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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 256, de 10/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 256
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 247
celebrada el martes, 10 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 13218)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular: ...
- Proposición de Ley para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las Administraciones Públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleadas y empleados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 283-1, de 8
de noviembre de 2002. (Número de expediente 120/000007.) ... (Página 13218)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 342-1, de 6 de junio de 2003. (Número de expediente 122/000300.) ... (Página 13230)
Modificación del orden del día ... (Página 13241)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para reintroducir la no obligación de las entidades sin fines lucrativos de declarar por las rentas exentas en el Impuesto sobre Sociedades. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, número 314-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 122/000279.) ... (Página 13242)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), para eximir a determinados sujetos pasivos de la declaración del Impuesto de Sociedades respecto de las rentas exentas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 337-1, de 16 de mayo
de 2003. (Número de expediente 122/000296.) ...
(Página 13242)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agricultura ecológica sostenible. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 540, de 19 de mayo de 2003. (Número de expediente 162/000756.) (Procedente de la Proposición no
de Ley en Comisión número de expediente 161/002140.) ... (Página 13249)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomento y preservación de los valores formativos y de la protección de la infancia y la juventud por las cadenas de televisión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 471, de 21 de
enero de 2003. (Número de expediente 162/000633.) ... (Página 13257)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política científica del Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 548, de 6 de junio de 2003. (Número de expediente 173/000208.) ... (Página
13264)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones. 'BOCG.
Congreso de los Diputados',
serie D, número 548, de 6 de junio de 2003.
(Número de expediente 173/000209.) ... (Página 13268)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 13218)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ...
(Página 13218)
Para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las administraciones públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleadas y empleados ... (Página 13218)
Por el señor secretario (Oliart i Pons) se da lectura al documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por la Cámara de la proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez Sanjuán, del
Grupo Parlamentario Socialista, y señora Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular, para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las administraciones públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleadas y
empleados, es rechazada por 123 votos a favor, 158 en contra y tres abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 13230)
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica ... (Página 13230)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley intervienen las señoras Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista; Pigem i Palmés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castro Fonseca, Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y señor
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ministro de Justicia (Michavila Núñez) considera que la cortesía parlamentaria le obliga a agradecer a todos los portavoces y a los miembros de la subcomisión el trabajo que han venido haciendo, que permite poner en manos de la
justicia un instrumento para tutelar mejor a quien más lo necesita. Cree que todos deben felicitarse por esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, aprobada desde el consenso y la unanimidad, para hacer una justicia más justa.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida. Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto,
reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, es aprobada por 288 votos a favor y una abstención.
La señora presidenta informa que, oída la junta de portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno
de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, reguladora de la orden de protección de las víctimas de
violencia doméstica.
Se aprueba por asentimiento dicha tramitación directa y en lectura única.
Modificación del orden del día ... (Página 13241)
Proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de seguridad social ... (Página 13241)
La señora presidenta propone al Pleno de la Cámara, de conformidad con el artículo 68.1 del reglamento y de acuerdo con los portavoces de los Grupos Parlamentarios, la exclusión del orden del día de la presente sesión del debate de totalidad
del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
Se acuerda dicha exclusión por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) ... (Página 13242)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para reintroducir la no obligación de las entidades sin fines lucrativos de declarar por las rentas exentas en el impuesto sobre sociedades ... (Página
13242)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), para eximir a determinados sujetos pasivos de la declaración del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas ... (Página 13242)
En defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Jané i Guasch manifestando que aunque el cambio legislativo que proponen pudiera parecer anecdótico al afectar a un único artículo, es un
cambio trascendente que supondría un espaldarazo y un voto de confianza para el conjunto de organizaciones no lucrativas, que superan las 250.000 en todo el Estado, con más de once millones de personas asociadas. Señala que el artículo 142 de la
ley del impuesto sobre sociedades obliga a cualquier asociación, con independencia de su tamaño o actividad, a presentar declaración por la totalidad de sus rentas, estén exentas o no, lo que considera una situación injusta para las pequeñas
asociaciones. El mero hecho de tener que presentar la declaración, aunque no tengan que pagar, les supone unos trámites burocráticos y una sensación de angustia y desconfianza que les lleva en muchos casos a plantearse incluso su continuidadon De
ahí que plantee la conveniencia de modificar el precepto en cuestión, como ya han hecho en ocasiones anteriores, pidiendo incluso que se vuelva a la situación anterior y que declaren cuando tengan rentas no exentas o en último extremo poner un
límite razonable.
En defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Saura Laporta pidiendo que se exima a las entidades sin ánimo de lucro del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas, coincidiendo
absolutamente en esta ocasión con lo expuesto por el señor Jané. Entiende que de no modificarse la legislación vigente, la mayoría de las ONGs no podrían aplicar la ley y ser objeto de multas y sanciones. Espera y desea que el Grupo Parlamentario
Popular vote favorablemente esta toma en consideración, sin perjuicio de negociar en ponencia y comisión el contenido concreto de las modificaciones a realizar.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; señora Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para reintroducir la no obligación de las entidades sin fines lucrativos de declarar por las rentas exentas en el
impuesto sobre sociedades, en rechazada por 131 votos a favor y 160 en contra.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, para eximir a determinados sujetos pasivos de la declaración del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas, es rechazada por 129 votos a favor,
158 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 13249)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agricultura ecológica sostenible ... (Página 13249)
El señor Pérez Lapazarán, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, destaca el interés por impulsar de forma decidida la agricultura y la ganadería ecológica en España, agricultura que en los últimos años ha tenido un enorme
desarrollo, alcanzando hoy en día una producción de un valor económico comercializado de casi 173 millones de euros. Añade que este sector ha tenido un desarrollo especialmente importante en los dos últimos años, con una demanda creciente de los
consumidores españoles y europeos, a lo que debe unirse el beneficio de este tipo de agricultura para el medio ambiente.
El señor Cuadrado Bausela defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con diez medidas concretas que pretenden dar algún contenido a una proposición no de ley que a su juicio no dice nada.
Explica el sentido de
tales medidas, anunciando que en caso de no ser aceptadas su Grupo se abstendrá en la votación de la proposición.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Martí Galbis, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agricultura ecológica sostenible, es aprobada por 160 votos a favor y 120 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomento y preservación de los valores formativos y de la protección de la infancia y la juventud por las cadenas de televisión ... (Página 13257)
La señora Chacón Piqueras defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Destaca la importancia que tiene para la sociedad española, como para cualquiera de los señores diputados, la educación de sus hijos. Por ello
cree que todos serán conscientes de la importancia de esta proposición, por la que tratan de proteger a los más débiles de una de sus más importantes fuentes de formación como es hoy en día la televisión. Es justamente la protección del menor ante
la televisión lo que ha llevado a su grupo a presentar esta iniciativa, basada en la convicción de que los mecanismos existentes para garantizar ese objetivo no se han puesto en práctica y son en cierta medida insuficientes.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Interviene de nuevo la señora Chacón Piqueras, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomento y preservación de los valores formativos de la protección de la infancia y de la juventud por las cadenas de televisión, es rechazada por 119
votos a favor, 153 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 13264)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política científica del Gobierno ... (Página 13264)
El señor Lissavetzky Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, recuerda el debate celebrado en el Pleno anterior, en el que hicieron un análisis de cómo entendían que estaba nuestro sistema de ciencia y tecnología, detectando una
serie de carencias estructurales y coyunturales. A continuación expone el contenido de las propuestas recogidas en la moción señalando que van dirigidas a la financiación, a los recursos humanos, a la gestión, a la mejora en el funcionamiento de
los OPI, a la innovación y a la ciencia y sociedadon
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Moreno Bonilla, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones ... (Página
13268)
El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la moción presentada. Alude al debate de la interpelación, cuyo objeto era poner encima de la mesa las decisiones arbitrarias de algunos órganos o agencias reguladoras,
citando el caso concreto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Comisión de la Energía, así como la polémica decisión en la OPA de Gas Natural a Iberdrola. Expone a continuación el contenido de los tres puntos de que consta la
moción y concluye considerando necesario crear mecanismos de garantía para las agencias reguladoras, por entender que el concepto de libre mercado y libre competencia está hoy amenazado con el Gobierno del Partido Popular
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y señores Bel I Queralt, del Grupo
Parlamentario Socialista y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sánchez i llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Interviene de nuevo el señor Puigcercós i Boixassa a los únicos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política científica del Gobierno, es rechazada por 95 votos a favor, 139 en contra y 12 abstenciones.
Sometida asimismo a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio
territorial de sus decisiones, es rechazada, en sus puntos 1.a) y 2, por 106 votos a favor, 138 en contra y tres abstenciones; igualmente se rechaza su punto 1.b) por 23 votos a favor, 141 en contra y 83 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asuntos previos al orden del día. Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Belén Unzurruzaga Campoy, en sustitución de don Juan Carlos Ruiz López, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora UNZURRUZAGA CAMPOY: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña Belén Unzurruzaga Campoy ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Damián Ripoll Gálvez, en sustitución de doña María Rosa Estarás Ferragut, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor RIPOLL GÁLVEZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don Damián Ripoll Gálvez ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
Asimismo, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Margarita Pin Arboledas, en sustitución de don Joan Ignasi Pla Durá, para prestar juramento
o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora PIN ARBOLEDAS: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña Margarita Pin Arboledas ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Por último, conforme al artículo 20.1.3, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Emilio José Carrera González, en sustitución de doña María Dolores Gorostiaga Saiz, para prestar juramento
o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CARRERA CONZÁLEZ: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Emilio José Carrera González ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR.
- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA EFICACIA DE LOS ACUERDOS Y PACTOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y GARANTÍA DEL PODER ADQUISITIVO DE SUS EMPLEADAS Y EMPLEADOS. (Número de expediente 120/000007.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular.
Toma en consideración de la proposición de ley para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las administraciones públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleadas y empleados.
En primer lugar, se va a dar lectura, por parte del secretario primero de la Cámara, al documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por la Cámara de la proposición de ley.
Tiene la palabra el secretario primero de la Mesa.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Gracias, señora presidenta.
Proposición de ley para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en la administraciones públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleadas y empleados.
Memoria Justificativa. Uno: Acuerdos y pactos. La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, modificada
por la Ley 7/1990, de 19 de julio; por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, y por la Ley 18/1994, de 30 de junio, vino a establecer en su artículo 35 que entre los representantes de la Administración y las organizaciones sindicales podrán llegar a
acuerdos y pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. Los pactos se celebrarán sobre materias que correspondan
estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscribe, vinculando directamente a las partes, y los acuerdos versarán sobre materias competencia del Consejo de Ministros, Consejos de Gobierno de las comunidades
autónomas y órganos correspondientes de las entidades locales. Para su validez y eficacia es necesaria la aprobación expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo.
Así las cosas, no es menos cierto que el principio de reserva de ley y el de reserva presupuestaria han venido a funcionar como una importante barrera a la hora de determinar, por una parte, las materias negociables y, por otra, que al
alcanzar acuerdos estos en algunas ocasiones se han visto truncados por los principios invocados. La negociación, derecho constitucional, no puede quedar truncada por estas barreras porque ello significa, por una parte, el descrédito de los
interlocutores y, por otra, cercena o minimiza la propia esencia de las materias acordadas, dejadas a que el propio peso de la ley las aplaste. La negociación, como derecho, significa reconocimiento de los interlocutores, el establecimiento de un
foro de discusión, la fijación de las materias que van a ser negociadas, el establecimiento de unas reglas basadas en la buena fe, la concreción de lo acordado y el establecimiento de unos procedimientos de control y de seguimiento de lo acordado.
Por todo ello es necesario armonizar dos principios básicos en nuestro derecho cuales son el principio de legalidad y, por otra parte, el de seguridad jurídica que hay que dar a los posibles pactos y acuerdos que alcancen los interlocutores
legítimos. Todo el problema se viene a residenciar en que la mayoría de las cuestiones acordadas conllevan un gasto y a veces este gasto puede tener un carácter plurianual y, por tanto, éste necesita el refrendo del Parlamento al tener que
reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado. La manera de armonizar, por tanto, no es que un principio de los señalados aplaste literalmente al otro, sino establecer unos mecanismos que, teniendo en cuenta que pueden existir circunstancias
excepcionales, estas no dejen en pleno vacío lo que ha sido acordado por los representantes legítimos para dar también respeto al principio pacta sunt servanda. Por ello, la primera cuestión es que los acuerdos y pactos están para cumplirlos y por
eso se han acordado desde el principio de buena fe, donde ambas partes siempre dejan cosas, se renuncia a propuestas presentadas y, si por razones, unas veces estratégicas, caen en una excepcionalidad donde por encima de todo se contempla el interés
general y se viene a excepcionar el cumplimiento de lo pactado, esta excepción debe ser resarcida a través de alguno de los mecanismos que se instauran en esta nueva ley. Este resarcimiento no puede dejarse sólo a que, ante la alteración que supone
el rompimiento del equilibrio interno de lo pactado y acordado, haya o se dé entre las partes una readaptación del acuerdo, que también, pero debe asumirse el resarcimiento por el daño que se ocasiona, porque no es menos cierto que dicha ruptura, en
aras del interés general o en aras a no usurpar competencias del Legislativo, viene a suponer una expropiación de derechos por lo que, ante dicha expropiación se tiene que dar un resarcimiento, al margen de la readaptación mediante nueva negociación
de lo acordado y de esta manera se armonizarán los principios conjugados, dando así seguridad jurídica a lo acordado y respetando, como no puede ser de otra forma, el principio de legalidad.
Dos: Revisión salarial. Es sabido que la revisión salarial, tanto en el sector privado como en el público, se presenta siempre como un punto polémico, tanto en la negociación como a la hora de fijarlo en el convenio colectivo o en los
acuerdos. Por ello, debemos concretar de manera inicial en fijar el concepto de la llamada cláusula de revisión salarial y más en concreto de su significado en el ámbito de la función pública. La cláusula de revisión salarial es aquella que
garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores al servicio de la Administración pública en sus diversas vertientes de Administración de Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, ya que preserva sus retribuciones de las desviaciones
que pueda experimentar el índice de precios al consumo -en adelante, IPC- como consecuencia de la inflación.
La cláusula de revisión salarial ha venido siendo, como ya hemos señalado, una constante en la concertación social y, para recordar algún antecedente, ésta se inicia en los Pactos de la Moncloa suscritos en octubre de 1977, y en cuyo
apartado referido a política de renta ya se señalaba que si el crecimiento del IPC en junio de 1978 superaba respecto a diciembre de 1977 el 11,5 por ciento, descontados los posibles aumentos por variaciones en el tipo de cambio, alteraciones en los
precios internacionales de la energía y efectos y circunstancias excepcionales agrícolas, procedería llevar a cabo una revisión salarial al objeto de mantener el poder adquisitivo de los salarios. Esta revisión salarial fue recogida en los pactos
posteriores de enero de 1980 denominados Acuerdo Marco Interconfederal -AMI- y también en los de junio de 1982 denominados Acuerdo Nacional sobre Empleo -ANE-, que es en el primero que se recoge la revisión salarial para los funcionarios,
estableciéndose en dicho acuerdo los incrementos salariales y su posible revisión durante el año si el IPC superaba un porcentaje ya determinado.
Finalmente, en 1984 se firma el AES, en el que se establece una revisión con efecto de 1 de enero de
cada año si el IPC supera a 31 de diciembre las previsiones efectuadas.
En el Acuerdo marco para personal laboral de la Administración del Estado, sus organismos autónomos y de la Administración de la Seguridad Social, publicado por resolución de 31 de enero de 1986, en el capítulo XI se recoge la Estructura de
salarios y en su apartado 6 se recoge que la nueva estructura de salarios que se pretende instaurar en ese acuerdo -comillas- no
implicará crecimientos de la masa salarial superiores a los autorizados por las Cortes Generales para los trabajadores del ámbito de aplicación de este acuerdo. Eso significa que la revisión para ser efectiva debe ir contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, la ausencia en estos de la previsión de revisión haría imposible su puesta en práctica.
Fue en 1990 el primer año que se aplica la desviación de IPC previsto y el registrado. La desviación existente fue de 0,96 puntos. El Real decreto-ley 2/1991, de 25 de enero, Boletín Oficial del Estado de 30 de enero de 1991, lo que hace
es aplicar la cláusula de revisión salarial como fruto de los acuerdos entre la Administración y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que suscribieron y que se recogen en la Resolución de 5 de junio de 1990, publicados en el Boletín Oficial del
Estado de 18 de junio de ese año. En el año 1991 se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, publicados en el Boletín Oficial del Estado, textualmente en su disposición adicional trigésima -comillas-: Para compensar la
desviación entre el IPC previsto y el registrado en el año 1991, de acuerdo con la tasa interanual de noviembre de 1991 sobre la del mismo mes del año 1990, todas las referencias contenidas en el título III y en la disposición transitoria segunda de
esta ley, relativas al incremento de retribuciones del 5 por ciento sobre las cuantías establecidas para el ejercicio 1991, se entenderán referidas a estas últimas incrementadas en el 0,6667 por ciento. Posteriormente se firman los acuerdos entre
la Administración y sindicatos -Comisiones Obreras, UGT, CSIF, ELA.STV-, de 16 de noviembre de 1991, que se plasman en la Resolución de 3 de enero de 1992 de la Dirección General de Trabajo, que es publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de
enero de 1992. Este acuerdo, que tiene una vigencia que comprende los años 1992, 1993 y 1994, recoge en su capítulo 10, punto 7 lo siguiente: que una vez recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado las cláusulas de contenido económico
acordadas en este capítulo, serán de aplicación para el ejercicio 1992, incorporándose en su día las de 1993 y 1994 tras las correspondientes negociaciones, a desarrollar dentro del espíritu del presente acuerdo y sin perjuicio de los efectos que se
deriven de la aplicación de la cláusula de revisión salarial según lo acordado con fecha 3 y 6 de abril de 1990. A tal fin, la citada cláusula comenzará a surtir efectos para 1992 a partir del 5 por ciento.
El día 15 de septiembre de 1994 se establece un nuevo acuerdo entre administraciones y sindicatos -Comisiones Obreras, UGT, CSI, CSIF y CIG-, sobre condiciones de trabajo en la Función pública. En dichos acuerdos ya no se recoge la cláusula
de revisión salarial, sino que se instaura un fondo específico para el mantenimiento del poder adquisitivo, si a día 31 de diciembre de 1995 el crecimiento del IPC resulta superior al previsto a esa fecha y la masa salarial del conjunto de empleados
públicos incluidos en el ámbito del presente acuerdo, en términos homogéneos efectivos, hubiera crecido por debajo de dicho índice durante 1995, ello en consonancia con los objetivos del crecimiento del PIB y la reducción del déficit público del
conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, analizada la evolución histórica de los últimos años de lo que ha sido la cláusula de revisión salarial, tanto en el sector privado como en el público, es lógico que se instaure y se aborde bajo
el ropaje de una ley lo que debe ser una garantía salarial para los empleados públicos, garantizando cuanto menos que no haya pérdida de poder adquisitivo, porque la realidad es que difícilmente la previsión el IPC coincide con el real al final del
año.
Esta materia de la revisión salarial o de la revalorización no podemos decir que sea novedosa, ya que está instaurada en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, en relación con las
pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva. Además, es muy positivo que en el marco de lo público se venga a instaurar de forma definitiva, mediante ley, esta garantía, lo que repercutirá de forma muy positiva tanto en la gestión
administrativa como, lo más importante, en una mejor eficacia y eficiencia de la Administración, de cara a mejorar el servicio a los ciudadanos. Por otra parte, esta garantía vendrá a limitar el índice de conflictividad que anualmente supone la
negociación en esta materia, y más cuando en la norma se contempla que, de forma pactada, pueden adoptarse acuerdos con incrementos inferiores o superiores al IPC previsto, en atención a especiales circunstancias que así lo aconsejen.
Las
especiales circunstancias del momento presente hacen viable esta norma en ese aspecto concreto, ya que el déficit público se ha rebajado de forma considerable, al cual han contribuido de forma ejemplar todos los empleados públicos, en concreto con
varias congelaciones salariales, al igual que la economía del país no se va a ver resentida en absoluto, al haber superado con éxito las diversas crisis que ha habido y, a nivel político, con independencia del Gobierno que haya en cada momento, será
una cuestión ya resuelta.
En tercer lugar, Cuerpo Nacional de Policía. La reinstauración de la democracia en España ha tenido como uno de los efectos fundamentales el de la transformación de las fuerzas de orden público en Fuerzas de Seguridad del Estado, con lo que
ello conlleva de cara a la definición de su papel de servicio público en el marco constitucional y de garante de los derechos y libertades de la ciudadanía en su conjunto. Es patente el acercamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las y los
ciudadanos y su progresiva implicación en el conjunto de la sociedad y la necesidad, pareja a ambos procesos, de acentuar los nexos de unión entre tales colectivos de empleadas y empleados públicos y el resto de quienes prestan servicio para las
administraciones
públicas. En ese sentido, la existencia de marcos propios en el seno de la Dirección General de la Policía ha sido una experiencia útil a lo largo de más de 10 años de vigencia, en cuanto ha permitido asentar en ese ámbito el derecho
sindical, la consideración de que es perfectamente compatible el ejercicio de la función policial, con todo lo que conlleva, con la defensa de los intereses socioprofesionales del personal, sin que se hayan producido conflictos por la contraposición
de ambas cuestiones.
Si el modelo ha tenido virtualidad a lo largo de su existencia, hora es ya de incidir en la línea de homogeneización del personal del CNP con el resto de la Función pública, objetivo que esta proposición de ley pretende
alcanzar mediante un mecanismo básico de integración, consistente en la definición de un marco negocial propio, Mesa sectorial para el Cuerpo Nacional de Policía, en parangón con la Mesa sectorial para el personal de la Administración del Estado y
la Seguridad Social, e incluido en el ámbito de la Mesa general de Negociación de la Función pública. De este modo, en el seno de la Mesa sectorial pueden analizarse las cuestiones específicas del Cuerpo, sin perder de vista el horizonte común de
toda Función pública, cuya incidencia en ese colectivo se concreta a través de la articulación del ámbito sectorial ligado al general.
En suma, se pretende la reforma de la norma reguladora de la participación en la determinación de condiciones de trabajo en aquellos aspectos que excluyen al personal del Cuerpo Nacional de Policía y se crea un ámbito específico dependiente
a la vez de la Mesa general. Madrid, 26 de septiembre de 2001.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario primero.
¿Algún grupo desea ejercer el turno a favor de esta iniciativa? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Vamos a exponer sucintamente las razones que llevan al Bloque Nacionalista Galego a apoyar esta iniciativa legislativa popular. Las razones son las siguientes. El personal al servicio de las administraciones públicas viene siendo utilizado
por el Gobierno para cumplir sus previsiones con el déficit público, las previsiones del déficit cero. En los últimos años el Gobierno se ha negado a negociar condiciones salariales de los funcionarios y demás personal de las administraciones
públicas y supeditó los derechos laborales a la política económica, sacrificando de ese modo también sus derechos a la negociación colectiva por la consecución de determinados resultados macroeconómicos. La presente proposición de ley quiere
corregir esa tendencia y obligar legalmente al Gobierno a negociar con los funcionarios subidas salariales, dado que es su aspecto fundamental de su relación de servicios.
El Bloque Nacionalista Galego comparte esta propuesta, tal y como viene haciendo en los últimos años, y apoya las pretensiones de los representantes sindicales de los funcionarios, entre ellos los representantes de la CIGA, el sindicato
nacionalista de Galicia, que reclamaron el cumplimiento de la sentencia de 7 de noviembre de 2000. Nos parece oportuno también recoger una cláusula de revisión salarial automática, tal y como sucede con las pensiones públicas. Además, señorías, un
gobierno que se jacta y gasta dinero en propaganda para trasladar a la ciudadanía que cumple con la obligación legal de revalorizar las pensiones, debería dar un paso más, aplicando la misma fórmula de revalorización automática, conforme de la
subida real del IPC a los salarios públicos.
Finalmente, nos parece una reivindicación justa, puesto que los funcionarios vienen sufriendo continuas pérdidas de poder adquisitivo en los últimos años por las congelaciones salariales y la desviación del IPC. Ello supone una merma en las
condiciones de trabajo de los empleados públicos que debe ser corregida de forma definitiva hacia el futuro.
Solamente una política como la que defiende esta proposición de ley de iniciativa popular puede aumentar el bienestar de los ciudadanos del
Estado español. Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego apoya esta iniciativa legislativa popular.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
La cuestión que plantea esta iniciativa popular ha sido motivo de muchas dedicaciones parlamentarias de iniciativas de negociaciones colectivas a lo largo de todos estos años de democracia constitucional. Efectivamente, en su día la Ley
9/1987, al señalar los órganos de representación, la determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, vino a sentar un procedimiento que se debe seguir manteniendo. Es una
cuestión no solamente dialéctica, sino que arranca de un libre principio entre la negociación que plantean los sindicatos de funcionarios y de personal al servicio de las administraciones públicas, bien sea en términos generales o incluso en la
segunda parte que contempla esta iniciativa popular, referido al Cuerpo Nacional de Policía, pero que podría extenderse y contemplar las limitaciones que en este momento tendría que llevar hacia delante una iniciativa legislativa como la que propone
la iniciativa popular. Nosotros somos partidarios
de que se siga manteniendo un debate y un pulso dialéctico y de negociación entre la Administración, en el turno correspondiente, central o autonómica, para sus respectivos colectivos de funcionarios, bien de ámbito estatal bien autonómico
y, al mismo tiempo, los sindicatos representantes del personal de las administraciones públicas que esté incurso en la cuestión. Coincidimos en algunas cuestiones de fondo, pero en otras creemos que la forma actual, aunque sea en la línea de la
tensión -y para eso está legitimado hasta el derecho de huelga de los funcionarios-, sirve para oponerse a cualquier medida restrictiva o que entiendan que la Administración del momento de la negociación no está respondiendo para que esto se pueda
llevar por ahí. Por tanto, es un tema que tiene un escenario no solamente económico, sino también político, un escenario de relación negociadora del convenio correspondiente. De aquí que mi grupo parlamentario, inclinándose más hacia lo que es la
situación actual, pero respetuoso también con esta iniciativa popular, aunque circunscrita a un ámbito de determinados aspectos de la Función pública, prefiera mantenerse en una línea de abstención.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la iniciativa que hoy analizamos constituye, por decirlo de una manera gráfica, la segunda parte de una serie de debates que los grupos de la Cámara mantuvimos, sobre todo a lo largo del año 2001. Estos debates tenían que ver con
el alcance, el contenido y los efectos del carácter vinculante que la ley vigente, de alguna manera, siquiera formal y muy parcialmente, ya reconoce a los pactos y acuerdos que celebren las administraciones públicas con la representación del
personal a su servicio. La Ley 9/1987, que es la norma básica de la que trae causa esta problemática, distingue entre pactos y acuerdos y establece regímenes distintos en lo que se refiere al carácter vinculante que unos y otros entrañan de cara a
obligar a las administraciones públicas que los suscriben. Con respecto a los pactos, el artículo 35 de esta Ley 9/1987 establece literalmente que vincularán directamente a las partes. Su fuerza vinculante es, pues, indubitada; está claramente
prevista en la ley y nadie la pone en cuestión. Sin embargo, por lo que se refiere a los acuerdos el régimen es notablemente distinto. El mismo precepto al que antes he hecho referencia establece en otro de sus apartados que para que los acuerdos
adquieran plena validez y efectos será necesaria su aprobación expresa y formal por parte de los órganos de Gobierno de las administraciones públicas que los suscriban. Y si, además, su contenido material hubiera de verse reflejado en una norma con
rango de ley, sería preciso la ratificación de la Cámara legislativa correspondiente. Por tanto, existe un régimen claramente distinto en lo que se refiere a los pactos y a los acuerdos.
Este régimen se vio de alguna manera convulsionado por una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 7 de noviembre del año 2000, que postuló, o parecía postular, a nuestro juicio con una deficiente técnica jurídica, que un acuerdo de
los previstos en el artículo 35 de la Ley 9/1987 podía determinar el incremento retributivo que la ley presupuestaria fuera a autorizar para los empleados públicos, obligando, incluso sujetando inexorablemente al legislador presupuestario, a incluir
en la Ley de presupuestos los incrementos acordados. Posteriormente, una sentencia del Tribunal Supremo, la de 21 de marzo de 2002, corrigió este punto, afirmando literalmente que no existe un límite legal en la potestad de ordenación del gasto
público derivada del carácter vinculable de los acuerdos suscritos sino, en todo caso, la subordinación a la Ley presupuestaria de todo incremento del gasto público; es decir, exactamente lo contrario de lo que decía en este punto la sentencia de
la Audiencia Nacional que venía a corregir. Además, el tribunal invoca a estos efectos la altísima jurisprudencia constitucional, que afirma la naturaleza estrictamente legal de la ley presupuestaria, que se dicta en ejercicio de una competencia
específica y singular que no es sino el desdoblamiento o la expresión singular de la genérica potestad legislativa.
Entre ambas sentencias media casi un año y medio, periodo en el que mantuvimos en esta Cámara numerosos debates en relación con el alcance y contenido, sobre todo del pronunciamiento material que hacía la primera sentencia. En aquellos
debates el Grupo Vasco ya defendió unas posiciones a las que no voy a hacer referencia porque son sobradamente conocidas, pero que después contaron con el aval del Tribunal Supremo. Ahora, esta iniciativa nos plantea una reforma legal, una reforma
que solventaría las limitaciones que a la fuerza vinculante de los acuerdos impone, en la ley actual, la necesidad de su aprobación formal y expresa por parte de los órganos de Gobierno de las administraciones públicas y, en su caso, si fuera
necesario, el del órgano legislativo competente. A nadie se le oculta, señorías, que esta reforma legal plantea algunas dificultades; dificultades de muy diverso tipo y carácter: jurídicas, económicas -o, si me apuran, socioeconómicas-, e incluso
políticas, porque lo que se pretende es, al fin y al cabo -por lo menos en lo que a algún punto de la proposición se refiere-, la aprobación de un acto legislativo de autolimitación por parte de las Cortes Generales. La iniciativa es, en este
sentido, bastante voluntarista -por calificarla de alguna manera-, porque pretende resolver con una mera previsión legal
cuestiones complejas -jurídica, económica e incluso políticamente complejas- a las que una norma legal no puede, por sí misma, dar solución definitiva.
La proposición contempla básicamente tres tipos de medidas, una en cada uno de los tres artículos que la integran; medidas que, como digo, suscitan algunos interrogantes al grupo que represento. La prevista en el artículo 3 no nos plantea
problemas, es perfectamente asumible; de hecho, en los ámbitos en los que el grupo al que represento tiene alguna responsabilidad, lo hemos hecho así. Mayor complejidad reviste la pretensión consignada en el artículo 1, sobre la vinculación de la
negociación colectiva, porque, en su regulación actual, el artículo 35 de la Ley 9/1987 establece que, para que los acuerdos adquieran validez y eficacia, será necesaria su aprobación expresa y formal por parte de los órganos de gobierno de las
administraciones implicadas. Ahora, el texto de la proposición pretende además que, una vez producida esa aprobación expresa y formal, los acuerdos sean directamente aplicables, con independencia -dice literalmente la iniciativa- y sin perjuicio de
que se produzcan las modificaciones o derogaciones necesarias. Parece lógico que el órgano al que corresponde acordar la aprobación expresa y formal de un acuerdo previamente alcanzado entre una administración pública y la representación de su
personal haya de adoptar simultáneamente las medidas normativas precisas para que los contenidos del acuerdo adquieran validez y eficacia plenas, algo que no puede producirse hasta el momento en que se incorporen al ordenamiento jurídico las
reformas normativas que el acuerdo pueda comportar.
Los impulsores de la iniciativa plantean, sin embargo, la posibilidad de que esa aprobación simultánea no se produzca, y sugieren que, en tal caso -cuando tal disociación tenga lugar-, el contenido de los acuerdos sea directamente aplicable,
aunque sea contra legem; es decir, aunque sea contra las previsiones normativas todavía vigentes, válidas y plenamente eficaces. Esto nos plantea interrogantes como los siguientes: ¿es esto posible, sin atribuir valor y eficacia normativa a los
acuerdos y sin menoscabar el principio de seguridad jurídica? Lo dudamos seriamente.
También abrigamos serias dudas en relación con la posibilidad de que pueda hacerse una aplicación como la que prevé la norma del instituto indemnizatorio al que
se refiere el artículo 139 de la Ley 30/1992. En la proposición se contempla la posibilidad de que este instituto indemnizatorio opere incluso sin la existencia de un acto legislativo como el presupuesto fáctico, que exige inexorablemente la Ley
30/1992 para que pueda operar.
El artículo 2 plantea problemas de mayor enjundia, porque la fijación del incremento retributivo de los empleados públicos es una de las grandes decisiones de política económica que ha de adoptar anualmente la ley de presupuestos; esto es
ostensible, está aceptado por todo el mundo y expresamente reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No es, por tanto, una mera cuestión de personal, y la previsión que proponen los promotores de la iniciativa puede, en efecto,
vincular a la Administración, pero no al legislador presupuestario futuro, que actúa en ejercicio de la potestad legislativa y, en consecuencia, puede evidentemente desconocer la autolimitación que esta proposición impone. Como se puede ver, esta y
otras cuestiones son, a nuestro juicio, aspectos problemáticos de la iniciativa, que ponen de manifiesto que sus contenidos materiales son manifiestamente mejorables desde el punto de vista de su articulación, de su estructuración y de su
incorporación al ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el grupo al que represento va a emitir un voto favorable a su toma en consideración. ¿Por qué? Pues porque para nosotros las iniciativas legislativas populares son motivo de gran respeto. Tras ellas existe siempre un amplio
colectivo ciudadano. Un colectivo que pide a las Cámaras legislativas, en este caso a las Cortes Generales, la adopción de unas determinadas medidas de carácter normativo, pero que sobre todo aspiran a que las fuerzas políticas representadas en el
Parlamento debatan y se pronuncien en torno a sus propuestas, articuladas en este caso a través de una proposición de ley en la que se refiere cuál es la posición del grupo proponente en relación con estas materias.
El grupo parlamentario al que pertenezco no es partidario de negarse a priori y como principio y de manera sistemática a la toma en consideración de una proposición de ley de iniciativa popular. En primer lugar, porque ello puede entrañar
-no digo que siempre lo haga, pero puede hacerlo- una falta de consideración al colectivo que la impulsa, que se ha tomado la molestia cívica de reunir miles de firmas para promover una iniciativa que en su opinión redundará en mejora del interés
público; y en segundo lugar, porque supone sustraer al debate público parlamentario un tema que es ya de interés general sólo porque una parte no desdeñable de los ciudadanos quiere que cuando menos se trate y se discuta por parte de sus
representantes políticos en el foro que encarna la voluntad popular. Por tanto el Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente la toma en consideración de la iniciativa, sin perjuicio de que si la Cámara en su conjunto se pronuncia
efectivamente a favor de esta toma en consideración después, en los trámites correspondientes, hagamos las enmiendas y las observaciones que consideramos imprescindibles, en este caso dados los inconvenientes, algunos de ellos apuntados en mi
intervención, que plantea la iniciativa desde el punto de vista jurídico, económico y político.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar deseo saludar a los compañeros y compañeras que se encuentran hoy en la tribuna de invitados, todos ellos miembros del sindicato de Comisiones Obreras de administraciones públicas y hacer un reconocimiento desde
esta tribuna al trabajo que habéis hecho y enviado a este Parlamento para que se tenga en cuenta vuestra situación y vuestras recomendaciones y de una vez por todas se pueda hacer justicia en los temas que denunciáis.
No quiero ser agorero, ojalá esta iniciativa legislativa popular que hoy debatimos corra mejor suerte que otras que se han traído por colectivos de ciudadanos en las mismas condiciones, reivindicando también mejoras para sus intereses.
Hasta ahora no ha habido un buen tratamiento para estas iniciativas, a tanto trabajo como el que se desarrolla, y desafortunadamente las hemos despachado con un debate, como podréis observar aquí hoy, de una hora. Hago un llamamiento al Partido
Popular, al partido en el Gobierno, para que estas iniciativas legislativas que se plantean aquí tengan como mínimo el reconocimiento de la toma en consideración. Si no fuera así, lo que tendríamos que estudiar seriamente sería el tratamiento de
estas iniciativas legislativas populares, porque no es justo que se queden aquí después del esfuerzo, después de miles y miles de firmas, en vuestro caso casi 600.000, para denunciar una situación que os afecta en vuestros intereses laborales. No
puede olvidarse en este debate cuál era la razón de ser de esta iniciativa legislativa popular. No se pretendía otra cosa que garantizar, tras flagrantes incumplimientos, la fuerza vinculante de los acuerdos derivados de la negociación colectiva en
las administraciones públicas, como sucede con los convenios colectivos, y en el caso de incumplimiento el establecimiento de las medidas oportunas de resarcimiento a los afectados.
No es menos importante recordar que esta iniciativa responde igualmente a la dilación en el trámite del anteproyecto del estatuto básico de la Función pública que el Gobierno del Partido Popular se había comprometido a llevar al Parlamento
al principio de la legislatura pasada y que contempla los derechos que con la iniciativa legislativa popular se intentan salvaguardar. De hecho, lo que nos recuerda esta iniciativa es fundamentalmente la irregular situación de los derechos
laborales en la Función pública, derivada del incumplimiento del mandato constitucional de estar regida por un estatuto propio. Tanto el texto inicial de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, como las sucesivas modificaciones de la misma, especialmente la Ley 7/1990, de 19 de julio, supusieron avances notables. Vinieron a regular y legitimar la
negociación colectiva en la Función pública, articulando un conjunto de reglas y ámbitos negociables, que se han revelado en general útiles para el propósito constitucionalmente diseñado. Sin embargo, a lo largo de los casi tres lustros de vigencia
de la ley 9/1987 antes mencionada, se han venido sucediendo diversas circunstancias en las que la negociación colectiva se ha visto truncada sin que existiesen medios legales suficientes para hacer cumplir lo pactado y garantizar la eficacia de los
acuerdos, máxime cuando una de las partes tiene la facultad de transformar en norma el resultado de la negociación, rompiendo la máxima de toda relación bilateral, consistente en que el cumplimiento de lo pactado no puede quedar al arbitrio de una
de las partes. Especialmente significativa fue la quiebra de ese principio en materia retributiva. A pesar de la existencia de acuerdos válida y legalmente adoptados, no siempre se ha contemplado en las normas presupuestarias lo que previamente
había quedado plasmado en documentos pactados, con lo que ello conlleva de desconfianza del personal que ve defraudado su derecho, y de ruptura de la buena fe que debe presidir todo proceso de encuentro.
Es evidente, como señala la iniciativa, que la materia retributiva supone uno de los puntos de fricción más agudos en cualquier negociación colectiva. En ese sentido, debe realizarse una valoración positiva del giro que supuso el acuerdo
firmado en el año 2002 y que suponía tanto un punto de inflexión en el modelo de negociación colectiva en las administraciones como una garantía de su cumplimiento. La apertura salarial, la reducción del empleo eventual y la eliminación de la tasa
de reposición eran otros tantos aspectos positivos del acuerdo. Estos aspectos positivos no cancelan las cuestiones que marca esta iniciativa.
De hecho, la limitación del conflicto social que anualmente supone la negociación del incremento
económico mediante la introducción de una cláusula de incremento automático en función del IPC previsto, con revisión al final del ejercicio, genera un importante margen de sosiego en las relaciones de las administraciones con sus empleados y
empleadas, hasta el punto de asegurar el poder adquisitivo y, por ende, un clima de negociación más proclive a la adopción de acuerdos en otras materias.
Esta iniciativa incluye, entre otras cuestiones, un aspecto esencial, como es la incorporación al ámbito global de la Función pública del personal del Cuerpo Nacional de Policía, con pleno respeto a las especialidades derivadas de su
naturaleza de instituto armado y el régimen de representación previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En nada obsta a esa especificidad que el Cuerpo Nacional de Policía esté plenamente representado en
la mesa general de la Función pública y afectado por lo allí acordado y cuente con una mesa sectorial dependiente de aquélla, en cuyo seno se tratarán los
temas específicos del colectivo a través de la representación administrativa sindical, en este último caso, si mantiene la peculiaridad prevista en la citada Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cuanto a la tradición
estrictamente policial de las y los afiliados de los sindicatos que actúan en ese ámbito.
Compartimos con los promotores de la iniciativa la idea de que la Constitución y la sociedad española mantienen una deuda con los empleados públicos. Tras 23 años de democracia constitucional, el Parlamento y los gobiernos no han acometido
el desarrollo del artículo 103.3, que prevé la regulación específica de los derechos de la Función pública a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de sus condiciones de empleo y trabajo mediante un estatuto básico de la
Función pública. Estamos ante la única materia reservada a la ley orgánica, no desarrollada legalmente. La negativa del Gobierno del Partido Popular a tramitar ante el Parlamento el anteproyecto de estatuto básico de la Función pública, negociado
con todas las organizaciones, y su oposición a ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de 1997, ha puesto en evidencia que el actual marco de desregulación es fruto de una decisión política; una decisión
consciente e interesada que persigue, a costa de la calidad y profesionalidad de los servicios públicos, mantener intacta la capacidad del Gobierno de regulación unilateral de las condiciones de empleo, trabajo y retribuciones en las
administraciones. En este marco desregulado, los gobiernos populares desde 1997 han impuesto a los empleados públicos una pérdida de seis puntos y medio de poder adquisitivo sin la posibilidad de disfrutar de una cláusula de revisión salarial que
asegure su mantenimiento, de la que disfrutan los pensionistas y más de 7 millones de trabajadores y trabajadoras. Los acuerdos del pasado año, a los que se ha hecho mención, no garantizan que esta actitud política no se mantenga en el futuro. En
este sentido debe valorarse esta iniciativa legislativa popular por la mejora y eficacia de los derechos colectivos en las administraciones.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, debatimos hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley de iniciativa popular en uso de una previsión constitucional. El artículo 87.3 de la
Constitución prevé expresamente la posibilidad de presentar ante las Cortes Generales proposiciones de ley para iniciar un debate legislativo y para ello exige no pocos condicionantes. Las personas que nos acompañan en las tribunas saben lo difícil
que es llegar hasta aquí, lo difícil que es promover un cambio legislativo por la vía de la iniciativa legislativa popular. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Desde el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) saludamos el ejercicio de esta previsión constitucional y valoramos también positivamente lo que comporta de participación ciudadana en la vida política. Por tanto, desde esta perspectiva mi grupo parlamentario valora siempre
positivamente el ejercicio que se hace de esta posibilidad constitucional.
Hoy se nos plantea en esta proposición de ley dar un marco, una eficacia a través de un cambio legislativo, a los acuerdos y pactos de las administraciones públicas para garantizar el poder adquisitivo de sus empleadas y empleados. Este
debate tiene su origen en otros debates que ya tuvimos en el Pleno del Congreso de los Diputados. Quiero recordar específicamente un debate celebrado en este Pleno el 6 de febrero del año 2001 en el que se debatían distintas proposiciones no de
ley, una de ellas de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, que traía su causa directa de una sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre del año 2000, en la que se anuló la congelación salarial de los funcionarios de la
Administración general del Estado correspondiente al ejercicio del año 1997. Esa sentencia de la Audiencia Nacional, que después fue revisada, anulando una congelación salarial ponía de manifiesto en esta Cámara un hecho, y es que en distintos
ejercicios presupuestarios las empleadas y empleados públicos han sobrellevado diversos sacrificios, diversas congelaciones salariales, porque no fue la única la del ejercicio del año 1997, sino que previamente en los ejercicios de 1993 y 1994 hubo
también congelaciones salariales. Ha habido, por tanto, una restricción del salario de las empleadas y empleados públicos y se les ha exigido un especial sacrificio en aras de la contención del déficit público o en aras de entrar en su día en la
Europa de Maastritch, en la convergencia económica. Por tanto, es bueno recordar hoy en este debate de esta proposición de ley que es un colectivo al que hemos exigido, al que se le ha exigido en determinadas circunstancias históricas importantes
sacrificios en cuanto a contención salarial.
Cierto es que las sentencias, tanto del Supremo como de la Audiencia Nacional, nos impulsan desde el Poder Legislativo a valorar la necesidad de cambiar el actual marco normativo para evitar interpretaciones rígidas del mismo, que no han
dado la claridad suficiente en cada una de las revisiones salariales para saber qué eficacia tenían esos acuerdos y esos pactos. Mi grupo, repitiendo hoy los mismos argumentos que se utilizaron por parte de Convergència i Unió el 6 de febrero del
año 2001, hoy va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley y lo haremos, como decía el señor Erkoreka, no ante la literalidad del texto que hoy se nos presenta, que respetamos,
pero que entendemos que plantea dificultades en lo que podría ser la autolimitación de esta misma Cámara y de las Cortes Generales y de los poderes legislativos en su conjunto, porque en un Estado de derecho prima también el principio de
legalidad y la soberanía de las Cámaras parlamentarias. Entendemos las razones que impulsan a los proponentes a plantear ante esta Cámara lo que debería ser una modificación del actual marco normativo. Entendemos también que existen limitaciones,
tanto de índole económica como jurídica o política, y entre las de índole política quiero referirme especialmente a las competencias de autoorganización de las comunidades autónomas que tienen una función pública propia y que nosotros desde
Convergència i Unió también reclamamos un ámbito propio de actuación. Aun así nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a esta toma en consideración, sabiendo que daría lugar a la apertura de un plazo de presentación de enmiendas, en las cuales
cada grupo parlamentario podría definir los puntos concretos de redacción que daríamos a cada uno de los artículos que se nos proponen.
Si tomamos en consideración esta iniciativa, daremos una oportunidad a los proponentes para que el debate de hoy no se quede en esto, en el debate puro y simple del Pleno del Congreso una tarde de un martes, sino que sea algo más, que sea
una reflexión profunda sobre de qué forma debemos legislar para dar una mayor seguridad jurídica a esos acuerdos, a esos pactos que se plasman entre las administraciones públicas y sus empleadas y empleados, pero que después la propia jurisprudencia
pone en evidencia que el marco actual no es un marco clarificador. De ahí que hoy mi grupo, repitiendo una vez más aspectos que nos pueden separar del contenido literal, no quiere entorpecer ese necesario debate, no quiere dejar de reconocer el
esfuerzo realizado por los proponentes y, señora presidenta, señoras y señores diputados, va a votar a favor de esta toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señora presidenta, señorías, quiero que mis primeras palabras sean de saludo, de felicitación y de agradecimiento a los impulsores de esta proposición de ley, que pertenecen al área de los servicios públicos de
Comisiones Obreras y del Sindicato Unificado de Policía, por haber ejercido un derecho constitucional, a través de una costosa iniciativa legislativa, como es la iniciativa legislativa popular, para traer, mediante miles de firmas y de adhesiones de
ciudadanos, una respuesta política a un problema aún no resuelto en el seno de las administraciones públicas españolas.
También quiero recordar dos momentos en relación con esta proposición de ley. En primer lugar, el comienzo de la recogida de las firmas, que tiene que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que echó para atrás la sentencia de la
Audiencia Nacional que inicialmente dio la razón a los empleados públicos con ocasión del incumplimiento, por parte del Gobierno, del acuerdo firmado en el año 1994. En segundo lugar, otro momento importante de esta proposición de ley es su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, en noviembre del pasado año, coincidiendo con el reciente acuerdo 2003-2004 en la Función pública estatal. Algunos incluso han considerado contradictorio el acuerdo y la proposición de ley,
pero nosotros no, porque en la negociación colectiva y en los programas y objetivos de cualquier colectivo social, sindical o político, lo coyuntural no tiene nunca por qué negar lo básico y lo principal. En esta proposición estamos hablando de
principios y no de coyunturas. Se está hablando de derecho sindicales y el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios está recogido y reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, pero además en el título VII del acuerdo 2003-2004, entre
sindicatos y Gobierno, se habla de adaptar y actualizar los ámbitos, estructuras, ordenación y procedimientos de la negociación de la Administración del Estado.
Hoy ya nadie discute el derecho a la negociación colectiva en el ámbito de la Función pública, porque se han superado los tiempos en los que se consideraba que la negociación colectiva era incompatible con el régimen jurídico de los
funcionarios públicos. El funcionario es, ante todo, un ciudadano y un trabajador. Por tanto, no debe sufrir otra limitación en la titularidad de sus bienes y derechos que las que se derivan de las necesidades funcionales por su relación con la
Administración. El Tribunal Constitucional ha afirmado taxativamente el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios. No existe ningún principio en la Administración que impida la negociación colectiva plena, ni el principio jerárquico
de jerarquía administrativa, ni el de eficacia, ni el de reserva de ley, ni siquiera el principio de legalidad presupuestaria. Así lo reconoció la Ley 9/1987, modificada posteriormente por la Ley 7/1990, que introdujo la negociación colectiva de
los funcionarios. Una ley que, caracterizada por unas especialidades muy propias en aquel momento, podemos catalogarla como buena. Una buena ley que marcó, tras la Ley 30/1984, un antes y un después en la negociación colectiva y en la
representación sindical de las administraciones públicas y que estableció el principio de obligatoriedad en la negociación. La Ley 7/1990, en su artículo 32, dispone que las administraciones públicas están obligadas a negociar anualmente con los
sindicatos, lo que significa que no puede prescindirse del intento de negociar todas las materias relacionadas
en el artículo 32 de la Ley 9/1987, que estableció con suficiente amplitud las materias que eran objeto de negociación. Una ley buena. Una ley que tuvo y que tiene una importancia capital en la conformación de las condiciones de trabajo de
los funcionarios, que en su momento supuso un revulsivo muy importante en la Función pública. Una ley que, sin embargo, no coincide con todas las aspiraciones de los empleados públicos.
Entonces, ¿por qué esta ley? ¿Por qué esta proposición de
ley que nosotros vamos a apoyar? Primero, porque nos sentimos cómodos con esta iniciativa legislativa popular. Mi grupo parlamentario reconoce en la misma iniciativas y alternativas que el Grupo Socialista ha presentado y defendido aquí cuando
enjuiciamos la sentencia de la Audiencia Nacional o cuando hemos discutido los Presupuestos Generales del Estado. El punto segundo de la moción consecuencia de interpelación que presentamos después de la sentencia del Tribunal Supremo, hablaba de
que se debían adoptar medidas para reforzar la eficacia y la plena aplicación de los acuerdos suscritos con los sindicatos, como está pidiendo en definitiva la proposición de ley.
La Ley de 1987 y ésta avanzan en la regulación de los efectos de los pactos y acuerdos y establecen mecanismos para garantizar la eficacia de lo pactado. Quizás fue este aspecto, el de la eficacia de lo pactado, el elemento más insuficiente
de la Ley de 1990. Fue insuficiente porque, quizás con cierta ingenuidad y confiando totalmente en el principio de buena fe en la negociación y mutua lealtad entre las partes, no se planteó que los pactos pudieran ser incumplidos, y casos ha habido
y clamorosos. Además, durante estos años, al no aprobarse la reforma del Estatuto básico de la Función Pública, aquel texto que incorporaba un capítulo XVIII, y más concretamente el artículo 90, el de los pactos y acuerdos, que fue acordado por los
sindicatos, se ha quedado en agua de borrajas toda la eficacia de los acuerdos y de los pactos.
Esta proposición de ley añade garantías que tienen en cuenta y asumen, como no podía ser de otra manera, que hay materias objeto de negociación, y de obligada negociación, que no se corresponden exactamente con el ámbito de decisión del
órgano administrativo que negocia o que puedan estar sometidas al principio de reserva de ley. La proposición parte de la vinculación de las partes a lo acordado, pero es respetuosa con las competencias de otros órganos o poderes distintos de los
que pactan. En definitiva, la proposición lo que hace -y nosotros estamos de acuerdo con ello- es prever de una manera expresa la eficacia directa de lo pactado cuando las materias sobre las que recae el acuerdo pueden ser definitivamente decididas
por los órganos de gobierno de las administraciones públicas, reafirmando la obligación de la Administración de elaborar el correspondiente proyecto de ley cuando la materia objeto de negociación está sometida al principio de reserva de ley.
Además, la proposición establece dos mecanismos para asegurar la eficacia de lo pactado. Uno, prever la indemnización del colectivo afectado, lo cual es lógico como consecuencia directa del principio de responsabilidad patrimonial, incluso en su
variante de responsabilidad del Estado legislador, si la ineficacia de lo acordado se debe a una actuación del Poder Legislativo. Dos, la proposición de ley obliga a renegociar, de tal manera que obligatoriamente se tiene que abrir una negociación
si una de las partes lo requiere. A este respecto, les recuerdo que el proyecto de reforma del Estatuto de la Función Pública, que entró en esta Cámara, pero que no llegó a aprobarse nunca, establecía la misma garantía.
Además, la proposición de
ley plantea incorporar al esquema de las relaciones negociadoras el principio del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos, como consecuencia directa de una profunda e histórica insatisfacción de los servidores
públicos por la continua pérdida de poder adquisitivo, tras el fallido acuerdo de 1999, al haber aumentado sus retribuciones con carácter general, cuando no se han congelado, muy por debajo de la inflación real.
En los últimos debates presupuestarios, mi grupo ha solicitado reiteradamente que se pudiera incorporar, como se hizo con los pensionistas a partir de la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, la cláusula
de revisión salarial, como lo tienen reconocido más de seis millones de trabajadores en este país en sus convenios colectivos. No se puede decir a los empleados públicos, que plantean además la iniciativa con una gran flexibilidad y generosidad,
que su aceptación supondría vulnerar el artículo 149 de la Constitución porque no es verdad, como tampoco lo es en el caso de las pensiones. En el artículo segundo de la proposición de ley, se pretende que no se utilice discrecionalmente a los
empleados públicos, a los responsables directos de los servicios públicos, para indiciar y marcar a la baja las líneas del resto de la negociación colectiva en la economía española pues, cuando se están discutiendo las leyes de presupuestos, se sabe
que los objetivos de inflación no se van a alcanzar al final del ejercicio.
Por último, señora presidenta, la proposición de ley pretende ampliar el encorsetado concepto de Función pública que tuvo en su día la Ley 87 al permitir la creación de un órgano o plataforma negociadora al personal del Cuerpo Nacional de
Policía. Como señala la exposición de motivos, con el respeto a la especificidad derivada por ser un instituto armado, hoy, tal y como lo tienen recogidas otras policías autonómicas, nada impediría que el Cuerpo Nacional de Policía esté plenamente
representado en la mesa general de la función pública y cuente con una mesa sectorial, como la tienen por ejemplo el personal docente o el personal de justicia. La realidad actual española permite dar un paso más en la Ley de Fuerzas
de Seguridad del Estado, ejercitando y ampliando el concepto de libertad sindical.
Vamos a apoyar esta iniciativa legislativa popular. Aunque sugeriríamos algunas matizaciones al articulado, es una proposición valiente, moderna y que mueve ficha ante la falta de voluntad legislativa del Gobierno, ante la ausencia de un
estatuto de la Función pública y ante la indefinición del marco negociador en las administraciones públicas. No sé si, como suele hacer habitualmente el Grupo Parlamentario Popular, se acusará al Partido Socialista en este caso de estar con los
firmantes o de estar en las pancartas, pero desde luego está siempre de acuerdo con los intereses justos de cualquier colectivo. Sin embargo, señores del Partido Popular -no tendré turno de réplica- lo peor de todo es saber que alguien tiene la
razón y no dársela, porque posiblemente votarán en contra de esta iniciativa legislativa popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde fijar la posición de mi grupo parlamentario ante esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular, que ha sido presentada por la Federación de servicios y administraciones públicas de Comisiones Obreras y
otros.
En primer lugar, a este grupo parlamentario al que represento le merecen un profundo respeto las iniciativas legislativas populares, pero yo les voy a hablar desde la responsabilidad que, como grupo mayoritario, tiene mi grupo parlamentario
en esta Cámara. Lo digo con profundo respeto al trabajo que ustedes han desarrollado y al espíritu y fondo de lo que ustedes pretenden. Sin concesiones a la galería, como hacen algunos grupos parlamentarios, les voy a decir la verdad de esta
iniciativa legislativa popular, lo que puede ser el trámite que algunos dicen que van a apoyar de toma en consideración para presentar enmiendas que, después del contenido de sus palabras, dejarían el texto en nada y el porqué de la posición de mi
grupo sobre cada uno de los aspectos.
También quiero decir con todo respeto al portavoz del Grupo Socialista, señor Martínez Sanjuán, que ha intervenido en último lugar, que con acuerdo de los sindicatos el ministro señor Acebes en 1999 presentó ante esta Cámara el proyecto de
reforma del Estatuto básico de la Función Pública; el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a la totalidad de ese proyecto de estatuto básico. Digo esto porque el artículo 90 de ese proyecto tiene íntima relación -casi es literal-
con el artículo 1 de esta proposición de ley. Fue la única enmienda a la totalidad que se presentó, defendida en ese momento por el señor Rodríguez Zapatero, se desestimó y sólo tuvo los votos de su grupo parlamentario.
Tengo que decir que el Grupo Parlamentario Popular defiende, como no podía ser de otra manera porque está recogido en la Constitución y en todas las leyes que la desarrollan, el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos
y que ese derecho, además de respetarse, se ejerce por el Ejecutivo, como lo demuestra el último acuerdo de noviembre de 2002, que recoge, además de una mejora importante de las condiciones retributivas del colectivo de funcionarios públicos, otros
aspectos como es un conjunto de medidas que pretenden mejorar la prestación de los servicios y el funcionamiento de la Administración pública.
En la proposición de ley, que consta de una exposición de motivos y tres artículos, como se ha dicho aquí, se reconoce expresamente que la Ley 9/1987, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones públicas, junto con la modificación posterior de la Ley 7/1990, vienen a regular y legitimar esa negociación colectiva que, en general -y son palabras textuales de la exposición de motivos-, se han
revelado útiles para el propósito constitucionalmente diseñado -por tanto, está completamente garantizado el derecho a la negociación colectiva por la Constitución y las leyes que posteriormente la desarrollan-; que este derecho a la negociación se
materializa a través de la mesa general; que fruto de esa negociación han existido acuerdos como el último que señalaba, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2002. Por consiguiente, lo que habría que plantearse como primera
pregunta, aunque sea retórica, es el hecho que motiva esta iniciativa. No es otro, como se ha indicado aquí, que la situación que se produce como consecuencia de la decisión del Gobierno de aplicar una congelación salarial basada en criterios de
política de convergencia y de política económica general, que devino y derivó en procesos judiciales que ya se han comentado aquí.
Cuando se habla de esos procesos judiciales la mayoría de los portavoces se refieren a la sentencia de la Audiencia Nacional, pero muy pocos de ellos han hecho referencia a la sentencia última del Tribunal Supremo, la de 12 de marzo de 2002.
Esa es la que debe traerse aquí a colación en este momento. ¿Por qué? Porque el fondo de la proposición es precisamente limitar la capacidad de una de las partes. Se dice en la exposición de motivos más o menos literalmente -lo ha leído el
portavoz de Izquierda Unida, pero yo también voy a hacer una mención a ello- que se ha visto truncada la negociación colectiva, en opinión de quienes proponen esta iniciativa, porque una de las partes tiene la facultad de transformar en norma el
resultado de la negociación. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Señora Ruiz, un momento.
Señorías, no es posible oír la intervención de la señora diputada que se encuentra en el uso de la palabra. Ruego que las conversaciones se lleven a cabo fuera del hemiciclo.
Adelante, señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que parece ser que el problema está en que una de las partes tiene la capacidad de transformar en norma el resultado de la negociación. Eso es una reserva explícita de la ley. Yo podría decir aquí que no podemos admitir a trámite
esta consideración o que vamos a darle paso, pero reitero que hago míos íntegramente todos los argumentos jurídicos del portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, todos íntegramente. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular suscribe íntegramente todo
lo referido por el portavoz de Grupo Vasco, tanto en lo que se refiere a los problemas legales que suscitan determinadas redacciones de los artículos de esta iniciativa como a lo que pueden ser, en la práctica, esas limitaciones que se prevén aquí,
como en lo que se refiere a la automatización -si se me permite la expresión- de aplicar el IPC por ley anualmente. Todo eso, que está muy bien, produciría unos efectos completamente contrarios a lo que se pretende por los proponentes de la ley.
Esa redacción del artículo 1 supedita la potestad reglamentaria del Ejecutivo, en materia de Función pública, a lo previamente pactado con las organizaciones sindicales. Es decir, pasaríamos a una especie de potestad normativa compartida, que
incluso eliminaría la autonomía de los parlamentos. El ámbito normativo que tenemos choca completa y frontalmente con esta extensión, que en absoluto está justificada,
Los acuerdos y los pactos entre los representantes de la Administración, sea la que sea, y las organizaciones sindicales, tienen una regulación específica y con garantías suficientes en el artículo 35 de la Ley 9/1987, sin que lo que se
pretende en este artículo suponga mayores garantías sino, más bien, una grave distorsión jurídica de los ámbitos competenciales y estatutarios reservados específicamente a la ley.
Además, esta materia, por su carácter básico, compete exclusivamente
a la Administración y afectaría también al conjunto de las administraciones, incluidas las comunidades autónomas, aunque aquí no se ha dicho, cuestión que hace prácticamente inviable que la proposición se pueda aprobar en los términos planteados.
El artículo 2 de esta iniciativa prevé la aplicación automática del IPC a las retribuciones, lo que supone, en un sentido estricto, la limitación de la propia capacidad de negociación, así como una restricción total al legislador. El
artículo 32 de la Ley 9/1987 establece, en su apartado a), que será objeto de negociación ese incremento de las retribuciones de las administraciones públicas. En ese sentido, tiene que plantearse incluirla en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para cada año. A esto es a lo que se refiere más específicamente la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2002, que afirma que la cuantía de las retribuciones de los funcionarios es una materia reservada a la Ley de presupuestos,
que debe tenerse en cuenta este principio de reserva de ley y de reserva presupuestaria, de forma que la ley es el límite mínimo y máximo de negociación en la Función pública; tiene posibilidades de negociar, de acuerdo con el artículo 103 de la
Constitución, pero tiene que respetar en todo caso la titularidad de la potestad legislativa que, de conformidad con el artículo 66.2, corresponde a las Cortes Generales. Las decisiones en materia retributiva que se adoptan no son únicamente una
cuestión de personal sino de política económica general, residiendo esa potestad legislativa en el Parlamento, ya que éste puede libremente establecer, dentro de las bases y coordinación de la planificación económica general, los límites en todo lo
que se refiere a esos conceptos de gasto. Además, tienen carácter básico y estarían afectados por los criterios de la evolución de la economía en general como consecuencia del equilibrio presupuestario y para evitar fundamentalmente las tendencias
inflacionistas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular considera que la mayor garantía que se puede ofrecer al colectivo de funcionarios públicos para la mejora de sus condiciones, no sólo retributivas sino del conjunto de la prestación de sus
servicios, al igual que al conjunto de los ciudadanos, es que la economía española siga manteniendo y cumpliendo los objetivos de déficit cero y equilibrio presupuestario. Esto es lo que genera mayores bienes y recursos y, a la postre, posibilita
estar en mejores condiciones para garantizar el sistema de la retribuciones de los funcionarios públicos.
Por lo que se refiere al Sindicato Unificado de Policía, me remito al artículo 31 de la Ley 9/1987, donde la mesa general puede, y ya está específicamente regulado, crear mesas sectoriales para aquellos colectivos que, por su número y en
función de los requisitos que la ley prevé, puedan tener una negociación aparte. Además, está regulado en ese artículo con los mismos términos que el artículo 3 de esta iniciativa.
Señorías, reiterando una vez más el profundo respeto que nos merece esta iniciativa legislativa popular, considerando lo que acabamos de explicar, así como que ahora mismo esa eficacia de los acuerdos y pactos está perfectamente garantizada
en el artículo 35 de la ley actual, que la política económica general del Gobierno y la aprobación de los conceptos de gasto corresponde a este Parlamento a través de la Ley de Presupuestos, como ya se ha justificado por la jurisprudencia, y por ser
respetuosos con el trabajo que se ha desarrollado, no vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición porque sus defectos de fondo, tanto por lo que se refiere a la ley en sí como en lo que quedaría una vez superado el trámite de
enmiendas, si
es que diéramos lugar a que se tramitara de esa forma, dejarían completamente sin efecto esta proposición. Desde nuestra responsabilidad como grupo mayoritario, siendo honrados y explicando realmente cuáles son nuestros principios, es
necesario que se retome y negocie la reforma del Estatuto básico de la Función Pública nuevamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Ruiz, le ruego concluya.
La señora RUIZ RUIZ: Voy terminando.
Es necesario que se lleve a término la creación de esa comisión de expertos para todo el sistema de Administración pública, pero por lo que acabo de exponer en este momento, no podemos apoyar el contenido de esta iniciativa.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Ruiz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley para la protección de la eficacia de los acuerdos y pactos en las administraciones públicas y garantía del poder adquisitivo de sus empleados y
empleadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 123; en contra, 158; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, REGULADORA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA. (Número de expediente 122/000300).)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario Mixto reguladora de la orden de protección de las
víctimas de la violencia doméstica. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Rumores.) Señorías, reitero de nuevo que, por favor, abandonen el hemiciclo los que lo vayan a hacer en
silencio y de la manera más rápida posible al objeto de poder continuar con el debate. Si es posible, mantengan las conversaciones en el exterior del hemiciclo.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sainz.
Adelante, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, es para mí un honor subir a la tribuna en nombre del Grupo Popular para defender la proposición de ley que regula la orden de protección a las mujeres víctimas de la violencia; violencia de género que es una dura
realidad, que destruye la vida de numerosas mujeres cada año, que socava la convivencia y que constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y, por ello, es un atentado claro contra la dignidad, contra la libertad, contra la
seguridad y contra el derecho a la vida. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Sainz, por favor.
Adelante.
La señora SAINZ GARCÍA: Es un grave problema de nuestra sociedad, con hondas raíces estructurales, ya que es la expresión de un orden social basado claramente en la desigualdad real, en una concepción patriarcal que es necesario eliminar de
la sociedad.
Han pasado sin duda, señorías, los tiempos en que el problema era considerado privado para constituir un problema social de primera magnitud y situarse en la agenda del trabajo parlamentario, como ustedes muy bien conocen, y como una
prioridad del Gobierno. Que la lucha contra la violencia de género constituye un eje básico de la política social lo evidencian no solamente los dos planes integrales elaborados por el Gobierno, sino también las importantes reformas que en el
terreno legislativo se han llevado a cabo.
Señorías, entre las conclusiones más relevantes de la subcomisión creada el 22 de octubre de 2002 en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo está la iniciativa que hoy vamos a tomar en consideración; iniciativa que puso sobre la
mesa para estudio el ministro de Justicia, señor Michavila, a quien agradezco su presencia hoy en esta Cámara, en su comparecencia del 4 de febrero. Supone la culminación de un importante proceso de reformas realizadas por el Ministerio de
Justicia para proteger a las víctimas, hasta el punto que podemos afirmar que hoy estamos ante un día histórico, ya que la proposición de ley reguladora de esta orden de protección va a marcar un hito muy importante en este ámbito. Pensamos
que es un texto que arbitrará nuevos y más eficaces instrumentos jurídicos para atajar este problema, construido en colaboración con los ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, con la colaboración del Consejo General del Poder
Judicial y de la Fiscalía, y con el diálogo -y lo resalto- y el consenso de todos los grupos parlamentarios que hoy presentamos esta iniciativa.
Nuestros esfuerzos han ido dirigidos únicamente a proporcionar una mayor eficacia e inmediatez ante este duro problema, en definitiva, a proteger adecuadamente a la víctima. En este sentido, creemos sinceramente que la orden de protección
puede ser un instrumento jurídico eficaz, articulado en el terreno técnico, que otorgará una protección inmediata e integral a las víctimas y también a la familia, a través -y lo resalto- de un único cauce de actuaciones, de una ventanilla única
abierta a las víctimas desde el primer momento, en palabras del señor Michavila, ministro de Justicia, y siempre buscando que, desde la primera agresión, se garanticen a la víctima todos los derechos y las mejores protecciones.
Por lo tanto,
constituye un derecho de la víctima, que el juez debe aplicar no sólo en los delitos, sino también, y esto es muy importante, en las faltas, nada más conocer la denuncia y oír a las partes, por supuesto, en el plazo entre 24 y 72 horas. Activará de
forma inmediata, en una misma resolución judicial, medidas cautelares de naturaleza penal y civil, con el fin de evitar ese desamparo que se venía produciendo con las víctimas y dar respuesta a esa situación de riesgo. Así, se incorporan
conjuntamente esas medidas, tanto de restricción de la libertad de movimiento del agresor, fundamentales para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las civiles, es decir, la atribución de la vivienda familiar, la determinación del régimen
de la custodia, visitas y estancia con los hijos, todas ellas orientadas a propiciar la seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a sus familiares, sin esperar a la formalización del proceso matrimonial civil.
Me gustaría resaltar que, por su carácter integral, la orden ha de servir también como título judicial acreditativo para la obtención de todos los beneficios de protección de índole social, asistencial y económico, como son ese nuevo fondo
de alimentos que nacerá en colaboración con las comunidades autónomas y el acceso inmediato a la renta activa de inserción a la que se ha comprometido el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; medidas, señorías, de gran trascendencia por
constituir un elemento fundamental para que las mujeres se sientan mucho más seguras en el momento de decidirse a denunciar, ya que en muchos casos tienen dependencia económica del agresor, aun después de haber sido agredidas, lo que en muchas
ocasiones las lleva para atrás y las limita en esa necesidad de denunciar las agresiones. A partir de ahora, las mujeres víctimas de estas agresiones sin recursos o con recursos muy bajos, tendrán derecho a un salario superior a 300 euros al mes
durante 10 meses, ello sin perjuicio, por supuesto, de aplicación de todas las medidas de inserción y búsqueda de empleo a que tengan derecho. La orden judicial de protección supondrá que las distintas administraciones públicas, la estatal, la
autonómica y la local, activarán de inmediato los instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. Es un elemento innovador y muy importante, como hemos señalado en nuestra intervención.
Quiero finalizar agradeciendo el espíritu y la voluntad de consenso de todos los grupos parlamentarios, de cada uno de ellos. Hemos utilizado el diálogo, que es el mejor instrumento que se puede utilizar en la democracia. También quiero
agradecer de nuevo la ayuda inestimable de los ministros, señores Zaplana y Michavila, y de sus colaboradores, con una especial referencia al director general Alberto Dorrego y a Montse Gil.
Entre todos, señorías, hemos construido algo importante;
entre todos hemos hecho posible esta proposición de ley que hoy traemos de forma armónica todos los grupos parlamentarios. Consideramos que es la mejor iniciativa posible que hoy podíamos presentar. Desde esa conciencia la traemos y la hemos
construido entre todos. La hemos articulado desde un único compromiso, el compromiso que todos tenemos con las mujeres víctimas de esta lacra social. Como portavoz del Grupo Popular quiero recordar una vez más que lo único que nos ha movido en
nuestro grupo ha sido el compromiso con la causa más justa de la democracia: la igualdad, y consecuentemente con ello, hoy queremos proteger a las víctimas y erradicar esta lacra social, incompatible con una sociedad libre y democrática como la
española.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó y defendió en este Congreso de los Diputados una proposición de ley integral contra la violencia de género el día 10 de septiembre del año 2002. Más allá de los contenidos exactos de la
propuesta quiero aclarar cuál fue, y sigue siendo todavía hoy, el motivo fundamental para proponer una iniciativa de estas características. Creemos firmemente que los derechos de las mujeres, y sobre todo el derecho a la igualdad y el derecho a
vivir sin violencia, forman parte de los derechos humanos. Un desarrollo legislativo de ese derecho y definir las
responsabilidades del Estado ante su vulneración, básicamente fue -y es todavía hoy- nuestro propósito. La desigualdad entre hombres y mujeres es el origen de esa violencia y es la propia estructura social la que proporciona legitimidad a
esos hombres que se creen con derecho de propiedad sobre la vida de sus esposas o sus compañeras.
Al decir que la violencia de género es una consecuencia de ese modelo de sociedad también decimos que el fin de esta violencia solo será posible con un cambio de modelo social, con el fin de las relaciones de dominación, con la conquista de
la igualdad real entre mujeres y hombres.
El Estado, por lo tanto, tiene responsabilidad sobre ese modelo que debe ser modificado y debe intervenir con todos los medios para prevenir la violencia y proteger a sus víctimas. Nuestra iniciativa,
además, no planteaba solamente esa idea de considerar la defensa de la vida y la salud de las mujeres como el motivo de una ley específica, sino también la necesidad de trabajar de forma integral, es decir, desde la prevención a través del sistema
educativo, la protección eficaz a las víctimas y la coordinación de las causas penales y civiles mediante la creación de juzgados específicos, juzgados de igualdad y asuntos familiares. Además regulaba y coordinaba los recursos de atención y
acogimiento. Esta iniciativa también establecía otros derechos, como ayudas económicas, programas de empleo y formación, etcétera.
Entendimos y seguimos entendiendo que son necesarias tanto la prevención y la protección como la recuperación integral de las víctimas, que tienen derecho a contar con recursos adecuados para plantearse una vida mejor tanto ellas como sus
hijos e hijas, objetivo último de aquella proposición de ley integral. Como ya sabemos, aquella iniciativa no se aprobó debido a los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular, si bien sirvió de impulso, junto con la interpelación que presentó
unos días después el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la creación de la subcomisión dirigida a formular medidas legislativas que dieran una respuesta integral a la violencia de género. Fue un paso cualitativo importante en
cuanto al consenso que tiene que estar presente, por encima de cualquier otra cosa, en un tema tan grave como el de la violencia contra las mujeres. Esta subcomisión ha valido la pena, porque ha permitido concluir con una propuesta importante,
suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Por supuesto, vuelvo a recordar que fue el Grupo Parlamentario Socialista el que presentó aquella proposición de ley integral a la que me he referido anteriormente, porque entendía que el
derecho de las mujeres y de sus hijos a vivir sin violencia tenía que estar garantizado por ley, pero al mismo tiempo reconozco que esta subcomisión ha tenido un fruto, el fruto que hoy tomamos en consideración en esta Cámara, que parte de un
consenso, lo que es importante en este tema.
La orden de protección, que supone la obtención de un estatuto integral de protección para la víctima, que activa una acción de tutela que concreta medidas de naturaleza penal, civil y de protección social, pero también el acuerdo con el que
concluyó la subcomisión, desarrollaba otras medidas importantes, como son las dirigidas a la inmediata y eficaz protección policial de las víctimas, medidas sanitarias, educativas y de sensibilización a través de los medios de comunicación. En
cuanto a las medidas de protección social vinculadas a la orden de protección, se establece la inmediata percepción de la renta activa de inserción, un fondo de garantía de alimentos en colaboración con las comunidades autónomas y el control de
cualquier discriminación en el empleo o en el acceso a derechos y prestaciones sociales.
Nuestro grupo considera que la virtud de la iniciativa que hoy presentamos -una parte de esos acuerdos de la subcomisión- es que permitirá la intervención inmediata de la justicia para proteger a las víctimas, a la vez que plantea la
coordinación del ámbito judicial con los recursos sociales existentes en comunidades autónomas, ayuntamientos y en el propio Estado, y permitirá esa atención inmediata. Pero, no nos engañemos, no sólo porque lo diga un papel, sino si se aumentan
realmente los recursos económicos y materiales, tanto en el ámbito de la justicia y de la policía como en todos los ámbitos. Eso es algo en lo que todos y todas estamos de acuerdo. Si no, esto se puede quedar en papel mojado.
Entiendo y confío en
que hay un compromiso y, mientras no se demuestre lo contrario, voy a seguir confiando, el Grupo Socialista seguirá confiando en ese compromiso de todos los grupos, pero evidentemente más del grupo que apoya al Gobierno, que en este momento es el
Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, entendemos que todavía existe una clara dificultad al faltar el desarrollo de aquellos aspectos relacionados con la protección social, que deberá poner en marcha el Gobierno; en concreto la ampliación de la renta activa de
inserción y el fondo de garantía de alimentos, que fueron otros de los compromisos que también se acordaron en esa subcomisión contra la violencia. En este caso me refiero a compromisos del señor Zaplana -no a los suyos, señor Michavila-, que
también forma parte del Gobierno del Partido Popular. Es fundamental desarrollar de forma adecuada esa coordinación administrativa, necesaria para hacer efectiva la atención psicológica, jurídica, social y de acogida de todas las mujeres que
soliciten esta orden de protección.
Tampoco está claro cuál será la protección policial. En principio, el Ministerio del Interior ha hablado de 500 policías, que estarán conectados a un teléfono móvil, como elemento de comunicación con un número en este momento indeterminado
de mujeres. Son agentes en segunda actividad y, de momento, no todos están disponibles. Esa manera de resolver la protección
de las mujeres ha sido criticada desde diferentes frentes y también por el Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que no es una forma rápida y eficaz de dar respuesta a una mujer que se encuentra en una situación límite de violencia.
Es una situación que, por desgracia, se da mucho más a menudo de lo que le gustaría a cualquiera de las personas que estamos hoy aquí y a la inmensa mayoría de las personas que nos están escuchando.
También sabemos que, aunque estuvieran
disponibles esos 500 policías, si se repartieran entre las denuncias que se presentan cada año, cada uno de ellos tendría asignadas en torno a 60 mujeres; y si hay que coordinar las actuaciones a través de un teléfono móvil... No niego que haya
buena voluntad, pero serviría de muy poquito y no sería eficaz.
También tengo que decir que, en lo referente a la defensa de la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y de los menores, el Grupo Parlamentario Socialista sigue siendo muy ambicioso, y seguirá insistiendo en el Parlamento y en la
sociedad para que se avance en los puntos de acuerdo a que se llegó en la subcomisión. Aquella subcomisión parlamentaria incluía, por ejemplo, la prevención por la educación y a través de los medios de comunicación, entre otros, no sólo tenemos que
articular medidas para paliar las consecuencias de la violencia, sino que tenemos que dirigirlas a erradicar la violencia; es algo en lo que todos coincidimos y tendremos que hacer un esfuerzo para llevarlo a cabo.
Para el efectivo cumplimiento de este acuerdo y para que este sirva realmente a su objetivo -que no puede ser otro que el de garantizar a las víctimas de la violencia de género su derecho a vivir y a tener un futuro-, la orden de protección
no debe funcionar adecuadamente sólo en lo que se refiere a la justicia, sino que también debe garantizar una adecuada protección policial y, por supuesto, protección socioeconómica, a la que me he referido antes. Para todo esto, es necesario que
la justicia, la policía, las políticas sociales y, por supuesto, el ámbito educativo, cuenten con más recursos. Si no se recogen partidas presupuestarias específicas en los presupuestos generales para 2004, que se están elaborando en este momento,
la orden de protección y su contenido se quedarán en mera declaración de intenciones. A las pruebas me remito: teníamos una Ley del menor hecha sobre la base del consenso y de la buena voluntad -así lo hemos entendido siempre-, que, por falta de
recursos económicos, no se ha podido desarrollar en condiciones adecuadas. Todavía estamos a tiempo de que no nos pase lo mismo con esta orden de protección. El Gobierno está elaborando los Presupuestos Generales del Estado; no habrá la más
mínima cortapisa de ningún grupo parlamentario -ni, por supuesto, del Grupo Parlamentario Socialista- a que se establezcan partidas presupuestarias específicas; las partidas suficientes y necesarias contarán siempre con nuestro apoyo. Si no, nos
quedaremos con un papel en el que se habrá volcado un gran esfuerzo de políticos y personal técnico, pero que no servirá de nada.
Todos los grupos parlamentarios queremos que este sea un paso adelante definitivo. Así, espero que el compromiso económico se refleje y quede patente en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, le ruego concluya.
La señora NAVARRO GARZÓN: Termino ahora mismo, señora presidenta.
Para miles de mujeres, esta puede ser una puerta abierta a la esperanza de vivir sin violencia, pero esa puerta abierta a la esperanza precisa necesariamente de los recursos a los que me he referido. Si no tiene recursos, esa puerta abierta
lo será al precipicio en vez de a la esperanza. Confío plenamente en el deseo de todos los grupos de la Cámara de que haya esperanza de futuro para esas mujeres que sufren violencia y para sus hijos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, tal como he tenido oportunidad de manifestar en anteriores ocasiones, hoy quiero reiterar una vez más que para mi formación política, para la federación de Convergència i Unió, la erradicación de
la violencia de género, la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, es un objetivo prioritario en toda nuestra acción política. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Un objetivo, señorías, cuya
consecución sabemos que no se presenta fácil, tal y como desgraciadamente se encarga de demostrarnos la realidad, la terrible realidad de que casi a diario esta violencia sigue cobrándose nuevas víctimas.
Sabemos que nos enfrentamos a una violencia estructural que, como he dicho también en otras ocasiones, son delitos de mentalidad: una mentalidad machista que busca perpetuar las relaciones de poder y de dominio y que viola gravemente los
derechos humanos de las mujeres. Es evidente, o al menos así queremos pensarlo, que la educación en valores, en los valores del respeto al otro y de la igualdad a través de la escuela, de la familia y de los medios de comunicación, permitirá a la
larga superar esta terrible situación. Pero es evidente también que mientras tanto, la obligación de todos los poderes públicos, cada uno desde su responsabilidad, es seguir articulando medidas educativas y culturales desde luego, pero también
medidas penales
y procesales, medidas, en definitiva, integrales que permitan proteger a las víctimas. No sería justo, desde nuestra opinión, no reconocer que todas las administraciones, la local, la central y la autonómica, han dedicado y dedican
esfuerzos y recursos a la erradicación de la violencia doméstica. El propio Gobierno del Partido Popular ha articulado dos planes y también desde las comunidades autónomas, por lo menos en la mía, Cataluña, donde mi formación política tiene
responsabilidad de gobierno, se vienen haciendo planes e implementando políticas desde hace mucho tiempo. Pero también es cierto, señorías, que, tal y como se recogió en el reciente informe de la ponencia de la Comisión Mixta para los Derechos de
la Mujer, las reformas legislativas y los distintos planes de actuación han tenido una gran repercusión pero no han sido suficientes para dar una respuesta adecuada a las necesidades de las víctimas. ¿Por qué? Quizá la razón a este interrogante
haya que encontrarla en parte en una valoración que se expresó desde la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, y que compartimos, que dice que se trata de una materia complejísima de abordar porque en ningún otro delito se da la
compleja relación entre agresor y víctima que se da en éste.
Ciertamente la especial relación de amor-odio entre el agresor y la víctima, la dependencia económica en muchas ocasiones, la existencia frecuente de domicilio común o de domicilio conocido por el agresor y el fuerte vínculo que crea la
existencia de hijos comunes suponen un complejo entramado de vinculaciones y hasta de dependencias afectivas que hacen que la víctima pueda perder el instinto natural de protegerse del agresor y hacen también que no siempre se solicite protección en
los primeros estadios de la violencia, pensando que el agresor cambiará. Pero también es cierto, señorías, que cuando la víctima decide denunciar no siempre se le da desde las administraciones una respuesta que la proteja suficientemente. Las
medidas cautelares de protección se han adoptado hasta ahora en porcentajes reducidos; cuando las órdenes de alejamiento se han incumplido no ha habido graves repercusiones para el infractor y la actual tipificación favorece el que la calificación
de los hechos sea leve, sustanciándose como falta y no como delito. Situaciones todas ellas que hemos de reconocer que han actuado también y de forma importante como elementos disuasores de que las mujeres denunciaran.
Todo ello nos obliga, desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de Convergència i Unió, tanto a ser conscientes de la dificultad del tema, huyendo de cualquier triunfalismo en la presentación de la adopción de nuevas medidas, como
también a seguir trabajando incansablemente hasta encontrar soluciones eficaces con las que las mujeres agredidas se sientan más y mejor protegidas. Es desde esta doble óptica, sin triunfalismo pero con el deseo y la esperanza de que éste sea un
instrumento realmente eficaz para combatir la violencia doméstica, desde la que Convergència i Unió plantea hoy esta iniciativa, que consiste en la regulación de la llamada orden de protección, un buen instrumento porque, a nuestro juicio, reúne los
requisitos que desde Convergència i Unió siempre hemos considerado fundamentales para luchar contra la violencia de género.
En primer lugar, es fruto del consenso. La orden de protección se recoge en una de las conclusiones de la subcomisión que nació en esta Cámara precisamente con el fin de formular medidas legislativas para dar una respuesta integral frente a
la violencia de género; una subcomisión que vino de la mano de una iniciativa de la diputada Marisa Castro, quien, haciendo honor a su acreditada trayectoria de compromiso personal y político en la lucha por los derechos de las mujeres, trabajó
incansablemente hasta concretar compromisos del Gobierno y la complicidad de todos los grupos parlamentarios que, renunciando a nuestras legítimas diferencias partidistas, hemos aprobado entre todos y por consenso unas medidas, entre las que se
encuentra la orden de protección, que tratan de ser eficaces en la erradicación de algo que preocupa por igual a todos los grupos parlamentarios y que es la violencia contra las mujeres.
Consenso sería, pues, la primera de las características que
desde Convergència i Unió valoramos.
En segundo lugar, la orden de protección va a dar una respuesta coordinada de las administraciones y de las jurisdicciones civil y penal, que permitirá superar la actual dispersión con la que se encuentra una mujer que denuncia: asistencia
hospitalaria, comisaría, juzgado de guardia para solicitar medidas cautelares, juzgado de familia para solicitar medidas civiles y la administración correspondiente para tramitar la petición, en su caso, de una ayuda o una protección económica. La
orden de protección es un mecanismo técnicamente complejo porque junta dos jurisdicciones durante un tiempo y que realmente hubiera sido muy difícil de articular si no hubiéramos contado con la total colaboración del Ministerio de Justicia, tanto
del ministro como de don Alberto Dorrego, director general para la Modernización de la Justicia, y de doña Monserrat Gil.
Así quiero expresarlo porque creo que es de justicia reconocerlo y que conste en el 'Diario de Sesiones'. Como decía
anteriormente, es un mecanismo de articulación compleja precisamente para que su aplicación sea muy ágil, sea muy fácil y sea teóricamente muy eficaz. Es un mecanismo circular que va a permitir que, se denuncie desde donde se denuncie, a la mayor
brevedad posible, en todo caso no más tarde de 72 horas después de haberse solicitado, el juez de guardia adopte medidas que supondrán un estatuto integral de protección; integral porque serán de orden penal, de orden civil y de asistencia y
protección social.
Superar la actual dispersión en las respuestas será, pues, la segunda de las características que valoramos desde Convergència i Unió en esta orden de protección.
También para mi grupo parlamentario, y ésta sería la tercera de sus características, es de gran importancia que el eje de la respuesta legal pivotara alrededor de la protección de la víctima, así como que los inconvenientes de la protección
recayeran en el agresor y no en la víctima y sus hijos, que es la situación con la que nos encontramos actualmente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) La adopción inmediata de medidas cautelares, tanto si se
trata de un delito como si se trata de una falta; la posibilidad de atribuir de inmediato la custodia de los hijos con posibilidad incluso de suspensión del derecho de visitas al progenitor agresor si se considera necesario; la atribución del uso
del domicilio a la víctima para que no tenga que ser ésta con sus hijos la que tenga que salir del domicilio si no quiere; la atribución de una prestación alimenticia a cargo del agresor; la posibilidad de que se adopten con agilidad medidas de
protección social, tanto asistenciales y económicas como jurídicas, sanitarias, psicológicas, etcétera, y el derecho de la víctima, muy importante a nuestro juicio, a que se le informe permanentemente sobre la situación procesal del imputado así
como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas -medidas todas ellas que acabo de enunciar y que constituyen el contenido material de la orden de protección-, entendemos que necesariamente van a redundar en una mejor protección
de la víctima que ha decidido denunciar.
Tal como he dicho -voy terminando, señora presidenta-, la articulación de esta orden de protección es una de las conclusiones de la subcomisión para el estudio de la violencia de género, pero no es la única. La bondad de este instrumento
deberá sumarse a las medidas legales propuestas en las otras conclusiones, que recogen y traducen a propuestas legislativas las sugerencias que ya se han hecho desde el Consejo General del Poder Judicial, desde la Fiscalía General del Estado y desde
la ponencia de la Comisión mixta para los derechos de la mujer. De esta forma, con la orden de protección, junto con las otras modificaciones legales que vamos a impulsar de inmediato a través de una proposición no de ley que hemos presentado
también todos los grupos parlamentarios por consenso, creemos que vamos a dar un vuelco importante en la respuesta que el ordenamiento penal y procesal va a dar a la petición de ayuda de la víctima, haciéndola más adecuada, más contundente y
esperemos que más eficaz.
Finalizo ya, señora presidenta, señorías, anunciando, como no podía ser de otra manera, nuestro voto favorable y expresando que también por acuerdo de todos los grupos parlamentarios esta iniciativa va a tramitarse de manera directa y en
lectura única, para que con la mayor rapidez posible pueda entrar en vigor y aplicarse este nuevo mecanismo procesal, que esperamos, reitero, sea realmente útil y eficaz en la erradicación de esta lacra social que desgraciadamente sigue cobrándose
cada día todavía nuevas víctimas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pigem.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Hoy debería ser efectivamente un día para la satisfacción de esta Cámara, porque todos los grupos parlamentarios hemos hecho por una vez gala de la responsabilidad política, hemos aparcado nuestras diferencias partidistas, en beneficio de
uno de los colectivos sociales más machacados en esta sociedad, del colectivo de las mujeres, y, dentro de ese colectivo, de uno especialmente vulnerable, que es el de las mujeres víctimas de la violencia de género.
Es verdad que la iniciativa que viene a esta Cámara va más allá y habla de violencia doméstica. Por tanto estamos hablando de una orden que va a beneficiar no solamente a las mujeres víctimas de violencia, sino también a otros sujetos de la
familia, probables víctimas. Tendríamos que empezar diciendo que esta iniciativa que viene hoy a la Cámara avalada por todos los grupos tiene una génesis muy concreta: En septiembre de 2002 se rechaza en esta Cámara la tramitación parlamentaria de
una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y dos días después, con una moción de Izquierda Unida, consecuencia de una interpelación urgente respecto a este tema y para poner coto a esta situación, se acepta la propuesta de consenso
por el ministro Zaplana, a quien desde esta tribuna quiero agradecer muy especialmente la aceptación de este consenso, consenso que es muy necesario, señorías, porque hoy, seis o siete meses después, 40 mujeres -40 mujeres, repito- han sido
asesinadas, han sido víctimas de la violencia de género; dos mujeres a la semana.
El mensaje que debemos lanzar desde este Parlamento, creo yo, a las mujeres españolas es que los políticos y las políticas de este país tenemos sentido de la responsabilidad y hemos puesto sus intereses por encima de los intereses
partidistas. No podemos seguir consintiendo de ningún modo que se produzca este genocidio de género -moleste o no moleste la palabra, esto es un genocidio de género-, que nos acostumbremos a la obscenidad cotidiana de ver en la televisión cómo las
mujeres caen asesinadas víctimas de la violencia de género, no podemos acostumbrarnos a estas obscenidades como no podemos acostumbrarnos a otras. Por eso estamos aquí hoy con esta propuesta de consenso.
Esta orden de protección a mí me parece un instrumento muy útil, y lo digo sin ningún tipo de triunfalismo. Yo me siento orgullosa de haber promovido el consenso, como feminista, como diputada y como portavoz del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, pero no quiero apuntarme ningún tanto. Creo que es mi obligación como feminista, precisamente porque gracias
al feminismo estoy en esta tribuna, decir claramente que yo no he hecho nada que no tenga que hacer una buena feminista, que es poner los derechos de las mujeres y sus intereses por encima de los derechos y los intereses de los propios
partidos, incluso del mío. Y quiero decir que me siento satisfecha de haber tenido esa oportunidad y me siento satisfecha de la generosidad de todos los partidos políticos de esta Cámara. Tengo que agradecer especialmente al grupo que sustenta al
Gobierno, al Grupo Parlamentario Popular, que haya trabajado en la misma dirección. Esta orden de protección es un instrumento útil, porque trata de dar respuesta a las cuestiones básicas que nos plantean las mujeres. En primer lugar da una
respuesta inmediata, que es absolutamente imprescindible para evitar el pico de muertes que se produce después de las denuncias; da una respuesta inmediata que anima o que puede servir para animar a que nuevas mujeres salgan del horror y se atrevan
a denunciar. Porque con esta orden de protección en la mano serán acreedoras de un título que les permitirá ser sujetos de seguridad física para ellas y para su familia inmediata; de seguridad también económica, porque no tendrán que preguntarse
qué van a desayunar sus hijos mañana, y porque, además, las mujeres podrán tener la confianza que no tenían antes de que en el juzgado de guardia correspondiente -en las grandes ciudades las 24 horas y donde no haya 24 horas las horas que haya de
guardia- podrán solicitar esta orden de protección.
Lo que me preocupa no es lo que hemos hecho en esta Cámara, que creo que lo hemos hecho bien, no es el trabajo que hemos hecho, que creo que es bueno, me preocupa la aplicación de este trabajo. Por eso, porque me preocupa la aplicación de
este trabajo, quiero decir que doy las gracias al ministro de Justicia, al señor Michavila, y también, por supuesto, a Alberto Dorrego, director general, a Montse Gil y a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial que han colaborado
con esta subcomisión de violencia. Hemos tardado mucho tiempo, más tiempo del previsto, porque queríamos hacerlo bien. Y lo digo desde aquí porque media España me ha preguntado a qué se debe la demora. Como han dicho todas las intervinientes que
me han precedido, porque esto es muy complejo y porque no queremos hacer una reforma para la galería. Lo que queremos es resolver los problemas. Por ello nos hemos entretenido en el camino y hemos llegado un poco más tarde de lo previsto. Eso
tenemos que agradecérselo a todos los que han participado en el proceso. Por tanto, insisto en mi agradecimiento al ministro de Justicia, al ministerio, a Alberto Dorrego, a Montse Gil, al Consejo General del Poder Judicial y junto a ellos a mis
compañeras y compañeros juristas de la subcomisión, que han sido capaces de traducir las inquietudes que tenemos los diputados y las diputadas que no somos juristas. Mi especial agradecimiento a las compañeras y compañeros de la Comisión, que nos
han facilitado el trabajo, y sobre todo gracias una vez más al movimiento organizado de mujeres de este país, que es el que nos ha puesto la espoleta a todas y a todos, y a quien tenemos que agradecer que hoy podamos sentirnos satisfechos del
trabajo realizado.
Señorías, hace un momento decía que me siento contenta del trabajo realizado, pero me preocupa, como a todas y a todos, la aplicación de la ley. Y me hubiera gustado que estuviera aquí el ministro Zaplana, para continuar nuestro idilio
mediático, pero no está esta tarde. Todo este trabajo no se puede ir por la borda, porque si no se pone dinero, si realmente las mujeres no van a ser los sujetos de esa seguridad económica que les permita no preguntarse si mañana sus hijos van a
desayunar, y si realmente no se van a poner en marcha las políticas comprometidas, esto puede ser la gran frustración, señorías. Por tanto, pido al Gobierno y al grupo que lo sustenta políticas de financiación activas, para que la aplicación de
esta orden de protección sea posible. También pido al Poder Judicial, a los jueces y juezas de este país, que no vean esta reforma como una reforma más. Les pido que por favor consideren la realidad objetiva y esa tremenda realidad es que ha
habido 40 mujeres asesinadas, en 5 meses. Ocho por 5, cuarenta, señorías, hagan ustedes la cuenta.
Seguiremos insistiendo en que haya recursos económicos y humanos para que la aplicación sea posible, pero también anunciamos que nosotros, en mi
grupo, tenemos perfectamente claro que las mujeres españolas estamos muy lejos de la igualdad real y que el partido que gobierna y el que gobierne en el año 2004, sea el mismo o sea otro, tendrá que seguir comprometido en esta misma línea. Si no
alcanzamos la igualdad real, la violencia se frenará, pero no seremos capaces de reducirla a su mínima expresión.
La pedagogía institucional existe, señorías. Por eso me siento feliz.
Porque hoy las mujeres españolas podrán mirarse en el espejo de la política sin ningún tipo de rubor; porque hoy se reconocerán en nosotras y nosotros; porque hoy, tal
vez por primera vez en muchos años, pensarán que tienen no solamente representantes, sino aliados en el Parlamento.
Pero -insisto- esto sólo será verdad si existe ese compromiso de la igualdad real en el futuro, que está muy lejana. No se puede
decir a los hombres que son malos cuando pegan y permitir que las mujeres españolas sigamos cobrando, por un trabajo de igual valor, el 30 por ciento menos.
Estos son mensajes contradictorios que los expertos definen muy bien y que de alguna manera
habrá que contrarrestar o que parar definitivamente.
Para terminar, señora presidenta, tengo que decir que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida anunciamos alto y claro que pospondremos nuestras políticas partidistas, que seguiremos defendiendo en esta tribuna el valor del
consenso en función
del colectivo de mujeres víctimas de la violencia de género y que ese es nuestro gran compromiso: trabajar por las mujeres con toda la Cámara.
Porque evidentemente, cuando se ponen en marcha reformas que afectan a colectivos tan amplios
pero sobre todo tan vulnerables, ya que afecta a la vida de los miembros de ese colectivo, en definitiva, a la vida de las mujeres, lo importante es acertar. Yo espero que la historia no tenga que demandarnos algún día porque no hayamos acertado.
Esto también depende mucho de ustedes, señoras y señores del Grupo Popular, señor ministro.
Espero de todos ustedes que este compromiso que hemos adquirido sea una realidad. Nos ocuparemos de hacer un seguimiento de los presupuestos en noviembre,
para ver si de verdad este hermoso viaje que hemos iniciado del consenso es una apuesta estratégica o es una táctica del Partido Popular. Yo personalmente deseo, por el bien de las mujeres, que sea una apuesta estratégica y, si lo es, se
encontrarán con Izquierda Unida en el camino del consenso en cada oportunidad que tengamos de demostrarlo. Es evidente, pues, que nuestro voto será afirmativo.
Nada más, gracias una vez más a todos ustedes por atendernos, pero especialmente a los miembros de la subcomisión Carlos Aymerich, Mercè Pigem, Diego López Garrido y Margarita Uría, ya que sin estos cuatro diputados juristas hubiera sido
mucho más complicado aún para nosotras.
Gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, señorías, señor ministro, gracias por su presencia.
De lo que vamos oyendo, creo que el sustrato de la Cámara es ése, entendemos que la violencia de género destruye vidas y socava la convivencia. Supone además una violación de la dignidad humana de tal naturaleza que limita la participación
de quienes la padecen -las mujeres fundamentalmente- en la vida social, condicionando el ejercicio de la plena ciudadanía. Por ello, mi formación política ha participado activamente y ha puesto en marcha, en el ámbito en el que tiene
responsabilidades políticas, aquellas medidas que le han parecido que podían contribuir a paliar o a erradicar ese tipo de comportamientos.
Repasando documentación que desde hace tiempo guardo sobre esta materia, encontraba un debate en el que participé yo misma, junto con un profesor de derecho penal, querido catedrático vasco, en el que él decía que las medidas legales valen
de poco, que en realidad son las costumbres las que ayudan a erradicar este tipo de comportamientos. Y citaba el célebre aforismo de vanae sunt leges sine mores. Bien. Eso es así. Evidentemente hay que ir hacia la cultura del respeto mutuo, pero
en muchas ocasiones las modificaciones normativas vienen dadas porque el sustrato social así lo va requiriendo o porque la norma legal va obligando a los cambios de mentalidad. Hay una interrelación, creo yo, entre ambas cuestiones.
Quizás a esa
modificación de las costumbres se debe que desde hace unos años el maltrato no sea una cuestión propia del reducto familiar -aquello que decíamos de las cuatro paredes-, sino que por todos es hoy considerado un delito, por tanto una conducta con
relevancia pública, y que también todos pensemos que las relaciones de afecto no tienen que suponer ni dominio ni subordinación. Por eso mi grupo se felicita de los cambios normativos y hemos participado en todas las leyes que pretenden reformas o
que son innovadoras y nos felicitamos de participar en la que hoy se va a aprobar por iniciativa de todos los grupos de la Cámara.
Cumple la iniciativa que hoy traemos lo que era propósito de la subcomisión que aprobamos el 22 de octubre de 2002 en este mismo Pleno del Congreso, cuando se decía que íbamos a formular medidas legislativas que den una respuesta integral a
la violencia de género. Con esta medida, además, recogemos lo que era iniciativa tanto del Consejo General del Poder Judicial, del Instituto de la Mujer, de la Fiscalía General del Estado, como de otras instituciones supranacionales, como la ONU,
el Consejo de Europa, instituciones de la Unión Europea y de distintos movimientos que se habían manifestado en relación con iniciativas de este estilo. Con todo, la idea -a la que hemos dado forma de proposición de ley- hoy tiene iba a decir
padre, pero no, tiene madre. Es una idea de Montserrat Gil, colaboradora del ministerio, a la que han citado otros portavoces que me han precedido. Ella tuvo, además de la idea, magnífica desde nuestro punto de vista, la decisión de colaborar y de
involucrarse con el propio ministro y con todo el equipo del ministerio que trabaja con él, que le dieron una forma legalmente aceptable. Y justa es la mención al director para la Modernización de la Administración de Justicia, Alberto Dorrego, y
también, por qué no, deben ser citadas -debemos ser citadas- todas y todos los que hemos sido integrantes de la subcomisión, que en la medida de nuestras posibilidades hemos aportado puntualizaciones y sugerencias.
Creemos que la orden de protección unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas, poniendo en marcha las acciones de naturaleza civil y penal y algo que, desde la perspectiva de una formación
nacionalista como la mía, pone en marcha las medidas administrativas y sociales sin violentar la distribución competencial o las políticas propias de cada una de las comunidades, puesto que, dado el estatuto de persona protegida y activados los
mecanismos civiles y penales, dependerá de cada comunidad autónoma, de cada corporación local, lo que tenga establecido en este ámbito para que ese tipo
de medidas sean activadas y, correspondiendo a este estatus, tenga la respuesta que corresponda, de conformidad, repito, con las políticas propias establecidas en cada uno de los casos. Se establece, además, un procedimiento que es
especialmente sencillo y accesible a todas las víctimas, de modo que tanto éstas como sus representantes o sus familiares puedan solicitarlo, sin formalismo técnicos, sin costes añadidos y sin ser expertos en derecho. Finalmente se va a crear lo
que desde nuestra perspectiva es un instrumento importante -y eso que somos muy enemigos de todo lo que diga centralización-, un registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, registro al que tendrán acceso inmediato
todas las órdenes de protección dictadas por cualquier juzgado o tribunal. Creemos que será un instrumento muy hábil para tener conocimiento en todo el territorio del Estado respecto de los procedimientos que se sigan por estas materias.
De las modificaciones que se han introducido y que se contemplan en esta proposición de ley de la orden de protección, una, importantísima, hace referencia al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que alude a las competencias de
los jueces y tribunales de lo criminal. La redacción que se le da nos parece totalmente acorde con lo que es el propósito de luego modificar el artículo 544 bis) o el establecimiento del añadido que le hacemos al nuevo 544 ter), en el que se
establece cuál va a ser el procedimiento de solicitud de esta orden de protección, siempre que existan indicios fundados de la comisión de delito o falta, porque también entran las faltas, contra la vida. Creemos que en la redacción que se le da
existe el respeto a la presunción de inocencia. No se trata de arrollar a nadie, sino que habrá una audiencia urgente a la víctima o a su representante legal, al solicitante y al agresor, eso sí, con las debidas cautelas para que no coincidan
todos.
Otro aspecto importantísimo, desde nuestra perspectiva, es que para coincidir con el ritmo de las guardias que se establecen en las distintas partes del territorio del Estado se hace cohonestar esta comparecencia con el 504 bis), con el 578,
con las modificaciones recientes que se han hecho en materia de juicios rápidos, de tal forma que sea posible que siempre antes de 72 horas exista un pronunciamiento sobre estas medidas.
La orden de protección concede un estatuto integral de
protección, que podrá hacerse valer -lo he indicado con anterioridad- ante cualquier autoridad y cualquier Administración pública. Por lo tanto, además de lo civil y de lo penal que es posible acordar existe todo el despliegue de medidas
administrativas y sociales, correspondan a quien corresponda, que se activan también con esta orden de protección dictada por los jueces de instrucción. Las medidas cautelares de carácter penal son cualesquiera de las que se permite adoptar en los
procedimientos criminales y, entre las de naturaleza civil, nos parece interesantísimo que un juez de instrucción pueda atribuir el uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comunicaciones y estancia con los
hijos, régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar a un menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Por supuesto que estas medidas son notificadas a las partes, a las dos, y además
existe un deber que desde nuestra perspectiva es importante, informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado así como el alcance y la vigencia de las medidas cautelares que se hayan adoptado. Nos gusta especialmente
que, en aquellos casos en que no hubiera orden inicial de protección pero durante la tramitación de un procedimiento penal se vea que lo en él acordado puede chocar con lo ya establecido respecto de medidas civiles en otro procedimiento, sea también
posible en un momento posterior solicitar del juez de guardia la tramitación de una orden de protección en este sentido.
Señorías, las propuestas nos satisfacen. Se dirá -quizás se pueda manifestar por determinados estamentos sociales- que se nos ve a los ponentes o a las ponentes contentas. Creemos que sí se ha hecho un buen trabajo y que este es un buen
texto, aunque no pretendemos -no somos tan optimistas- que pueda curar todos los males. Este texto busca que quien padece este problema tan grave de la violencia doméstica tenga respuesta rápida y adecuada. Mientras, siguen evolucionando las
costumbres. Antes ya lo decía, no sé si la ley incide en las costumbres o son las costumbres las que generan nuevas leyes. Desde la perspectiva de la formación política a la que pertenezco, la ley integral contra el maltrato nunca lo será con este
carácter, tal y como se ha propuesto desde alguna formación política, sino que la erradicación de la violencia vendrá dada por una ley integral de paridad o de igualdad o por una cultura de igualdad que responda evidentemente a lo que ha de ser el
respeto mutuo entre todos los ciudadanos. Mientras -y hasta que esto ocurra- damos hoy un paso que para la formación política a la que represento es importante. Mi grupo se ha apuntado no solamente a participar en la tramitación, sino también a
darle hoy, como las demás formaciones de la Cámara, nuestro voto afirmativo, a la vez que celebramos que por una vez, ya que no ocurre siempre así cuando uno sube a esta tribuna, estemos con la certeza de coincidir y de responder a lo que es una
querencia, a lo que es una demanda desde la sociedad. Insisto, no siempre ocurre así, pero en este caso tengo la plena certeza de que estamos acertando y espero que esta intuición acabe finalmente cumplida.
He anunciado ya el voto favorable del
Grupo Vasco y así será. Felicito a todos los ponentes, a toda la Cámara, igualmente al señor ministro, por haber procedido de su ministerio esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En la tarde de hoy nuestro grupo se une a la felicitación de todos por el hecho de que, con toda seguridad, hoy vayamos a aprobar por unanimidad esta proposición de ley reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica. Entendemos, y así lo esperamos, que este será un nuevo instrumento jurídico para paliar y atajar esto en lo posible y sobre todo para actuar con urgencia ante lo que es una vieja lacra en nuestra sociedad.
Las portavoces de los distintos grupos que me han precedido en el uso de la palabra han expuesto con bastante claridad, aparte de sus posiciones, lo que es el contenido en sí de la orden. Yo voy a limitarme a hacer algunas reflexiones en
torno al pasado, al presente y al futuro. En cuanto al pasado, entendemos que éste no es un problema nuevo sino que es expresión, ni más ni menos, de un desequilibrio de poder entre el hombre y la mujer en la sociedad, en el que la desventaja cae
sobre nosotras, sobre las mujeres. Y cae tanto en el ámbito social como en el ámbito económico o político, lo que ha llevado y sigue llevando a situaciones de grave discriminación. Su máxima expresión es la violencia o el maltrato, pero también la
hay en todos los ámbitos de la sociedad en general, que se expresa y se ha expresado en la célula más diminuta en que se organiza esta sociedad, que es la familia, donde se reproducen, para bien o para mal, los roles, la cultura, etcétera.
Hasta hace poco era sólo en este entorno, en el del microclima o del pequeño hábitat de la familia o del hogar, donde se suponía que debían resolverse estos problemas. Entendemos que esto, por suerte y por el esfuerzo de todos, poco a poco
empieza a formar parte del pasado, del pasado de una sociedad que quería desconocer, o incluso no quería ver, que la violencia doméstica o la violencia de género era y es algo que está presente entre nosotros, era y es un delito contra la dignidad
del ser humano, contra su integridad física y que, en última instancia, atenta contra los derechos fundamentales de una persona y de una democracia. Lo hemos debatido infinidad de veces en esta Cámara, también en el Senado, y se han producido
múltiples iniciativas. Muchas se han aprobado por unanimidad, por consenso, y muchas de ellas se circunscribían al ámbito de las declaraciones de buenas intenciones o de las proposiciones no de ley. Pero donde siempre se había manifestado un
distanciamiento era cuando se trataba de buscar y de concretar iniciativas que, en el ámbito de los cambios legislativos, fueran capaces de producir un avance, fueran capaces de producir un cambio. Y no nos olvidemos -seguro que no lo hacemos- de
que esta es la función principal de esta Cámara, legislar, propiciar modificaciones legislativas en función de que demos respuesta a las necesidades de una sociedad, de una sociedad cambiante. En cuanto al presente, todos hemos expresado que hoy se
presenta aquí el consenso logrado desde que se consiguió aquel acuerdo a través de una moción y una interpelación presentadas por la diputada Marisa Castro, del Grupo de Izquierda Unida, que suscitó que se formara una subcomisión, nombrada del 22 de
octubre de 2002, con el objeto de formular medidas legislativas que dieran una respuesta integral al problema de la violencia de género. En el seno de esa subcomisión se aprobó el acuerdo con el consenso de todos, del señor Michavila, ministro de
Justicia, cuya presencia agradezco, y del señor Zaplana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Uno de los principales aspectos, por no decir la guinda, de ese acuerdo ha conllevado que estemos hoy aquí aprobando esta iniciativa que pretende dar forma a un nuevo instrumento jurídico con el que los poderes públicos intentan dar una
respuesta global y coordinada para que cuando exista un riesgo, sea delito o falta, que sea conocido y que pueda degenerar en otro mayor que ponga en peligro la vida, como ocurre con frecuencia, de la mujer o de sus hijos, en definitiva de las
víctimas, la sociedad sea capaz de reaccionar ante ello, evitando lo que hemos llamado en otras ocasiones muertes anunciadas puesto que la mayoría de las víctimas que se producen tenían antecedentes desgraciados de haber sufrido agresiones previas.
Con esta orden de protección se propicia dar ante los problemas urgentes una respuesta rápida y sencilla -no estamos hablando de aspectos teóricos sino de algo muy concreto- que implica actuar contra el agresor y ante la víctima. Contra el agresor,
con medidas cautelares penales que impidan que este realice nuevos actos violentos, y ante la víctima, con medidas protectoras, tanto de índole civil como social, confiriendo a la misma un estatuto integral de protección y activando todos los
mecanismos que las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas o locales, tienen en marcha para combatir esta lacra.
Antes de terminar quiero decir unas palabras en relación con el futuro. Me gustaría irme de esta Cámara con la percepción de que, con el consenso que hemos logrado entre todos, hay un antes y un después en este problema. Quiero pensar que
la capacidad de esta Cámara en lograr un consenso para dar respuesta a un problema que la sociedad nos demanda significa un antes y un después en las formas de trabajar ante este problema. Esto significa que todos en esta Cámara hemos alcanzado
madurez política con respecto al tema, y desde la modesta posición de nuestro grupo insto a que el resto de acuerdos propuestos en la subcomisión creada a raíz de la interpelación que antes comenté sigan el mismo camino y tengan el mismo resultado
de esta proposición de ley que hoy presentamos. En ese sentido, y hablando del futuro, yo creo -y lo han expuesto los demás portavoces- que todos tenemos la esperanza de que esta orden, con los recursos
que se puedan implementar, sea eficaz para proteger a la víctima, para disuadir a los agresores y también para favorecer que las actuales víctimas no conocidas tengan el arrope necesario de la sociedad para que denuncien y así evitar que
puedan ser nuevas víctimas el día de mañana.
Por último, pido a la presidenta que me permita un pequeño paréntesis, puesto que esta es probablemente mi última intervención en esta Cámara, para agradecer la colaboración prestada por los distintos portavoces y diputados de la Comisión y
también de todas aquellas otras en las que he tenido la oportunidad de participar como diputada y, cómo no, manifestar en este caso concreto la satisfacción por poder realizar esta última intervención en una iniciativa como esta, no sólo por el tema
del que se trata sino también por poder estar aquí entre todos exponiéndolo con resultados, acuerdos, con consenso y expresando lo que a mi entender -lo pensaba así hace ya algo más de tres años cuando empecé mis labores como diputada en esta Cámara
y continuo pensándolo ahora- es el principal papel de los que nos dedicamos a hacer política, que es resolver los problemas de los ciudadanos y en este caso los problemas de las mujeres que son víctimas de violencia. Creo que esta labor es la
principal que tenemos que hacer todos cuando nos dedicamos a este quehacer de la política, pero más cuando nos corresponde la legitimidad y también la responsabilidad de representar a los ciudadanos en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, señora presidenta, señor ministro, para este diputado, que jueves sí jueves también últimamente debate con el ministro de Justicia y se opone con toda legitimidad a proyectos de ley en el entendimiento de
que no ayudan a promover derechos y libertades y que retroceden, desde nuestro punto de vista, en la verdadera vigencia del Estado de derecho y de los valores materiales que le dan sustento: los derechos humanos, el humanismo penal, etcétera, es
una satisfacción defender y apoyar hoy una proposición de ley firmada por los grupos pero -hay que decirlo también- que obedece a un trabajo conjunto del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y del ministerio fiscal. Es un
trabajo que humildemente creo que supone un paso adelante en la protección de las víctimas de violencia doméstica.
Esta proposición de ley tiene su origen, como dice con justicia su exposición de motivos, en una proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida aprobada por unanimidad en el Pleno de esta Cámara el pasado 22 de septiembre. Esta
proposición no de ley proponía la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso que precisamente tuviese como objetivo elaborar y proponer a la Cámara medidas legislativas que ofreciesen una respuesta
integral a la violencia de género. Es evidente que esta proposición de ley no es una respuesta integral, ya que obedece sólo a una de las facetas del problema, pero también es evidente que supone un cambio -esperemos que así sea cuando se lleve a
la práctica después de que el Gobierno dote los medios materiales y los medios humanos necesarios para ello-, y un cambio positivo, en el que en este momento es uno de los principales problemas, si no el principal, que tiene planteados nuestra
sociedad.
La articulación técnica de las medidas que se proponen en el proyecto de ley supone superar algunas de la rigideces y algunas de las dificultades que en la práctica suponían que las víctimas de violencia de género hubiesen de sufrir una
nueva violencia: la de no ver sus demandas, no ver sus pretensiones y no ver su solicitud de protección atendidas de una forma eficaz por los poderes públicos. Se flexibiliza la forma de excitar la puesta en marcha de los mecanismos judiciales y
sociales previstos en la proposición no de ley. No sólo el agredido o sus familiares pueden poner en marcha el mecanismo de la orden de protección, sino también el ministerio fiscal y organismos públicos y privados de carácter asistencial; se
flexibiliza también la forma y los lugares ante los que se puede presentar esta solicitud (no sólo ante la Fiscalía o la autoridad judicial, sino también en las comisarías, en las oficinas de atención a las víctimas); se establece una audiencia
urgente, una vistilla, en el plazo máximo de 72 horas desde la formulación de este demanda de protección en los juzgados de guardia, demanda y audiencia urgente que se pueden tramitar simultáneamente con otros trámites del proceso penal que proceda;
se prevé también de forma adecuada que la víctima y el agresor puedan declarar de forma separada para evitar nuevas situaciones de violencia que no voy a decir que con frecuencia pero que sí en ocasiones se producen en el ámbito de estos procesos, y
rápidamente se resuelve por conceder en su caso un estatuto integral de protección civil, penal y social a las víctimas de violencia doméstica. Yo creo que es un buen hallazgo, que obedece, como digo, al trabajo conjunto y consenso de los grupos
pero también a la eficaz colaboración de otros poderes del Estado.
En el Bloque Nacionalista Galego y en los demás partidos integrados en el Grupo Mixto no nos engañamos, no desconocemos -yo creo que no lo desconoce ningún grupo de la Cámara- que la violencia doméstica no va a acabar con medidas como las
que hoy vamos a proponer y como las que el jueves vamos a aprobar. Las reformas introducidas en esta proposición de ley intervienen sólo una vez producida ya la agresión, es decir, son medidas de carácter represivo en el sentido
literal de la palabra. Sigue siendo preciso acudir a las causas de esta violencia, sigue siendo preciso aludir a una tradición cultural o religiosa que tiene honda raigambre sexista, sigue siendo necesario acudir a las raíces educativas del
problema, a la marginación social, a la precariedad laboral, es decir, a estos y a tantos otros males sociales que originan con demasiada frecuencia también la violencia de género. Y esto no es sólo, como se suele decir ahora, sociologismo
trasnochado, sino que es -y así lo ha recordado también el informe de la subcomisión o de la Comisión Mixta Congreso-Senado para Derechos de la Mujer- la realidad. Sin embargo, hoy es un día de esperanza. Hay una idea que se expresa en diferentes
tradiciones religiosas y culturales, bien a través del aforismo de la Torá, el libro judío, que dice que quien salva a una persona salva al mundo o también a través del lúcido poema circular del poeta Bertol Brecht en el que alude a las dudas de un
viandante que da una limosna a un mendigo neoyorquino y dice: Con esta limosna no va a acabar la era de la explotación, pero esta persona dormirá caliente esta noche, y como ya dije que el poema es circular, dice después: Esta persona dormirá
caliente esta noche, pero con esta limosna no acabará la era de la explotación. Esta proposición de ley no va a acabar con la violencia doméstica, pero va a resolver los problemas de muchas mujeres, y ese es un paso pequeño, pero un paso adelante.
Yo creo que si el Ministerio de Justicia -el Gobierno- dota al Poder Judicial de los medios materiales y humanos necesarios para que estas medidas puedan hacerse reales y efectivas en el menor plazo posible, acabaremos con el segundo maltrato y la
segunda desatención que suponía la falta de efectividad policial y judicial y de las supuestas medidas de protección que no impiden nuevas agresiones y obligaban a la víctima a abandonar el domicilio después de la denuncia y muchas veces, en
definitiva, a no denunciar y seguir soportando situaciones incompatibles con cualquier sociedad moderna. Señorías, señor ministro, la idea del Bloque Nacionalista Galego y de los demás partidos integrados en el Grupo Mixto es apoyar, como no podía
ser de otra manera, este paso adelante, esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich. (El señor ministro de Justicia, Michavila Núñez, pide la palabra.)
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que la cortesía parlamentaria obliga al ministro de Justicia a agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y a los miembros de la subcomisión el reconocimiento del trabajo que hasta aquí se ha venido
haciendo. Mis palabras son sólo para hacer ese reconocimiento y para manifestar que si algo tan excepcional como impulsar una iniciativa por unanimidad y por lectura única ha sido posible, creo que hoy ponemos en manos de la justicia un instrumento
para tutelar mejor y hacer más justa la justicia para quien más lo necesita.
En ese sentido creo que todos podemos felicitarnos de que esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal haya sido posible desde el consenso y la unanimidad para hacer,
en definitiva, una justicia más justa.
Muchas gracias a todos, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.) (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición
Canaria y Mixto, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 288; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.)
Señorías, quedan más votaciones.
Señorías, la presidencia, oída la Junta de Portavoces, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la
proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, reguladora de la orden de protección de las víctimas de
violencia doméstica. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley de referencia.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- PROYECTO DE LEY DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000147.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del
debate de totalidad del proyecto
de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, que figura como punto número 43 del mismo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (continuación):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA REINTRODUCIR LA NO OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS DE DECLARAR POR LAS RENTAS EXENTAS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (Número de expediente 122/000279.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), PARA EXIMIR A DETERMINADOS SUJETOS PASIVOS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES RESPECTO DE LAS RENTAS EXENTAS. (Número de expediente 122/000296.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para reintroducir la no obligación de las entidades sin fines lucrativos de declarar por las
rentas exentas en el impuesto sobre sociedades, que se debatirá conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Saura, para eximir a determinados sujetos pasivos de la
declaración del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego encarecidamente que abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer. (Rumores.)
Señorías, ¿sería posible que mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo y fuera de los pasillos? (Continúan los rumores.)
Señorías, hay un diputado en la tribuna esperando para hacer uso de la palabra. (Pausa.)
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae hoy al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley importante por lo que supone la modificación que planteamos. No es una proposición de
ley extensa, pero si se consigue hoy en esta Cámara su toma en consideración, si hoy se consiguiera que esta proposición de ley saliera adelante, a pesar de ser un cambio específico de un artículo de la Ley del impuesto de sociedades, a pesar de ser
un cambio que a algunos les puede parecer anecdótico, no lo es en absoluto. Se trata de un cambio importante, trascendente, un cambio que supondría un espaldarazo y un voto de confianza para el mundo asociativo en general. Pedir el voto para esta
proposición de ley es pedir un voto de confianza para el mundo asociativo, para el conjunto de organizaciones no lucrativas.
Quiero recordarles, señorías, que actualmente hay en el Estado español más de 250.000 organizaciones no lucrativas y 11 millones de personas asociadas. En Cataluña hay más de 50.000 asociaciones actualmente. Estas cifras denotan la
realidad importante del tercer sector, que presta un servicio a la sociedad y realiza actividades de interés general. El tercer sector tiene una importancia que se mide numéricamente con la suma en ocasiones de pequeñas realidades asociativas.
Actualmente, el artículo 142 de la Ley del impuesto sobre sociedades obliga a cualquier asociación, sea cual sea su tamaño o su nivel de ingresos, sus rentas o actividad, a cualquier asociación por pequeña que esta sea, a presentar
declaración de la totalidad de sus rentas para este impuesto, tanto las rentas no exentas como las exentas. Esta es una situación injusta para las pequeñas asociaciones. Por su tamaño se podrían considerar exenta la totalidad de sus rentas y no
tendrían que realizar ningún tipo de declaración; en cambio, la nueva normativa les obliga a presentar declaración para el impuesto de sociedades. Son pequeñas asociaciones, en ocasiones deportivas -un club de petanca-, de jubilados, de padres y
madres de alumnos y alumnas, que van a tener que presentar, entre el 1 y el 25 de julio, una declaración del impuesto sobre sociedades, cuando antes no era obligatorio. ¿Por qué antes no era obligatorio? Porque antes sólo debían presentar
declaración por las rentas no exentas, y se consideraba que la totalidad de las rentas de esas asociaciones eran exentas, de modo que no presentaban declaración alguna. Ahora, en aras de una pretendida transparencia, les obligamos a presentar
declaración para el impuesto. No obstante, alguien podría decir: No se preocupe, señor Jané, no se preocupen los de Convergència i Unió, porque al final tampoco tendrán que pagar, pero van a tener que presentar la declaración, y ese mero hecho les
obliga a realizar una serie de trámites burocráticos y les proporciona un quebradero de cabeza más. En ocasiones, se trata de asociaciones muy pequeñas, a las que el mero hecho de tener que cumplimentar unos impresos les produce una sensación de
angustia y desconfianza y provoca en ellas cierta situación caótica, que les lleva a muchas de ellas a plantearse incluso su continuidad. Eso es muy negativo para el mundo asociativo, y no sólo para él: es negativo para la sociedad, porque merece
la pena que subsistan estas asociaciones, puesto que realizan actividades de interés general para la colectividad.
De ahí que mi grupo plantee hoy a la Cámara que tome en consideración el replanteamiento del artículo 142. No es el primer debate en el que mi grupo plantea esta necesaria modificación. Quiero recordar que lo hizo ya a través de una moción
el pasado mes de mayo, que no fue aprobada. Yo mismo se lo plantee, a través de una pregunta oral, al ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, el pasado 12 de febrero. Por fin, mi grupo parlamentario lo planteó formalmente, a través de las
enmiendas que presentó en el Congreso en octubre de 2002 -las enmiendas 327 y 328-, y a través de la que presentó en el Senado en noviembre de 2002, concretamente la 496. Con esas enmiendas presentadas a la Ley de acompañamiento de los presupuestos
del año 2003 mi grupo planteaba que se volviera a la situación anterior, que sólo tuvieran que declararse las rentas no exentas. Alternativamente -si no se aceptaba la primera propuesta-, planteó poner un límite: que, por lo menos, aquellas
asociaciones con un presupuesto anual inferior a los 100.000 euros no tuvieran que presentar declaración. Poner un límite; esto también sería razonable. Lo que no es razonable es que a partir de ahora, en el mes de julio, cualquier asociación
pequeña tenga que presentar declaración del impuesto con esa obligación burocrática; incluso esa obligación entendemos desde Convergència i Unió que supone una desconfianza. Les voy a poner un ejemplo. Una persona física, ¿debe presentar
declaración por el IRPF? Sí, pero si tiene determinada base imponible, si no llega a determinados ingresos, no debe presentar declaración por el IRPF. Se parte de que quien no tiene un volumen de ingresos determinado no hace falta que presente esa
declaración. Se le ahorra esa burocracia, ese papeleo. En cambio para las asociaciones vamos a utilizar una vara de medir distinta. Yo pregunto a la Cámara: ¿Desconfiamos de las asociaciones, de ese pequeño tejido asociativo que da riqueza al
país? ¿Desconfiamos de ellas? Si no desconfiamos de ellas -mi grupo no desconfía de ellas-, ¿por qué no les damos un margen de confianza? ¿Por qué no volvemos a la situación anterior? Que declaren cuando tengan rentas no exentas. Si no se
acepta este planteamiento, ¿por qué no ponemos un límite, un límite que sea razonable? Mi grupo incluso se atrevería a proponer los 100.000 euros que ya propuso en el Senado en el mes de noviembre del año 2002. Quien tenga un volumen superior a
100.000 euros que presente la declaración, pero quien esté por debajo de ese umbral que no la presente. Son alternativas y ante esa alternativa mi grupo teme que al final tengamos un no por respuesta, y será negativo porque va a suponer una
desconfianza; va a suponer colocar en la vía de la extinción, en la vía de querer que pequeñas asociaciones abandonen su labor asociativa, porque no van a tener los medios necesarios para realizar el plan contable, para realizar la documentación,
para guardarlo todo, para tener que presentar la declaración, para estar pendientes de si Hacienda les va a realizar o no una inspección. Superemos esa desconfianza. Yo invito a la Cámara a tomar en consideración esta proposición de ley, a dar un
voto afirmativo no a una propuesta en este caso de Convergència i Unió, sino a una propuesta de lo que significa el mundo asociativo, porque quizás no hemos calibrado bien lo que esta redacción del impuesto de sociedades comporta. Voy a poner un
ejemplo de que quizás no lo hemos calibrado bien.
En el Pleno de esta Cámara del pasado 12 de febrero realicé una pregunta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y le pedía volver a la situación de antes, que no tuvieran que declarar las rentas exentas. El ministro afirmaba: Como son
unas asociaciones que ahora tienen un tratamiento fiscal más ventajoso porque se les aplica la Ley de mecenazgo, justo es que les exijamos mayor transparencia. Esta afirmación del ministro Montoro partía de un claro error. El error es que la
mayoría de las asociaciones a las cuales vamos a obligar a presentar su declaración el próximo mes de julio no se acogen a la Ley de mecenazgo. A la Ley de mecenazgo únicamente se acogen aquellas asociaciones sin finalidad lucrativa que han sido
declaradas de utilidad pública, y son una inmensa minoría, son las grandes asociaciones, que ya rellenan los correspondientes impresos. Por tanto se da un contrasentido. Se está diciendo: Ya que tienen más ventajas fiscales, que declaren. No,
no, es que no tienen más ventajas fiscales, se parte de un error y debemos superarlo. Debemos realizar una apuesta en positivo a favor del mundo asociativo y eso supone darles un mensaje de confianza, darles un voto a favor y que el Congreso de los
Diputados diga claramente en esta sesión: Que presenten declaración aquellas que tienen rentas no exentas, pero no la mayoría de asociaciones pequeñas que realizan esa labor para la comunidad. Todos los diputados de esta Cámara conocen bien el
mundo asociativo. Hoy, en rueda de prensa, nuestro portavoz Xavier Trias lo comentaba; la asociación de periodistas parlamentarios a lo mejor no es consciente de que va a tener que realizar declaración del impuesto de sociedades, pero lo tendrá
que hacer, al igual que la asociación que agrupe a un club de petanca, o la asociación que agrupe a unas cuantas personas que realizan una actividad de canto no lucrativa, una actividad teatral, cultural..., pequeñas asociaciones que cada uno de los
miembros de esta Cámara conocemos bien y a las que cada uno de nosotros vamos a tener que dar respuesta cuando se nos pregunte: ¿Por qué tengo yo que declarar ahora el impuesto de sociedades como si fuera una gran empresa? Es un contrasentido, de
ahí que mi grupo plantee esta proposición de ley para volver a la situación anterior; plantea esta proposición de ley para dar un voto de confianza al mundo asociativo, plantea esta proposición de ley para reconocer que ese mundo asociativo nos
interesa, queremos potenciarlo, no le queremos poner trabas, no le queremos poner mayores dificultades burocráticas. Se nos dirá que se va a facilitar por parte de la Administración
tributaria poder cumplimentar esas obligaciones, pero es que el mero hecho de tener esa obligación comporta que para muchas asociaciones sea más fácil tirar la toalla. Yo me resisto a que tiren la toalla. Me resisto a que lo hagan, porque
sé que detrás de ese mundo asociativo hay una riqueza cultural, una riqueza de participación ciudadana; estamos creando mecanismos de mayor participación ciudadana. En todos nuestros programas electorales afirmamos que hay que fomentar la
participación ciudadana, dar mayores cauces a la sociedad civil. Existe un tejido asociativo, no le pongamos mayores cortapisas, no le pongamos mayores obligaciones burocráticas; realicemos leyes como la de mecenazgo, eso es positivo, pero no
vayamos en una dirección que a lo mejor cuando se acordó no se pensó la repercusión práctica que al final tendría. Por tanto, sin la intención de acusar a nadie, replanteémonos el punto de partida, busquemos una solución -incluso se está planteando
por parte del mundo asociativo una moratoria-, busquemos alguna salida legal que nos permita que este próximo mes de julio no sea un mes de julio caótico para las asociaciones, caótico para Hacienda y caótico para el conjunto de la sociedad civil.
Se está ya percibiendo en el mundo asociativo una sensación de desánimo y nosotros, desde Convergència i Unió y desde el conjunto de grupos de esta Cámara, esperamos que hoy podamos reconducir esta situación y dar un voto en positivo para
las asociaciones, evitando trabas burocráticas, emitiendo el mensaje de que creemos en la labor que realizan y que no les queremos poner más cortapisas. Este es el motivo de la proposición de ley que hoy plantea Convergència i Unió, en el mismo
sentido literal que ya habíamos presentado en el año 2002 con enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, enmiendas que entonces no contaron con el voto positivo de la mayoría de esta Cámara, pero mi grupo
aún tiene la esperanza de poder encontrar hoy un punto de consenso que seguro que sería bien valorado por el conjunto de la sociedad.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para eximir a determinados sujetos pasivos de la declaración del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Vers, una proposición de ley para eximir a las entidades sin ánimo de lucro del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas.
Sin que sirva de
precedente, me siento absolutamente representado esta vez por la intervención del portavoz de Convergència i Unió, señor Jané; por tanto, voy a hacer una exposición breve. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamente, ocupa la presidencia.)
El conflicto, como muy bien ha explicado el señor Jané, nace de la Ley de acompañamiento 24/2001, que modifica un artículo de la Ley de Sociedades por la cual, a partir del ejercicio 2002, ejercicio en el que hay que declarar antes del 25 de
julio de este año, las entidades sin ánimo de lucro por cualquier tipo de rentas, incluso por las rentas exentas, han de declarar el impuesto de sociedades. Evidentemente, esto no se debía hacer hasta ahora y la novedad que introduce esta
modificación es la de que cualquier tipo de asociación sin ánimo de lucro, independientemente del objetivo social que tenga, de su tamaño, de su actividad e independientemente del tipo de renta, debe declarar el impuesto de sociedades , por tanto,
adecuar su contabilidad al Plan general contable.
Como se ha dicho antes, desde el mundo asociativo, desde esas 50.000 entidades que existen en Cataluña -me imagino que también desde esas 250.000 del Estado español- se han dirigido a nosotros
tachando de barbaridad incluso esta disposición, porque si se aplica esta disposición del impuesto de sociedades la mayoría de las 50.000 ONG de Cataluña o de las 250.000 del Estado español no podrán cumplir la ley y podrán ser objeto de multas y de
sanciones. Estamos hablando de asociaciones de padres y madres, de clubes de ajedrez, de clubes de petanca, de miles de clubes deportivos pequeños, de asociaciones de vecinos, de centros de esplai, que van a verse introducidos en una complejidad
técnica que no tienen, con la que no pueden; asociaciones de vecinos con 200 vecinos o un club de petanca no están en disposición de ir a un gestor para que les hagan la contabilidad, y al mismo tiempo la mayoría de este tipo de entidades se
financian fundamentalmente con cuotas de sus socios. Por tanto, hay que modificar esta ley que se aprobó y que plantea algunas preguntas. ¿Cómo se llegó a introducir esta ley? Creo que hay cuatro posibles explicaciones: una, por un
desconocimiento absoluto del tejido asociativo, un desconocimiento de cómo funciona el tejido asociativo; la segunda -creo que se ha mencionado antes-, por una desconfianza sobre el tejido asociativo, un tejido que es absolutamente básico
socialmente, que juega un papel fundamental de cohesión social, que juega un papel cultural; en tercer lugar, posiblemente porque es cierto que el Gobierno, a partir de esta disposición, tiene en sus manos un control absoluto del movimiento
asociativo. Se va a poder penalizar o no, por tanto, está en manos del Gobierno intentar o poder aplicar discrecionalmente determinadas medidas. Y la cuarta es que no deja de ser sorprendente que desde que el Partido Popular ha llegado al Gobierno
se ha ido aflojando el impuesto de sociedades sobre los grandes beneficios de las empresas; ha habido un proceso
de aflojar el impuesto de sociedades y paralelamente, siendo muy débiles con los fuertes, a las ONG sin ánimo de lucro, gente que hace actividades de voluntariado, se les plantea un tipo de disposición que puede asfixiar su funcionamiento.
Desde ese punto de vista en Cataluña es prácticamente unánime el grito de que hay que modificar esta ley, desde el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña a la Federación catalana de fútbol; desde la Federación de asociaciones de vecinos hasta
los centros de esplai o el Colegio de gestores. Hay que modificar esta ley, volviendo a lo que era la ley anterior, es decir, que las entidades sin ánimo de lucro hayan de declarar el impuesto de sociedades cuando tengan ingresos que no sean fruto
de su objeto social. Por tanto, ningún problema ni amnistía fiscal en relación con los ingresos que no pertenezcan a su objeto social, insisto, pero no obligar a declarar a entidades sin ánimo de lucro por las cuotas de sus socios o por las
donaciones.
Como decía antes el portavoz de Convergència i Unió, hoy lo que proponemos simplemente es volver a la situación anterior, diciendo clarísimamente que si algo necesita el tejido asociativo y el movimiento asociativo es apoyo y no
dificultades. Hay centenares de miles de personas en el Estado español y en Cataluña que dedican una parte de su tiempo a trabajar por el bien de los demás (asociaciones de vecinos, sindicatos o ONG; ese tejido asociativo que hoy forma parte de la
riqueza del Estado español- y no puede ser que sea precisamente a esta gente que dedica una parte importante de su tiempo para hacer trabajos de utilidad social a quienes el Gobierno del Partido Popular, mediante una disposición absolutamente
incomprensible, intente ahogar o asfixiar. Espero y deseo que el Grupo Popular vote favorablemente o incluso, si no quiere volver a la situación anterior, se pueda negociar en ponencia o en Comisión los límites presupuestarios de las entidades para
modificar esta ley y que por lo menos las entidades que tienen un nivel de asociados y de presupuesto pequeños no se vieran asfixiados por esta disposición.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): ¿Turno en contra de las proposiciones de ley? (Pausa.)
¿Fijación de posición en relación con las proposiciones de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a votar a favor de estas dos proposiciones de ley, porque es justo y es correcto. La obligación de declarar por parte de las entidades sin fines lucrativos por las rentas exentas en el impuesto sobre sociedades es
absolutamente arbitraria y empobrece la acción social, nunca la acción de los poderes económicos y políticos fácticos, sino la acción social, el tejido asociativo que intenta organizar en las distintas vertientes de la vida social y de la vida
humana una coordinación de esfuerzos para intentar que participe la gente y para intentar hacer avanzar propuestas que sean interesantes para el conjunto de la sociedad. Tampoco tenemos mucha confianza en que esto sirva luego para solucionar
algunos de los problemas, pero pensamos que es elemental que desaparezca la situación que hay en este momento concreto y se vuelva a la situación anterior. Por tanto, vamos a votar favorablemente las dos proposiciones de ley.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición en nombre del Grupo Socialista respecto a la proposición de ley para reintroducir la no obligación de las entidades sin fines lucrativos de declarar por las rentas exentas en el impuesto
sobre sociedades, proposición presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y en los mismos términos otra proposición presentada por el señor Saura, del Grupo Mixto.
Les adelanto, señorías, que el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de la toma en consideración de ambas iniciativas puesto que sus objetivos coinciden plenamente con una iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición no de ley que mi grupo presentó exactamente en el mismo sentido
y aproximadamente en las mismas fechas.
Señorías, una vez más el Grupo Popular, con su obsesión por modificar toda la legislación anterior a su llegada al Gobierno del Estado, añade mayor complejidad y mayor confusión al panorama legislativo y normativo, en este caso afectando de
forma muy seria y preocupante al tejido asociativo, al conjunto de entidades sin fines lucrativos que constituyen formas de organización a través de las cuales la sociedad civil participa en actividades de interés general. Ya va siendo demasiado
frecuente que la hiperactividad del Grupo Popular en modificaciones legislativas conduzca inexorablemente a la confusión y a una cierta maraña legislativa, fruto de la estrategia generalizada del parcheo, de ir legislando evidentemente de forma
precipitada y mal, como se ha hecho en este caso, a medida que los problemas se hacen insoslayables. Como digo legislar deprisa y mal es lo que se ha hecho al precipitar mediante la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que
acompañaba a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002, una modificación del artículo 142 del impuesto sobre sociedades, modificación que obliga a todas las entidades, como se ha dicho aquí, sin fines lucrativos a presentar la declaración por el impuesto
sobre sociedades por la totalidad de sus rentas, tanto rentas exentas como no exentas. Esta obligación regía con anterioridad solamente para las no exentas.
¿Cuál es la situación al día de hoy? Al día de hoy miles de asociaciones, la mayoría pequeñas y medianas, muchas de ellas que no son ni fundaciones ni disponen de la declaración de utilidad pública, deben presentar antes del próximo 25 de
julio la declaración del impuesto sobre sociedades por los ingresos y gastos del año 2002, como cualquier sociedad mercantil, aunque después no tengan que pagar nada por el impuesto, porque sus rentas estén exentas. Si no lo hacen en tiempo y forma
se enfrentan a sanciones que pueden oscilar entre los 6 y los 900 euros. Además, realizar esta declaración implica para estas asociaciones adecuar su contabilidad al plan general contable, como hacen las empresas, ya que en su momento los
responsables gubernamentales no pensaron ni siquiera en la posibilidad de establecer un procedimiento y una documentación abreviada, que en este caso hubiera sido lo mínimo esperado ante esta modificación.
Esta imposición a todas las entidades sin
ánimo de lucro supone un grave menoscabo para el asociacionismo, sobre todo para las asociaciones más pequeñas, ya que comporta un importante aumento de las obligaciones y consecuentemente de los gastos administrativos, contables y documentales.
¿De qué tipo de asociaciones estamos hablando? Ya se ha dicho aquí, sólo por citar algunos ejemplos, puesto que la relación exhaustiva sería interminable, que estamos hablando de asociaciones de vecinos, de asociaciones de padres y madres,
posiblemente del coro de nuestro barrio o ciudad, de todo tipo de asociaciones culturales y de asociaciones de jubilados, del club de petanca, del ateneo cultural, de una agrupación de danza, de un grupo de teatro amateur, etcétera, entidades todas
ellas que contribuyen a la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, de acuerdo con los valores constitucionales establecidos, concretamente en el artículo 9 de la Constitución, en el que se emplaza a los
poderes públicos a remover los obstáculos que puedan impedir o dificultar dicha participación. Vaya forma de remover estos obstáculos con este tipo de modificaciones legales. Se trataría, pues, facilitando la existencia y el buen funcionamiento de
estas asociaciones, de contribuir al cumplimiento de los objetivos constitucionales de convivencia plural, democrática y participativa, propios del Estado social y democrático de derecho. No estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos
hablando de un tema que tiene una gran carga de profundidad.
Señorías, en estos momentos las principales disfunciones y dificultades que han generado la norma impulsada por el Gobierno del Partido Popular se podrían concretar básicamente en cuatro puntos. En primer lugar, que la inmensa
diversificación y complejidad de los aspectos reguladores en cuanto a la contabilidad y fiscalidad es desconocida por el mundo asociativo. Los cambios, la diversidad, la complejidad de las leyes y normas que afectan a las entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro ha comportado incluso la imposibilidad real para gran parte de estas asociaciones de conocer cómo les afectan las normas. En segundo lugar, normas diversas, complejas y que han cambiado en poco tiempo afectan de forma diferente a
entidades de índole diversa: fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública y el resto. Entre ellas existe una clara situación de agravio en función de su personalidad jurídica. En tercer lugar, las dificultades administrativas para
cumplir con las normas establecidas se han multiplicado en relación con la situación anterior, que tenía un marco legal más favorable y más simplificado que el actual.
La obligación de adaptar la contabilidad de las asociaciones al Plan general
contable y/o al Código de Comercio conlleva un tipo de trabajos administrativos y de gestión que la mayoría de asociaciones no pueden asumir. Para muchas, esto significa un aumento insoportable de los costes en las tareas administrativas y de
gestión, un aumento tan insoportable que incluso puede poner en peligro la viabilidad de sus proyectos.
En cuarto y último lugar, en estos momentos los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, están siendo precisamente los depositarios de las preocupaciones del tejido asociativo. Podemos suponer que tanto el Grupo
Popular como el Gobierno se habrán enterado de que muchos ayuntamientos han aprobado mociones pidiendo el retorno a la situación anterior, precisamente lo mismo que solicitamos con estas iniciativas hoy, y que mientras tanto están intentando dar
ayuda, soporte, asesoramiento, formación e información, en la medida de sus posibilidades, que ya son bastante limitadas, a las asociaciones para que puedan hacer frente a la nueva situación. Los ayuntamientos están preocupados por el tema porque
realmente tiene mucha más importancia de la que el Gobierno hasta el momento parece haberle otorgado.
En conclusión, señorías, los cambios normativos relativos a la contabilidad y fiscalidad han modificado de forma muy injusta el tratamiento que hasta el momento tenían las asociaciones sin ánimo de lucro. El nuevo marco normativo impulsado
desde el Gobierno del Partido Popular ha producido un agravio comparativo importantísimo entre las entidades sin ánimo de lucro, según sea su personalidad jurídica, provocando situaciones injustas en lo referente a modificaciones fiscales. Estas
modificaciones, además, han sido decididas al margen de los agentes implicados, de espaldas al sector, un sector esencialmente de carácter voluntario, y se ha hecho por razones ajenas a la realidad del asociacionismo en nuestro país, especialmente
al conjunto
de pequeñas asociaciones que conforman la gran mayoría de entidades ciudadanas. Aunque es posible -y quiero que se me entienda bien al decir esto- que el desarrollo de la realidad económica en los últimos tiempos haya propiciado que detrás
de la personalidad jurídica de algunas asociaciones se oculten actividades y situaciones que requerirían instrumentos específicos de regulación -el señor Jané ha citado aquí unos posibles límites presupuestarios-, aunque es posible, no parece lo más
adecuado hacer frente a estas posibles distorsiones, incluso perversiones del sistema, poniendo en cuestión, limitando, restringiendo, menospreciando incluso los objetivos y el carácter de interés general de las actividades de tantas y tantas
asociaciones sin ánimo de lucro que tanto aportan a la convivencia ciudadana.
Mientras se inicia esta reflexión, que no la negamos de ninguna manera desde el Grupo Socialista, creemos que es absolutamente necesario volver a la situación anterior, en la que las asociaciones sin ánimo de lucro estarían exentas del
impuesto de sociedades en lo referente a los rendimientos obtenidos a partir del desarrollo de su objeto social o finalidades específicas.
Por todo ello, y sin ninguna duda, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración de ambas proposiciones de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Palma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde el turno para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con las proposiciones de ley presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), en concreto la referente a introducir la no obligación
de las entidades sin fines lucrativos de declarar por las rentas exentas en el impuesto sobre sociedades, y para contestar también al Grupo Parlamentario Mixto, y concretamente al señor Saura, respecto a su proposición de ley para eximir a
determinados sujetos pasivos de la declaración del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas. A mí, gramaticalmente, me gusta más el encabezamiento de la propuesta del señor Saura que la presentada por el Grupo Catalán, pero esto es una
anécdota, puesto que en el fondo ambas proposiciones de ley son idénticas.Efectivamente, y compartiendo en parte lo expuesto aquí por los distintos portavoces, hay que decir que las asociaciones, las fundaciones y las organizaciones no
gubernamentales que han proliferado -SS.SS. lo conocen- en la última década de una forma importante forman una parte muy activa y trascendente en nuestra sociedad, puesto que participan en actividades de interés general y lógicamente sin ánimo de
lucro. Son conocidas como el llamado tercer sector, al cual el Gobierno ha prestado y sigue prestando ayuda en distintas disposiciones y normativas que citaré más adelante.
El origen de estas dos proposiciones se debe a que los tiempos son apremiantes y el impuesto sobre sociedades está a poco más de un mes vista para su declaración. Por ello se acude a algunos portavoces con la disposición de tildar al Grupo
Popular, o al Gobierno en este caso, de que intenta asfixiar económicamente y de hundir, hablando vulgarmente, a los grupos asociativos de pequeña entidad. Hay que tener en cuenta que dentro de este entramado de fundaciones, asociaciones y
entidades sin fin lucrativo hay muchas, y ya se ha dicho aquí que el volumen aproximado en todo el territorio nacional es de 250.000. El origen está en ese apartado 3 del artículo 142 de la Ley 49/1995, del Impuesto sobre Sociedades, que en su
texto original decía que las sociedades sin ánimo de lucro no tenían que presentar declaración del impuesto sobre sociedades, salvo que las rentas obtenidas estuviesen sujetas, en cuyo caso tendrían tratamiento especialmente privilegiado puesto que
se compensaban si eran exclusivamente rentas procedentes de retenciones.
Trataré de analizar los puntos y el debate celebrado especialmente por la aprobación en esta Cámara de la ley de acompañamiento, la Ley 24/2001, que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y que efectivamente al modificar el apartado 3 del
citado artículo 142 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades obligaba a las sociedades, en este caso sin ánimo de lucro, tanto por rentas sujetas o rentas exentas, a presentar la declaración del impuesto sobre sociedades. Eso fue aprobado y entró en
vigor el 1 de enero de 2002.
Es cierto que ha habido preguntas al señor ministro por parte del señor Jané, portavoz hoy de esta proposición, y que se han presentado también enmiendas para volver atrás y aplicar el artículo 142.3 de la ley inicial, donde se eximía de la
obligación de la declaración del impuesto a este tipo de sociedades. Sin embargo, la realidad es que estamos en junio de 2003 y ha habido un año y medio para irse adecuando y preparando a lo que, como decía antes, se avecina para el día 25 del
próximo mes de julio. Entendiendo en parte, como he dicho anteriormente, todo el contenido administrativo, contable y fiscal que va a soportar este tipo de sociedades, no cabe la menor duda que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria
harán todo lo posible para que no haya traumas ni sanciones por este tipo de omisiones -si es que las hay- en la presentación del impuesto sobre sociedades para este tipo de sociedades.
Efectivamente, en nuestro ordenamiento se dan tres modelos de exenciones subjetivas. En ellas están las entidades totalmente exentas, artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Están las entidades que se
han incorporado con motivo de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de mecenazgo, y que como SS.SS. saben favorecen e incentivan fiscalmente a este tipo de entidades que no tienen fines lucrativos, actúan sin ánimo de lucro, y que gozan de
beneficios fiscales.
El fundamento para poder corregir estas disfunciones que se estaban produciendo en algunas fundaciones y asociaciones, cuyo objeto social no era económico, no tenía un fin lucrativo, dio lugar a que se introdujese esta modificación en la ley
de acompañamiento citada que, repito, está en vigor desde el 1 de enero del año 2002. Lógicamente, a la Administración, en este caso a la Agencia Tributaria, le corresponde el deber de controlar y de fiscalizar no sólo la transparencia sino las
obligaciones de este tipo de entidades. También hay que recordar que en su día, cuando entra en vigor el impuesto de sociedades, el tipo impositivo, el tipo de gravamen de estas sociedades era el 25 por ciento, lo que, efectivamente, coincidía con
las retenciones que se aplicaban a las rentas de capital, a las rentas inmobiliarias, a las retenciones a profesionales y a las plusvalías, hoy día conocidas como ganancias y pérdidas patrimoniales.
Sin embargo, SS.SS saben que ha habido una
disfunción en cuanto que hoy día se tributa al 15 por ciento por este tipo de retenciones que he citado en último lugar, que el tipo de gravamen de estas sociedades es el 25 por ciento y que por eso se aconseja la obligatoriedad de la declaración.
En resumen, se ha buscado la transparencia y el control fiscal como objetivo para facilitar estas declaraciones. Como experto y asesor fiscal que soy, reconozco la burocracia que llevan aparejadas estas declaraciones del impuesto de
sociedades para estas pequeñas asociaciones y fundaciones en este caso, pero existe un sistema simplificado de declaración del impuesto sobre la renta que, sinceramente, considero que está al alcance de cualquier persona con unos mínimos
conocimientos contables; independientemente de que también existe la renta ordinaria, el régimen ordinario de declaración de renta, y SS.SS. verán, ahora que estamos en plena campaña de declaración de la renta, que esas declaraciones ordinarias
tienen más de 15 páginas, pero una declaración simplificada del impuesto de sociedades tiene bastante menos complejidad que una renta ordinaria, como se conoce vulgarmente.
Permítame decirle que a este modelo de declaración simplificada, al cual se puede acoger todo este tipo de sociedades, especialmente las pequeñas lógicamente, pueden llegar a acogerse no sólo estas pequeñas sociedades sino otras que no
lleguen a un volumen de 6.010.120 euros, en pesetas, para que nos entendamos, 1.000 millones de pesetas; repito, éstas pueden acogerse a este régimen simplificado. Por otro lado, también se les exige que no tengan ningún rendimiento o renta
acogidos a transparencia fiscal internacional, que las excluiría de este régimen simplificado. Tampoco pueden entrar aquellas que tuviesen una contabilidad sujeta al Banco de España o que estuvieran acogidas a un plan de entidades aseguradoras ni
aquellas que estuviesen participadas por otras sociedades, es decir las dependientes en una unión o en una agrupación de sociedades. La práctica totalidad, no le puedo cuantificar el número exacto, de las entidades sin ánimo de lucro cumplen estas
condiciones y podrán perfectamente acogerse al sistema simplificado de declaración del impuesto de sociedades.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo perfectamente las inquietudes creadas en estas pequeñas asociaciones, votará en contra de las proposiciones presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por
el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, por los fundamentos antes indicados.
Quiero manifestar que el Ministerio de Hacienda está estudiando en estos momentos la fórmula para que se compatibilice la mejora del tratamiento fiscal de las pequeñas asociaciones y se produzca la correcta aplicación de estos regímenes
especiales mediante el control necesario, llevado a cabo por la Agencia Estatal Tributaria.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Blancas (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para reintroducir la no obligación de las entidades sin fines lucrativos de
declarar por las rentas exentas en el impuesto sobre sociedades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 131; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, para eximir a determinados sujetos pasivos de la declaración del impuesto de sociedades respecto de las rentas exentas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 129; en contra, 158; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA SOSTENIBLE. (Número de expediente 162/000756.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agricultura ecológica sostenible.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán. (Rumores.)
Señorías, ruego que abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible. (Pausa.)
Adelante, señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señora presidenta, señorías, la proposición no de ley que hoy somete a consideración el Grupo Parlamentario Popular tiene que ver con el interés de nuestro grupo por impulsar de forma decidida la agricultura y la
ganadería ecológica en España.
En los últimos años la agricultura ecológica en nuestro país ha sufrido un enorme desarrollo. Basta con conocer las cifras. Hace diez años había solamente 4.000 hectáreas las dedicadas a las producciones ecológicas y hoy en día son más de
665.000 hectáreas dedicadas a producciones ecológicas. Lo mismo se puede decir del número de agricultores y ganaderos que hace diez años se dedicaban a las producciones ecológicas, apenas 400 agricultores y ganaderos trabajaban en el sentido
literal de la palabra en esta actividad y hoy en día hay más de 18.000 agricultores; incrementos muy importantes. Estamos hablando de una producción y de un valor económico comercializado de casi 173 millones de euros. Todo se realiza en todas
las comunidades autónomas, por lo tanto, todas las comunidades autónomas tienen producción ecológica y todas participan del interés por su desarrollo. Con estas cifras se puede decir que la agricultura y la ganadería ecológica son un importante
sector agrario tanto desde el punto de vista económico, como he dicho, como también desde el punto de vista laboral, y el año 2002 ha sido un año especialmente significativo. La agricultura y alimentos ecológicos mayoritariamente tienen unos
indicadores por encima del 30 por ciento y todo ello, insisto, en sólo un año. Sólo el pasado año la superficie ecológica aumentó un 37 por ciento, el número de ganaderos incorporados a la actividad ecológica se incrementó en un 34 por ciento, el
valor económico de la producción comercializada ecológica aumentó en un 30 por ciento; es decir que este sector está creciendo, se está desarrollando y, con estas características, España ha pasado a ocupar el octavo lugar del mundo en producciones
ecológicas. Por lo tanto, desde el Grupo Popular somos conscientes de la importancia del sector y de las oportunidades que ofrece tanto para productores como para elaboradores y comercializadores e incluso para los propios consumidores y no
solamente españoles sino también europeos. Este interés del Grupo Parlamentario Popular tiene también su correspondencia en el interés del Gobierno por este tema. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Hace pocos días el ministro de Agricultura presentaba un plan estratégico de la agricultura ecológica, que ha sido concluido después de la realización de otro plan que se refería al estudio de mercado de los productos de la agricultura
ecológica en España. Con este plan estratégico el Ministerio de Agricultura ha abierto un debate general sobre los objetivos y acciones a llevar a cabo por el propio sector con el apoyo de las administraciones públicas competentes y gestionado por
las administraciones públicas competentes. Remarco lo de competentes porque en ningún caso con esta proposición no de ley, y para evitar suspicacias de algunos grupos parlamentarios, pretendemos asumir o colaborar en laminar competencias que no le
correspondan al Ministerio de Agricultura, sino en manifestar una posición y una opinión del Congreso de los Diputados, que se plasma en la parte dispositiva de la proposición no de ley. Además, respecto al debate general abierto por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre este plan estratégico, quisiera decir que están concurriendo y concurrirán tanto productores como elaboradores, comercializadores, distribuidores, consumidores e incluso han sorprendido también las
aportaciones de algún restaurador, es decir que está participando todo el sector interesado en la alimentación ecológica y, aparentemente, esta participación se está dando desde todas las comunidades autónomas.
La proposición no de ley que hoy sometemos a la consideración de la Cámara pretende, entre otras cuestiones, que también el Congreso de los Diputados concurra a este debate general con una opinión autorizada, con unas demandas lógicas, y me
atrevería a pedir que debiera manifestarse también mediante un apoyo mayoritario. Este objetivo claro y concreto que pretende la proposición no de ley se plasma en el primer punto que les leo textualmente: Impulsar de forma decidida el desarrollo
del sector en el marco del plan de acción europeo para la agricultura ecológica.
Respecto a esta última cuestión, quisiera señalar que, en estos momentos, el plan de acción europeo se encuentra en proceso de elaboración y contará con un documento
definitivo, probablemente, a finales del año 2003. Con este plan de acción europeo se posibilitarán vías de financiación de programas nacionales con cargo al presupuesto comunitario y también con cargo al Reglamento 1.257, sobre ayudas al
desarrollo
rural. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad única de obtener fondos comunitarios para la agricultura ecológica española.
Como también saben SS.SS, de forma paralela, y sobre todo esta en esta semana, se está debatiendo y se va a llegar a acuerdos en la reforma de la política agraria comunitaria. Previsiblemente, el borrador de reforma intermedia de la PAC va
a destinar más fondos al desarrollo rural, y considero que España debe aprovecharse de ellos e incluir la agricultura ecológica en estos programas de desarrollo rural. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que esta agricultura es un
elemento central de la futura política agraria comunitaria, ya que forma parte del modelo de agricultura europea que se plasmó en la Agenda 2000, que caracterizaba a la agricultura europea como una agricultura multifuncional y complementaria de
otras agriculturas, que debieran contribuir de forma positiva al desarrollo rural. En este desarrollo rural se están utilizando medidas y medios económicos hasta ahora no utilizadas o que habían sido preconizadas desde esta política agraria.
Igualmente, consideramos que la agricultura ecológica es una importante herramienta, con potencial para contribuir a resolver, todo ello simultáneamente, un amplio espectro de problemas relacionados tanto con la producción de alimentos, el medio
ambiente, el bienestar animal y, como les decía anteriormente, con el desarrollo rural. Todo ello le hace ser una producción altamente interesante.
A nuestro juicio, la agricultura y la alimentación ecológica se están convirtiendo en la mayor oportunidad para los productores ecológicos, no solamente de España, sino también de Europa, debido a la creciente y exponencial demanda de los
consumidores españoles y europeos. De las bondades de este tipo de agricultura, hay que destacar su beneficio para el medio ambiente, por razones obvias, pero, además, se convierte en un elemento central en programas ambientales que en estos
momentos están en marcha, como puede ser el de Natura 2000, el de biodiversidad o en otros que se encuentran en estos momentos en debate e incluso aprobados. Yo me imagino que todos coincidiremos con estas ideas. Estos planteamientos y reflexiones
son ampliamente compartidos por todos los grupos de la Cámara y, por lo tanto, hay que impulsar la agricultura ecológica. Si realmente coincidimos todos, como creo, deberíamos impulsar la elaboración de programas conjuntos que desarrollen la
agricultura ecológica, ya que es la única forma de acceder a la financiación europea y de desarrollar de manera armónica el sector. Si en la elaboración de estos programas participan productores, elaboradores y comunidades autónomas, como
aparentemente lo están haciendo, estaremos en condiciones de presentar un frente común.
Las iniciativas incluidas en la proposición no de ley, relativas a investigación, formación, comercialización y consumo, individualmente son imposibles de realizar, pero en su conjunto son factibles, siempre que se realicen en función de
programas comunes y, si llegan a buen término, pueden situar a España en un lugar muy privilegiado, tanto de la producción como del comercio mundial de alimentos ecológicos. De ahí que el punto número 2 de la proposición no de ley se refiera a
elaborar programas y medidas que recojan elementos fundamentales para el desarrollo armónico del sector, de la producción, elaboración y comercialización, recogiendo iniciativas a la formación, investigación y promoción. Creo que no debe producirse
rechazo a este segundo punto, que pretende algo tan simple como tener posibilidades de hacer programas conjuntos, la promoción exterior -algo que al sector de la agricultura ecológica se le escapa muchas veces- o, simplemente, la investigación,
acceder a fondos comunitarios, acceder a proyectos de investigación conjuntos o ampliar la confianza de los consumidores y la comprensión y reconocimiento de estos productos ecológicos. Considero, tal y como dice la proposición no de ley, que se
debe hacer en torno a este tipo de programas y teniendo en cuenta las recomendaciones del apartado 3.
Para concluir -veo que se me acaba el tiempo- me referiré a la enmienda presentada por el PSOE. La enmienda propone una adición al punto 4, con medidas más concretas y específicas, en total diez medidas. Interpreto que al ser una enmienda
de adición pretende ser un complemento a los tres primeros puntos. Por ello les pediría que, teniendo en cuenta esos tres primero puntos, aprobasen esta proposición no de ley. No podemos admitir dicha enmienda al entender que introduce cuestiones
en la proposición no de ley que serían difícilmente asumibles por algunas comunidades autónomas, igualmente serían difícilmente asumibles para algún grupo parlamentario de la Cámara y, por lo tanto, condiciona el sentir general de la proposición no
de ley. Si están de acuerdo en estos tres primeros puntos, pediría al Partido Socialista que votara a favor de la proposición no de ley que, en términos generales, recoge todo lo que plantea la enmienda pero de una manera más general, porque esta
proposición no de ley recoge, en definitiva, el sentir mayoritario de todos los productores, comercializadores y elaboradores, que son los que nos lo han pedido. Por ello, le pediría al Grupo Socialista que considere esta posibilidad y que vote a
favor. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pérez Lapazarán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que reúne diez medidas concretas. Señor
portavoz del Grupo Popular, no hemos presentado la enmienda con otro argumento que no sea dar algún contenido a esta proposición no de ley que hoy debatimos aquí. No estamos aquí para hacer brindis al sol, para hacer declaraciones genéricas
que ahora veré si se contradicen con la realidad del Gobierno del Partido Popular o son coherentes con la realidad del Gobierno del Partido Popular; para eso no hemos venido aquí, señoría. Son diez cuestiones concretas para dar, repito, algún
contenido, algún sentido, a una proposición no de ley que -perdón, señoría- no dice absolutamente nada.
¿En España ha crecido la agricultura ecológica? ¿Ha crecido espectacularmente con respecto al punto del que venimos? Sí. ¿Dónde ha crecido? Señoría, en las comunidades autónomas donde hay gobiernos socialistas. (Rumores.) ¿No lo sabían?
Conviene dar datos y tenerlo en cuenta. Señoría, años 2000-2002. En España ha crecido la superficie agraria útil dedicada a agricultura ecológica, declarada como tal, de 380.000 hectáreas a 665.000. Le voy a dar algunos ejemplos. En Andalucía,
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura el 75 por ciento del total de hectáreas hoy se dedican a la agricultura ecológica. En Andalucía, por ejemplo, la agricultura ecológica ha crecido y ha pasado de 70.000 hectáreas a 226.000; en Aragón, de
26.000 a 66.000 hectáreas; en Castilla-La Mancha, de 12.000 a 40.000 hectáreas, por no decir las verdades a medias o dejarlas a la mitad. ¿Sabe usted lo que ha pasado, por ejemplo, en Castilla y León, que es la comunidad autónoma que tiene más
superficie agraria útil de España? Tiene 6 millones frente a un total de 26 millones, es decir, la prueba de fuego, la prueba del algodón, para ver si efectivamente el Partido Popular tiene algo que ver con la agricultura ecológica y con el
crecimiento de la agricultura ecológica.
El Partido Popular sube a esta tribuna a hablar de esta cuestión y dice, además, que se alegra de que haya crecido la agricultura ecológica en España. Castilla y León tenía 36.000 hectáreas dedicadas a
agricultura ecológica en el año 2000. El propio ministerio nos acaba de decir que en el año 2002 tenía 12.000. Esta es la gran estima del Partido Popular por la agricultura ecológica. Por tanto, señorías, vamos a ser serios.
Segunda pregunta. Usted ha dicho que estamos en el lugar número 8 del mundo. Vamos a decir las cosas como son. En mayo de 2001 se aprobó la declaración de Copenhague. Prácticamente todos los países europeos la aprobaron y firmaron. Uno
de los objetivos era llegar a un porcentaje mínimo de agricultura ecológica en la Unión Europea, pues España es de los pocos países que no la ha firmado. Es más, en agricultura ecológica nosotros tenemos justo la mitad en porcentaje que la media
europea; justo la mitad. Por tanto, que el Partido Popular, que el Gobierno del Partido Popular alardee de haber hecho los deberes me parece excesivo.
Otra cuestión. Ustedes han presentado una iniciativa que en detalle dice algunas cosas interesantes, entre comillas. Dice que el Gobierno impulse la agricultura ecológica y que lo haga en el marco del plan de acción europeo para la
alimentación y la agricultura ecológicas. Eso es lo que tendría que haber hecho y no ha hecho. ¿Sabe usted que cuando el Gobierno pone en marcha un plan estratégico para hacer los deberes, lo que es obligatorio en la Unión Europea, Andalucía y
Castilla-La Mancha ya tienen su plan estratégico aprobado? Y ahora viene el Gobierno y dice que va a iniciar un proceso de consultas con las comunidades autónomas, con los productores, etcétera. Hombre, un poco de seriedad.
Su iniciativa también habla de elaborar programas y medidas. Es decir, que le dicen al Gobierno que haga algo. Asimismo, en la iniciativa se dice al Gobierno que tenga en cuenta la información de lo que hay en el mundo sobre producción
ecológica, lo que opinan los consumidores, etcétera.
Claro, faltaría más.
Es decir, que ustedes hacen una propuesta, uno, inútil; dos, vacía, y tres, retórica. Para que estas cosas no queden así, el Grupo Socialista ha presentado diez propuestas. ¿Para qué? Muy sencillo, para que puedan subsanarse los
problemas más elementales que tienen la agricultura y la ganadería ecológicas en España porque no me digan que hacen el plan estratégico para obtener fondos europeos. ¿Cuáles son estos problemas?
Uno, financiación adicional. Que el Gobierno le diga a una comunidad autónoma que con los recursos que tiene para medidas agroambientales hasta el año 2006 financie si quiere agricultura ecológica... Para ese viaje, señoría, no hacían
falta alforjas. Debe ser, como en Alemania, financiación adicional, porque lo otro ya lo deciden las comunidades autónomas por su cuenta.
Dos, no tenemos semillas ecológicas. La moratoria de las semillas convencionales termina el 1 de enero del 2004 y el Gobierno de España no se ha enterado, hasta el punto de que en su plan estratégico en vez de decir semillas ecológicas dice
semillas autóctonas. No es lo mismo, señoría. Las semillas ecológicas las tendrán que comprar los productores ecológicos porque el Gobierno de España se ha dormido.
Tres, piensos ecológicos. Indudablemente, aunque el Gobierno español ha alardeado de ir por delante en transgénicos, no vamos a hacer agricultura ecológica con transgénicos; espero. Los pocos ganaderos que se dedican a esto en España
-desgraciadamente pocos- tienen que importar piensos ecológicos porque en España no tenemos producción.
Cuatro (es una cosa muy sencilla, son 10 problemas elementales, de catálogo que tienen los agricultores y ganaderos ecológicos, de lo otro ya discutiremos en su día, porque desde luego no será sobre este plan estratégico sobre el que
construyamos algo sólido), para la agricultura ecológica hacen falta productos fitosanitarios orgánicos y no los tenemos. Por ejemplo, a partir
del año 2005 hay que sustituir el sulfato de cobre por un componente orgánico. No lo tenemos; hay que desarrollarlo. Se trata de cosas tan elementales como esta. ¿Sabe usted que si alguien quiere dedicarse a la ganadería ecológica tiene
un problema muy grave, porque no puede sacrificar en un matadero que reúna condiciones para la ganadería ecológica? Mataderos ecológicos; un plan del Gobierno para todo el Estado. Cosas tan elementales -insisto- como estas.
Otro asunto es el problema de coexistencia de semillas. El Gobierno de España, el pasado 27 de mayo estuvo a la cabeza del mundo a la hora de promover que terminara la moratoria sobre transgénicos en la Unión Europea, cuando tenemos un
problema de cruzamiento de semillas entre semillas de carácter ecológico, semillas convencionales y transgénicos. Y el Gobierno español planteó en el último Consejo de Agricultura, el del pasado mes de mayo, por mandato de los Estados Unidos de
América -que eso es lo más vergonzoso de todo-, que se acabase la moratoria, mientras que en España tenemos problemas de cruzamiento. ¿Cómo va a apostar un agricultor ecológico por hacer un esfuerzo económico, un esfuerzo grande, para tener una
producción ecológica, si alguien al lado introduce una semilla transgénica y se produce un cruce, como se ha demostrado? ¿De qué hablan ustedes cuando dicen que quieren potenciar la agricultura ecológica en España? Ahí tienen una propuesta bien
concreta.
Incentivos propios para la transformación industrial ecológica, y no que tengan que acudir a la misma ventanilla que el resto de los industriales.
Entonces, no incentivamos la elaboración de productos, y no rompamos el gran círculo vicioso
de la agricultura ecológica de España, que es el de focalizar la producción para exportar, y no para el consumo interno. Así es muy difícil. O etiquetado y claridad para los consumidores. O apostar por la comercialización en la producción. O
presupuesto específico para I+D, en materia ecológica en concreto, y en formación. Seamos serios, sin ser demasiado ambiciosos. No es serio que el Gobierno, que ha abandonado la agricultura ecológica hasta en las cuestiones más elementales, venga
aquí a decir que apuesta por la agricultura ecológica. No solamente no han hecho los deberes en estas materias tan elementales, sino que es peor aún: ustedes no han presentado todavía el plan estratégico de acción europeo, que ya han aprobado
prácticamente todos los países. Tendrían que venir aquí a decirles: señores del Gobierno, han perdido ustedes todos los plazos, pónganse a trabajar después de haber perdido tres años; si no, pregúntenselo a Austria, a Finlandia, a Suecia, a
Alemania, al Reino Unido, a Italia, a Portugal, etcétera. No han hecho los deberes más elementales.
Termino, señorías. Me dice usted: no podemos admitir la enmienda que han presentado, porque alguna comunidad autónoma se puede quejar. Nosotros somos los que hemos tenido cautela, y, a todo esto que le he leído, hemos dicho: en
coordinación con las comunidades autónomas. Ya sabemos quién tiene la competencia exclusiva. Un plan de I+D en semillas ecológicas, por supuesto que lo tiene que promover el Estado; pero tiene que hacerlo en coordinación con las comunidades
autónomas. Si la que no es respetuosa con las comunidades autónomas es su propuesta, señoría, que ni las cita; siendo su competencia exclusiva, ni las cita. El Grupo Parlamentario Socialista ha tenido la precaución y el sentido de un Estado
autonómico, que tiene las competencias distribuidas como las tiene, de hablar de planes y programas en coordinación con las comunidades autónomas. ¿Qué comunidad autónoma? ¿Acaso Andalucía, que ya tiene aprobado su plan estratégico? Les pasa
igual que con la ley del vino: Cataluña ya tiene aprobada su ley del vino -o Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas-, y ustedes quieren hacer ahora una ley del vino que le obligaría a cambiarla; igual pasa en esto. Como van siempre por
detrás, les ocurren estas cosas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuadrado, le ruego que concluya.
El señor CUADRADO BAUSELA: Sí, señora presidenta.
Termino diciendo que no hay ningún problema en aprobar cosas tan sencillas como las que he dicho sobre necesidades de la agricultura y de la ganadería ecológicas en España; no hay ningún problema sobre las semillas o su cruzamiento,
ninguno; ¿qué problema puede haber? Ninguno, absolutamente ninguno. Para lo que sí hay un problema, señoría, es para aprobar la propuesta que ustedes hacen, que no dice nada. Al menos, mi grupo tiene muchísimos problemas para hacer eso; votar
la nada, votar la absoluta nada, como ustedes proponen, significa tener una baja autoestima desde el punto de vista parlamentario. Por tanto, ¡claro que nos vamos a abstener! Voten ustedes la nada. Posiblemente sea ese su plan de Gobierno, pero no
es el nuestro, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Cuadrado.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, a pesar del respeto que me merece el ponente, uno no sabe muy bien cómo tomar este tipo de iniciativas que plantea el Grupo Parlamentario Popular y en concreto esta proposición no de ley referida al impulso de la llamada
agricultura ecológica. Es verdad que se trata de un sector en cierta expansión, pero no debemos olvidar que está en el marco de una más importante recesión del sector agroganadero. El
Grupo Parlamentario Popular se limita en esta iniciativa a pedir al Gobierno una serie de actuaciones genéricas, poco perfiladas, de mínimos y seguramente de dudosa eficacia práctica. Probablemente son iniciativas que el Gobierno en esa
misma definición está él mismo impulsando. Y al tiempo se está olvidando que son las comunidades autónomas, algunas de ellas con leyes propias, a las que en nuestra opinión correspondería el grueso de esta labor de impulso. En todo caso, la
producción de alimentos de calidad y sanos para el consumidor debería contar con el apoyo decidido de la Administración. Pero vuelvo a insistir en que me parece difícil de creer que vaya a ser así cuando la política agroganadera que desenvuelve el
Gobierno está conduciendo al sector a un proceso de reestructuración que no tiene fin y que es más que posible, creo que ya lo apuntaba en su intervención el propio ponente, que con la aprobación de la nueva reforma de la PAC sufrirá un acelerón
porque los intereses de nuestros agricultores y ganaderos van a salir seriamente perjudicados.
Por tanto si la cuestión consiste, y así me ha parecido entender, en tratar de mitigar con el desarrollo de la agricultura ecológica el impacto negativo
que nos va a ocasionar la reforma de la PAC, no es en todo caso más que un parche que no va a solucionar los problemas.
En lugar de declaraciones de intenciones para cubrir el cupo parlamentario o para la galería sería mejor que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno se dedicasen a poner en marcha políticas serias para el sector productor agrario y
ganadero a fin de que pueda vivir con dignidad, pueda tener futuro y de paso se evite el abandono de tierras y la despoblación rural. Muchos agricultores y ganaderos, lo saben todas SS.SS., con pequeñas y medianas explotaciones se ven obligados a
abandonar la producción o a malvivir acosados por políticas que no garantizan precios dignos mientras los costes de producción aumentan; donde no hay equidad ni justicia entre los precios que se están pagando al productor y los que están pagando
los consumidores; donde ni siquiera se garantiza un mínimo de igualdad en el reparto de las ayudas y de los fondos europeos entre territorios y tipo de productores, y así sucesivamente. En ese marco es verdad que existe un esfuerzo por parte de
algunos agricultores y ganaderos por hacerse un hueco produciendo con métodos ecológicos y por cierto cuando menos, hasta donde yo conozco en el ámbito de mi comunidad, comercializando directamente buena parte de la producción hacia consumidores más
concienciados y con niveles de renta medio-altos. Y esta actividad, efectivamente, la llevan a cabo sin apenas apoyo de la Administración. Ahora bien, lo que les quiero decir es que me parece evidente que no es creíble plantear, y menos obtener,
un apoyo eficaz por parte del Gobierno a la llamada agricultura ecológica aisladamente, sin que exista por parte del Gobierno una definición clara de qué modelo de agricultura quiere defender y sin que exista una política de defensa del conjunto del
sector. No parece razonable que el Partido Popular quiera hacer compatible ese impulso de la agricultura ecológica y al tiempo defienda la implantación de los transgénicos, como está haciendo el Gobierno. Podríamos hablar de la reforma de la
Seguridad Social agraria y así sucesivamente.
En definitiva y concluyo, señora presidenta, a mí me parece que en lugar de estas afirmaciones o peticiones para la galería sería mejor plantearse una política seria para el campo, para la gente que vive del campo, ese medio rural que la
actual política del Gobierno hace caminar; y lo hace caminar con seriedad, pero hacia una reserva donde sus habitantes acabarán siendo simple complemento del paisaje que se vende al turismo, y este tipo de iniciativas creo que no van a hacer variar
esta situación.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz, don José Cruz Pérez Lapazarán. No compartimos el criterio del portavoz socialista de que vamos a votar la nada porque
nosotros creemos que vamos a votar al menos un paso más institucional, sin menoscabo de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que contiene una serie de programas que podían ser objeto de desarrollo a través del apartado 2
que trae la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué digo esto? Porque desde que la Comisión Europea aprobó el Reglamento 2092, en el año 1991, se da un nuevo avance en la calidad bromatológica y sanitaria de muchos productos
agroalimentarios, lo que se va a verificar posteriormente en la legislación específica española a través del Real Decreto 1852/1993, que viene a dar unas competencias a las comunidades autónomas, que es donde está residenciada fundamentalmente la
cuestión competencial en este tipo de agricultura, no lo olvidemos. Toda la legislación complementaria se viene coordinando a través de la comisión sectorial de agricultura, donde están presentes, junto al departamento de Agricultura, Pesca y
Alimentación, todas las comunidades autónomas del Estado español, y nos encontramos con que el consejo regulador de la agricultura ecológica es quien va a tener que marcar unas pautas fundamentales, y aquí cabrán todos los programas.
El punto 2 de la proposición no de ley propone elaborar el plan español para la agricultura ecológica, que es una cuestión fundamental. Me ha parecido entenderlo perfectamente en las palabras que ha pronunciado en
su defensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Aquí habrá una encomienda de trabajo para elaborar programas, no los programas de semillas ecológicas o de mataderos ecológicos porque eso tendrá que ser objeto de una serie de
regulaciones muy específicas. Démonos cuenta que cuando el señor Fischler, comisario de Agricultura, plantea su nuevo modelo de política agrícola comunitaria, primando a un tipo de explotaciones de valor ecológico -no subvencionando la producción,
sino otras calidades-, aquí habrá que ponerse a tono con una agricultura ecológica donde el estímulo para el agricultor y el ganadero va a estar precisamente en una política de precios, porque la empresa lo que entiende es de precios. Se exigirá
una normativa de calidad, como ya es tradición en España, y todos entendemos perfectamente las denominaciones de origen de los productos agrícolas. Empezamos con denominaciones de origen hace muchos años con los vinos y se ha seguido con una serie
de productos (queso, jamón, etcétera) que tienen una denominación de origen.
Ahora vamos a buscar un etiquetado que dé una calidad ecológica a estos productos, pero ahí va a haber un valor añadido y tenemos que tener la inteligencia suficiente para
establecer unos marcos amplios y no meternos en unos corsés que vayan a hacer unos programas fijos. Dejemos estos programas de agricultura ecológica, con las directrices que puedan emanar del consejo regulador de la agricultura ecológica, de la
comisión sectorial de agricultura, a la competencia de cada comunidad autónoma.
Las denominaciones de origen en España están situadas geográfica y topográficamente en cada una de las comunidades autónomas que tienen un producto objeto de dicha
denominación. Si van a tener también ahora una etiqueta ecológica, hay que establecer un marco institucional lo más amplio posible. Por eso a mí me parece oportuno, sin que el día de mañana haya que establecer otros programas, que se pueda
introducir a través de enmiendas o por perfeccionamiento, pero dejemos que esto lo gestionen las comunidades autónomas y los organismos de coordinación dentro de la política del Estado. Es lo que un sentido de prudencia aconseja en este momento a
mi grupo y a este portavoz para que el plan de acción español de agricultura ecológica sea competitivo y tenga para el agricultor y el ganadero un atractivo de valor añadido en el precio del producto final colocado al consumidor, cuando se hayan
comprometido todos los organismos oficiales, estatales y autonómicos a una policía de control. Señores, parece que se da por entendido que es muy fácil detectar si va a haber o no fraude, en puestos de destino al consumidor, de un producto
ecológico, y esto es muy difícil de determinar. Solamente cuando hay de por medio plaguicidas, productos fitosanitarios, puede considerarse que el producto no merece la calificación de ecológico; hasta ahora se está entendiendo como agricultura
ecológica aquella de la que están ausentes todos esos productos fitosanitarios, fitoquímicos, plaguicidas, etcétera, que pueden desvirtuar este tipo de producciones que se está intentando revalorizar por su calidad ecológica.
Por tanto, en términos generales, lo que hay que hacer es un escenario, un marco institucional general para que quepa todo a medida que se vayan desarrollando el día de mañana las normativas pertinentes. No dudo que el Consejo de la Unión
Europea, tarde o temprano, tendrá que dictar un nuevo reglamento que supere el 2092 del año 1991 para entrar en esta nueva agricultura ecológica que, por política de precios y de subvenciones, nos va a venir impuesta en la nueva política
comunitaria; si no, al tiempo.
Este será el futuro, y los grandes sectores de la producción, al no tener un incentivo a la producción sino a la calidad sanitaria y del alimento, tendrán que optar por esa vía.
Por esa razón nos encontramos cómodos al dar nuestro voto afirmativo; si no hay aceptación de las enmiendas, como se ha dicho por el portavoz del Grupo Popular -nosotros no somos dueños de la iniciativa-, creemos que el día de mañana, al
elaborar programas, se podrán insertar muchas de las iniciativas que se han planteado en este apartado número 2.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Brevemente. Sinceramente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no sabe cómo votar esta proposición no de ley. Es imposible decir que no a impulsar de forma decidida el desarrollo del sector, recoger elementos para el desarrollo armónico,
tener en cuenta la información del sector y de las comunidades autónomas. Sin embargo, señor Lapazarán, desde la cordialidad que usted sabe que nos tenemos, nos ha traído un ejercicio parlamentario que nos recuerda los ejercicios florales y
dictados que nos hacían redactar en los años de las escuelas nacionales. Cuando uno lee el título inicial, espera algo con cierto interés, cierta concreción y un planteamiento de una serie de cuestiones básicas y candentes que todos conocemos y que
son determinantes para el futuro desarrollo del sector en el Estado español, pero se observa posteriormente que es una instancia al Gobierno que produce cierto sonrojo. Lo único positivo que apreciamos en este repique de campanas es que nos anuncia
indirectamente que el Gobierno tiene -esperemos que sí- elaborada una ley sobre el desarrollo de la agricultura ecológica y que podemos esperar en breve su tramitación y debate en esta Cámara.
Volviendo a las dudas iniciales que planteaba de no saber todavía lo que mi grupo va a votar en relación
con esta proposición no de ley, le ruego que por lo menos, para darle cierto contenido y para que su sonrojo no sea también el nuestro, acepte las enmiendas que aquí se le han planteado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, para resaltar que para nuestro grupo es importante que se debata en esta Cámara sobre la agricultura ecológica; es importante que se haga en unos tiempos en los que raramente pasa un mes sin que nos encontremos con algún
problema en cuanto a la alimentación, la agricultura o la ganadería. Vivimos tiempos en los que al beneficio económico se está sacrificando la calidad alimentaria. Desde nuestro grupo siempre hemos apostado por esa calidad alimentaria, en contra
del beneficio desmedido, como se viene haciendo.
Resulta curioso que este debate venga de la mano del Grupo Popular. Si de verdad hacemos una apuesta por la agricultura ecológica, si queremos que la agricultura ecológica deje de ser algo anecdótico, deje de ser algo curioso que se
presenta como algo variopinto y sea realmente una apuesta no solamente por la cuestión económica -también tiene que haber un beneficio, cómo no-, sabiendo que nos jugamos el futuro de la humanidad, no podemos seguir por este camino donde la
agricultura y la ganadería se practican cada vez más de modo industrial y se sacrifica todo a ese beneficio al que antes nos referíamos. Si queremos hacer esa apuesta por la agricultura ecológica, hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo no para
quedar bien en esta Cámara, no para tranquilizar conciencias, sino para introducir una cultura, para introducir una dinámica en la que cuente la persona, cuente la calidad alimentaria y se ponga todo ello como objetivo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca. La buena voluntad, que no le negamos al portavoz del Grupo Popular, se tiene que demostrar en la práctica. Con el discurso podemos conseguir todo, el 'Diario de Sesiones' lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, pero la
agricultura y la ganadería son las que no aguantan todo lo que se les está echando encima. Por eso -repito- no es una cuestión solamente de beneficio económico, es una apuesta integral. Ahí es donde tenemos que decir que el Partido Popular no nos
merece ninguna garantía. La voluntad que ha proclamado el portavoz del Grupo Popular en esta tribuna no se corresponde con la práctica cotidiana del Ministerio de Agricultura, del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta. Esa
pasividad que se tiene cuando se habla de temas que no es que tengan poco que ver, es que van radicalmente en contra de cualquier tipo de agricultura ecológica, como es el asunto de los transgénicos, nos viene a demostrar que el Partido Popular no
solamente no se cree lo que se ha dicho en esta Cámara, sino que, por el contrario, tiene una clara idea de lo que tiene que ser la agricultura en cuestión de beneficio económico, en cuestión de beneficio industrial; lo demás son cuestiones al
margen.
Habrá que ir sorteando poco a poco los problemas que plantee ese uso desmedido de elementos en pos de una mayor producción y de ese tipo de agricultura intensiva e industrial que se viene alentando desde algún ámbito del Gobierno. De eso es
realmente de lo que tenemos que debatir.
Tenemos que debatirlo a fondo, para que esa apuesta vaya más allá de la proposición que hoy se nos presenta, que evidentemente no tiene aristas y es difícil oponerse a ella porque no plantea elementos que
realmente tengan algo de sustancia. Repito, que quede claro que el Partido Popular no nos merece ninguna garantía, sino al contrario, creemos que hoy por hoy el ministerio es un lastre para la agricultura ecológica, es un lastre para la agricultura
en general en el sentido de calidad de consumo. Por tanto, reclamamos que haya un cambio, dejando de considerar a la agricultura exclusivamente desde el punto de vista del beneficio económico, considerándola como algo fundamental para la
supervivencia del género humano. Este debate no deja de ser un brindis al sol y un intento de quedar bien por parte del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, brevemente, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación con esta proposición no de ley en este último turno del debate que nos ocupa. Debo decir, en primer lugar, que mi grupo
parlamentario comparte y celebra el interés y el impulso que se desprenden del texto de esta proposición no de ley en cuanto a la necesidad de promover la producción, la comercialización y el consumo de productos agrarios ecológicos. Dicho esto -y
voy a coincidir con algunos de los portavoces que han tomado la palabra hasta el momento-, el problema está en que el agricultor o la agricultura ecológica no viven exclusivamente de principios. Consideramos que se necesita alguna cosa más, sobre
todo tener cobertura competencial para impulsar las medidas contenidas en esta o en otras iniciativas que pretendan dar apoyo a la agricultura ecológica sostenible.
Ciertamente, como también han dicho otros portavoces, este es un sector que se ha desarrollado de una manera importante en los últimos tiempos, aunque también es verdad que todavía estamos lejos de los niveles de desarrollo que ha alcanzado
la agricultura ecológica sostenible en algunos países de nuestro entorno más inmediato, de nuestro entorno europeo. Las razones de esta realidad desigual son varias, pero yo citaría tres. En primer lugar, debe subrayarse la inversión que se
realiza en otros países en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación; a ello se ha referido anteriormente el portavoz socialista. La segunda razón es el incremento de la demanda, que se corresponde con el incremento de la
conciencia ecológica de la población y, en tercer lugar, el compromiso y la iniciativa del sector primario en relación con la agricultura ecológica.
Mi grupo parlamentario tiene que lamentar, como han hecho otros portavoces, que el Grupo Parlamentario Popular promueva una iniciativa que, a estas alturas de la legislatura y del escenario institucional dibujado por el reparto de
competencias en materia de agricultura, tiene que ser forzosamente considerada, según nuestro criterio político y con todos los respetos hacia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como innecesaria y gratuita, aunque ya avanzamos que mi grupo
parlamentario, no va a oponerse, sino que va a abstenerse en la votación posterior, por estricta responsabilidad política y también por razones estrictamente materiales, por los eventuales beneficios de futuro que pueda traer esta iniciativa a la
agricultura ecológica sostenible.
El Grupo Parlamentario Popular tiene todo el derecho del mundo a instar al Gobierno, a su Gobierno, a la adopción de compromisos como el que subyace en la proposición no de ley que nos ocupa, así como a la aprobación de medidas en relación
con todo lo que le compete -en este caso, pondríamos un interrogante- y en relación con todo aquello que todavía no ha hecho; tengo que coincidir con anteriores portavoces en que queda mucho camino que recorrer por el Gobierno del Partido Popular
respecto a la promoción de este tipo de agricultura. Estamos ante un ejercicio totalmente legítimo de impulso de la acción del Gobierno, pero en todo caso echamos en falta un contenido concreto, unas acciones concretas, sobre todo una cobertura
competencial, como antes comentaba.
Hablando de cuestiones competenciales, el Gobierno debería ser mucho más escrupuloso, sobre todo respetuoso, con las competencias de las administraciones públicas que intervienen en estas materias, que son principalmente las autonómicas. Mi
grupo parlamentario considera que sería más prudente y recomendable políticamente que el Gobierno se dedicara a establecer, con las máximas garantías posibles, por ejemplo, el marco básico que debe regular los productos con prefijos bio y eco, sobre
los que ya hemos tenido algunos debates en esta Cámara al respecto, o cumplir con el código alimentario europeo impidiendo que determinados productos lácteos que no cumplen la normativa aplicable puedan tener la consideración de yogures, antes que
inmiscuirse en ámbitos de actuación o de gestión que son competencia autonómica, como los que se plantea en esta iniciativa parlamentaria. Para refrendar esta afirmación, no cabe más que remitirse, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a
la exposición de motivos de la proposición no de ley que ustedes presentan hoy, en el sentido de que de ella se desprende claramente en un momento determinado que a quienes corresponde las competencias en materia de agricultura ecológica es a las
comunidades autónomas.
En otro orden de cosas, si buscamos los antecedentes parlamentarios más cercanos de esta proposición no de ley, tenemos que referirnos forzosamente a una iniciativa análoga, aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta
Cámara con fecha 14 de febrero de 2001, relativa a la elaboración y aprobación por el ministerio de un libro blanco sobre la agricultura ecológica y sus productos. Dicho libro blanco fue presentando hace breves fechas, como el señor portavoz del
Grupo Parlamentario Popular indicaba anteriormente, en concreto, el pasado 20 de mayo. Se ha tardado más de 2 años en realizar este estudio o en elaborar el plan estratégico, que pone de relieve el incremento del número de hectáreas y de
explotaciones dedicadas a la producción agrícola y ecológica que ha tenido lugar en estos últimos años. Si me permiten, ya que otro portavoz ha hecho referencia a algunos ejemplos puntuales relativos a comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Socialista, voy a hacer una pequeña referencia al caso de Cataluña. En Cataluña, también han crecido de manera destacable tanto el número de hectáreas como el de productores de este tipo de agricultura. Como ejemplo, diré que se ha pasado
de 45 explotaciones agrícolas ecológicas y de 9.600 hectáreas, cultivadas el año 1999, a 255 explotaciones y 39.000 hectáreas cultivadas el año 2002, cifras que representan aumentos de más del 450 por cien en tres años y que sitúan a la Comunidad
Autónoma de Cataluña en la primera del ranking a nivel estatal en cuanto a número de elaboradores y en el cuarto lugar en número de hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura. Con estos datos no quería contradecir, pero sí puntualizar, las
afirmaciones que hacía el portavoz socialista, como si exclusivamente en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista se incrementara el número de productores y de hectáreas cultivadas con ese tipo de agricultura ecológica.
Teniendo en cuenta que este plan estratégico ya está realizado y que el departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ya está trabajando como administración competente en la realización del plan integral
de producción ecológica de Cataluña, obviamente en colaboración con el sector, las medidas que contiene esta proposición no de
ley deberían residenciarse exclusivamente en el ámbito autonómico, en el ámbito competencial de las comunidades autónomas.
Por esta razón y reiterando que se trata de una iniciativa cargada de buenas intenciones -no vamos a negarlo-, aunque no diremos que es un brindis al sol, no hay concreciones que nos animen a dar nuestro apoyo a dicha iniciativa; desde
estos planteamientos positivos, que reconocemos pero que no nos satisfacen en absoluto, pues creemos que están desubicados esos planteamientos en cuanto al ámbito competencial en el que se inscriben, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), como ya he avanzado anteriormente, se va a abstener en la votación que va a tener lugar dentro de breves instantes. Como no puede ser de otra manera, agradecemos sinceramente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular sus palabras en
defensa de esta proposición no de ley, en el sentido de que no estaba presentada con la intención de laminar o invadir competencias autonómicas. En todo caso, lo relevante no es la exposición de motivos de la proposición no de ley, sino el
contenido de los cuatro puntos concretos que nos ha presentado hoy para votación el Grupo Popular y vamos a abstenernos, como he dicho anteriormente.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre agricultura ecológica sostenible.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 160; abstenciones, 120.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FOMENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS VALORES FORMATIVOS Y DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD POR LAS CADENAS DE TELEVISIÓN. (Número de expediente 162/000633.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomento y preservación de los valores formativos y de la protección de la infancia y la juventud por las cadenas de televisión.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Chacón (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Reitero, una vez más, que ocupen los escaños y que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio, a ser posible. En la tribuna hay una diputada esperando a hacer uso de
la palabra.
Adelante, señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sé que son perfectamente conscientes de la importancia que tiene para la sociedad española, como la tiene para cualquiera de SS.SS., la educación de sus hijas e hijos. No hay padre, madre o tutor que, si sus condiciones vitales se
lo permiten, no invierta buena parte de sus reflexiones, de su tiempo y de su dedicación, con cuidado extremo, a la elección de la mejor educación para sus hijos. Por ello, serán ustedes conscientes de la importancia de la proposición no de ley que
trae hoy a la Cámara mi grupo, pues estamos tratando de proteger a los más débiles de la que hoy constituye una de las principales fuentes de formación de niños y jóvenes: la televisión.
Muchos de los datos que les expondré, señorías, no les gustarán demasiado, quizá les sorprenderán, pero, sobre todo, a nadie dejarán indiferente, ya que exponen con claridad la necesidad de una actuación urgente y eficaz en la protección de
los menores por las cadenas de televisión. Señorías, para nuestros niños y nuestros jóvenes, la televisión se ha convertido en el medio privilegiado para el ocio y la obtención de información. Los diferentes estudios muestran que los niños ven la
televisión una media de más de 20 horas semanales, cifra que con los preescolares llega a duplicarse. En España, los niños permanecen unas 1.500 horas al año frente a la pantalla, mientras su asistencia a la escuela durante todo un curso es de sólo
800 horas. Es decir, nuestros hijos pasan ante el televisor casi el doble de tiempo que ante los maestros y profesores que les elegimos con tanto mimo. Hoy, los niños y niñas en España sobre todo ven la televisión; lo hacen mientras desayunan,
comen o cenan, mientras leen un libro o incluso mientras hacen sus deberes. Ello significa que la parte más indefensa y más acrítica de nuestra población dedica más horas a estar frente a la pantalla que a ninguna otra actividad.
Imagino que no es preciso que enfatice los riesgos de un hábito como éste, no sólo por lo que supone de abandono de otras formas de desarrollo de su personalidad sino por el hecho demostrado de que los más pequeños son en gran parte
incapaces de distinguir entre fantasía y realidad, entre lo que ven y lo que viven. Los padres coinciden en afirmar que la televisión es mala para sus hijos, pero reconocen que, en ocasiones, es una niñera muy eficaz. Ante estas evidencias caben
pocas dudas sobre la enorme responsabilidad que recae sobre padres y madres, pero también sobre operadores de televisión públicos y privados y, no se engañen, también sobre los poderes públicos, en nuestra
irrenunciable obligación de protección de la juventud y de la infancia.
Cierto es que fue esta conciencia, la de la influencia que desarrolla la televisión en la sociedad, y particularmente en los más pequeños, la que llevó a suscribir a las diferentes cadenas de televisión, a instancias del Ministerio de
Educación y Ciencia, en 1993, un convenio de autorregulación. En éste, los firmantes se comprometían a favorecer, en su programación dirigida a jóvenes y niños, los valores de respeto a la tolerancia, a la solidaridad, a la paz y a la democracia.
Posteriormente, la Ley de televisión, de 1994, que incorporaba a nuestro ordenamiento la Directiva de Televisión sin Fronteras, incluyó una serie de previsiones en materias de protección a los menores frente a la publicidad y frente a determinados
tipos de emisión. Desde entonces han sido múltiples las iniciativas parlamentarias ante la percepción de ciudadanos, de asociaciones de consumidores, de usuarios, pero también de maestros y de profesores que lidian a diario con la complicada tarea
de contraeducar los valores televisivos, de que ni el convenio de autorregulación se respetaba ni las previsiones legales se cumplían. Algunas de estas iniciativas, como la proposición no de ley presentada por mi grupo en 1999, contó con un amplio
respaldo parlamentario, pero sus mandatos fueron de inmediato incumplidos por todas las partes.
Esta situación es la que lleva a mi grupo a plantear de nuevo una proposición no de ley sobre la protección del menor ante la televisión; una iniciativa que se basa en la convicción de que los mecanismos existentes para garantizar este
objetivo no se han puesto en práctica de manera eficaz y son en cierta medida, señorías, insuficientes. Por tanto, urge una actuación decisiva al respecto y no podemos seguir mirando hacia otro lado o mareando la perdiz utilizando las mayorías
parlamentarias para esconder y demorar nuestras obligaciones en eventuales leyes que no se han publicado todavía.
Así resulta evidente, señorías, que el acuerdo de autorregulación, que tiene más de diez años, ha caído en el olvido, por decirlo de una manera benévola. Un claro ejemplo de ello es la proliferación de contenidos violentos o peligrosos para
la infancia que se deslizan en franjas horarias de máxima audiencia para este tipo de público. Cualquier niño puede llegar a ver 12.000 actos violentos al año, asesinatos, suicidios, ataques con armas de fuego y secuestros. La exaltación de la
violencia, la continua emisión de contenidos sexistas, racistas, o en los que se fomenta la competitividad y el poder son un grave peligro, porque la televisión es el más poderoso instrumento de comunicación y por tanto de educación,
independientemente de que sea éste o no su propósito. Además, señorías, al ser vista por un número masivo de niños, estas actitudes se convierten en modas y condicionan y marcan los contenidos de sus juegos, de sus lecturas, de sus preferencias a
la hora de vestir, de alimentarse y están fomentando hoy valores que nunca quisimos ni les debimos inculcar.
Déjenme que aporte un ejemplo que les resultará muy gráfico a muchos de ustedes, como me sucede a mí. Hace 25 años los dibujos infantiles que veíamos en televisión nos llevaban a las niñas a tener como referente ideal de mujer a alguien muy
parecida a cualquiera de nosotras: Heidi, cuya amiga, Clara, era disminuida física. Los valores de solidaridad, compañerismo, respeto y tolerancia eran los fomentados entonces. El referente ideal de mujer de las niñas de hoy, señorías, dista
mucho de la entrañable Heidi; se llama, por ejemplo, Lara Croft, que goza de una belleza insultante e impresionantes medidas: 1,80 de estatura, 90-60-90 de curvas, y aún de mayor magnitud, el arma, que, junto a un perfecto dominio de las artes
marciales, siempre le acompaña. Son la belleza física, la delgadez voluptuosa, la violencia, la competitividad o el vértigo vital los valores que se están fomentando hoy. Es sólo un ejemplo, evidentemente, pero es un ejemplo más de los muchos que
hay.
Lo más alarmante es que estos incumplimientos de protección y fomento de unos valores y no de otros, vienen realizándose ante la pasividad de la Administración, pues debo recordar que el artículo 17, de la Ley de 1994, prohibe a las
televisiones la emisión de programas, escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico y mental de los menores ni programas que fomenten la discriminación, un precepto que igualmente confinaba los contenidos
de carácter peligroso a la franja horaria que va desde las diez de la noche a las seis de la mañana. La legislación comparada, además, nos ofrece eficaces posibilidades de futuro. La Children's Television Act americana de 1990 obliga a las cadenas
a ofrecer un mínimo de tres horas semanales de programación con contenidos educativos. Los diferentes consejos audiovisuales europeos han sido capaces de eliminar de las parrillas dibujos animados y programas, infantiles o no, emitidos en franjas
horarias que desprotegían al menor con sus contenidos. Singularmente recordarán ustedes la retirada en 1997 de los dibujos animados Bola de dragón Z, que causaron una auténtica fiebre infantil en nuestro país.
Señorías, como recoge la exposición de motivos de la proposición que hoy defiendo, el escenario descrito no hace sino reforzar las razones de quienes en su día apoyamos el convenio de autorregulación, pero también de quienes hemos venido
defendiendo la necesidad de que se cree en España el consejo superior de los medios audiovisuales, que vele por el cumplimiento de la normativa existente y pueda fijar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento. Le recuerdo que en
1995 el Pleno del Senado aprobó por abrumadora mayoría la creación de este consejo y la llegada al Gobierno del Partido Popular abortó su constitución, consiguiendo que hoy España sea la que ostente el triste
récord de ser el único país de los quince de la Unión Europea que no cuenta con un consejo audiovisual. Ciertamente, todo conduce a la conclusión de que ha habido una clamorosa falta de voluntad política de quienes, disponiendo de los
resortes legales para impedir determinadas prácticas, se presentan como espectadores inocentes y repudian con énfasis lo que no han sabido atajar. En ese sentido, señorías, me ha producido cierta perplejidad, transmutada después en franco sonrojo,
escuchar al señor Aznar atacar lo que él define como televisión basura y echarle la culpa a los que ha llamado empresarios televisivos.
Coincidirán conmigo en que resulta curioso escuchar algo así de quien no es un telespectador más, sino nada más
y nada menos que el presidente del Gobierno, por una parte, porque las televisiones que su partido controla directa o indirectamente han ignorado su función de servicio público y han inundado sus programaciones de espacios de muy discutible calidad,
pero, por otra parte, resulta evidentemente llamativo que quien ha llenado los telediarios de alusiones a sus pantalones bien puestos o de reflexiones de pésimo gusto sobre el sistema métrico decimal se lamente ahora de las obscenidades que
profieren otros ante audiencias mucho menos amplias. En cualquier caso, creo que la solución no pasa por buscar culpables, entre otras razones, porque hay millones de telespectadores que miran esos programas ejerciendo su derecho a elegir, pero eso
no elimina nuestra obligación, tanto de los poderes públicos como de las cadenas de televisión, de preservar los valores formativos y la protección de niños y jóvenes que pretende esta iniciativa.
Por ello, señorías -concluyo-, proponemos a esta Cámara, en primer lugar, instar al Gobierno a la apertura de un proceso de contactos con las cadenas de televisión y los demás firmantes del convenio de autorregulación suscrito en 1993 para
renovar sus compromisos. Sin duda, este seguirá siendo el más firme de los instrumentos: el compromiso de todos. En segundo lugar, proponemos que se presente en las Cortes un proyecto de ley orgánica para que se cree el consejo superior de los
medios audiovisuales en España, cuyo requisito básico sea la independencia política y empresarial de las autoridades que lo integren porque, tal y como ha demostrado el caso catalán, la clave de su éxito será menos su capacidad punitiva y más su
autoridad moral. En tercer lugar, en tanto este no se constituya, solicitamos el cumplimiento riguroso de la normativa vigente en el ámbito de protección de los valores formativos en los medios de comunicación. En cuarto lugar, solicitamos que se
desarrollen en nuestros centros educativos programas de formación para una lectura crítica de las imágenes y un uso racional de la televisión. Finalmente, proponemos que se aborde la paulatina incorporación en España de dispositivos electrónicos
que permitan a padres, madres y tutores establecer controles a los tipos de contenidos a los que puedan estar expuestos los menores. Sí, señoría, estos son los rombos del siglo XXI pero hoy, ante la situación en la que nos hallamos, deben cumplir
una función mayor, la de concienciar a padres y madres de que nada de todo esto sirve sin su concurso ni su colaboración, pero antes, señorías, la responsabilidad reside en nosotros. A ella apelo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender la enmienda que ha propuesto nuestro grupo a la proposición no de ley del Grupo Socialista. Una vez más, debatimos aquí la necesidad de establecer el fomento y la preservación de los valores formativos y
de la protección a la infancia y la juventud por las cadenas de televisión. Ante todo, debemos definir que debe tratarse por un doble rasero: el de la televisión pública y el de las cadenas privadas. La financiación de la televisión pública en
nuestro país tiene una triple vía -la de la subvención, la de la deuda y la de la publicidad- que no tienen las cadenas privadas, porque sólo tienen la publicidad para su subsistencia. Este no es el momento de discutir sobre cómo debe ser el modelo
privado o el modelo público, nuestro sentir respecto a la televisión no es el de intervencionismo. Las cadenas privadas deben cumplir la Directiva europea sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativa al ejercicio de la radiodifusión televisiva, la Directiva 89/552, adaptada por la Ley 25/1994 y ampliada por la Ley 22/1999. En cambio, la televisión pública debe tener la obligación de la calidad en sus emisiones como elemento
básico, porque es su razón de ser y porque es un servicio público, y tiene que tener mayor rigidez en la exigencia de la calidad, que obligará automáticamente, si este caso se produce, a que las cadenas privadas aumenten o adecuen su calidad a la
que, como modelo, tiene que establecer la televisión pública. Hasta ahora da la casualidad que las cadenas privadas, que están en emisión en España desde el año 1985, no han entrado en el umbral de la rentabilidad y de aquí que la emisión en estas
cadenas de muchos programas de prime time hayan ido degenerando en programas telebasura para intentar obtener esta rentabilidad imposible y en muchos casos tener que competir con una televisión pública que, como ha dicho la portavoz socialista,
pocas diferencias tiene en cuanto a calidad de la programación en determinados horarios principales con estas cadenas privadas.
Nuestro grupo está en la línea de control y buenas prácticas que ya se aplica en Cataluña y desearía obtener
la configuración de este control y de buenas prácticas que se da en el Consell de l'Audiovisual de Catalunya y no de otra forma. La propuesta del Grupo Socialista aboga en su objetivo esencial por la creación del consejo superior de medios
audiovisuales en España como una forma de arbitraje y autocontrol de los programas y de los programadores. El modelo catalán mucho tiene que decir a esto, porque el control de los medios audiovisuales que ofrece el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya ha nacido por el consenso de todos los grupos presentes en el Parlament de Catalunya y ha demostrado con creces la oportunidad de su creación, la transparencia de los sistemas de control y la objetividad en las resoluciones que emite. Por
ello, nuestro grupo votará favorablemente esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista sobre el control de los programas infantiles y su integración en un consejo superior de audiovisuales de España, además de los elementos
complementarios, pero eso sí, hemos establecido una enmienda a través de la cual se preserven las competencias autonómicas existentes hasta ahora.
Por ello solicitamos al grupo proponente que acepte nuestra propuesta porque entendemos que debe
respetar las competencias autonómicas, mejorar la coordinación con todos los gobiernos autonómicos y establecer este control coordinado con todos ellos. Si la propuesta la hubiera presentado nuestro grupo hubiera sido algo diferente, quizás más
abierta a la creación de los audiovisuales, dejando más la libertad al Ejecutivo para que organizara su creación y obtener de esta Cámara lo mismo que quisimos obtener en el Parlament de Catalunya, el consenso de todos los grupos presentes.
El Grupo Popular, por lo que sabemos, se manifiesta contrario a este proyecto y presenta una enmienda a esta proposición no de ley que tiende a mantener el statu quo anterior mejorando el control, pero no resuelve de raíz el problema, ya que
se mantiene una línea por parte del Gobierno no abierta al control de esta Cámara, que es lo que nuestro grupo propiciaría más abiertamente. De todas formas, esta proposición no de ley decaerá y no avanzaremos hacia un sistema de control de
audiovisuales como el que tenemos en Cataluña con el Consell de l'Audiovisual, que nuestro grupo trataría de trasponer. Por ello nuestro apoyo a esta iniciativa. Sabemos que el modelo del consejo audiovisual es el modelo del futuro y apoyaremos,
como hemos hecho hasta ahora, iniciativas que abran la vía hacia esta creación de consejos audiovisuales, sin establecer conflictividad competencial, tal y como hemos puesto de manifiesto en nuestra enmienda.
Señorías, reitero nuestro apoyo a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, con la inclusión de nuestra enmienda de adición.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el logro de una programación televisiva que cuide celosamente y con eficacia los intereses de los telespectadores más vulnerables, esto es, de la infancia y de la juventud, es un debate que interesa al Partido Popular y en el que
venimos trabajando desde hace tiempo. La calidad en la programación debe ser una meta irrenunciable de todos los operadores.
Esta calidad es la seña de identidad de Radiotelevisión Española y refleja plenamente su realidad. Quiero aclarar que no
hay que confundir unas emisiones con otras y desde luego no hay que confundir lo que realizan unos operadores con otros.
La calidad fue el empeño del Grupo Parlamentario Popular en la reforma que se hizo del Estatuto de Radiotelevisión Española en el año 2001, al referirnos expresamente a la promoción de los derechos de los menores de forma especial en
Radiotelevisión Española. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de todas las cadenas. De ahí que nos preocupe especialmente que haya una sensibilidad social plenamente justificada y una crítica sobre los contenidos de forma general y respecto a
los menores, la infancia y la juventud. En ocasiones, el panorama es desalentador. Andrés Soler lo define perfectamente cuando dice que hoy hay una dictadura televisiva de lo escatológico y que prima la rentabilidad comercial sobre cualquier otro
valor positivo. Señorías, existe un panorama de preocupación social al que debemos dar respuesta.
El Gobierno y el Parlamento pueden jugar un papel fundamental desde Radiotelevisión Española, que es sobre la que genéricamente tenemos competencias.
En este sentido, cuando se alude a la calidad de la programación en España -y creo que todo es mejorable-, hay que hablar de Televisión Española, que mantiene un grado de exigencia interna y de reconocimiento público que es justo recordar. Quiero
recordar que Televisión Española creó de manera pionera una comisión asesora de publicidad, que revisa todos y cada uno de los anuncios, y especialmente los horarios y las competencias sobre la infancia y la juventud. También he de recordar que es
la única cadena con programación propia sobre los menores, a la que dedica en concreto más de 40 horas semanales y más de 50 en épocas estivales. Tampoco conviene olvidar que, a partir de septiembre y con nuevos horarios, se incrementarán los
contenidos de algunos programas vinculados a la formación escolar y al desarrollo tanto de la lectura como de la escritura.
A pesar de esto, desde el Grupo Parlamentario Popular siempre estamos dispuestos a dar pasos nuevos y paulatinos en la consecución de avances y mejoras para la audiencia y, por supuesto, en la mejora de la programación
infantil y juvenil. Por eso, durante los últimos años hemos venido realizando una gran cantidad de iniciativas. El Grupo Parlamentario Popular presentó dos proposiciones no de ley, que todavía tenemos pendientes, una de las cuales solicita
la inclusión de programas infantiles en la franja horaria de regreso al domicilio de los niños tras la jornada escolar, y otra de ellas pretende el mantenimiento de símbolos visuales orientativos sobre la idoneidad del programa durante toda la
duración del mismo. Además, durante el último año han sido aprobadas tres proposiciones no de ley: en primer lugar, aquella que pretende la incorporación de elementos de identificación positiva sobre el contenido de los espacios de televisión en
la programación infantil y juvenil; en segundo lugar, aquella que pretende la elaboración de un plan de programación infantil y juvenil atendiendo específicamente a los horarios y contenidos en los que aquellos pueden ser más vulnerables, y por
último, la que exige a Radiotelevisión todas las garantías para que en su programación, mediante el autocontrol y la observancia escrupulosa de la ley, se respeten los derechos de los niños y de los jóvenes. Junto a esto hemos presentado
innumerables preguntas orales interesándonos por este tema y recientemente se ha aprobado una subcomisión que va a estudiar el impacto de la violencia en los medios audiovisuales, especialmente la dirigida a los públicos menores de edad.
Pretendemos que de esta subcomisión salgan orientaciones y medidas que puedan proteger a la infancia y a la juventud. Nos sorprendemos, señorías, que hagan un planteamiento como el de hoy, cuando el Partido Socialista votó en contra de esta
subcomisión.
Esta cascada de iniciativas justifica claramente nuestro interés sobre el tema, pero no pretende ni mucho menos despreciar ninguna iniciativa del resto. Sin embargo, a la hora de analizar la proposición no de ley del Partido Socialista nos
encontramos con que mezcla diferentes aspectos, unos relevantes, otros de menor importancia, pero sobre todo tiene un problema, y es que nada tiene que ver el título con la pretensión real.
Porque, ¿cuál es la pretensión real del Partido
Socialista? La de siempre: la creación del consejo de lo audiovisual. Y lo dice muy claro en su exposición de motivos y en su petición número dos. La situación actual de Televisión, según el Partido Socialista, es causa directa de la no
existencia del consejo de lo audiovisual. Contempla el consejo de lo audiovisual como la panacea que va a solucionar todos los males que existen en la televisión y no podemos en absoluto compartir este argumento; argumento que, por otra parte,
está muy a la altura de la postura que viene demostrando el Partido Socialista en este aspecto, una altura bastante baja, tanto en el momento de presentación, aprovechando que haya salido al debate público por las declaraciones del presidente del
Gobierno, aprovechando las críticas que su partido y otros han vertido sobre estas declaraciones, cuanto al número de iniciativas inexistentes del Partido Socialista en la Comisión respecto de este tema o si observamos las críticas de dirigentes
importantes del Partido Socialista que, como el señor Caldera, pretendían hacer desaparecer programas que yo entiendo beneficiosos, como Operación Triunfo. No podemos aceptar esta intención del Grupo Socialista, pero sí queremos señalar que hasta
que no se apruebe la ley de lo audiovisual, no se creará ese consejo de lo audiovisual, como hemos reiterado. Lamentamos que el Partido Socialista desaproveche esta oportunidad para avanzar en otros temas importantes, como, por ejemplo, el primer
punto, que pretende renovar el acuerdo de autorregulación del año 1993, porque es verdad que hay que renovarlo, porque es verdad que este acuerdo ha resultado hasta ahora insuficiente, porque es verdad que hay nuevos operadores, que hay nuevas
televisiones, públicas o privadas, porque es verdad que, entre todos los operadores, se podía dar una autorregulación muchos más eficaz para lo que pretendemos proteger. Por ello hemos presentado una enmienda que lamentamos que el Partido
Socialista, según parece, no vaya a aceptar.
En el tercer punto lo único que solicita el Partido Socialista es hacer cumplir la ley al Gobierno -cosa que ya hace-, cumplir la trasposición de una directiva que, según los expertos, tiene bastantes defectos, sobre todo por un exceso de
conceptos jurídicos indeterminados. En el cuarto punto pretende promover en el ámbito educativo programas tendentes a propiciar la lectura crítica de las imágenes. Quiero recordarle, en primer lugar, que las competencias educativas son propias de
las comunidades autónomas y, en segundo lugar y sobre todo, que una vez que hemos creado un ámbito de reflexión mejor, como es esa subcomisión, vamos a esperar a que las recomendaciones de esa subcomisión aporten nuevas luces, nuevas ideas y nuevas
propuestas a la materia que hoy nos ocupa. Y en quinto lugar, se pide al Gobierno algo ya solicitado en la Comisión de control, como es la incorporación de elementos positivos de identificación en los contenidos y de símbolos de idoneidad por
edades de los programas que la Ley 25/1994 incorporó al trasponer la Directiva comunitaria de Televisión sin Fronteras.
En definitiva, señorías, queremos resaltar la conciencia de nuestro grupo con este debate social y el deseo de encontrar cauces de acuerdo y de consenso para avanzar en el reto último de obtener la mayor calidad de la programación.
Entendemos que las rutas que propone su iniciativa no son las mejores ni las más eficaces porque o están superadas por los propios hechos o no tienen la suficiente base y desarrollo para ser admitidas.
Sin embargo, la enmienda que esta tarde
presentaba nuestro grupo sí sería un punto de encuentro por cuanto aporta avances significativos en campos realmente importantes, como el convenio de autorregulación.
Por último, quiero hacer una llamada a todos los operadores de televisión para que recapaciten, para que
mediten sobre el tipo de televisión que ofrecen y en qué franjas horarias, para que muestren al menos la cercanía y sensibilidad que Televisión Española tiene para proteger a la infancia y a la juventud. Probablemente este no será el punto
de llegada que tenemos todos en mente, pero seguro que es mucho mejor punto de partida que el que hoy nos plantea el Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ballestero.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Después de muchos debates en esta Cámara, legislatura tras legislatura, seguimos observando que el terreno de la televisión y de los medios audiovisuales sigue siendo un punto de confrontación dialéctica. Esto también obedece a que el mundo
audiovisual es un mundo que tecnológica, empresarial, económica y sociológicamente sigue abierto. Mi grupo entiende que las iniciativas tienen que tomarse alrededor de una mesa de consenso, donde estén representadas, junto a las fuerzas políticas
parlamentarias, la Administración central, las administraciones autonómicas y los operadores del sistema, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, pública o privada. Hoy debatimos esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que ya me
adelanto a manifestar que vamos a votar en contra. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, por el análisis de la propia iniciativa, en la que se propone la creación del consejo superior de medios audiovisuales de España. Nosotros participamos de
la idea, y en esto coincido con el señor Ballesteros, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de que no se puede crear, no se debe crear ni es oportuno políticamente, un consejo de estas características sin tener el refrendo, el escenario de una
ley. Tenemos que hacer el esfuerzo parlamentario de conseguir una ley de lo audiovisual, que sería una legislación de todo el escenario. En esa ley tiene que ir inserto -eso sí lo apoyaríamos- el consejo correspondiente, que aquí se está
planteando como consejo superior de los medios audiovisuales. Es decir, crear el consejo una vez que definamos el escenario político, administrativo y jurídico, porque crear este consejo como pieza aislada generaría inseguridad jurídica a los
operadores, que, sean públicos o privados, se mueven en un marco de libertades constitucionales, y aquí me preocupa el último apartado de la proposición no de ley del Grupo Socialista de abordar un plan para una paulatina incorporación en España de
dispositivos electrónicos que permitan a padres y tutores establecer controles del tipo de contenido, una especie de censura dentro del hogar.
Yo pregunto, ¿en qué escalas de edades de los hijos en el hogar se puede hacer este control por medios
electrónicos cuando estamos hablando de localizar de esta manera a presos en un tercer grado y que tengan que llevar una pulsera electrónica de localización? Esto es una utopía, una auténtica utopía que puede generar que haya familias, padres y
madres de familia que estén dispuestos a implantar un sistema electrónico de autocensura dentro del hogar. ¿Y en qué escala? ¿Qué le prohibimos ver al hijo de 8 años? ¿Y al hijo de 15? Porque no vamos a dar un televisor a cada uno de los hijos
con un control electrónico. Por tanto, esto es una utopía. Y, en un sentido liberal de interpretación de las libertades de nuestra Constitución, me preocupa que esto se pueda realizar. En el anterior punto, el ámbito escolar, se plantean unas
cosas que no tienen nada que ver con una comisión de control audiovisual y esto llevaría a una política pedagógica aparte y dentro de los esquemas de enseñanza, pero también aquí entramos en el campo de la utopía, de valores filosóficos, genéricos,
de los que todos podemos participar en una especie de paraíso de las ideas, de las buenas situaciones de todas las programaciones. Estamos hablando de instituciones, de personas jurídicas, que tienen la capacidad de ofrecer a la audiencia lo que
esta reclama, dentro de unos parámetros sociológicos. De aquí que nosotros participemos de la idea de señalar, para empezar, cuáles deben ser los puntos de consenso de una ley de lo audiovisual, donde en su día -cuando se haga este proyecto de ley-
se insertará el consejo superior de los medios audiovisuales. Pero con todas las garantías de seguridad jurídica para los operadores públicos y privados del sistema, vayamos por pasos y pidamos a los operadores que reconsideren lo que fue en su día
el acuerdo del Senado, el convenio de autorregulación de 1993. En este caso coincidimos con la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de que hay que establecer, con la iniciativa del Gobierno, un acuerdo dirigido a todos los operadores de
televisión en España, pero sin coartar ninguna de las libertades constitucionales.
Digo esto porque veo en la propuesta socialista un afán intervencionista, tiene unas medidas que, de aplicarse, entraríamos en una situación conflictiva o se convertiría en papel mojado. Yo prefiero que se llegue a un acuerdo para regular
estos contenidos de protección de la infancia como un segundo paso avanzado al convenio de autorregulación. Vayamos a un nuevo acuerdo, como propone la enmienda. Las circunstancias han variado desde 1993. Estamos en un sector que, desde el punto
de vista de su titularidad jurídica en las cadenas privadas, está sometido a una dinámica determinada: nueva plataforma digital; cuestiones de cambio de capital en Antena 3; veremos cómo queda Tele 5, es decir, aquellas que están ofertando una
serie de programas que son objeto de crítica en cuanto a la defensa de los valores y de protección de la infancia. Pero esto requiere volver a aquel acuerdo.
De aquí -y resumo, señora presidenta- que esta sea nuestra postura cautelar de reconducir este asunto. También los operadores tienen derecho a unas garantías jurídicas. No se trata de aplicarles la potestad sancionadora de la Ley de 1994.
¿En qué escenario se pueden aplicar estas sanciones? Consigamos en primer lugar un acuerdo sobre normas de conducta, que supere, en las circunstancias actuales, al de autorregulación de 1993. Por estas razones, señora presidenta, mi grupo votará
en contra de la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Eso sí, abogamos por tener, en un futuro consenso, una ley de lo audiovisual. Ese es el marco de la seguridad jurídica de todas las partes y de respeto pleno a las
libertades constitucionales.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando uno no quiere tomar decisiones o no quiere formar parte de una posición determinada, no hay mejor fórmula que buscar excusas, bien dejando al margen las responsabilidades del Gobierno y dando por válido lo que hace
Radiotelevisión Española o planteando que, caso de aprobarse la iniciativa, se podría atentar contra determinados derechos constitucionales que tienen adquiridos los operadores en nuestro país.
Mi grupo parlamentario sí va a apoyar esta iniciativa y la va a apoyar, en primer lugar, porque, cuando en 1993 se habló del convenio de autorregulación del sector, no se hizo porque sí. Se hizo porque se pretendía que hubiese una
autorregulación del sector para evitar que se produjeran programas que fueran en contra del desarrollo normal de nuestra infancia y de nuestra juventud, para evitar que se les inculcasen valores diferentes de los que reconoce nuestra Constitución.
Ya en aquel momento se hablaba del grado de violencia, sexismo o racismo que aparecía en los programas de televisión en general, en todas las cadenas de televisión. Les recuerdo a SS.SS. que en 1993 ya existían las cadenas privadas de televisión y
que empezaba a generarse una determinada alarma social por las producciones de las cadenas. Al hilo de esto, quiero recordarles también que, ya se trate del servicio prestado por una cadena pública o del prestado por una cadena privada, el servicio
de la televisión es un servicio público. El Gobierno, el Estado, tiene la obligación de garantizar que ese servicio se presta de conformidad con la legislación y tiene la obligación de salvaguardar a la infancia y a la juventud, haciendo cumplir la
ley con las medidas sancionadoras que la misma reconoce. Además, señorías, lo que la iniciativa viene a decir es que no se ha cumplido el convenio de autorregulación, que sigue siendo necesario y que por tanto no hay solamente la necesidad de
modificarlo o de volver a negociarlo en tanto en cuanto se hayan podido producir nuevos avances tecnológicos o nuevos operadores en el mercado de las televisiones. Es que el convenio de autorregulación, señorías, no ha sido cumplido por ninguna
cadena. Por ninguna, ni por Radiotelevisión Española, ni por Televisión Española.
Señorías, no miren sólo los programas que se emiten en franja horaria infantil o juvenil. Miren y analicen si quieren los anuncios que la cadena pública emite a pesar de que pueda existir esa comisión asesora de publicidad. Les puedo poner
como ejemplo el anuncio de un desodorante que deja en bastante mala situación o con una imagen bastante deteriorada lo que las mujeres podemos querer o podemos hacer incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. No hablemos desde la tribuna con
tanto triunfalismo de lo que la televisión pública lleva a cabo, porque no solamente es que la programación siga siendo igual de mala que la del resto de las cadenas de televisión privadas, sino que además, en cuanto a publicidad, emite los mismos
anuncios sin ningún tipo de discriminación. Sí sería necesario, y mi grupo parlamentario así lo ha defendido de manera permanente, la creación de un consejo superior de los medios audiovisuales de España. No es necesario sólo y exclusivamente que
tengamos que esperar a la ley audiovisual para que se pueda crear un consejo superior, entre otras cosas porque hay otros consejos que, sin necesidad de establecer ningún tipo de ley del mercado o de ese sector, se han podido crear precisamente como
operadores, como controladores por decirlo de alguna forma, del sector para el cual se creaban. Y para eso debería crearse también el consejo superior de los medios audiovisuales, entre otras cosas porque ellos, con su independencia, sí tendrían
esa capacidad sancionadora para ponerla en práctica con arreglo a la legislación.
Nosotros compartimos también los apartados d) y e), entre otras cosas porque, aunque las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas, el Estado sigue manteniendo legislación básica y por tanto sí puede
establecer que se desarrollen programas formativos para la formación tanto de los padres como de los menores o de los jóvenes y de las jóvenes, a fin de que puedan tener una visión crítica de lo que les emiten a través de los medios de comunicación
audiovisual. Eso también es formación y eso también, señorías, es educación. Por tanto, debería establecerse ese tipo de programas de la misma manera que se establece en el desarrollo curricular de los centros educativos la necesidad de que haya
programas de educación medioambiental. Pues esto también, señorías, porque entra dentro de la formación de los niños y de las niñas, de nuestros jóvenes, hombres y mujeres.
En el último punto, señorías, aunque ya ha sido aprobado en otra iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, no está de más que se pueda insistir, entre otras cosas porque el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a que las proposiciones no de
ley que se aprueban por unanimidad o por mayoría en esta Cámara algo así como que le dan exactamente igual y no las lleva nunca a la práctica. Y de eso, señorías, tenemos bastantes ejemplos. Por tanto, señora presidenta, mi grupo parlamentario va
a apoyar esta proposición no de ley, aún sabiendo que por parte del grupo mayoritario va a ser rechazada y que esa inquietud que tiene por la educación de la infancia y de la juventud se quedará simplemente en las declaraciones de intenciones que se
hacen tanto desde las tribunas como desde las iniciativas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Señora Chacón, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo.
Esta presidencia no ha podido deducir si se aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora CHACÓN PIQUERAS: Sí, señora presidenta, se acepta porque explicita algo que está implícito en la proposición no de ley y se rechaza la del Grupo Popular, por no aceptar el consejo audiovisual.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Sometemos a votación, señorías, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomento y preservación de los valores formativos y de la protección de la infancia y la juventud por las cadenas de televisión. Se somete a
votación con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 119; en contra, 153; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA CIENTÍFICA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000208.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Comunico a la Cámara que la votación de las mociones se producirá de manera sucesiva al finalizar el debate de la segunda moción.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política científica del Gobierno. (Pausa.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego, por favor, que guarden silencio y que no mantengan conversaciones en los pasillos, si es posible.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
En la interpelación del Pleno anterior hicimos un análisis desde la oposición de cómo entendíamos que estaba nuestro sistema de ciencia y tecnología, análisis que fue contestado por el Gobierno. Allí detectábamos una serie de carencias que
yo dividiría en estructurales y coyunturales. Las estructurales tienen que ver con el escaso gasto público y privado en I+D, lo que origina un déficit tecnológico y, al final, cualquier dato que se compute, como las patentes españolas, reflejan
cifras ridículas: 0,59 por ciento del total de las europeas. Ese déficit también era muy notable en aspectos ligados al desarrollo de la sociedad de la información. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Luego
había otros problemas coyunturales basados en gran parte en lo que ha sido la gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue recibido con expectativas muy positivas por parte de todos, incluido este grupo, pero que desgraciadamente no ha
ido cumpliendo los objetivos que tenía marcados.
Esta mañana el propio secretario general de Política Científica hablaba del plan nacional y veíamos claramente que hay una diferencia muy grande entre los objetivos que tenía el plan nacional, que era llegar al 1,29 por ciento en el 2003.
Sólo se llegará, según sus palabras, al 0,98. Con datos reales de 2001, 1,23 por ciento, y sólo llegamos al 0,96 por ciento. Además, hay otro aspecto que también señalábamos en la interpelación y es que ha habido una muy mala gestión. Ha habido
una muy mala gestión, porque en los tres años desde que existe este ministerio hemos dejado de gastar más de mil millones de euros en programas de investigación, se han dejado de ejecutar 1.020 millones de euros.
Por todo ello, yo creo que es el momento de tomar ya algunas medidas. Hay problemas de financiación; hay un segundo tipo de problemas que son los que tienen que ver con la gestión y un tercer gran apartado de problemas que es el referido a
los recursos humanos. Crecemos bastante a paso de tortuga y en este sentido además, desgraciadamente, hemos precarizado el sistema. Yo daba el dato el otro día de 80.000 investigadores con equivalente a dedicación plena y aproximadamente el 25 por
ciento, 20.000, son becarios y son becarios que tienen condiciones precarias.
Estos jóvenes investigadores son una parte importante del sistema y sólo han incrementado el número de investigadores
porque el INE les ha incorporado en la nueva forma de hacer su gestión.
Por tanto, tercer aspecto: financiación, gestión, recursos humanos y, sobre todo, lo que es la transferencia del conocimiento al sector productivo, lo que se puede
conocer como innovación. Tenemos esa grave carencia y todos estos aspectos, unidos a otro que tiene que ver con las relaciones entre ciencia y sociedad, es lo que trata de corregir nuestra moción.
Nuestra moción plantea en primer lugar medidas referidas a la financiación. Hemos dejado de gastar más de mil millones de euros y sería bueno que fuéramos capaces de elaborar un plan de choque financiado con un fondo extraordinario, que
permitiera recuperar para el sistema aquello que no hemos gastado adecuadamente a lo largo de estos años y que permitiría solucionar muchos problemas sobre todo ligados a los temas de personal. En el segundo punto pedimos que se apruebe un programa
de recursos humanos. No podemos crear, como he dicho reiteradamente, 60 plazas de investigador al año en el CSIC jubilándose 25 ó 30 investigadores, porque es un crecimiento -el año pasado y éste- de escasísimas plazas. Nos falta por definir la
carrera del investigador, necesitamos un estatuto del investigador; necesitamos asimismo que las becas posdoctorales se conviertan en contratos ya. Es necesario buscar una salida para los del programa Ramón y Cajal. Es necesario que los jóvenes
investigadores terminen de una vez por todas con esa situación de precariedad. Tienen que mejorar con su incorporación inmediata al régimen de la Seguridad Social y tenemos que intentar conectar mejor a estos investigadores con el sector
productivo, un programa que también tenga en cuenta aspectos ligados a la movilidad.
Tercer gran apartado: Gestión. Proponemos la creación de una agencia de financiación de la investigación, para mejorar esa gestión deficiente de nuestro ministerio y para permitir la participación de la comunidad científica. Será
necesario también buscar fórmulas que permitan una mayor autonomía de gestión, administrativa, presupuestaria, de los organismos públicos de investigación, como ha reclamado el propio presidente actual del CSIC, el profesor Lora-Tamayo. En
Innovación decimos que la solución mejor no es dar exclusivamente dinero a las empresas, sea por medio de subvenciones o por préstamos. Lo mejor es que el sistema público sea potente en nuestro país, permita formar a esos investigadores y
transfiramos esos investigadores o a una parte de ellos a ese sector productivo, a esas empresas, para que puedan hacer llegar esos conocimientos adquiridos y tener un sistema realmente fuerte. Son una serie de aspectos que tienen que ver con la
creación de una agencia que permita que se fomenten las innovaciones que sean patentables. Pedimos que se cree una ANEP tecnológica -ponemos como base el CDTI-, que permita avanzar en el reconocimiento de la labor de muchos investigadores que están
en el sector tecnológico y por eso creamos una nueva figura que es la de los sexenios tecnológicos. Planteamos una serie de aspectos que al final van a permitir, si se aplicaran, mejorar nuestro sistema.
Ha llegado la hora también de evaluar exactamente esos planes de apoyo de I+D a las empresas y valorar para qué sirven, necesitamos identificar nuevos indicadores, como el número de nuevos productos y procesos creados, el nuevo empleo
generado de investigadores y tecnólogos, el número de patentes producidas, contrataciones efectuadas, etcétera. Y, por último, un plan de ciencia y sociedad que permita acercar la ciencia al ciudadano y que el ciudadano perciba la importancia de la
ciencia, que no sea una mera retórica a la hora de afrontar unas elecciones, sino que haya realidades y que el ciudadano lo perciba. También hacemos una apuesta para lo que denominamos igualdad de género, una mayor presencia de la mujer en el mundo
de la investigación.Estas son nuestras propuestas, que van dirigidas a la financiación, a los recursos humanos, a la gestión, a la mejora en el funcionamiento de los OPI, a la innovación y a la ciencia y sociedad.
Para terminar, he de decirles que obviamente pido el voto a favor de esta moción y también les pido que se debata con el mayor rigor posible, pero no utilicen el argumento de que todo esto está hecho. Hay propuestas absolutamente nuevas:
el plan de choque, lo que es la agencia de la financiación, lo que es un programa a medio plazo de recursos humanos, lo que es la autonomía de los OPI, lo que es la creación de la red tecnológica, lo que son los sexenios tecnológicos, una serie de
medidas que pueden permitir salir de la situación en la que se encuentra nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es cierto que ha habido cosas positivas, en todas las cosas en la vida hay cosas positivas, pero no es menos cierto que ahora mismo
estamos en una situación que no es buena para nuestro sistema. Cuando hay grandes males, hay que pedir grandes remedios y, en la medida de lo posible, pido que se escuchen estos planteamientos de la oposición. Hemos hablado con muchos sectores y
tenemos bastantes razones para defenderlos, porque esos sectores estarían identificados con estas medidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Lissavetzky, su tiempo ha concluido.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Termino en 10 segundos.
Más allá del debate político y de la defensa de las posiciones, pido ese rigor para que se pueda tener en cuenta y se vote a favor esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Lissavetzky.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Entre otras cosas, porque esta moción intenta abordar los problemas que tiene nuestro país en materia de
investigación y desarrollo y que desde luego la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha venido a paliar, sino que más bien ha venido a agravar.
Podemos decir con total y absoluta franqueza que la política llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un auténtico fracaso. Se ha perdido inversión en la investigación, cada vez
hay más precariedad entre los investigadores, no solamente entre los becarios, posgraduados o posdoctorales, sino que también hay precariedad entre los propios investigadores. Cuando el Grupo Parlamentario Socialista plantea en el punto 2, letra
b), el mantenimiento del programa Ramón y Cajal y el diseño de actuaciones para la inserción definitiva de los actuales contratados en el sector público o privado, tengo que recordar a SS.SS. que el Gobierno del Partido Popular y el grupo que lo
sustenta en esta Cámara vendieron el programa Ramón y Cajal como un gran programa, que además iba a permitir la recuperación de cerebros para que vinieran a investigar en nuestro país.
Señorías, tendrán ustedes que convenir con este grupo
parlamentario que no lo dicen solamente este grupo y el Grupo Parlamentario Socialista, sino que los propios investigadores dicen que ha sido un auténtico desastre, que cada vez investigan en peores condiciones, con menos recursos y con mayores
problemas.
Nosotros compartimos todos y cada uno de los puntos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Está en los programas, no se inventa ningún programa nuevo. Lo que no está es la gestión que de estos programas se tendría
que estar llevando a cabo. Es un clamor; los propios OPI y el resto de sectores que están implicados en la investigación, los parques científicos e incluso las propias empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, están permanentemente
exigiendo una mayor inversión por parte de los sectores públicos. Como ustedes también podrán ver, la política de menor inversión del sector público que ustedes han desarrollado para motivar más la inversión del sector privado ha llevado a una
menor inversión real, con lo cual seguimos no solamente perdiendo el tren, sino quedándonos cada vez más descolgados del resto de los países de la Unión Europea, que sí que realizan una inversión mucho más clara y mucho más real en investigación y
desarrollo. Ustedes nos han dicho en muchas ocasiones -y lo compartimos- que la investigación y el desarrollo tecnológico son precisamente los que pueden colocar a nuestro país en una situación de competitividad y de real desarrollo económico claro
y contundente, inamovible si no es hacia adelante. Pues bien, ustedes, señorías, se contradicen con la práctica que llevan a cabo en las políticas de investigación y desarrollo tecnológio para que estén al alcance de toda la ciudadanía o de todos
los sectores empresariales y no solamente de unos cuantos.
Señorías, sería bueno, para empezar a cambiar las cosas, que apoyaran la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista, reconocieran sus errores y empezáramos a funcionar en la línea adecuada para poner a nuestro país en el lugar que le
corresponde en la investigación y en el desarrollo.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la moción que presenta el Grupo Socialista, fruto de su interpelación al Gobierno.
Se trata de una moción muy extensa que contiene medidas de diferentes tipos y con la que es muy difícil no estar de acuerdo en el impulso a las entidades de investigación y desarrollo e inversión en el Estado español.
De todas formas,
contiene propuestas que ya están en marcha y otras que son más discutibles. En primer lugar, solicitar mil millones de euros está bien, pero de lo que trata la moción es de remarcar la falta de ejecución de los presupuestos y en especial de los del
año 2001.
El comisario Busquin hizo unas declaraciones sobre la necesidad de incrementar los investigadores en Europa hasta el 2010 para poder alcanzar los objetivos fijados en Lisboa y Barcelona. En España es más necesario aún aplicar esta política.
Estamos muy de acuerdo en el crecimiento sostenido de los investigadores, así como en prolongar el programa Ramón y Cajal más allá de tres años, pero antes que nada hay que aclarar cómo se realiza y se financia la incorporación definitiva de los
contratados actuales cuando acabe su actual contrato de cinco años.
Durante estos cinco años el programa financia el 80 por ciento de los contratados, pero después pasan a depender de las comunidades autónomas, que no tienen el problema resuelto
pues no hay recursos para la investigación en las transferencias que se han hecho a los gobiernos autonómicos. Por ello hay que resolver esta continuidad en la propuesta que se realiza al Gobierno. La tendencia del programa Ramón y Cajal es ir
hacia los contratos para becas posdoctorales, como indica la moción, lo cual ya se está efectuando.
También es positiva la solicitud de incorporar a los jóvenes investigadores a la Seguridad Social, pero esta moción deja aparte la consideración de los problemas presupuestarios que se pudieran originar, lo cual se tendría que haber
contemplado o al menos haber dejado la puerta abierta al Gobierno para que pudiera hacer esta inclusión en la política de investigación y desarrollo. En el punto referente a los investigadores y tecnólogos, creemos que se trata del programa
Torres-Quevedo, que posiblemente estaría mejor incluido en el apartado 5 de la moción. El estatuto de la investigación parece ser una voluntad del Ministerio de Educación y Cultura, pero no acaba de cuajar. Entendemos que la mejor definición de
los OPIS pasa también por mejorar su descentralización y su transferencia a los Gobiernos autonómicos.
La creación de una agencia es algo que hay que considerar, y no entendemos claramente cuál es la intención de la solicitud de la participación al mencionar la participación de la comunidad científica, pues no queda clara en la propuesta. La
idea de impulsar conjuntamente con las comunidades autónomas un programa de innovación parece correcto, pero ya se están llevando a cabo muchas acciones, como la transferencia de tecnología a través de las OTRIS y de otros mecanismos. Ya se está
impulsando la creación de empresas con base tecnológica, y quisiera manifestar nuestro acuerdo respecto a la necesidad de evaluación de los proyectos exante y expost mediante la ampliación del ANEP o de la creación de una entidad paralela, que no
necesariamente tendría que ser el CDTI. De la misma forma sería necesaria la evaluación de los programas y del conjunto del plan de investigación. Esta política la estamos llevando a cabo en Cataluña, así como la evaluación general de los
programas de reserca.
En definitiva, y aun con los posibles desajustes de esta proposición, nuestro voto será de abstención en esta moción porque en el fondo el interés por la mejora de la política científica por parte del Gobierno es positivo, pero entendemos
que tendría que hacerse de una forma consensuada, considerando las posibilidades del Gobierno y la voluntad de todos los grupos, puesto que el beneficio esperado para todos y el de la comunidad científica es de cara al futuro. Por ello, reitero,
nos abstendremos en esta votación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción que hoy nos trae el Grupo Socialista, que es consecuencia de una interpelación que se debatió la semana pasada, y agradeciendo el tono del portavoz del Grupo
Socialista, el señor Lissavetzky, y el tono de la expresión de su moción, le tengo que adelantar que el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta moción. Y no la va a apoyar porque esta moción es consecuencia de un análisis de la situación
del mundo de la ciencia y de la innovación que es sesgado, un análisis que no es correcto y que, por tanto, lleva a conclusiones que a nuestro juicio son también incorrectas. Se ha dicho en este debate que la moción es ambiciosa porque tiene cinco
grandes puntos con quince subpuntos, por lo que sería prácticamente imposible contestar en cinco minutos una por una a todas las peticiones. Hay muchas de ellas en las que uno puede estar de acuerdo porque, señor Lissavetzky, puede coincidir
conmigo en que usted pide la luna en el sentido de que pide prácticamente todo lo que sería el marco idílico del mundo de la innovación y del mundo científico en nuestro país. Sin lugar a dudas se está trabajando en España, y sobre todo en los
últimos años, para conseguir muchos de esos objetivos, pero gran parte de esas reivindicaciones ya han sido elaboradas o ya se está trabajando en ellas o ya han tenido una consecución de objetivos a través del primer Plan nacional de I+D+I y la
consecución del segundo Plan de I+D+I.
Por darle dos pinceladas en las que ha habido especial énfasis en la siempre visión catastrófica de la política de ciencia y tecnología de la portavoz señora Urán y también del señor Lissavetzky, sobre la gestión de ejecución del
presupuesto, simplemente quiero matizarle que en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología del año 2002 se han realizado créditos de 3.371 millones de euros, el grado de ejecución en 2002 ha sido del 94,25 por ciento, muy superior al del
ejercicio 2001, y un 96,09 por ciento en el ámbito de la sociedad de la información de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnología. Se ha incrementado en 20 puntos, señorías, hasta un 87,55 por ciento, la ejecución del fondo
nacional para el desarrollo de la investigación científica técnica respecto a 2001. En 2002 se han introducido mejoras importantes que simplifican y agilizan la gestión, como es el adelanto, reordenación y racionalización de todas las
convocatorias; flexibilización del procedimiento de asignación de gasto y de los pagos; simplificación del procedimiento de gestión del programa Ramón y Cajal para 2003, con lo que se evitarán los retrasos de las pasadas convocatorias; reducción
de los plazos para la evolución del expediente; mejoras en los equipos, sistemas de información, etcétera. Hay un importante esfuerzo por mejorar el grado de ejecución.
Otra breve pincelada, señor Lissavetzky, respecto a la política de los becarios, una de las reivindicaciones que también nosotros sostenemos.
Simplemente quiero decirle que ya se está elaborando el estatuto del becario, con importantes
mejoras e innovaciones para el conjunto de ese colectivo, que sin lugar a dudas nosotros
somos los primeros que queremos que tengan los mismos derechos desde el punto de vista de prestaciones sociales y cobertura social, y dentro de ese estatuto de becario también se va a realizar. En definitiva, en recursos humanos, que
también se solicitaban a través del Programa Ramón y Cajal y Torres-Quevedo, se ha dado un salto significativo. No le pongo como referencia un año ni dos ni desde que gobierna el Partido Popular, que sería 1996, sino que en los últimos 20 años los
recursos humanos dedicados a la investigación, que habían sido de un 0,17 por ciento por 1.000 habitantes de población activa, se han incrementado de una manera notable desde la puesta en práctica del Plan nacional I+D+I 2000-2003 hasta el 0,43,
según datos de la OCDE. Tanto la Unión Europea como la OCDE han alabado el esfuerzo que realiza el Gobierno de la nación en aumentar los recursos humanos plurianuales que se dedican a la investigación. Creo que hemos conseguido los objetivos que
nos habíamos fijado hace unos años con 2.000 investigadores.
En definitiva, porque se me acaba el tiempo, creo que estamos ante una política correcta, como decía esta mañana, con luces y sombras, y que se ha hecho un análisis certero de cuáles son las luces para seguir avanzando sobre los importantes
aciertos de la política científica española, y se está intentando mejorar de una manera activa y contundente aquellas sombras que haya podido haber en la gestión. Prueba de ello es que esta misma mañana se ha presentado, como usted bien sabe, el
programa nacional de I+D+I 2004/2007, que sin lugar a dudas supone un magnífico esfuerzo, en el que han trabajado más de 12 subcomisiones los mejores profesionales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Moreno, su tiempo ha concluido.
El señor MORENO BONILLA: Voy concluyendo, señora presidenta.
Decía que han trabajado los mejores profesionales en un programa en el que está la base, junto al primer Plan nacional de I+D+I, para seguir recortando las grandes diferencias históricas que siempre ha tenido nuestro país respecto a los
países más desarrollados en el mundo de la investigación científica y la innovación.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Moreno, debe finalizar.
El señor MORENO BONILLA: Estoy seguro de que si seguimos en esta línea conseguiremos el noble objetivo que todos perseguimos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Moreno.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES Y LA IMPLICACIÓN EN EL EQUILIBRIO TERRITORIAL DE SUS DECISIONES. (Número de expediente 173/000209.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial
de sus decisiones.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora vicepresidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, la interpelación que este diputado sustanció la semana pasada tenía como objeto poner encima de la mesa las decisiones arbitrarias de algunos órganos o agencias reguladoras.
Citábamos el caso de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y el de la Comisión de la Energía y, entre otros, explicitábamos un caso reciente: la polémica decisión de la Comisión de la Energía en la OPA de Gas Natural a Iberdrola, así como lo que acaeció en su
momento, hace dos años concretamente, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso llamado Gescartera, y los errores, negligencias e incluso -y esto está en la Audiencia Nacional como sabe muy bien SS.SS- supuestas prevaricaciones en
los diferentes actos de supervisión e inspección que se produjeron en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso Gescartera.
Decía el ministro señor Rato que, en todo caso, para exigir explicaciones sobre las decisiones de la Comisión de la Energía o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya estaban los respectivos presidentes en las diferentes
comparecencias que han hecho en esta Cámara. Y es verdad que el presidente de la Comisión de la Energía y, en su momento, los diferentes presidentes que estuvieron y estaban presentes en la Comisión Nacional del mercado de Valores comparecieron en
esta Cámara, pero Esquerra Republicana de Catalunya no cuestiona las decisiones que pueda tomar un consejo de una agencia reguladora. Estamos cuestionando la fórmula, la estructura de decisión, cómo se eligen los miembros de esos consejos y qué
función tienen. En la sustanciación de la interpelación, el señor Rato negó, por activa y por pasiva, que hubiera un mandato político en la resolución de la OPA de Gas Natural. Esta es una dinámica reiterativa. Hay que recordar y hacer memoria
del caso Gescartera, cuando en la comisión de investigación el mismo señor Rato también negaba, por activa y por pasiva, que los miembros que se habían designado en el consejo que en ese momento toma la decisión de no actuar sobre la agencia
de valores llamada Gescartera eran personas de su confianza y nombradas por su ministerio. Aquí estamos cuestionando que las personas que se designan sean nombradas por un ministerio, en este caso en el que hacía referencia a Gescartera y
en el caso de la Comisión de la Energía, por el Ministerio de Economía, y consideramos que este modelo de elección vicia la toma de decisiones porque no sólo no están exentas de criterios políticos, sino porque la decisión sobre la aceptación o el
veto, el curioso veto que se produjo en Gas Natural, es una decisión política, claro está. Pero, como decíamos en la interpelación, más que políticas, son decisiones partidarias.
No me extenderé en el caso de Gescartera, pero quiero detenerme un momento en el caso de Gas Natural, que se llevó buena parte de la exposición de la interpelación. En la oferta que hizo en su momento, oferta hostil, en este caso, de Gas
Natural sobre Iberdrola, se aparecieron dos argumentos -y digo que se aparecieron porque no tengo otra forma de decirlo- que no tenían precedentes en la toma de decisiones de la Comisión de la Energía.
En primer lugar se creaba una nueva doctrina y
se vulneraba lo que podíamos definir como el principio de confianza legítima. Se creaba una nueva doctrina curiosa, sin precedentes, llamada de la irreversibilidad de la operación. En la hipótesis de que hubiera avanzado la OPA, la hipotética
fusión o la absorción de una compañía por la otra, no había forma de dar marcha atrás y podían quedar alteradas las actividades reguladas y también la estructura financiera del grupo saliente. Este es un argumento curioso porque a partir de este
concepto de irreversibilidad no podría haber ninguna OPA ni pactada ni hostil ni la auto OPA que podría hacer una empresa sobre una filial. No se podría dar porque cualquier consentimiento podría dar al traste con esta situación.
Imagínese lo que
podría pasar en el sector de las telecomunicaciones con este concepto de irreversibilidad, una aportación curiosa para amagar lo que podría ser en este caso una decisión estrictamente partidaria.
Tampoco tenía ninguna validez, ningún sustento
político, ni en la jurisprudencia que se ha producido hasta ahora, la sensación de que no se podían traspasar los fondos y las garantías en las actividades reguladas -en este caso del sector gasístico y en el caso eléctrico de Iberdrola- a otros
mercados no regulados. Con este criterio creamos una nueva doctrina porque, a partir de aquí, fíjense lo que ha pasado con Telefónica en la travesía del Atlántico, las inversiones que se han hecho en terceros países, lo que ha pasado con Repsol o
con otros grupos que tienen actividades reguladas y que han utilizado esos fondos y garantías para invertir en nuevos mercados, y no siempre con buenos resultados. Se podrá aducir la coyuntura internacional, la política monetaria, las crisis que se
vieron en terceros países, pero se ha hecho el trasvase de fondos y garantías de actividades reguladas hacia otros países. Hasta aquí, ni los órganos reguladores ni el Gobierno ni el Ministerio de Economía han dicho ni mu, todo lo contrario,
parecía que aplaudían y bendencían; no ha sido así, en esta fusión ha aparecido un nuevo criterio que nadie sabe a ciencia cierta de dónde puede salir.No deja de ser curioso que el señor Rato nos diga que en el caso de Gas Natural había unos
criterios de que no se cumplía la gasificación del resto del Estado. Si esto es así, tenía el Ministerio de Economía alguna responsabilidad, no este diputado ni el grupo al que representa.
En definitiva, lo que nosotros defendemos en esta moción son tres puntos muy claros. En primer lugar consideramos que los miembros consejeros y presidentes de los órganos reguladores tienen que ser escogidos por el Congreso y el Senado, por
las Cortes Generales, por mayoría cualificada, tres quintas partes. Nos parece la única fórmula de garantizar quién vigila a los vigilantes. De otra forma, los criterios y la correa de transmisión automática desde el Gobierno está garantizada y la
sospecha es permanente, como hemos podido ver en los casos que hemos definido. En segundo lugar, la forma de abrir y de hacer más transparente y más participativos a los órganos reguladores es que las comunidades autónomas participen de dichos
órganos y tengan una presencia definida. Y en tercer lugar, una propuesta que Esquerra Republicana ya ha traído a esta Cámara es la descentralización territorial de estos órganos, como han hecho otros países, como es el caso de la República Federal
Alemana o el de Italia.
Para acabar, señoras y señores diputados, consideramos que es necesario crear mecanismos de garantía para las agencias reguladoras. Tenemos la sensación de que el concepto de libre mercado y de libre competencia está hoy amenazado con este
Gobierno del Partido Popular y que con su división, los llamados cuatro magníficos -se entiende Telefónica, señor Alierta; Repsol, señor Cortina; BBVA, señor González de Argentaria y Endesa, señor Pizarro- que son grupos estratégicos básicos en
este Estado, hoy están tutelados de forma partidaria. Se vulnera el principio básico que dicen que defienden de libre mercado y libre competencia porque todo lo que no sean intereses que van en la línea de estos cuatro magníficos son atacados
directamente por los órganos reguladores del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Puigcercós, su tiempo ha concluido.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo, señora presidenta.
Hoy estamos aquí para defender estos tres puntos de la moción, que van en la línea de defender hoy el libre mercado y la libre competencia, que ustedes, señores del Partido Popular, parece que no quieren, hoy por hoy, en este Estado.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Vasco en el Congreso coincide básicamente con el contenido de la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por Esquerra Republicana de Cataluña sobre los criterios del Gobierno español para la constitución y
funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones. Creemos, sin embargo, que con la enmienda que hemos presentado se concretan una serie de cuestiones que a nuestro juicio mejoran el texto
planteado por Esquerra Republicana de Cataluña. En primer lugar creemos que en relación con el apartado a), en el que se prevé establecer los mecanismos para que los presidentes y consejeros de los órganos reguladores sean elegidos por las tres
quintas partes de las Cortes Generales, se incluye una condición por la que, además de cumplir los requisitos de probado conocimiento, experiencia y profesionalidad en el sector correspondiente, no se computen a dichos efectos los adquiridos en
cargos públicos de elección o designación. Pretendemos de esta manera evitar amiguismos y enchufismos de los que ha hablado el diputado de Esquerra Republicana y que en nada benefician al funcionamiento y a la independencia de los órganos
reguladores. En segundo lugar, desde el Grupo Parlamentario Vasco creemos que la presencia efectiva de las comunidades autónomas en dichos órganos no debe ser inferior a la mitad de los miembros con derecho a voto. Esta cuestión es coherente con
la concepción del Estado de las autonomías que establece la Constitución Española y que la mayoría de esta Cámara dice defender. En tercer lugar, creemos que en el último apartado de la moción es más correcto a efectos de no producir confusión
hablar de diversificación territorial de la ubicación de las sedes de los órganos regulados, en lugar de hacerlo de descentralización de las agencias reguladoras. Por lo demás, nuestro grupo comparte plenamente el espíritu de la moción planteada
por Esquerra Republicana de Cataluña, y en caso incluso de que Esquerra no acepte nuestra enmienda, el Grupo Vasco votará a favor de la moción puesto que avanza en una dirección que consideramos enormemente positiva.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y para la defensa de la enmienda igualmente presentada, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comparte en este caso el planteamiento que hacía el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, con la certeza de que las agencias a las que hace referencia la
moción están excesivamente condicionadas por los intereses del Gobierno y, lo que nosotros consideramos que es más grave todavía, por necesidades del partido político que está en el poder en estos momentos o que puede estar en el poder en momentos
futuros.
Señorías, el objetivo que deben tener estas agencias es que su labor reguladora sea apartidista totalmente, profesional, con una vinculación real a la ley y al interés común y desvinculada de las presiones del Ejecutivo. Tenemos que
reconocer que los órganos reguladores españoles no son lo independientes que deberían ser y que no son independientes en algunas ocasiones. El grupo que sustenta al Gobierno, que se fija tanto en el Estado americano o en el británico, podría copiar
en este caso las agencias reguladoras que tienen estos dos Estados y que son realmente independientes y ponen en muchas ocasiones en situaciones complicadas a los gobiernos de su país cuando les obligan de una manera clara, rotunda y contundente a
cumplir con los requisitos de la ley y, sobre todo, a velar para que se cumplan las condiciones de competencia en algunos aspectos que tanto defiende el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que sustenta. Se podrían dar no solamente los
ejemplos que ha planteado el portavoz del Grupo Mixto, sino muchos más que dejan a las claras la falta de independencia que tienen nuestros órganos reguladores.
Por ello es lógico, señorías, que se tengan que proponer modificaciones legislativas
que vayan en la línea de garantizar la real independencia de estos órganos reguladores. Por eso creemos que está en la línea acertada, y así lo ha defendido mi grupo parlamentario en numerosas ocasiones, para que se pueda reforzar esa independencia
a través de una elección de los órganos colegiados de estos organismos reguladores con la vinculación clara y decidida a las Cortes Generales a través de una votación con una mayoría cualificada. Esto permite que, a pesar de que pueda haber
acuerdos políticos, los componentes de estos órganos reguladores sean realmente independientes porque habrá que buscar a las personas adecuadas para poderse poner de acuerdo bastantes más grupos parlamentarios de los que hoy se han de poner. Además
estos órganos deben tener la obligación de dar cuenta a las Cortes Generales, que es de las que realmente dependen. Por lo tanto, señorías, creemos que esto es importante, lo mismo que creemos que es importante que estén vinculadas a estos
organismos las comunidades autónomas porque sus decisiones afectan a sus competencias y además porque debe quedar fijado el reparto territorial de los organismos reguladores para que se vea la diversidad que existe en nuestro
Estado y no se queden concentrados en un centro, donde quizá los poderes económicos los tienen mucho más a su alcance para poder presionarlos.
También, señorías -y esa es la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario-, creemos que,
de la misma manera que se incorpora en la moción del Grupo Parlamentario Mixto la necesidad de que exista la participación de las comunidades autónomas en estos organismos reguladores, también ha de existir la participación de las corporaciones
locales, porque si las comunidades autónomas se ven afectadas en sus competencias, las corporaciones locales también y deben formar parte y poder incidir en la configuración de estos organismos. Por lo tanto, señorías, pedimos al Grupo
Parlamentario Mixto que acepte nuestra enmienda, y nuestro voto, con independencia de su aceptación o no, será favorable a esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
El señor Bel tiene la palabra para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.
No es la primera vez que la Cámara discute sobre la cuestión de la independencia o no dependencia o falta de dependencia de los órganos reguladores ni es tampoco la primera vez que discute sobre su ubicación territorial. Desde el otoño del
año 2000 hemos expresado en nombre del Grupo Socialista ya en diferentes ocasiones nuestra posición sobre la necesidad de reforzar la independencia de estos órganos y también la necesidad de distribuir sus sedes en el territorio español. Carecen de
suficiente independencia y poder porque, por diseño de estructura, estos órganos ven dificultada su actuación con independencia. Los elementos de estructura que influyen en su diseño son, en primer lugar, los poderes reales que tienen, en segundo
lugar, la forma de nombramiento y, en tercer lugar, las pautas de funcionamiento. Poderes reales tienen pocos: por ejemplo, las comisiones reguladoras sectoriales no tienen capacidad de fijar tarifas, lo que es algo general en nuestro entorno de
la Unión Europea. Por forma de procedimiento tienen una dependencia estricta del Ejecutivo que facilita la interferencia desde el mismo en el funcionamiento cotidiano de estos órganos. Por eso, a nuestro juicio, carecen de suficiente independencia
y poder, y como la estructura está mal diseñada, nos vemos resignados a quedarnos con la independencia en la conducta individual. Esto, que es una presunción, un juicio de intenciones positivo que siempre hay que tener, ha quedado bastante
perjudicado con el desarrollo de la última OPA de Gas Natural porque por primera vez se toma una medida sin precedentes, que es la de denegar, sin ningún tipo de condición, una operación de fusión entre empresas, y además se toma con un argumento
bastante sui generis, y es que no se deben emprender este tipo de operaciones con tarifas reguladas, lo cual nos lleva a un absurdo tan grande que hace insostenible este criterio en el tiempo porque si este criterio se sigue manteniendo, ninguna
empresa energética española, ni la Telefónica dominante, podrá participar en este tipo de operaciones, y supongo que no es voluntad de este Gobierno -lo ha demostrado en muchas ocasiones- que sólo pueda haber operaciones de fusión en sectores como
la energía si empresas extranjeras ejercen una OPA sobre empresas españolas. Este Gobierno es algo más nacionalista que para pretender esto, y ahora en un momento en que la acción de oro ha sufrido un fuerte golpe por decisiones de la Unión
Europea, como comprenderán, nadie cree que esta doctrina sea sostenible en el tiempo y nadie cree, de hecho, que vaya a ser sostenida, ni siquiera los que la han adoptado.
¿Qué proponemos como enmienda de sustitución a una moción en cuyos rasgos generales y en los concretos estamos de acuerdo? Proponemos -ya lo habíamos hecho y en esto no se diferencia nuestra enmienda- la elección por Cortes Generales,
Congreso y Senado, de los componentes miembros de la dirección de estos órganos. En nuestro caso, precisamos el Senado, y ello no es gratuito. Creemos que las comunidades autónomas deben tener su cauce de participación en la elección de presidente
y consejeros, sin embargo, no estamos de acuerdo con la designación directa de representantes desde las comunidades autónomas. Si nosotros nos oponemos a que el Gobierno designe directamente a los presidentes o consejeros, no es lógico estar a
favor de que las comunidades autónomas lo hagan también. A nuestro juicio es posible llevar a cabo la participación de los territorios a través de un Senado reformado de tipo federal, a la alemana, que congregue y represente territorios, bien a
través de designación gubernamental o parlamentaria. En este contexto de Senado federal las comunidades autónomas pueden participar en la elección de los miembros de los órganos reguladores. Por tanto, hemos propuesto la eliminación del punto 1.b)
de la moción presentada por el señor Puigcercós. En tercer lugar, en nuestra moción de sustitución mantenemos la propuesta de descentralizar en el territorio, no competencialmente sino territorialmente, las agencias reguladoras. Por último,
añadíamos un punto que hace referencia a la necesidad de mejorar la profesionalidad y el elemento de meritocracia en el acceso a este tipo de cargos y su debate en el Congreso y en el Senado. Por lo tanto, no estaríamos lejos de las expresiones del
señor Azpiazu al respecto.
Nuestra enmienda no se aparta demasiado del texto original, aunque quizá lo hace en la discusión sobre cuál ha de ser el cauce a través del cual las comunidades
autónomas participen en estos procesos de designación. En caso de que nuestra enmienda sea rechazada, si procediese reglamentariamente, pediríamos la votación separada de alguno de sus aspectos.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bel.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Señor Puigcercós, en relación con la primera parte de su moción no podemos estar de acuerdo en que la designación parlamentaria de los miembros de las agencias reguladoras las dote de una mayor independencia según el modelo en que los mismos
sean designados directamente por el Gobierno. El análisis comparado con otros modelos, tanto europeos como del resto del mundo, nos muestra cómo prevalece la designación por parte del Ejecutivo frente a los sistemas de simple designación
parlamentaria. Donde sí existe unanimidad es en lo relativo a la cualificación profesional de los candidatos a designar. En casi todos los sistemas se impone la exigencia del perfil técnico por parte de los posibles candidatos como garantía de
independencia profesional, por encima de cuál sea el mecanismo de designación. En España se ha impuesto un sistema mixto, ya que, si bien la designación corresponde al Gobierno, el filtro de la idoneidad profesional y técnica de los candidatos
corresponde a la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Es en este trámite donde es posible que los grupos parlamentarios puedan ejercer la función de control del Ejecutivo en el análisis del perfil de los candidatos propuestos.
La práctica ha demostrado que el sistema de designación parlamentaria no garantiza ni mucho menos una mayor independencia. En cualquier caso la actuación de las agencias reguladoras está sujeta no sólo al control jurisdiccional, sino también al
control político, a través de las comparecencias de sus representantes ante los órganos de control de las Cámaras y, en todo caso, al control de la propia opinión pública.
En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas en su moción, el principio de descentralización territorial del Estado que consagra nuestra Constitución se hace efectivo, entre otras manifestaciones, a través de las comunidades autónomas
como entes políticos dotados de una estructura administrativa para el ejercicio de sus competencias propias.
Como cuestión preliminar a este respecto, quiero señalar que las agencias o comisiones reguladoras están dotadas de plena independencia y
autonomía funcional, configurándose como organismos de derecho público, con personalidad jurídica propia. Su engarce con la Administración general del Estado se hace a los solos efectos de la adscripción orgánica, sin que medie dependencia
funcional alguna con el propio Ministerio de adscripción. En este horizonte se podría decir que la legislación sectorial garantiza la independencia jurídica y, por ende, la fáctica respecto de la propia Administración del Estado. En definitiva, la
legislación ha pretendido garantizar que ninguna administración territorial, ya sea estatal, autonómica e incluso local, tenga presencia en los consejos de administración de las comisiones reguladoras nacionales. En cualquier caso, en lo que afecta
a la propia Comisión Nacional de la Energía existen mecanismos, como los consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos en donde está garantizada la presencia e intervención de todas las comunidades y ciudades autónomas. A mayor abundamiento
conviene recordar -a ello se han hecho pocas referencias- la nueva normativa comunitaria que reclama e impone como instrumento de la liberalización real de los mercados la existencia de autoridades reguladoras nacionales en cada Estado. La
propuesta de modificación de las directivas establece una obligación más clara de crear autoridades reguladoras nacionales; dichas autoridades tendrán que ser completamente independientes de los intereses de la industria eléctrica o gasística, a
las que se encomendarán, como mínimo, las competencias recogidas en su articulado. En este contexto hay que situar nuestra enmienda, en la que se insta al Gobierno a impulsar la actuación de los órganos reguladores en beneficio de los consumidores,
de modo que las mejoras de eficiencia en los mercados sobre los que actúan se trasladen a los consumidores a través de modificaciones a la baja en los precios o en las tarifas. En nuestra enmienda se pretende reforzar también la trasparencia de las
decisiones de los órganos reguladores independientes del Gobierno, y en línea con el contenido de la moción proponemos que la comisión correspondiente del Congreso establezca la comparecencia anual del presidente de la Comisión Nacional de la
Energía para informar sobre el estado de la competencia en los sectores energéticos y las actuaciones realizadas para el cumplimiento de sus funciones.
Señoría, en un contexto de mercado único europeo en el que pronto estarán integrados 25 países pretender seccionar la vigencia del mercado por facciones territoriales y pensar que la transparencia del mercado es mayor porque las sedes de los
órganos reguladores de carácter nacional radiquen en una u otra comunidad autónoma -por cierto, ya hay varias con sede distinta a la de Madrid-, o vayan por eso a ser más independientes, es estar absolutamente fuera de la realidad. A lo mejor es
precisamente la cercanía, la proximidad, lo que pueda más fácilmente restar independencia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Albendea.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y expuesta ante esta Cámara por el diputado de Esquerra Republicana, Joan
Puigcercós, respecto a los criterios del Gobierno español sobre la constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación en el equilibrio territorial de sus decisiones.
Estamos de acuerdo en el fondo de la moción presentada por el señor Puigcercós, aunque en la metodología plantearíamos otras cuestiones, pero ello no va a cambiar la intención de nuestro voto, que será positivo. Es cierto que en el sistema
económico financiero español se ha planteado una evolución favorable en cuanto a la liberalización del sector financiero, en cuanto a la liberalización de determinados sectores económicos, en cuanto a la liberalización del mercado de la energía y
del mercado gasista, pero no es menos cierto que en este caso es necesario también una liberalización equilibrada de todos aquellos organismos reguladores que a nuestro entender han quedado desfasados, anticuados, como lo demuestran, por ejemplo,
que las acciones oro han quedado totalmente devaluadas por una decisión de la Comisión Europea. Nosotros entendemos que sería necesaria una liberalización económica y equilibrada de los organismos reguladores que actualmente están en
funcionamiento. Pensamos que en España existen algunos organismos reguladores que perfectamente podrían dar un paso adelante en cuanto a esta liberalización, por ejemplo, el Consejo Superior de la Energía Nuclear, la Comisión Nacional de la
Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, así como otros organismos que están pendientes de creación, pero sería oportuno un paso en esta dirección. Si esto se produjera, conseguiríamos
asegurar una mayor liberalización en el mercado, que sería más eficiente, así como también se produciría sin ningún tipo de duda una liberalización más real y podríamos incorporar una competencia más efectiva en todos los mercados: económicos,
financieros, energéticos y gasísticos.
También es cierto que esta moción se produce como consecuencia del veto por la Comisión Nacional de Energía a la OPA presentada por Gas Natural hacia Iberdrola, que nosotros en su momento ya calificamos de injusta, irracional y arbitraria en
la Comisión Nacional de Energía, ya que Convergència i Unió piensa que esta era una operación impecable para posibilitar una compañía energética de nivel mundial, una operación de las más competitivas que se podrían plantear en el futuro o en el
presente inmediato, pero esto no fue posible. De todos modos, a raíz de esta moción y de estos planteamientos del Grupo Parlamentario Mixto, consideramos que sería conveniente tirar hacia adelante con estas cuestiones que van en esta misma
dirección.
Asimismo, consideramos conveniente una deslocalización de la capital del reino de estos órganos renovadores, y en este aspecto tampoco entendemos la posición del Grupo Socialista, expuesta por el señor Bel, ya que por una parte plantean que
es efectiva esta deslocalización, pero cuando se habla de la posibilidad de que pudiera estar en Barcelona la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones el Grupo Socialista vota en contra de lo que ahora plantea en esta moción. Por tanto, no entendemos
su planteamiento, como tampoco comprendemos una cuestión que para nosotros es prioritaria, la participación de las comunidades autónomas en dichos órganos reguladores, con lo que el Grupo Socialista parece que tampoco está de acuerdo. Por este
motivo, y dejando claros estos contrasentidos de dicho grupo, votaremos a favor de la moción presentada por el Esquerra Republicana, del Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Puigcercós, tiene usted la palabra a los únicos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta. Intervendré a los únicos efectos de definirme sobre las enmiendas. Quiero agradecer las enmiendas recibidas, pero les comunico que no vamos a aceptar ninguna, porque son
contradictorias entre sí.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós. (La señora presidenta ocupa la presidencia.-Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política científica del Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 95; en contra, 139; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español sobre constitución y funcionamiento de los órganos reguladores y la implicación
en el equilibrio territorial de sus decisiones. En primer lugar, sometemos a votación el punto 1 a) y el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 106; en contra, 138; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos a continuación el punto 1.b)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 23; en contra, 141; abstenciones, 83.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.