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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 72, de 22/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 72
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 68
celebrada el jueves, 22 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. «BOCG. Congreso de
los Diputados», Serie A, número 31-1, de 23 de febrero de 2001.
(Número de expediente 121/000031.) . . . (Página
3534)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):
- Proyecto de Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el
Sector Audiovisual. «BOCG. Congreso de los Diputados», Serie A,
número 27-1, de 3 de enero de 2001. (Número de expediente 121/
000027.) . . . (Página 3578)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del
Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de
abril. «BOCG. Congreso de los Diputados», Serie A, número 34-1, de 9
de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000034.) ...
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . .
Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional . . .
El señor ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou) presenta ante la
Cámara, en nombre del Gobierno, el Plan hidrológico nacional,
acontecimiento que califica de histórico, al margen del juicio
positivo o negativo que pueda merecer la iniciativa del Gobierno. Se
trata de resolver el déficit hídrico importante que tiene un conjunto
de territorios del Mediterráneo español y de abordar las obras
necesarias de una serie de cuencas que tienen agua pero no pueden
convertirla en útil, explica, cuestión secular que, de una forma u
otra, lleva pendiente casi cien años. Manifiesta que el eje esencial
en torno al cual se vertebra todo el Plan hidrológico que hoy se
presenta se resume en que hay una España húmeda que tiene excedentes
de agua y una España seca que puede recibir como una bendición ese
agua que a otros sobra, y la obligación del Estado, a través del
Gobierno, es armonizar estas dos realidades, corrigiendo las
disfunciones sin perjudicar ni a unos ni a otros sino beneficiando a
ambos. El Gobierno ha sido consciente, explica el señor ministro, del
peso de los factores emocionales que conlleva todo lo relacionado con
el agua, y ha asumido que, por muy plausibles que fueran los
objetivos inspiradores del Plan hidrológico, su consecución sería
imposible si el método para alcanzarlos no se basara en dos
requisitos fundamentales: solvencia científica y técnica del proyecto
y, muy especialmente, integración participativa de todos los
afectados; requisitos que considera cumplidos ampliamente. Explica el
itinerario seguido para la consecución del plan y los principios que
presiden la normativa que hoy presenta ante la Cámara para iniciar su
debate, que son los de solidaridad, equidad y participación, y se
refiere en especial a la cuenca del Ebro, eje vertebrador de toda la
zona, donde las emociones se manifiestan con mayor intensidad y donde
reconoce que es justa, histórica y razonable la irritación de gran
parte de los ciudadanos. Sin embargo, añade, Aragón y las tierras del
Ebro van a ser una de las principales beneficiarias del plan, tanto
en el orden infraestructural como en el de mejor y mayor uso y
disponibilidad del agua, necesaria para su desarrollo
económico presente y futuro. Finalmente solicita que se aparquen
los celos políticos y las emociones apasionadas y se ponga manos a la
obra legislativa que dé paso a la gran realización que el Gobierno
quiere llevar a cabo.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de
ley, intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo
Parlamentario Socialista; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; y Saura Laporta, Labordeta Subías,
Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Replica el señor ministro de Medio Ambiente, duplicando el señor
Caldera Sánchez-Capitán.
En turno por alusiones intervienen los señores Lanzuela Marina, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Morlán Gracia, del
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora presidenta da por cerrado el turno de alusiones,
continuando el turno de dúplica en el que intervienen los señores
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Saura Laporta, Labordeta Subías, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain
y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, contestando a todos
el señor ministro de Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de
Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Trías i Vidal
de Llobatera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y De Grandes Pascual, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Medio Ambiente con un turno de
agradecimiento a los grupos que no han presentado enmiendas de
totalidad de devolución ni de texto alternativo.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al
proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, se rechazan por 129
votos a favor, 193 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 114 votos a favor, 195
en contra y 16 abstenciones.
Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.)
. . . (Página 3578)
Proyecto de Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía y el
Sector Audiovisual . . . (Página 3578)
Presenta el proyecto de ley en nombre del Gobierno la señora ministra
de Educación y Cultura (Del Castillo Vera). Empieza su intervención
subrayando que las políticas de ayudas públicas para la promoción de
la cinematografía han sido reafirmadas tanto por la Comisión Europea
como por el Consejo de Ministros Cultural y Audiovisual de la Unión
Europea, lo que, según su opinión, es importante para conservar la
diversidad cultural de la que España es un buen ejemplo. El proyecto
de la nueva ley de fomento y promoción de la cinematografía y el
sector audiovisual establece un marco jurídico que, afirma,
facilitará el desarrollo de la producción y de la creatividad, y su
borrador ha sido producto del diálogo con todas las asociaciones
profesionales, conteniendo básicamente todos aquellos aspectos en los
que se ha encontrado un punto de convergencia con dichas
asociaciones. No obstante ha habido que encontrar un equilibrio entre
producción, distribución y exhibición, así como entre creadores,
técnicos y actores, con el fin de que todos los sectores apuesten y
encuentren de alguna manera promovidas adecuadamente sus expectativas
e intereses. Reconoce que la Ley de 8 de junio de 1994 supuso un paso
adelante en el sector y tuvo una indudable importancia, pero
considera que de alguna manera el paso del tiempo y una serie de
hechos acaecidos la han vaciado de contenido, como por ejemplo la
desaparición de las licencias de doblaje, la trasposición de las
directivas europeas y la desaparición en Europa de las cuotas, unido
todo ello a la necesidad de regular con rango de ley un sistema de
ayudas que ha demostrado su utilidad al contribuir a la mejora del
cine español. A continuación explica los motivos que justifican este
proyecto de ley, entre los que destaca la necesidad de otorgar rango
de ley a las ayudas a la amortización, basadas en criterios objetivos
de aceptación del público. En definitiva, resume, la importancia
cultural del cine y su significativa aportación a la economía en la
creación de empleo justifican muy sobradamente la existencia de una
ley -y así fue entendido por todos los sectores que participaron en
el diálogo en los momentos en los que este proyecto de ley se estaba
elaborando-que
responda y garantice el apoyo al fomento y a la promoción de la
producción cinematográfica y audiovisual.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Erkoreka
Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los
señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de fomento y
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, se rechaza
por tres votos a favor, 178 en contra y 84 abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
. . . (Página 3591)
Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado,
texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril . . .
(Página 3591)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta ante la
Cámara para su aprobación el proyecto de ley de modificación de la
Ley del Patrimonio del Estado. Manifiesta que el objeto de la nueva
ley es facilitar y agilizar la ordenación y gestión del conjunto de
las empresas públicas del Estado para aprovechar mejor las
capacidades específicas de la SEPI y del Grupo Patrimonio. Este
proyecto de ley, añade, facilitará la adscripción de empresas del
Grupo Patrimonio a la SEPI, sociedad altamente especializada en el
saneamiento, en la administración y también en la privatización de
empresas, lo que supondrá un avance en la modernización del sector
público empresarial del Estado. Explica los fines del proyecto de ley
y el procedimiento que se propone en el artículo único que, en
definitiva, lo que pretende es autorizar al Gobierno a redistribuir
las participaciones empresariales de acuerdo con los principios de
eficiencia y de economía. Asimismo explica que el proyecto de ley que
hoy presenta a la Cámara no es una iniciativa aislada, sino que
se inscribe en la política general de optimización y racionalización
del sector público que comenzó en la legislatura anterior, a partir
del programa de modernización acordado en el Consejo de Ministros de
28 de junio de 1996, siendo uno de sus principales instrumentos la
liberalización de los sectores productivos, para facilitar la
participación de los agentes económicos en unos mercados más abiertos
a la competencia, y ocupando la reestructuración del sector público
empresarial un lugar decisivo dentro de esa política de
liberalización. Van a continuar, en una segunda fase, el proceso de
reestructuración de las empresas que aún permanecen en el sector
público y van a ocuparse también de seguir mejorando los métodos de
gestión de las empresas públicas y de introducir en ellas el estímulo
de la competencia a favor del crecimiento y del empleo.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Parlamentario Mixto interviene el señor Aymerich Cano.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución y de las
enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista interviene el señor Cuevas Delgado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López
(don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometidas a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo
Parlamentario Socialista, se rechazan por 82 votos a favor, 170 en
contra y una abstención.
Sometidas a votación las enmiendas al articulado presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 81 votos a favor y
171 en contra.
Por último, sometido a votación de conjunto el proyecto de ley de
modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado
aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, se aprueba por 170
votos a favor y 82 en contra.
Se levanta la sesión a las seis y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de
expediente 121/000031.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas
legislativas.
En primer lugar, debate de totalidad del proyecto de ley del Plan
hidrológico nacional. Para la presentación del proyecto de ley, tiene
la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoras y señores diputados, creo que no es una hipérbole calificar
de acontecimiento histórico el mero hecho de que hoy aquí, ahora,
tenga lugar esta sesión parlamentaria para presentar y debatir el
proyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Es histórica tal
circunstancia, al margen del juicio positivo o negativo que a SS.SS.
les pueda merecer esta iniciativa de Gobierno, porque no estamos
hablando de un plan o de una ley cualquiera, de una respuesta
legislativa, puntual, a los problemas puntuales que justifican y
ocupan buena parte de la labor de anteriores Cámaras, de la presente
y de las futuras. No. Estamos hablando, señoras y señores diputados,
de una cuestión secular, yo diría -si el término no se hubiera
banalizado por su excesivo e impropio uso- que estamos hablando de
una cuestión de Estado. Una cuestión secular porque lleva, de una
forma u otra, casi cien años pendiente de ser abordada.
Concretamente, con la formulación actual llevamos más de quince años
de estudios sin que nadie hasta este momento se haya atrevido a coger
el toro por los cuernos; el último, un gobierno socialista que, tras
presentar en 1993 un plan hidrológico, tuvo que desistir de lidiar
tan incómodo y, todo hay que decirlo, complicado toro. Una cuestión
de Estado porque el Plan hidrológico nacional que hoy sometemos a
consideración de la Cámara trasciende su específica función
hidráulica de atender las necesidades de la España sedienta para
incidir en la materialización de los grandes principios de
solidaridad interregional, redistribución de recursos y vertebración
del Estado; todos ellos principios que constituyen el telos de
nuestra Constitución. ¿Por qué el Plan hidrológico nacional y todos
los planes hidrológicos que le han precedido y que han muerto en el
intento? ¿Por megalomanía de un Gobierno que desea pasar a la
posteridad a través de obras faraónicas; por voluntad de castigo,
como mendaz y frívolamente se ha insinuado desde distintas instancias
políticas y mediáticas a una autonomía secularmente
maltratada y ninguneada como es Aragón por el nefando pecado de haber
desplazado del poder autonómico al Partido Popular? (Un señor
diputado: ¡Sí!-El señor Núñez Pérez: ¡No!) Lógicamente, nada de esto
tiene el menor viso de realidad ni de seriedad. Aquí, señorías, hay
un conjunto de territorios en el Mediterráneo español que tienen un
déficit hídrico importante, que tiene que ser resuelto. Hay unas
cuencas que tienen agua, pero que carecen de las obras necesarias
para abordar el problema de hacer que esa agua se convierta en útil.
Señorías, el eje esencial, el principio toral en torno al cual se
nuclea todo el Plan hidrológico que hoy se presenta, se resume en
algo tan sencillo, tan lógico y tan fácil de comprender como que hay
una España húmeda que tiene exedentes de agua y una España seca que
puede recibir como una bendición esta agua que a unos sobra y que a
otros falta. Nada más y nada menos que eso. Lógicamente, tan lineal y
sencillo enunciado se irá complicando, sin duda, a medida que se
desarrolle y de ello trataremos hoy aquí, pero el norte, el principio
inspirador, el objetivo es éste: en unos sitios sobra agua y en otros
falta. La función y obligación del Estado a través del Gobierno es
armonizar estas dos realidades, corrigiendo las disfunciones sin
perjudicar ni a unos ni a otros, sino beneficiando a ambos.
No se nos oculta a los miembros de la Cámara que todo lo relacionado
con el agua tiene un componente emocional y pasional que no es de
ahora, sino que casi forma parte de la naturaleza humana, pero sólo
desde el pesimismo antropológico puede negarse que la naturaleza
humana, el hombre, ha construido auténticos monumentos de
racionalidad para neutralizar, regulándolas desde el derecho
positivo, las pulsiones y las emociones que suscitan la propiedad, el
uso o el reparto del agua. En España, desde las leyes de agua hasta
el prodigio que es el Tribunal de Aguas valenciano, pasando por el
Código Civil y los usos ancestrales locales que rigen por doquier,
tenemos también una larga tradición de racionalidad y civilidad que
nos advierte de nuestra capacidad para el acuerdo, el compromiso, el
arbitraje y la solidaridad en cuestiones conflictivas y complejas, y
la del agua sin duda lo es.
Consciente del peso de todos estos factores emocionales, noblemente
sentidos y apasionadamente expresados, el Gobierno desde el primer
momento ha asumido que, por muy plausibles que fueran los objetivos
inspiradores del Plan hidrológico, su consecución sería imposible si
el método, es decir el itinerario, para alcanzarlos no se basaba en
dos requisitos fundamentales: solvencia científica y técnica del
proyecto y, muy especialmente, integración participativa de todos los
afectados. Lo primero, la problemática a la que da respuesta el Plan
hidrológico, está sobradamente cumplido, y ahí están los voluminosos
estudios que radiografían la situación y arbitran las oportunas
soluciones. Lo segundo, sinceramente pienso que ha constituido un
ejemplo histórico -y tampoco hay hipérbole en el calificativo-
de cómo debe ser abordada desde el diálogo y compromiso una
cuestión tan importante y compleja como la que contempla el Plan
hidrológico.
No estamos, señoras y señores diputados, ante el trágala de un
Gobierno que goza de mayoría absoluta y que la hace valer para
imponer sin concesiones su proyecto, precisamente porque este no es
el proyecto sólo del Gobierno, sino que es el proyecto del Estado y
de Estado. El itinerario diseñado ha pasado por convocar a todo el
que tenía algo que decir y aportar en el debate previo a la
confección definitiva del proyecto de ley. En el Consejo Nacional del
Agua han estado presentes las autonomías, los colectivos ecologistas,
los regantes y usuarios, los empresarios y los sindicatos, los
científicos, las confederaciones, quienes han planteado sugerencias,
correcciones, aportaciones y críticas al texto inicial del Gobierno.
El resultado, prueba patente del diálogo y de la voluntad
integradora, es un proyecto de Plan hidrológico nacional
sustancialmente diferente al que inicialmente había elaborado el
Gobierno, tal como reconocieron la mayoría de miembros de ese Consejo
Nacional del Agua, como será diferente, con toda seguridad, el plan
que surja tras ser debatido por esta Cámara.
Que un Plan hidrológico aplazado durante décadas alcance en el
Consejo Nacional del Agua un consenso del 82 por ciento de sus
miembros, además de un hito, es la mejor sanción a la que podíamos
aspirar quienes nos habíamos planteado la cuestión desde el diálogo y
desde la integración participativa. Trasvasar el agua de donde sobra
a donde hace falta, diagnóstico solvente de la situación, entidad
científica y técnica de las actuaciones propuestas, diálogo,
participación en la tramitación del plan, todo esto está muy bien,
pero hace falta incardinarlo en un contexto de ejes conductores que
desde el primer momento fijen el campo y las reglas del juego.
Señorías, no estamos ante un acto arbitrario, irracional, con raíces
diferentes a las puramente técnicas. Por esto, desde el primer
momento y muy especialmente en este acto de presentación de este
proyecto del Gobierno, hay que salir al paso y neutralizar cualquier
hipótesis que apunte en direcciones ajenas a la del simple y sencillo
equilibrio hidrológico español, entre otras razones, porque no se
ajusta a la verdad ni a los ejes nucleares que presiden la normativa
que vamos a debatir. ¿Cuáles son estos ejes o principios?
Primero, un principio de solidaridad de todos los españoles para con
aquellas regiones y comunidades que hasta hoy han tenido el agua y no
han podido disfrutarla. Me refiero a esta solidaridad estructural de
unas tierras que son interdependientes, formando un conjunto unitario
que es España y que se refleja en actitudes morales, jurídicas y
económicas de personas e individuos. El Ebro tiene una disponibilidad
media anual de 12.000 hectómetros cúbicos, trasvasar una parte de
estos excedentes en la forma que se dirá es unacto de solidaridad de
la España que tiene agua excedentaria
hacia la España que precisa de ella: Barcelona, Castellón,
Valencia, Alicante, Murcia y Almería.
Segundo, un principio de equidad. Que no es sólo dar a cada uno lo
que necesita o se merece, sino que nadie sea perjudicado en una
distribución equitativa del agua. Es el eje fundamental del Plan
hidrológico nacional, que es bastante más que simple ingeniería
trasvasadora en la medida en que contempla integralmente toda la
problemática, la de los que necesitan agua y la de los que la tienen
y se benefician insuficientemente por deficientes planteamientos
infraestructurales. Una filosofía completa de gestión del agua, que
abarca desde algo más de un billón de pesetas de forma prioritaria
como medida fundamental de ahorro para modernizar los regadíos en
alta en toda España, ahorrando así naturalmente muchísima agua, a
medio billón de pesetas en depuración de aguas para su reutilización,
a otro medio billón en abastecimiento a ciudades, porque, aunque
pueda parecer paradójico y no se pueda creer, hoy hasta existen
capitales en la comunidad autónoma de Galicia, por ejemplo, que
tienen problemas de abastecimiento y no precisamente porque en esa
comunidad falte agua. Esa visión completa del agua implica que el
Gobierno va a aportar algo más de 3 billones de pesetas para actuar
en el conjunto del Estado resolviendo los grandes problemas. Al mismo
tiempo, el Plan hidrológico actúa con equidad cuando del Ebro, donde
hoy grosso modo alrededor de 5.500 hectómetros cúbicos se van al mar
-como he dicho anteriormente-, a los cuales hay que añadir casi
12.000 hectómetros de media anual, aportamos 1.050 al Levante. ¿Y por
qué aportamos sólo 1.050 hectómetros cúbicos? Porque 3.500
hectómetros se aplicarán para el desarrollo de los futuros regadíos y
otros usos de la cuenca del Ebro, hectómetros que en la actualidad no
se pueden utilizar por falta de las inversiones necesarias para hacer
posible dicho uso. El Plan hidrológico nacional no es sólo un plan
trasvasador, sino un plan que contempla la optimización en la misma
cuenca cedente y de forma prioritaria, y naturalmente también en las
demás, de unos recursos que actualmente están disponibles, pero que
sólo se pueden ver pasar y no se pueden aprovechar.
Como caudal ecológico se reservan 3.150 hectómetros para garantizar
el mínimo equilibrio ecológico del río, que exigen todos los análisis
existentes al respecto. Y de los 5.000 hectómetros excedentarios se
trasvasarán a otras cuencas 1.050, siempre y cuando el caudal sea
excedentario, alcance los anteriores niveles y supere en su
desembocadura el caudal ecológico establecido para la preservación
medioambiental del río en su desembocadura. Así pues, ¿qué significa
este principio de equidad para la cuenca del Ebro y para Aragón?
Significa resolver el problema que ha conducido a la situación que
hoy se vive en aquellas tierras; hacer la regulación para que puedan
tener el agua que han querido siempre, al que siempre han tenido
derecho y que no han podido utilizar.
En tercer y último lugar, un principio de participación, al que ya he
aludido antes y que obedece al deseo de consensuar al máximo un plan
que, insisto, señoras y señores diputados, debe ser el plan de todos
y no sólo el plan del Gobierno. En el Consejo Nacional del Agua
tuvieron puertas abiertas las instancias políticas y sociales
afectadas por el Plan hidrológico. Se ha negociado bilateralmente con
infinidad de autonomías y colectivos, llegando a acuerdos que, con
toda seguridad, esta Cámara enriquecerá tras los debates del proyecto
que hoy sometemos a su consideración. El resultado de esta
participación ha sido importante. Por primera vez en España, por
primera vez en este país, todos los regantes y todos los usuarios de
agua han apoyado unánimemente este proyecto. Y en el ámbito
territorial ha habido la oposición única de cuatro autonomías:
Asturias y Baleares; Andalucía, que en varias ocasiones indicó su
cercanía al acuerdo; y Aragón, la única autonomía interior que
manifestó su rechazo al plan.
Estamos, pues, ante un Plan hidrológico muy meditado, mejorado por
aportaciones múltiples, con participación pluralista, consensuado y
admitido por el 82 por ciento de los integrantes del Consejo Nacional
del Agua, que aborda un problema secular de España, que redistribuye
este bien preciado que es el agua y que lo hace beneficiando a los
principales protagonistas: los cedentes y los receptores. No es fácil
-créanme, señorías- que en un asunto tan controvertido como el que
nos ocupa se puedan alcanzar tantos atributos de idoneidad y de
excelencia.
Es justo y necesario hablar en este debate de la cuenca del Ebro,
especialmente de Aragón y Tarragona, aunque no quiero olvidar las
otras comunidades autónomas de la cuenca. En primer lugar, porque la
vida de esta zona se ha concebido alrededor del río Ebro, eje
vertebrador. En segundo lugar, porque por allí es donde las emociones
se manifiestan con mayor intensidad, alcanzando el valor de mito
catalizador de amplias capas de su población, especialmente urbanas.
Y en tercer lugar, y sobre todo, porque tras las emociones y el mito
hay una parte de justa, histórica y razonable irritación de gran
parte de estos ciudadanos.
Llegado a este punto de mi intervención, como español quiero decirles
que pertenezco al Reino de Mallorca, integrado histórica y
fraternalmente en la corona de Aragón. Podría fácilmente deslizarme
por la retórica sentimental y panegírica tan habitual que nos habla
de los bravos aragoneses, de los nobles baturros y de la condición de
piedra central en la fundación y consolidación de España, apelando a
su fibra de solidaridad y responsabilidad, en un momento histórico
como es el de decidir una cuestión tan importante y de tanta
trascendencia como la que hoy nos ocupa. Pero quiero hablar de hechos
y los hechos nos dicen lo siguiente. Una parte de estos territorios
son paradigma de sistemáticas e históricas promesas incumplidas, de
inversiones anunciadas
y no realizadas, de políticos y gobernantes que han ignorado los
compromisos contraídos. La irritación, por tanto, es, en buena
medida, justa. El río Ebro es el río menos regulado de España, es el
río que hasta hoy se ha beneficiado de una menor aportación de estas
infraestructuras en toda España, pese a la notable demanda
hidrológica existente en este territorio. Señorías, la desconfianza
de estos ciudadanos es, pues, comprensible; las emociones, lógicas.
Si yo fuera aragonés probablemente estaría en guardia ante cualquier
política que afectara al territorio. La historia y la experiencia
conocida abonan esta cautela y esta desconfianza.
La Comunidad Autónoma de Aragón, por ejemplo, no se beneficia del
Ebro; para ser más exactos, no se beneficia lo que sería justo que se
beneficiara del paso del Ebro por sus tierras. Aragón ve pasar el
agua de la que sólo puede usar una parte. No se han hecho las
inversiones necesarias para embalsarla y aplicarla a nuevos regadíos
y a consumo urbano. Desde hace treinta años no se ha hecho en Aragón
una sola obra hidráulica significativa, con concesiones de regadíos
no operativas por falta de infraestructuras, con problemas de
suministro de agua potable a la ciudad de Zaragoza y, a veces, con
utilización de camiones para captar el agua que sirva para abastecer
núcleos urbanos. Las tierras del Ebro, por una serie compleja de
razones, tienen también una problemática vinculada al río, que se
traduce en una alta sensibilidad por todos los temas que afectan a un
futuro trasvase y especialmente por el delta del Ebro, un ecosistema
medioambiental muy sensible.
No quiero dejar de mencionar el resto de la cuenca, desde Cantabria a
La Rioja, desde Navarra al País Vasco, que también han visto en
muchas ocasiones problemáticas específicas respecto del río, si bien
no tan intensas o apasionadas como en Aragón o en las tierras del
Ebro. El Plan hidrológico nacional va a acabar con este estado de
cosas. Por esta razón, Aragón y las tierras del Ebro van a ser unas
de las principales beneficiarias de dicho plan, tanto en el orden
infraestructural como en el de mejor y mayor uso y disponibilidad del
agua necesaria para su desarrollo económico presente y futuro. Y así
lo han comprendido los aragoneses más implicados y dependientes del
agua, que han hecho importantes aportaciones al Plan hidrológico
nacional y que han votado a su favor en el Consejo Nacional del Agua.
No estamos, señorías, ante una cuestión menor. Los únicos en España
que se juegan su futuro y el de sus hijos con el agua, los únicos que
tienen puesto todo su futuro en este recurso y en el de sus hijos,
son los usuarios y los regantes del agua, que han votado unánimemente
a favor de este proyecto; y esos amigos sí que se han leído la letra
pequeña de este proyecto, la han cribado y le han dado todas las
vueltas posibles, porque se juegan su propio futuro, y han apostado,
unánimemente en toda España y por primera vez, por este proyecto.
Aragón no va a perder, sino que va a ganar con este plan. El problema
de Aragón no es el trasvase. Su problema
es que no puede usar el agua que ve pasar. Hasta hoy no ha
existido el trasvase del Ebro y Aragón ha tenido y tiene problemas.
Hasta hoy no ha existido el trasvase del Ebro y el delta del Ebro ha
tenido y tiene problemas medioambientales. Lo que realmente afecta
a estas tierras, lo que realmente afecta a Aragón es la falta de
inversiones, y eso es lo que se aborda en este plan de forma
inequívoca. El trasvase a otras cuencas sólo se hace desde aguas
excedentarias, una vez que se han garantizado los mínimos ecológicos
y de caudal de la cuenca cedente. Nadie quiere quitar agua a nadie.
Sencillamente, se van a utilizar unos recursos que en la actualidad
se pierden, en base a ese proyecto de solidaridad nacional y en base
a ese proyecto de vertebración nacional de España. El delta, las
tierras del Ebro, gracias a un proceso negociador con los agentes
políticos y sociales más responsables, tendrá que contar con un
proyecto, con un plan de inversiones que le permitirá recuperar su
equilibrio ambiental y, como balance de toda la operación, que le
mejore en lugar de empeorar y que garantice a sus ciudadanos su
propio futuro y su forma de vida actual.
Señorías, es por todas estas razones que, más allá de las justas
irritaciones y de los agravios históricos, sea legítimo pedir a los
reticentes ante el plan hidrológico un ejercicio de objetivación y de
racionalidad crítica a la hora de contemplar el plan, dando un voto
de confianza a este Gobierno y a los gobiernos que le sucedan, que
ésta no es una obra de un solo Gobierno, por este serio y responsable
intento de abordar los problemas, no sólo los problemas de las
cuencas sedientas, sino los problemas de la propia cuenca cedente, de
la cuenca del Ebro. Ni siquiera hay que apelar a la solidaridad y a
los grandes principios. Me conformaría con que estas tierras
repensaran el plan hidrológico estrictamente en términos de egoísmo y
que sus políticos entendieran que hay otros territorios que ceden
agua, y lo hacen desde la cabecera de sus ríos, no desde la
desembocadura, ya fuera de su territorio.
Poco más tengo que añadir en esta presentación de un Plan hidrológico
nacional que, repito, pone fin a cien años de intentos fallidos de
llevarlo a la práctica. Sobra agua en unos sitios y hace falta en
otros. Buena parte de esta agua se pierde; los poseedores de agua la
tienen mal gestionada e infrautilizada. Estos son los datos y estos
son los hechos incontrovertibles. Aparquemos celos políticos y
emociones apasionadas y pongámonos con seriedad manos a la obra; a la
obra legislativa que da paso a la gran obra de verdad.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabrael señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, señoras y
señores diputados, señor ministro, agua y civilización han solido ir
juntas a lo largo de la historia, de modo especial en un país como
España. Nos jugamos, pues, el futuro no sólo los regantes de Aragón
sino todos los españoles.
Javier de Burgos, en 1833, afirmaba que el agua es la sangre de la
tierra y los canales de riego la vida de los campos. Joaquín Costa,
señorías, vinculó el agua con la riqueza, el desarrollo nacional, la
democracia y el avance social, creyendo que en las obras hidráulicas
estaba la posible redención económica y social de España.
Hoy, señorías, por suerte, en España ya no tenemos un problema de
democracia, tampoco de desarrollo nacional, al menos en los términos
formulados por Costa, ni cabe hablar de redención económica y social,
pero seguimos teniendo un problema con el agua, cuya subsistencia es
la mejor prueba de las dificultades y el enconamiento que plantea. Y
para este tipo de problemas enconados y difíciles, señorías, la
democracia tiene un método para su resolución: el diálogo. El diálogo
para alcanzar un consenso; el consenso, en este caso, para que la
solución una los distintos territorios, no para dividir ni para
fracturar. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Para vertebrar, para
cohesionar. Esa es la oferta que desde aquí hace hoy el Grupo
Parlamentario Socialista. Se la hacemos porque nuestra convicción es
que un tema de esta naturaleza necesita un gran acuerdo político y
social, pero también, señor Aznar ausente, señor ministro, porque
estamos convencidos de que el plan hidrológico o es consensuado o
sencillamente no lo será. ¿Cómo hacerlo? El 31 de mayo de 1933, en
esta Cámara, Indalecio Prieto presentaba un plan de obras hidráulicas
y expresaba su aspiración de que el magno problema del agua atrajera
la atención de la opinión pública, la convergencia de juicios del
mayor número posible de órganos directores de la economía y ciencia
españolas porque, como decía Prieto, nada más lamentablemente estéril
que atalayarlo desde el mezquino montículo que puede levantar la
bandería política. Estamos ante una obra nacional para cuyo ordenado
acometimiento se necesita la patriótica cooperación de todos.
Señor Matas, no parece entenderlo así el Gobierno, que, frente a
aquellas hondas preocupaciones de nuestros antepasados, ve el asunto
no con perspectiva militar, sino cuartelaria. Ésa parece ser la
aportación al problema del agua en España del señor Aznar,
interpretada por su compañero de gabinete señor Cañete. Claro que hay
alguien que mendaz y frívolamente ha afirmado que este plan está
hecho contra una comunidad autónoma -lo detectó una televisión-, fue
su compañero de gabinete (Aplausos), que, le recuerdo, afirmó lo
siguiente -claro que es mendaz y frívola la expresión-: el Plan
hidrológico sale por... lo que ustedes saben. Porque pasan dos cosas
-dijo su compañero de
gabinete, registrado en una televisión-: que tenemos mayoría y que
hemos perdido en Aragón. Y siguió: En diciembre sale de las Cortes y
entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted
la seguridad de que el presidente ha dicho en el Consejo de
Ministros, estando yo, que esto salía por... Ya saben. (Rumores.)
Nuestro país, señorías, merece otro trato más respetuoso. ¿De qué se
trata? ¿Se trata de aprobar un plan o de castigar a una comunidad
autónoma que no le ha votado? Mucho me temo, porque tampoco es la
primera vez que sucede, que el plan que usted nos trae aquí hoy
refleja un cierto y particular ajuste de cuentas con una comunidad
autónoma. (Protestas.) Y eso, señorías, es preocupante. Parafraseando
a Prieto, les diré que no conviene, señoras y señores del Grupo
Popular, atalayarse en la soberbia y en la altanería. Ustedes tienen
mayoría parlamentaria, es cierto, pero van a superar una marca, señor
ministro: siete enmiendas de totalidad y la ausencia de mayoría
social. Se lo demostraré, señorías.
Ustedes no pueden sacar adelante un plan hidrológico contra un número
significativo de comunidades autónomas. No distorsione el lenguaje,
señor ministro. Ha dicho que sólo una comunidad autónoma del
interior, Aragón, se ha opuesto al plan. Se han opuesto muchas más:
el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Navarra, Baleares,
Asturias, Andalucía y Aragón. Muchos ciudadanos, señor Matas, con sus
representantes. (Aplausos.) Es más, al margen de lo que decida votar
esta mañana aquí Convergència i Unió, le haré otra cuenta: los grupos
parlamentarios que vamos a rechazar el Plan hidrológico nacional del
Gobierno si no aceptan la vía del diálogo que proponemos, ¿sabe que
sumamos más votos populares que quienes lo van a aprobar? (Aplausos.)
¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que los votos de los ciudadanos que están
detrás de quienes rechazamos este plan son superiores a los suyos?
Señor ministro, claro que las organizaciones sociales han estado en
el Consejo del Agua; han estado, pero no han sido escuchadas. Miren,
no pueden hacer un plan contra la Confederación de Asociaciones de
Vecinos de España, contra Comisiones Obreras, contra la Unión General
de Trabajadores, contra la Confederación de Consumidores y Usuarios,
contra la Plataforma Rural, contra los Amigos de la Tierra, contra
Ecologistas en Acción, contra Greenpeace, contra Adena. ¿Quiere que
continúe hasta cuatrocientas y pico organizaciones que rechazan este
plan? No; no pueden aprobarlo contra tanta gente. Por ello, le digo
que nuestro texto, el del Grupo Socialista, merece respeto y no la
despectiva respuesta de que la alternativa socialista es de risa,
expresada sin tan siquiera haberla leído.
No queremos que el plan, y me dirijo a los ciudadanos españoles,
nazca muerto, sino vivo y para ello sólo hay un camino: el consenso
que nosotros ofrecemos. De no ser así, no resolveremos los problemas
hídricos;
no resolveremos los más graves ni los de Levante ni los del resto de
España, que son problemas de cantidad de agua disponible, pero
también, y cada vez más, de calidad de aguas -superficiales y
subterráneas-, aunque, señor ministro, a ello casi no le dedica
atención el plan que hoy presentan; no dedica a esto prácticamente
ninguna atención, si no, indíqueme en qué puntos del articulado se
reflejan estas preocupaciones. Consenso, señorías. El documento más
antiguo sobre el agua que se conserva en lo que fue el antiguo Reino
de Valencia, de 1223 -fíjense ustedes-, trata de un pleito que
finalizó, ¿sabe usted cómo? Haciendo concordia entre dos alquerías
que disputaban agua. El corazón del plan de su Gobierno, señor
ministro, al que usted ha dedicado más de la mitad de su
presentación, traicionándole su subconsciente, la obra hidráulica de
un trasvase del Ebro al arco mediterráneo no se puede hacer, señoría,
sin consenso. No se puede hacer sin consenso. (Aplausos.)
Además, ha demostrado usted en su presentación que su plan tiene un
enfoque meramente hidráulico. ¿Sabe usted lo que es la hidráulica,
señor ministro? El arte de conducir, contener, elevar y aprovechar
las aguas. Pero necesitamos otro enfoque más moderno y amplio,
hidrológico. Le recuerdo que la hidrología es una parte de las
ciencias naturales que trata de las aguas. Porque este es el fondo de
la cuestión: España necesita un plan hidrológico, y ustedes han
presentado ante esta Cámara nada más que un plan hidráulico, señor
ministro. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien!) Porque el agua
no sólo se transporta; se ahorra, se recicla, se desaliniza, se
depura, se reutiliza, señor ministro. Necesitamos poner más el acento
en el conocimiento del territorio que en la capacidad de construir
infraestructuras, en la calidad de los recursos hídricos que en la
cantidad, en el mejor uso de los existentes que en la captación de
nuevos recursos, en suma, una nueva cultura del agua, que no se
refleja en el plan del Gobierno. La alternativa que presenta el Grupo
Socialista contiene un enfoque dinámico, no estático, vinculado a los
avances y nuevas posibilidades tecnológicas, en dirección hacia las
mayores preocupaciones ambientales, con una mayor atención a los
equilibrios de desarrollo territorial, aprendiendo, señor ministro,
de experiencias fracasadas, claro que sí, aquí y fuera de aquí, lo
que no hacen ustedes, y atendiendo también a las políticas de la
Unión Europea. Este mal llamado plan hidrológico considera el agua
sólo como un mero bien al servicio de la producción, minusvalorando
las connotaciones sociales, culturales, emocionales, ambientales y
hasta estéticas de nuestros ríos, a los cuales no se dedica ni una
sola línea de su Plan hidrológico nacional. (Aplausos.) Presentan,
señorías, un llamado Plan hidrológico nacional -por cierto, para ser
un momento histórico, señor ministro, poco cañamazo ha tenido, en
expresión de un miembro de su grupo, su presentación, muy poco-, y
vamos a ver por qué no es un plan, por qué no es hidrológico y por
qué no es
nacional. Para que fuera con propiedad un plan, debería incluir una
objetivación de los fines perseguidos en política territorial. Dígame
dónde está en su texto la objetivación de los fines perseguidos en
política territorial; dígame dónde está la objetivación en política
agrícola; en política energética, dígame dónde está; en turística,
dígame dónde está, y en gestión del agua. El que ustedes presentan ni
expone objetivos ni hace un diagnóstico integrado de la realidad
hidrológica, que no hidráulica, española; fíjese, ni siquiera analiza
cuál ha sido el grado de aplicación y cumplimiento de la actual
legislación en materia de aguas. Ni siquiera lo analiza.
Este llamado plan no es fiel al principio de la planificación que se
incorpora a nuestro derecho positivo en la Ley de Aguas de 1985. A
partir de ella, como usted sabe, toda la actuación sobre el dominio
público hidráulico está sometida a la planificación hidrológica. Su
plan sólo incorpora planificación hidráulica para justificar un
trasvase del agua desde el Ebro hasta Almería. Para poder ser
calificado con propiedad como un plan, deberemos definir antes qué
modelo de ordenación territorial queremos. ¿Cuál es el suyo, señor
Rato, señor Aznar? Ni una sola palabra en el texto, ni una. ¿Es
compatible este plan con el de infraestructuras, por ejemplo? ¿Cuál
es su política forestal? ¿Y la de regadíos? ¿No inciden acaso todas
ellas sobre el territorio? ¿Cómo se puede justificar un debate sobre
el Plan hidrológico nacional, y no sobre el plan de infraestructuras,
que se niegan a traer a la Cámara ustedes, que movilizará 17 billones
de pesetas? (Aplausos.) O sobre regadíos, que ustedes exigieron que
se presentaran simultáneamente en esta Cámara. Señor ministro, 29 de
febrero de 1995, moción del Grupo Popular aprobada por la Cámara:
remita al Congreso de los Diputados, junto al Plan hidrológico
nacional, un plan agrario de regadíos. O moción del 22 de marzo de
1994: incorpore el plan de regadíos y contemple de manera específica
y diferenciada los problemas medioambientales. Eso no lo traen
ustedes hoy aquí.
Nosotros sí lo abordamos. Nuestro texto alternativo, señorías,
plantea un debate en el Senado sobre la ordenación del territorio en
España. No podemos seguir concentrando población -tres de cada cuatro
ciudadanos viven en el 3 por ciento del territorio- con procesos de
desertización y envejecimiento en la mayoría de la España interior.
El artículo 6 del texto alternativo que defiendo establece una
comunicación en el Senado sobre políticas de ordenación territorial,
a fin de acordar medidas para reducir los actuales desequilibrios
regionales. Su texto, le repito una vez más, ni una sola palabra. De
igual forma, queremos que el Gobierno presente el plan de regadíos,
un plan forestal, el de infraestructuras para que podamos debatirlo
aquí, y una estrategia de lucha contra el cambio climático. Nada de
ello en su Plan hidrológico nacional. La planificación hidrológica
deberá tener en consideración los contenidos
de las conclusiones sobre política territorial que resulte de
dicho debate.
Este plan ignora en su totalidad el proceso de revisión en curso de
las políticas comunitarias, incluyendo la agrícola. ¿Cómo es posible,
señorías? De hecho, la política agrícola sólo aparece como objetivo
en lo que se refiere a consolidación de regadíos existentes. Deberían
ustedes atender las recomendaciones del profesor Barea -en otro
tiempo lo hacían, señor Rato-, que dice: esto me presenta una
terrible duda; ¿se han tenido en cuenta los cambios que en política
agrícola común se van a producir? No, ¿verdad? Atiendan al señor
Barea.
Los problemas hidrológicos de nuestro país no se resuelven sólo con
obras hidráulicas, señorías. Hace falta una apuesta decidida por
mejorar la gestión del agua, lastrada hoy por un funcionamiento
inadecuado de las confederaciones hidrográficas. Sin embargo, este
plan no prevé la reforma de las mismas. ¿Creen ustedes que se puede
hacer algo serio en esta materia sin superar el caos administrativo
actual, gracias al cual sólo está legalizada la cuarta parte del
medio millón de aprovechamientos de agua existentes? ¿O sin integrar
a las comunidades autónomas en un marco de corresponsabilidad en la
gestión del agua?
Mejorar la gestión del agua, señorías, supone situar como objetivo
principal una gestión integral en la que la eficiencia, el ahorro, el
uso de tecnologías avanzadas y la preservación de nuestros
ecosistemas permitan obtener un agua de mejor calidad y suficiente
para atender las necesidades existentes. ¿Dónde están estos objetivos
en su plan? ¿Cómo se puede llamar plan hidrológico, señorías -y esta
pregunta es relevante-, a uno que no establece ningún plan de
eliminación de vertidos? La contaminación de las aguas es el factor
de mayor influencia en lo que a pérdida del recurso agua se refiere.
Fíjense, un medio no sospechoso de adicción filosocialista, el ABC,
publicaba estos días que España se sitúa a la cola de la Unión
Europea en el tratamiento de aguas residuales. Con su plan, señor
ministro, lo seguirá estando durante muchos años y no resolveremos la
situación. La lucha contra la contaminación ofrece otras
disponibilidades mayores para aumentar el agua que la construcción de
nuevas infraestructuras; y usted, señor Matas, no se da por enterado.
Ha hablado aquí de los inmigrantes; quizá S.S. esté más atento a
tramitar sus votos de forma poco clara que a desarrollar políticas de
gestión del agua. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Igualmente, debería prestarse atención a la restauración integral del
dominio público hidráulico y a la política de reforestación de
riveras fluviales. Nosotros, señorías, apostamos con contundencia por
poner orden en el caos de la Administración hidráulica; por
establecer actuaciones que faciliten la reordenación de los derechos
del agua. El objetivo principal es fomentar un uso más eficiente del
agua, para lo cual hay que conocer con rigor cuánta agua se utiliza,
cuánta es necesaria
para cada uso y cuáles son los requerimientos de caudal ambiental de
cada río. ¿Sabe que el Instituto Nacional de Estadística y su propio
compañero de gabinete, el ministro de Agricultura, estiman que en
España sólo el 10 por ciento de los regadíos pueden considerarse
eficientes y que, además, se desaprovechan casi 5.000 hectómetros
cúbicos exclusivamente por pérdidas en las infraestructuras agrarias?
Por cierto, nos complace, señoría, que a última hora hayan
descubierto -no sé si para satisfacer a CiU e intentar obtener su
voto- que se pueden reasignar los usos del agua en el delta del Ebro;
es decir, que la hipotética previsión de una transferencia de 1.000
hectómetros cúbicos se va a ver reducida en 500 por cesión de
derechos de regantes. Esto, si se ha conseguido en una sola tarde,
fíjese lo que podríamos hacer en tres meses de tramitación
parlamentaria. Esto sólo puede interpretarse de dos maneras: o el
plan -hasta que ustedes hablaron con Convergència i Unió- era un
ejercicio arbitrista -y le pregunto que dónde está la solvencia
científica y técnica que usted invocó aquí en la presentación del
plan- o que da igual 500 que 1.000, o, alternativamente, que tenemos
un margen de negociación muy superior al que el Gobierno, señorías,
quiere reconocer.
Fíjese que la Ley que ustedes hicieron en 1999 y este plan consagran
los viejos derechos adquiridos sobre el dominio público hidráulico
pretendiendo crear un mercado del agua. Por cierto, contradicen
ustedes incluso, señor Rato, los postulados liberales clásicos y
decimonónicos que a usted le encantan. Antes de crear un mercado del
agua convendría desamortizar viejos derechos arcaicos y en ocasiones
perpetuos. Pero para que este mercado del agua funcione con justicia
y equidad ha de tener intervención pública. Por ello proponemos la
creación de bancos públicos de agua para aflorar las operaciones
potenciales de reasignación de usos en toda España, que contribuirían
a reducir los déficit existentes sin la conflictividad y los impactos
ambientales negativos que genera un trasvase. Este mecanismo
permitiría fomentar además trasvases voluntarios entre usuarios
próximos, lo que exige flexibilizar el régimen concesional sin
atentar contra el principio de equidad.
El plan de ustedes no aborda ninguna reforma de la legislación
vigente ni de los organismos de cuenca, tenemos que hacer ambas
cosas. Quince años después de la Ley de 1985 no se puede hacer un
plan que no contemple la evolución de los problemas del agua en
España. Debemos incorporar los principios de las directivas, en
particular aquella sobre política del agua que se aprobó el año
pasado. El texto del Gobierno, señoría, se limita a mencionarla, pero
eso no basta. Proponemos iniciar de inmediato la revisión de los
planes hidrológicos de cuenca para irlos adaptando de inmediato a las
necesidades del futuro, a los estudios de incidencia que tendría en
cada cultivo, en cada región,
la repercusión de todos los costes del agua en su precio, a la que
nos veremos obligados desde el año 2010.
Para describir de modo práctico las posibilidades de una mejor
gestión del agua usemos la cuenca del Júcar. Por cierto, ¿desde
cuando, señor ministro, la cuenca del Júcar, como dicen ustedes en el
plan, tiene déficit estructural? Si lo tiene, ¿cómo puede plantearse
un trasvase desde el Júcar al Vinalopó, como si el Júcar fuera
excedentario? Esto es como si a un anémico que necesita una
transfusión de sangre se la sacamos y esto es lo que parece que usted
pretende con su plan. Errores como estos, señor ministro, hay muchos
en el escaso espacio que dedica el proyecto de ley a regular los
problemas hidrológicos del país.
Pero volvamos al tema de la gestión del agua y usaré los datos de una
autoridad competente, la Consejería de Obras Públicas valenciana, que
fíjense que demuestra cómo se puede conseguir más agua a partir del
ahorro y la reutilización de aguas residuales con menos dinero. Es un
informe de la Consejería de Obras Públicas, estudio de modernización
de red de distribución de la acequia real del Júcar. ¿Sabe lo que
dice? Que la demanda de agua en el año 1988 en la Comunidad
Valenciana se estimó en unos 3.000 hectómetros cúbicos, de ellos
2.800 en la cuenca del Júcar. Según el Plan hidrológico nacional, 350
llegarán desde el Ebro a la Comunidad Valenciana, es decir, el 11 por
ciento de su demanda, de sus necesidades, eso sí, como mínimo a
partir del año 2008. Por cierto, siendo esto así, señorías, ¿no les
suena a ridícula la campaña del señor Zaplana, que ha empapelado toda
la Comunidad Valenciana diciendo que con su plan se acabó el problema
milenario del agua en la Comunidad Valenciana, un plan que aporta el
11 por ciento de sus necesidades dentro de diez años? ¿Eso resuelve
sus problemas milenarios? Me parece que es un verdadero escándalo.
(Aplausos.) Esa Consejería -y voy acabando, señorías- estimaba que la
acequia real del Júcar puede ahorrar un mínimo de 200 hectómetros
cúbicos anuales con una inversión de 7.600 millones de pesetas en su
mejora -a 2 pesetas, señor ministro, el metro cúbico-, cuando el
trasvase la sitúa en 52. (Rumores.) Es decir, que esta inversión
podría ahorrar el 60 por ciento del agua a trasvasar. En resumen, la
propia Consejería de la Generalitat valenciana nos dice que más de la
mitad del agua que ustedes quieren trasvasar desde el Ebro se podría
obtener con esta modesta inversión.
Por último, hay otras alternativas factibles: reutilización
y desalación. Las plantas desaladoras...
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo.
Las plantas desaladoras que proponemos no emiten, señorías, ni un
solo gramo más de CO2 que el trasvase
previsto del Ebro a Almería. (Rumores.-Aplausos.) Ni un gramo más,
porque la energía necesaria -si ustedes me permiten expresarme-
(Rumores.) para transportar 1.050 hectómetros cúbicos a lo largo de
ese trasvase es exactamente la misma que la que se requiere para
desalar los 400 hectómetros cúbicos que planteamos como una de
nuestras medidas urgentes. Y no es el único ejemplo, señorías. Se
podrían proponer muchos más.
Este plan no es nacional, señor Matas. Es un plan hidráulico que
contiene un gran trasvase. Así lo reconoce la exposición de motivos
de su proyecto de ley, que dice: Sin duda, el eje central lo
constituye la regulación de las transferencias de recursos
hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes de
cuenca. Dedica a esa transferencia 12 de los 36 artículos del
proyecto de ley. Por tanto, es un plan que sólo contempla un
trasvase, el del Ebro. Y, para proponer ese trasvase, ustedes ni tan
siquiera se han molestado, señorías, en analizar las experiencias del
propio Ministerio, ni se han dignado utilizar los estudios
científicos, que los tenían, sobre los efectos del cambio climático.
Antecedentes que tiene su Ministerio demuestran que en el año 1973 se
planteó un trasvase Ebro-Barcelona con unas previsiones de 1.400
hectómetros cúbicos, previendo un caos en caso contrario en los años
ochenta. No se hizo, no llegó el caos. El anteproyecto del plan de
1993 lo rebajaba a 475 y el actual suyo sólo a 193. De igual modo,
los datos del propio libro blanco del agua, señor ministro,
demuestran que la aportación anual media, en la década de los
sesenta, en el Ebro, fue de 16.000 hectómetros cúbicos; en la de los
setenta, 14.000; en la de los ochenta, 9.500; en la de los noventa,
8.200; una reducción del 50 por ciento en 40 años. ¿No le parece un
dato relevante si se quiere hacer depender todo un plan de un solo
trasvase?
El plan del Gobierno, señorías, tampoco tiene en cuenta la evolución
futura del recurso agua en función del cambio climático. El libro del
agua lo reconoce en la página 193. El análisis realizado -dice-
permite concluir que el sureste peninsular, la cuenca del Guadiana,
el valle del Ebro y la España peninsular, son las áreas donde el
impacto sobre los recursos hídricos se manifestará más severamente.
Francisco Ayala, del Instituto Tecnológico Geominero de España, en un
informe que ustedes no han publicado, con los métodos utilizados en
el libro blanco del agua, ha concluido que en el año 2040, debido al
aumento de la evaporación, a la disminución de las lluvias, las
cuencas del Ebro, Tajo y Duero perderán 4.000, 3.000 y 4.500
hectómetros cúbicos/ año. Es decir, antes, señorías, del plazo de
amortización de las obras, 40 años, no sólo será imposible el
trasvase del Ebro sino que necesitaría aportaciones de agua para
cubrir sus necesidades...
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego concluya. Sabe que ha
consumido su tiempo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señora presidenta.
Salvo que realizáramos una política muy severa de ahorro. Sin
embargo, el plan del Gobierno ni siquiera lo contempla.
A pesar de ello, no descartamos los trasvases, señorías, pero deben
plantearse como última solución, una vez constatada la insuficiencia
de todas las demás posibilidades de obtención de agua dentro de la
propia cuenca; por cierto, era su posición, la del PP, no hace muchos
años. En este país, señorías, no se pueden plantear ya trasvases
entre cuencas sin acuerdo satisfactorio para los territorios de las
cuencas cedentes. Y ustedes han despreciado la opinión de esos
territorios. Nosotros promovemos la necesidad del consenso entre
Gobierno y comunidades autónomas en un foro adecuado al Estado de las
autonomías, como es la conferencia sectorial de la política del agua.
En nuestro texto alternativo se apuesta por la mejor gestión de los
recursos hídricos en las cuencas mediterráneas, acotando la necesidad
de un eventual trasvase a la única cuenca que el libro blanco del
agua consideraba como estructuralmente deficitaria: la cuenca del
Segura.
Para ello y para los ámbitos deficitarios de otras cuencas proponemos
un plan especial de gestión en un año, a partir de la aprobación de
esta ley, creando un banco público de agua, suspendiendo el
otorgamiento de concesiones en precario y la posibilidad de suspender
también el resto de concesiones, procediendo a su control, revisión y
caducidad, en las circunstancias que establece nuestro texto.
Queda un solo punto, señor ministro, la viabilidad financiera del
plan. El profesor Barea también la pone en duda, por cierto. ¿Cómo
dar crédito al compromiso del Gobierno cuando el esfuerzo inversor
del sector público estatal cada vez es menor y este año se queda en
el 3 por ciento del PIB? ¿Cómo esperar una rápida ejecución de las
obras aquí contenidas -y esto lo dicen los documentos del propio
Gobierno- si el capítulo VI ha pasado de 1 billón 100.000 millones,
en el año 1990, hace diez años, a 1 billón 14.000 millones, es decir
el 60 por ciento en pesetas constantes?
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que concluya
definitivamente. Usted sabe que ha consumido sobradamente el tiempo
pactado en la Junta de Portavoces.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señorías.
Para salvar las carencias del plan que ustedes presentan, mi grupo ha
elaborado un texto alternativo, porque el plan del Gobierno no puede
ser considerado un plan, ya que ignora las políticas territoriales.
Nosotros pretendemos que la política hidrológica se incardine en la
ordenación del territorio de España. El plan del Gobierno no es
hidrológico, es hidráulico. Nosotros
ponemos el acento en una moderna gestión del aguaahorro,
reutilización y desalación. El plan del Gobierno no es nacional, se
limita a regular un trasvase del Ebro. Nosotros abordamos necesidades
urgentes que se derivan de los déficit hídricos que existen en todas
las cuencas españolas a través de la reforma de las confederaciones,
de la revisión de planes de cuenca y de la actualización del régimen
concesional. Han olvidado los efectos del cambio climático sobre el
caudal de nuestros ríos y la legislación comunitaria sobre la gestión
del agua. Además, su plan -700.000 millones para el trasvase- es
bastante más caro que nuestras propuestas alternativas, que lo
financiarían con 400.000 millones. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Caldera. Señorías, guarden
silencio.
Señor Caldera, le ruego que abandone la tribuna en un minuto.
(Rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! (Continúan los rumores.)
¡Señorías, ruego guarden silencio!
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señorías, para llevar adelante el
plan que necesita España es preciso, como dijera Prieto -y veo que
ustedes no atienden a ello-, conquistar la voluntad de todos, ganar
el espíritu de todos, lograr la convicción de todos, porque este
género de empresas no puede constituir, señorías, una bandería
política, una oriflama política, un gallardete político, sino un
empeño común. En el Museo del Louvre se guarda una antigua ancla
persa, muy antigua, de hace miles de años, que dice lo siguiente: No
apartes el agua ni la jurisdicción de un hombre de calidad de la
tierra de tus antepasados. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, concluya por favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Como decía: No apartes el agua ni
la jurisdicción de un hombre de calidad de la tierra de tus
antepasados; una ha hecho los canales, el otro ha nutrido las almas.
Agua y jurisdicción de hombres y mujeres de calidad, es decir
jurisdicción ejercida con espíritu de justicia, se asocian
directamente. El agua debe ser objeto de jurisdicción y requiere,
señor ministro, ser regulada con justicia. Aquí ni hay adecuada
regulación -la jurisdicción- ni se reparte la justicia.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Caldera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, señor
ministro, plan histórico, hecho secular, en que el Partido Popular,
después de cien años de dudas e indecisiones, coge el toro por los
cuernos a la política hidráulica de este país. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Llamazares, por favor.
Señorías, ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio o, si van a
abandonar el hemiciclo, que lo hagan de manera diligente. No es
posible, con el murmullo que hay, escuchar al señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Decía, señorías, señor ministro, que, a
pesar de las ampulosas palabras con las que ha iniciado su
intervención, a pesar de haber puesto al Partido Popular al frente de
un toro que no había sido, parece ser, cogido por los cuernos a lo
largo de la última centuria, ha hecho usted lo que se podría
denominar en términos taurinos, no una faena, sino una faena de
aliño. Su intervención ha estado preñada de prejuicios y de
posiciones a priori, señor ministro, de falacias filosóficas, pero en
ningún caso hemos visto una intervención como se esperaba de la
presentación del Plan hidrológico nacional para las próximas décadas.
Sí hemos visto los tópicos y los prejuicios habituales en el Partido
Popular. Frente a la importancia del hecho relevante de la
presentación de un Plan hidrológico nacional, nos hemos encontrado
con la tentación habitual de la derecha de convertir esta
presentación en lo que podríamos denominar milenarismo o filosofía de
Adán, que es aquella por la que todos los demás no han sido capaces
de hacerlo. Y en este caso quien ha sido capaz, quien es capaz de
presentar un plan hidrológico, no como otros, es, como no podría ser
de otra manera, el Partido Popular.
En su presentación, señor ministro, le ha traicionado el
subconsciente. Lo fundamental ha estado lleno, como decía antes, de
prejuicios y de posiciones a priori. Ha dicho usted ante esta Cámara,
inmediatamente después de la presentación histórica del plan, que
este plan era importante por su método de elaboración. Ha llegado a
decir, y en ese sentido hablo de prejuicios, que había que apartar la
política de la presentación de este plan y que las virtudes de este
plan estaban no solamente en el hecho histórico de su presentación,
sino en el método participativo y científico de la elaboración del
mismo por parte del Partido Popular. Dejo al margen el prejuicio
antipolítico, habitual en la derecha, pero habitual para ocultar los
intereses que se encuentran detrás del Plan hidrológico nacional, y
me centro en lo que significa este plan desde el punto de vista de su
solvencia técnica y de su participación, del método participativo de
elaboración. Porque, señorías, un plan que está hecho al cabo de una
centuria, como ustedes han dicho, y que se prevé para las próximas
décadas realmente es un escándalo que se presente ante esta
Cámara como una faena de aliño, como un trámite parlamentario sin
más, y, sobre todo, que se presente ante esta Cámara con tan escaso
bagaje de participación social y política. ¿Cómo es posible que un
gobierno, sea éste el que sea, asuma la exclusiva responsabilidad de
presentar un plan para las próximas décadas y de vincularlo a futuros
gobiernos sin un procedimiento previo de participación social y
política?
Señor ministro, se le olvidó en la relación de las organizaciones que
apoyan este plan decir, por mucho que sea el populismo y la demagogia
del Partido Popular, que no es el plan de los regantes. Los regantes
no representan a los verdaderos interesados por este plan. Este plan
le interesa al conjunto de la ciudadanía. Detrás de los regantes
están los olvidados en este plan, que son los agricultores de las
pequeñas explotaciones familiares, que son los ciudadanos y
ciudadanas, que son la generalidad de los españoles, sus pueblos y
sus comunidades autónomas. Pero más atrás de este plan, entre
bambalinas, los que usted no presenta como verdaderos interesados en
este plan, están los grandes constructores de obras hidráulicas,
grandes constructores que tienen un interés determinante en este
plan, que son los que no aparecen en un primer plano de este plan.
Las grandes compañías eléctricas y energéticas, los interesados en
los modelos de explotación urbana en nuestro país, esos son los
interesados en su Plan hidrológico nacional, una minoría de este
país. Y la gran mayoría de España, la gran mayoría de sus ciudadanos
y ciudadanas, los agricultores, los industriales, los que van a
percibir el agua de boca, todos esos están al margen de la
solidaridad que proclama, también de forma ampulosa, este Plan
hidrológico nacional.
Por tanto, señor ministro, yo le invito a que reflexione sobre el
bagaje de apoyos que tiene este plan en su presentación ante esta
Cámara. Desde luego, si los apoyos son los que usted presenta como
los apoyos de los regantes, de sus comunidades autónomas y de su
fuerza política, realmente son muy escasos, pero sobre todo son
absolutamente insuficientes para aprobar un plan de esta magnitud.
Porque, señor ministro, usted hoy aquí presenta un plan que es
rechazado por una parte de las comunidades autónomas y de forma más
relevante por parte de la comunidad autónoma cedente de la mayor
parte del agua que se va a trasvasar en este plan. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Nos
parece absolutamente inaceptable que, sin la aprobación de todas las
comunidades autónomas y en particular de las comunidades autónomas
cedentes, se pretenda imponer el Plan hidrológico nacional. Sólo
desde la perspectiva, no de Joaquín Costa, señor ministro, sino de
Ramiro de Maeztu se puede aceptar que un plan que va a
corresponsabilizar al conjunto de los pueblos de España se imponga
desde unas comunidades autónomas frente a otras, desde el Gobierno
español frente a los gobiernos de las comunidades autónomas.
Es realmente una concepción centralista, una concepción ilustrada,
despótica, del Estado, que no tiene nada que ver con la concepción
constitucional del modelo del Estado de las autonomías. Además, señor
ministro, lo que usted ha ocultado aquí es que no cuenta en esta
Cámara con ningún apoyo adicional a su Plan hidrológico nacional, que
un plan que se elabora al cabo de una centuria y que se elabora para
las próximas décadas se presenta ante el Parlamento español como un
trámite y también con el único respaldo político del Partido Popular,
el respaldo político de la mayoría absoluta de esta Cámara, es
verdad, pero el respaldo político de una minoría del conjunto del
pueblo español, de una minoría del conjunto de los ciudadanos de
España. Hubiera sido un requisito indispensable y sigue siendo un
requisito indispensable que planes de estas características sean
previamente consensuados con el resto de las fuerzas políticas
parlamentarias.
Señor ministro, usted no puede venir aquí para enfrentar a unas
comunidades autónomas contra otras. Usted no puede venir aquí a
enfrentar a fuerzas políticas parlamentarias que representan a una
buena parte de la ciudadanía. Usted tiene que venir con otro plan,
con un plan que consiga el consenso de las fuerzas políticas
parlamentarias y un plan ampliamente apoyado por las comunidades
autónomas y por el conjunto de las organizaciones implicadas en el
Plan hidrológico nacional. Ha excluido usted de sus apoyos a las
organizaciones conservacionistas, a las organizaciones agrarias,
a organizaciones vecinales, a organizaciones muy importantes que
representan una parte de los interesados en este plan. No es cierto
que los interesados sean únicamente los que a usted le conviene, no
es cierto que los interesados sean los regantes y no es cierto que
los interesados sean la minoría que va a ser beneficiada de las
grandes obras de infraestructuras de este plan, como son -repito- los
constructores de grandes obras hidráulicas, las compañías energéticas
y los que realizan suculentos negocios de la explotación urbana y de
la explotación del agua y del medio ambiente. Son los grandes
olvidados en la presentación de este plan, son los grandes
insolidarios de este plan, pero realmente es la política que no
quiere reconocer el Partido Popular. Cuando dice: Apartémonos de la
política, quiere decir dejemos a un lado y entre bambalinas los
intereses que están detrás de este Plan hidrológico nacional, que no
son los intereses solidarios de los ciudadanos españoles, sino que
son los intereses minoritarios de unos cuantos desaprensivos que, en
el Plan hidrológico nacional, aparecen ocultos y que crean una gran
incertidumbre sobre el mismo.
Los que han elaborado el plan en su Ministerio y en el Ministerio
anterior, gobernado por el Partido Popular, señoría, tienen una
colisión de intereses claros entre sus intereses públicos y sus
intereses privados. Este plan es, por esos intereses que están entre
bambalinas, un plan bajo sospecha. No solamente es un plan escasamente
dialogado y negociado, sin consenso político y social, sino
que es un plan, en sus intereses, en los intereses que no se muestran
de forma explícita, un plan hidrológico bajo sospecha, bajo sospecha
en los tribunales, bajo sospecha política, también en la sociedad
española y en esta Cámara. Señor ministro, usted, como principal
argumento filosófico, como principal falacia filosófica, ha
presentado este plan como el plan que equilibra y vertebra, como el
plan solidario de las cuencas que tienen exceso de agua con las que
no tienen suficiente agua. En definitiva, el plan que evita que el
agua excedente de los ríos se vaya al mar. Resulta inaceptable,
señorías, en términos técnicos y en términos de una política de
desarrollo sostenible, tal tipo de argumentaciones, hablando en
términos técnicos y en términos de desarrollo sostenible, que son los
términos del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
No es cierto, señor ministro, que este plan vaya en el sentido de
equilibrar el recurso agua en el conjunto del territorio. Se basa en
un mito, el mito regeneracionista y liberal, mezcla de
regeneracionismo y de liberalismo, de que es posible al final que
todo el territorio del Estado disfrute de una oferta de agua
ilimitada para abordar cualesquiera obras, cualesquiera cultivos y
cualquier tipo de uso del agua. Es un mito que no se sostiene. Pero
es que es, además, un engaño, señor ministro. Es un engaño. Ese agua
aparece en los grandes embalses y en los grandes trasvases de este
plan. Incluso es un engaño también en el caso de que la alternativa
sea la desalación, porque finalmente la evolución ecológica de este
país, la evolución desgraciadamente negativa del cambio climático va
a hacer imposible esos objetivos de este plan, que se trasvasen 1.000
hectómetros cúbicos desde el Ebro hacia la cuenca mediterránea.
Señor ministro, es un mito inaceptable que los ríos tienen un
excedente que se va al mar. Porque los ríos juegan un papel
ecológico, social, cultural, que ustedes desprecian, al valorarlos
únicamente como un bien económico. Porque los ríos, con ese caudal,
no con el caudal ecológico a que ustedes se refieren, con su caudal,
tienen una serie de cometidos naturales, sociales y culturales, que
ustedes desprecian. Y, si ustedes reducen ese caudal, ustedes están
poniendo en peligro esas finalidades de los ríos, desde el punto de
vista de un desarrollo sostenible, de la regeneración de los propios
ríos, de la regeneración de las playas, de la evolución de sus
ecosistemas.
Además, señor ministro, en su trasvase, ustedes desconocen algo
fundamental que convierte el mito en un engaño y es la implicación
que tiene el cambio climático en las posibilidades del trasvase. Y,
según los cálculos de su propio Ministerio, en los próximos años se
producirá un calentamiento global que va a influir sobre el agua de
nuestros ríos y que va a influir también sobre los regadíos, también
sobre nuestros cultivos. Y ese calentamiento global, en torno a 2 ó
2,5 grados,va a provocar que todo el excedente que ustedes
piensan que puede derivarse hacia la cuenca mediterránea, finalmente
sea sólo un engaño. Ese excedente no va a ir a la cuenca
mediterránea, porque no va a haber excedente de agua, debido al
cambio climático en nuestro país. En definitiva, señor ministro, un
plan hidroilógico nacional, un plan que no se basa en el consenso y
en el diálogo, sino en la imposición, un plan que crea mayor división
social y territorial, un plan que no está orientado a dar respuesta a
las demandas sociales, no es un plan solidario, es un plan de
intereses y un plan engañoso y mítico, porque finalmente no va a
poder hacer lo que dice: derivar una parte del agua, según ustedes
excedente, según nosotros no excedente, desde las cuencas, en este
caso desde la cuenca del Ebro, hacia el Mediterráneo.
La posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida apuesta por
otro modelo y por otra cultura del agua. Algo hemos visto en la
exposición del Grupo Parlamentario Socialista. Lo único que no nos
suena en esa exposición son las medidas que se proponen. Nosotros
pensamos que es contradictorio plantear en esta Cámara una nueva
cultura del agua y dejar abierta la puerta a grandes trasvases o
embalses, o bien abrir una nueva puerta con una desalación
generalizada. Es verdad que probablemente la desalación provocará un
impacto similar al trasvase del Ebro, pero ¿por qué tenemos que
igualar impactos ecológicos negativos? ¿Por qué no reducir esos
impactos? Sí es verdad que finalmente la elevación del agua, la
superación de los desequilibrios en el trasvase y las nuevas
desaladoras producirán no solamente un impacto territorial, sino un
impacto ambiental que acentuará aún más el cambio climático, pero
¿por qué igualar en lo negativo y por qué no proponer un modelo con
una nueva cultura del agua que impida un desarrollo insostenible?
Nosotros proponemos, por el contrario, un modelo sostenible,
alternativo al Plan hidrológico nacional presentado por el Gobierno,
y un modelo sostenible diferenciado del plan presentado por el
Partido Socialista Obrero Español ante esta Cámara. A nosotros nos
parece que existen suficientes medios en una gestión alternativa del
agua, en una gestión de la oferta actual, en una gestión de lo que
hoy hacemos mal, existen recursos suficientes para que no sean
necesarias nuevas ofertas de agua que creen el mito de un recurso
ilimitado, que den lugar a una explotación urbanística, agraria y de
todo tipo, intensiva, que finalmente aboque a nuevos consumos de agua
y a una situación insostenible. Nosotros pensamos que, en estos
momentos, en el control y la mejora de los regadíos -el 80 por ciento
del consumo del agua-, en las canalizaciones urbanas y, de otra
parte, en el control y la erradicación de los vertidos y en la
reutilización del agua están los mecanismos que en un modelo
sostenible de Plan hidrológico nacional -hidrológico, no
hidroilógico, como el que presenta el Gobierno- pueden dar respuesta
a las demandas presentes y futuras de nuestro país, hacerlo con
solidaridad
y vertebrando el conjunto de nuestro Estado, de nuestra España
plural.
Esas son las medidas que propone el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, en las que coincidimos, en esa nueva cultura del
agua, con las organizaciones a las que ustedes han despreciado en el
trámite participativo, con las organizaciones ecologistas, con las
fuerzas políticas y sociales de un ecologismo político que existe en
nuestro país y que tiene una alternativa a su Plan hidrológico
nacional. Estos mecanismos que proponemos de gestión de la demanda
pueden aportar en nuestro país, y lo reconocen sus propios
documentos, tres veces más de recurso de agua adicional de lo que
aporta de alguna forma el trasvase del Ebro. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.) De 2.000 hectómetros cúbicos nosotros estamos
convencidos de que entre 3.000 hectómetros cúbicos y 5.000
hectómetros cúbicos adicionales pueden salir perfectamente de un
modelo alternativo, de una cultura diferente, de una nueva cultura
del agua. Nuestro proyecto es alternativo, sostenible y realista, es
el proyecto para el presente, para el futuro del país, es el proyecto
solidario y es el proyecto sostenible.
En definitiva, señor ministro, termino mi intervención en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pidiéndole que no haga
faenas de aliño en esta Cámara, que no se tome el debate
parlamentario y el acuerdo entre las fuerzas políticas y las
organizaciones sociales como un trámite, que no haga balances falsos
de equilibrios entre las comunidades autónomas, que retire este plan
hidroilógico nacional, que lo retire para negociar de nuevo en el
marco del Consejo del Agua, para negociar por primera vez con las
fuerzas políticas parlamentarias, de tal manera que, al final, el
plan pueda ser vertebrador social y políticamente de España, pueda
ser verdaderamente solidario y no insolidario y pueda ser
ecológicamente sostenible, cosa que no es el plan que ha presentado
usted en una faena de aliño ante esta Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, en primer lugar,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, como tengo muy poco
tiempo, voy a justificar en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds
en tres grandes razones nuestra enmienda a la totalidad. Pedimos la
retirada de este plan, en primer lugar, porque es ecológicamente
insostenible, en segundo lugar, porque es socialmente rechazado y, en
tercer lugar, porque es un plan quecientíficamente ha sido
suspendido. Ecológicamente
insostenible, socialmente rechazado y científicamente suspendido.
Quiero también aprovechar la ocasión para decir que no vamos a votar
a favor el texto alternativo del Grupo Socialista, no por la
intervención del señor Caldera, sino por el contenido del texto. El
contenido del texto del Grupo Socialista parte de déficit de cuencas,
parte de una propuesta de más agua y en relación con el proyecto del
Gobierno propone que en lugar de trasvases haya desaladoras y otros
trasvases. El debate hoy en este país no debe ser en relación con los
instrumentos para ofrecer más agua, sino para avanzar -como se ha
dicho en la intervención del Grupo Socialista- en una nueva cultura
del agua.
Señor Matas, primera razón: este es un plan insostenible. Su plan
hidrológico sigue anclado y basado en un incremento ilimitado del
consumo de agua y esa es una política caduca, antigua, desarrollista,
sobre todo es una política que está basada -como usted ha dicho hoy
aquí-, como dice el plan hidrológico, en el concepto de cuencas
deficitarias y cuencas excedentarias. Señor ministro, eso hoy desde
el paradigma del desarrollo sostenible es un concepto erróneo. ¿A
usted se le ocurriría decir que Madrid tiene un déficit estructural
de playas? ¿Se le ocurriría decir que Barcelona tiene un déficit
estructural de sierras? ¿Se le ocurriría decir que los Pirineos son
excedentarios en montañas? ¿Verdad que no se le ocurriría? Por tanto,
hacer hoy una política sostenible de aguas pasa por dejar al lado,
por apartar estos conceptos de política antigua hidráulica, de
cuencas excedentarias estructuralmente y de cuencas deficitarias
estructuralmente.
Su plan tiene una virtud, que no esconden lo que quieren. No es que
ustedes no se sitúen en la orientación de la directiva de la Unión
Europea, no es que ustedes no consideren en el plan hidrológico las
incidencias del cambio climático, como antes se ha dicho, o que ni
siquiera consideren qué hacer con los más de 5.000 hectómetros
cúbicos que, según ha dicho el Instituto Nacional de Estadística hace
quince días, se pierden en las redes de distribución. El 20 por
ciento del agua se pierde en las redes de distribución, cuando en
Alemania se pierde el 5 por ciento. El 20 por ciento representa más
de 5.000 hectómetros cúbicos y su trasvase es de 1.000 hectómetros
cúbicos.
Sin embargo, repito, no es que no consideren esto sino que, en su
intervención y en su proyecto de ley, ustedes dicen claramente que el
eje central del plan hidrológico es el trasvase del Ebro. Eso sí, en
la exposición de motivos dan una justificación. Dicen ustedes
literalmente que el trasvase del Ebro está justificado por poderosos
motivos de interés nacional. Señor ministro, por poderosos motivos de
interés nacional en este país se han hecho muchas barbaridades, no
hagan ustedes una más. El plan hidrológico no puede justificarse por
poderosos intereses nacionales.
La segunda razón que he dado es que este es un plan social y
ampliamente rechazado. Con este proyecto de ley el Gobierno del PP ha
conseguido producir la mayor movilización en contra desde 1996. Ha
producido, como también se ha citado, el rechazo de prácticamente
todas las organizaciones ecologistas y ha provocado que centenares de
miles de personas, que no es que estén mal informados, como usted
dice, lo están perfectamente, hayan rechazado este plan.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento al trabajo que han
llevado a cabo todas las organizaciones no gubernamentales,
especialmente la Plataforma de defensa de la tierra.
La tercera y última razón es que este es un plan en el que usted ha
omitido una información. Ha destacado los votos a favor del Consejo
Nacional del Agua, pero, señor Matas, ¿por qué no dice usted que los
cinco expertos y científicos del Consejo Nacional del Agua han hecho
un voto particular en siete puntos, que es un varapalo impresionante
al Plan hidrológico nacional? Con ese informe de los expertos y
científicos no sólo deberían retirar el plan sino que se deberían
sonrojar.
Pedimos la retirada de este plan porque va en contra de una
orientación política, de un consumo y de una política de aguas
sostenible, porque tiene un rechazo frontal social y porque no tiene
base científica. Ustedes van a aprobarlo, estoy seguro de que van a
hacerlo, pero un plan que no tiene base científica, que tiene rechazo
social y que va en contra de las nuevas orientaciones de la política
hidráulica es un plan que no se va a ejecutar. Ustedes no van a
ejecutar ese plan y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que
no se ejecute.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Continuando con la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro,
señorías, para empezar quiero leer un texto de una declaración que
hizo el señor ministro el otro día a un periódico, exactamente El
País. Le preguntaban si hay agua suficiente en el Ebro como para
repartir y él contestaba: El señor Labordeta quiso demostrar que el
Ebro no llevaba agua y citó en septiembre a los periodistas y se fue
a cruzar el río andando, en Zaragoza. Eso es engañar a los ciudadanos
porque el agua no se coge en Zaragoza sino en la desembocadura. Señor
ministro, ha mentido usted. Nunca he pasado el Ebro andando, no hay
una foto,
quiero que me lo demuestre. A mí no se me ocurre una chiquillada como
esa de pasar el Ebro. Empieza usted mintiendo cuando piden agua y
miente metiéndome a mí en el barco. Si usted ha mentido en una cosa
tan sencilla de saber que era si yo había pasado el Ebro andando,
imagínese usted los nobles baturros -muchas gracias por llamarnos
así- lo que vamos a sospechar que hay detrás de este proyecto, que ha
sido manipulado por muchos medios de comunicación en un intento de
convencernos a los aragoneses de que estábamos equivocados.
Posiblemente estamos equivocados, pero vamos a votar en contra de
este proyecto por muchas razones. Es una solución despótica y poco
ilustrada. Se basa, fundamentalmente, en proyectos de los años veinte
y treinta. Ustedes los han encontrado en el Ministerio y los han
sacado. La única razón que tiene este proyecto es que hay cuencas
excedentarias y otras deficitarias. Como decía El Roto en un chiste
magnífico, llevemos agua a los desiertos y deserticemos las zonas
donde hay agua.
Dice usted que lo ha defendido el Consejo del Agua. ¿Pero quiénes
forman el Consejo del Agua? Usuarios activos, empresas
hidroeléctricas, comunidades de regantes, presidentes de las
confederaciones hidrográficas nombrados por ustedes. Naturalmente, el
testimonio de los cuatro científicos que estuvieron en contra, se ha
ocultado rotundamente y el manifiesto de los 250 también. Este
proyecto no cuenta con la política territorial. No se ha contado, y
lo han dicho ya otros diputados, con las comunidades autónomas. No se
hace un estudio del impacto ambiental. Se hará, dicen, un estudio del
impacto ambiental. Refuerza un modelo de desarrollo territorial
desequilibrado e insolidario. Y, curiosamente, ustedes y su
presidente están todo el día pidiendo solidaridad a los aragoneses.
No entiendo por qué se pide siempre solidaridad a los pobres. ¿Por
qué no pedimos solidaridad a los ricos? ¿Por qué no nos mandan gratis
las naranjas y las frutas a cambio del agua? Estamos siempre
diciendo: los aragoneses son insolidarios. Nosotros hemos perdido
600.000 habitantes porque, como usted ha dicho, ningún gobierno desde
hace muchos años ha cumplido con los pactos que había para regar las
tierras de Aragón. Gobiernos de todas las tendencias han pasado de
largo. Los aragoneses ya no nos fiamos de nadie.
Curiosamente el plan hidrológico es un trasvase del Ebro, no se
buscan trasvases alternativos. Se dice que hay agua suficiente. En un
artículo de Narcis Prats, catedrático de Ecología, dice exactamente
que el delta necesita 11.000 hectómetros cúbicos para sobrevivir y
que con los cinco mil se va a morir. La estimación de la demanda se
hace trucándola. Hay agresiones irreversibles al medio ambiente.
Usted ha dicho que está regulado muy poco el Ebro, pero la cuenca del
Ebro sí lo está. Está regulado el Aragón, el Gállego, el Cinca, el
Segre, el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorzana. Algunos de estos
ríos ni existen de tanta regulación como tienen. En cuanto a la
agresión al medio ambiente,
en el proyecto plantean hacer cien embalses, muchos de los cuales se
van a hacer en el pirineo aragonés. En el pirineo aragonés estamos ya
hartos de ver cómo se nos ha degradado el territorio, cómo se han
destrozado pueblos con intención de hacer pantanos y las compañías
hidroeléctricas, después de haberlos destrozado y dinamitado, han
decidido que no les interesaba. Y yo pregunto a los gobiernos ¿quién
va a pagar los platos rotos de Jánovas? Nadie. El pueblo está
destrozado. Le invito a que recorra conmigo el río Ara, que es uno de
los ríos más puros que hay en España, y vea el destrozo impresionante
que se hizo en la época del franquismo porque, a pesar de que
quisimos defenderlo, no pudimos hacerlo.
La señora PRESIDENTA: Señor Labordeta, le ruego concluya.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Voy a concluir con un manifiesto que usted
hace. Dice: señor Labordeta, podría ir a cruzar ahora el río por
Tortosa. Conozco muy bien el delta del Ebro porque lo he recorrido, y
le voy a decir una cosa curiosa y graciosa para terminar. En mi
pueblo, una vez se planteó un problema, y es que un curica joven tuvo
que explicar cómo andó por encima de las aguas nuestro Señor
Jesucristo. Y el cura viejo que estaba detrás le dijo: anduvo, odido,
anduvo. Y el curica joven dijo: anduvo odido pero andó.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, este plan se basa en la
calificación de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Es lo
mismo que decir que hay déficit de playas en Madrid o déficit solar
en Galicia, y no por esto nadie se va a plantear un trasvase de estas
características.
Ayer se citaba aquí a Costa Llobera, hoy también se ha hecho, pero la
verdad es que los tiempos han cambiado y el tiempo ha cambiado.
Estamos ya en un ciclo de cambio climático y el modelo
regeneracionista es obsoleto. El Plan hidrológico nacional es
básicamente un negocio. Ustedes han pasado del regeneracionismo al
modelo de negocio sobre el agua. ¿Quién va a hacer negocio con el
Plan hidrológico nacional? Algunas grandes empresas de la
construcción, de las grandes infraestructuras, casi multinacionales,
que al mismo tiempo van a subcontratar a otras empresas y éstas van
a subcontratar a otras empresas. Es un modelo ya conocido, con grandes
comisiones, o lo que podríamos decir el modelo estraperlista puesto
en el siglo XXI. También van a ganar un modelo de agricultura
insostenible, de abuso de los abonos y los de los fitosanitarios, de
salinización de los acuíferos, como es el modelo en Murcia, que en
definitiva ha provocado el cultivo itinerante porque las tierras no
aguantan tanta rotación. Es más, hoy Murcia consume más agua que
antes del trasvase del Tajo-Segura. En definitiva, es un modelo de
agricultura insostenible que se va a mantener, a acrecentar y que
seguramente no va a aguantar la previsión de que un día se liberalice
el comercio de agricultura con el tercer mundo. También es un modelo
que alimenta un crecimiento turístico obsoleto. Hoy en el País
ValenÁia, en la provincia de Alicante, se han diseñado dos campos de
golf, dos nuevas propuestas de campos de golf, y hay que ver con qué
impotencia la oposición en las Cortes valencianas plantea modelos de
aprovechamiento y de ahorro de agua y con qué ignorancia el Gobierno
valenciano no los oye. Por último, consolida definitivamente un
modelo perverso de que todo el mundo tiene que vivir forzosamente en
el litoral, donde los servicios, los recursos se esfuerzan en esta
zona y no que los servicios se esfuercen en el interior, donde hay
agua.
Además, el plan adolece de fallos: no someter previamente el plan
hidrológico a una evaluación ambiental, ni haber previsto, con un
mínimo de seriedad y sentido común, el impacto de este plan. No se
contabilizan bien los costos en aras de la pretendida bondad del
proyecto: grandes presas, regulación de infraestructuras de
transporte, distribución, transformación de numerosos regadíos o
costes de bombeo. Se alcanzan cifras que desbordan en mucho el
pretendido modelo de contención y equilibrio que defiende tanto el
señor Montoro.
Los tiempos han cambiado, pues, señor ministro, el tiempo ha
cambiado. Ustedes saben perfectamente que existe el cambio climático
y hablar hoy del Plan hidrológico nacional tendría que servir para
preparar y acometer el cambio climático. Pero en las previsiones su
mismo Ministerio da cifras elocuentes. El aumento de un grado
centígrado la temperatura, señor Matas, y la reducción del cinco por
ciento de lluvias, de precipitaciones, implica un descenso del 20 por
ciento de los recursos hídricos. Esto tendría que afrontar el Plan
hidrológico nacional. Aquí está la trampa del Plan hidrológico
nacional. En el año 1995, con una sequía fuerte que afectó a los
frutales de Murcia, el Ministerio -en aquel momento del Partido
Socialista- redujo el caudal mínimo del Tajo-Segura de 6 metros
cúbicos/segundo a 3 metros cúbicos/segundo a su paso por Aranjuez. Es
así de claro y para que me entienda todo el mundo. Hecho el trasvase,
hecho el canal, hecho el tubo, darle vuelta a la manivela, darle
vuelta a la válvula no cuesta nada. ¿Quién nos va a decir que con la
sed y con la necesidad que tienen los regantes de una zona muy
importante del litoral mediterráneo no se va a dar la vuelta a la
manivela en situaciones de sequía? Díganoslo. Comprométase aquí, en
la Cámara, a decir que no va a alterar los caudales mínimos.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Esta sería una situación del todo insostenible para las comarcas del
río Ebro y para el delta del Ebro. Ya existe hoy una reducción neta
de los recursos hídricos en el río Ebro, a su paso por Tortosa, de
3.000 hectómetros cúbicos. Con el trasvase se pone en peligro la
estabilidad ecológica y ambiental del delta, acelerando el proceso de
salinización y de retroceso del delta, afectando a las actividades
marisqueras y pesqueras.
Hoy ustedes van a aplicar el rodillo, legítimo, democrático, pero en
un momento u otro, en los próximos años de aplicación del plan, esto
se va a parar; lo va a parar la Unión Europea, que tiene más sentido
común que ustedes en este ámbito, o un gobierno más responsable
y realista, o lo va a parar en definitiva el crecimiento de los costos
del proyecto.
Retiren el plan, sean conscientes de que esto afecta al sostenimiento
ecológico de una parte importante de la cuenca mediterránea. Sean
conscientes de que lo que hay que afrontar en realidad es el cambio
climático. Aprovechen el agua, hagan esfuerzos de racionalización,
creen modelos turísticos y agrícolas sostenibles, compatibles con la
liberalización de mercados que habrá en los próximos años con el fin
de proteccionismo.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Sean realistas, sean conscientes y no
condenen al delta del Ebro a una muerte o a una desertización segura.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras
diputadas, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor ministro, yo suelo
decir mucho a mis alumnos en planeamiento que lo primero que hay que
cuestionar de un problema es el enunciado, que no conviene tener una
mentalidad donde a uno le dan unos datos e inmediatamente da una
respuesta.
A mí me parece que, desde el punto de vista andalucista, lo primero
que hemos hecho con el Plan hidrológico nacional es cuestionar el
enunciado, no considerarlo un mero problema de ingeniería, con una
entrada de datos (cuánta oferta y cuánta demanda hay, qué necesidades
hay) y con una salida de respuesta (cuánto mide el tubo, cuántos
hectómetros cúbicos hace falta trasladar o de qué manera se resuelve
ese problema) A nosotros nos parece que en el enunciado del plan hay
variables que harían cambiar sustancialmente los
datos y que, por tanto, la respuesta no sería la misma. Hay muchas
variables que ya se han dicho en esta tribuna de consideraciones
sobre los factores, tanto técnicos desde el punto de vista científico
como de otro calibre, que condicionan esos datos de oferta y demanda,
que son los que condicionan la respuesta. Por citarle uno, ahí está
el tema de las aguas subterráneas tratado por el plan casi como una
reserva de emergencia de los acuíferos cuando hay sequía y no de un
tema enfocado desde un punto de vista más moderno como auténtica
segunda red que permite embalses, que permite trasvases, que permite
acumulación y que permite tratarlo de forma integrada con las aguas
superficiales.
Para Andalucía, naturalmente, el agua es un recurso básico, pero
también es un soporte de vida y un agente de modificación
geomorfológica. Por tanto, tenemos que hacer compatibles principios
filosóficos, casi ecológicos de defensa de esa vida que da el agua
con los principios funcionales de la demanda que tiene nuestra
tierra.
Se podrán cuestionar muchos números, y yo cuestiono los nuestros
propios que dice el plan, que habla para el año 2012 de un déficit de
450 hectómetros cúbicos en Andalucía. Estaría dispuesto hasta a
discutir esos números. No voy a resolver de dónde saco esos 450
hectómetros cúbicos porque hay que cuestionar cosas. En primer lugar,
la propia autonomía. Reivindicar desde Andalucía, gobernar nuestras
aguas y, por tanto, el Guadalquivir, que nace, se desarrolla y muere
en Andalucía. En segundo lugar, optimizar nuestros propios recursos
internos en Andalucía, que permiten operaciones de optimización;
modernizar nuestro regadío, que se puede modernizar más y ahorrar
determinadas demandas; reutilizar las aguas recicladas, que no están
reutilizadas convenientemente, sobre todo en el litoral. Todavía hay
documentos que hablan de emisario submarino y no de absoluta
depuración de todo el ciclo del agua. Naturalmente, la inclusión de
desaladora, ¿por qué no?, cuando así se requiera, sobre todo para
agua urbana que permita esos costos o para determinados cultivos de
regadío de primor.
Andalucía necesita el trasvase; necesita el trasvase. Es imposible
que todas esas cuentas cuadren diciendo que no hace falta. No hay una
ley que diga que todo aquello que existe, por el mero hecho de
existir, debe ser conservado. Andalucía es seca y ese trasvase está
contemplado, en parte y discutible en cifras, por el Ebro, pero hay
otros trasvases que el plan descalifica: desde el Tajo y a la cuenca
superior del Guadalquivir. En relación con ese trasvase hay una frase
que dice que el sistema no tiene capacidad para gestionarlo. Yo no sé
quién es el sistema, si somos los andaluces, si es el Gobierno, si se
trata de aspectos técnicos, pero los trasvases posibles, desde el
Tajo medio o desde la cuenca superior del Guadalquivir están
desechados por el plan, no se consideran. Y hay trasvases internos de
Andalucía que no se consideran. También Andalucía tiene
cuencas excedentarias. Desde Huelva, desde el Guadiana Segundo se
pueden llevar trasvases a la cuenca del Guadalquivir o al Guadalete,
o el trasvase del Guadiaro, u otras operaciones internas de la red
andaluza que no están contempladas por el plan. No digamos el estudio
económico financiero; no digamos la relación de costo/beneficio del
agua, muy deficitaria en el plan; no digamos las inversiones
seriamente desagregadas, para que sepamos qué prioridades hay, porque
sólo figura una cifra global y ocho años, no hay cuatrienios, ni
prioridades, sino olvidos y determinadas cuestiones que están en los
planes de cuenca y que no figuran en el plan. Pero, si quiere, señor
ministro, que le resuma la posición andalucista, le diré que, a más
de no estar de acuerdo con la filosofía del plan, con los objetivos
del plan o con determinadas cuantificaciones, el plan necesita
consenso; necesita un período de reflexión y consenso y no mezclar
aspectos técnicos, que se resuelven en mesas técnicas, con aspectos
políticos, que se resuelven en mesas políticas.
Desde Andalucía buscamos y pedimos al Gobierno la retirada del plan
no porque desechemos todo lo que hay dentro, que algunas cosas son
correctas, sino porque no estamos de acuerdo con una aplicación
lineal, ingenieril, cientificista, sectorial a un problema que afecta
a todo el territorio español y al que se da un golletazo con el
trasvase del Ebro y con alguna lista de obras que están en los planes
de cuenca.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.
Insisto en que desde Andalucía queremos, primero, nuestra autonomía
para gobernar nuestras aguas; segundo, redimensionamiento de las
necesidades de agua que tenemos para generación de riqueza y empleo
y, tercero, respeto al medio ambiente, a los impactos y a todas esas
cuestiones que hacen que el agua sea considerada como recurso de
vida.
Muchas gracias. (El señor PUCHE RODRÍGUEZACOSTA: Núñez, desde
Andalucía no; hay andaluces que estamos a favor del plan
hidrológico.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señorías, guarden silencio.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, trataré de resumir, en
la medida de lo posible y por el tiempo de que dispongo, las razones
por las que el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de
totalidad al proyecto de ley del plan hidrológico presentado por el
Gobierno, un plan hidrológico que, más allá de
sus concreciones, plasma una concepción y una orientación política
del Gobierno sobre la planificación hidrológica, el modelo de
desarrollo económico o el equilibrio territorial y que, desde luego,
tiene como antecedentes la reforma de la Ley de Aguas, con la
instauración del mercado del agua, y la vinculación entre
planificación hídrica y rentabilidad. Esa reforma ha sido precedida
por el Libro Blanco del agua, donde ya se optaba con claridad por
poner la política del agua al servicio del resto de las políticas
sectoriales; una política basada, desde nuestro punto de vista, en
criterios económicos discutibles y que deja en segundo plano los
aspectos ecológicos y ambientales, los impactos sociales, los
desequilibrios territoriales que esa política pueda causar.
Nosotros creemos que no es lo mismo integrar políticas horizontales
que poner una política al servicio de las demás, como sucede en este
plan, donde la planificación hidrológica es un mero instrumento al
servicio de una determinada política agraria discutible o del
incremento de la oferta al sector turístico y de servicios del área
mediterránea, sin que se tengan en cuenta otras variables de
vertebración territorial y social. La política del Gobierno opta por
llevar agua a un elevado coste a algunos de aquellos lugares donde la
industria o el sector agrario la necesitan, cuando cabe sin duda la
alternativa de potenciar el sector agrario y la industria donde
existe agua. Dicho esto, no quisiéramos pasar por alto que, desde
nuestro punto de vista, la forma elegida por el Gobierno para la
participación de las comunidades autónomas en la elaboración de las
líneas maestras del plan hidrológico no nos parece la más adecuada.
Esta participación se articuló a través del Consejo del Agua, en
lugar de hacerlo a través de un mecanismo que permitiese el análisis
más amplio y bilateral sobre las repercusiones del plan en aquellas
políticas que son competencia de las comunidades autónomas.
Si hablamos de política agraria, este plan presenta unos perfiles que
evidencian la subordinación de la planificación hidrológica a un
modelo de agricultura intensiva basada en la productividad extrema, a
costa de altos consumos de agua, el empleo masivo de productos
fitosanitarios o los abonos químicos y además de futuro incierto. Las
repercusiones medioambientales y ecológicas que este modelo
ultraproductivista ocasiona por sobreexplotación de los acuíferos se
olvidan, justificándose el aporte de agua que se va a realizar de
otras cuencas calificadas de excedentarias en la alta eficiencia de
esta actividad productiva en esa zona o en una importante capacidad
de pago del agua por el sector agrícola del levante y del sureste.
Existen otras posibilidades, desde luego, como es centrar la política
de regadíos en la mejora y modernización de los existentes,
destinando recursos a perfeccionar los sistemas y técnicas de riego,
incorporando métodos que permiten el ahorro de agua, formando a los
regantes o estudiando la introducción de cultivos con menor consumo
de
agua en aquellas zonas donde es escasa, y nada de esto se tiene en
cuenta en el plan. Y, por cierto, la política de llevar agua a
lugares de acuerdo con la demanda, en lugar de adaptar esa demanda a
las posibilidades de utilización del agua existente, es simplemente
insostenible y conducirá a un callejón sin salida porque es evidente
que la demanda seguirá aumentando en el futuro cada vez más y más, y
el problema es hasta qué limite, por lo tanto, se va a trasvasar
agua.
Por otro lado, este plan destina una cantidad elevadísima de dinero
que probablemente podría ser bastante menor con otra orientación de
la política hídrica y del modelo de desarrollo, y por tanto sería
posible destinar parte de estos fondos a otras necesidades de
desarrollo económico y social y a políticas, por consiguiente, de
equilibrio territorial, tan necesarias en este momento ante los
evidentes desequilibrios existentes en el conjunto del Estado
español. En todo caso, resulta llamativo -y quiero hacer hincapié en
esto porque nos parece a nosotros incomprensible- que, destinando
este plan aproximadamente un billón de pesetas a modernización de
regadíos, no se dedique ni una peseta a los regadíos de tres
importantes comarcas agrícolas de Galicia, como son A Terra Cha,
Valdelemos y Alimia, donde estos regadíos son fundamentales para su
desarrollo económico, basado en la agricultura porque otras
alternativas productivas no existen. Simplemente llamativo, señorías,
como lo es que Galicia recibirá el 3,14 por ciento del total de las
inversiones previstas en este plan. Y, por favor, no nos digan que
llueve.
Para finalizar, señora presidenta, también nos preocupan los aspectos
medioambientales, o la ausencia de los mismos. Incluyen, por ejemplo,
pero retrasan, las obras de saneamiento y depuración, y digo retrasan
en relación con las previsiones de directivas europeas; no contemplan
la reducción de consumos urbanos o industriales, la reutilización de
las aguas residuales para usos agrarios o, ¿no es una prioridad del
plan preservar la calidad de las aguas? También resulta poco
comprensible el aplazamiento de las declaraciones de impacto
ambiental, que probablemente se transformarán en algo formal.
Resumidamente, por estas razones y por otras que el tiempo de que
dispongo no me permite desarrollar, el Bloque Nacionalista Galego
propone que este proyecto sea devuelto al Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Señor Caldera, muchísimas gracias por su intervención, pero permítame
que empiece la mía recordándole,
con todo respeto, que es a usted a quien parece haberle
traicionado el subconsciente cuando viene a esta Cámara a presentar
un proyecto alternativo del Partido Socialista y apenas los tres
últimos minutos de su intervención hacen alusión al mismo. Muy poca
fe debe de tener usted en ese proyecto que han improvisado y que no
merece el calificativo de alternativa, al que yo le voy a exigir que
haga referencia, si usted me lo permite. Me parece que el objeto de
su intervención hoy debe ser la presentación de este proyecto
alternativo, si es que existe y cree en él, para que podamos
conocerlo de una vez por todas. (Aplausos.)
En 1985, hace ahora dieciséis años, el Partido Socialista Obrero
Español aprobó durante su primer mandato la Ley de Aguas. Esta ley
define la necesidad de crear un marco jurídico para el agua; y el
marco jurídico está configurado por el conjunto de planes de cuenca
de los ríos y, después, por un Plan hidrológico nacional. Tal como
establece la Ley de Aguas, el Plan hidrológico nacional tiene
preceptivamente que coordinar las relaciones existentes entre los
diferentes planes de cuenca y aprobar por ley, en su caso, las
transferencias entre estas cuencas. Esta ley fue su ley, la que
aprobaron ustedes, y a ella tenemos que someternos porque es la que
está vigente. Dicho en palabras más sencillas: una vez ordenado cada
río, una vez planificada su regulación, el Plan hidrológico nacional
tiene que equilibrar el sistema dando lo que sobra en las cuencas
excedentarias a las deficitarias; esto es lo que establece la Ley de
Aguas. Le recuerdo también que todos los planes hidrológicos de
cuenca los aprobó el Partido Socialista Obrero Español, menos los
tres últimos que fueron aprobados durante el mandato de la ministra
Tocino: el del Tajo, el del Júcar y el del Segura, como usted sabe.
Después de dieciséis años de estudios, porque los estudios no los
hemos iniciado nosotros sino que se vienen haciendo desde 1985, tras
un intento fallido del Partido Socialista Obrero Español en 1993,
después de hacer un Libro Blanco del agua, hoy tenemos un plan
hidrológico que ha elaborado durante casi cinco años el Partido
Popular por medio de un equipo de expertos y científicos que es el
mismo básicamente que ayudó a preparar el proyecto del Partido
Socialista en 1993. Lo primero que quiero hacer hoy aquí es agradecer
y reconocer, tanto a los que trabajaron en la época de los anteriores
gobiernos socialistas como a los que lo han hecho durante la del
Gobierno del Partido Popular, el trabajo que han realizado para poder
presentar este proyecto. (Aplausos.)
Hoy aquí se presenta una alternativa; no una enmienda de rechazo del
Partido Socialista, no: una alternativa al proyecto que ha presentado
el Gobierno. Hace cuatro fines de semana, después de que los
distintos barones territoriales del Partido Socialista se
manifestaran cada uno de forma diferente en el tema hidrológico, el
principal partido de la oposición decide encerrar a un equipo
de sus responsables que, naturalmente con nuestro respeto,
elaboran en un mes un proyecto al que ellos llaman una verdadera
alternativa. Al trabajo continuado de centenares y centenares de
personas durante casi quince años, el Partido Socialista nos presenta
hoy un proyecto elaborado en apenas un par de semanas. Esto, con ser
meritorio -desde luego no es una minucia al lado de lo que consigue
este proyecto alternativo- permite, presumiblemente, poner de
acuerdo, al menos en la Ejecutiva Federal del partido, a los
representantes del Partido Socialista de Murcia y de Aragón, que
curiosamente en sus propios territorios defienden en Aragón que la
alternativa del Partido Socialista no tiene trasvases, y se van a
Murcia y defienden que la alternativa del Partido Socialista sí tiene
trasvases. (Aplausos.- Rumores.) Algo que en términos que me atrevo
a adjetivar casi de científicos el presidente de la Junta de Castilla-
La Mancha, don José Bono, calificó, y está escrito, de milagro. Hemos
conseguido que una cosa sea a la vez blanca y negra, hemos conseguido
que sea de día y de noche a la vez. En definitiva, señorías, un
milagro sin ningún tipo de matiz. (Aplausos.)
El Partido Socialista en unos días, en quince días, pone sobre la
mesa un documento que aporta 1.129 hectómetros adicionales, pero que
no ofrece ningún estudio de fondo ni ningún otro dato. Ese estudio no
dice ni qué necesidades tenemos, ni qué disponibilidades tenemos, ni
qué déficit de agua tenemos. A partir de ahí tampoco sabemos muy bien
lo que vamos a resolver, pero se aporta, eso sí, una cifra que sale
de la nada, también por milagro, y que, ¡oh casualidad!, son 1.129
hectómetros cúbicos. Entonces, nos preguntamos, ¿es que han
descubierto nuevas medidas que nosotros no contemplábamos? Si ustedes
me permiten y si la señora presidenta me permite, voy a intentar
desvelar lo que es realmente este proyecto alternativo, que quiero
insistir en que creo que no merece el calificativo de tal. Vamos paso
a paso.
El Partido Socialista Obrero Español propone en su proyecto un ahorro
de 310 hectómetros cúbicos. Es un ahorro problemático porque plantea
que estos 310 hectómetros cúbicos, que es de donde van a salir los
1.129 hectómetros milagrosos, se consigan con medidas de ahorro.
Doscientos sesenta de estos 310 van a salir del Júcar y 50 de
Cataluña. Pregunta, señor Caldera, ¿se pueden ahorrar del Júcar 260
hectómetros cúbicos? Se lo explico, un segundo. (El señor Martínez-
Pujalte López: Jesús, que necesitas un profesor.) Existe
efectivamente un canal, señor Caldera, que conecta el río con la
acequia real y que tiene importantes pérdidas; tiene usted razón,
existe. Es decir, hay un problema en el Júcar porque hay un canal que
conecta el río con la acequia y efectivamente este canal tiene
importantes pérdidas; es verdad y tienen ustedes razón. Nosotros
pretendemos arreglarlo y hemos comprometido la inversión para
solucionar este problema. Efectivamente,el plan del Júcar establece
la necesidad de solucionar
lo de este canal. Es que la cifra coincide, por eso lo digo. Si
se soluciona lo de este canal efectivamente se ahorran 240
hectómetros. Esta era la primera propuesta que hizo el Partido
Socialista: ahorrar esos 260 hectómetros de esa acequia. Pero
después, y supongo que por motivo de la improvisación, alguien debió
reparar en que el propio plan de cuenca del Júcar establece a dónde
se van a destinar esos 240 hectómetros que se ahorran. El plan del
Júcar dice que es verdad, que se tiene que arreglar este canal y que
se van a ahorrar 240 hectómetros, pero resulta que el propio plan del
Júcar dice: ¡Oiga!, cuando se solucione este problema y se ahorren
240 hectómetros, estos 240 hectómetros se tienen que destinar a los
regadíos de Albacete y de Alacantí- Vinalopó. Efectivamente, el
Partido Socialista lo reconsidera y en el plan que introduce el lunes
en el Parlamento rectifica y ve que no podía incumplir el mandato de
destinar ese ahorro a Albacete y a AlacantíVinalopó.
¿Cuál es la otra posibilidad? Resulta que ustedes no pueden quitar
los regadíos de Albacete porque supongo que el señor Bono puso el
grito en el cielo, naturalmente, pero ustedes siguen planteando su
ahorro porque si no la cifra no les cuadra. Si usted propone este
ahorro del regadío que baja de la acequia real, esos 240 hectómetros,
¿sabe usted para qué se usan esos excedentes hipotéticos de 240
hectómetros si no los van a usar los de Albacete y los de Vinalopó?
Estos 240 hectómetros, señorías, se usan para nutrir los ecosistemas
húmedos de la costa de la Comunidad Autónoma Valenciana, me refiero
concretamente a La Albufera y a otros entornos de la Comunidad
Autónoma Valenciana. Si ustedes quitan de La Albufera esos 240
hectómetros que pretenden ahorrar van a desecar La Albufera y los
ecosistemas húmedos de la Comunidad Autónoma Valenciana. (Aplausos.)
Tenga usted en cuenta que de los 300 ya se nos caen 250 hectómetros.
En cambio, el plan del Gobierno sí presenta ahorros. El plan del
Gobierno presenta en toda España un proyecto de más de un billón de
pesetas para modernizar regadíos y fomentar esas medidas de ahorro.
Pero es igual, voy a entrar concretamente en la zona afectada. En la
zona afectada, que es la zona deficitaria, el plan del Gobierno
contempla, primero, las aguas subterráneas, que usted me ha dicho que
no las contemplamos, ha sido usted el que ha dicho que no
contemplábamos las aguas subterráneas. Señor Caldera, las aguas
subterráneas en el texto articulado, que usted ha dicho que no se
contemplan, se contemplan en siete artículos de un total de 36; en
los artículos 3, 6, 7, 8, 9, 17, 29, disposición transitoria segunda
y disposición adicional cuarta. (Aplausos. El señor Núñez Pérez. ¡Así
se dice!) Además, no en el texto articulado, pero sí en el proyecto,
del déficit global estudiamos no sólo las aguas subterráneas sino las
medidas de ahorro, y efectivamente sacamos 100 hectómetros cúbicos de
aguas subterráneas en la cuenca del Júcar y 100 hectómetros
cúbicos en Cataluña. Porque el déficit hídrico de todo el arco
mediterráneo -y esta es la clave de la cuestión- no es de 1.050
hectómetros cúbicos. El señor Borrell, en el año 1993, dijo que el
déficit de toda la cuenca era de 2.400 hectómetros, y planteaba en su
proyecto las soluciones para resolverlos. Nosotros jamás hemos
planteado que el déficit fuera de 1.050 hectómetros cúbicos; no.
Nosotros hemos cifrado el déficit total en 2.100 hectómetros
aproximadamente de toda la cuenca deficitaria. A partir de ahí
proponemos, primero, aguas subterráneas: 200 hectómetros cúbicos,
y después, medidas de fomento de ahorro, medidas de reutilización de
aguas depuradas, medidas de gestiónde la demanda y medidas de
desalación. Y sólo cuando hemos apurado todas estas alternativas es
cuando llegamos a la conclusión de que tenemos además un déficit de
1.050 hectómetros cúbicos. La diferencia entre su proyecto y el
nuestro es que nosotros sí tenemos hoy la valentía -la misma que
tuvieron ustedes en el año 1993, quiero reconocérselo- de afrontar el
problema y de decir a los ciudadanos españoles de dónde vamos a sacar
esos 1.050 hectómetros cúbicos. (Aplausos.)
Respecto a esa política de ahorro del agua, señoría, usted me
contestará -espero- que su política de ahorro del agua se incardina
en el artículo que prohibe nuevas concesiones de agua. Para usted la
prohibición de nuevas concesiones de agua es un artículo fundamental.
El plan del Partido Socialista presenta una propuesta que dice que a
partir de ahora quedan prohibidas las nuevas concesiones de agua,
como un elemento fundamental en la política de ahorro de este plan.
Pero permítame que le diga que vuelven a improvisar, porque les
faltan los estudios y les faltan las horas de análisis. ¿Sabe usted,
señoría, que desde el año 1985 no se dan nuevas concesiones en el
Segura? ¿Sabe que sólo se han producido dos excepciones menores,
ambas de dos regadíos sociales en el Segura alto y en Castilla-La
Mancha? ¿Cree usted que esto puede producir ahorro alguno cuando
llevamos dieciséis años sin dar ninguna concesión de este tipo? ¿Cree
usted que esta es una medida de ahorro, señor Caldera?
Todavía más grave -y permítame que le vuelva a expresar mi voluntad
de intentar esclarecer el proyecto que ustedes presentan desde todo
el respeto, pero desde la máxima seriedad-, ustedes proponen una
reutilización de aguas procedentes de depuradoras. Yo creo que
ustedes no se han estudiado seriamente el proyecto del Gobierno.
Ustedes plantean reutilizar 265 hectómetros procedentes de aguas
depuradas: 1.129, 300 de ahorro -ya hemos visto lo del ahorro-, ahora
265 de reutilización de aguas depuradas. Nuestro plan, señorías,
propone reutilizar en la cuenca deficitaria 364 hectómetros cúbicos.
Ustedes cuentan 20 hectómetros en el Segura y nosotros 100
hectómetros, porque incorporamos todas las depuradoras existentes.
¿Pero saben cuál es el problema exactamente? El problema es que
nuestra propuesta de reutilización de agua reutiliza en la cuenca
deficitaria toda el agua posible. Aquí hay muchas diputadas y
diputados del Partido Socialista y del Partido Popular de Murcia.
¿Hay alguien en Murcia que no sepa que toda el agua depurada se
reutiliza? ¿Hay alguien en Murcia que no sepa que la gente se pega
por la concesión del agua depurada? ¿Hay alguien que no se haya leído
detenidamente este plan que no sepa que nosotros en la cuenca
deficitaria utilizamos toda el agua depurada para reutilizarla,
absolutamente toda? Ahora bien, volvemos a estar ante un nuevo
milagro, porque lo que sí puede suceder es que el Partido Socialista
haya encontrado una fórmula según la cual en una depuradora entren
100 hectómetros cúbicos y salgan 150. (Risas.-Aplausos.-La señora
Cunillera i Mestres: ¡Qué gracioso!) Hemos construido una depuradora
en Murcia, hemos construido una depuradora que en estos momentos ya
está dando una parte importante de agua reutilizada, y su demanda del
uso hoy nadie puede cuestionarla, nadie que conozca la realidad.
Otra medida es la creación de bancos de agua. (La señora Cunillera i
Mestres: ¡Qué suspense!) Esto es fantástico, porque ustedes proponen
crear un banco, un banco que va a aportar 150 hectómetros cúbicos de
agua a la cuenca del Segura. Yo supongo que esto parte del concepto
tradicional que nosotros tenemos de un banco normal, un banco banco,
no un banco de sentarse, un banco financiero (Rumores.), un banco que
capta ahorros y los multiplica, porque sólo mantiene en la caja una
parte del volumen de los activos que tiene. Pues bien, esto aplicado
al agua, con todo el respeto, no tiene ningún sentido. En cuanto al
agua, si usted capta un hectómetro de agua, sólo puede prestar un
hectómetro de agua. Usted, por mucho banco del agua que cree, no va a
multiplicar los hectómetros del agua. ¿ Señor Caldera, me quiere
explicar, por favor, cómo va a conseguir ahorrar con un banco de agua
público 150 hectómetros de agua en la cuenca del Segura, cuando la
aportación total -cuidado, de toda la cuenca del Segura- el año
pasado fue de 180 hectómetros cúbicos? Es decir, el señor Caldera
propone que en Murcia, donde todas las aportaciones del río han sido
180 hectómetros -y ustedes comprenderán que esos 180 hectómetros se
están utilizando en Murcia, pero es igual aunque no se utilizaran-,
ellos con un banco van a conseguir cambiar de manos 150 hectómetros y
van a resolver el problema. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué
barbaridad! -La señora Cunillera i Mestres: Tocan risas.) Esos 180
hectómetros sonla totalidad del banco, la totalidad de la aportación
y usted pretende que van a emerger 150 hectómetros sólo porque
cambien de manos. La solución probablemente de un lugar donde no hay
agua es crear un banco y así el agua se multiplicará también como un
milagro y podremos resolver el problema del Segura. El banco, señor
Caldera, sirve para el cambio de manos del agua y en ese sentido es
bueno, yo se lo quiero reconocer. Cuando no hay agua, no hay nada que
tengamos que cambiar
de manos. La medida es positiva, no es mala. Si, en general,
muchas de sus medidas son positivas y yo se las aplaudo, lo que
sucede es que no resuelven el problema. Crear el banco del agua es
una buena idea, señor Caldera, pero no nos soluciona el problema,
porque el banco cambiará de manos el agua, pero no la multiplica. Es
lo que intento explicarle.
Finalmente la desalación. Ustedes proponen 404 hectómetros cúbicos
procedentes de la desalación, nosotros proponemos 386 hectómetros
cúbicos. Desconozco si sus desaladoras son además de la nuestras o
son a cambio de las nuestras, me gustaría que me lo aclarara porque
este es el punto de partida donde fallamos. El señor Borrell y
nosotros partimos de un déficit de más de 2.000 hectómetros cúbicos.
La desalación nos resuelve un problema de 386 hectómetros cúbicos,
pero al final seguimos teniendo un problema de 1.050 hectómetros
cúbicos que no se han podido resolver con la desalación. Pero déjeme
que le diga algo más sobre la desalación y también en relación con
los otros portavoces que han tenido la amabilidad de intervenir en
esta Cámara.La desalación es un complemento bueno, también positivo y
hay lugares, por ejemplo, Baleares o las islas Canarias (a pesar de
que ustedes allí no las quieran) donde no hay alternativas
desgraciadamente -en los territorios insulares es donde no hay
alternativas-, pero la desalación tiene un límite para solucionar el
problema del agua. Por eso nosotros desalamos casi 400 hectómetros
cúbicos, por eso nosotros hemos puesto la primera piedra de lo que va
a ser la desaladora más grande de Europa que es la de Carboneras. En
primer lugar abordaré el precio. El Plan hidrológico nacional
contiene un análisis económico muy interesante de lo que es la
evolución de la elasticidad del precio y la demanda del agua en toda
España, viene muy bien para conocer la realidad del consumo del agua
en España. Hay determinados consumos que no se pueden satisfacer a
determinados precios. Yo sólo le pido que cuando hable de precios de
la desalación lo haga seria y rigurosamente. A los precios de la
desalación hay que incorporar los costes de la infraestructura y su
plazo de amortización, porque usted sabe perfectamente que la
desalación tiene un plazo de vida de 10, 12 años, con lo cual la
amortización que usted tiene que hacer es de 10-12 años; no sucede
así para un trasvase que tiene una amortización mucho más larga, como
usted sabe perfectamente. Pues bien, si usted incorpora el precio de
la amortización de esa infraestructura, verá perfectamente que
estamos ante una horquilla de precio de la desalación que va desde un
mínimo de 109 pesetas a un máximo de 134 pesetas con tecnología
moderna, porque actualmente hay desaladoras que cuestan 300 pesetas.
Yo le pongo a su disposición un estudio que ha realizado el
Ministerio de Medio Ambiente en el que analiza perfectamente este
tipo de costes.
En segundo lugar la ubicación. No toda el agua quenecesitan las
cuencas deficitarias la necesitamos en la
costa; mucha de la que necesitamos además de para usos de regadíos es
para tierras adentro, con lo cual usted tendrá que costear y hacer la
inversión para trasladar el agua que se transforma en la costa hasta
el interior donde se va a necesitar. Eso tiene un coste, incluso de
bombeo, porque estamos hablando de cota cero a cota interior y gran
parte de trasvases o de circuitos de encauzamiento tendrían que
construirse.
En último lugar, aunque no menos importante, abordaré un extremo que
han manifestado todos los que han intervenido. Es falso, señor
Caldera, que el coste de la desalación es el mismo que el de
trasvase. Si se desala la misma cantidad de agua que se trasvasa, por
ejemplo 1.000 hectómetros cúbicos, se va a producir en el mejor de
los casos entre dos y tres veces más contaminación atmosférica que la
que hoy existe en España. Me extraña que desde el Partido Socialista
se haga una apuesta por la desalación cuando los propios ecologistas
han reconocido que repercutiría muy negativamente en nuestra
estrategia de lucha frente al cambio climático y en nuestra lucha
contra la contaminación atmosférica. Su propuesta, señor Caldera,
motivaría un incremento de entre dos y tres toneladas más de CO2 al
año en nuestra atmósfera y, por tanto, un alejamiento de nuestras
condiciones de Kioto entre un 8 y un 12 por ciento anual de nuestra
atmósfera. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.)
Sumando todo esto, es decir, con ahorro, con depuración, con
desalación, ustedes consiguen 1.129 hectómetros y ¿qué hacemos con el
resto, con los 1.070 hectómetros cúbicos que quedan de déficit y no
se van a atender? El plan, por llamarlo de alguna manera, que su
partido ha concebido es tan poco sólido que ustedes mismos acaban
reconociendo al final que esa agua no bastará para atender los
déficit porque ustedes sólo aportan 1.129 hectómetros cúbicos. Para
cuadrar el milagro terminan al final por hablar de trasvase aunque
sea tímidamente, porque tienen que poder ir a Aragón y decir que no
habrá trasvase. En su artículo 55 dicen, textualmente: Constatada la
imposibilidad técnica, económica y ambiental de atender los déficit
existentes con recursos propios, convencionales o no de una cuenca,
el Gobierno considerará la posibilidad de la realización de
transferencias entre cuencas. (Aplausos.) Añaden: En todo caso, dada
la gravedad de la situación de las cuencas deficitarias, se iniciarán
de forma inmediata los estudios de detalle para adoptar dicha
decisión.( Rumores.) Ustedes que se han hartado en la prensa -he
leído los titulares- de decir que no harían un trasvase, ustedes que
han presentado estos informes en contra del trasvase, nos dejan 1.000
hectómetros cúbicos que no tienen salida y que al final se tendrán
que abordar como un trasvase. Lo dicen así, sin más, en este
artículo. Lo realmente mágico es haber conseguido hacer creer a los
ciudadanos de Aragón que realmente presentaban un proyecto que no
incluían los trasvases. Lo milagroso, como decía el presidente
manchego, es
que por poco se suben incluso a las movilizaciones en contra de estos
trasvases. No es que propongan un trasvase, es que ellos proponen que
se hagan trasvases de forma masiva, porque no limitan ni definen
ninguno. Para más irresponsabilidad, a mi juicio, en el artículo 55.3
se afirma: La aprobación de transferencias entre cuencas podrá
realizarse mediante la norma legal que corresponda (Un señor diputado
del Grupo Popular: Bien.), en función en su caso de la ausencia
justificada previa declaración favorable de impacto ambiental de la
transferencia. (Rumores.) Señor Caldera, ¿dejan ustedes la puerta
abierta a aprobar los trasvases por decreto-ley? ¿Sí o no? (Varios
señores diputados del Grupo Popular: Sí.-Aplausos.) ¿Todo el
mecanismo de consulta que se ha creado, las comisiones y demás
organismos de deliberación quedan a merced de algo tan etéreo como la
norma que corresponda?Permítame que le refresque la memoria acerca de
lo que se hizo por decreto-ley en Castilla-La Mancha -allí se
recuerda perfectamente- respecto al Tajo-Segura en 1995 -estoy seguro
que usted no lo comparte-.
Ahora bien, ustedes dicen algo que también es sorprendente. Afirma
que se han de iniciar los estudios para saber más del trasvase. Es
decir, después de quince años estudiando el problema, después de que
ustedes mismos hubieran llegado a la conclusión de hacer trece
trasvases distintos, después de que nosotros rehiciéramos los
trabajos durante cuatro años, para concluir con este plan, ustedes
ahora dicen: como a pesar de toda la magia que hacemos esto no se
arregla porque al final seguirá faltando agua, vamos a seguir
estudiando todo de nuevo; vamos a seguir estudiándolo para ver si
conseguimos aplazarlo. Lo más grave es que hoy de esta Cámara
saliéramos con su proyecto alternativo, señor Caldera, y les
dijéramos a los ciudadanos de Almería, de Murcia, de Alicante, de
Valencia, de Castellón o de Barcelona que vamos a volver a empezar a
estudiarlo todo. Señor Caldera, yo comprendo que ustedes, por motivos
que no vienen al caso, (Un señor diputado: Sí, si vienen.) tengan la
necesidad de salir de aquí lo más airosos que puedan, y a otra cosa.
Pero, por respeto a los ciudadanos, permítame que le diga que no
estamos ante una verdadera alternativa, esto es un trabajo, como
alguien ha dicho aquí, de aliño hecho de una forma urgente
simplemente para intentar mantener la unidad de su partido.
(Aplausos.)
Quiero concluir mi referencia a su intervención, señor Caldera, con
dos cosas, porque no quiero extenderme mucho más. Me refiero a una
frase del plan que reduce la participación de los usuarios en las
decisiones, la reduce no la aumenta. Admite el decreto-ley para
llevar a cabo las transferencias y deja cabida a todo el plan de
trasvases del señor Borrell, no prohíbe los nuevos regadíos en las
zonas receptoras, que es una buena aportación que hacemos nosotros y
usted debería reconsiderar. No incluye estudio alguno que sustente
estos datos; en contra de lo que dice el presidente de
Aragón, ustedes afirman en su propuesta que el Ebro es excedentario,
afirmación en la que yo estoy de acuerdo con usted, señor Caldera.
(Un señor diputado: Muy bien.) Antes de concluir, señor Caldera,
quisiera, es mi deber, pedirle ciertas aclaraciones, y espero, por
favor, que usted me conteste, porque es el que presenta el plan
alternativo y creo que tengo derecho a que usted me aclare estas
alternativas. (Aplausos.) Primera pregunta, señor Caldera. (Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) En 1993 el
plan Borrell decía que el déficit de todo el arco mediterráneo era de
2.425 hectómetros; hoy nosotros decimos que es de 2.190. Ustedes en
el plan ¿qué déficit estiman para todo el arco mediterráneo? (Varios
señores diputados: No lo saben.) Segunda pregunta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Nosotros
reutilizamos toda el agua de todos los núcleos urbanos de todo el
Mediterráneo. Disponemos de toda esa agua para depurar y lógicamente
la vamos a depurar. Señor Caldera, ¿de dónde van a sacar ustedes más
agua para depurar y reutilizar si no hay más ciudades ni más núcleos
urbanos. (Rumores.-Un señor diputado: De Aragón.) Tercera pregunta:
¿Han olvidado las aguas subterráneas o, si se han acordado, por qué
no aparece en su proyecto su contabilización? Cuarta pregunta: ¿De
dónde van a sacar 260 hectómetros cúbicos para ahorrar en el Júcar?
(Rumores.) Digan, por favor, si lo harán de Albacete, del Alacantí o
del Vinalopó o, si por el contrario, van a desecar La Albufera y los
demás ecosistemas de la costa. (Rumores.-Aplausos.) Quinta pregunta,
¿cómo es posible, señor Caldera, que, por ejemplo, cuando en el año
pasado toda la cuenca del Segura tuvo sólo una aportación de 180
hectómetros de agua, un banco pueda lograr 150 hectómetros? ¿Es
efectivamente un error o es algo que nosotros desconocemos, señor
Caldera? Sexta pregunta, ¿qué demonios hemos de estudiar... (Rumores
y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señor Caldera,
¿qué más tenemos que estudiar para tomar una decisión definitiva que
resuelva el problema del agua en España? ¿Qué más tenemos que
estudiar para tomar una decisión de cómo resolver los problemas del
agua en España? ¿Cuántos estudios más se han de hacer? ¿Por qué los
estudios de la época del señor Borrell y del Gobierno socialista no
sirven? ¿Por qué los estudios que nosotros hemos hecho no sirven?
¿Por qué los estudios de la propia Junta de Andalucía
y de sus organismos autónomos de agua tampoco sirven? ¿Por qué
los que hace la Comunidad Valenciana o los de la propia Generalidad
de Cataluña tampoco sirven? Ni siquiera sirve un estudio que a
ustedes les ha permitido calificar al Ebro de excedentario. ¿Cómo
deberíamos acabar estos estudios para resolver de una vez por todas
el problema del agua? Sinceramente, ustedes deben explicar esta
alternativa, pero además sigo creyendo -y espero que en el turno de
contrarréplica tenga ocasión de decírselo- que este es un proyecto de
Estado y que como tal merece el más amplio consenso posible.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Ah!) Señor Caldera -y así siempre se lo
he dicho a los representantes de su partido con los que me he
reunido-, este es un proyecto que se debe hacer sin buscar
enfrentamientos territoriales, superando cualquier tipo de
enfrentamiento y con el más amplio acuerdo posible.
Quiero contestar también, aunque sea con mucha más brevedad, a los
otros portavoces parlamentarios que han intervenido. Señor
Llamazares, le respondo muy brevemente. Sinceramente, creo en las
palabras que he dicho cuando me he referido a que este era un plan de
todos y que no tiene que ser un plan del Partido Popular; tiene que
ser un plan de todos y con el consenso más amplio posible. La fórmula
de participación, de consenso, de asesoramiento, que establece la ley
para un proyecto de estas características, no la hemos hecho
nosotros, está establecida en la ley, que aprobaron estas Cámaras en
su día, que explica cuáles son los mecanismos de consulta que un
proyecto de estas características tiene que poner encima de la mesa.
Nosotros no hemos modificado estos mecanismos de consulta, sino que
los hemos aceptado y hemos conseguido un resultado histórico según el
cual más del 80 por ciento de los miembros del Consejo Nacional del
Agua han aprobado este proyecto. Usted me acusa de falta de diálogo
y de falta de sensibilidad de las propuestas de los diferentes grupos
ecologistas. Permítame, señor Llamazares, que le lea públicamente el
acta del Consejo Nacional del Agua del día 30 de enero de 2001,
votación en relación con el informe de la comisión permanente del
Consejo Nacional del Agua sobre el anteproyecto de ley del Plan
hidrológico nacional. Voto particular de Ecologistas en acción -leo
textualmente-: Por otra parte, el anteproyecto de ley del Plan
hidrológico nacional también incorpora algunos aspectos
medioambientales positivos. Este es el caso de los numerosos
proyectos previstos de modernización de regadíos y de la construcción
de un buen número de depuradoras de aguas residuales. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Asimismo, el
anteproyecto de ley presentado el 5 de septiembre ante el consejo ha
mejorado mucho. Ha mejorado en lo que a los aspectos medioambientales
se refiere después de su análisis y modificación en el seno de la
comisión permanentedel consejo. En concreto, se han incorporado
algunos artículos a propuesta de Ecologistas en Acción, que pueden
ser muy positivos para el medio ambiente. Por último, en el nuevo
anteproyecto de ley presentado el día 30 de enero desaparecieron del
programa del anexo de inversiones 14 embalses cuya construcción
hubiera producido un grave daño sobre el medio ambiente. Palabras
textuales de Ecologistas en Acción, señor Llamazares. No es el plan
de los regantes, es el plan que ha aprobado el 80 por ciento del
Consejo Nacional del Agua, es el plan que ha aprobado una parte muy
importante de agricultores de España, es el plan que han aprobado por
unanimidad efectivamente los usuarios y los regantes y, sobre todo,
es el plan que ha apoyado mayoritariamente el 82 por ciento de los
representantes del Consejo Nacional del Agua, incluidas las
comunidades autónomas. No es cierto que sólo nos han apoyado nuestras
comunidades autónomas. Sólo votaron en contra Baleares, Asturias,
Aragón y Andalucía, ninguna otra comunidad autónoma votó en contra.
De las comunidades autónomas del interior, sólo Aragón votó en
contra; Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Madrid,
Navarra, Rioja han votado a favor de este proyecto. El Plan
hidrológico nacional contará con los apoyos del Consejo Nacional del
Agua y con los que se desprendan al final del debate de esta Cámara y
del Senado. Por ello, vamos a tener paciencia, vamos a intentar
conseguir el máximo número posible de apoyos, vamos a demostrar
nuestra voluntad de diálogo y cuando acabemos hablaremos de los
apoyos que tiene el Plan hidrológico nacional. Créame, no tengo
intención alguna de enfrentar a ninguna comunidad autónoma, todo lo
contrario, tengo la intención de resolver los problemas del agua en
todas las comunidades autónomas.
Quiero entrar en el tema de las constructoras y, sobre todo, en los
anexos de las inversiones. Quiero pedirle al señor Caldera que, por
favor, en su turno de réplica me diga por qué han desaparecido de la
propuesta socialista los embalses y el anexo de inversiones, excepto
determinadas obras que supongo que tendrán un interés partidista. A
usted también le quiero preguntar, señor Llamares -a todos, también
al señor Caldera-, si están a favor de todas las obras que se
contemplan en el anexo de inversiones del Plan hidrológico nacional,
sí o no. (Aplausos.) ¿Quiere el Partido Socialista Obrero Español que
se construyen los embalses de Yesa, Biscarrués, Santa Liestra y
Montearagón, sí o no?
Los embalses, las obras de regulación no se hacen por capricho, se
hacen para resolver un problema que tienen los ciudadanos de España,
y yo, como ministro de Medio Ambiente, tengo que tener una
sensibilidad especial con respecto a esos proyectos, porque son
proyectos que impactan el medio ambiente y provocan un impacto
ambiental. Tenemos que conseguir, en primer lugar, que sólo se lleven
a cabo estos proyectos cuando sean compatibles con el respeto al
medio ambiente. Por eso todos estos proyectos tienen que tener una
declaración
de impacto ambiental. Por eso Jánovas y Úbeda la Vieja se han
caído. Por eso hemos retirado 14 embalses del proyecto a propuesta de
los ecologistas, porque tenían razón. Pero hay que resolver el
problema.
Los ciudadanos que necesitan ese abastecimiento de agua, los
ciudadanos de Aragón que necesitan ese regadío, necesitan saber si
les vamos a construir esos embalses para que puedan tener el agua a
la que tienen derecho. No puede ser que luego, cuando lleguen los
meses de septiembre u octubre, usted mismo, o usted, señor Caldera,
vengan aquí y, porque hay una riada, me digan que por qué no hemos
construido los embalses para regular el río. Cuando se gobierna hay
que tomar decisiones y hay que ser consecuente con las mismas. Yo soy
el primer sensibilizado en que son obras que tienen impacto
ambiental, y me preocupa, pero hay que solucionar los problemas de
una forma u otra.
Quiero, señor Llamazares, alabar su sensibilidad con respecto al
cambio climático, sensibilidad que no tienen otros grupos. Porque
usted sí ha sido coherente con el cambio climático. Usted dice que no
a la desalación y ha defendido el mismo discurso cuando ha hablado de
contaminación atmosférica. Estamos en lo mismo, tenemos que hacer
compatible la solución de ambos problemas, o al menos tenemos que
intentarlo. Su modelo de control y mejora de regadíos, de mejora de
las canalizaciones de las ciudades, es el nuestro; permítame que se
lo diga. ¿Qué sucede? Es muy fácil quedarse con la copla del agua que
se pierde en las ciudades. Es cierto, como creo ha dicho el señor
Puigcercós, que se pierde agua en las ciudades. Es cierto, y esta no
es una competencia que nosotros podamos en estos momentos
atribuirnos, y usted lo sabe perfectamente, porque es una competencia
municipal. Pero el problema radica en que donde es más importante
actuar, o más rentable -si usted me lo permite-, sin abandonar la
política de las canalizaciones de agua en las ciudades, es en los
regadíos. De ahí que nosotros actuemos con un billón de pesetas para
modernizar estos regadíos. Puede ser, señor Llamazares, que nos
hayamos olvidado proyectos, con lo cual le invito a que nos haga
estas propuestas. Me puedo equivocar, pero la intención era la de
priorizar estas inversiones, priorizar la modernización de regadíos
porque el ahorro en medidas de modernización del regadío tiene un
efecto impresionante. Eso lo hemos contemplado en nuestro proyecto de
plan hidrológico.
Respecto a los otros grupos que han intervenido, al señor Saura
quiero decirle que no puedo estar de acuerdo en que no hay cuencas
excedentarias y deficitarias. No es verdad. Tenemos un año hídrico
excelente en España en el que la mayoría de nuestros embalses están
casi al cien por cien de sus posibilidades, excepto en Almería, en el
Segura y en el Júcar. En un año en el que está lloviendo tanto, estas
cuencas siguen sin tener agua, nos sigue faltando agua. Y el río
Ebro, sólo endos meses, ha vertido al mar más de 4.000 hectómetros
cúbicos de agua. (Aplausos.-El señor Bel i Queralt: ¡No se puede
regalar!) No me parece una comparación para tomar en serio el que
Madrid tiene déficit de playas o que Aragón tiene déficit de costas.
Es igual que si usted no quisiera llevar la electricidad o el gas a
Madrid o a Cataluña. Es un recurso público al que tienen derecho
todos los ciudadanos de España. Desgraciadamente, no podemos tener
playas en todo nuestro territorio, pero sí podemos facilitar que haya
gas, sí podemos facilitar que haya electricidad y sí tenemos la
obligación de facilitar que haya agua, siempre que no perjudique a
nadie. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!-Aplausos.)
No le voy a negar que la comunidad científica esté dividida, pero sí
le niego que esté en contra totalmente. La mayoría está a favor y los
que están en contra lo están por planteamientos de incertidumbre, que
yo respeto, ligados a la capacidad de agua que pueda llevar el río
Ebro o al daño que pueda producir un trasvase de estas
características en los ecosistemas. Y me atrevería a decirle algo
más. Estoy convencido de que la mayoría de los ecologistas y
científicos a los que hace referencia están más en contra de las
grandes obras de regulación, de las presas, que al propio trasvase.
En definitiva, el trasvase es una obra que merece y exige una
declaración de impacto ambiental, pero es una obra que también va a
solucionar problemas medioambientales. En la cuenca del Mediterráneo
existen hoy problemas de acuíferos sobreexplotados que tienen graves
riesgos de salinización, problemas que con una ordenación adecuada
del agua son también problemas medioambientales que se pueden
solucionar.
Señor Labordeta, le pido públicamente disculpas y le ruego que las
acepte si he dicho que usted cruzó el río. Quise decir su partido, la
CHA. Permítame que explique la realidad. Seguramente usted no estaba,
pero su partido hizo un acto -creo que en el mes de septiembre-,
intentando atravesar a pie el río Ebro y convocó a todos los medios
de comunicación para demostrar que el río Ebro no llevaba agua. Sólo
le pido que explique toda la verdad a los ciudadanos y no sólo una
parte. La primera, el agua no se coge de Zaragoza, sino de Cataluña.
La segunda, el agua -el plan lo prohíbe- no se puede coger en los
meses de verano, está prohibido. El agua se tiene que coger en los
meses restantes, y de ahí que yo -permítame, si no es a usted, a su
partido- le recomendara que ahora que el río en Tortosa lleva casi
seis metros de profundidad, se vaya a Tortosa e intente cruzarlo.
(Aplausos.)
Forman parte del Consejo Nacional del Agua todos los que en su día el
propio ordenamiento legal dictaminó. Insisto en que no es un
ordenamiento nuestro. Por otro lado, no utilicé el término nobles
baturros como un términos peyorativo, no era esa mi intención. Si
usted o alguien lo puede haber interpretado así, lo siento porque no
era mi intención, al contrario, quería ser un elogio de una comunidad
que ha sido siempre el eje
vertebrador de España. Esta era mi intención y no otra. (Aplausos.)
Usted dice como aragonés que el PHN sólo es el trasvase del agua. No
es verdad. ¿Y el pacto del agua? ¿O no significa nada el pacto del
agua para Aragón? El pacto del agua es prioritario y esencial en este
proyecto. Es este Plan hidrológico nacional el que tiene que acabar
con tantos años de promesas incumplidas, señor Labordeta. Es este el
proyecto que pretende, de una vez por todas, acabar con estas
promesas incumplidas que los aragoneses han venido sufriendo en su
piel excesivamente y durante demasiado tiempo.
El Ebro no está regulado, y esta es la paradoja. Ya sé que usted no
quiere los embalses, pero el presidente de Aragón sí que los quiere,
porque él me ha dicho a mí personalmente que sí quiere los embalses,
y espero que el señor Caldera lo rectifique en su intervención. Es
usted el que no quiere los embalses. Cuatro... (El señor Labordeta
Subías hace gestos.) Tiene S.S. razón, tres, perdón. Usted no quiere
que se hagan Yesa, Biscarrués y Santa Liestra. Tiene usted toda la
razón. Nos tendremos que poner de acuerdo, señor Labordeta. Tendremos
que ponernos de acuerdo en si los aragoneses quieren que se hagan
estas obras o no, porque en el año 1992 los aragoneses se pusieron de
acuerdo y dijeron que se hicieran estas obras, y si los aragoneses
quieren que se hagan estas obras, este Plan hidrológico nacional las
va a hacer. (Aplausos.) Señor Labordeta, tiene usted razón en lo de
esos destrozos que se han provocado. Tenemos la obligación de
intentar buscar las soluciones a esos problemas, a los que se han
provocado y a los que desgraciadamente se van a tener que provocar
por la construcción de algún que otro embalse. Efectivamente, no se
puede pisotear el derecho del ciudadano ni la propiedad privada.
Estoy totalmente de acuerdo en que es una reivindicación en la que
usted tiene toda la razón.
Al señor Puigcercós me gustaría hacerle sólo un ruego. Aquí creo que
nadie ha citado a Costa Llobera, pero sí a Joaquín Costa, que es otra
cosa. Costa Llobera es mallorquín. En cuanto a lo de modelo
insostenible, el modelo tiene que ser sostenible porque reduce los
trasvases a la última posibilidad. Le pondré un ejemplo: Almería -y
estoy seguro de que el señor Núñez compartirá este criterio conmigo-
tiene un déficit de más de 300 hectómetros. Sólo se proponen 95 de
trasvase, porque la solución del resto del déficit de Almería se hace
con desalación, con reutilización, con medidas de ahorro y con otro
trasvase interno. Intenta ser un modelo sostenible porque lo que hace
es priorizar la modernización de los regadíos, priorizar la
depuración y la reutilización de agua, la restauración hidrológica
forestal; priorizar, en definitiva, todas las medidas alternativas
hasta llegar a la última medida, el trasvase. Y quiero darle
garantías. Si no hay agua excedentaria, no hay trasvase. Si no hay
agua de sobra no hay trasvase porque esta ley no lo permite.
(Aplausos.- El señor Lanzuela Marina: ¡Muy bien!) Esta
ley, entre otras muchas cosas, exige un caudal ecológico de 3.150
hectómetros cúbicos, que es el caudal regular hoy inexistente que
tiene que garantizar la preservación medioambiental de la
desembocadura, un caudal ecológico que tiene que ser prioritario. La
ley exige que si no hay agua por encima de los 3.150 hectómetros
cúbicos en la desembocadura no se puede coger agua porque, tal como
indica el plan hidrológico de la cuenca, es el agua que se necesita
para evitar la intrusión de la cuña salina y para garantizar la vida
del ecosistema natural del delta del Ebro.
Quiero decirle al señor Núñez que la comunidad autónoma que se lleva
mayor parte de inversiones de este Plan hidrológico nacional es
Andalucía. Andalucía se lleva 680.000 millones de pesetas de
inversión en este Plan hidrológico nacional. Y a mí me gustaría
saber, señor Núñez, si, tal como usted defiende, los andaluces están
de acuerdo en que Almería necesita un trasvase. (El señor Lanzuela
Marina: ¡Que lo digan!) Que lo digan. Dice usted que Andalucía
necesita un trasvase. Almería necesita el trasvase del Ebro, ¿sí o
no? El del Tajo se ha estudiado y nosotros creemos que es imposible.
En cambio, en el Consejo Nacional del Agua se establece la
recomendación de estudiar otro trasvase, que es el del Guadiana
internacional. Hay un compromiso porque hay una recomendación del
Consejo. Yo le invito a que usted analice esta otra opción, que es a
la que las propias comunidades de regantes y la asociación de
usuarios del agua de Andalucía llegó, porque eran mucho más
partidarios de ese otro trasvase que del que usted propone. Nosotros
siempre hemos dicho que no descartábamos esta posibilidad de cara al
futuro.
Al Bloque Nacionalista Galego he de decirle que este plan pretende
resolver el problema del agua en España. Las obras que se incluyen en
este proyecto son obras de regadío en alta; no me puede usted pedir
obras de regadío en baja. Las obras de regadío en baja tienen que ver
con el Plan nacional de regadíos. No es competencia de este plan, es
otra competencia que discutiremos en su momento. Las inversiones de
Galicia tienen que ser deflactadas, igual que las de otras
comunidades autónomas. ¿Por qué tienen que ser deflactadas? Las
inversiones de Galicia tienen que ser deflactadas porque Galicia
tiene cuencas internas y estamos hablando de unas inversiones que se
complementan o apoyan en las de las cuencas internas. No es lo mismo
un territorio en el cual todo el territorio, como sucede en
Andalucía, son cuencas del Estado, que un territorio donde hay
cuencas compartidas internas con las del Estado.
Muchas gracias, señorías. (Prolongados aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
(Rumores.)
Un poquito de calma, señorías.
Señor ministro, desde luego ha hecho un adecuado ejercicio de
oposición. Ya sabía yo que lo único discutible aquí era el texto
alternativo del Grupo Socialista, porque éste, que es el suyo, no hay
por dónde cogerlo. (Aplausos.) ¿Olvida usted, señoría, que este
trámite, de acuerdo con el Reglamento, es de presentación de un
proyecto de ley y, en consecuencia, también éste debe discutirse, o
es que ni siquiera tiene usted confianza en los 35 artículos -en los
que cabe poco- de su proyecto de ley sobre el Plan hidrológico
nacional? Es la primera vez en mi vida parlamentaria que veo cómo se
trae redactada de antemano la réplica. (Aplausos.) Y, señor ministro,
hasta ha sido más brillante que la mortecina presentación del texto,
se lo reconozco; un poquito más brillante, no es que mucho, pero sí
un poquito más.
Su problema, señor ministro, ya que habla de congruencia y de
contradicciones -no me extraña que no esté aquí el señor Aznar-, está
en el salto espectacular que dieron desde el año 1993 a hoy. Leo:
Aznar dice ante toda España que el PP se opondrá a los trasvases.
Aznar dice ante toda España que el Partido Popular se opondrá a los
trasvases. Y dijo algo más en una conocida revista de naturaleza
científica: Que la España húmeda y seca, así la hizo Dios y había que
dejarla. (Aplausos.) Ese fue el pensamiento, avanzadísimo, que
ustedes, cuando estaban en la oposición, tenían de la política del
agua en España. Le agradezco su oferta de consenso, que hasta ahora
no ha brillado con luz propia, porque sólo hemos conocido la
indecorosa expresión que en Consejo de Ministros se utilizó para
calificar este plan (Aplausos.-Protestas), un plan que, por narices
-por decirlo de algún modo-, se iba a imponer a un territorio. ¿Sabe
usted qué diferencia hay entre los populares del año 1993 y nosotros
hoy? Ahora tienen ustedes una oportunidad, una ventaja adicional,
señor ministro. ¿Sabe S.S. cuál es? Si ustedes me permiten decirlo,
verán que es la expresión de una honda preocupación democrática:
ustedes ahora disfrutan de una posibilidad y es que nosotros no
tenemos posiciones destructivas; no las tenemos. (Aplausos.) Queremos
solucionar un problema estratégico para la sociedad española y no
multiplicarlo poniendo en dificultades al Gobierno; queremos
solucionar un problema que afecta a este país y no multiplicarlo para
poner en dificultades al Gobierno. Esa es la filosofía de nuestro
texto, que, por cierto, debe haber seguido S.S. con muy poca
atención, porque desde la primera a la última línea de una
intervención de casi 40 minutos expliqué, en ocasiones contraviniendo
el texto de su Gobierno, nuestra filosofía: desde la política
territorial que nos anima hasta la política ambiental, pasando por la
administración del recurso agua y acabando en la sostenibilidad
económica y
financiera del mismo y, por supuesto, también política y social,
porque para ello se precisa un gran acuerdo. Pero es que ustedes dan
marcha atrás; van para atrás, como los cangrejos. ¿Le digo, señor
ministro, lo que ha ocurrido, tanto que criticaba el anteproyecto de
plan del año 1993, en estos años? ¿Le digo lo que ha ocurrido en esta
década? Se lo voy a decir. En esta década, por ejemplo, el Consejo de
Ciencia y Tecnología de Estados Unidos publicó un informe en el año
1996 sobre el futuro del regadío, donde apuntaba que la competencia
por el recurso y las restricciones ambientales imponen la necesaria e
imprescindible reducción del uso del agua en el conjunto de los
recursos superficiales y en la agricultura del futuro. Ha ocurrido
que el Foro internacional de política del agua, celebrado en San
Francisco, en 1997, sobre resolución de conflictos hídricos, concluyó
que las políticas de reutilización, ahorro y uso conjunto de recursos
superficiales tienen que ser la base para solucionar la escasez de
agua. Ha ocurrido que el Pacto del agua, en California, en el año
1999, está basado enteramente en la política de reutilización y
ahorro. Ha ocurrido que todos estos cambios culminaron en la reunión
del Foro Mundial del Agua, en La Haya, en marzo de 2000, en la que la
visión del agua a nivel mundial pone el énfasis en una mejor y más
eficiente gestión del recurso, el ahorro, la reutilización y el uso
conjunto. Ha ocurrido que ha habido una directiva de la Unión
Europea, que ustedes sólo citan en su texto, que va a pender sobre el
futuro desarrollo de nuestro Plan hidrológico en los próximos años. Y
ha ocurrido, señor Matas, una evidencia que no necesita más
postulados científicos: ha ocurrido sencillamente que la década de
los noventa ha sido la más cálida desde que existen registros
fidedignos -1850-, con la creciente evidencia de un cambio climático
que añade tensión sobre el recurso hídrico. Y ustedes no le dan
ninguna importancia, no hacen previsiones de futuro, no valoran el
impacto de estas impresionantes evoluciones que ponen en riesgo
nuestra garantía de futuro en su Plan hidrológico nacional. No lo
hacen, señor ministro, y eso sí está en la filosofía del texto
alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. Si ustedes hubieran
tenido el mismo comportamiento receptivo a las evoluciones y a los
cambios que sufrió el anteproyecto del Plan hidrológico nacional del
año 1993, hoy podríamos estar muy cerca del consenso. Por cierto,
señor ministro, ¿cómo me habla usted de valentía cuando en el año
1993 lo único que se atrevieron a decir del anteproyecto del Plan
hidrológico del señor Borrell ante toda España es que se oponían a
los trasvases?. ¿Dónde estuvo su texto alternativo, como hoy está
aquí el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista?
(Aplausos.) ¿Dónde? Ustedes paralizaron aquel proyecto, lo hicieron
imposible con una política de impedimentos y de agitación que impidió
poder continuar con aquel texto.
He dicho, señor ministro, que nuestro texto alternativo se basa en
las políticas territoriales, en la administración moderna del recurso
del agua, con una adecuada solución que, en términos sociales y
políticos, permita repartir el mismo. Por cierto, yo no he hablado de
las aguas subterráneas. No sé si sus asesores que le han pasado el
texto por escrito no me entendieron bien. No he dicho que no
estuvieran las aguas subterráneas en su texto; dije que no había ni
una palabra de política territorial, no había prácticamente políticas
de ahorro y no había ni una sola línea sobre vertidos y depuración.
¿Cómo me dice usted que en la cuenca del Segura ya se reutilizan
todas las aguas depuradas? Démoslo por cierto, pero esa es la
pregunta relevante, señor ministro. La pregunta relevante será
cuántas aguas se depuran, no si la ínfima cantidad de aguas
depuradas, que es muy pequeña, se reutiliza. Demos por cierto que se
reutiliza, pero es que, señor ministro, faltan muchas aguas y por
tanto hay muchas oportunidades para las políticas de ahorro y
reutilización. Por cierto, no es válido el dato que usted aporta aquí
de que la cuenca del Segura sólo tuvo una aportación de 180
hectómetros cúbicos el año pasado. Señor ministro, esa es una
aportación endógama, propia de su cuenca; ha tenido 300 y pico
hectómetros de un trasvase, el Tajo-Segura, y tiene oportunidades de
explotación racionales de aguas subterráneas que permitirían al banco
del agua tener una importante posibilidad de desarrollo.
Señor ministro, no me hable usted así de las desaladoras. Las
desaladoras que nosotros proponemos ciertamente son adicionales a las
de su texto. Proponemos 400 hectómetros cúbicos más de desalación que
los de ustedes y le demostramos en el texto que el impacto energético
de ese incremento es inferior a la propuesta de trasvase desde el
Ebro hasta Almería. ¿Usted cree que los almerienses y los murcianos
pueden tener confianza en su palabra (Varios señores diputados: ¡Sí!;
en el PSOE no.-Una señora diputada: ¡Estáis nerviosos!) cuando usted
les propone que el agua llegará a Murcia y a Almería, como mínimo,
dentro de diez años? ¿Saben ustedes que en los últimos cinco años, de
acuerdo con este documento de evolución de inversión pública 1990-
1999 (El señor Caldera Sánchez-Capitán muestra un documento a la
Cámara), su inversión en política hidráulica no llegó, en los cinco
años, a los 138.000 millones de pesetas por año, cuando en 1995, por
gestión de aquel denostado señor Borrell, según usted, se alcanzaron
casi 300.000? (Aplausos.) A este ritmo de tortuga, señor ministro, no
llegaremos nunca.
En cuanto a la desalación, me guío por las alternativas que presentan
en este caso miembros del Consejo Nacional del Agua, científicos y
expertos, con un voto particular al proyecto de plan hidrológico
nacional, como usted bien sabe, que dicen: parece muy probable que el
coste final del agua trasvasada sea superior al de potabilizar agua
de mar. Lo dicen los científicos en un
voto particular que se presenta en el Consejo Nacional del Agua.
¿Habremos de dar más crédito a los científicos que a S.S.? Supongo
que en esta materia, sí. Además, se acumula este dato a evidencias
prácticas como que el Club Español de Residuos, en octubre de 2000,
indicaba que mediante la evaporación al vacío, modificando el sistema
energético de plantas de incineración, se puede obtener agua desalada
a un precio de 50-55 pesetas/metro cúbico. ¿O no sabe usted que somos
la segunda potencia mundial en agua desalada por ósmosis inversa,
después de Israel? ¿No sabe usted que en Canarias, de acuerdo con un
informe que me pasan acerca del funcionamiento de las desaladoras, en
algunos casos se está obteniendo agua a 67 pesetas el metro cúbico y
que la media no supera las 117 pesetas el metro cúbico? Es decir, un
precio competitivo e inferior en términos económicos al del trasvase
Ebro-Segura para los usuarios de Murcia y Almería. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, nuestra filosofía tiene mucho que ver en este caso -y
fíjese qué paradoja- con la de alguien a quien usted concederá cierta
credibilidad. En 1996, el Círculo de Empresarios publicó un libro
sobre política y economía del agua en España, en el que decía: el
debate actual pone de relieve los crecientes costes de la política
tradicional -que es la suya- y ofrece argumentos a favor de objetivos
e instrumentos alternativos. El libro explicaba cuál debía ser el
nuevo paradigma, indicando que, para resolver el problema del agua,
había que abordar decisiones eficientes económicamente -le he
demostrado que las suyas no lo son-, razonables medioambientalmente
-tampoco lo son-, factibles políticamente -mucho menos- y equitativas
territorialemente; en su plan no se cumple ninguna de las
condiciones. Hace cuatro años -supongo que también será válido para
hoy-, el Círculo de Empresarios acababa diciendo -fíjese qué ironía,
señor ministro-: en términos generales, y por motivos económicos,
ambientales y políticos, las transferencias entre cuencas deberían
considerarse únicamente como un último recurso. Justamente es lo que
aquí le estamos proponiendo.
Acabo, señor presidente, con dos consideraciones finales. La primera
de ellas tiene que ver con los datos que he aportado sobre la cuenca
del Júcar. Mire, señor ministro, me referí única y exclusivamente a
datos de la Consejería de la Comunidad Autónoma Valenciana para
demostrarle que, sólo con la modernización de la acequia real del
Júcar, se puede obtener un ahorro de 200 hectómetros cúbicos al año;
pero se puede hacer mucho más, y usted lo sabe. ¿Cómo que no tenemos
estudios? Le ofrezco este completísimo estudio de mis compañeros en
la Comunidad Autónoma Valenciana... (Protestas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: En este estudio se demuestra que el
ahorro agrícola puede
deparar en la cuenca del Júcar, en una hipótesis minimalista, ahorros
de 260 hectómetros/año; el urbano industrial, de 34; la reutilización
de aguas depuradoras, extendiendo su reutilización, que ahora es muy
inferior a la necesaria, 59 hectómetros cúbicos -total de ahorro
y reutilización, 353-; manejo hídrico de humedales, 20; captaciones de
aguas subterráneas, 140; desalación y desalobración, 32. Es decir,
que por estas vías iríamos a una utilización de prácticamente 600
hectómetros cúbicos al año, como mínimo.Esto es lo que hay que
discutir a lo largo de la tramitación del proyecto, señor ministro.
Nosotros le proponemos alternativas acordes con la sostenibilidad
ambiental, social, económica y financiera del Plan hidrológico
nacional.
Por favor, señor ministro -y con esto termino-, no haga usted
referencias a la hipotética falta de apoyo de todos los socialistas
al Plan hidrológico nacional, porque debe usted tomar en
consideración la posición que expongo aquí hoy, en nombre de todo el
Grupo Parlamentario Socialista; y debe usted fijarse en esa posición
común, porque nosotros somos una organización democrática y el Plan
hidrológico nacional sí ha tenido una víctima en su partido, el señor
Lanzuela, en Aragón, a quien ni siquiera dejan hablar. Procuren
evitar esos comportamientos autoritarios y comprender mejor la
riqueza de aportaciones que le hace mi grupo porque España necesita
un acuerdo en política de agua... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Caldera, ruego termine.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo. ... que despeje adecuadamente
nuestro futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Lanzuela Marina pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, ¿a qué artículo hace
referencia?
El señor LANZUELA MARINA: Al 71.
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, tiene la palabra por dos
minutos. (Fuertes rumores y protestas.) Un momento, señor Lanzuela.
Señorías, a pesar de las muestras de aprobación o rechazo que SS.SS.
puedan emitir, les recuerdo que es a juicio de la Presidencia la
utilización de estos artículos, y estoy haciendo uso de ese artículo.
(Rumores y protestas.) Señorías, estoy haciendo uso de ese artículo
porque un diputado de esta Cámara ha sido aludido sin tener parte en
este debate. (Rumores y protestas.) Señor Rodríguez Bolaños, señora
López, les ruego guarden silencio y permitan que continúe el debate.
Señor Rodríguez Bolaños, le llamo al orden.
Señor Lanzuela, dos minutos.
El señor LANZUELA MARINA: Señora presidenta, muchas gracias.
En primer lugar, quiero manifestar el honor que me produce poder
hablar por primera vez en esta Cámara.
Como ex presidente de la comunidad, como miembro de dos gobiernos
anteriores en la comunidad, pero sobre todo hoy como aragonés me
siento especialmente orgulloso del ministro de Medio Ambiente que ha
hecho una exposición... (Rumores.) Me siento orgulloso de pertenecer a
un partido que se está ocupando de toda España y, en primer lugar, de
mi propia comunidad. (Rumores.) Algunas de SS.SS. saben que haré lo
imposible para que en la tramitación parlamentaria haya puntos de
acercamiento.
El señor Borrell, amigo desde que él era secretario de Estado de
Hacienda y después ministro, sabe que hemos hablado muchas horas y
estos días le he dicho que estaba dispuesto a tender los puentes que
sean necesarios para el diálogo. El martes tendí un puente invitando
a almorzar al presidente de mi comunidad, al presidente de la
comunidad castellano-manchega, y el presidente de Aragón se negó a
venir. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor LANZUELA MARINA: Señorías, mi salida de la presidencia
regional del partido, después de siete años en los que me he sentido
muy honrado, obedece a un pacto que tenía con la dirección nacional
de mi partido de que a principios de este año la dejaba para
dedicarme íntegramente a la presidencia de la Comisión de Economía y
Hacienda -que tengo en honor en este momento de presidir-, y no tiene
nada que ver con lo que ha dicho la señora Narbona en la Radio
Nacional estos días. (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señor Lanzuela, ha consumido los dos minutos.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
Señor Caldera, ¿puede decir a qué artículo se refiere?
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Al mismo artículo, en atención a
que el señor Borrell y el señor Morlán...
La señora PRESIDENTA: Le voy a dar la palabra, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ...han sido insistentemente citados
por el señor ministro, para que puedan usar la palabra. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
El señor ministro, no sé si porque le ha traicionado el subconsciente
y pensaba que hoy iba a ser quien me enfrentara a él en este debate,
ha utilizado mi nombre para hacer unas críticas a nuestro texto
alternativo. Creo que el señor ministro debiera leerse perfectamente
el texto, línea por línea.
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, le recuerdo que está en un turno
de alusiones. Conteste a las alusiones.
El señor MORLÁN GRACIA: Es que me han aludido a mí. (Fuertes
rumores.)
Señora presidenta, las alusiones del señor ministro se han referido a
mi persona en cuanto que era uno de los que entendía él que debía
haber hablado en este discurso. Señora presidenta, lo que tengo que
decirle al señor ministro es que cuando hable sepa de quién habla,
con quién habla y qué es lo que dice, porque creo que hoy ha
demostrado que no tiene ni idea de lo que lleva entre manos.
(Aplausos.-Rumores.-El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, señor Caldera, desde esta Presidencia se entiende que las
alusiones han sido contestadas por el señor Morlán (Fuertes rumores.)
y que lo del señor Borrell ha sido una mención a su nombre. Entiendo
que el turno de alusiones se da por cerrado. (Fuertes protestas.)
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi Grupo Parlamentario entiende que en un debate del agua
sea más atractiva una interrupción de carácter culinario que el que
en un debate sobre el terrorismo sea atractiva la interrupción
conveniente en relación a las alusiones parlamentarias. De todas
maneras, mi Grupo Parlamentario toma nota de este tipo de actitudes.
Señor ministro, hoy ha estado más afortunado en la réplica, quizá
porque ustedes sigan todavía con la querencia de la oposición
parlamentaria, quizá porque usted siga con la querencia de la
oposición parlamentaria en el Parlamento balear, donde está en
dificultades, o quizá, señor ministro, porque es consciente, en la
presentación de este plan, de que nace muerto. En las condiciones en
las que ustedes han presentado el Plan hidrológico nacional, nace
muerto y nosotros no estamos satisfechos de ello.
Señor ministro, usted no puede decir ante esta Cámara que le basta el
trámite legal de audiencia o de consulta para llegar a un acuerdo en
el Plan hidrológico nacional. Cuando se trata de una cuestión que va
a vincular a los españoles, a las comunidades autónomas, a las
organizaciones sociales y a las fuerzas políticas a lo largo de
decenios, usted no puede sentirse satisfecho
presentando un plan unilateral y que, si sale así, va a ser un plan
impuesto. No se puede decir que hay consulta y que los grupos
ecologistas están de acuerdo, leyendo una parte de su dictamen,
porque no es verdad, ya que los grupos ecologistas, en concreto
Ecologistas en Acción, votaron negativamente el Plan hidrológico
nacional. No se puede decir que se presenta un plan ante esta Cámara
con el acuerdo de la mayoría de las comunidades autónomas, cuando las
comunidades cedentes y el conjunto de las comunidades autónomas no
están de acuerdo con el Plan hidrológico nacional. En el concepto de
la España de las autonomías, no se puede presentar un plan
hidrológico nacional en el que estén unas contra otras o unas frente
a otras. Un plan hidrológico nacional, señorías, no se puede
presentar ante esta Cámara sin un previo proceso de negociación con
las fuerzas políticas. Ustedes no han llamado a ningún grupo
parlamentario de esta Cámara, no han llamado a la mayoría de la
representación popular de este país antes de presentar el Plan
hidrológico nacional. En ese sentido, este plan nace política y
socialmente muerto.
Pero hay otra cuestión, este plan es ecológica y económicamente
inviable, señor ministro. Usted no ha respondido a nuestros
argumentos. Económicamente, ha establecido usted un debate en torno
al precio del agua en relación con el proceso de trasvases o con el
proceso de desalación. Yo le digo, señor ministro, que en ambos
casos, en el caso de los trasvases y en el caso de la alternativa de
desalación, es incierto el precio que ustedes reflejan en sus
documentos. No hay tal; 52 pesetas el metro cúbico no es el precio
real del agua después de estos procesos de trasvase y de desalación.
Mediante medias ponderadas ustedes ocultan costes añadidos, costes
sociales y costes ambientales. Nuestro cálculo, que es bastante
realista y hace inviable para el medio agrario el coste del agua, es
que finalmente el coste del trasvase que ustedes pretenden triplicará
esas 52 pesetas/ metro cúbico. Por tanto, no es un trasvase para los
agricultores, no es un trasvase para el agua de boca en el
Mediterráneo, es un trasvase para otras finalidades: explotaciones
urbanísticas y grandes explotaciones agrarias de carácter intensivo
que hoy están en cuestión en la Unión Europea. Tampoco es viable
desde el punto de vista climático. Señoría, yo le pregunto:
¿Considera usted viable el trasvase, desde el punto de vista
climático, teniendo en cuenta el incremento de 2 a 2,5 grados y la
pérdida del 20 por ciento del caudal? Si hace caso de su artículo 17,
usted no puede trasvasar nada, porque para el momento de eficacia del
trasvase, usted no tendrá agua excedente que trasvasar debido al
cambio climático. Luego el plan, además de nacer muerto, es inviable
económica y ecológicamente.
Pero además, señor ministro, no me ha respondido a una cuestión que
para mi grupo es muy importante: la credibilidad del plan. Este plan
está bajo sospecha, señor ministro. Recientemente, el Ministerio de
Hacienda ha tenido que subsanar una irregularidad en
su Ministerio, la irregularidad de la firma de un trasvase por una
persona que no estaba capacitada para ello. Respecto a los ex altos
cargos que han tenido algo que ver en esta materia, le pregunto,
señor ministro: ¿Ha abierto usted un expediente informativo por
incumplimiento de la Ley de incompatibilidades y por incumplimiento
de la Ley de contratos del Estado en su Ministerio? ¿Ha abierto usted
el expediente informativo correspondiente? Porque eso es lo que da
credibilidad al plan y da credibilidad a los intereses públicos
frente a los intereses privados. Yo le sigo diciendo, señor ministro,
que los intereses privados entran en colusión con los intereses
públicos en el plan que usted presenta ante esta Cámara. Me tendrá
que responder a esas preguntas de una vez, porque se las he hecho en
la primera intervención, y ya que usted me hace preguntas a mí, yo me
permito también hacérselas a usted.
Señor ministro, en relación al déficit y a la oferta, usted ha
preguntado a mi grupo parlamentario sobre los embalses. Resulta que
no se han leído la enmienda alternativa. Nosotros no somos tan
ambiciosos como para presentar un plan alternativo. Sabemos que tiene
que haber un proceso de diálogo, de negociación y una elaboración
técnica. Nosotros no queremos pecar de falta de modestia y en este
caso hemos presentado unos criterios alternativos. Usted tiene en
nuestros criterios alternativos los embalses que no queremos.
Supresión de grandes embalses innecesarios, aparece en el capítulo.
Se dice en concreto: Irueña, Castrovido, Melonares, Monteagudo, entre
otros grandes embalses que nosotros hemos considerado que no son
necesarios en este Plan hidrológico nacional. Ya que usted me
pregunta, yo le respondo, pero le requiero que responda también a mis
preguntas.
En cuanto al déficit y al exceso de oferta de que usted habla,
nosotros nos apoyamos en un modeloalternativo, la gestión de la
demanda. En ese sentido, le decimos ya claramente que su propuesta de
aumentar la oferta de agua al Mediterráneo ha supuesto ya nuevas
demandas, en concreto en contra de criterios de su propio proyecto de
ley. Ya hay nuevas demandas y han provocado ustedes nuevos regadíos
ilegales, se lo digo claramente. Desde que ustedes han anunciado que
aumentan la oferta de agua, han provocado nuevos regadíos ilegales,
han aumentado la demanda en contra de su propia ley, han provocado la
expectativa de una nueva expansión urbanística, un millón más de
viviendas en el Mediterráneo, y han provocado también el espejismo de
que se va a mantener el actual modelo agrario, cuando la Unión
Europea está cuestionando un modelo agrario intensivo y está
proponiendo que se cambie ese modelo agrario y va a ser beligerante
con él. Están engañando a los ciudadanos del Mediterráneo, están
engañando a los agricultores y están engañando al conjunto de los
españoles.
Termino repitiéndole lo que he dicho: usted es consciente de que su
plan, en estas condiciones, nace muerto;
usted es consciente de que económica, social y ecológicamente
este plan es inviable; usted tiene que aclarar que este plan no tiene
nada sospechoso, señor ministro, y usted, en definitiva, debe retirar
el plan y dar una nueva oportunidad al diálogo y al desarrollo
sostenido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de nada, creo que usted ha inducido en su intervención a que se
pudiera creer que Ecologistas en Acción está de acuerdo con este
proyecto. Le agradecería que rectificara, porque la posición de
Ecologistas en Acción ha sido una posición absolutamente en contra
del proyecto, reconociendo que ha habido ligeras mejoras. Solamente
quiero decir una cosa, señor ministro, y es que yo creo que a usted
el texto alternativo del PSOE le ha ido muy bien. En mi intervención
inicial he dicho que nosotros no votaríamos el texto alternativo del
PSOE. ¿Por qué? Porque el modelo que usted propone y el suyo es el
mismo. Discuten sobre los instrumentos, pero aceptan dos cosas: los
déficit estructurales y la necesidad de dar más agua. Entonces,
discutimos aquí sobre si son mejor las desaladoras, los trasvases o
los medios trasvases. El problema es que hay que cambiar este modelo.
Señor ministro, usted dice que no está de acuerdo conmigo cuando
planteo que no se puede aceptar el concepto de cuencas deficitarias o
excedentarias, pero no es que lo diga yo, sino que la directiva
europea ha desechado hablar de cuencas deficitarias y de cuencas
excedentarias, porque, señor ministro, si hoy hay cuencas
deficitarias es fundamentalmente por la sobreexplotación de los
acuíferos y llevando más agua allí dentro de muy poco van a volver a
tener más déficit de agua. Por lo tanto, hay que discutir de acuerdo
con la directiva europea, que ya no habla de cuencas deficitarias,
y por eso le decía yo que no se puede decir que Madrid tiene déficit de
playa o Barcelona déficit de sierra. Su proyecto incrementa los
desequilibrios territoriales, es insostenible ecológicamente y
degrada determinadas zonas territoriales. Por consiguiente, retire su
plan, relea la directiva europea, que no está hecha por ecologistas
pero que sí que plantea un cambio de 180 grados en relación con lo
que hasta ahora han sido las políticas de agua en España y en la
Unión Europea. Por lo tanto, retire el texto y asuma usted que
también en España es necesario un modelo sostenible en cuanto a la
política del agua.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor ministro, tomo en consideración que el que
usted se equivocara conmigo y con el partido me parece muy bien
porque que no tiene nada que ver lo que hace el alcalde de El Ejido
con el señor Aznar, es decir, los dos están en la misma historia,
pero cada uno tiene una actitud.
En segundo lugar, yo querría aclarar una cosa importante, porque
siempre nos hemos quedado a medias cuando yo le he preguntado y usted
me ha contestado sobre el pacto del agua. Usted está siempre
preguntando si estamos o no estamos de acuerdo con el pacto del agua.
En Aragón, previendo que iba a venir un trasvase el día menos
pensado, se reunieron las fuerzas políticas e hicieron un pacto del
agua diciendo que hasta que no se acaben las obras prometidas y que
nunca se han hecho, hasta entonces, no habrá trasvase. Ese es un
planteamiento importante. Entonces no estaba la Chunta Aragonesista
allí, pero no estamos en contra del pacto del agua. Estamos en contra
de algunos grandes pantanos: primero, el de Yesa, que sigue
existiendo, con un gran peligro para las localidades navarras.
Segundo, el de Biscarrués, que va a destrozar uno de los paisajes más
emblemáticos de Aragón. Es como si en Cataluña les dijeran que les
iban a poner un embalse al pie de Montserrat. Seguro que los
catalanes se levantarían y darían un grito diciendo que no. Porque el
paisaje queda muy bonito con agua, pero cuando llega el verano y baja
el agua, lo que queda es un enorme barrizal. Tercero, estamos en
contra del pantano de Santaliestra, que también está peligrando. Sin
embargo, estamos a favor de muchas presas y muchos pantanos que el
Ministerio de Fomento y ustedes, sobre todo el Ministerio de Fomento,
siempre los van retrasando; pantanos con los que nadie está en contra
y que serían muy satisfactorios para todo Aragón.
Usted dice que el agua del Ebro no se toma en la zona de Aragón
-efectivamente, se va a tomar abajo- y siempre hablan del embalse de
Mequinenza. Usted sabe precisamente que el embalse de Mequinenza es
un embalse hidroeléctrico y que no se puede tocar. Para que el
embalse hidroeléctrico de Mequinenza no baje de caudal, hay que hacer
esos 100 embalses que se vaticinan en el plan hidrológico, y la
mayoría de esos 100 embalses se van a hacer en la provincia de
Huesca, porque, a pesar de que usted diga que el Ebro está poco
regulado, lo que sí están muy regulados son sus afluentes de la
izquierda -el Aragón, el Gállego, el Cinca, el Segre, el Noguera
Ribagorzana y el Noguera Pallaresa-, algunos de los cuales están tan
regulados que han desaparecido bajo la urbanización, es decir, hay
algún río, como el Noguera Pallaresa, que ya casi no existe.
Entonces, no diga usted que el agua no se coge. El agua se coge en
Aragón, lo que pasa es que no se va a coger en Zaragoza, se cogerá
más abajo, se tomará más abajo, pero qué va a pasar cuando venga la
bajada del Ebro.
Porque usted dice que este año hay mucha agua. Usted sabe que este
año hay agua en todos los lados. Yo vi el otro día la vuelta ciclista
a Murcia y me preguntaba: ¿pero por qué piden agua en Murcia si los
ríos van llenos de agua? Le digo lo mismo a usted. No me diga que el
delta del Ebro lleva agua. Yo he estado en la ZUR de Xerta y he visto
cómo estaba justísima repartiendo agua a los dos canales de la
extrema derecha y la extrema izquierda. Si ahora va usted allí, hay
agua por encima de toda la ZUR de Xerta y si se descuidan, va a
llegar otra vez a aquella cota, hasta la iglesia de Xerta. Es que
estas cosas hay que verlas a lo largo de años y no ahora. Porque,
como le digo, en la vuelta ciclista a Murcia se veía muchísima agua
por el canal y, entonces, podríamos decir eso. Pero eso es una
falsedad, como usted ha dicho muchas falsedades a lo largo de su
intervención.
Nada más. Muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias, señora
presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, ha dejado muy
claro usted en su intervención que, si el caudal ecológico o caudal
mínimo -seamos más correctos- bajase, en el caso del Ebro, de los
3.150 hectómetros cúbicos, no habría trasvase. Hay una conclusión que
podemos extraer de este debate de hoy y es que el efecto de cambio
climático es un efecto real, que va a reducir progresivamente las
precipitaciones. Es evidente que los ciclos de cambio climático son
largos, son muy largos, pero estaremos de acuerdo en que habrá un
cambio climático y que con el cambio climático las precipitaciones y
las lluvias van a reducirse y va a subir la temperatura; mínimamente,
pero va a subir. Esto está demostrado, está comprobado, y todos
estaremos de acuerdo.
Dígame usted, si el Ebro baja de este caudal, ¿qué va a pasar con
Murcia, con los regadíos de Murcia y qué va a pasar en Almería? Lo
que hay que hacer es adelantarse a los tiempos. Y le decía yo en la
exposición inicial que hay que preparar un plan hidrológico para el
cambio climático. Ustedes están haciendo un parche y nosotros estamos
convencidos de que no se va a llegar a su consecución total. No hacen
ninguna prevención de lo que puede pasar. Contésteme, señor ministro,
qué va a pasar cuando el Ebro baje de su cauce.
Segunda cuestión. Dice: la ley garantiza que no habrá extracciones,
que no habrá trasvases -meses de verano- cuando el caudal mínimo baje
de la cifra acordada ¿Qué Parlamento, qué Gobierno, qué Ministerio es
capaz de aguantar la presión social de las regiones, de las
provincias, de los territorios, cuando el agua
escasee? Dígamelo usted. ¿Qué Gobierno, qué Ministerio, qué partido
aguanta la presión social de los regantes de una zona que tienen sus
cosechas, que tienen su planteamiento, cuando la sequía aceche? No va
a cambiar la ley, no va a cambiar la normativa. Lo que va a hacer es
bajar el caudal. Así de fácil. Si son 3.150 hectómetros cúbicos, los
bajarán a 2.100, o a los que sean. Esta es la trampa, esta es la
trampa del Plan hidrológico nacional, señor ministro. Usted lo sabe.
Así se hizo en la sequía de 1995 y así lo van a hacer ustedes. Ningún
Gobierno va a aguantar la presión social. Prepárense para el cambio
climático. Adapten el plan para cuando escasee el agua y no hagan un
parche irrealizable, que -ustedes lo saben muy bien-, por costos y
por contradicciones, no se va a llevar a cabo.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras
diputadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, cuando en su intervención se ha dirigido a mí, me ha
hecho, deduzco, dos preguntas, muy simples: que Andalucía coge
muchísimo dinero, no sé cuánto ha dicho usted, 700.000 millones, y
que si queremos trasvase en Almería o no. Y a mí me parece que
o usted no me ha entendido o yo no me he sabido explicar. No estamos
ante un lo toma o lo deja. El plan hidrológico tiene tantas
cuestiones dentro que no es un problema de decir sí o no. Sí o no a
una primera cuestión, al dinero, por ejemplo. En Andalucía, estamos
muy acostumbrados a decir que lo seguro es lo comido. Si Andalucía
hubiera recibido el dinero que dicen los muchos proyectos y los
muchos planes que existen en este país, a lo mejor no estábamos
hablando de lo que estamos hablando. Que si quiere 700.000 millones o
no. Primero, yo no sé si es esa cifra o no, posiblemente sea esa
cifra la del anexo cuantificado, pero lo que hemos preguntado es cómo
se divide eso, qué compromisos hay, cuáles son las prioridades, qué
costos tiene. No estamos buscando cantidad de obras. Estamos
planificando hidrológicamente este país.
Lo mismo le digo del trasvase. Naturalmente que son necesarios los
trasvases, desde nuestro punto de vista. Hay una España seca y una
España húmeda, pero, dentro de Andalucía, hay también una Andalucía
seca y una Andalucía húmeda. Nosotros también apostamos, por
solidaridad interna, por trasvases internos, como le he dicho.
Asumiendo los costos que hay que asumir: que siempre que hay un
trasvase, hay un costo; que siempre que hay un flujo entre cuencas,
hay un desarraigo. Y que, por tanto, hay que guisarlo, hay que
consensuarlo, hay que negociarlo.
Usted me dice que, en vez del trasvase del Tajo, se va a negociar el
del Guadiana internacional. Mesas técnicas habrá, para decir de dónde
es más rentable traer el agua, si del Guadiana, de donde está usted
diciéndome, o más para la izquierda o más para la derecha. Le decía
que desde los estudios parece que, mientras más alta llega, mejor. Y
si el agua llega a la altura más superior de la cuenca del
Guadalquivir, mejor. Porque, como ya he dicho, el agua tiene una
puñetera manía, que es ir siempre cuesta abajo. Por tanto, cuanto más
arriba la captemos, más barata será luego la distribución.
Señor ministro, la posición andalucista que le quiero transmitir es
clara, es cuestionar una serie de principios que usted ha dicho que
cumple todo el plan -nosotros así no lo entendemos pero dialogaremos-
y un método, un método que es el consenso. No me hable usted de un
plan donde todas las aguas residuales están aprovechadas, porque yo
miro a Andalucía, miro a la Costa del Sol, y todavía ahí queda
muchísimo por hacer, no sólo de plantas de reciclaje, sino, además,
de aprovechamiento de esas aguas, que no están, señor ministro, que
no están, hoy por hoy. Y, si quiere usted, hablamos de cosas
concretas, de qué pasa con la Costa del Sol o qué pasa con los
impactos en las aguas de algunos emisarios submarinos que hay
todavía.
Por tanto, simple y llanamente, este plan no está guisado. Esto
requiere reflexionar sobre los principios, reflexionar sobre la
filosofía y reflexionar sobre el método de consenso. No se trate de
simplificar a trasvase, sí, trasvase, no, y de qué cantidad; o a
dinero, sí, dinero, no, y cuánta cantidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta. Muy brevemente.
Quiero agradecer al señor ministro la mención de alguna de las
cuestiones que yo he expuesto en mi intervención, pero siento decirle
que no entendí bien sus argumentos.
El señor ministro hace referencia, para justificar la no inclusión en
el plan de los regadíos de Lemos, de Terra Cha y de Alimia, a que
hablamos de regadíos en alta o en baja, que se acogerían al parecer a
planes distintos. Según el criterio del señor ministro, estos
regadíos no entrarían en este plan, sino en otro. Para nosotros, el
problema es que ni en un plan ni en otro. Esos regadíos nunca se
abordan. Y esa es la única realidad. También justifica la escasísima
inversión que contempla este plan en Galicia en función de las
competencias sobre las cuencas. La pregunta que yo me hago es la
siguiente: ¿No es la cuenca básica, fundamental, en Galicia, la del
Miño-Sil? Y, sobre esa cuenca, ¿quién
ejerce las competencias? Por tanto, no me diga que eso es lo que
justifica que las inversiones en Galicia estén deflactadas o que haya
que contemplarlas así. Aprovecho para decirle, señor ministro, que,
en inversiones de este tipo, en inversiones de infraestructuras,
etcétera, desgraciadamente, en Galicia, siempre estamos deflactados.
No nos deflacte más de lo necesario.
En todo caso, a pesar de sus amables explicaciones, nosotros creemos
que este plan incide en llevar adelante una determinada orientación
política, que prioriza el desarrollo económico y social en
determinadas zonas del Estado. Ello hace que sus explicaciones no nos
hagan variar nuestro criterio de que estamos ante un plan que va a
incrementar los desequilibrios territoriales, un plan que
probablemente les dé votos -yo supongo que sí que se los dará-, pero
un plan que es poco adecuado, desde el punto de vista medioambiental
y de desarrollo, sobre todo racional y sostenible.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, voy a responder brevemente a las cuestiones que se han
planteado. Y quiero, una vez más, reiterar la oferta de consenso que
hemos hecho históricamente a todos los partidos de esta Cámara y, en
concreto, al Partido Socialista.
Desgraciadamente, el señor Caldera no ha contestado prácticamente a
ninguna de las preguntas que le he hecho, excepto a la pregunta del
ahorro. El señor Caldera me dice que el ahorro que va a obtener de la
cuenca del Segura es el arreglo de la conducción de la acequia. Eso
quiere decir que o el señor Caldera no ha entendido absolutamente
nada de lo que yo le he dicho o no ha podido interpretar los papeles
que le han pasado. Insisto, el plan hidrológico prevé la solución del
problema del conducto de la acequia, que permite ahorrar 240
hectómetros. Lo que sucede es que los que hicieron este proyecto del
Partido Socialista no contaban con que el plan hidrológico exige que
ese agua se destine a Albacete, Alicante y Vinalopó. El señor Bono
debió leer este texto y llamó inmediatamente poniendo el grito en el
cielo y diciendo que este ahorro de agua tenía que ir destinado a
regadíos en Albacete. Por tanto, este ahorro, si no se hace a costa
de los regadíos de Albacete, sólo se puede hacer a costa de secar la
Albufera de Valencia, con lo cual no hay ahorro posible y ya nos
hemos cargado el principio básico del plan hidrológico alternativo
del PSOE. Ya pueden ustedes empezar a construir el trasvase y a decir
dónde lo construirán. Es así de sencillo. ¿Aguas depuradas en el
Segura? Naturalmente que faltan aguas depuradas. Faltan, porque los
ayuntamientos,
que son los competentes, y las comunidades autónomas, como
responsables subsidiarios, en España no han llevado a cabo este tipo
de obras. Por eso, el plan hidrológico nacional prevé 500.000
millones de pesetas en obras, en materia de depuración y de
reutilización de aguas, para ayudar a los ayuntamientos y a las
comunidades autónomas a hacer esas obras. Y nuestro plan hidrológico
contempla toda la reutilización de estas depuradoras, las construidas
y las que se van a construir. Por tanto, no hay ninguna posibilidad
de sacar más agua que la que entra en la depuradora, con lo cual la
otra fórmula, que es la de la depuración, también queda invalidada.
Si ustedes dicen que necesitan 1.000 hectómetros y ya hemos
invalidado el ahorro y la reutilización, sólo nos queda acudir a la
desalación. Y sigo insistiendo en que desalar 1.000 hectómetros
cúbicos de agua consume el doble de energía y produce el doble de
contaminación, 2,5 por ciento, que lo que pueda consumir el trasvase.
Producen ustedes más de dos millones y medio de toneladas de CO2 en
la atmósfera, con la implicación que tiene esto en el cambio
climático.
No confundamos la decisión de California con el banco de ahorro de
Murcia. ¡Hasta aquí podíamos llegar! La solución de California se
trata de un ahorro que se produce con una regulación que es del 60
por ciento, cuando en España es del 45 por ciento y cuando en
California existen trasvases por más de 900 kilómetros de longitud y
que trasvasan al año más de 13.000 hectómetros cúbicos. Los ahorros
en California, con base a un banco hipotético de agua, podemos
establecerlos, siendo muy optimistas, en un 5 por ciento del total.
Ustedes están hablando de 150 sobre 180. A no ser, como me ha dicho
el señor Caldera, que dice que el agua aportada del Segura no es de
180, sino de trescientos y pico. ¿Dónde están los diputados y
diputadas de Castilla-La Mancha? Resulta que la diferencia que va de
la aportación propia de los 180 a los trescientos y pico es el Tajo-
Segura, con lo cual quizás el Partido Socialista esté proponiendo que
el banco de agua compre y venda agua del trasvase Tajo-Segura. Me
gustaría conocer la opinión del señor Bono y de los diputados de
Castilla-La Mancha sobre que ese banco de agua actúe sobre los 300
hectómetros, que son los 180 de aportación propia más la aportación
del Tajo-Segura. Quisiera conocer esa opinión, sinceramente.
Yo no he dicho nunca«el denostado señor Borrell». Nunca. Al
contrario, he reconocido -y ahora haré mención a él- que tuvo la
valentía de presentar un proyecto que -equivocadamente, desde nuestro
punto de vista, porque era un proyecto que contemplaba 13 trasvases y
210 presas- afrontaba la solución de un problema histórico en España.
Huelga, sinceramente, hablar de inversiones antes del año 1995.
Huelga, porque los ciudadanos de Aragón saben cuántas inversiones
recibieron antes de dicho año. Antes del año 1995, sólo se adjudicó
una obra en Aragón, de una cierta
importancia, que es la presa del Val. Nosotros ya hemos adjudicado
Yesa, Biscarrués y Santa Liestra. En cualquier caso, no tiene que ser
una excusa. Tiene que ser la voluntad de solucionar los problemas.
Quiero dejar claro, una vez más, que el agua sólo se cogerá cuando
sobre.
Señor Labordeta, igual que usted me lo pide a mí, yo se lo pido a
usted. Usted está diciendo algo que es incierto. Usted está diciendo
que nosotros construimos embalses en cabecera para hacer el trasvase.
Usted sabe que esto es falso. Y la ley lo pone. Le ruego también que
clarifique esto y diga a los ciudadanos de Aragón que no se hace ni
una sola obra de regulación, ni un solo embalse en Aragón, por culpa
del trasvase. El trasvase -como usted sabe perfectamente- sólo tiene
que estar regulado en la desembocadura y gracias, efectivamente,
a Mequinenza. Y es falso que no esté analizada técnicamente y de forma
exhaustiva la posibilidad de que este embalse pueda gestionar y
garantizar las necesidades medioambientales del río, garantizado el
trasvase. No es necesario, porque así lo pone la ley, que se
construya ningún otro embalse para hacer este trasvase.
Quiero decir con todo respeto al señor Saura que no es cierto que no
haya ninguna referencia en la directiva a los conceptos que él dice
de cuenca deficitaria y excedentaria. Me gustaría que, en otra
ocasión o, si puede, que me lo haga llegar personalmente, me dijera
en qué artículo se hace referencia a esto que él dice, porque no es
cierto. Todas estas cuestiones están analizadas exhaustivamente,
exhaustivamente, repito, en el libro blanco del agua y yo quiero
recomendarle su lectura. Quiero también aclarar que en el Consejo
Nacional del Agua, por mandato expreso de la Comisión, se estudió
específicamente el tema de los regadíos ilegales en la cuenca
cedente, que se concluyó que, en todos los casos, podía rondar el 2
por ciento. En cualquier caso, el Plan hidrológico nacional quiere
garantizar su erradicación y bajo ningún concepto fomentar una
política basada en el consumo ilimitado del agua, que -coincido con
todos ustedes- no puede ser la cultura del agua en España. Sólo
garantizamos la atención de demandas hoy existentes inatendidas. Por
eso, nosotros trasvasamos 1.050 hectómetros y no proponemos trasvasar
4.000, por eso prohibimos expresamente en la ley la creación de
nuevos regadíos.
Señor Llamazares, el Consejo Nacional del Agua no lo hemos hecho
nosotros. Es el órgano preceptivo que establece la ley de consulta
previa al debate en las Cámaras y en este Congreso. No lo hemos hecho
nosotros y hay una amplia representación social. Todo el mundo ha
podido exponer lo que ha querido y al final ha habido un amplio
apoyo. No he querido decir - quiero decirlo públicamente- que los
ecologistas votaron en contra del proyecto. No es menos cierto que
estuvieron a punto de abstenerse. Lo único que les he leído es el
voto particular que ellos han expresado en su grupo, un voto
particular en el cual reconocían que
se había hecho un trabajo importante y que se había mejorado
sustancialmente el proyecto. Yo siempre he reconocido, públicamente,
que este proyecto ha sido mejorado de forma sustancial gracias a esa
labor; incluso 14 embalses se suprimieron del proyecto inicial.
No sé que relación tiene la desalación con el trasvase, pero es
igual, no estoy de acuerdo. Son 52 pesetas. El cálculo está bien
hecho. No se puede triplicar este concepto. Si se produjera la
catástrofe del cambio climático en este país, si se produjera, tal
como los diagnósticos más agoreros aventuran, el menor problema que
tendríamos sería el del agua de los ríos. Tendríamos muchos más
problemas. Creo que esto nos tiene que preocupar en serio. El mundo
nunca se puede permitir llegar a esos escenarios y en esas
condiciones. Yo estoy convencido de que así será. Por eso necesitamos
el compromiso de todos los países y de todas las administraciones,
para evitar que este cambio se produzca.
Me merece total credibilidad la actuación del anterior equipo del
Ministerio de Medio Ambiente. Es un tema que está sub júdice, por lo
cual yo le pido respeto, pero, como ministro, le puedo garantizar que
nosotros tenemos toda la garantía de que se obró perfectamente. ¿Qué
podemos hacer? Además de insistir en esta absoluta convicción de que
las cosas se hicieron correctamente en la etapa anterior, dejar que
los tribunales actúen y dar todas las facilidades que podamos por
nuestra parte, porque estamos seguros de que al final nos darán la
razón. Yo no puedo decirle nada más. No es que no quiera contestarle,
todo lo contrario.
Uno de los proyectos con los que ha dicho que no estaba de acuerdo es
Melonares. Vuélvalo a analizar, porque Melonares lo ha aprobado la
Unión Europea. Melonares es un proyecto emblemático y es un ejemplo
de muchas de las obras que vamos a tener que llevar a cabo en este
país, en muchos de los embalses. ¿Por qué? Porque son obras de más de
7.000 millones de pesetas de inversión, donde la obra civil sólo
representa unos 3.000 millones de pesetas y, en cambio, las medidas
compensatorias suben más de 4.000 millones de pesetas. Y ha sido un
proyecto que ha aprobado la Unión Europea.
He leído el pacto del agua y lo que exige es que se hagan las obras.
La interpretación final del pacto del agua la dejaremos en el aire.
Está claro que usted está en contra de Biscarrués de Santa Liestra y
de Yesa, y yo tengo el derecho de preguntar si los ciudadanos que se
movilizan en estas manifestaciones, que son muy respetables y que
tienen mucha carga de razón en sus demandas, están de acuerdo con
usted en que estas tres obras no se hagan o si quieren que se hagan.
Usted comprenderá que yo tenga derecho a saberlo y a preguntarlo.
Que en Murcia no hay agua, señor Labordeta. ¿En Murcia no hay agua?
¿En Almería no hay agua? Dígaselo a todos los murcianos y a todos los
andaluces que hay aquí. En Murcia no hay agua. Tenemos los embalses
en un 30 por ciento, incluyendo parte del agua del trasvase. Si
deflactamos el agua del trasvase, estaremos hablando por debajo de un
20 por ciento. En Murcia no hay agua, en Alicante no hay agua. En
Barcelona capital, el señor Clos sabe perfectamente que tiene
problemas de agua, lo sabe perfectamente.
La prueba, la experiencia, es la del Tajo-Segura. El Tajo-Segura no
siempre ha trasvasado la totalidad de las aguas. Hay una comisión
técnica de desembalse, que es la que aprueba la cantidad de trasvases
que se tienen que realizar, por mucha sequía que pueda haber en otro
lugar. Es la que tiene que garantizar esto. En cuanto a las
inversiones en Andalucía y la pregunta que yo le hacía, que era la
otra que me parecía muy importante, es que gran parte de sus
compañeros lo que proponen es un trasvase, no, como usted dice, del
Tajo, sino del Guadiana internacional. Le ruego que recapacite sobre
esto, porque nosotros hemos establecido un cierto acuerdo en estudiar
este tema. Ellos se inclinan mucho más por esto y son los
representantes de las comunidades de agua de Andalucía, incluso la
propia Junta de Andalucía. Esa era la tercera pregunta. Y
efectivamente, hay inversiones en Galicia, e importantes, y Galicia
tiene una cuenca interna. Y en las comunidades donde tiene una cuenca
interna, se deflacta esta situación.
No quiero entrar en las distintas declaraciones de representantes
políticos, y sería muy fácil, del Partido Socialista, en Murcia, en
Valencia, en Almería, poniendo en tela de juicio esta unidad de
mensaje que ustedes se atribuyen. No vale la pena, sinceramente. Sí
vale la pena intentar buscar puntos de acuerdo e intentar evitar los
enfrentamientos.
Para finalizar mis palabras, me tienen que permitir que les lea un
párrafo que me parece importante, en el que creo y que suscribo
totalmente. Dice: El plan es una gran ocasión para hacer política de
Estado. Habrá grupos regionales, sumidos en el regional populismo,
que cultiven el ombliguismo, el agravio. Habrá quien se dirigirá a
las vísceras de la gente para presentarles el plan como un atentado
contra su futuro, cuando realmente es la forma inteligente de
construir el futuro de todas las partes del territorio español. A
nadie, en ninguna zona, se le va a privar del agua que necesita.
Sobra agua. Lo que falta es responsabilidad para movilizarla de forma
que beneficie a todos. Josep Borrell. 3 de enero 1993. Estoy
totalmente de acuerdo. (Aplausos.) Totalmente de acuerdo y
públicamente quiero reconocerle estas palabras y su esfuerzo, sin
querer entrar en ningún tipo de polémica, sino todo lo contrario.
Quiero agradecer también la colaboración del Partido Popular, de sus
miembros, diputados y diputadas de esta Cámara, que me han ayudado a
elaborar este proyecto. Quiero agradecer al Partido Nacionalista
Vasco, independientemente de cuál sea el sentido de su voto, de forma
especial su colaboración dentro del ConsejoNacional del Agua,
haciendo aportaciones y propuestas
que pudieran enriquecer y mejorar el proyecto; insisto,
independientemente de cuál sea el sentido de su voto. Les ofrezco una
vez más nuestra predisposición, a través de las enmiendas parciales
de este proyecto, si hoy se rechazan las enmiendas de devolución, a
intentar recoger sus propuestas y sus sensibilidades. Quiero
agradecer expresamente a Coalición Canaria su colaboración en este
proyecto, el acuerdo que hemos alcanzado, no sólo como con muchas
otras comunidades autónomas de todos los signos políticos en las
cuestiones referentes a sus propias inversiones y a la implicación
propia de su comunidad autónoma en este proyecto, sino la
consideración y la aportación global a un proyecto nacional como es
este proyecto de Plan hidrológico nacional. Naturalmente, al Grupo de
Convergència i Unió quiero no sólo agradecerle su predisposición,
sino decirle que voy a esperar su turno de intervención para poder
contestar adecuadamente. Pero creo que estoy en condiciones de decir
que el Partido Popular va a garantizar un principio de acuerdo con
Convergència i Unió en este proyecto, que espero que pueda
demostrárselo y reiterárselo tanto en mi turno de respuesta a su
intervención personalmente, como a lo largo de la tramitación de las
enmiendas. Creo que es una buena noticia el que hoy podamos anunciar
aquí, y en este sentido yo se lo pueda demostrar, que existe un
principio de acuerdo entre Convergència i Unió y el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, estamos hablando, sin duda, en un debate importante de un
recurso tan escaso como es el agua, seguramente tan escaso como el
tiempo, por eso voy a ser breve en fijar la posición de mi grupo y
hacer una pequeña reflexión sobre cómo hemos visto nosotros el debate
a lo largo de esta mañana.
Es muy difícil encontrar un nivel de consenso en un tema tan polémico
cuando lo que se discute es cómo repartir un recurso sin duda escaso.
Encontrar el consenso es un proceso complejo, y sólo se da en el tema
del agua después de un largo proceso y después de que la racionalidad
y una visión responsable, rigurosa y solidaria, se imponga sobre
intereses particulares por muy legítimos que sean todos ellos. Cómo
construir el interés general, en este caso del territorio peninsular,
es un proceso, repito, complicado y difícil que necesita actos como
el de hoy, votaciones como las de hoy, leyes como la de hoy y la
continuidad del diálogo habido. Necesitará un proceso relativamente
largo, pero el acto de hoy, la aprobación de esta ley me parece que
es un paso que
sin plantear que esta ley sea perfecta, avanza en la dirección de
irla corrigiendo no sólo en el trámite de enmiendas, sino en el
proceso de aplicación de la ley.
Hago esta reflexión porque los canarios, señorías, ya hemos vivido
esta experiencia. A pequeña escala los canarios hemos vivido la
experiencia del drama del largo conflicto del agua, y lo hemos vivido
antes porque nuestra escasez es mayor. Nuestro territorio tiene
problemas de agua mucho más graves que los que tiene el territorio
peninsular, y lo hemos vivido antes por eso. Los crecimientos de
población y los crecimientos de la actividad económica han aumentado
la demanda, mientras que las cantidades de producción más o menos se
mantenían. Les quiero comentar muy brevemente, porque nuestra pequeña
historia puede ser un elemento de reflexión general a los pueblos de
España, que nosotros hemos vivido la batalla del canal del trasvase,
que llaman del trasvase sur-norte, en una isla, y ha sido una batalla
muy dura, porque les quitábamos el agua a una cuenca, a unos
agricultores, para entregársela a otra. Ahí lo que se debatía era qué
agricultura teníamos posibilidades de desarrollar y si era rentable
el precio del agua, porque el gran debate que hay aquí también con
respecto a los grandes consumos de agua, que son los agrícolas, es
qué futuro tiene la agricultura española en la política agrícola
común. Esa reflexión hay que introducirla. No vamos a seguir
reduciendo todos de todo. Hay que especializar, especializar
territorios, y no es posible pensar que hay territorios que quedan un
poco más desiertos porque tienen un clima continental fuerte y las
posibilidades agrícolas de ese territorio no son las adecuadas y hay
que ir más a la planificación forestal, como aquí se ha planteado
esta mañana.
Hemos vivido no sólo ese debate sino que también vivimos lo del
dominio público del agua sobre los temas de las aguas subterráneas
con la ley anterior. Eso supuso la crisis gravísima de un gobierno en
Canarias. Un debate sobre propiedad e interés público, concepción del
dominio público, nos llevó a un conflicto complicadísimo. Pero
también descubrimos que en un territorio como Canarias, de una alta
rentabilidad en el sector turístico, necesitábamos plantas
desaladoras y apostamos por ellas. Y las islas, que apostaron antes
por plantas desaladoras, tienen en este momento soluciones de ese
tipo.
Hace falta trasvases, plantas desaladoras y equilibrios en el
conjunto de la producción, de la demanda, de la oferta y de los
intereses de unos y de otros, pero todo ese proceso es muy complejo.
Porque en el debate del agua no sólo hay intereses sino que hasta hay
subconscientes colectivos acumulados durante siglos. En Canarias ha
habido debates hasta sobre el dios Garoé. Los ríos son los dioses. El
dios Nilo... Cuando uno tropieza con la divinidad, y la divinidad te
protege, difícil es establecer los intereses; o cuando uno saca a la
Virgen para que llueva. Cuando uno tiene, por un lado, la divinidad
que protege tus intereses y, por otro lado, los
que quieren quitártelos, la irracionalidad domina el debate. En
Canarias lo hemos sufrido. Cuando las ciudades incrementaron el
consumo de agua se abrió un debate que aquí también se ha planteado.
Esto se produjo hace años. Repito que no somos adelantados por ser
más inteligentes, por supuesto que no, somos adelantados porque los
recursos eran escasos. El debate de las ciudades era cuánta agua hay
que producir por la desalación, cómo reciclarla y qué contaminación
produce eso. Nosotros teníamos y tenemos barrios en la ciudad de Las
Palmas donde la desaladora está produciendo problemas muy graves en
la ciudad porque el precio de la desaladora, como se ha planteado
aquí, tiene mucho que ver con el tipo de combustible que se usa. Un
fuel barato, según los precios que ha dado anteriormente el portavoz
del Grupo Socialista, es altamente contaminante.
También está el tema de la nueva cultura del agua, que es sobre lo
que resulta obligatorio que la sociedad española reflexione. Y es que
las aguas hay que reciclarlas, y el agua producida en la desalación,
si se utiliza una tecnología un poco más cara, es reciclable y otras
no, y la reciclabe puede ir dirigida a consumos agrícolas. No se
puede regar el campo a manta sino que hay que aprovechar el agua con
tecnologías intensivas, que son distintas a las que se usan en
general en España. Uno puede desalar agua si los ciudadanos entienden
que el agua le puede costar entre 150 y 200 pesetas el metro cúbico y
no se lo regalan los ayuntamientos, como se regala en la mayoría de
España. El problema no es sólo el de las pérdidas en la red, que
también (cuando el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad
vienen las altísimas pérdidas en la red), sino que existe otro
problema y es cuánto se cobra al ciudadano y cuánto agua ahorra este
último. En Canarias nunca se deja abierto un grifo. En la península
se suele dejar abierto. No es que nosotros seamos ahorradores y los
ciudadanos peninsulares no, es un problema de los costes y de la
escasez.
A los canarios, señoras y señores diputados, ese largo conflicto nos
ha llevado a que hoy no lo tengamos. Prácticamente no hay conflicto
en Canarias. Y no es que no haya conflicto porque de repente llueva.
En la España peninsular estos meses ha llovido muchísimo y en
Canarias tenemos una larguísima sequía, por tanto, lo lógico es que
tuviéramos el conflicto allí, pero no lo tenemos porque hemos ido
integrando en el diálogo (un diálogo muy difícil, con muchos
elementos de interés parcial y particular lógicos) el interés
general.
El debate de los políticos tiene que ser cómo ver el interés general
de España y cómo crear una política de reparto justo, de justicia en
la distribución, pero también un proceso de solidaridad y de
rentabilidad. Porque muchas veces los trasvases de agua, como ha
sucedido en Canarias, producen también trasvases de población, y no
es ningún drama. Y si las ciudades crecen en los centros urbanos de
la periferia, pues es así,
es el modelo de sociedad y de crecimiento que tenemos hoy. Y si hay
que apostar por un turismo de calidad, pues hay que hacer campos de
golf, que consumen agua. El debate no es entre la agricultura de baja
rentabilidad o un campo de golf, sino la especialización económica de
los sectores que son rentables para crear calidad de vida a la
población.
Cuando oía este debate esta mañana, me acordaba (porque hoy se ha
citado aquí hasta el museo del Louvre y la antigüedad) de un viejo
cuento hindú -y con esto termino, señora presidenta- que leí en los
cursos de inglés cuando era niño. El cuento trata de un grupo de
ciegos que caminan por la India con sus bastones y oyen un ruido
ensordecedor. Un ciego se acerca a lo que él creía que era el ruido,
lo toca y dice: Es una espada. Estamos hablando de un elefante -les
cuento el final del cuento-, pero lo tocaba por el colmillo. Otro
grita: No, si es una serpiente. Lo tocaba por la trompa. Hay otro que
toca al elefante por un lado y dice: Es una casa. Los ciegos, en el
cuento, acaban matándose a bastonazos porque lo particular de lo que
tocan no les permite ver lo general; la idea del interés general. La
pregunta, amigos, es: ¿tenemos los políticos que ayudar a que los
ciegos se maten o explicarles que lo que hay es un elefante?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Otxoa de Eribe.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores parlamentarios, señor ministro, como representante
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), me corresponde fijar
posición ante el texto alternativo presentado por el Grupo Socialista
y las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos
al proyecto de ley del Plan hidrológico nacional, enmiendas que hoy
discutimos.
El señor ministro ha sido muy claro en sus exposiciones y yo quiero
corresponder con la misma claridad. No interprete, si mis decibelios
son un poco altos -es mi forma de hablar-, que hay agresividad en mis
palabras, simplemente quiero que haya claridad.
En primer lugar, quiero recordar que ya en la comparecencia que el
señor ministro de Medio Ambiente tuvo ante la Comisión
correspondiente para explicar las líneas generales de la política de
su departamento, celebrada el 6 de junio de 2000, el portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco pidió al Gobierno que presentase el Plan
nacional de regadíos junto al Plan hidrológico Nacional, dado que, de
otra forma, nuestro grupo entendía que quedaba sin estudio ni
justificación el 80 por ciento del consumo de agua en el Estado. El
señor ministro argumentó entonces que el plan de regadíos
no tenía vinculación con el Consejo Nacional del Agua, como la tenía
el plan hidrológico, y, por tanto, que se podía presentar con
posterioridad, llegando a discutirlos conjuntamente en esta Cámara.
Pese a eso que se dijo, el plan de regadíos no se ha presentado, no
ha llegado y ha dejado coja, insuficiente e imprecisa la discusión;
nos ha dejado sin datos suficientes para establecer la posición al
respecto, ya que, en lugar de aceptar como cifra lógica el consumo
agrícola actual, que es el preámbulo del plan, había que haber
hablado del provenir que se presenta a la agricultura en el Estado
con un horizonte a 20 años vista; si vamos a seguir aumentando
producciones que en este momento los cupos europeos ponen en
cuestión, como puede ser la remolacha; si vamos a seguir teniendo
problemas regando los almendros para luego recoger los frutos secos;
si vamos a tener problemas de exceso de producción de aceite
implantando nuevos olivares y regándolos; si vamos a tener problemas
con el exceso de producción de hortalizas, para lo que no tenemos
mano de obra suficiente y tenemos que importarla. Quizá habría que
plantearse si, dentro de ese horizonte, las expectativas de trabajo
para parte de la población española mejoran y, dentro de la
globalización de la economía, lo que hay que hacer es que ciertos
productos se recojan en otros países y no en el nuestro.
Tampoco se discute -que era lo interesante y lo que creo que había
que hacer- sobre la política forestal previamente; no se discute
sobre la política turística para el futuro; no se discute sobre la
ordenación del territorio, y por tanto creemos que no tenemos los
datos exactos para afrontar este debate, que es muy importante. Hay
que recordar que si consiguiésemos un ahorro de un 12 por ciento en
el consumo agrícola actual, ahorro que a nosotros se nos antoja muy
factible dejando de regar por sistemas como riego a manta o riego por
aspersión, que no son desde luego los más adecuados para la
climatología y el índice de evaporación de este país, tendríamos, con
ese 12 por ciento de ahorro, el doble de consumo humano en nuestras
existencias actuales. Por tanto, creemos que esto está cojo, repito
la expresión.
Por otra parte, tengo que reconocer que en las discusiones
y negociaciones habidas antes y durante la celebración del Consejo del
Agua, el representante del Ministerio estuvo en contacto con el
representante del Gobierno vasco, y quedó patente que las
discrepancias en cuanto a obras territoriales eran fácilmente
subsanables en lo que corresponde territorialmente al País Vasco,
pero que ya había más difícil compostura para ponerse de acuerdo en
lo que incide en aspectos competenciales y filosóficos del plan
hidrológico. De esta forma, se pactó una propuesta de acuerdo que, si
bien no satisfacía plenamente las aspiraciones del Gobierno vasco,
permitía una aprobación condicionada del texto. Pues bien, tengo que
decir que esta propuesta de acuerdo pactada, que supuso el voto
positivo del representante
del Gobierno vasco, no ha sido refrendada por el Ministerio.
Pero posteriormente además se ha dado una variable importante, como
lo manifestamos la pasada semana en nuestra pregunta a usted, señor
ministro, en que el listado de obras que acompaña como anexo al
proyecto de ley que hoy se debate no es el mismo que el aprobado en
el Consejo Nacional del Agua, con inclusión de alguna obra que afecta
territorialmente a Álava, por lo que nos veremos obligados a
reservarnos las actuaciones que al respecto podamos ejercer. Las
discusiones de tipo técnico, ecológico, económico, que son
ampliamente criticadas en las enmiendas presentadas por los grupos
que nos han precedido y que han sido desde luego debatidas
suficientemente, no han podido ser contrastadas hasta la fecha por no
haberse iniciado aún el trámite de comparecencias solicitadas por los
grupos.
Con todas estas carencias, vamos a intentar centrar nuestro
comentario sobre el texto presentado, incidiendo en el aspecto
filosófico y competencial, del que no se ha hablado, porque creo que
otros aspectos puramente hidráulicos o puramente cuantitativos,
económicos del proyecto sí se han tratado en esta tribuna, y no es
cuestión a estas horas de volver a bombardearles a ustedes con los
mismos datos que se han manejado. Tengo que decir que coincidimos en
bastantes de las cosas que aquí se han dicho y que, sin embargo,
entendemos que hay otras bondades en el plan presentado. Le voy a
aclarar ciertas cosas. Nosotros no estamos en contra de los trasvases
per se. El parlamentario que les habla viene de un territorio, Álava,
donde está funcionando el primer trasvase de la historia del Estado
español, Ebro-Cantábrico, trasvase que, por cierto, ha sido duramente
criticado por prohombres con formas realistas del Partido Popular al
Parlamento vasco. Se ha criticado de forma sangrante, pero me alegro
de que en este momento tengan distinta opinión al respecto y no les
parezca mal que Bilbao se abastezca de agua procedente de Vitoria,
concretamente de la cuenca del Ebro.
El proyecto de ley objeto de esta valoración sigue, en cuanto a
visión patrimonialista del dominio público hidráulico, la senda
marcada de los procesos constitucionales interpretativos del régimen
competencial, con resultados que evidentemente no compartimos y sobre
los que ya en relación con la ley de modificación de la Ley 29/1985,
de Aguas, nos posicionamos suficientemente y que cabe reiterar una
vez más en relación con este Plan hidrológico nacional. Queda claro
que con la planificación que se hace en el plan -y valga la
redundancia- queda un complejo entramado en manos de la
Administración del Estado, frente a un mero potencial de competencias
autonómicas ciertamente muy difícil de identificar. Si ya es difícil
que la naturaleza haya trazado una cuenca intracomunitaria sobre la
que desarrollar una planificación propia, después vendrá la
proyección intensa de la protección del dominio públicohidráulico que
justificará la competencia del Estado, y
si no, al final de este túnel, quedará el uso del concepto del
interés general que, desgraciadamente, se interpreta sin ningún rubor
frente a un supuesto interés autonómico.
Centrándonos en la literalidad del proyecto de ley, una visión
general del mismo nos permite poner el acento en determinadas
cuestiones que pasamos a exponer a continuación. En la exposición de
motivos del proyecto se efectúa una expresiva referencia a la
directiva marco en materia de aguas, la Directiva 2060 de la Unión
Europea, al decir que el Plan hidrológico nacional hace suyos los
principios esenciales de la directiva, haciendo patente la voluntad
del legislador de incorporar al derecho de aguas la filosofía
inspiradora de la misma. Sin embargo, tal vez el Plan hidrológico
nacional se ha quedado únicamente con la filosofía del marco europeo,
pero no ha sabido incorporar los contenidos reales de la directiva.
Un primer ejemplo de lo que decimos es la ausencia de adaptación al
concepto novedoso de demarcación hidrográfica que introduce la
directiva. Como es bien sabido, el concepto novedoso introducido por
la directiva al que aludo comprende la zona administrativa marina y
terrestre compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y
las aguas subterráneas y costeras asociadas a la misma.
Interesa recalcar la inclusión dentro de las demarcaciones
hidrográficas de las aguas costeras asociadas tal como aparece en la
propia directiva. Esta novedad debería haber producido una
modificación competencial sobre lo que el ordenamiento jurídico
-principalmente la Ley de costas en este momento- considera dominio
público marítimo-terrestre. Sería pertinente que el proyecto de ley
que ahora vemos contemplara esta adaptación, tanto en relación con
las consecuencias de corte competencial que se han de producir como
con la introducción entre los contenidos del Plan hidrológico
nacional de referencias certeras a este tipo de aguas. Para nosotros
esta es una gran ausencia tanto desde el punto de vista sustantivo
regulador como desde el competencial de la consideración actual del
derecho de aguas.
La exposición de motivos habla también del principio de coordinación,
y hace una acertada referencia al aspecto técnico y metodológico de
los criterios de coordinación, que va en consonancia con la doctrina
sostenida por el Tribunal Constitucional a este respecto al hilo de
la construcción del principio de coordinación; viene bien recordar la
sentencia 32/1983 del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la parte
dispositiva del proyecto se aleja por completo de este planteamiento
y, en su artículo 6, al remitir a futuros reglamentos la regulación
de los criterios de coordinación, no incorpora la especificación de
que estos mismos criterios han de referirse a aspectos técnicos y
metodológicos. Entendemos que con ello se da un cheque en blanco al
Gobierno para que base el principio de coordinación en criterios de
contenido material, que a priori puede ser
ilimitado. No debemos olvidar la sentencia 227/1988 del Tribunal
Constitucional, en la que se declaró que la facultad del Gobierno de
aprobar los planes de cuenca intracomunitarios no podía ser un
mecanismo de control y que en tal sentido debe considerarse el
artículo 38 de la Ley de aguas, lo que acentúa la necesidad de una
coordinación y de integrar la voluntad autonómica en el conjunto de
la política hidráulica. En definitiva, la Administración del Estado
no puede establecer unilateralmente en un plan hidrológico
cualesquiera prescripciones vinculantes para la planificación
urbanística u otras actuaciones públicas de competencia autonómica en
virtud de una genérica potestad de coordinación, sino tan solo en la
medida en que cuente con un título competencial específico para ello.
Todavía podríamos entresacar otras indefiniciones del proyecto en lo
que se refiere a adecuación ambiental, porque esta adecuación se
puede conseguir mediante el sometimiento de todos los proyectos a la
correspondiente declaración de impacto ambiental. Usted sabe que la
normativa medioambiental vasca exige una evaluación no sólo de los
proyectos de obras e instalaciones, sino también de los planes y
programas previos, ya sean sectoriales o territoriales, de los que
aquellas traigan causa. Entendemos que no está ni suficientemente
recogido ni bien recogido.
En íntima conexión con el área medioambiental, se encuentran
determinadas previsiones sobre reservas naturales -en el caso del
plan hidrológico son reservas hidrológicas- que es necesario proteger
por motivos ambientales. El proyecto vuelve a desconocer las
facultades autonómicas en este ámbito.
A este respecto le recordaría nuevamente la sentencia del Tribunal
Constitucional 227/1988 en el mismo sentido y, sin embargo, el Plan
hidrológico nacional prejuzga la distribución competencial e invade
las competencias de las comunidades autónomas claramente en materia
tanto de ordenación del territorio como en medio ambiente y en
protección de la naturaleza, asignando al Consejo de Ministros la
declaración para la reserva de determinados recursos naturales. No
estamos de acuerdo. En relación con la obra hidráulica de interés
general, el plan hidrológico se olvida de introducir previsiones
concretas que hagan factible el principio de coordinación, la
actuación autonómica, etcétera.
Pues bien, señores del Gobierno y partido que le apoya, siendo esto
importante hay otro aspecto que aún nos preocupa más. A nosotros, que
se nos suele acusar de no tener sentido de Estado, nos preocupa más
si cabe con qué se está jugando y cómo se está jugando. Estamos
tratando de un plan que en menos de una década (nosotros creemos que
el horizonte se va a ir a unos veinte años porque la capacidad
constructiva en el Estado español es la que es y si esto lo va a
mezclar usted con los planes de ferrocarriles, del AVE, de puertos,
etcétera, aeropuertos, al final no va a haber capacidad constructiva)
propone invertir tres billones, cuya procedencia
desde luego no se justifica claramente y parece que al final
el Gobierno pretende aprobarlo por atributos. No creemos que este sea
el camino.
A este respecto permítame que le cuente, con el beneplácito de la
Presidencia, una pequeña anécdota muy ilustrativa. A principios del
siglo pasado -no voy a citar el parlamentario no sea que alguien
invoque el artículo 71 por alusión a su tatarabuelo-, cuando el
carbón parecía el motor de toda la economía, un ministro del Gobierno
de Madrid, ministro de Fomento, decidió unir por ferrocarril la mina
de La Camocha con el puerto del Musel, ambos en Gijón, en contra de
la opinión de la oposición. Dicho y hecho, se comenzó la construcción
de la infraestructura, incluidos largos tramos en túnel y en contra,
insisto, de la opinión constante de la oposición que entendía aquella
obra no necesaria. Estando ya casi finalizada la obra, a falta de los
raíles y poco más, hubo cambio de gobierno y el proyecto se clausuró
dejando enterrados miles de reales del erario público, con el único
aprovechamiento de que uno de sus túneles, construido en piedra de
sillería, precioso, recientemente ha sido aprovechado por un avispado
y emprendedor industrial asturiano para montar en él una preciosa
sidrería, que ustedes pueden visitar porque es aleccionador, pero los
reales, insisto, de aquel proyecto están enterrados por no haber
avenencia entre la oposición y el Gobierno.
Pues bien, señores del Gobierno, señores de la oposición, no hagan
ustedes como el ministro de la anécdota, dialoguen con la oposición,
dialoguen de nuevo y le reconozco el esfuerzo que se ha hecho en el
órgano del agua. Usted lo ha dicho aquí públicamente y se lo tengo
que reconocer, ha habido avances importantes, pero nos encontramos
con que en esta sesión el partido del Gobierno y el partido
mayoritario de la oposición están tirándose los trastos a la cabeza
en un plan importantísimo para el devenir de la vida económica en el
Estado. Nosotros entendemos que ese no es el camino y en ese sentido,
señoras y señores parlamentarios, como entendemos que un plan
hidrológico es absolutamente necesario, a nuestro juicio debe ser más
trabajado y mejorado aún.
Vamos a votar a favor de la devolución del plan al Gobierno, y
entiéndase esta devolución, señor ministro, no como un rechazo
completo de ese plan, sino como un método para conseguir más tiempo
de discusión. Entiéndalo usted así porque le decimos que hay aspectos
positivos en ese plan, pero es sencillamente mejorable. Desde luego,
no vamos a apoyar el texto alternativo del PSOE porque en algunos
aspectos nos parece regresivo. Aunque tenga algunas declaraciones que
podemos entender positivas, no creemos que sea un texto apoyable y en
ese sentido va a ser nuestro voto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Trías.
El señor TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA: Señora presidenta, señoras y
señores diputados, debatimos hoy en esta Cámara las enmiendas de
totalidad al proyecto de ley del plan hidrológico. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Desde
Convergencia i Unió partimos de la realidad de que existe una mayoría
absoluta en esta Cámara y que sólo desde el diálogo y desde la
voluntad de consensuar enmiendas podremos conseguir que se modifique
el proyecto de ley que se nos presenta, que es el proyecto de ley del
PP y que tal y como está redactado hoy no es el proyecto de
Convergencia i Unió.
Señores, el debate del plan hidrológico es un debate de Estado.
Decían ayer -con una retórica florida a la que me cuesta
acostumbrarme- que era esencial para la vertebración de España. Un
tema tan importante como éste precisa tiempo, no puede aplicarse ni
en un año ni en dos ni en cinco ni en diez y requiere consenso con
los principales grupos parlamentarios, consenso que deberá garantizar
su estabilidad y su aceptación.
Desde Convergència i Unió reclamamos un pacto de Estado en este
ámbito, pero también reclamamos pedagogía y sensibilidad. Nadie puede
acusar a los habitantes del delta del Ebro y de Cataluña de falta de
solidaridad. Cataluña ha ejercido durante años esta solidaridad, y en
lo que respecta al agua, usted ministro lo conoce bien de cuando era
presidente de las Illes Balears. Por tanto, somos conscientes y
sabemos bien que la solidaridad es necesaria, pero el Gobierno y el
Grupo Parlamentario que lo apoya deben conocer también que las quejas
que hoy formulan los habitantes del delta del Ebro a este proyecto de
ley son legítimas. Hay aspectos de este plan que deben ser
modificados si queremos preservar el equilibrio territorial,
ecológico y ambiental de esta zona, así como su futuro.
Señorías, desde Convergència i Unió decimos un sí al diálogo, un sí a
la búsqueda de acuerdos y reclamamos que desde el Gobierno se dé la
información suficiente, veraz y pedagógica a todos los afectados. No
se puede plantear en las tierras del Ebro un proyecto de plan
hidrológico como el presentado por el Gobierno y esperar a que las
tierras del Ebro lo acepten sin más, cuando están viendo que desde la
construcción de los pantanos de Mequinenza y Ribarroja, el delta, su
delta, el delta de todos está en regresión. Cuando los habitantes del
delta del Ebro muestran su rechazo a este plan lo hacen también desde
el sentimiento legítimo de preservar su identidad. Dice un refrán
popular:«Riu amunt i riu avall sen va el cor i el cor me ve». El
Ebro no es sólo un río para ellos, constituye algo más que un tema
hidrológico, es también parte de su identidad colectiva, es su
historia, es su presente y debe ser su futuro, un futuro que todos
nosotros debemos garantizar.
Por ello, cualquier proyecto de plan hidrológico debe afrontarse
desde el respeto a esta identidad y tiene que venir además acompañado
no sólo de un plan integral que contribuya a la regeneración de esta
zona y que garantice su pleno respeto al equilibrio ecológico, sino
que también tenemos la obligación de crear las condiciones que
garanticen el futuro de las tierras del Ebro. Esta es precisamente la
principal intención de Convergència i Unió al abordar la tramitación
parlamentaria de este proyecto: dar las suficientes garantías a las
tierras del Ebro y a sus habitantes de que su futuro seguirá estando
allí, junto al Ebro. Usted y su Gobierno han hablado de diálogo -me
satisface- y han tenido palabras indicando que buscan un acuerdo.
Hemos de ver si a través de este proceso de diálogo se alcanzan
mejoras sensibles en este proyecto, mejoras en la línea de las
alegaciones propuestas por la Generalitat de Cataluña en su momento y
que transformaremos en enmiendas al articulado. Si no se tuvieran en
cuenta estas enmiendas, sería difícil -imposible, diría yo- nuestro
apoyo al mismo.
Señorías, ¿cuáles son nuestras discrepancias al plan y que van a ser
objeto de enmiendas por parte de nuestro grupo parlamentario? En
primer lugar, Convèrgencia i Unió considera que la ley debe
garantizar los caudales mínimos ecológicos. En el proyecto de ley no
hay garantías de la existencia en el tramo final del río Ebro de un
caudal suficiente que asegure el equilibrio ecológico y ambiental del
mismo. Además la ley tiene que garantizar a las autoridades
competentes aquellos mecanismos que posibiliten el cumplimiento de
este mandato; algo que no ocurre en estos momentos. El plan
hidrológico tiene que garantizar por vez primera el caudal ecológico
del río. Esto implica, entre otras cosas, la prohibición de efectuar
trasvase alguno entre los meses de mayo y octubre. En segundo lugar,
estamos convencidos -y el tiempo nos dará la razón- de que del Ebro
no se pueden trasvasar los 1.050 hectómetros cúbicos/año que están
previstos en el plan. Nosotros consideramos, con los criterios y
datos hidráulicos y ambientales que poseemos, que del tramo final del
Ebro solamente pueden extraerse un máximo de 200 hectómetros cúbicos/
año y que se pueden, eso sí, aprovechar unos 400 ó 500 hectómetros
cúbicos/año de los canales de regantes. Ante esa situación, hemos de
buscar fórmulas alternativas al trasvase del Ebro. En tercer lugar,
hemos de tener en cuenta estas fórmulas alternativas al trasvase del
Ebro y estas pueden provenir del ahorro, de la reutilización del
agua, de la construcción de plantas desalinizadoras y de las aguas
procedentes de otras cuencas, sean estas internas o externas; y
cuando hablo de externas hablo del Ródano. Les pido que no tengan
miedo a esta palabra, no es tan espantoso hablar del Ródano.
Señorías, es necesario que para solucionar el déficit de agua
existente en la cuenca mediterránea se acepten otras fuentes de
suministro
además del Ebro. Sinceramente, les ruego que lo estudien; estúdienlo
y verán que es posible.
En cuarto lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
considera que el plan presentado por el Gobierno debe recoger la
aprobación de un plan integral de protección del delta del Ebro y de
su zona de influencia. No se podrá ejecutar ningún trasvase sin la
aprobación y desarrollo del plan integral de protección del delta.
Además, si el plan integral no demuestra que el trasvase es posible
hidráulica y ambientalmente, este no se llevará a cabo. Por tanto,
señorías, si se ejecuta el plan será porque la garantía ambiental del
delta y del río está asegurada y contemplada en el plan integral.
Este plan integral deberá contener como mínimo los aspectos
siguientes: la definición del régimen hídrico del río, la
implementación de un programa para evitar la regresión, el plan de
lucha contra la intrusión salina, un plan de inversiones para la
realización de las obras en las lagunas, los canales y la bocana del
río, el cumplimiento del Convenio internacional de Ramsar, que
contempla el delta del Ebro como una zona protegida en su ámbito de
aplicación, así como el cumplimiento de las directivas europeas de
protección de estas zonas. Asimismo tenemos que garantizar que la
totalidad de sectores productivos del delta -el cultivo de arroz, la
pesca, la agricultura y el turismo- sean objeto de inclusión y
estudio en el plan integral. Para financiar parte de estas
inversiones, la revisión de las concesiones de los canales no se
pagará a las comunidades de regantes, sino que revertirá en
inversiones en el delta y en las cuatro comarcas que conforman la
región de las tierras del Ebro. En quinto lugar, en opinión de
Convergència i Unió, antes de proceder a cualquier trasvase se tiene
que crear un órgano de gestión y representación, que bajo la
presidencia de la Generalitat garantice la defensa ambiental del
delta. En sexto lugar, en el caso de que exista un trasvase de aguas
de la cuenca del Ebro hacia otras cuencas, deberá garantizarse que la
cuota ambiental del canon del trasvase revierta básicamente en las
tierras del delta del Ebro por ser este el único lugar en el que el
trasvase puede provocar efectos medioambientales, económicos
y sociales negativos. En séptimo lugar, los embalses de Mequinenza y
Ribarroja tendrán que tener un nuevo régimen de explotación, régimen
de explotación que tenga en cuenta, en primer lugar, que es necesario
sacar los sedimentos acumulados para que ayude a que por el río
circulen los caudales ecológicos que necesita el ecosistema; en
segundo lugar, estamos obligados a buscar un proceso innovador que
aporte sedimentos que frenen la regresión y, en tercer lugar, con
desembalses de caudales programados e intensivos podríamos frenar y
paliar la intrusión salina actual. En último lugar, señorías, se
tienen que incorporar al plan hidrológico aquellas inversiones
propuestas por el Gobierno de Cataluña en materia de obras
hidráulicas, regadíos y actuaciones ambientales.
He efectuado un breve repaso a las principales enmiendas que mi grupo
va a plantear durante la tramitación de este proyecto. Son enmiendas
que tienen una única finalidad: garantizar el futuro de las tierras
del Ebro. Las inversiones y mejoras planteadas en nuestras enmiendas
persiguen dos objetivos: adecuar el equilibrio ecológico y
territorial del delta del Ebro y posibilitar un crecimiento armónico
que sea capaz de garantizar el futuro para los ciudadanos y
ciudadanas de estas cuatro comarcas. Las inversiones y mejoras que
nosotros hemos planteado para las comarcas del Ebro pueden
transformar y garantizar el pleno desarrollo de estos territorios.
Señorías, quisiera hacer referencia, para finalizar mi intervención,
a la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por el
Grupo Socialista. Consideramos que es un texto claramente oportunista
e ilustra una actitud poco adecuada para un partido con voluntad de
Gobierno. Un plan hidrológico no es un proyecto que se redacte de la
noche a la mañana, buena experiencia tiene en ello el Grupo
Socialista. La confección del actual plan hidrológico es un proyecto
que en España ha tardado más de veinte años. El actual proyecto se
empezó a gestar bajo un Gobierno socialista y ha sido terminado por
un Gobierno del Partido Popular. Y si tenemos memoria histórica, y
basta para ello ir a las hemerotecas, se ve con sorpresa cómo lo que
ahora critican hasta la saciedad los representantes socialistas antes
era defendido con especial ahínco por los mismos. ¿O acaso no se
acuerdan de que el plan hidrológico elaborado en 1993 por los
socialistas contemplaba unos trasvases de la cuenca del Ebro del
orden de 1.800 hectómetros cúbicos? Ahora nada de nada. El Partido
Socialista Catalán en julio de 2000 cifraba el déficit de las cuencas
internas de Cataluña en 350 hectómetros cúbicos; ahora el PSOE lo
cifra en 150 hectómetros cúbicos. El PSC en 1981 se oponía al
minitrasvase del Ebro a Tarragona; ahora el PSOE-PSC en el 2001 está
de acuerdo en que llegue a Barcelona. Son cambios de opinión
constantes que les han llevado hoy a presentar un plan alternativo
contradictorio con todo lo que ustedes habían dicho cuando
gobernaban. Yo me hago una pregunta: si ustedes hoy tuvieran
responsabilidades de gobierno, ¿afirmarían que con la contribución de
cuatro elementos -el ahorro, la desalinización, la reutilización
y los bancos de agua- se resuelven los déficit hídricos del Estado
español? Categóricamente no y, además, ustedes lo saben. Han hecho un
plan alternativo que es una escaramuza táctica, pero incluso creo que
se han equivocado ustedes en la táctica. Por ello, señorías, no
podemos votar favorablemente una enmienda a la totalidad con texto
alternativo como la presentada por los socialistas y tampoco
votaremos a favor de las enmiendas a la totalidad de otros grupos.
En un tema tan sensible y tan importante para el equilibrio
territorial, medioambiental, económico y social del Estado como es el
plan hidrológico lo que
tendría que primar por encima de todo es el rigor y la voluntad de
consenso para lograr un pacto de Estado. Un proyecto como éste, de
fuerte componente estratégico, necesitaría ser aprobado por una
amplia mayoría. Sabe usted, señor ministro, que, a pesar de su
talante negociador, también en su grupo ha habido declaraciones
y actitudes que no le han ayudado, ni a usted, que es una persona
dialogante ni al consenso que necesita el plan. Hoy el Grupo
Socialista, en palabras del señor Caldera, les ofrece diálogo y usted
también ha hecho una oferta clara de colaboración, que yo agradezco
sinceramente. Creo, señor ministro, que nunca es tarde y que todos
tendríamos que hacer durante el trámite parlamentario los esfuerzos
de diálogo, entendimiento, generosidad y responsabilidad que
permitieran que el Plan hidrológico nacional fuera un auténtico pacto
de Estado. En esta línea, ya saben, nos encontrarán siempre en
primera fila.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Trías.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor de Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, nadie
debería poner en duda que en los comienzos del siglo XXI se hace
inaplazable cerrar definitivamente la planificación hidrológica en
España. Tampoco debería cuestionarse que las carencias de agua que
sufren determinadas zonas de la España seca son tan profundas que,
más allá de coartar el desarrollo de las regiones afectadas, ponen en
riesgo permanente la satisfacción de vitales necesidades humanas. No
es menos evidente que la política hidráulica, lejos de continuar
limitándose a proyectos de infraestructuras, debe orientarse
fundamentalmente a la gestión de la demanda, respetando las
condiciones medioambientales. Todos admitimos, en fin, que los
trasvases sólo pueden tomarse en consideración cuando una cuenca siga
siendo deficitaria después de establecer todas las medidas de ahorro
posibles y de utilizar todas las técnicas que contribuyan a mejorar
la gestión de los recursos hídricos, y si coincidimos en estas
premisas -son difícilmente cuestionables-, no debería ser polémica la
oportunidad del proyecto de ley que debatimos y tampoco su contenido
esencial que aporta al fin la solución más razonable a un problema de
Estado, reiteradamente aplazada durante decenios, y lo resuelve
mediante un plan vertebrador, solidario, técnicamente riguroso y
respetuoso con el medio ambiente.
A los grandes retos ante los que nos enfrenta la responsabilidad de
gobernar se puede responder, a mi juicio, de dos maneras opuestas:
soslayándolos, para evitar conflictos, o afrontándolos, para
satisfacer intereses generales. Los primeros intentos de encontrar
soluciones a nuestros problemas hídricos se remontan a los primeros
años del siglo pasado, pero nunca se ha respondido
al reto de la planificación hidrológica en España una y otra
vez arrumbada, incluso en ocasiones en que se ha proclamado la
urgencia de abordarla. Así ha ocurrido también durante la etapa
democrática y ante la dificultad de anteponer el interés general a
cualquier otro en torno a problemas cuya complejidad no vamos
a negar, siempre se ha optado por el aplazamiento. Sin embargo,
señorías, también existe esa otra categoría de aptitudes consistente
en afrontar los retos. Es la opción ineludible por muy incómoda que
resulte, por muchos sinsabores que ocasiones, por muchas
incomprensiones que cause, por muchas manipulaciones, demagogia
y engaños a los que sea necesario enfrentarse para mantenerla. El
ejercicio responsable del Gobierno de una nación impone esas
obligaciones, pero conlleva la satisfacción de resolver, con el
objetivo único del interés general, los problemas que por su propia
naturaleza y trascendencia deben ser abordados como asuntos de
Estado.
Este es el caso del proyecto de ley del Plan hidrológico nacional que
ha presentado el Gobierno y al que se están oponiendo propuestas de
nuevas dilaciones, acaso poco responsables que nuestro grupo rechaza.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Como ya ha indicado muy
bien el señor ministro, el objetivo del Plan hidrológico nacional es
reordenar los recursos hídricos con nuevos planteamientos de la
gestión del agua desde un riguroso enfoque medioambiental. El Plan
hidrológico nacional pretende, de un lado, solucionar los problemas
de infraestructuras que existen en cada una de las cuencas con
actuaciones que supondrán una inversión de algo más de tres billones
de pesetas y, de otro, fijar las condiciones a las que han de
ajustarse las transferencias de recursos a zonas que tienen déficit
estructural ¿Será, señorías, necesario decir que tan formidable
programa de actuaciones que habrá concluido en el año 2008, no admite
parangón con ningún otro que en materia de obras hidráulicas se haya
acometido con anterioridad en España? Debo destacar, en cambio, un
dato menos difundido pero muy relevante, el 84 por ciento de las
inversiones cubren objetivos de carácter medioambiental y, el resto,
un 16 por ciento, se destina a actuaciones de regulación
especialmente importantes en Aragón y en la cuenca del Guadalquivir.
La prioridad que otorga el Gobierno del Partido Popular a la gestión
medioambiental del recurso ya se había manifestado en 1996 al
integrar la política de aguas en el Ministerio de Medio Ambiente, de
nueva creación. El Plan hidrológico nacional incluye también, aunque
nada más falso que considerarlo su objetivo único, un trasvase desde
una cuenca, la del Ebro, con excedentes reconocidos a otras
deficitarias. Conviene, señorías, que recordemos que el Plan
hidrológico nacional solamente considera excedente el agua que sobra
después de cubrir los consumos actuales y los potenciales hoy no
atendidos, después de reservar agua para crecimientos máximos de
consumo y después de preservar y
garantizar los caudales ecológicos. Con paralelo rigor sólo se
definen como estructuralmente deficitarios aquellos sistemas cuyo
déficit persiste después de alcanzar el aprovechamiento y ahorro
exhaustivos, la regulación absoluta de todos los recursos y la
optimización de la gestión. Respetando tan severas exigencias como
las que el plan garantiza, la cuenca del Ebro dispone como sobrantes
de unos caudales medios de 5.200 hectómetros cúbicos año, después de
asegurar la cobertura de las necesidades actuales y previsibles en
todo el territorio de la comunidad de Aragón. Con 1.050 hectómetros
cúbicos de ese caudal excedente, en la actualidad recibidos por el
mar, se podrán cubrir las demandas desatendidas de las zonas
deficitarias si previamente cumplen las condicones igualmente
rigurosas que el plan les impone. Por eso hablamos de solidaridad y
por eso nos produce estupor la manipulación y la falta de
responsabilidad política de quienes afirman que el Gobierno está
castigando a Aragón. ¿Cómo es posible tergiversar así datos tan
elementales y transparentes como los que sirven de fundamento al
plan? Sólo se trasvasará la quinta parte del agua sobrante. Por
primera vez se aborda la gestión integral del agua en todas las
cuencas. El plan es un instrumento excepcional de vertebración del
territorio español y de solidaridad entre sus nacionalidades y
regiones. El plan beneficia a todos sin perjudicar a nadie. Como
garantía suplementaria condicionante de trasvase, el plan aporta por
primera vez soluciones reales para todas las necesidades hídricas
presentes y futuras de Aragón. (Aplausos.)
Reflexionemos, señorías. Se está negando agua que se tira al mar a
ciudadanos españoles que la necesitan perentoriamente, y que seguiría
tirándose al mar en el futuro. Se está enarbolando un fantasma, un
problema irreal, se están propiciando demagógicamente desde la
ocultación de la verdad tensiones territoriales que perjudican
gravemente legítimos intereses de ciudadanos españoles, y todo ello
desde posiciones tan censurables como la manipulación de los
sentimientos con una argumentación sustentada en falsedades.
Señorías, ¿alguien puede creer que un gobierno, cualquier gobierno,
haya decidido perjudicar a unas comunidades en beneficio de otras?
Cuando a tan graves imputaciones se añaden explicaciones tan viles e
infundadas como la pretendida pérdida de Aragón por parte del Partido
Popular, se está acumulando torpeza sobre la perversidad, porque es
falso que el Partido Popular haya perdido Aragón. Pactos
postelectorales al margen, lo cierto es que el Partido Popular superó
en el año 2000 con el plan hidrológico en su programa los niveles de
votaciones anteriores. Lo cierto es que con independencia de
resultados electorales y de pactos, ¡faltaría más!, el Gobierno está
potenciando, como jamás se había hecho, las inversiones orientadas a
la vertebración del territorio de la comunidad autónoma, prioridad
absoluta de Aragón, lo cierto es que el plan hidrológico beneficiará
a Aragón como a la comunidad
que más, porque sólo el plan hará posible al fin atender aspiraciones
inveteradamente satisfechas. También es cierto, conviene no
olvidarlo, que quienes intentan impedir la satisfacción de esas
necesidades y aspiraciones son precisamente algunos de los opositores
al plan, como lo han evidenciado tantas reivindicaciones
contradictorias.
No albergamos, señorías, ninguna duda de que cuando pase la marejada
demagógica, cuando se recupere la luz y la calma, en Aragón no dejará
de reconocerse, nobleza aragonesa obliga, que la aprobación del Plan
hidrológico nacional es la respuesta cabal a un hecho histórico, es
la solución de un problema de Estado y, al propio tiempo, el
instrumento equilibrado y eficaz para la gestión racional del agua y
para su disfrute sin discriminaciones por todos los ciudadanos
españoles. (Aplausos.)
Señorías, así lo ha entendido el Gobierno, y por eso ha rehusado
ampararse en la legitimidad de su mayoría parlamentaria, eligiendo el
camino del diálogo para la elaboración y aprobación del plan. Desde
que el día 5 de septiembre del año 2000, en que se presentó al
Consejo Nacional del Agua el anteproyecto de ley, hasta el 30 de
enero de 2001, fecha de su aprobación por el Pleno del Consejo, el
Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido 169 reuniones con todos los
sectores implicados en la planificación hidrológico: 55, con
comunidades autónomas; 36, con usuarios; 31, con ayuntamientos; 8,
con asociaciones y sindicatos agrarios; 7, con asociaciones
empresariales; 7, con asociaciones profesionales; 7, con grupos
ecologistas; 13, con representantes de partidos políticos y 5 con la
Comisión Europea.
El Consejo Nacional del Agua incorporó el 55 por ciento de las
alegaciones recibidas y en la votación del Pleno se aprobó el texto
por una abrumadora mayoría, conformada con los votos afirmativos de
todos los usuarios y regantes de España, incluidos los del Ebro y de
todas las comunidades autónomas, excepto Asturias, Baleares, Aragón y
Andalucía. ¿Cómo se puede decir, señores del Grupo Socialista, que
hemos despreciado la búsqueda del consenso? (Aplausos.)
Además, el Ministerio de Medio Ambiente ya había encargado con
anterioridad informes técnicos sobre el borrador inicial del Plan
hidrológico nacional a 130 especialistas. Sin atender a su
adscripción política, se consultó a renombrados juristas,
economistas, ingenieros, ecologistas. Todas esas consultas se
concretaron en 85 dictámenes, un 67 por ciento favorables al Plan
hidrológico nacional y el 33 por ciento restante en contra, porque
aquí decimos la verdad.
Señorías, ¿quedará alguien que persista en mantener que estamos
debatiendo un Plan hidrológico nacional impuesto? Porque no ha sido
impuesto, confiamos en su aceptación general en la medida en que se
esclarezcan falsedades y errores de la propaganda adversa. No
puedo sustraerme a mencionar algunos. Se ha dicho insistentemente que
el Plan hidrológico nacional no respeta la directiva marco de aguas
de la Unión Europea. Por nuestra parte hemos hecho invitaciones, no
respondidas, para que se nos mostraran contradicciones concretas
entre la directiva y el Plan, pretensión ya superflua, señorías,
porque el martes de la pasada semana, día 13 de marzo, la Comisión
Europea informó que el Plan hidrológico nacional presentado por el
Gobierno español cumplía con las disposiciones de la directiva marco
del agua. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Han leído o escuchado SS.SS. alguna
rectificación en boca de algún dirigente socialista? Claro que no,
porque sería pedir demasiado. Eso hubiera supuesto el reconocimiento
de una improvisación, de una previsión que respondía a sus deseos,
solamente a sus deseos, el reconocimiento, en definitiva, señorías,
de un error basado en otra afirmación demagógica y hueca para
oponerse al Plan hidrológico nacional.Consciente o inconscientemente
-error lamentable en todo caso- se ha intentado menospreciar el Plan,
no sólo desconociendo su dimensión histórica, sino incluso negando su
propia naturaleza y calificándolo como un mero ropaje necesario para
justificar la propuesta de un gran trasvase. Se finje ignorar que el
Gobierno ha venido desarrollando la planificación hidrológica global
desde la pasada legislatura, y aquí me van a permitir el recuerdo
reconocido y agradecido a un gran trabajo de una diputada de mi grupo
que fue en su día ministra de Medio Ambiente y que lo hizo
eficazmente, Isabel Tocino (Aplausos.), porque el Plan hidrológico
nacional es sólo el resultado final de políticas hidráulicas
anteriores, y como tal es la única pieza jurídica pendiente de
aprobar, es la culminación de un proceso planificador, inspirado en
la opción de actuar de abajo arriba, desde la base.Si realmente se
pretendía diseñar una planificación plural y descentralizada en su
origen, ámbito y ejecución, era preferible estudiar, debatir y
resolver los problemas diversos planteados en cada caso, fomentando
la participación de todos los sectores implicados. Los jalones de
este proceso fueron la creación del Consejo del Agua para potenciar y
encauzar la participación; el Libro Blanco del agua para detectar y
definir necesidades y problemas; la aprobación de los planes de
cuenca vinculados a su propio entorno para integrarlos después en una
planificación global y, en fin, la importante modificación de la Ley
de aguas en noviembre de 1999 para regular nuevas políticas
hidráulicas inspiradas en criterios de calidad, ahorro, gestión y
tecnología.
Por eso el plan no reproduce en su integridad el contenido de los
instrumentos anteriores, cuya vigencia se mantiene. El complemento y
la coordinación de los planes de cuenca y la solución coherente de
problemas que requieren respuestas homogéneas constituyen los
objetivos fundamentales del Plan hidrológico nacional. Aun así, estas
funciones integradoras son mucho más
que un trasvase, como lo es la previsión de una inversión de tres
billones de pesetas, de los que ni una sola se destinará a trasvases
de actuaciones relacionadas con los trasvases, mientras que se
dedicará un billón a modernizar infraestructuras, lo que supone, en
la línea de la reforma de la Ley de aguas, ahorro y gestión eficaz
del recurso; y medio billón al saneamiento, depuración
y reutilización, lo que representa no sólo incremento de la calidad del
agua, sino incidir igualmente en el objetivo del ahorro de una forma
muy clara.
Al final, señorías, señorías enmendantes, la soledad en la que
querían colocar al Gobierno es la de la sinrazón que acompaña a sus
grupos, una soledad que cada día se hace más patente. Los medios de
comunicación son notarios cada día de las contradicciones internas de
la familia socialista, y resultan evidentes las distintas formas de
abordarlo en las diferentes instituciones donde los socialistas
ostentan mayoría: la favorable postura ante el Plan hidrológico
nacional de los gobiernos de Extremadura y Castilla-La Mancha; el
Partido Socialista de Almería, que prefiere los trasvases del Partido
Popular; la Junta de Andalucía, que mete prisa en Madrid para traer
agua del Ebro; 18 alcaldes socialistas de Alicante, que respaldan el
Plan hidrológico del Partido Popular; un ilustre diputado del Grupo
Socialista, que calificó el supuesto plan alternativo de brindis al
sol..., y por eso ya no asombra este titular de los medios de
comunicación: El Partido Socialista Obrero Español aparca los
trasvases para evitar una guerra del agua entre sus barones.
(Aplausos.) Finalmente, permítame, señor Caldera, en las cuentas del
voto popular descuente a Extremadura y descuente a Castilla-La
Mancha, que apoyan con entusiasmo el Plan hidrológico nacional. Para
muestra un titular de prensa: El Plan hidrológico nacional como agua
de mayo. Y no se falte a la verdad, señor Caldera, no es cierto que
en la sociedad exista más voto popular en contra que a favor del Plan
hidrológico nacional; empiece por descontar en su cómputo -como le he
dicho- los votos de Extremadura y de Castilla-La Mancha, si es que
cree que el señor Bono y el señor Ibarra representan a sus
ciudadanos.
En cualquier caso, nobleza obliga. Nuestro reconocimiento, nuestra
gratitud a nuestros amigos, a nuestros socios, a la oposición
responsable, seria y constructiva de Convergència i Unió y de
Coalición Canaria que apoyan este plan con independencia de sus
observaciones. (Aplausos.) Quizás, señor Caldera, en sus palabras iba
implícito el cómputo de votos que no va a recibir su enmienda. Se lo
voy a recordar -y son datos no especulaciones-: si hace la suma de
los votos populares referido a las elecciones generales que van
a votar a favor del Plan hidrológico nacional y en contra de su
enmienda alternativa, suman 11.639.000 contra 10.534.000. Esos son
datos, no son especulaciones. (Aplausos.)
Señorías, voy terminando. No queda tiempo para entrar en el detalle
de otras polémicas, por lo que debo
finalizar afirmando que los datos objetivos son tan contundentes y la
inconsistencia de las objeciones al plan tan menesterosa que los
imponentes navíos de la campaña detractora fletados contra la
arrogante prepotencia hacen agua por todas partes. Ante la fuerza de
la razón el sentido común se impone, desinflando los globos
demagógicos y quebrando la pretendida cohesión de los grupos
beligerantes, ya sean usuarios territoriales o de partido. Durante
los últimos días vienen menudeando noticias de flagrantes defecciones
en todos los ámbitos (nacional, autonómico y municipal), entre las
que no ha faltado la de distinguidos consejeros y parlamentarios. Tal
vez los más perseverantes sean los que se oponen a las obras de
regulación y, en consecuencia, a los usos razonables que, por encima
de las discrepancias en el reparto, la mayoría demanda. Buenos
augurios, en resumen, para el más pleno y fecundo desarrollo de
aplicación del Plan hidrológico nacional, cuya aprobación se inicia
con este trámite parlamentario en el que mi grupo votará, por las
razones que acabo de exponer, en contra de todas las enmiendas a la
totalidad.
Señor ministro, enhorabuena. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Señor ministro. (Rumores.)
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Realizaré simplemente un turno de agradecimiento a las intervenciones
de los grupos que no han presentado enmienda de devolución ni texto
alternativo. A todos ellos, al Grupo Vasco (PNV), a Coalición
Canaria, naturalmente, al Grupo Popular, les doy las gracias por sus
manifestaciones. Sin embargo, quiero dejar mis últimas palabras para
Convergència i Unió para destacar su actitud, el esfuerzo notable que
han realizado sus dirigentes soportando fortísimas presiones sociales
para mantener una postura responsable que, lógicamente, al final dará
sus resultados; una postura que hoy puedo garantizarles que
enriquecerá y mejorará este proyecto de Plan hidrológico nacional.
Partiendo de las condiciones que ha puesto este Gobierno y que ellos
han conocido desde el primer momento, que son que los 1.050
hectómetros son irrenunciables para atender a las necesidades de la
cuenca mediterránea, que el Gobierno no puede pagar ni una sola
peseta por el agua y que cualquier solución tiene que garantizar la
preservación medioambiental del delta del Ebro, hoy ya puedo
garantizar este principio de acuerdo con Convergència i Unió, porque
el Grupo Popular va a negociar estas enmiendas con Convergència.
Quiero adelantar la aceptación, hoy y aquí, de una enmienda global
presentada por Convergència i Unió, que va a introducir la obligación
de la elaboración de ese plan integral de protección del delta del
Ebro en las condiciones definidas tanto por el portavoz de
Convergència como
en la recomendación del propio Consejo Nacional del Agua, así como la
introducción de otra enmienda que obligue a la realización de un
estudio, de un segundo horizonte del agua para España, acudiendo a
otras fuentes alternativas, lo que significa una demostración de la
voluntad de este Gobierno de lograr el mayor apoyo posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas al
proyecto de ley del Plan hidrológico nacional.
En primer lugar, se van a someter a votación conjuntamente las
enmiendas de totalidad de devolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
324; a favor, 129; en contra, 193; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de
devolución.
Sometemos a continuación a votación la enmienda de totalidad de texto
alternativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 114; en contra, 195; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de totalidad de
texto alternativo. (Fuertes y prolongados aplausos.-El señor Ministro
de Medio Ambiente (Matas i Palou): Muchas gracias.)
Se suspende la sesión que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN)
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CINEMATOGRAFÍA Y EL
SECTOR AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000027.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el
sector audiovisual. Para la presentación
del proyecto de ley, tiene la palabra la señora ministra de Educación
y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señorías, quiero empezar por subrayar que
las políticas de ayudas públicas han sido reafirmadas -evidentemente,
estamos hablando de ayudas públicas a la promoción de la
cinematografía- tanto por la Comisión Europea como por el Consejo de
Ministros de Cultura y Audiovisual de la Unión Europea. A mi modo de
ver, el mantenimiento de ayudas a la cinematografía y al sector
audiovisual es importante para conservar la diversidad cultural de la
que España es un buen ejemplo. Las ayudas tienen razones culturales,
pero deben servir también para que exista un tejido industrial que
permita trabajar a creadores y profesionales, así como para que el
cine español conquiste cada vez más la confianza de los espectadores
y el interés de los distribuidores, de los exhibidores y de las
televisiones. El proyecto de la nueva ley de fomento y promoción de
la cinematografía y el sector audiovisual establece un marco jurídico
que facilitará el desarrollo de la producción y de la creatividad. El
borrador del anteproyecto de ley, producto del diálogo con todas las
asociaciones profesionales, contiene básicamente todos aquellos
aspectos en los que se ha encontrado un punto de convergencia con
dichas asociaciones. No obstante, ha habido que encontrar un
equilibrio entre producción, distribución y exhibición, así como
entre creadores, técnicos y actores, con el fin de que todos los
sectores encuentren promovidas adecuadamente sus expectativas
e intereses.
Se puede decir que el transcurso del tiempo ha vaciado de alguna
manera el contenido de la Ley de 8 de junio de 1994, que en su
momento supuso un paso adelante en el sector y tuvo indudable
importancia. Y se ha vaciado de contenido porque han ocurrido una
serie de hechos y hay una serie de datos nuevos, por ejemplo, la
desaparición de las licencias de doblaje, la trasposición de las
directivas europeas y la desaparición en Europa de las cuotas. A todo
ello se une la necesidad de regular con rango de ley un sistema de
ayudas que ha demostrado su utilidad al contribuir a la mejora del
cine español.
El pasado año 2000 se confirmó el aumento de producción, 98
largometrajes, cifra que no se alcanzaba desde hacía 17 años, de los
cuales se estrenaron 92. También ha aumentado la colaboración
internacional, ya que, de estas producciones que he mencionado, 34
han sido coproducciones, una cifra que también es la más alta desde
1983. La inversión en largometrajes se eleva a 29.800 millones de
pesetas, habiéndose concedido créditos bonificados a través del ICO
por un importe de 5.000 millones, mil millones más que en 1999. El
hecho de que desde el año 1996 entre las 25 películas más vistas
hayan estado cada año las de más calidad, de éxito en festivales
internacionales y aceptación
de la crítica, demuestra que el sistema de ayudas actual
responde a razones culturales y contribuye a la difusión de la imagen
del país a la vez que crea empleo y riqueza. El cine español,
señorías, a mi modo de ver se distingue claramente en este período
por su vitalidad, por su innovación y por su variedad, situación a la
que yo entiendo que han contribuido de manera eficaz las ayudas
basadas en criterios de aceptación del público, que han resultado
menos intervencionistas que un sistema global de subvenciones
anticipadas concedidas a través de comités o comisiones.
Entre los motivos que justifican este proyecto de ley, quiero
destacar la necesidad de otorgar rango de ley a las ayudas a la
amortización, basadas en criterios objetivos de aceptación del
público. Debo señalar que la legislación reguladora de las
subvenciones no contempla estas ayudas automáticas. La necesidad de
que estas ayudas tengan rango de ley fue determinante para incluirlas
en la Ley 55/1999, del 29 de diciembre, y en la 14/2000, del 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden Social,
que incorporan a la Ley 17/1994, de 8 de junio, la prórroga de los
sistemas de ayudas actuales hasta el año 2002.
Por otra parte, resulta necesario contemplar y establecer el conjunto
de ayudas que han contribuido a la magnífica renovación del cine
español, ayudas sobre proyectos para largometrajes de nuevos
realizadores o de decidido carácter cultural, para el desarrollo de
guiones y para los cortometrajes. El año pasado se produjeron 107
cortometrajes y muchos de sus autores gozan de un creciente prestigio
internacional. Tanto las ayudas que se conceden con carácter
automático como las que se otorgan sobre proyecto tienen incentivos
que facilitan la incorporación de nuevos profesionales, así como el
rodaje de películas en otras lenguas oficiales de las comunidades
autónomas distintas al castellano, con lo que se favorece la
renovación creativa y el mantenimiento de la diversidad cultural. Por
otro lado, la Ley 4 de junio de 1994 establece la obligación de las
televisiones a coproducir hasta el 5 por ciento de su presupuesto,
una medida que por ausencia de mínimos no tuvo resultados positivos.
Esta obligación debe, a mi entender, desaparecer, ya que está en
contradicción con otra obligación: la establecida en la Ley de
trasposición de la Directiva de la Televisión sin fronteras, en
virtud de la cual las televisiones deben invertir el 5 por ciento de
sus cuentas de resultados en la producción de largometrajes
y películas para televisión. Quiero subrayar que esta colaboración con
las televisiones yo entiendo que está resultando importante para
explicar en buena medida el momento que vive el cine español y que es
un camino en el que se debería profundizar.
Por lo que se refiere a la cuota de pantalla en favor de películas
comunitarias, quisiera dejar muy claro que en el marco de acción de
la Unión Europea, como es bien conocido, es una medida que sólo
existe en España. Ningún Estado cree que beneficie su producción
nacional y, por otra parte, el aumento de salas de cine en España y
el aumento del interés en el cine español hace que nuestras películas
deban alcanzar una cuota de mercado natural. En realidad, las dos
medidas establecidas en 1941 (es decir, que medidas como son las
licencias de doblaje y las cuotas de pantalla se deciden hace casi 60
años) han creado tradicionalmente un cierto nivel, como mínimo, de
crispación entre los distintos sectores de la industria
cinematográfica.
Las licencias de doblaje que se obtenían principalmente distribuyendo
películas europeas en vez de españolas, en la proporción de tres a
uno, desaparecieron con la entrada en vigor, como es conocido, de la
Ley de junio de 1994. Para la cuota de pantalla específicamente, el
proyecto de ley que es objeto de este debate de totalidad ha
establecido para su desaparición un plazo de cinco años, con la
confianza de que se utilizarán otras medidas alternativas para ayuda
a la exhibición del cine español y también con la seguridad de que
sólo la colaboración de productores, distribuidores y exhibidores
harán posible una cuota natural del cine español, que se verá
confirmada por una aceptación cada vez mayor por parte de los
espectadores.Además, el proyecto de ley tipifica claramente las
infracciones al cumplimiento de la cuota, respondiendo las sanciones
a criterios claros de legalidad y graduación, por lo que existirá una
aplicación eficaz de la cuota durante estos cinco años.
Hay otras medidas también significativas en este proyecto de ley,
como el fomento de la distribución y promoción para la producción
cinematográfica y audiovisual; el ICAA promueve la participación del
cine español en más de 150 festivales internacionales de cine; el
proyecto de ley establece nuevos sistemas de ayudas para la promoción
en festivales internacionales, para que los productores de las
películas seleccionadas puedan utilizar libremente la ayuda con la
publicidad que estimen idónea y, asimismo, se han aumentado las
ayudas a copias y publicidad en favor del cine europeo en España y
del español en el ámbito internacional. El control de taquilla, clave
de toda la industria cinematográfica al corresponder las
recaudaciones de taquilla a exhibidores, productores, distribuidores
y autores, es también un elemento importante en su regulación en la
nueva ley. La calificación orientativa de las obras cinematográficas,
por otra parte, bien sean realizadas directamente por comisiones
asesoras de la Administración o a través de la autorregulación, será
también un elemento importante a desarrollar.
En definitiva, señorías, la importancia cultural del cine y su
significativa aportación a la economía y la creación de empleo
justifican muy sobradamente la existencia de una ley (y así fue
entendido por todos los sectores que -insisto- participaron en el
diálogo en los momentos en los que este proyecto de ley que está hoy
en esta Cámara se estaba debatiendo y elaborando) que responda y
garantice el apoyo al fomento
y la promoción de la producción cinematográfica y audiovisual.
Señorías, quiero terminar haciendo una reflexión final. El cine
español no cabe duda de que está viviendo un momento extraordinario.
El seguimiento del cine en términos generales por parte del público
español y, específicamente, del cine español ha sido cada vez más
alto, pero cuando haya que poner el acento en los problemas y, por
tanto, en la búsqueda de soluciones para un mejor desarrollo del cine
español, hay que insistir en la necesidad de crear un proceso
integrado, que es el que caracteriza a otras industrias
cinematográficas potentes, donde la producción, la distribución y la
exhibición están todas ellas en un mismo grupo, de tal manera que hay
un continuo que permite una potencialidad de desarrollo a la
producción cinematográfica muy superior. Por eso, desde los poderes
públicos y, sobre todo, desde la industria cinematográfica en todos
sus sectores, deberíamos hacer un esfuerzo por orientar la búsqueda
de soluciones, de políticas y de iniciativas en torno a este proyecto
integral de la industria del cine, poniendo especial énfasis -y creo
que eso es lo más importante y lo más débil ahora mismo en el sector
cinematográfico- en la distribución, que es la clave más determinante
en este momento en relación con las carencias, con las dificultades
que puede encontrar todavía nuestra industria cinematográfica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, para que se entienda la
posición del Bloque Nacionalista Galego comenzaré recurriendo a datos
que vienen dados por instituciones oficiales, por ejemplo, la
información que pertenece al área económica y que acompaña en
concreto a este proyecto de ley y las informaciones que el Consejo
Económico y Social dio sobre este proyecto de ley del cine. Quiero
recordarles que entre 1990 y 1998 hay algunos hechos significativos
como, por ejemplo, que sólo el 4 por ciento de la producción
cinematográfica y audiovisual del Estado español fue para la
exportación, esto equivale a decir que de 914.720 millones de pesetas
solamente corresponden a la exportación al exterior 36.879. Si
miramos los países adonde se dirige la exportación se puede observar
que el 2,3 por ciento del total corresponde a la Unión Europea y un
1,8 por ciento a terceros países. La oferta total de películas
extranjeras osciló durante estos ocho años entre el 65 y el 70 por
ciento en el mercado del Estado español. El promedio de filmes
españoles de producciones
y coproducciones se situó en torno a 70, mientras que las
películas extranjeras que se vieron en el Estado español oscilaron
entre 301 y 438 en este periodo de tiempo, 1990-1998. Hay un año
culminante, que es el año 2000, donde los datos resultan
especialmente preocupantes. En concreto, solamente el cine español
fue capaz de recoger el 10 por ciento de la recaudación en el
mercado, el 9 por ciento de los espectadores y el 16,9 por ciento del
total de los filmes exhibidos, mientras que el resto del cine recaudó
el 81,6 por ciento y el 81,8 por ciento de espectadores fue
exclusivamente de cine de Estados Unidos. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Sin embargo, hay algo más interesante y que hace alusión a lo que
acaba de decir la señora ministra. En concreto, el mercado de la
distribución y la promoción de películas es abiertamente oligopólico
en el Estado español. En 1999 las distribuidoras de mayor recaudación
y aceptación por parte de los espectadores fueron Warner Brothers,
UIP, Buenavista, la Fox, la Columbia y Laurent, y en el año 2000
fueron prácticamente las mismas. Por tanto, en el Estado español hay
una evidente falta de articulación vertical de producción,
distribución y exhibición, y no es casual que el cine americano esté
muy bien defendido en el mundo porque existe una interrelación de la
que carece el Estado español.
El informe del Consejo Económico y Social reincide en aspectos
interesantes para el debate que tenemos en este momento. Dice este
informe sobre el proyecto de ley (siguiendo la información de la
Comisión Europea, en concreto su informe sobre competitividad de
empresas europeas frente a la mundialización, cómo fomentarla, y en
particular el apartado: identidad cultural y sector audiovisual, un
desafío y una oportunidad) que en 10 años se pasó de una cuota de
mercado de filmes yanquis del 56 al 78 por ciento, con una
disminución de cuota europea del 19 al 10 por ciento.
Por si fuese poco, el contraste del Estado español con los mercados
de otras cinematografías europeas es también interesante, en
particular con el caso de Francia, que está situada de forma puntera
en el debate y la defensa de lo que es la excepcionalidad cultural
francesa. En concreto, en Francia tienen un 32 por ciento de cuota de
mercado para su cine, para el resto de los Estados europeos el 11 por
ciento y para el de Estados Unidos el 54 por ciento. En España los
datos son radicalmente distintos: el 14 por ciento es de cuota de
mercado para el cinema español, el 19 por ciento para otros Estados
europeos y prácticamente el 64 por ciento, oscilando hasta el 70,
para Estados Unidos.
Por tanto, se puede deducir, y así lo hace el informe del Consejo
Económico y Social, que estamos ante una situación competitiva
prácticamente imposible, en un ámbito de distribución dominado por
empresas de Estados Unidos que mantienen una posición dominante, yya
dije cuáles eran las cinco empresas que recaudan
prácticamente el 70 por ciento de lo exhibido en las salas. Además,
imponen el criterio de que hay que exhibir películas de rentabilidad
económica prácticamente nula o muy pequeña, provocando una dificultad
enorme al cine del Estado español y al cine europeo para poder
abrirse paso en las pantallas. Por lo demás, el propio informe
advierte que el proyecto de ley es muy deficiente en su coordinación
con las comunidades autónomas, en materias que son de su competencia
y que, en todo caso, no se podría hablar de un proyecto de ley de lo
audiovisual sino exclusivamente de la cinematografía.
Sin embargo, para nosotros, a partir de estos datos, la argumentación
básica es la siguiente. Pensamos, en contra de lo que dice la señora
ministra, que el proyecto de ley es totalmente inservible para
enfrentar los problemas de lo audiovisual en general y de la
cinematografía en particular, ni en su vertiente industrial, ni en su
vertiente cultural, ni en su vertiente artística. Bajo nuestro punto
de vista, el único objetivo político de este proyecto de ley es
lograr, de forma camuflada, la supresión de la cuota de pantalla,
nada menos que en nombre del principio de la libertad de circulación
de películas en las pantallas, como se puede ver en una declaración
contundente, axiomática, en la exposición de motivos y como, por
supuesto, se ejecuta en la disposición adicional única. Para nosotros
esto es una paradoja evidente y cuenta, por mucho que se diga lo
contrario, por lo menos con la oposición teórica de productores
independientes españoles, en particular de productores gallegos,
vascos y catalanes, si no hay medidas alternativas de defensa de la
competencia y de la excepción cultural, que es lo que la ley no
contempla cuando dentro de cinco años se eliminen las cuotas. Por
ejemplo, el propio CES dice: Medidas capaces de compensar el efecto
de la supresión. Dice también que habría que crear un sector de
distribución, promoción y comercialización. También se dice y se
aclara que desde 1994, si se consiguió situar la cuota en torno al 14
por ciento, fue porque había la correlación una a tres. El informe
del área de estudios económicos dice, no obstante, después de
desprestigiar la política de cuotas y de considerarla contraria a la
ley del mercado, que la cuota de pantalla sí puede considerarse como
una política fomentadora de competencia al ampliar las posibilidades
de elección por parte del consumidor y al mejorar el conocimiento más
diversificado de actores y directores, que puede influir en futuras
elecciones diversificando la demanda, y en consecuencia la oferta,
cinematográfica. Señorías, esto quiere decir la libertad, no
solamente la libertad de poder competir sino también la libertad de
poder acceder a los productos culturales.
Si hacemos un repaso a las comparecencias de aquellos que no están
vinculados a la industria de Estados Unidos, la inmensa mayoría
declaró de esta manera. El señor González Macho, en la sesión de
comparecencia
del 7 de marzo, decía: No entiendo en absoluto por qué se nos ha
puesto en el corredor de la muerte y se ha marcado ya el día de la
ejecución del cine español de una forma tan explícita y tan clara. Es
más, defendió la correlación uno/dos y defendió la cuota de doblaje
de importación de cine extranjero en función de los rendimientos de
la exhibición en el cine español. Para el señor González Macho había
que combatir la estrategia definida por el secretario de las majors
americanas, el señor Jack Valenti, que decía que es lícito que
aspiraran a tener el cien por cien del mercado. El Estado español es
el tercer o cuarto mercado a nivel mundial para el cine
norteamericano y recuerden la introducción de grandes complejos de
exhibición que están creando las transnacionales americanas en el
Estado español.
El españolísimo señor Campoy Sanz-Orrio, que no se caracteriza
precisamente por sus connivencias nacionalistas, decía: Deberíamos
legislar sin ningún tipo de pudor para que la cuota de pantalla fuera
de dos a uno. Incluso afirmaba que no se debía de haber permitido la
desaparición de las licencias de doblaje y denunció la política de
las prácticas de lotes impuestas por parte de las grandes
transnacionales americanas.
El señor Méndez-Leite que, que yo sepa, es director de la Escuela de
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, decía:
Pienso que la cuota de pantalla es imprescindible y me parece muy
cutre el tres por uno. El meollo de la cuestión está en la supresión
de licencias de doblaje por la Ley de 1994. En todo caso, decía que
la supresión de la cuota de mercado, tal como fue consensuada ya en
1994, provocó una caída de la cuota de mercado del Estado español.
Acabando con los personajes españoles, la señora doña Marisa Paredes
decía: La automática desaparición de la cuota de pantalla que más o
menos refleja la ley nos preocupa. Habrá que encontrar -en esto
queremos hacer especial hincapié y es el motivo de nuestra oposición-
fuertes medidas correctivas para que el cine europeo y el español no
desaparezcan de nuestras pantallas.
Si recurrimos a los productores independientes vascos, catalanes o
gallegos, la posición es coincidente. Por ejemplo, la señora Passola
Vidal dijo que la supresión de licencias de doblaje había reducido el
mercado y la desaparición de la cuota no debe estar formulada de
manera tan tajante. Una medida equivalente en caso de que se
suprimieran las cuotas en cinco años es la que debe de sustituirla.
Una medida equivalente. En la ley no está, no hay compromiso. El
Bloque Nacionalista Galego no se puede comprometer con una ley que
deja en desamparo, en total desamparo, el mercado, que es lo
determinante. El señor Casal Vidal, presidente de Agapi, de los
productores gallegos, decía que había que buscar medidas
alternativas, incluso pensando que, en todo caso, se penalizase de
alguna forma el doblaje de las películas extranjeras, concretamente
de Estados
Unidos, destinando este dinero al fondo de la promoción del cine del
Estado español.
Evidentemente, el Gobierno actuó con la inteligencia de dar el
caramelo de las ayudas automáticas a los productores, que están
enunciadas en el artículo 5, pero están sometidas a un rendimiento de
taquilla que, si no es restrictivo, acabará haciendo que el fondo,
tal como está, sea totalmente insuficiente y habrá que exigir su
elevación. Tampoco se dice cómo se van a articular las ayudas, si en
decretos o en órdenes ministeriales o por qué razón los incentivos
complementarios que aquí figuran no pueden ser para muchos
productores -y deberían de ser para el cine de calidad- los
incentivos fundamentales. Incluso, por qué se posterga, se anula y se
olvida el deber de las televisiones públicas y privadas de contribuir
a la producción cinematográfica, o por qué no se aclara qué es un
productor independiente. En concreto recordaba doña Marisa Paredes
que las ayudas de poco sirven si no van acompañadas de otras medidas,
decía que había que elevar la cuota de mercado dentro y fuera del
Estado español y pedía, en todo caso, imaginación para ampliar el
fondo destinado al audiovisual.
Además, a nosotros, como gallegos, nos parece que hay un problema
competencial básico y es que la ley, aunque hace alusión, es
tremendamente pacata en la defensa práctica de la diversidad
cultural, lingüística, artística y filosófica en un Estado
plurilingüe y pluricultural como el que nosotros reclamamos. La ley
formula los artículos 4, 5 y 6 al amparo de artículos de la
Constitución española -del 149.1.13ª y del 149.2-, convirtiéndola en
legislación básica del Estado, precisamente a través de la
disposición adicional segunda. Pues bien, señorías, esta forma de
proceder anula en gran parte la ley gallega sobre el cine y el
audiovisual, que se aprobó en el Parlamento gallego en 1999, con una
fórmula totalmente raquítica. En concreto se anula la coordinación
con las comunidades autónomas, no hay un grado de participación claro
de la industria catalana, vasca y gallega para hacer un cine catalán,
vasco y gallego originario; por supuesto, no se cuenta con que hay
distintos centros de producción en el Estado español y ni siquiera se
concede a las comunidades autónomas el control de taquilla, cuando
muchos estatutos de autonomía sí tienen este control de taquilla por
ley.
Señorías, nosotros pensamos que en esta situación tan difícil en el
mercado, la ley tiene amplias indefiniciones y vacíos. Por ejemplo,
no hay referencias a los documentales y a las series de animación. Y
recuerdo palabras del señor Campoy: Para que los niños de nuestro
país puedan aprender en cualquiera de las lenguas oficiales un poco
de nuestra cultura, de nuestra literatura y de nuestra historia. La
señora Passola, de una manera más precisa, decía: Los imaginarios
colectivos que ven los niños no son los propios de las distintas
culturas del Estado español. En este aspecto inciden tanto los
productores vascos como los catalanes y los
gallegos, y estos formatos del documental y de la animación deben ser
contemplados en las ayudas. Tampoco ofrece, señorías, una normativa
integral a la cinematografía y al audiovisual. Todos los
comparecientes estuvieron de acuerdo en frases como ésta: Esta ley se
queda un poco corta. Del sector audiovisual, entendido en un sentido
amplio, habla poco. Don Ventura Pons dijo: La ley es insuficiente. La
señora Passola dijo: Debía de haber ayudas a la distribución y a la
exhibición mejor definidas y más amplias, nos parece que son pocas. Y
no se hacen referencias al problema de la enseñanza del cine y del
audiovisual en la escuela.
Voy acabando, señor presidente, con una frase muy evidente y que
solamente tendría la discusión de lo que entendemos cada uno por
diversidad cultural en el Estado español. Es una frase muy curiosa de
don Francisco Casal Vidal, de la Asociación gallega de productoras
independientes, Agapi: Con esta ley, a nivel genérico, nos estamos
jugando una parte importante de nuestra identidad cultural y de
nuestro modo de vida. Y nosotros diríamos: La de un Estado
plurinacional, plurilingüe y pluricultural.
Según nuestro criterio, esta ley no juega a favor, es insuficiente,
está muy equivocada porque, en la práctica, solamente es favorable a
las tesis del neoliberalismo, en concreto, del mercado puro y duro, y
nosotros queremos jugar en un campo a favor nuestro, con voluntad.
Doña Marisa Paredes decía: Un país sin presencia audiovisual no
existe. La diversidad cultural exige beligerancia para resistir. Esta
ley no está en la onda de la beligerancia, se echa en falta esa
beligerancia y una posición consecuente con una resolución del
Consejo Europeo del 12 de febrero de 2001, relativa a las ayudas
nacionales a los sectores cinematográfico y audiovisual. La
resolución del Consejo dice: Estas ayudas están para preservar y
desenvolver su capacidad de definir y aplicar las respectivas
políticas culturales y audiovisuales, a fin de preservar su
diversidad cultural. Lo dice respecto a los debates en la OMC, la
Organización Mundial del Comercio, donde por cierto el Estado español
haría bien en alimentar las posiciones más beligerantes de la Unión
Europea. Pero a renglón seguido, el Consejo Europeo dice algo que es
curioso -y no son nacionalistas, son más bien antinacionalistas-,
dice: Hay una industria cultural por excelencia. Estas constataciones
del Consejo son particularmente válidas en lo que respecta al
desarrollo de la industria audiovisual en los países y regiones con
pequeña capacidad de producción y/o en zonas lingüísticas y/o
geográficas minoritarias. Esta es la posición del Consejo, señorías.
Como representantes de un sector de la sociedad gallega no nos queda
más remedio que presentar una enmienda a la totalidad, sirviendo en
este caso también a los intereses del cine del Estado español en
general, del que es propiamente autóctono. Únicamente observaré que
sólo las distribuidoras transnacionales y los controladores de la
exhibición son los que están manteniendo
posiciones prácticamente neoliberales, que son las que se ven
reflejadas en esta ley. Ese es el motivo de nuestra posición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez
Sánchez. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en
contra? (Pausa.)¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Podemos compartir con el Bloque Nacionalista Galego que el proyecto
de ley sobre el fomento de la cinematografía y el sector audiovisual
resulta raquítico e insuficiente para afrontar las condiciones
legislativas y fiscales mínimamente necesarias para consolidar el
sector cinematográfico y audiovisual en el Estado español.
Participamos también con el Bloque Nacionalista Galego en su defensa
de la diversidad cultural y lingüística del Estado y en la necesidad
de subrayar la dimensión pluricultural y plurilingüe del Estado,
sobre todo y muy especialmente en ámbitos como el cinematográfico
y el audiovisual, estrechamente vinculados con el terreno cultural.
Resulta evidente, como ha manifestado el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego, que el proyecto de ley tiene un título
rimbombante, pero que del análisis de sus contenidos reales, de los
contenidos de su parte dispositiva, no se desprende ni de lejos la
posibilidad de encarar con un mínimo de posibilidades de éxito los
objetivos que se pretenden, máxime en el sector audiovisual, que se
contempla casi exclusivamente en el título de la ley. Se razona la
conveniencia de suprimir las cuotas de pantalla, para someterlas a
renglón seguido a fecha de caducidad, una fecha de caducidad que
marca como referencia un plazo de cinco años. Si no resultan
razonables, ni siquiera prácticas para los objetivos para los que se
establecieron, suprímanse ya y establézcanse mecanismos de fomento
más apropiados, más modernos, más plurales y más abiertos. ¿Se
imaginan una propuesta como ésta formulada por el PNVen el Parlamento
vasco? ¿Recuerdan la polémica suscitada en el Parlamento catalán ante
las propuestas de la Generalitat de establecer cuotas? ¿Recuerdan los
ríos de tinta que corrieron? ¿Y ahora, qué? ¿Lo que se dijo allí no
sirve ahora? El modelo que se presenta responde con claridad a los
postulados de un nacionalismo español cerrado, reduccionista; un
nacionalismo que pretende cerrar las puertas al campo. El Gobierno lo
plantea con miedo, con recelo, sosteniendo vergonzantemente en la
exposición de motivos precisamente la bondad de lo contrario de lo
que después ofrece en la parte dispositiva. En opinión del Grupo
Vasco, este proyecto de ley, centrado exclusivamente en el sector de
la cinematografía,
responde a los últimos coletazos de un modelo que no puede
menos que calificarse de obsoleto, caduco y, además, transitorio.
El Grupo Vasco entiende que el fomento del sector cinematográfico y
audiovisual debe conocer un esquema de trabajo alternativo, un
esquema de trabajo que esté en sintonía con los criterios al uso en
el sector industrial, en el ámbito de I+D y en el terreno cultural.
Ninguno de estos tres ámbitos trabaja con los esquemas que se
plantean en este proyecto de ley. ¿Por qué ha de hacerlo el sector
cinematográfico? Es cierto que hay que resolver los problemas
financieros del cine que se produce en el Estado español, que hay que
aumentar las medidas de promoción de estas producciones en su
difusión tanto doméstica como internacional, y todo ello debe hacerse
de modo que se garantice al mismo tiempo la libre competencia y los
incentivos a la producción propia. No se trata de protestar contra el
cine norteamericano; la cuestión radica en producir cine y programas
audiovisuales de calidad que conecten con el público, películas y
series que sean competitivas.
El Grupo Vasco ha propuesto la supresión de las cuotas de pantalla
por entender que esta medida ha dejado de ser eficaz en la práctica y
que se pueden plantear medidas alternativas de fomento del sector,
tanto de la cinematografía como de lo audiovisual. De hecho, en la
actualidad la cuota de pantalla sólo está vigente en España en el
ámbito europeo. La expansión de las nuevas tecnologías, la
multiplicación de las cadenas y los planteamientos culturales hacen
inviable una política de barreras como la que se pretende defender a
través de las cuotas de pantalla.
La Conferencia europea del sector audiovisual hizo hincapié en 1998
en la oportunidad de fomentar la solidez y la competitividad de la
industria europea audiovisual, tomando en consideración la diversidad
cultural de Europa y las condiciones particulares de las regiones
lingüísticas minoritarias y minorizadas. La correspondencia de estas
ideas con la legislación europea actualmente en elaboración exige que
este proyecto de ley acomode sus previsiones de un modo más eficaz al
entorno europeo y a sus objetivos, así como que sea más consecuente
con la organización territorial del Estado autonómico.
De todos modos, el proyecto de ley no merece, desde la perspectiva
del Grupo Vasco, un rechazo frontal que justifique su devolución al
Gobierno. Se pueden advertir esfuerzos y líneas de cambio en sus
contenidos que apuntan en la que, a nuestro juicio, es la dirección
correcta, aunque sea a cinco años vista. El texto posibilita medidas
alternativas aunque éstas se formulen demasiado tímidamente. En
opinión del Grupo Vasco, el proyecto de ley, a través de los trámites
de su desarrollo en esta Cámara, debe admitir retoques tanto desde la
perspectiva competencial, porque entendemos que acusa un notable
desconcierto en cuanto a los títuloscompetenciales, como desde la
pluricultural y plurilingüe
del Estado, sin olvidar la dimensión industrial y de I+D del
sector audiovisual y cinematográfico. La competencia sobre
cinematografía y el sector audiovisual no es unívoca, sino
compartida, y en ella concurren diversos títulos competenciales.
Algunos de ellos corresponden al Estado, otros están atribuidos a las
comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos y de
acuerdo, además, con una dilatada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que se ha pronunciado reiteradas veces sobre este
asunto. Desde la perspectiva cultural, hay que subrayar la dimensión
pluricultural y plurilingüe de este sector y, desde el punto de vista
industrial, su carácter de I+D. Desde las tres perspectivas citadas,
la competencial, la cultural y la industrial, formulará el Grupo
Vasco sus enmiendas parciales al articulado de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. El Partido Popular trae a esta Cámara un
proyecto que va a cambiar muy poquito las cosas y que no va a servir
para resolver los problemas que tienen planteados el cine español y
el sector audiovisual.
El número de películas españolas estrenadas el año pasado ascendió a
92, la cifra más alta de los últimos 15 años. La cuota de mercado de
cine español, señora ministra, descendió en un 10 por ciento, la
importación de películas europeas ha disminuido en un 10 por ciento
también y, sin embargo, han aumentado las norteamericanas en un 80
por ciento. En el sector de la producción se observa también el mayor
crecimiento, con 98 películas realizadas, 34 de ellas en coproducción
y 107 cortometrajes. Entre los datos del ICAA destaca el aumento del
número de copias para explotación en salas. En el año 1999 se
hicieron 26.407 copias y sólo tres películas se explotaron con más de
300; en el año 2000 sin embargo han sido 29.802 y ocho cintas se han
explotado únicamente con más de 300. El vídeo sigue siendo el medio
que tiende a una mayor utilización en nuestro país, aunque todavía
con una baja repercusión. Del total de 3.859 títulos comercializados
en el año 2000, sólo 425, señora ministra, son películas españolas,
es decir, el 11 por ciento, de todo, absolutamente todo lo
comercializado.
Los incentivos económicos que se destinaron al cine español en el año
2000 ascendieron a un total de 5.310 millones de pesetas; de ellos
4.117 millones correspondieron a ayudas a la amortización de
largometrajes. La comercialización de películas en las salas de
exhibición, que han visto un aumento en el año 2000, han superado los
100 millones de espectadores, como ocurrió
en 1999, aunque todavía un poco por debajo de este año tanto en
cifras globales como en resultados obtenidos por las películas
españolas.
En la exposición de motivos del hipotético segundo congreso
democrático del cine que no se llegó a celebrar, se señalaba,
señorías, que de no adoptarse medidas era posible que no tardásemos
en tener que levantar acta de defunción de un cine, el europeo, que a
lo largo de la historia ha tenido una enorme significación
industrial, económica y sobre todo cultural. En el tiempo
transcurrido desde entonces -aproximadamente estamos hablando de
cinco años-, las disposiciones de la Unión Europea y de las distintas
naciones que la componen no han servido más que para aplazar una
agonía inevitable. La pasividad gubernamental e institucional ha
originado que el cine USA afiance posiciones y conquiste nuevas
cuotas de mercado y que sus películas sean de las más taquilleras en
casi todos los países, produciendo de esta forma, año tras año, un
enorme grado de penetración económica y cultural, con la consiguiente
imposición de sus formas de vida y consumo y por tanto de sus propios
valores.
España es el país de la Unión Europea que tiene la taquilla más
colonizada por USA, con diferencia, pues al ser el décimo mayor
consumidor de cine del mundo y el cuarto europeo representa un
apetitoso bocado para las grandes distribuidoras. Estas
distribuidoras, con el fin de acaparar cuota de mercado, llegan a
utilizar medidas de dudosa legalidad, señora ministra, por un lado
porque al estar las grandes cadenas de distribución en sus manos sólo
se preocupan, en la mayor parte de las ocasiones, de distribuir sus
propias películas, imponiendo, por tanto, un sistema de contratación
por lotes, difícil de demostrar pero que sin embargo ocurre en la
realidad, por el que hacen que los exhibidores que quieran proyectar
una película de moda tengan que comprometerse a proyectar otras que
no le interesan en absoluto ni a él ni al público; son las llamadas
de tipo o serie B, con lo que ocupan buena parte de las sesiones
impidiendo de esta forma la proyección de cine comunitario y por
tanto de cine español. Por otro lado, acaparan los grandes circuitos
de salas y las mejores fechas, además de obstaculizar la entrada de
películas foráneas en su país, exigiendo versiones originales en
inglés. Esta, señora ministra, es la falacia del mercado libre y sin
fronteras que nos han vendido y que además, desgraciadamente, ustedes
han comprado.
Ante todos estos hechos al cine no habría que considerarlo como otro
producto cualquiera. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida piensa que hay que defenderlo como una forma de expresión de la
propia cultura y, por tanto, demandar el establecimiento de un
producto de excepción cultural, que es la única justificación para
una política proteccionista, no admitiendo filosofías como las
explicitadas en esta Cámara por algún compañero de ustedes en
anteriores legislaturas-me refiero concretamente al ex secretario de
Cultura,
don Miguel Ángel Cortés- que literalmente decía: La excepción
cultural en general es anticultural y antieuropea, pero además para
España es contraria a nuestros intereses. Pues bien, señorías, de
aquellos polvos vienen estos lodos.
La política seguida hasta ahora en materia de cine no ha podido ser
más desastrosa. A la desaparición del canon de doblaje en el año 1994
por la Ley del cine del Gobierno socialista ha seguido una política
errática por parte del ICAA basada en casi continuos cambios en la
legislación, en medidas coyunturales, más tipo parches -valga la
expresión, sin ánimo de faltar al respeto-, que han pretendido
disimular, que no arreglar, los auténticos problemas de esta
actividad. Por si fuera poco, señora ministra, las últimas medidas
adoptadas por el ICAA proponen sólo una mayor liberalización y
adaptación a la economía de mercado, ignorando que este mercado es un
mercado cautivo en manos de los Estados Unidos.
En la línea de la plena liberalización del sector, en aras de la
libre competencia, el Gobierno del Partido Popular se acoge a la
necesidad de trasponer las directivas europeas que le vienen bien,
olvidando las que no le vienen tan bien. En este sentido, ustedes van
a adoptar una serie de medidas que no van a favorecer en absoluto el
desarrollo de la industria cinematográfica en nuestro país. Al mismo
tiempo, el Gobierno hace caso omiso de otras directivas, de igual o
mayor rango, por cierto, como la de Televisión sin fronteras, que
prácticamente en todos sus aspectos -porcentaje de películas y
productos de ficción de la Unión Europea, cortes y duración de los
bloques publicitarios, etcétera, así como protección de la infancia-
son claramente incumplidas de forma sistemática por todas las cadenas
de televisión, y quiero hacer especial hincapié, sobre todo por las
públicas. Pero, claro, en esto parece que hay una manga ancha
tremenda y que no se entera ni el Gobierno, ni la ministra ni ninguno
de los competentes en la materia. ¿Pensaban ustedes, tal vez, por
aquello del efecto Cañete, del ministro Cañete, que esto iba a ser
también un paseo fácil? Sin embargo, se han encontrado ustedes con
que los profesionales de la industria, después de que pareciera que
eran ustedes capaces de consensuar esta ley sin mayores problemas,
han comparecido en este Parlamento y lo que parecía ser un aval para
el proyecto de ley del PP empezó a dejar de ser un camino de rosas en
este Congreso y los distintos pareceres empezaron a chocar entre sí
tras las primeras declaraciones. Los productores, directores y
distribuidores, incluso hasta la propia Academia de Cine, señora
ministra, o la propia Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid,
hicieron frente común a los representantes de los exhibidores. Los
primeros defendieron a capa y espada la necesidad de mantener la
cuota de pantalla e incluso aumentarla, ya que de no ser así se
pondría al cine español en el corredor de la muerte y con fecha fija
para su
propia ejecución, aunque también es cierto que algunos reconocieron
que tampoco esta era la panacea para el cine español y que se podrían
barajar otras medidas para potenciar esta industria. Los primeros no
trataban de oponerse al libre mercado adoptando todo tipo de medidas
proteccionistas, sino al todo vale en el libre mercado, porque ese
mercado libre, señoras y señores diputados, debería tener unos
correctivos cuando la mercancía de la que estamos hablando es nada
más y nada menos que la cultura. Los segundos, sin embargo, apoyaron
el texto del Gobierno que implica la desaparición de la cuota de
pantalla en cinco años; defendieron esta posición en aras del libre
mercado, aunque he de decir en este punto que don José María Otero,
director del ICAA admitió en su intervención la posibilidad de
estudiar la anunciada supresión de la cuota de pantalla en cinco años
y con este matiz -creo yo- trataban de tranquilizar a creadores y
productores que habían reiterado su preocupación ante la caducidad de
esta normativa que les protege frente a la avalancha de cine de
Hollywood.
Pues bien, señorías, este Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ha presentado enmiendas en la línea de corregir todas estas
preocupaciones y sobre todo en la línea de proteger al cine como
excepción cultural y también a la industria cinematográfica española.
Por eso las enmiendas que hemos presentado van en la línea de
proteger al cine como excepción cultural, señora ministra, de
eliminar el tema de la cuota de pantalla y de aumentarla ahora mismo
a dos por uno en lugar de a tres por uno. Es decir, de cada dos
películas que se proyecten, una ha de ser española. Yo creo que este
es un clamor que no solamente plantea mi grupo parlamentario sino
prácticamente el conjunto de los sectores afectados. También
planteamos en nuestras enmiendas, repito que con el ánimo de mejorar
este proyecto, la creación de la cuota de distribución, que es un
elemento importante, porque si se secuestran las películas y no se
distribuyen, difícilmente pueden ser proyectadas. Por lo tanto, ese
elemento es un tema que a nosotros nos preocupa y compartimos esa
preocupación con amplios sectores de la cinematografía, que queremos
que miren ustedes con cariño y que, si es posible, recojan nuestra
enmienda.
También hemos planteado en nuestras enmiendas elevar a la Unión
Europea la necesidad de alcanzar un acuerdo con terceros países, con
el fin de reequilibrar las condiciones de distribución y exhibición
de las obras cinematográficas comunitarias para que tengan las mismas
posibilidades que las foráneas en el resto del espacio europeo, así
como establecer líneas de colaboración con ayuntamientos para que se
lleve a cabo un plan de ayudas para poder modernizar y promocionar
las salas de cine y las salas alternativas en las propias
instalaciones municipales y también adoptar medidas para que la obra
del autor cinematográfico sea respetada
íntegramente, tanto en su formato de imagen como de sonido.
Una preocupación que compartimos con las comunidades autónomas es el
establecimiento de un plan de ayudas para las escuelas universitarias
del cine homologadas por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Castro, le ruego que
vaya concluyendo.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente, termino
inmediatamente.
También creemos necesario un sistema de ayudas a la distribución de
cine español o comunitario, con ayudas automáticas a la producción en
función de los resultados de taquilla y ayudas a distribuidoras, a
los costes de copias en el sector artístico y ayudas automáticas a la
exhibición.
Con nuestras modestas aportaciones, con nuestras enmiendas, repito
una vez más, pretendemos mejorar este proyecto de ley que trae a esta
Cámara el Partido Popular y en función de lo que la señora ministra
nos diga cuando conteste, procederemos con nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Catalán no votará a favor de esta enmienda de
devolución, de esta enmienda de totalidad, pero no porque no comparta
alguna de las preocupaciones que ha puesto sobre la mesa el portavoz
del Grupo Mixto, sino porque entiende que muchas de esas
preocupaciones se pueden corregir por vía de enmienda parcial al
texto, y que no sólo se pueden corregir por vía de enmienda parcial
al texto sino que este texto que a partir de hoy, superada
previsiblemente esta enmienda de totalidad, se va a tramitar en este
Congreso no es un mal texto, a juicio de mi grupo. Es un texto
mejorable, pero de entrada es mejor que la ausencia de ley. No es
malo en su conjunto, en el espíritu que tiene detrás, aunque es
perfectible, y es sobre todo una ley marco cuya eficacia sólo podrá
medirse en función, en primer lugar, del presupuesto, seamos
realistas, y, en segundo lugar, en función de las medidas concretas
de aplicación que se dicten en desarrollo de esa norma.
Desde Convergència i Unió partimos de tres premisas muy básicas al
afrontar lo que tiene que ser una política de cara a la
cinematografía y al fomento de la cinematografía. Una primera, que ha
sido comentada por otros portavoces, es entender el cine como un
producto a la vez industrial y cultural de forma inseparable. Hay que
dejar clara, y de ahí sacar las consecuencias
políticas y jurídicas que se derivan, la naturaleza del cine
como una industria estrictamente cultural. No estamos hablando de
aparatos de aire acondicionado, de calzado o de envases de tetrabrik.
Aquí estamos hablando de nuestra propia identidad cultural y quien
pierda de vista a esa premisa no puede llegar a las conclusiones que
entendemos que son las correctas. El cine, lo queramos o no -algunos
además lo queremos, pero aun en el caso de aquellos que no querrían
que fuera así-, es la base de la gran mayoría de nuestros referentes
culturales y visuales. Es el medio principal y más importante de
transmisión de nuestros valores culturales. En unos casos lo es de
supresión o modificación de esos mismos valores y de esos mismos
elementos culturales; en otros es una forma de creación artificial de
otra serie de referentes que juntos son en buena medida los que
acaban construyendo eso que denominamos cultura, que es mucho más que
una simple sucesión de libros, canciones o poemas. Es un conjunto de
imágenes y de elementos y ahí el cine tiene un papel fundamental que
sólo puede crecer. Bien lo sabía la industria y el Gobierno
norteamericano cuando empezó a desarrollar el cine. Tenía un elemento
político detrás, la conquista, entre comillas y sin comillas, del
mercado europeo y mundial, conquista legítima y real. Si tenemos hoy
como referente mucho más la situación de la policía en Los Ángeles o
lo que ocurre en el oeste norteamericano, en lugar de la realidad de
la cultura griega, de la cultura mediterránea, de la conquista de
América, de la realidad Iberoamericana, de la realidad presente y
pasada de Europa, es a causa del cine casi exclusivamente. Por tanto,
no podemos perder de vista al diseñar una política de apoyo a la
cinematografía ese elemento cultural, que en el caso español tiene un
plus, y ahí de nuevo sintonizamos totalmente con la música de fondo
que sonaba en la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista
Galego, porque esa diversidad cultural no se da sólo en el conjunto
de Europa, sino que también la hay en el Estado español, hay un plus
de diversidad cultural que tiene que ser protegido y apoyado. Junto a
esa diversidad exterior, nos decía una de las comparecientes, hay
también una diversidad interior que merece todo el apoyo, no sólo
porque así lo impone la Constitución en lo que se refiere a la
diversidad lingüística del territorio del Estado español, sino que es
ese conjunto de la pluralidad lingüística y cultural que tiene España
el que forma parte de su riqueza cultural y el que merece una
especial protección y un especial apoyo.
El cine es una industria al mismo tiempo. Mi grupo no está por una
política que pretenda sólo apoyar o promocionar una especie de cine
para elites culturales, para salas reducidas. No. El cine es y puede
ser, y el cine europeo y español han demostrado que pueden serlo, una
industria, con todo lo que supone, una industria muy especial; una
industria de prototipos, se hacalificado alguna vez, que no hace
productos en serie,
que agota; cada fábrica se termina y se cierra cuando ha terminado
una producción y hay que volver a construir la fábrica con la
producción siguiente. Es una industria muy especial, pero crea
trabajo y riqueza y, por tanto, tiene y merece todo el apoyo que el
Estado presta en el conjunto de lo que son las actividades
económicas, por ejemplo, también en el ámbito fiscal, fomentando la
inversión en ese sector, apoyando el elemento estrictamente
industrial y potenciando que esa industria pueda competir en igualdad
de condiciones en el mercado español y europeo con las demás
industrias que proceden de otras partes del mundo. Es una industria
que además, en la sociedad de la información y de la imagen, que es
la de hoy -sepamos en qué momento estamos teniendo este debate-, no
es una industria cualquiera; es una industria que en el fondo está
detrás y alimenta buena parte de las otras industrias pujantes que
tenemos hoy.
En este contexto, ¿cuál ha de ser el papel del Estado y por qué
nosotros aceptamos esta ley? Le damos la bienvenida por el hecho de
que haya sido traída a esta Cámara y lo que sí haremos es intentar
perfeccionarla. No olvidamos nunca, lo recordamos cada día los que
somos diputados, que hay mayoría absoluta en este Parlamento, pero a
pesar de eso seguimos trabajando y poniendo propuestas sobre la mesa.
¿Cuál es el papel que creemos ha de tener el Estado y el tono que
tiene que tener esa ley? En primer lugar, claramente, debe haber
protección, con todas sus letras, precisamente por el elemento
cultural que tiene, por el riesgo de que esa cultura quede extinguida
en un plazo medio o largo, que quede absolutamente superada por otras
culturas, probablemente más pobres que la nuestra en algún caso
o equiparables en otros -ese sería otro tipo de debate-, pero en todo
caso con muchos más medios que los que tienen hoy las industrias
culturales europeas. Por lo tanto, debe haber protección, también
porque el mercado no es justo, porque el mercado está distorsionado,
no sólo por razón de las diferencias de capital, sino porque hay
prácticas abusivas. Igual que se reacciona contra las prácticas
abusivas en la distribución de software, en la distribución de coches
o en la distribución de yogures, hay que reaccionar -y el Estado
tiene la obligación de hacerlo- contra las prácticas abusivas en la
distribución de productos cinematográficos de películas. Ahí, el
doblaje, evidentemente, de raíz claramente franquista, pero hoy no
susceptible de ser corregido por vía reglamentaria ni legislativa
porque ya ha calado de forma muy honda en la propia sociedad
española, es algo que ha influido mucho en lo que es esa distorsión
del conjunto del mercado. Por eso, nosotros defendemos el
mantenimiento de la cuota de pantalla, damos la bienvenida a que se
mantenga durante los próximos cinco años y pediremos al Gobierno que
suprima esa desaparición automática de la misma. Tampoco pedimos que
se imponga que se prorrogue automáticamente; simplemente que, pasados
esos cinco años,
quepa la posibilidad, a la luz de lo que haya ocurrido en el mercado,
de que esa cuota de pantalla se mantenga.
Ciertamente, la cuota de pantalla no es la única forma de protección,
hay otras y la realidad de la industria del cine en Europa nos da
ejemplos; los hay en Francia y en el Reino Unido y alguno de ellos
han sido muy eficaces. Lo que no se puede es suprimir la cuota de
pantalla sin introducir en perfecta simultaneidad otras vías de
impulso de fomento y de auténtica protección. Por tanto, nosotros
pediremos el mantenimiento de la cuota de pantalla más allá de cinco
años, si el mercado lo permite, si el mercado así lo aconseja, e
incluso autorizar al Gobierno para que pueda en su caso reforzar esa
cuota de pantalla. No pretendemos que se imponga desde ahora, porque
realmente la cuota de pantalla como tal ni siquiera en la proporción
del 3 por 1 ha sido realmente aplicada. Vamos a ver qué ocurre si se
ponen todos los medios de control para que se aplique en realidad.
Hay otras medidas ciertamente que escapan a esta ley, que se han
mencionado y que deberán ser objeto de análisis dentro del marco de
lo que es una política de apoyo al cine, como puede ser el conflicto
entre fútbol y cine y la cantidad de dinero de nuestros impuestos, de
los impuestos de todos los que estamos aquí y de los impuestos de los
millones y millones de ciudadanos que representamos, que se va
directamente en salarios de futbolistas, a través de lo que se está
pagando por la retransmisión televisiva. Yo, personalmente, rechazo
ese modelo. Evidentemente, un solo grupo no va a poder cambiar eso,
es algo que hay que hacer de forma mucho más amplia, pero es
escandalosa la proporción de dinero de los impuestos de los españoles
que a través de las empresas públicas de televisión se está gastando
en financiar a jugadores de fútbol en lugar de estar generando, en
una proporción superior a la que hay ahora, una industria
audiovisual. Ese es un debate importante sin duda que va más allá de
lo que es esta ley.
Hay que fomentar también una producción de calidad y, por tanto,
apoyamos esta ley en lo que tiene de establecimiento de unas ayudas
relativamente automáticas a la producción, estimulando también la
inversión. Ahí hay otro tema que podría desarrollarse en otros textos
y que nos parece bien que no se meta aquí por no mezclar, pero que
anunciamos que seguiremos estudiando -ya en su momento lo hicimos-,
como es el establecimiento de determinadas medidas fiscales de apoyo,
por ejemplo, en el marco de la anunciada reforma del impuesto sobre
sociedades. Ahí también habrá que actuar y seguir teniendo en cuenta
este tema.
Finalmente, comparto totalmente las palabras de la ministra y en
realidad de todos los que van interviniendo en este debate sobre la
necesidad de una mayor integración vertical entre producción,
distribución y exhibición. El gran problema en este momento de la
industria del cine en España es fundamentalmente la
distribución y la exhibición. De nuevo aquí el problema es mucho más
grave para aquellas cinematografías españolas que se producen en
lenguas que no son la castellana y que tienen mayores dificultades y,
en consecuencia, necesitarán un mayor apoyo.
Queda aquí un poco espigado lo que será el contenido de las enmiendas
de mi grupo -enmiendas muy concretas para las cuales esperamos contar
en su momento con el apoyo de la mayoría absoluta-, pero creemos que
todo eso se puede hacer en el trámite de ponencia y de Comisión.
Termino, señor presidente, diciendo que esta ley no es la única
posible. Eso es habitual, pero en este caso lo es clarísimamente
porque el derecho comparado nos da otros ejemplos. Por tanto,
compartimos la opinión de aquellos que creen que habría otros
sistemas tanto o más eficaces de apoyo a la industria del cine, pero
creemos que es una ley posible, que es una ley que, si se lleva a la
práctica con el espíritu con el que se va a elaborar, puede ser muy
eficaz; evidentemente dependerá de su dotación presupuestaria.
Finalmente, del trabajo de todos y de la aplicación que de él haga el
Gobierno dependerá que seamos capaces o no, en lo que es el siglo de
la cultura de la imagen, de llegar a tener una industria de la
imagen, una industria audiovisual y, de entrada, una industria
cinematográfica de altura, o si simplemente, puesto que no querremos
huir de lo que es esa cultura de la imagen y de esa sociedad de la
información que vive de la misma, viviremos de industrias ajenas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señor presidente, señorías, venimos aquí a
debatir una enmienda de totalidad de devolución al Gobierno de la ley
que éste ha presentado a las Cámaras. Creo que el proyecto de ley
tiene una virtud que nosotros no vamos a negar: que existe, y esto
sinceramente es un avance. También hay que reconocer que el Gobierno
antes de traer la ley del cine y del sector audiovisual a la Cámara
ha hecho un trabajo, que ha dado un resultado, porque ha movido a la
industria, al sector, como ahora se dice, y hoy sabemos bastante más
de la situación que hace unos días. Creo que no se puede votar en
contra de la admisión de la ley y por eso nosotros no lo vamos a
hacer. Es evidente también que la ley, como todo en la vida, es
mejorable. Tampoco voy a hacer un discurso en el que forzadamente,
como diría Eco, uno tenga que ser apocalíptico o integrado. Yo no voy
a ser ni tan integrado como la ministra, ni tan apocalíptico como
alguna de las intervenciones. Me niego a admitir semejante dicotomía;
pero es indudable que el cine español tiene problemas.
El proyecto de ley que nos ha traído el Gobierno a la Cámara es una
ley del cine que tiene cosas positivas, pero no es una ley de defensa
del cine español o, por decirlo con más generalidad, no es una ley de
defensa de la producción audiovisual española, no llega a serlo. En
el trámite de enmiendas, en ponencia y luego en Comisión, si el
Gobierno y el grupo que lo apoya lo quieren, creo que se pueden
introducir sensibles mejoras para transformar esta ley en una ley de
defensa del cine español. Pondré algunos ejemplos, aunque ya se han
dicho muchas cosas.
Si vemos la proyección que se hace en las televisiones públicas -y no
digo sólo en Televisión Española-, nos encontraremos con algunos
datos abracadabrantes. Si sumamos el fútbol, que es mucho sumar, y
las películas de terceros países, que se dice eufemísticamente -en
realidad películas norteamericanas-, y lo comparamos con las obras de
creación europeas o más estrictamente españolas, los datos que
arrojan esas estadísticas simplemente son, desde el punto de vista
cinematográfico, detestables. ¿Eso se puede corregir desde la ley? Se
puede y discutiremos sobre ello en ponencia y en Comisión.
Respecto a las cuotas de pantalla, si uno lee los medios de
comunicación escritos, parece que la ley debiera de haberse resumido
en un solo artículo: se quitan en cinco años dichas cuotas de
pantalla. La ley es más que eso, aunque en esta simplificación y
simpleza se ha querido llevar el debate sólo a ese tema. No es así,
no debe de ser así, pero en relación a las cuotas de pantalla, sobre
las que el Gobierno trajo aquí la ley diciendo que en cinco años
desaparecerían, en las comparecencias de los representantes
cualificados del sector nos encontramos con que ese acuerdo no era
tal y que en general prácticamente todos defienden la permanencia de
la cuota de pantalla. Creo que es buena ocasión, siempre que el
Gobierno y el Grupo Popular estén abiertos al debate, para que esto
se debata.
La siguiente cuestión que se plantea, que es el problema
suficientemente conocido de la mala competencia o la competencia
desleal de películas de terceros países -es decir, norteamericanas-
respecto a la filmografía española y europea, es el doblaje. Si un
productor quiere estrenar una película española doblada al inglés en
Estados Unidos, no hay ninguna ley norteamericana que lo prohíba,
pero es imposible estrenarla. La industria norteamericana respecto a
la industria europea en general y a la española en particular juega,
diciéndolo científicamente, sucio. En Estados Unidos no se puede
estrenar una película doblada. De hecho, no de derecho, el proceso
integrado al que se refería la ministra, producción-distribución-
exhibición -que tiene sus riesgos, porque yo creo que choca contra
varias leyes de la competencia-, en Estados Unidos hace imposible que
una película extranjera doblada al inglés sea estrenada, a no ser que
sea en un cineclub, y nosotros regalamos la lengua española a todas
las películas
norteamericanas que se quieran estrenar, gratis et amore. Aquí
creo que hay que meditar un poco sobre la limpieza de la competencia,
y si usted quiere estrenar películas norteamericanas -producidas en
lengua inglesa por tanto- en castellano, por lo menos tendrá que
pagar algo. ¿Qué decir de la publicidad? Las películas
norteamericanas, las de gran éxito y las de ningún éxito en Estados
Unidos, reciben un apoyo publicitario en las televisiones públicas y
privadas españolas que realmente arrasa con cualquier posibilidad de
competir en igualdad de condiciones, porque las producciones
españolas y también las europeas son incapaces comercialmente de
lanzarse a una publicidad de ese tamaño. Señores, hay que plantearse
la competencia en igualdad de condiciones y yo creo que hay que
plantearse no el restringir la publicidad, sino simplemente poner
coto a tamaña desmesura. He de decir antes de continuar, para que
nadie me confunda en mis pensamientos estéticos respecto al cine
americano, que estoy más cerca de aquel que, al oír la frase: cine
norteamericano, dijo: usted acaba de decir una redundancia; estoy más
cerca de ese señor que de los cineclubs y de El acorazado Potemkín.
Yo creo que el cine norteamericano es bastante redundancia, porque
forma parte no sólo de la gran industria sino de las grandes obras
maestras del cine del pasado y del presente. Por tanto, no estoy en
contra del cine norteamericano; estoy a favor de que compita
legalmente y sobre todo legítimamente en nuestro país.
Está el asunto de los llamados paquetes de las grandes productoras y
distribuidoras. Películas que jamás han pensado estrenar en Nueva
York, Washington o Chicago se estrenan en España. ¿Por qué? Porque
las televisiones españolas a las que han sido vendidas esas películas
exigen que sean estrenadas previamente en pantalla, con lo que hacen
una competencia absolutamente desleal al cine europeo y en particular
al cine español. Además, las distribuidoras probablemente no tienen
mucho interés en estrenar esas películas. Es el propio sistema
español de las televisiones el que fuerza, en contra del cine español
y del cine europeo, que las majors estrenen esas películas en
pantalla. La ley puede y debe regular esto.
En cuanto a algo sobre lo que ha insistido la ministra, la tan traída
y llevada industria española, cuando algún político -y no me voy a
referir sólo al Parido Popular-, en general, habla de la cultura hace
más retórica que política. La cultura es muy importante, el cine
español es muy importante. ¿Y ustedes, qué hacen para que eso se
convierta en una industria? En esta ley, no diré que nada, porque
sería falso, pero muy poco. ¿Alguien desde los poderes públicos se ha
planteado seriamente que se cree una industria? Para que se cree una
industria se tienen que crear beneficios, se tiene que facilitar que
la gente que mete dinero en esa industria pueda ganar algo, que no lo
meta
gratis et amore o que no se meta en aventuras que dependan
básicamente no de las inversiones privadas sino de las ayudas que se
consigan acá o acullá. Esta ley debe entrar también en ese tema,
teniendo en cuenta que las ayudas al cine, el fondo para el cine, se
cobra tarde, mal y nunca. Pero no se trata sólo de resolver ese
problema financiero del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
sino de intentar iniciar un proceso industrial que consolide la
industria del cine, que es una industria cultural española.
Este trámite parlamentario tiene su importancia. Nosotros nos vamos a
abstener en cuanto a la devolución, pero el trámite empieza el día
que comencemos a discutir en la ponencia y luego en la Comisión.
Cuando escuchemos ahora a la representante del Partido Popular
tomaremos muy buena nota no sólo del tono, que será agradabilísimo,
sino de la voluntad de llegar a una ley de defensa y de promoción del
cine español. Y, por favor, quitémonos la retórica; la retórica sobre
la cultura española en esta Cámara y en todos los ámbitos de la vida
política ya está absolutamente desgastada. Pasemos de la retórica a
los hechos. Esta es una buena ocasión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Leguina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor
presidente.
En primer lugar, quiero manifestar el sentido del voto del Grupo
Parlamentario Popular a la enmienda de totalidad que ha presentado el
Grupo Parlamentario Mixto. No es necesario decirlo, pero quiero
hacerlo explícito, nuestro voto va a ser negativo porque creemos que
es una muy buena ley la que hoy se nos presenta. ¿Quizá mejorable?
Todo es mejorable, sin duda, lo han dicho aquí todos los portavoces y
posiblemente lo compartamos todos. ¿Insuficiente? También. En
cualquier caso, es una buena ley que, además, yo diría que no sólo es
necesaria sino indispensable. La demanda todo el sector, como ha
dicho el portavoz socialista. Es una ley indispensable.
También quiero poner por delante que a pesar de los términos
utilizados -algunos apocalípticos, otros sencillamente muy
pesimistas, otros realistas-, nosotros creemos que el cine español
está pasando por un momento muy bueno; y cuando digo el cine español
estoy hablando del cine en genérico, porque en España siempre ha
habido grandes talentos. Nos lo recordaba el otro día en un artículo
Roman Gubern, por supuesto desde Buñuel o Nestor Almendros, pero
incluso citaba a Blasco Ibáñez como el autor mejor pagado del cine
mudo en Hollywood. Pero esos grandes talentos, como en otros ámbitos
de la creación artística, se nos escapaban
entre las manos porque el cine, como dijo creo que fue Hitchcock,
no se hace con un pincel, se hace sobre una industria, y aquí no
había industria; la había naturalmente, y se han hecho grandes
esfuerzos para ello, pero no la industria necesaria para soportar el
cine español con la envergadura que ya está tomando.
Vuelvo a decir que el momento actual del cine es excelente. Ustedes
han manejado aquí cifras, cifras que han dado desde el director del
ICAA hasta las personas que han venido a comparecer, pasando por el
informe de la Academia, por citar una fuente de autoridad, y han
omitido que todos han terminado diciendo que esas cifras eran
coyunturales, es decir, que una bajada en las de un ejercicio sobre
otro no quiere decir que el cine esté peor este año que el anterior.
Sencillamente quiere decir que el que una película de tirón, una
película locomotora, como Torrente 2 -que posiblemente se estrenará
pronto-, se estrene en un mes de noviembre o en un mes de enero tira
de un ejercicio o tira de otro, pero todo el sector ha dicho que las
cifras coyunturales no son significativas y que se está pasando por
un momento excelente. Dicho esto, permítanme, señorías, que haga un
inciso diciendo que más excelente todavía va a ser el próximo
domingo, cuando Bardem consiga su Oscar -que para nosotros ya lo ha
conseguido-. Le quiero mandar nuestro apoyo, felicitación y decirle
que supongo que compartimos la misma situación de nervios.
Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta ley? Yo no me voy a poner
a desmenuzarla. La ministra lo ha hecho con muchísima claridad y
además punto por punto. Nosotros buscamos precisamente ese término
que no es la ayuda, es el fomento y el apoyo a una industria sin la
cual la creatividad no sería posible. ¿Se logra con esta ley?
Posiblemente se podría hacer mucho más. Lo que es un hecho es que se
le da a un sector industrial un tratamiento singular precisamente por
su valor cultural. Cuando se dice: no lo trate usted como un producto
más, díganme cuántos productos tienen una ley específica de fomento.
Es el valor cultural que se reconoce a lo largo de toda la ley. Es la
diversidad cultural española y de las lenguas, la diversidad cultural
europea la que se promueve y se apoya a lo largo de toda esta ley.
Voy a entrar en algunos puntos. En cuanto al apoyo económico -que
lamento tener que decir aquí que no es desdeñable-, tanto el fondo de
ayuda a la cinematografía, como las cuotas de pantalla, como el
porcentaje que las cadenas de televisión deben reservar para emisión
de cine y que nuestro grupo, por la vía de enmienda -y ya se ha
anunciado repetidas veces-, va a proponer que sea hasta del 60 por
ciento, son tres instrumentos de una enorme importancia. Repito, de
una enorme importancia; estamos llegando a una envergadura muy seria.
Por cierto, el portavoz socialista ha dicho que parece que es la ley
de la cuota de pantalla. No tiene nada que ver, la cuota de pantalla
se prolonga
cinco años y quisiera decirle a algún grupo que ha utilizado ese
término que por favor no se frivolice diciendo que el cine español
está en el corredor de la muerte. Es demasiado serio el término
corredor de la muerte, y mucho más aquí, como para que oigamos ese
término respecto de las cuotas de pantalla.
El fomento a la cinematografía se hace sobre dos bases: criterios
objetivos (es muy importante que todos los actos de los poderes
públicos puedan ser recurribles y eso sólo se consigue si los
criterios son objetivos, y esta ley los fija) y determinación de las
infracciones y las sanciones, que hasta ahora eran imposibles de
cumplir: diez procedimientos sancionadores han quedado desestimados
por el Supremo; los diez que ha habido. Si no es importante que haya
criterios objetivos y por tanto recurribles, y si no es importante
además que la ley se cumpla porque el procedimiento sancionador es
real, dígannos si esta ley no tiene la máxima importancia en ese
sentido. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
No voy a hablar ahora, porque supongo que no tengo tiempo y además la
ministra lo ha hecho muy bien, de la diversidad cultural que a lo
largo de todo el texto se promueve (la diversidad de las lenguas o la
Filmoteca como conservación de la memoria) pero concluiré con el
diálogo. El señor Leguina pedía que no tuviésemos términos
eufemísticos. Tenemos los que tenemos y desde luego sabe que estamos
muy dispuestos. Esta ley ha sido fruto de años de trabajo con todo el
sector y confiamos que no sea cuestión de años sino de días el
trabajo y el diálogo entre los grupos de esta Cámara a fin de que
hagamos una ley que tenga la máxima aceptación. Sí les quiero decir
que fue un compareciente precisamente gallego quien dijo: El gran
talón de Aquiles de la cinematografía española está en la
confluencia. Si no logramos que todo el sector confluya para trabajar
al unísono, estaremos dando ventajas al cine de otros países, entre
ellos el de Estados Unidos, pero también por ejemplo el francés,
donde confluyen todos los sectores: creación, producción,
distribución y exhibición. Hoy somos nosotros, los poderes públicos y
concretamente el Legislativo, quienes no podemos fallar. Debemos
sacar adelante esta ley, a ser posible acordada entre todos, que
haría posible sentar las bases de esta industria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Sometemos a votación la enmienda de totalidad de devolución
presentada por el Grupo Mixto al proyecto de ley de fomento y
promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, tres; en contra, 178; abstenciones, 84.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de
totalidad de referencia.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL
ESTADO, TEXTO ARTICULADO APROBADO POR DECRETO 1022/1964, DE 15 DE
ABRIL. (Número de expediente 121/000034.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Tramitación
directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de
ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto
articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor
ministro de Hacienda. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta,
señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara, para su aprobación
en lectura única, el proyecto de ley de modificación de la Ley del
Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por decreto 1.022/
1964, de 15 de abril, cuya finalidad es mejorar la estructura del
sector público empresarial.
Como SS.SS. conocen... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.)
Adelante, señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Como SS.SS. conocen, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales ha operado bajo las directrices del Ministerio de
Industria y Energía desde 1968 hasta la aprobación del Real decreto
689/2000, de 12 de mayo, mediante el cual se adscribe al Ministerio
de Hacienda.
Por otra parte, dentro del Ministerio de Hacienda ha permanecido
históricamente el grupo adscrito a la Dirección General de
Patrimonio, compuesto por otro grupo nutrido de empresas públicas.
Así, por primera vez los dos grupos de empresas públicas se han
reunido en un mismo departamento ministerial.
El objeto de la nueva ley es facilitar y agilizar la ordenación y
gestión del conjunto de las empresas
públicas del Estado para aprovechar mejor las capacidades específicas
de la SEPI y del grupo Patrimonio.
La Sociedad Española de Participaciones Industriales está altamente
especializada en el saneamiento, en la administración y también en la
privatización de empresas. Este proyecto de ley facilitará la
adscripción a la SEPI de empresas del grupo Patrimonio, lo que
supondrá sin duda alguna un avance en la modernización del sector
público empresarial del Estado. Por otro lado es necesario mantener
la capacidad de la Administración general del Estado a través de la
Dirección General del Patrimonio, para aprovechar su experiencia en
la gestión de sociedades estatales, sobre todo de carácter
instrumental, y en el seguimiento y control de sus actividades, en la
gestión del patrimonio inmobiliario y en el desarrollo de la política
de compras públicas, especialmente en la provisión de bienes y
servicios de mercados liberalizados.
Dada la conveniencia de mantener los dos grupos públicos por razones
presupuestarias, económicas y funcionales y a la vez facilitar la
movilidad entre ellos para conseguir la adscripción más eficiente, es
conveniente agilizar el procedimiento reglamentario, tal y como se
propone en este proyecto de ley. De esta manera, el Ministerio de
Hacienda podrá someter al Gobierno la adscripción de las diferentes
empresas en el grupo empresarial más adecuado en función de sus
características y necesidades. Lógicamente, la mayor parte de las
sociedades mercantiles que ahora pertenecen al grupo Patrimonio
podrán beneficiarse de la autonomía y experiencia de la SEPI en la
gestión de empresas.Por otra parte y como ya he dicho antes, la
Dirección General de Patrimonio concentrará mejor su capacidad, su
actividad en la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado y en
la política de compras públicas, sin olvidar que todavía será gerente
de un amplio número de empresas.
En este proyecto de ley también se contempla la posibilidad de que
otras empresas públicas o entes públicos que ahora dependen de otros
ministerios, puedan incorporarse en el futuro a la SEPI por acuerdo
de Consejo de Ministros. Para cumplir estos fines este proyecto de
ley propone en su artículo único el siguiente procedimiento. En
primer lugar el Consejo de Ministros, previo conocimiento de la
Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, acuerda la
transmisión de las empresas en cuestión del grupo Patrimonio a la
SEPI, o al revés incluso si en algún caso conviniera. El propio
acuerdo fijará las condiciones en que el nuevo titular se subroga en
las relaciones jurídicas preexistentes. Las participaciones recibidas
se contabilizarán en el mismo valor que estuvieran contabilizadas en
su anterior titular. La reordenación estará exenta de cualquier
tributo o gravamen y también la ley contempla una fuerte reducción de
los aranceles de fedatarios públicos que intervengan en los actos de
ejecución de
la ley. (La señora vicepresidenta, Becerril, Bustamante, ocupa la
Presidencia.)
En definitiva, con este proyecto de ley se autoriza al Gobierno a
redistribuir las participaciones empresariales de acuerdo con los
principios de eficiencia y de economía. Las participaciones
empresariales en el sector público se podrán ubicar en el ámbito de
gestión más adecuado para garantizar su mejor administración, en su
caso para promover su reestructuración, y desde luego para seguir
adelante con la política de privatizaciones.
Señorías, el proyecto de ley que hoy presento a la Cámara no es una
iniciativa aislada, sino que se inscribe en la política general de
optimización y racionalización del sector público que comenzó en la
legislatura anterior a partir del programa de modernización acordado
en el Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996. En efecto, uno de
los principales instrumentos de nuestra política económica es la
liberalización de los sectores productivos para facilitar la
participación de los agentes económicos en unos mercados más abiertos
a la competencia. Dentro de esta política de liberalización, la
reestructuración del sector público empresarial ocupa un lugar
decisivo. No cabe duda de que en este sentido el proceso de
racionalización acometido hasta ahora ha sido un éxito. El objetivo
es elevar la eficiencia general de estas empresas e introducir en
ellas el estímulo de la competencia a favor del crecimiento y el
empleo, mejorar su cuenta de resultados y en los casos posibles y en
el momento oportuno abordar su privatización. De hecho las empresas
públicas están saneando su cuenta de resultados, mejoran su capacidad
de competencia, muchas de ellas han logrado y siguen logrando una
notable expansión y sobre todo generan empleo abundante y estable,
afianzado en las buenas perspectivas de unas sociedades adaptadas a
las exigencias del mercado. Ese sentido último del proceso de
privatización de empresas públicas se seguirá acometiendo por el
Gobierno en esta legislatura.
La experiencia de estos años ha sido útil y sobre todo ha resultado
satisfactoria. La racionalización de empresas públicas ha sido útil
para las propias empresas, útil para el Estado y útil en último
término para los consumidores, para los usuarios ya que han accedido
a los bienes y servicios provistos por esas empresas en mejores
condiciones, y sobre todo porque este proceso ha servido también para
clarificar y delimitar mejor cuál debe ser la función económica de
los poderes públicos en nuestra sociedad. En España hemos seguido una
política de liberalización y de privatización más decidida que en
otros países de la Unión Europea y ello explica en buena medida los
mejores resultados económicos de nuestro país y la notable expansión
internacional de nuestras empresas.
En una segunda fase vamos a continuar el proceso de reestructuración
de las empresas que aún permanecen en el sector público y vamos a
ocuparnos también
de seguir mejorando los métodos de gestión de las empresas públicas y
de introducir en ellas el estímulo de la competencia en favor del
crecimiento y del empleo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
Para defender la enmienda a la totalidad, por el Grupo Mixto tiene la
palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, presentan ustedes un proyecto de ley, la
Mesa califica como proyecto de ley a tramitar en lectura única, pero
esta lectura única, con relación a este proyecto de ley, no se
compadece con lo establecido en el Reglamento ni por la simplicidad
del proyecto -es lo que dice el Reglamento- y tampoco por su
importancia. Si pretendían que este proyecto de ley pasase
inadvertido al lado del Plan hidrológico nacional, como hacen ustedes
con indultos, otros tipos de asuntos y otros proyectos, en este caso
no lo consiguieron.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, la propia
Constitución, a la que ustedes tantas veces aluden, establece cuáles
son las finalidades que la intervención pública en la economía debe
perseguir. Son funciones del sector público la asignación eficiente
de recursos, la redistribución equitativa de la renta y la riqueza y
contribuir a estabilizar los ciclos económicos -lo dijo usted
también- aportando su granito de arena al desarrollo.
Durante décadas el Estado tejió una amplia red empresarial, es cierto
que no siempre bien gestionada, volcada hacia sectores productivos
estratégicos e integrada por empresas públicas, en muchos casos
sólidas y solventes, construidas y constituidas con el patrimonio
y el esfuerzo de todos, que permitieron reforzar el papel del Estado en
la planificación estratégica de la economía.
Sin embargo, ya antes del año 1996, desde comienzos de la década de
los noventa se inicia una política de desmantelamiento del sector
público empresarial, acorde con la estrategia trazada desde ciertas
elites financiero- industriales, proceso de privatización que
prácticamente está culminado en estos instantes. Le llaman ustedes
eufemísticamente modernización, optimización y racionalización del
sector público, proceso acelerado intensamente durante su anterior
legislatura, a partir de la creación de la SEPI, empresa cuya función
primordial es desgajar el sector público empresarial y colocarlo en
manos privadas, favoreciendo la titularidad y el control de las
antiguas empresas, bien por sus antiguos gestores con información
privilegiada, bien a favor de un reducido grupo de bancos e
instituciones financieras.
Cuando ya la práctica totalidad de las empresas públicas ha sido
privatizada, ustedes pretenden ahora reducir aún más el papel del
Estado en la economía, relegando al Estado a ostentar meras funciones
de supervisión y de regulación en algunos sectores estratégicos, pero
sin capacidad real de intervención y de influencia decisiva en los
mismos, y desde luego no en aras de los intereses generales.
Desde nuestro punto de vista, lo que se pretende con esta
modificación legislativa tiene una honda intencionalidad política:
aumentar las facultades del Gobierno para incorporar a la SEPI
participaciones accionariales de la Administración general del
Estado, con el objetivo de ser ofertadas y vendidas al sector
privado, constituyendo en suma esta reforma un servicio a la
estrategia de adelgazamiento primero, y definitiva desaparición
después, de la actividad pública en determinados sectores
industriales.
Pero no estamos hoy aquí -también lo podríamos hacer- para juzgar el
proceso de privatización de empresas públicas sino, como usted mismo
dijo señor Montoro hace algunos días, para defender las competencias
de esta Cámara. Es cierto que usted lo dijo con intenciones poco
claras, cuando nos invitaba a defender y a votar a favor del proyecto
de ley de estabilidad presupuestaria, pero ahora sí podemos decir de
verdad que votando en contra de este proyecto de ley defenderemos las
competencias de esta Cámara, y de paso defenderemos las competencias
autonómicas, porque lo que están haciendo ustedes es deslegalizar una
materia, pero no como ha dicho usted para en aras de una gestión más
ágil permitir que sea el Gobierno, a través de su potestad
reglamentaria, quien regule estas transmisiones, sino que aquí se
hace simplemente a través de un acto administrativo, de un acuerdo
discrecional adoptado por el Consejo de Ministros, sin transparencia,
sin participación de las Cortes Generales y sin participación de las
comunidades autónomas, que como la gallega estatutariamente algo
tienen que decir en relación a la gestión del sector público
empresarial ubicado en su territorio. Después, una vez privatizado, o
como dicen ustedes optimizado y racionalizado el sector publico, nos
pasará como nos pasa ahora con tantas empresas, como con Telefónica,
como con Sintel, casi como con Televisión Española, que siendo ya
empresas privadas, por más que presten servicios públicos quedan
fuera de nuestro alcance como parlamentarios.
El núcleo de este proyecto de ley consiste, pues, en conceder al
Consejo de Ministros poderes adicionales en la gestión de la política
económica, despreciar como dije el papel institucional de las Cortes
Generales y de las comunidades autónomas en la planificación general
de la economía y en lo relativo a adoptar decisiones de importante
significación económica. Se simplifica de manera alarmante el
mecanismo de transferencia de participaciones accionariales del
Estado a la SEPI en vez de articular, como nosotros pretendemos, un
proceso
transparente y abierto a la participación democrática que conjugue
la voluntad de las Cortes Generales, las opciones de política
económica de las comunidades autónomas, todo ello para adoptar
decisiones relativas a las participaciones societarias del sector
público industrial.
Por cierto, no quiero dejar la tribuna sin hacer una referencia a
ciertas consideraciones que usted hizo y le invito a que se las haga
a los trabajadores de Tabacalera de La Coruña o de Santa Bárbara.
Dígales que las privatizaciones son útiles para las propias empresas,
para los trabajadores y para los usuarios; afirmaciones que la propia
realidad está desmintiendo día sí y día también.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Aymerich.
Para defensa de la enmienda a la totalidad y de las enmiendas al
articulado, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, como todo el mundo ha visto, S.S. ha hecho una
presentación suave, mesurada, moderada. Parece que estamos
presentando una mera decisión administrativa, parece que es una cosa
de trámite que no tiene ninguna importancia, que era algo necesario
para el buen funcionamiento de la SEPI o de las empresas adscritas al
sector público.
Usted sabe (y por tanto no debería hacer esa presentación porque
alguien puede pensar que está intentando camuflar decisiones muy
importantes bajo un debate suave) que lo que presentan con esta
modificación de un artículo tiene enorme trascendencia y es una
decisión de mucho calado. Usted sabe como yo que lo que están
haciendo es desmantelar las posibilidades de fiscalización, lo que
quieran hacer y cuándo lo quieran hacer, de todo el sector público
empresarial, señor Montoro. Lo saben perfectamente, y no me indique
lo contrario, porque lo van a hacer y muy pronto lo veremos.
Con este proyecto, cuando sea ley, ustedes pretenden poder adscribir
las empresas de una sociedad a otra, sin ningún plan premeditado, sin
ninguna consideración previa, a pesar de que usted haya dicho aquí
que lo hacen por la naturaleza de las empresas, para adscribirlas
mejor a una sociedad o a otra, para que puedan tener mayor
viabilidad, para que puedan ser mejor gestionadas en ese proceso de
privatización. Sin embargo, si lo hacen con esos criterios, tendrían
que saberlo de antemano pues no se puede hacer de la noche a la
mañana. Podrían haber hecho una modificación que contemplara la
posibilidad de fiscalización de este Parlamento.
Señor Montoro, usted sabe perfectamente que la SEPI presenta un
presupuesto consolidado, con ingresos y con gastos, pero no de cada
empresa sobre la que
actúa. Ahora mismo, en los Presupuestos Generales del Estado, es
posible conocer las situaciones de muchas de estas empresas, sus
balances contables. Ustedes no dicen cuándo lo van a hacer, pero
imaginamos que será poco a poco porque, si hablamos de todo el
sector, estamos hablando de más de 320 empresas, estamos hablando de
sociedades, de empresas y de otros organismos públicos, estamos
hablando de la explotación de puertos, de constructoras
inmobiliarias, de desarrollo sectorial, de agroalimentarias, de
transporte, de servicios a empresas, de intermediación financiera,
estamos hablando de lo que hoy persiste como patrimonio del Estado.
Son empresas tan diversas como la Renfe, los puertos, la televisión,
etcétera, cuyos activos en conjunto se acercan a los 17 billones de
pesetas. Son empresas que tienen una incidencia en los Presupuestos
Generales del Estado y si ustedes lo hicieran (suponiendo que lo
hicieran con todas, que no creo que les dé tiempo, además yo creo que
no les interesa; lo harán poco a poco, según su conveniencia) dejaría
de aparecer más de un billón de pesetas. ¿Es así como quieren llegar
al déficit cero? ¿Es así como lo quieren hacer, como hicieron ya y
están haciendo ahora mismo con las actividades y las cuentas de la
SEPI?
Como hoy el día está de preguntas, yo le voy a hacer una. Cuando
hagan todo esto, algunas empresas deficitarias podrán cerrarlas,
otras no. La SEPI ¿podrá seguir pagando a esas empresas deficitarias
como hoy hace, cuando sigue obteniendo beneficios de la venta del
patrimonio público? Cuando eso no ocurra, ustedes ya no estarán en el
Gobierno, pero habrán esquilmado totalmente el patrimonio público de
este país. Esa ha sido su gran apuesta por la mejora de la economía,
absolutamente falsa, porque lo que han hecho ha sido vender el
patrimonio para en estos años poder decir que han saneado la
economía. Usted ha dicho antes (a veces las cosas quedan dichas y
parece que son verdad) que todo el sistema de privatizaciones del
Estado español ha sido mucho más importante que el de los demás
países europeos y, por tanto, la economía ha mejorado en una
proporción mayor que en otros países europeos. Francia no ha
privatizado, la mayoría de sus empresas siguen siendo públicas, y si
miramos los ratios -los que usted quiera- podremos comprobar que son
mejores que los del Estado español y no han tenido necesidad de
privatizar, aunque seguramente lo harán. Cuando nosotros estuvimos en
el Gobierno privatizamos, pero le recuerdo que con un orden y con una
intención.
Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y también
enmiendas parciales para que, si persisten en su actitud, por lo
menos tengamos la posibilidad de poder creer lo nos que dicen. Si
ustedes dicen que quieren transparencia, que esto lo presentan para
la mejora y la eficiencia del sector público, acepten nuestras
enmiendas, presenten en el Parlamento esos planes anuales detallando
qué empresas quieren privatizar o cómo las quieren traspasar de una
entidad a otra; presenten
también un balance de las empresas que han traspasado y a qué
organismos lo han hecho. Sean coherentes con lo que dicen; si no, no
lo digan; si no, vengan aquí y digan simplemente: Modificamos este
artículo porque lo que queremos en realidad es tener las manos libres
para seguir gestionando todo este patrimonio y seguir traspasándolo
al sector privado, de la misma forma que lo hemos hecho ahora. ¿Y
cómo lo han hecho? Les recuerdo quiénes han sido los gestores. En la
primera legislatura en la gobernaron ustedes ficharon al señor Piqué
y el señor Piqué se trajo al señor Ferreras. Les recuerdo que era el
equipo de ingeniería financiera del señor De la Rosa. Siguen haciendo
esas operaciones de ingeniería financiera, siguen traspasando al
sector privado oligopolios públicos o lo que eran monopolios públicos
están hoy en el sector privado, y eso se comprueba día a día. A lo
mejor, algún día haremos el listado de las nuevas fortunas de este
país, y todas al calor de sus privatizaciones. No crean que por mucha
opacidad que estén introduciendo en estas legislaciones al final no
se sabrá, porque se sabrá todo, ya se está sabiendo. El otro día
tuvimos la oportunidad de debatir un asunto en relación con Sintel y,
mira por dónde, ante la machacona insistencia del portavoz del
Partido Popular en ese debate nos dimos cuenta de que todo había sido
culpa de la venta de esa empresa en la época socialista. Pero ¡oh!,
qué gran sorpresa, resulta que la empresa empieza a perder dinero
cuatro años después de la venta que se hizo en la época socialista.
(El señor Martínez-Pujalte López: No haberla vendido.) ¿Cuándo
empieza a perder dinero? Cuando ustedes empiezan a hacer, en las
empresas que antes eran públicas y que ya son privadas, esas
operaciones de contratos de compra y venta de empresas en crisis
para, según quién las compre o quién las venda, hacer que suban o no
suban, con esa información privilegiada que antes decía el señor
Aymerich. zEstá muy claro. Cualquiera que está en este ámbito lo está
viendo con mucha claridad.
Ustedes, con esa parodia de las subcomisiones, pretenden tener las
manos libres y no rendir cuentas a este Parlamento. Señor ministro,
¿cómo es posible que no tengan ni siquiera la necesidad intelectual
de proponer en esta modificación algún mecanismo de control sobre
todas esas operaciones que van a realizar? Le voy a decir por qué:
porque aunque ustedes hablaban mucho del mal llamado programa de
modernización del sector público empresarial, la modernización de las
empresas públicas de este país se hizo en la época socialista;
ustedes se han limitado a venderlas. Las empresas que ganaban dinero
en nuestra época son las que han vendido. Endesa, Telefónica y todas
esas empresas tenían muchísimos problemas; nosotros las pusimos a
punto y ustedes las vendieron. A aquél le llamaron programa de
modernización, éste dicen que es para racionalizar la gestión. Ese es
el eufemismo bajo el que se escondeesta nueva regulación. Cuando
hicieron aquello se preocuparon
de fijar una serie de normas, la mayoría de las cuales han
incumplido. El Consejo Consultivo no sirvió absolutamente para nada;
bueno, sí, habrá servido para que algún diputado de esta Cámara haya
podido presidirlo, pero no ha servido para clarificar nada ni para
que nos enterásemos de ningún proceso de privatización. Pero es más,
ustedes han incumplido sistemáticamente una de las pocas medidas de
control que existía, que consistía en que a los tres meses de vender
o privatizar una empresa la Intervención General de la Administración
del Estado mandara a este Parlamento el informe. Se lo hemos pedido
por activa y por pasiva, en las subcomisiones, en la Comisión, en el
Pleno, por escrito, y no nos han mandado ni uno. Ahora han dicho:
Esta vez no vamos a poner ningún mecanismo de maquillaje, lo mejor es
poner: artículo 1, las vamos a vender, las vamos a traspasar y punto.
Pero díganlo, no vengan aquí con ese discurso pequeño, con ese
discurso amable, como si no pasara nada, diciendo: Vamos a
racionalizar la gestión; en voz baja, que no se entere nadie. Hoy,
como recordaba el señor Aymerich, en un Pleno largo, a esta hora de
la tarde, pocos medios de comunicación se ocupan de esto; se ocupan
nada menos que de lo que va a pasar con un sector empresarial que
puedo estar de acuerdo con usted en que es necesario racionalizar.
Seguramente es necesario que algunas empresas y organismos, algunos
duplicados, estén adscritos a otra parte, pero es necesario hacerlo
como proponemos en nuestras enmiendas, con un plan anual, con unas
previsiones, con unas razones que permitan a este Parlamento conocer
la política que quieren hacer, porque les vuelvo a repetir que afecta
a un volumen importante de los Presupuestos Generales del Estado,
afecta a un volumen importante de empresas y organismos y afecta
también a más de 200.000 trabajadores.
Estoy convencido de que ustedes no van a privatizar Hunosa, ni van a
privatizar las empresas deficitarias. En todo caso adscribirán a la
SEPI determinados organismos o empresas cuyo patrimonio sea
susceptible de venderse en la SEPI, y seguramente -porque esta ley lo
va a permitir- después de eso las volverán a adscribir otra vez, como
organismos, a la Seppa o a cualquier otra Dirección. Esto no lo va a
fiscalizar nadie, mejor dicho, no vamos a poder hacerlo desde una
buena base legal. Evidentemente lo vamos a hacer con nuestros medios.
Todo esto es demasiado osado, es un desprecio a la capacidad de este
país para enterarse al final de qué es lo que quieren hacer con este
importante sector de empresas y organismos públicos.
No creo que vayan a aceptar ninguna enmienda a este proyecto, pero
les aconsejaría que lo hicieran, ya que por lo menos podrían salvar
la cara como hicieron cuando promovieron aquel documento de
modernización del sector público empresarial. Es verdad que aquello
no lo cumplieron, pero entonces podían decir por lo menos que querían
transparencia. Ahora, ni siquiera se atreven a decirlo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Cuevas.
En el turno de fijación de posición y por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida votará a favor de la enmienda a la totalidad del Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley de modificación de la Ley
de Patrimonio del Estado porque, al igual que otros grupos
parlamentarios, rechaza el texto y la filosofía de este proyecto de
ley del Gobierno. De forma sucinta explicaré cuáles son las razones
que nos llevan a oponernos a la modificación de la Ley de Patrimonio
del Estado impulsada por el Gobierno.
No será una sorpresa para nadie que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida se oponga a una modificación legal que trata de
liberar de ataduras, garantías legales y requisitos procedimentales a
las operaciones de modificación de titularidad de las participaciones
accionariales en manos de la Administración general del Estado.
Izquierda Unida es partidaria de la existencia de un sector público
fuerte, dinámico y con capacidad de generar dinámicas anticíclicas y
políticas de provisión de bienes y servicios públicos a la
ciudadanía, con especial atención a las capas más necesitadas de
protección social. En este punto pediría las señorías del PP que no
recurran al manido y extemporáneo recurso dialéctico del fracaso
económico de la planificación centralizada soviética, puesto que la
existencia de un sector público con capacidad de generar políticas de
solidaridad e igualdad de oportunidades es defendida por amplias
capas de la plural y democrática izquierda europea, con Lionel Jospin
a la cabeza, al que supongo que no tildarán ustedes de peligroso
comunista. A mayor abundamiento les diré que una de las principales
características de los Estados de la Unión Europea es precisamente
ese compromiso de lo público, de la intervención a favor de los
ciudadanos con problemas sociales, económicos y de otra índole.
Como decía, Izquierda Unida es partidaria también hoy de un sector
público empresarial con capacidad para remover los obstáculos que
impidan o dificulten la plenitud de la igualdad de los individuos o
grupos, tal y como reza el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Ese
sector público empresarial es perfectamente congruente con el
espíritu y la letra de los artículos 128 -función pública de la
riqueza-, 131 -planificación pública de la actividad económica- y 132
-bienes de dominio público- de nuestra Carta Magna. El Gobierno del
Partido Popular, como neoliberal y escasamente centrista, pretende
precisamente todo lo contrario. Es decir, reducir las dificultades
legales a los procesos de enajenación del patrimonio empresarial y
accionarial
público, de tal manera que puedan proceder a las privatizaciones que
aún quedan por realizar.
Nosotros no vamos a caer en la ridícula trampa de contemplar esta
modificación de la Ley del Patrimonio del Estado como una simple
armonización de las respectivas pautas de gestión de las
participaciones accionariales de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales y de las sociedades del grupo Patrimonio
del Estado. Lo que pretende el Gobierno del Partido Popular con esta
norma no es eso, sino avanzar un paso más, si cabe, en la dirección
de la privatización de los servicios y empresas públicas. Ante esa
eventualidad, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se
opondrá, como no podría ser de otra forma, al sometimiento del sector
empresarial público español a un estado no ya de severo
adelgazamiento, en el que ya lo pusieron otros gobiernos, sino
próximo a la anorexia empresarial, que es en lo que está empeñado el
Gobierno del Partido Popular.
Concluyo, señorías, con la reiteración del voto favorable de este
grupo parlamentario a la enmienda a la totalidad del Grupo
Parlamentario Socialista e insistiendo en la frontal oposición de
Izquierda Unida a las reformas legales tendentes a la enajenación de
activos empresariales públicos contenidas en este proyecto de ley de
modificación de la Ley del Patrimonio del Estado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Ruiz López.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a votar favorablemente al proyecto de ley de
modificación de la Ley del Patrimonio del Estado que estamos
procediendo a debatir. Nos parece una modificación normativa en fase
de proyecto de ley que tiende a agilizar la gestión desde el ámbito
del sector público estatal, de las participaciones accionariales
detentadas en sus distintos centros o departamentos ministeriales,
permitiendo su traslado de la Administración general del Estado a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o en sentido
inverso, y también desde otros centros u organismos públicos
adscritos a otros departamentos ministeriales a la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales o la Administración general del
Estado. La verdad es que una ley que tienda a ofrecer neutralidad en
este tipo de gestión de participaciones y a ofrecer mayor
flexibilidad y agilidad en su gestión la vemos, qué duda cabe,
favorablemente, con lo que ello suponga de no sujeción de estas
operaciones a la normativa del mercado de valores ni al régimen de
oferta pública de adquisición y a la eliminación de los derechos de
tanteo, retracto u
otros de adquisición preferente que puedan establecerse a este
respecto. También nos parece positiva la neutralidad fiscal, la
eliminación de trabas fiscales y la reducción de los pagos ante
fedatarios públicos, registradores de la propiedad y mercantiles, con
reducción del 90 por ciento ante este tipo de operaciones. Nos parece
bien, por tanto, desde la óptica de neutralidad y de la eficiencia,
porque qué duda cabe que aprovechar el know how o la experiencia, la
infraestructura de medios y los conocimientos prácticos que ha
atesorado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en los
últimos años nos parece no sólo correcto sino deseable desde el punto
de vista de la eficacia en la gestión desde la Administración del
Estado.
Mi grupo votará favorablemente a esta iniciativa normativa y en
contra de las enmiendas presentadas por distintos motivos. La del
Bloque Nacionalista Galego por no compartir el sustrato del análisis
económico que subyace en la enmienda presentada, y la enmienda
socialista porque si bien compartimos la bondad de que se arbitren
mecanismos de fiscalización lógicamente desde las Cámaras, en
concreto desde el Congreso, respecto a la acción política del
Gobierno que se pueda realizar con relación a esta cuestión, nos
parece un modelo el sugerido extraordinariamente rígido y que
dificulta la neutralidad y agilidad que se busca con esta
modificación legislativa que hoy debatimos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que a estas horas de la tarde empiece contando
un chiste. (Rumores.) Estaba un señor al borde de un precipicio con
su mujer, se cae, se engancha en una rama y su mujer que se asoma le
dice: Gracias a Dios. Y el buen señor responde: Gracias a rama, que
las intenciones de Dios ya se han visto. Exactamente esto es lo que
ha pasado hoy aquí. El ministro presenta un proyecto de ley sencillo
que va a dotar de mayor racionalidad al sector público empresarial
y ustedes presentan unas enmiendas de totalidad que lo que dicen es:
Del proyecto de ley no podemos hablar, entonces vamos a hablar de las
intencionalidades futuras del mismo. Poco serio parece. Si toda la
seriedad se busca en un discurso donde los apoyos del Grupo
Socialista son la planificación económica, el impulso al sector
público empresarial, incrementar el sector público empresarial, me
parece que es un discurso trasnochado.
Yo le aconsejaría al portavoz socialista que para empezar se leyera
un artículo magnífico sobre privatizaciones. Se llama La
privatización y sus motivaciones
en España: de instrumento a política, y habla del sector público
empresarial. Es un artículo magnífico que le ilustraría, se lo quiero
asegurar; además, está escrito por uno de los miembros del Grupo
Socialista, por el diputado señor Bel, que lo comparte con el señor
Costas. Me parece que es un artículo magnífico que le vendría bien
leérselo para entender lo que se está haciendo en España en política
de sector público empresarial. Me parece, señorías, que lo que se
está haciendo aquí es proseguir con la modernización del sector
público empresarial para garantizar un tejido productivo que permita
crecer, que permita crear empleo, que permita competir con garantías
y que traslade ese crecimiento al bienestar de los ciudadanos. En
1996 se abordó una primera fase de modernización de ese tejido
empresarial que pretendía racionalizar el sistema público, mejorar la
eficiencia, abrir a la competencia sectores que estaban al abrigo de
ella, privatizar las empresas preparadas y mantener las que debían
permanecer en el sistema público. Además, se empezó un camino que se
ha seguido con absoluta transparencia. A lo largo de toda la
legislatura pasada tuvimos abierta en esta Cámara una subcomisión
para estudiar el proceso de privatizaciones y en esta legislatura esa
subcomisión ya ha empezado a trabajar.
De verdad, no entiendo al portavoz socialista cuando habla de
opacidad; no lo entiendo. Ayer tuvimos un debate en la Comisión de
Economía sobre una de las empresas privatizadas -vendidas, porque no
estaba propiamente en el sector público empresarial-, vendidas por
Telefónica en un momento determinado, el 1 de abril de 1996, cuando
el Gobierno socialista estaba en situación de interinidad, cuando
habían perdido ya las elecciones y todavía no había tomado posesión
el nuevo Gobierno. En un consejo de administración de Telefónica
decidieron vender una empresa en un momento en que estaban en
situación de interinidad; un consejo de administración en el que
estaban el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el secretario
de Estado de Administraciones Públicas, el jefe de gabinete del señor
Borrell, el director general de Patrimonio y el director general de
Presupuestos. Deciden vender una empresa que luego, como se hizo sin
la suficiente transparencia, sin la suficiente claridad, ha dado
problemas que mi grupo y el Gobierno están intentando remediar,
porque estamos solidarizándonos con los problemas que tienen todos
los ciudadanos y también los de esas empresas.
Señorías, lo que se ha hecho desde 1996 ha sido seguir avanzando en
la modernización del tejido público empresarial. Por supuesto que se
han utilizado las privatizaciones como una política determinada, como
una política al servicio del crecimiento económico, al servicio de la
creación de empleo, al servicio del bienestar de los ciudadanos, como
una política que sirviera de base para que España fuera mejorando su
convergencia real. Lo que trae hoy a esta Cámara el Gobierno
y que mi grupo va a apoyar, votando en contra de las enmiendas de
totalidad presentadas, es un proyecto sencillo que ni habla de
privatizaciones ni habla de ninguna otra intencionalidad que no sea
dotar de mayor racionalidad a la adscripción de las empresas en el
sector público; de eso se trata en este proyecto de ley. Es un
proyecto de ley sencillo que permitirá, por supuesto, que el Gobierno
decida en el Consejo de Ministros si adscribe una empresa a un lugar
o a otro. Por otra parte, no es un procedimiento nada extraño. Ahora
mismo privatizar una empresa también lo decide el Consejo de
Ministros y hoy podría decidir privatizar una empresa que está en
Patrimonio o privatizar una empresa de la SEPI, no tiene nada de
peculiar. Lo que queremos es dotar de mayor racionalidad a la
Administración pública porque ese es el camino, señorías, para
avanzar en el crecimiento y en el empleo. Además, la SEPI, señorías
-si se decide trasladar alguna empresa, si el Gobierno decide
trasladar alguna empresa a la SEPI-, ha demostrado en estos últimos
años su eficiencia en la gestión empresarial de una manera evidente.
Saben SS.SS. que la SEPI en estos últimos años ha reducido la deuda
que tenía, ha afrontado un proceso de externalización o, lo que es lo
mismo, ha dotado a todos sus trabajadores de un plan de pensiones
para su jubilación muy importante. La SEPI ha saneado las empresas y
tiene ahora una gestión mucho más eficiente que hace unos años. Por
eso nosotros entendemos, señorías, que en la nueva fase que vamos a
afrontar es bueno que se apruebe este real decreto-ley que lo que
pretende es racionalizar la gestión del sector público empresarial.
Por eso mi grupo votará favorablemente. Y les quiero decir, señorías,
que las intencionalidades que ven otros grupos no existen aquí, lo
único que existe es una apuesta decidida por lo que tiene que ser un
proceso de desarrollo en España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Martínez-Pujalte. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Tramitación directa y en lectura única de
iniciativas legislativas. Proyecto de ley de modificación de la Ley
del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por el Decreto
1022/1964, de 15 de abril.
Se someten a votación, en primer lugar, las dos enmiendas a la
totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto
y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
253; a favor, 82; en contra, 170; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan, en consecuencia, rechazadas las
enmiendas a la totalidad.
Votamos, a continuación, las enmiendas al articulado presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
252; a favor, 81; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas, en consecuencia, las
enmiendas al articulado.
Por último, votación de conjunto del texto del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
252; a favor, 170; en contra, 82.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley de
referencia.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.