías, habiendo comparecido hace poco más de una semana ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para mostrar las características de la gestión
realizada durante el ejercicio correspondiente al año 2002, cúmpleme hoy hacer lo propio ante este Pleno y dar así ejecución a lo preceptuado por la normativa reguladora de la institución.
El documento que contiene con todo detalle los pormenores del informe correspondiente quedó registrado en esta Cámara el pasado 26 de mayo.
Antes de pasar a sintetizar sus líneas principales, me van a permitir, señorías, ciertas precisiones
en torno al sentido y a la orientación de nuestro quehacer. Durante el ejercicio 2002, hemos tenido nuevamente ocasión de comprobar la solidez de las convicciones ciudadanas en cuanto a la consideración que merecen los derechos constitucionales y
los instrumentos previstos por nuestro ordenamiento para su defensa. Tanto los perfiles conceptuales de los derechos que dan cuerpo al título I de la Constitución como los elementos que configuran su eficacia práctica, favorecida por la
sensibilización ciudadana, estimulada por unos medios de información muy activos en ese sentido, han contribuido a diversificar y consolidar el objeto de las instituciones tutelares. Ese dinamismo contribuye indudablemente a reforzar la confianza
ciudadana en la labor de estas instituciones y muy especialmente en la actuación del Defensor del Pueblo. Coincidiendo con esa tendencia, debo aludir al empeño que hemos puesto en difundir nuestro origen, naturaleza y procedimiento de actuación.
La utilización de recursos tecnológicos, la elaboración de publicaciones, la colaboración con entidades diversas, la participación en actividades informativas y la presencia continuada en distintas manifestaciones académicas y culturales a todo lo
largo del ejercicio, han favorecido asimismo ese aumento del grado de confianza en la institución. Destacaré en esta dirección, señorías, el significativo aumento de la actividad editora y divulgadora durante el ejercicio, así como la celebración
de la reunión intercontinental sobre tutela de los derechos humanos, en la primavera de 2002. Organizada en colaboración con la Unión Europea, la reunión vino a suponer, tanto por sus contenidos como por su metodología y por la calidad de las
aportaciones en ponencia y debates, una ocasión de referencia obligada y, al mismo tiempo, un motivo de encuentro fructífero, desde ángulos muy diversos pero complementarios, de la tutela de los derechos de los Estados democráticos.
Por lo que se refiere al desarrollo de las tareas cotidianas, se llevó a cabo según la planificación prevista, de la que ya tienen conocimiento, señorías. Las obras de acondicionamiento del edificio que nos permitirán una mayor comodidad y
eficacia en la actuación, descongestionando las actuales oficinas, están alcanzando el ritmo apropiado y es de esperar que el edificio complementario de la actual sede con las oportunas adaptaciones funcionales se encuentre disponible en poco más de
un año.
El proceso de innovación tecnológica y su paralela fase de formación del personal en cuanto se refiere, sobre todo, a gestión de datos, progresan en los términos y condiciones programados. Del documento de liquidación del presupuesto, que
también ha sido registrado en las Cámaras, cabe destacar el muy elevado índice de ejecución efectiva, cifrado en un 99,65 por ciento, y el esfuerzo realizado con el objeto de sistematizar adecuadamente los contratos suscritos por la institución.
Centrándome ya en el propio informe de gestión, se han utilizado la misma estructura y la misma sistemática que tan favorable acogida tuvieron en pasados ejercicios. Además de los elementos complementarios y facilitadores de su comprensión,
como son la presentación y las conclusiones, contiene, por este orden: los datos globales y cuantitativos de la gestión; la relación de las administraciones que no han cumplido satisfactoriamente con la obligación legal de cooperar con el
Defensor; los sectores y ámbitos materiales de las administraciones públicas más directamente relacionados con la supervisión ejercida por mandato constitucional; las resoluciones formuladas en materias diversas, y una panorámica meramente
enumerativa de las relaciones institucionales durante el año 2002.
En lo que se refiere a los datos de carácter global, el informe se centra básicamente en los mismos indicadores utilizados cada año. De este modo, se persigue simplificar y homogeneizar, en la medida de lo posible, las series estadísticas
que proporcionan una primera aproximación cuantitativa para valorar las actividades llevadas a cabo. Estos datos señalan un incremento notable en las quejas recibidas durante el año 2002. En total, se recibieron 21.039, de las cuales 11.818
partieron de reclamaciones individuales y 9.221 fueron quejas colectivas. Si se suman las 152 quejas incoadas de oficio, se alcanza un total de 21.191 quejas registradas, una cifra muy superior a las 13.365 registradas en el ejercicio precedente.
A los efectos de gestión efectiva, es necesario tener en cuenta, además, las 707 quejas procedentes de anteriores ejercicios que se declararon admitidas en éste y las 428 que se reabrieron o recuperaron, tras haber dejado la tramitación en suspenso
por alguna causa.
Aunque el documento que se ha hecho llegar a SS.SS. contiene una completa exposición con cuadros y gráficos de la distribución de estas quejas, señalaré sucintamente algunos datos relevantes. La procedencia geográfica marca un claro
predominio de las quejas formuladas desde el territorio nacional, que suman más del 95 por ciento. Sin embargo, las llegadas del extranjero, en torno al 4 por ciento, han crecido notablemente. Entre las procedentes del territorio nacional,
destacan, por comunidades autónomas, las de Madrid, con algo más del 31 por ciento, seguida de las de Andalucía, con poco más del 14 por ciento, y de las de la Comunidad Valenciana, con el 8,5 por ciento de todas las quejas recibidas. Por lo que se
refiere a las remitidas desde el extranjero, destacan este año las 214 quejas procedentes de México, las 158 de Argentina y las 48 de Colombia. Entre el resto de los países, es preciso anotar las 39 quejas recibidas del Reino Unido, las 30 de
Francia y las 28 de Marruecos. En lo relativo a sectores de actuación material, los asuntos en los que se acumulan más peticiones corresponden a la función y al empleo público, la sanidad, los transportes, las comunicaciones y la inmigración;
aunque también debe señalarse un número importante de reclamaciones relativas a la acción social, la Seguridad Social, la seguridad pública, la Administración de justicia y la ordenación de la actividad económica.
Las resoluciones derivadas del estudio y tramitación de las quejas que fueron dirigidas a las distintas administraciones para la adopción o modificación de distintas medidas, alcanzaron las cifras de 158 recomendaciones, 154 sugerencias, 81
recordatorios de deberes legales y una advertencia por falta de colaboración con la institución. En cuanto a su eficacia real, de las 158 recomendaciones, a principios de este mes de junio, 139 habían sido tramitadas por las administraciones, de
las que 102 se admitieron y 27 se rechazaron, y otras 19 se hallaban pendientes de respuesta. En el caso de las 154 sugerencias, 129 habían sido tramitadas, 77 de ellas admitidas y 52 rechazadas, y quedaban otras 25 pendientes de comunicación. El
estudio monográfico dedicado a las listas de espera originó, por su parte, otras 6 recomendaciones independientes dirigidas a la Administración sanitaria. Aunque represente un dato negativo, debo dar cuenta a SS.SS. del apartado del informe en el
que figura la relación de administraciones que han incumplido o retrasado notablemente su obligación de colaborar con la institución. Entre las administraciones claramente entorpecedoras se señalan: el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de
Alcudia, Becerril de la Sierra, Camarena, Castañar de Ibor, Colmenar Viejo, Huércanos, Miajadas, Navalafuente, Teguise, Tineo, Torrelavega y Valencia. Las que no han respondido, después de habérseles dirigido un tercer requerimiento, y las que lo
hicieron tras esa tercera petición de información, figuran en una completa lista que incluye para cada una la referencia cronológica, la sucinta mención del objeto y la oportuna clave de referencia.
El otro gran apartado sustancial del informe es el de la supervisión de la actividad de las administraciones públicas y afecta a los distintos campos materiales de la acción administrativa. A continuación, mencionaré algunas de las
cuestiones analizadas, siguiendo el orden de las áreas funcionales establecidas en la institución. Las quejas analizadas y tramitadas en relación con la función y el empleo público mantienen una cierta continuidad de fondo con las contenidas en
informes anteriores.
Los procesos selectivos de funcionarios; las reivindicaciones sobre ordenación adecuada de la prestación de servicios por parte de determinados grupos o cuerpos de personal al servicio de las administraciones y ciertos
aspectos puntuales de importancia para las condiciones de trabajo, comprenden el panorama básico de las quejas relacionadas con esta área.
Los procesos selectivos de personal al servicio de las administraciones públicas han dado lugar a un considerable número de quejas. Los problemas más destacables afectan a: la insuficiente publicidad en determinadas convocatorias; los
retrasos producidos en la cumplimentación y cobertura de las ofertas de empleo público y la disconformidad con las bases de algunas convocatorias emanadas de entidades locales como, por ejemplo, la que imponía el requisito de tener una edad de entre
los 18 años cumplidos y la correspondiente a 10 años por debajo de la edad establecida para la jubilación forzosa, lo que suponía una discriminación evidente por razones de edad. Otros asuntos planteados acerca de los procesos selectivos fueron,
por ejemplo, los derivados de los impedimentos para que determinados funcionarios participaran en concursos de traslado, por estar destinados en centros o provincias deficitarias de personal; las convocatorias y el desarrollo de los procedimientos
de selección dentro de la Función pública sanitaria; las calificaciones de pruebas selectivas y los diferentes criterios de valoración de méritos dentro de la función docente, derivados de las competencias asumidas por las distintas comunidades
autónomas; la falta de transparencia y celeridad, así como la indeterminación de las bases de convocatoria y la disconformidad con el resultado de los procesos selectivos para acceder a los distintos cuerpos al servicio de la Administración de
justicia; la consideración de la situación familiar y humanitaria en la convocatoria de vacantes en comisión de servicio, que dio lugar a una recomendación aceptada por la Dirección General de la Policía, y la falta de adecuación a los criterios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, propios del empleo público, en los procesos selectivos del personal laboral, de carácter temporal, contratado por las distintas administraciones. En todos estos casos, se ha procedido a instar respecto de
las administraciones implicadas que se pusiera fin a las situaciones discriminatorias, modificando en su caso la normativa aplicable.
La ordenación adecuada de la relación de empleo público es otra faceta principal en este núcleo material de gestión. Tal ordenación se manifestó especialmente necesaria
respecto de determinado personal adscrito a los servicios de salud, que carece de un estatuto-marco regulador de las correspondientes condiciones laborales. Es de esperar que el desarrollo adecuado de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre de
2001, reduzca la alta tasa de interinidad y la consiguiente precariedad laboral de este grupo de personas. Otro aspecto necesitado de ordenación es el de la discontinuidad, en la situación de alta, de los médicos y ayudantes técnicos sanitarios
nombrados por el antiguo Instituto Nacional de la Salud para la prestación de servicios de atención continuada y luego transferidos a los servicios de salud de las comunidades autónomas. Es preciso, y así se ha recomendado y aceptado por la
Administración, que se produzca alguna iniciativa en las esferas de coordinación competentes para que permanezcan en situación ininterrumpida de alta mientras continúen en vigor los nombramientos establecidos.
Además, se ha iniciado una
investigación de oficio ante la Administración militar para determinar el alcance del anteproyecto de reforma de la Ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil en lo que afecta a la posible supresión de la sanción de arresto por falta
leve.
En cuanto a determinados aspectos puntuales, se consideraron razonables, entre otras muchas, las peticiones acerca de: el reconocimiento de los servicios previos del profesorado de los antiguos institutos de enseñanzas medias; la
integración definitiva del cuerpo de profesores de enseñanza general básica, de Instituciones Penitenciarias, en el cuerpo de maestros; la reconversión de condiciones para los médicos forenses, cuya actual situación de guardia permanente parece que
pasará a ser de guardia por turnos con la creación de los institutos de medicina legal; la integración de los facultativos de sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud; los problemas de los funcionarios de empleo interino, tratados in
extenso en un análisis panorámico, cuyos resultados se están evaluando con objeto de incluirlos en un informe especial; la revisión, a los efectos de preservar la confidencialidad de la historia clínica, de los modelos de parte de baja laboral
utilizados por la MUFACE, en los que figura el diagnóstico médico del paciente; las gravosas consecuencias que determinados preceptos de la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas acarrea para militares de complemento y cabos primero de
tropa y marinería, estableciendo el cese sin haber puesto en práctica previamente determinadas medidas de integración; el establecimiento de un procedimiento que determine adecuadamente el resarcimiento que debe satisfacer al Estado el personal
militar en los supuestos de renuncia a su condición y la adopción de medidas apropiadas para que se establezca la oportuna asistencia letrada a los miembros de la Guardia Civil en los procedimientos disciplinarios por falta leve.
En el área de defensa e interior destacan los problemas generados por la situación penitenciaria, sobre todo los provocados por el hacinamiento que sufren algunos centros y la saturación generalizada en la práctica totalidad de ellos. Esta
situación es tanto más grave si se tiene en cuenta que ese hacinamiento es un caldo de cultivo favorable a las agresiones entre internos. La institución recibió durante el año 2002 más de medio millar de quejas sobre este asunto. Asimismo, el
Defensor del Pueblo inició 16 quejas de oficio, llevando a cabo visitas de inspección a numerosos centros penitenciarios. Junto al problema del hacinamiento se aprecia un notable retraso en el cumplimiento de los programas de mejora de las
infraestructuras penitenciarias. Así, no es previsible que ninguna de las nuevas prisiones programadas pueda estar disponibles antes del año 2006, por carecer de consignación presupuestaria para iniciar su ejecución en los presupuestos generales de
2003. Tampoco ha comenzado aún la construcción de los centros programados en 1992 para Canarias, Navarra y País Vasco, pese a contar con dotación presupuestaria. Aparte de esta poco favorable situación global, hay también factores carenciales
concretos entre los que destaca la falta de funcionarios. Además de las celdas vacías por tal motivo, habría de aumentarse la seguridad con un mayor número de funcionarios de vigilancia en las ya operativas, pues en ocasiones un solo funcionario
debe hacerse cargo de la seguridad y vigilancia de más de cien internos. A todo esto debe añadirse la tendencia creciente en lo que a número de delitos respecta, según datos procedentes de la memoria anual de la Fiscalía.
En cuanto a los fallecimientos en los centros penitenciarios, debe decirse que el Defensor del Pueblo inicia en todo caso expediente, sea a petición de parte, sea de oficio, por cada noticia sobre el fallecimiento de un interno en prisión.
Así, en el año 2002 se realizaron 13 investigaciones a este respecto, de las cuales 10 fueron de oficio. El número de quejas totales en tramitación, acumuladas las inacabadas provenientes de otros años, permite establecer una casuística orientativa
de las muertes registradas. De ellas, 10 se debieron a consumo de drogas, 10 a suicidio, 9 a homicidio entre internos, 15 a muerte natural y 2 a enfrentamientos con funcionarios o a posibles malos tratos.
Respecto al consumo de drogas, desde la institución se han puesto de manifiesto las notables dificultades con las que se enfrenta la Administración para detectar la entrada de este tipo de sustancias prohibidas en los centros penitenciarios.
Por esto, se ha insistido en sugerir a la Administración penitenciara la necesidad de que los departamentos de ingreso en los centros, que son los lugares por donde se estima que es introducida la mayor parte de las drogas que circula en prisión,
sean dotados con modernos sistemas de detección, como los ecógrafos con que cuentan los aeropuertos.
En lo que se refiere a los malos tratos y a las quejas correspondientes, cabe señalar que todas las situaciones en las que se produce la aplicación de medios coercitivos previstos por la Ley orgánica General Penitenciaria son generalmente
objeto de denuncia por parte de los internos con malos tratos. Debe ponerse asimismo de relieve
que la aplicación de estos medios coercitivos da lugar siempre y en todo caso a la comunicación de los hechos al juez de vigilancia penitenciaria, lo cual asegura, desde el punto de vista formal, la tutela judicial de los derechos del
interno; sin embargo, representa una limitación para la función tuitiva desarrollada por esta institución, que ha de inhibirse por tal causa.
Entre los problemas de salud en los establecimientos penitenciarios destaca todo lo que afecta a la salud mental de los internos, por el alto grado de incidencia de los trastornos psicológicos y las patologías mentales en la población
reclusa. La institución ya ha tenido ocasión de poner de relieve la ausencia de terapias especializadas, salvo algunos casos de supervisión por parte de psiquiatras consultores, así como de tratamientos complementarios o alternativos al
exclusivamente farmacológico. La situación de las mujeres en prisión, como se ha venido reiterando en los sucesivos informes anuales, es peor que la de los internos de sexo masculino. Las circunstancias del cumplimiento de sus condenas determinan
una mayor penalidad relativa. En general disponen de peores infraestructuras; sus actividades son más limitadas; los trabajos remunerados, más escasos cuando no inexistentes, y los puestos de trabajo que dependen de la propia Administración
penitenciaria tampoco suelen realizarlos las internas. El derecho al trabajo remunerado por parte del recluso, contemplado con carácter de derecho fundamental en nuestra Constitución, constituye objeto preferente de atención durante las visitas
efectuadas a los centros penitenciarios. Como consecuencia de ello, desde la institución se considera que la evolución del último año en materia de empleo remunerado de los presos es negativa y preocupante y se aprecia una tendencia estructural al
estancamiento, cuando no a la regresión, de las actividades laborales en los centros.
El otro núcleo decisivo de cuestiones que se gestiona en esta área se refiere a las medidas relacionadas con el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este aspecto llama la atención la resistencia de los
responsables de distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a iniciar la vía disciplinaria contra los agentes imputados en procedimientos judiciales como autores de presuntos delitos o faltas. Un compañerismo mal entendido abona la creencia de que la
condena penal en su caso es suficiente para corregir la conducta ilícita, o bien que de producirse la condena, no es posible la corrección en vía disciplinaria, por aplicación del principio non bis in idem. Debido a ello se ha insistido por nuestra
parte tanto en la legalidad como en la compatibilidad de ambas vías. Ante algunos casos llamativos se ha tenido que poner también de manifiesto por parte de la institución que la detención policial exige como presupuesto material previo la
existencia de un título de imputación, condena, rebeldía, procedimiento o evidente participación de un hecho punible, contra una persona determinada, de acuerdo con lo que estable la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin imputación previa no existe
detención legal, pero no es suficiente cualquier género de imputación, sino que esta requiere un hecho punible que revista especial gravedad o que aun sin tenerla permita al funcionario de policía presumir, por las circunstancias del hecho o la
personalidad del imputado, que este se sustraerá a la actividad de la justicia si no procede a la detención.
En el área de justicia y violencia doméstica se ha dedicado una vez más un gran esfuerzo a investigar las dilaciones o retrasos en la Administración de justicia que los ciudadanos han denunciando en sus quejas. Es verdad que la
manifestación de estas demoras se hace más evidente en los asuntos de los que entiende el Tribunal Supremo. Ahora bien, debe comprenderse asimismo que en muchas ocasiones estos retrasos se acumulan a los que ya se habían producido en instancias
inferiores. Sirva como ejemplo la reclamación de unos ciudadanos cuyos familiares fallecieron en el año 1979 al hundirse un barco pesquero tras ser abordado por otro. Después de largos procedimientos previos, se presentó recurso de casación en el
año 1999 ante la Sala primera del Tribunal Supremo, que será resuelto previsiblemente durante el año 2004. Resulta evidente que el asunto tardará en resolverse unos 25 años, pero no todos ellos sino tan sólo los últimos cuatro o cinco estuvo el
caso en el Supremo. Es más, si se analizan las cifras globales de situación de asuntos en los tres años inmediatamente anteriores al del ejercicio contenido en el informe, los años 1999, 2000 y 2001, puede observarse el esfuerzo considerable
llevado a cabo en el Tribunal Supremo, tanto en la citada Sala primera como en la de lo Contencioso-administrativo, que son las más sobrecargadas de expedientes. Cada año se resuelven más recursos y es de esperar que esta tendencia prosiga en el
futuro.
Como ya he dicho, también se presentan retrasos en las instancias inferiores, muy singularmente en la mayoría de los tribunales superiores de Justicia de determinadas comunidades autónomas. Así, por poner otro caso llamativo, en uno de los
expedientes investigados, treinta y cinco personas, todas ellas de edad muy avanzada, habían interpuesto un recurso en el año 1999 ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y en el mes de
julio de 2002 continuaban esperando la sentencia, cuando diez de los iniciales demandantes ya habían fallecido.
En el informe que presentamos se incluye por primera vez un apartado dedicado en su integridad al tratamiento que reciben los ciudadanos cuando son víctimas de algún hecho delictivo. El sistema penal basado en el principio de legalidad ha
creado, no sin esfuerzo, un marco normativo eficaz y seguro para el autor del delito, pero a costa de reducir a la víctima a la condición de mero sujeto pasivo. La atención a las víctimas de los delitos ha tenido en muchos casos más de compasión,
de solidaridad o de demagogia que de protección justa y debida de la sociedad a quien vio vulnerados sus derechos. Desde la institución se ha solicitado reiteradamente
la regulación adecuada de esa protección. La Ley de 11 de septiembre de 1995 vino a cubrir ese vacío normativo, pero su aplicación práctica no ha afectado sino a una mínima parte de las personas que habían tenido que soportar las
consecuencias de algún delito, como muestran claramente los datos facilitados por el departamento encargado de la gestión de los recursos compensatorios establecidos. Por aludir a un solo dato, cuando en el bienio 1998-1999 se produjeron casi
42.000 casos de denuncia por violencia doméstica la ley citada, cuyo contenido se refiere a las ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, tan sólo se aplicó, durante el mismo período, en 231 delitos
contra la libertad sexual. Esta situación dio lugar a que el Defensor del Pueblo, tanto en el informe monográfico elaborado en el año 1998, sobre violencia doméstica, como en el que se ha elaborado en el año 2002, sobre la aplicación de la Ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, recomendara al Ministerio de Justicia la necesidad de ampliar, tras los oportunos análisis sociales y financieros, los supuestos en los que la referida ley establece la posibilidad de recibir
alguna clase de indemnización.
Los casos repetidos de mujeres fallecidas tras haber interpuesto un número considerable de denuncias que no pudieron evitar sus muertes expresan de forma clara y trágica que no se proporciona a las víctimas la tutela y la protección que
merecen. Por eso se están realizando investigaciones desde la institución que permitan conocer la situación de cada supuesto y elaborar así las conclusiones oportunas acerca de las carencias o los defectos que presenta el sistema en su conjunto.
Los retrasos en la resolución de los procedimientos relativos al derecho de familia pueden influir en la prolongación de las crisis de convivencia y producir, además de otros efectos aún más lamentables, la derivación de muchos de estos conflictos
desde la jurisdicción civil a la jurisdicción penal, por la frecuente aparición de agresiones y malos tratos. La mejor labor preventiva que podría llevar a cabo la jurisdicción civil consistiría por ello en resolver con rapidez y eficacia los
procesos del derecho de familia.
En cuanto a las reformas normativas propuestas, ha de destacarse la modificación del artículo 107 del Código Civil. Con ella se pretende que los inmigrantes residentes en nuestro país y especialmente las mujeres puedan separarse o
divorciarse, sobre todo cuando sufren episodios de malos ratos, utilizando para ello nuestro derecho, especialmente en los casos en los que su ley personal del país de origen impide o dificulta la separación o el divorcio. La propuesta realizada
desde esta institución ha sido favorablemente acogida por el Ministerio de Justicia. En cuanto al secuestro interparental de menores, se ha venido proponiendo toda una serie de recomendaciones para mejorar la práctica policial y judicial. La Ley
orgánica de 10 de diciembre de 2002, por la que se ha modificado el Código Penal, introdujo buena parte de las propuestas formuladas. Entre ellas destaca la de la tipificación del secuestro interparental como figura autónoma y la imposición al
secuestrador de penas de prisión de entre dos y cuatro años.
Durante el año 2002 se recibieron en la institución 69 quejas relacionadas con ciudadanos españoles privados de libertad en alguna prisión de otros países, sometidos a situaciones mucho más penosas que en el nuestro. La investigación más
acabada en la materia se llevó a cabo con motivo de conocerse los hechos que afectaban a los transportistas españoles, que con cierta frecuencia se ven sometidos a detenciones en el extranjero por detectarse en la carga transportada sustancias
estupefacientes ilícitas.
El Defensor del Pueblo propuso a la Dirección General de Transportes por Carretera la posibilidad de crear la figura de un inspector de mercancías al que pudiesen acudir voluntariamente los transportistas para verificar la
legalidad del contenido de su carga, o la de exigir a los contratistas certificados que avalasen el contenido de lo transportado. Se trata de un problema que trasciende del ámbito nacional y por ello se ha dado traslado del mismo a las autoridades
competentes en la Unión Europea.
Otro de los casos más relevantes en esta área es el de la precariedad y las deficiencias de la asistencia jurídica que se presta a los inmigrantes. En concreto, para el caso de los que llegan a la isla de Fuerteventura, tras haberse
realizado las investigaciones oportunas, se compró que la asistencia jurídica mencionada no se llevaba a cabo con las garantías que el ordenamiento establece, lo que motivó una recomendación al Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, que
modificó el sistema de pago pasando a abonarlo por guardia realizada y no por persona asistida.
En lo que se refiere a las actuaciones relacionadas con el Registro Civil, se ha dado especial importancia al cumplimiento progresivo del plan de informatización de los registros y a la necesidad de reforzar los servicios centrales y las
oficinas consulares de países como Argentina, Venezuela y México, ante la entrada en vigor de la Ley de 8 de octubre de 2002, de modificación de la nacionalidad. Sería deseable que el ejercicio de la opción concedida por la ley a un gran número de
descendientes de españoles, que con toda seguridad ha de ejercerse, se tramitara con la agilidad suficiente en estos servicios y oficinas.
Las materias de las quejas registradas por el área de Administración económica son muy numerosas y su repercusión es cada vez mayor. De entre los múltiples aspectos que podrían señalarse y que se contienen en el informe, cabe destacar las
disfunciones en la aplicación de la Ley de expropiación forzosa, lo que hace concebir fundadas esperanzas en su anunciada modificación, las repercusiones de una regulación compleja y desigual del llamado impuesto de sucesiones y las recomendaciones
en torno al pago a los afectados por el cierre de academias de idiomas. La experiencia acumulada en la tramitación de las numerosas quejas que se han venido presentando sobre expropiación forzosa evidencia que el sistema de garantía que la ley
establece contrasta con la
inquietud manifestada por los ciudadanos afectados por una actuación expropiatoria, que se ven con frecuencia privados de sus bienes o derechos sin haber recibido la indemnización correspondiente y que a veces tardan incluso años en obtener
la compensación legal vigente. Por eso se ha venido sugiriendo la conveniencia de modificar determinados preceptos de la ley para tratar de ajustar en lo posible la norma expropiatoria a los principios de celeridad, eficacia y sometimiento pleno a
la ley y al derecho de las actuaciones de la Administración pública, de acuerdo con los términos inequívocos del artículo 103 de nuestra Constitución. Así, hemos insistido en que debían arbitrarse medidas concretas para garantizar el derecho de los
particulares a ser indemnizados justamente por la privación de sus bienes o derechos. Como consecuencia, se mejoró el procedimiento, se elaboraron unas instrucciones de tramitación y pago de las expropiaciones y se realizó una auditoría por parte
de la Intervención General del Estado para detectar los problemas planteados en los procesos expropiatorios y adoptar las medidas complementarias pertinentes. Al tener conocimiento de la existencia de un anteproyecto de ley de expropiación forzosa,
desde la institución sigue considerándose oportuno formular algunas observaciones referentes, entre otras materias, al carácter de los órganos de valoración, así como a la falta de información de los ciudadanos acerca de sus derechos y del
procedimiento a seguir cuando se encuentran afectados por una actuación administrativa.
Por cuanto afecta al impuesto sobre sucesiones, se ha estudiado detenidamente debido a las quejas planteadas por el distinto tratamiento otorgado al impuesto en las distintas comunidades autónomas y forales. Se trata de una situación que a
pesar de integrarse en un sistema tributario justo, no tiene muy en cuenta determinados preceptos constitucionales, como el que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia o el que establece la protección social, económica y jurídica
de la familia. No existe fundamento básico alguno ni diferenciación sustancial de situaciones hereditarias, salvo el lugar de residencia, para determinar quién debe o no tener distintas posiciones ante cada tributo, lo que genera, en contra del
espíritu constitucional, distintos grados de riqueza para unos españoles o para otros, según el régimen aplicable.
Un problema de gran repercusión en los medios es el relacionado con el cierre de ciertas academias de idiomas. Afectó a miles de alumnos que formalizaban en la propia academia la documentación precisa para tramitar los créditos a fin de
costear sus estudios. Los créditos se otorgaban por algunos bancos o por la propia empresa de enseñanza que, posteriormente, los cedía a una entidad bancaria. Esta forma de operar provocó que muchos alumnos se vieran en la obligación de seguir
devolviendo tales créditos tras haberse interrumpido el servicio que motivó su contratación. Además, las quejas recibidas pusieron de manifiesto que buena parte de los afectados no habían recibido información adecuada sobre las condiciones de
financiación de los cursos. Las normas que regulan estas situaciones, contenidas básicamente en la Ley de 23 de marzo de 1995, de crédito al consumo, se han mostrado inoperantes para garantizar una adecuada protección de los derechos del
consumidor. Por eso el Defensor del Pueblo se dirigió al Banco de España y al Ministerio de Sanidad y Consumo para buscar vías de solución que evitaran o, al menos, limitaran las consecuencias indeseadas de estos hechos. En ese sentido, se ha
acogido con satisfacción las decisiones judiciales que suspenden la obligación de pago de los afectados, su inclusión en los ficheros de morosos y hasta declaran en algún caso la nulidad del contrato de crédito originario.
En materia de transportes y comunicaciones, tan ligada asimismo a la Administración económica, el informe refleja determinadas actuaciones como consecuencia de quejas presentadas sobre muy diversas materias, entre las que se cuentan
deficiencias en el servicio telefónico y en la utilización de la red Internet, demoras en la distribución postal, problemas en las señales que dificultan la universalización de las emisiones de televisión y precarias condiciones de accesibilidad en
determinadas estaciones de ferrocarril y en el transporte aéreo de viajeros, que suponen graves obstáculos para quienes tienen dificultad de movilidad.
El área de ordenación territorial, que gestiona todo lo relativo a las materias de medio ambiente, urbanismo y vivienda, ha tenido que ocuparse en el ejercicio 2002 de algunos casos entre los que pueden destacarse: la catástrofe provocada
por el hundimiento del petrolero Prestige, las dificultades para el acceso a la vivienda y la contaminación acústica y de las aguas. El mencionado petrolero dio origen a un importante número de quejas recibidas y a una conmoción en los medios y en
la opinión pública. Las reclamaciones formuladas cuestionaban, más que la actuación de los órganos administrativos, las directrices de la política nacional y autonómica; sin embargo, de los informes recabados y del estudio correspondiente se
dedujeron varias cuestiones de índole general, necesitadas de la actuación decidida y coordinada de las autoridades competentes. Entre ellas destaca, por ejemplo, la regeneración de costas y playas, cuya degradación se debe a la propia actuación
portuaria o marítima.
La vivienda sigue siendo uno de los temas que más preocupan a los españoles debido al fuerte incremento que han experimentado sus precios y afecta de forma grave a las personas con ingresos más bajos. Aunque se haya estimulado la actividad
económica con la demanda de viviendas, el encarecimiento de los precios no puede sino causar graves perjuicios a la larga al conjunto de la ciudadanía. Queda mucho por hacer y debe hacerse sin dilación pensando en soluciones alternativas como el
fomento del alquiler de viviendas; la dotación de recursos, por ejemplo, préstamos cualificados y subvención de intereses para los mismos o ayudas para pago de entrada; el aumento del número de viviendas de protección pública, tratando de evitar
la especulación y la exigencia
de sobreprecios que se viene produciendo, y el refuerzo de la función de control, procurando que se cumplan los plazos impuestos en la ejecución de actuaciones urbanísticas.
Otras cuestiones que se detallan en el informe debido al gran número de quejas son las de la contaminación acústica y muy en especial la generada por la actividad aeroportuaria; la protección de las aguas superficiales y subterráneas,
convertida en objetivo prioritario de los programas y de los textos normativos y que, a pesar de ello, no parece haber calado aún lo suficiente en la práctica administrativa, que tiende a una aplicación mecánica de las normas; y el grave asunto de
las molestias que generan los vertederos y las instalaciones de gestión de residuos, con posibles efectos negativos sobre la salud, porque siguen depositándose por lo general residuos en instalaciones anticuadas, ilegales o defectuosas, cuya
repercusión sobre el medio son muy negativas, a pesar de la vigente Ley de residuos que data de 1998.
El área de sanidad y política social cubre tal conjunto de actuaciones que resulta difícil señalar algunas más importantes que otras. Por lo que se refiere a la sanidad, la opinión de los ciudadanos manifestada en las quejas formuladas se
hizo eco de las necesidades siguientes: la plena universalización del derecho a la asistencia sanitaria, que aún no se ha conseguido aunque se ha llegado a cifras superiores al 99 por ciento, reconociéndolo al colectivo de personas con recursos
económicos suficientes y no sujetas a relación laboral; las precauciones acerca de las historias clínicas y, en especial, la información y documentación clínica y el acceso a la misma; la ordenación de nuevas prestaciones sanitarias, como las
relativas a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida; la situación de las personas afectadas de ciertas dolencias musculares reumatoides; la atención bucodental; la atención a la salud mental; la cirugía de reasignación de sexo;
la atención prestada a los pacientes de muy baja estatura; la organización y funcionamiento de los centros sanitarios, con especial mención de las listas de espera, extremo sobre el que se presentó un estudio monográfico ante la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo el pasado mes de diciembre; la especial consideración que debe prestarse a los enfermos crónicos; la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental; la investigación de presuntos errores médicos; y la
asistencia sociosanitaria a las personas mayores, tanto en oferta de plazas residenciales o fórmulas alternativas como en lo que se refiere a una regulación global de la dependencia.
En cuanto al sistema de Seguridad Social, el informe recoge cuestiones relacionadas con el campo de aplicación, afiliación, altas y bajas al sistema y la inclusión en el mismo de determinados colectivos como, por ejemplo, el de las amas de
casa, con una propuesta que está siendo objeto de estudio por la secretaría de Estado dada su especial complejidad.
Singular referencia merecen también las quejas recibidas en relación con las pensiones de jubilación, especialmente con la aplicación de coeficientes reductores en la determinación de la cuantía cuando se agota la relación laboral y se
agotan las prestaciones por desempleo; asimismo las que muestran su disconformidad con las resoluciones dictadas en materia de incapacidad permanente y las que solicitan la regulación de los casos de uniones de hecho, en el ámbito estatal, en
cuanto afectan a las pensiones de viudedad.
Por lo que se refiere a la Administración laboral, se menciona la necesidad de regular adecuadamente lo relativo al acoso moral o mobbing y al trabajo realizado fuera del domicilio de las empresas, cada día más frecuente debido a los
progresos tecnológicos. Se ha recomendado asimismo la atención adecuada por parte de los funcionarios de las oficinas de Empleo y el oportuno desarrollo de la Ley de prevención de riesgos laborales, en lo relativo a la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
En el área de inmigración y Asuntos Exteriores la institución se ha enfrentado a cuestiones de diversidad y complejidad crecientes en el ejercicio 2002, como las derivadas de la experiencia de la aplicación del contingente; el régimen de
entrada de inmigrantes, en especial la efectuada por centros no habilitados; la atención en los centros de acogida de menores en situación de desamparo y las planteadas por los españoles en el extranjero respecto del servicio exterior. Tras
aprobarse, a comienzos del año 2002, un contingente para trabajadores extranjeros que presentaba modificaciones en torno, por ejemplo, al servicio doméstico o a la contratación de trabajadores de temporada, se produjo el cierre del llamado régimen
general, lo que ha impedido la tramitación de solicitudes de permisos de residencia basadas en ofertas nominativas cuando las actividades estaban incluidas en el propio contingente. Sin embargo, el procedimiento utilizado se ha mostrado poco ágil y
no ha respondido a las expectativas creadas, lo que hace necesaria una revisión de sus planteamientos y una adecuación de los medios destinados a la gestión del mismo. Hasta tanto se cuente con un número suficiente y estable de ofertas laborales,
las fórmulas de aplicación del contingente deberían flexibilizarse, al menos cuando se acredite una especial necesidad en la contratación, como ocurre en los casos de atención a personas mayores y dependientes.
En lo que se refiere al régimen de entrada de inmigrantes, la llegada a las costas españolas de personas que pretendían la entrada irregular en territorio español ha sido objeto de especial atención, tanto en su vertiente jurídica como en la
asistencial y humanitaria. Esa especial atención se puso de manifiesto singularmente con ocasión de la visita girada al centro de inmigrantes de Fuerteventura, de la que se dio cuenta muy detallada en una comparecencia ante la ya citada Comisión
mixta el 25 de junio del pasado año. La actuación de la Administración en relación con la acogida de los menores extranjeros en situación de desamparo, fundamentalmente en Melilla y Ceuta, originó diversas recomendaciones
sobre la necesidad de elaborar un estudio individualizado de las circunstancias familiares de cada menor y comunicarlo con la suficiente antelación al ministerio fiscal y sobre la conveniencia de que se estudien cuidadosamente los casos de
repatriaciones forzadas, cuando el menor vuelve a territorio español, para que el período comprendido entre la ida y la vuelta no quiebre el continuum temporal del plazo necesario para conseguir la documentación correspondiente. Igualmente se
celebraron conversaciones urgentes con el ministro del Interior para darle traslado del criterio de la institución y que no se exigieran responsabilidades civiles y administrativas, como parecía apuntarse, a los progenitores de menores delincuentes
por haber descuidado el oportuno deber de vigilancia, criterio que fue aceptado por el ministro.
Se ha puesto de manifiesto, en lo que afecta a los servicios diplomáticos y consulares en el exterior, la necesidad de abordar una mejora sustancial en las infraestructuras correspondientes que permitan afrontar las nuevas necesidades y
adecuarlas a las exigencias derivadas de que España se haya convertido en país de acogida de inmigrantes. También se ha insistido en que los procedimientos de reagrupación familiar sean tramitados con mucha mayor rapidez y cuidando la explicitación
de las motivaciones en los casos de denegación. Asimismo merecen citarse en este momento las dificultades señaladas por nuestros compatriotas emigrantes para participar en los procesos electorales y para realizar diversos trámites, debido a las
insuficiencias materiales y personales de los servicios de información, orientación y apoyo en las oficinas correspondientes.
Respecto del área de Educación y Cultura es necesario apuntar que los asuntos abordados no difieren mucho de los tratados en ejercicios anteriores. En cualquier caso, y así se señala en el informe, el desarrollo reglamentario de las leyes
orgánicas de Universidades y de Calidad de la Enseñanza representa una ocasión idónea para adoptar medidas correctoras de las deficiencias evidenciadas, tanto en lo que se refiere al funcionamiento del sistema educativo como a la prestación del
servicio público que constituye su objeto. Así, por ejemplo, es necesario prestar una especial atención a la normativa reguladora de la homologación de títulos extranjeros de educación superior, planificando adecuadamente la oferta de plazas
universitarias y los programas de formación de postgraduado para la obtención de titulaciones especializadas. Igualmente, debido a la implantación del denominado distrito abierto en las universidades públicas españolas, es preciso revisar la
normativa reguladora de las becas y demás ayudas al estudio, incluida la llamada ayuda compensatoria destinada a compensar a las familias la merma de ingresos originada por la dedicación al estudio de un miembro en edad de trabajar. También en el
ámbito de la educación superior se anima en el informe a las autoridades competentes a que adopten las medidas normativas y presupuestarias convenientes para que las personas con minusvalía puedan ejercer efectivamente el derecho que les reconoce la
Ley de integración social de minusválidos, de verse eximidas del pago de los precios públicos correspondientes a este tipo de enseñanzas y que sólo se hace efectiva por el momento en algunas universidades públicas.
Otro aspecto de suma importancia es el de la coordinación entre autonomías con competencias en materia educativa para planificar adecuadamente la oferta de plazas escolares, la construcción de nuevos centros educativos y la conservación y el
mantenimiento de los ya existentes. Las mencionadas disposiciones reglamentarias podrían abordar el asunto de la gratuidad de los libros de texto, que la institución viene propugnando para los niveles educativos de escolarización obligatoria y
gratuita. En este mismo ámbito y en razón de diversas quejas tramitadas a lo largo del año 2002, se han llevado a cabo actuaciones ante las autoridades educativas, recomendando el control de una práctica comercial, al parecer frecuente, de venta
conjunta e inseparable de libros de texto y de material vinculado a ese texto sobre el que trabajan los alumnos, de manera que el conjunto queda inservible para un uso posterior.
Para acabar esta presentación, señorías, he de señalar que el informe contiene, por orden cronológico, las normas acerca de las cuales se recibieron solicitudes de interposición de recursos. En el caso de las peticiones para que fuera
declarada la inconstitucionalidad, sobre un total de 18 normas se especifican los antecedentes y los fundamentos de la resolución pertinente por la que tales solicitudes no fueron estimadas. En cuanto a las solicitudes de interposición de recursos
de amparo, asimismo denegadas, se incluye una brevísima mención del objeto y del acuerdo denegatorio adoptado.
Es de esperar, señorías, que estas orientaciones sirvan para mejorar la comprensión de las tareas que venimos desempeñando en defensa de los derechos constitucionales y en cumplimiento del mandato recibido por las Cortes Generales.
Muchas gracias por la atención prestada. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo.
Tras la exposición del informe por el Defensor del Pueblo, ¿grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, queremos primero agradecer la presencia de don Enrique Múgica en esta Cámara y aprovechar su comparecencia para destacar varios aspectos del informe de 2002 que nos parecen positivos.
En primer lugar, el aumento del número de quejas ciudadanas con respecto al año anterior demuestra una fortaleza de la institución y una ciudadanía que no se resigna ante lo que ocurre y protesta, muestra su crítica, quiere soluciones y
eficacia en la acción de la Administración pública. (La señora vicepresidenta, Mariscal
de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) También queremos destacar la casualidad, entre comillas, que se produce cuando justo el día anterior a esta comparecencia, presentando un informe serio, denso y duro con la acción del Gobierno, aparece
una noticia de una encuesta del CIS sobre el grado de desconocimiento de esta institución. Dice que uno de cada cinco españoles no ha oído hablar del Defensor del Pueblo y un 66 por ciento de los que lo conocen no saben ni quién es. ¡Vaya regalito
anterior!
En segundo lugar, y por pasar a cuestiones más relevantes, queremos lamentar otro año más el problema que detecta el Defensor del Pueblo en su informe referido a la falta de colaboración y de atención a sus recomendaciones de diversos
ministerios, especialmente -y ha insistido en ello- el de Fomento, al que se ha tenido que realizar una advertencia sobre la obligación de atender a los requerimientos de informes efectuados por el Defensor del Pueblo. Más que deseable debería ser
elemental que se trasladase toda la información disponible, todos los documentos demandados, que además son públicos, para que el Defensor del Pueblo pudiera realizar adecuadamente su trabajo. Asimismo existen quejas sobre la actuación de algunas
comunidades autónomas y algunos ayuntamientos. Los responsables públicos nunca deberían figurar en esta clasificación. Nos gustaría que en el índice hubiese una abrumadora mayoría en el epígrafe de sugerencias admitidas y recomendaciones
admitidas, ya que a fecha de hoy lamentablemente no es así. De hecho, se destaca que de las recomendaciones, 81 todavía están pendientes o habían sido rechazadas, y de las sugerencias, también son mayoría las que no han sido admitidas.
Las preguntas son evidentes: ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué se ha hecho respecto a este asunto, que se repite año tras año? ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en las instituciones si se obstaculiza la función del Alto
Comisionado de las Cortes Generales? Y lo más grave es que si no se responde al Defensor, ¿qué no le sucederá a un ciudadano que acude a una Administración pública a realizar cualquier tipo de gestión o demanda? Queremos destacar el esfuerzo
realizado y la acertada crítica que se desprende de diversas cuestiones recogidas en el informe: la situación de la educación, donde se detectan los problemas de las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno; la cuestión de las listas de espera en la
sanidad; la carestía de la vivienda; los problemas del medio ambiente; la pésima actuación del Gobierno en materia de política inmigratoria, que con la nueva ley aprobada va a tener mucho más trabajo, señor Múgica, seguro. Felicitamos el trabajo
realizado en la parte correspondiente al ámbito de los que difícilmente tienen voz en esta sociedad: las cárceles, los menores, etcétera. Por lo menos hace ver, desde un espacio objetivo, que todavía queda mucho por hacer, que no hemos llegado al
mejor de los mundos posibles, como a veces quieren hacernos creer.
Finalmente, nos gustaría, si lo considerase oportuno, que pudiera realizarse un informe sobre lo que ha ocurrido en la cuestión de alta velocidad Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida; los retrasos en su puesta en marcha, la falta de información
al ciudadano, los fallos técnicos detectados en su construcción, la maraña de empresas, etcétera. Al no aceptar el Gobierno una auditoría externa, no tenemos otro remedio que recurrir a usted para ver si nos puede solucionar este largo problema y
este contencioso. Querríamos contar con otro elemento de juicio para delimitar responsabilidades y evitar el fiasco que ha supuesto esta actuación para las nuevas líneas de alta velocidad previstas.
Nada más. Muchas gracias nuevamente por su presencia y sobre todo por su informe de 2002.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Defensor del Pueblo, también brevemente quiero destacar algunos aspectos y hacer algunas valoraciones respecto del informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2002, que vuelve a demostrar que existe una ciudadanía
activa que reclama sus derechos, que protesta, que se manifiesta, como tuvimos ocasión de comprobar en Galicia con relación a la catástrofe del Prestige, a la que también se alude en el informe -y a ello me referiré-, y también una ciudadanía que no
se resigna a vivir en un Estado que ocupa otros países.
Se habla en primer lugar de que hay administraciones que no colaboran, de que hay administraciones que entorpecen la actuación del Defensor del Pueblo. En su comparecencia de hoy y en la que el martes pasado tuvo ante la Comisión mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo usted hacía referencia, una referencia muy acertada, a que la falta de colaboración con el Defensor del Pueblo constituye una infracción tipificada como delito en el Código Penal. Incluso se hace referencia a
un supuesto en que, a instancias del Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco, esta desobediencia y esta falta de colaboración terminó en una condena. Nos parece un precedente interesante. Lo que sucede es que este tipo de actuaciones no se pueden
instar sólo contra pequeñas administraciones, sólo contra ayuntamientos, sino también contra administraciones o contra entes públicos, que, quizás por su mayor entidad, por la mayor dimensión del presupuesto que manejan o por su mayor presencia en
los medios de comunicación, constituyen un ejemplo peor y una muestra muy negativa ante la opinión pública. Me estoy refiriendo al Ministerio, y en concreto al ministro, de Fomento. Espero, señor Múgica, que, si esta falta de colaboración
permanece, la institución que usted dirige inste a la Fiscalía la actuación correspondiente contra el Ministerio de Fomento por la presunta comisión de un delito de falta de colaboración, de desobediencia al Defensor del Pueblo. Además, este
ministerio destacó, como ya cité, por su falta de colaboración, por su falta de transparencia, por su incompetencia, en una cuestión a la que también se alude en el informe, que es la catástrofe del Prestige. Se dice que por parte de la
institución del Defensor del Pueblo se ha solicitado un informe a la presidencia de la Xunta de Galicia. Esta solicitud aún no ha sido atendida, aún no ha sido contestada, lo cual no extraña en absoluto, dada la falta de transparencia con la que la
Xunta está actuando en esta cuestión. Quizás la Xunta está esperando las órdenes del Gobierno de Madrid. Y se dice que esta misma actuación se ha realizado ante el Ministerio de Fomento, en concreto se ha solicitado un informe general a la
Vicepresidencia Primera del Gobierno, y que tampoco ha habido contestación a esta demanda. Sí le vaticino, señor Defensor del Pueblo, que en su informe del año 2003 también va a tener que abordar la catástrofe del Prestige, y seguramente en los de
los años 2004, 2005, etcétera, porque, frente a lo que el Gobierno nos está diciendo, los efectos sociales, los efectos económicos, los efectos ambientales de la marea negra tristemente aún no han acabado.
Se hace referencia también a otras cuestiones, como es la situación penitenciaria. Nos parece loable y una actitud muy valiente que el Defensor del Pueblo ponga de manifiesto los problemas que tiene el sistema penitenciario español, como el
hacinamiento o los fallecimientos y malos tratos en prisión, y que se haga referencia a los informes de la Comisión de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, informes que frecuentemente en esta Cámara, y no sólo por
parte del grupo del Gobierno, son despachados como si nos hallásemos en otros tiempos -sólo faltan manifestaciones en la Plaza de Oriente-, pero que ponen de manifiesto, y usted lo dice así, una situación preocupante: que en los centros de
detención y en las cárceles españolas sigue habiendo malos tratos, que estos malos tratos no son investigados, que sus responsables no son sancionados y que en ocasiones ni siquiera se inicia ningún tipo de actuación disciplinaria, ningún tipo de
expediente disciplinario, frente a los mismos. Además, aparte de los informes de la ONU hay informes de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, en los que incluso se demuestra cómo estas personas son ascendidas o promovidas.
Hay cuestiones, en todo caso, que echamos de menos en el informe y que también crean bastante alarma social, como es la persistencia del régimen FIES, el llamado régimen de ficheros de internos en especial seguimiento, con consecuencias
regimentales muy duras, como la negación a los reclusos, sobre todo a los incluidos en el llamado registro FIES control directo o régimen especial, de la realización de actividades en común con los demás internos, imposición de aislamientos fuera de
lo que son directamente medidas coercitivas o expedientes disciplinarios, y esto únicamente a través de circulares internas no publicadas. Se echa de menos también en su informe, en general, un estudio de las consecuencias -muy negativas, desde
luego- que sobre el sistema penitenciario van a tener las reformas penales y las reformas penitenciarias que el Gobierno está promoviendo, qué consecuencias va a tener sobre el hacinamiento en las cárceles la reforma de la prisión provisional, qué
consecuencias va a tener sobre la situación y la gestión de la población penitenciaria esta nueva Ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
En materia de emigración, hace usted referencia a los problemas de CERA, de la votación de los emigrantes, y creo que sería necesario dar un paso más y avanzar en la dirección de que este voto tuviese las mismas garantías de secreto,
personalización y no manipulación que, como mínimo, tiene el voto de los residentes en el interior. Habría también cuestiones como la situación de los trabajadores españoles en Andorra, tanto en lo que se refiere a la explotación laboral, sobre
todo de los temporales que trabajan en la hostelería, como del hecho de que tengan que seguir pagando el IRPF en España como si de defraudadores fiscales se tratase; el problema del retorno, tanto de los inmigrantes como de sus familiares;
encuentran en la Administración española, en las subdelegaciones del Gobierno, muchísimos problemas a la hora de legalizar su situación, de obtener la llamada tarjeta comunitaria que les permite, a pesar de no tener la nacionalidad española, vivir,
trabajar, residir y circular libremente por el territorio español y por el de la Unión Europea; o cuestiones como, por ejemplo, la nacionalidad y la exención de visados, que se está negando justamente desde la entrada en vigor de la reforma del
Código Civil en materia de nacionalidad a aquellos extranjeros, normalmente descendientes de españoles, que, hallándose ya en territorio español y reuniendo materialmente los requisitos exigidos en el Código Civil para acceder a la nacionalidad,
pretenden precisamente acceder a esa situación. Lo que se está haciendo desde las subdelegaciones del Gobierno es aplicarles el régimen general, negarles la exención de visado, darles como única salida que vuelvan a su país de origen y que desde
allí realicen toda la tramitación. Nos parece una situación desde luego muy lamentable y que desmiente el compromiso del Gobierno.
Con relación a los inmigrantes, nos parece también muy valiente la referencia del informe y el contenido del mismo respecto de los centros de internamiento, respecto de la política de la práctica administrativa cada vez menos humanitaria y
cada vez más dura en esta materia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Aymerich, le ruego que concluya.
El señor AYMERICH CANO: Acabo enseguida, señora presidenta.
De nuevo, señor Defensor del Pueblo, nos gustaría ver también una actitud más beligerante de la institución que usted dirige en defensa de los derechos de los inmigrantes y, en concreto, una valoración de las consecuencias
que las sucesivas reformas legales que el Gobierno ha realizado y está promoviendo en materia de extranjería va a tener sobre esta situación y, en su caso, que se utilizasen los mecanismos que la ley y la Constitución le confiere, entre
ellos la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra estas normas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria cumple este trámite con la satisfacción de dirigir en primer lugar un cordial saludo de bienvenida a don Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y a todo el equipo de la institución.
Como ya tuvimos ocasión de manifestar en el trámite de Comisión, mi grupo se congratula de cómo se ha venido perfeccionando a través del tiempo la sistemática de exposición de la cuenta de resultados, que nosotros decimos, de la oficina del
Defensor del Pueblo, la memoria anual, que encierra para los grupos parlamentarios una cantidad de datos que permiten iniciativas parlamentarias, sugerencias, control al Gobierno, etcétera. No olvidemos que el Defensor del Pueblo -es obvio decirlo,
pero conviene recordarlo siempre- es ese brazo institucional del Congreso de los Diputados y del Senado que permite obtener una radiografía del comportamiento de la Administración del Estado con respecto a sus ciudadanos y la demanda de los
ciudadanos con respecto al mismo. Se viene haciendo una magnífica labor, que tiene una gran proyección social -no en balde hay un magnífico plantel de funcionarios y de colaboradores de la institución y del propio Defensor del Pueblo- además de ese
carácter cordial. El Grupo de Coalición Canaria se honra de que en su día, cuando hubo que hacer la elección del Defensor, el señor Enrique Múgica fue la persona propuesta por nuestro grupo parlamentario, junto a otros, y digamos que nos está
dejando bien. Es una satisfacción ver el trabajo que viene realizando el equipo de colaboradores y la proyección periodística hacia el exterior.
No es baladí resaltar que en la memoria del año 2002 se da un avance significativo de las quejas registradas, que pasan de las 13.365 del año 2001 a las 21.191 del año 2002. Esto quiere decir que hay una demanda mayor del ciudadano del
pueblo español en recurrir a la institución del Defensor del Pueblo. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, nosotros vemos también esta progresión significativa en el conjunto del Estado español. Las quejas recibidas a nivel del Defensor
del Pueblo han sido del orden del 2,46 por ciento del total de las recibidas. Tengo que advertir que esta cifra parece que se separaría de la media nacional, pero esta viene determinada por situaciones geográficas, como pasa en la Comunidad
Autónoma de Madrid, en la que el ciudadano llega al Defensor del Pueblo con mayor agilidad, por su proximidad en el callejero, que lo puede hacer la persona de una comunidad autónoma más periférica. Además, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene
la figura homóloga en su Parlamento autonómico del Diputado del Común y el ciudadano canario tiene el acceso mucho más fácil al Diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias que en el registro de Madrid. En la participación del Estado
también se ha visto un el incremento; el año 2001, 406 demandas recibidas en la institución central del Defensor del Pueblo, frente a las 496 del año 2002. Por tanto, también se está funcionando allí con una gran eficacia y se comprueba la
proyección que esto tiene.
Algunos portavoces han realizado una especie de crítica a una labor informativa, pero también hay que destacar la proyección en los medios de comunicación social; el equipo periodístico de la institución del Defensor del Pueblo viene
eficazmente trasladando esos datos con sus publicaciones, incluso específicas, de más divulgación popular que el amplio dictamen que los parlamentarios de la Comisión vemos aquí.
Señorías, quiero destacar algunos aspectos de esta memoria. Analizadas las quejas, tanto las individuales como las colectivas, apreciamos un sustancial aumento -y esto es importante- de las quejas colectivas.
También hay que buscar este
carácter asociativo de reivindicación ante la oficina del Defensor del Pueblo por el número de quejas colectivas.
Aunque son menores que las individuales, su porcentaje en el año 2002 ha aumentado significativamente con respecto a las individuales
y a las del año 2001. Voy a referirme asimismo, porque ya fue motivo de nuestra intervención en el trámite de la Comisión mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo, a las quejas de oficio, que en este año 2002 han sido 152. Mi grupo insta al
Defensor del Pueblo y a toda la institución a seguir con ellas. Cuando la sensibilidad y el conocimiento de la institución del Defensor del Pueblo observan que determinadas administraciones -ministerios, etcétera- no están a la altura de las
circunstancias constitucionales de estos derechos de los ciudadanos, actúa a través de las quejas de oficio. Entonces es cuando, en esta legitimidad que tiene la oficina del Defensor del Pueblo, lo puede detectar por sí misma, por lo que está
llegando, y hacer llegar a la Administración la queja de oficio. Consideramos que esto es muy importante y animamos al Defensor del Pueblo a seguir con esta sensibilidad, plausible y loable, para que la Administración vea que hay un radar de
vigilancia administrativa y que se le insta a realizar una serie de correcciones, como también podemos ver en el capítulo de las resoluciones de la memoria del año 2002 cuando se refiere a las recomendaciones, sugerencias y recordatorio a la
Administración de deberes legales. Consideramos muy importante que la Oficina del Defensor del
Pueblo transmita a la Administración un recordatorio, una especie de conciencia constitucional, que le advierte y le señala que hay unos deberes legales que cumplir, porque este es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución
democrática. Frente a administraciones totalitarias de otras épocas que, solamente por un principio de justificación política ante sí mismas, tenían algunas actuaciones administrativas y de corrección que eran muy difíciles de conseguir, estas se
pueden realizar ahora a través de la Oficina del Defensor del Pueblo.
Queremos destacar una cuestión que se ha planteado tanto en el informe como en la intervención de don Enrique Múgica desde esta tribuna en relación con algo que en Canarias es de alta sensibilidad: la inmigración ilegal clandestina. El
señor Múgica se ha referido en su intervención al caso que hubo en Fuerteventura, en el que incluso fue destacada la adjunta del Defensor del Pueblo para revisar visualmente y con inmediatez la situación de los inmigrantes en cuanto a la asistencia
letrada que tenían que tener, cómo se hicieron las gestiones con el Colegio de Abogados de Las Palmas y cómo se pudo entrar en una vía de resolución, de acuerdo con las indicaciones del Defensor del Pueblo. Últimamente ha habido varios casos
luctuosos en Canarias por el hundimiento de pateras, con la proximidad de las patrulleras de la Guardia Civil, en los que lamentablemente ha habido pérdida de vidas humanas por la situación en que vienen estas personas y por la inestabilidad de
dichas pateras, lo que hace zozobrar a estas embarcaciones y producirles la muerte, y a los que la figura del Defensor del Pueblo viene a ofrecer también una línea garantista en un Estado de derecho y, sobre todo, en un Estado que proclama también
la defensa de los derechos humanos, de los de dentro y de los de fuera. Esta sensibilidad y agilidad del Defensor del Pueblo son muy evidentes, y esperamos que la evolución del procedimiento en estas cuestiones se siga percibiendo en las memorias
anuales.
Antes de terminar quisiera hacer una referencia a las relaciones con los comisionados parlamentarios autonómicos, dado que Canarias, como he recordado antes, ha sido una de las comunidades autónomas pioneras en España en tener un comisionado
autonómico propio de su Parlamento. En el caso de Canarias nos hemos honrado con la eficacia y la coordinación de los parlamentarios que han llevado a cabo esta labor en el Parlamento, sobre todo con la figura correspondiente al Diputado del Común,
y en estos momentos por la situación de prestigio al ejercerla un antiguo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Pues bien, en las jornadas de coordinación que se celebraron en octubre del pasado año en Pamplona se hicieron una serie de talleres. La memoria de este año es prudente al señalar que no hubo unas conclusiones cerradas, pero quiero destacar
los denominados talleres, en los que se hace una referencia fundamental de la eficacia de la gestión del Defensor del Pueblo ante las distintas administraciones, y sobre todo quiero destacar uno, que es el denominado taller número 3 de la reunión
coordinadora de Pamplona, que permite estas reuniones periódicas de coordinación del Defensor del Pueblo estatal con los correspondientes de las comunidades autónomas que los tengan, que consideramos que son muy interesantes y que hay que
mantenerlas, para que haya una armonía en los pronunciamientos a la Administración. Es lo que llamaríamos, en otro orden de ideas, unidad de doctrina, pero también unidad de comportamiento a fin de que haya un solo sonido musical, con distintas
letras pero una sola armonía, para defender el derecho constitucional del ciudadano ante las administraciones públicas. Por tanto, es lógico que se haya tocado la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos tras la privatización de los
servicios públicos, puesto que es una cuestión candente día a día. Nos parece muy interesante, y más cuando en este Parlamento estamos teniendo fuertes debates políticos sobre el tema, puesto que es una opción política y de Gobierno si se
privatizan estos o aquellos servicios públicos. Un ciudadano tiene que recibir un resultado, positivo o negativo, cuando se privatizan los servicios telefónicos, de transporte aéreo, marítimo o terrestre. En este aspecto, la figura del Defensor
del Pueblo tiene un caudal importante en que intervenir.
Termino, señora presidenta, manifestando en nombre de mi grupo una sincera y estrecha felicitación al Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y a todo el equipo de la institución, y esperando que la Mesa de esta Cámara, dado que Coalición
Canaria no tiene representación en ella, tenga la sensibilidad de dotar permanentemente a la Oficina del Defensor del Pueblo de todos los instrumentos materiales que permitan perfeccionar su labor. Sobre todo en los aspectos de personal y
presupuestarios, la Oficina del Defensor del Pueblo debe tener el apoyo de esta Cámara con la dotación de los medios suficientes no solamente para hacer su labor con dignidad, porque es la dignidad de la Cámara, sino también con eficacia.
De ahí
que mi grupo apoye todas las partidas presupuestarias necesarias para que la Oficina del Defensor tenga los debidos instrumentos de organización.
Reitero la felicitación por el magnífico informe que esta Cámara ha sometido a debate en el día de hoy.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor Defensor del Pueblo, señores adjuntos a la Defensoría, señoras y señores diputados, un año más, siguiendo de nuevo las previsiones de la Ley orgánica de 3 de abril de 2001, reguladora del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las
Cortes Generales ha comparecido ante el Pleno de la Cámara y ha dado cuenta de la información contenida en el informe relativo al año 2002.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que tuvo lugar el pasado 10 de junio, en nombre del Grupo Vasco, como portavoz en aquella Comisión, tuve ocasión de exponer los puntos de vista del grupo al
que represento en relación con este informe y de aportarle algunas observaciones y sugerencias. Hoy intentaré completar aquella intervención con otros comentarios relativos también al informe del año 2002, pero siempre partiendo de la consideración
de que los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la misma democracia de la que forman parte inextinguible, son un reto, un desafío, un camino que recorrer y un objetivo inacabado. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas, cuya defensa está encomendada al Defensor del Pueblo, entre otras instancias, en todo lo que se refiere a las eventuales infracciones que de estos derechos pudieran cometer los poderes públicos, son un terreno del que deben erradicarse las
proclamas de satisfacción autocomplaciente porque nunca debe bajarse la guardia en ese terreno; siempre hay nuevas y más sofisticadas formas de violación de los derechos fundamentales que es preciso controlar y atajar.
Nos alegra de manera especial que en el capítulo relativo a la asistencia de los ciudadanos españoles en el exterior, y tras un exhaustivo análisis empírico de la situación, el Defensor del Pueblo, en su informe del año 2002, apueste por
algo que varios grupos parlamentarios del Congreso hemos intentado impulsar sin éxito en la Cámara durante los últimos años.
Me refiero al estudio e implantación de fórmulas eficaces para que los españoles residentes en el extranjero puedan
participar, con todas las garantías y en igualdad de condiciones, en las diferentes convocatorias electorales que se celebren en España. Las iniciativas adoptadas hasta la fecha por la Cámara en relación con esta cuestión han sido infructuosas,
pero el empeño continúa. Esto es así en lo que respecta a nuestro grupo parlamentario y probablemente en lo que respecta a otros grupos que nos acompañaron en las iniciativas anteriores en relación con esta cuestión.
Hace muy pocas semanas yo
mismo preguntaba al ministro del Interior en torno a las previsiones que el departamento ministerial que dirige alberga en relación con la aplicación de una resolución parlamentaria que insta al Gobierno a perfeccionar el sistema vigente para
facilitar el ejercicio del derecho a voto al personal embarcado, un colectivo muy singular y muy especial de ciudadanos españoles que no residen en el territorio español, que encuentran dificultades para el ejercicio del derecho de voto y que hasta
el momento presente han recibido una solución normativa insuficiente, por lo que requieren una atención especial del ordenamiento jurídico.
A nadie se le oculta que en los últimos tiempos el funcionamiento del censo de residentes ausentes ha sido fuente de algunas controversias e incluso de algún escándalo que ha llegado hasta las instancias judiciales, controversias que apuntan
casi siempre a la existencia de una utilización irregular y ventajosa de posiciones institucionales por parte de representantes de algunos partidos políticos. Esto ha ocurrido hasta en las últimas elecciones municipales y autonómicas, en las que ha
habido una serie de denuncias de diferentes partidos políticos que además fueron expresamente reconocidas por la Junta Electoral Central. Es hora, señor Defensor del Pueblo, de regularizar y dotar de transparencia a los mecanismos legales
arbitrados para facilitar la participación electoral de los ciudadanos españoles que por cuestión de residencia no están en condiciones de poder votar personalmente. El Defensor del Pueblo urge en su informe a las Cortes Generales -y reproduzco
literalmente un fragmento del informe- a abordar las reformas necesarias que remuevan los obstáculos a los que se ha hecho alusión, máxime cuando los mismos guardan tan directa relación con un derecho fundamental básico para nuestro sistema
representativo como es el de participación en los asuntos públicos por medio del sufragio, derecho que todos deben poder ejercer en condiciones de igualdad, con independencia del lugar geográfico en el que residan. Mi grupo parlamentario coincide
plenamente con esta consideración, y de la misma manera que en ocasiones anteriores ha intentado impulsar iniciativas ordenadas a hacer efectiva esta reclamación del Defensor del Pueblo, apoyaremos en lo sucesivo todas las que se planteen en esta
misma línea.
Por lo que se refiere a las personas privadas de libertad en el extranjero, es forzoso reconocer que la relación de supuestos que aparece recogida en el informe es prácticamente una galería de espantos. Sólo podemos sugerirle que no baje la
guardia, que continúe prestando atención a estos supuestos y haciendo el seguimiento más exhaustivo posible de los mismos, porque la dignidad humana constituye el núcleo esencial de todo derecho fundamental y su respeto está en la base misma de toda
convivencia en paz y libertad. La Defensoría ha de procurar que a los ciudadanos españoles que se encuentren privados de libertad en el extranjero se les apliquen los mismos umbrales de respeto que en sus informes exige para los extranjeros
privados de libertad en territorio español, los mismos umbrales de respeto que son exigibles para que un país pueda ser catalogado como civilizado. En este tema defendemos la posición exactamente contraria a la de quienes esgrimen la humanística
tesis de que las cárceles son tan sólo pudrideros humanos en los que el hombre delincuente -por utilizar una conocida expresión de César Lombroso- ha de expiar sus culpas per saecula saecolorum.
Por lo que respecta al capítulo vinculado con la acción social y la Seguridad Social, en el apartado dedicado a los menores se vuelve a hacer referencia a la inexistencia de un reglamento que establezca una regulación mínima en el conjunto
del Estado en lo que se refiere a la adopción por los centros de internamiento de menores de medidas limitativas de los derechos de los internos que no sean sancionadoras. En ocasiones anteriores el Grupo
Vasco le expresó la opinión crítica que mantiene en relación con esta propuesta, que no voy a reproducir ahora para no incurrir en enojosas e innecesarias repeticiones, pero sí quisiera resumir nuestra posición insistiendo en que prestaremos
nuestro apoyo a todo lo que redunde en un incremento de la seguridad jurídica de las posiciones de los internados en estos establecimientos, pero diremos no a todo lo que pretenda una uniformación jurídica innecesaria y prescindible en la ordenación
del estatus jurídico de los internos en el conjunto del Estado. En anteriores ocasiones hemos hablado de esta cuestión y hemos hecho referencia también a la problemática que en la aplicación de la Ley penal del menor reviste la insuficiente
adopción de medidas ordenadas a arbitrar los recursos e infraestructuras necesarios para hacer efectiva una ordenada aplicación de las previsiones de la ley. Recientemente la prensa daba cuenta de un informe que se atribuía al Consejo General del
Poder Judicial en el que se ponían de manifiesto las insuficiencias que se habían producido por parte del Gobierno y de algunas comunidades autónomas en la aplicación de las previsiones de la ley. Ayer mismo se produjo en el Congreso, en esta misma
Cámara, un debate en relación con esta cuestión, y el ministro competente del ramo negaba absolutamente que existiera este informe.
Nosotros no vamos a aferrarnos, por tanto, a un informe que en puridad parece que no existe, pero sí quisiéramos
recordar una vez más que los objetivos reeducadores de la Ley penal del menor -y ya lo anunciamos durante la tramitación parlamentaria de la ley- exigen medios e infraestructuras, algunos judiciales y otros vinculados con los centros o
establecimientos de menores, que todavía no están disponibles, lo que redunda en una insuficiente aplicación de las previsiones legales. Es una situación gravísima que se ha de denunciar y que probablemente el Defensor del Pueblo conocerá. Le
instamos y le invitamos a que se haga eco en los años sucesivos también de esta cuestión y a que haga un seguimiento detallado de la problemática que atañe a la aplicación de la Ley penal del menor.
No hace referencia en su informe, aunque sí lo ha hecho en ocasiones anteriores, a la delicada problemática del incapacitado mayor de edad, que ofrece aspectos difíciles, muy complicados, que no pueden ser abordados desde una perspectiva
exclusivamente jurídica. La evolución social nos impele a tomar en consideración no solamente a los mayores incapacitados en sentido estricto, sino también a una situación que es ya conocida pero que puede constituir una grave realidad dentro de
muy poco tiempo: el caso del mayor de edad, precisamente anciano, en quien no concurren propiamente causas de incapacidad pero que se encuentra sumido en el desamparo o en la soledad. Los problemas del mayor de edad desamparado constituyen hoy,
sin duda alguna, uno de los principales desafíos de la sociedad moderna. El incapacitado sigue siendo titular de todos los derechos que le corresponden en su condición de ciudadano y es además titular de un derecho adicional, que es el de obtener
de la sociedad un grado suficiente de protección. En un congreso recientemente celebrado en Bilbao en torno a la protección del incapaz se han arbitrado propuestas que pueden ser sumamente útiles y que pueden revestir interés también para la
institución del Defensor del Pueblo, no sólo porque contemplan mecanismos que pueden redundar en una mejora de la solución jurídica que arbitra el ordenamiento en relación con estas cuestiones, sino también porque se formulan propuestas concretas en
relación con la actuación que todos los agentes institucionales implicados en esta materia pueden llevar a cabo para garantizar una actuación más coordinada y eficaz: el juez, el ministerio fiscal y las administraciones públicas competentes en
materia de acción social. Se plantea en este ámbito un problema jurídico de base. Desde las reformas de 1981, el Código Civil ha ido evolucionando favorablemente desde el punto de vista de la sensibilidad hacia los incapaces, pero todavía acusa
una limitación: todavía parece el Código Civil afincado en una visión muy limitada y ya superada del incapacitado que lo asimila genéricamente al enfermo mental; una visión que no recoge las muy diferentes situaciones en que el incapacitado mayor
de edad puede encontrarse hoy en día y que, por tanto, resulta absolutamente insuficiente para abordar la compleja problemática a la que nos enfrentamos ya mismo.
El problema que plantea en el apartado de Hacienda pública en relación con el tratamiento fiscal de las indemnizaciones que conceden algunas comunidades autónomas a quienes sufrieron prisión por hechos de intencionalidad política como
consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de amnistía y que no pudieron acceder a las ayudas estatales instituidas en 1999, tiene que ver con algo que le comentamos en alguna ocasión anterior. Las indemnizaciones concedidas al amparo de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1990 fueron declaradas no sujetas al impuesto sobre la renta de las personas físicas y, por el contrario, las otorgadas por las comunidades autónomas están sujetas al impuesto, hasta el momento lo
han estado. El Defensor del Pueblo hace una lectura, digamos, benévola de las normas vigentes y ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda, que esperamos que ésta atienda, pero el problema tiene que ver con la naturaleza
de las ayudas, y esto también se lo hicimos ver el año pasado. El hecho de que al configurar estas ayudas también se instituyera como instancia pública competente a las comunidades autónomas planteaba un problema. Las comunidades autónomas, que no
existían cuando se produjeron estos perjuicios, estas lesiones que ahora se intentan reparar, carecen en principio de atribuciones competenciales explícitas en esta materia. El único título competencial en el que se pueden amparar para otorgar este
tipo de indemnizaciones es el de asistencia social, un título que, por lo menos prima facie, parece absolutamente inadecuado para dar cobertura a estas situaciones. Y ello, como consecuencia
de esta naturaleza originaria del tipo de indemnizaciones que conceden las comunidades autónomas, probablemente está en el origen del distinto tratamiento fiscal que les quiere dar el Ministerio de Hacienda.
Esperemos que la Secretaría de
Estado atienda la recomendación, pero, insisto, creemos que el problema está en el origen de la propia caracterización. Tenía que haber sido el Estado, y sólo el Estado, el que asumiera plena y rotundamente el otorgamiento de estas indemnizaciones.
Respecto al transporte ferroviario, es habitual la existencia de quejas relacionadas con la situación de peligrosidad derivada de algunos pasos a nivel de la red ferroviaria que no observan las condiciones de necesaria seguridad, pero el
gravísimo accidente que se ha producido hace un par de semanas ha hecho saltar todas las alarmas, poniendo de manifiesto la existencia de graves deficiencias en la seguridad ferroviaria.
Lógicamente, no es mi intención pedir aquí explicaciones y
responsabilidades al Gobierno en relación con este tema porque no es este el foro ni la ocasión oportuna para ello, pero creo que no puede pasar inadvertido en la comparecencia del Defensor del Pueblo que muy probablemente en los años sucesivos
tendrá que dedicar especial atención a este problema.
Por lo que se refiere a la telefonía móvil, es obligada una mención expresa a la problemática que se plantea en torno a la incidencia sanitaria de las emisiones radioeléctricas. Creemos que el Defensor del Pueblo ha obrado diligentemente en
este caso y da por resuelta la cuestión con la aprobación del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que contiene la reglamentación relativa a la protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas. Para ello se apoya, entre otros, en
un informe de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que considera que las prescripciones de esta norma garantizan la protección de la salud -y este es un punto a destacar- hasta donde hoy se conoce. Esta expresión es
reproducción literal del informe emitido por la Real Academia. Le invitamos, por tanto, a que no descuide el seguimiento de este asunto porque lo que hoy se conoce puede, evidentemente, verse ampliamente superado mañana.
Por fin, voy a hacer una referencia al censo promocional. El informe alude al censo promocional y a la ausencia del reglamento previsto en el artículo 31 de la Ley orgánica de Protección de Datos para fijar, entre otras cosas, el
procedimiento a través del cual los interesados podrán no aparecer en el citado censo promocional. En su informe correspondiente a este año, el que analizamos en esta sesión, el Defensor del Pueblo expresa su preocupación por el hecho de que -y
reproduzco literalmente un pasaje extraído del mismo documento- el tratamiento que se tuviese previsto dar en el mencionado texto reglamentario al procedimiento de obtención del consentimiento de los titulares de los datos para su inclusión en el
citado censo, aspecto en el que manifestó su parecer contrario a que se considerase otorgado el mismo en aquellos supuestos en que, demandado el mismo, no se hiciese manifestación expresa en contrario por el titular de los datos en un determinado
plazo. Y al hilo de esta consideración expresa su opinión de que el titular de un derecho fundamental no puede ver limitada la plena efectividad de su ejercicio por procedimientos que no garanticen, en todo caso, su voluntad de autorizar aquellas
actividades ajenas que provoquen tal efecto.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Erkoreka, le ruego vaya concluyendo.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo ya, señora presidenta.
Esta es una cuestión que se ha debatido en numerosas ocasiones en la Cámara, tanto en Pleno como en Comisión, y está planteado aquí un problema jurídico. Todas las resoluciones de la Cámara han ido en la dirección que apunta el Defensor del
Pueblo, pero todavía no hemos visto en qué se va a traducir la ejecución de esas resoluciones parlamentarias, porque está sin aprobar el reglamento al que apela el artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Este es un tema jurídicamente
delicado en el que entran en juego, efectivamente, junto al derecho de autodeterminación informativa de los ciudadanos, también una serie de derechos vinculados al ejercicio de actividades económicas, que veremos cómo se resuelve, pero que en todo
caso habrá de resolverse con la máxima ponderación, atendiendo al equilibrio de todos los intereses en juego.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, un año más recibimos y discutimos el informe del Defensor del Pueblo y también una vez más mi grupo tiene que señalar que es necesario mejorar. Nosotros entendemos que, a pesar de los
esfuerzos que tenemos que reconocer que se hacen desde la propia institución, todavía no se hacen los suficientes en el sentido de acercar la institución al ciudadano para que la considere como algo suyo, pero también para que no le defraude. Es
importante que los ciudadanos acudan al Defensor del Pueblo y presenten sus quejas, pero quizá lo es mucho más que, una vez depositada esa confianza, las quejas se resuelvan de forma positiva. La ciudadanía tiene que considerar al Defensor del
Pueblo como algo propio frente a la Administración; frente a una Administración que normalmente tritura al ciudadano cuando se sitúa ante ella. No se puede ver al Defensor del Pueblo como una parte más de la Administración, como la cara amable, si
se quiere, pero como parte de este entramado a fin de cuentas. Entendemos que la rutina de los informes y el apasionamiento parlamentario que despiertan en las comisiones parlamentarias nos hacen olvidar que detrás de la mayoría de las quejas que
se presentan ante
el Defensor del Pueblo hay verdaderos dramas humanos de ciudadanos que se ven impotentes ante una Administración que los desampara, una Administración monstruosa y fundamentalmente insensible ante los ciudadanos.
Ya se hablaba en el año 1999 de una campaña publicitaria para dar a conocer y situar al Defensor del Pueblo en las mejores condiciones respecto a los ciudadanos. Sinceramente tengo que reconocer que no recuerdo si esta campaña se llevó a
cabo, lo que ya en principio indica que su efectividad no debió de ser mucha. Pero, más allá de estas campañas, que entendemos que son buenas, necesarias y que se deberían mantener en el tiempo, lo que hay que hacer es integrar al Defensor del
Pueblo en el entramado de la sociedad civil. Esa es la mejor campaña que se puede hacer para situar a la institución como el baluarte de la sociedad civil frente a las administraciones. En consecuencia, desearíamos mayor eficacia y una mayor
atención de las administraciones a los trabajos del Defensor del Pueblo. No se puede entender que las administraciones públicas sigan sin reconocer que son los administrados los sujetos de su trabajo y que, por tanto, al servicio de estos
ciudadanos tienen que ponerse todas las administraciones del Estado.
Muchas veces, entre el buen o el mal funcionamiento de una Administración sólo existe la necesidad de que se considere al ciudadano como el sujeto de derechos de la democracia y
no como un mero súbdito que debe tragarse todo cuanto se le dice desde la Administración. Por eso creemos que hay que fortalecer la institución del Defensor del Pueblo, pero para ello, repetimos, es necesario acercar al máximo la distancia que
pueda existir entre este y la ciudadanía.
El Defensor del Pueblo es también el garante del respeto de los derechos fundamentales, de la Constitución y, sobre todo, la voz de los sin voz.
Por eso, cuando miles de ciudadanos no pueden interponer de forma individual ni colectiva
recursos de inconstitucionalidad, tienen que tener al Defensor del Pueblo como la única garantía de poder llevar ante el Tribunal Constitucional lo que al menos a estos cientos de ciudadanos les puede plantear una duda razonable. Por eso criticamos
en su día la negativa del Defensor de llevar al Tribunal Constitucional la Ley de extranjería; lo criticamos porque esta petición era un clamor ciudadano y se reflejaba en la petición de cientos de miles de ciudadanos que hacían esta demanda al
Defensor del Pueblo y que tenían al menos derecho a que el Tribunal Constitucional estudiara lo que entendemos es una clara vulneración de la Constitución. Un recurso se puede ganar o perder, pero cuando es pedido por cientos de miles de ciudadanos
que no tienen otro medio para acceder al Tribunal Constitucional, tiene que tramitarse porque sólo de esta manera sentirán estos miles de ciudadanos que el Defensor del Pueblo está de su parte, que es su portavoz. Con otras actitudes se sitúa a la
institución en la parte que decía antes de la Administración y pierde credibilidad como baluarte defensor del ciudadano.
Entrando en temas más concretos, vemos que hay quejas que son demasiado habituales, tanto que pueden perder la contundencia por su reiteración.
Por citar alguna, vemos las relacionadas con la justicia, con la dilación indebida en
tramitaciones que superan con mucho el tiempo necesario y que suelen degenerar en situaciones muy perjudiciales para los afectados. En el caso de la educación, que es un derecho fundamental que ampara nuestra Constitución, tenemos que decir que no
es igual para todos los españoles; no todos los españoles tienen las mismas garantías, y se ve claramente en las quejas sobre la precariedad de medios, sobre la gratuidad de libros de texto, sobre integración de menores con problemas, etcétera. Es
necesario que las administraciones actúen para que lo que es un derecho constitucional también sea un derecho real, igual, para todos los españoles. Lo mismo podemos decir de las quejas referidas a la sanidad, donde también se evidencia que no
todos los españoles somos iguales en derechos.
Se corre el riesgo de acostumbrarnos, por continuas, a las quejas relativas a la situación de las mujeres. No podemos acostumbrarnos al continuo goteo de mujeres maltratadas, asesinadas, de mujeres sometidas a tratos vejatorios. No debemos
acostumbrarnos porque la violencia de género no es un accidente ni algo casual, tampoco es una degeneración social, es la consecuencia de una sociedad que sigue sin superar esquemas de vida que justifican, cuando no legitiman, esta violencia.
Señorías, la indefensión de las mujeres no puede quedar sin respuesta, por eso seguimos pidiendo un epígrafe específico sobre este tema en los trabajos de la institución. Tampoco puede quedar sin respuesta el desamparo, la indefensión generalizada
que sienten los ciudadanos cuando se sitúan frente a la ventanilla de una administración, y no podemos quedarnos en la simple crítica sino que hay que concretar mecanismos para que estos informes sean realmente efectivos.
Por otra parte, como bien dice el trabajo que se nos presenta, el día 4 de enero, la población reclusa era de 47.521 personas y terminó el año alcanzando 52.863, de las cuales, más del 22 por ciento eran preventivos.
Como se ha dicho y
repetido, con estos datos el problema fundamental de la situación penitenciaria no es otro que el que se deriva del hacinamiento que sufren algunos centros y de la generalizada sobreocupación de la práctica totalidad de ellos, denunciándose,
incluso, que los nuevos centros ya se abren con literas en las celdas, en una clara contradicción con la Ley orgánica general penitenciaria; es decir, ya desde el principio la Administración se muestra dispuesta a incumplir su ley. Esta situación
es una causa evidente del problema interno y de que se haga prácticamente imposible realizar un trabajo digno, a pesar de la buena voluntad que, nos consta, tienen los funcionarios, que también son víctimas de esta situación. Es decir, ya desde el
principio, el Gobierno, la Administración, asume que las cárceles no van a jugar el papel que la ley les reconoce, sino que van a ser simples almacenes
de reclusos. Señorías, estamos hablando ante un Gobierno que dice pretender endurecer las penas como medida para combatir la inseguridad, pero parece ser que pretende que este endurecimiento, que se proclama va a significar todavía un
aumento del número de reclusos, se haga sin contar con la más mínima garantía que asegure unas condiciones que garanticen los derechos humanos, los derechos fundamentales de los internos. Y también, cómo no, la seguridad en el trabajo de los
funcionarios, porque a la falta de espacio tenemos que añadir la falta de personal. Los datos son claros y evidentes en este sentido: el 25 de septiembre se mantenían 2.220 celdas vacías por falta de funcionarios con los que asegurar el
mantenimiento de las infraestructuras. Esto es, mientras hay cárceles saturadas, mientras hay hacinamiento en las cárceles, 2.220 celdas estaban vacías por falta de funcionarios. En este mismo sentido, la ratio alcanza los 2,2 reclusos por
funcionario de vigilancia, y si ligamos esta ratio con las circunstancias laborales podemos concluir que un sólo funcionario puede estar al cargo de la seguridad y vigilancia de cien internos. Es evidente que los datos, la realidad, están ahí y la
realidad no es una mera estadística, la realidad es que decenas de miles de seres humanos sufren las consecuencias. Con estos datos habría que concluir, por una parte, que el Gobierno solamente tiene una idea represiva de las cárceles como almacén
de condenados y, por otra, que es necesario acometer una reforma del sistema penitenciario que de una vez por todas sitúe a éste en condiciones de cumplir un papel que vaya mucho más allá del mero castigo del condenado.
En referencia a la inmigración, el informe plantea las quejas en el sentido de que el Gobierno incumple su propia ley y esto tiene una especial significación en unos momentos en los que el Gobierno plantea también la propia modificación de
esa ley que presentó como estrella y que vemos que no solamente no ha dado resultado, sino que puede haber agravado la situación en algunos casos. Una vez más, ante un Gobierno que plantea únicamente y de forma casi exclusiva un tratamiento
jurídico represivo del tema de la inmigración, tenemos que levantar la voz quienes entendemos que el tratamiento debe ser de otra índole, porque cada vez es más evidente que simplemente con el endurecimiento de las leyes lo que se provoca es ni más
ni menos que al final sean incumplidas por el propio Gobierno, sin mejorar lo más mínimo la situación. La institución del Defensor del Pueblo entiende que la inmigración debe asumirse con un carácter de política de Estado, estamos plenamente de
acuerdo, pero la realidad es que este Gobierno sigue considerando que puede obtener una ventaja electoral incentivando la tensión social contra la inmigración, tensión social que tiene su reflejo más cruel en los ayuntamientos.
Entendemos que la
dinámica debe cambiarse, que tienen que entender que esa política de Estado no solamente se resolverá con presión social sino que, por el contrario, se crearán más conflictos. El Gobierno pretende seguir endureciendo las leyes, pero nuestro grupo
va a seguir reclamando que se comprenda la profundidad del problema, que se afronte su globalidad porque es el único camino que hay. Mención específica requieren los centros de acogida y estancia temporal, que viven una situación peor que la de la
mayoría de los centros penitenciarios. Tengo el conocimiento de la realidad que se vive en el centro de Málaga, por poner un ejemplo que toca a mi circunscripción, y es penoso ver la situación que se vive en este centro, repito, en peores
condiciones que en los propios centros penitenciarios. No cuentan ni con medidas de seguridad ni con personal adecuado, en una situación donde vemos cómo seres humanos están cumpliendo un castigo sin siquiera haber sido condenados por ello.
Por otra parte, vemos cómo las tasas de cobertura de los contingentes son escasas, cómo la presión de las mafias no solamente no disminuye sino que aumenta, porque a mayor represión mayor poder de la las mafias, y también vemos, aunque
algunos miren para otro lado, cómo los muertos siguen apareciendo flotando en nuestras costas. Mientras tanto, el Gobierno considera que mientras la inmigración sea el tercer problema en orden de importancia para los españoles esto le da réditos
electorales y, por tanto, este problema seguirá siempre teniendo un tratamiento exclusivamente jurídico represivo y nunca contemplará seriamente la integración social y cultural de los inmigrantes en función de esa política de Estado que se reclama
desde el propio Defensor del Pueblo.
En conclusión, estamos ante un informe que nos resistimos a pensar que sea uno más, que sea un informe que a fuerza de reiterar los problemas y las quejas éstas pasen sin darles la importancia que tienen. Entendemos que este informe refleja
los trabajos y la ilusión de toda la institución, de todo un equipo que, a pesar de las deficiencias materiales y de los problemas que hay, intenta asumir su responsabilidad y necesita que este Parlamento -después de este, repito, apasionado debate-
salga convencido de que es necesario reforzar su independencia, su capacidad de actuación y, sobre todo, plantearse el objetivo de que el Defensor del Pueblo sea realmente el defensor de los sin voz, el defensor que lleve a los ciudadanos a poder
tener un amparo frente a la brutal maquinaria de una Administración que tritura a cualquier ciudadano que se sitúe frente a ella. No voy a hablar del Ministerio de Fomento, de esa maquinaria ante la que cualquier ciudadano siente pánico de tener
que plantear ningún problema, porque quizá sea el caso más evidente, como se señala en el propio informe. Es en general, desde la ventanilla de un ayuntamiento por pequeño que sea, cuando el ciudadano se ve desamparado y tiene en esta institución,
como decía en otro momento, el baluarte que lo defienda.
Este es el reto que tenemos, es el reto que, entre otras cosas, necesita que en buena parte el propio Defensor esté convencido de que no forma parte de la Administración,
de que no forma parte de esa maquinaria, sino que es parte del pueblo, tal y como dice propio nombre, y que en esta Cámara tomemos conciencia de que se le tiene que dar no solamente todo el apoyo material y de medios humanos, sino también
todo el soporte político que su trabajo necesita.
Este es el reto, señorías, y éste es al menos el propósito de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Defensor del Pueblo, en nombre del Grupo de Convergència i Unió subo a esta tribuna para fijar la posición del mismo sobre el informe del Defensor del Pueblo del año 2002.
Me sumo, señorías, a los anteriores comparecientes, agradeciendo al Defensor del Pueblo su comparecencia en esta Cámara, la detallada exposición y la presentación del informe de 2002, al igual que hizo en la Comisión. Ya le indicamos en la
Comisión que es justo reiterar aquí la calidad de este informe y el grado de eficiencia que está tomando el mismo año tras año. Por ello, permítasenos también reconocer, junto con el informe anual, la labor realizada por los adjuntos, la señora
Cava de Llano, sobre los servicios de inmigración, y el señor Aguilar Belda, sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que han sido objeto de debate en la Comisión Mixta durante el período de sesiones de 2002. Este reconocimiento a
estos trabajos es justo recordarlo e integrarlo dentro de la rendición de cuentas de la actividad de la institución correspondiente al citado año 2002. Todo ello marca un nuevo estilo de actuación del Defensor del Pueblo, permite una interacción
más positiva entre esta Cámara y la institución y un debate más profundo y específico de los temas objeto de sus informes. Es una buena práctica que deseamos que no haya hecho más que comenzar y tenga su continuidad en el futuro.
Deseo reiterar lo manifestado ya en Comisión sobre el análisis estadístico de la gestión realizada que tiene, a nuestro modo de ver, una profundidad en la cuantificación y en el análisis de los conceptos. Se da una prioridad a las quejas
recibidas -y es un dato importante- como elemento definitorio de la actividad, pero no establece unas estadísticas comparativas sobre los asuntos tratados, tanto por quejas individuales como colectivas. Estas, las quejas colectivas, pueden
distorsionar el concepto de actividad de la institución. En el año 2001 hubo una baja importante de quejas respecto al año 2000, un año en que el número no representó un aumento muy importante sobre 1999, pero en el fondo de un análisis comparativo
de estos tres años, referido únicamente a los asuntos tratados, refleja una variación más estable y positiva de la actuación de la institución. Por ello, nos agradaría ver reflejados este concepto y su análisis de evolución en los sucesivos
informes. La apertura de las quejas por la vía del correo electrónico hará más necesaria una evaluación de las quejas por la vía de los asuntos, pues es muy corriente para todos los diputados recibir multitud de correos referentes a un solo tema
mandados por muchos internautas. Cuando este tema tiene un interés colectivo y la intercomunicación entre los ciudadanos que la reclaman y la facilidad de comunicación es muy activa, entonces un solo asunto puede tener un eco social muy importante.
Importa, pues, a esta Cámara conocer bien los asuntos que generan las quejas recibidas, y es por ello que deben publicarse series interanuales que muestren la evolución de este concepto.
Las actuaciones de oficio y el nivel de resolución de los asuntos es muy notable y marca un buen nivel de eficiencia de la institución. Se han producido en este año unas actuaciones que denotan la sensibilidad de la institución frente a las
problemáticas que generan las quejas, es decir, se han generado un buen número de quejas de oficio y, por otro lado, se han desestimado también muchas quejas no admitiéndolas a trámite. Sus respuestas razonadas sobre la no admisión a trámite y la
emisión de quejas de oficio son una prueba más de la normalidad democrática que debe ir progresando hacia un respeto del Estado de derecho por parte de los ciudadanos y también del Gobierno y de todas las instituciones. Nuestro grupo ve muy
positiva esta dualidad que fortalece la calidad del servicio público de la atención al ciudadano.
Uno de los temas recurrentes en todos los informes es la actuación de ciertas administraciones que define como entorpecedoras de la actuación del Defensor del Pueblo o que no responden a sus requerimientos. Se detalla con mayor abundamiento
el comportamiento de los organismos a los que ha solicitado información y han sido necesarios sucesivos requerimientos. La evaluación que hace del tema del informe anual es ponderado y objetivo. En esta vía, estimamos que la orientación tomada por
el Defensor del Pueblo y su institución es muy correcta.
Uno de los seis ministerios más afectados es el Ministerio de Fomento. En el tema de las expropiaciones se aprecian reiterados incumplimientos, valoraciones y liquidación que han generado numerosas actuaciones y que, insistimos, deben
reiterar una actuación más detallada del Defensor. Tal como indiqué en Comisión, las expropiaciones han generado muchos acuerdos que han tenido con el ministerio unas divergencias de interpretación y, paralelamente, se genera un tratamiento fiscal
que pierde el principio de restitución del bien expropiado y se transforma para el Ministerio de Hacienda en una actividad especulativa, base de tributación para el propietario que es despojado de su propiedad en contra de su voluntad.
Debe
perfeccionarse el sistema, pues si por un lado se han mejorado las valoraciones y en muy pocos casos se han generado reclamaciones por la valoración a la que se ha llegado después de negociaciones y por acuerdo, es preciso revisar los temas
administrativos
que las complementan. Me permito recordar las reclamaciones de los propietarios de Alcarràs, en la provincia de Lleida, afectados por las expropiaciones de las obras del AVE que, después de un trabajoso acuerdo, han tenido una
interpretación distinta por el Ministerio de Hacienda sobre los acuerdos que firmó el Ministerio de Fomento y que han generado una protesta social en todo momento.
Otro tema de importancia en el que observamos una rigurosa y ponderada actuación del Defensor del Pueblo es el referente a la inmigración. Es el primer grupo en importancia de las reclamaciones individuales y, como indican sus
consideraciones previas, es un tema que se desgrana en varios epígrafes, entre los que destacamos la necesidad de la labor de las administraciones en la integración social de los inmigrantes. Se hace eco el informe en sus consideraciones previas
del tema del barómetro del CIS del mes de junio del año 2002, que consideraba la inmigración como el tercer problema en la preocupación de los ciudadanos, inmediatamente después del paro y del terrorismo.
Estamos de acuerdo con su apreciación positiva de la aplicación del Código Civil español en los casos de divorcio, prevaleciendo por encima del derecho del país de origen, normalmente diferenciador y negativo en el trato legal de las
mujeres. También -y así lo manifestamos en Comisión- nuestra apreciación favorable hacia el mantenimiento de un statu quo de las personas que, reconocidas como residentes ilegales en nuestro país y pesando sobre ellas una orden de devolución, ésta
no se lleva a cabo. Se les margina y se les condena a vivir en una ilegalidad manifesta, con dos agravantes: en primer lugar, se ignora su existencia y, en segundo lugar, no se les reconoce una forma de vida mientras no se produce la expulsión,
que es muy negativa para estas personas por las complicaciones legales que se introducen en el acuerdo de Shengen para su posterior entrada en la Unión Europea. Y ¿dónde deben acudir estas personas? ¿Cuáles son sus derechos? Entendemos, como el
Defensor del Pueblo, la necesidad de proceder a la expulsión cuando no se ha producido la salida obligatoria en los plazos previstos. Esta expulsión ha de ser un procedimiento posterior e independiente; debe tener, de acuerdo a las consideraciones
del informe, un tratamiento reglamentario diferente por parte del Gobierno. En esto estamos de acuerdo con las recomendaciones que el Defensor del Pueblo emite en su informe.
El citado informe de 2002 nos lleva nuevamente al problema de las dilaciones en la tramitación y en la resolución de los procesos judiciales. El Pacto de Estado por la justicia no puede, por el momento, mostrar sus frutos dado el poco
tiempo que lleva en funcionamiento y es de esperar que en el próximo informe se vea el inicio de una nueva tendencia a la mejora y que estas demoras sean menores.
El segundo bloque de quejas recibidas afecta sistemáticamente al personal de las administraciones públicas y engloba muy diversas administraciones.
Los análisis presentados son complejos, pero la diversidad de los reglamentos y
disposiciones, así como los casos de interinidad, no permiten en esta intervención un posicionamiento unitario.
Quiero agradecer al Defensor del Pueblo los comentarios realizados sobre pensiones y la sensibilidad hacia las viudas, especialmente, manifestando su recomendación a una posible compatibilización del SOVI con las pensiones de viudedad,
correspondiendo así a la visita que realizamos con el colectivo nacional de viudas que presentaron una iniciativa popular y que, como comentó en Comisión, en los próximos días este colectivo recibirá una respuesta. Por ello, en su nombre y desde
esta tribuna, le doy las gracias al Defensor del Pueblo.
A título indicativo, también es positiva su apreciación sobre la necesidad de crear institutos de medicina legal iguales a los creados en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, Canarias, Navarra y Andalucía, estando en vías de creación el
de Galicia, que son comunidades con competencias transferidas. Esta vía de solución redundará en la situación de los forenses implantando un sistema de guardias por turnos que termine de una vez con situaciones de guardia permanente, que se dan en
comunidades que no tienen transferidas estas competencias y donde estos institutos de medicina legal no existen.
Se reitera en el informe la necesidad del desarrollo del Real Decreto 190/1996, por el que se aprueba el reglamento penitenciario con la nueva regulación de la ordenación de los servicios y unidades de los centros penitenciarios, sin que
hasta la fecha se encuentre resuelta esta situación.
Volviendo al plano autonómico, la cooperación del Defensor del Pueblo con el Sindic de Greuges, el Colegio de Abogados de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional, se ha manifestado un año más -ya lo dijimos el año pasado-
eficiente y los resultados son notables y positivos respecto a las acciones que se están tomando en Los Balcanes.
Es una vía que potencia la necesidad de interrelación de las instituciones del Defensor del Pueblo como una unidad de servicio al
Estado de derecho y como modelo de convivencia y desarrollo de nuestro modelo de sociedad democrática hacia otros países. La colaboración con los defensores del pueblo autonómicos ha sido correcta y en el informe la interacción entre el Defensor
del Pueblo y las autonomías ha discurrido por la vía de encuentros de trabajo que pueden mejorar esta atención al ciudadano y que indicábamos al inicio de esta intervención. Las estadísticas marcan el aumento de la incidencia del peso específico de
los defensores autonómicos en sus comunidades, únicamente sesgada por las quejas colectivas, que pueden mostrar un aumento de quejas al Defensor del Pueblo pero no el peso específico de los asuntos tratados.
Voy terminando, señora presidenta. Esta es posiblemente la presentación del último informe anual en esta legislatura, una legislatura que iniciamos en el año 2000
con el debate de un informe hecho por otro defensor y que correspondía a un año de calendario que tampoco era el de esta legislatura. Desde la continuidad de los informes se ha evolucionado muy progresivamente hacia un redactado que
esperamos marque una vía de continuidad, y aunque nada de lo que definamos en esta Cámara es eterno, sí tenemos claro que nuestro objetivo es el de mejora permanente en la atención al ciudadano y de respeto al Estado de derecho. Señorías, nuestro
grupo cree que ha sido muy positiva la decisión del señor Defensor del Pueblo de nombrar dos defensores adjuntos para una mejor organización interna de la institución. Esperamos que la institucionalización de estos informes complementarios que
estos adjuntos hacen cada año nos permitan en Comisión generar un debate más intenso y más plural de los mismos.
Reitero, pues, nuestro agradecimiento al señor Defensor del Pueblo en su comparecencia ante esta Cámara.
Nada más, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Gracias también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica, y a sus adjuntos por el trabajo realizado concretado en el informe que nos ha
sido presentado hoy, y por su presencia en esta Cámara, en la que siempre son bien recibidos.
Antes de entrar en el contenido concreto del informe, quisiera hacer una valoración positiva del plan de renovación tecnológica que está acometiendo la Defensoría y que permitirá, en un corto espacio de tiempo, la entrada de quejas por
Internet con los elementos de seguridad oportunos, así como la adaptación de la página web del Defensor del Pueblo a las personas con discapacidad. Como tenemos poco tiempo, pasaré directamente al informe. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la presidencia.)
En primer lugar, quiero señalar que llama notablemente la atención el considerable aumento del número de quejas hasta casi doblar las del año anterior. Hemos pasado de 13.365 habidas en 2001 a 21.191 registradas en 2001. Esto nos lleva a
preguntarnos si este aumento en temas tan sensibles como la sanidad, la vivienda, la educación o la justicia no es un indicativo del deterioro de los servicios públicos, de la propia gestión de las administraciones y del vulnerable Estado del
bienestar; sobre todo, señoría, si tenemos en cuenta que la queja es la reclamación a la Defensoría de quienes entienden vulnerados sus derechos. No quiero acabar este apartado sin hacer mención a lo que me parece un caso crónico, como mencioné ya
en Comisión, en los informes del Defensor, no sólo en éste de 2002; me refiero a la reiterada aparición del Ministerio de Fomento como Administración entorpecedora de la labor de la Defensoría. No sólo no toma conciencia de su obligación de
colaborar con el Defensor del Pueblo, sino que es considerada una vez más como hostil y entorpecedora del ejercicio de las funciones constitucionales que tiene encomendadas el Defensor del Pueblo; actuación que sin duda ha sido denunciada por
nuestro grupo parlamentario al tiempo que, tal y como sugerimos en la Comisión, pedimos a la Defensoría se adopten las medidas necesarias para evitar esta situación.
A continuación, señorías, pasaré a destacar algunos de los temas analizados en el informe que nos muestran una buena foto fija de los problemas que ocupan y preocupan a los ciudadanos y que sin duda, a través de la Defensoría, nos trasladan
esa preocupación, que nuestro grupo verá reflejada con posterioridad en la presentación de iniciativas parlamentarias en las distintas comisiones y plenos de estas Cortes Generales. Un año más nos encontramos con una crítica generalizada a las
administraciones públicas y con un gobierno sordo a la más que pedida reclamada presentación del estatuto básico de la Función pública y a la creación de nuevas comisiones de expertos que den salida a las denuncias, a las reclamaciones formuladas
por el Defensor y que fueron pedidas por nuestro grupo parlamentario en múltiples ocasiones. El mal funcionamiento de las administraciones, y en consecuencia del Estado, se deja ver en todas las áreas reseñadas en este informe. La conclusión para
nuestro grupo no puede ser otra que la de que España no funciona. Por ejemplo, en relación con la Administración de justicia, el propio informe habla de la lentitud de la misma y la señala literalmente como un mal endémico que reclama una actuación
vigorosa y eficaz. Los datos ofrecidos sobre los asuntos pendientes en el Tribunal Supremo, con casos que serán resueltos 25 años después de que acontecieran los hechos; en los tribunales superiores de justicia, en los que sucede otro tanto y los
demandantes fallecen antes de obtener justicia, y un largo etcétera son realmente desalentadores y nos reafirman en la denuncia de falta de medios humanos y económicos que hagan efectiva de una vez por todas el derecho a la tutela judicial. Por
otra parte, el informe señala la problemática derivada de aspectos organizativos dentro de la oficina judicial y los derechos de los ciudadanos. A este respecto quiero recordar que hace poco que se ha debatido en el Pleno del Congreso la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que si bien se modifica la oficina judicial no se entra para nada a desarrollar la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la justicia, que fue solicitada por la totalidad de los grupos
de esta Cámara al Ejecutivo hace ya un año. En cualquier caso, señorías, señores del Grupo Popular, si este modelo recogido en su proyecto de ley pretende llevarse a cabo, sin duda serán necesarios más medios económicos y humanos que reclamamos y
reclamaremos en los debates oportunos.
Seguimos con la mala gestión y con el abandono, en este caso, en la política penitenciaria. Señor Múgica, usted denuncia el hacinamiento de algunos centros penitenciarios y la sobreocupación generalizada, denuncia que compartimos y sobre la
que no se ha propuesto ninguna solución por parte del Ejecutivo, ya que como ha puesto de manifiesto mi grupo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, y además señala expresamente el informe de la Defensoría, los nuevos centros
previstos -cuatro en Madrid, dos en Andalucía y uno en Valencia- no tienen consignación presupuestaria este año 2003 y de los centros programados en 1992 -verdadero escándalo- aún no han comenzado su ejecución los previstos en Canarias, Navarra y
País Vasco. Una vez más, en este como en otros asuntos, nos encontramos con el deterioro de los servicios y la falta de compromiso presupuestario a que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo.
Lamentablemente, el informe no es más halagüeño en otro de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, la violencia, y sobre todo la violencia de género. Sobre este particular la Defensoría ha realizado un trabajo de aquellos casos de
mujeres fallecidas que habían reiterado denuncias sobre malos tratos con anterioridad, casos que ponen de manifiesto que tanto los dispositivos policiales como la Administración de justicia no están dando a las víctimas de estas agresiones la tutela
y la protección que merecen. La evidencia la tenemos, desgraciadamente, en las 40 mujeres asesinadas en lo que va de año. Esperemos que la próxima entrada en vigor de la orden de protección, pactada por todos los grupos de esta Cámara, atempere
esta situación a la que sin duda el Gobierno deberá aportar los medios necesarios para hacerla efectiva, aunque mi grupo está convencido de que sólo una ley integral conseguirá avanzar en la erradicación de este terrorismo de género.
Ante el hecho de la inmigración y la extranjería, otro de los temas tratados ampliamente en el informe, se incide sobre todo en aspectos relacionados con la falta de medios de la Administración en general. La falta de medios en la
Administración encargada de tramitar los permisos para extranjeros es acuciante y ya no se debe a una cuestión coyuntural sino a una demanda estabilizada, de tal modo, señor Múgica, que estamos totalmente de acuerdo en su recomendación general para
la adecuación de los medios de la Administración a la demanda actual, tal como mi grupo ha venido reclamando, para evitar este círculo vicioso de colas, retrasos, perjuicios e irregularidades del que sólo se puede salir reorganizando las estructuras
y adecuando los medios. Respecto a las cuestiones de garantías de los derechos de los inmigrantes a los que se refiere el informe, como la tutela judicial efectiva reconocida recientemente por sentencia del Tribunal Constitucional, es de todos
conocida la posición del Grupo Parlamentario Socialista y, como todos sabemos, son cuestiones sobre las que van a producirse reformas legales, por lo que no voy a incidir en ellas en este momento.
Señor Múgica, quiero también felicitarle, aunque no se corresponde con el ejercicio 2002, por el anuncio realizado la pasada semana de apertura de una investigación de oficio respecto a los inmigrantes provenientes de pateras que fallecen en
nuestras costas y que ofrece datos tan escalofriantes. Del mismo modo, queremos pedirle desde mi grupo parlamentario que se inicien investigaciones de oficio para conocer la situación de las líneas férreas en nuestro país, problema sobre el que ya
han llegado alarmas a la Defensoría, por ejemplo, en relación con el inadecuado estado de conservación de las líneas férreas convencionales.
Ya aparece en este informe de 2002 una actuación referida a la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, que apunta
claramente este déficit en las infraestructuras ferroviarias.
Señorías, al mal funcionamiento de las administraciones en general viene a sumarse en el informe la denuncia sobre el deterioro de servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad, en los que llega a quebrantarse el principio
de igualdad de acceso a los mismos. En lo que respecta a educación, ya en el informe del año pasado el Defensor denunciaba el grave déficit que presentaba la oferta de plazas de primer ciclo de educación infantil; este año añade a eso su
preocupación porque la Ley de calidad de la educación y su implantación signifiquen un nuevo compás de espera -dice literalmente- en la imprescindible atención de estos alumnos, preocupación que comparte el Grupo Socialista. Otro asunto es la
disminución de becas en nuestro país, denunciada en reiteradas ocasiones por nuestro grupo y que encuentra también eco en el informe del Defensor que acusa al ministerio de limitar el acceso a las becas y critica el endurecimiento de los criterios
que han reducido sensiblemente el número de beneficiarios. En concreto hace referencia a un sorprendente incremento de las quejas que han llegado a la institución y señala la limitación que desde el ministerio se ha hecho de las ayudas
compensatorias, becas de movilidad y la Séneca para estudiar en el extranjero. Esperamos que el Defensor del Pueblo haga valer sus recomendaciones y sugerencias al Ministerio de Educación ante lo que para nosotros supone un grave quebrantamiento
del principio de igualdad de oportunidades.
En el amplio apartado dedicado al derecho a la salud, destacan las alertas de la Defensoría en torno a la salud mental y al ámbito sociosanitario, ya que son dos graves déficit de nuestro Sistema Nacional de Salud. Dice literalmente el
informe: La persistencia de acusadas carencias en la dotación de recursos y sensibles desequilibrios territoriales está presente en no pocas de las quejas planteadas. Poco se ha avanzado en el reto que representa para el Sistema Nacional de Salud
la insuficiencia de estructuras para una adecuada atención psiquiátrica y de salud mental. No podemos sino coincidir con el Defensor del Pueblo en su análisis y en la crítica al Gobierno de la nación, que presentó en 1997 el Plan de Alzheimer y
desde entonces duerme el sueño de los justos mientras
que cerca de 500.000 personas afectadas por este trastorno neurológico y otros tantos potenciales esperan una respuesta. Hay que subrayar que se han dirigido a la Defensoría 5.300 personas, familiares de enfermos de Alzheimer, destacando la
precaria situación de estos enfermos y de sus familias, así como la lentitud de las administraciones públicas en dar respuesta a los graves problemas de atención que padecen.
Señorías, ni el sistema sanitario español ni el social están preparados para el reto de la cronicidad y de la vejez. Los servicios médicos sociales son prácticamente inexistentes en España, un país en el que el 16 por ciento de la población
son ancianos y casi un 40 por ciento de la población hospitalaria también lo es. Se calcula que en nuestro país hay en estos momentos más de siete millones de personas mayores de 65 años.
La atención a los ancianos y a los dependientes la están
realizando las familias y, dentro de ellas, las mujeres, las hijas, a un coste personal muy elevado para ellas. No es justo, señorías, que las deficiencias del Estado del bienestar tengan que suplirlas obligatoriamente las familias y, por ende, las
mujeres. El problema de la dependencia generada por la cronicidad en determinadas enfermedades, la discapacidad severa o la vejez es uno de los principales retos de nuestro Estado del bienestar.
Señor Múgica, compartimos su preocupación por este
tema, que sin duda será uno de los protagonistas de la discusión política en los próximos años.
Qué decir respecto al deterioro del derecho a una vivienda digna, del que de nuevo el informe de la Defensoría realiza una radiografía completamente demoledora. Coincide plenamente mi grupo en la denuncia -leo literalmente- del grave
incremento de los precios de las viviendas libres, lo que de paso ha conllevado la construcción de un número menor de viviendas de promoción y con protección pública que perjudica directamente a los más jóvenes y a las clases sociales con menos
recursos económicos. Sobre este asunto, como SS.SS. conocen, mi grupo ha venido denunciando la nefasta política del Gobierno que ha reducido el número de viviendas de protección pública, aumentado el precio de la vivienda libre escandalosamente y
propiciado la especulación con una normativa inadecuada y una falta total de coordinación con la Administración autonómica y local.
Es imposible en el tiempo de que disponemos tratar todos los asuntos que recoge este amplio informe -otros han sido referidos por otros portavoces parlamentarios-, pero no podemos dejar de señalar, aunque sea de forma somera, aspectos
relacionados con las comunicaciones, lo cual es muy importante, y la implantación de las nuevas tecnologías, por lo que de indicativo de compromiso de futuro tiene. En este ámbito tampoco es halagüeño el informe del Defensor. También aquí nos
encontramos con un escaso desarrollo de Internet, de la telefonía, deterioro del servicio y falta de compromiso de la Administración competente, que entre otros se ve reflejado en las negativas consecuencias sociales derivadas de la modificación de
las condiciones de acceso al abono social de Telefónica recogidas en la Orden ministerial 68/2002, que excluye a los perceptores de pensiones mínimas con cónyuges a su cargo. Señorías, en lugar de ampliar el abono social a otros colectivos con
riesgo de exclusión social como los discapacitados, los parados de larga duración y otros, tal y como hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Socialista en varias iniciativas, la medida tomada por el Gobierno y denunciada por el Defensor del
Pueblo deja fuera del abono social de Telefónica a un número muy importante de familias que constituyen uno de los colectivos más desfavorecidos y necesitados de protección. Todo ello sin que la orden ministerial contenga motivación alguna de las
razones que aconsejan modificar las condiciones de acceso al abono social, por lo que nos felicitamos de que la Defensoría haya solicitado a la Secretaría de Estado de telecomunicaciones tanto las razones que justifican esta modificación, si es que
realmente existen, cuanto el número de familias que perderían el referido abono. El Grupo Parlamentario Socialista también ha preguntado al Ministerio de Ciencia y Tecnología por dichos cambios y seguirá presentando iniciativas no sólo para la
recuperación del abono social por parte de las familias afectadas sino para la ampliación a otros colectivos.
Termino ya, señorías, afirmando que este informe es un buen barómetro para conocer la realidad de nuestro país y los problemas de los ciudadanos sobre los que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido trabajando no sólo en el control al
Ejecutivo sino presentando iniciativas que resolvieran estos grandes déficit. Por ello, señor Múgica, es de suma importancia que el trabajo de la institución sea eficaz en el cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias, lo que a mi grupo le
gustaría ver reflejado en el próximo informe anual con un apartado específico sobre el grado de cumplimiento por las distintas administraciones de las recomendaciones y sugerencias admitidas por los mismos y que no vemos cumplidas en bastantes
ocasiones. Espero que su trabajo y su reflexión coadyuven a mejorar las graves deficiencias detectadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Pérez Domínguez, debe concluir.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Acabo enseguida, señora presidenta.
Cuente con el apoyo de mi grupo para conseguirlo y con nuestro trabajo desde estas Cortes Generales.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, señor Defensor del Pueblo, adjuntos que le
acompañan y demás miembros de la institución, bienvenidos al Congreso de los Diputados.
Hace unos minutos escuchábamos el informe anual correspondiente al ejercicio 2002, el tercer informe anual que presenta el señor Múgica en esta Cámara, y hemos podido constatar una vez más el abundante e importante trabajo desplegado en el
pasado ejercicio. Por atenerme al poco tiempo del que dispongo y al esquema del mismo documento, me referiré en primer lugar a las cuestiones estadísticas que se han citado.
Es de valorar el notable incremento de las quejas presentadas, 21.191, frente a las 13.365 del ejercicio precedente, incremento que tiene como razón fundamental el crecimiento de las llamadas quejas colectivas, lo cual es un factor que suele
tener un carácter cíclico, por lo que tampoco debemos prestarle mayor relevancia. En cualquier caso, también es de destacar que continúan incrementándose las quejas presentadas por mujeres, el notable porcentaje que tienen las quejas procedentes de
ámbito nacional y la importante, cómo no, presencia y participación en las quejas de ciudadanos que proceden de países extranjeros, como es el caso de los países iberoamericanos, especialmente aquellos que están atravesando dificultades económicas.
El amplio panel de sectores temáticos que se recoge en el informe, un total de 19, evidencia, como en otros informes anuales, cómo las quejas referidas a la inmigración, a los problemas derivados de las administraciones públicas, a la Administración
de justicia, a la ciudadanía y a la seguridad pública, a la acción social, a la Seguridad Social, al urbanismo y a la vivienda son las que dominan por encima de las demás. El estado de tramitación de las quejas es, a juicio de este diputado, un
importante test del funcionamiento, de la agilidad y de la eficacia de la institución. El hecho de que se haya admitido a trámite el 53,60 por ciento del total de las quejas evidencia que hay un alto porcentaje de ciudadanos que todavía presentan
quejas que luego no pueden ser admitidas como consecuencia de razones tan fundadas como no haberse encontrado indicios de irregularidad administrativa, de haber sentencia firme o de haber intervención judicial. En cualquier caso, sí que coincidimos
con la oportunidad de seguir intensificando las labores de información y de conocimiento de la institución y de las quejas que pueden ser o no admitidas a trámite. Otro test importante es la valoración de la actuación, correcta o no, de las
administraciones públicas en relación con las quejas. Por el informe se constata que hay un elevado grado de actuación correcta de las administraciones, en concreto un porcentaje del 55,20 por ciento y un porcentaje del 16,15 por ciento de
administraciones que subsanan las irregularidades como consecuencia de la actuación del Defensor del Pueblo.
Por lo que se refiere a las recomendaciones y sugerencias, quitando las primeras que son las que tienen mayor entidad y que son resoluciones del Defensor que inciden en que se dicte una determinada norma o que se modifique alguna
legislación, es importante ver cómo el 70,88 por ciento de las recomendaciones, a fecha de junio del presente año, han sido admitidas. Esto revela el alto grado de persuasión que tiene la institución y, por otra parte, la calidad de las
recomendaciones. Lo mismo cabe decir del nivel de admisión de las sugerencias, que se sitúa en torno a un 50 por ciento.
Por comentar las referencias que se realizan en el informe con respecto a aquellas administraciones que han incumplido la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo, que se refieren una vez más a administraciones de todo orden, a la
Administración general del Estado pero también a administraciones autonómicas y locales -por cierto, de todos los signos políticos del arco parlamentario que hay en este Congreso de los Diputados-, se cita al Ministerio de Fomento en relación con
nueve quejas, de la cantidad que todos los años tiene este ministerio tan importante, como las tienen otros ministerios importantes, que se refieren la mayoría a cuestiones relativas a expedientes de expropiación.
Los expedientes de expropiación
son realmente muy complejos y en ellos muchas veces la propia identificación del problema de la queja exige necesariamente un cierto retraso, pero en cualquier caso en el momento en el que estoy hablando, y ya desde el mes de marzo, de esas seis
quejas cinco están absolutamente cerradas por la institución del Defensor del Pueblo. Por tanto, en ningún caso debe generalizarse una situación puntual y extenderla como incumplimiento o de actitud entorpecedora, por lo que yo quiero dejar en buen
lugar al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Carreteras que ha tramitado 8.053 expedientes de expropiación en el año 2002 y que ha tenido, repito, seis quejas con un cierto retraso.
Entrando ya en las áreas de la Administración pública supervisadas por el Defensor del Pueblo, me referiré en primer lugar al área de justicia. Una vez más, y creo que así sucederá en todos los informes porque es consustancial a la propia
idiosincrasia de la Administración de justicia, se advierten dilaciones en procedimientos judiciales. En este caso son las salas primera y tercera del Tribunal Supremo las que presentan retrasos y un importante número de asuntos pendientes. Nos
quedamos con este llamamiento a que se subsanen estas deficiencias, pero también nos quedamos con el dato, que el propio informe constata, de que cada día es mayor el número de asuntos que resuelve este importantísimo tribunal de nuestro país. Lo
mismo cabe decir de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia, en las que también hay dilaciones pero se aprecia una mayor agilidad como consecuencia de la implantación de los juzgados de lo
contencioso-administrativo.
Coincidimos con la reflexión que se hace en el informe sobre la víctima y el tratamiento que recibe en nuestro ordenamiento. Es cierto que en algunas ocasiones las intervenciones han permitido conocer que el trato que reciben las víctimas
no es el más adecuado. Por eso compartimos con el Defensor su preocupación por el tratamiento que reciben y, en concreto, valoramos mucho
el hecho de que el Pleno de esta Cámara del 12 de junio haya aprobado la proposición de ley reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, una orden de protección en la que se destacan medidas cautelares para
protegerlas cuando persiste el riesgo y que son presupuesto para la renta activa de inserción social que gestionará el INEM y que de alguna manera esperemos que contribuya a paliar este importante problema.
Se ha referido el Defensor del Pueblo y yo también quiero citar la importante modificación del artículo 107 del Código Civil, que va a permitir que los procedimientos de separación y divorcio de los ciudadanos extranjeros puedan regirse por
la legislación española y acabar así con esas vejatorias situaciones en las que se encuentran muchas mujeres que provienen de países vecinos. Por tanto, que este proyecto de ley que está en marcha pronto sea una realidad contribuirá sin duda a la
solución de este problema.
Cita también en el área de justicia un tema que quiero poner de relieve en este Cámara: el amplio número de personas desaparecidas que hay en España, situación que nos debe preocupar a todos. Conozco el caso de don Guillermo Collarte, un
empresario de mi provincia desaparecido hace años y que su familia pena todavía por su ausencia y por tener noticias de su paradero. Yo reclamo unas investigaciones policiales y judiciales mucho más ágiles. Hay muchas personas que están sin
identificar y esto hace que se planteen recomendaciones en orden al tratamiento automatizado de un conjunto amplio de bases de datos en España y que se unifiquen y se mejore la tecnología del ADN para posibilitar que estas personas que tienen a sus
familiares desaparecidos tengan una pronta respuesta.
En el área de prisiones, a la que alude el Defensor, tomamos cumplida nota de los problemas de sobreocupación que hay en algunos centros penitenciarios de España, pero la situación no es generalizada ni la única responsabilidad es de la
Administración penitenciaria. El esfuerzo que se está haciendo en construcción de nuevos centros penitenciarios es enorme y yo quiero pedir una mayor colaboración, como hace el Defensor, de las administraciones local y autonómica en orden a la
dotación de suelo en el que se puedan construir estas infraestructuras penitenciarias. Es fundamental seguir persistiendo en el tratamiento de los reclusos con drogodependencias y, en este sentido, quiero valorar los esfuerzos que se están haciendo
en materia de tratamiento con metadona, los programas de intercambio de jeringuillas y, cómo no, los programas libres de drogas, como el que se está llevando a cabo en el centro penitenciario que hay en mi provincia y que es un ejemplo modélico de
cómo hay que integrar y rehabilitar a personas que tienen problemas importantes de salud. Lo mismo cabe decir de la recomendación -de la que tomo muy cumplida nota- de seguir potenciando el trabajo productivo de los internos en los centros
penitenciarios, que es un derecho que efectivamente reconoce nuestra Constitución y que está en una línea no de estancamiento sino de crecimiento, porque estamos ya en una cifra de 8.737 internos que tienen hoy trabajo en las prisiones.
El área de emigración, señorías, es importante y aunque España en estos momentos sea más receptora de inmigrantes que emisora de emigrantes nos debe preocupar especialmente. Tomamos como propias las recomendaciones que se hacen sobre la
asistencia y mejora del trato en consulados y valoramos los esfuerzos que se hacen desde la Administración en relación con la mejora de la asistencia a nuestros ciudadanos. También es importante que citemos en esta Cámara que tenemos presos
españoles en el extranjero que están viviendo en algunos países una situación muy poco favorable, yo diría que en algunos casos terrorífica, como pone de manifiesto el informe. En este sentido, todos los esfuerzos que podamos hacer para contribuir
al alivio de su carga y para facilitar su pronto regreso al cumplimiento de esa condena en España serán pocos. Desde luego, también es importante que tomemos nota de las reflexiones que se hacen en orden a la mejora de la atención a los emigrantes,
especialmente a aquellos que tienen una situación de mayor desvalimiento como consecuencia de su edad o de su situación económica.
En el tema de la inmigración, las recomendaciones son muchas e importantes. El contingente se ha puesto de manifiesto como un instrumento importantísimo para regular la llegada a España de personas, pero no es, como dice el informe, la
panacea, por eso el contingente de 2003 mejora mucho el de 2002. También, cómo no, nos quedamos con las reflexiones sobre la necesidad de seguir en la línea de mejorar la política y los planes de integración, en los que tiene que jugar un papel muy
importante no sólo la Administración general del Estado sino la local y la de las comunidades autónomas. La política de inmigración del Partido Popular se pone de manifiesto en la reforma legal que se ha esbozado en el Consejo de Ministros del
pasado 13 de junio; una nueva reforma que lo que busca es que la inmigración tenga efectos positivos en lugar de efectos negativos; una reforma que va a mejorar la gestión de los trámites administrativos simplificando, por ejemplo, la gestión de
permisos y de visados y que va, cómo no, a luchar contra la inmigración ilegal y especialmente contra esas terribles mafias que están explotando a tantos ciudadanos que buscan su alivio económico y la mejora de sus condiciones.
Tampoco puedo dejar de referirme, señorías, al área de sanidad, que es una importante preocupación de los ciudadanos españoles. Me alegra que el Defensor haya citado lo que va a suponer la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, que nuestra excelente ministra y paisana Ana Pastor ha conseguido que sea apoyada por toda la Cámara con un amplio consenso.
Se va a potenciar el Consejo interterritorial de la Salud, se va a potenciar la ordenación de prestaciones y se aborda de una manera eficaz la problemática de las listas de espera, unas listas de espera que se van a solucionar sobre la base
de un principio general de prestación de servicios en condiciones de igualdad efectiva y de calidad. En esta ley se establecen garantías en las prestaciones en lo que se refiere a igualdad efectiva, al tiempo máximo de acceso, a la información
sobre derechos y deberes y sobre la cartera de servicios. También debemos recordar el real decreto que se aprobó en mayo de este año que establece unas medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera.
Al área de educación, en este minuto que me queda, no quiero dejar pasar por alto la importancia que le damos. La educación infantil de cero a tres años es ciertamente un objetivo que pone el Defensor encima de la mesa y que contempla la
propia Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre.
La educación infantil se establece ya como una etapa de educación preescolar y se le atribuye una finalidad educativa y asistencial. Si se establece un periodo temporal de cinco años es porque las
propias comunidades autónomas deberán tener un periodo transitorio en el que adaptarse a esta situación. Y cómo no, tomo cumplida nota de las referencias a la necesidad de mejorar, simplificar y agilizar la homologación de títulos extranjeros de
educación superior o la necesidad de seguir trabajando en la implementación de la gratuidad de los libros de texto. Tampoco quiero dejar de citar el enorme esfuerzo que desde la Administración se ha hecho para seguir dotando de becas y ayudas al
estudio, que en modo alguno han disminuido en España sino que se han seguido incrementando de una manera notoria tanto en cuantía como en presupuestos y en número en el año 2002 en relación con los años precedentes. Es cierto que lo que se ha hecho
ha sido dar un carácter preferencial a aquellos colectivos más necesitados como los desempleados, las familias numerosas, los huérfanos y familias con pocos recursos económicos. Esta es la realidad. En fin, señorías, podría seguir desmenuzando y
desgranando este interesantísimo informe del Defensor, pero el tiempo se termina.
Señor Defensor del Pueblo, en este último informe que se rendirá en la presente legislatura y después de este período, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero reconocer el gran trabajo desarrollado por el alto comisionado de las
Cortes Generales y por todo el equipo de la institución, agradecerle su esfuerzo, y darle nuestro ánimo para que continúe en la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitución y en su importante labor de supervisión de la
Administración, lo cual, sin duda, redunda en beneficio de todos los españoles.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY CONCURSAL. (Número de expediente 121/000101.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA REFORMA CONCURSAL, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000102.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate sobre el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2002, iniciamos el punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado.
Anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto del proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 10/1195, de 23 de noviembre, del
Código Penal, se producirá al finalizar el debate del punto VII del orden del día, enmiendas del Senado y en cualquier caso no antes de la una del mediodía.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley concursal que se debatirá conjuntamente con las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder
Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.-El señor ministro de Justicia pide la palabra.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Deseo intervenir brevemente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna para intervenir brevemente y sólo para agradecer a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que conduce a que estos dos importantes textos legales sean hoy aprobados por unanimidad. El 17 de
octubre subía a la tribuna para expresar los motivos por los que creía que debían ser rechazas las enmiendas a la totalidad.
Hoy quiero agradecer que se hayan superado los obstáculos que esos grupos presentaban frente a un proyecto de ley que hoy
llega al Pleno de forma consesuada con todos los grupos parlamentarios. Quiero aprovechar para agradecer a todos los portavoces su trabajo y singularmente para hacerlo a quien hoy no está con nosotros, a María del Carmen
Campo Casasús, que ha hecho un magnífico trabajo de diálogo y de consenso.
Señorías, hoy se aprueba en esta Cámara una importante reforma de nuestra justicia en la que quiero agradecer el trabajo que ha hecho el Senado.
Desde el Senado se han hecho aportaciones importantes para que la creación de los juzgados de
lo mercantil y la Ley Concursal permitan que nuestra justicia económica pase del siglo XIX al siglo XXI. Son dos leyes que permiten una justicia más ágil, acorde con una economía más dinámica, una justicia que ofrezca más confianza a quienes
ofrecen puestos de trabajo y los mantienen, y una justicia especializada creando 62 juzgados de lo mercantil.
Señorías, quiero finalmente manifestar la satisfacción por haber alcanzado un consenso no sólo con todos los grupos parlamentarios, sino también y de manera muy importante con todos los agentes sociales. Esta ley cuenta hoy con el apoyo y
el respaldo de los sindicatos, que inicialmente expresaron sus reticencias e incluso su rechazo a aspectos importantes.
Haber sido capaces de llegar a un acuerdo con los sindicatos, con todos los agentes sociales, con los sectores empresariales,
con el sector financiero, con los colegios de abogados, las corporaciones, me parece un eje esencial. Y, señorías, ese consenso tendrá su prolongación en el plan de implantación que, lo quiero anunciar esta mañana, pondremos en marcha entre el
Ministerio de Justicia, todas las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Se trata, señorías, de una ley con una aportación del Senado que creo muy inteligente: en lugar de dar una vacatio legis, que genera una entrada en
vigor aleatoria, por primera vez, y creo que es un buen precedente, se fija una fecha precisa y determinada, el 1 de septiembre del año 2004, para su entrada en vigor.
Esa magnífica aportación del Senado nos permite y obliga a todos a impulsar un
plan de implantación que haga que nuestros jueces se formen mejor y se especialicen, que permita que esos 3.000 economistas que han accedido ya al registro de economistas forenses se acrediten, se especialicen y se formen, que permita que los
equipos novedosos de asistencia forense, de economistas, auditores y contables estén a punto y que permita la implantación de los juzgados de lo mercantil allí donde nuestra sociedad es más dinámica y donde crea empleo. Estos juzgados, señorías,
atenderán no sólo lo relativo a las situaciones concursales sino también a los contratos mercantiles, a la propiedad industrial, a los asuntos relativos al transporte, los seguros, el derecho de la competencia, la marca y las patentes. En
definitiva, señorías, se trata de una apuesta muy ambiciosa, pero también muy realista, por hacer que nuestra justicia sea acorde con una economía dinámica, que cree empleo y resuelva mejor los problemas de este sector.
Finalizo, señorías, después de haber agradecido a todos los portavoces su trabajo, reconociendo el trabajo tan importante que hicieron la comisión de codificación y su presidente, así como agradeciendo singularmente al secretario de Estado y
a su equipo su capacidad de trabajo y diálogo con todos, para hacer que esta ley nazca con el consenso de la Cámara y de todos los agentes sociales que van a beneficiarse de estas novedosas leyes.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que a estos dos proyectos de ley, tanto la ordinaria como la orgánica, con relación a la Ley Concursal, nos han llegado remitidos del Senado.
En primer lugar, quiero decir que nos sentimos cómodos al apoyar estas enmiendas, porque muchas de ellas han sido recogidas precisamente en los textos que había presentado Coalición Canaria al respecto, y dado que en el trámite de este
Congreso de los Diputados nuestra aportación de enmiendas fue amplia y muy generosamente recogida por el grupo parlamentario mayoritario y por el propio Ministerio de Justicia.
Posteriormente, en el Senado se recogió otra amplia batería de
enmiendas que tenían su razón de ser, como las de otros grupos, en la importancia y la amplitud de un complejo y complicado proyecto de ley, como es el de entrar de manera definitiva a ordenar jurídicamente todos los aspectos concursales en la ley
mercantil y la creación de los juzgados de lo mercantil. A este respecto, queremos señalar que las aportaciones que se han hecho en algunas enmiendas del Senado no son puramente, como lo son la mayoría, de carácter técnico y procedimental más
explicativo.
Para dar claridad a la comprensión del texto, por la lectura que se deduce de sus preceptos, sí quiero destacar las enmiendas al artículo 10, que suponen una importante modificación, por cuanto se solicita la declaración conjunta de concurso
de varios deudores, o que, cuando se trate de concursos acumulados, el deudor con mayor pasivo y la sociedad dominante se conviertan en decisivos para determinar la competencia.
También destacamos la enmienda número 35, por la que parece oportuno que el juez pueda apreciar por sí mismo la conveniencia de llevar a cabo una atribución individualizada de competencias a algunos de los miembros de la Administración
concursal.
También es acertada la enmienda número 55, que señala y prevé, con este texto, que declarado el concurso podrán continuarse las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes al concursado, siempre que estos no resulten
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. En la misma línea está el artículo 64 en cuanto a los supuestos
de suspensión del derecho de rescisión del contrato con indemnización.
La enmienda al artículo 92 viene a señalar que se equiparan los créditos que consten en otro procedimiento judicial a los que constan en el concurso, a los efectos de exclusión de los créditos subordinados. Es una aportación que da una
seguridad jurídica al respecto, igual que la enmienda al artículo 97 que viene a exceptuar de la extinción de garantías a que se refiere, cuando el concursado sea persona natural, a los créditos comprendidos en distintos apartados de la ley.
La enmienda al artículo 128, como la del artículo 131, tienen suficiente envergadura, sobre todo cuando había que clarificar para seguridad jurídica el inicio del plazo para impugnar el convenio en caso de propuesta anticipada en lo
concursal.
La enmienda al artículo 173, como la que se refiere al artículo 195, se ven después perfeccionadas también en el texto en las disposiciones derogatorias, en las disposiciones finales en que se ha hecho una actualización adecuada a esta ley
concursal de normas que vienen en el Estatuto de los Trabajadores, en el Código de Comercio, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en la Ley Tributaria, otra vez también en el Estatuto de los Trabajadores y en
la Ley del Mercado de Valores.
Señorías, estamos ante una importante decisión del orden competencial mercantil y esto significa una modernización. De aquí que coincidamos plenamente con lo que acaba de decir el señor ministro de Justicia, el señor Michavila. Nosotros
también tenemos que mostrar un reconocimiento a su departamento, a los altos cargos que han entendido en todo momento la finalidad perfeccionadora y constructiva de las enmiendas que Coalición Canaria había presentado al respecto. Por esta razón,
termino señora presidenta, las votaremos favorablemente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)... (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida... Perdón, señora Uría, no la veía.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Problemas de estatura, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Más bien de la altura de la tribuna.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, fin del trayecto. Es el último paso por esta Cámara, por este órgano legislativo bicameral de un proyecto tan trascendente como es el proyecto de ley concursal. Desde el comienzo manifestamos en esta Cámara que
del examen del proyecto nuestro grupo llegaba a la convicción de que merecía la pena su tramitación, puesto que creíamos sumarnos con ello a una corriente mayoritaria que veía necesario reformar y actualizar de una vez el ordenamiento jurídico, un
sector del ordenamiento del que nos acordamos lamentablemente cuando las cosas van mal dadas, cuando emergen los ciclos económicos negativos y comienzan a exteriorizarse los supuestos de crisis empresariales. Decíamos, además, que este proyecto de
ley no representaba en su conjunto una opción puntual de una determinada política legislativa, sino que era fruto de un amplio consenso puesto que ha traspasado varias legislaturas. Es hijo o es heredero de anteproyectos anteriores, de estudio de
distintos períodos de tiempo, con lo cual nos parecía que tenía un bagaje importante, un peso para poder ser tramitado y llamábamos a todos los grupos de la Cámara para que pusiésemos el esmero bastante para elaborar una norma que tiene clarísima
vocación de estática y, por tanto, creíamos necesitada del máximo consenso.
Esta tramitación pausada, esta tramitación con la búsqueda del consenso, se ha cumplido tanto por quienes fueron promotores de la iniciativa, el propio Gobierno, el equipo actual y quien comenzó la iniciativa del proyecto, como todas las
formaciones políticas que, justo es reconocerlo, han hecho gala durante la tramitación de la mejor voluntad de llegar a acuerdos, acuerdos que también se han conseguido con sectores sociales implicados en el asunto y que merecía la pena traer al
consenso en relación con el texto que ahora analizamos. Teníamos nosotros algunas dudas en cuanto a cómo estaba tramitada en lo procesal la jurisdicción única que se establecía. También nos parecía que existía alguna falta de precisión en cuanto
se hablaba de acciones civiles individuales, en relación con las colectivas de los trabajadores, y nos gustó la frase que se contiene en la Sentencia 3/1983, del Tribunal Constitucional cuando dice que no debiera perderse de vista el carácter
igualador y compensador de las desigualdades sociales que tiene el derecho laboral y que debía ser objeto de especial cita en relación con este tipo de procedimientos, cuya trascendencia económica y social no hace falta hacer objeto de especial
mención. De la misma manera, todas las formaciones políticas nos hicimos eco del cuidado que había que poner en cómo quedaban tratados los aspectos sociales de la norma, aspectos que, ya he indicado con anterioridad, han sido objeto de acuerdos y,
en última instancia, alguno de ellos ha sido perfilado y puntualizado en el paso del proyecto por la Cámara Alta.
Señorías, el texto del proyecto dice que pretende modificar el ordenamiento concursal, superar la diversidad de instituciones concursales, simplificar el procedimiento, haciéndolo un tipo básico y aligerado de tramitación, considerar y
evitar la situación empresarial que, aunque evidentemente no deseable en caso de producirse, vaya dirigida en la medida máxima posible a la salvación de la empresa y a la satisfacción de los legítimos
acreedores, dotar al juez de apoyos y de conocimientos técnicos -esperamos que así sea en un futuro-, reforzar el principio de que el juez del concurso conoce de todas las deudas y de todas las incidencias, actuar ante la crisis con
prontitud y eficacia y, finalmente, el aspecto que creíamos más importante desde el punto de vista social y económico, contribuir, con cambios jurídicos profundos e incisivos, al dinamismo de nuestra sociedad y de nuestra economía. Que hayamos
conseguido esto en el proyecto lo veremos cuando realmente entre en vigor, pero nos parece que en este caso el paso del proyecto por el Senado, que suele ser objeto de comentarios referidos a la mera puntualización o a los meros añadidos más o menos
de corrección lingüística, es de justicia alabarlo por el cuidado puesto, el mimo que se le ha dado al proyecto, la información puntual que todos los ponentes del Senado nos han dado a los ponentes en el Congreso y también la tutela de todas las
modificaciones que desde el propio ministerio se ha llevado a cabo.
Nos parece un acierto que en la exposición de motivos se hayan recogido aspectos tales como la unidad legal de disciplina y de sistema, junto con los principios de flexibilidad y economía; de la misma manera que en el artículo 2 se haya
recogido cuál es el presupuesto objetivo que puede llevar a una declaración de concurso. Igualmente se ha perfilado la intervención del ministerio fiscal, el deber de solicitar la declaración de concurso, cómo se articula la solicitud por el propio
deudor, y que el juez del concurso deba ser también quien se pronuncie sobre la justicia gratuita en el caso de que en este procedimiento proceda, lo que creemos que es otro acierto en el punto 5 del artículo 8. La competencia para conocer de estas
cuestiones, la declinatoria, la solicitud por el deudor, todos estos aspectos han sido debidamente perfilados, al igual que lo que hace referencia al órgano que llevará a cabo la Administración judicial.
El requisito de colegiación, que por un
error inadvertido había salido indebidamente regulado de esta Cámara, ha sido objeto de rectificación en la Cámara Alta. De la misma manera que la sustitución que se hace de la Ley de auditoría por la Ley de reforma del sistema financiero de 2002,
en lo que ésta reforma la Ley de auditoría, nos parece una precisión que puede ayudar a clarificar cuál es el panorama normativo en relación con estas cuestiones.
Nos parece importante que en el artículo 46 se haya hecho una regulación y un pormenor referido a las cuentas anuales y a los casos de auditoría obligatoria, de la misma manera que agradecemos que se haya hecho eco el Senado de una enmienda
que procede de mi propio grupo, cuando en los artículos 55 y 56.2 se hace referencia al cuidado entre la continuidad de la empresa en relación con las ejecuciones laborales. Importantes son todas las reformas que hacen referencia a la situación de
los contratos de trabajo a partir del artículo 64, de la misma forma que la clasificación de los créditos concursales y contra la masa en relación con lo que se establece respecto de los créditos laborales.
En cuanto al artículo 100, nos gusta que la propuesta de convenio y empresas con especial trascendencia vaya a requerir el informe de la Administración económica competente. Se es respetuoso con la delimitación competencial pero, a la vez,
se incluye el dato de que la especial relevancia para un sector económico en relación con una determinada declaración concursal deba ir avalado por la Administración que tenga competencia en esta materia en el área de que se trate.
Nos parece importante que en el artículo 169 se haya añadido que la determinación de los daños y perjuicios debe ir en el informe de la Administración concursal y en el dictamen del ministerio fiscal. En el artículo 194 se han incluido
precisiones en la demanda incidental para cohonestar el contenido de la ley con el contenido de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que siempre es de agradecer.
También es importante que en el artículo 195 se regule el incidente concursal en materia laboral y que en las disposiciones finales se haya regulado de manera más precisa la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del
derecho procesal supletorio y la especial mención que se hace en ella del cometido que incumbe en esta materia con un cuerpo que tradicionalmente no está bien acogido en sus pretensiones, que es el de los secretarios judiciales y al que también en
este momento me gustaría rendir tributo por la misión que desempeña.
Respecto de otras disposiciones referidas a la Ley del Mercado de Valores, del mercado hipotecario, a cómo ha quedado la reforma de la Ley de sociedades anónimas, nos parece que las puntualizaciones que el Senado ha introducido con especial
mimo, como he indicado en el comienzo de mi exposición, hacen que el proyecto haya quedado perfeccionado de una manera que es realmente estimable. Nos gustaría que quedasen igualmente claras las precisiones que hacen referencia a la entrada en
vigor de la norma. Nos suscita alguna curiosidad si la disposición que se contiene a este respecto en la ley orgánica que acompaña a la ordinaria de concurso se cohonesta con lo que es la verdadera voluntad del legislativo. En todo caso, mi grupo
estaría dispuesto, como supongo que todos los de la Cámara, a darle una redacción en este momento, puesto que las dudas que nos entran sobre la entrada en vigor de preceptos concretos creo que no obedece más que a un error material de redacción que
podría perfectamente ser subsanado en este trámite último en la Cámara por el acuerdo de todos los grupos.
La ley orgánica que acompaña a la concursal contiene regulaciones de especial relevancia y trascendencia respecto de las cuales mi propia formación política hizo numerosas enmiendas, intentando que debía garantizarse la situación del
sometido a concurso del que no es lícito presuponer la ilegalidad de su conducta y muchísimo menos que haya cometido delito alguno. Puede ser simplemente un revés en el devenir de un negocio de cualquier índole lo que le lleve a uno a una situación
de esta
envergadura, y el tenor inicial del proyecto parecía extraordinariamente duro en relación con la situación del concursado y, sobre todo, con los derechos del concursado y los que puedan suponer una interdicción sobre su propio ámbito
personal. La precisión del cuándo y la entrada en el domicilio nos parece que ha quedado bastante mejor redactado de lo que estuvo en el paso por esta Cámara, de la misma manera de las precisiones que se hacen en cuanto a la competencia del juez de
lo mercantil es adecuada desde la perspectiva de la formación política a la que represento.
Una última precisión, señorías. En su comparecencia en esta Cámara, en los trámites de audiencia previos de expertos, antes de comenzar la elaboración de la norma, el profesor Olivencia decía que el proyecto era bueno, pero que distaba de
la excelencia. El que en el paso por estas dos cámaras, con la labor de todos, como he indicado al principio, del propio equipo del Gobierno, de la propia comisión de codificación, de todas las formaciones políticas lo hayamos conseguido, sólo
cuando entre en vigor la práctica nos acreditará si realmente lo que hoy normamos es adecuado a la realidad que se pretende regular. En todo caso, el proyecto va a contar con el voto favorable de la formación política a la que represento en todo lo
que ha sido objeto de introducción de enmiendas en su paso por el Senado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señor ministro, señorías, después del michavilesco turno de agradecimiento, que usted está convirtiendo en una norma o en una práctica consuetudinaria en sus intervenciones, con el que no tenemos nada
en contra, toda vez que lo haga con la elegancia que lo ha hecho hoy, quiero decir que mi grupo parlamentario, de la misma manera que saludó el proceso final con el que se había traído aquí el primer paso del proyecto de ley concursal, saluda con
más fuerza aún el texto que nos viene remitido del Senado y, de entrada, anunciamos el voto favorable de mi formación política a todas las enmiendas que vienen del Senado.
Nadie en su sano juicio había negado, nosotros tampoco, la necesidad de que hubiera una nueva ley concursal que adaptara toda la regulación de los procedimientos concursales a la realidad social para conseguir, sin duda, una mayor eficacia y
seguridad jurídica en todo lo que es el tráfico mercantil. Es evidente que eso estaba ahí. Sin embargo, desde el inicio de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa hemos manifestado que lo relevante era aprovechar las reformas legislativas
en esta materia para aumentar, o incluso introducir, elementos de amparo en este tipo de procedimientos para los trabajadores y las trabajadoras que de manera directa se vieran afectados en su relación laboral. Es innegable que los procedimientos
concursales tienen una incidencia muy importante, trascendental, en la pérdida de empleo y de derechos de los trabajadores que en procedimientos de esta naturaleza encontraban una mínima protección.
Hemos llegado aquí y evidentemente no se puede decir que esta fuera la ley que le hubiera gustado a Izquierda Unida, pero sí considera que tiene una parte de esa filosofía, más allá incluso de nuestra propia proporción en esta Cámara, con lo
cual muy bien en las partes que, o bien a través de nosotros o a través e algunas organizaciones sindicales, se hayan introducido y mejorado. Teníamos recelos, seguimos manteniéndolos, en que no hemos conseguido romper esa división o parcelación
entre el juez de lo social y el juez de lo mercantil con la consecuencia de ineficacia en garantizar algunos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hemos de decir que las enmiendas del Senado vienen a corregir deficiencias
técnicas que tenía el proyecto y a mejorar, sin duda, la protección de los trabajadores y trabajadoras en los procedimientos concursales respecto a su redacción inicial, lo cual viene a demostrar que, o bien hemos hecho todos un buen trabajo o,
también hay que reconocerlo, que en este aspecto el oído del señor ministro y de su equipo han estado prestos a escuchar, lo cual siempre es de agradecer.
Como decía, el resultado final, que no podemos calificar de plenamente satisfactorio, sería
absurdo que dijéramos que estamos totalmente de acuerdo con él, pero viene a reflejar sin duda esa voluntad de consenso que se expresó en todos los trabajos previos entre las diferentes fuerzas parlamentarias y fundamentalmente la participación de
los agentes sociales intervinientes en este proceso. Concretamente este avance en la defensa de los derechos de los trabajadores nosotros lo entendemos plasmado en artículos tales como el 55, 64, 84, 87 y 195.
Más en concreto mostramos nuestro apoyo, porque en las líneas generales de las enmiendas aprobadas se mejora, como decía, la técnica jurídica y supone un progreso en los siguientes aspectos. En primer lugar -y eso para nosotros también era
fundamental y sin duda para las organizaciones sindicales-, un mayor control en la modificación sustancial de condiciones de trabajo y extinción o suspensión colectiva de contratos de trabajo; es decir, hay un mayor control, de lo cual nos
felicitamos. En segundo lugar, hay un reequilibrio entre la necesaria viabilidad futura de la empresa y el mantenimiento del empleo en la misma. Tercero, se abre un período de consultas a los representantes de los trabajadores para buscar una
salida negociada a estos procedimientos; nos parece importante que se dé entrada en los mismos a los representantes de los trabajadores.
Cuarto, se vincula al juez a un informe de la autoridad laboral, pudiendo ésta volver a oír a los
representantes de los trabajadores y a la Administración concursal permitir el referido informe. Quinto, se incluyen entre los créditos concursales de manera expresa los créditos laborales, comprendidos en
ellos las indemnizaciones por despido o extinción del contrato de trabajo.
Sexto, se incluyen entre los créditos privilegiados las indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional y accidente laboral. Y, séptimo -buen número-, se regula
el incidente concursal en materia laboral para el que se establece expresamente el procedimiento abreviado. Por tanto, señorías, declarar general satisfacción, moderada satisfacción, pero satisfacción al fin y al cabo.
Haga nuestro también, señor ministro, el turno que hace al principio de salutaciones y agradecimiento y, en general, si bien éste no puede considerarse, como decía, nuestro proyecto de ley, sí que las enmiendas introducidas al texto en el
Senado lo mejoran ostensiblemente, por lo que, como decía antes, vamos a votar favorablemente a todas ellas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se felicita también de poner este punto final a un proyecto de ley de una importancia tan fundamental para el correcto desarrollo de nuestra economía y para el funcionamiento de
nuestras empresas. No se trata de recordar ahora todo lo que este grupo parlamentario, a lo largo de diversas legislaturas, ha venido reclamando con la finalidad de contar con un mejor régimen jurídico de la morosidad de las empresas, un mejor
régimen -en este caso, orgánico- a través de la creación de tribunales especializados en materia mercantil. Nosotros los denominábamos tribunales de comercio, pero, en cualquier caso, bienvenidos sean los juzgados de lo Mercantil y algunos otros
aspectos. Lo cierto es que lo que nos corresponde en estos momentos es felicitarnos por el resultado conseguido, por el importante consenso alcanzado con el resto de los grupos parlamentarios, con el consenso y la colaboración que hemos tenido con
el ministerio y el ministro de Justicia, y a partir de ahí poner de manifiesto algunos de los aspectos fundamentales de la ley.
Cuando este diputado que les habla estudiaba prácticamente los últimos días de la carrera de derecho, le preguntó a un profesor por las instituciones y los procedimientos concursales. La respuesta que recibió es que esa materia era un
pantano cenagoso, proceloso, en el que era mejor no meterse. Lo que hemos intentado todos los grupos a través de esta ley, reconociendo el valor de los textos prelegislativos que se nos han suministrado, es acabar con esa idea de pantano cenagoso,
de aguas corrompidas, por qué no, porque en muchos casos así nos consta que se produce, salvando siempre el honor de muchos de los que participan también en este tipo de procedimientos. Sin perjuicio de cual sea después el funcionamiento exacto de
la ley, lo cierto es que, a través de este proyecto, se empiezan a desecar esas marismas donde, al menos mi profesor de derecho mercantil, decía que era mejor no meterse.
A través de la tramitación parlamentaria, de la que mi grupo está especialmente satisfecho, pues a través del Congreso y el Senado han sido más de cien las enmiendas que ha podido incorporar este texto, hemos podido conseguir algunos
objetivos muy importantes. En primer lugar, la ley responde a ese objetivo fundamental de conservación de la empresa como una organización generadora de riqueza, de creación y mantenimiento de los puestos de trabajo. Son muchos los preceptos que
responden precisamente a esa idea de conservación. La apuesta por la anticipación del concurso a un momento en el que exista masa suficiente para garantizar una satisfacción razonable de los acreedores y la continuación de la actividad de la
empresa. El reconocimiento de la figura del concurso inminente, esto es, de aquella organización empresarial o persona que prevea que no podrá atender puntualmente el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, a su vencimiento, que se
configura como un instrumento, por lo demás legítimo, de reestructuración o viabilidad de las empresas. El fomento del convenio que debe tramitarse, salvo que el deudor haga una opción expresa por la liquidación. La eliminación de algunas de las
ejecuciones separadas, la reordenación de los privilegios.
Ese planteamiento de que todos, trabajadores, entidades bancarias y resto de acreedores, Hacienda pública fundamentalmente también y tesorería de la Seguridad Social, cedan algo para que
todos al mismo tiempo salgan ganando. La rehabilitación de los créditos y paralización de las ejecuciones; incluso a través de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la admisión del convenio parcialmente liquidatorio;
así como -no es un tema baladí, aunque ha costado muchísimo llegar a través del artículo 64 a una formulación de consenso- el mantenimiento del juez del concurso de la competencia para conocer de los expedientes de regulación de empleo. Hay que
admitir que el mantenimiento de esa competencia era fundamental para garantizar la conservación de las empresas: que sea el juez del concurso, sin perjuicio después del recurso de súplica ante la jurisdicción laboral, el que deba conocer en los
supuestos de suspensión, extinción y modificación sustancial de las condiciones de trabajo; por último, el tratamiento de aquellos créditos dirigidos a financiar los planes de viabilidad y de reestructuración de las empresas.
La apuesta por la continuidad de la empresa y por la conservación es fundamental. Sin embargo, esta pretensión de conservar la empresa también tiene un límite claro en el artículo 100. Se acabó aquella tomadura de pelo de quitas del 90 por
ciento de los créditos, debiendo satisfacer el 10 por ciento restante en períodos de 5, 6, 7, 8 ó 10 años -en algunos de estos casos el que les habla ha
tenido que participar en estos procesos como abogado de un deudor. Se establecen unos límites claros. Salvo excepciones basadas en razones de interés para la economía en general -estatal o autonómica-, el convenio no podrá contener quitas
superiores al 50 por ciento o esperas superiores a los 5 años. Es más, se introduce una disciplina importante y es que en aquellos casos en los que la quita sea superior al 30 por ciento, al tercio, y la espera sea superior a los 3 años, se abrirá
siempre la sección de calificación del concurso, lo cual no deja de ser un instrumento para garantizar una virtud pagadora importante de aquellas personas o sociedades sometidas a concurso. Antes comparaba la situación de nuestras instituciones
concursales en la práctica con ese pantano cenagoso y proceloso -de todo había-, pero es cierto que se ha avanzado muchísimo en las garantías y en las responsabilidades. No es baladí la configuración de un juez especializado, de lo mercantil; la
potenciación, en base a esa especialización, de sus funciones de dirección y capacidad de actuación dentro del proceso; la intervención de las administraciones públicas, la laboral a efectos de la regulación del incidente del artículo 64 relativo a
los expedientes de regulación de empleo, así como la económica a efectos de apertura o no del convenio; las limitaciones que se establecen en el nombramiento de los administradores concursales: las prohibiciones, incapacidades e
incompatibilidades, así como el régimen muy reforzado de responsabilidad de todos los que participan en estos procedimientos, desde los administradores legales a los de hecho, los auditores, los liquidadores y los administradores concursales. Baste
atender al régimen que para los cómplices -entre comillas- de estas situaciones establecen los artículos 166 y 172 de la ley, con la obligación de indemnizar por daños y perjuicios. Finalmente es de destacar en este planteamiento global la
existencia de esta jurisdicción especializada que viene configurada dentro de la ordinaria por parte de los jueces o juzgados de lo Mercantil. Nosotros habíamos reclamado siempre unos tribunales de comercio que tuviesen muy presente el
funcionamiento de las empresas y es algo que vamos a lograr con la configuración de estos juzgados de lo Mercantil.
Tengo que hacer una referencia muy sucinta a la ley orgánica, que vuelve muy mejorada del Senado. Se efectúa una regulación mucho más detallada de las medidas provisionales y cautelares; se amplía la competencia de los juzgados de lo
Mercantil, pero nosotros tenemos que seguir lamentando el planteamiento que hizo el Congreso sobre los tribunales de marca comunitaria y de diseño. Entendimos siempre que entre el sistema alemán de 17 tribunales de marcas y el sistema británico de
un solo tribunal, habría sido más lógico optar -tantas veces se compara la autonomía de las comunidades autónomas española con las de los Länder alemanes- por el sistema alemán o por un sistema intermedio, pero en ningún caso mantener un único
tribunal de marca comunitaria en los juzgados de lo Mercantil de Alicante y en la Audiencia provincial de Alicante o, en última instancia, un reparto más equitativo. Después, en el debate de la siguiente ley, citaré esta cuestión. Si corresponde a
Alicante la marca comunitaria, no debiera haber oposición a que Barcelona, que es la capital del diseño comunitario y del diseño español, pudiera ser la sede de los juzgados de diseño.
Haré una referencia muy sucinta a las enmiendas introducidas por el Senado. Se ha procedido, con buen tino, a eliminar el calificativo de puntual en el apartado 2.2 de la ley. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la
presidencia.) Es cierto que en los supuestos de concurso necesario debiera eliminarse esa calificación. Sin embargo, se efectúa con mucha corrección su mantenimiento en el apartado 3 del artículo 2 porque, sin lugar a dudas, en los supuestos de
concurso voluntario en los que hay que atender a un concurso inminente porque la empresa prevé la imposibilidad de atender obligaciones a su vencimiento, esta imposibilidad de atender puntualmente a su vencimiento -por tanto, las obligaciones- es lo
que legitima para ir a ese concurso inminente o anticipado. Se ha efectuado una regulación con más tino de los artículos 260 y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, buscando la coordinación precisamente con las instituciones concursales; se han
mejorado también, a través de la regulación del artículo 64, las modificaciones que se han introducido en los supuestos de movilidad geográfica; se ha realizado una regulación mucho más ajustada y cuidadosa del supuesto que permite la extinción del
contrato de trabajo por parte del trabajador en los supuestos en los que se produce una determinada movilidad geográfica.
Estamos contentos de haber podido facilitar ese punto intermedio teniendo en cuenta la distancia, bien sea en tiempo bien sea
en kilometraje, del centro del trabajo al que se debiera incorporar. Se ha realizado una mejor regulación de los aspectos procesales en el artículo 195; se ha mejorado el régimen de los auxiliares delegados, el de las cédulas hipotecarias, como
solicitaba el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; se ha regulado la participación de la administración económica competente, de cara a la apertura de los límites del convenio y, finalmente, se ha eliminado una figura como es la transacción
que, como acto de extinción del procedimiento concursal, generaba no pocos problemas comparada con la institución del convenio. Una cosa es la renuncia o el desistimiento y otra cosa es que la transacción extrajudicial acabase produciendo efectos
en el procedimiento concursal sin límite alguno, cuando sí establecemos límites para el convenio.
En cuanto a la ley orgánica, mi grupo quiere dejar constancia de un aspecto importante. Se ha introducido en el Senado una disposición final segunda que lo que pretende es dejar muy claro que esta ley entre en vigor con la creación de los
juzgados de lo Mercantil. Como objetivo, como desiderátum, no podemos estar más de acuerdo. Lo que queremos señalar es que esa disposición
final segunda no quita ni un ápice de vigencia y de eficacia a la disposición transitoria única, que fue introducida también a través de una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Ciertamente, es posible que en el futuro
haya que establecer un mapa de juzgados de lo Mercantil y haya que ir al planteamiento de que no se creen todos ellos simultáneamente. En ese supuesto -que no se creen todos simultáneamente y que el mapa sea insuficiente- entrará en funcionamiento
la disposición transitoria única, permitiendo atribuir el conocimiento de esos procedimientos, primero, a los juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción que actualmente están conociendo de estos temas y, segundo, atribuyendo
en cada partido judicial a uno de éstos específicamente el conocimiento de estas materias.
Sólo me resta felicitar los trabajos prelegislativos realizados, que podemos personalizar en el profesor Olivencia, así como agradecer la labor de apoyo del Ministerio de Justicia y, fundamentalmente, la del resto de los portavoces
parlamentarios: don Luis Carlos Rejón, doña Margarita Uría, don Joaquín Sánchez, don Javier Barrero, don Carlos Mantilla, el diputado Ayala y el propio ministro de Justicia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para anunciar nuestro voto favorable a todas las enmiendas que vienen del Senado. No obstante, como
cuestión previa y siguiendo el hilo de lo que han dicho la señora Uría y el señor Silva, quiero decir que en lo que atañe a las disposiciones finales tercera y segunda, según como vienen redactadas del Senado, pueden inducirnos a cierto error.
Aunque vamos a votar a favor, queremos dejar constancia de que esta disposición final tercera en modo alguno debe vaciar de contenido la transitoria segunda de la ley ordinaria y la disposición transitoria única de la ley orgánica.
Lo digo por si
fuera precisa alguna corrección técnica después de su aprobación por este Pleno, para que no induzca a error. Estamos totalmente de acuerdo en que los juzgados de lo Mercantil entren en vigor con toda su fuerza el 1 de septiembre del año 2004, pero
mientras tanto, mientras se produce ese hecho importante, que los juzgados de Primera Instancia e Instrucción -que vienen conociendo de ello con arreglo a la Ley de demarcación y planta-, sigan conociendo de los asuntos que hasta ahora son objeto de
esta materia.
Dicho esto, quiero agradecer al Senado todas las correcciones técnicas que influyen en la mejora de la redacción de la ley y que favorecen su mejor comprensión. Quisiera hacer tres reseñas a tres cuestiones que suponen unas aportaciones
importantes e interesantes del Senado. La primera se refiere al artículo 95, que es el que regula el incidente concursal con arreglo al artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto a lo que nada tenemos nada que decir; al contrario,
está muy redactada en cuanto al procedimiento, trámites, pruebas e incluso costas, en relación con el incidente mercantil. Son muy importantes e interesantes, en el artículo 84 -la inclusión como créditos-, los recargos sobre las prestaciones por
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral. Era una vieja reivindicación sindical -ahora haré una referencia a esa negociación tan exhaustiva, tan larga, tan tensa y tan difícil- que, afortunadamente, ha llegado a buen puerto y
con plena satisfacción de todos. Asimismo, debemos felicitarnos todos por el artículo 64, sobre la movilidad geográfica, que hace referencia al traslado colectivo, a que el nuevo centro se encuentre dentro de la provincia y no a una distancia
superior a 60 kilómetros. Es un artículo positivo, como también lo es el que intervenga la autoridad laboral, a que el propio juez de lo Mercantil, sin perder su universalidad, su vis atractiva y su conocimiento de todos estos temas, pueda recabar
informe a la autoridad laboral. Consideramos que es importante e interesante, sobre todo para que no se pierda ese principio de inmediación que hay en lo social porque se esté tramitando un concurso donde, efectivamente, forman parte importante los
trabajadores. Otro asunto que me ha gustado, también fruto del consenso, es la interpretación que se hace del artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a las acciones individuales; dónde se pone el límite, hasta dónde
son acciones individuales y pasan a ser colectivas, con lo que estamos evitando suspicacias y situaciones no deseables. Es decir, hasta tantos trabajadores se consideran acciones individuales y, pasados estos porcentajes, que van desde un 10 a un
23 por ciento, son acciones colectivas. Se trata de una materia relevante y es de agradecer que en el Senado se haya perfeccionado. Estamos muy satisfechos.
Señor ministro, es un ejemplo de cómo se debe tramitar una ley, lo digo sin ambages y con satisfacción. Nosotros propusimos en su momento que se celebraran unas jornadas para tener ocasión de oír a gente muy cualificada: catedráticos,
profesionales, empresarios, sindicatos, a toda la gente que podía aportar algo y que tenía derecho a aportar algo después de tantísimos años de esperar un texto como éste, que tanto ha demandado la sociedad en todos sus ámbitos, no solamente la
parte de lo social, sino también y fundamentalmente la parte doctrinal y los operadores jurídicos. Aquellas jornadas sirvieron para clarificar el asunto y para concienciarnos de que una de las metas importantes de esta ley después de tantísimos
años era el consenso, llegar a un acuerdo en un texto largo, difícil, técnico, que pudiera satisfacer a la doctrina y a los operadores jurídicos. Con el esfuerzo de todos vamos a poder sacar adelante este texto tan importante. No quiero dejar de
poner de manifiesto la ayuda y la
importante colaboración de personas del Ministerio de Justicia que nos han facilitado muchísimo no sólo nuestra tarea, sino nuestra comunicación para hacer posible este texto. Sin menospreciar, ni mucho menos, a la Comisión General de
Codificación, dentro de las obligaciones que tenemos los diputados como representantes del pueblo, hemos mejorado, hemos hecho más real y más práctico el texto que en su día se remitió, al cual no quito un ápice de mérito -para qué relatar los
numerosos intentos desde ni se sabe qué año, desde que don Joaquín Garrigues empezó hasta la fecha de sacar adelante un texto-, pero es cierto que se han mejorado sensiblemente cuestiones importantes en esta materia concursal. Se ha definido mejor
el presupuesto objetivo, la insolvencia -artículo 2- y, como decía mi compañero, a la doctrina le preocupaba la palabra puntualmente, que podía ser objeto de controversia, como decía recientemente una catedrática de Almería, Pulgar Ezquerra, y se ha
suprimido en el Senado, con lo cual queda perfectamente determinado cuál es el presupuesto objetivo dentro de esta ley, con una definición de la insolvencia bastante más clara.
Se ha mejorado todo lo que concierne a la Administración concursal y eso ha sido también fruto de un esfuerzo, de un trabajo, del consenso. Están los abogados, pero también están los titulados mercantiles que quedaban fuera en el proyecto
original y que, sin embargo, ahora están incluidos.
No debemos olvidar que el acreedor tendrá también la facultad de nombrar a profesionales, que normalmente serán del grupo segundo, en aquellos momentos en que el juez así lo solicite. Este ha
sido un tema bastante importante. Merece destacar cómo ha quedado el conjunto de los créditos, algo que en este proyecto de ley preocupaba a todo el mundo. Creo que por primera vez se ha actuado con bastante sensatez. Faltaríamos a la verdad si
no dijésemos que el que queden como están ha sido por una decisión firme de los ponentes, porque creíamos que era lo mejor. Hay créditos que pueden considerarse muy importantes, pero están como deben estar; se ha suprimido algo que era impensable,
como es la ejecución separada y la suspensión de un año en los hipotecarios y en los créditos de los trabajadores y, sin embargo, estos últimos tienen su importancia en los créditos contra la masa. Se ha dado importancia -que en otros momentos
parecería casi imposible- al hecho de que los créditos de la Seguridad Social y los tributarios tengan una condición de privilegio general solamente hasta el 50 por ciento. Este importante avance va a permitir que los concursos puedan llegar a buen
fin ya que antes, como todos saben, los créditos tributarios y de la Seguridad Social se comían prácticamente la masa y los demás no cobraban. Se ha dado un gran paso al haber admitido que en los convenios, tanto en los anticipados como en los
ordinarios, cuando se pretenda llegar a acuerdos en los que la quita sea superior al 50 por ciento y la espera sea superior a los 10 años, el juez pueda adoptar esta decisión si tiene un proyecto de viabilidad y un informe de la Administración
concursal. Se le ha facilitado muchísimo la tarea al juez, sobre todo cuando se habla de empresas de trascendencia nacional. ¿Qué son empresas de trascendencia nacional? Cualquiera tiene legítimo derecho a considerarla así y, sin embargo, con
este informe de viabilidad el juez va a tener las manos un poquito más libres para adoptar la decisión oportuna. También se ha mejorado la cuantía, por la importancia que tiene de cara a la pequeña y mediana empresa, del procedimiento abreviado,
subiendo el límite del pasivo que estaba demasiado bajo a un millón de euros. Así se ha ido tramitando esta ley tan importante como es la concursal. No quiero terminar sin hacer referencia a que se crea en el artículo 198 el registro de
resoluciones concursales, donde se van a ir registrando todos los concursos con sus sentencias e incluso los administradores que puedan quedar inhabilitados.
Se ha procurado dar una transparencia total en todo el proceso concursal, hecho que
beneficia no sólo al concursado sino también a todas aquellas personas que en el tráfico mercantil guardan una relación con estos procedimientos.
Señor ministro, es el momento para sentirse satisfechos; unos, por haber presentado esta ley tan importante y otros por la colaboración leal y honesta que hemos prestado a este concurso y, en lo fundamental, porque el tráfico mercantil, la
sociedad española, la doctrina y todo el mundo en general se va a beneficiar de un texto sólido, técnicamente bueno, que va a facilitar muchísimo esos procedimientos concursales que duraban años y años, que no se sabía cuándo concluían y ahora
sabemos que aproximadamente en un año pueden estar acabados y eso es un gran éxito.
Gracias, señor ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez Garrido.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, dentro de unos pocos días se va a cumplir un año desde la entrada en este Parlamento del proyecto de ley concursal. Durante este año muchas horas se han dedicado en esta casa a intentar aportar y mejorar una ley que nos remitía el
Gobierno el 24 de junio del año pasado. Hoy, por fin, un 19 de junio, estamos dando vida a una ley largamente esperada. Recordamos que la última ley vigente es de 26 de julio de 1992 y que existe otra anterior, de 1829. Repito que hoy le estamos
dando vida a una ley ampliamente esperada por todos los sectores económicos y sociales de la nación. Hoy, 19 de junio, también para mí es un grato día en el que me ha nacido mi único hijo varón. Por tanto, compartimos esta paternidad que,
lógicamente, debemos tener todos los ponentes del Congreso y del Senado que hemos trabajado en la elaboración de esta ley, que va a ser aprobada por amplio consenso.
Siento que no esté Margarita Uría, porque yo tuve un profesor en la Facultad de Económicas en Sarriko, en Bilbao, allá por los años sesenta, que decía que cuando iba a poner un examen le pasaba igual que a un tirador de un penalti, que
pensaba que el portero cubría toda la portería y al alumno le sucedía al revés. Después de las brillantes intervenciones de don Luis Mardones y de los demás compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, muy poco me queda por decir.
Simplemente, quiero comentar que en este largo año que hemos estado trabajando en la elaboración de esta ley, que traía algunos defectos que yo consideraba importantes, entre ellos que venía demonizando tanto al empresario como a la Administración
concursal, hemos logrado -como decía también el portavoz de Convergència i Unió, don Manuel Silva, cuando se refería a los terrenos pantanosos o fangosos- poner a cada sujeto en su sitio. El empresario está intentando por todos los medios a su
alcance producir una economía, y en cuestiones puntuales y concretas se puede encontrar con graves dificultades, y esta ley precisamente pretende ayudarle y no hundirle. Hemos tenido grandes problemas para intentar buscar las mejores soluciones a
la ley. Decía don Joaquín Sánchez que uno de los aspectos más importantes era la definición del presupuesto objetivo, cuestión que se ha mejorado recientemente en el Senado.
Me quiero referir a un tema que era para mí muy puntual y concreto, que es la Administración concursal. La Administración concursal venía siendo denostada porque posiblemente hubiese algunos profesionales que no merecerían el título de tal,
porque su actuación no haya sido tan eficaz como debiera, pero eso no debía dar lugar a que los demás profesionales que estaban en la Administración concursal tuvieran que soportar las dificultades que venían acarreando. Hemos logrado que la
Administración concursal sea tratada ecuánimemente en esta ley. En principio, aparecía tan sólo un abogado y un economista auditor o profesor mercantil. Hemos introducido una modificación y lo hemos ampliado no solamente a los profesores
mercantiles, sino a titulados mercantiles, en el bien entendido de que titulares mercantiles son todos aquellos profesionales que están colegiados en el colegio de titulados mercantiles. Hay una enmienda que ha introducido el Senado, que es
importante, que ha añadido una modificación a lo de colegiado o para colegiados, en el sentido de que no solamente los titulados mercantiles tienen que estar colegiados, sino también los economistas, hecho que consideramos positivo. Tanto don
Manuel Silva como yo decíamos que las listas que van a los juzgados deben estar avaladas por los colegios profesionales. Pudiera darse el supuesto de que hubiese titulados o profesionales que no estuviesen colegiados, lo cual podría dar lugar a
situaciones de agravio comparativo. De esta manera, serán los colegios profesionales los que podrán de alguna manera garantizar las listas. En una enmienda que habíamos introducido sobre la predisposición de los profesionales a tener una formación
profesional continuada, serán los propios colegios... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Mantilla.
Señorías, no es posible que pueda ser audible la intervención del señor diputado para aquellos que tengan interés en seguirla. Les ruego que mantengan las conversaciones en un tono, cuando menos, moderado.
Adelante, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Decíamos que estos colegios profesionales son los que pueden imponerles a los profesionales que se dediquen a los temas concursales la formación profesional continuada, cosa que de otra manera podría quedar un
poco descabalgada.
Uno de los aspectos fundamentales que hemos logrado es que en la anterior ley había -por lo menos yo lo decía- tres llaves, en poder de los hipotecarios, en poder de las administraciones públicas y en poder de los trabajadores. Cualquiera
de ellas podía dar al traste con cualquier procedimiento concursal. Hemos logrado entre todos y sin duda con el buen comportamiento de los distintos ministerios y de los sindicatos que estas tres llaves no existan. Hoy no va a haber procedimientos
separados y sin duda hay que agradecer a los sindicatos su buena disposición, tanto inicial en el Congreso como posteriormente en el Senado, por haber aceptado la redacción definitiva del artículo 64, que recuerdo a SS.SS.
que era un tema
tremendamente conflictivo. También en el Senado se ha introducido y aprobado una enmienda en el sentido de que se establece definitivamente la movilidad geográfica. Hemos conseguido que cuando se dé una serie de circunstancias las demandas
individuales se transformen en colectivas.
Decíamos que los créditos privilegiados era un tema tremendamente delicado y en esta tribuna le había ofrecido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Joaquín Sánchez, antes de finalizar el trámite parlamentario, un anteproyecto
para la relación de los créditos. Usted sabe que está redactado, gracias a los asesores y al Ministerio de Justicia, pero por razones obvias no se ha podido traer, porque es un tema tan complicado que sin duda requiere mucho tiempo para poder
incluirlo en esta ley, pero mi palabra se ha cumplido, con ayuda de los asesores y del Ministerio de Justicia, y esperemos que se siga cumpliendo tal como venimos haciendo, porque usted bien sabe, don Joaquín, que le tengo en gran estima, pese a que
en los tiempos que corren naturalmente no es muy fácil decirlo. De todas maneras repito que teníamos un gravísimo problema inicial con estos créditos privilegiados, porque se estaba considerando que había que detraer de la masa las retenciones del
IRPF, del IVA y de las cuotas obreras de la Seguridad Social. Ha sido una dejación por parte del Ministerio de Hacienda, que sin duda ha logrado que prime por encima de todo un consenso en esta ley. Temas importantes en los
créditos privilegiados es que decíamos que los trámites en vigor en relación con los créditos hipotecarios y los que tienen garantía real, entre los que hemos incluido también las cédulas hipotecarias, en tanto se presenta el concurso,
siempre y cuando estuviese anunciada la subasta, llegarían hasta su remate final, pero solamente en aquellos bienes que no tengan incidencia en el proceso ejecutivo. Señorías, considero que este es un tema tremendamente importante y que estas
llaves que teníamos en un principio han quedado totalmente superadas.
Decíamos que los temas laborales, a los que también se ha referido don Joaquín Sánchez, a la incidencia concursal de los artículos 194 y 195, en vinculacion con los artículos 64.8 y 64.9, han sido un gran avance y que en este caso los
trabajadores no quedarán desamparados, tal como venían diciendo desde el principio del proyecto de ley. Recordábamos que también los trabajadores -y hay que reconocerlo así- han hecho aquí dejación de gran parte de sus derechos, especialmente los
económicos, pero por el bien de la continuidad de la empresa, que es el objetivo fundamental que se sustenta en la filosofía de la ley, ha sido totalmente positiva tanto la aportación de los sindicatos como la de los ministerios de Justicia y de
Trabajo.
Señorías, tengo que finalizar agradeciéndoles sinceramente a todos mis compañeros de ponencia, tanto del Congreso como del Senado, la buena disposición que han demostrado a lo largo de este trámite y el amplio consenso alcanzado. Sin duda,
como decían también mis compañeros, hay que agradecer al Ministerio de Justicia, desde el ministro al secretario de Estado, que estaba presente, y asesores la colaboración prestada, pues han sido fabulosos. Han dedicado todo el tiempo necesario,
han tenido con nosotros amabilidad y comprensión, lo cual no es fácil. A todos los que han colaborado y nos han aportado su colaboración, muchas veces con opas hostiles o con opas amistosas, debo decirles que hemos intentado, dentro de la filosofía
de esta ley, aceptar todas las sugerencias que han sido posibles. Cuando no lo hemos hecho ha sido por eso, porque no era posible, porque podíamos perjudicar la ley o ir en contra de otros intereses. Reiterando mi agradecimiento a todos, deseamos
larga vida a esta nueva ley concursal.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mantilla. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.
A tenor del artículo 68.1 y después de haber mantenido conversaciones con los grupos parlamentarios, solicitaríamos en primer lugar que los puntos 46 y 50 del orden del día quedarán pospuestos para el siguiente Pleno y en segundo lugar que
una vez producida esta votación pudiéramos comenzar la relativa a la elección del secretario segundo de la Mesa, para continuar después con el debate y posteriores votaciones de los siguientes puntos referidos a enmiendas del Senado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señorías, de acuerdo con el artículo 68.1, ¿acuerda el Pleno la modificación del orden del día en el sentido de sacar del mismo los puntos números 46 y 50, que serían el debate de totalidad del proyecto de ley de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social y el debate de totalidad del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud? ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Asimismo, de conformidad con el artículo 68.1, ¿acuerda la
Cámara alterar el orden del día para que el punto inicialmente previsto como VII bis, de elección del secretario segundo de la Cámara, que estaba previsto realizar al finalizar el debate del punto 44, pase a efectuarse al finalizar la votación de
los puntos 40 y 41? ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación. (El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Quería solicitar una aclaración. El segundo proyecto de ley retirado ¿es el que ha citado la presidencia o es el de protección a las familias numerosas?
La señora PRESIDENTA: Perdón, es el número 50, señor Silva. Ha habido un error. Efectivamente son el número 46, proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, y el número 50, proyecto de ley de protección a
las familias numerosas. Gracias, señor Silva, y perdón por el error.
Entiendo que lo acuerda así la Cámara.
VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS DEL SENADO. (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder en primer lugar a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley concursal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 285; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por que la que se modifican la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 285; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- ELECCIÓN DE SECRETARIO SEGUNDO.
La señora PRESIDENTA: Punto VII bis del orden del día: Elección del secretario segundo de la Cámara. Procederemos al llamamiento a votación, tras el cual se cerrarán las puertas del hemiciclo e iniciaremos el llamamiento personal para
proceder a dicha elección. Recuerdo a SS.SS.
que se rige por lo dispuesto en el artículo 38, en relación con el artículo 37 y 87 del Reglamento de la Cámara. Cada diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta y resultará elegido el diputado
que obtenga mayor número de votos. En caso de empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos, hasta que el empate quede dirimido.
(El señor secretario primero y las señoras secretarias tercera y cuarta leen las listas de señores diputados, quienes van depositando en la urna sus papeletas.)
La señora PRESIDENTA: ¿Hay algún señor diputado o señora diputada que no haya sido llamado a votación? (Pausa.)
Vamos a iniciar el recuento.
Los servicios de la Cámara pueden abrir las puertas del hemiciclo.
Terminado el escrutinio, dijo:
La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: Votos emitidos, 271; votos a favor de don José Antonio Bermúdez de Castro, 242; votos a favor de don Mario Edo Gil, uno; votos a favor de don José Blanco,
uno; votos en blanco, 27.
Queda por tanto elegido secretario segundo de la Cámara don José Antonio Bermúdez de Castro, al que ruego que se incorpore a la Mesa. (Prolongados aplausos.)
Señorías, de acuerdo con la ordenación del debate, la sesión va a continuar ininterrumpidamente.
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000125.
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar el debate del punto número 42, que son enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial. Comunico a SS.SS. que, finalizado este debate, continuaremos con el resto y
no se producirán votaciones hasta las cuatro de la tarde o el momento procedimental que el debate exija, posterior a esa hora de las cuatro. (Rumores.)
Señorías, ruego que guarden silencio, para que podamos continuar con el debate. (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.-Rumores.)
Señorías, reitero el ruego de que guarden silencio y ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo, para poder continuar con el debate.
Señor Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Con gran brevedad. Las enmiendas que nos remite la Cámara Alta en su inmensa mayoría se refieren a cuestiones de perfeccionamiento, mejoras técnicas y aclaraciones para dar seguridad jurídica en la interpretación del texto y remisiones de
concordancia con la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la tasa por prestación de servicios, los reglamentos de ejecución para los registros correspondientes y todas aquellas otras cuestiones que perfeccionan o aclaran el texto
que en su día habíamos visto en esta Cámara.
Nosotros, por estas razones, votaremos a favor de todas las enmiendas remitidas por el Senado a este proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial, por su conveniencia y adecuación al ordenamiento jurídico europeo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: El Grupo Parlamentario Socialista, al que represento en este momento, considera que, en el proyecto que debatimos hoy, con las enmiendas del Senado hay una serie de ocasiones perdidas para recoger la terminología
tradicional en nuestro derecho, que en este caso coincide con la terminología de la directiva que se traspone. Una vez más, como hemos manifestado en todas las ocasiones en las que se han presentado proyectos sobre propiedad industrial, nos
encontramos con una terminología que no tiene nada que ver con nuestra realidad histórica.
Además, al sustituirse la expresión de nuestro derecho histórico y de la directiva de dibujos o modelos industriales por la de diseño industrial, no se
obtiene ninguna consecuencia práctica.
El diseño es una disposición de la forma y de los materiales que aporta una ventaja más que formal a la economía, a la ergonomía o a la función y por consiguiente es un bien jurídico que requiere una protección adecuada. Pero aquí se hace
una especie de juego de magia, en virtud del cual se aplica, en una ley que no tiene como objeto la protección del diseño, el concepto de diseño. Se desaprovecha por tanto la ocasión para regular el diseño y no se saca ninguna ventaja práctica de
este neologismo, con el cual yo creo que el ministerio correspondiente ha quedado farisaicamente satisfecho de su aportación a la ciencia jurídica.
Y se sigue con el sistema de tasas, en un país donde teóricamente se proclama por el Gobierno la
necesidad de proteger el I+D+I. Éste es un caso auténtico de la última I, de la innovación. Estamos al mismo nivel que Vietnam en materia de innovación tecnológica, pero el innovador que se atreve a ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas va
fundamentalmente a contribuir al funcionamiento de dicha oficina y no recibe ninguna subvención, no recibe ningún apoyo, no recibe ningún estímulo. Hemos propuesto en esta ley que el sistema de tasas, para no alejarnos de lo que es la corriente
uniforme en materia internacional, se mantuviera de una manera simbólica y se redujeran las tasas al 90 por ciento. Esto no ocurre. Por consiguiente, desde el punto de vista de una valoración global de la ley, nuestra posición es claramente la de
un grupo parlamentario que está insatisfecho con este proyecto.
Anticipamos que en el artículo 18 vamos a votar que no al primer inciso que se ha modificado en el Senado, porque representa una contradicción.
El artículo 18.2 habla de algo que es tan tradicional como la anotación preventiva de demanda,
pero utilizando el término inscripción; sin embargo, el artículo 17.2, refiriéndose a la misma cuestión, habla de anotación de demanda. Una interpretación sistemática de la ley se va a encontrar con esta equivocidad de término, que es claramente
una manifestación del descuido con que ha sido elaborada esta ley. En cambio, en el inciso segundo de la enmienda del Senado al artículo 18.2 nosotros vamos a votar a favor, porque hay la determinación de un plazo concreto para que el usurpador o
licenciatario de buena fe pueda solicitar una licencia no exclusiva del nuevo titular. Es una aportación que enriquece el proyecto, pero que está en contradicción con toda otra serie de enmiendas a las que vamos a aludir posteriormente, en las que
se sustituye la expresión de un plazo concreto por un plazo que se refiere a la aprobación del reglamento. La aprobación en este caso, mediante la enmienda, de un plazo concreto significa que en las demás enmiendas se hubiera podido hacer lo mismo.
Por tanto, insisto en que votaremos a favor de esta enmienda en cuanto al inciso segundo.
En el artículo 22.1, la motivación que nos da el Senado es indescifrable y no está justificada y nosotros votaremos que no. En el artículo 27.2 se sustituye el plazo de un mes para subsanación de defecto por el plazo reglamentario que se
fije ulteriormente. Nos atenemos a lo dicho y por ello votaremos que no. El artículo 27.5 se refiere al plazo del 23.2 y por consiguiente, por coherencia, votaremos que no. La enmienda al artículo 27.6 introduce una nueva modulación de los
efectos por la falta de subsanación que, a nuestro entender, mejora el texto y votaremos que sí. Hay un número 7 en el artículo 27, como consecuencia de la enmienda a que anteriormente hemos hecho alusión y votaremos que sí. La enmienda al
encabezamiento del artículo 30 para incluir la voz desistimiento, que es una voz reconocida en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, merece también nuestra aprobación. La enmienda al
artículo 30.5 se remite igualmente al plazo reglamentario y elimina el plazo concreto, y votaremos en contra. La enmienda al artículo 30.6 es similar a la del artículo 27.6, por lo que votaremos a favor de la misma. La enmienda al artículo 30.7
tiene como objeto correr una unidad en el dígito que cierra el artículo, por lo que votaremos favorablemente.
Al artículo 35.3. se presenta una enmienda sobre los efectos cancelatorios de la estimación total o parcial de las oposiciones a la concesión del registro. De forma inexplicable, la estimación parcial de la oposición conduce a la
cancelación total del registro, cuando lo correcto hubiera sido que la estimación parcial de una oposición hubiera conducido a la cancelación parcial del registro. No compartimos esta teoría, que nos parece inadmisible, y por lo tanto votaremos en
contra.
La enmienda al artículo 38.1.c) introduce una nueva causa de división de la solicitud o del registro, pero esta nueva causa no se determina en la ley, sino que se determinará en el futuro reglamento. Nos parece que eso es una indebida
delegación de las facultades legislativas en el Ejecutivo, por lo que votaremos en contra.
La enmienda al artículo 61.1 regula la capacidad del licenciatario para sustituir al titular frente a terceros. Lo hace de una manera tan contradictoria con las enmiendas que nosotros presentamos, que nos parece que tienen mayor lógica
jurídica, que nos vemos obligados a votar en contra.
La disposición adicional sexta, párrafo 5, se refiere a cambios no sustanciales en la configuración de la tarifa. Como ya hemos expresado, no compartimos el razonamiento ni el tratamiento económico que se da a los inventores en nuestro
país, que, por otra parte, está en contra de lo que se proclama continuamente por el Gobierno: su preocupación por la sociedad de la información. Por tanto, votaremos en contra.
En la disposición adicional undécima, punto 2.2.ª se introduce una enmienda que, por las razones inmediatamente antes invocadas, nos vemos obligados a votar negativamente.
En la disposición adicional duodécima se introduce un sistema de precios públicos. No sabemos por qué en este caso el legislador se aparta de la tarifa, que es tanto como hablar de tasas, y se va a la figura de los precios
públicos, que es tanto como hablar de las excepciones a las regulaciones dimanantes del mercado. Nos parece un artificio con el objeto de gravar actos que antes no estaban gravados, favoreciendo así el funcionamiento económico de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, pero no la creación ni la consolidación en nuestro país de una verdadera sociedad de la información.
En la disposición adicional decimotercera se trata de afinar en la difusión de los expedientes de la propiedad industrial, lo que es inherente a la actividad administrativa, que en principio debe desenvolverse según las reglas de la
publicidad, salvo cuando se trata de materias clasificadas o de datos personales. Por consiguiente, compartimos el sentido de esta enmienda y votaremos a favor de la misma.
A la disposición transitoria séptima se presenta una enmienda que es corolario de la nueva disposición adicional duodécima, por lo que votaremos en contra.
A la disposición derogatoria única se presenta una enmienda que es corolario de la nueva disposición adicional duodécima y de la transitoria séptima, por lo que votaremos en contra.
En el anexo, en la tarifa segunda, apartado 2.2, se modifica no sustancialmente la tarifa, y como estamos en contra de la tarifa, también votaremos en contra.
Concluyo mi intervención manifestando que, más que en constitución de ministerios con el nombre de Ciencia y Tecnología y más que en proclamaciones verbales, la competitividad española se juega en gran medida en el terreno de la innovación,
por lo que pedimos al Gobierno que, por favor, sea coherente con las necesidades de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votó en el Senado a favor de estas enmiendas; pudo incluso transaccionar alguna de ellas con alguna enmienda propia, y por lo tanto votaremos a favor de
las mismas en el día de hoy, no sin lamentar, como he tenido ocasión de manifestar en el debate de la aprobación definitiva por el Congreso del proyecto de ley orgánica que acompaña a la ley concursal, que se haya desaprovechado una oportunidad de
estas características para haber situado en Barcelona, y no en los juzgados de Alicante, el que debiera ser el juzgado central de diseño comunitario, así como una sala desplazada de la Audiencia Nacional que debiera conocer de los recursos contra
las sentencias dictadas por ese juzgado central.
Los estudios oficiales, señorías, como pude también decir en la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología el pasado día 7 de abril de 2003, señalan que Cataluña supone el 37,9 por ciento del diseño en España, que Barcelona ha acogido ya
los días 26 y 27 de marzo el Automotive Design Summit, que el primer congreso internacional de diseño se celebrará también en Barcelona y que durante los últimos años queda perfectamente definida Cataluña como el lugar donde se localizan los centros
de diseño de las principales fábricas automovilísticas: Volkswagen, Nissan, Volvo, Seat, Renault, etcétera. Podríamos continuar dando énfasis a Barcelona como capital comunitaria del diseño -por descontado que sería, en cualquier caso, la capital
española del diseño- y haciendo referencia a los innumerables centros tecnológicos con que cuenta en esta materia: el Centre de Tecnologies de la Producció, la Universidad Politécnica de Cataluña, el Institut Catalá de Tecnologia, el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, etcétera -lo pude decir en la sesión de Comisión del día 7 de abril-. Por tanto, si el planteamiento del Gobierno, como lo ha puesto reiteradamente de manifiesto, es dar un cumplimiento más que
estricto a los planteamientos de la Unión Europea de que los órganos jurisdiccionales competentes en materia de marcas o diseños deben ser los menos posibles en número, entendíamos que debiera ser Barcelona donde se localizasen estos juzgados
centrales, así como la sala desplazada de la Audiencia Nacional. No ha sido este el caso y no podemos dejar de lamentarlo. Por lo demás, y como el desaguisado ya se cometió en el Congreso y no viene a través de las enmiendas del Senado,
procederemos a votar a favor de dichas enmiendas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias. Con la venia, señora presidenta.
Señorías, el proyecto de ley que ahora debatimos tiene por objeto, según consta en su título I, artículo 1, establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño. El señor Navarrete ha hecho alusión a la
terminología empleada en el texto de la ley. Yo simplemente me voy a limitar a leer textualmente lo que dice el apartado 2 de este artículo 1 del título I: A los efectos de esta ley se entendrá por a) Diseño: La apariencia de la totalidad o de
una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación; b) Producto: Todo artículo industrial o artesano, incluidas,
entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. Y c) Producto complejo: un producto
constituido por múltiples componentes reemplazables
que permiten desmontar y volver a montar el producto. Señorías, creo que está ciertamente claro. En todo caso, tuvimos ocasión de debatir en la Comisión a este respecto más ampliamente.
Permítanme que recuerde que este proyecto de ley tiene además un doble objetivo, cual es, en primer lugar, incorporar a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada trasposición y, en segundo lugar, adecuar la protección de la
propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales, que, como podrán recordar, son sensiblemente diferentes de las que en su día dieron lugar al Estatuto de la propiedad industrial, aprobado por Real Decreto-ley de 26 de junio del año 1929.
Creo que esta nueva ley cumple suficientemente este objetivo. Tanto la normativa comunitaria como el proyecto de ley que nos ocupa se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es ante todo
el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Este diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide
que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, a lo que hacía alusión el portavoz socialista respecto a la innovación y creatividad, ya que de ambas puede gozar de
protección. Como es sabido, ambas normas, tanto la de propiedad industrial como la de diseño industrial, son independientes, son compatibles y son acumulables. Hay que significar que tanto en la directiva comunitaria como en el proyecto de ley la
distinción entre modelos y dibujos industriales correspondientes a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño
industrial, que es el empleado en el lenguaje habitual en este ámbito, para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. Las condiciones de protección del diseño industrial son puramente objetivas. La
cobertura legal alcanza a los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados por la directiva comunitaria.
Señorías, coincidiremos todos en afirmar que no sería lógico ni coherente, ni mucho menos acorde, con el sentido que tiene la protección del diseño tener dos normativas diferentes respecto al mismo tema, es decir, una normativa comunitaria
que excluye la protección en interés de la libre competencia y una normativa nacional que prolonga el monopolio cuando ya no estuviera legalmente justificado. Como SS.SS. conocen también, los diseños comunitarios se regulan por un reglamento
comunitario y se conceden desde este año por la OAMI -Oficina de Armonización del Mercado Interior-. Por tanto, podemos afirmar que el proyecto de ley que hoy concluye su trámite parlamentario establece un sistema de protección del diseño más ágil,
al tiempo que introduce medidas de liberalización adecuando la normativa a la protección del diseño que se reconoce en el ámbito comunitario. En este sentido, uno de los puntos importantes que el Grupo Popular quiere subrayar es que no permite el
monopolio, en contra de lo que el Grupo Socialista mantenía de forma reiterada en sus enmiendas números 83 y 84 que presentó en esta Cámara, en la Comisión correspondiente, y que afortunadamente ha declinado sostener en el Senado. Por tanto,
creemos que ha beneficiado al dejar de mantener este monopolio innecesario.
Asimismo, queremos señalar otra importante novedad legal, cual es el reconocimiento de un plazo de gracia de doce meses durante el cual la divulgación del diseño, realizada por el autor o un tercero, no perjudica a la posibilidad de
registro, lo que permite sin duda que el titular del diseño lo pueda probar en el mercado, sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo. Esto es importante ya que responde a los intereses de aquellos sectores que
lanzan periódicamente un gran número de diseños de ciclo corto y frecuentemente con una gran renovación, de los cuales sólo vale la pena registrar aquellos que le son o le van a ser rentables.
En cuanto al procedimiento de registro, también aquí el proyecto de ley implanta el sistema de oposición posconcesión, que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño con la defensa de los
intereses generales y los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposición de los afectados, con base en derecho por denegación en derechos anteriores o por
denegación de la solicitud formulada.
Hay que significar otro aspecto importante, cual es la duración de la renovación de la protección del diseño. En este sentido se ha avanzado bastante, porque se conceden cinco años contados desde la fecha de su presentación y renovables por
períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25.
Antes de terminar, señora presidenta, señorías, quiero significar que este proyecto de ley va a beneficiar a un amplio sector del diseño industrial que abarca a un gran número de pymes en diferentes ámbitos y que crean, como todos sabemos,
un tanto por ciento muy importante de empleo en España, como son sectores tan importantes como la industria del juguete, los muebles, la confección, la moda y los recambios y accesorios del automóvil.
Quiero terminar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios de la Cámara el talante de colaboración que han mantenido a lo largo de los trabajos parlamentarios en Comisión y en los diferentes trámites parlamentarios, al igual que en el
Senado. Esta actitud de trabajo y colaboración se ha reflejado en la aportación de las enmiendas que han mejorado, sin duda ninguna, este proyecto de ley que nos ocupa, y así agradezco también la introducción de las mismas.
Señora presidenta, señorías, estoy convencida de que todas SS.SS. darán el voto afirmativo a este proyecto de ley, que supone la culminación del proyecto y del proceso de actualización normativa que se ha llevado a cabo a partir,
fundamentalmente, del año 2001, entre las que tengo que recordar la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Sinceramente considero que
vamos por el buen camino, avanzando en el campo de la creatividad y de la innovación, lo que no sólo supone la creación y el aumento del bienestar y riqueza de España y de los españoles, sino también algo muy importante, que es el desarrollo de la
inteligencia, entendida como la capacidad de generar y ampliar nuevas actitudes y capacidades a todos los españoles y a todas las personas.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García Alcañiz.
- PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR Y SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. (Número de expediente 121/000127.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial, iniciamos el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre régimen jurídico de los
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
¿Grupos que desean fijar su posición con respecto a estas enmiendas? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido el Senado a este proyecto de ley. En los debates celebrados en esta Cámara ya habíamos entendido que era necesario disponer de todos los instrumentos jurídicos para
permitir el control de los movimientos de capitales y todas aquellas operaciones económicas con el exterior, cualquiera que fueran estos, bien dentro del seno de la Unión Europea, en los espacios económicos habituales en nuestro ordenamiento actual,
así como con países terceros, que permitieran realizar una prevención en el blanqueo de capitales de estos fondos procedentes de delitos y actos criminales producidos por bandas armadas, mafia, tráfico de drogas, etcétera.
Las enmiendas del Senado son de orden técnico, de perfeccionamiento, y están más dirigidas a las disposiciones adicionales, a la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, que son nuevas y que vienen a correlacionar algunas de estas
disposiciones con otras leyes en vigor, como la de coeficientes de inversión en recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros o las referentes a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley
del Impuesto de Sociedades. Por todas estas razones, por tratarse de concreciones que aportan una claridad y una seguridad jurídica a la interpretación de las mismas, nosotros nos congratulamos de que nuestro ordenamiento dé protección a que esta
acción del blanqueo de capitales obtenidos con fines delictivos pueda ser corregida con el imperio de la ley. Por eso vamos a votar a favor.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente todas las enmiendas que se han introducido en el Senado, igual que el conjunto del proyecto de ley sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Entendemos que las enmiendas introducidas en el Senado refuerzan los objetivos generales de dicha ley en el sentido de que puedan ser un instrumento eficaz y efectivo para adecuar la legislación sobre movimientos de capitales a las
directivas europeas. Asimismo, creemos que los instrumentos de que se dota dicha ley pueden mejorar las medidas que teníamos hasta ahora para luchar contra el blanqueo de capitales y regular el régimen material y fiscal de la emisión de
participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda de entidades de crédito y de sociedades cotizadas. Consideramos que los instrumentos incorporados en la tramitación en el Senado, así como los que aprobamos en la Comisión de Economía del
Congreso de los Diputados, producirán un efecto positivo para reducir, conjuntamente con el resto de países de la Unión Europea, el flujo de dinero negro, que se eleva al 2 por ciento del PIB mundial, es decir, alrededor de 1,5 billones de euros.
En la tramitación de este proyecto todos los grupos parlamentarios hemos dotado, potenciado y clarificado el sistema financiero español, y creo que es de justicia agradecer en este momento la colaboración, la sensibilidad y el oportunismo
político del Grupo Parlamentario Socialista, que en la tramitación en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, especialmente a través de la intervención de la diputada Maite Costa, de
efectuar algunas modificaciones que fortalecen el sistema financiero español y que también gozaron del apoyo y el soporte del Grupo Parlamentario Popular, a través del señor Martínez-Pujalte, para dotar al sistema financiero español de una
musculatura más potente y más eficaz, lo que sin ningún género de dudas permitirá a las entidades financieras españolas y a las empresas cotizadas reforzar sus instrumentos financieros respecto a los recursos propios para que finalmente puedan ser
más competitivas en los aspectos más débiles que hasta la fecha tenía la legislación financiera y que hacían imposible que nuestras entidades financieras y nuestras grandes compañías pudieran competir en igualdad de condiciones con el resto de
compañías de la Unión Europea. Básicamente se refieren a la ampliación del régimen de las emisiones de participaciones preferentes y a la emisión de deuda, instrumentos financieros que en la legislación actual española carecían de solvencia y de
estabilidad, lo que no les hacía nada atractivos para el resto de compañías internacionales que quisieran acudir a las emisiones de deuda preferente.
En el Senado se ha posibilitado también que dichos instrumentos de financiación externa puedan
hacerse extensivos a la deuda subordinada y a los instrumentos financieros denominados notas en el lenguaje financiero, que no dejan de ser instrumentos para dotar de más solvencia a todas aquellas entidades financieras que puedan acogerse a dicha
legislación.
Desde esta perspectiva, también ha sido posible regular estos instrumentos financieros, que hasta la fecha habían sido utilizados por la mayoría de las entidades financieras y por algunas empresas cotizadas, con las mismas perspectivas
financieras y fiscales, haciendo posible que puedan ser utilizados por todas aquellas empresas cotizadas del territorio español. Valoramos positivamente que en el Senado se haya mejorado la solvencia de los instrumentos financieros a los que me he
referido.
Al mismo tiempo hemos incorporado algunos aspectos legislativos importantes para que la lucha contra el blanqueo de capitales sea más efectiva, posibilitando que en nuestro país se pueda luchar con eficacia para que en el futuro no se
produzcan prácticas fraudulentas. En este sentido, hemos posibilitado la ampliación de los sujetos obligados a proporcionar información relativa al movimiento de capitales; hemos podido introducir la excepción para determinados profesionales
respecto a las informaciones de las que tengan conocimiento con ocasión de su actuación en los oportunos procedimientos judiciales o administrativos, de conformidad con el deber de secreto profesional, y hemos reforzado la actuación del servicio
ejecutivo de la Comisión del Blanqueo de Capitales y la colaboración con otros órganos de la Administración general del Estado. Todas estas incorporaciones, a nuestro entender interesantes, han hecho posible que el texto que el Senado ha enviado al
Congreso de los Diputados, con las enmiendas introducidas, goce del voto favorable de nuestro grupo parlamentario y pueda ser, como he dicho al comienzo de mi intervención, un instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra el fraude y el blanqueo
de capitales.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra en primer lugar la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Senado ha introducido enmiendas sustantivas en el texto de la ley que hoy nos ocupa. Me voy a ceñir a las enmiendas a la disposición adicional primera, ya que mi compañera, Maite Costa, va a defender las restantes adicionales,
que son el caballo de batalla del conjunto de enmiendas que vienen del Senado.
En efecto, al albur de una necesaria actualización de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de cambios, y en la línea de responder a los principios del tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con las
salvaguardas introducidas en los casos de las suspensiones de la liberalización, se aborda el deber de información en el caso de las transacciones exteriores con la actualización de su régimen sancionador. En el caso de las transacciones menores de
6 millones de euros -1.000 millones de pesetas-, la sanción se eleva a 3.000 euros. Como la cantidad es sustancialmente importante y no se establece el mínimo de la cuantía exigible para declarar, la disposición adicional primera de este proyecto
modifica la Ley 19/1993, de prevención de blanqueo, para los supuestos de transporte físico, que no se contemplaban cuando la ley se hizo, es decir, para la circulación con determinada cantidad de dinero fijada ahora en la enmienda del Senado en
6.000 euros y para regular este deber de declaración. Curiosamente queda exentas las transacciones superiores a 6 millones de euros, a las cuales no se las hace susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Solamente son
susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales en el caso de transporte físico en cantidades menores, como éstas a las que me estoy refiriendo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta aparente distorsión produce el hecho de
que cualquier ciudadano pueda cruzar la frontera con una cantidad superior a 6.000 euros, que parece ser el tope normal de una Visa Oro, y por tanto que esté obligado, en el caso de que lleve algunos euros de más, a declarar en la frontera y, si no
es así, a la sanción correspondiente. Dicha omisión en el deber de declaración requiere además una sanción específica, que no tiene nada que ver con el régimen sancionador de este proyecto porque sería disparatado que se le impusiese una sanción de
500.000 pesetas por no haber declarado la tarjeta Visa Oro cuando cruza la frontera. Por tanto, tiene que existir una mención especial a este tipo de declaración, que nada tiene que ver con el régimen de sanciones de la propia Ley 19/1993, de
blanqueo
de capitales. Es, desde nuestro de punto de vista, una introducción absolutamente inadecuada en esta ley porque provoca estas distorsiones que acabo de comentar. Incorporar este deber de declaración en esta ley no nos pareció adecuado en
el trámite del Congreso, no lo ha previsto, además, ninguna directiva, ni la anterior ni la actual, y nos hace a todos los ciudadanos sospechosos por el hecho de viajar con tarjeta de crédito, al igual que podrían serlo las instituciones financieras
que no identifican a sus clientes en el caso de operaciones importantes.
Curiosamente sí quedan exentas las empresas de transporte de fondos para esta obligación de declarar, lo que resulta absolutamente paradójico porque la directiva sí recoge la
obligación de que estas empresas estén sujetas a esta legislación preventiva.
La enmienda del Senado a esta disposición adicional primera se ha convertido por razones de plazo, que inexplicablemente se han ido pasando, nada menos que en el vehículo para la incorporación de la Directiva 2001/97, de 4 de diciembre, por
la que se modifica la anterior Directiva 1991/308, relativa a la prevención de utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Dicha enmienda se convierte en la puerta falsa para incorporar una directiva especialmente compleja,
cuya plasmación ha llevado a abundantes debates en el Parlamento Europeo, como muy conoce S.S., y cuya redacción está absolutamente medida debido al deber de colaboración que se exige a lo profesionales independientes del derecho, que son uno de los
sujetos obligados que aparecen como sujetos nuevos en esta directiva. Con esta enmienda se exige a los profesionales independientes del derecho esta colaboración. Pensamos que es una puerta falsa para la incorporación de esta directiva porque esta
redacción, que estaba muy medida en la directiva, sin embargo ahora aparece, desde nuestro de vista, con modificaciones. Además, viene sin el informe del colegio de abogados, que podría haber sido un trámite para consensuar y debatir la importancia
que tiene su incorporación y, lo que es peor, lo que es más grave, viene también sin el preceptivo informe del Consejo de Estado necesario para la incorporación de esta directiva.
Semejante modificación, que alcanza el corazón de sectores
profesionales muy importantes y cuya colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales merecería un auténtico debate nacional, por las implicaciones tan profundas que se derivarían del buen o mal uso en la aplicación de esta ley, se introduce
sin el necesario debate y con algunos cambios que, a nuestro entender, no contiene la directiva y cuya trascendencia puede implicar justamente la reacción contraria del objetivo que persigue esta legislación preventiva. En efecto, la directiva,
limitando los supuestos en que los profesionales del derecho tienen que cumplir dicho deber de colaboración, fija los límites del mismo, ya que al ampliar en la redacción de la enmienda dicho deber de colaboración al supuesto de asesoramiento en
operaciones de transacciones económicas se rebasa la directiva...
La señora PRESIDENTA: Señora Romero, le ruego concluya.
La señora ROMERO LÓPEZ: Termino, señora presidenta.
Y se provoca justificadamente una auténtica alarma en dichas profesiones, que pueden quedar expuestas a situaciones que la directiva no contempla.
Nos han hurtado este debate, no a este Parlamento, que ya sería grave, sino a la sociedad española, que en legislaciones excepcionales, con suspensión de garantías, necesita conocer a fondo qué significa este deber de colaboración y cuáles
son sus límites. ¿Tiene, por tanto, alguna virtualidad que apoyemos esta necesaria incorporación de la directiva sin haberse establecido por los sectores el necesario debate, sin que se conozcan los efectos de esta incorporación, a hurtadillas y
para que pase como un texto legal sin ninguna eficacia debido a la falta de asunción de los sectores correspondientes?
Siendo necesaria la actualización de la ley, considerando urgente la actualización del deber de información o declaración en el caso del transporte físico y habiendo urgido al Gobierno en sucesivas ocasiones para la actualización de esta
directiva, que nos llega sobrevenida, nuestro grupo, sin embargo, va a abstenerse en la votación de dicha sustancial modificación. Ni nos parece serio el procedimiento ni la ubicación del problema que se pretende abordar, el transporte físico, ni
me parece idónea...
La señora PRESIDENTA: Señora Romero, por favor.
La señora ROMERO LÓPEZ: Ni está medida la trasposición de la directiva en algunos de sus aspectos sustanciales ni, como consecuencia de ello, está clara su eficacia.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.
Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con relación a las enmiendas del Senado que modifican la disposición adicional tercera, que introdujo nuestro grupo a través de una enmienda en el trámite de este proyecto en el Congreso, como ha recordado el diputado señor Sánchez
i Llibre, vamos a apoyar las mejoras técnicas al número 1 y aceptamos la aplicación de la nueva normativa a los instrumentos en lo que afecta a las emisiones futuras de las entidades de crédito. Esto significa que las nuevas sociedades emisoras
deberán ser residentes en España o en un país de la Unión Europea, desapareciendo la posibilidad de emitir en terceros países sin control fiscal. Defendemos que estas emisiones sean realizadas exclusivamente por entidades de crédito. Estamos ante
un mercado que tiene una regulación
excepcional. Es el único sector sometido a una ley de disciplina e intervención, la Ley 26/1988, y al obligado cumplimiento de ratios de solvencia, lo que exige, como sabemos, una determinada composición de su pasivo. Cualquier alteración
en los parámetros de equilibrio establecidos supondría una quiebra del sistema financiero o, al menos, de aquellas entidades que se vieran afectadas. Estas consecuencias, en última instancia, si no fuera por esta enmienda, tendrían que ser
soportadas por los clientes; en suma, por aquellos españoles que tienen sus ahorros en los bancos y cajas y que pudieran verse afectados por una caída en la ratio de solvencia por causas ajenas a la gestión de la entidad.
En cambio, ésta no es la misma situación que presentan las empresas no financieras, por lo que nos opondremos a la extensión de estas emisiones más allá de lo que es el ámbito de las entidades de crédito. Por la misma razón, no apoyaremos
la enmienda introducida en la disposición transitoria. Nuestro grupo, a través de una enmienda en el Congreso, resolvió los problemas que se derivaban del vacío legal de la Ley 13/1985, pero rechaza de forma contundente que se dé el mismo trato a
las empresas no financieras, para las cuales no se legisló en la Ley 13/1985.
Por responsabilidad política y coherencia con nuestra enmienda inicial, no vamos a votar en contra porque ello afectaría a las entidades de crédito y nuestro voto será la abstención. Nos abstenemos para denunciar que la limpia estela del
interés general arrastra una vez más algunos intereses particulares que no debieran haber sido nunca contemplados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra, con brevedad a estas horas de la tarde, para fijar la posición de mi grupo respecto a las enmiendas del Senado de esta ley, que ya quiero señalar que vamos a votar favorablemente, como no podía ser de otra manera, además
adecuando nuestro voto al voto que ya fijó el Grupo Popular en el Senado. Hoy culmina el trámite parlamentario de una ley sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo que pretende,
como ha señalado muy bien la señora Romero en su intervención, ajustar nuestro ordenamiento jurídico al derecho comunitario y además adecuar la normativa vigente a la realidad actual. La España del año 2003, con moneda única, no es la misma que la
España de 1979 y, por tanto, el marco normativo de movimientos de capitales se tiene que modificar. La Ley 40/1979, sobre el régimen jurídico de control de cambios, se mostraba absolutamente inadecuada al momento actual. Había lagunas de
regulación, aunque se habían efectuado cambios parciales, se planteaban algunas contradicciones y había conceptos de adquisición, tenencia y cesión de divisas que estaban pensados para un sistema de convertibilidad y transferibilidad limitados que
hoy no están en el marco actual. También las sanciones, a nuestro juicio, presentaban algún tipo de lagunas.
Esta ley es apropiada y se ajusta a la realidad. Es una ley que va, sin distorsionar el mercado, a contribuir eficazmente a evitar el blanqueo de capitales y el Senado ha introducido algunas enmiendas que nos parecen trascendentes, que no
sólo son de forma sino que son enmiendas importantes. Decía la señora Romero que se incorporaba la trasposición de una directiva en el Senado en una parte importante y me parece esencial que también los profesionales, por ejemplo, usted ha señalado
a los abogados, colaboren eficazmente para evitar algunos movimientos de capitales que pueden ir incorporados a otro régimen ilícito, si queremos llamarlo así. ¿Que se podía haber hecho en el Congreso? Sí, pero el Senado también es una Cámara con
capacidad de iniciativa legislativa, también hay senadores que aportan sus conocimientos y tienen capacidad de decisión y se ha adoptado esta iniciativa en el Senado. A esta Cámara le corresponde hoy decir sí o no a la iniciativa del Senado porque,
como muy bien sabemos, la iniciativa del Senado exige la ratificación de esta Cámara y estamos celebrando hoy un debate. Mi grupo opina que lo que ha aportado el Senado es positivo. Su señoría dice que se abstienen. Me parece razonable porque esa
es su voluntad, pero quiero decir que lo que hacemos aquí es mejorar la ley, trasponer una directiva, implicar más a los profesionales para evitar algunas ilegalidades y, por supuesto, si uno habla con los colegios profesionales y les pregunta le
van a contestar que cuantas menos exigencias les impongan, mejor. Ahora, creo que es una exigencia de esta Cámara imponer las obligaciones adecuadas para evitar el blanqueo de capitales. ¿Que vamos un poco más allá de lo que marca la directiva?
Su señoría tiene razón, pero esta Cámara se tiene que plantear si nosotros podemos ir un poco más allá de lo que marca la directiva para imponer exigencias a los profesionales que nos permitan luchar contra el blanqueo de capitales. Mi grupo piensa
que sí, por eso lo vamos a apoyar. Ya tuvimos una discusión en la Comisión del Congreso sobre el deber de información y el régimen sancionador de cuando uno traslada dinero u otros medios de pago, como dice la ley, electrónicos, sobre esos 6
millones de euros y si la sanción debe ser grave. Es discutible, pero creemos que el régimen sancionador y de exigibilidad es el adecuado.
Decía la señora Costa que el Grupo Parlamentario Socialista había presentado una enmienda en la Comisión de Economía en el Congreso para hacer posible -se decía en aquel entonces- que las empresas financieras españolas tuvieran acceso a
recursos propios a través de participaciones preferentes, sin tener que ir a paraísos fiscales o, dicho de otra manera, evitar que las
empresas financieras tuvieran que emitir participaciones preferentes en paraísos fiscales y que lo pudieran hacer en el marco comunitario. Me parece muy bien. En aquel entonces la señora Costa dijo, y muy bien dicho porque es muy
conocedora de estos temas, que creía que las entidades financieras españolas tenían que emitir participaciones preferentes en el territorio de la Comunidad Europea. No nos podemos limitar a que las emitan en España porque iríamos contra el derecho
comunitario; tiene que ser en un marco más amplio, que es el de la Comunidad Europea, y me parece muy bien. Las entidades financieras españolas, las cajas de ahorros también, deben poder emitir las participaciones preferentes aquí porque tienen
necesidad de percibir recursos propios para su proceso de expansión, de renovación tecnológica, para tener iniciativas de participaciones empresariales, y es necesario que esas participaciones preferentes se puedan hacer en España. Mi grupo
parlamentario cree, y lo sabe la señora Costa, que es bueno que las cajas de ahorros y otras entidades financieras tengan acceso a recursos propios. Los bancos lo tienen a través de las acciones, y las cajas de ahorros, si así lo deciden en sus
órganos de gobierno, deben poder emitir cuotas participativas que, sin modificar la naturaleza jurídica de las mismas, les van a hacer percibir unos recursos propios de primer nivel necesarios. Creemos que tienen que emitir participaciones
preferentes y que lo tienen que hacer por una mayor transparencia en el territorio de la Unión Europea. Ahora, señora Costa, explíqueme por qué son las empresas financieras las que pueden y deben emitir participaciones preferentes en el territorio
de la Unión Europea y otras empresas, que también están en los mercados bursátiles, que cotizan, que tienen millones de accionistas, no pueden hacerlo. No sé si usted es más amiga de las entidades financieras que del resto de entidades; no sé si
usted es más amiga de los accionistas que deciden invertir en unos determinados bancos y le parece que tiene que ser menos amiga del resto de entidades que cotizan en los mercados bursátiles. Me parece que eso es una incoherencia. Si decimos que
se emitan participaciones preferentes en el territorio de la Unión Europea, se tiene que extender a todas aquellas empresas que pueden hacerlo. ¿Por qué unas lo tienen que hacer en paraísos fiscales y otras en territorio comunitario? Me parece una
incoherencia subir a la tribuna y decir que, además puede haber intereses personales. No, intereses personales, señora Costa, quien discrimina, quien dice: usted sí y usted no; usted sí porque es amigo mío y usted no porque no lo es. Eso a mí me
parece mal. Si aprobamos un marco legal tiene que ser para el conjunto de los ciudadanos españoles. ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿No le parece, señora Costa, que eso es discriminar a los ciudadanos según me caigan? Éste me cae bien, le
hago una ley ex profeso; éste me cae mal, le hago otra. Porque no me diga que es para proteger el sistema financiero español, porque el mismo derecho tiene a ser protegido el que compra una acción de una determinada entidad financiera que el que
compra una acción de una entidad empresarial mercantil que cotiza en Bolsa. Por tanto, esa discriminación, señora Costa, nosotros no la vemos. Ustedes impulsaron una enmienda y lo único que ha dicho el Senado es: para todos igual; que en España
no haya discriminación de unas empresas respecto a otras porque unos les caen bien a unos y otros les caen mal a otros.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, señora presidenta.
Nosotros lo que entendemos es que esa enmienda que ustedes impulsaron es positiva, que va en la buena dirección pero que no tienen que discriminar a unos ciudadanos respecto a otros, a unas entidades jurídicas respecto a otras. Por eso
entendemos que ahora el Senado, al decir vamos a aplicar el marco legislativo para todos igual, vamos a proteger a los millones de accionistas, independientemente de que decidan ir a la Bolsa a través de una entidad financiera o que compren una
acción de otro tipo de entidad, vamos a proteger a todos, vamos a hacer marcos para todos y no pensando en que uno es más amigo que otro...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora Costa, eso me parece que no es un buen sistema regulatorio y por eso aprobaremos estas enmiendas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD AÉREA. (Número de expediente 121/000128.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del proyecto de ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
iniciamos el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad aérea.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido el Senado, en primer lugar, porque hacemos una valoración positiva de las mismas con respecto a que se ha introducido en su globalidad con todas ellas,
salvo algunas que son puramente técnicas o de matiz, un mayor campo de seguridad
jurídica para las compañías, empresas aéreas españolas y todos los operadores del sector aeronáutico civil que con esta ley de seguridad aérea se ve obligado a una serie de cumplimientos que ya en su día, cuando la debatimos aquí en el
Congreso de los Diputados, mi grupo, por este portavoz que habla ahora al fijar la posición, había indicado en un sentido crítico constructivo que nos parecía que no había estado consensuado en su fondo con todo el sector aeronáutico español,
fundamentalmente con las compañías comerciales que operan dentro del territorio nacional español y con los servicios de fuera, como pueda hacerlo Iberia, Air Europa o Spanair o cualquier otra compañía de matriculación aeronáutica española que opere
dentro del territorio del Estado, bien en el área de la Unión Europea, bien de terceros países que exigen también unas normas de seguridad aérea. Nos parecía que se había introducido en el primer texto, por esta falta, a nuestro juicio, de consenso
entre el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación Civil y los operadores comerciales privados españoles, las compañías aeronáuticas, una falta de diálogo y de entendimiento, sobre todo en el capítulo de responsabilidades y sanciones
que obligaría a muchas empresas aéreas a tener una serie de limitaciones y restricciones improcedentes en lo que es también la agilidad y la flexibilidad del mercado de negocios que tienen. Esto, por supuesto, no debe de estar reñido con la
seguridad aérea, pero la seguridad aérea no puede tampoco introducir unas faltas graves con unas fortísimas sanciones, porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, y hecho esto así se condenaba a muchas empresas de aviación comercial españolas
del transporte de viajeros fundamentalmente, que es donde hay una exigencia de seguridad aérea mayor que en el sector de mercancías, a una serie de limitaciones que obligaban a permanecer sin utilizar muchas aeronaves en estas condiciones. Por
tanto, buscar un justo equilibrio. (La señora Vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Si no se ha llegado en el Senado a este desiderátum que mi grupo hubiera deseado (por supuesto, dentro del equilibrio de la seguridad aérea pero no hasta unos extremos de rigidez absoluta, y esto se podía haber enmendado con un diálogo entre
Administración y operadores del sector de la aviación civil española), sí se han introducido afortunadamente una serie de enmiendas, como la dirigida al artículo 8, sobre el alcance, la repercusión, la precisión que deben de tener las llamadas
circulares aeronáuticas en cuanto a sus normas de carácter técnico para que sean precisas y claras e introducir seguridad jurídica en el sector. La referente al artículo 10, sobre el Consejo Asesor de Aviación Civil. La hecha al artículo 14, para
regular la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de la persona propuesta para presidir la Comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, con el fin de informar acerca de las líneas básicas de actuación que se
propone desarrollar esta persona e institución, lo cual es conveniente. La enmienda dirigida al artículo 29, que trae una nueva redacción para subsanar las deficiencias, irregularidades o incumplimientos no constitutivos de infracción por parte de
las personas o entidades responsables, que daba lugar a dudas de inseguridad jurídica. Las enmiendas a los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, en cuanto al cumplimiento del deber de formación de personal en materia de seguridad operacional y de la
aviación civil de los operadores. La enmienda al artículo 43, que viene a regular de nuevo la clasificación de las infracciones administrativas, determinando que sólo podrán ser sancionadas las personas físicas o jurídicas que resulten responsables
de los hechos constitutivos de infracción, incluso en el caso de simple inobservancia, esto creemos que es importante, porque en el texto que salió de esta Cámara dejaba en una situación de precariedad, de inseguridad jurídica y de debilidad ante
una Administración fuertemente coactiva y coercitiva a las compañías de aviación comercial españolas. Así como las enmiendas introducidas al artículo 46, regulando las infracciones administrativas graves, con una nueva redacción del texto que
habíamos aprobado en el proyecto con nuestra disconformidad, incorporando que las modificaciones con que se introducen las infracciones graves ya reguladas en el apartado 1 del mismo artículo del proyecto de ley deben de tener esta seguridad
jurídica, porque esto dejaba a las compañías de aviación civil españolas de transporte de pasajeros en una situación de inseguridad jurídica y de indefensión. Finalmente, lo que se ha introducido en una nueva disposición adicional octava, para que
el Gobierno legisle la equivalencia académica de los títulos, licencias, diplomas y certificados para el personal aeronáutico, creemos que es positivo y apropiado.
Por esas razones, señora presidenta, y esperando que la aplicación de la ley por parte de las autoridades aeronáuticas españolas y de la Dirección General de Aviación Civil encuentren el entendimiento, el equilibrio, el sentido común, la
sensatez y la realidad con las compañías aeronáuticas españolas de aviación civil comercial en el tránsito y tráfico de pasajeros, que a nuestro juicio vienen cumpliendo dentro de la normativa nacional e internacional lo que el sentido común
aconseja a este respecto, las votaremos favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el trámite final de la ley de seguridad aérea, mi grupo parlamentario quiere insistir en que se ha perdido una oportunidad en este debate para hablar de seguridad aérea, para ver los defectos y acometer los problemas
estructurales que tiene la misma en nuestro país, y no lo que ha hecho el Gobierno porque, como
dijimos en nuestra primera intervención en la enmienda de totalidad de devolución que presentó mi grupo parlamentario, este proyecto de ley no cumple con los requisitos que debería en el tratamiento de las necesidades de la seguridad aérea
en nuestro país, y sí cumple con unas determinadas apreciaciones que, si no empeoran, al menos plantean mayores dificultades para el desarrollo del sector aéreo en nuestro país y para determinados aspectos, que decía el ministro, del compromiso de
todo el personal en la seguridad aérea.
Voy a empezar hablando de determinados aspectos que ya criticamos en nuestras intervenciones en esta Cámara respecto a la configuración de este proyecto de ley. En el Senado introducen en el artículo 6 una modificación que mi grupo
parlamentario no entiende. En el proyecto de ley se habla de que los ministerios de Defensa y Fomento compartan la utilización del espacio aéreo, y por supuesto el Ministerio de Defensa cuando nuestro país está en tiempos de guerra. En el artículo
6 se habla de la coordinación entre estos dos ministerios. El texto que salió del Congreso hablaba de la necesidad de coordinarse en la utilización del espacio aéreo. Hasta ahí no hay problema porque por nuestro espacio aéreo transitan aeronaves
civiles y militares que tienen que coordinarse para evitar accidentes. Pero no entendemos por qué al crear la comisión interministerial en la que tienen que estar representados los ministerios de Defensa y Fomento, además de las competencias en el
espacio aéreo que cada uno debe asumir cuando le correspondan, en el Senado se incluye también la coordinación no sólo en el espacio aéreo sino en el control de las servidumbres y zonas de seguridad del entorno de los aeropuertos civiles. Ni
siquiera se matiza que pueda ser en periodos de declaración de guerra o que haya una amenaza de declaración de guerra. Señorías, no entendemos por qué se han de militarizar las servidumbres y las zonas de seguridad de los aeropuertos civiles.
Estamos hablando de aeropuertos civiles no de aeropuertos militares. No sólo se coordina el espacio aéreo sino los espacios terrestres que tienen que ver con la aviación civil.
Señorías, nos parece que es una militarización, por decirlo de manera
suave, del funcionamiento diario y cotidiano de la aviación civil.
Vuelven a incurrir en lo que nos parece no que sean errores, sino aspectos bastante problemáticos a la hora de construir y planificar sistemas aeroportuarios. En el artículo 9.2 del texto del Congreso de los Diputados se dice que para la
construcción, modificación y apertura al tráfico aéreo de aeródromos y aeropuertos de competencia de las comunidades autónomas tiene que haber un informe previo y vinculante de los ministerios de Fomento y de Defensa. ¿Qué introducen ustedes? Una
modificación en la que se dice que si no se emite informe se considera favorable. Señorías, no nos parece adecuado que cuando dos ministerios o una comisión tiene que tratar temas tan serios como la ordenación del espacio aéreo, el que no se emita
un informe se pueda considerar favorable, porque es un informe vinculante, no simplemente preceptivo.
Vincula a las comunidades autónomas a un determinado tipo de planificación para que puedan estar integrados en la ordenación del espacio aéreo y
así poder tenerlo controlado. Señorías, estamos hablando de cosas bastante graves que van en contra de la seguridad aérea, van en contra de lo que ustedes pretenden con este proyecto de ley y muy en contra del título del mismo.
Continuando con el trabajo que se ha hecho en el Senado, hay una enmienda al artículo 13 relativa a la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil. Nosotros hicimos la crítica y dijimos que ya que se creaba esta comisión de
investigación debería ser totalmente imparcial, desvinculada completamente del organigrama del Ministerio de Fomento, con los mecanismos y recursos necesarios para su funcionamiento adecuado.
Pero ahora resulta cuando menos gracioso, un poco
tomadura de pelo, que cuando en el artículo 14 se habla de la composición y funciones se pretenda que antes de la designación de la persona propuesta como presidente comparezca en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las líneas básicas de
actuación a desarrollar por la comisión de investigación. Así, sin más, señorías. Bienvenida sería la enmienda si ante esta comparecencia en el Congreso de los Diputados pudiera emitir un informe negativo que vinculara al Ministerio de Fomento y
supusiera tener una incidencia en el nombramiento del presidente de la comisión. Pero esto parece una tomadura de pelo. Se pasa por un expediente que nada tiene que ver con las posibilidades que esta Cámara debería tener para decidir sobre
determinados temas, y ustedes pretenden lavarse las manos ante la participación del Congreso de los Diputados y al dar como válido que no sea sólo el ministro de Fomento quien haga los nombramientos sino que, además, por silencio esta Cámara valide
al presidente. Nos parece cuando menos algo risible.
Pasamos al apartado de las infracciones, señorías, que es lo que más interés tenía en este proyecto de ley, como dijimos en su momento cuando defendimos la enmienda de devolución. Es un proyecto de ley punitivo y ustedes han incorporado
determinados aspectos en el Senado que no nos parecen adecuados porque incluso agravan las situaciones. En el título V, capítulo primero, artículo 43, concepto y clases de infracciones, el apartado 2 se refiere a las infracciones administrativas y
las tipifica, como es lógico, en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo que establecen los artículos siguientes. Pues bien, este apartado 2 lo modifican ustedes y dicen que sólo podrán ser sancionadas las personas físicas o jurídicas que
resulten responsables de los hechos constitutivos de infracción. Hasta ahí no hay ningún tipo de objeción, pero después añaden lo siguiente: aun a título de simple inobservancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa realmente que en las
calificaciones de unas infracciones que puedan ser constitutivas de sanción hablen incluso a título de simple inobservancia. ¿Qué
están diciendo ustedes con esto realmente? Están agravando y dejando en inseguridad jurídica a las personas físicas o jurídicas que tienen que prestarse a realizar determinados cometidos, especialmente a aquellos que tienen que defenderse
en el caso de haber incurrido en alguna infracción.
Y no queda nada claro qué es lo que se pretende al decir aun a título de simple inobservancia. Pero cuando tienen que ponerse serios y rigurosos parece que no les viene tan bien y abren la mano.
El artículo 46 hace referencia a las infracciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. No estamos hablando del transporte de una caja que contiene no se sabe qué y no tiene ningún riesgo para quien la manipula, para quien la
transporta ni para quien pueda estar en el mismo avión que las está transportando. Estamos hablando de materias peligrosas. De esta Cámara había salido un texto que hacía referencia a las infracciones graves sujetas precisamente a la inobservancia
o al no cumplimiento de determinados preceptos que tienen que ser obligatorios para el transporte de mercancías. Hablamos de materias peligrosas, no de cosas normales que no tienen ningún riesgo para la mayoría de la población o para quienes las
están manipulando. Convierten ustedes en infracciones administrativas leves las relativas al transporte de mercancías peligrosas sujetas a normas especiales en los siguientes apartados: el incumplimiento de las condiciones establecidas en la
dispensa o aprobación especial para transportar de forma distinta a la establecida en la reglamentación sobre mercancías peligrosas o en las normas especiales. Es decir que ese incumplimiento lo consideran una infracción leve. Sin embargo,
solamente las condiciones esenciales son una infracción grave. ¿Qué significan las condiciones esenciales establecidas en la dispensa? No hay diferencia, señorías. Estamos hablando de riesgos, y los riesgos no son calculables. La seguridad total
no existe y mucho menos cuando se introducen mecanismos para no imponer sanciones serias a determinadas compañías que transportan mercancías peligrosas cuando están incumpliendo de manera reiterada determinados aspectos de las condiciones que tienen
establecidas para el transporte de estas mercancías. Señorías, se transportan muchas cosas, pero también se están transportando materias nucleares, lo que puede crear graves problemas de contaminación no solamente para las personas que están
tratando con estos materiales, sino para los entornos más próximos en los que se puedan ver implicados los incumplimientos de estas normativas.
Están ustedes jugando con fuego y al final no se van a quemar ustedes, nos podemos quemar la mayoría.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Urán, le ruego que concluya.
La señora URÁN CONZÁLEZ: Termino, señora presidenta, con la última enmienda que queremos resaltar de las incluidas en el Senado. Nos parece bien pero no la vamos a votar a favor porque estamos en contra de la disposición adicional primera
que permite que los militares de carrera puedan acceder a la inspección de personal aeronáutico en la Dirección General de Aviación Civil. Conocen ustedes cuál fue nuestro argumento en el debate anterior. Puede favorecer algo el que se haya
incluido una enmienda en la que se diga que mediante norma reglamentaria se establecerán los requisitos específicos que este personal debe tener para poder desempeñar tal puesto de trabajo, pero de todas formas esto no es garantía de seguridad en la
inspección ni del buen trabajo que se debe desarrollar. Para terminar, señora presidenta, esta no es la ley de seguridad aérea que necesita el Estado español y mucho menos el sector aeronáutico.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que vienen del Senado. No voy a hacer ningún comentario en detalle de las mismas, por cuanto ya han sido hechos por nuestros compañeros en el Senado, y dado que allí dieron su
apoyo a las enmiendas nos corresponde ahora en todo caso convalidarlo. Lo que vamos a hacer es votar lo que dieron por bueno en el Senado, teniendo en cuenta que muchas de las enmiendas que hoy vienen aquí son originarias nuestras, enmiendas
presentadas directamente o transaccionadas con el grupo mayoritario en el Senado, como antes algunas lo habían sido aquí con el Grupo Popular. Quiero hacer constar que la posibilidad de hacer transacciones con resultados positivos en algunas
enmiendas se produce gracias a que, incluso antes de que se iniciara el debate en el Senado, el señor subsecretario del Ministerio de Fomento se entrevistó y dialogó con diversos grupos -el nuestro entre ellos- y de este buen entender y buen hacer
del subsecretario llegamos a unas conclusiones positivas que yo en este momento he de agradecer. Fue positivo para la ley, que ha mejorado en el Senado y de lo cual nos congratulamos. ¿Que podría ser mucho más? Posiblemente sí. ¿Que el campo de
aplicación de la ley podría ser mucho más extenso, como se ha dicho ya? También, y en su momento deberá llegar un complemento en forma de otra ley o de una ampliación de la misma, pero en este momento nuestro grupo va a apoyar todas las enmiendas
que hoy nos llegan del Senado a esta ley sobre la seguridad aérea.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el 3 de abril pasado, en una sesión plenaria equivalente a la del día de hoy, analizamos el contenido del dictamen procedente de la Comisión de Infraestructuras sobre este proyecto de
ley de seguridad aérea. Este diputado terminaba su intervención en defensa de las enmiendas que manteníamos vivas refiriéndose a una específica que considerábamos muy singular, la enmienda número 132, que textualmente decía: En el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno elaborará un proyecto de ley de ordenación académica de las diferentes titulaciones de las profesiones que se ejercen actualmente en la aeronáutica civil que hasta el momento presente
carecen del reconocimiento académico oficial, que debería ser expedido por el Ministerio de Educación con la perspectiva de su integración en el sistema educativo estatal, en el entendimiento de que la regulación competencial del ejercicio de las
funciones a desempeñar por dichos titulados ha de ser fijada por el Ministerio de Fomento, como responsable de la determinación de dichas funciones.
A continuación de la lectura de la enmienda, que hoy reiteramos aquí, añadía unas reflexiones. Indicaba que en el Estado español hoy estaba regulado, desde la perspectiva de la formación profesional, desde la perspectiva académica, en el
ejercicio de las funciones y de las competencias autónomas de las universidades que tienen titulaciones específicas propias, un número muy elevado de especialidades académicas en la formación profesional. Especialidades tan singulares como
escaparatistas, mecánicos del automóvil, especialistas en electricidad del automóvil, especialistas en jardinería, etcétera, son titulaciones académicas regladas. Sin embargo, el mundo de la aeronáutica viene generando multitud de especialidades
distintas, empleos muy variados a lo largo de los últimos decenios: señaleros en pista, mecánicos de aeronaves, técnicos de mantenimiento de aeronaves, especialistas en señalización aeronáutica, pilotos, expertos en materias vinculadas al auxilio
de pasajeros, los llamados TCP -especialistas en la atención de pasajeros-, informática aeronáutica, meteorología aeronáutica, y así un largo etcétera que curiosamente hoy en día aún carecen de titulación académica. Esa enmienda la ofertamos y no
fue posible en el Congreso de los Diputados, pero afortunadamente la intermediación del subsecretario del Ministerio de Fomento, sensible a esta materia, ha posibilitado que, reiterada la enmienda en el Senado por el Grupo Parlamentario Socialista
haya dado origen a una enmienda transaccional que en forma de nueva disposición adicional plantea que la ordenación de los requisitos de formación y experiencia exigidos para el ejercicio profesional de actividades aeronáuticas se acomodará, en todo
caso, a las reglas establecidas por las normas del derecho comunitario europeo, añadiendo a continuación que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley el Gobierno elaborará un proyecto de ley (es un compromiso; nosotros
pedíamos seis meses, pero si la perspectiva en un futuro es resolver este tema, bienvenidos sean los estudios que haya que realizar en el plazo de dos años) en el que se determinarán las equivalencias académicas de los títulos, licencias, diplomas o
certificados que habilitan para el ejercicio de las funciones propias del personal aeronáutico. Créanme, señorías, que se trata de una de las aportaciones más relevantes de este proyecto de ley porque permitirá resolver una situación injusta,
discriminatoria, de los profesionales que ejercen actividades en el amplio mundo de la profesión aeronáutica en tierra o en aire, en las industrias o en la regulación por la Administración pública.
Señorías, no nos olvidemos de que la única empresa
que hay en España empleadora y generadora de empleo para los especialistas de control aéreo es el Estado español, y el Estado español aún no tiene regulada académicamente la formación de los controladores aéreos. He dedicado a este tema los minutos
suficientes por estimar que constituye una de las aportaciones más relevantes que nos hace llegar el Senado en este conjunto de enmiendas.
Nosotros apoyaremos algunas enmiendas como la relativa a la mejora que se introduce al artículo 6.º de coordinación entre los ministerios de Defensa y de Fomento; o al artículo 29 de subsanación de defectos en las actas que se levanten por
los inspectores cuando se produzcan infracciones; o en el artículo 30, de medidas extraordinarias, la modificación del segundo párrafo del punto 1 del artículo; lo relativo al acuerdo de inmovilización, delimitación y de suspensión se documentará
por escrito -nos referimos naturalmente a aquellas aeronaves o elementos que tengan que ser sometidos a ese régimen preventivo-; o en el artículo 37, de obligaciones específicas de las compañías aéreas y empresas de trabajos aéreos. Se añade un
punto 8.º que son las obligaciones específicas de los operadores aéreos; un nuevo párrafo relevante como es el de la obligatoriedad de cumplir con los deberes legalmente establecidos de formación de su personal en materia de seguridad operativa y
de la aviación civil. Es decir que es una aportación más a la exigencia de la cualificación y de la formación adecuada para el ejercicio de sus funciones. La introducción en el artículo 38 de un cuarto párrafo de obligaciones específicas de los
proveedores civiles de servicios de navegación aérea nos parece oportuna y apoyaremos introducir ese párrafo exigiendo el cumplimiento de los deberes legalmente establecidos también de formación del personal en materia de seguridad operacional y de
la aviación civil; asimismo, en el artículo 39, las obligaciones específicas de los agentes y proveedores de servicios aeronáuticos, en la misma línea de lo que acabamos de indicar; y en el título V, de infracciones y sanciones, se da un ligero
avance que nosotros apoyaremos en lo que se refiere a la modificación del punto 2 del artículo 43.
Todo ello, señorías, no nos desvía del concepto general que nos merece este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley fruto de graves negligencias. Hemos puesto
de manifiesto que este es un miniproyecto de ley, como lo califiqué en su momento en la defensa de la enmienda a la totalidad. España necesita una ley de navegación aérea y de aeropuertos; España necesita un proyecto de ley
multicomprensivo de toda la temática vinculada al transporte aéreo; España necesita un proyecto de ley que sustituya la vigente Ley de Navegación Aérea del año 1960. Y el proyecto de ley cuya tramitación estamos culminando adolece precisamente de
este defecto en las tres grandes columnas que lo sostienen. En primer lugar porque se produce -y por ello nosotros lo rechazamos en su globalidad- la privatización de la inspección técnica aeronáutica. En segundo lugar porque trae todo un amplio
conjunto de medidas sancionadoras que lo convierten en un auténtico proyecto de ley represivo con una serie de normas que de forma discrecional van a posibilitar que la Administración aeronáutica española produzca graves lesiones y quebrantos en la
estructura del transporte aéreo, que es un modo de transporte sometido a múltiples actuaciones procedentes de distintos focos, de distintos países y de distintos orígenes. No nos olvidemos, señorías, que este proyecto de ley pretende regular la
inspección y el control aeronáutico de un país integrado en el seno de la Unión Europea donde hay 47 tipos distintos de controles aeronáuticos, cada uno de ellos vinculado al modelo de espacio aéreo de los países que integran Eurocontrol. En tercer
lugar, hay una militarización de las funciones inspectoras. Creemos que los contenidos de la disposición adicional primera y los artículos que en la parte resolutiva del proyecto de ley que configuran y posibilitan el trasvase de militares del
Ejército del Aire sin experiencia en navegación aérea civil, en transporte aéreo de pasajeros y de mercancías civiles, que es una temática muy distinta de la vinculada a la navegación aérea de tipo militar, son tecnologías distintas...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, le ruego que concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Son tecnologías distintas, mecanismos distintos, temáticas distintas y normativa internacional distinta. Consiguientemente, militarizar la inspección aeronáutica constituye la tercera columna en la que se sustenta este proyecto de ley y
para nosotros constituye el tercer motivo que nos induce al rechazo en su globalidad del proyecto de ley, sobre el cual mantenemos la misma posición política que hemos venido manteniendo en las anteriores intervenciones. En consecuencia, señorías,
daremos nuestro voto favorable a las enmiendas introducidas en el Senado en los aspectos a que he hecho referencia y en los restantes votaremos en contra.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, nuestro grupo va a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado. No obstante, me veo en la obligación de hacer algunas observaciones.
En primer lugar, la participación del sector aeronáutico en la fase de elaboración del anteproyecto de ley por el Ministerio de Fomento ha sido muy importante. Hasta un total de 26 entidades y organizaciones fueron consultadas en el
correspondiente trámite de audiencia, y empiezo por enumerarlos porque creo que tiene importancia y es demostrativo del diálogo que en la elaboración del anteproyecto ha tenido el Ministerio de Fomento con los diversos sectores afectados. En primer
lugar, los colegios profesionales, y entre los consultados están el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial; sindicatos, y
entre ellos el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el Sindicato Independiente Tripulantes Cabina de Pasajeros, el Sindicado Español de Oficiales Técnicos de Vuelo, Asociación Sindical Técnicos Mantenimiento Aeronáutico, Sector Aéreo de
Unión Sindical Obrera, CSI-CSIF, Federación Estatal de Transportes y Telecomunicaciones de la UGT, Sector Aéreo de la Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras, Sindicato de Aviación Independiente, SAI, Unión Sindical de
Controladores Aéreos, Asociación Sindical de Pilotos de Aviación; asociaciones empresariales, entre ellas la Asociación Española de Compañías Aéreas o la Asociación Técnica Española de Constructores de Material Aeroespacial. Sería muy largo citar
las 26, pero estas son una demostración de la voluntad de diálogo que ha habido permanentemente desde que se configuró como anteproyecto hasta hoy que viene del Senado.
Durante la tramitación parlamentaria se han aprobado en el Congreso un total de 34 enmiendas que no paso a detallar porque son conocidas por todos los grupos, y el texto que viene hoy a la Cámara ha sido modificado con la incorporación de
otras 42 enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios. En general, durante la tramitación parlamentaria del proyecto se han aceptado todas aquellas enmiendas que suponían una mejora técnica del texto y las que producían una mayor adecuación
del mismo al sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
En cuanto a las críticas que se han hecho al proyecto por parte de algunos grupos parlamentarios, en primer lugar he de decir que evidentemente esta ley no es una norma incompleta y parcial y no lo es -por formularlo de forma negativa-
porque se diga que no viene a sustituir de forma completa a la Ley de navegación aérea, porque lo que sí viene a hacer este proyecto de ley de seguridad aérea que debatimos hoy, en su última instancia,
en el Congreso de los Diputados, es incorporar toda la normativa aérea vigente y adecuar las necesidades de organización de toda la aeronáutica española a las necesidades del transporte de personas y de mercancías que se está realizando en
estos momentos y que configuran este modo de transporte como uno de los más importantes que existen en este momento.
En segundo lugar, se ha afirmado por parte de algunas personas que este proyecto lleva a cabo una militarización de la aviación civil, cuando la realidad es exactamente la contraria, porque el proyecto transfiere a la Administración civil
del Estado la responsabilidad del control de la circulación aérea en el espacio aéreo español que pasa a recaer en el Ministerio de Fomento, mientras que hasta el momento el Ejército del Aire, a través del Ministerio de Defensa, era el titular de
esa responsabilidad. De manera que el Ministerio de Fomento sólo intervenía en virtud de delegación. Por eso se derogan determinados artículos del Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades, entre el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en materia de aviación. Como garantía última de la seguridad, y para supuestos excepcionales, el proyecto establece la titularidad del Ministerio de Defensa para circunstancias
extraordinarias o situaciones de emergencia con carácter exclusivo.
También se ha cuestionado por algunos grupos parlamentarios la incorporación de militares de carrera de la escala superior de oficiales del cuerpo general del Ejército del Aire que se encuentren en situación de reserva, la posibilidad de
realizar inspecciones aeronáuticas dependiendo de la Dirección General de Aviación Civil. Lo cierto es que el apartado 2 de la disposición adicional primera del proyecto de ley, sobre el que se ha alcanzado un acuerdo en el Senado con el Grupo
Parlamentario Socialista, limita el acceso a puestos de trabajo de inspección de la Dirección General de Aviación Civil exclusivamente a militares de carrera de la escala superior de oficiales del cuerpo general del Ejército del Aire, que se
encuentren en la situación de reserva regulada en el artículo 144 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, para poder desempeñar tales puestos de trabajo de inspección el personal aeronáutico que reúna los
requisitos que reglamentariamente se determinan, por tanto, los que tengan la formación y experiencia necesaria. Ello, porque no es fácil encontrar funcionarios civiles con la formación y experiencia adecuada para realizar la inspección del
personal de vuelo.
También se ha censurado por algunos grupos el carácter sancionador y especialmente punitivo del proyecto. Con ello se hace referencia a un sólo título del proyecto de ley, el título V, de infracciones y sanciones, que es absolutamente
necesario, puesto que el régimen sancionador vigente es preconstitucional y no ajustado a las garantías que la norma constitucional reconoce a todos los ciudadanos. Por otra parte, también se establecen los derechos y obligaciones de todos y, en
consecuencia, también las infracciones y sanciones.
Por tanto, hemos criticado esta visión, que realizan algunos grupos parlamentarios, porque es muy parcial y olvida otros aspectos del proyecto destinados a fomentar la participación y la promoción eficaz de la seguridad aérea, entre los que
destaco los siguientes. En primer lugar, la posibilidad de fijar, por acuerdo del Consejo de Ministros, el programa nacional de seguridad para la Aviación Civil. En segundo lugar, la atribución, al director general de Aviación Civil, de la
potestad para dictar disposiciones reglamentarias, en concreto, circulares aeronáuticas. En tercer lugar, se crea el consejo asesor de Aviación Civil como órgano superior de asesoramiento y consulta en materia de aviación civil y foro especializado
de discusión sobre temas aeronáuticos. En cuarto lugar, se refuerza asimismo la independencia de la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, al limitar las facultades del ministerio para nombrar o cesar a sus
miembros, ya que deben ser personas de reconocido prestigio en el ámbito de la aviación civil y, además, porque únicamente pueden ser separados del cargo por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones o por condena por delito doloso.
En quinto lugar, se promueve y contempla legalmente la asunción de responsabilidades a favor de la seguridad directamente por las compañías aéreas y los prestadores de servicios aeroportuarios y de navegación aérea, mediante procedimientos internos
de autoverificación, artículo 27. Se establecen, por primera vez en España, las obligaciones a las que están sujetas todas las personas, entidades y organizaciones, sin excepción alguna, que realicen actividades que puedan afectar a la seguridad
aérea, título IV, de las obligaciones por razones de seguridad.
También se ha dicho de forma inexacta que este proyecto procede a la privatización de la inspección aeronáutica. Sin embargo, este proyecto establece un régimen jurídico de la inspección aeronáutica de nueva planta que, como elemento más
destacado, viene a reforzar la capacidad inspectora de la Administración y de sus funcionarios, pero con absoluto respeto a los principios y reglas del procedimiento administrativo, de manera que las garantías jurídicas de que disfrutan los
inspeccionados son ahora incluso más claras.
Asimismo, el proyecto remite a normas reglamentarias para desarrollar su aplicación. Importa resaltar sobre este aspecto concreto del proyecto que si bien abre la posibilidad de que para determinados ámbitos la inspección técnica la
Administración pueda servirse de entidades colaboradoras, tal posibilidad se concreta en ámbitos predeterminados y siempre con garantías materiales y formales para su realización. En todo caso, esta colaboración que prevé la norma no es en absoluto
una novedad.
Piénsese en las clásicas inspecciones técnicas de vehículos o en el sistema de organismos de control establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
desarrollada por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. Este es el sistema promovido por la Unión Europea, ya que numerosas normas
comunitarias e internacionales prevén la supervisión por organismos reconocidos o cualificados. Por citar una de las más recientes, no se puede desconocer que el Reglamento 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2002,
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, prevé la colaboración de organismos cualificados, que define en su artículo 3 como aquellos que puedan llevar a cabo las tareas de
certificación bajo el control y responsabilidad de la Agencia, de manera que, como después prescribe el artículo 46, la Agencia podrá realizar por sí misma todas las investigaciones necesarias o encargar dicha tarea a autoridades aeronáuticas
nacionales o a organismos cualificados.
Por tanto, este proyecto es el que país necesita, es un proyecto redondo y que ha sido extremadamente sensible y cuidadoso con los diferentes colectivos afectados, a los cuales se ha consultado antes de convertirse en proyecto de ley, con el
dictamen favorable del Consejo de Estado. Y como creo que en el Senado ha sido perfeccionado de manera importante, nuestro grupo votará afirmativamente a todas las enmiendas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López-Amor. (El señor Segura Clavell: Lees muy bien lo que ha dictado el director general.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR FERROVIARIO. (Número de expediente 121/000135.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto VIII del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de ley del sector ferroviario.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y dar por defendidas las demás enmiendas presentadas por los otros partidos integrados en el Grupo Mixto.
La defensa de las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego mantiene vivas a este proyecto de ley se va a centrar en la explicación y en la defensa de las enmiendas presentadas a tres disposiciones transitorias, tres disposiciones
transitorias que desde nuestro punto de vista sirven para aclarar cuál es nuestra posición respecto de este proyecto de ley, cuáles son las razones que nos mueven a oponernos a este proyecto de ley.
Estas enmiendas pretenden, en primer lugar, dejar
claro cuál es el ámbito competencial de las comunidades autónomas y cuál es el derecho de las mismas a contar con redes ferroviarias propias, tanto en la infraestructura como en el servicio. En segundo lugar, para dejar claro también que el
transporte ferroviario debe ser declarado servicio de interés público y por tanto debe ser prioritariamente prestado por las administraciones públicas que en cada caso correspondan.
La enmienda de modificación a la disposición transitoria tercera va destinada a dejar claro que el Gobierno debe contemplar que la red de ancho métrico de titularidad del Estado, es decir, la que se denomina FEVE, Ferrocarriles de Vía
Estrecha, y todos los servicios ferroviarios que sobre ella se prestan, puedan ser transferidos a las comunidades autónomas, lógicamente previo acuerdo del Ministerio de Fomento y los correspondientes órganos autonómicos. De esta manera tendríamos
aclarado ya un problema competencial respecto de la infraestructura ferroviaria, que abarca cierto tipo de territorios del Estado español, generalmente calificados como periféricos y en concreto lo que se denomina la cornisa cantábrica.
Una segunda enmienda de adición se refiere a la disposición transitoria tercera y persigue clarificar que los actuales servicios regionales prestados por RENFE -por cierto, ninguno de ellos en Galicia- puedan ser transferidos a las
comunidades autónomas previo ese acuerdo, al que antes hacíamos referencia, entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas. Esto permitiría contar con servicios ferroviarios de ámbito autonómico por cuenta de las mismas y permitiría
además que las comunidades autónomas competentes en materia de transporte por carretera pudiesen elaborar planes intermodales tomando como punto de referencia su propio territorio. Igualmente pretendemos que los capítulos 2 y 3, del título IV de la
ley, no sean de aplicación al transporte ferroviario de viajeros, es decir que la introducción de la iniciativa privada quede, de una forma reglada, amparada y cautelosa, limitada al servicio de mercancías.
Estas tres modificaciones, junto con otras que el Bloque Nacionalista Galego presenta a otros artículos del proyecto de ley, dejan claramente establecido cual es nuestra posición y cuales son los mínimos que desde nuestro punto de vista
serían exigibles, desde la modestia de nuestro grupo y de nuestra representación parlamentaria, para apoyar un proyecto que aun no siendo el nuestro, aun no recogiendo la ordenación y la regulación que nosotros desearíamos del sector ferroviario,
pudiese ser aceptado de alguna manera y ser votado favorablemente. Como ello no va a ser así, mantenemos
nuestras enmiendas y nuestra posición de conjunto al proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando el día 30 de abril discutimos en esta Cámara las enmiendas a la totalidad a este proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso ya expuso sus reticencias a lo que consideraba una ley que era invasora de las
competencias autonómicas y que tenía una serie de problemas que en su momento expusimos puntualmente, y manifestó su confianza en que la oferta de discusión que habíamos recibido desde el ministerio se tradujese en la obtención de enmiendas
sustanciosas y aceptables para nosotros. Tenemos que decir que se nos ha aceptado una enmienda que es testimonial y tres transacciones que no satisfacen plenamente, ni siquiera puntualmente, nuestras aspiraciones respecto a esta ley.
En aquel entonces, abundamos en la invasión competencial que entendíamos que esta ley provocaba, dijimos que iba en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas, en las que se hablaba de los criterios territoriales que
amparaban las competencias estatutarias dentro del Estatuto de Autonomía de Euskadi, que estaban perfectamente definidas en dicho estatuto y avaladas, repito, y repetiré siempre, por sentencias del Tribunal Constitucional y que no son recogidas en
esta ley. Bajo la premisa de pretender incorporar unas directivas comunitarias, lo que se hace es fortalecer el centralismo del sistema ferroviario español y abundar en la capacidad decisoria personal del ministerio, fortaleciendo un órgano
central, un órgano de explotación que va a sustituir a RENFE y GIF y que realmente va a conservar en el tiempo de forma proteccionista las competencias que en este momento ostentan estos órganos estatales.
Nuestras enmiendas han ido en ese sentido,
porque hay que entender que siempre estamos diciendo que en el Estado español coexisten diversas redes ferroviarias, de titularidad pública todas ellas, tanto en el ámbito de competencia estatal como en el ámbito de competencia autonómica y así
queda expresado en la exposición de motivos del borrador del proyecto aquí discutido. Sin embargo, la somera lectura del texto del articulado nos sitúa en un proyecto donde la vis expansiva de las competencias del Estado en materia de ferrocarril y
transportes terrestres se manifiesta de forma clarísima, ya que se pretende reducir a la mínima expresión la competencia en materia de ferrocarriles y transportes terrestres, en este caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con el
artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía. Esa pretensión está en abierta contradicción con las tendencias regionalizadoras en el transporte regional ferroviario que existe en el ámbito de la Comunidad Europea. Estas modificaciones de
regionalización, por ejemplo, han sido emprendidas en Francia, en Alemania, en Italia, al amparo de la reforma del sector ferroviario, al abrigo de la trasposición de las directivas comunitarias que hoy nos traen aquí. Asimismo, se encuentra en
abierta contradicción con los principios de subsidiariedad, proximidad, que rige también la política comunitaria especialmente en sectores de las public utilities como puede ser el del transporte. La incidencia del proceso de liberalización
ferroviaria iniciado con la Directiva 1991/440 hace inexcusable la necesaria modificación de estos preceptos y aquí no los vemos recogidos. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Nosotros tenemos serias dificultades para aceptar el artículo 4, de ahí nuestras enmiendas a dicho artículo, junto con la disposición transitoria cuarta, porque se configuran como de interés general todas las infraestructuras ferroviarias
que en el momento de entrada en vigor de la ley estén siendo administradas por RENFE, incluido -y esto nos interesa a nosotros- las conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte, así como la infraestructura en la que se
soporte el servicio del transporte regional. Insistimos que a pesar de lo que se dice en el preámbulo de la ley para nada se diferencian esas dos realidades y se engloba todo en un saco que pasa a ser esa red de interés general comandada en el
Estado desde la capitanía de Madrid. En este sentido, sería razonable una redefinición de las infraestructuras ferroviarias que integran la red ferroviaria de interés general en su sintonía con los objetivos que nos parecen lógicos de transferir la
competencia, incluidas las infraestructuras en materia de transporte ferroviario regional cuando éstas circulan por territorios de una comunidad autónoma en toda su extensión.
El problema importante que nosotros tenemos respecto a la ley se refiere a la competencia para la planificación, proyección y construcción de infraestructuras ferroviarias integradas en la red ferroviaria de interés general, que está
recogido en el artículo 5 del presente proyecto de ley.
Entendemos que es lógico y razonable que sean oídas las comunidades autónomas mediante un estudio informativo cuando esas infraestructuras pasen por su territorio, aunque esas infraestructuras
sean de competencia exclusiva del Gobierno central o aunque sea de una red de conexión peninsular continental. De ahí vienen nuestras enmiendas a los artículos 5 y 21.
En lo que se refiere al artículo 28 en el que se determina cómo se constituye ese órgano administrador de infraestructuras ferroviarias, nos encontramos con el mismo caso: deben hacerse efectivas las participaciones de las comunidades
autónomas con Administración ferroviaria autonómica propia. Eso debe contemplarse en el Estatuto de la ADIF y más concretamente en su estructura organizativa y sus órganos de dirección.
Respecto al artículo 53 entendemos que de la misma forma debe reconocerse a las comunidades autónomas su competencia de ejecución en la ordenación del transporte terrestre con origen y destino dentro de las comunidades autónomas, competencia
que es exclusiva de las comunidades autónomas.
Para nada se recoge esto en este proyecto de ley, lo cual vuelve a incidir en lo que para nosotros es pasar por encima de los estatutos y, por tanto, de la Constitución que tanto se dice defender.
Con los artículos 82, 83 y 84, que regulan la creación, funciones y adscripción del comité de regulación ferroviaria, ocurre lo mismo. Es pertinente que en la composición de este comité se dé entrada a las comunidades autónomas con la
Administración ferroviaria, lo que se recoge en el artículo 82.2. Si pretendemos hacer un ente auténtico y eficaz, progresista, regulador del mercado ferroviario, liberalizador, no podemos prescindir de recoger la voz de esas comunidades autónomas,
y también en el régimen sancionador.
En cuanto a las disposiciones transitorias primera y tercera, pasa exactamente igual. Lo mismo que en la cuarta, respecto a la gestión del transporte ferroviario de viajeros, donde se olvida toda la función que tienen en esos transportes
internos las competencias de las comunidades autónomas, como la ordenación del transporte y la ordenación urbana, que corresponden a esas competencias autonómicas. Por todo ello, seguimos entendiendo que éste no es nuestro proyecto, que no nos
gusta, y no podemos darle nuestra aquiescencia.
En cuanto a las enmiendas que han presentado otros grupos de la oposición, apoyaremos algunas. Tenemos dificultades para apoyar las enmiendas del Grupo Socialista porque nos encontramos con un problema moral. Somos muy buenos amigos del
señor Segura, pero si votamos a su favor igual le abren un expediente dentro del partido. Por eso, no sé qué vamos a hacer. (El señor Segura Clavell: Votar a favor.)
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Otxoa.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario considera que, al inicio de esta intervención, debo hacer una mención a lo que ha sido el debate de este proyecto de ley, mejor dicho, a lo que ha sido la tramitación de este proyecto de ley en Comisión,
porque, señorías, quizá no podemos hablar de debate sino de tramitación. Ha habido dos días de sesiones de la Comisión de Infraestructuras para debatir, se supone, en principio, este proyecto de ley, título a título, pero la verdad es que, al
final, lo que se ha producido en la Comisión ha sido una sucesión de monólogos de los diferentes grupos parlamentarios que formamos parte de esta Cámara, sin posibilidad de debate. Y esta imposibilidad no se refiere a que no hayamos tenido tiempo
para hablar, o a que no hayamos tenido posibilidades de decir todo lo que hemos querido, o a que no hayamos podido defender nuestras posiciones como corresponde a un grupo parlamentario de esta Cámara. Creo, señorías, que esto que está sucediendo
es grave.
Los debates significan el contrapunto de las posiciones entre las diferentes fuerzas políticas; es decir, uno expone lo que está defendiendo, quien está en contra habla en contra, se replica, se argumenta y, por tanto, se produce un debate
que nos puede llevar a aceptar o no las enmiendas que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios, pero después de haber intentado convencernos mutuamente de las bondades o de los defectos que tiene el proyecto de ley que estamos
discutiendo. Y eso no se ha dado en la Comisión de Infraestructuras, señorías. No constituye un debate la sucesión de monólogos reiterados por parte de cada uno de los grupos parlamentarios, con el monólogo final del grupo parlamentario
mayoritario, remitiéndose a tres líneas en el 'Diario de Sesiones'. Y no porque sean tres líneas sino, sencillamente, porque ni tan siquiera se argumentó por qué había una posición en contra por parte del grupo mayoritario en el resto de las
enmiendas de los demás grupos. Señorías, eso es desvirtuar el trabajo que esta Cámara tiene que realizar; eso es desvirtuar, democráticamente, la labor que esta Cámara tiene la obligación de realizar de cara a la ciudadanía. Y eso siempre hay que
cuidarlo, señorías, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de ley que modifican la regulación, el marco en el que se sustenta un sector imprescindible, esencial, para el desarrollo económico y social del territorio del Estado español. Y
eso es la ley del sector ferroviario, señorías, un desarrollo económico y social que, desde nuestro punto de vista, debería ser equilibrado; pero, también según nuestro punto de vista, eso no queda recogido en el proyecto de ley.
Voy a hablar de las enmiendas para que no se me acabe el tiempo, pero creía que esto era importante. Las enmiendas que mi grupo ha presentado respetan en parte lo que el Gobierno del Partido Popular estaba planteando y en otra parte no.
Ustedes conocen que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no está de acuerdo, no es favorable a la liberalización de los sectores que ustedes están planteando y, en este caso, no es favorable a la liberalización que señalan en el
proyecto de ley del sector ferroviario. Van ustedes mucho más allá de la directiva europea en estas materias, pero desde nuestro punto de vista eso no va a beneficiar a un mejor desarrollo del sector ferroviario en general en nuestro país.
Quiero hacer especial hincapié en una enmienda. La primera enmienda que presentábamos, la número 7, parece que no tenga importancia, pero sí la tiene y por eso la rechaza el Grupo Popular. Desaparece del texto de la ley que el transporte
ferroviario es un servicio
público. Con independencia de que el servicio público se preste desde la Administración del Estado o desde las empresas privadas, el transporte ferroviario no puede dejar de ser un servicio público esencial en algunos aspectos y, en otros,
debe seguir siendo un servicio público meramente.
Vistas las distintas argumentaciones que se hacen por parte de algunos miembros del Ministerio de Fomento o dependientes del mismo, parecen querer ocultar que el transporte ferroviario o cualquier
tipo de transporte debe ser un servicio público que se ha de prestar de manera ordenada y con incidencia desde la Administración del Estado para su ordenación y para garantía de los usuarios en el uso de este tipo de transporte.
La siguiente enmienda a la que voy a hacer referencia (no haré referencia a todas y las daré por defendidas, aunque no haga mención a ellas) es al artículo 2. En la aplicación de la normativa europea hacen una separación de lo que puede
pedir la directiva europea, la existencia de organismos en cada Estado que puedan prestar servicios de transporte ferroviario y la exigencia de que puedan tenerse esos organismos para la concesión de licencias. Sin embargo, la Unión Europea no está
pidiendo en estos momentos que se haga una separación de la gestión de la infraestructura de la prestación de los servicios para el desarrollo del servicio público del transporte ferroviario. Por eso decíamos, señorías, que van ustedes más allá de
lo que la propia directiva está planteando.
Las enmiendas siguientes hacen referencia al artículo 4 cuando se habla de la red de interés general de titularidad estatal. Estamos planteando aquí una serie de enmiendas, la 14, la 15 y la enmienda 16 ó 17 en las que proponemos que haya
una red ferroviaria de interés general y que sea de titularidad estatal, donde estén englobadas todas las líneas que en estos momentos tiene competencia el Estado. Eso lo estamos haciendo para evitar que pueda existir en nuestro país una doble vara
de medir en cuanto a la necesidad del funcionamiento de determinadas líneas. Por eso creemos que deben estar todas englobadas en las líneas de interés general y que deben ser de titularidad estatal. De ahí que estemos proponiendo, porque se puede
quedar perfectamente establecido según la aplicación que se pueda hacer de la ley, que se posibilite que haya líneas que puedan ser de patrimonio de la ADIF, como las líneas de gran velocidad que se están construyendo, que ya están construidas y en
funcionamiento, y después que pueda haber otra red, la red convencional, que puede quedarse fuera de lo que puedan ser las redes de interés general de titularidad estatal que deberían de ser y, por tanto, tener una menor inversión y también estar en
una situación diferente.
En la enmienda al artículo 4.2 planteamos que la red ferroviaria de interés general pueda entrar en vigor a través de esta ley, pero con una determinada integración de ciertas líneas y, además, creemos que es necesario que por parte de las
Cortes Generales y mediante ley se apruebe un plan ferroviario en el que se determinen cuáles son las infraestructuras ferroviarias que lo componen, según los aspectos que se planteaban en el apartado 1. Además, creemos que debe hacerse mediante
una ley aprobada en las Cortes Generales, porque ustedes están defendiendo que los planes ferroviarios que desarrollan las infraestructuras queden reducidos a una orden ministerial, sólo y exclusivamente a la decisión del ministro o de la ministra
de Fomento de turno.
Señorías, es esencial que la planificación ferroviaria esté en manos de la representación de todo el pueblo español, que es esta Cámara, y puedan participar los sectores implicados y las comunidades autónomas para que éstas, a su vez, puedan
recuperar competencias en determinadas líneas y compartir determinadas situaciones.
Hay muchas enmiendas que inciden en la regulación que se debe hacer de la planificación del transporte ferroviario y en las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a pesar de que el ministro de Fomento, o en este
caso el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, niegue que se está incurriendo, una vez más, en la intromisión de las competencias que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en cuanto a planificación urbanística.
Muchos de los artículos que inciden en estos temas están por encima de los intereses generales que defienden las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Tal y como está redactado el proyecto de ley que estamos discutiendo, no
queda claro que sean intereses generales, aunque estén definidos por el ministro de Fomento.
Quiero hacer especial mención a nuestra enmienda número 36 al artículo 24.
Esta enmienda aconseja que se establezca el informe del Consejo Económico y Social. El informe del Consejo Económico y Social dice que la modernización de la red
ferroviaria y determinadas mejoras que se puedan producir va a permitir que haya una desafectación de terrenos que en este momento son de titularidad de la Administración del Estado a través de RENFE. La modificación que nosotros planteamos al
artículo 24 es que la desafectación de estos terrenos sea destinada materialmente, o en su equivalente económico, a la realización de viviendas de protección oficial o a la dotación de servicios generales a la comunidad. Un patrimonio que pertenece
ya a la Administración general del Estado no debe salir a subasta en el mercado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Urán, su tiempo ha concluido.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.
En este tipo de aprovechamientos se debe facilitar que sean las corporaciones locales las que incluyan estos suelos en sus patrimonios.
De esta manera, podremos decir que se pueden utilizar determinados patrimonios de suelo para la
construcción de servicios de interés general y, sobre todo, para la vivienda de protección oficial.
Mi grupo parlamentario sigue manteniendo su posición en contra de este proyecto de ley, y así lo manifestaremos en las votaciones que se van a producir más tarde, porque sólo va a favorecer a determinados sectores, sobre todo a los privados,
que van a mejorar sus condiciones para operar y tener prebendas en el sector ferroviario. Con este proyecto de ley no se va a beneficiar al sector ferroviario ni va a haber un mejor desarrollo y equilibrio territorial en el Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubales Torrejón): Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas a este proyecto sobre el sector ferroviario. Ahora bien, nos quedan vivas aquellas que no prosperaron en el trámite de
Comisión, que fueron casi todas porque unas pocas se salvaron a través de enmiendas transaccionales. No puedo decir debate en Comisión porque yo también quiero adherirme a las palabras de la señora Urán, antecesora en el uso de la palabra en esta
tribuna. En este momento estamos haciendo lo que llamamos debates, pero para mí son intervenciones de exposición de nuestras enmiendas que pasan previamente por la reunión de la ponencia. En la ponencia se sigue el trámite en el que se nos dicen
cuáles son las pocas enmiendas que pueden prosperar, las que van a tener una transacción y las demás que van directamente a Comisión para su discusión allí. Sin embargo, después del debate en Comisión simplemente se transforman porque no hay
posibilidad por parte del ponente del grupo mayoritario de poder discernir si hay alguna enmienda que pueda ser aceptada o no, aunque él quiera hacerlo, porque quien ha dado la pauta han sido los que han redactado el texto en el ministerio. Lo que
ocurre es que en cada título de esta ley los grupos han ido exponiendo lo que decían sus enmiendas para conocer, al final, lo que ya sabíamos por el informe de la ponencia, y es que ninguna de ellas prosperaría, excepto unas pocas transaccionales de
algunos grupos. No han prosperado ni diez o doce enmiendas del total de los grupos. Como ya sé lo que va a pasar, este es un trámite de debate de avocación al Pleno de las enmiendas, es un debate vacío, un debate en falso porque si tenemos que
repetir otra vez las enmiendas, sabemos su camino, voy a exponer cuál es la situación respecto al global de todas las enmiendas que hemos presentado y por qué estaban presentadas en la forma en que lo fueron.
Dentro del tema de que la avocación
impone que haya una votación, nuestro grupo dice en este momento que las damos todas por defendidas y me referiré solamente a dos o tres porque son las que justifican nuestro conjunto de enmiendas.
Consideramos que el objeto de esta ley, de conformidad con el sistema de distribución de competencias que deriva de la Constitución española y de los estatutos de autonomía, debe ser la regulación de las infraestructuras ferroviarias y de la
prestación de servicios de transporte ferroviario y otros adicionales complementarios o auxiliares de competencia del Estado. Se consideran competencia del Estado, por lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, las líneas que
transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Bajo este concepto presentamos una primera enmienda, que es genérica, para cambiar un término que a lo largo de toda la ley sale 55 veces. Esta primera enmienda era genérica porque
queríamos cambiar lo que decía: red ferroviaria de interés general, por red ferroviaria del Estado, por cuanto este término coincide más adecuadamente con los objetivos del paquete de enmiendas que hemos presentado a esta ley.
Bajo el concepto de lo que tiene que ser la infraestructura ferroviaria, presentamos la enmienda número 178 que no está viva, porque acepté una transacción que la citaba y, por tanto, la retiré, que está ligada a la enmienda número 231. En
estas enmiendas se dice claramente que el proyecto se basa en el artículo 149.1.1, 149.1.13, 149.1.14, 149.1.21 y 149.1.24 de la Constitución Española y, tal como está expresado, no es verdad. Nosotros queríamos que desapareciese la referencia que
se hace a los puntos 1, 13 y 14. El proyecto de ley se refiere al artículo 149.1.21, que dice que las competencias exclusivas del Estado son los ferrocarriles, los transportes terrestres que transcurran por territorio de más de una comunidad
autónoma y también las obras públicas de interés general cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, a que se refiere el punto 24 del artículo 149.1.
No hace falta que nos hablen aquí del punto 1 -regulación de las condiciones básicas que garantiza la igualdad de todos los españoles-, del 13 -bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica- o del 14 -hacienda
general y deuda del Estado-, porque nosotros podríamos preguntar: ¿y por qué no poner el punto 15 -fomento y coordinación general de investigación científica y técnica-, o relaciones internacionales, que es el punto 3? No, señorías, el redactor
pretende que no haya posibilidad de aplicación del artículo 148.1.5 de la Constitución, aunque lo cita. Sin embargo, a lo largo del texto se ve que se quiere que quede bien claro que no puede aplicarse. Dice que las comunidades autónomas podrán
asumir competencias en las siguientes materias: 5.ª.-Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas y, por lo tanto, aplicando estos dos
conceptos y prescindiendo de la cita de los demás artículos concretos -porque, lógicamente, tiene que ser aplicable toda la Constitución en una ley que se aprueba en el Congreso de los Diputados-, no hace
falta ir citando artículo por artículo, concepto por concepto, sino los fundamentales.
Nosotros podríamos decir que este país trabajaría muy bien en el sector ferroviario con las citas de la Constitución que hacen referencia a ferrocarriles y transportes terrestres que transcurren por más de una comunidad autónoma. Este es un
esquema y el otro se refiere a los ferrocarriles que circulan sólo por una comunidad autónoma. ¿Por qué no pueden coexistir estos dos sistemas? Sería un ejemplo de esta aplicación el servicio de cercanías. En la comunidad autónoma a la que yo
pertenezco sería todo el sector de cercanías de Barcelona, con trenes que salen de Barcelona y tienen su destino dentro de Cataluña, sin salir de la comunidad autónoma. Por lo tanto, podría ser una red con aplicación del artículo 148 de la
Constitución y el resto de trenes que unen con otras comunidades autónomas podría ser la red ferroviaria del Estado y no una red de interés general. Todo está metido dentro de un mismo paquete.
De acuerdo con la redacción y la interpretación que se ha dado a la ley, nosotros no estamos de acuerdo en que se esté cercenando la posibilidad del esquema que nosotros creemos adecuado. Para el redactor de la ley no cabe la posibilidad de
esta división, sin tener en cuenta que las comunidades autónomas no dejan de ser Estado. Por lo tanto, nosotros no dimos en ningún momento nuestra conformidad al proyecto de ley y hoy seguiremos haciendo lo mismo. Como detalle del desconocimiento
de este tipo de ley, queremos destacar que muchas de nuestras enmiendas que han sido rechazadas querían regularizar...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Sedó, su tiempo ha concluido.
El señor SEDÓ I MARSAL: Nuestras enmiendas querían regularizar cosas que están muy claras en la aplicación de la normativa constitucional y en su articulado, como es el hecho de que todas las posibles transferencias que se hagan a las
comunidades autónomas no debe hacerlas el Ministerio de Fomento, sino, siguiendo el buen camino, a través de la Comisión mixta de transferencias. En el texto sólo se hace referencia al Ministerio de Fomento y se elude la responsabilidad de la
Comisión mixta de transferencias en la valoración de medios económicos y materiales en el traspaso de competencias. Si el traspaso se lleva a cabo por el Ministerio de Fomento, dirá: si queréis el traspaso ahí lo tenéis y, si no, no lo cojáis.
Este es el problema de no considerar la posibilidad de que puede haber un sistema mixto en el servicio ferroviario español, esquema que ya existe materialmente, pero se cercena la posibilidad de que pueda ampliar la absorción de otros servicios que
actualmente están funcionando.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, ya decíamos en el trámite de la defensa de la enmienda a la totalidad de nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley del sector ferroviario, que una ley tan relevante como ésta
justificaba que en su elaboración el Gobierno pusiera en marcha un proceso de diálogo con los partidos políticos, con los grupos parlamentarios, con los gobiernos de las comunidades autónomas, con las organizaciones sociales, con la Federación
Española de Municipios y Provincias, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad es que este proyecto de ley fue remitido por el Gobierno a las Cortes Generales sin que se hubiese propiciado el diálogo con los grupos parlamentarios ni con los
colectivos institucionales a los que he hecho referencia. Este comportamiento impropio ha dificultado y empobrecido la acelerada tramitación parlamentaria a la que se ha visto sometido, dado su carácter imperativo, en lo que a fechas se refiere, y
ha venido impuesto por determinados contenidos de las tres directivas comunitarias que se trasponen a nuestro ordenamiento jurídico.
El propio ministro de Fomento, en sus comparecencias ante el Congreso y el Senado, así como en declaraciones a los medios de comunicación, siempre manifestó que la futura ley del sector ferroviario sería fruto del más amplio consenso por
parte de todos los agentes, instituciones y organizaciones implicadas. La realidad de los hechos, señorías, nos ha demostrado que el ministro ha incumplido su promesa, quedando patente con mayor nitidez en el caso de los grupos parlamentarios.
Recuerden SS.SS que cuando el ministro de Fomento comenzó a abordar la nueva regulación del sector ferroviario, propuso la creación de una mesa bipartita con los sindicatos mayoritarios en el sector, con el interés supuesto de que fuera el órgano de
encuentro y debate entre ambas partes, y digo supuesto, porque la realidad posterior no lo posibilitó.
En este trámite de hoy, señorías, nos encontramos en la fase de la defensa global de las propuestas al amplio texto que lo integra, con el que habíamos incluido la enmienda de devolución, más de un centenar de enmiendas parciales y las
consideraciones que en la defensa de esas enmiendas parciales, tanto en ponencia como en Comisión, llevaron a cabo los diputados socialistas señora Miralles y señores Torres y señor Contreras, lo que +configura el modelo alternativo que defendemos
desde el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, no podemos ni queremos dejar de manifestar nuestra sorpresa ante el comportamiento del Grupo Parlamentario Popular en la tramitación de este proyecto de ley. Se nos han aceptado tres enmiendas
de carácter técnico y nada más. Es decir, no se nos ha dado la posibilidad de coparticipar en la configuración definitiva de este proyecto de ley tan singular para nuestro país.
Incluso, señorías, nos
hemos quedado sin conocer las razones por las que nuestras propuestas han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular, dado que el portavoz del grupo mayoritario en la Comisión de Infraestructuras -y es un hecho recogido en el 'Diario
de Sesiones-' prácticamente ni siquiera se tomó la molestia de consumir un preceptivo turno de portavoces para, por lo menos, justificar, desde la óptica del grupo mayoritario, las razones del rechazo a nuestras enmiendas.
Señorías, en una tramitación de un proyecto de ley tan relevante resulta espectacular el empobrecimiento a que el Grupo Parlamentario Popular ha sometido a la tramitación de esta ley. De hecho, en el seno de la Comisión de Infraestructura y
en la fase de dictamen de la Comisión, a la que acabo de hacer referencia, previa al debate que estamos manteniendo en esta sesión plenaria de hoy, los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista defendieron todas y cada una de las enmiendas y,
sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular ni siquiera consumió turno, como he dicho, bien para explicar las razones por las que rechazaba nuestras enmiendas, o bien con el objeto de conocer su posición ante los contenidos globales del proyecto de
ley.
El proyecto de ley no contempla el tratamiento de la deuda acumulada por RENFE, que debería abordar esta cuestión de forma clara, rotunda nítida y valiente en el plazo más inmediato posible. Porque todos los ciudadanos españoles deben saber
que RENFE hoy tiene acumulado un déficit superior a un billón 200.000 millones de las pesetas antiguas. Y que RENFE debe convertirse en una entidad transportista, operadora, que tiene que competir con nuevos operadores que van a irrumpir en el
mercado del transporte ferroviario de mercancías liberalizado a partir del año próximo en nuestro país y, además, integrado en las políticas derivadas de las normativas comunitarias que liberalizan y han liberalizado el transporte de mercancías en
otro modo de transporte y que ahora lo van a hacer en el seno de la Unión Europea en el transporte ferroviario.
También tendrá que competir en el año 2008 con nuevos operadores que van a irrumpir en nuestro país en la liberalización que se recoge
en este modelo del transporte de pasajeros. A RENFE hay que dejarla saneada y en condiciones de competir, porque es una empresa que la hemos hecho todos los españoles en el transcurso del tiempo.
No podemos entender, señorías, que el proyecto de ley no pondere adecuadamente el alcance de todas las competencias del Estado que repercuten en el sector ferroviario, de manera que este proyecto de ley no recoge ni la ordenación dentro del
ámbito estatal de condiciones básicas de este sector, como son: explotación, seguridad, titulación del personal, derechos de los consumidores, etcétera. Este proyecto de ley se limita simplemente a la red de interés general, sin diseñarlo con una
perspectiva de futuro.
El Consejo de Estado emitió un informe, que si bien no es vinculante, es rotundamente cierto que tiene que jugar un papel fundamental en la definición de las políticas que marca el Gobierno y de las políticas que tienen que configurar las
Cortes Generales. El Consejo de Estado no ha sido oído. No ha visto recogidos sus planteamientos en los contenidos del proyecto de ley. Parece que el Gobierno ha consultado al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado sin la ilusión
institucional que debería derivarse del respeto por los dictámenes emitidos por órganos clave de nuestro ordenamiento jurídico.
Nosotros creemos que este proyecto de ley adolece de un número importante de déficit. En primer lugar, en aras de la premura que el Gobierno se ha dado para aprobar la ley con el fin de enmascarar las graves deficiencias de gestión del
sector ferroviario, se han producido deficiencias en el procedimiento, en la elaboración de las normas, que están claramente recogidas, desde las páginas 14 a 17, en el informe preceptivo que hizo el Consejo de Estado.
En la organización nueva con la que se configura la ordenación del transporte ferroviario, es esencial el papel que tiene que jugar el comité de regulación ferroviaria, recogido en los artículos 82, 83 y 84 del proyecto de ley, con el objeto
de que se produzca una auténtica liberalización. Es más, nosotros debemos manifestar nuestra radical disconformidad a la hora de valorar la previsión legal que contiene el proyecto de ley sobre este ente. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista
ha introducido una importante enmienda en el proyecto de ley, referida fundamentalmente a los contenidos de estos artículos. Nosotros hemos puesto de manifiesto la falta de independencia del comité de regulación tal como figura regulado en el
proyecto de ley, motivada por la pertenencia o adscripción al Ministerio de Fomento de todas las personas que integran ese comité de regulación, hecho que se ha producido en otros tipos de comités equivalentes en otros sectores, como el de las
telecomunicaciones, etcétera, que vienen caracterizando un estilo y una política de este Gobierno. Por ello, consideramos que las Cortes Generales, una vez más, tienen que recomendar al Gobierno la necesidad de producir una regulación nueva de ese
comité desde la perspectiva de la libre independencia.
La enmienda que nosotros hemos introducido al artículo 82 lo deja muy claro. Proponemos una nueva redacción de los dos puntos. Primero, creando el comité de regulación ferroviaria como ente regulador del mercado del transporte ferroviario,
con el objeto de que cumpla con las funciones que le son propias: velar por la competencia efectiva en el ámbito de los servicios ferroviarios y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan
en dicho sistema. Y en el párrafo segundo proponemos que el comité de regulación ferroviaria se tenga que constituir como un ente de derecho público independiente de la Administración central del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con plena capacidad
de obrar. Se tiene que regir por un estatuto elaborado por el propio comité, que deberá ser aprobado por el Gobierno y con un texto trasladado a la Comisión de las Cortes Generales que tenga que ver con esas competencias.
Hemos presentado un número de enmiendas parciales que supera el centenar, y me tomo la libertad de hacer referencia una vez más, no a su contenido, por razones de tiempo, pero sí a la filosofía recogida en la enmienda a la totalidad del
proyecto de ley. Porque a este proyecto de ley, dictaminado en dos sesiones consecutivas de la Comisión de Infraestructuras la semana pasada, a este grupo parlamentario, y queremos ponerlo de manifiesto, no se le han aceptado más que tres enmiendas
de naturaleza técnica, de poco contenido, que no afectan a la ideología, que no configuran un nuevo modelo de gestión ferroviaria liberalizado, que es lo que pretende el Gobierno. Por ello, mantenemos ese centenar de enmiendas vivas para la defensa
en esta sesión plenaria de avocación por el Pleno, de fase final de tramitación en el Congreso. Hacemos hincapié en todos los contenidos de las enmiendas parciales, que a su vez son reflejo de aquella enmienda global, extensa, que figura recogida
en el 'Diario de Sesiones' y en el boletín de las Cortes, a la totalidad del proyecto de ley.
En lo que se refiere a la implicación competencial de las comunidades autónomas, diré que se encuentran francamente minusvaloradas y que no tienen presentes los contenidos de los distintos estatutos de autonomía en los ámbitos competenciales
de las definiciones de las propias redes.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Segura, su tiempo ha concluido.
El señor SEGURA CLAVEL: Termino, señora presidenta.
Hemos presentado otro conjunto de enmiendas para la red ferroviaria de interés general, que mantenemos vivas, como hemos indicado. En conjunto mantenemos nuestra discrepancia en cuanto a la estructura del comité regulador, en cuanto a la
nueva estructura del sector ferroviario, en cuanto a falta de definición del desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y en cuanto al incremento de la seguridad y de la movilidad en nuestro país desde la perspectiva de la cohesión territorial.
Así, nuestras enmiendas parciales, nuestra enmienda a la totalidad y los contenidos expresados por los diputados Carmen Miralles, Gerardo Torres y Francisco Contreras en la Comisión de Infraestructuras configuran el modelo que el Grupo Parlamentario
Socialista defiende, total y absolutamente contrapuesto al que defiende el Gobierno. Por todo ello, señorías, mantenemos nuestras enmiendas vivas y anunciamos nuestro voto en contra de todos y cada uno de los títulos del proyecto de ley, de todos y
cada uno de los artículos que integran el proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora Pleguezuelos Aguilar: ¡Muy bien, Pepe!-El señor Marcet i Morera: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, la verdad es que después de oír algunas de las intervenciones de esta tarde uno se siente muy gustoso de salir a esta tribuna para decir que el Grupo Parlamentario Popular va a votar
favorablemente este proyecto de ley, que de verdad no coincide con los postulados de algunos grupos políticos que pretenderían que el sector ferroviario se regulara con otro proyecto de ley y con otro contenido. Afortunadamente nos ha tocado
defender este proyecto de ley que tiene enormes virtudes. Ya dije el día que se debatió la totalidad que no era más que la ordenación del sector ferroviario, impulsada por la normativa internacional y por la incorporación de tres directivas sobre
la materia que obligan a su liberalización. También suponía dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas por esta Cámara en un debate sobre el estado de la Nación, y no hay nada que nos produzca más respeto que las resoluciones que aprueba esta
Cámara.
Tengo que salir al paso de algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho, que pueden resultar verdaderamente confusas para quien pueda leer el 'Diario de Sesiones' o no esté perfectamente informado sobre la tramitación de este proyecto
de ley. La tramitación ha sido ejemplar, como ya dije en su momento. Ha habido un plazo suficiente de enmiendas para todos los grupos, y el Grupo Parlamentario Popular ha examinado y analizados con detenimiento y a veces -digámoslo también- con
cariño las enmiendas de los grupos. Evidentemente, con algunos grupos va a ser muy difícil que podamos entendernos en materia conceptual de transporte o de sector ferroviario, porque nuestras concepciones no pueden coincidir con las suyas. A este
respecto haré simplemente algunas precisiones.
En cuanto a Izquierda Unida, el servicio público de titularidad estatal sería incompatible con la liberalización del transporte que exigen las directivas comunitarias. (La señora Urán González pronuncia palabras que no se perciben.) Si no
lo sabe usted, ya lo ha aprendido esta tarde. En segundo lugar, en materia de competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas aplicamos estrictamente lo que el Tribunal Constitucional ha avalado para el resto de obras públicas, en concreto
para aeropuertos, puertos, etcétera. En materia de los suelos desafectados ya existe un pacto de suelo, y usted debería conocerlo; un pacto de suelo suscrito precisamente entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas -menos aquellas
que están gobernadas por los socialistas, y alguna que tiene el apoyo del señor Madrazo, de Izquierda Unida-.
En cuanto a las cosas que se han dicho en nombre de Convergència i Unió, agradezco el tono -el habitual en Convergència i Unió-, pero quiero quitarles su preocupación sobre la invasión de competencias autonómicas.
No es esta la intención
del proyecto de ley ni es la del legislador, como saben. Los títulos constitucionales que se citan en la ley son estrictamente los indicados por el Consejo de Estado, porque su informe -a diferencia de lo que dice el señor Segura- tiene mucha
importancia para el Grupo Popular, e incorporamos todos sus dictados al proyecto de ley. Las transferencias del Gobierno central a los gobiernos autonómicos no son tema de esta ley, de modo que entrar en ellas sería extemporáneo cuando menos, y no
son asunto que nos ocupe hoy.
Al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tengo que decirle que la red integrada del transporte ferroviario atrae las competencias sobre el transporte hacia la Administración titular de la red; es decir, que se atrae en esa red integrada todas
las competencias a la Administración titular de la red. Ello responde a la doctrina del Tribunal Constitucional reflejada en una sentencia relacionada con un recurso planteado sobre la Ley orgánica del transporte. En el Comité de regulación
ferroviaria no tienen por qué estar las comunidades autónomas, por cuanto las competencias de este comité no se extienden a los ferrocarriles de titularidad autonómica; por tanto, creemos innecesario que esto se produzca.
Me gustaría hacer mención a la intervención del señor Segura porque me parece el colmo de los desatinos y del desenfoque. Con esos planteamientos que hacen ustedes de esta ley y de otras que me ha tocado defender en esta Cámara comprendo
que estén ustedes al lado izquierdo de la Cámara, es decir, en la oposición, y nosotros a la derecha, apoyando al Gobierno, porque ustedes todavía responden a intereses no confesables, o no entendibles al menos, ya que las enmiendas que plantean son
absolutamente desquiciadas y no conseguirían articular entre todas un proyecto de ley coherente. El proyecto que hoy se dictamina regula y trata hasta el último detalle todo lo que se deba ordenar legalmente dentro del sector ferroviario, quedando
el resto a disposición reglamentaria. El tema de la deuda que usted ha mencionado no tiene por qué ser tratado en esta ley, y eso es evidente. La Ley orgánica del transporte hecha por ustedes no trató en ningún caso la deuda histórica que tenía
RENFE. Decía usted que en la elaboración del anteproyecto ha habido poca participación social. Hemos hablado durante dos años con los sindicatos de clase y con los sindicatos más reperesentativos de RENFE, no se puede pedir más. Desde que tomó
posesión de su cargo el actual ministro de Fomento se puso a dialogar con los sindicatos para poder llevar a buen puerto esta Ley del transporte ferroviario. Ese diálogo no significa decir sí a todo lo que piden las centrales sindicales; se las ha
oído y se ha aceptado lo que resultaba razonable. Termino diciéndole al Grupo Socialista que la deuda de RENFE no afecta a la posibilidad de competir, ya que los nuevos operadores que en su día puedan estar interesados en aceptar la liberalización
que se hace en esta ley también van a partir de unos niveles de endeudamiento importantes debido a su capacidad económica, que relativamente será mucho menor; por tanto, estarán en parecidas condiciones.
Quiero terminar diciendo que este es un gran proyecto de ley, que de alguna manera viene a ordenar contablemente, como exige la Unión Europea, las operaciones de transporte puras y duras con la administración de las infraestructuras. Ordena
todo el sector ferroviario y tiene un objetivo básico y principal que es ordenar una red ferroviaria de interés general para todo el país. La intervención del señor Segura sólo se entiende porque no puede admitir que un Gobierno de centro derecha,
un Gobierno del Partido Popular haya apostado por primera vez por el transporte ferroviario y que por primera vez en la historia en los Presupuestos Generales del Estado exista una mayor dotación para inversión en infraestructuras ferroviarias que
para inversión en carreteras. Si estuviera cerca del sector ferroviario estaría enormemente contento con este proyecto de ley que pone las cosas en su sitio, y también como ciudadano, como español y como parlamentario estaría enormemente orgulloso
de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado: Que le den una medalla.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López-Amor. (La señora presidenta ocupa la presidencia.-Rumores.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
Señorías, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Ana María
Guerra Galván, en sustitución de doña Águeda Montelongo González, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GUERRA GALVÁN: Prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña Ana María Guerra Galván ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
VOTACIÓN DE ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección jurídica del diseño industrial. En primer lugar, enmiendas al artículo 18.2, en la referencia a inscripción, así como los artículos
27.6 y 30.6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 258; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al resto del artículo 18.2 y artículos 22.1, 27.2, 27.5, 30.1, anexo tarifa segunda 2.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 165; en contra, 89; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Rúbrica del artículo 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 262; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Artículo 30. 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 176; en contra, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Enmiendas al artículo 35.3; al artículo 38.1.c); al artículo 61.1; a la disposición adicional sexta, punto 5; a la disposición adicional undécima 2.2.ª; a la disposición adicional duodécima, nueva; a la disposición transitoria séptima,
nueva; y a la disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 164; en contra, 99; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición adicional decimotercera, nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 254; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR Y SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales.
En primer lugar, enmiendas a la disposición adicional tercera, apartado 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 264; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición adicional tercera, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 165; en contra, 90; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 4, a la disposición adicional segunda y al resto de la disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 262; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Disposición adicional primera en lo que se refiere a la nueva redacción del artículo 3.4, de la Ley 19/1993.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 163; en contra, nueve; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas al artículo 9.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 253; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Disposición adicional primera, apartado 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 165; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 165; en contra, dos; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD AÉREA.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad aérea.
En primer lugar, enmiendas al artículo 16.2 c)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 166; en contra, 89; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 254; en contra, cinco; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al preámbulo, al artículo 8, al artículo 11 y al artículo 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 165; en contra, 95; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 9.2, párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 166; en contra, 96; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 9.3, párrafo tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 167; en contra, 90; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 29, 43, 44 y 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 255; en contra, seis; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 36 a 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 171; en contra, 91; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 162; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición adicional octava, nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 253; en contra, uno; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 170; en contra, 90; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO
- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA REFORMA CONCURSAL, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a continuación a votación la votación final de conjunto del proyecto de ley orgánica para la reforma concursal por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la
Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 264; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haberse superado el número de votos exigible.
VOTACIÓN DE LAS ENMIENDAS Y EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR FERROVIARIO.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del dictamen de comisión del proyecto de ley del sector ferroviario.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas del señor Saura Laporta, números 95, 98 a 102, 108 y 111.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 16; en contra, 240; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 109, 113 y 117 a 121.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 13; en contra, 152; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 96; en contra, 152; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar las números 349, 355, 356, 364, 367, 370, 376, 384, 393, 405, 407 a 413, 415 a 419, 423, 424 y 432.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 10; en contra, 156; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 351, 357, 358, 361 a 363, 365, 366, 371, 372, 379 a 381, 386 a 388, 395 a 400, 398, 402, 420 a 422, 428 y 390.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, ocho; en contra, 245; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 97; en contra, 155; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas firmadas por el señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, las números 80, 84, 85 y 92.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 113; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 81 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 24; en contra, 156; abstenciones, 88.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 22; en contra, 243; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, la número 126.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 24; en contra, 154; abstenciones, 89.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 130, 131, 134 a 137.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 114; en contra, 155.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 23; en contra, 244; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 13, 20, 21, 28, 31, 33 a 38, 41, 43, 45, 46, 48, 59, 67 a 71 y 74.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 105; en contra, 155; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 19, 22, 24, 50, 56, 60, 62 y 73.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 14; en contra, 159; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 15; en contra, 239; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 177, 186, 187, 189, 200, 201 y 231.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 14; en contra, 247; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 179, 212 y 213.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 107; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 180, 181 y 228.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 15; en contra, 157; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 182, 183, 208, 219 y 229.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 17; en contra, 252.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 185, 190 y 207.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 23; en contra, 155; abstenciones, 91.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 188, 195, 206, 218, 223 y 224.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 23; en contra, 242; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 191, 204, 215, 220 y 221.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 105; en contra, 155 abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 205, 209, 217, 222 y 226.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 16; en contra, 162; abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 104; en contra, 157; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las números 232, 233, 234, 244, 245, 246, 250, 252, 291, 318 y 319.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 91; en contra, 165; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 237, 242, 247, 251, 258, 268, 282, 288, 289 y 313.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 91; en contra, 157; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 98; en contra, 155; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, párrafo undécimo de la exposición de motivos, artículos 1, 3 a 6, 8 a 11, 24, 36, 37, 42, 53, 54, 57 a 59, 69, 81 a 83, 85, 86, 90, 92, disposición adicional séptima,
disposición transitoria tercera, disposiciones finales primera y segunda y rúbrica del capítulo II del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 155; en contra, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Artículos 12, 14 a 17, 20, 23, 26 a 30, 32 a 35, 38, 39, 41 y 61 a 64.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 158; en contra, 94; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Artículo 2 m).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 162; en contra, 102; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Resto del artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 156; en contra, 109; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Artículo 60.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 163; en contra, 103; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Resto del artículo 60.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 155; en contra, 111.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Artículos 13 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 159; en contra, 100; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 157; en contra, 96; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (Número de expediente 121/000151.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo. (Rumores.)
Señorías, por favor, debemos continuar con la sesión, por lo cual les ruego, una vez más, que abandonen el hemiciclo de la manera más diligente posible y, a ser posible, también en silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias.
Señora presidenta, señorías, tengo el honor de comparecer en este Pleno para presentar el proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. En mi comparecencia parlamentaria el pasado mes de febrero ante
esta Cámara, con motivo de la presentación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, les anunciaba que el Gobierno se proponía remitir en breve al Parlamento dos proyectos normativos... (Una señora diputada: Habla más alto.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra, porque con el murmullo que hay en la Cámara es imposible que su intervención se haga audible para los diputados. Adelante.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias señora presidenta.
Les anunciaba que el Gobierno se proponía remitir al Parlamento en breve dos proyectos normativos ampliamente demandados por los profesionales y por los partidos político, que eran ni más ni menos que el Estatuto Marco y la Ley de ordenación
de las profesiones sanitarias. No se trata sólo, señorías, como comentaba en aquella ocasión, de que los ciudadanos demanden profesionales bien formados. Los médicos, los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los técnicos especialistas y todos
los profesionales que trabajan en nuestro Sistema Nacional de Salud constituyen el principal elemento modernizador del sistema sanitario español en su conjunto. Sin su esfuerzo y su compromiso, decía, no habrían sido posibles los avances
conseguidos en el transcurso de estos últimos años. Sin este esfuerzo, tampoco sería asumible el actual crecimiento de la demanda sanitaria de una población con niveles cada vez mayores de necesidades y de calidad.
Pues bien, hoy tengo el placer de presentar en esta Cámara el proyecto de ley del estatuto marco, que constituye, junto con la reciente aprobada Ley de cohesión y calidad, uno de los trámites fundamentales para que las profesiones sanitarias
sean la herramienta básica para la consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud. Este proyecto, que afecta a más de 600.000 trabajadores de la sanidad, tiene entre sus principales objetivos definir los derechos de los profesionales
del Sistema Nacional de Salud y las condiciones básicas de su regulación laboral, lo que, a su vez, va a representar para los usuarios la mejor garantía de un sistema sanitario de calidad. El proyecto también prevé los mecanismos para la
planificación y ordenación de los recursos humanos, otorgando un papel central y protagonista a la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, en la línea de lo que establece al respecto la Ley de cohesión y calidad. En cuarto lugar
también contempla el foro marco para el diálogo social creado por la citada ley, con lo que se configuran ámbitos específicos dentro del sistema sanitario para la participación de las organizaciones sindicales en todos los asuntos que afecten al
sistema en su conjunto.
Un punto clave de los contenidos del Estatuto es el que asegura y garantiza la movilidad del personal entre los servicios de salud autonómicos. Es esta garantía un principio fundamental para asegurar la cohesión del Sistema Nacional de
Salud. En sexto lugar y al mismo tiempo se introducen sistemas de flexibilización que permitan una mejor y más autónoma gestión del personal por parte de los servicios de salud y centros sanitarios, junto con un sistema de homologación de las
distintas categorías de personal. En séptimo lugar, el estatuto proporciona además la seguridad jurídica y motivación de los profesionales. La carrera profesional, señorías, es un derecho a progresar en el sistema sanitario público, elementos de
reconocimiento del mérito, del esfuerzo, que genere en nuestros profesionales la incentivación necesaria para seguir manteniendo el Sistema Nacional de Salud entre los mejores del mundo.
Uno de los aspectos más sustanciales, sin duda, es el que introduce en esta ley la trasposición de las directivas de la Comunidad Europea sobre tiempo de trabajo y régimen de descansos. La aplicación de los principios de las directivas
europeas a nuestros centros y servicios va a suponer un cambio en el modelo organizativo y funcional, modelo organizativo y funcional que va a afectar al ejercicio de las profesiones y de los profesionales y que
va a redundar en un mayor y mejor nivel de protección de la salud y en más altas cotas de seguridad en el trabajo para todos los trabajadores del sistema sanitario.
Al presentar ante esta Cámara, señora presidenta, el proyecto de ley del estatuto marco, el Gobierno ha dado cumplimiento a un antiguo y reiterado mandato legal que se contenía ya en la Ley general de sanidad del año 1986, que se reiteró en
la Ley de selección y provisión de plazas de 1999 y que está también presente en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. El estatuto marco es una norma esperada por los profesionales de nuestro sistema sanitario -más de 20 años-
y por los gestores de los servicios de salud, pues todo el Sistema Nacional de Salud, -profesionales y gestores- veían absolutamente limitada la posibilidad real de llevar adelante auténticas políticas de recursos humanos de desarrollo de personal
por la existencia de estatutos aún vigentes que eran normas preconstitucionales obsoletas y totalmente inadecuadas para un Sistema Nacional de Salud descentralizado que busca su consolidación con altos niveles de cohesión y de calidad. El estatuto
marco, por tanto, señorías, se hace en interés de todos. Acabamos de asistir al periodo de elecciones sindicales, que empezaron a mitad del otoño pasado. Podemos repasar los programas y los compromisos de las organizaciones sindicales. Todos
ellos tienen entre sus objetivos prioritarios conseguir la aprobación del Estatuto marco. Ya no se puede demorar por más tiempo esta aspiración. Estamos hablando, señorías, de una ley necesaria, de una ley inaplazable, de una ley oportuna y de una
ley, a mi juicio, razonable.
Antes de entrar en los contenidos del proyecto de ley, debo agradecer y reconocer que la elaboración de este texto ha sido en gran parte una obra colectiva, porque el estatuto es fruto del trabajo continuado, del tesón, de la tenacidad, del
rigor de muchas personas -decenas diría yo, quizás centenares- que han ido construyendo el texto por etapas, y quiero agradecer el esfuerzo realizado por todos. Quiero mencionar a los responsables de los departamentos de recursos humanos de las
comunidades autónomas, que llevan trabajando en este último texto durante muchas sesiones, desde el año 2001, en busca de este texto legal que permita al personal y a los gestores disponer de un instrumento regulador, capaz de disminuir
conflictividades y de generar la seguridad jurídica sobre la que avanzar en las discusiones laborales.
Asimismo, quiero agradecer los esfuerzos de las organizaciones sindicales en la redacción de varias decenas de textos a lo largo de estos últimos 17 años, y digo bien, hasta conseguir el actual. La Ley del estatuto marco es fruto de los
esfuerzos de todos los agentes con responsabilidades en la gestión y la negociación laboral del ámbito de la sanidad. Quiero mencionar especialmente a las personas y a las organizaciones que siempre creyeron que era posible llegar a tener un
estatuto marco, que pelearon por ello, trabajando en textos una y otra vez paralizados; personas y sindicatos que, cada uno con sus propuestas, han barajado alternativas y han trabajado para que este texto fuese mejorado, así como también a
Comisiones Obreras, a la Unión General de Trabajadores, a la CIGA, a la CESM, al SATSE, al CSIF, al SAE y al SIMAP.
Con las propuestas de todos ellos se ha construido este texto que hoy se presenta en este hemiciclo.
El proceso de elaboración del texto actual culminó en el primer trimestre de este año con dos hitos decisivos: el primero, la consecución de un texto básico del acuerdo obtenido entre el conjunto de las comunidades autónomas, el 18 de
marzo, en la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A continuación, y sobre dicho texto, el ministerio trabajó con las organizaciones sindicales para obtener un texto definitivo que
contase también con el apoyo sindical. Con muchas de aquellas propuestas, renegociando una y otra vez, buscando los puntos de encuentro, creando espacios de aproximación, matizando y reformulando artículos, a lo largo de los últimos meses hemos
conseguido este texto, que creo que puede conseguir expresar aquel acuerdo básico y suficiente, tanto sindical como de los responsables de los servicios de salud. En este proceso de aproximación es obvio e inevitable que para ganar todos, también
tengan todos que renunciar a algo. Para el ministerio y para la ministra ha habido dos objetivos claros a lo largo de todas las discusiones y negociaciones. En primer lugar, la necesidad de mantener el consenso competencial con las comunidades
autónomas, nacido de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que siempre respetaré. Y en segundo lugar, la necesidad de tener un texto que diese satisfacción razonable a las demandas de los profesionales y de sus organizaciones
sindicales. También era evidente la dificultad de conseguir todos los objetivos en su conjunto y al cien por cien a la vez.
A continuación, señorías, señora presidenta, voy a pasar al contenido.
Pueden estar convencidos de que, lejos de ser un texto precipitado y poco riguroso, el contenido actual del estatuto es el resultado de ese largo y complejo proceso de
negociación en múltiples direcciones y sobre múltiples temas muy técnicos, habiendo tomado en consideración las peticiones de múltiples agentes que legítimamente defienden intereses de grupos específicos no coincidentes. En este sentido, no me
resisto a citar textualmente los comentarios que el Consejo de Estado ha hecho sobre esta norma: Se trata de un texto cuidado y bien elaborado, por lo que la brevedad de los comentarios que figuran a continuación no se debe sino a que el texto es
acertado y su redacción es muy correcta casi en su integridad. También quiero mencionar los comentarios del Consejo de Estado sobre el rigor con el que se ha trabajado en la tramitación: Figura en el expediente que el Ministerio de Sanidad y
Consumo ha elaborado un informe muy detallado, contestando a cada una de las alegaciones formuladas. En resumen, me gustaría recalcar que no es sólo una norma inaplazable y oportuna, sino un texto riguroso y muy trabajado.
Permítanme, señorías, que me extienda unos minutos en algunos contenidos de la ley. En primer lugar, los derechos de los profesionales. ¿Qué es lo primero que marca el estatuto marco? Garantizar la estabilidad en el empleo, tarea que es
responsabilidad de todos nosotros, y en la categoría profesional del personal estatutario fijo, determinándose la planificación eficiente de las necesidad de recursos humanos y una programación periódica de las convocatorias de acceso, con el fin de
evitar situaciones de altas tasas de temporalidad en el empleo, que son las que hicieron necesaria la Ley 16/2001, de 21 de noviembre. Piensen, señorías, que lo que estamos haciendo hoy es para que haya 600.000 trabajadores del Sistema Nacional de
Salud que tengan un empleo estable, un empleo fijo y, además, un empleo que haga pensar que son del sistema sanitario público de nuestro país.
El estatuto también aborda la clasificación del personal desde criterios que básicamente se articulan en las funciones que realizan las distintas categorías profesionales, de forma coordinada con lo que prevé el proyecto de ley de ordenación
de las profesiones sanitarias. La definición de los derechos y deberes del personal se realiza desde la perspectiva de garantizar los derechos de los usuarios y el buen funcionamiento de los servicios de salud, contemplando también el nombramiento
de personal temporal cuando sea necesario para el imprescindible funcionamiento de los servicios sanitarios. El estatuto marco también determina de modo amplio los derechos y deberes del personal estatutario, con inclusión especialmente relevante
de los derechos y deberes que resultan de la Ley reguladora de autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica respecto al deber de confidencialidad y los que la Ley de cohesión también
prevé, como el derecho a la formación continuada, a la promoción y al desarrollo profesional. Es específica también la regulación que el estatuto realiza de la promoción interna y de la promoción interna temporal respecto de los sistemas vigentes
en la Función pública. El personal estatutario podrá promocionarse sin importar el número de grupos existentes entre las categorías de origen y la categoría a la que aspira cumplidos dos requisitos de titulación y tiempo, dos años de servicio como
personal estatutario fijo. En materia de retribuciones, el texto del proyecto viene a consolidar el sistema de retribuciones básicas y comunes con toda la Función pública, flexibilizando el modelo y las cuantías de las retribuciones
complementarias.
En segundo lugar, me gustaría hablar de la planificación de los recursos humanos. En cuanto a aspectos relacionados con la planificación y ordenación del personal, no puedo dejar de citar la exigencia de la constitución de registros de
personal, ahora inexistentes en el Sistema Nacional de Salud, que serán instrumentos imprescindibles, con un tratamiento conjunto y con una utilización recíproca para una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos del Sistema Nacional
de Salud.
Y en tercer lugar, quiero hablar de la movilidad. Movilidad, tarea importante. El derecho a la movilidad. Como otros aspectos más destacados del estatuto, la regulación del derecho a la movilidad, esto es, el derecho que tiene el personal
sanitario para trasladarse mediante concurso y en igualdad de condiciones a cualquier servicio de salud, es un derecho que recoge el proyecto de ley, que no estaba reconocido, ni está, al personal funcionario ni al laboral de las demás
administraciones públicas. El derecho de la libre circulación de profesionales es un principio general de indudable importancia para nuestro sistema sanitario, pues es, a mi juicio, la base y la garantía de la cohesión del Sistema Nacional de
Salud. Para garantizar esta libre movilidad, se determinan en el artículo 37 del estatuto los procedimientos de movilidad voluntaria que se efectuarán con carácter periódico, preferentemente cada dos años, y que estarán siempre -y digo siempre-
abiertos a la participación del personal estatutario del resto de los servicios de salud. También se recoge en este artículo que, con el fin de garantizar la movilidad en términos de igualdad efectiva del personal estatutario, habrá homologación de
las distintas clases o categorías funcionales del personal estatutario, que tampoco estaba recogido en una norma. Lógica consecuencia de este principio de libre circulación es la previsión del estatuto marco de que el personal se encuentre en
situación de servicio activo, sea cual sea el servicio de salud en el que esté destinado y con independencia del servicio de salud en el que se originó su ingreso. Por tanto, nunca el personal estatutario tendrá que pedir excedencia. Como saben,
señorías, para los demás funcionarios públicos se exige en este supuesto que el personal esté en una situación peculiar, que son servicios en otras administraciones públicas. La previsión del estatuto de aplicar a dicha situación la consideración
de servicio activo opera en el sentido de transmitir a los profesionales sanitarios la vivencia, la seguridad y el orgullo, si se me permite, de sentirse miembros no sólo de un único servicio de salud, sino de sentirse parte integrante del conjunto
de los recursos humanos de todo nuestro Sistema Nacional de Salud. Cuando un profesional accede a un servicio de salud determinado a través de las pruebas selectivas que, en uso de su propia competencia, convoca una comunidad autónoma, tal
profesional sabe que está accediendo a la condición de profesional del conjunto del sistema sanitario y que podrá indistintamente desempeñar su función en cualquier servicio de salud, manteniendo siempre sus derechos y su situación de servicio
activo.
Flexibilidad. Otro asunto importante, diferente también al del régimen funcionarial general, es el sistema de selección del personal estatutario. Con carácter ordinario, el sistema de selección del personal estatutario fijo se va a fijar
en el concurso oposición, frente al sistema de oposición que rige con carácter general para todos los funcionarios públicos. El sistema de oposición se reserva para aquellos casos en que resulte más adecuado por
las características socioprofesionales del colectivo o por las funciones que vaya a desarrollar. En determinados supuestos también se prevé un sistema de selección mediante concurso, a través de una evaluación global del currículum y de la
competencia profesional de los candidatos, que realizará un tribunal de expertos.
Motivación. La motivación y el compromiso son la base sobre la que en el futuro se podrán construir las mejoras que en términos de calidad técnica y humana nuestro sistema sanitario, ahora descentralizado, necesita emprender. La motivación
de los profesionales debe ser sostenida y alentada y el sistema organizativo del trabajo de nuestros profesionales en el sistema sanitario debe ser capaz de seguir generando esta motivación. Por tanto, en un sistema sanitario como el nuestro, donde
esta regulación viene haciéndose con instrumentos legales dispersos y adaptativos de textos preconstitucionales, es muy razonable atribuir a la existencia del estatuto marco unas virtudes de seguridad jurídica, de claridad de derechos y deberes y de
actualización normativa, que ya por sí mismas pueden ser percibidas como la superación de un modelo de relaciones laborales desmotivador y anacrónico. Así, la aprobación del estatuto va a representar en sí misma un hito en el desarrollo histórico
de las relaciones labores en sanidad, a partir del cual el despliegue normativo sucesivo, que deberá ser emprendido por las comunidades autónomas de acuerdo con sus necesidades y prioridades, podrá ir creando y desarrollando aquellos instrumentos de
motivación e incentivación.
¿Cuál es el elemento más claramente incentivador? La carrera profesional, que el artículo 40 describe como ese derecho a progresar que también tienen los profesionales sanitarios de nuestro país. Tienen derecho a
progresar, es decir, que se plantea como un principio genérico y aplicable universalmente que después tendrán que llevar a cabo, en desarrollo de sus competencias, los servicios de salud. Esta ley refleja el convencimiento generalizado de los
gestores y de los responsables sanitarios de que ha llegado el momento de introducir en nuestro sistema de gestión de recursos humanos aquellos elementos de reconocimiento del mérito y del esfuerzo que generen motivación individual de los
profesionales que deben hacer sostenible nuestro sistema sanitario. Con el estatuto se consolida por primera vez en nuestro sistema este derecho a progresar. La carrera profesional supondrá que se posibilite el derecho de promoción junto con la
mejor gestión de las instituciones sanitarias, al relacionar la carrera profesional con el reconocimiento individual de méritos y el cumplimiento de los objetivos de la organización en la que estos profesionales prestan sus servicios.
Homologación. Al señalar la ley que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud debe establecer los principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera estamos garantizando tanto el reconocimiento
mutuo como la libre circulación de profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Jornada y trasposición de directivas. No quiero terminar este breve repaso sobre el contenido del proyecto de estatuto sin referirme a uno de los aspectos sustanciales del mismo, que, por otra parte, ha merecido la atención de esta Cámara
en varias ocasiones. Me refiero a la trasposición de las directivas de la Comunidad Europea sobre tiempo de trabajo y régimen de descansos, concretamente la Directiva 104, del año 1993, y la Directiva 43, del año 2000. A la trasposición de la
primera de ellas dedica el proyecto la práctica totalidad del capítulo X, en 14 artículos que vienen a reproducir la directiva comunitaria en su práctica literalidad, y también la interpretación que de ella da el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. El proyecto establece la definición de los términos de desarrollo legal básico de la jornada y de los descansos a los que tienen derecho los profesionales sanitarios, normativa básica respecto a jornada ordinaria,
complementaria y jornada especial. Se establece la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y complementaria en las 48 horas semanales que permite la directiva. La jornada complementaria sólo se deberá desempeñar obligatoriamente con el
fin de atender el necesario funcionamiento continuado o permanente del servicio sanitario. Y la jornada especial, por encima de 48 horas, en este país será voluntaria cuando se apruebe esta ley; el trabajador deberá manifestar, individual y
voluntariamente, su consentimiento por escrito. Se establecen, asimismo, previsiones legales para que, entre dos jornadas de trabajo, el trabajador tenga derecho a 12 horas de descanso ininterrumpido y un descanso semanal continuado de 36 horas.
Se establece que la jornada ordinaria alcance las 24 horas ininterrumpidas sólo en casos excepcionales, en el régimen de prestación de servicios que rige actualmente en algunas unidades concretas. Además, se complementa la trasposición con un
régimen pormenorizado de normas para aclarar las definiciones de conceptos, para el cálculo de los períodos de referencia y para el régimen de excepciones y compensaciones. También se determina la posibilidad de jornadas parciales y el régimen de
vacaciones y permisos, especificándose el derecho al régimen de permisos para la conciliación de la vida familiar y laboral, de acuerdo con la Ley 39/1999. Se establecen los permisos para participar en programas de cooperación internacional, además
de los permisos para participar en actividades y tareas de formación y de investigación. A partir de ahí, sepan SS.SS. que la determinación concreta de la jornada ordinaria, de la jornada complementaria y del régimen de descansos, dentro de los
límites fijados en el estatuto, se deja al desarrollo de los pactos o acuerdos que en su caso se produzcan entre los servicios de salud y las organizaciones sindicales, o a las normas autonómicas propias que resulten procedentes.
Es evidente, pues, señorías, que la aplicación de los principios de las directivas a nuestros centros y servicios van a suponer un cambio en el modelo organizativo y funcional de estos, un cambio casi cultural -diría yo-,
que afectará también al modo del ejercicio de las profesiones y redundará en mayores niveles de protección de la salud y cotas más altas de seguridad en el trabajo. No obstante, no debe olvidarse la realidad actual de nuestras
instituciones, la organización actual del trabajo en los hospitales y la atención continuada de las áreas de salud, que requieren cobertura asistencial durante las 24 horas del día y a lo largo de todo el año, de los 365 días. El cambio de modelo
organizativo obliga a un sistema de aplicación que, si SS.SS. me lo permiten, voy a calificar de progresivo. Con esta progresividad la ley no hace sino utilizar las posibles excepciones que de sus principios generales permite la directiva, para su
aplicación en los servicios sanitarios. No debemos olvidar que España es uno de los primeros, uno de los pocos países que han procedido a la trasposición de estas directivas, lo que indica la intensidad de las dificultades que entrañan la
aplicación de las mismas a los sistemas de trabajo de los profesionales sanitarios en todo Europa.
En este sentido, la ley prevé la realización de un pormenorizado y exhaustivo estudio de las implicaciones que ello va a tener en la organización y
funcionamiento de los centros y servicios de salud.
La segunda directiva, señorías, se refiere a la jornada de trabajo y descanso de los médicos residentes, de nuestros MIR. En ella se reconoce que los médicos en formación deben gozar de las mismas condiciones de jornada y de descanso que el
resto de los trabajadores sanitarios, si bien con un período transitorio de excepción, en el que se permiten jornadas más largas. Durante este período transitorio, que comienza el 1 de agosto del próximo año y que finaliza en 2009 para todos los
médicos europeos, los países europeos deberán ir acortando sucesivamente el tiempo máximo de jornada. Con la trasposición que se hace de la directiva en la disposición transitoria primera de esta ley hemos querido adelantar y reducir los periodos
de entrada en vigor en España de las previsiones de la directiva. Por tanto, la legislación española será más beneficiosa para el personal en formación que la legislación europea.
Concluyo, señora presidenta, señorías, apelando al consenso. Estoy segura que durante la tramitación parlamentaria del estatuto marco se mantendrá el espíritu de consenso que ha regido en los procesos de negociación con las organizaciones
sindicales y también con el Consejo Interterritorial, con los responsables de las políticas de personal de las comunidades autónomas, así como la máxima disposición para alcanzar acuerdos con todos los grupos parlamentarios. Este talante, a mi
juicio, es imprescindible si queremos conseguir el objetivo que señalaba al principio de mi intervención, que no es otro que el estatuto marco se convierta en la norma para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud que, junto con la Ley de
cohesión y calidad y la próxima ley de ordenación de las profesiones sanitarias que aprobará esta Cámara, dotarán a nuestro sistema sanitario de las herramientas de cohesión y modernización que consoliden su futuro. Herramientas como las ya
mencionadas, herramientas que mejoren la planificación de los recursos humanos, los sistemas de motivación y flexibilización, que permitan la homologación en todo el sistema, garantizando con ello la libre circulación de todos los profesionales para
un desarrollo profesional en un marco de seguridad jurídica y salud laboral. Queremos que el estatuto marco se convierta en un texto legal que contribuya de forma significativa y sustancial al progreso y consolidación de nuestro Sistema Nacional de
Salud, dotándole de los más altos niveles de cohesión y calidad.
Señorías, estoy orgullosa de estar en esta tribuna, por estar en esta Cámara, porque soy también personal sanitario y porque estoy orgullosa de que con esta ley contribuyamos a un Sistema Nacional de Salud más universal y más cohesionado,
pero para mantenerlo y mejorarlo necesitamos el compromiso, la motivación y el esfuerzo personal de nuestros profesionales. Dotémosles del marco jurídico adecuado para que se sientan compensados y no escatimen dicho esfuerzo; ellos son la base más
sólida sobre la que nuestro sistema sanitario, que es el de todos los españoles, se asienta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el Bloque Nacionalista Galego reconoce su carácter dialogante y comparte con usted, al igual que con el resto de los grupos de la Cámara, que es necesaria una regulación con carácter básico de las condiciones en las que los
profesionales de los servicios de salud desarrollan sus importantísimas funciones. Reconocemos también, como usted ha dicho, que el estatuto marco es una norma necesaria y una norma esperada. La necesidad parte, en primer lugar, de la urgencia en
eliminar la dispersión normativa, las abundantes lagunas -lagunas sólo en parte colmadas por la jurisprudencia- del régimen jurídico vigente del personal estatutario. La necesidad parte, en segundo lugar, de la falta de trasposición de dos
directivas a las que usted se ha referido, más en concreto de la primera de ellas, cuyo plazo de trasposición venció en 1996, y que con relación al ordenamiento español una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -la sentencia SIMAP,
de 3 de octubre de 2000- declaró como directamente aplicable. Necesidad, en tercer lugar, porque resultaba ya inaplazable extender a los profesionales de la sanidad pública derechos que la ley reconoce al conjunto de los trabajadores y al conjunto
de los funcionarios públicos, acabando con las singularidades de un régimen, el denominado régimen estatutario, que no se encuentren directamente
justificadas, que no deriven directamente de las especiales funciones sanitarias y de la configuración de la sanidad como servicio público. Y por último, necesidad también de ofrecer a las comunidades autónomas competentes en materia
sanitaria -todas en este momento- un marco básico que no impida ni el desarrollo normativo ni tampoco la formulación autonómica de políticas sanitarias propias. Por estas cuatro razones, señora ministra, entendemos como justificada y necesaria la
promulgación de un estatuto marco, pero también, precisamente en atención a estas cuatro razones, consideramos que el concreto proyecto de ley que hoy debatimos no es el estatuto marco que la sanidad pública necesita y no lo es porque, desde nuestro
modesto punto de vista, no va a resolver ninguna de las asignaturas pendientes en la ordenación y en la gestión del personal sanitario.
Me referiré ahora a una serie de cuestiones que son las que fundamentan y centran el desacuerdo del Bloque Nacionalista Galego con este proyecto de ley. Están referidas, en primer lugar, a las condiciones de trabajo de los profesionales de
los servicios sanitarios públicos. Hay, señora ministra, una pregunta que nos debemos formular -nosotros nos la hemos formulado y estoy seguro de que usted también lo ha hecho-: ¿constituye este proyecto de ley una trasposición adecuada de las
directivas europeas de los años 1993 y 2000? ¿Respeta este proyecto de ley la letra y los objetivos de estas disposiciones comunitarias? Para el Bloque Nacionalista Galego -y sentimos decírselo- la respuesta es no. Usted se refirió en su
intervención, al explicar los contenidos del título X de la ley, a que las jornadas máximas serán de 48 horas, a que nadie va a trabajar más de 12 horas continuadas, al descanso diario, pero se refirió sólo al régimen general, a la teoría general;
no quiso usted -cuestión de tiempo, seguramente- referirse a las excepciones ni al régimen transitorio, y las excepciones a ese régimen general y el régimen transitorio en este proyecto de ley, señora ministra, son muy importantes. El proyecto de
ley parece haber olvidado la finalidad de las directivas, que es mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en general, en este caso de los profesionales sanitarios. El propio artículo 18 de la Directiva 93/104 lo aclara: La aplicación
de la presente directiva no constituye una justificación válida para la disminución del nivel general de protección de los trabajadores. Sin embargo -y de nuevo es nuestro modesto punto de vista-, pensamos que en materia de jornada y en materia de
descansos el proyecto de ley, con la excusa de trasponer la directiva, empeora precisamente las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública. Veamos si no algunas cuestiones. La jornada complementaria se establece como
obligatoria con carácter general, lo cual convierte en absolutamente irrelevante la determinación de la jornada ordinaria. En el artículo 48.1 -y de acuerdo con el artículo 19 g)- se dice que en determinados centros y el personal de determinadas
unidades y categorías, siempre que así lo decida unilateralmente la dirección del centro a través de esas programaciones funcionales, estarán obligados a realizar hasta 48 horas semanales. Esta suma de jornada ordinaria más jornada complementaria
se realiza desligando esa jornada complementaria de la urgencia, de las guardias; es decir, desde nuestro punto de vista -y no sólo desde nuestro punto de vista-, supone un paso atrás respecto de la situación actual, en la que se establece que las
guardias se fijarán siempre que no sea posible cubrir estas urgencias o estas necesidades del servicio a través de turnos. En este caso la jornada complementaria se desliga absolutamente y de esta manera, en virtud de una decisión unilateral del
centro, todos los profesionales sanitarios, potencialmente, se verán obligados a realizar jornadas semanales de 48 horas, que se convierten en 58 en el caso de los médicos residentes.
Podemos referirnos a la jornada especial. Ustedes evitan de nuevo hablar de guardias y hablan en general de exceso de jornada ordinaria. Pero fíjense, ustedes lo negaron y, aunque dialogamos sobre esta cuestión, ustedes dicen que esa es
una interpretación forzada porque los gestores no pueden aplicar la ley en este sentido. Pero veamos lo que puede pasar.
Al desligar la jornada especial de los turnos de guardia, y extenderla en general al exceso sobre la jornada ordinaria, puede
ser que ese exceso derive de la modificación de carteleras, de suprimir días libres, de un doblaje obligado de turno, de realizar horas extras, y sin embargo unas y otros que estén sobre la jornada ordinaria van a merecer el mismo tratamiento:
obligatorios hasta el límite de 48 horas y sólo voluntarios por encima de ese límite. Ustedes dicen que esta no es una interpretación posible, pero en Galicia, incluso con sentencias judiciales, tenemos experiencias, y los trabajadores sanitarios
tienen experiencias de cómo la ley se retuerce, de cómo las sentencias en su cumplimiento se retuercen, en el proyecto no hay ninguna garantía de que esto no pueda ocurrir, y pensamos que garantías es lo mínimo que se puede exigir de una ley.
Por otra parte, hablábamos del régimen transitorio. La disposición transitoria sexta, apartado segundo, dice además que esta limitación de la jornada especial de las 150 horas anuales no entrará en vigor hasta dentro de diez años. No
renunciamos a través de enmiendas a que este plazo se reduzca. De todas maneras, aplicando el refrán podíamos decir ¡quélargo me lo fiáis! Diez años nos parece un horizonte que va mucho más allá de lo que puede ser el horizonte de vida de cualquier
Gobierno, de cualquier equipo ministerial y en realidad lo que se está haciendo no es sino diferir a los que vengan después, quienesquiera que sean, la solución del problema.
En cuanto al descanso diario, aparentemente la ley mejora lo dispuesto en las directivas. Frente a las 11 horas fijadas en el artículo 3 de la Directiva del año 1993, el proyecto establece un periodo de descanso diario de 12 horas entre el
fin de una jornada y el inicio de la siguiente; pero si atendemos a las excepciones, a los
supuestos específicos reconocidos en la propia norma, vemos que esta regla general se puede convertir de nuevo en papel mojado y además de convertirse en papel mojado se puede privar a un trabajador de ese descanso diario, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54, incluso sin compensación alguna. Por ejemplo, esta regulación puede dejar sin efectividad el derecho a la libranza a la salida de la guardia, y lo puede dejar sin efectividad porque como este periodo no se considera
tiempo de trabajo, en contra de lo que vienen entendiendo los tribunales, tampoco se computará precisamente como descanso. El descanso semanal se establece en el proyecto de ley con un periodo de referencia de dos meses, lo cual llevado a la
práctica nos dice que puede haber turnos de trabajo de hasta 40 días consecutivos y el resto del tiempo acumulado para descansar. Ya sé que ustedes dicen que esto se puede desarrollar por normas autonómicas, que pueden pactarlo después los
trabajadores, pero desde luego se está dando ya un arma muy importante a las comunidades autónomas en las gestoras y a las propias direcciones de los centros a la hora de negociar. Además todas estas previsiones, para nosotros claramente negativas,
establecidas aprovechando los máximos del límite permitido en las directivas, pueden aún completarse con otras que producen, también desde nuestro punto de vista que no es exclusivo, efectos claramente perversos. Artículo 54.2. Los descansos
diarios y semanales se considerarán disfrutados cuando se acumulen periodos de descanso que sumen 96 horas semanales de promedio en cómputo trimestral.
Para sumar estas horas, se dice que deben tenerse en cuenta todos los periodos de descanso
superiores a 12 horas consecutivas. Es decir, un trabajador que disfrute de un festivo se entiende que ese festivo elimina ya el derecho a que se le abone el tiempo de descanso no disfrutado. Por tanto festivos, días de libre disposición,
permisos, se dan ya por compensados esos descansos diarios y semanales no disfrutados.
Seguramente, ministra, no es su intención, no es la idea que está en el proyecto, pero intentaremos que a través de enmiendas parciales quede mucho más claro en
el texto final de la ley.
No sólo en materia de jornadas y descansos el proyecto de ley empeora desde nuestro punto de vista la situación actual y deja pasar una oportunidad, seguramente única, de equiparar el personal estatutario con el resto de los trabajadores
públicos en cuestiones tales como, por ejemplo, el acceso a la excedencia voluntaria, régimen sancionador o promoción interna temporal; promoción interna temporal que tal y como figura en el artículo 35.3 del proyecto contrasta, y lo hace
vivamente, con lo establecido para el resto de funcionarios públicos en la Ley de medidas, en la Ley 30/1984, porque se impide la consolidación de la categoría y se impide la consolidación de los derechos retributivos correspondientes al puesto de
trabajo efectivamente desempeñado, derecho que sí se reconoce al resto de los funcionarios públicos.
Podíamos hacer referencia también a la precarización y segmentación que del personal sanitario van a permitir previsiones como las contenidas en el artículo 9, nombramientos eventuales, cesables ad nutum y personal fijo a tiempo parcial, y
las escasas garantías que para la movilidad de los trabajadores se contienen en el artículo 12. Por cierto, con relación a la creación de plazas fijas a tiempo parcial, no se puede decir que con esto se permite conciliar la vida laboral y familiar
sino que se permite una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo porque para conciliar la vida laboral y familiar la ley, es loable y así lo permite, se extienden a los trabajadores estatutarios, al personal estatutario, los beneficios
establecidos en la legislación estatal o en las correspondientes legislaciones autonómicas; pero crear plazas de trabajadores fijos a tiempo parcial quiere decir que va a haber personas que en una oposición van a acceder directamente a esas plazas,
o personas que ocupando en la actualidad puestos fijos a tiempo completo, a través de un concurso de traslados se vean obligados a acceder a una de estas plazas. Nosotros no entendemos qué beneficio introduce en la gestión de personal ni qué
beneficio introduce en el sistema.
Además, señora ministra, tenemos la disposición transitoria sexta apartado d). Se dice que las prestaciones de carácter social previstas en los estatutos vigentes de personal facultativo, personal sanitario y personal no sanitario, se
mantendrán exclusivamente respecto de quienes ostenten derechos subjetivos ya adquiridos a tales prestaciones en el momento de la entrada en vigor de esta ley, es decir respecto de los que actualmente son ya, o en el momento en que entre en vigor la
ley sea personal estatutario. Los nuevos profesionales sanitarios no van a gozar de derechos, como por ejemplo percibir la totalidad de la retribución en caso de baja, que actualmente se reconoce en los tres estatutos de personal facultativo, no
facultativo y no sanitario, ni otras prestaciones sociales, tales como anticipos, guarderías, etcétera. Usted podrá decir de nuevo que lo pueden establecer las comunidades autónomas o que puede establecerse a través de negociación colectiva, pero
que esto supone un empeoramiento neto de la situación de los profesionales sanitarios y un debilitamiento de su posición pensamos que es indudable.
Señora ministra, pensamos que con la excusa de mantener la calidad asistencial, el proyecto opta por aplicar soluciones que en definitiva suponen precarizar, endurecer, desregular las condiciones de trabajo en la sanidad pública y que más
que a este fin de calidad parecen más bien orientadas a otros fines podríamos decir de carácter financiero, de carácter económico, porque por ejemplo para mejorar la calidad asistencial, señora ministra, es necesario poner dinero encima de la mesa,
es necesario afrontar una cuestión que el proyecto deja pendiente: la necesidad de ampliar plantillas, de contratar más personal y de no sobreexplotar al existente.
Del mismo modo, es otro elemento en el que tenemos divergencia importante y obedece como ya hablamos a una opción política explícita de su Gobierno, renuncian
ustedes a exigir de forma seria, de forma firme, a la exclusividad en el ejercicio de puestos de trabajo en la sanidad pública, es decir la incompatibilidad entre el ejercicio de un puesto de trabajo en la sanidad pública y el ejercicio de
ese mismo puesto de trabajo, de esas mismas funciones, en la sanidad privada. Lo hacen por convicción política, lo hacen quizás para no molestar a ciertos sectores o quizás para posponer debates como el que afecta al régimen retributivo de los
profesionales sanitarios que de esta manera no es tan urgente, al gasto sanitario o a las listas de espera, problemas que desde nuestro punto de vista, y hay comprobaciones empíricas, están claramente relacionados, directamente relacionados con esta
compatibilidad o con esta tolerancia en la exigencia de la exclusividad a la hora de ejercer las mismas funciones en la sanidad pública y en la privada.
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Acabo enseguida, señor presidenta.
Por tanto y para rematar, señor ministra, desde el BNG pensamos que este no es el estatuto marco que la sanidad pública y sus profesionales necesitan. Por ello le pedimos que siga dialogando, que se lo piense mejor y pedimos la devolución
de este proyecto de ley al Gobierno. Tenga la seguridad de que por nuestra parte seguiremos colaborando y esperamos a través de enmiendas parciales, si esta enmienda a la totalidad no prospera, poder contribuir también a mejorar el proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
¿Turno en contra de la enmienda de totalidad? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señora ministra, señoras y señores diputados, Coalición Canaria va a votar en contra de la enmienda de totalidad que ha presentado el señor Aymerich por el Grupo Mixto, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, porque discrepamos
fundamentalmente de su planteamiento.
Nuestro grupo tiene que hacer unas observaciones -y en su momento las haremos vía enmiendas en los trámites de ponencia y Comisión-, pero no hace un enfoque negativo desde un punto de vista sindical o laboralista.
Como bien ha señalado la
señora ministra, los sindicatos que han llegado a la consulta del Grupo de Coalición Canaria se han mostrado comprensivos con la necesidad de este proyecto de ley. La señora ministra ha enumerado las centrales sindicales que han opinado sobre el
tema, y en sus planteamientos la regulación del personal estatutario de la salud pública está perfectamente compartida. Creemos que se ha recogido una amplia casuística que defienden los sindicatos. Lo demás será cuestión de la dinámica del día a
día de los acuerdos que se hagan, pero desde un punto de vista laboral -y sobre esto también rechazamos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego- en el proyecto de ley se recogen toda una serie de garantías de tipo sindical y laboral que van a
permitir un reconocimiento de los valores positivos, como la seguridad en el empleo, la profesionalización de los mismos y la implicación en una modernización de todo el sistema, con puestos de trabajo no precarios sino fijos y con perfeccionamiento
continuo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Nuestras observaciones vendrán en su momento vía enmiendas, ya que este proyecto, señora ministra, tiene que ser un cuadrilátero de armonías y competencias: la Administración central del Estado, que representa su Ministerio de Sanidad y
Consumo, las comunidades autónomas con sus competencias, el personal laboral y los sindicatos. Esos cuatro vértices son fundamentales para armonizar, y creemos que usted está en la línea correcta de entendimiento. He recogido sus palabras
textuales durante la presentación del proyecto, y como decía efectivamente estamos ante una demanda sindical que se atiende con una ley necesaria, oportuna y razonable. Lo compartimos plenamente. Sobre todo es razonable porque trata de solventar
con prudencia, sin grandes planteamientos que no vienen al caso, pues hay que armonizarlo con las competencias que tienen las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que tienen centrales sindicales propias y no
solamente las estatales, tipo Comisiones Obreros, Unión General de Trabajadores, CSIF y demás sindicatos puramente profesionales. Por tanto, nosotros apoyamos la necesidad de llevar adelante este proyecto de ley en los trámites parlamentarios
correspondientes, en los que mi grupo aportará sus sugerencias en línea sustantiva respecto a las competencias de las comunidades autónomas, que pueden servir para pacificar las aristas que pudiera tener en el mundo laboral y las exigencias
disciplinarias con este sector que tiene su representación sindical y profesional.
No podíamos seguir con normas preconstitucionales, como los estatutos del personal médico, del personal sanitario no facultativo o del personal no sanitario. Eso era un reto -como usted bien ha dicho- y mi grupo le va a apoyar, señora
ministra. La Ley 14/1986, general de Sanidad, provocó el nacimiento del Sistema Nacional de Salud, con un funcionamiento armónico y coordinado, pero hoy día necesita ensamblarse con este proyecto de ley y con la trasposición de las directivas de la
Unión Europea que nos parecen muy positivas. En el trámite de enmiendas armonizaremos esas directivas de la Unión Europea con el texto del proyecto de ley del Gobierno, así como las competencias que tienen las comunidades
autónomas, que en línea de concurrencia y de compatibilidad con todo el sistema van a enriquecer este tronco del proyecto de ley, que afortunadamente usted nos trae hoy aquí. A eso hay que añadir fundamentalmente -y nosotros vamos a apoyar
este proyecto de ley para que siga adelante su tramitación parlamentaria- este estatuto marco del personal del servicio de salud, pieza imprescindible para trazar un arco importante con la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ya
felizmente aprobada, que seguirá su curso normal con el proyecto que pronto tendremos que debatir en la Cámara, pues ya ha tenido entrada en la misma, de ordenación de las profesiones sanitarias. Con esto cerramos con racionalidad -y quiero
felicitar a la señora ministra por ello- todo el sistema interno de gestión, de administración y sobre todo de funcionamiento del servicio de salud pública en España, que es un servicio compartido.
Vamos a tratar de que este proyecto de ley que ahora debatimos regule todos estos aspectos que contemplan la ordenación y planificación del personal y las peculiaridades que debe cumplir. Creemos que se ha estructurado muy bien en sus
distintos capítulos. El capítulo I, con ese carácter funcionarial de la relación estatutaria, ha tranquilizado a los sindicatos pues han visto ahí recogida una de sus primeras aspiraciones, según ha podido comprobar este diputado en las
conversaciones que ha mantenido con algunas organizaciones sindicales del área de la sanidad y de la salud pública: el reconocimiento funcionarial de un servicio a las administraciones públicas, bien bajo la tutela general de la legislación del
Estado, bien bajo la tutela legislativa de las comunidades autónomas, porque todos deseamos el bien común en estos aspectos. Todas las directivas que se van a incorporar son de sentido común, y vamos a pedir a la ministra que, igual que con los
sindicatos, tenga entendimiento y comprensión con nuestro grupo -y no me cabe duda de que lo obtendremos- y con las competencias que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene en el área de sanidad, para eliminar así cualquier tipo de
aristas y sombras en las competencias de unos y otros, porque entendemos que es un buen proyecto de ley, es un proyecto de ley racional y es un proyecto de ley imprescindible y necesario para trazar ese arco, junto a las directivas de la Unión
Europea, a la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud y a la ordenación de las profesiones sanitarias, que tan necesitadas están de clarificación y adaptación al momento actual.
En esa línea de plena colaboración, felicitamos a la señora ministra por esta iniciativa y anunciamos nuestra aportación, que pretende perfeccionar el proyecto y para la que le pedimos el máximo de consenso y comprensión.
Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, por fin llega a esta Cámara el proyecto de ley previsto en el artículo 84 de la Ley general de Sanidad, una deuda normativa que atraviesa varias legislaturas. En el día de ayer, cuando recordaba los tiempos desde
los que existe esta previsión normativa, me encontraba con muy curiosas preguntas e intentos de traer a la Cámara textos, a veces con curiosos protagonistas sobre todo si nos remontamos a la época en la que todavía gobernaba el Partido Socialista.
Me parece justo en este momento hacer también referencia a que en la presente legislatura la mayor constancia en las iniciativas ha correspondido a la que hasta hace unos días fuera diputada por el Grupo de Coalición Canaria, Mar Julios, a
la que hoy quiero rendir tributo, aunque ha estado magníficamente sustituida por su compañero don Luis Mardones. Por cierto, señora ministra, otro inciso más. Me ha gustado que comenzase usted su discurso haciendo referencia y dando las gracias al
esfuerzo y a la dedicación del personal sanitario, agradecimiento al que también se une la formación política que represento.
¿Qué postura sostiene el Grupo Vasco respecto a la elaboración de un estatuto marco? Es también una postura históricamente conocida de suspicacia hacia lo básico y su definición por la proyección que tiene sobre el autogobierno. Hemos
dicho en innumerables ocasiones que cualquiera de los avances parciales de regulación que se han dado en esta materia ha demostrado hasta la fecha la inexistencia de un consenso mínimo sobre lo que podrían considerarse aspectos esenciales del
régimen jurídico del empleo público, esto es sobre lo que podría integrar un planteamiento de reparto competencial bases/desarrollo. Para gran parte de los interlocutores políticos y sociales -y algo de eso se ve en la enmienda a la totalidad- ese
planteamiento se circunscribe al señalamiento de un espacio básico con alto grado de detalle, hasta el punto de que muchos entienden que el modelo final se completa con una ley estatal de estatuto marco y simplemente desarrollos autonómicos de corte
reglamentario. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los interlocutores sociales que operan en Euskadi -no siempre son idénticos en todo el Estado-, esa es una opción legítima, desde luego, pero que resulta contradictoria e
incompatible con el reconocimiento de la capacidad de autogobierno que reconoce el Estatuto de Autonomía de Gernika, máxime teniendo en cuenta la indudable conexión que existe entre la gestión del servicio de salud y la ordenación de los recursos
humanos.
Señora ministra, señorías, en este intento, en la presentación de este proyecto a la Cámara, advertimos sin embargo una mejor disposición. Nos parece especialmente significativo que la exposición de motivos comience refiriéndose a la
organización política y territorial y al esquema de distribución de competencias en
materia de sanidad y asistencia sanitaria que establecen la Constitución y los estatutos, cuando va seguido de tres párrafos en los que se recoge con perfección cuál ha de ser el marco, cuáles han de ser los elementos a tener en cuenta a la
hora de abordar una regulación de la naturaleza de la que hoy nos trae. Sin embargo, la señora ministra conoce perfectamente que nos gustó más algunos de los intentos anteriores de regulación dentro de esta misma posibilidad siendo usted ya
ministra, como por ejemplo el texto del que se habló en el Consejo Interterritorial de 3 de marzo de 2003, en relación con las modificaciones efectuadas los días 9 y 21 de abril. Asimismo conoce que nosotros siempre hemos considerado que el
estatuto tenía que ser una norma de mínimos, que no ponemos ninguna duda a la movilidad, ni a la participación sin exclusiones. Una tercera referencia o suspicacia que late también, e incluso está recogida en alguna de nuestras enmiendas, es la de
que no haya segundas puertas para que luego existan distintos reglamentos por parte del Estado a los que se les vaya a dar también el carácter de básicos. En todo caso, insisto, el proyecto que hoy se presenta es el más amable desde nuestra
perspectiva de cuantos han existido no como proyecto de ley, puesto que este es el primero, sino como borradores o anteproyectos.
Si se examinan nuestras enmiendas parciales, que la señora ministra conoce perfectamente, no formulamos en ellas una alternativa al texto, puesto que tampoco tenemos aspiraciones de ser alternativa de Gobierno. Sólo presentamos enmiendas y
puntualizaciones sobre aquellos aspectos que chirrían o chocan directamente con lo que queremos desde nuestra perspectiva, por supuesto competencialmente calificable, como competencia propia o como integrada dentro del autogobierno. Por eso, no le
ponemos pegas ni hemos presentado enmiendas sobre las normas generales; ni sobre la clasificación de personal, la planificación y la ordenación, porque creemos que viene ya prefijada por la Ley de calidad y cohesión; ni sobre derechos y deberes;
ni sobre adquisición y pérdida de la condición de trabajador de las áreas de las que se trata con el carácter que lo plantea; ni sobre provisión y selección -por cierto, aspecto éste en el que la realidad vasca está bastante más saneada que la del
resto del Estado-; ni sobre movilidad. En este aspecto quiero insistir puesto que luego me referiré a la disposición adicional que pretendemos respecto a la movilidad al igual que respecto a las condiciones básicas. La formación que represento
está absolutamente convencida de que tal criterio debe ser uno de los que rija la aprobación del estatuto que salga de esta Cámara. Sin embargo, sí ponemos pegas a las retribuciones.
No estamos dispuestos -no lo hemos estado en cada uno de los
presupuestos que se han venido aprobando- a que el límite presupuestario juegue respecto de las posibilidades de la comunidad autónoma. También ponemos pegas a la jornada de trabajo, permisos y licencias y también a la famosa Directiva citada por
quien ha presentado la enmienda a la totalidad de las 150 horas, matiz que hacemos en una de las enmiendas, acorde con lo que creemos que dice el informe del Consejo de Estado y que además es la justificación de motivos de una de nuestras enmiendas.
El propio informe del Consejo de Estado que acompaña al proyecto de ley plantea serias dudas sobre la oportunidad de incluir este apartado del artículo cuando en sus consideraciones sobre la trasposición de la Directiva 93/104/CEE afirma que
cuestión distinta es la relativa al establecimiento de un máximo de 150 horas al año de los excesos sobre la jornada ordinaria y complementaria que hace el artículo 49.1 del proyecto y que la casi totalidad de las comunidades autónomas han objetado,
señalando que la directiva no lo impone y que estiman no existe razón para imponer uniformemente en toda España, ya que limita de manera muy importante las posibilidades organizativas que deberían tener los servicios autonómicos de salud. Lo dice
el Consejo de Estado y a mi formación política le parece aceptable esta puntualización que se manifiesta.
Señora ministra, me he referido a que en este intento de regulación del estatuto marco mi formación política vuelve a algo que también es histórico en cuanto a la postura de la misma en relación con abordar una legislación de este estilo.
Presentamos una disposición adicional que entendemos regularía la aplicación de esta ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco pretendiendo la actualización de los derechos históricos.
Si la Constitución tiene una cláusula que permite esta
actualización, en este caso del derecho histórico porque comprendía un sistema privativo de función pública en la disposición adicional única del Estatuto de Autonomía del País Vasco, esta cláusula que pretendemos se recoja regularía el mecanismo de
actualización y es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su sentencia 14/1989, de 21 de diciembre.
Creemos que la consideración explícita de que la legislación básica del Estado constituye el espacio adecuado para regular los
términos de la misma debe dejar la salvaguarda de que las demás cuestiones corresponderían a la comunidad autónoma.
Creemos que el planteamiento que hacemos cohonesta perfectamente competencia exclusiva, que corresponde a la comunidad autónoma conforme al artículo 10.4, con la incidencia de la competencia del Estado, artículo 149.1.18.ª de la Constitución
española, que se propone afecte a los derechos y obligaciones del personal de naturaleza esencial y a la movilidad en todo el Sistema Nacional de Salud, tal y como antes le he indicado, como institución que vertebra el sector, debido a la incidencia
del artículo 149.1.16.ª de la Constitución española.
Pretendemos un sistema similar al navarro, pero más que Navarra pretendemos que se regule desde el Estado, puesto que además de los derechos y obligaciones que con el carácter de básicos y esenciales se regulen para todo el Sistema Nacional
de Salud, admitimos la regulación del Estado en todo lo que afecte a la movilidad. Es
por tanto una cláusula parecida, pero no exacta a la contenida en el texto del Amejoramiento navarro.
Señora ministra, le he anunciado ya antes, y así existe en efecto como enmienda en nuestro texto, la previsión de que desaparezca la disposición transitoria sexta del proyecto de ley cuando hace una llamada a la regulación mediante
reglamentos. Pretendemos que no exista esa segunda puerta de que hecha una ley que se considere básica y a la que demos nuestra aceptación, posteriormente se insista en desarrollos reglamentarios a los que también se dé el carácter de básicos desde
instancias estatales.
Estamos absolutamente de acuerdo con el informe del Consejo General del Poder Judicial que se ha acompañado al proyecto de ley, en el que se hace referencia a que sea la jurisdicción contencioso-administrativa quien regule lo que afecta a la
relación funcionarial esencial del personal estatutario de los servicios de salud. Para ello nos parece que además de la previsión contenida en el texto, debería añadirse algo en la exposición de motivos, y así se lo proponemos, e igualmente
debiera incluirse en el artículo 45.h) la previsión de que debería ser derogado el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, que desde nuestra perspectiva es desarrollo de la Ley general de Seguridad Social y que creemos está vigente en este momento.
Llegados a este punto, se me dirá: ¿qué piensa hacer la señora Uría con la enmienda a la totalidad presentada por el Bloque Nacionalista Galego? Al igual que siempre que se presenta una enmienda de este estilo, lo que debe valorar una
formación política es la necesidad de regular la materia de que se trata, y si el proyecto que se presenta tiene la corrección bastante para servir, con las enmiendas que se puedan producir por el acuerdo entre el Gobierno, la formación mayoritaria
y las demás formaciones políticas, para ser desde nuestra perspectiva una ley correcta o aceptable en la materia. La enmienda que presenta el Bloque Nacionalista Galego apunta problemas que nosotros hemos tratado también en nuestras enmiendas
parciales. No estamos en todo absolutamente de acuerdo con lo que se ha manifestado, pero tampoco podríamos decirle no a todo su contenido. Simplemente formularemos una propuesta de abstención, en el bien entendido supuesto de que esa abstención
es a su contenido no a que deseemos la devolución del proyecto al Gobierno. Nuestra apuesta es transitar la ruta de las enmiendas parciales, aceptando la promesa de la señora ministra de poder hablar con todos, negociar, y a ser posible llegar a
acuerdos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Señora Castro, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy en la Cámara sobre el proyecto de ley de estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Se trata de un proyecto que todos conocemos y que ha sido largamente esperado desde la ya
lejana fecha de 25 de abril de 1986, cuando se aprobó la Ley general de Sanidad que generó tantísimas expectativas entre el más de medio millón de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública.
A pesar de los 17 años transcurridos desde la aprobación de la Ley general de Sanidad, de los 28 borradores elaborados y de los dos años de negociación de este último proyecto, estamos debatiendo hoy un texto con una enmienda de devolución
del Grupo Mixto. Si bien el texto del proyecto no satisface plenamente a todos los grupos parlamentarios y tampoco a otro tipo de instituciones colegiales o a los propios agentes sociales, es un texto sobre el que de alguna manera el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida piensa que podemos trabajar para intentar mejorarlo entre todos. Es evidente que el intento de establecer una base legal que aglutine y que ordene las relaciones laborales, que regule la jornada de trabajo,
que garantice la movilidad del personal sanitario, que dé la solución a la planificación de recursos o que establezca los derechos y deberes de los trabajadores sanitarios es un deseo de todos los miembros de esta Cámara, de los agentes sociales y
de los propios trabajadores. El problema es acertar en la propuesta, es el talante para mejorar el texto, es seguir trabajando con ese espíritu de consenso con el que hemos venido trabajando en la Comisión de Sanidad a lo largo de esta legislatura
en la que tengo el honor de ser diputada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para nuestro grupo parlamentario, ministra, en el texto que han traído a la Cámara hay tres cuestiones importantes que nos hacen pensar que es necesario pedirle hoy una vez más ese talante para que podamos negociar los grandes temas.
¿Cuáles son estos para mi grupo parlamentario? Son tres: la trasposición, no negociada y sin establecer límites de jornada, de la directiva comunitaria de las 48 horas, las carencias que hay en el proyecto que viene a la Cámara de concreción en el
tratamiento de la carrera profesional y la falta de regulación y el carácter meramente asesor que se atribuye al foro marco para el diálogo social en el proyecto de ley del Gobierno.
La trasposición de la Directiva comunitaria 93/104, de tiempo de trabajo, que se plantea en el texto, no prevé la negociación para terminados colectivos, puestos de trabajo o unidades, a los que se les debe aplicar, y define el tramo de
jornada que excede de las 48 horas como jornada especial, aplicándole el mismo tratamiento que a la jornada complementaria, fundamentándola sobre la voluntariedad y sin establecer, sin embargo, sus límites. Se trata, por tanto, señora ministra, de
una jornada indeterminada, sin negociación, sin atender los mínimos de protección a la salud de los trabajadores y la consecuente calidad del servicio, además de, por supuesto, muy alejada de la jornada de 35 horas, ampliamente reivindicada
por los agentes sociales y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Con respecto a la carrera profesional, el texto sustrae su regulación en este proyecto de ley y lo traslada de forma casi total al proyecto de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias donde, como usted muy bien sabe, señora
ministra, no es posible la negociación sindical. El foro marco para el diálogo social aparece también sin detallarse en sus contenidos, con un exclusivo papel asesor de la Comisión de recursos humanos y sin regular el ámbito de negociación sindical
en el ámbito estatal. Estas son las tres grandes cuestiones sobre las que entiende el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que deberíamos aunar nuestros principales esfuerzos, contando con ese espíritu de consenso que caracteriza al Grupo
Popular y al resto de los grupos parlamentarios en materia sanitaria. Además de estas tres cuestiones, hay otras que trataremos de mejorar a través de enmiendas parciales, que no quería dejar de subrayar.
Señora ministra, este texto plantea un tratamiento discriminatorio del personal en formación: pospone hasta el año 2009 la aplicación de la regulación de tiempos de trabajo y régimen de descanso, sigue sin aceptarse la vía jurisdiccional
social para solventar las reclamaciones laborales y tampoco se incentiva la jubilación anticipada. También mantiene la figura de aspirante en prácticas con derechos laborales ciertamente recortados, no limita la contratación temporal y tampoco
delimita geográfica o temporalmente la movilidad por razón del servicio o la movilidad forzosa. Nuestra posición en este tema va a ser muy clara.
Hemos dicho desde el principio que vamos a tratar de enmendar el texto y de mejorarlo porque es un
texto esperado no solamente por los agentes sociales, no solamente por los grupos de esta Cámara, sino por los trabajadores sanitarios de este país. En esa medida, nuestra posición en el debate de totalidad va a ser abstenernos respecto a la
enmienda que plantea el Bloque Nacionalista Galego. Coincidimos en el discurso que ha hecho aquí el señor Aymerich, que indica todas las inquietudes que también nos planteamos en el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Esperamos que
todas estas dificultades desaparezcan con la actitud de diálogo y de consenso que se ha logrado, repito, tanto desde el ministerio y desde el grupo que sustenta al Gobierno como desde el resto de los grupos parlamentarios de oposición, que con un
alto sentido de la responsabilidad hemos venido tirando de ese valor tan importante del consenso para resolver importantísimas leyes sanitarias como la Ley de consolidación de los puestos de trabajo, la Ley de cohesión y calidad, etcétera. En esa
dirección trataremos de mejorar el texto para que incorpore planteamientos, que acerque posiciones respecto a estas tres cuestiones prioritarias que hemos puesto encima de la mesa, el tiempo de trabajo, la carrera profesional y la articulación de la
negociación colectiva, pero también queremos que sea un texto a su vez, señora ministra, que no renuncie a solucionar las diferencias existentes en relación con las formas de contratación, a la vía jurisdiccional o cláusulas de garantía para los
acuerdos actualmente vigentes.
En la esperanza y también en la confianza de que vamos a ser capaces de conseguirlo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida seguirá trabajando con este espíritu de diálogo y de consenso para que este proyecto del Gobierno salga
adelante con las inquietudes de los agentes sociales que son la voz principal en esta cuestión que estamos tratando, pero también recogiendo las inquietudes y las preocupaciones de los grupos parlamentarios que, como decía hace breves segundos,
hemos hecho gala de un alto sentido de la responsabilidad en materia de derecho sociales y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la sanidad, que es un derecho básico no solamente de los ciudadanos, sino que esta norma es necesaria, como
le decía a usted en varias ocasiones anteriores, para que podamos hablar de calidad en la prestación sanitaria. Lo que queremos es facilitar ese trabajo, que esta norma salga, pero que recoja las inquietudes que van a ser las que van a permitir que
este texto tenga un valor, que pueda ser un texto útil en el tiempo y, después de haber esperado durante tanto años, vale la pena que seamos capaces de conseguirlo. De modo que termino mi intervención repitiendo que nos vamos a abstener en la
enmienda a la totalidad del Bloque Nacionalista Galego por, repito, coincidencias en los contenidos más que por el discurso que se ha hecho desde la tribuna, y vamos a seguir trabajando con el espíritu de consenso que ha caracterizado, al menos esta
legislatura, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchas gracias y buenas tardes.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, estamos en un trámite parlamentario que se produce a raíz de una enmienda a la totalidad que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado al proyecto de ley del estatuto marco. A tenor del trámite, le anuncio que
mi grupo parlamentario no va a votar favorablemente la enmienda a la totalidad del Bloque Nacionalista Galego.
Podemos compartir algunos de los aspectos que el señor Aymerich ha expuesto, pero también con la misma sinceridad le digo que algunos
comentarios que ha hecho en la tribuna son diametralmente opuestos a nuestras propuestas y a nuestra manera de entender la ley. No obstante, aprovechando la ocasión de debatir aquí con usted y de exponerle nuestro punto de vista, sin entrar en un
detalle pormenorizado, que nos parece que no es el momento -este es un debate a la totalidad-, le anuncio, señora ministra, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a presentar enmiendas al articulado tanto del proyecto de ley del
estatuto marco como -permítame usted la licencia
porque ambas leyes tienen mucha consonancia- al de ordenación de profesiones sanitarias. Nosotros pensamos que es un trío, usted también lo dijo -es la Ley de cohesión del sistema sanitario, es la LOPS y es el estatuto marco-, y que es muy
difícil fijar posición sobre una de estas leyes sin tener en cuenta en conjunto las tres vertientes. Uno de los obstáculos que vemos para aprobar el proyecto tal como ha llegado a la Cámara es que, según en qué cuestiones, desde nuestro punto de
vista al menos, estas tres leyes a veces se contradicen.
Señora ministra, a tenor de la voluntad por usted expresada de llegar a consensuar ampliamente los dos proyectos de ley y tal como ocurrió ya con el proyecto de ley de cohesión y de calidad del Sistema Nacional de Salud, en trámite de
ponencia deseamos ser capaces de consensuar, de dirimir aspectos de las dos leyes, que, hoy por hoy, al menos para mi grupo parlamentario, si no se modificaran, imposibilitarían que le diésemos el voto favorable. Nosotros también compartimos, como
ya han dicho otros portavoces, la necesidad y la conveniencia de estas leyes. No estamos cuestionando la principal, estamos cuestionando el texto concreto que su ministerio ha traído a la Cámara. Alguna portavoz de las que me han precedido -me
parece que era la señora Uría- ha hecho referencia -hago un paréntesis en mi intervención- a unos acuerdos en Comisión por la subcomisión del Consejo Interterritorial de Salud de Recursos Humanos, que prácticamente tenían amplio consenso entre los
miembros allí representados; realmente es así, pero entre aquel preacuerdo y el proyecto de ley hay diferencias sustanciales, señora ministra, y algo ha pasado aquí, en el ínterin, que tendremos que solucionar.
Nos consta, señora ministra, que usted no es proclive a hacer uso de la mayoría absoluta que ostenta el Grupo Popular para imponer los criterios del ministerio sin buscar acuerdos. Esta actitud le honra como ministra, pero además es la
actitud que corresponde a un modelo sanitario en el que todas las comunidades autónomas tenemos las competencias transferidas.
Debo confesar, señora ministra, que incluso los proyectos de ley del Gobierno sobre política sanitaria deberían llegar ya
tan tamizados al Parlamento por el Consejo Interterritorial de Salud, que es donde están representadas todas las comunidades autónomas, que aquí lo razonable sería sólo pulir un poco los flecos, y nada más lejos de los hechos.
Concluidas las transferencias y aprobada la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, a tenor de nuestro criterio, seguimos sin ver reflejado el encaje de los distintos niveles competenciales entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y las comunidades autónomas en los proyectos de ley que el Gobierno nos remite. Por este motivo le anuncio que las enmiendas que mi grupo presenta a las dos leyes son de calado porque en algunos aspectos cuestionan el fondo y la forma de
varios artículos. Como el turno de fijación de posiciones nos corresponde a raíz de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley, tal como decía, no voy a hacerle ahora un análisis pormenorizado artículo por artículo, pero me voy a permitir
hacerle alguna observación concreta. Empezamos por no compartir, concretamente del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario, algo tan significativo como es el ámbito de aplicación, es decir, el artículo 2.3. Nosotros pensamos
que el ámbito de aplicación debería corresponderse al menos con el título de la ley -el título ya se ajusta a lo que nosotros creemos-. El título de la ley habla de estatuto marco del personal estatutario, no del personal funcionarial ni del
personal laboral. En las reuniones del ministerio a las que usted se refería hemos mantenido reiteradamente la petición de diferenciar el régimen jurídico del personal estatutario de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, para
delimitarlo claramente del resto de profesionales de la red sanitaria de utilización pública. Por un lado, el personal funcionario público, que dispone de normativa básica propia y, por otro, el personal laboral, que además cuenta con un marco de
negociación para el establecimiento de las condiciones de trabajo que no se puede vulnerar y que, en definitiva, excluyen toda posibilidad de aplicación de los deberes y derechos enunciados en el capítulo IV: la adquisición y pérdida de la
condición de personal estatutario, los sistemas de selección de provisión de puestos de trabajo, la promoción interna, el sistema retributivo y las situaciones administrativas en general, todo ello específicamente configurado para el personal
estatutario.
Señora ministra, con carácter general, en los dos proyectos de ley observamos una injerencia en las competencias negociadoras de las comunidades autónomas, ya sea en materia de creación, modificación, supresión de categorías profesionales,
ya sea en la ordenación del tiempo de trabajo para el establecimiento de las jornadas especiales o de los períodos de descanso alternativos, consultas sindicales, mejoras sociales, etcétera. Tales injerencias, señora ministra, se dan de una forma
muy clara en los artículos 15, 38, 42 y 43 del proyecto de ley del estatuto marco.
Además, puestos a citar agravios, en la memoria económica que acompaña al proyecto de ley se dice textualmente: En ningún caso supondrá un incremento de gasto apreciable en los Presupuestos Generales del Estado.
No satisfechos con esta
afirmación, la memoria económica justifica que tampoco va a suponer un coste económico superior para las comunidades autónomas. Señora ministra, no es que no compartamos esta afirmación, sino que nos parece de un calado político muy grave. Nada
más lejos de la realidad. ¿Cómo puede hacerse tal afirmación, señora ministra? ¿Cómo justifican, tan sólo por citar un ejemplo, que el capítulo X -el referente a la jornada de trabajo, permisos y licencias- no representa un mayor coste
presupuestario? ¿Cómo puede hacerse tal afirmación, teniendo en cuenta que el proyecto de ley supera las previsiones de la Directiva 93/104 de la
Comunidad Europea, cuando además estima que debe ser aplicada a todo el sector sanitario, público y privado?
En su intervención ha hecho referencia a la memoria del Consejo de Estado, que yo también he leído, señora ministra, pero quizá sea necesario que la leamos varias veces. La memoria del Consejo de Estado, incluso en este aspecto, manifiesta
cautelas y opina que, quizá, el proyecto de ley se excede en las necesidades de regular lo que es básico o, dicho por pasiva, que entra a regular aspectos que ya no tendrían por qué ser básicos, aunque nosotros sí estaríamos de acuerdo en regular
los que sí lo son. Por lo tanto, señora ministra, no sólo no compartimos la valoración de la memoria económica que acompaña a los proyectos de ley, sino que pensamos que es necesario que el ministerio cree un fondo específico para la implementación
de estas normas, fondo que debería distribuirse de forma equitativa entre las distintas comunidades autónomas. De no ser así, además de injerir en competencias autonómicas, estaríamos ante un yo invito -que sería el ministerio- y tú pagas, que
serían las comunidades autónomas, con lo cual, llegaríamos fácilmente a la conclusión de que se vulneran los principios de suficiencia financiera y de lealtad institucional.
Señora ministra, para ir concluyendo y no entrar ahora en un debate al articulado que no se corresponde, permítame que le diga que usted hacía referencia a que este proyecto de ley es el resultado de amplias reuniones, que admitimos no han
sido fáciles, con los representantes de las comunidades autónomas, con los distintos representantes del sector, etcétera, etcétera. No niego la principal, señora ministra, y se lo digo con toda simpatía, pero es que incluso cuando usted dice que se
ha negociado con los representantes de los profesionales, lo hace desde un punto de vista, a nuestro entender, excesivamente centralista. No seré yo, desde mi grupo parlamentario, quien discuta la necesidad de que un proyecto de este tipo se debate
y se intente negociar con los representantes del personal.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Riera, le ruego concluya.
La señora RIERA I BEN: Concluyo, señora presidenta.
No seré yo quien lo discuta, ni por convicción ni por praxis política del grupo parlamentario al que represento y por descontado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero incluso a la hora de negociar y hablando de representantes
sindicales, las comunidades que contamos con competencias en materia de sanidad tenemos los sindicatos correspondientes. ¿Alguien duda de que sean los sindicatos representados en las comunidades autónomas los que de manera más idónea puedan
discutir y negociar con los respectivos gobiernos lo que es conveniente para el personal?
Señora ministra, se me acaba el tiempo. Quisiera terminar mi intervención diciéndole que mi grupo parlamentario, como hace siempre, confía y desea que tanto la actitud por usted manifestada como la del Grupo Popular y por descontado la que
va a encontrar en el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos permita llegar a amplios acuerdos en las dos leyes. Hoy por hoy, seamos realistas, estamos lejos de alcanzar un acuerdo. Le diré más, después de oír a los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra, creo con sinceridad que será complicado en el trámite de ponencia llegar a acuerdos de los grupos con el ministerio y de los grupos entre sí. Deberíamos intentarlo. Todos tenemos un requisito
imprescindible: una buena disposición, una buena actitud y las ganas y el interés por que sea así. Si hemos tardado 17 años, señora ministra, en traer un estatuto marco a la Cámara -porque la ley es del año 1986, como usted nos recordaba-, no
estaría de más que...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Riera, lleva consumido el tiempo con exceso.
La señora RIERA I BEN: Termino, señora presidenta.
No estaría de más que nos tómasemos el tiempo necesario para conseguir, en el trámite de ponencia, que esta ley sea una ley de consenso, de acuerdos y así solucionar, de una vez por todas, una larga reivindicación de todo el personal
sanitario. Además, mediante el consenso y la negociación será la única manera en que podremos dar credibilidad al conjunto del sistema.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Señora ministra, haciendo un recordatorio sobre sus propias palabras, antes de que todos los sindicatos se presentaran en estas elecciones sindicales solicitando un estatuto marco, algunos nos habíamos presentado
hace muchos años y habíamos pedido, incluso ya en 1976, un estatuto único. Lo digo para que quede para la historia.
En este proyecto de ley que usted ha presentado y que, obviamente, ha procurado traerlo con la mejor intención y de la forma más favorable para el propio proyecto y a la política que usted viene haciendo, quiero hacer dos matices iniciales.
Algunas fuerzas sindicales dicen que no ha existido un auténtico proceso de negociación, que lo que ha existido es un proceso de alegaciones a un texto que ha ido generándose -y no lo discuto- a través de múltiples reuniones. Dicen, por tanto, que
hay un cierto déficit porque se han permitido alegar y no tanto negociar. En el Consejo Interterritorial de Salud se han dado situaciones como las que pasaron en el Consejo Interterritorial de Santiago, en el que hubo que devolver el texto porque
no tenían el acuerdo suficiente. Por tanto, es obvio que no podemos olvidar que aunque hoy discutimos
una ley, estamos ante dos, porque algo similar ocurre con la ley de ordenación de profesiones sanitarias.
Retomando lo que ha dicho la señora Riera, si a veces no nos tomamos tiempo, nos podemos encontrar con un cúmulo, con una maraña legislativa que más que a morir de éxito, nos puede llevar a un atracón. Tenemos que recordar e insistir en que
las prisas nunca son buenas. El tiempo suele facilitar los acuerdos y las prisas, al reducir el tiempo, reducen también el espacio de acuerdo. A veces tenemos la sensación de que nos convertimos en el negociado legislativo del Gobierno;
demasiados trámites de urgencia, a veces escaso tiempo para madurar lo ya hecho y, por supuesto, para presentar y debatir los textos, que merecen una reflexión y, además, el mejor de los trabajos posibles. Por tanto, estamos ante dos leyes que se
entrelazan y que presentan serias dudas, porque, como se ha dicho, son dos leyes que, junto con la Ley de cohesión, van a resultar básicas para el funcionamiento armónico del Sistema Nacional de Salud.
Además, estas dos leyes, como otros elementos de su política, tienen un leitmotiv: los planes y programas anunciados por S.S. no tuvieron reflejo presupuestario, coste cero. La Ley de cohesión no suponía en origen aumento presupuestario,
coste cero. El estatuto marco, que pretende establecer un adecuado sistema de incentivos, incrementar la motivación de los profesionales, la promoción profesional, la personalización de las condiciones de trabajo, especialmente en lo relativo a las
retribuciones, no tiene aumento presupuestario, coste cero. La trasposición de la directiva europea, coste cero. La regulación de la jornada, coste cero.
La modificación de las condiciones de trabajo, coste cero. No hay aumento presupuestario
según la memoria económica, como ya ha señalado antes la diputada señora Riera.
Si la regulación del trabajo no tiene coste económico, sólo cabe una explicación: se aumenta la jornada de trabajo. Si la regulación de las condiciones de trabajo no tiene coste presupuestario, sólo tiene una explicación: se empeoran las
condiciones de trabajo. Lamento decirlo, pero, si esto no es así, no hay otra explicación posible, salvo que no se esté diciendo la verdad. Porque, ¿cómo puede explicarse que se vaya a poner en marcha un adecuado sistema de incentivos sin que haya
coste presupuestario? ¿Va a aparecer Robin Hood en el sistema sanitario para quitar a los unos y dar a los otros? ¿Cómo se puede establecer la carrera profesional y afirmar que no supone coste económico? ¿Estamos cambiando el refranero castellano
y ahora resulta que quien manda no paga? Es algo más que romper el refranero; es romper el principio de lealtad institucional, que, como ya se ha dicho, es uno de los que inspira el nuevo sistema de financiación, la Ley de cohesión y el
tratamiento del Fondo de Cohesión, su forma de presupuestación y de reparto. No se puede intentar hacer creer que se va a producir semejante milagro económico porque no es milagro, es trampa, y nosotros no vamos a colaborar en semejante propósito,
que consiste -lo ha dicho la señora Riera en esta tribuna y yo antes que ella- en que yo invito y tú pagas. En términos económicos es la política de tirar la piedra, la carrera profesional, pero esconder la mano, no aportar los recursos económicos
necesarios para llevar adelante lo propuesto. En este sentido, se podría hacer un repaso exhaustivo de las dudas que nos generan las leyes.
Hay una trasposición inadecuada de la directiva europea en la forma y el fondo: los problemas de jornada, que todos hemos repetido; el rechazo que nos produce la nueva regulación del acceso a la prueba MIR; la ausencia en el Sistema
Nacional de Salud de un auténtico órgano de negociación y participación; defectos en el régimen disciplinario; un tratamiento absolutamente injustificado de las incompatibilidades; una carrera profesional en que no está claro qué se evalúa, quién
lo evalúa y cómo, y de la cual se desconoce si se consolida o no; sanciones que aparecen en el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, pero no en el estatuto marco; olvido de profesiones sanitarias, como psicólogos,
trabajadores sociales, mala regulación de los farmacéuticos, con un tono autoritario o rancio en ocasiones y un cierto maltrato, por ejemplo, a la enfermería. También podríamos señalar que hay una cierta utilización de la legislación para guardarse
las espaldas frente a demandas que ya están presentadas ante el Tribunal Constitucional. A mí también se me ocurre preguntarle qué pasa con el Consejo de Estado. ¿Cómo es posible que el Consejo de Estado alabe un determinado artículo del borrador
que se le manda y cuando ustedes envían el proyecto de ley a esta Cámara haya desaparecido? ¿Qué hacer ante esta situación? Obviamente, hay presentada una enmienda de devolución, y les vamos a repetir lo que es nuestro leit motiv respecto al
Ministerio de Sanidad: que ha de garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema sanitario público. Usted sabe que esta fue nuestra exigencia nuclear a la hora de debatir la Ley de cohesión; pues esta es también la exigencia nuclear
a la hora de debatir y poder llegar a acuerdos sobre estas dos leyes. En el pasado, la aceptación de esa exigencia permitió llegar a un acuerdo. En su momento, iniciamos el camino como hoy -había una enmienda de devolución-, y vamos a hacer hoy
como entonces: nos vamos a abstener, basados en la exigencia, pero, obviamente, con el mismo deseo de poder llegar a acuerdos. No deben ustedes confundirse, porque para modificar nuestra posición de hoy se deberán modificar también sustancialmente
las leyes. Se lo voy a decir también con el refranero en la mano: donde no hay harina, todo es mohína; es decir, que o existe compromiso presupuestario claro que dé sustento económico al conjunto de propuestas hechas en las leyes, o el acuerdo
será muy difícil.
Podría aumentar las críticas; podría, incluso, gastar más el tiempo, pero ustedes son los que tienen ahora la palabra. Y no sólo formalmente en este debate, sino porque
les abrimos la puerta y queremos negociar. Ahora bien, repetimos la exigencia: señora ministra, no puede ser que el coste sea cero, no se lo cree nadie. Será cuestión de saber resolverlo.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Arola.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular consideramos que este proyecto de ley de estatuto marco para el personal estatutario de los servicios de salud, que ha presentado hoy la señora ministra de Sanidad y Consumo, es una iniciativa,
además de necesaria, oportuna en el tiempo, en la forma y en el fondo. En el tiempo, porque creemos que ahora es el momento, una vez que se han producido todas las transferencias sanitarias, se ha completado, por tanto, el Sistema Nacional de
Salud, y se ha establecido una ley de financiación suficiente y estable, que contesta la petición de los portavoces -sobre todo, de los nacionalistas- pidiendo, una y otra vez -cada vez que presentamos alguna regulación básica-, más, y pidiendo
fondos y más fondos. Creemos, señorías, que, con tantos fondos, nunca tocaríamos fondo, y que cualquier incremento está perfectamente contemplado en esta ley de financiación. No obstante, mantenemos, como siempre, la apertura de negociarlo en la
ponencia.
Sobre todo, señorías, este es el momento: ahora, que se ha garantizado, gracias a esa ley del siglo XXI -de cohesión y calidad-, la unidad, equidad, calidad y participación, fomentando la solidaridad y respetando la autonomía de todos los
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ahora es el momento justo de aprobar esta iniciativa, hecha para actualizar y adaptar a la normativa europea el régimen jurídico del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Cuando
Margarita Uría dice por fin, no sabemos muy bien si quiere decir que, por fin, vamos a terminar esta larga sesión, y no que por fin está aquí el estatuto. Es difícil criticar a la ministra metiéndole más prisa, cuando no se pueden traer más cosas
en menos tiempo. Todos los grupos lo habían pedido desde hace 17 años y la ministra trae hoy aquí este estatuto marco.
Difícilmente también se puede criticar su capacidad de diálogo y, sobre todo, su capacidad para establecer consenso.
Esta iniciativa es también oportuna en la forma ya que, como saben SS.SS., el personal estatutario en España ha tenido históricamente una normativa específica recogida en tres estatutos preconstitucionales, que se han mantenido a través del
tiempo y respetado por las normas reguladoras de los servicios públicos de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública, que en su disposición transitoria cuarta determina la necesidad de una legislación especial para este
personal estatutario.
Conviene, además, señalar que todos los estudios, análisis, informes, recomendaciones y propuestas que se han hecho sobre y para la consolidación, mejora y modernización del sistema sanitario (informe Abril y, sobre todo, el
acuerdo parlamentario de 1997 para la consolidación y modernización del sistema sanitario) coinciden en que hay que establecer un nuevo modelo de relación laboral para el personal estatutario a través de un estatuto marco, que es la forma en que lo
ha traído hoy el Ministerio de Sanidad y Consumo a este Parlamento; estatuto marco que establece una normativa básica actualizada, adaptada y armónica para todo el personal estatutario.
Consideramos también que esta iniciativa es oportuna en el fondo porque, como ha dicho la señora ministra, ha sido muy estudiada, muy elaborada y es muy rigurosa en cuanto a su contenido, estructurado en 14 capítulos en los que se regulan
todos los aspectos generales y básicos de las diferentes materias que componen el régimen jurídico del personal estatutario. No voy a detenerme en enumerar cada uno de estos aspectos generales y básicos, puesto que ya lo ha hecho la señora
ministra, pero sí quiero destacar alguno de ellos, sobre todo los que se recogen como crítica en la enmienda a la totalidad, que a nosotros nos parece más una relación de enmiendas parciales al articulado.
En el capítulo I se establece con nitidez el carácter funcionarial de la relación estatutaria, tal y como he creído oír que demandaba el enmendante, sin perjuicio de sus peculiaridades especiales que deberán desarrollar cada una de las
comunidades autónomas, es decir, todo lo contrario a la invasión de competencias que menciona el portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Quiero también destacar que la ley recoge y enumera los derechos y deberes de este personal y el principio de
libre circulación y posibilidad de movilidad del personal de todo el Sistema Nacional de Salud en el capítulo VII, clave para conseguir la cohesión y consolidación de éste y que se completa con la regulación de la carrera y el régimen retributivo en
los capítulos VIII y IX. He de resaltar también la sección primera del capítulo X, en la que se lleva a cabo la trasposición al sector sanitario de dos directivas de la Unión Europea sobre la regulación de los tiempos de trabajo y de descanso, en
las que el enmendante a la totalidad cifra más del 90 por ciento de sus argumentos de rechazo, a nuestro juicio sin justificación, y porque además creemos que hubiera sido más razonable que lo hubiese planteado como enmiendas parciales para haberlas
discutido una vez constituida la ponencia dentro del clima de diálogo y consenso que siempre hemos mantenido tanto el ministerio como los componentes de los distintos
grupos que formamos la Comisión de Sanidad de esta Cámara.
La ley se completa en los restantes cuatro capítulos regulando las situaciones del personal, el régimen disciplinario, que también ha recibido alguna crítica, así como las incompatibilidades, la representación y la participación del
personal. Merece la pena destacar también que se fija, por fin, la competencia para resolver los conflictos de este personal estatutario en la jurisdicción contencioso- administrativa.
Respecto al resto de los grupos, a los que hemos escuchado atentamente, sólo me queda decirles que agradecemos como siempre su capacidad de apertura para el diálogo y nos damos el plazo del período de ponencia para ponernos de acuerdo en
conseguir el máximo consenso en esta ley tan importante y trascendente para el personal de todo el Sistema Nacional de Salud.
Voy a hacer una serie de reflexiones a modo de conclusión para contestar de alguna forma a la justificación de esta enmienda a la totalidad.
Señorías, creo que frente a lo que se plantea en la enmienda, esta ley da seguridad jurídica y
acaba con todas y cada una de las lagunas de lo que hasta ahora era una normativa dispersa y preconstitucional y que antes era una fuente de conflicto que siempre terminaba en los juzgados. Sobre todo, es una ley que da cohesión y que, por tanto,
consolida y fomenta la calidad del Sistema Nacional de Salud, por una serie de razones: primera, porque en cuanto normativa básica, será aplicable de forma homogénea en todas las comunidades autónomas sin invadir sus competencias, ya que éstas
podrán desarrollar su propio estatuto. Segunda, porque en ese apartado tan importante para la viabilidad financiera del sistema,que son las retribuciones, se determinan los conceptos comunes para las básicas y referencias concretas para las
complementarias. Tercera, contestando a la pregunta que nos hacía el portavoz del BNG y en la que centra, como he dicho, el 95 por ciento de su enmienda, sin entrar en el detalle por razones de tiempo -ya lo haremos en la ponencia-, le decimos que
esta ley no endurece las condiciones laborales de los trabajadores, sino que las adapta a las directivas europeas y las mejora, haciendo una legislación más clara, actual y lógica de las mismas.
Por último, creemos que esta ley promueve la movilidad geográfica de forma equitativa y establece condiciones y formas de evaluar méritos y baremos iguales en las distintas convocatorias que tenderán a ser simultáneas, teniendo esta
homologación de criterios además la garantía del acuerdo de las distintas comunidades autónomas representadas en el órgano competente encargado de establecerla, que no es otro que el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud
recientemente regulado y actualizado en la Ley de cohesión y calidad. Creo que son razones suficientes para decir que esta ley da cohesión y, por tanto, consolida y fomenta la calidad del sistema sanitario. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.)
Finalmente, quisiera felicitar a la señora ministra por su eficacia, por su celeridad y por su capacidad de diálogo y consenso y una vez más desde el Grupo Parlamentario Popular ofrecemos nuestra posición de apertura al resto de los grupos
para llegar al máximo de consenso, de forma que esta ley tan necesaria salga de aquí como otras anteriores, siendo una ley de todos y para todos por el bien y para el futuro de nuestro sistema sanitario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Zambrano.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, la presidencia, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de la siguiente declaración institucional: Las Naciones Unidas han establecido el
día 20 de junio como Día Internacional del Refugiado.
Es la ocasión adecuada para recordar a los 20 millones de personas que por motivos de persecución política, religiosa, étnica o a causa de graves conflictos han debido abandonar sus hogares y
sus países para salvar sus vidas. Es un día para reafirmar nuestro apoyo solidario a los refugiados como testimonio de la lucha por la democracia y las libertades; día para manifestar nuestro apoyo a los gobiernos que en distintas partes del mundo
se esfuerzan en consolidar procesos políticos de democratización, aun en las circunstancias más difíciles; día para manifestar la simpatía de todos los ciudadanos para aquellos que sufren lo que sufrió nuestro país y muchos de nuestros
conciudadanos en otras épocas de nuestra historia.
Nuestro país cumple, además, este año el XXV aniversario de nuestra adhesión a la Convención de Ginebra y al Protocolo de Nueva York, que regula la situación de los refugiados. En estos años mucho se ha avanzado en materia política,
legislativa y social en cuanto a la acogida de refugiados, como se puso de manifiesto con la reacción social en la acogida de los refugiados de la antigua Yugoslavia y, más recientemente, de Kosovo. La problemática internacional en estos años ha
experimentado importantes cambios que exigen nuevas respuestas solidarias para hacer frente a las realidades acuciantes de 20 millones de refugiados, para las de los desplazados internos exiliados en su propio país, en una situación aun más
peligrosa, que requieren de una vigorosa acción internacional de protección y salvaguarda.
Finalmente, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, institución dos veces ganadora del Pemio Nobel de la Paz y que con su labor encomiable en sus 52 años de existencia
ha permitido salvar tantas vidas, rehaciendo proyectos, tanto individuales como
colectivos, en los cinco continentes frente a la barbarie y a las guerras.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (CONTINUACIÓN.)
- VOTACIÓN DE LA ENMMIENDA A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCIÓN AL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, uno; en contra, 141; abstenciones, 67.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO
- DEL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se propone al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de
los servicios de salud.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.
- DEL PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se propone al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la avocación.
PRÓRROGA DE PLAZO.
- DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de
accidentes de tráfico, constituida en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, para rendir informe hasta el día 31 de diciembre de 2003.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la prórroga al citado plazo.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el Diario de Sesiones núm. 257, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles 11 de junio de 2003, en la intervención del señor Vicepresidente segundo del Gobierno para asuntos económicos y Ministro de
Economía, en la página 13288, primera columna, línea 25, se dice, por error, 'La solución de las tras situaciones...' cuando la frase correcta es 'La solución de estas situaciones...'