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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 117, de 12/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 117
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 112
celebrada el lunes, 12 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 5746)
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2002. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 46-1, de 28 de
septiembre de 2001. (Número de expediente 121/000047.). . . .
(Página 5746)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 5746)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 5746)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002
. . . (Página 5746)
Títulos I y II . . . (Página 5746)
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego presenta a los títulos I
y II del proyecto de ley, que tienen como objetivo defender los
derechos económicos de los funcionarios públicos y que los
incrementos retributivos para el personal de las administraciones
públicas sean equivalentes a la inflación real registrada en cada
ejercicio, y da por defendidas el resto de enmiendas que su grupo
tiene presentadas a estos títulos.
El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, retira la enmienda número 11 y pasa a defender
fundamentalmente las números 10, que hace referencia a la
conveniencia de la creación de la Oficina de control presupuestario,
la 12, en la que se pide mayores ingresos tanto por el IRPF como en
el impuesto de sociedades, y la 17, en la que se pide una mayor
transparencia en los ingresos y gastos del Ministerio de Defensa.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, defiende las enmiendas de su grupo al título II, la número
1843, al artículo 13, que hace referencia a los módulos económicos de
distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros
concertados, y la número 1844, también dirigida al artículo 13, en la
que se propone la constitución de una comisión de estudio sobre el
coste del puesto escolar de centros concertados en comparación con
los centros públicos.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
considera que estos presupuestos
siguen siendo obsesivos con el déficit cero, a pesar de la actual
coyuntura económica, y defiende sus enmiendas 583, 584 y 585, que
proponen un sistema más restrictivo que el del Gobierno para evitar
incurrir en déficit cuando la Ley de estabilidad presupuestaria no
está aún en vigor.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), mantiene la enmienda 1240 que trata de
adicionar un párrafo segundo al apartado primero del artículo 11, en
el que se insta al Gobierno a remitir al Congreso de los Diputados, y
también al Senado, información sobre las ampliaciones de crédito que
se acuerden a lo largo del ejercicio 2002, identificándose los
afectados, su importe y la finalidad de los mismos.
El señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista,
discrepa de la cifra de crecimiento dada por el Gobierno, basándose
en unos ingresos que está seguro no se van a producir, para con esos
ingresos poder presentar un presupuesto inicialmente en equilibrio.
Considera, por el contrario, que estos presupuestos no son creíbles
porque se apoyan en un cuatro macroeconómico inverosímil, denunciando
la falta de voluntad del Gobierno de analizar a fondo la situación
económica actual.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título III . . . (Página 5751)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas 1503, 1504 y 1520, ésta última al título VIII, que hacen
referencia a la oferta de empleo público.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda 1791, al título III, que pretende suprimir el
punto 5 del artículo 20 por entender que no se puede dotar de
carácter básico a determinadas normas relativas a las retribuciones
del sector público.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en un
solo bloque las 14 enmiendas que su grupo presenta a este título III,
la mayoría de ellas referidas al tanto por ciento de la revisión
salarial que deberían tener los distintos cuerpos de funcionarios del
Estado.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
brevísimamente las 19 enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha
presentado a
los títulos II y III, números 1342 a 1370, aclarando que en su
anterior intervención defendió una enmienda a la exposición de
motivos y no las presentadas a los títulos I y II.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende dos enmiendas que su grupo ha presentado a este título III,
referidas al incremento salarial del 2 por ciento para los
funcionarios y pensionistas que lleva a la pérdida de poder
adquisitivo de estos colectivos.
El señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende las enmiendas que su grupo presenta a esté
título que se refieren básicamente a las tres cuestiones que hoy
afectan a la función pública española: los límites a la reposición de
efectivos, la tasa de temporalidad y la pérdida de poder adquisitivo.
El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista,
explica que las nueve enmiendas que su grupo ha presentado a este
título III y a las disposiciones adicionales concordantes son muy
similares a las del año pasado en materia de retribuciones, de
empleados y empleadores públicos, de congelación de plantillas, de
condiciones laborales y de incumplimientos con los empleados
públicos, porque estos presupuestos son una fotocopia de los
presupuestos del pasado año.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Títulos IV, VIII y sección 07 . . . (Página 5758)
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda 1680 al título IV, en la que se pide que se contemple un
crecimiento de la inflación del 2,8 por ciento para las pensiones,
para evitar la pérdida del poder adquisitivo durante el año, a pesar
de la existencia de la obligatoriedad de la paga de regularización de
la inflación.
El señor Aymerich Cano defiende las enmiendas que el Bloque
Nacionalista Galego presenta a estos títulos, en las que se pretende,
siendo coherente con lo dicho anteriormente, que en la revisión de
las pensiones de la Seguridad Social y de Clases Pasivas se aplique
también el incremento del 5,5 por ciento que proponen para el salario
mínimo interprofesional y para las retribuciones de los empleados
públicos.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en
este momento la enmienda 1078,
presentada por la Chunta Aragonesista al artículo 86, en la que se
pretende crear un fondo específico para el medio rural del Alto
Aragón y de la actual provincia de Zaragoza, para paliar la ausencia
en estos territorios de la financiación de este fondo y por ende del
Objetivo 1.
El señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende las enmiendas de su grupo que tratan, en
primer lugar, de eliminar la posibilidad de no revalorización de las
pensiones públicas y, en segundo lugar, de establecer una
revalorización de pensiones equivalente a la del Sistema General de
la Seguridad Social.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), mantiene las enmiendas 1241 al título IV, que
trata de dar cumplimiento al acuerdo sobre el incremento de las
pensionas más bajas del sistema, y 1246 al título VIII, que trata de
trasladar a los 55 años la facultad por parte de los autónomos de
escoger una base de cotización más alta de acuerdo con sus
posibilidades de ingresos.
La señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista,
después de referirse a las intervenciones de los señores Cámara y
Merino, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pasa a
defender las enmiendas de su grupo referentes a complementos
a mínimos, fondo de reserva, bonificación de contrataciones y reducción
de cotizaciones.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título V y sección 06 . . . (Página 5763)
El señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende fundamentalmente las enmiendas que plantean la
creación de un fondo para la condonación de la deuda externa, dotado
con 270,46 millones de euros, y disminuir el peso de la ayuda al
desarrollo, ya que este tipo de ayuda no fomenta precisamente el
desarrollo de los países del tercer mundo.
El señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), defiende la enmienda 1242, en la que se pide incrementar la
dotación del fondo para la concesión de microcréditos.
El señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista,
analiza y critica algunas cuestiones relacionadas con el pretendido
rigor fiscal de Gobierno
del Partido Popular, concluyendo que la política presupuestaria
del señor Aznar ni tiene disciplina, ni tiene equilibrio ni tiene
rigor, por lo que su grupo votará en contra.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Albendea
Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título VI . . . (Página 5767)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas 1506, 1507 y 1508, dando por retirada la 1505.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende las enmiendas números 588, 589, 590, 591 y 592, que tienen
como objetivo deflactar, mediante la actualización en un 2 por ciento
del mínimo personal y familiar del IRPF, la escala autonómica
complementaria del IRPF, la base liquidable del impuesto sobre el
patrimonio y la cuota íntegra sobre el patrimonio.
El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, hace la defensa de sus enmiendas 50, 51, 52 y 53. Las dos
primeras tienen la función meramente correctora de adecuar a la
actualidad las bases y la valoración en el IAE y en el impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica; la tercera tiene como función dejar
muy claro que la exención que se produzca a las obras benefico-
sociales de las Cajas de Ahorros sean para aquellas obras que no
tengan ánimo de lucro; y la última pretende que se añada en el
artículo 62 un nuevo punto en el que se hable de la producción de
energía termoeléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), mantiene viva la enmienda 1244 relacionada con
la actividad del agroturismo, que no pretende otra cosa que eliminar
una publicada compatibilización respecto del IAE, tanto por actividad
agrícola como por actividad agroturística.
El señor Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista,
critica la política fiscal del Gobierno del Partido Popular y se
refiere a los datos facilitados por la OCDE sobre la presión fiscal,
las cotizaciones sociales, el IVA, y los impuestos de sociedades
y sobre la renta.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Juan i
Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título VII y secciones 32 y 33 . . . (Página 5771)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas 1077 y 1079 y las correspondientes a la
sección 32 del señor Labordeta Subías, y pasa a defender las cuatro
enmiendas que presenta Iniciativa per Catalunya-Verds: dos de ellas
hacen referencia a las subvenciones a los entes locales por
transporte colectivo urbano y las otras dos son relativas a las
compensaciones a los ayuntamientos, tanto por las bonificaciones del
IBI que tienen las autopistas como por las bonificaciones por
exención de centros concertados.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
seis enmiendas que los Andalucistas han presentado a este bloque.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, pasa a
defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha
presentado a este título VI relativas a la subvención a las entidades
locales por el transporte urbano y da por defendidas, por la
identidad de materia y contenido las presentadas a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, defiende las enmiendas 1845, 1846 y 1847 al título VII y
secciones 32, de entes territoriales, y 33, del Fondo de
Compensación, así como la número 1848, que defiende la inclusión de
una disposición adicional nueva.
El señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende las enmiendas presentadas al título VII y a
las secciones 32, entes territoriales, y 33, Fondo de compensación
interterritorial, relativas a la financiación autonómica.
El señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), defiende la enmienda 1245, al título VII, que pretende que
se contemple el hecho de que hay comunidades autónomas que han
asumido competencias de las propias diputaciones provinciales, y las
números 1332, 1333 y 1334, relativas a la sección 32.
El señor Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario Socialista,
manifiesta la posición de su grupo, diferente a la del Gobierno, en
relación con la financiación de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales y anuncia su voto en contra porque ni se
garantiza la suficiencia financiera ni se resuelve el problema de la
financiación local, como mandata el artículo 142 de la Constitución.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias y anexos . . . (Página 5778)
Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas de su grupo a las disposiciones
adicionales y transitorias, a las que tilda de auténtico cajón de
sastre. En primer lugar defiende las enmiendas relativas tanto al
aumento de fondos, el antiguo PER, como a la fijación de cantidades,
a fin de ir pagando la deuda histórica existente entre la
Administración central y las comunidades autónomas de Andalucía y
Extremadura. En segundo lugar defiende las enmiendas relativas a la
contabilidad del dinero entregado a la Iglesia católica en virtud de
determinados concordatos. Un tercer bloque de enmiendas va en la
línea de pedir que se ejecute el cumplimiento de una proposición no
de ley que se aprobó por unanimidad en la Cámara en la sexta
legislatura, referida a la transferencia de los hospitales militares
a los distintos servicios de salud de las diferentes comunidades
autónomas. Asimismo se refiere a la obligación moral y económica del
cumplimiento del 0,7 por ciento del producto interior bruto como
ayuda de solidaridad a los países del Tercer Mundo y termina haciendo
referencia a sus enmiendas a los dos últimos bloques, relativas a las
pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional. Finalmente
se refiere a la situación de los concejales y concejalas de los
pueblos de España cuando cesan en su cargo, para los que pide igual
trato que para las trabajadoras y los trabajadores del Estado
español.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), da por defendidas las enmiendas 1260 y 1261 a
las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, y pasa a
defender la 1247, que trata de incrementar en un 4 por ciento las
prestaciones por hijo a cargo; la 1248, que trata de prorrogar al año
2002 la totalidad de actividades y programas susceptibles de ser
creados como programas prioritarios de mecenazgo; la 1249, que trata
de ampliar en un año la moratoria de las instituciones públicas o
privadas sin ánimo de lucro en su pago a la Seguridad Social, y la
1250 que se refiere a la condonación de la deuda. La enmienda 1257
trata de facilitar la ejecución de una política de integración de los
inmigrantes de una manera continuada y la 1252 se refiere a una
disposición final nueva sobre la creación de un fondo español para el
tratamiento de la deuda exterior. La enmienda 1253 fue retirada y la
1254 trata de medidas de control del gasto farmacéutico. Asimismo
defiende las enmiendas 1255, 1256, 1257, 1258 y 1259.
El señor Mayoral Cortés defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista. Manifiesta que la sociedad española del año
2001 es una sociedad secularizada que se ha dotado de una
Constitución que establece a su vez un Estado laico y aconfesional y,
sin embargo, se sigue manteniendo un sistema de financiación
periclitado ya, por lo que en su enmienda postulan un sistema que se
base en la libertad religiosa y en los principios de voluntariedad
real y de igualdad y no discriminación.
El señor Segura Clavel, también del Grupo Parlamentario Socialista,
defiende las enmiendas 1060 y 1061, relativas a la seguridad
aeroportuaria, dada la situación internacional que se está viviendo
en el sector y para permitir la competitividad de las compañías
aéreas españolas y sus infraestructuras.
El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, anuncia que su grupo ha presentado una enmienda
transaccional a la enmienda 1848 de Coalición Canaria y que votará a
favor de la enmienda 1249 de Convergència i Unió.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Bardisa Jordá,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), anuncia la retirada de su enmienda 1250 y el
señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
acepta la transaccional ofrecida por el Grupo Popular a su enmienda
1848.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas
presentadas a los diferentes títulos y secciones del proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 debatidos en la
sesión de hoy, así como del texto del dictamen.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución. Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se
procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta
Electoral Central, don Álvaro Francisco Cuesta Martínez, en
sustitución de don Luis Martínez Noval, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Alvaro Francisco Cuesta Martínez ha
adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2002. (Número de expediente 121/000047.)
Titulo I y II La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer
lugar, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2002. En función de lo acordado por la Junta de Portavoces,
iniciamos el debate del referido proyecto de ley con la defensa de las
enmiendas que afectan a los títulos I y II conjuntamente.
En primer lugar y para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich Cano.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego para defender las
enmiendas que mi grupo tiene planteadas a los títulos I y II del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
En primer lugar, quiero defender los derechos económicos de los
funcionarios públicos y que los incrementos retributivos para el
personal de las administraciones públicas, los empleados públicos,
sean equivalentes no a la inflación prevista, sino a la inflación real
registrada en cada ejercicio. Son ya muchos los años en que los
funcionarios públicos están perdiendo poder adquisitivo y con su
sacrificio están financiando el déficit cero. (Rumores.) El año pasado
hubo una sentencia de la Audiencia Nacional, que el Gobierno se niega
a cumplir, en la que se le condenaba precisamente a ejecutar lo que en
su momento...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich.
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Puede continuar, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Decía que lo que pretendemos es salvaguardar
los derechos económicos de los empleados públicos. Otra cuestión es que
cuando el Gobierno pretenda financiar operaciones realizadas en el seno
de la OTAN o realizar prestaciones de ejércitos de países integrados en
la OTAN, no lo pueda hacer directamente sino que deba consultar
previamente a las Cámaras legislativas. En otro orden de cuestiones,
queremos delimitar las ayudas a los centros privados exclusivamente a
los ciclos de enseñanza obligatoria y no a otro tipo de cuestiones que
no se subsumen dentro de esta enseñanza obligatoria.
Doy por defendidas las restantes enmiendas que el Bloque Nacionalista
Galego tiene planteadas a los títulos I y II.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Doy por retirada la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, y paso a defender las enmiendas a los títulos I y II.
La enmienda número 10 hace referencia a la conveniencia de la creación
de la oficina de control presupuestario.
Antes de seguir quiero hacer una mención muy especial a los diputados
Manuel Núñez Pérez y Luis Martínez Noval, compañeros de la Comisión
del Estatuto del Diputado, grandes trabajadores y luchadores para que
esta oficina de control presupuestario tuviera encaje en el nuevo
reglamento del Congreso de los Diputados y posteriormente en el de las
Cortes Generales. Espero que los diputados que los sustituyan, tanto
del Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario
Socialista, sigan en ese mismo camino.
Señorías, siendo la razón de ser del nacimiento de los parlamentos el
ejercicio de la función de control presupuestario -aunque luego sus
funciones han ido complicándose-, es incomprensible que en estos
momentos de mayor cualificación técnica, de mayor capacidad tecnológica
y de mayor complejidad de los propios presupuestos, no dispongamos de
una oficina de control presupuestario. El Tratado de Maastricht y
posteriormente los planes de estabilidad han ido obligando a los
distintos Gobiernos que son y han sido a una extraña ingeniería
financiera con falta de transparencia en las cuentas -no quiero decir
más que eso-
con el objetivo de cumplir, aparentemente, muchos de los requisitos o
de las medidas impuestas en el Tratado de Maastricht que eran y son
de imposible o difícil cumplimiento. Por tanto, la demanda de esta
oficina de control presupuestario, que en el marco del futuro
reglamento esperemos tenga fumata blanca cuanto antes, sin duda se
hará mucho más compleja y más extensa.
En segundo lugar, como al fin y al cabo el presupuesto es una
previsión de ingresos, al estado de ingresos nosotros proponemos una
modificación a la vista de distintas medidas políticas,
fundamentalmente mayores ingresos tanto en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas como en el impuesto sobre sociedades por la
revisión y minoración de la reducción por aportación a mutualidades y
planes de pensiones, por la supresión de declaración de la doble
imposición, por la elevación de tributación en determinadas ganancias
patrimoniales y, por supuesto, por la mejora de la progresividad de
la tarifa. En el impuesto sobre sociedades también proponemos una
previsión de mayores ingresos debido a que una política de más
inversión pública como la que nosotros defendemos va a generar unos
mayores beneficios en dicho impuesto.
Por último, nuestra enmienda al artículo 11.3. Vuelvo a insistir en
el tema de la transparencia: queremos saber cuánto gastamos en
cañones y cuánto en mantequilla. Por tanto, no es de recibo que bajo
el genérico «ya veremos qué» de los resultados procedentes y otros se
camuflen inversiones en I+D para gastos militares apareciendo
generalmente como capítulo 6, transferencias de capital.
Doy por defendidas las demás enmiendas a los títulos I y II.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Al título II mantiene enmiendas el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Mi
grupo mantiene dos enmiendas, la número 1843 y la 1844, que paso
seguidamente a defender.
La primera enmienda está dirigida al artículo 13 y hace referencia a
los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados. En el párrafo correspondiente
al punto 1 del artículo 13 introducimos una frase que entendemos da
mejor sentido de expresión, pues considera implícita y explícita en
el mismo la diferencia que queremos hacer entre el concepto de
módulos y el concepto de partidas, que es lo que a nuestro entender
es más correcto. De ahí que cuando nos estamos refiriendo en nuestra
enmienda a las comunidades autónomas que tienen un pleno ejercicio de
competencias educativas y se propone en el texto del Gobierno que
podrán
adecuar los módulos establecidos en el citado anexo a las exigencias
derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas,
nosotros introducimos la frase «de las diferentes partidas de cada
uno de los módulos fijados en la presente ley.» El proyecto del
Gobierno solamente hace referencia a las cuantías de dichos módulos
fijados en la presente ley y nosotros decimos en las cuantías de las
diferentes partidas de cada uno de los módulos, porque así es como
debe entenderse en la terminología que utilizan los interventores
para el gasto público las autorizaciones correspondientes, la
adecuada adecuación -valga la redundancia- a las expresiones que las
leyes presupuestarias condicionan. Nuestra enmienda va en este
sentido. ¿Para qué? Para que los módulos establecidos en la ley de
presupuestos generales del Estado sean los básicos y mínimos en
sentido estricto. Por tanto, es necesario que el límite a su cuantía
-proponemos en nuestra enmienda- no se establezca sólo sobre el
importe total del módulo, sino sobre el importe de cada una de las
partidas integrantes del mismo, así como de los componentes de éstas.
Para evitar daños al colectivo al que pueden estar dirigidos los
beneficios hay que tener en cuenta fundamentos como la ratio
profesor/aula y el salario del personal docente, que varía de unas
unidades a otras.
La siguiente y última enmienda a este título II, la número 1844,
también está dirigida al artículo 13 y planteamos el módulo económico
de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los
centros concertados. Nosotros proponemos un nuevo apartado 6 que
pretende la constitución de una comisión de estudio del coste del
puesto escolar en analogía con la pública. Entendemos que los módulos
actuales de conciertos no están reflejando el coste real de la
enseñanza concertada. Este es un problema grave que se está
planteando y que hay que evitar que lleve a una deficiente y lesiva
aplicación de los mismos para los centros que lo están impartiendo.
Nuestro grupo cree que se deben realizar los estudios
correspondientes que determinen las necesidades reales de los centros
de enseñanza concertada en analogía con los centros públicos.
Nosotros partimos de que tiene que haber un principio perfectamente
claro, transparente, justo y democrático de analogía entre centros
públicos y concertados para evitar agravios diferenciales o agravios
peyorativos en cuanto a la eficacia económica de la aplicación. De
aquí que propongamos en nuestra enmienda que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte deba constituir con las organizaciones
empresariales de centros concertados más representativas una comisión
de estudio del coste real del puesto escolar en los diferentes
niveles de enseñanza. Los resultados serán tenidos en cuenta para la
determinación del importe de cada una de las partidas de los módulos
mínimos reflejados en las posteriores leyes de presupuestos. Por
tanto, nuestra idea fundamental es el instrumento de una comisión de
estudio
entre el ministerio y aquellas entidades y organizaciones más
representativas de los centros concertados para que de verdad, de
manera clara, objetiva y matemática se sepa cuál es el coste real del
puesto escolar y sobre él se trabaje, no sobre suposiciones ficticias
hechas siempre a la baja, que conducen a un demérito insostenible de
nuestro sistema de garantía en la enseñanza.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas mantenidas por el Grupo Vasco, tiene
la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Iniciamos hoy otro debate más, después del
de la Comisión y el Pleno a la totalidad, de unos presupuestos que
son cada vez más irreales. La coyuntura económica nos está diciendo
que las previsiones de crecimiento del 2,9 están cada vez más
alejadas de la realidad. Sin embargo, el Gobierno no está dispuesto a
revisar y modificar los presupuestos en la medida que ello implica.
Estos presupuestos continúan siendo obsesivos con el déficit cero,
que en una coyuntura como la actual no es compartido en absoluto por
nuestro grupo parlamentario. Sin embargo, las tres enmiendas que
planteamos al título I van encaminadas a que ustedes sean coherentes.
Les proponemos un sistema de limitaciones presupuestarias que van más
allá de lo que el propio Gobierno propone. Nuestra propuesta supone
modificar el artículo 11 en sus tres apartados 1, 3 y 5, encaminados
a cumplir con sus objetivos de déficit cero. De esta manera se
propone un sistema más restrictivo que el del Gobierno para evitar
incurrir en déficit, cuando la Ley de estabilidad presupuestaria no
está aún en vigor. El Partido Popular debía aceptar las enmiendas por
propia coherencia y nuestro grupo sólo desea ayudar a ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Al bloque de los títulos I y II, que conjuntamente estamos
debatiendo, mantenemos la enmienda 1240, que trata de adicionar un
párrafo segundo al apartado 1 del artículo 11 del texto enviado por
el Consejo de Ministros a esta Cámara. Nuestra propuesta es que el
Gobierno remita al Congreso de los Diputados y al Senado información
sobre las ampliaciones de créditos que se acuerden a lo largo del
ejercicio próximo, es decir el año 2002, cuando tendrá vigencia el
presupuesto que estamos debatiendo, identificándose a los afectados
su importe
y la finalidad de los mismos. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la presidencia.) Nosotros, que estamos globalmente de acuerdo
-con matices de discrepancia- con el proyecto de ley enviado por el
Gobierno, como expuso desde esta tribuna el señor Trias, observamos
que el cuadro macroeconómico que da contenido y unión al mismo se nos
está deshaciendo en las manos. Hoy mismo en la prensa hemos podido
leer que el vicepresidente primero está ya modificando las cifras
relativas al crecimiento del PIB y observamos que la crisis que ya
estaba llegando, y que aceleradamente a partir del 11 de septiembre
está más cerca, comporta que ese proyecto presupuestario que
finalmente se aprobará por las Cortes Generales, deberá ser
modificado -intuimos- en alguna de sus partes a lo largo del año para
ir adaptándolo a la triste nueva realidad que nos va llegando.
Nuestra propuesta relativa a las ampliaciones de crédito que el
Gobierno vaya realizando al amparo de la norma pertinente (la Ley
general Presupuestaria o las disposiciones que para ese fin contiene
el proyecto que estamos debatiendo) es que sean trimestralmente
conocidas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Creemos
que es bueno que se realice un seguimiento lo más correcto y profundo
posible en el tiempo, que lo haga aquel que lo debe hacer, es decir
el Legislativo que para eso está, no solo para legislar sino también
para controlar al Gobierno, y que en esa previsión - que el Gobierno
ya acepta- de variaciones en el cuadro macroeconómico cuando fue
aprobado por el Consejo de Ministros y la previsión de modificación a
31 de diciembre de esta año y a lo largo del próximo año, también sea
conocido por la Cámara.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, estoy seguro que en alguna ocasión alguien entre ustedes
habrá comprado un coche de segunda mano y es posible que ese vehículo
no les saliera tan bueno como pretendían en el momento de su
adquisición, que se les estropeara más veces de las debidas. Si eso
ha sido así, me gustaría preguntarles: ¿volverían ustedes a comprar
un nuevo vehículo al mismo concesionario, al mismo proveedor?
Permítanme que utilice este símil para acercarme a la realidad de la
economía española. Hace un año el Gobierno nos dijo que el
crecimiento económico iba a ser del 3,6 por ciento. En primavera y de
hurtadillas corrigió su primitiva estimación, volvió a hacerlo en el
verano y hoy todos sabemos, aunque el Gobierno no lo reconozca, que
la estimación que hacen la mayor parte de los economistas españoles
que se dedican a esta actividad,
es que el crecimiento económico del año 2001 estará un punto
por debajo del inicialmente previsto.
Este año, en este presupuesto, en la discusión que iniciamos en la
tarde hoy, el Gobierno ha vuelto a presentarse con una hipótesis de
crecimiento inverosímil y sobre esa hipótesis de crecimiento
inverosímil ha construido el castillo de unos presupuestos en su
vertiente de ingresos y de gastos. El panorama en el mundo ha
cambiado, pese a lo cual desde el Gobierno se nos dice que lo que
vaya a ocurrir durará poco tiempo y será de poca intensidad. Yo me
pregunto: ¿volvemos a creer en las personas que antes y ahora dirigen
la política económica? Si es verdad que los facultativos han de ser
respetables, lo deben ser en la medida que sean capaces de curar
alguna enfermedad, y no es este nuestro caso. Mi grupo no cree en
esas personas ni en estas políticas. Hoy podemos decir que el
objetivo del 2,9 por ciento es una quimera; una quimera de la cual se
ha alejado la OCDE, se ha alejado el Fondo Monetario Internacional y
se ha alejado el consenso de los analistas españoles. Hoy vivimos un
momento de desaceleración sincronizada y generalizada que afecta a
todas las economías del mundo y que por tanto nos afecta a nosotros.
El objetivo es averiguar dónde está el crecimiento, ser capaces de
superar esa prohibición que ha hecho el señor Rato del debate sobre
política económica en España. En ese objetivo hay cada vez más
coincidencia. En el año 2002 estaremos también un punto por debajo de
lo que prevé el Gobierno del señor Aznar. La demanda nacional lleva
mucho tiempo en un tobogán, los indicadores del consumo de los
hogares y de la actividad empresarial así lo demuestran, y lo mismo
ocurre con los ingresos y los gastos de las administraciones
públicas. Pese a ello, el Gobierno no se ha enterado. El Gobierno,
incapaz de reconocer sus errores, ha presentado un presupuesto
apoyado en una cifra alta de crecimiento para desde ella poder
calcular unos ingresos que sabe que no se van a producir, pero con
esos ingresos poder presentar un presupuesto inicialmente en
equilibrio.
Alguien dirá que el equilibrio es un lujo, no le falta razón; otros
dirán que el equilibrio es una apuesta de futuro. Yo no comparto lo
uno ni lo otro. Señorías, estamos ante una astracanada del equipo
económico del Gobierno, que cada vez se parece más a una conocida
pareja de cómicos del cine mudo americano. A pesar de ello, este
equipo económico nos pide que levantemos cargas públicas por encima
de 35 billones de pesetas. Yo me pregunto, ¿es creíble un presupuesto
que se apoya en un cuadro macroeconómico inverosímil? Creo que no.
Iniciamos un auténtico ejercicio de ficción en esta Cámara. El
Gobierno ha tenido tiempo de analizar bien la situación económica y
no ha querido; ha tenido tiempo de esforzarse en presentar una
estimación razonable de los ingresos y de los gastos y no ha querido;
ha renunciado a decirle a España en qué momento vivimos, a proponerle
que los ciudadanos y los agentes sociales adecuen su comportamiento a
unas
nuevas circunstancias económicas, a pedir el esfuerzo y la
colaboración de la sociedad. El Gobierno también se ha negado a decir
a los ciudadanos las dificultades con que se encuentra en este
momento en una parte de los ingresos públicos, dificultades que
pueden terminar por afectar al equilibrio. Para el Gobierno de Aznar
no existe la realidad y cuando esa realidad existe es inamovible. Yo
me pregunto: ¿es posible modificar el cuadro macroeconómico para
hacerlo un poco más realista sin afectar a los presupuestos? Lo
estamos escuchando, y ha habido un portavoz que ha hecho referencia a
este hecho. Si eso ocurre, ¿se puede infligir mayor humillación
a este Parlamento que en el momento que inicia su debate de los
presupuestos, nos digan desde el propio Gobierno que el cuadro
macroeconómico está totalmente desacreditado? ¿Se puede someter,
insisto, a mayor humillación a esta Cámara?
Señorías, estos presupuestos son el exponente de la política
económica de un Gobierno sin iniciativa, resignado, que cree que de
aquí se sale trampeando, que se limita a coger la rueda de los demás,
que en la Unión Europea se comporta como un viajero sin billete, que
el año pasado decía que lo que había que hacer lo harían los demás y
que este año repite la misma cantinela. ¿Cuánto tiene que caer el
ritmo de actividad económica en España para que este Gobierno asuma
alguna responsabilidad y tome alguna iniciativa? (Un señor diputado:
¡Muy bien! Aplausos.)
El recorrido de política económica ya lo conocemos; en la legislatura
anterior ocuparon el poder, entregaron las empresas públicas a un
grupo de amigos vinculados a Rato y a Aznar e hicieron un conjunto de
políticas destinadas a alterar regresivamente la renta y la riqueza.
Pero no se han quedado ahí, señorías, ustedes no se han quedado ahí.
En este momento la regresión política lleva a que el ministro de
Economía intente castrar el debate de política económica en esta
sociedad, y a que el ministro de Hacienda trate de ocultar una serie
de hechos de naturaleza económica, porque según cree su nivel de
inteligencia le pueden perjudicar en el próximo futuro. Hemos visto
unos presupuestos que carecen de transparencia, pues el Gobierno sabe
cómo y en qué cantidad se generan los recursos públicos y ha hecho
una distribución en el conjunto de las administraciones, pero no dice
a la Cámara qué magnitudes está barajando. El Gobierno ha aprovechado
el acuerdo de financiación para hurtar conscientemente datos sobre la
evolución de los ingresos y de los gastos, y así no se puede hacer
ninguna comparación.
Junto a esta regresión, estamos asistiendo también a una degradación
institucional. Algunos miembros del Gobierno han llegado incluso a
compartir cipayos con don Antonio Camacho. (Rumores.) Señorías, son
otras cosas las que hay que hacer en la economía y en la política
presupuestaria española. Los patronos de Montoro no tienen por qué
ser siempre los beneficiarios de la política fiscal; hay otros grupos
sociales que podrían
ser beneficiarios de esas actividades y en ellos se debería
aprovechar una política macroeconómica que fuera más sólida; pero eso
no se hace.
Muy poco de cierto hay en el proyecto de presupuestos que empezamos a
discutir: el sueldo de los funcionarios, la tarifa de renta, y poco
más. Créame que un presupuesto sólo es creíble en la medida que se
cumple. Mi grupo piensa que los créditos iniciales y su financiación,
los estados de ingresos y de gastos del agente Estado, de los
organismos autónomos, de la Seguridad Social y de los otros
organismos que forman parte del sector público central no son
creíbles, y porque no son creíbles nosotros los vamos a rechazar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fernández
Marugán. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente, señorías, ha
venido el señor Fernández Marugán acalorado en la tarde de hoy. Era
bastante difícil hacer un discurso político en torno a las cuestiones
que traía hoy al Pleno del Congreso el debate político: se trataba de
hablar en principio de los Presupuestos Generales del Estado, se
trataba de hablar de la posición política de cada cual, y hoy el
Grupo Parlamentario Socialista viene a hacer uso de la posición
política mostrenca a la que nos tiene acostumbrados en los últimos
tiempos, entendiendo por mostrenco lo que dice María Moliner. Dice
María Moliner -escuchen, señorías- que los bienes mostrencos son
aquellos que no tienen dueño, y en castellano más castizo que no
tienen padre ni madre ni perrito que les ladre. Y esa es la situación
en la que está ahora mismo el Grupo Parlamentario Socialista, que
viene aquí a reproducir debates antiguos. Yo podría hacer en este
momento un ejercicio bastante fácil, sencillo, aburridísimo, pero
fácil, y créame que saldríamos con éxito, al menos la posición
política de nuestro grupo saldría con éxito sin ningún género de
dudas, pero no todas. En cuanto a los presupuestos, yo podría hacer
en este momento el debate de presupuestos del año que viene con el
Grupo Socialista. Le reto, señor Fernández Marugán, a que iniciemos
el debate del año que viene: sus postulados, propuestas y enmiendas
van a ser exactamente las mismas con 11 de septiembre y sin 11 de
septiembre, con 11 de noviembre y sin 11 de noviembre van a ser
exactamente las mismas. Usted hablaba de la compra de vehículos de
segunda mano, y qué decir, señor Fernández Marugán, de aquellos que
compran desde el año 1996 las mismas propuestas año tras año, sea el
señor Fernández Marugán, sea el señor Borrell, el señor Eguiagaray o
el señor Pérez Segura, actual alcalde de Reus y antiguo portavoz de
presupuestos. Podríamos hacer el mismo debate de los presupuestos del
año 2003 porque esa es la única
posición política que puede sustentar el Grupo Parlamentario
Socialista; a las pruebas me he de remitir a través de las enmiendas.
Es decir, a ustedes les ha importado bien poco qué haya ocurrido el
11 de septiembre; hablan de un antes y un después del 11 de
septiembre exactamente con la misma naturalidad de aquellas
cuestiones que se plantearon en el año 1996. Yo les dije en la
Comisión: ¿Por qué no hacen un ejercicio que quizás a esta Cámara le
interese, por qué no contrastan de una vez las hipótesis que
mantienen con las realidades que después se ponen de manifiesto en
los datos reales, en los de la economía real? ¿Se acuerda de que en
el año 1998 el señor Eguiagaray se subió aquí a decir que la crisis
financiera asiática iba a llevar a la economía española al desastre?
Bueno, pues subió por encima del 4 por ciento. En el año 1999 se
produce un shock petrolífero que llevó los precios del crudo hasta
límites no conocidos desde el año 1973, y la ocurrencia del Partido
Socialista es bajar los impuestos de hidrocarburos. (Un señor
diputado: ¡Qué barbaridad!) A los 15 días se llevaban las manos a la
cabeza: ¡Pero cómo pudimos plantear semejante cosa! ¿Verdad, señor
Fernández Marugán? Así fue. Ahora es más fácil, como quiera que la
crisis internacional es mucho más seria que la que se podía plantear
a principios de año y puesto que a principios de año estábamos
viviendo un proceso de desaceleración económica ustedes mantenían el
discurso de principios de año: El Gobierno no va a poder mantener los
criterios de crecimiento económico de principios de año, no se va a
crecer por encima del 3 por ciento. Resulta que lo que ocurre el 11
de septiembre tiene la importancia que lamentablemente hemos tenido
que comprobar en la misma tarde de hoy y debemos hablar, en un
ejercicio de responsabilidad, de modificar las cifras de crecimiento
de nuestro país. Así es, pero no se puede aprovechar semejante
circunstancia, salvo que se tenga un criterio de oportunidad política
que tan solo roza criterios de mezquindad política y aprovechar esta
circunstancia para decir (Rumores.) que las cifras, el planteamiento
económico del Gobierno, es falso. (Continúan los rumores.) Sería tan
falso como mezquino, señorías, salvo que ustedes pretendan hacer ver
que el Gobierno tiene obligación de tener un conocimiento certero de
las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre, y eso es una
mezquindad. El Gobierno va a poner todos los medios que tenga a su
alcance para restablecer y para colocar a la economía española en la
mejor circunstancia posible ante lo que sin ningún género de dudas
está siendo y va a suponer una crisis importante, una crisis que
desde luego nuestro grupo no va a dejar de señalar. Pero fíjese,
teniendo el Gobierno presentes esas circunstancias, ya ha tomado
decisiones. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista no ha
tomado decisiones; bueno si ha tomado una decisión que es mantenerse
exactamente en los mismos términos que mantuvo antes y después del 11
de septiembre; por tanto la oposición política del
Gobierno de España sigue a remolque, señorías, la alternativa
política no puede ser más endeble.
Se da una circunstancia adicional en este presupuesto. Así como en el
anterior debate presupuestario tuvimos ocasión de debatir aquella
ocurrencia -que no se sabe de quién fue- de subir el impuesto de las
pyme, ¿se acuerda usted, señora Costa?, subíamos el impuesto de
sociedades a las pequeñas y medianas empresas, después decíamos que
no habíamos sido nosotros, que habían sido otros de su grupo; esta
fue la perla del debate de presupuestos del Grupo Parlamentario
Socialista, la ocurrencia de los debates del 2001 (Un señor diputado:
¡Qué falta de respeto!), sin embargo lo que ocurre en estos
presupuestos es que ni siquiera tenemos ocurrencia que echarnos a la
boca, es decir en estos presupuestos el Grupo Parlamentario
Socialista ni siquiera tiene una ocurrencia que poner a discusión a
los miembros de esta Cámara, siguen ustedes a remolque, viven
arrastrados y a remolque del ritmo sostenido del empuje de las únicas
decisiones tomadas en materia económica que son las del Gobierno.
Mientras, lo que hacen ustedes es plantear la tarifa plana para
ricos, que ahora han despreciado. (Un señor diputado: ¡Qué bobada!)
Sí, señoría: la tarifa plana para ricos, tarifa única del impuesto
sobre la renta que puso a rodar con tan poca fortuna el señor Sevilla
que le apartaron de la escena publicitaria de aquella cuestión al
menos durante dos o tres semanas, que tenga nuestro grupo mención.
Después el señor Sevilla resucita, recuerda o rememora las posiciones
políticas de Keynes; el señor Fernández Marugán nos saca a paseo en
esta ocasión a Samuelson, a Milton Friedman en algunas ocasiones. (El
señor Fernández Marugán hace signos negativos.) A Milton Friedman no,
señor Fernández Marugán; a Samuelson sí. Lo cierto y verdad es que
esto es lo que está viviendo esta Cámara. En el debate en Comisión el
Grupo Parlamentario Socialista decía que esto no tenía interés, que
el Grupo Parlamentario Popular estaba haciendo uso de su mayoría y
que estaba haciendo imposible la existencia de un debate político.
¿Me quiere decir sobre qué ha de debatir el Grupo Parlamentario
Popular y el resto de los grupos de la Cámara cuando el debate
político hoy es sobre las propuestas de modificación del proyecto?
¿Cómo se puede articular una acción de Gobierno en materia económica
y financiera? A través del proyecto de presupuestos. ¿Cómo se puede
percibir la posición política de la oposición? A través de sus
enmiendas. Como decía, de su posición política mostrenca se deduce la
inexistencia de novedades, la inexistencia de propuestas, la
inexistencia ni siquiera ded ocurrencias, señorías. Por tanto, lo que
ustedes vienen ahora a hacer es un esbozo de un nuevo argumento; es
decir las cifras macroeconómicas no se sostienen, el Gobierno del
Partido Popular hace caso omiso de las circunstancias que se producen
en el mundo y yo al Grupo Parlamentario Socialista, tengo la
obligación, con ese ejercicio mezquino (Rumores.) que considera
nuestro grupo que se hace, de recordar a la opinión pública que el
Gobierno no hace nada. Yo le digo que esto se va a volver en contra
de ustedes, como ha ocurrido en tantas ocasiones, y que lo mejor
sería que en vez de estar tan preocupados de buscar el próximo
movimiento dentro de su grupo parlamentario para sustituir a aquellas
personas que dejan de resultar útiles, es decir de tanto mover
banquillo, que es a lo que tienen sometido al resto de los grupos de
la Cámara, no sabemos con quién hablar nunca con ustedes. Entonces,
el Gobierno deberá seguir gobernando, y así lo va a seguir haciendo.
Mientras, ustedes seguirán intentando gobernar su propia casa.
Como digo, el debate de presupuestos del año que viene se lo puedo
adelantar. En materia de infraestructuras dirán que no se ha
ejecutado suficiente, y les volveremos a demostrar que se ha
ejecutado por encima del 95 por ciento de las inversiones reales.
Dirán que no hay inversión suficiente, y les volveremos a demostrar
que, como ocurre este año, la inversión pública en España pasa por
encima del 100 por ciento y que las materias prioritarias de gasto se
ponen de manifiesto en el presupuesto. Este año se produce el 9 por
ciento de aumento en educación, el 6 por ciento en política de
pensiones, se financian los complementos de mínimos incorporando al
presupuesto del Estado 306 millones de euros, según el acuerdo aquel
que ustedes intentaron abortar entre CEOE, Comisiones Obreras y
Gobierno en abril del año 2001. Volverán a decir que los ingresos no
son suficientes y volveremos a demostrarles que bajando los impuestos
se pueden incrementar las grandes actividades de la economía
española, de modo que se pueda seguir generando actividad. Y esto
será así y ustedes seguirán haciendo el Tancredo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Cámara, le ruego vaya
concluyendo.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Termino, señor presidente.
Por tanto, señorías, señores diputados, nuestro grupo, como no puede
ser de otra manera, permanecerá atento a las propuestas de
innovación, incluso a las ocurrencias que se plantean por parte de la
oposición. Le quiero decir que tenemos poca esperanza de que algo que
no ocurrió durante la Comisión suceda durante la tramitación de este
Pleno.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cámara.
Concluido el debate de los títulos I y II, vamos a dar Título III
paso al debate del título III. En primer lugar, para defender las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura
Laporta.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Pasaré a defender las enmiendas 1503 y 1504 y si usted me lo permite,
como va íntimamente relacionada, también daría por defendida la 1520,
del título VIII.
Estas tres enmiendas hacen referencia a la oferta de empleo público.
Como SS.SS. saben, desde 1997 la oferta de empleo público que el
Gobierno trae a esta Cámara consiste en limitar al 25 por ciento la
tasa de reposición de efectivos. Esto ha motivado que desde 1997
hasta este año, la tasa de temporalidad de las administraciones
públicas ha aumentado sensiblemente. En estos momentos hay más de
60.000 trabajadores de las administraciones públicas sujetos a
relación laboral temporal, cuando en el área privada existe una
disminución. Nuestras enmiendas van en la línea de que en relación
con la oferta de empleo público se fije un máximo que resulte de la
aplicación de la tasa de reposición efectiva. Asimismo, pedimos que
las administraciones públicas desarrollen durante el año 2002 medidas
complementarias encaminadas a garantizar la estabilidad del empleo
público.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado una enmienda, la 1791, al Título III, pretendiendo
con ella que se suprima el punto cinco del artículo 20. En esta
pretensión hemos insistido no sólo este año sino en ejercicios
anteriores, ya que en definitiva creemos que no se puede dotar de
carácter básico a determinadas normas relativas a las retribuciones
del sector público. Se trata de una cuestión que no responde a lo
recogido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, relativo a las
bases y coordinación de la planificación de la actividad económica;
al contrario interfiere y desde luego va en contra de lo que es la
propia competencia de las comunidades autónomas, en este caso por
ejemplo la que atañe a la organización de las instituciones de
autogobierno. Así pues, para nosotros no es admisible y pretendemos
que en este punto del título se suprima ese carácter básico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado a este título 14 enmiendas, la mayoría de
ellas referidas al tanto por ciento de revisión salarial que deberían
tener los distintos cuerpos y funcionarios del Estado. Hemos debatido
en
Comisión hasta la saciedad un escenario macroeconómico definido por
los presupuestos y por el Gobierno que nada tiene que ver con lo que
está pasando en el mundo. Estamos asistiendo a unos presupuestos que
se inhiben ante la recesión internacional y no estamos ante un debate
académico... (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Núñez, espere un
momento. Debido a una avería no funciona el reloj de la mesa, pieza
insustituible para llevar a cabo el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que no estamos ante un debate académico, tratando de
adivinar mágicamente, como decía el portavoz del Partido Popular,
cuáles van a ser las cifras exactas de lo que va a pasar en la
economía el año que viene. Estamos aquí para discutir cuáles son las
consecuencias de las previsiones contenidas en el presupuesto, quién
va a pagar los costos de esta recesión y sobre qué hombros se va a
distribuir tanto territorialmente como a nivel de renta. Este no es
un debate neutro. Si estos presupuestos contienen un crecimiento
salarial del 2 por ciento y ninguna de las previsiones que tenemos
ante nosotros retrata esa cifra sino que las más óptimas hablan del 3
por ciento, estamos cargando la crisis sobre las espaldas de esas
personas. Señorías, la recesión económica la van a pagar los
territorios más débiles, las sociedades económicamente más débiles,
las personas más débiles y no se trata de un debate de cifras
mágicas, sino que esto es poner los pies en el suelo y estar ante la
cruda realidad. Como digo, hemos presentado 14 enmiendas para
corregir esas cifras y sobre todo para poner una coletilla diciendo
que en cualquier caso la cifra real de inflación debe ser reconocida
a todas a estas personas.
Respecto al empleo público, también hemos presentado enmiendas para
no limitar su crecimiento. Señorías, en relación con las últimas
cifras de crecimiento del empleo que ha dado esta mañana el ministro
de forma eufórica, sepan ustedes que las relativas al empleo público
son el triple que las referidas al empleo privado. Haga usted
números, señor ministro, del crecimiento del paro y por favor revise
sus cuentas respecto de las condiciones que está dando la economía
internacional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
(Pausa.-El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
El señor AYMERICH CANO: Solicito la palabra para defender las
enmiendas presentadas por mi grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Tengo la relación de enmiendas
presentadas a este título y al lado de las enmiendas presentadas por
su grupo parlamentario consta que están defendidas. Usted va a
defender las enmiendas que firma el señor Vázquez y las tengo como
defendidas, pero en cualquier caso quedaban unos cuantos minutos a
disposición del Grupo Parlamentario Mixto.
En consecuencia, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señor presidente.
Seguramente, que las enmiendas aparezcan como defendidas se deba a un
error. En los títulos I y II comenté las retribuciones de los
empleados públicos, porque me estaba refiriendo a una enmienda a la
exposición de motivos.
En cualquier caso, brevísimamente, voy a defender las diecinueve
enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado a los
títulos II y III, que son las enmiendas números 1342 a 1370, que
efectivamente se refieren a: revisar las previsiones de inflacción
establecidas por el Gobierno, para que del 2 por ciento se pase al
5,5 por ciento, no sólo para compensar las desviaciones que se puedan
producir durante el ejercicio del año que viene, sino también para
compensar las desviaciones producidas este año y en años anteriores,
para colectivos que, como se ha dicho, son especialmente débiles
o sensibles a estos malos cálculos del Gobierno; defender las
competencias autonómicas en materia de gestión de su personal, en
materia de autoorganización, en el sentido de reivindicar que las
comunidades autónomas puedan establecer incrementos retributivos para
su personal con independencia del que establezca el Estado, entre
otras cosas, porque los IPC autonómicos tampoco son iguales; eliminar
ciertas arbitrariedades que existen en el régimen retributivo de los
empleados públicos, relativas a complementos de productividad,
incluso el Gobierno pretende que se le reconozcan al personal
eventual, es decir, al personal nombrado únicamente por razones de
confianza política; computar en las pagas extras de los funcionarios,
aparte del sueldo y los trienios, el complemento específico y el
complemento de destino; y limitar la contratación del personal
eventual por parte de las administraciones públicas con cargo a sus
créditos de inversiones, porque viene siendo una práctica habitual
que con cargo a estos créditos se contrate personal temporal, sin que
la provisión de estas plazas aparezca prevista ni siquiera en los
programas de empleo correspondientes.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Voy a defender dos enmiendas que mi grupo ha presentado al título
III. Este presupuesto contempla, al igual que el año pasado, un
incremento salarial de los funcionarios, de los pensionistas, de las
pensiones no contributivas, etcétera, del 2 por ciento, que es irreal
y cada vez es menos creíble. Año tras año, estos colectivos pierden
capacidad adquisitiva, incluso cuando la economía se encontraba en
plena fase expansiva. Mi pregunta es: ¿Hasta cuándo? Esta política
aboca a una clase funcionarial mal retribuida y poco profesional, lo
contrario de lo que necesita la gestión de la cosa pública. Su
política de contención del déficit es la política de pérdida de poder
adquisitivo de funcionarios y pensionistas, unida a una subida
ridícula de las pensiones más bajas. Su estrategia de política
económica y su nefasta política social son dos caras de la misma
moneda. Una moneda que ustedes presentan de cara para ocultar la cruz
de su nula sensibilidad social, de lo que ya hemos hablado largo y
tendido. Sin embargo, nos resulta realmente sorprendente que quieran
trasladar su ineficaz y antisocial política económica al conjunto de
las instituciones públicas, comunidades autónomas, diputaciones
forales y provinciales y ayuntamientos. No es comprensible que
ustedes califiquen con el carácter de normas básicas -basándose en
una falsa coordinación de la planificación general de la actividad
económica- a la política de personal, tanto en materia retributiva
como en lo referente a la oferta de empleo público. ¿Es esta su
concepción de un Estado autonómico? ¿Es esta la flexibilidad y la
autonomía que conceden al resto de las instituciones públicas? Lo
hemos planteado en multitud de ocasiones y su respuesta ha sido el
silencio o la descalificación. ¿Por qué no plantean como básicos
también los incrementos del resto de los capítulos presupuestarios?
En coherencia, a nuestro juicio, deberían hacerlo. Ustedes quieren
regresar al pasado en materia autonómica, por eso les criticamos que
practiquen una política regresiva en materia autonómica. No trasladen
a los demás sus complejos y problemas. Las comunidades autónomas y
ayuntamientos son ya mayores y saben lo que quieren y lo que
necesitan. No los repriman más.
En este sentido, hemos presentado dos enmiendas al título III, las
números 586 y 587. Espero obtener el apoyo de la mayoría de los
grupos de esta Cámara para que prosperen, si tanto decimos defender
el Estado autonómico y la autonomía local. Proponemos suprimir los
apartados 5 de los artículos 20 y 21 del proyecto de ley. La
consideración como básicas de la política retributiva y la oferta de
empleo público más que evitar la distorsión general de la economía
supone la alteración del orden constitucional de distribución de
competencias y la reducción del margen para desarrollar políticas
propias, por lo que resulta necesario la supresión del carácter
básico de tales normas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, los gastos de personal de las administraciones públicas
vienen convirtiéndose en los últimos tres años en la variable de
cierre que permite al Gobierno presentar la ficción de un presupuesto
equilibrado. Efectivamente, estos presupuestos han sido elaborados
con el único propósito de alcanzar el equilibrio presupuestario
haciendo caso omiso de la delicada situación económica. Un objetivo
bastante discutible en estos momentos de ralentización económica al
que debe sumarse el lastre de unas previsiones en ingresos por
impuestos imposibles de alcanzar en las actuales condiciones. De
cumplirse las actuales expectativas, hay razones para esperar el
incumplimiento del saldo final previsto para las cuentas públicas o,
en su defecto, una decisión del Gobierno de recorte en alguno de los
derechos que generan gastos, prestaciones por desempleo junto a la
inferior ejecución de otras como las inversiones. La evaluación
restrictiva de los gastos de personal profundiza en la dirección de
restar recursos personales y materiales necesarios para la prestación
de servicios públicos en un contexto de dificultades económicas.
La negativa a establecer algún mecanismo para ampliar el
reconocimiento de la productividad y compensar pérdida de poder
adquisitivo de los empleados públicos no incentiva a quienes deben
prestarlos. El Gobierno intenta de forma indirecta deslegitimar estos
servicios para atribuir al sector privado una mayor eficiencia, un
mecanismo penalizador añadido a otros en la misma dirección como es
incorporar incentivos fiscales desmesurados al consumo en el mercado
de bienes públicos, fondos de pensiones y aseguramientos sanitarios.
Nuestra propuesta es mejorar los salarios de los empleados públicos,
consolidar la plantilla ampliando las tasas de reposición, mejorar
los pagos por productividad y compensación por pérdida de poder
adquisitivo. El Gobierno alcanza equilibrios presupuestarios sobre la
base de penalizar a los empleados y empleadas de la Función pública,
deteriorando su capacidad adquisitiva, aumentando su temporalidad y
definiendo un modelo desde la Función pública insuficiente, poco
motivado y sin capacidad de negociación o interlocución.
Las enmiendas que presenta Izquierda Unida a estos títulos se
refieren básicamente a las tres cuestiones que hoy afectan a la
Función pública española: los límites a la reposición de efectivos,
la tasa de temporalidad y la pérdida de poder adquisitivo. El fijar
un 25 por ciento de máximo de tasa de reposición de efectivos en las
ofertas públicas de empleo, así como la aplicación de este criterio a
las corporaciones locales, ha supuesto no tanto un ahorro público,
sino un aumento de la temporalidad
en la Función pública. Según el Instituto Nacional de
Estadística, entre los años 1997 y 1999 ha aumentado en 63.000 el
número de trabajadores de la Administración pública con relación
temporal o interinidad. Obviamente, se trata de contratos que no
responden a una naturaleza temporal, sino a puestos de trabajo con
dotación presupuestaria que quedan vacantes y que se corresponden con
actividades permanentes de las administraciones. Si la ausencia de
beligerancia contra la temporalidad es uno de los más evidentes
reproches que puede hacerse a la política del Gobierno, cuando se
trata de la Función pública ya no es un reproche, sino la
constatación de una voluntad política de precariedad. Cuando este
límite se aplica a comunidades autónomas y, especialmente, a
ayuntamientos, los efectos son más perniciosos para la estabilidad,
pero sobre todo para la prestación con calidad de los servicios de
proximidad y de bienestar, que son los que más recurren a esta
temporalidad. Estas son las razones que justifican la eliminación de
la mencionada tasa de reposición, su aplicación a comunidades
autónomas y corporaciones locales y el mandato que se incluye de que
la Administración pública no recurra a empresas de trabajo temporal,
cuestión que debe extenderse igualmente a las plantillas militares
mediante la fijación de una tasa de reposición de al menos el 50 por
ciento de las vacantes. Se propone igualmente un programa de trabajo
específico que tienda a corregir estas tendencias de incremento de la
temporalidad en el empleo. Existe un acuerdo con los sindicatos
Comisiones Obreras y CESIF para mejorar la estabilidad en el empleo
que no se está desarrollando, especialmente en las comunidades
autónomas y corporaciones locales.
Nuestras enmiendas proponen abrir procesos de negociación colectiva
que desarrollen estos acuerdos y limiten definitivamente la
temporalidad. Los presupuestos para el ejercicio 2002 inciden en la
conocida política de deteriorar la capacidad adquisitiva de la
Función pública. El incremento previsto no sólo se encuentra alejado
de la inflación media -el indicador que realmente mide la evolución
de los precios-, sino que no cubre el IPC que racionalmente cabe
esperar, lo que deteriora aún más la situación de las rentas de los
empleados públicos. En consecuencia, proponemos el aumento del 3,6 de
las retribuciones básicas, así como la constitución de un fondo del 1
por ciento de estas retribuciones, con el objeto de mejorar la
posición de colectivos desfavorecidos, que han padecido especialmente
esta pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Nuestras
enmiendas constatan que existen mecanismos para evadir esta pérdida
de capacidad adquisitiva; nos referimos a la distribución arbitraria
de la productividad, la opacidad de las remuneraciones de los altos
cargos y la falta de transparencia de las retribuciones en el Banco
de España. A corregir estos aspectos se destinan varias de las
enmiendas presentadas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado a este título y a las
disposiciones adicionales concordantes con él nueve enmiendas muy
similares a las del año pasado, porque este presupuesto es totalmente
una fotocopia del del año pasado. En materia de retribuciones, en
materia de empleados y empleadores públicos, en materia de
congelación de plantillas, en materia de condiciones laborales y en
materia de incumplimientos con los empleados públicos es una
fotocopia del presupuesto del año pasado.
Señor presidente, si hubiésemos hecho caso de lo que hemos oído,
leído y escuchado del Gobierno y del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular sobre este título en el debate en Comisión, lo lógico es que
yo hubiese subido a la tribuna, hubiese retirado las enmiendas que
habíamos presentado y casi hubiera pedido disculpas por haber
presentado esas enmiendas. Saben todos los grupos parlamentarios que,
en palabras del señor Merino, ningún grupo parlamentario que ha
presentado enmiendas a este título estaba legitimado moral ni
políticamente para presentarlas, porque todos estábamos equivocados.
Señor Merino, como usted consumirá un turno de fijación de
posiciones, pero será crítico con todos los grupos parlamentarios y
yo no podré contestar, le voy a decir de antemano lo que yo creo que
va a decir, porque es lo que dice todos los años. Desde su lógica,
desde la lógica del Partido Popular y del Gobierno, todo va bien en
materia de administraciones públicas; los empleados públicos tenían
que venir a las puertas del Congreso y de la sede del Consejo de
Ministros a felicitar al Gobierno por su política retributiva, por
sus condiciones laborales, por la estabilidad en el empleo. Tenemos
un Gobierno milagrero, señor Merino, según lo que dicen ustedes. Es
un Gobierno milagrero porque hace lo del pan y los peces. Gracias al
Gobierno del Partido Popular, con inflaciones del 4 y del 3,7 por
ciento y con subidas por ley del 2 por ciento todos los años, durante
los tres últimos años, los empleados públicos de este país ganan
poder adquisitivo. La verdad es que no sé quién es el santo que
protege al Partido Popular en esta política tan favorable a sus
empleados públicos.
La cuestión es la siguiente. ¿Esto es verdad o no? Se han inventado
el salario medio; el milagro es el salario medio en el que se
distribuye toda la masa salarial; se distribuye y se divide entre
todos los empleados públicos y se calcula cuánto aumenta el salario
de los funcionarios y los empleados públicos, los del Estado,
comunidades autónomas, corporaciones locales, entes públicos, todos.
Pero esto tiene truco y usted lo sabe, señor Merino, como dicen,
tiene el truco del almendruco.
¿Por qué? Porque ahí están incluidos los deslizamientos que se
producen todos los años con las plantillas. ¿O es que un funcionario
que el año pasado no cobraba un trienio porque no tenía la antigüedad
y este año lo cobra es porque el Gobierno le ha subido el sueldo? Es
porque tiene derecho por ley a tener una mayor retribución, de la
misma manera que si en un concurso ha pasado de una escala a otra. No
es que por ley el Gobierno les haya subido el sueldo un 5 por ciento,
como puede decir la Administración general del Estado o el Banco de
España, sino que se han producido deslizamientos. Esto no es por una
decisión graciable del Gobierno ni de la Ley de presupuestos, sino
que es como consecuencia de sus propios derechos. ¿Por qué se han
subido también -dicen- las retribuciones o el salario medio una
cantidad superior a lo que dice la ley? Porque aquí están incluidas
las retribuciones que han venido recibiendo altos cargos y altos
niveles en los últimos años en concepto de productividad, gracias a
una política del Partido Popular absolutamente sectaria,
absolutamente dirigida hacia unos cuerpos. Pero el conjunto de los
empleados públicos, la mayor parte de los empleados públicos no se
puede decir con honradez intelectual que hayan subido su salario, que
hayan tenido retribuciones salariales del orden casi del 6 por
ciento, como ha dicho el Banco de España. Si esto fuera verdad, señor
Merino, ¿cómo es posible que los empleados públicos y sus
representantes sindicales no hayan llegado a un acuerdo con el
Gobierno de España en las retribuciones salariales para el año 2002?
¿Es por cabezonería de los líderes sindicales? ¿Es que está mintiendo
el secretario general de la CESIF cuando dice que han perdido el 7
por ciento de poder adquisitivo en los últimos cinco años? ¿Es que se
ha vuelto loco el secretario de acción administrativa de la UGT
cuando dice que el Gobierno quiere cargar los efectos de la crisis
sobre los empleados públicos? ¿O es que el responsable de la rama de
administraciones públicas de Comisiones Obreras cuando dice que el
Gobierno no está poniendo lo que realmente necesitan los empleados
públicos en la mesa de negociación, está sólo pensando, como dicen
ustedes, en las próximas elecciones sindicales? ¿Se puede engañar a
tanta gente durante tanto tiempo?
Incluso el propio ministro ha reconocido -ministro que, por cierto,
no está presente aquí, ni el de Hacienda ni el de Administraciones
Públicas- (El señor Fernández Marugán: ¡Muy bien!) que hay que
recompensar de alguna manera la pérdida de poder adquisitivo y la
prueba es que este año han llegado a poner casi un punto de aumento
de retribuciones sobre el 2 por ciento en dos conceptos retributivos
que no han aceptado los empleados públicos porque no los consolidaban
sobre su masa salarial. ¿Es que también estaban haciendo política los
representantes sindicales? Porque en el fondo, señor Merino, usted,
su grupo y su Gobiernosaben que realmente no ha habido una
negociación sindical
en serio, como no la ha habido en los últimos años. Al final,
frente a la negociación han ofrecido imposición y frente a la
recuperación les han ofrecido congelación, pero además en la
congelación y en el aumento de las retribuciones no han tenido en
cuenta las reivindicaciones ni los auténticos intereses de las
comunidades autónomas y corporaciones locales, porque incluso el
secretario de Estado de la Función pública ha dicho: ¿Desde cuándo el
Gobierno va a hablar y negociar temas relacionados con los
presupuestos y con las retribuciones de los empleados públicos? Desde
el momento, señor Merino, que en este país, como decía el señor
Azpiazu, de cada cien empleados públicos 33 están en la
Administración del Estado y 67 de cada 100 están en el conjunto de
las administraciones públicas. No se puede informar a posteriori a
los representantes de las entidades públicas y de las comunidades
autónomas de cómo iba a poder llegar, si hubiese sido posible, una
negociación colectiva y salarial.
En este país compuesto, donde hay administraciones de todos los
niveles, hay que concertar, hay que hablar y hay que llegar a
acuerdos, aunque la responsabilidad de la política económica del
conjunto del país la tienen el Gobierno de España y las Cortes. Hay
que discutir y hablar, cosa que ustedes no han hecho, porque no está
en su lógica, de la misma manera que no está en su lógica apostar por
una Administración pública potente, moderna, adecuada a los tiempos,
porque con su política de evitar la renovación, el rejuvenecimiento
de la Administración pública española con este corsé que han
introducido con el artículo 21 en relación a la evolución de las
plantillas, están consiguiendo una Administración pública
desmotivada, que tristemente no se está adecuando a los tiempos y a
las necesidades de los españoles, que año tras año no se va
rejuveneciendo. Ustedes no defienden lo público, por mucho que lo
digan; dirán que son liberales, pero no hacen política liberal; dicen
que creen en lo público y no apuestan por ello. Le voy a dar un dato,
señor Merino. Nosotros, que creemos en lo público, queremos una
Administración que nos defienda a todos, y para eso en la
Administración pública tienen que estar los mejores, y no lo están.
¿Usted sabe por qué no están? Por muchas razones: desmotivación,
falta de alternativas, malos salarios. Y se está produciendo un
vaciamiento de la Administración.
Con respecto a abogados del Estado, altos funcionarios de este país,
hay 315 en activo y 256 fuera en servicios especiales. De los
inspectores de Hacienda de este país, hay 435 que están fuera de la
Administración, en despachos privados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez Sanjuán, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Voy terminando.
De los interventores y auditores públicos, hay 358 en activo y 332
fuera de la Administración. Por eso,
señor Merino, señores miembros del Partido Popular, hemos presentado
unas enmiendas que garanticen rejuvenecimiento y nuevas formas de
acceso a la Administración pública, capacidad de que no pierdan poder
adquisitivo y puedan estar bien pagados. Nosotros creemos en unos
servicios públicos de calidad y queremos que los mejores inspectores
de Hacienda estén al servicio de los intereses de los ciudadanos de
este país, persiguiendo el dinero negro y no camuflándolo desde los
despachos privados. Queremos que los mejores técnicos de la CNMV
estén defendiendo los intereses de todos y no trabajando con
chiringuitos, como el de Gescartera, que algunos amparan. Queremos
que estén los mejores hombres y mujeres en la Administración pública,
y ustedes, con su política, lo están impidiendo.
Acepten nuestras enmiendas y nuestros consejos para que no pase,
señor Merino, que cuando tengamos de nuevo -porque los vamos a tener,
aunque el Partido Socialista no los quiera- reivindicaciones,
conflictos, de los empleados públicos, los ciudadanos de este país,
por culpa de su política, veamos mermada la calidad de nuestros
servicios públicos. No echen la culpa a los demás por su falta de
capacidad de negociación, por su falta de llegar a acuerdos, por su
negligencia, por su soberbia y su incapacidad de administrar
coherente, profunda y democráticamente los intereses de un Gobierno
de los españoles en pro de una Administración pública de calidad,
motivada y bien pagada para los empleados públicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez
Sanjuán. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, yo creo que, afortunadamente, este país
tiene un Gobierno con las ideas claras y un Gobierno que sabe lo que
tiene que hacer y sabe lo que está haciendo y cómo hay que hacerlo.
Porque si la actuación que el Gobierno tiene que llevar a cabo la
marcaran las enmiendas que han presentado los distintos grupos de la
oposición, este país, este Estado iría a la debacle más absoluta,
porque, en cuanto al sueldo o retribuciones de los funcionarios, no
puede haber más disparidad de criterios entre los grupos de la
oposición, sin explicación y sin justificación alguna. Yo creo que
aquí han dicho: la primera cifra que salga, ésa es la que presento en
las enmiendas para subir el sueldo de los funcionarios y quedar bien
con ellos, porque Izquierda Unida presenta una enmienda del 4,6 por
ciento, el BNG una del 5,5 por ciento, el PA una del 2,8 por ciento,
el PSOE dice que va a ver lo que pasa y, según lo que pase, se pondrá
la cifra que corresponda.
Evidentemente, ustedes, que saben perfectamente cómo va a ir la
economía, que tienen absolutamente analizado el antes y el después
del 11 de septiembre -el señor Fernández Marugán nos lo ha ido
enseñando a lo largo y ancho de la Comisión de Presupuestos-,
ustedes, que saben lo que va a pasar en España, en la economía, no
sólo a nivel nacional sino a nivel internacional, luego, a la hora de
fijar enmiendas, no son capaces ni de ponerse de acuerdo en la
cuantía. Siguen empeñados en decir que los funcionarios son los que
están pagando el equilibrio presupuestario, que los funcionarios
están perdiendo poder adquisitivo, que los funcionarios son las
víctimas de todos los presupuestos del Partido Popular. Pero yo,
sinceramente, quiero decirles, y se lo venimos diciendo
reiteradamente, año tras año, que los funcionarios no están perdiendo
poder adquisitivo. Lo dicen la Intervención General del Estado, que
señala que en el año 2000 tuvieron un incremento del 4,9 por ciento
frente al 4 por ciento del IPC, y los datos del Banco de España
reflejan un incremento del 5,9 por ciento.
Señorías, evidentemente, el sueldo de un funcionario es lo que un
funcionario se lleva a casa; eso es lo que cobra un funcionario. Yo
comprendo que a los miembros del Partido Socialista les molesta mucho
que hoy los funcionarios tengan una mejor situación que la que tenían
con los gobiernos del Partido Socialista; pero ésa es una realidad
incuestionable. A mí me hubiera gustado mucho que los miembros del
Partido Socialista hubieran votado a favor de la bajada de impuestos,
que favorecía a los funcionarios y que permitía a los funcionarios
llevarse más dinero al bolsillo, llevarse más dinero a su casa y, sin
embargo, el Partido Socialista, en vez de votar a favor de esa bajada
de impuestos, votaba en contra y criticaba la bajada de impuestos del
Gobierno del Partido Popular. Eso que hacía el Partido Popular, que
hacía el Gobierno, era favorecer a los funcionarios y, sin embargo,
el Partido Socialista votaba en contra de los funcionarios. Ésas son
las realidades que le duelen al Partido Socialista.
Yo veo, al principio del debate presupuestario, que hay enfados e
irritación por parte de los miembros del Grupo Socialista que han
intervenido hasta ahora. Yo les pediría que tuvieran serenidad, que
el debate es largo, que les hemos venido escuchando en la Comisión de
Presupuestos y que estamos encantados de seguir escuchándoles, pero
alguien está con el paso cambiado en esta historia, y yo creo,
señores del Partido Socialista, que quienes están con el paso
cambiado son ustedes, por unas circunstancias: primero, porque los
datos económicos de este país reflejan que desde que gobierna el
Partido Popular la situación ha mejorado; y segundo, porque con sus
enmiendas siguen empeñados en un pasado que no conduce a nada. El
Partido Socialista presenta una enmienda para eliminar la tasa de
reposición cuando fue el Partido Socialista el padre de la criatura
en el presupuesto de 1995. A mí me gustaría que el portavoz del
Partido Socialista me dijera qué
diferencia hay entre la tasa de reposición que ustedes inventaron en
el presupuesto del año 1995 y la tasa de reposición que va en el
presupuesto del año 2002. Así justificarían que ustedes presenten una
enmienda para eliminar la tasa de reposición. También me podrían
decir por qué crearon ustedes la tasa de reposición en 1995, y por
qué cuando ustedes eran Gobierno eso era tan bueno y ahora que son
oposición -y por muchos años- es tan malo. ¿Qué argumento político y
de debate tienen ustedes para justificar esa enmienda? Yo todavía no
le he escuchado a ninguno de los portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista que intervienen en la Comisión de Presupuestos explicación
alguna ni nadie es capaz de decirme el porqué. Eso es, una vez más,
la demostración de su incoherencia, de su falta de programa y de su
falta de propuestas que todos los ciudadanos están observando día a
día.
Hablan ustedes también de la temporalidad. Cuando el Partido Popular
llega al Gobierno de España la temporalidad en la Administración
general del Estado era de un 26,2 por ciento y en estos momentos es
de un 20,2 por ciento; es decir la temporalidad en la Administración
pública ha bajado seis puntos y ustedes siguen diciendo que nosotros
estamos incrementándola. Resulta que la temporalidad en las
corporaciones locales es del 33 por ciento y a lo mejor el problema
no está en el Gobierno de España, sino en muchos ayuntamientos y en
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que día
tras día incrementan la temporalidad. Esas son las verdades y las
rigurosidades de un presupuesto.
El portavoz socialista dice que esto es una fotocopia del presupuesto
del año pasado. No lo es, señor Martínez Sanjuán, sino que es la
continuidad de una política económica acertada del Gobierno del
Partido Popular desarrollada desde el año 1996. Efectivamente, y
nosotros estamos muy orgullosos. Este Gobierno, lógicamente, por
coherencia y por buenos resultados económicos, tiene que continuar
con la línea político-económica que inició en el año 1996 que está
favoreciendo al conjunto de los españoles, entre ellos a los
funcionarios, y evidentemente, es necesario seguir con esa política.
Por supuesto, si siguiéramos la política del Partido Socialista
tendríamos que estar cambiando, no cada año sino cada semana, de
ideas políticas para un presupuesto económico porque ustedes no se
aclaran ni nos aclaran a los demás cuáles son sus planteamientos y
sus posturas.
Usted pregunta qué santo es el que ha provocado el milagro del
Partido Popular. No hay santos, son personas con nombre y apellidos.
Se llaman José María Aznar, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro.
(Risas.) No son santos, son personas. No busque usted en el cielo lo
que tenemos aquí en la tierra. Son capaces de hacer este milagro
económico que tiene España. (Aplausos.) Comprendo que ustedes no se
crean esta verdad, pero esas son las verdades. No hay que mirar al
cielo, los tenemos en la tierra. Entiendo que a ustedes les hubiera
gustado mucho tenerlos, pero afortunadamente son del Nacionalista
Galego presenta a estos títulos, coherentes Partido Popular. Así
pues, se va a seguir trabajando en con lo que antes se señaló. Es
decir lo que pretendemos esa línea y se va a seguir haciendo el
milagro económico es que en la revisión de las pensiones de la
Seguridad de España. Me gustaría que ustedes se alegraran porque
Social y de las pensiones de clases pasivas se aplique el parece que
les molesta que España vaya bien, que incremento del 5,5 por ciento
que proponemos para el los funcionarios y el conjunto de los
españoles estemos salario mínimo interprofesional y para las
retribuciones en buenas condiciones económicas. A ustedes les de los
empleados públicos. Pretendemos con la enmienda molesta eso en vez de
alegrarse y en vez de reconocer que presentamos al artículo 86.Nueve,
2.A).b) 2.º, la que este Gobierno está haciendo bien sus tareas
económicas, enmienda 1376, eliminar también la previsión introducida
que hoy la economía de España está aguantando en esta norma, según la
cual se habilita al Gobierno una situación internacional muy
complicada y que la a reducir aún más los tipos de cotización al INEM
está afrontando mejor que ningún país de la Unión por desempleo en
los contratos de duración determinada. Europea. (El señor Fernández
Marugán: ¡No me Pensamos que por esta vía no se garantiza la salud
diga!) Sí se lo digo, señor Fernández Marugán, y se lo económica y
financiera del INEM y que se da una vía repito en voz alta y en voz
baja. Esa es la realidad de más para que el Partido Popular y el
Gobierno justifiquen España y eso a ustedes les molesta. Claro,
ustedes se progresivos recortes que ya el ministro de Trabajo dedican
durante dos meses a intentar algo que no consiguen está anunciando.
y ahora vienen aquí enfadados y quieren reñir al Nada más y muchas
gracias.
Partido Popular por hacer las tareas. Nosotros seguimos haciendo
nuestras tareas económicas porque eso es El señor VICEPRESIDENTE
(Camps Ortiz): lo que interesa al conjunto de los españoles. Ustedes
Señor Saura. sigan, como llevan dos meses, empeñados en otras
historias que no llevan a ningún sitio más que a hacer el El señor
SAURA LAPORTA: Señor presidente, he ridículo, que nosotros seguiremos
trabajando para dado antes ya por defendida la enmienda número 1520,
resolver los problemas de los españoles y de los funcionarios. de
Iniciativa per Catalunya-Verds y defendería ahora la enmienda número
1078, presentada por Chunta Aragonesista. Nada más y muchas gracias.
(Aplausos.) Es una enmienda al artículo 86 que pretende crear un
fondo específico para el medio rural del Alto El señor VICEPRESIDENTE
(Camps Ortiz): Gracias, Aragón y de la actual provincia de Zaragoza
para paliar señor Merino. la ausencia en estos territorios de la
financiación de
Títulos IV Concluido el debate del título III, pasamos al debate este
fondo y por ende del Objetivo 1. Se trata de promover y VIII el
desarrollo económico y paliar los desequilibrios y sección 7 de los
títulos IV, VIII y sección 7.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas existentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma presentadas, el señor Núñez tiene
la palabra. de Aragón mediante actuaciones inversoras y de fomento en
áreas infradotadas, creando un fondo de El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor
presidente, inversiones para la provincia de Huesca y otro para la
muchas gracias. provincia de Zaragoza (excluyendo su capital), que
Hay exclusivamente una enmienda presentada referente deberán
regularse mediante convenio entre el ministerio a que en las
pensiones se contemple el crecimiento competente y el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la inflación previsible del año que viene -el
2,8 de Aragón. Dado que las otras comunidades por ciento y no el 2
por ciento- para evitar la pérdida autónomas que presentan índices
similares a Aragón se de poder adquisitivo durante el año, a pesar de
que exista encuentran atendidas por el Objetivo 1 de los fondos la
obligatoriedad de la paga de regularización de la estructurales de la
Unión Europea y por el Fondo de inflación. Por otro lado quiero
insistir en que desde Compensación Interterritorial, resulta
razonable y nuestro punto de vista no es momento de estarse quieto,
necesario que, en compensación por la exclusión de sino de hacer
política económica, no es momento de Aragón de los fondos
anteriormente citados, se creen esperar que el mercado resuelva todo,
sino realmente unos fondos de inversiones para cada una de estas
provincias de emplear este instrumento que son los Presupuestos a
imagen del actualmente existente como fondos Generales del Estado
para evitar y corregir la recesión de inversiones para Teruel.
económica en la que estamos. Nada más y muchas gracias.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por El señor VICEPRESIDENTE
(Camps Ortiz): Gracias, el Grupo Federal de Izquierda Unida, señor
Ruiz. señor Núñez.
Señor Aymerich. El señor RUIZ LOPEZ (don Antero): Gracias, señor
presidente.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo muy brevemente Del total del gasto
consolidado de personal -5.739 para defender las enmiendas que el
Bloque millones de euros- el 0,83 por ciento del producto
interior bruto corresponde al pago de pensiones, al personal
jubilado. El pago de pensiones crece un 4,7 por ciento respecto al
año anterior como resultado de una subida inicial del 2 por ciento y
la acumulación de otro 2,7 por ciento por el aumento del número de
beneficiarios y cuantía media de prestaciones. En este apartado, como
en otros relativos al sistema de pensiones de la Seguridad Social, se
plantea el problema crucial de la revalorización de las pensiones.
Las enmiendas de Izquierda Unida tratan de establecer dos criterios:
en primer lugar, eliminar la posibilidad de no revalorización de las
pensiones públicas y, en segundo lugar, establecer una revalorización
de pensiones equivalente al del sistema general de la Seguridad
Social. Uno de los consensos más relevantes alcanzados en esta Cámara
se refiere precisamente a la garantía del mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de
las mismas según la evaluación del índice de precios al consumo y
mediante fórmulas estables. En aplicación de dichos criterios
informadores se promulgó la Ley 24/1997, de 15 de julio, la cual
garantiza, por primera vez, el poder adquisitivo de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, las pensiones públicas
que no pertenecen al régimen de la Seguridad Social no gozan de las
mismas garantías de conservación del poder de compra de las
pensiones. Este es el objetivo de dos de las enmiendas que Izquierda
Unida ha presentado al título IV de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Las otras dos enmiendas se refieren a precisar -con mejor
criterio que el incluido en el Texto Refundido de Clases Pasivas del
Estado- lo que debemos considerar una pensión extraordinaria que
corresponda además de a actos terroristas, a incapacidades o
inutilidad física causada en acto de servicio y no someterlas al
límite de las pensiones ordinarias por jubilación o enfermedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de
Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Mantenemos dos enmiendas, las 1241 y 1246, a los títulos IV y VIII.
Ninguna a la sección 0.7, Clases Pasivas, que debatimos conjuntamente
con los dos títulos ya citados.
La enmienda 1241 al título IV trata de dar cumplimiento a aquello que
está escrito en el llamado acuerdo sobre el desarrollo de la
Seguridad Social en lo que se refiere al incremento de las pensiones
más bajas del sistema, en este caso las del SOVI. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Nosotros
proponemos que no se incremente el 2por ciento, que corresponde a un
aumento lineal de todas por igual, sino que se doble siguiendo lo
acordado en
ese documento. La enmienda número 1246 al título VIII trata de que
los autónomos tengan la facultad a los 55 años, en vez de a los 50
años hoy previstos, de escoger la base de cotización más alta de
acuerdo con sus posibilidades de ingresos. En Comisión se me dijo - y
es cierto- que años atrás se rebajó la edad de 55 a 50 años, por lo
que parecía un poco sorprendente que ahora se volviera sobre lo
andado. Sin embargo, la verdad es que miles autónomos entre los 50 y
55 años se encuentran con que si no han cumplimentado la norma es por
puro desconocimiento o porque, curiosamente, cada año tienes que
pedir el cambio de cotización por la banda más alta. Ello provoca que
el olvido o el error administrativo se pueda dar. Por lo tanto, el
objetivo de esta enmienda es que un trabajador autónomo que se
encuentra en esa banda pueda ampliar la posibilidad de entre los 50 y
los 55 años escoger su base de cotización. Se me podrá decir que en
el horizonte está el que no sólo se tribute por los últimos 15 años,
señora presidenta, sino por toda la vida laboral de un ciudadano.
Esto es posible en un futuro, pero no hoy. Vamos a trabajar sobre la
realidad actual y nuestra propuesta sería que se incremente en cinco
años esa posibilidad de aumento voluntario de las bases de cotización
para alcanzar una mejor jubilación para un grupo, los autónomos, que
no es precisamente pequeño y que viene siendo objeto de debate en
esta Cámara y también en el Senado a lo largo de la pasada
legislatura y de la presente. Debates que han sido coincidentes en
reconocer que es un colectivo que produce, que es cuantitativamente
importante y lo es también respecto a su incidencia sobre el producto
interior bruto del país, al que tenemos, entre comillas, maltratado
o no correctamente tratado respecto del otro grupo que cotiza al
régimen general de la Seguridad Social y que algo debemos hacer.
Todos estamos de acuerdo en que algo tenemos que hacer, pero
posiblemente discrepamos en el qué y en el ritmo de cómo llevarlo a
cabo. Sin embargo, en los programas electorales, empezando por el de
Convergència i Unió y terminando por el del Partido Popular, estaba
prevista la revisión del régimen de los trabajadores autónomos en
esta legislatura. Por ello con nuestra aportación pretendemos
realizar una mejora en estos presupuestos que, no siendo lo más
sustantiva, sí indicaría -de aprobarse- que la Cámara está a favor de
solventar un problema que afecta a miles y miles de trabajadores
autónomos.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. En primer lugar, antes de
entrar a defender las enmiendas presentadas
por mi grupo al título VIII, me van a permitir que haga un
pequeño comentario a las dos intervenciones que han realizado en
nombre del Grupo Popular los señores Cámara y Merino. El señor Cámara
sube a esta tribuna y dice que mi compañero Paco Marugán no puede
hacer ninguna defensa. Señoría, cualquier diputado de esta Cámara
puede subir a la tribuna y defender aquellos que crea conveniente,
porque para eso estamos. Después sube a la tribuna el señor Merino y
nos dice que con las enmiendas que presenta la oposición no se puede
gobernar este país, que la oposición debería hacer otras cosas, nos
dice que somos incoherentes, que no tenemos programa, etcétera. Yo
creo, señores del Grupo Popular, que lo que ustedes pretenden, además
de gobernar este país porque les toca, es dirigir la oposición.
Recuerden que ustedes están para una cosa y nosotros para otra. El
señor Merino dice que el Gobierno del PP tiene las ideas muy claras,
pero yo creo que el Gobierno del PP tiene lo que dice el refrán: los
pies fríos y la cabeza caliente, y con la cabeza caliente, señorías,
no se puede gobernar. En los últimos meses hemos aprobado tres leyes
de difícil cumplimiento y nuevamente estamos aprobando unos
presupuestos que también van a ser de difícil cumplimiento.
En nombre de mi grupo parlamentario voy a defender las enmiendas a
complementos a mínimos, fondo de reserva, bonificación de
contrataciones y reducción de cotizaciones. Cuando se firmó el Pacto
de Toledo había una serie de recomendaciones, todos los grupos
parlamentarios estuvimos encantados y todos hablamos de lo bueno que
fue el Pacto de Toledo y lo útil que ha sido para todos. Sin embargo,
posteriormente, a la hora de cumplirlo, cogemos las recomendaciones
del Pacto de Toledo como si fueran de goma, las estiramos hasta donde
nos es conveniente y decimos que las hemos cumplido. El Pacto de
Toledo, señorías, es claro y meridiano cuando habla de la separación
de fuentes y, aparte de incumplirlo nuevamente con el acuerdo de
abril -donde firman con Comisiones Obreras, la CEOE y la CPYME doce
largos años para abonar los complementos a mínimos con la fiscalidad
general- ustedes, en los presupuestos del año 2002, hacen una
aportación para esos mínimos a razón de la cual tardaríamos 18 años
en cumplir ese objetivo de que los complementos a mínimos fueran de
la fiscalidad.
Fondo de reserva. Cuando hablamos de la Seguridad Social se nos llena
la boca diciendo que la Seguridad Social tiene muchos más cotizantes
que antes, de lo cual todos nos alegramos, pero, como le decía el
otro día, tenemos que empezar a analizar cuál es la cotización media
por afiliado a la Seguridad Social, ya que podemos correr el riesgo
de estar muy contentos porque hay muchas cotizaciones y que la suma
final de esas cotizaciones nos lleve a una situación más delicada que
si hubiera menos cotizantes, pero cotizaran por los salarios reales
que les correspondieran. Eso está muy ligado al tipo de
contrataciones y al tipo de salarios que se está pagando en
estos momentos. Teniendo en cuenta que los complementos a mínimos
para el año que viene van a ser, según dicen los presupuestos,
685.000 millones y que el superávit de la Seguridad Social ronda los
350.000 millones, estamos hablando de más de un billón de pesetas que
tendría que ir al fondo de reserva. ¿Qué hace el Gobierno? Aparece en
los medios de comunicación y dice a todos los ciudadanos que, como es
muy generoso, crea un fondo de reserva en torno a los trescientos y
pico mil millones de pesetas. ¿Para qué dice esto? Muy sencillo, para
que la gente de a pie, los ciudadanos de este país, oigan esas
macrocifras, esas grandes cantidades, pero lo que el Partido Popular
nos propone para el fondo de reserva no llega para el 35 ó 40 por
ciento de una mensualidad de pensiones. Por lo menos, tendríamos que
hablar con propiedad.
Bonificación de las contrataciones. Esto es contradictorio. Llevamos
tres años bonificando casi todo tipo de contrato y, al final, el
empleo que se genera es, en su mayoría, el que se iba a generar
igual, sin bonificación. Estamos dando bonificaciones
indiscriminadamente a cualquier tipo de contratación que se haga y al
final se están beneficiando incluso las empresas que no generan
empleo. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos bonificaciones de
acuerdo con el grupo de cotización, bonificando en mayor medida a los
grupos 6, 7, 10 y 11; es decir, a la contratación de trabajadores sin
cualificación. Con esto pretendemos que haya una mayor bonificación
en colectivos que realmente están necesitados de esta contratación y
que no se produce. Si ampliamos tanto las bonificaciones todo el
mundo contrata al que tiene que contratar y se lleva la bonificación.
Es decir que estamos dando un montón de millones a los empresarios
cuando, además, el propio Pacto de Toledo especifica que, como
bonificaciones sociales, sólo vaya a temas sociales. El Gobierno está
utilizando para dichas bonificaciones el dinero excedente del
desempleo y lo que hace es dárselo a los empresarios, que realmente
contratan algo que tenían previsto. Si no, vamos a verlo ahora. Yo
recuerdo que no hace mucho le preguntaba en este Parlamento al
secretario de Empleo cuántos contratos estables se habían rescindido
ya en los últimos tiempos, y me contestaba que no se sabía. Yo le
hablaba de un 30 por ciento, y él me decía: Hay, pero tanto no será.
Yo le digo que hay incluso más. Pasados dos años, al final los
contratos se rescinden porque en este país no hay nadie que pueda
controlar un contrato, ni cómo se hace ni cuándo se rescinde, máxime
teniendo en cuenta que son 14 ó 15 millones los contratos que se
hacen y 14 ó 15 millones los contratos que se rescinden. Es imposible
controlarlo, y la realidad es que estamos dando dinero para contratos
estables que son estables por el período que les compensa el dinero
que les damos. Por lo tanto, señorías, tendríamos que emplear mejor
el dinero y dárselo a aquellas empresas que generan empleo, que son
las microempresas o pequeñas empresas, que es a las que menos llega.
En cuanto a la reducción de cotizaciones, les hablaba anteriormente
de los grupos a los que deberían ir destinadas las bonificaciones, es
decir a aquellos en los que están subrepresentadas las mujeres o a
los mayores de 40 años que lleven más de tres años sin actividad
laboral. En definitiva, señorías, a colectivos a los que en algún
momento tendremos que dar respuesta.
Tenemos también una enmienda en la que proponemos que el SOVI sea
compatible con la pensión de viudedad. Señorías, todos los grupos nos
hartamos de decir que el SOVI es injusto, que es inadmisible la
pensión de viudedad tal y como está y que no resuelve problemas. Pues
bien, señorías, nuevamente tenemos aquí la opción que mi grupo
plantea de hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad.
Estamos hablando de un colectivo de unas 380.000 mujeres que cuando
se quedan viudas la mayoría tiene que elegir entre las 42.000 pesetas
del SOVI y el 45 por ciento de la pensión de viudedad.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Tiene que concluir,
señoría.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Ya sé que me van a decir que van a pasar
al 52 por ciento, pero les recuerdo, señorías, que el 52 por ciento
no va a llegar a 1.050.000 viudas porque su complemento a mínimos lo
absorberá. Pues bien, no voy a entrar más en lo del 52 por ciento
porque cuando se tramite la ley en este Parlamento tendremos la
oportunidad de hablar de ello, pero sí les pido que seamos coherentes
con lo que decimos ante los colectivos afectados de viudas y de
personas mayores y aprobemos que el SOVI sea compatible con la
pensión de viudedad. Al menos estaremos haciendo algo que es de
justicia y que nadie se merece más que el colectivo de mujeres
mayores de 65 años.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora López i
Chamosa.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Voy a pasar a analizar
las enmiendas formuladas a los títulos IV y VIII y posteriormente a
las disposiciones adicionales a las que se ha referido la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la enmienda número 1241, de Convergència i Unió, nos
plantea la subida de un 4 por ciento para las pensiones SOVI. Ya
expusimos en Comisión al portavoz de Convergència i Unió nuestra
coincidencia en la sensibilidad y espíritu que animan a la enmienda,
pero también que ha habido un acuerdo, el de 9 de abril de 2001, de
mejora y racionalización del sistema de la Seguridad Social en el
cual se establece la creación -ya hecha- de una Comisión de seguimiento,
de unas formas procesales para funcionar y de una serie de
objetivos entre los cuales se encuentran, cómo no, el incremento de
las pensiones mínimas, el incremento de las pensiones de viudedad,
sea o no con cargas familiares, la ampliación de la edad de los
beneficiarios de orfandad y en definitiva, dentro de ese equilibrio
con los excedentes y con la viabilidad del sistema de Seguridad
Social, de subir las pensiones menos favorecidas. Por tanto, señora
presidenta, confiamos que en breve puede llegar a la Cámara un debate
después de escuchar el Gobierno a la Comisión de seguimiento del
acuerdo de 9 de abril, tras conocer el informe que nos pueda remitir.
Esto obviamente nos obliga a desestimar y rechazar la enmienda 1241,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La enmienda 1246 del mismo grupo plantea la modificación de la edad
en que los trabajadores o los cotizantes al régimen especial de
trabajadores autónomos de la Seguridad Social pueden optar libremente
a la base, y lo establece para la fecha previa al cumplimiento de 55
años de edad, cuando la ley lo establece ahora en los 50 años. La
legislación anterior decía a partir de los 55 años, se amplió el
abanico hasta los 50 como una medida de lucha contra el fraude, pero
cuando vemos que en el año 2003 el promedio de las bases reguladoras
que van a dar lugar a las prestaciones de la Seguridad Social se van
a configurar en 15 años tampoco haríamos mucho favor a los
trabajadores autónomos concentrándoles una eventual mejora en 10 años
de cotización, cuando su base se va a diluir ya por imperio de la ley
en vigor en 15 años y presumiblemente a lo largo del tiempo, si se
consigue una cuestión que me parece de equidad como es que se tenga
en consideración todo el cómputo de la vida cotizante de un
trabajador, lógicamente se diluiría el efecto que pretende el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Decir que este Gobierno
ya ha venido trabajando con hechos concretos que han beneficiado y
mejorado la situación de los trabajadores autónomos es una obviedad,
pero a veces parece necesaria no sé si ante la amnesia general o la
necesidad de recordar las cuestiones positivas que se hacen a favor
de diversos colectivos. Recordaré la última, no hace tantos meses:
que en este régimen especial de trabajadores autónomos pueda existir
la incapacidad permanente total cualificada de forma que a partir de
los 50 años se pueda acceder al 75 por ciento, como en el régimen
general de la Seguridad Social. Dentro de la convergencia que preveía
el Pacto de Toledo entre los diversos regímenes se han establecido
medidas de aproximación muy importantes en cuanto a la configuración
de las diversas bases reguladoras, al establecimiento de 14 pagas
extraordinarias y a equiparar también la incapacidad total. Sin duda
hay cuestiones en las que se va a poder seguir avanzando, pero el
Gobierno del Partido Popular ha apostado decididamente por los
autónomos y, coincidiendo conlas pretensiones del Grupo Parlamentario
Catalán
(Convergència i Unió), no en este caso con la enmienda que
literalmente se nos aporta, en los próximos meses vamos a continuar
por esta senda.
Las enmiendas números 42 y 45 de Izquierda Unida pretenden limitar
-valga la redundancia- el límite establecido para las pensiones
extraordinarias. Por su propia naturaleza las pensiones
extraordinarias lo son y por lo tanto también debe serlo el límite o
el no límite al que se sujeten. Como este es un debate que ya se
produjo en los Presupuestos Generales del Estado de 2001, damos por
reproducidas las razones desestimatorias de entonces.
Las enmiendas 43 y 44 del mismo grupo establecen, sobre todo la 43 -y
la 44 por analogía-, la revisión de todas las pensiones
equiparándolas -se dice- al régimen de Seguridad Social; obviamente
será al sistema de Seguridad Social. Hay razones técnicas que
aconsejarían la desestimación de la enmienda, pero también hay
razones de fondo; voy a explicar lo que ya abordé y anticipé en
Comisión. La enmienda número 1785 de este grupo, a la disposición
adicional quinta bis, coincidente por cierto con la enmienda 1253 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), establece y
desarrolla las previsiones legales estableciendo el derecho al
percibo de una paga que sea rectificadora del desvío de la previsión
de IPC que se pueda producir a lo largo de este año 2002 tanto para
las pensiones del sistema de la Seguridad Social como para las de
clases pasivas; por lo tanto, en el año 2002 los funcionarios van a
tener una rectificación de la pensión en el desvío que hayan podido
tener en su pérdida de IPC o de capacidad adquisitiva en cuanto a
pensionistas.
La enmienda 1680 del Partido Andalucista nos plantea un incremento
del 2,8 por ciento para pensiones de clases pasivas. Debo decirle lo
mismo, sin perjuicio de que reiteraré que el Gobierno dentro de sus
cifras macroeconómicas no tiene en su objetivo plantear un IPC que no
pueda ser realizado o cumplible. El 2 por ciento nos parece que es un
objetivo asumible para el año 2002 y por eso se ha fijado en
presupuestos. De hecho, los últimos datos van avalando este control
progresivo del IPC dentro de nuestra economía y que para el año 2002
sin duda es posible el objetivo del 2 por ciento.
Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego 1371, 1372, 1373 y 1374
las rechazamos, ya que proponen un incremento del 5,5 por ciento y
nosotros seguimos pensando en el 2 por ciento y seguimos planteando
una política práctica en la cual se ejecutan pagas extraordinarias
que compensen a los pensionistas de todo tipo las desviaciones del
IPC que se puedan producir. Diré más, reiteraré lo dicho
anteriormente a Convergència i Unió: El acuerdo de 9 de abril de 2002
prevé, en línea con lo que nos plantea en concreto la enmienda 1374,
los incrementos de las pensiones de orfandad en cuanto a la edad
límite de los beneficiarios que puedan acceder a las mismas, las
pensiones de viudedad y las pensiones
mínimas. Esperemos que pronto pueda llegar a la Cámara para su
debate y tramitación.
La enmienda 1376 nos plantea nuevamente la supresión de la
habilitación que los Presupuestos Generales del Estado tanto de 1999,
de 2000 como de 2001, dan al Gobierno para que pueda reducir la
cotización al desempleo. Esto no implica que haya que hacerlo, sino
simplemente que pueda hacerlo. No hay razón alguna para que se
rechace este presupuesto; como digo, es el cuarto ejercicio en el
cual esta previsión se contempla, y además en plena coherencia e
hilvanando los planteamientos que se formularon y se acordaron en la
cumbre de Luxemburgo.
En cuanto a las disposiciones adicionales del Grupo Socialista he de
decirle que desde luego no es nuestra pretensión dirigir a la
oposición, bastante trabajo nos llevaría la cuestión indudablemente.
Con colaborar este Grupo Popular a la buena gobernabilidad que
plantea el Gobierno del Partido Popular nos parece más que
suficiente. Por supuesto, intentar dirigir los conflictos del partido
mayoritario de la oposición nos parece complicado y desde luego ajeno
a nuestras pretensiones.
Se ha dicho que el acuerdo incumple el Pacto de Toledo en cuanto a
los complementos a mínimos. El acuerdo es perfectamente respetuoso
con las previsiones del Pacto de Toledo, que por fin quedan clara y
definitivamente desarrollados en el acuerdo de 9 de abril, en el
cual, por si cabía alguna duda de interpretación o doctrinal, se
establece que los complementos a mínimos se deben financiar con cargo
a la imposición. Este tema no era pacífico hasta entonces para todo
el mundo, hay que decirlo. No solamente se establece esto, sino un
periodo concreto en el cual se va a llevar a efecto, un periodo
máximo, un periodo de 12 años. No implica necesariamente que haya que
esperar 12 años, pero sí es una previsión de que a lo largo de 12
años los complementos a mínimos sean totalmente financiados con cargo
a la imposición; por lo tanto, el Gobierno en este primer ejercicio a
raíz de este acuerdo cumple perfectamente. Podía hacerlo en una
cuantía menor o podía hacerlo en una cuantía superior, estableciendo
que una doceava parte del conjunto de los llamados complementos
a mínimos sean financiados con cargo a la imposición. Se dice que
habría la misma contratación sin bonificación que con bonificación.
Si esto fuera así, ¿para qué el Grupo Socialista nos plantea unas
enmiendas a una disposición adicional, las 1067 y 1068, por las
cuales se pretende una bonificación de determinados grupos de
cotización? ¿No hemos quedado en la premisa de que la bonificación
implica contratación? ¿No hemos quedado, por tanto, en que lo que
suponen los costes de cotización social no tienen incidencia directa
en el empleo? ¿A qué viene que el Grupo Socialista nos plantee una
reducción en este sentido? Yo he de decir que aquí no hay prueba,
nada más que una prueba diabólica, no hay prueba en contrario; no se
puede demostrarqué habría ocurrido de no haber existido bonificación,
porque evidentemente la historia nos demuestra que la ha habido
y que ha habido una determinada correlación, bonificación,
contratación indefinida. Lo que sí sabemos es que históricamente,
cuando no hubo bonificación, las tasas de contratación indefinida
eran menores.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Azpiroz, debe
concluir.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo enseguida, señora presidenta.
Es más, el Grupo Socialista nos plantea una enmienda, la 1067,
relativa a las bonificaciones específicas, de las cuales espero tener
oportunidad de hablar mañana, de cuál es el modelo de empleo que el
señor Jáuregui probablemente nos plantee aquí para ver qué es lo que
se pretende y cómo se articula y ver en qué contradicciones
e incoherencias incurre. Hay una disposición adicional del Grupo
Socialista relativa a que la viudedad sea compatible con la pensión
SOVI. Pues bien, en este aspecto nos remitimos al acuerdo del 9 de
abril. Cuando se habla de pensiones SOVI, no todas son de viudedad,
sino que existen pensiones SOVI de vejez y de jubilación. ¿Por qué
discriminamos en la enmienda y no planteamos que una pensión SOVI de
vejez o de jubilación pueda ser compatible con otra pensión de otro
tipo, como se hace con la de viudedad? (La señora López i Chamosa
pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Por qué sólo se habla de la
pensión de viudedad? Así pues, no sólo razones de orden técnico nos
hacen desestimar esta demanda, sino también de fondo, como la
vigencia y validez de un compromiso con los interlocutores sociales
al que se llegó en el acuerdo del 9 de abril, que esperamos ver
pronto en marcha.
Por último, una enmienda adicional -tardo medio segundo, señora
presidenta- que se refiere al fondo de reserva. Este fondo viene
establecido en los puntos 2 y 3 del acuerdo del 9 de abril,
señalándose en el primero de ellos que con carácter prioritario, es
decir, no exclusivo, sino principal, vendrán a destinarse estos
excedentes a la contribución y dotación del fondo de reserva. En el
punto 3 de dicho acuerdo se establece que el Gobierno dispone del
plazo de un año para elaborar un desarrollo normativo que regule
definitivamente, como ustedes han demandado convenientemente, la
configuración, el movimiento y el funcionamiento del fondo de
reserva. No ha transcurrido un año -el plazo finaliza en el mes de
abril-, pero espero que el Gobierno y la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social lleven a cabo la regulación definitiva del fondo de
reserva con el rango de una norma legal y que con ello se resuelva
este superávit y su ubicación dentro del mismo y a la vez, como dice
el propio acuerdo, no con carácter exclusivo, sino prioritario, para
que el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular
puedan contribuir simultáneamente a otra demanda que
formulan, que es acceder a la subida de las pensiones más
desfavorecidas del sistema de la Seguridad Social.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Azpiroz.
Señorías, pasamos al debate conjunto del título V y Título V. de la
sección 06, deuda pública. Sección 06
Para la defensa de sus enmiendas por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha presentado varias enmiendas, siendo las más importantes
aquellas que plantean la creación de un fondo para la condonación de
la deuda externa dotado con 270,46 millones de euros. Se propone un
artículo 56 bis, que es fundamental porque recoge lo que reclama gran
parte de la sociedad española. Se han presentado un millón de firmas,
existiendo una extensa red de apoyo a la condonación de la deuda
externa, por lo que este Parlamento no puede ser insensible al clamor
ciudadano. Nuestro país tiene que liderar esta situación y de ahí el
carácter fundamental de la enmienda. Este fondo serviría además para
demostrar de una vez por todas que nuestro país apuesta por que los
problemas del mundo se resuelvan desde abajo, permitiendo que los
países que hoy sufren la tremenda losa de la deuda externa puedan
empezar a desarrollarse de una manera real y evitar con toda
seguridad otro tipo de problemas.
Otra de las enmiendas que presentamos propone que una partida de 631
millones se adecue a su realidad, que nosotros la ciframos en 210
millones. Esta partida hay que adecuarla al gasto real y hacer que
disminuya el peso de la ayuda al desarrollo, ya que este tipo de
ayuda no es precisamente la que fomenta el desarrollo de los países
del Tercer Mundo, sino todo lo contrario, se utiliza para otro tipo
de gastos que precisamente van en sentido contrario a lo que debe ser
el desarrollo del Tercer Mundo.
Estas son nuestras principales enmiendas y luego hemos presentado una
cuarta, la cual no entendemos por qué se ha rechazado, ya que se
trata de una redundancia. Propone un añadido al artículo 57 que dice
que la utilización de este fondo debe cumplir con todos los
requisitos recogidos en la Ley de cooperación para el desarrollo y en
el reglamento que se apruebe. Es fundamental que la financiación de
la cooperación bilateral se regule en el marco de esta ley, en la que
todos estamos poniendo nuestras esperanzas, pero que a la vez nos
está defraudando. No entendemos por qué se nos rechazaba esta
enmienda, por lo que la volvemos a plantear con la intención de que
realmente no se rechace simplemente por venir de la oposición, sino
que al menos se lea y se comprenda que es una enmienda fácilmente
asumible.
Señoría, nuestra intención en este apartado es fundamentalmente
evidenciar lo que un día fue el compromiso del Partido Popular de
alcanzar el 0,7 por ciento, para que al final no sea solamente una
declaración testimonial, sino que se plasme en los Presupuestos
Generales del Estado, que es donde se tiene que contemplar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Centella.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
En esta sección nosotros hemos presentado la enmienda número 1242, en
la que se pide incrementar la dotación del fondo para la concesión de
microcréditos. Durante el año 2002 pedimos un incremento de 60
millones de euros para llegar a la misma cantidad del año 2001. La
nueva situación internacional no aconseja disminuir este tipo de
fondos y este es el motivo de nuestra enmienda, por lo que la doy por
defendida.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de sus
enmiendas tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
La única idea que el Grupo Parlamentario Popular incorporó en el
debate presupuestario del año pasado fue que el Estado gastaría única
y exclusivamente aquello que ingresara. A decir verdad esa fue una
idea aceptada por muchos ciudadanos que llegaron a considerarla como
una idea brillante. Quizá haya llegado el momento de poner de relieve
algunas cuestiones en relación con el pretendido rigor fiscal del
Gobierno del Partido Popular. En Comisión les decía -y lo repito hoy
aquí- que en este mundo de la política también existe la
intertextualidad y que se producen operaciones de copia pura y dura
de algún tipo de propuestas que realizan otros partidos políticos. El
Gobierno del señor Aznar López copió parte de la plataforma política
del Partido Republicano norteamericano cuando el señor Bush -padre-
se enfrentó con el señor Clinton hace ocho años. El sector más
derechista del Partido Republicano, es decir, el conservadurismo más
radical de una formación ya muy de derechas, pretendía llevar a cabo
unas reformas presupuestarias y constitucionales en virtud de las
cuales los gobiernos tuvieran que actuar siempre bajo el principio
del equilibrio presupuestario. Les voy a ahorrar a ustedes cualquier
referencia al resultado de las elecciones entre el señor Bush -padre-
y el señor Clinton, pero tengo que decirles
que esa idea, que fue rechazada por el pueblo norteamericano, tuvo
una entrañable acogida entre los conservadores españoles. Como
consecuencia de la misma hay un proyecto de ley que deambula por las
Cámaras y que, si Dios no lo remedia, seguramente terminará en el BOE
dentro de pocos días. El preludio de ese proyecto de ley fue la Ley
de presupuestos del año 2001, en la que se estableció el déficit
cero, acompañado de profundas e importantes autorizaciones al Estado
para endeudarse. Si mi memoria no me falla, el volumen global de las
autorizaciones para incrementar el límite de la deuda pública fue 1,9
billones de pesetas, a lo que se añadieron otras cantidades en
concepto de avales. Como consecuencia de todo ello, una parte
importante de las políticas públicas encontraron recursos adicionales
por encima de los estrictamente tributarios. Quienes defendieron este
enfoque enfatizaron en la bondad del equilibrio y en la
inconveniencia del déficit público, pero se olvidaron de decir que
una parte de lo que se gastaba, de lo que iba a hacer el Gobierno, se
dejaba para que lo pagara más adelante. Esto tiene su importancia
porque establece una ilusión financiera entre los ciudadanos que no
terminan de saber bien cuál es el coste que suponen los impuestos y
cuál es el beneficio que se obtiene de los gastos.
Pese a la reiterada proclama de la fanfarria conservadora, el año
pasado y los anteriores asistimos a que la línea de delimitación del
déficit se hiciera cada día más opaca. El Gobierno del Partido
Popular consideraba que el mejor sistema para evitar cualquier
discusión sobre la cuantía del déficit público es que este ni se
midiera ni se contara. Como consecuencia de ello, múltiples
organismos se sacaron del presupuesto y de su control y nos hemos
encontrado con una situación dual: una parte del gasto público se
focaliza y se controla y otra parte cada vez más importante del gasto
público queda fuera de los enloquecedores confines del presupuesto
oficial. A ese tipo de respuestas obedecen modificaciones
organizativas como las del GIF, como las de las sociedades de aguas,
como las siasas o como la última dedicada a la infraestructura del
trasvase TajoSegura. Sin que se haya explicado mucho, lo cierto y
verdad es que una parte importante de la inversión pública ha huido
del presupuesto, la inversión pública civil y la inversión pública
militar, porque una parte del programa de modernización de las
Fuerzas Armadas se financia a través de una actividad bancaria,
sorprendentemente bancaria, que hay dentro de los Presupuestos
Generales del Estado, que consiste en conceder préstamos a empresas
dedicadas a la fabricación de aviones, de tanques y de navíos, que se
dice que son necesarios para la defensa nacional. Por tanto, a la
hora de medir el volumen de ingresos y de gastos nos encontramos con
un doble escape, uno organizativo y otro que le proporciona el
instrumento financiero. Esto ha tenido consecuencias institucionales
importantes. Las Cortes han quedado reducidas a una mera institución
de refrendo
de las decisiones que adoptan los demás. Eso puede que haya ocurrido
en otros ámbitos de la política. A algún diputado, al señor Guardans,
le he oído hacer esta reflexión aquí en el Pleno del Congreso. En
este tema tan específico y tan concreto, tan emblemático es preciso
poner de relieve el carácter subalterno que hoy tienen el Congreso de
los Diputados y el Senado dentro de la definición de los poderes
institucionales en España. Las Cortes no han querido impedir la
aprobación, la ausencia de vigilancia y de control de una parte del
gasto público que debía ser objeto de control por las mismas. Sin
rechistar y con la complacencia de la mayoría se han limitado a
aprobar las aportaciones patrimoniales a las gerencias, a las
sociedades y a las agencias y a determinar el volumen de préstamos
concedidos.
En los presupuestos del año 2002 estamos hablando de cantidades
importantes. Las aportaciones son 305 millones de pesetas, el 21 por
ciento más que en el año 2001, y las concesiones de préstamos son
443.000, un 6 por ciento más que en el año 2001. En total los
llamados activos financieros ya están en 880.000, 50.000 más que en
el año 2001. Luego quedan otras cosas. Gastar hoy para pagar mañana
ha sido un procedimiento que también se ha empleado en otras
actividades. Me voy a referir al llamado sistema alemán, al llamado
sistema de pago diferido, que ya tiene en este momento una cuantía de
320.000 millones de pesetas, cuya utilización debería haberse
reducido después de haberse cumplido las condiciones de Maastricht y
que a lo largo del último ejercicio no solamente no se ha
ralentizado, sino que se ha acelerado. Los gobiernos venideros
tendrán que encararse con problemas presupuestarios creados por la
ausencia de disciplina presupuestaria del Gobierno del señor Aznar.
Esto se produce no solamente en lo que hace referencia al método
alemán, sino en lo relativo al total del endeudamiento que se
autoriza por la ley presupuestos del año 2002, que ya no será de 1,9
billones de pesetas, sino de 2,4 billones de pesetas, 453.000
millones de pesetas más que el ejercicio anterior. Eso lleva a mi
grupo a manifestar su sorpresa y su paradoja. Es el segundo año
consecutivo que dicen que tenemos equilibrio presupuestario, pero
hete aquí, señoras y señores diputados, que en este año las
autorizaciones para endeudarse, los pagos que pospone el Gobierno con
vistas al futuro, en lugar de reducirse aumentan, fueron el 0,9 por
ciento del PIB en el año 2001 y serán el 1,2 por ciento del PIB en el
año 2002. Esto de que el equilibrio presupuestario es un proyecto de
futuro es un latiguillo que no funciona ni siquiera en el momento
inicial. La situación es paradójica, porque este presupuesto que
estamos discutiendo tiene un modesto, modestísimo déficit público. Si
uno consolida el Estado, los organismos autónomos, la Seguridad
Social y el resto de los organismos públicos, el presupuesto viene
con un modesto déficit público de 5.500 millones de pesetas, pero
trae unas autorizaciones para endeudarse,
sólo en el Estado y en los organismos, de 2,4 billones de pesetas; el
volumen del endeudamiento es 436 veces más que la cuantía del
déficit. Mi grupo se pregunta: ¿Tiene sentido que haya una
institución que tenga un déficit tan reducido y un endeudamiento tan
alto? ¿Qué implica esa diferencia? ¿Implica que estamos delante de un
nuevo diseño de financiación pública? Señoras y señores diputados,
convendría que estuviéramos atentos, porque quizás no nos estemos
percatando de que el señor Aznar subestima los problemas futuros de
los demás gobernantes, que dentro de unos años pueden, bien desde el
Partido Socialista o bien desde el Partido Popular, tener que asumir
el coste de decisiones que él ha ido dejando ahí, sin querer asumir
plenamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Fernández
Marugán, S.S. debe concluir.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino en un segundo.
Todo esto sin entrar a ver el límite de las autorizaciones. Estas
cifras que he manejado se pueden elevar como consecuencia de que haya
créditos extraordinarios, se pueden elevar como consecuencia de que
fallen las previsiones del señor Montoro -que seguro que fallan- y se
pueden elevar en la medida en que los derechos y las obligaciones del
papel que tiene el Estado sean unos derechos y unas obligaciones de
mala calidad. En estos cuatro casos que he citado, en lugar de dar
bajas en los correspondientes gastos, se autoriza al Gobierno a
elevar el nivel de la deuda pública.
Señorías -y con esto termino-, el endeudamiento inicial autorizado ya
era alto, pero el endeudamiento final que se va a producir en el año
2002 no tiene límite. La conclusión a la que llego es sencilla: la
política presupuestaria de Aznar ni tiene disciplina, ni tiene
equilibrio, ni tiene rigor; por eso nosotros la vamos a votar en
contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Fernández Marugán. ¿Grupos que deseen fijar la posición?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición de mi grupo respecto a las enmiendas
presentadas por Izquierda Unida y el Grupo Socialista. Aunque el
Grupo Socialista realmente no defiende sus enmiendas, vamos a hacer
una pequeña glosa de ellas.
Izquierda Unida ha presentado cuatro enmiendas a este título. En la
número 46 propone reducir el límite de la cifra autorizada al Consejo
de Ministros para operaciones con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo. El mismo propósito tiene la enmienda 1034 del Grupo
Socialista. Vamos a rechazar ambas enmiendas, ya que el gasto real
anual se aproxima mucho a los 631 millones de euros previstos en el
proyecto de ley.
En las enmiendas 47 y 48, de Izquierda Unida, se propone la creación
de un fondo de condonación y conversión de deuda externa para
inversión en desarrollo, que coincide en el propósito con la enmienda
1035 del Grupo Socialista. No vamos a apoyarlas, ya que la ausencia
de una partida presupuestaria propia no ha impedido hasta ahora una
gestión activa, ambiciosa, de la deuda externa y en ningún caso ésta
ha estado sujeta a los vaivenes presupuestarios. Por otra parte, en
cuanto a la iniciativa para la condonación de la deuda de los países
pobres altamente endeudados, dicha condonación se hace efectiva en el
momento en que el país deudor completa los procesos de reformas
estructurales que se consideren necesarios para alcanzar el objetivo
de reducción de la pobreza.
La enmienda 49, de Izquierda Unida, la consideramos innecesaria, ya
que el artículo 105 de la Ley de acompañamiento del año 1998, que
regula el fondo para la concesión de microcréditos, dispone
claramente que este fondo necesariamente se destinará a la ejecución
de proyectos de desarrollo social básico a que se refiere el artículo
28 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional
para el desarrollo.
Las enmiendas 1032 y 1033, del Grupo Parlamentario Socialista, son
recurrentes año tras año y pretenden que el Estado asuma la deuda del
Ente Público Radiotelevisión Española y se suprima la autorización al
límite máximo de aval que debe prestar al citado ente público. La
asunción de la deuda de Radiotelevisión Española se debe enmarcar en
un plan más amplio de saneamiento del ente. Este plan, actualmente en
desarrollo, deberá determinar la viabilidad comercial del ente y su
capacidad de generar recursos con los que hacer frente a su deuda.
Por coherencia con nuestra posición en esta enmienda también
votaremos en contra de la que propone la supresión del aval del
Estado.
Señorías, sin duda alguna el Gobierno del Partido Popular tiene
motivos para sentirse orgulloso de muchas facetas de su política
económica, pero quizá una de las más brillantes sea la de la
financiación del Estado. La captación de fondos por parte del Estado
para el año 2002 va a aproximarse a los 65.000 millones de euros.
Esta cifra, señorías, es ligeramente superior a la del ejercicio
pasado y en torno a la mitad de la existente a finales de los años
noventa. Los empleos fundamentales de esas emisiones de deuda del
Estado son hacer frente a vencimientos por valor de casi 50.000
millones de euros, además con los 6.000 millones de euros de aumento
del saldo de la cuenta del Tesoro del Banco de España, para que se
puedan afrontar los crecimientos de enero del año 2003, y también una
variación neta de activos financieros en torno a 4.710 millones de
euros.
Como acabo de manifestar, la emisión anual de deuda del Estado se ha
reducido drásticamente en los
últimos años debido, además de al equilibrio presupuestario, a los
menores vencimientos anuales al haberse llevado a cabo una política
de alargamiento de la vida media de la deuda para situarla cerca de
los seis años de vida media frente a los tres años y medio de
mediados de los años noventa. Así, aproximadamente en el año 1995 el
40 por ciento de la cartera vencía en el plazo de un año; ahora sólo
vence el 20 por ciento. Esta política tiene dos ventajas esenciales:
una, reducir la presión emisora del Estado, lo que permite obtener
los fondos en mejores condiciones; la otra, liberar recursos del
mercado para otros emisores. La participación de la deuda pública en
la economía se ha reducido drásticamente. La relación deuda-producto
interior bruto era cercana al 70 por ciento en el año 1995 y este año
terminaremos con un 57 por ciento y en el año 2002 en torno al 55 por
ciento.
Respecto al coste de la deuda, se estima que en el año 2002 el coste
medio de la deuda en circulación se mantendrá por debajo del 6 por
ciento, frente a un 10 por ciento que era el coste de mediados de la
pasada década. Si lo analizamos en términos de producto interior
bruto, en el año 2002 se reducirá hasta el 2,7 por ciento, por debajo
del 2,9 con el que terminará el presente año y muy lejos del 7 por
ciento alcanzado en 1996.
Señor Fernández Marugán, hace usted reiteradas objeciones a los
presupuestos y habla de conservadurismo. Le voy a hacer una cita,
escuche, por favor, atentamente. El elemento de mayor preocupación es
la implicación que tendrá la desaceleración económica en el
cumplimiento de los objetivos del pacto de estabilidad. ¿Usted sabe
quién ha dicho esto? Un compañero de ustedes, muy querido y muy
respetado por nosotros, don Pedro Solbes, comisario de Economía
europeo, que fue portavoz económico del Grupo Parlamentario
Socialista. Si usted considera que el señor Solbes es un conservador,
estará en una línea muy distante de lo que piensan los líderes
europeos. Por ejemplo, el presidente del eurogrupo dice que en el
contexto económico actual hay más margen de maniobra del lado
monetario que del presupuestario. Este señor dice que Estados Unidos
dispone de una capacidad de maniobra presupuestaria mientras que
Europa tiene más margen de actuación en el terreno de la política
monetaria.
El Reino Unido -tampoco creo que el señor Blair sea muy conservador-
también ha optado por jugar con la política monetaria en lugar de ser
manirroto con la política presupuestaria. ¿Cuál es la receta que
están recomendando los expertos y cuál es la condición que ha puesto
Estados Unidos a Argentina para ayudarle a superar la crisis? Le han
exigido una ley de déficit cero.
Está usted criticando el método alemán. Me ha hecho mucha gracia,
porque hace unos días en Andalucía, en concreto en Sevilla, donde
llevan ustedes mareando las obras del metro durante 20 años y no se
hace nunca, la última ocurrencia que han tenido ha sido proponer su
privatización. No sé dónde están ustedes.
Señorías, hay que abandonar la tentación de sólo ción, en un 2 por
ciento del mínimo personal y familiar hacer caso a la coyuntura, que
es lo que han hecho ustedes. del IRPF, la escala general del IRPF, la
escala autonómica Los bandazos que ustedes daban en su política
económica complementaria del IRPF, la base liquidable del es la que
provocó disfunciones tan graves como impuesto sobre el patrimonio y
la cuota íntegra sobre el las cuatro devaluaciones de la peseta y que
tuvieran que patrimonio. Creemos que la no actualización de los
inventar lo de la doble velocidad. Ustedes fueron incapaces mismos,
de la escala general y autonómica del IRPF, de disciplinarse en el
rigor y en la austeridad del de la base liquidable y de la cuota
íntegra en patrimonio, gasto público. Su política social era de
boquilla, pues es genera un aumento encubierto de la presión fiscal
evidente que no hay política social que valga destruyendo que casa
muy mal con el discurso del Partido Popular empleo. La bajada de los
tipos de interés, la de bajar los impuestos. bajada del precio del
petróleo permiten inyectar, señoría, Muchas gracias. dosis de
optimismo a que la caída de la economía mundial no va a ser tan
perniciosa ni tan duradera como La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales
Torrejón): en otros períodos de desaceleración. Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Pese a los negros augurios, señores del PSOE, que Por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda parecen ustedes recrearse, la
economía española tiene Unida, para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra un nivel de consolidación que nos permite sostener
que el señor Rejón. las previsiones presupuestarias se van a cumplir
desde que el Partido Popular gobierna, y se vienen cumpliendo. El
señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
En cuanto a la herencia que dice usted que va a dejar Con brevedad
voy a defender cuatro enmiendas que a España el señor Aznar, sin duda
alguna, subestima lo hemos presentado. Las dos primeras a este título
tienen que va a dejar en el futuro. Ustedes sí que dejaron una la
función meramente correctora y de adecuar a la actualidad herencia de
déficit, de descontrol y de corrupción. las bases y la valoración en
el IAE y en el impuesto Nada más y muchas gracias. sobre vehículos de
tracción mecánica, toda vez que
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): lleva mucho tiempo sin
haberse producido una actualización
Título VI de la base imponible, con lo cual se está llegando
A continuación pasamos al debate del título VI. casi a una
obsolescencia de los propios impuestos. Por Para la defensa de su
enmienda, en primer lugar, por tanto, nosotros planteamos que se
produzca un modificación el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor de la tasa, con un aumento del coeficiente del 5
Saura. por ciento, que no significaría un aumento de la presión
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta. impositiva, pero
sí una actualización.
La tercera de las enmiendas tiene como función
Tenemos cuatro enmiendas, pero la 1505 la hemos dejar muy claro que
la exención que se produzca de las
retirado, por lo que pasaré a defender las números obras benefico-
sociales de las cajas de ahorros sea para
1506, 1507 y 1508. Las dos primeras hacen referencia aquellas obras
que no tengan ánimo de lucro. Yo vengo
a modificaciones en el impuesto sobre actividades económicas, de una
provincia donde existe una determinada caja de
tanto a la exención de las obras benéficosociales ahorros, y al
hablar de obras benefico-sociales están
de las cajas de ahorro como a exenciones fiscales incluidas muchas de
las obras que tienen ánimo de
relacionadas con nuevas actividades del ciclo lucro. Por tanto,
nosotros lo que pretendemos es que
combinado. En la enmienda 1508 proponemos la actualización quede
claro que la exención se produce solamente
del cuadro de tarifas, relativo al impuesto sobre la obra benefico-
social. sobre vehículos de tracción mecánica, a fin de evitar su Por
último, queremos añadir un nuevo punto donde obsolescencia en
términos monetarios, ya que en los se habla sobre la producción de
energía termoeléctrica últimos años no se ha modificado. En ese
sentido proponemos en centrales térmicas de ciclo combinado, toda vez
que una actualización del 5 por ciento. en el Real Decreto-ley 1175/
1990, esta nueva tecnología Nada más y muchas gracias. no se había
incorporado, con lo cual puede quedar fuera del hecho impositivo y,
en consecuencia, planteamos La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales
Torrejón): que se produzca la incorporación de la producción Muchas
gracias, señor Saura. de energía termoeléctrica en centrales térmicas
de ciclo Por el Grupo Parlamentario Vasco, para la defensa combinado.
de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Azpiazu. Nada más y
muchas gracias, señora presidenta.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora La señora VICEPRESIDENTA
(Rubiales Torrejón): presidenta. Muchas gracias, señor Rejón.
Nuestro grupo ha presentado cinco enmiendas a este Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i título VI, las números 588,
589, 590, 591 y 592. El Unió), para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra objeto de todas ellas es deflactar, mediante la
actualizael señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, a este título VI mantenemos viva nuestra enmienda
número 1244. Se trata de una enmienda relacionada con la actividad
del agroturismo, que no pretende otra cosa que eliminar una
compatibilización respecto del IAE, tanto por la actividad agrícola
como por la actividad agroturística. Creemos que es contradictorio
con la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias, que nació, como todas SS.SS. recordarán o
pueden saber, con la voluntad de ayudar a superar las deficiencias
estructurales de muchas explotaciones agrarias y, sobre todo, de
estimular también la formación de las mismas, con una dimensión lo
suficientemente posibilista como para que perdurase en el tiempo. Es
decir, es una ley, desde este punto de vista, proteccionista, pero en
el sentido más positivo del término: evitar la concentración urbana
de la población y mantener el equilibrio territorial que hasta estas
fechas tiene España. ¿Instrumento? El instrumento, a la vez que
mantenía la actividad agrícola o ganadera, facilitaba o posibilitaba
una actividad ligada por el turismo, que hoy viene a denominarse
agroturismo, que facilitase mayores ingresos y, por tanto, la
permanencia de aquel núcleo inicialmente rural en su medio. Fue y es
una buena ley que ha permitido mantener este equilibrio territorial y
que esas familias que allí nacieron sigan allí y que compartan dos
actividades que, precisamente, la propia ley viene a definir desde un
punto de vista de exigencia, en cuanto a dedicación de las
actividades agrarias, y desde un punto de vista de exigencia menor,
lógicamente, respecto a las actividades complementarias.
Lo que está ocurriendo es que deben tributar doblemente por IAE
distintos. Nosotros pretendemos modificar esta exigencia legal porque
entendemos que va en detrimento del contenido de voluntad política
subyacente en la ya citada Ley de 4 de julio de 1995.
Nada más, señora presidenta, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando en 1996 el Partido Popular llegó al Gobierno el sistema
tributario español era progresivo, y lo era porque en los hogares
donde había mayor capacidad económica y mayor renta se pagaba un
porcentaje de impuestos superior a la renta disponible que percibían.
Es decir, en la decila más alta se percibía el 28 por ciento de la
renta disponible y se pagaba el 31 por ciento del conjunto de los
impuestos. Por el contrario, en las dos decilas más bajas, en los
hogares de menos renta -el 20 por ciento de los hogares- tan sólo
percibían
el 5 por ciento de la renta disponible pagando única y exclusivamente
un 1,5 por ciento de los impuestos.
Esta situación de sistema impositivo progresivo estaba generada por
la progresividad del IRPF que compensaba la regresividad innata de la
imposición sobre el gasto y la proporcionalidad de las cotizaciones
sociales. Se ha demostrado por dos profesores de la Universidad
Autónoma de Barcelona que el 49 por ciento de la recaudación del IRPF
lo pagaba la decila de mayor renta, mientras que las dos últimas
decilas tan sólo pagaban el 0,12 por ciento.
Este tipo de proporciones jugaban de otra manera en el IVA, pero, en
conjunto, podemos decir que los niveles altos de la pirámide social
en España pagaban más impuesto sobre la renta que IVA, y debido a la
propensión marginal a consumir, los niveles más bajos de renta
pagaban más IVA que impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Esta era la fotografía del sistema tributario español en el momento
en el que el Partido Popular llegó al poder. Como consecuencia de esa
fotografía se dio origen a una serie de actuaciones por parte de la
derecha española. Los resultados no los conocemos. Hoy no sabemos
cómo discurre la fiscalidad en España y difícilmente lo podemos
analizar. Lo que sí es cierto es que ha habido frecuentes cambios
tributarios y que, como consecuencia de esos cambios tributarios, el
ausente ministro de Hacienda ha evaluado que la inyección de renta
disponible en el año 1999 fue una cantidad importante. Pero se ha
cuidado mucho en decirnos -la derecha siempre lo hace- cómo se
distribuye entre los españoles esa inyección de renta disponible. Me
hubiera gustado que estuviera hoy aquí el todavía ministro de
Hacienda para que nos hubiera dicho algo. (Un señor diputado: ¡Y lo
que le queda!) Se cuidó mucho el otro día de decirlo. El lánguido y
ausente Montoro lo único que nos dijo es que el ahorro por
contribuyente había sido de 64.000 pesetas al año. Mucho tiempo ha
pasado, tres años, y ha proporcionado muy poca información.
Aquí vuelve a ocurrir lo mismo que ocurre en el gasto y en la deuda y
es que el señor Montoro, el preclaro catedrático de Hacienda y hoy
ministro de Hacienda, oculta información para evitarse las polémicas
a favor y en contra. No hay mejor manera para evitarse la polémica
que tener al personal seco y huérfano de información. Semejante
cinismo político pueden hacerlo en esta Cámara y con el conjunto de
los españoles, pero resulta más difícil hacerlo con las
organizaciones internacionales. Gracias a ello hemos sabido, a través
del estudio reciente de la OCDE, que la presión fiscal entre el año
1995 y el año 2000 ha subido 2,5 puntos en España, el doble que en la
OCDE y bastante más que en la Unión Europea. También hemos sabido que
somos de las ocho primeras naciones de la OCDE donde el primer
renglón que financia las administraciones públicas son las
cotizaciones sociales.
El peso de las cotizaciones es el 27 por ciento del conjunto de los
ingresos públicos, en España el peso de las cotizaciones es el 35 por
ciento. En lo único que vamos parejos es en el IVA, en torno al 30
por ciento. En Europa el peso de la renta, sociedades y personas
físicas es del 35 por ciento, aquí del 28 por ciento. En sociedades
donde el lazo social se valora, en sociedades maduras como pueden ser
Canadá, Austria, Bélgica, Alemania y Holanda el peso de las
cotizaciones no varía, en cambio aquí sí, se ha movido al alza, como
tendrán ocasión de decir mis compañeros, y ha subido 0,7 puntos de
PIB. Alguien dirá que no ha sido única y exclusivamente en España, es
verdad. Ha subido también en Corea, en México, en Chequia y en
Turquía, pero uno quiere tener buenos referentes. A mí me gustan más
los referentes de estabilidad que los referentes de movimiento
geográfico, sobre todo porque, además, lo que se ha hecho en estos
países que han subido es favorecer fundamentalmente a los
empresarios.
Señores diputados, estos años han sido excelentes desde el punto de
vista de la recaudación tributaria. Pocas veces ha podido encontrar
un gobierno en España una situación más boyante desde el punto de
vista del ingreso público. El ciclo ha tenido una enorme potencia
económica y, como consecuencia, se han podido obtener elevadísimas
sumas sobre las previsiones iniciales. Como consecuencia de esto nos
hemos encontrado que el IVA, que sociedades, que las cotizaciones
sociales, en definitiva, que los impuestos vinculados a la actividad
económica han crecido como media en el último quinquenio más del 13
por ciento y el de sociedades más del 20 por ciento, el 22 por
ciento. Yo creo que pocas veces se ha vivido una situación como ésta.
Hay quien en el análisis de esta situación ha equivocado los méritos
del jinete con la potencia del caballo. Schumpeter dijo hace mucho
tiempo esto que le ha pasado al Partido Popular. El Partido Popular
cree que el resultado de la recaudación es consecuencia del acierto
del catedrático de Hacienda pública y ausente ministro de Hacienda,
señor Montoro. No, el ciclo económico ha ido bien aquí y fuera de
aquí porque había una enorme capacidad económica puesta de relieve,
pero en estos años tan buenos en IVA, en sociedades y en cotizaciones
el PP decidió abrir la caja y obtener algo. Pero ¿qué ha pasado?
Fundamentalmente una cosa, que el resultado final de este quinquenio
es una etapa de sobreimposición sobre la renta del trabajo, sobre
todo sobre la renta del trabajo peor cualificada.
Tengo que referirme, señorías, a la OCDE porque es a la única que le
proporcionan información. Mis compañeros más veteranos me lo van a
permitir. Cuando digo la OCDE me viene el recuerdo de otra época de
otros años. La OCDE a este paso va a terminar siendo Radio París o
los boletines de la IG Metall, pero a ellos tendré que recurrir
porque el ministro de Hacienda se niega a proporcionar cualquier tipo
de información seria y veraz sobre la evolución de la fiscalidad en
España. La OCDE dice en el informe del año 2000 que la presión fiscal
que soportan las rentas del trabajo es excesiva; la OCDE dice que la
carga fiscal que soportan las rentas del trabajo es regresiva y que
sería conveniente establecer una progresividad en las cotizaciones
sociales; la OCDE dice que falla la neutralidad en la imposición
sobre el ahorro; la OCDE dice que los beneficios fiscales y los
sistemas forfetarios perjudican la equidad horizontal, ya que se
gravan beneficios subestimados, y la OCDE dice que el fraude es más
abundante de lo que se cree y que además se dedican pocos medios para
combatirlo. Eso lo dice la OCDE y lo dicen los españoles, pero eso no
le importa gran cosa al empleado de los patrones. Esa situación es la
que nosotros queremos corregir con nuestras enmiendas.
Creemos que es preciso proporcionar confianza a los grupos sociales
de gran dimensión, ayudándoles a que puedan llevar una política
macroeconómica más sólida. Para ello hemos propuesto deflactar la
tarifa de renta y reducir, temporalmente, las cotizaciones sociales
que soportan las personas que tienen mayores dificultades para
emplearse. Claro está que nos oponemos a los tratamientos
preferenciales que se realizan en favor de los contribuyentes con
alto nivel de renta. Quiero recordar en esta Cámara que sólo el 2,4
por ciento de quienes hacen aportaciones a los planes de pensiones
superan el millón de pesetas y que el 72 por ciento las hacen por
debajo de 50.000 pesetas. Las propuestas del PP, una vez más, son
injustas y regresivas.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Fernández
Marugán, ha concluido su tiempo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino ya, señora presidenta.
No incentivan la inversión, son puros beneficios fiscales concedidos
a algunos grupos del Partido Popular para hacerlos más felices pero
en modo alguno más eficaces.
Muchas gracias. (Aplausos)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Fernández Marugán. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jordi
de Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Concluimos el debate del título VI que, bajo la rúbrica de normas
tributarias, incorpora una serie de modificaciones puntuales y
concretas que afectan a la imposición directa, indirecta y a tasas
por diversos conceptos tributarios. Se trata de aquellas
modificaciones del sistema tributario que afectan más directamente a
lo que son la percepción de ingresos tributarios y que se
corresponden con aquella jurisprudencia del Tribunal Constitucional
que reserva a la Ley de presupuestos la
llamada materia presupuestaria. Es decir, aquella que afecta más
directamente a la habilitación de ingresos y a la autorización de
gastos, como contenido mínimo, esencial y nuclear de la Ley de
presupuestos. El contenido de este título VI fue ampliamente debatido
durante la tramitación en Comisión y, por tanto, dedicaré mi
intervención solamente a hacer algún comentario sobre alguna de las
enmiendas, que ya anuncio votaremos negativamente por los argumentos
que defendimos durante el citado trámite de Comisión.
En primer lugar, no compartimos las enmiendas de Izquierda Unida
tendentes a conseguir un aumento de la imposición local,
particularmente del impuesto de vehículos de tracción mecánica y del
IAE. Mi grupo, en principio, no es partidario del aumento de la
presión fiscal. Entendemos que reduciendo impuestos favorecemos
y apoyamos el crecimiento y, por lo tanto, hay un modelo económico que
es absolutamente distinto del que ustedes sostienen. Adicionalmente,
entendemos que probablemente este no sea un buen momento para hablar
del aumento de la presión fiscal en el ámbito municipal, sobre todo
porque podríamos prejuzgar los futuros contenidos de un pacto de
financiación local. Pero, aun no compartiendo esa política fiscal que
ustedes defienden, la respetamos sobre todo por la coherencia que de
la misma deriva, no como otros que defienden hoy algo totalmente
distinto a lo que hicieron ayer y que no podrán mantener dentro de
unos días. Me refiero, obviamente, a la política fiscal confusa y
errática a la que nos viene acostumbrando ya el Partido Socialista.
Nosotros entendemos -y con eso discrepamos del señor Marugán- que el
nivel de información que acompaña a estos presupuestos es suficiente
y que de su análisis pormenorizado se puede desprender claramente
quién gasta, para qué gasta y en qué gasta. En definitiva, que hay un
nivel de información suficiente. No compartimos su habilidad hípica,
pero me ha parecido que reconocía que en estos últimos años -no sé si
por el caballo o por el jinete o probablemente por ambas cosas- ha
aumentado la recaudación, y ha aumentado la recaudación reduciendo
los tipos impositivos -tengo que decirlo, señorías- por mérito del
gobierno centrista del Partido Popular.
Votaremos negativamente en particular la enmienda del Grupo
Socialista en la que proponen la actualización de los mínimos
familiar y personal y la deflactación de las tarifas del IRPF. Lo
haremos por tres motivos fundamentalmente. En primer lugar, porque
afortunadamente vivimos en un escenario de estabilidad de precios que
minimiza el impacto de la inflación sobre las tarifas del IRPF. Digo
afortunadamente porque en los años 1992, 1993 y 1994, cuando el
Partido Socialista tenía responsabilidades de Gobierno, teníamos
tasas de inflación elevadas, del 5,9 por ciento, del 4,6 por ciento,
y sin embargo ustedes no deflactaban las tarifas del IRPF. Eso sí que
era auténtica progresividad en frío, eso sí que era auténtica presión
fiscal encubierta. Es decir, no
contentos con una voracidad fiscal insaciable, que les caracterizó en
todo momento, pasaban la factura fiscal de la inflación al
contribuyente al no deflactar las tarifas del IRPF. Como
comprenderán, eso no tiene nada que ver con el escenario actual en el
que está prevista una inflación del 2 por ciento. Por tanto, nos
encontramos con la ya conocida estrategia socialista de proponer como
oposición lo que no hicieron en su momento como Gobierno. En segundo
lugar, señorías, no podemos olvidar que la vigente Ley del IRPF, que
ustedes votaron en contra y a la que interpusieron un recurso de
inconstitucionalidad no sé si en conciencia o no o en conveniencia o
contra la conciencia de no sé quién, en todo caso interpusieron un
recurso de inconstitucionalidad, simplifica notablemente las tarifas
del IRPF, de tal suerte que pasamos de 16 tramos a tan sólo 6 tramos
y, por consiguiente, los contribuyentes hoy gozan no sólo de un mayor
grado de seguridad jurídica sino de seguridad económica al tener una
mayor certeza de estabilidad de la tarifa impositiva aplicable. Pero
ustedes no votaron a favor y probablemente no lo hicieron no sólo
porque no les gusta la simplicidad en los impuestos, sino porque no
estaban de acuerdo con la reducción de impuestos a los trabajadores
pensionistas y a los niveles de renta más baja, como hizo la reforma
fiscal de 1998. Ustedes y su peculiar sentido de la justicia
tributaria consideraron que aquello era inconstitucional y por eso
les gusta más la tarifa plana del IRPF. En tercer lugar, porque
sinceramente entendemos que la mejor deflactación es la que consiste
en bajar impuestos. A ustedes les gusta la cosmética fiscal, les
gusta el maquillaje de las tarifas de los impuestos; a nosotros nos
gustan las reformas tributarias en profundidad, las reformas
tributarias con mayúsculas, las que bajan impuestos, las que
modernizan el sistema tributario, las que racionalizan los diferentes
impuestos, como la reforma fiscal de 1998, que en el primer año de
aplicación supuso un ahorro fiscal de 800.000 millones de pesetas y
que en el segundo año de aplicación supuso un ahorro fiscal de
900.000 millones de pesetas. Creamos un IRPF más moderno que rebajó
la presión fiscal cuantitativa y cualitativamente; cuantitativamente
porque la redujo a una media de un 13 por ciento y cualitativamente
porque esa reducción de impuestos fue mucho más intensa en los
niveles de renta bajos, familias, rentas del trabajo, pensionistas,
etcétera. Algo totalmente distinto a lo que ustedes hicieron.
Hablan de política tributaria regresiva y de sobreimposición de
rentas del trabajo cuando es precisamente lo que ustedes hicieron con
la Ley de IRPF de 1991, cuya única bondad estribaba en introducir la
tributación por separado de los cónyuges y, además, porque lo dijo el
Tribunal Constitucional. No creo, señorías, que nos puedan imputar
que practiquemos una política tributaria regresiva. La política
fiscal regresiva es coto privado del Partido Socialista con su
propuesta del tipo único del IRPF. La tarifa plana en el IRPF es lo
más
regresivo que ha sentido la historia tributaria de nuestro La señora
VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): país y eso, señorías -tengo que
recordárselo-, es de Muchas gracias, señor Saura. patente socialista.
Por cierto, no deja de ser contradictorio Para la defensa de sus
enmiendas tiene la palabra el que con una mano nos pidan el tipo
único en el IRPF señor Núñez. y con otra mano nos pidan la
deflactación de las diferentes tarifas del IRPF. Uno no sabe si
atender a quien El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora hace
las propuestas en los medios de comunicación o a presidenta. quien
presenta las enmiendas en el Parlamento. Yo les Los andalucistas
hemos presentado seis enmiendas a diría que se aclaren. No sé,
señorías, si bajar impuestos este bloque, que paso a defender con la
mayor brevedad. es o no de izquierdas, pero si a ustedes les preocupa
eso La primera se refiere a la concreción de las cantidades que se
llama la progresividad en frío probablemente también de que tiene que
disponer cada comunidad autónoma les preocupe la progresividad en
caliente y retirarán a consecuencia de la aplicación del nuevo su
propuesta del tipo único, aunque yo creo que más que sistema de
financiación de comunidades autónomas. preocuparles la progresividad
en frío lo que pretenden Nosotros creemos que, una vez definido el
sistema, no en realidad es congelar la progresividad del impuesto es
de recibo que estemos discutiendo en esta Cámara sobre la renta y
guardarla en un frigorífico de Ferraz. Por cuánto corresponde a las
comunidades autónomas globalmente tanto, tengo que decirles que vamos
a votar en contra de y no podamos discutir qué resultado parcial esa
enmienda por los argumentos que hemos dicho: porque tiene cada
comunidad autónoma con este nuevo sistema. estamos en un escenario de
estabilidad de precios, Deberían estar definidos en el documento de
Presupuestos porque estamos en un escenario de simplificación de las
Generales del Estado los criterios, las cantidades tarifas del
impuesto y porque hemos hecho, hacemos y de recaudación de cada
impuesto cedido, los continuaremos haciendo políticas de efectiva
reducción tantos por ciento que corresponden a la comunidad; en de
impuestos. Sí les pido, señorías, que sean mínimamente definitiva,
definir claramente, con luz y taquígrafos, coherentes y no propongan
como oposición lo que por qué a cada comunidad corresponde una
cantidad. nunca hicieron como Gobierno. (Aplausos.) Espero que en un
futuro muy próximo no haya discordancias
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): entre las previsiones
que en este momento contiene
Muchas gracias, señor De Juan. cada presupuesto de las comunidades
autónomas
Título VII. A continuación pasamos a la defensa de las enmiendas y la
cantidad global definida por el sistema. No hay
Secciones ninguna explicación razonable para que el Gobierno no 32 y
33 al título VII y a las secciones 32 y 33, entes territoriales
defina en este presupuesto, en este documento, la cantidad y Fondo de
Compensación Interterritorial. Para que corresponde a cada
financiación. Por otra la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra
el señor parte, hay que contemplar en el caso de las comunidades
Saura. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, que no se
acogieron y en el resto de los casos la ocupa la presidencia.)
liquidación definitiva de las cantidades que corresponden
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta. desde 1997 a
2000. Nosotros creemos que debiera adoptarse como método de cálculo
el mismo que se ha Doy por defendidas las enmiendas 1077 y 1079 y las
acordado en este sistema entre todos y, por tanto, tomar
correspondientes a la sección 32 del señor Labordeta. como base el
año 1999 y hacer los correlatos correspondientes
Como Iniciativa per Catalunya-Verds hemos presentado a los años
pasados. cuatro enmiendas a este bloque. Dos de ellas Por último,
señorías, tenemos tres enmiendas que hacen referencia a las
subvenciones a los entes locales corresponden a la cuantía que se
dedica en estos presupuestos por transporte colectivo urbano: una
trata de ajustar el generales a los fondos de compensación
interterritorial. indicador poblacional a la realidad poblacional, y
por Nos parece a los andalucistas que este único tanto proponemos que
las subvenciones se fijen de documento constitucional para corregir
los desequilibrios acuerdo con la población del año 2002, y en la
otra de las comunidades autónomas españolas está intentamos
generalizar que las subvenciones a los insuficientemente dotado. No
es de recibo la cantidad municipios no tengan límite de población.
Otras dos que año tras año se contempla en los presupuestos para
enmiendas son relativas a las compensaciones a los corregir esta
grave diferencia entre comunidades. Por ayuntamientos, tanto por las
bonificaciones del IBI que tanto, proponemos un incremento sustancial
de esta tienen las autopistas como por las bonificaciones por
cantidad del Fondo de Compensación Interterrorial. exención de
centros concertados. Muchas gracias.
Señora presidenta, si me lo permite, para agilizar el debate doy por
defendidas todas las enmiendas a las La señora VICEPRESIDENTA
(Becerril Bustamante): disposiciones adicionales, transitorias y
anexos de Iniciativa Muchas gracias, señor Núñez. per Catalunya-
Verds. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra Nada más.
Muchas gracias. el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha
presentado a este título VI y doy por defendidas, por la identidad de
materia y casi de contenido, las que presentamos a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales.
Nuestras enmiendas se refieren a la subvención a las entidades
locales por el transporte urbano y con ellas pretendemos, en
síntesis, que estas subvenciones sean efectivas no sólo a los
municipios que de acuerdo con la Ley de bases de régimen local tienen
el transporte urbano calificado como servicio municipal obligatorio,
es decir, aquellos que tienen una población superior a los 50.000
habitantes, sino que también puedan subvencionarse las entidades
supramunicipales, áreas metropolitanas, consorcios de transporte o
mancomunidades en las que también entre el transporte. Nos parece que
es una medida de estricta justicia que tendería a primar estas
fórmulas de cooperación intermunicipal que, por otra parte, si
atendemos a lo que dice el señor Posada, el Gobierno pretende
promover y están incluidas en los planes de Gobierno, en concreto del
Ministerio para las Administraciones Públicas. Por tanto, llamamos la
atención del grupo mayoritario para que apoye esta enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Defiendo las enmiendas números 1845, 1846 y 1847 que tenemos
presentadas al título VII y a las secciones 32, entes territoriales,
y 33, Fondo de Compensación, así como la enmienda número 1848 que
defiende la inclusión de una disposición adicional nueva.
La enmienda 1845 está dirigida al artículo 79 del proyecto y con ella
pretendemos que se añada a continuación de la expresión «año base de
1999» la frase «sin perjuicio de la aplicación de las garantías sobre
revisión mediante el índice del producto interior bruto nominal y
demás supuestos de revisión del fondo de suficiencia definidos en el
modelo de financiación.» Se trata de introducir esta frase en el
texto del artículo 79 in fine. ¿Por qué pedimos esto en nuestra
enmienda, señora presidenta? Pues por la existencia de la garantía
del producto interior bruto en el nuevo modelo, al menos hasta este
año 2001 para todos los recursos y hasta 2004 sobre todo para los
sanitarios, en los que nuestro grupo parlamentario tiene puesta una
especial sensibilidad para evitar déficit de financiación, que
posibilite cambios en variables socioeconómicas que vienen ocurriendo
en años posteriores a 1999, y en
coherencia además con lo que ya se planteó y se aprobó en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 27 de julio de este
corriente año 2001, principalmente cuando se trata de apreciar los
efectos en la variable de población, que está además expresamente
recogida en el acta. Nuestra enmienda, por tanto, es congruente con
el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de
este año, como he citado. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.)
La enmienda 1846, señora presidenta, está dirigida al apartado uno
del artículo 85, es de adición y trata de garantizar un mínimo
general del fondo. Proponemos que respecto a los fondos a que hace
referencia el artículo 85 destinados fundamentalmente a la nivelación
territorial del Estado, conforme al imperativo constitucional del
artículo 158, por la vía de proyectos que inciden en el nivel de
desarrollo regional o por inversión o gastos de funcionamiento de
estos, que suponen para el ejercicio de 2002 un 36,1 por ciento de la
inversión pública programada en los presupuestos vigentes, se tendrá
en cuenta en el cálculo y posterior reparto de los fondos la
actualización de los valores correspondientes a los últimos datos
oficiales disponibles. Pretendemos en la justificación de esta
enmienda que manejemos siempre cifras reales y no pasadas, que han
quedado obsoletas y que conducirían a una situación de agravio
comparativo con este principio de aplicar los fondos a la nivelación
territorial.
La enmienda 1847, dirigida al artículo 85 en su punto 3, adiciona una
frase que viene a incluir el término compensación al actual fondo
complementario, de forma que quedaría como «fondo de compensación
complementario». En el estatuto de autonomía y en relación con la
financiación de gastos de funcionamiento de las inversiones
explicitaría de manera más clara que la finalidad de este fondo ha de
ser la nivelación. Hay que ver cuál es la intencionalidad para la que
el fondo tiene que operar -en el sentido legal de corregir una
deficiencia- y por tanto entendemos que el objetivo fundamental y
prioritario es obtener la igualdad de nivelación. Al mismo tiempo ha
de precisarse que el nuevo fondo lo es de compensación en
cumplimiento del imperativo constitucional.
Señora presidenta, la enmienda 1848 plantea una disposición adicional
nueva y se refiere a la incidencia de la reserva para inversiones en
Canarias, lo que se denomina RIC. La intencionalidad de nuestra
enmienda es que podrán efectuar una reducción en la base imponible,
a los efectos previstos en el artículo 38 de esta ley, del importe de
la dotación prevista, porque la reserva para inversiones de Canarias,
regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994 que modifica este
régimen, permite con plena justificación legal introducir y colgar
dentro de ella el sentido profundo de la misma. De lo contrario,
señora presidenta, nos encontraríamos en una grave incongruencia
entre el importe de los pagos a cuenta y la cuota del impuesto, la
cual genera en estos momentos
un innecesario e impresentable coste financiero para los
contribuyentes en el archipiélago canario, creyendo por eso necesaria
una modificación de la Ley del impuesto sobre sociedades y al mismo
tiempo que el departamento de Hacienda programe cambios operativos
y congruentes en el artículo 103 del reglamento del impuesto sobre la
renta de las personas físicas que puedan permitir minorar
proporcionalmente, de las magnitudes previstas en dicho precepto, el
importe que razonablemente pretenda dotar el contribuyente en
concepto de la reserva de inversiones en Canarias, por supuesto, sin
perjuicio de ulteriores regularizaciones si estas previsiones se
desvían en exceso de la dotación real. A esto se dirige, con las
explicaciones del documento de justificación, esta última enmienda
que defiendo en este turno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, a la sección 32 y al título correspondiente de la ley de
presupuestos les corresponde fijar las cantidades precisas para
cumplir las obligaciones financieras con los entes territoriales,
singularmente comunidades autónomas y ayuntamientos. La aprobación
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del nuevo modelo de
financiación autonómica contribuye a pacificar relativamente el
debate que suele producirse en esta sección presupuestaria. Sin
embargo, la aplicación que la Administración está haciendo de esos
acuerdos, proyectada en el debate sobre la Ley de Financiación de
Comunidades Autónomas, sugiere no pocas dudas sobre la interpretación
que el Gobierno hace de este acuerdo que sin duda se proyecta sobre
la interpretación presupuestaria. Se tiene la impresión de que, a
medida que avanzan los mecanismos de descentralización política, las
ansias centralistas se van cobijando en trincheras cada vez más
reducidas que siguen impidiendo lo que desde Izquierda Unida siempre
se reclamó a esta sección presupuestaria: suficiencia financiera para
los entes descentralizados como garantía de la autonomía política en
un contexto de solidaridad territorial. Si ya el acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera dejó abierta alguna duda en estos
campos, parece que la interpretación legislativa y financiera del
Gobierno las aumentan. Sinceramente, no creemos que el articulado de
la ley ni la sección 32 correspondan estrictamente a estos criterios
de autonomía, suficiencia y solidaridad que tantas veces se han
discutido, pero sí el avance, aunque con las lagunas apuntadas, en la
definición de un modelo de financiación estable y corresponsable de
las comunidades autónomas que se
ha producido. Debemos señalar que queda pendiente, como tuvimos
oportunidad de manifestar el año pasado, la superación de las
ineficiencias que revela el modelo de financiación local. No es este
el momento para extenderse sobre las dificultades que atraviesa el
método de financiación de las corporaciones locales, definido hasta
el 2003, en una interpretación de la Ley de haciendas locales
bastante ajustada y que ya es percibida por muchos responsables
locales como insuficiente. Los ayuntamientos advierten en este
momento tanto las limitaciones de los fondos que se asignaron tras la
aprobación de la Ley reguladora de las haciendas locales como los
problemas para asumir, mediante pactos locales o autonómicos, nuevas
competencias ante la mala valoración en origen de las transferencias
del Estado. El otro riesgo subyacente en la estructura fiscal
contenida en la Ley reguladora de las haciendas locales era que los
gobiernos locales desarrollaran una tendencia creciente al
endeudamiento, que en la década anterior había colocado a la
Administración local española en una situación de colapso fiscal y
financiero, lo que motivó la necesidad de aplicar un programa
enérgico de saneamiento por parte del Estado.
Junto a los problemas señalados en los párrafos precedentes, hemos
venido a constatar una creciente tendencia a la divergencia entre los
gobiernos locales en términos de capacidad fiscal y, por
consiguiente, de autonomía financiera real. En suma, una tendencia a
una creciente desigualdad entre los gobiernos locales de las
diferentes comunidades autónomas y éstas. La idea de que los
ciudadanos deben recibir el mismo nivel de bienes y servicios
públicos locales, con independencia de su localización geográfica
-aspiración del mandato constitucional-, no pasa de ser una pura
utopía al no disponer de un instrumento de igualdad que complemente
la capacidad de hacienda local en cada caso. El criterio de
proximidad a los ciudadanos y una interpretación correcta del
principio de subsidiariedad conducirá a una creciente
descentralización de funciones en favor de los gobiernos locales, lo
que determina la necesidad de dotarlos de los recursos fiscales
adecuados que aseguren su equilibrio presupuestario a corto plazo y,
en especial, su estabilidad financiera a largo plazo. La experiencia
de aplicación del llamado pacto local ha puesto de manifiesto las
importantes dificultades que aquél tiene sin contar con una
estructura fiscal adecuada.
Nuestras enmiendas no atienden a la definición del fondo del modelo.
Sobre este punto tendremos ocasión de debatir, permaneciendo
Izquierda Unida abierta a una extensión de la corresponsabilidad
fiscal establecida para las comunidades autónomas mediante la cesión
del IRPF a los ayuntamientos. Las enmiendas atienden a unas
cuestiones concretas que no están siendo consideradas por la
Administración. En materia local les hacemos una propuesta que se
refiere al principio de suficiencia. Debo enfatizar nuestra idea de
que la debilidad de recursos locales está vaciando el principio de
autonomía política y el de subsidiariedad. En este terreno nos
fijamos esencialmente en los municipios menores de 25.000 habitantes.
La primacía del factor población, la no consideración de
características físicas de núcleos de población, etcétera, penaliza a
estos municipios. Proponemos la creación de un fondo de solidaridad
que se distribuya entre estos municipios y que se constituyan
recursos para la prestación de servicios mancomunados. Una segunda
cuestión relacionada con la suficiencia se refiere a la liquidación
provisional del 98 por ciento, similar a la de las comunidades
autónomas, frente al 95 por ciento actual, encargando a las
comunidades autónomas que distribuyan ese 3 por ciento adicional. Se
trata de mejorar la tesorería local y afirmar el principio de
subsidiariedad.
Por último, nuestras enmiendas se refieren a la compensación fiscal
que se corresponde con el IBI de centros concertados como en 1993,
del mismo modo que se ha hecho para 1994, y con el IBI de las
autopistas de peaje. Y dentro de las subvenciones al transporte
público urbano señalamos la necesidad de compensar a las
corporaciones locales en el supuesto de que el precio del carburante
suba más que el IPC, así como la necesidad de cooperar con la
gratuidad del transporte público para los desempleados.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
A este grupo hemos presentado cuatro enmiendas, una al título VII y
tres a la sección 32, entes territoriales. La enmienda al título VII
es la 1245 y se refiere a que se contemple el hecho de que hay
comunidades autónomas que han asumido competencias de las
diputaciones provinciales. Asumir las competencias quiere decir que
hay que ejecutarlas, necesitándose por tanto una serie de ingresos
que antes podían tener las diputaciones. Pues bien, lo que nosotros
queremos con esta enmienda es que esto se regularice. Si las
diputaciones tenían unos ingresos y han dejado de tener unas
competencias que ahora asumen las comunidades autónomas, lo lógico es
que esos ingresos se traspasen también a las comunidades autónomas.
A la sección relativa a los entes territoriales hemos presentado tres
enmiendas que para nosotros son muy importantes. La 1332 pide que se
incremente la dotación en 135.796,73 miles de euros para cumplir con
el convenio que existe en relación con la financiación de la policía
autonómica. Es un convenio de junio de 1999 y a la cantidad
calculada, que según dicho convenio debería ser de 322.419 miles de
euros, le falta lo que
nosotros pedimos. Si existe un acuerdo debe cumplirse en su
totalidad.
Las enmiendas números 1333 y 1334 son parejas. La 1333 va ligada a la
1261, que es de adición, y en ella se pide que se incremente su
dotación en 27.838,88 miles de euros a la Autoridad del Transporte
Metropolitano de Barcelona. La aportación media del Estado al
contratoprograma desde 1998 hasta el 2001 ha sido de 96.162 miles de
euros, haciendo necesaria la implantación del nuevo sistema tarifario
en la región metropolitana de Barcelona, la aportación adicional que
nosotros pedimos, ya que el orden que se prevé en el convenio cuando
esté en funcionamiento el nuevo sistema tarifario es muy superior,
yéndose a los 120.000 miles de euros. La enmienda 1334 se parece en
el concepto. En ella se pide que se incremente la dotación para el
convenio de infraestructuras del transporte metropolitano de
Barcelona en 16.557,89 miles de euros. El metro de Barcelona tiene un
convenio para los años 2001 al 2005, en el que se prevé un importe
total de 633 millones de euros, de los que el Estado financia -según
el convenio- la tercera parte; por tanto serían 211 millones de euros
en cinco años, por lo que cada año serían 42 millones de euros. Como
en el proyecto no figura así, en la enmienda se pide el incremento
mínimo para llegar a la media justa previsible, y serían 16 millones
con lo que se llegaría a dicha media. Esto es muy importante para
realizar lo que debe cumplirse y está previsto que así sea. El
Gobierno no puede eludir compromisos que contrae y después no cumple.
A esta enmienda puede ir ligada la número 1260 (antes comentaba que
la enmienda número 1261 iba dirigida a la autoridad del transporte)
que va dirigida a la comunidad autónoma, y las dejaría defendidas
como adicionales pues aunque no se entra en el detalle de las
cantidades se pide que los correspondientes créditos sean ampliables.
Con todo ello damos por defendidas nuestras enmiendas, las tres
dirigidas a entes territoriales, las dos -que serían adicionales- que
hacen referencia al transporte metropolitano de Barcelona y para las
que mi grupo ha pedido votación separada para que queda constancia de
cuál es la posición de cada grupo, y también queda defendida la
enmienda número 1245 al Título VII.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como ya saben este título corresponde a
las secciones 32 y 33, que afectan a la financiación de los entes
territoriales. En esta exposición voy a manifestar nuestra diferente
posición en
relación con la financiación de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales. Es diferente porque en estos últimos tiempos
se han producido cosas que hacen que nuestra posición haya variado;
me refiero nada más y nada menos que al acuerdo o pacto que ha habido
en relación con las comunidades autónomas. Este pacto implica varias
cosas, la primera es la constatación del fracaso del modelo anterior.
Ya veníamos denunciando desde las filas del Partido Socialista que no
se podía ir a una financiación de las comunidades autónomas sin un
diálogo previo, sin un acuerdo lo más amplio posible y sin un
consenso. Esto es lo que se ha producido y ha sido posible ese
acuerdo. También quiero manifestar que ese pacto no es el que
nosotros hubiéramos deseado. Ya se dijo aquí en la intervención del
señor Sevilla el pasado 24 de octubre, que ese pacto o ese acuerdo de
financiación no avanza suficientemente en mecanismos como la
corresponsabilidad fiscal, la solidaridad o la equiparación de la
financiación per cápita. En fin, este ha sido el acuerdo y bienvenido
sea. También quiero asegurar que a SS.SS. que estaremos vigilantes
sobre este pacto. Al día de hoy nos preocupa sinceramente que no esté
claro el resultado final del acuerdo. Sería de lamentar que este
acuerdo, al que como es obvio no ha sido fácil llegar, no reflejara
con exactitud el dinero pactado para cada comunidad autónoma.
Esperamos que el acuerdo se cumpla en todos sus términos, porque de
no ser así nos tendrán enfrente para denunciar lo que consideraríamos
un gravísimo incumplimiento de una materia tan transcendente para la
normalización del Estado. En coherencia con ese acuerdo no hemos
presentado ninguna enmienda a la sección 33, que se refiere al Fondo
de Compensación Interterritorial, limitándonos a reclamar en los
presupuestos para el año 2002 viejas reivindicaciones que son ajenas
a dicho acuerdo, como saldar viejos compromisos, liquidar la llamada
deuda histórica con las comunidades de Andalucía y Extremadura o
abordar la financiación del metro de Sevilla. Ignoramos por qué no se
financia el metro de Sevilla, cuando es una política normal del
Gobierno acordar con las diferentes comunidades autónomas la
financiación de los ferrocarriles metropolitanos, o la adecuación de
la participación del Estado en el convenio suscrito con la
Generalitat de Catalunya para el metro de Barcelona fundamentalmente.
En relación con las corporaciones locales, nuestro rechazo al
presupuesto es frontal. No podemos estar de acuerdo con la política
del Gobierno en relación con los ayuntamientos españoles. Aquí hacia
falta un gran acuerdo y ustedes llevan seis años en el Gobierno y no
han hecho absolutamente nada en esa dirección. En relación con los
ayuntamientos, ustedes han pretendido engañar con documentos, con
mensajes o con promesas vacías de contenido. En el año 1999 el
Gobierno publicó un libro al que llamó El Pacto local, un gran libro,
un libro importante, pero ese pacto no era tal, y ustedes lo saben.
Lo presentó -eso sí- a bombo y
platillo; ya hemos acordado con los ayuntamientos españoles el
futuro, la financiación y todo lo demás. Dicho libro recogía reformas
legislativas que afectaban fundamentalmente a dos aspectos: a la
gobernabilidad de las corporaciones locales y a su acceso al Tribunal
Constitucional, sobre las que todos estuvimos de acuerdo, pero
ignoraba la cuestión fundamental que llevan años reclamando los
ayuntamientos españoles y es una nueva ley de financiación y un
traslado de competencias acorde con un proceso descentralizador del
Estado que sitúe las competencias en el lugar que mejor se pueden
gestionar, conforme a la Carta europea de autonomía local que el
Gobierno español suscribió en su día.
Al día de hoy, los ayuntamientos españoles, para que SS.SS. lo
conozcan, participan en el 13 por ciento del gasto público en un país
descentralizado, cuando a principios de los años ochenta participaban
en el 11 por ciento. Esa es la realidad de las corporaciones locales.
De lo poco que se ha hablado en esta Cámara en relación con los
ayuntamientos es otro elemento también incumplido y es su promesa de
suprimir el impuesto de actividades económicas. Sobre esto podríamos
escribir un manual, un dossier, lo que ustedes quieran, pues llevan
seis años hablando de la supresión del impuesto de actividades
económicas. El señor Aznar no en este inicio de campaña sino en la
anterior legislatura, me refiero al año 1996, ya lo prometió. Pasó la
legislatura sin tocarla, empieza la nueva legislatura y vuelven a
prometer la supresión del impuesto de actividades económicas. Pero,
¿qué sucede? Que no saben qué hacer con él, porque los ayuntamientos
les dicen en primer lugar que es un impuesto importante para ellos, y
en segundo lugar que si se suprime habrá que ver con qué se compensa.
Ustedes no tienen ni idea. La realidad en el año 2002 prácticamente
es que el impuesto de actividades económicas sigue estando como
estaba y ustedes desaprovecharon la oportunidad de apoyar una
proposición de ley que el Grupo Socialista trajo a esta Cámara para
buscar el objetivo deseado, que era aminorar la fiscalidad de las
pequeñas y medianas empresas. Tenía que haberse aprobado ya una nueva
ley de financiación de las corporaciones locales y ni tan siquiera se
ha puesto en marcha. Ustedes dicen que acordaron con la Federación
Española de Municipios y Provincias una prórroga de la misma, pero lo
que ustedes hicieron es que el Gobierno acuerda con la mayoría de la
FEMP que por votación es el Partido Popular, es decir el Partido
Popular acuerda con el Partido Popular que se prorrogue la ley, un
acuerdo maravilloso entendido por todos y consensuado por todos. Esa
es su posición en relación con los acuerdos. Pero ustedes en todos
los ejercicios presupuestarios, y no solamente en esto, vienen
haciendo lo siguiente: congelando las partidas destinadas a las
corporaciones locales, no tienen en cuenta la subida de combustibles
para la financiación del transporte colectivo urbano, incumplen lo
establecido a la hora de compensar
a los ayuntamientos por beneficios fiscales que es el Gobierno
el que los concede, como aquí se ha dicho por algún portavoz poniendo
el ejemplo de las autopistas de peaje. No reconocen servicios
prestados por los ayuntamientos, servicios importantes que además son
los primeros que acuden cuando hay una contingencia, como la
emigración y los servicios sociales. Abandonan a los pequeños
municipios a través del rechazo a una enmienda que nosotros habíamos
presentado para que subsistieran -fíjese qué poco pedimos- municipios
de menos de 1.000 habitantes que no tienen capacidad tan siquiera
para subsistir. Abandonan a las diputaciones provinciales, congelan
los planes de obras y servicios, no compensan la eliminación del
canon energético, desoyen sus peticiones para abordar un tratamiento
de la red viaria, y a cambio, eso sí, legislan en dirección a los
ayuntamientos, pero legislan vulnerando la autonomía local. Aprueban
una ley de estabilidad presupuestaria que atenta gravemente contra la
autonomía local y que llega incluso a negar la posibilidad de acudir
al crédito para afrontar nuevas inversiones. Sacan adelante una Ley
del Suelo en contra de los ayuntamientos y con un balance desolador,
con menos posibilidades de los ayuntamientos de regular el suelo, y
lo que es peor con el resultado final de que el objetivo que ustedes
decían que iban a conseguir con dicha Ley, que la vivienda bajara, ha
sufrido el mayor de los incrementos. La vivienda, con su Ley del
Suelo, vulnerando y atacando la autonomía y la capacidad de regular
el suelo de las corporaciones locales, ha hecho que la vivienda en
España haya subido más que nunca. Hoy la vivienda se ha disparado
absolutamente en cualquier municipio -ponga usted el que quiera-,
gracias a su magnífica Ley del Suelo.
Todo esto está trasladado a las enmiendas que afectan, señor Merino,
al conjunto de las corporaciones locales. No me venga con argumentos
como en la Comisión de Presupuestos, argumentos arteros, diciendo que
no solamente nos fijamos en los municipios que gobernamos. He puesto
aquí ejemplos de diputaciones provinciales, de pequeños municipios,
de compensaciones de beneficios fiscales, de Ley del Suelo y de
estabilidad presupuestaria que afectan al conjunto de las
corporaciones locales al que ustedes han abandonado a pesar, eso sí,
de las promesas, los documentos y los libros presentados a bombo y
platillo. Por tanto, no me venga diciendo eso. ¡Ojalá se produzcan
los milagros! ¡Ojalá! Usted se ha subido hoy a esta tribuna invocando
un milagro. Además, alguien decía que los milagros eran difíciles,
a ver que santos había, y usted ha traído a esta tribuna tres nuevos
santos que yo desconocía. Sinceramente, lo primero que le digo es que
para ser santo -que yo sepa- hay que fallecer, y los que usted ha
mencionado que yo sepa no han fallecido, están aquí muy presentes. Yo
soy un poco agnóstico, y si no creo en los milagros de los santos que
figuran en el santoral, mucho menos
voy a creer en los santos que usted se inventa aquí: san José María
Aznar, san Rodrigo Rato y san Cristóbal Montoro. No me lo creo, y
como no me lo creo le digo que ustedes no van a aprobar ninguna de
nuestras enmiendas, cargadas de argumentos, reivindicadas por la
Federación Española de Municipios y Provincias y por el conjunto de
los ayuntamientos; aunque ustedes se han encargado en todo este
tiempo de adocenar a una institución reivindicativa, como era la
FEMP, y parece que ahora no discuten mucho, pero la realidad es que
están en contra de su política, porque no hay una política municipal
por parte del Partido Popular. Este presupuesto no garantiza la
suficiencia financiera, ni resuelve el problema de la financiación
local, como mandata el artículo 142 de la Constitución española. Por
todas estas razones, señores del Partido Popular, vamos a votar en
contra de este título.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, señor Rodríguez Bolaños, creo que usted no se ha enterado
de nada del debate del título III y me preocupa; o no se ha enterado
o no ha querido escuchar. De milagros y de santos ha hablado aquí el
portavoz del Partido Socialista. Yo he dicho que no había santos, que
había personas, que se llamaban José María Aznar, Rodrigo Rato y
Cristóbal Montoro, que habían hecho el milagro económico de España.
Eso es lo que yo he dicho y quien habló de milagros y de santos fue
el portavoz del Grupo Socialista. Evidentemente, si ustedes quieren
elevar a esas tres personas a la categoría de santos, lógicamente
apoyaremos su petición a la Santa Sede.
Entrando en el tema que nos ocupa, señorías, quiero decirles con el
máximo respeto a las formaciones políticas que no podemos aceptar las
enmiendas que han planteado por una serie de cuestiones que vamos a
exponer aquí. En toda la historia de España este es el presupuesto
que más aporta a las corporaciones locales. Se produce un incremento
del 8,2 por ciento para las corporaciones locales y del 3,3 por
ciento para las comunidades autónomas; la sección 32 en su conjunto
sufre un incremento del 4,7 por ciento, por tanto no se puede venir a
este hemiciclo a hacer discursos catastrofistas, discursos a los que
ya nos tiene acostumbrados el Partido Socialista. Espero y deseo que
lo que el portavoz del Grupo Socialista dijo el pasado día en la
Comisión de Presupuestos de que no presentaban enmiendas a la sección
33 por respeto al pacto de financiación autonómica alcanzado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio de este
año, sea una realidad; pero me preocupa que se haya dejado
caer y traslucir que ya veremos si ustedes apoyan la normativa legal
que da pie a ese pacto. Espero y deseo que ustedes mantengan su
posición de compromiso con el pacto de financiación autonómica.
Señor Rodríguez Bolaños, tengo que decirle con toda claridad que
ustedes no pueden venir aquí tranquilamente a presentar una enmienda
reivindicando deuda histórica para Andalucía y Extremadura cuando
ustedes en 14 años no dieron ni una sola peseta de esa deuda
histórica. Ustedes plantean esas enmiendas con toda la tranquilidad
del mundo y con la sangre fría que les caracteriza y los andaluces
les decimos: ¿qué hicieron ustedes durante 14 años con la deuda
histórica? Los presidentes de esas comunidades autónomas, que eran
presidentes de su partido, no reivindicaron nunca esa deuda histórica
al señor González, ni el Grupo Parlamentario Socialista presentó una
sola enmienda reivindicando deuda histórica para Andalucía y
Extremadura. ¿Por qué cuando llega el Partido Popular, que encima da
20.000 millones de pesetas para esa deuda histórica, reivindican
ustedes la deuda histórica? ¿Por qué no piden a sus presidentes de
las comunidades autónomas de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de
Extremadura que expliquen a los ciudadanos de esas comunidades
autónomas por qué no se acogieron al anterior sistema de financiación
autonómica, que les ha costado -y nos ha costado- miles de millones
de pesetas? ¿Por qué no explican ustedes esa situación y plantean
esas propuestas?
Quiero decirles que estoy convencido de que el Partido Socialista,
que a la sección 33 no ha puesto ni un solo pero, no ha presentado ni
una sola enmienda, vote a favor de dicha sección; pero, señor
Rodríguez Bolaños, ¿cómo se puede venir a este hemiciclo, como hizo
usted en la Comisión de Presupuestos respecto a la sección 32,
relativa a corporaciones locales, a hacer el discurso tremendista,
catastrofista y preocupante que usted ha hecho cuando su incoherencia
le lleva a no presentar una enmienda a la totalidad? Creo que es la
única sección del presupuesto, junto con la 33, en la que el Partido
Socialista no ha presentado enmienda a la totalidad y qué casualidad,
es la sección relativa a corporaciones locales, donde usted hace el
discurso más catastrofista de todos los portavoces del Grupo
Socialista, que ya es difícil, pero usted los supera a todos. Usted
no presenta enmienda a la totalidad y viene aquí poniendo boca abajo
la sección 32 y diciendo que todo es un desastre. Con la habilidad
política que le caracteriza, usted habla en esta sección de enmiendas
que no corresponden a la misma, para decir que en sus enmiendas han
defendido el municipalismo. Yo le vuelvo a demostrar con datos que
ustedes no han defendido el municipalismo en sus enmiendas.
Señor Rodriguez Bolaños, este es el municipalismo que entienden
ustedes: con tres enmiendas referidas al metro de Sevilla, al metro
de Barcelona y a inversiones en Teruel, que suponen 40.000 -hablando
siempre en
miles de euros-, dan ustedes más dinero a esas tres ciudades que al
conjunto de todos los ayuntamientos de España a los que dan con una
enmienda dan 39.110 millones. Eso es lo que ustedes hacen en sus
enmiendas, señor Rodríguez Bolaños, y están ahí. Para el metro de
Barcelona, para el metro de Sevilla y para Teruel dan más dinero que
a los 8.000 ayuntamientos, y viene usted aquí a decirnos que son los
defensores del mundo mundial del municipalismo. Tengo que decirle que
sus palabras y su discurso no se acompañan con la realidad municipal;
no se acompañan porque señor Rodríguez Bolaños la demostración de que
este partido y este Gobierno está mejorando la situación económica de
los ayuntamientos es que cuando ustedes gobernaban, debido a la
crisis económica que tenían los ayuntamientos, era necesario llevar a
cabo planes de saneamiento. Hoy no se tienen que llevar a cabo esos
planes de saneamiento en los ayuntamientos porque está mucho mejor la
economía municipal y la política económica del Gobierno del Partido
Popular ha favorecido a los ayuntamientos. Cuando se ha llevado una
política económica eficaz han bajado los intereses, los ayuntamientos
han podido refinanciar deuda y se ha bajado la carga financiera de
los ayuntamientos. Esto se ha hecho precisamente desde el Gobierno
del Partido Popular, porque antes con ustedes los ayuntamientos
teníamos que firmar préstamos al 18 o 19 por ciento de interés y
ahora se están firmando al 4 y al 5 por ciento refinanciándose. Esa
es una realidad incontestable en este hemiciclo y en cualquier salón
de plenos de los ayuntamientos.
Hay que decir que la participación de los ayuntamientos es del 13 por
ciento, pero como decía el señor Rodríguez Bolaños los ayuntamientos
están asumiendo competencias que hoy ya no son del Estado, son de las
comunidades autónomas. Estará de acuerdo conmigo el señor Rodríguez
Bolaños en que el paso que queda por dar es que las comunidades
autónomas además de transferir las competencias transfieran también
la financiación de esas competencias, porque eso no se está haciendo,
y no estoy hablando de ningún signo político de comunidad autónoma.
Estará conmigo en que ese es un tema que hay que abordar. Los
ayuntamientos están llevando a cabo competencias de comunidades
autónomas y éstas no están mandando a los ayuntamientos el dinero
necesario para asumir esas competencias. Habrá que abordarlo y
nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con ustedes y con el
resto de las formaciones políticas para afrontar la financiación
local. Decían ustedes: no se va a abordar la financiación autonómica;
ya está abordada la financiación autonómica. Dicen ustedes: no se va
a abordar la financiación local; se abordará y ya se está abordando.
Dice el Partido Socialista que fue el creador del impuesto de
actividades económicas y ahora parece que es el primer interesado en
suprimirlo. Quiero verles el día que se celebre esa votación; quiero
verles
votando a favor de la supresión del IAE; ya veremos demandado durante
muchos años en la oposición en el cuál es su posición ese día. Señor
Rodríguez Bolaños, Parlamento andaluz. El argumento que da el Partido
el Partido Popular ha dicho que en esta legislatura se Popular al
Partido Socialista es que ustedes cuando suprime el IAE y se va a
suprimir, esté tranquilo. Espero estaban no lo hicieron. Eso es
evidente; pero lo evidente contar con su voto y con el del resto de
sus compañeros a veces también es bueno recordarlo si eso no es
a favor de la supresión del IAE por el interés que malo. Es evidente
que durante 14 años el Partido Socialista manifiestan. de Andalucía y
Extremadura no reclamó y la La situación económica de los
ayuntamientos hoy en Administración central no pagó. Sí es cierto que
Borbolla día es mejor. Este presupuesto lleva el 8,2 por ciento de en
algún año de cabreo con el equipo de González, incremento a las
corporaciones locales y más del 3 por lo digo para ser honesto, si
metieron en algún presupuesto ciento a las comunidades autónomas
dentro de ese pacto de la Junta de Andalucía cantidades de la de
financiación autonómica alcanzado; desde que el deuda histórica, pero
vuelvo a insistir que no se produjo Gobierno es del Partido Popular
se está llevando una la presión necesaria y, desde luego, no se
produjo el política económica de apoyo a las corporaciones locales
pago. Ese argumento es muy pobre, porque indiscutiblemente y a las
comunidades autónomas, confiamos que se siga el que uno que es
gobernante antes que tu manteniendo a lo largo de los presupuestos, y
esto nos haya hecho las cosas mal, no justifica para que tú las
obliga a votar en contra de las enmiendas presentadas. sigas haciendo
mal. Es más, me imagino que cuando Nada más y muchas gracias. los
ciudadanos y ciudadanas españoles que a ustedes les han dado la
mayoría absoluta, les han votado es para La señora PRESIDENTA: Muchas
gracias, señor que hagan cosas diferentes a las que hizo el Partido
Merino. Socialista, en otro caso no les hubieran votado a ustedes,
Disposiciones Iniciamos el debate de las enmiendas que afectan a
hubieran votado al mismo Partido Socialista. En adicionales,
transitorias las disposiciones adicionales, transitorias y anexos,
consecuencia, entre las cosas que tienen que cambiar y anexos
conjuntamente. por qué no van cambiando y van pagando la deuda
histórica. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto se han dado
por defendidas. Entre otras cuestiones, señorías, independientemente
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Pausa.) de que es
necesaria y de que beneficia y debe beneficiar Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, a dos comunidades que a la hora del
desarrollo señor Rejón. autonómico salieron con un capital público
inferior a la media española, por el hecho de que es legal, de que El
señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, está en el bloque
constitucional y por tanto si está en la voy a defender diversas
enmiendas de mi grupo parlamentario disposición adicional segunda del
Estatuto de Autonomía a las disposiciones adicionales y transitorias.
de Andalucía, Ley orgánica, y está en la disposición Si
verdaderamente la Ley de acompañamiento es adicional segunda del
Estatuto de Autonomía de un auténtico cajón de sastre, imagínense
ustedes lo que Extremadura, es que está vigente y entonces pueden son
las disposiciones adicionales, el cajón del cajón de suceder dos
cosas: o se paga, señorías, o se cambia, y sastre. podrían ustedes
aprovechar el calorcito del planteamiento En primer lugar defenderé
enmiendas relativas tanto de la reforma del estatuto, en un
calentamiento al aumento de fondos, al antiguo PER, como a la
fijación verbal del presidente de la Junta de Andalucía, y aprovechar
de cantidades a fin de ir pagando la deuda histórica algún
calentamiento verbal también del presidente existente entre la
Administración central, el Gobierno de la Junta de Extremadura, y
colar que se quite central y las comunidades autónomas de Andalucía
la disposición adicional segunda; pero mientras estén y Extremadura.
Con las cantidades que actualmente se vigentes hay que cumplirlas
porque si no se produce reparten entre los municipios de Andalucía y
Extremadura una quiebra de ley. para el PER (para entendernos, por no
tener que Hay un segundo bloque, señorías, relativo a la
contabilidad, utilizar aquí otros términos más difíciles y menos
conocidos), a las cuentas, a la entrega a cuenta del dinero apenas si
dan para siete u ocho jornales anuales, que se tiene que dar o que se
da en virtud del cumplimiento y como ustedes comprenderán con siete u
ocho jornales, o de las órdenes de determinado Concordato, a algo es
algo y menos da una piedra, pero indiscutiblemente la Iglesia
católica. Nosotros no estamos en esta es incluso hasta humillante.
enmienda planteando que se cambie el Concordato, por En segundo
término, la deuda histórica. No sé qué supuesto estamos planteándolo
en otro nivel, pero decimos portavoz le tocará al Partido Popular,
pero evidentemente que no se dé este año ni una peseta más como no
podrán decir aquello de que cuando ustedes dinero a cuenta de lo que
la Iglesia católica recibió a estuvieron en los gobiernos no pagaron
la deuda histórica, cuenta también de la casilla que se puso en el
impuesto porque desgraciadamente no hemos estado en ningún sobre la
renta de las personas físicas. Si por declaración gobierno; pero sí
tenemos la autoridad de haber de los españoles y españolas se fijó
determinada cantidad, sacado del olvido toda la deuda histórica y
haberla el Estado no puede dar a cuenta en el año 2002 ni
una peseta más de lo que los españoles dijeron que fuera para la
iglesia católica en el año 2001.
Un tercer bloque de enmiendas va en la línea de pedir que se ejecute
el cumplimiento de una proposición no de ley, que se aprobó por
unanimidad en esta Cámara en la VI Legislatura, referida a la
transferencia de los hospitales militares a los distintos servicios
de salud de las diferentes comunidades autónomas -no solamente a
Madrid, no solamente el Gómez Ulla- o, en el caso concreto, al
Insalud.
Vuelvo a repetir, aunque sea en el desierto, la obligación política,
moral y económica del cumplimiento del 0,7 por ciento del producto
nacional bruto, del PNB, como ayuda de solidaridad a los países del
Tercer Mundo.
Para ir terminando, señora presidenta, haré referencia a los dos
últimos bloques. En cuanto a las pensiones por debajo del salario
mínimo interprofesional, nosotros planteamos que sufran un incremento
en unos puntos superiores al IPC. Yo ya no sé en relación con qué
IPC, si el IPC que dice Montoro que va a subir o si el IPC que luego
van a reconocer que no va a subir. Me da igual. Nosotros lo que
planteamos es que haya un crecimiento de estas pensiones mayor que el
IPC que se aplique a otras, con la finalidad de que vayan alcanzando
el salario mínimo interprofesional.
Mencionaré una última cuestión, señorías, que posiblemente no afecte
a nadie en esta Cámara. Sería muy conveniente, si no en estos
presupuestos, en otro marco -y yo se lo pediría a las diputadas y
diputados del Grupo Popular o a quién fuera del Gobierno-, que
tuvieran en cuenta la situación de muchos cargos públicos,
fundamentalmente concejalas y concejales, alcaldesas y alcaldes de
pueblos de España. Son personas que han estado 8, 12, 16 años de su
vida en esa función pública y que posiblemente ya han olvidado la
profesión que tuvieron o la pequeña empresa que pusieron en marcha y
que desmontaron por incompatibilidad o por no poder prestarla
atención cuando ocuparon el cargo público determinado. Esas personas
no tienen derecho al desempleo, lo que me parece, aparte de injusto,
peligroso. Señorías, ya que tanto estamos hablando de la
dignificación del cargo público, evitemos tentaciones desde la
igualdad con el resto de españolas y españoles. No estamos pidiendo
un trato preferente para esas alcaldesas o alcaldes o concejalas o
concejales, sino el mismo trato que tiene cualquier albañil,
cualquier empleada de la limpieza, en definitiva, cualquier
trabajador por cuenta ajena cuando termina su contrato o se le
despide por distintas razones. De la misma manera que estas personas
tienen derecho a los meses correspondientes de desempleo en virtud de
los años cotizados, pedimos que se trate igual a los cargos públicos.
Si queremos dignificarlos, igualémoslos, al menos, al resto de las
trabajadoras y trabajadores del Estado español. (Un señor diputado:
Muy bien.)
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convegència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas nuestras enmiendas números 1260 y 1261 a este
grupo de disposiciones adicionales, transitorias y anexos, que
debatimos conjuntamente, porque lo ha hecho anteriormente mi
compañero, el señor Sedó.
La primera del resto de las enmiendas que paso a defender, la 1247,
trata de incrementar en un 4 por ciento las prestaciones por hijo a
cargo, tanto para hijos mayores de 18 años como para los menores de
18 años, que estaban congeladas desde que se actualizó su cuantía en
el real decreto de 19 de julio de 2000, de medidas de mejora de la
protección familiar. Nuestra enmienda también propone incrementar el
límite de ingresos que posibilita la percepción de esas ayudas en el
mismo porcentaje, al objeto de ampliar el número de familias que se
pueda acoger a ellas.
La siguiente enmienda, la número 1248, trata de prorrogar para el año
2002 la totalidad de actividades y programas susceptibles de ser
declarados como programas prioritarios de mecenazgo. Se me dirá
respecto a estas dos enmiendas que el amparo de la familia es algo
prioritario por parte del Grupo Parlamentario Popular y que en el
primer semestre del próximo año nos ocuparemos de la, entre comillas
-porque así es conocida popularmente-, Ley del mecenazgo. Uno no
puede vivir de palabras y de promesas que se van a materializar, se
nos dice, en el futuro, sino del documento presupuestario, que es de
lo que vamos a disponer en el próximo ejercicio, en donde se plasma
la política gubernamental. Por eso nosotros mantenemos esas dos
enmiendas, a pesar de lo que se nos viene diciendo o de lo que
venimos leyendo en los medios de comunicación.
La enmienda número 1249 trata, juntamente con la enmienda número
1250, de un problema que venimos arrastrando desde hace ya un montón
de años, como son las instituciones sanitarias cuya titularidad
ostentan las administraciones públicas o instituciones públicas o
privadas sin ánimo de lucro que están acogidas a una moratoria en su
pago a la Tesorería General de la Seguridad Social. Son dos enmiendas
que conducen a lo mismo: una, lógicamente, a ampliar en un año la
moratoria, idéntica a la que aprobamos en el debate presupuestario
del año 2000, más o menos en estas fechas; la otra se refiere a la
condonación de la deuda, porque creemos que es de imposible
cumplimiento, como decía respecto de algunas leyes la diputada López
i Chamosa.
La enmienda número 1257 trata de facilitar la ejecución de una
política de integración de los inmigrantes de una manera continuada y
firme, de una manera decidida, no dubitativa, por parte de las
comunidades autónomas.
En este sentido proponemos que lo sea en tanto en cuanto se
refiere a la administración más próxima. Por lo tanto, proponemos la
creación de un fondo interterritorial para integración de los
inmigrantes. Nosotros apoyamos la creación de la llamada Ley de
extranjería. Venimos discrepando de su aplicación en algunos
aspectos. Es cierto que estamos reconvirtiendo la ley en una ley
policial y para eso no es necesaria la reforma, ya teníamos la que
nos propuso y aprobó el Gobierno del presidente González. Por lo
tanto, creemos que, al lado de esa ley, deberíamos crear un fondo
interterritorial para la integración de los inmigrantes porque, de lo
contrario, en algunas zonas, concretamente en aquellas donde hay
mayor llamada de inmigrantes, por ejemplo, Cataluña, se pueden llegar
a crear conflictos sociales nada deseables. Nuestra enmienda tiende
no tanto a dotar económicamente un fondo, que también, lógicamente,
sino a llamar la atención a la Cámara y al grupo mayoritario sobre la
necesidad de políticas de integración de los inmigrantes porque, de
lo contrario, tendremos problemas de cohesión social.
La enmienda número 1252 se refiere a una disposición final nueva
sobre la creación de un fondo español para el tratamiento de la deuda
exterior, que se justifica en los términos en que ha sido presentada
en el registro de la Cámara. La enmienda número 1253 -y es
simplemente un recordatorio a los servicios de la Cámara- ya fue
retirada en Comisión -deseo que así conste en el dictamen
correspondiente- por ser idéntica a la enmienda número 1785, del
Grupo Parlamentario Popular, que ya se incorporó a la misma; repito,
la enmienda número 1253 fue retirada en su momento.
La enmienda número 1254 trata de medidas de control del gasto
farmacéutico y dice lo siguiente: «Los ingresos derivados de acuerdos
que se adopten en el Ministerio de Sanidad y Consumo y con la
industria farmacéutica deberán repartirse entre las comunidades
autónomas en proporción al porcentaje de población protegida». No es
lógico que la materia sanitaria sea competencia de algunas
comunidades autónomas y sobre esa materia opere el Ministerio de
Sanidad y Consumo con acuerdos con el sector de la industria
farmacéutica, y esos acuerdos, que pueden ser beneficiosos, no lo
dudamos, no lo discutimos, no tengan una repercusión automática
respecto de aquellas comunidades autónomas que tengan población
protegida en el ámbito sanitario en función de sus competencias.
La enmienda 1255 trata de analizar la posibilidad de incorporar, en
el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, un sistema
estable de financiación para las confesiones religiosas distintas de
la católica, en la línea de lo que señala nuestra propia
Constitución. La enmienda número 1256 es coherente con la enmienda
que propone y defiende el fondo para la integración de los
inmigrantes. La enmienda 1257 trata de prever en este proyecto
legislativo la posibilidad de incrementar los salarios de los
trabajadores al servicio de las administraciones
públicas, al objeto de compensar parte de la pérdida del
poder adquisitivo que ha sufrido ese colectivo a lo largo de los
últimos años. Creemos que es una enmienda llena de razón y de
comprensión por parte del conjunto de la sociedad, pero no creemos
que tenga la fortuna de ser aprobada.
La enmienda 1258 trata de enmendar algo que nos ha caído del cielo -
en este caso ha venido de Bruselas -, a través de una sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara contrario al
derecho comunitario la aplicación del tipo reducido del IVA,
concretamente a los peajes de las autopistas. Como recordarán SS.SS,
esto no sólo fue un acuerdo bilateral entre el Partido Popular y
Convergència i Unió - que lo fue en su inicio y que sirvió para
apoyar la investidura del presidente Aznar la pasada legislatura- ,
sino también un acuerdo unánime de esta Cámara al interesarse por la
rebaja del impuesto del valor añadido y aplicar el tipo reducido del
7 por ciento. Se nos dice que esto es contrario al derecho
comunitario, pero no sabemos lo que ha dicho el abogado que
representó en ese contencioso al Reino de España y no nos atrevemos a
pensar en cierta inhibición o en cierta actitud pasiva, lo digo con
toda sinceridad. En estos momentos, no se trata de examinar el
contenido jurídico de la defensa que se hizo de un acuerdo tomado por
las Cortes Generales, sino de intentar evitar lo derivado de esa
sentencia que, en la práctica, supone un incremento del peaje para
los usuarios.
Finalmente, la enmienda 1259 trata de incluir en el proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, un rótulo que
rezaría así: Fondos de desplazados a distribuir según acuerdo de
financiación de las comunidades autónomas, con una cuantía -la que
figura en nuestra enmienda-, que trata de cumplir un acuerdo de
financiación que prevé la dotación incrementada de acuerdo con las
necesidades reales, por lo que proponemos incluirlo en los créditos
ampliables.
Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra, en primer lugar, el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, la sociedad
española del año 2001 es una sociedad secularizada que se ha dotado
de una Constitución que establece a su vez un Estado laico y
aconfesional. Sin embargo, el sistema de financiación que venimos
practicando todavía en este país, y que vienen recogiendo los
Presupuestos Generales del Estado, desde nuestro punto de vista, ha
periclitado ya, al igual que periclitaron también mandatos
constitucionales de otras etapas, mandatos expresos al pueblo español
donde se indicaba que la Iglesia sería sostenida por el Estado.Este
mandato ya no existe en nuestra Constitución. Venimos
arrastrando un sistema de financiación, el que establecen los
acuerdos económicos del año 1979, que está en una situación de
prórroga reiterada año tras año. Recuerden ustedes que el convenio de
financiación del año 1979 incluía el paso del sistema de dotación de
culto y clero de la época del régimen anterior, a un sistema de
financiación basado en una participación de un porcentaje del IRPF,
pero, a su vez, este sistema sería transitorio hasta llegar a un
sistema de autofinanciación por parte de la Iglesia católica. Pues
bien, ninguno de estos pasos, sobre todo los últimos, han sido dados
y nos encontramos todavía en una situación que es preciso
reconsiderar al objeto de que actualicemos el sistema de financiación
en una cuestión que afecta fundamentalmente a un orden superior, a un
orden de libertad de conciencia, que lo adaptemos al mandato y a los
contenidos propios de la Constitución y la definición que
recientemente daba el Tribunal Constitucional, nuestro máximo
tribunal, de nuestra Constitución y de nuestro Estado como Estado
laico. Por ello creemos que no se debe seguir prorrogando el sistema
previsto en este momento en los Presupuestos Generales del Estado y
hemos presentado una enmienda según la cual debe establecerse una
nueva regulación del sistema de asignación tributaria y suprimir el
carácter de mínimos de los pagos a cuenta hasta este momento. Debemos
ir a un nuevo sistema, señorías, que se base, por una parte, en la
ley de libertad religiosa y, por otra, en el principio de
voluntariedad real y de igualdad y no discriminación. Hay modelos
hacia los que debemos caminar; ahí tenemos el sistema alemán, que
está basado en un impuesto religioso que cobra el Estado a cuenta de
la Iglesia o bien la posibilidad de desarrollar acuerdos de
colaboración, conforme al artículo 16 de nuestra Constitución, donde
se establecen las posibilidades de colaboración del Estado con la
Iglesia católica y otras confesiones.
Respecto a la otra enmienda planteada, es importante considerar que,
mientras exista el sistema actual de financiación por parte de los
poderes públicos a las distintas confesiones o cualquier otro que le
suceda, debe basarse fundamentalmente en el principio de igualdad y
no discriminación entre las distintas confesiones religiosas en
nuestro país. No tiene sentido que en el año 2001 confesiones como
los evangélicos, los judios o musulmanes -que ya son más de 600.000
en nuestro país-, no tengan ningún apoyo financiero por parte del
Estado, a diferencia de lo que ocurre con la confesión mayoritaria en
nuestro país. ¿Cómo desarrollan la asistencia religiosa en las
prisiones, en los hospitales y en las escuelas estas confesiones que
he mencionado? Buscando los recursos como pueden. Y no sé si SS.SS.
se han preguntado por el origen de la financiación que tienen en este
momento los profesores de religión islámica en nuestro país. En este
ámbito hay un principio de desigualdad que tiene que ser corregido. Y
por este motivo hemos presentado estas dos enmiendas, particularmente
la segunda, que propone una disposición adicional
nueva, conforme a la cual, mientras exista y subsista un
sistema de financiación pública de las confesiones, todas participen
proporcionalmente a la implantación que tengan en nuestro país.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Señor Segura, también por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SEGURA CLAVEL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, con las enmiendas 1060 y 1061, el Grupo Parlamentario
Socialista reitera en esta fase de tramitación de los Presupuestos
Generales del Estado su preocupación por aspectos que han sido
debatidos en otros foros equivalentes en el Congreso. Con la enmienda
1060, relativa a la seguridad aeroportuaria, queremos manifestar, con
esta disposición adicional nueva, que la seguridad en los
aeropuertos, como consecuencia de circunstancias de todos conocidas y
que no vamos a reiterar, deberá ser considerada como parte integrante
de la seguridad nacional y corresponde al Gobierno español, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado, incrementar todos aquellos
medios que se precisen, con el objeto de dar estricto cumplimiento a
toda la normativa propulgada en materia de seguridad aeronáutica que
se ha recogido en normas específicas muy variadas, como las del Anexo
17 del convenio de la OACI o el documento OACI 8973, sobre manual de
seguridad para la protección de la aviación civil contra los planes
de interferencia ilícita, o en el artículo 11 del Convenio de Tokio
del año 1963, en el Convenio de La Haya de 1970 y en el Convenio de
Montreal del año 1971.
Señorías, reforzar la formación técnica de las tripulaciones en
materia de seguridad, reforzar la tecnología a aplicar en los
aeropuertos, establecer el equipamiento adecuado a lo largo de los
meses próximos, requerirá una inversión que no está prevista en
ninguna de las partidas presupuestarias del ente público AENA ni en
la sección 17, Ministerio de Fomento, y no podemos tolerar que
recaiga en los usuarios de los aeropuertos españoles, en los usuarios
de la aviación civil. En consecuencia, presentamos esta enmienda por
la que pedimos que el Gobierno elabore y remita a las Cortes
Generales, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente
a la entrada en vigor de esta ley, un plan nacional de seguridad
aeroportuaria y de aviación civil que contemple, con el mayor rigor
posible, todas aquellas medidas y mecanismos que se destinen a la
protección de aeropuertos, aeronaves e instalaciones aeroportuarias
y servicios de navegación aérea, así como todos aquellos otros procesos
de control para la seguridad de las personas.
Precisamente en la enmienda siguiente proponemosque el Gobierno,
desde la perspectiva del mantenimiento
del servicio público, establezca, en el plazo máximo de tres meses
desde la publicación de la presente ley, un programa de emergencia de
apoyo al sector aéreo español, mediante la aplicación de diferentes
medidas que se recogen en cada uno de los puntos de que consta esta
disposición adicional. Es de todos conocido, porque lo hemos visto en
los medios de comunicación en las últimas semanas, que las compañías
aéreas, igual que las de todos los países de la Unión Europea, vienen
alertando a las instituciones públicas sobre una crisis estructural
en sus costes de explotación, derivados tanto del descenso del número
de pasajeros transportados, causa de las reducciones que se anuncian
en cuanto de las frecuencias de los vuelos, como del incremento de
gastos como consecuencia de la necesidad de incrementar los recursos
humanos y materiales para atender las necesidades derivadas de la
seguridad, así como de factores externos, como son los incrementos de
las exigencias económicas por parte de las compañías aseguradoras
para recoger en sus cláusulas las obligaciones vinculadas a las
nuevas potenciales situaciones de terrorismo. Por ello, señorías, el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta disposición
adicional con una serie de medidas, una de las cuales se ha recogido
ya en un real decreto-ley convalidado por esta Cámara y las otras
deberán -estamos convencidos- ser elevadas por el Gobierno a las
Cortes Generales.
Señoras y señores diputados, les planteamos la necesidad de la
aprobación de estas dos disposiciones adicionales ante la situación
internacional que se está viviendo en el sector y para permitir la
competitividad de nuestras infraestructuras y de las compañías aéreas
españolas.
Señora presidenta, quisiera aprovechar esta intervención para hacer
llegar al pueblo americano el dolor, el pesar de nuestro grupo
parlamentario por el desgraciado accidente de un Airbus 300 en una
zona muy próxima al aeropuerto de Nueva York y que ha traído consigo
la muerte de más de 250 personas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señora presidenta. Voy
a ser muy breve.
Antes de que intervenga el señor Bardisa sobre el resto de las
enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, anuncio a la
Cámara que nuestro grupo ha presentado una enmienda transaccional a
la enmienda 1848, de Coalición Canaria, puesto que pensamos que era
necesario evitar la importante diferencia que se puede producir en
relación con el artículo 38.3 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. Con la medida del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria y con la
corrección que introducimos puede mejorarse sin ninguna duda el texto
del proyecto de ley, por lo que presentamos esta enmienda
transaccional que tienen ya en su poder los grupos de la Cámara.
Asimismo, anunciamos que nuestro grupo votará a favor de la enmienda
1249, de Convergència i Unió, por la que se amplía la moratoria
concedida por el pago de deudas con la Seguridad Social, que ya
empieza a ser una enmienda tradicional presentada por Convergència
y también tradicionalmente aceptada por nuestro grupo parlamentario, y
asimismo la concesión del carácter ampliable del crédito relativo a
los fondos desplazados a distribuir sobre el acuerdo de financiación
de las comunidades autónomas del 17 de julio de 2001.
Nada más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor Bardisa, en turno de fijación de posiciones.
El señor BARDISA JORDA: Señora presidenta, señorías, subo a la
tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular
respecto a las disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2002. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
Señorías, vuelvo a decir lo mismo que dije en Comisión con respecto a
las enmiendas presentadas fundamentalmente por el Grupo Parlamentario
Mixto, el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, y es que
estas enmiendas no hubieran sido admitidas a trámite en los programas
de las diferentes secciones de los presupuestos, ya que ello supone
proponer una baja en otra partida presupuestaria para financiar el
nuevo gasto que se propone -en muchas de ellas, ni tan siquiera se
cuantifica el gasto-; enmiendas que se presentan en las disposiciones
adicionales, que son siempre el cajón de sastre donde vienen todas
las reivindicaciones políticas y sociales que hay que hacer en algún
sitio y en las que el gasto puede ser de cualquier tipo, puesto que
no hay ninguna contrapartida. Estoy seguro de que tanto el Grupo
Popular como el Gobierno aceptarían muchas de las propuestas
contenidas y estarían encantados de llevarlas a cabo, pero, señorías,
en los presupuestos existen prioridades. Cuando aprobamos una partida
presupuestaria, hay que detraerla de otro sitio, y, señorías, ¿de
dónde la quitamos: de sanidad, de educación, de gasto social, de
infraestructuras? Por eso las disposiciones adicionales están basadas
precisamente en la prioridad del gasto y, dentro de la prioridad del
gasto, en el necesario equilibrio presupuestario que deben mantener
todas las partidas del presupuesto precisamente para evitar recurrir
al déficit como vía habitual de financiación del gasto público, y
sobre todo el diseño de las políticas de gasto va encaminado en el
año 2002 precisamente para mantener el ritmo de crecimiento
económico y de empleo que se ha mantenido en todos los
presupuestos generales anteriores.
Ya digo que por pedir que no quede. Izquierda Unida nos propone una
serie de enmiendas y nos habla de la deuda histórica, a la que ya se
ha referido mi compañero Rafael Merino en el anterior debate, que
dice que ustedes no la han pedido. Ustedes han gobernado en Andalucía
también con el Partido Socialista y no han reclamado esta deuda
histórica. En ese sentido, quiero decir que todas las enmiendas que
plantea Izquierda Unida representan un incremento del gasto. Por
ejemplo, trae aquí precisamente una disposición adicional que fue
consecuencia de la aprobación de una proposición de ley, que decía
que las competencias eran de las comunidades autónomas, como era el
tema de la creación de una red nacional de carriles bici, y solicitan
que se destine el 1,1 por ciento del presupuesto de los ministerios
de Fomento y Medio Ambiente. Esto, señorías, supone dejar de realizar
otras actuaciones, y quiero señalar que, por ejemplo, la inversión en
infraestructuras representa un crecimiento del 10,4 por ciento
respecto al año 2001, que se destina a ferrocarriles, autovías,
recursos hidráulicos, etcétera. Me gustaría que S.S. nos dijese qué
partidas presupuestarias suprimimos.
En cuanto a las enmiendas que han presentado tanto Izquierda Unida
como el Grupo Parlamentario Socialista respecto de la modificación de
los pagos a cuenta a la Iglesia católica en concepto de IRPF, vuelvo
a decir lo mismo que les dije en Comisión: esto está dentro de los
acuerdos y de los pactos entre la Iglesia y el Estado y, como ustedes
saben, la vigencia alcanza hasta finales del año 2002. Por lo tanto,
es totalmente inviable la aplicación de la enmienda.
En lo que se refiere a las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista y en su nombre don José Segura, también
quiero manifestar el dolor del Grupo Parlamentario Popular por el
accidente que ha ocurrido esta misma tarde en el aeropuerto de Nueva
York y que nos sentimos solidarios con todas las víctimas que ha
habido. En ese sentido, el señor Segura presenta dos enmiendas, una
para crear un plan nacional de seguridad aeroportuaria y otro para
ayudas a compañías aéreas. Debo decir que todo lo concerniente a
seguridad debemos contemplarlo dentro de la Unión Europea, señor
Segura. Ante la situación internacional derivada de los ataques
terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre, el Consejo
Europeo de Transportes acordó en una reunión extraordinaria reformar
de modo inmediato la normativa al respecto e impulsar la aplicación
de nuevas medidas de seguridad apoyadas en los avances tecnológicos y
en nuevas reformas organizativas. Así pues, señoría, estamos de
acuerdo, siempre en posición común con la Unión Europea, en que estas
medidas se adopten en común con la Unión Europea y de acuerdo con la
Organización Internacional de Aviación Civil. Lo mismo le digo
respecto a la enmienda que pide ayudas para las compañías aéreas,
además
-usted lo hace con la mejor intención del mundo- en esta enmienda se
aportan ideas que pueden ser útiles en un debate posterior.
Las disposiciones adicionales y transitorias contenidas en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002
son normas de contenido eminentemente presupuestario por cuanto
afectan al control sobre la ejecución del presupuesto. Son las normas
que fijan los objetivos en materia de pensiones públicas y
asistenciales, en materia de fomento del comercio exterior, en
materia de sorteos especiales de Lotería Nacional, etcétera. También
quiero destacar una disposición adicional que eleva la cuantía de las
pensiones causadas por actos de terrorismo a favor de personas que no
tienen Seguridad Social y que pasan del doble al triple del salario
mínimo interprofesional. En definitiva, las disposiciones adicionales
contenidas en el proyecto cumplen los objetivos: cumplen el objetivo
presupuestario que es fijar su ejecución y sobre todo, señorías,
cumplen el objetivo principal de la política económica del Gobierno,
que es mantener las condiciones para prolongar el proceso de
convergencia real en niveles de renta y empleo con países de la Unión
Europea. La economía española ha crecido todos los años desde que
gobierna el Partido Popular por encima de la media Europea. La
economía española durante los años que ha gobernado el Partido
Popular ha generado mucho más empleo. Por eso, señorías, con estas
disposiciones adicionales, con estas disposiciones transitorias y con
estos presupuestos se seguirá aumentando tanto o más que la media de
la Unión Europea en cuanto a crecimiento económico y desde luego
vamos a generar más empleo con estos presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Bardisa. (El señor López de Lerma i López pide la palabra.)
Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
A los efectos oportunos, anuncio que retiramos la enmienda 1250, en
justa correspondencia con el anuncio que ha hecho el señor Cámara, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, de aprobación por su grupo de
la enmienda 1249.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (El
señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Deseo mostrar la conformidad de mi grupo con la enmienda
transaccional que nos ha ofertado el Grupo
Parlamentario Popular referida a la enmienda 1848. Por tanto,
aceptamos esta enmienda transaccional a la nuestra 1848 que iba como
disposición adicional nueva.
Gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas que
afectan al título I, comenzando por las firmadas por el señor
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 267; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 17, 18 y 19, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 267; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 585, del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al título
I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 113; en contra, 161; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1240, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 128; en contra, 164; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1019 y 1020, presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 113; en contra, 163; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen. Título I, del artículo 1 al
artículo12, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar
las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el
curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 172; en contra, 124.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título II. En primer
lugar, las firmadas por el señor Vázquez Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 18; en contra, 266; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1843, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, nueve; en contra 276; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1844, presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, diez; en contra, 273; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista presentadas al título
II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 119; en contra, 164; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen. Título II, del artículo 13 al artículo
19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 176; en contra, 119; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas al título III. En primer
lugar, enmienda del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 121; en contra, 164; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 10; en contra; 164; abstenciones, 121.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1668, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 10; en contra, 273; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1669, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 10; en contra, 169; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 15; en contra, 161; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1343, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 267; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1344, 1345, 1351, 1357 y 1365, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1354, 1355, 1356, 1360, 1362, 1367 y 1370,
asimismo, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 16; en contra, 162; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1346, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 17; en contra, 265; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 17; en contra, 262; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 17; en contra, 264; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida al título III. En primer lugar, la número
20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 16; en contra, 164; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 21 y 37, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 22, 23, 24, 25, 30, 35 y 41, del mismo grupo
parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 269; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 16; en contra, 163; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 118; en contra, 164; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen del título III, que
comprende del artículo 20 al artículo 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 175; en contra, 120.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del título
III.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título IV. En primer
lugar, las firmadas por el señor Núñez Castain, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 17; en contra, 266; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 1241 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor,16; en contra, 274; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del título IV, que comprende desde el
artículo 37 al artículo 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 174; en contra, 120; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del título
IV.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título VIII. En primer
lugar, las enmiendas del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 16; en contra, 266; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 119; en contra, 165; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda al título VIII del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 16; en contra, 266; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación.(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 127; en contra, 167; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Texto del dictamen del título VIII, que comprende los artículos 86 y
87.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 174; en contra, 119; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen
correspondiente al título VIII.
Puesto que la sección 07, clases pasivas, no tiene enmiendas, votamos
el texto del dictamen correspondiente a la sección 07.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 177; en contra, 116; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de la
sección 07, clases pasivas.
Enmiendas al título V. En primer lugar, las presentadas y defendidas
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 121; en contra, 164; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
293; a favor, 125; en contra, 159; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Texto del dictamen del título V, que comprende del artículo 47 al
artículo 57, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del
artículo 47 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el
curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 173; en contra, 120; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Al no tener enmiendas la sección 06, deuda pública, sometemos a
votación el texto del dictamen de la sección 06.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 174; en contra, 121; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen
correspondiente a la sección 06.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes al título VI.
En primer lugar, votamos las enmiendas del señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 122; en contra, 163; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco ( EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 123; en contra, 161; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 125; en contra, 169; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1036 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 118; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1037 asimismo del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 111; en contra, 164; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación el texto del dictamen del título VI, que
comprende los artículos 58 a 65.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 175; en contra, 120; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes al título
VII. En primer lugar, la número 1077, del señor Labordeta Subías, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1079 del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1510 del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 17; en contra, 165; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura Laporta al título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 121; en contra, 164; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1681, 1682 y 1683 del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 10; en contra, 161; abstenciones, 124.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 10; en contra, 263; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1375 del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1846 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, nueve; en contra, 267; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas al título VII del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, nueve; en contra 163; abstenciones, 122.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 61 y 62 del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 119; en contra, 165; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 56 y 64 del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 16; en contra, 266; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 17; en contra, 165; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1245 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 17, en contra, 265; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título VII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del texto del dictamen correspondiente al título VII que
comprende los artículos 66 al 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 177; en contra, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen
correspondiente al título VII.
Iniciamos la votación de la sección 32. En primer lugar enmienda
número 1237 del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 17; en contra 165; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 18; en contra, 266; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar las números 570 a 572 y también la número 578.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 574 a 576 del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 17; en contra, 164; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas a la sección 32 del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 265; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1332 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 18; en contra, 264; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1333 asimismo del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 19; en contra, 163; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1334 asimismo del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 120; en contra, 162; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 32.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 119; en contra, 161; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen correspondiente a la sección 32.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 174; en contra, 120; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen
correspondiente a la sección 32.
Iniciamos la votación de la sección 33. En primer lugar, enmienda
número 579 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 269; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación votamos el texto del dictamen de la sección 33, Fondo
de Compensación Interterritorial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 174; en contra, 116; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de la
sección 33, Fondo de Compensación Interterritorial.
Iniciamos la votación de las disposiciones adicionales primera a
vigésimo tercera y transitorias primera a sexta. En primer lugar las
del señor Saura Laporta. (El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Solicito la votación separada de la enmienda
1513 del señor Saura Laporta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Iniciamos la votación con la enmienda número 1513 del señor Saura
Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 133; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 163; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1792 de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 11; en contra, 266; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 269; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1599 del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 268; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 119; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1377, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 16; en contra, 263; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto de la enmienda transaccional a la número 1848, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 284; en contra, tres; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de la referida enmienda
transaccional.
Votamos a continuación las enmiendas números 66 a 68, 78, 81, 83 y 96
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 16; en contra, 165; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), excepto la 1250 que ha sido retirada.
En primer lugar, votamos las números 1254 y 1255.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 126; en contra, 169; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1248.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 123; en contra, 161; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1249.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 288; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda 1252.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor 123; en contra, 161; abstenciones, 12.
PRESIDENTA:
La señora Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 132; en contra, 160; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 1066, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 112; en contra, 172; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 1049, 1055, 1061, 1067, 1068 y 1072, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 112; en contra, 164; abstenciones 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1050 y 1065.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 129; en contra, 163; abstenciones cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen, que comprende de la disposición
adicional primera a la vigesimotercera y de la disposición
transitoria primera a la disposición transitoria sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 178; en contra, 118.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de los anexos I a VII.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Enmienda 1258.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 129; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1260 y 1261.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 133; en contra, 161; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1259.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 293; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida enmienda.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 135; en contra, 159; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 1074, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor; 112; en contra, 162; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas a los anexos del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 120; en contra, 163; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen, anexos I a VII, sin
perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de
enmiendas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 175; en contra, 121.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.