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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 109, de 02/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 109
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 104
celebrada el martes, 2 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas:
- Del Parlamento de las Illes Balears, relativa a la participación de
las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 130-1, de 6 de abril de
2001. (Número de expediente 125/000014.) . . .
Modificaciones del orden del día . . . (Página
5296)
Declaración institucional . . . (Página 5296)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación
de la interrupción voluntaria del embarazo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 63-1, de 5 de junio de 2000. (Número de
expediente 122/000053.) . . . (Página 5296)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica). «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, núm. 10-1, de 24 de abril de 2000. (Número
de expediente 122/000006.) . . . (Página
5296)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 60-1, de 5 de junio de 2000. (Número de
expediente 122/000050.) . . . (Página 5296)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 71-1, de
9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000062.) . . .
(Página 5296)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), de reforma de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 107-1,
de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 122/000093.) . . .
(Página 5296)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre regulación del
derecho de sufragio de los ciudadanos que se encuentren embarcados en
buques o en el extranjero en el momento de la convocatoria de las
elecciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 234, de
21 de septiembre de 2001. (Número de expediente 162/000348.) . . .
(Página 5308)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del derecho
a voto de las personas pertenecientes a la flota pesquera y marina
mercante. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 216, de 13
de julio de 2001. (Número de expediente 162/000327.) . . .
(Página 5308)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), sobre la adopción de
medida para facilitar la participación en los procesos electorales de
los trabajadores del mar. (Procedente de la Proposición no de Ley en
Comisión núm. expte. 161/000894. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 216, de 13 de julio de 2001.) (Número de expediente
162/000353.) . . . (Página 5308)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de
cooperación internacional para impulsar la estabilidad financiera, el
desarrollo económico y la igualdad en una economía globalizada.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 155, de 23 de marzo
de 2001. (Número de expediente 162/000255.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), relativa a la puesta
en marcha de una tasa sobre los movimientos internacionales
especulativos de capital. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 165, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente 162/000271.)
. . . (Página 5317)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
activación de las iniciativas aplazadas necesarias para el progreso
de los pueblos y para reducir sustancialmente la pobreza. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 225, de 7 de septiembre de
2001. (Número de expediente 162/000341.) . . .
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuestas de refuerzo y
mejoras de la seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea.
(Número de expediente 173/000085.) . . . (Página
5329)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el denominado «Plan
Hidrológico Nacional». (Número de expediente 173/000086.) . . .
(Página 5333)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en
el ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado. (Número de
expediente 173/000087.) . . . (Página 5338)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas . . . (Página 5286)
Del Parlamento de las Illes Balears, relativa a la participación de
las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea . . .
(Página 5286)
Presentan la proposición del ley, para su toma en consideración, los
señores Crespí i Plaza, Buele i Ramís y Ferrer i Costa, todos ellos
consejeros del Parlamento de las Illes Balears.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Puigcercós i
Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano,
del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Illes Balears, relativa a la participación de las
comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea, se rechaza
por 109 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones.
Modificación del orden del día . . . (Página
5296)
La presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el
punto 41, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre cual va a ser la política económica
y social del Gobierno para hacer frente a los procesos recesivos
actuales que pueden tener fuertes repercusiones en la vida económica
y social de España si no se toman las medidas oportunas antes, sea
debatido en primer lugar dentro del epígrafe VI, correspondiente
a interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con
los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidencia propone
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido
de excluir del mismo el punto 67, correspondiente al dictamen de la
Comisión sobre el proyecto de ley de reforma del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
lo que se aprueba por asentimiento.
Declaración institucional . . . (Página 5296)
La señora presidenta lee una declaración institucional en la que el
Congreso de los Diputados recuerda hoy a aquellos hombres y mujeres
que lograron el reconocimiento del sufragio femenino, derecho básico
para la consecución de la igualdad entre los sexos, y reafirma su
voluntad de seguir removiendo cuantos obstáculos discriminatorios
puedan subsistir, para así hacer posible que la igualdad entre
hombres y mujeres sea definitivamente realidad en España, lo que se
aprueba por aclamación de los señores diputados puestos en pie.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . .
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica) . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo . . . (Página
5296)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(Orgánica) . . . (Página 5296)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), de reforma de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (Orgánica)
. . . (Página 5296)
Defienden las proposiciones de ley relativas a la interrupción
voluntaria del embarazo las señoras Castro Fonseca, en nombre de
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Navarro Garzón, del
Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Saura Laporta, Aymerich
Cano y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, se
rechaza por 134 votos a favor, 175 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, se rechaza por
136 votos a favor, 171 en contra y siete abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, se rechaza por
136 votos a favor, 173 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación, en cuarto lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich,
Rodríguez y Vázquez), de regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo, se rechaza por 135 votos a favor, 172 en contra y siete
abstenciones.
Sometida, finalmente, a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós),
de reforma de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo,
se rechaza por 135 votos a favor, 173 en contra y siete abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 5308)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre regulación del derecho
de sufragio de los ciudadanos que se encuentren embarcados en buques
o en el extranjero en el momento de la convocatoria de las
elecciones. . . . (Página 5308)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del derecho a
voto de las personas pertenecientes a la flota pesquera y marina
mercante. . . . (Página 5308)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), sobre la adopción de
medida para facilitar la participación en los procesos electorales de
los trabajadores del mar . . . (Página 5308)
Defienden conjuntamente las tres proposiciones no de ley los señores
Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Hernández
Cerviño, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Vázquez, del
Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, interviene el señor De Juan i Casadevall.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y López de Lerma
i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada
intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
con el contenido de la enmienda transaccional aceptada, y retiradas
las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 290 votos a
favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de cooperación
internacional para impulsar la estabilidad financiera, el desarrollo
económico y la igualdad en una economía globalizada . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), relativa a la puesta en
marcha de una tasa sobre los movimientos internacionales
especulativos de capital . . . (Página 5317)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre activación
de las iniciativas aplazadas necesarias para el progreso de los
pueblos y para reducir sustancialmente la pobreza. . . .
Intervienen en el debate conjunto de las tres proposiciones no de ley
los señores Eguiagaray Ucelay, del Grupo Parlamentario Socialista;
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, y Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), e
Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen los señores Eguiagaray Ucelay, Saura Laporta y Centella
Gómez. aclarando en un segundo turno el señor Sánchez i Llibre que
sus enmiendas son de sustitución y no de adición.
A los efectos de rechazar las enmiendas de sustitución del señor
Sánchez i Llibre y mantener sus propuestas iniciales, intervienen los
señores Eguiagaray Ucelay y Saura Laporta.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre actuaciones de cooperación internacional para
impulsar la estabilidad financiera, el desarrollo económico y la
igualdad en una economía globalizada en sus propios términos, sin la
incorporación de ninguna enmienda, se rechaza por 116 votos a favor,
160 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Saura), relativa a la puesta en marcha de una tasa sobre
los movimientos internacionales especulativos de capital, en sus
propios términos, se rechaza por 115 votos a favor, 160 en contra y
12 abstenciones.
Sometida a votación, por último, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre activación de las
iniciativas aplazadas necesarias para el progreso de los pueblos y
para reducir sustancialmente la pobreza, se rechaza por 116 votos a
favor, 158 en contra y 13 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuestas de refuerzo y
mejoras de la seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea . . .
(Página 5329)
El señor Segura Clavell defiende la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista y manifiesta
que tras el debate celebrado en la sesión plenaria del pasado día 26
de septiembre se ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar
la intensidad de todas aquellas medidas que vienen caracterizando la
operatividad en los aeropuertos y la necesidad de impulsar nuevos
mecanismos con los que afrontar los riesgos derivados de las nuevas
circunstancias internacionales del terrorismo. El señor Segura
después de explicar el contenido de su moción pide el apoyo de la
Cámara a una propuesta que considera razonable y que se debe a la
preocupación de su grupo por la situación del transporte aéreo
español en esta etapa de crisis actual.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Jiménez
Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López
(don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Segura Clavell.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre propuestas de refuerzo y mejoras de la
seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea, se rechaza por 96
votos a favor y 168 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el denominado Plan
hidrológico nacional . . . (Página 5333)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Critica duramente el
mal llamado, según su opinión, Plan hidrológico nacional y afirma que
lo que realmente persigue dicho plan es convertir el agua, que ha
sido históricamente un bien público en España, en un recurso privado
y crear un mercado monopolístico.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente, intervienen la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Morlán Gracia,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Acín Boned,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de explicar el texto transaccional presentado a la
presidencia, interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el denominado Plan
hidrológico nacional, con la sustitución del primer punto de la
moción por la enmienda transaccional que ha sido expuesta por los
señores intervinientes, se rechaza por 95 votos a favor y 165 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en el
ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado. . . .
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Silva Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Explica
que el motivo de la iniciativa de su grupo no se enmarca en el
ámbito administrativo asistencial, ni pretende abordar el tratamiento
jurídico fiscal de la situación de la discapacidad, sino que lo que
persigue es incidir directamente en el ámbito del derecho civil común
y de las leyes procesales. Expone el contenido de la moción que
divide en tres aspectos fundamentales: por un lado se trata de
impulsar la adopción de determinadas medidas legislativas por parte
del Ministerio de Justicia; por otro, de que el ministerio proceda a
efectuar una propuesta de reforma del derecho civil común en los
ámbitos patrimonial, contractual, de derecho de familia o sucesorio
y, por otro, se plantea la introducción en el ámbito del derecho
civil común de una institución como la acogida familiar de personas
mayores o discapacitadas. Finalmente anuncia una contrapropuesta
transaccional a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y pide el apoyo de los grupos de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Belda
Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ruiz López
(don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
la señora Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en el
ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado, en los términos de
la enmienda transaccional que ha sido puesta de manifiesto por el
proponente, se aprueba por 157 votos a favor y 82 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número
de expediente 125/000014.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley de comunidades autónomas.
Proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares, relativa a
la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la
Unión Europea. Para la presentación y defensa de la misma, en primer
lugar tiene la palabra el señor Crespí.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENT DE LAS ILLES BALEARS (Crespí i
Plaza): Señora presidenta, señoras y señores diputados, me siento hoy
honrado por haber sido designado por el Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlament de las Illes Balears para defender la
admisión a trámite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87.2 de
la Constitución, de la proposición de ley de participación de las
comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea, que nuestro
grupo presentó en el Parlament de las Illes Balears y fue aprobado
sin ningún voto en contra.
No es ciertamente la primera vez que en este salón de plenos se
debate este asunto aunque sí lo es en forma de proposición de ley; en
1998 una moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a
petición de la diputada de Eusko Alkartasuna señora Lasagabaster, y
más recientemente una proposición no de ley de los grupos catalán y
vasco. En ambos casos las proposiciones son prácticamente idénticas y
tratan de conseguir algo tan sumamente razonable como que la
representación ante el Consejo de la Unión refleje la estructura
competencial que tiene España en el interior; es decir permita la
presencia de un representante, un solo representante para las 17
comunidades autónomas en lo que a éstas compete, concierne o
interesa. Ni siquiera el hecho de haber aprobado en el caso de la
moción de 1998 una enmienda de sustitución del Grupo Popular, que
podía hacer pensar que se abría un camino nuevo, ha hecho que se
avance. Tanto es así, que la proposición no de ley del año 2000 fue
rechazada de pleno.
Aunque estén así las cosas, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista del Parlamento de las Islas Baleares, ha querido asumir el
riesgo de una nueva iniciativa en este sentido porque como ya
manifestaron reiteradamente los portavoces en esta Cámara del Grupo
Parlamentario Socialista en los anteriores debates, señores Costa y
Estrella Pedrola, este asunto no concierne sólo a los nacionalistas.
Algo tan obvio que también decía el señor Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán al hacer referencia al asunto: que quien lo
entienda así ni ha entendido la Constitución ni ha entendido nada de
nada.
Nada más lejos de la intención del Partido Socialista, que conoce tan
bien como el que más el alcance de las competencias que tiene el
Estado y cómo deben ser ejercidas, que menoscabar el papel de éste;
pero al mismo tiempo somos perfectamente conscientes y por ello
defensores acérrimos de las que deben ejercer las
comunidades autónomas en el sabio equilibrio que nuestro texto
constitucional consagra. Decía nuestro diputado, el señor Estrella
Pedrola, con gran acierto: es una falacia decir que buscar un
mecanismo que asegure la participación de las comunidades autónomas
en la formación de la voluntad del Estado a través de la presencia de
un representante en órganos comunitarios en la delegación española
supone alterar la unidad de acción exterior. Por ello nuestro texto,
el texto del cual hoy debatimos su admisión a trámite, decide muy
claramente el papel y el rango que debe tener el representante según
el asunto del cual se trate, deja claramente sentada la
corresponsabilidad y asunción por parte de dicho representante de los
acuerdos de la delegación así como la autoridad del responsable de la
misma.
Del mismo modo se resuelve el complejo asunto de las competencias
exclusivas que preocupaba a la diputada señora Uría Etxebarría, al
contemplar distintos modos de participar en las diferentes
comisiones, asignando a la conferencia para asuntos relacionados con
las comunidades europeas el papel de tipificar y definir la forma de
participar en cada uno de los debates.
Por último, asignamos a la conferencia para asuntos relacionados con
las comunidades europeas el papel de garante del cumplimiento de esta
ley, de su impulso y de establecer la necesaria coordinación, así
como del desarrollo de los mecanismos necesarios para su aplicación.
Alguien me sugirió que apelase a la generosidad del grupo mayoritario
de esta Cámara, sin cuyo voto no sería posible su admisión a trámite.
No voy a hacerlo; y no voy a hacerlo porque entiendo que sería un
grave error creer que se trata de generosidad. Voy a apelar a su
astucia política, voy a apelar a esta astucia que sin duda tienen, a
lo astuto que sería incorporar a todas las comunidades en la
formación de la voluntad del Estado, a corresponsabilizarse de las
decisiones que como Estado se tomen en el Consejo de la Unión; en
fin, un paso en el buen camino para que la España posible sea cada
vez más, para todos, la España plausible.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Crespí.
Tiene la palabra el señor Buele i Ramis.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENT DE LAS ILLES BALEARS (Buele i Ramís):
Señora presidenta, señoras y señores diputados, por primera vez en su
vida interviene ante tan ilustre hemiciclo este diputado autonómico
de las Illes Balears. Su presencia viene motivada por el deseo
explícito de manifestar cuál es la postura que mantiene el grupo
parlamentario al que pertenece y representa, el PSM-Entesa
Nacionalista, sobre la proposición de ley que aprobara el Parlamento
de las Illes Balears el 13 de marzo del año en
curso, deseando que SS.SS. se dignen tomarla en consideración
y otorgarle su aprobación definitiva.
Desde las Illes Balears, señoras y señores diputados, somos muy
conscientes de que la Europa del siglo XXI ya no tiene posibilidad
alguna de volver a ser en el futuro la Europa que fue durante tantos
siglos, una Europa mucho más mestiza, mucho más plural, mucho más
diversa se está erigiendo por doquier y ello a un ritmo trepidante y
de vértigo, imparable, y las Illes Balears se están convirtiendo,
cada vez con mayor intensidad y rapidez, en uno de esos claros
exponentes.
Creo que resulta muy oportuno señalar que el papel y el peso
específico de las Illes Balears en múltiples y diversos campos del
saber, la ciencia las artes o la política en Europa, no es cuestión
de días. Desde hace muchos siglos las Illes Balears llevan
manteniendo muy estrechas relaciones con ámbitos europeos de toda
índole. La egregia figura de un mallorquín como Ramón Llull, que ya
en el siglo XIII impulsa la creación de una Europa unida desde
perspectivas eminentemente filosóficas y religiosas, se puede
contraponer sin lugar a dudas a los esfuerzos isleños que se están
realizando en la actualidad por conservar y mantener ese destino
turístico que sigue siendo preferente para millones de ciudadanas y
ciudadanos de la nueva Europa que hoy se está construyendo, con todo
lo que ello conlleva.
Por este motivo, quisiera invocar la benevolente anuencia
presidencial para transmitirles a todos ustedes la expresión poética
y política de quien, desde una de las Illes Balears y en su única
lengua propia, la lengua catalana, lanzaba al viento y a los mares
esta copla popular:
Via fa qui no satura ni camina a linrevés, si desplega a gran
altura i amb moltíssim dinterès lestendard de la cultura i la
senyera del progrés.
Con la cultura por estandarte y con el progreso como bandera, tenemos
y mantenemos la profunda convicción de que esta proposición de ley
que impulsa y promueve la participación directa de todas las
comunidades autónomas en las delegaciones del Estado español ante el
Consejo de la Unión Europea es una medida de gran importancia
política.
A nuestro entender, se trata de una propuesta razonable con la que
comunidades autónomas y representantes del Gobierno español pueden ir
estableciendo y fortaleciendo presencias y actuaciones de mucho mayor
calado y peso político en el conjunto de los pueblos que conforman la
Europa del siglo XXI. Algo que por otro lado ya se está dando en
otros Estados de la Unión, como todos ustedes saben y conocen
perfectamente. Se trata también de una propuesta justa, una propuesta
que tiene que permitir dar voz y voto, una voz mucho más alta, un
voto de mucha mayor calidad a la representación democrática de cada
uno de los pueblos que conforman
el Estado español. Se trata, asimismo, de una propuesta muy
bien orientada hacia un futuro más plenamente democrático, para esa
nueva Europa que pretendemos ir construyendo entre todos. Al
valorarla como razonable, como justa y como orientada hacia un futuro
más plenamente democrático, confiamos poder contar hoy con la
aprobación unánime de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Muchísimas gracias, señoras y señores diputados, por la atención que
se han dignado dispensar a este diputado autonómico de las Illes
Balears.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Buele.
Por último, para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Ferrer.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENT DE LAS ILLES BALEARS (Ferrer i
Costa): Presidenta, señorías, permítanme, en primer lugar, poder
mostrar mi satisfacción por encontrarme en esta sala defendiendo esta
proposición de ley relativa a participación de las comunidades
autónomas en el Consejo de la Unión Europea, más aún porque en la
Cámara se encuentran presentes quienes intentaron por todos los
medios que mi persona no ostentara la representación que me
confirieron los electores de Formentera.
La necesidad de esta ley que hoy presentamos para su consideración
radica básicamente en la necesidad de participación de todos los
ciudadanos del Estado en el proceso de construcción europea, y pese a
la evidencia de que el Gobierno de España nos representa a todos,
consideramos que ésta no es completa ni efectiva, por varios motivos.
En primer lugar, el interés general de nuestros ciudadanos también
los representa legítima y soberanamente nuestro Gobierno autonómico.
En segundo lugar, nuestro Constitución configura un Estado de las
autonomías, donde existe una corresponsabilidad entre la
Administración central y la autonómica. La capacidad normativa y
ejecutiva de las comunidades autónomas nos implica directamente en la
construcción europea, basándose ésta en el principio de
subsidiariedad, y por tanto reforzando el papel de las nacionalidades
y regiones como entes más cercanos al ciudadano, a su vida cotidiana,
a sus problemas e intereses. En tercer lugar, desde nuestras islas
consideramos irrenunciable la participación de las comunidades
autónomas en la defensa y desarrollo de las materias que afectan
a nuestros ciudadanos, sean competencia o no de las comunidades
autónomas. Todas estas cuestiones mencionadas, lejos de significar un
debilitamiento de la posición del Estado ante la Unión Europea son, a
juicio de nuestra fuerza política, la COP de Formentera, una
oportunidad insuperable de que nuestros ciudadanos se sientan más
partícipes en y de las decisiones de la Unión Europea, tantas veces
criticada por la distancia a los ciudadanos, y al mismo tiempo es
también una manera de que las comunidadesautónomas se sientan Estado
y no se contribuya con
más elementos a la confrontación entre administraciones, contraria a
todo lo que representa la España de las autonomías. Representa, por
tanto, una oportunidad de avanzar en un Estado federalista
plurinacional como el nuestro, tal y como reconoce la Constitución.
Desde las Islas Baleares creemos superado el actual marco legal que
regula la participación de las autonomías en esta toma de decisiones,
porque no garantiza nuestra participación efectiva en la elaboración
de la opinión de la delegación española y porque de esta manera se
desvirtúa nuestra autonomía política y nuestra capacidad de opinar y
sugerir. Es por todo esto que presentamos esta proposición de ley,
que modifica la resolución de la conferencia para asuntos
relacionados con las comunidades europeas adoptada en 1994 y que
sitúa un nuevo marco legal de verdadera participación de las
autonomías en la política europea y sus decisiones, desarrollando así
el artículo 203 del Tratado de la Comunidad Europea, que permite la
representación en el Consejo de la Unión por personas distintas a los
miembros de los ejecutivos centrales.
Mediante esta ley será factible el ejercicio de los principios de
cooperación y de lealtad institucional y se podrá evitar el riesgo
existente en la actualidad de pérdida real de competencias de las
comunidades autónomas en favor del Estado. Esta proposición de ley
propone mecanismos de participación de las autonomías en las
delegaciones del Gobierno en el Consejo de la Unión Europea, siempre
que los asuntos a tratar afecten a competencias que éstas tienen
atribuidas.
La presente proposición de ley deberá garantizar, como estipula el
artículo 2, la obligación del Estado de remitir información
obligatoria a las autonomías que expresen formalmente su interés en
el desarrollo de algún procedimiento. Al mismo tiempo, las
comunidades autónomas tendrán derecho a participar en las
delegaciones del Estado en los órganos del Consejo de la Unión
Europea, en los casos y formas siguientes, situando esta
participación en tres niveles. En el caso de asuntos que afecten a
competencias exclusivas de las comunidades, se integrará un
representantes de éstas en las delegación española y actuará como
miembro de pleno derecho. Si se trata de competencias compartidas
o concurrentes entre Estado y comunidades, el representante de éstas
últimas se integrará en la delegación y podrá intervenir en las
deliberaciones previo acuerdo con el responsable de la delegación.
Por último, si el asunto afecta exclusivamente a las competencias del
Estado pero se ha invocado interés por parte de las autonomías, se
podrá solicitar motivadamente al Gobierno central la inclusión en la
delegación española de un representante autonómico que sólo
participará en las deliberaciones si así lo autoriza el responsable
de la delegación.
Esta proposición de ley prevé asimismo el rango de los representantes
autonómicos, su carácter dentro de la delegación española
correspondiente, y por último
fija el funcionamiento de la conferencia para los asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas. Espero que SS.SS. valoren
esta proposición de la misma manera que lo hizo nuestro Parlamento
autonómico donde se aprobó por mayoría sin ningún voto en contra,
y que considere su procedencia. Las Islas Baleares y la singularísimas
características de nuestro territorio que lo convierte en fruto de su
condición insular y su estructura política en un ejemplo de
cooperación y coordinación entre los diferentes niveles de las
administraciones propias de las islas, autonómico, insular y local,
espero que pueda servir como ejemplo de lo que debe y puede ser una
realidad, si se aprueba esta proposición de ley, el nuevo marco de
relación entre las administraciones europea, central y autonómica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para explicar el voto afirmativo de Esquerra Republicana
de Cataluña a esta propuesta del Govern de las Illes Baleares y
Pitiusas, una propuesta que tenemos que votar favorablemente por ser
consecuentes; coherentes y lógicos. Si estamos, como se puede
traducir del texto constitucional, ante lo que podemos llamar una
realidad plural, un Estado compuesto, es esta realidad la que tiene
que transmitirse con eficacia a las instituciones europeas y
concretamente al Consejo de la Unión Europea.
Entendemos que la realidad plural, la realidad de un Estado
compuesto, da diferentes situaciones, diferentes realidades y
diferentes intereses y es de lógica como algunos Estados de la Unión,
el caso de la República Federal Alemana es un ejemplo de la
coordinación de los Land, los Länder con el Gobierno federal. Creo
que la doctrina que se ha generado hasta este momento ha hecho que el
Gobierno del Estado, los partidos de ámbito del Estado, no han sido
conscientes de que el proceso europeo implica descentralización y
coordinación. En este caso, la participación de las comunidades
autónomas en el seno de la Unión a partir de la delegación española y
en el seno del Consejo de la Unión Europea es necesaria. Es necesaria
porque el caso de las Illes Balears y Pitiusas es un ejemplo de cómo
se va a opinar sobre política turística sin el consejo, sin la
opinión de una de las primeras potencias del Estado, como podría ser
también Cataluña o las Illes Balears y Pitiusas. ¿Cómo se puede
hablar de insularidad sin los conocimientos, sin el consejo, sin la
opinión de Canarias o de las Illes Baleares y Pitiusas? ¿Cómo se
puede hablar del comercio exterior, sin la presencia o el consejo
del País Valencià, la Comunitat Valenciana, la Generalitat
Valenciana o la Generalitat de Cataluña? Son aspectos, señorías, que
hacen referencia a un Estado compuesto, un Estado plural y si aquí lo
creen, tendrían que ser coherentes con esta propuesta del Govern
Balear.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero dar la bienvenida a los parlamentarios de las
Illes Balears y agradecerles que con sus votos hayamos podido tener o
tengamos este nuevo debate; esperemos que vaya más allá de este mismo
trámite, si algunos lo permiten. Este es un tema fundamental que lo
único que pretende, independientemente de las ideologías de unos y
otros, es restablecer lo que fue o lo que debe ser el Estado de las
autonomías, unas autonomías que en función de cada una de sus
especificidades, en función de su historia o de otras
consideraciones, tienen atribuidas determinadas competencias y en
cuyos estatutos de las autonomías no se pudo, no se supo o no se
quiso prever el mecanismo de defensa de esas competencias en un marco
en el que posteriormente nos íbamos a integrar: la Unión Europea.
Ello ha llevado múltiples recursos, demasiados recursos, demasiadas
instancias judiciales y demasiadas cuestiones hasta que el Tribunal
Constitucional, no hablamos de otro ente que el alto tribunal,
estableció claramente que no toda la actuación comunitaria era
actuación internacional, sino que las comunidades autónomas tienen
actuaciones externas en el ámbito comunitario, en el ámbito europeo
derivadas de sus propias competencias. Esto es lo que pretendemos,
que en aquellas competencias correspondientes a las comunidades
autónomas en virtud de los estatutos de autonomía puedan tener el
papel de defensa que les corresponde. Han relatado perfectamente cuál
ha sido el tránsito hasta llegar a una moción que pretendía estudiar
la mejor fórmula, pero les voy a contar lo que ha pasado luego. La
mejor política es la de las diligencias para mejor dilatar utilizada
por el Gobierno central y el partido que le apoya, desde luego
inundándonos con estudios jurídicos y doctrinales de todo tipo sobre
lo que es y lo que no es, que tratan de no llegar a ninguna solución.
Estamos en el mismo lugar que empezamos, pero hay una cuestión muy
clave: hay un reconocimiento ya de esta Cámara, también los
Parlamentos autonómicos reconocen en su mayoría, por no decir todos,
que esta es una cuestión que hay que resolver, ya que mientras no se
resuelva y las comunidades autónomas no tengan su representación en
aquellas cuestiones que les competen y les afectan en el Consejo de
la Unión, se estará vulnerando
lo que algunos llaman un acuerdo histórico, lo que es un Estado de
las autonomías. No hablamos de nada más; no se preocupen. Hablamos de
respetar el ordenamiento jurídico. Hablamos de respetar las
competencias que las comunidades autónomas en virtud de sus
especificidades tienen en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra también para dar la bienvenida desde el Bloque
Nacionalista Galego, a los representantes del Parlament de las Illes
Balears. Quiero decirles que no es la primera vez que esta cuestión
se debate en esta Cámara y no será la última vez que con los votos
del Partido Popular presumiblemente sea rechazada. Y digo que no será
la última vez porque mientras no se dé un paso en este sentido,
mientras no se establezca algún mecanismo útil para que las
comunidades autónomas puedan participar en lo que se llama la vía
ascendente, es decir en la formación del derecho y en la formación de
las decisiones comunitarias en aquellas materias que les afectan, el
Estado de las autonomías estará incompleto, sobre todo cuando en el
Gobierno central, en el Gobierno del Estado existe un partido tan
preocupado en recentralizar competencias como despreocupado en
descentralizarlas, sea en el seno de la Unión Europea, últimamente en
el seno de la OTAN o en el seno de esa relación privilegiada con
Estados Unidos, por tanto un Gobierno fuerte con los débiles y débil
con los fuertes.
Sé que no les agradará si les digo que coinciden ustedes y coincido
yo en este punto con lo dice don Manuel Fraga Iribarne, lo que pasa
es que en estas cuestiones y en tantas otras pesa cada vez menos en
el Partido Popular. Tendrán que explicar por qué aquí mantienen
posiciones divergentes, por qué algunos dirigentes quieren que las
comunidades autónomas participen directamente en la representación
española y las instituciones comunitarias y por qué después aquí, en
este Congreso, otros, que se declaran fieles hijos, sucesores, ahora
hay muchos, de Manuel Fraga Iribarne, ahora votan en contra. Pero
esas son contradicciones que las tendrán que aclarar otros.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señoras diputadas y
señores diputados, portavoces del Parlamento de las Islas Baleares,
en primer lugar,
en nombre del Grupo Federal de Izquierda quiero agradecer a los
parlamentos autonómicos que hayan usado y sigan usando esta
iniciativa legislativa de las comunidades autónomas que enriquece el
debate y, sobre todo, trae elementos de aire fresco a este hemiciclo,
no quiere decir que los demás no, pero también es importante.
En segundo lugar, tengo que agradecer al Partido Popular que haya
permitido que esta proposición se debata hoy en el Congreso de los
Diputados. No digo esto por ninguna manía irónica, sino porque, a la
vista de las prácticas y los contenidos de la última semana, más de
uno tenía miedo de que esta iniciativa se parara en cualquier nivel
legislativo o que la semana pasada, en lugar de traer una iniciativa
sobre el tema de los impuestos autonómicos, a ustedes se les hubiera
ocurrido decir que, a pesar de que fueran totalmente constitucionales
o tuvieran encaje reglamentario, no se veía bien que se trajeran
iniciativas legislativas de las comunidades autónomas al Pleno del
Parlamento, por aquello de romper los niveles reglamentario o no sé
qué unidades de destino.
También quisiera en esta intervención destacar la paradoja de que un
elemento de este tipo no se asiente por mor de que no se haya todavía
metido mano con seriedad a la reforma del Senado y que se esté viendo
en el Congreso de los Diputados algo de tanta entidad territorial que
debía haberse en todo caso visto en el propio Senado.
Dejando de lado consideraciones preliminares y entrando en el núcleo
del problema, señorías, los sistemas federales y el Estado de las
autonomías español, que es para toda la doctrina europea menos para
la española un Estado federal, se han percatado bien temprano de la
capacidad del proceso de construcción europea para afectar a toda la
estructura competencial de los entes subestatales, llámense Länder,
llámese comunidades autónomas o llámese regiones. A tal efecto, ante
esa problemática se ha ido pertrechando toda la doctrina europea de
una serie de mecanismos de cooperación con el fin de hacer frente a
un problema, y desde luego nosotros, como grupo parlamentario,
siempre hemos echado de menos que no existan esos instrumentos de
cooperación entre la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas, todo ello no solamente con el objeto de
trabajar en la fase descendente de adecuación del derecho
comunitario, sino en la fase ascendente de generación de la voluntad.
En el conjunto de los sistemas federales, ya sean compuestos,
regiones o autonómicos, lo de menos es el nombre, a nadie se le
ocurre plantear que la participación del Estado en la Unión Europea
sea una materia que se pueda calificar como propia de la política
exterior, en tanto que nadie exceda el marco clásico de las
relaciones internacionales a través del método comunitario, sino más
bien se le considera como algo dentro del propio funcionamiento de la
estructura del Estado. Por cierto, sólo en los sectores doctrinal y
político más
centralistas y refractarios, contrarios en España al título VIII de
nuestra Constitución, se afirma sin matices que la participación del
Estado español en la Unión Europea es un asunto propio del derecho
internacional y, como tal, sustraido de forma absoluta a las
comunidades autónomas.
No me voy a extender en lo relativo a la solución en derecho
comparado, pues entiendo que los portavoces conocen muy bien el
modelo alemán, el austríaco, el belga, y saben perfectamente de los
mecanismos que se han dotado dichos sistemas para evitar efectos
perniciosos de lo que entre otros ha llamado el profesor Muñoz
Machado la mutación constitucional de origen europeo, con
potencialidad de afectar a todo el acervo competencial de las
comunidades autónomas.
En España, o al menos así lo entendemos desde Izquierda Unida, a
diferencia de lo ocurrido en otros muchos Estados de nuestro entorno,
se ha tenido una visión mas alicorta, de menos alcance, y o bien se
han negado los problemas, o bien se han pretendido soluciones de muy
escaso peso, de muy escasa enjundia. A este respecto quiero decir que
las previsiones de la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas, en relación a la cooperación, así como los acuerdos en el
marco de la conferencia sectorial de asuntos europeos son necesarios,
pero también claramente insuficientes.
No estamos en un momento de construcción de la Unión Europea en el
que en sede comunitaria se traten solamente cuatro o cinco materias
de orden económico que estén fuera del alcance de las comunidades
autónomas, como podía ocurrir en los tiempos heroicos de Schuman, de
Monnet o de Gasperi. En la actual cobertura, el creciente papel de
las instituciones comunitarias afecta de lleno al acervo de las
comunidades autónomas, de tal suerte que materias que, como
consecuencia del artículo 149.1 de nuestra Constitución y de nuestro
estatuto de autonomía, son en principio autonómicas, hoy han sido
claramente comunitarizadas.
Pues bien, esta europeización de las materias autonómicas ha sido
aceptada de manera pacífica por otros Estados miembros de la Unión
Europea, muy especialmente Alemania, y se han introducido mecanismos
de cooperación ejecutiva y legislativa que ayudan a cogenerar la
voluntad de sus Estados miembros ante el Consejo Europeo y que
permiten la presencia de miembros de las administraciones
subestatales en la delegación estatal ante la Unión Europea y, por
encima de todo, que permiten cogestionar una serie de políticas
parcialmente europeas y estatales, todo ello más allá de los repartos
competenciales intraestatales y supraestatales. A este respecto no
conviene perder de vista, señorías, la insuficiencia del propio
principio de competencia en el seno de cada Estado o de la Unión
Europea que provocan un cierto relativismo competencial y ponen en
primer plano el problema de la conjunción entre fines públicos e
instituciones públicas, así como el desiderátum de la cooperación
interadministrativa.
Ante este problema, hasta hoy parcialmente sin solución en España, el
Parlamento de las Islas Baleares nos propone una fórmula: la
regulación por ley de los mecanismos de cooperación y manifestación
de la voluntad española ante el Consejo de la Unión Europea que, en
términos generales, nosotros consideramos satisfactorio. Estamos de
acuerdo, como no podía ser de otra forma, así lo ha manifestado
nuestro portavoz, con el intercambio de información relativa al
proceso de construcción europea entre la Administración general del
Estado y las comunidades autónomas. Somos partidarios de una
composición de la delegación española ante la Unión Europea, que
muestre el pluralismo político interno del Estado español, mediante
la inclusión de representantes de las comunidades autónomas en los
grupos de trabajo y en el propio Consejo de la Unión. De la misma
manera, entendemos que la delegación española debe reflejar no sólo
la posición de la Administración general del Estado, sino también la
de las comunidades autónomas en materias que sean de su competencia o
en políticas europeas que les afecte. Es decir, en términos generales
estamos de acuerdo con esta proposición de ley que ya tuvimos ocasión
de apoyar en el propio Parlamento de las Islas Baleares. Sin embargo,
quiero decir que el modelo de participación de las comunidades
autónomas en la Unión Europea de Izquierda Unida incluye, además de
todos los mecanismos descritos en la proposición de ley que hoy nos
trae a debate, otras medidas que merecen ser comentadas a mi
entender. En primer lugar, desde Izquierda Unida entendemos que la
cooperación no sólo debe ser ejecutiva entre los gobiernos de las
comunidades autónomas y la Administración general del Estado, sino
que el Senado, en tanto que Cámara de representación territorial,
debería jugar un papel destacado en esta materia.
De la misma manera entendemos que es importante que se establezca en
España la figura de la conferencia de presidentes de comunidades
autónomas, no sólo por su elevado valor simbólico, sino también por
su alta capacidad de provocar dinámicas políticas de cooperación
autonómica vertical y horizontal.
En otro orden de cosas entendemos que la cooperación entre las
comunidades autónomas y la Administración general del Estado en la
cogeneración y expresión de la voluntad del Estado español ante la
Unión Europea debe ser fundamentalmente multilateralista, evitando en
la medida de lo posible el bilateralismo, todo ello sin perjuicio de
que, en virtud de nuestra asimetría competencial, sean necesarios
ciertos mecanismos de cooperación entre grupos reducidos de
comunidades autónomas con la Adminsitración general del Estado.
Finalmente, queremos recomendar la implantación en España de una
figura similar al vigilante de los länder en materia europea.
Concluyo. En virtud de todo lo anterior, y como ya habrá quedado
patente, apoyaremos la proposición de ley del Parlamento de la Islas
Baleares. Insistimos de
nuevo en la necesidad de acometer este asunto a la mayor brevedad
posible de la forma que sea, y reiteramos el agradecimiento al
Parlamento de las Islas Baleares por adelantar soluciones de derecho
positivo para este asunto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convegència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hablar desde este escaño porque voy a ser breve, o al menos voy
a intentarlo. Efectivamente, el debate de hoy es, como han dicho los
propios portavoces y representantes, a quienes doy la bienvenida a
esta Cámara, del Parlament de las Illes Balears, el enésimo que
tenemos en esta Cámara sobre este tema, y hoy en lugar de debatir
sobre la iniciativa política en abstracto y sobre la necesidad de que
las comunidades autónomas tengan en el ámbito europeo el reflejo
constitucional que se merecen, que se deriva del título VIII de la
Constitución, estamos hablando de un texto espléndido, presentado por
el Parlament de las Illes Balears, en el que se intenta poner sobre
la mesa una articulación jurídica concreta de esa propuesta. Nosotros
no podemos más que compartir al cien por cien esa propuesta, que es
una entre las varias posibles. Estaríamos encantados de que el
Partido Popular hubiera presentado otra que llegara al mismo
resultado, porque en derecho los mecanismos para llegar a un
resultado son muchos. Éste es uno al que difícilmente el Partido
Popular puede poner obstáculos por la teoría de la falta de
coordinación, o por la teoría de que puede haber problemas en las
representaciones exteriores del Estado porque, entre otras cosas,
subraya clarísimamente en esta proposición de ley que hoy se nos
somete a votación que los representantes de las comunidades autónomas
se integran en la delegación del Estado ante el Consejo de Ministros
de la Unión Europea y en los comités de trabajo, en su caso, y se
atendrán -y leo literalmente del artículo 7, párrafo 4, de esta
proposición de ley- a las instrucciones que emita su responsable y
sostendrán en todo caso la posición adoptada por la delegación.
Al Grupo Parlamentario Popular ya no le quedan argumentos más allá de
la demagogia, del ruido, de hacer ver que llueve y de seguir
ignorando una realidad, y es que todos los grupos de la Cámara sin
excepción y progresivamente todos los parlamentos autonómicos que no
están controlados desde la calle Génova, y aquéllos incluso que lo
están en el poco margen que se les permite, reclaman un reflejo
legislativo del título VIII de la Constitución en lo que se refiere a
las relaciones con la Unión Europea.
Lo único que cabe esperar es que la calle Génova permita a los demás
parlamentos autonómicos hacer valer también su voz y que por pura
decantación en algún momento el grupo mayoritario de esta Cámara se
dé cuenta de que lo único que está haciendo es retrasar el reflejo
constitucional de una realidad.
Desde mi grupo parlamentario, suscribiendo y reiterando los debates
anteriores que hemos tenido sobre este tema, y haciendo propias todas
y cada una de las afirmaciones que han sostenido en defensa de su
proposición de ley los ilustres portavoces y representantes del
Parlament balear en este debate, no podemos más que prestar nuestro
apoyo a esta iniciativa, pedir -nos tememos que con poco éxito- al
Grupo Parlamentario Popular que la haga propia, que la introduzca en
la Cámara como proposición de ley y, en su caso, que presente las
enmiendas que considere oportunas que no desvirtúen su contenido. Si
no lo hace, lo único que está haciendo es frenar el desarrollo
constitucional, incumplir la Constitución y en el fondo una vez más,
y no es la primera vez que lo decimos desde esta tribuna, ser en este
punto desleales con la Constitución.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la proposición de ley relativa a la participación de
las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea, que nos
remite hoy el Parlamento de las Islas Baleares, iniciativa que, como
ya se ha recordado, fue aprobada sin votos en contra, con la
abstención del Grupo Parlamentario Popular. Corresponde hoy, pues, al
Congreso de los Diputados decidir si se da luz verde para que la
proposición de ley sometida a debate continúe su andadura en las
Cortes Generales. Es verdad que esta es una iniciativa debatida en
anteriores ocasiones y que nunca ha tenido el respaldo del Grupo
Parlamentario Popular, que ha considerado siempre estas iniciativas
con una carga negativa que las hacía por principio inaceptables. Ha
desconfiado siempre el Grupo Parlamentario Popular de posibles
mecanismos que pudieran asegurar la participación de las comunidades
autónomas en la conformación de la voluntad del Estado a través de la
existencia de un representante autonómico en órganos comunitarios
como integrantes de la delegación española, porque ello pudiera
significar la alteración de la unidad de acción en el exterior o, lo
que aún sería peor, podría significar ceder a una reivindicación
nacionalista. No ha sido nunca ni es hoy esta la posición del Grupo
Parlamentario Socialista. Nosotros mantenemos una posición abierta
ante un problema institucional,
dinámico y cambiante, como es el que informa la propia construcción
europea.
Desde que España es miembro de pleno derecho de la Unión Europea y,
por tanto, participa en su construcción, ha sido una de sus
preocupaciones el establecimiento de mecanismos de participación de
las comunidades autónomas. Deberíamos reconocer que, a pesar de lo
alcanzado, aún debemos recorrer bastante camino para resolver la
cuestión que la proposición del Parlamento balear nos vuelve a
plantear esta tarde.
Desde el PSOE consideramos posible y necesario seguir avanzando en
algunos de los aspectos contemplados en la iniciativa balear. Creemos
que sería positivo aprovechar esta ocasión para reflexionar, para
profundizar en la mejora de los mecanismos de colaboración entre el
Estado y las comunidades autónomas, sin partir de posturas cerradas
ni dogmáticas, sino más bien desde posiciones abiertas a la reflexión
y al acuerdo político. Consideramos que la proposición de ley es
fruto de una legítima y positiva preocupación compartida con otros
parlamentos autonómicos y con otros grupos de esta Cámara, para dotar
a las comunidades autónomas de una representación en las
instituciones europeas de acuerdo con normas claras y precisas, que
no dejen lugar a las ambigüedades y que evite, en la medida de lo
posible, fricciones y polémicas.
Entendemos que el texto de la proposición de ley, aun siendo
sustancialmente positivo, puede y debe ser mejorado mediante las
enmiendas pertinentes. Si no se admite a trámite, nada habrá que
mejorar. Continuaremos con el actual vacío normativo, que será como
hasta hoy fuente de tensiones entre el Gobierno del Estado y las
comunidades autónomas. No creo, señorías, que esto sea lo más
conveniente y, por supuesto, no es esto lo que quiere el Grupo
Parlamentario Socialista. Queremos impulsar el proceso de
construcción de la Unión Europea y para nosotros es muy importante
que las comunidades autónomas tengan su lugar al sol en el ámbito
europeo. El debate de hoy nos advierte otra vez que aun queda mucho
camino que recorrer para llegar a una Europa que sea a la vez una
construcción de los ciudadanos y de todas las instituciones. Al día
de hoy la Unión Europea es una realidad inacabada, con fronteras en
expansión y en la cual debe hallarse una función clara y precisa para
dos elementos fundamentales en el bienestar de los ciudadanos: los
municipios y las regiones. Hay una Europa de los ciudadanos, hay una
Europa de los Estados, pero la Europa de las regiones es, como la
Europa de los municipios, algo incipiente y embrionario. Por ello,
bienvenida sea esta proposición sobre participación de las
comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea, si nos ayuda
a avanzar por este camino.
El vacío normativo no es una alternativa a la norma. Si bien es
cierto que el texto que se nos presenta es a buen seguro mejorable,
bueno sería también que las Cortes Generales dieran una respuesta
positiva a su
toma en consideración. No es un hecho casual que las Illes Balears
deseen la participación activa de las comunidades autónomas en la
Unión Europea. Entre las nacionalidades y regiones de España,
Baleares vive plenamente en la realidad de la Unión Europea. Miles de
ciudadanos europeos, y no sólo alemanes, tienen como lugar de
residencia alguna de nuestras islas y los ciudadanos de Baleares
hemos manifestado por abrumadora mayoría nuestra voluntad de
participar en la construcción de la Unión Europea. Somos masivamente
euroentusiastas. Nuestros euroescépticos son una insignificante
minoría. Las Illes Balears, como el resto de las autonomías
españolas, desean integrarse en la Europa de las regiones con voz
propia, sin que ello cuestione el hecho de formar parte del Estado
español y sin correr riesgos de que sus competencias puedan ser
ignoradas. Construyamos Europa juntos. El derecho a la participación
de las comunidades autónomas en la Unión Europea no debería
discutirse. Por el contrario, debemos impulsarla con entusiasmo. Por
ello les pido, señorías, el voto favorable a la toma en consideración
de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moragues.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señora presidenta.
Quiero en primer lugar saludar a la delegación del Parlamento de las
Islas Baleares, que nos honra esta tarde aquí con su presencia. Subo
también a esta tribuna con una cierta desilusión al constatar el
discurso recurrente, e inútil por ineficaz, no solamente de algunos
de los grupos de la oposición, sino también de algún grupo que
sustenta al Gobierno. Sobre todo, subo también con una cierta
desilusión al tener que comentar esta iniciativa que proviene de las
Islas Baleares, acostumbrados como estamos a iniciativas con una
verdadera dimensión europea; iniciativas como aquellas que jalonaron
todo el Gobierno de Jaume Matas y que se concretaron en el
reconocimiento de la insularidad y de los problemas estructurales que
conlleva la declaración número 30 en el artículo 158 del Tratado de
Amsterdam, en la consecución de un representante en el comité
directivo de la Comisión de las islas, en el IMEDOC, la agrupación de
las islas del Mediterráneo occidental, en que Baleares contara y
entrara en el Objetivo 1, lo cual significó una auténtica inyección
económica para la reconversión industrial de las islas, a la creación
del Centro de Baleares Europa, a la apertura de la Oficina de
Baleares en Bruselas, a esa representación que tuvieron las Islas
Baleares en el Parlamento Europeo con eurodiputados del Partido
Popular que siempre tuvieron escaño porque siempre estuvieron en
puestos de salida.
Hoy, señorías, señora presidenta, este grupo parlamentario vuelve a
subir a la tribuna con argumentos suficientes para oponerse a la
tramitación de esta proposición de ley; argumentos que se basan en el
respeto a la Constitución, a los acuerdos parlamentarios -y me
refiero a la moción del 25 de febrero de 1998- y a los procedimientos
de colaboración diseñados para lograr el consenso, a la conferencia
para asuntos relacionados con la Unión Europea. Tengo que decir que
esta proposición de ley que hoy nos presenta el Parlamento de
Baleares (no sé si el Parlamento de Baleares o el pacto de
izquierdas, porque no veo a ningún representante del Partido Popular)
es políticamente inconveniente y técnicamente inconsistente.
Políticamente inconveniente, porque el Parlamento de las Islas
Baleares conoce y no ha tenido en cuenta a la Comisión de Asuntos
Sociales, que en su reunión de 20 de noviembre del año 2000 acordó
por unanimidad constituir un grupo de trabajo para analizar la
problemática de la participación de las comunidades autónomas en las
instituciones de la Unión Europea, grupo en el que participan
Cataluña, Extremadura, Madrid y Rioja. Ha habido varias reuniones, no
se ha concluido el trabajo y no se ha adoptado por tanto una
decisión. Respetemos, por tanto, señorías, el acuerdo de las
comunidades autónomas en la conferencia sectorial y de los órganos de
colaboración.
En segundo lugar, todas las comunidades autónomas saben que el
Ministerio de Administraciones Públicas está estudiando la
posibilidad de elaborar una ley general de cooperación autonómica que
surja del consenso entre todas ellas. Para favorecer el consenso, el
ministro de Administraciones Públicas, señor Posada, envió
personalmente el pasado mes de septiembre a todas y cada una de las
comunidades autónomas un cuestionario sobre posibles contenidos de la
ley. Una de las preguntas, señorías, reza literalmente: ¿Cuáles
pueden ser los mecanismos de participación de las comunidades
autónomas en los órganos de la Unión Europea? Tengo que decir,
señorías, señores representantes de las Islas Baleares, que Baleares
hasta este momento no ha contestado al cuestionario y que sería la
mejor forma de colaboración, como tampoco se le conoce últimamente
ningún tipo de intervención o propuesta digna de mención en la
conferencia sectorial correspondiente.
Desde el punto de vista técnico, es insostenible. En primer lugar, en
el articulado de la proposición de ley no se establece el mecanismo
que permita dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 203 del
Tratado de la Unión Europea, ya que el representante autonómico con
rango ministerial tendría que ser designado formalmente por el
Estado. En segundo lugar, no existe en este momento un mecanismo de
cooperación horizontal, entre comunidades autónomas me refiero, lo
suficientemente consolidado y eficaz que garantice que este
representante autonómico exprese la voz de todas las comunidades
autónomas. Tengo que recordar a la señora Lasagabaster
que cualificados portavoces del Gobierno vasco han dicho no sólo en
privado, sino ante los medios de comunicación que la Comunidad
Autónoma del País Vasco se representa a sí misma y a nadie más. El
tratado establece una representación unipersonal de los Estados
miembros en el Consejo, sin que el concepto de delegación que se
menciona en la proposición de ley haya sido objeto de una regulación
jurídica. El artículo 203 del Tratado y el punto 45 de las
recomendaciones de Helsinki atribuyen un solo asiento en la mesa y la
delegación de acompañantes se reduce cada vez más en beneficio de la
operatividad. Llama la atención, pues, la referencia en la
proposición de ley a la delegación y a un miembro de pleno derecho de
la delegación.
El artículo 3 de la proposición de ley habla de competencias
exclusivas, como también lo hace el punto 4 de la moción que
aprobamos por unanimidad en esta Cámara el 23 de marzo de 1998. El 10
de junio de 1998 el ministro de Administraciones Públicas de la
época, el señor Rajoy, inició el proceso en el seno de la Comisión
para Asuntos relacionados con la Unión Europea y solicitó a las
comunidades autónomas que adoptasen una definición común sobre
competencias exclusivas con el fin de llegar a un acuerdo. En opinión
del Gobierno, señora presidenta, ni durante la VI ni durante la VII
Legislatura las comunidades autónomas han respondido ni colectiva ni
individualmente a lo que se entiende por competencias exclusivas.
Algunas, eso sí, han expresado su deseo de que se les conceda una
habilitación general para la participación sin definir ni cuándo ni
cómo ni para qué. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez Casañ.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Se ha dicho que ha habido 11 intervenciones
parlamentarias. Ha habido 13, pero tengo que decir que estamos ante
una situación de impasse, como no puede ser de otra manera, porque,
si no estamos dispuestos a avanzar y a colaborar con el Gobierno y lo
único que pretenden algunos es una habilitación general de
participación, lo que están haciendo es demostrar su voluntad de que
esto no siga hacia delante.
Al señor portavoz de Izquierda Unida le tengo que decir que no
debemos olvidarnos de que las relaciones dentro de la Unión Europea
hoy por hoy continúan siendo entre Estados, que la capacidad de
comprometer al Estado corresponde al Gobierno de la nación, que tiene
competencias exclusivas en materia de relaciones internacionales
(artículo 149.1.3 de la Constitución) y que asimismo corresponde al
Gobierno dirigir la política exterior del Estado (artículo 97 de la
Constitución). Nuestro Estado autonómico no es el alemán, como
pretenden algunos de la República Federal de Alemania, cuya ley
fundamental prevé expresamente en su
artículo 23 la posibilidad de que el Estado sea representado por un
miembro de un Land previa designación por el Bundesrat, por el
Senado, por el Parlamento de las regiones, convirtiéndolo de esta
manera no en representante de un Land, sino de la Cámara
parlamentaria. Señorías, tendríamos que reformar la Constitución y no
nos parece que esta proposición de ley sea el instrumento más
adecuado. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden
silencio. Es imposible escuchar al interviniente.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: ¿Están ustedes completamente seguros,
señores representantes del Parlamento de las Islas Baleares, de que
en estos momentos todas las comunidades autónomas prefieren que las
represente otra comunidad en lugar del Estado? ¿Se lo han preguntado
a las demás comunidades autónomas? ¿Y les han contestado? Yo estoy
convencido de que no, de que esto no es así.
Lamentablemente la situación en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares -muy a pesar nuestro- es de una bronca interna, continua y
seria, en la que no se acaban de poner de acuerdo sobre lo que de
verdad quiere la comunidad balear. Cada mes les dimite un consejero,
cada mes está más cerca de disolverse esa especie de pacto que tienen
sin sentido que resta protagonismo a la comunidad balear y resta peso
a las iniciativas que nos transmiten. Lo que la comunidad balear
tiene que hacer en beneficio de los ciudadanos y de España es
solucionar su problema interno, ponerse de acuerdo y estar en
situación de presentar propuestas inteligentes y válidas, con rango,
nivel y dimensión europea para que esta Cámara parlamentaria pueda
estudiarlas con detenimiento y aprovechar su contribución en el
proceso de construcción europea y de la participación de las
comunidades autónomas en el proceso de toma de voluntad del Estado,
como sería nuestro deseo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Casañ.
Señorías, ruego que ocupen sus escaños. (Pausa.)
Vamos a someter a votación la toma en consideración de proposiciones
de ley de comunidades autónomas.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las
Illes Balears, relativa a la participación de las comunidades
autónomas en el Consejo de la Unión Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 109; en contra, 154; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, propuesta de modificación del orden
del día.
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que el
punto 41, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre cuál va a ser la política económica
y social del Gobierno para hacer frente a los procesos recesivos
actuales que pueden tener fuertes repercusiones en la vida económica
y social de España si no se toman las medidas oportunas antes, sea
debatido en primer lugar dentro del epígrafe VI, correspondiente a
interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Propuesta de modificación, así mismo, de orden del día. Conforme al
artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los
portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir del
mismo el punto 67, correspondiente al dictamen de la Comisión sobre
el proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. ¿Lo acuerda así
la Cámara? (Asentimiento.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Declaración institucional que se ha hecho
llegar a la presidencia de acuerdo con la Junta de Portavoces.
El 1 de octubre de 1931 las Cortes constituyentes de la Segunda
República española aprobaron el que después sería el artículo 36 de
la Constitución. En él se recoge por primera vez en nuestra historia
el derecho de voto de las mujeres. El reconocimiento del sufragio
femenino fue objeto de un duro debate democrático producido en esta
misma Cámara y se hizo posible gracias al compromiso de muchos
hombres y mujeres, entre los que destaca por su enorme esfuerzo Clara
Campoamor, que con su tesón consiguió la ciudadanía para las mujeres.
El Congreso de los Diputados quiere hoy recordar a aquellos hombres y
mujeres que lograron el reconocimiento de un derecho básico para la
consecución de la igualdad entre los sexos. Hoy, con una Constitución
esencialmente igualitaria, el Congreso de los Diputados reafirma su
voluntad de seguir removiendo cuantos obstáculos discriminatorios
puedan subsistir para así hacer posible que la igualdad entre hombres
y mujeres sea definitivamente una realidad en España. ¿Lo acuerda así
la Cámara? (Asentimiento.-Fuertes aplausos de los señores diputados
puestos en pie.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAD, DE REGULACIÓN
DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente
122/000053.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REGULACIÓN DE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ORGÁNICA). (Número de
expediente 122/000006.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE REGULACIÓN DE LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 122/
000050.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), DE REGULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000062.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), DE REFORMA DE LA
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, DE
DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000093.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. De acuerdo con la ordenación
del debate, serán debatidas conjuntamente las siguientes toma en
consideración de proposiciones de ley: Del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, de regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo; del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo; del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Saura, de regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo; del Grupo Parlamentario Mixto, señores
Aymerich, Rodríguez y Vázquez, de regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo; del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Puigcercós, de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, de despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Castro. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus
escaños y guarden silencio al objeto de poder continuar con el
debate.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.
Acabamos de aprobar una declaración institucional homenajeando a
hombres y mujeres -sobre todo a mujeres- que nos han precedido en
esta Cámara y que como la diputada doña Clara Campoamor han luchado
por devolver la dignidad al colectivo de las mujeres. En esta
declaración institucional decimos que este Parlamento está dispuesto
a remover obstáculos para conseguir que la igualdad de las mujeres
sea una realidad en nuestra sociedad. Pues bien, para eso subo yo a
esta tribuna una vez más, señorías, para decir que el marco jurídico
que hay en este país y que regula el derecho al aborto se ha revelado
a lo largo de todos estos años - casi 17 años de existencia-
claramente insuficiente, incapaz de dar respuesta a las expectativas
tanto del movimiento feminista, movimiento protagónico en la lucha
por los derechos de las mujeres, como a las expectativas de los
hombres y mujeres que desde el colectivo de la salud se han puesto a
disposición de las mujeres para que puedan ejercer este derecho y a
las expectativas generadas en el colectivo de las mujeres y en el
conjunto de la sociedad. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa
la presidencia.) Baste un ejemplo para ilustrar, señorías, lo que
digo. El día 17 de octubre se ha señalado juicio contra dos médicos,
una mujer y su acompañante, juicio que lleva diez años coleando,
puesto que el proceso se inició en el año 1992. No es justo,
señorías, que siga habiendo juicios por aborto, pero menos justa aún
es la lenta respuesta de la justicia, que somete al tercer grado a
las mujeres y a los sanitarios y permite que hombres y mujeres, con
nombres y apellidos, tengan que pasarse una década sometidos a la
tiranía -en este caso claramente- de la justicia, que no da respuesta
a un problema concreto, que es que la diligencia en materia de
justicia, en un Estado democrático, social y de derecho, cuando es un
tema absolutamente clave. Además de esto, se evidencia que estamos
lejos de la normalidad que debería tener este tipo de prácticas,
porque el hecho cultural del aborto se normalizó hace ya quince años
en este país, cuando pasamos de ser una sociedad en la que todo el
mundo creía que era imposible que esto fuera aceptado por el conjunto
de la sociedad, a una normalización, que fue un premio que nos
ganamos a pulso las mujeres que veníamos planteando esto desde muy
lejos, teniendo claro que no bastaba con empezar la etapa
democrática, sino que los derechos de las mujeres tenían que estar
presentes también en la transición y en la dictadura para que de una
manera normalizada las mujeres no tuviéramos que pasarnos 25 años
-que por cierto nos estamos pasando- sin conseguir esas cuotas de
igualdad real que reclamamos. El ejercicio de un derecho que nos es
propio y que nos corresponde por justicia a las mujeres no puede ser
suplantado, señorías, por la voluntad de terceros. Saben ustedes
también que el marco jurídico actual tutela a las mujeres, que de
alguna manera, sutilmente, seguimos teniendo la misma consideración
que hemos tenido en otras etapas
de nuestro país, nada agradables de recordar, en las que se nos
equiparaba a los menores de edad y a otros colectivos sociales.
Sutilmente se nos sigue equiparando a los menores de edad y a otros
colectivos sociales cuando el marco jurídico, que ustedes señores del
Partido Popular han heredado del Gobierno socialista, no permite a
las mujeres decidir y nos somete a la tutela de los jueces, de los
médicos, de los novios, de los maridos, de los amantes, de los padres
de los novios, etcétera y, en definitiva, no respeta la dignidad del
colectivo de las mujeres.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entendemos
que el aborto tiene que salir del Código Penal ya, que no deben
producirse más juicios por aborto, que el único aborto que puede
estar contemplado en el Código Penal es aquel que se realiza contra
la voluntad de la mujer y que no hay más considerandos en los que el
aborto deba estar incluido en el Código Penal o en los que la
práctica del aborto deba ser punible. Además, hay otros muchos
déficit en la aplicación concreta de la ley. Recuerdan ustedes que,
desde el año 1985, tenemos un marco jurídico que despenaliza el
aborto en tres supuestos y que, posteriormente, el 21 de noviembre de
1986 se publicó el Real Decreto de acreditación de clínicas privadas.
Pues bien, a pesar de todo esto y a pesar de que su aplicación ha
sido lo más rigurosa posible por parte de la sanidad privada, y no
así de la pública, no se consagra el principio de igualdad
constitucional porque la sanidad pública, señorías, no da respuesta a
la demanda de las mujeres que requiere una prestación normalizada.
Para que sea un derecho real, tiene que estar garantizada la
gratuidad. La sanidad pública, 17 años después de la puesta en marcha
de este marco jurídico, solamente da respuesta a entre el 5 y el 8
por ciento de la demanda real de aborto de las mujeres, y si hacemos
desglose por comunidades autónomas, comprobamos con escalofríos que
hay comunidades autónomas, como la de Valencia, en que la respuesta
pública no llega al 0,2 por ciento. Esto pone en solfa este derecho
democrático y el principio de igualdad consagrado por la
Constitución, y pone una vez más a los pies de los caballos a las
mujeres más pobres de la sociedad, que se ven obligadas a peregrinar
con su sufrimiento guardando cola en los servicios sociales para
ejercer el derecho democrático al aborto.
Es preciso reflexionar, es preciso que tengan ustedes meridianamente
claro, señoras y señores del Partido Popular, que en un Estado
democrático, social y de derecho la sanidad privada ha de ser
necesariamente subsidiaria de la pública y nunca al revés. Tratándose
de una prestación como esta -según cifras del Ministerio de Sanidad,
más de 100.000 españolas recurren cada año a la práctica del aborto o
interrupción voluntaria del embarazo- no es de recibo que la sanidad
pública siga sin dar respuesta, por a, por be o por ce, a la demanda
real de la sociedad y del colectivo de mujeres
en particular. Esto no se puede consentir porque el marco
legislativo es obsoleto y no da respuesta a los problemas reales,
porque aquí, en el Parlamento, no nos enteramos del sufrimiento de
las mujeres, porque la policía va a sus casas, porque los novios las
denuncian, porque hay más de 300 expedientes judiciales abiertos.
Además los 300 expedientes judiciales pueden parecer un número poco
importante, incluso despreciable, pero es que, aunque no salga en los
periódicos ni llegue a sustanciarse en expedientes judiciales, las
mujeres son constantemente víctimas de denuncias por parte de sus
novios, maridos o incluso los padres del novio, como decía antes.
Repito que esto no se puede consentir y no podemos seguir ignorando
que esta es la realidad que perpetúa el calvario de las mujeres en
relación con el derecho al aborto.
El Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida sube una vez más a
esta tribuna para presentar un proyecto de ley de plazos que devuelva
la dignidad al colectivo de las mujeres españolas. Digo que devuelva
la dignidad al colectivo de las mujeres españolas porque es la ley
que nos permitirá decidir a nosotras, a las mujeres, en las 16
primeras semanas de gestación, plazo razonablemente sanitario y
pensado sobre todo para que las mujeres no pongan en riesgo ni su
salud ni su vida y no tengan que dar explicaciones a nadie. La
maternidad es un hecho que afecta fundamentalmente a la vida de las
mujeres y hemos de ser nosotras quienes lo hagamos, consultando
naturalmente con la pareja quien la tenga, estable o no estable y
evidentemente si es una pareja que se merezca esa consulta. El resto
no tiene nada que decir en una decisión que nos corresponde
únicamente a nosotras porque nosotras somos las que tenemos el hijo,
pero no solo somos las que parimos, señorías, es que con el Estado
raquitiquísimo de bienestar que tenemos en este país nosotras
seguimos siendo las que asumimos la carga del cuidado y la educación
de los hijos y por tanto no hay autoridad moral en el partido que
sustenta al Gobierno para decir un no de nuevo a la tramitación
parlamentaria de los diversos proyectos que hoy vienen a este
hemiciclo.
Ustedes, señoras y señores del Partido Popular, deben dejar de mirar
al cielo, a ese cielo virtual, y deben de mirar al cielo que queremos
las mujeres que nos regalen aquí en la tierra, un cachito de cielo
para nosotras porque nos lo hemos venido ganando a pulso y porque
subliminalmente estamos cansadas de que se hable de burkhas, se
satanicen otras culturas y otras religiones. Sólo se habla de los
burkhas de tela, pero los burkhas también son invisibles y también
las mujeres españolas padecemos burkhas que aunque no llevan tela y
aunque no nos tapan el cuerpo nos impiden ejercer cotidianamente como
ciudadanas de pleno derecho. Por eso les pedimos una vez más que no
pierdan esta oportunidad histórica de permitir a este hemiciclo que
celebre el debate razonable que espera el conjunto de la sociedad y
que, como el que también en su día tuvo
lugar con la intervención de doña Clara Campoamor, vendrá precedido
de disenso y de actitudes más o menos controvertidas. Sin embargo,
señorías, esa batalla se ganó hace 70 años; tres cuartos de siglo
después las mujeres españolas seguimos esperando ganar esta nueva
batalla, una batalla sin la cual el déficit democrático que acumula
esta democracia es cada vez más escandaloso.
Señoras y señores del Partido Popular, no vuelvan ustedes a ponernos
a las mujeres a los pies de los caballos. Respeto absolutamente todas
las creencias, todas las ideas y creo que es obligación de todo buen
y buena demócrata hacerlo así, respetar a los demás, pero no es de
recibo que en un Estado laico ustedes sigan mirando al cielo de la
Conferencia Episcopal en lugar de preocuparse por el cielo que
queremos tener las mujeres aquí abajo. De modo que anuncio desde esta
tribuna que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar la consideración para trámite parlamentario de todas las
propuestas que vienen hoy a este hemiciclo por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, del BNG, de Iniciativa per Catalunya-Verds
y también de Esquerra Republicana. Vamos a votar a favor porque
entendemos que es un debate necesario. Además, antes de bajar de esta
tribuna queremos recordar que los que hace 70 años se oponían al
derecho al voto de las mujeres son los mismos que hoy se oponen al
derecho al aborto, es decir que ustedes son los herederos
sociológicos de aquellos que en su día nos negaban el derecho al
voto. (El señor Núñez Pérez pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Núñez, alguno más; por supuesto que alguno más. Permítanme
decirles que los que tenemos memoria histórica no nos engañamos
fácilmente. Los mismos que lo decían entonces son los que hoy nos
siguen diciendo no y se muestran muy perplejos por cómo se violan los
derechos de las mujeres en otras culturas. Pues bien, ya va siendo
hora de que este Gobierno y este partido que sustenta a este Gobierno
abandonen de una vez la cara del patriarcado porque con la cara del
patriarcado ya no se puede salir, no se puede cruzar la frontera,
porque con la cara del patriarcado ya ni siquiera se puede ir a los
distritos del cinturón sur de Madrid, porque la cara del patriarcado
está reflejada hoy, en este tema concreto en el que nos vemos,
únicamente en tres países en Europa: en Irlanda, en Portugal y en
España. Señorías, señoras y señores del Gobierno, ustedes, una vez
más, también en esta cuestión caminan en dirección contraria a los
vientos que corren en Europa. Abandonen ya la cara del patriarcado,
la cara de la misoginia, reconcíliense con las mujeres españolas y no
impidan que hoy, en esta Cámara, se pueda conseguir que se tramiten
estas proposiciones de ley que permitan -tanto a las mujeres
diputadas como a nuestros aliados los hombres, que también los
tenemos en esta Cámara, por fortuna, como a las mujeres del
movimiento feminista que nos escuchan hoy en la tribuna, como al
conjunto del colectivo
de las mujeres españolas- recuperar la confianza y la autoestima
tantas veces perdidas en batallas que, por cierto, no podemos ganar
con una mayoría absoluta que se niega en redondo a reconciliarse con
los ciudadanos y las ciudadanas y prefiere estar más cerca de
postulados que tienen que ver con prácticas privadas y con creencias
que son respetables, pero que en ningún caso pueden ser impuestas en
un Estado laico ni en este hemiciclo.
Nada más, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señor presidente.
Hoy hace setenta años y un día que debatíamos en esta misma tribuna
sobre derechos y libertades de las mujeres. En aquel momento
histórico conseguimos el derecho al voto, hoy debatimos sobre el
derecho a elegir en libertad nuestra propia maternidad. Hoy, setenta
años después, seguimos teniendo una deuda con las mujeres.
Señorías, una vez más, desde el Grupo Parlamentario Socialista
presentamos una proposición de ley en defensa de los derechos de las
mujeres y en defensa de su derecho a elegir en libertad. Otras veces
me han visto defendiendo desde esta tribuna que las mujeres puedan
hacer compatible su trabajo con su vida familiar y, en ese sentido,
siempre he defendido su derecho de ciudadanía. Afortunadamente en
este siglo las mujeres hemos avanzado mucho en cuanto a capacidad de
decidir sobre nuestra propia vida y por eso hemos accedido a la
educación, al empleo o a la política, aunque siguen existiendo muchas
desigualdades reales. En ese derecho a elegir está incluido el
decidir sobre cómo y cuándo una mujer quiere ser madre. Por eso hoy
estoy aquí, para defender esta proposición de ley sobre regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo.
Muchos de ustedes pensarán que estamos de nuevo con el mismo tema,
que esto es un puro trámite, pero yo quiero transmitirles la idea de
que nuestra sociedad ha ido evolucionando, afortunadamente, desde el
año 1983 en que fue presentada la primera proposición de
despenalización del aborto, y que hoy, como entonces, sigue
defendiendo la necesidad de avanzar en igualdad entre hombres y
mujeres. Según los datos de que dispongo, que son del Ministerio de
Sanidad, en 1998 se realizaron 53.847 interrupciones voluntarias del
embarazo. Podríamos decir que durante 1998 se produjeron más de
53.847 embarazos no deseados. Sin embargo, este número no sólo nos
habla de dificultades y problemas sino que también lo hace de la
normalización de este tipo de intervenciones. Una normalidad que está
en la sociedad, pero que se puede convertir en un grave
problema para las mujeres y los profesionales médicos que, si no lo
hacen con garantía, se enfrentan, como los profesionales y la mujer
de Castellón que el próximo día 17 de octubre tendrán un juicio, a la
posibilidad de cárcel e inhabilitación profesional. Sabemos, además,
que en muchos de esos casos las mujeres que se enfrentan a un
embarazo no deseado son mujeres jóvenes.
Nos preocupa especialmente conocer la escasa información sexual que
todavía tienen las jóvenes y los jóvenes en nuestro país en este
momento y la escasa utilización que hacen de métodos anticonceptivos
adecuados. Todo eso está haciendo que encontremos en adolescentes
y en jóvenes muchos embarazos no deseados, que hipotecan su vida y su
futuro y los enfrentan a situaciones para las que no tienen edad ni
preparación. Es necesaria más información sexual y más educación al
respecto, y yo quiero aprovechar hoy la presentación de esta
iniciativa para solicitar al Gobierno una campaña que llegue a todos
los lugares de nuestro país. Es la mejor manera de prevenir
situaciones no queridas por nadie y es la mejor forma de ayudarles y
permitirles vivir su juventud en libertad.
Quiero decir que desde el Grupo Parlamentario Socialista respetamos
todas las posturas, religiosas, éticas o ideológicas, pero por encima
de ellas está la libertad de elegir de todas y de todos en un Estado
democrático de derecho, donde las decisiones se deben tomar en
función de los intereses colectivos de los derechos de la ciudadanía
y en defensa de la libertad y de la igualdad. Las mujeres de este
país somos responsables y lo hemos demostrado cada día. Por lo tanto
creo que nadie tiene derecho a negarnos la posibilidad de elegir por
nosotras mismas. Por eso presentamos en su día y hoy volvemos a
solicitar ante esta Cámara la toma en consideración de esta
proposición de ley. No nos olvidemos que estamos hablando de permitir
o no que se abra en esta Cámara un debate en profundidad sobre la
nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es
sencillamente lo que votamos hoy, la toma en consideración que
permitiría que se abriera ese debate.
Esta proposición de ley tiene en cuenta otros factores porque
establece también el derecho a la información y al asesoramiento de
las mujeres. Creemos que es hipócrita no avanzar en nuestra
legislación cuando la sociedad ya ha asumido que la interrupción de
un embarazo no deseado es un deseo íntimo y personal de la mujer y no
quiere convertir el aborto en un conflicto social. Es una proposición
de ley que se ajusta a la propuesta de la plataforma de acción de la
cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada de Pekín en el año 1995,
donde 189 países, de culturas, religiones y tradiciones diferentes,
suscribieron el instar a los gobiernos a revisar sus leyes cuando
penalizan a las mujeres que deciden abortar. Como en otras muchas
ocasiones, suscribimos convenios internacionales con mucha facilidad,
pero luego no nos comprometemos a llevarlos a la
práctica. Es una proposición de ley que apoya a la mujer para que
tome su decisión bien informada y asesorada.
Esta vez, señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, en el
siglo XXI, cuando se cumplen 70 años de la conquista del voto
femenino, cuando hemos alcanzado una presencia en el mundo educativo
igual en cantidad a los varones, cuando hemos demostrado que somos
capaces de trabajar, de atender a nuestras familias y de
comprometernos con la sociedad, cuando hemos demostrado sobradamente
que somos más que responsables, diría yo que las más responsables,
les pedimos que apuesten, por una vez por lo menos, a favor de la
libertad de las mujeres.
Defender el derecho a elegir la maternidad es un ejercicio de
tolerancia y de libertad, es algo que necesitamos, y mucho, en este
mundo y en esta época que nos ha tocado vivir, y además es necesario
que esa libertad y esa tolerancia la llevemos y la practiquemos cada
día en nuestra vida cotidiana y ante cualquier propuesta que se
presente en esta Cámara. Defendemos el apoyo a las mujeres y a las
familias, sea cual sea su composición y sus creencias. En ese
sentido, reclamamos el derecho a decidir y a elegir en libertad;
derecho que forma parte de la esencia de cualquier Estado
democrático.
El mejor homenaje que podemos hacer hoy a Clara Campoamor es apoyar
la toma en consideración de esta iniciativa que vamos a debatir, que
dé lugar a que se abra un debate y que después, a través de las
posibles enmiendas que puedan presentarse desde todos los grupos
parlamentarios, consigamos que se elabore una ley que dé respuesta a
la nueva realidad social, que sean las mujeres las que puedan
decidir. Yo le pediría de nuevo al Grupo Parlamentario Popular que no
utilice su mayoría absoluta para hurtar el debate; que permita,
votando a favor de la toma en consideración, que ese debate se abra
en esta Cámara. Es imprescindible que sigamos desarrollando los
derechos y las libertades individuales de las mujeres. Hemos leído
una declaración institucional hace un momento en la que es fácil
ponernos de acuerdo, sobre todo reivindicando y apoyando actos que se
celebraron aquí hace 70 años. Podemos dar una muestra de coherencia
si además lo hacemos con lo que estamos debatiendo en este momento.
Clara Campoamor lo hizo en momentos tan difíciles como éste, ¿o no?
Yo ya no estoy segura porque creo que, en vez de avanzar cada día,
retrocedemos cuando hablamos de derechos y libertades para las
mujeres.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Navarro.
Para la defensa de las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario
Mixto -se han presentado tres-, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds la proposición de ley sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, y anuncio ya nuestro voto
positivo al resto de proposiciones de ley.
Nosotros proponemos que sea una regulación dentro de las 14 primeras
semanas de gestación, dejando claro en nuestra iniciativa que son las
mujeres quienes tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a
decidir sobre su maternidad. Quiero decir también que en todas las
iniciativas no se obliga a nadie a nada y repito porque eso es
importante, no se obliga a nadie a nada. Simplemente se da respuesta
a una situación que tienen y que padecen miles de mujeres, en muchos
casos de forma dramática, en el Estado español.
Las iniciativas que planteamos aquí están en la línea de lo que otros
países de nuestro entorno tienen ya legislado desde hace mucho
tiempo; son iniciativas que están en la línea de lo que ha reiterado
en Parlamento Europeo, y es la nuestra una iniciativa que recoge una
de las recomendaciones de la IV Conferencia mundial de la Mujer,
celebrada en Pekín en 1995, cuando se dijo que se instaba a que se
revisara cualquier legislación punitiva en el aborto. Y ese es el
caso, en el Estado español existe una legislación punitiva del aborto
y el Estado español sigue sin efectuar los cambios necesarios.
Ciertamente, se ha dicho aquí, la Ley 9/1985, sobre determinados
supuestos de intervención del embarazo fue un paso adelante. Nosotros
dijimos en aquel momento, y volvemos a decirlo hoy, que es una ley
que produce graves insuficiencias, tanto desde la perspectiva
jurídica como desde la perspectiva sanitaria. Insuficiencias que
nacen de la penalización del aborto, del hecho de tratar como
delincuente y pensar en llevar a la cárcel a la mujer que aborta ante
una situación de grave conflicto personal, familiar o social, y
también al médico que le atiende. Este ha sido y es un debate largo
en el tiempo, pero también, y me lo van a permitir, un debate lleno
de opiniones y de elementos hipócritas. Hipocresía que se daba en su
mayor grado cuando en España no había ningún supuesto legal de
abortar y cuando simplemente abortar significaba, entre otras cosas,
tener dinero para efectuar la operación fuera del Estado español.
Hipocresía de una ley que, de un lado, penaliza, trata a la mujer que
aborta en determinados supuestos como delincuente, pero, por otra, se
dice: no os preocupéis, no pasa nada porque va a haber un indulto.
Hipocresía en algunas de las opiniones de la jerarquía eclesiástica
cuando lo que está haciendo es ir en contra de la libertad de la
mujer. Hipocresía por no ir al fondo con medidas preventivas, pero
también cuando estas medidas preventivas han fallado y es un hecho
que hoy en el Estado español el número de adolescentes embarazadas
está aumentando. Situación difícil, como se ha comentado, ante
numerosos sumarios y
expedientes judiciales derivados en muchos casos de denuncias de ex
maridos, de ex compañeros, de ex amantes que, por venganza hacia su
antigua compañera, denuncian estos datos. Quiero destacar que detrás
de todo este debate, detrás de entender la sexualidad como algo más y
diferente de la reproducción, de la libre elección de la
reproducción, de la utilización, si me lo permiten, universal de los
anticonceptivos, existe una larga marcha protagonizada, en primer
lugar, por las mujeres. Este debate es largo y cuesta llevar adelante
estas iniciativas porque enfrente existen valores y las normas
jurídicas hechas por los hombres, por una sociedad patriarcal, donde
una parte de ella, la mitad, los hombres, creen que tienen derecho a
imponer sus valores y sus normas al conjunto de la sociedad.
La ley actual es un ejemplo de ello. La ley actual es una ley donde
la decisión de la mujer no está en la mujer, se ha dicho antes, está
en los jueces, en los médicos, en personas ajenas a la mujer. Quiero
decir que ninguna mujer es menor de edad cuando decide abortar, que a
ninguna mujer le da placer o felicidad abortar y que a ninguna mujer
le apetece abortar. Que cuando una mujer decide abortar lo hace por
profundas reflexiones y por serias razones. Deseamos, y estoy seguro
que en esto coincidimos todos, que ninguna mujer aborte, pero en lo
que no coincidimos es que a aquellas que deciden abortar no se las
puede tratar como delincuentes.
Quiero acabar con una frase de un libro que fundamenta el feminismo
de la diferencia, que lleva por título No creas tener derechos, de la
librería de Milán. Estos días, leyéndolo para preparar el debate,
hubo una frase que me impactó. Se dice en el libro: para los hombres
el aborto es una cuestión científica, jurídica y ética; para
nosotras, las mujeres, el aborto es una cuestión de violencia y
sufrimiento. Ruego a las diputadas y a los diputados del Partido
Popular que antes de votar piensen en esta frase. Puede ser que el
debate de hoy aquí sea un debate científico, jurídico y ético, pero,
como dicen las mujeres de la librería de Milán, el aborto para las
mujeres es una cuestión de violencia y de sufrimiento. Si aprobamos
estas iniciativas que planteamos hoy no vamos a eliminar la violencia
y el sufrimiento de las mujeres cuando deciden seriamente que han de
abortar, pero seguro que disminuiremos un poco su sufrimiento y desde
luego no las vamos a tratar como delincuentes.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor presidente, señorías, ya han
transcurrido 16 años desde la despenalización parcial del aborto
operado a través de la Ley Orgánica 9/1985. Fracasaron por motivos
diferentes,
en los que algo tiene que ver el principal partido de la oposición,
diversos intentos de avanzar hacia la introducción en el Código Penal
de nuevos supuestos de justificación de lo que, en definitiva, no
debe ser visto más que como el ejercicio por parte de las mujeres de
sus derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, desde el Bloque
Nacionalista Galego creemos que ya es el momento de avanzar en la
línea que han seguido otros países y otros Estados democráticos, como
el Reino Unido, Francia, Alemania o incluso la muy católica Italia,
es decir, de acometer la despenalización total del aborto, de sacar
el aborto del ámbito penal y llevarlo al ámbito que le es propio, al
ámbito social, al ámbito educativo, al ámbito sanitario.
Para el Bloque Nacionalista Galego esto sólo se puede conseguir con
una regulación clara y precisa que dé seguridad a las mujeres y a los
profesionales sanitarios, que arbitre servicios y centros públicos de
asesoramiento y de información, y que establezca con precisión los
requisitos y el alcance de la objeción de conciencia en esta materia,
en definitiva con una ley de plazos. Una ley de plazos que permita a
la mujer decidir, libre e informadamente, poner fin a su estado de
embarazo en las primeras 16 semanas, haciendo constar por escrito su
consentimiento e inscribiendo este consentimiento en un registro
oficial, junto con un escrito firmado por un médico en el que se
certifique que la solicitante fue adecuadamente asesorada e
informada, pero dejando bien claro que siempre ella, la mujer,
cualquiera que sea su edad, es la que decide. Este plazo se amplía a
16 semanas cuando sea presumible que el feto nazca con malformaciones
físicas o síquicas, y en este caso siempre con el dictamen favorable
de dos especialistas, o incluso a todo el periodo de gestación cuando
existe un peligro cierto para la vida o la salud de la mujer, y de
nuevo así lo certifiquen dos especialistas.
Esta proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego intenta
aclarar el procedimiento de ejercicio y el alcance del derecho a la
objeción de conciencia del personal sanitario -reitero, sólo del
personal sanitario-, estableciendo que la reserva de no participación
en los actos de interrupción voluntaria del embarazo deben constar en
un registro público, que esta reserva no se puede extender en ningún
caso a las actuaciones de información y asesoramiento ni por supuesto
tampoco en las atenciones médicas subsiguientes al aborto, y que
nunca esta reserva, nunca esta objeción de conciencia puede
constituir justificación para no atender a una mujer cuya vida o cuya
salud esté en peligro como consecuencia de una interrupción
voluntaria del embarazo.
En fin, se trata de conjugar el ejercicio de un derecho individual
respetable con la obligación que tienen todos los centros sanitarios
públicos de garantizar la atención a aquellas mujeres que
voluntariamente quieran interrumpir su embarazo, es decir, de evitar
situaciones como las que se dan actualmente en Galicia, en las que
únicamente en el hospital público de Ourense se practica, dentro de
los supuestos legales, la interrupción voluntaria del embarazo. Los
demás casos son derivados a centros privados concertados, donde con
frecuencia las mujeres se encuentran con los mismos profesionales que
en la red pública habían ejercido su derecho de objeción de
conciencia. Esto, señorías, también se intenta evitar a través de
esta proposición de ley.
Otro de los puntos en los que incide nuestra proposición de ley es en
una cuestión para nosotros urgente, en la cuestión del asesoramiento
y de la información, trámite previo y necesario para el ejercicio del
derecho al aborto. Esta es una necesidad urgente, porque estos
centros actualmente sólo existen allí donde hay un ayuntamiento
preocupado pero no constituye al día de hoy, hablando de Galicia -y
creo que es una situación que se puede referir al resto del Estado-,
una prestación ubicada con normalidad en el seno de los servicios
públicos de salud. Estos servicios deben contar con una dotación
personal suficiente y no sólo de personal sanitario, ser accesibles a
toda la población, pero especialmente ser accesibles a las mujeres
jóvenes, a las adolescentes, y actuar de forma completamente
confidencial.
Quisiera hacer especial hincapié en la importancia de este tema.
Seguramente por parte del Partido Popular escucharemos como
justificación de su voto negativo que existen otras medidas de
contracepción. Sin embargo, hay que recordar que allí donde gobierna
el Partido Popular está impidiendo que la gente joven reciba una
formación en educación sexual que les permita desarrollar la
sexualidad segura y satisfactoria y adoptar con responsabilidad las
decisiones relativas a la reproducción. Ni en el sistema educativo ni
fuera de él, a través de estos medios de formación, existe una
previsión o se proporciona esta educación. Por tanto, ¿será extraño
que en Galicia, parece que en el resto del Estado también, estén
aumentando de forma preocupante los embarazos de adolescentes y que
por cierto los abortos a adolescentes se practiquen todos en centros
privados y muchas veces sin las garantías sanitarias e higiénicas
suficientes?
Para nosotros es urgente normalizar estos servicios, hacerlos
accesibles a la gente joven y, más allá de la información, a veces
sesgada, incidir en la formación y en una educación sexual digna de
tal nombre. Esto me parece que es algo que el Partido Popular también
debe compartir, a no ser, claro está, que también desde el Gobierno y
desde el partido que lo apoya se comparta la que parece ser la
posición de la nueva administración norteamericana, es decir,
promover la abstinencia sexual, en detrimento de la planificación
familiar, como mejor vía de evitar los embarazos no deseados y la
propagación del sida entre la juventud. Esto, señorías del Partido
Popular, hay que decirlo públicamente y no mantener un doble discurso
que en este asunto, como en tantos otros, lo que trasluce en realidad
es una doble moral, sobre todo en estos tiempos en los que algunos
hacen de la lucha contra el integrismo y el oscurantismo religioso el
título legitimador de una nueva aventura bélica. Por tanto evitemos
hoy aquí caer en un nuevo integrismo. Como dice claramente el último
párrafo de la exposición de motivos de la proposición de ley que
tengo hoy la honra de defender, la decisión de la maternidad es un
derecho personal e íntimo de toda mujer, con independencia de su
estado civil, de su edad o de su nacionalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Aymerich, le rogaría
fuese concluyendo.
El señor AYMERICH CANO: Termino enseguida, señor presidente.
En la misma medida debería serlo la interrupción del embarazo, libre
y voluntariamente decidida, puesto que, en definitiva, estamos ante
un problema específicamene moral sobre el que, aun siendo posible y
legítimo mantener posiciones divergentes y posicionamientos distintos
en un Estado plural y democrático de derecho, nada se le perdió al
derecho penal.
Señorías, aunque no voten a favor de estas proposiciones no de ley,
yo les rogaría que eviten, por lo menos, que haya más mujeres que
puedan ser encarceladas por abortar, de la misma manera que deberían
haber evitado ya que haya más insumisos que siguen en la cárcel o más
juicios por insumisión y por aborto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS i BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la proposición de ley
presentada por Esquerra Republicana de Catalunya pretende poner fin
al problema social y político que actualmente representa el aborto en
el Estado español. Un problema que, siendo realistas, deberíamos
reconocer que se está resolviendo al margen de la ley, de manera
singularmente pacífica, salvo algunas excepciones en las que la
aplicación rigurosa de la ley conduce a situaciones paradójicas que
acostumbran a resolverse a través de las correspondientes medidas de
gracia.
Lo que proponemos con esta proposición de ley es una regulación en la
cual el derecho penal únicamente entre a regular el aborto realizado
sin consentimiento o con un consentimiento viciado de la mujer, el
realizado con impericia médica o el practicado por personas que no
tienen la titulación necesaria. Todo ello con el objetivo de asegurar
un trato digno y el respeto debido a la libertad de la mujer de
decidir sobre una cuestión que sólo le concierne a ella. Lo cierto es
que en estos momentos cualquier mujer, profesional de la medicina
o de la planificación familiar pueden ser sujetos de condena
por el simple hecho de llevar a cabo la interrupción voluntaria
del embarazo fuera de los supuestos que se contemplan en la ley
actual. Es decir, que las mujeres aún no pueden decidir libremente si
quieren o no ser madres. Desde nuestro punto de vista, la única
salida admisible es avanzar en el pleno reconocimiento de los
derechos de las mujeres, y para ello es imprescindible que se
despenalice el aborto, siempre que este sea llevado a término con el
consentimiento de la mujer implicada y en las condiciones sanitarias
adecuadas. Sin duda, no es más exagerado afirmar que aún hoy en día
las mujeres siguen bajo la espada de Damocles, pensando que la
justicia puede caer en cualquier momento encima suyo; aún hoy en día,
si una mujer decide no ser madre y llevar a cabo un aborto puede ser
condenada a penas de entre 6 y 24 meses de prisión. La verdad es que
esta es una situación que contrasta con la paz social que en estos
momentos planea sobre el tema del aborto, una especie de pacto civil
que es real y que se manifiesta en el hecho que, desde hace cuatro
años, no ha habido ningún juicio que implicase a mujeres o
profesionales por llevar a cabo interrupciones de embarazo. Por tanto
la aprobación de nuestra proposición de ley permitiría poner al día
la legalidad vigente, lo cual representaría un reconocimiento de la
realidad social y un avance para las mujeres, que por fin podrían
decidir libremente si quieren realizar un aborto o no, sin que la ley
les pueda coartar esta decisión.
Es evidente que la actual regulación no es nada satisfactoria ni
tampoco se adecua a los constantes progresos de la medicina en este
ámbito. La extensión de una planificación familiar adecuada, la
participación igualitaria de la mujer en la vida social y los
problemas esencialmente económicos que suponen las familias
numerosas, dicho en otras palabras, en la práctica el debilitamiento
de las posturas punitivas o prohibicionistas han convertido el Código
Penal en una regulación legal inútil que plantea algunas disfunciones
que son resueltas a través de los indultos. En este sentido parece
más adecuada una legislación civil en la que se contemplen otras
motivaciones personales, familiares y sociales, y que sirva para
resolver los problemas más acuciantes que llevan a una mujer a
abortar y a otras personas a ayudarla en su determinación sin que el
derecho penal sea una amenaza permanente.
Por tanto, más allá de lo que se defiende en esta iniciativa de
Esquerra Republicana de Catalunya, sería oportuno abordar una
regulación completa y exhaustiva que refleje la jerarquía de valores
de nuestra sociedad y exprese las sensibilidades socialmente
mayoritarias, configurando, por una parte, un ordenamiento jurídico
penal moderno y adaptado a la realidad, del cual esta ley constituye
una pieza fundamental, pero respondiendo también, por otra parte, a
las demandas o exigencias sociales de contemplar todas las
situaciones de conflicto con las que se puede encontrar la mujer a
causa de un embarazo no deseado.
Seguramente sería mucho más fructífero, socialmente hablando,
profundizar en la mejora de la educación sexual y la planificación
familiar, y en la mejora de la asistencia sanitaria, pero antes es
indispensable despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo,
apartar los prejuicios y dejar de practicar la doble moral que se
produce alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo. Es
necesario dejar de culpabilizar a las mujeres y de hacerlas huir de
su entorno para llevar a cabo un aborto, y dejar de traumatizarlas
personalmente por su decisión, una decisión responsable, largamente
reflexionada y que no es fácil de tomar. Se trata, en definitiva, de
conceder la mayoría de edad a las mujeres en lo que respecta a una
decisión tan personal y trascendente como la de que prospere o no un
embarazo. Se trata de que las mujeres tengan derecho a decidir,
responsablemente y con total libertad, lo que determinan sus propias
circunstancias y deseos.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a los diputados ya con una cierta experiencia en esta
Cámara no les extrañará que esta intervención la haga en nombre de
los cuatro diputados de Unió Democrática de Catalunya, que ya
anticipo que vamos a votar en contra de la toma en consideración de
la proposición de ley, mientras que, como también saben SS.SS., no
existiendo criterio al respecto por el partido coaligado de
Convergència Democrática de Catalunya, sus diputados tienen libertad
para votar conforme les dicte su conciencia, y así harán precisamente
al final de este debate.
Señorías, no querría reiterar argumentos de algún otro debate, pero
ciertamente entendemos que estas proposiciones de ley, de contenido
muy diverso, no responden en estos momentos a un clamor o a una
exigencia social, baste contemplar los periódicos de estos días. Pero
yo iría más allá, señorías. Estas proposiciones de ley alteran un
statu quo, alteran un consenso social que bastante pacíficamente ha
venido existiendo a lo largo de estos años y que nace precisamente de
la Ley de 1983, de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 y
de la modificación que se hizo en 1985. Es un consenso social que
permite que haya un sector importante de ciudadanos que tengan la
satisfacción de considerar que el Código Penal, que no tiene pura y
simplemente una función de intimidación -aquí sería lo de menos-,
sino que tiene una importante función
de fijar valores y bienes jurídicos, valora y considera como bien
jurídico la vida del nasciturus.
Por otra parte, otro importante grupo social, otro importante grupo
de ciudadanos sabe que existe una serie de supuestos que permiten -y
antes ha hecho referencia a una cierta estadística- que con ese
número tan importante -53.800 creo que ha dicho- del año 1998, dé
lugar a un número de supuestos conflictivos, que antes se cifraban
aproximadamente en unos 300, que permite que dos grupos sociales, o
dos sectores sociales, sin sentirse satisfechos, hayan encontrado un
campo de juego que permite, por ejemplo, que no ocurran en España
aquellas otras cosas que, por ejemplo, sí ocurren en Estados Unidos,
donde este problema es de orden público y va mucho más allá de lo que
aquí se está comentando.
Señorías, algunos de ustedes han citado la Constitución, han hecho
referencia al principio de igualdad constitucional, han hecho
referencia a los derechos constitucionales. No otra cosa es lo que
pretende traer a colación precisamente el grupo de diputados de Unió
Democrática de Catalunya. Un repaso muy somero a la sentencia del
Tribunal Constitucional 53/1985 nos dice que la vida del nasciturus
es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15
de la Constitución; nos dice que la protección que la Constitución
dispensa al nasciturus implica para el Estado, es decir para los
poderes públicos, dos obligaciones. Una, la de abstenerse de
interrumpir u obstaculizar el proceso de gestación y, otra, -y lo
quiero recalcar- la de establecer un sistema legal para la defensa de
la vida que suponga una protección efectiva de la misma, y que, dado
el carácter fundamental de la vida, incluya también como última
garantía las normas penales. Quiero recordar a SS.SS. que esto lo
decía el Tribunal Constitucional en 1985, pero es que lo ha dicho
también en 1996, en la sentencia de 19 de diciembre, y lo ha dicho
también en 1999, en la sentencia de 17 de junio. Por lo tanto,
señorías, aquellas proposiciones de ley que excluyen precisamente
como última garantía esa protección penal, se mueven absolutamente al
margen de la Constitución, tal y como la interpreta el Tribunal
Constitucional.
Señorías, no quiero hacer un planteamiento de leguleyo, no quiero
hacer un planteamiento reglamentario, no quiero hacer un
planteamiento normativo. La Constitución consagra nuestros valores y
principios superiores y, cuando digo que esas proposiciones de ley se
encuentran al margen de los mandatos constitucionales, lo que quiero
decir es que esas proposiciones de ley no respetan esos principios
superiores que la Constitución consagra y por tanto también el
artículo 15.
Como es usual en otros debates sobre el aborto que hemos tenido en la
legislatura pasada, es difícil, a través de las intervenciones de
algunos de los portavoces, saber cuál es el planteamiento, cuál es la
proposición de ley que se está defendiendo. La única proposición de
ley que, en sí misma considerada, excluía cualquier
tipo de respuesta penal era la del señor Puigcercós. Nos hemos
encontrado con una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego
que contiene un sistema de plazos, y con proposiciones de ley de
Izquierda Unida y del señor Saura, que contienen un sistema realmente
de plazos, porque el asesoramiento es absolutamente débil. Cuestión
diferente es la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista. En cualquier caso, señorías, y lo dice el Tribunal
Constitucional, un sistema que excluya como última garantía la norma
penal, un sistema de plazos, un sistema que no tenga en cuenta que
estamos en presencia de un conflicto entre dos bienes jurídicos, la
dignidad de la mujer y la vida del nasciturus, es un sistema que se
mueve al margen de nuestros valores y de nuestros principios
constitucionales.
Señorías, creo que estamos hablando de algo que está muy al margen de
principios religiosos. Existen valoraciones diferentes o puede
existir conflicto entre esos bienes y entre esos valores, y la forma
en los que le damos solución es algo que puede ser contingente.
Estamos en presencia de planteamientos ideológicos, señorías, que no
coinciden. Sería un error intentar marcar aquí una distinción entre
conservadurismo y progresía o progresismo o entre derecha e
izquierda. A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo que le
indicaría es que lo que ha dicho en la tribuna se lo puede decir al
presidente de la Internacional Socialista, al señor Antonio Guterres,
que hizo campaña en Portugal precisamente a favor del no a la
ampliación de los supuestos del aborto. Por lo tanto, lejos de la
realidad que estemos hablando de cuestiones de derechas o de
izquierda, hay posiciones sobre valores y sobre principios que pueden
ser discrepantes. De la misma manera, señorías, tampoco puede hacerse
la interpretación fácil de que de lo que se trata es de una especie
de guerra de sexos o de vulnerar los derechos de las mujeres porque,
señorías, los nasciturus también tienen sexo. Si estamos hablando de
proteger la vida del nasciturus, también estamos hablando de proteger
la vida del nasciturus, hombre y mujer. Por tanto, un planteamiento,
yo creo que dogmático y simplista, de entender que estamos en
presencia de lucha de sexos, no es real.
Quiero hacer alguna mención a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista. La proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista tiene, desde el punto de vista de su texto y
de su contenido, un cierto recuerdo a la legislación que existe en
estos momentos en la República Federal Alemana, y no quiero dejar
pasar la ocasión sin recordar que no deja de ser una legislación que
se estableció precisamente como consecuencia de la unificación de los
dos Estados alemanes, en los que hubo que establecer una transacción.
Sin embargo, señorías, sí me preocupa que en la defensa de la
proposición de ley no se haya hecho referencia a lo que precisamente
pretende salvaguardar esa legislación alemana e incluso lo que
establece la exposición de motivos de su proposición de ley. En
definitiva, de
lo que se trata es de alentar en la mujer la decisión libre
y responsable de proseguir el embarazo. Si estamos haciendo un
planteamiento absolutamente unilateral, no estamos intentando
solucionar ese conflicto, sino que desprotegemos total y
absolutamente esa vida humana en formación, y al menos los diputados
de Unió Democrática de Catalunya entendemos que no se debe ir por esa
vía.
Se ha dicho, y es cierto, que estamos en presencia de un Estado del
bienestar raquítico, lo decía la portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Desde luego, los diputados de Unió Democrática de
Catalunya entendemos que quizás el mejor remedio para estas
situaciones es el crecimiento de ese Estado de bienestar, las medidas
de protección de los hijos, las medidas de protección de la familia.
Recientemente hemos traído aquí, entre otras, una proposición de ley
de familias numerosas, que tenemos que decir que fue lamentablemente
rechazada.
En cualquier caso, sí les quiero recordar, para que adviertan cuál es
la diferencia entre su proposición de ley y la ley alemana de 27 de
julio de 1992, que atendiendo pura y simplemente al título de la ley
alemana, ésta dice que es la ley para la protección de la vida
prenatal, para el fomento de una sociedad favorable a la infancia,
para ayudas en materia de conflicto en relación con el aborto y para
la regulación del mismo. No creo que eso sea a lo que pretenda
responder su proposición de ley. De la misma manera que he indicado
anteriormente que no cabe abdicar de esa protección penal, que los
sistemas puros de plazos se mueven al margen de nuestros valores y
principios constitucionales,tengo que decir que o el asesoramiento se
regula debidamente y además tenemos un Estado del bienestar que
permita que ese requisito del asesoramiento no sea puramente formal,
sino también material, o lo que estaremos haciendo es desprotegiendo
eso que la Constitución demanda de los poderes públicos, que es
proteger también la vida humana en formación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Grupo Parlamentario Popular, señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar la posición de mi grupo respecto a las cinco proposiciones de
ley que aquí han sido presentadas y que tienen como fin la ampliación
del aborto.
Quisiera comenzar diciendo que votaremos en contra de las cinco
proposiciones de ley, como ya lo hemos hecho en la VI legislatura a
textos prácticamente idénticos, ya que el Partido Popular entendía en
aquel momento, y sigue coherentemente entendiendo hoy,
que las iniciativas propuestas no son acordes con una demanda real de
la sociedad española y, por otra parte, rompen el equilibrio jurídico
constitucional entre los derechos de la mujer y los derechos del
nasciturus, ya que hacen prevalecer la voluntad de la mujer sin
sujeción a condicionantes objetivos que traduzcan una necesaria
jerarquía de valores en el orden que la sociedad española ha decidido
darse a sí misma.
Consideramos, por tanto, inoportunas las iniciativas que se debaten
sobre la ampliación del aborto, inoportunas por reiterativas, pues
idénticas proposiciones de ley, incluso en algunos casos sin cambiar
ni un punto ni una coma, se han debatido en la pasada legislatura en
esta Cámara, habiendo sido todas ellas rechazadas. Es cierto que los
grupos políticos utilizan su derecho de presentar las iniciativas que
consideren oportunas, y por supuesto en el momento que eligen
libremente, pero no es menos cierto que determinados usos, como el
que nos ocupa, resultan oportunistas y parecen más el deseo de
rescatar un compromiso electoral de partido e incluso, en el caso del
Partido Socialista un alarde de cumplimiento que haga olvidar que,
cuando gobernó durante 13 años, señorías, no solamente no las
llevaron a cabo, sino que cuando otros grupos, en concreto Izquierda
Unida, las plantearon en 1991 y en 1994 las rechazaron con su voto en
contra.
Las cinco proposiciones de ley tienen como objetivo la ampliación de
los tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo que
establece la legislación vigente, pero con diferentes matices. Con
brevedad, quisiera repasarlas, haciendo un primer grupo con las
propuestas de Izquierda Unida, de Iniciativa per Catalunya- Verds y
del Bloque Nacionalista Galego, puesto que todas ellas son muy
parecidas. Olvidan la acción protectora de la norma penal, que
encuentra su justificación en la protección constitucional de la vida
y la entienden como una normativa conspiratoria contra la libertad de
la mujer. Nada más lejos de la realidad, ya que las leyes penales
tienen un fin preventivo para así proteger aquellos valores que la
sociedad en su conjunto tiene como fundamentales, siendo precisamente
el más visible y primordial de todos ellos el de la vida. No se
admite la objeción de conciencia del personal sanitario como un
derecho, sino que a aquellos que objetan se les ve más bien como
personas sospechosas, a las que se les restringe la objeción; tampoco
se prevé un mecanismo ni medio para evitar el resultado de aborto; no
se atiende a la edad de la mujer, lo que significa que, si esta es
menor de edad, se omite la intervención de padres o tutores en la
manifestación de voluntad, lo que es absolutamente incongruente en el
ordenamiento jurídico español.
Al igual que BNG e Iniciativa per Catalunya-Verds, Izquierda Unida se
basa en la técnica de la ley de plazos, según la cual durante las 14
semanas de gestación, o 16 en función de cada uno de los grupos, la
mujer podrá solicitar y obtener la práctica del aborto sin alegación
de causa alguna. Esto es manifiestamente contrario a la
Constitución y a la interpretación del Tribunal Constitucional en su
sentencia 53/1985, a la que más tarde me referiré.
Respecto a la proposición de ley de Esquerra Republicana de
Catalunya, pretende la reforma de la disposición derogatoria única
del Código Penal eliminando la excepción a la derogación del artículo
417 bis del anterior Código Penal. Ello supondría que el derecho
penal únicamente ejercería su misión punitiva cuando el aborto fuese
realizado sin consentimiento o con un consentimiento viciado de la
mujer, cuando tuviese lugar impericia médica o cuando fuese
practicado por personas que no tienen la titulación necesaria.
Paso, señorías, a analizar la proposición de ley del Partido
Socialista, que no difiere en nada de las presentadas por el mismo
grupo en la pasada legislatura. Se considera que la mujer debe ser la
única que tome la decisión final de mantener o no su estado gestante.
El Estado debe renunciar a un control sobre los motivos que pueda
alegar la mujer para justificar su decisión de interrumpir el
embarazo y se parte de que una mera función de asesoramiento a la
mujer es suficiente para dar cumplimiento a ese deber, que es
competencia del Estado, de proteger el bien jurídico constituido por
el nasciturus. Lo que más llama la atención, señorías, es que el
Partido Socialista hace una interesada interpretación de la sentencia
53/1985 del Tribunal Constitucional, puesto que la misma no establece
una preeminencia de los derechos fundamentales de las mujeres, sino
que lo que establece técnicamente es un esquema en el cual se
aprecian unas determinadas situaciones de necesidad y de
inculpabilidad. Las situaciones de necesidad, como consecuencia de la
desigualdad de los bienes jurídicos en conflicto, constituyen causas
de justificación que amparan la preeminencia del bien jurídico mayor,
sustancialmente la vida y la integridad física de la mujer. Por otra
parte, establece unas causas de inculpabilidad, donde el Estado
renuncia a dirigir el reproche culpabilístico al estimar que no cabe
exigir otra conducta. Esos supuestos y no otros son los que el
Tribunal Constitucional considera que deben quedar fuera del ámbito
penal y son precisamente los recogidos en la Ley orgánica 9/1985. El
eje fundamental de esta sentencia, señorías, es la decisión de
considerar al nasciturus como un bien jurídico objeto de protección y
amparado por el artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, los
derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta -y recalco,
primacía absoluta- sobre la vida del nasciturus, dado que dicha
prevalencia supondría la desaparición, en todo caso, de un bien no
solamente protegido por la Constitución, sino que encarna un valor
central del ordenamiento constitucional. A la vista de todo ello,
cabe afirmar que la renuncia por parte del Estado a establecer
control de forma generalizada sobre los motivos que pueda aducir
cualquier
mujer para interrumpir su embarazo incumple la Constitución española.
Dicho todo esto, quisiera pedir a los grupos proponentes, desde el
respeto y la tolerancia a sus posturas, que no se sientan únicos
portavoces de las mujeres, porque les puedo asegurar que no lo son,
no son ustedes los únicos portavoces de las mujeres. El Partido
Popular viene demostrando desde 1996 que no sólo tiene un proyecto
específico encaminado al progreso social, económico y laboral de las
mujeres, sino que pone en marcha esas políticas; ahí tenemos las
iniciativas del Gobierno del Partido Popular que están permitiendo
que las mujeres españolas ocupemos en la sociedad no sólo el papel
que queremos, sino el que por justicia nos corresponde. Además, en el
Partido Popular queremos un Estado que ofrezca una protección real
y efectiva a las mujeres, pero también que proteja la vida humana en
formación, porque nuestra Constitución así lo mandata.
Señorías, estoy segura, no me cabe la menor duda, de que la vida es
el valor más visible y primordial para todos los diputados y
diputadas de esta Cámara. Como les decía, no me cabe duda alguna,
pero tengo que decirles que en algunas de las intervenciones que aquí
hemos escuchado se han erigido ustedes en portavoces de las mujeres y
han sentido que solamente es suyo el progresismo, se han hecho
abanderados del progreso y del progresismo, y nos han acusado -en
concreto, desde Izquierda Unida- de mirar al cielo, y tengo que
decirles que no miramos al cielo, donde miramos es a la Constitución,
que es nuestra Carta Magna y donde creo que deberíamos de mirar todos
los grupos. Nos han acusado también de misóginos y lamento decirles
que probablemente no sepan exactamente SS.SS. lo que significa
misóginos, porque si no, no habrían hablado de ello.
Precisamente al hilo de la declaración que antes hemos aprobado en
esta Cámara sobre el voto de las mujeres, quisiera hacer una serie de
consideraciones porque quizás algunos no conozcan exactamente cuál ha
sido la historia del voto de las mujeres en España. En las Cortes
constituyentes de 1931, tomaron asiento por primera vez en esta
Cámara dos mujeres, doña Victoria Kent, del Partido Radical-
Socialista, y doña Clara Campoamor, del centrista Partido Radical.
Las dos se habían presentado en la coalición republicana socialista
por la circunscripción provincial de Madrid. La decisión del voto
femenino se tomó tras un acalorado debate parlamentario;
curiosamente, una parte significativa de la izquierda se opuso con
vehemencia, con el argumento de que ello implicaría poner en peligro
los ideales de la república, presumiendo, intuyendo, que las mujeres
de entonces eran mayoritariamente conservadoras y que acudirían a las
urnas sin criterio propio. Clara Campoamor, abandonada por su
partido, se enfrenta a gran parte de la Cámara haciendo una
apasionada defensa del voto de las mujeres, lo que sirve
para que en las siguientes elecciones ya no la lleven en las listas.
Finalmente, el artículo 36, que aprobaba el voto de las mujeres, fue
aprobado con 161 votos favorables y 121 votos en contra, tan sólo por
40 sufragios de diferencia y con el apoyo explícito, señorías, de
toda la derecha. Por tanto, gracias a la derecha, la mujer adquiría
el derecho de voto. (Aplausos.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Castro, le ruego que
vaya concluyendo.
La señora CASTRO MASAVEU: Conviene de vez en cuando ... (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señorías!
Señora Castro, le ruego vaya concluyendo.
La señora CASTRO MASAVEU: Conviene de vez en cuando hacer un repaso a
la historia de España, porque algunos grupos la utilizan a la manera
que más les conviene... (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, señora Castro, por
favor.
Señorías, dejen terminar su intervención a la diputada que está en el
uso de la palabra. Señora Castro, le ruego vaya concluyendo, por
favor. (Protestas.) ¡Señorías!
Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Decía, señor presidente, que conviene
recordar y refrescar la historia de España con datos reales. (Fuertes
protestas.) No les gusta a ustedes recordar la historia de España,
pero es que está ahí.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Castro, le ruego vaya
concluyendo. Señorías, dejen terminar su intervención a la diputada
que está en el uso de la palabra.
Señora Castro, termine, por favor. (Rumores y protestas.)
La señora CASTRO MASAVEU: Señor presidente, para terminar, quisiera
decirles que les aseguro que el progreso de un pueblo y el progreso
de una nación no se mide en función de la libertad para abortar sin
límites, se mide, señorías, por otros parámetros. En el tercer
milenio que vivimos, la modernidad y el progresismo vienen definidos
por la defensa de la vida en todos sus aspectos y más en estos días
que vivimos. Esto, señorías, es lo que pretende el Partido Popular,
el reconocimiento de que la vida humana en formación debe ser
valorada y amparada.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Castro.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego que ocupen sus escaños.
Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, sometemos a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 134; en contra, 175; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 136; en contra, 171; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Saura, de regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 136; en contra, 173; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, de
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, de reforma de la Ley orgánica
10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, de despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 135; en contra, 173; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
(Protestas.)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE REGULACIÓN DEL
DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN EMBARCADOS EN
BUQUES O EN EL EXTRAJERO EN EL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA DE LAS
ELECCIONES. (Número de expediente 162/000348.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO
A VOTO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA FLOTA PESQUERA Y MARINA
MERCANTE. (Número de expediente 162/000327.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR VÁZQUEZ), SOBRE LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES
DE LOS TRABAJADORES DEL MAR. (Número de expediente 162/000353.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no
de ley.
De acuerdo con la ordenación del debate, se debatirán de manera
conjunta y sucesiva: la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), sobre regulación del derecho de sufragio de los
ciudadanos que se encuentren embarcados en buques o en el extranjero
en el momento de la convocatoria de elecciones; la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio del
derecho a voto de las personas pertenecientes a la flota pesquera y
marina mercante; y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Vázquez), sobre la adopción de medidas para facilitar la
participación en los procesos electorales de los trabajadores del
mar.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, a ser posible,
para continuar con el debate.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que paso a defender a continuación
guarda relación con una institución, la del...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Erkoreka.
Señorías, hay un diputado intentando hacer uso de la palabra en la
tribuna. Les agradecería que ocupen sus escaños y guarden silencio, a
ser posible.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Decía, señorías, que la proposición no de ley que paso a presentar
guarda relación con una institución, la del sufragio universal, que
el Tribunal Constitucional no ha dudado en considerar como el nervio
y el sustento de la democracia, y es que ciertamente la participación
de los ciudadanos en los procesos de decisión política constituye el
quicio mismo del sistema democrático. Hasta tal punto esto es así que
la existencia de un régimen transparente y efectivo de participación
de los ciudadanos en las cuestiones públicas se revela como un
criterio decisivo, determinante de cara a distinguir con nitidez
entre un sistema democrático y un régimen autoritario. Coherente con
estas consideraciones, el artículo 23 de la Constitución ha elevado
en su apartado segundo a la categoría de fundamental el derecho de
los ciudadanos a participar directamente o por medio de sus
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal. Por la crucial importancia que la participación
política tiene en el buen funcionamiento de todo sistema democrático,
el Tribunal Constitucional ha dicho en relación con este precepto que
tanto el derecho de participación política que en el mismo se
consagra como en general el conjunto del ordenamiento electoral deben
ser aplicados en la forma más favorable para el ejercicio del derecho
fundamental de participación política.
El derecho a la participación política encuentra su principal aunque
no su única vía de expresión en el derecho de sufragio, un derecho
que el artículo 68 de la Constitución reconoce a todos los españoles
que estén en pleno uso de sus derechos políticos, si bien
estableciendo a renglón seguido que la ley reconocerá y el Estado
facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que
se encuentren fuera del territorio de España. Quisiera llamar la
atención de SS.SS. sobre este doble mandato del precepto
constitucional al que acabo de referirme. La ley reconocerá
-establece- y el Estado facilitará el ejercicio del derecho a voto
por parte de los españoles que no se encuentren en el territorio
estatal. El constituyente sabe que la participación política de los
ausentes puede verse frustrada por dos razones: o bien porque la ley
no les reconoce con la
suficiente nitidez el derecho de sufragio, o bien porque, aun
habiéndoseles reconocido con la suficiente garantía este derecho, la
ley que se lo reconoce rodea su ejercicio con tal cúmulo de
dificultades y obstáculos que de hecho el reconocimiento legal del
derecho es poco menos que una quimera; de ahí el doble mandato del
constituyente, uno dirigido al legislador para que reconozca el
derecho de voto de los ciudadanos ausentes y otro dirigido al Estado,
así genéricamente, a todos los poderes del Estado, para que remueva
todos los obstáculos que directa o indirectamente impidan o
dificulten su ejercicio.
Señorías, como ustedes bien saben, el instrumento básico a través del
cual articula la LOREG el voto de los ciudadanos españoles que se
encuentran fuera del territorio estatal es el conocido como censo de
residentes ausentes. Hoy evidentemente no voy a referirme a él porque
su funcionamiento y deficiencias han sido ampliamente debatidos
durante los meses pasados y supongo que lo seguirá siendo durante los
próximos tiempos. La proposición no de ley que defiendo centra su
atención en las dificultades que experimenta el ejercicio del derecho
de voto en dos colectivos muy determinados: los profesionales de la
mar, marinos y pescadores de altura que se encuentran embarcados en
el periodo comprendido entre el momento de la convocatoria de las
elecciones y el de su celebración, y los ciudadanos que sin poseer la
condición de electores residentes ausentes en el extranjero con
arreglo a las normas que regulan el CERA se encuentran
circunstancialmente fuera del territorio español entre el momento de
la convocatoria de las elecciones y aquel en el que se lleva a cabo
su celebración. La preocupación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) por la singular situación en la que se encuentran estos dos
colectivos desde el punto de vista del ejercicio del derecho de
sufragio fue claramente expresada en el Pleno del pasado 19 de junio,
en el que insistíamos en la necesidad de diferenciarlos claramente de
los residentes ausentes en el extranjero, que son un colectivo
distinto con una problemática diferente. En aquellos la ausencia es
transitoria, circunstancial y temporal; en estos últimos es
permanente. Sería probablemente excesivo, y en algún caso sin duda
abiertamente inexacto, afirmar que a los ciudadanos españoles que se
encuentran agrupados en alguno de estos dos colectivos la ley no les
reconoce el derecho de voto. Podríamos discutir si el hecho de que el
artículo 74 de la LOREG excluya de la posibilidad de ejercer el voto
por correo al personal embarcado en buques mercantes o pesqueros de
pabellón extranjero equivale o no a negarles el derecho del sufragio
mismo. También podríamos discutir si puede hablarse de un auténtico
reconocimiento del derecho de sufragio cuando la legislación
electoral niega el establecimiento de mecanismos especiales de acceso
a las urnas a los ciudadanos que por sus circunstancias personales
jamás
podrían votar si los poderes públicos no se lo facilitaran de algún
modo.
En cualquier caso, no es esa la cuestión que el Grupo Vasco quiere
plantear con esta proposición no de ley. Como antes señalaba, el
artículo 68 de la Constitución no sólo impone al legislador el deber
de reconocer el derecho de sufragio a los ciudadanos que no se
encuentran en el territorio estatal, sino que impone también al
Estado -insisto a todos los poderes del Estado, entre los que, a los
efectos que aquí interesan, quisiera destacar el Legislativo y el
Ejecutivo- el deber de facilitar el efectivo ejercicio del derecho de
voto. En este punto el Grupo Vasco sospecha que el régimen electoral
vigente puede ser inconstitucional porque otra cosa no sé, pero que
facilita el ejercicio del derecho de voto para estos dos colectivos
no creo que pueda decirse, precisamente, que el régimen electoral en
vigor lo haga.
Por lo que se refiere al personal embarcado, el Real Decreto 605/1999
únicamente contempla el voto por correo de quienes se encuentran
enrolados en buques mercantes o pesqueros abanderados en España y que
hayan de permanecer embarcados desde la convocatoria de las
elecciones hasta el momento de su celebración, pero sólo pueden
ejercer su derecho si durante dicho periodo el buque a cuya
tripulación pertenecen toca puertos, previamente conocidos, en
territorio estatal, y a través de un procedimiento engorroso y
complejo, casi podríamos decir que disuasorio. El resto del personal
embarcado no cuenta ni con esta limitada y restrictiva posibilidad;
su voto por correo, sencillamente, no está previsto en la legislación
electoral y, por supuesto, el Estado no hace nada para facilitar su
ejercicio, que es aquello a lo que le emplaza la Constitución en su
artículo 86, antes citado.
Este régimen, señorías, hace que varios miles de ciudadanos se vean
de hecho privados de la posibilidad de ejercer el derecho de voto.
Por ejemplo, en el pueblo del que yo soy natural, Bermeo, no hay
convocatoria electoral en la que a causa de este restrictivo régimen
no queden excluidos de la participación entre 300 y 400 hombres que
trabajan en la flota atunerao-congeladora en el Atlántico, en el
Índico o incluso en el Pacífico; s. Y si estos datos se proyectan al
conjunto de la costa vasca la cifra de excluidos puede fácilmente
multiplicarse por 10. ¿Es esto, señorías, cumplir el mandato
constitucional que obliga al Estado a facilitar el ejercicio del
derecho de voto de los ciudadanos que no se encuentran en territorio
estatal? ¿Es esto, señorías, dar satisfacción a la jurisprudencia
constitucional, que defiende que tanto el artículo 23 de la
Constitución como el conjunto de la legislación electoral deben ser
interpretados y aplicados en la forma más favorable para el ejercicio
del derecho fundamental de participación política? Nosotros no lo
creemos. El grupo al que represento cree que no y por eso hemos
presentado esta proposición no de ley que a lo que aspira es a
resolver los problemas que
en el momento actual la normativa vigente plantea en relación con el
ejercicio efectivo del derecho de voto por estos colectivos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Me dirijo a esta Cámara para solicitar su apoyo en una proposición no
de ley que los socialistas creemos que mejorará nuestro sistema
electoral y permitirá generar más confianza en las instituciones
democráticas. Este debate se está siguiendo hoy día con atención en
la flota española que faena en aguas de Namibia, en Las Malvinas y en
Terranova, unos y otras dedicados a la pesca, al comercio o a la
defensa. Todos ellos viven al amparo de nuestra Constitución, todos
ellos contribuyen con su trabajo no sólo al mantenimiento de sus
propias familias, sino a la riqueza de este país, pero alejados todos
a su vez de él. Todos aquellos que por obligación alguna vez han
tenido que alejarse de nuestro país saben perfectamente la sensación
que se tiene en estos casos. Pero s Si además del alejamiento
temporal, su trabajo se desarrolla en un buque pesquero, de la marina
mercante o de la Armada, las limitaciones de movilidad hacen más dura
la labor y con el tiempo, psicológicamente al menos, se tiene la
sensación de abandono institucional. ¿Por qué? Sencillamente, porque,
en principio, sus derechos civiles están restringidos por las largas
temporadas que pasan en el mar y que, elección tras elección, se les
aleja del concepto de ciudadanía de un país democrático como el
nuestro. Pueden votar los emigrantes, se puede votar por correo, pero
un marinero gallego o un marinero vasco no puede votar. Este es el
caso mayoritario de los gallegos, y de los vascos también, enrolados
en buques de pesca de altura y de gran altura, y los que navegan en
la marina mercante. Piensen ustedes que, según los datos que maneja
la Xunta de Galicia, actualmente hay más de 10.000 personas
embarcadas, faenando en zonas con difícil acceso a puerto y por
largos periodos de tiempo. Forman parte de un raro modelo de
emigración porque están fuera del país, pero no se ven como
emigrantes. Lo que aquí se debate, en todo caso, es la restricción de
su propia ciudadanía. La ciudadanía implica dos cosas: conocer
y practicar los derechos y deberes del país en cuestión. Yo añadiría
que se requiere un tercer elemento: el concepto de comunidad, el
sentido de pertenencia a un proyecto común y el sentido de poder
participar activamente en ese proyecto en unión de los iguales.
Pues bien, no digo nada respecto al conocimiento de los derechos,
porque eso es cuestión de otro debate institucional,
pero sí de la práctica de los derechos cívicos, de los
derechos de participación política institucional que garanticen el
voto libre, directo y secreto en cada uno de los procesos
electorales. Las argumentaciones clásicas sobre el derecho al
sufragio en España tienen su origen en aquella primera instrucción de
enero de 1810, que contiene la primera norma electoral en España. Y
deDesde que se introdujo el voto secreto, bien es cierto que
parcialmente, en la Constitución de 1812, ha corrido tiempo
suficiente y hemos vivido toda suerte de avatares en la acción
electoral, hasta llegar al complejo sistema actual. Nuestra
Constitución establece el derecho de sufragio universal, libre,
directo y secreto, con las modificaciones que todos conocemos
a partir de la Constitución de 1978. La Constitución lo convierte en el
elemento primario y nuclear de la participación democrática, pero la
misma Constitución impone al Estado la regulación de este sufragio
activo y pasivo para todos los ciudadanos, y además, a través de la
LOREG, se estimula esta obligatoriedad al indicarle que su actividad
debe ir más allá de lo que es una mera garantía del derecho al voto.
Ha pasado tiempo suficiente como para atisbar cuáles son los
problemas pendientes en el sistema electoral. Nos quedan restos en
los que debemos implicarnos todos para vigorizar el mandato
constitucional. Quizás la generalización del modelo democrático nos
haga olvidar que todavía existen ciertos sectores que tienen
dificultades para expresar su opción electoral y, sin embargo, la
democracia exige elecciones participativas y transparencia.
Los proponentes de las otras dos proposiciones no de ley que se
debaten hoy nos citan los casos de los españoles embarcados en buques
de pabellón extranjero, los de aquellos ciudadanos que, sin ostentar
la condición de residentes ausentes, se encuentran en el extranjero
en el momento de la convocatoria de las elecciones, y podríamos
añadir algún caso más. Ya nos han proporcionado argumentos legales
suficientes, pero es bueno empezar por el principio y resolver un
urgente problema que afecta a todos los electores. Hoy toca resolver
el problema de un grupo concreto, el problema de la gente del mar.
El Real Decreto 421/1991, modificado por el 563/19923, arbitró
distintos aspectos del proceso electoral, y entre ellos se reguló la
solicitud de voto por correo del personal embarcado. El Real Decreto
605/1999, de regulación complementaria de los procesos electorales,
nos señala que la experiencia electoral acumulada es la base de una
nueva regulación que permita el mejor desarrollo precisamente de los
procesos electorales. En su artículo 9, dedicado al voto por correo
del personal embarcado, ya se articulan algunos procedimientos que
tengan en cuenta la peculiaridad de los electores. Se da valor, por
ejemplo, al envío de mensajes a través de radiomensajes y se señala
claramente que a los efectosdel artículo 72 de la Ley orgánica 5/
1985, del Régimen
Electoral General, los servicios de radiotelegrafía de los buques
tendrán la consideración de dependencias delegadas del servicio de
correos y los capitanes, comandantes o el oficial en el que
expresamente deleguen la de funcionarios encargados de la recepción y
tramitación de documentos diversos. Este real decreto se quedó
precisamente en las puertas de una posible reforma en profundidad del
sistema del voto, pero ya nos indican que hay posibilidades. Esta
proposición quiere abrir precisamente este camino y dar al Gobierno
la posibilidad de empezar a reflexionar sobre la relación que puede
existir entre las nuevas tecnologías de la comunicación y las
elecciones. El reto tenemos que asumirlo y tenemos capacidad
suficiente para resolverlo. Esta consideración podría abrir algún
camino en este problema, pero hoy en día esto es insuficiente para
ejercer el derecho al voto por parte de los tripulantes, dado que en
principio las largas mareas impiden la arribada a puerto en día
previsible, dado que el mismo sistema de capturas imposibilita esta
predicción.
Todos sabemos que encontrar el sistema que permita la votación en las
condiciones exigidas por la ley no es ninguna tarea fácil, dada las
garantías que exigen el propio proceso electoral, pero eso no debe
arredrarnos ni constituir un argumento para rechazar esta
proposición. No es lugar, ni este diputado lo pretende, encontrar
aquí y ahora la solución, pero debemos encontrar la forma de mejorar
el sistema electoral de tal modo que permita su ejercicio de manera
accesible y sencilla. El hecho de que países de nuestro entorno hayan
encontrado alguna solución para abordar el problema de la ausencia
como el voto fuera de la demarcación, el voto anticipado, la
utilización de sistemas electrónicos, la designación de
representantes e incluso aquí, en España, algunas experiencias que se
han hecho en torno a esto nos anima a apurarnos en la labor. Se trata
simplemente de enriquecer nuestro modelo actual a través de la
protección de los derechos constitucionales. En anteriores ocasiones
en que se ha discutido en esta Cámara el voto de la emigración los
socialistas siempre hemos empleado la misma argumentación, la de
promover las modificaciones legislativas necesarias que garanticen el
voto en condiciones de transparencia y libertad. El pasado 17 de
octubre se aprobó una moción en la que se pretendía promover todas
las modificaciones legales que fueran necesarias en el ejercicio del
voto de la emigración. El 25 de abril de 2001 se firmó la
constitución de una ponencia en el Senado para estudiar e introducir
los cambios y modificaciones legislativas necesarias. Estos cambios
debían proporcionar garantías al derecho electoral para los españoles
que residen en el extranjero. Aprovecho aquí para recordar que a día
de hoy se desconocen los trabajos de dicha ponencia y tampoco sabemos
si se ha reunido en alguna ocasión. Si esto es así, apelo a la
responsabilidad de los firmantes de aquella moción.
En el tema que nos ocupa, vamos a proponer al Gobierno la búsqueda de
una solución que proporcione una perfección al sistema que
proporciona la Constitución, que no consiente en su espíritu que haya
discriminación alguna entre los ciudadanos. Por eso sería un paso
importante lograr un amplio consenso. Yo apelaría casi a la
unanimidad de esta Cámara para lograr una aprobación total. Por ello,
los socialistas ofreceremos al resto de los proponentes de las otras
dos proposiciones no de ley y a los enmendantes la asunción de una
enmienda transaccional que señale una tarea al Gobierno y que este
tenga tiempo prudencial, justo y suficiente para que antes de las
próximas elecciones generales la podamos ver hecha realidad. ¿Qué
necesitamos? Que se reconozca la situación de indefensión de los
tripulantes que por razón del trabajo en el mar no pueden ejercer su
voto; que el Gobierno promueva cuanto antes las reformas oportunas y
que el Gobierno se informe de la situación con los propios
interesados. Debemos prevenir que la falta de ejercicio de un derecho
constitucional, devenga en escepticismo sobre las propias
instituciones. La transaccional diría literalmente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a proveer dentro de la presente
legislatura, una solución legal que perfeccione el cumplimiento del
espíritu de la Constitución en el ejercicio del derecho a voto del
personal embarcado en la flota pesquera, en buques de la Armada o de
la marina mercante española que por razones del tiempo que permanece
embarcado no puede ejercer personalmente su derecho a voto el día de
las elecciones. Estoy seguro de que el voto unánime del Congreso
sería bien recibido por los miles de españoles que tienen ligada su
vida al mar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, en junio del año 1999 el Gobierno respondió a una pregunta
de este diputado afirmando que con la actual LOREG y los decretos
reguladores creía haber dado una respuesta satisfactoria al problema
planteado a estos marineros; se refería al ejercicio del voto cuando
están embarcados. Como es habitual, más rotunda se mostraba la Xunta
de Galicia cuando el 30 de agosto de ese mismo año, del año 1999,
respondía a un diputado del Bloque Nacionalista Galego en el
Parlamento gallego lo siguiente: El Gobierno gallego cree que el voto
de los marineros embarcados está más que garantizado en la
legislación actual en todos los aspectos, tanto en lo que se refiere
a ejercer su derecho como a su legalidad y confidencialidad. Como es
obvio, señoras y señores diputados,
nosotros no creemos que esa posición se ajuste a la realidad de los
hechos, y por eso presentamos esta proposición no de ley, pero
tampoco lo cree una buena parte del sector. La realidad nos dice que
miles de personas que trabajan en el mar, sean en barcos pesqueros o
mercantes, en flotas de pabellón español o de otros pabellones, no
pueden aunque quieran ejercer su derecho a voto en los sucesivos
procesos electorales, sencillamente porque los mecanismos que prevé
la ley son claramente inadecuados para permitirlo, y estamos hablando
de un importantísimo colectivo de personas. En Galicia solamente se
cifra en 10.000 ciudadanos los que se encontrarían en esta situación.
Por tanto, para empezar, quisiera decirles que ante la próxima cita
electoral, que como ustedes conocen será el 21 de octubre cuando se
celebran comicios al Parlamento de Galicia, una vez más estos
ciudadanos serán abstencionistas por obligación y no por devoción.
Hoy discutimos varias iniciativas, entre ellas las del Bloque
Nacionalista Galego, que instan al Gobierno a poner los medios para
remediar esta situación: adoptar medidas que hagan posible que estos
ciudadanos puedan, si lo desean, ejercer sus derechos como tales y
puedan participar activamente en la elección de sus representantes y
su Gobierno. De aquí debería salir una resolución que permita poner
fin a esta discriminación que sufren ciudadanos de los que ya hicimos
mención. Veríamos bien que el Gobierno con el auxilio que crea
conveniente contase con el auxilio de expertos, con el colectivo
afectado, etcétera y modifique las previsiones legales actuales, de
manera que estos ciudadanos puedan tener una posibilidad real de
ejercer este voto en los procesos electorales. Parece también, como
acaba de anunciar el portavoz socialista, que de aquí va a salir una
transacción fruto de las conversaciones entre todos los grupos
proponentes y el grupo enmendante; por tanto, acordaremos que el
Gobierno considere la necesidad de buscar fórmulas en ese sentido que
decíamos antes. Este es un paso adelante y hay que decirlo así, en
tanto que el grupo mayoritario, el Partido Popular, decisivo en esta
cuestión, hasta el momento no veía necesidad alguna de actuar en este
terreno.
No voy a insistir en lo obvio, la Constitución garantiza el derecho a
los ciudadanos a votar y, en cumplimiento de esa previsión, la Ley
orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General y otros reales
decretos establecen los mecanismos por los que los trabajadores
embarcados durante la celebración de estos procesos electorales
puedan ejercer el voto. La verdad es que estos mecanismos se
articulan a través del voto por correo, que gira alrededor de la
posibilidad de que el barco toque puerto para poder ejercerlo. Como
no se les escapa a SS.SS., este requisito básico alrededor del que
gira esa posibilidad, hace inviable en la práctica que la mayoría de
este colectivo pueda hacer efectivo ese derecho al voto.
Estamos ante este problema real no inventado, y nosotros también
queremos hacer una afirmación en el sentido de que no creemos que
estemos ante un problema fácil de solucionar, estamos ante un
problema complejo. Desconocemos naturalmente las características que
presenta la presencia de estos ciudadanos en unas determinadas
embarcaciones y en un determinado espacio en un determinado tiempo.
Por tanto, tampoco creemos que tenga una fácil solución y la verdad
es que prueba de ello ninguno de los que estamos aquí en esta tribuna
estamos presentando ninguna solución concreta, eso hay que
reconocerlo, pero sin desconocer estos problemas sí creemos que con
voluntad, haciendo efectivamente uso de esas posibilidades que sin
duda las Cámaras y el Gobierno disponen, usando los conocimientos de
expertos en esta materia, estudiando la legislación de otros Estados,
oyendo las opiniones y las propuestas de asociaciones sindicales,
patronales o profesionales del sector, que por cierto en distintos
momentos hicieron propuestas en este sentido y sería interesante
escuchar qué soluciones concretas tienen para esta cuestión, a partir
de ahí abordar el problema y tratar de solucionarlo.
Se ha hablado, como saben, de que el capitán del barco haga de
garante en la limpieza del proceso democrático y de su transparencia;
se ha hablado de la utilización de las nuevas tecnologías, en fin,
sin duda hay posibilidades por donde avanzar. Desde luego, como
parece que esto no va a ser intención de este Congreso de los
Diputados hoy, lo peor que podría pasar es que el Gobierno se
mantuviese en una posición, como mantenía hasta hace poco, de que
todo está solucionado porque no es así. El Gobierno debe tener en
cuenta que esta imposibilidad real de que los trabajadores embarcados
puedan votar, lo único que hace es provocar un incremento en este
colectivo de la sensación que tienen del desamparo de ser los
olvidados, de que a nadie les preocupa su suerte. Nosotros trataremos
hoy con la aprobación de esa transaccional de decir que no es así y
esperemos que a partir de aquí se actúe en consecuencia. Los
problemas están planteados como digo suficientemente, y por tanto de
lo que se trata ahora es de poner manos a la obra.
Voy a concluir, señora presidenta, haciendo explícita nuestra
propuesta que como decía anteriormente parte de la constatación de la
existencia de un problema real que afecta a los derechos básicos de
los ciudadanos, tiene en cuenta precisamente las dificultades
existentes para solventarlo y pedía y pide que el Gobierno se ponga a
trabajar en su solución. Por tanto, nuestra propuesta consistía en
instar al Gobierno a crear una comisión con la participación de las
organizaciones sociales y profesionales representativas de los
trabajadores del mar y expertos en la materia, con el fin de evaluar
y diagnosticar las dificultades que existen en la práctica para el
ejercicio del derecho al voto del personal embarcado a la luz de las
previsiones establecidas a
este fin en la LOREG y proponer las modificaciones necesarias para
mejorar las posibilidades del ejercicio del derecho a voto por parte
de estos ciudadanos. También proponíamos un punto segundo, que era
remitir al Congreso en un plazo no superior a nueve meses el proyecto
de reforma de la Ley Electoral vigente en los aspectos relativos al
ejercicio del voto de los trabajadores del mar.
Esta propuesta obviamente no va a ser aprobada. La transacción que
hoy vamos a aceptar la vamos a votar favorablemente, porque nosotros
creemos que es un paso adelante en tanto que supone un avance
respecto a la situación anterior. De todas maneras, quisiera decir
que nosotros no desconocemos que deja fuera de la posibilidad de
mejora en el ejercicio de derecho al voto a miles de personas
embarcadas en buques de bandera no española, que como saben ustedes
son muchos miles, porque hoy muchos de los barcos con tripulaciones
de nacionalidad española tienen otro pabellón, y sobre esta cuestión,
también difícil de resolver, será necesario insistir. En todo caso,
nosotros esperamos que, aunque sea parcialmente, sí se avance con
rapidez en la solución de un problema que afecta a los derechos
básicos de muchos ciudadanos. Efectivamente, en la transacción se
hace referencia a que cuando menos quede resuelto en el marco o en el
espacio temporal de esta legislatura. Nosotros esperamos que sea así.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para defensa de la enmienda presentada por parte del Grupo
Parlamentario Popular a la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nos convoca esta tarde una triple
iniciativa no legislativa que tiene el común denominador de instar al
Gobierno a regular diversos aspectos del derecho de sufragio para
aquellos colectivos que por razones personales, laborales o
profesionales, tienen especiales dificultades para el ejercicio del
derecho fundamental a la participación política que consagra el
artículo 23.1 de la Constitución. A tenor de este precepto
constitucional, los ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos directamente o por medio de representantes
libremente elegidos en elecciones periódicas y por sufragio
universal. El artículo 68 de la misma ley de leyes apostilla que
dicho sufragio debe ser universal, libre, igual, directo y secreto.
Queda claro que con estos mimbres constitucionales el derecho de
sufragio constituye no sólo la más sublime expresión de la voluntad
popular y de la participación política, sino también el más sólido
basamento sobre el que construir la democracia constitucional
y el sistema representativo. Por ello, el Grupo Parlamentario
Popular sostiene que la materia electoral es singularmente permeable
al pacto constitucional, o cuando menos constitutivo de las reglas de
juego democrático, singularmente porosa al acuerdo entre las
distintas formaciones que protagonizan el escenario político
y singularmente sensible a la ineludible exigencia que a todos nos
incumbe de mejorar y aquilatar el derecho de voto, de velar por la
pureza del sufragio y de velar por la transparencia del proceso
electoral. En una palabra, entendemos que el consenso debe presidir
cualquier eventual reforma electoral en la medida que ésta define o
configura el marco competitivo para la libre concurrencia de opciones
políticas, al socaire de unas reglas de juego de carácter
democrático. Con este ánimo, señorías, abordamos el análisis de cada
una de las proposiciones no de ley objeto de debate.
En primer lugar debemos manifestar nuestra coincidencia sustancial
con el texto del Partido Socialista, en cuanto responde a la voluntad
declarada de mejorar el derecho de sufragio del personal embarcado en
la marina mercante y en la flota pesquera. Mi grupo, sin embargo, no
compartía la petición concreta que postulaba, entre otras razones por
cuanto entendíamos que indirectamente estaba apuntando hacia el voto
por poder o por procuración, que como recordaba la Junta Electoral
Central en su acuerdo de 12 de mayo de 1993 estaría prohibido en
nuestro ordenamiento electoral. Sin perjuicio de una eventual reforma
de esta interdicción legal, que habría de atemperarse al texto
constitucional y al espíritu que alumbró nuestra norma fundamental,
nuestro grupo proponía una enmienda de modificación del siguiente
tenor: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proveer a la
mayor brevedad, una solución legal que perfeccione el cumplimiento
del espíritu de la Constitución en el ejercicio del derecho al voto
del personal embarcado en buques de la Armada, de la Marina Mercante
Española o de la flota pesquera que, por razones del tiempo que
permanecen embarcados, no pueden ejercer personalmente el derecho al
voto el día de las Elecciones». Es decir, se trataba no tanto de
proveer como de perfeccionar el régimen legal existente y de
reconocer su desarrollo reglamentario, emprendido por gobiernos de
distinto signo, en orden a desbrozar y a hacer efectivo el derecho
a la participación política de este colectivo.
En ese sentido el artículo 74 de la Ley orgánica del Régimen
Electoral General dispone que el Gobierno adoptará las medidas que
garanticen el ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos que
se encuentren cumpliendo el servicio militar. Asimismo regularán las
especialidades respecto a lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, en relación al ejercicio del derecho al voto del personal
embarcado en buques de la Armada, marina mercante española y de la
flota pesquera. En ejecución o cumplimiento de esa habilitación
reglamentariase promulgó el Real Decreto 421/1991, de 5
de abril, cuyo artículo 10 regulaba el voto por correo del personal
embarcado, luego modificado por el Real Decreto 563/1993, de 15 de
abril, disposiciones ambas que fueron derogadas y sustituidas por el
Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, cuyo artículo 9 configura el
escenario normativo vigente en materia de derecho al voto del
personal embarcado y al que, en definitiva, se remite la reciente
Orden ministerial de 4 de septiembre de 2001, del Ministerio de
Fomento, en cuanto regula para el personal embarcado el derecho al
voto en los próximos comicios autonómicos gallegos. Por consiguiente,
no puede afirmarse que el Gobierno no haya hecho nada, sino que
sucesivos gobiernos han dictado sucesivas normas tendentes a hacer
efectivo ese derecho a la participación política, ese derecho al
sufragio para el colectivo que aquí nos ocupa. Por ello entendemos
que se trata no tanto de proveer un marco normativo nuevo como de
perfeccionar el marco normativo existente, y así lo recoge la
enmienda transaccional que, presentada por el Partido Socialista, voy
a anunciar que nosotros vamos a votar afirmativamente.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Nacionalista Vasco,
nuestra incompatibilidad derivaba no tanto del texto en sí como de la
parte dispositiva, en cuanto postulaba que se emplazara al Gobierno a
regular el derecho de sufragio de los siguientes colectivos: personal
embarcado en buques de pabellón español que atraquen puertos
previamente conocidos en el territorio nacional; obviamente
entendemos, señoría, que se refiere al supuesto que contempla el
artículo 9 del Real Decreto 605/1999, y que nosotros, precisamente
con nuestra enmienda de sustitución al texto socialista, pretendíamos
mejorar. Personal embarcado en buques de pabellón español en que no
concurran las circunstancias anteriores; tenemos, señorías, que o
bien nos hallamos en la hipótesis del ordinal tercero del artículo 75
de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, a saber voto
personal o vía consular, o bien nos estamos refiriendo a la hipótesis
del personal que se halla navegando en alta mar, en cuyo caso
tendremos la difícil, cuando no imposible dificultad de regular lo
que es la remisión de la documentación electoral y la recepción del
voto emitido. Personal en buques de pabellón extranjero; se regula
aquí una situación cuando menos controvertida y difícil de
intervención de las autoridades extranjeras en procesos electorales,
con lo que ineluctablemente nos vemos abocados a la siguiente
disyuntiva: o bien hemos de regular vía tratado internacional una
materia de suyo compleja y necesitada de multilateralidad, o bien nos
encontraremos ante un supuesto flagrante de impotencia normativa de
la ley española. Finalmente, los ciudadanos que, sin ostentar la
condición de residentes ausentes, se hallen en el extranjero en el
momento de celebración de las elecciones, situación que a juicio de
nuestro grupo se resuelve con la promulgación y entrada en vigor del
vigente Real Decreto 2345/2000, de 15 de diciembre, en cuanto permite
con una antelación de 41 días a la celebración
de las elecciones la inscripción en el registro de matrícula
consular o en el censo electoral, y por consiguiente el ejercicio de
este derecho.
En cuanto a la proposición no de ley presentada por el Bloque
Nacionalista Gallego nuestra incompatibilidad iba también no tanto en
relación al texto como a su parte dispositiva, y fundamentalmente por
una doble circunstancia: primero, porque instaba al Gobierno a crear
una comisión de estudio que a nuestro juicio y por la propia
naturaleza al afectar a materia electoral, esto es a la definición de
las reglas de juego de carácter democrático, debería residenciarse en
sede parlamentaria donde están representadas todas las formaciones
políticas; y en segundo lugar, por cuanto dicha comisión podría
duplicar el trabajo de la ponencia recientemente constituida en el
Senado, en la que bien podría incluirse en su agenda la cuestión
objeto de debate o cualquier otra que presente una coloración
electoral.
En definitiva, señorías, mi grupo es sensible a la problemática que
suscita, que late, que palpita en el texto del Partido Socialista,
del Bloque Nacionalista Gallego y del Partido Nacionalista Vasco, y
quiere demostrar en esta tribuna su disponibilidad a estudiar ésta o
cualquier otra cuestión de naturaleza electoral en el seno de la
citada ponencia.
La enmienda transaccional propuesta por el Partido Socialista,
consistente en acotar temporalmente dentro de esta legislatura lo que
nosotros proponíamos en nuestra enmienda de sustitución, obedece a
nuestro juicio al espíritu constitucional de consenso que debe
presidir la materia electoral, y en ese sentido será votada
afirmativamente por el Grupo Parlamentario Popular.
Concluyo ya, señora presidenta, manifestando mi convicción de que si
la libertad es de alguna forma la sustancia de la democracia, el
derecho de sufragio constituye su más sublime expresión y
probablemente su más preciada divisa; divisa que en virtud de ese
espíritu constitucional de consenso al que aludía la enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, debe responder a
los principios del sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto. Quiero manifestar una vez más en esta tribuna la total
predisposición de mi grupo a abordar ésta o cualquier otra cuestión
en materia electoral, codo con codo con todas las formaciones
políticas presentes en esta Cámara, para la realización de la
vocación constitucional del derecho de sufragio que es la vocación
constitucional de consenso, para que todos continuemos avanzando en
la perfección del derecho de sufragio y en la perfección de nuestro
sistema electoral, que es tanto como avanzar en la perfección de
nuestra democracia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
A estas alturas del debate, y con lo que han ido diciendo los
respectivos portavoces, nos congratulamos de que haya ese consenso de
fondo en la preocupación común y en el deseo armónico de dar una
solución a facilitar el derecho de sufragio de los ciudadanos
españoles que en los momentos de los comicios se encuentren
imposibilitados por la distancia, en este caso embarcados en buques
bien de la Armada, bien de la marina mercante, y específicamente como
se ha señalado también a las tripulaciones de los buques de pesca de
altura que se ven limitados en el ejercicio de este derecho
constitucional.
Hemos leído, porque es muy didáctica, la exposición de motivos que ha
hecho el Grupo Parlamentario Vasco en su proposición no de ley. Hace
un recorrido secuencial desde el imperativo legal que significa el
artículo 68 en su punto 5 de la Constitución española, hasta llegar
a los últimos debates que hemos tenido en esta Cámara para ir
perfeccionando, como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, este derecho constitucional. Lo importante es
destacar que el artículo 68.5 de la Constitución española dice con un
mandato imperativo para el legislador no sólo que la ley reconocerá,
sino que el Estado, el Gobierno que administra también el Estado,
facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que
se encuentran fuera del territorio de España. La Ley orgánica del
Régimen Electoral General dió un paso para ir en el reconocimiento y
facilidad de este imperativo constitucional creando el censo de
residentes ausentes, que venía a recoger más bien la problemática del
emigrante español que estaba por trabajo, estudio o lo que fuera en
otros territorios, en otras áreas geográficas distanciadas del
territorio del Estado español; pero nos hemos encontrado con esta
realidad de las tripulaciones embarcadas en buques de la Armada o de
la marina mercante. Se trata fundamentalmente, y a esto apunta
también afortunadamente el preámbulo de exposición de motivos que ha
traído el Grupo Parlamentario Vasco, de transformar lo que mi grupo
entiende un derecho formal de la Constitución en un derecho real.
Esto es lo fundamental para el ciudadano, porque no le podemos decir
solamente que tiene el derecho formal a votar y participar en las
elecciones, hay que hacérselo posible y factible cuando una serie de
circunstancias (la distancia, la ubicación de ese ciudadano en un
buque que navega en altura en los océanos) no puede hacer factible
y posible el derecho formal y transformarlo en derecho real. De aquí
que mi grupo va a votar, como decía a estas alturas del debate, el
encuentro razonable y sensato que partiendo de estas iniciativas se
ha obtenido por el ensamblaje de las enmiendas que el Partido Popular
y el Grupo Parlamentario Socialista, perfeccionando incluso sobre el
texto del Partido Popular los tiempos de mayor brevedad,
concretándolos para que
sean dentro de la presente legislatura, porque no es sólo el
reconocimiento del espíritu de la Constitución, sino la letra donde
está el mandato imperativo que significa lo que he dicho antes, hacer
posible que un derecho formal sea un derecho real plenamente
ejecutable.
Hoy tomamos conciencia todos y el Gobierno debe traer un proyecto de
ley cuanto antes, dentro de esta legislatura, para ensamblar más las
dos enmiendas complementarias del Grupo Popular y del Grupo
Socialista, para que se dé un paso más en el perfeccionamiento de una
Constitución que no puede dejar fuera de su asistencia ejecutiva a
ningún segmento de los ciudadanos del Estado español. De ahí que mi
grupo se sume a este consenso y vaya a votar favorablemente la
enmienda final que la presidencia someterá a votación de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, voy a intervenir con
brevedad.
A pesar de que la Constitución española -lo han dicho todos los
portavoces que me han precedido- garantiza a todos los españoles y
españolas el derecho a elegir a sus representantes políticos a través
de los procesos electorales, es evidente que para un colectivo
profesional como el de los marinos mercantes y de los pescadores
profesionales, este derecho al sufragio activo se está viendo
coartado por una regulación excesivamente rígida y formalista de la
Ley orgánica del Régimen Electoral General.
Durante este tiempo, las organizaciones representativas de los
marinos mercantes y de los pescadores profesionales se han dirigido a
los distintos grupos parlamentarios que son y han sido, para hacer
llegar a esta Cámara su demanda de modificación de la legislación
vigente, con el objetivo de salvaguardar su derecho al voto y con
ello su participación en el proceso político español. En consonancia
con todo lo anterior, mi grupo parlamentario pensaba votar a favor de
cada una de las proposiciones no de ley, y saludamos que se haya
llegado al acuerdo con la transaccional porque entendemos que es una
acción legislativa necesaria para el remedio de esta situación a
través de esa reforma de la LOREG que tenga como resultado un
procedimiento de voto de los marinos mercantes y de los pescadores
que en estos momentos y a pesar de querer votar tienen severas
dificultades para hacerlo.
Nosotros saludamos la postura del Grupo Parlamentario Popular,
dejando a un lado dinámicas de confrontación entre Gobierno y
oposición, que aquí no tienen sentido -tampoco en otro sitio-, y
atienda las justas demandas de los marinos mercantes y pescadores
profesionales.
No obstante, con el texto de la transaccional en la mano
-a lo mejor puede ser que uno esté un poco equivocado-, sería
conveniente que no solamente se presente dentro de la presente
legislatura, como alguien ha dicho, sino que sea aprobada antes de
las próximas elecciones generales, independientemente de alguna que
otra autonómica que haya por ahí; quiero recordar que hay alguna que
otra confrontación electoral importante que sin duda demanda y
necesita que este colectivo pueda tener facilidad a la hora de emitir
su voto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de
Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el «Diario de Sesiones» de esta Cámara
recoge una voluntad inequívoca de nuestro grupo parlamentario de
participar de manera activa, responsable y a la vez serena y
posibilista, en cualquiera de las reformas que se han ido produciendo
a lo largo de los últimos años para perfeccionar o mejorar la norma
reguladora del sistema electoral, la ya citada LOREG. Por tanto,
desde esta perspectiva histórica que existe en el «Diario de
Sesiones» de esta Cámara, nadie va a dudar de nuestra voluntad de
colaborar, repito, en la perfección de una norma que entendemos
básica para instrumentalizar, lógicamente en positivo, nuestro
sistema constitucional como es la Ley Electoral.
Las tres propuestas que debatimos, la del Grupo del Partido
Nacionalista Vasco, la del Grupo Socialista y la del Bloque
Nacionalista Galego tienen en común precisamente esa voluntad de
mejorar lo que tenemos en el Boletín Oficial del Estado y lo que
venimos utilizando, y mejorarlo desde una coincidencia en que el
derecho al voto del personal embarcado en la flota pesquera, en los
buques de la Armada o de la Marina Mercante se ve condicionado,
digámoslo así, por las circunstancias inherentes a esta situación
profesional.
La solución, señorías, no es fácil. Que se hayan presentado tres
proposiciones no de ley en vez de hacerse tres propuestas de ley ya
indica la dificultad de encontrar no una solución consensuada, que
estoy convencido que todos los grupos desean, sino técnicamente
factible, es decir que obedezca a la finalidad que todos pretendemos.
El portavoz del Grupo Socialista, así como el del Grupo Parlamentario
Popular, ha citado varias normas vigentes elaboradas por distintos
gobiernos precisamente dentro de esa tendencia hacia el posibilismo;
no obstante, todos hemos convenido en que todavía hay un tramo que
recorrer y mejoras que realizar; pero repito que la solución no va a
ser fácil, porque existiendo el derecho debe cubrirse no sólo un
ejercicio al derecho al
sufragio universal sino las garantías jurídicas que son inherentes al
mismo, entre otras que sea un voto libre, secreto y directo.
Admitirán SS.SS. que esto no es fácil de garantizar al cien por cien
en alta mar, derivándose de ahí el hecho de que tengamos alguna
laguna, que la tenemos y la hemos observado, procedente de una LOREG
que, reitero, ha sido perfeccionada en el tiempo con una voluntad yo
diría que prácticamente unánime si mi memoria no me falla de las
distintas Cámaras que han integrado las diferentes legislaturas, pero
ahí está cierta dificultad de solución real de este problema que
venimos detectando.
Nos congratula -en eso nos unimos a las palabras del portavoz de
Coalición Canaria- que los dos grupos mayoritarios de la Cámara hayan
acordado presentar una enmienda transaccional, enmienda que a su vez
ha sido aceptada por los otros grupos proponentes, por el Partido
Nacionalista Vasco y por el Bloque Nacionalista Galego. Eso dice
mucho de la detección del problema, aunque no dice tanto de la
dificultad de la resolución; en todo caso dice mucho de la voluntad
política de trabajar conjuntamente y hallar una solución. A esa línea
nos sumamos, con la voluntad inequívoca a que he hecho referencia al
inicio de mi intervención de mejorar y perfeccionar la LOREG, y vamos
a votar a favor de la enmienda transaccional que ha presentado el
Grupo Socialista a la enmienda que presentó en su momento en el
registro de la Cámara el Grupo Parlamentario Popular, además con la
convicción de que va a ser aprobada por unanimidad, cosa que nos
congratula.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señorías, antes de iniciar la votación, quería decir al señor
Erkoreka que la enmienda transaccional, que ha planteado el Grupo
Parlamentario Popular y que el señor Hernández, del Grupo
Parlamentario Socialista, ha dicho aceptar, afecta únicamente a la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. No sé si su grupo
quiere que se vote su texto o lo retira.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Aceptamos la enmienda transaccional planteada por el Grupo
Socialista, anunciando que los aspectos de nuestra proposición que no
están incluidos los plantearemos en la Comisión del Senado a estos
efectos.
La señora PRESIDENTA: Entiendo retirada su iniciativa.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Naturalmente, aceptamos la enmienda
transaccional, para eso hemos participado en ella.
La señora PRESIDENTA: Entonces, dando por retiradas las iniciativas
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Vázquez, sometemos a votación la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista con el contenido de la enmienda
transaccional aceptado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 290.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA IMPULSAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA, EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA IGUALDAD EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA.
(Número de expediente 162/000255.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), RELATIVA A LA PUESTA
EN MARCHA DE UNA TASA SOBRE LOS MOVIMIENTOS INTERNACIONALES
ESPECULATIVOS DE CAPITAL. (Número de expediente 162/000271.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAD, SOBRE
ACTIVACIÓN DE LAS INICIATIVAS APLAZADAS NECESARIAS PARA EL PROGRESO
DE LOS PUEBLOS Y PARA REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA POBREZA. (Número de
expediente 162/000341.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos, a continuación, el debate de las
iniciativas que figuran con los números 10, 11 y 12 en el orden del
día y que serán debatidas conjuntamente. En primer lugar, proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de
cooperación internacional para impulsar la estabilidad financiera, el
desarrollo económico y la igualdad en una economía globalizada; la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura,
relativa a la puesta en marcha de una tasa sobre los movimientos
internacionales especulativos de capital y la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre activación
de las iniciativas aplazadas necesarias para el progreso de los
pueblos y para reducir sustancialmente la pobreza.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, les reconozco que no sé si es el mejor momento psicológico
para hablar de la tasa Tobin en el mundo de nuevas inquietudes y
zozobras que hoy tenemos a la vista. Yo les aseguro de antemano que
vengo a hablar de política, no de guerra, algo que me parece más
indispensable que nunca en las condiciones derivadas de la
globalización.
Decía el señor presidente del Gobierno, en el debate pasado sobre los
resultados de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión,
que los terroristas que se estrellaron contra las Torres Gemelas no
eran los representantes de los oprimidos en busca de una justicia
planetaria. No puedo estar más de acuerdo. El argumento según el cual
la miseria del mundo, de la cual algunos culpan a los Estados Unidos,
conduciría inexorablemente a que unos cuantos desesperados, que se
arrogan la representación moral de los pobres de la tierra, atenten
contra edificios públicos, matando a miles de personas, entre ellas
por ejemplo a los latinoamericanos que estaban allí limpiando las
escaleras, resulta inaceptable.Pero su negación no debiera tampoco
servir de coartada para ignorar que, con terrorismo o sin él, el
mundo en el que nos movemos, como otras veces en el pasado, está
generando condiciones que favorecen la aparición de nuevas violencias
y también de guerras. Hoy, desde el relativo confort de un país
desarrollado como España, sabemos lo equivocado de imaginar que
podemos vivir al margen del mundo, tal y como resulta ser por la
acción y por la inacción de todos.
Entendemos todos ya por globalización que todos dependemos los unos
de los otros, que las distancias importan poco ahora, que lo que
sucede en un lugar puede tener consecuencias mundiales, que lo que
hacemos o nos abstenemos de hacer puede influir en las condiciones de
vida y de muerte de gente que vive en lugares que nunca visitaremos y
de generaciones que no conoceremos jamás. Aunque la historia se
construya de decisiones humanas, lo nuevo es que las condiciones en
que se toman esas decisiones escapan en gran medida a nuestro
control. Uno puede estar a favor o en contra de esta nueva
interdependencia mundial, sin que por ello deje de existir, pero eso
no puede significar tampoco ser pasivos.
Hace unos días Zygmunt Bauman señalaba en un artículo brillante, en
un periódico de difusión nacional, que hace medio siglo, Karl Jaspers
podía aún separar limpiamente la culpa moral, la que sentimos cuando
hacemos daño a otros seres humanos, de la culpa metafísica, cuando
sentimos el daño que se inflige a un ser humano, aunque no hayamos
tenido ninguna actuación en ese daño. Una distinción, decía él, que
ha perdido ya todo su sentido con la globalización. Y proseguía:
Cuando un ser humano sufre indignidad, pobreza o dolor, no podemos ya
tener la certeza de nuestra inocencia moral. No podemos declarar que
no lo sabíamos,
ni estar seguros de que no hay nada que cambiar en nuestra
conducta para impedir o al menos aliviar la suerte del que sufre.
Puede que individualmente seamos impotentes, pero podríamos hacer
algo unidos, y esta unión está hecha de individuos y por los
individuos. Reconozcamos, señorías, que la globalización del capital,
de las finanzas, del comercio, tan decisivos por otro lado en la
determinación de la vida humana, no guarda apenas relación con los
recursos que la humanidad ha desarrollado para controlar estas
propias fuerzas. Y lo que es más importante, la globalización no ha
generado una contrapartida paralela y global de control democrático.
Es como si el poder hubiera volado de las instituciones desarrolladas
a lo largo de la historia de los Estados modernos nacionales, que han
perdido poder en su forma actual, sin que por el momento haya
aparecido un sustituto eficaz.
El nacimiento del capitalismo moderno significó en su momento la
separación de lo económico del mundo de lo -llamemos- doméstico,
aquella red de relaciones urbanas y rurales, de parroquias, de
gremios. Hoy, estamos conociendo a otra escala mayor un proceso
semejante. El nacimiento del capitalismo y la separación mencionada
se saldó con la moderna configuración del Estado-nación. Los Estados
modernos entonces eran emergentes y reclamaron esa tierra de nadie
que el mundo de los negocios consideraba de su exclusiva propiedad, y
por ello, los Estados invadieron aquel espacio. Hoy tenemos de nuevo
un vacío, un enorme vacío que llenar, un vacío al que viene al pelo
recordar aquello que dijo Carlos Marx, cuando acusó de utópicos
a quienes abogaban por una sociedad mejor, más equitativa y más justa,
y que tenían la esperanza de lograrlo deteniendo en seco el avance
del capitalismo y volviendo al punto de partida, al mundo premoderno.
Al menos en esto -en otras cosas no, desde luego- la historia le ha
dado la razón. Tampoco hoy hay marcha atrás, ni se pueden poner
puertas al campo, pero de ello no debiéramos sacar la conclusión de
que no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer para empezar a
gobernar la globalidad y transformar la interdependencia en que
vivimos los humanos en una corresponsabilidad por los resultados
alcanzados.
La importancia y la notoriedad que han alcanzado los movimientos
antiglobalización no ha hecho sino producir perplejidad en el mundo
desarrollado. Seattle, Praga, Génova, Porto Alegre, con diferentes
énfasis y acentos, ilustran ese vacío pendiente de cubrir en el que
lo fácil, y además indispensable, es condenar o descalificar a los
violentos, pero lo difícil es la búsqueda de alternativas
practicables a los problemas reales denunciados. Mientras la riqueza
creada anualmente es 19 veces superior a la que se creaba en el año
1900, nunca ha habido tantos pobres en el mundo. Según los datos del
Banco Mundial del año 2000, 2.800 millones de hombres y mujeres deben
vivir con menos de dos dólares al día, y 1.200 de ellos lo hacen con
menos de un dólar.
Como saben, señorías, la idea de una tasa Tobin, o de una tasa tipo
Tobin, no es nueva. En realidad es muy vieja, como muchísimas de las
ideas que se creían imposibles y que hoy pugnan por desarrollarse, e
incluso algunas están en curso de ejecución; el euro -entre otras- o
el Tribunal Penal Internacional, hace poco; más recientemente, el
acuerdo de los países europeos para la aplicación de la extradición
por terrorismo, o, aún más recientemente, el acuerdo unánime del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación con el apoyo
financiero al terrorismo y las obligaciones a ese efecto de
cooperación internacional de los países. El primer ministro francés,
Lionel Jospin, se expresó este verano a favor de la tasa Tobin,
añadiendo notoriedad y actualidad a la propuesta; pero son muchos los
parlamentarios de todo el mundo que lo han hecho antes, como algunos
gobiernos y diversos parlamentos; el de Canadá, entre otros. La
presidencia belga se ha comprometido a llevar el debate a las
instituciones de la Unión Europea y, de momento, se han preparado las
bases de un estudio que deberá realizar la Comisión. El Parlamento
Europeo, que ya debatió sobre esta cuestión el año pasado, tiene
previsto también mantener un nuevo debate a iniciativa de varios
grupos parlamentarios.
Señorías, la idea de la tasa Tobin es una idea vieja. La idea del
premio Nobel Tobin es, en realidad, una adaptación de una idea de
Keynes, expresada en el año 1936 al reflexionar sobre la gran
depresión. A su juicio, los mercados eran demasiado volátiles en Wall
Street por la inexistencia de impuestos sobre las transacciones, que
sí existían, por el contrario, en la Bolsa de Londres. Decía Keynes,
en una frase que hoy merece la pena recordar: se suele coincidir en
que, por razones de interés público, los casinos deberían ser
inaccesibles y caros. Quizás esto es también verdad referido al
mercado de valores. Algunos han calificado la economía del mundo como
un casino global.
Como saben, James Tobin propuso, en 1972 y en años posteriores, la
conveniencia de un pequeño impuesto -entre el 1 por mil y el 2,5 por
mil- sobre las transacciones en divisas, con el fin de reducir la
especulación, causa relevante de la inestabilidad que ha aquejado al
sistema financiero internacional y que está detrás de muchas de las
crisis conocidas. Muchos otros economistas han dado su trabajo para
perfeccionar esa propuesta y para eliminar algunos de los
inconvenientes técnicos, que sin duda toda propuesta impositiva
tiene. Se pretende que un impuesto de este tipo no afecte al comercio
internacional, ni a los movimientos de capital a largo plazo, pero sí
que contribuya a reducir los movimientos de dinero caliente -de hot
money-, que no sólo son capaces de vaciar las reservas de cualquier
banco central, como se ha visto en Latinoamérica, en Asia y en otros
países, sino también de sumir en la recesión y el paro a economías y
continentes enteros, tras años de esfuerzo por salir de la pobreza.
Desde 1971, el volumen de las transacciones se ha multiplicado por
83. En 1973 todavía se estimaba que el 80 por ciento de las
transacciones que se hacían estaban ligadas al comercio. Hoy, más del
95 por ciento de las transacciones sobre divisas no guardan relación
ni con el comercio de bienes, ni con el de servicios, ni con las
inversiones, y pueden en ese sentido calificarse de transacciones de
carácter puramente especulativo. Añadamos que más del 40 por ciento
de esas transacciones corresponden a operaciones de compra y venta
realizadas en menos de tres días, y un 80 por ciento a operaciones
llevadas a cabo en un plazo inferior a una semana. ¿Qué se pretende
con un impuesto de esta naturaleza? Dos son los objetivos
principales: reducir la volatilidad y garantizar así la estabilidad
financiera internacional y, de paso, obtener recursos financieros
-pretensión bien querida por algunos- con los que contribuir a la
causa de la lucha por el desarrollo y la reducción de la pobreza. La
primera de las finalidades es objeto de apasionados debates entre
economistas, como suele ser usual. No puedo reproducir ese debate -no
es este el lugar-, pero permítanme decirles nada más que existen
serias razones económicas para sostener que, si se pudiera aplicar un
impuesto de ese tipo -una especie de impuesto sobre los pecados o sin
tax, como lo llaman los anglosajones-, podrían esperarse efectos
positivos en términos de estabilidad financiera internacional.
Un impuesto de ese tipo puede ser una medida económica adecuada
cuando existen, como es el caso, externalidades negativas que afectan
a muchos sujetos. Externalidades que resultan a la postre de la
utilización en beneficio privado de un bien público como es el
sistema monetario internacional. Se trata de devolver la eficiencia a
mercados en los que existen serias imperfecciones que llevan a
resultados bien lejanos de lo que podríamos llamar el óptimo social.
Un argumento que tiene que ver con los comportamientos conocidos en
la teoría financiera como comportamientos de rebaño, o también con lo
que se llama en la jerga financiera el riesgo derivado del ruido de
mercado. Para que se hagan alguna idea de los recursos potencialmente
allegados por una implantación universal de la tasa Tobin, las
estimaciones van -dependiendo de las condiciones- desde 50.000
millones de dólares a 250.000 millones de dólares. En comparación,
Naciones Unidas ha evaluado el coste de un programa para eliminar las
expresiones más graves de la pobreza en el Tercer Mundo entre 30.000
y 40.000 millones de dólares.
Sin embargo, señorías, soy consciente de que los problema no son
cuánto dinero podríamos allegar, sino cuál es la voluntad política y
la posibilidad técnica de alcanzar un acuerdo en esta dirección. La
discusión entre los técnicos, entre los economistas, es la de la
factibilidad técnica; entre los políticos debiera ser la de la
factibilidad política. Los que dicen que no es practicable un
impuesto tipo Tobin argumentan que el mercado
de divisas es altamente descentralizado, desregulado, muy móvil e
innovador. Si alguien trata de imponer un impuesto -añaden-
simplemente el comercio de esta divisa se traslada a un off-shore. De
modo que haría falta un consenso general para su establecimiento,
especialmente cuando resultan fuertes incentivos para países
individuales salirse del consenso y crear un paraíso fiscal. Las
actuales novedades en relación con los paraísos fiscales y la nueva
voluntad expresada internacionalmente dan alguna esperanza en esa
dirección. Más aún -continúan los críticos- si finalmente se pudiera
hacer sería difícil de recaudar el impuesto dada la cantidad de
instituciones involucradas y de activos financieros denominados en
divisas.
No quiero entrar en todos los elementos técnicos, para los cuales no
hay tiempo; pero permítanme simplemente señalarles algunos elementos
de reflexión. Muchos mercados financieros aplican hoy impuestos sobre
el volumen de las transacciones financieras, incluidos los Estados
Unidos de América, Hong Kong, Singapur o el propio mercado de valores
francés. La inmensa mayoría de las transacciones se realizan en menos
de 10 plazas financieras, lo cual hace relativamente más fácil un
esfuerzo de coordinación. En realidad, el comercio mundial de divisas
está soportado por una infraestructura global altamente centralizada
que es la que permite mantenerlo. Tanto es así que en este momento,
como han señalado diversos autores y técnicos especialistas en la
materia, un impuesto girado sobre las transacciones al por mayor no
sólo haría relativamente difícil la evasión, sino fácilmente
implantable una fórmula de ese tipo. Por otro lado recuerden, o por
lo menos tengan en consideración, que en este momento, a pesar de las
apariencias, la mayor parte de las transacciones se realizan al
amparo de la tecnología, los medios de comunicación y la tecnología
de servicios utilizada por la llamada Society for world wide
Interbank Financial Telecomunications (SWIFT), una institución que
tiene previsto además generar en breve una tecnología adicional para
hacer un mercado aún más perfecto, más rápido, más seguro y además
multidivisas.
Por último, la existencia de derivados, de instrumentos financieros
llamados derivados, que ciertamente plantean algún problema, han sido
tratados en la literatura al efecto como para pensar que no es
imposible hacer frente a los problemas derivados de la evasión. En
fin, no hay un solo impuesto que no genere incentivos a la evasión.
Esto es la piedra Rosetta de todos los reguladores. Cualquiera sabe
que cuando se genera una regulación aquellos regulados tratan de
saltarse la regulación y los reguladores reaccionan con nuevas
regulaciones para hacer imposible el saltarse la regulación; nada
nuevo en ese sentido bajo el sol.
Señorías, yo no he venido aquí a hablar de cuestiones técnicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Eguiagaray, le rogaría
que fuese concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor presidente.
Déjenme terminar haciendo solamente una reflexión política. La
necesidad de la política una vez más. La defensa de asuntos
importantes es obvio que no se puede hacer desde el desconocimiento
de las dificultades técnicas. No he venido a decirles que esto sea
fácil; he venido a decirles que tiene fundamentos y que tiene
fundamentos sólidos. He venido sobre todo a señalarles las
implicaciones políticas que tiene una propuesta como la que aquí
hacemos. No la propuesta de implantar en España una tasa tipo Tobin
para la cual no podríamos, ni siquiera sería oportuno ni deseable. Lo
podrían hacer la Unión Europea y los Estados Unidos, especialmente si
actuaran al unísono. Lo que quiero señalarles sobre todo es que no se
trata de expresar cuánta fe o cuánta confianza podemos tener en la
existencia de una economía de mercado.
Los que estamos aquí seguramente compartimos la necesidad de aceptar
los marcos, las limitaciones y hasta algunas de las insuficiencias de
las economías de mercado, convencidos, como estamos, de que los
mercados también son una parte fundamental en el desarrollo económico
y hasta una parte fundamental para el desarrollo futuro de los países
menos avanzados.
De lo que se trata no es, desde luego, de negar la importancia de
instituciones financieras sólidas y creíbles, como nos dice la
ortodoxia financiera, de mecanismos profesionales de supervisión
prudencial, de sistemas de análisis y de gestión del riesgo, como se
están proponiendo en el nuevo acuerdo de Basilea, u, obviamente, de
la necesidad de contar con fundamentos económicos sólidos, también en
las economías del Tercer Mundo y con políticas económicas que sean
respetables, elementos sin los cuales ninguna moneda, por muchas
tasas Tobin que se impusieran, podrá resistir la falta de
credibilidad que en un momento determinado ofrezca el mercado.
Ninguna tasa Tobin va a eliminar un ataque sobre una divisa si,
efectivamente, los fundamentos económicos de un país no responden a
aquello que en el medio plazo es visto por los mercados.
De lo que se trata ahora, señorías, y es lo que les solicito, es que
España, que no puede ser ajena a lo que está ocurriendo en el mundo,
ni a la injusticia ni a los problemas que existen en el mundo, no sea
una voz pasiva amparada en no sé qué imagen de ortodoxia que se
quiera dar, cuando son múltiples las instituciones internacionales,
múltiples las instituciones privadas y públicas, que han asumido, en
el marco de su debate, la necesidad de considerar las condiciones y
las posibilidades de poner en marcha un impuesto del tipo Tobin en
cualquiera de las fórmulas que se pudieran acordar.
Si el mundo globalizado, y termino señor presidente, es sólo el mundo
de los mercados, de unos mercados
que ni siquiera son eficientes desde el punto de vista técnico del
término, los objetivos de los ciudadanos y de los gobiernos que
desean un mundo diferente y mejor, más estable, menos injusto, con
menores desigualdades, se verán de nuevo frustrados. Por eso la
política tiene que ocupar ese papel, el de trazar objetivos y poner
los medios para alcanzarlos. No para negar los mercados, sino para
hacer que éstos cumplan precisamente el papel que los hombres hemos
decidido otorgarles, el de exclusivos medios para alcanzar los
objetivos que pretendemos.
Los mercados no son creaciones divinas ni fenómenos naturales, son
simples instituciones humanas, demasiado humanas para tratarlas como
si fueran dioses; dioses que, además, en ocasiones, no hacen sino
ocultar la responsabilidad de los hombres en las cosas que ocurren.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Eguiagaray.
Para la defensa de la proposición no de ley relativa a la puesta en
marcha de una tasa sobre los movimientos internacionales
especulativos de capital, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señora y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds, la proposición no de ley relativa a la puesta en
marcha de una tasa sobre los movimientos financieros especulativos,
la llamada tasa Tobin. Nuestra proposición no de ley contiene tres
puntos: instar al Gobierno a que estudie la posibilidad de concretar,
a escala internacional, una tasa sobre las transacciones
especulativas, proponer a las autoridades de la Unión Europea la
concreción de esta tasa y promover un plan internacional para la
aplicación de la misma.
Antes de empezar a defender esta iniciativa, quiero desde aquí
expresar la satisfacción de que, por primera vez, en el Pleno del
Congreso se debata la aplicación o la posible aplicación de la tasa
Tobin, y expresar un reconocimiento a ATTAC, a Le monde diplomatique
y a Ignacio Ramonet, sin cuyo trabajo desde hace muchos años
posiblemente hoy no estaríamos discutiendo estas iniciativas en el
Congreso de los Diputados.
ATTAC, es decir el movimiento internacional de ciudadanos para el
control democrático de los mercados financieros y sus instituciones,
ha realizado y está realizando una campaña importantísima, que se
está abriendo camino en la política. ¿Por qué ha aparecido la
propuesta de la tasa Tobin y por qué esta propuesta, como he dicho,
ya se ha abierto o se está abriendo camino en las instituciones, como
luego explicaré, por qué hoy llega aquí y por qué nosotros la
proponemos? Por una sencilla razón, porque el actual proceso de
globalización
neoliberal ha promovido una desregulación constante y
progresiva, que ha conducido a una libertad total de movimientos de
capital, y se ha favorecido e impulsado claramente la especulación
financiera.
En la actualidad, las transacciones financieras han alcanzado cifras
verdaderamente exorbitantes. Hoy, ayer, mañana, cada día, más de 300
billones de pesetas se mueven de un país a otro. De estos movimientos
de capital, sólo el 10 por ciento responde a intercambios de bienes y
servicios, es decir, el 90 por ciento de las transacciones
financieras internacionales son transacciones especulativas. Una masa
de capitales de tal dimensión astronómica moviéndose libremente de
unos países a otros, y una elevada velocidad facilitada por el gran
avance de la tecnología, obedeciendo únicamente a intereses
especulativos inmediatos de los mercados, genera una gran
inestabilidad financiera mundial y en cualquier situación de crisis
financiera socava de forma inmediata y dramática, como hemos visto en
los años anteriores, el nivel de bienestar de la población,
especialmente de la población de los países en vías de desarrollo.
Más aún, la actual arquitectura financiera internacional, construida
sobre la existencia de la total libertad de movimientos de capital,
la existencia de paraísos fiscales, la inexistencia de regulaciones
acerca del cumplimiento de normas básicas en el campo de los derechos
humanos, laboral, social y medioambiental tiene otro efecto: mina las
instituciones democráticas, vacía las instituciones democráticas,
impidiendo de facto cualquier intento de control que permita
restituir el interés general por encima de las meras lógicas
especulativas, que sólo benefician a unos pocos.
La conclusión y los efectos son claros. En estos momentos, la actual
globalización es una globalización en la que manda, fundamentalmente,
la economía financiera especulativa y manda sobre la política. El
señor Eguiagaray hacía una reflexión final sobre la pérdida
progresiva de poder político para fijar objetivos sociales. No deja
de ser contradictorio que en la era del triunfo de la democracia, el
alma de la democracia, que es la política, esté enferma. Los efectos
del actual proceso de globalización no hace falta reiterarlos.
Simplemente, una cifra: de los 6.000 millones de personas que hoy
vivimos en la tierra, sólo 1.000 podemos decir que vivimos en una
situación de prosperidad. Este diagnóstico es un diagnóstico que no
sólo ha repetido las Naciones Unidas, sino que, desde hace muy poco,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE ya han
aceptado los efectos negativos del actual modelo de globalización.
Es cierto que hoy se crea mucha más riqueza que nunca, pero también
es cierto que hoy se destruyen muchos más recursos naturales que
nunca. Es cierto que se está incrementando de forma vertiginosa la
eficiencia, pero también es cierto que paralelamente se están
incrementando las desigualdades. Esta situación
ha sido contestada en Seattle, en Génova, en Praga, pero también ha
sido contestada positivamente en el I Foro social mundial que se
celebró en enero, en Porto Alegre. En todo caso, el denominador común
de la contestación ha sido que es necesario un nuevo orden económico
internacional que contemple el gobierno político y democrático de la
globalización económica. En el Foro social mundial de Porto Alegre,
al que tuve la oportunidad y la suerte de asistir, empezaron a
aparecer, a concretarse algunas líneas de acción alternativas al
actual modelo de globalización neoliberal: la necesidad de la
abolición de la deuda externa de los países pobres, la necesidad de
eliminación de los paraísos fiscales, la necesidad de la reforma de
las instituciones financieras internacionales, que hoy ni son
democráticas ni tienen control democrático, y también apareció la
necesidad de la tasa Tobin. La tasa Tobin, como se ha dicho, es un
impuesto que tiene el objetivo de gravar transacciones, movimientos
de capital especulativos. Hay muchos aspectos técnicos, el primero,
decir de qué tanto por ciento de tasa estamos hablando. Tobin hablaba
del 0,1 por ciento al 0,5 por ciento. Evidentemente, la tasa Tobin no
resuelve, no hace frente a todos los problemas de la globalización
neoliberal, pero es, por primera vez, una respuesta concreta,
parcial, que significa un cambio en el modelo de globalización. Esta
respuesta ha de permitir, en primer lugar, disminuir y evitar la
especulación financiera que, como antes les decía, supone hoy el
movimiento diario de más de 250 billones de pesetas en transacciones
especulativas diarias. Significa también iniciar un proceso de
recuperación del déficit democrático que hoy tienen los mercados
financieros, aunque sea pequeñito. También significa generar
impuestos para hacer frente a los servicios sociales, a las
necesidades básicas de salud, de alimentación, de educación o
simplemente de acceso a agua potable. El programa de las Naciones
Unidas cifra en un máximo de 80.000 millones de dólares las
necesidades financieras para hacer frente a estos servicios sociales
básicos y, como también se ha repetido antes, dependiendo de la tasa
que se pusiera, estaríamos hablando de unas capacidades de ingresos
que se pueden situar prácticamente en 250.000 millones de dólares
anuales.
Esta propuesta que hoy debatimos aquí es una propuesta que ha tenido
ya pronunciamientos favorables, no sólo de ATTAC, de las ONG o de los
foros sociales mundiales, sino que en Finlandia, el Gobierno se ha
pronunciado favorablemente; en Bélgica, el Senado y el Congreso han
instado al Gobierno belga a que introdujera el debate de la tasa
Tobin en la presidencia de la Unión Europea belga de este semestre, y
así lo ha hecho la presidencia belga; en Francia, este verano, Jospin
se mostró favorable a la implantación de la tasa Tobin. El Parlamento
Europeo ha tenido diversos debates y una votación perdida por muy
poco margen hace seis o siete meses y en la reunión reciente del
ECOFIN,
celebrada los días 22 y 23 de septiembre de este año, se ha discutido
por primera vez la posible implantación de la tasa Tobin y se ha
decidido iniciar un estudio de viabilidad que debe estar presentado
antes de final de año. La tasa Tobin, que hace siete u ocho años
parecía una utopía irrealizable, se ha abierto camino porque son
necesarios instrumentos como la tasa Tobin y como otros que he citado
anteriormente, si de verdad se quiere hacer frente a los lloros y los
lamentos de los efectos negativos de la globalización. Luchar hoy
contra las desigualdades sociales implica necesariamente controlar
y regular las transacciones especulativas. Quien se niegue a estudiar
el control y la regulación de las transaccciones especulativas ha de
saber que está apostando por el incremento de las desigualdades
sociales. Las transacciones financieras especulativas pueden hundir
no sólo la economía de un país, sino como se ha demostrado la
economía de regiones mundiales enteras.
La propuesta que traemos hoy aquí, anuncio ya que votaremos
favorablemente las dos que se han presentado también la del Grupo
Socialista y la de Izquierda Unida, pretende de forma positiva dar
una respuesta a los efectos negativos de la globalización generando
ingresos necesarios para llevar a término los planes sociales básicos
que las propias Naciones Unidas dicen que se han de llevar a cabo y
para recuperar la política como instrumento de determinar objetivos
sociales. Por todas esas razones, señoras y señores diputados, les
pido el voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre activación de las iniciativas
aplazadas necesarias para el progreso de los pueblos y para reducir
sustancialmente la pobreza, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, mientras celebramos este debate mueren diariamente 30.000
niños. No son una estadística, señorías, son seres humanos, uno
detrás de otro, que sufren las consecuencias de un orden económico
injusto y de unas relaciones internacionales todavía más injustas.
Estos niños podrían, en la mayoría de los casos, evitar la muerte con
una mayor calidad de vida. Por suerte para la sensible conciencia del
Primer Mundo, estos inocentes se mueren poco a poco, se mueren en el
anonimato, se mueren sin la presencia en directo de la CNN, sin que
los medios de comunicación interrumpan las emisiones y les dediquen
programas especiales; se mueren sin hacer ruido y, si lo hicieran,
están demasiado lejos para que nos llegue su agonía. Señorías, por
más anónimas, por más distantes que sean estas muertes son tan
inútiles, tan indignantes, tan inocentes como todas las víctimas que
el terrorismo causa en todo el mundo. Piensen ustedes si puede haber
mayor terrorismo que el que deja morir de hambre a miles de personas
en un mundo en el que sobran los alimentos. La diferencia es que aquí
no tenemos a ningún malvado terrorista al que echarle la culpa porque
aquí los culpables son todos los que desde sus cómodos sillones,
desde sus cómodas responsabilidades contribuyen a que cada vez sean
mayores las diferencias entre los países ricos y los pobres. Son
todos aquellos que mantienen un régimen, un sistema de relaciones
internacionales, un orden económico totalmente injusto, tremendamente
injusto, que se sustenta en el empobrecimiento de la mayor parte de
la humanidad. Señorías, nos podrán acusar de alarmistas y de otras
cosas peores pero, por favor, no sean como el protagonista del
proverbio que cuando le señalaban la luna se fijaba en el dedo y no
veía la luna. La realidad está a pocas decenas de kilómetros de
nuestra frontera sur, está en el continente africano y en América
Latina donde los seres humanos que nacen no tienen más perspectivas
de vida que el de una muerte miserable por hambre, eso si antes no
les matan en alguna guerra regional con armas que les hemos vendido
en el humanísimo Primer Mundo, o se mueren de sida u otras
enfermedades mientras las empresas farmacéuticas siguen empeñadas en
hacer negocio con la venta de medicamentos básicos. La realidad es
tan cruel como que existen 80 millones de personas que no disponen de
alimentos suficientes y casi 500 millones padecen desnutrición. Es
tan cruel como que aproximadamente 1.300 millones de personas, casi
la cuarta parte de la humanidad, viven por debajo del límite de
pobreza; es tan cruel como que el sarampión o la diarrea agravada por
la desnutrición causan la muerte de siete millones de niños y de
niñas al año; es tan cruel como que un millón de niñas y de niños
practican la prostitución en Asia; como que los Estados en vías de
desarrollo gastan hoy un 60 por ciento menos en salud, educación y
nutrición de lo que gastaban en 1970 y como que existen 300.000 niños
y niñas soldados en el mundo.
Esta es la realidad, realidad que SS.SS. conocen bien, pero no está
mal que se lo recordemos para que comprendan la obligación de
reaccionar y reaccionar bien, como debe reaccionar un Parlamento,
porque podríamos constituir, si no está constituida ya, la asociación
de diputados sin fronteras y dedicar el 0,7 por ciento de la Cámara a
ayuda al Tercer Mundo. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es
actuar como tiene que hacerlo un Parlamento y promover iniciativas
que de verdad afronten el problema, que de verdad hagan que no
miremos hacia otro lado y, aunque sea por egoísmo, para evitar que la
desesperación, el hambre, la miseria empujen a millones de seres
humanos a perturbar la tranquilidad de nuestro desarrollado y
acomodado Primer Mundo; aunque sea solamente por ese egoísmo, hay que
reaccionar de forma inmediata.
Desde cierta ingenuidad, pero con toda firmeza, quiero sumar la voz
de Izquierda Unida, la voz de nuestro
grupo a la de millones de personas que en todos los rincones del
mundo están luchando hoy por un mundo más solidario, donde el ser
humano tenga al menos la posibilidad de vivir, de tener cubiertas las
necesidades mínimas que todo ser humano debería tener ya aseguradas
en el siglo XXI, porque hay posibilidades para ello en este planeta.
Por eso planteamos una proposición no de ley muy simple, una
proposición no de ley que queremos deje de ser una declaración
testimonial y plantee soluciones concretas y eficaces. En primer
lugar, proponemos que el Gobierno promueva en la Unión Europea y en
los organismos internacionales la adopción de la llamada tasa Tobin
sobre las transacciones financieras internacionales y que se destine
la recaudación de dicha tasa a la lucha contra la pobreza en los
países más desprotegidos. Lo hacemos porque, como ya se ha dicho aquí
y no está mal repetirlo, las transacciones de capital se han
convertido hoy en un factor esencial en la conformación de la
economía mundial y en el comercio internacional. Lo hacemos porque en
la última década las transacciones financieras están alcanzando
cifras exorbitantes y están superando ampliamente el valor de los
intercambios comerciales de bienes y servicios. Hoy se cifra en más
de 250 billones de pesetas la cantidad de dinero que se mueve
diariamente de un país a otro y, de estos, menos del 5 por ciento
corresponde a contrapartidas de transacciones comerciales. Una masa
de capital de esta dimensión moviéndose libremente de unos países a
otros y una elevada velocidad, facilitada por el gran avance de las
tecnologías de la información y obedeciendo únicamente a los
intereses especulativos inmediatos de los mercados financieros,
genera una gran inestabilidad financiera mundial y en cualquier
situación de crisis financiera provoca, tal y como ha reconocido
estos días el Banco Mundial, graves desastres en los países más
pobres, que ya estamos convencidos que son los que van a acabar
pagando las consecuencias del atentado terrorista, porque al final
sus economías son las que se van a ver más directamente repercutidas.
Así las cosas, nos sorprende, tenemos que repetirlo, que esa
facilidad de movimiento de capital siga contrastando con las
dificultades que su Gobierno sigue empeñado en poner a las personas
cuando quieren pasar de un país a otro; libertad para el capital y
nada de libertad para los movimientos de las personas. Esa es su
filosofía.
En este marco la llamada tasa Tobin propone gravar, con un tipo que
puede ser el 0,1 por ciento y algo más, las transacciones financieras
a corto plazo, con lo que se generaría una cantidad, ya se han dado
aquí las cifras que no voy a repetir, que si se compara con lo que
señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo podría
financiar a todos los seres humanos elementos tan importantes como la
salud, la educación, la alimentación o el acceso al agua potable,
cosas tan simples pero tan esenciales en estos momentos como para que
quien nace en África tenga perspectivas de vida más allá
de una muerte miserable. Estas, señorías, son actuaciones concretas y
no declaraciones de intenciones.
En segundo lugar, en nuestra iniciativa proponemos favorecer la
condonación de la deuda externa. No vamos a volver ahora aquí a este
debate, que ya hemos tenido y lo seguiremos teniendo, pero somos
persistentes y estamos convencidos de que éste es el camino, de que
hay que condonar la deuda externa de los países empobrecidos porque
es una losa que les impide desarrollar, es una losa en la que está el
origen de gran parte de los problemas que luego nos rebotan en
nuestras fronteras, en nuestras playas, cuando vemos los miles de
inmigrantes que acaban muriendo en nuestras costas, cuyo origen está,
entre otros factores, en esta deuda externa que atenaza a los países.
Por lo tanto, volvemos a proponer su condonación en el ámbito
europeo, en el ámbito mundial y también en el ámbito que le compete
al Gobierno español. Pedimos que acuerde esta condonación, ya lo
hemos dicho en otros debates, eso sí, con la garantía de que lo que
se genere de esta condonación no vaya a significar un enriquecimiento
de las elites locales sino que los fondos que se liberen vayan
directamente y bajo un control a propiciar el desarrollo de los
países para los que la deuda externa les supone esta losa.
En tercer lugar, señorías, volvemos a insistir en que se destine el
0,7 por ciento del producto nacional bruto español a la cooperación y
desarrollo internacional con los países empobrecidos. Qué lejos puede
quedar ya en la memoria aquella acampada, aquellos movimientos que
reivindicaban, que les hicieron a ustedes mismos, señores del Partido
Popular, firmar su complacencia, qué lejos quedan, pero qué cerca
está la realidad que sigue señalando esa necesidad, que Izquierda
Unida, que firma y cumple su compromiso, sigue reivindicando porque
es perfectamente posible su aplicación en nuestro país y en el resto
del Primer Mundo. Por eso volvemos a plantearles que se dedique este
0,7, para que devuelva la ilusión a todas aquellas personas que se
llegaron a creer la firma del Partido Popular, cuando vemos que
todavía está muy lejos de ser una realidad en estos presupuestos que
estos días estamos discutiendo.
También planteamos que se promueva la celebración de una nueva
reunión extraordinaria de las Naciones Unidas sobre la pobreza en el
año 2005, y que se haga desde una óptica bastante mejor de la que se
logró en la llamada Copenhague-75, que entendemos que apenas ha
servido para reiterar sus compromisos en la Cumbre mundial de 1995,
porque, como le decía anteriormente, hace falta compromisos concretos
reales y aplicables y no declaraciones de buenas intenciones que al
final vemos donde están quedando.
Esta es la propuesta para la que, como decía antes, con cierta
ingenuidad pero con firmeza, les pido el voto favorable, con la
esperanza de que, por una vez, seamos capaces de situar este
Parlamento al lado de los más débiles, que seamos capaces de situar
este Parlamento en condiciones de dar una respuesta a la demanda
de los más débiles de los que, por no tener, no tienen ni siquiera
la posibilidad de hacernos llegar su voz, de hacernos llegar su
agonía. Esta es nuestra propuesta. La responsabilidad, señores del
Grupo Popular, con su mayoría absoluta, es la de situarse en un lado
o en otro, porque aquí también, como en toda lucha contra el
terrorismo hay dos fronteras, los que están a favor y los que están
en contra. Ustedes decidirán de qué lado se ponen.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones no
de ley, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
ha estudiado en profundidad las tres proposiciones no de ley
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y hemos
presentado unas enmiendas de modificación o de sustitución a los
diferentes grupos proponentes, en la dirección de impulsar y reforzar
la cooperación internacional, la estabilidad financiera, el
desarrollo económico y la eliminación de desequilibrios de los países
en una economía cada vez más globalizada. También vamos en la
dirección de buscar la complicidad de los grupos proponentes, así
como también, si fuera necesario, la del grupo parlamentario que da
soporte al Gobierno, para ver si es posible, a través de esta
complicidad, buscar puntos de acuerdo y referencia para sentar las
bases de futuros estudios posteriores, que se pueden determinar a
instancias superiores al Parlamento español, como podrían ser
decisiones que puede adoptar en su momento la Unión Europea, para
intentar de esta forma, si se aprobaran dichas mociones y contáramos
con el soporte de los diferentes grupos parlamentarios, que fuera una
realidad este impulso y el reforzamiento de la cooperación
internacional, sobre la base de eliminar los desequilibrios de los
países que se producen en una economía cada vez más globalizada.
También podríamos discutir en este momento sobre la idoneidad o no de
la aplicación de la mal llamada, a nuestro entender, tasa Tobin.
Nosotros entendemos que no se tendría que denominar tasa Tobin sino
impuesto Tobin, porque lo que ustedes pretenden con sus iniciativas
parlamentarias no es la aplicación de una tasa, sino la aplicación de
un impuesto. También podríamos estudiar si el Parlamento y el Estado
español disponen de los mecanismos jurídicos y parlamentarios
suficientes para que esta tasa pudiera ser de aplicación en estos
momentos en nuestro país, pero pienso que ahora no tenemos tiempo, ni
quizá tampoco sea el mecanismo parlamentario adecuado para que
diéramos luz verde a
una iniciativa de este calibre. También podríamos discutir si es
factible o no, si son correctas o no las dudas que plantean
diferentes expertos económicos en cuanto a su aplicación, en el
sentido de que para la aplicación de una iniciativa de este calibre
existen dificultades para diferenciar lo que son capitales
productivos de lo que son capitales especulativos. También podríamos
discutir si realmente hay dificultades, debido a la existencia de
paraísos fiscales, en la universalización de un impuesto de esta
categoría, así como quién administraría los recursos generados por la
aplicación de un impuesto de esta categoría: el Fondo Monetario
Internacional, el Banco de Crédito Mundial, la Organización Mundial
del Comercio u otros organismos que igualmente podrían, en su
momento, dirigir dichos recursos generados. También podríamos
discutir los mecanismos que deben regir el destino de los fondos
recaudados, en el sentido de si han de ser los países que recaudan
dichos recursos los que han de decidir a qué tipos de países, en qué
dirección han de ir dichos recursos o si debería de ser una
recaudación global de todos los países que generaran dicho impuesto,
a fin y efecto de poderlos dirigir a los diferentes países en vías de
desarrollo.
En vista de las dudas que plantearía la aplicación de un impuesto de
esta categoría, hemos analizado en profundidad y con seriedad dichas
propuestas o dichas iniciativas legislativas y hemos propuesto a los
grupos que las han presentado unas enmiendas que, en el caso de que
SS.SS. las consideraran, aprobaran y contáramos también con el
soporte y el apoyo del grupo que da sustento a la mayoría
parlamentaria del Gobierno de Partido Popular, pensamos que pondrían
dilucidar y resolver todas estas dudas que les acabo de explicar muy
rápidamente.
La enmienda que nosotros hemos presentado consta de dos puntos. El
primero de ellos va en la dirección de contribuir a atender la
posición que se pueda adoptar en el seno de las instituciones de la
Unión Europea participando en el debate y en el estudio sobre la
viabilidad de la implantación a escala mundial de un impuesto sobre
las transacciones especulativas en los mercados de divisas u otras
alternativas que se pudieran decidir en dichas instancias de la Unión
Europea, con el fin de aplicar los criterios correspondientes. En
este sentido aprovechamos la decisión del ECOFIN en el que, como
todas SS.SS. saben, participan los ministros de Economía y Finanzas
de los países miembros de la Unión Europea por cuanto a que se ha
puesto encima de la mesa una iniciativa de estudio sobre la
viabilidad que entrañaría la aplicación en la Unión Europea de un
impuesto sobre las transacciones especulativas en los mercados de
divisas. Nosotros entendemos que, según lo que acuerde la Unión
Europea en el seno del ECOFIN, el Gobierno de España tendría que
participar activamente en ese debate, a fin de sacar unas
conclusiones que fueran tomadas en cuenta por el
Gobierno español y que, como no podía ser de otra forma, fueran
discutidas en la Cámara del Congreso de los Diputados.
Un segundo punto importante, de acuerdo con la trayectoria de las
propuestas que nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió
también ha presentado mediante diferentes iniciativas legislativas en
esta Cámara, es el de continuar impulsando todas aquellas políticas
de cooperación internacional cuyo objetivo sea la promoción del
desarrollo sostenible humano, social y económico en los países menos
desarrollados, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y
a la reducción de las desigualdades mediante, entre otros
instrumentos, las contribuciones oficiales a organismos
internacionales de carácter económico y financiero, también acuerdos
financieros de condonación de deuda suscritos por la vía lateral o
multilateral, donaciones, préstamos y ayudas.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió
persigue con estas enmiendas, si son aceptadas por los diferentes
grupos proponentes, favorecer el desarrollo económico y social de los
países en desarrollo y en particular de los más desfavorecidos. La
inserción armónica y progresiva de los países en desarrollo en la
economía internacional y la lucha de la pobreza en estos países son
unas necesidades que por solidaridad y justicia debemos asumir los
países ricos en beneficio de los países menos desarrollados.
Esperamos que estas enmiendas que hemos presentado sean tomadas en
consideración por los grupos proponentes para así contribuir
favorablemente a los objetivos que inicialmente hemos planteado.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario
Popular, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 28 de marzo el distinguido diputado don Juan
Manuel Eguiagaray, hoy ponente de esta iniciativa, publicaba un
artículo en Cinco Días, titulado Impuesto Tobin, la actualidad de un
clásico. Recuperaba el señor Eguiagaray en este artículo algunos de
los aspectos generales de la doctrina económica de Keynes, formulados
hace aproximadamente, como él dice muy bien, 50 años. No hay tiempo
para analizar estas cuestiones. Receta algunos, y los detractores de
esas teorías económicas consideran que son recetas sobre malas
políticas, sin cambiar las malas políticas. La perspectiva histórica
ha aclarado, creo que suficientemente, los resultados prácticos de la
aplicación de las teorías keynesianas a estas alturas.
Por esas fechas, por marzo, quizás unos días antes, el diario
Expansión comentaba la iniciativa del PSOE
de implantar la llamada tasa Tobin en el ámbito mundial. La sorpresa
del editorialista es perfectamente descriptible, partiendo de un
grupo político que predica la moderación económica y que parece ahora
hacer causa común con la iniciativa enarbolada por la izquierda
radical, el ecologismo anticapitalista, los movimientos
antiglobalización o la derecha más nacionalista, que también se da.
Sin embargo, el debate está planteado. El diario El País se
preguntaba el 9 de septiembre, recientemente, por qué Jospin quiere
ahora que la presidencia belga de la Unión Europea haga lo que la
presidencia francesa no hizo y pudo hacer hasta el mes de junio.
Naturalmente, señor Eguiagaray, señorías, la respuesta es obvia:
guiños electorales a movimientos radicales, verdes, comunistas,
etcétera, ante las próximas presidenciales en Francia, no tiene otro
sentido. Schröder se manifiesta en Berlín preocupado por los
problemas que crea la globalización, pero dice que la aplicación de
la tasa no sería un elemento central en esta reflexión. Blair ha
dicho algo parecido. Laurent Fabius, ministro de Hacienda del
gobierno francés, contradice a su primer ministro, a Jospin, y
propone la alternativa de cambiar la tasa Tobin por una tasa sobre la
venta de armas.
El debate sobre la tasa Tobin, recuperado por el movimiento ATTAC,
como ha recordado el señor Saura muy bien, y reverdecido ahora con
énfasis por los movimientos antiglobalización o antisistema, que
también se llaman así, se plantea en la actualidad, sin embargo, como
una oportunidad, lo ha dicho el diputado Eguiagaray, para luchar
contra el subdesarrollo y combatir la pobreza en el mundo mediante la
transferencia de los recursos presuntamente obtenidos. Vamos a ver
esto un poco. El origen de la propuesta nos la aclara el propio Tobin
muy recientemente, en septiembre, en declaraciones literales al
diario alemán Der Spiegel. Dice Tobin: El impuesto sobre las
transacciones de divisas (esto va para SS.SS directamente) estaba
pensado para amortiguar las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los
aplausos más sonoros a esta iniciativa vienen del lado equivocado. Yo
soy partidario del libre comercio, estoy a favor del Fondo Monetario
Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de
Comercio. Abusan de mi nombre. Los problemas de la globalización
-sigue Tobin- no se resuelven deteniéndola. La pobreza no ha
aumentado en absoluto. Y nos pone un ejemplo. Dice Tobin: Tenemos,
por ejemplo, Corea del Sur, que en 1960 era un país paupérrimo. La
pobreza -dice Tobin- puede tener muchas causas. La mayoría de ellas
debidas a los países mismos. No van a mejorar su situación con
medidas como las que recomiendan los adversarios de la globalización.
Sus posiciones son bien intencionadas y mal pensadas. Está hablando
un premio Nobel de economía. Y dice finalmente: No quiero ver mi
nombre asociado a eso.
James Tobin nos introduce, señorías, en el debate de la pobreza. Se
ha debatido aquí, se ha planteado con claridad. El presidente de
turno de la Unión Europea, al cual se ha citado también, el primer
ministro belga, firmaba ayer, día 1 de octubre, en El País, un
artículo titulado La paradoja de la antiglobalización, en el que
decía cosas muy sensatas. Les voy a recordar algunas a sus señorías.
Es el presidente de turno de la Unión Europea. Dice: La democracia y
el respeto a los derechos humanos es la única manera durable para
evitar la violencia y las guerras. Para crear comercio y bienestar es
necesario, dice, contar con más ayuda del occidente rico. Aun
aumentando el comercio, sigue siendo necesaria la cooperación al
desarrollo. Hay que seguir liberalizando el comercio mundial.
Setecientos mil millones de dólares al año, 14 veces la cantidad
total de ayuda al desarrollo que reciben actualmente los países
pobres, ese sería el aumento de los ingresos para los países en vías
de desarrollo en caso de una liberalización total de los mercados. Ya
no más dumping del superávit agrícola occidental en los mercados del
Tercer Mundo, señorías -dice el presidente de turno de la Unión
Europea-, no más excepciones injustas para plátanos, arroz o azúcar;
únicamente para las armas. Más libre comercio, más democracia y
respeto por los derechos humanos; más ayuda para el desarrollo.
No quisiera entrar en el debate académico, porque no tenemos tiempo,
sobre las consecuencias positivas o negativas de aplicación de la
tasa Tobin, pero sí estoy de acuerdo con Octavi Martí, que en El País
también decía y afirmaba: El mejor resultado posible que pudiera
obtener -señor Eguiagaray- la tasa Tobin no sería otro que el
recaudar muy poco o nada, pues eso demostraría que su aplicación
sirve para disuadir a los especuladores. Claro, evidentemente. Si la
tasa Tobin es eficiente no habría especulación, por lo tanto no
habría recaudación y por lo tanto no contribuiríamos a aportar ningún
recurso a los países en vías de desarrollo. No serviría, señorías, de
funcionar la tasa Tobin. Por lo tanto parece un instrumento
equivocado.
La clave del desarrollo, señorías, está en la democracia, en los
derechos humanos. La clave de la pobreza está en la ausencia de
democracia, en la ausencia de democracia representativa, que tanto se
critica, porque sin democracia representativa no hay participación
democrática. El desarrollo político, humano, social, económico de las
democracias occidentales, señorías, es por algo. Nunca ha habido
guerras entre dos democracias. El origen de la pobreza no está en las
desigualdades. Las desigualdades son consecuencia de la pobreza y la
pobreza es consecuencia de la falta de democracia y libertad. Piensen
un poco esto los que se apuntan a viejas recetas y jalean los
movimientos antiglobalización. El presidente del Gobierno, José María
Aznar, próximo presidente de la Unión Europea, declaraba
recientemente también a El País, y con relación a este debate, que el
movimiento antiglobalización
esconde temor o resistencia al cambio y al progreso. Qué pocos
beneficios, si no perjuicios, puede reportar a los colectivos y a las
causas que dice defender. La economía mundial ha crecido con la
globalización un 4,1 por ciento, más que en cualquier otra época. Los
países pobres han crecido un 4,75 frente a un 3,3 los ricos. La
pobreza extrema se ha reducido en Asia, donde vive la mayoría de la
población, del 60 por ciento al 15 por ciento. Sólo el África
subsahariana escapa a esta tendencia. Dice el presidente Aznar: Hay
que fortalecer las instituciones, como el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial de Comercio o la OCDE, centrar
la cooperación en la educación de los más pobres, luchar contra los
paraísos fiscales -se ha hablado de ello aquí hoy- y el trabajo
infantil, controlar el tráfico de armas y condonar la deuda de los
países que desarrollen la democracia y los derechos humanos.
He aquí un programa, señorías, que se viene aplicando, señoras y
señores diputados, desde 1996. Quizás no seamos especialmente hábiles
para la propaganda o la publicidad, quizás no nos movemos como otros
líderes europeos, acuciados por los calendarios electorales, quizás
trabajamos con prudencia, con más silencio, con discreción, por el
interés general y no por otros intereses, por legítimos que sean. Por
eso España, señorías, aprobó una ley para impulsar las políticas de
cooperación, conscientes del papel que queremos jugar en el mundo.
Por eso España ha duplicado en apenas cuatro años los fondos de ayuda
al desarrollo, pasando de 150.000 millones a 300.000. Por eso España
ratificó y aprobó una ley contra las minas antipersonas. Por eso
España trabaja con eficacia para una mayor transparencia y control
del tráfico de armas. Por eso España trabaja activamente contra la
explotación laboral de la infancia y la igualdad de los derechos de
las mujeres en el mundo. Por eso España impulsa decididamente un
tribunal penal internacional. Por eso España impulsa programas de
condonación de deuda externa y ha multiplicado por 30 el esfuerzo que
se hacía hace bien pocos años, señor Eguiagaray. Por eso España
lidera en el mundo la ayuda de emergencia de catástrofes naturales
como las ocurridas en Centroamérica, en El Salvador. Por eso en esta
Cámara hemos dado el visto bueno a un plan director de la cooperación
internacional que va a destinar en los próximos cuatro años más de un
billón 200.000 millones de pesetas.
Señorías, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario
Popular, pueden sentirse orgullosos, pero no satisfechos, pues
seguimos empeñados en mejorar con la ayuda de todos, señor
Eguiagaray, y por eso proponemos, porque es política de todos, una
enmienda a su iniciativa. Compartimos los dos primeros puntos, ya que
suponen una declaración de principios con la que estamos de acuerdo.
No podríamos no estarlo. Modificamos el punto 3, puesto que la
economía globalizada no conduce irremisiblemente al aumento
escandaloso de las diferencias de renta, sino justo al revés. Son
bien
contrarias las causas de la desigualdad y la pobreza. Los puntos 4 y
5 son innecesarios. La comunidad internacional ya tiene los
instrumentos y ahora hay que aplicarlos y fortalecerlos. De hecho,
señorías, el Gobierno ya está actuando decididamente en las
cuestiones que usted propone y en otras que no cita. En cuanto a la
instalación de la tasa Tobin, de la que habla usted en su punto 6,
señor diputado, yo creo que ya hemos debatido ampliamente esta
cuestión.
Si usted estuviera en esta tribuna, señor Eguiagaray, mantendría
prácticamente las mismas posiciones que nosotros. De hecho, fueron
ustedes los paladines de la liberalización de los mercados de
capitales. Lo que pasa es que habría una diferencia notable con
respecto a la posición que ocupo yo ahora subido a esta tribuna.
Ustedes mantendrían las mismas posiciones y no es porque sean
moderadas o regresivas, sino porque son progresistas y han demostrado
ser eficaces, pero no podrían presentar el balance que nosotros
presentamos. Las iniciativas planteadas son bien intencionadas, como
dice el premio Nobel Tobin, no están mal pensadas, pero no nos
apartamos de que en esta Cámara se produzca un planteamiento
consensuado. Nosotros mantenemos, como hemos dicho, los puntos
números 1 y 2 de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista,
modificamos el punto 3 y estaríamos dispuestos a aceptar las
enmiendas, si es que el Reglamento lo permite, señor presidente, que
plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con una
levísima modificación. En el punto 1 nos hablan de contribuir a la
posición que se adopte en el seno de las instituciones de la Unión
Europea, participando del debate y del estudio sobre la viabilidad de
la implantación, nosotros diríamos, señor diputado, de fórmulas o
instrumentos sobre las transacciones especulativas en los mercados de
divisas. Veo que el señor diputado no me atiende, por lo que no
podemos establecer una conexión con respecto a la propuesta que le
estoy haciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Izquierdo, usted está
planteando unas propuestas de enmienda a las distintas proposiciones
presentadas, si no he entendido mal, por los señores Eguiagaray y
Saura.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Sí. Y una transaccional a las enmiendas
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pues bien, una vez expresadas
por S.S., cada uno de los tres proponentes de las proposiciones no de
ley tiene ahora la oportunidad de manifestar la aceptación o rechazo
de las enmiendas o de las posibles transaccionales.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente. Gracias,
señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Izquierdo.
Ultimado el debate y expuestas las enmiendas, es el turno de
aceptación o rechazo de las mismas por parte de los señores
proponentes. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, intervengo para fijar
la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las
enmiendas que le han sido planteadas. Quería expresar mi
agradecimiento a todos los que han intervenido y simultáneamente
señalar que no puedo aceptar las enmiendas planteadas por el Grupo
Popular, puesto que, como ha dejado bien claro su proponente, están
impregnadas de una filosofía completamente distinta. Por otra parte,
las lindezas que he escuchado sobre la inadecuación y la antigüedad
de nuestras propuestas, a mi juicio, no hacen sino desnaturalizar el
debate.
Por el contrario, quiero expresar el absoluto fervor con el que voy a
aceptar, en forma de adición, las tres enmiendas planteadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no solamente
caben, sino que se incorporan con absoluta suavidad dentro del texto
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, y agradecer una vez
más a su portavoz el tono de su intervención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Eguiagaray.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero hacer constar que incorporaríamos las dos
enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha
planteado a nuestra propuesta de proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, quiero expresar que
nuestro grupo no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), porque entendemos que atender la posición de
la Unión Europea es algo que no aporta nada, ya que no faltaría más
que nos declarásemos insumisos a lo que adopta la Unión Europea. Por
tanto es una enmienda que es contradictoria a lo que hemos planteado
los demás grupos parlamentarios.
Respecto a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular, no
sabíamos si era proponente, enmendante, o en qué quedaba y, al final,
no nos hemos enterado si el señor Izquierdo hacía alguna propuesta
concreta, por lo que no nos vamos a pronunciar, porque entendíamos
que lo único que él podía hacer era a aceptar o no lo que le
proponíamos los demás grupos. Por tanto se votará en sus propios
términos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.-El señor Sánchez i Llibre
solicita la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito la palabra únicamente para hacer una aclaración respecto a
las enmiendas que ha presentado nuestro grupo a las tres iniciativas
parlamentarias, en el sentido de que son enmiendas de sustitución de
todo el texto presentado por los grupos proponentes, no son enmiendas
de adición. Querría que esto quedara bien claro, en el sentido de que
si se me aceptan como enmiendas de sustitución, las votaremos
favorablemente y dejar claro que nuestro grupo en ningún momento ha
pretendido que sean enmiendas de adición.(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre, parece ser, si
conseguimos entendernos, que alguno de los grupos proponentes de las
iniciativas las habían aceptado como enmiendas de adición. Si usted
no quiere que sea así, sino que sean de sustitución, puede usted
negarse a que sean admitidas parcialmente y, por tanto, retirar sus
enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, si son consideradas como
enmiendas de adición, nuestro grupo las retiraría, ya que no queremos
que sean aceptadas parcialmente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señora presidenta, intervengo para
clarificar lo que ya he dicho anteriormente. Las enmiendas
presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que yo sepa,
en ningún lugar constan ni como enmiendas de modificación ni de
sustitución, son enmiendas presentadas a la proposición. He dicho
antes que no solamente no tengo inconveniente, sino que estoy
encantado de incorporarlas en el texto, en el que entran con toda
suavidad. Por tanto lamentaré mucho que el señor Sánchez y Llibre no
quiera figurar dentro del mismo texto que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. Por nuestra parte, salvo que él tenga algún
reparo, no hay ningún inconveniente en que formen parte íntegramente
del texto
propositivo de la proposición presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Eguiagaray.
Si esta presidencia no ha entendido mal, el señor Sánchez i Llibre
precisamente lo que no quería era que figurasen como de adición, sino
que eran de sustitución.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
En mi intervención he dejado muy claro, y así constará en el «Diario
de Sesiones», que era una enmienda de sustitución o modificación. En
pocas palabras y resumiendo, era un texto alternativo a las
diferentes proposiciones no de ley presentadas por los diferentes
grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para decir que en la medida en que las enmiendas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) no figuraban como de sustitución, yo
anteriormente las había aceptado para incorporarlas. En el caso de
que el señor Sánchez i Llibre, como ha dicho, no esté dispuesto a que
se incorporen, mantendría la proposición no de ley en el texto
literal que he presentado.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Iniciamos la votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de cooperación
internacional para impulsar la estabilidad financiera, el desarrollo
económico y la igualdad en una economía globalizada en sus propios
términos, sin la incorporación de ninguna enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 116; en contra, 160; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura,
relativa a la puesta en marcha de una tasa sobre los movimientos
internacionales especulativos de capital, que se somete a votación,
asimismo, en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 115; en contra, 160; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre activación de las iniciativas aplazadas
necesarias para el progreso de los pueblos y para reducir
sustancialmente la pobreza.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 116; en contra, 158; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PROPUESTAS DE REFUERZO Y
MEJORAS DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA NAVEGACIÓN AÉREA.
(Número de expediente 173/000085.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre propuestas de refuerzo y mejoras de
la seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Segura. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Continúan los
rumores.)
Señorías, el diputado, señor Segura, está en la tribuna esperando
para intervenir a que SS.SS. ocupen sus escaños y guarden silencio.
Adelante, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tras el debate celebrado en la sesión
plenaria de control del Gobierno del pasado 26 de septiembre, se ha
puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la intensidad de
todas aquellas medidas que vienen caracterizando la operatividad en
los aeropuertos nacionales en lo que a seguridad se refiere y la
necesidad de impulsar nuevos mecanismos con los que afrontar los
riesgos derivados de las nuevas circunstancias internacionales del
terrorismo, que se han puesto de manifiesto en los tristes
acontecimientos que ocurrieron el pasado 11 de septiembre en los
Estados Unidos.
Señorías, el primer mensaje que consideramos básico en la defensa de
esta moción por parte del Grupo Parlamentario Socialista es que la
seguridad en los aeropuertos españoles debe ser considerada como
parte integrante de la seguridad nacional, y en consecuencia debe
corresponder al Gobierno español, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, incrementar todos aquellos medios que se
precisen, con el objeto de dar estricto cumplimiento a toda la
normativa promulgada en materia de seguridad aeronáutica.
Esta normativa se recoge en leyes específicas, como el anexo 17 de la
OACI, el documento OACI 8973 del manual de seguridad para la
protección de la aviación civil contra los planes de interferencia
ilícita, el artículo 11 del Convenio de Tokio de 1963, el Convenio de
La Haya de 1970 y el Convenio de Montreal de 1971.
Oída la intervención del ministro de Fomento en la interpelación de
la semana pasada, el Grupo Parlamentario Socialista ha configurado
una propuesta, que eleva a la consideración de la Cámara, integrada
por dos columnas fundamentales: una, sobre la seguridad aeroportuaria
y de la navegación aérea; y otra, un plan de ayuda al transporte
aéreo español desde la perspectiva del servicio público.
En la primera columna -el primer aspecto motivador de nuestra
iniciativa-, proponemos la elaboración de un plan nacional de
seguridad aeroportuaria y de aviación civil que contemple con el
mayor rigor posible todas aquellas medidas y mecanismos destinados a
la protección de aeropuertos, aeronaves e instalaciones
aeroportuarias y servicios de navegación aérea, así como los
procedimientos de control para la seguridad de las personas,
conteniendo al menos mecanismos de identificación, seguridad y
control del personal de las compañías aéreas y de servicio y
mecanismos de control de seguridad para todo el equipaje facturado,
que tendrá que ser controlado por equipos técnicos adecuados a este
fin y con la más alta tecnología de detección; programas de
instrucción del personal en materia de seguridad a efectos de su
preparación para las decisiones a adoptar en situaciones de
emergencia derivadas de la necesidad de hacer frente a actos de
interferencia ilícita, tales como amenazas de bomba, secuestros o
sabotaje. También debería contener la clara definición de zonas
estériles en los aeropuertos, a las que solamente podrían acceder los
trabajadores de las líneas aéreas y empleados de los aeropuertos
debidamente acreditados, previo paso a través de los mecanismos de
control; por fin, imposición de normas a las compañías españolas, y
en lo posible también a las de otras nacionalidades que operan en
nuestro país, para el aislamiento de las cabinas de mando respecto de
la cabina de pasajeros, como medida de seguridad.
Señorías, estamos planteando un plan nacional de seguridad
aeroportuaria que sea un instrumento potente, que garantice al máximo
la seguridad en las instalaciones aeroportuarias españolas. Es
absolutamente
imprescindible su puesta en marcha; lo que existe hasta ahora no
puede denominarse de esta manera. No nos llamemos a engaño con
declaraciones fatuas al respecto, no existe en España un auténtico
plan nacional de seguridad aeroportuaria, y esto es lo que está
pidiendo el Grupo Parlamentario Socialista. Desde esta tribuna
marcamos solamente las líneas generales, no nos adentramos en
contenidos de naturaleza técnica. Dentro de ese planteamiento,
formulamos también una serie de medidas urgentes de aplicación
inmediata, que se recogen en la moción; formulamos la adopción de
medidas por parte de la administración aeronáutica española para
incrementar la seguridad, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado y de las compañías transportistas. En el punto cuarto,
planteamos la necesidad de que el Gobierno español abandere un paso
adelante en la consolidación de la agencia europea de seguridad
aeroportuaria.
La segunda columna -el segundo gran planteamiento que formulamos- es
consecuencia de la crisis en que se encuentra el transporte aéreo
español, inserta en la crisis del transporte aéreo mundial. Por eso
planteamos la necesidad de un plan de ayuda al transporte aéreo
español desde la perspectiva de servicio público. Queremos que el
Gobierno español defina un plan estratégico coyuntural, o programa
económico de emergencia, con el fin de apoyar a las compañías aéreas
españolas mediante la aplicación de medidas varias, que en ningún
caso deberán representar ayudas de Estado. Hemos leído con
detenimiento el Real Decreto para cubrir la cobertura del reaseguro,
aprobado por el Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada.
Nos parece bien esa medida, es una de las que se debían haber
adoptado y la apoyamos.
Señorías, no hay más que ver la declaración de los responsables de
las compañías aéreas para observar cómo la compañía Iberia ha
decidido reducir en un 10 por ciento el número de vuelos; cómo
empieza un proceso de regulación de empleo; cómo incrementa las
tarifas aproximadamente en ocho euros en los vuelos de ámbito
nacional; y así las restantes compañías españolas. Señorías, la
crisis del transporte aéreo español requiere que el Gobierno elabore
un plan de emergencia mientras duren las circunstancias de crisis que
lo están motivando para, sin violentar lo que establecen claramente
los artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión Europea en lo que se
refiere a ayudas de Estado, sin violentar la filosofía contenida en
esos artículos vinculados a las ayudas de Estado, se potencie el
sector transportista aéreo español al igual que lo están haciendo los
restantes países de la Unión Europea.
Esos son los dos grandes contenidos, los dos grandes pilares que
sustentan todo el desarrollo de la moción que SS.SS. han tenido la
posibilidad y la oportunidad de leer por cuanto ha sido publicado en
el día de hoy.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, su tiempo ha concluido.
El señor SEGURA CLAVELL: Señoras y señores diputados, les pedimos el
apoyo a una razonable propuesta que dimana del Grupo Parlamentario
Socialista y de su preocupación por la situación del transporte aéreo
español en esta etapa de crisis actual.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Nos alegra, señor Segura, que haya abandonado usted su invocación
constante a la Ley de navegación aérea como solución a todos los
males. Entendemos que, en el debate del pasado día 16, comprende que
existe cobertura en la normativa internacional, cobertura en la
normativa europea y cobertura en la normativa española. Sin embargo,
nos alegrará mucho más que su jefe de filas, el señor Zapatero,
abandone también su invocación constante a la Ley de navegación aérea
como solución a todos los males y la invocación a la necesidad de un
plan de seguridad nacional aeroportuario, porque ese plan, como le
voy a decir, existe.
Señoría, en la moción de hoy ha demostrado usted que se ha quedado
sin argumentos, y como se ha quedado sin argumentos ha recurrido a
los cerros de Úbeda y ha mezclado cuatro aspectos relacionados con la
seguridad aeroportuaria, pero no es la seguridad aeroportuaria. Nos
habla usted de la gestión operativa y de la seguridad en las
operaciones aéreas, mezcla la seguridad física y policial de las
personas, aeronaves, tripulación y aeropuertos, mezcla la economía de
las empresas, mezcla los seguros y reaseguros. Reconocerá, señoría,
que es un cóctel que suena muy bien, pero es poco eficaz. Fíjese,
señoría, que podría haber incorporado algo bastante importante como
es el tema social de las mujeres y hombres que trabajan en los
aeropuertos y en las compañías aéreas; no lo ha hecho porque es un
debate aparte y entendemos que no lo haya hecho por prudencia.
Señoría, todos estamos impresionados por lo que pasó el día 11 de
septiembre en Nueva York, todos, pero que esa prudencia no nos turbe
y no haga que perdamos el horizonte. Hoy ha planteado usted aquí unas
propuestas de resolución de seguridad en los aeropuertos estilo
Rambo, con medidas ostensibles de seguridad. En el Partido Popular
entendemos que probablemente la mejor seguridad es la que no se ve,
sin olvidar los aspectos disuasorios de determinados elementos de la
seguridad. Por tanto, en el Partido Popular y en el Gobierno no se
quiere caer en el oportunismo fácil - con todo el respeto pensamos
que usted ha caído en el oportunismo fácil- y ponemos el acento en la
tranquilidad,
en la serenidad, en la prudencia, en la diplomacia, en la
discreción, en la norma, en los métodos, en la organización y en la
cooperación internacional, lo que debe ser un plan nacional de
seguridad aeroportuaria. Todo ello en un marco internacional con
objeto de transmitir seguridad y tranquilidad al sector y a los
usuarios.
Señorías, está trabajando un comité nacional de seguridad
aeroportuaria, al que usted no ha citado en toda su intervención, ni
la semana pasada ni ahora, trabaja una comisión de expertos que,
precisamente, tiene una reunión hoy, trabaja la OACI y trabaja el
consejo de seguridad de transportes. Por todo ello, se propone un
texto alternativo en consonancia con la perspectiva actual, el
desarrollo de los hechos y lo acordado por la OACI y el Consejo de
transportes europeo el pasado día 16.
Señoría, su moción -a la que dedico el minuto y 49 segundos que me
queda- no tiene por dónde cogerse. Empieza diciendo que la seguridad
aeroportuaria hay que integrarla en la seguridad nacional. Señoría,
es que ya está integrada. ¿O cree usted que el comité nacional de
seguridad aeroportuaria, del que forman parte la Policía y el
Ministerio de Defensa, no es nacional? No lo entendemos. Usted
plantea unos bloques de resolución de los que también discrepamos, y
no aceptamos. En el A 1 nos dice qué es lo que usted entiende por un
plan de seguridad nacional. Señoría, el comité nacional de seguridad
aeroportuaria ha dictado 13 instrucciones de obligado cumplimiento y
usted, en sus propuestas de resolución, ni llega a las 13, se queda
en cinco. Si lo que usted y su grupo entienden por plan de seguridad
nacional es lo que dice en la nota, salgamos todos corriendo, porque
en el Partido Popular y en el Gobierno se piensa que la seguridad es
bastante más que eso.
En el bloque 2, propone que el sobrecoste de seguridad lo paguen
todos por igual -por impuestos- y también las compañías. Señoría,
discrepamos, pensamos que los usuarios deben pagar parte de ese
sobrecoste y, mezclándolo todo, propone un plan económico
extraordinario. El Gobierno y el Partido Popular están preocupados
por el sector. Creemos que se debe hacer un debate, que hay que
abordar el problema, pero las tasas son finalistas por definición
hacendística, no porque lo diga el Partido Popular, son finalistas.
Segundo, el decreto del día 28 resuelve bastantes cosas en relación
con los seguros y los reaseguros. Tercero, el Parlamento no tiene
jurisdicción para imponer las tasas europeas, y, cuarto, no me hable
de deudas con las compañías, no existen deudas.
Por todo ello, rechazamos la moción que presenta el Partido
Socialista y proponemos un texto alternativo que deseamos voten
favorablemente por el bien y la tranquilidad de la seguridad
aeroportuaria, de los usuarios y del sector.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, los contenidos de la proposición que se presenta son
razonables y, en esa medida, recibirán el apoyo inicial del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; eso sí, con algunas
matizaciones que indicaremos a continuación, porque creemos que no es
bueno para hacer política acordarse de Santa Bárbara cuando truena.
Los factores que justifican la moción, por ejemplo, la débil
seguridad, la transferencia de costes a los usuarios, los precios
elevados de las tasas o de los seguros, no son de ahora ni tienen su
origen en los bárbaros atentados de Nueva York. Los problemas de la
seguridad aeroportuaria o las dinámicas de precios apuntadas tienen
su origen en la política de las compañías aéreas, de las compañías de
seguros y en la desidia del Gobierno español sobre la política
aeroportuaria, en el contexto de la voraz regulación de la última
década.
Los aeropuertos españoles deben mejorar su seguridad, no porque
seamos objeto de amenaza sino porque es insuficiente. Debemos mejorar
los precios de las tasas no porque se nos venga encima una crisis
sino porque lesionan el potencial turístico. Debemos reflexionar
sobre la política de seguros porque a las aseguradoras se les había
ido la mano mucho antes de que tuvieran que hacer frente al desastre
de Nueva York. La seguridad aeroportuaria debe pasar a ser
considerada por el Gobierno español una cuestión estratégica. La
seguridad debe ser un valor añadido para los 40 millones de turistas
que nos visitan y una garantía para los cinco billones de ingresos
que generan.
Creemos sinceramente que las medidas apuntadas en la moción caminan
en la dirección correcta, pero no abordan el conjunto de los factores
que influyen en la seguridad. En este sentido, propondríamos una
investigación rigurosa, seguida de un plan urgente de actuación en
materia de seguridad, financiado por fondos europeos, dada la función
que los aeropuertos juegan en nuestro país en el contexto de la
política de cohesión. En esta investigación deben considerarse muchos
factores y no sólo los que se refieren a interferencias ilícitas, que
es lo mismo que decir controlar a los usuarios. Lo que se ha puesto
de relieve de forma dramática es que los factores de debilidad más
evidentes se encuentran en las estructuras organizativas de los
aeropuertos y en la débil formación de los recursos humanos. En este
como en otros campos, las elevadas tasas de precariedad constituyen
un factor de riesgo relevante que debe de ser abordado desde la
perspectiva de la formación y de la estabilidad.
En lo que se refiere al factor precios, me atrevo a formular dos
consideraciones. En primer lugar, al Gobierno parece irritarle que un
gobierno autonómico pida a sus visitantes un euro al día -una caña,
más o menos- para mantener un desarrollo sostenible, pero le molestan
más bien poco los elevados precios de las tasas aeroportuarias, que
constituyen una auténtica penalización. La política europea y la
española en este campo no debe ser la de congelación, como parece
sugerir la moción, sino la de reducción, buscando la equiparación con
las tasas estadounidenses. Ya nos apuntan hoy los medios de
comunicación que el Gobierno acaba de aprobar una subida del 10 por
ciento en las tasas, con lo que vamos precisamente en la dirección
contraria.
En segundo lugar, enfatizamos el criterio de la moción de que los
costes de la nueva política de seguridad no se trasladen a los
usuarios a través de los infinitos, y a veces inescrutables, caminos
que las compañías y los organismos gestores han encontrado para
tomarle el pelo a nuestro Gobierno -con su evidente ausencia, por
cierto- o a los consumidores.
Todas aquellas políticas de cooperación económica con compañías que
permitan mejorar su estabilidad en un contexto de crisis deben ser
bienvenidas. Ahora bien, debo hacer constar que Izquierda Unida ha de
oponerse a que estas ayudas vayan al mismo tiempo acompañadas de
penalización sobre los trabajadores del sector aeroportuario. Quiero
decir con claridad que la percepción de ayudas de cualquier
naturaleza a las compañías debe ir acompañada de un compromiso de
estabilidad laboral y de una política contra la precariedad.
Señorías, no creo que, aun siendo fundamental, los mecanismos de
acceso a las cabinas o el control de viajeros abarquen todos los
problemas de la seguridad aeroportuaria. Insisto en que factores
organizativos, estructurales y de gerencia de las compañías y de los
aeropuertos inciden en esta seguridad.
La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz, su tiempo ha concluido.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Termino.
Procuremos, en esta compulsiva aunque razonable preocupación por la
seguridad, no olvidar que el primer segmento de seguridad es el del
vuelo. En este sentido, no dejaré de transmitir esta extendida
expresión de que, salvando la cinematográfica escena de azafatas y
azafatos señalando las puertas de salida, no se cumplen con la
firmeza necesaria las normas de seguridad que resultan ciertamente
costosas para las compañías.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Debatimos una moción consecuencia de la interpelación del miércoles
pasado, día 26. El debate es repetitivo, puesto que a la
interpelación le precedió el propio miércoles 26 una comparecencia
del señor ministro, también sobre seguridad aeroportuaria y
navegación aérea. Ya se vio en aquel primer debate la necesidad de
trabajar consensuadamente en mejorar y actualizar la normativa sobre
este tema, y en concreto la revisión de la Ley de navegación aérea de
1960, que está todavía vigente. Allí ya fijamos una posición
favorable a la actualización de la normativa, la Ley de 1960, con
respeto a toda la legislación y convenios internacionales, y de
aquella posición fijada se desprende nuestro voto, que hoy no puede
ser favorable.
En cuanto al debate de la moción, creemos que las circunstancias
actuales originadas por los trágicos y criminales sucesos del pasado
día 11 la hacen totalmente inoportuna. Están en el aire demasiadas
incógnitas de seguridad y económicas sobre qué hacer, qué decidir
y qué legislar para que ahora decidamos o instemos a decidir. Hágase lo
que se tenga que hacer para el día a día. ¿Se hace ya? ¿Podría ser
mejor? Las circunstancias obligan y todo puede ser mejorable. Ahora
bien, debemos preparar una futura normativa totalmente consensuada y,
cómo no, totalmente razonada y de rigor extremo. No se puede hacer
con base en la moción que hoy se nos presenta, ya que sólo debe
considerarse como una iniciativa parlamentaria, eso sí extensa y
trabajada, pero una iniciativa de partido, en estos momentos quizás
precipitada.
Por todo ello, ya he dicho que nuestro voto no será favorable,
incluso aunque se aceptase la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Popular, que no creo que resuelva nada de nada. Hace
falta intensificar el esfuerzo del Estado, potenciar convenciones
multilaterales para la seguridad de la aviación civil en el marco de
los estándares y prácticas y procedimientos recomendados por la
Organización Internacional de Aviación Civil. Hay que esperar más
claridad de conceptos y definiciones globales para poder entrar en
debates rigurosos. Cuando se produzcan, nuestro grupo estará
dispuesto a ello con intención sosegada y de consenso.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Segura, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, rechazamos la enmienda,
como es obvio.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuestas de
refuerzo y mejoras de la seguridad aeroportuaria y de la navegación
aérea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
264; a favor, 96; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO
RELATIVOS AL TRASVASE DEL EBRO, CONTEMPLADO EN EL DENOMINADO «PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL». (Número de expediente 173/000086.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro contemplado en el denominado «Plan
Hidrológico Nacional».
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, cuando al
Gobierno de un país no le importa que ninguno de los científicos que
ha consultado sobre una de sus decisiones más trascendentales le
apoye, cuando desoye con excusas los pronunciamientos de una buena
parte de sus ciudadanos y de sus instituciones, cuando manipula hasta
el extremo la televisión pública para ocultar la realidad de su
sociedad civil, cuando prefiere engañarse y acalla toda posibilidad
de debate... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando todo esto sucede, no sólo cabe pensar que cualquier
Gobierno, en este caso ustedes, peca de incapacidad o de déficit
democrático, que también, sino que a cualquier ciudadano se le
plantea una exigencia de honestidad política, de responsabilidad
social y de averiguar el porqué. Es hora ya de desenmascarar los
tópicos en los que ustedes han asentado el mal llamado Plan
Hidrológico Nacional, ese pésimo documento técnico que malinterpreta
las bases técnicas establecidas en 1933 por el padre de la hidráulica
en España, Manuel Lorenzo Pardo, y que desconoce los criterios de
sostenibilidad que demanda la política del agua del siglo XXI y que
tampoco admite comparación
posible con las políticas de agua que se llevan a cabo en los casos
de California a Israel.Lo que realmente persigue este Plan
Hidrológico Nacional es convertir el agua que ha sido históricamente
un bien público en España en un recurso privado y crear un mercado
monopolístico que necesita imperiosamente como conducto ese gran
canal que quiere construir desde el Ebro a Almería. No se trata de
crear un mercado de libre competencia, porque entonces se podría
discutir sobre si se puede o no satisfacer la demanda de agua, un
conjunto de ideas combinadas (desalación, control de demanda, ahorro,
eficiencia, acuíferos), o se podría discutir, si es necesario, un
trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos o sólo de 100 hectómetros
cúbicos. Tampoco en manera alguna el objetivo primordial es paliar el
déficit hídrico de Levante porque para ello se hubiese modernizado el
inventario de las demandas reales que tienen las cuencas de los ríos
valencianos o de Murcia, se hubiesen aquilatado con rigor esos
números que no les preocupan porque nada de eso se ha hecho, pero es
ciertamente que todos esos datos son la excusa. Las demandas de
Murcia y Valencia sólo son tenidas en cuenta para una finalidad que
ustedes no quieren desvelar. Quizá algunos ministros la desconocen.
El objetivo es crear un mercado monopolístico que sustituya el valor
de uso de aguas en las tierras de Levante y del sudeste de España
para convertirlo en un bien susceptible de generar colosales
beneficios a las empresas adjudicatarias de las obras y de la
explotación posterior, es decir, convertir el agua en un recurso con
valor de cambio.El objetivo es incentivar la creación de nuevos
regadíos, de más campos de golf, de más urbanizaciones para asegurar
una demanda altísima y necesariamente creciente para garantizarse
clientes en suma del nuevo monopolio, de manera que en adelante los
pequeños agricultores levantinos, las empresas de hostelería, los
empresarios y trabajadores, la ciudadanía en general, van a ser
deudores, van a entregar una buena parte de su renta a una gran
empresa adjudicataria de la explotación del mercado monopolístico del
agua, de manera que siendo ese el objetivo para conseguirlo ustedes
aplican el principio de todo vale: contradecir la ley que acaban de
aprobar, redactar un plan carente del más mínimo rigor, saltarse la
obligatoriedad de evaluar los impactos ambientales, falsear los datos
de los recursos hídricos en la cuenca del Ebro, no incluir la
estimación del precio final del agua para los posibles usuarios del
Plan Hidrológico Nacional, violentar la normativa europea, impedir
cualquier atisbo de debate ciudadano, silenciar al pueblo. Créanme,
señoras y señores diputados, si les digo que son los ciudadanos los
que lideran la oposición al Plan Hidrológico Nacional y no los
partidos.
Estamos ante una medida propia de las acciones del gran capital en
España: se sustrae un bien público para convertirlo en privado, se
utiliza para su justificación las demandas sociales o territoriales,
en este caso los
desequilibrios hídricos, y a continuación se crea un mercado en
régimen de monopolio anulando cualquier elemento técnico que impida
su desarrollo.
Las tarifas del agua en este contexto se fijarán de acuerdo con los
costes de explotación, o más bien será en función de los objetivos de
beneficios de las concesionarias. ¿Qué seguridad jurídica obtiene la
cuenca del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional si no existe
compromiso alguno para compensar el expolio de su principal recurso?
La cuestión del trasvase aparece ahora meridiana. Si el agua siguiese
en la cuenca del Ebro, su conversión en un recurso con valor de
cambio susceptible de apropiación y de especulación es infinitamente
más problemática. Del mismo modo, esta razón impide un modelo de
gestión del recurso agua descentralizado como el que se deduce de un
conjunto de desaladoras impulsadas por energía solar y distribuidas
allá donde aparezcan las demandas; es decir, esta tecnología más
abierta que necesariamente exige un mercado libre del agua precisa de
un contenido técnico económico que el capital en España no ha
asumido.Por estos motivos y los que expusimos en la interpelación
pedimos el voto favorable de esta Cámara a todos los puntos de la
moción presentada por Chunta Aragonesista.
Demandamos el apoyo al punto 1 porque reclamamos la paralización de
toda obra tendente al trasvase, ya que sin un pronunciamiento claro
de las instituciones europeas y judiciales estaremos cometiendo un
gravísimo error. Entendemos necesario aprobar el punto 2 porque el
Gobierno debe dar respuesta adecuada a los requerimientos europeos de
manera seria y correcta, no con las vaguedades con las que se
despachaba el secretario de Estado de Aguas quien decía textualmente
que ante los requerimientos de la Unión Europea sobre el Plan
Hidrológico Nacional se responderá con una evaluación que no será muy
detallada, aunque sí rigurosa. Consideramos que es de justicia sacar
adelante el punto 3 porque publicar la información pagada por todos
los contribuyentes es siempre positivo para opinar correctamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la iniciativa que ha presentado el señor Labordeta en nombre
de Chunta Aragonesista por el Grupo Parlamentario Mixto. Señorías,
vamos a aprobar esta propuesta porque ya se denunció desde esta
tribuna por parte no solamente de mi grupo parlamentario,
sino de diferentes grupos parlamentarios, que tal y como se
había hecho la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, era un
documento altamente reivindicado por toda la sociedad, necesario para
poder llevar a cabo una rigurosa planificación hídrica de nuestros
recursos y necesario para poder afrontar las demandas de agua por la
escasez de agua que tienen determinadas zonas del territorio del
Estado español. Señorías, la frustración por cómo se ha producido la
aprobación del Plan Hidrológico Nacional, con una falta de debate en
la sociedad, de consenso con los diferentes sectores afectados por la
aprobación del Plan Hidrológico Nacional, lleva como se decía ya en
aquellos momentos a que sea cuestionado, no solamente por no
compartir el contenido en sí del Plan Hidrológico Nacional, sino
también por no compartir cuáles han sido las formas de su debate y
aprobación.
Señorías, se anunció reiteradamente que el Plan Hidrológico Nacional
carecía de requisitos que le podían venir impuestos desde la propia
Unión Europea; ya se han producido tanto denuncias como quejas ante
el organismo comunitario para que se pueda cumplir no solamente el
derecho comunitario, sino también aquellos aspectos más relevantes de
defensa medioambiental que desde la Unión Europea se vienen marcando
últimamente. Por tanto desde la posición de Izquierda Unida es
necesario que se establezca una moratoria en la ejecución del Plan
Hidrológico Nacional, por lo que apoyamos la moción presentada.
La enmienda que hemos presentado va dirigida a cambiar aquello que
nos parece que sería dudoso aprobarlo tal cual en esta Cámara, puesto
que no creemos que sea riguroso plantear una moratoria basada
principalmente en un posible recurso de inconstitucionalidad que aún
no ha sido presentado; por el contrario, es mucho más riguroso
establecer la moratoria en la ejecución del Plan Hidrológico Nacional
hasta que se produzca el pronunciamiento de la Comisión y del
Parlamento Europeo en cuanto a las quejas y a las denuncias que sí se
han formulado en estos momentos. En todo caso, señorías, a esta
Cámara le compete poder ampliar dentro de este acuerdo la moratoria
que se está solicitando en el caso de que se presente el recurso de
inconstitucionalidad hasta que se resuelva el mismo. Sin modificar el
contenido real que se propone en la moción de Chunta Aragonesista,
sería necesario que nos basáramos en lo que en estos momentos ya se
conoce y además tuviéramos la oportunidad de que el debate se
abriera, a través de esta moratoria, para establecer las
modificaciones que fueran necesarias.
Con el paso del tiempo hemos ido conociendo que no solamente no se ha
producido un debate claro, sino que además ha habido una ocultación
de información necesaria para poder establecer de una manera lo más
rigurosa posible los parámetros del debate. Se han conocido después
del debate producido en el Congreso y en el Senado informes de
expertos, que desde luego
no tienen vinculación política, por lo tanto se les considera
independientes, que no compartían ni comparten las líneas generales
del Plan Hidrológico Nacional. Ellos vienen a decirnos que hemos
aprobado un documento que va a ser no solamente rechazado por una
parte importante de la población, sino que además no va a ser lo que
va a solucionar los problemas de escasez de recursos hídricos en las
zonas en las que los necesitan, y sobre todo que va a ser perjudicial
para un desarrollo armónico del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda al punto 1de
la moción planteada por el señor Labordeta, y tiene mucho que ver con
el debate que se está llevando a cabo en estos tiempos sobre el Plan
Hidrológico Nacional.
Me parece razonable lo que ha planteado el señor Labordeta, porque se
ha aprobado una ley, pero no convence, genera tensiones y mayores
enfrentamientos territoriales. En lugar de ver de qué manera podemos
evitar y obviar esos planteamientos y esas tensiones territoriales y
sociales las siguen fomentando. La gestión del agua en España tiene
que llevarse a cabo con una profunda reflexión. De ahí que esa
reflexión tenga que venir precedida de esta moratoria que propone el
señor Labordeta y que nosotros en nuestra enmienda en lugar de
ceñirla al conjunto del PHN la ciñamos a los trasvases; pero que no
se nos diga que por culpa nuestra no va a haber fondos europeos, ya
que los fondos los hay en función de que se sepa gestionar su llegada
o no; eso no es problema de la oposición sino del Gobierno.
Con esta enmienda estamos diciendo que si por una casualidad, que
suele pasar, esta ley del PHN no obtiene todas las bendiciones que
debiera tener, no tiene toda la comprensión y apoyo de la Unión
Europea, ¿qué pasará entonces cuando ustedes lo pongan en marcha, que
lo quieren hacer partir de estos presupuestos con la sociedad que van
a crear en el año 2002? ¿Qué van a hacer, van a paralizar las obras?
¿Van a superar esas dificultades y esas tensiones que están creando a
nivel territorial? ¿No sería más cómodo, más lógico, más razonable
que ustedes dijeran: Vamos a ver qué dice la Unión Europea, que
resuelva las quejas, que resuelva las reclamaciones? Si hay recurso
de inconstitucionalidad -y en eso tengo que compartir el criterio de
Izquierda Unida- que se resuelva, pero si no lo hay esperemos a ver
qué se dice desde la Unión Europea. ¿No sería más lógico una medida
de prudencia y de cautela en la gestión del agua en España que
lanzarse a
la aventura de un trasvase que puede ser paralizado? ¿No es razonable
que se piense así y que se diga al Gobierno por parte de los grupos
parlamentarios: espera, tómalo con calma? Se puede seguir trabajando
en depuración y en saneamiento, en abastecimientos, en mejora de
regadíos; se puede seguir trabajando en los etcéteras que figuran en
el anexo II de inversiones. ¿No creen ustedes que sería bueno que nos
calmáramos un poco y empezáramos a trabajar con cierto rigor para que
cuando la Unión Europea diga el sí o el no todos los grupos seamos
capaces de aunar criterios, aceptando esa decisión? Señorías, se
perdería una oportunidad si ustedes no aceptan una moción de estas
características con las aportaciones -espero que las acepte el señor
Labordeta- de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, porque
lo que haría sería encauzar el debate de la gestión del agua en
España.
Ustedes que presumen de ser muy transparentes, muy claros, que son
una auténtica maravilla en la gestión administrativa, lo menos que
pueden hacer es publicar lo que no les gusta. Encargan informes a los
técnicos, los elaboran, los pagan y luego se los guardan. Déjennos
que los conozcamos todos, déjennos que veamos qué dicen los técnicos,
déjennos que veamos por qué razón hay algunos que se oponen y otros
que dicen que sí. Nos gusta observar todo, nos gusta observar el
conjunto de las aportaciones. Por ello, señorías, tanto por esto como
por la contestación que da el señor Labordeta respecto al escrito de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión para que se
aclaren algunos puntos, no para que digan si están o no en contra del
trasvase por parte de los señores de la Unión Europea, sino para que
se aclaren determinados puntos, esperemos a que esa contestación se
lleve a cabo. Me parece que es una posición muy prudente y muy
razonable, que no entorpece para nada lo que ustedes puedan hacer en
un futuro y, sin embargo, puede disipar muchísimos problemas y dudas
que hay en estos momentos. Desde luego sí puede suavizar las
tensiones territoriales y sociales que existen en muchas partes del
Estado español. Si ustedes tuvieran la gallardía de votar a favor de
esta moción, darían un paso al frente para intentar llegar a un
acuerdo que permitiera reconducir la gestión del agua en España.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Grupos que desean intervenir. (Pausa.) Por parte de Coalición Canaria
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, y con
gran brevedad.
Mi grupo desde el primer momento y cuando conoció ya en las
conversaciones previas con el señor ministro de Medio Ambiente las
directrices que iba a llevar
el Plan Hidrológico Nacional y desde un punto de vista de
solidaridad, pero también al contemplarse en el mismo las
peculiaridades que se reservaban para la Comunidad Autónoma de
Canarias, entendiendo recogida allí la necesidad y la aspiración que
había planteado tanto el Gobierno autónomo como el Parlamento de
Canarias y las entidades afectadas, mostramos nuestro apoyo al Plan
Hidrológico Nacional. Ahora nos llega esta propuesta del Grupo Mixto,
del señor Labordeta, que hemos estudiado con pleno afecto y
solidaridad.
En primer lugar, desde la primera exposición se habla de una
aplicación exclusiva al trasvase del Ebro; no obstante, esto ya no se
recoge en ninguno de los tres apartados de la parte articulada de la
moción que se presenta, porque parece que globaliza todo el Plan
Hidrológico Nacional. Nosotros no podríamos prestar nuestro apoyo a
esta globalización en el texto articulado. En segundo lugar, dejar a
resultas de la presentación en su momento, porque se dice que van a
interponerse recursos de inconstitucionalidad, podría suponer para
determinadas partes del territorio español, salvando cualquier otra
que pueda legítimamente ser considerada en la aspiración que afecta
al trasvase del río Ebro, que pudieran producirse demoras de
aplicación y desarrollo de obras de infraestructura contempladas en
el Plan Hidrológico Nacional y de las aportaciones hídricas
a determinadas actuaciones dentro del campo de las producciones
agrarias, abastecimiento de poblaciones, etcétera.
Supeditar el cumplimiento de un plan a una moratoria de este tipo no
es lo más aconsejable en estos momentos por las necesidades que tiene
el conjunto del territorio español al respecto. Invocar los estudios
- que confirmó el ministro de Medio Ambiente a mi grupo- encomendados
a expertos, que pueden influir para determinados cambios de proyectos
de servicio y de infraestructura, entra dentro de la prudencia de
cualquier departamento; es decir, que ante la llegada de informes de
expertos y de técnicos pueda modificarse o atemperarse el ritmo de
las circunstancias.
En resumen y para terminar, señora presidenta, mi grupo no cree
acertada o conveniente una suspensión cautelar de la aplicación del
Plan Hidrológico Nacional con una moratoria a tenor de la extensión
en el tiempo en que los tribunales de justicia y el Tribunal
Constitucional pudieran extenderse en la aplicación de un bien
general para todo el sistema económico, hidrológico y productivo
agrario o de abastecimiento a poblaciones. Las necesidades de tiempo
para la dotación de este equipamiento no hacen aconsejable esta
demora.Por esta razón, sin entrar en más disquisiciones, partiendo de
un principio de solidaridad con el resto de todo el territorio
afectado por el Plan Hidrológico Nacional, mi grupo votará en contra
de esta moción consecuencia de interpelación.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unio, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos aquí ante una moción que en su punto 1 ya me presenta una
grave duda, que proviene de los planes del Gobierno relativos al
trasvase del Ebro contemplados en el denominado Plan Hidrológico
Nacional. En el punto 1 el proponente al defenderlo no nos habla del
trasvase del Ebro; habla de la moratoria de ejecución de todo el Plan
Hidrológico y de que van a interponerse recursos dentro de pocos
días. En estos momentos se nos pide una moratoria sobre algo que no
existe, que existirá. Uno de los grupos enmendantes tiene esta duda.
Aquí vemos una transparencia en el Grupo Socialista, que hace una
enmienda. Se da cuenta de que en el punto 1 hay un error, que falta
citar el trasvase o los trasvases de la desembocadura del Ebro, y la
enmienda se ciñe a estos trasvases. Por lo tanto, si se acepta la
enmienda del Grupo Socialista, la moción quedará ceñida a los
trasvases del Ebro, sin ir en contra de lo que se había dicho hasta
ahora. Desde Aragón se ha ido globalmente al Plan Hidrológico
Nacional, pero a partir de esta moción se corrige y sale la
transparencia del Grupo Socialista, por cuanto da vida y mantiene el
pacto del agua de Aragón del año 1992.
Cuando el proponente de la enmienda del Grupo Socialista nos dice que
el Plan Hidrológico Nacional no convence y que es interesante hacerlo
de forma parcial para que no se puedan paralizar obras, quisiera que
me dijese cuáles son las que se pueden paralizar. ¿Se pueden
paralizar las obras del Plan de Aragón de 1992, todas ellas incluidas
en el plan hidrológico? No, estas no pueden; estas las quitamos del
punto 1. Por lo tanto, sólo habrá inconstitucionalidad de los
trasvases, pero el plan de Aragón puede ir hacia delante. Ahí el
Partido Socialista de Aragón ha corregido su posición, recogida en
una votación unánime con motivo del Plan de 1992 y que está dentro
del plan hidrológico Nacional y que nosotros aceptamos que esté. Todo
lo que se ha hecho es marear la perdiz y engañar.
Cuando se habla de que se dé difusión a los informes de los expertos
y de los científicos, nosotros pediríamos que efectivamente se les dé
difusión, pero que a la vez se divulguen los nuevos informes que el
ministerio debería pedir a estos mismos expertos y científicos una
vez hayan estudiado a fondo el verdadero texto de la ley aprobada,
puesto que hay temas cuya posición se podría corregir, como puede ser
el Plan integral del delta del Ebro, algunos de cuyos puntos ya están
en marcha, o las funciones de las presas de Mequinenza y Ribarroja y
otras modificaciones introducidas en el texto inicial. Hay que
pregonar la nueva cultura del agua, pero verdaderamente no se
comprende la actual
posición sobre algo que durante mucho tiempo se ha venido defendiendo
de otra forma. Nuestro voto será en contra.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Acín.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor ACÍN BONED: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
subo a esta tribuna para fijar una vez más la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con el Plan Hidrológico Nacional.
Hace muy poco tiempo el Gobierno de Aragón publicó una encuesta que
entre otros datos ofrecía el siguiente: cerca del 60 por ciento de
los aragoneses no conoce el contenido del pacto del agua en Aragón.
Ya sé, señor Labordeta, que ustedes no están a favor, pero este pacto
del agua fue apoyado en el año 1992 por todas las fuerzas políticas
representadas en Las Cortes de Aragón: por el Partido Aragonés, por
el Partido Socialista, por Izquierda Unida y por el Partido Popular.
Sesenta y seis de los 67 parlamentarios -uno no asistió a la sesión-
desbloqueaban años de lucha por el agua y trazaban con ese acuerdo
una parte muy importante del futuro de Aragón. El único pero lo puso
Izquierda Unida a la cota máxima del recrecimiento de Yesa, pero votó
a favor. Ustedes, señor Labordeta, no tenían entonces representación
parlamentaria, ahora sí; antes y ahora se oponen al pacto del agua y
al Plan Hidrológico Nacional. Se oponen pensando en la rentabilidad
electoral al enfrentarse con Madrid. Es más fácil decir: Se nos
llevan el agua que explicar la verdad y los beneficios del pacto del
agua en Aragón y del Plan Hidrológico Nacional. Por eso el Gobierno
de Aragón se sube al carro y su proyecto más importante, yo diría que
el único proyecto, es oponerse al Plan Hidrológico Nacional. ¿Pero
saben ustedes por qué? Porque no sabe qué hacer con el agua que se le
viene encima, como luego demostraré.
Señor Labordeta, ni los que están en contra del trasvase son los
salvadores de Aragón ni los que estamos a favor del Plan Hidrológico
Nacional somos traidores con nuestra tierra. Usted lleva a España en
la mochila y yo la llevo en mi interior. (Aplausos.) Si usted
representa a parte de los aragoneses aquí, yo también, y si me lo
permite incluso más porque ganamos en Aragón las últimas elecciones
generales en marzo del 2000.
Si usted me escucha, voy a intentar clarificar algunas cosas para
tratar de hacerle cambiar de opinión. Aragón aporta a la cuenca del
Ebro 6.000 hectómetros cúbicos de los 17.000 de caudal medio; de esos
6.000 los ríos de la provincia de Huesca aportan 5.000 hectómetros
cúbicos. Los embalses actuales y los previstos, señor Labordeta y
señor Morlán, en Aragón no son para
trasvasar, sino para uso exclusivo de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aunque parece ser que el Partido Socialista hoy en esta
tribuna quiere paralizar estas obras que ustedes prometieron en el
año 1992 en la Comunidad Autónoma de Aragón. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor ACÍN BONED: Lo dice el pacto del agua y el Plan Hidrológico
Nacional, así que rogaría que no confundieran más y que simplemente
dijesen la verdad, que contrastasen. Todas las obras y embalses
cumplirán con la normativa medioambiental. Jánovas, señor Labordeta y
señor Morlán, no lo cumplía y cincuenta años después del anuncio de
su construcción ha sido el Gobierno del Partido Popular el que lo ha
rechazado recientemente. Nosotros queremos fijar la población y
crecer, y por eso entre los embalses que tenemos y los que están
previstos vamos a tener regulados 5.700 hectómetros cúbicos más 850
de reserva estratégica. Señorías, ¿saben qué quiere decir esto, y lo
explico para los que siendo de mi tierra pertenecen a otro partido
político distinto? Que se han olvidado del espíritu del pacto del año
1992, que vamos a tener tanta agua regulada y en reserva como la que
aportamos a la cuenca del Ebro. ¿Esto es un expolio? Seamos sinceros
y claros, señorías. No se nos llevan nada y beneficiamos a más.
Señorías, quiero hacer referencia a otro tema importante, ¿saben
ustedes cuánta agua hace falta para abastecer a 6 millones de
personas, como por ejemplo, en Cataluña? 820 hectómetros cúbicos. El
pacto del agua en Aragón contempla 850 hectómetros cúbicos como
reserva estratégica. ¿Esto significa no pensar en el futuro de
Aragón?
Señor Labordeta, el pacto del agua de Aragón contemplaba el apoyo
implícito al Plan Hidrológico Nacional en su periodo de vigencia si
las obras se ejecutaban en los plazos previstos. Las obras no han
seguido el ritmo acordado, pero también es verdad que desde el año
1992 al año 1996 gobernaba el Partido Socialista. Ahora las obras
tienen presupuesto y plazos creíbles, y eso significa que vamos a
tener agua para todo, para regadíos, industria, fomento del turismo;
pero hace falta que el Gobierno de Aragón sea capaz de atraer
inversiones promocionando nuestro territorio y no estando a verlas
venir, porque entonces hasta el agua del llanto nos sobrará. Por todo
ello, señor Labordeta y señor Morlán, vamos a votar en contra...
La señora PRESIDENTA: Señor Acín, su tiempo ha terminado.
El señor ACÍN BONED: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Labordeta, aunque no lo ha puesto de
manifiesto en la tribuna, entiendo
que el texto transaccional que ha hecho llegar a la Mesa es
sustitutivo de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
El texto es una enmienda transaccional al apartado 1 de la moción,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y dice: Establecer una
moratoria en la ejecución de los trasvases del río Ebro contemplados
en el Plan Hidrológico Nacional, hasta que se produzca un
pronunciamiento definitivo de la Comisión y del Parlamento Europeo,
en relación con las quejas y denuncias formuladas por el
incumplimiento del derecho comunitario. Asimismo, esta moratoria se
ampliará en caso de presentar un recurso de inconstitucionalidad
hasta la resolución del mismo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes
del Gobierno relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el
denominado Plan Hidrológico Nacional, con la sustitución del primer
punto de la moción por la enmienda transaccional que ha sido expuesta
por los señores intervinientes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
260; a favor, 95; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN
EL ÁMBITO JURÍDICO Y PATRIMONIAL DEL DISCAPACITADO. (Número de
expediente 173/000087.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en el
ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Silva. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego ocupen sus
escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles, al iniciar el debate de la
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán sobre
medidas a adoptar en el ámbito jurídico patrimonial del
discapacitado, establecía como planteamiento básico que no era el
objetivo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Silva, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que en el debate del pasado miércoles, al defender la
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) acerca de medidas que debe adoptar el Gobierno
en el ámbito jurídico patrimonial del discapacitado, enmarcaba el
planteamiento de nuestra interpelación, y por tanto de la
subsiguiente moción, en el sentido de entender que no estábamos
preguntando acerca de medidas de orden administrativo asistencial,
que no estábamos hablando de medidas que debieran incluirse en la Ley
de integración social de los minusválidos de 7 de abril de 1982,
entre otras cosas porque el objetivo de la reforma de esta ley
también se había puesto de manifiesto por mi grupo parlamentario a
través de una proposición no de ley presentada el día 5 de junio. No
pretendíamos tampoco abordar el tratamiento jurídico fiscal de la
situación de discapacidad, sino que pretendíamos incidir directamente
en el ámbito del derecho civil común y de las leyes procesales.
En cualquier caso, decía en mi intervención, y esto lo quiero
manifestar sobre todo dirigiéndome al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida que ha presentado una enmienda en este sentido, que
no cabía dejar de reconocer que los poderes públicos han de ser la
garantía primera y última de la situación de los discapacitados. Por
tanto, si bien desde la perspectiva del derecho civil y del derecho
procesal estamos en presencia de relaciones en el primer caso
jurídicas privadas, eso no suponía ni supone en modo alguno que los
poderes públicos deban aplicar o tengan excusa para no constituir esa
garantía primera y última.
Después del debate de la interpelación que tuvo lugar en aquel caso
con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) presentó la moción que pretendo
defender rápidamente en estos momentos, atendiendo la hora y la
situación del hemiciclo.
La moción presentada por mi grupo parlamentario puede dividirse en
tres aspectos fundamentales. Por un lado, se trata de reclamar o
impulsar la adopción de determinadas medidas legislativas por parte
del Ministerio de Justicia, medidas que perfectamente podrían
incardinarse en el pacto de Estado por la justicia que
estamos tratando estos días, de cara a favorecer o a garantizar
precisamente un mejor reconocimiento de los derechos de los
discapacitados en los procedimientos judiciales. Piensen, por
ejemplo, SS.SS. que una persona que sea invidente, siempre que la
notificación que se le practique por el juzgado sea por escrito y no
sea precisamente a través el sistema Braille, requerirá que alguien
proceda a leerle la notificación y su contenido, y por tanto podrá
ver vulnerado su derecho a la intimidad. Piensen también SS.SS. que
hay procedimientos, como el proceso monitorio que regula la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuya demanda se inicia por el propio interesado
a través de un escrito y sin ser precisa la participación de abogado,
que puede estar vedado exactamente igual a los invidentes por los
mismos motivos que les he indicado anteriormente, y entendemos que
debiera poder sustituirse en estos casos por una comparecencia
personal. O que pensar de la necesidad de incorporar a los procesos y
a los órganos judiciales todos aquellos instrumentos de
interpretación del lenguaje de los signos o de traducción de este
lenguaje, para garantizar precisamente esa plenitud de derechos de
los discapacitados físicos, psíquicos, y en este caso
fundamentalmente sensoriales. Por tanto, un primer planteamiento va
dirigido a la necesidad de impulsar reformas legislativas que
permitan garantizar esa plenitud de derechos de los discapacitados en
los procedimientos judiciales.
En segundo lugar, se trata también de que el ministerio proceda a
efectuar una propuesta de reforma de nuestro derecho civil común, en
los ámbitos patrimonial, contractual, de derecho de familia
sucesorio, de cara a garantizar la situación del discapacitado. Entre
estos aspectos debe efectuarse una importante valoración, en primer
lugar de la necesidad de favorecer la constitución de patrimonios de
destino, de patrimonios que puedan constituir garantía de la
percepción de rentas futuras por parte de los discapacitados o bien
la garantía de una determinada asistencia. Decíamos el pasado
miércoles que una de las características fundamentales por una parte
es el aumento de la esperanza de vida de personas discapacitadas que
sobrevivirán a sus progenitores, y por otra parte la existencia de
numerosos discapacitados sobrevenidos. Para estos también se hace
preciso valorar la introducción de algún sistema, como la autotutela
o tutela preventiva que se recoge en algunos derechos autonómicos,
entre otros en el derecho civil de Cataluña. Y qué decir de la
sucesión. Creemos que es importante revisar a fondo el sistema de
legítimas o el sistema de incapacidad para suceder, de tal manera que
por un lado el causahabiente discapacitado pueda verse favorecido por
parte del testador sin las limitaciones actuales de la legítima o
incluso verse especialmente favorecido en la sucesión intestada.
Y qué decir de la introducción de una causa de incapacidad para suceder
de aquella persona que no se ha comportado correctamente, de aquel
familiar que en
principio debiera ser causahabiente, que no se ha comportado
correctamente, que no ha prestado la atención debida al
discapacitado. Estos aspectos de autotutela, tutela preventiva,
reforma del régimen de la legítima e introducción de normas de
incapacidad para suceder, así como el favorecimiento de fundaciones
familiares, constitución de patrimonios de destino y cargas o
fundaciones de asistencia singular, es lo que debe valorar el
ministerio a la luz de los informes que han presentado el Defensor
del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y organizaciones de
representación y defensa de discapacitados, como el Comité Español de
Representantes de Minusválidos o la Confederación española de
fundaciones.
En último lugar, se plantea la introducción en el ámbito del derecho
civil común de una institución como el acogimiento familiar de
personas mayores o discapacitadas, que está funcionando con éxito
notable en Cataluña. Se trata de un contrato que debe regularse
típicamente; debe procederse a garantizar la situación de aquellos
que están suscribiendo en estos momentos contratos de esta
naturaleza, que empieza a convertirse en una relación social típica y
debe convertirse sin lugar a dudas en una relación jurídica típica.
El traslado al ámbito del derecho civil común de los principios
básicos de este contrato que rige en Cataluña sería algo enormemente
favorecedor.
Hemos hecho una contrapropuesta transaccional a las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Entendemos que los grupos que no han presentado
enmiendas pretenden incorporarse a este consenso general, y
solicitamos por tanto el voto favorable de SS.SS. a la moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señora presidenta, señorías, el
correcto enfoque de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha hecho posible un acuerdo. En primer lugar,
tenemos que dirigirnos al grupo proponente para agradecerle su
espíritu de consenso y su flexibilidad para aceptar las indicaciones
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Ministerio de Trabajo tuvo ocasión de constatar en la
interpelación del pasado miércoles el interés de todo el Gobierno en
tres finalidades que son las que recoge la propuesta convergente. En
primer lugar la situación de preocupación, cuando no de angustia, que
viven los discapacitados y sus familias por la incertidumbre de su
futuro profesional, de su futuro patrimo
y de su calidad de vida en general pasados unos años. La
decidida apuesta del Gobierno y la decidida apuesta que ha hecho esta
Cámara a través varias iniciativas dejan aún un considerable margen
de actuación a los poderes públicos para seguir mejorando.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno han compartido siempre
estas preocupaciones, y a través de numerosas iniciativas se han
abordado medidas concretas, en base siempre a los tres principios que
señalamos cada vez que nos referimos a estos temas: coordinación de
medidas con los representantes de los discapacitados, participación
de los mismos a través del CERMI o contrato directo por las ONG y las
fundaciones, y lo que es más importante evaluación de las medidas
gracias a acuerdos tan destacables como el que suscribió el
Ministerio de Sanidad con el CERMI el pasado 6 de marzo, que permiten
la evaluación y la participación en las medidas concretas.
Ahora estamos ante la posibilidad de dar un paso más en la
consecución de objetivos, y por eso hemos creído conveniente llegar a
un acuerdo en estas tres líneas que ha expuesto el ponente de
Convergència i Unió. Hemos querido dar un paso más en esta iniciativa
para que el proceso de la reforma de la justicia vea al discapacitado
como un usuario en igualdad de condiciones y profundice en su derecho
a la tutela judicial efectiva. No se trata sólo de facilitar el
acceso a la sede de los tribunales, se trata sobre todo de
facilitarles el acceso a los procedimientos, a los papeles; en
definitiva a conseguir que pueda actuar en igualdad de condiciones.
En segundo lugar, hemos convenido en que es necesario profundizar en
aspectos de reforma de instituciones jurídico-privadas relativas al
derecho de sucesiones y a la contratación en general. Los
planteamientos jurídicos de la moción hacen que el Grupo Popular esté
de acuerdo con ellos, especialmente -como decía el ministro de
Trabajo el pasado miércoles- cuando hay instituciones jurídicas
centenarias que pueden ser alteradas; leyes procesales de carácter
civil, artículos y otras manifestaciones del ordenamiento, que antes
de ser alterados merecen un profundo estudio y una profunda
reflexión, porque, señorías, de lo contrario, un estudio que no sea
sólo de carácter jurídico sino también de carácter sociológico es el
único que nos puede dar la pauta para que el discapacitado no acabe
siendo perjudicado en las relaciones contractuales privadas si nos
precipitamos en hacer alguna reforma u orientar una reforma de estas
instituciones en ocasiones centenarias e incidir en todo el sistema.
Por último, se ha querido llegar a un acuerdo en la reforma del
acogimiento de mayores y discapacitados. En este caso creemos que es
imprescindible la actuación de organismos que ya están trabajando en
la materia como el Real Patronato de personas con discapacidad a
través del grupo de trabajo de modificaciones legislativas.
Evidentemente, esto hace que hoy demos un paso más en la integración
de los discapacitados, que podamos
hablar nuevamente de que nos encontramos no sólo en un Estado
democrático y de derecho sino social de derecho y también coloca a
esta Cámara en la vanguardia de otras de nuestro entorno europeo en
cuanto a la atención de las medidas de los discapacitados, tanto en
su calidad como en su cantidad a lo largo de las últimas
legislaturas. Por todo ello, vamos a dar nuestro voto positivo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tal como apuntaba el señor ministro durante la
interpelación de CiU sobre el ámbito jurídico patrimonial del
discapacitado, no cabe duda de que todos los grupos parlamentarios
coincidimos en la relevancia de atender a este importantísimo grupo
de personas cuyas capacidades por una u otra razón están disminuidas.
Pero también es verdad, al menos desde mi grupo así se considera, que
no desde todos los grupos parlamentarios se ve de la misma manera.
Para algunos se ve como un negocio; un negocio de reparto de una
tarta que tal y como puntualizaba el ministro supone la atención de
unos tres millones y medio de personas con algún grado de
discapacidad. Evidentemente, y conociendo la perspectiva del Gobierno
de fomentar la contratación de seguros privados, atención a
domicilios, centros residenciales, etcétera, han puesto los dientes
largos, en el argot popular, a todo tipo de empresas aseguradoras y
de servicios. Por tanto, señorías, siendo verdad que todos los grupos
fijan su atención en este colectivo, no podemos estar de acuerdo con
las afirmaciones del ministro sobre las excelencias de su dedicación.
En julio del presente año este diputado acudió a una concentración de
discapacitados cuya discapacidad proviene del sida. La concentración
se realizó a las puertas de la sede del Imserso y tenía por objeto
protestar por la pérdida de 17.000 pensiones no contributivas
retiradas a los enfermos de sida por aplicación estricta del decreto
1971/1999, por el cual en algunas comunidades autónomas han pasado a
considerar esta enfermedad como curable, suponiendo la pérdida del 35
por ciento de pensiones no contributivas. No quiero imputar al
Gobierno central del Partido Popular las tropelías de las comunidades
autónomas gobernadas por el PP, como las ocurridas en la Comunidad de
Madrid con la creación de una red única de residencias para
discapacitados psíquicos, donde mediante decreto de precios públicos
han pasado los usuarios de centros públicos de tener una atención
gratuita a pagar todos. Les estoy hablando de nuevas situaciones de
reciente concreción y no quiero hablarles de falta de residencias de
ancianos
o del bajísimo índice comparando con los países de la Unión
Europea de ayuda a domicilio, entre otras. Por tanto, señorías, la
voluntad política de la que hacía gala el señor ministro no se
corresponde con los hechos.
Por último, dado el escaso tiempo que tenemos, voy a referirme a la
última hazaña del Gobierno, también reseñada por el señor ministro,
el denominado Plan de inclusión del Gobierno, comprometido en junio
de 2000 en la cumbre de Lisboa por todos los Estados miembros de la
Comunidad, con un año de plazo para su implantación, es decir para
ser aprobado antes de junio de 2001, plazo que se daban los países
miembros para hacer estudios de situación; pero ustedes no han hecho
dichos estudios, tal como les recriminó Cáritas en su informe sobre
el plan. No acaba aquí lo penoso, ustedes hacen un presupuesto con
incremento del 7,6 para el plan pero con los mismos elementos ya
existentes. Es decir, no es un plan nuevo sino que es el que ya
teníamos hace años, son los mismos epígrafes en los que ustedes y el
Consejo Económico y Social establecen la protección social en nuestro
país. Por tanto, repito, no es un plan específico de lucha contra la
pobreza, como se acordó.
Con relación a la moción de CiU subsiguiente a la interpelación, hay
aspectos que creemos interesantes, sobre todo en lo que concierne a
la solicitud del Consejo General del Poder Judicial y a la creación
del grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Justicia; pero la
verdad es que hay otros aspectos a los cuales hemos presentado dos
enmiendas que por falta de tiempo no voy a defender, pero entendemos
que en la moción que se ha presentado se recogen los aspectos que
Izquierda Unida planteaba, por lo que mi grupo votará favorablemente
esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista, y quiero constatar en
primer lugar la buena voluntad que animó al Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) a la hora de plantear la interpelación
y la consiguiente moción. Si no fuera, señorías, porque llueve sobre
mojado, la verdad es que podíamos alegrarnos colectivamente por esta
iniciativa. No piensen que estar en la oposición nos hace insensibles
ante iniciativas parlamentarias que compartimos, que hemos propuesto
y con las que además estamos de acuerdo. No sólo las hemos demandado
sino que es la propia sociedad la que las ha impulsado y la que viene
reclamando que se hagan.
Fue en unas jornadas del Consejo General del Poder Judicial junto con
la ONCE donde se demandó, ya en
el año 2001, la elaboración del estatuto patrimonial del
discapacitado. El reciente informe del Defensor del Pueblo y su
estudio también así lo aconsejan. El plan de acción para las personas
con discapacidad, que tiene vigencia hasta el año 2005, también lo
enuncia, y por parte del Consejo español de representantes de
minusválidos es una reclamación que viene siendo constante.
Como Grupo Socialista, repito, llevamos bastante tiempo demandando el
cumplimiento de esta iniciativa. Además el Grupo Popular trajo a esta
Cámara el 29 de junio de 1999, en concreto el señor Martínez-Pujalte
defendió una proposición no de ley sobre el marco jurídico de
protección del minusválido. En la misma se daban seis meses para que
el Gobierno acometiera la actuación que en esa proposición se
establecía. Fue aprobada por unanimidad y la verdad es que en esta
Cámara, todavía no la hemos visto. Han transcurrido más de dos años y
el señor Martínez-Pujalte, tan ocupado como está con el tema de
Gescartera, pensará que este es un tema de carácter menor, que dos
años sin hacer nada por parte del Gobierno no son un problema para la
credibilidad del Gobierno; pero es dejar en la angustia y la zozobra
a una cantidad de personas muy importante, sobre todo padres y madres
de discapacitados, que son, señorías, los verdaderos artífices de los
cuidados formales y de los cuidados informales. No son pocos, no
estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de cientos de
miles de familias que demandan permanentemente esta información, que
demandan permanentemente esta reforma, pero lo suyo es más de lo
mismo. Se reúne el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con
el CERMI y les dice que este Gobierno ya va a trabajar en la
modificación del estatuto patrimonial del discapacitado. No lo
hicieron en la VI legislatura y tampoco lo van a hacer ahora. Son
tantos sus incumplimientos, señorías, que llueve sobre mojado. No han
cumplido el plan concertado, el plan contra la sordera infantil, no
han cumplido el plan de Alzheimer, el plan de servicios sociales, el
plan gerontológico, el informe sobre el seguro de la dependencia, que
por cierto también lo solicitó el señor MartínezPujalte, lo incluyó
en una enmienda en la Ley de acompañamiento de 1999, pero esta Cámara
todavía no lo ha visto y esta diputada tampoco.
Tal como ya explicaron diversos grupos parlamentarios en la defensa
de la anterior proposición no de ley, este tema tiene que ver con las
condiciones de vida de las personas dependientes y también tiene que
ver con las relaciones de convivencia. Es una norma que garantiza un
futuro de seguridad para las familias y para los progenitores de los
llamadas discapacitados.
Queremos llamar la atención sobre la necesidad de estas reformas que
ustedes, lo quieran o no, tienen que introducir, a pesar de que
Convergència i Unió magnánimamente ha aceptado una cosa que nos
parece seria, y es que hubiésemos apoyado la iniciativa de
Convergència
i Unió; sin embargo, no vamos a apoyar la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular por dos razones fundamentales: porque no
acometen ninguna reforma y porque, además, no dan plazos. En la VII
Legislatura, finalizada ésta, seguiremos esperando a ver cuándo viene
a esta Cámara la reforma del estatuto patrimonial del discapacitado.
No se preocupen, señorías, porque no hago más que trasladar desde
esta tribuna las dudas y la angustia de muchos padres y de muchas
madres de discapacitados. Por favor, acometan una tarea que les está
demandando la sociedad. Cumplan ustedes lo que como Grupo
Parlamentario Popular se comprometieron en esta Cámara, ante el Pleno
y en esta tribuna. Como Gobierno lo prometieron ya en 1999, estamos
en el año 2001, no admitan esta enmienda. El Grupo Parlamentario
Socialista votará en contra de la enmienda a la moción de
Convergència i Unió, pero les aseguro que la sociedad, y sobre todo
los tres millones y medio de discapacitados les juzgarán.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cortajarena.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que
tiene previsto adoptar el Gobierno en el ámbito jurídico y
patrimonial del discapacitado, que se somete a votación en los
términos de la enmienda transaccional que ha sido puesta de
manifiesto por el proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
239; a favor, 157; en contra, 82.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la
tarde.
Eran las diez y cuarenta minutos de la noche.