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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 26/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 190
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 183
celebrada el jueves, 26 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate de totalidad de convenios internacionales.
- Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002, y del intercambio de Notas Verbales entre ambos
países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 340, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 110/000198.) ... (Página 9437)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios, por importe total de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivados de gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros,
transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 108-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000108.) ... (Página 9450)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Página
Debate de totalidad de convenios internacionales
9437
Página
Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002, y el intercambio de notas verbales entre ambos
países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales
9437
Interviene la señora ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi) para solicitar de la Cámara, en nombre del Gobierno, la preceptiva autorización parlamentaria para la ratificación del protocolo de enmienda del Convenio de
cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos. Recuerda que, con anterioridad a la firma del protocolo, los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa comparecieron, a petición propia y conjuntamente, ante la Comisión de Asuntos
Exteriores de esta Cámara para informar detalladamente del desarrollo de las negociaciones y del contenido del texto acordado.
Basándose en lo dicho en aquella comparecencia pasa a referirse, en primer lugar, al contexto general y a las razones de
oportunidad que han justificado la revisión de este convenio; en segundo lugar, a los principios básicos que inspira el convenio de 1988 y que han permanecido inalterados tras este proceso de revisión y, en tercer lugar, a las principales
modificaciones que se han introducido.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución, intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marsal Muntalá, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de
abril de 2002, y del intercambio de notas verbales entre ambos países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales, se rechazan por seis votos a favor, 255 en contra y dos abstenciones.
Página
Debate de totalidad de iniciativas legislativas
9450
Página
Proyecto de ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios, por importe total de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivados de gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros,
transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior
9450
El señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua), en nombre del Gobierno, somete a la consideración de la Cámara, para su aprobación, el proyecto de ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios por un importe de 64 millones de
euros al Ministerio del Interior, con el fin de atender el pago de distintas obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que, de acuerdo con las normas presupuestarias, no pueden aplicarse al ejercicio corriente y cuya imputación al ejercicio
actual tiene que realizarse mediante la aprobación de una norma con rango de ley por la que se habiliten los recursos necesarios para atender a su abono.
En defensa de la enmienda de totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Mayoral Cortés.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios por un importe total de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivados de
gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior, se rechaza por 96 votos a favor, 166 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.
Se abre la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATE DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, HECHO EN MADRID EL 10 DE ABRIL DE 2002, Y DEL INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES ENTRE AMBOS
PAÍSES, DE LA MISMA FECHA, SOBRE ASUNTOS LABORALES.
(Número de expediente 110/000198.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Debate de totalidad de convenios internacionales. Debate de totalidad del Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de
diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril del año 2002, y del intercambio de notas verbales entre ambos países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
Para la presentación del protocolo, tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Señora presidenta, señoras y señores diputados, permítanme empezar expresándoles el honor que para mí representa subir por primera vez a esta tribuna.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Gobierno ha solicitado la preceptiva autorización parlamentaria para la ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos. Como
saben SS.SS., este protocolo de enmienda fue firmado en Madrid el pasado 10 de abril de este mismo año por el ministro de Asuntos Exteriores y por el secretario de Estado de Estados Unidos. Junto al protocolo de enmienda se han remitido a las
Cortes Generales las notas verbales que fueron intercambiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Estados Unidos en Madrid en la misma fecha de 10 de abril, en las que se acuerda el establecimiento de un grupo de trabajo
bilateral formado por representantes del Ministerio de Defensa de España y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para llevar a cabo conversaciones sobre los asuntos laborales. En este mismo orden de cosas, considero oportuno recordar que,
simultáneamente a la firma de protocolo de enmienda, el ministro de Defensa español y el secretario de Defensa de Estados Unidos acordaron una declaración de principios para el desarrollo de la cooperación en materia de equipamiento e industria de
defensa, a la que más adelante haré referencia. Por otro lado, en este apartado de introducción permítanme recordar también que, con anterioridad a la firma del protocolo, los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa comparecieron a petición
propia y conjuntamente ante la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara para informar detalladamente del desarrollo de las negociaciones y del contenido del texto acordado. Dicha comparecencia vino a reflejar no solamente la importancia que el
Gobierno otorgaba a la firma sino también su voluntad de mantener debidamente informados a los grupos parlamentarios sobre este proceso negociador, desde el convencimiento de que se trata de un ámbito de la política exterior donde debe prevalecer -y
estoy convencida de que prevalece- un amplio consenso parlamentario en el marco de una política de Estado. Me propongo, por lo tanto, presentar en esta intervención este protocolo de enmienda a partir de lo que ya fue expuesto por los ministros de
Asuntos Exteriores y Defensa en abril pasado, para referirme en primer lugar al contexto general y a las razones de oportunidad que han justificado la revisión de este convenio de Defensa. En segundo lugar destacaré los principios básicos que
inspiran el convenio de 1988 y que han permanecido inalterados tras este proceso de revisión. En tercer lugar mencionaré las principales modificaciones que se han introducido.
El vigente convenio de cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos entró en vigor el 4 de mayo 1989. Su artículo 69 dispone que tendría una vigencia inicial de ocho años, prorrogándose posteriormente por períodos anuales, lo
que ha venido ocurriendo desde 1997. Parecía conveniente por ello proceder a un proceso de revisión del convenio que tuviese en cuenta tanto los importantes cambios acaecidos en el escenario internacional como las modificaciones que era preciso
introducir al quedar obsoletas diversas disposiciones del convenio. No necesito extenderme sobre los cambios en el escenario internacional. Baste destacar que en el período que media entre la firma del convenio, el 1 de diciembre de 1988, y la
firma de su protocolo de enmienda, el 10 de abril de 2002, han tenido lugar dos hechos tan relevantes como la desaparición de la Unión Soviética y los atentados terroristas del 11 de septiembre.
El convenio debía también hacerse eco de ciertas
realidades prescritas, entre las que figuran las relativas a la presencia de fuerzas de Estados Unidos en las bases de Torrejón o Zaragoza, o las que mencionaban diversas estaciones de comunicaciones en las que ya no existen instalaciones de apoyo
al amparo del convenio.
Junto a estas consignaciones, se buscaba adaptar y actualizar aquellas otras disposiciones que convendría poner al día para enriquecer la relación bilateral. El compromiso de llevar a cabo esta revisión fue expresamente acordado por ambos
países en la declaración política conjunta firmada el 11 de enero de 2001, que vino a fijar el marco político para reforzar nuestras
relaciones bilaterales mediante una serie de actuaciones en distintos ámbitos. Nuestro objetivo compartido ha sido potenciar, desde una perspectiva global, todo el entramado de relaciones políticas, económicas, científicas y tecnológicas y
también, por supuesto, la cooperación en defensa y en la lucha contra el terrorismo entre ambos países. Este nuevo tipo de relación se basa ante todo en el convencimiento profundo de que ambos países compartimos unos mismos valores relativos a la
democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad. Asimismo, la presencia cada vez más relevante de nuestro país en el ámbito internacional y la preeminencia que ejerce Estados Unidos en este ámbito justifican sobradamente la
conveniencia de profundizar en nuestro diálogo y cooperación bilaterales.
Señorías, cuando en la declaración política conjunta decidimos proceder a una revisión técnica de este convenio, se señaló expresamente que se preservarían los elementos básicos que lo sustentan. Quisiera por ello reiterar cuáles son esos
cinco elementos que ya aparecían en el convenio de 1988 y que no han sufrido modificación alguna a través del protocolo de enmienda que consideramos hoy. El primero era preservar la soberanía y el control de España sobre su territorio, mar
territorial y espacio aéreo y las consecuencias derivadas de este principio, como, por ejemplo, basar la autoridad y responsabilidad última de decisión en el Gobierno de España y en el mando español de la bases. El segundo era conceder a las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos instalaciones de apoyo y autorizaciones de uso para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral del convenio. Cualquier uso que vaya más allá de estos convenios exigirá la autorización previa del Gobierno
español. El tercero era preservar la política española de no nuclearización de nuestro espacio de soberanía.
Tampoco sufre variación la política de escalas de buques de propulsión nuclear. El cuarto era mantener básicamente el estatuto jurídico
de los miembros de las fuerzas de Estados Unidos en España y de las fuerzas de España en Estados Unidos, atendiendo al mantenimiento con carácter recíproco de las normas relativas a la ampliación de la jurisdicción criminal. Quinto, la inserción
del convenio de defensa en la pertenencia de España y Estados Unidos a la Alianza Atlántica, donde se establece la garantía de defensa mutua, lo que da a la relación bilateral toda su plenitud al tiempo que expresa el compromiso bilateral de nuestro
país con OTAN.
Señorías, quisiera hacer ahora referencia a aquellos aspectos más destacados del Convenio de cooperación para la defensa que han sufrido modificaciones tras la negociación de este protocolo de enmienda. En primer lugar, como ya he
mencionado, el proceso negociador ha buscado poner al día el texto del convenio, tomando en consideración aquellas disposiciones que se habían visto modificadas por la práctica en virtud de los cambios ocurridos y en el transcurso de estos más de 11
años de nuestra cooperación bilateral de defensa. Por un lado, desaparece el anejo 2 del convenio, las menciones a instalaciones de apoyo en las bases de Zaragoza y Torrejón y en las estaciones de comunicaciones; por otro, se procede a la
regularización, mediante su inclusión en dicho anejo 2, de una serie de servicios que venían actuando al amparo de las disposiciones en vigor, como es el caso de las operaciones espaciales de la NASA en Morón, el término postal aéreo y el
destacamento para la gestión de contratos de defensa y la unidad de tierra, mar y aire en Rota. Igualmente, se introducen las necesarias modificaciones en el anejo 5 del convenio, relativo al oleoducto Rota-Zaragoza, dado que el tramo Rota-El
Arahal es la única parte utilizada por Estados Unidos.
Hay que destacar igualmente que el protocolo de enmienda ha venido a cubrir una laguna en el convenio al señalar un procedimiento para la eventual creación de nuevas instalaciones de apoyo, que requerirán autorización expresa del Gobierno
español. Parece lógico que, en función de nuevas necesidades de seguridad que puedan surgir en el futuro, se prevea un procedimiento para considerar estas posibles solicitudes y que, lógicamente, la autorización del Gobierno español sea preceptiva.
En segundo lugar, en el entramado institucional del convenio se ha acordado establecer un comité bilateral de defensa de alto nivel, presidido por los respectivos ministros de Defensa, como órgano para las consultas políticas en el ámbito de
la defensa y para fomentar el desarrollo del convenio. Dicho comité deberá ser informado igualmente de la aplicación de la declaración de principios sobre cooperación industrial para la defensa, a la que me he referido al principio de mi
intervención. Se establece así un importante foro de diálogo y consultas en cuestiones de defensa que, mediante reuniones a un nivel político adecuado, facilitará una comunicación fluida y regular entre los dos países.
En tercer lugar, el protocolo de enmienda ha introducido una serie de elementos nuevos en el terreno de la seguridad. Estos requerimientos de seguridad, que se encontraban ya, lógicamente, presentes con anterioridad, se han visto
considerablemente acrecentados tras los ataques terroristas sufridos por Estados Unidos en diversas partes del mundo, y muy especialmente tras los atentados del 11 de septiembre. Todos los países tenemos la obligación de tomarnos las amenazas
terroristas en serio, de cooperar con los demás Estados que están sometidos a amenazas terroristas y de tomar las medidas necesarias para tratar de prevenir los atentados terroristas. Así, en el protocolo de enmienda, además de un compromiso para
fomentar los intercambios en el campo de la inteligencia militar, se autoriza una instalación de apoyo en Rota para una compañía de fuerzas de seguridad y se acuerda establecer de común acuerdo las normas necesarias sobre medidas de protección de
las fuerzas y procedimientos de seguridad aplicables. Por otro lado, se autoriza a las unidades
competentes de la marina y la fuerza aérea de Estados Unidos a mantener en España personal para que actúe, en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia españoles, en
asuntos de interés mutuo y lleve a cabo las investigaciones que puedan afectar a Estados Unidos. Se acuerda igualmente que ambos países establecerán las normas reguladoras de estas actuaciones. Quiero subrayar que desde la perspectiva del Gobierno
resulta obviamente importante asegurar que estas actuaciones, a las que siempre prestaremos todo nuestro apoyo, se lleven a cabo en conjunción con las autoridades competentes españolas, es decir, conforme a la legalidad española. Es justamente este
principio el que queda recogido, como acabo de señalar, en el texto del protocolo de enmienda.
En cuarto lugar, quisiera referirme a la declaración de principios para el desarrollo de la cooperación en materia de equipamiento e industria de defensa. No forma parte propiamente del protocolo de enmienda, pero aparece expresamente
mencionado en su articulado como el marco para facilitar una cooperación industrial más intensa entre ambos países. Como ya señalara el ministro de Defensa en la comparecencia previa a la firma del protocolo, se trataba de un aspecto que había
quedado pendiente de concretar tras la firma del convenio en 1988, de extraordinaria importancia para las industrias de defensa españolas, y que nos ofrece las mismas opciones que tienen algunos de los países más vinculados a Estados Unidos en este
terreno. Para el Gobierno se trataba de una cuestión prioritaria en el proceso negociador, que ha quedado resuelta de modo muy satisfactorio y que podrá resultar de enorme utilidad para mejorar nuestra cooperación industrial de defensa con Estados
Unidos.
En quinto lugar, se ha clarificado el ámbito de aplicación del convenio al precisar que su estatuto jurídico será aplicable a las personas de ambos países que se encuentren en el otro país en relación con sus deberes oficiales. Se sigue así
la doctrina que prevalece entre los países miembros de OTAN, conforme al denominado Tratado SOFA o Tratado sobre el estatuto de fuerzas. En lo que se refiere al estatuto jurídico, y en particular todo lo relativo a la jurisdicción criminal,
quisiera reiterar, como he señalado al mencionar los principios que han permanecido inalterados, que las disposiciones del convenio han permanecido sin modificaciones significativas. Se trata por ello en esencia del mismo régimen que ha venido
aplicándose desde 1988. Cabría destacar, en todo caso, ciertos cambios en el estatuto de las fuerzas españolas que se encuentran en Estados Unidos, que han ido en la dirección de una mayor homologación al régimen de las fuerzas norteamericanas en
España.
Quisiera clarificar igualmente los cambios introducidos en los números máximos de fuerzas de Estados Unidos que son autorizados. En el convenio de 1988 se autoriza la presencia permanente de 6.525 personas, entre personal militar y civil, y
se acuerda que se podrá destinar temporalmente a otras 1.585 personas. Es decir, el total del personal militar y civil autorizado de forma permanente o temporal en el convenio de 1988 es de 8.110 personas. Conforme a los cambios introducidos por
el protocolo de enmienda, dicho total global, entre personal permanente o temporal, se mantiene inalterado en la cifra de 8.110 personas y se modifican únicamente los máximos en las distintas categorías. Así, el número de personal militar y civil
autorizado a mantener una presencia permanente se reduce a 5.825 personas, destacando particularmente la reducción de 1.000 personas en el personal militar permanente en Rota, mientras que se aumenta el número de personal autorizado a ser destinado
temporalmente hasta 2.285 personas. Los totales son, por tanto, idénticos en ambos casos. Se arbitra un procedimiento para que, al reducirse el número de personal con presencia permanente en nuestro país, se pueda destinar con carácter temporal al
personal que pueda ser necesario en determinado momento, en función de la situación de seguridad.
En sexto lugar, en esta negociación se ha querido atender también a los asuntos laborales, particularmente del personal español empleado por las fuerzas armadas de Estados Unidos, que son especialmente complejos en virtud del régimen laboral
establecido en el convenio de 1988. Para ello se ha establecido, mediante un intercambio de notas verbales, un grupo de trabajo bilateral, formado por los representantes de los ministerios de Defensa respectivos, que deberá estudiar todas las
cuestiones que se plantean en el ámbito de los asuntos laborales e informar del resultado de sus trabajos en un plazo de seis meses. Sin perjuicio de la información más detallada que pudiera proporcionar el Ministerio de Defensa, puedo adelantar a
SS.SS. que dicho grupo de trabajo ha iniciado ya su labor para estudiar todas las implicaciones del actual sistema de contratación.
Finalmente, en séptimo lugar, se han introducido algunas mejoras en los procedimientos de control y supervisión por parte de las autoridades españolas de las actividades de las fuerzas de Estados Unidos. Se debe informar anualmente al mando
español de la base de los tipos de equipo y material y de los tipos y cantidades de armas existentes en cada instalación de apoyo y notificarle los cambios importantes que se produzcan. Se establece un procedimiento para la recuperación por el
Gobierno español de aquellas instalaciones de apoyo que permanecen en desuso. Se fija la necesidad de una comunicación previa al mando de la base de los movimientos interiores importantes de municiones o de material explosivo.
Señorías, este proceso de revisión del convenio de defensa entre España y Estados Unidos ha partido de la experiencia de su aplicación y desarrollo desde 1989 hasta la fecha, que creo que la gran mayoría de las fuerzas
políticas valorarán como positiva. Se ha mantenido en los principios esenciales que inspiraron el texto acordado en 1988, que la práctica posterior ha confirmado como acordes para la nueva relación que existe entre ambos países. Al mismo
tiempo se ha aprovechado el proceso negociador para actualizar y perfeccionar aquellos aspectos del convenio que habían conocido cambios significativos en el transcurso del tiempo, dando cuenta de todo el proceso negociador, además, en esta sede
parlamentaria. El resultado de este proceso ha sido un nuevo acuerdo internacional entre España y Estados Unidos que otorga la necesaria previsibilidad y estabilidad a nuestras relaciones bilaterales en el ámbito de la defensa. Creo que existe un
claro consenso en reconocer que las relaciones con Estados Unidos no pueden ser sino de extraordinaria importancia para nuestra política exterior. En este sentido, los últimos años han conocido un avance y refuerzo que las han situado como
relaciones especialmente estrechas e intensas en casi todos los ámbitos.
La firma de este protocolo de enmienda al Convenio de cooperación para la defensa supone, pues, una contribución concreta a este fortalecimiento de la relación bilateral.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Izquierda Unida presenta una enmienda de totalidad al Protocolo de enmienda del convenio bilateral de amistad firmado respecto al uso de las bases de utilización conjunta.
El Protocolo de enmienda realmente convierte el tratado bilateral de 1988 en otra cosa. Por lo tanto, estamos ante un nuevo tratado, ante un nuevo protocolo, ante un nuevo convenio, que es lógico que se adapte a las nuevas condiciones
internacionales y, fundamentalmente, a las determinaciones que se derivan de una política unilateral y en muchos casos, ya cada vez más, personal del presidente de Estados Unidos.
Anteriormente, en función del convenio bilateral de 1988, las bases servían teóricamente de cordón de seguridad frente al otro bloque.
Cualquier situación de crisis, en todo caso, era caracterizada y adquiría su solución en función de las
resoluciones que realizaba Naciones Unidas, singularmente, el Consejo de Seguridad. Actualmente todo ha cambiado, no existe la dialéctica de los bloques, y las bases de Estados Unidos, que por cierto están desplegadas en más países de los que
sufrían las bases en el convenio de 1988, juegan un papel diferente. Actualmente, las intenciones de la Administración norteamericana se basan en poder atacar a cualquier país sin la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así
dicho, directamente. Pero, todavía más, en función de la doctrina del ataque preventivo, ya no sólo se trata de atacar sin el apoyo o sin el aval de Naciones Unidas, sino de atacar aunque no haya ningún tipo de provocación o prueba respecto a la
provocación.
Antiguamente, en las películas del oeste americano -y eso lo han cuidado mucho los norteamericanos-, cuando el bueno mataba al malo, el malo siempre intentaba sacar antes el revólver. Eso ha cambiado. Ahora el bueno mata al malo
porque ya lleva el revolver sacado el bueno y el malo no tiene posibilidad ninguna de echar mano del revólver. Lo que yo defiendo aquí ahora es muy fácil de defender. Bastaría con hacer una llamada telefónica al señor Al Gore para que defendiera
exactamente lo que yo voy a defender en este caso frente al ataque preventivo o en función de lo que él ha llamado el matonismo unilateral. Considérese la posición del Partido Demócrata en la reunión de ayer del Senado, y se entenderá qué estamos
defendiendo aquí esta mañana. Estamos defendiendo precisamente eso. A partir de ahora, ha dicho el señor Al Gore, todo queda en manos de la decisión discrecional del presidente de Estados Unidos. Todo el poder para el señor Bush, que lo va a
utilizar de manera discrecional, sin ningún tipo de corsé, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de determinación democrática que base la acción a partir de ahora, máxime cuando se trata de una acción que no viene avalada por la comunidad
internacional. Lo que resulta paradójico, y hasta cierto punto vergonzoso, es que la posición de los demócratas norteamericanos sea más crítica y vaya mucho más allá que la posición del Gobierno español. La posición del Gobierno español en este
caso, como en el del protocolo de enmienda que hoy se nos presenta, es una posición vergonzosa que incluso repite con palabras textuales lo que el señor Bush dijo dos días antes: El señor Sadam Husein es un peligro para la humanidad, lo que
inmediatamente repite el señor Aznar. Hay que elegir -y se ha dicho también en Estados Unidos hace pocas horas- entre Sadam Husein y Bush.
Hay que elegir entre los dos, no queda más alternativa, y se trata de elegir naturalmente el reino de la
libertad y el reino de la democracia.
Pues no; resulta que los demócratas norteamericanos, y a la cabeza el señor Al Gore, vicepresidente de un Gobierno norteamericano durante bastantes años, candidato que perdió por pocos votos la presidencia de
Estados Unidos, dicen que a partir de ahora la imagen que Estados Unidos va a proyectar es el miedo, la discrecionalidad, el afán de dominación, el afán de dominio con respecto a países que en muchos casos van a tener que reaccionar, porque se les
acusa de un montón de cosas sin ningún tipo de pruebas y en función de una dialéctica del ataque preventivo que nos puede conducir a una situación bastante negativa respecto al equilibrio mundial. La ley
internacional -dice el señor Al Gore- dejará pronto paso al reino del miedo. Pues bien, Estados Unidos, siguiendo la teoría de atacar sin el consenso de la comunidad internacional, de Naciones Unidas o singularmente del Consejo de Seguridad
de la ONU, necesita, teniendo en cuenta la revisión que se hizo de la OTAN en Washington en 1999, si mal no recuerdo, ensanchar sus fronteras. Estados Unidos necesita poner más bases y ponerlas en otras condiciones, en condiciones de utilización
fácil, en condiciones de utilización homologables a como ellos utilizan sus propias bases en territorio norteamericano. Aquí es donde se produce la autorización española a convertir la base aeronaval de Rota en un puente aéreo estratégico para las
fuerzas de Estados Unidos. Una base de puente aéreo quiere decir que hay que resolver deprisa y técnicamente la capacidad de utilización del bombardero B-52 y de los aviones de transporte C-5 con tiempos muy reducidos de abastecimiento y
reaprovisionamiento. Esto es fundamental en función de lo que se está diseñando y del objetivo del enemigo que se está preestableciendo dadas las teorías que están funcionando en estos momentos.
Las enmiendas que ustedes plantean hoy aquí con cierta cobardía semántica intentan flexibilizar el uso de las bases de utilización conjunta, el uso de las bases de Rota y Morón. Se intenta flexibilizar al máximo, saliéndose, a nuestro
juicio, de la tutela de la soberanía popular española sobre nuestro espacio aéreo, posibilitando nuevas instalaciones de ayuda, autorizando a operar en España, sin control de la soberanía española, los servicios de inteligencia y de investigación
criminal y permitiendo un aumento sustancial encubierto de manera poco estudiada, pues se ve que se encubre claramente un aumento sustancial de fuerza respecto al anterior convenio.
En el artículo 1 del preámbulo, la declaración de intenciones contradice la pura realidad reafirmando su fe en los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos.
Aquí aparece sin duda lo que yo consideraría una cierta indecencia semántica en este momento de ataque preventivo. En este momento, no pedir el aval del Consejo de Seguridad en ocasiones como las que estamos viviendo resulta paradójico e
inaceptable. La política exterior de Estados Unidos admite intervenir militarmente incluso para cambiar gobiernos del mundo, como se ha dicho, sin ningún tipo de autorización. Los artículos 2, 12 y el anejo 2 permiten el intercambio en el campo de
la inteligencia militar y la permanencia de unidades del servicio de investigación criminal naval y de la oficina de investigaciones especiales de la fuerza aérea de Estados Unidos. Se autoriza por tanto a desplegar estas unidades en las bases de
Rota y Morón. Es lógico que en estos tiempos, y en función de la filosofía de guerra que se va a utilizar a partir de ahora, los servicios de inteligencia norteamericanos intenten situarse lo más cerca posible del campo de actuación de operaciones,
porque así resolverá con mucha mayor facilidad el análisis de la información y de la contrainformación. Aunque esto se viniera haciendo de manera encubierta hasta este momento, según se ha dicho por el señor Piqué, por primera vez en nuestra
historia la Administración española, mediante convenio, va a dar la posibilidad de operar a estos servicios secretos de investigación al margen del mandato constitucional. Esto es sumamente grave, hay que decirlo sin dramatismo, porque las
posiciones se han decantado. Esto se ve aquí como un fenómeno meteorológico que tiene que ocurrir, cuando a nosotros nos parece una auténtica barbaridad constitucional.
En el artículo 15 se recorta a 48 horas la posibilidad de autorizar aeronaves no contempladas en el despliegue permanente de los Estados Unidos a través de un comité permanente, como sucede en este caso, la autorización urgente en el
horizonte de 48 horas; autorización prácticamente automática a partir de ahora, tan automática que nunca va a dar tiempo a revisar las bodegas, a revisar la propulsión de las aeronaves -cosa que se permitía hasta ahora, que no se hacía-, cuando se
sabe que en estos casos se suele llevar armamento táctico nuclear en las bodegas de buques y aviones. No se va a revisar, son 48 horas de autorización automática y, como dije antes, los norteamericanos van a utilizar Rota y Morón como si fuesen
bases suyas en territorio norteamericano.
La señora ministra hablaba de la renuncia a la jurisdicción criminal. Pues bien, en el artículo 37, se abunda en la peculiar forma de actuación de los Estados Unidos, que a nuestro juicio choca con la Constitución española, con respecto a
las actuaciones delictivas de los miembros de sus Fuerzas Armadas. El Gobierno de los Estados Unidos asistirá a las Fuerzas españolas para la rápida tramitación de las peticiones de renuncia de jurisdicción. Esto lo marcarán los Estados Unidos,
determinarán cuándo esta renuncia de su jurisdicción les interesa. Por tanto, en todos los casos es discrecional. Habrá un preaviso simple, rápido, directo, automático y nosotros renunciaremos a la jurisdicción en casos criminales, como ha
ocurrido ya en otras ocasiones.
En el artículo 43 se permite, también por primera vez, operar a los buques de la guardia costera de los Estados Unidos en nuestras costas. Dicho y lisa y llanamente, la costa de los Estados Unidos se ha ampliado hasta nuestras aguas
jurisdiccionales. Estos servicios, la guardia costera, pueden ir tranquilamente por nuestras costas sin ningún tipo de autorización; son playas norteamericanas para ese servicio, para esa actuación. Si creen que exagero, léanse el artículo 43 del
protocolo de enmienda.
En el artículo 44, también en el anejo 2, se concreta el nivel de fuerza autorizado de forma permanente y de forma aleatoria en Rota y Morón. En ambas bases, por cierto, se autoriza una oficina de investigación especial,
tal y como indicábamos más arriba, para los servicios de investigación criminal e inteligencia, decimos nosotros en la enmienda de totalidad que hemos interpuesto. En relación a Morón se aumenta el nivel de fuerza militar de 486 a 500 y de
personal civil de 43 a 75. Aquí se utiliza una argucia semántica para Rota. Se dice: en la base de Rota se reduce el nivel de fuerza militar de 5.250 a 4.250; eso sí, aumentando el personal civil de 746 a 1.000. Se reduce entre comillas porque,
en su apartado 3, en los niveles temporales autorizados por los Estados Unidos y en el convenio, se permite a la base de Rota el siguiente personal adicional.
De la Marina, incluida la infantería de Marina, 900 más; de la Fuerza Aérea, 1.300 más,
y del Ejército, 85 más. Es decir que, entre el personal permanente autorizado y el temporal, los Estados Unidos podrán desplegar un nivel de fuerza adicional de 7.035 hombres y mujeres.
Consiguientemente, el nivel de fuerza de esas bases ha pasado
de 5.736 efectivos a 7.035, lo que significa que entre fuerza permanente y temporal hay un aumento de 1.299 efectivos. Eso es lo que hay realmente.
Finalmente, en el artículo 53, se sitúa al colectivo de trabajadores españoles en un régimen de excepción. Se dice textualmente que los trabajadores españoles no podrán llevar sus desacuerdos a ningún tipo de arbitraje o decisión judicial.
Otra vez se traspasan las fronteras de la tutela constitucional y todas las determinaciones de la soberanía española. Los trabajadores de Rota y Morón, en situación de excepción, no podrán ir a los tribunales españoles. Si a esto se suma todo lo
anteriormente dicho, verán que estamos ante un auténtico Frankestein gubernamental. Es un texto que va a pasar desapercibido, aquí estamos todos planchados por el discurso único, el señor Bush habla de ataque preventivo sin la ONU y no pasa nada.
Sí pasa en los Estados Unidos, donde hay una auténtica situación de escándalo moral y político. Ahora nos traen este protocolo de enmienda, que es absolutamente escandaloso; si nosotros tuviésemos 50 diputados, interpondríamos de inmediato un
recurso de anticonstitucionalidad.
Por cierto, el señor Piqué nos dijo -ya que no viene aquí el anejo que sin duda se ha pactado-, con respecto al trabajo de los servicios de espionaje norteamericanos en España, que nos iba a dar una información complementaria en la Comisión
de secretos oficiales. Hay un compromiso, que se hizo ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, que ya veremos si doña Ana de Palacio lo cumple, aunque por un oído le entra y por otro le sale.
Señora presidenta, termino. Este texto no sólo es escandaloso por cuanto es un texto sumamente bélico en el momento del ataque preventivo, es un texto que rompe los márgenes constitucionales españoles y permite una situación de excepción
para el uso conjunto de estas bases. Al mismo tiempo, rompe las premisas que se marcaron en el referéndum con respecto a nuestro ingreso en la OTAN en 1986. Consecuentemente, nosotros hemos presentado esta enmienda de totalidad que esperemos que
al menos sea estudiada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señora ministra, desde Chunta Aragonesista compartimos el preámbulo del convenio bilateral entre Estados Unidos y España por el que se comprometen ambos Estados a garantizar la paz, la
democracia y las libertades individuales. De hecho, ambos Estados se comprometen a impulsar un modo de relación internacional -que ojalá fuera realidad algún día- como son los principios de la Carta de las Naciones Unidas, cosa que hoy por hoy
ponemos en duda, dada la nueva concepción de la política exterior del señor Bush.
Todas estas cuestiones tenemos que reconocerlas como necesarias, así como otras que también se incluyen y que afectan a una mera tramitación administrativa y a aspectos que pretenden una simple actualización del tratado. Sin embargo,
pedimos a la Cámara que deniegue la autorización solicitada por el Gobierno para refrendar este acuerdo porque existen cuestiones que no compartimos. Manifestamos públicamente nuestro rechazo a determinadas modificaciones del vigente acuerdo, que
suponen, a nuestro juicio, una situación perjudicial para los intereses del Estado y que consideramos deberían ser motivo suficiente para devolver este protocolo al Gobierno para su renegociación. De este modo, no compartimos las condiciones
legales por las que los servicios de investigación norteamericanos pueden actuar en el Estado por los problemas de aplicación de la normativa vigente que este hecho podría ocasionar y que ya ha sido alertado por algunos juristas, la mayor
permisividad en la utilización de aeronaves de las Fuerzas de Estados Unidos para sobrevolar el espacio aéreo y utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español. Entendemos que se aumenta la facultad de disposición para los intereses
norteamericanos de este tipo de infraestructuras, que no creemos ayude mucho a potenciar las posibilidades económicas de aeropuertos como el de Zaragoza, así como el de otras ciudades. Queremos resaltar que la capital aragonesa tuvo una base
norteamericana durante muchos años y la simple noticia de este nuevo acuerdo ha suscitado un recelo mayoritario y unas críticas en casi todos los partidos políticos representados en las Cortes de Aragón.
Igualmente, destacamos que, dentro de estas facilidades que se incluyen, también se impulsa un apoyo logístico permanente para las posibilidades ampliadas de utilización del oleoducto Rota-Zaragoza, y tampoco
compartimos el mantenimiento de la utilización de las bases de Morón y Rota por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que incluimos en nuestra petición por solidaridad con todos los colectivos, sindicatos y partidos que durante años han
estado reclamando en Andalucía el fin de la utilización de estas bases militares.
Hace unos días, un periódico nada sospechoso de estar en contra del Gobierno de Aznar publicaba un editorial que titulaba Una idea imperial del papel de Estados Unidos en el mundo, donde criticaba la doctrina de Bush, en la que se entierra
definitivamente a la disuasión y se sustituye por la prevención o por el militarismo. El mismo medio decía que estos tres pilares de la nueva doctrina de seguridad violan el principio más elemental del derecho internacional. No nos engañemos,
podrán argumentar lo que quieran, pero tendrán que reconocer que con este nuevo convenio les damos más oportunidades para que, desde nuestra pequeña y limitada aportación española, puedan poner en prácticas algunas de estas nuevas premisas del nuevo
orden mundial.
Por todo esto, les pedimos que renegocien el convenio y que lo devuelvan.
Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
¿Turno en contra de las enmiendas de totalidad? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el pasado 8 de abril de este año tuvo lugar un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, con la comparecencia conjunta del entonces ministro del departamento, señor Piqué, y el entonces y actual ministro de
Defensa, señor Trillo-Figueroa, para analizar la posición del Gobierno español, manifestada por los ministros comparecientes, con respecto a la renovación, con el protocolo de enmienda, del tratado bilateral entre y los Estados Unidos de
Norteamérica y el Reino de España en cuanto a la cooperación para la defensa. En aquel debate expresamos nuestro apoyo, con una serie de cautelas, a un documento dentro de una política bilateral en las actuaciones Defensa. Para España suponía una
concordancia con la política de defensa en el seno del marco jurídico, técnico y operativo del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, junto con la renovación en profundidad, muy en extenso, del convenio que había sido firmado en 1988.
Ahora, cuando este debate llega a la Cámara, nos encontramos en una situación de incomodidad, una incomodidad que no sentíamos en el pasado mes de abril porque que no habían acaecido los hechos consecuencia de la política exterior y de
defensa norteamericana de la Administración Bush.
Por tanto, viene en unas circunstancias ambientales y políticas de incomodidad. Esa incomodidad respecto de la política exterior y de defensa norteamericana se está reproduciendo en las propias
cámaras del Congreso norteamericano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Prueba de ello es que, en estas últimos días, prácticamente horas, se ha desatado una polémica por unas desafortunadísimas -a mi juicio- opiniones y declaraciones del vicepresidente norteamericano Cheney, que acusaba a la oposición en aquel
momento, al partido demócrata, de que no le preocupaba la seguridad norteamericana, la integridad y la defensa, opiniones que han motivado una contestación de amplio sentido democrático -y muchos demócratas admiramos el espíritu y la dignidad de la
Constitución norteamericana-, opiniones que han sido contestadas como las tiene que contestar cualquier demócrata que no admite que se le tache de falta de patriotismo cuando está haciendo una crítica democrática, porque democracia es discrepar
dentro de un marco constitucional. Esa incomodidad que sienten en este momento significativos líderes demócratas norteamericanos -del Partido Demócrata- se puede trasladar a muchos países aliados dentro del marco OTAN y dentro del marco de los
acuerdos bilaterales. Esta es la circunstancia actual.
Señora ministra, respecto a su exposición y defensa del protocolo, mi grupo, por congruencia, se va a mantener en la misma línea, pese a todas estas incomodidades, que no nacen por parte española sino que nacen de una parte norteamericana,
de su Gobierno actual, del señor Bush, por la situación planteada con las teorías de la respuesta antes del ataque, de la presunción de ataques, que están solamente en la imaginación de alguien, sin indicios reales, y que debido a la situación de
Estados Unidos con Irak nos pone en esta tesitura.
Si nos hubiéramos encontrado con la administración de Clinton, como cuando vino el año pasado la entonces secretaria de Estado, doña Madeleine Albright, para estipular aquella declaración de intenciones con el ministro español del momento,
señor Piqué, estaríamos en unas circunstancias más normalizadas, más cómodas, de menos excepcionalidad con respecto a lo que estamos convalidando ahora. Mi grupo, en estas difíciles circunstancias, cuando la comodidad no existe, también tiene que
asumir el riesgo de elegir entre la responsabilidad y la incomodidad y anuncio que va a votar en contra de estas enmiendas de totalidad que han presentado dos grupos parlamentarios, el Grupo Mixto, señor Labordeta, y el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, representado por el señor Alcaraz. Decimos esto por ser consecuentes y por entender que,
pese a todas las incomodidades, es mucho más legítimo democráticamente y mucho más útil para la diplomacia española, para la política exterior española y para la política de lealtad y de transparencia, apoyar la firma de este convenio.
Yo diría que la firma tiene un avalista, por lo menos así quedó reflejado en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Asuntos Exteriores del pasado 8 de abril con ocasión del debate sobre la legitimidad de los servicios norteamericanos de
inteligencia vinculados con la Marina de guerra norteamericana y las actuaciones de dichos servicios en operaciones dentro del territorio español, bien por operaciones de seguridad norteamericana propias de la Marina de guerra, bien por sistemas
disciplinarios dentro del personal norteamericano en presunción de delitos. Hubo a este respecto un compromiso del señor Trillo, ministro de Defensa, que es lo que quiero destacar, porque considero un aval que un ministro de un Gobierno democrático
deje constancia de él en el 'Diario de Sesiones'. El señor Trillo se refirió fundamentalmente a dos valores -valor de transparencia y valor de lealtad-, pero comprometió su actuación y su responsabilidad a los órganos de control del máximo nivel
que trae este convenio -que después citaré rápidamente- en la defensa de un principio de dignidad y de un principio de soberanía española. Señora ministra, señores diputados, esto no puede ser puesto en duda jamás, porque sería crear una situación
de incertidumbre a nuestra propia política interna española. La política puede tener muchos visos de adaptación a las circunstancias, pero una política de un país democrático, de un país que en vía parlamentaria estipula los argumentos
democráticos, constitucionales y de tratados internacionales, debe tener el compromiso de defensa de unos principios de dignidad nacional para que no pueda ser menoscabado por una cesión malentendida de soberanía y de competencia.
Señora presidenta, el convenio internacional que ahora debatimos viene a dar cumplimiento a la declaración conjunta del 11 de enero del pasado año, que nosotros suscribimos. Creemos que tiene todo el apoyo. Decimos más, la declaración de
principios del artículo 1.º tenemos que hacerla buena con el compromiso y tienen que hacerla buena también los norteamericanos y, cuando vamos a estipular intercambios en el campo de la inteligencia militar, viene a tener otra vez carácter de
compromiso, de aval, la declaración que he citado antes del señor Trillo como ministro de Defensa, que se comprometía a velar por estos principios de soberanía y dignidad nacional, y lo va a tener que realizar al nivel de lo que dice el artículo 5.º
del Comité bilateral de Defensa de alto nivel, que estará presidido por el ministro de Defensa español y el secretario de Defensa de los Estados Unidos.
Nosotros, como la otra parte del aval, tenemos nuestras dudas y discrepancias con los pronunciamientos del vicepresidente Cheney, del secretario de Estado norteamericano de Defensa, pero nos da una garantía, un principio de entendimiento
militar el secretario de Estado, señor Powell, que ha seguido la carrera militar hasta el máximo nivel y puede aportar su criterio de sensatez, de reflexión y de transparencia. Creemos que instrumentos como el Comité permanente, que se establece de
una manera nueva y operativa, tienen que tener todas las garantías para que el servicio de investigación criminal naval y sucedáneos que pueda haber tengan todo el apoyo de un comportamiento acorde con los principios que están en el artículo 1.º
enunciado, principios de democracia, de sistema de equilibrio internacional y de paz, y aquí tendrán los servicios españoles de Defensa y de Exteriores dos garantías fundamentales.
En cuanto a los servicios diplomáticos, han de tener con este tratado la garantía de que los Estados Unidos contraen el compromiso con respecto a terceros y bilateralmente con España. Me estoy refiriendo, señora ministra, a que haga usted
uso de un apoyo parlamentario, que le brinda mi grupo -y espero que la mayoría de la Cámara- cuando pasa lo que ha pasado con países terceros como Marruecos. Los Estados Unidos tienen que saber con gran claridad, por su propia Constitución
democrática, dónde están las lealtades democráticas. Allá ellos con el convenio que tengan, firmen o rehagan con el Reino de Marruecos, pero en una monarquía parlamentaria y democrática como la española se deben tener unas garantías de aval
exigiendo a Estados Unidos una serie de compromisos militares con la diplomacia española, con su Departamento, con su gestión, señora ministra, en nombre del Gobierno de España, del Reino de España, de nuestro Gobierno democrático, para el
cumplimiento por parte de los Estados Unidos de Norteamérica de un tratado en el que se habla incluso de compromisos de intercambio de datos de inteligencia militar, que nos serían muy útiles para evitar sorpresas desagradables en las matutinas
horas del café del desayuno con los resultados del pronunciamiento que haga el ministro marroquí de turno porque estamos en una similitud de actuaciones.
En esta línea del principio de cumplimiento, nosotros apoyamos ese acuerdo bilateral, haciendo abstracción de esa circunstancia de incomodidad, porque entendemos que la parte positiva está por encima de cualquier circunstancia actual. De
ahí, señora presidenta, señoras y señores diputados, que mi grupo, como he dicho, vaya a votar en contra de esas enmiendas y vaya a votar en su momento el apoyo y ratificación de este convenio para que sea un instrumento de legitimidad democrática,
de bilateralidad, y ejemplar para que los Estados Unidos reflexionen dónde buscan sus aliados, con quiénes tienen que apoyar una política internacional y dónde está el imperio del Estado de Derecho que se materializa en los textos formales de lo que
estamos debatiendo aquí hoy democráticamente. Mi grupo, con
una responsabilidad de Estado, brinda este apoyo al Gobierno de la nación española para que nuestra política tenga los pilares de firmeza y de seguridad que ese Estado de Derecho democrático que he invocado exige en el momento actual.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, señora ministra, todos los que hemos tenido experiencia negociadora en el ámbito privado como abogados, en el ámbito mercantil, sabemos que en cualquier contrato de larga duración es
habitual incluir una cláusula entre los motivos de resolución, por lo menos entre los motivos que permiten la revisión del contenido del contrato o la resolución a instancia de una de las partes, por la que se viene a decir que el cambio en el
accionariado de la otra parte o que una toma de control por un tercero de la otra parte permitiría a una parte resolver aquel contrato si así lo estima necesario.
Evidentemente, en un tratado internacional eso llevaría a que hubiera que revisar cada acuerdo internacional cuando hay elecciones, si hablamos de acuerdos entre Estados democráticos. Eso no tendría sentido y una cláusula de este estilo, en
su sentido más literal, es imposible de sostener. Ciertamente, cada administración hereda los acuerdos asumidos por la administración precedente, cada Gobierno hereda lo que haya hecho el Gobierno precedente y se supone que va a cumplimentar los
compromisos hechos. Eso no impide reflexionar hasta qué punto no tendríamos este debate si este mismo protocolo de enmienda lo estuviéramos debatiendo hoy con una administración norteamericana pacífica, pacifista -pacifista no significa derrotista
sino comprometida con la paz mundial-, con ganas de colaborar con todos sus aliados y donde la diplomacia pasara por delante de la fuerza del ejército, donde el departamento de Estado siguiera siendo un interlocutor válido, donde la voz del ministro
de Defensa no fuera la única que suena y donde tuviéramos a un presidente de los Estados Unidos respetuoso con el orden internacional y con un discurso más propio de Naciones Unidas que del entorno del far west, que es en el que se está moviendo,
donde se encuentra más cómodo cuando no se limita a leer papeles preparados por otros. Evidentemente, eso condiciona la fuerza de este texto. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Por eso este es un buen momento, salvando nuestro voto que adelanto ya positivo al texto -ya le dimos ese compromiso político en Comisión y hoy lo traduciremos en un voto de rechazo a la enmienda-, para detenerse -y de ahí la oportunidad de
este debate- a reflexionar un poco sobre las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, porque es ahí donde se enmarca eso y porque es muy bueno reiterar que las relaciones entre España y Estados Unidos, en las cuales se enmarca, insisto,
este acuerdo sobre el cual hoy nos vamos a pronunciar, precedieron al actual Gobierno agresivo de los Estados Unidos y seguirán -esperemos- con el Gobierno que los norteamericanos libremente decidan poner en la Casa Blanca probablemente una vez vean
el fracaso de la política económica y militarista de la actual administración de George Bush. Es muy importante que tengamos todos muy claro -y que lo tenga también el presidente del Gobierno, porque es él el que a veces da la sensación de que no
es capaz de entender eso- que la discrepancia con la actual Administración norteamericana no es antiamericanismo y que, cuando alguien ataca como antiamericano a quien discrepa de la política del señor Bush, está generando antiamericanismo, porque
ese tipo de planteamientos simplistas lo único que hacen es levantar antiamericanismo. Se puede discrepar de la Administración Bush, aunque hemos escuchado algunas declaraciones de altos representantes del Gobierno español que bodean el esperpento.
No se puede uno preguntar si All Gore es antiamericano, si hacer propias las tesis de All Gore supone ser antiamericano o si defender las tesis de senadores demócratas que ayer se escucharon en el Senado de Estados Unidos supone ser antiamericano.
Pido formalmente al Gobierno, por la mediación de su ministra de Asuntos Exteriores, que no nos trate de ignorantes. Si el Gobierno español decide libremente -y que así lo explique ante la opinión pública española- alinearse con el Partido
Republicano de los Estados Unidos, que lo haga; si decide que su política exterior en este punto es la del ala derecha de los republicanos de los Estados Unidos, que lo haga; es una opción legítima que puede explicar y que nosotros respetaremos.
Lo que no puede hacer es decir que todo aquel que no comparta su defensa de determinada actuación ante Irak y su determinada concepción del mundo está atacando a los Estados Unidos. Convergència i Unió no ataca a los Estados Unidos, critica
duramente la política exterior de la actual Administración norteamericana y criticará con igual dureza y probablemente con mayor legitimidad -puesto que aquí sí que hay control; nosotros difícilmente podremos controlar al Gobierno norteamericano-
cualquier alineación a ciegas con la actual Administración norteamericana que no se haga en sintonía con la comunidad internacional, con la Unión Europea, con las Naciones Unidas y con nuestra tradición, que está muy lejos de los planteamientos que
defiende hoy el señor Donald Rumsfeld. Por tanto, distingamos. Nosotros hemos apoyado, apoyamos y seguiremos apoyando una relación de amistad franca, sincera, profunda, duradera
y estable con los Estados Unidos de América. Creemos que en ese marco este protocolo tiene su sentido, y así lo apoyamos y lo defendemos hoy con nuestro voto, pero eso no es subordinación, ni puro seguidismo, ni acabar siendo la voz del
Pentágono en Europa, en lugar de ser por lo menos la voz del Departamento de Estado de la actual Administración, si es que no podemos llegar a ser la voz de otros demócratas norteamericanos -demócratas aquí con minúscula-, tan demócratas por lo
menos como los republicanos del señor Bush.
Dicho esto, entremos mínimamente en el texto del protocolo. En su momento, en la comparecencia informativa, ya le dimos un cierto consentimiento, moral o políticamente, y hoy lo reiteramos, aunque hay determinadas cláusulas que dan al
Gobierno español -por tanto, en nombre nuestro- un punto de discrecionalidad, un punto de igualdad, que a partir de ahora tiene una importancia superior a la que se valoraba que tenía cuando se firmó. La ministra ha defendido aquí algo que nosotros
felicitamos que se introdujera en ese convenio, que es una estructura estable, bilateral, de diálogo y de comunicación entre los dos gobiernos. Esa estructura no es una caja vacía, es una estructura estable, bilateral, de diálogo y de comunicación
sobre el seguimiento del protocolo y sobre su propia aplicación, y a ustedes les ha crecido la responsabilidad en la medida que quien tienen del otro lado del Atlántico, su partenaire, el partenaire del Reino de España, nuestro partenaire -voy a
usar esta terminología-, nuestro socio en este caso es alguien en quien en este momento no podemos confiar absolutamente, a efectos de firmar como un cheque en blanco las decisiones que pueda tomar y que afecten a las bases americanas en España.
Mientras dure la actual Administración, no se puede hacer así, y eso se lo está diciendo toda la Cámara, excepto el Grupo Popular. Por tanto, hay mayor responsabilidad en el ejercicio de las facultades que otorga al Reino de España ese protocolo.
Ese protocolo no es un cheque en blanco, no lo era y tampoco lo puede ser a partir de ahora.
El protocolo contiene también otros temas de los que voy a destacar sólo dos muy brevemente. Uno, que ya nos provocó algún interrogante y que nos lo sigue provocando en este momento, aunque entendemos que no tanto en la literalidad del
protocolo como en su propia aplicación, es esa mayor cobertura de las facultades de investigación criminal -por tanto, teóricamente, de colaboración policial-, de las capacidades policiales que tienen los servicios de investigación -servicios
secretos en parte o, por lo menos, no uniformados- de la Marina norteamericana en España.
Tiene su sentido, aceptamos la explicación que se nos dio, pero queremos dejar claro que debe ser seguido muy de cerca, porque tiene riesgos. No vamos a
pedir la modificación de este texto del protocolo, pero tiene riesgos en la práctica.
En segundo lugar, y con eso termino, quisiera dejar claro que las inmunidades que se otorgan a las tropas norteamericanas en España y a los civiles que trabajan con ellas en el marco de este protocolo nada tienen que ver, absolutamente nada,
con los convenios bilaterales que en este momento buscan la inmunidad de las tropas norteamericanas ante el Tribunal Penal Internacional. Es muy importante que lo digamos, porque algunos de los Estados que, rompiendo un poco, por ejemplo en este
caso, la cohesión europea, han firmado acuerdos bilaterales -que probablemente no serán ratificados- con Estados Unidos, concediendo la inmunidad ante el Tribunal Penal Internacional de sus ciudadanos -y es el caso de Rumania-, están intentando
vender la idea de que, al fin y al cabo, no han hecho más que lo que ya han hecho España o Alemania estableciendo protocolos de inmunidad para sus propios ciudadanos. Eso es una falsedad, nos corresponde decirlo aquí como parlamentarios y le
corresponde al Gobierno aclararlo en los foros internacionales. En España no hay inmunidad ante el Tribunal Penal Internacional de ningún súbdito norteamericano ni de nadie. En España hay inmunidad ante la jurisdicción española de los súbditos
norteamericanos que trabajan en las bases, en las condiciones fijadas por el protocolo. Introducir confusión entre los dos tipos de inmunidades puede que proteja a los gobiernos que han decidido firmar esos acuerdos, pero no debe ser algo que se
acepte desde España, porque acabaría perjudicándonos a nosotros y a nuestra propia imagen, y además contradice la realidad de ese texto.
Por tanto, con todas estas salvedades, sabemos que este acuerdo se firmó con un gobierno con el que podía haber una sintonía que nosotros creemos que no debe haber en política exterior; la puede haber en otros ámbitos, por ejemplo, en
cooperación policial antiterrorista, no en cooperación militar antiterrorista y menos todavía en algo que tiene poco que ver con el terrorismo; repito, sí en cooperación policial antiterrorista y, por supuesto, cooperación en muchísimos otros
ámbitos. Pero eso se firmó con otro país distinto. Por tanto, hoy ese cambio en el accionariado -entre comillas- de la otra parte exige una mayor responsabilidad de España en el seguimiento del cumplimiento de este protocolo y muy particularmente,
y desgraciadamente a muy corto plazo, en el uso que se haga de las bases en el caso de un conflicto militar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señora presidenta, señorías, señora ministra, iniciamos hoy el debate del Protocolo de enmiendas del Convenio de cooperación
entre el Reino de España y los Estados Unidos de Norteamérica, de 1 de diciembre de 1988, que tendrá una vigencia inicial de ocho años. No es un nuevo convenio sino una revisión técnica, de acuerdo con el artículo 69.3 del Convenio de 1988,
que sí era un nuevo convenio que sustituía al de 1982 que, a su vez, sustituía al de 1978.
En estos años pasados ha habido, y habrá en los próximos años, diferentes gobiernos, de distinto color, tanto en España como en Estados Unidos. El convenio conforma unas reglas de juego que deben ser válidas independientemente del color de
los gobiernos y debe permitir la acción política autónoma de cada gobierno. Por ello su debate, el debate que hoy estamos iniciando, debe trascender la situación política concreta del momento, aunque reconocemos que esto sea difícil, especialmente
en estos momentos, como muy bien señalaban el señor Mardones y el señor Guardans.
La actual situación política internacional, las actitudes del Gobierno Bush hacen que esto sea muy difícil. Nosotros, los socialistas, pensamos que un marco correcto
de relaciones con Estados Unidos, bilateral y colectivamente en el seno de la OTAN, y concretamente en el campo de la seguridad y defensa, ha sido y es para nuestros gobiernos un elemento importante en la política española, aunque actualmente
existan profundas diferencias sobre la política de seguridad y defensa que corresponde realizar en este momento.
Los convenios han permitido tomar decisiones autónomas a los gobiernos socialistas en función de los intereses del país. Así, en su momento se desautorizó el uso de las bases para bombardear Libia y, en cambio, se autorizó su uso para la
liberación de Kuwait. Queremos que el Gobierno actual, el Gobierno del PP, dé muestras de esta autonomía, que no permita de ninguna manera una crítica de subordinación a quien es aliado y no soberano respecto a sus países aliados.
En el debate en Pleno de 14 de marzo de 2001 fijamos nuestra posición para apoyar las modificaciones, y poníamos cuatro condiciones: el principio de mantenimiento de la soberanía y control por parte de España, preservar el régimen de uso y
autorizaciones, no incrementar el nivel de personal autorizado y mantener las condiciones de desnuclearización. Estas condiciones se cumplen, aunque nosotros habríamos dado otra redacción a alguna cuestión para evitar malos entendidos ante la
opinión pública o falsos debates que han dado argumentos erróneos a quienes han estado y están en contra de cualquier acuerdo con Estados Unidos, bilateral o en el marco de la OTAN, muchas veces por cuestiones puramente ideológicas.
Sin embargo,
debemos señalar nuestro desacuerdo en cómo se realizó la negociación y cómo se vendieron los resultados en, lamentablemente, repetidos ataques de delirios de grandeza por parte del propio presidente del Gobierno y sobre todo por su antecesor en el
cargo, el señor Piqué.
Permítame que me centre en un ejemplo claro: la declaración de principios para el desarrollo de la cooperación en materia de equipamiento e industria de defensa, que tanta importancia tenía y se le daba, y que ni tan sólo va
a ser sujeto a ratificación por parte de este Parlamento. Fue presentado como algo excepcional, como algo que nos igualaba a determinados países que tenían una excepcional relación con Estados Unidos, y permítanme que aquí señale las falsedades.
Tal vez este término sería fuerte porque falsedad supone un acto de voluntad deliberada y seguramente más que acto de deliberada falsedad era ignorancia por parte de quien las decía. Así, en la rueda de prensa de 5 de abril de 2002, en la que se
presentó el acuerdo, el señor Piqué dijo que este acuerdo de industria nos ponía al mismo nivel que Canadá. Falso. El acuerdo con Canadá sí que es un acuerdo especial, tan especial que la industria de defensa canadiense tiene el mismo trato que la
industria de defensa americana y que productos que fabrica la industria de Canadá ya no los fabrica la industria de Estados Unidos. Nada que ver con la declaración de principios que se firmó. Es cierto que con Gran Bretaña es casi exactamente
igual, pero usted sabe, como debía saber el señor Piqué, que el acuerdo con Gran Bretaña tiene un valor jurídico limitado en cuanto no fue aceptado por el Departamento de Estado y, por lo tanto, la declaración de principios con Estados Unidos sobre
industria de defensa, como muy bien señala, solamente tiene validez en cuanto a las competencias del Ministerio de Defensa y del Departamento de Estado americano, y las competencias sobre industria de defensa del Ministerio de Defensa son
inexistentes. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio.
Se dijo también que no había este acuerdo con otros países. El acuerdo se firmó en Estados Unidos y España, por separado, por parte de los ministros, pero dos días antes, en Nueva York, se había firmado exactamente el mismo convenio con
Noruega, ocho días antes de que se firmase en Madrid. Antes de que se firmase el convenio con España, que se supone que tenía por esto una relación privilegiada con Estados Unidos, resulta que se había firmado con Noruega, que tampoco parece que
sea un país de especiales relaciones privilegiadas con Estados Unidos. El mismo convenio se está negociando en estos momentos con países como Francia, Alemania, Italia y Suecia, porque forman parte de una estrategia más global del Gobierno de
Estados Unidos. Incluso cuando hubo la comparencia en Comisión parece que no era conocido por parte de los ministros que para las semanas siguientes se había convocado en Estados Unidos una reunión sobre el futuro de la cooperación internacional en
industria, a la que se había convocado a Gran Bretaña, a Francia, a Alemania y a Italia, pero no a España. ¿Hizo gestiones España para asistir a esta reunión? Los hechos demuestran que esta es una declaración importante pero que no hay que
magnificarla, no hay que llevarla más allá de lo que significa. Esto es únicamente un
ejemplo porque lo importante de este convenio sobre industria no es la declaración sino la gestión diaria que se hace. Ahora vamos a ver realmente si existe relación privilegiada. Vamos a ver qué es lo que sucede con el concurso sobre el
servicio de guardacostas, que ya fue adjudicado a una empresa americana con material español de aviación y electrónico, ya que ahora la empresa americana concesionaria que ganó el concurso intenta cambiarlo sacando fuera los productos españoles.
Aquí sí que vamos a ver si realmente existe una relación privilegiada.
Señorías, resumiendo: acuerdo con el protocolo; desacuerdo en la negociación y en su presentación, y profunda preocupación por la gestión futura que el Gobierno pueda hacer de este protocolo. Por ello, nosotros exigimos formalmente,
señora ministra, a todo el Gobierno que se envíe al Parlamento para su conocimiento -no para su votación- una serie de documentos que, sin formar parte del convenio, es conveniente que este Parlamento conozca. Concretamente -en este caso lo
conocemos pero no porque haya sido enviado al Congreso- estoy hablando, en primer lugar, del MOU de industria y tecnología señalado en el artículo 3, al que he hecho referencia antes. En segundo lugar, las normas reguladoras sobre actuación de los
servicios criminales, señaladas en el artículo 12, a las que han hecho referencia varios intervinientes. Nosotros tenemos claro que únicamente tienen sentido dentro de la legalidad española, aunque no conste explícitamente porque no podría ser de
otra manera. Sin embargo, como ha habido dudas y compromisos por parte del señor Piqué y del señor Trillo, es conveniente que si ya están redactadas estas normas reguladoras, y si no lo están, en el momento en que lo estén, sean enviadas
urgentemente a este Parlamento.
Aprovecho un rápido paréntesis para hacer referencia a la cuestión que el señor Guardans planteaba correctamente sobre otros aspectos jurídicos del convenio que no deben confundirse de ninguna manera con los intentos del Gobierno americano
sobre el TPI. En este sentido nuestra posición es clara: vamos a presentar una iniciativa para que pueda haber un pronunciamiento claro. No vamos a consentir, en la medida de nuestras fuerzas parlamentarias, que haya una falsa interpretación por
parte del ministerio o del Gobierno en este sentido.
El tercer documento que también pedimos que se envíe es el MOU sobre mantenimiento en Astilleros Españoles de la flota americana. Sobre este documento no consta referencia alguna en el texto del protocolo, pero en la comparecencia del señor
Trillo y del señor Piqué, como usted muy bien habrá podido comprobar, el señor Trillo hizo referencia a este MOU o declaración de principios por el cual se iba a hacer el mantenimiento de los buques americanos en Astilleros Españoles. Esto es
importante, como mínimo, para la provincia de Cádiz y ya que el señor ministro hizo referencia a ello, exigimos que sea enviado también a este Parlamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Marsal, le ruego concluya.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Acabo ya, señora presidenta.
Exigimos que se envíen estos documentos y, al mismo tiempo, exigimos, señora ministra, que se den soluciones justas para los problemas económicos y laborales que han sido señalados por los trabajadores de Rota y Morón y el Ayuntamiento de
Rota. Hemos presentado iniciativas. No hemos conseguido que se aceptasen. Hay un compromiso de dar solución. Hay una nota verbal. Solucionen ya el problema de acuerdo con sus compromisos.
Acabo. Seguiremos con atención la gestión que el Gobierno haga del convenio, criticándola siempre que sea necesario, pero, tal como decía al principio, conscientes de que hay que distinguir entre el contenido del convenio y su gestión,
vamos a votar en contra de las enmiendas de totalidad que en este momento estamos discutiendo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Marsal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy nos trae aquí el Protocolo de enmienda al Convenio de cooperación con los Estados Unidos. Se había producido la necesidad de cambiar un convenio, que hay que reconocer fue un hito, un salto, un buen convenio; había que
superar los elementos obsoletos por el paso del tiempo, 14 años no pasaron en balde, y algunos de los elementos han sido recordados por la ministra de Asuntos Exteriores. Se trataba también de dar un cauce legal y regulatorio a cuestiones que
existían de facto.
Muchas de ellas simplemente con el paso del tiempo se habían convertido en costumbre y convenía sin duda darles un cauce legal adecuado.
En cuanto a la actuación del servicio naval de investigación criminal, las condiciones impuestas por el convenio de la necesidad de cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecen y salvaguardan con toda claridad el
principio de soberanía. El principio de soberanía, las limitaciones al transporte de armamento nuclear y la escala de buques de propulsión nuclear han quedado igualmente salvaguardados en esta enmienda. Me consta que se han hecho ingentes
esfuerzos para tratar de superar los problemas salariales que han acaecido a lo largo de estos últimos meses como consecuencia de la imposibilidad de mantener la exención fiscal de una parte del salario. Es evidente que
todos los españoles somos iguales ante la ley y que una parte de los españoles no puede estar exenta de pagar la parte correspondiente de IRPF, pero se está buscando una solución que sea adecuada y aceptable a todas las partes en el
convenio.
Por otra parte, esta enmienda ha intentado consolidar el equilibrio en la relación que mantenemos en materia de seguridad y defensa con los Estados Unidos, muy de acuerdo con la filosofía general de la política de defensa que en Europa
empieza a imperar. Se consagra una posición importante en la cooperación industrial. No quiero entrar en los detalles que el señor Marsal ha mencionado, pero simplemente por hacer una mención al caso de Noruega, quiero decir que el convenio
firmado con el Reino de Noruega tenía sentido que tuviese un equilibrio parecido con otras potencias importantes. No olvidemos que Noruega era país de vanguardia en la OTAN, único país nórdico perteneciente a la Alianza Atlántica, y que además es
uno de los países que va a acceder a las nuevas fragatas F-100.
Se trata de una clara mejoría en la regulación del control en cuanto a las relaciones de defensa entre Estados Unidos y España. Se busca un equilibrio real en la relación. Somos un aliado serio. Vamos a cumplir las obligaciones derivadas
de los tratados internacionales firmados por España y de los sistemas de seguridad colectiva a los que pertenecemos.
Sin embargo, aquí hay que señalar hoy que en gran medida, por desgracia, el debate ha estado contaminado por la actualidad y no
escapa a nadie que eso es una realidad evidente. No podemos sustraernos a ello, pero me parece que contaminar un debate que ha quedado muy claro en la comparecencia conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, traer un debate como si
cogiéramos el rábano por las hojas y tratar de contaminarlo con elementos ajenos al mismo, no lleva a ninguna parte.
Hoy, ya que tenemos que hablar de ello, no es que hayan cambiado radicalmente las cuestiones de seguridad. No podemos quedarnos anclados en los tiempos de la guerra fría. Superada ésta, ya nada de lo que teníamos antes sirve; superada la
guerra fría, hay que abolir las alianzas defensivas; superada la guerra fría, tenemos que acabar con los ejércitos. Hoy, por desgracia, todos los informes independientes a los que uno puede tener acceso en la red o acudiendo a seminarios
internacionales de prestigio, nos demuestran que el mundo tiene riesgos ciertos, evidentes y, en muchos casos, más claros y más inminentes que antes o durante la guerra fría. Los nuevos riesgos y las nuevas amenazas son una doctrina que está
presente en el pensamiento y en el análisis de las personas más prestigiosas y de universidades. El terrorismo, los conflictos de baja intensidad y la inestabilidad son riesgos a los que tenemos que enfrentarnos las naciones democráticas, y hoy la
libertad y la democracia tienen un riesgo cierto y las alianzas defensivas tienen un papel que jugar en el equilibrio estratégico del mundo.
Este protocolo de enmienda contribuye a una nueva filosofía en las relaciones trasatlánticas, alejada de la subordinación o de la sumisión que preconizan algunos países y los políticos de algunos países. Los europeos somos un aliado de los
Estados Unidos, los Estados Unidos son el aliado principal de Europa. Pero tratamos también de huir de la competencia y de la confrontación estéril, que muchas veces puede ser incluso contraproducente con nuestro principal aliado. En las nuevas
relaciones trasatlánticas lo que debe imperar es el criterio o la vía de la sensatez, del sentido común, del equilibrio y de la mesura. Tenemos que buscar las complementariedades, las sinergías positivas con nuestro principal aliado. Debemos, en
definitiva, tratar de construir unas relaciones trasatlánticas sanas, transparentes, equilibradas, desde la no subordinación, desde confrontar nuestras opiniones, demostrando nuestras discrepancias, cuando las tenemos, y aceptando los puntos de
coincidencia. Esta es una iniciativa que se encuadra perfectamente en este marco, en el marco de la construcción, desde el equilibrio, de un nuevo pilar europeo de la defensa; el pilar europeo de la defensa que busca un complemento autónomo, no
subordinado, tratando de consolidar el equilibrio entre Estados Unidos y Europa.
Señorías, comentarios como el que hacen desde Izquierda Unida de que si tuvieran ustedes 50 diputados presentarían un recurso de inconstitucionalidad contra este convenio, seguramente harán que nunca lleguen a tener 50 diputados, porque hay
que ser responsable en las relaciones internacionales y en materia de seguridad, y no se puede venir aquí a frivolizar con electoralismo.
Señoría, el convenio de 1988 enmendado, que se firmó y se negoció por un Gobierno socialista, fue un buen convenio. Los principios sobre los que se fundamenta la negociación de esta enmienda se hicieron por un Gobierno demócrata -y usted ha
venido aquí a hablarnos de los republicanos, del belicismo- y los principios que presiden lo que venimos hoy a aprobar -por supuesto, vamos a rechazar sus enmiendas- los puso encima de la mesa un Gobierno demócrata, los mismos que ayer se quejaban
por otras cosas muy distintas y que usted ha traído aquí a colación sin absolutamente relación alguna.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Arístegui. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que ocupen los escaños.
Sometemos a votación las enmiendas a la totalidad al Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho
en Madrid el 10 de abril de 2002, y del intercambio de Notas Verbales entre ambos países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, seis; en contra, 255; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE TOTAL DE 64.283.447,91 EUROS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADAS DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS,
TRANSFERENCIAS CORRIENTES E INVERSIONES REALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 121/000108.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley por el que se conceden varios créditos extraordinarios, por importe total de 64.283.447,91 euros,
para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior. Para la presentación del proyecto de ley, tiene
la palabra el ministro del Interior. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio, con objeto de que podamos continuar con el debate.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Gobierno somete hoy a la consideración de este Pleno para su aprobación el proyecto de ley por el que se conceden varios créditos extraordinarios por un importe de 64 millones de euros al Ministerio del
Interior. Con esta norma que hoy debatimos en la Cámara se pretende atender el pago de distintas obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que de acuerdo con las normas presupuestarias no pueden aplicarse al ejercicio corriente. El pago de
dichas obligaciones y su imputación al ejercicio actual pueden únicamente realizarse mediante la aprobación de una norma con rango de ley por la que se habiliten los recursos necesarios para atender a su abono. Es evidente que cualquier retraso en
el pago de dichas obligaciones ocasionaría un grave perjuicio a los acreedores, además del devengo de los correspondientes intereses de demora.
La cuantía de los pagos a que ha de hacer frente el Ministerio del Interior, y para lo que se propone la aprobación de este proyecto, ascienden a 64.283.447 euros y se corresponde con los siguientes gastos: gastos corrientes en bienes y
servicios por un importe de 63.786.000 euros; gastos financieros por importe también -siempre en números redondos- de 177.736 euros; transferencias corrientes por importe de 307.123 euros e inversiones reales por importe de 11.829 euros.
El desglose de los créditos extraordinarios que se recogen en este proyecto de ley es el siguiente: en el servicio 01, Subsecretaría y servicios generales, el crédito asciende a 597.781 euros y la partida más importante corresponde a
servicios de transporte para los pagos de la repatriación de extranjeros a su país de origen con un total de 365.176 euros. En el servicio 03, de la Dirección General de la Policía, son 44.33.856 euros, que representan deudas a satisfacer con cargo
al programa 222.A, referido a seguridad ciudadana y que está gestionado por este servicio. Las partidas más relevantes corresponden a comunicaciones, 13.470.982 euros y las deudas con la Fábrica de la Moneda y Timbre para atender pagos derivados de
expedición de DNI y pasaportes con una partida de 9. 710.705 euros. La Dirección General de la Guardia Civil, en el servicio 04, presenta una deuda total de 5.542.303 euros en el programa 222.A de seguridad ciudadana. Corresponde en su totalidad
a gastos corrientes en bienes y servicios, destacando la partida correspondiente a indemnizaciones por razón del propio servicio, esto es, las dietas, traslados, locomoción, como consecuencia de los desplazamientos por razón de los servicios y
funciones tan importantes que tiene encomendadas este cuerpo de seguridad y que asciende a 2.547.916 euros. En el servicio 05, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, existen obligaciones pendientes de pago por importe de 14.100.754
euros, correspondiente fundamentalmente a gastos de productos farmacéuticos y por la extensión que se ha producido de las nuevas combinaciones de antirretrovirales a la población reclusa que está afectada por el VIH y que asciende a 4.075.517 euros,
así como para atender gastos de asistencia sanitaria con 5.43.714 euros. Por último, en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el servicio 06, las obligaciones ascienden a 8.751 euros.
Señorías, con este proyecto de ley se pone de manifiesto que, si bien se trata de gastos corrientes ligados al desarrollo de los servicios que durante ejercicios anteriores ha prestado el Ministerio del Interior, se corresponden en su
mayoría con gastos operativos directamente relacionados con la prestación de los
servicios de seguridad. Concretamente, y como antes he manifestado, estamos hablando de gastos asociados a las labores de vigilancia de la seguridad ciudadana, de gastos ordinarios en cuarteles o comisarías o de gastos vinculados al
crecimiento de la población reclusa, todos ellos derivados de los servicios propios del Ministerio del Interior en su vertiente de seguridad ciudadana, que en muchos casos depende de factores sobrevenidos o de difícil previsión, como es el caso de
repatriación de extranjeros que depende de resoluciones de expedientes y, por tanto, también de factores como el número de inmigrantes ilegales detenidos, iniciándose el expediente que después acaba con las distintas resoluciones de repatriación o
no. Por todas estas razones, esta norma constituye un instrumento presupuestario acorde con la política de contención del gasto que viene desarrollando el Gobierno y que permite al presupuesto adaptarse a situaciones que han surgido a lo largo de
la ejecución presupuestaria y que, desde luego, no estaban previstas en el momento de la elaboración de este presupuesto; un instrumento que se ajusta a lo legalmente establecido para estas circunstancias, a los mecanismos para dotar de la
necesaria flexibilidad al presupuesto, dentro de unos márgenes que garantizan que el presupuesto puede adaptarse a situaciones que surgen a lo largo de su ejecución.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no es habitual que el Grupo Parlamentario Socialista vote en contra de proyectos de ley de créditos extraordinarios. Solamente en circunstancias muy extraordinarias hemos adoptado esa postura, porque sabemos que a veces no es
posible prever todas las contingencias y circunstancias inesperadas que pueden producirse a lo largo del ejercicio presupuestario. Después de leer el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley que el Gobierno envía a esta Cámara hemos
llegado a la conclusión de que nuestro deber es plantear esta enmienda a la totalidad.
Compartimos el dictamen del Consejo de Estado, que empieza diciendo que constituye una abusiva utilización del crédito extraordinario financiar obligaciones de
gastos corrientes en bienes y servicios utilizando un procedimiento que está pensado para situaciones de carácter excepcional.
Además -sigue diciendo el propio Consejo de Estado- en este momento se encuentra en la Cámara la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y hubiera sido adecuado, en cumplimiento del principio de unidad presupuestaria, incluir en tales presupuestos este crédito extraordinario que ahora se plantea con carácter excepcional. Por otra parte, el Consejo de Estado
también dice que el Ministerio del Interior se caracteriza por la habitualidad en este tipo de modificaciones presupuestarias, por hacer pasar como necesidades extraordinarias lo que normalmente son gastos ordinarios en bienes corrientes y
servicios.
Señorías, estas son poderosísimas razones, siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, para oponerse a la pretensión del Gobierno; un Gobierno que además es autor de una ley, la de Estabilidad Presupuestaria, caracterizada precisamente por
la dureza del control en lo que se refiere al déficit público y a la estabilidad y transparencia presupuestaria, que es lo que se quiso dar como mensaje y que se ha impuesto a comunidades autónomas como mandato imperativo. Este Gobierno ha olvidado
que el artículo 16 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece -cito literalmente- que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se financiarán no por deuda pública, sino mediante el recurso al fondo de contingencia de ejecución
presupuestaria o mediante la baja en otros créditos. He entendido al señor ministro que usaba el burladero diciendo: ¿qué vamos a hacer con los acreedores? Ustedes van a adoptar una postura irracional con relación a los acreedores. La postura
irracional es la que adoptó el Gobierno. Si el Gobierno hubiera cumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, su propia ley, su ley imperativa, la ley que culmina la definición del control del déficit, no se hubiera producido esta situación. ¿Por
qué no cumple el Gobierno la Ley de Estabilidad Presupuestaria? ¿Por qué no ha creado el fondo de contingencia para pagar situaciones de este tipo? Léanse ustedes los artículos 15 y 16 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no utilicen a los
acreedores como burladero para justificar el pago de un proyecto de ley en relación con unos créditos que han sido adquiridos burlando prácticamente la ley.
Así pues, señorías, este proyecto de ley incumple los mandatos de la Ley General Presupuestaria, si seguimos el dictamen del Consejo de Estado, y la más reciente de Estabilidad Presupuestaria. He aquí una conducta de un Gobierno que, por
una parte, blasona de estabilidad presupuestaria, déficit cero, austeridad y rigor y, por otra, practica todo lo contrario incumpliendo leyes que él mismo ha hecho y ha aprobado. No se trata de un crédito extraordinario como tantos que han pasado
por esta Cámara y que nosotros hemos votado favorablemente. No se trata de un crédito extraordinario para pagar operaciones de paz o de ayuda de carácter humanitario; no se trata de ejecución de sentencias judiciales; no se trata de pagar
retribuciones ni es tampoco solidaridad con las víctimas ni sequías, inundaciones, catástrofes y otros hechos de semejante naturaleza.
Estas y otras parecidas han sido motivaciones de proyectos de ley que han venido a esta Cámara en solicitud de crédito extraordinario y que nosotros hemos aprobado y hemos apoyado. En el caso de la presente ley, señorías, no se aprecia otra
cosa que un cierto grado de imprevisión, de ineficiencia a la hora de afrontar y resolver lo que es más elemental en la gestión de cualquier institución pública, el gasto ordinario, el gasto corriente. Apreciamos también lo que pudiéramos calificar
de multirreincidencia porque es la cuarta vez que el Gobierno manda a esta Cámara durante los seis últimos años un proyecto de ley para pagar por crédito extraordinario gastos ordinarios y corrientes, y citaré el decreto-ley de 1997, el decreto-ley
de 1998, el decreto-ley de 1999 y recientemente este proyecto de ley, que arrojan cifras importantísimas de gasto ordinario que se financia mediante procedimiento extraordinario.
¿Para financiar los gastos corrientes de qué? Los gastos corrientes
de una cuestión muy fundamental, señoría: el programa 222.A, de seguridad ciudadana. Esto es lo que se trata de financiar: los gastos de la Dirección General de Policía, los gastos de la Dirección General de la Guardia Civil en material no
inventariable (cartulinas para el documento nacional de identidad, limpieza y aseo, reparaciones y conservación, combustible). Esto es lo que se trata de financiar mediante este proyecto de ley: gasto absolutamente ordinario y previsible. Se
trata de gastos corrientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, como el gasto en productos farmacéuticos, gastos corrientes de asistencia sanitaria, adquisición de antirretrovirales para los enfermos de VIH. En suma, 64 millones
de euros en gastos corrientes, de los cuales la cantidad mayor es la factura del teléfono: 15 millones de euros durante los años 1999, 2000 y 2001, sin que falten también referencias a los años desde 1996 hasta nuestros días.
Así pues, tenemos un ministerio que se ha habituado durante todo el mandato del Gobierno del Partido Popular a financiar sus gastos corrientes acudiendo a los créditos extraordinarios. No ha habido ningún año desde 1996, señorías, en que el
Ministerio del Interior haya presupuestado correctamente ni haya dejado de acudir a los créditos extraordinarios; ningún año, señoría, desde que gobierna el Partido Popular. En estas condiciones, ¿qué credibilidad puede tener la elaboración del
presupuesto de cualquier año y no digamos la del año que viene por parte del Grupo Popular y del Gobierno al que sustenta? ¿Qué credibilidad se puede dar a una situación donde con reiteración se insiste en pagar mediante procedimientos
extraordinarios gasto ordinario? Aquí los alardes propagandísticos que se han hecho por parte del Grupo Popular cuando se han presentado los presupuestos de estos últimos años, cuando se ha dicho que estábamos ante hitos históricos nunca jamás
alcanzados en lo que
se refiere a los presupuestos del Ministerio del Interior -véanse las declaraciones en los años 2000 y 2001 de los responsables del Ministerio del Interior-, tampoco han podido vencer a la realidad desmedrada que demuestran los balances,
porque como dijo Winston Churchill, no se puede engañar a todos durante todo el tiempo. Del mismo modo que ignoraron nuestras enmiendas, del mismo modo que ignoraron nuestras advertencias, en las que ya íbamos indicando, hace más de dos años, que
se estaba produciendo un incremento de la criminalidad (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.), también se ignoraron nuestras enmiendas en los presupuestos generales de estos años, cuando presentamos peticiones
para que se incrementaran precisamente las partidas correspondientes al gasto corriente en bienes y servicios.
Fueron despreciadas estas enmiendas y ahora nos encontramos con que hay que pagar esas deudas acudiendo nada menos que a la emisión de
deuda pública, deuda pública para pagar la cuenta corriente, la factura mensual del teléfono, del gas, de la luz, para adquirir las medicinas ordinariamente necesarias. ¿Es que tenemos al país en situación de bancarrota pública, señor ministro del
Interior para tener que acudir a la deuda pública para pagar los gastos más ordinarios, corrientes y comunes? Esa es la pregunta que habría que hacer. ¿Qué diríamos, señor ministro, de un padre de familia que acudiera al banco para hipotecar su
casa porque tenía que pagar el recibo del mes del teléfono, de la luz o la iguala del médico, como se pagaba antiguamente? Pues que era una persona absolutamente imprevisora, derrochadora, un padre de familia absolutamente incompetente. Yo no voy
a decir en este caso la traslación que se pudiera hacer de este supuesto a otras situaciones, pero esa es la cuestión.
Así pues, detrás de las cifras históricas -entre comillas- jamás logradas -también entre comillas- había una cruda realidad durante estos años, la de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que les faltaban a veces los recursos
más elementales. Hemos recibido quejas de muchos servidores públicos y hemos recibido también información de cómo se estaba pidiendo a otras entidades territoriales el apoyo financiero para pagar este tipo de gastos, también el combustible. Hemos
visto cómo a veces también los responsables de seguridad han tenido que actuar de auténticos pedigüeños a otras instituciones territoriales y locales, pidiendo precisamente el apoyo de cantidades para poder pagar este tipo de gasto ordinario,
corriente y necesario. ¿Cómo no iban a subir los delitos en estas condiciones si a veces hemos sabido que no se podían movilizar los vehículos, que tenían que tener una limitada actuación en el tiempo precisamente por falta de carburante durante
estos años a los que se refiere este crédito extraordinario que traen ustedes aquí esta mañana?
Así pues, señorías -y con esto acabo-, que quede claro, señor ministro, que el Grupo Parlamentario Socialista no presenta esta enmienda de totalidad para meter a nadie en un callejón sin salida. Por tanto, ruego que no se utilice como
burladero a los posibles acreedores, porque repito una vez más lo que está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Léanse ustedes los artículos 15 y 16 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, léanse en qué consiste el fondo de previsión de
ejecución presupuestaria, que no lo ha constituido el Gobierno y si lo ha constituido no sirve, puesto que no ha permitido alcanzar este tipo de gastos; porque si el Gobierno hubiera cumplido su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria este
supuesto no se estaría dando. Por tanto, no nos acusen de su propia imprevisión, porque el problema lo han creado ustedes y son los que lo tienen que solucionar.
Con esta iniciativa que hemos traído aquí esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista pretende llamar la atención sobre este tipo de errores, llamar la atención sobre el uso abusivo y reiterado del crédito extraordinario para gastos
ordinarios en que ha incurrido el Ministerio del Interior, un Ministerio que todos los años desde 1996 está pagando gastos ordinarios a través de créditos extraordinarios, y que finalmente nos trae aquí el pago mediante deuda pública del gasto más
ordinario de todos, del papel de las oficinas. Señorías, esto lo tiene que saber la opinión pública, y son errores de gestión, de incumplimiento de la Ley General Presupuestaria, de incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de mala
previsión, de nula planificación en un sector que, por otra parte, es clave. Estamos hablando del programa 222.A, de seguridad ciudadana. No estamos hablando de un programa secundario del Ministerio del Interior. Estamos hablando del programa en
el que se sustenta el servicio público de seguridad ciudadana y de cómo lo está financiando el Grupo Popular. Esa es la mala gestión de un servicio público fundamental y se enfrenta -todos los sabemos, porque es la preocupación de todos en este
día- a un acelerado incremento de la criminalidad, producido precisamente a lo largo de estos años en los que se ha registrado esta carencia de financiación del gasto corriente y ordinario. El Grupo Parlamentario Socialista pretende que este error
no se vuelva a cometer ni por ustedes ni por nadie más. Y por ustedes menos porque trajeron aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Finalmente, aguantaremos lo que ahora se diga sobre este particular, porque algunos de los argumentos serán reiterativos, aunque ya he visto la posición muy moderada adoptada por el señor ministro en la exposición de este asunto. Señor Gil
Lázaro, por favor, no intente distraernos con el pasado para que olvidemos las carencias y las deficiencias del presente. Le advierto porque ya le conozco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mayoral.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar posición sobre este trámite, que resulta curioso. Supongo, señor ministro del Interior, que no puede estar muy cómodo en el debate de totalidad del proyecto de ley que nos presentan porque es muy sorprendente. Reconozco que no
tenía pensado cuál iba a ser el voto que íbamos a emitir porque esperábamos recibir informaciones complementarias.
Se nos hace muy difícil entender que 64 millones de euros, más de 10.000 millones de pesetas, hayan podido estar mal presupuestados
en otros ejercicios, en relación exclusivamente a gasto corriente. Hubiéramos podido entender que en cuestiones relativas a acontecimientos sobrevenidos o en hechos concretos y de gravedad en materia de seguridad ciudadana hubiera alguna necesidad
a la hora de afrontar nuevos gastos presupuestarios. Una mera lectura de este proyecto de ley nos muestra -como decía el anterior orador- que la partida mayor hace referencia a teléfono; que no hay ni una sola partida de gasto corriente que no
haya sido mal presupuestada; que dietas, locomoción, comunicaciones informáticas y de todo orden han quedado en desajuste presupuestario.
Tampoco sabemos exactamente en qué ejercicios se han producido esos desajustes y ni en la propia literalidad
del proyecto de ley ni en las palabras del señor ministro hay explicación a la causa de semejante desajuste presupuestario. Los parlamentarios, las parlamentarias, los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de recibir alguna explicación más.
Estamos totalmente de acuerdo con lo que ha señalado el Consejo de Estado sobre el abuso absoluto de esta técnica. Es inadmisible que se nos presente este proyecto de ley.
Nos sorprende que en otros trámites presupuestarios el Gobierno alardee de cómo tienen tan bien cuadradas las cifras, de cómo han conseguido llegar al déficit cero, etcétera, cuando luego, por la puerta trasera, se nos presentan estas
cuestiones. No es admisible, como tampoco lo es que se exija una rigidez total a otras administraciones públicas, mientras que el Gobierno hace y deshace en esta materia de esta forma tan poco razonable. Por tanto, esto no es asumible. Sólo
estaríamos de acuerdo con alguna partida muy concreta, como en la aplicación de la Ley de víctimas, pero todo lo que hemos podido leer -no hemos tenido más información complementaria- no nos parece razonable sin más explicaciones. Si hubiera más
información reflexionaríamos sobre ello, pero más de 10.000 millones de pesetas en gasto corriente por desfase presupuestario, cuando, por otro lado, se alardea de la gran estabilidad, del gran ajuste de cuentas,
de la inexistencia de déficit y de superávit, no parece razonable.
No es un trámite que nos guste mucho y tampoco es un debate que nos satisface. Esto es lo que hay y no es culpa nuestra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar en contra de la enmienda de totalidad de devolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, coincidimos con la explicación presupuestaria y operativa que el señor ministro del Interior ha
dado. Se trata de un ministerio que a lo largo de los ejercicios económicos se encuentra con una serie de vicisitudes que no se pueden prever. No es la primera vez que el Gobierno presenta un proyecto de ley para financiar -lo ha dicho el portavoz
socialista- gastos corrientes, pero eso no significa que se esté conculcando la Ley de disciplina presupuestaria con las excepciones que la misma señala para aquellos departamentos que se ocupan de la seguridad ciudadana, de la plantilla de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil, de la adquisición de uniformes, de pertrechos, etcétera. Las circunstancias cambian, así como la tecnología existente, desde la vestimenta hasta los pertrechos, bienes que se pueden inventariar o no. Todo
ello se tiene que incluir, dentro de la ordenación presupuestaria, en unas partidas que pueden ser clasificadas -técnicamente lo son- como gastos corrientes. Ahora bien, no tiene nada que ver que se trate de un gasto corriente, propio de
departamentos de este tipo, como ocurre con el Ministerio de Defensa, con operaciones de paz en el exterior que generan gastos corrientes para pagar las atenciones de los destacamentos. Si nos fijamos en la problemática que afecta al Ministerio del
Interior: llegada de inmigrantes ilegales en pateras, dotación de servicios integrados de vigilancia exterior, con compromisos adquiridos anteriormente, no cabe más remedio que aplicar el sentido común, la lógica y el control parlamentario.
Así pues, coincidimos plenamente con la exposición de motivos y con los argumentos que el señor Acebes, ministro del Interior, ha expuesto y apoyamos a su ministerio, que bastante tiene con ocuparse de lo que la ley le encomienda en relación
con las circunstancias exteriores, puesto que los cuerpos de seguridad de un Estado necesitan dotaciones de plantilla, de efectivos, de gasto corriente en una palabra, para luchar contra lo que a veces estamos denunciando aquí, que parece que es
normal en la calle y es una delincuencia. Para eso están los presupuestos, el control parlamentario y las medidas de apoyo que mi grupo no regatea en ningún momento a un ministerio clave en la actualidad en materia de política de seguridad
ciudadana, como es el Ministerio del Interior. Por tanto, estamos a favor del proyecto del Gobierno y en contra de la enmienda de totalidad presentada.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Hay ocasiones en las que uno pierde la magnífica oportunidad de pasar desapercibido y esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista ha perdido dicha oportunidad, porque presentar una enmienda de devolución a un proyecto de ley de crédito
extraordinario de las características y de la naturaleza de éste, desde la profunda solidez de los argumentos que incorpora tanto el texto escrito justificativo de la enmienda de devolución como la intervención de esta mañana del señor Mayoral,
resulta cuando menos curioso. Si es curiosa la fundamentación y profundamente errática, mucho más erráticas son algunas de las argumentaciones de autoridad que se han pretendido esgrimir esta mañana para intentar justificar lo injustificable. Por
cierto, que si el acierto en el diagnóstico de la situación de gestión del Ministerio del Interior y de la capacidad de administrar bien los recursos de este Gobierno y del Ministerio del Interior es el mismo que el de la emisión de citas, se
comprenden muchos de los despropósitos y desaciertos del Grupo Parlamentario Socialista. Sin ninguna pretensión intelectual, lamento tener que recordarle al señor Mayoral que la cita que ha puesto en boca de ese eminente estadista que fue Winston
Churchill es, como todo el mundo sabe, de Abraham Lincoln. Si a partir de esas confusiones intelectuales que están al alcance de todos entramos a considerar lo que son algunas admoniciones finales, como: no me diga, señor Gil Lázaro, esto o
aquello, uno entiende que el señor Mayoral al menos ha tenido que comparecer esta mañana ante esta tribuna -y es de alabar ese gesto de lealtad a su grupo- ante esta tribuna en un ejercicio ciertamente difícil. Ustedes dicen que esesta enmienda de
devolución a la totalidad se justifica porque trata de incorporar una partida extraordinaria para cubrir gastos corrientes, es decir, gastos de financiación de mero funcionamiento administrativo. Usted sabe, señor Mayoral, que esto no es así, que
esta partida está afecta fundamentalmente a gastos operativos, es decir, derivados del funcionamiento operativo del servicio de seguridad. La justificación técnica esencial de su intervención y de su enmienda queda, de suyo, descartada. Cuando se
señala como elemento complementario
de autoridad que cumplimos la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el principio de disciplina, o no se está conociendo o se quiere disfrazar en este tribuna el contenido y el significado de la ley. Porque la Ley de disciplina
presupuestaria no dice que no se pueda utilizar este recurso extraordinario, lo que dice es que tiene que estar sometido a una determinada forma de financiación, a través del fondo de contingencia que, como todo el mundo sabe en esta Cámara, en el
momento de aprobación de la ley se estableció que sería operativo en el año 2003, tal y como va a serlo en este ejercicio.
Finalmente, nos dice S.S. que la incorporación de este crédito extraordinario rompe el principio de estabilidad. Leyendo mínimamente los papeles que acompañan a la memoria presentada, el proyecto de ley y la documentación complementaria de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, comprobará S.S. que esta previsión extraordinaria está incorporada a la liquidación del presente ejercicio, lo que significa que está plenamente inserta en ese principio de estabilidad. Las
consideraciones técnicas son estas y no admiten vuelta de hoja. A partir de ahí se intenta hacer todo un cóctel en el que se mezclan las partes del discurso habitual, de ese discurso que hemos escuchado hasta la saciedad, del discurso de la
ineficacia, del discurso de la falta de previsión, del discurso de la falta de medios y se ignora, señor Mayoral -le guste a usted o no escucharlo-, desde su profunda desmemoria -comprendo que es una desmemoria obligada-, lo que ha sido la evolución
del Ministerio del Interior como tal ministerio desde 1996 hasta la fecha. Hoy en día el Ministerio del Interior no le provoca sobresaltos en el desayuno a ninguno de los ciudadanos españoles. Afortunadamente, porque eso debe ser el Ministerio del
Interior, una unidad administrativa al servicio de la libertad y de los ciudadanos que solamente provoque sobresaltos en el desayuno a los delincuentes o a los aspirantes a delincuentes. Esta no era la realidad antes de 1996.
Entrando en otro orden de cosas, esa tampoco era la realidad en lo que afectaba a la vertebración económica y de gestión de ese ministerio. No quiero ser exhaustivo, señor Mayoral, pero apelo a su memoria íntima -ya no digo a su desmemoria
pública, sino a su memoria íntima-, porque hoy se tienen que realizar y prevenir en este ejercicio inversiones muy importantes -como se van a producir de una manera decidida y seria por parte de este Gobierno, de este Ministerio del Interior- en
materia, por ejemplo, de infraestructuras policiales y de cuarteles de la Guardia Civil. Probablemente, porque durante todos unos largos ejercicios presupuestarios anteriores la previsión de alguien en lo que afectaba a cuarteles de la Guardia
Civil caminaba por los senderos que todos sabemos que caminaba y que terminaron conduciendo a la célebre excursión a Laos, con viaje de ida y vuelta.
Señor Mayoral, que a estas alturas se pretenda que la gestión, la ineficacia y el caos colosal administrativo y de previsión del Ministerio del Interior son una verdad científicamente admitida y que precisamente lo bueno, lo sano, lo eficaz,
lo previsible fue lo que ocurrió en el Ministerio del Interior antes de 1996, es ciertamente paradójico. Estas modificaciones que ahora se van a aprobar representan precisamente lo contrario de lo que S.S. señala. Ha dicho S.S. que todo el mundo
sabe que en este momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado carecen de medios materiales y son ineficaces. Pues bien, parte de estas modificaciones acreditan precisamente la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los términos técnicos del concepto policial de eficacia, que significa más detenciones producidas, más delitos esclarecidos y, por tanto, incremento correspondiente de la población reclusa. Que determinadas partidas que forman parte de la
consecuencia de esa eficacia policial, como el incremento en gasto farmacéutico, se quieran despachar diciendo que esto es puro gasto administrativo, no deja de ser chocante.
Hay cosas, señor Mayoral, que no se sostienen por su propio pie. En el ejercicio de desmemoria, sin embargo, ha sido muy cuidadoso porque cuando se ha tratado de hacer mención de los créditos extraordinarios que ha habido que contemplar en
los últimos años, ha hecho siempre mención a los años 1997, 1998 y 1999, pero ha sido -por eso su desmemoria a veces a mí me resulta sospechosa, creo que forma parte de un legítimo ejercicio de autodefensa política- muy cuidadoso en no citar el
crédito de 1996. Pues yo le voy a recordar a S.S. y a la Cámara el crédito de 1996. Hoy solicitamos la aprobación de un crédito extraordinario por valor de 64 millones de euros; en 1996, uno de los primeros ejercicios legislativos que tuvo que
realizar este Gobierno, fue precisamente la solicitud a esta Cámara de un crédito extraordinario para pagar gastos del Ministerio del Interior por valor de 309 millones de euros. Esa es la realidad, señor Mayoral, 309 millones de euros en 1996,
después de muchas cosas -y sabe S.S. a lo que me refiero con muchas cosas- sucedidas en aquella casa.
Desde la tranquilidad que a los ciudadanos les ofrece esa casa, desde la eficacia de los servicios policiales que se prestan, desde la voluntad
de seguir mejorando en la prestación de ese servicio público de la seguridad en beneficio de los profesionales de la seguridad, en beneficio de los ciudadanos y en beneficio de la libertad, le decimos -y con eso concluyo-, que hoy han perdido
ustedes la magnífica oportunidad de pasar desapercibidos porque, apareciendo en este debate, han vuelto a demostrar que tienen una profunda desmemoria, que tienen un profundo desconocimiento de la realidad y que son incapaces de ofrecer una
alternativa en materia de políticas de seguridad, tanto en la concepción y ejecución operativa o legislativa de esas políticas como en su gestión administrativa y presupuestaria.
Diga usted lo que quiera, señor Mayoral, pero su texto de devolución sólo conduce a que no se pague a los acreedores y a que se incremente la carga financiera de la Administración pública, es decir, a que se incremente la contribución de los
ciudadanos al sostenimiento de esa carga financiera.
Un desastre descomunal, tan desastre -vuelvo a repetir, señor Mayoral- como confundir a Churchill con Abraham Lincoln, pero así van las cosas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Gil Lázaro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley por el que se conceden varios créditos extraordinarios por un importe total de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones de
ejercicios anteriores derivados de gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 96; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la mañana.