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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 176, de 25/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 176
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 170
celebrada el martes, 25 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida y Mixto, de reforma parcial y urgente del Reglamento del Congreso de los Diputados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 246-1, de 31 de
mayo de 2002. (Número de expediente 410/000005.) ... (Página 8787)
Modificación del orden del día ... (Página 8797)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 140-1, de 11 de mayo de 2001. (Número de
expediente 122/000124.) ... (Página 8797)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002. (Número de expediente 162/000526.) ... (Página 8806)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002. (Número de
expediente 162/000525.) ... (Página 8811)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental. (Número de expediente 173/000144.) ... (Página 8820)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del 20/06/2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio
de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país. (Número de expediente 173/000145.) ... (Página 8825)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página 8787)
De los Grupos Parlamentarios Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida y Mixto, de reforma parcial y urgente del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página 8787)
Presentan la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, para su toma en consideración, la señora Conde Gutiérrez del Álamo, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de los grupos parlamentarios Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida y Mixto, de reforma parcial y urgente del Reglamento del Congreso de los Diputados, se
rechaza por 115 votos a favor y 174 en contra.
Modificación del orden del día ... (Página 8797)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto del mismo los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 8797)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo ... (Página 8797)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Uría Etxebarría, quien pone de manifiesto que es la sexta vez que interviene, entre Pleno y Comisión, para hablar de los daños
padecidos en defensa de derechos y libertades en tiempos predemocráticos y de que éstos deben ser indemnizados, lo que demuestra la coherencia de su formación política al venir sosteniendo lo mismo desde el debate de lo que hoy es la Ley 32/1999.
La iniciativa que hoy presenta su grupo llega en un momento muy oportuno por la cercanía del XXV aniversario de las primeras elecciones democráticas, dice, y no pide responsabilidad patrimonial sino el rescate del olvido de algo que contribuyó a la
consolidación de la democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, se rechaza por 15 votos a
favor, 253 en contra y doce abstenciones.
Proposiciones no de Ley ... (Página 8806)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política ...
Defiende la proposición no de ley la señora Sainz García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. El Gobierno, explica, en el camino de la igualdad de oportunidades está introduciendo la política del 'mainstreaming' o de
integración de la igualdad en todas las políticas, las acciones y los programas, y ello sin menoscabo del impulso de las importantes acciones positivas destinadas a abordar alguno de los problemas con los que se encuentran las mujeres, por lo que su
grupo considera que la distinción entre sexos debe estar presente en todas las estadísticas que por su naturaleza permitan dicha distinción, estadísticas que son esenciales a todos los niveles, empezando por el político, para llevar a cabo desde el
inicio la planificación, aplicación, seguimiento y una ulterior evaluación. Continúa exponiendo los argumentos de su proposición no de ley y recuerda el trabajo llevado a cabo en este sentido por el Instituto de la Mujer sobre la situación de las
mujeres en diversos ámbitos sociales tales como el empleo, la educación, la salud, etcétera.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Navarro Garzón.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora Sainz García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas, para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida
social, económica y política, en sus propios términos, se aprueba por 171 votos a favor, 105 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana ... (Página 8811)
Defiende la proposición no de ley el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Reitera una vez más la grave situación de inseguridad ciudadana que, según su opinión, padece el país y acusa al Gobierno de permanecer
inactivo, de manipular las cifras y de contrainformar en algunos episodios. Afirma que la ciudadanía se encuentra alarmada, los comerciantes desprotegidos y un servicio público de seguridad ciudadana desmotivado, con falta de efectivos, falta de
medios, con bajas retribuciones, con una conflictividad derivada de la falta de diálogo y con carencias que impiden cubrir los servicios que demanda la ciudadanía. Por ello su grupo plantea en su proposición no de ley soluciones concretas,
prácticas, realistas, factibles y a corto plazo que pasa a explicar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Mayoral Cortés.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 107 votos a favor, 167 en contra y cuatro abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8820)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental ...
(Página 8820)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida la señora Urán González, que recuerda lo que ya dijo en la presentación de la interpelación urgente y es que existen
muchas directivas en materia medioambiental que habían acabado su plazo de trasposición y que todavía no habían sido reflejadas en el ordenamiento jurídico español, directivas importantes sobre todo en materia de calidad del medio ambiente, así como
otras directivas que ya han sido traspuestas pero que no se están cumpliendo, destacando que de un total de 499 expedientes informativos abiertos en la Unión Europea en el año 2001, 324 correspondían a España. Por eso, añade, su grupo ha presentado
una moción que lo único que pretende es instar al Gobierno a que trasponga en el plazo de seis meses todas las directivas europeas relacionadas con la protección del medio ambiente.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Martí i Galbís, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Urán González.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental, en los términos derivados del
debate, con la incorporación parcial de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aprobada por el grupo proponente, y con la incorporación de la parte transaccional, se rechaza por 105 votos a favor, 150 en contra y 12
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del 20/06/2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio
de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país ...
(Página 8825)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista el señor Jáuregui Atondo, quien asegura que esta moción es una censura al Gobierno por su comportamiento antes, durante y después de la huelga del 20
de junio, censura en el sentido del reproche y de la reprobación política que el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer al Gobierno por su comportamiento, basándose en cinco grandes razones: la aprobación de un decreto sin consenso y rompiendo
el diálogo social al día siguiente de que los sindicatos anunciaran la convocatoria de huelga; una actitud hostil y sectaria contra los convocantes y sus apoyos; actuaciones policiales en los preámbulos de la huelga que se pueden calificar como
mínimo de exageradas y en muchos casos vulneradoras de los contenidos del derecho constitucional a la huelga; la implantación de los servicios mínimos tarde y mal y, por último, la manipulación de la verdad y el desprecio a la protesta.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Jáuregui Atondo.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, para que el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del 20 de
junio de 2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto y con la incorporación del primer punto de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 96 votos a favor, 157 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, VASCO (EAJ-PNV), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE REFORMA PARCIAL Y URGENTE DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 410/000005.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Toma en consideración de proposición de dicha reforma, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida y Mixto.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Señora presidenta, señorías, son muchas las razones que podría aducir hoy para explicar la urgencia de la reforma del Reglamento en lo que tiene que ver con el control al Gobierno, pero les citaré una
extremadamente elocuente por su cercanía en el tiempo y por su contundencia: el Pleno que se desarrolló en esta Cámara el pasado 20 de junio, el día de la huelga general. Ese día se reunió el Pleno de la Cámara, pero en su orden del día no
figuraba un debate entre los representantes de la soberanía popular sobre la huelga.
Mientras un gran número de trabajadoras y de trabajadores se ponía en huelga en defensa de sus derechos y paralizaba el país, los representantes de la soberanía
popular debatíamos el informe del Defensor del Pueblo. El hecho, señorías, de que el portavoz del Grupo Socialista dedicara su intervención a explicar el decretazo, causa de la huelga, motivó una llamada de atención, por suerte no a la cuestión, de
la presidenta de la Cámara y una respuesta airada y contundente del portavoz del Grupo Popular. Mientras el Grupo Parlamentario Socialista acercaba esta Cámara a los ciudadanos, el Gobierno y el Grupo Popular sustraían a los españoles un debate
necesario.
Hechos como éste, señorías, se producen todos los días. La lejanía del Parlamento de la sociedad, de lo que realmente preocupa a la gente es uno de los peores males que aquejan a esta Cámara y es una de las razones del distanciamiento de
los ciudadanos de la política, del que tanto nos lamentamos los políticos. Son muchos los problemas que además de éste tiene este Parlamento: pérdida de centralidad de la vida política, falta de autonomía en relación con el Poder Ejecutivo,
lentitud del tiempo parlamentario, inadecuación de las estructuras parlamentarias a las características de la sociedad actual, retraso tecnológico... Algunos de estos problemas, señorías, son propios de nuestro Parlamento, otros lo son de cualquier
Parlamento contemporáneo. De muchos de estos problemas es responsable el Reglamento, otros, los más, tienen su origen en estos momentos en la actitud autoritaria, prepotente, chulesca, de desprecio al Parlamento del Gobierno y del Partido Popular.
Este Gobierno, señorías, desprecia a la oposición y desprecia al Parlamento, como desprecia a los estudiantes, a los trabajadores, a los sindicalistas y hasta a la Santa Madre Iglesia. Es su forma de estar en política. (Rumores.)
Si esta Cámara funciona deficientemente y no cumple con su principal función de control al Gobierno no es tanto por su Reglamento, que también, como por la actitud de desprecio a las minorías y de falta de respeto a las reglas del juego
democrático del Partido Popular. Esta Cámara, señorías, desarrolla sus funciones con un Reglamento de 1981, el mismo que sirvió a UCD primero y después al PSOE durante 14 años para hacer de este Parlamento el centro de la vida política y para
consolidar, mantener y profundizar la democracia. A esta institución han mirado durante 25 años los ciudadanos para saber qué pasaba en el país y para conocer la evolución del acontecer político. Con este Reglamento, sin embargo, el Gobierno y el
Partido Popular de José María Aznar, a pesar de hablar de regeneración democrática en
1996 y de hacer del Parlamento el centro de la vida política en 2000, ningunea continuamente a esta Cámara y hace con ello cada día más frágil la democracia.
Señorías, la principal propiedad de la democracia de nuestro tiempo es el debate público, la discusión abierta, la defensa de las posiciones propias y la contestación de las políticas del adversario. Todas estas propiedades las anula el
Gobierno del Partido Popular del señor Aznar en esta Cámara y fuera de esta Cámara. No hay nada más que ver lo que hace Televisión Española cada día y lo que hizo el mismo día de la huelga general.
El debate, señorías, la confrontación de ideas es el único medio que tienen los ciudadanos y que tenemos nosotros, los representantes de la soberanía popular, para convertir una democracia pasiva y bloqueada, como corre el peligro de
convertirse ésta, en otra activa y creativa. El uso torticero del Reglamento, junto a la necesidad objetiva de modificarlo, es lo que nos ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista, junto a la práctica totalidad de los grupos de la oposición, a
excepción de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, a presentar esta iniciativa de reforma parcial y urgente del Reglamento.
La función de control al Parlamento, señorías, es esencial en todo Parlamento contemporáneo, hasta el punto que los estudiosos de esta institución hablan del paso de un Parlamento legislador a un Parlamento controlador. Lo que caracteriza,
señorías, a los parlamentos del siglo XXI no es tanto su función legislativa como su función controladora, de modo que una institución, señores del Partido Popular, que no cumple con su principal función, es una institución muerta. Dicho de otra
manera, señorías, toda institución tiene una legitimidad de origen y otra legitimidad de funcionamiento. Pues bien, tal como se realiza la función de control en esta VII Legislatura, el Parlamento en el que en este momento estamos debatiendo
mantiene su legitimidad de origen, pero ha perdido, señores del Partido Popular, su legitimidad de funcionamiento.
Señorías, mi grupo está convencido de que una buena democracia es una democracia con un fuerte control parlamentario, y de ahí esta iniciativa que está hecha con voluntad de gobierno, es decir, está hecha sabiendo que dentro de dos años
gobernaremos y aplicaremos este Reglamento. El Parlamento, señorías, es el contrapeso que introduce competencias en el sistema político. Una democracia sin fuertes mecanismos de control parlamentario se convierte en un monopolio y se presta al
abuso del Gobierno, como pasa hoy día. Sólo con un Parlamento fuerte, que tenga a su disposición información abundante, adecuada y a su tiempo, la democracia es capaz de dar lo mejor de sí misma, de mantener el disenso y alcanzar consensos en
beneficio del bien público. No puede haber, señorías, señores del Partido Popular, como pretende este Gobierno, áreas opacas al control del Gobierno. Nada puede quedar fuera del control y de su crítica, porque cuando esto sucede la calidad de la
democracia se resiente y la consecuencia inmediata del deterioro de la calidad de la democracia es la apatía ciudadana, el desencanto y la abstención.
El convencimiento de que todo esto está sucediendo, y más, con el Gobierno del Partido Popular es lo que ha llevado a mi grupo parlamentario, junto a otros grupos de la oposición, a romper transitoriamente, e insisto en que transitoriamente,
un consenso que todos hemos considerado básico para reformar el Reglamento de la Cámara. No obstante, el trabajo que desde 1986 vienen realizando diputados y diputadas de esta Cámara no se ha perdido. Hoy podemos decir que está consensuado más del
80 ó el 85 por ciento del Reglamento y que una parte importante de ese texto consensuado está incorporada a la iniciativa que hoy presentamos.
¿En qué consiste, señorías, esta iniciativa? Consiste básicamente en establecer mecanismos claros de control al Gobierno, interpelaciones al presidente del Gobierno -dos por periodo de sesiones-, nunca se realizarán el mismo día de las
preguntas y las mociones se verán el mismo día que las interpelaciones. Las preguntas. Se mantienen las tres preguntas al presidente del Gobierno, pero una cosa muy importante es que se cambia el cupo, es decir, el grupo de la mayoría dispondrá
como máximo de una cuarta parte de las preguntas, seis de 24; o sea, en lugar de pasar el bochorno de que 15 de las preguntas de control al Gobierno sean del Grupo Popular, pasaríamos a un número razonable de preguntas. Se introducen debates de
actualidad -dos por periodo de sesiones-, se aumenta la presencia de los ministros en las comisiones: tendrán obligación de asistir una vez al mes, además de cuando las circunstancias políticas o socioeconómicas así lo requieran. Habrá la
posibilidad de control en la Diputación Permanente, se establecerá una oficina presupuestaria como órgano de asesoramiento de la Cámara en materia presupuestaria y económica y, lo que es importante para cualquier diputado y diputada responsable de
esta Cámara, habrá mayores facilidades para la petición de información, llegándose incluso a la amonestación en caso de que no haya respuesta. También se establecen mecanismos de control para otras instituciones del Estado y órganos
constitucionales: presidente y vocal del Consejo General del Poder Judicial, fiscal general del Estado y fiscales especiales, Tribunal de Cuentas y, lo que es extremadamente importante, se podrá controlar a los responsables de empresas que operan
en sectores clave o estratégicos de nuestra economía o presten servicios esenciales a la comunidad.
Se reforman también totalmente las comisiones de investigación. Quiero dejar claro en esta Cámara que el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos de la izquierda hemos trabajado con las recomendaciones del informe del
presidente de la Comisión de Gescartera, que no es un izquierdoso peligroso, el señor Mardones. Por último, se establece la posibilidad de que
intervengan los diputados individuales, se establece la intervención en los grandes debates parlamentarios.
Esta es, a muy grandes líneas, nuestra propuesta. Queremos que no sólo esta Cámara sino también los ciudadanos conozcan nuestra propuesta de perfeccionamiento de la democracia y también la postura del Partido Popular. Nos gustaría,
señorías, que esta propuesta saliera adelante por consenso, pero en todo caso queremos hacer participar a la opinión pública de este debate, ya que estamos convencidos de que el Gobierno no accederá a dejarse controlar ni a ampliar la información ni
a debatir con la oposición si no se ve forzado por la presión de la opinión pública.
Buscamos el consenso, señores del Grupo Popular, pero sabemos que el Gobierno sólo lo facilitará si se siente presionado por la opinión pública. Lo que tienen que
saber el Gobierno y el grupo mayoritario que le apoya es que los ciudadanos no entenderán que, tras 25 años de democracia, el Gobierno se niegue a mejorar las reglas del debate político corrigiendo las insuficiencias que hoy resultan evidentes para
todos. Empecinarse en mantenerlas, señores del Grupo Popular, es querer secuestrar la voz de la democracia y además les llevará inexorablemente a perder las próximas elecciones generales.
Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Conde.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace ya más de 13 años que esta Cámara tiene asumido el compromiso moral de reformar su propio Reglamento, 13 años de esfuerzos constantes por encontrar el punto político que aglutine mayorías o consensos para abordar una reforma
de aggiornamento que nadie discute, pero que no termina de aprobarse. Hoy por fas y mañana por nefas, seguimos con un Reglamento anticuado y obsoleto, que no responde ni a las necesidades sociales ni a las parlamentarias propiamente dichas. Por
ello, hoy el Grupo Parlamentario Vasco presenta junto con el Grupo Socialista, el de Izquierda Unida y el Mixto una proposición de reforma parcial y urgente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, al constatar con sorpresa que los
trabajos de la ponencia constituida en esta legislatura para tal fin se han agotado en sí mismos. Esta ponencia, que de hecho concluyó sus trabajos hace ahora un año, a falta de la suscripción formal del texto acordado por todos los grupos
parlamentarios, ha desaparecido. El Grupo Parlamentario Popular ha incumplido los compromisos adoptados en el seno de dicha ponencia. El actual período de sesiones, que concluye esta misma semana, debería haber aprobado definitivamente la reforma
del Reglamento si se hubiesen cumplido las previsiones acordadas. De hecho, la ponencia no ha sido convocada formalmente en los últimos meses y sus responsables han sido destinados a nuevos quehaceres, habiéndose despedido a la francesa, a la chita
callando. Nadie, absolutamente nadie, ha cogido el testigo de los señores Camps y Núñez. De la validez y asunción por parte del Grupo Popular de sus planteamientos nada se sabe.
Por ello, los grupos parlamentarios suscribientes presentan en el día de hoy esta proposición de reforma, para activar unos trabajos que razonablemente deben entrar en su recta final. El trabajo está realizado, señorías, los consensos
necesarios y suficientes están alcanzados y no podemos permitirnos el lujo de estar permanentemente tejiendo y destejiendo el paño parlamentario. Admitamos, señorías, que esta Cámara lleva más de 13 años, desde la III Legislatura, cual Sísifo, en
esta mítica tarea. Si los textos reglamentarios están pulidos y matizados hasta la extenuación, si existe una voluntad política parlamentaria generalizada entre todas SS.SS. para abordar en los términos propuestos la reforma, ¿qué sucede, señora
presidenta, para que cada vez que llega un texto de consenso parlamentario se firme automáticamente el acta de defunción de dicha propuesta hasta la siguiente legislatura? Si todos y cada uno de los grupos parlamentarios han aprobado en el seno de
la ponencia las propuestas de reforma que se detallan en torno al control del Gobierno, a las comisiones de investigación, al Estatuto del Diputado, a la oficina parlamentaria, a la oficina presupuestaria y, en general, a la regeneración de la vida
parlamentaria y las sucesivas reformas reglamentarias se abortan la víspera de la culminación de los trabajos, habrá que concluir que es el Gobierno quien usa y abusa de sus funciones al vetar las propuestas, por ser ajeno a la transparencia, y que
es el Gobierno el que controla al Parlamento y no el Parlamento al Gobierno. Este es el reto, señorías: invertir democráticamente esa función de control, que el Parlamento controle al Gobierno y no el Gobierno al Parlamento. Esta es en democracia
una de las funciones básicas de la institución parlamentaria. En definitiva, se trata de aumentar la calidad de la democracia.
Las propuestas que plantean los grupos parlamentarios suscribientes tienen como objetivo prioritario generar dinámicas democráticas de calidad y de transparencia, que regeneren, activen e impulsen la labor parlamentaria.
Nada más y nada
menos que el presidente del Tribunal Constitucional se ha despachado recientemente en los medios de comunicación sosteniendo ligera y alegremente que el Parlamento es una institución obsoleta. Silencio y estupefacción en los escaños. ¿Hemos
perdido, señorías, el pulso democrático? ¿Es exclusivamente la fuerza de la inercia la que sostiene el juego del Parlamento?
El Grupo Parlamentario Vasco entiende que es el momento propicio para tomar en consideración las propuestas
que esta proposición contiene para afrontar, en tiempo y forma, la reforma del Reglamento. Mañana ya es tarde. Volveremos a repetir ad nauseam que no se puede reformar el Reglamento al final de una legislatura y vuelta a empezar. El texto
que se propone en el día de hoy no se puede rechazar ni por razones de fondo ni por razones de forma. Todos los grupos parlamentarios han ofrecido su visto bueno a ese mismo texto. Sería razonable, señorías de la mayoría, que valoraran
suficientemente las razones de oportunidad para rechazar esta propuesta; no hacerlo sería desaprovechar una nueva oportunidad y demorar la reforma del Reglamento probablemente una legislatura más. Este es un lujo que esta Cámara no se puede
permitir. El reloj parlamentario, señorías, está excesivamente desajustado. Es necesario su ajuste y puesta en hora, para que esta Cámara esté en sintonía, en fondo, tiempo y forma, con las cuestiones que ocupan y preocupan a los ciudadanos que
representamos. Adoptar la postura contraria supone, a nuestro entender, apostar por un Congreso de los Diputados obsoleto, rígido, plagado de tintes burocráticos y sin medios materiales y personales que, de hecho, ponen a la Cámara en manos y al
albur del Ejecutivo. Esta Cámara necesita de grandes dosis de revitalización y de la adopción de medidas concretas para que esté capacitada para el cumplimiento de sus funciones y esté menos capitidisminuida. El Pleno de la Cámara tiene hoy,
señorías, una excelente oportunidad para sacar de su letargo los trabajos de la ponencia del Reglamento La aprobación del texto que se propone supondría un salto cualitativo, necesario para agilizar la aprobación definitiva del nuevo Reglamento, que
todo el mundo reconoce que es urgente y necesaria. Si el voto de SS.SS. coincide coherentemente con los planteamientos que se realizan, tanto en público como en privado, habremos dado en el día de hoy un paso de gigante para la revitalización de
esta Cámara y de sus estándares de calidad democrática.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, decía el estrecho de Federico Hegel que la historia se repite siempre. Luego a ello le añadió un cachondo Carlos Marx que la historia se repetía, pero la primera vez como tragedia y la
segunda como comedia. Este diputado de provincias, señorías, desde luego no ha conocido la tragedia del debate y negociación de la reforma reglamentaria, pero sí puede hablar de la comedia -comedia en tres actos con mutis final por el foro- y al
final habrá que hacer una especie de cinefórum o de teatrofórum sobre el análisis político del porqué.
El primer acto de la comedia se produce allá en la zona pirenaica en el Alto Aragón -la presidenta es de esa magnífica comunidad autónoma- y allá en la zona de Ordesa entre farellones y barrancos, con el apoyo de bastantes portavoces
parlamentarios hubo un compromiso muy serio de iniciar de forma concienzuda y de llevar a buen puerto en esta legislatura la reforma del Reglamento, incluso hubo pelea, pulsos dialécticos para ver si era durante la siguiente legislatura o ya
podríamos realizarlo en esta. Aquello fue maravilloso porque entre aquellas tierras tan agrestes, esos pinos, ese verdor y que pernoctábamos en un hotel que se llamaba Edelweiss, uno no sabía si ponerse a cantar como la familia von Trapp la canción
de Edelweiss, aunque nos faltaba Julie Andrews, o si debido a lo agreste del territorio y a la semejanza con Baviera, como decía Woody Allen, directamente invadir Polonia. Entre las dos cosas nos decidimos por la más sana. Además, quiero recordar
que la gastronomía y su nivel, que fue en descenso a lo largo de las distintas reuniones, fue una expresión más de cómo iba perdiendo pulso la Comisión de reforma del Reglamento. En esta primera reunión en Ordesa, en una ladera verde a lo Heidi,
probamos una especie de comida aragonesa travestida de comida francesa, que estuvo bien, y se puede hablar de que así se cerró la primera parte de la comedia.
Segunda parte. Bajamos hacia el sur y también bajamos de grandeza. Fuimos al Monasterio de Piedra, que, como ustedes muy bien saben y recordaba el bueno de Wenceslao Fernández Flórez en su Lola, espejo oscuro, era el sitio donde los
jerarcas del franquismo solían llevar a sus queridos y a sus queridas. Aunque el sitio no tenía la grandeza de Ordesa, no obstante, éramos también los mismos portavoces, con la incorporación del joven y recientemente elegido señor Caldera, que
también le dio un nuevo impulso a la reunión, quienes asegurábamos que al terminar aquella tanda de encuentros sin duda íbamos a tener una reforma del Reglamento muy buena. La comida ya bajó, ya no fue aragonesa travestida de francesa, sino que fue
francesa travestida de aragonesa, lo cual fue algo nada deseable.
Tercer acto de la comedia. Sucedía todos los miércoles de cada mes por la mañana en la sala de doña Mariana Pineda -ese magnífico personaje que Lorca recreó y parece que está diciendo aquello de Amor, amor, amor y eternas soledades-, allí
solamente se tomaba el desayuno -un desayuno completo compuesto por zumo de naranja, café con leche y galletas- y todas las mañanas íbamos poniendo al día nuestra reforma reglamentaria.
Allí había de todo, desde la señora Conde que llegaba todas
las mañanas a llorarnos un poco diciendo que la reforma del Reglamento no iba a ser lo suficientemente rompedora o lo suficientemente novedosa como para revitalizar este Parlamento, al señor Núñez magnífico -don Manuel o Manolo- que siempre nos
echaba en cara que alguien había filtrado algo a no sé qué medio de comunicación, al
señor Mauricio que aparecía y desaparecía, al portavoz de Convergència i Unió tal sutil y tan matizante, a la señora Lasagabaster que parecía que representaba a un grupo parlamentario inmenso por la contundencia de sus intervenciones, hasta
los representantes del PNV y los de Izquierda Unida que nos conformábamos con que no nos echaran de la reunión, de la Constitución y de la propia Comisión reglamentaria.
De pronto, señorías, se produce el mutis por el foro. Alguien se planteaba qué había por medio, señorías. Habíamos llegado a un acuerdo, todos y todas estábamos de acuerdo en lo fundamental: la oficina de control parlamentario, las
preguntas, las comisiones de investigación, más medios técnicos y humanos para soporte de los grupos parlamentarios, una mayor capacidad de control parlamentario. Ahí se había llegado, quedaban pequeñas diferencias: un grupo planteaba que no
estaba dispuesto a que la toma de posesión de los diputados fuera una especie de juramento de Santa Gadea ante José María Campeador, sino que quería hacer un juramento distinto, un juramento en la línea constitucional; otros planteaban cuestiones
de protocolo, si los presidentes de las comunidades autónomas tenían que sentarse delante o detrás de los diputados de esta Cámara; y algún que otro grupo, necesitado de que además de los portavoces hablara algún que otro del grupo parlamentario,
planteó que los diputados de a pie intervinieran junto con los portavoces. Todas ellas eran pequeñas diferencias por las que no merecía la pena haber cerrado aquella posibilidad. Sin embargo, sin dar explicaciones -por lo menos a este portavoz y a
su grupo parlamentario nadie les dio explicaciones- un día se nos dejó de convocar los miércoles. Nadie daba razones. A mí me llegaban informaciones a través del señor Alcaraz, que me decía: Bueno, en una reunión que hemos tenido con el ministro
de Presidencia dice que a lo mejor va a replantearse, dicen que...pero nada; nadie nos volvió a invitar ni a citar a ninguna reunión. Señorías, eso no es de recibo, no es serio. A algunos de los miembros de los partidos fuertes les dieron la
patada hacia arriba: al señor Núñez le mandaron a la Cámara de Cuentas, a Luis también le mandaron a la Cámara de Cuentas y a Camps, que estaba en la Mesa, le nombraron delegado del Gobierno con posibilidad de sustituir a Zaplana. A los demás ni
tan siquiera nos dieron la patada hacia arriba y nos quedamos con un palmo de narices. Nos quedamos sin nada, sin ninguna explicación.
Y termino, señorías, con un humilde cinefórum o teatrofórum. ¿Por qué no se concluye esta comedia? Para muestra vale el botón de esta mañana en la Comisión de Justicia e Interior, a pesar de que la oposición ha conseguido romperlo. No se
ha concluido porque el Gobierno y el Partido Popular están muy contentos y muy tranquilos con este Reglamento. Decía el bueno de Andreotti: El gobierno quema; sí, al que no está en él. Si ustedes estaban tan tranquilos con la mayoría absoluta
por mor de la voluntad popular, ¿por qué no permitir un poquito más de control? Si no pasaba nada. Ustedes están muy bien con un Reglamento en el que, en vez de que la oposición controle al Gobierno, ustedes nos controlan a nosotros. ¿Qué
problema hay con las preguntas? Si cierran los ministros, si no hay ningún problema de que les metamos en una angostura ni en un desfiladero extraño. Si además nunca les vamos a pillar en el rentoi, si tienen muy buenos soportes, muy buena
información y cierran. Yo no voy a quitar al Grupo Popular el derecho a hacer preguntas, quién soy yo para hacerlo, pero la mayoría de las preguntas no pueden ser de botafumeiro.
Ustedes tienen derecho a utilizar la matemática, pero la matemática
muchas veces no es buena. Se lo digo sencillamente como reflexión, a lo mejor la matemática no es buena a la hora de controlar al Gobierno, porque si las preguntas son para controlar al Gobierno, salvo que vayamos al modelo anglosajón de partidos
políticos y de elecciones, que no es el caso, el partido que soporta al Gobierno en la concepción política del centro de Europa es un partido que no controla a su Gobierno, o si lo controla, lo hará extramuros del propio Parlamento. Ahí está el
'Diario de Sesiones'. Eso no es nada malo en un momento determinado. Además, gracias a este Reglamento, no hay oficina de control presupuestario, que la hay en la inmensa mayoría de los parlamentos de las comunidades autónomas. Gracias a este
Reglamento, se puede bloquear las comisiones de investigación con más facilidad que con la reforma que podíamos tener en puertas. Vuelvo a insistir: eran muy pocas las diferencias, se podían negociar, se estaba dispuesto a negociarlas, y este
Parlamento -y no me importa reconocerlo- ha perdido un pedazo de parlamentario con el señor Núñez, con esa capacidad que tenía de saber capear, de saber englobar, de saber tantear y de saber matizar.
Señorías, hoy podemos hacerlo bien o mal, y yo represento sólo a una cuarta parte de las firmas, pero si ustedes hoy y desde esta tribuna plantearan que en julio, pero esta vez de verdad, nos vamos a sentar para no levantarnos sin
Reglamento, el resto de los grupos -aunque no soy quien se lo plantearía- podríamos retirar la iniciativa. Si la hemos presentado es porque estamos hartos de clamar en el desierto.
Sencillamente, se lo pido al que tiene la mayoría, al que tiene la
llave, al que tiene la capacidad de reformar este Reglamento, aunque pueda decir que esta muy cómodo con él, pero incluso por su propio interés les conviene que la oposición tenga un Reglamento que le sirva para espolearles, porque las mayorías
absolutas con reglamentos fáciles duermen. A ustedes -repito- les interesará en un momento determinado que la espuela de la oposición les despierte.
Repito y concluyo ya, por el interés de toda la Cámara sería muy conveniente que ustedes subieran aquí a decir que de una vez por todas nos vamos a sentar para concluir la reforma reglamentaria; en la línea que ya está marcada, no hay que
hacer nada más.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me gustaría hacer unas reflexiones, empezando por lo que suele ser menos habitual, para tratar de ver qué es lo que realmente podemos tener en común los grupos que hemos presentado esta iniciativa con aquellos que no la han
presentado, pero que estoy segura de que comparten la idea de la necesidad de la reforma del Reglamento.
En primer lugar, esta es una cuestión que lleva pendiente ya demasiados años y todos los grupos parlamentarios han planteado que es necesario establecer un Reglamento que se corresponda con el tiempo actual, con el desarrollo que ha existido
en la sociedad, en sus usos, en sus costumbres, en los medios de comunicación y que, en definitiva, recoja las novedades o mejoras que a lo largo de muchos años de parlamentarismo hemos observado todos, cada uno desde su posición, estudiando cuáles
pueden ser necesarias para que el Parlamento, independientemente de quién esté o no esté en el Gobierno, tenga el papel nuclear y central de la vida política. Esta primera conclusión es evidente. Todos tenemos la misma idea, todos queremos que
haya una reforma del Reglamento, y esto debiera ser suficiente motivo para intentar acercar posiciones.
La segunda cuestión, en la que todos coincidimos, es el gran esfuerzo que hemos hecho todos en las distintas legislaturas para acercar posiciones, y tampoco eso debe quedar fuera de este debate. Yo sólo conozco los debates y los trabajos de
las VI y VII Legislaturas, que fueron muy arduos, muy tenaces y muy constantes, de muchas horas de reuniones y, sobre todo, de muchos intereses conjuntos que sacar adelante. Por tanto, no se trata de echar la piedra sobre la otra parte, sobre uno u
otro respecto de quién tiene o no tiene ganas de que se apruebe en determinado momento. Esos son dos elementos que debieran servirnos para hacer la primera reflexión: es urgente, es necesario, es bueno para todos que haya una reforma del
Reglamento. Es importante.
La tercera reflexión, muy breve, hace referencia a un trabajo ya realizado desde el año 1981 y especialmente a los terminados en 1993. A raíz de 1993 hay otro trabajo ya hecho, consensuado en un 80 por ciento a finales de la VI Legislatura,
y en ésta también hay un importante trabajo ya realizado. Por tanto, la reflexión sería intentar no perder los esfuerzos ya realizados. Tenemos el interés, tenemos la necesidad, tenemos el objetivo conjunto y común y tenemos los trabajos en gran
parte realizados.
Mi cuarta reflexión es quizás la que nos divide a unos y a otros, y es la oportunidad del momento. Probablemente aquí entran variables que no hacen referencia a la necesidad, al trabajo o a la posición real de cómo debe ser este Reglamento,
sino a coyunturas políticas en función de los lugares en los que estén unos u otros. Hay que resaltar que, aunque hayamos planteado esta llamada de atención por algunos grupos, no tiene que sentirse como agresión a otra serie de grupos
parlamentarios, sino que es una llamada de atención para que intentemos buscar la posibilidad de recuperar los trabajos perdidos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué hemos planteado esta cuestión del control? Es evidente que es la que más
ilusión le hace siempre a la oposición, eso es obvio; pero es verdad que a otros grupos parlamentarios también les puede interesar. En estas reformas que hemos planteado hay cuestiones que también son positivas para el Gobierno. Los debates de
actualidad son positivos para el Gobierno, no para la oposición. Puede haber otra serie de cuestiones que también beneficien al Gobierno en cuanto a hacer un debate actual en esta Cámara, sin necesidad de tener que hacerlo fuera, en lugares ajenos
a las Cortes. Señorías, hablamos de la necesidad de retomar la vida parlamentaria real, de que las cosas se hagan en esta Cámara, de que no se pueden (y lo digo a todos, a un lado y a otro) hacer pactos fuera de esta Cámara, terminar casi de hacer
las legislaciones al detalle (artículo, punto, coma) para luego traerlas sin más. Esto no es admisible.
Recuperando las dos reflexiones primeras, que son las importantes, hay necesidad, hay deseo, hay esfuerzo, hay trabajo realizado y trataría de que esta intervención fuera una llamada de atención para que entre todos, si es posible, podamos
recuperar el tiempo perdido y volvamos a la carga en la reforma del Reglamento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo brevemente para mostrar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición.
Como relató ya acertadamente el señor Rejón, la comedia del Reglamento tuvo varios actos. Yo me acuerdo de las fresas silvestres, del vino de Gewürztramine, de una serie de cosas. El caso es que ahora volvemos a estar otra vez aquí. No sé
qué sucedió porque no asistí a las sesiones de los miércoles -iba Begoña Lasagabaster-, pero sucede lo que está ocurriendo en tantos otros ámbitos, es decir, también aquí se nota la deriva autoritaria del Gobierno del Partido Popular. En materia de
justicia es evidente (controlan ya el Consejo General del Poder Judicial, van camino de controlar el Tribunal Supremo y desde luego ya controlan el Tribunal Constitucional) y quieren también paralizar el Parlamento.
Efectivamente, hay que poner en
hora el reloj parlamentario, pero el tiempo parlamentario en este Parlamento es de chicle, depende para lo que sea. Hay
una gran prisa, aunque sea forzando el Reglamento, aunque sea con textos aún no publicados en los boletines, en aprobar ciertas leyes antes del verano (podemos hablar de la ley de la sociedad de la información, de la ley de partidos) y
parece que hay menos tiempo para tramitar otros proyectos de ley, como el de reforma del desempleo, porque mientras tanto se aplica sin ningún tipo de matiz el real decreto aprobado por el Gobierno el 24 de mayo. Hay una evidente falta de medios y
de colaboración, cuando no incumplimiento abierto por parte del Gobierno de sus obligaciones de facilitar información, de contestar preguntas, en definitiva, de colaborar con esta Cámara, y hay también una falta de amparo evidente de la Presidencia
de la Cámara ante este tipo de incumplimientos gubernamentales. El question time de los miércoles está totalmente desvirtuado, las comisiones de investigación y el ejemplo de Gescartera ponen de relieve la necesidad de una nueva regulación. En
fin, la función de control en este Parlamento está totalmente desvirtuada.
Ahora bien, no es con pactos ni con cocina realizada fuera de los muros de este Parlamento como se recupera la centralidad de la Cámara. La centralidad de la Cámara no se
recupera con pactos pergeñados en la Moncloa o en sedes de los partidos políticos que luego se imponen aquí por los dos partidos mayoritarios. Los temas centrales deben ser debatidos y deben ser discutidos en una primera lectura real en esta
Cámara. De esa manera también se recupera la centralidad y se recupera la apreciación popular de los trabajos que aquí desarrollamos.
Antes se puso un ejemplo de lo que sucedió el 20 de junio y ha sido un ejemplo desafortunado. De la huelga general había que hablar antes y hay que hablar después, pero el 20 de junio había que estar en la calle. Yo voy a poner otro
ejemplo de lo que sucede cuando una Cámara parlamentaria, cuando un Parlamento, no tiene medios para funcionar, cuando el Gobierno no colabora y cuando la presidencia no ampara a los diputados de la oposición que solicitamos información. Algunos
diputados desde hace ya más de año y medio habíamos solicitado que por el Gobierno se nos trasladase copia del contrato de venta de Santa Bárbara a una multinacional norteamericana. Se nos negó esa información con el argumento peregrino de que en
el contrato había una cláusula de confidencialidad. Es decir, que el Gobierno introduciendo una cláusula puede burlar el Reglamento y el control parlamentario. Solicitado el amparo de la presidencia, esta se limitó a reiterar esta petición al
Gobierno sin ningún otro tipo de actuación. Por tanto, se está obligando a los diputados -es una carga excesiva- a acudir al Tribunal Constitucional ante este tipo de incumplimientos tan flagrantes.
Existe un consenso sobre ciertos temas. Yo también estaría dispuesto aretirar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa si por el Grupo Parlamentario Popular hubiese un compromiso real de avanzar en dotar de más medios, de
más instrumentos de control, y más ágiles, a esta Cámara. Espero que por parte del representante del Grupo Popular o bien se asuma este compromiso o bien por lo menos se nos explique qué es lo que sucedió entre septiembre de 2001 y el día de hoy.
Qué sucedió en este tiempo para que el proyecto de reforma del Reglamento cayese en saco roto y desapareciese en algún laberinto de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Turno de fijación de posición. ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy se plantea en esta Cámara una propuesta parcial de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Toda reforma del Reglamento para mi grupo parlamentario
-lo decía también hace unos momentos la diputada Lasagabaster del Grupo Parlamentario Mixto- debe partir de dos premisas: en primer lugar, compartir que sea necesario reformar el Reglamento, es decir, compartir esa necesidad; y, en segundo lugar,
compartir un consenso. No podemos cambiar las reglas del juego de esta Cámara ni podemos cambiar su Reglamento si no hay un amplio consenso entre los distintos grupos. Por tanto, para Convergència i Unió estas son las dos premisas: la necesidad y
el consenso. ¿Es necesario reformar el Reglamento de la Cámara? Mi grupo considera que sí lo es y lo comparten todos los grupos de esta Cámara. Lo comparte usted, señora presidenta, porque empezó la legislatura con un gran ímpetu, convocando a
todos los portavoces para intentar desbloquear unos trabajos que ya venían de pasadas legislaturas. El señor Rejón se refería antes a que esto empezaba en Ordesa, pero hubo reuniones en otros paradores y otros lugares. Asistí en Chinchón a una de
las reuniones en la pasada legislatura para intentar reformar el Reglamento. Por tanto, primera premisa: ¿es necesario reformarlo? Sí, es necesario reformarlo. Segunda premisa, consenso.
¿Existe consenso? Si me lo permite, señora presidenta,
el consenso era difícil, pero se trabajó por parte de distintos diputados de esta Cámara para que ese consenso fuera necesario y posible, y se consiguió en un gran porcentaje. Quiero recapitular, después de dos reuniones de portavoces se constituyó
una especie de comisión informal en la que cada miércoles por la mañana nos reuníamos distintos diputados de cada uno de los grupos para intentar trabajar ese consenso. Quiero recordar aquí al señor González de Txabarri del PNV; quiero recordar a
Rosa Conde y a Luis Martínez Noval, que ya no está, que trabajaron muy activamente; a Begoña Lasagabaster del Grupo Mixto; cómo no a los miembros de la Mesa, pero muy concretamente por el
Grupo Popular al diputado Manolo Núñez que trabajó mucho y muy bien para lograr el consenso; al señor Rejón de Izquierda Unida; a veces venía el señor Mauricio de Coalición Canaria. Había una voluntad de llegar a un acuerdo, pero de
repente se dejaron de convocar esas reuniones. Lástima que hoy ya no sea vicepresidente el señor Camps que era quien las presidía. De hecho, sin dar ninguna explicación, por los menos sin dar ninguna explicación a los representantes del Grupo
Parlamentario Catalán, esas reuniones se dejaron de convocar. Quiero recordar al señor Anasagasti que en muchas reuniones de la Junta de Portavoces preguntaba a la presidenta y al resto de los diputados sobre la reforma del Reglamento. Era la
callada por respuesta porque de forma inusual se dejaron de convocar esas reuniones.
No me atrevo a dirigir la culpabilidad de esa inactividad a un solo bando de esta Cámara. Todos debemos tener parte de responsabilidad cuando no se llega a un acuerdo, por tanto, no quiero culpabilizar a nadie de por qué esas reuniones no
llegaron a buen fin; sin embargo, mi grupo constata la evidencia de que se ha roto ya completamente ese consenso con el debate de hoy. Mi grupo quiere trabajar para reconstruir ese consenso. Sería bueno, señora presidenta, que se nos convocara a
todos por lo menos para certificar la defunción, para constatar que ese grupo de trabajo que se reunió activamente durante medio año ha dejado de reunirse. Pediría que nos constituyéramos para ver en qué estado se quedaron las negociaciones, porque
cierto es lo que dice el señor Rejón de que había un principio de acuerdo en un 80 por ciento. Se lo dije a la señora Conde cuando nos planteó si firmábamos o no la propuesta y lo comentó también el portavoz de mi grupo, señor Trías: qué es lo que
vamos a firmar. No firmamos este documento que era el punto de acuerdo. Este documento era ya el mínimo común denominador de la reforma del Reglamento. Mi grupo estaría de acuerdo en empezar sobre la base de este documento porque se aprovecharía
el trabajo realizado.
Quiero agradecérselo también a la secretaria general, al secretario general adjunto, el señor Delgado-Iribarren, a quien fue director de Comisiones, Alberto Dorrego, porque también nos ayudaron mucho a trabajar esta propuesta. Mi grupo
hubiera consentido hoy en que nos pusiéramos de acuerdo por lo menos en aquello en que había un mínimo consenso, pero hoy la reforma que se nos trae afecta a una parte importantísima del Reglamento. Es cierto que debemos dinamizar el control de
esta Cámara, pero había ya propuestas de consenso en esta parte. La que se nos trae hoy es una reforma parcial en alguno de cuyos aspectos, concretamente en lo que se refiere a las interpelaciones al presidente del Gobierno, mi grupo no está de
acuerdo, y así lo manifestó durante los trabajos de la ponencia. Dos interpelaciones por periodo de sesiones de alguna forma fomenta el bipartidismo, los grupos grandes. Esta es una Cámara plural, con grupos en los que hay siete miembros, quince
diputados. Si hacemos sólo dos interpretaciones por periodo de sesiones, ¿quién sería el grupo interpelante? Si algunos grupos con tres preguntas al presidente del Gobierno no conseguimos participar activamente en ese debate, se nos hace difícil
pensar de qué forma lo haríamos en unode interpelación al presidente del Gobierno, que es una figura que mi grupo nunca ha compartido, y así lo hemos manifestado. Nosotros respetamos claramente que haya grupos que así lo quieran defender, pero
-repito - mi grupo parlamentario no ha compartido nunca esa filosofía de la interpelación al presidente del Gobierno. Por eso, en uno de los aspectos más relevantes de esa propuesta no había consenso, y es el que hoy se trae para su toma en
consideración.
Mi grupo no va a votar esta toma en consideración favorablemente. ¿Por qué? Porque no es la propuesta de consenso de esta Cámara; es una propuesta que nace sabiéndose previamente que no la va a poder apoyar el grupo mayoritario porque
recoge aquellos aspectos en los que aún no estábamos de acuerdo. Si hoy estuviera aquí el señor Núñez como diputado saldría y explicaría el 80 por ciento de aspectos con los que sí estamos de acuerdo. Yo invito a todos los grupos, y muy
especialmente al Grupo Popular, que es el mayoritario, el que tiene la llave, a que faciliten las cosas para que sea posible por lo menos pactar un acuerdo sobre lo que ya estábamos conformes. Sería muy positivo salvar aquellos aspectos que reunían
el consenso de todos. Sería incluso un reconocimiento a quienes han trabajado mucho y bien el que ese amplio consenso fuera posible.
Hablábamos de los aspectos más conflictivos para otro periodo de sesiones, quizá para otra legislatura, pero por lo menos dejemos constancia parlamentaria de ese punto mayoritario que nos une a todos. Hoy el debate no ha sido oportuno
precisamente porque nos traen ese punto donde el acuerdo no es posible; en cambio, sería oportuno, no a través de una propuesta presentada en el Registro sino convocándonos otra vez a todos los portavoces, para ver de qué forma podemos salvar lo
mucho que se ha trabajado para dinamizar los trabajos de esta Cámara.
Señorías, señora presidenta -con esto termino- mi grupo reitera la necesidad de reformar el Reglamento. Incluso el ministro de la Presidencia, cuando empezó sus responsabilidades al frente de su ministerio, dos meses después de que no se
reuniera la Comisión de Reglamento, se comprometió a impulsarla, pero no se ha hecho. De ahí que mi grupo aún tenga una luz de esperanza para que al final los distintos grupos seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que nos une, que es
mucho, que es la mayoría de artículos ya consensuados, repasados, leídos una dos y tres veces, con informes contrastados de los letrados.
En esos aspectos sí que podría haber un acuerdo y mi grupo tendría una posición favorable. Hoy no la puede
tener porque
lo que se nos trae aquí no es aquel elemento de consenso que integró los trabajos de la ponencia; es una parte de aspectos que quedaban por resolver y que legítimamente unos grupos pueden considerarlo necesario, aunque se pudiera entender
que todavía no se había alcanzado el grado de consenso.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señorías, los autores de esta iniciativa, a quienes hemos tenido la ocasión de escuchar esta tarde, no son otros que el conjunto de grupos a los que hemos dado en llamar el consorcio opositor;
pero no seré yo, señora Conde, quien les niegue a SS.SS. ni legitimidad de origen, ni legitimidad de ejercicio. Yo estas cosas me las tomo en serio.
Lo cierto es que el Grupo Parlamentario Socialista, para reforzar una apariencia de mayor fortaleza que la que les dieron las urnas, lidera a otros grupos que dócilmente, señor Alcaraz, se pliegan a ser simple acompañamiento del señor
Caldera. Se hicieron la foto, pero hoy no comparecen aquí. Esta es la importancia que dan a la iniciativa del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Aplausos.) Últimamente este consorcio se reúne para escenificar protestas, en el afán de
trasladar a la opinión pública española una supuesta afrenta a las minorías por parte del Grupo Popular y del Gobierno. A su iniciativa la han rotulado como de reforma parcial y urgente. A nuestro juicio, ambos rasgos merecen alguna consideración.
Tienen razón cuando denominan parcial a esta iniciativa.
Los grupos proponentes no parten del amplio consenso alcanzado sobre muchos temas por el grupo de trabajo constituido al efecto, sino que desprecian ese esfuerzo y ponen el acento en el
disenso. Así es. Yo reconozco paladinamente que tendría muchas más dificultades dialécticas para oponerme, si en la propuesta se partiera de los acuerdos y se pidiera un impulso a los trabajos en los términos que recordaba el señor Jané. Pero no
se parte de aquí. Se hace todo lo contrario. Se desprecian los elementos de consenso y la propuesta no contiene ese amplio elenco de aspectos resueltos con gran acuerdo. El consorcio opositor escenifica, de nuevo, una iniciativa de ruptura
institucional, con la pretensión de reforma unilateral del Reglamento del Congreso.
A nuestro juicio, el Grupo Socialista está midiendo mal los tiempos, y equivocarse en los tiempos en política constituye una gran equivocación.
Dice también el título de la iniciativa que se presenta como urgente.
¡Qué desfachatez la del
Grupo Socialista que gobernó durante casi 14 años y no hizo nada y hoy reclama la urgencia de la reforma de un reglamento que data de 1981, es decir, de la época de UCD! (Aplausos.)
Señorías, cuando estamos en el ecuador de la legislatura y había, sin duda, tiempo para alcanzar grandes acuerdos, porque hay un gobierno y una mayoría parlamentaria predispuesta, la oposición se tira al monte de la confrontación y de la
ruptura en un terreno como es el de la reforma del reglamento en el que, o se hace por consenso, o no se hace. (Rumores.) ¿Lo que pretenden es eso, que no haya reforma del reglamento? Pues lo parece. Prefieren sacrificar la reforma a cambio de
una coartada para acusar al Gobierno de un supuesto incumplimiento.
Por nuestra parte siempre hemos entendido que el reglamento, cuyas normas constituyen las reglas de juego democráticas del Parlamento, no se puede reformar por simple mayoría y, al igual que la Ley Electoral, precisa de una importante
mayoría de consenso. En consecuencia, los grupos parlamentarios en su día constituimos un grupo de trabajo, que había avanzado hoy muy sustancialmente, y todos los grupos que han intervenido aquí lo reconocen. Se perseguía que las dos grandes
funciones del Parlamento, legislar y controlar al Gobierno, se pudieran efectuar con mayor eficacia. De hecho se han alcanzado grandes acuerdos en uno y otro campo y también están acotadas las discrepancias.
Desde la reflexión serena, cuando era posible, habíamos alcanzado un acuerdo básico en torno al debate legislativo. En parecidos términos podíamos hablar del debate presupuestario que, siendo el más importante del año, por más que no se lo
parezca al señor Zapatero que siempre lo elude, necesita de una racionalización que permita hacerlo más cercano y comprensible, alejando del Pleno las largas sesiones, a veces nocturnas, de tedio y falta de atención. Es cierto que todos convinimos
en la necesidad de una oficina presupuestaria. Ya habíamos alcanzado un consenso básico sobre la configuración y alcance de ese instrumento de control parlamentario.
En el importante capítulo del control del Gobierno también hemos avanzado.
Siempre hemos estado de acuerdo en elevar a rango reglamentario las preguntas del presidente, o el debate sobre el estado de la Nación, que ahora son simples usos y
que tienen lugar conforme a los precedentes.
En las interpelaciones también hemos encontrado consenso en la necesidad de la reforma, que ya está en marcha, por cierto, y en la actualidad, a propuesta del grupo de trabajo y por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, la presidencia
aplica lo acordado, reservando el protagonismo al interpelante y al Gobierno interpelado y dejando para la sesión de mociones consecuencia de interpelación la fijación de sus respectivas posiciones políticas.
Todos los grupos estamos de acuerdo en reglamentar la Comisión consultiva de nombramientos, cuya nueva reforma, de esta legislatura, constituye una innovación,
en línea de acrecentar la capacidad de control de las Cortes Generales. De hecho, el grupo de trabajo había alcanzado un acuerdo sobre las comisiones de investigación, sobre la base de la llamada fórmula de Castilla y León. Así estaban las
cosas en el momento en que se presenta esta iniciativa, que viene deslealmente a entorpecer el diálogo institucional y a torpedear la reforma.
Señorías, el Grupo Socialista no tiene credibilidad para exigir reformas que en casi 14 años de Gobierno nunca estuvieron dispuestos a acometer.
Baste recordar aquella famosa frase del señor Solchaga, que fuera ministro y portavoz de la
mayoría, al decir: mientras yo sea ministro no habrá comisiones de investigación (Aplausos.), y lo cumplieron fielmente.
Vuelvo a recordarles que el vigente reglamento data de 1981, en la época de UCD. Cuando tuvieron mayoría absoluta no reformaron nada. La Intervención General del Estado quedó reducida a mínimos, con actos administrativos y decisiones del
Gobierno que se intervinieron a posteriori y por sorteo. Cuando perdieron la mayoría tuvieron que hacer alguna pequeña reforma de usos.
Hoy piden que el presidente del Tribunal de Cuentas comparezca acompañado por los consejeros. Esta es una reforma que hicieron ellos en el caso RUMASA porque no querían que vinieran los consejeros, ahora lo reclaman.
(Aplausos.) Ahora
reclaman una mayor calidad de la democracia y lo traducen en que el Gobierno quede en la indefensión y en negar un derecho individual del diputado, como es el de preguntar al Gobierno.
Es recurrente en los últimos días la acusación de un supuesto uso abusivo de la mayoría que no se corresponde, señorías, con la verdad. Cuando uno recuerda las mayorías absolutas del Partido Socialista, viene a nuestra memoria aquella
apisonadora que laminaba las minorías de forma inmisericorde, que aplicaba a los controles el famoso rodillo, y nunca encontraron respuesta en el titular del Gobierno de entonces que se ausentaba del control, como se ausenta hoy de su escaño de
diputado.
(Aplausos.)
Además, sólo hace falta asomarse a las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista: Andalucía, Extremadura, y qué decir de mi tierra, Castila-La Mancha (Rumores.). Fíjense qué perla. Cuando el Grupo Socialista presenta
una proposición no de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha no intervienen en su defensa, obligan a la minoría a opinar de forma previa, cierra el debate la mayoría, a continuación interviene el Gobierno y no reabre debate. A eso le llaman
calidad del parlamentarismo (Aplausos.).
Señorías, el Grupo Popular tiene más que acreditada su voluntad de reforma y de mejora con hechos políticos que lo prueban. Así, la resolución de la presidencia de 18 de junio de 1996, en la que se establecen dos innovaciones para facilitar
más eficazmente el control del Gobierno: en primer lugar, la posibilidad de formular preguntas relacionadas con acuerdos del Consejo de Ministros; en segundo lugar, se establece el procedimiento para presentar preguntas sobre asuntos de
actualidad. Otro tanto puede decirse de la resolución de 26 de junio de 1996, sobre normas de creación y funcionamiento de subcomisiones. También es de destacar la resolución de 21 de diciembre de 1998, en la que se regla la utilización de
documentos audiovisuales en las comisiones, señora Conde. Finalmente, y ya en esta legislatura, la resolución de 25 de mayo de 2000, que incorpora de forma novedosa la participación de la Cámara en el nombramiento de autoridades del Estado, tales
como el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Coordinación Universitaria, consejo de administración de RTVE y Tribunal de Cuentas.
Tampoco, permítame brevemente, el Partido Nacionalista Vasco tiene una historia ejemplar. Baste recordar la interpretación arbitraria del reglamento en la votación presupuestaria, que ha dado lugar a un recurso de inconstitucionalidad.
Parece que la urgencia que defiende aquí no le conviene en el País Vasco. Hace una década que se está reformando el reglamento, que cerró los trabajos de la ponencia en 1998. Ahora pretende hacerse un traje a la medida promoviendo una ponencia de
reforma parcial.
Señorías, el Partido Popular se comprometió a que el Parlamento sería el centro de la vida política, y lo estamos cumpliendo. La posibilidad de control del Gobierno, en comparación con las legislaturas socialistas, ha crecido de
forma espectacular. La simple lectura estadística arroja cifras contundentes y demostrativas de mi afirmación. A título de ejemplo, mociones consecuencia de interpelación, 314 en legislatura y media Popular, frente a 381 en cuatro legislaturas
socialistas; preguntas orales, 1.728 en la VI Legislatura, el récord de todas, en la actual llevamos ya 1.173; preguntas escritas contestadas, 99.499, cifra superior a las cuatro legislaturas socialistas juntas; preguntas contestadas por el
presidente Aznar, de momento 157 en la anterior legislatura y 98 en ésta, con tan sólo 48 en todos los años de gobierno de Felipe González. (Aplausos.) Señorías, los datos son concluyentes. La cantidad y calidad del control parlamentario se mide
con datos y cifras y no con descalificaciones arbitrarias.
Esta proposición de reforma firmada por cuatro grupos parlamentarios, al margen de su contenido, supone una injustificada ruptura del consenso y una auténtica apropiación de los trabajos realizados por todos los grupos a lo largo de varias
legislaturas. Por esas dos razones fundamentales, ruptura de consenso y apropiación de trabajos que son de todos, la iniciativa, tal y como ha sido redactada, no es mucho más que una provocación política, tanto al Gobierno como a los grupos
Popular, Convergencia i Unió y Coalición Canaria a que se desprecia su trabajo.
Los grupos firmantes de la iniciativa han roto deliberadamente el compromiso leal y responsable, olvidando las coincidencias para el consenso
y exagerando las diferencias sobre las que se articula la diversidad. Esta iniciativa es manca y provocadora, no pretende otra cosa que aumentar, en términos de caricatura y de difícil encaje constitucional, los actos parlamentarios de
control al Gobierno, que se amplían hasta extremos que jamás hubiera aceptado el Partido Socialista en los larguisimos 13 años que gobernó. El reglamento precisa para su reforma consenso. Someterle a reformas parciales, tajantes y radicales es
dinamitar la viabilidad de su reforma y sobre los autores de esta iniciativa recaerá la responsabilidad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de los grupos parlamentarios Socialista, Vasco (PNV), Federal de Izquierda Unida y Mixto, de reforma parcial y urgente del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 115; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
como último punto del mismo los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que se exponen a continuación.
Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002.
Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002.
Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002.
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, y Acta Final aneja, hecho en Luxemburgo el 9 de abril de 2001.
Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y sobre el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, hecho
en Bruselas el 27 de febrero de 2002.
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, y Acta Final aneja, hecho en Luxemburgo el 29 de octubre de 2001.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 122/000124.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) por la que se modifica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Uría. (Rumores.)
Señorías, es preciso continuar con el debate. Les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida.
Adelante, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta es la sexta vez que intervengo desde esta tribuna para hablar de lo mismo, o quizá sea entre esta tribuna y la Comisión de Interior y Justicia, de los daños padecidos en defensa de derechos y libertades en tiempos
predemocráticos y de que éstos deben ser indemnizados. Pueden ustedes considerar que qué pelma, pero también qué tenaz, que constante o qué coherente, ya que desde el debate de lo que hoy es la Ley 32/1999 mi formación política y yo misma venimos
sosteniendo lo mismo. Lo he dicho, pues, infinidad de veces. Desde nuestra perspectiva, y también porque así se nos hizo creer por quienes buscaban el voto unánime, como así fue (ojalá hubiese quedado grabado el texto de las conversaciones para
que se pudiese acreditar que así era), se nos dijo que estos daños iban a quedar indemnizados.
Siempre se alude al carácter modélico y ejemplar de la transición y se decía que también debieran tener reconocimiento estos daños padecidos no por revanchas, sino por rescate del olvido -lo decía yo en mi primera intervención y lo he dicho
esta otra media docena de veces- quienes padecieron violencia ejercida por autoridades o por poderes públicos constituidos en determinadas épocas. Hay muchos casos, y entre ellos se ha hecho ya emblemático el tantas veces citado de los sucesos de
Vitoria el 3 de marzo de 1976. Así creíamos haberlo pactado; y lo creíamos porque en el caso que nos ocupa el contenido del preámbulo de la
Ley 32/1999, que he citado, de solidaridad con las víctimas, es meridianamente claro a la hora de expresar la finalidad de la ley. En primer lugar -dice- expresa el reconocimiento de toda la sociedad a quienes han perdido la vida a manos de
los que creen tener derecho a ella para imponer sus ideas y en última instancia persigue la reparación, siempre parcial, de los daños de toda índole sufridos por aquéllas.
Abundan también expresiones como exponente, paradigma o lugar de encuentro. Son términos que expresan la sentida deuda de todos los demócratas por los que perdieron su más preciado don a manos de la sinrazón, términos que en gran medida
contribuyen a distinguir a quienes persiguen sus objetivos personales y políticos por medios legítimos de quienes no lo hacen, de quienes no creen en los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la libertad, y sigo citando el preámbulo de la
ley.
En tercer lugar, para nosotros, la aplicación constitucional de la ley exige que se tenga en cuenta los bienes que la Constitución y la propia Ley de 1999 de consuno persiguen, valorando colectivamente la contribución de las víctimas a la
construcción de una sociedad que confronta deliberadamente sus ideales democráticos al autoritarismo terrorista y excluye de su reconocimiento a quienes con sus obras lo han combatido y no han perseguido dichos ideales, como ocurrió en la etapa
predemocrática.
La ejecución de la ley nos demostró que esto no era así. Quizás, insisto, lo pactado por las formaciones mayoritarias era distinto de lo ofertado a los demás, cuya adhesión se requería.
Si yo mencioné este caso -el de Vitoria, 3 de marzo- es porque se me garantizó que se le consideraba incluido. Hubo en la ejecución posterior casos en un límite dudoso, y ahí está la tramitación administrativa del Corona de Aragón. Costó
también decidir si se indemnizaba a Esnaola y a Muguruza, por cierto, diputado electo, asesinado, que al celebrarse los XXV años de las primeras elecciones democráticas no fue objeto de cita por nadie en esta Cámara, como si la erradicación de la
ultraderecha que entonces actuó y el reconocer el daño causado no fuese un bien para la democracia.
Aún siendo alabable la ejecución que se ha llevado a efecto -y así lo reconocí desde el primer momento, incluyendo a las víctimas del GAL-, tuvimos en su día quejas por defecto en la inclusión de algunos casos y por exceso en la concesión de
honores: Ynestrillas padre, por ejemplo, y sobre todo Melitón Manzanas, desde nuestra óptica, jamás debieron ser condecorados. En este caso fue tal la reacción política y mediática que a través de la norma salió a la palestra y el Partido
Socialista e Izquierda Unida se opusieron a la concesión de los honores. Nosotros presentamos una iniciativa llevando la concesión a los tribunales, argumentando que ésta nunca debió existir porque la ley no la ampara. El pleito sigue y se ganará,
si una tiene que creer lo que le enseñaban cuando empezó a estudiar derecho de que para ganar un pleito hace falta tener razón, saberla exponer y que te la quieran dar. Creemos que en este caso tenemos razón, mi formación política, su
representación procesal lo ha argumentado debidamente y de la justicia democrática esperamos que en su día se dicte sentencia favorable.
Presentadas tres iniciativas para modificar la Ley 32/1999, sólo la del PSOE obtuvo el beneplácito del Partido Popular, pero aun así esta iniciativa no avanza y no he oído a nadie, del Partido Socialista incluso, quejarse de nada ni en Mesa
y Portavoces de Justicia y pedir que se convoque la ponencia. Hace un tiempo -repito- que la iniciativa se tomó en consideración y que están presentadas las enmiendas.
El Partido Popular no quiso unir en aquel día la nuestra a las otras dos hasta el último momento, a lo que lógicamente mi formación política, por boca de esta misma diputada, se opuso, con lo que se nos ha dado ocasión para traer el día de
hoy nuevamente este debate a la Cámara, pidiendo una vez más que se consideren expresamente incluidos los supuestos de quienes padecieron actos violentos por parte de personas vinculadas, sí, a los poderes públicos o por ellas protegidos, que desde
la perspectiva del Estado de derecho actual no serían hoy ni legales ni legítimas. Ahora viene sola nuestra iniciativa y viene en ocasión muy favorable, señorías, con la cercanía del XXV aniversario de las primeras elecciones democráticas. Mucho
se ha dicho y escrito en estos días sobre la transición, si fue modélica o no, si fue o no un echar voluntariamente en el olvido ciertas cosas, si fue un pacto de olvido que impedía mirar hacia atrás. Yo creo que no, que no hay vaciado de la
memoria.
Montejurra, los sucesos de Vitoria, los hechos coetáneos a la matanza de Atocha existieron. Por cierto, me parece magnífico el reconocimiento que se les hizo a los asesinados, así como la condecoración que como juristas merecieron, y me
parece justo reconocer en aquellos mismos hechos (los coetáneos a los que me he referido, los de la matanza de Atocha, y los que he mencionado antes) las actuaciones de la policía o de los que entonces se llamaban grupos parapoliciales en tiempos
predemocráticos. En distintas entrevistas de estos días que se han publicado en todos los medios, esas en las que te preguntan qué hacía usted o cómo recuerda este día de hace 25 años, muchos ciudadanos y ciudadanas entrevistados han hablado de una
nueva visión de la policía, aludiendo con mucha frecuencia a que ya no les daba miedo el gris que custodiaba el colegio electoral o saludando de manera agradable el momento en el que al presentarse la diputada electa Pasionaria, fue saludada por los
policías a la entrada de estas mismas Cortes. Todos reconocen, todos reconocemos que hubo un antes y un después. En tiempos predemocráticos se perseguía a quien se manifestaba, a quien pedía derechos sindicales, libertad de partidos y derechos
educativos; después las policías
defienden o deben defender el ejercicio legítimo de estos derechos. No puede haber por tanto ofensa para estos cuerpos policiales que ahora se predican -debo entender que lo son- de un régimen democrático.
Con nuestra iniciativa no pedimos señalar responsabilidades individuales, ni siquiera reconocimientos públicos, sino sólo democráticos y que se desea la reparación como pago de una deuda de reconciliación. No pedimos responsabilidad
patrimonial, sino el rescate del olvido de algo que contribuyó a la consolidación de la democracia. El Partido Socialista vota en Euskadi que estos supuestos tengan reconocimiento y lo ha hecho así tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en las
Juntas Generales de Álava. Molesta, eso sí, al Partido Socialista que se haga dentro de esta ley. Pues hágase fuera. Admitimos como enmienda, admitimos como propuesta alternativa incluso el cambio de título de la norma. No se nos vendrá con
remilgos de coherencia normativa por formaciones políticas que en la pasada legislatura ampararon tropelías tales como reformar el sistema de incompatibilidades de los miembros del Tribunal Supremo en una ley que pretendía hablar del reconocimiento
del Tribunal de hombres buenos de Murcia. Cambiemos el título de la norma, ofrézcasenos una alternativa, pero consigamos lo que en definitiva estamos pretendiendo. Creemos, nuestra formación política cree que hay que recuperar un pasado. Si
siempre se dice que en la transición se superó el clima de confrontación civil, que no hubo vencedores ni vencidos, hagámoslo real para estas víctimas, y sepan ellos, quienes padecieron esta violencia, que no han perdido. Con cualquier formato,
digan sí a esto que proponemos. Quienes éramos y somos hoy demócratas, quienes hicimos posible la democracia -ojalá sea la totalidad de la Cámara- digamos sí a esta iniciativa o a algo que se le parezca.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para votar a favor de esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco. Como decía la señora Uría, no es la primera vez ni la segunda -yo diría que la sexta o quizá alguna más- que
se trae este debate a la Cámara. Esperaba que esta fuera la última, pero me temo que vamos a tener que debatir mucho más sobre este tema. Esta cuestión tenía que haber sido solventada hace ya mucho tiempo. En el origen de la Ley 32/1999, todos
entendimos que quedaban comprendidos los casos que hoy se pretenden recoger: una reparación, si se me permite la palabra, un reconocimiento social y moral de las víctimas de abusos parapoliciales y policiales, de actuaciones que no son acordes con
los ordenamientos jurídicos de un Estado de derecho.
Todos creímos que esto estaba comprendido en aquella ley que se aprobó por unanimidad y que tuvo el más corto plazo de tramitación. Nuestra sorpresa fue cuando a la hora de aplicarla hubo casos
que se quedaron fuera, ya que se entendía que no estaban comprendidos, algo que no estaba en el pensamiento ni en el espíritu del legislador. Sólo fue a través del propio dictamen del Consejo de Estado en algunos casos -aquí se ha citado alguno,
aunque ha habido otros- en los que fueron admitidos determinados supuestos de reconocimiento de víctimas que ciertamente eran reales y tenían justificación basándose en la propia Ley 32/1999. Quedan más casos, efectivamente quedan muchos más casos.
Nos sorprende que otra modificación que se pretendió fuera el reconocimiento -aunque por exceso, como decía la señora Uría- de determinados honores para quienes nunca los debieron merecer y nunca hicieron nada para merecerlos, sino al revés,
hicieron todo lo contrario para merecer esos honores y también nos sorprende que curiosamente esa proposición de ley todavía está pendiente, cuando otros proyectos de ley y otras proposiciones de ley van tan rápidas en esta Cámara. Nosotros
presentamos enmiendas a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo que también podíamos modificar el artículo 2 de la Ley 32/1999 para recoger un amplio espectro de casuística que quedaba fuera de la aplicación de la ley.
En su momento entendimos que no debiera haber sido así, pero ante la duda que suscitaba en el Gobierno que la propia Ley 32/1999 permitiera reconocer a estas víctimas, sean los obreros del día 3 de marzo de 1976, las víctimas de Montejurra o algunas
otras; y si había que cambiar o modificar la ley estábamos dispuestos a hacerlo y seguimos con esta disposición. En todo caso no queremos que haya víctimas de abusos, víctimas por actuaciones contrarias a la legalidad, víctimas por violación de
derechos humanos que no tengan el debido reconocimiento social, el debido reconocimiento moral y la debida reparación que tenemos obligación de darles. Por tanto, no hay víctimas de distintos tipos, no hay víctimas de primera o de segunda, porque
víctimas son víctimas, y desgraciadamente eso ya es mucho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Voy a intervenir brevemente para anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Nosotros pensamos que es una proposición de ley
muy oportuna,
porque de ser aprobada serviría para que la sociedad mostrase su solidaridad, para que la sociedad -y en especial los poderes públicos- prestasen el apoyo debido a las víctimas no sólo de actos terroristas cometidos por bandas armadas -en
los que todos estamos de acuerdo-, sino también a las víctimas de actos terroristas, entendiendo por tales los actos contrarios a los más elementales principios democráticos y a los derechos fundamentales cometidos por las fuerzas de seguridad y por
bandas militares o paramilitares amparadas por éstas o crecidas al calor del poder. Tal y como nosotros interpretamos esta proposición de ley no estamos hablando sólo de restablecer la justicia histórica, aunque sea muy importante, sino de
restablecer la justicia histórica por ejemplo en el caso de los asesinados por las fuerzas de seguridad franquistas en Ferrol, el día 10 de marzo de 1972, que desde entonces se celebra como el día de la clase obrera gallega, y consolidar la
democracia española no sobre las leyendas oficiales, o más o menos oficiales que circulan sobre la transición, sino realmente sobre la memoria de aquellos que con sus vidas ayudaron muchas veces a construirla. Más allá de restablecer la justicia
histórica, esta proposición de ley también es oportuna para que se reparen los daños que el Estado, a través de sus agentes, sigue infligiendo a presos o detenidos. ¿Cuántos indultos se concedieron por este tipo de acciones o por este tipo de
delitos en los últimos años? Asociaciones como Amnistía Internacional y como la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU denuncian que este tipo de actos de tortura y de maltrato siguen siendo más frecuentes de lo que sería deseable en el
Estado español. Por tanto, nosotros pensamos que en este tipo de supuestos hay que exigir y depurar responsabilidades, pero también hay que compensar a las víctimas. Hoy lo intentó negar el ministro del Interior en la Comisión correspondiente de
esta Cámara, frente a lo que dice la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, frente a lo que denuncia Amnistía Internacional referente al maltrato en las prisiones, en los centros de detención española en este caso a los inmigrantes. Si
hay maltrato depúrense las responsabilidades, no ampare el Gobierno, no amparen las fuerzas de seguridad a estas manzanas podridas, y desde luego que el Estado democrático compense a las víctimas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La Ley 32/1999, que se pretende modificar con esta proposición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), trae causa de uno de los ejemplos de consenso, yo diría que ejemplares, que se dieron en la pasada legislatura. Su razón es una proposición
de ley de todos los grupos parlamentarios de la Cámara que en una coordinación que mantuvimos con el entonces vicepresidente primero del Gobierno, señor Álvarez-Cascos en la pasada legislatura, y después de unas discusiones entre los portavoces de
los distintos grupos de si aquello debía venir como proyecto de ley, como nos planteó el señor vicepresidente primero del Gobierno Álvarez-Cascos, o si era preferible una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios. Nos
enfrentábamos con el problema de las víctimas del terrorismo y había que dar una respuesta no por la iniciativa de un solo grupo, institución o estamento, Gobierno, partido político o grupo parlamentario, sino de todos. Hubo negociaciones de
consenso en las que se hicieron aportaciones desde las exigencias que planteó acertadamente el señor Rubalcaba por el Grupo Parlamentario Socialista, como las muy atinadas observaciones de prudencia y cautela para permitirle una posición airosa al
portavoz del PNV, señor Anasagasti, que también lo hizo con gran convicción, y estas aportaciones de prudencia, sensatez y sentido común fueron aportadas por el portavoz de Convergència i Unió, señor López de Lerma. Aquello permitió llegar a un
texto consensuado de una ley presentada como proposición de ley que nacía de todos los grupos donde todos hicimos aportaciones que aceptó plenamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y lo entendió así el señor Álvarez-Cascos. Desde una
posición firme que mantuvo el señor Rubalcaba con el baremo de indemnizaciones a las víctimas, hasta trasladar las fechas históricas de los que podían ser afectados por actos de terrorismo, como planteó el señor Anasagasti por el PNV, llegamos al
texto definitivo de consenso, de tal manera que en septiembre de 1999 todos los grupos pudimos tomar en consideración la proposición de ley y transformarla un mes después en proyecto de ley que se aprueba en 1999. (La señora vicepresidenta,
Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La posición de mi grupo parlamentario va a ser puramente formalista.
Desearíamos que si algo debe modificarse tres años después, para perfeccionar la Ley 32/1999 de solidaridad con las víctimas del terrorismo, hágase en la misma forma del
derecho de paternidad que adquirimos todos los grupos parlamentarios al presentar aquel texto.
Sométase a la firma de todos, que mi grupo estará dispuesto a firmar el documento de consenso que lleve a una modificación; pero hacerlo por una vía
unilateral nos parece que es romper precisamente aquel espíritu de consenso que fue inteligentemente, de forma sensata, política y democráticamente planteado por todos los portavoces que intervinimos en aquel debate interno de muchas horas y días de
conversaciones entre nosotros y el vicepresidente del Gobierno, para encontrar precisamente un punto de encuentro que permitiera atender todo lo que se dijo hace tres
años. Nadie planteó trasladar fechas históricas hacia otro momento, pero si se tiene que hacer hágase de la misma forma que se hizo, mediante una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios. Estamos hablando nada más y
nada menos que de dar un ejemplo de solidaridad de todo el Parlamento, donde no caben iniciativas singulares ante las víctimas del terrorismo las haya producido quien las haya producido y las hayan hecho en cualquier momento de la historia actual
del Estado español.
Por esta cuestión formal o de procedimiento, nosotros no vamos a votar favorablemente esta toma en consideración de la proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar favorablemente la proposición de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco y defendida por doña Margarita Uría, por la que se modifica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Hicimos la transición, y según se dice salió bien en general. Fue una etapa modélica en la historia de este país. Se aprobaron leyes y se aprobaron resoluciones que no terminaron en aquella etapa, sino que se han ido aprobando
posteriormente. Pero como diría Bertold Brecht, terrible es la tentación de ser buenos. Quizás hemos sido excesivamente buenos y confiados, pues por lo que estamos viendo en esta situación concreta, resulta que no todas las víctimas son iguales.
Las víctimas son todas iguales y el terrorismo es todo igual provenga de quien de provenga, no hay terrorismo de baja y de alta intensidad, lo hemos dicho hasta la saciedad, pero nada de esto se quiere reconocer. Terrible es la tentación de ser
bueno, y cuando se aprobó el texto de esta proposición de ley todos confiábamos en que el espíritu centrista iba a reinar por siempre y no se iban a dar hechos como los que se han dado: que una parte de las víctimas se quede fuera de la ley y que
el Gobierno del señor Aznar conceda una gran indemnización y la gran medalla al Mérito Civil a un torturador. Es decir, se estudia una ley democrática desde el punto de vista rigorista, y se dice que puede amparar la tortura; puede entrar en
contradicción con la Constitución, puede entrar en contradicción con los acuerdos sobre defensa de los derechos humanos que esta Cámara ha suscrito y aprobado, porque la lectura mimética, rigorista y formalista de la ley así lo permite. No es
cierto y nunca dejaremos de decirlo. En primer lugar esa decisión ampara la tortura. En segundo lugar, si es un error de la ley corrijamos la ley. Incluso don José María Aznar nos contestó a una pregunta y después se nos dijo en el pasillo:
Vale; esa puede ser una salida. Presentamos proposiciones de ley al respecto. Una, la del Partido Socialista Obrero Español, se aprobó, y ya se han presentado las enmiendas correspondientes, pero aparece una pequeña confabulación que no permite
que esa ley se discuta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este precedente no democrático en esta Cámara? ¿Dónde está el texto de esa ley? ¿Quién lo retiene? ¿Por qué no va a ponencia de inmediato, señora presidenta? Habrá que plantearlo en la Junta
de Portavoces. ¿No hay voluntad de que se discuta esa reforma de la Ley 32/1999? La toma en consideración ya está aprobada. ¿Quién tiene derecho a boicotear ese debate en esta Cámara? Creo que nadie tiene derecho. Es otro ejemplo más de que
efectivamente no se están respetando los trámites democráticos. Está aprobada la toma en consideración, y es la primera vez que ocurre un caso como éste de ocultación, de traspapeleo histórico de la situación. Por tanto habrá que reclamar este
debate, porque es lo que corresponde y lo que marcan el Reglamento, las costumbres de la Cámara y las costumbres de una democracia que tiene intérpretes no siempre rigurosos. Desde ese punto de vista, hay que cambiar la ley para que no se vuelvan a
producir hechos como el del señor Melitón Manzanas, que estaban previstos en la ley, y estoy de acuerdo con la señora Uría en que eso va a quedar claro al final. En todo caso, si hay una lectura rigorista cambiemos algunas cosas.
Finalmente, es cierto que en esa ponencia se habló de otras víctimas, según nos comunicaron, en función del texto al que se dirige este intento de reforma por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Efectivamente, casos como los que han
sucedido en Ferrol, en Vitoria y en Granada reflejan que la ley no es completa, que no todas las víctimas están recogidas y que la transición tiene flecos que tenemos que superar.
Algunos ya se han superado con la solidaridad y la generosidad que
todos hemos tenido, incluso sin interponer enmiendas, batiendo un récord de la democracia a la hora de aprobar la Ley 32/1999. ¿Por qué ahora esa falta de generosidad? ¿Por qué ahora esa amnesia? ¿Por qué ahora ese olvido? ¿Por qué ahora tantos
tapujos? ¿Porqué ahora tantas fórmulas que no tienen explicación? No tiene explicación que se retenga la discusión en ponencia de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que se aprobó en esta Cámara y cuya toma en consideración,
mecánicamente y de inmediato debe conducirla a su debate en ponencia. Nos da la impresión de que no hay buena voluntad, por muchas palabras que se interpongan en los discursos ante cosas que materialmente estamos viendo que están ahí y que no
funcionan.
Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que efectivamente hay otra serie de víctimas producidas por gente que en estos momentos y desde un punto de vista
democrático no se puede considerar legal ni legítima, y esas víctimas también tienen que ser recordadas y tienen que recibir los merecimientos que otras víctimas han recibido. Si no se hace así, no nos convencerá ninguna otra cuestión, y
sepa el Grupo Popular que a nosotros no nos va a conducir a esa especie de chantaje de estáis conmigo o estáis contra mí, o sois cómplices y sospechosos de algo. No. Aquí hay gente que ha hecho la transición con la máxima generosidad, después de
dejarse en el camino muertos, exiliados, perseguidos, encarcelados, y nunca hemos pasado factura ni la vamos a pasar; pero nadie nos va a poner de rodillas en una situación como ésta. Si ustedes no responden a esta situación, ustedes no creen que
todas las víctimas sean iguales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ha indicado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, no es la primera, la segunda, ni siquiera la tercera vez que en Pleno y Comisión tratamos la reforma de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y esto permite
establecer una línea de coherencia en la actuación de los grupos parlamentarios.
Quiero recordar lo que en la sesión de la Comisión de Justicia e Interior de 31 de mayo de 2001 pude manifestar ante el señor vicepresidente primero y ministro del Interior, y leo textualmente: En el día de hoy se ha puesto de manifiesto
que el deseo y las ansias de conciliación de la ciudadanía española no se agotan pura y exclusivamente en la justicia respecto de las víctimas del terrorismo, sino que podríamos hablar de otra situación que también tenemos pendiente, y el hecho de
que no esté resuelta hace que afloren a través de esta ley lo que podríamos denominar víctimas de la transición.
Quizá alguno de los ejemplos que estamos oyendo a lo largo de esta tarde -continuaba diciendo- que se pretende que obtengan satisfacción a través de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, no debieran obtenerla tanto a través
de esta ley sino que debiéramos encauzarlos de algún otro modo, porque es cierto que en aquellos años en los que estábamos saliendo de la dictadura, estábamos luchando por las libertades y no estaban implantadas todavía, no habían calado en la
sociedad y en la Administración pública estas libertades hubo gente que perdió la vida, y tanto por motivos de justicia como fundamentalmente por motivos de conciliación debieran tener una satisfacción. Esto es algo que pude manifestar en la sesión
de la Comisión de Justicia e Interior de 31 de mayo de 2001.
Mucho más recientemente, en la sesión del Pleno del Congreso de 28 de mayo de este año, también pude anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, que enmendaba el Grupo
Socialista y fue aceptada esa enmienda, que instaba al Gobierno a propiciar el más alto consenso en la Cámara a fin de establecer el marco jurídico adecuado para conceder reparaciones económicas y morales a aquellos ciudadanos que hayan sufrido
daños como consecuencia del ejercicio o la reivindicación de derechos fundamentales reconocidos con posterioridad en la Constitución de 1978.
Ciertamente, señorías, nuestro ordenamiento jurídico tiene una laguna en esta materia, pero lo que mi grupo discute es que la laguna la tenga la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Ante la pregunta de si hay que exigir
responsabilidades, nuestro planteamiento es que quizá el tiempo transcurrido no lo permita ya ni siquiera el ordenamiento jurídico; pero si hay que dignificar a esas víctimas y si hay que indemnizarlas la respuesta de mi grupo es que sí pero no en
esta ley, no en la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y en la medida que votamos favorablemente aquella proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, enmendada por el Grupo Parlamentario Socialista, anunciamos ya nuestro
compromiso a impulsar cualquier tipo de iniciativa que permita el reconocimiento de esa dignidad y la indemnización de las víctimas. Por lo demás, entendemos que no procede extender hasta este punto la Ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo.
Me atrevería a decir que la definición del terrorismo ha sido una conquista reciente de nuestra democracia, incluso hasta la modificación del Código Penal que pudimos hacer en el año 2000. Pues bien, si tardamos tantos años en efectuar una
definición de terrorismo donde quede claro que lo que caracteriza al terrorismo no son los fines políticos que persigue sino los medios que emplea, el elemento de atemorizar a una población o a un grupo social, no rompamos ahora precisamente esa
unidad, no rompamos esa configuración, no demos un paso atrás en la definición de terrorismo y dignifiquemos e indemnicemos pero en otra ley.
La señora portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, sin citarme, se ha referido a este portavoz -y está aquí como testigo cualificada la anterior ministra de Justicia- al recordar que mi grupo parlamentario, a través de una modificación de la
Ley orgánica del Poder Judicial referente al Tribunal de los hombres buenos de Murcia, también pudo introducir una modificación en la Ley orgánica del Poder Judicial sobre las incompatibilidades de los magistrados del Tribunal Supremo. Pero,
señorías, estábamos hablando de la misma ley. Aprovechar una proposición de ley que modifica un artículo de la Ley orgánica del Poder Judicial para modificar otro puede ser extravagante en cuanto a que el contenido es diferente, pero tiene sentido
y presenta una coherencia. Yo creo que lo que nos exige la coherencia
en estos casos es que reconozcamos esa dignidad y esa indemnización, pero en otra ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con la proposición del Grupo Vasco para modificar la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Decía la portavoz del Grupo Vasco, la señora Uría, que no era la primera, la segunda ni la tercera vez que discutíamos en esta Cámara una proposición con ésta u otra fórmula reglamentaria pero con el mismo contenido, y se preguntaba si a
juicio del resto de los grupos de la Cámara su posición y la de su grupo parlamentario podría calificarse de pesada, de tenaz, de coherente. No tengo ninguna pega en darle la opinión del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Uría, no nos parece
usted pesada, sí nos parece usted tenaz y coherente.
También lo vamos a ser nosotros. Los socialistas vamos a mantener hoy aquí la misma posición que hemos mantenido en este debate a lo largo del tiempo, posición que conoce bien el Grupo Vasco y que no ha sido sólo una posición retórica en
esta tribuna sino que en muchas ocasiones (sin ir más lejos, hace uno o dos meses), nos llevó a hacer alguna enmienda que fue aceptada por el Grupo Vasco, con la que justamente tratábamos de salir al paso de las pegas que vemos a esta proposición de
ley y que a continuación expondré, no sin antes hacer una valoración que ya hemos tenido ocasión de hacer en esta Cámara en relación con la aplicación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, una Ley que, como recordaba el señor
Mardones, tuvo unanimidad en esta Cámara, y el resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho también.
Tuve oportunidad de hacer esta valoración en nombre de mi grupo con ocasión de la defensa en esta tribuna de una proposición de ley que justamente trataba de salir al paso de la concesión de una indemnización que abochornó a los demócratas,
desde luego a los socialistas, y que nos llevó a proponer una modificación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Me refiero, sin duda, a la indemnización y posterior condecoración al señor Melitón Manzanas. En aquella ocasión,
al margen de manifestar la posición de mi grupo en relación con ese suceso (que, como dije entonces y repito ahora, nunca quisimos y nunca pensamos regular en un texto de ley), también tuve la posibilidad de decir que a mi grupo le parecía que la
aplicación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo había sido globalmente positiva, al menos en la opinión de mi grupo, y que se había hecho con el mismo criterio de flexibilidad que había impregnado los debates que tuvimos en esta
Cámara para la elaboración de la ley. Una flexibilidad por parte de todos que dio lugar a una unanimidad bien deseable en una materia como la que hoy estamos tratamos una vez más aquí. Una flexibilidad que no significa que todos los supuestos de
solicitudes que se plantearon en aplicación de esta ley hayan obtenido el amparo del texto legal a juicio de las autoridades administrativas que han gestionado su aplicación. Hay algunas indemnizaciones solicitadas que fueron rechazadas y algunas
de éstas siguen hoy un curso judicial, puesto que han dado lugar a los recursos correspondientes. En general las que se han rechazado, y ya nos hemos referido a algunas en este debate, lo han sido porque, o bien no se pudo establecer con claridad
la autoría de los correspondientes atentados, o bien esa autoría correspondía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado predemocráticas; sin duda son actuaciones detestables y condenables por parte al menos -y creo que es un sentir
generalizado- de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista. Esa es la razón fundamental, una razón de amparo legal.
Resumiré, una vez hecha esta valoración de lo que ha sido la aplicación de la ley, la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de lo que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) trae de nuevo a
discusión a esta Cámara. Estamos, pues, de acuerdo con que se indemnice, es decir, con que haya un reconocimiento social a aquellos que sufrieron persecución por la defensa de las libertades de las que hoy disfrutamos todos los españoles. Estamos
de acuerdo con que eso se haga. Lo que nos produce discrepancia es el marco jurídico en el que el Grupo Vasco pretende que se haga ese reconocimiento social, repito, con el que estamos de acuerdo completamente. Las razones por las cuales creemos
que no es el marco adecuado la Ley de víctimas se han expuesto aquí, en esta tribuna, concretamente no hace mucho tiempo, por parte de mi compañero Javier Barrero y no las voy a reiterar hoy aquí. Es cierto que habría algunas pegas jurídicas y
algunas cuestiones que habría que adaptar, bien sabe la ponente del Grupo Vasco cuáles son, puesto que lo hemos discutido en público y en privado en muchas ocasiones. Por ejemplo, me pregunto si el marco temporal que hemos establecido para las
indemnizaciones a las víctimas del terrorismo es el mismo que cabría establecer para las indemnizaciones que hoy consideramos aquí. Creo que no, que habría en todo caso que reconsiderarlo. Por tanto, no es un marco jurídicamente adecuado ni
seguramente está pensado para ello, al menos desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista. Repito, el fondo de la cuestión nos merece absoluta aprobación a nuestro grupo.
Por decirlo de una forma que lo entienda todo el mundo, con un ejemplo que ha sido además traído a
colación en este debate, los socialistas creemos que las familias de los trabajadores que murieron en los dramáticos sucesos de la catedral de Vitoria en el año 1976 merecen un reconocimiento social. Creemos que aquellos trabajadores
murieron por utilizar unas libertades, concretamente la de reunión, manifestación y huelga, que hoy nos están reconocidas a todos los españoles en nuestro texto constitucional. Por tanto creemos que, con independencia de la autoría material de
aquellos asesinatos -que lo fueron-, esta Cámara debería otorgar el reconocimiento social, porque además de esa manera no sólo reconoceríamos a los que padecieron persecución por defender las libertades, sino que daríamos cauce a un sentimiento que
hoy comparte la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Por esa razón, y porque nuestra coherencia no es catatónica ni paralizante, aparte de anunciar que no vamos a votar a favor de la proposición del Grupo Vasco por lo que acabo de decir,
razones que se han expuesto por otros grupos antes de que el Grupo Parlamentario Socialista hiciera uso de la palabra, queremos anunciar aquí que vamos a dar un paso más y vamos a promover una proposición de ley específica para reconocer los sucesos
a los que vengo refiriéndome, para que la sociedad pueda reconocer, y por tanto indemnizar, en la fórmula en la que los grupos parlamentarios acordemos, a aquellas personas que sufrieron persecución, tortura e incluso la muerte por defender, repito,
derechos y libertades de los que hoy disfrutamos todos los españoles.
Esta proposición de ley debe ser -así lo decía el señor Mardones y estoy de acuerdo con él- objeto del mismo trámite que aquélla que hoy se propone modificar aquí, la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Esta
proposición de ley debería nacer del consenso de los grupos de esta Cámara. Por tanto, mi grupo anuncia al resto de los grupos parlamentarios que promoveremos un texto y que buscaremos el máximo consenso en torno a este texto. Queremos, y ya
termino señora presidenta, que el mismo consenso que presidió la solidaridad del conjunto de los españoles representados en una ley de esta Cámara con las víctimas del terrorismo presida también la solidaridad con las víctimas de aquellos que
padecieron una persecución por defender derechos y libertades, repito, que hoy tenemos a nuestro alcance todos los españoles.
Nada más y muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, señorías, en el contexto de lo que hoy nos propone el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) conviene hacer algunas reflexiones generales que también se han traído a colación en este debate por parte de
algunos de los portavoces intervinientes. La Ley 32/1999 supuso un hito trascendental en los términos de forma en cuanto a la capacidad inmediata y ágil de tramitación, sobre todo porque había un compromiso de fondo por parte de todos los grupos
parlamentarios para, a través de una adecuada e intensa vertebración de una política muy seria de diálogo y de consenso, ser capaces de establecer una respuesta institucional de reconocimiento moral y de reparación material a las víctimas del
terrorismo, a todas las víctimas del terrorismo. Y conviene no perder nunca esa perspectiva, porque se ha hablado esta tarde de la ejecución de la ley y tendrán que convenir conmigo SS. SS., si es que se quiere hacer una valoración objetiva y no
interesada de lo que ha sido la aplicación de la Ley 32/1999, que en la aplicación de la ley por parte del Gobierno se ha dado fiel cumplimiento a ese objetivo de recoger a todas las víctimas del terrorismo sin distinción. Ha habido oportunidad en
esta Cámara a lo largo de sucesivos debates, como se ha recordado esta tarde, de analizar cómo se llevó a cabo esa ejecución y de ver, por tanto, que en la misma no ha habido distinción alguna entre víctimas provenientes de unas determinadas
formaciones o bandas de naturaleza o de supuesta naturaleza ideológica anclada en la extrema derecha y las víctimas de la banda terrorista ETA, y que dentro del espíritu y del contexto de la ley se forzó la interpretación más amplia posible,
precisamente para recoger en la ejecución de la ley, y conforme al espíritu que animó al legislador, al mayor número posible de víctimas sin distinción. Ese es un hecho objetivo difícilmente discutible desde una perspectiva que quiere ser de
análisis a su vez objetivo y que no quiere introducir ningún elemento de análisis meramente interesado o partidario.
En segundo lugar, en la ejecución de la ley se produjo un hecho indeseado, indeseado absolutamente por todos, indeseado y desde luego no previsto por el legislador, como consecuencia de una redacción y de una determinación de la letra de la
ley excesivamente cerrada, taxativa, imperativa, casi automática, que permitía en nada, y subrayo eso también, en nada el margen de discrecionalidad o de interpretación por parte del Ejecutivo. Una vez comprobado ese efecto indeseado, indeseado por
todos en la aplicación de la ley, y una vez se trajeron a esta Cámara las oportunas iniciativas de reforma, este grupo parlamentario -que, no se olvide, tiene la mayoría absoluta en esta Cámara- no solamente no impidió, sino que secundó con su voto
la verificación de la toma en consideración de esa iniciativa para poder producir la reforma oportuna, la reforma concreta. Otra cosa es que dijimos, y también se ha recordado ello esta tarde a propósito de la iniciativa que hoy nos plantea el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que hubiésemos deseado que también en la gestación de esa iniciativa de reforma, ante un efecto
indeseado por todos en la aplicación de la ley, nos hubiésemos mantenido todos en el espíritu de lealtad mutua para promover juntos la reforma como juntos promovimos en su momento el alumbramiento de la proposición de ley. No fue así, y a
pesar de ello, nuestro compromiso, nuestra vocación y nuestra certeza de que se había producido un efecto indeseado en la aplicación, que no era responsabilidad del Gobierno sino de nuestra imprevisión como legisladores a la hora de ver que
estábamos redactando un texto excesivamente cerrado, nos llevó a apoyarla, a pesar de anotar esa expresión formal de disconformidad por la parcialidad con la que se quiso impulsar la reforma.
Ciertamente se pueden decir muchas cosas, pero intentar en este momento y en este acto descubrir una supuesta confabulación o una supuesta trama para impedir que esa reforma tenga la viabilidad parlamentaria oportuna, nos parece cuanto menos
un procedimiento inscrito en eso que esta mañana en la Comisión de Justicia e Interior llamábamos el discurso de los eslóganes. Aquí no hay confabulación de nadie, aquí no hay compromiso torcido o secreto, como se ha insinuado, entre los grupos
mayoritarios para impedir que esa reforma vaya adelante; aquí tendremos que promover entre todos -y desde luego este grupo parlamentario dice que no tiene ningún inconveniente sino todo lo contrario- el inicio de ese iter legislativo. Otra cosa es
que los grupos, quizá porque tenemos la certeza de que todos estamos de acuerdo en ese procedimiento de reforma y en el contenido de la misma, nos digan y nos señalen sus prioridades. Aún estamos por escuchar de algunos grupos que ésta sea una
prioridad. Vuelvo a repetir, el compromiso de mi grupo es indubitado e indubitable y estamos a disposición de SS.SS. para que en el momento en que entiendan que es el momento oportuno, inmediatamente se ponga en marcha ese trámite de ponencia y
posteriormente de Comisión, sencillamente porque todos estamos de acuerdo en el fondo y en la forma de la cuestión.
Todos los grupos que han intervenido hoy han hecho una autoinvocación del principio de coherencia, y nos parece muy bien. Nosotros también hemos sido coherentes. En el debate, en la gestación de esa Ley 32/1999, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, tuvimos ocasión reiteradamente, sin engañar a nadie, de decir (y especialmente a quien manifestaba un especialísimo interés en que los contenidos que hoy se proponen pudieran incorporarse al texto original de la proposición
de ley, que tengo que recordar que fue básicamente ese ilustre y respetado parlamentario que era don Pablo Castellano) que en la coherencia de nuestro grupo nosotros entendíamos que esos supuestos no tenían conceptualmente anclaje en la naturaleza y
en la finalidad, en el contexto global, en el espíritu y en la letra de una proposición de ley que tenía la finalidad específica que ésta quería tener. No engañamos al señor Castellano cuando insistía en su tesis. Le dijimos que ese podía ser un
debate que quedara abierto para el futuro, pero que nosotros no íbamos a situar ese debate nunca en el contexto de esta ley porque entendíamos que conceptualmente era contrario a la finalidad, al espíritu, al texto y al conjunto de lo que en aquel
momento esta proposición de ley quería representar.
Hoy seguimos diciendo exactamente lo mismo, señorías. Decimos que la propuesta que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) nos trae en este momento no tiene anclaje conceptual en el espíritu, en la naturaleza y en la finalidad de esta ley.
Decimos, además, que han existido en nuestro ordenamiento, y están vigentes, suficientes elementos de reparación patrimonial de todas aquellas personas que fueron en su momento víctimas de una actuación desproporcionada, no correcta, inaceptable de
algún poder público.
Recuerdo el artículo 102 de la Constitución y recuerdo el conjunto de lo que representa la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Pero digo algo más: sería tremendamente injusto
con quienes nos han precedido desde el año 1978 en esta Cámara, sería tremendamente injusto con los anteriores gobiernos de Unión de Centro Democrático, del Partido Socialista o del Partido Popular pretender trasladar el mensaje de que no ha habido
un compromiso cierto, rotundo y claro por parte de los legisladores y de todos esos gobiernos en dar un cumplido resarcimiento moral y un cumplido reconocimiento público e institucional a todas aquellas personas que comprometieron su vida, su
esfuerzo y su ejemplo en la lucha y en la defensa de las libertades. Sería profundamente injusto porque la historia de la transición española nos dice que precisamente esto no ha sido así, que ha sido lo contrario: que desde el primer momento, en
ese espíritu de recuperación de las libertades y en ese espíritu de reconciliación nacional, los sucesivos gobiernos, los sucesivos legisladores han servido con sus gestos permanentes al reconocimiento y al testimonio de esas personas.
Concluyo, señorías, diciendo que muy bien está que se hagan meditaciones siempre de este estilo, muy bien está que se llame a la reflexión histórica, pero la reflexión histórica afortunadamente en este país, a través del cierre de una etapa
que afortunadamente no volverá a repetirse, está ahí. Nuestro homenaje a todos aquellos que lucharon, naturalmente, pero la meditación y la reflexión histórica no puede impedir la de presente y algunos que tienen responsabilidades muy directas de
Gobierno en determinados territorios de nuestro Estado en donde aún algunos por defender la libertad, por discrepar, por mantener otras legítimas opciones sufren persecución, tienen que reflexionar, señorías, con sus discursos, porque no se pueden
hacer algunos discursos que se hacen en esta Cámara y luego pasear por las calles de Bilbao al lado y en solidaridad con quienes jalean, amparan y avalan el terrorismo.
La coherencia,
señoras y señores diputados, la coherencia. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), por la que se modifica la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 15; en contra, 253; abstenciones, doce.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES EN LAS DISTINTAS ÁREAS PARA PODER EVALUAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.
(Número de
expediente 162/000526.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación
de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el camino del fomento de la igualdad de oportunidades, el Gobierno está introduciendo la política del mainstreaming o de integración de la igualdad en todas las políticas, las acciones, los programas, y ello sin menoscabo del
impulso de las importantes acciones positivas destinadas a abordar algunos de los problemas con los que se encuentran las mujeres. La atención creciente que el Gobierno presta a la igualdad de oportunidades entre los sexos se refleja precisamente
en planes de acción, planes de igualdad, planes de empleo que, año a año, elabora el Gobierno y en los planes de lucha contra la violencia doméstica. Habida cuenta de que el Gobierno está avanzando de manera significativa en las políticas de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuestro grupo considera que la distinción entre sexos debe estar presente en todas las estadísticas que por su naturaleza permitan dicha distinción. Estadísticas que, a nuestro juicio, son
esenciales a todos los niveles, empezando por el político, para llevar a cabo, desde el inicio, la planificación, aplicación, seguimiento y ulterior evaluación. Efectivamente, se requieren datos, se requiere información diferenciada por sexos, a
fin de aumentar esa necesaria conciencia de la diferenciación que existe en la situación de hombres y mujeres.
Proporcionar, en definitiva, una base objetiva para trabajar, supervisar y evaluar las acciones empleadas, es algo que se recoge
expresamente en la plataforma de acción de Pekín, en la última Conferencia mundial sobre la mujer. Hay que recordar que los Estados miembros de la Unión Europea, y por tanto España, han establecido indicadores sobre cuestiones muy importantes,
sobre conciliación de la vida laboral y familiar, sobre poder y toma de decisiones, sobre discriminación salarial, y en la actualidad están trabajando sobre indicadores de la violencia.
Me van a permitir que haga un inciso en la exposición de nuestra proposición no de ley, que viene al hilo precisamente. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que en un primer punto habla de establecer un plazo de
adecuación de los indicadores, de acuerdo con las directrices europeas. Y no lo podemos hacer porque, como acabo de indicar, se está haciendo ya de forma coordinada con la Unión Europea, y la que establece los plazos no es España, es la Unión
Europea. A España le queda aceptar o no, cumplir o no. Y, hasta la fecha, lo está haciendo y lo ha cumplido con prontitud. De la misma manera que ustedes piden plazos para esos indicadores, podían haber pedido en la enmienda plazos para la
elaboración de las estadísticas o la generalización de la universalidad de esos datos, pero lo que piden son plazos para hacer esos indicadores en coordinación con la Unión Europea, y esto se viene haciendo ya en los tiempos que marca la Unión
Europea. Tampoco podemos aceptar la segunda parte de su enmienda porque quiere pedir unas competencias para el Observatorio de la igualdad que ya están perfectamente recogidas en el decreto que en el mes de octubre del año 2000 creó ese
Observatorio de la igualdad, y la incorporación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos está asimismo recogida. Hay muchas personas que están trabajando en este instituto de la observación y colaborando con él, incluso todos los
ministerios. Por tanto, esas enmiendas no aportan nada e incluso retrasarían el desarrollo de los indicadores en coordinación con Europa, porque ya se viene haciendo.
En la línea de lo que se viene haciendo continúo exponiendo los argumentos de nuestra proposición no de ley, y me parece interesante recordar el trabajo del Instituto de la Mujer, que recoge datos permanentes sobre la situación de las
mujeres en los diversos ámbitos
sociales tales como el empleo, la educación, la salud, etcétera, que después son publicados, aparte de estar permanentemente en las páginas web del Instituto, en Mujer en cifras, publicaciones que todos los que trabajamos en estos temas
consideramos de gran valor, por supuesto, social y un buen instrumento político para nuestro trabajo.
También creo que es de interés recordar que el Instituto Nacional de Estadística ha firmado un convenio con el Instituto de la Mujer para ir incorporando las estadísticas de forma desagregada por género.
Lógicamente, esto lleva a que en
trabajo, demografía, sanidad, justicia, educación, etcétera, se estén ya incorporando esos datos desagregados de tanto interés. Creemos sinceramente que el Instituto Nacional de Estadística está realizando también una importante labor de
actualización y perfeccionamiento de las estadísticas. Sin embargo -de ahí nuestra proposición no de ley-, los indicadores para poder evaluar la situación de las mujeres no están generalizados o, si ustedes quieren, universalizados, y
consecuentemente todavía existen estadísticas oficiales en las que estos datos no están concebidos según la variable del sexo. Por ello, señorías, nuestro grupo solicita hoy que se continúe, que se profundice, que se universalice en todas las
estadísticas que desde las administraciones, es decir, desde los distintos ministerios se realizan en esta línea, y que se haga, por supuesto, en colaboración con el Instituto de la Mujer y las comunidades autónomas, en su caso, determinando los
indicadores que permitan conocer de verdad los datos con un nivel de desagregación lo más detallado posible según la variable del sexo y estableciendo dentro de ella la edad, las condiciones socioculturales, económicas, etcétera, que nos van a
permitir avanzar y profundizar en la política de la igualdad. Con ello, señorías, estamos dando un paso más en la línea de una política directa, clara, orientada a la elaboración de las estadísticas, que va a contribuir a mejorar la información, a
poder elaborar datos comparados en el espacio y por supuesto en el tiempo, y ello resulta clave para aumentar la conciencia de las diferencias que en la situación de la mujer frente a los hombres todavía existen. Ahí tendremos una verdadera base
objetiva para establecer los objetivos políticos, para supervisar, para evaluar las acciones y los programas, como decíamos. Estos datos, en definitiva, son unas buenas herramientas de gestión, de gran utilidad a la hora de aplicar el
mainstreaming, como decíamos al principio, porque las estadísticas, como a nadie se le oculta, son elementos básicos para tener un panorama amplio y claro de la situación. Creo sinceramente que también contribuirá a coordinar las políticas de
igualdad entre el Gobierno de España y los demás gobiernos de los distintos países europeos. Este es un déficit que se puede decir que es europeo, y nosotros queremos que España inicie de una manera decidida y de forma pionera un camino para
avanzar, como en tantas otras cosas en la política de la igualdad. En definitiva, creemos que con ello estamos dando un paso más hacia la construcción de un país cada vez más social y más justo.
Sabemos que todavía quedan muchas cosas por mejorar, y en ese empeño, señorías, claramente está el Gobierno, acompañado del Grupo Popular. Y es que no olvidamos que la democracia es una lucha constante por el progreso; progreso en
bienestar, al que cada día, afortunadamente, se van incorporando más mujeres en España.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene la señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, uno de los grandes retos que todavía tenemos pendientes las mujeres es el de la invisibilidad. Las mujeres hemos sido consideradas a lo largo de la historia como sujetos pasivos y no como sujetos de derecho. Este hecho es desde
luego indisociable del papel que las diferentes sociedades han otorgado a las mujeres y que no ha sido corregido suficientemente todavía.
Evidentemente, una forma de avanzar hacia la visibilidad es contar con indicadores y estadísticas que refuercen y establezcan perspectivas de género que nos digan realmente cuál es la situación no sólo legal sino también real de las mujeres.
Estas recomendaciones han sido marcadas desde diferentes entidades. Naciones Unidas establece en varios de los apartados de su plataforma de acción de Pekín la necesidad de que los gobiernos adopten medidas para la confección de estadísticas que
contemplen indicadores para atender los intereses de las mujeres y conocer los factores sociales y socioeconómicos que les afectan de manera más directa.
Por otro lado, la perspectiva de género debe estar presente y contemplada en todas las áreas y en todas las políticas. Quiero recordar que en España, gracias a la creación en el año 1983 del Instituto de la Mujer, se fueron introduciendo
diferentes medidas enmarcadas en una política de defensa de la igualdad de oportunidades en relación con hacer visible la aportación y la presencia de las mujeres en la sociedad. Como consecuencia del desarrollo del I y II Planes de igualdad se
comenzó una política de detección y conocimiento de los factores que inciden en la discriminación por razón de sexo. En los objetivos del III Plan de igualdad, que tenía una vigencia del año 1997 a 2000, se señalan varias de esas medidas en este
sentido. Pero lo cierto es que, una vez desarrollado ese plan, no podemos confirmar que se hayan cumplido realmente tales medidas.
Una muestra clara de que no se han cumplido las medidas que recogía el III Plan de igualdad es la iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular presenta esta tarde en la Cámara para pedir al Gobierno que desarrolle aquellas medidas que
contemplaba dicho plan y que evidentemente no ha desarrollado a lo largo de su vigencia. Y aquí quiero remitirme a cuestiones concretas.
En el área de educación, conforme a los datos que conocemos y que ha elaborado el Instituto de la Mujer, una de las actuaciones pendientes ha sido la colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas con el objeto de producir
trabajos conjuntos e intercambiar información de manera constante. Los ejemplos serían múltiples en el área de empleo, en el área de comunicación y en otros muchos ámbitos.
Si continuamos con las acciones del plan, en el área de violencia figura una actuación, concretamente la 7111, que dice textualmente: Perfeccionar las estadísticas utilizadas actualmente a partir de las denuncias de violencia en los
distintos ámbitos, de manera que se pueda tener conocimiento más preciso de la situación real de las mujeres que presentan esas denuncias.Resulta bastante sospechoso que desde el Ministerio del Interior se incida en que se ha llevado a cabo una
mejora en esas estadísticas, pero lo cierto es que los datos del ministerio, como todas y todos sabemos, no coinciden para nada con la realidad.
Hablamos de incorporar la variable género en el sistema estadístico precisamente para contrastar lo más
fielmente posible la realidad diaria y cotidiana de las mujeres, no para enmascararla con datos que desgraciadamente pueden responder a intereses políticos y partidistas y no responden a la realidad que tienen y viven las mujeres.
Quiero recordar también que en el año 2000 el Gobierno aprobó un real decreto por el que se creaba el Observatorio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, observatorio al que dimos su bienvenida pero sobre el que ya dijimos
que, aparte de la creación formal, debía contar con presupuesto y con personal suficientes que le permitiera desarrollar políticas activas dirigidas a las mujeres. Entre las funciones que tenía encargadas el Observatorio de igualdad de
oportunidades están la de actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la igualdad de oportunidades y la de formular recomendaciones y propuestas tendentes
a mejorar los indicadores, o sea, el contenido de la proposición no de ley que esta tarde nos presenta el Grupo Parlamentario Popular y que lo que hace es repetir lo que ya decían en el año 2000 y que encargaban al Observatorio de la igualdad para
que lo desarrollara. Yo creo que es una prueba más que evidente de que al no desarrollarse vuelven a pedir hoy al Gobierno que lo haga. Allí se hablaba, como digo, de indicadores, lo mismo que se vuelve a pedir esta tarde, de sistemas de
información relacionados con las mujeres y de difundir información sobre diversos aspectos relacionados con las mujeres. Son algunas de las competencias que se le encargaban al Observatorio de la igualdad.
Mucho nos tememos que la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular es una iniciativa que se enmarca en la política de fachada, de justificación ante la Unión Europea de la toma de decisiones y de las medidas que en
este momento está planteando el Gobierno al respecto. Pero lo cierto es que se han podido realizar cambios y modificaciones para perfeccionar esas estadísticas y mejorar el conocimiento de la situación de las mujeres españolas, y no se ha hecho.
Desde luego, han perdido una buena ocasión. Han tenido tres años para realizar esos indicadores, para ponerlos en marcha y para saber qué resultados daban y poder dirigir las políticas activas hacia las mujeres teniendo en cuenta la realidad que se
había visto anteriormente; los tres años que ha durado el desarrollo y la puesta en marcha del III Plan de igualdad, del que todavía no conocemos una evaluación objetiva y seria, máxime cuando ese aspecto de los indicadores estaba contemplado
también en varias de las acciones concretas que tenía el Plan de igualdad.
Cuentan además con el real decreto. ¿Qué conclusión podemos sacar esta tarde, a la vista de esta propuesta? Que no ha habido voluntad política para llevarla a cabo puesto que ya estaban contempladas anteriormente y no las han desarrollado.
Por eso, ¿qué sentido tiene plantear esta tarde esta iniciativa? ¿Podemos pensar que realmente hay voluntad de llevar a cabo las dos propuestas que contiene esta iniciativa parlamentaria? La ilusión es lo último que se pierde, pero, qué quieren
que les diga, yo de este Gobierno ya no me creo nada. Desde el Grupo Socialista pensamos que falta voluntad política para ello y que esta iniciativa no comporta, ni en su enunciado ni en su contenido, un compromiso para establecer cómo, cuándo y de
qué manera se piensa llevar a cabo. El Grupo Socialista estaría de acuerdo en apoyar esta proposición si se tuvieran en cuenta las enmiendas que hemos presentado, que pretenden dotar de competencias al Observatorio de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres para que sea un observatorio permanente que se encargue del desarrollo de indicadores y estadísticas que permitan evaluar la situación de las mujeres y la realidad de la evolución de la igualdad de oportunidades en España.
Asimismo, queremos que se le dote de recursos humanos y materiales cualificados para desempeñar esos contenidos y que se establezca un plazo de desarrollo y de adecuación de dichos indicadores con respecto a las directrices europeas marcadas en las
diferentes líneas estratégicas de acción. Si no se acepta ninguna de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, votaremos en contra de esta iniciativa del Grupo Popular puesto que nadie nos garantiza que lo que no se ha
hecho en tres años se vaya a hacer ahora. Se vuelve a pedir al Gobierno algo que tendría que haber desarrollado
a través del III Plan de igualdad y que era una de las competencias que se había encomendado al Observatorio de la igualdad. Entendemos que las enmiendas que planteamos son perfectamente asumibles, ya que lo único que pretendemos es que se
establezca un plazo -ni siquiera hablamos de meses- que responda a la realidad y a la voluntad política de que hombres y mujeres avancemos en igualdad de condiciones y de oportunidades. Si no es así, como digo, votaremos en contra de esta
iniciativa, ya que en caso contrario será un brindis más al sol de los que nos suele presentar el Grupo Popular.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular nos trae una loable iniciativa sobre la importancia de la elaboración y el uso de las estadísticas disgregadas por género como elemento clave en la integración de la igualdad de oportunidades y la necesidad de establecer
indicadores. No indicaré yo aquí la importancia que tiene en el avance de las políticas de igualdad, puesto que ya lo han hecho las dos diputadas representantes de las formaciones mayoritarias que me han precedido en el uso de la palabra, pero no
puedo dejar de aprovechar esta ocasión para manifestar lo que me sorprende que el grupo mayoritario de la Cámara haya planteado esta iniciativa para seguir progresando en políticas de igualdad cuando ha perdido una magnífica oportunidad de hacer
gestos de igualdad. Pudieron hacer algo, al menos no callar, en apoyo de una compañera de partido por sucesos que no son recientes pero que están en la mente de todos. Creo que la presunción de inocencia se le predica a todo el mundo, yo también
se la predico, pero creo que deja de tener derecho a ella quien hace públicos comentarios y difunde cartas de contenido machista y abiertamente rijoso. Desde el Grupo Popular se ha imputado a las diputadas socialistas que han pretendido defender a
esta compañera de las diputadas populares su intento de asalto al poder en Ponferrada. Desde la libertad que me da poder manifestar que el PNV no alienta ninguna tentación de ese estilo, creo que sería bueno que en esta Cámara tuviésemos un gesto
de solidaridad, y yo así quiero manifestarlo aprovechando la oportunidad que tengo de hacer uso de la palabra en esta Cámara.
Yendo ya al contenido concreto de la iniciativa que hoy se nos trae, diré que a mi formación política también le gusta, pero que ciertamente no es algo muy novedoso. Resulta antiguo, incluso por las fechas, si tenemos en cuenta la
progresión en relación con las políticas de igualdad. Estamos hablando de la Conferencia de Beijing, que es de 1995, y de la comunicación de la Comisión Europea, que data de 1996. Hay administraciones, como la Comunidad Autónoma vasca, que hace
tiempo que vienen practicando estas políticas. Por Eurostat se vienen disgregando por sexo casi todos los parámetros estadísticos que se utilizan, y debo manifestarles que, siendo útiles, tampoco son la panacea. Hace falta más que la fijación de
indicadores: hace falta cruzar estas variables. En las políticas de empleo, respecto de las cuales se ha dicho que son tremendamente útiles, sirven para saber por qué en determinados sectores con determinadas formaciones se accede más al empleo y
por qué las formaciones profesionales concretas, las más técnicas, sirven más para acceder al empleo y son menos utilizadas por las mujeres, pero no dan soluciones concretas. Singularmente, en el ámbito vasco, en este momento, teniendo disgregados
los datos, lo verdaderamente interesante es poder analizar qué indicadores hacen que las mujeres del Alto Deba, por ejemplo, se integren en el mercado laboral antes de lo que es posible que lo hagan las mujeres de la margen izquierda. Esto no se
consigue sólo con lo que la iniciativa popular pretende.
En cuanto al trabajo profundo en materia de sexo, la auténtica novedad en este momento es la contabilización en el presupuesto de la variable género. Ahora que vamos a empezar con el debate de los presupuestos del año 2003, tienen ustedes
la ocasión de intentar presentar a la Cámara el desmenuzamiento de esta variable que les sugiero. En Europa lo están haciendo ya en este momento Escocia, Irlanda y Euskadi y en Italia están los estudios muy avanzados. Aquí sí que creemos que se
produciría un salto cualitativo, y estoy en condiciones de ofrecer a la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y a cuantas diputadas lo deseen los datos que ya se han elaborado para este análisis desde el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).
Desde luego, no puedo decir que no al contenido de la iniciativa, es imposible, pero sí quiero manifestar la percepción de que no es una gran cosa. Hay que ir más lejos, y no basta con que sólo parezca que se cumple con vistas a las instancias
europeas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que no hace falta que incidamos más en la necesidad y en el valor que tiene que se puedan utilizar los indicadores en las estadísticas y que se realice una segregación por sexos para conocer cuál es la incidencia de las
políticas que se realizan desde el
Gobierno y desde las diferentes administraciones públicas en relación con la situación de la mujer. Pero también, señorías, es necesario que esos indicadores y esas estadísticas, como bien decía la interviniente anterior, se puedan cruzar
para que los datos que se ofrezcan no solamente nos den un porcentaje de mujeres, sino que nos indiquen además cuáles son las variables que esos datos cruzados nos pueden ofrecer, lo que nos puede acerca mucho más a la realidad de la situación de la
igualdad de las mujeres en nuestro país.
Dicho lo anterior, señorías, respecto a la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, la verdad es que en esta ocasión ya no se puede echar la culpa a lo que no han hecho gobiernos anteriores porque ya en 1996
gobernaba el Partido Popular y la Conferencia de Pekín se celebró a finales de 1995. Nos sorprende que no se haya aplicado precisamente la recomendación de la plataforma de acción de la Conferencia de Pekín para establecer los datos informáticos
segregados por sexos y para incluir además las diferentes motivaciones que podían incidir en la problemática de igualdad de género. Parece que se ha desaprovechado -y considero que es justo decirlo en esta Cámara- no solamente el III Plan de acción
de igualdad para las mujeres, sino que además, señorías, con esta iniciativa se vuelve a desperdiciar el tiempo seguramente para que nada más se cumpla aquello de que el Grupo Parlamentario Popular también tiene que instar al Gobierno a que haga
algo. Aquí también sería posible decirles a ustedes lo que suelen utilizar en la mayoría de las ocasiones en las comisiones informativas cuando cualquier grupo parlamentario de la oposición presenta una iniciativa: El Gobierno ya lo está haciendo,
el Gobierno ya tiene previsto hacerlo. La propuesta que presenta el Grupo Parlamentario Popular nos parece por tanto totalmente ociosa porque no compromete realmente al Gobierno a que se vayan a utilizar los diferentes indicadores en las
estadísticas y en áreas que seguramente nos interesaría mucho conocer a las mujeres, una de ellas, por ejemplo, cómo afecta el Plan de empleo a las mujeres, cuál es la estabilidad en el empleo o cuál es la precariedad de las mujeres en el empleo
desde que gobierna el Partido Popular. Quizá por eso el Gobierno no haya tenido excesivo interés político en aplicar las recomendaciones de la plataforma de acción de Pekín ni las comunicaciones de la Comisión Europea en este tema. Aquí tengo que
decirles, señorías, que si hay un organismo que tendría que ser el encargado, es el que se plantea en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece que crear un Observatorio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
sencillamente para que conste que se ha creado, pero sin darle ningún tipo de competencias y mucho menos darle recursos materiales y humanos para que pueda llevar a cabo las funciones mínimas que se establecen en el real decreto de creación, es
hacer una vez más la política de marketing, pero no la política que nos lleve a tener un conocimiento exacto de la situación de las mujeres en nuestro país y de cómo les afectan las políticas que desarrolla el Gobierno del Partido Popular, y desde
luego no servirá para poder hacer una valoración objetiva de los planes de acción ni de las políticas que se están desarrollando. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos decía en su intervención que ya había indicadores sobre la
conciliación de la vida laboral y privada, y yo creo, señorías, que, a la vista de la utilización que se hace de determinadas iniciativas legislativas que se han puesto en marcha, cabría decir que el indicador tendría que ser cero porque
prácticamente nadie está utilizando esta legislación para poder conciliar la vida laboral con la vida privada, entre otras cosas, porque con la ley que ustedes aprobaron no es posible conciliar la vida laboral y la vida familiar.
Tampoco se hace nada, señorías -y esos indicadores están ahí y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo-, cuando se habla de la discriminación laboral o de la discriminación salarial que padecen las mujeres en el trabajo cuando tienen la
misma responsabilidad o el mismo puesto de trabajo que un varón. Sobre esto el Gobierno tampoco ha tomado medidas, y sí existen los indicadores y sí existen las estadísticas que denuncian que el salario de las mujeres está entre un 25 y un 30 por
debajo del de los hombres en puestos de la misma responsabilidad.
En resumen, no nos creemos la iniciativa que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría creérnosla porque sería importante que hubiera al menos alguna actuación en esta línea, y si no se toman en cuenta las enmiendas que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, no vamos a poder respaldar la iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para indicar que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), va a aprobar la iniciativa que estamos viendo. Y va a hacerlo por considerar que tanto los indicadores en las
distintas áreas como los datos desagregados por sexos en todas las estadísticas, que es la propuesta que hoy nos plantea el Grupo Popular, pueden proporcionar una información objetiva tanto para identificar los obstáculos que aún hoy persisten para
conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres como para evaluar los resultados de las diferentes políticas que se van aplicando. Porque lo cierto es que, aunque hoy tanto el marco jurídico comunitario
como las legislaciones internas de los países de la Unión Europea garantizan la igualdad legal entre hombres y mujeres, no es ninguna novedad constatar que, aunque es innegable que se han hecho progresos considerables, en la vida cotidiana
las mujeres y los hombres siguen sin gozar de una igualdad real. Entre otros aspectos, la infrarrepresentación de las mujeres, la violencia contra ellas o la desigualdad salarial por trabajos de un valor equivalente son ejemplos de que continúa
existiendo una discriminación estructural por razón de sexo. Por ello, la igualdad de oportunidades es y debe seguir siendo un objetivo central en las políticas nacionales y comunitarias. Es evidente que a medida que se van poniendo en práctica
programas y políticas destinados a conseguir esta igualdad, aumenta la necesidad de contar con información estadística exhaustiva, fiable y actualizada que permita, de un lado, identificar los problemas y, de otro, valorar los efectos de las
políticas que se van implementando. La necesidad de contar con estas herramientas aparece, además de en los textos mencionados en la exposición de motivos de la iniciativa que estamos viendo, en textos más recientes. Quiero señalar al respecto la
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres para los años 2001-2005, elaborada por la Comisión Europea y aprobada por el Consejo de 20 de diciembre del año 2000. En este texto se establece precisamente que la ejecución de
las políticas de igualdad precisa de métodos y herramientas específicos tales como la creación de redes, la compilación de datos y la evaluación de impacto en función del género, así como el desarrollo de indicadores comunes en todos los países y el
establecimiento de criterios de referencia comparativos para permitir un control y una evaluación de su impacto. Pero, más allá de que incluso pueda parecer obvia la necesidad de contar con indicadores y estadísticas, de contar con herramientas
para la integración de la igualdad y para el análisis de género, y, a pesar de que, como se ha explicado, los Estados se han comprometido al menos desde 1995 a establecer información desglosada por sexos para planificar y evaluar los resultados de
la implementación de políticas para la igualdad, lo cierto es que las reticencias de algunos proveedores de datos y la complicación técnica que supone la incorporación de los mismos desagregados por sexos hacen que pocos Estados elaboren sus
estadísticas de la manera conveniente. Por ello, desde las instituciones europeas, y cito especialmente los informes muy recientes de la Comisión Europea de abril de 2001 y el del Parlamento Europeo de febrero de 2002, no dejan de considerar que
deben consagrarse más esfuerzos a este fin. Es más, para incentivar su implementación, la elaboración de estadísticas desagregadas por sexos está contemplada en el programa de apoyo al programa de acción comunitaria 2001-2005 justamente como una de
las acciones que dan derecho a solicitar el apoyo financiero del programa. Esta iniciativa no sustituye los análisis por género para averiguar cuáles son las causas que todavía persisten para esta desigualdad real, ni sustituye la implementación de
proyectos de políticas activas.
Por todo ello, desde Convergència i Unió valoramos la bondad de la iniciativa que hoy se nos presenta, y tal como he anunciado al comienzo de mi intervención, vamos a votarla favorablemente. Tiempo habrá para exigir su cumplimiento si
realmente no se implementa por el Gobierno.
Nada más. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pigem.
Señora Sainz, a los solos efectos de indicar aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Como ya anuncié en mi intervención, no podemos aceptar la enmienda, porque todo lo que solicita o bien está incorporado o bien se está haciendo con mayor celeridad de lo que se pide en ella.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.
Sometemos a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos
ámbitos de la vida social, económica y política.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 171; en contra, 105; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES QUE DEBE ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FRENAR EL CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 162/000525.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho todo lo posible para transmitir a esta Cámara la grave situación de inseguridad ciudadana que padece
nuestro país. Diversas han sido las iniciativas que hemos traído a la Cámara, interpelación, moción, distintas proposiciones no de ley, en definitiva, un conjunto de iniciativas para poner en evidencia una situación que debe ser resuelta
cuanto antes. Sin embargo, hemos podido observar cómo el Gobierno ha permanecido indiferente e inactivo. Los datos lo ponen en evidencia. A pesar de la gravedad de la situación, los hechos básicos de la gestión del señor Rajoy se podrían resumir
de la siguiente manera.
En primer lugar, frente a la pasada actitud de maquillaje y manipulación de cifras que padeció este país durante el mandato del señor Mayor Oreja, ahora nos hemos encontrado con otra versión, distinta pero en el fondo similar, en el manejo
de los datos. Hemos tenido una serie de episodios claramente definibles como de contrainformación. Se han hecho en esta Cámara afirmaciones que no son verdad, como la relativa al descenso de la criminalidad durante el año 2001, que luego resultó
ser un incremento del 10 por ciento, o los preventivos extranjeros, a quienes se les atribuyó del orden de un 89 por ciento de los delitos en los tres primeros meses del año, y luego ha resultado que era un 53 por ciento, etcétera.
La delincuencia, en todo caso, alcanzó el mayor crecimiento desde hace por lo menos 15 años. La ciudadanía se encuentra alarmada. El Plan Policía 2000, el más ambicioso según el Gobierno, ha resultado ser un total fiasco. Muchos de los
comerciantes que se ponen en contacto con los parlamentarios (organizaciones muy respetables, por cierto, de profesionales del comercio) han anunciado, incluso, que no piensan votar al Partido Popular porque no se encuentran protegidos. Se ha
producido el máximo descenso conocido de los efectivos policiales en nuestro país -nunca hubo menos policías en España-, el estancamiento de las inversiones, el máximo incremento de las empresas de seguridad, el hecho de que España ha llegado a
convertirse en uno de los países más inseguros de la Unión Europea, un conflicto nunca conocido entre el Ministerio del Interior y todas las organizaciones sindicales de los policías, con erosión grave y reducción de los derechos sindicales que
corresponden a estos trabajadores, en definitiva, el máximo deterioro que se haya producido en un espacio conocido de tiempo histórico del servicio público de seguridad ciudadana, con falta de efectivos, con falta de medios, con bajas retribuciones,
con una conflictividad derivada de la falta de diálogo y con carencias que impiden cubrir los servicios que demanda la ciudadanía. Ahora sale el señor Rajoy -esta mañana lo ha dicho- hablando de un posible incremento de los sueldos de los policías.
Yo no sé cómo lo va a conseguir porque no negocia con ellos; creo que ha sido un gesto más, otro conejo sacado de la chistera, pero sin que se hayan entablado las correspondientes negociaciones, que son debidas según el estatuto que la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado concedió a la Policía.
Pues bien, es preciso evitar que siga el deterioro, señorías. Hay que plantear soluciones concretas y mi grupo ha tenido la valentía de traerlas esta tarde a la Cámara. Soluciones concretas, prácticas, realistas, factibles y a corto plazo.
Alguien se ha dedicado, inmediatamente que las conoció, a descalificarlas; incluso alguien llegó a atreverse a decir que tenían un tufillo reaccionario. Es como si Torquemada acusara a Montesquieu de ser un reaccionario. Hay que reconocer que se
trata de defender derechos fundamentales, la libertad y la seguridad de los españoles, y ese esfuerzo que todos podemos y debemos hacer no es un esfuerzo reaccionario. Un esfuerzo reaccionario es mantener una ideología, una conducta y una
metodología autoritaria en la conducción de los asuntos públicos, particularmente en lo que se refiere a la seguridad ciudadana.Resulta preocupante, señorías, que ni el Partido Popular ni el Gobierno al que apoya hayan tomado medida ni iniciativa
alguna. Por eso, nosotros hemos traído aquí esta tarde una serie de medidas, que voy a relatarles con la brevedad que requiere un trámite como el de este momento.
En primer lugar, señorías, nosotros entendemos que sin solidaridad no hay seguridad. Esta sociedad que están construyendo ustedes, señores de la mayoría, es cada día más insolidaria y más injusta, y lo que no se están gastando en servicios
públicos de educación, de servicios sociales, etcétera, se lo van a tener que gastar, aunque ustedes no quieran -como hasta la fecha se está demostrando-, en policía y en cárceles. Por eso, nosotros estimamos que hay que realizar una profunda
acción preventiva para que se atajen y se traten las fuentes y las raíces sociales del delito.
Eso requiere, en primer lugar, un programa coordinado e integrado que permita actuar sobre aquellos sectores más sensibles, tal como recoge el punto primero de nuestra proposición no de ley. En segundo lugar, queremos transformar el Consejo
de Política de Seguridad en un órgano no solamente de coordinación sino de planificación. En este país existe un plan nacional de seguridad vial y debe existir también un plan nacional, integral o como quieran llamarle, de seguridad ciudadana y se
tiene que hacer con la participación de las comunidades autónomas, con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los representantes municipales. De la misma manera, este plan debe tener un ajuste y un desarrollo en el
ámbito autonómico y deben existir planes autonómicos y planes locales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Es conveniente llegar a la conclusión de que en este país hay un número suficiente de policías; hay muchos policías en España, lo que ocurre es que están malísimamente utilizados, extraordinariamente mal coordinados.
Eso requiere
obviamente, un esfuerzo de coordinación y de planificación que permita los ajustes y la integración de los trabajos de unos y de otros. Por otra parte, en España siguen bajando los efectivos policiales
y el que conozca los datos de la evolución de las plantillas de los policías nacionales lo ve con absoluta claridad. El año 2002 se terminará con un déficit de 1.439 policías y en el año 2003 habrá un déficit de 1.092 policías. De tal
suerte que en este momento la evolución es una línea descendente sin que este Gobierno haya podido atajarla de ninguna manera. Por eso planteamos un programa de rentabilización de los efectivos actualmente existentes, de tal manera que efectivos
que en este momento se dedican a otras tareas que no son las claramente policiales puedan ser reorientados a la práctica del desarrollo de su actividad profesional como policías. Queremos que 5.000 policías pasen a servicios típicos de seguridad;
hay muchos más, pero nosotros planteamos en esta medida obviamente una dimensión puramente realista.
Programa para el impulso de cobertura de vacantes. Al ritmo que ha marcado el Gobierno en la convocatoria de vacantes, hasta el año 2010 no tendremos un horizonte de 53.000 policías como había hace pocos años, hasta el año 1996. En este
momento hay que reforzar e incrementar el número de plazas a convocar, de tal suerte que se pase a convocar 6.000 plazas por año en lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía y 3.000 en lo que se refiere a la Guardia Civil. Programa de
creación de comisarías, especialmente en las poblaciones de mayor índice de inseguridad.
Señorías, hay que abordar una cuestión que está resultando urgente por el bochorno que a veces hemos tenido que padecer. Ha sido bochornoso el suceso en el cual hubo una interferencia entre dos fuerzas de seguridad dependientes de la misma
autoridad, ya que dependiendo del secretario de Estado de Seguridad hubo una confrontación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Por eso nosotros planteamos la creación de un mando unificado y conjunto de esos dos cuerpos de
seguridad, al igual que se ha planteado en este momento en Francia. Iba en el programa de Jospin, pero el actual ministro del Interior del Gobierno del señor Chirac ha introducido esta medida porque se considera que la gendarmería y la policía
tienen que funcionar bajo un mando único.
La investigación es otro punto que es preciso reforzar. No resuelve gran cosa tener muchos policías pululando por la calle si estos policías no tienen a su vez unos buenos instrumentos y unos buenos equipos de investigación. Podemos decir
que en este momento ha bajado la tasa de eficacia. Por mucho que digan algunos señores portavoces del Partido Popular, la tasa de eficacia ha bajado del año 2000 al 2002, pasando del 24 por ciento al 23 y al 22 por ciento. Igualmente, el número de
detenidos por infracciones también ha disminuido. Para elevar esta tasa de eficacia estos equipos de investigación deben ser creados en todas las comisarías de distrito.
En definitiva, planteamos más y más medidas concretas, como el envío a las Cortes en la próxima ley de presupuestos - y en este sentido retamos al Partido Popular a que elabore un plan de choque para mejorar las infraestructuras de la
policía- de la homologación retributiva que ya prometió en su día, que luego olvidó y que están reclamando los policías, todos los cuerpos policiales, todos los sindicatos, y que ha sido la causa del grave y largo conflicto que todavía se padece
entre todos los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y el Gobierno.
Finalmente, una cuestión que nos parece evidente y necesaria. Este Gobierno tiene que aprender a distinguir entre inmigrantes y delincuentes; desgraciadamente, vemos que con mucha frecuencia confunde ambos conceptos. Por eso sería
conveniente realizar una reforma que permitiera deslindar bien las cosas porque la actual situación del delegado del Gobierno, que maneja o coordina teóricamente elementos heterogéneos sociales, laborales, de control de fronteras, etcétera, que en
definitiva no coordina, está llevando a la ineficacia total y absoluta a esta delegación del Gobierno y al plan que teóricamente dirige, que no está incidiendo para nada en la realidad del mundo de la inmigración. Por eso, planteamos que todo lo
que se refiere a la dimensión social y laboral, que es la esencia del tratamiento de la inmigración, pase al Ministerio de Trabajo y se le conceda la autonomía suficiente realizar esas políticas en coordinación con las comunidades autónomas y los
municipios y dejar al Ministerio del Interior lo que es extranjería, control de fronteras, la acción de establecer la relación hacia el exterior y la supervisión de entradas y salidas del territorio. Esto es lo que proponemos. Son medidas, repito,
concretas, claras, que pretenden incidir con la mayor rapidez posible sobre una realidad que se le ha escapado al Gobierno.
En este momento el incremento de la criminalidad es un hecho. Nadie lo niega ya. El Gobierno lo ha aceptado, afortunadamente, y lo que cabe en este momento, señorías, es empezar a discutir y dialogar en serio, no a descalificar, porque
mucho me temo que después de que yo baje de esta tribuna vendrá el portavoz del Grupo Popular a tomarse esta intervención mía...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Mayoral, le ruego concluya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Acabo ya, señora presidenta.
Decía que vendrá el portavoz del Grupo Popular y se tomará esta intervención mía como una agresión al Partido Popular. Aquí no se pretende ninguna agresión, señorías del Partido Popular, aquí se pretende arrimar el hombro, ofrecer ideas y
ver si en una cuestión de Estado, que afecta a toda la población y es de interés público en España, podemos ponernos de acuerdo y caminar en la búsqueda de soluciones. Es una mano tendida y espero sea entendido el propósito con que se hace porque,
si la mayoría no quiere, obviamente este
asunto no va a tener solución y ya es hora de que empecemos a pensar en soluciones y nos olvidemos de los pretextos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mayoral.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Hemos presentado una enmienda larga, muy completa, que resume nuestro punto de vista, nuestra óptica respecto a lo que es la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral. La seguridad ciudadana no es equivalente a policía que controla
el orden, policía que incentiva el orden. Eso también puede ser una parte, pero seguridad ciudadana es seguridad respecto a la vivienda, que es un derecho constitucional -claro que como están los precios es un derecho constitucional para
millonarios-, seguridad con respecto a la salud, seguridad con respecto a una serie de cuestiones que integran la vida cotidiana de un hombre o de una mujer. A partir de esa seguridad integralmente considerada es como se puede enfocar, en la
relación causa-efecto, la desagregación, el desarraigo, la desmotivación respecto a la cohesión social que produce y que está en la base de toda delincuencia. Nosotros enfocamos la inseguridad ciudadana desde ese punto de vista y no desde ningún
otro. La inseguridad ciudadana referida al tema de la policía es una consecuencia, no es una causa, y nosotros queremos ir a la causa en cuanto fuerza radical que va a las raíces de los hechos, y desde esa óptica hemos planteado esta serie de
puntos de la enmienda.
En el punto 14 de la enmienda se habla de la necesidad de redactar un libro blanco sobre este tema, porque últimamente estamos viendo que hay un debate que juzga, con cifras absolutamente diferentes, imposibles de objetivar, cuánta policía
hay, cuántos delincuentes hay, cuántos son inmigrantes o extranjeros, cuántos están en prisión preventiva. A partir de esa falta de objetividad -esos datos que no se recogen en ningún libro blanco-, se está construyendo lo que cada uno quiere, por
ejemplo, un debate parlamentario, o se está construyendo la base de una parte muy importante de la política del Partido Popular: el miedo.
La inseguridad ciudadana desde el punto de visa policial es un concepto subjetivo. Imagínense ustedes que vemos todos los días pateras llegando a las costas. Todo el mundo, viendo la televisión, que tanto influye en este país -el 80 por
ciento se informa exclusivamente por televisión-, piensa que estamos sometidos a una invasión de inmigrantes y que hay que protegerse. Sin embargo, si cogemos las cifras de Eurostat, entre 1999 y 2000 no ha habido en el conjunto de Europa ni un
inmigrante más. Han llegado, sí, pero también se han ido y el crecimiento neto es cero. Son cifras de Eurostat, oficina oficial de la Unión Europea. Resulta que se está construyendo algo sobre cifras que en absoluto son objetivas. Por ejemplo,
España está invadida de inmigrantes que al mismo tiempo son delincuentes, se ha dicho aquí por portavoces muy autorizados del Partido Popular. En España, en las cifras que acaba de publicar Eurostat, el porcentaje de no nacionales no llega al 1,5
por ciento; es decir, es la nación, en el seno de la Unión Europea, que menos no nacionales tiene. Se construye el tema de la seguridad ciudadana sobre bases subjetivas, por eso pedimos que se redacte consensuadamente, como se hace en estos casos,
un libro blanco sobre la óptica policial y la llamada seguridad ciudadana. Desde ese punto de vista se puede empezar a acometer las reformas necesarias con el suficiente conocimiento de la situación real.
Señorías, también planteamos que es preciso invertir la actual tendencia de privatización de la seguridad pública. Constantemente se dice: hace falta más policía en España -lo estamos observando en este debate de hoy- y resulta que España,
después de Italia, es el país que más policía tiene de Europa. Esa incentivación de la policía es una respuesta a algo subjetivo que se está creando en función de un debate mal hecho, como se ha hecho mal en Francia -mal para la izquierda, claro-
en torno a la campaña electoral.
También se está aprovechando este concepto específico de seguridad ciudadana para incentivar muy a fondo toda la seguridad privada en este país, incluso recomendada últimamente por delegados del Gobierno, como el de Madrid y el de Andalucía
que, cuando protestan las pequeñas tiendas del centro o los comerciantes de los barrios dicen: Contrate usted seguridad privada porque no hay posibilidad, dada la dimensión actual, de que la seguridad pública le atienda.
Señorías, también queremos que no se vincule emigración y extranjería con incremento de la delincuencia porque se está haciendo en este país una operación por el partido hegemónico que no va a conducir a puertos adecuados. No está
aumentando de manera desaforada la inmigración, como he dicho anteriormente, pero sí está aumentando el discurso xenófobo y racista. En función de esta serie de asimilaciones que hacemos y en función de esta política, se nos quiere conducir a una
respuesta social xenófoba frente a una inmigración que nosotros consideramos excesiva y que no pasa del 1,5 por ciento. Por cierto, ya cotizan en este país a la Seguridad Social 700.000 inmigrantes. Si hacemos cuentas de lo que España aporta a los
inmigrantes y de lo que éstos aportan a España, los inmigrantes aportan el doble de lo que nosotros, económicamente hablando, les estamos aportando. Por tanto, señorías, hagamos un libro blanco sobre toda la situación porque, si no, estamos
dinamizando el miedo, estamos dinamizando la
política racista y estamos construyendo sobre la base de humo, de una falta absoluta de datos.
Nosotros también, señoría, queremos que el Gobierno de la nación se implique seriamente en un proceso de negociación laboral con los representantes sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No hay estabilidad en esos
cuerpos. Se habla mucho de ellos, se habla de aumentar cuantitativamente su importancia en el país, pero no se habla de la situación interna que están viviendo cuando no se les reconocen sus derechos laborales. También pedimos, ya que se habla
tanto de incentivar los derechos, de que son gente muy sacrificada que, por ejemplo -y fíjense ustedes quién tiene que decirlo- los números de la Guardia Civil hoy están cobrando la mitad de lo que puede percibir un policía municipal en una
autonomía o aquí en el Ayuntamiento de Madrid.
Hay que llegar a negociaciones adecuadas porque, si no, no va a haber forma humana de coordinar la dinámica, la ilusión de esta gente a la hora de trabajar. Pedimos una coordinación más que un
aumento, porque somos el país con más policías después de Italia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil con 70.000 números está protagonizando un 25 por ciento de las intervenciones contra los delitos mientras que la
Policía Nacional, con menos miembros, está interviniendo en el 60 por ciento de los delitos. Esto supone que no hay, en absoluto, coordinación efectiva de cara a la eficacia de la policía para que después no se saque la conclusión de que hay que
aumentar constantemente los cuerpos de la policía pública o incentivar la policía privada. (El señor Gil Lázaro pronuncia palabras que no se perciben.) Estoy hablando yo ahora, señor Gil Lázaro. ¿Puedo hablar yo ahora? (El señor Gil Lázaro: Es
distinto y distante.) Lo digo porque no ha habido ocasión, ya que ustedes se han negado de discutir como propuesta acumulada la de Izquierda Unida. Se está rompiendo la cortesía en esta Cámara y la tenemos que discutir como una enmienda completa a
la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista. ¿Me entiende usted ahora, verdad?
También estamos planteando, señora presidenta, que hay que tutelar a las víctimas de los delitos de forma integral mediante la potenciación de las oficinas de asistencia a las víctimas, creada por una ley de 1995 y que están totalmente
infradotadas, no funcionan. Ahora simplemente queremos incentivar algo que se ha aprobado ya en una ley, la Ley 35/1995. Al mismo tiempo, también pedimos, en cooperación con el Poder Judicial y con las comunidades autónomas, que se reforme nuestro
sistema penitenciario, de forma que la pequeña delincuencia patrimonial se combata no sólo con la privación de libertad, que satura nuestros centros penitenciarios, como se sabe, sino también con planes alternativos a la prisión, de mayor eficacia
social y que, por ejemplo, la Policía municipal, que actualmente no puede intervenir ni siquiera en un simple tirón, tenga otras competencias, otras capacidades para distribuir la coordinación y la actuación, haciéndola mucho más eficaz que todos
los cuerpos y fuerzas que están funcionando de manera absolutamente descoordinada en estos momentos en el Estado español.
Todas estas son las cuestiones que nosotros queremos aportar a este debate. Cuestiones que también aportaremos al debate sobre el estado de la Nación el 15 y 16 de julio y que después resumiremos en las resoluciones pertinentes. Nosotros
pensamos que hay que ir a un concepto integral de seguridad ciudadana y que, dentro de este concepto integral, el tema de la policía, el del control policial y de la seguridad ciudadana, entendida como control policial, solamente es una parte de
este criterio mucho más completo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, por su portavoz el señor Mayoral, nos ha presentado una extensa proposición no de ley con un conjunto de medidas relacionadas con el ámbito de lo que venimos llamando ya en distintas propuestas en
los últimos meses inseguridad ciudadana o sensación de inseguridad ciudadana, que comparten muchos ciudadanos. Mi grupo ha presentado una enmienda sobre la base de la coherencia que queremos tener con lo que recientemente hemos aprobado en esta
misma Cámara el pasado 21 de mayo. Mi grupo parlamentario en esa sesión llegó a un acuerdo con el Grupo Popular, también con el resto de los grupos, sobre un conjunto de medidas: primero, ampliar plantillas policiales; segundo, acelerar lo que
venimos llamando juicios rápidos, un procedimiento abreviado para la pequeña delincuencia; tercero, dar un trato distinto a la habitualidad, a la multirreincidencia.
Estos aspectos que fueron acordados por el Pleno del pasado 21 de mayo, con una amplia mayoría de esta Cámara, son lo que hoy mi grupo quiere poner de nuevo sobre la mesa. Para nosotros no tiene coherencia avalar hoy una propuesta que es
ambiciosa, la del Grupo Socialista, que sería como un plan alternativo, que yo respeto, pero que entraría en contradicción con lo que estamos acordando en esta materia con el Ministerio del Interior.
Como entraría también en contradicción, señor Mayoral, con un aspecto para nosotros importante. En Cataluña, gracias a un órgano estatutario, como es la Junta de Seguridad, se ha llegado a un acuerdo sobre acelerar el desarrollo de la
policía autonómica, los Mossos d'esquadra, y que ese mayor ritmo que se va a imprimir en el despliegue de la policía autonómica en
algunas comarcas no suponga menos efectivos policiales en Cataluña, sino que se distribuyan y en el proceso de sustitución las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pasarán a prestar servicios no en otras comunidades autónomas, sino en
otras zonas de Cataluña donde aún no llega el desarrollo de la policía autonómica, los Mossos d'esquadra, concretamente en comarcas de Tarragona se va a hacer una actuación prioritaria en este aspecto.
Si ahora no enmendáramos su proposición no de ley y la aprobáramos tal cual está al menos mi grupo parlamentario entraría en contradicción con lo que acordó el Pleno de esta Cámara el pasado 21 de mayo y con lo que recientemente han acordado
el Ministerio del Interior y la Generalitat de Catalunya, que en este ámbito tienen total concordancia de objetivos con una absoluta coordinación para atajar un problema como es el de la inseguridad ciudadana.
De ahí que en uno de los puntos de nuestra enmienda se recalque lo que se adoptó el pasado 21 de mayo; en otro se ponga un especial énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo entre Administración autonómica, administraciones locales y
la Administración General del Estado; y en otro se incide en la necesidad de realizar planes interdepartamentales, porque en materia de seguridad ciudadana es necesaria la colaboración entre distintos ministerios debido a que está cambiando lo que
se entiende por inseguridad ciudadana. Aquí me quiero referir muy expresamente a un peligro que ha destacado el señor Alcaraz, que yo comparto, y también el señor Mayoral. No podemos repetir machaconamente unas cifras que vengan a asociar
inmigración con delincuencia porque esto es un peligro. Realizar una repetición fría, simplemente de formulario, de estadística, diciendo que de tantos detenidos, tantos son inmigrantes, puede conllevar el peligro de alentar posiciones racistas que
creo que ningún grupo de esta Cámara comparte.
De ahí que yo esté de acuerdo hoy con estas reflexiones que se hacían.
Debemos realizar una cierta pedagogía desde los poderes públicos porque hay ese riesgo. Por tanto, cuando hablamos de inseguridad ciudadana no lo podemos ligar a
inmigración sino a marginalidad. Lamentablemente hay muchas personas que llegan de fuera que sí vienen a engrosar las bolsas de marginados, de personas que no tienen ninguna oportunidad porque han venido sin nada y que después sí pueden engrosar
cifras de delincuencia.
Sin embargo eso oculta otro dato, como es que la mayoría de personas que han venido de fuera están trabajando, están cotizando y están creando riqueza en nuestro país, con lo cual yo coincido en ese peligro y no deberíamos
repetir machaconamente esas cifras porque de alguna forma pueden alentar actitudes que no debería nadie compartir en esta Cámara.
Por último, cuando digo que son necesarios esos planes interdepartamentales, me refiero a que hay otras formas de delincuencia que no vienen de la marginalidad, sino de grupos organizados, de grupos que conocen bien nuestra normativa, de
grupos que se organizan en asociaciones, en mafias para delinquir, para causar daño. De ahí que la policía tenga que realizar otro tipo de actividades para prevenir esos grupos asociados, esas mafias que vienen a realizar otro tipo de delincuencia,
pero que, al final, redunda en una mayor inseguridad.
En resumen, respetando absolutamente las propuestas, si no se acepta nuestra enmienda, mi grupo no las puede aprobar porque supondrían un mensaje distinto al que hemos acordado ya con el Ministerio del Interior y con el Gobierno. Sin
embargo, mi grupo quiere poner de relieve, una vez más, que en esta materia debemos huir de las asociaciones fáciles entre delincuencia e inmigración y ser capaces de crear un mensaje conjunto y de consenso, no únicamente un plan alternativo, que
respeto. Es lógico que el grupo que tiene la principal responsabilidad de la oposición pueda proponer planes alternativos, pero también es lógico que en una actuación parlamentaria debamos partir de los planes que está haciendo el Gobierno.
A
partir de ahí, matizarlos con actuaciones concretas, como las que pide mi grupo: juicios rápidos, trato distinto a la multirreincidencia, aumento de plazas policiales y, sobre todo, consenso entre los poderes locales, los poderes autonómicos y la
Administración general del Estado.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
¿Grupos que desean intervenir en fijación de posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no están los tiempos para que a mi formación política le resulte grato votar con el Grupo Popular, pero debo manifestar que tampoco desde el grupo mayoritario de la oposición se nos pone fácil para que nos resulten tentadoras las
propuestas que nos hace para atajar determinados problemas.
De un tiempo a esta parte se observa que en las propuestas que se hacen desde los partidos de ámbito estatal se ha olvidado la definición de Estado autonómico, que es también definición propia de este Estado de derecho. Lo digo también a
propósito de la celebración de los XXV años, a que antes me he referido. Ninguno de los seis presidentes que intervinieron tuvo en cuenta esta novedad, este importante logro del advenimiento del Estado de derecho. Yo tenía entonces 24 años y
recuerdo bien que, junto a los derechos y libertades democráticos y la democratización institucional, el problema de la distribución territorial del poder era un elemento
importantísimo que ahora, sin embargo, por todo el mundo se olvida.
El contenido fundamental de lo que se nos propone desde el Grupo Socialista son programas nacionales. Desde el Estado se planifica, desde instancias centrales se dice lo que se tiene que hacer y las comunidades autónomas con competencias
asumidas lo hacen y, además, lo pagan. Se dispone de los demás, yo les digo cómo hacerlo y luego ellos lo ejecutan.
Esto no se salva con la referencia que se haga a los convenios de colaboración con las comunidades autónomas y con los municipios,
a los que, por cierto, siempre se sitúa en el mismo nivel. Se prevén también modificaciones normativas para la creación de más órganos y más planes, pero todos desde el criterio del Estado. Eso sí, pensando que todo el territorio es igual cuando
no es así. Los índices de delincuencia son distintos. Se pretende, además, que estas juntas autonómicas y locales tengan todas una igual organización y dedicación, puesto que a las comunidades autónomas sólo se les va a dejar ajustar estos planes,
jamás planificar.
En cuanto al punto tercero, como soy ingenua, yo tiendo a pensar que la racionalización de los efectivos y la búsqueda de la eficacia se predica de todo gobierno y de toda administración pública. Por lo tanto, pensaba que en estas cosas ya
se estaban haciendo. Si no, el pase por las urnas es lo que hace que los ciudadanos nos digan si vamos en la dirección indicada o no a quienes tenemos responsabilidades de Gobierno.
Respecto a la cobertura de vacantes o la creación de comisarias, puede estar bien, pero no atajan la raíz, como bien ha manifestado, y así consta en la enmienda que proponía al respecto desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
el señor Alcaraz. La idea de mando conjunto, me parece que quedó desechada en la subcomisión que la legislatura pasada tuvimos respecto del modelo policial, cuando se entendía que esta emisión se cubría de manera sobrada, y así también lo entiendo
yo, con la actual Secretaría de Estado. En el punto séptimo hay más planes, esta vez para reforzar la investigación. En el octavo se habla de la estadística, pero esta estadística es sólo la que se efectúa desde el INE y no se piensa que se pueda
construir desde las entidades o los institutos de estadística autonómicos. No veríamos ningún inconveniente a lo previsto en el apartado noveno respecto al envío a las Cortes y petición de mayor presupuesto, incluso tampoco en cuanto a la
elaboración de planes de choque. La redefinición de las políticas de inmigración, siendo loable el intento, creo que es difícil de conseguir si tenemos en cuenta el contenido de la intervención de ayer del señor presidente al valorar la cumbre
celebrada en Sevilla, la reciente comparecencia del delegado del Gobierno para la Inmigración o incluso algunas de las manifestaciones vertidas esta mañana en la Comisión de Justicia e Interior. No creo, señor Mayoral, que vayan los tiempos por lo
que su iniciativa pretende.
Respecto del último punto, referido a que haya presupuesto bastante para la puesta en marcha de los juicios rápidos, magnífico, mi formación política también está por ello, pero no nos gusta que se enfoque la idea de juicios rápidos sólo
desde la perspectiva de seguridad ciudadana.
Creemos que hay que hacerlo desde la idea de tutela judicial o de justicia a tiempo, puesto que es esto lo que nos mueve o al menos mueve a mi formación política cuando hemos apostado por una reforma de
esta magnitud, y no tanto vinculado a la idea del valor seguridad ciudadana, que tiene un valor, sí, pero no un valor fundamental constitucional como es el valor de la tutela judicial efectiva.
De las enmiendas presentadas, la del señor Alcaraz, de ser aceptada, nos merecería una valoración positiva teniendo en cuenta que pretende ir a las raíces del problema, si bien tampoco tiene excesivas perspectivas de Estado autonómico. La
propuesta desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene un elemento, que ellos conocen de sobra, que no gusta en absoluto a mi formación política. La idea de penar la habitualidad o la multirreincidencia no entra en nuestras
perspectivas de futuro si no se matiza debidamente que puede haber una multirreincidencia que tenga por objetivo la pretensión de dedicarse como profesión al delito, separándola debidamente de la habitualidad, que tiene una raíz social como es de
todos muy conocido. Mi formación política se niega a que reciban penas durísimas quienes no han tenido la suerte de poder acceder o integrarse en la sociedad en condiciones debidas. Nos negamos a que existan no sólo entre los inmigrantes, sino
entre los ciudadanos en general, perdedores natos.
Teniendo en cuenta todas estas matizaciones, indudablemente no vamos a votar a favor de lo que se nos propone desde el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, siendo también consciente de que el problema de inseguridad ciudadana existe
y es verdad lo que desde él se apunta, al final lo más honesto, lo que me parece más prudente en esta circunstancia es optar por la abstención respecto de la proposición no de ley que se nos presenta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, señorías, hemos asistido al enésimo y me temo que no será el último capítulo de un debate reiterado donde repetidamente se exponen las mismas vaciedades, los mismos eslóganes y donde ciertamente el
Grupo Parlamentario Socialista no es capaz de aportar ni un tono ni un estilo ni unas medidas novedosas. Si ya partimos de una serie de considerandos situados en el diagnóstico que realiza
el propio Grupo Parlamentario Socialista, ciertamente se comprenderá lo que acabo de decir.
El Grupo Parlamentario Socialista acredita su profundo desconocimiento en el diagnóstico cuando dice literalmente -lo ha dicho el señor Mayoral- que España padece una grave situación de inseguridad que la convierte en el país más inseguro de
la Unión Europea. Si esto lo dice el señor Mayoral en términos puramente demagógicos incluso lo podemos admitir; si lo dice por desconocimiento -y me temo que lo dice por desconocimiento- a partir de ahí todo está dicho. Es sabido por quienes nos
ocupamos de estos temas y nos molestamos en estudiarlos -eso que decía ayer el señor presidente del Gobierno, leerse los papeles- que España ocupa el undécimo lugar en tasa de criminalidad en el conjunto de la Unión Europea. Ocupar el undécimo
lugar en tasa de criminalidad en el conjunto de la Unión Europea no creo que case con ese diagnóstico tremendista y por tanto reaccionario hecho por el señor Mayoral afirmando que España es el país más inseguro de la Unión Europea. Además al
desconocimiento en el diagnóstico se une la contradicción en el mismo. Dice el señor Mayoral literalmente: Nunca hubo menos policías y menos inversión. Dejo para después lo de la inversión, pero dice literalmente: Nunca hubo menos policía. A
continuación, transcurridos unos minutos, el propio señor Mayoral dice: Hay suficientes policías, lo que pasa es que están mal coordinados. Pues entonces, señoría, si hay suficientes policías no puede haber menos policías. En todo caso, si hay
suficientes policías, no se entiende por qué a su vez el señor Mayoral propone más policías en relación con la oferta pública hecha por el Gobierno. Por tanto, la contradicción en el diagnóstico unida al desconocimiento en el diagnóstico produce ya
de entrada un manifiesto siquiera recelo intelectual en cuanto a la seriedad y a la certeza de la iniciativa que se nos presenta. Además, sobre el desconocimiento y sobre la contradicción, hay una falsedad intencionada en el diagnóstico, porque
dice el señor Mayoral literalmente: se ha producido el máximo deterioro conocido de la seguridad ciudadana en este país. Vuelvo a repetir que quienes saben algo de esto, conocen precisamente que ese máximo deterioro a que alude el señor Mayoral se
dio en el conjunto del periodo 1982/1996, con un incremento de la inseguridad ciudadana superior al 190 por ciento.
Finalmente, concluye el señor Mayoral, sumando al presupuesto del desconocimiento, de la ignorancia, de la contradicción y falta de lógica al de la falsedad intencionada, el paraninfo final de la demagogia porque dice: Todo esto es
consecuencia, además, de que ustedes, el Gobierno popular, está convirtiendo este país en una sociedad mucho más insolidaria y mucho más injusta. Resulta que como es un debate muy abierto definir si esta sociedad es más insolidaria o no, o es más
injusta o no, podemos ceñirnos a lo que desde luego para este grupo parlamentario y para este Gobierno, aunque ya sé que no para el grupo parlamentario de S.S. y para los gobiernos socialistas a tenor de lo que fue el balance de esos 14 años de
gobierno, es el mejor indicativo, la mejor política de solidaridad, de corrección de desigualdades que se pueda ofrecer a un país y a una ciudadanía, que es precisamente la política de creación de empleo. Creando empleo y dando empleo a todos los
ciudadanos, empleo digno y empleo de calidad, se permite que un ciudadano pueda ejercer realmente su condición social e individual de ciudadanía porque puede gobernar su propia experiencia, su propio proyecto personal.
Por tanto, desconocimiento en
el diagnóstico, contradicción en el diagnóstico, falsedad intencionada en el diagnóstico y demagogia en el diagnóstico.
Para evitar que siga ese deterioro gravísimo de la seguridad ciudadana, el Grupo Parlamentario Socialista nos ofrece un conjunto de soluciones prácticas, realistas y factibles; así se autodefinen -prácticas realistas y factibles-
precisamente porque el Gobierno no ha tomado medida alguna.
Nosotros creemos que ese conjunto de soluciones que se autodenominan prácticas realistas y factibles no son más que una sucesión de vaguedades inconexas que, además, no respetan ni la
tridimensionalidad del modelo público de seguridad interior definido en nuestra Constitución y que desde luego no tienen el más mínimo anclaje de respeto con la realidad del Estado autonómico, y en eso coincidimos con la señora Uría y con el
protagonismo que también nuestra Constitución atribuye al escalón municipal en la definición de esa tridimensionalidad del modelo público de seguridad interior.
Frente a eso, se nos dice, además, que el Gobierno no ha tomado medida alguna, y entonces se pretende entrar en un debate particular. En un debate particular sobre plantillas, en un debate particular sobre inversiones, en un debate
particular sobre coordinación, en un debate particular sobre eficacia policial, en un debate particular sobre investigación. Ciertamente es poner las cosas muy, muy, muy fáciles, señor Mayoral. Este Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de los
últimos 20 años en materia de plantillas, ahí está, eso es absolutamente indiscutible, como consecuencia precisamente de que ustedes desatendieron profundamente esa necesidad manifiesta para la vertebración con horizonte a medio y largo plazo del
sistema público de seguridad interior, a lo mejor porque era más divertido ocuparse de otras cosas que ocuparse de una cosa tan ardua como ésta. En materia de inversiones las cosas son como son, señor Mayoral. Los números de los Presupuestos
Generales del Estado acreditan que en los últimos años se ha producido un crecimiento espectacular en materia de inversiones, lo que ha supuesto, además, una potenciación efectiva de las dotaciones materiales, de infraestructuras y de medios de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que ha redundado a su vez en un crecimiento manifiesto de la eficacia policial.
Hoy
el señor Mayoral, con el voluntarismo al que nos tiene acostumbrados, viene aquí y se despacha tan ancho diciendo que no existe esa eficacia policial por mucho que el Gobierno haga propaganda de eso. Vuelvo a repetirle lo de siempre: si
S.S. tiene la amabilidad de leerse los papales, verá los datos; datos no solamente del Ministerio del Interior, datos de otras instituciones del Estado, datos de organismos internacionales en los que se acredita que en este último año el índice de
eficacia policial ha subido en este país espectacularmente, medido en los presupuestos en los que se mide la eficacia policial; es decir, número de delitos esclarecidos y número de detenciones producidas.
Si S.S. quiere entramos también en el terreno de la investigación. Dice: Hay que potenciar la investigación porque el Gobierno popular, el Ministerio del Interior, ha acabado con los equipos de investigación y hay que crearlos en todas
las comisarias. Su señoría no sabe, por lo visto, que existen equipos de investigación en todas las comisarias.
Además unos equipos mucho más apegados al terreno, mucho más en contacto con la realidad, precisamente como consecuencia de su
integración en esos módulos operativos del Plan de policía de proximidad, que a S.S. no le gustará, pero parece que los ciudadanos, según dicen, y según se expresan en las encuestas de opinión, sí lo estiman.
Nos dice S.S. que no hay investigación y que hay que crear una auténtica política de investigación. Su señoría desconoce o no sabe o no quiere decir en esta tribuna, porque le es más cómodo para su discurso, que este Gobierno, el
Ministerio del Interior, precisamente lo que ha realizado y ha impulsado es toda una política de especialización operativa en la lucha contra el delito creando equipos específicos en materia de lucha contra la droga, de lucha contra el tráfico de
armas, de lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas, en materia de prevención de los delitos que se cometían en el ámbito doméstico y que eran delitos oscuros porque no se denunciaban ya que no había un anclaje y un amparo institucional
suficiente precisamente para que las víctimas se sintieran protegidas y pudieran denunciar ese tipo de delitos, y así en un larguísimo etcétera.
Negar la evidencia, por tanto, de que este Gobierno, en términos de prioridades operativas, ha hecho eso, potenciar la especialización de la investigación, es por parte de S.S. un exceso de voluntarismo. Por cierto, yo le diría al señor
Jané, y permítame este paréntesis y permítame que lo diga desde la más profunda amabilidad, que yo respeto que él entienda que este plan que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es ambicioso, pero le manifiesto que esto no nos parece ni un
plan ni alternativo ni ambicioso. Desde luego no tenga miedo el señor Jané, porque este Gobierno no establece una identificación entre inseguridad y delincuencia e inmigración. Lo hacen otros. Este Gobierno, no. Como estoy ciertamente seguro,
estoy convencido y lo proclamo aquí, que no lo hace el señor Pujol en Cataluña, y verdad que coincidimos en que no lo hace el señor Pujol en Cataluña.
Por último, señorías, para evitar que se siga produciendo el deterioro, dice el señor Mayoral que hay que ir a soluciones prácticas, realistas y factibles. Ciertamente, pero pasa por encima de ellas, las defiende con escasa convicción,
probablemente porque descubre que algunas de las cosas que nos plantea como reivindicación del Mediterráneo las viene aplicando este Gobierno. Que a estas alturas se pretenda establecer como novedad, por ejemplo, la definición de un plan de
rentabilidad de los efectivos policiales cuando esa es una tarea que se viene desarrollando en los últimos cuatro años y que ha permitido, por ejemplo, que 2.000 guardias civiles que ocupaban destinos burocráticos pasen a destinos operativos, que
eso se pretenda presentarlo como una alternativa novedosa es ciertamente cuanto menos curioso.
Se nos pide un cambio en la política de emigración. Ya nos dirá S.S. qué política de emigración quiere realizar el Grupo Parlamentario Socialista cuando este Gobierno realiza una política de emigración solidaria, realista e integradora,
fundamentada en el principio de legalidad.
Concluyo. Hemos asistido al enésimo capítulo, lo decía al comienzo. Sé que asistiremos a otros. Desde luego seguirán ustedes instalados en la vaciedad; en la vaciedad por que se les ha agotado en esta materia, como consecuencia de la
reiteración, un discurso que nunca tuvieron; se les ha agotado hasta la capacidad de reiteración del eslogan. Discutir y dialogar en serio nos propone finalmente el señor Mayoral. Estupendo.
Dialoguemos y discutamos en serio. Nos ofrece la mano
tendida, estupendo; veamos de qué va llena esa mano tendida. Ahora bien, si ustedes quieren dialogar y discutir en serio y si realmente quieren ofrecer su mano tendida, cambien el tono, sepan guardar las formas, déjense de demagogias, sean capaces
de proponer medidas serias y realistas y sobre todo asuman y no olviden en este asunto sus responsabilidades de pasado, de presente y de futuro, ya que si no lo único que tendremos es la reiteración de la caja de los truenos, algo en lo que,
perdiendo a veces las formas más elementales de educación democrática, el señor Mayoral ha demostrado ser un auténtico maestro.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Mayoral, tiene la palabra a los meros efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sí, señora presidenta.
En relación con la enmienda de sustitución que ha presentado Convergència i Unió, lamento decirle al señor Jané, lo siento mucho, que no podemos echar por
la borda el contenido de nuestras iniciativas, ya que son medidas que nosotros consideramos adecuadas, necesarias y urgentes para abordar el grave problema de inseguridad ciudadana que padece este país. Sobre las propuestas de Izquierda
Unida, del señor Alcaraz, las aceptaríamos como enmiendas de adición, pero en los siguientes puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mayoral.
Señor Alcaraz, ¿acepta que sean enmiendas de adición los puntos indicados por el señor Mayoral? (Asentimiento.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que ocupen sus escaños.
Se somete a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes que debe adoptar el Gobierno para frenar el crecimiento de la inseguridad ciudadana, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 107; en contra, 167; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA TRASPOSICIÓN E INCUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 173/000144.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición
e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada mi grupo parlamentario interpeló al Ministro de Medio Ambiente sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental. Por nuestra parte, al señor ministro se le hizo saber que
teníamos muchas directivas en materia medioambiental que habían acabado ya su plazo de trasposición y que todavía no habían sido reflejadas en el ordenamiento jurídico español.
Además, eran directivas que considerábamos importantes sobre todo en materia de calidad del medio ambiente. Asimismo, existen directivas que ya han sido traspuestas, pero que después no se están cumpliendo, por ejemplo la trasposición de la
directiva europea en materia de límite de emisiones de óxidos de nitrógeno que el Gobierno español incumple; desde luego, los datos que facilita tanto a la Comisión Europea como a esta misma Cámara no son los adecuados puesto que no están al día.
Nos parecía importante destacar que de un total de 499 expedientes informativos abiertos en el año 2001 en la Unión Europea 324 correspondían a España o, si quieren ustedes, una de cada cinco quejas medioambientales que se presentan en la Unión
Europea tiene que ver con incumplimientos del Estado español. El señor ministro nos decía que el retraso en la aplicación de las directivas europeas tenía que ver con la complejidad competencial de nuestro Estado y con el reparto de competencias en
materia medioambiental a las comunidades autónomas. Esta excusa a nuestro grupo parlamentario no le es útil, no le sirve, porque con la necesaria coordinación y colaboración con las comunidades autónomas se han de agilizar los plazos y se han de
trasponer las directivas en el momento adecuado antes de que se incumplan.
Señorías, hoy precisamente aparece en un periódico de tirada nacional una condena a España por el retraso en trasponer directivas. En este caso no es en materia medioambiental, pero desde luego deja claro y patente que no solamente es un
problema de reparto competencial en nuestro Estado lo que hace difícil la trasposición de las directivas, sino que tiene que ver más con la voluntad política real del Gobierno a la hora de hacerlas efectivas en nuestro territorio. Señorías, no me
estoy refiriendo solamente a las que ya han cumplido. De aquí a finales de año el Ministerio de Medio Ambiente tendría que estar trasponiendo del orden de seis directivas más y el plazo para la trasposición de la última de ellas cumple el 28 de
diciembre. No creemos que sea excusa el reparto competencial. Es más, todo requiere voluntad política. Será complicado, yo no lo dudo, poner de acuerdo a las comunidades autónomas para hacer una legislación básica, pero lo que no se puede aceptar
es que se remita a la conferencia sectorial el borrador de un anteproyecto de un real decreto para que sea discutido en los meses de junio, julio, septiembre o diciembre del año 2001 y que a fecha de hoy todavía no se tenga respuesta y no se haya
convocado la conferencia sectorial pertinente para que se puedan hacer las trasposiciones adecuadas en los tiempos establecidos.
El reparto competencial que tiene nuestro Estado a la hora de cumplir o no las directivas europeas a la Unión Europea precisamente no le preocupa, lo que le
preocupa es la trasposición y el cumplimiento; y a quien multan en caso de que tenga que ser multado es al Estado español, no a las comunidades autónomas, que tampoco creo que sean totalmente responsables de la trasposición de las
directivas o del cumplimiento de las mismas. Por eso, señorías, hemos presentado una moción que lo único que pretende es instar al Gobierno a que trasponga en el plazo de seis meses todas las directivas europeas relacionadas con la protección del
medio ambiente.
Las que hay aprobadas en estos momentos, y a punto de vencer todas, excepto una, que es la evaluación estratégica de los planes y programas, vencen dentro de los seis meses que propone la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. No pretendemos que las incluyan antes, sino que cumplan el plazo. De ahí que se establezca seis meses para ello. Por tanto, señorías, como conocemos cuál es el reparto competencial y somos totalmente respetuosos con él,
planteamos en el segundo punto de nuestra iniciativa que en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas se dé cumplimiento a las directivas traspuestas y en especial a los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno, porque los
incumplimos ya. Además hay que trasponer otra directiva europea que limita aún más las emisiones de óxidos de nitrógeno para el Estado español y para el resto de la Unión Europea. En nuestro punto número 3 solicitamos lo que es un clamor entre las
organizaciones medioambientales y los ecologistas, que se cumpla la ley de acceso a la información ambiental, que tampoco se está cumpliendo. Existen verdaderos problemas para que cualquier ciudadano o ciudadana, esté organizado o no, pueda recibir
la información que corresponde del Ministerio de Medio Ambiente en materia medioambiental incumpliendo la ley de acceso a la información ambiental. Es muy importante.
No exigimos al Gobierno nada que vaya más allá de lo que las propias directivas europeas están planteando. Esta Cámara no puede consentir que la excusa sea el reparto competencial, como si eso fuera el demonio que impide funcionar al Estado
y no al contrario, el que le tiene que hacer colaborar y además le tiene que facilitar el camino en su labor, que es lo que nosotros creemos que es el reparto competencial. Es totalmente criticable que el propio Gobierno sea el que no cumple una
ley, porque si la obligación de todos los ciudadanos es cumplir las leyes, la del Gobierno es mucho mayor, ya que es el que tiene que dar ejemplo a la hora de cumplirlas. Esta es una moción que está dentro de las normas y dentro de aquello que es
exigible al Gobierno, sin ponerle tan siquiera en una situación compleja o complicada, sino todo lo contrario.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta interpelación planteada por Izquierda Unida el pasado miércoles y la moción que hoy ha presentado debieran haber sonrojado al Gobierno, concretamente al señor Matas. El escaso valor que da el señor Matas a las sanciones que
nos llegan de Europa, el escaso valor que da a que la imagen de España quede deteriorada o degradada en comparación con otros países por el número de infracciones que nos han abierto en la Unión Europea como consecuencia del incumplimiento de la
trasposición de directivas comunitarias, debiera sonrojarle. Debería haber hecho las cosas bien y no haber dado lugar a la presentación de esta interpelación.
Hemos presentado una moción que sustituye a la de Izquierda Unida, que va en su misma dirección y que añade algunos aspectos que consideramos importantes al fijar cómo tiene que funcionar el Gobierno en la trasposición y el cumplimiento de
directivas europeas en materia de medio ambiente. En el punto 1 hemos planteado que esos seis meses que se dan de plazo no debieran serlo para todas las directivas comunitarias, sino para aquellas que tienen abierto un procedimiento de infracción,
aunque también es cierto, como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, señora Urán, que en estos seis meses se van a tener que trasponer directivas comunitarias que es necesario incorporar al derecho español, porque, si no, nos va a pasar como con
la IPPC. Ustedes se han demorado dos años en trasponerla, y eso ha supuesto que muchos de los empresarios de este país -4.000 empresas- han visto reducido en dos años el tiempo que tienen para adaptar sus estructuras a la IPPC. Ustedes se niegan a
facilitarles la labor y a que tengan posibilidades de ayuda económica de las administraciones públicas, para que esos dos años no sean una carga tan pesada como la que van a tener que experimentar como consecuencia de la aplicación de esa directiva.
El tipo de actuaciones que se propone en esa directiva es la que se está planteando por la falta de cumplimiento de las previsiones que establecen las normativas europeas en cuanto a trasposiciones de directivas.
Lo único que hemos incorporado al punto 2 de la moción es que la conferencia sectorial sirva para algo, no únicamente para hablar de vez en cuando o para reunirse el 20-J, para ver que daño se puede hacer en la propia huelga general, sino
para hablar de temas que afectan al funcionamiento, desarrollo y ejecución de todas las normativas que existen en materia medioambiental y sobre las que tienen competencias tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas, como la
Administración central. Es una labor de colaboración
y coordinación, y el ministro no puede venir aquí a decir: Yo aquí no entro, porque es problema de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Oiga, no; quien está dando la cara en Bruselas, quien se sienta en los consejos de
ministros de Bruselas es el ministro de Medio Ambiente; si no, que se lleve a los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas para que den la cara ellos. No puede decir: Aquí nos sancionan, yo no tengo la culpa, la tienen los demás;
pídanle cuentas a quién proceda pero no a mí. Esa no es buena táctica, en absoluto. Es bueno que en las conferencias sectoriales de Medio Ambiente sea donde se trabaje, donde se busquen fórmulas de colaboración, donde se busquen fórmulas de
aplicación de estas directivas comunitarias, donde se elaboren programas, donde se elaboren todas aquellas alternativas que nos permitan cumplir con lo que dice la Unión Europea en sus previsiones.
En el punto 3 lo que hemos hecho es sustituir la referencia al cumplimiento del acceso a la información por otra pauta que tiene que ver con el Convenio de Aarhus, que fue presentado el 11 de diciembre de 2000, que fue aprobado por esta
Cámara y por el Senado, que todavía no está publicado, por lo que se ve, que no se sabe cuando se va a publicar, pero que indudablemente va a dar lugar a que exista una directiva, una normativa comunitaria que nos va a plantear la existencia de un
proyecto de ley que modifique la actual normativa que hay sobre el acceso a la información. Una vez que apliquemos esa norma, esa pauta, si son ustedes conscientes de que debe ser así, ya veremos cómo funciona el CAMA y cómo la opinión pública, los
ciudadanos podrán participar en los debates sobre políticas ambientales de una manera más clara y más limpia que la que hasta este momento se está produciendo. No se trata de una página web, señora de Lara, se trata de la participación efectiva
sobre los problemas ambientales que hay en este país. Tanto los ciudadanos como los órganos asesores, como las organizaciones no gubernamentales están preocupados, están pidiendo su colaboración y en modo alguno la consiguen. Por ello, esta moción
intenta que el ministerio enderece su funcionamiento, que trabaje y que el señor Matas deje de preocuparse tanto por Baleares y se preocupe por España.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En el Pleno de la semana pasada ya tuvimos ocasión de debatir una iniciativa, traída por el Grupo Parlamentario Popular y por otros grupos de la Cámara, que al final aprobamos con la enmienda aceptada sobre los problemas del cambio
climático. Estábamos englobando dentro de toda esta doctrina y problemática del cambio climático lo que son los aspectos fundamentales de protección del medio ambiente; ese medio ambiente donde se producen los fenómenos dañinos del cambio
climático, desde el agujero en la capa de ozono a las contaminaciones de tierras, ríos, medio ambiente aéreo, alimentos y plantas que tenían que ser objeto de un tratamiento globalizado, pero con un respeto a las normativas. Esas normativas tienen
tres escalones: uno que nace en el ambiente local o territorial del Estado español, de las comunidades autónomas; otro superior, estatal, y además uno de las directivas comunitarias.
En la moción que ahora nos ocupa se propone en el plazo de seis meses actualizar y trasponer todas las directivas europeas. Esto es un imposible administrativo, así de claro. Lo que no podemos hacer es que por arreglar un problema, en lo
que estamos de acuerdo en el fondo, vayamos a crear otro. Mi grupo no quiere la toma de decisión alguna que suponga un imposible administrativo o un menoscabo de las competencias de las administraciones públicas que tienen que ver en el tema.
Como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida -y lo comparto- esa protección del medio ambiente no es fácil sin unos pronunciamientos generales de la reunión de la Comisión sectorial.
Nosotros instamos a que
la comisión sectorial sea el marco adecuado para que las representaciones de la Administración central del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas hagan valer sus respectivos derechos y competencias. No es fácil
trasladar todas las directivas de golpe y porrazo en seis meses, lo que va a tener unos efectos perturbadores en las competencias de las comunidades autónomas, afectando a unas sí y a otras no.
Me ha parecido muy lógica la proposición del Grupo Parlamentario Socialista de intentar establecer al menos un orden de las directivas que se puede tratar de trasponer en este momento al ordenamiento jurídico español. Al menos se podría
tratar aquellas que tienen efectos de denuncia dentro de la Unión Europea y por las que la Administración central española está siendo objeto de advertencias o de penalizaciones, ya que tendrá que trasladarlas también a aquellas comunidades
autónomas que tengan responsabilidad y estén afectadas por un fenómeno de tolerancia o de contaminación de su medio ambiente por actividades industriales o de otro tipo instaladas en su territorio. Debe ser la comisión sectorial la que haga una
agrupación de las directivas para saber cuál es el número y el alcance de las que tengan que ser objeto de una trasposición inmediata, buscando los efectos no perturbadores en su aplicación; vuelvo a decir que adecuar determinadas estructuras
industriales, de medio ambiente, etcétera, no es un problema
fácil, ni administrativa ni técnica ni financiera ni económicamente. En las reuniones, tanto de Kioto como en las que se han celebrado sobre cuestiones de medio ambiente, estamos viendo que, dada su repercusión y alcance, hay que tener unas
pautas y unos plazos de aplicación si queremos que el problema se resuelva realmente. Hablo desde la representación de mi grupo parlamentario, que pertenece a una comunidad autónoma con unos determinados problemas de contaminación de playas, de
costas, de un medio ambiente donde se ejerce también la actividad turística, que se comporta como una actividad contaminante por la eliminación de detritus, etcétera a las costas porque no tenemos otro sistema de absorción, salvo el de las
depuradoras de aguas residuales de emisarios submarinos, para evitar esta contaminación. Hay que ir en una línea que, primero, esté pactada y consensuada dentro de las comisiones sectoriales; que no se traiga un bloque indeterminado de directivas
comunitarias que hay que trasponer, sin un orden de prioridades, porque hay que comprender que es imposible que en seis meses se puedan trasponer todas. No sé cuál es el alcance cuantitativo de directivas a trasponer en este momento.
En cualquier caso, señora presidenta, nosotros no podemos aceptar esta moción y vamos a votar en contra de ella, pidiendo ese respeto a la comisión sectorial correspondiente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en relación con la moción que nos ocupa en estos momentos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de seguir, muy atentamente en mi caso, la
interpelación de la que se deriva la moción que ahora se debate. Durante la misma, según el criterio de mi grupo parlamentario, quedó acreditado que, pese a los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno para proceder a la trasposición de las
directivas comunitarias en materia de medio ambiente, algunas de ellas todavía no se han incorporado al ordenamiento interno del Estado y otras se han traspuesto con retrasos significativos, como han manifestado anteriores portavoces. Yo reitero el
caso reciente, citado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de la Directiva 96/61, conocida con las siglas IPPC, traspuesta hace dos plenos, como todas SS.SS. saben, a través de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, que -recuerdo- fue aprobada por este Congreso con dos años y medio de retraso respecto del plazo establecido por la misma directiva.
La preocupación expresada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y también por el Grupo Parlamentario Socialista es compartida en buena medida por el Grupo Parlamentario Catalán. De hecho, en diferentes comparecencias del
ministro de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, mi grupo parlamentario ha tenido la oportunidad de expresar esta preocupación y de mostrarle nuestro interés en dar el necesario cumplimiento a las directivas comunitarias
en el plazo previsto por ellas. También quiero recordar a SS.SS. que más recientemente mi grupo parlamentario presentó sendas preguntas por escrito al Gobierno sobre el tema que ahora estamos tratando, teniendo cumplida respuesta a las mismas con
fecha 4 de febrero y 22 de marzo pasados, de las que se desprende una aceptación del Gobierno de tales retrasos, al tiempo que se establecen previsiones acerca de la trasposición de las directivas. Sin embargo, mi grupo parlamentario entiende que
siempre que los retrasos en la trasposición de directivas comunitarias no sean excesivos, como fue en el caso de la directiva IPPC, y teniendo en cuenta la complejidad de la distribución competencial en materia de medio ambiente en el Estado (aunque
la señora Urán diga que no es excusa, creo que por sí misma no lo es, pero planteada en su conjunto sí puede dar pie a algún tipo de retraso por la complejidad técnica de algunas directivas), es preferible optar por una buena trasposición, aunque el
plazo haya sido rebasado en uno, dos o en más meses, que una mala trasposición dentro del plazo establecido.
Además, convendrá conmigo, señora Urán, que el punto primero de su moción pide la trasposición en el plazo de seis meses de todas las directivas europeas. Nosotros creemos que esta trasposición indiscriminada de las directivas obligaría al
Gobierno de alguna manera a que se realizara a través de reales decretos. Sería mucho más conveniente, desde el punto de vista del interés del debate parlamentario, que esas trasposiciones se llevaran de manera normal a través de los
correspondientes proyectos de ley. Por tanto, creemos que el punto primero, aparte de las puntualizaciones que ha hecho el portavoz socialista, no es de recibo.
Dicho esto mi grupo parlamentario puede compartir y comparte la filosofía general que subyace en la moción, como decía anteriormente, e incluso aprecia lo positivo del empeño en exigir el cumplimiento de la legalidad vigente, como no puede
ser de otro modo, y especialmente tal como plantea el punto tres de la moción con relación a la ley de acceso a la información ambiental. Sin embargo, hay que atender al hecho de que el ministro de Medio Ambiente se comprometió -así lo interpretó
mi grupo parlamentario- durante el debate de la interpelación a acelerar los trámites de trasposición de las directivas que se encuentran en diferentes fases de dicho proceso, e incluso afirmó que durante el mes de julio tendríamos noticias de
avances
significativos en el proceso de trasposición de algunas directivas.
Creemos que en relación con ese punto hay que atender también a la circunstancia de que el punto primero de la moción puede inducir a confundir o a mezclar las directivas
cuyo plazo de trasposición todavía no ha vencido, con aquellas directivas cuyo plazo sí ha vencido. Por todo ello, mi grupo parlamentario no va a dar apoyo a la moción que ahora se debate.
No obstante, para finalizar, quiero reiterar al grupo parlamentario proponente que mi grupo comparte con el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida la necesidad de imprimir -y también eso es un mensaje al Grupo Parlamentario Popular
que da apoyo al Gobierno- un nuevo acento a la trasposición de las directivas comunitarias al ordenamiento interno del Estado y a la necesidad de hacer cumplir escrupulosamente las normas con las que se trasponen las directivas, especialmente la que
establece el punto tres de la moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la moción que hoy se debate en esta Cámara porque entendemos que se trata de una propuesta demagógica, irreflexiva y fruto de la improvisación, ya que en la pasada interpelación el ministro
de Medio Ambiente informó detalladamente de la situación actual de las directivas comunitarias en materia de medio ambiente, especialmente de las tres cuyo plazo de trasposición ya ha finalizado.
Señorías, quedó claro que los reales decretos, que se incorporarán a nuestro ordenamiento jurídico, se van a remitir al Consejo de Estado para que informe por el procedimiento de urgencia y posteriormente ser aprobadas en Consejo de
Ministros, posiblemente en un par de meses. Por consiguiente, creemos que no tiene sentido pedir más celeridad. Señora portavoz de Izquierda Unida, nosotros no compartimos sus afirmaciones porque faltan a la verdad, cuando dice que el Gobierno se
caracteriza por el incumplimiento sistemático en la trasposición de las directivas medioambientales. No compartimos sus afirmaciones sobre la falta de previsión en la trasposición de las seis directivas cuyo plazo de vencimiento finaliza dentro de
seis meses. Los trabajos ya están muy avanzados.
Muy al contrario, desde la objetividad de los hechos permítanme destacar cuatro aspectos en mi opinión fundamentales. En primer lugar, y en cumplimiento de los objetivos expresados al inicio de la legislatura y de nuestras obligaciones como
país miembro de la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente está realizando un gran esfuerzo de producción normativa.
En segundo lugar, y aunque a veces a SS. SS. no les guste oírlo, el proceso de trasposición normativa tiene una especial complejidad dadas las características del reparto competencial entre las diferentes administraciones públicas y
departamentos ministeriales. Conviene que recuerden que la gestión del medio ambiente, se ha dicho aquí muchas veces, está prácticamente transferida a las comunidades autónomas.
En tercer lugar, y enlazando con lo anterior, ese reparto competencial exige un alto grado de consenso y de diálogo con las comunidades autónomas y con los sectores implicados en la normativa, que en algún caso ha originado un retraso en la
incorporación al ordenamiento interno, tal como hemos podido comentar hace pocos días con la recientemente aprobada Ley de control integrado de la contaminación. Sin embargo, nuestro grupo considera que el retraso producido en la trasposición de la
Directiva IPPC ha sido suficientemente explicado en esta Cámara y el hecho de que vaya a afectar a cerca de 4.000 instalaciones industriales es motivo suficiente para que se haya prolongado las conversaciones y el diálogo para conseguir el consenso.
En cuarto lugar, el cumplimiento de la normativa medioambiental es también responsabilidad de las comunidades autónomas. El punto segundo de la moción, señora portavoz de Izquierda Unida, invade claramente, en opinión de nuestro grupo
parlamentario, el ámbito competencial de las comunidades autónomas. De otro lado, solicitar, como hace el punto primero de la moción, que todas las directivas, incluidas aquellas cuyo plazo de trasposición finaliza en el 2004, se incorporen en seis
meses a nuestro ordenamiento interno supone, además de una frivolidad, una apuesta por la falta de consenso y de diálogo que nuestro grupo, como he dicho, en modo alguno comparte.
Por ello, señorías, por entender la propuesta frívola y apresurada nuestro grupo votará negativamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Señora Urán, para indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
No podemos aceptar el punto primero que plantea la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, entre otras cosas, porque de las siete directivas que quedan por trasponer con plazos vencidos, según el Gobierno, cuatro están en borrador de
real decreto, dos en estudio y una en anteproyecto, con lo cual vencen dentro de los plazos establecidos y no podemos aceptar que solamente sean las que tienen infracción. Por eso no se la vamos a aceptar. Aceptaríamos la segunda, incluyendo
no solamente lo que plantea el apartado segundo de la enmienda del Grupo Socialista, sino añadiendo en el texto: y en especial para el cumplimiento de los límites de emisión de óxidos de nitrógeno establecidos en la Directiva 88/609 CE.
Aceptaríamos tal cual está el apartado tercero, a pesar de nuestra frivolidad, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Señor Morlán, a los efectos de indicar si acepta la modificación que la señora Urán le propone sobre el texto de su enmienda.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora presidenta, aceptamos la transacción que se ha hecho, de acuerdo con los términos que ha planteado la señora Urán.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Morlán. Muchas gracias.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental, en los términos derivados del
debate, con la incorporación parcialmente de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada por el grupo proponente, y con la incorporación de la parte transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 105; en contra, 150; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE EL MINISTRO DEL INTERIOR Y VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO EXPLIQUE SU POLÍTICA EN RELACIÓN CON LA HUELGA GENERAL DEL 20 DE JUNIO DE 2002, LAS DISPOSICIONES QUE HA TOMADO PARA GARANTIZAR EL
EJERCICIO DE ESE DERECHO CONSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS MÍNIMOS FIJADOS PARA ASEGURAR LOS SERVICIOS ESENCIALES DEL PAÍS. (Número de expediente 173/000145.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, para que el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del 20 de
junio de 2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción es una censura al Gobierno por su comportamiento antes, durante y después de la huelga del 20 de junio. No es una moción de censura, es una censura en el sentido del reproche y de la reprobación política que el Partido
Socialista quiere hacer al Gobierno por su comportamiento, insisto, a lo largo de esta huelga y basamos esta censura en cinco grandes razones. La primera, en que el Gobierno aprobó su decreto, no sólo sin consenso y rompiendo el diálogo social,
sino precisamente al día siguiente de que los sindicatos anunciaran la convocatoria de la huelga. Fue la primera medida contra la huelga que adoptó el Gobierno. Una decisión que yo me atrevo a calificar de provocativa y arrogante, porque
pretendía, en el fondo, parar la huelga desde la irreversibilidad de una medida ya aprobada e incuestionable. El Gobierno no asumió así, en nuestra opinión, la filosofía negociadora que integra la propia presión de la huelga y se comportó el 24 de
mayo, cuando aprobó el decreto, con un talante autoritario.
En segundo lugar, ese talante autoritario, señora presidenta, lo ha mantenido también mediante una actitud hostil y sectaria contra los convocantes y sus apoyos. El Gobierno ha sido incapaz de comprender la legitimación de la protesta y ha
colocado a sindicatos y a oposición en la trinchera de la anti España, sin aceptar que la huelga y la protesta no eran contra España y contra su imagen exterior, sino contra el Gobierno de España y su política. El Gobierno ha llegado a relacionar
sabotajes y difamaciones varias con la huelga en una campaña, en nuestra opinión, desaforada y mendaz contra la huelga, sus motivos y sus apoyos.
En tercer lugar, porque el Gobierno organizó los preámbulos de la huelga con unas actuaciones policiales que sólo podemos calificar, como mínimo, de exageradas y en muchos casos vulneradoras de los contenidos del derecho constitucional a la
huelga. Así ocurrió, por ejemplo, con la circular del director general de la Policía enviada a las comisarías, recabando y requiriendo informaciones a las empresas que constituían coacción a no hacer huelga o que apremiaban a trabajar. Así ocurrió
con las directrices dadas a las empresas de seguridad privada, así ocurrió con un despliegue policial que concentró tantos efectivos de Policía y de Guardia Civil como si de una hecatombe se tratara, y así podríamos seguir con una actitud que casi
fue represiva y que, con frecuencia, rebosó los derechos individuales de libertad y de huelga.
En cuarto lugar, porque el Gobierno dictó los servicios mínimos tarde y mal. Tarde, porque lo hizo el día 17, es
decir, el lunes víspera del jueves de la huelga e impidió, al hacerlo tan tardíamente, la tutela judicial efectiva de los sindicatos a cuestionar ante la autoridad judicial dichos servicios mínimos; y mal, porque fueron dictados sin acuerdo
y, en muchos casos, de manera abusiva. Es por eso que la moción socialista plantea que en el futuro los servicios mínimos se dicten previa consulta y negociación y con la antelación suficiente para que se pueda garantizar la tutela judicial
efectiva del derecho de huelga.
Por último, señorías, la moción reprueba al Gobierno por la respuesta que éste dio a la huelga, porque su respuesta, una vez producida la huelga el 20 de junio, ha sido la manipulación de la verdad y el desprecio a la protesta. Pocas veces
hemos visto, señorías, tantas mentiras tan mal contadas como las que se vertieron respecto a la entidad de la huelga del 20 J. Desde las ocho de la mañana del mismo día 20 se inició una verdadera ofensiva apoyada en los medios afines al Gobierno,
públicos y privados, que, en mi opinión, ofendía a la inteligencia e irritaba a los participantes en las huelgas y en las manifestaciones. Se ninguneó la huelga. Se negó inclusive la propia huelga y, sin embargo, la huelga existió y fue
importante. No cuestionemos ahora la entidad porque no es este un juego de porcentajes. Hubo una enorme protesta social. No hubo nunca en una protesta sindical tantos manifestantes ni tan jóvenes como los que hubo el día 20 en muchas ciudades
españolas. Y a la cabeza de esa operación, el ministro Portavoz se convirtió en el ministro de la propaganda del régimen, dispuesto a hacer valer el viejo recurso de las dictaduras de que una mentira mil veces contada puede convertirse en una
verdad. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!.-Aplausos.)
La imagen del portavoz con tres periódicos en la mano, como si no pasara nada, anunciando que no hay huelga general fue patética, por sus excesos y por su cinismo extremo.
El PP ha centrado las críticas a la huelga en el PSOE y en su secretario general, y al hacerlo ha convertido al señor Zapatero en el líder de millones de españoles que protagonizaron esa huelga (Aplausos.-Rumores.), y ese no es un reproche,
se lo agradecemos porque le han hecho más líder todavía.
Señorías, el Gobierno ha reaccionado con soberbia y arrogancia a una protesta social de singular importancia, más o menos, pero de singular importancia y han despreciado ustedes el sentido y la entidad de unas reivindicaciones de la
ciudadanía que debieran de condicionar su política. Por eso reprobamos su actuación, porque el Gobierno se merece un suspenso general en su comportamiento con la huelga; por su actitud y su talante autoritario en el ejercicio de este derecho
fundamental; por su intolerancia y sus actuaciones contra la protesta social; por la manipulación informativa con los datos de la huelga y por la intransigencia; por la insensibilidad social y el desprecio hacia las reivindicaciones planteadas.
Por eso, esta es nuestra censura política a un gobierno que merece esto y mucho más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que con cuatro brillantes actuaciones como las que habéis tenido con el decretazo y la huelga perdéis la elaborada ingeniería de centro, os quedáis en lo que sois, está bien para clarificar el panorama, cada uno es lo que es,
tiene que defender lo que es. (Aplausos.)
Me decía un responsable policial, miembro de un sindicato democrático de la policía, que ni con el franquismo había tanta policía en la calle.
(Rumores.) Me lo decía él, no yo. Les aseguro que no les engaño, que había mucha policía en la
calle, demasiada, y mucha contrainformación, y no se pongan nerviosos que van a continuar perdiendo la ingeniería de centro, tranquilitos. (Risas.)
Primero, recorte de derechos. Dicen que no, que no se recorta ningún derecho, pero recorte de derechos. Los sindicatos, esos mismos sindicatos que durante seis años se han sentado a la mesa de negociación y han llegado a acuerdos a través
del diálogo con ustedes, dicen: no, a partir de aquí no. Recorte de derechos, no podemos aceptarlo.
Decretazo. No tienen bastante con los recortes de derechos, decretazo. Se rompe ya definitivamente la posibilidad de diálogo. En política siempre hay posibilidad de diálogo.
Ustedes tienen una concepción de la huelga autoritaria. Se creen que la huelga es un elemento graciable, que el Gobierno de turno, en concreto ustedes, conceden a los trabajadores y a los sindicatos. Pues no, es un derecho que ha costado
mucho conquistar en este país. (Aplausos.) El derecho a la huelga no puede tener recortes ni por delante ni por detrás.
Por tanto, una concepción de la huelga autoritaria. Yo pensaba que la tendrían ustedes conservadora, es lógico. En el juego
democrático de derechas e izquierdas, es lógica una concepción conservadora, diferente a la que tenemos nosotros, pero la tienen autoritaria. Y lo más grave es que esto no lo consiguió -no me acuerdo cómo se llamaba- aquel que doblaba las cucharas
en la televisión: hacer desaparecer a la gente. Esto no lo consiguió ni aquel hombre. El día 20 hacen ustedes desaparecer a la gente. Estoy convencido de que centenares de miles de personas que, a lo mejor, no tenían previsto manifestarse aquel
día, por dignidad ante la actuación de los medios de comunicación públicos y de los privados afines
salieron a la calle y se manifestaron, diciendo muy claramente que no estaban de acuerdo, ni con el decretazo, ni con determinadas formas de actuación y, sobre todo, de desinformación. (Aplausos.)
Ustedes se han enfrentado a una posición justa. Los sindicatos defendían una posición justa, y aunque fuera contradictoria para ustedes, era una posición para el diálogo. Lo han dicho desde el primer momento: Nos sentamos en una mesa, un
papel en blanco y empezamos a elaborar propuestas concretas. No. Ustedes, decretazo. Y antes del decretazo, propuesta cerrada: No quitamos esto. Se han enfrentado, por tanto, a una posición justa y se han llevado un batacazo político. Es una
derrota política. Las derrotas políticas tienen un paso lento y gradual. Se van viendo al cabo del tiempo. (Aplausos.) A pesar de su contrainformación...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor FRUTOS GRAS: A pesar de su contrainformación, a pesar de su descalificación, a pesar de sus amenazas y a pesar de sus piquetes informativos, siempre de acuerdo con la patronal, ha habido una importante huelga general en este país.
¿Y ahora qué pasa? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Mano tendida a los sindicatos para decirles: esto ya está cerrado? ¿O van a continuar negociando sobre esto? ¿Van a vaciar de contenido el decretazo para que pueda haber una negociación a fondo?
Esto en política no debería obligar a un partido político que tiene la mayoría absoluta, esto debería ser un elemento importante de la política, el diálogo, a pesar de haber defendido otra cosa.
Gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es oportuna porque permite que prosiga la discusión en esta Cámara sobre un hecho de gran importancia como fue la huelga general del pasado 20 de junio.
Nos permite ahondar en la discusión sobre el comportamiento político del Gobierno y del partido Popular ante esta convocatoria que hay que decir que fue legítima, porque el derecho de huelga está reconocido constitucionalmente, y legítima, porque
los trabajadores y trabajadoras no contaban en este momento, lo digo así, con otra arma capaz de frenar las medidas del Gobierno que, además de lesivas para sus intereses, son innecesarias e impuestas.
Es verdad que estamos delante de un gobierno crecido, sobrado de arrogancia y prepotencia. Ese Gobierno se fijó como objetivo político derrotar al movimiento sindical. Según el señor presidente, podrían jugar al empate, pero decidieron ir
a ganar porque se creían, como digo, sobrados. Esa confianza en la victoria de la verdad, los días previos a la huelga, fue diluyéndose según se acercaba el día del partido, ya que ahora estamos en época futbolística. Por eso es que el entrenador
presidente ordenó al equipo titular, incluso a los utilleros, utilizar cualquier táctica marrullera para conseguir la anunciada victoria. Aun así perdieron, lo cual es francamente para nota. Nosotros no cuestionamos ¡faltaría más! que el Partido
Popular y el Gobierno defendiesen su posición y tratasen de convencer a los ciudadanos y ciudadanas de las bondades de la reforma del desempleo que proponen, pero no es aceptable que el Gobierno utilice métodos poco ortodoxos en democracia para
evitar conseguir el éxito de una convocatoria como fue la huelga general del 20 de junio. Las declaraciones del Gobierno y altos representantes del Partido Popular descalificatorias de los dirigentes sindicales y del propio movimiento sindical;
las acusaciones de que la huelga iba contra España, que estaba decidida de antemano, que no tenía justificación sino que era exclusivamente política, se califican por sí mismas. La fijación de servicios mínimos abusivos -en algunos casos anulados
por los propios tribunales- por parte del Gobierno central y también de algunos gobiernos autonómicos tratando de dificultar el éxito de la huelga es inaceptable, y la creación de un clima hostil contra los piquetes informativos más que insinuando
-algo más que insinuando- que con la violencia impedían el derecho al trabajo. Por cierto, se volvió a citar este tema desde los escaños de los diputados y diputadas que sustentan al Gobierno. Presentar estas cuestiones así, sin plantearse la
violencia que los empresarios ejercen contra los trabajadores para que no puedan ejercitar su derecho de huelga no es de recibo. Sepan ustedes, señoras y señores diputados, que trabajadores y trabajadoras de muchas empresas están esperando
precisamente a que lleguen los piquetes informativos para así poder justificar su apoyo a la huelga. Por tanto las cosas claras y el chocolate espeso. Una actuación absolutamente excesiva y desmesurada por parte del Gobierno para ganar este
partido, incluido el uso y abuso de los medios de comunicación ¡los públicos naturalmente, que están a su servicio! y los privados con la ética que a cada uno le venga en gana.
Aun así o precisamente a lo mejor por eso, la gente se dio cuenta de la
prepotencia del Gobierno, la prepotencia fue percibida por la sociedad, y la huelga fue un éxito mayor del esperado. Las movilizaciones de ciudadanos fueron masivas y eso no se puede ocultar maquillando las cifras, alcanzando en algunos casos, como
en Galicia, cifras de participantes que hace años no se veían y que expresan con claridad el malestar de muchos ciudadanos con la situación económica y laboral.
Nosotros proponemos una enmienda de adición a esta moción, añadir un punto tercero que dice literalmente: 'Reprocha la manipulación informativa ejercida
a través de los medios públicos de comunicación antes, durante y después de la huelga general e insta al Gobierno a garantizar una información veraz y neutral con pleno respeto al pluralismo político y social en los medios públicos de radio
y televisión, en el tratamiento informativo de hechos o situaciones que provoquen discrepancia o conflicto con la política económica y laboral del Gobierno'. Este reproche es algo elemental y es algo elemental que el Gobierno lo tuviese en cuenta
para hablar de verdad de lo que tanto se presume, de una sociedad democrática.
No hay democracia sin medios de comunicación plurales y democráticos.
Concluyo expresando simplemente un deseo, porque francamente no me harán el menor caso: retiren el decreto, retomen el diálogo, abandonen la prepotencia porque seguro que le irá mejor al conjunto de la sociedad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para fijar la posición de Convergència i Unió a esta moción que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Lógicamente las cuestiones de fondo son importantes, y me remito a nuestra intervención del pasado 13 de junio.
Decíamos entonces y hoy reafirmábamos que una huelga general siempre es la constatación de un fracaso. En este caso de un fracaso del Gobierno y un fracaso de los agentes sociales a la hora de abordar una cuestión central y delicada como es la
reforma de la prestación por desempleo. Decíamos también entonces que Convergència i Unió siempre, al menos desde 1988, se había mostrado contraria a las huelgas generales que se habían convocado en España y también se mostraba contraria a esta
huelga general. Hoy es importante que sentemos esa afirmación en esta tribuna, cuando alguien nos acusa de haber jaleado esta huelga general. Convergència i Unió no ha jaleado esta huelga general, como tampoco jaleó las de los años 1988, 1993 y
1994, cosa que sí hicieron otros que entonces estaban en la oposición.
Convergència i Unió entiende que lo que debe hacer esta Cámara es recuperar el diálogo. Estamos convencidos de que si el Gobierno quiere que esta reforma sea eficaz en sus efectivos le conviene que el trámite parlamentario sirva para
mejorar el texto que el Gobierno aprobó y que ese trámite parlamentario sirva para recuperar el diálogo con los agentes sociales. Es más, estamos convencidos que en los dos años que nos restan de legislatura va a ser importante que el Gobierno, tal
como ha funcionado desde 1996, tenga capacidad de llegar a acuerdos amplios con la sociedad y en esta Cámara en los asuntos sociales y económicos. Esta es nuestra apuesta; lo era el pasado jueves cuando convalidábamos el Real Decreto, lo era
durante el día 20 y lo continúa siendo hoy.
Es evidente que la huelga se produjo, eso nadie lo puede negar. Hubo huelga en España el 20 de junio, hubo acciones quizá abusivas en algún momento desde los organizadores de la huelga (algunos tuvimos ocasión de vivirlas), hubo también
actitudes por parte de algunos responsables del Gobierno que nuestro grupo tampoco entiende, pero sí podemos decir que en Cataluña, en nuestro país, la huelga se desarrolló de manera tranquila, de manera pacífica. El hecho de que el Gobierno de la
Generalitat hubiese llegado a acuerdos con los sindicatos en la organización de los servicios mínimos fue una garantía de ese desarrollo positivo de la huelga, y fue una pena que eso no pasara en el conjunto del Estado. Eso vuelve a ser
responsabilidad del Gobierno y de los agentes sociales, cosa que nosotros lamentamos. También lamentamos la guerra de cifras que se planteó entre el Gobierno y los sindicatos convocantes. Estimo que el conjunto de la ciudadanía es mucho más
inteligente que quienes intentaron con cifras absolutamente absurdas contrarrestar las informaciones de unos y de otros. Nos parece que ahí le faltó al Gobierno y quizá también a los agentes sociales madurez suficiente para abordar con más
normalidad una situación que es complicada, que no es positiva pero que merecía otro tratamiento.
Finalmente, esa huelga general puso de manifiesto nuevamente una cuestión que no es procede ahora entrar a discutir pero que en algún momento los agentes sociales, las organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, el propio
Gobierno y esta Cámara se deberán plantear, que es la regulación por ley del derecho de huelga. Hoy tenemos un decreto de mínimos, tenemos unas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que llenan de contenido ese decreto, y lo
prudente para evitarnos situaciones como las que hemos vivido en estos días es ser capaces de llegar por la vía de la negociación social a un acuerdo para regular por ley el derecho de huelga y evitarnos esas controversias. Todo ello, señorías, nos
lleva a Convergència i Unió a entender que esta moción que nos plantea el Grupo Socialista, que es legítima desde la perspectiva de quien ejerce el papel de principal grupo de la oposición y que por tanto pretende censurar la acción del Gobierno se
produzca, pero desde la perspectiva de quien desde su posición central en esta Cámara pretende trabajar con modestia para recuperar el diálogo social no la puede apoyar. Nos parece que es una moción que se entiende en la lógica de quien está en la
oposición, pero para quien está en la lógica de intentar mejorar las cosas no es una moción que aporte
nada positivo y por tanto no va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió en este trámite de hoy.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señoras y señores, hoy hemos tenido una nueva demostración de la vocación del Grupo Parlamentario Socialista por el empecinamiento en el error; hemos tenido una nueva demostración de su capacidad para no entender absolutamente
nada; hemos tenido una acreditación sumada a la acreditación producida en días anteriores de su capacidad de regresión, de en dónde han dejado eso que llamaban el cambio tranquilo. Hemos vuelto a oír los más viejos y rancios tonos bruscos y burdos
del más viejo y rancio lenguaje izquierdista. (Rumores y protestas. Aplausos.) Hemos vuelto a apreciar el tono autoritario de los que quieren imponer una verdad oficial, la verdad oficial de la oposición, desconociendo la verdad real establecida
por miles y millones de ciudadanos españoles en las calles que han dicho a esta oposición desnortada y desorientada que no existían motivos para montar una huelga política, una huelga política al presidente Aznar. (Continúan los rumores y las
protestas.) Eso es lo que hemos visto el jueves día 20. (Aplausos.) Frente a eso ahí está esa oposición tronante, esa oposición que necesita hacer ruido, que necesita patalear. Ahí está esa oposición que necesita perderle el respeto a las
instituciones, como se perdió desde esta tribuna el pasado jueves 20.
(Rumores.) Ahí está esa oposición sin capacidad de alternativa y sin una visión global del Estado y de la sociedad española. Ahí hay una oposición que quiere afirmar que el día
20 hubo en España una huelga general. El día 20 hubo en España una huelga, pero no general, porque los ciudadanos españoles le dijeron a esa oposición desnortada que la política de empleo, la política económica, la política social del presidente
Aznar y del Gobierno popular no merecía una huelga general (Continúan los rumores y las protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gil Lázaro, por favor. (Pausa.)
El señor GIL LÁZARO: Si alguien ha fracasado el día 20 son precisamente los que hoy nuevamente desde esta tribuna tratan de afirmar lo contrario, los que han demostrado que no entienden nada, los que han apostado por una parte minoritaria
de la sociedad española, la que se manifestó el día 20 con todo el derecho a hacerlo (Rumores.), con todo el derecho legítimo para ejercer una huelga, pero se han desocupado y han vuelto a la espalda a los millones de ciudadanos que querían
discrepar, que querían acudir al trabajo y que fueron objeto de la coacción y de la violencia de esos...
(Rumores y protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gil Lázaro, por favor.
Señorías, en tanto en cuanto el nivel de rumor de la Cámara no permita oír la intervención del diputado que está en el uso de la palabra, estará suspendido el debate. (Continúan los rumores.-La señora González del Valle pronuncia palabras
que no se perciben.) Señorías, guarden silencio.
Señora González del Valle, guarde silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señoras y señores diputados de la mayoría, estos diputados que hoy aquí tratan de impedir también la emisión de este mensaje y de esta opinión (Rumores.), son los que han amparado el que unos pocos entendieran que el
legítimo, subrayo esto, el legítimo derecho de huelga es un derecho absoluto que se puede imponer por la fuerza y por la coacción a aquellos que quieren discrepar (El señor Hernando Fraile: Piquetes.), que tienen el legítimo derecho a discrepar y a
aquellos que quieren libremente optar por trabajar (Rumores.).
El señor Caldera, en su intervención del pasado jueves llegó a calificar de piquete legislativo, ni más ni menos que de piquete legislativo (Rumores y protestas.), las decisiones absolutamente soberanas, democráticas y legítimas de esta
Cámara. Creíamos, señorías, que era un exceso, uno más de los excesos a que nos tiene acostumbrados la falta de rumbo político de ese grupo parlamentario; pero no, señorías, no era solamente un exceso, nos estaba haciendo un anuncio, porque saben
SS.SS.
que sí hubo un piquete legislativo. El jueves día 20 los diputados autonómicos socialistas valencianos constituyeron un piquete informativo (Rumores.), salieron a la calle y se pusieron delante del otro piquete, el informativo de verdad, y
eran jaleados con los gritos de la más absoluta y ridícula réplica de aquel Novecento de Bertolucci, aquellos que decían: Nuestros diputados van adelante, a la huelga general.
(Rumores y protestas.-Aplausos) Ese es el piquete legislativo. Y,
señorías, hubo un fracaso. Ha fracaso el señor Zapatero y han fracasado los que como el señor Frutos se atreven a hacer hoy este discurso, después de haber avalado la violencia y la coacción a los ciudadanos. La ciudadanía española les ha dicho
que no. Frente a eso, nosotros seguiremos tendiendo la mano al diálogo social y a la concertación, pero sabiendo que el Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y que ninguna vociferación ni ninguna violencia van a impedir que cumplamos con
nuestra responsabilidad. (Prolongados rumores y protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Jáuregui, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, aceptamos la enmienda del Grupo Mixto y el punto primero de la enmienda presentada por Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señorías, se somete a votación la moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, para que el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del 20
de junio de 2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto y con la incorporación también del primer punto de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 96; en contra, 157; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.