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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 237, de 25/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 237
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 228
celebrada el martes, 25 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida y de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus
células, tejidos u órganos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 290-1, de 22 de noviembre de 2002. (Número de expediente 122/000257.) ... (Página 12112)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de ordenación del bienestar social general y de las familias: régimen de prestaciones económicas y servicios mínimos básicos garantizados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 310-1, de 14 de marzo de 2003. (Número de expediente 122/000276.) ... (Página 12119)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Hidrológico Nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 505, de 14 de marzo de 2003. (Número de expediente 162/000684.) ...
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre intervención del Parlamento en las decisiones relativas a la participación de España
en la crisis de Irak. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 509, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 162/000693.) ... (Página 12140)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 509, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 173/000189.) ... (Página 12154)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Iraq. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 509, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 173/000190.)
... (Página 12158)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 12112)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, y de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus
células, tejidos u órganos ... (Página 12112)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Lissavetzky Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Explica las tres modificaciones de la legalidad vigente que pretenden con su iniciativa, con el objetivo de
dar seguridad a la sociedad en general, y a la comunidad científica en particular, a la hora de investigar con células madres embrionarias de origen humano, dar esperanza, sin demagogia, a los enfermos y apoyo a los investigadores, y pide al Grupo
Popular que reflexione sobre los argumentos que se dan a favor de la investigación con células madre embrionarias no sólo por su grupo sino por el conjunto de la sociedad y sobre todo por la comunidad científica.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida y de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre,
de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, se rechaza por 129 votos a favor, 166 en contra y 16 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de ordenación del bienestar social general y de las familias: régimen de prestaciones económicas y servicios mínimos básicos garantizados ... (Página 12119)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Ruiz López (don Antero), con la clara intención, dice, de mejorar la posición de nuestro país en el ranking de gasto
público en protección social, medido en referencia con el producto interior bruto que en los niveles actuales nos sitúa tan lejos de las medias europeas como de las necesidades de nuestra propia sociedadon A este objetivo, que considera básico,
añade otros más específicos como son el incremento de la atención a la infancia desde los 0 a los 6 años, incremento de la atención y
cuidados a las personas mayores, incremento de la atención y cuidado de las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad e incremento de la atención a las personas carentes de recursos económicos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canapés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de ordenación del bienestar social general y de las familias: régimen de prestaciones económicas y servicios mínimos
básicos garantizados, se rechaza por 133 votos a favor, 172 en contra y 18 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 12128)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Hidrológico Nacional ... (Página 12128)
Defiende la proposición no de ley el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar una vez más, dice, su apoyo explícito al Plan Hidrológico Nacional y llevar al ánimo de los ciudadanos el
compromiso de hacer realidad un proyecto que interesa a todos los españoles, que permite seguir creando riqueza y que avanza en la solidaridad territorial.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Saura Laporta y Labordeta Subías del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Martínez-Pujalte López.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Hidrológico Nacional, en los términos derivados del debate, se aprueba por 178 votos a favor, 127 en contra y 17 abstenciones.
De los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre intervención del Parlamento en las decisiones relativas a la participación de España en
la crisis de Irak ... (Página 12140)
Presentan la proposición no de ley conjunta los señores Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Vázquez Vázquez, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y
el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, sobre intervención del Parlamento en las decisiones
relativas a la participación de España en la crisis de Irak, en los términos derivados del debate y con la incorporación las dos enmiendas presentadas, se rechaza por 146 votos a favor y 177 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 12154)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida ... (Página 12154)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Cunillera i Mestres, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Pretenden con la moción que se haga una auditoría externa para poder contar con una relación exacta de
cuáles han
sido los problemas que ha tenido esta línea, porque sólo así será posible establecer las medidas a tomar, sobre todo las disposiciones económicas, para subsanar esos defectos y saber la repercusión que tendrán en el coste total de la línea
entre Madrid y la frontera francesa.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Llorens Torres.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora Cunillera i Mestres.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak ... (Página 12158)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Manifiesta que su moción ha quedado tristemente superada por los acontecimientos y por el
empecinamiento del Partido Popular, empeñado en entrar en la historia al lado del guerrero presidente de los Estados Unidos, y afirma que la realidad es que se ha autorizado el uso de las bases españolas y que España está involucrada en un conflicto
militar, iniciado con la excusa de una interpretación unilateral de la resolución 1441 de Naciones Unidas. Considera mas que evidente que las tropas españolas están participando en una guerra y que, además, lo hacen si autorización expresa de las
Cortes Generales y sin la obligatoria firma del Rey, a quien corresponde, según el artículo 63.3 de la Constitución, declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales. Como está claro -dice- que se han usurpado las
funciones que le corresponden a este Parlamento, su grupo presenta esta moción, para la que pide el voto favorable de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y De
Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, en los términos derivados del debate, se rechaza por 111 votos a favor, 173 en
contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak, se rechaza por 22 votos a
favor, 191 en contra y 85 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego que ocupen los escaños. Se abre la sesión.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, Y DE LA LEY 42/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DONACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EMBRIONES Y FETOS HUMANOS O DE SUS
CÉLULAS, TEJIDOS U ÓRGANOS. (Número de expediente 122/000257.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, y de la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y
utilización de embriones de fetos humanos o de sus células, tejidos y órganos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a defender la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para la modificación de dos leyes de 1988, sobre técnicas de reproducción asistida y de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u
órganos. Los objetivos planteados
buscan dar seguridad a la sociedad en general y a la comunidad científica en particular para poder investigar con células madres embrionarias de origen humano. Buscan también dar esperanza, sin demagogia, a los enfermos y también apoyar a
nuestros investigadores; seguridad, apoyo y esperanza para lo que se plantean tres modificaciones. La primera es permitir la investigación con células madre embrionarias procedentes de los embriones sobrantes de los procesos de fertilización in
vitro con una serie de condiciones, que lleven más de cinco años crioconservados, que no tengan más de 14 días de desarrollo, que exista el consentimiento informado de los progenitores o donantes o bien de los centros autorizados donde están
almacenados en los casos en que por diversas circunstancias (fallecimiento, ilocalización, desatención, etcétera) dependa de ellos. Por último, un control estricto de las administraciones públicas en la cesión y en la autorización y seguimiento de
la investigación. Para ello se añade una nueva disposición. Como segunda modificación, pedimos que se permita la importación de líneas celulares ya establecidas, en concordancia con lo aprobado por el Consejo de la Unión Europea y que curiosamente
contó con el voto a favor de nuestro país en septiembre del año pasado. Por último, queremos que se cree un registro nacional de centros y servicios acreditados en los que se investigue con estas células madre embrionarias. En resumen,
investigación frente a destrucción de embriones de más de cinco años congelados, con unas limitaciones; poder importar, como se hace en Alemania, líneas celulares ya establecidas y que están en otros países y crear un registro.
Todo esto que decimos no es nuevo, lo hemos venido defendiendo reiteradamente. Nuestra posición ha sido inequívoca y la resumo en cuatro aspectos. Estamos en contra de la clonación reproductiva. No hay que contraponer, en absoluto, lo que
es la investigación con células madre adultas, aquéllas que se obtienen de los tejidos humanos y que, por tanto, no plantean ningún problema ético, y las células madre embrionarias; las dos investigaciones han de llevarse conjuntamente.
Estamos
planteando un debate y abrimos un compás de espera con respecto a los procesos de transferencia nuclear; hay que hacer ese debate y habrá que avanzar, tratarlo en esta Cámara y en la sociedad. Por último -y es lo que tiene que ver más con lo que
planteamos hoy-, decimos que sí a la investigación con células madre embrionarias de los embriones sobrantes.
Hemos presentado una proposición de ley hace un año y volvemos a reiterar esta iniciativa por algunos motivos.
Sería pertinente hacerse algunas preguntas. La primera: ¿qué ha ocurrido desde aquel debate? Ha pasado más de un año, nos reafirmamos en nuestros argumentos y además hemos incrementado los avales a esta posición.
Nuestra posición es la
misma, pero nos sentimos reforzados. Una segunda pregunta es si es necesaria, además de la investigación con las células madre adultas, la investigación con las células embrionarias humanas.
Para nosotros la respuesta es afirmativa y la basamos en
diversos aspectos. Por un lado, la comunidad científica. Hay un enorme apoyo, hay ya 70 premios Nobel -en aquel entonces eran 50- que apoyan estas investigaciones; se han sumado los vicerrectores de investigación y desarrollo de las universidades
españolas, la conferencia de decanos de biología de nuestras universidades; contábamos con el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida o del Grupo Europeo de Ética y ahora tenemos un informe del 5 de marzo del Consejo Asesor
de Ciencia y Tecnología, creado por el Ministerio de Ciencia, que consiste en un nuevo apoyo a nuestras tesis. Además de por la comunidad científica, nos sentimos avalados por una parte importante de la sociedad; como asociaciones de pacientes,
cito la Federación de Diabéticos Españoles, que ha recogido un millón y medio de firmas a favor de esta investigación y que ha presentado al Defensor del Pueblo, así como otras asociaciones de afectados por parkinson, ataxias, esclerosis, alzheimer,
etcétera. En segundo lugar, hay un dato que yo creo que es curioso y que tiene también su importancia, que es el Eurobarómetro que se ha elaborado en la Unión Europea sobre europeos y biotecnología, donde el 55 por ciento de los ciudadanos de media
en la Unión Europea estaba a favor de la investigación con este tipo de células madre embrionarias de origen humano, y España estaba por encima de esa media. En España, el 58 por ciento de los ciudadanos, según esa encuesta, está a favor de este
tipo de investigaciones.
Tenemos todos estos avales que, repito, se han ido incrementando y además tenemos una serie de argumentos que están basados fundamentalmente en dos informes: el de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que se realizó hace
prácticamente tres años, y el del Comité de Ética de Ciencia y Tecnología, que lo ha presentado el 5 de marzo. Las recomendaciones de ese Comité de Ética son las siguientes. Recomendación cinco, en nuestro país existen miles de embriones humanos
sobrantes de procesos de fecundación in vitro. Este comité recomienda que, frente a la alternativa de la destrucción de los embriones sobrantes, estos puedan ser empleados para obtener células troncales embrionarias, ya que las investigaciones con
estas células pueden generar resultados potencialmente aplicables a la prevención y/o tratamiento de enfermedades graves. No sé si les suena esto a los diputados del Grupo Parlamentario Popular, porque era nuestra posición, reflejada en el 'Diario
de sesiones' número 137, en la página 6.930.
Nuestra recomendación segunda -que es la sexta en el orden del comité- dice que la utilización de embriones sobrantes será aceptable cuando se atenga a las siguientes condiciones: consentimiento informado e investigación dirigida a aliviar
el sufrimiento humano,
y no responder a meros intereses económicos, realizada por grupos de investigación que demuestren su experiencia, y control de las administraciones públicas. Recomiendan la creación de un comité nacional que controle y supervise estas
investigaciones. No sé si los señores diputados del PP recuerdan esto, pero figura en los correspondientes 'Diarios de sesiones' a lo largo de dos años.
En la recomendación tercera - que coincide con la tercera del Comité de Ética- se dice que la investigación que utilice líneas establecidas de células troncales no presenta problemática ética específica. No sé si esto les suena, pero el
Grupo Parlamentario Socialista lo argumentó en una interpelación y en la moción subsiguiente, en el mes de octubre, que se votó en contra por el Grupo Parlamentario Popular, a pesar de que pedimos una votación específica de ese punto.
El cuarto aspecto - que es la recomendación octava- dice que la legislación vigente deberá ser modificada a fin de establecer un marco jurídico adecuado en lo referente a esta investigación. Me imagino que les sonará, porque ésta es la
segunda proposición de ley que planteamos para modificar ese marco jurídico.
El quinto aspecto - que coincide con la recomendación número 11- dice que, dado que las células troncales adultas y las embrionarias tienen características específicas, este comité estima que no existe competencia entre ambas investigaciones
y recomienda que se realice investigación con ambos tipos celulares. No sé si esto tampoco les suena, pero, para refrescarles la memoria, les diré que lo hemos manifestado reiteradamente y está en todos los 'Diarios de sesiones' del Pleno y de la
Comisión, a disposición de SS.SS. para que vean reflejada esta posición del Grupo Parlamentario Socialista.
La recomendación número cuatro dice que la investigación con células troncales embrionarias humanas genera problemas éticos, ya que deben obtenerse a partir de embriones tempranos. Este comité conoce dicha problemática y estima que el
embrión temprano tiene un valor y merece especial respeto, pero este valor es ponderable respecto a otros valores que tienen que ver con la salud y la investigación, tal y como figura en otra recomendación.
Hay una coincidencia -que no es una casualidad- entre lo que ha dicho este Comité de Ética -que seguimos pensando debería ser nacional, y que el Parlamento interviniese en su creación a través de un proyecto de ley- y lo que se aprobó hace
tres años por el Comité Nacional de Reproducción Humana Asistida, un segundo informe que el Gobierno guardó en un cajón y no quisieron publicar. Por lo tanto, no es una casualidad, sino simple y llanamente un trabajo sensato, escuchando a la
sociedad, los científicos, los pacientes y a los especialistas en ética. La sorpresa de este grupo es que, cuando aparece el informe del comité que crea el Ministerio de Ciencia, su titular dice que no es vinculante. La verdad es que esto no da
mucha esperanza. Han pasado tres años desde que esto se dijo por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, pero parece que eso importa poco. Queremos que no se pierda ni un minuto más. Su responsabilidad es permitir avances
científicos, generar beneficios sociales, dialogar y escuchar a la sociedad, hacer un buen gobierno de la ciencia, sin querer controlarla, sino fomentarla; en definitiva, tomar decisiones. No vale guardar los problemas en el cajón. Alguna vez
sabremos quién es el responsable máximo -a veces se habla de la posición Moncloa- que impide que se avance de esta manera. Respetamos que haya posiciones distintas desde el punto de vista ético. Hoy es un día especialmente difícil para hablar de
ética, cuando estamos asistiendo a una guerra ilegal e injusta, pero tenemos que ceñirnos a este punto del orden del día y hablar de esa ética.
Nosotros entendemos que algunos puedan plantearse que la destrucción atente contra esos principios éticos. Nosotros hemos estado a favor de una ética cívica porque estamos en una sociedad que tiene un pluralismo moral. Esta sociedad no es
homogénea, pero sí tiene una serie de valores compartidos que habrá que buscar, es una sociedad pluralista y habrá que encontrar ese común denominador que podría pasar por intentar, y quizá conseguir, evitar el sufrimiento de los enfermos.
Nosotros, igual que respetamos las posiciones de los demás, queremos que se respeten las nuestras, máxime en este caso en el que coinciden los informes de estas dos comisiones. Ustedes tienen que tener coraje político. Permítanme un ejemplo. En
España se pudo llegar, después de un gran debate, a un acuerdo de todos sobre los trasplantes. Se consideraba que, cuando había un electroencefalograma plano, aunque había vida humana, se podían extraer los órganos y beneficiar a los enfermos que
estaban esperando esos trasplantes. Sirva este ejemplo como mínimo común denominador y también para aplicarlo a este caso.
Como en este trámite nunca hay turno en contra, muy rápidamente voy a responder a algunos de los argumentos recurrentes que ha utilizado el Grupo Popular respecto a la prohibición de esta investigación. El ministro Piqué decía que no se ha
agotado el terreno de la experimentación con células madre embrionarias en el modelo animal y ¿por qué pasarlo al humano? Señorías, porque estas investigaciones se hacen in vitro y luego hay unos controles de la Organización Mundial de la Salud, de
la FDA, de la Agencia Europea del Medicamento, etcétera, y no se aplica en humanos hasta que no haya esas seguridades. Decían ustedes que estas células embrionarias tenían capacidad tumoral por su poder de proliferación. Saben ustedes que existen
experimentos realizados en ratón en los que cuando se añaden esas células ya diferenciadas, esa capacidad de proliferación no existe y no hay ningún problema tumoral. Han dicho que no ha habido ninguna petición
de financiación de proyecto para investigar con células madre embrionarias. Sobre esto, lo único que les quiero decir, como le dije al ministro, es que cómo se van a pedir estos proyectos si al que lo anuncia -el profesor Bernard Soria- se
le abre un expediente informativo y se tiene que ir a investigar fuera de España. También dijeron ustedes que había que esperar a ver lo que decía el Comité de Ética. El Comité de Ética ya ha hablado. ¿Y ahora qué?
Voy terminando. Este grupo ha sufrido descalificaciones. Se nos ha llamado progres de boquilla, pasar al lado oscuro, irresponsables, demagogos, simplistas, reduccionistas y se nos ha dicho que faltamos a la verdad. Me he dedicado a leer
todo eso en los 'Diarios de Sesiones' y yo le pregunto al Grupo Popular claramente, si creen ustedes que son progres de boquilla, que están pasando al lado oscuro, que son irresponsables, que son demagogos, que son simplistas, que son reduccionistas
y que faltan a la verdad los miembros del Comité de ética que ustedes nombraron, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, la comunidad científica y esos premios Nobel que citaba, los vicerrectores, los decanos de biología, las
asociaciones de pacientes, el millón y medio de españoles que han firmado a favor de este tipo de investigaciones o ese 58 por ciento de españoles que están a favor. ¿No se dan cuenta de que también en esto se están quedando aislados? ¿Por qué no
reflexionan y, en vez de poner puertas al campo, abren puertas de esperanza? ¿Por qué no reflexionan y, en vez de prohibir la investigación, la regulan y la impulsan? ¿Por qué no reflexionan y, en lugar de descalificar, aceptan argumentos y
construyen consensos, mínimos comunes denominadores? ¿Por qué no piensan que a lo mejor no están equivocados todos los demás y que los que están equivocados son ustedes?
Señores del Grupo Popular, ustedes tienen hoy una gran responsabilidad. No podemos perder ni un día más y debemos ser conscientes de que la solución no está a la vuelta de la esquina. Esa curación -y no queremos hacer demagogia- podrá ser
a medio, largo o incluso en algunas enfermedades a corto plazo, pero a ustedes, señores del Grupo Popular, se les acaban los argumentos y el tiempo. Si no lo permiten, lo vamos a hacer nosotros, no solo el Partido Socialista, sino el conjunto de
grupos de la Cámara, y los ciudadanos muy especialmente, en la próxima legislatura. Señores del Grupo Popular, les pido que escuchen con reflexión los argumentos que aquí se dan, no solo desde esta tribuna y por este diputado, sino por el conjunto
de la sociedad y por todos los órganos a los que me he referido.
Señores del Partido Popular, les pido una cosa por el bien de la sociedad, por el bien de los científicos: no vuelvan a convertir, una vez más, su mayoría absoluta en otro error
absoluto. Todavía están a tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? En primer lugar, nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
La Chunta Aragonesista apoya la toma en consideración de esta iniciativa del Partido Socialista. Se trata de volver a demandar la posibilidad de utilizar los embriones sobrantes de procesos de fecundación in vitro para investigación.
Llevamos más de diez iniciativas similares en el Congreso, en Comisión y en Pleno, y sistemáticamente han sido rechazadas por el Partido Popular. Parece ser que esta vez no vamos a salirnos de la tónica habitual y volverán a defraudarse las
posibilidades de investigación. Sin embargo, en relación con las anteriores demandas se produce una novedad que debería, cuando menos, hacerles reflexionar a la hora de emitir su voto: la reciente recomendación del Comité Asesor de Ética para la
Investigación Científica y Tecnológica de que se permita esta investigación. Es cierto que se ponen límites, lógicos tratándose de esta cuestión. Aprueben esta demanda, pongamos los controles de la Administración más rigurosos, pero demos la
posibilidad de investigar y de seguir investigando.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de esta proposición no de ley y recordar cuál ha sido la posición de mi grupo respecto a iniciativas iguales o similares a la que ahora debatimos:
conjugar la necesaria protección jurídica de los embriones -que no son personas pero merecen una protección jurídica; tampoco pueden ser cosas con las que se pueda comerciar, como aparece claramente recogido en la proposición de ley cuya toma en
consideración ahora debatimos- con las necesidades de la investigación y algo para nosotros importante, como es que los resultados de la investigación queden en el dominio público y puedan ser aprovechados por todas las personas.
Supongo que, una vez más, el Grupo Popular, amparándose en unos nunca explicitados argumentos de tipo moral, ético o confesional votarán en contra de la toma en consideración de esta proposición no de ley, quizá porque, como diría Ana
Botella, esto es muy complicado. Yo les aconsejo que, si no hacen caso del Papa en cuestiones mucho más claras, como es la guerra de
Irak, lo contradigan en algo que, en vez de matar personas, puede ayudar a salvar vidas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez que se debate en esta Cámara, en forma de proposición de ley o de proposición no de ley, el asunto que hoy discutimos. Voy a manifestar nuevamente cuál es la posición de mi grupo, Coalición Canaria, la misma
que hemos manifestado en otras ocasiones.
Nosotros apoyamos esta iniciativa y consideramos que es oportuno y necesario iniciar en este Parlamento un debate sobre esto. Es necesario generar un debate en el que expresemos la apuesta de este
Parlamento por el progreso científico, que debe ser un instrumento al servicio de la sociedad, de la humanidad. España -lo hemos expresado en otras ocasiones- no debe quedar rezagada ni sustraída a los importantes avances científicos y técnicos que
se están produciendo ni a los que están por venir en el campo de las ciencias de la vida y de la biotecnología. Es nuestra responsabilidad afrontar este debate y legislar de una forma positiva. No podemos seguir posponiendo vez tras vez, año tras
año, el dar solución a este problema y generar una legislación acorde con los tiempos.
Decíamos hace más de un año, desde que se están produciendo estos debates, que deberíamos ir adelantándonos al tren que se está poniendo en marcha en lo que se refiere a la investigación de las ciencias de la vida y de la biotecnología. Lo
de adelantarnos ya está fuera de lugar; ahora deberíamos procurar no seguir a la cola del tren o quedar fuera. Estamos a las puertas de una gran revolución en las ciencias médicas, en las ciencias de la salud en general, tanto desde el punto de
vista terapéutico como en su aplicación desde el punto de vista preventivo inclusive ante numerosas enfermedades. No se trata de generar expectativas a los ciudadanos que padecen ciertas enfermedades, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en anteriores debates sobre este tema. Creo que ese tipo de argumentos deberíamos desecharlos con seriedad de esta Cámara, porque no creo que sea la posición de mi grupo ni la de ninguno de los diputados aquí presentes la de crear falsas
expectativas a los ciudadanos que padecen alguna enfermedad que hoy por hoy esté siendo objeto de investigación a través de nuevas fórmulas terapéuticas por el desarrollo de la investigación con las células madre embrionarias. Por supuesto que no,
pero también hay que entender que es una legítima ambición de estos ciudadanos que su país, España en este caso, apueste por investigar en estas líneas que se están abriendo, como también creo que deben entender SS.SS. que es una legítima
aspiración de la sociedad científica, en este caso la española, apostar por no tener que salir de su país para poder investigar en esta línea. Dos comités científicos ya se han posicionado en ese sentido, el de Reproducción Humana Asistida y el de
Ética, que acaba de ser mencionado por las personas que me han precedido en el uso de la palabra.
Este es un debate social, señorías, un debate que debe abordarse desde el rigor, por supuesto, y desde la serenidad, pero es necesario abordarlo y no debemos seguir posponiéndolo. Se reconoce ya en distintos foros internacionales el
tremendo potencial de aplicación terapéutica que puede empezar a dar fruto producto del desarrollo de las investigaciones en torno a las llamadas células madre humanas, y se reconoce también que esto va a generar resultados a corto o medio plazo.
Estamos hablando de investigaciones que, frente a otras líneas de investigación con células humanas, no embrionarias en ese caso, avalan el importante peso que tienen por cuanto son células pluripotenciales, debido a su indiferenciación, y por poder
evitar de alguna forma los problemas inmunológicos que en otro tipo de investigación se pueden producir. Como es lógico, señorías, cuando tarde o temprano estas investigaciones terminen dando resultado, cuando terminen teniendo su aplicación en el
campo terapéutico o preventivo, no podremos negar a los ciudadanos españoles el beneficio de los avances que se hayan producido en dicha investigación, aunque se hayan producido fuera de España, y como siempre, eso sí, estaremos a la cola de los
avances científicos y dependeremos de las patentes de la investigación realizada en otros países. Entendemos, por tanto, que es de importancia estratégica -lo es y lo debe ser para Europa y no debe dejar de serlo para España- avanzar en las
ciencias, en las tecnologías y también en su aplicación en el campo de las biotecnologías. En este sentido se debe decidir ya empezar a caminar por un debate que sea sosegado, un debate en el que intervenga el mundo científico y en el que
intervengan tanto el ámbito social como el ético y que permita lograr un consenso sobre este tema. Si vuelve a ser rechazada esta iniciativa, no habrá lugar al consenso, no habrá lugar al debate y no habrá lugar a poner o a contraponer tan siquiera
con un debate sosegado, como digo, los puntos que nos diferencian.
Señorías, en un documento elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas que se titulaba Hacia una visión estratégica de las ciencias de la vida y de la biotecnología se apuntaba sobre la necesidad de profundizar en los nuevos
conocimientos sobrevenidos en esta materia. Se hablaba de la importancia de la investigación en pruebas genéticas, en terapia génica, en anticuerpos mononucleares, etcétera, y se decía que todos estos avances tendrán su traducción en el campo de la
asistencia sanitaria, en lo que ya se llama era posgenética, como dice el informe de esta comisión, que
nos va a permitir combatir con nuevas herramientas genéticas enfermedades humanas hasta ahora incurables. Entendemos, señorías, que es necesario adelantarnos o no seguir a la cola de ese tren, regulando mediante ley el ejercicio de este
tipo de actividad científica. Nos parece correcto crear un registro central del Estado sobre estas investigaciones y entendemos que es nuestra responsabilidad acercar posturas y hacer conciliables enfoques que ya sabemos que son distintos, pues de
lo contrario estaremos impidiendo el desarrollo científico en nuestro país.
Concluyo subrayando la posición manifestada por mi grupo en otros debates similares: es responsabilidad de esta Cámara encarar este debate, por complejo que sea, ante el desafío que representa encontrar soluciones que sean socialmente
aceptables en una sociedad moderna y plural como la que queremos y entendemos que estamos entre todos construyendo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que, por cierto, como bien saben ustedes, ya ha traído este tema a la Cámara la última vez el 15 de octubre de 2002, para apoyar la iniciativa
del Grupo Socialista una vez más y pedir al Gobierno del Partido Popular que escuche sin prejuicios los planteamientos que la oposición trae a esta Cámara en esta materia, porque si bien es cierto que la Ley de técnicas de reproducción asistida del
año 1988 fue una de las leyes más progresistas que se pusieron en marcha en esta Cámara, no es menos cierto que actualmente se muestra francamente obsoleta y hay que reformarla. Por tanto, nuestra primera consideración es el apoyo a la iniciativa
socialista, que va en la misma dirección que la iniciativa que yo misma defendí en esta Cámara en octubre de 2002.
Creemos que esta Cámara ha de hacer un esfuerzo de entendimiento, y es bueno decirlo hoy, probablemente hoy más que nunca. Es bueno hacer un esfuerzo de entendimiento en cuestiones en las que nos separa muchas veces la concepción de la
ética que tiene cada grupo parlamentario, pero que en definitiva son concepciones que no pueden dar la espalda a la realidad. Y la realidad es que la ciencia avanza y que hay 35.000 ó 40.000 embriones congelados que el Partido Popular tendrá que
decidir alto y claro si quiere que se eliminen o si quiere que se pongan al servicio de la comunidad científica para que puedan redundar en beneficio de amplios colectivos sociales que están esperando de este Parlamento un acto de generosidad, un
acto de entendimiento, un esfuerzo necesario para dar respuesta a los diabéticos, a todas las personas afectadas de Alzheimer y de enfermedades neurológicas en general, en definitiva, a amplios colectivos sociales.
¿Qué decimos desde Izquierda Unida? Lo mismo, señorías. Decimos que no pongamos los políticos puertas al campo, que no pongamos puertas a la ciencia, que la ciencia es plural, que les permitamos investigar en todas direcciones y que
empecemos por permitirles utilizar los 35.000 embriones que no tienen reclamo parental y que se permita investigar tanto con células madre adultas como con células madre embrionarias. Es un esfuerzo ponderado, y lo único que tendríamos que
consensuar son las cautelas éticas y jurídicas para que la ciencia no pueda, en manos de desaprensivos, poner en marcha mecanismos perversos que acaben finalmente llevando a lo contrario de lo que pretendemos conseguir.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida agradece una vez más al Grupo Socialista esta iniciativa, y a pesar de que vivimos tiempos duros en los que todos estamos tensos y en los que hay un clima poco favorable en la Cámara para el
acuerdo y para el diálogo, pensamos que tenemos que seguir trabajando más allá de la guerra por los colectivos sociales que en nuestro país están todavía esperando a que el Partido Popular sea capaz de hacer ese gesto de generosidad. Creo que este
es un buen momento para reconciliarse con el Papa. Espero que ustedes no pierdan la oportunidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que cualquier regulación que pudiera abordarse, proponerse o presentarse en este ámbito debería reunir dos requisitos. En primer lugar, un previo estudio y debate minucioso de
su objeto en una subcomisión parlamentaria a la que, desde luego, Convergència i Unió aportaría no sólo todo su interés, sino también su voz y su criterio, aunque sería mejor decir sus voces y sus criterios ya que presumiblemente no serían
uniformes. En segundo lugar, una auténtica vocación de transversalidad, de obtener amplias mayorías, de no efectuar política de partido y de alcanzar en su caso un auténtico pacto de Estado. Debo decir que esta proposición de ley que nos presenta
el Grupo Socialista no reúne ninguno de estos requisitos, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) procederá a abstenerse.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, esperaba que no se produjera, pero se ha producido. Cuando desde esta tribuna se argumenta analizando la conciencia ajena es porque falta otro tipo de análisis y se recurre a una reflexión -permítaseme la palabra- miserable.
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡Hala!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Sí, señoría, he tenido que aguantar en esta tribuna ... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: ...que, en términos de una proposición de ley parecida, desde el Grupo Parlamentario Socialista se me llamara terrorista. (Aplausos.-Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Mentira!) Está en el 'Diario
de Sesiones', señoría, que usted no estuviera en la Cámara es otra cosa. (Rumores.-La señora Chacón Piqueras: Arrieros somos.)
Con la venia, señora presidenta, la proposición de ley que nos ocupa tiene por objeto autorizar la modificación de la Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida y la Ley 42/1988, de donación y utilización de embriones y fetos
humanos y de sus células, tejidos u órganos. Entrando a fondo en las cuestiones planteadas en la proposición de ley, se hace notar que la exposición de motivos menciona el informe anual de diciembre de 1998, elaborado por la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida Humana, en el que se contemplan una serie de actuaciones en relación con los embriones sobrantes de la fecundación in vitro, una vez rebasado el plazo de crioconservación previsto en la Ley 35/1988, ninguna de las cuales aborda
su cesión con fines de investigación. La técnica normativa seguida en esta proposición de ley adolece de cierta imprecisión que dificulta la comprensión del alcance del texto articulado propuesto. Por ejemplo, de la exposición de motivos cabría
deducir que la presente ley pretende configurar con carácter permanente una alternativa, la del uso en la investigación de los embriones sobrantes de la fecundación in vitro, una vez que haya transcurrido el período de crioconservación previsto en
la ley. En línea con esta lógica, modifica un solo artículo, el 20.2B, apartado e), para destipificar la importación y exportación de embriones cuando no tengan por finalidad su comercialización. También con análoga vocación de permanencia prevé
la futura creación de un registro de centros y servicios acreditados en los que se investigue con material genético. Sin embargo, el artículo 1.4 de la Ley 35/1988 sólo autoriza la investigación y experimentación con gametos u óvulos fecundados
humanos en los términos señalados en los artículos 14 a 17 de la misma ley. El artículo 15 regula la autorización para investigar sobre embriones in vitro viables si se trata de una investigación aplicada con carácter diagnóstico o con fines
terapéuticos preventivos al sujeto del que se está tratando, no para aplicación en otros posteriores. Otro tipo de investigaciones en embriones que no esté dirigida a comprobar su viabilidad o diagnóstico sólo podría autorizarse sobre embriones no
viables y concurriendo otros requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 15; es decir, la ley no autoriza la investigación con embriones sobrantes de la fecundación in vitro para fines terapéuticos de otras enfermedades.
Tampoco queda delimitado el alcance que se pretende dar al nuevo registro nacional de centros y servicios previsto en la proposición de ley, que residencia en la Ley 42/1988. Y se hace notar que si esta proposición de ley pretende regular o
autorizar la investigación con determinados embriones, debe atenerse al concepto o definición contenida en la exposición de motivos de la Ley 35/1988, que utiliza el término preembrión para designar al grupo de células resultantes de la división
progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta aproximadamente 14 días más tarde y residenciar en esta última ley la creación del registro nacional de centros y servicios acreditados para realizar estas investigaciones. Esta proposición de ley,
señorías, no cubre, sin embargo, los objetivos contemplados en su exposición de motivos porque deja sin resolver la mayoría de los problemas existentes. Me alegro de que estén ustedes tan seguros de que no existe capacidad tumoral de las células
madre embrionarias; es un nuevo hito científico que me alegro muchísimo que ustedes tengan tan claro, es un nuevo aspecto técnico que me congratulo de conocer esta tarde.
El Gobierno del Partido Popular está estudiando todos los aspectos de esta ley, y no sólo desde una óptica en la que -permítaseme la expresión- hay siempre prisas, no exentas de demagogia, sino que también está ponderando todos y cada uno de
los informes de todo tipo con los que cuenta. Y en la presente proposición no se aborda, señorías, la causa real de los problemas en torno a esta ley, que son muchos. No entraré a valorar científicamente algunas cosas que ustedes tienen tan
claras; por ejemplo, les remito a un ensayo de 15 de enero de 2003 en relación con la diabetes, en el que se habla con toda claridad. Con todo respeto, señorías, cometen ustedes una frivolidad política cuando pretenden dar rango jurídico a
opiniones consultivas que pueden tener su origen en foros que sólo están creados para ser órganos consultivos y exactamente sobre los temas para los que están acreditados y que sólo deben hablar
sobre los asuntos para los que están autorizados a hablar, y no otros.
Pero colocarlos, de esta forma, al nivel o rango de ley me parece, cuanto menos, una frivolidad. Utilizan una táctica que SS.SS. llevan a sus propuestas con frecuencia
y que, en vez de reforzarlas -permítaseme la expresión-, las debilitan, pero su contumacia en este asunto, señorías, es ya habitual.
Ustedes esgrimen como argumento de autoridad a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida Humana, espigando en sus reflexiones, y puedo decirles que en esa comisión también se habló de clonación reproductiva en términos muy serios y no se
llegó a adoptar ese planteamiento porque se presuponía -así lo decían- que podían surgir malformaciones; términos y propuestas que han sido prohibidos por las más altas instancias internacionales, incluidas las Naciones Unidas.
Me felicito también, señorías, por el insólito respeto espontáneo surgido en ustedes hacia el Comité de Ética, al que hace muy poco denostaban desde esta misma tribuna, pero ya es sabido que ustedes aplauden a quien creen que pueden tener en
algo al lado de sus propuestas, cosa que no está tan clara porque entre sus reflexiones también se dice que los derechos humanos tienen su fundamento en el reconocimiento de la dignidad de las personas y que el hombre es un fin en sí mismo, no un
medio, y que como tal hay un uso limitativo de actuaciones y de intervenciones para que no sea instrumentalizado.
A tenor de estas reflexiones, señorías, y del contenido de los cambios sugeridos por el Grupo Socialista para nuestra legislación, he de decir que la intención de su proposición no parece ser la de resolver la situación actual, ya que, de
hecho, no se plantea solución alguna a las causas del problema. Este parece ser solamente un pretexto para poner en marcha unas líneas de investigación, sin prever nada más que las implicaciones que ello pueda tener respecto a la nueva situación de
desprotección a la que quedaría relegado el embrión humano en nuestra legislación. Es necesario recordar, señorías, que la protección que recibe el embrión humano viable en nuestro país está prevista en la legislación actual, una legislación que
hizo un gobierno socialista y que está reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Señorías, con todo respeto, a su propuesta le falta ponderación y rigor técnico, porque aborda sólo temas concretos y deja cabos sueltos de gran importancia. Por ello esta legislación hecha por un gobierno del Partido Socialista ha creado
tantos problemas, porque se hizo sin el rigor técnico que han puesto de manifiesto eminentes teóricos del derecho.
Tampoco es posible reformar sólo aspectos concretos de la ley y olvidar una serie de decretos apresurados como los de marzo de 1996,
con gobierno socialista en funciones, que regulaba aspectos esenciales que no eran de su competencia, por decreto en este momento, con precipitación y sin rigor, y dejarlos sin modificar es también, señorías, un grave error.
Incluso le falta
precisión al referirse a textos bibliográficos anteriores. Ustedes se refieren a un convenio de Asturias que no aparece en ningún sitio. Supongo que se refieren ustedes al convenio de Oviedo de 4 de abril de 1997, porque los convenios se llaman
con el nombre de las ciudades donde son firmados, y por lo tanto no hemos podido encontrar a qué convenio se refieren.
El Comité de Ética, señorías, hace en su razonamiento una mención amplia de las inadaptaciones, de los vacíos, de las dispersiones y de los solapamientos de una normativa que fue inicialmente concebida para situaciones muy distintas, a las
que ustedes hoy quieren dar otra orientación con unas pinceladas. De ahí también la necesidad de disponer de una directiva comunitaria, que sabemos que está muy avanzada, que permita orientar desde la reflexión, desde la ponderación, y sobre todo
subsanar algo que ya sabemos, y es que cuando las cosas se hacen con prisa, con premeditación y con oportunismo político, se hace un mal servicio a la sociedad a la que todos estamos llamados a servir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández-Capel.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida y de la Ley 42/1988, de 28 de
diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 129; en contra, 166; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE ORDENACIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL GENERAL Y DE LAS FAMILIAS: RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS GARANTIZADOS. (Número de expediente 122/000276.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de ordenación del bienestar social general y de las familias: régimen de prestaciones económicas y servicios mínimos
básicos garantizados.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Ruiz. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio, a ser posible. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego a aquellos señores diputados que deseen estar de conversación lo hagan en los pasillos y no dentro del hemiciclo, por respeto al diputado que está intentando hacer uso de la palabra.
Adelante, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta esta proposición de ley con la clara intención de mejorar la posición de nuestro país en el ranking de gasto público en protección social, medido con referencia al producto
interior bruto, que en los niveles actuales nos sitúa tan lejos de las medias europeas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Ruiz, por favor.
Adelante.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Decía que en los niveles actuales nos sitúa tan lejos de las medias europeas como de las necesidades de nuestra propia sociedad. A este que podemos denominar objetivo básico hay que unir otros objetivos
más específicos, como son: Incremento de la atención a la infancia, desde los cero a los seis años; incremento de la atención y cuidado a las personas mayores; incremento de la atención y cuidado de las personas dependientes o con algún tipo de
discapacidad e incremento de la atención a las personas carentes de recursos económicos. Es probable que se consideren dos aspectos relacionados con esta iniciativa tendentes a propiciar el voto en contra de la toma en consideración de la
proposición, que serían los siguientes: Que las competencias de estas materias pertenecen única y exclusivamente a las comunidades autónomas y que, en algunos casos, los gobiernos regionales han superado las marcas que se consideran exigibles como
mínimo en esta propuesta. Nada más lejos de la realidad, porque no queremos quitar nada a nadie. Con respecto a la primera cuestión -y como declaración de principios-, tenemos que dejar muy claro que nada más lejos de nuestros intereses que
invadir las competencias de las distintas comunidades autónomas. Pero al mismo tiempo deseamos hacer constar que la protección de los segmentos de población más vulnerables no puede depender exclusivamente del carácter más o menos social del
Gobierno de cada autonomía.
Por otra parte, y adaptando las palabras de la Constitución desde su preámbulo, se establece que los objetivos constitucionales son los siguientes: garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un
orden económico y social justo; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos; promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida. Asimismo, se establece en su
artículo 14 que los españoles, todos y cada uno de ellos, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Por otra parte, en el artículo 19 se reconoce que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
El conjunto del mandato constitucional nos hace pensar que para que su cumplimiento sea efectivo es necesario armonizar los diferentes ámbitos de la protección de los ciudadanos y ciudadanas, ya que de lo contrario se convertirían en papel
mojado estos preceptos constitucionales.
Otro aspecto apuntado y no desarrollado es el del ámbito de protección social, así como su valor en unidades porcentuales del producto interior bruto dedicado a estas funciones de protección. Por ello, fijaremos nuestra atención en el
informe presentado en 2000, último disponible por el Consejo Económico y Social. Establece este organismo en su apartado Calidad de vida y protección social lo siguiente: Tiene especial relevancia tratar la situación de la protección social en
España y analizar su tendencia hacia la consecución de los objetivos básicos de su mejora y la garantía de su futuro, totalmente coincidentes con los que se propugnan en el ámbito de la Unión Europea. El primero surge de la constatación de unas
cifras representativas de la protección social en España, notoriamente por debajo de las que presentan países de nuestro entorno e incluso inferiores a la media de la Unión Europea. El segundo objetivo del informe es consecuencia de la evolución de
acontecimientos que más condicionan la protección social en todos los países: el crecimiento económico en una economía cada vez más abierta y mundializada, y por tanto más sujeta a los avatares que en cualquier zona geográfica se produzcan,
actualmente con tendencia decreciente, y el envejecimiento demográfico, que amenaza los modelos socioeconómicos de los Estados del bienestar, particularmente sombrío en el caso de España, y que podrá plantear problemas para mantener una población
activa suficiente. Además, el tema de la modernización y mejora de protección social continúa teniendo especial significado entre los objetivos estratégicos de la Unión Europea.
En las conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 se hizo hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación entre los Estados miembros en materia de protección social.
Tal y como se apunta en
los párrafos anteriores, el Estado español, con referencia a este indicador de porcentaje del producto interior bruto en gasto social, presenta dos problemas reales, a saber: uno, ya comentado,
del escaso esfuerzo inversor en políticas sociales. El otro, y más preocupante si cabe, es el de la evolución de dicho indicador, para lo que acudimos nuevamente al informe del CES citado. Un indicador relevante del esfuerzo de los países
a favor de la protección social es la participación de los gastos sobre el producto interior bruto, que en 1998, último año del que se dispone de información, si bien con la característica de avance, la media en el conjunto de la Unión Europea es
del 27,7 por ciento del producto interior bruto, cifra que es 0,5 puntos menor que en el año anterior, que fue del 28,2, y 1,3 puntos inferior al 29 por ciento del producto interior bruto del año 1993. Y es que en la década de los noventa se han
producido dos tendencias contrapuestas: una, que culminó en 1993, de signo creciente en dicha participación, por lo que desde 1999 ganó en sólo tres años 3,6 puntos. Pasó del 25,4 al 29 por ciento. Otra, mantenida desde el mencionado año, de
paulatino descenso, presentando una pérdida, como se ha indicado, de 1,3 puntos, con dos excepciones: los casos de Grecia y Portugal, que en los últimos cinco años han mejorado los gastos de protección social sobre el PIB en más de dos puntos y que
junto con Irlanda representan en 1993 los valores más bajos. España presenta una evolución diferente a la expuesta media europea. De un lado, de cuantía, y de otro, de signo desde 1998. Así, desde 1990 a 1993 el porcentaje de participación sobre
el PIB mejoró en cuatro puntos, ligeramente más que la Unión Europea; en los cuatro años siguientes pierde notoriamente más que la media europea, pues pierde 2,6 puntos frente a 0,8 puntos, como consecuencia sobre todo del mejor gasto en desempleo,
pero en el último año, considerando 1998, ganó 0,2 puntos, cuando en el conjunto de la Unión Europea descendió en 0,5 puntos.
Hasta ahora nos hemos referido al indicador porcentual, del cual y a modo de resumen podemos destacar algunas cantidades con el objeto de establecer los valores relativos a la Unión Europea con relación a España. En el concepto denominado
enfermedad, el gasto medio de la Unión Europea es del 7,1 por ciento del producto interior bruto, mientras España destina a ese epígrafe el 6,1 por ciento, es decir el 14 por ciento menos; en el concepto de invalidez, la Unión Europea destina el
2,2 por ciento, España el 1,7 por ciento, el 23 por ciento menos; en el epígrafe de vejez, la Unión Europea destina el 10,8 por ciento, mientras que España, con la situación anteriormente definida, destina el 8,8 por ciento, es decir el 19 por
ciento menos; en el epígrafe supervivencia, lo que para la Unión Europea supone un valor de 1,4 por ciento, para España representa el 0,9 por ciento, un 26 por ciento menos; en el concepto familia, en ayuda a la familia, alto valor mediático del
Gobierno, nos encontramos con un valor europeo del 2,2 por ciento, mientras que para España es del 0,4 por ciento, un 82 por ciento menos que los valores comunitarios; en el caso de la vivienda nos pasa exactamente igual, mientras que para la Unión
Europea es el 0,6 por ciento, para España es el 0,1 por ciento, lo que representa un 84 por ciento menos; por último, la exclusión, a la que las cumbres de Niza y Lisboa dedican un capítulo entero, supone para la Unión Europea un gasto del 0,4 por
ciento, mientras que España dedica el 0,2 por ciento, es decir la mitad. España gasta en protección social por habitante y año -y este sería el resumen- 2.707 euros, mientras que los valores del resto de los quince países de la Unión Europea son
bastante superiores: 5.601 euros. Es decir, la media de la Unión Europea es un 52 por ciento superior a los valores españoles.
Hasta aquí sólo estamos valorando la diferencia entre la protección existente en el conjunto del Estado español y los valores de nuestro entorno, pero esta situación coexiste con otras que cierran el paso a las declaraciones constitucionales
destacadas anteriormente, nos referimos a las diferencias autonómicas, que transcurren por aspectos tan concretos como la protección a los mayores, donde nos encontramos con comunidades autónomas en las que está legislada una amplia protección a
este sector poblacional frente a otras en las que la muerte de algunas personas mayores es descubierta cuando los vecinos denuncian el mal olor, o nos podemos encontrar con comunidades con lista de espera para atención temprana para discapacitados
-que al mismo tiempo está externalizada al cien por cien-, frente a otras que por su exceso de oferta sirven de paliativo a las anteriores.
A través de esta iniciativa, Izquierda Unida tiene la intención de ampliar y mejorar nuestro sistema de protección social, intentando aproximarlo a las necesidades individuales y colectivas de nuestra sociedad actual, de manera que recoja
sustancialmente la asistencia a personas dependientes o con discapacidad, la atención a las personas mayores y los servicios de atención a la infancia, con la suficiencia que dichas necesidades reclaman. Para ello es preciso potenciar ciertas
prestaciones sociales de carácter económico, ampliar la oferta de algunos servicios públicos y desarrollar otras medidas complementarias.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición?
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, muy brevemente para expresar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre esta proposición de ley.
La amplia propaganda gubernamental referida a la mejora a la protección social no puede ocultar la situación
real de descenso en el gasto público, como demuestran datos estadísticos solventes que cada día se publican por los organismos oficiales. La amplia diferencia que presenta el Estado español respecto a la mayoría de países de la Unión
Europea en la financiación pública, en la protección social, se sigue manteniendo sin que exista una convergencia real, como se recuerda en los últimos informes del Consejo Económico y Social, en concreto, de 1999 y de 2000, y de Eurostat, alguno de
los cuales se citan precisamente en la exposición de motivos de esta iniciativa.
Existen, además, otras tendencias preocupantes de desmantelamiento de un sistema justo de protección social acentuadas desde que el Partido Popular está en el Gobierno. De una parte, en el modelo de provisión de servicios de protección
social en su conjunto aparecen cada vez más relegados los poderes públicos, sea el Estado o las comunidades autónomas, abandonando paulatinamente un sistema público que asegura una redistribución de recursos entre las personas con rentas más altas a
las personas con menos capacidad económica favoreciéndose, por un lado, el sector privado -sean bancos, compañías de seguros, empresas de servicios sociales, etcétera-, que ofrecen un régimen de protección social al que pueden acceder sólo las
personas con rentas más altas y, por otro lado, basculando cada vez más hacia un régimen, que vamos a llamar familiarista, donde se hace residir en el entorno familiar la responsabilidad de ofrecer asistencia social, provocando una insuficiente
cobertura de servicios sociales a muchos ciudadanos cuya atención deben suplir sus propios familiares. De otra parte, la reforma del sistema fiscal hacia un modelo donde prima la imposición indirecta, que se caracteriza por hacer recaer de igual
forma la carga impositiva sobre todos los ciudadanos en relación directa a su consumo y no a su capacidad económica, a su nivel de renta, también afecta al sistema de protección social, pues la financiación del mismo a cargo del Estado se obtiene
vía impuestos indirectos, con lo que la mayor carga tributaria al final pesa sobre las rentas menores.
Ante esta situación, el Bloque Nacionalista Galego comparte con el grupo proponente la necesidad de un cambio de orientación de la política social, adoptando medidas concretas que posibiliten un reforzamiento del papel de los poderes
públicos en la protección social en su conjunto, pues es la única vía para incrementar el bienestar en general de todos los ciudadanos y no sólo de una parte de los mismos.
La presente proposición de ley avanza en ese sentido, por lo que vamos a darle nuestro apoyo, si bien queremos decir que, de pasar el trámite parlamentario en el que estamos, consideraríamos necesario retocar ciertos aspectos para respetar
mejor la actual distribución de competencias, como establece el artículo 148.1.20 de la Constitución, que otorga competencias en materia de asistencia social a las comunidades autónomas, que muchas de ellas ya han asumido. También compartimos la
idea de cobertura universal de los servicios sociales basada en criterios objetivos que persigan la satisfacción de las necesidades básicas como garantía para que todas las personas gocen de un nivel mínimo digno de derechos en el ámbito económico y
social que se manifiesta en la iniciativa legislativa, si bien la regulación concreta parece intentar centrarse en colectivos específicos. Sin embargo, no nos parece oportuno la propuesta de inclusión de la atención a la infancia de los seis años
como una prestación dentro de la red de servicios sociales. Creemos que debería actuarse hacia una integración del sistema educativo con compromiso por parte de todas las administraciones públicas para destinar los recursos necesarios para su
adecuada prestación.
En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante esta iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, mi grupo se va a abstener por unas cuestiones de procedimiento y por unas cuestiones formales. Compartimos plenamente la intención del fondo que trae esta iniciativa
sobre los servicios sociales. Ahora bien, el problema no es fácil de resolver a través de una vía directa en el Congreso de los Diputados sin el previo cumplimiento de una serie de requisitos formales en los que tienen que ser oídos los
representantes de la Administración local -los municipios y ayuntamientos de España-, la Administración autonómica -todas las comunidades autónomas- y también, por supuesto, la Administración central. De aquí que entendamos que en su momento
correspondería al propio Gobierno de la nación traer a esta Cámara el correspondiente proyecto de ley para atender lo que hoy en día es una auténtica prestación de derecho.
Efectivamente, los servicios sociales, cuya prestación ha venido siendo históricamente considerada de tipo benéfico-asistencial (veíamos los hospitales de beneficiencia pública, las líneas de beneficiencia de las diputaciones provinciales y
de los cabildos en el archipiélago canario), han superado hoy aquel carácter graciable, discrecional y pobre -porque dependían de los recursos benéficos que pudieran dedicar estas corporaciones de ámbito territorial- y se han transformado
afortunadamente en prestaciones de derecho. Pero estas prestaciones de derecho están hoy día recogidas en los
estatutos de autonomía de las comunidades autónomas como una cuestión netamente competencial. Por tanto no deberíamos legislar directamente en la Cámara sin escuchar previamente lo que dicen los estatutos de autonomía, lo que tendrían que
defender y reivindicar los representantes de las comunidades autónomas. Este es uno de los aspectos de procedimiento y de carácter formal que nosotros exigiríamos para dar, al final del proceso, nuestro apoyo a algo que es verdaderamente necesario.
También está ocurriendo que dentro del ámbito competencial de los servicios sociales de las comunidades autónomas no existe una ley de bases estatal que sea la urdimbre y la trama armonizadora y vertebradora de las distintas administraciones
para que no haya diferencias.
Recientemente -y mi grupo lo apoyó- hubo una propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la que se trataba de que ciertas prestaciones complementarias estuvieran unificadas en España y no hubiera
diferencias. Ha habido polémica, pero esto forma parte de todo debate político y así se tiene que hacer.
Hay que tratar las prestaciones de servicios sociales como prestaciones de derecho, dentro del mismo marco institucional que se ha dado a la sanidad o a la educación; ámbitos en los que participan las administraciones territoriales de las
comunidades autónomas, como también la Administración central. Hace falta, por tanto y a nuestro entender, una ley de bases en el Parlamento de la nación vertebradora y armonizadora, pero nada más. Es necesaria una ley de bases unificadora de unos
criterios generales para que las comunidades autónomas tengan una igualdad, al menos de derechos jurídicos, en la prestación de servicios sociales a todos. Estas prestaciones existen y yo veo que hay comunidades autónomas que las tienen en altísimo
grado y gozan de todos los beneficios, sobre todo en lo relacionado con el envejecimiento de la población que es un problema que nos vamos a ir encontrando con mayor intensidad cada año que pase. Hay otras comunidades autónomas que tienen un
régimen más deficiente porque no han sido capaces o no han podido por escasez de recursos económicos, porque esto tiene un presupuesto detrás.
Esta es una actuación que, como la educación o la sanidad, requiere un soporte en el presupuesto porque,
si no, nos quedamos en un puro derecho formal que no se transforma en un derecho real. Esto es lo que perseguimos.
Nosotros pediríamos al Grupo Popular que inste al Gobierno a traer una ley de bases de los servicios sociales para instrumentar esta ayuda como hemos llevado a la Comisión del Pacto de Toledo una serie de medidas de tipo laboral y social que
se tienen que reflejar aquí. Vamos a hacer las cosas bien a fin de lograr que estas iniciativas, que merecen nuestro apoyo, consideración y respeto -y por ello nos sumamos a ellas-, salgan adelante mediante el cumplimiento de un trámite procesal
parlamentario desde las comunidades autónomas, desde los ayuntamientos y desde las corporaciones locales que tienen establecidas estas líneas de servicios sociales destinados a la tercera edad -con el envejecimiento de la población como causa de
esta decisión- para que al final podamos recibir del Gobierno en el Congreso una ley de bases armonizadora. Para eso el Gobierno tiene que hablar con las comunidades autónomas y éstas, de mutuo acuerdo, tienen que dar su anuencia a la ley de bases
correspondiente. En ese momento, desde Coalición Canaria nos sentiremos cómodos dando nuestro voto de apoyo. Por tanto, hecha esta reflexión, señora presidenta, quiero manifestar ahora que vamos a abstenernos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, arratsaldeon, buenas tardes.
Tenemos en estos momentos y en distintas comisiones del Congreso de los Diputados una serie de reflexiones sobre temas como el futuro de pensiones, el envejecimiento de la población, la estructura familiar, la compatibilidad laboral, la
población activa, el bienestar de los mayores, las personas dependientes, etcétera, que siendo cuestiones recurrentes, están íntimamente relacionadas y tenemos que abordar con cierta visión general, pero sobre todo concretando nuestras políticas
fundamentalmente para las próximas décadas. Solamente quiero hacer tres apuntes, que son los siguientes:
Primero, la Seguridad Social y el sistema de pensiones ya nos anuncia que con la evolución actual a partir del 2015 comenzará el desequilibrio. O sea, tendremos más gastos que ingresos. Segundo, el Imserso nos anuncia que en esa fecha el
20 por ciento de la población tendrá más de 60 años, cerca de 7.500.000 habitantes. Tercero, el Instituto Nacional de Estadística nos acaba de revelar que existen en el Estado dos millones y medio de personas dependientes y que de todos ellos cerca
de dos millones, más del 75 por ciento, son atendidos en/y por la propia estructura familiar.
A la vez de estos tres apuntes quiero hacer una consideración por evidente e incontestable, y es que la mujer, tradicional sostenedora de la estructura familiar y de la asistencia y existencia de la cultura de atención a los mayores y
personas dependientes en la propia familia, legítimamente está accediendo al mercado de trabajo en porcentajes de actividad similares a la población masculina, mejorando por una parte con ello la perspectiva del futuro sistema de pensiones, pero a
la vez tenemos que ser conscientes de que se nos cierran escenarios enormemente delicados en las áreas que
acabo de describir. Las reflexiones que llevamos a cabo en la Comisión del Pacto de Toledo determinarán, espero que a corto plazo, las estrategias en algunos de estos ámbitos, pero no estaría de más que también se aborden, con esta misma
visión integral, las cuestiones fundamentales objeto de esta proposición de ley y que fundamentalmente son el bienestar social general, la discapacidad y la dependencia desde el sistema fundamentalmente más desprotegido, que es el de la atención
familiar y, consecuente con ello, el establecimiento de un régimen de prestaciones económicas coherentes con lo que pedimos y necesitamos como sociedad de esa estructura que llamamos familia. Por ello, consideramos interesante y necesario que se
aborde también este debate paralelo, por lo que sin entrar en el articulado, que en caso de que se aprobara diferiríamos en algunos aspectos fundamentalmente de tipo competencial, para su toma en consideración hoy por la tarde y en esta sesión
votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna desde la satisfacción de la oportunidad que nos plantea esta iniciativa de Izquierda Unida con esta proposición de ley de ordenación del bienestar social general y de las familias, en la medida en que nos puede permitir
suscitar un debate sobre una de las cuestiones más importantes que tiene planteada no tan solo la sociedad española, sino el conjunto de las sociedades europeas, como es la de dar respuesta a las nuevas necesidades sociales derivadas de los cambios
que hemos vivido en estos últimos años, y muy específicamente dar respuesta a los retos derivados del envejecimiento de nuestras sociedades.
Con esta proposición de ley, Izquierda Unida plantea de manera amplia todo lo referente al bienestar social, no sólo con relación a la dependencia, sino abordando también cuestiones como la discapacidad, la pobreza y otros temas relacionados
con las políticas de familia. Por tanto, se trata de un planteamiento amplio -quizá demasiado amplio, desde la perspectiva de Convergència i Unió-, ya que se quiere abordar en un mismo texto legislativo estas cuatro cuestiones al mismo tiempo.
Esta proposición de ley tiene lugar en un momento en que el debate sobre la atención a las dependencias y sobre estas necesidades sociales está absolutamente abierto en nuestra sociedad; debate que, por otra parte, no es nuevo. Desde 1986, el
Gobierno de Cataluña ha puesto en marcha el programa Vida als anys, Vida a los años, que precisamente intentaba dar respuesta a algunos de los problemas sociales que se nos planteaban en ese ámbito a principios de los años ochenta. Problemas como
el envejecimiento o la pobreza han empezado a obtener respuesta desde el ámbito autonómico, desde el Gobierno del País Vasco y otros como el Gobierno catalán, a principios de los años noventa, con la puesta en marcha de los denomindados salarios
sociales, rentas mínimas de inserción en nuestro caso. Estos problemas se han agudizado a lo largo de estos últimos años como resultado del envejecimiento y de los cambios de las estructuras familiares, muy vinculados a esa importantísima
incorporación de las mujeres jóvenes al mercado de trabajo formal, como resultado del conjunto de los cambios demográficos que estamos viviendo.
Además, señorías, nos encontramos en un contexto en el que la respuesta a estos problemas por parte de las administraciones públicas autonómicas, con la puesta en marcha determinadas políticas y programas, ha obtenido una pésima financiación
por parte de la Administración central del Estado. A día de hoy, las políticas sociales desarrolladas en España por los gobiernos autonómicos se están desarrollando con una financiación mal resuelta y mal planteada, con unos programas del Imserso
absolutamente condicionados a las voluntades políticas de la dirección ministerial de turno, sin formar parte de una política sostenida que otorgue derechos, que dé tranquilidad y que permita reforzar de verdad estas necesidades.
Sobre todo, estas
necesidades se han subvenido como resultado del esfuerzo de las mujeres trabajadoras, que dan respuesta a las necesidades de dependencia, de pobreza y de atención a los hijos que tienen las familias. Es evidente que la respuesta al reto de fondo
que se nos plantea en este ámbito no puede depender exclusivamente de las familias ni de las mujeres, ni puede depender del voluntarismo político de unas administraciones públicas mal financiadas desde la Administración general del Estado. En este
sentido, la iniciativa que nos plantea Izquierda Unida es tremendamente interesante, en la medida que nos permite abrir ese debate necesario, abordando a fondo una política global de atención a la dependencia, principal reproche que hacemos al grupo
de la mayoría y al Gobierno, que ha perdido en esta legislatura la oportunidad de abordarlo a fondo.
En abril del año 2001, como resultado del acuerdo social con Comisiones Obreras y la CEOE, se marca el período de un año para que el Gobierno elabore, junto con los gobiernos autonómicos y los agentes sociales, una propuesta de atención a la
dependencia. Hoy, a mes de marzo de 2003, no sé si se ha constituido el grupo de trabajo que se contemplaba en ese acuerdo de abril de 2001; quizá se haya hecho. Lo cierto es que esta legislatura va a terminar sin que el Gobierno haya regulado
una política global de atención a la dependencia -tan necesaria como todos sabemos-, en un contexto en el que el gasto social no ha crecido suficientemente para dar respuesta a las necesidades de España en esa materia. El gasto social quizás ha
crecido con mayor intensidad
de lo que reflejan los informes del Consejo Económico y Social. He de recordar a don Antero Ruiz que el último informe de Eurostat sobre políticas sociales, cuando hace referencia a las prestaciones de gasto social, aconsejaba que se
empiece a contabilizar en Europa el gasto social derivado de las bonificaciones fiscales. En este sentido España no estaba bien situada, pero bastante mejor de lo que indican las estadísticas. Digo esto para ser justos en nuestras críticas al
Gobierno.
Todo ello podría llevar a que hoy Convergència i Unió votase a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero no va a ser así por dos razones. En primer lugar, por una cuestión de discrepancia sobre el modelo que nos
plantea Izquierda Unida, sobre la necesidad de que en esta misma ley demos respuesta a la dependencia, a la discapacidad, a la familia y a la pobreza. Nosotros creemos que estamos hablando de fenómenos, de retos, de problemas y de soluciones
diferentes que exigirían legislaciones diferentes. En segundo lugar, porque se formula una proposición de ley de espíritu centralizador en el que se obvia, a pesar de la intervención del señor Ruiz, que las competencias en materia de asistencia
social están fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas y que debemos configurar un sistema realmente flexible, que otorgue esa capacidad de acción a las comunidades autónomas. Se aborda de manera muy superficial el problema relacionado
con los gastos debidos al envejecimiento. La financiación de las políticas sociales se aborda sin entrar en las cuestiones fondo, por ejemplo, sin plantear las posibilidades de copago en determinadas prestaciones, que incluso Comisiones Obreras
está proponiendo, sin plantear las cuestiones relacionadas con la provisión de servicios de carácter social desde el sector privado. Por tanto, esta proposición de ley no da respuesta a debates importantes que están en la calle, que están en la
sociedad. Pero sobre todo porque el debate de la atención a la dependencia, el debate sobre los salarios mínimos, el debate sobre el nivel de respuesta desde las pensiones no contributivas a los problemas de pobreza debe producirse en el seno del
Pacto de Toledo.
La posición que Convergència i Unió mantiene y que nuestra portavoz, la señora Riera, y yo mismo estamos manteniendo en los debates del Pacto de Toledo, va en la línea de que se incorporen a dicho pacto unas recomendaciones al Gobierno para
dar respuesta a dichas necesidades, especialmente en el ámbito de la dependencia, elaborando una ley general de atención a las dependencias que garantice claramente las competencias de las comunidades autónomas, así como la financiación de estas
políticas, abordando desde dicho pacto el nivel de protección social no contributivo, tanto para personas en situación de jubilación, en situación de dependencia, como para las personas incorporadas al mercado de trabajo. El Pacto de Toledo es el
ámbito donde debe abordarse globalmente esta cuestión. Además, una ley de atención a la dependencia debe llegar a esta Cámara como resultado de un acuerdo importante con las comunidades autónomas, con aquellas que van a gestionar estas políticas en
función de lo que define su estatuto de autonomía, no debe ser simplemente la legítima iniciativa de un grupo parlamentario.
Desde esta óptica no podemos dar nuestro apoyo a esta iniciativa, pero tampoco querríamos que nuestro voto se interpretase como un aval a una política del Gobierno que no ha existido. Por tanto, optaremos por una posición políticamente
equilibrada, que es la abstención en la votación de esta proposición de ley, insistiendo en nuestro agradecimiento a don Antero Ruiz que nos ha permitido abrir este debate, esencial para el conjunto de las familias de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Socialista con respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley que plantea hoy el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comenzaré diciendo que nuestro voto será favorable
a esa toma en consideración porque en el fondo de la cuestión compartimos el objetivo principal que se plantea en la misma. El desarrollo de los servicios de atención a las personas exige en estos momentos una clara respuesta institucional que no
estamos encontrando.
Nuestro grupo parlamentario ya presentó diversas iniciativas en esta Cámara con el fin de dar una atención integral a las situaciones de dependencia mediante el desarrollo de un amplio y completo repertorio de programas y
servicios en este ámbito. El Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz de hacer frente a las nuevas necesidades sociales que se están dando en nuestro país, lo que supone un grave deterioro en el sistema de protección social. La combinación de
factores sociales y demográficos está produciendo un aumento de la población dependiente, cuestión que coincide con una marcada crisis en los sistemas de apoyo informal, motivada por dos transformaciones sociales: una, el cambio de modelo de la
familia y otra, la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Asimismo, nos encontramos con una realidad como es el envejecimiento de la población. Este intenso proceso de envejecimiento no debe ser considerado como un problema social, sino como un cambio estructural, y todos los expertos que estudian
esta realidad coinciden en decir que es necesario hacerle frente con propuestas sociales sobre esta materia. Además, en esta realidad debemos incluir a las personas afectadas por algún tipo de discapacidad, que en estos momentos
son 3.500.000 personas, lo que supone cerca del 10 por ciento de la población total, de las que una gran mayoría no encuentra ninguna respuesta institucional a sus necesidades sociales. Todo ello determina que la atención a la dependencia
se esté configurando como la necesidad social más emergente y por ello representa el primer reto al que han de enfrentarse las políticas públicas de nuestro país. Esto significa una apuesta política de primer orden en tanto que viene a consolidar
una estrategia pública que incorpora la universalización de los servicios sociales.
En lo que respecta a los sectores de población que refleja esta proposición de ley, no podemos obviar la necesidad de los servicios de atención a la infancia, que contribuirán en gran medida a facilitar esta incorporación de la mujer al
mercado laboral. Como dato significativo diré que, en nuestro país, hoy todavía caen sobre las espaldas de las mujeres la mayor parte de los cuidados informales a todos estos sectores de la población de los que estamos hablando. Es evidente que el
sistema de apoyo informal representa un grave obstáculo para la plena incorporación de la mujer al mercado laboral. Frente a esta realidad, es necesario hacer una valoración sobre el retroceso en el gasto público de nuestro país con relación a
estas políticas. Recientemente Eurostat ha publicado los gastos de protección social de la Unión Europea en el año 2000 y los datos son significativos y desoladores. Junto a Irlanda, España es el país que menos dinero dedica a gasto social: el
20,1 por ciento del producto interior bruto frente a una media comunitaria del 27,3 por ciento. Desde que gobierna el Partido Popular, el gasto en protección social ha disminuido 1,8 puntos sobre el producto interior bruto, situándonos siete puntos
por debajo de la media europea. Para apoyo a familia dedicamos el 2,7 por ciento de las prestaciones sociales frente a un 8,2 de la media europea. Con respecto a lo que suponen las políticas de familia, encontramos cómo, bajo el título de plan
integral de la familia, el Gobierno muestra su inoperancia y falta de apuesta real por el desarrollo de acciones y servicios en este sentido. El Partido Popular intenta apropiarse de conceptos como el de la familia bajo una concepción totalmente
arcaica y regresiva. No hay mejor política para las familias que la dirigida a favorecer la igualdad y la atención a las necesidades sociales. Por ello, nuestro grupo parlamentario también desarrolló una iniciativa en este ámbito en la idea de
desarrollar medidas para favorecer el bienestar de las familias, que se ha encontrado con el rechazo de los que no creen en estos principios, con el rechazo del Partido Popular.
Otra cuestión que sin duda no podemos dejar de mencionar es que la apuesta que se plantea de ampliación del bienestar es también una apuesta por el empleo. Los recursos financieros que se dediquen a esta ampliación se estarán empleando
simultáneamente en creación de calidad de vida y en creación de empleo, pues los servicios sociales son uno de los sectores más intensivos de trabajo y constituyen uno de los yacimientos de empleo con mayor potencialidad en nuestro país, tal y como
está ocurriendo en el resto de países europeos.
Realmente el tiempo limita la posibilidad de hacer un análisis más exhaustivo del contenido de esta proposición de ley que, si bien merecería diversas puntualizaciones y modificaciones, vuelvo a repetir que mi grupo votará afirmativamente su
toma en consideración con el fin de que posteriormente, tras el debate pertinente en el que todos los grupos parlamentarios podamos plantear los cambios y modificaciones que entendemos necesarios, se pueda dar un contenido más amplio a la misma.
Debemos tener en cuenta que el Estado de bienestar no es inmutable en el tiempo, se tiene que ir modulando conforme van apareciendo nuevas necesidades sociales. Al igual que se ha desarrollado el sistema de pensiones, el sistema educativo o el
sistema sanitario debe desarrollarse el sistema de servicios sociales, y esto es responsabilidad de este Gobierno que debe reconducir su política en esta materia. Ya no nos sirve el argumento, que en muchas ocasiones se nos ha trasladado desde las
filas del Partido Popular, de que a todos nos gustaría hacer más en materia de servicios sociales, en materia social. Y digo que no nos sirve porque el Partido Popular se ha negado a mejorar estos servicios de los que hablamos y la realidad lo
evidencia: disponemos de tres plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años mientras la media europea es de seis plazas, y la ayuda a domicilio da en estos momentos una cobertura de un 1,7 por ciento de la población mayor de 65
años, objetivo muy lejano a lo que establecía el plan concertado de servicios sociales. Con estos datos difícilmente nos podemos creer las buenas palabras del Partido Popular. Hoy la responsabilidad es suya, ustedes deben atender y garantizar
estas necesidades sociales y por ello les invitamos a que apoyen esta proposición, a que se posibilite el debate y en definitiva a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y en especial de los que más lo necesitan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señora presidenta, señorías, me corresponde en nombre del Grupo Parlamentario Popular fijar la posición respecto de la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
el bienestar de las familias y el bienestar social en general. Comenzaré diciendo que la primera responsabilidad es de las comunidades autónomas, que tienen competencia exclusiva en la materia por el artículo 148.1.20 de la
Constitución, y si miramos el mapa de las comunidades autónomas hay un gran retroceso precisamente en aquellas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español. La consellera de Bienestar Social del Gobierno balear, del mismo grupo que
presenta la proposición, dijo textualmente que el Gobierno balear -que gobierna por un pacto de izquierdas- había invertido más en publicidad que en servicios sociales, que no se había hecho nada. Lo decía la propia consellera. También en el marco
constitucional y a través de una serie de artículos (los artículos 9; 14, de la igualdad; 39, de la familia; 48, dedicado a la juventud; 49, dedicado a discapacitados; 50, dedicado a la gente mayor) se establecen como principios básicos
aquellos a los que tenemos que atenernos en servicios sociales pero también establece ese marco competencial del que les hablaba.
Quisiera recordar los importantes avances que se han hecho desde el Gobierno del Partido Popular en esta materia. En primer lugar, no hay mejor política social que la que crea un puesto de trabajo. A este efecto podemos presentar datos y
no palabras con la creación de más de tres millones de puestos de trabajo, la mitad de ellos ocupados por mujeres.
En 1996, por cada 100 mujeres había 24 en el paro; hoy, en el año 2003, por cada 100 mujeres hay 11 en el paro. El Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida propone crear una renta mínima y nosotros proponemos impulsar el marco para crear empleo. Creemos que es una política mucho más interesante y mucho más efectiva que la de instaurar una nueva prestación
asistencial. En el año 1996, por una hipoteca de 10 millones, los ciudadanos de este país pagaban 92.000 pesetas al mes; hoy, en el año 2003, se pagan 49.000 pesetas al mes. Yo pienso que eso es ir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y
de las familias.
También hemos trabajado para conciliar la vida familiar y laboral.
Aprobamos esa ley que conciliaba la vida familiar y laboral. Entre las muchas cuestiones que planteaba esa ley y su desarrollo posterior hay una que creo que es la más
importante, que era posibilitar el coste cero, que contratar a una mujer que esté embarazada no sea un impedimento sino un aliciente para el empresario. Se han mejorado sustancialmente las pensiones: las de viudedad, donde se ha pasado incluso al
70 por ciento en algunas bases reguladoras, las de jubilación y todas las pensiones en general, creando un fondo de reserva, y además se han garantizado por ley. Pienso que eso también es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de
nuestras familias. Se ha incrementado la edad en las pensiones de orfandad; antes estaba en los 18 años y ahora ha pasado a 22 y a 24 años en el caso de orfandad absoluta. Se han bajado los impuestos para todos los españoles, especialmente para
aquellos que tienen más dificultades. En el año 1998 acometimos nuestra primera reforma fiscal y desde enero de 2003 ha habido una reforma extraordinaria dedicada especialmente a la familia, a los discapacitados y a la gente mayor, se destinan 100
euros a todas las mujeres trabajadoras con niños menores de tres años que tienen que conciliar su vida familiar y laboral, desgravaciones a partir del segundo hijo, desgravaciones para todas las mujeres en general, mayores deducciones para el sector
de discapacitados y mayores deducciones para el sector de la gente mayor. En 1996, el tipo más bajo del IRPF era el 25 por ciento, muy por encima de la Unión Europea; hoy, una serie de años después, está en el 18 por ciento, muy por debajo de la
Unión Europea. Y eso, señorías, también es mejorar la calidad de vida de las familias.
Hemos propuesto y hemos aprobado un plan integral de atención sociosanitaria en colaboración con las comunidades autónomas. Se ha aprobado la gratuidad, a través de la Ley de calidad recientemente aprobada, de la educación de 3 a 6 años.
Se trabaja en el tema de la gratuidad de los libros de texto. Se han reforzado las ayudas a los servicios sociales de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como la ayuda a la primera infancia; por cada peseta que gastaba el Partido
Socialista en el año 1996 en guarderías, el Partido Popular, a nivel de Estado, está gastando 230 pesetas. Se han incrementado pues en un 72 por ciento las ayudas para los servicios de primera infancia. El plan de prestaciones básicas ha crecido
en más de un 56 por ciento. En el plan gerontológico invertimos más de un 39,5 por ciento, lo mismo que en el plan de Alzheimer, por no hablar del de integración social o del de inmigración, del gitano, del plan de infancia y familia, que se ha
incrementado más de un 24 por ciento, del de personas con discapacidad, etcétera, etcétera. También hay que decir que la Ley General de la Seguridad Social reconoce las pensiones de carácter no contributivo para aquellas personas que tienen una
especial situación de necesidad.
Hemos actualizado también las prestaciones por hijo a cargo, que estaban congeladas desde el año 1990, desde su creación. Se han creado prestaciones nuevas en el caso de parto múltiple o por el nacimiento del tercer hijo. Por cierto, la
propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida establece el límite por prestación de hijo a cargo en 8.000 euros anuales cuando actualmente la prestación es de 8.264,28 euros al año, por tanto, ustedes incluso van por debajo de lo que se está
pagando actualmente. Además, hay que destacar la reforma laboral emprendida por el Gobierno del Partido Popular que da más posibilidades de acceso al mercado de trabajo a aquellos colectivos que más dificultades tienen. Se ha aprobado también un
plan integral de la familia. Ustedes gobernaron 13 años pero nunca trajeron a esta Cámara un plan que apoyara a la familia porque sencillamente ustedes no creían en ella. El plan integral de apoyo a la familia, con un periodo de vigencia que va
del año 2001 al año 2004, tiene como objetivo favorecer especialmente a las familias más desfavorecidas y a las familias numerosas. Actualmente se está
trabajando en el II plan de acción para personas con discapacidad 2003-2007. Este plan ha sido consensuado con las ONG y las comunidades autónomas, y le ha servido de guión el libro blanco de accesibilidad presentado recientemente.
También se está trabajando actualmente en el plan de acción gerontológico, cuya segunda edición abarcará de 2003 a 2007, donde se abordan los nuevos problemas que tienen los mayores. Por cierto, quiero decirles que el servicio de mayores se
ha incrementado de manera sustancial. La aportación del Estado a la ayuda domiciliaria y centros para mayores ha pasado de 11 millones de euros a más de 14 millones de euros. En definitiva, estamos en la línea correcta y estamos mejorando la
calidad de vida de las familias. Eso debe ser así porque no hace mucho tiempo el Partido Popular, presentándose a unas elecciones, obtuvo el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
Ustedes han cogido los informes de Eurostat hasta el año 1999, pero no han cogido los informes más recientes, del año 2003, donde figuran todas las medidas que yo les he anunciado. Concretamente en el avance del 13 de febrero de 2003 de
Eurostat el incremento de la función familia del año 1996 a esta fecha ha sido del 29 por ciento y no del 20 por ciento, como decía su señoría. También quiero decirle que los últimos informes sobre protección social de la Unión Europea han señalado
expresamente que España es uno de los países donde más se ha incrementado la ayuda para las políticas sociales, con un aumento del 7,3 por ciento frente al 4,6 por ciento de media comunitaria; por lo tanto, muy por encima de la media europea.
Asimismo, según los mismos informes, el gasto social por habitante se sitúa en un 9,7, por encima de la media comunitaria que es de un 8,7.
Para acabar quiero darles un argumento más. Este texto viene a reproducir casi textualmente, por no decir literalmente, contenidos del proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, porque hay artículos que son una
fotocopia. En la Ley del Sistema Nacional de Salud se hablaba de un consejo interterritorial, de un comité consultivo de la alta inspección, etcétera. A veces no existe correspondencia entre legislación sanitaria y la distribución competencial en
servicios sociales entre Estado y las comunidades autónomas. Además esa ley hablaba de los servicios sociosanitarios y de la atención sociosanitaria, enmarcándose en el marco sociosanitario las personas mayores con dependencia, el sector de
discapacitados y todas aquellas personas que necesiten de los servicios sociales y de los servicios sanitarios. Por tanto, es casi extemporáneo volver a plantear una ley porque ya se recoge el tema sociosanitario en la Ley de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, aprobada además con una gran mayoría de esta Cámara.
Entendemos que vamos en el camino adecuado y que las políticas del Gobierno en materia social y sociosanitaria han sido absolutamente adecuadas. Hemos subido en seis puntos el gasto social con relación al año 1996 y así lo ha reconocido la
ciudadanía. Seguiremos trabajando de la mano de las comunidades autónomas porque efectivamente existen comunidades autónomas en las que hay ciertos déficit de unidades residenciales para personas mayores, para sectores de discapacitados o para
colectivos de exclusión social. Les recuerdo que estas competencias son exclusivas de las comunidades autónomas y no deja de llamar la atención que aquellas donde existe mayor número en lista de espera de personas mayores, mayor número en lista de
espera de personas discapacitadas y los mayores colectivos de exclusión social, están gobernadas por partidos de izquierdas.
Finalizaré diciendo que el mejor servicio que podemos prestar a la ciudadanía y a las personas será seguir preparando a nuestra sociedad para los nuevos tiempos. Seguiremos trabajando para que funcione una nueva economía porque si la
economía funciona y se crea un futuro de esperanza, los servicios sociales siempre funcionan. Por el contrario, cuando la economía arroja 3 millones de parados, los servicios sociales se resienten. La prueba más palpable es la de la actual y la
anterior legislatura del Partido Popular, donde la evolución de la Seguridad Social ha sido espectacular, posibilitando también una evolución espectacular de los servicios sociales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Estarás.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de ordenación del bienestar social general y de las familias: régimen de prestaciones económicas y servicios mínimos
básicos garantizados.
Comienza la votación (Pausa.).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 133; en contra, 172; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 162/000684.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Hidrológico Nacional.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa que ahora debatimos para dar, una vez más, apoyo explícito en esta Cámara al Plan Hidrológico Nacional. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Lo hacemos para llevar al ánimo de los ciudadanos el compromiso de hacer realidad un proyecto que interesa a todos los españoles, que permite seguir creando riqueza y que avanza,
señorías, y esto es muy importante, en la solidaridad territorial. Somos conscientes de que el Plan Hidrológico Nacional ya se aprobó en esta Cámara con una amplia mayoría. Por tanto, no necesita de nuevos apoyos si no fuera, señorías, por la
actitud... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, permitan que se desarrolle la intervención con la normalidad democrática que una Cámara exige. (Pausa.)
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, simplemente decía con un tono de voz que quiere ser agradable... (Risas.) Lamento que a SS.SS. les moleste por lo que voy a decir posteriormente, pero pretende ser un tono de voz agradable. Digo
que esta iniciativa no sería hoy necesaria si no fuera porque hay grupos políticos que están manteniendo una actitud obstruccionista para que el plan no se lleve a cabo, y lo están haciendo en todas las instancias que pueden.
El Gobierno del Partido Popular cumplió un mandato de la Ley de Aguas de 1985, un mandato que exigía que se aprobara un plan hidrológico nacional, mientras que el Partido Socialista desde 1985 hasta 1996, esto es, durante 11 años, no quiso
hacerlo, no supo hacerlo o no entendió conveniente que era bueno hacerlo. El caso es que el Partido Socialista, que entonces estaba en el Gobierno, no hizo realidad un mandato de 1985.
El Gobierno del Partido Popular ha dado cumplimiento a ese
mandato y hoy tenemos este Plan Hidrológico Nacional, que se ha elaborado después de aprobar todos los planes de cuenca. Señorías, ustedes saben que en 1995 el Senado comunicó al entonces ministro de Obras Públicas que su plan hidrológico nacional
no valdría hasta que no se aprobasen todos los planes de cuenca. Pues bien, una vez aprobados estos, se ha aprobado el Plan Hidrológico Nacional, con un consenso, señorías, extraordinariamente alto. Todos los usuarios, todas las comunidades de
regantes, apoyaron el Plan Hidrológico Nacional en el Consejo del Agua. Casi todas las comunidades autónomas, excepto, como ustedes saben, señorías, Aragón y Baleares, que votaron en contra, y Andalucía, que se abstuvo, votaron a favor del Plan
Hidrológico Nacional. Pide en una enmienda el portavoz de Iniciativa per Catalunya que se establezca un amplio diálogo. ¿Qué más amplio diálogo que el 82 por ciento de los votos en el Consejo del Agua?
Señorías, esta proposición no de ley no sería necesaria si algún grupo no estuviera, como antes decía, intentando que el plan no fuera una realidad. En mi opinión, decir en Aragón una cosa, en Murcia otra y en la Comunidad Valenciana otra
no es una actitud que un grupo deba tener sin que además la dirección de dicho grupo no intente poner orden. No me parece una actitud razonable que el señor Maragall diga que a los del sur ni una gota de agua o que el señor Zapatero diga en Aragón
que va a derogar el Plan Hidrológico Nacional y diga en Murcia que no. No me parece razonable, señorías, que hoy, como han anunciado, algunos diputados del Grupo Socialista se ausenten de esta Cámara porque no quieren votar lo que dice la dirección
socialista que tienen que votar.
(Aplausos.) No me parece razonable y creo que la dirección socialista tiene que tomar cartas en este asunto, que interesa al conjunto de los ciudadanos, para poder desarrollar un Plan Hidrológico Nacional bueno para
todos los lugares de España. Señorías, hoy en esta Cámara pedimos que los diputados digan si quieren o no el Plan Hidrológico Nacional. (El señor Martínez Sanjuán: Pide votación nominal.) No hacemos trampa, como el señor Caldera pidiendo
votaciones secretas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Lo queremos hacer de forma que cada diputado apriete el botoncito, vote y luego explique en su comunidad si sí o si no quiere el Plan Hidrológico Nacional; pero que vengan a esta Cámara a votar. No me
parece una actitud valiente dar teletipos diciendo que lo que van a hacer es ausentarse porque no están de acuerdo con el Partido Socialista. (Aplausos.) Estos diputados dicen que quieren que se cumpla la ley, que ustedes votaron en contra.
Señorías, no me parece razonable. Por eso queremos que cada diputado diga en esta Cámara lo que piensa hacer. Me parece muy grave, señorías, que el señor Solbes, que ha sido ministro de Agricultura socialista, que conoce por tanto los problemas de
la agricultura, que es de Alicante, que ha sido diputado por Alicante, que ha sido ministro de Hacienda de un gobierno que elaboró un anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional con muchísimos más trasvases y muchísimas más transferencias de agua del
Ebro, esté en Bruselas intentando que no vengan fondos a nuestro país. Nos parece absolutamente irresponsable. (Aplausos.) Nos parece irresponsable que el señor Zapatero -y lo digo con toda claridad, me parece irresponsable que el
señor Zapatero- no le llame al orden. Es inaudito, señorías. ¿Qué campañas de prensa se harían en Andalucía? (Rumores.) ¿Qué campañas de prensa se harían en Andalucía, señorías, si alguien del Partido Popular quisiera que en Bruselas no
les dieran dinero para las necesidades de Andalucía? ¿Qué campañas de prensa se harían en Andalucía? ¡Qué cosas dirían! ¿Cómo les parece, señorías, que se entienda razonable que uno de los dos comisarios españoles esté elaborando informes desde su
oficina diciendo que no venga financiación para el Plan Hidrológico Nacional? ¿Qué les parece, señorías? Además, señorías, ustedes lo saben muy bien, el Plan Hidrológico Nacional, no sólo son trasvases. (Varios señores diputados: ¡Ah!) El Plan
Hidrológico Nacional no es sólo un artículo, son muchos artículos y muchos anexos, con más de 3 billones de pesetas de inversión, que ya se han empezado a realizar en este ejercicio, señorías, ya se han empezado a realizar. (La señora Serna Masiá:
¡Hacedlo! ¿Por qué no lo hacéis?)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Serna.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Desde luego, señoría, lo haremos. Si fuera por el Partido Socialista, el Plan Hidrológico Nacional no se haría y tengan la valentía, señorías, de decirlo en su circunscripción electoral. Si fuera por el
Partido Socialista no habría agua para Valencia, no habría agua para Almería, (Rumores.) no habría agua para Alicante, no habría agua para Castellón, no habría agua para otras zonas de España. (Aplausos.) Señorías, tengan la valentía de decirlo.
Sólo les pido eso, porque el Plan Hidrológico Nacional son un conjunto de obras de más de 3 billones de pesetas. (Un señor diputado: ¡Agua para todos!) El trasvase, señorías, sólo es una cuarta parte adicional de esos 3 billones de pesetas. Hay
obras que van para la mejora de la calidad de las aguas, para la modernización de regadíos, para el abastecimiento urbano, para el acondicionamiento de cauces, para el saneamiento y depuración y, además, para la regeneración hidrológico-forestal. A
todo eso, el señor Solbes, está intentando que no nos den financiación en Bruselas, señorías.
(Rumores.) Y el señor Zapatero, calla. (Aplausos. El señor Sabaté Ibarz: Eso es mentira.-Rumores.) Tan verdad, tan verdad como usted sabe, señoría, que
hay cartas que lo confirman. (Varios señores diputados: Mentiroso.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Sí, aquí están las cartas de la comisaría del señor Solbes. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ah!)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Mendizábal, señor Martínez Sanjuán, permitan que se desarrolle la intervención de quien está en el uso de la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señoría, ya sé lo que usted quiere decir: que igual que el señor Zapatero y el señor Caldera no controlan a su grupo parlamentario, el señor Solbes no controla a los jefes de servicio y les deja que hagan
la carta que quieran. Es extraordinario. (Aplausos.) Su orden es extraordinario. Si del Ministerio de Economía sale una carta firmada por un jefe de servicio el responsable será el señor Rato, y si de la Comisaría del señor Solbes sale una carta
diciendo a la comisaria de Medio Ambiente que no se dé financiación el responsable es el señor Solbes, y el señor Zapatero y el señor Caldera tienen que dar la cara.
(Rumores.) ¿Por qué se están poniendo trabas, señorías? Se está intentando hacer
electoralismo con un tema de enorme interés para los ciudadanos españoles. (Rumores.) El trasvase es una de las obras importantes, pero junto al trasvase hay inversiones de enorme importancia para todas las comunidades. De las más importantes,
para Aragón, señorías, porque se les va a dar capacidad para modernizar, para aprovechar más la cuenca, para tener mejores abastecimientos, para tener mejores inversiones. (El señor Morlán Gracia: No, no.), y ya se han empezado, señor Morlán,
justo con su voto en contra; se han empezado con su voto en contra. Señorías, cuando son gobierno dicen una cosa, cuando son oposición dicen otra y cuando vuelven al Gobierno otra. (Rumores.)
El anteproyecto del señor Borrell, señorías, preveía 13 trasvases en España con transferencias de agua de más de 4.000 hectómetros cúbicos.
Ahora estamos hablando de un solo trasvase con una transferencia de exactamente la mitad de lo que
preveía el señor Borrell en su anteproyecto; la mitad, señoría. Don Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón, cuando entonces era creo que secretario de comunicación del Partido Socialista en Aragón, dijo: A mí me parece muy
razonable que se transfieran 2.000 hectómetros cúbicos del Ebro hacia el sur, y además en estos temas no hay que hacer demagogia. Justo lo que está haciendo ahora cuando se pide exactamente la mitad. (La señora Romero López pronuncia palabras que
no se perciben.) Yo les pediría responsabilidad y al menos una cosa: voten hoy lo que quieran. Si ustedes no quieren reconocer que hay que hacer un esfuerzo enorme de solidaridad en nuestro país (La señora López i Chamosa: No queremos la guerra,
no queremos el trasvase.), si ustedes no quieren reconocer que hay que hacer...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora López.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decía que si ustedes no quieren reconocer que hay que hacer un esfuerzo enorme de modernización en nuestro país, si ustedes no quieren reconocer que hay que hacer ese conjunto de inversiones que superan los
tres billones de pesetas, díganlo, pero desde luego con su actitud están diciendo que no avancemos en la solidaridad de nuestro país, que no demos soluciones a problemas ancestrales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, le ruego que concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy acabando. (Rumores.)
Son problemas que se van sucediendo en nuestro país desde hace décadas. Lo que les pido es una cosa y además con toda honestidad: si otra vez hoy se aprueba dar apoyo al Plan Hidrológico Nacional no pongan palos en las ruedas para
estropear unas inversiones que tienen mucho que ver con el crecimiento, con el empleo y con la riqueza de nuestro país. Les pediría una cosa: que no pongan palos en las ruedas, que no sigan obstruyendo que venga financiación de Bruselas. El Plan
Hidrológico Nacional se va a hacer con ella o sin ella, pero si no podemos contar con ella más les costará a los ciudadanos, más cargas tendremos que pagar todos los ciudadanos españoles, cuando es absolutamente justo que recibamos ese dinero de
Bruselas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, debe concluir ya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, señora presidenta.
Le digo también, señora Mendizábal, al señor Pla (Rumores.-Los señores Martínez Sanjuán y Pla Durán y la señoras Mendizábal Gorostiaga y Romero López: ¡Paella, paella!) que tenga la valentía de salir a la tribuna a responder y a decir que
no quiere agua para Valencia.
Muchas gracias. (Aplausos. Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa de la enmienda presentada en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, cuando leí esta proposición no de ley tuve una primera impresión de sorpresa, porque no deja de ser sorprendente que el Grupo Popular, que apoya al Gobierno, haga una proposición no de ley en la que diga tres
cosas: le dice al Gobierno que prosiga el ritmo previsto, le dice al Gobierno que continúe las actuaciones planificadas y le dice al Gobierno que gestione los correspondientes fondos de la Unión Europea. Me sorprendió porque pensé: Eso es una
censura del Grupo Popular contra el Gobierno. ¿Qué ocurre? ¿Que el Gobierno no va al ritmo previsto? No, no va al ritmo previsto. ¿Que el Gobierno continúa las actuaciones planificadas? No continúa las acciones planificadas y además el Gobierno
no está consiguiendo financiación de la Unión Europea.
(Aplausos.-La señora Romero López: Exactamente.) Por tanto es muy importante que haya una primera proposición no de ley del Grupo Popular que reconozca las dificultades del Plan Hidrológico
Nacional.
La segunda sensación que tuve es que esta proposición no de ley demostraba la debilidad actual para concretar y desarrollar el Plan Hidrológico Nacional. El Gobierno del Partido Popular y el Grupo Popular están preocupados por que el Plan
Hidrológico Nacional no avanza conforme habían previsto. La prueba es que la movilización de Valencia, que me parece muy justa, era una movilización también de debilidad. Por cierto, yo estuve el domingo en otra movilización en las tierras del
Ebro donde había una pancarta que me gustó mucho. En ella nos invitaban a comer paella, pero decía: Aquí la paella nos la pagamos todos, cada uno de nosotros. O sea, comimos paella, pero nos la pagamos nosotros. (Rumores.) Tuve estas dos
sensaciones, sorpresa y debilidad, pero hoy he tenido otra: si de verdad esto es electoralismo. El señor Martínez-Pujalte, que es un diputado competente, me ha sorprendido hoy saliendo a hablar del Plan Hidrológico Nacional. He pensado: ¿Por qué
será? ¿Es de Valencia o qué pasa? He tenido la sensación de que era una proposición no de ley que tenía fundamentalmente como objeto situar al Partido Socialista en malas condiciones en determinadas zonas del Estado. Sin embargo, quiero decir lo
siguiente: el Plan Hidrológico Nacional no va a tirar adelante por cuatro razones, no porque haya gente que es insolidaria. Ustedes están haciendo una deriva: que todo aquellos que no decimos lo mismo que ustedes somos insolidarios del agua,
amigos de Sadam. No, no; no somos tan malos. Reconozco que a veces soy malo, pero no tanto. Los que nos oponemos al Plan Hidrológico Nacional lo hacemos porque posiblemente somos más solidarios con la gente del Estado de ahora y del futuro que
ustedes.
Hay cuatro razones por las que este Plan Hidrológico Nacional no se va a realizar. Primera razón: no hay un solo informe de la comunidad científica española que avale este Plan Hidrológico Nacional, ni uno. (El señor Ruíz López, don Juan
Carlos: Eso no es verdad.) Sólo están los de los técnicos que contrató el ministerio para hacerlo, pero no hay ni un solo informe. Segunda razón: Las movilizaciones sociales más importantes desde el punto de vista ambiental se han dado y
continúan sucediendo en contra del Plan Hidrológico Nacional; el domingo en San Jaume d'Enveja, un pueblo de 3.000 personas, se manifestaron 35.000 personas. Tercera razón, señor Martínez-Pujalte: hablar
de los votos del Consejo del Agua significaría ver cuál es la composición del mismo. Dígame usted una sola entidad ecologista, un solo científico de prestigio que avalen el Plan Hidrológico Nacional; ni uno. Cuarta razón: la Unión
Europea. ¿Por qué la Unión Europea aún no financia esto? ¿Por la maldad del PSOE y del señor Solbes? Yo no soy del PSOE, pero el problema es que la Unión Europea les ha dirigido una carta donde les dice que el Plan Hidrológico Nacional va en
contra de la directiva europea. Y ustedes dijeron: como lo aprobaremos antes de que la directiva europea entre en funcionamiento, no hay problema. Les han dicho por carta: el Plan Hidrológico Nacional, que tiene una vigencia de diez años, va a
estar vigente cuando la directiva europea entre en funcionamiento; por tanto, respondan ustedes a los incumplimientos de determinadas directivas europeas.
En resumen, la cultura del agua no pasa por la vieja cultura del agua.
Precisamente lo que la directiva europea del agua hace es plantear la necesidad de una nueva cultura del agua sostenible, que no tiene nada que ver con lo que ustedes
han hecho. Nada que ver. Y el tema de la sostenibilidad y de la necesidad de nuevas políticas ecologistas pasa por abordar la solidaridad con un poco de horizonte y hacia las generaciones futuras. Porque el problema no es sacar agua de aquí hoy
para darla mañana a otro sitio, sino qué va a ocurrir pasado mañana y con las generaciones futuras. Su plan hidrológico va a fracasar porque socialmente no es aceptado; científicamente, tampoco; porque las entidades ecologistas no lo aceptan y
además porque la Unión Europea no lo va a financiar, no por maldad de nadie sino simplemente porque va en contra de la nueva política de aguas que la Unión Europea quiere desarrollar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Saura.
Señor Labordeta, para la defensa de la enmienda igualmente presentada en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías.
Nuevamente -no sabemos muy bien por qué; tampoco ellos lo sabían-, debatimos en esta Cámara sobre el trasvase del Ebro y no sobre el Plan Hidrológico Nacional, que es la razón fundamental. Y lo hacemos de nuevo desde un cúmulo de mentiras
demagógicas, que han vuelto a oírse en esta Cámara.
Después de todo este tiempo transcurrido seguimos considerando que este no es el plan hidrológico necesario para España. Desde su aprobación en el Congreso hemos visto nuevos y contundentes informes técnicos de prestigiosos científicos
contrarios a este plan, una continuada contestación social en la calle, libre, pacífica y democrática. El pasado domingo estuvimos en el delta del Ebro, como ha dicho el señor Saura, más de 30.000 personas en un pueblito de 3.000 personas, y el
próximo día 6 de abril estaremos en Barcelona. Sin paella. (Rumores) También hemos visto numerosos requerimientos, hasta cuatro, de la Comisión Europea, ante las enormes dudas que presenta este proyecto para su posible financiación. Sin embargo,
el Gobierno se ha empeñado en mantenerlo creando y azuzando enfrentamientos territoriales peligrosos y falsos, porque por lo menos desde Chunta Aragonesista no hemos ofendido a ninguna región y entendemos que estamos debatiendo sobre una visión
diferente de modelos del uso del agua. (Un señor diputado: ¡Agua para todos!) El agua para quien le llueva. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, guarden silencio. (El señor Pérez Laserna pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Pérez Laserna, no está en el uso de la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Hemos visto cómo frente a los datos objetivos, a los planteamientos técnicos, ustedes se enrocaban en sus posiciones y les daba igual las inconclusiones que viniesen de las universidades de Zaragoza, de Valencia,
de Murcia, de Madrid, del círculo de empresarios, cuestionando el coste del agua trasvasada, o de la propia Comisión Europea. Me ha parecido muy desagradable que haya hecho usted un ataque al señor Solbes no estando él aquí. No sé por qué tiene
usted que atacarle de esta manera tan desagradable. (Aplausos.) Y nos reiteramos pidiendo otro plan, porque nos parece que otra manera de afrontar el problema del agua es posible. La nueva cultura del agua es posible, señor Pujalte. Nos oponemos
a este plan porque el Plan Hidrológico Nacional provocará un desastre ecológico en el delta del Ebro y en numerosos espacios naturales, favoreciendo urbanizaciones en la costa, que esa es la razón fundamental de este trasvase. Está destinado a un
modelo de desarrollo turístico del litoral. Ustedes mismos hablan del 44 por ciento del total del agua trasvasada destinada para usos urbanos del agua. Son datos incluidos en el informe de la sociedad Trasagua. Con esta cantidad se puede
abastecer a tres millones de personas anualmente. ¿Hay problemas hoy y ahora en el Levante con este tipo de abastecimiento o estamos pensando en llevar este agua para usos futuros del abastecimiento turístico? ¿Quién va a poder pagar lo que cueste
el agua trasvasada? ¿Los campesinos? No se lo crea usted, señor Pujalte. Lo pagarán quienes tengan plusvalía de esos territorios.
Además, el caudal del Ebro se ha reducido en un 44,7 por ciento en los últimos 50 años. Lo dicen expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organismo que, que yo sepa, es público.
Ustedes hasta que llegaron al Gobierno
decían que los supuestos excedentes no debían calcularse con medias,
sino con los períodos secos. La cuenca no tendrá agua para satisfacer el trasvase en tres de cada cuatro años. Informe de la Universidad de Zaragoza no desmentido. El colegio oficial de agrónomos de Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco
hizo un informe en el que se afirma que en uno de cada cinco años padece el Ebro fuertes sequías. Incluso en el plano económico es insostenible. El coste de bombear los 1.050 hectómetros cúbicos del agua trasvasada sería de casi cien millones de
euros anuales, cifra no desmentida y afirmada por el prestigioso Centro de Investigaciones de Recursos y Consumos Energéticos. No se ha profundizado en alternativas. Expertos del Instituto Universitario de Geografía de Alicante afirman que se
desaprovechan en Valencia 237 hectómetros cúbicos de agua depurada, cuando con el trasvase se piensa transferir tan sólo unos 300 hectómetros cúbicos al Júcar. ¿Hay o no hay alternativas reales y diferentes al trasvase? Así podríamos ir
desgranando estudios, datos e informes. ¿Por qué este empeño tan absurdo?
Por este motivo hemos presentado sendas enmiendas y, caso de no ser aceptadas, votaremos en contra de esta proposición no de ley, precisamente una proposición no de ley presentada cuando lo importante es la guerra, señor Pujalte; la guerra
y no el trasvase. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones. (Rumores.-El señor Murcia Barceló pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Murcia, guarde silencio. ¡Señor Murcia,
guarde silencio!
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi intervención será serena desde la lejanía del archipiélago canario.
Desde el primer momento el trasvase del Ebro era para nosotros solamente un punto de referencia solidario con los territorios de la Península y en el que Canarias pedía
el reconocimiento de su singularidad. Desde ese punto de vista del sosiego y de la naturalidad, saliéndonos de este ambiente de polémica, vamos a fijar nuestra posición al respecto.
Nuestra posición tiene que ser y quiere ser congruente. En los primeros meses del año 2001, una vez que en febrero entra el proyecto de ley que remite el Gobierno y que pasa a la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, el Grupo de
Coalición Canaria, mi grupo, hizo llegar al entonces ministro de Medio Ambiente, señor Jaume Matas, el deseo de que también Canarias estuviese reconocido en un plan hidrológico nacional que no se refiriera exclusivamente al trasvase del Ebro.
Respetando cualquier planteamiento de las distintas fuerzas políticas y de las comunidades autónomas del ámbito peninsular, en el mismo sentido que el de una comunidad autónoma como la de Baleares, puesto que no tenemos cuencas hidrográficas o
hidrológicas por razones obvias de la geografía y de un territorio insular fragmentado, recibimos la acogida de nuestra proposición para que el Plan Hidrológico Nacional no fuera solamente el trasvase del Ebro sino también un plan nacional donde, en
el marco de la geografía y del Estado de la nación española, se insertase también la problemática canaria, que es muy alta, en las cuestiones de abastecimiento hídrico, en un plan hidrológico de un archipiélago como el de nuestras islas Canarias.
En esa línea obtuvimos una respuesta y por esa razón mi grupo votó favorablemente cuando el 26 de abril el Pleno de esta Cámara aprueba el Plan Hidrológico Nacional. Se reflejaron en él aquellos acertados criterios de unidad ante una
problemática en la que se necesitaba un apoyo presupuestario, no solamente en los Presupuestos Generales del Estado, sino también en los fondos comunitarios de la Unión Europea, para abordar todo un plan de presas, de desalinizadoras, de
potabilizadoras, de desaladoras, dirigidas fundamentalmente al abastecimiento público, dado que el consumo de agua en Canarias tenía tres grandes demandas: la del abastecimiento público de la población normal de derecho en el archipiélago; la
demanda de todo el sector hotelero, de la industria turística, que es una gran consumidora de recursos hidráulicos y, por último, la demanda del sector agrario, que no podía competir en precios del agua con el precio que se podía cobrar en el
abastecimiento público o en la demanda turística. Era fundamental para Canarias entrar en un plan de ir hacia adelante en la inversión, de dotarle de una infraestructura fundamentalmente de plantas potabilizadoras de agua de mar o de desalinización
de las mismas. Así se recogieron, en el anexo número 2 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, los listados de obras, con el índice correspondiente de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Esa fue una de las razones
fundamentales por la cual nosotros dimos nuestro voto de apoyo.
Ahora nos llega esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular como proposición no de ley con unas instancias al Gobierno que mi grupo va a votar favorablemente, siguiendo aquella línea de congruencia. En su apartado primero -aunque no
están numerados- se insta al Gobierno a proseguir el ritmo previsto del Plan Hidrológico Nacional como elemento básico de un desarrollo sostenido y solidario de nuestro país. Todo el listado de obras que viene en este anexo 2 que he citado, de las
dos provincias que constituyen la estructura administrativa básica territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, está siendo reflejado ahí. En el punto número 3 -porque el 2 se refiere a cuencas de Aragón, del Plan integral del delta del Ebro,
en el que nosotros ni entramos ni salimos- se insta al Gobierno
a gestionar, en los correspondientes estamentos de la Unión Europea, el volumen de fondos europeos a los que se tenga derecho, para que puedan financiar el Plan Hidrológico Nacional.
Vamos a apoyar esto porque es oportuno que el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, haya introducido en esta instancia al Gobierno algo en lo que nos consideramos digamos comprometidos y que afecta también a todas las obras de
infraestructura que requiera el Plan Hidrológico Nacional en cuanto a su disposición finalista, el final de la obra. Se incluye en el segundo párrafo acertadamente un índice o catálogo de prioridades, como son: el abastecimiento de las ciudades,
el saneamiento y la depuración, el acondicionamiento de cauces, prevención de inundaciones, restauración hidrológico-forestal y el control de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Aquí vemos reflejada la problemática del
archipiélago canario. Nos parece que tiene una sensatez de instancia al Gobierno y daremos nuestro voto favorable para que este índice o catálogo de prioridades, muy acertado, se pueda llevar hacia adelante, porque son las mismas prioridades que
tiene el Gobierno de Canarias y mi grupo parlamentario quiere que se apliquen todas las obras de infraestructura del Plan Hidrológico Nacional a Canarias, con estas prioridades, cuya población acoge favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Me corresponde fijar la postura del Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la cual vuelve a traer a colación el Plan Hidrológico Nacional y pide una afirmación
del mismo un tanto particular.
Digo un tanto particular, porque coincido totalmente con el señor Saura en que no deja de tener su miga que sea el propio grupo mayoritario de esta Cámara el que inste a su Gobierno a cumplir algo que le corresponde
por ley. Por lo visto tiene experiencias que le provocan no tener demasiada confianza en la actuación del Gobierno, que parece retrasarse constantemente en sus actuaciones.
Tengo que decir que comulgamos bastante con lo expuesto por los dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto, en cuanto a que este Plan Hidrológico Nacional no es el más conveniente para el Estado, porque -como ya dijimos cuando se
discutió en la Cámara- entendemos que tiene graves deficiencias de tipo medioambiental y que lo que hace es primar a las grandes constructoras, en unas obras faraónicas, cuyo aprovechamiento es un tanto dudoso. Como bien saben SS.SS, el Grupo
Parlamentario Vasco en el Congreso se opuso a la aprobación de ese Plan Hidrológico Nacional en esta Cámara, no sólo por los motivos mayúsculos que he antepuesto, sino por el olvido a que se sometía en el mismo a la Comunidad Autónoma de Euskadi,
sin aceptar ninguna de las enmiendas que presentamos al mismo, alguna de las cuales se referían a actuaciones tan perentorias, a nuestro juicio, que su rechazo nos produjo, cuando menos, estupor. Como diría un eterno candidato del Partido Popular
en Euskadi, esta es una propuesta trampa. Y lo es porque quiere establecer también en esta ocasión la dicotomía habitual a la que nos quiere someter el Partido Popular y a la que nos quiere llevar en todas las discusiones: conmigo o contra mí;
con el bien o con el mal; con las subvenciones europeas o contra ellas.
Señor Pujalte, obviamente, no estamos en contra de la consecución de fondos europeos, pero su proposición lleva implícita la trampa a la que nos referimos. Solamente hay que leer el último párrafo, que dice textualmente: Dichos fondos se
destinarán prioritariamente al abastecimiento de las ciudades, al saneamiento y la depuración, al acondicionamiento de cauces, a la prevención de inundaciones, a la restauración hidrogeológica forestal y al control de calidad de las aguas
superficiales y subterráneas. Cuando todos conocemos que el destino final de las obras propuestas, particularmente las enumeradas en el párrafo segundo, es dedicar el agua al aumento de regadíos -a usted se le ha escapado- y la valoración de
terrenos que entrarán inexorablemente en el mercado de la especulación inmobiliaria y urbanística, olvidando precisamente obras urgentísimas que se pueden concretar en ese último párrafo, como la solución a los problemas de inundabilidad del área de
Bilbao, repetidamente expuesta por mi grupo en esta Cámara.
Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, con esas premisas, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Vasco, que no puede ir en contra de la posible obtención de fondos europeos, tampoco acepta este Plan Hidrológico Nacional en los
términos actuales y no va a caer en esa proposición trampa. Va a evitar esta discusión, que está fuera de lugar en este momento, y se va a abstener en la votación de la misma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, manteniendo la coherencia que ha venido utilizando desde que se inició el debate del Plan Hidrológico Nacional así como del libro blanco del agua y de
la reforma de la Ley de Aguas, manteniendo nuestra coherencia vamos a votar en contra de esta iniciativa. Pero no solamente por eso, señores del Grupo Popular y señor Martínez-Pujalte. Vamos a mantener nuestro voto en contra porque su
iniciativa no sólo va en contra de la directiva marco de agua y de la directiva marco Hábitat, que ustedes introducen ahí para dar esa pintura ecologista que ustedes pretenden dar al Plan Hidrológico Nacional, sino porque, además, ustedes continúan
utilizando de manera demagógica el Plan Hidrológico Nacional. La demagogia aquí la están haciendo ustedes y el electoralismo lo están haciendo ustedes.
Señor Martínez-Pujalte, la exposición de motivos no tiene desperdicio.
Hablan ustedes de desarrollo sostenible, hablan ustedes de la recuperación medioambiental del delta del Ebro, hablan ustedes del desarrollo solidario de las comunidades
autónomas y de la interterritorialidad, pero se les olvida a ustedes, por interés, supongo, que ese desarrollo sostenible tiene que ver con la nueva cultura del agua y con la nueva directiva del agua, que ustedes realmente no aplican en el Plan
Hidrológico Nacional. Porque, señorías, para aplicar y hablar de un plan hidrológico nacional se tendrían, primero, que establecer unas determinadas medidas que garantizaran que el uso que se hace del agua es un uso racional. Para eso tendrían que
hacer ustedes planes de gestión de la demanda del agua, para eso tendrían ustedes que introducir racionalidad en los planes de regadío y para eso tendrían ustedes que introducir también racionalidad en la ordenación del territorio, y no lo hacen.
El señor Martínez-Pujalte conoce muy bien qué es lo que está ocurriendo en la zona de Levante y fundamentalmente en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se están recalificando montones y montones
y miles y miles de metros cuadrados para nuevas urbanizaciones en el litoral, que son realmente las que van a poder utilizar el trasvase, si es que algún día se hace. Porque desde luego, señorías, los agricultores, no. Ustedes saben mejor que los
demás que el precio del agua va a ser impagable para los agricultores. Lo saben ustedes perfectamente. Y eso lo están ocultando. Con independencia de lo que decía el señor Labordeta en su intervención, no tienen ustedes ningún informe científico
que avale el Plan Hidrológico Nacional y menos que avale el trasvase del Ebro. Porque, señorías, además del trasvase, ¿qué han hecho ustedes en el Plan Hidrológico Nacional y en sus anexos? Todas las obras que tenía previstas el Ministerio de
Medio Ambiente para depuración, para saneamientos de agua, para calidad de las aguas, para calidad de las aguas, para repoblación forestal, para la recuperación de cauces, las quieren introducir en el Plan Hidrológico Nacional como adorno. Porque
en realidad el único objetivo del Plan Hidrológico Nacional era el trasvase del Ebro, trasvase, por otra parte, que tiene un gran impacto ecológico.
Señorías, aquí se ha hablado de riqueza, del compromiso del Grupo Popular y del Partido Popular de llevar a los ciudadanos la riqueza. Pues bien, señoría, le voy a poner dos ejemplos que ocurren en nuestra tierra, en la suya y en la mía.
Pantano de Turís y pantano de Monòver. Si esos dos pantanos se llevan a cabo, esos dos pantanos destrozan tierras de regadíos que son ejemplo en la Unión Europea y en la aplicación de la política agraria común, destrozan la economía de zonas
importantes y no dan riqueza a los ciudadanos. A no ser, señoría, que la riqueza venga por las urbanizaciones. Además, ustedes tienen un problema. ¿Qué es lo que está pasando cuando se tiene que estar reafirmando constantemente? Convocan ustedes
una manifestación a través de una asociación de agricultores, la financian con fondos públicos desde las instituciones, les regalan ustedes paella y la verdad es que tanto esfuerzo, tanto dinero gastado para tan poco éxito. Además tienen ustedes
que seguir reafirmándose y tienen que presentar esta iniciativa aquí. ¿Quién hace electoralismo? Yo creo que está claro. ¿Quién financia la manifestación a favor del Plan Hidrológico Nacional? Las Cortes valencianas. ¿Quién da la paella? Las
Cortes valencianas. Eso es electoralismo y además del caro para los ciudadanos, del barato para su partido político.
Ustedes hablan de no poner palos a las ruedas para la financiación. Señor Martínez-Pujalte, la financiación tiene palos en las ruedas, pero no porque se las ponga ni el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ni el Grupo Socialista,
ni el Grupo Mixto, ni Convergència i Unió, ni ninguno de los que protestan por el trasvase del Ebro. Los tienen puestos ustedes mismos, entre otras cosas porque aún no han decidido el trasvase, cuál es el recorrido que va a tener, porque aún no han
decidido ustedes a qué constructores van a favorecer con las nuevas recalificaciones de terrenos y con las nuevas explotaciones urbanísticas. Ese es el problema que tienen ustedes. Aún no han podido presentar la evaluación estratégica ambiental,
porque aún no han decidido el trazado del trasvase. Decidan ustedes a qué constructores benefician, qué otros se les van a poner en contra o si van a beneficiar a todos y a qué compañías eléctricas, para que aprovechen... (El señor
Martínez-Pujalte López hace signos negativos.) Sí, señor Martínez-Pujalte, las compañías eléctricas, tanto como las constructoras, están detrás de este trasvase por los intereses que tienen en los saltos de agua. No diga usted que no. Por lo
tanto, señor Martínez-Pujalte, los problemas de financiación los tienen ustedes, generados por ustedes mismos, precisamente por no respetar la directiva del agua, por no respetar la directiva Hábitat y por no ofrecer todavía un trazado definitivo a
la Comisión Europea y una evaluación estratégica ambiental. Además, no lo digo yo; la propia ministra de Medio Ambiente dice que no hay todavía evaluación estratégica ambiental porque aún no se ha decidido el trazado.
Eso, repito, no lo digo yo, sino la señora ministra en una reciente entrevista.
El problema, señorías, lo tienen ustedes por haber hecho un mal plan hidrológico, por enfrentar de manera demagógica a las comunidades autónomas, cuando en realidad están ustedes engañando a la ciudadanía, están ustedes utilizando las
necesidades que tienen los agricultores no solamente de tener agua, sino de tener rentabilidad de sus tierras. Están ustedes utilizando esas necesidades para satisfacer los intereses de unos cuantos amigos del Partido Popular, no para satisfacer
los intereses generales. Y eso, señor Martínez-Pujalte, se va a demostrar y no precisamente por este grupo parlamentario, sino probablemente por los propios tribunales.
Además, cuando ustedes dicen que no hay agua para Valencia se olvidan de que precisamente en el Plan de cuenca del río Júcar sobran hectómetros cúbicos que se trasvasan al Vinalopó, precisamente para superar las deficiencias hídricas del
Vinalopó. Entre los excedentes que tiene el Júcar y las aguas depuradas -en lugar de mandarlas al mar, las tendrían que reutilizar para regadíos o para regar los campos de golf- es probable que la Comunidad Autónoma Valenciana no tuviera déficit
hídrico, entre otras cosas porque estarían ustedes utilizando los recursos de agua. Si además utilizaran en buenas condiciones las aguas subterráneas, seguramente no sería necesario el trasvase del Ebro. En definitiva, ustedes tendrían que hacer
un plan hidrológico nacional y eso no beneficiaría a las constructoras ni a las eléctricas, probablemente sí a la ciudadanía y sí al interés general. No pongan ustedes excusas, que es lo que están haciendo aquí, no vengan ustedes a pretender
convencernos de lo que diariamente no solamente nosotros sino también la Unión Europea les estamos diciendo a ustedes. Lo han hecho mal, reconózcanlo. Si de verdad cuidaran ustedes el interés general, estarían retirando el Plan Hidrológico
Nacional y pidiendo la financiación para las otras obras que sí son de interés general y no para el trasvase del Ebro, que es donde al final van a ir a parar los recursos en caso de que tengan dinero para poder llevarlo a cabo.
Hacen ustedes muchas más cosas. Entre otras, hablan de las necesidades hídricas de Murcia y, sin embargo, con el trasvase del Ebro hacen desaparecer el trasvase Tajo-Segura. ¿Para qué? Entre otras cosas, para modernizar o, si quieren,
para legalizar los regadíos ilegales que hay en otras comunidades autónomas. Eso es lo que ustedes están haciendo y eso, señor Martínez-Pujalte, es faltar a la verdad; eso, señor Martínez-Pujalte, es hacer demagogia; eso, señor Martínez-Pujalte,
es engañar a la ciudadanía.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta a debate una proposición no de ley relativa al Plan Hidrológico Nacional. ¿Nos preocupa su presentación? Sí, nos preocupa por cuanto no
sabemos qué la motiva, pero sí lo intuimos. Es totalmente innecesaria para el buen desarrollo del plan hidrológico; el texto presentado nos quiere llevar a debatir algo sabido, discutido, votado con suficiente apoyo y por tanto todo ello
integrante de una ley vigente. Nuestro grupo parlamentario apoyó la ley y seguimos creyendo que, bien aplicada y desarrollada, puede ser muy positiva.
En la parte dispositiva o de instancia del texto se nos pide en primer lugar el voto para proseguir el ritmo previsto. Después, en un segundo párrafo, se insta a continuar las actuaciones planificadas en las diversas cuencas. En tercer
lugar se insta a gestionar en los correspondientes estamentos de la Unión Europea los fondos necesarios.
Los tres conceptos citados son elementos intrínsecos de la ley. La aprobación de la ley no consistía en una aprobación a plazos renovables
cada dos años o algo parecido, no necesita ningún apoyo explícito, ya lo tuvo en su momento. El Gobierno dispone de un texto legal, de un importante texto, y lo está transformando en las realidades materiales que requiere el plan, por lo que nos
extraña la presentación de la presente proposición no de ley que, como digo, no hace falta para nada: el Gobierno puede seguir su trabajo sin necesidad de convalidación posterior. No creemos que la ley necesite ningún trámite complementario en
sede parlamentaria como los que refleja la proposición, como digo, creemos innecesaria su tramitación y nos reafirmamos en un adecuado desarrollo del plan.
En los trámites preliminares de la redacción del proyecto, en el debate del mismo en esta Cámara, nuestra participación para mejorar el texto fue importante y los acuerdos logrados tienen para nosotros un alto grado de cumplimiento de lo que
se puede exigir a un plan hidrológico. Fue una actitud verdaderamente responsable por nuestra parte. Así pues, nosotros no deseamos instar nada nuevo sobre el plan, pero creo interesante comentar que algunos puntos relacionados con aportaciones
hechas por nuestro grupo quizá deberían acelerar su ritmo.
El Plan integral del Delta del Ebro, que está definido en la disposición adicional décima, es el punto clave para todo el régimen hídrico, y su desarrollo lleva retraso en su conformación. Este plan integral es el que va a definir la
cantidad de agua que puede extraerse, si es que se puede extraer, es el que define toda una serie de conceptos medioambientales del Delta del Ebro, la propia calidad del agua, es verdaderamente el punto más importante de todo el desarrollo del plan.
Este plan integral marca también caudales ecológicos y ello
repercute -debe repercutir- en la gestión de los embalses de Mequinenza y Riba Roja, cuya mención encontramos en el artículo 16 de la ley. Debería estar ya estudiada la forma legal en que debe hacerse la aportación de estos embalses;
incluso sería bueno, y ya debería estar en marcha, que el río tuviese aportes de los propios embalses aumentando su caudal, sobre todo cuando vemos que la situación de estos embalses casi siempre está por encima del 90 por ciento de su gran
capacidad. Respecto a la adicional novena de la ley, todavía no se ha iniciado un estudio serio, pues es totalmente independiente de otros conceptos del plan integral.
Este estudio que debería realizarse ya es el que se refiere al río Ródano, que
es la solución definitiva y de futuro de toda la cuestión hídrica del arco mediterráneo. También nos preocupa la tardanza en la presentación de la ley del plan de regadíos por cuanto alguna relación tiene con el desarrollo de los anexos del plan,
no se cumplen las fechas porque debería estar presentada a finales de diciembre de 2001 y todavía no hemos visto el plan de regadíos presentado como ley.
Por último, quisiera dejar constancia de que se está notando mucho, para mí demasiado, el protagonismo del No al trasvase desde la zona del Delta del Ebro, con gran apoyo de fuera de esa zona, escondiendo con ello, a mi entender, la gran
importancia que representa la puesta en marcha del pacto del agua de Aragón, incluido todo en los anexos pero referido en el artículo 36 de la ley. La puesta en marcha del pacto del agua de Aragón representa la extracción de 3.400 hectómetros
cúbicos/año de agua que se va a quedar Aragón. Por ello, no comprendemos el gran movimiento contra la extracción de 1.050 hectómetros desde el Delta del Ebro cuando se van a extraer para su uso en Aragón 3.400 hectómetros cúbicos/año. Aquí hay
algo que no funciona, teniendo en cuenta que la gran oposición que tiene el plan hidrológico viene de una zona que aprobó en su día por unanimidad el pacto del agua de Aragón y actualmente el conjunto del plan hidrológico recibe una gran oposición
de allí. Con esta cita no quiero producir ninguna rendija. Dejemos el Plan Hidrológico Nacional tranquilo, tal como está aprobado con rango de ley, pero, eso sí, dediquemos a todos sus puntos los esfuerzos necesarios.
Quede claro, pues, que no creemos oportuna la presentación de la proposición no de ley que se debate y que no le daremos nuestro voto favorable, nos abstendremos. Quede claro también que lo hacemos desde el punto de vista formal del trámite
por cuanto respecto a un proyecto aprobado lo que esperamos es que siga su correcto desarrollo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, he de decir al señor Martínez-Pujalte que miente en lo que ha dicho respecto al señor Solbes. Si aplicamos la misma regla de tres, en el caso Gescartera también serían responsables el ministro Montoro y el señor Rato
(Aplausos.) Miente también al decir que los socialistas no votamos el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional. Léase el 'Diario de Sesiones', señor Pujalte, y se dará cuenta de que votamos ese anexo.
Estoy orgulloso de pertenecer a un partido donde hay discrepancias porque eso enriquece la democracia, cosa que en su partido no sucede, y por eso el señor Pimentel se ha tenido que ir, porque no hay foro para la discrepancia dentro de su
partido. (Aplausos.)
Entrando en el debate de la proposición no de ley, el Partido Popular trae a esta Cámara una iniciativa que como poco habría que calificar de absurda, si queremos utilizar un término suave: esta propuesta es un auténtico despropósito y por
eso vamos a votar en contra. ¿Cómo se puede considerar una proposición no de ley que dice al Gobierno que haga lo que tiene que hacer, que en definitiva es su obligación, y además se lo pide su propio grupo parlamentario? ¿Cabrá mayor cinismo y
desfachatez por su parte?
Es curioso, señora presidenta, a lo que está llevando su grupo a este Congreso, al mayor de los ridículos parlamentarios, y todo porque a pesar de su mayoría absoluta están más solos cada día y quieren, con este debate, demostrar que la
oposición no está tan unida, buscando la confrontación política ante un tema tan sensible como el agua. Por eso han puesto al frente de la defensa de la misma al señor Pujalte, un especialista en la confrontación y que sabe poco del Plan
Hidrológico Nacional. (Un señor diputado: Nada.-El señor Ayala Sánchez: ¿Y tú cuánto sabes?) Señor Pujalte, con su experiencia parlamentaria no sé cómo se presta a este ridículo porque usted sabe que lo es. ¿Cómo se explica que su Gobierno
apruebe un proyecto de ley, lo traiga a esta Cámara, lo apruebe su grupo parlamentario con el apoyo de otros grupos y, después de 20 meses de su aprobación, nos inste a que le digamos al Gobierno que lo cumpla? ¿Cómo se llama eso, señor Pujalte?
(Aplausos.-Rumores.) Seamos serios. ¿A qué están jugando, a presentar una moción de censura a su Gobierno? ¿O es que les gusta la guerra de Irak y, como les pilla muy lejos, quieren jugar a la guerra del agua, señor Martínez-Pujalte? Ya lo
intentaron con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional y lo vuelven buscar con esta iniciativa parlamentaria.
Señor Martínez-Pujalte, su Plan Hidrológico Nacional es simplemente la justificación legal de un trasvase del Ebro al arco mediterráneo, a lo que han sumado algunas actuaciones de los planes hidrológicos de cuenca y las iniciativas que no
fueron capaces de realizar durante su primera legislatura, convirtiéndose el
anexo de inversiones en una auténtica carta a los Reyes Magos. De esto, por desgracia, sé mucho porque hemos presentado muchas preguntas para conocer el grado de desarrollo del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional y no han
contestado a ninguna, gracias al beneplácito de la señora presidenta de esta Cámara que, con su actitud, les está dando una patente de corso para seguir haciendo propaganda, para lo único que sirve su Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos.)
Señor Pujalte, mi partido no sólo está preocupado por los problemas hídricos de la cuenca del mediterráneo, sino que también lo está por el resto de las cuencas, que ustedes dejan fuera de cualquier solución. Por eso presentamos una
alternativa viable que ustedes rechazaron. No nos pueden llamar desleales cuando pusimos encima de la mesa una propuesta para solucionar los problemas de agua de este país, que ustedes rechazaron con su mayoría parlamentaria. Era una propuesta de
consenso que cumplía con la normativa europea, que solucionaba el problema más rápidamente que ustedes, a un precio más asequible para los usuarios y respetando el medio ambiente. En cambio, ustedes aprobaron un Plan Hidrológico Nacional sin
consenso, sin diálogo y sin escuchar a la mayoría del mundo científico y de experto. Ustedes sí quieren utilizar el agua como un manantial de votos, ustedes sí que han buscado y buscan el oportunismo electoral confundiendo a la opinión pública y
sin dar soluciones a su problemática. Lo único que dieron a los asistentes de la manifestación de Valencia fue paella porque agua no les van a dar (Aplausos.), por su incompetencia, por plantear un plan hidrológico que no es viable económica ni
ambientalmente que ni por asomo va a solucionar los problemas hídricos de este país. Las únicas actuaciones relevantes que han realizado en estos siete años de Gobierno del Partido Popular han sido finalizar las obras -y no todas- que les dejamos
los socialistas. Lo único digno a destacar de esta iniciativa es que el señor Aznar reconozca su incapacidad para sacar adelante una de las estrellas de su gestión.
Queda aquí también demostrada su torpeza para solucionar los problemas del agua de
este país y para evitar la confrontación territorial.
Con este tipo de iniciativas, ustedes acreditan que sólo saben ser oposición aunque tengan responsabilidad de gobernar en este país. Esta iniciativa no hace sino acreditar su falta de capacidad y su incompetencia para solucionar los
problemas de agua de este país. Es incoherente e incomprensible pedir que el Gobierno haga lo que tiene obligación de hacer cuando existe una ley que le obliga; un Gobierno que tiene una mayoría absoluta que le apoya, y que ha sido capaz de
meternos en una guerra a pesar de tener en contra a toda la oposición de esta Cámara, no es capaz de cumplir una ley que ha aprobado esta Cámara. Esto se llama cinismo y desfachatez, señores diputados del Partido Popular.
Esta iniciativa es la prueba más palpable de que el Plan Hidrológico Nacional se hizo sin las previsiones ni los estudios necesarios. Esta iniciativa es la prueba más palpable de que el consenso ha brillado por su ausencia y que económica y
ambientalmente es imposible llevarlo acabo.
Si como ustedes dicen se respeta toda la normativa ambiental europea, ¿qué problemas hay con la obtención de los fondos europeos? ¿Qué problemas hay con la obtención de estos fondos? ¿No será que su Ley
del Plan Hidrológico Nacional no cumple con las previsiones europeas en materia de agua? (El señor Martínez-Pujalte López: Sí que las cumple.) Porque otro razonamiento no cabe. Después de ver y conocer su habilidad diplomática con el conflicto de
Irak, después de llevarnos a las mayores cotas de grandeza mundial, no creo que la vieja Europa ponga ningún problema si cumple con la normativa europea en materia de agua y medio ambiente, pero para eso tendrán que demostrárselo, cosa que hasta
ahora no han hecho. Eso lo tienen que hacer ustedes porque es su responsabilidad. Ni la consideración del trasvase como obra de interés general del Estado ni su aprobación en una ley significan carta blanda para eludir la normativa ambiental
europea. ¿No llamarán también desleales a los científicos y a los expertos que vayan a la Comisión Europea a decir que están en contra del Plan Hidrológico Nacional?
Señorías del Partido Popular, aquí no hay un eje del mal, no se confundan.
No es la oposición, ni más concretamente los socialistas, los que paralizan el Plan Hidrológico Nacional porque, como sabe todo el mundo, no tenemos la mayoría
parlamentaria, sino que es su propio Gobierno, señor Martínez-Pujalte. ¿Cómo lo frena? Incumpliendo sus previsiones de inversión en el desarrollo del anexo de inversiones, no haciendo nada respecto al plan especial del Guadiana, no buscando el
acuerdo en el plan integral de mejora de la calidad del agua del Tajo, no finalizando el plan de protección del Delta del Ebro, no haciendo los estudios necesarios para la implantación gradual del principio de recuperación de costes y las
excepciones justificativas, no llevando a cabo la adaptación de las transferencias de pequeña cuantía a lo previsto en el artículo 14 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. No haga tantas muecas, señor Pujalte, las hace porque no se sabe el Plan
Hidrológico Nacional (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Lo frena no actualizando aún los catálogos de aguas de las confederaciones hidrográficas. Por no conocerse, ni se conoce el trazado del trasvase ni el
precio del agua a pagar por los usuarios del agua trasvasada. ¿Qué confianza van a tener los usuarios en que algún día les llegue el agua a su territorio? Que se lo digan a mis paisanos de Almería, que están los últimos (El señor Hernando Fraile
pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores y protestas.). Estas actuaciones debían haberse llevado a cabo en los plazos marcados
en la propia Ley del Plan Hidrológico Nacional -entérese, señor Pujalte-, plazos fijados por ustedes y por el propio Gobierno que no se están cumpliendo, y eso es incompetencia, señor Pujalte.
Por tanto, quien frena el Plan Hidrológico Nacional es el propio Gobierno, quienes están acreditando con esta iniciativa que este plan hidrológico no se cumple son ustedes. Esta iniciativa pone de manifiesto que su plan hidrológico no es el
que necesita España, no es el plan hidrológico que va a solucionar los problemas del agua del arco mediterráneo, no es el plan hidrológico que iba a hacer frente a los problemas de la cuenca del Segura, ni de la del Júcar, ni de la del Guadalquivir,
ni de las del sur, ni de las de cualquier otra cuenca de este país, es el plan hidrológico que ha fomentado la confrontación territorial y social por su falta de consenso y diálogo.
Señor Pujalte, los ciudadanos ya están hartos de confrontación política, lo que quieren son soluciones a sus problemas (Un señor diputado: Agua para todos.), están hartos de sus promesas y de sus palabras, están hartos de su mucha
propaganda y de lo poco hecho; mucho fomento de los enfrentamientos y poca obra son su pobre balance después de siete años de gobierno y después de 20 meses de aprobarse el Plan Hidrológico Nacional.
Nosotros no nos escondemos ni engañamos a nadie
(Varios señores diputados: ¡No!-Rumores y protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Aplausos). Estuvimos y estamos en contra de su Plan Hidrológico Nacional. Por eso presentamos una alternativa de gestión
integral del agua en España (Un señor diputado: No la quiere nadie.), con una atención especial, rápida y ágil, a los problemas de la cuenca del Segura; una alternativa que ejecutaremos cuando lleguemos al Gobierno, no le quepa la menor duda (Un
señor diputado:¡Muy bien!), porque nos parece más racional, más eficiente en el uso y en la gestión del agua y más acorde con la normativa europea, porque nosotros, señores diputados del Partido Popular, sí creemos en Europa, por muy vieja que sea.
¿Saben cuál es su problema, señores diputados y diputadas del Partido Popular? Que la ciudadanía cada día cree más en las palabras y en las promesas de José Luis Rodríguez Zapatero y no en las del señor Aznar (Aplausos.-Rumores y
protestas.) y saben a conciencia que vamos a solucionar el problema del agua en este país.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Rumores y protestas.-El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Quirós.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra a los únicos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por los señores Saura y Labordeta.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, muchas gracias.
A los efectos, para que no se pongan nerviosos los del Grupo Socialista (Rumores y protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), de aceptar o no las enmiendas de los señores Saura y Labordeta. En primer
lugar, me referiré a la del señor Saura, que ha sido, por orden cronológico, la primera presentada. Señor Saura no podemos aceptar sus enmiendas por tres razones (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): ¡Señorías!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: La primera, porque las obras se están realizando... (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, ¿permiten que se desarrolle el Pleno normalmente o tiene que ser interrumpido?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: La segunda porque cumplimos la normativa comunitaria y tercero, señor Saura, porque ya hay un gran consenso (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Recuerdo a SS.SS. que corresponde a la presidencia dirigir los debates.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra exclusivamente a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, era por respeto a los diputados que han presentado enmiendas. (Rumores.-Protestas.) Mi intención era simplemente la de tener respeto a los diputados que han presentado las enmiendas y
darles algunas razones, señora presidenta.
Ya le he dicho al señor Saura por qué no podía aceptar su enmienda. Al señor Labordeta le quiero decir que no podemos aceptar su enmienda porque no creemos que el agua tenga que ser sólo para donde llueva, el agua tiene que ser para todos.
(Aplausos.) No podemos aceptar esa enmienda por esa razón. Nos da pena que el Partido Socialista no mantenga la unidad en un tema por el bien de España.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Hidrológico Nacional, en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 178; en contra, 127; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, SOBRE INTERVENCIÓN DEL PARLAMENTO EN LAS DECISIONES RELATIVAS A LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
EN LA CRISIS DE IRAK. (Número de expediente 162/000693.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre intervención del Parlamento en las
decisiones relativas a la participación de España en la crisis de Irak.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que mantengan sus conversaciones fuera del hemiciclo. (Continúan los rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tres son las cuestiones que queremos abordar en esta proposición no de ley, a la que se han incorporado y se van a incorporar otras enmiendas compartidas por toda la oposición. En primer lugar, con la proposición no de ley que
sustentan las enmiendas intentamos resolver una laguna, una zona gris, respecto al papel del Parlamento cuando, por una decisión del Gobierno, España se incorpora a una operación militar, a un hecho de guerra. Quiero dejar muy claro que nuestra
intención no es en absoluto cuestionar las facultades que la Constitución otorga al Gobierno en la dirección de la política exterior y de defensa. Es una competencia del Gobierno y en absoluto queremos poner en duda la Constitución en este punto.
Dicho esto, y aceptando que en el pasado quienes tuvimos la responsabilidad de gobernar tampoco resolviéramos correctamente esta cuestión (Rumores.), la guerra que se ha producido por la crisis de Irak pone de manifiesto la necesidad de encontrar un
mecanismo que resuelva esta zona gris: cómo participa el Parlamento en estos casos. Nos apoyamos en lo que creemos que es una interpretación sana del espíritu de la Constitución y en la función legitimadora de las Cortes Generales sobre la
estructura político-constitucional española. Lo que pretendemos finalmente no es sino conseguir un común denominador de las prácticas habituales en los Parlamentos de nuestro entorno europeo. Dicho con todo respeto, la sesión informativa de ayer
no puede ser el modelo para el futuro, y esta fórmula que planteamos nos daría satisfacción a todos y tendríamos un mecanismo pactado y consensuado para el futuro, gobierne quien gobierne.
En segundo lugar, respecto a la utilización de las bases y facilidades contenidas en el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, toda la oposición pedimos que el Gobierno, en uso de sus facultades, deniegue al Gobierno norteamericano
la utilización de las bases, el territorio y el espacio aéreo para objetivos relacionados con la intervención militar que se está produciendo en Irak. Señorías, esto no es igual que en el año 1991, esto no es igual que la pasada guerra del Golfo.
En el año 1991 hubo un acto de agresión, una invasión de otro país soberano, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó al respecto una resolución por unanimidad, otro tanto hizo la Unión Europea y en aquella época la UEO, porque España
todavía no estaba en el entramado militar de la OTAN, hizo lo mismo. Así pues, en el año 1991 se pusieron a disposición las bases y las facilidades porque aquella fue una guerra cubierta por la legalidad internacional. El Gobierno perdió en el
Consejo de Seguridad, ustedes apostaron y suscribieron una segunda resolución, que fue retirada porque no tuvo ni siquiera el apoyo de la mayoría cualificada de los nueve votos. La resolución 1441, por más que se empeñen, no es un soporte legal
para esta guerra. Estamos, pues, ante una guerra ilegal, unilateral y estamos ante el modelo de lo que significa en la práctica la aplicación del principio de la guerra preventiva. El acuerdo de cooperación tiene una referencia fundamental a la
Carta de Naciones Unidas y al Tratado de Washington por lo que se refiere a las operaciones de la OTAN. La Carta establece que sólo el Consejo de Seguridad puede decidir el uso de la guerra, y el Consejo de Seguridad rechazó su propuesta de segunda
resolución, que ustedes mismos retiraron. El Tratado de Washington, en su artículo 7, es incluso mucho más claro en su referencia a la Carta de Naciones Unidas, y exceptuando el apoyo y la protección del artículo 4 en la parte que se refiere a
Turquía, tampoco en este caso existe una operación OTAN, ni siquiera fuera de zona. En consecuencia, no se reúnen las condiciones que se reunieron en el año 1991. Si ustedes, amigos del Partido Popular,... (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Les digo por lo que me han dicho ustedes en voz baja que no me importa crear ningún incidente. Les llamo amigos a pesar de la barbaridad que me acaban de decir. (Aplausos.-El señor Matarí Sáez pronuncia palabras
que no se perciben claramente.)
La señora PRESIDENTA: Señor Matarí, guarde silencio.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: A pesar de eso, amigos del Partido Popular, si ustedes hubieran ganado la segunda resolución, la que prohijaron Bush, Blair y Aznar, lo que podrían haber hecho, porque dramáticamente perdieron, es haber sido
consecuentes y, en consecuencia, no haber activado el tratado que nos vincula con Estados Unidos. Así pues, les pedimos que reconsideren su posición. Fíjense en lo que ha ocurrido con los sobrevuelos. Es un tema muy serio. Acuérdense de
Palomares, porque sería dramático ver de nuevo a un ministro portavoz esta vez buceando en el Ebro. Es un tema muy serio. (Aplausos.)
En tercer lugar, respecto a la flotilla de apoyo humanitario, tal y como lo presentó ayer el ministro de la Defensa, señor Trillo, esta participación, señores del Partido Popular, no es una misión humanitaria.
No habéis querido hacerlo en
el seno de la Unión Europea, donde perfectamente podríais haber tomado la iniciativa en el último Consejo Europeo o Consejo de Ministros de organizar, en el seno de la Unión, una misión Petersberg. No es la primera vez que se hace, y se puede
hacer. No habéis querido tampoco hacerlo bajo el paraguas de Naciones Unidas, con algunas de sus agencias, dentro de un plan de Naciones Unidas. ¿Por qué ustedes no han querido hacerlo dentro del seno de la Unión Europea o, en su caso, bajo el
paraguas de Naciones Unidas? Porque la flotilla que el Gobierno ha enviado al escenario del conflicto va a ponerse bajo el mando norteamericano. No es una misión específica y únicamente española, eso es imposible, aislada del escenario de guerra;
no es ni puede ser una flotilla autónoma. Es una participación en la guerra bajo el mando y la jefatura de quien tiene el mando militar de la coalición, que no es otro que Estados Unidos. Y de nuevo una vez más -y espero que no se enfaden ustedes
conmigo- quiero hacerles la reflexión de lo que ha acontecido con los B-52 y los sobrevuelos. No intenten de nuevo practicar la política de ocultamiento, porque cuando esa flotilla atraviese el Canal de Suez, como muy bien explicaron otros
portavoces -mejor que yo- y salga del mar Rojo, inevitablemente entrará en un escenario de guerra bajo mando militar norteamericano. Y la opinión pública volverá a apreciar que de nuevo el Gobierno ha practicado la política de ocultamiento. Así,
pues, piénsenlo, porque cuando se produzca este evento, como ya hemos denunciado en esta tribuna de una manera anticipada que se iba a producir, no podremos aceptar lo que nos pareció ayer una auténtica frivolidad del ministro de la Defensa respecto
a los B-52: habrán volado, no habrán volado.
Conocemos la pasión del ministro Trillo por Shakespeare, pero no podrá decir esta vez, cuando la flotilla atraviese el Canal de Suez y llegue al Golfo y se ponga en el escenario militar, que podrá ser o
no podrá ser.
(Risas.) Porque de nuevo, insisto, aunque ustedes no lo crean y sigan pensando en la mano negra y nos digan esa serie de lindezas como la que me acaban de dedicar aquí en la tribuna y sigan pensando que la mano negra de toda la
oposición es la que les organiza todos los problemas, piensen que la opinión pública española ya no les cree. (Una señora diputada: No toda.) Ustedes, de una manera permanente, siguen practicando el ocultamiento. Si quieren jugar a la guerra,
háganlo, pero abiertamente, y no utilicen la cobertura de lo humanitario porque eso escandalizará enormemente a las ONG y, una vez más, a la opinión pública.
Buenas tardes. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, para mi grupo parlamentario este es un momento para hablar del presente y del futuro, es un momento para reiterar una vez más -lo seguiremos haciendo- un no a la actual guerra en Irak,
que se podía haber evitado, que es inútil, que es injusta, que sobre todo es ilegal y que es muy peligrosa. Pero no vamos a concentrar todas nuestras energías en reiterar algo que todos ustedes conocen y que conoce la opinión pública, que conoce el
electorado. Creemos que en este tiempo en el que el espacio que queda a la actividad política se ha reducido mientras se incrementa la actividad militar, nuestro papel parlamentario es otro, es, desde la premisa de que esta no es nuestra guerra y
de que esta es una guerra que nunca hubiéramos querido ver, intentar adaptar nuestra acción política a la realidad de los tiempos y a la realidad de lo que está ocurriendo fuera, esperando que los máximos dirigentes en este momento de la política
internacional dejen de ser cuanto antes generales norteamericanos y británicos y vuelvan a ser líderes políticos democráticos elegidos y sean ellos los portavoces que veamos en todos los telediarios. Por tanto, apenas hablaremos del presente de
Irak más que para pedir el final cuanto antes de este conflicto; hablaremos sobre todo del presente y del futuro en Europa, del presente y del futuro en el orden internacional, entre otras cosas, porque, contra lo que algunos dicen, será sobre todo
del inmediato futuro,
después de este conflicto, de cómo se resuelva y de cuál sea el papel de cada cual de lo que dependerá realmente qué Europa y qué mundo nos esperan, más allá de lo que haya ocurrido hasta ahora. Entonces podremos saber si lo que hemos
vivido en los tres últimos meses ha sido un paréntesis -dramático pero un paréntesis- o si era desgraciadamente el primer capítulo de una historia nueva que ninguno de nosotros quiere compartir.
Entran aquí, por tanto, muchos temas que en unos casos son los que traemos en esta proposición no de ley que hemos presentado, mejor dicho esta enmienda a la proposición no de ley originariamente compartida por todos, y en otros casos son
los temas que plantean el Grupo Socialista, el Grupo Vasco, Coalición Canaria, el Grupo Mixto e Izquierda Unida y que nosotros compartimos. Por tanto, con independencia de la paternidad de cada cual, son diferentes temas políticos que voy a
intentar tratar a modo de flashes o pinceladas y que hacen referencia a ese presente y a ese futuro en el que nosotros intentamos concentrar nuestra acción política, sin olvidar en absoluto la responsabilidad de cada cual y, lógicamente, en concreto
la del Gobierno y la del Grupo Popular, en la situación que nos ha traído hasta aquí. Vamos a intentar mirar hacia adelante, sin olvidar la responsabilidad -insisto y reitero- de cómo hemos llegado hasta aquí.
En primer lugar me voy a referir a las bases; eso sí es presente. Nosotros respetamos el convenio de defensa entre España y Estados Unidos, lo votamos y reiteramos que es un convenio válido. Ahora bien, reiteramos, como dijimos ayer, que
no se ajusta a la verdad intentar presentar las operaciones militares que tienen lugar en esas bases o cualquier operación militar que tenga lugar sobre territorio español, sobre su mar territorial o sobre su espacio aéreo como un efecto automático
del convenio. No hay ningún efecto automático que se imponga al Reino de España ni a su Gobierno fruto de ese convenio. Por tanto, mi grupo exige, en primer lugar, transparencia y, en segundo lugar, que las decisiones que libremente -incluso
discrecionalmente, si me permiten- va a tomar el Gobierno en este caso sean las de desengancharse -valga la expresión coloquial- del esfuerzo bélico de la actual llamada coalición internacional, porque tienen ustedes la potestad de decidir blanco o
negro, no hay nada que se imponga al Gobierno en este ámbito. Por poner un ejemplo, se nos ha informado recientemente que unos aviones cisterna están repostando en las bases. Pedimos que no lo hagan. Eso compromete al Gobierno con el esfuerzo
bélico. Sabemos que están pasando por el espacio aéreo bombarderos en dirección a Irak. Eso no es un efecto directo del convenio, eso es así porque el Gobierno libremente lo ha autorizado.
Pedimos que eso no sea así y por eso apoyaremos
claramente ese texto.
Se nos ha explicado que hay un envío llamado humanitario, así lo detalló ayer el ministro de Defensa, a la zona del frente, cerca de la primera línea de guerra. Lo que pide mi grupo es que quede claro que ese envío no está en absoluto al
servicio del esfuerzo bélico y, por tanto, tomando la palabra de lo que ayer informó el ministro de Defensa, que efectivamente esté en el marco de las convenciones de Ginebra y por ello al servicio de los dos bandos, incluso de la parte más débil.
Esperamos ver prisioneros de guerra iraquíes en ese quirófano español, esperamos ver población civil iraquí en ese quirófano español y queremos tener claro que la jurisdicción de ese hospital no está en uno de los dos bandos militares sino que queda
fuera. Eso confirmaría la tesis que se nos ha vendido de que esta es una misión humanitaria. Por eso hemos propuesto, y lo reiteramos hoy, en el texto que se someterá a votación que la operativa militar de carácter en principio humanitario -o así
se explica- sea puesta a disposición de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Ayer planteamos, y lo reitero hoy aquí, que se puede organizar una misión Petersberg de la Unión Europea. España tiene todos los instrumentos para pedir a la Unión
Europea que organice una misión Petersberg humanitaria en esa zona y que no sólo haya un barco hospital español, de carácter militar pero hospital, sino que haya tantos barcos hospitales como quieran poner a disposición los Estados de la Unión
Europea y que bajo la bandera de la Unión Europea se desarrolle esa acción humanitaria.
Pedimos en este texto que hoy se somete a votación -hablo ahora más concretamente de nuestra enmienda- que la Unión Europea recupere su unidad perdida. Tiene muchos medios para hacerlo, el primero esta iniciativa que ponemos sobre la mesa.
¿Acción humanitaria? Sí, de todos y que España la lidere. Espléndido, será un gran instrumento para recuperar la unidad entre todos, para recuperar la unidad de la Unión Europea en el seno del Consejo de Seguridad. Están previstas consultas que
no han funcionado en los últimos meses entre los distintos Estados europeos miembros del Consejo de Seguridad; que se recuperen esas consultas, porque el Consejo de Seguridad no ha bajado la persiana, la ONU no ha cerrado, señorías.
Respecto a la organización de Naciones Unidas, pedimos que el Gobierno le siga reservando el máximo papel, mejor dicho, que le dé el máximo papel, que no se lo ha dado hasta ahora. Alguien bien conocido de quienes siguen estos temas de
cerca, como el señor Richard Perle, que dirán algunos que no representa a nadie pero que ya hace muchos meses dibujó -soy testigo en primera persona, y no suelo hablar en primera persona desde aquí, porque se lo oí- paso a paso todo lo que hemos
visto en los últimos meses en Irak, el señor Perle, que asesora al Pentágono, ya está diciendo que hay que matar a Naciones Unidas y lo está publicando en la prensa, señorías: Gracias a Dios, Naciones Unidas ha muerto. Eso es lo que pedimos a
España, que tiene su silla en el Consejo de Seguridad, que se levante y diga que no. Tiene muchas maneras de hacerlo: la acción humanitaria en el marco de Naciones Unidas, la
administración de Irak al día siguiente de la guerra en el marco de Naciones Unidas, la inspección y la verificación de armas de destrucción masiva en el marco de Naciones Unidas, como ha vuelto a pedir ayer y hoy el secretario general,
señor Kofi Annan. La Unmovic no está disuelta, simplemente ha interrumpido su actividad porque hay un conflicto armado en Irak. En cuanto haya, fruto de ese conflicto armado, una posibilidad de tener estabilidad en el territorio, deben ser los
inspectores de Naciones Unidas, y no inspectores militares norteamericanos, o por lo menos no sólo militares norteamericanos, quienes verifiquen y expliquen al mundo si había o no armas de destrucción masiva. Eso es lo que pide la ONU y lo que debe
apoyar España. Nos decían que los inspectores son notarios, nos lo han reiterado muchas veces, y que no podían actuar como tales porque Irak no lo permitía. Pues bien, el día que acabe este conflicto -porque más pronto o más tarde y con mayor o
menor peaje de muertos terminará- esperamos que la nueva potencia ocupante autorice a la Unmovic a desarrollar sus funciones de verificación de cuáles son las armas de destrucción masiva que tenía ese régimen y en virtud de las cuales se ha luchado.
Finalmente, ponemos también sobre la mesa en este texto -y no entiendo por qué, visto el listado que estoy haciendo, intuyo que ustedes van a votar en contra; tendrán ustedes que explicar exactamente dónde está su política exterior si votan
en contra de todo esto- la petición de que se recupere el proceso de paz de Oriente Medio, que forma parte de este conflicto. Pedimos que se exija, con la misma fuerza con la que se han exigido otras cosas en los últimos meses, a Estados Unidos que
ponga sobre la mesa ya la llamada hoja de ruta de lo que ha de ser el proceso de paz. Sabemos que Israel está planteando en este momento nada menos que cien enmiendas distintas a la propuesta de Estados Unidos, a la propuesta consensuada por todos,
y que el Gobierno de Sharon ya ha dicho que no aceptará un auténtico Estado independiente. Pedimos que ese Gobierno que sale del rincón de la historia -permítanme ese giro-, que ese Gobierno que tiene una silla en el Consejo de Seguridad haga oír
su voz exigiendo de nuevo que haya un Estado libre independiente palestino al lado de un Israel seguro, que el Consejo de Seguridad se pronuncie sobre eso y que se ponga sobre la mesa y se publique de una vez un documento que está terminado desde
diciembre y que todavía hoy, parece que por miedo a Israel o porque no hay otra explicación posible, no se atreven a poner sobre la mesa.
Para terminar, deseo hacer mención de los conflictos secundarios que están aquí, que hoy son secundarios pero que si no se toman todas las decisiones oportunas, serán primarios. Nos referimos a los chiítas en su caso y, sobre todo, a la
zona norte de Irak con respecto a Turquía; las minorías que tienen hoy un determinado estatuto político que pueden llegar a defender por las armas. Ayer aprendimos bastante sobre la posición del Gobierno español en este tema, pero eso también hay
que traducirlo en decisiones políticas. Todo eso, insisto, habla del presente y no del futuro. Nuestras energías no van a dedicarse a valorar lo que ustedes han hecho y cuál es su responsabilidad en haber llegado hasta aquí -eso ya se hará-, pero
sí exigimos a partir de ahora y en adelante que la diplomacia española no se cierre, que el Palacio de Santa Cruz no se vaya de vacaciones, que la silla en el Consejo de Seguridad no quede vacante y que toda la energía que se ha utilizado hasta
ahora en otras causas se concentre ahora también en la paz.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, me gustaría en primer término destacar desde dónde se hace la petición articulada de hoy con respecto a una serie de temas de enorme importancia. Se hace de nuevo, por enésima vez, desde un amplio
consenso, desde una amplia unidad de once partidos políticos que esta vez coinciden en el tiempo con la petición también unitaria de los partidos de la oposición del Senado. Hacemos una petición con respecto a negar la guerra, a negar la
participación española, a negar el uso de las bases, todo en el marco de la defensa de la legalidad, y, desde el punto de vista también del formato de la legalidad, a insistir en que no hay ninguna misión humanitaria que pueda tener el formato que
tiene la que supuestamente ha enviado el Gobierno, que por lo visto está a punto de llegar. Es una respuesta, pues, coincidente, que al mismo tiempo consuena con la propuesta que se hace mayoritariamente por ciudadanas y ciudadanos y que tiene una
gran expresión multitudinariamente pacífica en la calle. Coincidiendo con ese sentimiento, nosotros traemos aquí democráticamente esa petición que esperemos que se escuche y se debata con sinceridad.
El problema de fondo a partir del cual se liberan los nervios, que esperemos poder embridar todos tranquilamente, todos, es que el Partido Popular ha perdido la batalla de la calle, primero, y, segundo, ha perdido la batalla de la opinión
pública. A partir de ahora vamos a cruzar constantemente los mismo argumentos, como se ha visto con respecto a la resolución 1441. ¿Y de qué va a depender que esos argumentos calen de una manera o de otra en la opinión pública? Del grado de
credibilidad que tengamos todos, y me parece, por las encuestas, que el grado de credibilidad del Gobierno y del Partido Popular es muy bajo con respecto a este tema. La utilización de las bases sujetas al convenio de utilización conjunta no es
legal. Es una utilización ilegal. Ninguno de sus apartados contiene la utilización
automática de ningún permiso. No es así como ha dicho hoy el señor Rajoy ni como dijo ayer el señor Trillo. El convenio bilateral está sujeto -y lo dice negro sobre blanco- a la Carta de las Naciones Unidas, y la Carta de las Naciones
Unidas, como pieza fundamental, mantiene que solamente el Consejo de Seguridad puede declarar una guerra. En este caso ustedes han perdido esa batalla democrática y no asumen haberse quedado en minoría.
Por tanto, la utilización de las bases en
España es ilegal. Y no sólo no respetan la legalidad que se deriva de la Carta fundacional, que contempla como matriz inexcusable el convenio bilateral, sino que tampoco -es un detalle al paso- respetan ustedes, por ejemplo, el artículo 23 del
Estatuto de Andalucía, que dice que en temas que interesen a la comunidad hay que informar al presidente de la Junta de Andalucía. Todavía no se han dignado ustedes descolgar el teléfono para decir al presidente de los andaluces qué está pasando,
qué va a pasar, qué puede pasar, cuál es su posición con respecto a la utilización de las bases. Las autorizaciones que se están dando con respecto al armamento y el material que se utilizan en Irak o que van en previsión de ser utilizados nos
colocan en primera línea de fuego. El primer bombardeo que se hizo en Irak fue a partir de los cazabombarderos F-117, que están artillados con 2.500 kilos de munición. Por fin el señor Trillo ha dicho que, efectivamente, esos cazabombarderos han
sido autorizados a aterrizar y a despegar desde la base de Morón de la Frontera, y se dice que España no participa.
Participa en primera línea. El problema de los B-52 va en la misma dirección. Habría que preguntar: ¿Seguirán pasando los B-52
que despegan del oeste de Inglaterra, puesto que Francia no les permite sobrevolar el territorio nacional, por la línea del Atlántico hasta la vertical de un territorio cercano a Bilbao, Pamplona, Barcelona? Porque la ministra de Asuntos Exteriores
nos dijo que era un bulo, el señor Atencia, que era mentira, un portavoz de Defensa, que lo desmentía rotundamente, y ayer, teniendo en cuenta la verdad y que todos podemos hablar con controladores españoles y franceses, el señor ministro de Defensa
dijo que sí, que se había utilizado el paso de ocho B-52 y que habían sobrevolado la zona cinco cazas 135, que son los que reabastecen en vuelo al B-52. El señor Trillo, de manera patética, intentó salvar a la señora ministra diciendo que en
función del alcance del permiso que habían concedido, los B-52 podían repostar o no repostar. Él no lo sabía. El ministro de Defensa de España, en un momento de guerra, no sabe si han repostado en vuelo ocho B-52 en la diagonal que va de Bilbao a
Barcelona, unos 500 kilómetros de distancia, que tardan aproximadamente una hora en transitar. No lo sabía.
No, no quería desmentir a la ministra de Asuntos Exteriores y a los distintos portavoces de Defensa. A partir de ahí, las explicaciones y
las justificaciones del señor Trillo, más que de Gobierno, son de los guiñoles. Dijo que pueden repostar o no, que no pasan en todo caso por encima de gente. Es decir, que cuando el avión va por encima de un pueblo coge la carretera de
circunvalación. (Risas.) Es decir, que la línea que va de Bilbao a Barcelona es el desierto del Sahara, no hay personas, ni una persona.
En otra de sus justificaciones famosas, el señor Trillo dijo que no era peligroso y que, en todo caso, en los desfiles militares también se hacía. ¿En los desfiles militares llevan también 31 toneladas de munición a punto de estallar cuando
tomen contacto con tierra o en los desfiles militares no van cargados con ningún tipo de munición? Por consiguiente, defendiendo de nuevo la legalidad, el envío de tropas es igualmente ilegal, y ustedes lo defienden de manera vergonzante, con una
prevaricación semántica, al denominarlo misión humanitaria. No hay ningún tipo de formato político ni jurídico que pueda justificar en este momento la denominación de misión humanitaria o de apoyo humanitario. El mismo Bush está hablando
tranquilamente de apoyo logístico. Es decir, están ustedes en el tablero, en la arena de la batalla, situados de una manera o de otra como el peón, como el alfil o como el caballo; donde ustedes quieran, pero en el tablero. No tienen ustedes
ninguna posibilidad de hacer que eso funcione como una misión humanitaria, porque si, por ejemplo, entraran ustedes en el capítulo de iniciativas de paz, como recoge la Carta de Naciones Unidas, tendrían que tener permiso, autorización y aprobación
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es el caso.
El señor Trillo dijo ayer -que estaba bastante espeso a nivel jurídico- que pueden ir en misión Petersberg, cuando las misiones Petersberg sólo puede autorizarlas la Unión Europea. ¿Por qué no piden ustedes permiso a la Unión Europea para
que vaya una misión Petersberg de calado humanitario? ¿Por qué no lo hacen? Porque si fuesen ustedes en iniciativa de paz -cosa que no es posible, porque sería otra la ocasión y el momento-, en misión Petersberg, esos barcos tendrían que atender a
los amigos y a los enemigos, a los militares y a los civiles; y no se lo permite el señor Bush. Por eso han inventado ustedes una misión humanitaria que no tiene sentido jurídico, que es ilegal, que no tiene ningún sentido político, y que debe ser
el hazmerreír de los juristas de Europa, en función de las justificaciones que se dieron ayer, donde incluso se habló del Convenio de Ginebra. Vaya pegote jurídico, señores del Partido Popular. (Un señor diputado: ¡Torero!)
Señoras y señores diputados, junto al resto de los grupos de la Cámara, nosotros defendemos la paz -así pasaremos a la historia en este Congreso, cuya vida no irá más allá de 10 meses- y ustedes no. Nosotros consideramos que es una guerra
injusta, inmoral e ilegal. Nosotros consideramos que, de cara a un nuevo orden internacional, que va a romper todas las reglas -como así lo tiene decidido el señor Bush-, España no puede participar, no puede violentar la legalidad internacional, la
legalidad nacional ni la legalidad constitucional.
Por eso, les pedimos a ustedes un esfuerzo de reingreso en la legalidad.
Les pedimos que se apoye esta iniciativa y que se apoye la sensibilidad del pueblo a la hora de pedir paz y legalidad internacional, porque si no, se está cometiendo
no sólo una violación de las reglas, sino un gravísimo error político. En todo caso, lo que les pedimos es que no se pierda la estética, cuando la señora ministra decía ayer que hay datos de que la guerra va bien -con ojo de lince, por cierto,
porque, al final, todo va al contrario de lo que ella dijo-, y que los datos eran que la Bolsa subía y que la gente podía echar litros en su depósito del coche con menos céntimos. Por lo menos, señores del Partido Popular, no pierdan la elegancia.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora presidenta, señorías, una iniciativa más sobre lo mismo. Nos recuerda el cartel que ponía en la estación del tren de Plencia: Se venden billetes de ida y vuelta y viceversa. (Risas.) Aquí exactamente
lo mismo. Sin embargo, estamos ante un hecho nuevo, a pesar de que se busque por todos los medios huir de la palabra maldita: guerra. Y estamos en guerra; guerra que apoya el Gobierno y que produce, entre otras cosas, daños colaterales como los
de la niña de Basora. El fin está justificando los medios, y los medios sólo hablan de muerte, de destrucción, de prisioneros, de mutilados y de refugiados. Confiamos en que esto acabe rápido, pero esto es una auténtica tragedia, una tragedia
apoyada por el Gobierno.
En nuestra iniciativa se habla del uso de las bases de origen espúreo.
Porque hay que recordar que existen bases. Aquí hubo una dictadura que duró cuarenta años, que venía de una victoria militar, que contó con el apoyo de Musolini y de un
genocida como Hitler. Esto hay que recordarlo.
Tras la Segunda Guerra Mundial y del bloqueo al régimen en Naciones Unidas y ante la guerra fría, se prefirió la seguridad de una dictadura tan sanguinaria o más como la de Sadam Husein a la libertad
peligrosa de una democracia. El Gobierno de los Estados Unidos retiró su apoyo a la decisión tomada por Naciones Unidas en 1946, condenando el régimen de Franco por tres razones. Primera, para enfrentar mejor la amenaza de la Unión Soviética.
Segunda, porque estaba hastiado de los problemas creados por la Segunda Guerra Mundial y tercera, porque había problemas políticos internos. En cambio, a instancias de Gran Bretaña y Francia rehusó secundar la solicitud de ingreso de España en el
Plan Marshall, que era lo que quería Franco, una dictadura.
A pesar de todo, los bonos de España empezaron a subir en la política internacional. Lequerica, representante de Franco, llegó a los Estados Unidos en abril de 1948 y en poco tiempo consiguió un préstamo de 25 millones de dólares. En 1953
España y los Estados Unidos firmaron un acuerdo, el Pacto de Madrid, que constituyó un convenio de defensa, una promesa de ayuda económica y un compromiso de ayuda militar recíproca. La justificación de los convenios ante la opinión pública de
ambos países fue, por supuesto, el temor común a la Unión Soviética. El convenio de defensa autorizó a los Estados Unidos a instalar y utilizar, junto con el Gobierno español, ciertas bases bajo el mando de soberanía española y bajo la bandera y el
mando de España. El empleo de las bases en tiempo de guerra dependía de un futuro acuerdo mutuo, aunque los Estados Unidos estaban en entera libertad de lanzar un ataque aéreo contra la Unión Soviética desde las mencionadas bases españolas, sin
necesidad de obtener la aprobación previa del Gobierno español. Más o menos como ahora. De acuerdo con los mismos convenios, se instalaron tres bases aéreas en Torrejón, en Morón y en Zaragoza y una aeronaval en Rota, cerca de Cádiz.
La base de
Cádiz era la instalación naval norteamericana más grande que había en Europa.
Yo sé que este tipo de cosas está bien recordarlas. ¡Ya está bien de hablar del franquismo! No, hay que hablar de estas cosas. Hay que saber a dónde vamos, pero previamente hay que saber de dónde venimos y cuando se habla de bases hay que
hablar con base. Porque el fin gradual del ostracismo que el mundo impuso a España -fue admitida en Naciones Unidas en 1955- ayudó a Franco a resolver sus problemas políticos, puesto que el significativo mejoramiento de la situación prevaleciente
en 1945 había sido aclamado como una gran hazaña política de Franco y a esto se le llamó la real politik. Esta es la realidad. Conviene recordar esta historia, porque una cosa es el paso del tiempo y otra la política de amnesia que nos quieren
imponer. Y en este orden de cosas, denunciamos lo que ha ocurrido con el vuelo de los B-52 en nuestro espacio aéreo. Ante la negativa de Francia, el Gobierno permite que se sobrevuele España y se reposte en el aire. Algo más elocuente de lo que
pueda decir yo, está lo que ha dicho hoy mismo el Ayuntamiento de Bilbao en el Pleno, de cuya candidatura es el número 28 el señor Aznar. Les leo el texto aprobado en el día de hoy. Es algo largo, lo puedo resumir. En primer lugar, se quejan y le
piden al señor Aznar que diga no a la guerra y mucho más después de ver las imágenes de muerte y desolación observadas durante este fin de semana; y, en segundo lugar, le piden al ministro de Defensa -que ha reconocido que esos aviones sobrevuelan
la Península- que informe sobre el repostaje en vuelo de los bombardeos B-52, que ha dicho que se puede haber efectuado el repostaje y se puede no haber efectuado. Por todo ello, pedimos al ministro de Defensa -ha dicho hoy el Ayuntamiento de
Bilbao-, a la ministra de Asuntos Exteriores y al presidente del Gobierno que, con carácter inmediato, prohiban volar a los aviones de guerra por encima de
Bilbao, de Pamplona, de Barcelona y de cualquier otra población. El ayuntamiento protesta enérgicamente por poner en riesgo a estas poblaciones; en concreto, a las mencionadas y a Zaragoza. Quieren saber de dónde ha partido el permiso
para que los aviones atraviesen nuestro espacio aéreo y exigen transparencia y que se depuren las responsabilidades correspondientes. Este comunicado lo han firmado todos los partidos políticos excepto el Partido Popular.
Sabemos que, como vale todo, esto le va a entrar al señor Trillo por un oído y le va a salir por el otro. Si no hace caso al Papa siendo del Opus Dei, como para hacerle caso al Ayuntamiento de Bilbao, peligroso nido de gentes vinculadas al
eje del mal. ¿Qué podemos esperar de un partido que designa al señor Arístegui, que viaja a Bagdad en misión humanitaria -y lo seguiré repitiendo- y de protesta ante el embargo y hoy se ha convertido en un portavoz que explica generosamente en
todos los medios de comunicación, y sobre todo en los públicos, una postura totalmente contraria y favorable a la guerra?
También quiero hacer alusión a un hecho que nosotros, como grupo parlamentario, sabemos que es tabú tocarlo, pero lo voy a hacer con la Constitución en la mano. No deja de tener su gracia que sea un nacionalista quien les recuerde a tantos
constitucionalistas que ni el Rey ni los partidarios del patriotismo constitucional están cumpliendo con una Carta Magna, que van a celebrar echando la casa por la ventana en su 25 aniversario.
La semana pasada coordinamos con los señores Llamazares y Alcaraz el poder dirigirnos a los partidos políticos de la oposición con el fin de solicitar una entrevista con el Jefe del Estado. Con el Jefe del Estado sí, con el Jefe del Estado.
(Un señor Diputado: Con el Rey.) Con el Rey.
En esta reunión, que el Rey no debería denegar, le pediríamos que nos escuchase y entendiese nuestros puntos de vista. No creemos que el Jefe del Estado, en una coyuntura como la que se está viviendo,
pueda estar a expensas de lo que le diga sólo el presidente del Gobierno, por muy presidente del Gobierno que este sea y a pesar de la gran responsabilidad que tiene. Esto de la guerra es demasiado serio y él es el jefe de las Fuerzas Armadas, por
lo menos, que nosotros sepamos, teóricamente. Tanto Izquierda Unida como el Partido Nacionalista Vasco sabíamos lo que iba a ocurrir ante una acción de verdadero calado político, pues el artículo 63 de la Constitución dice taxativamente: Al Rey le
corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Por eso se ha buscado un subterfugio. Aquí está fundamentalmente la madre del cordero porque esto es lo que dice la Constitución española y es preciso
enfatizar que estamos en una guerra -no declarada, pero estamos en una guerra- y que eso de la ayuda humanitaria a los soldados de Estados Unidos y de Gran Bretaña es un auténtico eufemismo para no traer el debate de la guerra a esta Cámara y no
involucrar a la figura del Rey, a la que se trata como a un tótem; sólo para inauguraciones y reprimendas al nacionalismo. Así cualquiera. Se instala uno en el silencio y sobrevuela todo instalado en el halago y en el cabezazo.
Al hecho de que el secretario general del Partido Socialista, en uso legítimo de su derecho, se haya entrevistado solo con el Rey porque éste le ha llamado no tenemos nada que objetar. Sin embargo, el Rey nos ha lanzado un mensaje a los
demás pobres mortales de que tenemos que llegar a un entendimiento, pero no nos dice cómo, y de que, ante la diversidad de criterios, su papel es el de escuchar las distintas opiniones que se suscitan con un espíritu integrador, al servicio de los
valores democráticos y del interés general. Esto lo ha dicho el Rey.
A nuestro juicio, esto es pura retórica vacía. Además, tenemos que decir que esto no es verdad y queremos que conste en el 'Diario de Sesiones' para acabar con tanta hipocresía. En la Casa Real existe el criterio de que el artículo 1.3 de
la Constitución española, cuando dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, al hablar del Parlamento sólo se refiere a dos partidos. Al parecer, la Constitución, para la Casa Real, sólo habla de una monarquía
bipartidaria. Y no es culpa de ella, no hay más que ver a los medios públicos de la radio y de la televisión... (Rumores.)
Ya sé que este tipo de cosas molestan mucho. Ya lo sé, por eso las digo.
(Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Y que eso de la monarquía parlamentaria, como lo del Rey de todos los españoles, es pura retórica, hueca y falsa.
Entiendo que el Partido Popular no quiera involucrar al Rey porque involucrarlo descubre de
verdad su juego con relación a que estamos en guerra, pero nos parece improcedente que el Rey siga a pies juntillas lo que dictan desde la Moncloa y no tenga la más mínima cortesía real. Como dicen los castizos, que con su pan se lo coma. El Rey,
en un sistema de dos partidos, no es sensible al clamor de la calle ni al clamor de gentes que tienen que permanecer mudas ante B-52 que repostan encima del Pagasarri, aunque, como dice la ministra de Asuntos Exteriores, no existe este tipo de
reposte.
Finalmente humillados y ofendidos y bombardeados. Así están ya, como querían Bush y sus dos tristes socios europeos, los iraquíes. Mientras los desgraciados rehenes de Sadam Husein, según cuentan las crónicas, observan desde las azoteas la
mortal pirotecnia de la guerra, la hija de la madre de todas las batallas que pone a punto sus garras para estrujar el mapa del infierno sin dañar -¡eso no!-sus pozos de oro negro: el mismo que alimenta nuestro utilitarios y arrastra nuestras vidas
entre embotellamientos y programas basura de televisión. Dice el hijo del hombre que organizó la
última batalla en estas tierras -todo pasa de padres a hijos en esta sucia historia- que la guerra puede ser prolongada y difícil. ¡Mal asunto! Sea la guerra breve como un disparo o larga como una enfermedad infectocontagiosa, la
humillación de Irak será una herida honda de difícil o imposible sutura. Los numerosos hijos de prebostes franquistas que comulgan con Bush y desoyen al Papa podrían haber sido literalmente borrados de la faz de la calle Serrano en los años
cuarenta y cincuenta.
Los numerosos hijos de prebostes franquistas que aplauden esta guerra con el argumento de que la intervención es necesaria para liberar al pueblo iraquí de una dictadura olvidan que la España de los años cuarenta y
cincuenta... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Guarden silencio, señorías. (Continúan los rumores.)
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: ¡Yo no sé por qué se sienten aludidos! Con la derrota del eje del mal todavía reciente en la memoria y en el cine propagandístico de Hollywood, no era precisamente el régimen más presentable en el mundo. Nadie
hubiese aprobado sin embargo, ni los antifranquistas más beligerantes, una invasión a pelo de España en el año 1945; cuando los españoles sentían en 1945 y 1946 que arreciaba la presión internacional respondían: Si ellos tienen la ONU, nosotros
tenemos dos. ¡Pero todo se olvida, todos se mienten, todo se falsifica! Los marines no desfilaron por la Castellana, desfilaron los generales Franco Bahamonde y Dwight Eisenhower en un coche regalado por Hitler y escoltados por una guardia mora.
Tuvimos buena suerte, eso es todo, en lugar de petróleo.
Y finalmente, que nadie diga ahora que hubiese preferido la invasión y la guerra -otra guerra en los años cuarenta- a condición de librarse del césar visionario. Había otras maneras de zafarse de él, pero a nadie le interesó ponerlas por
obra. La guerra que acabamos de estrenar, además de un fracaso de la razón humana, es un acto de pura humillación. Y es curioso, por cierto, escuchar estos días a los portavoces del Gobierno español hablando de conflicto en lugar de la guerra
declarada, completamente batasunizados y mirando a otro lado cuando estallan las bombas en Bagdad, invocando derechos colectivos y olvidándose de los individuos que sufren en sus carnes los efectos de esta acción ordenada por Bush, confundiendo los
medios con los fines.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos. Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha firmado y suscrito en todos sus términos, literarios, en forma y contenido, esta proposición no de ley que debatimos hoy, como ha suscrito también la enmienda correspondiente que los mismos
hemos presentado y vamos a votar favorablemente, incluyendo la enmienda complementaria que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señorías, hace cinco días que ha comenzado una guerra, no un conflicto bélico. Una guerra ilegal, ilegítima, injusta y desproporcionada, y esos calificativos son muy sensibles para la clase política que ha firmado hoy estas iniciativas.
A un déspota no se le puede combatir desde la democracia con el despotismo de la ilegalidad. Hemos comenzado una guerra que, con estas características de ilegal, ilegítima, desproporcionada y contraria al derecho internacional, va más allá
de un ataque al pueblo iraquí; es una guerra que sobrepasa el alcance de Irak porque es una guerra contra el orden internacional justo que teníamos desde que se crean Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, después de la Segunda Guerra Mundial.
Esa es una de las gravedades que tiene esta guerra, que va más allá del régimen de Sadam Husein, de la conquista de Irak, porque es una guerra no solamente contra un régimen despótico, sino lo más grave contra el orden internacional establecido.
El presidente del Gobierno se ha sumado a una operación carente de esos requisitos legales que nos ha dado el orden que tenemos, que se va a sustituir por el desorden o por el nuevo concepto de la fuerza. Cuando habíamos entendido los
demócratas que para defender la democracia en cualquier escenario era necesario que nuestras armas jurídicas fueran más potentes que otras, nos encontramos con que el señor Bush y el señor Blair, a los que se ha sumado lamentablemente para mi grupo
el presidente del Gobierno español, han entendido que es más contundente la fuerza de las bombas y misiles norteamericanos y sus instrumentos de guerra que los argumentos jurídicos de las resoluciones de Naciones Unidas.
Nuestra proposición no de ley y las enmiendas correspondientes tienen tres componentes. El primero, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Socialista señor Marín, cubrir un déficit explícito de nuestra Constitución española más allá de
lo que contempla el artículo 63.3 sobre declaración de guerra, en el sentido de que aquellas situaciones que no son propias aisladamente del ordenamiento jurídico constitucional español, sino de los órganos supranacionales, como son las Naciones
Unidas y su Consejo de Seguridad, la Unión Europea y la OTAN, deben tener un procedimiento de legitimación parlamentaria que se base fundamentalmente, como se pide, en una comunicación del Gobierno que señale objetivos, que señale razonamientos, que
diga cuál es el alcance de la participación española comprometida militar o civilmente, diga cuál es el coste presupuestario, que añada que a lo largo de los procesos conflictivos el Gobierno informe al Parlamento. Es decir, que tenga una
legitimidad la participación española en ese proceso supranacional de estos órganos internacionales, si no estaremos incurriendo en el mismo principio que ha incurrido el señor Bush, fundamental responsable de esta situación, con una guerra que es
ilegítima de origen y que trata de legitimar de facto en el ejercicio de la guerra y la victoria final consecuente, como si eso fuera una nueva doctrina fundamental de un nuevo orden que se quiere crear. En ese orden no estamos nosotros porque eso
es el desorden de todo un edificio jurídico conseguido con esa finalidad. Al menos que haya un compromiso, porque incluso Estados Unidos o el Reino Unido de Gran Bretaña han tenido que pasar por un trámite parlamentario para legitimar al menos
hacia dentro esta situación.
El segundo componente de nuestra enmienda está referido al convenio bilateral de defensa con Estados Unidos. Ayer, el señor ministro de Defensa dijo unas cosas muy graves que nos han llenado de perplejidad y de temor, porque si se exige un
cumplimiento, como él dijo, y en el que participamos, de respeto por parte de España a las cláusulas del convenio, el convenio no es unilateral español, es un convenio bilateral que también obliga a cumplirlo en todos sus términos y circunstancias
al Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno del señor Bush. Ese convenio se firma con un gobierno anterior del señor Clinton y cuando viene a España la entonces secretaria de Estado, señora Albright, da unas garantías de tipo jurídico internacional;
pero ¿qué garantías vamos a tener de que por parte del Gobierno del señor Bush se cumplimenten literalmente todos los requisitos del actual convenio si él no ha respetado los convenios de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad? Estamos ante
tal inseguridad jurídica, que además va acompañada de algo grave que dijo ayer el señor ministro de Defensa, y es que no sabe si los americanos, al cumplir uno a uno los puntos de solicitar autorizaciones de vuelos o reabastecimiento de los B-52,
los han hecho o no los han hecho. ¿El Gobierno español no tiene control del grado de cumplimiento de las autorizaciones que da? Si ha dado 90 autorizaciones o las que sean a los B-52, ¿no ha comprobado con sus servicios de inteligencia de control
del espacio aéreo la entrada y salida de aeronaves en los pasillos autorizados para saber si están ateniéndose a las autorizaciones que se han dado? Señorías, esto es muy grave porque está demostrando que hay un abandono de la seguridad nacional
por parte de los servicios de control del espacio aéreo. Si el Ministerio de Defensa no sabe si las aeronaves norteamericanas son 50, 80 ó 90 y si la autorización que se les ha dado no se ha contrastado con lo que informan los radares de la
vigilancia del espacio aéreo español, estamos en este momento en un déficit muy preocupante a nuestro entender.
Repito que hay que extremar estas medidas porque el señor Bush y el señor Blair no son capaces de respetar lo dispuesto por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Hay que añadir que menos mal que ni incluso con las coacciones
consiguieron los nueve votos. Este es el segundo problema.
¿Cómo vamos a creer que van a respetar la seguridad de un convenio de las bases? De aquí que nuestra enmienda vaya en una línea restrictiva sobre esta actuación y a eso se suma la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se ha producido tal desorden y tal desvertebración del derecho internacional residenciado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la Unión Europea, incluso
en la OTAN, que es necesario una política activa para reordenar esta ruina que ya se ha producido. Las primeras ruinas no se están produciendo en Irak, sino que las ruinas jurídicas se han producido en nuestro lado, en nuestras instituciones de
Naciones Unidas y de la Unión Europea. Este escenario hay que volver a reconducirlo con voluntad, para que vuelva a ser el lugar en el que se solucionen los problemas jurídicos.
Ayer indicamos que uno de los errores políticos que comete el Gobierno español es salirse del escenario del Consejo de Seguridad, dado que aquí no hay la cosecha de los nueve votos, e irse por unas tierras de secano que han traído estos
incendios en este momento. Al salirse de ese escenario ha acabado por perder su protagonismo. Lo estamos viendo en estos días lamentablemente, ya que las reuniones van a ser bilaterales entre el señor Bush y el señor Blair. Aquí se ha usado casi
como un clinex que una vez usado se tira porque ya no le sirve a los intereses de quien lo está utilizando.
Desde mi grupo parlamentario creemos que se ha llegado a una especie de crisis de mala conciencia que le lleva a hacerse perdonar. Junto al clamor político de las fuerzas democráticas de todos los parlamentos del mundo occidental, de Europa
fundamentalmente y hoy aquí de España, ha surgido un elemento activo que nadie de los que hicieron este contubernio contrario al derecho internacional esperaba, que es la voz de la calle y lo hemos visto en todas nuestras calles de todas las
ciudades de España, aparte de las europeas. Esos protagonistas que complementan la democracia vienen a decir que esta guerra tiene algo raro para haber movilizado a toda esa gente. Los propios diputados de Coalición Canaria hemos visto en nuestro
propio territorio insular esa vehemencia, con la que personas de todas las edades, jóvenes, personas de mediana edad y adultos han salido con un grito en la boca: No a la guerra y sí a la paz. Es fundamental que la clase política sepamos recoger
ese mensaje directo que recibimos del pueblo español en este momento. En nuestras islas Canarias lo sentimos muy entrañablemente, e incluso desde un punto de vista pragmático, porque más de un
80 por ciento de nuestro producto interior bruto procede del turismo. El turismo es una actividad que requiere una condición fundamental, no sólo sol, playas y ambiente, sino paz. Sin paz no hay ninguna actividad de ocio ni de sosiego ni
de serenidad. Por todo ello, nosotros estamos irritados con esta situación que nos hemos encontrado.
Queremos paz. Y por esa paz, para desarrollar nuestras posibilidades humanas, nos sumamos a un sentimiento de rechazo a esta guerra. A un sentimiento de rechazo sin gran conocimiento jurídico, porque no tiene por qué tenerlo, porque el
pueblo tiene derecho a la intuición en sus reacciones. Ese es uno de los fundamentos de la democracia a la hora de depositar un voto. Y como hemos llegado más allá de esa trascendencia no queremos participar en ese desorden futuro. Por eso
pedimos que las propuestas de resolución en este tema calen y que nos encontremos recibiendo un eco. En este caso, mi grupo parlamentario y político se suma a los otros que han firmado la proposición sobre este tema.
Desearíamos que también lo
hiciera el Gobierno, porque esto es una operación de conciencia nacional, para que nadie tenga ni dentro ni fuera, ni por activa ni por pasiva, una sensación de mala conciencia que le lleve después a estas soluciones vergonzantes, incluso a utilizar
a nuestras Fuerzas Armadas en una operación de paripé, como se reconoció ayer, ya que vamos a un escenario de combate y no llevamos ni distintivos de misión humanitaria ni aval de ningún organismo supranacional -Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN-
y vamos a aparecer como unos intrusos en los propios planes que en la reunión de Azores contribuimos a activar. Planes que hemos puesto en las manos de los jefes militares del Pentágono, que son los dueños de la situación, que son los dueños del
escenario político, que son los que autorizan a entrar o salir de él y, encima, con unos gobiernos que se desentienden de esta vinculación popular.
La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le ruego concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señora presidenta.
A ese desorden no queremos contribuir y decimos claramente que bajo todas esas circunstancias y más allá de lo que ocurra el día de mañana en Irak, sufrimos el efecto del misil de más largo alcance, el más peligroso que se ha lanzado por el
señor Bush y sus colaboradores, que es dinamitar el orden jurídico que nos hemos venido dando en beneficio de la democracia, fundamentalmente queriendo acallar con el ruido de las bombas el grito de la calle de: No a la guerra.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Vázquez.
¿Entiendo que van a intervenir todos? (Asentimiento.)
Disponen de dos minutos cada uno.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo con brevedad, porque soy consciente de la escasez de tiempo de que dispongo, para defender en nombre del Bloque Nacionalista Galego esta proposición no de ley que firmamos todos los grupos de la oposición de esta Cámara.
Señorías, estamos en el sexto día de una guerra anunciada, de una guerra decidida por los estrategas del Pentágono hace ya mucho tiempo, de una guerra que forma parte de un plan más ambicioso, de una estrategia para la región y para el
mundo, de una estrategia de imposición, de fuerza, que busca el control político y económico. Estamos en el sexto día de una guerra ilegal, innecesaria, injusta e inmoral, cuyas consecuencias están apareciendo con claridad ante los ojos del mundo:
cadáveres, heridos, mutilados y destrucción. Esa es la realidad de la guerra, a pesar de que haya a quien no le guste que se lo recuerden o a pesar de que haya quien preferiría lavar la conciencia pensando que la realidad no existe o mirando para
otro lado. Pero el problema es que la realidad existe. Y estamos en el sexto día de una guerra que impulsó, codecidió y apoya el presidente Aznar, su Gobierno y su grupo político; una guerra en la que el Gobierno está implicado directamente. Esa
evidencia, señorías, no puede disimularse pretendiendo que es inevitable ceder las bases y el espacio aéreo en función de acuerdos o convenios previos; o que los barcos enviados van en misiones humanitarias; o que los aviones ofrecidos a la OTAN
son para defender a un socio como Turquía, que en este momento tiene más posibilidades de ser agresor que agredido.
En este contexto se inscribe esta proposición no de ley que trata de que el Gobierno reconsidere su actual apoyo incondicional a esta guerra, y que, por tanto, aunque pide justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno, está en
sintonía con las demandas de la población. Esta proposición será derrotada por la mayoría parlamentaria del Partido Popular, pero tiene interés político reiterar la posición contraria al apoyo a este tipo de guerras coloniales e imperialistas, para
el presente, para la situación de hoy, pero también para lo que va a venir, donde sin duda va a ser necesario mantener criterios y convicciones, va a ser necesario mantener principios claros, porque todos nos estamos jugando mucho en eso.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, hemos escuchado decir a alguno de los líderes mundiales que estamos en el momento de establecer el nuevo orden mundial. Esta guerra parece que es el punto de salida del nuevo orden
mundial. Yo estoy de acuerdo. Es el punto de salida del nuevo orden mundial si aprendemos de los graves errores de hacer esta guerra, si aprendemos que el nuevo orden mundial no puede basarse en la decisión unilateral, no puede basarse en el
ataque sin respaldo internacional, que el nuevo orden democrático no puede basarse en la decisión unilateral de un presidente de Gobierno arropado por un partido, en un país democrático que tiene un Congreso y doce partidos, con unos riesgos que
llevamos anunciando mucho tiempo.
Señorías, tenemos dos minutos, pero yo pediría 30 segundos de atención.
Hoy hemos escuchado hablar de los riesgos de los sobrevuelos. Yo, como andaluz y andalucista, me siento absolutamente solidario con que no pasen esos aviones con
riesgo de sobrevuelo por el norte de España porque Francia no los ha dejado pasar. Solamente quiero recordarles a SS.SS. que en esa maldita y fatídica lotería del riesgo han pasado cuatro aviones por el norte, cuatro papeletas compradas.
Andalucía tiene compradas dos mil papeletas que han sido los dos mil vuelos de aterrizaje y despegue de las bases de Morón y Rota, ha comprado 500 papeletas de aviones con destrucción, de aviones de guerra, ha comprado 250 papeletas de aviones
cargados de combustible y estamos soportando unos riesgos adicionales que hacen que, como en el resto del país, haya una auténtica fractura entre la gente y la decisión unilateral del Gobierno. Los andalucistas estamos totalmente de acuerdo con lo
oído hasta ahora en esta proposición sobre la guerra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, si no fuera porque estamos viviendo momentos trágicos, la situación parecería surrealista, digna de una película de Fellini, porque parece que el Gobierno y el Grupo Popular no entienden que los
ciudadanos salgan a la calle, protesten, eleven su voz contra lo que está pasando y que la oposición de esta Cámara proteste y lleve a este Pleno y a los plenos que van a sucederle la situación de ilegalidad a la que nos ha llevado el Gobierno
español.
Seguramente, muchos ciudadanos creían de buena fe que después de la foto de Azores, la foto donde el señor Aznar subió a los cielos, esto se acabaría y que quienes llevarían la tarea serían los ejércitos norteamericano y británico. La foto,
señorías, tenía un precio y el precio era que España contribuyera hasta el fondo en vulnerar y en conculcar la legalidad internacional, en ceder sus bases pasando de puntillas por este Congreso y ante la información y los ciudadanos, cediendo su
espacio aéreo a lo que se ha negado la mayoría de países de la Unión Europea y, lo más grave, prestando tropas de apoyo bajo el epígrafe de ayuda humanitaria. Este concepto que tiene el Gobierno español de ayuda humanitaria no deja de ser una
prostitución de la idea de ayuda humanitaria. La protesta de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones internacionales con gran reputación no deja de ser un síntoma. Tenían la oportunidad, bajo la tutela de Naciones Unidas o de la
Unión Europea, de llevar ayuda humanitaria, pero no ha sido así. Y lo más grave, señorías, es que se intenta satanizar, se intenta provocar a aquellos pacíficos ciudadanos que han salido a la calle a protestar legítima y democráticamente. Fíjense
que aunque cientos de miles de personas han salido a la calle se ha registrado un bajo nivel de incidentes, han sido casi marginales y ustedes, con su maquinaria de propaganda y agitación, han intentado sistemáticamente criminalizar a la oposición,
criminalizar a los movimientos sociales y criminalizar a los ciudadanos en general. No es admisible y seguramente hablaremos largo y tendido, pero, señores de la mayoría y señores del Gobierno, tienen que cambiar su actitud, tienen que intentar
volver a los cauces de la legalidad, ya que si no todos creeremos sincera y trágicamente que la foto de A Terceira, de Azores, tenía un precio muy alto, un costo humano muy alto.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
En nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, como partido político firmante de esta proposición no de ley, quiero manifestar que votaremos afirmativamente. Una vez más, el Grupo Popular queda aislado parlamentariamente y quiero señalar
también que el nivel de votos que representamos los grupos que firmamos esta proposición no de ley es superior al del Grupo Popular. Reitero en nombre nuestro que esta guerra es ilegal, injusta e inmoral y, si tuviera que sintetizar en una sola
frase qué pretende esta iniciativa parlamentaria, diría que simplemente trata de que el Gobierno retorne a la legalidad, es decir, que el Gobierno retorne allí donde nunca debió salir. Decimos que esta es una guerra ilegal porque la Resolución 1441
en absoluto la autorizaba,
porque lo ha dicho Kofi Annan, porque dijeron que hacía falta una segunda resolución para que la misma fuera legal y porque nunca la Administración de Estados Unidos ni Bush han dicho que a partir de la 1441 se podía hacer la guerra. Y si
la guerra es ilegal, en la proposición no de ley planteamos tres cuestiones. Primera, la no participación de España en operaciones militares ilegales, que además están significando una tragedia humana. Segunda, la no aplicación automática del
convenio bilateral en Estados Unidos y por tanto la no autorización a las bases o al espacio aéreo. Y la tercera cuestión que planteamos es la necesidad de transparencia del Gobierno en relación con el Parlamento. Señoras y señores diputados, las
mayorías absolutas acostumbran a caer cuando las mismas niegan lo obvio, la realidad, pensando que la gente es tonta. Ayer tuvimos un ejemplo. Que se diga que operaciones bélicas son ayudas humanitarias o que el ministro de Defensa manifieste que
se puede haber efectuado o no el abastecimiento es una forma de intentar negar la realidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señores del Grupo Popular, están apoyando una guerra ilegal, sin base jurídica, como bien saben y se demuestra, como decía antes, por sus propios aliados a la hora de interpretar la Resolución 1441 cuando se aprobó, el 8 de noviembre. No
han manifestado las reales razones de esta guerra, aunque a día de hoy los ciudadanos tienen muy claro ya el porqué.
Es evidente que una guerra ilegal, según la Carta de Naciones Unidas, es una guerra de agresión y requiere exigir las
responsabilidades correspondientes, sean políticas o jurídicas. Fíjense que tienen la mayoría absoluta y lo han hecho a espaldas del Parlamento. Son responsables de lo que hoy estamos viendo, cooperadores necesarios de las llamadas operaciones de
conmoción y pavor, tan necesarios como los ejércitos británico y de Estados Unidos. Su misión militar no tiene nada de humanitaria, por mucho que lo repitan, no está bajo el mandato de Naciones Unidas ni es misión Petersberg ni cumple las
convenciones internacionales de Ginebra, porque estará al mando del ejército atacante y porque no va a asistir ni a la población iraquí ni a su ejército. No cumple las convenciones internacionales de Ginebra. Y por último, en defensa de los
derechos de la población iraquí y de la población del Estado español, no permitan lo que ni tan siquiera permite su ejército, operaciones de gran riesgo y gravedad para la integridad de las personas que habitan los núcleos poblacionales, las cuales
se han relatado hoy y que desde luego son denunciables e inadmisibles. Señores y señoras del Grupo Popular, esto es lo que ustedes están haciendo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta iniciativa pretende salir de esta ley de la selva en la que ustedes y los actuales gobiernos ingles y americano han convertido el derecho nacional e internacional, para lo que pedimos que se consulte a la Cámara, que se recupere el
papel de la Unión Europea y el de la ONU y que no se usen las bases para el ataque trilateral a Irak. El pasado 11 de febrero del presente año preguntábamos al Gobierno sobre el papel reservado a la base aérea de Zaragoza ante el inminente
conflicto bélico que se estaba planteando contra Irak. En la respuesta, fechada el pasado 10 de marzo, se afirma que hasta la fecha no había habido solicitud alguna del Gobierno norteamericano para la utilización de la base aérea de Zaragoza ni de
ninguna otra base española en un ataque contra Irak. La respuesta llega incumpliendo los plazos marcados por el Reglamento del Congreso de los Diputados y, por este motivo, dado que la guerra comenzó hace unos días, con esta proposición no de ley
queremos que no se permita utilizar ni la base aérea de Zaragoza ni ninguna otra, que no se den permisos para operaciones con un peligro potencial importante, como por ejemplo para el repostaje en vuelo de los bombarderos B-52 de las Fuerzas Armadas
norteamericanas sobre el espacio aéreo español, como está sucediendo y ha sucedido. Ya denunciábamos que el nuevo convenio firmado entre Estados Unidos y España iba a suponer una supeditación importante del Gobierno a los intereses norteamericanos
y una disminución real de las posibilidades de crecimiento económico del aeropuerto de Zaragoza y de todas las instalaciones aéreas del Estado. Consideramos que este nuevo convenio es una supeditación de los intereses generales a los intereses
específicos de Estados Unidos y lamentamos que se aprobase, en unas condiciones más que preocupantes, para la utilización de las instalaciones aéreas por parte de las fuerzas militares norteamericanas.
Pedimos el voto favorable a esta iniciativa conjunta de todos los grupos de la Cámara, dado que representamos a más ciudadanos de este Estado que el único partido no firmante.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
En turno de fijación de posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, nosotros queremos hacer un
análisis riguroso y en profundidad de la proposición no de ley que ha presentado la mayoría de los grupos de esta Cámara, un estudio serio y equilibrado para rechazarlo en todos sus puntos.
En primer lugar, señorías, ustedes ya intentaron discutir el papel de este Parlamento en situaciones de crisis en el anterior período de sesiones, cuando la guerra de Afganistán. Yo debatí en esta tribuna con el señor López Garrido.
Nosotros creemos -y ya lo dijimos entonces- que tratar de modificar la Constitución por la vía de una proposición no de ley no era ni mucho menos el cauce más adecuado. No se trata de que ustedes pongan o no en cuestión las competencias que tiene
el Gobierno en materia de política exterior, ya que con este tipo de iniciativas es evidente que las ponen. Señorías, nosotros creemos que los instrumentos constitucionales al servicio de esta Cámara y de la soberanía popular son más que
suficientes y todos los argumentos jurídicos y políticos que esgrimimos aquel día son perfectamente válidos y a ellos nos remitimos.
Nosotros, como Gobierno y como la mayoría que apoya al Gobierno, intentamos agotar todos los cauces razonables,
políticos y diplomáticos, en esta crisis. Una crisis de la que es exclusivamente responsable Sadam Husein y nadie más. Un país que está sometido a una dictadura bárbara y sanguinaria, un régimen sin escrúpulos que utiliza, sin ningún tipo de
pudor, a su propia población civil como escudos humanos.
En cuanto al tema de las bases, nosotros queremos decir varias cosas.
Nadie está hablando aquí de la utilización automática de las bases.
Ustedes parten de una premisa errónea. Ustedes parten de la premisa de que nosotros hacemos el mismo
análisis del conflicto que ustedes y no lo hacemos; es evidente. Para nosotros el conflicto no es ni ilegal ni ilegítimo, ya lo hemos dicho. Hemos dicho que era una intervención necesaria, porque después de 12 años de negativas constantes del
régimen de Sadam Husein a desarmarse era absolutamente imprescindible proceder a restablecer la totalidad del principio de legalidad internacional. Cuando nosotros consideramos que se trata de un conflicto razonable en este momento, que es un
conflicto legal, porque hemos dicho que había base para ello, es evidente que no podemos compartir el mismo análisis que ustedes. Nosotros dijimos, cuando hacíamos referencia a la Resolución 678, que entonces se empleaba el eufemismo onusiano de
utilizar todos los medios necesarios. En ninguna parte esa resolución hablaba de la utilización del uso de la fuerza. Tampoco lo hace la 1441. Ustedes se empeñan constantemente en hacer referencia a la 1441. Señorías, nosotros hablamos de todas
las resoluciones pertinentes: la 678, la 687, la 715, la 1284 y la 1441. Es el incumplimiento en cascada el que provoca esos efectos y no otra cosa. Hablan ustedes de que nosotros abandonamos la idea de la segunda resolución y siempre dijimos que
era deseable pero no necesaria. La segunda resolución era una necesidad política, por razones de opinión pública, por razones de política exterior.
Consideramos que tenemos que cumplir con las obligaciones derivadas de nuestras obligaciones contractuales internacionales. Hemos firmado tratados y debemos honrarlos, señorías. En este momento algunos portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra simplemente no han leído los teletipos esta tarde, cuando Dominique de Villepin, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, ha dicho en la Asamblea Nacional justamente hace unas horas que estaban autorizando el sobrevuelo de
aviones B-52 por territorio francés invocando una costumbre entre aliados. Señorías, nosotros no invocamos costumbres, invocamos tratados internacionales. Eso es lo serio. (Aplausos.)
Hablan ustedes de guerra unilateral, de ataque preventivo, del sistema eficaz que estaba poniéndose en marcha con respecto a las inspecciones.
No podemos compartir en absoluto ese análisis. Lo hemos dicho muchas veces. Llevamos 12 años en
el seno de la ONU, 12 años en la más multilateral de las instituciones y no hemos sido capaces de resolver el problema, porque no era una cuestión de más tiempo o de más medios; era una cuestión de voluntad, de voluntad clara, de voluntad firme, de
voluntad inequívoca por parte del régimen de Sadam Husein, y no se ha dado pura y simplemente. Es verdad que en un territorio de más de 440.000 kilómetros cuadrados sin el pleno apoyo y la plena cooperación de un Gobierno es imposible proceder a su
desarme. Hemos mencionado una y otra vez todos los ejemplos del pasado: Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, Sudáfrica, que en pocos meses y con un puñado de inspectores se desarmaron. Algunos tenían armas nucleares. Señorías, el incumplimiento se
mide también por cumplimiento parcial, por insuficiente. Lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas. Sabemos a ciencia cierta que Sadam Husein hasta ahora siempre ha cedido un poco cuando la presión aumentaba.
Lo hemos dicho hasta la saciedad.
En cuanto a la flotilla de apoyo humanitario, en 1991 -y nos pareció bien- fueron dos corbetas y una fraga, era una unidad de combate. Hoy va un buque de apoyo convertido en hospital flotante, un petrolero y una escolta, que es
absolutamente habitual y normal en estas cuestiones. Y la compañía de infantería de marina de 120 hombres difícilmente, señorías, con seriedad y rigor, puede ser considerada una unidad de ataque en una guerra de estas características. Señorías, ha
habido misiones humanitarias al margen de Naciones Unidas y al margen de la Unión Europea. No todas se inscriben en ese ámbito, y nosotros hemos participado en algunas. En cuanto al control de esta flotilla humanitaria española, está bajo el mando
directo del jefe del Estado Mayor de la Defensa, no bajo ningún tipo de mando aliado. Esa es la realidad y otra cosa es negar la evidencia.
En cuanto al apoyo a la población civil, ya lo hizo el hospital de campaña español en Bagram. De 10.000 tratados -lo dijo el ministro de Defensa-, 8.000 eran de la población civil. Respecto al regimiento alemán de descontaminación NBQ,
está en Kuwait en misiones humanitarias. ¿Por qué no le niegan ustedes a ese regimiento el carácter humanitario y sí a la flotilla española? ¿O es que acaso nosotros estamos en misiones de guerra con un hospital flotante y las Fuerzas Armadas
alemanas, con una unidad, con un regimiento NBQ, están en funciones humanitarias? Tan humanitarias son las de ellos como las nuestras. (Aplausos.)
Señorías, en cuanto a las cuestiones de emergencia humanitaria, recordemos varias cosas. Irak ha incumplido sistemáticamente durante 12 años no sólo las obligaciones de desarme, sino las resoluciones de contenido humanitario, colocando a su
población en una situación insostenible de emergencia alimentaria, sanitaria y humanitaria. Y lo sigue haciendo en este momento. Mientras hablamos en esta Cámara se están produciendo esfuerzos extraordinarios en el seno del Comité de Sanciones de
Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad por parte de algunos países para desbloquear parte del dinero del Programa petróleo por alimentos, casi 9.000 millones de dólares, señorías, y algunos países tienen ahí una posición que tendrán que
explicar algún día. En todo caso, también el ministro de Comercio de Irak ha dicho hoy que no aceptan la reiniciación del Programa petróleo por alimentos porque lo consideran una humillación; nuevamente esa actitud irresponsable y terrible del
régimen de Sadam Husein.
Señorías, nadie puede poner en duda que nuestras unidades prestarán todo el apoyo preciso y necesario a la población civil que lo requiera, incluso en sus órdenes está apoyar a desplazados y refugiados si eso fuera necesario. Nosotros
también queremos, como han hecho otros portavoces, especialmente el señor Guardans, hablar del día después, que es lo más necesario. Tenemos que hacer un análisis riguroso de lo que va a pasar en la región, y por tanto tenemos que hacer una
operación de mantenimiento de la paz, estabilizar el país y desde luego tratar de reconstruirlo plenamente para que Irak pueda por fin ver la luz de la libertad, cosa que no ha tenido en 45 años.
En cuanto al proceso de paz, señorías, pocos gobiernos habrá que durante esta crisis más hayan apoyado el proceso de paz. Lo ha hecho el presidente del Gobierno en Estados Unidos, lo ha hecho la ministra de Asuntos Exteriores en el Consejo
de Seguridad, hemos apoyado durante la presidencia española todos los esfuerzos del Cuarteto -es más, nace bajo presidencia española-, hemos impulsado la hoja de ruta, hemos sido uno de los países más activos en la construcción de la Autoridad
Nacional Palestina y en el impulso y defensa del proceso de paz en el seno del Consejo de Política Exterior de los Quince. No vamos a cejar en ese intento, porque es uno de los ejes de la política exterior española.
Seguimos deseando una solución
de dos Estados, dos Estados que vivan juntos, un Estado de Israel y un Estado palestino en paz y en cooperación para una paz justa, global y duradera, como rezan las resoluciones de Naciones Unidas.
Señorías, no puedo terminar sin hacer referencia a algo que nos ha causado profundo y hondo estupor. Hemos asistido esta tarde aquí, desde esta tribuna, a un ataque personal, que ha puesto en duda las convicciones y las características
profundamente democráticas de nuestro grupo y de nuestro partido, que no tiene absolutamente ninguna lección que recibir en materia de democracia de nadie, señorías, y menos del señor Anasagasti. (Aplausos.) Pero no es eso lo peor. Uno ya empieza
a pensar que el señor Anasagasti ha perdido el norte, porque lo que ha hecho hoy en esta tribuna es de una gran gravedad. Ha puesto en cuestión la alta institución del Estado, que es la Corona, en todas sus funciones, cuando las ha ejercido de
forma ejemplar a lo largo de toda la democracia de España. (Aplausos.) Usted ha faltado aquí profundamente al respeto a la Corona de España, y espero que todos los grupos de esta Cámara, especialmente el primer partido de la oposición, se despeguen
de esas manifestaciones que usted ha hecho, que son completamente intolerables, señoría. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Sometemos a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, sobre intervención del Parlamento en las decisiones
relativas a la participación de España en la crisis de Irak, que entiendo se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Entiendo que se somete a votación con la incorporación de la enmienda suscrita por todos menos por el nuestro y la incorporación de nuestra enmienda. Son dos enmiendas distintas, señora presidenta, y ambas se
incorporan al texto que se somete a votación.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, señor Guardans.
Se somete a votación, con la incorporación de las dos enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 146; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL AVE MADRID-ZARAGOZA-LLEIDA.
(Número de expediente 173/000189.)
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Comunico a la Cámara que la votación de las dos mociones, cuyo debate vamos a iniciar, se producirá al finalizar el debate de la segunda moción.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy vamos a debatir una moción que tiene como consecuencia técnicamente la interpelación que se debatió aquí la semana pasada, y digo técnicamente porque la semana pasada no asistimos a ningún debate sobre el tema que se había
traído sino al empecinamiento del señor Álvarez-Cascos en buscar culpables al margen de su Gobierno y en buscar la culpa de los retrasos en otros, muy especialmente en las filas de mi grupo.
En cualquier caso, nuestra moción es constructiva Y pretende que se haga una auditoría externa para que se logre una delimitación clara, una relación exacta de cuáles han sido los problemas que ha tenido esta línea, por ejemplo, qué
problemas ha habido en su construcción, en su señalización, en bloqueo, en haber desatendido a técnicos como los geólogos, etcétera, porque sólo mediante la detección de ellos será posible establecer las medidas a tomar y sobre todo -y no se debe
olvidar en ningún momento- las disposiciones económicas que se deberán tomar también para subsanar esos defectos y la repercusión que tendrán en el coste total de la línea entre Madrid y la frontera francesa.
No sé si se debe a que hoy se debatía la moción o a que había que hablar del tema del AVE en estos días, pero hemos escuchado, una vez más, la promesa de una nueva fecha de inauguración. Esa será una buena noticia para los que estén en la
campaña y en la carrera de la fecha de la inauguración, pero sólo lo será para el conjunto de los ciudadanos si se garantizan las condiciones de calidad y de seguridad necesarias e imprescindibles. Nosotros pedimos también que se delimiten las
responsabilidades de por qué no se han finalizado las obras en el momento comprometido. Lo pedimos con un argumento de autoridad. El día 22 de mayo de 2002 en este mismo hemiciclo el señor Álvarez-Cascos decía lo siguiente: Me gustaría que cuando
lleguen los vencimientos de los plazos cada uno asuma su responsabilidad y si alguien ha hecho informaciones insolventes que asuma la responsabilidad de ejercer de manera insolvente su profesión. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo por una
vez, y sin que sirva de precedente, con el señor Álvarez-Cascos. Aquí ha habido gente que con insolvencia ha informado de fechas de inauguración de la línea, por ejemplo, el 21 de diciembre. Aquí ha habido un ministro, el señor Álvarez-Cascos y
anteriormente el señor Arias-Salgado que han hablado de finalización de esa línea a finales de 2002. Por tanto, el señor Álvarez-Cascos ya sabe lo que tiene que hacer: asumir su responsabilidad y aplicar su doctrina sobre la insolvencia de sus
actuaciones, porque igual de insolvente ha resultado su manera de abordar las expropiaciones de los agricultores, cuyas tierras se han visto afectadas por el paso de la línea del AVE, y que se han visto inmersos en la contradicción entre las
promesas de Fomento sobre que no iban a pagar y las exigencias de Hacienda de que sí paguen. Por tanto, todo lo contrario de lo que promete el PP, más impuestos y más inseguridad. No obstante, como el que hace la doctrina quiere dictar también su
aplicación, mucho nos tememos que el señor ministro piensa que se agota la asunción de responsabilidades en el cese-dimisión del presidente del GIF, y esto simplemente es hacernos trampa. También debemos conocer las causas y motivos de ese
cese-dimisión.
Nuestra moción tiene cuatro puntos muy claros, como les he dicho antes: primero, la auditoría externa. No podemos asistir una vez más al conflicto entre GIF y RENFE. GIF no ha sabido hacer una obra que tenía encargada y a RENFE se le
apartó porque no se confió en ella para hacerla. Si queremos hacer la relación detallada exacta y exigir el cumplimiento, debe hacerse desde una auditoría externa. El compromiso de que esta línea iba a estar acabada y en funcionamiento a finales
del 2002 es del señor ministro, es del Gobierno del que forma parte y, por tanto, el incumplimiento es también del señor ministro y del Gobierno, les guste o no les guste; como es de los mismos la responsabilidad de garantizar la seguridad de la
línea. Hemos asistido a algún debate sobre la seguridad de la línea que yo creo que ha ido solo en detrimento justamente de esa propia línea de alta velocidad. No se puede entender que se haya construido una línea que en su momento se dijo que iba
a ser para ir a 300 kilómetros por hora, 350 posteriormente, y aunque ahora estemos asistiendo a la construcción de una línea que no va a pasar de 200 kilómetros por hora, nadie podrá entender que la seguridad no haya sido en cada metro de esa
línea, en cada momento de la construcción de esa línea, el principal objetivo, la máxima prioridad. Por tanto, nosotros le reclamamos al Gobierno menos propaganda, más cumplimientos y sobre todo una cosa: cuando el señor Álvarez-Cascos vuelva a
tener la tentación de hablar de doble moral en esta Cámara mirando a otros lados del hemiciclo, debería empezar por mirar los suyos propios y asumir su propia responsabilidad, porque doble moral es hablar de insolvencia para criticar a otros y luego
no cumplir con sus propias exigencias.
El Gobierno tiene hoy la obligación de restituir la credibilidad en sus promesas sobre la fecha de inauguración, porque nadie hoy cree ya en cualquiera de las promesas que se hace desde el Gobierno, y sólo se podrá devolver esa confianza a
los ciudadanos en que una línea no vaya a tener problemas si se hace con el método que hoy proponemos aquí. Con su manera de hacer las cosas no se va a conseguir, porque esa tentación de ir dando nuevas y sucesivas fechas de inauguración de la
línea es una falta de respeto absoluta a todos los ciudadanos que estamos pendientes de poder usar esa línea. Además el Gobierno tendría que explicar en algún momento no solo la responsabilidad de las empresas, que también, y así lo dice nuestra
moción, sino por qué hemos tenido que reducir la expectativa de velocidad, por qué aquellas promesas de que íbamos a ser los primeros y los más rápidos de Europa han acabado en una velocidad alta como mucho.
Ustedes estaban avisados. Señores del
Gobierno, lo sabían. Se les había dicho por los técnicos. Se les había dicho por el Tribunal de Cuentas, que les advirtió en su primer informe que no se iba a finalizar la obra en el 2002. Sin embargo, a los señores del Gobierno les obnubiló esa
vorágine en la que se pusieron de colocar primeras traviesas, doce veces cada primera traviesa, cortar cintas, inaugurar, hacerse fotos, y eso les quitó la posibilidad de escuchar a nadie. Por lo que hoy hemos podido leer sobre la rueda de prensa
de ayer de don Benigno Blanco, parece ser que ahora lo vamos a centrar todo en la señalización, pero parece también que no vamos a hacer caso de los reproches o de los avisos que están haciendo los geólogos. Entonces, difícil arreglo será si no
vamos a la base que ha de sustentar todas las reparaciones para solucionar los problemas que han surgido en la línea. Como no escuchan, aquello que se dijo en algún momento de que el mejor ministro de Fomento de la democracia estaba aquí presente,
si se abriese un concurso desde luego no lo iba a ganar el señor Álvarez-Cascos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Ya sabemos, pues lo estamos viendo día a día, que para los partidarios de la agitación todo vale, menos la fuerza de los argumentos y el rigor de los datos. Nos encontramos en una etapa de diálogo infinito, pero de tolerancia cero;
tolerancia cero para el retraso de unos pocos meses, en una obra que tiene un plazo de ejecución de 84 meses. La gente razonable entiende que este es un retraso técnico que, desde luego, resiste la comparación con el retraso político con el que
llegan estas obras, que es de 12 años, porque la gente no entiende que el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona no se hiciera al mismo tiempo que el Madrid-Sevilla, que, desde luego, no es el camino más directo para unirse a la Unión Europea. Los
que han presentado esta moción hablan con el desparpajo propio del que no ha gobernado nunca, no hace tanto como para no recordar que en 14 años de Gobierno sólo les dio tiempo a hacer 470 kilómetros de alta velocidad -el AVE Madrid-Sevilla para
viajeros, con alguna ramificación de otras mercancías hacia Suiza-, mientras que el Gobierno del Partido Popular, en la mitad de plazo, tiene puesta en marcha la construcción de 4.000 kilómetros. Comparemos 470 kilómetros en 14 años y 4.000
kilómetros en la mitad de tiempo. Parece que tampoco recuerdan las dificultades e incidencias de todo tipo que surgieron en el AVE Madrid-Sevilla; por ejemplo, en el tramo de Madrid-Córdoba, todavía había dos pasos a nivel que cruzaban la ciudad,
y la velocidad de entrada del AVE Madrid-Sevilla fue muy inferior a la que luego alcanzó cuando entró en pleno funcionamiento.
Los partidarios de la tolerancia cero han aprovechado este retraso para lanzar todo tipo de insidias y hacer una campaña de desprestigio contra los profesionales y las empresas adjudicatarias del AVE, que han obligado a la junta de gobierno
del Colegio de Ingenieros de Caminos a aclarar ante la opinión pública que los proyectos y los trabajos han sido dirigidos por equipos multidisciplinares y que, en todo momento, han estado supervisados y autorizados por los colegios competentes, al
igual que el AVE Madrid-Sevilla, para que luego no se nos acuse de la politización de esos trabajos. Y el Colegio de Geólogos, al que usted hace referencia, señora diputada, hizo unas alegaciones que se estimaron en el trámite de estudio previo
-que no se presentaron en el trámite de información pública-, y luego, cuando las obras estuvieron finalizadas, presentó una serie de observaciones que estaban en contra de las que formuló en el trámite de estudio previo.
También podemos comparar las previsiones de unos y otros. Señora diputada, todos nos equivocamos en las previsiones, pero unos más que otros. El señor Borrell, ex ministro de Obras Públicas, aseguraba que las primeras obras de las líneas
del AVE Madrid-Barcelona se adjudicarían en el año 1993, y lo decía el 29 de abril del año 1992, cuando también aseguraba que el AVE Madrid-Barcelona entraría en servicio en el año 1998.
Probablemente, algunos desvíos presupuestarios, incluidos los
de Suiza, retrasaron predicciones tan optimistas, y es que el optimismo en las previsiones es un pecado que suele acompañar el deseo de satisfacer a los ciudadanos; lo que pasa es que hay optimismos
veniales -el de uno pocos meses- y optimismos como el del señor Borrell.
Si se trata de satisfacer a los ciudadanos, permítanme, señorías, otra comparación. El Gobierno socialista no puso en funcionamiento el AVE Madrid-Córdoba o el Madrid-Ciudad Real, hasta que no estuvo finalizada la totalidad de la línea de
alta velocidad Madrid-Sevilla. No es el caso de Lleida-Zaragoza, donde la llegada de la alta velocidad no tendrá que esperar a la construcción de la totalidad de la línea Madrid-Barcelona, prevista para el 2004. Por eso, los leridanos valoran el
esfuerzo de este Gobierno y un 70 por ciento ha mostrado en una encuesta su satisfacción con el AVE, a cuya llegada y cumplimiento de plazos no ha colaborado el alcalde precisamente de Lleida, socialista, que publicó un decreto de paralización de
las obras y, a título informativo, le rogaría señora diputada me dijera si todavía está vigente. Y desde luego no ha colaborado en las obras y mejoras conseguidas para nuestra ciudad, de las que se han logrado todas menos el cruce del AVE bajo el
río Segre y la segunda estación, gracias precisamente a que el Ministerio de Fomento mantuvo vivo el diálogo con el Grupo del Partido Popular de Lleida, que todos los demás grupos políticos, especialmente el del señor Siurana, habían interrumpido.
Es cierto, por último -y lo podemos comparar-, que las obras del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida han sufrido algunos incrementos, fiscalizados están por el Tribunal de Cuentas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Llorens, su tiempo ha concluido.
El señor LLORENS TORRES: Han sufrido un incremento del orden del 12 por ciento. Los desvíos del 70 ó del 160 por ciento están en el Juzgado de Instrucción número 39.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Llorens, debe finalizar su intervención.
El señor LLORENS TORRES: Por último, si me permite... (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Sabe S.S. que en las mociones el tiempo es computado de forma estricta, señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: No aceptamos el sentido de su moción, porque tendría que haber leído la nuestra de sustitución. Espero que usted acepte la enmienda presentada por el Grupo Popular porque va encaminada precisamente a corregir los
retrasos antes de junio, que es lo que nos debería preocupar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Llorens, no está en el uso de la palabra. (Aplausos.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción consecuencia de interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, la va a apoyar, entre otras cosas, porque lo que se está
solicitando en esta moción es, fundamentalmente, información a esta Cámara. Primero, que se averigüe qué es lo que ha ocurrido realmente en la puesta en funcionamiento del tren de alta velocidad Madrid-Lleida y, después, que se mantenga
permanentemente informada a esta Cámara de cuáles han sido las razones, los problemas y los incidentes o accidentes que se han planteado. Señorías, cuando se estaba acusando a todo el mundo de que se estaba torpedeando -incluso en esta tribuna el
interviniente anterior ha hecho referencia a insidias por parte de los profesionales- han empezado a surgir los problemas y se tuvieron que suspender los viajes propagandísticos -por llamarlos de alguna forma- que se estaban realizando para dar a
conocer la línea.
Se sabe que ha habido prisa por parte del Ministerio de Fomento para inaugurar esta línea; se conoce, se sabe. Se sabe del interés que tenía el ministro de Fomento en ponerla en marcha, a pesar de que le estaban diciendo sus propios
técnicos que la línea no estaba en condiciones de hacer los viajes promocionales. Además, señorías, detrás de todas cosas hay también situaciones extrañas, al menos de momento, en cuanto a las contrataciones y subcontrataciones de determinadas
empresas, no solamente para la construcción de la obra sino también para los sistemas de señalización y seguridad; empresas a las que se les han adjudicado ya otro tipo de contratos en otras comunidades autónomas del Estado español y que han tenido
los mismos problemas, los mismos fallos y los mismos retrasos de los que hoy se está hablando en la línea de alta velocidad Madrid-Lleida. Por tanto, señorías, es necesario que se haga esa investigación por parte del Ministerio de Fomento, entre
otras cosas, para garantizar que la puesta en funcionamiento de esta línea se haga con todas las garantías, no solo de seguridad, sino que se garantice que no volverán a producirse agujeros, porque ustedes dirán que los geólogos no actuaron en su
momento, pero que están ahí. Se ha echado las culpas a todo el mundo, menos al Ministerio de Fomento, que es el que tiene la responsabilidad de esta obra. Desde mi grupo parlamentario creemos que es necesario que se conozcan. No nos sirven las
argumentaciones o las excusas ni de los retrasos técnicos, ni de la tolerancia cero ni de que en las estimaciones todo el mundo se equivoca, entre otras cosas, señorías, porque no solamente se equivocan en las estimaciones, sino que, además,
siguen ustedes manteniendo el error. Siguen manteniendo el error por parte del Ministerio de Fomento y siguen ustedes planteando la inauguración inmediata sin tener todas las garantías necesarias. Nos parecería lógico que alguien se
quisiera colocar la medallita -entre comillas- de haber acabado una gestión o haber inaugurado una línea de alta velocidad, como es el caso, en esta legislatura; pero desde luego eso no puede ir nunca en detrimento del buen funcionamiento y de la
seguridad de la propia línea, entre otras cosas porque esa es la garantía para los ciudadanos y ciudadanas que la vayan a utilizar.
Sería conveniente, adecuado y además hasta sano para esta Cámara que se aprobara hoy esta moción y no solamente se empezara a informar sino que además se abriera la investigación que nos permitiera conocer, si no en su totalidad sí en una
parte importante, cuáles han sido los problemas que han causado la situación que hoy se tiene en esta línea. La negación de que existía ese tipo de problemas es lo que ha llevado a la situación que ustedes padecen hoy, no la oposición ni las
críticas que se hayan podido hacer desde otros grupos: sencillamente su propia incompetencia o su afán de querer hacer inauguraciones previas a las campañas electorales. Ahí es donde está el error, no en las exigencias ni en el control que hace la
oposición.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Sí, gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo no va a apoyar la presente moción, nos vamos a abstener porque aunque lo que ahora se está diciendo es muy interesante, que se haga todo lo que se dice en la moción, lo que ésta hace es repetir con más palabras, con otras
palabras, con más retórica o con algún elemento nuevo, lo que ya se aprobó hace 15 días en la moción que nuestro grupo presentó, en cuyo punto dos, que fue aprobado, quedaba bien claro que debería realizarse un completo y detallado análisis sobre
todo lo que ha pasado en la línea Madrid-Lleida.
Verdaderamente, señorías, da la impresión de que aquí todo el mundo lo sabe todo pero no sabemos muchas de las cosas que han pasado. Esperemos que después de las reuniones que ha tenido el ministerio -ayer ya hubo una rueda de prensa- se
nos explique en Comisión todo lo que puede haber sucedido. Sin embargo, quisiera comentar dos o tres cosas. Me sabe muy mal que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos diga -en otros muchos momentos también se ha dicho- que en esta
línea, donde tiene que ser teóricamente máxima la velocidad punta de 350 ya no puede ser de 350 porque no va, porque está mal, desprestigiando así, incluso en estos momentos, la propia línea. Se deberían saber -al menos algunos lo saben,
precisamente los que estuvimos en las reuniones- que podría cumplirse en el punto cuatro de la moción que se nos presenta. Reuniones que ya se realizaron cuando el secretario de Estado explicó varias veces en varias comparecencias en Comisión
cuáles eran las condiciones de compra de los trenes que iban a circular a 350 kilómetros y cuya entrega tiene que efectuarse en el año 2004. Por tanto actualmente no pueden correr trenes a 350 o a 300 kilómetros porque no existen entre el material
que pueda tener la compañía RENFE en su parque. Estamos hablando de muchísimas cosas pero yo guardo algo en mi memoria -llevo muchísimos años en esta casa- y he de decir que ahora todo el mundo está apuntado al ancho europeo, al tren que llamamos
de alta velocidad cuando en realidad lo que sucede es que estamos transformando el ancho de vía convencional al europeo. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en la primavera del año 1989 el entonces ministro de Transportes, don Abel Caballero,
me contestaba en Comisión, cuando le presenté el proyecto de viabilidad del tren de alta velocidad desde Barcelona a la frontera francesa que en España, que ni aunque se tuviese el dinero, se cambiaría un solo raíl para pasar del ancho convencional
al ancho europeo. Tres meses después hubo cambio de ministro, entró el señor Barrionuevo y el 9 de noviembre salía el decreto de construcción del AVE Madrid-Sevilla y también se daba prioridad al Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-frontera francesa.
Esta es la línea; desde Madrid hasta la frontera francesa, pasando por Barcelona, Lleida y Zaragoza. Ahora nos viene a todo el mundo la fiebre y entonces se estaba negando el ancho europeo. Verdaderamente, Madrid-Zaragoza-Lleida fue el primer
paso, que ha tenido problemas que hay que corregir y quien debe hacerlo es el propio ministerio, las empresas constructoras, que son las que tienen responsabilidad sobre ello y por lo cual tienen una serie de garantías y de obligaciones
contractuales. Son ellos los que las tienen que cumplir, dentro de la órbita del ministerio. No tiene que venir gente del exterior, no tiene que hacerse una auditoría exterior, creemos, por cuanto ello puede retrasar mucho poner en funcionamiento
la línea.
Señorías, es muy importante pasar a ancho europeo toda la gran velocidad del ferrocarril en España; por lo tanto, seamos conscientes de que tenemos que ser más responsables y no usar la guerrilla de una cosa contra otra. También hubo sus
cosas en la construcción del AVE Madrid-Sevilla. Ahora han surgido una serie de inconvenientes en la zona de Zaragoza a Lleida y lo que debemos hacer es resolverlos y ayudar todos a dar seguridad a la línea, que es lo que verdaderamente debemos
lograr.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
Señora Cunillera, a los efectos exclusivos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Justamente por responsabilidad, como decía el señor Sedó, aceptaríamos la enmienda del Grupo Popular si fuera de adición. Como es de supresión, no la podemos aceptar, porque eso sería desvirtuar lo que es absolutamente razonable.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Cunillera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA POSTURA DE ESPAÑA ANTE UN POSIBLE ATAQUE MILITAR SOBRE IRAK. (Número de expediente 173/000190.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles 12 de marzo presentábamos una moción como consecuencia de la interpelación que discutimos entonces y lo hacíamos todavía convencidos de que se podía parar la guerra, convencidos de que todavía se podía escuchar
la petición de más tiempo que solicitaban los inspectores de Naciones Unidas, convencidos de que todavía se podía escuchar a la mayoría de países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que negaban automatismo a la Resolución 1441 y que pedían
más tiempo para la diplomacia. Lo hacíamos, en definitiva, convencidos de que se podía imponer al fin la racionalidad y de que al menos nuestro Gobierno podía situarse del lado de la paz.
Sólo han pasado dos semanas y nuestra moción se ha quedado vieja, se ha quedado tristemente superada por los acontecimientos y por el empecinamiento del Partido Popular, empeñado en entrar en la historia al lado del guerrero presidente de
los Estados Unidos. La realidad es que no se ha renunciado al uso de la fuerza, la realidad es que se ha autorizado el uso de las bases españolas y también es ya una realidad que España está involucrada en un conflicto militar. Se ha iniciado una
guerra con la excusa de una interpretación unilateral de una resolución de Naciones Unidas, interpretación que ni siquiera ha podido ser aprobada por mayoría en el órgano que la aprobó, sino que han sido Estados Unidos, Gran Bretaña y España
quienes, al margen cuando no en contra de la mayoría, de 11 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, han conseguido un automatismo que no tiene la Resolución 1441. Para estos países nada han valido las afirmaciones del propio secretario
general de Naciones Unidas, nada ha valido cualquier cosa que no fuesen sus intereses de avanzar hacia el conflicto militar, nada ha valido la opinión de los propios inspectores de Naciones Unidas solicitando más tiempo.
La decisión se hizo pública en las islas Azores, aunque estaba adoptada desde hace más tiempo, en un acto fuera de cualquier organismo internacional, para dejar más en evidencia que quienes declaraban la guerra eran los tres países allí
reunidos. Por tanto, mantener que existe en estos momentos un respaldo a esta guerra en Naciones Unidas no es sino hacer un gesto más que humilla a las propias Naciones Unidas, ya que se le niega incluso la posibilidad de interpretar sus propias
resoluciones, de interpretar su propia legalidad. ¿Alguien se puede imaginar que, por ejemplo, los palestinos declaren unilateralmente su independencia en aplicación de resoluciones ya adoptadas por Naciones Unidas? Evidentemente, todos los países
de Naciones Unidas se volverían en contra de esa declaración unilateral de independencia. Pues bien, eso es lo que han hecho Estados Unidos, Gran Bretaña y España, iniciando una guerra con un aval que se han concedido ellos de forma exclusiva.
Estamos asistiendo, señorías, a una guerra a la que en principio no se quería llamar por su nombre. Hemos asistido a largas intervenciones en esta tribuna en las que casualmente no se pronunciaba la palabra guerra por parte del Grupo
Popular; ha tenido que ser cuando aparecen los primeros prisioneros de Estados Unidos cuando el presidente Bush empieza a decir que se trate como prisioneros de guerra a esos soldados americanos. Es cuando se empieza a reconocer que estamos ante
una guerra, ante una situación de guerra que el Gobierno español no quería reconocer.
Pues bien, si estamos en una guerra, en una guerra hay bandos en conflicto, hay bandos que luchan militarmente y también hay tropas humanitarias, pero éstas
últimas se distinguen porque son reconocidas como tales y porque no están sujetas a ningún mando operativo militar al servicio de ninguno de los contendientes. Por ello, cuando el Gobierno de Irak plantea y admite la necesidad de dar un trato
humanitario a los prisioneros habla de entregarlos a las fuerzas de Cruz Roja. Para nada habla de entregarlos a las fuerzas españolas, porque esas fuerzas, señorías, no son fuerzas humanitarias, son fuerzas de apoyo al operativo militar encabezado
por Estados Unidos, con quienes estarán coordinadas.
Son por tanto partícipes de una acción de guerra como lo están en otras tareas. Porque es evidente, señorías, que para que un soldado pueda disparar una bala, para que un misil pueda ser lanzado
o para que una columna de tanques pueda avanzar se necesita toda una serie de
fuerzas auxiliares que las atienda y las apoye. Por tanto, no se juegue con las palabras. Las tropas españolas no llevarán ni el casco azul de Naciones Unidas ni la cruz roja de las tropas realmente humanitarias y serán objetivo militar
del ejército iraquí. Por cierto, nos gustaría saber si las tropas españolas, si son atacadas, tienen la orden de no disparar o si el Gobierno iraquí las ha reconocido públicamente como tropas humanitarias y se ha comprometido a no atacarlas.
Es más que evidente que las tropas españolas están participando en una guerra y que además lo hacen sin autorización expresa de las Cortes Generales y sin la obligatoria firma del Rey, a quien corresponde, según el artículo 63.3 de la
Constitución, declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales. Señorías, el Gobierno ha usurpado las funciones que le corresponden a este Parlamento. Por eso, para nosotros, en estos momentos, defender la legalidad
es defender la Constitución, defender la propia dignidad de este Parlamento. No es algo casual que la Constitución determine que sean las Cortes quienes tengan que autorizar la participación de España en una guerra. Estamos hablando del acto más
duro, del acto más difícil que puede adoptar cualquier Estado: participar en un conflicto militar. Participar en una guerra es el gesto más grave que puede llevar a cabo un Estado y por eso entendemos que es la Constitución quien encarga a las
Cortes que adopten esa decisión. Y ustedes han usurpado ese papel. Estamos participando en un conflicto militar y ha sido solamente el Gobierno quien ha determinado esa participación, al margen de cualquier autorización de estas Cortes Generales.
Por eso hemos sustituido esa moción antigua por otra en la cual reclamamos que este Congreso inicie un conflicto en términos constitucionales con el Gobierno de la nación, en los términos establecidos en el artículo 73 y siguientes de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, sobre la base de la invasión de competencias de las Cortes, artículo 63.3, al decidir participar en una contienda sin el consentimiento de las Cortes y sin la declaración formal de guerra que corresponde al Rey.
Señorías, con esta iniciativa defendemos la dignidad de esta Cámara, defendemos en definitiva que esta Cámara asuma sus propias competencias y plante cara a una realidad que le ha sido usurpada.
Señores del Grupo Popular, quiero terminar esta intervención con una frase que ya dijo Unamuno en su día: Con toda seguridad esta guerra la podréis vencer, pero también con toda seguridad en esta guerra no váis a convencer.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervendré con toda brevedad para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego ante esta moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al gravísimo problema suscitado por la agresión militar que
actualmente está sufriendo Irak y desde luego por la posición del Gobierno de incondicional apoyo a esta agresión, incluida su implicación directa, en nuestra opinión, a todas luces injustificable e ilegal. El Gobierno del Partido Popular ha
decidido implicarse a fondo en esta guerra no sólo contra los deseos de la mayoría de la población, sino saltándose las propias disposiciones constitucionales que fijan con claridad las formas en las que un Gobierno puede implicarse en un conflicto
armado de esta naturaleza.
En este sentido, resulta interesante el contenido de la moción de Izquierda Unida, que insta a iniciar un conflicto de competencias tras la reiterada negativa del Gobierno a seguir las pautas considerablemente establecidas y a pesar de las
reiteradas demandas que la mayoría de la sociedad le hace. La verdad es que para nosotros el apoyo a esta guerra contra Irak es políticamente indefendible. La ocultación del alcance de la implicación real en el conflicto es políticamente cobarde y
la negativa a respetar lo establecido en la propia Constitución es inadmisible en un Estado democrático. Esta guerra para nosotros es algo grave y defender el no a la guerra requiere a veces utilizar todos los recursos que democráticamente estén a
nuestro alcance. Y este puede ser uno de ellos. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego va votar favorablemente esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente para decir que nosotros no podemos compartir el planteamiento de esta iniciativa, aunque la respetamos. Entendemos que es cierto -y es el punto donde realmente podemos coincidir con el grupo proponente- que hay una
indefinición grave en el marco constitucional y en el desarrollo que de ese marco se está haciendo sobre lo que es estar en guerra, lo que no es estar en guerra, quién es beligerante, quién no lo es, quién está dentro y quién está fuera. A eso
contribuye el contraste entre la actitud política de algunos y sus discursos políticos y las decisiones políticas que de ahí se desprenden. Nos parece que esto no está claro para saber exactamente quién está de un lado y quién está de otro.
Plantear en este momento un abierto
conflicto de competencias entre esta Cámara y el Gobierno por no haber declarado la guerra nos parece un salto que mi grupo en este momento no considera oportuno dar.
Por tanto, aun respetando que efectivamente en algún momento todas las fuerzas políticas tendremos que sentarnos y aclarar exactamente dónde está cada cual y cómo se articulan realmente estas situaciones de indefinición de lo que es un
conflicto bélico que, aunque es cierto que se han dado en el pasado, en este caso no hay ningún tipo de organismo internacional que lo legitime, nosotros pensamos que no es oportuno que demos nuestro apoyo a este texto.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, yo quisiera comenzar refiriéndome a unas palabras que he escuchado y que me han extrañado en boca del señor De Arístegui.
Señor De Arístegui, usted sabe que yo no le considero para nada un fascista. Por el contrario, hemos tenido debates en estos últimos días en medios de comunicación y usted se ha comportado con fairplay razonablemente. No le considero en
absoluto un fascista, pero usted ha dicho algo muy grave esta tarde en su intervención -imagino que usted será quien haga uso de la palabra después de mí- cuando usted ha dicho que este no es un problema de legalidad ni de legitimidad, que es un
problema de necesidad política. Usted ha invocado el principio de la necesidad. Le he escuchado decir que este es un tema de necesidad política. (El señor De Arístegui y San Román hace signos negativos.) ¿No ha dicho usted que es un tema de
necesidad política? Pues me alegro de no tener que referirme a un principio que sí me ha parecido escucharle y que fue invocado en su momento por el teórico del fascismo, como usted sabe, Karl Schmidt, y que justificó toda la teoría del
totalitarismo. Y cuando se abandona la legalidad, cuando se abandona la legitimidad, se desemboca en eso. Precisamente ese es el problema. El problema es que estamos ante un tema de legalidad y de legitimidad, donde se basa cualquier política
democrática. Y, afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial se logró elevar ese principio incluso a la comunidad internacional.
El problema es que la intervención en Irak, el ataque preventivo a Irak, apoyado por el Gobierno del Partido Popular, es un ataque ilegal, absolutamente ilegal. Por muchas resoluciones que ustedes invoquen, por encima de todas ellas, para
empezar, tenemos la Carta de Naciones Unidas, que está por encima de todos los tratados internacionales. Y la Carta de Naciones Unidas dice muy claramente que no se puede invadir ni agredir un país si no hay un acuerdo explícito del Consejo de
Seguridad. A mí me gustaría que me dijera, señor Arístegui, cuando luego intervenga, si le parecería lógico que, en vez de Estados Unidos haber decidido hacer lo que ha hecho, lo hubiera decidido China. ¿Usted cree que realmente la Resolución 1441
decía: A partir de ahora, cuando cualquier Estado considere que Irak está incumpliéndola puede intervenir? ¿Eso es lo que dice la 1441? Y ustedes han defendido eso, en relación con Estados Unidos. Han defendido que Estados Unidos, cuando
considere oportuno, y lo ha considerado oportuno hace unos días, puede intervenir sin una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Por qué no lo podría haber hecho China, o Turquía, a la que le han dicho: Cuidado, no entre. Hasta aquí podíamos
llegar, dijo ayer el señor Trillo. Cualquier Estado podría hacer eso. Si ustedes defienden en el futuro que, cuando haya una resolución como la 1441, en cuanto que un Estado considere que se ha incumplido, interviene, estamos listos. Porque, ¿por
qué no puede ser otro país que no sea Estados Unidos? Podía haber intervenido cualquier otro país: Italia, Senegal, Guinea; cualquiera. Si considera que ha incumplido la resolución, interviene.
Desgraciadamente, este es un tema de legalidad internacional. Este es un acto, un ataque, ilegal, y tiene un problema de raíz, un pecado originario, que tristemente, a pesar de la buena intención de la moción de Izquierda Unida, no se puede
sanar en un conflicto interno procesal ante el Tribunal Constitucional. No es un asunto que se pueda sanar internamente, porque la raíz viene de un problema de legalidad internacional, cuando claramente las resoluciones dicen que tiene que reunirse
de nuevo el Consejo de Seguridad para poder, en su caso, hacer uso de la fuerza. Ese es el problema de fondo.
Es verdad que el Gobierno ha obviado el Parlamento, pero es que incluso este Parlamento no podría autorizar algo que es ilegal; por eso es algo que no puede solucionarse en un plano interno, en un plano procesal, ante el Tribunal
Constitucional. Este es un tema de solución política. Además, el conflicto de competencias requeriría mucho tiempo y estamos ante una situación dramática, está muriendo gente ahora mismo. Y eso solamente tiene dos vías: en lo internacional, la
vuelta al ámbito de Naciones Unidas, que retome la cuestión el Consejo de Seguridad. Y en lo interno, que ustedes decidan que esta guerra es una guerra ilegal, que hay que pararla y sacar a España de la guerra. Y eso no es un tema del Rey, no es
ya un tema del presidente del Gobierno o del Gobierno, es un tema de los 183 diputados y diputadas del Grupo Popular, de esta mayoría absoluta que se niega a que pare la guerra y a sacar a España de la guerra. Porque, con su mayoría, ustedes
podrían hacerlo, podrían sacar a España de esa
guerra. Este es el problema político de fondo que hay. Y la oposición y los ciudadanos, entre ellos, por cierto, el ciudadano Pedro Almodóvar, al que felicitamos por su valiente intervención y por su apoyo a quienes están saliendo a la
calle a defender la paz, van a reiterarlo y van a seguir denunciándolo machaconamente, tan machaconamente como están cayendo las bombas en Irak, segando la vida de decenas y de centenares de seres humanos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor López Garrido.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, señor López Garrido, en primer lugar le quiero agradecer que no me considere usted un fascista, porque para empezar mi abuelo era embajador de la República y se estaría
retorciendo en la tumba en este momento si usted me hubiese dicho eso, porque además me considero un profundo demócrata, como todo mi grupo parlamentario. (Aplausos.)
Señorías, yendo al fondo de la cuestión, que es lo importante esta tarde, España no está en guerra. España no ha declarado una guerra y desde luego nosotros no creemos que estemos en guerra, en absoluto. Ni siquiera hemos roto relaciones
diplomáticas con Irak, que es normalmente el primer paso cuando se hace un acto formal de declaración de guerra. Eso no ha ocurrido, señorías.
Antecedentes, que son importantes en este caso. Hemos visto que a lo largo de la historia reciente se han producido intervenciones militares sin declaración de guerra, que es de lo que estamos hablando en esta Cámara esta tarde. Vamos a
hablar de eso. ¿Cuándo se ha declarado una guerra en toda la democracia española? En ningún caso. No se hizo en Afganistán, ni en la segunda guerra del Golfo, ni en Kosovo, ni en Bosnia, nunca.
Estamos hablando de lo que ha planteado Izquierda
Unida esta tarde, no de otra cosa. Hay que decir con toda claridad que en el caso de Kosovo se intervino sin mandato de Naciones Unidas; por tanto, según usted eso era claramente ilegal.
Me voy a centrar en el discurso de Izquierda Unida, que es el autor de la moción. Hablaban ustedes de argucias semánticas en la anterior intervención. ¿Qué mayor argucia semántica que andar diciendo que el Gobierno de España es ilegítimo y
después decir que es la segunda acepción de no se sabe qué diccionario para decir que no es grave? Decir que es ilegítimo el Gobierno es negar la legitimidad al sistema democrático. Es así de sencillo. Ustedes están tratando de convencer a la
opinión pública, señorías, y esto es lo grave, de que este es un sistema democrático asambleario, de democracia directa, en el que no vale la representación. Este es un sistema representativo, señorías. La soberanía de la nación está aquí, en esta
Cámara. Y ustedes están negando esa realidad al decir que el Gobierno es ilegítimo. Principio de legalidad hasta el fin. Yo tengo una interpretación distinta de la legalidad de la que tienen ustedes. Es legítimo y yo creo que ese es exactamente
el punto. No diga usted, ninguno de ustedes, que, porque nosotros defendemos una interpretación legal distinta, lo nuestro es ilegal e ilegítimo. ¿Por qué? Es simplemente distinta de su opinión. Nada más, señorías.
Ahora vamos a hablar de otra cosa. Se están produciendo gravísimos acontecimientos. Acaba de producirse una agresión contra el señor Alberto Fernández Díaz. Se acaba de producir una grave agresión contra su persona y esta es la realidad
de todos estos días en España, señorías, porque algunos partidos como Izquierda Unida están diciendo que condenan, y se lo agradecemos, créanme que se lo agradecemos, pero al mismo tiempo están ustedes agitando a la sociedad española, lo están
haciendo constantemente. A una de las personas más perseguidas de España por ETA, que es Carlos Iturgaiz, su gente en Izquierda Unida del País Vasco le ha llamado asesino, señorías. (El señor Gil Lázaro muestra distintas fotocopias.-Rumores.) ¡Qué
paradoja, qué ironía, señorías, que a Carlos Iturgaiz le llamen asesino! ¡Es de verdad increíble!
Además de las condenas, que agradecemos profundamente, de verdad que se las agradecemos, queremos solidaridad. La sede del Partido Popular en Cataluña, en Barcelona, lleva diez días cerrada. Y a nosotros nos gustaría que nos apoyaran otros
partidos y que dijeran públicamente, en la calle y en los medios de comunicación, que eso es inaceptable e intolerable y que nos tienen que dejar expresar, igual que a cualquiera, nuestro punto de vista, que es tan legítimo como el que más.
Queremos poder expresarlo, justo, además, en vísperas de unas elecciones, porque nuestros candidatos, nuestros militantes e incluso quizás hasta nuestros votantes empiezan a sentirse amedrentados. No quiero quitarle ni restarle un ápice de
importancia al agradecimiento y le quiero volver a reiterar al Grupo Socialista, a Izquierda Unida y a los demás partidos que han manifestado su solidaridad nuestro agradecimiento y reconocimiento por la condena, de verdad, pero queremos solidaridad
y queremos que sean más contundentes y más numerosas. (Aplausos.-Rumores.)
Señorías, se han producido insultos contra el presidente del Gobierno de España. Le han llamado asesino, algunos incluso pirata y eso también es deslegitimar al Gobierno de España y eso es grave. Nosotros volvemos a reiterar que la
legitimidad del Gobierno es absoluta desde el día que se le elige hasta que entrega el testigo al siguiente Gobierno. Esa es la grandeza de la democracia y lo que nosotros vamos a defender
hasta el último día de esta legislatura, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Arístegui. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 111; en contra, 173; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 22; en contra, 191; abstenciones, 85.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Rumores.)
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.