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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 69, de 15/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 69
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 65
celebrada el jueves, 15 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de
intervención administrativa aplicable a la valorización energética de
harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos
y cadáveres de animales («BOE» núm. 42, de 17 de febrero de 2001).
(Número de expediente 130/000013.) . . . (Página
3391)
- Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la
mejora de su calidad («BOE» núm. 54, de 3 de marzo de 2001)
(Corrección de error: «BOE» núm. 60, de 10 de marzo de 2001). (Número
de expediente 130/000014.) . . . (Página
3399)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva
York el 6 de octubre de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, núm. 80, de 1 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/
000055.) . . . (Página 3417)
- Convenio sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de
1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 83, de 11 de
diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000056.) . . .
(Página 3417)
- Acuerdo entre España y la Comisión Preparatoria de la Organización
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre la
realización de actividades relacionadas con instalaciones del sistema
internacional de vigilancia del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares, comprendidas las actividades posteriores a la
homologación y Protocolo, hecho en Viena el 14 de septiembre de 2000.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 85, de 15 de
diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000057.) . . .
(Página 3417)
- Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de
Bolivia modificando el Convenio de doble nacionalidad de 12 de
octubre de 1961, hecho en Madrid el 18 de octubre de 2000. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 92, de 11 de enero de 2001.
(Número de expediente 110/000058.) . . . (Página
3417)
- Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador
sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias
en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de
2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 93, de 11 de
enero de 2001. (Número de expediente 110/000059.) . . .
- Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 22.ª reunión del Comité Coordinador
del CODEX para Europa (Madrid, 3 a 6 de octubre de 2000), hecho en
Roma el 22 de agosto de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, núm. 100, de 26 de enero de 2001. (Número de expediente 110/
000060.) . . . (Página 3418)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre
supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de
servicios o especiales, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 101, de 26 de enero
de 2001. (Número de expediente 110/000061.) . . .
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre cooperación en el ámbito de la prevención
de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus
consecuencias, hecho en Madrid el 14 de junio de 2000. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, núm. 102, de 26 de enero de 2001. (Número
de expediente 110/000062.) . . . (Página
3418)
- Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de
España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de
Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo
a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y
funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en
Farnborough el 27 de julio de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, núm. 103, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente
110/000063.) . . . (Página 3418)
- Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de la
República de Bulgaria al Convenio de La Haya sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La
Haya el 18 de marzo de 1970. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, núm. 104, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 110/
000064.) . . . (Página 3419)
- Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado,
hecho «ad referendum» en La Haya el 26 de marzo de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 106, de 9 de febrero de
2001. (Número de expediente 110/000065.) . . .
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de
crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que
se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las
divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades
concesionarias de autopistas de peaje. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 22-1, de 11 de diciembre de 2000. (Número
de expediente 121/000022.) . . . (Página
3419)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . .
Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de
intervención administrativa aplicable a la valorización energética de
harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos
y cadáveres de animales . . . (Página 3391)
Defiende el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). Explica que el Gobierno
ha aprobado este real decreto con el objetivo principal de agilizar
los trámites parlamentarios aplicables en la correcta gestión
ambiental de las harinas de origen animal, generadas como
consecuencia de las medidas de lucha adoptadas en el seno de la Unión
Europea para combatir y erradicar las encefalopatías espongiformes
transmisibles de los animales. Por lo tanto, es necesario modificar
la Ley de residuos de 1998 mediante este real decreto-ley teniendo en
cuenta los motivos de extraordinaria y urgente necesidad derivados de
la inmediatez con la que la Unión Europea ha establecido estas
medidas. Explica el contenido del real decreto-ley, manifestando que
el mismo se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el
Gobierno y por las comunidades autónomas, y pide el voto favorable de
la Cámara a su convalidación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentariode Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Martí i Galbís,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán Gracia,
del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Lara Carbó, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención
administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de
origen animal procedentes de la transformación de despojos y
cadáveres de animales, se aprueba por 272 votos a favor y 13
abstenciones.
A continuación se somete a votación la tramitación del Real Decreto-
ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia, que es aprobada por 118 votos a favor, 165 en contra y una
abstención.
Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la
mejora de su calidad . . . (Página 3399)
Defiende el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Explica los
motivos que ha tenido el Gobierno para aprobar el Real Decreto-ley
que hoy tiene el honor de presentar ante la Cámara para su
convalidación y el contenido del mismo, no sin antes dirigirse a los
verdaderos destinatarios de esta reforma, que son todos los
potenciales trabajadores que se verán beneficiados por la misma, es
decir, los 800.000 trabajadores que se verán beneficiados durante el
primer año; las 225.000 mujeres desempleadas entre 16 y 45 años; las
150.000 de éstas que contarán con un contrato a tiempo completo y las
75.000 que lo harán con contrato a tiempo parcial; los 100.000
parados mayores de 45 años; las 125.000 personas que llevan más de
seis meses desempleadas; las 215.000 personas con contratos
temporales que pueden ver transformados sus contratos en indefinidos;
los 35.000 trabajadores o trabajadoras que se acogerán a
bonificaciones por baja de maternidad; los 70.000 trabajadores que se
beneficiarán de las bonificaciones llamadas de coste cero, ya sean
los causantes de la baja o sustituyentes; y en generala todos los
trabajadores, hombres y mujeres, que de cualquier otra forma se verán
beneficiados por las diferentes medidas de mejora de las relaciones
laborales que introduce esta reforma.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto- ley
interviene el señor Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta
Subías, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster
Olazábal, y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la
señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y
los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV);
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 5/2001, del 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su
calidad, se aprueba la convalidación por 175 votos a favor y 133 en
contra.
A continuación, se somete a votación la tramitación como proyecto de
ley del Real Decreto-ley convalidado, que se aprueba por 309 votos a
favor.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 3417)
Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva York el 6
de octubre de 1999 . . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 307 votos a favor.
Convenio sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998
. . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 307 votos a favor.
Acuerdo entre España y la Comisión preparatoria de la organización
del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares sobre la
realización de actividades relacionadas con instalaciones del sistema
internacional de vigilancia del Tratado de prohibición completa de
los ensayos nucleares, comprendidas las actividades posteriores a la
homologación y Protocolo, hecho en Viena el 14 de septiembre de 2000
. . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 306 votos a favor.
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República de
Bolivia modificando el convenio de doble nacionalidad de 12 de
octubre de 1961, hecho en Madrid el 18 de octubre de 2000 . . .
(Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 304 votos a favor, uno en contra
y una abstención.
Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre
competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en
materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000
. . . (Página 3417)
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor y una
abstención.
Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 22.ª reunión del Comité coordinador
del CODEX para Europa (Madrid, 3 a 6 de octubre de 2000), hecho en
Roma el 22 de agosto de 2000 . . . (Página
3418)
Sometido a votación, se aprueba por 303 votos a favor y dos
abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Perú sobre
supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y de
servicios especiales, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000 . . .
(Página 3418)
Sometido a votación, se aprueba por 306 votos a favor.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia, sobre cooperación en el ámbito de la prevención
de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación de sus
consecuencias, hecho en Madrid el 14 de junio de 2000 . . .
(Página 3418)
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor.
Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de
España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de
Suecia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas
encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la
industria europea de defensa, hecho en Farnorough el 27 de julio de
2000 . . . (Página 3418)
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de la
República de Bulgaria al Convenio de La Haya sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La
Haya el 18 de marzo de 1970 . . . (Página
3419)
Sometida a votación, se aprueba por 305 votos a favor y una
abstención.
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado,
hecho «ad referendum» en La Haya el 26 de marzo de 1999 . . .
(Página 3419)
Sometido a votación, se aprueba por 302 votos a favor, uno en contra
y dos abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 3419)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de
crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que
se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las
divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades
concesionarias de autopistas de peaje . . .
Sometido directamente a votación el proyecto de ley, se aprueba por 172
votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 4/2001, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE EL RÉGIMEN DE
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVAAPLICABLE A LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE
HARINAS DE ORIGEN ANIMALPROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DE DESPOJOS
Y CADÁVERES DE ANIMALES. (Número de expediente 130/000013)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Convalidación o
derogación de reales decretosleyes. En primer lugar, Real Decreto-ley
4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención
administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de
origen animal procedentes de la transformación de despojos y
cadáveres de animales.
Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el señor
ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, el Gobierno ha aprobado este real decreto con el objetivo
principal de agilizar los trámites administrativos aplicables en la
correcta gestión ambiental de las harinas de origen animal; harinas
generadas como consecuencia de las medidas de lucha adoptadas en el
seno de la Unión Europea para combatir y erradicar las encefalopatías
espongiformes transmisibles de los animales. En consecuencia, debemos
modificar la Ley de residuos de 1998 mediante este real decreto-ley
teniendo en cuenta los motivos de extraordinaria y urgente necesidad
derivados de la inmediatez con que la Unión Europea ha establecido
estas medidas.
Tal y como se expresa en la propia exposición de motivos del real
decreto-ley, alguna de estas medidas, como la prohibición de utilizar
las harinas cárnicas en la alimentación de determinados animales de
producción y la retirada de la cadena alimentaria de los materiales
especificados de riesgo, los conocidos MER, para proceder a su
destrucción controlada, ha provocado entre otras consecuencias la
generación de una cantidad ingente de productos, las harinas de
origen animal, que hasta ahora no tenían la consideración de residuos
en la medida que eran utilizadas de forma ordinaria para la
alimentación de determinados animales. Sin embargo, recientemente se
han convertido en un residuo, debido a la obligación que tienen sus
titulares de desprenderse de ellas, lo que obliga a las
administraciones públicas a adoptar medidas que garanticen su
correcta gestión ambiental.
Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán
exclusivamente a las harinas de origen animal
que tienen la consideración de residuos no peligrosos, bien
porque proceden de la transformación de residuos de animales
calificados como MER pero que han sido sometidos al proceso de
descontaminación con la adecuada presión, temperatura y tiempo de
residencia que garantiza la total inactivación del prión causante de
la enfermedad, o bien porque son el resultado de la transformación de
despojos y cadáveres de animales que nunca estuvieron contaminados.
Este real decreto ha sido elaborado a petición unánime de las
comunidades autónomas, con quienes se ha consensuado su contenido.
Las mismas expresaron su conformidad en la reunión conjunta de la
Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y la de medio
ambiente, celebrada el pasado día 1 de febrero, y formularon algunas
observaciones puntuales que fueron incorporadas en su totalidad al
texto definitivamente aprobado por el Gobierno.
En cuanto al contenido, se adoptan una serie de medidas que pueden
agruparse en dos grandes bloques. En el primer bloque se sitúan las
medidas que se establecen para ser aplicadas con carácter básico en
todo el territorio del Estado, por tanto no precisan de actuación
normativa de las comunidades autónomas. La primera de estas medidas
es la modificación de la Ley de residuos de 1998, para eximir de
autorización administrativa, exigida con carácter general en su
artículo 13.1, a las actividades de valorización energética de
harinas de origen animal cuando éstas se utilicen como combustibles
alternativos en hornos de industrias cementeras, de productos
cerámicos o en centrales térmicas; ello cuando dichas actividades se
lleven a cabo cumpliendo determinados requisitos ambientales de
protección del ambiente atmosférico y sin perjudicar el medio
ambiente ni la salud de las personas ni ocasionar ruidos, olores ni
riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.
Igualmente, las harinas que se valoricen de esta forma no podrán
superar una cantidad máxima establecida también en el propio real
decretoley. Se establecen así los tipos y cantidades de residuos
y las condiciones y requisitos ambientales que deben cumplirse para que
la actividad pueda quedar dispensada de autorización. En todo caso,
las anteriores medidas se establecen sin perjuicio de la competencia
de las comunidades autónomas para dictar normas adicionales de
protección en materia de medio ambiente, incluida la exigencia de
autorización administrativa para llevar a cabo estas actividades de
valorización energética de harinas de origen animal si así lo estiman
conveniente. En segundo lugar, las anteriores actuaciones implican en
la práctica que las instalaciones de incineración usarán las harinas
de origen animal como sustitutivos en un determinado porcentaje del
combustible convencional.
En el artículo 2 del real decreto se establece que si las mencionadas
actividades de valorización energética de estas harinas de origen
animal se llevan a cabo en
instalaciones ya existentes y que por tanto ya cuentan con la
preceptiva licencia de actividad, no se habrá producido una
modificación sustancial de la instalación y consecuentemente no se
exigirá una nueva licencia de actividad ni una modificación de la ley
existente, sino que será suficiente con una comunicación a la
autoridad competente.
En esta regulación se han tenido en cuenta las previsiones de la
directiva 61 de 1996, de la Unión Europea, relativa a la prevención y
al control integrado de la contaminación, la IPPC, que contiene el
régimen comunitario aplicable a las autorizaciones ambientales en
general y en la que únicamente se exige una mera comunicación a la
autoridad competente cuando las modificaciones introducidas en la
instalación no sean sustanciales.
El segundo gran bloque de medidas del real decreto se establecen para
ser aplicadas sólo si así lo estiman las comunidades autónomas. En la
disposición adicional segunda se permite que las comunidades
autónomas puedan extender la exención de la misma autorización a las
actividades de valorización energética de harinas animales en hornos
distintos de los de industrias cementeras y cerámicas y centrales
térmicas y a las actividades de valorización de las grasas extraídas
en el proceso de transformación de las harinas, todo ello siempre que
dicten normas generales en las que fijen los requisitos ambientales,
las cantidades máximas de residuos y las condiciones bajo las que la
actividad puede quedar dispensada de la autorización, tal como obliga
la normativa comunitaria y como se regula en este real decreto-ley
para ser aplicado en todo el territorio del Estado. En relación con
lo anterior, se atiende la petición efectuada por varias comunidades
autónomas. Si la exención de autorización no se ha establecido con
carácter general y para ser aplicada en todo el territorio del
Estado, ello se ha debido únicamente a que las comunidades autónomas
no han aportado los requisitos técnicos de carácter ambiental que
hubieran hecho posible la aplicación de la exención con carácter
general, tal como exige la normativa comunitaria.
Se ha previsto la posibilidad de que la medida pueda ser adoptada por
las comunidades autónomas que lo estimen conveniente, ya que en caso
contrario no podrían hacerlo debido a que dichas administraciones
sólo pueden dictar normas adicionales que amplíen el nivel de
protección de la legislación básica, mientras que en estos casos si
no se hubiese adoptado esa previsión del real decreto-ley se
produciría una disminución del nivel básico de protección establecido
con carácter general en la Ley de residuos.
Consecuentemente y como resumen de la presentación del real decreto-
ley cuya convalidación solicito a esta Cámara, quiero concluir
afirmando que el mismo se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas
por el Gobierno y por las comunidades autónomas para la
erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los
animales. La finalidad directa es agilizar los trámites de
intervención administrativa aplicables en la valorización energética
de las harinas de origen animal; al mismo tiempo se garantiza el
estricto cumplimiento de las exigencias ambientales derivadas de la
correcta protección de medio ambiente y de la salud de las personas.
Esta misma semana, también, hemos cerrado otros acuerdos importantes
en este sentido con las comunidades autónomas en la Conferencia
sectorial de medio ambiente que se celebró hace dos días exactamente.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en
contra del decreto? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición?
(Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para pronunciarme en nombre del Bloque Nacionalista Galego
sobre la convalidación de este real decreto-ley 4/2001, y haciendo
algunos comentarios es necesario decir que a raíz de la aparición de
la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina el Gobierno adoptó
medidas para el control y erradicación de la misma, entre ellas la
prohibición de utilizar harinas de carne y hueso en la alimentación
animal y separar los denominados MER para destruirlos, evitando así
su paso a la cadena alimentaria. Conviene decir que esta crisis
estuvo presidida por un continuo replanteamiento de las medidas
necesarias a adoptar con retoques permanentes a medidas ya puestas en
práctica, ahondado en este sentido en un clima de descrédito y falta
de confianza hacia las autoridades competentes por parte de los
ciudadanos, y que también contribuyó a agravar las consecuencias de
la crisis incidiendo especialmente en los principales afectados,
fundamentalmente los productores de carne de vacuno. En ese sentido,
podemos ver cómo inicialmente se adopta la obligación absoluta e
imperativa de enterrar cadáveres de animales, cosa que fue atenuada
al descubrirse que muchas administraciones autonómicas no eran
capaces de atender a su cumplimiento.
En estos momentos, una vez demostrada la falta de previsión del
Gobierno en esta materia, tanto del Gobierno central como de los
autonómicos, para planificar de antemano y gestionar acorde con esa
planificación previa, la crisis de la EEB se empiezan a adoptar
medidas algo más serias que pueden servir para paliar a corto y medio
plazo los problemas más graves referidos a la destrucción de harinas
cárnicas, MER y cadáveres de animales. En esta línea, el presente
real decreto- ley permite la incineración de residuos cárnicos por
parte de industrias que incluyen procesos de combustión
a temperaturas elevadas, como cementeras, centrales térmicas, cerámicas
o altos hornos. Ante la magnitud del problema de eliminación de estos
residuos y a falta de otras alternativas, creemos que es una solución
razonable en estos momentos.
No debemos olvidar que esta situación actual está en parte provocada
o viene condicionada por esa falta de previsión del Gobierno en torno
a la destrucción de los MER, puesto que aunque la crisis estalla en
noviembre hay decisiones comunitarias conocidas desde finales de
julio de 2000, que eran obligatorias poner en marcha a partir de 1.º
de octubre de 2000. Es esa falta de previsión del Gobierno en torno a
la eliminación y destrucción de los MER impuesta por Unión Europea,
sin realizar ese plan coordinado con las comunidades autónomas para
llevar a cabo esta tarea, lo que obliga a tomar ahora esta decisión,
que es la menos mala pero que no deberá ser definitiva sino que se
deberán explorar en el futuro otras vías para que se sigan
destruyendo los residuos cárnicos en vez de convertirlos en
subproductos de alimentación animal, pero con los controles públicos
necesarios. Quizá el peor aspecto de este real decreto-ley es
precisamente la reducción de controles administrativos y ambientales
sobre el tratamiento de estos residuos, que nosotros no creemos que
puedan considerarse totalmente inocuos para el medio ambiente.
En cualquier caso, señora presidenta, vamos a votar a favor de la
convalidación del real decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley en razón de las exposiciones que el propio señor ministro
de Medio Ambiente ha realizado, que están contenidas también en el
preámbulo de exposición de motivos de este real decreto-ley; razones
fundamentales, que una vez aprobado el pasado año el decreto 1911 que
impone una serie de condicionamientos técnicos de temperatura, de
presión y de tiempo de tratamiento de los materiales de riesgo y
decomisos de mataderos o de industrias cárnicas de origen animal, se
cumplen unos primeros requisitos de control sanitarios respondiendo a
las directivas que hay de la Unión Europea.
En España tenemos que cumplir nuestra propia legislación de la Ley de
residuos, a la que ahora me referiré, y las directivas de la Unión
Europea. En el real decreto-ley oportunamente se ha introducido por
el Gobierno una exigencia de notificación de las comunidadesautónomas
cuyas competencias se respetan y que nosotros apoyamos, para que en
uso de las facultades
que les da el decreto-ley que vamos a convalidar tienen que comunicar
al Ministerio de Medio Ambiente las actuaciones administrativas
tomadas en la revalorización energética, para que el Ministerio de
Medio Ambiente lo comunique a su vez a la Unión Europea, y que en la
Unión Europea haya un control o registro de que España está
cumpliendo las directivas exactamente en su letra y en su espíritu.
¿Qué viene a significar este real decreto-ley en revalorización
energética? Que era necesaria una modificación administrativa, como
bien ha señalado el señor ministro, de la Ley 10/1998, de residuos,
para que si no hay capacidad suficiente de instalaciones de
destrucción de estos materiales de riesgo y decomisos, una vez que se
ha cumplido la primera fase de transformación en harinas cárnicas,
las centrales cementeras, las que emplean cualquier otro proceso de
un combustible nuevo, vamos a llamarle así, y en sectores de cerámica
también, puedan emplear estos subproductos que son verdaderamente
materia orgánica carbonizable que entre en los hornos de las
cementeras o fábricas de vitrificación y de cerámica, se comporte
como un combustible sin afectar a la salud humana por un lado en
eliminación de residuos tóxicos, vía aérea y chimenea,
o contaminación en este terreno, y que al mismo tiempo permita a la
industria cementera, sobre todo a la que es más delicada de
vitrificación y de productos de cerámica, no tener un deterioro en la
calidad de sus productos Por tanto, se cumplen dos garantías, una
sanitaria, de cara a la salud pública; se cubre una garantía de
protección medioambiental de aspectos sanitarios y se cumple también
lo menos que se podría reconocer a cualquier industria que se ve
obligada a utilizar este combustible y es que no afecte a la calidad
de sus productos por ser un combustible heterogéneo y distinto del
habitual para producir bien la calidad del clínker del cemento bien
para producir los tostados socarrat, como llaman en el sector
valenciano, de toda esa vitrificación y de cerámica, que tiene que
emplear un determinado tipo de combustible para que no le afecten. Se
salvaguardan las garantías de las comunidades autónomas en cuanto a
su carácter administrativo y se da un sentido de principio de
seguridad jurídica, que creo importante resaltar aquí, cuando en la
disposición final primera, en habilitación de competencias, tema
importante para producir una armonía entre competencias de las
comunidades autónomas y del Gobierno central, se reconoce el carácter
de legislación básica en la protección del medio ambiente. Creo que
es un recurso que era imprescindible figurase en la ley para que
tuviera el carácter de normativa básica, dado que lo que en verdad
comporta jurídicamente este real decreto-ley es la modificación del
artículo 13.1 de la Ley de residuos, la número 10/1998.
Las exigencias de especial urgencia son obvias por la propia psicosis
que ha generado en el consumidor el tema de la encefalopatía
espongiforme bovina. Se cumple
aquí lo que mi grupo y este portavoz siempre han indicado al
señor ministro de Agricultura y a la señora ministra de Sanidad
acerca de un comportamiento estricto de la normativa de la Unión
Europea, que sea clara, transparente y comunicable para que no
tengamos ninguna reprobación de las actuaciones administrativas
españolas, bien del Gobierno central o bien de las comunidades
autónomas, ante la Unión Europea.
Por estas razones y por un principio de seguridad jurídica del sector
y del medio ambiente, mi grupo, señora presidenta, va a prestar su
voto favorable a la convalidación de este imprescindible y urgente
real decreto-ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones. ¿Grupo
Parlamentario Vasco (PNV)? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida lamentablemente no va a poder votar afirmativamente el texto
del real decreto que usted nos ha presentado aquí en estos momentos,
y desde luego solicita a la Cámara su tramitación como proyecto de
ley.
Señorías, este Real Decreto realmente viene a intentar solucionar una
crisis de confianza pública que se ha abierto en la sociedad ante las
medidas que se han venido adoptando por parte de los ministerios
afectados en el tema del mal de las vacas locas o el tratamiento que
desde el Gobierno se ha estado dando a esta problemática. Esa crisis
ha llevado a que en estos momentos, ante la apariencia de soluciones
porque no hay otras alternativas posibles, se estén adoptando medidas
que van a hacer que nos encontremos ante una situación que
posiblemente en estos momentos genere más confianza en la opinión
pública pero que después nos puede traer no solamente problemas
medioambientales, sino también problemas de salud para las personas.
Creemos, señor ministro, que en estos momentos, y también en base a
lo que ustedes están defendiendo en algunas otras ocasiones, no hay
necesidad urgente para un real decreto-ley que a nosotros nos parece
que en realidad no está muy bien pensado o muy matizado, y que desde
luego carece de los suficientes informes técnicos y científicos para
poder aplicar con garantía las medidas que en él se nos plantean,
además de algo que a nosotros nos parece que no es aceptable, y es
que se hayan podido suprimir la autorización administrativa que deben
conceder las comunidades autónomas a las gestoras de residuos, la
obligación de obtener la licencia municipal de actividad concedida
por los ayuntamientos y algo que nos parece muy grave, la evaluación
de impacto ambiental previa al inicio de la actividad, al
desclasificar, como han hecho ustedes, los residuos como peligrosos.
Todo esto que ustedes están haciendo, además ha ido acompañándose de
órdenes ministeriales por las que se han estado autorizando, y se ha
comentado ya anteriormente, el enterramiento de cadáveres animales y
materiales especificados de riesgo en vertederos, su quema en
incineradoras en supuestos excepcionales, que en la práctica son muy
amplios, o planteando la lejanía de plantas de tratamiento de
materiales especificados de riesgo, el difícil acceso a los animales
muertos, o la desproporción en su número. Las comunidades autónomas
podrían autorizar la inhumación en vertederos controlados o en
cualquier otro lugar, así como la incineración directa en
instalaciones autorizadas.
Señorías, esto ha venido a abrir un amplio abanico de posibilidades y
ninguna ha tenido detrás de ella un serio o riguroso estudio que nos
permita poder asegurar que no se está llevando a cabo una actuación
que en poco tiempo nos puede llevar también ante otro problema
y quizá de una resolución mucho más difícil.
De todas formas, señorías, con todo lo que parece que se está
generando en nuestro país en estos momentos, como la tendencia se
sigue manteniendo a transformar todos los animales sacrificados e
incluso los MER en harinas cárnicas, tal y como por otro lado se ha
venido haciendo hasta la fecha para descontaminar los residuos
cárnicos o para facilitar su manipulación posterior, nos estamos
encontrando con que el material final resultante de residuos, en la
mayor parte de los casos es el mismo. La única distinción es que al
prohibirse, al menos temporalmente, la comercialización de las
harinas cárnicas para alimentación animal, el volumen total de este
nuevo residuo se está estimando en 1,5 millones de toneladas
aproximadamente en los próximos meses.
Nosotros necesitamos tres claves para que se puedan interpretar estas
actuaciones que tendrían ustedes que haber despejado antes de traer
aquí este real decreto o antes de traer en un proyecto de ley una
modificación de la Ley de residuos. Tendríamos que despejar primero,
señor ministro, si se está hablando o no de un residuo peligroso; no
se puede actuar de esta manera. Segundo, si ustedes están diciendo
que el residuo no es peligroso, pero después sí puede resultar
peligroso -y se lo explicaré, no se preocupe; si es admisible o no la
incineración de las harinas cárnicas, qué perjuicios se pueden
producir, qué informes, qué estudios les están avalando a ustedes en
este sentido. Y, tercero, si hay otras alternativa, señor ministro.
Nosotros sí creemos que las hay y por eso queremos que se tramite
como proyecto de ley para planteárselas a ustedes e intentar que por
una vez y en materia de medido ambiente busquemos otras alternativas
que no sean la de incinerar o la de una vez más abrir una puerta que
difícilmente se pueda cerrar después, introduciendo aquí a un determinado
tipo de industrias que nos pueden servir como vertederos
controlados para la incineración, sin necesidad de generar nuevas
incineradoras, señor ministro.
Por tanto, primera cuestión, según ustedes y este real decreto, nos
encontramos ante una harinas transformadas en las que se ha
inactivado el prión causante de la enfermedad. Eso es lo que dice el
Ministerio de Medio Ambiente y este real decreto; pero señor
ministro, hay referencias de bastantes organismos internacionales e
incluso de instituciones de nuestro Estado, como la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, el
Instituto Nacional de Salud Ambiental Carlos III, y la Generalitat de
Catalunya que ponen en cuestión que la esterilización a las
temperaturas de 133 grados centígrados destruya realmente los priones
más resistentes, y por otro lado la generación de todo un nuevo flujo
de residuos que creemos debería también ir acompañado de una
calificación de ese residuo; se produce no solamente el residuo de
las harinas y de los animales, sino que hay otro tipo de flujos de
residuos que tampoco se ha caracterizado de si es peligroso o no. Por
tanto, señoría, sería necesario que ustedes, aplicando el principio
de precaución a ese tratamiento preventivo, ya que estamos hablando
de temas muy graves y en nuestro país todavía no hay urgencia porque
no se ha producido contagio a ninguna persona, estamos hablando sólo
y exclusivamente de un tratamiento preventivo, tenemos que aplicar
también el principio de precaución a ese tratamiento preventivo,
y desde luego llevar a la práctica y tener claro de qué estamos
hablando. ¿Estamos hablando de un residuo peligroso o no? Señor
ministro, ¿estamos seguros de que con el tratamiento que se está
haciendo estamos acabando realmente con los priones que pueden
transmitir la enfermedad? ¿O tenemos que hacer caso a instituciones
tan fiables como la Organización Mundial de la Salud o el Instituto
Nacional de Salud Ambiental Carlos III, que nos están diciendo que
podemos estar equivocándonos y que no se tienen todas las
informaciones necesarias como para asegurar que a esas temperaturas
se ha acabado con los priones tóxicos? Señor ministro, apliquemos el
principio de precaución y no corramos tanto en un tema, el de las
harinas, que si las almacenamos en buenas condiciones no tenemos
prisa por incinerarlas (no hace falta que las quemen ustedes pasado
mañana, háganlo como deben hacerlo, con una calificación del
residuo), no vayamos a quemar un residuo peligroso como si fuera no
peligroso. Señor ministro, esto es lo primero que tendría que hacer
este real decreto y no abrir la puerta, declarar que no es peligroso
y permitir que el tratamiento se haga a través de algo que a nosotros
nos parece que nos deja en una situación muy peligrosa.
Señor ministro, en el Ministerio de Agricultura de Dinamarca se está
señalando que el incremento de emisiones de dioxinas es hasta 16
veces mayor como consecuenciade la incineración de residuos cárnicos.
Por
tanto, señor ministro, nosotros creemos que no es la mejor solución,
que estamos corriendo un grave riesgo ahora sólo y exclusivamente con
la quema de las harinas o de los residuos cárnicos, y estamos
abriendo la puerta a la industria cementera para que después se nos
pueda convertir en la gran incineradora del Estado español. Señor
ministro, la incineración no es la mejor forma de eliminar los
residuos, la incineración no es la solución al problema de los
residuos. Desde luego, a las cementeras les puede venir muy bien,
pero ni a la salud de los ciudadanos españoles ni a su calidad de
vida, ni siquiera a la salud medioambiental, les viene bien que la
incineración sea la solución a los residuos de este país, y no
solamente los urbanos porque se puede abrir la puerta a la
incineración de otro tipo de residuos. Recuerde que no hace mucho han
intentado quemar los residuos de neumáticos estando los ciudadanos en
los lugares donde están instaladas las cementeras; de la misma manera
hay contestación social y ciudadana para que en las cementeras se
quemen, como este real decreto-ley permite, los residuos cárnicos o
las harinas de animales.
Señorías, creemos que esta no es la mejor forma de dar solución a un
problema con el que además han estado mareando la perdiz durante
mucho tiempo. Creemos que ahora deprisa y corriendo no se puede
intentar solucionar así, sin los informes que nosotros creemos que
son los necesarios para garantizar que la salud de las personas y el
medio ambiente no corran riesgos. Hay demasiados indicadores de que
con estas soluciones estamos corriendo riesgos graves. Por tanto,
señoría, nosotros le pedimos que tramite este real decreto como
proyecto de ley, porque desde luego que lo retirara en este momento
para cambiarlo sabemos que es realmente imposible, ya que no nos va a
hacer caso.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quisiera anunciar nuestro voto favorable a la
convalidación del Real Decreto-ley 4/2001, voto favorable que se
sustenta en algunas razones y argumentaciones que muy brevemente,
casi telegráficamente, paso a concretar ahora mismo.
En primer lugar, nuestro grupo parlamentario entiende, y por
consiguiente valora positivamente, que la elaboración de esta norma
sea fruto del consenso entre el Ministerio de Medio Ambiente y las
comunidades autónomas, consenso que tuvo lugar y que se concretó en
la pasada conferencia sectorial mixta de los ministerios de Medio
Ambiente y Agricultura, celebrada el
pasado 1 de febrero, tal y como ha dicho antes el señor ministro de
Medio Ambiente. Este consenso se produce no solamente por la bondad y
la oportunidad de las medidas que contiene el real decreto-ley, sino
también por el hecho de que se haya contemplado la posibilidad de que
puedan establecerse medidas adicionales por parte de las comunidades
autónomas, así como la regulación administrativa de otras actividades
de valorización energética de residuos de origen animal no
peligrosos.
En segundo lugar, entendemos que la promulgación de esta normativa
permite plantear una alternativa de valorización de las harinas de
origen animal, ya que con las medidas aplicadas hasta el momento sólo
se consideraba la opción de destinarlas a un depósito controlado, con
lo que se ampliará en el futuro este margen de intervención y se
disminuyen los impactos medioambientales en relación con los que se
pueden derivar de los residuos almacenados exclusivamente en
depósitos controlados.
En tercer lugar, con este real decreto-ley se abre la puerta a la
consideración de esos materiales que ya tienen inactivado el prión
causante de la enfermedad como combustible sustitutivo del que
utilizan habitualmente las industrias cementeras de productos
cerámicos o centrales térmicas, obteniendo de este modo -como ha
dicho anteriormente el señor ministro y algunos portavoces- un mejor
rendimiento ambiental del combustible tradicionalmente empleado en
este tipo de actividades.
En cuarto lugar, creemos que debe destacarse -entre otras
argumentaciones a las que no me voy a referir para no ser
reiterativo- el planteamiento regulador del real decreto-ley por lo
que se refiere a las condiciones administrativas en el sentido de que
esta valorización en instalaciones existentes, que cuentan con la
preceptiva licencia de actividad, no requerirá de una nueva
autorización. Con esta medida creemos que se avanza hacia una mayor
agilización del proceso administrativo, con el objeto de que estas
actividades puedan utilizar estas harinas como combustible.
Para finalizar, quiero reiterar el voto afirmativo del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la convalidación de
este real decreto-ley, a la espera -y me dirijo al señor ministro- de
que en colaboración con las comunidades autónomas se finalice en un
futuro próximo la elaboración de ese mapa de situación de las
infraestructuras destinadas al tratamiento, eliminación
y transformación de harinas de origen animal, mapa que para su
implantación futura deberá contar -esperamos- con la correspondiente
financiación a cargo principalmente de los Presupuestos Generales del
Estado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Morlán. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
Presidencia.)
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Grupo Socialista va a votar a favor de
la convalidación de este real decretoley; sin embargo, me va permitir
que le haga algunas consideraciones.
Este real decreto-ley viene aquí de la forma que viene, con el
carácter de urgencia con el que ustedes lo plantean, como
consecuencia de la poca actividad que ha habido hasta ahora por parte
de su ministerio para afrontar este problema y para poner encima de
la mesa las posibles soluciones que debieran ser asumidas por el
Ministerio y por el conjunto del Gobierno para hacer frente a la
gestión de las harinas cárnicas. Este real decreto permite una
flexibilización muy grande para el tratamiento de este tipo de
residuos al posibilitar que la coincineración en instalaciones de
valorización energética, como son las cementeras, los hornos
cerámicos o las centrales térmicas, se pueda llevar a cabo. Pero a mi
grupo se le plantea una duda. ¿Es posible que haya otras
alternativas? ¿No se ha limitado demasiado el real decreto al uso de
determinadas instalaciones cuando puede haber otras alternativas que
nos permitan la eliminación o el almacenamiento para una posterior
eliminación? A veces, en las decisiones que se toman respecto a este
proceso de coincineración no están bien medidas las consecuencias que
puede traer la misma para la emisión de dioxinas o de CO2 y podemos
tener fenómenos de contaminación que son claramente lesivos para
nuestro entorno. En este real decreto que ustedes presentan con
carácter de urgencia, visto en sí mismo, aislándolo un poco de todo
el proceso (porque ya digo que ha sido bastante atípico el proceso
que han llevado en la gestión de este problema), sí es necesaria la
urgencia porque alguna medida hay que adoptar, pero tenían que haber
sido ustedes más valientes y haber puesto encima de la mesa otras
alternativas que también están contempladas en las directivas
europeas. Sin embargo, me preocupa una cosa, señor ministro, y por
eso vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley. Ustedes
plantean la modificación de la Ley de residuos con un real decreto-
ley en el que, dándole el carácter de excepcionalidad, proponen una
flexibilización administrativa que puede provocar, al quedar
incorporada a la Ley de residuos, que sea utilizada para otro tipo de
gestión de residuos que no debieran tener esa consideración. Para
nosotros este real decreto es excepcional, de acuerdo, pero tiene que
ser temporal. No puede ser que las medidas que plantea este real
decreto se establezcan como permanentes en la Ley de residuos y que
no hayan sido ustedes capaces, no hayan querido o no hayan podido -no
lo sé, pero
tenían que haberlo hecho- establecer una temporalidad en la ejecución
del real decreto. Todo el mundo entendería perfectamente -las
comunidades autónomas, los afectados, los ganaderos, las cementeras,
las centrales térmicas- que esta norma que está hecha para una
circunstancia excepcional tuviera una duración determinada (seis
meses, un año, dos años) y que pudiera acudirse a una prórroga de esa
excepcionalidad porque las condiciones que ha motivado la
presentación de esta norma se siguen manteniendo. Señor ministro,
creo sinceramente que debieran pensarlo y aceptar la fórmula que
proponemos: tramitarlo como proyecto de ley. Nosotros sólo vamos a
presentar esta propuesta de enmienda de que se establezca una
duración de la norma con posibles prórrogas en función de que siga
existiendo el problema. De esa manera evitaríamos muchas
susceptibilidades que se pueden plantear, muchas dudas que se pueden
generar, e incorporar algo a la Ley de residuos que nosotros no
queremos que se incorpore.
Este real decreto tampoco establece un plan de seguimiento y control
específico para este tipo de residuos. Es cierto que aquí existe una
competencia de las comunidades autónomas, que a través de sus
servicios veterinarios pueden llevar este tipo de seguimiento, pero
también es cierto que en la configuración de la norma tendría que
establecerse este seguimiento y control porque, al fin y al cabo,
ustedes frente a la Unión Europea tienen la responsabilidad de decir
que las normas en España se cumplen y están siendo contempladas de
acuerdo con las previsiones de la normativa comunitaria.
En la exposición de motivos y en el artículo 2 ustedes hacen también
un ejercicio curioso. Argumentan que no se produce una modificación
sustancial de las instalaciones y hacen referencia a que esa
modificación sustancial es un concepto que viene incorporado en la
Directiva de IPPC que no han traspuesto todavía. El Estado español
está sancionado porque ha pasado el plazo de trasposición de esa
directiva. Me parece muy bien que utilicen esta terminología de la
Unión Europea en el real decreto, pero me parecería mejor que
incorporaran el conjunto de la norma, con lo que evitaríamos
cualquier tipo de interpretación a la hora de llevar a cabo el
desarrollo de un plan de estas características como el que se plantea
en este real decreto-ley.
El real decreto-ley no se vincula a un plan nacional para estos
residuos, cuya tendencia, por lo que estamos observando, lejos de
disminuir va a aumentar. Es otro aspecto criticable de este real
decreto-ley. Las leyes pueden ser genéricas o pueden tener un aspecto
reglamentario algo más preciso cuando se trata de ser aplicadas en
momentos de urgencia, como puede ser éste. Ustedes tenían que haber
elaborado un real decreto algo más reglamentario en algunas de sus
apreciaciones con la finalidad de que en el ámbito de sus
competencias,
no en el de las comunidades autónomas, hubieran perfilado de
manera más precisa qué tipo de decisiones eran las que había que
acometer y ejecutar en el desarrollo de este real decreto para hacer
frente a este régimen de intervención administrativa que ustedes
flexibilizan.
Hay otra cuestión que también me gustaría poner de manifiesto. Como
al resto de operaciones de valorización, se deberían aplicar las
condiciones y requisitos establecidos en el Real Decreto 1217/1997,
sobre incineración de residuos peligrosos. Este real decreto debía
haberlo contemplado porque es la norma que asegura un mayor control
sobre las emisiones de las instalaciones de valorización de residuos.
Señor ministro, desde nuestro punto de vista -y ya le he dicho que
vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto,
aunque también vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley a
los efectos que le he comentado-, es un real decreto-ley que nos
parece muy bien que haya sido consensuado con las comunidades
autónomas porque es un problema importante para el conjunto del
Estado y en el que las comunidades autónomas tienen competencia para
llevar a cabo sus propias iniciativas, por lo que nos parece muy bien
que se haya producido esa coordinación entre todos, pero me da la
impresión, señor ministro, de que falla por lo que le he dicho, por
la excepcionalidad, que debe ser temporal, no permanente, la ley no
se debe modificar con carácter permanente en esa dirección, y porque
esta actuación debiera estar articulada en un plan del que usted ha
presentado aquí un bosquejo solamente de dos folios, que es el futuro
plan de eliminación de los MER y otros residuos animales. Yo creo que
ustedes debieran dar algún paso más para poner encima de la mesa el
conjunto del plan, articularlo con este real decreto y posibilitar
que cualquier tratamiento que se haga de estas harinas no produzca
deterioros en el medio ambiente. Analice bien estas alternativas, vea
si éstas son las más adecuadas o si hay otras que pueden afrontar
perfectamente el tratamiento de estos residuos con mayor seguridad y
mayor garantía. Espero que no tengamos ninguna sorpresa, señor
ministro, y que luego no tengamos que lamentar las actuaciones que
aquí hoy todos apoyamos y que van a desarrollar las comunidades
autónomas porque no hemos sido suficientemente previsores. Por eso le
pedimos que este real decreto-ley se tramite como proyecto de ley.
Acepte nuestras sugerencias que van en el camino positivo de no estar
sometidos, desde luego en nuestro caso concreto, a una
excepcionalidad permanente como parece deducirse, y lleven a cabo un
control y un seguimiento muy estricto del desarrollo de este real
decreto porque estamos jugando con el medio ambiente, señor ministro,
y eso usted y yo, nosotros no debemos permitirlo con la finalidad de
evitar riesgos que en este momento son innecesarios y
que debieran ser perfectamente previsibles por la Administración.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con brevedad quiero indicar que el Grupo Parlamentario
Popular apoyará la convalidación del real decreto que hoy estamos
debatiendo por entender que la modificación de la Ley de residuos que
en él se propone agilizará la resolución de los problemas creados por
la generación de una cantidad ingente de productos, las harinas de
origen animal, que hasta ahora no tenían la consideración de
residuos. Para estas harinas animales la opción de la valorización
energética, con las limitaciones que se establecen en el real
decreto, es la adecuada; por supuesto, mejor que la del depósito en
vertedero. Hay que recordar que el límite de emisiones establecido en
España para la incineración de residuos sólidos urbanos es de 0,1
nanogramos, el mismo que para la incineración de residuos tóxicos.
Nuestro grupo parlamentario siempre ha defendido la inocuidad de la
valorización energética con las innovaciones tecnológicas actuales.
Recuerden, señorías, que la incineración que se produce en las
cementeras tiene lugar entre 1.200 y 2.000 grados centígrados, de
modo que no existe riesgo ambiental alguno al alcanzarse temperaturas
superiores a los 800 grados, temperaturas a las que las dioxinas y
furanos se descomponen. Por otro lado, como la gestión de recursos es
competencia de las comunidades autónomas y entidades locales -algo
que en múltiples ocasiones parecen olvidar los portavoces de algunos
grupos parlamentarios-, este real decreto es especialmente adecuado
al ser el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Medio
Ambiente y las comunidades autónomas. La exención de las
autorizaciones administrativas para la valorización energética de las
harinas transformadas de despojos y cadáveres animales, mediante su
utilización como combustible en hornos de fábricas de cemento, de
productos cerámicos y en centrales térmicas, agilizará el proceso y a
corto plazo solucionará el problema creado por la encefalopatía
espongiforme bovina, que tantas veces se ha debatido en esta Cámara.
En múltiples ocasiones hemos hablado aquí de residuos, señorías, y en
todas ellas nuestro grupo parlamentario ha destacada que por primera
vez se ha conseguido tener en España un marco jurídico completo y
coherente para su tratamiento. No olvidemos, además, que para poder
utilizar los 500.000 millones de los fondos de cohesión -tramos
autonómico y local- que ha conseguido el Gobierno de España en el
período 2000-2006
es preciso que las peticiones provengan de las comunidades autónomas
y de los ayuntamientos y que deben ser peticiones para las
infraestructuras que se contemplan en el Plan nacional de residuos;
para todas las infraestructuras. Recuerden que el señor ministro nos
indicaba en el debate anterior que de las peticiones que han llegado
de las comunidades autónomas y entidades locales, pocas, muy pocas
son para incineradoras, y éstas sí están contempladas en el Plan
nacional de residuos urbanos que deberá cumplirse en su integridad.
Se ha dicho aquí que la incineración no es la solución al problema de
los residuos. Por supuesto que no es la solución. Hay que reducir el
volumen de residuos, hay que reutilizar y hay que reciclar. Pese a
todo ello siempre quedará una fracción final más o menos grande, de
mayor o menor volumen, que hay que eliminar, y para ello tenemos dos
opciones: incineración o vertedero. Creo, señorías, que tienen que
reflexionar ustedes seriamente sobre los problemas que presentan los
vertederos. El real decreto que modifica la Ley de residuos es muy
concreto, ya que especifica claramente que se refiere a la
valorización energética de las harinas transformadas de origen
animal; no creemos, por tanto, que pueda aplicarse a otro tipo de
residuos.
Termino, señorías, reiterando el voto afirmativo del Grupo
Parlamentario Popular a la convalidación del real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
(Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención
administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de
origen animal procedentes de la transformación de despojos y
cadáveres de animales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 272; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el referido decreto-ley.
Señorías, sometemos a votación, a continuación, que el real decreto-
ley convalidado sea tramitado como proyecto de ley por procedimiento
de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 118; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley del real decreto-ley convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE
REFORMADEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DE EMPLEO Y LA
MEJORA DE SU CALIDAD. (Número de expediente 130/000014)
La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad.
Para la presentación del Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor
ministro de Trabajo. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate y la presentación
del siguiente decreto-ley. Ruego a SS.SS. que ocupen sus escaños o
abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, diligentemente y en
silencio.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la presentación ante esta Cámara para su convalidación
del Real Decreto 5/2001, de medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del empleo y mejora de su calidad...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Como
decía, en esta presentación del Real Decreto de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad quiero dirigirme, naturalmente, a SS.SS. a fin
de darles a conocer los motivos que nos han llevado a su aprobación y
a su contenido, pero más allá me gustaría dirigir estas palabras a
los verdaderos destinatarios de esta reforma, a todos los potenciales
trabajadores que se verán beneficiados por la misma; me estoy
refiriendo a esos 800.000 trabajadores que se verán beneficiados por
la reforma durante el primer año; a 225.000 mujeres desempleadas
entre 16 y 45 años; a las 150.000 de éstas que contarán con un
contrato a tiempo completo y a las 75.000 que lo harán con contrato a
tiempo parcial; a 100.000 parados mayores de 45 años; a 125.000
personas que llevan más de seis meses desempleadas; a 215.000
personas con contratos temporales que pueden ver transformados sus
contratos en indefinidos; a 35.000 trabajadores o trabajadoras que se
acogerán a bonificaciones por baja de maternidad; a 70.000
trabajadores que se beneficiarán de las bonificaciones llamadas de
coste cero, ya sean los causantes de la baja o sustituyentes; y en
general a todos los trabajadores,
hombres y mujeres, que de cualquier otra forma se verán
beneficiados por las diferentes medidas de mejora de las relaciones
laborales que introduce esta reforma.
La reforma laboral de 1997, sustentada en el diálogo y en el acuerdo
entre las organizaciones empresariales y sindicales, ha manifestado a
lo largo de estos casi cuatro años una gran capacidad para contribuir
a la creación de empleo. Las medidas que entonces se tomaron a modo
de ensayo para intentar corregir una situación que era alarmante,
tanto en términos de desempleo como en el alto nivel de inestabilidad
con el que se afrontaban las nuevas contrataciones, han dado buenos
resultados, como se puede comprobar en la evolución del empleo desde
entonces: casi dos millones de puestos de trabajo creados, algo más
de un millón menos de desempleados y una tasa de paro que se ha
reducido en 7,3 puntos.
De los dos millones de nuevos empleos recogidos en la encuesta de
población activa, el 78 por ciento han sido indefinidos, resultando,
en gran medida, de los más de cuatro millones de contratos estables
formalizados desde la aprobación de 1997 de la nueva normativa,
acompañada también a lo largo de todos estos años por un amplio
sistema de incentivos en forma de menores costes de Seguridad Social
para los contratos que se suscribían con vocación de permanencia.
Desde el Gobierno creemos, y lo comparten también los interlocutores
sociales, que la reforma de entonces estuvo bien orientada, aun
admitiendo que para la solución de los problemas existe siempre un
ritmo mayor, y cuando los problemas son tan serios como los que
tradicionalmente arrastra el mercado de trabajo español se necesita
bastante tiempo para encauzarlos.
La reforma que hoy presentamos ante la Cámara para su convalidación
pretende no sólo dar continuidad a aquellas medidas que en 1997 se
tomaron con carácter temporal y cuya vigencia, como saben SS.SS.,
finalizaba el próximo 17 de mayo, sino que además intenta profundizar
en la adecuación y en la adaptación de las estructuras laborales a
momentos y necesidades que están experimentando importantes cambios.
Se trata de dar un paso más en la permanente adaptación requerida por
una economía y en unos sistemas productivos cada vez más complejos. Y
se trata también de recorrer nuevas etapas hacia ese objetivo, que
espero que todos compartamos, de integración social, a través del
trabajo, del conjunto de la población española.
Tengo que decir que el Gobierno hubiese deseado que esta reforma
fuera fruto del consenso, al igual que lo fue la de 1997. Habíamos
puesto todos muchas esperanzas en ello y creo que nadie nos podrá
negar que hemos sido extremadamente respetuosos con un proceso de
diálogo que ha durado nueve meses y que hemos seguido con la máxima
atención, ofreciendo en todo momento nuestra colaboración. Nos hemos
mantenido al margen, según se nos había solicitado, a pesar de que
creíamos más conveniente que la reforma se hubiera
articulado ya a finales del año 2000, porque permitía así un mejor
encaje presupuestario, pero hemos preferido esperar y agotar los
plazos que los propios interlocutores sociales libremente -subrayo el
término libremente- se habían dado y que, como SS.SS. saben,
terminaba a finales del mes de febrero. Lamentablemente el acuerdo no
se ha producido y así informaron de ello al Gobierno los propios
interlocutores. Por ello, hemos considerado que había llegado el
momento de afrontar las nuevas modificaciones desde la
responsabilidad y el papel que nos confiere el ser Gobierno de la
nación y, como tal, promover aquellas medidas que consideremos más
idóneas para el bien general, coherentes con nuestros compromisos
electorales y de Gobierno, y tomando como punto de partida la
situación a la que se había llegado en un proceso de diálogo entre
los interlocutores sociales, aun cuando no se hubiese conseguido el
acuerdo.
La fórmula del decreto-ley respondió también a la urgencia en llevar
a cabo las medidas necesarias. No obstante, vaya por delante que nada
más lejos de nuestro ánimo que sustraer al Parlamento un debate que
estimamos muy importante y abierto a propuestas. Por ello, les
anuncio ya que nos proponemos su tramitación como proyecto de ley y
en ese proceso esperamos recoger diferentes aportaciones que
contribuyan a hacer más eficiente, más justo y más participativo el
marco de relaciones laborales; eso sí, pedimos que se busque el
consenso social y que no sean simples reiteraciones de las posiciones
de parte. Sin embargo, hemos considerado necesario utilizar esta
posibilidad de urgencia recogida en la Constitución española porque
estimamos que la tramitación directa como proyecto de ley sería
perjudicial para el mantenimiento del ritmo de la creación de empleo.
Ya ha habido una espera de más de nueve meses y SS.SS. saben muy bien
que la sociedad productiva soporta mal la incertidumbre. Pero es que,
además, dado que alguna de las medidas implantadas en 1997
finalizaban, como he dicho, el próximo mes de mayo, se hubiera
producido un período de vacío o de laguna normativa entre la
finalización de unas y el comienzo de la vigencia de otras, que
hubiese distorsionado el mercado de trabajo y paralizado posibles
contrataciones a la espera de nuevas medidas.
Centrándome ya en los objetivos y contenidos del real decreto-ley,
creo fundamental señalar que hemos partido de una total coincidencia
con organizaciones sindicales y empresariales en el diagnóstico de
los problemas que resultan más relevantes y más acuciantes para el
mercado de trabajo. Desde ese análisis, hemos intentado trasladar a
la normativa conceptos y propuestas de ambas partes, configurando una
reforma que perfectamente podría haber sido fruto del acuerdo y lo
hemos hecho intentando mantener un equilibrio entre las posturas de
ambos, siempre con el referente puesto en lo que creemos más eficaz
para la sociedad en su conjunto. La norma tiene unos objetivos muy
claros y
definidos, todos ellos de una gran trascendencia para el empleo. En
primer lugar, el fomento de la contratación indefinida y la
limitación de la contratación temporal abusiva. Hacia ese objetivo
confluyen la mayor parte de las medidas tomadas, y lo hacen desde dos
vertientes ya contempladas en la reforma de 1997, pero asumidas con
mayor profundidad en ésta, promoviendo, de una parte, la contratación
indefinida y estableciendo nuevas limitaciones, por otra, a la
contratación temporal. Así, en el primer ámbito se ha optado por dar
continuidad al contrato de fomento de empleo indefinido, instaurado
en 1997, ampliando el espectro de colectivos beneficiarios del mismo
y sin establecer un límite temporal definido para esta medida. Me
permito recordar, como señala el propio real decreto, que mientras
persistan las actuales circunstancias del mercado de trabajo y en
ausencia de pacto, se hace necesaria la existencia de la norma, lo
cual creo que expresa también nuestra disponibilidad a escuchar y a
recibir propuestas de acuerdo y a seguir permanentemente evaluando
cuál es la situación de nuestro mercado laboral.
Se ha aprobado para este año un nuevo programa de bonificaciones,
dirigido casi en su totalidad a primar la contratación indefinida de
los colectivos con mayores dificultades de acceder al mercado de
trabajo, y lo hace reduciendo durante un período de tiempo los costes
laborales de dichos grupos. Podríamos decir que ya la mayor parte de
los desempleados que sean contratados de forma indefinida van a ser
susceptibles de aplicación de alguna reducción de cotizaciones,
aunque éstas se modulan cuantitativamente en función de la mayor o
menor dificultad de integración de cada grupo. En ciertos casos la
posibilidad que se ofrece es la conversión -la conversión es siempre
deseable- de temporal a estable, pero sin llegar a incentivar este
tránsito si se trata de los grupos con menor necesidad de impulso, a
fin de concentrar los esfuerzos en las poblaciones más difíciles. Si
excluimos a los discapacitados y a determinados grupos con riesgo de
exclusión laboral más acentuado, las mujeres son, con diferencia, las
más beneficiadas por el nuevo sistema de incentivos, con aplicación
de bonificaciones a cualquier edad y con bonificaciones siempre más
elevadas que las de los varones en aquellos casos en que ambas se
encuentren en el campo de acción de las mismas. En segundo lugar, lo
serían los varones mayores de 45 años. Se mantienen además los
incentivos para la primera contratación por parte de los trabajadores
autónomos y se vuelve a primar la transformación de contratos
temporales en indefinidos, presente en las medidas de 1997 y limitada
en el programa del año 2000 a los contratos formativos, de relevo y
de sustitución por jubilación.
Junto a estas medidas de promoción directa del empleo, especialmente
el empleo indefinido, se establecen otras, como he dicho, que
pretenden actuar de freno a la excesiva contratación temporal que
todavía se sigue produciendo. Cabe recordar que se ha producido
una reducción importante, que se ha roto con una tendencia, la
tendencia que yo creo que movió a la acción en el año 1997 se ha
reducido prácticamente en 5 puntos la temporalidad española. España
es uno de los pocos países que ha logrado avances en esa materia en
estos últimos años junto a Dinamarca e Irlanda, pero pensamos que
también es necesario seguir avanzando en esa línea.En ese evitar la
contratación temporal excesiva y abusiva se establece una
indemnización de 8 días por año trabajado, aplicable a la extinción
de los contratos temporales, con la única excepción de la
interinidad, de formativos e inserción. También destacaría las
modificaciones introducidas en el contrato eventual, cuya duración
máxima se reduce de 13 meses y medio a 12; se dota de mayor capacidad
a la negociación colectiva para prevenir abusos en la utilización
sucesiva de contratos temporales; se produce una equiparación expresa
de derechos entre los trabajadores contratados temporalmente con los
que están de forma indefinida y se establece la obligación del
empresario de informar a sus trabajadores temporales de las
oportunidades de empleo indefinido que se produzcan en la empresa.
Otra de las grandes prioridades es, sin duda alguna, la integración
laboral de la mujer. Como tantas veces se ha repetido, no es igual la
situación de partida, no es igual la posibilidad de acceso, ni es
igual la posibilidad de permanencia de las mujeres en nuestro mercado
laboral. Esta es una prioridad, por otra parte, y coincide plenamente
con las directrices que nos marca la Unión Europea y los planes de
acción para el empleo en estos últimos años.
El decreto-ley contiene medidas muy importantes en ese sentido. La
ampliación al colectivo de mujeres que se contraten en profesiones de
baja presencia femenina -desgraciadamente, un largo catálogo-, la
posibilidad de suscribir el contrato de fomento de empleo indefinido
y el amplio sistema de bonificaciones -que, como ya he dicho, prima a
las mujeres- son dos claros ejemplos de ello. Pero además hay dos
medidas sobre las que quiero llamar específicamente la atención por
la contribución especial que pretenden tener en ese handicap que las
mujeres tienen actualmente para ser contratadas en circunstancias en
las que la posibilidad o la ya realidad de la maternidad se encuentra
presente. Una es el establecimiento de una bonificación plena, del
cien por cien, en las cuotas de Seguridad Social durante el primer
año del contrato para aquellas mujeres que se contraten de forma
indefinida en los dos años siguientes a haber sido madres y que sean
paradas de larga duración. La otra se refiere a la eliminación del
cien por cien de la cotización por parte del empresario a la
Seguridad Social por las trabajadoras o trabajadores que se
encuentren en permiso por maternidad, adopción o acogimiento siempre
que se haya contratado a un interino como sustituto, además de la
bonificacióndel cien por cien en el contrato del propio interino
en virtud de la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar.
Destaco esta novedad que evita que pueda entenderse que persiste o
pervive, cuando se produce una sustitución por maternidad, cualquier
coste asociado a una ausencia. Tanto la persona sustituida como la
persona sustituyente tendrían dicha bonificación.
Se potencia el contrato a tiempo parcial. El objetivo es dotar a este
contrato de una presencia y de una calidad comparable a la que tiene
en el resto de la Unión Europea. Bien que me hubiese gustado hablar
de unas cifras de mayor peso después de la reforma realizada el año
1998, no ha sido así. La última encuesta de población activa nos
habla de un estancamiento, cuando no de un leve retroceso, de la
presencia de este contrato que se configura, indudablemente, como la
mejor alternativa de flexibilidad a la temporalidad excesiva que,
como antes señalaba, caracteriza también a nuestro mercado de
trabajo. Desgraciadamente podríamos hablar con precisión de excesos
de temporalidad y de defecto de utilización de fórmulas alternativas.
Pues bien, la voluntad estaba presente ya en la reforma del año 1998,
pero esperemos que sea posible esta vez un contrato de calidad
comparable tanto en protección como en fórmulas de gestión al modelo
mayoritario en Europa y, por tanto, con esa mayor facilidad de
aplicación dado que la compleja regulación anterior le ha restado
posibilidades de aceptación por parte de nuestras empresas. Ello se
acompaña, en el caso de que estos contratos se concierten por tiempo
indefinido, con la aplicación, en líneas generales, del amplio
sistema de incentivos previsto para los de tiempo completo. Repito
y subrayo que se trata fundamentalmente no solamente de preservar lo
que fue la necesaria corrección de la protección social de este
contrato realizada el año 1998. Sirva como ejemplo que hasta aquellas
fechas la hora trabajada en un contrato a tiempo parcial tenía menor
valor relativo y absoluto que la hora trabajada a tiempo completo a
la hora de producir una carrera de cotización. Naturalmente se han
preservado estas mejores condiciones de protección social para el
trabajador.
También se establecen en el propio real decreto garantías de que no
se va a generar fraude, manteniendo el 77 por ciento como listón, por
encima del cual se obliga, como debe ser, a una contratación
completa, pero creemos que el equilibrio final es un equilibrio entre
una gran protección social privilegiada, como debe ser, para
compensar lo que sin duda ninguna es mayor dificultad de acceso a los
períodos de carencia y a los períodos que dan derecho a ciertas
prestaciones, pero con una formulación en su gestión, como les decía
antes, comparable a la que ha permitido una mayor presencia de este
contrato en la Unión Europea. En consecuencia, se ha tratado de
conseguir este contrato, como les decía, de calidad comparable tanto
en protección como en gestión al modelo mayoritario de Europa y con
mayor facilidad de aplicación.
Otro aspecto, al menos para mí muy importante -nunca se me olvida que
actuamos desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, es la
atención a los colectivos con mayor dificultad, es ese segundo
apellido, que es tratar con mayor intensidad y mejor, por qué no
decirlo, a quien tiene mayores dificultades. Pues bien, se trata de
instrumentar nuevas vías de integración laboral para colectivos con
dificultades muy serias en este sentido. Una de ellas es la
regulación de un nuevo contrato de inserción, como cauce para la
contratación pública de demandantes de empleo, con la doble finalidad
de realizar actividades de interés general y mejorar al tiempo su
cualificación y nivel de ocupación. Quede claro -y así lo dice el
texto- que estamos abiertos también a que puedan lograrse unas
mejores relaciones tendentes a precisar ese tipo de trabajo que no
tiene naturaleza mercantil, que no tiene naturaleza lucrativa, que es
el que se realiza con fines de claro interés social por parte de la
mayoría de las administraciones públicas -y a ese ámbito se
circunscribe- y que nada, insisto, tiene que ver con lo que son
actividades ordinarias de las administraciones ni con lo que serían
actividades mercantiles. A ese campo es al que se dirige, en
coherencia también con lo establecido en los planes de acción para el
empleo y en lo que se ha dado en llamar las políticas de Luxemburgo.
Otra medida es la eliminación de límite de edad en los contratos para
la formación cuando se concierten con inmigrantes, desempleados con
más de tres años en esta situación, personas en situación de
exclusión social y beneficiarios de los programas de escuelastaller,
casas de oficios y talleres de empleo. El objetivo de esta medida no
es otro que el de dotar a la población inmigrante con dificultad, con
desempleo, con dificultades derivadas bien de su falta de
cualificación profesional, bien de otras circunstancias que hagan
objetivamente difícil su integración en el mercado laboral, de los
mismos instrumentos y con las mismas garantías que tienen los
ciudadanos nacionales. Cualquier otra lectura se aleja no sólo del
espíritu, sino del sentido de esta norma. La edad de 21 años, que es
el límite que se acepta, puede tener pleno sentido, y lo mantiene en
España puesto que tenemos escolarización obligatoria hasta los 16
años, en un país que mantiene un régimen de transparencia en las
cualificaciones profesionales, pero no me parecería justo excluir a
los trabajadores inmigrantes por un simple condicionante de edad de
un beneficio, como es la posibilidad de integración laboral, por el
mismo cauce que están utilizando los ciudadanos nacionales. Insisto
en que se podrán hacer otras lecturas, como ejercicio académico o
como ejercicio político, pero creo que estarían sustancialmente
alejadas del ánimo del Gobierno y de la propia letra de este real
decreto.
La norma avanza en el reforzamiento de las garantías en los supuestos
de subcontratación. Sin duda ninguna, es una materia que también fue
abordada en las propias
mesas de diálogo social, determinando de forma más adecuada las
responsabilidades tanto de contratistas como de subcontratistas a
efectos salariales, a efectos de Seguridad Social y, especialmente, a
los efectos de prevención de riesgos laborales. Se establece la
obligación para los empleadores de informar a los trabajadores de las
empresas subcontratadas sobre la empresa principal y se establece
también la obligación de que el comité de empresa de la empresa
principal conozca todos los contratos y subcontratos efectuados con
el fin, precisamente, de organizar mejor y de manera más efectiva la
prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, se ha optado también por la derogación, que como
saben es una idea compartida en las mesas de diálogo social y
expresada en el Pacto de Toledo, para adecuar la redacción -un tanto
infortunada- del Estatuto, cuando hablaba de que las jubilaciones
forzosas eran un instrumento de formulación de empleo. Pueden servir
para otras cosas, pero ese no es el concepto ni es la forma en la que
se expresa el propio Pacto de Toledo, para posibilitar los avances
que a través del diálogo social puedan tener aportaciones.
Permítame, finalmente, señora presidenta, que subraye el hecho de que
-como, sin duda, saben SS.SS.- son muchas las materias que en nuestra
sociedad pueden y deben ser objeto de diálogo social. No olvidemos
nunca que el diálogo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento,
sin duda ninguna, útil -como se ha demostrado- para la sociedad
española en los últimos años, pero no es un fin en sí mismo.
Desgraciadamente, cuando el diálogo se estanca, cuando el diálogo se
bloquea, los problemas no se detienen y los objetivos de la sociedad
española son en este momento seguir ofreciendo esa magnífica relación
de transformación de crecimiento económico en crecimiento del empleo.
Eso requiere una permanente observación y una permanente actuación y
adaptación de todos los instrumentos que hagan más eficiente, que
hagan mejor la capacidad de la economía española no solamente de
crecer, que ya sería esa primera obligación de generar riqueza, sino
de saberla traducir también eficientemente a dos de los grandes
productos que nos demanda la sociedad: un mejor empleo y una mejor
protección social. Eso requiere adaptaciones, eso requiere esfuerzos,
eso requiere diálogo y eso requiere, naturalmente, la acción del
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en
contra de la convalidación? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sevilla. (El señor
Llamazares Trigo pide la palabra.)
Señor Llamazares, según la previsión del Reglamento no hay más que un
solo turno en contra y un solo turno a favor en este tipo de debates.
La tradición parlamentaria es que, cuando hay más de una petición de
un turno en contra, haga uso del mismo el grupo mayoritario de los
que lo solicitan.
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aparicio, felicidades porque dado que su grupo parece premiar
con fuertes aplausos a los que abandonan la carrera sucesoria, el que
hoy no le hayan aplaudido tanto significa que aún tiene
posibilidades. (Rumores.)
Señor ministro, el Grupo Socialista va a votar en contra de la
convalidación de este decreto-ley porque cree que este Parlamento no
puede contribuir, en época de bonanza, al desánimo que se ha
instalado entre tantos jóvenes, mujeres, parados de larga duración y
otros colectivos ante la realidad de un mercado laboral hostil a sus
necesidades y del que sólo pueden esperar trabajos eventuales, mal
remunerados y sin derechos colectivos. Lo que ustedes traen hoy aquí
ahonda en una estrategia de precarización del mercado laboral y
apuesta por un modelo basado en el progresivo deterioro de los
derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras. No es verdad
que la precariedad, los bajos sueldos y la desprotección social sea
el único camino posible de competitividad en un mundo globalizado.
Por ello, no es verdad que su reforma del mercado laboral sea la
única manera de crear más y mejor empleo.
Votaremos en contra por razones de fondo y por razones de forma. Lo
que ustedes traen hoy a la Cámara es una prueba de un fracaso, de su
fracaso. En primer lugar, porque ustedes han presionado para evitar
el acuerdo y, en segundo lugar, porque las normas que han regulado y
hoy traen aquí no han sido consultadas con los interlocutores
sociales.
Convendrá conmigo en que la consecución de acuerdos sociales sobre
asuntos importantes durante la pasada legislatura fue presentado por
el Gobierno como uno de sus mayores éxitos. Tan es así que en su
programa electoral dicen -cito y doy ocasión para el aplauso-: Para
nosotros -es decir, para ustedes-, el diálogo social entre el
Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales es la mejor
vía para la modernización de las relaciones laborales. Fin de cita.
Tan es así que en su discurso de investidura el hoy presidente del
Gobierno dijo -cito-: Sólo las reformas ampliamente compartidas, con
sólido respaldo de una opinión pública y con la colaboración de las
instituciones y agentes sociales, son fecundas y tienen éxito. Fin de
la cita.
De acuerdo con ello, este decreto-ley no es la mejor vía para
modificar las relaciones laborales y éste en concreto no va a ser
fecundo ni va a tener éxito, dado que no cuenta con sólido respaldo
ni de la opinión pública ni de los sindicatos. O no se creían
entonces las bondades que predicaban respecto a los acuerdos o lo de
hoy es un fracaso que debe asumir el Gobierno,
salvo que lo que fue bueno cuando no contaban con mayoría absoluta
deje de serlo cuando pueden aplicar el rodillo parlamentario.
Además, señor ministro, por primera vez en la democracia traen a la
Cámara unas medidas de reforma del mercado laboral que los
interlocutores sociales han conocido por el BOE; a lo mejor igual que
usted. No se han preocupado ni de cubrir las formas, no han hecho ni
la apariencia de mediación ni, como digo, siquiera la de información
previa a los interlocutores sociales, aquellos con quienes tanto les
gustaba hacerse fotos cuando no tenían mayoría absoluta.
Si las formas son esenciales en democracia, ustedes están demostrando
con la mayoría absoluta unas formas poco democráticas. Porque,
además, ¿de dónde vienen las prisas? ¿No va todo tan bien? La
urgencia de hacerlo, y de manera unilateral, sólo encontraría
explicación en una preocupante ralentización en el ritmo de creación
de empleo. ¿Es así? ¿Van peor las cosas de lo que ustedes dicen y por
eso hacen falta medidas urgentes, tomadas manu militari? En todo
caso, es un fracaso del Gobierno que van a pagar los trabajadores,
cuya perspectiva de encontrar un empleo estable de calidad no se ve
mejorada después de la aprobación de este decreto. Porque, además,
ustedes no han aprobado una reforma; han aprobado lo que parece ser
la primera parte de una reforma, según declaraba el vicepresidente
Rato. El Gobierno hace como que legisla, pero lo hace de manera
incompleta; legisla, pero no todo, y lo que legisla lo hace de forma
apresurada e incluso chapucera. En este decreto-ley no se introducen
mecanismos que permitan reducir eficazmente la injustificada
temporalidad de nuestro mercado laboral ni se facilita la
incorporación al mercado laboral en las mismas condiciones a las
mujeres que a los hombres. Por tanto, no ayuda a resolver ninguno de
los dos principales problemas que tenemos.
Señor ministro, ustedes han dedicado una gran cantidad de recursos
públicos para reducir la tasa de temporalidad, la más alta de Europa,
y han fracasado en esa tarea. Ahora, por un lado, siguen manteniendo
ese gasto público para reducirla y, por otro, abren la mano a nuevas
formas de temporalidad, porque resulta curioso que para reducir esa
elevada e injustificada temporalidad a ustedes sólo se les ocurra
poner una indemnización simbólica y, sobre todo, inventarse nuevos
contratos temporales, especialmente el de formación y el de
inserción. O sea, que para reducir la temporalidad se crean nuevos
contratos temporales y precarios. Sorprendente. Precarios como el
nuevo contrato de inserción, del que se desconoce su duración,
retribución, jornada y resto de condiciones de trabajo, o como la
nueva regulación del contrato de formación que ve cómo se
desnaturaliza su carácter formativo mediante su generalización a
otros colectivos, que verán ahora como sus posibilidades de
contratación son sólo en condiciones precarias, es decir, salario
mínimo y sin
derecho al desempleo.Este nuevo contrato de formación sí es un
auténtico contrato basura en el cual, al incluir a los inmigrantes, o
bien incurren en una contradicción con la Ley de extranjería o bien
están preparando el camino para la segmentación xenófoba de nuestro
mercado laboral. No sé si son conscientes del calado social de esta
medida y de la irresponsabilidad que significa el tratamiento que le
dan.
Por otro lado y para incrementar la participación de la mujer en el
mercado laboral, no se les ocurre ninguna novedad, salvo que lo hagan
en condiciones peores que los hombres, con un coste del despido más
barato. (Aplausos.) Con este decreto, entre dos personas de igual
edad, grado de formación, tiempo de permanencia en el paro, puesto de
trabajo e incluso igual salario, una, la mujer, estará más
desprotegida que el hombre al tener un coste de despido menor. No
dudo que semejante discriminación contra las mujeres será debidamente
criticada y votada en contra por las diputadas de su grupo que tanta
sensibilidad feminista han mostrado en ocasiones recientes
(Aplausos.)
La reforma del contrato a tiempo parcial sería el paradigma de su
actuación. Vuelven atrás respecto a un acuerdo que ustedes alcanzaron
con los sindicatos y lo hacen empeorando todavía más la inseguridad
de los trabajadores acogidos al mismo. Si su anterior regulación de
dicho contrato no permitió el desarrollo en España de esta fórmula de
contratación, la actual propuesta sólo lo hará en la medida en que lo
desvirtúe y precarice, al desnaturalizar el concepto de horas
complementarias e impedir la conciliación de la vida familiar
y laboral.
Señor ministro, el avance de la reforma que ustedes han aprobado
puede valorarse no sólo por lo que contiene, sino por lo que deja de
contener. Aquí no hay ninguna medida para reducir la temporalidad en
las administraciones públicas; nada eficaz sobre los riesgos que
conlleva la subcontratación; nada que evite desde un punto de vista
normativo los abusos e incluso los fraudes que se están dando en la
contratación temporal. Apuntan mal los problemas existentes y los
resuelven todavía peor.
Con este decreto-ley ustedes se han situado en el lado de aquellos
que apuestan por un modelo económico de competitividad basado en
salarios bajos y condiciones laborales precarias, un modelo en el que
los derechos colectivos y la propia negociación van perdiendo terreno
a favor de las relaciones individuales entre desiguales. Eso es lo
que consagra lo ya visto de su reforma y lo que apuntan para el
futuro respecto a la revisión de la negociación colectiva. Los
socialistas solicitamos su tramitación como proyecto de ley para que
los ciudadanos puedan conocer mediante nuestras enmiendas que hay
otra manera de abordar los problemas reales de nuestro mercado
laboral y que son posibles otras soluciones más integradoras. Con
nuestras enmiendas demostraremos que existe una alternativa
mejor para facilitar de verdad la creación de más empleo y de mejor
calidad mediante reformas en el modelo de relaciones laborales.
Demostraremos que hay un camino de esperanza para mucha gente que se
debate entre el paro y la precariedad y que el deterioro de la
realidad laboral no es nada que exija la modernidad o la
globalización sin opciones políticas de gobiernos conservadores como
el suyo. Cuando el coste social de la acción de un gobierno supera al
beneficio específico que aporta su gestión se aproxima el tiempo de
cambio, y el suyo lo hace de forma acelerada. Esa es la única
esperanza que hoy tienen millones de trabajadores y empresarios, como
veremos en los próximos meses sin duda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sevilla. ¿Turno a favor de la
convalidación? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En el inicio de las negociaciones sobre el mercado laboral, el
Gobierno, los empresarios y los sindicatos coincidieron en que el
principal problema a resolver era la alta tasa de temporalidad en el
Estado, más del doble de la registrada en la Unión Europea;
provocando un importante problema social y siendo el principal
responsable de la fuerte tasa de siniestralidad laboral, era
imprescindible buscar medidas para solucionarlo. El desarrollo de las
negociaciones ha supuesto la ruptura del espíritu que propició los
acuerdos de 1997 y 1998 y el incumplimiento de las promesas del
presidente del Gobierno en el discurso de investidura de continuar
por la senda del acuerdo con los interlocutores sociales. De este
modo, las principales razones de nuestra oposición a este real
decreto son las siguientes.
Primero, la indemnización de ocho días por año trabajado -supone una
medida de 88 pesetas por día- no es un motivo que desincentive el uso
de estos contratos, ni retribuye la precariedad del trabajador; por
tanto, no soluciona el principal problema de este tipo de
contratación, que no es otro que su menor coste respecto a los
contratos indefinidos. Tampoco parece efectiva la reducción de la
duración máxima de los contratos temporales de trece y medio a doce
meses cuando sólo el 0,19 por ciento de esos contratos supera esa
duración.
Segundo, la reforma del contrato a tiempo parcial deja sin efecto el
acuerdo de noviembre de 1998 entre Gobierno y sindicatos, con la
única pretensión de satisfacer la demanda empresarial de una
flexibilidad absoluta en la distribución de la jornada laboral.
Tercero, en cuanto a otra de las propuestas incluidas, como es el
aumento de los colectivos que pueden ser
contratados mediante el contrato indefinido de fomento del empleo,
pactado en 1997, es una propuesta empresarial para ampliarlo a todo
el colectivo de mujeres mediante la inclusión de las mujeres
desempleadas en sectores con bajo nivel de representación, que al no
estar vinculado con la limitación al abuso de la contratación
temporal, no tendrá gran eficacia y sólo supondrá la rebaja de sus
derechos laborales.
Cuarto, tampoco consideramos positivo que las bonificaciones a los
contratos indefinidos a una amplia gama de colectivos se hagan
mediante reducciones en la cuota de la Seguridad Social, con lo que
supone de merma en sus ingresos. Entendemos desde Chunta Aragonesista
que debería realizarse mediante partidas específicas de los
Presupuestos Generales del Estado.
Por todas estas cuestiones, consideramos que el Gobierno debe asumir
su responsabilidad en el fracaso del diálogo social y aprovechar el
trámite parlamentario para lograr un acuerdo lo más amplio posible,
introduciendo las modificaciones precisas para solucionar las
deficiencias de este decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, usted ha empezado su
intervención hablando de los beneficios que van a experimentar
centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de este país. Si
esto que usted dice fuera cierto, en este país hay gente que se ha
vuelto loca. ¿Usted cree de verdad que si esto fuera así los
sindicatos estarían hoy confrontados con su reforma? ¿Cree usted de
verdad que si esto fuera así, el señor Ybarra o importantes
representantes de los grandes empresarios darían el sí entusiasta que
están dando a su reforma, señor ministro? Usted tiene necesidad,
señor ministro, de venir aquí y empezar diciendo que esto beneficia a
trabajadores y trabajadoras porque esto no es así. La suya es una
reforma hecha a imagen y semejanza de las demandas de la gran
patronal de este país; no es una reforma, como ya se ha dicho antes y
yo voy a insistir, que haga frente al principal problema del mercado
laboral, es decir, al principal problema de los trabajadores y
trabajadoras, que es la temporalidad, y por esa razón desde
Iniciativa per Catalunya-Verds votaremos en contra de este real
decreto-ley.
Permítame que señale cuatro elementos de la situación laboral,
económica y social de este país. Esta es una reforma que disminuye
los costes laborales. Los empresarios siguen diciendo que hay que
continuar disminuyéndolos. El lunes, la oficina de Eurostat ha sacado
una estadística sobre los costes laborales en Europa: los de España
son la mitad de los de Alemania. Los costes
laborales de la zona euro están situados en 22 euros por hora;
los de España en 15 euros por hora. Es falso que los costes laborales
estén hoy en el centro de los problemas de competitividad y de
productividad de las empresas españolas. Además, ¿es que estamos en
una situación en la que los empresarios no obtienen beneficios? Pues
bien, hace diez días hemos conocido que las 35 primeras sociedades
que cotizan en Bolsa han experimentado un incremento de beneficios
del 25 por ciento y que eso en el año 2000 suma más de dos billones
de pesetas.
Habla usted al mismo tiempo de la urgencia que reclama la sociedad
para que ustedes legislen unilateralmente. ¿Dónde está esa urgencia
de cara a la siniestralidad laboral, señor ministro? En el año 2000
hubo 1.133 muertos, prácticamente un millón de siniestros y ustedes,
hace muy pocas semanas, votaron en contra de una iniciativa
legislativa popular en la que los sindicatos habían recogido más de
medio millón de firmas, y hoy siguen sin haber tomado ninguna medida.
Yendo al hecho que nos ocupa hoy -se ha dicho antes-...
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego vaya concluyendo ya.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo inmediatamente, señora presidenta.
Gracias. ...ustedes, con su reforma, desnaturalizan el contrato de
formación como vía de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo;
ustedes, en el contrato a tiempo parcial, se retrotraen más allá de
1998, y en el tema de la temporalidad, señor ministro, toman medidas
ridículas y demagógicas. ¿Cree usted que es de recibo decir que van a
indemnizar con 88 pesetas día los contratos temporales? Señor
ministro, usted sabe mejor que yo que hay muchos contratos temporales
de cuatro, cinco o seis días, que van a tener una indemnización de
300 ó 400 pesetas. Usted sabe perfectamente que en el año 2000 la
duración media de los contratos temporales es exactamente de 113
días, que a 88 pesetas son 9.944 pesetas.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que dé por concluida su
intervención. Está sobrepasando en mucho las intervenciones del Grupo
Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro, son medidas demagógicas. Por
tanto, retiren este decreto, abran el diálogo social y sitúen como
urgente aquello que es urgente: reducir la temporalidad y acabar con
la siniestralidad.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana de Catalunya votará en contra de este decreto-
ley y requerimos al Gobierno y al grupo mayoritario la sensibilidad
para que se tramite como proyecto de ley, básicamente porque con las
reformas sucesivas que se han llevado a cabo en 1994, en 1996 y en
este caso en 2001, va apareciendo claramente encima de la mesa cuál
es el modelo de relaciones laborales del Partido Popular, y el modelo
es el británico, que se sustenta en dos pilares: desregularización
laboral y lo que podríamos llamar la singularización de la
negociación colectiva, que preconiza que esta se lleve a cabo en el
campo espacial de cada empresa para alcanzar dos objetivos, en primer
lugar, excluir de la negociación colectiva a importantes núcleos de
trabajadores que están en situación de precariedad en ámbitos en los
que es muy difícil la presencia sindical -temporalidad o pequeñas
empresas- y, en segundo lugar, acabar con el modelo sindical actual.
Esta propuesta de individualización de la negociación colectiva es lo
que ya pide a voces la CEOE.
Entrando en la propuesta del decreto-ley votaremos en contra
básicamente porque en los contratos de formación se resucita el
contrato basura con la ampliación de los contratos de formación a una
serie de colectivos que nada tienen que ver, con la introducción de
un contrato con ínfima retribución, por debajo muchas veces del
salario mínimo interprofesional, con la eliminación de la prestación
de desempleo o la reducción de la cotización a cargo del empresario.
Por otro lado, con la desregularización del contrato a tiempo
parcial, la diferencia con el contrato a tiempo completo será la de
una menor retribución y la eliminación de la mayoría de los derechos
laborales. Así, podría denominarse a ese contrato laboral como
contrato de plena disponibilidad del trabajador hacia el empresario.
Hay un absoluto cinismo en la justificación del contrato cuando desde
el Gobierno se afirma que servirá para que las mujeres y jóvenes
puedan compatibilizar trabajo con otras ocupaciones. Haré el esfuerzo
de llamar a las cosas por su nombre: el resultado será la ampliación
de supuestos de precarización de mano de obra. Otro punto por el cual
votamos en contra es la introducción de una nueva causa de despido,
que afectará a una parte de trabajadores de las empresas contratistas
de obras de las administraciones. También lo haremos porque, mediante
el contrato de fomento para la contratación indefinida, se conseguirá
una ampliación de nuevos colectivos de trabajadores de la modalidad
de despido improcedente con indemnizaciones de 30 días por año
trabajado. Se añade también una modalidad de contrato temporal
llamado contrato de inserción como si no existieran ya suficientes.
En definitiva, el Gobierno del PP seguirá utilizando o manipulando
las macrocifras de empleo con el amparo de los creadores de opinión
económica y seguirá sin
debatir en profundidad los problemas de seguridad laboral y de la
lucha contra la precarización y la temporalidad. Lo que antes se
llamaba el ejército de reserva industrial, es decir, la tasa de paro
estructural que genera el sistema económico, que obligaba a
prestaciones sociales del Estado de bienestar, ahora lo utilizaremos
de mano de obra barata, porque el actual Estado de modelo neoliberal
se ahorra prestaciones por desempleo y otros tipos de prestaciones
sociales. En una palabra: más carne de cañón para su modelo
económico. Votaremos en contra y requerimos que este decreto-ley sea
tramitado como proyecto de ley.
Gracias señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Nuestro voto será en contra porque la valoración que tenemos del real
decreto-ley es negativa, tanto por la forma como por el fondo de sus
contenidos. Desde el punto de vista de la forma, ya se ha dicho aquí,
no nos parece oportuna la utilización de un método excepcional, el
real decreto-ley, que sólo está previsto para casos de especial
urgencia. No puedo extenderme, pero es obvio que ninguna de las
medias adoptadas justifica la misma. Además, creemos que en esta
reforma laboral el Gobierno, claramente, se ha plegado a las
posiciones de una de las partes de la mesa negociadora -no tengo que
decir cuál, pero es evidente-. Por tanto, coloca en un lugar muy
delicado la negociación colectiva, ya que, una parte, en sintonía con
el Gobierno, puede estar tentada lógicamente de no realizar ninguna
concesión en su negociación sabiendo que, al final, sus puntos de
vista recibirán la fuerza normativa. Supone una vulneración de la
negociación colectiva y del modelo fijado en el Estatuto de los
Trabajadores.
No podemos entrar en las medidas contenidas en el real decreto-ley en
este breve tiempo, por lo cual rogaríamos que fuera tramitado como
proyecto de ley. En todo caso, una de las principales críticas que
podemos hacer es la discriminación que resulta entre los distintos
colectivos según el contrato de trabajo que tengan, y esta
discriminación afecta especialmente a las mujeres en materia de
indemnización por despido. Ello reincide desgraciadamente en la
discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo.
Podríamos hablar también de algunas cuestiones que suscitan
incertidumbre, en la medida en que, desde el punto de vista técnico,
hay cosas que no aparecen bien explicitadas -no se sabe si la reforma
del contrato a tiempo parcial será aplicable o no al contrato de
relevo- y también hacemos una valoración negativa sobre la derogación
de la
disposición sobre el limite máximo de la edad de trabajar y sobre
otra serie de cuestiones. Por tanto, creemos que sería muy oportuno y
conveniente que esta Cámara pudiera plantear propuestas positivas a
la hora de articular una norma sobre la materia. Además, creemos que
hay que reivindicar aquí una competencia que figura en el Estatuto de
Autonomía del País Vasco, que el Gobierno asume íntegramente, la
competencia en materia laboral, cuya transferencia solicitamos, una
vez más, 21 años después de la aprobación del estatuto.
Lo que nos preocupa, además de la normativa concreta, son las
reformas que ha prometido el Gobierno en algunas de sus
declaraciones, y en concreto -no voy a citar todas ellas- nos
preocupa una sustancialmente, que es la modificación del artículo 84
del Estatuto de los Trabajadores. Se pretende prohibir que si hay
convenios sectoriales de ámbito estatal, se pueda negociar en el
ámbito sectorial territorial. Creemos que no sería acertado, ni
conveniente, ni positivo para el mejor objetivo que pretende tener
este tipo de normas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por último, por parte del Grupo Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, acaban ustedes de asestar un nuevo golpe a los
derechos de los trabajadores y a la cohesión social, en nombre de un
dogmatismo ideológico desmentido, como veremos por los hechos, tanto
en el Estado como en Galicia.
Dicen ustedes que la flexibilización del mercado de trabajo y la
moderación salarial -mejor se diga precarización del mercado de
trabajo y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores- son
necesarias para crear empleo. Le diré que en Galicia en estos últimos
años -años marcados, como ya se dijo, desde el año 1984 por sucesivas
reformas laborales regresivas y por una continuada bajada del poder
adquisitivo de los salarios- experimentamos, con un Gobierno del
Partido Popular tanto en Galicia como en el Estado, un aumento de la
eventualidad: de 33,94 por ciento de eventuales en el último
trimestre de 1997 tenemos ahora un 35,20 por ciento -mayor
eventualidad de la que, como ustedes saben, resulta también una mayor
siniestralidad laboral-; asimismo experimentamos una peor calidad del
empleo juvenil -el 63 por ciento de los trabajadores gallegos menores
de 30 años tienen un contrato eventual-. En Galicia, con unos
indicadores sociales y económicos inferiores al conjunto estatal y al
conjunto europeo, incluso perdiendo posiciones, el empleo no sólo no
crece sino que disminuye, y la tasa de paro es por primera vez
-también otro mérito que les podemos achacar a ustedes tanto en
Galicia como
en el Estado- superior a la media estatal. En consecuencia, señores
del Gobierno, no hablen de efectos globalmente positivos de la
reforma de 1997, porque esto está desmentido no sólo por la
experiencia cotidiana de muchos ciudadanos, sino también por los
datos sacados de los propios institutos oficiales de estadística. En
mi país sus medidas sólo supusieron menos ingresos y más paro para la
mayoría de la sociedad.
Sobre las medidas concretas que se contienen en este Real Decreto-ley
5/2001 no voy a hablar, porque ya lo hicieron otros portavoces, de
que desnaturalizan ustedes el contrato de aprendizaje al incluir
colectivos con independencia de su edad o de su experiencia
profesional, recordando que en este contrato el salario puede ser
inferior hasta en un 70 por ciento al salario mínimo interprofesional
y que los trabajadores con estos contratos de aprendizaje no tienen
derecho a la cobertura de contingencias, como por ejemplo la
prestación por desempleo. Eliminan los límites específicos para el
trabajo a tiempo parcial. Consideran -coinciden con el Círculo de
Empresarios- que la única forma de dar trabajo a las mujeres es
precarizarlas. Abaratan la indemnización por el despido improcedente.
Por cierto, ¿en qué ayuda esto a crear empleo, como no sea empleo
especulativo creado por aquellos empresarios, que más que empresarios
son patrones cazadores de subvenciones?
En cuanto a los incentivos, ¿a qué viene la exclusión, a través de
las ayudas, de los sectores del transporte, la pesca y la
agricultura? Contésteme, por favor. Estaríamos, en primer lugar, no
ante ayudas sino, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, ante medidas generales de las que se
pueden beneficiar automáticamente todas las empresas que cumplan
ciertos requisitos y sin que en su reconocimiento intervenga ninguna
potestad discrecional. En segundo lugar, aun tratándose de ayudas, lo
único que establece el reglamento 69, del año 2001, es que las ayudas
otorgadas en estos sectores, pesca, agricultura y transportes, no se
acojan al régimen de exención del procedimiento previsto en el
artículo 88.3 del Tratado, pero no, lo cual es algo muy diferente,
que no se puedan conceder ayudas en esos sectores. Por tanto, este
Real Decreto-ley, y así lo recogen hoy en la prensa gallega los
armadores, parece hecho a la medida de Galicia pero al revés: ni
agricultura ni pesca...
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Acabo en seguida, señora presidenta. ...en
Galicia, por si no nos llegaba con Cañete, nos aparece ahora usted
también, señor Aparicio.
En cuanto al contrato temporal, figura el reconocimiento de una
indemnización irrisoria, de ocho días por año trabajado, ridícula, si
es que se llega a aplicar, porque ya se encargarán ustedes de
dinamitar la negociación
colectiva y permitir al empresario hacer que el trabajador
renuncie, incluso, a esta indemnización. Por tanto, señores del
Partido Popular, esta es su verdadera cara. Con mayoría absoluta de
nada les sirve el pacto social que tanto les ayudó a conseguirla y
optan abiertamente por legislar a favor de los intereses de los
patronos. Y digo de los patronos y no de los verdaderos empresarios
que, como los armadores gallegos, también son víctimas de su
política. Frente a un Gobierno así sólo queda el camino de la
movilización; el mismo camino que, a pesar de las regulaciones de
empleo que ustedes aprueban y de los medios de comunicación que
ustedes controlan, están siguiendo desde hace más de cinco semanas en
Madrid los trabajadores de Sintel.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra la
señora Julios. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, quisiera, en primer lugar, manifestar la
posición de nuestro grupo en el sentido de que lamentamos que, a
diferencia de la reforma laboral anterior, este debate se dé sin el
previo acuerdo de los interlocutores sociales. Nosotros entendemos
que si bien las medidas adoptadas en este real decreto, en mayor o
menor medida, favorecen ciertos aspectos como, por ejemplo, la
estabilidad en el empleo o la necesidad de luchar contra ciertos
tipos de contratos de precariedad, el debate va a estar situado, por
un lado, en que hay que retomar el diálogo social con los
interlocutores y, por otro, en que hay que saber si estas medidas van
a ser suficientes para mejorar realmente la situación del empleo. En
este sentido se han producido diferentes declaraciones de los
sindicatos y esto nos preocupa. Dicho de otra forma, nos gustaría
saber si la situación económica actual no nos permitiría hacer
apuestas más decididas para seguir avanzando en las estrategias de
las reformas laborales para que estas vayan por delante de los
acontecimientos. Para que esta situación se dé son necesarias algunas
condiciones, en primer lugar, agilidad en la regulación laboral y
dinamismo en el diagnóstico de los problemas que influyen de forma
negativa en la evolución presente y futura del empleo, que permitan
rápidamente dar respuesta a estos problemas. En segundo lugar,
creemos que es necesaria una mayor agilidad para dar continuidad y
reforzar aquellos factores y medidas que han demostrado ser positivas
en la creación del empleo.
Es necesario actuar activamente creando condiciones idóneas para el
desarrollo del pleno empleo en una sociedad basada en el conocimiento
y en la prevencióndel desempleo, en la línea de las directrices de
las políticas
de empleo recogidas en las conclusiones de la cumbre de Lisboa
y en la revisión del proceso de Luxemburgo, para llegar al objetivo
del pleno empleo en esta década. Para ello es condición
imprescindible crear condiciones de estabilidad y contar con un clima
social, económico y político lo suficientemente estable como para que
favorezca una buena evolución del empleo. Son necesarios,
lógicamente, los pactos, los consensos y el diálogo con los
interlocutores sociales, con las fuerzas políticas y con las
comunidades autónomas. Usted sabe, señor ministro -por supuesto mejor
que yo-, que en el mundo de las normas reguladoras del trabajo es un
aval que estas emanen del diálogo y del consenso, y no sólo en un
sentido puntual sino a modo de un ejercicio de diálogo constante si
queremos que tengan realmente un carácter dinámico.
Nosotros apoyamos que se tramite este real decreto como un proyecto
de ley ordinaria que, en el transcurso del trámite parlamentario y en
el debate de las enmiendas que se puedan presentar a la Cámara,
permita mantener la voluntad que usted ha manifestado de diálogo para
retomar el acuerdo con los sectores implicados. También creemos
positivo lo que hemos leído en la prensa, en concreto la postura de
un sindicato que entiende que el diálogo social no ha terminado y que
hay que avanzar en ese sentido. Es una responsabilidad, en primer
lugar, del Gobierno, pero también de todos los grupos que estamos en
esta Cámara, de los sindicatos, de los empresarios y de las
comunidades autónomas. Por lo expuesto, el sentido de nuestro voto va
ser de apoyo a la convalidación, pero entendiendo que se tramite como
proyecto de ley ordinaria y se permita retomar el consenso. Por ello,
quisiera matizar algunas de las aportaciones que va a hacer nuestro
grupo en el transcurso del debate, en la línea de potenciar modelos y
formas de contratación que se adapten más al mercado de trabajo y que
den respuesta a necesidades que están surgiendo ante los nuevos
modelos de organización social y familiar que están en constante
cambio en estos momentos. Hay que profundizar en los contratos
estables, bien a tiempo completo o a tiempo parcial, profundizar en
contratos de empresas de inserción social, profundizar en el ámbito
de la economía social, en el ámbito de las posibilidades de crear
empleo que tiene el llamado tercer sector, favorecer el desarrollo de
cooperativas que dinamicen este sector, profundizar en el marco de la
microempresa y en el ámbito de los contratos de lanzamiento de nuevas
actividades y mejorar las condiciones y las posibilidades de los
trabajadores autónomos. Algunos de los ámbitos mencionados podrían
facilitar la creación de empleo joven y de empleo femenino de forma
directa, pero también de forma indirecta, ya que ayudarían a cubrir
necesidades, a generar nuevas alternativas y sistemas que den
respuesta a la necesidad de cuidados de la también cada vez mayor
población dependiente o población de la tercera edad.
Señor ministro, algo muy importante para el desarrollo de las
políticas de empleo va a ser el consenso, cuyo debate ha de llevarse
paralelamente a éste que es el de la revisión del Pacto de Toledo o
el pacto de las pensiones. Son astillas de un mismo palo y ejes
fundamentales del Estado de bienestar. Hoy no es este el debate, pero
sí quisiéramos conocer cuáles son las previsiones de su departamento
y del Gobierno en cuanto a los tiempos que se tienen previstos para
afrontar este tema.
Por último, situándonos en Canarias y haciendo una valoración
positiva de los desarrollos que se han dado respecto al PIEC, Plan
integral de empleo en Canarias, quisiéramos resaltar que las
peculiaridades de la situación de Canarias siguen persistiendo en
tres aspectos. Uno, el crecimiento demográfico, que hace necesario un
esfuerzo constante para ir absorbiendo a la población juvenil que se
incorpora al mercado laboral. En esta década, la población en edad de
trabajar de más de 16 años ha crecido en torno a un 4,3 por ciento.
En Canarias, por las peculiares características de nuestra pirámide
de población, representa casi un 11,4 por ciento, lo que nos obliga a
priorizar respuestas específicas ante la mayor presión que ejerce
sobre nuestro mercado laboral el gran peso de la búsqueda del primer
empleo. También es necesario ir absorbiendo a la población femenina
que se incorpora al mercado laboral. En esta última década, la
incorporación de la mujer en España ha crecido un 5 por ciento y en
Canarias un 13 por ciento.
El segundo aspecto que quisiéramos resaltar en cuanto a las
peculiaridades de Canarias es el gran impacto que tiene en nuestra
comunidad el fenómeno de la inmigración. Me refiero a la procedente
de Europa, y dentro de ella a España, y a la procedente de América.
Canarias es la segunda comunidad española con mayor densidad de
inmigrantes, un 4,2 por ciento, frente al 1,8 que es la media de
España. A su vez, estamos situados en el lugar más alto del
porcentaje de inmigrantes que ocupan empleo en nuestra tierra, un 5,2
por ciento.
Como tercer punto sólo quería mencionar las dificultades de un punto
de partida en cuanto a niveles de educación y formación malos
históricamente, con lo cual la dificultad para retomarlo y generar
empleo se añade a lo que he comentado anteriormente. Estas
circunstancias hacen que, a pesar de los esfuerzos que reconocemos se
están realizando, continuemos teniendo una tasa de paro en Canarias
de un 5,9 por encima de Europa, la Europa de los Quince, y una tasa
de empleo de un 15,2 puntos por debajo de la media de Europa. Para
nosotros la vigencia del actual PIEC, el Plan integral de empleo para
Canarias, es importantísima. Sabe S.S. que termina en este año 2001 y
nos gustaría conocer cuál es la posición de su departamento ante la
necesidad de reeditarlo. Antes del verano deberíamos tener concretado
un nuevo PIEC que abarque hasta el 2007 y que nos permita acercarnos
también en Canarias a las tasas de actividad marcadas en la
cumbre de Lisboa. Es necesario reflexionar sobre la experiencia del
plan que acaba de concluir, reforzar los aspectos que hayan resultado
más efectivos y avanzar hacia políticas activas de generación de
empleo que el desarrollo del presente y futuro mercado laboral en
Canarias nos ofrece y nos permite. Estamos de acuerdo con el
desarrollo de medidas que permitan ir potenciando cada vez más las
políticas activas frente a las pasivas.
Para concluir, señor ministro, esperamos que el proceso parlamentario
se abra para la tramitación como proyecto de ley ordinario, aunque
éste nunca podrá suplir la ausencia de consenso entre los
interlocutores sociales y, por tanto, se aproveche también este
período de discusión en el Parlamento para intentar conseguir un
pacto social con los interlocutores sociales.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, desde el Grupo Vasco en
el Congreso consideramos que el real decreto-ley por el que el
Gobierno impone una tímida y parcial reforma laboral pone en
evidencia, una vez más, la prepotencia con la que actúa y la
desconsideración y falta de respeto a los auténticos protagonistas,
que son los trabajadores y los empresarios. La utilización del
decreto-ley que tanto gusta al Gobierno hurta el debate político en
un tema de mucha enjundia, al que los diferentes grupos de esta
Cámara tendrían mucho que aportar, dado que el tema es de gran
envergadura política y social. Tampoco se ha contado con la opinión
de las comunidades autónomas competentes en la ejecución de muchos de
los aspectos a los que se refiere la supuesta reforma, mostrando
también de esta manera la prepotencia y suficiencia del Gobierno. La
reforma del mercado de trabajo es la gran reforma pendiente que este
real decreto no aborda en su globalidad. La reforma en profundidad y
en su integridad del mercado de trabajo es absolutamente necesaria,
pero con acuerdo de las partes. Un acuerdo siempre es mejor que una
imposición.
Ya en junio del pasado año, en la Comisión de Economía y Hacienda,
con motivo de la comparecencia del vicepresidente segundo y ministro
de Economía, nuestro grupo señalaba que el sistema actual se basa en
un statu quo de mantenedor de una determinada rigidez laboral a
cambio de un uso desaforado y con fraude de ley de los contratos
temporales. Les decía que compramos el pan a diario pero que el
dependiente o la dependienta cambian con una frecuencia asombrosa. El
puesto de trabajo permanece y las personas cambian. Es
posible que esta temporalidad concentrada en el trabajo menos
cualificado no tenga grandes efectos sobre el aprendizaje y el
conocimiento, pero impide desarrollar un proyecto de vida. Creo
sinceramente que no se puede seguir haciendo la vista gorda ante el
uso inadecuado de los contratos temporales. El Gobierno, en lugar de
interpretar la reforma laboral como pieza clave para el desarrollo
económico y social en el futuro, impide que se terminen los trabajos
de negociación de los agentes económicos y utiliza el decreto-ley
para imponer sus criterios que, lógicamente, coinciden más con los de
unos que con los de otros.
La reforma no resuelve el problema de la precariedad laboral en sus
distintas vertientes. Nuestro grupo cree que es necesario reabrir la
negociación o, al menos, tramitar el decreto-ley como proyecto de
ley, de manera que podamos aportar nuestras ideas en relación con la
reforma del mercado laboral. Entre tanto, nuestro grupo va a situarse
en contra de esta convalidación, a la espera de seguir trabajando en
este asunto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, señor
ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar en contra del decreto que, de forma irónica, se denomina para
el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
Le agradezco al señor ministro la deferencia que ha tenido con esta
Cámara presentando la cara amable del decreto ante el Congreso de los
Diputados. Sin embargo, el Partido Popular ha actuado en relación con
la reforma del mercado laboral, en términos clásicos, como Jano: con
una cara amable -la del ministro de Trabajo, que ha presentado hoy el
decreto ante esta Cámara- y con otra mucho menos amable, que ha sido
la que ha roto la negociación.
La cara menos amable del Partido Popular es la que está implicada y
tiene la principal responsabilidad en la ruptura de la negociación
entre empresarios y sindicatos. El Gobierno no puede presentarse hoy
aquí pretendiendo la continuidad entre este decreto y las reformas
del mercado laboral de los años 1997 y 1998; no es verdad que actúe
de igual manera ahora que entonces. El Gobierno explicará sus
razones; tendrán quizá que ver con el cambio en la mayoría absoluta o
con el cambio del ciclo económico, pero su actuación ha sido bien
diferente. En el año 1997 y 1998, el Partido Popular consideró la
negociación y el acuerdo un éxito para los sindicatos y los
empresarios y un éxito para el Gobierno. Este año, el Partido Popular
y el Gobierno han intervenido en el fracaso de la negociación y son
al menos corresponsables del fracaso; aunque nosotros
pensamos que, más que corresponsables, son los principales
responsables del fracaso de la negociación.
En la negociación, ustedes han animado a una parte frente a la otra.
Les han transmitido a los empresarios que, resolvieran lo que
resolvieran, al final tendrían el respaldo del Gobierno con un
decreto que les iba a beneficiar fundamentalmente a ellos y, en mucha
menor medida, a los trabajadores. ¿Para qué se iban a molestar los
empresarios que negociaban con los sindicatos en obtener un acuerdo
que iba a significar avances pero también contrapartidas, si ustedes
les garantizaban un acuerdo prácticamente sin contrapartidas?
Señor ministro, a pesar de su intervención de hoy aquí intentando
convencer a los trabajadores de que este decreto mejora sus
condiciones o relacionándolo con beneficios de decretos anteriores,
lo cierto es que su contenido tiene más que ver con el interés de los
empresarios que con el de los trabajadores. Han entrado ustedes en la
negociación como elefante en cacharrería y han beneficiado
fundamentalmente los intereses más duros de los empresarios.
Ninguna de las medidas de este real decreto avala lo que usted ha
dicho. En esta materia seguimos también a los clásicos: por una
parte, el señor ministro representa el punto de vista de que el
decreto y la realidad son cosas bien diferentes, es decir, el
lenguaje y la realidad no tienen nada que ver -y aquí recuperamos la
mejor tradición de los cínicos clásicos-; y por otro lado, nos
encontramos con la cara menos amable del Gobierno, que nos dice -y
ayer nos lo dijo de forma mucho más dura- que los sindicatos y las
fuerzas de izquierda estamos implicados en una convocatoria de huelga
general para un año antes de las elecciones generales. Como vemos,
hay dos posiciones bien distintas en el Gobierno que han actuado en
la negociación y que han impregnado el decreto que hoy se nos
presenta aquí.
Señor ministro, este decreto no intenta abordar el problema de la
precariedad en el empleo. No puede abordar el problema del empleo
porque pensamos que las reformas laborales normalmente afectan de
forma muy relativa al empleo. Lo ha demostrado el período de
crecimiento de los años ochenta, lo ha demostrado el período de
crecimiento de los años noventa. El gran peligro es que esos períodos
de crecimiento han provocado después la destrucción de la mitad de
los empleos creados. Ese es el gran peligro que existe en nuestro
país. Y ese peligro se conjura mediante medidas en relación a la
calidad del empleo, pero este decreto, señor ministro, no tiene nada
que ver con la mejora de la calidad en el empleo. Díganos usted dónde
están las medidas que mejoran la calidad, que evitan la precariedad
y que evitan la rotatividad de los empleos en España, que son nuestros
grandes lastres, ya que triplicamos la media comunitaria.
Por el contrario, señor ministro, ustedes, para los trabajadores,
tienen solamente la parte estrecha del embudo,
la parte ancha para los empresarios. Para los trabajadores la
única medida relevante -y tenemos que decir pírrica medida, ritual
únicamente- es que ahora los contratos temporales tendrán una
duración de doce meses y tendrán además una indemnización de ocho
días por año. En definitiva, teniendo en cuenta cómo son los
contratos temporales en nuestro país, afectarán poco más o menos sus
medidas al 0,2 por ciento y lo harán en unas 9.000 pesetas anuales o
en unas 88 pesetas diarias, con lo cual la disuasión de la
utilización abusiva del contrato temporal y de la rotatitividad no va
a tener ningún efecto en las medidas que ustedes presentan hoy aquí.
Pero lo que sí va a tener efecto es aquello que va a hacer más
precario y más flexible el empleo de los jóvenes, de las mujeres, de
los parados de larga duración y de los inmigrantes en nuestro país.
Las medidas que ustedes adoptan con el contrato de inserción, con el
contrato de formación y con el contrato a tiempo parcial convierten
el contrato de inserción en algo que está por detrás de los contratos
de inserción de los municipios y de las comunidades autónomas, que en
la mayor parte de los casos en estos momentos tienen salarios de
convenio y tienen garantías mucho mayores que las que ustedes
plantean en su real decreto.
El contrato de formación, señorías, lo convierten en un contrato
basura porque ya no es un contrato de formación dirigido a jóvenes
que quieren cualificarse para entrar al mercado de trabajo, no, en
este caso va a afectar a otros muchos colectivos, con lo cual un
contrato que es muy barato y que no tiene derecho al desempleo se va
a convertir en el contrato basura tan deseado por parte de diversos
gobiernos en nuestro país y va a entrar precisamente por aquellos que
dicen que están preocupados por la precariedad, aunque la van a
aumentar y van a generalizar este contrato basura a colectivos muy
importantes de nuestro país.
Por otra parte, está el contrato a tiempo parcial. Las modificaciones
que ustedes introducen convierten el contrato a tiempo parcial en un
contrato de plena disponibilidad y a la carta. La garantía que había
sobre los horarios, sobre la fijación futura de ampliaciones de
horario, las garantías que había entre empresarios y trabajadores se
han ido deteriorando, se han retirado de esta reforma
inesperadamente, nadie lo preveía, porque rompe además un acuerdo
entre ustedes y los sindicatos firmado en 1998, y convierte, como
digo, el contrato a tiempo parcial no en algo que mejora de alguna
forma la compatibilidad entre la familia y el trabajo o entre el
estudio y el trabajo, que debería ser el objetivo de un contrato a
tiempo parcial, no, deteriora las condiciones del contrato a tiempo
parcial, en particular para los jóvenes y para las mujeres en España,
con lo cual, a pesar de todos los discursos que ha hecho usted, la
precariedad, la flexibilidad y la rotatividad aumentan conestas
medidas.
Señorías, no sabemos muy bien qué votar -y nos lo tememos- con
respecto a la conversión de este decreto en proyecto de ley, porque
nosotros deseamos que esta Cámara participe, queremos que la Cámara
participe, pero mucho nos tememos que nos pase como con los reales
decretos de liberalizaciones y privatizaciones, y es que no vamos a
participar. Y cuando venga el decreto del Senado no lo va a conocer
ni usted; cuando venga el decreto del Senado probablemente tenga
muchos más capítulos de los que tiene hoy y tenga además capítulos
muy peligrosos.
Este proyecto de ley no es un mensaje pacífico ante esta Cámara, es
un mensaje a los sindicatos para que se atengan a las consecuencias;
es un mensaje para los sindicatos al que ustedes ya han dado
contenido: han dicho que en estos momentos la cuestión está encima de
la mesa, cuando no se ha iniciado siquiera la negociación de los
convenios colectivos; que está encima de la mesa la protección al
desempleo y que está también encima de la mesa la cuestión de las
pensiones. Ustedes pueden legislar de nuevo, de forma unilateral y
arbitraria ante esta Cámara y por ese procedimiento del proyecto de
ley que viene modificado del Senado, para de alguna manera chantajear
la negociación que puede abrirse con los sindicatos o, finalmente,
para decidir de parte, como han hecho en el caso de la reforma del
mercado laboral, en contra de los sindicatos y a favor de los
empresarios, yo diría de los empresarios que creen que la
productividad de este país y de sus empresas se va a realizar y se va
a incrementar en base a bajos salarios -los salarios temporales
tienen el 50 por ciento del salario medio del país-, en base al
deterioro de las relaciones laborales. Nosotros pensamos que esos no
son empresarios de futuro para este país, que son empresarios que
pertenecen claramente al pasado. Con estas medidas y con las que
anuncia para el futuro el Gobierno y el Partido Popular se alinean
con estos empresarios.
Señor ministro, creemos que estas medidas, si continúan así a través
de este real decreto y si se introducen también por el Senado en el
proyecto de ley, van a requerir una fuerte contestación política y
social y la van a tener, porque ustedes están provocando esa
contestación política y social. Más les valdría, señor ministro,
dedicarse a solucionar problemas importantes como el de Sintel, que
hace mucho tiempo que tiene trabajadores acampados en la Castellana,
y no dedicarse a interferir en la negociación entre empresarios y
trabajadores.
No auguramos nada nuevo ni nada bueno a este real decreto ni para
solucionar los problemas de la precariedad y de la rotatividad del
empleo en nuestro país ni tampoco para recuperar el diálogo social
que ha quebrado el Gobierno y que tiene la obligación de recomponer.
Esa es la posición de nuestro grupo parlamentario. Votaremos en
contra del real decreto y no sabemos muy bien qué hacer con respecto
al proyecto de ley,
quizá votemos a favor, pero con la idea de que va a llegar un
proyecto de ley bien distinto cuando vuelva del Senado y no más
satisfactorio que este real decreto que hoy se impone a los
trabajadores y a este Parlamento.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, señorías, con el
inicio de la tramitación parlamentaria de este real decreto-ley, hoy
el Parlamento recupera su iniciativa política en el ámbito laboral.
En este sentido, nuestro grupo también entiende la necesidad de que
el real decreto tenga una tramitación como proyecto de ley,
precisamente para dar contenido a esa iniciativa parlamentaria que
decía que recuperamos. Hoy esta es la principal noticia en esta
cuestión. Después de que en la pasada legislatura el Gobierno, con el
apoyo del conjunto de la Cámara, pudiese desarrollar una política en
el ámbito laboral y social fundamentada en los éxitos del diálogo
social, en esta legislatura iniciamos esta política desde el fracaso,
al menos parcial, del diálogo social.
Convergència i Unió, y creo que el conjunto de grupos de la Cámara, a
lo largo de estos meses hemos seguido con especial atención este
proceso y todos hubiésemos deseado que el proceso de diálogo entre
sindicatos y empresarios iniciado hace unos cuantos meses llegase a
buen puerto. Eso no ha sido posible. Seguramente el planteamiento
crítico lo hacemos recordando los éxitos de la pasada legislatura,
muy especialmente el éxito de la reforma de 1997.
La reforma de 1997 fue positiva por su contenido, por su aplicación
concreta en la realidad de nuestro mercado laboral, por la creación
de empleo a lo largo de estos años, por la mejora, quizá con timidez,
de la calidad del mismo y por la existencia de un acuerdo. Este
acuerdo del año 1997 y los que le siguieron ha permitido un buen
clima social en el conjunto de España, un proceso de moderación
salarial que ha contribuido decisivamente al crecimiento económico.
Además, las reformas que se pusieron en marcha en 1997 desde ese
acuerdo social daban a las mismas la credibilidad que permitía su
duración en el tiempo y su efectiva aplicación.
Recordando el proceso de reforma, es evidente que el de 1997 ha sido
especialmente positivo. Es más, nuestro grupo en su día valoró
positivamente que en la última Ley de acompañamiento el Gobierno
renunciarse a plantear algunas de estas reformas y que diese un
margen de tiempo a los agentes sociales. Llegados a las fechas de
finales de febrero, y ante la situación de falta de acuerdo entre los
agentes sociales, el Gobierno optó por legislar. Si en 1997 o en 1998
todos nos atribuíamos el éxito de esos acuerdos, y muy especialmente
el
Gobierno, es evidente que hoy todos, los agentes sociales, los grupos
políticos y también el Gobierno, debemos asumir nuestras
responsabilidades en ausencia de acuerdo. Todos somos responsables de
no haber llegado finalmente al acuerdo que sindicatos y patronales
tenían que haber alcanzado, especialmente los agentes sociales, pero
también el Gobierno. Quizás había más margen para el acuerdo, para la
negociación, pero también es cierto que condicionaban los plazos
legales.
Nosotros entendemos que el Gobierno haya optado por presentar hoy
este real decreto a la Cámara para iniciar su convalidación, pero
también nos parece que este trámite parlamentario puede ser una buena
oportunidad para intentar recuperar el consenso social en esta
materia. Y la posición de Convergència i Unió en el trámite
parlamentario que ahora vamos a iniciar es facilitar el punto de
encuentro entre las posiciones sindicales y las posiciones
empresariales. Además, es responsabilidad de los grupos políticos, en
este contexto de recuperación de la capacidad política del Parlamento
en esta materia, lanzar propuestas que sirvan para avanzar en la
mejora del mercado de trabajo, en la mayor capacidad de creación de
empleo, en la mejor calidad del mismo y en un acercamiento de las
posiciones. Esta va a ser la posición que Convergència i Unió
defenderá en el trámite parlamentario. Nos parece que aún existe
margen para el diálogo social, y existe en las otras mesas, en las
que están funcionando, más estrictamente en el ámbito de la política
laboral. Recordemos que el valor del diálogo social, el valor del
entendimiento entre empresarios y sindicatos va mucho más allá de la
eficacia estricta de la norma, sirve para que el conjunto del clima
social y político en España nos permita avanzar hacia los grandes
objetivos que nos demanda hoy la sociedad y, por tanto, la
introducción de la crispación en esta materia no va a ser buena para
nadie, ni para las empresas ni para los trabajadores ni para las
familias. La responsabilidad de ser capaces en este trámite de
recuperar ese consenso es de todos los grupos políticos, pero también
de los agentes sociales.
La reforma en términos generales -y nuestro grupo discrepa en buena
parte de las intervenciones de los grupos de la oposición- no se
aleja en esencia de la reforma de 1997, y la línea que apunta en
términos generales es positiva, manteniendo la lógica, que ya
empezaba a plantear la etapa del Gobierno Socialista, de la reforma
abierta en el ámbito del mercado de trabajo, una reforma paulatina
hacia una dirección muy concreta que, por otro lado, es la que, poco
o mucho, hoy nos marca el conjunto de medidas que se deben impulsar
desde la Unión Europea. La continuación y ampliación del contrato de
fomento del empleo de 199, la introducción por primera vez de
limitaciones a la contratación temporal, el incremento sustancial de
las políticas de bonificación al empleo, y especialmente en el ámbito
de las mujeres, sí como la flexibilización del contrato a tiempo
parcial nos parece que son líneas que
forman parte de la filosofía de los acuerdos de 1997 y un mínimo
seguimiento riguroso de lo que ha sido hasta ahora el diálogo entre
agentes sociales nos indica que el Gobierno no se aleja de esos
contenidos.
También es cierto que la reforma introduce algunas modificaciones no
planteadas en el seno del diálogo social y ahí mi grupo va a pedir en
el trámite parlamentario prudencia y reflexión. La ampliación de
colectivos de contrato y de formación debe ser objeto de una muy
serena reflexión por parte del Gobierno y de los grupos de la Cámara.
Una precipitación en esa ampliación de colectivos susceptibles de
beneficiarse de ese contrato puede terminar provocando efectos
negativos que a mi grupo le parece que ni al Gobierno ni a nuestra
sociedad le interesa. Ahí nosotros vamos a plantear una reflexión muy
prudente. Además, esa definición del contrato de inserción
seguramente en el trámite parlamentario va a necesitar de algunas
sustanciales mejoras. En esta materia, por tanto, nosotros nos
planteamos una necesaria reflexión.
Señorías, hoy en España el debate sobre esta materia debemos ser
capaces de plantearlo en relación con cuatro grandes objetivos: el
aumento de la tasa de empleo, especialmente entre las mujeres y
recordando cuáles son las líneas de la cumbre extraordinaria de
Lisboa, que indicaban que el porcentaje deseable de la tasa de
desempleo de los Estados miembros debería ser del 70 por ciento de la
población en edad de trabajar, y España está lejos de ese objetivo.
Este es el primer gran objetivo de cualquier política laboral en este
ámbito. El segundo, es avanzar en la reducción de la tasa de
desempleo. Ésta continúa siendo una de las principales obsesiones de
cualquier actuación pública en esta materia, y especialmente en
aquellos sectores de mayores dificultades de inserción en el mercado
de trabajo. En este sentido, hay que recordar que la mitad de todos
los parados en España lo son de larga duración, que la tasa de
desempleo femenino duplica la tasa de desempleo masculina y que la
tasa de desempleo de los jóvenes es muy superior a la de los adultos,
en el caso de los jóvenes el 28 por ciento y en el caso de los
adultos el 12 por ciento. El tercer gran objetivo de cualquier
política laboral debe ser potenciar la estabilidad en el empleo y la
reducción de la tasa de temporalidad. Es evidente que ahí las cifras
españolas son especialmente negativas y, por tanto, en ese objetivo,
a pesar de que en los últimos meses y a raíz de la reforma del año
1997 hemos empezado a mejorar, nos queda mucho terreno por recorrer.
Finalmente, la reducción de los índices elevados de siniestralidad
laboral, incorporando la seguridad y la salud en el trabajo como un
elemento de excelencia y calidad de vida. Este es el cuarto gran
objetivo de cualquier política española en este ámbito.
Mi grupo entiende que a estos cuatro objetivos deben ir encaminadas
las enmiendas que aporte el trámite parlamentario. En este sentido,
quizá la reforma que el Gobierno nos propone podría haber sido más
valiente en determinadas cuestiones. Seguramente es el momento de
plantear también, por qué no, una reducción amplia y generalizada de
las cotizaciones sociales a la contratación indefinida, a la
contratación ya realizada. Nos parece, en primer lugar, que sería
bueno que el Parlamento en el momento en que siguen abiertas las
demás mesas lanzase el mensaje a los agentes sociales de que es el
momento de ir hacia una reducción de cuotas para la contratación
indefinida, para los contratos nuevos y para los contratos ya
realizados. En segundo lugar debe ser necesario un incremento de los
mecanismos de indemnización de la contratación temporal, que es una
propuesta del Gobierno bien orientada y quizás haya margen para
avanzar desde el acuerdo con los agentes sociales. En este sentido,
pasar la indemnización de 8 a 12 días nos parece más que razonable.
En tercer lugar seguramente es el momento de ampliar algunas de las
bonificaciones a la contratación de mujeres. A pesar de que
reconocemos que el Gobierno ahí ha realizado un esfuerzo muy
importante, creemos que existe margen para ser más ambiciosos en esa
tarea. En cuarto lugar nos parece que en el ámbito de la contratación
a tiempo parcial existen posibilidades para avanzar hacia una mejor
protección social de ese tipo de contratación. En quinto lugar esta
reforma debe de suponer un incremento de las posibilidades de
creación de empleo del tercer sector, vinculándose a los nuevos
yacimientos de empleo. Ahí también existe un importante margen para
recorrer. En último lugar, el trámite parlamentario de esta reforma
tiene que ser aprovechado para plantear propuestas nuevas en el
ámbito de la salud laboral, en el ámbito de los riesgos laborales y
en el ámbito de la siniestralidad laboral. También sería bueno que el
Parlamento lanzase mensajes a los agentes sociales en esta materia.
Por tanto, mejora de la estabilidad, mejores mecanismos para disuadir
la temporalidad, ampliación de bonificaciones de las mujeres, mejora
de la protección social de los contratos a tiempo parcial, reforzar
la capacidad del tercer sector, mejorar la lucha contra la
siniestralidad laboral son los seis ejes sobre los que Convergència i
Unió piensa plantear sus enmiendas en el trámite parlamentario, desde
la lógica de que el Parlamento es el punto de encuentro entre los
agentes sociales y de la prudencia ante las modificaciones que se
introducen en el ámbito de la contratación, en el ámbito de la
formación y en el ámbito de la inserción.
Los objetivos que España tiene en esta materia, por otro lado, vienen
muy marcados por las propias recomendaciones de la Comisión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le rogaría
fuese terminando.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy terminando, señor presidente.
Las recomendaciones del Consejo de 19 de enero insisten en los cinco
grandes objetivos que España tiene que marcarse -la modernización de
los servicios públicos de empleo, la mayor igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, una estrategia coherente en materia de
formación continua, la colaboración con los interlocutores sociales
para adaptar las relaciones laborales en la lógica de la flexibilidad
y la seguridad y el establecimiento de mecanismos incentivadores en
el ámbito de las prestaciones de la fiscalidad- y que son los grandes
ejes de la política española.
Nos parece que la reforma que el Gobierno plantea responde a este
mandato de la Unión Europea. Hoy la obligación del Parlamento es
mejorar sustancialmente la propuesta del Gobierno en aquello que sea
posible, constituyendo el ámbito parlamentario el lugar de discusión
para el encuentro entre los agentes sociales. Por parte de
Convergència i Unió nuestros esfuerzos serán absolutos en estas dos
líneas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señoras y señores diputados.
Señor ministro, dividiré mi intervención en dos fases, una de orden
formal y otra de orden material. En la primera he de decirle que si
hoy no estuviéramos debatiendo la convalidación de este real decreto,
este diputado estaría criticando la inacción del Gobierno y estoy
convencido de que toda la Cámara estaría criticando la pasividad, la
falta de liderazgo, la inactividad de un gobierno que, ante un
resultado lamentablemente frustrado, ante un fracaso del diálogo
social no hubiera acometido las necesarias reformas para no perder
los impulsos de la creación de empleo y el correspondiente aumento de
nuestra riqueza, de nuestro PIB y de nuestra economía. Por tanto, en
este sentido, el real decreto que convalidamos es oportuno.
El 28 de febrero fue el plazo prorrogado que se dieron los
interlocutores sociales para intentar llegar a un acuerdo tras casi
nueve meses de diálogo y lamentablemente éste no se ha producido.
Todos lo hubiéramos deseado y todos lo hemos apoyado porque nos
parece que el diálogo, que fundamentalmente es un instrumento, es
válido, conveniente y deseable cuando lleva a un buen fin sobre todo
en una materia social como la que nos ocupa. Pero, como he dicho, el
Gobierno tiene que gobernar y esta Cámara, que, por cierto, también
representa a la soberanía del pueblo, tiene capacidad, obligación
incluso, para actuar y debatir sobre una materia tan importante como
es la necesaria reforma del mercado laboral por todos pedida ante la
necesidad de actualizar y modernizar la reforma de 1997 que tan
buenos frutos dio y a los cuales no me voy a referir porque esta
mañana ya lo hizo en su presentación el señor ministro al hablar
tanto de los colectivos afectados como de los resultados positivos de
la reforma de 1997. También he de recordar que el 16 de mayo era el
último día de vigencia de la reforma de 1997 y que, por tanto,
estábamos obligados, y el Gobierno lo estaba en primer término,
a actuar. El único instrumento jurídico-político del que disponía era
un real decreto-ley, porque un proyecto de ley, por el procedimiento
y el trámite parlamentario, no hubiera tenido la posibilidad de
subsanar esta pérdida de vigencia de la reforma de 1997.
En cuanto al fondo del asunto, he de decir que muchas de las
intervenciones que se han escuchado aquí han hablado de su
discrepancia y de su voto en contra del real decreto. Salvo alguna
honrosa excepción, yo no he oído los argumentos de fondo. Se ha dicho
con carácter genérico que no se va a fomentar la contratación
indefinida, que se va a ir a mayor nivel de precariedad, que la mujer
no va a resultar inserta con un mayor nivel de empleabilidad en
nuestro mercado de trabajo. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.) Pero no se ha dicho por qué, ni con qué mecanismos,
fórmulas, soluciones e instrumentos se le quiere dotar para que esto
no fuera así. Hasta la fecha prácticamente no se ha oído ninguna
disonancia clara -hoy ha habido alguna- con relación al texto del
real decreto que vamos a convalidar. Esto obedece en buena medida a
que la mayor parte del real decreto ha sido sensible y ha recogido
las aproximaciones que a lo largo de estos casi nueve meses han ido
teniendo los sindicatos y los empresarios, pese a que no lo han
traducido en el deseable acuerdo.
Para el Partido Popular la clave de esta reforma, como lo han sido
las anteriores, no sólo en materia social, sino de toda la acción
económica del Gobierno Popular, es ir hacia la creación de empleo,
hacia una progresiva creación de empleo con carácter indefinido, con
carácter estable e ir, por tanto, a una lucha contra la precariedad.
En ese sentido, el real decreto plantea una aproximación entre dos
figuras claramente divorciadas. En nuestra legislación hemos tenido
un contrato indefinido cuya extinción suponía una indemnización de 45
días por año de servicio hasta la reforma de 1997, en que se
incluyeron determinados colectivos con 33 días. Había colectivos, que
eran los que estaban con contratos temporales, que carecían de todo
tipo de indemnización a su extinción o finalización, colectivos de
los que por cierto, con reiteración, se ha venido en decir que eran
los contratos que había logrado el Gobierno Popular para las mujeres.
Si esto es cierto, que no lo es del todo aunque sí en parte, habría
que convenir por quien lo dice, con la misma lógica, en que por lo
menos algo se les mejora desde el momento en que ahora se les provoca
una tutela indemnizatoria de 8 días. El real decreto intenta abrir el
contrato a tiempo parcial a lo que es el contrato a tiempo parcial en
la Unión Europea, porque los estándares de contratación parcial son
claramente insuficientes con relación a los países de nuestro entorno
y nos parece que es una figura que debe tener más juego y cabida en
nuestro mercado de trabajo.
Se ha criticado algo que a nosotros nos parece de interés, que es la
política que plantea el real decreto en cuanto a la integración de
colectivos con dificultades, contrato en formación y el contrato de
inserción. El contrato en formación, que se ha ampliado a diversos
colectivos -parados de larga duración de más de tres años, parados en
exclusión social, inmigrantes en sus dos primeros años de permiso de
trabajo- pretende dar la posibilidad a aquellos que vengan a nuestro
país, que provienen la mayoría de ellos de situaciones sociales
deterioradas en países que no tienen los estándares de servicios que
tiene España y que no tienen los sistemas educativos y formativos que
tiene el nuestro, de que tengan una oportunidad para que se logre un
incremento en el valor añadido de su formación y puedan insertarse
posteriormente de una mejor forma en el mercado laboral y también se
puedan integrar mejor socialmente en España. Esto es algo positivo y
yo así lo destaco. Cuando se habla críticamente del contrato de
inserción, y lo digo de antemano, no tengo ningún problema en
anticipar que estamos dispuestos a escuchar enmiendas técnicas, por
ejemplo, al artículo 3.2 del real decreto, porque creemos que cabe un
juego con el objetivo que plantea el Gobierno, que mejoren la
redacción y, por tanto, la operatividad de lo que ahí se plantea.
Hay otro elemento nuclear de la reforma, que son las bonificaciones a
la contratación. Aquí me detendré previamente un momento en algunas
de las críticas que se han vertido hoy aquí. Se dice que no se
incorpora a la mujer igual que al hombre. No, es verdad que no. Se
incorpora más. Hay una discriminación positiva, como no podría ser de
otra forma, en todas las bonificaciones que plantea el Gobierno. ¿Por
qué? Porque evidentemente el lastre que arrastramos en España, no de
hoy sino de hace mucho tiempo, está evidenciando la realidad objetiva
de que la mujer, paradójicamente en España, se encuentra con un menor
nivel de empleo y también, dicho sea de paso, en una situación
paradójica, nos encontramos con unos bajísimos niveles de natalidad
y de maternidad. El Gobierno presentó una ley de conciliación de la
vida laboral y familiar, el Gobierno popular propuso un coste cero,
que ahora es coste cero/cien en sustituta y sustituida, y ahora
plantea en las bonificaciones un tema que a mí me parece nuclear
y que lo puedo calificar de estrella, porque es imprescindible en esta
adecuación de la conciliación de la vida laboral y familiar y de la
discriminación positiva a favor de la mujer para que se integre de
verdad en nuestro mercado de trabajo. Las desempleadas que hayan sido
madres y sean contratadas en los dos años posteriores a su maternidad
supondrán un año de bonificación total de los costos de Seguridad
Social para el
empresario. A mí me parece que es un elemento dinámico, un elemento
de interés, un elemento que intenta favorecer este camino ya
emprendido, y en el que hay continuar, del empleo de la mujer.
Muy significativo también me parece, y no se ha puesto de relieve, la
importancia que tienen las bonificaciones a los colectivos mayores.
Tenemos un mercado laboral que ha tendido a la expulsión prematura de
nuestros mayores -entre comillas- porque hoy en día no se puede
considerar mayor a una persona de 55 ó 60 años y se les está viendo
en el mercado como un sector con poco atractivo de empleabilidad. Hay
unas bonificaciones del 50 por ciento para el hombre y del 60 por
ciento para la mujer durante el primer año para los mayores de 55
años y del 45 y 55 por ciento respectivamente para el resto del
contrato.Por lo tanto, son medidas que al mejorar y aumentar las
bonificaciones que existen para parados de larga duración e
incapacitados van a favorecer el mantenimiento en el mercado laboral
de personas con plena capacidad, con plena experiencia y con plena
necesidad, así como la incorporación simultánea de la mujer a nuestro
mercado de trabajo.
He de decir también que a veces parece que hay una amnesia cuasi
colectiva en las intervenciones que tienen lugar en la Cámara. La
radiografía de nuestro mercado de trabajo en el año 1996, ¿recuerdan
que reflejaba un 40 por ciento de desempleo juvenil?, ¿recuerdan que
las mujeres tenían una tasa de desempleo siete puntos superior a la
actual?, ¿recuerdan que había un contrato de formación basura para
ingenieros? Hay que recordar, porque los hechos, según aquel viejo
aforismo de dame los hechos y te daré el derecho, sitúan en sus
justas coordenadas y en la objetividad los debates. Y no hablaré más
de ello, aunque podría.
El Gobierno lo ha dicho, y parece que no ha de taparse, porque muchos
de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra
han pedido que se tramite como proyecto de ley -yo lo había leído en
la prensa, lo dije también y hoy lo ha anunciado el ministro-
y evidentemente se va a tramitar, como no puede ser de otra forma, un
real decreto-ley de esta envergadura como proyecto de esta ley. Esta
Cámara, que parece que a veces hace ausencia de su capacidad de
representación y del mandato que tiene del pueblo al cual representa,
debatirá, perfeccionará, escuchará, mejorará e intentará conocer
aquellos denominados proyectos alternativos que se deben de fundar en
enmiendas que se dice que se van a plantear, pero cuyo contenido
material desde luego este diputado no ha escuchado a lo largo de toda
esta mañana.
Señor presidente, tenemos sensibilidad, dentro de este trámite de
debate como proyecto de ley, para que si se produce algún nivel de
acuerdo, algún nivel de consenso entre los interlocutores sociales,
sea debatido y si es posible, y hay buena voluntad y sensibilidad
para ello, incorporado al real decreto-ley. Ante quienes
dicen que el grifo está cerrado y la movilización y el hacha de
guerra son los instrumentos, decimos que todavía se debe y se puede
ahondar entre todos para recuperar en lo posible, si es que ello lo
es, si es que hay voluntad para ello, ese diálogo social al que ha
aludido.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya.
El señor AZPIROZ VILLAR: Termino enseguida.
No creemos, señora presidenta, que esta reforma sea ni de empresarios
ni de sindicatos. La vocación y la voluntad de esta reforma es que
sea una reforma de la sociedad y, más particularmente, que sea una
reforma de la situación de los parados, de las mujeres, de los
discapacitados para que todos ellos dejen de estar parados, tengan un
contrato estable, tengan un futuro y una incardinación de verdad en
nuestra sociedad como hasta el momento ha venido resultando con la
política social y laboral del Gobierno.
Estamos convencidos de que este será el éxito de nuestra sociedad,
será el éxito del Gobierno Aznar y será el éxito del Partido Popular,
y quiero y les emplazo a que sea el éxito de todos los grupos
parlamentarios, a que en el debate planteen ideas, a que debatamos,
a que profundicemos, a que veamos mecanismos y procuremos no hacer
demagogia, sino un proyecto para toda la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiroz. (Pausa.)
Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 5/2001, del 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su
calidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 175; en contra, 133.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia queda convalidado el real
decreto-ley de referencia.
A continuación sometemos a votación la tramitación como proyecto de
ley del real decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 309.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la tramitación
como proyecto de ley el real decreto-ley convalidado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
Señorías, ¿hay algún grupo que desee intervenir en alguno de los
puntos de este epígrafe? (Pausa.)
Entonces sometemos a votación sucesivamente los distintos puntos.
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, HECHO EN NUEVA
YORK EL 6 DE OCTUBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000055)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, protocolo facultativo de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 307.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia queda aprobado el referido
protocolo. (Aplausos.)
- CONVENIO SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN DEL
PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA
DE MEDIO AMBIENTE, HECHO EN AARHUS (DINAMARCA) EL 25 DE JUNIO DE
1998. (Número de expediente 110/000056)
La señora PRESIDENTA: Convenio sobre el acceso a la información, la
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 307.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN
DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES SOBRE LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INSTALACIONES
DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA DELTRATADO DE
PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES, COMPRENDIDAS LAS
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA HOMOLOGACIÓN YPROTOCOLO, HECHO EN VIENA
EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000057.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre España y la Comisión preparatoria
de la organización del tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares sobre la realización de actividades relacionadas con
instalaciones del sistema internacional de vigilancia del Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares, comprendidas las
actividades posteriores a la homologación y Protocolo, hecho en Viena
el 14 de septiembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 306.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido acuerdo.
- PROTOCOLO ADICIONALENTRE ELREINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
BOLIVIA MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 12 DE
OCTUBRE DE 1961, HECHO EN MADRID EL 18 DE OCTUBRE DE 2000. (Número de
expediente 110/000058)
La señora PRESIDENTA: Protocolo adicional entre el Reino de España y
la República de Bolivia modificando el Convenio de doble nacionalidad
de 12 de octubre de 1961.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 304; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido
protocolo.
- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
EN MATERIACIVILYMERCANTIL, HECHO EN MADRID EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000059)
La señora PRESIDENTA: Tratado entre el Reino de España y la República
de El Salvador sobre competenciajudicial, reconocimiento y ejecución
de sentencias
en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de
2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 305; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido
tratado.
- CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA
Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARALAAGRICULTURAY
LAALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA 22ª REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL CODEX PARA EUROPA (MADRID, 3 A 6 DE OCTUBRE DE 2000), HECHO EN
ROMA EL 22 DE AGOSTO DE 2000. (Número de expediente 110/000060)
La señora PRESIDENTA: Convenio de responsabilidades que han de asumir
el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la
agricultura y la alimentación con respecto a la vigesimosegunda
reunión del Comité Coordinador del Codex para Europa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 303; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido
convenio.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY LA REPÚBLICA DE PERÚ SOBRE
SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE
SERVICIOS ESPECIALES, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000061)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Perú sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos y de servicios especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 306.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido acuerdo.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑAY EL GOBIERNO DE LA
FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN
DE CATÁSTROFES Y ASISTENCIA MUTUA EN LA MITIGACIÓN DE SUS
CONSECUENCIAS, HECHO EN MADRID EL 14 DE JUNIO DE 2000. (Número de
expediente 110/000062)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y
el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el ámbito
de la prevención de catástrofes y asistencia mutua en la mitigación
de sus consecuencias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 305.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido
acuerdo.
- ACUERDO MARCO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, EL REINO DE
ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE
SUECIA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, RELATIVO
A LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA, HECHO EN
FARNBOROUGH EL 27 DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000063)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo marco entre la República Federal de
Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la
reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 305.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido acuerdo.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA
REPÚBLICA DE BULGARIA AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LA OBTENCIÓN
DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA
HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000064)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por parte de España
de la adhesión de la República de Bulgaria al Convenio de La Haya
sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y
mercantil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 305; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la referida
declaración.
- SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1954 PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO,
HECHO AD REFERENDUM EN LA HAYA EL 26 DE MARZO DE 1999. (Número de
expediente 110/000065)
La señora PRESIDENTA: Segundo protocolo de la Convención de La Haya
de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, hecho ad referendum en La Haya el 26 de marzo de
1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 302; en contra, uno; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido protocolo.
DICTÁMANES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARAATENDER INSUFICIENCIAS DE
CRÉDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS SUBVENCIONES QUE
SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS
DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de expediente 121/
000022)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707
pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el
ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la
cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en
préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de
peaje.
El dictamen de la Comisión no trae ninguna enmienda mantenida. ¿Hay
algún grupo que desee fijar posición? (Pausa.)
Vamos a pasar a la votación del dictamen de la Comisión sobre el
referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 172; en contra, 127; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el referido
proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.