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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 209, de 26/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 209
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 202
celebrada el martes, 26 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 277-1, de 4 de octubre de 2002. (Número de expediente 122/000245.) ...
Modificación del orden del día ... (Página 10577)
Declaración Institucional ... (Página 10578)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 277-1, de 4 de octubre de 2002. (Número de expediente 122/000245.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para delegar las competencias relativas a los catastros inmobiliarios a las
Comunidades Autónomas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 187-1, de 25 de enero de 2002. (Número de expediente 122/000165.) ... (Página 10578)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Tercer Sector como elemento creador de empleos relacionados con el trabajo social y los servicios de proximidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
431, de 4 de noviembre de 2002. (Número de expediente162/000585.) ... (Página 10584)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar el desarrollo de los yacimientos de empleo relacionados con los servicios sociales de proximidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 443, de 22 de
noviembre de 2002. (Número de expediente162/000594.) ... (Página 10584)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración del Estatuto del Trabajador Autónomo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 295, de 28 de enero de 2002. (Número de expediente 162/000410.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de medidas orientadas a la mejora de la protección de los derechos de los animales de compañía. (Número de expediente 173/000166.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique los motivos que han llevado al Gobierno a reducir las becas en las enseñanzas postobligatorias. (Número de expediente 173/000167.) ... (Página 10601)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar las causas, consecuencias y medidas del Gobierno ante el siniestro del 'Prestige' en las costas gallegas. (Número de expediente 173/000168.) ... (Página 10604)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ...(Página 10570)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas ...(Página 10570)
Presenta la proposición de ley la señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Lamenta en primer lugar lo que ella considera falta de sensibilidad de la Presidencia al rechazar la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista de que este debate contara, mediante intérpretes, con una traducción in situ de la lengua de signos.
A continuación manifiesta que su grupo ha querido con la presentación de esta proposición de ley tomar la iniciativa, concediéndole además la máxima agilidad, porque está persuadido de que responde a un derecho que no se ha visto reconocido
y a una necesidad social de primer orden que afecta a muchas personas, a todas las personas sordas y a todos los usuarios de la lengua de signos española, cuyo universo se calcula en torno al medio millón de personas.
La señora presidenta, comunica a la Cámara, y a los efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones', que el debate que está teniendo lugar en estos momentos, al igual que se hizo en los dos últimos debates del estado de la Nación, se está
transmitiendo con la interpretación para las personas con falta de capacidad auditiva.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ...(Página 10577)
La presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, relativo a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del sector industrial de dos ruedas, favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes
al seguro obligatorio, sea debatido antes del punto 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la inflación, lo
que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como epígrafe V bis la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque 'Prestige', que se tramitará como primer punto del orden del día de la sesión plenaria que comenzará el
jueves día 28 de noviembre de 2002, lo que se acuerda por asentimiento.
Declaración institucional ...(Página 10578)
La presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone a la Cámara la aprobación de una declaración institucional con motivo del día internacional contra la violencia de género, en la que se denuncia una vez más
la grave violación de derechos humanos que representa la violencia contra las mujeres, declaración que es aprobada por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) ...(Página 10578)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas ...(Página 10578)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas, se rechaza por 137 votos a favor y 154 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, para delegar las competencias relativas a los catastros inmobiliarios a las
comunidades autónomas ...(Página 10578)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la proposición de ley que el Bloque Nacionalista Galego somete a la Cámara para su toma en consideración, que tiene como objetivo modificar la regulación relativa al catastro
inmobiliario contenida en la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales, regulación que ya ha sido parcialmente modificada en el proyecto de ley de reforma de la Ley de haciendas locales que está tramitándose en el Congreso en estos momentos y
trasladado a otro proyecto de ley específico sobre el catastro inmobiliario, que fija el régimen jurídico del mismo en toda su extensión y lo aparta del texto legal que regula el impuesto sobre bienes inmuebles. De todas formas, añade, como quiera
que la orientación que preside el proyecto de ley específico sobre el catastro inmobiliario es la misma que la que se contiene en la aún vigente Ley de haciendas locales, que entiende que todas las funciones relativas al catastro son competencia del
Estado, su grupo mantiene su propuesta puesto que el encaje de las funciones asociadas al catastro en el marco de competencias que debe ejercer el Estado y las comunidades autónomas sigue eludiendo cualquier atribución de capacidad de decisión en
esta materia a la autonomías, salvedad hecha de los regímenes forales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, para
delegar las competencias relativas a los catastros inmobiliarios
a las comunidades autónomas, se rechaza por 28 votos a favor, 159 en contra y 109 abstenciones.
Proposiciones no de ley ...(Página 10584)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del tercer sector como elemento creador de empleos relacionados con el trabajo social y los servicios de proximidad ...(Página 10584)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar el desarrollo de los yacimientos de empleo relacionados con los servicios sociales de proximidad ...(Página 10584)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene la señora Seller Roca de Togores. Su propósito no es otro que el de ofrecer el impulso necesario al denominado tercer sector, entendiendo este
como un elemento creador de empleo relacionado con el trabajo social y los servicios de proximidad, porque la nueva sociedad que se va perfilando con el envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y las nuevas
tecnologías o las cada vez mayores concentraciones urbanas, frente al proceso contrario en las rurales, obliga a pensar en el desarrollo de estrategias que posibiliten la aparición de nuevas actividades y yacimientos de empleo, con la finalidad de
avanzar hacia el objetivo, irrenunciable para el Gobierno, de la plena ocupación.
En defensa de las proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Campuzano i Canadès. Es esta una iniciativa coincidente, dice, con otras que la Cámara ha visto a lo largo de
estos últimos meses o, incluso, de estos últimos años, y que parte de un consenso muy generalizado en el conjunto de la Unión Europea sobre la necesidad de articular una potente política que fomente el desarrollo de los yacimientos de empleo
relacionados con los servicios sociales de proximidad. Esta política, añade, que se pretende impulsar con esta proposición no de ley, se sitúa en el medio plazo, pretende considerar como sectores económicos emergentes precisamente los relacionados
con las nuevas necesidades sociales y demanda políticas en el ámbito laboral, fiscal, financiero y administrativo, lo que lleva a que las administraciones apuesten por el riesgo también en sus propuestas. Pretenden con su iniciativa generar nuevos
mercados de servicios que den ocupación de calidad y sostenible en el tiempo, fomentar una política basada en detectar las necesidades sociales existentes y que sea capaz de definir los medios y los procesos para alcanzar sus objetivos. A
continuación explica los siete puntos de su proposición no de ley.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene la señora Cortajarena Iturrioz.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometido a votación el texto de la enmienda transaccional que sustituye el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del tercer sector como elemento creador de empleos relacionados
con el trabajo social y los servicios de proximidad, y el de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, para fomentar el desarrollo de los yacimientos de empleo relacionados con los servicios sociales de
proximidad, se aprueba por 293 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración del estatuto del trabajador autónomo ...(Página 10590)
El señor Pla Durá defiende la proposición no de ley presentada por su grupo relativa a la elaboración de un estatuto del trabajador autónomo.
Explica que los trabajadores autónomos son un colectivo que abarca en nuestro país alrededor de
tres millones de personas, lo que aproximadamente es el 20 por ciento de la población activa, con una aportación al PIB superior al 13 por ciento. Estos datos demuestran la importancia de este colectivo y, por eso, los socialistas quieren dar
soluciones a los problemas de este amplio espectro de trabajadores por cuenta propia. Pretenden de esta forma reafirmar su compromiso con un Estado ágil e innovador al servicio de la sociedad y de una economía fuerte y dinámica que cree empleo,
riquezas y oportunidades, pero sobre todo, dice, quieren reparar un olvido del Estado respecto a los problemas que arrastra este colectivo de trabajadores de índole laboral, fiscal, de protección social y también de vertebración del sector.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Sánchez i Llibre.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de estatuto del trabajador autónomo, en los términos derivados del debate, se rechaza por 119 votos a favor y 173 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ...(Página 10596)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de medidas orientadas a la mejora de la protección de los derechos de los animales de compañía ...(Página 10596)
El señor Martí i Galbis defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Valora de forma positiva el compromiso político explícito del ministro de Justicia, en el
sentido de traer a la Cámara en próximas fechas próximas la reforma del Código Penal con la incorporación de las modificaciones oportunas de los artículos del Código Penal relativos a los actos contra animales, y muy especialmente el compromiso del
ministro relativo al futuro establecimiento de un tipo penal básico para las acciones punibles de maltrato a animales domésticos y de un segundo tipo penal agravado en caso de lesiones graves, lesiones invalidantes o con resultado de muerte.
A
continuación explica el contenido de la moción que consta de tres apartados y muestra su confianza en que el ministro de Justicia asuma los objetivos de la moción en la parte más sustancial del texto transaccional que han acordado su grupo y el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de medidas orientadas a la mejora de la protección de los derechos de los animales de compañía, en
los términos derivados del debate y de la enmienda transaccional, que ha sido acordada entre el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 179 votos a favor y 107 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique los motivos que han llevado al Gobierno a reducir las becas en las enseñanzas postobligatorias ...(Página 10601)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez Laseca, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Reitera las afirmaciones hechas la semana pasada con motivo de la interpelación urgente en el sentido de que
las becas son pocas y cada vez menos, las becas son de cuantías muy escasas, para obtener una beca casi hay que rayar en la pobreza y las becas se gestionan tarde y mal, afirmaciones que, según su opinión, la señora ministra no pudo refutar.
Considera que ante la situación solo caben dos posturas: la de negar el problema, negar el recorte de becas y negar que se perjudica a los estudiantes, a sus familias y a las universidades, como hace el Gobierno con su guerra de cifras y datos, o
la de, ante la evidencia del problema y sus efectos negativos, buscar soluciones, como las que su grupo propone en la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Laseca.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique los motivos que han llevado al Gobierno a reducir las becas en las enseñanzas postobligatorias, con la incorporación de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, en los términos derivados del debate, se rechaza por 122 votos a favor y 155 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar de las causas, consecuencias y medidas del Gobierno ante el siniestro del 'Prestige' en las costas gallegas ...(Página 10604)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Considera que los criterios que expuso el señor Álvarez-Cascos la semana pasada como fundamentales para juzgar la actuación
en la catástrofe del 'Prestige' (la buena información sobre la situación, la capacidad de dirección, la capacidad de decisión y la ejecución correcta de las decisiones) no han sido determinantes en la actuación del Gobierno, porque la información
fue contradictoria, la dirección fue inexistente, la decisión que se tomó es discutible y, sobre todo, temeraria, teniendo en cuenta los medios con que se contaba, por lo que es imposible que la ejecución de las decisiones fuera correcta, a no ser
que se consideren correctos los resultados pasmosos, a los que, dice, se está asistiendo. Afirma que hay muchos puntos obscuros sobre responsabilidades, y la Cámara debería aceptar con tranquilidad y democráticamente una comisión de investigación,
pero también se debería hacer una evaluación parlamentaria de las consecuencias de la catástrofe, del control de la situación socioeconómica y de los efectos multiplicadores que va a tener no sólo a corto plazo, sino también a largo plazo, y del
resultado de las medidas aplicadas y de las gestiones que está realizando el Gobierno.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez Sánchez y la señora Marón Beltrán.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar las causas, consecuencia y medidas del Gobierno ante el siniestro del 'Prestige' en las costas gallegas, en los términos
derivados del debate, se rechaza por 120 votos a favor, 157 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE GARANTIZA EL DERECHO AL BILINGÜISMO DE LAS PERSONAS SORDAS. (Número de expediente 122/000245.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas
sordas.
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Muy a nuestro pesar, las primeras palabras de mi intervención están dedicadas a lamentar la insensibilidad de esta presidencia al rechazar la propuesta que le hizo llegar el Grupo Parlamentario Socialista para que este debate de la toma en
consideración de la proposición de ley para garantizar el derecho al bilingüismo de las personas sordas pudiera contar, mediante intérpretes, con una traducción in situ de la lengua de signos. Discrepamos profundamente de esta decisión. Qué mejor
ocasión que la de hoy para abrir el Parlamento, el corazón mismo de la democracia, a las personas sordas. Qué mejor manera de simbolizar una voluntad, que debiera ser común, de garantizar los derechos de tantos ciudadanos, que haciendo posible que
las personas sordas que hoy nos acompañan como invitados pudieran recibir la interpretación de nuestras palabras en su lengua desde este hemiciclo. Una vez más se les ha hurtado un derecho que les corresponde, ya que el acceso a los medios de
comunicación, cuando se produce, es imprescindible pero no suficiente. Un día tan significado como el de hoy requería de algo más. Requería que la institución parlamentaria diese un paso adelante y realizase un gesto cargado de valor, y no se ha
hecho por falta de voluntad. No ha sido posible romper las barreras de la comunicación aquí y ahora. Lo lamentamos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido tomar la iniciativa con la presentación de esta proposición de ley, concediéndole además la máxima agilidad, porque estamos persuadidos de que responde a un derecho que no se ha visto
reconocido y a una necesidad social de primer orden que afecta a muchas personas, a todas las personas sordas y a todos los usuarios de la lengua de signos española, cuyo universo se calcula en torno al medio millón de personas, y responde también
al derecho, entre otros, consagrado
en nuestra Constitución para que todos los ciudadanos participen en igualdad de condiciones en la vida política, económica, social y cultural. Hoy no es así. Voy a facilitar algún dato por si alguien todavía lo pone en duda: apenas el 1
por ciento de las personas sordas ingresan actualmente en la universidad. Otro dato que quizá añade más gravedad al diagnóstico es que el 80 por ciento del alumnado sordo que completa la enseñanza obligatoria secundaria es analfabeto funcional.
Pueden contrastar estos datos con los representantes de los colectivos, porque lamentablemente son ciertos. La integración dista de ser una realidad en nuestras aulas, al igual que tampoco lo es en los centros de trabajo. ¿Alguien puede dudar que
una cifra tan reveladora se deba a otras razones que no sean las barreras que se encuentran los sordos para acceder a la comunicación? También me he referido a la necesidad social, a la que trata de responder nuestra iniciativa, de garantizar el
derecho al bilingüismo de las personas sordas. Es la necesidad de un grupo muy importante de ciudadanos -un capital humano considerable- para acceder con plenitud de derechos a todos los ámbitos de la vida activa, superando las barreras de su
discapacidad. Por tanto, necesidad no sólo de las personas sordas, sino también de la sociedad española en su conjunto.
He de confesarles que cuesta imaginar una sola razón, con un mínimo de credibilidad, que pudiera alegarse para rechazar esta toma en consideración. Lo que estamos planteando es tan justo y tan necesario, que resultaría sencillamente
insoportable que consideraciones de índole partidaria acabaran por frustrar que se debatiese y se aprobase lo antes posible en este Parlamento. La grandeza del sistema democrático radica, entre otras cualidades, en que hace de la realización
efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción, una tarea que no tiene conclusión, que ensancha su propio horizonte y mejora constantemente su propia calidad. Y también de calidad de la democracia es de lo que estamos hablando hoy
aquí. Con esta iniciativa pretendemos precisamente dar más calidad a nuestra democracia, dar acceso a los sordos a su propia lengua y dar acceso a un importante número de personas que sufren una discapacidad y que requieren de reconocimiento y
también de apoyo.
Reconocimiento de la lengua de signos española, así como de las diversas variantes lingüísticas y de la lengua de signos catalana, como la lengua propia y natural de las personas sordas en nuestro país, y apoyo para que ese
derecho pueda ejercerse básicamente con la presencia de intérpretes en los servicios públicos, con dotaciones adecuadas en nuestros presupuestos y llevando a cabo un esfuerzo de todas las instituciones para suprimir estas barreras. No duden de que
si se tomara en consideración, proporcionaríamos un impulso muy importante -decisivo, diría yo- a una tarea de respaldo a las necesidades de las personas sordas que se inició en los años ochenta y que lamento tener que concluir que ha entrado en una
evidente parálisis durante los últimos años por falta, evidentemente, de apoyo institucional. Señorías, sé que a los bancos de la derecha les costará reconocerlo, incluso intentarán negarlo, pero lo cierto es que en los últimos seis años ha habido
un declive en cuanto a la prestación de servicios públicos de apoyo a este colectivo que ha interrumpido los avances que seguramente fueron insuficientes pero que se hicieron en la etapa de Gobierno socialista. Me voy a referir a algunos, los más
significativos. En 1986 se creó el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, un instrumento muy importante para mejorar la calidad de la educación de las personas sordas -por cierto, ahora desaparecido- y que fue seguido, además, por
otras realizaciones: en 1990, el acceso al teléfono para sordos; en 1994, convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Confederación Nacional de Sordos de España en materia de atención educativa para alumnos sordos; en 1995, la
creación del Centro de intermediación, herramienta esencial para la comunicación telefónica de las personas sordas; el real decreto para la educación de los alumnos con necesidades especiales o la aprobación por el Consejo de Ministros del
reconocimiento de la titulación de técnico superior de interpretación de lengua de signos.
Todas estas realizaciones requieren de continuidad, de una continuidad que, como anteriormente he señalado, se ha visto interrumpida durante años y que hoy
el Grupo Socialista propone reanudar a los restantes grupos de la Cámara. Lo proponemos mediante un avance legislativo, un avance con precedentes en la mayor parte de las naciones de nuestro entorno, que bajo distintas fórmulas recogen, tal y como
se señala en la exposición de motivos de nuestra iniciativa, un nítido reconocimiento a la lengua de signos propia.
El precio de la descapitalización de las políticas sociales llevada a cabo a lo largo de estos últimos años ya se está haciendo notar con especial crudeza en aquellos sectores que precisan de un compromiso público para superar las
situaciones de desventaja y desigualdad y hacer prevalecer el principio de igualdad de oportunidades. Ese es el caso de las personas sordas. No duden, señorías, que la aprobación de esta iniciativa representaría que España se sumase a los marcos
legislativos más avanzados de Europa, estableciendo un punto de inflexión que nos permitiría durante los próximos años desplegar una decidida acción pública que gane terreno a la discriminación.
Lo que el Grupo Parlamentario Socialista está reclamando son derechos, no privilegios. La discapacidad, no ya sólo la que afecta a las personas sordas sino en cualquiera de sus vertientes, requiere del respaldo público para superar las
dificultades y hacer de los discapacitados ciudadanos plenos que no encuentren
trabas añadidas al desarrollo normal de sus vidas. Queremos, por tanto, insisto, iguales derechos para los discapacitados, no paternalismo.
Porque a lo que en realidad vienen estos paternalismos es a hurtárselo, porque no perciben al
discapacitado en la normalidad sino en una desafortunada singularidad con tintes compasivos que, más que contribuir a desarrollar capacidades y sortear obstáculos, viene a condenarles a permanecer para siempre en un lugar secundario. No los
pensamos mejores, los pensamos iguales, ciudadanos, y esta ha de ser la razón que anime el desarrollo de una acción pública vigorosa, hasta consagrar el derecho a la igualdad.
Las personas sordas constituyen un grupo heterogéneo que en sus diferentes grados en España se engloban en torno a un millón de personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, conservadores y progresistas, con diferentes modos de vida y de
aficiones, con distintas identidades culturales y también con distintas orientaciones sexuales, compartiendo con el resto de la ciudadanía un abanico similar de inquietudes, de problemas y de expectativas. Tan sólo les distinguen las consecuencias
de una discapacidad que dificulta la realización de sus derechos. Hablar hoy de igualdad, pero ineludiblemente por garantizar la plena accesibilidad a los servicios públicos, pasa por garantizar y aprobar iniciativas como esta. Desde estas
convicciones, los socialistas hemos elaborado esta proposición de ley que, partiendo de la garantía del reconocimiento de la lengua de signos española y sus variantes, así como de la catalana, y el derecho al bilingüismo de las personas sordas,
ampara y promueve su ejercicio trabajando por la eliminación progresiva de las barreras comunicativas que les afectan. En esta dirección se plantea garantizar la presencia de intérpretes en la prestación de servicios públicos y posibilitar que la
lengua de signos forme parte del currículum del sistema de enseñanza. Les adelanto que de tomarse en consideración nuestra iniciativa, mi grupo cuenta con una disposición plena para incorporar todas aquellas aportaciones de los restantes grupos que
puedan enriquecer el texto y mejorar su contenido. Lo realmente sustantivo es que el colectivo de personas sordas disponga a la mayor celeridad de una legislación avanzada para recorrer un camino que nunca debió interrumpirse.
Hace ya tres años el Pleno del Senado aprobó una moción a iniciativa de Izquierda Unida. Esta moción instaba al Gobierno a intensificar el desarrollo de la lengua de signos; ahora, y tras haberse realizado sendos informes que daban
desarrollo a dicho acuerdo parlamentario, ha llegado el momento de dar un salto más y sin más dilaciones. Se trata no de la conclusión de una etapa sino más certeramente del inicio de una nueva, porque reconoceremos un derecho y nos quedará nada
más y nada menos que hacerlo efectivo en toda su entidad y manifestaciones, una tarea a la que, les anuncio, el Partido Socialista concede condición de prioridad, y así lo vamos a revalidar mediante nuestra acción política en lo que resta de
legislatura.
Un destacado dirigente del colectivo de personas sordas resumía magníficamente hace algunos meses la razón que más tarde animaría al Grupo Socialista a presentar esta iniciativa. Decía que rechazar la legalización de la lengua de signos es
rechazar nuestro desarrollo como personas. Este Parlamento tiene hoy la responsabilidad de atender esta reflexión y además de convertirla en ley. Espero que la interpretación y la justificación de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario
Socialista ha traído hoy aquí haya llegado a todos los diputados y especialmente a los del Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, para apelar a la sensibilidad y a la lucha por la igualdad de todos los ciudadanos y, por supuesto, cómo no, de las
personas sordas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
A los efectos de informar a la Cámara y de que así conste en el 'Diario de Sesiones', comunico que en estos momentos este debate, al igual que el debate sobre el estado de la Nación en sus últimas ediciones, se está transmitiendo con la
interpretación para las personas con falta de capacidad auditiva. De la misma manera, a través de la señal de televisión que sale de este hemiciclo, al mismo tiempo que se emiten las intervenciones de los distintos grupos hay un recuadro en las
televisiones a través del cual hay una intérprete que está utilizando el lenguaje de los sordos, práctica que, por otra parte, no se ha innovado en esta sesión porque llevamos, si mal lo recuerdo, dos debates sobre el estado de la Nación en los que
se ha utilizado esta misma técnica, lo que supuso que el colectivo de las personas sordas en España diera un premio al Congreso de los Diputados hace dos meses por su especial sensibilidad.
Desde aquí expresamos el agradecimiento público de la
Cámara a este colectivo por su premio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Mi intervención es para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Toda persona sorda, cualquiera que sea el grado de su pérdida auditiva, debe tener derecho a crecer bilingüe, conociendo y usando la lengua de signos y la lengua oral en su modalidad escrita y, cuando sea posible, en su modalidad hablada.
Así se alcanzará un completo
desarrollo de sus capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales. A través del uso de la lengua estas personas deberán convertirse progresivamente en miembros del mundo oyente y del mundo sordo, y el único modo de llegar a este objetivo es
el bilingüismo. El bilingüismo, lengua oral o lengua de signos, es la única vía a través de la cual el sordo podrá satisfacer sus necesidades, es decir, comunicar desde una edad temprana con sus padres, desarrollar sus capacidades cognitivas,
adquirir conocimientos sobre la realidad externa, comunicarse plenamente con el mundo circundante y convertirse en un miembro del mundo sordo y del mundo oyente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La lengua de signos debe ser la primera, o una de las primeras, adquirida por los niños con una pérdida auditiva severa. La lengua de signos es una lengua natural, plenamente desarrollada, que asegura una comunicación completa e integral.
Diferentes expertos de la universidad suiza de Neuchâtel señalan como conclusión a diversos estudios sobre esta cuestión la necesidad de incidir en el niño potenciando el bilingüismo. Así, indican: Es nuestro deber permitir al niño sordo la
adquisición de dos lenguas, la lengua de signos de la comunidad sorda como primera lengua, si su pérdida auditiva es severa, y la lengua oral de la mayoría oyente.
Para ello el niño debe tener contacto con las dos comunidades lingüísticas y debe
sentir la necesidad de aprender y usar ambas lenguas.
Contar exclusivamente con una lengua, la oral, debido a los recientes avances tecnológicos, es no apostar por el futuro del niño sordo; es arriesgar su desarrollo cognitivo y personal y negarle
la posibilidad de identificarse culturalmente con los dos mundos a los que pertenece.
En el último debate sobre el Estado de la Nación se constató que del millón de sordos, más o menos, existentes en España sólo un 10 por ciento conoce el lenguaje de los signos. Nosotros preguntamos al director general saliente de RTVE por
qué no se subtitulaba más, ya que muchísimos de estos sordos desconocían absolutamente el lenguaje de los sordos y no se subtitulaba suficientemente. Él nos respondió que Televisión Española subtitulaba 1.236 horas, pero nosotros le dijimos que
Tele 5 subtitulaba 2.101 horas y Antena 3, 3.058. De todas maneras, la subtitulación no es suficiente; lo importante es el lenguaje de los signos. Por esa razón vamos a apoyar que se tome en consideración esta proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para mostrar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa que consideramos, por razones que ya han sido expuestas, que contribuye o puede contribuir a mejorar la integración social y laboral y el desarrollo personal
de las personas sordas.
El Bloque Nacionalista Galego entiende el nacionalismo como la defensa de la diversidad y defiende que el pluralismo cultural y lingüístico esté reconocido y amparado, no sólo en el caso del gallego, del catalán o del euskera, sino también
en el caso de la lengua de signos, la lengua de las personas sordas. Defendemos los objetivos recogidos en esta proposición de ley para que la lengua de signos se convierta en lengua vehicular para las personas con discapacidad auditiva, y los
defendemos porque creemos que es necesario que se reconozcan sus derechos, aunque después sea costoso llevarlos a la práctica en los diferentes servicios públicos, y no somos partidarios de que, como acaba de decirnos la señora presidenta de la
Cámara, los pequeños reconocimientos de las diferencias se realicen a través de concesiones más o menos graciables desde el poder.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley, aunque no renunciamos a mejorarla. Nos parece que su redacción es más propia de una proposición no de ley que de una proposición de ley y esperamos que si es tomada en consideración, como
deseamos, en su debate y en su tramitación parlamentaria podamos profundizar en lo que sería necesario hacer, como la modificación de las leyes sectoriales en materia educativa, en materia de relaciones de la Administración con los ciudadanos,
etcétera.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La fórmula con que el Boletín Oficial del Estado publica el sancionamiento por la firma de S.M. el Rey de todo proyecto de ley, ya transformado en ley, en razón del principio constitucional de que son las Cortes Generales quienes legislan,
no es pura retórica. La publicación encabeza las leyes con la frase: Los que la presente vieren y entendieren. En un Estado en el que los derechos humanos tienen que ser, por imperativo constitucional, plenamente reconocidos, los que la presente
vieren y entendieren tienen derecho a entenderla, cualquiera que sea el idioma, la lengua o el signo que se emplee para entender y comprender los principios de una ley que afecta a todos los españoles, como todas las leyes.
Si nuestra Constitución reconoce el bilingüismo de aquellas comunidades autónomas que, junto al castellano, tienen la lengua oficial de su comunidad autónoma, desde Coalición Canaria, en un principio de solidaridad constitucional, teniendo
nuestra comunidad autónoma como única lengua tanto materna como oficial el castellano, vamos a votar favorablemente esta toma en consideración porque el lenguaje de los signos tiene que permitir a cualquier ciudadano el uso y el derecho de un
principio constitucional: entender una explicación oral o verbal de cualquier texto legal. Si en una comunidad autónoma hay dos lenguas oficiales, en cualquiera de los casos tiene que ser el lenguaje de los signos el que haga posible entender y
conocer la letra y por tanto el espíritu de una ley.
No entramos en la forma en que se presenta hoy esta iniciativa, porque este texto tiene a nuestro juicio sensibles deficiencias que entre todos podemos corregir en ponencia y en Comisión, pero sí vamos al fondo, que tiene su anclaje en unos
derechos humanos y en unos derechos constitucionales. Nosotros vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que va dirigida fundamentalmente a todos aquellos que, por razones fisiológicas, naturales o de
cualquier tipo, han perdido las características auditivas o verbales -y hablo con un conocimiento familiar de este tema, como tantos centenares de españoles- y no tienen un acceso directo sino a través del lenguaje de los signos a un derecho
constitucional, que es saber qué dice el orador político cuando defiende derechos que están reconocidos en nuestra Constitución.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley por la que se pretende garantizar el bilingüismo de las personas sordas, en el convencimiento de que las personas sordas tienen los mismos derechos
lingüísticos que el resto de los ciudadanos; derechos que en su caso materializan en el uso de la lengua de signos y en la lengua propia de su entorno. La exposición de motivos que presenta la iniciativa justifica en nuestra opinión
suficientemente el alcance de la propuesta que realiza el Grupo Socialista. Un millón de personas, de las que casi la mitad usa la lengua de signos para satisfacer sus necesidades de expresión, es un colectivo amplio en lo cuantitativo y sensible
en lo cualitativo para dar cauce a la superación de esta minusvalía a través de la utilización de la lengua de signos.
Los antecedentes de países occidentales de nuestro entorno, así como las tomas de posición de organismos internacionales como la UNESCO, la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa marcan las directrices para legislar de forma que
se garantice el derecho al bilingüismo de estas personas y además nos presentan estados legislativos más avanzados, más justos, más garantistas y menos discriminatorios que el que conocemos en el Estado español. En el Parlamento vasco se ha
constituido en esta legislatura una ponencia para formular propuestas legislativas y programáticas de gobierno para la consecución de estos mismos objetivos.
En esta línea, y estando de acuerdo con los objetivos y las líneas de actuación, el Grupo
Parlamentario Vasco comparte la necesidad de reconocer y normalizar la lengua de signos como lengua vehicular entre las personas sordas para superar las barreras que conocen los integrantes de este colectivo en sus hábitos y necesidades de
comunicación, por lo que votaremos favorablemente su toma en consideración.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para fijar posición en esta toma en consideración de la proposición de ley por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas. Antes
que nada quiero saludar a los representantes de la comunidad sorda que nos acompañan en este debate y en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió darles la bienvenida. De entrada les anuncio que esta proposición de ley va a
tener el voto favorable de Convergència i Unió para su toma en consideración.
Después de 20 años de la puesta en marcha de la LISMI, después de los importantes avances que en el mundo de la discapacidad se han producido a lo largo de estos años -mérito lógicamente de la capacidad de presión de las familias, de las
personas discapacitadas, de los profesionales que trabajan en estos ámbitos y también, por qué no decirlo, del conjunto de las administraciones públicas, que desde 1982 han apostado por avanzar en esta materia- y siendo conscientes de los diversos
debates parlamentarios que se han producido sobre esta cuestión en los últimos años y que han marcado la aprobación por parte del Gobierno del Estado de diversos informes que afectan a la problemática de las personas sordas, Convergència i Unió está
convencida
de que esta materia necesita un nuevo impulso y un nuevo compromiso político. Creemos que esta propuesta que nos plantea el Grupo Socialista puede ser un buen instrumento para trasladar al ámbito parlamentario un nuevo impulso y una nueva
política en esta materia. Estamos convencidos, como manifestaba hace pocas semanas el señor Cañón en la subcomisión que está trabajando en las cuestiones de discapacidad en el seno de esta Cámara, de que esta realidad de las personas sordas es una
realidad invisible para muchos ciudadanos, que pasa inadvertida por muchas de las administraciones y que exige una nueva conciencia de los poderes públicos.
Todos los grupos pensamos que si hoy en los escaños nos acompañase una compañera o un compañero que fuese sordo tendría unas dificultades enormes para poder ejercer su condición de diputado o de diputada.
Seguramente es la máxima expresión
de las insuficiencias que tenemos ante esa realidad. Estamos convencidos de que las personas sordas abordan su presencia en nuestra sociedad desde una situación de desventaja, desde una situación de inferioridad de condiciones y desde una situación
que no les permite una plena participación social en nuestra sociedad. Nuestra Constitución, en su artículo 1, propugna como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico el de la igualdad; en su artículo 14 dice que los ciudadanos somos
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social; y en su artículo 9 mandata a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud,
facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Este conjunto de mandatos constitucionales nos obliga a dar un nuevo paso adelante en esa materia y a articular una política activa más potente y un marco legal más robusto y con mayor capacidad de remover esos obstáculos. Al margen de las
cifras cuantitativas que representan la realidad de las personas sordas -en los diversos informes se nos dice que serían 100.000 las personas directamente más afectadas por esta realidad, más 400.000 las personas vinculadas al mundo de las personas
sordas a través de sus familiares o de los profesionales que trabajan con ellos-, que quizás alguien podría entender que no justifica la puesta en marcha de una legislación especial, precisamente esos mandatos constitucionales y esa realidad
existente nos obligan a plantearnos esa necesidad de un reconocimiento específico del derecho de las personas sordas a que su lengua se vea reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. El mandato constitucional está por encima de una realidad
demográfica que seguramente es pequeña. Además, la propuesta que nos presenta el Grupo Socialista reconoce la existencia de una lengua catalana de signos, expresión del carácter nacional de nuestra sociedad, que se expresa también en su lengua
propia. Y todo ello se produce en un marco estatal donde seguramente debemos continuar avanzando de manera más clara y decidida para reconocer de verdad la pluralidad lingüística del Estado.
Hoy aquellos ciudadanos de Cataluña, del País Valencià,
de las Illes Balears, del País Vasco, de Navarra, de Galicia, que tenemos como lenguas propias otras lenguas diferentes al castellano, también necesitamos un marco legal en el conjunto del Estado que reconozca que esa lengua es nuestra lengua
propia. Esta propuesta del Grupo Socialista se plantea en ese contexto de un Estado que aún no ha reconocido con todas sus consecuencias su pluralidad en términos lingüísticos, en términos nacionales y en términos culturales.
La iniciativa que debatimos hoy es una iniciativa potente, es una iniciativa que pretende crear un marco más garantista y un marco de un mayor estímulo. ¿Por qué previsiblemente esta iniciativa hoy no va a ser tomada en consideración? ¿Por
qué a lo largo de estos años el conjunto del Estado no ha avanzado en esta materia con la misma intensidad que otras sociedades? Seguramente porque todos somos conscientes de las dificultades prácticas y reales que supone la puesta en marcha de una
iniciativa de estas características, que obligue al conjunto de las administraciones a romper con inercias y a romper con dificultades para su puesta en marcha. También a lo mejor por un desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos de esta
realidad de las personas sordas.
Además, y en esto nadie, ningún grupo político, tiene la autoridad moral para colgarse ninguna medalla, porque a todos nos ha faltado la sensibilidad suficiente para dar respuesta a esta problemática. En la
subcomisión de la discapacidad hemos tenido algún debate sobre esta materia, porque es evidente que en ese reconocimiento de la lengua de signos existen, dentro de la comunidad de las personas sordas, posiciones controvertidas y a veces algunas de
las familias apuestan por otro tipo de políticas en ese ámbito. Es evidente, señorías, que la iniciativa que nos llega hoy aquí forma parte de un debate tremendamente actual que es un debate alrededor de la identidad.
La comunidad de personas sordas nos pide un debate sobre la propia conciencia de un sentimiento, de una identidad personal y colectiva diferenciada de esa comunidad. Es un debate muy de fondo y, en el supuesto de que esta proposición de ley
se tomase en consideración, nos llevaría a que el conjunto de los grupos políticos y también el colectivo de personas sordas profundizáramos en él. Convergència i Unió cree que, si esta toma en consideración no es posible, habrá que continuar
trabajando en el marco de la subcomisión sobre la discapacidad para alcanzar el consenso político, parlamentario, en esa materia. La subcomisión puede ser un buen instrumento para que, desde la calma
y el sosiego que sus trabajos hoy nos otorgan, podamos ser conscientes, como en este opúsculo editado en su momento por la confederación de sordos de España, de que existen elementos en la legislación europea, tanto en el marco
constitucional como en otros marcos, que nos pueden permitir robustecer ese marco garantista, ese marco estimulador de la lengua de signos. Hoy esta toma en consideración va a contar con el apoyo de Convergència i Unió, pero Convergència i Unió
también va a trabajar en el seno de la subcomisión parar alcanzar un acuerdo en esta materia.
Nosotros, señorías, estamos convencidos de que estas cuestiones deben ir más allá del debate partidista, que nadie debe pretender monopolizar la representación de una comunidad que estoy seguro que atraviesa ideológicamente todo el arco
parlamentario español. Que aquello que nos demandan las personas sordas, aquello que nos plantean los familiares de las personas sordas, aquello que nos plantean los profesionales que trabajan con estas personas debe ser objeto de un amplio
consenso social y político. Estamos convencidos de que las personas sordas se lo merecen.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Mi grupo parlamentario considera que esta proposición de ley que estamos debatiendo en el Pleno de la Cámara no tiene un planteamiento novedoso en el ámbito del Congreso. Podemos considerar que esta proposición
de ley, que por cierto tiene una exposición de motivos más amplia que la propia parte dispositiva, es una derivada de lo que en otras ocasiones se ha traído a debate y es el reconocimiento oficial de la lengua de signos. Nosotros, como hemos
reclamado o hemos manifestado en diferentes debates en las distintas comisiones de la Cámara, no consideramos que este sea el camino más idóneo, el mejor camino, para garantizar lo que para nosotros es el objetivo primordial: eliminar las barreras
de comunicación que hoy perjudican la integración social de los sordos, que es el objetivo máximo y prioritario por el que todos debemos trabajar, con coherencia, con solvencia y sin ningún viso de demagogia, aun cuando no me permito calificar así
la iniciativa que se encuentra sometida a debate.
Nuestro compromiso con la eliminación de las barreras de comunicación y con la integración social de los sordos no es un compromiso que hoy asuma yo en nombre de mi grupo parlamentario. Una de las virtudes del sistema democrático, y del
sistema parlamentario desde luego, es poder permitir a un determinado miembro del órgano Legislativo que haga uso de la historia parlamentaria de su grupo, que haga uso de lo que ha sido el interés de su grupo en los últimos años. Mi grupo
parlamentario no se preocupa hoy sólo de la eliminación de barreras de comunicación. Desde hace muchos años, especialmente desde que somos Gobierno, hemos sido activos, positivos y diría yo que machacones trabajando en distintos ámbitos en esta
Cámara, para contribuir a aportar ideas que puedan hacer real la integración social de los discapacitados auditivos, a través de lo que creo que es el camino más directo para garantizar la plena integración, que es la educación, la formación y el
empleo.
Si hacemos un repaso, y ahí está el 'Diario de Sesiones', todos los miembros de la Comisión de Control serán conscientes de que periódicamente mi grupo formula al director general de Radiotelevisión preguntas orales sobre la necesidad de
incrementar las horas subtituladas en Televisión Española. No es menos cierto que desde 1996 al año en curso, 2002, los pasos que Televisión Española ha dado, los esfuerzos que ha realizado en esta materia son muy notables. La expresión de alguna
de SS.SS. me obliga a dar el dato. Si no recuerdo mal, las horas subtituladas en 1996 eran 196; hoy estamos por encima de las 2000.
Reconozco que hay operadores privados de televisión que en los últimos ejercicios están subtitulando más horas
que Televisión Española, pero eso no significa que se tenga que negar un esfuerzo de Televisión Española.
De igual forma y en otro ámbito, ya en el ámbito legislativo, y es muy importante reconocerlo, con motivo de la tramitación en la Cámara de la Ley de apoyo a la cinematografía, en la que fui coponente en nombre de mi grupo, nosotros
presentamos una enmienda, que por cierto contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que fue incorporada en la ponencia, en virtud de la cual deseábamos y hacíamos que las ayudas a la producción y a la distribución estuvieran
directamente vinculadas con la posibilidad de obtener materiales de la productora beneficiaria de la ayuda, para que los sordos pudieran hacer un seguimiento de sus contenidos. Nos parecía que era muy justo que, ya que se obtenía un apoyo por parte
del presupuesto público, por hablar en plata, el productor beneficiario reportara algo a la sociedad, especialmente a un colectivo que tenía unas dificultades especiales. También, en el trámite legislativo de la tan debatida Ley de calidad de la
educación, por cuanto que el objetivo de esa ley es mejorar el nivel de rendimiento y de aprovechamiento de los alumnos que van a quedar sometidos a ella, quisimos hacer una llamada a las necesidades específicas del colectivo de discapacitados. Por
eso mi grupo introdujo una enmienda en el artículo 41, donde se garantizaba algo que posteriormente se hará en el desarrollo reglamentario de la ley y que es garantizar el apoyo conveniente para asegurar el máximo aprovechamiento, sin discriminación
alguna
para el colectivo de discapacitados. Y en este colectivo tienen una incidencia muy notable los alumnos con problemas auditivos.
Dejando lo que es la tramitación legislativa de proyectos de ley en esta Cámara, recuerdo, de la legislatura anterior, una proposición no de ley con una trascendencia muy notable. Estoy seguro de que la representante del grupo proponente
estará de acuerdo conmigo. Entendimos en la legislatura pasada, cuando teníamos mayoría relativa, que era absolutamente imprescindible llamar la atención sobre la necesidad de la detección precoz de la disfunción auditiva en los primeros años de la
existencia de un niño que pudiera nacer con un problema de sordera.
Identificar el problema de forma inmediata y en el menor tiempo posible incrementaba muy notablemente las posibilidades de rehabilitación y recuperación. Hoy este mandato al
Gobierno está en un magnífico estado de desarrollo. Se ha creado un grupo de trabajo y muy pronto será una auténtica realidad. Nuestra preocupación por los problemas de los discapacitados auditivos también nos hizo conocer en la legislatura pasada
que existía una profunda injusticia, hasta el año 1998, que creo que es cuando al final el Gobierno tomó la decisión, porque las prótesis auditivas, los llamados audífonos no estaban sujetos a financiación pública. Misteriosamente nadie los
evaluaba como algo imprescindible para eliminar las barreras de comunicación. Mi grupo parlamentario, entonces en minoría, como digo, en esta Cámara, propuso que el Gobierno asumiera este compromiso, compromiso que hoy es una realidad,
fundamentalmente para aquellas personas que tienen menos recursos económicos y que están en un determinado tramo de edad. Ha sido un planteamiento muy notable y muy sólido para la eliminación real de las barreras de comunicación.
Sin embargo, a pesar de nuestro compromiso y por eso de una forma cómoda, puedo hoy comunicar al Pleno que el Grupo Parlamentario Popular, a pesar de su trayectoria parlamentaria, no puede aceptar este planteamiento porque, como ya he dicho
antes, consideramos que no es el planteamiento adecuado para contribuir seriamente a la eliminación de las barreras de comunicación. Y lo hacemos sobre todo en función de dos razones fundamentales. La primera es una razón de oportunidad política.
En esta Cámara, y a instancias de mi grupo parlamentario en la Comisión de Política Social y Empleo, existe creada una subcomisión, subcomisión que pretende que se estudien con prudencia, con tiempo y con profundidad, y que se contrasten con los
colectivos sociales implicados, todos los problemas que afectan al mundo de la discapacidad española, que por cierto requiere un gran esfuerzo de todos los grupos parlamentarios. Si hoy se utilizara este atajo, el atajo de tomar esta iniciativa en
consideración, estaríamos vaciando de contenido la subcomisión. Me parece que reconocer un derecho como el que se pretende en esta proposición de ley tiene suficiente entidad para que fuera analizado en el ámbito de la subcomisión. Existe otra
razón, que me parece que no es menor y que debe ser analizada por las personas que forman parte de la Cámara que tengan interés en la materia, de carácter social o de carácter técnico.
Estoy seguro de que la señora ponente del Grupo Socialista conoce que el mundo del sordo, los discapacitados auditivos, los colectivos a los que les preocupa la situación de los sordos en nuestro país no mantienen una posición única en torno
al reconocimiento de la lengua de signos como lengua oficial o del derecho a utilizar la lengua de signos. Hay un debate abierto, con fundamentos técnicos, sobre la posición que se ha de adoptar con relación a la lengua de signos. Hay que ser muy
prudentes por tanto para manejar este concepto y para hacer evaluaciones sobre la llamada lengua de signos. Y existe otra razón, que es la que yo llamaba razón técnica. Es evidente que, si nosotros reconocemos a un sordo el derecho a utilizar la
lengua de signos, puede ocurrir que, en lugar de facilitarle su incorporación al mercado de trabajo, se le dificulte, se encarezca su puesto de trabajo. Porque, a la hora de transmitir las instrucciones para desarrollar un determinado cometido, él
podría invocar su derecho a que le fuera expresado en lengua de signos y eso podría ser un inconveniente muy serio que, sea cual sea el futuro próximo de la lengua de signos, habrá que evaluar y solventar.
En cualquier caso, y voy terminando, mi grupo parlamentario siempre estará dispuesto a analizar cualquier aportación que se pueda hacer en positivo y con solvencia para eliminar las barreras de comunicación. Nuestra trayectoria
parlamentaria y nuestra trayectoria política así lo acreditan en esta Cámara. A lo que no estamos dispuestos es a generar falsas expectativas, que al final puedan perjudicar lo que para nosotros es el objetivo fundamental de todos estos
planteamientos, que es garantizar la integración de los minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales en nuestra sociedad, tal y como es el mandato de la Constitución. Lo conveniente sería llevar este planteamiento a la subcomisión que está creada
en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Luis. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Antes de iniciar la votación, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con
los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 35, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas que tiene previsto el Gobierno impulsar para la potenciación del sector industrial de dos ruedas, favorecer la seguridad y facilitar el acceso de los jóvenes al seguro obligatorio, sea debatido antes del punto 34, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la tasa de desempleo, la mala calidad del empleo creado y los efectos de la inflación. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la
modificación del orden del día.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir como epígrafe V bis, la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige, que se tramitará como primer punto del orden del día de la sesión plenaria que comenzará el jueves
día 28 de noviembre de 2002. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de modificación del orden del día.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
La señora PRESIDENTA: Señorías, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone a la Cámara la siguiente declaración institucional: Pleno del Congreso de los Diputados. Con motivo del 25 de noviembre,
Día internacional contra la violencia de género, denuncia una vez más la grave violación de derechos humanos que representa la violencia contra las mujeres. Nuestra Constitución, en su artículo 15, recoge el derecho de todos y todas a la vida y a
la integridad física y moral, sin que en ningún caso nadie pueda estar sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas, sin distinción alguna.
A pesar de compartir todos y todas estos principios, hemos comprobado cómo, desgraciadamente, miles de mujeres siguen siendo víctimas
de violencia de género, ya sea ésta física, psicológica o económica. La comunidad internacional, gobiernos e instituciones deben intensificar sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos de las mujeres y una vez más, desde el Congreso de los
Diputados debemos reiterar nuestro compromiso de contribuir con cuantas iniciativas políticas se puedan desarrollar para combatir esta lacra social y conseguir así un mundo más justo, más libre y con igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE GARANTIZA EL DERECHO AL BILINGÜISMO DE LAS PERSONAS SORDAS. (Número de expediente 122/000245.) (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Ahora sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho al bilingüismo de las personas sordas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 137; en contra, 154.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, PARA DELEGAR LAS COMPENTENCIAS RELATIVAS A LOS CATASTROS INMOBILIARIOS A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 122/000165.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, para
delegar las competencias relativas a los catastros inmobiliarios a las comunidades autónomas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Vázquez. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más
rápida posible y en silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la presente proposición de ley que el Bloque Nacionalista Galego somete a debate tiene por objeto modificar la regulación relativa al catastro inmobiliario contenida en la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales. Tenemos
que señalar previamente que esa regulación que constituye el objeto de esta proposición de ley ha sido parcialmente modificada en el proyecto de ley de reforma de la Ley de haciendas locales que está tramitando el Congreso en estos momentos, y
trasladado a otro proyecto de ley específico sobre el catastro inmobiliario, que fija el régimen jurídico del mismo en toda su extensión y lo aparta del texto legal que regula el impuesto sobre bienes inmuebles. No obstante, como quiera que la
orientación que preside el proyecto de ley específico sobre el catastro inmobiliario es la misma que se contiene en la aún vigente Ley de haciendas locales, que entiende que todas las funciones relativas al catastro son competencia del Estado,
nosotros a su vez mantenemos la vigencia del debate de esta proposición de ley, pues el encaje de esas funciones asociadas al catastro al marco de competencias que deben ejercer el Estado y las comunidades autónomas sigue eludiendo cualquier
atribución de capacidad de decisión en esta materia hacia las autonomías, salvedad hecha de los regímenes forales.
La implantación del impuesto sobre bienes inmuebles, que vino a suprimir la antigua contribución territorial rústica y pecuaria, la contribución territorial urbana y el impuesto municipal sobre solares, no supuso un cambio respecto al
régimen de gestión de los catastros, pues atribuye al Estado, a través de la Dirección General del Catastro, las funciones de información. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez.
Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando que se oiga su intervención. Les ruego que guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que atribuye al Estado las funciones de información, conservación, renovación, revisión e inspección, impidiendo que las comunidades autónomas tengan ninguna posibilidad sobre el desarrollo y ejecución de los
catastros. En el momento de aprobar la Ley de haciendas locales no se tuvo en cuenta el cambio producido en el marco institucional y la nueva vertebración político-territorial del Estado para reformular las competencias sobre el catastro, sino que
se mantuvo la misma atribución competencial del catastro al Estado.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de diciembre de 1999, dictada a raíz de la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de haciendas locales, sentó como doctrina la competencia del Estado sobre el catastro,
al amparo del artículo 149.1.14.a por ser una institución de la hacienda general. La presente proposición de ley no pretende discutir esa doctrina constitucional, pese a no compartirla, sino que respeta la competencia estatal sobre el catastro.
Sin embargo, entiende que las funciones de desarrollo y las ejecutivas que dicha competencia conlleva deben ser desarrolladas por las comunidades autónomas. En ningún caso las competencias estatales en una materia se extienden a la totalidad de las
funciones administrativas, sino que se permite la colaboración y cooperación de otras administraciones. Por ejemplo, el artículo 54.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia admite la delegación a favor de la comunidad autónoma en la gestión de
impuestos del Estado. En el caso concreto del catastro, el Estado ha realizado incluso convenios de colaboración y cooperación con entidades locales, sin permitir, sin embargo, que las comunidades autónomas ejerzan funciones sobre el mismo. Esta
situación es totalmente anacrónica e incompatible con el régimen de competencias a que deben aspirar las comunidades autónomas, asumiendo aquellas funciones de contenido ejecutivo que, además, tienen una relación directa con competencias en otras
materias que ya ejercen, como explicaremos más adelante.
La competencia del Estado sobre la hacienda general que establece la Constitución debe entenderse referida precisamente a aspectos básicos, por lo que no hay obstáculo para que funciones ejecutivas sean atribuidas a las comunidades
autónomas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de impuestos del Estado cedidos para la financiación de las comunidades autónomas que adquieren a su vez facultades de decisión sobre la gestión de esos impuestos. En el caso del catastro
inmobiliario debería haber un comportamiento similar y aquellas actividades relacionadas con la gestión del catastro deberían ser atribuidas a las comunidades autónomas.
Las reformas que se introducen en la Ley de haciendas locales sustituyen la referencia al Estado o a la Dirección General del Catastro para la realización de tareas de gestión catastral, a favor de las comunidades autónomas o sus órganos
competentes. Por tanto, la formación, revisión, conservación, renovación e inspección del catastro debe ser delegada a las comunidades autónomas, así como la potestad de fijar el marco de financiación de esas actividades. Existen, en nuestra
opinión, razones de carácter práctico que aconsejarían adoptar esta solución de descentralización catastral a favor de las comunidades autónomas. La función primordial del catastro consiste en aportar información para la gestión y el cobro del
impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto vinculado totalmente al territorio, pues su hecho imponible es precisamente el valor de los bienes inmuebles. Ello
impide que haya confusión en cuanto a la competencia para su recaudación y liquidación o en cuanto a la formación y actualización de los catastros inmobiliarios. Esta fácil delimitación hace que una gestión descentralizada de los catastros
inmobiliarios sea factible y que la misma se adecue, además, a las peculiares características de la estructura de la propiedad en cada comunidad autónoma.
En segundo lugar, la información contenida en el catastro sirve de fuente a muchas otras actividades, como se reconoce, por cierto, en la memoria jurídica justificativa del proyecto de ley del catastro inmobiliario.
Entre ellas tiene
especial importancia su utilidad como fuente de información para acceder a ayudas de la política agraria comunitaria, ayudas por superficie a explotaciones ganaderas cuya tramitación y gestión corresponde a los órganos de las comunidades autónomas,
por lo que una gestión directa de estos catastros inmobiliarios ayudaría a una mayor conexión y coordinación dentro de la misma Administración autonómica sin tener que acudir a otros mecanismos.
En tercer lugar, el desarrollo del proceso autonómico ha ido acompañado además de un modelo de financiación descentralizado donde las comunidades autónomas han asumido desde su inicio la recaudación y gestión del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones que gravan, sobre todo, operaciones inmobiliarias. Para que la gestión de los mismos sea eficaz actuando sobre el fraude, la constante información que pueden obtener los
catastros inmobiliarios es muy útil, por lo que es lógico que las comunidades autónomas puedan tener un control más directo sobre los catastros inmobiliarios y no simplemente información de los mismos, para cerrar así el ciclo de gestión e
inspección sobre esos tributos.
En cuarto lugar, es una evidencia que existe una diferente realidad de la propiedad inmobiliaria en las comunidades autónomas -sobre todo en lo que se refiere a la propiedad rústica- que hace necesario implantar modelos y procedimientos de
gestión heterogéneos, siendo por ello conveniente que cada comunidad autónoma adapte la gestión catastral a esa realidad específica en beneficio de dotar de un mejor servicio a los ciudadanos.
Por otro lado, se propone también que esa atribución de
la gestión por parte de las comunidades autónomas permita una financiación de los servicios del catastro acorde con la realidad de la propiedad inmobiliaria de cada comunidad autónoma. Actualmente los servicios que presta el catastro a los
ciudadanos se financian a través de la imposición de las tasas de inscripción y acreditación catastral introducidas por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social para 1997, adaptada por la Ley de
acompañamiento para el año 2002. Estas tasas -y ya hemos traído en otras ocasiones este debate al Congreso de los Diputados- son impuestas de manera uniforme, de tal forma que toda acreditación de fincas rústicas en el conjunto del Estado español
debe satisfacer una tasa homogénea de tres euros, generando una problemática específica en territorios como Galicia donde la propiedad rústica permanece muy atomizada, con lo que esos pequeños propietarios tienen que satisfacer unos costes más
elevados por los servicios de acreditación e inscripción catastral y contribuyen en mayor medida que, por ejemplo, los grandes propietarios a financiar el coste global del servicio; propietarios que, a su vez, tienen una mayor capacidad económica
pues, en general, el valor de una gran finca rústica es muy superior al de varias fincas rústicas más pequeñas, sin que otra circunstancia, por tanto, se tenga en cuenta a la hora de fijación de las tasas por acreditación catastral. En ese sentido,
la delegación de funciones de gestión y ejecución también debe llevar aparejadas aquellas relativas a la imposición de tasas para financiar el servicio u otro tipo de tributos de acuerdo con los criterios que estimen oportuno las comunidades
autónomas en atención a su realidad específica, asegurando en todo caso que durante el período transitorio de traspaso efectivo de los servicios catastrales a las comunidades autónomas se garantice una cantidad equivalente al coste del servicio del
mismo durante el año anterior.
En definitiva, señoras y señores diputados, con esta proposición de ley pretendemos descentralizar la gestión de los catastros inmobiliarios sin perjuicio de su coordinación, pues cada vez se hace más indispensable como fuente de información
para la gestión de otras competencias asumidas por las comunidades autónomas. Con ello queremos beneficiar, sobre todo, a los ciudadanos, pues contribuirá a acercarles este servicio al ser una Administración más cercana quien lo preste, mejorando
así la eficacia.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
¿Turno en contra de la proposición de ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con mucha brevedad quiero manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición de ley; voto favorable que enlaza directamente con el sentido de las enmiendas que nuestro grupo
parlamentario ha presentado al proyecto de ley de catastro inmobiliario que se está debatiendo estos días en la Cámara.
¿Cuál es la finalidad de nuestras enmiendas? Garantizar la participación de las comunidades autónomas que así lo soliciten, así como también la de las corporaciones locales, en las tareas de gestión catastral, habida cuenta de su
trascendencia en orden a la planificación del territorio y a la eficiente gestión de los tributos cedidos que recaen sobre los inmuebles. Y puesto que mi grupo considera en relación con este ámbito que es necesario avanzar en una mayor asunción de
competencias autonómicas, avanzar hacia una participación autonómica en la gestión del catastro, va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Respetamos la decisión del grupo parlamentario proponente de incluir este punto en el orden del día de esta semana, pero tengo que manifestar que a mi grupo le sorprende, máxime cuando la semana pasada se aprobó aquí la modificación de la
Ley reguladora de las haciendas locales y concretamente el Pleno del jueves analizará y aprobará el dictamen del proyecto de ley del catastro inmobiliario, que proviene precisamente de una normativa dispersa y de artículos que en este momento
estaban sin encaje jurídico. Así pues, en primer lugar nos encontramos con un problema en cierto modo técnico-procedimental, puesto que se quiere modificar una serie de artículos que hoy no tienen la redacción que pretende enmendar la proposición
de ley, no encontrando tampoco encaje jurídico en el otro texto que se está discutiendo en la actualidad en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta no es la única razón por la que no vamos a apoyar esta proposición de ley, aunque en el
fondo hay un concepto o un sentimiento -un latido, diría yo- que mi grupo comparte y que va más allá del articulado concreto que plantea el BNG. Me explicaré. Algo debe estar pasando, y el Gobierno no se entera o mira hacia otro lado, cuando en
cada proyecto de ley importante, sea fiscal, educativo o relativo al catastro, surge una problemática competencial, surge el conflicto Gobierno central-comunidades autónomas, y algo pasa también cuando desde las corporaciones locales se solicita y
se demanda un mejor diálogo a la vez que un mayor protagonismo en cuestiones económicas y tributarias, como también en la Ley del catastro.
Por eso, tanto la proposición de ley como un número importante de enmiendas al texto que veremos el jueves pretenden que el catastro inmobiliario dependa en su organización, gestión e inspección de las comunidades autónomas sobre la base de
la vinculación territorial del propio catastro y como base fundamental del impuesto sobre bienes inmuebles, lo que por otra parte hace que algunos ayuntamientos lo reclamen para sí. No se trata de adoptar una decisión salomónica, es decir, ni para
las comunidades autónomas ni para los ayuntamientos, sino de apelar a la sentencia del Tribunal Constitucional ante un recurso presentado precisamente por la Generalitat de Catalunya que impugnando varios artículos relacionados con el catastro dice
que la organización del catastro, justamente por tratarse de una institución común e indispensable para la gestión de algunos de los impuestos estatales más relevantes, es una competencia que ha de incardinarse sin lugar a dudas en la hacienda
general del artículo 149.1.14.a de la Constitución, correspondiendo por tanto y de modo exclusivo al Estado.
El catastro hoy, como gran registro administrativo, enraíza con los principios básicos que dieron origen, por mandato de Fernando VI, al primitivo catastro del Marqués de la Ensenada. En su momento, a mediados del siglo XVIII, el catastro
fue contemplado como una pieza básica de una profunda reforma fiscal que pretendió sustituir al existente entonces, caracterizado por una gran inequidad. Es lo que está pasando también hoy con el catastro como pieza fundamental de mantenimiento de
una base de datos importantes que sirven no sólo para las haciendas locales, sino básicamente para la hacienda estatal y también para algunas comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, la formación y el mantenimiento del catastro es
competencia del Estado, lo que no es ni puede ser óbice para que no exista, como se ha pedido por parte del Bloque Nacionalista Galego, una colaboración interadministrativa más importante, además de los cauces que hoy existen y que quizá estén
produciendo alguna ineficacia en el funcionamiento. Hoy podemos encontrar todo un conjunto de normativas jurídicas de colaboración entre la Hacienda estatal, entre la Dirección General del Catastro y las comunidades autónomas. Desde el decreto
13/90 hasta la resolución de la Dirección General del Catastro de 18 de abril de este año, sobre revisión de documentos y existencia de organismos de colaboración y de participación de las diferentes administraciones en la gestión del catastro, es
perfectamente conocido el marco jurídico que permite el intercambio de información entre el catastro y las comunidades autónomas y que va desde el acceso a las bases de datos hasta los padrones del IBI o los acuerdos de revisión de los valores
catastrales, es decir, acceso libre a la totalidad de los datos del catastro, incluso con garantías plenas y ciertas de datos protegidos.
Es decir, que la colaboración en la información es total, porque se produce y se colabora en la gestión
catastral a través de los convenios que existen entre la Dirección
General del Catastro y las comunidades autónomas. Tampoco parece que, desde la óptica del ciudadano, existan demasiados problemas en relacionarse con el catastro en aquellas comunidades autónomas donde existe el bilingüismo, porque incluso
está reconocido en la Carta de los Servicios y en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos. Por eso, consideramos que es competencia exclusiva del Estado, a pesar de que en cuanto a los cauces de colaboración se debe seguir mejorando en la
coordinación, en la toma de decisiones, en el acuerdo de planes estratégicos y económicos, en el catastro y muchísimos otros temas. Sin embargo, es verdad que desde una interpretación, a veces sesgada y excesivamente unilateral, del artículo
149.1.14.a de la Constitución, consideramos que a veces no existe toda la colaboración necesaria. En conclusión -y respetando el principio que hemos referido anteriormente de pensar que la Dirección General del Catastro y el mantenimiento del
Catastro, así como su gestión, debe ser una cuestión que afecte a la Hacienda estatal-, sin apoyar la proposición de ley, no seremos nosotros quienes impidamos su tramitación si la mayoría parlamentaria de esta Cámara quiere discutirla, por lo que
nos abstendremos en el momento de la votación de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, con esta proposición de ley que formula el Bloque Nacionalista Galego, encardinado en el Grupo Parlamentario Mixto, se pretende que las comunidades autónomas ostenten las funciones relativas a la formación, actualización y
renovación de los catastros inmobiliarios; que las redes de presupuestos de las comunidades autónomas procedan a la actualización de los valores catastrales; que sean los Tribunales Económico-Administrativos de las comunidades autónomas los que
conozcan las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos de gestión del impuesto de bienes inmuebles y sobre el catastro y, así mismo, que sean las comunidades autónomas las que aprueben las ponencias de valores.
Señorías, el Estado tiene asignada la determinación de los valores catastrales mediante los cuatro procedimientos típicos de gestión catastral: la aplicación de los valores catastrales, la revisión catastral, la modificación de tales
valores y la actualización de los mismos. Podría parecer lógico que las funciones catastrales recayeran en las entidades locales encargadas de la gestión y recaudación del impuesto de bienes inmuebles. Sin embargo, resulta curioso que los partidos
nacionalistas -esto es una característica general de todos ellos-, que son insaciables en la reclamación de las competencias de las comunidades autónomas, cuando las asumen son absolutamente cerrados a delegar, a su vez, parte de esas competencias a
los ayuntamientos. En ningún momento se habla de esto en la proposición de ley. En lo que nosotros llamamos la segunda descentralización, nosotros encontramos un obstáculo gravísimo e insalvable en todas las comunidades autónomas que están
gobernadas por partidos nacionalistas. Nos hubiera parecido lógico que hubieran pretendido que el catastro se delegara en los ayuntamientos, que son, sin duda alguna, los que más cerca están del ciudadano, los que cobran el impuesto de bienes
inmuebles, etcétera, pero no ha sido así. Por nuestra parte, podemos decir que la reserva a favor del Estado se fundamenta en diversos principios constitucionales. De forma especial, en los de igualdad y eficacia.
El principio de igualdad está claramente detrás de la reserva estatal, especialmente por preservar la unidad del sistema tributario con la homogeneización de los valores en todo el territorio nacional. Es verdad que el valor catastral tiene
trascendencia en diversos sectores del ordenamiento tributario que tienen atribuidas competencias distintas administraciones y no exclusivamente como base imponible del impuesto de bienes inmuebles, sino también en algunos impuestos cedidos a las
comunidades autónomas, como es el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, pero también en los impuestos estatales, como por ejemplo la valoración de inmuebles en el impuesto sobre el patrimonio
o en la imputación de rentas inmobiliarias en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
El título competencial más claro que ampara la reserva de la gestión catastral para el Estado, ya lo ha dicho el señor Martínez Sanjuán, es el de la hacienda general, recogido en el artículo 149.1.14.a de la Constitución. Por hacienda
general hemos de entender aquellos aspectos de la actividad financiera que la Constitución establece con carácter común, sin referencia expresa a un ente público determinado, que por ello mismo deben tener una regulación armonizada en todo el
territorio del Estado.
Ese es el criterio de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, que expresamente ha señalado, y leo literalmente, que la organización del catastro, justamente por
tratarse de una institución común e indispensable para la gestión de alguno de los impuestos estatales más relevantes, es una competencia que ha de incardinarse, sin lugar a dudas, en la de hacienda general del artículo 149.1.14.a de la
Constitución, correspondiendo por tanto de manera exclusiva al Estado. En relación con la competencia,
cabe concluir que la reserva estatal está justificada tanto desde el punto de vista teórico, por encontrar su fundamento en el principio de igualdad, como desde el punto de vista de la distribución constitucional de competencias, basándose,
como ya he dicho, en el título de hacienda general.
La acción del Gobierno en relación con la actividad del catastro se ve en este momento, como ha dicho también el señor Martínez Sanjuán, reforzada con la tramitación de dos proyectos de ley, el proyecto de ley del catastro inmobiliario, que
se va a debatir esta semana en Comisión, y de reforma de la ley reguladora de las haciendas locales. Resulta especialmente destacable que en ambos proyectos se han incorporado todos los principios que he descrito anteriormente y que justifican el
mantenimiento de las funciones catastrales dentro de las competencias exclusivas del Estado. Precisamente por ello, el proyecto de ley del catastro inmobiliario define éste como competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de que el ejercicio de
buena parte de las funciones que comprende la actividad catastral pueda ejercerse bien directamente o bien a través de distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes administraciones públicas. De manera específica, en
ambos proyectos de ley, se han tenido en cuenta, por una parte, las aspiraciones de los ayuntamientos en orden a desempeñar un mayor protagonismo en la gestión del catastro, extendiendo el ámbito de la colaboración municipal a nuevos aspectos que
deben redundar en mejoras sustanciales, tanto para ambas esferas de la Administración como para los ciudadanos. Por otra parte, la necesidad de que los ayuntamientos incrementen su autonomía municipal y dispongan de una mayor capacidad y margen de
decisión en lo que a tributos locales se refiere. Todo ello dentro de los límites legalmente definidos y sin perjuicio de la competencia estatal. Dicha actuación coincide, además, con la iniciativa impulsada desde el Gobierno y que ha venido en
denominarse la segunda descentralización, según la cual deben de reforzarse las funciones a desarrollar por los municipios, asumiendo éstos actividades hasta ahora ejecutadas por las comunidades autónomas. Ya he señalado antes que en este tema
encontramos gran resistencia en las comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas.
De aceptarse la propuesta del Bloque Nacionalista Galego en los términos que se formula en la proposición de ley, se iría en una línea radicalmente contraria a esta iniciativa. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado 10 enmiendas al
articulado del proyecto de ley del catastro que coinciden casi en su totalidad con el contenido de esta proposición de ley, pero otra cosa es que analicemos qué papel pueden jugar las comunidades autónomas en la actividad catastral y si deben tener
un acceso a la información. Nosotros pensamos que el nivel de colaboración tanto de la Administración autonómica como de la local puede y debe ser máximo. Las comunidades autónomas pueden participar en la actividad catastral a través de tres
medios: primero, participando en los órganos colegiados; segundo, teniendo plena disponibilidad de información catastral para atender competencias propias y, tercero, participando en la realización de trabajos catastrales con incidencia en las
funciones propias de la comunidad autónoma. Las comunidades autónomas intervienen en órganos de ámbito nacional como son el Consejo Superior de Propiedad Inmobiliaria, las comisiones de coordinación inmobiliaria rústica y urbana, y también
intervienen en órganos de ámbito regional como son las juntas técnicas territoriales de coordinación inmobiliaria. El grupo autor de esta proposición de ley sabe perfectamente que las comunidades autónomas participan en la realización de muchos
trabajos catastrales.
Sólo a título de ejemplo podemos citar, sin ánimo de ser exhaustivos, estudios de mercado inmobiliario utilizados por las comunidades para la fijación de valores en los tributos cedidos, obtención de ortofotografías que se
utilizan para múltiples actividades en las que es necesario identificar el territorio, realización de cartografía digitalizada rústica y urbana. Sin embargo, tampoco razones de eficacia o de mejora de la calidad del servicio avalan la cesión de
esta competencia estatal. Y los datos, señorías, son clarificadores. A finales del año pasado las gerencias territoriales del catastro habían tramitado 2.256.583 expedientes. En el año 1993, hace nueve años, el número de expedientes gestionados
fue de 708.921, es decir, la cuarta parte. Pese a ese enorme crecimiento, en menos de una década los expedientes pendientes de tramitar en el año 1993 eran 221.825, es decir, el 31 por ciento del total, y al final del año 2001 sólo eran 138.630, es
decir, el 6,14 por ciento. Luego razones de eficacia tampoco avalan la toma en consideración de la proposición de ley.
Finalmente, que el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos administrativos de gestión del impuesto de bienes inmuebles y del catastro corresponda a los tribunales económico administrativos de las comunidades
autónomas es una pretensión que resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que sólo atribuye a dichos órganos el conocimiento cuando se trate de tributos propios de las
comunidades autónomas.
Por todas estas razones, señorías, mi grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, para delegar las competencias relativas a los catastros inmobiliarios a las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 28; en contra, 159; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DEL TERCER SECTOR COMO ELEMENTO CREADOR DE EMPLEOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD. (Número de expediente 162/000585.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LOS YACIMIENTOS DE EMPLEO RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD. (Número de expediente 162/000594.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del tercer sector como elemento creador de empleos
relacionados con el trabajo social y los servicios de proximidad, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar el desarrollo de los yacimientos de empleo relacionados
con los servicios sociales de proximidad. (Rumores.)
Señorías, al objeto de que podamos continuar con el debate, les ruego que ocupen los escaños y guarden silencio, a ser posible.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el propósito de esta proposición no de ley que venimos a presentar hoy en nombre del Grupo Parlamentario Popular no es otro que el de ofrecer el impulso necesario al denominado tercer sector, entendiendo éste como un elemento
creador de empleo relacionado con el trabajo social y los servicios de proximidad.
Cada vez son más las personas en nuestro país que dedican tiempo a actividades que en su mayoría están relacionadas con la solidaridad, un sector que contribuye desde el altruismo a la persecución de un objetivo común: avanzar en la
sociedad del bienestar. Sin duda, el envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y las nuevas tecnologías o las cada vez mayores concentraciones urbanas, frente al proceso contrario en las rurales, van perfilando
una sociedad que se presenta permanentemente en transformación y exige, por tanto, el desarrollo de estrategias que posibiliten la aparición de nuevas actividades y yacimientos de empleo, con la finalidad de avanzar hacia ese objetivo irrenunciable
para el Gobierno como es la plena ocupación.
Por tanto, se nos presenta un nuevo marco de acción que alcanza al conjunto de toda la sociedad y que exige prestar atención especial a diversas actividades que pueden satisfacer las necesidades
emergentes. La atención a personas mayores, el cuidado y atención infantil o los servicios de cuidados intensivos o paliativos relacionados con la salud son actividades que, al no requerir una especial cualificación personal, pueden resultar
idóneas para que las realicen personas que proceden del paro de larga duración o que deseen incorporarse al mercado laboral.
Hoy encontramos determinados sectores en nuestra población que, en contra de todo pronóstico en el pasado, cobran merecida importancia en el presente. Nos estamos refiriendo a personas mayores con dificultad para el empleo y mujeres cuya
ocupación primordial ha sido la doméstica. Es en estos campos y algunos más donde cobran un especial sentido los servicios de proximidad relacionados con el trabajo social y sociosanitario. Estos servicios de proximidad en modo alguno pretenden
suplantar a las familias y la función de las mismas, sino más bien al contrario: ofrecen autonomía tanto para quienes viven en familia como para los que tienen un hogar propio, bien a través de asistencia a domicilio, apoyo a las familias e incluso
potenciando relaciones intergeneracionales, vecinales y, por qué no, también de apoyo al mismo voluntariado.
Otro factor a tener en cuenta es el creciente cambio en las relaciones intergeneracionales que integran la unidad familiar. A ello contribuye el creciente envejecimiento de nuestra población que en la actualidad se cifra en más de seis
millones de personas que superan los 65 años. Lo que antaño venía a asociar envejecimiento con pasividad comienza hoy a constituirse como un grupo activo y pleno en conocimientos. Por otra parte, no hay que olvidar que el futuro está próximo y que
se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina, ya que dentro de 20 años más de un 5 por ciento
de la población contará con una edad superior a 80 años de edad y sus demandas sin duda tendrán que ser atendidas.
Señorías, la longevidad no es el único factor a tener en cuenta, sino que cuenta mucho la incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios de las nuevas tecnologías y, sobre todo, la cada vez mayor y más satisfactoria integración de
los discapacitados. En la actualidad son muchas las mujeres -y ello es una realidad sobradamente constatada- que no perciben ninguna compensación económica por atender a personas mayores dependientes en el mundo rural y también en el seno de la
familia.
Algunas comunidades autónomas como la Comunidad Autónoma Valenciana han desarrollado fórmulas para contribuir desde la Administración a compensar la dedicación de estas mujeres. También son muchas las que atienden a niños de corta edad
que cuentan con un currículum de méritos prácticos extraordinario, que en su mayoría son amas de casa pero que carecen de una cualificación profesional adecuada. Sin lugar a dudas, el dotar a estos colectivos de formación profesional oportuna en
distintas especialidades de servicios sociales y asistenciales contribuiría totalmente, desde el punto de vista del Grupo Popular, a acortar las desventajas dentro del mercado laboral, al que no tienen acceso merced a un importante déficit
ocupacional. Los servicios de proximidad serían un medio excepcional para dar respuesta también al autoempleo. Permítanme que haga un inciso y mencione algunas de las medidas fiscales y sociales que el Gobierno impulsa, bien a través de la
supresión del impuesto de actividades económicas, bien a través de la exención por un año a las empresas de nueva creación o de las bonificaciones del cien por cien a la Seguridad Social que el Ministerio de Asuntos Sociales estudia extender a otros
supuestos, además del fomento de las líneas de microcréditos. Estas son algunas de las aportaciones que el Gobierno impulsa, demostrando con ello estar convencido a lo largo de estos años de que el empleo, no como en otros tiempos se decía, de
ninguna de las maneras es un problema estructural. Mi grupo considera imprescindible cumplir con el compromiso adquirido con la sociedad avanzando en su bienestar tanto en las políticas de solidaridad que se llevan a cabo a través de las
organizaciones no gubernamentales como en aquellas otras que pretenden contribuir al mismo fin posibilitando la incorporación al mercado laboral de personas que tienen diversas dificultades de acceso como ocurre con los discapacitados; es
importante que puedan llegar incluso a complementarse sin solaparse y, por supuesto, que el Gobierno siga actuando como garante de las políticas y derechos sociales de los ciudadanos. Por este motivo, a la vista de la solidaridad y, sobre todo, de
la solidaria y robusta actividad desarrollada por las organizaciones no gubernamentales y también a la vista del número de voluntarios alcanzado sobre todo en estos últimos años, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha adelantado
recientemente, en la primera comparecencia del ministro Zaplana en la Comisión, su deseo e intención de culminar cuanto antes la elaboración del libro blanco, si bien hemos de tener en cuenta el nuevo marco legal resultante de la ley de mecenazgo,
la de fundaciones y de asociaciones, que influyen todas ellas en la dinámica de las organizaciones no gubernamentales y, por tanto, también resultan determinantes a la hora de incluirlas en el citado libro, circunstancias todas ellas que no
desconocen sus señorías. El intenso diálogo que desde el Ministerio de Asuntos Sociales se está llevando a cabo con las organizaciones no gubernamentales incluye el diseño de un plan estratégico con el que se mejorará el trabajo de las
organizaciones no gubernamentales impulsando, y cito textualmente, el acceso del personal de las ONG a programas de formación continua y fórmulas plurianuales para financiación de programas de acción social de estas entidades subvencionadas por las
administraciones públicas.
Para terminar, señorías, quiero recordar que en el marco de la Unión Europea se reconocen los servicios de proximidad como uno de los yacimientos de empleo más importantes. Tanto es así que el Fondo Social Europeo dispone de fondos que
sirven para financiar proyectos cuyo cometido persiga la generación de empleo en estos ámbitos expuestos en esta proposición no de ley. A modo de ejemplo sirvan los casi 4 millones y medio de euros que las corporaciones locales, por ejemplo, de la
Comunidad catalana recibieron en 2001 a través del Ministerio de Administraciones Públicas al igual que otras comunidades. Por ello, la implantación en este cometido debe darse no sólo desde el Gobierno central, sino también desde la participación
y voluntad política de los ayuntamientos y comunidades autónomas, atendiendo a las transferencias operadas. Este es el motivo de traer al Pleno de la Cámara esta proposición no de ley. A su vez, hay una proposición no de ley presentada por el
Grupo de Convergència i Unió muy interesante y unas enmiendas a este mismo texto presentadas por el Grupo Socialista.
El Grupo Popular quiere avanzar desde esta tribuna su satisfacción al haber alcanzado un acuerdo unánime sobre un texto único y, desde luego, no podíamos romper en modo alguno los acuerdos en cuanto a los antecedentes que tanto en esta
Cámara como en el Senado se habían llevado a efecto. Ofrecemos, por tanto, un texto común y destacamos la colaboración del Grupo Socialista y de Convergència i Unió que han posibilitado ese texto conjunto. Hemos incorporado de todas formas algunos
aspectos que creo esenciales. Por ejemplo, proponemos facilitar al conjunto de las comunidades autónomas las iniciativas y experiencias llevadas a cabo por las administraciones públicas competentes que posibiliten a los empleados del servicio de la
Administración
pública que puedan colaborar con entidades sin ánimo de lucro cuya actividad principal esté relacionada con el trabajo y la asistencia social. En la Cámara de la Comunidad Autónoma Valenciana se ha llevado a efecto, y creo que con carácter
excepcional, el hecho de que se contemple un registro de entidades de voluntariado y el Consejo Valenciano del Voluntariado, que introduce incentivos para los voluntarios como bonificaciones o reducciones en el uso de medios de transporte público y
en la entrada a museos gestionados por la Generalitat. Asimismo, los funcionarios de esa Administración que trabajen como voluntarios tendrán derecho a la reducción o adaptación de su jornada de trabajo siempre que no exceda de la mitad de la
jornada laboral, lo cual conllevará una reducción proporcional de sus retribuciones.
La señora PRESIDENTA: Señora Seller, le ruego concluya.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Inmediatamente, señoría.
Quiero asimismo resaltar las aportaciones que se han hecho por parte del Grupo Socialista recogidas también por nosotros, si bien no hemos podido incorporar en el texto el punto 5 porque entendemos que el Gobierno ya está impulsando
convenios con las comunidades autónomas y ha adquirido compromisos importantes; me refiero al plan gerontológico, con un 43 por ciento de incremento, atención a la familia, un 26 por ciento de incremento, conciliación de la vida familiar, un 32 por
ciento, plan con discapacitados, un 11 por ciento, y un largo etcétera.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Seller.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para presentar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para fomentar el desarrollo de los yacimientos de empleo relacionados con los servicios sociales de proximidad.
Esta es una iniciativa coincidente con otras iniciativas que la Cámara ha visto a lo largo de estos últimos meses, me atrevería a decir de estos últimos años, y que parte de un consenso muy generalizado en el conjunto de la Unión Europea
sobre la necesidad de articular una potente política en este ámbito, convencidos de que en nuestra sociedad se configuran nuevas necesidades; necesidades que quizás no son nuevas pero que es evidente que no están cubiertas desde la perspectiva de
los servicios que ofrecen las administraciones o que puede ofrecer la sociedad; necesidades también derivadas del impacto de las nuevas tecnologías en nuestros sistemas de producción; necesidades derivadas de los cambios en la estructura de la
familia; necesidades derivadas de la cultura del riesgo que se incorpora en nuestra sociedad; necesidades derivadas de los cambios en los hábitos de las ciudadanas y ciudadanos en el terreno de la cultura y del tiempo libre, también en una nueva
relación entre el sector público y el sector privado, que configuran un amplio espacio alrededor del concepto de interés general compartido tanto por las administraciones como por las empresas como por el sector sin ánimo de lucro. Todo ello nos
lleva a pensar que en este nuevo espacio es posible generar nuevo empleo y además generar empleo de calidad. Ese consenso fue reafirmado en la estrategia aprobada en Lisboa, que introduce un nuevo marco de referencia en materia de empleo y enlaza
con las propuestas de Delors del año 1993 recogidas en su libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo.
La política que pretendemos impulsar con esta proposición no de ley es una política que se sitúa en el medio plazo, que pretende considerar como sectores económicos emergentes precisamente los relacionados con estas nuevas necesidades, que
demanda políticas en el ámbito laboral, fiscal, financiero y administrativo y que implica que las administraciones apuesten por el riesgo también en sus propuestas. No pretendemos plantear una propuesta que considere que la ocupación que se va a
generar en estos ámbitos sea una ocupación subsidiaria, precaria o que se enmarque en procesos de inserción para determinadas personas. Nos parece que para eso existen otros instrumentos como, por ejemplo, las empresas de inserción que responden a
esa lógica de la inserción en el mercado de trabajo de personas o colectivos con especiales dificultades. Pretendemos generar nuevos mercados de servicios que tengan ocupación de calidad y que sea sostenible en el tiempo. Una política que se debe
basar en detectar las necesidades sociales existentes y que sea capaz de definir los medios y los procesos para alcanzar estos objetivos; una política que sea capaz de regular la oferta que hoy tenemos en estas materias y de estructurar la demanda,
desde el reconocimiento de la existencia de esa debilidad de los mercados hoy existentes; una política que asuma que, por ejemplo, las reglamentaciones que las administraciones introducen en el ámbito del medio ambiente pueden ser generadoras de
ocupación y que las nuevas necesidades en el campo del Estado del bienestar, como el desarrollo de una potente y activa política alrededor del concepto de la dependencia, pueden ser también generadoras de ocupación.
Estamos convencidos de que hoy existen problemas relacionados con la insuficiencia de ámbitos formativos en este espacio, con la rigidez excesiva aún del conjunto
del sector público, con dificultades para alcanzar financiación estable para estas nuevas empresas, para ser capaces de conseguir aquellos recursos económicos suficientes para el inicio de aquellas actividades para estabilizar la demanda que
puedan tener los ciudadanos. Estamos convencidos de que esta es una política de coordinación del conjunto de las administraciones implicadas y también de coordinación del conjunto de las administraciones con el sector privado, tanto el sector
privado mercantil, como el no lucrativo. Además, estas políticas deben tener una especial implicación con los territorios donde se pueden detectar esas necesidades. Es una típica política de implicación territorial. En nuestro país, en Cataluña,
el Gobierno de la Generalitat, junto con los ayuntamientos y los agentes sociales, ha impulsado pactos territoriales que son un buen instrumento de generación de empleo apegado al territorio. Estas políticas deben hacer frente a problemas endémicos
de nuestro sistema económico-social, como es la elevada economía sumergida e irregular relacionada con estas cuestiones. Esta política que nuestro grupo intenta articular en su proposición no de ley responde a esa lógica.
Nuestra propuesta tiene siete puntos. En primer lugar, reafirmamos el compromiso adquirido en su día por la Cámara, a raíz de una moción aprobada por el Pleno, en el sentido de elaborar un libro blanco sobre los yacimientos de empleo como
instrumento para detectar esas necesidades. En segundo lugar, planteamos la necesidad de que se introduzcan medidas específicas de fomento a la creación de empresas o de proyectos de autoempleo vinculados a este nuevo espacio. En tercer lugar, la
necesidad de introducir lo que los expertos denominan el tiket servicio como instrumento que pueda permitir desde las empresas facilitar servicios a sus empleados que respondan a estas nuevas necesidades y que, al mismo tiempo, este mecanismo sea
generador de un mercado no suficiente y no estabilizado que no puede dar respuesta a estas demandas. En cuarto lugar, recogemos -y hemos tenido dificultades con el Grupo Popular para alcanzar un acuerdo en esta materia y la portavoz del Grupo
Popular coincidirá conmigo en que sería bueno que en la Comisión de Política Social y Empleo pudiésemos alcanzar un compromiso en esta materia- el análisis de la viabilidad de una reducción de las cotizaciones sociales para aquellos empleos con
salarios inferiores a 1,5 el salario mínimo interprofesional, muy en la línea de lo que en su día apuntó Delors y de las últimas recomendaciones de la Unión Europea. Es evidente que habrá que enmarcarlo en una reflexión amplia sobre la
sostenibilidad de nuestro sistema de protección social, pero nos parece una propuesta básica para crear este mercado. En quinto lugar, el ámbito de la formación en toda su amplitud, reglada, continua y ocupacional, es básico para alcanzar este
proceso de creación de estos nuevos mercados. En sexto lugar, nos parece básico también el desarrollo de la disposición adicional octava de la vigente Ley de Contratos del Estado. He de recordar que el Gobierno de la Generalitat en su proyecto de
presupuestos ha aprobado una reserva de un 20 por ciento de todos los contratos de carácter menor a aquellas iniciativas de carácter social orientadas a la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad o con riesgo de
exclusión social. Nos parece bueno que el Estado asuma en esta materia también sus responsabilidades. En séptimo y último lugar, solicitamos la reforma de la Ley de la Función Pública al objeto de permitir que funcionarios de las administraciones
públicas puedan colaborar en entidades sin ánimo de lucro. Existen experiencias interesantes a nivel autonómico que sería bueno trasladar al Estado.
En definitiva, se trata de una proposición no de ley completa que liga con aquella moción aprobada en abril del año 2001, seguramente no desarrollada en toda su intensidad por el Gobierno. Esperemos que esta nueva proposición sea un
estímulo a la acción del Gobierno con la voluntad, que ya ha expresado anteriormente la portavoz del Grupo Popular, de alcanzar un consenso principalmente con el grupo que ha enmendado esta proposición no de ley, el Grupo Socialista, pero también
con el conjunto de los grupos de la Cámara. Yo espero que el texto transaccional que se ha ofrecido desde la tribuna, y que supongo que tienen los servicios de la Cámara, podrá permitir alcanzar un consenso en esa materia. Espero que este mix
entre esta proposición no de ley y las enmiendas del Grupo Socialista se pueda aprobar y que la Cámara marque un nuevo compromiso en esta materia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, tengo el gusto de intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición con relación a la proposición no de ley relativa al impulso del tercer sector como elemento creador de empleos relacionados con el
trabajo social y los servicios de proximidad, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno. En primer lugar, les tengo que informar de que hay un elemento previo que nos produce un cierto sonrojo, y es que lo que no se
puede hacer es confundir el trabajo de lo social con la disciplina del trabajo social.
La disciplina del trabajo social es un título universitario, una diplomatura y ya se está gestionando la obtención de la licenciatura. No se debe confundir el
trabajo en lo
social con el trabajo social. Nos parece una ignorancia que supone una falta de estudio o de información, y lo cierto es que esta Cámara tiene cantidad de instrumentos para poderse informar en esta materia.
Otro elemento importante es que se solicita en la proposición no de ley la formación profesional y el desarrollo de determinadas materias de formación profesional vinculadas a los servicios sociales. Pues bien, les tengo que informar de que
existen dos títulos ya reconocidos: los auxiliares de inserción y los auxiliares de servicios sociales. Si alguna virtud tienen los servicios sociales en el desarrollo de nuestro sistema democrático es que ha sido el último sistema que se ha
incorporado a los derechos sociales y a los derechos subjetivos de las personas. En nuestra Constitución aparecen en el artículo 50, cuando se refiere a las personas de la tercera edad, a las personas mayores. Creemos que ha sido un gran avance y
un gran desarrollo desde la beneficencia pública superar las ordenanzas de beneficencia y superar, con el apoyo del Gobierno socialista y de algunos otros grupos parlamentarios, el desarrollo del sistema público de servicios sociales que en el año
1987 fue firmado con la Administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y diputaciones en un convenio que se estableció entre el Ministerio de Trabajo, Administraciones públicas, comunidades autónomas y la FEMP. Este
fue el impulso y la traslación máxima de lo que se debe hacer en materia de servicios sociales.
Entrando en los servicios de proximidad, es algo que ha tenido bastantes aportaciones tanto en iniciativas, como en preguntas, como en debates en esta Cámara con relación a qué puede ser considerado como servicio de proximidad, que tampoco
se debe de confundir con los yacimientos de empleo, aunque sería una parte más de éstos. Los servicios de proximidad han conseguido una carga intensiva en los empleos de personas, y por su virtualidad y versatilidad lo que tienen en muchas
ocasiones es capacidad de integración de determinados colectivos que son parados de larga duración o personas con poca cualificación profesional. Esto va a favorecer el desarrollo de actividades en el ámbito de los servicios sociales. Los
servicios de proximidad, a los que ya se refería Delors en su libro blanco, estaban vinculados prioritariamente a la ayuda domiciliaria, a las guarderías, a los servicios de centros de día para personas con discapacidad o en estados de dependencia y
para algunos colectivos de toxicómanos. Hay un elemento clave que es su desarrollo y por eso vamos a apoyar esta iniciativa. Queremos que se desarrolle la formación profesional, los servicios de proximidad y también -ténganlo en cuenta- los
servicios sociales.
Hay un dato que nos preocupa, que no nos parece halagador y que tiene que encender las alarmas en este Parlamento. España -no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, sino Eurostat, según los datos del año 1999- tiene una diferencia con
la media europea de gastos social de 7,6 puntos.
Las previsiones que daban para 2000 y 2001 tampoco eran muy halagadoras.
Si tenemos en cuenta que el producto interior bruto en nuestro país se puede considerar en cien billones de pesetas, 7,5
puntos serían siete billones de pesetas. Si los dos puntos que hemos perdido en el gasto social desde que gobierna el Partido Popular se retomasen, eso nos permitiría no sólo desarrollar esta iniciativa, sino otras muchas que el Grupo Parlamentario
Popular ha dejado aparcadas con su negativa en las votaciones de esta Cámara. Me estoy refiriendo a las empresas de inclusión social. Me estoy refiriendo al desarrollo del plan de Alzheimer. Me estoy refiriendo al desarrollo de Info XXI y a la
alfabetización digital de los discapacitados, que sólo cuenta con 270 millones de pesetas y que en varias iniciativas legislativas habíamos pedido que se incrementara hasta mil millones. Me estoy refiriendo también a la política social y de
servicios sociales, vinculada a los inmigrantes, que está generando graves problemas en el desarrollo de los servicios sociales en los ayuntamientos. Y me estoy refiriendo, por último, a los itinerarios de convivencia. Si hay algo que se adapta al
desarrollo social y al desarrollo de las necesidades de vida de las personas son los itinerarios de convivencia. Me alarma bastante cuando en la Comisión del Pacto de Toledo algunos profesionales nos dicen que tenemos que estar muy preocupados con
el envejecimiento de la población.
Y yo digo que tenemos que partir de una premisa previa. Esto es un éxito para la sociedad. Haber conseguido que España sea el segundo país del mundo en esperanza de vida es un éxito. Lo que tendremos que hacer
es adecuar las políticas para desarrollar programas que favorezcan y faciliten que la vida y la convivencia de las personas que están en situaciones de dependencia se pueda mejorar. Tendremos que elaborar programas y políticas, en colaboración con
otras instancias administrativas o a través del plan concertado, para conseguir que las personas que vivan solas tengan la universalidad en el acceso a la telealarma. Tendremos que elaborar y conseguir pactos para el desarrollo de la ayuda
domiciliaria.
Señores del Partido Popular, hay un aspecto más importante todavía, y es que la propuesta que nos traen es de gratis total, y eso sí que es difícil. Gratis total haya ya muy pocas cosas. Si uno quiere desarrollar los programas de actuación
en materia de ayuda domiciliaria, incentivar la telealarma, desarrollar formación ocupacional para las personas mayores de 50 años o parados de larga duración, si se quieren poner en marcha, incentivar o incrementar los programas de cero a tres
años, si se quieren incentivar los centros de día para discapacitados y personas mayores, si queremos hacer, en definitiva, el libro blanco de los yacimientos de
empleo, tendremos que pensar que este es un coste económico importante y que nos lo tenemos que tomar con seriedad.
Mi grupo va a votar favorablemente la transaccional que se ha ofrecido a las tres iniciativas, porque todo lo que se haga en esta dirección, aunque sea elaborar el estudio del libro blanco de los yacimientos de empleo o del libro español de
los yacimientos de empleo, nos podrá aclarar bastante elementos que yo he expuesto en esta tribuna y que son la postura del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cortajarena.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la enmienda de consenso entre las iniciativas planteadas, entre ellas la del Grupo Parlamentario Popular, que mi grupo apoyaba, por considerarla muy en oportunidad política, precisamente por atender un
problema que tiene un doble aspecto positivo: buscar en nuevos nichos de trabajo una actividad social de apoyo social en la que, por un lado, está la persona que encuentra este puesto de trabajo y lo puede desarrollar y, por otro, la persona que se
va a beneficiar. Es una especie de binomio que tiene un efecto de apoyo mutuo y de un bienestar social. Ya se han puesto en práctica políticas de este tipo en países nórdicos, como Suecia, Noruega, donde se ha buscado este apoyo mutuo dentro de
unos puestos de trabajo en la propia estructura familiar de personas discapacitadas. Esto se recoge también en la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nosotros buscábamos el voto positivo en esta síntesis entre ambas
iniciativas y con la enmienda que ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista creemos que queda recogido algo que tiene una realidad, que es lo que está demandando en este momento la sociedad española ante una serie de problemas,
como son el desempleo de personas que podían tener esta actividad y, al mismo tiempo, la posibilidad de que otras puedan beneficiarse, precisamente no dentro de una economía de consumo, de producir un bien comercial tangible, objeto de cualquier
economía de mercado, sino dentro de algo que está más entrañablemente vinculado a un bienestar social.
Señora presidenta, por coincidir todas estas circunstancias, mi grupo va a votar favorablemente esta enmienda transaccional, congratulándonos de haber podido llegar al fondo del problema.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Txueka tiene la palabra.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presienta, arratsalde on, buenas tardes.
El Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley para su aprobación basada en los denominados nuevos yacimientos de empleo y, más concretamente, en el área de servicios a personas. A nuestro juicio, cuando en esta proposición no de
ley se abordan estos conceptos es necesario y a la vez es preciso determinar previamente los objetivos que se buscan o, dicho de otra manera, habrá que especificar, primero, si se trata de promover nuevas necesidades que se transformarán en demandas
económicamente solventes por el propio mercado, o precisarán de la intervención pública; segundo, si se trata de políticas de empleo de las llamadas de acción positiva, centradas fundamentalmente en incorporar o reincorporar colectivos con
dificultades de inserción laboral, o si se trata de desarrollar actividades empresariales, servicios a las personas con unos niveles de rentabilidad dados. Todos ellos tienen objetivos, actuaciones y hasta prioridades diferentes. En el primer
escenario que he mencionado las actuaciones han de dirigirse fundamentalmente hacia la demanda con acciones de información, facilitando financiación -de la que se habla muy poco, por cierto- etcétera. En el segundo, el elemento fundamental -y ahí
coincidimos- es el de la formación y capacitación.
Pero en el tercer escenario de los descritos, donde existen prioridades que me atrevo a destacar como calidad de los servicios, se perciben muchas veces las dificultades para la asistencia y
pervivencia de tales actividades cuando el demandante de dicha actividad asocia que dichos servicios van a ser desarrollados -lo digo entre comillas- por colectivos difíciles. Cuando a esta falta de clarificación en los enfoques de la propuesta
añadimos los objetivos -interesantes- a desarrollar de la conciliación de la vida profesional y familiar, y los nuevos escenarios que se atisban sobre la educación de menores hasta los tres años, nos encontramos con un planteamiento excesivamente
simplista, a nuestro modo de ver, y claramente insuficiente para una real y efectiva promoción del impulso del tercer sector. En lenguaje un poco más vulgar, diríamos que es demasiado tomate para una humilde proposición no de ley.
Las medidas a adoptar que se presentan se centran únicamente en la formación, que no abarcan todo el espectro que consideramos necesario, y en cierta tímida oferta de servicios como guarderías, ludotecas y centros de día. Ninguna novedad,
por tanto, sobre la situación anterior, sobre la situación existente. En teoría, lo único que se propone en esta iniciativa es impulsar y hacer lo que se debería estar haciendo que, según
el Partido Popular, ya se está haciendo en los diversos planes de empleo enmarcados a su vez en las estrategias europeas de empleo. Si desean hacer un planteamiento integral y efectivo, observen lo que están llevando a cabo en el ejercicio
de sus competencias -y en ausencia muchas veces de las mismas- las comunidades autónomas más concienciadas y avanzadas en esta materia. Realicen planteamientos muchos más prácticos que aseguren un marco normativo idóneo para las organizaciones del
tercer sector (en el siguiente punto del orden del día se tratará este tema, en parte, cuando hablemos del estatuto del trabajador autónomo y su desarrollo); apoyen una proposición de este tipo; aseguren y promuevan medidas para dar mayor
viabilidad empresarial a tales organizaciones, con financiación, demanda solvente, mejoras en la gestión, profesionalización de las ofertas, etcétera; en fin, promuevan políticas de promoción de la empleabilidad en el sector, lucha contra el
intrusismo y la economía sumergida, mejora en la calidad del empleo, capacitación y profesionalización, tanto en la prestación de servicios como en la gestión empresarial de los mismos. Como Partido Popular, como Gobierno del Estado español, dejen
de proponer y plantear generalidades; ejecuten, gobiernen, y les apoyaremos.
Nos acaban de entregar una enmienda transaccional que no nos ha dado tiempo a leer. Por lo que les he oído a la portavoz del Grupo Popular y al ponente de Convergència i Unió, algunas de nuestras demandas pueden estar incorporadas. Veremos
si nos es posible apoyarla, con un espíritu constructivo como el que mantenemos siempre en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señora Seller y señor Campuzano, entiendo que retiran sus iniciativas y que el texto que someten a votación es el de la enmienda transaccional que nos ha sido presentada. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que ocupen sus escaños.
Sometemos a votación el texto de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la presidencia y que sustituye el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del tercer sector
como elemento creador de empleos relacionados con el trabajo social y los servicios de proximidad y el de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fomentar el desarrollo de los yacimientos de empleo
relacionados con los servicios sociales de proximidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO. (Número de expediente 162/000410.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración del estatuto del trabajador autónomo. Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pla. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego que ocupen los escaños y guarden silencio o abandonen el hemiciclo en silencio también.
Adelante, señor Pla.
El señor PLA DURÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el objeto de mi intervención es defender la proposición no de ley relativa a la elaboración del estatuto del trabajador autónomo que mi grupo ha presentado ante esta Cámara. Como ustedes saben, los trabajadores autónomos son un
colectivo que en nuestro país abarca alrededor de 3.000.000 de personas, esto es, aproximadamente el 20 por ciento de la población activa. Pequeños empresarios de todos los sectores, teletrabajadores, taxistas, propietarios de comercios,
transportistas, profesionales liberales, artesanos o artistas son responsables de la creación de una buena parte de nuestra riqueza nacional. Sólo considerando las empresas que declaran por módulos estaríamos hablando ya de una aportación al PIB
superior al 13 por ciento. Pues bien, los socialistas queremos dar soluciones a los problemas de este amplio espectro de trabajadores por cuenta propia.
Pretendemos de esta forma reafirmar nuestro compromiso con un Estado ágil e innovador al
servicio de la sociedad y de una economía fuerte y dinámica que cree empleo, riqueza y oportunidades, pero queremos sobre todo reparar un olvido del Estado respecto a los problemas que arrastra este colectivo de trabajadores, problemas de todo tipo:
laborales, fiscales, de protección social y también, cómo no, de vertebración del sector. Algunos de ellos son históricos, sin duda, pero en los últimos tiempos se han multiplicado como consecuencia de los importantes cambios y transformaciones de
una sociedad cada día más compleja, con nuevos hábitos y nuevas formas de trabajar, y, lo que es peor, viejos y nuevos, son problemas que por desgracia la pasividad del Gobierno del Partido Popular ha venido agravando en los últimos años, porque hay
que decirlo bastante claro y alto: el Gobierno durante estos seis últimos años ha dado la espalda a
este colectivo de trabajadores autónomos. No ha sabido ofrecer satisfacción a prácticamente ninguna de sus demandas y de sus reivindicaciones, y eso a pesar de que los socialistas hemos venido reiteradamente denunciando este olvido y
presentando iniciativas para solucionar estos problemas. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Podría hacer aquí un largo listado de las propuestas parlamentarias que hemos presentado en los últimos tiempos a favor del trabajador autónomo y que sistemáticamente han venido siendo rechazadas por parte del grupo mayoritario de la Cámara,
entre otras, la regulación de su trabajo a tiempo parcial, su jubilación anticipada, la mejora de su régimen impositivo o medidas de apoyo presupuestario, a las que habría que añadir otras muchas propuestas que están en trámite o pendientes de
discusión en esta Cámara. Sólo cuando los socialistas hemos introducido el trabajo autónomo en la agenda política de este país, especialmente con la presentación de esta proposición no de ley que hoy debatimos y de su explicación ante la opinión
pública, el Partido Popular parece haber reaccionado y empieza a tomar en consideración, aparentemente -porque hay que decirlo, sólo aparentemente-, alguna de las propuestas realizadas.
Después dirán que no tenemos alternativa. Posiblemente a este
cambio de actitud haya ayudado la cercanía de unas elecciones que, sin duda alguna, pueden marcar un punto de inflexión en el rumbo político de este país. En cualquier caso, el renovado interés del Gobierno por los autónomos no deja de ser un
motivo de satisfacción, aunque mejor nos iría si se hubiese producido mucho antes. Ahora bien, si el Gobierno y el grupo mayoritario de esta Cámara de verdad se creen el importante papel que este tipo de trabajadores autónomos viene realizando y la
injusticia y las trabas de todo tipo que en muchas ocasiones vienen a suponerles, su voto hoy debería ser positivo, porque en definitiva no estamos ante una propuesta de ley articulada. Nuestra intención no es otra que el Gobierno tome en
consideración esta proposición no de ley para que posteriormente y en el plazo de tiempo más breve posible presente ante esta Cámara un texto articulado, una norma básica que confiera seguridad, que confiera satisfacción y solucione adecuadamente
los problemas de los autónomos.
Por tanto es imprescindible proceder ya a regular un marco jurídico de carácter básico, esto es, un estatuto del trabajador autónomo, un estatuto que haga las veces para este colectivo que el Estatuto de los
Trabajadores hace para los trabajadores por cuenta ajena. Además, es necesario también tomar medidas concretas para mejorar la situación laboral, social, financiera y fiscal. Por eso en esta proposición no de ley venimos a recoger un conjunto de
principios que deben inspirar ese texto articulado o esa norma básica que proponemos ahora que elabore el Gobierno.
Los objetivos generales de esta proposición no de ley son cuatro. En primer lugar, queremos equiparar, en la medida de lo posible, las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos con las del resto de trabajadores. Para ello debemos
y podemos ahora mismo asegurarles el cobro por la contingencia de incapacidad temporal por enfermedad común en el período inferior a los 15 días y posibilitarles el acceso a la jubilación anticipada, así como algunas otras cuestiones que el Gobierno
ha adelantado recientemente -y siempre a rebufo, empleando un símil ciclista- su intención de regular, pero que todavía están por definir, como es el caso de las prestaciones por las contingencias de enfermedad profesional y de accidente laboral o
el acceso a la incapacidad permanente cualificada a los 55 años, en las mismas condiciones que los afiliados al régimen general. Por cierto, conociendo la actitud del Gobierno en este tema, nos tememos que sólo se pretende dilatar en el tiempo la
solución a estos problemas intentando aparentemente contentar a los autónomos con promesas de informes y con promesas de actuaciones que no tienen una concreción. Este es el caso de la nueva disposición final octava incorporada en el proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que establece la elaboración de un estudio para el establecimiento de un fondo de garantía en caso de cese de los trabajadores autónomos dependientes de uno o varios empresarios.
Que no se
diga, para dilatar más tiempo estas prestaciones, que el régimen de autónomos es deficitario, porque eso no es cierto, eso es simple y llanamente mentira. El régimen de autónomos lleva varios años con un superávit que se dedica, en el mejor de los
casos, al fondo de estabilización para compensar el déficit de otros regímenes o de las pensiones futuras. Por tanto no es de recibo que en estas circunstancias se les niegue el pan y la sal a los autónomos y que se les continúe dejando marginados.
Hay que equipararlos y, para ello, es necesario poner en marcha la norma que se deriva de esta proposición no de ley.
En segundo lugar, con esta proposición no de ley queremos establecer un marco de relaciones laborales coherente con el tipo de actividad que desarrollan los autónomos. Ello implica incorporar este colectivo a los planes de formación
continua de los que disfruta el resto de asalariados; adaptar las normas contempladas por la Ley de prevención de riesgos laborales, para poder cubrir adecuadamente a este colectivo, y, por último -que es un aspecto muy importante-, eliminar los
obstáculos que pesan sobre ellos para la contratación laboral de familiares, cualquiera que sea su grado de parentesco. En este punto me detendré brevemente en una cuestión especialmente preocupante. Según la encuesta de población activa, en la
actualidad hay aproximadamente unas 300.000 personas colaborando
con los autónomos, sin estar sujetas a ningún tipo de control ni protección. Estamos en realidad ante una situación de economía sumergida provocada por el alto coste que representa para el autónomo en general y su familia la regularización
de estos, entre comillas, colaboradores cuando en la mayor parte de los casos sus facturaciones a duras penas alcanzan para mantener una familia. Estamos, por tanto, ante otra cuestión de derecho: 300.000 personas se merecen algo más que un simple
anuncio de estudio, como hizo el señor Aznar en el reciente debate sobre el estado de la nación.
Los socialistas, en tercer lugar, proponemos un tratamiento fiscal del trabajador autónomo que facilite la innovación y fomente el espíritu emprendedor y por tanto la creación de empleo y eso comprende la aplicación de ventajas fiscales en
el IRPF para los autónomos, apoyo fiscal al rejuvenecimiento de sus actividades o bien la regulación de un impuesto especial reducido para el gasóleo de locomoción cuando por el trabajo realizado su uso sea imprescindible.
Junto a estas medidas de carácter social, laboral y fiscal, en cuarto lugar, me gustaría señalar al menos otras de especial interés para este colectivo que deberían ser abordadas en esta norma básica: apoyo a la generación de empleo,
posibilitando que los desempleados que decidan constituirse en autónomos puedan financiar su nueva actividad económica cobrando de una sola vez el cien por cien de la prestación por desempleo, a cuya percepción tienen derecho, y no con el límite
actual del 20 por ciento, como ahora viene defendiendo el Gobierno; medidas tendentes a agilizar los trámites de constitución de nuevas empresas, el fomento del asociacionismo en este sector y la presencia del trabajador autónomo en los órganos
consultivos del Estado, especialmente en los consejos económicos y sociales, o medidas, por último, que pongan freno al proceso de liberalización de horarios comerciales, a fin de evitar la eliminación del comercio tradicional. Esto tiene especial
incidencia en estos momentos ante el anuncio del señor vicepresidente del Gobierno de ampliar los horarios comerciales, que ha causado un profundo malestar en el sector. También hemos presentado una proposición no de ley que en definitiva regule el
trabajo autónomo dependiente como una relación laboral de carácter especial y que esperamos que en breve sea debatida en esta Cámara.
Señorías, es el momento de tomar una decisión sin más dilaciones. El Grupo Parlamentario Socialista ha querido aportar a la resolución definitiva las justas demandas de los trabajadores autónomos y por eso ha presentado una proposición no
de ley para que el Gobierno deje de elaborar informes, deje de anunciar medidas que después no concreta y presente a esta Cámara un proyecto de ley. Es en ese momento cuando hay que presentar las enmiendas a su articulado y no ahora, salvo que lo
que se pretenda por algún grupo parlamentario al presentar una enmienda con texto alternativo, como ha hecho el grupo de CiU, sea buscar una cierta justificación. Nosotros entendemos que nuestra proposición no de ley busca un marco general, un
marco básico, y no instar al Gobierno a la aplicación de medidas concretas. Creo que son dos planos totalmente distintos y por eso nosotros no vamos a aceptar esa enmienda de sustitución. Es una proposición no de ley, por tanto, la que hoy se
presenta que es una prueba clara de la voluntad o no de apoyar a este colectivo; una proposición no de ley que muchos ciudadanos y ciudadanas de este país no entenderán que el grupo mayoritario vote en contra; una proposición no de ley que
significa abrir puertas, que significa suprimir trabas, que significa reconocer derechos, que significa apoyo y voluntad clara y decidida con este colectivo tan importante para nuestro país. Son medidas que sin duda benefician a los trabajadores
autónomos, eso es clarísimo, pero con ellas además, claramente también, impulsamos el desarrollo de nuestra economía, impulsamos el desarrollo de lo que entendemos que es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Por estas razones, señorías,
solicito de todos ustedes el voto favorable a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pla.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para la defensa de la enmienda presentada por su grupo, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un estatuto del trabajador autónomo. Escuchando
atentamente la intervención del diputado socialista señor Pla, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pensamos que su iniciativa, a pesar de que es muy loable y respetable, llega tarde a esta Cámara, en primer lugar, porque el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al inicio de esta legislatura, concretamente en el mes de abril del año 2000, presentó ante la Comisión de Economía y Hacienda la solicitud de creación de una subcomisión para que hiciera un estudio
sobre la situación actual de los trabajadores autónomos en España y sobre todas las microempresas y el segmento de los empresarios emprendedores, para finalmente llegar a una conclusión sobre la equiparación al régimen general de la Seguridad Social
del régimen especial de los trabajadores autónomos. Han sido más de dos años de trabajo intenso por parte de todos los grupos parlamentarios,
incluido lógicamente el socialista, donde cada uno ha presentado una serie de conclusiones, pero quería resaltar ante esta Cámara que la paternidad de esta iniciativa legislativa de la creación de la subcomisión y de la elaboración de las
conclusiones correspondientes fue del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), iniciativa que fue votada tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el resto de los grupos de la Cámara.
Quisiera recordarles la preocupación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por los trabajadores autónomos, que ha sido intensa, extensa y constante tanto en la época en que gobernaba el Partido Socialista como durante la del
Gobierno del Partido Popular.
Nosotros planteamos modificaciones importantes de cara a la empresa familiar tanto en una época como en otra. Me gustaría que constara en el 'Diario de Sesiones' que cuando planteábamos cuestiones relativas a los
trabajadores autónomos siempre quedaban encima de la mesa, porque había temas más importantes; sin embargo, nosotros hemos tenido esta preocupación por los autónomos desde hace muchísimos años, quizá porque el contacto que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha tenido con la economía productiva catalana y española ha sido muy constante. Para nosotros no ha sido novedad plantear cuestiones referentes a este colectivo tan importante como son los trabajadores autónomos. De
la intervención del señor Pla uno puede pensar que la paternidad de esta cuestión ha sido de ustedes; por eso he querido recordarle nuestra iniciativa del mes de abril del año 2000. Se ha realizado un trabajo intenso y extenso en la subcomisión y
se ha plasmado una serie de conclusiones, aunque no todas las que quería Convergència i Unió en esos momentos. Pensamos que si antes de que finalice esta legislatura el 80 o el 90 por ciento de esas conclusiones se hacen realidad, habremos dado un
paso importantísimo en mejorar la legislación de este colectivo que hasta hoy ha sido tratado injustamente. Hay un proverbio catalán que dice: No es pot matar tot el que´s gras, es decir, no podemos resolver todas las situaciones de golpe. Si
realmente somos capaces, y en esto tiene un compromiso importante el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que da soporte, de cumplir lo aprobado en esta subcomisión, esta legislatura será la de los trabajadores autónomos, la de los
emprendedores y la de la microempresa. La pelota está en el tejado del Gobierno y, lógicamente, desde Convergència i Unió, vamos confiar en que antes de que finalice esta legislatura el compromiso y todo el paquete de medidas que se adoptó en esta
subcomisión tengan luz verde, para que los trabajadores autónomos puedan gozar de una legislación moderna y acorde con el resto de legislaciones de los países socios de la Unión Europea.
¿Cuáles son nuestros planteamientos en esta enmienda de modificación? Si nos la hubieran aceptado, hubiésemos votado favorablemente, porque en muchos casos y en muchos aspectos son planteamientos similares a los suyos, pero nosotros no nos
podemos salir del guión seguido a lo largo de estos dos años de actuación en los trabajos de esta subcomisión. En primer lugar, entendemos que existe un compromiso real e importante por parte del Grupo Parlamentario Popular respecto a una
iniciativa que nosotros planteamos en esta subcomisión, la de que cuando un trabajador autónomo esté de baja pueda cobrar su prestación a partir del quinto día, en lugar del decimoquinto. Este es el planteamiento de nuestra enmienda y estamos
convencidos de que el compromiso que el Grupo Parlamentario Popular asumió en los trabajos de esta subcomisión permitirá que los trabajadores autónomos en el próximo año 2003 puedan cobrar sus prestaciones de baja después del cuarto día en lugar del
decimoquinto día, repito.
También hemos planteado, y pienso que en el nuevo proyecto de ley que vamos a ver próximamente va a ser posible, que los trabajadores autónomos que contraten trabajadores en el próximo año, ya sean trabajadores autónomos emprendedores o
microempresas, tengan la posibilidad de gozar de unas bonificaciones importantes desde el punto de vista de la Seguridad Social. Entendemos que en los trabajos de esa subcomisión también existe un compromiso explícito para que a partir del año 2003
el trabajador autónomo pueda contratar a su mujer o a su hijo, porque hoy se da la paradoja y la injusticia de que cuando un trabajador autónomo necesita recurrir a la ayuda de su mujer o su hijo no los puede asegurar en el régimen general, sino que
deben estar contratados como autónomos.
Pensamos que esto es una injusticia y así queda perfectamente reflejado en los trabajos de la subcomisión, por lo que creemos que va a dejar de existir esta laguna a principios del año 2003.
Existe un tema nuclear y fundamental al que desde Convergència i Unió hemos concedido una gran importancia a lo largo de los trabajos de esta subcomisión, y es que también antes de finalizar esta legislatura pedimos que determinados
trabajadores autónomos que dependen de pocos clientes tengan la posibilidad de acogerse a un fondo de garantía para poder cobrar un subsidio, que no ha de ser necesariamente igual al de un trabajador por cuenta ajena, para poder iniciar un nuevo
proyecto empresarial. Señorías, estamos convencidos, y nos lo han demostrado en infinidad de ocasiones en que hemos mantenido contactos con dichas asociaciones, de que lo que no quiere el trabajador autónomo es un subsidio de desempleo para poderlo
cobrar cuando a él le plazca, sino que lo que realmente necesitan estos señores es un paraguas, que es este fondo de garantía, para poder iniciar otro proyecto
empresarial en caso de que sus negocios no les vayan bien. Sinceramente creemos que también en este caso el Gobierno del Partido Popular está muy comprometido -a pesar de que tenga que hacer este estudio, porque se ha de saber lo que va a
costar la creación de este fondo de garantía- y que la constitución de este fondo de garantía va a ser una realidad a lo largo del año 2003, para que cuando los negocios de determinados colectivos de autónomos que dependen de pocos clientes no vayan
lo suficientemente bien se puedan acoger al mismo con el fin de poder emprender otro negocio autónomo.
También hemos presentado una serie de propuestas en dicha enmienda global, como la de que, de una vez por todas, se pueda resolver el tema de la pluriactividad de los trabajadores autónomos, porque hoy existen en España muchísimos casos en
los que un trabajador es autónomo, cotiza y también cotiza a tiempo parcial al régimen general por cuenta de otra persona. Creemos que esto es una injusticia social, porque cuando este señor tenga que jubilarse no le va a servir de nada haber
cotizado por la doble vía, y entendemos que la Seguridad Social tiene hoy a su alcance los mecanismos necesarios para poder determinar cuáles son los que están en estos casos en pluriactividad e incorporar las modificaciones pertinentes.
Hemos planteado otra serie de consideraciones que no están en los acuerdos de la subcomisión, en las que también desde Convergència i Unió hemos sido pioneros, pero entendíamos que quizás este no era el momento oportuno para aplicarlas en su
totalidad, como es la posibilidad de que el trabajador autónomo pueda cotizar a tiempo parcial. En el debate sobre el estado de la nación del año 1998 votamos y aprobamos esta cuestión, con el soporte del Grupo Parlamentario Socialista, y el
Partido Popular no ha legislado de acuerdo con lo que se aprobó en la Cámara. Pensamos que si podemos acabar la actual legislatura habiendo cumplido todos los puntos importantes que antes he mencionado, después vendrá una segunda etapa, en la
próxima legislatura, en que la mayoría de los puntos que hemos planteado serán objeto de negociación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la regulación específica del trabajador autónomo, objeto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con el objetivo de debatir y abordar, que es lo que entendemos que se plantea en la misma, un
estatuto del trabajador autónomo, va a contar con nuestro pleno apoyo, de la misma manera que hemos propuesto y apoyado la ya extensa lista de iniciativas que se han planteado desde los distintos grupos para que se regulen y equiparen estas
modalidades de trabajo a lo largo de esta legislatura. Hubiésemos querido que de alguna manera se hubiera aceptado también la enmienda presentada por Convergència i Unió, pero creemos que es importante que se debata y se aborde, por fin, un
estatuto del trabajador autónomo.
El objetivo de que las prestaciones y las jubilaciones vayan guardando una mayor proporcionalidad con las cotizaciones debe conllevar una equiparación de las prestaciones que actualmente reciben los trabajadores autónomos. No voy a incidir,
porque ya lo ha hecho algún ponente anterior, en la importancia de la aportación al producto interior bruto o del porcentaje de empleo autónomo sobre el total, pero por lo menos recalcaré la situación excedentaria en que se encuentra la Seguridad
Social en estos momentos y en su conjunto lo demás e insistiré en que el análisis pormenorizado de las partidas de la Seguridad Social nos indican que en el año 2002 el gasto en prestaciones en relación con lo recaudado en el régimen especial de
trabajadores autónomos alcanza el 77 por ciento, o sea, 13 puntos menos que en el régimen general, y que la ratio afiliados-pensionistas de este régimen es la más alta de todas, 2,94, con lo que en su conjunto es el régimen que en proporción está
más desequilibrado. En una situación como esta, la cuestión es que las diferencias son demasiado importantes. La no cobertura de la incapacidad parcial, las diferencias de las incapacidades totales, cuando las pensiones por incapacidades son
sustituidas por indemnizaciones, los cálculos de la base reguladora, la imposibilidad de prejubilarse y el sistema de desempleo están creando un escenario que es preciso y urgente abordar. Señorías, el autoempleo como forma de trabajo y las
circunstancias de los nuevos espacios laborales que se han promocionado, tanto desde las administraciones como desde las empresas con sus externalizaciones, no se deben identificar con la indefensión, con las dificultades de la soledad empresarial o
con la individualización de los trabajadores autónomos, o sea, con diferencias en los beneficios de los sistemas de prestaciones. Es evidente que existe una desproporción entre el ritmo de crecimiento del trabajador autónomo y de la autoocupación
con las garantías de seguridad y prestación de su modo laboral. Todos sabemos que además es una recomendación del Pacto de Toledo que tenemos que abordar, teóricamente la estamos abordando, y tenemos que decidir, y mejor que lo hagamos ya cuando
tenemos una situación relativamente cómoda desde la propia estructura de la Seguridad Social, como he comentado, y sobre todo cuando
podemos establecer las estrategias para un sistema más justo y equilibrado, en este caso concreto el de los trabajadores autónomos, sin olvidar la contributividad y la sostenibilidad del propio sistema de la Seguridad Social. Por todo ello
votaremos, como ya he indicado, a favor de esta proposición no de ley, con el fin de que se abra un debate para concluir con un estatuto que abarque toda la realidad y también todas las especificidades de los trabajadores autónomos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, en este momento tratamos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en un debate que nosotros consideramos repetitivo, toda vez que el pasado día 20 de junio en este
mismo Pleno debatimos el acuerdo de la Comisión de Economía por el que se aprobaba el informe de la subcomisión que estudiaba la problemática de la microempresa, del emprendedor y del trabajador autónomo, como decía el señor Sánchez i Llibre, desde
el mes de abril de 2000. Durante dos años trabajamos arduamente, recibimos al sector, nos esforzamos en ser receptivos a sus justas demandas y, finalmente, plasmamos todo aquello en un documento que votamos en este Pleno. También votamos, señor
Pla, un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista que tiene una redacción idéntica al texto de esta proposición no de ley. Por ello debo decir claramente que es un debate repetitivo. Por otra parte, esta proposición no de ley es
contradictoria con los propios hechos de la gestión de los gobiernos del Partido Socialista, y lo es incluso con el voto dado al informe final en este Pleno, ya que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se aprobaron determinados aspectos del
mismo como las cuestiones económico-financieras, las administrativas y aquellas relacionadas con la Seguridad Social de los autónomos. También juzgamos esta proposición no de ley como poco ambiciosa e incluso perjudicial en determinados aspectos
para los intereses de los trabajadores autónomos.
Como cuestión previa y de tipo estrictamente jurídico no se puede comparar el Estatuto de los Trabajadores con la pretensión de un estatuto de los trabajadores autónomos. El Estatuto de los Trabajadores es una auténtica ley de relaciones
laborales que regula justamente los elementos del contrato de trabajo, las relaciones entre el empleador y el trabajador, todo ello presidido por las relaciones de ajenidad, y su ámbito es estrictamente laboral. Ustedes plantean un estatuto, una
gran norma que abordaría nada más y nada menos que cuestiones fiscales, administrativas, laborales, de Seguridad Social, económico-financieras y de formación. Una amalgama imposible de condensar en un texto. Esto lo vimos en el seno de la
subcomisión y por ello no lo plasmamos en el informe. Por el contrario, sí creemos y estamos persuadidos de que podemos trabajar y estamos trabajando en cada uno de los ámbitos concretos de actuación. Por ello, citando el primero y más importante
de ellos en materia de Seguridad Social, desde que tenemos responsabilidades de Gobierno en la Administración central en el año 1996 no nos hemos dormido, sino que hemos hecho todo lo posible para ir aproximando la acción protectora del régimen de
autónomos al régimen general. Por eso hemos unificado el sistema de cálculo de las pensiones de jubilación e invalidez; por eso hemos reconocido la prestación de paternidad en el RETA en los mismos términos que el régimen general; por eso hemos
garantizado 14 pagas a los autónomos como el régimen general y también hemos reconocido a las trabajadoras autónomas la posibilidad de disfrutar de la prestación de riesgo durante el embarazo. Pero quedaba mucho por hacer. Por eso ese informe de
la subcomisión que hemos votado no nos ha servido simplemente como un documento para tener en un cajón o presumir en un determinado momento, sino como guía de trabajo. Ese es el auténtico estatuto del trabajador autónomo, de la microempresa y del
emprendedor que nos sirve de guía. Nosotros no nos hemos quedado dormidos sino que hemos plasmado en textos legales muchos de los aspectos demandados por los trabajadores autónomos. El más significativo, la extensión de la cobertura de accidentes
de trabajo y de enfermedades profesionales, lo hemos plasmado en la Ley de medidas fiscales y administrativas, en un texto que será vinculante, dando así respuesta legal a una demanda justísima e histórica de este colectivo. Lo mismo hemos hecho
con la incapacidad permanente total cualificada, que también en la Ley de medidas hemos introducido para los trabajadores autónomos del mar y para los trabajadores autónomos agrarios y que haremos por vía de real decreto -porque ese es el rango
normativo que habremos de utilizar- para el resto de los trabajadores autónomos. Lo mismo vamos a hacer en relación con lo que citaba el señor Sánchez i Llibre. Hemos aprobado también en ese debate de la Ley de medidas realizar, en el primer
trimestre del 2003, un estudio que regule adecuadamente la situación del trabajador autónomo dependiente y también la posibilidad de crear un fondo de garantía por causas objetivas que cubra las contingencias de este importante colectivo de
trabajadores. Por cierto, estas tres medidas a las que acabo de hacer referencia no contaron con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y son traducciones legales de propuestas de los autónomos que incluso ustedes votaron en esta Cámara al
aprobar el informe de la subcomisión. Quiero comprometer una vez más en esta tribuna la responsabilidad
que ha adquirido el Gobierno del Partido Popular de que haya una cobertura adicional de la incapacidad laboral transitoria desde el cuarto hasta el día quince para aquellos que lo soliciten, algo que era necesario y que ustedes, por mucho
que ahora pretendan imputar a otro responsabilidades, pudieron abordar desde sus responsabilidades de Gobierno y no lo hicieron.
Quisiera también referirme a otros aspectos de su proposición no de ley que usted ha eludido por completo, las cuestiones fiscales. El tratamiento fiscal que el Gobierno del Partido Popular ha dado a los emprendedores, a los autónomos y a
las pymes es bien diferente al que recibió durante muchos años de gobiernos socialistas. El más significativo, un compromiso de nuestro programa electoral que está plasmado en un texto legal, es la supresión del impuesto de actividades económicas.
Señor Pla, estará satisfecho, como yo lo estoy como diputado ourensano en mi provincia, ya que se van a beneficiar de dejar de pagar el IAE 19.764 contribuyentes, y debe alegrarse de que en la Comunidad Autónoma Valenciana, a la que tiene el honor
de representar, el 94 por ciento de los contribuyentes dejan de pagar el IAE. Son 245.601 en total y de ellos 176.566 son autónomos valencianos, personas físicas que dejan de pagar. Esto es algo que reivindicaban y que se hace desde la decisión de
una medida tomada por un Gobierno que quiere favorecer la actividad económica y que los emprendedores puedan tener un mayor futuro. Usted lo pasa totalmente por alto en su intervención, pero le recuerdo que en el texto de su proposición no de ley
no plantean la supresión del IAE, plantean unas deducciones de las cuotas que como dije antes son bastante perjudiciales para los intereses de los autónomos.
Hay otros aspectos básicos en las reivindicaciones de este colectivo, la simplificación administrativa, un marco que posibilite que cuando inician una actividad empresarial el patrimonio personal esté separado del patrimonio afecto a la
actividad empresarial. Esto se materializa no en palabras del Gobierno, se materializa en textos como el proyecto de ley de nueva empresa que está actualmente en esta Cámara. Es un proyecto de ley que brindamos no sólo a aquellos que quieren
iniciar una nueva actividad empresarial, sino a muchos autónomos que desean convertir su situación individual de persona física en una situación más segura de persona jurídica. No nos vamos a contentar simplemente con brindar un marco jurídico.
Queremos además establecer un conjunto de beneficios fiscales y por ello el proyecto de ley de la nueva empresa incorpora un conjunto de ventajas como son aplazamientos y fraccionamientos en el impuesto de sociedades, en el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados referidos al momento de su constitución, y también aplazamientos y diferimientos sin garantías en el caso de los rendimientos por actividades profesionales de las retenciones del IRPF.
Por
tanto, si estamos abordando desde la responsabilidad de la acción de gobierno cada una de las demandas que tiene el colectivo de los autónomos en el campo de la Seguridad Social, en el campo de la fiscalidad, en el campo de la simplificación
administrativa, unido a los incentivos que se están estableciendo en el orden económico-financiero y otras materias no menos importantes como la formación y la prevención de riesgos laborales, estamos dando cumplida respuesta, pero no la respuesta
voluntarista que se plasma con la aprobación de una proposición no de ley etérea, difusa y menos ambiciosa que los acuerdos tomados por el Pleno de esta Cámara, sino con compromisos serios y firmes.
Termino mi intervención diciendo, señor Pla, que estos compromisos del Partido Popular, traducidos en acción de gobierno que se van a materializar una vez que esta legislatura cumpla el tiempo fijado, porque todavía nos quedan muchos pasos
por dar, en la medida en que se cumplan, los autónomos, que ya valoran hoy y que manifiestan abiertamente esa sensación de que por fin están siendo escuchados, nos sirven una vez más de acicate para seguir cumpliendo, para seguir comprometiendo y
para seguir atendiendo a lo que nosotros hemos definido siempre como la columna vertebral de este país, que es el colectivo de autónomos, el colectivo de pymes y el colectivo de emprendedores.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Delgado.
Señor Pla, en su intervención manifestó que no aceptaba la enmienda de sustitución. ¿Es así? (Asentimiento.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la elaboración del Estatuto del Trabajador Autónomo, en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 119; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL IMPULSO DE MEDIDAS ORIENTADAS A LA
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.
(Número de expediente 173/000166.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso
de medidas orientadas a las mejoras de la protección de los derechos de los animales de compañía. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Martí.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada, durante la interpelación que da origen a la moción que ahora debatimos, mi grupo parlamentario valoraba de forma positiva el compromiso político explícito muy claro, proclamado por el ministro de Justicia señor
Michavila, en el sentido de traer a esta Cámara en próximas fechas la reforma del Código Penal con la incorporación de las modificaciones oportunas de los artículos relativos a los actos contra los animales; en concreto el ministro señor Michavila
se refería a los artículos 337, 625 y 632 de este Código Penal. De una manera especial valoramos el compromiso del ministro -que por suerte consta, como no puede ser de otra forma, en el 'Diario de Sesiones'- relativo al futuro establecimiento de
un tipo penal básico para las acciones punibles de maltrato a animales domésticos y de un segundo tipo penal agravado en caso de lesiones graves, lesiones invalidantes o con resultado de muerte. También nos congratulamos de la próxima aprobación
del proyecto de ley de protección de los animales, que deberá ser, como no podía ser de otra forma -y en esto sí que hay un claro consenso con todos los grupos-, plenamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y de los
parlamentos autonómicos que en su gran mayoría, recuerdo, ya han legislado al respecto. En todo caso, se tratará de un proyecto de ley que también llegará a esta Cámara próximamente pero que no es responsabilidad directa del señor ministro de
Justicia, sino que lo va a ser del ministro de Agricultura.
Después de que miles de personas y entidades de este país hayan trabajado incansablemente durante estos últimos años con el punto de mira puesto en la mejora del trato a los animales, y después de los trabajos e iniciativas parlamentarias
tramitadas en esta Cámara durante este año 2002, desde que se produjeron los salvajes atentados contra los quince perros de la protectora de Tarragona -quiero recordar que muchas de estas iniciativas han sido impulsados por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió-, después de este año de lucha, de trabajo, de búsqueda de consenso, comprenderán SS.SS. que este portavoz y el Grupo Parlamentario Catalán expresemos nuestra satisfacción por el compromiso político asumido por el
Gobierno al que antes me refería, compromiso político que, si me perdonan SS.SS., seguramente no es en absoluto ajeno a la existencia, al equilibrio y a la ponderación de las propuestas y de los planteamientos hechos por este portavoz y por el Grupo
Parlamentario Catalán.
En esta línea de concretar esos avances y esos compromisos políticos, mi grupo parlamentario ha presentado una moción que consta de tres apartados. El primero incluye un reconocimiento a los organizadores y a las consideraciones aprobadas
en la primera conferencia internacional que tuvo lugar en Barcelona sobre la protección legal de los animales en España. Esta conferencia internacional, que fue organizada sólo por dos entidades, responde a los objetivos compartidos por una gran
cantidad de entidades o asociaciones protectoras de animales en todo el Estado. Por tanto, este reconocimiento debería ser extensivo, como luego plantearemos en la transacción que anunciaré, al resto de entidades animalistas y protectoras de
animales. El segundo apartado se centra en la modificación del Código Penal al objeto de tipificar como delito el maltrato a los animales de compañía. También especificamos que sea tipificado como falta el abandono de animales por parte de sus
propietarios, así como elevar las sanciones económicas aplicables a este tipo de conductas. Estos objetivos, aunque son muy concretos, deberían encajar perfectamente en el marco del compromiso genérico asumido por el señor ministro de Justicia la
semana pasada en esa tribuna cuando debatíamos la interpelación anterior a esta moción. En el apartado tercero de la moción se insta al Gobierno a aprobar ese proyecto de ley general de protección de los animales, al que también me refería
anteriormente. Dicha iniciativa, a tenor de la intervención del ministro de Justicia la semana pasada, entendemos que tendrá entrada en esta Cámara en breve plazo, en concreto esperemos que en el próximo período de sesiones. Si se confirma
habremos conseguido una reclamación que desde hacía años que se planteaba no solamente por los grupos parlamentarios de esta Cámara sino especialmente por esos centenares de entidades animalistas, protectoras de animales, y de la sociedad civil
española organizada, que entiende que no podemos ser casi el único país de la Unión Europea sin tener una ley general de protección de los animales como, repito, pasa en el resto de países de nuestro entorno geopolítico.
Esperamos pues que el Grupo Parlamentario Popular, por coherencia con lo expresado por el ministro de Justicia, asuma los objetivos de la moción en la parte
más sustancial de la misma con la transacción a la que hemos llegado, que obra en poder de los servicios de la Cámara. Mi grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario Popular hemos podido llegar a un acuerdo muy satisfactorio que debería
confirmarse ahora con la votación subsiguiente y confirmar así esa predisposición del Gobierno ratificando el compromiso asumido por el ministro la semana pasada. Desearíamos que esta moción que ahora debatimos pudiera ser aprobada por unanimidad
de la Cámara, con lo que se proyectaría ese consenso que hemos estado buscando desde el día en que presentamos la primera iniciativa parlamentaria en esta Cámara.
Creemos que lo vamos a conseguir. No obstante, estaremos contentos de que el texto
transaccional que hemos presentado pueda aprobarse en sus términos y de esta manera confirmar ese compromiso, repito, asumido por el señor ministro en la interpelación de la semana pasada. Estamos desde hoy, y en el plazo asumido por el señor
ministro, a la espera de que el Gobierno traiga a esta Cámara la modificación del Código Penal para poder debatir con más serenidad el alcance de las reformas que se nos propongan. Por todo ello, mi grupo parlamentario se enorgullece de haber sido
la espoleta parlamentaria -si me permiten la expresión- que va a hacer posible esta modificación legal en breve plazo. Esperemos que de una vez por todas tengamos esta modificación y seamos cómplices de la gran mayoría de la ciudadanía española que
nos lo pide desde hace mucho tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, señor Martí, ya le advertí cuál iba a ser nuestra posición en este debate, pero quiero decirle de manera más pública y para que conste en el 'Diario de Sesiones' que sentimos
profundamente que hayan perdido la oportunidad de conseguir el consenso que merece esta materia en esta Cámara al haber cambiado la moción que presentaron como consecuencia de la interpelación de hace una semana. Lógicamente están en su derecho de
hacerlo, pero sentimos profundamente que sea así. Es nuestra opinión.
Quiero que sepan que nosotros damos mucha importancia a este tema. Para nosotros no es un tema menor el hecho de que el Parlamento decida de manera definitiva y con una actitud cívica la forma de concienciar a los ciudadanos por vía también
penal para que sepan que toda actitud de barbarie o de salvajismo en el maltrato cruel de animales tiene un reproche penal. Así lo dijimos en este Parlamento hace más de ocho meses; así lo hemos venido diciendo a las asociaciones de protección de
los animales, que han hecho un enorme esfuerzo, por cierto, para llegar a esta Cámara y concienciar a los representantes del pueblo de que este no es un tema pequeño; y así hemos estado esperamos que el Gobierno, que lo prometió en su día, hiciera
los cambios que merece el reproche a la actitud de barbarie que se produce en muchas provincias de nuestro país con el maltrato cruel y sin piedad a los animales. De la interpelación de hace una semana, escuchada en su momento y leída después con
detalle, deducíamos claramente un compromiso, esta vez sí, del ministro para acceder a través de una iniciativa parlamentaria y prever, por fin, la sanción penal para este tipo de actitudes. Consecuente con ese compromiso, el grupo que hoy toma la
iniciativa en esta Cámara nos había hecho llegar una moción que nos parece profundamente defendible y en la que venía a arbitrar ya un sistema de plazos obligando a la Cámara y al Gobierno a revisar el sistema de penas que concluyera en dos meses,
de manera que el Código Penal por fin sancionara estas actitudes salvajes.
Advertía también esa moción que este Parlamento debería también sancionar el abandono de los animales en forma de falta. Por último, la moción reclamaba un plazo a este
Parlamento para que el Gobierno remitiera el proyecto de ley general de protección de los animales. Estábamos absolutamente de acuerdo con esta moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y así se lo manifestamos a su grupo,
porque entendíamos que era bueno para todos y que ponía de manifiesto realmente el compromiso del Gobierno el hecho de que tuviera plazo. Pero hoy, hace poco tiempo, se nos remite una nueva enmienda transaccional -sospecho que pactada, lógicamente,
con el Partido Popular- en la que se renuncia a este compromiso en términos de plazo. Por tanto, se varía por completo el compromiso del Gobierno y se solicita que la Cámara reduzca su compromiso con las asociaciones de vecinos y sobre todo con el
civismo en la lucha contra el salvajismo y la barbarie, y se reduce a hacer una campaña institucional, a remitir un proyecto de ley de protección de animales sin fecha, cuando ya este Parlamento, en la Comisión correspondiente, decidió el 10 de
abril que el Gobierno tenía que remitirla de manera inmediata, y por último se subraya un extraño léxico, que es que el Parlamento reconozca el compromiso del ministro de Justicia -imagino que del Gobierno- con referencia al arbitrado en la
interpelación urgente de hace una semana. Con un extraño lenguaje -si se me permite, dicho sea, por supuesto, sin ningún tipo de acidez- se solicita del Parlamento que aplauda con esmero las decisiones y los compromisos del Gobierno, que, por
cierto, no ha venido cumpliendo en el término de ocho meses.
Pues bien, esta enmienda transaccional no recoge la sanción penal que tiene que tener también el abandono
a los animales, que, por cierto, no ha sido objeto de compromiso por parte del ministro de Justicia en la interpelación parlamentaria de hace una semana, y eso nos obliga, señorías, sintiéndolo profundamente, a abstenernos en la votación de
la iniciativa que presentan sus señorías.
Mantenemos nuestra enmienda porque consideramos que con ello defendemos mejor las posiciones de quienes con un enorme esfuerzo han remitido al Parlamento más de 600.000 firmas pidiendo cambio legislativo, y
además obligamos más al Gobierno manteniendo nuestras iniciativas -hay dos en la Cámara que penden todavía del debate parlamentario- a que de manera definitiva cumpla con sus compromisos, que se produjeron en abril del año 2002.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, su tiempo ha concluido. Le ruego termine.
El señor BARRERO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
¿Grupos que desean fijar posición? (El señor De Luis Rodríguez pide la palabra.)
El Grupo Parlamentario Popular no figura como enmendante, señor De Luis.
En el guión del debate que tengo no figura ninguna enmienda presentada.
Puede ser un error.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Lo es.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Luis.
¿Puede hacer llegar a los servicios de la Cámara la copia de la enmienda, por favor? (Asentimiento.-Pausa.)
Efectivamente, señor De Luis, no se le había hecho llegar en la ordenación del debate a la presidencia la enmienda de su grupo.
Tiene usted la palabra.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Subsanado este pequeño error, quiero reconocer en primer lugar que la interpelación de Convergència i Unió del miércoles pasado ha hecho posible que esta Cámara pueda debatir una vez más en torno a la necesidad de mejorar el nivel de
protección de los animales en nuestro país. No quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar la rotunda condena de mi grupo parlamentario de los comportamientos de crueldad innecesaria con los animales. Nos reafirmamos en la opinión manifestada en
debates anteriores respecto a que estos comportamientos responden a actitudes individuales y no son comportamientos generalizados.
En cualquier caso, estamos en el trámite de presentación de enmiendas, y la enmienda que ha presentado mi grupo y que ha dado lugar al breve desconcierto al inicio de mi intervención propone que el Pleno valore y reconozca el compromiso
político asumido por el ministro de Justicia en el debate de la interpelación. El segundo planteamiento que nuestra enmienda contempla es ratificar, como no podía ser de otra forma, el compromiso de esta Cámara en la Comisión de Justicia, a
iniciativa de mi grupo parlamentario, de instar al Gobierno a remitir a la Cámara en el menor tiempo posible una ley de protección animal de ámbito estatal. La redacción de este proyecto de ley y los trabajos preparatorios del mismo encuentran
dificultades por las competencias que tienen algunas comunidades autónomas.
La necesidad manifestada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que supongo que será compartida por todos los grupos de la Cámara, hará posible que, en el tiempo necesario, podamos contar en nuestro ordenamiento jurídico
con un proyecto de ley como el que defiende el señor Martí y que yo también propuse en la Comisión de Agricultura hace ya varios meses. La enmienda que defiendo y ofrezco al Pleno, y que ha sido objeto de transacción con el señor Martí, cuyo
talante dialogante, al tener una comunión de intereses, ha facilitado las cosas, contiene un punto tercero que mi grupo se permite aportar en este momento del debate. Tal y como hemos señalado en ocasiones anteriores en las que se ha debatido este
asunto, en Comisión e incluso en el Pleno en el mes de abril, mi grupo entendía que existía un tercer eje de trabajo, que era concienciar a los ciudadanos de nuestro país para que erradiquen de su comportamiento el maltrato a los animales. Creíamos
que elevar los parámetros de respeto a los animales era fundamental. Por eso la enmienda que hemos presentado esta mañana en el Registro contempla un mandato de la Cámara al Gobierno para que, en colaboración con las comunidades autónomas y con las
organizaciones no gubernamentales más significativas, pueda desarrollar una campaña que permita elevar los parámetros de respeto y protección de los animales entre los ciudadanos de nuestro país.
Naturalmente, nuestro planteamiento ha sido objeto de transacción con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y se plasma en una enmienda que ya conocen los grupos de la Cámara. Esta enmienda, como digo, nos permite ser
rotundos en la condena y coherentes con nuestros planteamientos, manteniéndonos en lo que consideramos una interpretación responsable y una administración igualmente responsable de la mayoría absoluta que mi grupo tiene aquí y en el Senado. Espero
que lo acordado con Convergència i Unió, que supone un paso más en el modelo para garantizar la protección de los animales, pueda contar con un
amplio apoyo parlamentario para acercarnos cuanto más mejor al objetivo que anima a Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario Popular, que es garantizar a nuestro animales un mayor grado de protección.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Luis.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Vasco se apunta a la actitud cívica y de respeto a los animales y cree poder asumir el texto de la moción acordado por la formación mayoritaria con el grupo proponente. Deseamos un trato no cruel y, si fuese posible, afectuoso
hacia los animales domésticos o de compañía, concepto este que, por cierto, habrá de ser definido si se pretende introducir como tipo delictivo en el Código Penal.
No obstante lo anteriormente expresado, no puedo dejar de hacer algunas reflexiones, dado que en ocasiones anteriores en las que se ha traído a la Cámara alguna proposición no de ley respecto a la modificación del Código Penal hemos sido
relativamente susceptibles o escépticos en cuanto a la posibilidad de la tipificación en el Código Penal. Siempre hemos manifestado que el texto del Código Penal ha de ser tocado lo menos posible y que a él ha de ir el reproche a los bienes y
valores de mayor altura o aquellos que en cada momento social tienen mayor aprecio en la sociedad. Revisarlo respecto a los animales domésticos puede estar bien, pero, aun pudiendo parecer tópica, no puedo olvidar que ayer se hacía referencia en
determinados medios de comunicación en relación con esta misma moción a que todavía hoy no consideramos feliz la tipificación que el Código Penal contiene respecto de bienes de mayor altura, a nuestro entender, como por ejemplo todo lo que hace
referencia a la consideración del maltrato a mujeres, habiendo sido el día de ayer el día internacional referido a la llamada violencia doméstica o violencia de género. De la misma forma, una vez que ha entrado en vigor el Estatuto de Roma, nos
parece una prioridad, antes de introducir el valor de respeto a los animales, el respecto a las personas y la modificación del Código Penal en relación con la tipificación de los llamados crímenes contra la humanidad, que también está requerido -por
lo menos esa es nuestra percepción- de conformidad con el Estatuto de Roma.
Un segundo orden de reflexiones se refieren a cómo por la introducción de este bien o valor de respeto a los animales en el Código Penal se quitan competencias que corresponden hasta ahora a las comunidades autónomas. El paso de la
infracción administrativa a la tipificación penal hace que lo que hasta ahora fuese título competencial de agricultura -y, por tanto, en mano de las comunidades autónomas- pase a ser título estatal por estar incluido en una ley orgánica respecto de
la cual existe reserva absoluta para las competencias estatales. Creemos que en muchos casos no está la represión mejor garantizada porque sea un tipo delictivo; la infracción administrativa, si es lo bastante dura, puede ser suficiente para
reprimir determinadas conductas, siempre que exista eficacia en su persecución, que es quizá lo que ha faltado en determinadas ocasiones, y no tanto que el tipo esté incluido en el Código Penal o en una norma que resulte administrativa.
Hay un tercer apartado que no voy a evitar mencionar por resultar impopular o por poder herir determinadas susceptibilidades, puesto que creo honestamente que es una percepción que mi formación política tiene respecto a esta cuestión. No lo
digo en referencia a los promotores de la iniciativa, y por supuesto el grupo parlamentario que la trae a esta Cámara tiene todo nuestro respeto y nuestro afecto, pero en determinadas ocasiones nuestra percepción, repito, es la de que las causas del
respeto o la defensa de los derechos de los animales -si es que así se les quiere llamar conforme a la modificación que ha hecho recientemente la Constitución alemana, mientras que mi formación política sigue sosteniendo que lo que está en juego son
derechos humanos, la propia sensibilidad humana respecto del maltrato que reciben los animales- han estado en demasiadas ocasiones aupadas por quienes, siendo personajes de relevancia internacional, se apuntan luego a opciones políticas que, desde
nuestra perspectiva, son abiertamente fascistas. No puedo tampoco dejar de decir que cuando se debatió en esta Cámara la proposición no de ley, quienes acompañaban la iniciativa de firmas -que no podía ser tramitada porque se trata de la
modificación de una ley orgánica- tuvieron, desde nuestra perspectiva, una actitud extraordinariamente violenta en las tribunas que impidió incluso que esta diputada pudiese subir a felicitarles por la iniciativa, a pesar de que entonces no era
objeto de aprobación por la formación política a la que pertenezco.
Por los tres órdenes de consideraciones que he hecho, nuestro entusiasmo, señorías, es relativo, pero consideramos que, pese a ello, ya que unas cuestiones no evitan otras, en este momento el tenor de la moción que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha convenido con el grupo mayoritario puede perfectamente ser asumido, si bien nos gustaría que quedasen como prioridades las que he manifestado en mi intervención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de medidas orientadas a la mejora de la protección de los derechos de los animales de compañía, en
los términos derivados del debate y de la enmienda transaccional que ha sido acordada entre el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 179; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A REDUCIR LAS BECAS EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS. (Número de expediente 173/000167.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique los motivos que han llevado al Gobierno a reducir las becas en las enseñanzas postobligatorias.
Para la presentación y defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Gracias, señora presidenta.
En el debate de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre recortes en materia de becas por el Ministerio de Educación, realizado la semana pasada, pudimos observar la dificultad de la ministra Del Castillo para dar
una explicación convincente sobre este asunto de especial sensibilidad para la ciudadanía. Esto es así ya que no se vieron refutadas las siguientes consideraciones: las becas son pocas y cada vez menos; las becas son de cuantías muy escasas;
para obtener una beca casi hay que rayar en la pobreza y las becas se gestionan tarde y mal. Ante ello sólo caben dos posturas: la de negar el problema, el recorte en las becas y que éste perjudica a los estudiantes, a sus familias y a las
universidades, como hace el Gobierno con su guerra de cifras y datos, y la que entiende que, evidenciado el problema y sus efectos tan negativos, hay que buscarle soluciones, como proponemos con esta moción. La Constitución dispone en su artículo
27 la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, y las leyes orgánicas que lo desarrollan contienen regulaciones concretas sobre un sistema de becas en los niveles educativos no gratuitos.
Hablamos de la
educación como un derecho fundamental y un índice de la calidad de vida de las personas. Lo han tenido muy claro nuestros padres al considerar unos buenos estudios como la mejor herencia que podían dejar a sus hijos, pero no siempre con querer se
podía, al existir diferencias socioeconómicas de origen entre las personas. De ahí la importancia de las becas para garantizar la igualdad de oportunidades, para paliar la carencia de recursos económicos y dar acceso a las aptitudes intelectuales.
Existe una coincidencia de los grupos en la crítica al deterioro observado en la política de becas del Gobierno Aznar, como se puso de manifiesto en la comparecencia del secretario de Estado de Educación y Universidades ante la Comisión de
Educación el pasado 25 de septiembre. El presidente de la CRUE denunció la situación señalando que pediría al ministerio una revisión y una mayor inversión para aumentar cuantitativamente las becas.
Otros rectores dijeron que la política de becas
del Gobierno tenía que dar un giro. Así, el de la Universidad de La Laguna advirtió que el sistema estatal de becas es insuficiente en la dotación, poco eficiente en su gestión y mejorable en cuanto a la equidad de su reparto.
Sindicatos,
asociaciones de padres y de alumnos han manifestado su rechazo al recorte. CEAPA lo calificaba de agresión contra las familias con las economías más débiles. Por dar ejemplos concretos, se congelan las becas Erasmus, que garantizan la movilidad de
los estudiantes españoles en la Unión Europea; más de la mitad de 3.000 estudiantes que habían sido preseleccionados para acceder a las becas Séneca se han quedado sin ellas y se enteraron 15 días antes de iniciado el curso, y también su duración
media se ha visto reducida; decenas de miles de alumnos con rentas muy bajas de toda España, de bachillerato, de FP y de universidad, en este caso 8.000 jóvenes del primer curso, se quedaban sin beca compensatoria, con lo que veían frustradas sus
expectativas de futuro, y una circular de 28 de mayo endurecía las condiciones para lograr tales becas. En seis años del Gobierno del PP los universitarios becados por el Ministerio de Educación se redujeron un 22 por ciento, al pasar de 283.226 en
el curso 1995-96 a 220.552 en el 2001-2002. Tal caída de más de 62.000 becarios se ha producido entre dos cursos en que el número de universitarios se ha mantenido en torno al millón y medio de matriculados. Y las cuantías medias de las becas se
han visto reducidas de 622 a 497 euros. Nos sorprende, señorías, que España sólo conceda becas al 15 por ciento de sus alumnos, casi tres veces menos que la Unión Europea, que lo hace al 40 por ciento, y que nuestra cuantía de la beca por alumno
sea cuatro veces inferior a la europea. El problema de fondo es que el actual Gobierno no dedica dinero suficiente para becas y va parejo con las inversiones en educación, que son inferiores a la media de la Unión Europea y de la OCDE. Según esta,
el gasto universitario en España en 1999 era la mitad que el de Estados
Unidos, incrementándose la diferencia que nos separa de la Unión Europea porque España destina a la enseñanza superior el 0,9 por ciento del PIB, mientras que la media europea es del 1,4 por ciento. El PP no ha sabido aprovechar el clima de
bonanza económica y nuestro país ha desperdiciado una oportunidad de oro para recuperar su inversión en educación. La pirámide social de la universidad española nos muestra que el 75 por ciento de sus estudiantes pertenecen a familias de la clase
media alta, mientras un 10 por ciento corresponde a las familias de clase media baja y sólo un 3 por ciento a familias especialmente desfavorecidas con becas compensatorias. Queremos corregir esta situación mediante una adecuada política de becas
que nos equipare con la media de la Unión Europea, ya que la cohesión social exige que la igualdad de oportunidades alcance a todos. España ha de esforzarse más en educación para formar su capital humano, que es la base del futuro, y en esa
aspiración ningún talento puede quedar excluido por razones económicas.
Nuestra moción busca la convergencia con Europa mediante un plan plurianual de inversiones a cinco años, 2002-2007, que la pertenencia a colectivos desfavorecidos sea una prioridad, pero no un requisito en las becas compensatorias y que se
repare este curso mediante un crédito extraordinario a quienes se les denegó en el pasado reuniendo los requisitos económicos. Hay que incrementar las becas de movilidad y adecuarlas a la singularidad de nuestras islas y comunidades autónomas.
Hay
que dotar más y mejor las becas Séneca y Erasmus, cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001 para mejorar la gestión e incrementarlas por encima de la inflación. Esto es posible, señorías, y por eso pedimos el apoyo de la Cámara para
nuestra moción, porque consideramos que el primer objetivo de la educación pública es hacer real la igualdad de oportunidades reconocida en la Constitución. Ello debería suponer para el Gobierno y para todos nosotros un deber de estricta justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Laseca.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, voy a intentar ser breve. Además, el tiempo lo impone.
En esta ocasión el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió felicita al Grupo Parlamentario Socialista por haber presentado esta iniciativa y comparte no sólo el espíritu que la anima sino su propia literalidad; incluso puede llegar a
compartir casi en su totalidad los razonamientos y los números que se incorporaron a la interpelación. Hay mucho juego de números cada vez que se habla de becas y, cuando se presentan las carencias graves que tiene la política actual del Gobierno
en materia de becas, el Ministerio de Educación responde con un juego de números con el que nosotros no podemos coincidir.
Vamos a intentar ser constructivos. Hoy lo que se propone es la adopción de una determinada política de becas hacia el futuro y vamos a intentar -eso sería lo bueno, aunque me temo que no vaya a ser así- que el Partido Popular reconozca que
hoy las cosas no son ni como dice que son ni como deberían ser en materia de becas. Ya lo hicimos notar en el debate de presupuestos, donde presentamos una enmienda para un incremento del 25 por ciento; decíamos que hubiera un doblaje en cuatro
años del total de los recursos dedicados a becas. Por tanto, ya viene de lejos la discrepancia de Convergència i Unió con la política del Partido Popular en materia de becas. Hemos dicho más de una vez que lo que más nos preocupa no es sólo, que
también, la reducción del importe dedicado a becas, sino especialmente el hecho de que se esté desvistiendo a un santo para vestir a otro y se estén sacando recursos, en términos globales, de las becas compensatorias para destinarlas a otro tipo de
programas y concretamente a las becas de movilidad.
Las becas compensatorias, señorías, tienen que ser el eje sobre el que se fundamente cualquier política de becas; las becas compensatorias son auténticamente lo que fundamenta una política social en el ámbito educativo, son las que permiten
corregir las desigualdades entre los estudiantes que no tienen el suficiente nivel de renta para poder acceder al estudio. Pero no se trata sólo de becar a los más pobres y miserables.
Se trata de tener, como tiene cualquier país desarrollado de
nuestro entorno y como tiene la media de la Unión Europea, una gran cantidad de estudiantes que accedan en condiciones de normalidad al estudio, sin tener que estar trabajando en ese momento para costearse los estudios.
Por más que se me diga que
eso sería la práctica habitual -a lo mejor sí en Estados Unidos-, ese no es nuestro modelo ni nuestra estructura laboral está pensada para eso. Por tanto, hay que bajar el nivel, hay que bajar el umbral de renta, para que puedan acceder más y hay
que dedicar más recursos para que pueda haber más gente que pueda acceder a esas becas. Más dinero en las becas compensatorias, mayor número de becas compensatorias y -aquí es donde encaja nuestra enmienda- revisión de los propios criterios de la
beca de movilidad. No impugnamos las becas de movilidad. Sí decimos que no queremos que los datos correspondientes a las becas de movilidad se falseen para hablar de política de becas en general. Además, hemos dicho más de una vez que las becas
de movilidad en muchos casos son injustas, porque pueden becar perfectamente a un estudiante de Lleida que se vaya a estudiar a Zaragoza
pero no becan a un estudiante de Lleida que se vaya a estudiar a las tierras del Ebro. Un estudiante de las tierras del Ebro que decide irse a estudiar a Lleida no tendrá beca pero sí la tendrá si se va a estudiar a Castellón. Es absurdo,
está basado sencillamente en un criterio territorial que no tiene sentido.
De ahí que nosotros propongamos como enmienda, aceptando el resto del texto de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que el punto cuatro -y, señora presidenta, enmiendo mi propia enmienda, como ya le he dicho de palabra
al portavoz del Grupo Socialista, porque había un error en la redacción de ese punto- quedara redactado de la siguiente forma: Incrementar los recursos destinados a las becas de movilidad interuniversitaria haciéndolas extensibles a los alumnos
residentes en las islas y a los que, perteneciendo a una misma comunidad, se matriculen en una provincia distinta de la de residencia. Entendemos que con esto queda reforzado y claramente perfeccionado el criterio de concesión de las becas de
movilidad. En segundo lugar, y ahora sí termino, proponemos la adición de un párrafo nuevo a la moción por el que se modifiquen las condiciones y requisitos que rigen actualmente las convocatorias, para modernizar su contenido e incorporar las
prácticas que rigen en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, más eficiencia, mejores criterios de concesión, más modernos, más eficaces en la forma de proceder y mayores recursos, sin ninguna duda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego comparte el contenido de la moción del Grupo Socialista y sólo tiene que hacer algunas pequeñas matizaciones, que son las que se plasman en nuestras enmiendas de adición. La primera es que debíamos perseguir el
objetivo de lograr que cuando menos un tanto por ciento de nuestros estudiantes similar a la media de la Unión Europea gozaran de una beca universitaria, lo que supone aproximarnos al 40 por ciento del total de los estudiantes universitarios. En
segundo lugar, nos parece que los umbrales de renta familiar que se presentan como condición sine qua non para acceder a las becas, especialmente a las ayudas compensatorias, son excesivamente bajos. Por darles una cifra elocuente, que familias de
cinco miembros sólo puedan tener unos ingresos de 10.000 euros anuales para que sus hijos puedan acceder a las becas compensatorias nos parece que es dejar solamente a los muchachos y muchachas que están en el umbral de la pobreza acceder a este
tipo de becas compensatorias.
Por último, hay que tener en cuenta que, especialmente en los estudios universitarios, las becas justifican la autonomía o por lo menos el intento de autonomía de los estudiantes universitarios, que deben planificar su vida con suficiente
antelación. Por eso pensamos que la resolución de las concesiones de becas y ayudas se debía realizar en debido tiempo y forma, para que los estudiantes puedan hacer frente por ellos mismos a los gastos que las justifican.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Grupo Parlamentario Popular, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, una vez más, tanto en el Pleno como en diferentes ocasiones en la Comisión de Educación, se han dado datos y cifras que algunos de los grupos no quieren conocer, especialmente el Grupo Socialista, incluso hoy,
que ha adoptado una forma en la forma muy correcta. El otro día escuchamos un vocabulario castelarino, como decir que los datos que daba la ministra eran de trileros, etcétera, pero no vamos a entrar en ello. Vamos a dar unos datos concretos y a
ver si éstos los toman ustedes del 'Diario de Sesiones', porque son los datos oficiales y pueden ustedes comprobarlos.
En el año 1996 se destinaban en España a becas y a ayudas 474,012 millones de euros, traducidas las pesetas de entonces a euros, y en el año 2003 se destinan 743.399.610 euros. Es decir, en ocho años ha habido un crecimiento del 56,75 por
ciento, en términos nominales, y, deflactando la inflación, del 29,37 por ciento, en términos reales. En el curso 1996-1997 -y eso que todavía los dos últimos cursos de la LOGSE no estaban en aplicación-, en España hubo 969.000 estudiantes con
beca; en el curso 2002-2003 hubo 1.283.650. En cuanto a la ratio por alumno de estas becas, en el año 1996 era de 54,6 y en el 2002 sube hasta 86,6, ganando 32 puntos. Señorías, a todos nos parecerá poco el esfuerzo que se haga en becas, pero si
comparamos el esfuerzo que se ha hecho, teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido en estos años, que ha sido baja, veremos el enorme esfuerzo que el Partido Popular ha hecho en cuestión de becas.
Me voy a centrar, porque no me da tiempo a repetir todos los datos que dio el otro día la señora ministra, en la moción del Grupo Socialista. En primer lugar, quiero decir que en el informe de la OCDE se señala que España es uno de los
países que combina el cobro de tasas bajas en las universidades con las ayudas a los estudiantes, directas o indirectas. Se citan países como
Dinamarca, Noruega, Reino Unido, donde el número de becas es superior porque estos países dan unas ayudas inferiores a las universidades; en cambio en otros países, como España y Francia, las ayudas a las universidades son mayores. En
España, el 90,7 por ciento -sacando una media- del gasto de cada universidad es aportado por todos los españoles con cargo a los diferentes presupuestos, fundamentalmente comunidades autónomas, y por eso las becas son inferiores. Por lo que se
refiere a las ayudas compensatorias, que también las ha citado el representante de Convergència i Unió, en el curso 1999-2000 en la universidad había 35.652 alumnos que recibían estas becas compensatorias; en el curso 2000-2001 había 48.000 y en el
curso 2001-2002 había 49.000. En conjunto, de 74.000 han pasado a 103.000 y 105.000 estudiantes. Me gustaría detenerme pero es absolutamente imposible por el tiempo de que dispongo.
En cuanto a lo que se dice en la moción respecto a dar cumplimiento a la sentencia, como ya dijo la señora ministra, el Ministerio de Educación y Cultura ha elaborado un proyecto de real decreto que se ha sometido a discusión a la
Conferencia sectorial de Educación, sin que se disponga todavía de un borrador de consenso. Y para no perjudicar a los alumnos se acordó por la propia conferencia encomendar al Ministerio de Educación y Cultura que las becas correspondientes al
curso 2003 se adjudicaran por el procedimiento seguido en concursos precedentes.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, muchas gracias.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Yo creo, señorías -y finalizo-, que el Partido Socialista está haciendo una gran demagogia en cuestión de becas. Que se mire al espejo de lo que hicieron ellos en los años de gobierno. Muchas gracias.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
Señor Martínez Laseca, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, nosotros aceptamos las enmiendas que presentan tanto Convergència i Unió como el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, por entender que en ambos casos se mejora y se completa la propuesta de nuestra moción.
Como ya se ha señalado por parte del portavoz de Convergència i Unió, se modifica el apartado número 4. Y hay que hacer una nueva ordenación, ya que se da la adición de un nuevo punto, que es el noveno. Los puntos 9 y 10 de la moción del Grupo
Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, vendrían a ser el décimo y el undécimo del texto final.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Laseca.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique los motivos que han llevado al Gobierno a reducir las becas en las enseñanzas postobligatorias, con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 122; en contra, 155.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA INFORMAR LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y MEDIDAS DEL GOBIERNO ANTE EL SINIESTRO DEL 'PRESTIGE' EN LAS COSTAS GALLEGAS. (Número de expediente 173/000168.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar las causas, consecuencias y medidas del Gobierno ante el siniestro del Prestige en las costas gallegas.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En la intervención del señor Álvarez-Cascos la semana pasada dijo que había cuatro criterios fundamentales para juzgar la actuación en esta catástrofe del Prestige. En primer lugar, la buena información sobre la situación; en segundo
lugar, la capacidad de dirección; en tercer lugar, la capacidad de decisión y, en cuarto lugar, la ejecución correcta de las decisiones. No parece, señorías, que estos criterios fuesen los preeminentes o determinantes de la actuación del Gobierno.
Primero, porque la información fue contradictoria entre los técnicos de salvamento marítimo y los de las empresas privadas Smit y Tecnosub. Segundo, porque hubo información contradictoria entre los Estados miembros de la Unión Europea y también
información contradictoria entre los vecinos afectados y las informaciones no oficiales u oficialistas y aquellas que daba
la Administración del Estado y sus medios próximos. Tercero, la dirección fue inexistente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) El Gobierno se contentó con que decidiesen los demás, especialmente en la
decisión de conducir el barco hacia el sur, extremo aún no explicado que sin duda está muy determinado por presiones políticas de todo tipo y no por argumentos de tipo técnico. Había que preguntarse quién manda en quién. Cuarto, la decisión que se
tomó es discutible pero sobre todo temeraria, teniendo en cuenta los medios con que se contaba. Alejarlo de la costa sin ir para el sur, no atreverse a dirigirse en dirección norte, sin capacidad de arrastre suficiente en muchos momentos y sin los
medios y las ayudas oportunas preparadas hablan de una decisión temeraria. Por tanto es imposible que la ejecución de las decisiones fuera correcta, a no ser que se trate de considerar correctos los resultados pasmosos a los que estamos asistiendo.
Hay muchos puntos oscuros, señorías, sobre responsabilidades en este caso que debían llevar a toda la Cámara a aceptar con tranquilidad y democráticamente una comisión de investigación, pero también debía hacerse una evaluación parlamentaria
de las consecuencias de la catástrofe; del control de la situación socioeconómica que se va produciendo en mi país; del impacto en concreto que se produce en la zona y de los efectos multiplicadores que va a tener esto, no solamente ahora, a corto
plazo, sino a largo plazo; y también del resultado de las medidas aplicadas y de las gestiones que está realizando el Gobierno para cambiar el marco. Esto es lo que perseguimos en nuestra moción con el punto 1, que los departamentos implicados de
la Administración central informasen y nos permitiesen debatir con el Gobierno sobre el control de la situación tanto en el momento del siniestro como durante la catástrofe y las consecuencias posteriores. El punto 10 va destinado a depurar
responsabilidades y a abrir la comisión de investigación, comisión de investigación que debe ser precisamente una de las características del Parlamento cuando los bienes públicos y colectivos están en juego. Es uno de los casos paradigmáticos que
no se puede resolver por la vía de la intervención judicial, que solamente tendrá consecuencias civiles o penales y en absoluto ninguna clarificación desde el punto de vista de las responsabilidades políticas sociales.
Un segundo bloque de nuestra moción va destinado a la cuestión de los medios y al control. No solamente hay que alejar el dispositivo de seguridad sino que, como opinan todos los pescadores, hay que prolongarlo cara al norte y cara al sur,
para que todo el tráfico marítimo no pase sobre los cantiles donde están faenando los barcos de pesca.
Continuamente esos monstruos se avalanchan sobre los pescadores y pueden constatar eso no excepcionalmente sino en sus labores cotidianas.
Igualmente, señorías, es necesario aumentar todos los medios con que cuenta Salvamento Marítimo. Continuamente se estuvo hablando de la falta de un barco anticontaminante. No se preguntan que sería mucho más fácil, por ejemplo, atreverse incluso a
acercar un barco al puerto, si se contase con todos los controles debidos; de esa forma se podía pensar incluso en una posibilidad de aceptar esa responsabilidad. Y está claro que, con los medios que hay, no se puede aceptar esa responsabilidad.
Ese es uno de los argumentos fundamentales en los que nos tenemos que basar para pedir más medios de control y más medios de prevención.
Ahora que se está acusando a la Xunta de Galicia de impasibilidad, creo que es el momento de lograr debatir el tema competencial. No es posible que un país con tan importante flota pesquera, con tanta costa, tenga un marco competencial tan
ruin. Que, viéndose afectados sus trabajadores del mar, a los cuales hay que atender desde el punto de vista de la Consellería de Pesca, no tenga sin embargo capacidad de colaborar y participar con el Gobierno central en el control de todo lo que
es nuestra plataforma marítima. Está después el bloque de las gestiones e iniciativas ante la Unión Europea, que no puede ser el camino escapista que siga el Gobierno para decir que él no tiene ningún tipo de responsabilidades. Efectivamente hay
que preocuparse del control de mercancías peligrosas en mares de la Unión Europea, de por qué razón no pueden trasladar las mercancías peligrosas barcos de conveniencia. Por cierto que el Gobierno del Estado español tiene muchos, a través del
registro de Canarias, señoría. Entonemos también el mea culpa. Y, desde ese punto de vista, que la Unión Europea cree el fondo de compensación.
porque estuvo dispuesto a crear la comisión a partir del desastre del Erika. O la ubicación de la
Agencia Europea de Seguridad en nuestro país.
Señorías, hay carencia en el real decreto-ley para enfrentar medidas de choque para los afectados en primera instancia. No se respetó en el real decreto-ley la moratoria de los créditos, como tampoco las exenciones en el impuesto de
sociedades. Pero hay otras muchísimas cosas que habría que tener en cuenta. Un plan de ocupación para las gentes a las que ahora se les va a pagar y que una de las cuestiones fundamentales, desde el punto de vista social, es que no estén
inactivos. Es fundamental si queremos mantener el tejido social vivo y una situación de la sociedad no con desánimo. Igual que, señorías, tenemos que enfrentar el problema de la economía sumergida, de tanta gente que con un permiso de pesca
deportiva estaba llevando a casa 50.000 ó 40.000 pesetas, que completaba una pensión ridícula, ruin, incapaz para mantener a los propios hijos. Muchas gentes de 55 años. Y es curioso que los que van a cobrar la paga de 100.000 pesetas hoy están
pidiendo que se atiendan esas demandas sociales.
Por supuesto, señorías, quiero decirles que no es posible que el Gobierno minimice la catástrofe y llegue incluso al ridículo de decir que no hay marea negra. ¿Se están dando cuenta de que reduciendo la trascendencia de la catástrofe se
está inviabilizando que se reclame realmente las consecuencias reales de la catástrofe? ¿No se está enterando el Gobierno de que manipular a la baja las cifras es debilitar la posición del propio Estado ante los tribunales y de los afectados
también frente al FIDAC? ¿No se da cuenta de eso? Señorías, les ruego que lean el punto concreto que va destinado a cómo habría que averiguar e indicar los parámetros de la catástrofe, para que vean ustedes que eso va a tener un efecto
multiplicador a largo plazo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Por último, señorías, quiero decirles que la Administración pública tiene que estar a la altura de las necesidades y de las angustias colectivas. Las instituciones democráticas se tienen que caracterizar por
esto.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señoría, le ruego concluya, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Y estamos, señorías, ante un asunto del máximo interés público, que es precisamente conseguir que una sociedad, que sus hombres y mujeres puedan seguir en su tierra. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rodríguez, su tiempo ha terminado ya.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ya me retiro, señora presidenta. No estamos hablando de asuntos de corrupción puntuales sino de una cuestión que afecta a cómo transforman la naturaleza y ganan la vida miles de ciudadanos de mi país, Galicia,
directamente afectados, ahora sí, por decisiones de este Gobierno. Y yo creo, señorías, que ustedes tienen que estar a la altura de las circunstancias. Si no, merecerán muy severas críticas y la petición de todo tipo de dimisiones. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda presentada por su grupo, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, señorías, el pasado 19 de octubre en esta tribuna fijaba la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la convalidación de un real decreto ley para cubrir indemnizaciones del Mar Egeo, diez
años después de aquel desastre. En mi intervención les decía lo importante que era la prevención. Fueron palabras premonitorias. A las tres semanas, el buque Prestige inunda las costas gallegas con una nueva marea negra de consecuencias
incalculables.
¿Qué pasó en Galicia el 13 de noviembre? Un buque cargado de fuel en situación de emergencia, un barco que, pese a la brecha amenazante, estuvo ocho días a flote. Ocho días perdidos de un lado para otro sin que nadie informe ni asuma la
responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI el Gobierno de una potencia como España no sea capaz de convocar con urgencia a técnicos nacionales, internacionales, con experiencia, que los hay, y escucharlos y
tomar las mejores decisiones? ¿Cómo es posible que se deje el barco al azar? Hará un peregrinaje sin rumbo, sin recabar ayuda internacional cuando la escasez de medios propios no fueron capaces ni de virar el barco. Hubo tiempo, señorías, no fue
una rotura inminente, ni un hundimiento súbito, fue la pasividad del Gobierno la que propició la desgraciada situación que hoy vivimos en Galicia. Es más, su irresponsabilidad les llevó y les lleva a querer ocultarlo, a minimizar un desastre bien
evidente. Un Gobierno que pasa de las declaraciones surrealistas del ministro de Pesca a la ausencia del señor Álvarez-Cascos ¿Dónde estaba? Tomando decisiones no. O la visita tardía del ministro de Medio Ambiente. (Aplausos.), comprobando,
guante en mano, la calidad del crudo, y un presidente del Gobierno que aún hoy no ha pisado Galicia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Y todo el Gobierno gallego desaparecido. ¿Dónde estaba el Gobierno gallego? (Un señor Diputado: Cazando.) Ahora
nos enteramos que el presidente, con dos consejeros, posiblemente el de Medio Ambiente incluido, de cacería. Eso sí, recibiendo lecciones de expertos armadores en transportes de hidrocarburos. ¡Qué tremenda irresponsabilidad, señorías! (Aplausos.)
¿Será verdad eso de que tenemos lo que nos merecemos? No, no hay resignación en Galicia. En Galicia hay desolación, hay caos y hay un clamor de rabia e impotencia ante el abandono.
¿Se atreven a decir que no hay marea negra, señorías? Es un desastre ecológico, económico y social de incalculables dimensiones. Vayan a Malpica, a Muxía, a la comarca de Bergantiños y comprueben la sabiduría popular. Hoy desgraciadamente
vemos impotentes cómo, ante las consecuencias de la marea negra, tampoco actúa, tampoco existe Gobierno, ni aquí, ni en Galicia. Vivimos la mayor precariedad de recursos materiales y humanos para asumir tareas de limpieza, tareas de control, tareas
de coordinación, cómo limpiar, cómo depositar los residuos.
Cientos de voluntarios comprometidos desisten de su función por impotencia.
No hay capacidad de respuesta política ante una catástrofe de esta envergadura, además, previsible. Saben de sobra el riesgo que acecha nuestras costas. ¿Cómo es posible que en doce años de Gobierno en Galicia no exista un protocolo de
actuación inmediata en casos de emergencia? Todo es achacable al viento, al mar, y luego el señor Santiago resolverá.
Desgraciadamente no hay previsión, no hay coordinación, no hay inversiones, gestionan la nada y eso, señorías, siempre es un
fracaso.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista van encaminadas a enriquecer la moción presentada por el Grupo Mixto, y pido el apoyo de los grupos para su aprobación. Intuyo que nadie cuestionará el punto 14 solicitando la
implantación del doble casco el 1 de enero de 2003, como ha propuesto la comisaria doña Loyola de Palacio; o la ampliación del Real Decreto-ley para paliar la situación tras posteriores evaluaciones; o establecer un protocolo de salvamento
marítimo de actuaciones inmediatas; o la creación de la Agencia de Seguridad Marítima en España, concretamente en Galicia, por citar algunas de ellas.
Señorías, encaren con valentía la situación. Tómenlo como bandera, como se ha hecho en Estados Unidos con el Exon Valdés y tendrán nuestro apoyo.
Más rigor, más exigencias nacionales e internacionales; menos complacencias con los grandes
intereses económicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Su tiempo ha concluido, señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Marón.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de la enmienda presentada por su grupo, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora portavoz del Grupo Socialista, año 1987, la tragedia del Casón en Galicia, Gobierno socialista; año 1992, la tragedia del Mar Egeo, Gobierno socialista. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, ni siquiera pagaron las indemnizaciones
(Aplausos.), tuvo que hacerlo el Gobierno del Partido Popular diez años después.
Nadie puede creerles que a estas alturas Fraga no se preocupe de Galicia.
Toda su inmensa cultura, reconocida por todo el mundo, toda su inmensa experiencia, toda su inmensa capacidad de trabajo la ha puesto al servicio de Galicia, y así lo
ha reconocido el pueblo gallego marcando hitos históricos en la política de nuestro país. (Aplausos.) Por reconocerlo, lo ha reconocido hasta el alcalde de La Coruña, Señorías.
Seamos serios, hace unas semanas se aprobaba aquí por unanimidad una proposición de ley con trece importantes puntos, once a propuesta de una enmienda del Grupo Popular, y uno del Bloque, tendentes a paliar de inmediato los daños ocasionados
y a evitar que estos desastres puedan volver a repetirse. Ya señalamos entonces cómo el Gobierno procedió desde el primer momento a adoptar de forma urgente y coordinada acciones y medidas adecuadas a la situación de emergencia producida. Pensando
en miles de damnificados, de forma inmediata el Gobierno aprobó el viernes un Real Decreto en un tiempo récord, sin precedentes en situaciones similares, como les hemos recordado. Al mismo tiempo estaba trabajando de forma rigurosa, de forma
integral para luchar contra la contaminación marina, para luchar contra la extracción del fuel, en unas condiciones climatológicas muy adversas, y desde luego contando con criterios técnicos, no con opiniones políticas, sino con el rigor y con el
asesoramiento de expertos, que es como tiene que trabajar un gobierno serio. Como saben, también se han creado grupos técnicos para seguir abordando y controlando la situación.
Hoy se trae una moción en la que se reiteran muchos puntos que están ya aprobados en la proposición no de ley del otro día; en otros, no considera nuestro Grupo que sean pertinentes, porque el Gobierno ya se ha anticipado. Ahí está ese
Real Decreto mencionado; ahí están las medidas contempladas en el nuevo Plan nacional de salvamento de 2002 a 2005, aludido también por el ministro de Fomento.
En el tema de seguridad conviene recordar que ha sido este Gobierno y no otros el que ha puesto en marcha, por ejemplo, la Comisión Nacional de Salvamento, el que aprobó en este país el primer Plan nacional de contingencia por contaminación
marina. No parece coherente, no tienen credibilidad, que quienes no tomaron ninguna iniciativa cuando pudieron y cuando debieron tomarla aparezcan ahora con argumentos oportunistas y demagógicos. Se trata, por tanto, de responder de forma
inmediata y coordinada, como está haciendo el Gobierno, desde el primer momento y con total transparencia. Por ello, no podemos apoyar la petición de una comisión de investigación, porque toda la información se ha dado de manera puntual y porque en
este trámite, entre otras cosas, tampoco proceden estas cuestiones.
Llegan tarde, señorías de la oposición, porque por primera vez España está tomando todas las medidas técnicas, jurídicas, administrativas y diplomáticas para paliar los problemas y los efectos de un siniestro verdaderamente grave. Es bueno
recordar que España, desde que gobierna el Partido Popular, está liderando en los consejos de Transporte de la Unión Europea la adopción de una serie de medidas urgentes para mejorar la
seguridad. Además, para que esto no vuelva a suceder, nuestro grupo presenta hoy una enmienda con once importantísimas medidas claras y contundentes, puntos que van desde la puesta en marcha de la agencia de seguridad, hasta la implantación
de medidas adoptadas como consecuencia de los paquetes de Erika I y de Erika II. Por cierto, si se hubieran aplicado, el Prestige no habría podido circular desde el 1 de septiembre de 2002; medidas vitales que complementan las aprobadas el martes
pasado y que España ha vuelto a pedir sin rodeos, sin fases transitorias y desde la contundencia en los organismos adecuados. Por ello, pensamos que deberían ser aprobadas, porque ante un desastre lo que se espera de una oposición es la
colaboración para evidenciar una unión, un apoyo, y no para beneficiarse... (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Sainz, su tiempo ha terminado.
La señora SAINZ GARCÍA: No para beneficiarse el Gobierno, sino para beneficiar al pueblo gallego, al pueblo español. (Rumores.) El debate político es legítimo... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Señora Sainz...
(Rumores.)
La señora SAINZ GARCÍA: ¡Faltaría más, enriquecerse desde la verdad y no desde... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Hagan el favor de guardar silencio, señorías. (Rumores.) Señora Sainz, su tiempo ha concluido.
La señora SAINZ GARCÍA: Ese es, sin duda, el empeño del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores. -Aplausos.) Apoyar medidas de verdad positivas... (Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón):Señora Sainz, no está en el uso de la palabra... (Protestas.-Aplausos.)
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde que la semana pasada se debatieron las proposiciones no de ley, a algunas de las cuales ha hecho referencia la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y la interpelación previa a esta moción sobre la catástrofe del
Prestige, todas las noticias que nos llegan no hacen más que ensombrecer el panorama actual y presagiar lo peor. Aún son muchas las incógnitas que plantea el hundimiento de este buque y no existe unanimidad con relación a lo que va a pasar con las
toneladas de fuel-oil que presumiblemente se encuentran todavía en sus bodegas, ni, lo que es peor aún, con el curso que van a seguir las aguas contaminadas en las próximas fechas. Mi grupo parlamentario, tal como hizo la semana pasada durante de
las proposiciones no de ley, quiere lamentar, una vez más, lo sucedido y dar apoyo a cuantas iniciativas y medidas que se están tomando y puedan tomarse en el futuro, para minimizar los efectos de la tragedia ecológica y económica y prevenir en lo
posible nuevos sucesos de esta naturaleza.
No creemos que este sea el momento de denunciar la falta de previsión que haya podido existir -y, repito, creo que ha existido- o la falta de medios materiales -es una evidencia que han faltado medios materiales disponibles- o la escasa
coordinación que se ha podido dar en determinados momentos entre los diversos dispositivos que se han destinado a la lucha contra la marea negra provocada por el Prestige.
Creemos que tendremos tiempo para ello, de la misma forma que tendremos
tiempo para discutir las acciones judiciales que deberán instarse cuando existan conclusiones sobre las responsabilidades que puedan atribuirse a los causantes del desastre, o para liderar de la mano de la Unión Europea cuantas acciones sean
necesarias para cambiar la normativa, los convenios internacionales y las regulaciones que permiten y amparan lo que este grupo parlamentario cree que es un escándalo mayúsculo, y me refiero a un escándalo porque es increíble cómo puede suceder hoy
día que un entramado económico y legal permita la especulación que se produce en el transporte marítimo de productos peligrosos y cuyos protagonistas sólo buscan el máximo rendimiento económico a costa de la seguridad de las tripulaciones, a costa
del medio ambiente y a costa de la economía local de las poblaciones afectadas. Esto es increíble y creemos que no puede repetirse nunca más.
Ahora es el momento de luchar contra la marea negra y de ayudar a los afectados y a sus familias. El Grupo Parlamentario Catalán, por lo que se refiere a la moción que ahora se debate, va a avanzar ya el voto favorable a la misma, porque
entendemos que contiene un conjunto de medidas que son oportunas y necesarias, aunque se puedan duplicar con las que aprobamos la semana pasada en la proposición no de ley a la que se refería la portavoz popular, y porque creemos que es coherente
con esas medidas aprobadas. Sin embargo, este portavoz quiere expresar sus reservas y su disconformidad con relación al último de los apartados de la moción del grupo proponente. En primer lugar, porque el procedimiento que debe seguirse para la
creación de una comisión de investigación es otro y, por tanto, ésta no es la vía reglamentaria para impulsarlo. En segundo lugar, porque nuestra opinión en relación con las comisiones
de investigación es conocida en esta Cámara, y la experiencia acumulada nos ratifica en la poca eficacia probatoria de esas comisiones, que en la mayoría de las ocasiones no tienen más objetivo que el desgaste político y que en el supuesto
de que existan acciones judiciales en curso, como es de prever en el caso que nos ocupa, son aún menos efectivas, por el solapamiento de actuaciones y por las limitaciones que derivan del propio procedimiento judicial, ya que afectan a la capacidad
de actuación de la propia comisión de investigación parlamentaria.
Por todo ello, daremos apoyo a la moción, aunque con la salvedad a la que me acabo de referir.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
Señor Rodríguez, a los únicos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Vamos a aceptar algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, y en concreto paso a enumerarlas: a nuestro apartado tercero le aceptamos su enmienda de sustitución; a nuestro apartado cuarto sería esta enmienda de adición, en
concreto el párrafo primero y el párrafo tercero; a nuestro apartado quinto le aceptamos la enmienda de adición que ellos presentan; al apartado octavo sería aceptada su enmienda de sustitución; al apartado décimo aceptaríamos su enmienda como
adición, igual que otra nueva al apartado décimo también como enmienda de adición.
Para terminar, aceptaríamos también un nuevo apartado que haría el número 14 como enmienda de adición.
Solamente clarificar, señora presidenta, a efectos del 'Diario de Sesiones', que la proposición no de ley que se aprobó el día anterior es una proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, BNG, transaccionada con el Grupo Parlamentario
Popular. En honor a la verdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): No tiene la palabra a esos efectos.
Señora Marón, ¿acepta la inclusión de las enmiendas tal como han sido relacionadas por el señor Rodríguez?
La señora MARÓN BELTRÁN: Sí, señora presidenta, están aceptadas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar las causas, consecuencias y medidas del Gobierno ante el siniestro del Prestige en las costas
gallegas, en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 120; en contra, 157; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.