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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 216, de 17/12/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 216
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 209
celebrada el martes, 17 de diciembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10893)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
217-1, de 8 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000192.) ... (Página 10893)
Modificación del orden del día ... (Página 10900)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación): ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
217-1, de 8 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000192.) ... (Página 10901)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 254-1, de 14 de junio de 2002. (Número de expediente 122/000226.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
146-1, de 25 de mayo de 2001. (Número de expediente 122/000130.) ... (Página 10901)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), Orgánica sobre disponibilidad de la propia vida. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 276-1, de 4 de octubre de 2002. (Número de expediente 122/000244.) ...
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una Comisión Técnica de Expertos, con el fin de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 455, de 13 de diciembre de 2002.
(Número de expediente 162/000607.) ... (Página 10914)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 439, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 162/000588.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actualización del salario mínimo interprofesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 439, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 162/000587.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), para el aumento del salario mínimo interprofesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 295, de 28 de enero de 2002. (Número de expediente 162/000405.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), relativa a medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 451, de 4 de diciembre de 2002. (Número de expediente
162/000613.) ... (Página 10923)
Declaración institucional ... (Página 10932)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la carencia de medidas integrales eficaces para hacer frente a la marea negra generada por la catástrofe del 'Prestige'. (Número de expediente 173/000172.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 10893)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 10893)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno ... (Página 10893)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Expósito Molina. Distingue la portavoz entre lo que es un objetivo claramente instrumental de su
proposición de ley, que es la mejora de la técnica legislativa que
utiliza el Gobierno, y lo que sería el objetivo final, que no es otro que avanzar en el camino seguido en la Unión Europea y que lleva a la no discriminación. Con su iniciativa, dice, se pretende establecer un marco de acción en el que
todas las actividades puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, objetivo que, por otra parte, ya está incluido en el Tratado de la Unión Europea desde el año 1957. En
definitiva, el Grupo Parlamentario Catalán considera conveniente trasladar a esta Cámara la responsabilidad para que la elaboración de las distintas disposiciones generales tenga en cuenta, antes del momento de su aprobación, el posible impacto
desde la perspectiva de género en sintonía con las políticas para la igualdad emprendidas en el seno de la Unión Europea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista, y Guarinos López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 10900)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir un nuevo apartado relativo a la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque 'Prestige' a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País
Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, y del Real Decreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, para su debate en primer
lugar en la sesión del jueves día 19 de diciembre de 2002, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, la Presidencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de
tráfico, constituida en el seno de la Comisión de Justicia e Interior para rendir informe hasta el final del próximo período de sesiones, lo que se aprueba por asentimiento.
Por último, la Presidencia, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, somete al Pleno la rectificación del plazo otorgado a la subcomisión con el fin de formular medidas legislativas que
den una respuesta integral frente a la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para adaptarlo a los términos en que fue previsto en la moción originaria que dio lugar a la creación de dicha comisión,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, hasta el día 1 de marzo de 2003, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación.) ... (Página 10901)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore ... (Página 10901)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore
el Gobierno, se aprueba por 294 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia (Orgánica.) ... (Página 10901)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad ... (Página 10901)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), orgánica sobre disponibilidad de la propia vida ... (Página 10901)
La señora Castro Fonseca defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia que considera que es un derecho fundamental en el siglo XXI. Es un
derecho que está íntimamente vinculado al concepto de vivir dignamente, porque morir dignamente y vivir dignamente son las dos caras de una misma moneda y, explica, son razones humanitarias las que llevan a su grupo parlamentario a plantear la
modificación de la legislación vigente, adoptando las medidas oportunas para garantizar el ejercicio del derecho a la eutanasia con las más absolutas garantías.
En defensa de la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, interviene el
señor Puigcercós i Boixassa. Muestra su convencimiento de que se trata de un debate de permanente actualidad porque afecta no sólo a la legalidad sino a la filosofía del derecho y, como todos los debates de filosofía del derecho, tienen una
traducción material a los problemas que afectan a los seres humanos. Se trata del enfrentamiento de dos posturas: una, la de los que creen en la primacía del derecho a la vida sobre el derecho a la libertad y, otra, la de los que creen que no hay
primacía entre vida y libertad, postura que defiende Esquerra Republicana, por lo que propone que la persona sea la protagonista de su propia vida, en un acto de libertadon Mas allá de la propuesta eutanásica, la modificación legislativa que
propugnan contribuye a crear un marco legal suficiente para amparar todo tipo de intervenciones y decisiones médicas.
En defensa de la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Mixto sobre disponibilidad de la propia vida, interviene el señor Saura Laporta. En nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds manifiesta que aunque es
consciente de que hoy no se aprobará esta iniciativa, sin embargo, tarde o temprano, terminará aprobándose una parecida, evidentemente con una mayoría parlamentaria distinta, y también es consciente, dice, de que es necesario un debate sereno y
tranquilo, que no hiera sensibilidades ni afecte a las conciencias de numerosas personas. Pero, añade, el no iniciar hoy este proceso legislativo supone en muchos casos dilatar sufrimiento humano y aceptar hipócritamente el hecho de que hoy se
estén realizando prácticas de eutanasia de forma oscura y clandestina en una parte del sistema sanitario del Estado español. Por eso propone en su proposición de ley iniciar un procedimiento legislativo que permita actuar a las personas que
libremente quieran prescindir de su vida en los casos en que tengan una enfermedad gravísima, con grandes sufrimientos que irreversiblemente lleven a la muerte o una enfermedad que someta a las personas a una vida vegetativa.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y los señores Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de despenalización de la eutanasia, se rechaza por 124 votos a favor y 178 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, se rechaza por 123 votos a favor y 179 en contra.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, orgánica, sobre disponibilidad de la propia vida, se rechaza por 122 votos a favor, 177 en contra y una
abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 10914)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión técnica de expertos con el fin de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa ... (Página
10914)
El señor Azpiroz Villar defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la proposición de ley en la que se pide al Gobierno la constitución de una comisión técnica de expertos a fin de estudiar la responsabilidad social
de las empresas. Se refiere a la argumentación que figura en su iniciativa en relación con las cada vez más numerosas empresas que fomentan sus estrategias de responsabilidad social en respuesta a inquietudes económicas, pero también laborales,
medioambientales y fundamentalmente sociales, invirtiendo así en su futuro. Agradece, por otra parte, el esfuerzo de los
grupos en la presentación de sus enmiendas y se muestra convencido de que muchas de las cuestiones que plantean, que reconoce tienen sentido, tendrán una traducción futura. Finalmente anuncia una enmienda transaccional que reúne y concilia
las diversas cuestiones formuladas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión técnica de expertos, con el fin de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la
empresa, en los términos de la enmienda transaccional, se aprueba por 294 votos a favor y seis abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional ... (Página 10923)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actualización del salario mínimo interprofesional ... (Página 10923)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para el aumento del salario mínimo interprofesional ... (Página 10923)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores ... (Página 10923)
El señor Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, presenta hoy, junto a otros grupos parlamentarios, una proposición no de ley que pretende instar al Gobierno a que revise el salario mínimo español y que lo incremente en una
cantidad sustancial, exactamente en el diez por ciento.
El señor Ruiz López (don Antero), defiende igualmente la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta sobre el salario mínimo interprofesional intentando poner sobre la mesa la situación por la que, a
su entender, atraviesa dicho salario, exigiendo al Gobierno que establezca los mecanismos para su revisión inmediata, para adecuarlo a la desviación sufrida por el IPC y en cumplimiento del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la proposición no de ley que Iniciativa per Catalunya-Verds presenta también sobre el aumento del salario mínimo interprofesional, situándolo en 600 euros, de acuerdo con las
peticiones de Comisiones Obreras y UGT.
Finalmente, el señor Rodríguez Sánchez, también del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la proposición no de ley relativa a medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
Culpa de la congelación salarial de los funcionarios durante muchos años, de la moderación de los incrementos salariales en los trabajadores que tienen derecho a la negociación colectiva y de la pérdida de poder adquisitivo de las clases
trabajadoras al objetivo del control de la inflación de los sucesivos gobiernos del Estado español entre 1980 y 1990, que apareció sacralizado por el mercado común europeo a partir de 1993 con los criterios de Maastricht. Considera especialmente
grave la situación del salario mínimo interprofesional y explica los tres puntos de su proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas a las cuatro proposiciones no de ley intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional, se rechaza por 119 votos a favor, 157 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actualización del salario mínimo interprofesional, se rechaza por 117 votos a favor, 156 en contra y 17 abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, para el aumento del salario mínimo interprofesional, se rechaza por 130 votos a favor, 156 en contra y cuatro abstenciones
Sometida a votación, finalmente, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, relativa a medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, se rechaza por 19 votos a favor, 156 en contra y 114
abstenciones.
Declaración institucional ... (Página 10932)
La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone a la Cámara una declaración institucional sobre el nuevo ataque terrorista perpetrado en el día de hoy contra dos agentes que actuaban cumpliendo con sus
obligaciones, declaración que se aprueba por asentimiento.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 10932)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la carencia de medidas integrales eficaces para hacer frente a la marea negra generada por la catástrofe del 'Prestige' ... (Página 10932)
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las consecuencia, evaluación del impacto y medidas a adoptar ante el siniestro del buque-tanque 'Prestige' ... (Página 10932)
En defensa de las dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes sobre la catástrofe del 'Prestige', que se van a debatir conjuntamente, intervienen los señores Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español para cumplir con la aconfesionalidad del Estado ... (Página 10942)
El señor Puigcercós i Boixassa defiende la última moción, consecuencia de la interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto la semana pasada al ministro de Justicia sobre cómo el Gobierno acomete el cumplimiento de la no
confesionalidad del Estado, tal como se argumenta en la Constitución, y lo hace basándose en cuatro puntos que pretenden garantizar una actuación en materia de derechos civiles más acorde con el concepto de aconfesionalidad del Estado.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Puigcercós i Boixassa.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la carencia de medidas integrales eficaces para hacer frente a la marea negra generada por la
catástrofe del 'Prestige', junto con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las consecuencias, evaluación del impacto y medidas a adoptar ante el siniestro del buque tanque 'Prestige', en los
términos de la enmienda transaccional acordada por ambos grupos y el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 108 votos a favor y 166 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español para cumplir con la aconfesionalidad del Estado, en los términos del debate y con la incorporación de
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 108 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día. Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Lourdes Muñoz Santamaría, en sustitución de doña Francesca Martín Vigil, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña Lourdes Muñoz Santamaría ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Asimismo, conforme al artículo 20.1 3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María del Mar Arévalo Araya, en sustitución de doña María Bernarda Barrios Curbelo, para
prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora ARÉVALO ARAYA: Juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María del Mar Arévalo Araya ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA INCORPORAR LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE ELABORE EL GOBIERNO. (Número de expediente 122/000192.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el
Gobierno.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Señora presidenta, señores y señores diputados, antes de pasar a defender en el Pleno de esta Cámara la toma en consideración de esta proposición de ley quisiera hacer una reflexión, porque resulta difícil de
asimilar la credibilidad de un sistema en el cual uno de los principales pilares en los que se sostiene, que es el pilar de la no discriminación, se percibe en la vida cotidiana justamente por lo contrario; es decir, se percibe en la vida cotidiana
justamente por la discriminación. Se percibe por la discriminación que todavía ahora padecemos las mujeres.
En cuanto a la toma en consideración de la proposición de ley, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quisiera distinguir entre lo que es un objetivo claramente instrumental, que es la mejora de la técnica legislativa que
utiliza el Gobierno, y lo que sería el objetivo final, que no es otro que avanzar en el camino que ya se ha seguido en la Unión Europea y que nos lleva a la no discriminación. Con ello pretende establecer un marco de acción en el que todas las
actividades puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres. El compromiso en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres viene de lejos, pues está incluido en el
Tratado de la Unión Europea desde el año 1957. El marco jurídico comunitario garantiza que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. El fomento de la igualdad es también un elemento importante en las relaciones exteriores de la Unión
Europea y de sus políticas de cooperación al desarrollo, y en particular el fomento y la protección de los derechos humanos en los terceros países. Asimismo, la legislación en materia de igualdad de trato forma parte del acervo comunitario que
deben respetar los países que solicitan su adhesión a la Unión Europea.
Convergència i Unió tiene como uno de sus objetivos prioritarios la política de igualdad y considera que la iniciativa que hoy presentamos para su valoración propone una técnica muy buena legislativa, que permitirá saber con antelación cómo
afectarán las leyes a la población según su género. Mi grupo es consciente de que esto es sólo un instrumento que, junto con las estadísticas, permite valorar el impacto de género, pero en ningún caso, repito, en ningún caso, sustituye a las
políticas concretas. La ejecución de políticas para la igualdad necesita de métodos y herramientas específicas, como creación de redes, compilación de datos, formación o evaluación del impacto según el género.
La valoración que solicitamos es una
práctica habitual en los países de nuestro entorno. Es una práctica nacida en los países centroeuropeos y podríamos poner como ejemplo a Alemania. Recuerden las señores y señores diputados que en Alemania existe la llamada lista azul, llamada así
porque el papel en el que se hace esa evaluación tiene este color.
Con esta iniciativa mi grupo pretende trasladar al ordenamiento general español una práctica que también
se desarrolla en Cataluña. Esta proposición de ley propone que el Ejecutivo, junto a la memoria -memoria económica, exposición de motivos, antecedentes e informes sobre su necesidad y oportunidad que se incorporan a los proyectos de ley,
reales decretos leyes, reales decretos legislativos y reglamentos cuando se aprueban-, elabore también una valoración del impacto que las normas pueden tener en las necesarias relaciones de igualdad entre hombre y mujer. De esta forma y en opinión
del grupo parlamentario al que represento se podrán evitar situaciones de discriminación por razón de género no deseadas ni previstas a partir de decisiones que en un inicio pueden parecer no sexistas.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekín en 1995, renovó el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre los géneros así como el desarrollo y la paz para todas las mujeres. Se invitó a los
gobiernos y a los demás agentes a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias para las mujeres y los hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones. Los gobiernos, las Naciones
Unidas y la sociedad civil han ido realizando considerables esfuerzos para lograr la igualdad entre los géneros en todos los ámbitos. No obstante el proceso ha sido lento y con muchos errores cometidos, errores que no pueden volver a repetirse, y
las preocupaciones de la mujer, que aún tienen una prioridad secundaria en algunas partes del mundo, continúan.
En el ámbito de la Unión Europea, con la entrada en vigor en mayo de 1999 del Tratado de Amsterdam se inició una nueva etapa en el proceso de construcción europea y especialmente en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. En este contexto la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y en la eliminación de las desigualdades constituye una de las prioridades a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea.
También en el seno de la Unión Europea, y como complemento a los objetivos de la acción comunitaria prevista para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, se aprobó una decisión en el Consejo de 20 de diciembre de 2000 por la cual se
establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres para los años 2001 a 2005, destacando que se articule la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos de
intervención de la estrategia marco comunitaria en la vida social, económica y civil, como una de las acciones a emprender para el logro de los objetivos mencionados en el referido programa. De la misma manera la Comisión de la Unión Europea, ante
la constatación de que decisiones políticas que en principio parecen no sexistas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia no estuviera prevista ni deseada, elaboró una guía para la
evaluación del impacto según el género diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión, con objeto de evitar consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación. Asimismo algunas asambleas legislativas
autonómicas, como por ejemplo Cataluña, teniendo en cuenta las medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea, han procedido a modificar la legislación vigente con objeto de establecer que el Gobierno valore el impacto desde la perspectiva del
género de cuantas disposiciones elabore. Todo ello fue aprobado en sesión del 24 de mayo del presente año por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que componen dicho Parlamento catalán.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera conveniente trasladar a esta Cámara y al Gobierno del Estado la responsabilidad para que la elaboración de las distintas disposiciones generales tenga en cuenta
antes del momento de su aprobación el posible impacto desde la perspectiva de género en sintonía con las políticas para la igualdad emprendidas en el seno de la Unión Europea. El Gobierno del Estado no puede quedarse al margen de esta
responsabilidad. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señoras y señores diputados, es cierto que a lo largo de los tiempos se nos ha dicho que la plena igualdad era una utopía y que las mujeres siempre hemos respondido con paciencia, con mucha paciencia, pero jamás lo hicimos con resignación.
Ahora más que nunca y porque la Constitución no es garantía, no queremos ni podemos renunciar a esa utopía. Para terminar, señorías, entiendo que no debe haber ninguna disposición de carácter general, sea de ocupación, de sanidad, de bienestar, de
enseñanza y hasta aquellas que parezcan que no nos afectan; hasta en éstas queremos esa evaluación de impacto de género porque ninguna disposición será justa ni responderá a nuestras necesidades si no se incorpora esa evaluación. Señorías,
entiendo que toda propuesta es mejorable y por tanto esperamos en el periodo de enmiendas todas las aportaciones positivas que manteniendo nuestra iniciativa se presenten a tal fin. Les pido, en coherencia a todo aquello que se ha debatido en esta
Cámara con una clara preocupación por dar soluciones a los problemas derivados de la discriminación por razón de género, que den su voto favorable a esta toma en consideración porque todavía faltan por asumir muchas responsabilidades y muchas cosas
por cambiar. Se trata de que en todo informe, estudio, propuesta, tratado, comisión y conferencias internacionales en materia de igualdad o derechos de la mujer se incluya un apartado en el cual se hable de la necesidad de introducir la evaluación
como una pieza clave en la lucha contra la desigualdad en función del género. Estarán de acuerdo conmigo en que este es el camino correcto y, por ello, agradezco de antemano esa aprobación por unanimidad que espero que se produzca en esta toma en
consideración y, como he dicho
anteriormente, tiempo habrá para presentar las enmiendas que puedan enriquecer nuestra propuesta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Expósito.
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)
Fijación de posiciones. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, que consideramos muy oportuna y que reafirma -no voy a repetir los argumentos y los antecedentes que se recogen
en la exposición de motivos de la iniciativa- la necesidad de que en el procedimiento legislativo y en los expedientes legislativos los proyectos de ley que nos lleguen a la Cámara no sólo vengan acompañados del informe del Consejo de Estado y otros
informes de otros órganos consultivos, sino también, como requisito preceptivo, del informe de evaluación de impacto de género. Pensamos que es un elemento imprescindible para que podamos tomar decisiones y sepamos cuáles son las consecuencias de
las decisiones que tomamos en la Cámara porque hay ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas.
Si atendemos a la legislación laboral y a las reformas introducidas en los últimos tiempos, desde luego con el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego -son datos de Eurostat que figuran en la hoja del Consejo Económico y Social que
todas SS.SS. tienen a su disposición en el pasillo-, vienen a reafirmar cómo las reformas laborales han aumentado la precarización laboral de las mujeres y cómo va a ser muy difícil alcanzar el objetivo fijado en la cumbre de la Unión Europea en
Lisboa de lograr el 60 por ciento de tasa de ocupación femenina en el año 2010. Siguen perviviendo diferencias salariales entre hombres y mujeres e incluso -y son datos también del Consejo Económico y Social- entre los años 1994 y 1998 han
aumentado: de un 90 por ciento que representaba en 1994 el sueldo medio de las mujeres -se supone, de las que tenían un trabajo legal, no de las que estaban trabajando en la economía sumergida- se ha pasado a un 86 por ciento en el año 1998;
repito, son datos del Consejo Económico y Social extraídos de Eurostat. Este ejemplo nos debe hacer reflexionar no sólo en el ámbito laboral y en el ámbito salarial, sino también en muchos otros. Debemos contar con los elementos de juicio que nos
permitan tomar decisiones, camino, como decía la diputada que defendió la iniciativa, de que así podamos elaborar políticas de igualdad y sobre todo aplicarlas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Coalición Canaria también comparte lo expuesto respecto a esta proposición no de ley por la portavoz de Convergència i Unió y felicita al Grupo Catalán por la iniciativa de traernos este debate hoy a la Cámara.
Entendemos que desde múltiples instancias internacionales, tal como aparece en la propia exposición de motivos, se ha apostado por la necesidad de integrar la perspectiva de género de una forma transversal en todas las políticas, así como
evaluar también las consecuencias de las distintas políticas como un elemento de reflexión previo a la toma de decisión política legislativa.
La portavoz se ha referido a la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer en Pekín en 1995. También es importante resaltar el compromiso de la Unión Europea por el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, que ya viene de viejo y
está desde 1957 incluido en el propio tratado, y el diseño de políticas de igualdad en la propia Unión. Sin embargo lo cierto es que, a pesar de que la igualdad forma parte ya del acervo cultural y político comunitario, en la práctica y en la vida
cotidiana la mujer no ha accedido a una igualdad plena. En la práctica sigue existiendo una discriminación considerada estructural por razones de sexo. Esto se manifiesta cotidianamente, por ejemplo, en las razones por las cuales el acceso de las
mujeres a un empleo en igualdad de condiciones, tanto en cantidad como en calidad, y a un salario igual para un mismo trabajo es diferente. También existen razones estructurales que se expresan día a día en la persistencia de la violencia de
género.
Igualmente se expresan esas razones estructurales en la doble discriminación o exclusión social que, lamentablemente, sufren las mujeres no sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados. Asimismo estas
condiciones estructurales discriminatorias por razones de sexo se manifiestan en la infrarrepresentación de la mujer en muchas esferas y ámbitos donde la sociedad toma decisiones, incluidas las que se toman en el ámbito de la política, en el ámbito
jurídico y en el desarrollo legislativo. Siguen existiendo condicionantes estructurales que por razón de sexo hacen que no disfrutemos de una sociedad plenamente igualitaria, que condicionan a la mujer, que nos condiciona en la forma en que nos
relacionamos con la sociedad desde el nacimiento y que nos acompaña durante toda la vida.
Esta iniciativa se encuadra perfectamente dentro de las medidas que pueden ayudar a hacer operativo el enfoque de la transversalidad que desde 1991 adoptó la Comisión Europea. En ella se recomendaba que para hacer frente de forma eficaz a
esta situación era necesario
integrar los objetivos de igualdad en todas las políticas que tengan repercusión directa o indirectamente en la mujer o en los hombres. A la hora de diseñar y de dar prioridad a las políticas han de tenerse en cuenta las necesidades, la
situación y también el sentir y las aspiraciones de las mujeres en la misma medida que los de los hombres.
Este enfoque de transversalidad, junto con la necesidad de que persistan medidas de acciones positivas mientras persista la desigualdad,
conforman el enfoque dual establecido en la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres vigente durante el periodo 2001-2005.
Por tanto, se trata de buscar nuevas fórmulas, de buscar la coherencia global con las restantes
políticas y las acciones del Gobierno que nos permitan el desarrollo y la potenciación de sinergias.
El desarrollo de una ley, su promulgación y, con posterioridad, su ejecución, así como los reglamentos no son ni más ni menos que la concreción de las estrategias políticas. Por eso nuestro grupo apoya la iniciativa que hoy se debate en
esta Cámara entendiendo que supondría un paso importante en el desarrollo de una política transversal, de una política de cohesión y sinergia dentro del resto de políticas que se deben desarrollar desde el Gobierno, para que, tal y como recoge la
iniciativa en sus diferentes artículos, cada vez que se debata en esta Cámara un proyecto de ley se estudie el impacto de género que la misma puede producir, tanto desde el punto de vista de las repercusiones negativas que pudiera conllevar, como
desde el punto de vista de los alcances positivos o de las pérdidas de oportunidades que a veces se producen por no reflexionar durante el desarrollo de un proceso legislativo sobre las posibilidades de incluir alguna de las estrategias de igualdad,
sea cual sea el objetivo de la ley y el sector al que va dirigido.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, señorías, al Grupo Parlamentario Vasco le parece muy bonita la iniciativa que presenta el Grupo Catalán y muy bien argumentada, según consta en su propia exposición de motivos, a la que cabría
añadir que, además de en Cataluña, en Euskadi existe también tal previsión en la Ley 2/1998, de 5 de febrero, por la que se crea el organismo autónomo Emakunde. Véase, si se tiene curiosidad al respecto, su artículo 3, apartados b) y d).
En el Estado esta obligación hoy no existe, aunque podría entenderse que existió. En la época socialista, en el año 1986, era obligatorio que los anteproyectos tuviesen que ir acompañados de un cuestionario referido a la eficacia social de
la norma, a cumplimentar en todos los casos por los ministerios que la proponían. Era un cuestionario enormemente exhaustivo.
Había que citar la normativa autonómica a la que se afectaba, la normativa europea, la incidencia sectorial y la
incidencia social y, evidentemente, dentro de esta estaba la incidencia en la población masculina o femenina y así constaba. Además se entendía que integraban como antecedentes aquello de lo que habla el artículo 88 de la Constitución, cuando dice
que los anteproyectos deberán presentarse al Gobierno con los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos; insisto, contenido obligatorio de aquello sobre lo que el Gobierno luego aprueba como proyecto. Con el Gobierno popular se dejaron
de hacer, con una interpretación muy curiosa de la Ley 50/1997, de Gobierno. Digo curiosa desde la perspectiva de que yo misma fui ponente de esta norma y nunca pensé que sus artículos 23 ó 24 pudieran tener el alcance que se les ha dado con
posterioridad. Dado que en estos preceptos se dice que el Gobierno deliberará sobre el anteproyecto, se entiende que esta deliberación incluye ya la valoración de todos los aspectos, cualquiera que sea éste, que hagan los señores ministros. Suple
por tanto a la obligatoriedad de presentar el cuestionario con las incidencias, que era exigible en la época socialista. Sé que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, pero no me cuesta intuir que no hay nada sobre esto y mucho
menos referido al impacto de género. Por favor, si se hacen, ya me gustaría que alguien rompa esta obligación de secreto, que nos chiven quién lo hace y sobre todo quién sugiere que se valore el impacto de género, ya que quizá las señoras diputadas
estaríamos en condiciones de hacerle un homenaje para el 8 de marzo.
Hay un matiz en lo que se prevé que es distinto respecto de la situación vasca. No se dice en la iniciativa que presenta el Grupo Catalán quién hará el informe, pero parece que el mismo debería salir de la propia estructura de la
Administración central del Estado. En Euskadi, he indicado que Emakunde es un organismo autónomo y en su consejo están representados la universidad, los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento vasco y los movimientos de mujeres, lo que
convierte el informe en algo más que testimonial. Siendo preceptiva esta aportación, en los casos en los que además el proyecto debiera someterse o se decida que se someta al Consejo de Estado, este órgano consultivo, ya que es el último en
informar, nos hubiese planteado para estos momentos una importantísima doctrina referida a algo que no olvidemos que es el cumplimiento de un derecho fundamental a la igualdad, además del respeto a un valor constitucional incluido en el propio
artículo 1 de la Constitución. Insisto, el Consejo de Estado sería el último en deliberar y tendría que hacerlo sobre el cumplimiento de este requisito, que sería exigible.
De tomarse en consideración, insisto en que mi grupo lo enmendaría, en el sentido de que el cumplimiento de lo preceptuado en ley se debiera catalogar como un antecedente necesario de los que habla el artículo 88 del propio texto
constitucional y sin él la remisión de un proyecto a esta Cámara debiera, por ejemplo, ser rechazada por la propia Mesa. Esto para las leyes. Si de un decreto se tratase, la nueva aportación de un informe que se presenta como de obligatorio
cumplimiento en el trámite de la elaboración del mismo, ocasionaría su nulidad. Es una iniciativa llena de posibilidades de ser perfilada en el trámite de enmiendas para garantizar la eficacia que se pretende por el grupo que la ha propuesto y que
desde el Grupo Vasco tiene todo el apoyo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en primer lugar, para saludar la iniciativa de Convergència i Unió, que nos parece muy oportuna y da satisfacción a una inquietud generalizada
en los grupos parlamentarios de esta Cámara en relación con el cumplimiento de lo que vienen siendo los acuerdos internacionales desde Pekín 95 hasta el momento. En Pekín 95 la comunidad internacional viene a confirmar ese compromiso en la lucha
por los derechos de las mujeres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Castro, debe haber algún teléfono móvil encendido y se está acoplando.
¿Por qué no se traslada al escaño de al lado? (Pausa.)
Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Decía que agradecemos la iniciativa de Convergència i Unió, que sintoniza con las inquietudes de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Después de Pekín 95, donde la comunidad internacional renueva ese compromiso en la defensa de los
derechos de las mujeres del mundo y en concreto el compromiso con las políticas de igualdad, viene Nueva York 2000, donde una cumbre extraordinaria de Naciones Unidas intenta revisar los acuerdos de Pekín y ver si realmente caminamos por el buen
camino.
Hay una cumbre alternativa, que se llama Pekín menos cinco, en la que el movimiento de mujeres organizado del mundo manifiesta la misma preocupación que hoy trae esta iniciativa a la Cámara; es decir, ha habido conductas erráticas que
están retrasando estos compromisos, Amsterdam, Niza y el Consejo de la Unión Europea.
Señoras y señores del Partido Popular, no podemos permitir que la realidad territorial española, las autonomías, se llenen de legislaciones desiguales que no permitan esa cohesión y ese paraguas de igualdad constitucional que deben tener
todas las mujeres y hombres, independientemente del territorio en el que vivan. Es preciso tener claro que en estos momentos el compromiso con las mujeres -pasa igual que con el urbanismo hace 50 años, que cada uno hacía lo que quería y los
estudios de impacto ambiental no eran precisos y hoy son imprescindibles- en todas las políticas pasa porque deben ser transversalizadas por la perspectiva de género y no sólo para valorar los efectos perversos que puedan tener contra el colectivo
de las mujeres sino para valorar en su conjunto los efectos, tanto positivos como perversos, que puedan tener para el colectivo de las mujeres y, por qué no decirlo, también para el colectivo de los hombres.
Es el momento de que el Gobierno del Estado asuma la traslación de estas políticas que se vienen reclamando en el mundo y en Europa y, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, anuncio el voto positivo a la tramitación
parlamentaria de este proyecto de ley de Convergència i Unió, felicito a la diputada que ha hecho la defensa del proyecto y espero y deseo que el Partido Popular tenga la sensibilidad precisa en el momento histórico que vivimos las mujeres para que
este proyecto de ley pueda ser debatido en la Cámara y mejorado por los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
Debo empezar también diciendo que desde el Grupo Socialista consideramos muy acertada la proposición de ley que hoy plantea Convergència i Unió y que se presenta para su toma en consideración esta tarde. No podía ser de otra forma, puesto
que, si fuera aprobada, contribuiría notablemente a acercarnos a esa igualdad real entre hombres y mujeres por la que venimos trabajando.
Llevamos muchos años luchando por la igualdad y eso ha provocado que poco a poco nos vayamos dotando de más y mejores elementos para combatir la discriminación que históricamente sufrimos las mujeres. El Partido Socialista es un partido
comprometido con la igualdad, así lo venimos demostrando desde hace ya muchos años; creemos en las mujeres y en su tremendo potencial. Por ello, no podemos dejar pasar la ocasión de recordar lo que todavía nos queda por hacer para romper de una
vez por todas con esta situación de desigualdad real en la que vivimos. Estamos hablando de
empleo. Las mujeres tenemos la tasa más alta de paro, con un 16,47 por ciento, más del doble de la que tienen los varones. Ocupamos los contratos temporales en un 78 por ciento de los casos y en las peores condiciones. En nuestro mercado
laboral las mujeres cobramos por término medio un 30 por ciento menos del salario que cobran los varones por un trabajo de igual valor. El acoso sexual está a la orden del día para muchísimas trabajadoras y se resuelve en el 35 por ciento de los
casos con el abandono del puesto de trabajo por parte de la mujer acosada y nunca por parte del acosador. La tasa de actividad sigue estancada en un 42 por ciento, frente al 67 por ciento que tienen los varones, debido sobre todo al deficiente
reparto de responsabilidades familiares. Esta tasa de actividad baja vertiginosamente en las mujeres con hijos pequeños, mientras que en los hombres esa misma situación provoca el efecto contrario. Las tareas de la casa son responsabilidad
prácticamente exclusiva de las mujeres. Las mujeres tienen doble y triple jornada, tienen menos tiempo libre y dedican cuatro horas más que sus compañeros a las labores domésticas. Además, las tareas que realizan suelen ser las más pesadas y las
más desagradecidas.
La participación en espacios públicos y de decisión sigue siendo otra asignatura pendiente, con áreas donde la ausencia total de mujeres sigue siendo lo normal, como podemos comprobar en el hecho de que sólo el 13 por ciento de los
trabajadores españoles tienen a una mujer como inmediato superior, porcentaje que está 6 puntos por debajo de la media europea, que se sitúa en un 19 por ciento, por no hablar de la violencia de género, que sigue aumentando. Cada año nos
encontramos con más víctimas, con más mujeres asesinadas. Hay que recordar que en este año, con la que acaba de morir ayer por la tarde en Huelva, son ya 72 las mujeres muertas. Hay cientos de miles de mujeres que día tras día son maltratadas y
ese maltrato sigue oculto. Las políticas de igualdad de oportunidades son en nuestro país bastante recientes si nos comparamos con otros Estados de nuestro entorno, pues apenas llevamos 20 años de desarrollo. Esto no debe ser un impedimento para
que podamos incorporar nuevas metodologías e instrumentos que desde instancias como la ONU y la propia Unión Europea se nos indican como las más acertadas. La plataforma de acción de Pekín, aprobada y ratificada por cientos de países, también por
el nuestro, supone uno de los avances más importantes para las mujeres de todo el mundo. Han pasado ya más de seis años y podemos comprobar cómo muchas de las acciones que allí se instaron todavía no se han hecho efectivas. Esta propuesta que hoy
nos presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es una magnífica oportunidad para llevarla a la práctica.
Así las cosas, el mainstreaming de género se ha ido imponiendo poco a poco, ha pasado de ser algo que poca gente entendía a estar en todas las agendas políticas comprometidas con la igualdad. Como en todos los avances de este calado van
surgiendo nuevas mejoras que se incorporan a la forma de hacer política, desde mi punto de vista de forma lenta, pero inexorable. Este es el caso de los informes de impacto por razón de género, que constituyen una de las primeras premisas para que
el mainstreaming de género sea realmente eficaz. Quizás lo más fácil cuando hablamos de mainstreaming es su definición, lo complicado es saber llevarlo a la práctica con efectividad. El mainstreaming supone llevar el objetivo de la igualdad de
oportunidades a todas las políticas generales e impregnar con la perspectiva de género cada acción que se lleve a cabo para poder acabar con todas las discriminaciones sexistas.
Somos conscientes de que existen diferentes tipos de discriminación hacia las mujeres, que pueden ser directas o indirectas. Si hablamos de discriminaciones directas sabemos perfectamente cómo combatirlas y cómo evitarlas. Nuestra
legislación, sin llegar a ser perfecta, puede constituir un ejemplo de ello, puesto que desde que estamos en democracia se han ido corrigiendo todas aquellas disposiciones que discriminaban de forma directa a las mujeres, otorgando privilegios a los
varones.
Hoy en día, el mayor problema lo encontramos a la hora de combatir las discriminaciones indirectas. Estas son las que se producen por las costumbres y las tradiciones, y aun cuando la intención de la acción no sea discriminatoria el
resultado sí lo es, puesto que no se han tenido en cuenta los diferentes puntos de partida de hombres y de mujeres. Son bastante difíciles de detectar, provienen de las actitudes, comportamientos y estructuras fundadas sobre el reparto desigual de
roles entre hombres y mujeres. Visto esto, creo sinceramente que a la hora de poner en marcha cualquier tipo de iniciativa deberemos examinar, con gran atención y con el asesoramiento de personas expertas, si nuestra acción podría llegar a ser
discriminatoria. Es decir, se deberá contar con informes de impacto en función de género para así poder corregir aquellos aspectos que puedan causar discriminación e introducir las mejoras pertinentes.
El Gobierno también deberá dotarse de las herramientas técnicas y de los indicadores necesarios para poder valorar ese impacto de género del que estamos hablando, así como del presupuesto que se necesite para poder elaborar esos informes.
Asimismo, es imprescindible que se incorpore a la formación del personal de las diferentes áreas de gobierno la teoría y el análisis de género, pues supone la base para la detección de las desigualdades, así como el instrumento básico para elaborar
acciones efectivas y libres de discriminaciones directas o indirectas. Sin duda, además de conseguir que nuestra acción no discrimine, conseguiremos que sea realmente beneficiosa para la sociedad, puesto que al contemplar la perspectiva de género
estaremos poniendo en marcha políticas reales de igualdad de oportunidades, aunque estemos hablando de hacienda, política exterior o desarrollo urbanístico,
temas que parece que no tienen relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Todo nos afecta, todo. Porque somos la mitad de la población, porque somos las primeras interesadas en que las diferentes políticas que se
pongan en marcha tengan en cuenta a las mujeres y, además, sirvan para corregir las desigualdades.
Estas reflexiones son compartidas por la propia Unión Europea, que así lo recoge en el Tratado de Amsterdam, en el que asume que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdades constituye una de las
prioridades en la elaboración de todas las políticas de la Unión Europea. Además, la estrategia comunitaria en materia de igualdad sigue incidiendo en este aspecto, así como diversas comunicaciones de la Comisión, que resaltan la necesidad de poner
en práctica el mainstreaming de género.
Centrándome en la propuesta concreta que estamos debatiendo, creo que es un acierto la modificación que se propone de esta ley de la Administración del Estado, por su rango y su calado, porque supone apostar, desde las instancias
administrativas más altas, por la modernización de nuestra democracia, a partir de lo que puede parecer tan simple como un informe previo de aquellos proyectos de ley y reglamentos que se vayan a poner en marcha. Las mujeres nos exigen que, además
de buenas promesas y anuncios de medidas, se las tenga en cuenta en las leyes, que es donde realmente los poderes públicos expresan sus acciones y sus intenciones. Qué mejor medida que contemplar la perspectiva de género en todas y cada una de las
leyes que se promuevan. Con propuestas como ésta, que espero que se convierta en ley, podremos avanzar en la eliminación de las discriminaciones que las mujeres seguimos teniendo en España por el hecho de ser mujeres. Sólo me queda decir que
espero que sea aprobada con el voto de todos los grupos políticos, como muestra de ese compromiso con las mujeres. Si fuera así, estaríamos abriendo una importante puerta para la igualdad, tal y como reclama la sociedad.
Evidentemente, desde el
Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque entendemos que es muy importante a la hora de seguir desarrollando políticas de igualdad.
Si no nos dotamos de mecanismos e indicadores
objetivos para evaluar las políticas que se ponen en marcha, la igualdad legal y la igualdad de oportunidades, las que vivimos las mujeres en el día a día, nunca irán paralelas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Guarinos.
La señora GUARINOS LÓPEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, permítanme, antes de comenzar el debate propiamente dicho de este punto del orden del día, manifestar mi agradecimiento al grupo parlamentario al que pertenezco, el
Grupo Parlamentario Popular. Agradecimiento por un doble motivo: en primer lugar, por la confianza depositada en mi persona en lo que respecta a la que es mi primera intervención desde esta tribuna; en segundo lugar, por la oportunidad que se me
brinda de hacerlo en relación con uno de los temas que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional propiamente dicho, reviste una gran importancia y trascendencia, como es la defensa del principio de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Principio por cuya plena efectividad se trabaja día a día desde la sociedad española en su conjunto, en general, y desde luego desde la voluntad del Gobierno del Reino de España, en particular.
El Grupo Parlamentario Catalán plantea la toma en consideración de una proposición de ley de similar contenido e idéntico objetivo que la que el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Parlamento de Cataluña y que fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos políticos. La proposición de ley que se trae hoy aquí tiene por objeto incorporar la valoración del impacto de género en el procedimiento de elaboración de todas las disposiciones de carácter general, sean reglamentos
o leyes, que elabore el Gobierno, en sintonía con las políticas para la igualdad emprendidas en el seno de la Unión Europea. Proposición que plantea stricto sensu la modificación legal de varios artículos de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de
organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, al objeto de establecer la exigencia legal -e incido en el término legal- de la realización de informes de impacto de género en todo procedimiento de elaboración de las normas generales. Una
modificación legal sencilla encaminada a la consecución de un gran objetivo: lograr avances palpables en la realización práctica de la igualdad entre el hombre y la mujer mediante la implantación de la valoración del impacto de género. Avances que
van en la línea no sólo de la preocupación y la sensibilidad social que existen y se perciben en esta materia en general en toda la sociedad, sino que también, y fundamentalmente, van en la línea de la preocupación, la sensibilidad y las políticas
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que se vienen realizando desde hace tiempo por parte del Gobierno del Reino de España.
Como acertadamente señala la exposición de motivos de la iniciativa de Convergència i Unió, la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y programas gubernamentales es un compromiso incluido en diversos textos
internacionales y comunitarios. Dentro de los textos internacionales destaca la plataforma de acción acordada en la IV Conferencia mundial celebrada en Pekín en el año 1995 y, dentro de los
comunitarios, los artículos 2 y 3.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957, obviamente según las enmiendas en él introducidas por el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997; también dentro de los
comunitarios, el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza del año 2001. Compromisos estos que engarzan directamente con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, así como con
la obligación que el texto constitucional impone a los poderes públicos, en su artículo 9.3, de promover las condiciones para que la igualdad entre todos los ciudadanos sea real y efectiva. Y en esta línea precisamente se sitúan las actuaciones que
viene realizando el Gobierno de España, actuaciones que se traducen en políticas horizontales y también transversales de igualdad y que tienen su equivalente más directo en los planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El último
de ellos fue el tercer Plan para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del período 1997-2000, en el cual se definieron las líneas de actuación del Instituto de la Mujer para introducir la igualdad de sexo en todas las políticas
activas. Un plan que se dividía en diez áreas, incluyendo en cada una de ellas medidas concretas a desarrollar, velando por preservar la igualdad en cada campo y todas bajo el concepto de mainstreaming, es decir, la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en todas las actividades y políticas, así como en todos los niveles y decisiones que se adopten. A este respecto hay que señalar, señorías, que el Instituto de la Mujer realiza entre otras tareas la de evaluar
el impacto de género de las distintas políticas llevadas a cabo por el Gobierno, así como de las disposiciones normativas susceptibles de aprobación por las Cortes. De esta forma, el Gobierno solicita del Instituto de la Mujer un informe previo de
cuantas iniciativas legales se presenten en las Cámaras para su tramitación parlamentaria, así como de los proyectos de ley del Gobierno cuya materia afecte a los diferentes colectivos de mujeres. Asimismo, el Pleno del Congreso, en su sesión de 23
de marzo de 1999, es decir, en la anterior legislatura, aprobó en los términos resultantes de una enmienda transaccional, con el apoyo de toda la Cámara, una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular sobre igualdad de
oportunidades, en la que se instaba al Gobierno, y leo literalmente, a tener en cuenta la recomendación del Parlamento Europeo en relación con la cual en los proyectos de ley de especial interés se informe acerca del impacto de género.
Vemos, pues, cómo la valoración del impacto de género no está ausente en el ámbito de la tarea normativa aunque, eso sí, su exigencia no tiene por el momento rango legal. No está ausente, y lo hemos visto en la valoración del impacto de
género que se realiza a través del Instituto de la Mujer y a través de esa proposición no de ley que fue aprobada aquí por unanimidad de todos los grupos políticos y que fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tampoco está ausente en los
acuerdos del Consejo de Ministros que regulan la elaboración de disposiciones de carácter general y que introducen la evaluación de las repercusiones sociales que puedan derivarse de una norma en curso; evaluación en la que bien tiene cabida, no de
forma explícita aunque sí lógicamente de forma implícita, la evaluación del impacto de género. Así las cosas, podemos afirmar que la valoración del impacto de género y las medidas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
que tienen un anclaje constitucional preciso, están y han estado presentes en España en los últimos años, siendo una de las principales prioridades del Gobierno de la nación, tal y como lo puso de manifiesto nuestro presidente del Gobierno durante
la presidencia española de la Unión Europea.
De todo lo dicho, y voy terminando señora presidenta, podemos extraer el claro compromiso del Gobierno en integrar la perspectiva de género en todas las políticas y disposiciones normativas, considerando positiva la iniciativa parlamentaria
de Convergència i Unió de proceder a la modificación de la Ley 50/1997, de organización, competencia y funcionamiento del Gobierno, al objeto de establecer la exigencia legal de valorar el impacto de género en las disposiciones normativas que emanen
del Gobierno. Iniciativa positiva que, como no podía ser de otra manera, va a contar con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular al efecto de seguir avanzando en esa primera línea de igualdad efectiva, más allá de la igualdad nominal que
refleja nuestro texto constitucional y tanto textos internacionales que España ha suscrito y que la sociedad española comparte, pero que distan todavía de la plena efectividad. Por eso, en el camino precisamente de conseguir esa plena efectividad
del principio de igualdad constitucional y en la línea, como ya he señalado e insistido, que viene marcándose por parte del Gobierno de España a través de sus actuaciones reiteradas, anuncio que vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Guarinos. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Antes de someter a votación la toma en consideración de la proposición de ley que ha sido debatida, se propone la siguiente modificación del orden del día. Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de
acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir un nuevo apartado relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2002,
de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, y se modifica el Real Decreto-ley 7/2002, de 22
de noviembre, y del Real Dreto-ley 9/2002, de 13 de diciembre, por el que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, para su debate, en primer lugar, en la sesión del jueves día 19 de diciembre de
2002. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, señorías, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre seguridad vial y prevención de
accidentes de tráfico, constituida en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, para rendir informe hasta el final del próximo período de sesiones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la prórroga del
citado plazo.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno la rectificación del plazo otorgado a la subcomisión con el fin de formular medidas legislativas que den una
respuesta integral frente a la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para adaptarlo a los términos en que fue previsto en la moción originaria que dio lugar a la creación de dicha comisión, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, hasta el día 1 de marzo de 2003. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda prorrogado dicho plazo.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA INCORPORAR LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE ELABORE. (Número de expediente 122/000192.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA (ORGÁNICA) (Número de expediente122/000226.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, Y LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD. (Número de expediente 122/000130.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), ORGÁNICA, SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA. (Número de expediente 122/000244.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia, que será debatida conjuntamente con la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señor Saura), orgánica, sobre disponibilidad de la propia vida.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en virtud del compromiso adquirido por mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con el conjunto de la sociedad española y particularmente con los hombres y mujeres de este país organizados en torno
a la defensa de una muerte digna, subo una vez más a esta tribuna... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Castro, a ver si conseguimos que no tenga que forzar la voz. (Pausa.)
Adelante.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señorías. Mi voz también se lo agradece, porque habrán observado que no está en condiciones óptimas.
Decía que una vez más subo a la tribuna en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para defender un derecho fundamental en el siglo XXI: el derecho a morir dignamente. Estamos hablando, señorías, de un
derecho que va ligado
conceptualmente y que está íntimamente vinculado al concepto de vivir dignamente. Morir dignamente y vivir dignamente, señorías, son las dos caras de una misma moneda. La muerte no es más que un instante del proceso vital, es decir, que la
muerte forma parte de la vida. Es una nueva cultura de la vida -con uve-, que nada tiene que ver con la defensa de la vida -con be-, con esa defensa biologicista más primaria, en la que aspectos como dignidad y libertad están excluidos de la propia
condición de la dignidad del ser humano. Reivindicamos por tanto una vez más desde esta tribuna y en nombre de mi grupo parlamentario, la libertad del ser humano para decidir sobre la propia vida cuando por causas de naturaleza médica no pueda
desarrollar esa propia vida, sufra un fuerte menoscabo en su dignidad como persona o tenga padecimientos físicos o psíquicos irreversibles y permanentes. Son razones humanitarias, señorías, las que llevan sin duda a mi grupo parlamentario a
plantear la modificación de la legislación vigente, por otra parte las mismas razones que han sido recogidas en las legislaciones de países como Holanda reconociendo el derecho a la eutanasia y, por tanto, adoptando las medidas oportunas para
garantizar el ejercicio del derecho con las más absolutas garantías.
Como diría el señor Trillo desde la tribuna, señorías, no hay novedades.
Probablemente eso sería lo que más tranquilizaría al Grupo Popular, pero lo que tiene que decirles la diputada Marisa Castro, señorías del Grupo Popular, es que hay
novedades, es que hay novedades. A partir del 23 de septiembre de este año hay que conmemorar una fecha histórica. Bélgica, país católico, ha legislado, señorías, como ya anunciaba yo en esta tribuna la última vez que subí a defender el proyecto
de ley de mi grupo.
Bélgica, señorías, ha legislado. Ustedes tienen que tomar nota de que no es posible seguir en el pleistoceno europeo de las libertades. Ustedes tienen que dar ese paso al frente para comprometerse con las ansias de libertad
legítimas en la construcción de la democracia europea, que no puede permitirse ningún déficit ni ningún menoscabo, señorías. Bélgica, país católico, repito, legisla este derecho con una ley prácticamente igual que la holandesa -que ustedes, por
cierto, rechazaban de plano-, aunque tal vez, por qué no decirlo, un tanto más garantista que esta última. Esta fecha histórica, señorías, en la causa de las libertades supone una inflexión; una inflexión que debe hacernos reflexionar a todas y a
todos, sobre todo a ustedes, señoras y señores del Gobierno del Partido Popular. Es la confirmación inequívoca de que por encima y por debajo de las legítimas creencias religiosas, hay unos valores cívicos en las sociedades democráticas, se está
construyendo un consenso social en torno a una nueva cultura de la vida en el que los debates biologicistas, soportes históricos de discursos morales respetables pero no por ello asumibles para el conjunto de la sociedad, ya no cuelan, señorías, ni
en países católicos, como Bélgica ha demostrado el 23 de septiembre del año en curso.
En España, señorías, según una encuesta de la OCU del año 2000, el 15 por ciento de los médicos reconoce que alguna vez en su vida ha practicado una eutanasia activa. Y yo me pregunto ¿cómo es posible que no se haya aplicado la legislación
vigente, ustedes que con tanto ardor la defienden? ¿Para que nos sirve un marco legislativo que ignora la realidad social? ¿Para qué un marco legislativo que no debe ni puede ser aplicado, señorías? ¿Qué esconde el Partido Popular detrás del no
sistemático a este derecho fundamental de los seres humanos? ¿Tal vez la sotana? Pues, una vez más, les pido que se la quiten, señorías. ¿Tal vez el miedo? Pues, señorías, el miedo es un mal compañero de viaje. Quizás ambas cosas. Yo, no
obstante, señorías, sigo confiando en que más pronto o más tarde ustedes tendrán que cambiar de opinión. A mi grupo le gustaría que fuera más pronto que tarde y que pudiéramos consensuar las cautelas éticas y jurídicas, todas las que hay en las
diferentes reservas de la pluralidad política de esta Cámara, en aras de ese supremo derecho a decidir sobre la propia vida en caso de enfermedad grave que conduzca necesariamente a la muerte, tras graves padecimientos físicos o psíquicos, o en caso
de padecer enfermedades crónicas que produzcan graves padecimientos de la misma índole permanentemente y difíciles de soportar. Por eso, señoras y señores diputados, señoras y señores del Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, una vez más, propone desde esta tribuna la modificación del apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del vigente Código Penal, para que en los supuestos anteriormente descritos no incurra en delito alguno el
que ayude o coopere a morir dignamente a quien así lo haya solicitado expresa, rigurosa e inequívocamente, haciéndolo constar en documento público y acompañado del dictamen médico que constate la situación médica e irreversible del solicitante.
El resto del articulado de la proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esta Cámara establece, señorías, las garantías y cautelas que impidan que pueda ser violentada la libre decisión de ningún ser humano,
garantías y cautelas que creemos deben ser consensuadas, como decía con anterioridad, por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. También recoge nuestra proposición de ley, señorías, el derecho de objeción de conciencia del personal
sanitario para que libremente también ellos puedan decidir, ejerciendo la libertad que les asiste, el derecho a no violentar su conciencia, pero también planteando la necesidad, señorías del Grupo Popular, de regular esta objeción de conciencia en
registro cerrado, para evitar que se repitan cuestiones que ya se han planteado en la democracia española con otros proyectos de ley, que permiten, si no se previenen, que se tengan conductas erráticas, cuando no diría poco éticas o ilegales, como
es que los sanitarios puedan permitirse el lujo de objetar en la sanidad pública y luego ganar mucho dinero haciendo prácticas como el aborto, en este caso la eutanasia, en la privada. Por tanto, hago esa reflexión para las señoras y
señores del Grupo Popular.
Permítanme, señorías, en este caso como en otros, pedirles el voto en conciencia. Solicitar el voto en conciencia en asuntos como el que estamos tratando y que los grupos políticos se lo permitan a las diputadas y diputados de esta Cámara
es un indicador de calidad democrática en el siglo XXI. Por tanto, me permito el lujo de solicitar el voto en conciencia a cada una y cada uno de SS.SS. para este proyecto de ley.
Permítame, cómo no, hacer de altavoz de Vincent Humbert, un joven francés de 24 años, tetrapléjico, ciego y mudo, quien se dirige a Chirac pidiendo la eutanasia. Sus palabras y las de su madre serán las últimas que esta diputada pronunciará
en la tribuna: Señor presidente de la República, usted tiene el derecho de gracia y yo le pido el derecho a morir. Su madre, Anne Marie, dice: Comprendo la voluntad de mi hijo, aunque no puedo aceptarla, pero sé que habla de la muerte como yo
puedo hablar de la vida, con alegría. Señorías, sé que es difícil comprender, pero hay que hacer el esfuerzo, porque, señorías, cuando los seres humanos tienen una vida digna y viven en plenitud de facultades, son capaces de enfrentar la muerte con
esa dignidad de la que hablamos los hombres y las mujeres que reclamamos esa cultura de la vida con mayúscula que decía, inicialmente, que estaba muy alejada de la cultura de la vida que yo me permito el lujo de decir con be, porque es una cultura
biologicista, primaria y que nada tiene que ver con los albores del siglo en el que vivimos. Por tanto, señorías, una vez más desde la tribuna, pido en nombre de los hombres y las mujeres que esperan con inquietud las decisiones que se toman en
esta Cámara y en nombre del conjunto de la sociedad española, que este Parlamento deje de ir por detrás de las expectativas sociales. Le pido al Gobierno del Partido Popular, aunque ya sé que hoy están seguramente más tranquilos que otras veces
porque hay temas que mantiene ocupado al conjunto de la población española y probablemente tengan la suerte de que esta proposición de ley tenga menor influencia mediática, yo les pido, sin demagogias, que hagan ese esfuerzo por ir resolviendo los
problemas de los colectivos sociales más débiles, entre los que sin duda se encuentran las personas de las que estamos hablando hoy aquí en este Parlamento.
Señoras y señores del Grupo Popular, una vez más, espero que no pierdan la oportunidad de mirar hacia el conjunto de la sociedad española, de mirar hacia Europa, hacia la que tanto miran cuando les conviene, cuando se trata de construir la
Europa de los capitales. Miren ustedes también a Europa cuando se trata de derechos humanos y si no pueden remediarlo, mantengan abierta la ventana de comunicación con la Conferencia Episcopal, pero, por favor, trátenles de tú, que ya va siendo
hora.
Muchas gracias, (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, cuando preparaba la exposición y la defensa de estas modificaciones legislativas que hoy diferentes grupos de la Cámara proponemos, me planteaba si hoy era la mejor ocasión, el mejor día. Es evidente que hay una
dinámica parlamentaria -es así en todos los parlamentos- de aprovechar los momentos o las situaciones que podríamos definir como de alarma social para proponer debates profundos y reales que afectan no sólo a la legalidad, porque son debates de
filosofía del derecho y, como tales, tienen una traducción clara y material en los problemas que nos afectan a los seres humanos. En este caso no hizo falta porque esta mañana, cuando abríamos los periódicos -se refería a ello la diputada de
Izquierda Unida doña María Luisa Castro-, leíamos el caso de un joven francés tetrapléjico, ciego y mudo, el señor Vincent Humbert, que pedía al presidente de la República francesa, al señor Chirac, que le permitiera acabar con ese sufrimiento.
Este es un debate permanente, un debate en el que si hoy el partido de la mayoría no da apoyo a estos cambios legislativos, seguramente reincidiremos los diferentes grupos de la Cámara, progresistas, de izquierdas, democráticos, porque este es un
debate necesario. Aquí hay una disfunción entre los que creen que hay una prelación, una primacía del derecho a la vida sobre el derecho a la libertad y otros que creemos que no hay prelación, que no hay primacía entre vida y libertad, sino que la
libertad del individuo es, en definitiva, el mismo derecho a la vida, y creemos que ya es hora de establecer esos cambios legislativos.
La propuesta que hacemos desde Esquerra Republicana de Cataluña pretende que el paciente, el sujeto, la persona, el individuo sea el protagonista de su propia vida, un acto de libertad. La doctrina que ha imperado durante muchos años y que
aún parece ser el discurso oficial para determinadas opciones y para el partido del Gobierno es esa doctrina que en el aspecto sanitario pero también en el aspecto legal dice que todo por el paciente, pero sin el paciente; en definitiva, la
opinión, el marco de libertad individual del paciente queda absolutamente alterado. A nuestro entender, bajo ningún concepto, bajo ninguna ortodoxia, ni moral, ni religiosa,
ni política, ni jurídica, ni de ningún tipo podemos negar al prójimo los medios necesarios para evitar la indignidad, el dolor y el sufrimiento innecesario. Esto nos lleva a establecer los cambios legislativos que de una u otra forma
garanticen a todo el mundo vivir con dignidad, a favor de la libertad individual, para que el ciudadano, el sujeto, el paciente, como decíamos anteriormente, sea el último juez a la hora de decidir si le conviene o no poner fin a su sufrimiento. La
vida es un derecho, no un deber. Hay demasiadas interpretaciones cicateras, retroactivas y regresivas de lo que podríamos definir con el artículo 15 de la Constitución española. Hay que hacer una interpretación con el sentido común. Cuando la
vida es un sufrimiento, ya no es un derecho, es una obligación y no podemos obligar a las personas a vivir. No puede haber primacía o prelación, como decíamos antes, entre vida y libertad. Pedimos y reivindicamos, en nombre de muchos ciudadanos y
en nombre del sentido común, la despenalización de la conducta de quien mediante actos necesarios de cooperación activa permita, facilite o propicie la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, por
enfermedad grave e irreversible que condujera necesariamente a su muerte o le produjese graves sufrimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incpacite para valerse por sí mismo. Nuestra propuesta también hace
referencia a la necesidad de modificar la Ley General de Sanidad para introducir el derecho del paciente a decidir libremente y a que las situaciones eutanásicas tienen que tener salida, dentro de lo posible, en un contexto médico asistencial; es
decir, queremos que la legalidad acoja en este contexto médico asistencial que el paciente sea sujeto de su libre y propia decisión.
Más allá de la propuesta eutanásica, nuestra modificación contribuye, pues, a crear un marco legal suficiente para amparar todo tipo de intervenciones o de decisiones médicas; es decir, que cualquier consentimiento cumpla unas ineludibles
condiciones de capacidad y validez. Cayendo en la redundancia, creemos en el protagonismo del protagonista, es decir, en el protagonismo del paciente. Nosotros no decimos que nadie deba morir cuando su religión, su ética o sus creencias se lo
prohíban, sino que decimos que cuando una persona, conforme a sus ideas, quiera hacerlo, lo pueda hacer, siempre que esto lo haya declarado inequívoca y públicamente. Tampoco decimos ni pretendemos que el médico al que sus creencias no le permitan
asistir a nadie en este derecho que pretendemos que se reconozca legalmente lo haga; simplemente pretendemos que el Estado, la legalidad, garanticen el derecho de asistir a esta persona en su deseo contrastado de morir dignamente, evitando así la
obligación de algún familiar o amigo de atender las súplicas desgarradoras de una persona a quien quieres y que no aguanta más sufrimiento, incurriendo en desobediencia civil cayendo así en la ilegalidad.
Las reformas legales que proponemos establecen unos mecanismos de total transparencia, como no podía ser de otra manera, que impiden decisiones aleatorias o no suficientemente claras sobre el deseo de morir por parte de la persona que
solicita la eutanasia. Su legalización deberá evitar situaciones inhumanas e indeseables, valoradas individualmente así por quien las padece, y sobre todo situaciones de ilegalidad de aquellas personas que quieren a la persona que desea morir,
personas que más que nadie quisieran que viviera, pero que se sienten en la obligación de ayudar a este ser querido a renunciar a una existencia que muchas veces ya no nos atrevemos a calificar de vida.
Nuestra propuesta, pues, señorías, señoras diputadas, señores diputados, es una apelación a la libertad individual. No creemos que valgan conceptos morales, religiosos o jurídicos que puedan superponerse a la libertad de una persona, a la
libertad de un paciente que se ve impedido en sus condiciones mínimas de vida y de dignidad. En definitiva creemos que ya le toca al Estado español regular este derecho. Lo han hecho diferentes países de Europa, como decía desde la tribuna la
portavoz de Izquierda Unida que me ha antecedido. Hay demasiados países europeos que han contribuido a este debate y lo han resuelto dentro de la legalidad y no puede ser diferente el Estado español. La libertad en el Estado español no puede
quedar cortocircuitada por la voluntad de aquellos que consideran que existe un derecho, por encima de la libertad del individuo a hacer de su propia vida una vida digna, en definitiva a buscar una solución.
Repito, para acabar, que esta ley tiene que elaborarse ya, hay que dar legalidad a estas personas que están sufriendo y hay que recordar a su entorno familiar y a los profesionales de la sanidad que también están implicados en este
sufrimiento. No podemos perpetuar bajo conceptos religiosos o morales -a veces supuestamente morales y religiosos- que se quiera alargar esta situación de sufrimiento. Por estas razones les pido su voto en conciencia y a favor de estas reformas
legislativas necesarias para dignificar la vida y en este caso la muerte, pero que no deja de ser también una fase del ciclo vital.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), orgánica, sobre disponibilidad de la propia vida, tiene la palabra el señor diputado.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, una vez más paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds la proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida, lo que popularmente se conoce como despenalización
de la eutanasia. No es un debate nuevo, lo hicimos en la anterior legislatura y en esta ya lo hemos planteado una vez, pero como se decía por la portavoz de Izquierda Unida, poco a poco, lenta pero inexorablemente, avanzan las posiciones
hacia el reconocimiento de la legalización de la eutanasia activa en países, como decía Marisa Castro, con la especificidad de Bélgica.
Soy consciente de que hoy esta iniciativa no se va a aprobar. Soy consciente por tanto de que tarde o temprano una iniciativa parecida a esta se aprobará en esta Cámara, evidentemente con una mayoría parlamentaria distinta, y soy consciente
también de que el camino hacia esa aprobación requiere un debate sereno y tranquilo porque no es un tema fácil ni sencillo, es una cuestión que hiere o puede herir sensibilidades, además de afectar a la conciencia de numerosas personas.
Por tanto
desde ese respeto que tenemos y tengo hacia el pensamiento, legítimo, contrario a la legalización, quiero decir muy claramente que estoy convencido de que es necesario iniciar un proceso de legalización de la eutanasia activa; un proceso y una
iniciativa con todas las garantías que sean precisas para evitar riesgos. Señoras y señores diputados, no aceptar o no aprobar hoy iniciar este proceso legislativo supone en muchos casos dilatar sufrimiento humano y también supone aceptar, entre
comillas, hipócritamente, el hecho de que hoy se estén realizando prácticas de eutanasia de forma oscura y clandestina en una parte del sistema sanitario del Estado español. Decía que defiendo esta iniciativa con la convicción de que hoy no va a
prosperar pero con la convicción profunda de que tarde o temprano prosperará, como lo ha hecho hace tres meses en Bélgica.
¿Qué es en concreto lo que proponemos votar hoy? Proponemos iniciar un procedimiento legislativo que permita actuar a las personas que libremente quieran prescindir de su vida en los casos en que tengan una enfermedad gravísima, una
enfermedad con graves sufrimientos que irreversiblemente lleven a la muerte o una enfermedad que someta a las personas a una vida vegetativa. Esto es lo que proponemos, enfermedades gravísimas, enfermedades con graves sufrimientos irreversibles que
conducen a la muerte o enfermedades que someten a las personas a una vida vegetativa. Lo hacemos sobre dos fundamentos. El primero, sobre el derecho a mí me gusta más decir a una vida digna que a una muerte digna.
El segundo, el derecho a la
libertad. Es cierto, como se ha dicho antes, que defender la eutanasia activa es defender el derecho a una muerte digna. Pero es más aún, es defender el derecho a una vida digna, a una vida consciente, a una vida no vegetal, a una vida autónoma, a
una vida sin grandes sufrimientos. Sé que es posible que el portavoz -no sé si hoy será el señor Ollero- pregunte quién decide qué es una vida digna. La respuesta es que evidentemente la ley contempla toda una serie de casuísticas, como he dicho
antes, de tipos de enfermedades, pero que en esas condiciones es la persona libremente quien debe decidir si quiere continuar o no viviendo y si piensa que su vida es digna.
Insisto en decir, como hice la otra vez, que nuestra iniciativa no impone la eutanasia activa a nadie, que a nadie se le va a hacer la eutanasia si no es una decisión propia. Hay personas -yo soy una de ellas- que pensamos que la vida no es
un valor absoluto, que la vida no es un deber, que la vida es un derecho y que no se puede exigir a nadie, en virtud de no se sabe exactamente qué, que siga sufriendo viviendo no dignamente.
Detrás de nuestra iniciativa hay un canto profundo a la
libertad de las personas ante situaciones que puedan encuadrarse en las causas que he dicho antes. Sé que hay fundamentalmente tres grandes argumentos, que siempre que hemos hecho estos debates aparecen tres grandes argumentos por los cuales el
portavoz del Grupo Popular dice que van a votar que no a esta iniciativa. El primero, los riesgos; que haya familiares o médicos que en definitiva condicionen, en contra de la voluntad del enfermo, que esta persona finalmente decida la eutanasia
activa. Evidentemente este es un riesgo y la ley ha de contemplarlo, pero las experiencias de Holanda, de Australia, de Estados Unidos, demuestran que se pueden disminuir en gran medida los riesgos. Quiero recordar que en la vida todo es riesgo;
el carné de conducir, por ejemplo, es un riesgo. De lo que se trata en este caso es de disminuir los riesgos y podría ser limitando la velocidad de conducir. Por lo tanto, en el primer bloque de objeciones, en relación con los riesgos, hay que
decir clarísimamente que hay riesgos, que la ley ha de contemplarlos, pero que se deben tomar medidas y hay experiencias de otros países que pueden aconsejarnos mejorar las iniciativas que hoy presentamos.
El segundo es el bloque de los efectos prácticos que puede tener esta ley.
En estos momentos los efectos prácticos que está teniendo la no legalización de la ley, insisto, son, por un lado, el sufrimiento importante de centenares o de miles
de personas -no sé cuántas, pero hay gente que está sufriendo en una situación de enfermedad grave irreversible- y, por otro, que se estén produciendo eutanasias oscuras, clandestinas, en el propio sistema sanitario español. El tercer bloque de
argumentos que históricamente ha utilizado el Grupo Popular es que las iniciativas son insuficientes, que están mal redactadas, que se pueden mejorar los contenidos. Este no debería ser un argumento. Se trata, en un proceso legislativo, a partir
de tres iniciativas parlamentarias, de iniciar un proceso legislativo que incorpore todo aquello, con voluntad clarísima de consenso, para que esto sea así.
Acabo, señoras y señores diputados, diciendo que esta iniciativa responde al sentir de una mayoría importante de la sociedad española. Una encuesta del CIS -no recuerdo de qué año- decía clarísimamente que
una mayoría importante de la sociedad española está a favor de la legalización de este tipo de iniciativa que hoy debatimos. Si tarde o temprano se va a realizar, cuanto antes se haga mejor, para eludir las situaciones de sufrimiento de
enfermedades graves. Les pido, señoras y señores diputados, que voten favorablemente estas proposiciones de ley, que tienen una gran voluntad de consenso, que el tiempo y la historia van en esa dirección, como nos lo demuestra Bélgica, y que sería
importantísimo que también en el Estado español diéramos un paso para avanzar en el sentido de que la vida no es un deber, sino que la vida y la muerte, en definitiva, son derechos. La vida es un derecho, la muerte ha de ser digna, y nosotros
podemos facilitar el cumplimiento de este derecho y de esta muerte digna.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
¿Turno en contra de las iniciativas? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy se trae a esta Cámara el debate de tres proposiciones de ley en torno a la despenalización de la eutanasia para personas que se encuentran en situación terminal o irreversible. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de
todos la cuestión merece que este debate se haga desde la más absoluta responsabilidad. Hoy en día uno de los principales problemas éticos, no el único pero sí uno de los más importantes con el que se enfrenta el profesional sanitario y el
profesional de la medicina, es el relacionado con el paciente terminal. La búsqueda de una muerte digna se está convirtiendo en un tema de debate científico y ético ante la necesidad de dar respuestas adecuadas a la sociedad. Estamos ante un tema
en el que todavía no existe consenso entre los profesionales, ni entre los políticos, ni tampoco en la sociedad en general.
No se nos escapa que estamos ante un debate controvertido, que está originando un debate social no resuelto ni en nuestra sociedad ni en el resto de sociedades desarrolladas de nuestro entorno. Sin caer en la demagogia, todos podemos
levantarnos y decir que hablamos en nombre de la sociedad, pero lo cierto es que la sociedad es plural en este y en otros muchos temas. Y ninguno de nosotros, como persona, ni ningún partido político está en posesión de la verdad. Nuestra
diversidad de opiniones es expresión, entre otras cosas, de la pluralidad que se refleja y existe en la sociedad. Es paradójico, y quizá sea reflejo de la ancestral cultura predominante en la sociedad de eludir el problema de todo lo relacionado
con la muerte, constatar las carencias importantes de formación que existen desde las propias facultades hacia los sanitarios en relación con el aprendizaje de todos los acontecimientos que tienen que ver con el proceso de morir. Nuestro grupo,
Coalición Canaria, apuesta por el derecho a una vida y a una muerte digna y por la necesidad de que se adopten medidas oportunas para poderlo ejercer con las debidas garantías. Precisamente por eso no estamos de acuerdo ni con el contenido ni con
la forma concreta de estas tres proposiciones que hoy debatimos.
Paso a intentar exponer las razones de esta posición.
Las tres proposiciones de ley proponen la modificación del apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, dejando exento, se pretende, de pena y no incurriendo en delito alguno a cualquier persona no sólo que permita, sino que incluso cause o
coopere activamente, propicie o facilite la muerte de otro, con la condición sólo de que el interesado lo haya solicitado expresamente, que dicha persona esté en una situación terminal, en un proceso irreversible, o padezca enfermedad crónica que
produzca padecimiento físico o psíquico permanente y difícil de soportar, o esté incapacitado de manera general y de forma permanente para valerse por ella misma.
¿Y quién puede decidir esto? Tal como se propone, pudiera ser cualquier persona, pues no se especifica ni qué tipo de profesional ni en qué contexto social, jurídico o sanitario; tampoco qué parentesco puede haber con el interesado ni tan
siquiera si puede haber o no otro tipo de relación o intereses entre ambas personas, algo que a mi modo de ver debiera decirse. Por ejemplo, en las propuestas del Grupo Mixto no se establece ningún tipo de condición o garantía previa al ejercicio
de la eutanasia y bastaría con que a posteriori, tras haberse producido el fallecimiento, se demostrara que las causas están dentro de lo que se propone en la ley. Nosotros entendemos que no se puede liberalizar con tan pobres garantías que
cualquier persona sepa que va a quedar impune alegando estas circunstancias, valoradas, parece ser, subjetivamente sólo por él y supuestamente por el afectado. Sinceramente, insisto en que estas garantías no nos parece que sean suficientes para que
se hubiera causado la muerte a otra persona o se pudiera causar.
Es nuestra responsabilidad, señorías, abrir este debate, entendiendo que es importante y necesario buscar la fórmula de hacerlo de manera serena y sosegada en esta Cámara, como reflejo del debate que existe en la sociedad. Ahora bien, hemos
de hacerlo con las debidas garantías, profundizando en las causas y en los aspectos legales, científicos y éticos, conjuntamente. A nuestro entender, no se puede hablar de eutanasia sin antes haberlo hecho de cuidados paliativos. Señorías, cuando
un enfermo, bajo los supuestos de los que aquí estamos hablando, pide que se acabe con su vida, se merece el esfuerzo del sistema y de la sociedad por conocer profundamente los motivos de esta decisión y además el compromiso de procurar resolverlos,
el compromiso de atender el dolor, el sufrimiento psicológico, los síntomas molestos, el compromiso de asegurar el apoyo y
una atención cualificada durante la última etapa de la vida. La solución no es facilitar que se provoque la muerte ante la depresión o la desesperación, por muy costosa que sea esta atención, sino que primero han de ponerse los medios para
poder atenderle en condiciones. Lo cierto es que la atención de cuidados paliativos es aún insuficiente en España y el acceso a la misma no es igual para todos los territorios. Como dato importante hay que decir que en Holanda, país en el que está
despenalizada la eutanasia, apenas se ha desarrollado la atención de los cuidados paliativos.
Este planteamiento que yo estoy haciendo es reflejo también de la opinión de otras muchas personas de nuestra sociedad. Se lo digo porque he hablado con ellas, con expertos en bioética y en cuidados paliativos, con independencia de que sean
personas que, dentro de un espectro ideológico, se sitúen en la izquierda o en la derecha. Sinceramente, me parecería incorrecto que, existiendo como existen en España pacientes terminales que no reciben una atención óptima, esta Cámara
transmitiese a la sociedad la posibilidad de acelerar la muerte de los pacientes terminales voluntariamente, por supuesto, pero sin poner remedio antes a las carencias asistenciales. Si los programas y la atención de los cuidados paliativos son los
adecuados en cantidad y en calidad, las demandas de eutanasia son pocas y en muchos casos son reversibles. Cuando nuestra sociedad esté en esta situación, tendrá que darse la debida respuesta a estos casos, por pocos que sean. No podemos
generalizar indiscriminadamente esta solución nunca sin antes asegurar las condiciones de atención y las garantías jurídicas suficientes. Los avances legales, éticos y asistenciales deben ser concurrentes para asegurar con coherencia esas debidas
garantías. Y cuando hablamos de ética en relación con asegurar derechos fundamentales no sólo debe hablarse de lo bueno en abstracto, sino de que en todo momento y según las circunstancias concretas su aplicación sea lo más justa o correcta, en
beneficio de un interés común pero sin anular los derechos particulares. Y con lo que hoy se nos propone no creo que queden aseguradas con las debidas garantías.
Por lo que se refiere a la segunda parte de las dos proposiciones presentadas por el Grupo Mixto, que hacen referencia a las modificaciones de la Ley General de Sanidad, voy a hacer el siguiente comentario.
Recientemente ha sido aprobada
una ley, que contó con el consenso de todos los grupos de esta Cámara y del Senado, sobre el derecho de información de los pacientes, sobre el derecho del ciudadano a que su atención en el sistema sanitario público o privado conste, que exista la
obligatoriedad de que de su asistencia quede constancia en una historia clínica. Esta ley también aprobó el derecho a la información sobre su proceso, sobre su diagnóstico y sus posibles tratamientos a escoger, así como el desarrollo del
consentimiento informado y el testimonio vital o las últimas voluntades, que permiten ejercer el derecho a rechazar tratamientos que le mantengan artificialmente la vida en condiciones no dignas o innecesarias. Esto es un avance importante, aunque
no suficiente. Debemos seguir debatiendo en esta Cámara, pero los pasos hay que darlos con seguridad, hay que darlos con coherencia y con garantías.
Como dije anteriormente, este debate tiene que producirse en paralelo con otro debate donde se
garantice el derecho al acceso a los cuidados paliativos en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, sea cual sea el territorio en el que viven.
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego concluya, por favor.
La señora JULIOS REYES: Voy concluyendo, señora presidenta.
En cuanto a la segunda parte de la proposición del Grupo de Izquierda Unida, cuando hace referencia a que el día siguiente a la entrada en vigor de esta ley sean los comités de ética hospitalarios los que analicen y valoren si el proceso de
desarrollo de la enfermedad y la práctica de la eutanasia se ha ajustado a lo expuesto en esta ley y a los informes facultativos, el campo de la bioética y el de la justicia deben ir confluyendo cada vez más para que las decisiones sean más
concordantes. La interpretación del derecho y de las leyes son dos campos distintos, de responsabilidades diferentes, y no puede recaer el desarrollo de esta ley en las comisiones de ética de los hospitales.
Tenemos que ser conscientes de que
actualmente existe un escaso número de profesionales formados en bioética, de que es escasa la formación de los profesionales sanitarios en este sentido, de que son pocas las unidades de bioética que existen en España y todavía con escasa
experiencia. En estas condiciones es imposible hablar de una forma seria y hacer recaer la responsabilidad del desarrollo de esta ley en las unidades de bioética de cualquier hospital de España.
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego que dé por finalizada su intervención.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Mixto, a través de los diputados señores Saura y Puigcercós, nos traen de nuevo a la Cámara un debate que ya se produjo -como han comentado antes otros portavoces- en la
anterior legislatura, también en la presente legislatura, concretamente hace un año o año y medio, el 20 de marzo de
2001, en este Pleno, y el 11 de diciembre, en la Comisión de Justicia e Interior. Por tanto, hoy volvemos a tratar una cuestión ampliamente debatida en esta Cámara. Se trata de unas proposiciones de ley prácticamente iguales a las que se
presentaron y fueron rechazadas en su día, pero no por esta razón, sino por la cuestión de fondo que subyace en este debate, mi grupo parlamentario mantiene una posición que intenta ser coherente -y creemos que lo es- con la defendida hace un año o
año y medio en los debates que tuvieron lugar en la Comisión de Justicia e Interior y también en este Pleno.
A título personal y también en representación de mi grupo, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respeta tanto el planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como el que ha
hecho el Grupo Mixto. Son propuestas valientes.
Coincido en parte con algunas matizaciones que se han hecho. Como decía otro portavoz hace pocos minutos, probablemente en un futuro no muy lejano -no me atrevo a hacer pronósticos, como hacía el
señor Saura-, los planteamientos contenidos en estas proposiciones u otros que vayan en esta misma línea acaben prosperando; entonces esta Cámara podrá abordarlos con más serenidad, con más tranquilidad y con el máximo consenso posible.
Probablemente sea una cuestión de tiempo, de evolución y de maduración social. No obstante, hoy por hoy, la aceptación de la despenalización de la eutanasia es una cuestión que no cuenta con suficiente apoyo, la comprensión y la receptividad
suficientes, especialmente por parte de importantes segmentos de la sociedad que se podrían localizar entre la gente mayor. Este es un criterio en el que no coincidimos con anteriores portavoces, con el señor Saura y con la señora Castro. Aunque
no esté presente, quiero felicitar a la señora Castro por la defensa que ha hecho de sus planteamientos; ha sido una defensa valiente, apasionada y con sentimiento y quiero felicitarla por ella, aunque no coincidamos en los planteamientos más
generales de su propuesta.
Quiero recordar también al señor Saura que, aunque el porcentaje de la población española que aparece en las encuestas del CIS a las que antes hacía referencia sea importante -en este momento no conozco cuál es-, estas propuestas que ahora
contienen las proposiciones de ley no pueden plasmarse en nuestro corpus jurídico a partir de porcentajes del 50 por ciento. Estamos hablando de algo muy profundo y muy complejo, que tiene unas consecuencias muy importantes, que a nadie se le
escapan, y un 50 o un 52 por ciento de la población no es un porcentaje suficiente para llevarlo adelante.
Señorías, no es intención de este portavoz reiterar los argumentos y los contenidos defendidos en estos últimos tiempos por anteriores portavoces de mi grupo parlamentario, que expusieron su posición respecto a anteriores proposiciones de
ley que se debatieron en esta Cámara. Son propuestas, son planteamientos, son argumentos conocidos por SS.SS., conocidos por la sociedad catalana, conocidos por la sociedad española y que constan en el 'Diario de Sesiones'. No voy a reiterarlos,
pero sí quisiera aprovechar los cuatro minutos que me quedan de tiempo para hacer alguna valoración, para aportar alguna consideración.
En primer lugar, debemos constatar, como decía antes, la complejidad del tema que nos ocupa. Son muchísimos los aspectos culturales, sociales, religiosos, sanitarios y de conciencia que existen, que se entremezclan, que interactúan en lo
que estamos diciendo. Hablamos de la vida, el valor más preciado de nuestra sociedad y el valor supremo en nuestro ordenamiento jurídico. Por esta razón y por lo que está en juego, a la vista también del grado de sensibilidad actual de la sociedad
española al respecto, así como de algunas desviaciones y de algunas consecuencias no deseadas, que asimismo existen en aquellos países en los que se ha aprobado una regulación de este tipo, por estas razones, repito, y por la posición mantenida
hasta la fecha por mi grupo parlamentario, hoy por hoy mi grupo parlamentario no va a poder dar apoyo a la toma en consideración de estas proposiciones de ley. Sin embargo, a este portavoz y posiblemente a muchas otras personas de mi grupo, de
otros grupos y de la sociedad en su conjunto, nos asaltan serias dudas sobre cuál va a ser la mejor solución, cuál debe ser la mejor solución que debemos dar a esta problemática, desde el punto de vista legislativo, cuando, como hoy, y se han
referido a ello otros portavoces, aparece en algunos medios de comunicación la noticia a la que aludían el señor Saura, la señora Castro y el señor Puigcercós: un joven mudo y casi ciego pide al presidente Chirac que le ayude a morir. Simplemente,
querría recordar que este tipo de noticias a uno le causan un cierto impacto, más allá del debate que hoy podamos tener y más allá de la posición política que pueda adoptar mi grupo parlamentario hoy. Y esta posición nos retrotrae al caso del señor
Sampedro, que también ocupó el interés de esta Cámara, de los diputados que intervinieron en anteriores debates, por lo que debemos seguir valorando las propuestas que nos hacen esos grupos y otros para tenerlas en consideración más adelante, en
función de cómo evoluciona la sociedad española en su conjunto. De todas maneras, nos parece que debemos centrarnos en la valoración del impacto de determinadas decisiones sobre una sociedad concreta, en este caso la española, y en un tiempo
determinado que es diciembre de 2002. Pero, repito, a mi grupo parlamentario no le parece que la demanda social avance, hoy por hoy, con la misma intensidad y en la misma línea que se desprende de los contenidos de las tres proposiciones de ley.
En segundo lugar, como recordaba el portavoz de mi grupo parlamentario en el último debate que tuvo lugar
en esta Cámara sobre esta cuestión, ya nadie discute la aceptación de la eutanasia pasiva o los tratamientos de doble efecto. Sin embargo, estamos ante algo más global, que sí constituye objeto de preocupación en nuestra sociedad, como es
la ética del fin de la vida, cómo pueden llegar a garantizar los poderes públicos la calidad de vida de los ciudadanos en esa etapa final, hasta el último día de la vida. En ese sentido, hemos avanzado algo, desde el punto de vista sanitario, y
también se refería a ello la portavoz de Coalición Canaria, aunque mi grupo parlamentario cree que en estos momentos aún no estamos preparados para avanzar por la otra vertiente, la de la modificación del Código Penal, en concreto del artículo 143,
que plantean las proposiciones de ley que ahora debatimos.
Como todas SS.SS. saben, con la aprobación por esta Cámara, el pasado 31 de octubre, de la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, con independencia del voto negativo de mi grupo parlamentario a esta ley, por razones de carácter competencial, hemos conseguido que se garantice un conjunto de derechos informativos, de confidencialidad, de
consentimiento informado, que pueden llegar a despejar algunas dudas sobre los derechos que asisten a los pacientes y a los familiares de los pacientes y que inciden directamente en la cuestión que ahora nos ocupa.
En tercer lugar e íntimamente relacionado con lo anterior, debemos plantear seriamente, como hemos hecho con anterioridad en otros debates, la potenciación de los cuidados paliativos a los que también se refería la portavoz canaria. En
muchos casos, es más positivo profundizar en ellos que entrar en otras consideraciones u opciones más problemáticas.
Debemos avanzar hacia la universalización de los tratamientos paliativos como prestación de gran importancia, aceptación y
reconocimiento público allí donde se desarrolla. Creo poder afirmar que el programa de cuidados paliativos que se lleva a cabo en Cataluña tiene ese reconocimiento y una alta valoración, igual que en el resto de territorios y autonomías donde se
impulsa este tipo de cuidados. Y este portavoz puede certificarlo personalmente por haber sido su propio padre beneficiario de ese tipo de cuidados paliativos al final de su enfermedad. No obstante, también somos conscientes de que en nuestro
sistema sanitario se practican eutanasias de manera oscura y clandestina, como decía el señor Saura textualmente, pese a esa prohibición vigente. Hay que plantear alternativas viables a esta práctica mientras se mantenga su prohibición y su
carácter punible en el Código Penal.
Voy acabando, señora presidenta. En cuarto lugar, y por lo que respecta al contenido de las proposiciones de ley, quiero decir que algunas de las previsiones contenidas en el artículo 2.º de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
como decía la portavoz canaria, dejan de tener sentido en el momento en que esta Cámara ha aprobado la citada Ley reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ley que,
como todos ustedes saben, es el fruto de la aprobación de una ley pionera en el Estado, que es la Ley 21/2000 del Parlamento de Cataluña, sobre los derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y documentación
clínica.
En último lugar, reiteramos la posición ya conocida de mi grupo parlamentario en relación con la conveniencia, si se considera oportuno, de que la Comisión que se constituyó en su día en el Senado para estudiar este tema, que ya abordó esta
cuestión en la anterior legislatura, pueda continuar su labor, al objeto de poder disponer de unas conclusiones que nos sirvan para abordar eventuales y futuras iniciativas legislativas orientadas a dar respuestas adecuadas a los requerimientos
cambiantes de la sociedad a los que antes me refería, que van a producirse en los próximos años. Lo que mi grupo parlamentario va a hacer es seguir estudiando, debatiendo y compartiendo opiniones con los técnicos, con los especialistas y con la
sociedad para, al final, dar esas soluciones que hoy todavía no se pueden dar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Barrero tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, como ha explicado algún otro parlamentario que ha intervenido con antelación desde esta tribuna, este es un debate que ya hemos tenido ocasión de producir en esta legislatura. Mi grupo
parlamentario va a ser consecuente con la fijación de posición que ya hizo en su día y con la defensa de iniciativas que presentó en esta Cámara como Grupo Parlamentario Socialista, entre otras, la creación de una subcomisión que estudiara los temas
de la eutanasia y que, sin embargo, como va a ocurrir hoy, no contaron con el voto del grupo mayoritario de esta Cámara. Desde el principio de la intervención, queremos advertir de que como grupo parlamentario vamos a aceptar la tramitación
parlamentaria de las tres iniciativas que hoy se debaten. Lo hacemos porque somos coherentes, insisto, con las iniciativas planteadas por mi grupo y porque siendo todos conscientes de la importancia del tema que nos trae aquí, parece evidente que
la peor forma de solucionar la posibilidad de que éste y todos los grupos parlamentarios debatan y reflexionen sobre un asunto de tal trascendencia es rechazar el ámbito parlamentario, la tramitación parlamentaria. Hay algunos apartados de esta
iniciativa que no contarían de manera específica con nuestra aprobación, pero, en términos generales, estamos con ella y, sobre todo, estamos con la posibilidad del debate que esta iniciativa parlamentaria genera.
Creemos -y lo hemos dicho en muchas ocasiones- que hay que desdramatizar este asunto y la mejor forma de hacerlo es que el debate que se produce en la sociedad se produzca también en el Parlamento como órgano de representación popular y como
lugar de debate de iniciativas que cuentan con la atención y el respaldo de la opinión pública. Este es un asunto de ese tenor y ha merecido, insisto, iniciativas de mi grupo. Una de ellas fue la que hizo posible que en el Senado todos los grupos
parlamentario crearan una Comisión que hizo un magnífico trabajo. Allí comparecieron una serie de especialistas: médicos, sanitarios, juristas y profesores, el mundo universitario y el mundo de la salud. Todos intervinieron con libertad, pero no
todos estaban de acuerdo en el proyecto que se contenía en distintas iniciativas, ni siquiera en ésta que aparece hoy. Pero todos debatieron con rigor, con seriedad y con reflexión. Señorías, señora presidenta, es una pena que aquella Comisión,
como consecuencia de unas elecciones que se produjeron de manera anticipada, no hiciera suyas -y con ello el Senado- unas resoluciones que hubieran ayudado mucho a habilitar el camino definitivo de la solución de este problema de la eutanasia. Como
grupo hemos querido volver a debatirlo en este Parlamento y no se nos permitió por los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, hoy reiteramos nuestra voluntad de solicitar de esta Cámara atención a este tema, así como un
debate serio y reflexivo, porque es importante la cuestión.
Esta Cámara tuvo ocasión de pronunciarse con rigor, con seriedad y sin dramatizar el asunto, con ocasión de los debates producidos en Ponencia y en Comisión con el Código Penal de 1995. Gracias a esa producción intelectual y a ese esfuerzo
de los parlamentarios, hoy tenemos un Código Penal avanzado en esta materia. De manera que determinadas conductas que hasta el año 1995 eran tipificadas y perseguibles con un importante reproche penal, a partir de ese año ya no lo tienen.
Conductas como la denominada ortotanasia, es decir, la posibilidad de aplicar medicamentos que reduzcan el dolor aunque también adelanten la muerte de un paciente, no significan hoy un reproche penal y, por lo tanto, no están reprobadas en términos
penales, como tampoco lo está la colaboración no necesaria en estos supuestos. Señorías, el año 1995 fue un buen año de debate. Lo digo a efectos de quienes han sido autores de estas iniciativas que desde mi grupo les agradecemos. Lo que sentimos
es que el año 2002 no sea también -lo intuimos porque los votos del Grupo Parlamentario Popular no van a ser favorables- un buen año para debatir este asunto.
Dicho todo esto, nosotros queremos recordar cuál ha sido la posición que mantenemos. Creemos que la eutanasia activa debe ser el reducto final de la acción de cualquier persona que, en casos de una vida absolutamente difícil de soportar,
tiene que tomar una decisión para, como se ha dicho aquí, no conseguir una muerte digna sino una vida digna en su última fase. ¿Cómo nos gustaría conseguir que esa fórmula última, casi desesperada, fuera una fórmula marginal? A través de un
Estado, de un Gobierno y de una Administración central que impulsaran una serie de derechos sobre la salud que en estos momentos no están suficientemente garantizados en nuestro país. Me refiero al derecho a recibir los cuidados paliativos que todo
ciudadano precisa y a los que tiene derecho para configurar una calidad de vida en una democracia avanzada como es la democracia a la que aspiramos en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que debemos impulsar, para que quede muy marginada, la
formulación de la eutanasia activa; la creación de unidades amplias de cuidados paliativos, con profesionales bien formados, con profesionales formados en medicina paliativa -que no los hay hoy- en las facultades de medicina; con equipos de
cuidados paliativos de asistencia domiciliaria; con ampliación de medidas paliativas a otros enfermos terminales, no sólo a los oncológicos; con una mejora de la asistencia geriátrica; con una mayor formación, que hoy no se da, para los
profesionales de las unidades de dolor; y también con determinadas iniciativas originales de cambios legislativos que pueden ayudar a conformar la última fase de la vida de aquellas personas que sufren garantizando una vida más tranquila, más
serena, de mayor calidad. Por ejemplo, cambiando la legislación laboral, como ya se hace en Dinamarca, Francia o Bélgica, que permita la excedencia laboral a aquellas personas que cuidan a familiares en fase terminal. Son pequeñas iniciativas -en
este caso es el avance de iniciativas que va a presentar mi grupo parlamentario- que pueden hacer, por la vía de la asistencia y del afecto, más fácil la terminación, en momentos en que la vida se hace prácticamente insoportable, de los ciudadanos
que están en esas condiciones.
Además del derecho al cuidado paliativo, hay también otros derechos que plantear con esta iniciativa. Y no sólo -que, por supuesto- el derecho a la vida, como se ha dicho aquí, sino también, como se ha adelantado, el derecho a la libertad y
a la dignidad. El derecho a la vida, como decía Tomás y Valiente, que aparece reflejado en el artículo 15 de nuestra Constitución, tiene que interpretarse, señorías, señora presidenta, a la luz del valor de la libertad. El artículo 1, apartado 1,
de la Constitución, como bien saben muchos de SS.SS. juristas, plantea como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, junto con la justicia, la igualdad y la participación política; la libertad se halla en el artículo 1 de
nuestra Constitución. Luego, el constitucionalista quiso subrayar de manera destacada que en un país laico, con vocación de una democracia profunda y de calidad, su primer valor es el de la libertad. Por tanto, la vida, para que sea un valor
amparado de manera especial, en términos constitucionales, tiene que tener la luz de la libertad a la hora de interpretarlo. El artículo 10 de la Constitución habla también de la
dignidad como fundamento de nuestro orden político y de nuestra paz social. Por tanto, ese derecho a la vida del artículo 15 tiene sentido constitucionalmente en los términos en que estamos haciendo este debate, que es fundamentalmente
recordatorio de otros, cuando lo añadimos a los valores supremos de la libertad y de la dignidad.
Señorías, señora presidenta, para nosotros sólo la vida amparada en la libertad y en la dignidad es objeto de reconocimiento constitucional, como bien decía el profesor Tomás y Valiente. La vida no puede mantenerse en condiciones inhumanas,
sin duda, porque eso va en contra de los valores constitucionales a que tiene derecho la persona. La vida es el soporte indispensable de los valores que nos damos, pero la dignidad es el soporte indispensable de los valores constitucionales a los
que tenemos derecho.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego concluya.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya, señora presidenta.
Una vida impuesta contra la voluntad del titular puede estar amparada en valores tan respetables como son los valores religiosos, pero no está amparada en valores constitucionales, desde nuestro punto de vista.
Termino ya, señorías. Otro elemento fundamental de nuestra forma de pensar en este tema es el de las garantías. ¿Cuáles? Todas las indispensables para que esto se conforme sin abusos. Pero a quien aborrece la vida que le queda, porque
eso no es vida, tenemos que darle la oportunidad de una decisión que ampare su libertad y su dignidad. El final de la vida, señorías, debe ser un final digno. Lo decía el autor de una de las iniciativas. No hablamos aquí de una muerte digna, sino
de una vida digna. Ese final tiene que ser digno. Y para que ese final sea digno, tenemos que articular normativas que nos permitan garantizar ese final sin abusos, con todas las garantías. Pero lo que no debemos es evitar un debate que está en
la sociedad, que merece la pena, que la sociedad está esperando que hagamos en esta casa, que es el lugar donde deben debatirse con serenidad, con seriedad y con rigor estos asuntos. Por esto, nuestra votación va a ser favorable a la toma en
consideración de las iniciativas parlamentarias de los tres grupos que han tenido una magnífica defensa en esta tribuna.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, volvemos a ocuparnos de un tema de particular dureza. No sé si es por mi condición de andaluz, pero la verdad es que hablar de la muerte me produce un entusiasmo perfectamente
descriptible, y en mi grupo me asignan siempre la defensa de estas iniciativas porque hay cariños que matan. Por otra parte, estamos ante una iniciativa ya recurrente. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado la misma
proposición de ley que ya tuvimos ocasión de debatir en esta misma legislatura. El Grupo Parlamentario Mixto ha hecho lo mismo, el señor Saura presenta la misma iniciativa con el mismo texto. Y el mérito del señor Puigcercós es aún mayor: ha
fusilado al señor Saura, sin más. Estamos aquí ante una auténtica apoteosis de la novedad. El resultado, me temo, es que se trivializa un debate como éste. Debates sobre la eutanasia hemos tenido -creo que es el quinto que mantengo- y conseguían
algo difícil, llenar los escaños y los de la tribuna de prensa. Pero no se pueden hacer debates fotocopiados porque el resultado es el que es, y es un poco duro.
Conviene planteárselo porque hay temas que no conviene trivializar. No tiene sentido
presentar una proposición de ley que habla de una encuesta del año 2000 -como es copia del anterior-, ni defender aquí con argumentos sociológicos, entre comillas, diciendo que parece que hay una encuesta. Parece, no. O la hay o no la hay y tiene
una fecha, porque las encuestas se hacen. Estamos trivializando, y eso es muy duro. Es muy duro que haya habido una Comisión de estudio en el Senado, pero no se haya citado ni una sola vez ni uno de sus contenidos, entre otras cosas porque los
contenidos son masivamente contrarios a la eutanasia, algo que ustedes han ocultado aquí en el debate. No tiene sentido que haya una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nadie sepa que la ha habido, porque igualmente dice lo que
dice y no otra cosa. Trivializar los debates no es bueno.
Como la iniciativa es la misma, no voy a reproducir la intervención que yo tuve en nombre de mi grupo, discutiendo su contenido porque, por otra parte, casi no ha habido alusión de sus presuntos defensores. Por eso intentaré cambiar un poco
las fuentes argumentales. Voy a comentarles algunas cosas que pueden ser útiles para una reflexión, como se decía muy bien, filosófico-jurídica. Por ejemplo, esta cita: Hay en la naturaleza humana dos anhelos fundamentales. Uno dimana de la
codicia natural y lleva a cada uno a reclamar para sí solo el uso de las cosas. El otro procede de la razón natural e incita a los hombres a buscar el medio de evitar la muerte que consideran el peor de los males naturales. Es el teórico de lo que
se llamó el individualismo posesivo, esa doctrina que los marxistas critican y que lleva a tratar a los demás como cosas. Es alguien que tenía bien claro que si el derecho sirve para algo es para defendernos precisamente de la muerte, para
garantizarnos que nadie nos va a matar. Eso es algo fundamental. De esa instrumentalización cosificadora es de lo que realmente estamos hablando aquí. La muerte es, sin duda, uno de nuestros más graves problemas, pero intentar resolverlo
anticipándola no deja de ser una
solución realmente curiosa; a mí por lo menos, como digo, no me entusiasma lo más mínimo. Dice el mismo autor: El hombre está inclinado a buscar lo bueno para él y evitar lo malo y, particularmente, la muerte, que es el peor de los males
naturales. Esta inclinación es tan natural como la que lleva a la piedra a caer. Es un autor cuya obra está en latín, pero no tiene nada que ver con ningún elemento religioso. Es el Decibe, de Thomas Hobbes, lo que pasa es que en aquella época el
latín todavía era una lengua culta. Él mismo se ocupa de cuáles serían las consecuencias jurídicas de una despenalización, recordando que lo que no es injusto es justo y que, como consecuencia, en la medida en que deja de prohibirse una conducta
evidentemente pasa a reproducirse. Dice él: Es normal que se considere injusto lo que por costumbre se ha visto castigado, y justo aquello de cuya impunidad y aprobación se puede dar algún ejemplo o precedente. El mismo Hobbes hace siglos tenía
muy claro en qué medida el derecho normaliza conductas y en qué medida despenalizar lleva a generar conductas favorables. La famosa alusión a la pendiente resbaladiza o a la ruptura de diques, que es un lugar común en estos debates. Dice Hobbes:
Donde la ley cesa, cesa el delito. No hay protección que pueda derivarse de la ley y, por consiguiente -y esto es muy interesante-, cada uno puede protegerse a sí mismo por su propia fuerza. Se llega al puro darwinismo, que es a lo que lleva la
irresponsabilidad de permitir que alguien pueda matar a otro. Esa es la situación.
Cabría pensar que ha habido un cambio de perspectiva desde que Hobbes escribió, cuando aún los títulos de los libros estaban en latín, y que estaríamos ya en otro contexto en el que la dignidad y la autonomía, la libertad, a la que tanto se
ha invocado aquí, justificarían otro planteamiento. Quiero hacerles reflexionar sobre un problema que se plantea hoy día, ético nada sospechosos: si la dignidad es prioritaria respecto a la autonomía o viceversa. Desde luego, históricamente se
concibió que la dignidad, el hecho de que el hombre es intocable, es la fuente de la autonomía. Precisamente porque el hombre es intocable, porque nadie puede condicionarlo, su ética no puede ser heterónoma; la autonomía era una consecuencia de la
dignidad. Sin embargo estamos, por parafrasear a Chesterton, con ideas modernas que se nos han vuelto locas y resulta que ahora queremos que la dignidad sea una consecuencia de la autonomía. Usted, señor Saura, que es de los parlamentarios más
inteligentes que hay aquí, enseguida ha captado el problema. Si la autonomía es la fuente de la dignidad, otros controlarán cuándo tenemos autonomía y cuándo no; habrá un criterio de calidad sobre nuestra autonomía y a partir de ese momento,
nuestra dignidad queda machacada.
Eso no lo digo yo. Una segunda fuente argumental poco sospechosa, Jürgen Habermas, mítico representante de la escuela de Frankfurt, marxista cuando se podía ser, hoy día postkantiano, como ha sido siempre, está
enormemente preocupado por el futuro de la naturaleza humana. Así se llama su libro, traducido ya al castellano, que va por la cuarta edición en alemán, en el que he tenido la ocasión de trabajar, porque hay gente para todo y me he ido a Alemania a
trabajar, gracias a que la profesora Piñel -aprovecho para que figure en el 'Diario de Sesiones'- me ayuda a sostener esas lides. Habermas está preocupado ante el futuro de la naturaleza humana, y aunque él se fije fundamentalmente en los problemas
planteados por la bioética, por el comienzo de la vida humana, sus argumentos son perfectamente aplicables igualmente al final de la vida humana.
Como ven, señorías, no traigo aquí santos padres ni sumos pontífices porque en mi grupo no los necesitamos. Simplemente con leer, que es una cosa muy sana, puede uno argumentar lo que haga falta. Dice Habermas: No está claro si estamos
ante un incremento de libertad necesitado de regulación normativa o ante preferencias no necesitadas de autolimitación alguna. Es lo que se está planteando aquí: que no haya normas y que haya una posible y pura arbitrariedad. Eso lleva el riesgo
-dice Habermas- de alterar la estructura de nuestra experiencia moral en su conjunto; aspirando a un aumento de la autonomía del individuo, podemos minar la autocomprensión normativa de personas que deben respetarse en situación de igualdad.
Situación de igualdad que no se da cuando alguien legalmente puede matar a otro, ahí no hay igualdad ninguna, jamás la habrá. Hace falta recuperar el punto de vista moral del trato no intrumentalizador a una segunda persona que se detecta en la
lógica del sanar. En la eutanasia no hay lógica del sanar ninguna, en la eutanasia lo que hay es matar de manera directa a una persona; no hay sanidad alguna, no tiene nada que ver con la sanidad. Habermas también está preocupado por el papel
normalizador, por el temor a una pérdida de sensibilidad de nuestra visión de la naturaleza humana que lleve a un acostumbramiento. A eso llevan las despenalizaciones de situaciones como ésta. Y teme esa pendiente resbaladiza. Llega a prever que
la frontera de tolerancia de lo originariamente considerado como normal se irá difuminando con los acumulativos efectos de acostumbramiento, fruto de normas sanitarias, y llevará a un trato cosificador de la vida humana. Es la realidad. La
realidad es que tenemos una medicina tecnificada donde llega un momento en que el paciente está lleno de aparatos. Recuerdo una viñeta de El Roto, un anarquista de los de verdad, donde un paciente lleno de cables por todos lados decía: Ha entrado
alguien, pero no sé si es el médico o el fontanero. Esa es la situación de una medicina que permite el encarnizamiento terapéutico con el que ninguno de nosotros está de acuerdo, pero no tiene nada que ver con la eutanasia, tampoco con una presunta
eutanasia pasiva. No tiene nada que ver con eso. No hace falta para nada defender ningún encarnizamiento, pero sí defender algo que han dicho todos de una manera paradójica, porque si la defensa de la vida
consiste en permitir que se pueda matar, con amigos así no hacen falta enemigos. Nosotros defendemos que hace falta ayudar a vivir dignamente hasta el último momento, porque la muerte no existe. No hay un primer acto de la muerte. Hay un
último acto de la vida que hay que ayudar a hacer con dignidad. Luego, ya hay una caída, cada cual sabrá en qué, pero no tiene sentido hablar de un primer punto de la muerte, porque no lo hay. Hay un último punto de la vida que hay que ayudar a
arrostrar con dignidad, y eso sí que es una responsabilidad de quien no suscriba el individualismo posesivo y esté dispuesto a ayudar a otro a asumir las exigencias de su propia dignidad. Esto es lo que está en juego.
Voy a una tercera fuente argumental. Hace unos días nos ha visitado Johannes Rau, presidente de la República Federal Aemana, socialista, ajeno absolutamente al mundo católico; no ha tenido inconveniente en dejarlo bien claro, evangélico.
Pues bien, en un discurso institucional ya célebre, pronunciado en Berlín, el 18 de mayo de 2001, en el salón de actos Otto Braun de la Biblioteca Nacional de Berlín, que se repite periódicamente, se refirió a este problema, a cómo en los Países
Bajos el principal argumento para despenalizar la eutanasia había sido la apelación a la autonomía. Recordaba el punto de vista de un médico que le decía: Cuando seguir viviendo se reduce sólo a una entre dos opciones legales, todo aquel que
imponga a otro la carga de su supervivencia estará obligado a rendir cuentas, a justificarse. Se genera una situación en que para seguir viviendo hay que pedir perdón porque uno es una carga.
Eso es el acostumbramiento. A eso lleva el dejar la
puerta abierta a un individualismo posesivo que hace que el enfermo terminal se sienta una carga y, en el fondo, quiera liberar a otros de su propio peso. Esa es la realidad que acaba produciendo esa despenalización. Recordaba Johannes Rau cómo el
estudio oficial hecho en Holanda de la experiencia de la despenalización registraba anualmente mil casos en los que se realizaban -dice textualmente- actos de terminación de la vida, sin el deseo expreso de la persona fallecida. No estamos hablando
del derecho que alguien tenga a quitarse la vida. Nadie lo discute. Jurídicamente es irrelevante.
Estamos hablando del posible derecho a que alguien mate a otro. Esa es la cuestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta.
Dice Rau: El motor de la eutanasia es el gran temor de no soportar el sufrimiento y el dolor, el miedo a quedar abandonado, a ser una carga; pero la eutanasia activa no es la única respuesta posible. Tenemos que volver a aprender que
existen muchas posibilidades de asistir a los moribundos. Lo más importante es no dejarlos solos. Eso sí que es superar el individualismo. La ayuda médica más eficaz es una buena terapia contra el dolor que hoy día está abandonada. Él rechaza la
inquisición geográfica al decir que no tiene sentido que se diga que los alemanes de esto no pueden hablar. Es un equivocado y falaz argumento que a los alemanes no nos es lícito abordar determinados temas a causa de nuestra historia. Si
consideramos algo contrario a la ética e inmoral, es precisamente porque es contrario a la ética y moral, siempre y en todo lugar. En las cuestiones éticas fundamentales no existe una geografía de lo lícito o de lo ilícito, ni tampoco existe una
confesionalidad de lo lícito o de lo ilícito y es una torpeza aludir a sentimientos religiosos en este problema.
Termino, señora presidenta. Tenemos un reto pendiente: renunciar a un individualismo posesivo que acaba cosificando al otro y acaba suscribiendo una cultura de la muerte que anima a plantearse, con un paternalismo negador de toda
autonomía, si no sería bueno, por el bien del otro, matarlo. Hay que dar paso a una cultura de la vida que lleve a no regatear esfuerzos para ayudar a vivir hasta el fin con dignidad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Señorías, iniciamos las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de despenalización de la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 124; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 123; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, orgánica, sobre disponibilidad de la propia vida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300, a favor, 122; en contra, 177, abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CREAR UNA COMISIÓN TÉCNICA DE EXPERTOS, CON EL FIN DE ELABORAR UN INFORME SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. (Número de expediente 162/000607.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión técnica de expertos con
el fin de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen los escaños o que abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Intervengo para defender la proposición no de ley del Grupo Popular en relación con la petición al Gobierno de constitución de una comisión técnica de expertos a fin de estudiar la responsabilidad
social de las empresas.
Tal y como exponemos en la argumentación de la iniciativa, resulta cada vez mayor el número de empresas que fomentan sus estrategias de responsabilidad social en respuesta a inquietudes económicas, pero también laborales, medioambientales y
fundamentalmente sociales. Al obrar así, las empresas invierten en su futuro. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Azpiroz, por favor.
Señorías, hay un diputado en la tribuna que ha tenido que suspender su intervención porque el murmullo que hay en la Cámara impide que se le oiga. (Pausa.)
Adelante, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
En marzo del año 2000, el Consejo Europeo de Lisboa apeló en particular al sentido de responsabilidad social de la empresa y lo fundamentó en materias como el aprendizaje permanente, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades,
la inclusión social y el desarrollo sostenible. Así, al afirmar su responsabilidad social y asumir voluntariamente compromisos que van más allá de las obligaciones reglamentarias y convencionales, las empresas intentan elevar los niveles de
desarrollo social, protección medioambiental y respeto a los derechos humanos y adoptan un gobierno que concilia los intereses de diversos agentes con un enfoque global de calidad y viabilidad. Son numerosos los factores que impulsan la iniciativa
que ahora planteamos y entre otros destaco los siguientes. En primer lugar, en España se han creado en los últimos seis años más de cuatro millones de puestos de trabajo, lo que hace que la alarma inicial por la cantidad de empleo se haya traducido
hoy en preocupación por la calidad del mismo. En segundo lugar están las nuevas inquietudes de los ciudadanos, consumidores, poderes públicos e inversores en el contexto de la globalización. En tercer lugar están los criterios sociales, que
influyen cada vez más en las decisiones de inversión de las personas e instituciones. Y en cuarto lugar está la creciente sensibilidad y preocupación por el deterioro medioambiental provocado por la actividad económica.
El Consejo Europeo de Gotemburgo hizo hincapié en la responsabilidad social de las empresas y en el importante papel que jugaban las administraciones públicas. Esta es una de las razones por las que del conjunto de enmiendas que se han
formulado a la iniciativa, no vamos a aceptar la del Grupo Parlamentario Socialista porque consideramos que no se trata tan sólo de las empresas ni de los particulares sino también de la acción que está en las administraciones públicas y de las
cuales tiene algo que decir el Estado en sus diversas vertientes. Sin embargo, sí acogemos en un texto transaccional que hemos ofrecido a los diversos grupos enmendantes la definición del objeto, la del concepto y otras más amplias que aportan y
enriquecen nuestro texto a la hora de hablar de la responsabilidad social tanto interna como externa de las empresas.
La Comisión Europea elaboró un libro verde conteniendo un análisis sobre la materia y sobre él presentó la comunicación relativa a la responsabilidad social de las empresas, una contribución empresarial al desarrollo sostenible, que ha sido
examinada por el Consejo en la reunión de 3 de diciembre, y se ha pronunciado favorablemente a través de una resolución en la que se fijan los criterios europeos. En esta comunicación, que también recoge los principios de la cumbre de Gotemburgo,
se define la responsabilidad social europea como un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente integrar las preocupaciones sociales y ecológicas con sus actividades comerciales y las relaciones con sus interlocutores, por lo
que la responsabilidad social no afecta sólo a las empresas sino a todos, a la Unión Europea, a los Estados, a los interlocutores sociales y a la sociedad, y sobre ello establece dos principios básicos: el carácter de voluntariedad y el carácter de
trasparencia en todas las actuaciones que se deriven de la aplicación y de la integración de los conceptos de la responsabilidad social empresarial. La empresa, que se divide, como dije antes, en la vertiente interna y en la externa, cuestión sobre
la que no voy a tener tiempo de explayarme en esta ocasión- debe velar en la vertiente interna por aspectos tan importantes
como la mejora en la calidad de empleo y otras cuestiones relativas a estándares de trabajo, seguridad, prevención de riesgos laborales, consumo de recursos energéticos de agua y materiales, emisiones de residuos, etcétera. Para completar
esta nueva filosofía, la responsabilidad social de la empresa debe tener también una proyección externa en su vinculación a la comunidad, el fomento de la cohesión social y, por otro lado, en las relaciones con sus proveedores. De hecho, algunas
empresas ya figuran en los diferentes índices que se han ido creando para medir la responsabilidad social empresarial; por ejemplo, el Domini 400 social index o el Dow A. Jones sustainability, que agrupan a las empresas que cumplen códigos éticos,
así como la norma SA 8.000, que tiene por objeto acreditar que los productos elaborados por las empresas han sido producidos en condiciones laborales equivalentes al lugar donde se van a consumir. En este momento España está actuando promoviendo la
cohesión social mediante la integración de colectivos desfavorecidos y personas con minusvalías, fomentando la política educativa mediante la formación de técnicos o mano de obra cualificada, y la estrategia española de desarrollo sostenible,
elaborada en desarrollo de la estrategia europea, hace referencia a distintos planes de acción en los que está integrada la responsabilidad social, como son la inclusión social, el empleo, la igualdad de oportunidades, mayores o formación
profesional. He de decir, porque es justo públicamente reconocerlo, que en esta materia ha habido un esfuerzo del grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Socialista, en el formato de una proposición de ley que todavía no se ha debatido en la
Cámara pero que articula cuestiones que yo creo que van a ser objeto de tratamiento, consideración y atención por el comité de expertos que dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales planteamos con esta iniciativa. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Nosotros -y lo digo con sinceridad- no queremos juzgar a priori la oportunidad de desarrollar un instrumento legislativo sin profundizar, sin realizar un análisis en esta cuestión y, en
definitiva, sin ver si efectivamente cabe o no una norma legal para regular esta materia cuando uno de los principios fundamentales que ha desarrollado la Unión Europea y la praxis de las empresas donde se está llevando a efecto este tipo de
responsabilidad social se basan y fundamentan en el factor de voluntariedad. Pero no juzgamos, pues creemos que esto debe ser una consecuencia del estudio que finalmente salga a la luz como consecuencia de la comisión técnica de expertos.
Quería reconocer, no obstante, el esfuerzo que han hecho y estoy convencido de que muchas de las cuestiones que plantean, que tienen sentido y desarrollan también principios contenidos en el libro verde y en las actuaciones de la Unión
Europea que acabo de mencionar, van a tener sin duda una traducción futura y una materialización que lo que haga sea lo que, en definitiva, en términos políticos creo que todos los grupos de la Cámara hoy estamos persiguiendo aquí, que es dar un
impulso y una iniciativa más que apoye y dinamice lo que es esta incipiente pero importantísima labor de la responsabilidad social empresarial, que abarca tantos campos y desde luego el interés de nuestras personas en tanto en cuanto son
trabajadores, ciudadanos y consumidores y en tanto en cuanto tienen también una preocupación por la cosa pública y manifiestan sus preocupaciones ante los atentados que se pueden producir por actividades económicas en el medio ambiente, en la salud
de los trabajadores o en los productos y en la calidad de los mismos.
A las enmiendas que han sido presentadas a esta iniciativa hemos planteado una enmienda transaccional que reúne y concilia las diversas cuestiones que se nos han formulado. Paso a leerla para general conocimiento de los grupos de la Cámara,
aunque a algunos he tenido oportunidad de proporcionarles ya el documento: Uno. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se cree una comisión técnica de expertos, con la finalidad
de elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa, que permita: Dos.
Favorecer la adopción de las mejores prácticas, en particular a través de la difusión voluntaria de información, posibilidad de crear un organismo certificador
o evaluador de la calidad social, implementación de una futura etiqueta social, realización de auditorías e informes sociales, estudiar, analizar y proponer medidas que definan el concepto y los contenidos de la responsabilidad social de la empresa,
incluyendo las normas de transparencia, la incorporación del balance social y medioambiental, los códigos de conducta, las formas de evaluación del comportamiento social, teniendo en cuenta las directrices derivadas de las comunicaciones y estudios
de la Comisión Europea números 347 y 366 actuales y las futuras, para la elaboración de un marco legal que promueva el comportamiento y la responsabilidad social de las empresas.
Tres. En los trabajos que se vayan a realizar será necesario contar
con la opinión y participación de las comunidades autónomas, los agentes sociales representados en el Consejo Económico y Social y en las organizaciones no gubernamentales. (Recogemos aquí una enmienda de Eusko Alkartasuna, otra de Convergència i
Unió y una parte de lo que planteaba el Grupo Socialista). Cuatro. Asimismo, se contemplará la participación del Congreso de los Diputados en este proceso. (Aquí recogemos un planteamiento de Convergència i Unió). Por último, cinco, participar e
impulsar en el seno de la Unión Europea y de las instituciones comunitarias políticas y medidas para la implantación de mecanismos de seguimiento y eficacia de los criterios de responsabilidad social.
Señorías, concluyo ya diciendo que este es un tema incipiente pero de una enorme transcendencia que en el
futuro va a ir alcanzando notoriedad, auge e importancia. Por ello voy a concluir con las palabras del presidente del Club de Gestión de Calidad, que hace unos meses decía que sería razonable presentar el término responsabilidad social
corporativa o empresarial diciendo que probablemente sea este uno de los próximos objetivos clave de las empresas. En cuanto a la atención que debemos prestarle, es probable que sustituya como foco de atención a lo que hasta ahora veníamos llamando
calidad. Es un nuevo panorama que va a favorecer la viabilidad de las empresas y su actividad de negocio, pero va a favorecer también que las prácticas empresariales, sobre todo de las medianas y grandes empresas, se hagan de una forma armonizada,
con coparticipación de los trabajadores, con información, con transparencia, con respeto al medio ambiente, con consenso social y con coparticipación ante las administraciones locales en que se desenvuelve.
Por lo anteriormente expuesto, señoras y señores diputados, pedimos su apoyo a esta iniciativa en los términos del texto transaccional al que acabo de dar lectura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre de Convergència i Unió para fijar nuestra posición y presentar nuestra enmienda a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta a la creación de una comisión técnica de expertos que debería
elaborar un informe sobre la responsabilidad social de la empresa.
Mi grupo considera positivo que el Grupo Popular haya trasladado al debate parlamentario esta cuestión, porque permite a la Cámara por primera vez, de manera más o menos solemne, hacernos eco de un debate que está presente desde hace tiempo
en la comunidad internacional y especialmente en la Unión Europea. Desde 1993, con las primeras iniciativas del entonces presidente de la Comisión Europea, pasando por la última cumbre de Lisboa, en la que se marcaban los grandes objetivos de la
nueva Unión Europea, enfatizando lo que ha supuesto el Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, es evidente que en Europa se ha abierto ese debate, que está muy relacionado con la propia dimensión del modelo europeo, tanto en su
vertiente económica como en su vertiente social. Además se trata de un debate en relación con el cual las iniciativas planteadas en el seno de las Naciones Unidas, con el world pact propuesto por Kofi Annan, las recomendaciones de la OCDE o los
instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, nos indican que esta es una línea que es necesario abordar en el Estado español junto con otras iniciativas gubernamentales de otros Estados de la Unión Europea que inciden en esa misma
dimensión: el Copenhaguen Centre, propulsado en los años noventa por el Gobierno de Dinamarca, la asunción de las responsabilidades específicas en el Gobierno británico, atribuidas a un ministro en relación con la responsabilidad social de la
empresa, o las convocatorias del primer ministro sueco, señor Pearson, a todos los agentes económicos y sociales de Suecia para abordar esta cuestión.
Incluso el propio mercado y las empresas de carácter internacional asumen en sus objetivos esa
dimensión. Hoy es el mercado el que exige a las empresas plantear esta nueva dimensión de su papel. Por otra parte, en el marco del Estado español hay iniciativas interesantes en el terreno de la reflexión, como el trabajo que se ha ido realizando
en este ámbito desde ESADE, en Barcelona, por el profesor Lozano, y las discusiones en el marco de AENOR, protagonizadas por cuatro ONG -Amnistía, Intermón Oxfam, Economistas sin Fronteras y SETEM- junto con los agentes sociales, así como otras
iniciativas muy cercanas al ámbito de las organizaciones empresariales, como el proyecto que representa la Fundación Empresa y Sociedad.
En este contexto, señorías, hacía falta que el Gobierno tuviese también una política de promoción y de reflexión alrededor de la razón social de la empresa, y esta proposición no de ley que nos plantea el Grupo Popular precisamente va en la
línea de empezar a llenar de contenido esa dinámica; una dinámica que pretende buscar también una nueva forma de mirar las empresas, de articular mecanismos que permitan a las empresas implicarse en los asuntos colectivos, así como asumir su
responsabilidad en la vida cotidiana de sus trabajadores y en su entorno más inmediato, no sólo desde una perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva de vincularse al tejido social de su entorno más inmediato, una vinculación muy ligada
también a una nueva concepción del espacio público. El espacio público no es responsabilidad exclusiva de las administraciones, sino que es compartido también por otros agentes, por el tercer sector organizado y también por el sector empresarial.
Se trata además de un concepto que en ningún caso puede suponer que las empresas no deban cumplir con sus obligaciones legales, tanto aquellas que están en el marco de los Estados como las que están en el marco de la comunidad internacional, ni que
el Estado deba dejar de tener sus responsabilidades en los ámbitos sociales o ambientales, así como tampoco que el tercer sector deba dejar de asumir los principios y los valores del mercado. Con este concepto pretendemos que las empresas asuman
sus responsabilidades sin que nadie deje de asumir las que hoy ya tiene por convicción política y por mandato legal. Pero esta iniciativa, señorías, pretende también constituir un elemento
que, desde la perspectiva de las responsabilidades del Gobierno del Estado español, nos ayude a construir nuevas relaciones sociales, a construir capital social. Hoy las democracias, si pueden ser de alguna manera revitalizadas,
dinamizadas, asumir fuerza para superar retos relacionados con la gestión de la diversidad cultural, de los cambios derivados del proceso de envejecimiento, de los cambios derivados de las transformaciones en el seno de las familias, de las
transformaciones derivadas del mundo del trabajo, si las sociedades y las democracias deben abordar esos retos y si queremos de nuevo llenar de contenido el propio concepto de la democracia, necesitamos también empresas que sean capaces de crear
capital social, que sean capaces de crear nuevas relaciones sociales, que sean capaces de crear nuevos vínculos sociales y que sean capaces de implicarse en el espacio público y en aquellas cuestiones que interpelan al conjunto de la sociedad. En
este sentido, para Convergència i Unió es especialmente relevante la discusión sobre la responsabilidad social de la empresa, porque en el fondo es una discusión sobre nuestro modelo de sociedad, sobre si queremos construir un modelo social
inclusivo, democrático, participativo y que dé respuesta a los problemas reales que padece la ciudadanía en este nuevo siglo. Otra virtud que aborda este concepto es que nos puede permitir trasladar esa discusión sobre el modelo de sociedad, sobre
el modelo de país, sobre el modelo de Estado, sobre el modelo del mundo que queremos construir.
Estos días, con mi colega Inma Riera, hemos tenido ocasión de mantener un debate abierto con representantes de las empresas del mundo del café, donde hemos discutido en relación con una iniciativa que la Cámara tramitó hace unas cuantas
semanas, que hacía referencia a la crisis del café y a la necesidad de impulsar una política a escala mundial que permitiese a los 25 millones de productores de café superar la situación de pobreza que padecen. Ahí encontramos empresas
multinacionales, pero también a empresas españolas y catalanas, que asumen que su responsabilidad no es sólo producir buen café y trasladarlo a los consumidores con calidad sino también asumir las consecuencias que sus decisiones en el ámbito del
mercado tienen para esos 25 millones de personas. Esta discusión es terriblemente sugerente, va más allá de la acción social de las empresas, del cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas en materia de salud laboral, de medio
ambiente, de la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, es esa nueva dimensión que pretendemos dar al conjunto de la sociedad, incluso a escala mundial, ante los nuevos retos que tenemos planteados. Estamos convencidos de que la
debilidad de nuestro sistema, de las economías de mercado, de las democracias liberales pasa también por esta nueva dimensión del mundo de la empresa.
En el caso de quien les habla, que es un diputado catalán, desde la perspectiva de Cataluña, deberá incorporar la dimensión de las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces quienes tienen la tentación de trabajar y de impulsar ese ámbito y
quienes hoy son ejemplares en esa materia son las grandes multinacionales, que pueden permitirse la articulación de acciones concretas en ese ámbito. En una sociedad que tiene el tejido económico que tiene nos interesa la implicación del mundo de
la pequeña y mediana empresa y que, poco o mucho -seguramente sin una excesiva reflexión teórica-, se habrá implicado ya en estas cuestiones. Sin una excesiva reflexión teórica seguramente hoy el mundo de la pequeña y mediana empresa se implica en
sus comunidades locales y en sus entornos más inmediatos. Estos días el profesor Lozano, en un artículo que publicaba en La Vanguardia, hacía referencia a que las empresas, si querían ser acogidas por su entorno más inmediato también debían asumir
esa dimensión. El mundo de la pequeña y mediana empresa, sin ser demasiado consciente, ha procurado desde siempre alcanzar esa dimensión.
Ahí nos situamos, señorías, en una perspectiva en donde sería bueno, en la línea de lo que el Grupo Popular
nos plantea en su proposición no de ley, que formase parte de esa reflexión.
La enmienda que ha presentado Convergència i Unió en el fondo coincide con lo que nos plantea el Grupo Popular. Nosotros planteamos una estrategia más participativa de debate alrededor de la elaboración de un libro verde. Nos parece un
buen instrumento para articular esta discusión, en semejanza a lo que ha hecho la Unión Europea con su libro verde. También nos pareció necesario que el Congreso de los Diputados se implicase en esta discusión como expresión de la soberanía popular
y del pluralismo político que caracteriza a la sociedad española. Además creíamos que sería bueno que este grupo de técnicos encontrase una vinculación con la sociedad civil articulada, tanto en el Consejo Económico y Social como a través de las
ONG que vienen trabajando en esta materia desde hace tiempo. Finalmente mandatábamos al Gobierno que se vinculase a esas propias iniciativas que en el seno de la Unión Europea se vienen produciendo en los últimos tiempos.
A mi grupo le satisface la oferta de transacción que nos ha trasladado el señor Azpiroz porque, aunque no recoge la cuestión del libro verde -lo entendemos-, sí recoge aspectos sustanciales de aquello que propone Convergència i Unió. Por
tanto va a contar con nuestro apoyo, con la esperanza de que en esta Cámara pronto podamos conocer, analizar y discutir las propuestas que este grupo de trabajo articule para empezar a construir una nueva dimensión en nuestra política económica y en
nuestra política social, orientada hacia esa nueva mirada sobre el mundo de las empresas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos trae aquí una proposición no de ley aparentemente integradora, favorecedora de un trabajo serio y que pretende ser pionera de algo en lo que en teoría todos podríamos estar de acuerdo. Agradezco la intervención del diputado
del Grupo Popular porque se ha ajustado a estos términos, pero esto no sucede de la noche a la mañana. Este Parlamento necesita de iniciativas como ésta, pero los ciudadanos deben saber que la mayoría que ustedes tienen no debe servir para frenar
iniciativas sino para todo lo contrario. Tanto que exigen ustedes a la oposición que presente proyectos y alternativas, el señor diputado sabe que hay una proposición de ley de nuestro grupo que aborda esta situación, que efectivamente -como ha
reconocido otro interviniente- no es nueva, pues se está discutiendo en el ámbito de la Unión Europea, donde ya se ha elaborado un libro verde -alguien ha propuesto aquí que hagamos otro, pero creo que con uno basta- y hay un comunicado de la
Comisión que analiza ese libro verde y que da una serie de propuestas.
Además, como siendo algo novedoso ya tiene una trayectoria, por esa razón lo importante es abordarlo cuanto antes, que es lo que hicimos nosotros con la proposición de ley que
registramos en esta Cámara el 30 de abril.
No sé si están ustedes de acuerdo o no con esta iniciativa, pero parece que sí están muy preocupados y que quieren agilizar este proceso. Sin embargo, no se les ocurre otra cosa para hacerlo que presentar
una proposición no de ley para que se constituya una comisión técnica en el seno del Ministerio de Trabajo; o sea, con el tiempo que se lleva discutiendo sobre estos temas, ¿tienen ustedes que decir al Ministerio de Trabajo que se ocupe de esto?
¿El Ministerio de Trabajo todavía no ha abordado ni siquiera esto? ¿Necesita que ustedes digan que se cree una comisión técnica en el Ministerio de Trabajo? Sencillamente no lo entendemos. Me imagino que si quieren crearla, lo harán; pueden
hacerlo mañana mismo o pueden hacerlo esta tarde, no tienen ningún problema. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Es más, si a ustedes les preocupaba nuestra iniciativa del 30 de abril, podían haberse dado cuenta, una vez que la
conocieron, de que efectivamente no estaban haciendo absolutamente nada, y haber recomendado, con una simple llamada telefónica al ministerio, que estudiaran esto. Su mismo grupo también podía haber hecho lo que nosotros hemos hecho, que es
trabajar sobre este asunto y preparar esta iniciativa. Porque, si no, señorías, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos celebrando un Pleno que podría servir para tomar en consideración o no esta iniciativa, discutirla en una Comisión y, en fin,
avanzar en ese proceso. Sin embargo, estamos aquí para todo lo contrario, porque su iniciativa va a servir para que esto se paralice y no se tome en consideración. Es más, en la sociedad hay organizaciones como Amnistía Internacional, Economistas
sin fronteras y otras que se están preocupando por este tema. Alguien ha leído algo que nos ha llegado a través de Internet, que ante su propaganda sobre lo que hoy se iba a tratar aquí decía: Destaca positivamente el debate que generará mañana la
votación de la proposición no de ley sobre responsabilidad social corporativa. El portavoz de Convergència i Unió se ha felicitado porque por fin, por primera vez, viene a esta Cámara una iniciativa de esta naturaleza presentada por el Grupo
Popular.
Pues bien, señorías, si todos partimos de un mínimo, si entendemos que lo que aquí se habla y las palabras que se dicen tienen un sentido y le damos todos el mismo sentido, comprenderán que esto no tiene seriedad alguna por parte del grupo
mayoritario. Repito, pueden negarse a lo que aquí proponemos, pueden enmendarlo, pueden presentar otra cosa, pero, por favor, no nos hagan perder más el tiempo, no nos traigan aquí estos discursos vacíos, sin contenido, que son ustedes el grupo que
apoya al Gobierno. No le digan más al Gobierno que cree una comisión de estudio en el ministerio, por favor, no se lo digan. ¿No se dan cuenta de que eso no es serio, con tanto que presumen de seriedad?
No quiero utilizar palabras más gruesas, porque mi intervención de hoy es sosegada, pero he escuchado una rueda de prensa de su portavoz y su secretario general que también debería llevarles a reflexión. No se puede manipular de esta forma.
Tienen ustedes que ser más serios en esto; tienen que reconocerlo y decir: señores no hemos hecho nada hasta ahora, pero a partir de ahora lo vamos a hacer. No vamos a aprobar esto hoy pero el Grupo Popular se compromete a presentar dentro de un
mes una iniciativa en este sentido, porque, si no, los ciudadanos no le van a creer absolutamente nada.
En el poco tiempo que me queda y porque me parece que el tema es importante, voy a intentar resumir lo que, a juicio de nuestro grupo, tiene sentido de la iniciativa que hemos planteado en la Cámara, y por qué este asunto tiene una
importancia capital: las relaciones de las empresas con los trabajadores, de las empresas con sus accionistas, las relaciones de las empresas, en general, en el seno de esta sociedad, en el seno de la globalización, con la cantidad de
interrelaciones que hay, con la cantidad de normas de ámbito supranacional, efectivamente están creando un clima, unas circunstancias que exigen estudiar esto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la responsabilidad social de las empresas,
que en sí misma es un valor. Fíjese que nosotros decíamos que debe considerarse más como una inversión que como un gasto lo que se haga en esta materia. Curiosamente ustedes lo dicen también, copian esta frase de nuestra iniciativa, pero no
dicen el porqué de que esto es más una inversión que un gasto. Tiene muchísima importancia que se trabaje bien en las empresas, que haya transparencia. Estamos cansados de ver los problemas que surgen en el seno de las empresas, en la
interrelación de las empresas, en las transacciones de Bolsa, en las transacciones bancarias, por falta de transparencia. No se abordan los problemas reales de igualdad a la hora de competir.
Los que se llaman liberales, los que hacen del mercado un dios y lo ponen en un altar, deberían pensar que ese mercado tiene que funcionar con reglas iguales para todos. De eso se trata; se trata de plasmar unas normas, unas voluntarias,
otras que lleven a analizar que a una empresa le viene bien estar en el seno de la responsabilidad social. Definir esos conceptos es lo que nos parece que tiene entidad. Por eso habíamos planteado esta iniciativa. Por eso esa iniciativa y ese
problema que afecta a muchos trabajadores y a muchas empresas del mundo no se merecen que ustedes hoy remitan esto a una comisión en el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo no se preocupen porque nuestro grupo, como tiene esa iniciativa planteada,
seguirá intentando que la misma venga a esta Cámara. Por tanto, no vamos a oponernos porque nos parece que su iniciativa, con su enmienda transaccional, es inocua por sí misma, no daña. Si ustedes la estudian en el ministerio nos parece bien; si
convocan a las comunidades autónomas nos parecerá bien, porque no las convocan para nada y por lo menos estarán en el Ministerio de Trabajo estudiando la responsabilidad social de las empresas, y si llaman a los agentes sociales, también. Y si, de
paso, consiguen que el Parlamento participe de alguna forma, también participaremos de alguna forma. Hemos formulado una enmienda a su proposición y les hemos dicho: creen una comisión para que podamos estudiar entre todos, en este Parlamento, con
los informes que haga falta, eso que a ustedes les preocupa tanto. Han dicho que no y lo reducen a una comisión en el seno del Ministerio de Trabajo.
Nosotros no renunciamos a que nuestra iniciativa venga a esta Cámara. Eso que ustedes plantean, que no es nada, simplemente algo que deberían hacer y esperemos que lo hagan, lo vamos a votar favorablemente, pero dentro de dos, tres o cuatro
meses les vamos a preguntar qué están haciendo, a cuántos han llamado y en qué se ha traducido esta iniciativa, aunque también vamos a intentar que nuestra iniciativa venga a esta Cámara, repito, y sea discutida; así que pónganse las pilas,
entérense de qué va esto y cuanto antes puedan discutirlo con nosotros, mucho mejor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Cuevas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han explicado, cada uno desde su perspectiva, qué es lo que se pretende tanto con la iniciativa como con las enmiendas. Es evidente que todos tenemos una preocupación en relación
con el impacto que tiene la actividad empresarial en el entorno social, medioambiental o de respeto a los derechos humanos. Esto puede parecer nuevo, pero es evidente que existe desde hace mucho tiempo y puede haber diversas formas de visualizarlo.
Está claro que cuando las empresas están arraigadas en un territorio con mercados y trabajadores cercanos el impacto que pueda tener esa actividad empresarial es muy cercano, tanto en lo que se refiere a los trabajadores como a los consumidores o a
las relaciones que tiene la empresa con su entorno medioambiental. En la medida en que se produce una deslocalización de las empresas, la preocupación empieza a crecer de una manera muy grave porque esa relación entre la actividad empresarial con
los entornos sociales y medioambientales, con los consumidores y con los trabajadores es cada vez menor. No hay esa relación y, por tanto, no hay esa incidencia o interrelación que tiene que haber entre la actividad empresarial y esos entornos.
Ahí es cuando la preocupación comienza a ser más grave, cuando la actividad empresarial trasluce lo que es la relación con el entorno. Este es el mundo en el que hoy nos encontramos.
Antiguamente la preocupación quizá era menor porque no había
tanta diferencia o tanta distancia en todos estos contornos, pero hoy sí la hay y lo vemos en las graves consecuencias de la catástrofe medioambiental que hoy sufrimos con el Prestige o como vemos en las multinacionales que violan los derechos
humanos contratando a menores, a niños, etcétera.
Esto está empezando a tener consecuencias graves y hay que empezar a subsanarlas, como se ha revelado en el mundo de la globalización, en las grandes multinacionales y lógicamente ha empezado a ser
estudiado desde otros puntos de vista. Ha llegado ya a la Unión Europea, existen ya recomendaciones de la OIT y la propia Comisión Europea se ha encargado de hacer unos estudios y comunicaciones, lo que ha dado lugar a una serie de recomendaciones.
¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que esta preocupación que existe desde hace mucho tiempo y que ahora es grave por esas circunstancias que antes he mencionado pueda ser analizada y sistematizada, con el fin de establecer una serie de
códigos, evaluaciones, controles y certificaciones. Hay que analizar y sistematizar cuál es realmente la relación que tiene que tener la empresa con su entorno, entendido en el amplio sentido del término, y hay que hacerlo desde múltiples
perspectivas. Es verdad que el Grupo Socialista tiene presentada una proposición de ley, ahora el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley y lo que nosotros hemos querido con nuestras enmiendas es ampliar
el espectro de personas que tienen que reflexionar sobre esta cuestión. En primer lugar, es evidente que el Parlamento no puede ser ajeno a esta reflexión. Sería ilógico pensar que los representantes de los ciudadanos y ciudadanas no
tienen ningún interés cuando, muy al contrario, al menos desde el grupo al que yo represento tenemos mucho interés en participar y en analizar cómo podemos articular esta serie de códigos, de sistemas, de procedimientos, de evaluaciones, de
certificaciones. Por tanto, la primera enmienda plantea que el Parlamento participe en este análisis y determinación de qué es lo que hay que hacer.
La segunda cuestión es que a nosotros siempre nos gusta más que sea el Parlamento -lo saben ustedes de manera muy clara-, pero no tenemos inconveniente en que si el Ministerio de Trabajo quiere crear una comisión para estudiar el tema,
adelante. ¡Ojalá lo hubiera hecho antes! Lo que proponemos es que no sea exclusivamente gubernamental. Creemos que ya existe un caldo de cultivo suficiente porque hay importantes colectivos, foros de la llamada sociedad civil y las ONG que están
trabajando en este tema y que precisamente mañana van a presentar una serie de estudios que están realizando respecto a AENOR para ver cuál puede ser la normativa o ese código de conducta, qué elementos y qué condiciones son necesarios. Por tanto,
ya existen estudios realizados y no se debe de partir de cero. Esos estudios son los que se deben incorporar a esos grupos de trabajo o a esas comisiones.
Por último, lo que hagamos en el Estado español, o lo que se haga en cualquier lugar de la Unión Europea, no puede ser ajeno sino muy al contrario tiene que ir muy cercano a lo que se haga en el ámbito europeo.
Estas tres cuestiones
pretenden de alguna forma establecer un trabajo eficaz. No se trata de paralizar nada, sino al revés agilizar lo que ya se está haciendo para que entre todos podamos intervenir en esta cuestión. Todo lo que estamos viendo en el mundo actual como
las catástrofes medioambientales, las violaciones de derechos humanos en lo que se refieren a actividades empresariales de determinadas multinacionales y otra serie de cuestiones no pueden ser ajenas a una ordenación, una organización y una
interrelación entre la empresa y la sociedad. Lo que pretendemos es más participación y especialmente que esta Cámara no sea ajena a estas reflexiones y a la participación de cómo organizar todas estas cuestiones en el mundo en el que nos toca
vivir.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la enmienda transaccional a la que se ha llegado, con la cuestión de fondo de buscar esta responsabilidad social de las empresas que el proponente de la iniciativa original del Grupo Parlamentario Popular,
señor Azpiroz, a mi juicio con muy buen ponderado y razonable criterio, ha presentado hoy ante la Cámara.
En el mundo se está desarrollando lo que yo llamo una toma de conciencia respecto a una serie de exigencias de calidad en cuanto al comportamiento de las empresas. En España y a raíz de determinadas situaciones de escándalos y conflictivas
que han llegado a la opinión pública, como es el caso Gescartera o como los casos norteamericanos de las sociedades de cotización en Bolsa, se motivó una primera reacción positiva con la Comisión Olivencia para que los consejos de adminsitración
entraran en unos códigos de conducta. El Ministerio de Economía, por iniciativa del vicepresidente señor Rato, ha puesto en marcha una serie de iniciativas nombrando la Comisión Aldama, cuyo informe tendremos ocasión de conocer en los primeros
meses del próximo año. Ésta ha intentado buscar precisamente una correspondencia de responsabilidades y de corresponsabilidad en la transparencia y seguridad de los mercados financieros y sociedades cotizadas que evite prácticas que son engañosas,
que van en contra de los derechos del usuario y del consumidor en el mercado de la Bolsa, para que la transparencia, la fiabilidad y las normas de conducta éticas vayan estando del lado de todos los intereses legítimos y legales pero
fundamentalmente de la parte más débil que es el ciudadano normal.
Con esta iniciativa nos llega la responsabilidad social de las empresas, porque no solamente se trata de garantizar la calidad de un producto que se adquiere en cualquier mercado, sea del tipo que sea, bienes de consumo o bienes de equipo
técnico, con una norma AENOR sobre la calidad del producto, sino que se va a exigir también un comportamiento de reciprocidad. Es decir que si yo tengo derecho a unas cláusulas de garantía sobre el producto, la empresa productora comercializadora
tiene que tener también una vertiente de responsabilidad social. Es bueno que se esté generando en la sociedad civil esta preocupación por la responsabilidad social de las empresas y las Cámaras tienen que entrar en esta materia. Nosotros nos
encontramos en la obligación de definir ese campo de responsabilidades político-legislativas dentro de España y, asimismo, la libertad de comercio y la libertad de circulación de bienes y de capitales obligarán también a la Unión Europea a tomar
esta conciencia. Ya ha recordado el señor Azpiroz -y yo lo hago también aquí- las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa. También en el Consejo Europeo de Niza se siguió avanzando y profundizando en la cuestión y creemos que se
empieza a dar una respuesta positiva a la misma. Es bueno que la Cámara tome esta iniciativa en forma de proposición no de ley para instar al Gobierno a poner en práctica los acuerdos de dichos consejos y para que se materialice ya en texto
legal de exigencia y de compromisos y sobre todo llamando a todos los interlocutores. Lo ha recordado la señora Lasagabaster, lo ha recordado también la enmienda del Grupo Catalán, Convergència i Unió. Se trata de llamar a las comunidades
autónomas a la parte en las competencias que tienen sobre calidad de productos, sobre actividades industriales empresariales, mercantiles y comerciales, etcétera, pero sobre todo la llamada, que se introduce en el texto definitivo que vamos a votar,
al Consejo Económico y Social, que tiene en sus normas estatutarias la responsabilidad de ser bisagra, de ensamblaje, entre exigencias de la parte social, la parte consumidora o receptora del bien que produce o fabrica una sociedad y la parte
empresarial que tiene esa obligación de comportamiento dentro de unas normas que, llamémoslas como las queramos llamar, son de comportamiento ético, de formas de promoción legal, de transparencia, de corresponsabilidad en una sociedad armónica. Hoy
día lo políticamente correcto sería dar solución a este problema que se ha planteado.
Por esa razón, señora presidenta, esta iniciativa que se ha presentado sobre responsabilidad social de las empresas la vamos a votar favorablemente, en el sentido de dar estímulo a una corriente nueva que clarifique y haga más segura la
relación consumidor-empresa, comportamientos de empresa empezando por lo que ya es un avance de exigencias a los consejos de administración. Aquí tendremos mucho que hablar, porque se tratará de exigir esta norma de comportamiento de lo que
fundamentalmente se han venido llamando códigos de conducta no solamente a las sociedades de cotización en Bolsa, sino a aquellas otras entidades que, no cotizando en Bolsa, están realizando actividades; exigencia tanto para los consejos de
administración como para los bienes y servicios que prestan al consumidor. Me puedo referir desde mutualidades a cooperativas, etcétera, que sin cotizar en Bolsa en los próximos años van a estar obligadas a este comportamiento.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arrarsalde on, buenas tardes.
Desde no hace demasiado tiempo, pero sí constantemente, en todas las estrategias de inversión, de gestión empresarial y de mejora continua se viene insertando la idea de la responsabilidad social corporativa como un concepto clave y que
trasciende de los simples términos de riesgo, beneficio, y también de los de la información tradicional de cifras y donaciones caritativas por parte de las empresas. Además, la responsabilidad social corporativa entendida en sus dos perspectivas:
la relacionada con el comportamiento interno propio de las empresas y que se refiere al modo en que ellas realizan sus operaciones comerciales, y la que se refiere al comportamiento externo que tiene que ver con la participación de la empresa en
ámbitos que están fuera de sus intereses comerciales directos, y que se resumen como la responsabilidad social básicamente sobre las comunidades sobre las que se asientan y actúan.
Tras las experiencias de más de una década en esta materia tenemos ya lecciones básicas bastante aprendidas que se resumen en una serie de conceptos que desde los poderes políticos y empresariales nos corresponde promover, estimular y
desarrollar. El primero sería el convencimiento de que la responsabilidad social corporativa, así como la medioambiental, redunda y debe redundar en el propio beneficio de las empresas y que esta concepción definida como de interés propio es
tremendamente necesaria para la sustentabilidad y dedicación de los programas de la responsabilidad social corporativa. La segunda reflexión sería que las comunidades sobre las que se asientan y actúan debieran de participar desde el principio en
la definición de los proyectos para que la identificación y la comprensión de las empresas sobre las necesidades de dichas comunidades sean acertadas y estratégicamente bien definidas. Una tercera reflexión que en el mundo anglosajón se está dando
cada vez más es que esta involucración social y sus resultados deben poder medirse en términos cualitativos y cuantitativos.
Estas iniciativas y su aprendizaje, desarrollado voluntariamente durante años por los sectores empresariales y sociales comprometidos también, han adquirido un nivel de debate estructurado en la propia Unión Europea, como ya se ha
mencionado, que con la publicación de su libro verde nos dio la señal de partida para que se produzca no solamente el debate, sino el ordenamiento y la regulación necesarios para que la actividad económica y empresarial se rija reguladamente por
métodos y modelos de buenas prácticas en esta materia. De la necesidad de esta regulación y de su certificación se nos viene insistiendo desde diversos ámbitos. Aquí se han mencionado, por ejemplo, las que nos han propuesto las ONG citadas, así
como la iniciativa del Partido Socialista. En esa línea, el Partido Nacionalista Vasco va apoyar la proposición de ley presentada y transaccionada, en la que echamos de menos un cierto calendario en el compromiso de desarrollo. Porque, volvemos a
decir, la etapa de debate es muy importante, este debate se está dando ya, pero se ha de proceder a un ordenamiento en esa materia, sobre todo para que no se produzcan ciertos efectos de placaje parlamentario a una serie de iniciativas que se den en
esta materia. Por lo tanto, vuelvo a manifestar, esta iniciativa cuenta
con nuestro apoyo y también con nuestro esfuerzo para que se vaya concretando en un calendario cuanto más cercano mejor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, en cuanto a la responsabilidad social de las empresas, debemos convenir que las empresas españolas oscilan entre el criterio de Milton Whitman, que decía que lo responsable es ganar dinero, y algunos programas de
cooperación nacidos de las ventajas fiscales de estas mismas prácticas. Así que lo que se practica es una suerte de notable cinismo: empresas con programas sociales que mantienen en sus plantillas diferencias salariales de entre el 30 y el 40 por
ciento, según sexo, o empresas con programas de cooperación que mantienen niveles salariales o un grado de precariedad laboral sencillamente inaceptable. En lo que se refiere a la responsabilidad social de las empresas que plantea esta propuesta,
debemos subrayar que nuestra posición es que la responsabilidad social de las empresas debe ser un objetivo y no un instrumento. Quiere esto decir que la garantía de eficacia y oportunidad de los elementos que la integran no deben ser objeto de un
código específico, sino ubicarse en un marco regulador más amplio, basado en la legislación y la negociación colectiva.
Debates que se han realizado en esta Cámara, y a los que el Partido Popular no ha sido muy sensible, forman parte de esta responsabilidad social, desde la precariedad laboral a la desigualdad salarial, desde la siniestralidad a la protección
de abusos en las empresas, desde la igualdad de oportunidades a la participación de los comités de empresas en la regulación de despidos. Estos son contenidos de responsabilidad social. Sería tan paradójico como irrisorio que nos pusiéramos, como
dice la proposición, a emitir certificados y etiquetas de responsabilidad social con tasas de precariedad como las nuestras o diferencias salariales de género como las que padece la economía española. En este sentido, los contenidos de la
responsabilidad social de las empresas fueron fijados con bastante claridad el 18 de julio de 2001, cuando la Comisión de las Comunidades Europeas presentó un Libro verde, denominado Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las
empresas.
Conviene no olvidar que este documento de trabajo tiene su origen más remoto en la llamada de 1993 del entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, a las empresas europeas para que participaran en la lucha contra la exclusión
social. En marzo de 2000, el Consejo Europeo de Lisboa apeló en particular al sentido de responsabilidad social de las empresas en lo relativo a las prácticas correctas en materia de aprendizaje permanente, organización del trabajo, igualdad de
oportunidades, inclusión social y desarrollo sostenible. El Consejo Europeo de Gottemburgo de junio de 2001, dentro de la estrategia de desarrollo sostenible para Europa, propuso para las empresas que el crecimiento económico, la cohesión social y
la protección medioambiental avancen en paralelo. Esto quiere decir dos cosas: que ha habido tiempo para iniciar un debate y una reflexión y que el fomento de la responsabilidad social de las empresas tiene un contexto que la política económica
española y del mercado de trabajo han despreciado reiteradamente.
No nos oponemos a que se realice la investigación y la reflexión que se piden en la proposición. Creen ustedes las comisiones que les parezcan oportunas. Lo que exigimos es que no devalúe el sentido último de esta responsabilidad social ni
vacíe los contenidos a los que esta se refiere y menos aún que se presente como sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales. En nuestro país, donde la norma y la reglamentación en estos aspectos
son insuficientes, los esfuerzos se deberían centrar en la instauración del marco legislativo o reglamentario adecuado, a fin de permitir un entorno uniforme a partir del cual desarrollar prácticas socialmente responsables.
En su ámbito interno, la llamada responsabilidad social de las empresas debe afrontar dos ámbitos: el relativo a los trabajadores y el relativo al medio ambiente. La gestión de los recursos humanos, la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo, los niveles de calidad en el empleo, el equilibrio salarial, la jornada de trabajo, son aspectos en los que no se puede sólo convocar a las empresas a comportamientos que mejoren el entorno social. Nuestra obligación como legisladores es
producir un marco normativo que impida las lacerantes injusticias que hoy se producen.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión técnica de expertos, con el fin de elaborar un informe sobre
la responsabilidad social de la empresa.
Iniciativa que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300, a favor, 294; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 162/000588.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 162/000587.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), PARA EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 162/000405.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A MEDIDAS PARA LA RECUPERACICÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 162/000613.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre actualización del salario mínimo interprofesional, con la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para el aumento del salario mínimo interprofesional, asimismo con la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a
medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con la sesión. Por favor, ruego que guarden silencio y ocupen los escaños, a ser posible.
Adelante, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, junto a otros grupos parlamentarios, el Grupo Socialista presenta hoy una proposición no de ley que pretende instar al Gobierno a que revise el salario mínimo español y que lo incremente en una cantidad
sustancial, exactamente en el 10 por ciento.
Señorías, la importancia del salario mínimo en nuestro país no hace falta que sea explicada. Ustedes saben que el salario mínimo refleja el salario de aquellos trabajadores que no tienen una regulación laboral propia, que no tienen
capacidad de negociación colectiva, que no tienen ninguna posibilidad de juntos -ya sea en el sector al que correspondan, ya sea junto a otros trabajadores de la misma empresa- poder negociar una regulación laboral mínima y es a ellos a los que el
Estado, en una intervención directa, un tanto anómala pero protectora de lo que llamaríamos el mínimo vital, les establece el salario mínimo.
En España podemos estar hablando de aproximadamente 200.000 trabajadores que están percibiendo este salario, pero también es verdad que el salario mínimo afecta a otro buen número de trabajadores, a veces en paro, a veces procedentes del
subsidio agrario y también a otro tipo de rentas.
Las razones que esgrimimos para plantear una vez más -lo hemos hecho ya en varias ocasiones en esta misma legislatura- una revisión extraordinaria del salario mínimo son fundamentalmente cuatro y
creo que en esto coincidiré con los criterios de otros grupos parlamentarios.
La primera de ellas es que, en nuestro país, el salario mínimo es muy bajo, anormalmente bajo, es el salario mínimo más bajo de Europa si exceptuamos Portugal e incluso esa comparación podría colocarnos en el último lugar de la lista si
incorporamos la renta relativa de un país y de otro. Grecia, que tenía un salario mínimo más bajo que España, lo ha incrementado en los últimos años y se ha colocado ya por delante de España. El salario mínimo en España son 516 euros; insisto, el
salario mínimo más bajo de Europa. En comparación con países como Holanda, Bélgica o Francia, está en algo menos de la mitad, puesto que los salarios mínimos de esos países están -ahora hablo en pesetas- en el entorno de las 200.000 al mes.
La segunda, que la evolución del salario mínimo en España en relación con Europa es anormalmente negativa. Si en todos los países está creciendo sobre el IPC o sobre su relación con el salario medio del país, en España va a la baja. Por
ejemplo, Francia ha tenido un crecimiento de 9 puntos en su salario mínimo en los últimos años; Irlanda prácticamente ha doblado en cinco años su salario mínimo, pero España sigue perdiendo y concretamente ha perdido 9 puntos de poder relativo en
relación con los salarios medios en los últimos años.
En cuanto a la tercera, déjenme que les informe también de que el salario mínimo en España es anormalmente bajo en relación con el salario medio.
En España tenemos un salario medio que ronda los 1.300 euros y el porcentaje de participación
del salario mínimo sobre el salario medio está rondando el 38 por ciento aproximadamente cuando, para todos los países europeos, en la Carta Social europea hay un horizonte establecido para que el salario mínimo de cada país se acerque al 60 por
ciento del salario medio. Cabe decir también que, en España, su participación sobre los salarios medios o sobre los salarios de negociación de convenios sigue yendo a la baja, el salario mínimo sigue perdiendo poder adquisitivo.
La cuarta es que pierde también en relación con el IPC, que es el que establece, por decirlo así, el poder de compra de los salarios.
Curiosamente, en los últimos seis años el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo sobre el IPC; es
decir, ha ido reduciéndose en términos
reales porque el salario mínimo español ha perdido, tomando como periodo comparativo el 1996-2002, 6 puntos de poder adquisitivo y si tomamos como comparativo el periodo 1998-2002, 4,7 puntos.
Señorías, el Partido Socialista pretende incrementar en un 10 por ciento el salario mínimo, en parte para compensar esta pérdida de poder adquisitivo de la que les hablaba en los últimos años y en parte por la previsión de incremento de la
inflación, que en el año 2003 estará en un 3 por ciento como mínimo. De paso, aprovecho para decirles que el Partido Socialista apoyará las proposiciones no de ley de Izquierda Unida y la del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Saura, aunque no la
propuesta que ha hecho el Bloque, que nos propone literalmente la incorporación al salario mínimo de una revisión prácticamente al 60 por ciento del salario medio, lo que casi implica duplicar ese salario. Vamos a abstenernos en esa proposición
aunque compartimos su espíritu, porque no podemos proponer un incremento que prácticamente duplica el salario mínimo, ya que eso tiene unas repercusiones económicas imposibles desde el punto de vista de varios factores que ahora analizaré.
Señorías -me dirijo ahora al Grupo Parlamentario Popular, a quien lógicamente instamos a que avale y apoye esta proposición no de ley-, hay dos tipos de argumentos para decir no a una recuperación de poder adquisitivo del salario mínimo como
la que le planteamos. La primera es decir -y tienen razón- que el salario mínimo está indiciando otros factores económicos del país, pongamos becas, políticas de vivienda, precios de promoción pública, etcétera. Y yo les digo que no puede ser que
sigamos lastrando el incremento del salario mínimo por su repercusión en otros factores económicos del país; no es justo, no es lógico y lo que plantea la proposición socialista es que el Gobierno proponga a la Cámara, en un plazo de tres meses, la
fórmula para indiciar de otra manera estos factores para que el salario mínimo tenga libertad de poder evolucionar por lo menos con los precios. Es una petición cargada de lógica.
Hay un segundo argumento que se expone siempre que se habla de un incremento del salario mínimo, aquel que se plantea en términos neoliberales -no lo digo en tono ofensivo- al considerar que cuanto más bajo sea el salario mínimo o cuanto
menos lo elevemos más empleo se creará y por tanto es mejor para el empleo un salario mínimo bajo. Pero, señorías, España ya está suficientemente flexibilizada y desregulada en estas materias. Estos dos nuevos totems de la economía liberal que
implican que cuanto más flexibilización, cuanto más desregularización más empleo no pueden llevarnos al extremo, y en esta posición les invito a reflexionar sobre la existencia en España de un mercado suficientemente flexible, suficientemente
desregulado, si ustedes quieren y en términos más prosaicos, con un empleo suficientemente barato como para que no tengamos necesidad de mantener tan bajo el salario mínimo, tan anormalmente bajo, inclusive en relación, como ya he demostrado, con
los países europeos. Ni siquiera es verdad que nuestra competitividad tenga que basarse en salarios tan bajos porque ya está demostrado que este no puede ser un factor de competitividad, ya tenemos a las puertas a diez nuevos países que van a
competir en bajos salarios, no podemos competir en eso, hay que competir en otras cosas. Por eso les digo que es imprescindible que aprobemos en España un pequeño incremento del salario mínimo porque, de seguir el argumento neoliberal de decir que
cuanto menos salario más empleo, podríamos acabar en el extremo. La relación laboral también es una relación moral, señorías: desde la doctrina social de la iglesia hasta el marxismo han demostrado que frente al trabajo tiene que haber una
contraprestación salarial digna, justa, suficiente.
El salario mínimo es lo que regula a los que menos tienen, a los que no pueden negociar su convenio, y eso lo puede hacer el Estado, que tiene que intervenir; para eso está, para proteger el
mínimo, para servir al mínimo. En ese sentido, señorías, no hay razones para que no hagamos en España este pequeño esfuerzo de incremento del salario mínimo para beneficiar la contratación laboral de los que menos tienen, de esos inmigrantes que
están contratados de manera fraudulenta, de tanta y tanta gente joven a la que niegan el convenio colectivo; es asegurar un mínimo, y ese mínimo no puede seguir en 500 euros, señorías, tiene que ser un poco más. Este poco más razonable puede y
debe hacerse, con todo el fundamento que les explico a favor de que no vincule a otros factores económicos, y puede y debe hacerlo el Gobierno español este año, antes de que acabe el año 2002. Yo les pido, señores del Grupo Popular que apoyan al
Gobierno, que den un sí a esta propuesta porque si dicen que no, luego pueden decir misa pero todo el mundo tendrá que reconocer que es el Partido Popular el que se niega a una revisión del salario mínimo justa y necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al igual que otros grupos, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta hoy esta proposición sobre el salario mínimo interprofesional intentando poner sobre la mesa la situación por la que, a nuestro entender,
atraviesa dicho salario. El IPC se encuentra instalado en una senda de descontrol permanente, perjudicial para el conjunto de nuestra economía y con graves consecuencias sobre la capacidad de compra de todas las rentas, siendo especialmente
gravosas
sobre las rentas salariales más bajas. Por ello es necesario para el caso concreto del salario mínimo que el Gobierno lo actualice, tal y como obliga el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, al haberse constatado una desviación
del IPC real sobre la previsión inicial del 2 por ciento, que es la cuantía en que fue incrementado el salario mínimo para el presente año 2002.
La exigencia de dignificar el salario mínimo ha llevado en los últimos años a los sindicatos y a varias fuerzas políticas de la Cámara y desde luego a Izquierda Unida a reclamar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la revisión
semestral del salario mínimo en cumplimiento del mencionado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores y la apertura de un proceso de negociación en el que abordar de forma seria el establecimiento de un mecanismo de revisión automática del
salario mínimo, así como, en definitiva, cualquier aspecto que permita revalorizar el contenido esencial de esa renta básica. El Gobierno no ha respondido y la situación de los perceptores del salario mínimo se ha agravado más aún por el
desbordamiento de la previsión de inflación. La profundización de la pérdida de poder adquisitivo de esta renta básica en los últimos cuatro años se aproxima a los cinco puntos, aumenta su divergencia con la evolución de los salarios mínimos de
nuestro país, con seis puntos menos de crecimiento desde 1996, y se aleja cada vez más de la recomendación de la Carta Social europea, que establece que el salario mínimo debe suponer al menos el 60 por ciento del salario medio neto de cada país.
En la actualidad alcanza sólo el 36,9 por ciento, cuando en 1996 era el 38 por ciento. Por ello volvemos a insistir ante el Ministerio de Trabajo y la Cámara para que se haga lo posible para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras
que están afectados por esta negativa evolución del salario mínimo interprofesional.
El salario mínimo desempeña una importante función en el mercado laboral como garantía de rentas a favor de los trabajadores que se encuentran en situaciones económicas y sociales más difíciles. Pretende establecer o mantener niveles
salariales dignos en aquellas actividades donde no existe un régimen eficaz para la fijación de salarios y en las que estos son excepcionalmente bajos. Asimismo sirve de referencia para la fijación de otras rentas vinculadas estrechamente con las
salariales. Entre estos casos se encuentran los siguientes colectivos: trabajadores no amparados por la negociación colectiva, trabajadores perceptores del subsidio por desempleo, otros trabajadores cuyas rentas están referidas al salario mínimo,
como las afectadas por insolvencias empresariales y que perciben prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial o que perciben rentas mínimas de inserción o salarios sociales. Por ello, el salario mínimo es una garantía recogida en distintas
normativas tanto nacionales como internacionales y, así, el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas,
anualmente el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Pese
a que el Estatuto de los Trabajadores recoge claramente cuatro criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para fijar anualmente el salario mínimo, este viene utilizando como elemento exclusivo para su actualización el primero de ellos, en
concreto la previsión oficial del IPC para diciembre de cada año. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Así viene sucediendo desde 1994, lo que ha derivado en un crecimiento menor del salario mínimo del que le
correspondería en todos estos años, vulnerando tanto el espíritu como la letra del estatuto. Todo ello no hace sino incrementar la negativa situación del salario mínimo en nuestro país, que viene definida por datos claramente regresivos. Lleva
cuatro años consecutivos perdiendo poder adquisitivo, acumulando casi un 5 por ciento de pérdida. Está creciendo continuamente por debajo del salario medio de nuestro país, seis puntos menos desde 1996, lo que aumenta el grado de exclusión social
del colectivo de trabajadores con menos ingresos.
Precisamente, debido a su carácter de renta mínima y además de la actualización anual del salario mínimo, el tercer párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores impone al Gobierno la
fijación de una revisión semestral si no se cumplen las previsiones de inflación. Si bien el estatuto no especifica cuál debe ser el mecanismo concreto para llevar a cabo esta revisión, el objetivo del mandato es indudable, preservar el salario
mínimo de posibles pérdidas de poder adquisitivo derivadas de desviaciones no previstas de la inflación, algo imprescindible dado el carácter de renta mínima de este salario, con el que, en definitiva, se trata de garantizar la supervivencia digna
de su perceptor. Debe ser, por tanto, el crecimiento real de los precios en el año el suelo mínimo de revalorización anual, de modo que los otros tres criterios citados en el estatuto sólo pueden servir para incrementar de forma adicional esta
renta básica con objeto de mejorar la riqueza relativa y la calidad de vida de los más desfavorecidos. Este reconocimiento de renta mínima, cuya pérdida de poder de compra pondría en peligro la propia supervivencia del trabajador, se pone de
manifiesto en mayor medida cuando el legislador establece que la citada revisión debe tener una periodicidad semestral, dando por sentado que una pérdida de poder adquisitivo acumulada por un periodo de tiempo superior a seis meses resulta
insoportable para los asalariados afectados por el salario mínimo.
En resumen, la sola existencia del mencionado párrafo en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores presupone dos cuestiones, primera, que una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo es inadmisible,
de modo que el IPC previsto es la cuantía mínima de revalorización anual del mismo, y, segunda, que la recuperación de una puntual desviación del IPC por encima de la previsión debe realizarse con carácter semestral para que perjudique en la
menor medida posible la calidad de vida del trabajador. La evolución descontrolada del IPC en los cuatro últimos años, frente a la que el Gobierno se muestra incapaz de ofrecer respuestas adecuadas, hace de nuevo necesario que se cumpla con el
mandato de revisión semestral utilizando el criterio seguido habitualmente por el Gobierno; es decir, tomando el IPC interanual como indicador de precios de referencia se debería proceder a una revisión inmediata del salario mínimo en los puntos de
desviación confirmada sobre el IPC hasta hoy conocido. No obstante, coincidimos con los sindicatos cuando defienden la utilización del IPC en media anual como indicador relevante de precios para llevar a cabo la actualización del salario mínimo,
puesto que ofrece una mejor aproximación a la variación del poder adquisitivo real que sufren las rentas salariales a lo largo de un periodo de tiempo. Por todo ello, nuestra proposición exige establecer los mecanismos de revisión inmediata de
salario mínimo por el Gobierno para adecuarlo a la desviación sufrida por el IPC y en cumplimiento del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. Por otra parte, de cara al próximo año, además de los mecanismos automáticos de revisión,
teniendo en cuenta los colectivos afectados por esta renta mínima y en coherencia con el espíritu de la ley, es totalmente injusto demorar la fijación de una cuantía que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido y la aproximación a ese
60 por ciento de salario medio. El modelo de las rentas constituye una de las características más evidentes de la precarización del mercado de trabajo en España. El Gobierno ha forzado un modelo económico basado en el empleo barato aprovechando
especialmente una incorporación precaria de bajos salarios y jornadas excesivas de jóvenes y mujeres al mercado de trabajo. Ahora que esta política se ha demostrado un fracaso, las consecuencias no son otras que una marea bastante oscura, por
cierto, de amplias áreas sociales en riesgo de exclusión, y un modelo de rentas que sitúa en inaceptables umbrales de pobreza a muchos trabajadores y trabajadoras españoles.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Ruiz, le ruego concluya, por favor.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Termino inmediatamente, señora presidenta.
La reforma del salario mínimo interprofesional es una pieza inexcusable en un modelo más equitativo de equiparación de niveles de renta y de prevención de exclusión social. A este reto responde la proposición de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds una proposición no de ley también sobre el aumento del salario mínimo interprofesional, situándolo en 600 euros, de acuerdo con lo que están siendo y
son las peticiones de Comisiones Obreras y UGT.
Creo que también sería importante incorporar algunas de las cuestiones que se han mencionado anteriormente, tanto por lo que hace referencia a la necesidad de una revisión semestral como en el caso de
que el IPC se desbocara o de que el salario mínimo interprofesional no fuera un referente para cuestiones que no fueran estrictamente laborales. Se ha dicho ya, pero quiero insistir en ello, que el salario mínimo interprofesional radica en la
necesidad de garantizar un mínimo de renta a los trabajadores y trabajadoras más desfavorecidos de la sociedad, sin olvidar que ese es un ingreso producto de la remuneración de su trabajo.
Por tanto, el salario mínimo interprofesional es un
elemento básico del Estado del bienestar, que además viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores y hay que decir que el Gobierno incumple hoy. Así pues, lo que estamos haciendo no es pedir un suplemento para el salario mínimo
interprofesional, sino que lo que pedimos fundamentalmente es que el Gobierno cumpla aquello que dice el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 27 establece que el Gobierno fijará previa consulta el salario mínimo de acuerdo con el índice de
precios al consumo, de acuerdo con la productividad media nacional, de acuerdo con el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y de acuerdo con la coyuntura económica en general. El artículo 27.1 dice que igualmente se fijará
una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios. Pues bien, el Gobierno no cumple prácticamente ninguna de estas condiciones. Por tanto, por un lado estamos ante un salario mínimo de dudosa
legalidad y, por otro, nos encontramos ante un salario mínimo, como se ha dicho anteriormente y como yo luego explicaré también, que está situado muy por debajo de donde debería estar.
Desde cualquier perspectiva desde la que analicemos el actual salario mínimo se desprende la necesidad de actualización. La primera perspectiva -se ha manifestado ya en las dos intervenciones anteriores- es que el salario mínimo
interprofesional está perdiendo poder adquisitivo desde 1996, yo diría que incluso desde 1994. Desde 1994 hasta ahora está perdiendo poder adquisitivo y en los últimos cinco años ha perdido prácticamente cuatro puntos. Es absolutamente
contradictorio que en una etapa de gran crecimiento económico, precisamente
los sectores más desfavorecidos no sólo no hayan conseguido ningún incremento económico, sino que hayan perdido poder adquisitivo, habiendo visto por tanto cómo se han incrementado las desigualdades sociales. La segunda perspectiva es la
comparación con los países de la Unión Europea.
También se ha dicho antes, pero yo quiero insistir en ello, que si fijáramos el salario mínimo del Estado español en 100, Portugal está en 79 -sólo este país está por debajo de España-, Grecia en 103,
Irlanda en 196, Reino Unido en 209, Francia en 224 y Bélgica en 225. Podemos afirmar que nuestro salario mínimo interprofesional es el más bajo de la Unión Europea. La tercera perspectiva es si el salario mínimo del Estado español cumple lo que
dice la Carta Social europea, que, como ustedes saben, fija que el salario mínimo ha de ser aproximadamente el 60 por ciento del salario medio. Es curioso observar como ya en 1996 el comité de expertos independientes hizo un informe sobre el
salario mínimo español que decía: El comité señala que el salario mínimo bruto de 1996 equivale solamente a un 45 por ciento del salario medio neto, que es claramente inferior al umbral del 60 por ciento. Además, ese porcentaje será aún más bajo
si se calcula sobre la base del salario mínimo neto. El comité estima que un salario tan lejano de la media nacional es manifiestamente injusto. Es decir, en 1996 el comité de expertos decía que el salario mínimo de entonces, que estaba situado en
un 45 por ciento, era manifiestamente injusto; pues bien, hoy estamos en el 36,9 por ciento. Aquello que era manifiestamente injusto en 1996 porque estaba en el 45 por ciento ha descendido al 36,9 por ciento; es decir, en seis años hemos situado
el salario mínimo español en 23,1 puntos por debajo de lo que debería ser la cantidad del salario mínimo. El cuarto requisito que establece el Estatuto de los Trabajadores es la necesidad de concertar el salario mínimo interprofesional y en estos
momentos lo único que hay es una reunión con los agentes sociales, absolutamente vacía de contenido, en la que no se concierta nada, sino que simplemente el Gobierno comunica cuál es su decisión en relación con el salario mínimo.
En resumen: pérdida de poder adquisitivo en seis años, en la cola de los países de la Unión Europea, en descenso en relación con el objetivo del 60 por ciento pasando del 46 por ciento al 36 por ciento y no concertación social con los
sindicatos. Lo que pedimos hoy, insisto, es que se cumpla la ley española, que se cumpla la recomendación o la definición de la Carta Social europea y además que se haga justicia social. En ese sentido, reitero la necesidad de que el Ejecutivo
abra una concertación con los sindicatos para situar el salario mínimo interprofesional en el horizonte del 60 por ciento -a nuestro entender en 2003 debería ser de 600 euros-, que exista una cláusula de revisión automática, como ya prevé el
Estatuto de los Trabajadores, y que, en todo caso, se elimine el salario mínimo interprofesional como referente para otras cuestiones que no sean estrictamente laborales.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Saura.
Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el control de la inflación, a pesar de que no se haya conseguido, fue un objetivo de los sucesivos gobiernos del Estado español entre 1980 y 1990. Apareció como un objetivo político sacralizado por el mercado
común europeo a partir de 1993 con los criterios de Maastricht. Este tipo de políticas macroeconómicas condujo a que en el Estado español se instaurase una línea de moderación salarial, incluso en momentos de bonanza económica y de paz social como
los que se vivieron entre 1996 hasta prácticamente el año 2001. El resultado fue la congelación salarial de los funcionarios durante muchos años, que aún dura, la moderación de los incrementos salariales en los trabajadores que tienen derecho a la
negociación colectiva y, por tanto, los incrementos por debajo del IPC de todos los trabajadores en general, con la pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Es curioso que este control de los salarios de los trabajadores en general
no haya impedido la precariedad del empleo, por supuesto el endeudamiento de las familias, y el resultado es que la productividad está muy por encima, aun ahora, de los salarios que hay en el Estado español y las rentas siempre se conducen a favor
del excedente empresarial. Por eso es muy urgente que no se acepte la teoría de la oficialidad de que solamente hay una subida del IPC del 2 por ciento y que, por tanto, esta debe ser la traslación que se haga a los salarios.
Especialmente grave es la situación del salario mínimo interprofesional en el Estado español. Voy a emplear exclusivamente las razones de dos sindicatos nacionalistas, concretamente ELA-STV y la CIGA. Estos sindicatos consideran que la
evolución del salario mínimo interprofesional en los últimos años es una clara muestra de como la política económica y social del Partido Popular está siendo muy generosa con las personas acaudaladas y con las empresas, mientras que es excesivamente
cicatera con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Así, año tras año se vienen aplicando subidas del salario mínimo interprofesional que en realidad significan pérdidas continuas de poder adquisitivo, sin que esto preocupe lo más mínimo a
los responsables políticos del Gobierno español. Por otra parte, el desprecio democrático del Gobierno del Partido Popular se traslada también a cómo se cumple el obligado trámite de la consulta a los sindicatos sobre la cuantía en la que se debe
fijar el salario mínimo interprofesional. Esta consulta se circunscribe a un mero cumplimiento
formal, a través de una reunión previa, en la que ni siquiera se formaliza por escrito la propuesta del Ejecutivo a los sindicatos.
Es muy curioso ver cómo ha evolucionado en los últimos años el salario mínimo interprofesional, que se viene utilizando como un instrumento de política económica y de control del gasto presupuestario, con el consiguiente perjuicio para las
personas que de una u otra manera dependen para su subsistencia de este salario. Esto está afectando, señorías, en mayor o menor medida a aquellas personas que pertenecen a determinados grupos sociales, como se indicó antes, concretamente a
aquellos que trabajan y no tienen la protección de un convenio, a los que no tienen un empleo -ya que sirve para calcular determinadas prestaciones o subsidios por desempleo- y a los pensionistas que perciben las cuantías mínimas legales
relacionadas con el salario mínimo. Se puede decir que la tendencia a equiparar la pensión mínima con el salario mínimo se está realizando en gran medida mediante la disminución de éste en términos reales. Por tanto, las consecuencias de esta
política han sido dobles.
Por una parte, esta evolución del salario mínimo interprofesional hizo bajar el nivel de los salarios de muchas personas, tanto de las que no están cubiertas por la negociación colectiva como de aquellas que se encuentran
en niveles salariales más bajos que los que se determinan en la misma. Por otra parte, se ha reducido la protección social.
La realidad es que el salario mínimo interprofesional sufrió una considerable pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. La comparación de los incrementos salariales no se debe realizar con la inflación del año sino con la del
ejercicio anterior. Tomando en cuenta este criterio, en el año 2001 también se ha producido una pérdida de poder adquisitivo. Concretamente, el IPC de 2000 fue de un 4 por ciento, mientras que el salario mínimo interprofesional sólo aumentó un 2
por ciento. Esta pérdida de dos puntos se suma a la registrada en los años anteriores. El resultado es que si comparamos la evolución del IPC histórico con la que tuvo el salario mínimo interprofesional, observamos que desde 1983 este último
sufrió una pérdida del 17,4 por ciento en su poder adquisitivo. Señorías, desde este punto de vista, si el salario mínimo hubiese aumentado desde 1983 lo mismo que la inflación, en el año 2002 debería alcanzar como mínimo las 87.000 pesetas al mes,
cosa que está muy lejos de haberse conseguido. Por ese motivo -y aclaro ya para ir terminando- nuestra proposición no de ley contempla un conjunto de medidas que afectarían a todos los trabajadores. En primer lugar, nos interesa que se lleve
adelante una política de actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos padecida en los cuatro últimos años, porque pensamos que todas estas medidas tienen que ser complementarias. En
segundo lugar, se trata de asumir -y en este aspecto sentimos no haber redactado con más precisión el punto dos, porque pensábamos que nos estábamos refiriendo a asumir una actualización de la pérdida de poder adquisitivo que se produjo en estos
cuatro últimos años- una actualización del salario mínimo interprofesional que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y después asumir que tenemos que situarlo en un nivel similar al 68 por ciento del salario medio del Estado
español, dando así cumplimiento a lo acordado en la Carta Social europea. En ningún momento fue nuestra intención que, de repente, se asumiese el dictamen o el criterio de la Carta Social europea, sino que se tomase como una aspiración por parte de
los poderes públicos del Estado español. En todo caso, pensamos que para el futuro ejercicio se debería situar entre las 83.000 pesetas a las que aludía antes y las 99.000, que es lo que piden los sindicatos nacionalistas.
Por último, también pensamos que habría que hacer un llamamiento a los agentes sociales, partícipes en los procesos de negociación colectiva, para que actúen en la misma línea indicada para las administraciones públicas y se revisen, por
tanto, los niveles salariales, compensando la pérdida de poder adquisitivo padecida por los trabajadores. Si planteamos estos tres puntos es porque queremos que se vea el problema de los salarios en relación con la pérdida del poder adquisitivo,
dentro de un conjunto global y con medidas para todos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones no de ley, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender las cuatro enmiendas que Convergència i Unió ha presentado, con el mismo redactado, a estas cuatro proposiciones no de ley. Los cuatro portavoces que han subido a la tribuna han situado de manera precisa y
concreta la problemática que rodea al salario mínimo interprofesional en el Estado español. Las cifras son de todos conocidas y además, a lo largo de estos últimos meses, las principales organizaciones sindicales del Estado español han hecho llegar
a los diversos portavoces la necesidad de que el Parlamento se hiciese eco de sus reivindicaciones.
Es evidente que en su Estatuto de los Trabajadores España ha optado por una configuración del salario mínimo interprofesional como un instrumento de rentas, siguiendo el mismo planteamiento que hacen otros Estados de la Unión Europea, como
Bélgica, Luxemburgo, Francia, Holanda, Portugal, Reino Unido e Italia. Por tanto, no se ha optado por el modelo de otros Estados, también de la Unión, o del propio espacio de
la OCDE, donde el salario mínimo se sitúa en el ámbito de la negociación colectiva. Además, este planteamiento que recoge el Estatuto de los Trabajadores se corresponde en buena parte con aquello que marca la Carta Social europea, que fija
un mínimo sobre el que se debe avanzar en esa materia, ese 60 por ciento en relación con los sueldos medios. En este contexto es evidente, con la referencia del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 27.1, con esa referencia de la Carta
Social europea y con los datos que acompañan la evolución del salario mínimo interprofesional desde 1995, que los planteamientos que nos hacen llegar las organizaciones sindicales y que poco o mucho recogen los grupos de la oposición corresponden a
una demanda legítima y socialmente necesaria.
Precisamente por eso, Convergència i Unió presenta una enmienda a estas cuatro iniciativas, por la que se insta al Gobierno a que, en el marco de sus políticas salariales, se incremente de manera
gradual este salario mínimo interprofesional, avanzando hacia el objetivo que nos marca la Carta Social europea.
Señorías, la principal discusión quizá la podríamos tener sobre aquello que los grupos de la oposición entienden que se debe realizar de manera inmediata y con efectos para el año siguiente. Ahí mi grupo quiere trasladar al grupo
mayoritario, al Grupo Popular, una necesidad evidente.
Buena parte del crecimiento económico de España en estos últimos cinco, seis o siete años, buena parte de la creación de empleo que ha existido en estos años se ha producido como resultado de
la moderación salarial que las fuerzas sociales han ejercido en el ámbito de la negociación colectiva. Dicha moderación salarial ha sido la expresión de un sentido profundo de la responsabilidad de estos agentes sociales y sin ella no podemos
entender lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos años.
Sería lógico que en el marco de la voluntad que el Gobierno debería compartir con la Cámara, como es continuar en esa senda de diálogo social, negociación colectiva, moderación salarial,
se incluyese también un pacto de rentas potente con las organizaciones sindicales, para dar respuesta a los planteamientos que hacen estas organizaciones en cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores.
Mi grupo observa con preocupación, señorías, que hace pocos días las principales organizaciones sindicales de este país hiciesen pública su voluntad de no participar en el encuentro previsto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
precisamente para abordar esa discusión. Los representantes de estas organizaciones afirmaban que repetir el escenario de una discusión en la que no se entra en el análisis de los parámetros que marca el Estatuto de los Trabajadores como elementos
para configurar esa actualización del salario mínimo interprofesional suponía, en cierta manera, un paripé, una burla a los mandatos que establecía la propia normativa española. Mi grupo va a insistir en la necesidad de que el Gobierno recupere,
también en esa materia, su capacidad de interlocución con los agentes sociales y que articule una política en el medio plazo que nos permita alcanzar la referencia que nos marca la Carta Social europea. Si no es así -creo que ha sido el señor
Jáuregui quien lo ha mencionado en su intervención-, podemos tener la sensación de que en este ámbito el Gobierno se instala en una visión muy dogmática de la política económica, en una visión que quizás aguante mucho la teoría pero que no sea útil
a efectos de los grandes objetivos que en materia económica y social tenemos marcados. Es cierto también que el Gobierno podría articular fórmulas -y hay un texto del Grupo Socialista que nos parece interesante- que garantizasen que el salario
mínimo interprofesional no fuese utilizado como referencia en aquellos aspectos no directamente salariales, que es otro riesgo en este tipo de cuestiones. Es necesario articular un acuerdo social potente con los agentes sociales, que nos permita
avanzar en el incremento del salario mínimo hacia ese objetivo contenido en la Carta Social europea y que la Cámara sea prudente a la hora de pronunciarse en relación con los contenidos concretos que se deberían alcanzar para el año 2003.
Desde esta lógica e intuyendo que nuestras enmiendas no van a ser aceptadas por los grupos proponentes, mi grupo votará favorablemente el texto de Iniciativa per Catalunya y se abstendrá en las propuestas de Izquierda Unida, del BNG y del
Grupo Socialista, con la esperanza de que, en este año que nos queda de legislatura, el Gobierno sea capaz de cumplir aquello que afirmaba en la respuesta parlamentaria que daba a mi grupo, a una pregunta que yo le hacía, que era tratar de llegar a
un acuerdo sobre la subida a aplicar para el próximo año, con el debate que se tenga con los agentes sociales. Nos parece que este planteamiento es el que el Gobierno debería ser capaz de liderar.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Campuzano.
Fijación de posición de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. ((Pausa) Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Volvemos a tratar en el día de hoy el recurrente tema de la actualización del salario mínimo interprofesional, esta vez a propuesta de cuatro grupos, y me temo que además con negativa recurrente por parte del Grupo Popular, como nos tiene
acostumbrados. Hace aproximadamente un año el Grupo Vasco presentó una proposición no de ley en la que pedíamos su actualización. Se abordaban fundamentalmente las consecuencias que su desfase estaba produciendo no sólo en las situaciones
laborales y sociales sino en aquellas políticas que, desde las comunidades autónomas y en especial desde
la que represento en este Congreso de los Diputados, se estaban abordando al implantar las rentas mínimas de inserción; estaban relacionadas con el salario mínimo interprofesional y dependían básicamente de su evolución.
No voy a insistir
en los datos de la evolución histórica del salario mínimo interprofesional ni tampoco en el decalaje que todavía mantiene con respecto al IPC acumulado histórico, porque de ello han dado ya suficientes datos los portavoces anteriores.
Solamente quiero decir, y vuelvo a recordarlo, que en lo que va de año la inflación ya supera mínimamente en un punto y medio las previsiones realizadas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos, con lo que esto significa respecto al
salario mínimo. Recuerdo también que la Carta Social europea y las recomendaciones del Consejo de Europa nos vienen insistiendo en que el salario mínimo interprofesional vaya alcanzando en los países de la Unión, y lógicamente en el Estado español,
un porcentaje no inferior en su caso al salario medio europeo y en nuestro caso al salario medio. La aceptación de estas recomendaciones fijaría dicho salario mínimo interprofesional en una cantidad ligeramente superior a las 85.000 pesetas al mes.
El portavoz del BNG ha utilizado el porcentaje del IPC acumulado histórico o el decalaje déficit que se mantiene en esta materia y la cifra también se asemeja. A través de las dos vías tendríamos que las recomendaciones, la lógica y la evolución
histórica indican que mínimamente debe ser esa la cifra en la que se debe basar el salario mínimo interprofesional. Lógicamente ello todavía se encuentra bastante alejado de las 73.575 pesetas que fueron aprobadas para el año 2002.
Si realmente, tal como establece la ley, el Gobierno fijara el salario mínimo interprofesional en función de la coyuntura económica, los niveles de precios al consumo y el incremento de la renta estatal, no tendríamos ninguna duda de que la
convergencia con la Unión Europea sería más real en esta cuestión y que se establecería un salario mínimo interprofesional que realmente fuera una garantía de dignidad y de solidaridad interlaboral. Ante lo evidente y lo reiterativo de las
proposiciones y, como he dicho antes, lo reiterativo también que va a ser la negativa por parte del Grupo Popular, finalizo manifestando nuestro apoyo a las proposiciones no de ley presentadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, antes de empezar a debatir el tema que nos ocupa, las proposiciones no de ley con relación a la actualización o revisión del salario mínimo interprofesional, me gustaría desde esta tribuna condenar el atentado terrorista que ha
tenido lugar hoy en Madrid, donde ha perdido la vida un guardia civil y otra persona está herida. Siempre será necesario poner todo el rigor en las condenas a los atentados terroristas que pueda haber en nuestra sociedad.
Numerosas veces se ha debatido la oportunidad o no de la actualización de la revisión del salario mínimo interprofesional. Es verdad que es un tema importante y que afecta a la economía, al estado del bienestar, a la sociedad en el ámbito
conexo entre la economía y la política social. Por tanto es un tema que no debe ser tratado de una forma ligera ni baladí, sino que es necesario hacerlo con todo el rigor del mundo. Me gustaría abordarlo desde un punto de vista positivo, pero las
alegaciones de SS.SS. lo hacen especialmente difícil. Hablar, refiriéndose al período de los últimos seis años, como han hecho algunos representantes de los grupos parlamentarios, de precariedad en el empleo, de temporalidad, de poca estabilidad,
aunque sea en un planteamiento formal riguroso, y no ver lo que ocurrió años atrás cuando se llegó a tasas del 23 por ciento de paro, no ver la imposibilidad de generar reformas estructurales que dieran confianza a la pequeña y mediana empresa para
que creara puestos de trabajo, hablar, en resumen, cuando no se ha podido hacer lo que hoy se ha hecho mucho mejor, pretendiendo además criticar, da una cierta desesperanza.
Sus señorías saben que para la actualización del IPC se requiere el análisis de varios factores. Podríamos citar, tal y como aparecen en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, el incremento del índice de precios al consumo, la
productividad media anual en un determinado Estado, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. De estos cuatro factores sólo dos inciden de una forma cuantificada numéricamente; otros dos,
no. Hay que ir también al Real Decreto 1466/2001, donde se regula la actualización del salario mínimo interprofesional y que viene configurado con arreglo, no al incremento del producto interior bruto, sino al gasto público, que es el criterio del
Gobierno, tal y como está establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Oír hablar de que hay dudas en cuanto al cumplimiento y a la cuantía de lo establecido con relación al salario mínimo interprofesional cuando menos resultaría un
poco escandaloso. La legalidad se cumple. El representante del Grupo Parlamentario Mixto puede decir que le parece injusto el salario mínimo interprofesional vigente, pero no se puede hablar de ilegalidad. Hay que plantearse de una forma más
rigurosa las aseveraciones que se puedan hacer desde esta tribuna. La legalidad se cumple, repito; la Ley de Presupuestos Generales del Estado se cumple; el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 27.1, que es el que marca la política relativa
al salario mínimo interprofesional, el Gobierno lo cumple.
Dicho esto abordaré con énfasis el aspecto positivo. El señor Jáuregui decía, en el tono que es siempre habitual en él, moderado en la forma pero riguroso y demoledor en el fondo, que el trabajo es temporal, que la creación de empleo es
precaria y que las cosas no van bien. Yo le tendría que decir, en sentido positivo, que tan mal no han ido. Ha habido cuatro millones de altas en la Seguridad Social; se han acometido reformas estructurales muy importantes en los últimos seis
años; se han llevado a cabo numerosas iniciativas de carácter social que han mejorado políticas sociales importantes, como han podido ser aquellos contratos de trabajo de inserción laboral; el aumento de las prestaciones mínimas de la Seguridad
Social muy por encima del IPC, en algunos casos en una cuantía impensable hace seis años si contemplamos algunas de las pensiones de viudedad que en definitiva son también prestaciones de la Seguridad Social. Yo, señor Jáuregui, con todo el respeto
del mundo sólo querría pedirle que, cuando usted desde esta tribuna acusa al Gobierno, en algunos de sus argumentos reflexionara un poco y pensara si estos puntos, de los que esta diputada está muy orgullosa -aunque no del todo porque siempre hay
que hacer más, pero sí muy orgullosa-, de la política socioeconómica que ha llevado a cabo en los últimos años el Gobierno, si a usted no le hubiera gustado, siendo una de las personas importantes en su grupo parlamentario, venir a exponer lo que se
ha hecho, que hubieran podido ponerlo ustedes de manifiesto como la realización de un deber bien hecho. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Hace escasamente unos meses, el señor ministro de Trabajo decía que ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular, al que represento en este momento, íbamos a eludir la responsabilidad. Y de una forma más concreta y reciente, el pasado
12 de septiembre, el señor Zaplana anunciaba que las reformas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos en España han sido importantes. Se han acometido reformas importantísimas, de gran trascendencia en el ámbito social. Es verdad, como
decía el señor Campuzano, que uno de los pilares de estos últimos seis años para el progreso ha sido la contención del gasto público, el equilibrio presupuestario y la moderación salarial. Esos pilares han demostrado ser más positivos que
negativos. Por ello seguiremos diciendo que tenemos que llevar a cabo reformas desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista de la responsabilidad y con argumentos positivos. Pero hoy sabemos que el ministro Eduardo Zaplana, con
arreglo al compromiso que adoptó en esta Cámara el pasado 12 de septiembre, contestando a una pregunta de la señora López i Chamosa, ha iniciado ya conversaciones con los agentes sociales, y se acerca a un compromiso, para incrementar el salario
mínimo interprofesional, para adecuar estas rentas mínimas, que no afectan al salario medio reconocido hoy en España, sino que sólo afecta a un número de personas que no llega a 200.000 personas, como ha dicho usted, señor Jáuregui, escasamente
165.000, un 1,5 por ciento del número de trabajadores empleados en España. En contrapartida, hemos tenido notables éxitos en otros terrenos.
En la tesis del Gobierno de seguir profundizando en reformas estructurales que mejoren el empleo y poniendo de manifiesto el compromiso del ministro de llegar a acuerdos y de seguir avanzando en virtud de los acuerdos con los agentes
sociales, con las representaciones de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales, creemos que hoy no sería oportuno precipitarse en aceptar y votar favorablemente las proposiciones no de ley, porque tenemos la conciencia del
deber bien cumplido y queremos seguir haciéndolo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Montseny.
Señorías, iniciamos las votaciones.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre incremento del salario mínimo interprofesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 119; en contra, 157; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actualización del salario mínimo interprofesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 117; en contra, 156; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para el aumento del salario mínimo interprofesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 130; en contra, 156; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 19; en contra, 156; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de continuar con el debate de los siguientes puntos del orden del día, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone a la Cámara la siguiente declaración
institucional:
En el día de hoy, la banda terrorista ETA ha asesinado al agente de la Guardia Civil, don Antonio Molina, así como ha herido a un compañero suyo. Este nuevo ataque terrorista a dos agentes que actuaban cumpliendo con sus obligaciones,
intentando garantizar la seguridad de los ciudadanos y probablemente evitando un atentado de imprevisibles consecuencias, nos recuerda una vez más la intolerancia asesina de quienes quieren imponer sus ideas por medio de la coacción y la violencia.
Por ello el Congreso de los Diputados, al tiempo que expresa su condolencia a la familia del guardia civil asesinado y sus deseos de pronta mejora al agente herido, reitera una vez más su firme condena de toda acción terrorista y su convicción de
que las instituciones democráticas y el Estado de derecho sabrán vencer a estos enemigos de la libertad y de la vida que quieren, con el crimen, establecer la dictadura del miedo.
El Congreso de los Diputados quiere, por último, rendir homenaje a todos aquellos que desde los más diversos ámbitos defienden a diario la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Prolongados aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS RAZONES DE LA CARENCIA DE MEDIDAS INTEGRALES EFICACES PARA HACER FRENTE A LA MAREA NEGRA GENERADA POR LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE. (Número de expediente 173/000172.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LAS CONSECUENCIAS, EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y MEDIDAS A ADOPTAR ANTE EL SINIESTRO DEL BUQUE-TANQUE PRESTIGE. (Número de expediente 173/000173.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Van a ser debatidas conjuntamente las dos primeras mociones. A continuación, de manera sucesiva, procederemos al debate de la tercera
de las mociones. Las votaciones se efectuarán al final de los dos debates.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de carencia y medidas integrales eficaces para hacer frente a la marea negra generada por la catástrofe del Prestige, así
como moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las consecuencias, evaluación del impacto y medidas a adoptar ante el siniestro del buque Prestige.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, hay que ver con qué profusión de datos el Gobierno está explicando qué es lo que ha ocurrido en el affaire Prestige. Uno no se explica a estas
alturas cómo se han podido cometer tantos errores si el Gobierno tiene esa capacidad para saber tanto. Nos da la impresión, por un cambio extraordinario de papeles, de que el Gobierno ha descubierto al culpable, la culpa de todo la tiene la
oposición. Desde este punto de vista, resulta cada vez más difícil hacer oposición en esta Cámara, porque gobierna un grupo, sustentado en el Partido Popular, que no está acostumbrado a que hagamos oposición y ante una situación grave como ésta, se
intenta elevar a excepción y se pide el silencio de la oposición; el silencio como corresponsabilidad, el silencio como lealtad y cuando se eleva ya el tiro, se llega a hablar del silencio como patriotismo. Nosotros no estamos de acuerdo con el
Partido Popular y pensamos que es el momento de actuar en dos vertientes. En primer lugar, hacer la política que corresponde en este momento, la investigación y la asunción de responsabilidades políticas y, en segundo lugar, introducir los medios
suficientes en una situación en la que el Estado ha demostrado ausencia o, como mínimo, anorexia y, de cara al futuro, también incluir una serie de variantes. Hay que investigar. A nuestro juicio, se debe crear ahora una comisión de investigación.
Políticamente está justificada, se ha creado en Galicia, se va a crear en el Parlamento Europeo y no tiene explicación alguna, excepto la táctica parlamentaria, que no nos explicamos cuál es su lógica interna, pero que se mantiene en esta Cámara por
parte del Partido Popular. Nosotros pensamos que hay un problema político de primer magnitud, y es la crisis de representatividad. Hace falta, por tanto, un punto de referencia estable, como sería esa comisión de investigación, que sustentara la
unidad, de nuevo, de representantes y representados, que superara ese hiato entre los ciudadanos y los políticos que los representan y, singularmente, el Gobierno. Hay que superar ese desprestigio
de la política en general, de todos los grupos. De ahí que cuando paseemos -cualquier grupo, aunque a unos más que a otros- por las playas de Galicia, se nos abucheará. A nuestro juicio, eso es culpa de la falta de previsión política, de
la falta de responsabilidad política del grupo mayoritario de la Cámara.
Hay que investigar la decisión causal, la primera decisión, de la que derivan una serie de ramificaciones capilares que nos están llevando a una situación barroca, a una situación confusa, a veces incluso esperpéntica. Hay una deambulación
oceánica del Prestige -rumbo noroeste; después, rumbo suroeste- y hay que averiguar no sólo el error que se produce -se pueden producir errores y éste ya está documentado que es un error; Fraga dixit: Parece que la decisión que tomamos no fue la
más acertada-, sino la estructura de la decisión, cómo se adopta, en función de qué seguridades técnicas y políticas. Ya casi lo sabemos todo. El director general de Marina Mercante, en una llamada telefónica al señor Álvarez-Cascos, decide que
hay que alejar al Prestige de la costa en lugar de intentar entrar un puerto o, en todo caso, mantenerlo cerca de la costa para después traspasar el fuel. Vamos a ver, cuando ocurra otra tragedia, en función de los simulacros que se van a hacer de
ahora en adelante, qué es lo que se hace con el barco, si se lleva de nuevo a la fosa oceánica a la que se ha llevado, porque ahora no sabemos qué hacer.
Lo ha dicho el Príncipe: El Prestige es una bomba de relojería. No sabemos qué es lo que va
a pasar. No lo saben ustedes, no lo sabe nadie y, naturalmente, no sabemos qué medidas concretas se han de tomar porque la situación es muy difícil. Y el señor Aznar no corrige al señor Cascos, sino que hace suya esa decisión en función de un
patriotismo de partido o de grupo que, en absoluto, conecta con las necesidades políticas de este país en los momentos actuales. Esa es la primera situación que hay que investigar: la estructura de la decisión. Da la impresión de que en esto,
como en otras muchas cosas, el señor Álvarez-Cascos no deja que nadie se acerque a su lugar de decisión; en el AVE, en infraestructuras de todo tipo, el señor Álvarez-Cascos no permite la solidaridad del resto del Gobierno excepto en los hechos
consumados en los que, naturalmente, hay que unirse en función de la superación de la crisis que en estos momentos está viviendo el Gobierno del señor Aznar. Hay que investigar también por qué se produce esta anorexia del Estado. Por la política
neoliberal, se suele decir. Sí; es cierto, pero hay que explicar más cosas. Por qué se baja toda la estructura del sistema de salvamento, de los remolcadores; por qué se baja la estructura de ayuda para causas como ésta, que en absoluto estaban
previstas; por qué no se ha analizado con tiempo para superar uno de los peores momentos en la imagen del Ejército español, el trabajo social del Ejército en causas como ésta, metiendo la mano en el chapapote desde el primer momento, esa cosa sucia
que pesa mucho, que pesa muchísimo. Hay que analizar también las medidas a tomar, las responsabilidades políticas que se derivan de esta situación.
Es verdad que para salvar ese hiato entre representantes y representados, no hay otro camino que asumir responsabilidades políticas, no hay otro camino que asumir dimisiones. Así es la política democrática. Ustedes lo saben perfectamente
porque incluso llegan a pedir -ya veremos en qué radica la justificación de esa petición- dimisiones de la oposición, algo que nunca se ha visto. Ya veremos en qué radica la justificación de esa petición porque las cosas, máxime cuando estamos
hablando no de las intenciones de un gobierno, sino de si sus decisiones, con independencia de que sean difíciles o no, son acertadas, nos han llevado a una situación profundamente negativa. Hay que investigar la política informativa que ha seguido
el Gobierno, señorías, que ha generado una gran distancia respecto de la gente, un gran cabreo social -digámoslo así para entendernos y no hacer muchos circunloquios-, una situación de disfunción política respecto al funcionamiento de esta
democracia que posiblemente ha aumentado la necesidad de mucha gente de salir huyendo, de abstenerse a la hora de intentar corresponder su voluntad política con una serie de representantes que parece que no están a la altura de las circunstancias.
Como apuntan las mociones que nosotros hemos presentado y también otros grupos a través de enmiendas, es el momento de analizar los medios. Ahí están los errores. Lo que hay que investigar, a nuestro juicio, es cómo se sustancia la
separación entre el Estado oficial y el Estado real a través de dimisiones -ya llegaremos a eso en su momento- y, naturalmente, los medios concretos de los que hay que echar mano en una situación como ésta para que la gente sepa in situ, desde ahora
mismo, que por lo menos se puede solucionar una parte importante del problema creado. El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) propone una serie de medidas que nos parecen absolutamente recomendables. Nos dicen en esta moción que hay que tener muy en
cuenta todo el tema político; pero no sólo éste, sino que van a la otra vertiente de la situación y nos dicen que hay que adoptar una serie de medidas para que la gente vea que no sólo nos dedicamos a la superpolítica, sino que también nos
dedicamos a la política material, a la administración de las cosas y a la solución de los problemas cuando afecta a las cosas. Desde ese punto de vista, nos habla de incrementar los medios materiales dirigidos a combatir las manchas de fuel, de
centralizar la coordinación, de empezar a coordinar una situación que a estas alturas no se puede decir que esté solventada; de medidas que impidan la salida al mar del combustible que ahora está almacenado en los tanques del Prestige, y todavía no
sabemos cómo se va a solucionar esta bomba de relojería; y nos hablan también de medidas correspondientes a la necesidad de una aprobación previa de las Cortes, en coordinación con la
Junta de Galicia, para un plan de actuación de cara al futuro a corto, a medio y a largo plazo. Esa es la esencia de nuestra moción. Estamos dispuestos a cualquier transacción en el marco de lo que acabamos de defender aquí y pedimos al
Grupo Popular que aumente su sensibilidad para solucionar este problema.
Termino, señora presidenta. Hemos dicho que estamos dispuestos a poner el cuentakilómetros a cero. Hemos hablado de la necesidad de equivocarnos todos juntos, pero no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, a las 14,15 horas del día 13 de noviembre se recibe en la torre de control de la Capitanía Marítima un SOS. A las 14,33 horas se solicitó desde la torre de control,
en comunicación con el barco que lo había emitido (el Prestige), evacuación de la tripulación porque, según el capitán el buque, se encontraba escorado y con riesgo de hundimiento. A las 16,10 horas el helicóptero de la Xunta de Galicia Pesca 1
comunica a la torre de control que tiene a bordo a siete tripulantes y que se dirige al aeropuerto de Vigo. A las 16,30 horas comunica el Pesca 1 -repito, el helicóptero de la Xunta- que los tripulantes evacuados han sido desembarcados en el
aeropuerto de Vigo. A las 16,55 horas otro helicóptero perteneciente a la Sociedad de Salvamento Marítimo, el Helimer Galicia, informa a su vez de que 15 tripulantes del Prestige han sido rescatados y se encuentran a bordo del helicóptero. A las
17,30 horas el buque Ría de Vigo, propiedad de la empresa Remolcanosa, contratado por la Sociedad de Salvamento Marítimo, se encuentra al costado del Prestige e informa de que los cabos que tiene a popa no son los remolques de emergencia, sino cabos
de amarre que imposibilitan agarrar al remolcador. (Rumores.) A continuación, a las 20 horas informa...
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor SEGURA CLAVELL: A continuación, a las 20 horas la Finisterre Agencia Marítima, agencia privada, informa de que han contactado con el capitán del Prestige, con el armador y que éste le está dando instrucciones a la agencia marítima
y al capitán para que acepte el remolque del Ría de Vigo. A las 20,02 horas de ese día 13 de noviembre, el capitán del Prestige informa de que va a dar el remolque de emergencia, pero que necesita gente. Es decir, se quedó sin tripulantes porque
pidió que se rescatasen, no le quedaban los remolques de amarre para posibilitar el remolque del buque; quedaron sólo el capitán, el primer oficial y el jefe de máquinas y no fue posible por esas características y porque no tenía tripulantes. A
las 20 horas y 15 minutos informa el remolcador Charuca Silveira, de la misma empresa Remolcanosa -que, curiosamente, es la que tuvo el privilegio de ganar el concurso de privatización de la empresa nacional Elcano de la Marina Mercante, en el año
1996-, que está saliendo de la ría de Vigo y así sucesivamente.
El conjunto de datos que acabo de leerles bajo mi entera y absoluta responsabilidad, que son oficiales, emitidos por la Capitanía Marítima y por la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y que están a disposición de todo el sector de la
Marina Mercante española, me llevan, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, a plantearme toda una serie de dudas. ¿El Gobierno de España ha ejercido plenamente las capacidades que le dan los diferentes artículos de los convenios
internacionales suscritos muchos años atrás? Este diputado estima que se ha producido una dejación de extraordinaria importancia por parte del Gobierno de España del principio de soberanía y de autoridad. Lo justificaré o al menos lo argumentaré.
Cuando el Prestige comunica con la torre de control a las 14 horas 33 minutos -como acabo de leerles-, que se encuentra sin gobierno a 28 millas de Galicia, con una grieta, perdiendo fuel y con muy mal tiempo, la actuación correcta de un
Estado ribereño como el nuestro, con 8.000 kilómetros de costa -no es Luxemburgo, permítanme este comentario, es un país con una larguísima tradición marinera-, es, en primer lugar, la de cumplir lo que manda el Convenio de búsqueda y salvamento, el
SAR 69, que obliga a salvar a la tripulación en peligro. Eso se hizo con celeridad: en dos horas el barco se quedó sin tripulantes, sólo, repito, se quedaron el jefe de máquinas, el primer oficial y el capitán, que no pueden ejercer labores de
mantenimiento del buque. En segundo lugar, el Estado ribereño tiene la obligación de acogerse e implementar y ejecutar lo que indica el convenio de intervención en alta mar en caso de accidentes que causen o puedan causar una contaminación por
hidrocarburos. Una vez rescatada la tripulación y a salvo, a la que, por cierto, se le permitió el desalojo del barco, sin que por parte de la Administración marítima española se les obligase a dejar preparado un tren de remolque -otro dato nada
despreciable, me estoy refiriendo a la sujeción necesaria que tiene que tener el buque accidentado para conectarlo con seguridad al cable de remolque del remolcador o de los remolcadores de salvamento que se dirijan-, se produce la evacuación del
buque, primer dato y segundo dato, la Administración marítima española no les obliga a dejar preparado el tren de remolque. Quienes son marinos profesionales tienen muy claro que esto es algo absolutamente esencial, porque, si no, se hace inviable
el salvamento. Si no está preparado el correspondiente tren de remolque, no hay posibilidad de engancharlo habida cuenta de que la mar no era un
plato, de que era una mar con cinco o seis metros de altura de ola, con unas rachas fortísimas de viento y, consiguientemente, el salvamento era muy dificultoso.
Señorías, ¿qué debía haber hecho el Estado español? Cuando desalojó la tripulación del Prestige, tenía que haber tomado posesión del buque, lo dice el convenio de intervención. Tenía que haber tomado el buque. Pero, ¿cómo? Con oficiales
y tripulantes, con marinería de la Sociedad de Salvamento Marítimo de la Administración marítima española, que tiene una plantilla cualificada de más de 400 personas y en cuya área geográfica hay más de 60 personas cualificadas como funcionarios de
marina civil. A partir de ese momento, viene una secuencia de acontecimientos. Dejación de responsabilidad de la Administración marítima española, que califica este diputado de muy grave. Se deja el barco al garete, se paran las máquinas, se va
acercando a la costa. Señorías, al no tener mando sobre el barco, se va situando en una posición en la que la mar le va fracturando permanente y constantemente, y así prácticamente durante más de 24 horas. Esas 24 horas fueron el origen de una
situación desafortunada que se mantiene durante seis días y que conduce al hundimiento del buque.
No me digan que constituye un acto de barbarie política solicitar la creación de una comisión de investigación. Estamos representando a 40 millones de ciudadanos españoles, a los intereses globales del Estado español y a todo lo que ha
ocurrido con posterioridad al hundimiento del buque. Si el Parlamento gallego, y previsiblemente el Parlamento Europeo, toman el acuerdo de crear una comisión de investigación, ¿cómo quedan las Cortes Generales españolas si no dan su visto bueno a
la creación de una comisión de investigación que analice todo lo que hay que analizar y que exija todas las responsabilidades que hay que exigir? Qué duda cabe que es el acontecimiento más grave de la historia de España en los últimos 40 ó 50 años
en lo que a deterioro y contaminación se refiere. Qué duda cabe que tiene que marcar un hito en la historia de la navegación marítima. Y qué duda cabe que, si solicitamos la creación de una comisión de investigación, el grupo mayoritario tiene la
llave para posibilitar la constitución de esa comisión. No tengan la mínima duda de que, si no se constituye en las Cortes Generales españolas, los medios de comunicación la van a crear simbólicamente con una labor de investigación diaria, porque
esto no termina hoy en este debate plenario. Señorías, dignifiquemos las Cortes Generales. Este interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista, sale con un planteamiento muy positivo de defensa de la dignidad de las Cortes Generales y del
pueblo español.
Tenemos que saber qué ha ocurrido y sacar conclusiones para que no se vuelva a repetir. A raíz de las conclusiones, que el Estado español tome la decisión de futuro de constituir una Comisión como la que existe para los accidentes
en el sector aéreo, una Comisión estable que se fundó a raíz de la creación de una Comisión de investigación en las Cortes Generales en el año 1983, cuando se produjeron dos importantes accidentes en el área de Barajas. El Grupo Parlamentario
Socialista posibilitó con 202 diputados la creación de una Comisión de investigación aque sacó una serie de importantísimas conclusiones, una de ellas: la creación de la comisión nacional de investigación de accidentes aéreos.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Es necesaria una comisión nacional permanente, perdurable en el tiempo, con personas cualificadas que investigue los accidentes marítimos, que saque conclusiones y que haga propuestas. Señorías, nosotros hemos pactado una propuesta de
resolución con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ha sido enviada a la Mesa y que está a su disposición.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya su intervención. Ha consumido su tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
La hemos pactado en base a una propuesta del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a las mociones presentadas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Socialista, en el marco de una más que evidente
necesidad de que esta Cámara impulse al Gobierno para que tome medidas que hasta el momento no ha tomado. Quiero aclarar también que las enmiendas que presenta el BNG están planteadas en función de los textos originales elaborados por ambos grupos,
los cuales, como se ha anunciado, se modificaron por voluntad de los mismos. Es verdad que algunas de las cuestiones que quizá fuese necesario incluir en esta moción que se va a someter a votación no se van a introducir, pero en todo caso, se van a
incluir cuestiones suficientes.
Nosotros presentamos enmiendas en la línea de demandar al Gobierno algunas actuaciones de carácter inmediato para hacer frente a la marea negra que amenaza aún -no deberíamos olvidarlo-, de manera importante, a las costas de Galicia y
también en la línea de demandar soluciones para paliar las consecuencias
económicas y ecológicas de la catástrofe, más allá de declaraciones de intenciones, de experiencias y promesas anteriores de éste y de otros gobiernos que, si no se concretan convenientemente, nos harán dudar de su credibilidad. La
actuación del Gobierno no ya para prevenir, sino para resolver la situación provocada por el Prestige, fue tan nefasta que nos colocó en la peor de las situaciones posibles. De poco vale que el Gobierno, ante esta evidencia, se revuelva como un
gato panza arriba, defendiendo una situación indefendible o acusando a los demás de toda suerte de tropelías. En nuestra opinión, el Gobierno debería centrar sus esfuerzos cuando menos en tratar de afrontar con un mínimo de seriedad las tareas que
aún hoy, 34 días después del inicio de la crisis, están pendientes o mal resueltas de manera más que evidente, en lugar de centrarse en la batalla política y propagandística, como hace. El Bloque Nacionalista Galego insiste en la línea de actuación
política que nuestro grupo viene siguiendo desde el primer momento: soluciones inmediatas para paliar los efectos económicos y ecológicos de la catástrofe, responsabilidades políticas y soluciones a más largo plazo de tipo económico o sobre las
medidas de prevención que hagan que nunca más se vuelva a producir una situación como ésta.
Paso a defender las enmiendas que presentamos a esta moción. El primer punto dice: Incrementar los medios materiales dirigidos a combatir en el mar, insisto, a combatir en el mar, las manchas de fuel que siguen poniendo en peligro las
costas y rías de Galicia, porque es necesario combatir en el mar esas manchas y que el Gobierno incremente los medios materiales para hacerlo. Sepan ustedes que siguen siendo los trabajadores del mar quienes están combatiendo con sus medios, sin
ayudas, esa situación, hasta tal punto que hoy se van a encerrar en huelga de hambre varios patrones mayores de cofradías para recabar que el Gobierno dote de medios ese combate. Esta cuestión se explica suficientemente.
En un segundo punto planteamos establecer una dirección única, constituida por las administraciones central y autonómica, capaz de dirigir y coordinar las tareas de limpieza y regeneración de la costa, centralizar y distribuir adecuadamente
los medios humanos y materiales para abordar esta tarea con participación de las sociedades representativas del sector pesquero marisquero y los ayuntamientos. Se explica también bastante: a estas alturas, pocos medios y mal utilizados. Es
necesario que el Gobierno central, en coordinación con la Administración autonómica, se ponga al frente de esta tarea. La situación no puede seguir así, combatiendo con falta de eficacia. No se puede sustituir, señoras y señores diputados, la
falta de actuación de las administraciones con ruedas de prensa o campañas propagandísticas en las televisiones que se controlan. Si el Gobierno no fue capaz de hacer las cosas bien hasta aquí, por lo menos que enmiende y a partir de ahora lo haga,
que se ponga al frente y aclare el papel de la empresa TRAGSA, criticada cada vez más numerosamente por todos los sectores que están participando en las limpiezas y regeneración de playas, al extremo de que en Cangas ya los expulsaron del pueblo
literalmente. Creo que es necesario que el Gobierno tome esto en consideración.
Otro punto dice: Estudiar urgentemente y adoptar las soluciones que impidan la salida al mar del combustible aún almacenado en los tanques del Prestige. Efectivamente, estamos delante de una auténtica bomba de relojería. Hay que evitar
nuevas mareas. Estoy seguro, y lo digo aquí, de que no será tarea fácil, pero es necesario que el Gobierno actúe con decisión y con todos los medios para evitar nuevas salidas de fuel porque no se puede tener a un país y a un sector en vilo
indefinidamente o permitir nuevas avalanchas que pongan en peligro su economía y su medio ambiente.
En otro punto hablamos de constituir equipos científicos con participación relevante de miembros de los institutos de investigación de Galicia para estudiar el impacto sufrido por el ecosistema, su evolución, la evaluación del impacto
económico y social de la catástrofe y la elaboración de propuestas de actuación más adecuadas. Hablamos de la participación de equipos científicos de Galicia, que seguramente son capaces, conocen el terreno y ayudarán a que esos informes sean lo
más ajustados posibles. Hablamos de elaborar un plan de actuación en serio para el desarrollo económico a corto, medio y largo plazo de las zonas afectadas con líneas concretas de actuación, financiación y temporalización de los proyectos, en
colaboración con la Xunta de Galicia y con la aprobación previa de las Cortes Generales y del Parlamento, de planes definidos de actuación, señorías que apoyan al Gobierno, porque si no, sustituir planes concretos, bien trazados, por propaganda, no
resolverá el problema. Hablamos de establecer un plan comercial para impulsar la fabricación por los astilleros de IZAR de petroleros con doble casco y, consecuentemente, negociar en el seno de la Unión Europea el regreso de IZAR-FENE a la
construcción naval convencional de forma que pueda participar en esta fabricación. Esta es una medida concreta de apoyo a Galicia y al desarrollo de sus sectores económicos. Hablamos de defender en el seno de la Unión Europea la constitución de un
fondo específico para hacer frente a este tipo de catástrofes ecológicas, cuya primera utilización, y no como propone la enmienda del Partido Popular, sea para hacer frente a las consecuencias de esta, no de futuras catástrofes; revisar, asimismo,
las previsiones presupuestarias del Gobierno para el año 2003 y siguientes, de forma que contemplen los fondos necesarios para hacer frente a la reparación de los daños económicos directos e indirectos y medioambientales provocados por la
catástrofe.
A las señorías que apoyan al Gobierno y al propio Gobierno les digo que es muy difícil sostener ante de la
opinión pública que no se puede conseguir más de lo que se consiguió; es muy difícil de sostener. No es fácil explicar por qué se crea un fondo de solidaridad para las inundaciones de Alemania y de otros Estados europeos y no se crea para
esta catástrofe concreta. Es muy difícil de explicar.
Es imposible de explicar salvo que haya una Europa de primera y una Europa de segunda, salvo que haya gobiernos con influencia y gobiernos sin ella, entre los que se encontraría el del Partido
Popular. Ustedes no nos pueden presentar ni mucho menos como un gran éxito que se reprogramen 265 millones de euros, algunos de ellos por cierto fondos dirigidos específicamente al sector pesquero, para más inri. Ya no sabe uno qué argumentar,
pero la cuestión de los fondos europeos que ustedes han conseguido está tan mal, que hoy aparece el siguiente titular en un periódico que habla de un presidente desaparecido y de un Gobierno desaparecido: Fraga envía a Palmou a Bruselas para
aumentar los fondos que logró Aznar. Increíble. ¿Más descalificación, más desautorización de lo que consiguió el presidente del Gobierno no es suficiente para esta cuestión? Por otro lado, también en los Presupuestos Generales del Estado el
Gobierno debe disponer de sus propios fondos para afrontar convenientemente las crisis. Luego ya buscará cómo recuperarlos, pero primero tiene que ponerlos encima de la mesa.
Por último, hablamos de evaluar los perjuicios provocados por la catástrofe, daño emergente y lucro cesante, e indemnizar rápidamente a los afectados, subrogándose el Estado en las acciones que a estos correspondan frente al FIDAC y demás
responsables. Creo que esto se explica también por sí solo a la luz de lo que aconteció con la catástrofe del Mar Egeo.
El Gobierno dice muchas veces que quiere propuestas concretas. Aquí tiene algunas de las que le plantea el Bloque Nacionalista Galego. Les quiero decir, señoras y señores diputados, con todo respeto, que no caminamos en buena dirección con
propuestas como las que plantea el Partido Popular, contempladas en la enmienda que ahora va a usted a defender seguramente, señora Sainz, desde esta tribuna; propuestas autocomplacientes e inconcretas, algunas de las cuales son -permítame que se
lo diga con todo el respeto que me merece usted- simplemente una tomadura de pelo a los ciudadanos. A estas alturas, señora Sainz -no sé si es usted la portavoz...
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, le ruego concluya.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Acabo inmediatamente, señora presidenta.
Proponer que se cree en Europa un fondo de 1.000 millones de euros para cubrir daños de futuras mareas negras, me parece absolutamente insostenible. Plantear reprogramar fondos europeos destinados a compensar las consecuencias de la pérdida
del caladero canario-sahariano, ¿qué quiere que le diga desde el punto de vista de un ciudadano de Galicia?
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Pedir medidas para prevenir posibles efectos de la catástrofe del Prestige sobre el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, me parece simplemente una broma.
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, le ruego concluya, por favor.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señoras y señores del Gobierno, salgan de su marasmo y hagan algo más que propaganda, que no nos sirve de nada.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender una enmienda a dos mociones, una del Grupo Socialista y otra de Izquierda Unida, enmienda en la que el Grupo Popular incluye nada más y nada menos que 80 propuestas, señorías, 80 acciones enmarcadas
en el plan de ayuda a Galicia, destinadas a apoyar a las zonas afectadas y su reactivación económica, social y medioambiental. Parte de las medidas van dirigidas desde luego a impedir futuros accidentes y a garantizar que, si alguna vez suceden,
haya cobertura para ellos. Lo que al portavoz del Bloque le parece una broma, a nosotros nos parece movernos en claros términos de responsabilidad política.
Sabemos que la cumbre de Copenhague marca un antes y un después en relación con la seguridad marítima y que todas las propuestas hechas por España han sido aprobadas, por lo que lo que hay que hacer ahora es impulsarlas y ejecutarlas. Con
especial interés apoyamos al Gobierno en la exigencia de responsabilidades al armador, al cargador, a la sociedad de clasificación, etcétera, aspectos estos ausentes en la preocupación de la oposición, señorías. Nunca un reproche a quienes son los
verdaderos culpables de la catástrofe; nunca la voz de la oposición se alzó para lanzar su dardo contra los únicos culpables de la catástrofe.
Creemos, señorías, que las 80 iniciativas que presentamos son acertadas, que tendrán además un aval presupuestario preciso, que dan una respuesta solidaria y que suponen aportaciones relevantes. Medidas de solidaridad para Galicia que se
han ampliado al resto de las
comunidades autónomas afectadas. Hay medidas de gran importancia para lo que debe ser un objetivo compartido de tolerancia cero en el ámbito de la seguridad marítima, medidas en el ámbito del turismo y en el económico; medidas que no puedo
enumerar por falta de tiempo, pero capaces de impulsar las inmensas posibilidades que el pueblo gallego tiene, y con ello desde el Grupo Popular y desde el Gobierno defendemos y apoyamos de verdad a Galicia. Los gallegos creemos en nuestro futuro y
peleamos por él, pero sabemos, señorías, que no estamos solos, que a nuestro lado está el Gobierno, que a nuestro lado están la Administración central y la Administración autonómica, que responden. Ese es el camino, señorías, que de verdad necesita
el pueblo, porque es el único que le puede traer el bienestar y las soluciones. Y si de verdad les interesa a ustedes el camino de la colaboración, si de verdad a ustedes les interesa aportar ayudas, señores socialistas y de Izquierda Unida, tienen
una oportunidad de oro: aceptar nuestras 80 enmiendas, nuestras 80 medidas, pensando en un futuro de esperanza para Galicia.
No podemos, en cambio, apoyar las mociones del Grupo Socialista y de Izquierda Unida porque nada aportan a lo que el Gobierno está haciendo y a lo que se ha aprobado en esta Cámara. Por cierto, algunas propuestas evidencian lo que esta
mañana yo denunciaba, la mayor de las incoherencias del Grupo Socialista. Veamos: por un lado, no le dan crédito a la palabra de monsieur Girin, director del Instituto francés de investigación y de lucha contra la contaminación marítima, CEDRE,
que ha dirigido precisamente la operación de salvamento del Erika y que avala las tesis del Gobierno de alejar el buque; pero en cambio, por otro lado, en la moción lo que pedían era que se creara un centro igual al del CEDRE y además apostillaban:
por su carácter ejemplar. Caen en contradicciones y en sus propias trampas, señores socialistas. Al alertarles yo esta mañana, en esa enmienda transaccional lo han hecho desaparecer porque sin duda les dejaba en un mal camino. Poco a poco van
dejando al descubierto que es absolutamente cierto que sólo tienen un objetivo: sacar ventaja política de la tragedia que sufre el pueblo gallego. Desde el primer momento no han dejado de sembrar dudas acerca del accidente y hasta esta tarde
querían sembrar dudas acerca de si el Gobierno tenía alguna culpa en que no estuviesen perfectamente los amarres del buque. Ese es el extremo y el mayor de los esperpentos a que pueden llegar ustedes sembrando dudas. Están tratando además día a
día de crispar a la población, echándole al Gobierno la culpa de la catástrofe mediante falsedades. Son actitudes, señorías, que se alejan de la legítima y la necesaria oposición que nosotros reclamamos porque es buena en democracia; en cambio, no
se definen jamás porque el único empeño que ustedes tienen es el objetivo de desacreditar al Gobierno. Para avalar ese intento de descrédito al Gobierno, el portavoz del Grupo Socialista, señor Caldera, hoy gran ausente de su banco (El señor Gil
Lázaro: ¿Dónde está? Que vuelva.-Aplausos.), ha llegado a utilizar esta mañana, señorías, un método perverso, un método ilegítimo: esta mañana llegó a manipular un documento, falseándolo. (El señor Gil Lázaro pronuncia palabras que no se
perciben.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, guarde silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Mutilándolo, como aquí está, con el único objetivo ¿de qué, de aportar algo? No, señorías, de dañar al Gobierno. Y yo les digo que en democracia no vale todo, no puede valer todo, no pueden valer las
manipulaciones, no pueden falsear la verdad, no pueden sembrar dudas irrazonables. Porque hoy, señorías, con premeditación, porque ustedes transmitieron la página trucada a los medios de comunicación, lo único que querían era urdir, nada más y nada
menos que el portavoz del Grupo Socialista, una trampa al Gobierno. Y esto ha sido la evidencia de esa realidad, es la última prueba que faltaba de que lo único que les interesa es utilizar la tragedia y el dolor del pueblo gallego para sacar
ventaja política. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!-Aplausos.) Algo, señorías, que los gallegos no podemos admitir ni perdonar. ¿Cómo pueden presentarse ante las gentes del mar, que dan ejemplo de fortaleza admirable a la hora de
defender su entorno y la riqueza de sus costas, qué les ofrecen parlamentariamente? Manipulaciones, falsedades. Eso es, sin duda, lo único que no puede presentar un grupo que pretende además ser alternativa de Gobierno.
(Rumores.-Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, no podemos creerles cuando dicen que quieren una comisión de investigación para conocer la verdad. Eso no les interesa, lo han demostrado. El Gobierno, señorías, ha estado permanentemente informando en
este Parlamento, proporcionando una información exhaustiva y veraz como nunca se ha dado en esta Cámara.
Nuestro grupo lo celebra y lo desea y así seguirá haciéndolo el Gobierno porque sólo si se conoce la verdad los ciudadanos se sentirán
partícipes de las acciones que se están realizando para paliar la catástrofe con gran esfuerzo. Pero ustedes están cansados de las rigurosas y exhaustivas explicaciones, como esta mañana acertadamente denunciaba nuestro portavoz, Luis de Grandes,
porque sólo están en la estrategia de la destrucción. Ustedes desconocen lo que es la verdad. ¿Para qué piden la comisión de investigación, para construirla sobre esos papeles, sobre papeles falsos, papeles trucados, para manipular la información,
señorías? (Aplausos.-Protestas.) En ese juego no vamos a caer. Lo importante es
que el Gobierno está dando toda la información desde la veracidad y el rigor. Ustedes, señores de la oposición, pueden y deben controlar, tienen todas las posibilidades. El Gobierno ha anunciado que se habilitará el mes de enero para
seguir dando la información desde el rigor y proporcionando, como hace desde el primer día, todas las informaciones posibles.
Termino, señora presidenta, señorías, denunciando que el principal partido de la oposición por un lado ofrece pacto y por otro desarrolla la estrategia menos democrática, que es la manipulación de la realidad.
Ninguna credibilidad puede
tener el señor Zapatero cuando hoy va a Galicia y ofrece ayuda y colaboración mientras su portavoz ausente preparaba, utilizaba y urdía una miserable trampa parlamentaria.
(Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Nuestro grupo no está en ese camino, está en el camino del Gobierno, en el camino de todos y cada uno de los ministros del Gobierno, que es el rigor, el esfuerzo, el desvivirse para buscar las mejores soluciones para
esa dura realidad presente y para el mejor futuro. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó. (El señor Gil Lázaro pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Gil Lázaro, guarde silencio. No está en el uso de la palabra.
Adelante, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuevamente estamos en un debate correspondiente a la tragedia enorme que ha creado el buque Prestige. Nuestro grupo ha seguido en este tema una línea de actuación parlamentaria colocando en primer lugar el respeto que nos merecen
las personas de Galicia. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Sedó, por favor.
Señorías, hay un diputado interviniendo en la tribuna. Les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Decía que en nuestra línea de actuación parlamentaria colocamos en primer lugar el respeto que nos merecen las personas de Galicia y los miles de afectados directa o indirectamente por todos los conceptos, es decir,
Galicia en suma. Ahora también nos merecen nuestra preocupación las personas y las costas de Asturias, Cantabria y Euskadi. Convergència i Unió asume como razón principal de ser garantizar el progreso personal de todos los ciudadanos y ciudadanas
porque para nosotros en Cataluña son primero las personas. Digo esto porque desde el año 1999, fecha en la que hubo elecciones en Cataluña, era nuestro eslogan y nuestra preocupación principal eran primero las personas. Añado y cito esto y enseño
el folleto para que no me venga o salga mañana algún secretario de algún grupo en Cataluña que nos diga que repetimos cosas que ha dicho el Partido Popular. Ayer dijo el señor Aznar en un momento: Para nosotros las personas son lo más importante.
Nos parece muy bien, pero nuestro esquema es desde hace mucho tiempo trabajar primero para las personas y en ello estamos.
Los diputados debatimos cada día sobre papeles y más papeles, preguntas, comparecencias, interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley -que hay alguna pendiente todavía-, decretos, nuevos decretos el próximo jueves, debates y más
debates, la mayoría de ellos con interés de pesca electoral -me parece que esta frase la ha pronunciado esta mañana nuestro portavoz en la comparecencia del vicepresidente Rajoy-. Reflexionemos: ha habido errores, falta de medios y mala
información. Debemos imbuirnos de humildad, porque poco de positivo estamos dando ya que mientras nosotros discutimos sobre papeles y más papeles y mientras las personas afectadas, marineros, pescadores, marisqueros, sus familiares, fuerzas del
Ejército, fuerzas de orden público y, cómo no, los miles de voluntarios nos dan un ejemplo positivo de esfuerzo y solidaridad.
Nuestro grupo cree que no se han de hacer planteamientos de partido. Por ello asumimos o reafirmamos una vez más una posición constructiva de hacer política. El día de hoy no ha sido precisamente bueno en el aspecto de la posición
constructiva. Hemos oído el debate en la comparecencia del vicepresidente señor Rajoy, y allí de ofrecimientos de pactos, ninguno.
He escuchado los noticiarios de esta noche, y en Galicia no se ofrecían pactos, sino otras cosas. Nosotros estamos
dispuestos a involucrarnos en actuaciones conjuntas de todos y a trabajar de forma positiva, aunque ello implique la toma de decisiones arriesgadas.
Entrando ya directamente en las mociones de esta noche, aun reconociendo que el Gobierno tuvo errores y dudas, que rectificó, y que debe mejorar su acción en este tema, no podemos -no podíamos, porque ahora hay otra circunstancia- aceptar la
moción de Izquierda Unida porque es totalmente negativa: por un lado, reprobaciones y, por otro, la comisión de investigación. Nosotros nunca somos partidarios de las comisiones de investigación, y no creo que tenga que explicar más por qué no
somos partidarios de las comisiones y sí de las subcomisiones. Las comisiones de investigación son
usadas para la batalla política, para la pesca de votos que comentábamos antes.
En cuanto a la moción del Partido Socialista, hemos presentado una enmienda al punto b) para cambiarlo eliminando la creación de la comisión de investigación e introduciendo la subcomisión de seguimiento. Ya he dicho que no voy a entrar más
en este tema. Si se hubiese aceptado nuestra enmienda, estábamos incluso dispuestos a aceptar todos los puntos del epígrafe a), que no deja de ser un canto al sol y que además en algunos casos hace comentarios fuera de lugar en un documento que hay
que votar. No sé por qué debíamos votar unas frases que decían que debemos indicar que Ifremer, instituto francés, constituye el instituto para la investigación marina en su conjunto. Eso no es algo que haya que votar, pero es igual, estábamos
dispuestos a votar todos los puntos, como hubiésemos votado también los del Bloque Nacionalista Galego si se hubiesen introducido en una enmienda, pero no podemos votar nada que introduzca la reprobación de ministros, no lo hemos hecho nunca;
nuestra coherencia nos lleva a mantenernos en esta situación y creemos que no es acertado votar la reprobación de ministros. Tampoco estamos dispuestos a votar a favor de comisiones de investigación. Eso no quiere decir que si la comisión de
investigación se constituyese legalmente en la Cámara, nosotros no participemos y a fondo; lo haremos, pero no es de nuestro agrado que se constituya la comisión.
En este momento estamos en disposición de colaborar positivamente con quien quiera hacerlo en la forma adecuada, y teniendo en cuenta que ha habido un documento de acuerdo en tres puntos, el primero el de creación de una comisión de
investigación, con una serie de puntos sobre lo que hay que hacer, y después el de exigir responsabilidades con la reprobación de siete ministros, incluida la ministra de Asuntos Exteriores, que tan buena labora ha hecho, nuestro grupo votará en
contra de la documentación que se nos presenta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Las dos mociones consecuencia de interpelaciones que nos traen los grupos parlamentarios Socialista y Federal de Izquierda Unida se suman ahora, según se nos hace llegar a los portavoces, en una enmienda transaccional que refunde una serie
de intencionalidades de los documentos originales.
Mi grupo quiere hacer una proyección hacia el futuro, no hacia el pasado, porque los damnificados, todos los sectores productivos sociales y políticos del pueblo gallego no merecen que la clase política española les diseñe un escenario de
crispación y de presunta resolución por vías extrañas de los problemas que tienen y los que pueden tener en el futuro.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, representando a una fuerza democrática política del Archipiélago que está
considerado entre las altas zonas de riesgo en España por el tránsito masivo por sus aguas de petroleros con crudos pesados, por la presencia de una refinería de petróleo, por estar dentro de ese tráfico marítimo, ve esto con preocupación. Sin
embargo su serenidad es para el futuro. El Parlamento Europeo ha acordado la creación de una comisión de investigación, pero dentro de unos parámetros de exigencia para que después del análisis de las causas que han producido por cuestiones
técnicas competenciales, circunstanciales, climatológicas, etcétera, se busquen las causas de esa situación dramática y de lo que es una verdadera catástrofe ecológica, comercial e incluso sociológica, y se encontren soluciones para el futuro.
Nosotros no queremos poner una moviola hacia atrás. Lo peor que puede hacer un Parlamento es utilizar mal un instrumento legítimo de la democracia, basado en nuestros propios usos y costumbres y en el Reglamento del Congreso de los Diputados, como
son las comisiones de investigación. Una comisión de investigación como la que plantea el Parlamento Europeo es una comisión de investigación sensata y positiva porque va a tener el fin primordial que tienen los damnificados, que se les atienda
antes que incendiar todavía más una crispación política que puede llevar a un enrarecimiento de la serenidad que requiere un país democrático, que dentro de unos meses tiene en su calendario unas elecciones autonómicas y locales, donde el buen
sentido común exige una serenidad de conducta y de talante. Aprobar una comisión de investigación en las condiciones de la enmienda transaccional sería desprestigiar el instrumento de las comisiones de investigación y, por reflejo, desprestigiaría
a un Parlamento que es democrático y que tiene un principio constitucional de unidad, dentro de las fuerzas parlamentarias del Estado, que tienen que tener otro tono y otras circunstancias en la legítima discrepancia democrática de un Parlamento.
El pueblo gallego no se merece una comisión de investigación en estas condiciones, donde ya vienen recogidas las conclusiones políticas. Entrar en esas circunstancias es hipotecar toda una solución democrática de serenidad, de sentido común
y de hacer justicia política, si se quiere.
Si estuviéramos haciendo justicia penal, esto sería impresentable en una causa judicial. ¿Desde cuándo el ministerio fiscal, en la apertura del juicio, sin llegar al juicio oral, presenta las
conclusiones de responsabilidad? El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y en esto coincido con lo que ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no secunda unas mociones de reprobación donde vienen nada
menos que siete
ministros del Gobierno. Aceptar una comisión de investigación donde en el segundo folio de la enmienda transaccional están ya recogidas las conclusiones políticas de la misma, es entrar en un desatino, es entrar en un descrédito, no ya del
instrumento de las mociones de censura y de las comisiones de investigación, sino en el descrédito de una ética parlamentaria. Lo digo con un conocimiento de causa de lo que debe ser, porque no sé a quién se le están ofreciendo ya estas
conclusiones de una comisión de investigación, donde se recogen los calificativos a la actuación de un determinado ministro: que si está desorientado, que el señor de Medio Ambiente es inconmensurable en la tragedia que tiene. Las
responsabilidades directas achacadas sin la carga de la prueba, sin haber pasado por una auténtica comisión de investigación, donde, con todos los argumentos de firmeza que el debate dialéctico tiene derecho hacer, para nosotros no son admisibles ni
en la línea de reprobación. Incluso entrando en una situación verdaderamente esquizofrénica y demencial, si esto se aprobase, condenamos al Estado español a una parálisis de funcionamiento. Imaginémonos que esto se aprobase en estos términos. Eso
es algo más que una crisis de Gobierno, y en estos tiempos no podemos permitirnos ni hay razón en España para tener una crisis de Gobierno en estas circunstancias.
Desde Coalición Canaria pedimos a las fuerzas políticas que abandonemos este escenario de la crispación, que haya un armisticio en bien de la necesidad. Nosotros también hemos dicho, porque lo hemos visto, que ha habido deficiencias e
irresponsabilidades en los primeros momentos de ocurrir las causas que desencadenan esta catástrofe fuera del control humano y administrativo, pero se está realizando una labor. Desde Coalición Canaria, como se ha dicho desde el Grupo Catalán,
estamos impulsando al Gobierno a trabajar lo más intensa, lo más acertadamente, lo más cerca de los problemas a los que tenemos que sumarnos todos, porque lo que hay que combatir es la marea negra, pero no generar otra marea negra desde atrás, desde
el Parlamento, desde la confrontación política. Estamos en la línea de rechazar todo intento de ennegrecer más una relación política que tiene que solucionar problemas humanos, económicos y sociales, pero no complicar las soluciones. Desde luego,
nosotros no estamos dispuestos a propiciar una duda sobre una crisis de Gobierno ni tampoco a hacer una defraudación a las legítimas esperanzas.
Entendemos que se está trabajando, y esta mañana en la Junta de Portavoces mi grupo ha apoyado que en
el orden del día del próximo jueves venga la ratificación y la convalidación de reales decretos-ley que irán analizando, rectificando y potenciando una línea de reacción del Gobierno, con lo que nos sentimos solidarios, pero solidarios en el uso de
las medidas políticas, administrativas, económicas y legales. En una palabra, estamos a favor no de un criterio político sino a favor de los damnificados, del pueblo gallego y del futuro de cualquier comunidad autónoma española que se viera ante
una catástrofe de este signo. Las personas tienen que saber que ya hay unas medidas que les garantizan la tranquilidad y como póliza de seguro político, administrativo y financiero de su futuro ante cualquier contingencia de este tipo.
Nosotros nos hemos referido en todas las comisiones, tanto el portavoz, mi compañero el señor Mauricio, como este diputado que les habla, a la necesidad de una rectificación y de una proyección hacia delante, a tener nuevas leyes de derecho
marítimo internacional, porque estamos con piezas obsoletas, incluso España se rige por la Ley de 1962, que es una verdadera pieza añeja del derecho marítimo de auxilio y rescate de catástrofes marítimas. Esa línea de sensatez es la que nosotros
pedimos.
En este momento no se dan las circunstancias de oportunidad -porque el problema no está cerrado en Galicia, sigue la amenaza de esa tercera marea negra- para crear una comisión de investigación en mitad de un proceso. ¿Qué garantías hay
para que encontremos la luz con sensatez y responsabilidad? Coalición Canaria, por un sentido de responsabilidad política, de respeto al pueblo gallego y de respeto futuro a cualquier comunidad autónoma que se viera inmersa en una tragedia de este
tipo, se suma a las palabras de Su Majestad el Rey: Arrimar el hombro todos a una para solucionar este problema que tenemos ahí. A nosotros nos parece que votar esto en el sentido en el que se pretende sería una irresponsabilidad política.
Nuestra responsabilidad política nos lleva a decir firmemente hoy, desde la solidaridad del pueblo canario hacia el pueblo gallego y a todo pueblo español que pueda padecer estas circunstancias, que votaremos en contra de la creación de esta espuria
comisión de investigación.)
Nada más. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que el Grupo Parlamentario Vasco tiene una cierta confusión, porque lo que leemos en esta moción no se corresponde con lo que aquí se está debatiendo. Nos da la impresión de que se está llevando a un ámbito únicamente político
lo que es una catástrofe ecológica, económica y humana de tremendas dimensiones.
En el segundo punto estamos leyendo: Analizar y exigir responsabilidades.
Aquí se habla de reprobación. Parece que lo que está latiendo aquí es un rifirrafe exclusivo entre el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición en
este hemiciclo. No estamos de acuerdo en que se traslade al campo político ese rifirrafe y se olvide el problema principal. No estamos de
acuerdo con que se oscurezca la realidad, la necesidad, el drama de los afectados, insisto, por un rifirrafe político; en absoluto. Entendemos que la parte más positiva de toda la moción es el añadido final, en el cual se plantean
soluciones que a nosotros nos parece que debían aceptarse.
No somos un grupo que sea especialmente entusiasta de las comisiones de investigación, sobre todo planteadas desde la oposición en una minoría, puesto que eso queda exclusivamente a voluntad del grupo mayoritario en esta Cámara, que puede o
no aceptarlas y que, en caso de aceptarlas, las conclusiones estarían mediatizadas siempre por esa mayoría. Tenemos experiencias pasadas bastante cercanas de la inutilidad manifiesta de estas comisiones. Por tanto, somos un tanto escépticos ante
ellas. Y si al segundo punto se le da el mismo cariz, este escepticismo de este grupo se traslada también a él.
La verdad es que no hemos tenido ocasión de conocer la defensa de la enmienda del grupo mayoritario, puesto que se ha dedicado exclusivamente en su intervención a acusar al grupo de la oposición, sin defender su enmienda. Ante esta
situación, y habiendo tres grupos que apoyan esta enmienda, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Vasco pediría, si es posible, votar los tres puntos de esta moción de forma separada.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Señor Otxoa, ¿se refiere al texto inicial de la moción o al texto de la enmienda transaccional?
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Me refiero a la enmienda transaccional que tiene tres apartados completamente diferenciados.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Otxoa. Me temo que no va a ser posible. (Pausa.)
Señor Otxoa, no va a ser posible aceptar su propuesta porque cuando los textos que se someten a votación provienen de enmiendas se tienen que votar conjuntamente, no separadamente, aun cuando es un texto original al cual se han incorporado
enmiendas.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL PARA CUMPLIR CON LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000174.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de las dos mociones, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la evaluación del impacto y medidas
a adoptar ante el siniestro del buque-tanque Prestige, iniciamos el debate de la última moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español para cumplir con la aconfesionalidad del
Estado.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en cumplimiento de la interpelación que sustanciamos la semana pasada en la cual interpelábamos al Gobierno, y concretamente al ministro de Justicia, responsable de cuestiones religiosas, sobre cómo este
Gobierno acomete el cumplimiento de la no confesionalidad del Estado, tal como se argumenta en la Constitución, la moción que hoy vamos a defender se basa en cuatro puntos que pretenden garantizar una actuación en materia de derechos civiles más
acorde con el concepto de aconfesionalidad del Estado. Decimos derechos civiles porque la imposición por parte de diferentes ámbitos -de la Administración del Estado y de sus servicios públicos, como podrían ser los centros educativos o los medios
públicos de comunicación social- de conceptos o dogmas religiosos, en este caso el catolicismo, es una conculcación de los derechos individuales y de la misma Constitución que el Partido Popular, y como señalábamos la semana pasada incluso la misma
Conferencia Episcopal, asumen ya como un dogma de fe.
Se trata de que hoy en pleno siglo XXI la religión pase a la esfera privada, al concepto conocido como la privacidad y que las políticas públicas no se vean determinadas y condicionadas por grupos de presión o la militancia religiosa de
determinados miembros o sectores del Gobierno.
Ni se trata -como afirmaba el ministro la semana pasada- de que se obligue desde una supuesta minoría -que se puede declarar agnóstica o simplemente no creyente- se quiera imponer una determinada
cosmovisión laica. No, señores, no se trata de esto. Se trata, en definitiva, de que el Estado sea un organismo neutro, la Administración del Estado declare la neutralidad y defienda el derecho de ciudadanía más allá de dogmas doctrinarios
religiosos o ideológicos. Actualmente lo que está sucediendo es lo contrario: que un gobierno cuyos miembros en su mayoría profesan la religión católica se impone a los demás y da privilegios a la Iglesia católica de acuerdo con lo que les dicta
su conciencia. Lo denunciamos en la interpelación: privilegios en materia de fiscalidad, privilegios en materia de poco o nulo control, como ocurre con la Ley de Fundaciones o situaciones paradógicas como pasó en la Ley Financiera, con las cajas
de ahorro de la Iglesia católica. Se trata de garantizar la neutralidad del derecho y de la Administración ante las diferentes iglesias, no solo la Iglesia católica, porque curiosamente olvidamos las demás iglesias o las demás religiones,
organizaciones religiosas o creencias. Esta es la auténtica libertad religiosa.
Señoras diputadas, señores diputados, no se puede, en nombre de una mayoría católica conculcar el derecho positivo y mantener acuerdos con el Estado Vaticano que vulneran los más elementales derechos, como el escandaloso despido de un
profesor de religión por el simple hecho de ser una persona separada. Esto pasó incluso en sentencias judiciales.
Finalmente, el Tribunal Constitucional dará la razón a las personas cuyos derechos fueron conculcados.
Decimos que hay otro factor para llevar a cabo esta reorientación en las políticas públicas, el factor migratorio. El origen étnico, cultural o religioso de cada persona que pueda llegar al Estado español tiene en el derecho de ciudadanía
el principal aspecto de integración. Esto difícilmente se puede hacer desde aspectos doctrinarios o dogmáticos del catolicismo. Difícilmente desde el nacionalcatolicismo se puede querer que personas que profesan la fe musulmana, por ejemplo, u
otras creencias religiosas, acepten nuestros hábitos de vida, nuestras conquistas civiles y nuestras conquistas en materia de derechos humanos.
Nuestra moción tiene cuatro puntos. En primer lugar, garantizar la neutralidad religiosa de la Administración y de los servicios públicos del Estado. Hay que poner freno a que con fondos públicos se financien aspectos de dogmatismo
religioso y se privilegie a instituciones de la Iglesia católica con una visión más doctrinal. En segundo lugar, pedíamos revisar los acuerdos con el Estado Vaticano o distintas confesiones para adaptarlo a la correcta interpretación constitucional
y a los cambios sociales y culturales a que antes hacíamos mención. El Concordato con el Vaticano es de 1953, solo mencionar esta fecha haría necesaria una reflexión de los señores de la mayoría. En el año 1953 algunos a lo mejor estaban muy
cómodos, pero en el año 1953 había una dictadura feroz, atroz, y el dictador, bajo palio, entraba en las iglesias. Hace falta recordar esto. Solo por esta razón habría que reflexionar. En el año 1969 se firmaron con el Vaticano una serie de
acuerdos de los que hoy en día el Partido Popular está haciendo una lectura expansiva y la está llevando a la educación. Así vemos que la religión aparece otra vez en la última ley sobre la calidad de la educación, aún en trámite parlamentario; al
igual que la no fiscalización de fundaciones, asociaciones o entidades de la Iglesia católica o los aspectos relativos a la Ley Financiera. Habría que eliminar también los privilegios de tipo religioso del ordenamiento jurídico. Se trata de leyes
como la Ley de Libertad Religiosa del año 1980. Ya es hora de que una sociedad madura, una sociedad que apueste por el pluralismo acepte que en lugar de una Ley de Libertad Religiosa hace falta una ley de libertad de conciencia. Esto es lo que
necesita una sociedad avanzada, una sociedad abierta. Finalmente propondríamos la creación de una comisión para dotar de mecanismos que garantizaran el cumplimiento de estas propuestas, con el fin de llevar a cabo lo que tendría que ser razonable y
de sentido común, es decir, la aconfesionalidad y la neutralidad ideológica y religiosa de los organismos del Estado, de los servicios públicos, en definitiva, de los símbolos, las subvenciones y las ayudas a los fondos públicos que se puedan
acometer.
Muchas gracias, señora presidente, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera oportuna esta moción defendida en nombre del Grupo Mixto por el señor Puigcercós, porque en el fondo de ella está la defensa del principio de
la aconfesionalidad y del laicismo o, más exactamente, de la laicidad -prefiero hablar de la laicidad- como componente básico de una democracia civil moderna.
La verdad es que la Constitución logró acabar con esos tres problemas crónicos de la cultura hispana, con esos tres problemas de tantos siglos: el problema nacional, el problema del ejército y su presencia abusiva en la vida pública y el
problema de la necesidad de separación entre la Iglesia y el Estado, el problema del laicismo o de la laicidad. Yo creo que este, aunque seguramente se le da menos importancia que a los anteriores, es el más importante de todos en un sentido
profundo, porque la idea de laicidad como ética civil común, como la base de un diálogo civil es seguramente lo que está en el fondo de los problemas enquistados durante siglos en la sociedad española. A la laicidad se refiere una plataforma de
organizaciones por una sociedad laica y yo no me resisto a reproducir ese manifiesto tan reciente que esa plataforma ha aprobado porque hace una definición de la importancia de un poder público laico y de los valores que fundamentan la laicidad como
lo único que permite la integración de todos los ciudadanos en una sociedad abierta en plano de igualdad. Realmente el concepto de laicidad es lo único que permite una verdadera integración social, por eso es tan importante, y va más allá del plano
puramente religioso o de la separación entre Iglesia y Estado.
El laicismo -dice el manifiesto aprobado por esa plataforma- es una ética ilustrada que promueve los valores de la libertad, de la igualdad, de la justicia entre todos los seres
humanos, con independencia de su adscripción religiosa.
La laicidad está conectada intrínsecamente a la ciudadanía. La ciudadanía es el único espacio político sobre el que tiene competencia un poder público democrático y, por tanto, más allá de la etnia, de la raza, de la religión, de la
cultura, la idea de ciudadanía es lo que verdaderamente integra, es el concepto básico de un poder laico y, en última instancia, la democracia es un
proceso que termina con los particularismos religiosos, étnicos, culturales. Eso es en última instancia la democracia, hasta el punto de que recientemente podemos verlo en una ejemplar sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que
considera que estuvo bien la ilegalización de un partido islámico turco en cuanto que ese partido rompía con la autonomía del poder político y propugnaba una discriminación fundada en la religión. La laicidad como corolario de la democracia, como
señala esa importante sentencia reciente, de 31 de julio de 2001, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La sociedad española ha experimentado un reciente y creciente proceso de pluralismo moral, de pluralismo religioso, de pluralismo cívico, muy condicionado, muy influido por un proceso de inmigración que ha llevado a que más de un millón o
millón y medio de inmigrantes, en su mayoría con religiones distintas de la católica, habiten, vivan, residan ya en nuestro país. Sin embargo ese proceso de pluralismo, ese proceso constitucional no se corresponde con enclaves normativos que siguen
existiendo -y que pone de relieve esta moción- en nuestro ordenamiento.
Siguen existiendo enclaves que no se corresponden con el proceso de laicidad que hay en el fondo de nuestra Constitución. Por ejemplo, los Acuerdos de 1969 con la Iglesia
católica, especialmente los acuerdos en relación con el ejército, que nada tienen que ver con conceptos auténticos de laicidad, de neutralidad del Estado y de las instituciones públicas con respecto a cualquier religión. O los privilegios fiscales
de la iglesia católica; o los problemas que tienen que ver con la asignatura de religión en escuelas públicas financiadas por el Estado, donde profesores de religión predican como pecado, por ejemplo, el divorcio o el aborto aunque están aceptados
por el Estado laico; cuando hay separación entre iglesia y Estado, sin embargo en esas clases de religión se predican como algo pecaminoso y contrario. Es una contradicción profunda consecuencia de esos enclaves normativos que no acabaron a pesar
de los esfuerzos que se hicieron en 1992 con los acuerdos con confesiones religiosas minoritarias. Por eso es muy importante, unido a una creciente interpretación regresiva por parte del Gobierno de esos acuerdos, que haya una reflexión mediante la
comisión que se propone en la enmienda que presentamos a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, en el siguiente sentido.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego termine.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta, y resumo. La comisión pretendería garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones públicas y de todos los centros educativos, incluidos los concertados, en cuanto a la libertad
ideológica y de conciencia; pretendería revisar los acuerdos suscritos por el Estado con las diferentes confesiones y suprimir cualquier tipo de discriminación o privilegio por motivos religiosos o confesionales. Es decir un concepto de
aconfesionalidad activa que cree en la libertad de conciencia y en la tolerancia como base de toda democracia.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a fijar la posición en esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, y a la vez defenderé la enmienda que ha presentado nuestro grupo.
Señorías, la iniciativa que debatimos, así como la intervención de esta tarde del señor Puigcercós y la del pasado miércoles con ocasión de la interpelación que da motivo a esta moción, nos parecen parte de una posición que respetamos pero
que no podemos compartir. Es la del llamado laicismo activo. No la podemos compartir porque este planteamiento no está ni en la Constitución ni en el sentir mayoritario del pueblo español. No la podemos compartir porque el planteamiento que se
hace es contrario al artículo 16 de la Constitución española, donde se regula la libertad religiosa, la libertad de creencia, la libertad de culto y además se regula especialmente el Estado aconfesional.
Lo que plantea hoy el Grupo Parlamentario Mixto es una formulación ajena, como quedó claro en el debate de la interpelación, a la Constitución de 1978. Lo que postula el señor Puigcercós, el llamado laicismo activo -la doctrina dice también
laicismo beligerante- es un planteamiento respetable, como todos, pero que esconde de fondo un planteamiento dogmático y en muchos casos, y lo digo a efectos dialécticos, este laicismo utilizado por algunos lo que esconde es un nuevo fenómeno
religioso absolutamente dogmático que pretende arrinconar el hecho religioso exclusivamente a la privacidad, cosa totalmente sorprendente.
En cualquier caso el laicismo activo, el laicismo beligerante, es un planteamiento minoritario en la realidad
actual de la sociedad española.
Por tanto, señorías, para hablar de este asunto conviene, es bueno leerse la Constitución, como sin duda SS.SS. hacen, y en este caso además los debates que se celebraron en las Cortes constituyentes para cerrar una
cuestión que había dividido a los españoles y que se cerró muy bien en aquella ocasión. Como muchas de SS.SS., he vuelto a hacerlo recientemente.
La Constitución de 1978 fue aprobada por práctica unanimidad en su conjunto, pero hubo algunos artículos que sufrieron diferentes procesos con distintas mayorías y otros sufrieron vetos que obligaron a
nuevos consensos para salir adelante. No fue este el caso, señorías, del artículo 16 de la Constitución. Un artículo sin duda muy debatido pero tremendamente pacífico, siendo aprobado casi por unanimidad, como sin duda SS.SS. pueden
comprobar en los 'Diarios de Sesiones' de esas fechas.
El artículo 16 de la Constitución protege como un derecho fundamental la libertad de creencia, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa y la libertad de culto. Asimismo, nuestra Constitución configura a España como un estado
aconfesional. Dice el punto 3 del artículo 16 que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, estableciendo una prohibición expresa de confesionalidad que todos los gobiernos de la democracia han respetado: lo respeta el actual Gobierno
del Partido Popular, lo respetaron los distintos gobiernos socialistas y lo respetaron los gobiernos de Unión de Centro Democrático. A su vez, este precepto constitucional establece un mandato a los poderes públicos que obliga al Gobierno, pero
también a este Parlamento, a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, sean las que sean, y obliga a los poderes públicos a mantener las consiguientes relaciones de cooperación. Nuestro modelo, el modelo constitucional
español, es el que la doctrina denomina aconfesional con cooperación en función del hecho sociológico. De ahí la referencia expresa que se hace a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica, confesión mayoritaria en España.
Este,
señorías, es el modelo español y es, a juicio del Grupo Popular, un buen modelo y, por cierto, el modelo de la inmensa mayoría de las democracias europeas. Como ustedes saben, es el modelo italiano, el modelo alemán, el modelo portugués, el modelo
austriaco, el modelo de la mayoría de los 15 países de la Unión Europea. Hay otros modelos; hay un modelo de iglesia del Estado, como el de los países escandinavos y el Reino Unido, que no es nuestro modelo, está a años luz del modelo por el que
optamos los españoles. Por tanto, señorías, si éste es el modelo, la iniciativa que se plantea nos obliga a ponernos en una tesitura y no podemos incumplir nuestra Constitución ni podemos desde el Congreso de los Diputados instar al Gobierno a que
no cumpla el mandato expreso y claro de nuestra Carta Magna. Por eso, señora presidenta, señorías, hemos presentado una enmienda que entendemos que es plenamente constitucional, que es respetuosa con los sentimientos mayoritarios de los españoles y
coherente con lo realizado en los 25 años de democracia, por la que se insta a los poderes públicos a que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución española, continúen manteniendo relaciones de cooperación con todas las confesiones
religiosas existentes en España, intensificando el diálogo con las mismas...
La señora PRESIDENTA: Señor Atencia, le ruego concluya.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Termino enseguida, señora presidenta.
Como decía, intensificando el diálogo con las mismas en cuanto manifestación del pluralismo social, con objeto de facilitar el ejercicio de las libertades ideológicas, religiosas y de culto. En definitiva, señoría, no podemos respaldar la
moción por ser contraria a los principios y preceptos constitucionales, a los derechos fundamentales de los españoles y porque además es contraria a los sentimientos mayoritarios de la sociedad española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Grupo Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta. Voy a intervenir con bastante brevedad.
Este diputado no se arrepiente para nada de que hace más o menos 24 años pidiera por los pueblos de la provincia de Córdoba el voto a favor de la Constitución española, incluidos todos sus artículos y, por tanto, el artículo 16. Para mi
grupo parlamentario el problema no está, señorías, en que haya más o menos relaciones de cooperación con la Iglesia católica, sino con qué parte de la Iglesia católica han decidido ustedes mantener relaciones de cooperación. Cuando Jesús de Nazaret
dijo aquello de que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, ustedes, para evitar la esquizofrenia, decidieron hacer una síntesis y construyeron o bien el dios del dinero o el dinero de Dios, y si no, explíquenme, señorías, con qué
parte de la Iglesia católica crean ustedes relaciones de cooperación, por ejemplo, en el conflicto de Caja Sur. ¿Con quién están ustedes, con la estructura de la iglesia y, por lo tanto, con el señor obispo, o están ustedes con el cura Castillejo,
enfrentado al señor obispo? Parece que están ustedes con el cura Castillejo, enfrentados al obispo. Por lo tanto, ¿se respeta la jerarquía eclesiástica o no? En el caso del conflicto entre las autoridades eclesiásticas y los profesores y
profesoras de religión expulsados por no sé sabe qué aviesos pecados de la carne, de ideas y de malos pensamientos, ustedes se colocan al lado de la jerarquía, en contra de las personas. Cuando se denuncia -y son ustedes los que han dado la
información- que durante determinados trimestres del año 1998 se dio dinero a la autoridad eclesiástica para pagar a los profesores de religión y esta no les ha pagado, y el Estado se está viendo obligado a pagar sentencias en ese sentido, ¿dígame
de qué lado se van a poner, de los trabajadores, de la ley o de la autoridad eclesiástica?
No me refiero solamente a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica, incluso podemos hablar del mundo árabe. Ustedes distinguen entre aquellos que profesan una religión musulmana pero que tienen altos
dividendos, aunque se sospeche que han financiado Al Qaeda, y el moro pobre; ustedes distinguen entre el moro rico y el moro pobre. En este caso es como decir: ¿a quién se sirve más, a Dios o al dinero? No nos arrepentimos en absoluto,
porque consideramos que ese fue un aspecto más de la Constitución de la concordia. Yo no estuve nunca de acuerdo con aquello de que España ha dejado de ser católica, porque las simplezas luego llevan a tragedias, pero indiscutiblemente tampoco
estamos de acuerdo, señorías -permítanme la expresión-, con que las relaciones de cooperación, que figuran en el artículo 16.3 de la Constitución, se hagan con un determinado sector de la Iglesia católica, aquel que se daba codazos en la Plaza de
San Pedro, en Roma, hace un tiempo. Por cierto, quien no estuviera en la plaza de San Pedro, en Roma, aquel día no va a hacer nada en la derecha española en los próximos años y, si no, fíjense ustedes en la foto, y al tiempo.
Termino leyendo a mi paisano Miguel Mañara en el Discurso de la verdad.
Decía: Pues no es esta la peor gente que tiene Babilonia: otra más pésima la acompaña. Son aquellos que dicen, si ven la soberbia en las alhajas y en la grandeza y
ostentación, que el estado le pide. Si no dan limosna, que primero es pagar las deudas. Si no las pagan, que el sustento de la casa, por ley natural lo prohíbe. Si están en la iglesia irreverentes, que no se ha de mostrar la virtud en cosas
exteriores. Si no frecuentan los sacramentos, que es reverencia a tal alta majestad. Si es glotón y regalado, que no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale por ella. Si come carne y no ayuna es por una enfermedad que tuvo ahora
cuarenta años, y para no tener ninguna hasta que se muera, que la prudencia es madre de las virtudes. Si va a la comedia, que es acto indiferente. Si es usurero, que el uso de las tierras hace leyes. Si es simoníaco, que no toma dinero, sino lo
recibe. Si vende la justicia, que hay leyes para todos. Si está amancebado, es pecado de flaqueza. Si homicida, que en el primer ímpetu no hay pecado. Si ladrón, la extrema necesidad carece de ley. ¡Oh malditos hijos de Baál, no sois vosotros
israelitas de corazón simple y recto, sino hijos del demonio!
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en las intervenciones de los anteriores comparecientes se han dicho cosas de interés a las que me gustaría referirme. Por empezar por lo último, me gustaría decirle al señor Rejón que había bastante gente en la plaza de San Pedro,
gente de este Gobierno, gente también del Gobierno de la Generalitat, pero estaba también Máximo D'Alema, que no creo que sea precisamente un ejemplar de derecha peligrosa, carca, estaba el señor Veltroni o el señor Rotelli. Lo que ocurre es que
quizá en Italia pasan cosas que en España no pasan o que quizá en la izquierda italiana hay una comprensión hacia algunos fenómenos, como el religioso, y no ocurre igual en la izquierda española.
En cualquier caso, entiendo la moción del señor Puigcercós, porque liga perfectamente con la enmienda que el señor Oliver Barrera presentó a la Constitución pretendiendo la supresión de la referencia a mantener relaciones de cooperación con
otras confesiones. Posteriormente, se añadió la referencia a la Iglesia católica. Desde este punto de vista le halago la coherencia. Pero llevar la religión a la privacidad tiene que ver más con el programa Erfurt de 1891 que con el siglo XXI.
En cualquier caso, poco tiene que ver también -ya sé que su partido no está en esa Internacional- con el programa de Bad Godesberg, que supuso precisamente la renovación de la socialdemocracia alemana.
Nos podemos poner de acuerdo en que el artículo 16.3 de la Constitución tiene tres principios básicos: la libertad religiosa, la aconfesionalidad del Estado y la cooperación, puesto que, como se ha dicho aquí anteriormente, nuestro sistema
constitucional no responde a una aconfesionalidad beligerante ni indiferente, sino a una aconfesionalidad con cooperación, con una cooperación que es superior a lo que establece el artículo 9.2 de la Constitución, cuando obliga a los poderes
públicos a promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva. Lo que hace la Constitución, señorías, no es una valoración positiva de la libertad y por tanto también de la libertad religiosa, faltaría
más -de ahí el artículo 9.2-, sino que, cuando además se exige esa cooperación con las confesiones religiosas, lo que hace, señorías, es una valoración positiva del hecho religioso. Eso es algo que debiera asumirse.
Por lo demás, la moción y la enmienda, en caso de ser aceptada, efectúan una presunción de que estamos en un sistema jurídico que garantiza a veces, se podría decir, vulneraciones constitucionales, como la del principio de libertad religiosa
o la del de igualdad. Podríamos sostener que esta presunción o denuncia en principio no responde a dato objetivo alguno. Si cualquiera de SS.SS. examina las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de los últimos 25 años, verá que
no hay ninguna referente al Reino de España y sin embargo están Alemania, Francia, Suecia, Moldavia, Bulgaria, Grecia, Turquía e incluso San Marino. Lo que no encontrarán es una sentencia contraria precisamente al Reino de España por vulnerar los
principios de libertad religiosa o de igualdad de las confesiones. En cualquier caso, señorías, tenemos aquí instrumentos suficientes, como el Tribunal Constitucional, para depurar cualquier defecto que pudiera producirse en ese sentido.
Señorías, no quisiera finalizar mi intervención sin hacer referencia a lo que se mantiene en la Constitución, esto es, el principio de laicidad inclusiva. Yo he tenido interés en entrar en la web del Partido Socialista, he leído lo que hace
referencia a los cristianos en el PSOE y a ese manifiesto en favor de la laicidad inclusiva, y me he encontrado con una declaración que fue publicada en la prensa francesa en diciembre del año 2000 y en enero del año 2001, suscrita por numerosos
políticos socialistas franceses, entre ellos Delors, y antiguos comisarios y ministros. Dicha declaración, señorías, tiene el inicio, que no deja de ser sorprendente, de a Francia le duele su laicismo y precisamente lo que reclama es eliminar la
crispación en el debate de aquellas cuestiones sobre los derechos fundamentales, en la Carta Europea, en la enseñanza de la religión en la escuela o en las interpelaciones éticas. Si alguien cree que el laicismo beligerante garantiza la
integración, que examine el caso de Francia, que no creo que sea precisamente un modelo de integración ni de que la extrema derecha no tenga nada que hacer. Quizá lo que hemos visto o lo que han podido ver algunos en las últimas elecciones
presidenciales francesas es que ese laicismo beligerante ni integra ni garantiza precisamente la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señor Puigcercós, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo acepta la enmienda del Grupo Socialista, que implica una pequeña modificación técnica, puesto que se crea la Comisión y a partir de ahí se analizan las mismas propuestas que hacíamos desde Esquerra Republicana de Catalunya. Sin
embargo, no acepta la enmienda del Grupo Popular sencillamente porque no tiene nada que ver con lo que estamos planteando.
Todo lo contrario, lo que hace es mantener la sensación de privilegio con la Iglesia católica.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la carencia de medidas integrales eficaces para hacer frente a la marea negra generada
por la catástrofe del Prestige, junto con la moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las consecuencias, evaluación del impacto y medidas a adoptar ante el siniestro del buque-tanque Prestige, que se
somete a votación en los términos de la enmienda transaccional acordada por ambos grupos y el Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 108; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español para cumplir con la aconfesionalidad del Estado, que se somete a votación en los términos del debate y con la incorporación
de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 108; en contra, 164; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.