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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 123, de 27/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 123
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 118
celebrada el martes, 27 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el
fomento de la contratación estable en entidades sin ánimo de lucro
que han mantenido convenios de colaboración para la realización de
actividades relacionadas con la prestación social sustitutoria.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 162-1, de 27 de
septiembre de 2001. (Número de expediente 122/000144.) . . .
(Página 6192)
Tramitación directa y en lectura única de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley Reguladora de los Fondos de Compensación
Interterritorial. (Número de expediente 121/000059.) . . .
(Página 6199)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los
requisitos para acceder a la prestación por desempleo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 153-1, de 15 de junio de
2001. (Número de expediente 122/000136.) . . . (Página 6200)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre requisitos para la
obtención del derecho a la prestación por desempleo. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, núm. 160-1, de 13 de julio de 2001.
(Número de expediente 122/000143.) . . . (Página 6200)
Proposiciones no de Ley: - Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa al fomento de las energías renovables. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 225, de 7 de septiembre de
2001. (Número de expediente 162/000333.) . . . (Página 6205)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
fomento de las energías renovables. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 269, de 23 de noviembre de 2001. (Número de
expediente 162/000371.) . . . (Página 6205)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso de los países
en desarrollo a los medicamentos. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 269, de 23 de noviembre de 2001. (Número de expediente
162/000373.) . . . (Página 6211)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y sus
consecuencias sobre la seguridad ciudadana. (Número de expediente
173/000094.) . . . (Página 6217)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno
ante la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000
millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino
correspondientes al período 1996-99. (Número de expediente 173/
000095.) . . . (Página 6222)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes
del actual Estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación
del techo competencial del mismo. (Número de expediente 173/000096.)
. . . (Página 6227)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 6192)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el
fomento de la contratación estable en entidades sin ánimo de lucro
que han mantenido convenios de colaboración para la realización de
actividades relacionadas con la prestación social sustitutoria . . .
(Página 6192)
El señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), defiende la toma en consideración de la
proposición de ley de fomento de la contratación estable en entidades
de lucro que han mantenido convenios de colaboración para la
recepción de actividades relacionadas con la prestación social
sustitutoria, con el convencimiento de que se va a perder una buena
oportunidad de impulsar y promover nuevas e imaginativas medidas que
refuercen el tejido asociativo y estimulen la
participación social. Hace un balance positivo de la prestación
social sustitutoria y se refiere a otras iniciativas presentadas por
su grupo en el sentido de potenciar y consolidar el voluntariado a la
vez que estudiar medidas en el ámbito del fomento del empleo que
permitiesen dar salida a este tipo de actuaciones.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, y Carriegas
Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de Proyectos de Ley . . .
(Página 6199)
Proyecto de ley reguladora de los fondos de compensación
interterritorial . . . (Página 6199)
La presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley
reguladora de los fondos de compensación interterritorial, lo que se
aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 6200)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los
requisitos para acceder a la prestación por desempleo . . .
(Página 6200)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre requisitos para la
obtención del derecho a la prestación por desempleo ... (Página 6200)
El señor Ruiz López (don Antero) presenta la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, planteándola como
consecuencia de lo que su grupo interpreta como una irregularidad
o injusticia de la legislación, lo que intentan superar modificando el
artículo 210 de la propia Ley General de la Seguridad Social. Da como
dato concreto y objetivo el que del millón y medio de personas
desempleadas registradas en el INEM, la mitad no recibe ningún tipo
de prestación económica y la mayoría de quienes la reciben, el 57 por
ciento, ingresa una cantidad insuficiente que apenas ronda las 53.000
pesetas mensuales, situación que se agrava cuando el desempleado es
mujer, ya que apenas el 40 por ciento de las desempleadas recibe
alguna prestación. Considera que la superación de estas situaciones
es una cuestión de voluntad política y de intentar corregir algunas
lagunas de nuestra legislación, solicitando el voto afirmativo a la
toma en consideración de la proposición de ley presentada por su
grupo.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre requisitos para la obtención del
derecho a la prestación por desempleo, interviene el señor Núñez
Castain. Manifiesta que se trata de casar dos leyes vigentes, la de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social y la
Ley General de la Seguridad Social.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Corres Vaquero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los
requisitos para acceder a la prestación por desempleo, se rechaza por
114 votos a favor, 161 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre los requisitos
para la obtención del derecho a la prestación por desempleo, se
rechaza por 114 votos a favor, 162 en contra y 10 abstenciones.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 6205)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento
de las energías renovables . . . (Página 6205)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el
fomento de las energías renovables . . . (Página 6205)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor Mato Adrover. Pone de relieve los elementos
positivos de las energías renovables, no sólo en el ámbito
socioeconómico sino también en el medioambiental, a la vez que
destaca la eliminación de aspectos claramente negativos de las
energías convencionales. Desde el Partido Popular, afirma, se apuesta
claramente por una política de energías renovables en la que el uso
de las tecnologías limpias deje de ser la excepción para convertirse
en lo habitual, pasando a explicar el contenido concreto de su
proposición no de ley y a fijar la posición de su grupo en relación
con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En segundo lugar defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i
Llibre. Explica que su grupo ha presentado esta proposición no de ley
con el fin de impulsar, promocionar y potenciar las energías
renovables, la eficiencia energética y los sistemas de generación de
energía descentralizados, como sonlos sistemas de cogeneración y las
microturbinas,
con el objetivo básico de conseguir alcanzar como mínimo el 12 por
ciento de la aportación de las energías renovables a la demanda
energética de España en el horizonte del año 2010 y reducir en ocho
puntos, de acuerdo con la cumbre de Kioto, las emisiones de gas que
provocan el efecto invernadero.
Recogiendo las diferentes enmiendas presentadas a esta proposición no
de ley, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) somete a
la Cámara una enmienda transaccional que concreta en tres puntos: la
coordinación de los diferentes ministerios con las comunidades
autónomas; la elaboración de un plan, en colaboración con las
comunidades autónomas, que incluya el diseño de las actividades de
eficiencia energética previstas en el Plan de energías renovables, y
la potenciación de todas aquellas energías relacionadas con la
energía solar y la biomasa diseñadas en el Plan de fomento de las
energías renovables.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
García Breva, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometido a votación el texto de la enmienda transaccional a las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso a las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios
Popular y Catalán (Convergència i Unió), relativas al fomento de las
energías renovables, extensiva al resto de los grupos parlamentarios
enmendantes, habiendo sido retiradas las iniciativas originarias, se
aprueba por 175 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso de los países en
desarrollo a los medicamentos . . . (Página 6211)
Defiende la proposición no de ley la señora Pajín Iraola, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. Explica que la gravedad de los
problemas de salud pública que afligen a muchos países en vías de
desarrollo, y muy especialmente las consecuencias del VIH-sida, la
tuberculosis y el paludismo, son una prioridad en la agenda política
global, como se ha puesto de manifiesto en la reciente cumbre
interministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en
Qatar. Se trata de derechos tan elementales como el derecho a la vida
y a la salud, de la dignidad de muchos seres humanos, de la necesidad
de mejorar un problema moral, político y de credibilidad social, por
lo que confía en que esta tarde en la Cámara se logre un ejercicio de
voluntad política
firme y solidaria que obligue al Gobierno a asumir el acuerdo
alcanzado por la cumbre de la Organización Mundial de Comercio
celebrada en Qatar respecto de los derechos de propiedad intelectual
en relación con la salud pública de los países en vías de desarrollo
y a impulsar con el resto de los países de la Unión Europea el marco
más adecuado y las medidas necesarias que permitan el acceso a los
medicamentos esenciales de los países con inexistente capacidad
industrial.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Aymerich Cano,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el acceso de los países en desarrollo a los
medicamentos, en los términos derivados del debate, se aprueba por
291 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 6217)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y sus
consecuencias sobre la seguridad ciudadana . . . (Página 6217)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en
nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds la moción consecuencia de
interpelación urgente sobre el estado de la seguridad en Cataluña y
sobre el déficit allí de plazas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Explica la moción que consta de dos puntos en los que se
insta al Gobierno a que, conjuntamente con el Gobierno catalán, se
estudie la posibilidad de adelantar el despliegue de la policía
autonómica en Cataluña y a dotar las plazas vacantes del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil en las provincias de
Barcelona y Tarragona, mientras no se produzca dicho despliegue en
esas provincias.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario
Socialista; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene brevemente el señor
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Saura Laporta.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y sus
consecuencias sobre la seguridad ciudadana, en los términos derivados
del debate y con la incorporación de las enmiendas, tal y como ha
sido puesto de manifiesto por parte del señor Saura, se aprueba por
284 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante
la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000 millones de
pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período
1996-1999 . . . (Página 6222)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Cuadrado Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Considera que las mayorías absolutas no eximen de responsabilidad a
la hora de diferenciar entre el beneficio privado y el beneficio
público ni de la responsabilidad política de denunciar el fraude,
perseguirlo y acabar con él cuando éste se produce en un caso como el
de las ayudas al lino. Recuerda las propuestas de resolución de la
Comisión de Investigación sobre las ayudas al lino alcanzadas en el
verano de 1999 en las que, por mayoría absoluta, se eximía de
responsabilidad al Gobierno español y el voto particular propuesto
por los grupos Socialista, Vasco, de Izquierda Unida y Mixto que
hablaba de responsabilidad directa en esa cuestión, para concluir
que, pasado el tiempo, la Comisión Europea, a través de la Dirección
General de Agricultura, la Fiscalía Anticorrupción y el Parlamento
Europeo, coincide exactamente con el dictamen del voto particular y
contradice abiertamente la propuesta de la mayoría. Termina su
intervención pidiendo al Grupo Popular que opte por asumir su
responsabilidad e intentar minorar el daño causado al Estado español
en lugar de seguir manteniendo que no ha habido fraude.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Cuadrado Bausela.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante
la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000 millones de
pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período
1996-1999, en los términos derivados del propio debate y con la
incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo
proponente, se rechaza por 112 votos a favor, 174 en contra y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes
del actual Estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación
del techo competencial del mismo . . . (Página 6227)
El señor Centella Gómez defiende la moción consecuencia de
interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Se refiere al debate celebrado la semana pasada en
torno al traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y afirma que la derecha sigue sin comprender el proceso
autonómico andaluz, sigue sin comprender que el proceso tiene unas
raíces profundas en la movilización del pueblo andaluz, una
movilización cívica que equipara desde los tiempos del franquismo la
lucha por las libertades con la lucha por la autonomía y no es hija ,
como dijo el señor ministro en el debate de la interpelación, de la
Constitución. Afirma que la autonomía andaluza se puede enmarcar,
como no puede ser de otra manera, en la Constitución, pero es hija de
la voluntad del pueblo andaluz que conquistó ese derecho a la
autonomía, y explica las tres propuestas de su moción que vienen a
resumir lo que hoy defiende Andalucía, y es que se impulse el proceso
de transferencias, que se proceda a las reformas legales para que se
puedan transferir las confederaciones hidrográficas y que se pague la
deuda histórica.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora López
González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Merino
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez
Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
desarrollo del marco competencial del Estatuto de autonomía de
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes
del actual Estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación
del techo competencial del mismo, en los términos derivados del
propio debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido
aceptadas, se rechaza por 108 votos a favor, 162 en contra y 10
abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA EL
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE EN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
QUE HAN MANTENIDO CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.
(Número de expediente 122/000144.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), para el fomento de la contratación estable en entidades sin
ánimo de lucro que han mantenido convenios de colaboración para la
realización de actividades relacionadas con la prestación social
sustitutoria.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae a
la toma en consideración por parte del Pleno de la Cámara una
proposición de ley titulada de fomento de la contratación estable en
entidades sin ánimo de lucro que han mantenido convenios de
colaboración para la recepción de actividades relacionadas con la
prestación social sustitutoria. Mi grupo sube hoy a la tribuna con el
convencimiento de que, de nuevo, vamos a perder una buena oportunidad
para impulsar y promover nuevas e imaginativas medidas que refuercen
nuestro tejido asociativo y para promover medidas que estimulen la
participación social. En anteriores ocasiones este grupo
parlamentario ha podido impulsar iniciativas parlamentarias
precisamente orientadas a dar respuesta a lo que va suceder el
próximo 1 de enero, es decir, el fin de la prestación social
sustitutoria en el marco de la supresión del servicio militar
obligatorio. A partir del 1 de enero no habrá objetores incorporados
en entidades sociales del conjunto del Estado que trabajen codo a
codo con voluntarios y profesionales para dar respuesta a candentes
cuestiones sociales. En anteriores ocasiones, en iniciativas nuestras
y de otros grupos de la Cámara, y muy singularmente del propio Grupo
Socialista, hemos insistido al Gobierno en la necesidad de articular
medidas para solucionar los problemas que se van a generar a partir
del 1 de enero y, sobre todo, en intentar aprovechar las
oportunidades que esos problemas nos podían haber generado. Nuestro
grupo en aquellos debates parlamentarios ha procurado siempre hacer
un balance positivo de la experiencia de la prestación social
sustitutoria, desde la perspectiva de que la PSS en muchos sentidos
nos ha permitido descubrir necesidades sociales no cubiertas, desde
la perspectiva que nos ha permitido dar respuesta a necesidades
sociales conocidas pero que no se resuelven desde las
administraciones, desde la perspectiva del reforzamiento de
determinadas experiencias asociativas y desde la perspectiva de haber
permitido que jóvenes de ciertos entornos sociales conociesen
experiencias asociativas innovadoras con capacidad de conexión.
Es evidente que alrededor de la prestación social podríamos también
efectuar críticas o balances negativos, pero nos parecía que este
momento del fin de la mili y de la PSS nos permitía hacer este
balance positivo y, sobre todo, avanzar en esas dos líneas que les
comentaba al inicio de mi intervención, es decir, cómo ser capaces de
convertir el fin de la prestación social sustitutoria en una fórmula
o en una estrategia que nos permitiese, de alguna manera, introducir
medidas que diesen más contenido y más capacidad de estructura y de
consolidación al movimiento asociativo. En diciembre del año 2000
planteábamos una interpelación y una moción subsiguiente que, por
ejemplo, instaba al Gobierno a presentar un informe a esta Cámara en
relación
con esas cuestiones. Hoy, prácticamente un año después, y al
menos por lo que le consta a este portavoz, el Gobierno aún no ha
presentado a esta Cámara ese estudio que le mandataba a presentar un
balance de la PSS y una perspectiva de futuro en esa materia en
diciembre de 2002. Es más, en aquella misma moción, no tan solo se
defendía que fuese en el terreno de potenciar el voluntariado donde
se encontrasen soluciones a esta situación, sino que además se
apuntaba que se estudiasen medidas en el ámbito del fomento del
empleo que permitiesen dar salida a ese tipo de situaciones. Decía
también que el fin de la prestación social era una muy buena
oportunidad para intentar plantear una política, en el terreno de
fortalecer el movimiento asociativo y el voluntariado, más ambiciosa
y más inteligente, orientada a reforzar la capacidad de nuestro
tejido asociativo. Y a la respuesta que se plantea a menudo sobre si
existe una sociedad civil fuerte, autónoma, independiente, con
capacidad crítica y de ofrecer proyectos sociales alternativos, a la
respuesta que muy a menudo dábamos sobre que esa sociedad civil no
era suficientemente fuerte ni suficientemente autónoma ni tenía
suficiente capacidad de innovación, lo que le correspondían eran
medidas políticas, que quizás no fuesen de ingeniería social, pero
que le diesen perspectiva a largo plazo en esa línea. Es evidente,
señorías, que el II Plan del voluntariado no responde al
planteamiento de aprovechar el fin de la prestación social
sustitutoria -no hay una sola referencia que vincule el II Plan del
voluntariado a esta consideración-, pero tampoco introduce medidas
nuevas e imaginativas con capacidad real de modificación de esa
realidad.
Nuestro grupo no afirma, ni mucho menos, que sea dramática la
perspectiva del 1 de enero del año que viene -de hecho, el anuncio
del fin de la prestación social sustitutoria es conocido por todos
desde hace unos cuantos años- y, poco o mucho, nuestro tejido
asociativo ha ido tomando medidas para hacer frente a esa situación,
pero hoy se constata que algunos servicios empiezan a cerrar. Quizás
las organizaciones no gubernamentales con mayor capacidad están
teniendo respuestas más o menos acompasadas que den salida a esta
situación, pero muchas asociaciones de ámbito local, de ámbito de
barrio, que se acercan a realidades sociales muy concretas, y buena
parte de las plazas de la prestación social sustitutoria vinculada al
ámbito de la atención social -más de la mitad- a partir del 1 de
enero van a quedar desasistidas. Es más, el Gobierno y el grupo de la
mayoría siempre se han negado a aceptar la idea de que parte de los
recursos que hemos destinado a través de la prestación social
sustitutoria a reforzar el tejido asociativo por vía convenios
pudiesen destinarse a las políticas activas que los gobiernos
autonómicos, con competencias en la materia, están desarrollando en
ese ámbito. He de recordar, por ejemplo, que hace escasos meses la
consellera de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña se
dirigió por carta al
ministro de Justicia planteándole que los cerca de 400 millones de
pesetas que en Cataluña se destinan a reforzar el tejido asociativo
se continuasen destinando a ese objetivo.
Señorías, les decía que teníamos la sensación de que habíamos perdido
una oportunidad ya que la prestación social desaparecería el 1 de
enero y el Gobierno no se daba cuenta de las potencialidades que este
proceso conllevaba. Se incumplieron aquellos mandatos de diciembre
del año pasado y nuestro grupo se ve en la obligación de presentar
una iniciativa, si quieren ustedes parcial, orientada a plantear una
de las medidas que el sentido común y la inteligencia indicaban que
podía dar respuesta a parte de los problemas que creábamos, una
medida orientada a entender que en el conjunto de las políticas
destinadas a la creación de empleo estable incorporásemos por primera
vez el concepto de que aquello que fuera subvenido desde la lógica de
la bonificación de las cotizaciones sociales, fuese el empleo que
creasen las ONG, fuese el empleo que crease el tercer sector. En este
sentido presentamos una proposición de ley que introduce una nueva
línea de bonificación de las cotizaciones sociales a aquellas
entidades que en los últimos tres años hubiesen acogido jóvenes que
estuviesen realizando la prestación social sustitutoria, para
permitir que aquello que muchas veces ha sido cierto, que la PSS ha
evidenciado nuevos crecimientos de trabajo, consolidase esas
actividades y, al mismo tiempo, ese tejido asociativo. Lo hacíamos
además, señorías, desde la lógica de la discriminación positiva hacia
el tejido asociativo. Nos parece que las políticas de empleo del
Estado español deben de empezar a incorporar sin miedo al tercer
sector, al sector sin ánimo de lucro, que merece políticas
específicas que le permitan crear empleos en aquellos ámbitos como el
sector con ánimo de lucro o el sector privado, stricto sensu, donde
nunca van a ser cubiertos. La medida que ofrece Convergència i Unió
es reforzar la capacidad de creación de empleo de nuestro tercer
sector y su propia capacidad de actuación de forma autónoma en línea
con la sociedad civil desde el convencimiento de que el plan de
voluntariado no incorpora ninguna medida de estas características ni
de la política hasta ahora impulsada por el Gobierno. Lo hacemos,
además, desde la experiencia que en estos escasos meses está
impulsando el Gobierno de Cataluña, al haber puesto en marcha un plan
de choque ante el final de la prestación social sustitutoria -pactado
con las organizaciones sociales de Cataluña y con el ámbito
municipal- que introduce medidas de fomento efectivo de voluntariado
y políticas activas de empleo. Lo hacemos desde el convencimiento de
que era posible haber impulsado estas políticas alrededor del final
de la prestación social sustitutoria y convencidos de que -a pesar de
una retórica, practicada por todos, excesivamente voluntarista y
positiva sobre el estado de nuestra sociedad civil y del
voluntariado- lo que hoy necesita nuestro tejido asociativo no
es tan solo una ley de asociaciones de ámbito estatal -que
indiscutiblemente haría falta, en desarrollo del artículo 22-, no tan
solo una ley de fomento del mecenazgo que rompiese con esa visión
tacaña con la que la Administración tributaria aborda las relaciones
del tercer sector, sino que necesitamos una política mucho más
ambiciosa, que insistiese en aquellos aspectos que dan capacidad a
las organizaciones de mantener una acción sostenida en el tiempo. El
debate parlamentario de la Ley de asociaciones, por ejemplo, no ha
permitido -y espero que en su trámite en el Senado se pueda resolver-
que los responsables de las asociaciones puedan recibir algún tipo de
salarios cuando aquellas organizaciones sean declaradas de utilidad
pública. Esa negativa demuestra la desconfianza de la Administración
general, en este caso del actual Gobierno, hacia la capacidad real de
profesionalizar el mundo del tercer sector. Hoy nos parece que
apostar por un tercer sector independiente, autónomo y con capacidad
crítica pasa por reforzar aquellos instrumentos que permitan dar esa
profesionalidad. Esa es la idea última que nosotros planteábamos,
junto con la idea, y con ello termino, de que en España existen y van
a existir necesidades sociales no resueltas, que la prestación social
sustitutoria había permitido observar e intuir dar respuesta a esas
necesidades sociales y que el fin de la PSS va a ser un fin discreto,
con poco ruido y sin demasiado impacto en esta Cámara, pero que no
permitirá continuar desarrollando programas de alto contenido social
que a lo largo de estos últimos años hemos podido desarrollar.
A nosotros nos gustaría que el grupo de la mayoría reflexionase sobre
sus alternativas en relación con esta cuestión y que hoy fuese capaz
de darnos una respuesta positiva. El Gobierno ha incumplido el
mandato parlamentario de diciembre del año 2000 y no creo que eso sea
bueno. Lo inteligente sería corregir ese incumplimiento y votar
favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Gallego considera que estamos ante una
proposición de ley positiva, fundamentalmente por cinco motivos. El
primero, porque la desaparición de la PSS obligará a las
organizaciones no gubernamentales que han acogido objetores de
conciencia a tener que contratar personas para poder seguir
ofreciendo servicios de interés general. El segundo, porque muchas de
ellas tendrán que ver reducidas drásticamente sus actividades por no
poder contar con el contingente de colaboradores que cumplían con la
PSS;
por tanto es necesario establecer ayudas para evitar que haya un
colapso. El tercero, porque el Gobierno no ha establecido ningún plan
de actuación ante las ONG que les permita seguir, sin mayores
alteraciones, sus actividades de interés general; ante la inminencia
de la desaparición de la PSS hay que acometer medidas, aunque sean
parciales, que sirvan de auxilio a las organizaciones no
gubernamentales en las que prestaban servicio esos objetores de
conciencia. El cuarto, porque la finalidad de esta proposición de
ley, que presenta el Grupo Parlamentario Catalán, es precisamente
posibilitar la incorporación a las ONG de personas con contrato
estable que sustituyan a los objetores de conciencia. Si bien se
trata de una medida específica, debemos apoyarla, tanto el Bloque
Nacionalista Gallego como el resto de grupos parlamentarios, a falta
de un planteamiento de ayuda integral a muchas organizaciones que se
nutrían de objetores de conciencia, como puede ser Cruz Roja
o protección civil. El quinto, porque las bonificaciones a la Seguridad
Social tienen su razón de ser en la incentivación del empleo. En el
Bloque Nacionalista Galego consideramos apropiado ofertar estas
reducciones a las organizaciones sin ánimo de lucro que contraten a
personal estable para sustituir a los objetores. Se está creando
empleo al sustituir relaciones de voluntariado por relaciones
laborables estables, asimismo aumenta la motivación de las personas
que prestan servicios en las ONG y se les garantiza un catálogo de
derechos como a cualquier trabajador o trabajadora. La creación de
estos empleos beneficiará también a muchas personas que integran los
colectivos a los que van destinados los planes de fomento del empleo,
sobre todo jóvenes y mujeres, con lo que se demuestra la coherencia
de esta iniciativa con otras políticas de incentivación de empleo que
se han puesto en práctica en los últimos años. Todos estos motivos
son suficientes para merecer el apoyo del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Txueca.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, arratsaldeon,
buenas tardes.
Las organizaciones sociales que prestan ayuda a los colectivos
desfavorecidos con la desaparición de la prestación social
sustitutoria tendrán graves problemas para seguir manteniendo la
acción y el nivel de su actividad. Hasta un 24 por ciento de dichas
entidades, según un reciente estudio realizado por la Fundación
autónoma solidaria, dependiente de la universidad autónoma y
encargado precisamente por el Ministerio de Justicia, y cerca de
aproximadamente cien mil plazas de necesidades en el Estado, dejarán
de cubrirse debido a la posibilidad que existía de la prestación
social sustitutoria. Es evidente que dichas necesidades seguirán
existiendo y
que habrá que propiciar sistemas de incentivación, tanto del
voluntariado como de las vías de profesionalización de aquellas
actividades, totalmente necesarias, que vienen siendo prestadas por
organizaciones que debido a su tamaño y posibilidades financieras
dejarán de hacerlo. Por ello, nos parece interesante la propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que contempla una
línea de incentivación en la contratación indefinida de personal
desempleado con lo que, a nuestro juicio, se lograrían dos objetivos.
El primero, paliar el hueco y su necesidad, una necesidad que hasta
la directora del Injuve, la señora Azpiroz, muy optimista, plantea
que más del 20 por ciento de las actividades de las entidades no
podrán cubrirse con voluntariado; por tanto, estamos hablando de más
de 20.000 puestos de trabajo. El segundo objetivo sería propiciar
acciones tendentes a la disminución el desempleo juvenil actual. Por
ello, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) votará favorablemente a
la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueca.
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida y otros grupos de la Cámara han presentado
propuestas en dirección similar a la que hoy se presenta. Nuestra
reflexión siempre ha ido más allá del empleo, aunque esta es una
cuestión fundamental. Hemos instado en varias ocasiones al Gobierno a
elaborar un plan de apoyo a las organizaciones no gubernamentales,
con el objeto de que puedan abordar la realización de contratos de
trabajo sustitutivo de las tareas que en el ámbito de la atención a
las personas venían realizando jóvenes con motivo de la prestación
social sustitutoria y en otros campos relacionados con éste. Se está
corriendo el evidente riesgo de que la oferta de servicios de
atención a las personas, desarrollada por impulso de las
organizaciones no gubernamentales, pase a ser insolvente y esta
ausencia produzca daños en ámbitos de la población que han venido
recibiendo una notable aportación a la mejora de su calidad de vida.
Resulta llamativo que ni el ministerio ni nadie en el Gobierno haya
previsto esta circunstancia y establecido medios para resolver la
situación. En todo caso, la respuesta de la derecha es previsible:
antes el esfuerzo de los individuos que la potenciación del tercer
sector y antes la beneficencia que la creación de empleo estable. Por
esta razón, una alternativa como crear un servicio civil, alternativa
que ha planteado el Grupo Popular en otras ocasiones, no deja de
producir cierta preocupación, ya que ni atiende a todos los servicios
que se han prestado ni supone una fórmula de empleo o de estabilidad
de las instituciones que prestan
estos servicios de atención a las personas. Nos encontramos ante un
sector de actividad que se revela como uno de los que potencialmente
demanda más creación de empleo y en un terreno donde las
instituciones sin ánimo de lucro o de inserción han prestado y deben
prestar una notable contribución social. El final de la prestación
social sustitutoria sin una alternativa a los programas de
voluntariado, sin un apoyo a las organizaciones no gubernamentales
prestadoras de estos servicios o una propuesta de cooperación en el
ámbito local, creará un serio problema para continuar prestando estos
servicios, en detrimento de los beneficiarios de los mismos. Por eso
creemos que son tres los niveles a los que hay que prestar atención:
uno, facilitar la presencia de un tercer sector en el terreno de la
prestación de servicios a las personas; dos, el impulso de carreras
vocacionales de atención a las personas, en lo que evidentemente es
un yacimiento de empleo, y la profesionalización de ámbitos del
voluntariado sujetos a controles de calidad y formación en la
prestación de estos servicios, con apoyos a la estabilidad en el
empleo, y, tres, la aparición de una cooperación en el ámbito local
que permita extender las políticas de atención a las personas
dependientes sobre la base de la iniciativa social y la programación
local, responsable de articular los baremos exigibles para esta
práctica social y económica. En definitiva, nos encontramos ante una
triple circunstancia: la existencia de una demanda de prestación de
servicios de atención a las personas, la existencia de una estructura
organizativa capaz de prestarlo y, por último, una evidente demanda
de puestos de trabajo que puede contribuir a una creación estable de
empleo.
Una segunda línea de acción debería afectar a comunidades autónomas y
administraciones locales, que deberían responsabilizarse tanto de
definir los baremos y medidas que garanticen la calidad de los
servicios que se van a prestar como de articular un sistema ágil de
externalización de servicios. Un factor que no puede ignorarse es la
función de creación de habilidades y capacidades nuevas,
prácticamente inexistentes en el mercado formativo y que deberían
promoverse en diversos ámbitos formativos reglados y no reglados,
específicamente en ámbitos autonómicos y locales. En esencia, nos
estamos planteando responder a una nueva perspectiva de empleo
vinculada a la extensión del Estado del bienestar. Efectivamente,
para que esta iniciativa se articule a través de las organizaciones
no gubernamentales se hace preciso arbitrar cauces financieros
adecuados y modalidades de contratación adecuadas, basadas en un
empleo estable de calidad y con derechos. En esta dirección apunta su
proposición y, por tanto, aunque no contempla los otros dos aspectos
mencionados, merece el apoyo del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha visto con buenos ojos
la presentación de esta proposición de ley por parte del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entre otras cosas porque
complementa la proposición no de ley que hace unos meses presentaba
el Grupo Parlamentario Socialista. En esa proposición no de ley,
igual que en otra posterior de Izquierda Unida que se debatió en la
Comisión y en la interpelación a la que hacía mención el portavoz de
Convergència i Unió hace ya casi un año, en diciembre del año pasado,
se decía que es una realidad que la prestación social sustitutoria se
acaba, así como el servicio militar obligatorio, y que el Gobierno
debería plantear alguna iniciativa que recondujera la situación de
desasosiego con la que se están encontrando las organizaciones no
gubernamentales y las instituciones públicas al desaparecer los
puestos de prestación social sustitutoria, los de los objetores de
conciencia. En esa proposición no de ley planteábamos un plan de
empleo que viniera a reconducir unos 60.000 puestos de trabajo y que
estaría cofinanciado entre el Gobierno de la nación, las comunidades
autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, con el concurso de
las organizaciones no gubernamentales, para llegar a un acuerdo tanto
de financiación como de objetivos para que esos puestos que habían
estado ocupados por los objetores de conciencia siguieran estando
ocupados sobre todo en los sectores más desfavorecidos y en los que
menos recursos tienen, como son las asociaciones, sin olvidar, como
decía anteriormente, a las instituciones, que pondrían parte de los
recursos; y digo pondrían porque la iniciativa fue rechazada por el
Grupo Popular.
Aunque han sido rechazadas las proposiciones de Izquierda Unida y del
Partido Socialista, hace ya un año fue aprobada, como bien exponía el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una
moción conjunta de todos los grupos parlamentarios en la que se
contenían tres objetivos que han mencionado anteriormente varios
portavoces. El primero y fundamental era que se instaba al Gobierno a
que antes de que terminara el período de sesiones de diciembre de
2000 -estamos ya casi en diciembre de 2001- presentara un informe que
detallara la realidad de los objetores de conciencia, de los puestos
que se han ido generando y de la situación en que van a quedar dichos
puestos de trabajo. Ha habido un primer incumplimiento del Gobierno
al no haber tenido a bien enviar a esta Cámara este informe, como lo
había mandatado hasta su propio grupo parlamentario con dicha moción
conjunta. En segundo lugar, se pedía al Gobierno que los recursos que
venía destinando a la prestación social
sustitutoria se siguieran utilizando en el mismo sentido, pero
tampoco se ha hecho nada por el estilo. De los presupuestos de 2002
desaparecen estos recursos, como es normal, cuando desaparece la
prestación social sustitutoria, pero no van destinados a las ayudas
a las ONG ni a las instituciones que venían desarrollando estos
programas. Por último, se completaba esta moción consecuencia de
interpelación con unas acciones de fomento a la contratación; se
abría la puerta para lo que a posteriori presentábamos nosotros como
un plan de empleo. Desde el Partido Popular se nos decía que el
Ministerio de Trabajo ya tenía planes de empleo, y yo pregunto: ¿Se
ha analizado si esos planes de empleo, que llevan ya funcionando unos
meses, están dando sus frutos en estos campos? Desde mi punto de
vista y el del Grupo Parlamentario Socialista creemos que no, y así
nos lo dicen las organizaciones no gubernamentales, que no han visto
ninguna ayuda en este sentido. Si como exponía la portavoz en este
tema, la señora Moneo, hace unos meses, tanto en la Comisión como en
el Pleno, esos programas complementaran la prestación social
sustitutoria nos plantearíamos otra cuestión, y yo estoy totalmente
convencido de que el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) no hubiera presentado este asunto porque ese
era el consenso al que queríamos llegar con la moción. Lo hemos
analizado, pero hemos preguntado también a los afectados, al Consejo
de la Juventud y al foro cívico que se creó para analizar lo que
desde el Partido Popular se denomina servicio civil, que todavía no
hemos visto tampoco lo que es. Se oyen rumores de que se va a
implantar un servicio civil, pero aquí no ha entrado, no lo conocemos
y el Gobierno no ha hecho nada al respecto, al menos yo no tengo
conocimiento de ello. Se creó el foro cívico con muchas
organizaciones que decían claramente que rechazaban el servicio
civil, sobre todo porque venía a complementar lo que era el
voluntariado.
Me quiero detener en lo relativo al voluntariado porque la portavoz
del Grupo Popular malinterpretaba en algunas ocasiones que nosotros
queríamos dar un cerrojazo al voluntariado. Nosotros apoyamos el
voluntariado pero creemos que es complementario de lo que estamos
proponiendo, de lo que propone hoy el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). El perfil del voluntario es totalmente
diferente al de los puestos de objeción de conciencia que han venido
desarrollando tanto en instituciones como en asociaciones u
organizaciones sociales; es el perfil de una persona de fin de
semana, que no tiene gratificaciones y cuyo trabajo está muy
constreñido en esas organizaciones, por tanto no es lo que han venido
realizando los objetores de conciencia. Hay que dar un paso más en el
voluntariado y estamos totalmente de acuerdo -si así se hace y se
fundamenta- en dar becas y más formación al voluntariado, es decir,
dar un paso adelante en ese sentido; pero, como nos dicen las
organizaciones sociales,
con esto no resolveremos el vacío que va a quedar dentro de un mes,
en enero. También nos cuentan estas organizaciones que con el
programa de prestación social sustitutoria se han conseguido unos
objetivos muy interesantes y consecuentemente deberíamos seguir
fortaleciendo en el futuro temas como la formación, la búsqueda de un
empleo o el aprendizaje del mismo, la búsqueda de lo que se denomina
el tercer sector y su complementariedad con otros servicios que
prestan las organizaciones. En definitiva, se trata de fortalecer el
tejido asociativo con este tipo de programas y sobre todo, muy
exclusivamente, ese trabajo social que han venido haciendo muchísimas
personas.
Como decía anteriormente, el voluntariado es una cosa y no debemos
mezclar el tema que hoy debatimos ni con el voluntariado ni con el
futuro servicio civil si va encaminado, como todo apunta, a lo que
nos explicaba ese foro cívico que estaba preparando el Gobierno. Se
nos dice asimismo que respecto al empleo juvenil, según lo
enfocábamos nosotros, el Gobierno está consiguiendo reducir el
desempleo con unos datos muy interesantes. Recuerdo perfectamente que
decían que se había reducido en 18 puntos el desempleo juvenil en los
últimos años. Los números, igual que el papel, son bastante sufridos
y cada uno los lee como buenamente entiende. Con dieciocho puntos en
frío, sin ver cómo ha ido evolucionando la demografía de nuestro
país, sin tener en cuenta a los estudiantes que cada vez más se han
ido incorporando a las universidades, sin tener en cuenta a las
mujeres que se han ido incorporando al empleo, puede resultar
bastante fácil decir que ya es está trabajando en ese sentido.
Pediría al Grupo Popular es que diera los datos con respecto a otros
países de la Unión Europea para ver que estamos en la cola de la
reducción progresiva del desempleo juvenil y que las mujeres
españolas no están accediendo al empleo tan fácilmente como en otros
países. Vuelvo a repetir que este programa que hoy se nos propone y
que proponíamos nosotros anteriormente no tiene nada que ver con esta
cuestión; si quieren volver a darnos los datos del empleo los
escucharemos atentamente, como corresponde, pero no es esa la
cuestión que tratamos hoy. De entre los sectores sociales que creemos
fundamentales y que habría que incluir en la tramitación posterior si
saliera adelante la toma en consideración, como fuente de riqueza a
la hora de generación de empleo habría que tener muy en cuenta el
tercer sector, sobre todo en colectivos que están reivindicando una
financiación para sus programas y para poder contratar personal; por
ejemplo, las organizaciones de discapacitados psíquicos y físicos,
los invidentes, la atención a la infancia, la reinserción social, la
atención a las personas mayores; también en el sector educativo, en
el ocio y el tiempo libre o, por qué no decirlo, en organizaciones
deportivas donde el trabajo administrativo lo han ido desarrollando
estas personas. ¿Por qué digo esto? Porque con esa financiación, con
esa ayuda que hoy se nos propone,
podríamos conseguir que esas personas aprendieran un oficio para
poder gestionar su empleo en un futuro, por su propia cuenta y con
las organizaciones. Tenemos precedentes en diferentes comunidades
autónomas. Castilla-La Mancha ya ha aprobado ese plan de empleo
juvenil para implantarlo en los próximos meses; se está hablando de
unos 600 contratos piloto para fortalecer el tejido asociativo, por
el que van a empezar, y posteriormente ampliarlo a las instituciones
que se quedan sin los puestos de objeción de conciencia. Andalucía lo
está estudiando y nos consta que la Generalitat se preocupa por la
ocupación juvenil, si bien tenemos que decir que nos parece escaso
incluirlo solamente en las asociaciones juveniles porque son, como
decía antes, los sectores del tercer sector, valga la redundancia,
los más afectados. Pero, en fin, algo es algo y esas tres comunidades
autónomas están trabajando en ese sentido.
Creemos que se dan todas las condiciones para que el Gobierno central
coja el toro por los cuernos, afronte esta situación que están
reivindicando las organizaciones juveniles y las instituciones,
recapacite, como el portavoz de Convergència i Unió decía, y apruebe
la toma en consideración de la proposición de ley para debatir
tranquilamente todas las enmiendas que se estimen oportunas a fin de
mejorar este sistema de financiación a las ONG, a las instituciones,
etcétera. Si no sale adelante esta toma en consideración, desde el
Grupo Parlamentario Socialista creemos que se va a perder, una vez
más, una inolvidable oportunidad para atajar este problema y para dar
respuesta a los colectivos a los que he hecho mención en mi
intervención.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Velasco.
Señor Carriegas.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Señor presidente, señorías, buenas
tardes. Quiero manifestar que supone un gran orgullo para mí defender
por primera vez desde esta tribuna la postura del Grupo Parlamentario
Popular.
La proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se sustenta en la próxima extinción, el día 31
de diciembre del presente año, del servicio militar y la consiguiente
desaparición de la prestación social sustitutoria. Según el grupo
proponente, la mencionada desaparición comportará determinadas
consecuencias para las entidades sin ánimo de lucro que mediante
convenio de colaboración venían desarrollando actividades sociales
gracias a la participación de los objetores de conciencia que se
adscribían a sus proyectos. Cabe recordar que el asunto troncal que
nos trae hoy aquí, la situación derivada del cumplimiento del
compromiso del Gobierno del PartidoPopular de suprimir el servicio
militar obligatorio y,
por tanto, de la prestación social sustitutoria, ya ha sido objeto de
debate en el seno de esta Cámara y, entre otras, a propósito de una
interpelación urgente y su consecuente moción, presentadas también
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que con las
modificaciones incorporadas fue aprobada por unanimidad de todos los
grupos en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el día 12
de diciembre del año 2000. En este punto no puedo menos que poner de
manifiesto, una vez más, la importancia que la prestación social
sustitutoria ha tenido a la hora de dar respuesta a las necesidades
sociales emergentes, sobre todo con las modificaciones legales
introducidas en los últimos años, lo que ha permitido que la
prestación se realizara en mejores condiciones, superando los
problemas que anteriormente la maniataban. Qué duda cabe que la
desaparición de la prestación social sustitutoria puede afectar a
todas aquellas administraciones y organizaciones públicas y privadas,
entidades sin ánimo de lucro, ONG, etcétera, que han venido
utilizando para su servicio, pero siempre en servicio de la sociedad,
a los objetores de conciencia. El Grupo Parlamentario Popular está
persuadido de la importancia de resolver con éxito este reto, este
tan importante reto, de atender sin menoscabo de su calidad y
abundando en los parámetros de eficacia y realismo, huyendo siempre
de cualquier atisbo de artificialidad, cuantas necesidades de todo
ámbito se venían prestando hasta la fecha de extinción de la
prestación, que, como ha quedado dicho, se producirá el próximo día
31 de diciembre. Muchas han sido las labores de los objetores, no
sólo las prestadas en el entorno de la atención y el servicio social
directo al amparo de las entidades sin ánimo de lucro, sino que a
través de numerosos ayuntamientos infinidad de objetores han asumido
las tareas de lucha contra incendios, socorrismo, vigilancia,
limpieza y protección de zonas naturales, trabajo en guarderías,
cuidado de enfermos y discapacitados, atención en bibliotecas,
actividades de centros de personas mayores, etcétera. Es obvio que,
por conocida, esta iniciativa del Gobierno del Partido Popular de
suprimir el servicio militar obligatorio y sus consecuencias en este
ámbito ha prevenido a todas las organizaciones públicas o privadas
que utilizaban los servicios de los objetores, en el sentido de
adecuar sus estructuras, de redimensionar en claves de mayor
efectividad sus horizontes de servicio y de lograr suplir a
satisfacción, a partir del 1 de enero del año 2002, a los
colaboradores procedentes de la prestación social sustitutoria. Es en
este apartado, en el de suplir a los efectivos actuales, en el que
todos los grupos políticos de la Cámara hemos coincidido y lo hemos
hecho al descubrir uno de los mejores y mayores tesoros que poseemos
en nuestra sociedad, uno de los mayores y mejores elementos de
cohesión con que contamos, uno de los mayores y mejores argumentos de
futuro de que disponemos para hacer de nuestro país un país más
solidario y más justo.
Me estoy refiriendo, cómo no, al voluntariado; voluntariado que
debemos incentivar y apoyar en la búsqueda de las mejores fórmulas
que optimicen su aportación a la sociedad. Deseo poner en valor la
unanimidad de los grupos cuando aprobamos la moción de Convergència i
Unió, citada anteriormente, en la que se instaba al Gobierno de
España -cito textualmente- a que conjuntamente con las comunidades
autónomas, organizaciones no gubernamentales y demás organizaciones
sociales afectadas se atiendan preferentemente, a través del
voluntariado, las auténticas necesidades que hasta ahora venían
siendo atendidas por la prestación social sustitutoria, planteamiento
que, como es conocido, resulta absolutamente coincidente con el
manifestado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el curso
de sus intervenciones sobre el particular.
Dicho esto y acotado este preámbulo, debo fijar la postura de mi
grupo parlamentario ante la proposición de ley que estamos
debatiendo. La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) tiene por objeto que todas aquellas
entidades sin ánimo de lucro que hubieran suscrito durante los
últimos tres años convenios de colaboración, en el marco de la
prestación social sustitutoria, puedan acogerse a una bonificación en
la cuota empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes
del 50 por ciento durante los 24 meses siguientes a la fecha de
celebración del contrato, si lo hacen indefinidamente, a personal
desempleado inscrito en las oficinas de empleo e incluido en alguno
de los colectivos objeto de tratamiento en el programa de fomento de
empleo o a aquel cuya edad esté comprendida entre los 18 y los 30
años. Se intenta materializar, pues, con una propuesta en nuestra
opinión desacertada, el apartado número 3 de la moción tantas veces
ya citada en la que se instaba al Gobierno a estudiar las medidas,
incluidas las acciones de fomento de empleo, orientadas al
mantenimiento de aquellos servicios que realizados por objetores de
conciencia se considerara necesario continuar prestando. En primer
lugar llama la atención que se pretenda modificar la Ley 12/2001, de
9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo,
sin haber transcurrido escasamente dos meses desde su puesta en vigor
y, por tanto, sin haber transcurrido un tiempo mínimo para hacer un
análisis objetivo de sus resultados. En este sentido, debo señalar
que el conjunto de normas de fomento de la contratación responde a
una estrategia diseñada para favorecer la contratación estable de
aquellos colectivos de desempleados sobre los que se ha constatado
que tienen mayores dificultades de encontrar un empleo. Por tanto, el
objetivo de los beneficios que se disponen en la ley no es otro que
la inserción laboral de determinados trabajadores - repito,
trabajadores- por la vía de la discriminación positiva, la cual trata
de compensar una situación de partida más negativa que la de otros
colectivos, y no favorecer a determinadas empresas o a determinadas
entidades sin ánimo de lucro, que por otra parte son objeto de otras
actuaciones públicas de apoyo e impulso. Es decir, el objetivo de las
bonificaciones es animar a la contratación indefinida de
desempleados, y no favorecer a unos u otros empleadores. No
entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular por qué se pretenden
establecer beneficios a los contratos que realicen unas entidades y
no otras, ya que el haber suscrito en el pasado convenios de
colaboración con la Administración no es algo que avale una necesidad
de apoyo mayor que la de otras entidades. En cualquier caso, como ha
quedado dicho, esta necesidad de apoyo se tendría que canalizar por
otras vías, ya que no es esta la finalidad del sistema de
bonificaciones a la contratación. Tampoco entendemos por qué se
señala en la proposición de ley como colectivo a incentivar el de los
jóvenes de entre 18 y 30 años cualquiera que sea su sexo y su
situación o experiencia laboral, cuando en el actual programa de
fomento del empleo se ha suprimido a los varones, como todos ustedes
conocen, y se establece una restricción positiva a favor de las
mujeres en ese intervalo de edad. Debo recalcar que el colectivo
referido de los jóvenes ha experimentado una mejora exponencial de su
posición en el mercado de trabajo y el Gobierno únicamente considera
prioritaria su bonificación en circunstancias tales como que sean
mujeres que lleven un determinado tiempo en paro o que sean
perceptores de prestaciones por desempleo. Como dato extraído de la
encuesta de población activa les indicaré que, a 31 de diciembre del
año 1996, los parados varones que en este tramo de edad buscaban su
primer empleo eran 315.000, mientras que a 30 de septiembre del
presente año 2001 son 142.000 los jóvenes que buscan su primer
empleo; es decir, el número de parados en ese tramo se ha reducido en
más de la mitad. No ocurre en igual medida en las paradas mujeres,
que a pesar de experimentar una sustancial mejora todavía se
encuentran alejadas de los datos de los varones, por lo que
entendemos que tiene sentido bonificar su contratación y, desde
luego, mantener en el tiempo, si no incrementar, dicho tratamiento
positivo. El Grupo Parlamentario Popular considera que si lo que se
pretende es fomentar la creación de empleo, estas entidades sin ánimo
de lucro pueden acogerse, dentro del programa de fomento de empleo
para el año 2001, a lo previsto en el artículo 4.1.3 de la mencionada
Ley 12/2001, con lo que además se fomenta el empleo de personas en
situación de exclusión social que tienen mayores dificultades para
entrar en el mercado laboral, pudiéndoseles contratar tanto
indefinida como temporalmente con una bonificación del 65 por ciento,
que supera en 15 puntos a la solicitada en la proposición de ley.
Por último, no puedo sustraerme a contemplar -haciendo un ejercicio
de ciencia ficción- la situación que se crearía de facto si esta
proposición pudiera verse hecha realidad, pues la realidad -a buen
seguro no deseada en esta proposición pero real, a buen seguro
no percibida pero de hecho- supondría uno de los mayores ejercicios
de discriminación de la mujer que se haya visto en esta Cámara,
puesto que estoy convencido de que todos convendremos en que los
empleadores, en igualdad de condiciones y bonificaciones, se
avendrían a favorecer la firma de un contrato con aquella persona -en
este y en todos los casos aquél varón- que durante los últimos nueve
meses le ha desempeñado a satisfacción y de manera altruista el
trabajo encomendado. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no está
de acuerdo en esto. Por todo ello votaremos en contra de la toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Carriegas. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el
fomento de la contratación estable en entidades sin ánimo de lucro
que han mantenido convenios de colaboración para la realización de
actividades relacionadas con la prestación social sustitutoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 125; en contra, 160; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida toma en
consideración.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS DE LEY:
- DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN
INTERTERRITORIAL. (Número de expediente 121/000059.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley
reguladora de los fondos de compensación interterritorial. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda
aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del
proyecto de ley de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LOS
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. (Número de
expediente 122/000136.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE REQUISITOS PARA
LA OBTENCIÓN DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. (Número de
expediente 122/000143.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los
requisitos para acceder a la prestación por desempleo, que se
debatirá conjuntamente con la toma en consideración de la proposición
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre requisitos para la obtención del
derecho a la prestación por desempleo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ruiz. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio o abandonen el
hemiciclo también en silencio, por favor. (Continúan los rumores.)
Hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra, les
ruego ocupen sus escaños. (Pausa.)
Adelante, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señorías, con suma brevedad, porque creemos que el planteamiento de
la proposición de ley que trae hoy Izquierda Unida a esta Cámara es
consecuencia de lo que nosotros interpretamos como una irregularidad
o una injusticia en nuestra propia legislación y que intentamos
superar modificando el artículo 210 de la Ley de Seguridad Social.
En diversas ocasiones hemos planteado en la Cámara la cuestión de la
cobertura por desempleo, la última vez con motivo del debate de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. El dato es
objetivo y relevante: del millón y medio de personas desempleadas
registradas en el INEM, la mitad no recibe ningún tipo de prestación
económica; la mayoría de quienes la reciben, el 57 por ciento,
ingresa una cantidad insuficiente, que apenas ronda las 53.000
pesetas mensuales. La situación se agrava si el desempleado es mujer,
ya que apenas el 40 por ciento de las desempleadas recibe alguna
prestación.
Como se sabe, el sistema financiero de protección al desempleo no
está en quiebra, por lo que debemos felicitarnos. Las cotizaciones de
los trabajadores cubren todas las prestaciones y el Estado -y nos
hemos referido
a ello en algún momento de los debates de los presupuestos- no
pone ni una peseta. Debería plantearse, por tanto, un esfuerzo de
solidaridad para ampliar esta cobertura. De cumplirse las cifras
oficiales, el gasto en prestaciones por desempleo mantendría su peso
en relación con el producto interior bruto respecto al 2001, lo que
significa lo mismo que decir que se reduciría el número de
beneficiados.
La superación de estas situaciones es una cuestión de voluntad
política y de intentar corregir, como ya he dicho antes, lagunas que
hay en nuestra propia legislación. Son diversas las iniciativas que
deben y pueden desarrollarse. La proposición de ley que hoy se
presenta pretende contribuir a la superación de estas situaciones,
acumulando las prestaciones concedidas y no disfrutadas por haberse
encontrado otro empleo. En consecuencia, defendemos que se acumule
este tipo de prestaciones con el tope de los 24 meses por seis años
trabajados, teniendo en cuenta las bases de cotización para cada
período.
Nuestra reflexión se fundamenta en criterios encuadrados en la propia
Ley general de la Seguridad Social. El desempleo se produce como
consecuencia de una situación involuntaria. Se trata de una
prestación contributiva, de una prestación por la que se ha cotizado.
En la situación actual cabe señalar la discriminación que se
establece entre trabajadores fijos y los sometidos a otras
modalidades de contrato. Efectivamente, a estos últimos les es muy
difícil acumular 24 meses de desempleo. La actual redacción del
artículo 210 de la Ley general de la Seguridad Social supone que el
perceptor de la prestación de desempleo si encuentra nuevo empleo
pierde períodos cotizados para ser beneficiario de esa prestación.
Lo que nuestra iniciativa enfatiza -para ir concluyendo-, es que el
beneficiario no tenga que optar sino que se le sumen los períodos de
cotización computados para ser beneficiario, y así no tener que optar
entre perder lo que dejó de percibir por encontrar empleo o lo que
generó por este nuevo empleo. Este es un camino para mejorar la
situación de cobertura mediante la consideración de estos períodos de
trabajo.
Por último, quisiera aclarar una cuestión que en la propia
proposición de ley puede dar lugar a algún equívoco o a alguna
confusión. Es en la redacción que se hace del artículo 3, y donde
dice que el derecho a la prestación se extingue, no queremos decir
que se extingue sino que de alguna forma se aplaza, se suspende para
que puedan ser computados los períodos. En la propia exposición de
motivos así se señala, por lo que si esta proposición de ley fuera
tomada en consideración, simplemente quiero señalar que esa mala
redacción que ahí se da se corregiría, para que se entienda
perfectamente lo que se quiere decir, que es lo que yo acabo de
explicar y lo que en la exposición de motivos explica la proposición
de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la proposición que presenta el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre requisitos para la obtención del derecho a la prestación
por desempleo, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, señorías, creo que estamos
ante una cuestión de racionalización, de no contradicción en la
legislación existente. Cuando se aprueba la Ley 24/1997, de
consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social, en
su artículo 1 se deja muy claro el carácter contributivo que tienen
las prestaciones de la Seguridad Social. Según esa ley, las
prestaciones por desempleo, que también aporta el trabajador, tienen
carácter contributivo. Esta decisión afecta a algunos artículos de la
Ley general de la Seguridad Social, artículos que hay que adecuar a
este criterio. No nos parece razonable que por un lado se diga que
tienen carácter contributivo y que por otro se diga según; según en
una barra temporal que la ley establece en 12 años. Es decir, un
trabajador que esté cotizando por desempleo y que queda en paro tiene
derecho a unas prestaciones, y si cuando está percibiendo esas
prestaciones vuelve a trabajar, su derecho depende del tiempo que
vuelva a trabajar. Si vuelve a trabajar 11 meses y 29 días, en ese
caso a los derechos de desempleo que tenía del primer empleo se suman
los derechos generados por su contribución, también al desempleo, en
el segundo empleo; pero como tenga la mala suerte de en vez de
trabajar 11 meses y 29 días trabajar 12 meses y un día, resulta que
la legislación le obliga a optar entre continuar con los derechos de
desempleo del primer trabajo o con los del segundo; no puede sumar
periodos contributivos.
Señorías, yo creo que hay una contradicción, las prestaciones de la
Seguridad Social, concretamente las referidas al desempleo, tienen
carácter contributivo o no lo tienen. Se pueden ir sumando esos
derechos, y estamos dando una mayor cobertura en una sociedad del
bienestar a un señor que queda en paro, o estamos utilizando una
cifra mágica, la de los 12 meses, que no alcanzamos el porqué, y en
función de que trabaje más o menos de esos meses tiene derecho a que
le contabilicen a todos los efectos lo que ha contribuido.
No estamos ni siquiera ante una novedad que desde el punto de vista
andalucista queremos introducir en la legislación de protección al
desempleo, estamos ante la necesidad de casar dos leyes vigentes, la
de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social
y la Ley general de la Seguridad Social. Para ello se pide el apoyo a
esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista va a dar su apoyo a la toma en consideración
de estas dos proposiciones de ley, presentadas hoy por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario
Mixto, porque creemos que estamos en un momento óptimo no sólo para
aprobar las modificaciones propuestas, sino también para hacer un
análisis tranquilo y profundo de la protección del desempleo en
España, y esta proposición de ley nos puede permitir hacerlo o al
menos iniciarlo.
El problema del desempleo, señorías, sigue siendo el más importante
de nuestro país, a pesar de que hoy convive con una realidad social
que en nada se parece a la de hace cinco años. En estos momentos hay
desempleo e inmigración; hay desempleo e inmovilidad geográfica de la
mano de obra; hay desempleo y reducción de activos. Vivimos, pues,
señorías, una situación nueva que refleja el comienzo de un cambio
profundo en el mercado español del trabajo. Les daré solo algunos
datos.
En los últimos cinco años, la población que se incorpora al mercado
de trabajo entre 16 y 19 años se ha reducido en más de 600.000
personas, es decir en una cuarta parte; mientras tanto el número de
inmigrantes ha crecido enormemente y por otro lado constatamos que
hay regiones con tasas de paro muy altas y otras en las que puede
decirse que el paro es meramente testimonial. Estos pocos datos
pueden servirnos de ejemplo sobre la necesidad de atender los nuevos
problemas con una nueva perspectiva. Los supuestos a proteger han
cambiado y las leyes no.
La crisis económica de principios de los años noventa originó una
difícil situación en el mercado de trabajo y un preocupante
desequilibrio financiero en el sistema de protección por desempleo
que obligaron al Gobierno, en el año 1992, a adoptar una serie de
medidas urgentes para racionalizar el gasto y asegurar el futuro
equilibrio financiero del sistema. Hoy la situación es distinta, pero
es diferente tanto en los supuestos a los que afecta el desempleo
como en la mejora financiera que se ha producido como consecuencia de
aquellas reformas. En el año 2000 el INEM, organismo al que
corresponde la gestión de las prestaciones por desempleo, obtuvo un
excedente de 543.600 millones de pesetas, estando previsto que en el
presente ejercicio 2001, dicho superávit alcance los 600.000 millones
de pesetas. Ante esta situación el Estado, además de no aportar nada
al sistema de protección, se ha apropiado de estos excedentes de
cuotas para financiar gastos de su responsabilidad, como las
bonificaciones a las empresas y hasta incluso el sueldo de la
directora general del INEM. Desde el Grupo Parlamentario Socialista
creemos que
dichos excedentes deberían destinarse tanto para mejorar el nivel de
protección como para la creación de un fondo de reserva a fin de
cubrir los posibles déficit en momentos menos favorables.
Conviene recordar que el sistema de protección se financia a través
de tres fuentes: las cotizaciones sociales pagadas por los
trabajadores empleados; la aportación del Fondo Social Europeo; y la
aportación del Estado fijada cada año en los presupuestos generales.
Con la llegada del Gobierno del Partido Popular, la aportación del
Estado ha ido disminuyendo progresivamente hasta alcanzar cero
pesetas en el presente año.
Resumiendo, hemos pasado de una media de un billón de pesetas de
aportación del Estado al INEM durante los años 1992, 1993, 1994, 1995
y 1996, a 148.000 millones en el año 1999, 42.000 millones en el año
2000 y a cero pesetas en el año 2001. ¿Qué quiere decir esto? Esto
quiere decir que el Gobierno, desoyendo las recomendaciones del Pacto
de Toledo y rompiendo el principio de solidaridad, carga únicamente
en las cuotas de los trabajadores no solo la financiación de la
protección por desempleo tanto en el nivel contributivo como en el
asistencial, sino también la financiación de las políticas activas,
el fomento del empleo estable, o dicho de otra forma las
bonificaciones a las empresas. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere
decir también que con el Gobierno del Partido Popular el Estado se ha
desentendido de los desempleados; que las prestaciones que reciben
por estar en paro y que las actuaciones destinadas para salir de él
se pagan solo con las aportaciones de aquellos que tienen un empleo,
es decir que por tanto son los trabajadores los únicos solidarios con
los desempleados; que el Gobierno ha cargado en ellos toda la
responsabilidad del sistema de protección por desempleo. Desde esta
perspectiva y desde nuestro grupo creemos que sería deseable
establecer una separación de las fuentes de financiación,
redefiniendo de dónde deben provenir los fondos para cubrir los
diversos tipos de prestaciones. Ello permitiría una mayor claridad y
transparencia de la situación financiera, favoreciendo en momentos de
mayor creación de empleo y de menos demanda de prestaciones la
creación de un fondo de reserva para cubrir los posibles déficit en
épocas de crisis.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que como
recomienda el Pacto de Toledo las políticas ligadas al fomento del
empleo se deben financiar íntegramente con aportaciones públicas, al
igual que ocurre en todos los países de la Unión Europea. No obstante
y a pesar de ello, como hemos visto antes existe superávit. Es un
buen momento, por tanto, como dijimos al principio de la
intervención, no sólo para modificar los requisitos para la obtención
del derecho a la prestación por desempleo en el sentido que figura en
las dos proposiciones de ley que se nos presentan hoy, sino incluso
para estudiar la posibilidad de rescatar el período de cotización
mínima de seis meses para tener
derecho a la pensión contributiva, con lo que nos acomodaríamos a la
duración media de los contratos que no superan los 180 días y
rebajaríamos el número de desempleados que no reciben ningún tipo de
prestación. En junio del presente año el paro registrado en el INEM
ascendía a 1.545.300 personas, de las cuales 484.000 recibían una
pensión contributiva y 372.000 percibían un subsidio asistencial. La
cobertura, por tanto, sólo alcanza al 56 por ciento de las personas
desempleadas registradas en el INEM; algo que no se entiende muy bien
en una época de excedentes y de superávit, como hemos visto antes.
Asimismo y por las mismas razones, creemos que es un buen momento
para reforzar la prestación por desempleo de nivel asistencial,
flexibilizando los requisitos de acceso para ampliar los colectivos
que pudiesen ser beneficiarios y para ampliar la cobertura
fundamentalmente en aquellos casos con mayores necesidades y con
mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo.
Esperamos, señorías, que el apoyo por parte del Grupo Parlamentario
Popular a las proposiciones de ley que debatimos hoy sea el inicio de
esa reforma más profunda que se necesita para mejorar el sistema de
protección al desempleo, adaptándola a la nueva realidad laboral y
demuestre así entre otras cosas su preocupación y su solidaridad con
los más desprotegidos, no con palabras sino con hechos prácticos.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente, por su
amabilidad al permitirme utilizar este turno.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha iniciado su
intervención y la ha finalizado haciendo referencia a que la toma en
consideración de estas dos proposiciones de ley podía abrir un amplio
debate sobre la prestación por desempleo. Precisamente esta
consideración de fondo que plantea el ponente del Grupo Parlamentario
Socialista y la propia evolución de este debate lleva a considerar a
mi grupo que quizá coincidiendo con la cuestión de fondo que formulan
los dos grupos que presentan esta iniciativa, es evidente que el
debate sobre la prestación por desempleo, su configuración legal, su
capacidad de incorporar o no más prestaciones a sus beneficiarios, su
propia ampliación de cobertura y al mismo tiempo la capacidad de
permitir que aquellos ciudadanos que están en paro se puedan
incorporar al mercado de trabajo, merecería una manera de abordarlo
mucho más amplia desde la iniciativa parlamentaria. Por eso nuestro
grupo parlamentario, no estando en contra de aquello que se nos
plantea, se va a abstener en esta toma en consideración.
Además, señoría, nos parece que si hoy el Gobierno del Estado
estuviese planteando una reforma de estas características sin haber
propiciado un amplio diálogo social con los agentes sociales, con los
sindicatos y con las organizaciones patronales, es evidente que el
conjunto de los grupos nos pronunciaríamos en contra de una reforma
unilateral del Gobierno en relación con la prestación por desempleo.
Ahí hay una segunda cuestión que justifica nuestra abstención que es
la necesidad de una reforma, no del calado de la que se nos plantea
que es puntual, sino un análisis más global sobre el funcionamiento
de nuestra prestación por desempleo, venga precedida por un amplio
debate social, cosa que hasta ahora no se ha producido con la
suficiente intensidad ni ha sido liderado por el Gobierno.
Por último, dos cuestiones más. En primer lugar nosotros estamos
convencidos hoy de que donde hay que poner imaginación y voluntad en
el ámbito de prestación por desempleo es en la capacidad de mejorar
quizás no tanto la cobertura de la prestación por desempleo sino la
eficacia del conjunto de las políticas activas de empleo y es hacia
donde deberíamos orientarnos. En segundo lugar, hoy en el Estado
continúan existiendo sistemas de protección legal, de protección
social aliados al desempleo que no están estimulando la incorporación
de personas activas a nuestro mercado de trabajo, estoy pensando
especialmente en los sistemas de protección social de desempleo en
Andalucía y en Extremadura. Nos parece que en algún otro momento esta
Cámara deberá abordar si esos sistemas hoy están estimulando que los
parados andaluces y los parados extremeños se incorporen activamente
a nuestro mercado de trabajo. Nos parece que tiene la suficiente
complejidad como para exigir y plantear que una iniciativa de reforma
de la Ley de Seguridad Social en este ámbito tuviese otra manera de
iniciarse. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario se va a
abstener en esta votación.
Agradezco la amabilidad del señor Camps por permitirnos hacer uso de
la palabra. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Partido Popular para explicar la
posición de mi grupo sobre las dos proposiciones de ley presentadas
respectivamente por el Grupo Federal de Izquierda Unida y por el
Grupo Parlamentario Mixto relativas a los requisitos para acceder
a las prestaciones por desempleo. En primer lugar haré referencia a la
proposición de ley presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida, pero antes de comenzar no quisiera pasar por alto algunas
cuestiones importantes de la exposición de motivos de esa proposición
de ley, que sin duda alguna merecen nuestra consideración.
Izquierda Unida dice textualmente en su exposición de motivos que el
actual sistema de protección propicia la exclusión social al no
disponer de alguna red universal de prestaciones o programas que
alivien la situación de los parados de larga duración. Pues bien,
ante tal afirmación como ustedes comprenderán el Grupo Parlamentario
Popular no puede permanecer callado y no puede hacerlo porque ya el
pasado año en la Ley 14/2000 de medidas fiscales, administrativas y
del orden social se recogía el compromiso del Gobierno a establecer
una ayuda específica, llamada posteriormente renta activa de
inserción, destinada a paliar las especiales necesidades económicas
de los desempleados con verdaderas dificultades para encontrar
empleo, siempre que estos parados adquirieran compromisos para
realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. Este
compromiso se llevó a cabo con la aprobación del Plan nacional de
acción para el empleo del año 2001, en el cual se recogía no sólo el
programa de la renta activa de inserción, sino su actualización y
extensión tanto a los parados de larga como a los de muy larga
duración, y lo que sin duda es una auténtica novedad, aunque no
hubiese trabajado antes. Por tanto, desde mi grupo quiero recordar al
Grupo Federal de Izquierda Unida que no es que no existan programas
para aliviar la situación de los parados de larga duración, sino que
además ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha extendido el
programa de renta activa de inserción a otros colectivos más
desfavorecidos, cumpliendo con sus compromisos en materia de
protección social y de empleo. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.) Por otro lado, hablar de superávit financiero en las
prestaciones por desempleo significa desconocer que la acción
protectora de nuestro sistema no se limita a gestionar dichas
prestaciones sino que además comprende otra serie de actuaciones
sobre los desempleados orientadas precisamente a la reinserción
profesional y al fomento del empleo estable, actuaciones que se
encuentran encuadradas en lo que denominamos políticas activas de
empleo, y cuya financiación corre a cargo de las cotizaciones que
realizan tanto los trabajadores como los empresarios, cuestión en la
que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está poniendo un gran
empeño.
Pasemos a analizar ya el texto de la proposición de ley. Esta
proposición pretende la modificación del apartado 3 del artículo 210
del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, de tal
manera que el trabajador perceptor de la prestación por desempleo,
cuyo derecho se haya extinguido por haberse incorporado a un nuevo
trabajo, en caso de volver a la situación de desempleo pueda reanudar
la percepción de la prestación por el tiempo que resulte de las
nuevas cotizaciones satisfechas, y no como hasta ahora derivada de
lasprimeras cotizaciones.
El artículo 210.1 señala que la duración de la prestación por
desempleo vendrá determinada precisamente por los períodos de
ocupación cotizada de los seis años anteriores a la situación legal
de desempleo o al momento en el que cese la obligación de cotizar.
Pues bien, aunque parezca que el objetivo principal de la
modificación de tal artículo, presentada por el Grupo de Izquierda
Unida, sea el de alargar el período de percepción de la prestación
por desempleo del titular sucesivamente desempleado, existen en la
propuesta formulada dos aspectos relevantes que desaparecen en el
texto de la proposición de ley. Por un lado, el texto dice que el
derecho a la prestación se extingue por la realización del titular de
un trabajo sin más condicionantes, y, por otro, no se reconoce
derecho de opción por el titular nuevamente desempleado para elegir
entre reabrir la percepción de la prestación no consumida o acceder a
un nuevo período generado por las nuevas cotizaciones. En referencia
al primer aspecto, diré que la acumulación que ahora se pretende no
parece tener aplicación práctica, ya que los fragmentos de cotización
producidos tras el consumo total de la duración inicialmente asignada
no se pierden, sino que pueden acumularse hasta llegar a doce meses
para generar una nueva prestación, como señala el artículo 210.1,
siempre que tales cotizaciones se encuentren entre los seis últimos
años anteriores a la declaración de situación legal de desempleo. En
todo caso, para que la propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida
tuviese fundamento, habría que modificar el contenido del apartado 1
del artículo 210, lo cual no se ha puesto en ningún momento de
manifiesto.
Por lo que se refiere al segundo aspecto, mi grupo parlamentario
entiende que la supresión de la alternativa legítima del titular del
derecho a la prestación por desempleo a emprender una nueva carrera
de seguro con las nuevas bases de cotización es absolutamente
inaceptable. Lo entendemos así porque creemos que el derecho del
trabajador constituye uno de los pilares sobre los que se sustentan
las expectativas del titular, para perfeccionar precisamente períodos
de carencia basados en cotizaciones que suelen ser más altas y que
generan un incremento en las futuras prestaciones. Sobre este
fundamento está constituido nuestro sistema contributivo de
protección social.
Además de todo esto, el Grupo Parlamentario Popular entiende que
medidas como las propuestas mediante esta iniciativa no impulsan el
empleo estable, sino todo lo contrario, ya que parece que lo que
pretenden es disuadir al titular para que mantenga expectativas de
progresión profesional. Por lo tanto, mi grupo cree que la presente
proposición -aun teniendo la intención positiva de mejorar la
situación de los titulares de la prestación sujetos a empleos de
corta duración- no consiguen tal objetivo, ya que la actual redacción
del artículo 210.3 de la Ley General de Seguridad Social permite tal
objetivo sin menoscabar el derecho de
opción del titular para perfeccionar un nuevo período de la
prestación por desempleo de acuerdo con las nuevas cotizaciones
sociales. En caso de que lo que se proponga por parte del grupo
proponente sea que, tras el comienzo de cualquier trabajo, sea cual
sea su duración, se extinga un derecho a prestaciones para
posteriormente reanudarlo ampliando su duración según el nuevo
período cotizado, nos encontraríamos ante la necesidad de regularizar
constantemente períodos, bases reguladoras y cotizaciones de
cualquier perceptor, lo cual implicaría una sobrecarga en la gestión
y una indeterminación del derecho reconocido, acarreando con ello una
importante inseguridad jurídica. Por todo ello, lógicamente,
votaremos en contra de la proposición de ley de Izquierda Unida.
Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el Grupo Mixto,
al igual que ocurría con la anterior iniciativa, su proposición de
ley tiene como objetivo alargar el período de prestación por
desempleo, de tal modo que el derecho a tal prestación por la
realización de un trabajo igual o superior a doce meses no se
extinga, sino que se suspenda y así pueda ser acumulado a una
prestación posterior. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular
cree realmente que la acumulación que ahora se pretende no ofrece una
ventaja sustancial para el titular afectado. Como he dicho
anteriormente, el artículo 210.1 dice que la duración de la
prestación por desempleo dependerá de los períodos de ocupación
cotizada en los últimos seis años anteriores a la situación legal de
desempleo o al momento en el que haya cesado la obligación de
cotizar, y lo hace con arreglo a una escala en la cual aparecen, por
una parte, los períodos de cotización y, por otra, los períodos de
prestación. Pues bien, teniendo en cuenta que el supuesto que ahora
se plantea sólo se refiere a los titulares que pueden reanudar su
prestación acumulando el período nuevamente trabajado, si tiene una
duración igual o superior a 12 meses el resultado de la acumulación
no alteraría la duración de la prestación fijada en el artículo
210.1, salvo en casos muy excepcionales. Imaginemos, por ejemplo, que
nos hallamos en un supuesto medio, del tramo cinco, de tres años y
medio de cotización, al cual le corresponderían doce meses de
prestación, a los que según esta proposición de ley habría que sumar
un supuesto mínimo, derivado de un año de cotización por un nuevo
trabajo, por lo que pasaríamos al tramo siete, cuatro años y medio de
cotización, para el que la prestación correspondiente sería de 16
meses. Una diferencia de cuatro meses, que son los que
corresponderían, ex novo, al titular por un mínimo de doce meses de
cotización, con lo que podemos concluir que la ventaja de las
propuestas sobre el modelo vigente es nula. Los únicos destinatarios
de esta proposición serían los titulares de empleo casi precario, en
detrimento de la regla general que tiende a fomentar el empleo
estable y la progresión profesional representada por bases de
cotización actualizadas. Además, como
ocurre en la proposición de Izquierda Unida, la iniciativa del Grupo
Mixto vuelve a eliminar en su redacción final el derecho de opción,
que permite al titular elegir entre la reanudación de la prestación
anterior o la derivada del nuevo trabajo, con lo cual huelga volver a
repetir nuestros argumentos en contra de tal medida. Por lo tanto, el
propósito de la propuesta del Grupo Mixto tiene, desde nuestro punto
de vista, poca utilidad práctica ya que afecta solo a supuestos
excepcionales y teniendo en cuenta que suprime la legítima opción del
titular para administrar su carrera de seguro, puede resultar
contrario a los objetivos que persigue.
Para concluir, el Grupo Parlamentario Popular defiende la actual
redacción del artículo 210 por las siguientes razones. En primer
lugar, porque establece una duración de la prestación por desempleo
suficiente, que incentiva a las personas a buscar empleo. En segundo
lugar, porque no plantea problemática alguna ni merma la situación de
ningún colectivo. Además, reconoce nítidamente los derechos en cuanto
a su duración, cuantía y sus causas de suspensión y extinción, con la
aplicación del derecho de opción que hemos analizado. Finalmente,
muestra una absoluta coherencia con el resto de la normativa del
sistema de protección, coherencia que se traduce en la posibilidad de
optar, por parte del desempleado, entre reabrir el derecho anterior
con los períodos y bases que le correspondían o acogerse a la nueva
prestación generada.
Por todo ello y conforme a los argumentos que hemos expuesto, el
Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las dos proposiciones
de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Corres.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre los requisitos para
acceder a la prestación por desempleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 114; en contra, 161; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto sobre los requisitos para la obtención del
derecho a la prestación por desempleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 114; en contra, 162; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL FOMENTO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 162/000333.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL
FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. (Número de expediente 162/
000371.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa al fomento de las energías renovables, que se
debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el fomento de las
energías renovables.
Tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, energías renovables son dos palabras que suenan bien, que
todos hemos oído pronunciar alguna vez y que han utilizado muchos y
han desarrollado muy pocos, dos palabras, en fin, que significan
sobre todo futuro. Cuando hablamos de energías renovables en el más
amplio significado de la palabra tenemos necesariamente que
referirnos a elementos positivos no sólo en el ámbito socioeconómico
sino también en el medioambiental, pero también debemos destacar la
eliminación de aspectos claramente negativos de las energías
convencionales. ¿Somos conscientes de que el 75 por ciento de las
emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero provienen de
energías no renovables? ¿Somos conscientes de que en el plazo de ocho
años, con el uso de fuentes renovables habremos evitado en torno a 42
millones de toneladas de emisiones de CO2? (Rumores.) ¿Somos
conscientes de que un archipiélago como el canario, aprovechando sus
características y desarrollando energías como la eólica o la solar,
podría acercarse mucho a la autosuficiencia en materia energética?
¿Somos conscientes de que, de continuar el incremento de necesidades
energéticas, la Unión Europea necesitará importar dentro de 25 años
el 70 por ciento de la energía? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mato, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor MATO ADROVER: ¿Somos realmente conscientes de que si
queremos un futuro energético mejor en términos de competitividad, de
impacto medioambiental y de desarrollo regional, debemos apostar
decididamente por una política de energías renovables en la que el
uso de las tecnologías limpias
deje de ser la excepción para convertirse en lo habitual? Desde el
Partido Popular apostamos claramente por ello, y de ahí, entre otras
ya debatidas en esta Cámara, la iniciativa que hoy defiendo y que,
proviniendo de este diputado, y dadas las especiales características
de las Islas Canarias y su enorme potencial para desarrollar energías
limpias, se ha centrado con mayor intensidad en la energía solar en
zonas insulares, pero que evidentemente hacemos extensiva a la
totalidad del territorio español, y a otras energías como la eólica,
la hidroeléctrica o biomasa, por lo que en ese sentido hemos
presentado las enmiendas que ya también defiendo.
La iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular presenta ante el
pleno, como sin duda SS.SS. conocen perfectamente, tiene su origen en
la Ley del Sector Eléctrico del año 1997, que en su disposición
adicional sexta señalaba la voluntad de que en el año 2010 las
fuentes de energías renovables cubrieran un mínimo del 12 por ciento
del total de la demanda energética de nuestro país. En tal sentido,
se estableció un mandato al Gobierno para que aprobase un Plan de
fomento de energías renovables, mandato que cumple el Gobierno
mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 1999
aprobando dicho plan y que viene a concretar el objetivo de que en el
año 2010 esas fuentes de energías renovables cubrieran el mínimo del
12 por ciento, planteamiento en el que también incide la Unión
Europea en iniciativas como el Libro Blanco de las energías
renovables. El Grupo Parlamentario Popular entiende que la búsqueda
de energías renovables es un hecho histórico, más aún en épocas
pasadas en las que el autoabastecimiento era la única alternativa
ante un mercado escaso. En esa búsqueda, como consecuencia de
diversas crisis de petróleo y de nuevas valoraciones
medioambientales, surge un esfuerzo decidido de I+D en el campo de
las nuevas tecnologías renovables como línea abierta para lograr un
suministro seguro que cubra una parte importante de la demanda.
Centrándome en las islas, las características de las mismas hacen que
esa búsqueda se haya convertido en un nudo central de sus estrategias
de desarrollo. Según la Agencia insular europea de las energías
renovables las islas se caracterizan en el nivel energético por su
aislamiento y extremada dependencia, por la prácticamente nula
existencia de recursos energéticos convencionales propios, por una
escala de mercados muy pequeña y por un medio ambiente excesivamente
frágil y singular. Por el contrario, las islas poseen una gran
riqueza y variedad de fuentes de energías renovables, sus economías
no son energéticamente intensivas, aunque si se considera el ámbito
de las islas europeas en su globalidad es uno de los nichos de
mercado de las renovables más importantes del mundo. La I Conferencia
europea sobre desarrollo sostenible de las islas, recogiendo las
recomendaciones generadas en la conferencia de Barbados, estableció
en sus principios declaratorios que las fuentes de energía
convencionales deben
considerarse como solución provisional para resolver a largo plazo
los problemas energéticos de las islas; baste como ejemplo afirmar
que los costes de producción eléctrica suelen triplicar en las islas
los costes de referencia continentales. Quizá por ello también han
sido múltiples las iniciativas y declaraciones conjuntas a favor de
un tratamiento especial en el nivel tecnológico, fiscal y económico
con el objeto de obtener una máxima penetración de las fuentes de
energías renovables en las islas europeas. Así, hay declaraciones
como las de Palma de Mallorca, Madeira y la más reciente de Cagliari
que abogan por esta opción. El impulso canario, todavía escaso, ha
supuesto que en estas islas las energías renovables hayan pasado de
significar una contribución del 0,1 por ciento en 1989 al 3,6 por
ciento en 1999, a la vez que se pone de manifiesto la necesidad de
consolidar una política de apoyo a las renovables mucho más ambiciosa
que las que se ha llevado hasta ahora. Baste recordar que en la
última conferencia de islas a favor de las energías renovables,
celebrada en Creta, se apostó por una campaña bajo el lema Hacia un
futuro cien por cien energías renovables. De hecho, ya existen seis
islas europeas que están desarrollando o tienen aprobados proyectos
cien por cien renovables. En el ámbito europeo se anota como un paso
decisivo la promulgación el 3 de febrero pasado de las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente, en
las que se reconoce que las medidas a favor de las energías
renovables constituyen una de las prioridades comunitarias en materia
de medio ambiente y definen las inversiones en energías renovables
como equiparables en toda su extensión a las llevadas a cabo a favor
del medio ambiente.
Otra cuestión en la que hay que profundizar es en el hecho de que las
normativas nacionales, autonómicas y locales deberían adecuarse en
términos de urbanismo y ocupación del suelo, con el fin de conceder
una clara prioridad a la implantación de instalaciones de producción
de energías renovables. Es en ese punto donde se produce muchas veces
la colisión entre los beneficios de las instalaciones y la
preservación de la estética en el medio ambiente. Aquí me viene a la
cabeza claramente una polémica reciente en la propia isla de La
Palma, en la que se han instalado dos torres o molinos de energía
eólica en el aeropuerto y que evidentemente impactan por sus
dimensiones, pero la energía limpia que produce sólo uno de ellos es
suficiente para el abastecimiento de todas las instalaciones
aeroportuarias. Nos podemos preguntar: ¿No es importante evitar,
además del deterioro paisajístico, el constante y masivo deterioro de
nuestra maltrecha atmósfera? Sinceramente creo que sí.
Desde el Grupo Popular consideramos que uno de los problemas más
importantes para llevar a cabo estas actuaciones es de orden
financiero. Debemos ser conscientes de que determinadas energías
renovables requieren grandes inversiones iniciales, igual que ha
sucedido
históricamente con otras energías. Podemos afirmar, pues, que el
desarrollo de estas energías exige esfuerzos políticos y económicos
extremadamente importantes y tales esfuerzos sólo darán fruto si van
acompañados de una verdadera política de demanda encaminada
a racionalizar y estabilizar el consumo de energía.
El Plan de fomento de energías renovables aprobado por el Gobierno
representa para España una oportunidad en numerosos ámbitos: para el
desarrollo del moderno tejido industrial en el sector con grandes
expectativas, para favorecer la seguridad del suministro al potenciar
energías autóctonas, para contribuir a reducir el impacto ambiental
asociado al sector energético y al configurarse como una de las
acciones clave para la lucha frente el cambio climático. Este plan
constituye sin duda alguna una de las líneas básicas de actuación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía y, por tanto, sobre su base,
tenemos que seguir potenciándolo para lograr ese reto del 12 por
ciento en el 2010.
Por último, y en relación con la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), valoramos muy
positivamente la primera parte de la misma, por cuanto amplía el
alcance de la presentada por mi grupo y son claramente coincidentes
en cuanto a la filosofía de apoyo a las energías renovables en su
conjunto. También coinciden con la enmienda presentada por mi grupo.
En relación con la segunda parte de la misma, y siendo el plan un
instrumento básico de la política ambiental y energética y, por
tanto, de competencia estatal y ligado al cumplimiento de objetivos
de carácter global, nacidos de los compromisos adquiridos por el
Gobierno de España ante la Comisión Europea, en el marco de un
mercado único energético, no parecería conveniente compartimentar las
actuaciones, siendo necesario obtener el máximo rendimiento de los
fondos del plan, lo que desaconsejaría la dispersión territorial de
los fondos.
Por otra parte, por lo que se refiere a los fondos y ayudas, no
deberían de estar solamente supeditados a los consumos energéticos,
sino a otras consideraciones como la oferta, tal como lo ha planteado
la enmienda del Grupo Mixto. Todo ello, lógicamente, sin perjuicio de
reconocer que en este mismo contexto ambiental y energético la
colaboración de las comunidades autónomas y la coordinación de sus
actuaciones y esfuerzos con el Gobierno de España es absolutamente
necesaria, tanto en la definición como en la puesta en marcha de las
medidas que impulse el plan.
Por todo ello, y a la vista de la enmienda transaccional sugerida por
Convergència i Unió, y que luego presentarán al Pleno, que creemos
que engloba perfectamente tanto la enmienda del Grupo Mixto como la
presentada por el Grupo Socialista y la presentada por mi propio
grupo, anuncio la aceptación de la citada
enmienda transaccional, confiando en que sea apoyada por todos los
grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), señor Sánchez i Libre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado esta proposición no de ley con el
objetivo de impulsar, promocionar y potenciar el fomento de las
energías renovables, de la eficiencia energética y de los sistemas de
generación de energía descentralizados, como son los sistemas de
cogeneración y las microturbinas, con el objetivo básico de conseguir
dos asuntos a nuestro entender muy interesantes. En primer lugar,
alcanzar como mínimo el 12 por ciento de la aportación de las
energías renovables a la demanda energética de España en el horizonte
del año 2010 y, en segundo lugar, en la dirección de reducir, de
acuerdo con la cumbre de Kioto, las emisiones de gas que provocan el
efecto invernadero, a lo que España se ha comprometido, pasando de un
25 por ciento previsto para el año 2010 hasta el 17 por ciento. Por
lo tanto, hay el compromiso de una reducción de ocho puntos en esta
dirección. Para ello es necesario crear y promover una cultura entre
los ciudadanos y los agentes sociales dirigida al uso racional de la
energía, al ahorro energético y a la utilización de energías
renovables y menos contaminantes. Es cierto también que en España se
ha producido una reducción de una tercera parte de su dependencia del
petróleo a partir de un grado de dependencia en un balance energético
de un 70 por ciento en el año 1980 hasta un 50 por ciento en la
actualidad. De manera paralela también se ha reducido la intensidad
energética industrial como consecuencia de la aplicación de energías
renovables y de cogeneración. Sin embargo, a pesar de estos pasos
cualitativamente importantes, también es una realidad que España
continúa siendo deficitaria en recursos energéticos. En este sentido
Convergència i Unió ha presentado esta iniciativa, dirigida a los dos
puntos fundamentales que antes he mencionado.
Como saben SS.SS., el Plan de energías renovables define unas áreas
técnicas de actuación que básicamente están subdivididas en seis: la
aplicación de las nuevas tecnologías en la biomasa, el fomento de la
energía eólica, el incremento de las producciones de energía
hidráulica junto con el fomento de la aplicación de energías solares
y, por descontado, el fomento de energías procedentes de los residuos
urbanos. También se incluye un plan de financiación importante, que
va desde las aportaciones que han de hacer los promotores
industriales en dichos sistemas energéticos hasta los porcentajes que
corresponden a la financiación de recursos ajenos. Y, como no podía
ser de otra forma, también están contempladas las posibilidades de
ayudas públicas y subvenciones para poder promover la aplicación de
dichas energías renovables. Asimismo, en el Plan de fomento de las
energías renovables existe un marco de actuación de incentivos
fiscales y de subvenciones, así como de coordinación de las
diferentes comunidades autónomas implicadas y de los entes locales en
los que se va a ubicar la implementación de energías renovables.
Otro capítulo que contemplamos en nuestra proposición no de ley es el
incremento de la autoproducción y del autoconsumo y de las energías
procedentes de la cogeneración. Como saben SS.SS., la cogeneración ha
sido reconocida en la Unión Europea como una de las tecnologías clave
para la consecución de un desarrollo sostenible. En el año 1997 el
Consejo de Europa estableció como objetivo doblar la cantidad de
electricidad proveniente de la cogeneración, esto es, del 9 por
ciento al 18 por ciento en el año 2010. Pues bien, en 2001 la Unión
Europea ha equiparado la cogeneración a las energías renovables en
relación con las ayudas estatales a favor del medio ambiente,
considerando la Comisión que las medidas a favor del ahorro
energético, como la cogeneración y la autoproducción, pertenecen a la
categoría de medidas de protección del medio ambiente. En la
actualidad, las plantas de cogeneración que se encuentran operativas
en España suponen el 14 por ciento de la electricidad consumida.
Por otra parte, dentro del Plan de fomento de energías renovables
están perfectamente especificadas todas aquellas cuestiones que se
refieren a la eficiencia energética. Se trata de un plan de fomento
de energías renovables proveniente de la Unión Europea en el que se
dispone de un plan de fomento de la eficiencia energética cuyos
objetivos están encuadrados en tres áreas fundamentales, como es el
estímulo de las medidas de eficiencia energética en todos los
sectores, incentivar las inversiones orientadas a la conservación de
energía por parte de los consumidores privados y públicos de la
industria y crear condiciones para mejorar la intensidad energética
del consumo final. En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado esta proposición no de ley, en la
que se engloba el campo de actuación de las energías renovables, el
ámbito de actuación en el campo de la cogeneración y de la
autoproducción y todas aquellas cuestiones referidas a la eficiencia
energética contempladas en el programa SAVE de la Unión Europea, con
una cantidad que se cifra en 66 millones de euros.
En esta proposición no de ley se recoge la necesidad -a nuestro
entender, básica y fundamental- de territorializar los fondos y las
ayudas dirigidas al impulso de las energías renovables, así como de
establecer las medidas de eficiencia energética y los sistemas de
generación de energía de tipo descentralizado -que
son los que antes he mencionado de cogeneración y autoconsumo-,
conforme a las necesidades de cada comunidad autónoma. En la toma de
las correspondientes medidas fiscales, estructurales y ayudas
directas es necesaria la coordinación de la actuación de los
ministerios correspondientes, así como la participación de las
diferentes comunidades autónomas y entes locales.
A esta proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) se han presentado diferentes enmiendas,
concretamente una del Grupo Parlamentario Popular, otra del Grupo
Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Mixto. En
aras a conseguir un consenso por parte de todos los grupos de la
Cámara y dada la importancia que a nuestro entender tienen los
objetivos que se buscan con las diferentes propuestas y, por qué no
decirlo, en la misma dirección que persiguen los grupos enmendantes,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a presentar
una enmienda transaccional, que voy a hacer llegar a la presidencia
de la Cámara, en la que se recogen las iniciativas y las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular; una parte importante,
por no decir al cien por cien, de las pretensiones del Grupo
Parlamentario Mixto y hacemos extensiva nuestra enmienda
transaccional a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pues
recogemos prácticamente en el fondo, aunque no en la forma, la
aplicación de todas aquellas actuaciones que van dirigidas al uso y
fomento de las energías renovables, al uso y fomento de la
cogeneración y la autoproducción y también al fomento de la
eficiencia energética.
Señorías, hemos concretado en tres puntos la enmienda transaccional
que planteamos y que vamos a someter a la votación de esta Cámara. Un
primer punto lo basamos en la coordinación de los diferentes
ministerios con las comunidades autónomas, en el sentido de que se
continúe impulsando la financiación, promoción y difusión de la
utilización de las energías renovables, así como también la
cogeneración y autoproducción que permitan potenciar el cumplimiento
del Plan de fomento de las energías renovables. En otro punto
importante de la misma recogemos que se elabore un plan, en
colaboración con las comunidades autónomas, que incluya el diseño de
las actividades de eficiencia energética previstas también en el Plan
de las energías renovables, cuya puesta en funcionamiento se
considera imprescindible para el cumplimiento de los objetivos
energéticos establecidos para estas fuentes de energía. A nuestro
entender, otro punto importante es potenciar todas aquellas energías
relacionadas con la energía solar y la biomasa diseñadas en el Plan
de fomento de las energías renovables. Por este motivo solicitamos
que nuestra enmienda transaccional sea aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular, así como por el Grupo Parlamentario Socialista
y por el Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones no
de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señora presidenta, señorías, voy a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las dos
proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Popular y por
Convergència i Unió. Voy a empezar por referirme a la proposición no
de ley del Grupo Popular, con respecto a la cual el Grupo Socialista
tiene que manifestar que esta proposición no de ley es una falta de
respeto al Parlamento, ya que el partido del Gobierno presenta una
proposición no de ley para que el Gobierno dé cumplimiento a un
acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 1999, el Plan
de fomento de energías renovables. Es todo un contrasentido, pero
refleja una enorme desconsideración a los propios acuerdos de esta
Cámara, ya que el 19 de diciembre del año 2000, va a hacer un año, el
Grupo Popular también presentó otra proposición no de ley que fue
aprobada por la Cámara para activar ese mismo Plan de fomento de las
energías renovables, que fue presentado por el Gobierno un año
después de su aprobación en Consejo de Ministros. No cabe más
irresponsabilidad, primero, del Gobierno, que tarda un año en
presentar el Plan de fomento de las energías renovables al Congreso
después de aprobarlo en Consejo de Ministros en el año 1999, y
segundo, del propio Partido Popular, que como ve que su Gobierno no
cumple ese Plan de fomento de las energías renovables, en vez de
ejercer como partido de Gobierno, presenta dos proposiciones no de
ley, una en el año 2000 y otra en el año 2001 para pedir a su propio
Gobierno que cumpla un acuerdo de Consejo de Ministros. Además, la
proposición no de ley del Grupo Popular es absolutamente confusa. Se
titula de energías renovables, pero en realidad se refiere sólo a la
energía solar. Ahora, en las innumerables enmiendas y autoenmiendas
que me han ido pasando, se habla ya de las otras tecnologías
renovables y especialmente en las zonas insulares; después han
incluido Almería; más tarde, en una tercera autoenmienda, se habla ya
de la plataforma solar de Almería. ¿Y por qué no en Murcia? ¿Y por
qué no en otras comunidades autónomas? ¿Y por qué no en todo el
Estado español? Como ya nos tiene acostumbrados el Grupo Popular, es
una proposición no de ley que no se compromete a nada en concreto ni
fija los objetivos ni las medidas concretas que el Gobierno ya está
comprometido a cumplir por el acuerdo del Consejo de Ministros al que
he hecho referencia. Su autoenmienda, la enmienda que ha presentado
el Grupo Popular a su propia proposición no de ley, no mejora, sino
que añade más confusión. Lo que el Gobierno y el Grupo Popular tienen
que hacer ya es venir a este Parlamento a rendir cuentas y a explicar
en el Congreso y a la ciudadanía
por qué el ministro de Economía y el presidente del Gobierno no
tienen ningún interés en cumplir los compromisos adquiridos en el
Plan de fomento de las energías renovables, porque lo que esta
proposición no de ley del Grupo Popular encubre y oculta es la falta
de voluntad política del Gobierno y del Partido Popular por impulsar
las energías renovables y el manifiesto incumplimiento de los
objetivos de dicho plan.
Pediría a los diputados del Grupo Popular que han hecho esta
proposición no de ley que lean lo que su propio Gobierno publica,
concretamente, el último boletín del IDAE del mes abril del año 2001,
donde se hace ya un balance del cumplimiento de ese Plan de fomento
de las energías renovables en cada una de las tecnologías. Les voy a
leer muy rápidamente lo que dice el Gobierno en ese boletín del
Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, concretamente se
refiere al ritmo de cumplimiento de los objetivos con respecto a
potencia instalada. En lo que se refiere a energía eólica solamente
en el año 2000 se ha cumplido el 10,5 por ciento de los objetivos y
es un balance que en esta tecnología de energía eólica se puede
incluso aceptar. En cuanto a la energía solar térmica el balance es
de un cumplimiento de un 0,8 por ciento, solamente se han instalado
36.000 metros cuadrados de paneles solares cuando, por ejemplo, en
Alemania en el año 2000 se han instalado más de 600.000 metros
cuadrados. Con respecto a la energía solar fotovoltaica en el año
2000 solamente se ha cumplido el 1,9 por ciento de los objetivos. Con
respecto a la energía solar termoeléctrica, que yo no sé si saben
ustedes lo que es, pero es precisamente lo que se investiga en la
plataforma solar de Almería, el cumplimiento de los objetivos del
Plan de fomento de energías renovables es cero por ciento, de 200
megavatios no se ha hecho absolutamente nada, porque el Gobierno
todavía no ha publicado la prima que va a darle a la energía solar de
alta temperatura. Con respecto a la biomasa, que cubre más del 60 por
ciento de los objetivos del Plan de fomento de las energías
renovables, según el IDAE en el año 2000 solamente se ha cumplido el
0,8 por ciento de los objetivos del plan.
Con respecto a las ayudas, frente a una facturación del sector de
renovables de 2,2 billones de pesetas, las ayudas solamente han sido
43.000 millones de pesetas, un 1,9 por ciento de la facturación de
renovables. En el año 2000 el consumo de estas tecnologías de
renovables ha supuesto el 3,7 por ciento del consumo de energía y en
el año 1998 suponían el 3,5 por ciento del consumo de energía, es
decir, ustedes van avanzando a una décima por año en el incremento
del consumo de energías renovables, hasta llegar al 12 por ciento es
absolutamente imposible cumplir los objetivos sin ayudas adicionales.
Es más, para cumplir los objetivos del Plan de energías renovables
necesitaríamos, a este ritmo, aproximadamente unos cien años más.
Con este balance, y esto está escrito por el IDAE, no se entiende la
proposición no de ley del Partido Popular sino como una manera de
llenar el orden del día del Pleno, como una falta de seriedad con
respecto a esta Cámara y a los señores diputados y como una manera de
engañar a los ciudadanos hablando de energías renovables cuando no
hay ninguna intención de impulsarlas. Porque si ustedes tuvieran
verdadero interés en ello, en esta proposición no de ley del Partido
Popular tendrían que hablar de cuál es el posicionamiento del
Gobierno y del Partido Popular con respecto al cumplimiento de la
Directiva sobre promoción de fomento de las energías renovables que
recientemente ha aprobado la Unión Europea o tendrían que hablar de
la reducción de emisiones de CO a la atmósfera, al ser España el 2
Estado de la Unión Europea que más ha incrementado la contaminación
atmosférica. También tendrían que hablar de las peticiones que los
empresarios de fotovoltaica han hecho al ministro de Economía y al
propio presidente del Gobierno, sin que hasta ahora se les haya dado
respuesta sobre su malestar por las trabas que las compañías
eléctricas aún ponen a la energía solar y por la redistribución de
las primas a la energía solar. Tratándose de zonas insulares, como
dice la proposición no de ley, habría que hablar también de la solar
de alta temperatura, de la solar termoeléctrica, que no tiene todavía
prima por parte del Gobierno.
Yo esperaba que aprovecharían esta inmejorable ocasión para
demostrarnos a todos de qué manera el Partido Popular va a apoyar las
energías renovables y el ahorro y eficiencia energética a través del
decreto de tarifas que el Gobierno está preparando sólo con las
compañías eléctricas, planteando propuestas concretas de primas a la
energía solar, a la biomasa y, sobre todo, de ayudas a los programas
de gestión de la demanda de ahorro de energía que ustedes suprimieron
hace dos años en la tarifa eléctrica. Pero ustedes no dicen ni una
sola palabra de lo que realmente preocupa al sector de energías
renovables, ni siquiera de política energética y mucho menos de los
compromisos concretos del Plan de fomento de energías renovables, que
todavía permanecen incumplidos.
Por ello, y para que de este Parlamento pueda salir un acuerdo
creíble sobre energía solar y de apoyo a las energías renovables, el
Grupo Socialista ha presentado una enmienda que es la más razonable
que se puede presentar. Hemos cogido la página 220 del Plan de
fomento de las energías renovables aprobado por Consejo de Ministros,
en la cual se elabora una síntesis de medidas e incentivos; hemos
copiado literalmente lo que ha acordado el Consejo de Ministros del
Gobierno del Partido Popular, porque creemos que otra cosa no se
puede aprobar en el día de hoy. Queremos que se cumpla el acuerdo de
ese Consejo de Ministros y que el Gobierno del Partido Popular cumpla
con sus propios acuerdos.
Con respecto a la proposición no de ley de Convergéncia i Unió, la
consideramos más lógica y más constructiva porque introduce
elementos, como el de la cogeneración y el modelo energético
descentralizado, que nos parecen conceptos interesantes y que merecen
nuestra aprobación. Sin embargo, hemos presentado una enmienda porque
la descentralización de las gestiones que propone Convergència i Unió
creemos que no se deben limitar exclusivamente al parámetro del
consumo de energía, sino que tienen que entrar en consideración otros
parámetros, ya que hemos constatado que hay muchas diferencias muy
significativas en el esfuerzo financiero que las distintas
comunidades autónomas dedican a las energías renovables. Por otro
lado, aunque en la enmienda que ha transado Convergència i Unió y el
Partido Popular lo han quitado, me parece que la descentralización de
la gestión de las ayudas es necesaria ante el desastre de la gestión
del IDAE.
Finalmente, quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado otra proposición no de ley en la Comisión de Economía para
que se cree una subcomisión que haga un balance de los dos años de
gestión del Plan de fomento de las energías renovables. Creemos que
hay que hacer una evaluación del desarrollo y del cumplimiento de ese
plan, una evaluación de los cambios que ha habido en el escenario de
las energías renovables que contempla el plan aprobado por el
Gobierno y adoptar las medidas que correspondan en cada caso. El
Gobierno tiene que venir al Parlamento a dar cuenta de su gestión y
del cumplimiento de sus acuerdos, porque tiene que explicar a la
ciudadanía lo que está negociando a espaldas del Parlamento con las
compañías eléctricas que, en definitiva, es otra manera más de
castigar a las rentas medias y bajas de este país y seguir sin
cumplir los objetivos de impulso a las energías renovables.
Para finalizar, quisiera hacer una consideración más. Creemos,
señorías, que este es el momento más indicado para establecer
políticas de ahorro y diversificación energética y políticas de apoyo
a las energías renovables. Hace unos días, un economista americano,
Paul Krugman, decía lo siguiente: El ahorro de energía no es sólo una
señal de virtud personal sino una forma de hacer que el mundo sea más
estable. Lo más probable es que la caída del precio del crudo de hoy
prepare el terreno para la subida del precio del crudo de mañana.
Y una vez más -esto lo digo yo- el Partido Popular está exclusivamente
a lo suyo y de espaldas no sólo a este Parlamento sino al interés de
las futuras generaciones de españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El avance de la penetración de las energías renovables en la
generación de energía, prioritariamente electricidad, es realmente
importante. En la medida en que esta tendencia aumente se podrá
evitar o reducir el consumo de otras fuentes de energía de alto poder
contaminante. La tendencia actual a un incremento de la electricidad
en el consumo final de energía tiene además una repercusión favorable
en el entorno donde se utiliza, pues la electricidad es un vector
limpio. El uso de energía renovable para la producción de
electricidad constituiría el cierre de un esquema ambiental positivo.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego apoya, en principio, el
sentido de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Y lo hace porque está
claro que en esta proposición no de ley existe un fomento de
actuaciones que dan impulso a las energías renovables; se enmarca
dentro de una línea de actuación estratégica racional, orientada a un
incremento de la participación de las energías renovables que reduce
los impactos ambientales y, sobre todo, como su adjetivación indica,
se basa en un aprovechamiento de recursos autóctonos. Su
aprovechamiento no conduce a un agotamiento futuro, especialmente de
las energías solar y eólica, frente a la dependencia exterior de
otros recursos que, además, tienen graves impactos ambientales. Dado
el carácter autóctono de los recursos utilizados para producir las
denominadas energías renovables -viento, sol, agua- , compartimos que
los fondos destinados al fomento y la promoción de esas energías sea
territorializado completamente, como defiende, en principio, la
proposición no de ley de Convergència i Unió. Deben ser, por tanto,
las comunidades autónomas, que mantienen también competencias
compartidas con el Estado en materia de industria, las que gestionen
íntegramente los mismos, sin perjuicio de la coordinación necesaria
del Estado.
Con todo, nosotros hemos enmendado la proposición no de ley a la que
me estoy refiriendo, porque queremos proponer que se introduzca un
criterio añadido para que se tenga en cuenta esa territorialización
de las ayudas, ese fomento de las energías renovables, pues, además
de los consumos, debe cuantificarse la generación en cada comunidad
autónoma. De lo contrario, se permitirá que comunidades autónomas con
escasa potencia instalada procedente de recursos renovables
percibiesen una mayor parte de las ayudas, mientras que otras con
mayor generación de energía renovable se verían discriminadas.
Por otro lado, el fomento de estas energías no debe orientarse sólo a
la promoción del consumo. Diríamos que es más importante incidir en
la producción de las mismas, de manera que ese aumento de producción
por medio de fuentes renovables acarrease una disminución de otras
formas de producir electricidad altamente contaminantes. Creemos que
es más justo mantener
ambos criterios, producción y consumo, para la distribución
territorial de los fondos y ayudas al impulso de las energías
renovables, resultará más acertado, con una doble finalidad: fomentar
un consumo mayor de éstas, pero también un aumento de su producción
que permita desbancar otras producciones energéticas más
contaminantes. Es por ello que hemos presentado una enmienda al
segundo párrafo, en la que se sustituye la expresión «de acuerdo con
los consumos energéticos», por una más adecuada, que sería «de
acuerdo con una ponderación de las variables de producción y consumo
de energía».
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Pausa.)
Señor Mato, he creído entender que el Grupo Parlamentario Popular
aceptaba la enmienda transaccional. En consecuencia, ¿se somete a
votación el texto del Grupo Parlamentario Convergència i Unió con la
enmienda transaccional?
El señor MATO ADROVER: Es que la enmienda es un texto del Grupo
Popular. En todo caso, la enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Es única y exclusivamente el texto de la
enmienda transaccional. Con lo cual entendemos por retiradas las
iniciativas de los dos grupos.
De acuerdo con el contenido del debate, sometemos a votación el texto
de la enmienda transaccional a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular a las proposiciones no de ley de este mismo
grupo y del Grupo Catalán (Convergència i Unió), relativas al fomento
de las energías renovables, extensiva al resto de los grupos
parlamentarios enmendantes, puesto que las iniciativas originarias de
ambos grupos han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 175; en contra, 109; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ACCESO DE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO A LOS MEDICAMENTOS. (Número de expediente 162/000373.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el acceso de los
países en desarrollo a los medicamentos. Para la presentación
y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pajín. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio con objeto de
poder continuar con el debate.
Adelante, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae esta tarde a esta
Cámara un debate justo, solidario y de vital importancia para miles
de ciudadanos que viven en los países más pobres de la tierra.
(Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Pajín, por favor.
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Adelante, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Decía que el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara un
debate justo, solidario y de vital importancia para miles de seres
humanos que viven en los países más pobres de la tierra y en especial
para aquellos hombres, mujeres y niños que habitan en el continente
africano. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.)
Señorías, la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a
muchos países en vías de desarrollo y muy especialmente las
consecuencias del VIH-sida, la tuberculosis y el paludismo se han
situado como una prioridad en la agenda política global. Este hecho
es consecuencia de los esfuerzos de muchas ciudadanas y ciudadanos,
de muchas organizaciones sociales -algunas de las cuales se
encuentran en la tribuna del público- y de algunos partidos políticos
que han liderado en los últimos años la batalla de la justicia
social. Son esfuerzos, señorías, que se fueron sumando y agrupando
progresivamente para converger de forma unitaria en la reciente
cumbre interministerial de la Organización Mundial del Comercio
celebrada en Qatar.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista sabemos que no nos
enfrentamos a un problema estadístico. Hablamos de derechos tan
elementales como el derecho a la vida y a la salud. Hablamos,
señorías, de la dignidad de muchos seres humanos, de la posibilidad
real y, sobre todo, de la necesidad de mejorar un problema moral, un
problema político y un problema de credibilidad social. A día de hoy
más de 30 millones de personas afectadas por el sida no tienen acceso
a medicamentos. A día de hoy, señorías, en el África subsahariana,
donde habitan las dos terceras partes de personas seropositivas, sólo
recibe tratamiento contra el sida el 0,1 por ciento de los pacientes.
En esa misma zona se da además el 90 por ciento de los casos de
malaria y en el conjunto de los países pobres se da el 95 por ciento
de los
muertos por tuberculosis. Ellas y ellos, señorías, son la razón y los
auténticos protagonistas que nos han impulsado a presentar y a
defender la proposición no de ley sobre el acceso de los países en
desarrollo a los medicamentos genéricos.
No podemos obviar, señorías, que desde la pasada cumbre
interministerial de la Organización Mundial del Comercio nos hemos
adentrado en una nueva etapa. Hace unas semanas teníamos un reto que
consistía en la modificación del acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de la propiedad internacional relacionados con el comercio.
Este es el acuerdo internacional más importante sobre protección de
patentes, copyrights y marcas comerciales dentro del ámbito sanitario
que establecía un plazo, como saben, de 20 años para las patentes de
medicamentos. Es decir, en la práctica, los titulares de la patente
tenían el monopolio de la producción durante ese período, lo que daba
lugar a dos consecuencias, por un lado, al incremento de los precios,
por el otro, limitaba la capacidad de los países en desarrollo de
fabricar o importar productos genéricos más asequibles como
alternativa a las marcas conocidas. Les voy a poner un ejemplo muy
claro. Con las marcas conocidas de la terapia triple contra el sida
oscilan los precios entre 1.974 y 3.971 dólares, una cifra que
contrasta claramente con el precio de la misma terapia con
medicamentos genéricos, que se sitúa en una horquilla de entre 350 y
600 dólares.
Señora presidenta, señorías, lo que hasta hace pocos días era un
desafío es hoy una oportunidad. El acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad internacional relacionados con el comercio
contiene ahora importantes posibilidades entre las que debemos
destacar las siguientes. El reconocimiento del problema y la
necesidad de que la Organización Mundial del Comercio, en general, y
el acuerdo citado, en particular, busquen soluciones concretas y
rápidas. Se subraya que el acuerdo no puede impedir que los gobiernos
adopten medidas para proteger la salud pública promoviendo el acceso
a los medicamentos. Se reconoce además una serie de flexibilidades
tales como el derecho de los Estados a conceder licencias
obligatorias, que supone la posibilidad de otorgar licencias a
terceras partes sin el consentimiento del titular de la patente a
cambio de una adecuada disposición. Reconoce por tanto el derecho
a determinar lo que constituye una emergencia nacional sanitaria y la
contemplación del problema que supone la fabricación de medicamentos
en Estados que no tienen la capacidad de producirlos, encomendando al
consejo del acuerdo que encuentre una pronta solución al problema.
Por otro lado, se reafirma el compromiso de los países desarrollados
de ofrecer a sus empresas e instituciones incentivos destinados a
fomentar la transferencia de tecnología a los países menos
adelantados.
Señorías, es absolutamente imprescindible que la Unión Europea asuma
su responsabilidad, que impulse
la búsqueda de mecanismos que permitan a los países pobres sin
capacidad de producción de medicamentos hacer uso precisamente de esa
capacidad de importación reconocida en dicho acuerdo; una
responsabilidad de la que tampoco puede abstraerse el Gobierno a la
hora de impulsar el programa de aceleración de la lucha contra el
sida, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de
la pobreza y, muy especialmente, las relativas al desarrollo de la
capacidad local de producción de medicamentos.
Señorías, la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y el
Grupo Parlamentario Socialista esperan que el Gobierno español tome
conciencia de la importancia de esta oportunidad, esperan un
ejercicio de voluntad política firme y solidaria llevado a cabo esta
tarde en esta Cámara. El próximo 1 de enero comienzan los seis meses
de presidencia española de la Unión Europea y no existe mejor
escenario ni mejor momento para expresar el compromiso de nuestro
país con la dignidad, la igualdad y la justicia. Del consenso de esta
Cámara, señorías, depende hoy que nuestro país lidere esta causa
solidaria como lo han hecho ya países como Francia y Alemania. Si lo
conseguimos -y tengo la gran esperanza de que así será-, estaremos
construyendo un peldaño más en la escalera de la igualdad de
oportunidades y de la justicia social entre todos los ciudadanos de
nuestro planeta. Ahora bien, es al Gobierno a quien le corresponde
asumir los compromisos de esta Cámara con responsabilidad y con
firmeza. Esperamos que así sea y que no tengamos que volver a
advertir las distintas posiciones mantenidas por la señora ministra
de Sanidad. Con el deseo de que este compromiso empiece esta tarde
aquí, los grupos hemos llegado a un acuerdo, a una enmienda
transaccional con esa voluntad de que hoy salga de esta Cámara una
nueva esperanza para miles de personas que viven, como decía,
fundamentalmente en el continente africano; una transaccional que ha
intentado recoger el espíritu de los grupos que han presentado
enmiendas y que el Grupo Parlamentario Socialista entregará a la
presidencia para su votación; una transaccional que dice en primer
lugar que esta Cámara acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por
la IV conferencia ministerial celebrada en Qatar respecto de los
derechos de propiedad intelectual en relación con la salud pública de
los países en vías de desarrollo. En segundo lugar, insta al Gobierno
a que durante el semestre de la presidencia y en el siguiente impulse
con el resto de los países de la Unión Europea la concreción en el
seno de la Organización Mundial del Comercio -antes del final de 2002
y de acuerdo con el punto 6 de la declaración de Doha- el marco más
adecuado y las medidas necesarias que permitan el acceso a los
medicamentos esenciales por parte de los países con inexistente
capacidad industrial. Por último, insta al Gobierno a que continúe
impulsando las actuaciones previstas en el programa de
acción de la Unión Europea de aceleración de la lucha contra el sida,
la malaria y la tuberculosis.
Señorías, esperamos que el consenso al que se pretende llegar en esta
Cámara sea acogido por el Gobierno con firmeza y con voluntad
política, con el deseo de que la presidencia de la Unión Europea
sirva como motor para que estos acuerdos de Doha se desarrollen en
todas sus facultades. Les anunciamos, señorías, que el Grupo
Parlamentario Socialista será beligerante en la exigencia del
cumplimiento de estos acuerdos y que no escatimará energía ni
iniciativas para que así se produzca. Con ese espíritu y con la
sensación de que hoy llegamos a un acuerdo positivo para miles de
personas, agradezco la actitud de todos los grupos parlamentarios
para lograrlo y el trabajo de miles de organizaciones no
gubernamentales que han hecho posible que ese acuerdo entre en la
agenda política de todos los países de la Unión Europea.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pajín.
A continuación intervienen los grupos que han presentado enmiendas,
en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quisiera felicitarnos porque no es
habitual en esta Cámara que alcancemos acuerdos de este tipo. Ya que
tantas veces hemos mostrado nuestro desacuerdo con mi colega diputado
por Málaga, señor Izquierdo, creo que está bien que nos congratulemos
de que vamos a alcanzar un consenso. Es importante que la ciudadanía
entienda que el Parlamento español, por unanimidad, va a respaldar un
tema de gran trascendencia, en un momento en el que, precisamente, la
humanidad no tiene muchos motivos para la alegría ni para la
satisfacción, fundamentalmente en los países más pobres, donde la
miseria está a la orden del día. Por tanto, aunque sea un pequeño
inicio solamente, tenemos que mostrar nuestra satisfacción y alegría
por este acuerdo. Nosotros que tantas veces nos hemos situado y nos
seguiremos situando frente a la Organización Mundial del Comercio,
porque entendemos que es una organización que la mayoría de las veces
se sitúa enfrente, por no decir en contra, de los países y pueblos
menos desarrollados, creemos que en este momento teníamos que saludar
dicho acuerdo. A partir de aquí, nosotros hemos presentado dos
enmiendas con la intención de alcanzar esa enmienda conjunta que
finalmente vamos a votar; me excuso de defenderlas, dado que hay un
acuerdo sobre una transaccional y es mucho más importante resaltar
ese espíritu de consenso con el que el Parlamento español respalda
una ilusión y una iniciativa muy positiva que defender posturas
puntuales de nuestro grupo. Nosotros esperamos
que esa sensibilidad que hoy se demuestra no sea flor de un solo día,
sino que, como se decía, nazcan mil flores y crezcan mil rosas; que
sea el inicio de que en el futuro vamos a seguir respaldando y
apoyando en este Parlamento iniciativas que sirvan de esperanza a
millones y millones de seres humanos que, hoy por hoy, no tienen como
futuro nada más y nada menos que la desesperación.
El tema de los medicamentos es muy importante, porque es triste y yo
diría que miserable que alguien pretenda enriquecerse a costa de la
miseria y de las enfermedades de gran parte de la humanidad. Esa
circunstancia se sigue dando y hay que combatirla, porque no hay nada
más injusto que el que las multinacionales pretendan hacer grandes
negocios a costa de las enfermedades y a costa de los más
desfavorecidos. Por tanto los más desfavorecidos tienen que tener el
respaldo de esta Cámara y en ese sentido va nuestra propuesta
y nuestro voto. Por eso termino felicitándonos porque hoy aquí
lleguemos a un acuerdo unánime.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señor Centella, muchas gracias por su dedicatoria. Nosotros
acostumbramos a llegar a acuerdos. Si usted estudia un poquito la
historia de la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, que se creó por impulso de la Cámara en la legislatura
pasada a partir de la Ley de cooperación, comprobará que el acuerdo
ha estado presente en el 95 por ciento de los temas, porque son temas
para el acuerdo. Este Gobierno y cualquier gobierno necesita el
impulso y el acuerdo de la Cámara.
Señorías, el pasado 25 de abril, la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo aprobaba por unanimidad una enmienda
del Grupo Parlamentario Popular por la cual se instaba al Gobierno a
impulsar, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, una
revisión del acuerdo de derechos de la propiedad intelectual
relacionados con el comercio, ADPIC o TRIP, en siglas inglesas, con
el fin de garantizar a todos los países el derecho de producir,
importar y comercializar medicamentos eficaces y a un precio
asequible o más baratos para hacer frente a sus necesidades
sanitarias. Debatíamos una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en aquella ocasión y hubo
un acuerdo unánime de la Comisión en ese sentido. El Gobierno de
España a partir de ese momento y antes también ha trabajado,
señorías, con intensidad para ello en el seno de la Unión Europea y
ante las organizaciones internacionales; prueba de ello es la
declaración formulada por el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en la IV
conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio
celebrada en Doha, Qatar, del 9 al 14 de este mes de noviembre;
declaración, señorías, que traemos al Pleno de la Cámara con el firme
propósito de verla reflejada en el «Diario de Sesiones» para
conocimiento de sus señorías, porque además consideramos que es
justo. Decía Rodrigo Rato en Qatar hace muy pocos días: «Otro de los
temas a los que España da una gran importancia se refiere a las
necesidades de los países afligidos por epidemias y crisis sanitarias
graves. Creemos indispensable prestar a este tema nuestra mayor
atención asegurando que puedan beneficiarse de la flexibilidad en el
acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad
intelectual relacionados con el comercio para favorecer el acceso
efectivo e inmediato a los medicamentos de sus poblaciones».
La posición firme de España, señorías, y de muchos otros países -60
países en vías de desarrollo- tiene como resultado la aprobación en
Qatar de una declaración relativa a los TRIP y a la salud pública,
cuyo epígrafe 4 conviene también traer al «Diario de Sesiones» del
Pleno del Congreso de los Diputados. Convenimos, dice la declaración
de Doha, en que el acuerdo sobre los TRIP no impide ni deberá impedir
que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En
consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el
acuerdo sobre los TRIP, afirmamos que dicho acuerdo puede y deberá
ser interpretado y aplicado de forma que apoye el derecho de los
miembros de la Organización Mundial del Comercio de proteger la salud
pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos
para todos.
Efectivamente, señorías, el sistema de protección internacional de la
propiedad intelectual contenido en el acuerdo sobre los TRIP,
adoptado en Marrakech, ha suscitado una gran polémica internacional
porque supone de facto una traba al libre acceso a los medicamentos,
es decir, al derecho a la salud pública, sobre todo en los países
menos desarrollados. Se trata de un conflicto entre dos intereses
legítimos en presencia: los de los titulares de las patentes
farmacéuticas y los de las personas que necesitan medicamentos,
aunque carezcan de recursos económicos. A nosotros, señorías, como a
ustedes, siempre nos gusta hablar de personas. Tanto España como la
Unión Europea consideran que los derechos de la propiedad intelectual
confieren un estímulo imprescindible para fomentar la creatividad y
la innovación y también han manifestado reiteradamente -España y la
Unión Europea- su compromiso con la búsqueda de soluciones para
facilitar el acceso a medicamentos asequibles en los países en vías
de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud ha apoyado
expresamente esta interpretación de compromiso del acuerdo TRIP de
modo que pueda compatibilizarse, señorías, el acceso a los
medicamentos esenciales, que
forman parte del derecho humano a la salud, con la adecuada
protección, mediante patentes, de las invenciones farmacéuticas, por
cuanto constituyen un incentivo para la investigación y el desarrollo
de nuevos medicamentos. Prueba del compromiso español y europeo es el
programa de acción para combatir las grandes enfermedades
transmisibles, el sida, la malaria y la tuberculosis, adoptado por la
Comisión el 21 de febrero de 2001.
El Grupo Parlamentario Popular quiere poner de manifiesto y agradecer
hoy el impulso que Médicos sin Fronteras viene realizando desde hace
años para favorecer el acceso de los países en vías de desarrollo a
medicamentos esenciales. Si se me permite personalizar, lo haría,
aunque no esté bien, en Amalia Navarro, coordinadora del programa
para España, que ha visitado a todos los grupos parlamentarios. En
nuestro grupo, aparte de a la Comisión de Cooperación, que tengo el
honor de dirigir, agradezco el impulso y la colaboración de nuestro
portavoz en la Comisión de Sanidad, don Mario Mingo, y del portavoz
en la Comisión de Economía, don Vicente Martínez-Pujalte.
Señorías, Médicos sin Fronteras considera que el acuerdo TRIP de la
Organización Mundial del Comercio, aunque establece unos estándares
mínimos para la protección de las patentes que todos los miembros de
la OMC deben cumplir, también incluye leyes que contrarrestan los
efectos negativos de dicha protección. El problema está en la
interpretación del acuerdo a nivel práctico, tanto ahora como a
partir de 2006, año en que incluso los países en vías de desarrollo
se integrarán en el sistema. En este sentido consideramos un notable
avance, como se ha dicho aquí, la declaración adoptada por la
Organización Mundial del Comercio en Qatar, que vincula el acuerdo
sobre los TRIP a la salud pública, una declaración en siete puntos,
impulsada también por España y que viene a concretar aspectos
fundamentales del acuerdo sobre patentes en exceso sujetos a
interpretación. Algunos aspectos del problema han quedado ciertamente
en el aire. Así, el punto 6 de la declaración de Doha reconoce que
algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio, cuyas
capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son
insuficientes o inexistentes, podrían tropezar con dificultades
insalvables para hacer uso efectivo de las licencias obligatorias con
arreglo al acuerdo sobre los TRIP. La declaración encomienda al
consejo de los TRIP que encuentre una pronta solución a este problema
e informe al respecto al consejo general antes de finales del año
2002.
Celebramos la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo
Parlamentario Popular, ante la presidencia española de la Unión
Europea, ha presentado una iniciativa similar ante la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Otros grupos
parlamentarios han presentado iniciativas parecidas en el pasado
reciente e incluso lo van a hacer en el futuro inmediato. Nuestra
intención, como la del resto de los grupos, ante una cuestión de
tanta importancia e indudable
trascendencia ha sido que todos los grupos parlamentarios
suscribiéramos una iniciativa conjunta que reflejara la posición
inequívoca que España mantiene ante la comunidad internacional. Por
eso todos los grupos parlamentarios hemos redactado una enmienda
sobre la base de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y
del resto de las enmiendas presentadas. Nosotros retiramos la
enmienda que habíamos formulado a la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y entregamos a la presidencia de la Cámara
el texto de dicha transaccional, que aceptamos y vamos a apoyar.
Gracias, señorías, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Izquierdo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sube a la
tribuna, como el resto de los grupos, con satisfacción por el acuerdo
alcanzado a lo largo de esta tarde en relación a la iniciativa del
Grupo Socialista y quiere aprovechar estos momentos para saludar a
los representantes de Médicos sin Fronteras que nos acompañan en esta
sesión. También queremos afirmar, como se ha dicho en algunas de las
intervenciones que se han producido, que esta -no la decisión que hoy
vamos a tomar sino la del 14 de noviembre- es una decisión de la
comunidad internacional tomada por la presión de la sociedad civil
organizada. Junto con el acuerdo de Ottawa sobre supresión de las
minas antipersonas, nos parece que el acuerdo de Doha, que
flexibiliza los acuerdos TRIP en relación con los fármacos para los
países en vías de desarrollo, demuestra que una sociedad civil
cosmopolita, organizada, con capacidad de presión a los poderes
políticos y a los económicos, es capaz de modificar la agenda
política. Si hoy en esta Cámara nos podemos felicitar los grupos
políticos por el acuerdo de Doha, es porque durante muchos meses,
quizá durante muchos años, la gente de Médicos sin Fronteras, la
gente de Intermón y determinados gobiernos han apostado por esta
política. Por tanto nosotros, más que felicitar a la Cámara, a
quienes debemos felicitar es al conjunto de grupos civiles que nos
han llevado a esa situación, como también debemos felicitar al Grupo
Socialista por la oportunidad que ha tenido de obtener hoy, en fechas
cercanas al 14 de noviembre, este pronunciamiento político unánime, y
como debemos felicitar también al grupo de la mayoría por la
flexibilidad que ha tenido al respecto. Se ha recordado que en
anteriores ocasiones no sólo en la Comisión de Cooperación al
Desarrollo, sino también en la Comisión de Sanidad -y quiero recordar
que a propuesta del Bloque Nacionalista Galego-, se aprobóuna
iniciativa orientada en este mismo sentido y que
también obtuvo un apoyo unánime. Son diversas las ocasiones en las
que en el Parlamento hemos intentado impulsar la postura positiva del
Gobierno español en esta discusión a nivel internacional.
Las cifras que alcanza este drama son lo suficientemente contundentes
para que nadie, ni desde el Gobierno ni desde los grupos
parlamentarios, sea insensible a unas cifras que son de todos
conocidas; Médicos sin Fronteras e Intermón, en los documentos que
han hecho llegar a la Cámara, lo han puesto de manifiesto. La
reciente memoria del secretario general de Naciones Unidas para el
año 2001 sitúa el desastre humanitario principalmente en los países
más pobres de África, lo que cuestiona absolutamente la capacidad de
supervivencia de ese continente. Por tanto, debemos felicitarnos por
los últimos acuerdos de la OMC en ese ámbito, así como por el hecho
de que 142 Estados hayan entendido que debíamos ir a una aplicación
flexible de los acuerdos TRIP en esa materia. Es evidente que en la
contraposición -y creo que era el señor Izquierdo quien la hacía-
entre el derecho a la salud pública, el derecho a la vida y el
derecho legítimo de las industrias privadas a obtener sus beneficios,
la solución justa sólo podía estar a favor de la salud pública, y los
acuerdos de Doha avanzan en ese sentido. Pero me parece que todos
coincidimos en entender que la complejidad del drama de salud pública
en África supera la cuestión de los fármacos más baratos. Estamos
hablando de la pobreza en estos países, de la voluntad política de
sus gobiernos y de la voluntad política de la comunidad internacional
para combatir las causas estructurales que llevan a esa pobreza;
estamos hablando de corrupción y estamos hablando también, señorías,
de déficit importantes en transportes, en infraestructuras y en
formación de los propios profesionales médicos para ser capaces de
dar un tratamiento adecuado a estos remedios complejos y difíciles.
Por tanto, lo que hacemos hoy aquí y lo que se hizo el 14 de
noviembre en Doha es marcar una de las líneas de una cuestión
compleja y difícil, como es el desastre sanitario del continente
africano. Es evidente, señorías, que a propósito del acuerdo de Doha
quedan cuestiones que hay que plantear, y yo creo que el debate va a
durar unos cuantos meses. ¿Se van a poder producir genéricos y copias
con los atributos básicos exigibles? ¿Van a estar las industrias de
los países en vías de desarrollo en esas condiciones? ¿Vamos a poder
gestionar de manera inteligente y racional los posibles riesgos del
comercio paralelo respecto a estos productos? Son cuestiones que
estoy seguro de que los gobiernos y la propia industria deberán
seguir considerando, y en Doha se ha dado un primer paso. Además,
señorías, centrándome en la perspectiva de la política del Estado
español, es evidente que también nos conviene la existencia de una
política pública del Gobierno en esta materia, una política pública
contundente y que sea capaz de comprometer de verdad a la industria
farmacéutica en esta cuestión.
Hoy hay que exigirle a la industria farmacéutica responsabilidad,
responsabilidad para el conjunto de la humanidad, responsabilidad
ante el desastre humanitario que se vive en África, pero también hay
que exigirle al Gobierno estímulo, incentivo, liderazgo para que esta
industria se comprometa a fondo en esta lucha contra las pandemias en
los países africanos. Más allá de las posiciones que se han mantenido
en Doha por parte del Gobierno español, que como apuntaba el señor
Izquierdo fueron objeto de intervención por parte del vicepresidente
económico del Gobierno -hay alguien que ha calificado la posición
española quizás de no suficientemente contundente-, alguien la ha
calificado de absolutamente acorde con el resto de países miembros de
la Unión Europea. En todo caso, la posición del Gobierno español se
ha alineado con aquellos países europeos que han apostado por este
acuerdo, pero al Gobierno español hay que exigirle más, hay que
exigirle que durante su presidencia española desarrolle esos
acuerdos, hay que exigirle que desarrolle el Plan de acción común de
la Unión Europea, hay que exigirle que ponga en marcha medidas de
incentivo fiscal para que la industria farmacéutica se comprometa a
investigar en aquellas enfermedades que hoy no encuentran en el
sector privado ningún tipo de interés y hay que exigirle al Gobierno
un mayor compromiso en el seno de la cooperación multilateral en su
lucha contra el sida. Esas eran dos de las enmiendas que planteaba el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que entiende que
en aras del consenso hoy es bueno y necesario que saquemos, enmiendas
que hoy aparcamos; pero se van a constituir en dos elementos de
trabajo en los próximos meses, ese estímulo para que la industria
privada se comprometa en la investigación y ese compromiso en
concreto con el llamamiento del secretario general de las Naciones
Unidas para crear un fondo especial de Naciones Unidas para la lucha
contra el sida, quizás uno de los principales acicates en esta
materia. También quiero recordar que hoy algunos gobiernos se han
comprometido públicamente a dar ese apoyo a la propuesta de Kofi
Annan: Suecia, con 60 millones de dólares; Uganda, con dos millones
de dólares; Estados Unidos, con 200 millones de dólares; Francia, con
123 millones de dólares; Reino Unido, con 100 millones de dólares. Y
de algunos privados, como el mismo Kofi Annan con 100.000 dólares o
la Fundación Bill Gates, con 100.000 dólares. Ahí el Gobierno español
también deberá comprometerse. Se nos recordaba en las discusiones en
pasillos que en el reciente debate de política general se aprobó una
propuesta de resolución de Convergència i Unió que insistía en esa
idea. Nos parece que la lucha contra las enfermedades que azotan el
continente africano exige algo más allá de un compromiso político,
como el que tomamos esta tarde en el Pleno. Señorías, el reto ante el
desastre humanitario en África tiene proporciones gigantescas, el
futuro de millones de hombres, mujeres, niños y niñas va a
depender de que el mundo occidental, el sector privado, el sector sin
ánimo de lucro, los gobiernos y los grupos políticos tomemos
conciencia. En Doha hemos tomado más conciencia, pero el camino para
evitar que la muerte continúe azotando a los africanos aún es inmenso
y deberá ser recorrido todavía durante muchos, muchos años. Esperemos
que el acto político de hoy contribuya mínimamente a avanzar hacia
ese objetivo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como han recordado algunos grupos, no es la primera
vez que este debate viene a la Cámara, no es la primera vez que
incluso en términos más claros la Cámara se pronuncia respecto de
este problema, es decir garantizar a todas las personas el acceso a
los medicamentos esenciales. Aun así, es cierto que en Doha, en la
última cumbre de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo
alcanzado in extremis es un acuerdo positivo y como tal debe ser
saludado, pero saludado como un acuerdo positivo recordando y
enmarcándolo siempre en su propio contexto. En primer lugar, que es
un paso adelante que no obedece a la filantropía o a un
convencimiento íntimo de ciertos países o de ciertos mandatarios sino
que es fruto, como también se ha dicho, de la presión internacional
de algunos Estados y sobre todo de la sociedad civil internacional,
de asociaciones de afectados, de organizaciones no gubernamentales
como Intermón-Oxfam, como Médicos sin Fronteras, como Médicos del
Mundo, que finalmente han logrado este paso adelante.
En segundo lugar, que los Estados opuestos a la revisión del acuerdo
sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio,
como pueden ser los Estados Unidos o Suiza, sólo aceptaron este
acuerdo, como ya se ha dicho, in extremis y a cambio de otras
concesiones directamente negativas para los países en vías de
desarrollo, concesiones negativas para los países en vías de
desarrollo en materia comercial o en materia agrícola y que, por
cierto, se llegó a ellas a través de un método de negociación
bastante alejado de lo que debe ser una negociación diplomática
correcta. Más bien lo que hubo allí, según testimonio de algunos de
los representantes de estos países, fue un trágala. En tercer lugar,
que hay que aclarar cuál es el valor jurídico de este acuerdo.
Estamos ante una simple declaración interpretativa de un acuerdo y
por tanto será necesario seguir vigilantes para ver, por ejemplo, si
los Estados Unidos de Norteamérica están o no dispuestos a derogar
leyes extraterritoriales que, como la Ley llamada Sección 301,
suponen un freno importante para el desarrollo de un comercio
internacional justo también en este ámbito del acceso a los
medicamentos esenciales. Y en cuarto
lugar, queda aún por aclarar qué va a pasar con el derecho de los
Estados que no tienen capacidad o que tienen una capacidad
insuficiente para producir medicamentos equivalentes a los protegidos
por una patente y a los que no se les reconoce el derecho a importar
libremente estos medicamentos desde su elección.
Por esto creo que es necesario seguir vigilante, por esto creo que es
necesario exigir al Gobierno español una actitud más decidida y, a
partir del 1 de enero, desde la presidencia española de la Unión
Europea, una actitud si puede ser de liderazgo para que esta
proposición no de ley, para que otras aprobadas en su momento en la
Cámara, alguna de ellas a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego,
sean cumplidas. Quiero recordar que la Cámara instó en ocasiones
anteriores al Gobierno no a seguir adelante en este esfuerzo, no a
apoyar declaraciones interpretativas del acuerdo ADPIC sino, como
precisamente acaba de recordar el representante del Grupo Popular, a
promover la revisión de este acuerdo. Estaríamos hablando de
cuestiones muy distintas. Una cosa es una mera declaración
interpretativa que habrá que ver con qué voluntad es acogida por
ciertos Estados que ya se han mostrado reticentes y otra cosa es
lograr directamente la revisión de este acuerdo. En cualquier caso,
es un primer paso, como tal lo saludamos desde el Bloque Nacionalista
Galego y votaremos a favor de la enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
acceso de los países en desarrollo a los medicamentos, que se somete
a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 291; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL DÉFICIT DE PLAZAS DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA Y SUS
CONSECUENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente
173/000094.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Mixto sobre el déficit de plazas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y sus consecuencias sobre
la seguridad ciudadana.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya-
Verds, voy a defender la moción consecuencia de la interpelación
sobre el estado de la seguridad en Cataluña y sobre el déficit de
plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.
La moción consta de dos puntos. En el primer punto, el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, conjuntamente con el Gobierno
catalán, estudie la posibilidad de adelantar el despliegue de la
Policía autonómica en Cataluña y en el segundo punto, el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a dotar las plazas vacantes del
cuerpo nacional de Policía y de la Guardia Civil en las provincias de
Barcelona y Tarragona, mientras no se produzca el despliegue de la
Policía autonómica en esas mismas provincias.
Estamos ante dos aspectos importantes para la mejora de la seguridad
ciudadana en Cataluña, pero que no son exclusivos. Tuve especial
interés en destacar en la interpelación que aunque las medidas de
aspecto policial son imprescindibles para hacer frente a los nuevos
retos de la seguridad ciudadana, no se pueden tomar medidas
exclusivamente desde la política policial sino que hace falta una
política de prevención social, una política institucional y una
política de ocupación. El fundamento de la interpelación era que
desde hace un par de años en Cataluña existe la percepción de que hay
un incremento de la inseguridad ciudadana, lo que ha sido avalado por
los resultados de diversas encuestas realizadas en Cataluña. Por
ejemplo, en marzo de este mismo año la encuesta que el CIS hizo sobre
Cataluña situaba por primera vez que la preocupación en relación con
los temas de delincuencia era el tercer problema de Cataluña, es
decir, era el tercer aspecto de preocupación de los ciudadanos. En
las encuestas que periódicamente hace el Ayuntamiento de Barcelona,
la delincuencia y la inseguridad aparecen entre los dos o tres
primeros problemas. En una encuesta muy rigurosa y seria hecha por
ayuntamientos del área metropolitana sobre la delincuencia y la
victimización refleja clarísimamente que en los dos últimos años ha
habido un incremento de la delincuencia y un mayor incremento en la
percepción de inseguridad ciudadana. Desde los meses de marzo y
abril, también se han alzado voces desde diversos ayuntamientos y
desde diversos consejos comarcales pidiendo mayores propuestas y
medidas para hacer frente al incremento de la inseguridad ciudadana.
La semana pasada le decía al ministro que evidentemente
para nosotros este incremento de delincuencia no es un
incremento alarmante y que ninguna de las encuestas o de los datos
que hoy tenemos encima de la mesa nos indican que estamos ante un
incremento alarmante. Pero es cierto que existe un cambio de
tendencia de progresivo incremento, aunque sea pequeño, de los temas
de delincuencia. Evidentemente, ni el Gobierno catalán ni el Gobierno
central ni esta Cámara pueden dejar pasar la ocasión para saber cómo
dar respuesta a estas cuestiones. Nosotros hemos planteado en el
Parlamento catalán medidas de prevención social, medidas de política
de empleo o medidas institucionales, como debería ser reclamar para
los alcaldes la máxima responsabilidad de seguridad en sus municipios
o para el presidente de Cataluña en Cataluña, pero en concreto el
objeto de la interpelación era interpelar al ministro y al Gobierno y
presentar posteriormente dos cuestiones que a nuestro entender están
hoy en el centro de la necesidad de nuevas medidas policiales. La
primera hace referencia al despliegue de la Policía autonómica. En
estos momentos las previsiones del consejero del Interior de Cataluña
son que en Barcelona ciudad y en Hospitalet, las dos principales
ciudades, no se realizará hasta el año 2005, que en las dos
principales comarcas desde el punto de vista de población, el Vallès
Occidental y el Baix Llobregat, no se realizará hasta el año 2006, y
que en toda la provincia de Tarragona no se realizará hasta el año
2010. Dicho de otra manera, hasta el año 2006 el 70 por ciento de la
población de Cataluña no tendrá en su territorio despliegue de la
Policía autonómica y hasta el año 2010 este despliegue no se habrá
realizado en la provincia de Tarragona. Nos parece un periodo
transitorio excesivamente largo, a nuestro entender innecesariamente
largo y nosotros queremos -no está en la moción- que este plazo se
reduzca en la ciudad de Barcelona hasta el año 2003, en la provincia
de Barcelona hasta el año 2005 y en la provincia de Tarragona hasta
el año 2006. La propuesta que hacemos y que hemos hecho pública es
que la promoción de Policía autonómica que son mil nuevos policías
autonómicos por año pase a dos mil para acortar en la mitad el tiempo
previsto en el despliegue. Somos conscientes, y así lo debatimos la
semana pasada, de que esto presenta algunas dificultades que hay que
superar o algunas decisiones que hay que tomar tanto desde el punto
de vista económico, es decir, el Gobierno central en última instancia
se hace cargo de este despliegue y, por tanto, habría que dotar de
recursos económicos, como de aquellas medidas para que desde el punto
de vista material de infraestructuras o de poder dar clases en
Cataluña se pudiera hacer frente a estas dos mil personas de
promoción por año.
El segundo punto, relacionado con esta misma situación de
transitoriedad excesiva, hace referencia a que ha habido una
disminución de la Policía nacional y de la Guardia Civil en Cataluña,
en una parte justificada,es decir, cuando se despliegan los mossos
desquadra
ha de haber una disminución de la Policía autonómica, pero en otra
parte injustificada porque no se están cubriendo bajas en zonas en
las que no existe hoy el despliegue de la Policía autonómica y que,
como he dicho antes, si no se modifica está previsto hacerlo en el
año 2010. El segundo punto, por tanto, hace referencia a que
fundamentalmente en las dos provincias en Cataluña que no hay
despliegue de la Policía autonómica las bajas que se están
produciendo o que se puedan producir tanto en la Policía nacional
como en la Guardia Civil sean dotadas por el Gobierno central y, por
tanto, sustituidas.
En síntesis, señoras y señores diputados: Primer punto. Existe un
incremento de inseguridad no alarmante. Segundo punto. A esto hay que
hacer frente no sólo con medidas policiales, pero también con medidas
policiales. La interpelación que hemos visto la semana pasada y la
moción que planteamos hoy intentan dar respuesta a los dos
principales retos en cuanto a medidas policiales, que son: en primer
lugar, avanzar el despliegue de la Policía autonómica y que esto sea
objeto de estudio y de debate entre el Gobierno central y el Gobierno
autonómico y, en segundo lugar, dotar las bajas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que se produzcan en aquellos
territorios donde aún no se ha desplegado la Policía autonómica.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, en primer
lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la situación de la delincuencia no tiene un incremento
alarmante en Cataluña ni en el área metropolitana de Barcelona, pero
la sensación de inseguridad, lo que se llama la victimización de la
población, ha experimentado un aumento alarmante. En la encuesta del
Ayuntamiento de Barcelona la inseguridad ciudadana ha pasado a ser el
primer tema de preocupación de los ciudadanos. Todos sabemos que la
victimización guarda una relación sólo indirecta con la comisión de
delitos, con el número de delitos denunciados, con el número de
delitos descubiertos, con el número de condenas dictadas; sin
embargo, es enormemente importante desde el punto de vista de la
tranquilidad de los ciudadanos, de su libertad para ejercer sus
derechos en el más amplio sentido de la palabra. Cuando un ciudadano
se siente inseguro su libertad queda coartada. Por tanto, la defensa
de la seguridad de los ciudadanos es, desde nuestro punto de vista,
una defensa de la libertad de los ciudadanos. Por ello, nos interesa
especialmente la situación en el momento transitorio que vivimos en
Cataluña. Todos los momentos transitorios, sean de
sustitución policial o de cualquier otro tipo, son complicados, más
delicados que los momentos estables, y esta sensación de
transitoriedad es también una de las causas de la sensación de
victimización.
Nosotros, estando de acuerdo con la moción presentada por el señor
Saura, de Iniciativa per Catalunya, hemos presentado a la misma una
enmienda que pretende complementar su segundo punto en el sentido de
no limitarse a dotar las vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, sino de incentivar la permanencia de sus
efectivos en el territorio y de asegurar el mantenimiento de los
medios materiales, tecnológicos e inmobiliarios. ¿Por qué? Porque
nosotros consideramos que esta situación de transitoriedad no sólo
afecta a la sensación de los ciudadanos sino al deseo de permanencia
o no de los funcionarios de policía, que saben que por necesidad
tienen un tiempo límite de permanencia en Cataluña, lo que les lleva
a solicitar cambios de residencia que producen un relevo
acentuadamente rápido e indeseable para los fines de seguridad
ciudadana de los funcionarios en áreas tan complicadas como la
metropolitana de Barcelona. Nosotros creemos que la falta de
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es
importante y se ha agravado. Con los datos que nos ha proporcionado
el Gobierno, en enero de 2001 había un desfase de 1.500 personas en
la provincia de Barcelona entre plantilla y funcionarios presentes;
con los datos de julio eran 1.800; luego se ha intentado una
aplicación a este ámbito de la contabilidad creativa y se han contado
como policías los alumnos en prácticas que en segundo curso de la
academia de Ávila vienen a aprender a ser policías a las áreas de
Cataluña. Estos son alumnos que deben estudiar, que deben formarse, y
nos gusta que se formen en Cataluña, pero no son policías en plenitud
y por tanto no pueden computarse como tales. Que la situación es
complicada queda en evidencia por el hecho de que las iniciativas al
respecto han sido múltiples y de variados grupos. No es una obsesión
de ningún grupo de esta Cámara; es una situación de la que se han
percatado todos ellos y la intentan solucionar. Espero que lo que va
a suceder en esta Cámara sea la aprobación de la moción del señor
Saura con buena parte de añadido del resto de los grupos de todo el
arco parlamentario, lo que demuestra que nos encontramos ante una
situación que nos preocupa. Ninguno de nosotros somos redundantes. Si
la situación estuviera bien no apoyaríamos esta moción. La situación
en este momento es incorrecta, no vamos a admitir explicaciones
diciendo que está todo muy bien desde el punto de vista policial, y
porque es incorrecta vamos a votar favorablemente a la moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, hoy se plantea en esta Cámara una moción, consecuencia de
la interpelación debatida la semana pasada, que pone en evidencia que
existe una creciente sensación de inseguridad ciudadana; y daba el
señor Pedret datos de encuestas relativamente recientes que
demuestran que en la conurbación de Barcelona, en núcleos urbanos de
Cataluña y de toda España, existe una sensación subjetiva, que a
veces viene avalada por datos objetivos, de inseguridad ciudadana. Mi
grupo es consciente de ello, lo ha destacado así en múltiples
comparecencias del secretario de Estado de Seguridad y del
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, pero no
está de acuerdo en la unión que se hace entre la evidencia de una
creciente sensación de inseguridad y la causalidad directa que pueda
tener en el desarrollo de las competencias que los Mossos dEsquadra,
la policía autonómica, están llevando a cabo.
La sensación creciente de inseguridad obedece a muchas causas. Mi
grupo parlamentario, en el marco del pacto de Estado para la
justicia, está hablando con todos los grupos para acelerar los
juicios rápidos porque es evidente que la respuesta judicial que se
da a mucha delincuencia urbana produce en muchos ciudadanos la
sensación de que no están suficientemente protegidos. Repito que son
muchas las causas. Mi grupo considera que el desarrollo de la Policía
autónomica de Cataluña, con el calendario acordado, se está haciendo
bien, se está haciendo de forma adecuada. En su moción el señor Saura
plantea un aspecto que es de interés, la necesidad de acelerar el
proceso de despliegue de la Policía autonómica en Cataluña; de hecho
está planteando reducir la transitoriedad. Nuestro grupo comparte la
necesidad de que los periodos transitorios puedan reducirse, pero lo
hace partiendo de la base de que se está desarrollando bien, de que
hay un buen clima de colaboración entre la Generalitat de Catalunya
y el Gobierno del Estado, el Ministerio del Interior muy concretamente,
y de que se está haciendo dentro de unos parámetros correctos. Sin
embargo, si objetivamente las dos administraciones consideran
necesario alterar aspectos para reducir esa transitoriedad, siempre
es posible que sea positivo, pero mi grupo quiere hacer la reflexión
de que debemos hacerlo bien, y hacerlo bien supone dar los pasos en
el momento adecuado. Por tanto, no estamos planteando una reducción
de plazos drástica o muy importante en este momento, como quizá
apuntaba el señor Saura, reducción que mi grupo no compartiría porque
entiende, de acuerdo con el Gobierno de Cataluña, que si se acelera
tanto la supresión del periodo transitorio podríamos llegar a una
adecuación no ajustada de los medios nuevos con los que se está
haciendo el repliegue. Por tanto, como debemos hacerlo bien, y se
está haciendo bien, en ese primer punto de la moción no queremos dar
la interpretación de que vamos a trastocar absolutamente el
calendario.
Tampoco estamos de acuerdo con lo que decía el señor Saura de que los
800 a 1.000 alumnos que hay en la Escuela de Policía de Cataluña de
Mollet del Vallès pasaran de repente a 2.000, porque no sería un
desarrollo adecuado, no les estaríamos dando la formación que
necesitan y debemos estar preparados para hacerlo en el tiempo
adecuado. Por tanto, debemos estar de acuerdo en reducir el período
transitorio, pero -repito- debemos hacerlo desde unos parámetros que
garanticen la seguridad, que garanticen escrupulosamente que ese
desarrollo se hará sin pisar el acelerador de forma tan clara, porque
a lo mejor sí corremos más pero, al igual que cuando conducimos un
automóvil, podemos incurrir en un riesgo mayor, por lo que debemos
hacerlo dentro de esos parámetros que ya se están acordando.
Termino ya, señora presidenta, recordando el desarrollo de la Policía
autonómica vasca, un desarrollo que ha tenido lugar desde el año 1983
hasta el año 1995. En el País Vasco, con una población que tiene una
magnitud distinta a la de Cataluña y un territorio con una extensión
también distinta, se ha hecho en ese periodo de 12 años. En este
parámetro se mueve la posición de mi grupo parlamentario y en este
sentido apoyaremos la moción final que se presenta con las distintas
enmiendas que han sido objeto de transacción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero comenzar felicitando al señor Saura por la oportunidad y el
tono de la iniciativa, por cómo se planteó el debate de la
interpelación y por el tono y los contenidos del redactado de esta
moción. Yo creo que evidencia (y permítaseme que lo diga así porque
creo que es de justicia) una voluntad de oposición constructiva, lo
que siempre es digno de reconocimiento, y en todo caso acredita que
cuando hablamos de cuestiones como las que estamos tratando está de
más emplear tonos partidarios, tonos sectarios, y es mucho mejor
afirmar siempre la búsqueda de acuerdos, sean grandes o sean
pequeños, que intentar una magnificación de los desacuerdos o de las
discrepancias. Celebro yo y celebra mi grupo parlamentario que se
haya podido hablar desde la serenidad, desde la inteligencia y en
tono profundamente constructivo de una cuestión como esta que nos
ocupa y nos preocupa a todos.
Coincidimos con el señor Saura en las manifestaciones que realizaba
esta tarde en la tribuna en cuanto a que no estamos ante un
incremento alarmante de la delincuencia. Sabe muy bien el señor Saura
y saben muy bien las señoras y señores diputados que esa reacción de
natural inquietud, que se ha producido en parte
de la sociedad catalana, tiene focos delictivos muy señalados en
determinados distritos de la ciudad de Barcelona que están siendo
contestados en términos de eficacia y de colaboración entre todas las
instituciones. Coincidimos también en la valoración de que el
despliegue de los mossos, en sus términos y ritmos, viene enmarcado
por el realismo y por las posibilidades presupuestarias y operativas,
siempre desde el acuerdo recíproco entre ambas administraciones.
En esos mismos términos, la valoración que hace mi grupo de la
enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió no
puede ser sino positiva. Como decía el señor Jané, el calendario
acordado se está desarrollando bien y adecuadamente, y si las dos
administraciones consideraran necesario hacer modificaciones se
pueden hacer dando pasos en el momento adecuado, pero siempre en el
momento adecuado. Coincidimos también con el señor Jané en que es
imprescindible siempre evitar precipitaciones que puedan producir
efectos negativos indeseados. En ese sentido tenemos que agradecer
profundamente al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió
el reconocimiento que hace, a través del texto de su enmienda, de ese
buen clima de colaboración recíproca, de entendimiento y de respeto
mutuo al ámbito competencial de cada cual, que en todo este proceso
se está desarrollando, como no podía ser de otra forma, entre la
Administración catalana y el Ministerio del Interior.
Valoramos también positivamente en su conjunto, con independencia de
que discrepábamos de alguna mención literal, la enmienda presentada
por el Grupo Socialista, si bien sugeriríamos que cuando se habla de
sensación de transitoriedad como elemento de inquietud se valorara
más bien la necesidad de hacer una interpretación distinta. Yo
hablaría de que en este momento se está produciendo la evolución de
un modelo, que la evolución de ese modelo policial se está realizando
de manera efectiva y sin traumas y desde la más profunda
colaboración, entendimiento y respeto recíproco entre las
administraciones interesadas. De manera que probablemente más que
sensación de transitoriedad tendríamos que hablar de las
consecuencias que se derivan de la evolución positiva de este modelo.
No podemos compartir la afirmación de que la falta de efectivos se ha
agravado en Cataluña. Quiero recordar algunos de los datos que a lo
largo de los muchos debates que hemos tenido en la Comisión de
Justicia e Interior -el último esta mañana mismo- y que manejó el
señor vicepresidente del Gobierno en su contestación a la
interpelación se dieron al respecto. Por ejemplo, en el mes julio
hubo 615 incorporaciones de nuevos policías en la provincia de
Barcelona, más otros 235 alumnos en prácticas el 1 de septiembre, a
los que el señor Pedret podrá legítimamente ponerles algún reparo
pero que no dejan de ser una fuerza policial con presencia efectiva.
Quiero recordar, por ejemplo, algún servicio muy importante que en
alguna localidad española ha prestado algún alumno policial en
prácticas en materia
de detenciones, lucha antiterrorista, muy significativa. En lo que
concierne a la Guardia Civil,...
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, su tiempo ha concluido.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo.
En lo que concierne a la Guardia Civil, en la provincia de Barcelona,
se han producido 284 nuevas incorporaciones, con lo que el catálogo
está completo.
Termino, señora presidenta, recordando el papel muy importante que ha
tenido en este asunto el Partido Popular de Cataluña, que ha estado
permanentemente preocupado y ocupado por estos asuntos y cuyas tesis
tradicionales han tenido un reflejo muy claro a la hora de mantener
su posición este grupo parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, únicamente quiero
anunciar nuestro voto positivo a la moción del Grupo Parlamentario
Mixto, Iniciativa per Catalunya-Verds.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Saura, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación
o rechazo de la enmienda o, más bien, un texto transaccional.
El señor SAURA LAPORTA: Señora presidenta, en el punto primero vamos
a aceptar la enmienda que ha planteado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y, en el punto segundo, la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y un añadido, que he hecho llegar a la Mesa, a
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña y sus
consecuencias sobre la seguridad ciudadana, en los términos derivados
del propio debate y con la incorporación de las enmiendas, tal y como
ha sido puesto de manifiesto por parte del diputado proponente, señor
Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 284; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO
ANTE LA PROPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE DEVOLUCIÓN DE 21.000
MILLONES DE PESETAS POR LAS AYUDAS CONCEDIDAS AL LINO
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 1996-99. (Número de expediente 173/
000095.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
posición del Gobierno ante la propuesta de la Unión Europea de
devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al
lino correspondientes al período 1996-1999. Para su presentación
tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señora presidenta, señorías, 21.000
millones de pesetas es la propuesta que un comité técnico, a raíz de
un informe de la Oficina Antifraude europea, propone como corrección
financiera al Estado español en relación con las ayudas al lino;
21.000 millones de pesetas que es dinero de todos los españoles, pero
no sólo de ellos sino de todos los europeos y entre ellos, por
supuesto, los españoles que formamos parte de la Unión Europea. Por
tanto, estamos hablando de recursos públicos que no admiten
explicaciones confusas sobre cómo se ha podido producir una situación
que lleva a esa propuesta.
Las mayorías absolutas, señorías, no eximen de responsabilidad
política. Una mayoría absoluta no exime de la responsabilidad de
diferenciar entre el beneficio privado y el beneficio público; una
mayoría absoluta no exime de la responsabilidad política de denunciar
el fraude, perseguirlo y acabar con él cuando éste se produce; una
mayoría absoluta no exime de la responsabilidad política en una
materia como ésta. Señorías, hace un tiempo, en el verano de 1999,
una comisión de investigación concluyó en 13 propuestas de resolución
que por mayoría absoluta eximían de responsabilidad en las ayudas al
lino al Gobierno español, con un voto particular apoyado por el Grupo
Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida y el Grupo
Mixto que hablaba de responsabilidad directa en esta cuestión. Ha
pasado un tiempo y ¿cuál es la situación actual? Que el Tribunal de
Cuentas europeo, la Oficina Antifraude europea, la Comisión Europea a
través de la Dirección General de Agricultura, la Fiscalía
Anticorrupción, el Parlamento europeo coinciden exactamente con el
dictamen del voto particular y contradicen abiertamente la propuesta
de la mayoría. Cuando entonces algún diputado, el señor Del Burgo en
concreto, proponía el 18 de septiembre de 1999 una denuncia pública
sobre aquellos que denunciaban incompatibilidades, denunciaban
fraude, denunciaban humo, señores del Partido Popular, hoy sólo
tienen que leer el
informe de la Oficina Antifraude europea, sólo tienen que leer los
papelitos de la Fiscalía Anticorrupción para ver que no era el Grupo
Socialista quien lo denunciaba. Hoy es una evidencia, señorías, y
espero que ustedes no se den contra la misma a la hora de defender
los intereses del Estado español. Efectivamente, son demasiadas
evidencias en informes de calidad las que ahora enfrentan al Estado
español ante unas instituciones europeas que han hecho una
evaluación, una inspección y han dado unos resultados que va a ser
muy difícil desmontar, porque es muy difícil desmontar lo evidente.
Señorías, la mayoría ha intentado escudarse y protegerse detrás de
algunas doctrinas que hoy resulta patético mantener; por ejemplo
quieren convertir este gran problema para el Estado español en un
problema de gestión de competencias. Ustedes siempre que tienen un
gravísimo problema de responsabilidad política al que enfrentarse,
recurren al mismo truco: la Unión Europea por un lado y las
comunidades autónomas por otro. ¿Dónde están ustedes, señorías?
¿Dónde está el Gobierno español? Si no lo necesitamos, si resulta que
no tiene ninguna responsabilidad ¿para qué desaparecen completamente
cuando tienen que asumir una responsabilidad política? Señorías, no
se escuden más, no se protejan más bajo ese burladero que es un
burladero de papel, porque el Gobierno español tenía, y sigue
teniendo responsabilidades en muchas cosas. Primero, son los que
incorporan los reglamentos europeos a la normativa española. Segundo,
son los encargados de coordinar y aplicar esa normativa. Tercero,
publican las órdenes ministeriales que regulan la concesión de las
ayudas y las superficies, en este caso del lino. Cuarto, el FEGA, el
fondo español de garantía europeo -no el FEOGA, que ha cumplido con
su obligación-, es el que hace los planes nacionales de control y los
aplica. Además, a través de circulares establece cómo tienen que
hacerse las normas de las comunidades autónomas, como por ejemplo la
circular 26 ó 27 del año 1998, en las que se dice por ejemplo que el
Plan nacional tiene que recogerse en la norma, y también las
sugerencias que hace el FEGA. Además hay una comisión técnica de
coordinación, que es la encargada de velar por el cumplimiento de las
normas, cuyo responsable es el FEGA. El problema que ustedes tienen
es, ¿quién estaba al frente del FEGA? El que se llevaba el dinero.
(Aplausos.) Ese es el problema al que tienen que responder ustedes.
¿Quién era el número dos del Ministerio? El que se llevaba el dinero,
y a eso tienen que responder ustedes. Ese es el problema, los que se
llevaban el dinero. Y ¿quién estaba en la Dirección General de
Ganadería? Otro que se llevaba el dinero. ¿Y quién estaba en Mercasa?
Otro que se llevaba el dinero. ¿Y quién era delegado del Gobierno en
Castilla la Mancha que tenía que mandar a la Guardia Civil cuando se
quemaba el lino? ¿Quién estaba al frente de la Delegación del
Gobierno? Otro que se llevaba el dinero. Ese es el problema que
tienen ustedes. (Aplausos.) Señorías, pueden
darle todas las vueltas que quieran, pero estamos ante un
problema de corrupción que ustedes no quisieron detectar porque eran
parte interesada, y que ahora han detectado la Fiscalía
Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas europeo, la Oficina
Antifraude, la Dirección General de Agricultura y el Parlamento
Europeo. Todos lo han detectado y ahora tenemos que ir a Bruselas a
intentar minorar al máximo el daño para el Estado español. Y, ¿quién
va a ir a Bruselas? Quienes tienen la responsabilidad política de que
se haya producido el fraude generalizado que en estos momentos
resulta muy difícil de ocultar, porque lo dicen los órganos
institucionales de la Unión Europea. Señorías, a fecha de hoy ustedes
siguen manteniendo que no ha habido fraude y esta es la peor forma de
defender los intereses del Estado español. ¿Se han leído ustedes el
informe de la OLAF? ¿Cómo es posible que se monte un sector
productivo en España en el que los costes de producción suponen cien
veces lo que se obtiene por la venta de producto? ¿Cómo es posible
que se monte un sector productivo en España en el que el beneficio
comercial declarado supone cien veces la ayuda que se recibe desde la
Unión Europea?
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, su tiempo ha concluido.
El señor CUADRADO BAUSELA: Voy terminando, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, en las mociones es estricto el
tiempo. Su tiempo ha concluido.
El señor CUADRADO BAUSELA: Siguiendo el criterio de la moción
anterior, no sé si tengo medio minuto.
La señora PRESIDENTA: Si comprueba el criterio de la moción anterior,
usted ha consumido ocho minutos en lugar de siete, señor Cuadrado,
pero en cualquier caso termine en quince segundos. (Rumores y
protestas.)
Señorías, el criterio de las mociones, por acuerdo de los grupos, es
el de tiempo estricto.
Señor Cuadrado, le ruego termine, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Un minuto más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, un minuto más no, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Medio minuto. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: No, señor Cuadrado. En veinte segundos,
abandone la tribuna, señor Cuadrado. (Rumores y protestas.)
El señor CUADRADO BAUSELA: Veinte segundos. (Continúan las
protestas.)
Señores del Partido Popular, ustedes tienen que elegir a la hora de
defender los intereses de España entre dos opciones. Una, defender
una propuesta de sanción de 21.000 millones de pesetas y argumentar
no luchando contra la evidencia, o lo que me temo que ustedes van a
hacer, intentar proteger los intereses de doña Loyola de Palacio, que
son insostenibles en la Comisión Europea. Opten por lo primero y sean
responsables. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en las tres últimas intervenciones del señor Cuadrado, una
en Comisión y dos en Pleno, nos ha obsequiado con tres mítines
infumables y unas imputaciones falsas e inaceptables para mi grupo
(Rumores.), y así quiero que conste como cabecera de esta
intervención que hago en nombre de mi grupo, del Grupo Parlamentario
Popular. (Aplausos.) Cuando a estas alturas, en la presentación de la
interpelación se habla de trama de altos cargos del Ministerio de
Agricultura, una vez más, señorías, hay que repetir que esta patraña
electoral fue exactamente una imputación falsa que el señor Bono y el
Partido Socialista utilizaron en la campaña de las últimas elecciones
al Parlamento Europeo (Aplausos.), por cierto con pésimos resultados
para el PSOE y un claro triunfo del Partido Popular. (Protestas.-
Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Pero bien, sobre este tema en nombre del Grupo Parlamentario Popular
quiero simplemente decir que la Comisión de investigación demostró
que no existió tal trama y en consecuencia que no había imputación
alguna a ningún cargo político. El dictamen, señor Cuadrado, se lo he
dicho unas cuantas veces y lo repetiré hasta la saciedad, fue
aprobado por amplia mayoría en este Pleno de este Congreso
y nuevamente tenemos que señalar el peculiar talante democrático del
Grupo Socialista que sus diputados no aceptan lo que en este Pleno se
aprueba por mayoría. (Aplausos.) Señorías, en contra de lo que el
señor portavoz ha dicho, tampoco hay ninguna duda sobre la
titularidad de las comunidades autónomas en materia de subvenciones
agrarias. Decir lo contrario es sencillamente mentir. Desde que el
agricultor solicita una subvención hasta que la cobra -si es que la
cobra-, todo, absolutamente todo es competencia exclusiva de las
administraciones regionales (Aplausos.) y esto, señor Cuadrado, no es
ningún burladero donde se refugia nadie, porque tampoco el toro es un
cinqueño, como máximo un eral y desmochado.
Le digo a usted que este es nuestro ordenamiento jurídico, está
escrito así en los decretos de transferencias, reconocido y citado
explícitamente, por activa y por pasiva, por parte de este Pleno,
como he dicho antes, por parte del Pleno del Parlamento Europeo, por
parte del fiscal anticorrupción, de la Oficina Antifraude de la Unión
Europea, y por cierto más recientemente por el Tribunal de Cuentas
europeo en el que casualmente se señalan algunos errores de los
gobiernos regionales e incluso de la propia Comisión Europea, y sin
embargo no se dice ni una sola palabra ni se imputa un solo fallo a
la actuación del Ministerio de Agricultura de aquel momento. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!-Rumores y protestas.)
Señorías, quiero una vez más reafirmarme de manera breve en la
propuesta de corrección financiera de 21.000 millones de pesetas
hecha por la Oficina Antifraude, la OLAF. Para los no versados en la
materia o para los desmemoriados socialistas hay que decir en primer
lugar que cuando ellos gobernaban -por centrar la cuantía de esta
corrección financiera-, España fue sancionada en firme y tuvo que
pagar más de 200.000 millones de pesetas a causa de la desidia del
Gobierno socialista y el descontrol que había sobre la producción
lechera y no creemos que este récord sea fácil de batir. En segundo
lugar, permítanme recordarles con la brevedad que el tiempo impone,
que gracias a este montaje, a esta patraña en el tema del lino, nos
vienen una serie de inspecciones -por cierto, poco rigurosas- y una
propuesta de multa, advirtiendo -así lo advierte mi grupo claramente
y así lo advierte la sociedad- que el Grupo Socialista está deseoso,
y no lo disimula, de confundir lo que es una propuesta y lo que será
en su día, si llega a ser, una multa en firme.
Señorías, ya hemos constatado su deseo, el deseo del Grupo Socialista
de que España sea sancionada, pero no corran tanto, den tiempo al
tiempo que esto no ha hecho más que empezar, tal como aquí apuntó
acertadamente la semana pasada el señor ministro don Ángel Acebes en
nombre del Gobierno. La propuesta de sanción de la OLAF ha sido
rebatida al cien por cien por el interlocutor en España, que es el
Ministerio de Agricultura. No hay ningún burladero; el Ministerio de
Agricultura es el interlocutor de la Unión Europea y el ministerio ha
pedido la documentación oportuna a las comunidades autónomas
afectadas. ¿Qué ha pasado? Se refirió a ello en Comisión el señor
ministro de Agricultura y aquí el señor ministro de Justicia la
semana pasada: ha habido una respuesta responsable ante la demanda
del Ministerio de Agricultura, una colaboración total, y los
argumentos sólidos han venido de Extremadura y de Castilla y León,
aportando desde esas comunidades autónomas la documentación adecuada
para la ulterior defensa ante la OLAF, ante la propia Comisión y
eventualmente si fuera necesario ante los tribunales. La única
comunidad autónoma que no ha aportado nada es Castilla-La Mancha, que
ha
efectuado pagos del lino, pero que admite fraude en este tema. A ver
quién entiende ese dilema. No aporta un solo papel en defensa de los
agricultores de esa región ni tampoco un solo papel donde pruebe la
culpabilidad de nadie. Es querer cuadrar el círculo. No nos extraña
esta actitud, que para los que conocemos el tema es marca de la casa.
La señora PRESIDENTA: Señor Madero, su tiempo ha concluido.
El señor MADERO JARABO: Así están la cosas, señora presidenta.
Veremos en qué queda realmente esta cuestión, pero cada comunidad
autónoma tendrá que responder de los presuntos fraudes que haya
habido en su territorio, en su comunidad autónoma, sin culpa de los
demás.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.- Una señora diputada:
Loyola va a pagar.)
La señora PRESIDENTA: Para defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señor Madero, aquí en este Parlamento hubo una
Comisión de investigación para estudiar lo ocurrido en torno al
cultivo del lino, pero también tengo que decir que ustedes entraron
en esa Comisión a regañadientes. Un día dijeron que no y a la semana
rectificaron y la propusieron.
También hay que recordar que esa Comisión de investigación se cerró
en falso; se cerró tan en falso que al final teníamos que andar por
los pasillos buscando cintas que no se grababan. Recuerden que había
cintas que no aparecieron; de aparecer hubiesen anulado gran parte de
los trabajos de esa Comisión, porque se demostró que no solamente era
el lino lo que se perdía en este país, sino también las propias
cintas de esa Comisión, pues hubo algunas que no aparecieron. Fue una
Comisión que ustedes cerraron en falso porque estaban mucho más
preocupados por blindar, por bloquear a la ex ministra y candidata a
comisaria europea, la señora Loyola de Palacio, que por descubrir lo
que había ocurrido en torno al cultivo del lino.
Es verdad que en esa Comisión quedó algo claro, y es que en este país
había cazaprimas, que en este país había gente que entró en el
cultivo del lino buscando las primas exclusivamente, que en este país
había gente que no tenía ningún interés en que el lino fuese
rentable, que el único interés que tenía era cobrar las primas y a
esos en todos los sitios se llamaba y se llama cazaprimas. Hay muchas
anécdotas de esa Comisión, señorías, empezando por aquellos que
vinieron a declarar que se les perdía el lino, bloques inmensos de
lino que no sabían dónde estaban, no eran capaces de decir dónde
estaba el lino que cultivaban y los bloques no
eran del tamaño de una pelota de golf sino paquetes inmensos. Eso
quedó muy claro en la Comisión, otra cosa es que ustedes miraban para
otro lado.
También quedó muy claro que en el Ministerio de Agricultura anidaban
parte de esos cazaprimas, que en el Ministerio de Agricultura se
protegía a parte de esos cazaprimas y que por tanto había una
responsabilidad política en dicho ministerio. También es verdad -y
así lo indicamos en una propuesta de resolución- que había
responsabilidades en las comunidades autónomas, pero era diferente
porque en las comunidades autónomas no se evidenció ningún cazaprimas
ni protección a los mismos; sí se evidenció dejadez y falta de
rigurosidad, y eso fue lo que nuestro grupo planteó en sus
conclusiones. Si ustedes hubiesen ido al fondo de la cuestión y a lo
que había pasado en torno al cultivo del lino, es decir a todos
aquellos señores y señoras -que de todo había- que a tiempo parcial,
en el tiempo que les dejaban sus obligaciones gubernamentales se
dedicaban a cultivar lino exclusivamente para cobrar las primas,
hubiésemos concluido lo que hubiese hecho falta, que era demostrar
quién tenía realmente la responsabilidad, que eran aquellos que
habían cobrado las primas de forma irregular, y por tanto ahora
podríamos plantear ante la Unión Europea una defensa clara y muy
efectiva. Sin embargo, repito, ustedes se dedicaron a proteger a la
señora Loyola de Palacio, que por cierto tuvo que rectificar e irse
directamente al juzgado para denunciar el fraude generalizado, según
su opinión, cuando lo había negado poco tiempo antes en la propia
Comisión. En ese sentido, nos sentimos todos sorprendidos porque fue,
repito, la señora Loyola de Palacio quien al final encabezó también
la denuncia y quien reconoció que en torno al cultivo del lino había
existido fraude y había habido cazaprimas. A partir de ahí, señorías,
¿qué había que hacer? Ya lo reclamamos nosotros en el año 2000:
colaborar con la justicia. Ustedes votaron en contra en Comisión, y
luego descubrimos por qué: porque se negaron a entregar al juez
Garzón los documentos que les pedía; se negaron a colaborar con la
justicia una vez más, intentando proteger no sabemos qué intereses.
Esa era su obligación, y fue realmente una vergüenza la que sintió
este diputado que tuvo que ponerse a disposición del juez Garzón para
entregarle la documentación que esta Cámara le negaba, haciendo,
repito, lo que nosotros entendíamos que era un flaco favor a la
dignidad de la justicia.
Nosotros creemos -y así lo plantea nuestra enmienda- que hay dos
elementos en esta cuestión. De una parte hay que reconocer de una vez
por todas que ha habido fraude en torno al cultivo del lino, porque
ya eso no lo niegan en este país más que unos diputados del Partido
Popular, y también hay que colaborar con la justicia y pasar a la
ofensiva. El Gobierno del Partido Popular y este Parlamento deben ser
los primeros colaboradores con la justicia. En segundo lugar
planteamos lo que sería nuestro deseo y lo que entendemos que
demanda el país: que al final pague quien se haya llevado el dinero,
que devuelva el dinero quien se lo ha llevado, porque sería injusto
que al final pagaran CastillaLa Mancha y Madrid y los agricultores de
esas comunidades o de las comunidades de todo el Estado si acaba
pagando el Gobierno central. No queremos que sean todos los
agricultores los que acaben pagando; queremos que devuelvan el dinero
quienes se lo han llevado de forma irregular. Por eso planteamos que
el Gobierno vaya contra quienes hayan cometido el fraude y que sean
finalmente condenados por la justicia. Esa es la postura de Izquierda
Unida, la que defendíamos hace un año, la que defendemos ahora mismo
y la que nos tememos tengamos que seguir defendiendo, porque por
desgracia de este tema volveremos a hablar en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Señor Centella, muchas gracias. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, he estado dudando si volvía a intervenir en el tema del
lino, porque hace menos de tres semanas que en el marco de la
Comisión de Agricultura compareció el ministro y tuvimos la
posibilidad de debatir sobre esa cuestión casi sin limitación de
tiempo, por lo que el tema es ya recurrente. ¿Hubo mala gestión en
los fondos públicos respecto al lino? Es posible. ¿Hubo personas que
se aprovecharon de esa falta de control? Seguramente que hubo alguna.
¿Hubo altos cargos que conocían la existencia de irregularidades y
que en algunos casos actuaron al límite de la legalidad? Es posible.
No obstante, independientemente de la actuación de esos altos cargos
del ministerio, desde el punto de vista formal -repito, desde el
punto de vista formal, no legal- hubo alguna actuación discutible y
asumieron las supuestas responsabilidades políticas dimitiendo. La
Comisión de investigación se pronunció claramente en su momento y
tomó el acuerdo de remitir toda la documentación a la fiscalía por si
entendía que debía actuar. Por tanto, si no hay nuevas aportaciones
nosotros entendemos que el tema está absolutamente cerrado. Es más,
hablar como se está haciendo en estos momentos de fraude generalizado
no hace más que proyectar una mala imagen del conjunto del sector
porque la sola utilización de ese adjetivo incluye a una gran
cantidad de pequeños agricultores que fueron absolutamente ajenos a
esta problemática. Es cierto que la progresión geométrica, tanto de
la superficie declarada de cultivo como el montante total de las
subvenciones, fue espectacular. Parece difícilmente explicable que en
cinco años la superficie de cultivo se multiplique por 50 y ni las
comunidades autónomas con competencias en esos
temas ni el propio FEGA perdiesen un minuto en analizar el por qué de
ese crecimiento. Si ese era buen negocio, ¿por qué no se extendió el
cultivo a otras zonas? Y si el negocio no era tan bueno, ¿por qué
aumentaban las superficies declaradas de forma tan anómala? El
problema, por incomprensible que pueda parecer, fue que esos
anormales crecimientos en subvenciones no encendieron la luz roja que
alertara de que algo no funcionaba adecuadamente, y se actuó tarde.
Las comunidades autónomas que tienen competencias en el control y en
el pago de las deudas parece ser que no habían detectado ninguna
irregularidad. Efectivamente, la Unión Europea ha abierto un
expediente sancionador como resultado de una investigación por parte
de la OLAF en la que se reclama devolución del total de ayudas de los
últimos años, o sea 21.000 millones de pesetas. Extremadura y
Castilla y León parece que no están de acuerdo con los mecanismos que
la propia OLAF ha utilizado para valorar los posibles fraudes y
aseguran que en sus comunidades no se han producido, mientras que en
Castilla-La Mancha aceptan los mecanismos aunque no están de acuerdo
con las conclusiones. El cultivo del lino ha pasado de ser un
presunto fraude económico en materia agraria a un gran escándalo
político, pero el gran damnificado es el sector y sus posibilidades
de crecimiento. El sector prácticamente ha desaparecido y yo me daría
por satisfecho si ese mal sueño se convirtiera en un punto de
inflexión en ese tipo de actuaciones. Sería bueno que tanto las
comunidades autónomas como el Gobierno central pusiesen la máxima
objetividad en el control de las ayudas y evitasen que en el futuro
se vuelvan a producir temas parecidos.
Nuestro grupo parlamentario no se apunta a la caza de brujas.
Entendemos que el tema ha sido debatido suficientemente y a estas
alturas responsabilizar a la ex ministra Loyola de Palacio como la
máxima responsable de este desafortunado tema nos parece excesivo.
Tampoco creemos razonable que se paguen de los Presupuestos Generales
del Estado las correcciones financieras como resultado del
enriquecimiento de unos pocos. Lo que hay que hacer en este momento
es que las comunidades autónomas afectadas, de acuerdo con el
ministerio, demuestren que el problema del fraude, si lo hubo, fue
puntual, que se ha detectado, que se sabe quienes son y que la multa,
si la hay, la soporten aquellas personas que con su acción han
destruido el sector y han proyectado una visión nefasta de España en
la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Cuadrado, a los solos efectos de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor CUADRADO BAUSELA: Se han presentado dos enmiendas. La
primera, del Grupo Popular, se refiere a la parte que corresponde a
nuestra propuesta para que el Gobierno español se esfuerce en minorar
al máximo posible esta corrección financiera que se ha propuesto por
parte del comité técnico.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, como usted sabe muy bien este
turno es única y exclusivamente de aceptación o rechazo de las
enmiendas, no de vuelta a explicar las enmiendas. Por favor, le ruego
que manifieste si su grupo acepta o rechaza las dos enmiendas que se
han presentado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señora presidenta, ubico efectivamente la
enmienda en el apartado tercero de nuestra propuesta.
La señora PRESIDENTA: ¿La acepta o la rechaza, señor Cuadrado?
El señor CUADRADO BAUSELA: La rechazamos.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
El señor CUADRADO BAUSELA: En segundo lugar, la propuesta que hace
Izquierda Unida de un nuevo punto cuarto que se refiere a ayuda a la
justicia nos parece correcta. La segunda, el quinto punto, se
desprende del primero, y por tanto nos parece que con el cuarto queda
suficientemente recogida la propuesta que hace el grupo de Izquierda
Unida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿acepta que su enmienda sea
aceptada, valga la redundancia, parcialmente? (Asentimiento.) De
acuerdo.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista sobre posición del Gobierno ante la propuesta de la Unión
Europea de devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas
concedidas al lino correspondientes al periodo 1996-1999, que se
somete a votación en los términos derivados del propio debate y con
la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 112; en contra, 174; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
DESARROLLO DEL MARCO COMPETENCIAL DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE
ANDALUCÍA E INICIACIÓN DEL PROCESO DE LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES
DEL ACTUAL ESTATUTO Y SU NECESARIA AMPLIACIÓN, PARA UNA AMPLIACIÓN
DEL TECHO COMPETENCIAL DEL MISMO. (Número de expediente 173/000096.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes
del actual estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación
del techo competencial del mismo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el
señor Centella. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y abandonen el hemiciclo, si es posible
con agilidad y rapidez.
Adelante.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la semana
pasada tuvo lugar un debate con motivo de nuestra interpelación...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Decía, señora presidenta, que la semana
pasada celebramos un debate en torno al proceso de transferencias a
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la verdad es que salimos
tremendamente defraudados del mismo, ya que vimos cómo a pesar de
haber transcurrido 20 años la derecha seguía sin comprender el
proceso autonómico andaluz. La derecha seguía sin comprender que este
proceso tiene unas raíces profundas en la movilización del pueblo
andaluz, una movilización cívica que en Andalucía equipara los
tiempos del franquismo y la lucha por las libertades con la lucha por
la autonomía, un proceso que tuvo, tiene y sigue teniendo como
protagonista directo al pueblo andaluz. Por eso, cuando el señor
ministro dijo la semana pasada, y se empeñaba en repetirlo, que la
autonomía andaluza era hija de la Constitución, nosotros creímos que
dejaba muy clara su incomprensión, porque, señorías, volvemos a
repetir lo que dijimos la semana pasada, que la autonomía andaluza se
puede enmarcar, como no puede ser de otra manera, en la Constitución,
pero es hija de la voluntad del pueblo andaluz, que conquistó ese
derecho a la autonomía, al autogobierno máximo. También nos defraudó
el debate porque en ningún momento se concretó que el Gobierno
asumiría un papel activo para que Andalucía tuviera por fin
complementado su estatuto. Así pues,
después de 20 años todavía no le han sido transferidas una serie de
competencias importantes para el pueblo andaluz para que este vea
colmada esa voluntad de autogobierno que, repito, expresó hace más de
20 años.
La semana pasada le dijimos claramente al señor ministro, y hoy se lo
repetimos a las diputadas y diputados del Partido Popular,
fundamentalmente a los que son andaluces, que tenían dos caminos.
Uno, el que escogieron hace 20 años, esto es, repetir aquello de
andaluz, esta es no es tu autonomía; andaluz, este no es tu
referéndum. El otro es situarse a la cabeza y contribuir a que la
comunidad autónoma tenga todas las competencias a las que tiene
derecho para no seguir asistiendo perplejos a ese espectáculo en el
que Andalucía sigue reclamando transferencias que ya tienen
concedidas otras comunidades, incluso algunas de las que se han
incorporado más tarde al proceso autonómico.
Nos defraudó porque no escuchamos en absoluto una declaración
positiva respecto a las transferencias de las confederaciones
hidrográficas, ni tampoco escuchamos la voluntad del Gobierno central
para cumplir el estatuto de autonomía y empezar a cuantificar y a
pagar la deuda histórica que el Estado tiene con Andalucía por la
nivelación y la calidad de los servicios transferidos. Por todo ello,
realmente nos pareció presuntuoso que el ministro mostrara su
esperanza en el encuentro que iba a tener lugar esta semana con
miembros del Gobierno andaluz, nos parecía presuntuoso porque el
miércoles pasado quedó bien claro que el ministro acudía a Andalucía
sin nada en la maleta, sin nada en la cartera, simplemente acudía con
declaraciones de principio y con buena voluntad. Desde esta
perspectiva era muy difícil alcanzar ningún acuerdo positivo. Por
eso, cuando hoy la prensa andaluza proclama el fracaso de ese
encuentro, cuando resalta que el Gobierno central elude y sigue
eludiendo poner fecha a la transferencia y que lo más notorio de ese
encuentro fue el regalo de una corbata que el señor ministro recibió
con bastante satisfacción, a nosotros realmente no nos extraña. En
este caso, nosotros llevábamos una semana de ventaja con los que hoy,
en Andalucía, se sorprenden de la falta de voluntad del Gobierno para
que Andalucía sea definitivamente una autonomía con pleno
autogobierno. Hace días ya vimos que este Gobierno seguía y sigue
-como seguía y sigue la derecha desde hace 20 años- sin creer en la
capacidad de autogobierno de Andalucía. Señorías, realmente es grave
y preocupante que después de cinco años de negociaciones, por poner
sólo un ejemplo, todavía sigan sin concretarse las transferencias de
las políticas activas de empleo, cuando además éstas están
transferidas en la mayoría de las comunidades autónomas, incluso en
aquellas que llegaron al proceso autonómico mucho después que la
propia Andalucía. A estas alturas alardear de buena voluntad sin
completar acuerdos suena demasiado vacío y hueco.
Señorías, señora presidenta, lo que sí nos ha sorprendido y nos ha
dejado perplejos ha sido la enmienda que presenta hoy el Grupo
Parlamentario Popular y lo digo con toda la sinceridad. Nosotros
esperábamos que el Grupo Parlamentario Popular votase en contra y
rechazase -en coherencia con lo que defiende su propio ministro- esta
iniciativa, pero no nos esperábamos que intentase presentar una
enmienda que -repito y se lo he dicho antes al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular- es una verdadera tomadura de pelo
parlamentaria, porque decir ahora que hay que instar al Gobierno a
que siga negociando, ¡faltaría más! ¿Es que el Gobierno piensa dejar
de negociar y hay que insistirle? El Gobierno negocia porque no tiene
más remedio, porque negociar es un mandato que todo Gobierno tiene.
Lo que hay que saber es cuándo y cómo va a terminar esa negociación.
Esa es la clave, señorías. Si se dice simplemente que el Gobierno
negocie, ¿habrá que esperar otros 20 años para completar esa
negociación o que habrá que esperar otros cinco años para tener
transferidas las políticas activas de empleo? Por tanto, no podemos
admitir tomaduras de pelo parlamentarias, porque el pueblo andaluz ya
está demasiado sobrado de estos debates. Hay que poner fechas y
plazos a las negociaciones, porque de otra forma nada será creíble,
no podemos seguir defraudando más al pueblo andaluz, no podemos
seguir defraudando los sentimientos que se expresaron hace 20 años y
que se siguen expresando hoy de que Andalucía debe de tener una
autonomía plena. Sinceramente, esperábamos que la diferencia
estuviese en lo que está defendiendo y defenderá Izquierda Unida, en
que hay que ampliar el marco autonómico, en que hay que ampliar el
marco del estatuto. Sabíamos que ahí podría estar la diferencia con
el Grupo Parlamentario Popular, pero no nos esperábamos que las
diferencias estuviesen en aplicar el actual estatuto, como parece que
cada vez es más evidente. Sinceramente, no nos esperábamos que el
Grupo Parlamentario Popular viniese hoy aquí sin comprometerse
a tener terminada las transferencias a nuestra comunidad autónoma en
alguna fecha y se limite a decirle al Gobierno que siga negociando,
como si tuviese duda de que el propio Gobierno fuese a continuar esta
negociación.
Izquierda Unida presenta tres propuestas muy claras que vienen a
resumir lo que hoy defiende Andalucía. Le decía al señor ministro que
no es porque lo diga Izquierda Unida, faltaría más que nos
arrogásemos la representación de toda Andalucía, es porque lo ha
aprobado el Parlamento andaluz, en algunos casos incluso con el voto
favorable del Partido Popular en Andalucía, aunque evidentemente ya
estamos acostumbrados a que diga una cosa en Andalucía y, luego,
cuando pasa Despeñaperros y viene a Madrid, diga otra. Nuestra moción
plantea, en primer lugar, que se impulse el proceso de transferencias
de manera que esté terminado plenamente antes de que finalice el año
2002. Ahí no tenemos
ningún inconveniente en incluir la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, en la que se remarca de forma prioritaria que la política
activa de empleo tiene que concluirse ya, incluso antes de que
empiece el próximo año. También le he manifestado a la portavoz del
Grupo Socialista que si el Grupo Popular estuviese dispuesto
a aceptar una sola de nuestras propuestas, plantearíamos voto separado
y entonces, por cuestión de método, no podríamos aceptar la enmienda
del Grupo Socialista. Sin embargo, me temo que no van por ahí los
tiros y que el Grupo Popular no va a apoyar ni una sola de nuestras
propuestas.
En segundo lugar, proceder a las reformas legales para que se puedan
transferir las confederaciones hidrográficas. Señorías, el
Guadalquivir es un río andaluz por mucho que vote esta Cámara, y el
Guadalquivir es un río andaluz que merece ser gobernado por los
andaluces. Si hay que modificar la ley, se modifica, porque la ley
tiene que adaptarse a la realidad y no la realidad a la ley. Por
mucho que lo digan las leyes, señorías, el Guadalquivir es un río
andaluz.
Para terminar, nuestra tercera propuesta pretende que se pague la
deuda histórica que venimos reclamando y que venimos exigiendo desde
hace 20 años, porque el pueblo andaluz se lo merece. Esperamos contar
con la mayoría de los votos de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la enmienda que el Grupo
Socialista ha presentado al primer punto de la moción que como
consecuencia de una interpelación urgente ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida y para manifestar que nuestra posición va a ser
favorable a la petición que hace Izquierda Unida en esta moción. (La
señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
Aprovecho la presencia del señor ministro, que me congratula
muchísimo que esta tarde esté aquí, no sólo para que tenga en cuenta
la posición del Grupo Socialista, que es muy interesante, sino para
que además oiga lo que este grupo parlamentario tiene que decirle con
respecto al proceso de transferencias a Andalucía, sobre todo después
de su comparecencia ayer por la tarde en Sevilla tras su reunión con
el consejero de la Presidencia, don Gaspar Zarrías.
Señor ministro, el proceso de transferencias a Andalucía ha pasado
por todo tipo de situaciones sinuosas, y yo casi me atrevería a decir
que siniestras. El día 20 de mayo del año 2000, tras una entrevista
celebrada entre el presidente de la Junta de Andalucía y el
presidente
del Gobierno español, éste último manifestaba su voluntad y su
intención de tener una actitud más amigable, si se puede llamar de
esa manera, y más amistosa a la hora de hacer las transferencias,
situación que no tiene nada que ver con la realidad que se ha
desarrollado posteriormente. Han sido sinuosas porque después de esa
reunión ha habido cientos de reuniones donde teníamos la sensación de
que alguien era Penélope y que lo que tejíamos con usted y con su
ministerio alguien a sus espaldas o con el consentimiento suyo -no lo
sé- lo destejía. (El señor De la Encina Ortega: Arenas.) Le voy a
decir una cosa más. Es absolutamente impresentable la actitud de su
ministerio y la actitud del Grupo Popular que sostiene a su Gobierno.
Ustedes dicen en Andalucía una cosa y aquí dicen y hacen otra muy
distinta, señor ministro. Sí, señor ministro, hacen ustedes otra cosa
muy distinta.
Con respecto a las políticas de empleo, cuando casi llegamos con
usted a un acuerdo hace muy pocos meses, le estoy hablando casi de
días, cuando casi tocamos con los dedos ese acuerdo, de pronto ya no
hay acuerdo, de pronto en la ponencia técnica ya no hay acuerdo. El
día 12 de noviembre, hace menos de dos semanas, el señor Sanz en
Andalucía decía que el Gobierno estaba ya preparado para realizar
esas transferencias. Se lo leo. El día 12 de noviembre el señor Sanz
decía en la Comisión del desarrollo del Estatuto, del Parlamento
andaluz: El Gobierno está en plena disposición, en total
disponibilidad para afrontar la pronta asunción de catorce nuevos
traspasos. Es impresentable la actitud del Gobierno, cuando además en
los últimos doce meses el 45 por ciento de la creación de empleo está
en Andalucía. Ustedes lo que no quieren es que Andalucía disponga de
70.000 millones de pesetas para distribuirlos a gusto y como quieren
los andaluces y no como quieren ustedes. Ustedes quieren seguir
mangoneando, señor ministro, las escuelas taller y las casas de
oficio. (El señor De la Encina Ortega: Eso es lo que quieren, pero no
nos dejaremos.) Ustedes quieren hacer eso con sus gobiernos
municipales.
Con respecto a las transferencias en materia hidrográfica, usted
sabe, señor ministro, que era muy fácil la solución, porque ustedes
estaban dispuestos a transferir las pequeñas y las medianas cuencas
en breve plazo. Usted sabe igual que yo que no hace falta ninguna
modificación legislativa. El Gobierno de Andalucía está solicitando
que nos dejen gestionar conjuntamente con ustedes las cuencas
intercomunitarias. Señor ministro, el agua es un bien muy preciado,
es necesaria para Andalucía y estamos seguros de que si no fuese por
esa falta de credibilidad que ustedes tienen, hubieran tenido menos
problema tanto en el Plan Hidrológico Nacional como en las
transferencias que se debían haber hecho en el Plan de regadíos.
Con respecto a la deuda histórica, desde el año 1996 ustedes tienen
un compromiso: les quedan 20.000
millones por pagar a la comunidad autónoma andaluza; creo que ya es
momento de que ustedes paguen.
Por último, señor ministro, este grupo parlamentario y el Gobierno de
Andalucía estamos seguros de que si el Gobierno andaluz tuviese otro
color político, las transferencias se hubiesen hecho ya.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la enmienda,
tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y
señores diputados, hoy para el Grupo Parlamentario Popular es un día
de tristeza. Es un día de tristeza porque este grupo ha presentado
una enmienda de diálogo, de colaboración (El señor de la Encina
Ortega: Diálogo indefinido.), pero vuelve a demostrarse en esta
Cámara lo que se repite en Andalucía. Por mucho que se empeñe el
Grupo Socialista, por mucho que se empeñe Izquierda Unida, no se
puede negociar cuando una de las partes no quiere negociar, señor
Centella y señora López, es imposible. Nosotros lo hemos intentado en
esta Cámara con la enmienda que hemos presentado, pero ustedes
vuelven a demostrar que no quieren diálogo y que no quieren resolver
los problemas de Andalucía.
Señora López, aparte de los insultos de impresentabilidad
y siniestralidad que usted ha planteado aquí... (La señora López
González: No he insultado a nadie.-Rumores.) Yo comprendo que la
parte alta de la Cámara se ponga nerviosa, pero las verdades son así.
(Risas.) Señora López, hay que tener mucha valentía política para
decir aquí que la deuda histórica de Andalucía es un problema del
Partido Popular, porque yo les pregunto a ustedes: si durante 14 años
no han pagado ni una sola peseta, ¿qué hacían los diputados del
Partido Socialista en esta Cámara? (Aplausos.) ¿Qué hacían los
diputados andaluces en esa defensa exacerbada que ustedes tienen de
Andalucía hoy en día? Dígamelo usted, señora López, ¿qué hacía usted?
¿Estaba todo el día presentando mociones aquí para que el Gobierno
del Partido Socialista pagara la deuda histórica de Andalucía? ¿Lo
hacía usted? En el «Diario de Sesiones» no he visto una sola
propuesta del Grupo Socialista.
Quiero decirle otra cosa. Con el último sistema de financiación
autonómica, ustedes, a través de la Junta de Andalucía, organizaron
una campaña absolutamente destructiva contra el Gobierno de España y
contra el Partido Popular. Dijimos: el sistema de financiación es
bueno para los andaluces. (El señor de la Encina Ortega:
Cuatrocientos mil andaluces menos.) ¡Qué barbaridad! Después de
terminar ese proceso ustedes reconocen que el sistema era bueno,
aunque a los andaluces nos ha costado más de 170.000 millones de
pesetas que el Gobierno de España quería dar a los andaluces.
(Aplausos.) Esa es la verdad, pero le voy a decir más verdades,
señora López. El secretario general del Partido Socialista en la
provincia de Córdoba ha tenido que reconocer que el Gobierno de
España en los Presupuestos Generales del Estado pone más dinero para
inversiones por cada cordobés que el Partido Socialista en la Junta
de Andalucía. Eso es invertir en Andalucía y apostar por Andalucía,
señora López. (Aplausos.) Eso son verdades dichas por los secretarios
generales del Partido Socialista en Andalucía. El problema no es que
el Partido Popular tenga un discurso aquí y otro en Andalucía, el
problema es que ustedes tienen un discurso aquí, otro en Andalucía,
otro en Cataluña, otro en Galicia, otro en Valencia y otro en cada
una de las comunidades. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Y
como ustedes no se ponen de acuerdo con ustedes mismos, explíqueme
usted cómo el Gobierno puede aspirar a que ustedes se pongan de
acuerdo con él. (Rumores.) ¿Habrá voluntad política del Gobierno?
Pero si este Gobierno es el que ha hecho en cinco años más
transferencias a las autonomías que ningún otro. (Un señor diputado:
¡Sí señor!-La señora Cunillera i Mestres: ¡Aleluya, hosanna!) Si
hemos hecho más transferencias que nadie; si es que el espíritu
autonomista del Partido Popular y del Gobierno de España está claro,
pero está claro con los hechos, no con las palabras. En ese afán y en
ese deseo de defender a los andaluces, les pediría que ustedes
aceptaran la enmienda del Grupo Popular. Les pediría que por los
andaluces aceptaran nuestra enmienda de instar al Gobierno a que siga
las negociaciones. Además, es público y reconocido por todos ustedes,
en todas las sesiones de la Comisión del Régimen de las
Administraciones Públicas, el talante dialogante del ministro. Si
ustedes reconocen que el ministro es dialogante, si no hay diálogo no
será por culpa del ministro, será por culpa de la otra parte
(Aplausos.-El señor de la Encina Ortega: Porque Arenas no le deja.),
porque, si no, no tiene sentido que reconozcan el diálogo del
ministro. Yo les pediría un poco de sensatez y que los andaluces vean
que ustedes empiezan a identificarse con los problemas de Andalucía.
Les pido que acepten nuestra enmienda, que acepten la voluntad de
diálogo del Gobierno, la voluntad de diálogo del Grupo Parlamentario
Popular. (El señor Alcaraz Masats: ¿A quién se lo dices?) Se lo digo
al Grupo proponente de Izquierda Unida.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego prosiga,
señor Merino, le queda muy poco tiempo.
El señor MERINO LÓPEZ: Si es que no me dejan, señora presidenta.
Les pediría, de verdad, que cuando lleguen a acuerdos en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, luego no cambien sus posiciones
cuando surge la normativa
legal o cuando surgen planteamientos de desarrollo autonómico,
porque, en definitiva, el Partido Popular y el Gobierno de España lo
que pretenden es resolver el problema de los andaluces y de los
españoles (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Anda ya!) Y una cosa, señor
Centella, yo soy andaluz y para mí...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Concluya, señor
Merino.
El señor MERINO LÓPEZ:... tan río y tan andaluz es el río Guadalquivir
como el río Miño, porque nosotros tenemos un proyecto de nación, un
proyecto de aguas, un proyecto unitario para España (Rumores.)
Ustedes quizá sólo quieren el río para Andalucía, nosotros queremos
el agua para todos los españoles. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Merino,
concluya, por favor.
El señor MERINO LÓPEZ: Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.-El señor Cisneros Laborda: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): ¿Grupos que quieran
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Núñez. (Rumores.)
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, a estas horas de la tarde-
noche ya no sabemos ni geografía. (Aplausos.) En un momento en el que
vuelven a esta Cámara los tres puntos de la moción consecuencia de la
interpelación de Izquierda Unida, que en este mandato ya ha tenido
oportunidad este diputado de defender, pero que lamentablemente -y
digo lamentablemente porque nunca se le hace caso- ha visto muchas
veces los «Diarios de Sesiones» de este Congreso, así como las actas
del Parlamento andaluz, a estas alturas, no sé si hacerme un
cuadrante de doble entrada, para situar a los partidos políticos a un
lado y los asuntos a otro, en este caso casi la última intervención
del Partido Popular, y ver cuántas veces ha votado sí, cuántas veces
ha votado no y cuántas veces se ha abstenido, porque depende de dos
cosas, de dónde lo diga, desde el punto de vista del sitio, que lo
diga en Andalucía o lo diga aquí, y de dónde lo diga desde el punto
de vista del sitio político, lo diga en el Gobierno o lo diga en la
oposición.
En los «Diarios de Sesiones» figuran los discursos encendidos del
portavoz del Partido Popular, entonces Rodrigo Rato, diciendo a otro
gobierno que no era el suyo que había que pagar la deuda. En los
«Diarios de Sesiones» está lo que acabamos de escuchar de que es una
especie de pimpampún, donde uno lo dijo, otro no lo dice... Lo que
estoy seguro es de una cosa, que no se
paga. Este diputado recibió respuesta del señor ministro -recién
llegado, creo que llevábamos un mes- y el señor ministro fijó fecha,
cosa que hoy no se atreve a hacer. Dijo aquí que en diciembre de 2000
ya estarían cedidas las políticas activas de empleo. Pues ha llovido,
y ha llovido señorías, y aquí no hay políticas activas de empleo que
valga, y cuando se le piden compromisos para los próximos polvorones,
estos que tenemos encima, dice que esto de dar fecha es complicado,
que ya se ha equivocado en diciembre, que ya se ha equivocado en
junio de 2001 y que no se quiere equivocar otra vez; o sea que no
tiene fecha o que tiene una idea de una fecha que está por ahí, pero
que no es posible pasarla a negro sobre blanco. De modo que para este
andaluz andalucista hablar de deuda histórica es repetir nuestra
posición, hablar de que el Guadalquivir es andaluz es saber geografía
-ya no quiero hablar de política sino de geografía-, y el
Guadalquivir es andaluz. El Miño lo quiero mucho y es un río español,
que está situado por Galicia -lo digo como referencia-, no es un río
andaluz. (Rumores.)
Respecto al resto de transferencias, naturalmente, este portavoz
incrementaría las peticiones que ha hecho Izquierda Unida y sumaría
las de puertos, las de aeropuertos, las de policía, todas las que
quedan en la configuración de este Estado federal donde los pueblos
de España, de una manera libre y solidaria, podemos hablar unos con
otros y podemos dotarnos de un sistema estable, sin este tira y
afloja de los que creen que ceden cuando dan o de los que creen que
este modelo no vale. Yo creo que tenemos que llegar a un consenso.
Hoy no es posible, en esta Cámara, nada más que un testimonio, no un
consenso. De modo que veremos el testimonio de los partidos que se
sientan en esta Cámara sobre unas viejas, muy viejas cuestiones,
aquellas que afectan a culminar el proceso de transferencias con
Andalucía y aquellas que afectan a tener un modelo de Estado federal
donde Andalucía esté a la cabeza con el resto de los pueblos de
España que se consideran nacionalidades históricas, que quieren el
máximo autogobierno y que lo ven perfectamente compatible con
convivir en libertad, con solidaridad y con armonía con el resto de
los pueblos de España.
No puedo más que expresar mi apoyo a lo que dice Izquierda Unida,
porque sería refrendar mi propia posición, y lamentar este pimpampum
de posiciones, porque estas posiciones erráticas de cambiar según se
esté en Gobierno o en oposición, en Andalucía o aquí, algún día se
van a saber claras por el pueblo andaluz y se van a pagar en las
urnas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Anuncio el voto favorable del Grupo Vasco a esta moción consecuencia
de interpelación urgente. Un voto favorable que se basa en razones de
coherencia, en primer lugar, con nuestro propio ideario político, que
evidentemente apuesta por un Estado descentralizado; en segundo
lugar, por coherencia con la visión que tenemos del Estado
autonómico, un Estado autonómico real y efectivamente descentralizado
que pueda dar satisfacción a las aspiraciones de autogobierno de
todas las comunidades políticas que se articulan en comunidades
autónomas; en tercer lugar, en coherencia con la posición que
nosotros, como Grupo Vasco, hemos venido manteniendo durante los
últimos años en este o en otros foros en relación con el desarrollo
de nuestro estatuto de autonomía, que, a pesar de ser el primero en
el tiempo, tiene pendientes de transferencia todavía más de 30
materias realmente importantes para la gestión pública y, en cuarto
lugar, en coherencia con una posición que viene manteniendo el Grupo
Vasco reiteradamente en relación con el carácter asimétrico del
Estado y con la necesidad de reconocer hechos diferenciales allá
donde se identifiquen como tales. Una posición que nos ha supuesto en
numerosas ocasiones una actitud de incomprensión por parte de mucha
gente, que ha sacado sin ningún rubor el fantasma de la
discriminación y de los privilegios, pero que se pone de manifiesto
claramente en esta iniciativa en la que se propone, entre otras
cosas, una modificación de una ley estatal en relación con la gestión
de recursos hídricos que nosotros en el País Vasco no hemos planteado
en ninguna ocasión, sencillamente porque asumimos que la realidad,
desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos en el
País Vasco y en Andalucía, es radicalmente distinta y reconocemos que
aquí tiene que darse necesariamente un fenómeno asimétrico en la
medida en que la problemática y la dinámica, desde este punto de
vista, en la comunidad andaluza y en la vasca son radicalmente
distintas. Hemos defendido siempre que cada comunidad autónoma tiene
su propia dinámica y su propio horizonte de aspiraciones y que eso
tiene que ser reconocido por un Estado si de verdad quiere ser
autonómico y consecuente con la descentralización.
Por estas razones de coherencia, vamos a fijar nuestra posición a
favor de esta iniciativa que consideramos plenamente asumible en el
marco del Estado descentralizado en el que vivimos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidenta.
Señorías, la Comunidad Autónoma de Andalucía accedió al autogobierno
por el artículo 151 y lo hizo con un gran esfuerzo, demostrando una
gran voluntad de acceder a las mayores cotas de autogobierno. Fue un
hecho que marcó el proceso autonómico en su conjunto; fue un hecho
que reforzó -lo decía ahora el señor Erkoreka- el carácter asimétrico
del Estado que compartimos.
Señor Centella, autor de la proposición de ley, porque hoy el que
trae esta moción es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
nuestro grupo parlamentario respeta y comparte los puntos concretos
que desde la Comunidad Autónoma de Andalucía quieran plantear en ese
proceso de avance hacia el autogobierno, hacia la consolidación de lo
que el estatuto permite. Sólo hay un punto con el que mi grupo
discrepa, y lo dice públicamente como lo hemos hecho siempre que se
ha planteado una moción de esta índole: entendemos que lo que se
plantea en esta moción tiene que venir refrendado con una propuesta
de modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía que profundice
en ese mayor autogobierno, propuesta que, cuando venga a esta Cámara
de la mano del propio Parlamento andaluz, recibirá siempre el voto
favorable de mi grupo parlamentario. Desde esta óptica, lo que quiero
-y está aquí el ministro de Administraciones Públicas- es instar
a que se le dé a Andalucía un trato bilateral, el trato que se merece
como comunidad autónoma que ha demostrado claramente querer acceder a
las mayores cotas de autogobierno. Repito, desde el respeto absoluto
a los distintos puntos que trae hoy el señor Centella en su moción,
mi grupo se va a abstener (Rumores.), pero compartiendo claramente
esa finalidad de mayor autogobierno y adelantando ya lo que será una
posición siempre favorable de mi grupo a una propuesta que nos llegue
a esta Cámara de quien tiene que traerla formalmente, que es el
Parlamento de Andalucía, para abrir mayores cotas de autogobierno.
Por tanto, desde esa coincidencia, celebramos hoy el debate que nos
ha traído aquí el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Jané.
Señor Centella, ¿desea manifestar su aceptación o rechazo a las
enmiendas aquí defendidas?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta. Que al menos la
presidencia reconozca que este grupo es el autor de esta iniciativa,
no como le ha pasado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
parecía que estaba en otro debate.
En ese sentido, vamos a aceptar la enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Centella, no me
haga repetir lo que tantas veces se ha dicho desde la presidencia.
Manifieste la aceptación o el rechazo de las enmiendas.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, estaba dando las gracias
y manifestando nuestra aceptación de la enmienda del Partido
Socialista Obrero Español. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre el desarrollo del marco competencial del Estatuto de
Autonomía de Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias
pendientes del actual estatuto y su necesaria ampliación, para una
ampliación del techo competencial del mismo. Se somete a votación en
los términos derivados del propio debate, con la incorporación de las
enmiendas que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 108; en contra, 162; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.