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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 16/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 41
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 39
celebrada el jueves, 16 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 16-1, de 30 de
septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000016.)
(Continuación.) . . . (Página 1944)
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 17-1, de
13 de octubre de 2000. (Corrección de error en BOCG, serie A, núm.
17-2, de 16 de octubre de 2000.) (Número de expediente 121/000017.) .
. . (Página 1966)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/
1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/
2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, en relación con los delitos de terrorismo. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, núm. 18-1, de 13 de octubre de 2000.
(Número de expediente 121/000018.) . . . (Página 2014)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España
en la ampliación selectiva de capital del Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, núm. 8-1, de 26 de julio de 2000. (Número de expediente 121/
000008.) . . . (Página 2039)
- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino
de España en la 12.ª reposición de recursos de la Asociación
Internacional de Fomento. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
núm. 10-1, de 1 de agosto de 2000. (Número de expediente 121/000010.)
. . . (Página 2040)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 1944)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(continuación) . . . (Página 1944)
Ente Público Radiotelevisión Española . . . (Página 1944)
El señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, pide en primer lugar que se de por defendida la enmienda del
señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto. Respecto de la
enmienda de su grupo, por la que solicita una partida en torno a los
100.000 millones de pesetas, señala que se trata de evitar que vuelva
a aumentar el endeudamiento de la televisión pública y con él los
gastos financieros para justificar la intervención de la SEPI y la
aplicación de un plan de viabilidad que llevaría a una televisión
reducida a la mitad de su tamaño actual. Pretenden con su propuesta
la implantación en nuestro país del modelo europeo de televisión.
El señor Díaz-Cano del Rey defiende la enmienda de totalidad del
Grupo Parlamentario Socialista. Comienza señalando que se presenta un
presupuesto calcado de los del año anterior, con la única diferencia
de un incremento del 56,48 por ciento de los gastos financieros y el
aumento de la deuda acumulada
de RTVE en torno a los 800.000 millones. De esta forma sigue sin
darse respuesta a los problemas de la radiotelevisión pública, con un
presupuesto que el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular
califica de despilfarrador y en cuya defensa se limitan a pedir que
tengan fe en el mismo. Termina manifestando que ha llegado el momento
de poner sobre la mesa el modelo que cada uno tiene sobre RTVE e
intentar consensuarlo, ya que el actualmente vigente, aprobado hace
20 años, no sirve para resolver los problemas actuales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ballestero de
Diego, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sección 24 . . . (Página 1950)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía
(De Rato y Figaredo) presenta los presupuestos de la sección
manifestando que se hallan ante los primeros presupuestos de
equilibrio desde la llegada de la democracia. A continuación explica
el organigrama del nuevo Ministerio de Economía, creado al inicio de
la legislatura, y sus características presupuestarias, realizando un
extenso análisis de los capítulos que integran la sección 24 y las
principales actividades a desarrollar durante el próximo ejercicio.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, pide
que se den por defendidas las enmiendas del señor Labordeta.
Seguidamente solicita el apoyo a su enmienda, por la que solicita la
financiación de un proyecto de feria de muestras en la ciudad de
Irún.
El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo ParlamentarioMixto,
defiende las dos enmiendas presentadas,
que justifica en que a su juicio, a través del proyecto de ley, se
vulnera e incumple el estatuto de autonomía de Cataluña.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, anuncia el
voto en contra de esta sección. Respecto de su enmienda, referida al
plan de comarcas mineras de Galicia productoras de lignito pardo
y cuyos yacimientos están a punto de agotarse, pide que tales comarcas
no sean discriminadas dentro de los planes aprobados por el Instituto
del Carbón.
El señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da
por defendidas sus enmiendas.
El señor Alcaraz Masats defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Comienza aludiendo al que considera
problema fundamental de nuestro país en este momento, como es la
elevadatasa de inflación, mostrando su extrañeza por que el señor
vicepresidente no haya dedicado una sola línea al mismo y respecto
del que no se prevé ningún tipo de medida. Mantienen en cambio la
previsión del 2 por ciento de inflación, lo que califica de auténtica
provocación a los funcionarios y a la negociación colectiva sobre los
salarios, e insisten en dos medidas cuyo coste tienen que pagar los
trabajadores, como son la reforma laboral y la congelación salarial.
El señor Centella Gómez completa el turno del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida pidiendo que el turismo, principal industria de este
país, disponga por fin de un órgano con rango ministerial. Al mismo
tiempo tacha de insuficientes las partidas destinadas al turismo para
alcanzar los objetivos que dicen pretender y de ahí su oposición a
esta sección.
El señor Bel i Queralt defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. Expone su impresión sobre la sección 24, considerándola
una declaración de objetivos sin instrumentos, al ser formulados esos
objetivos tan genéricamente que no comprometen a nada y hasta les
permitirían estar de acuerdo con ellos. Alude a algunos de estos
objetivos, como los de regulación económica y financiera,
internacionalización y desarrollo regional, renunciando a la defensa
concreta de sus enmiendas, que suponen una cuantía total de 23.950
millones de pesetas y que en su opinión servirían para hacer realidad
los objetivos que se enuncian en la sección pero que no se acometen a
través de políticas concretas.
Para fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte
López, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Estado de ingresos . . . (Página 1962)
El señor Fernández Marugán interviene en la defensa de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, realizando diversas
consideraciones en torno a la evolución de los ingresos tributarios y
la alta evolución del ingreso público, en mayor proporción que el
gasto público, contribuyendo así a la reducción del déficit. Expone
diversas cifras sobre el particular, para concluir aludiendo a la
reforma del IRPF afirmando que la misma ha servido para beneficiar
fundamentalmente a los empresarios y especuladores y laminar la
progresividad del impuesto, pero no así para beneficiar a los
millones de contribuyentes que viven de su trabajo.
Para fijación de posiciones interviene el señor Martínez- Pujalte
López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social . . . 1966
Título I . . . (Página 1966)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 291 a 295, limitándose a exponer el contenido
concreto de algunas de ellas.
El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las cuatro enmiendas presentadas a este título, procurando
una mejor financiación para los entes locales.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende sus
enmiendas, que pretenden especialmente una rebaja de la presión
fiscal, que según recientes informes de organismos internacionales ha
elevado el Gobierno.
El señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, defiende la enmienda número 70, dirigida a la sección
tercera, de impuestos especiales, proponiendo el aplazamiento de pago
de productos alimenticios perecederos y de las bebidas derivadas
sujetas a impuestos especiales para que no exceda en ningún caso de
30 días contados a partir del día en que se entrega la mercancía a
los minoristas comerciantes.
El señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende la enmienda 79, al
artículo 14, por la que pretenden incluir la exención prevista para
las Administraciones públicas en el apartado 7 del artículo 73 de la
ley general de telecomunicaciones a los servicios o explotaciones de
redes en régimen de autoprestación sin contraprestación económica de
terceros.
Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) la señora Uría Etxebarría. Se refiere a la enmienda 196, al
artículo 9, por la que solicitan la exención total de las tasas para
quienes están obligados a renovar los permisos de conducir cualquier
tipo de vehículos por razones psicofísicas.
El señor Padrol i Munté defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que comprenden los
números 123 a 140, exponiendo brevemente el contenido de cada una de
ellas.
La señora Costa Campi defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. Expresa una vez más el desacuerdo de su Grupo con el uso
inadecuado que hace el Gobierno de la ley de acompañamiento al
contemplar una serie de medidas heterogéneas, que tienen que
discutirse de manera precipitada, con vulneración del principio de
seguridad jurídica. Afirma que la modificación abusiva de un gran
número de leyes sobre materias dispersas constituye una degradación
de la función del Parlamento. Termina su intervención mencionando
brevemente el contenido de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista a los artículos 1 a 7 del proyecto de ley.
El señor Segura Clavell completa la defensa de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista refiriéndose a la presentada a los
artículos 8 al 12. Expone sintéticamente el contenido de las mismas y
reitera la total discrepancia de su Grupo con el contenido de estos
artículos, anunciando el voto contrario a los mismos.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-
Pujalte López, en representación del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Título II . . . (Página 1974)
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, pide que se
den por defendidas la enmienda del señor Puigcercós y las demás del
Grupo Parlamentario
Mixto, limitándose ahora a la defensa de las dos enmiendas
del BNG, la primera de sustitución del apartado d), párrafo primero
del artículo 23, y la segunda de supresión, también referida al
artículo 23.
El señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da
por defendidas las enmiendas 198 y 199, manteniendo la 194, relativa
a la seguridad social de lenguas actualmente vigentes distintas del
castellano.
El señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas de su grupo a este título II de la Ley
de acompañamiento que van en la dirección en la que su grupo viene
insistiendo desde hace mucho tiempo, y es que el empleo deber ser la
prioridad política para el Gobierno, al que reprochan, como también
lo han hecho en repetidas ocasiones, el que estos presupuestos no
sean en materia de empleo otra cosa que un acompañamiento escasamente
activo de la evolución económica. Plantea las propuestas de su grupo
en relación con la reducción de la jornada de trabajo y anima a SS.
SS. a realizar una reflexión de contenido social, y es que el
crecimiento ha de estar basado en la justicia, esto es, en el reparto
de las posibilidades en términos de empleo y de renta.
El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), procede a la defensa de las dos enmiendas que
su grupo parlamentario ha presentado al título II del proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y de orden social. La número 142
hace referencia a la gestión de la ayuda específica de la renta
activa de reinserción, y la número 143 a la cotización por
contingencias de trabajo y enfermedad profesional de determinadas
categorías de empleados.
La señor López i Chamosa defiende conjuntamente las nueve enmiendas
presentadas mas las nueve transaccionales presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista a este título II. Denomina la ley de
acompañamiento «la madre de todas las leyes«, porque todo lo cambia y
todo lo toca, y expone las propuestas que su grupo hace a este
título II.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título III . . . (Página 1981)
El señor Aymerich Cano, del Grupo ParlamentarioMixto, defiende las
enmiendas del Bloque Nacionalista
Galego a este título III, y en concreto las que se refieren al
régimen de los empleados públicos, al derecho al cargo de los
empleados públicos y a la selección, bases de este procedimiento de
los empleados públicos de las administraciones locales.
El señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende las cinco enmiendas presentadas a los artículos que componen
el título III del personal al servicio de las administraciones
públicas, dos de ellas al artículo 31 y las otras tres a los
artículos 32, 34 y 35.
El señor Rejón Gieb defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Denomina contrabando legislativo y
político el traer a una ley como esta, que incluso en el frontispicio
de su presentación mantiene otra filosofía, modificaciones como la de
la incompatibilidad de altos cargos de la Administración. Considera
que hay muchas cosas que modificar, por supuesto, pero no a
hurtadillas y a una velocidad casi desquiciada. A continuación pasa a
referirse en concreto a la enmienda número 28 en la que plantean que
no más allá del 1 de abril del año siguiente se compense a los
funcionarios con el porcentaje de subida del IPC más allá del
previsto y que a esta subida se le incorpore al menos un uno por
ciento anual para que vayan recuperando ese 30 por ciento de pérdida
de poder adquisitivo que se ha producido en los últimos años.
El señor Padrol i Munté defiende las dos enmiendas que su grupo de
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado al
articulado del título III del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. La número 144 trata de evitar la
adición literal del artículo 65 de la Ley reguladora de las bases de
régimen local, y la número 145 propone que los miembros de las
corporaciones locales puedan recibir indemnizaciones en la cuantía y
condiciones que acuerde el pleno de la corporación.
El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, tras
manifestar su desacuerdo con la introducción de modificaciones en
leyes como la de incompatibilidades o de régimen local a través de
esta ley de acompañamiento pasa a defender las tres enmiendas que ha
presentado su grupo este título III. La número 241 pretende suprimir
el artículo 29; la 242 pretende evitar que se modifique la Ley de
Incompatibilidades, y la 272 tiene que ver con la jornada laboral en
la Administración pública. Por último se refiere a la enmienda 281,
aunque no es a este título III.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), anuncia la retirada de su enmienda número 145.
Título IV . . . (Página 1988)
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas del señor Puigcercós y plantea las tres
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego: la 181, con la que se
pretende que las aportaciones y desembolsos económicos que el Estado
tiene que hacer a organizaciones internacionales tengan el adecuado
control legislativo en esta Cámara; la 182 plantea que se establezca
un plazo máximo de 15 días para la resolución que haya de hacer el
jurado provincial de expropiación para fijar el justiprecio de los
bienes que se pretende expropiar, y la 183 pretende que se rebajen
las tasas que el servicio Redes exige para la asignación de dominios.
es.
Asimismo da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV).
El señor Rejón Gieb da por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor Padrol i Munté defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La primera pretende
incorporar en el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria
aquellos supuestos en que es posible asumir o adquirir compromisos de
gasto con carácter plurianual, y la segunda, la número 147, la da por
defendida.
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista. Reitera su queja sobre la utilización de
esta ley de acompañamiento para modificar leyes, en este caso la Ley
general de las telecomunicaciones. Se refiere al artículo 45 que
tiene por objeto regular la nueva entidad empresarial Red.es, que va
a ser la encargada de gestionar el registro de dominio de nombres de
Internet bajo el código de España.es.
El señor Díaz-Cano del Rey interviene también en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para defender las enmiendas de supresión de
los artículos 47, 48 y 49 del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, que son aquéllos que se refieren a
la adscripción de Radiotelevisión
Española a la SEPI, la modificación de la Lofage y la modificación de
la ley de creación de determinadas entidades de derecho público, en
concreto la SEPI.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Título V . . . (Página 1993)
El señor Mardones Sevilla defiende la enmienda 71 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria al título V, donde proponen un
artículo 56 bis, nuevo, que se refiere al proyecto de ley de
modificaciones que hacen referencia a la Ley 62/1997, que modificó la
Ley 27, de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas del señor Puigcercós y presenta una serie de
enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este título V. La número
186pretende suprimir la referencia que en el artículo 56 del proyecto
se hace a un nuevo canon por concesión de la lámina de agua sobre la
que se asientan bateas u otras instalaciones de cultivos marinos,
viveros flotantes, etcétera; y las otras enmiendas están destinadas a
restablecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores
de las autoridades portuarias.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende dos
enmiendas de carácter técnico que se refieren al sistema del; otra
que se refiere a los derechos de los viajeros, y da por defendidas el
resto de enmiendas.
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas, por cortesía parlamentaria, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), procede a la defensa de las enmiendas
presentadas por su grupo al título V. La número 148 hace referencia a
la figura del Defensor del Asegurado, cuya figura se pone en riesgo
con la modificación que se propone en el proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, a juicio de su grupo
parlamentario. La segunda enmienda hace referencia a la negociación
colectiva y la fijación de los gastos de personal por parte de los
Puertos del Estado. El resto de enmiendas presentadas por su grupo
las da por
defendidas, excepto la número 150 que defenderá el señor Jané.
El señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), defiende la enmienda 150 que pretende ayudar a un más rápido
desarrollo del cable en España, sobre todo en aspectos relativos a la
obtención de los derechos de paso y al uso compartido de las
infraestructuras.
La señora Mendizábal Gorostiaga defiende las dos enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista al título V. La enmienda
256 propone la supresión del artículo 53 de la ley de acompañamiento
y la enmienda 257 propone la supresión del artículo 54.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Juan i
Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales . . .
(Página 1997)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster y del señor
Puigcercós a esta parte final del proyecto. De las enmiendas que
presenta su grupo, Iniciativa per Catalunya-Verds. Destaca la
enmienda 298 que pretende ampliar los beneficios que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1990 dio a aquellas personas que
habían sufrido prisión como consecuencia de los supuestos
contemplados en la Ley de Amnistía.
El señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas que los andalucistas han presentado a las disposiciones
adicionales. La primera de ellas se refiere a un segmento del sector
turístico que tiene gran implantación en Andalucía que es el llamado
tiempo compartido, y la segunda es una enmienda de reconocimiento de
singularidad a municipios singulares, como aquellos que tienen más de
dos tercios del término municipal ocupados por terrenos del
Ministerio de Defensa o por parques naturales.
El señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, reconoce parte de razón al argumento del señor portavoz del
Grupo Popular cuando decía que es una contradicción no estar de
acuerdo con la ley de acompañamiento porque es la percha donde se
cuelgan otras leyes y presentar enmiendas para modificar las mismas u
otras leyes. Sin embargo, da por presentadas y defendidas las
enmiendas que su grupo propone a estas disposiciones.
El señor Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), defiende conjuntamente las dos primeras
enmiendas, números 154 y 155, que hacen referencia al Fórum Universal
de las Culturas Barcelona 2004. A continuación defiende la enmienda
156, que hace referencia al perjuicio que sufren los operadores
económicos que venden bebidas alcohólicas al sector de la
distribución, que están cobrando el precio de la venta de estas
operaciones más tarde que el plazo que tienen para ingresar la
imposición especial sobre este tipo de productos ante la Hacienda
Pública, y la enmienda 157 que versa sobre la naturaleza de la
relación a une a los profesionales con la asociación en la que se
enmarcan y desde la cual prestan sus servicios. La enmienda 158 se
refiere a la reciente liberalización del ejercicio de la actividad
profesional, y la 159 propone que no tenga coste la contratación de
los trabajadores que sustituyan a las personas con minusvalías
psíquicas en estos supuestos de incapacidad temporal ante la
Seguridad Social. Finamente defiende las enmiendas 161, que hace
referencia a la posibilidad de que las cooperativas emitan valores
negociables y tengan acceso al primero y al segundo mercado de
valores, y 162 que solicita la adscripción personal de un letrado a
cada magistrado del Tribunal Supremo para un mejor y más eficaz
ejercicio de la función jurisprudencial, así como la adscripción de
15 letrados al gabinete o a las salas con la misma finalidad.
El señor Segura Clavell defiende las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado a las disposiciones del
proyecto de ley y hace una serie de reflexiones acerca de su posición
en estas materias y sobre el contenido que figura en el dictamen de
la Comisión.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las tres y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
(votaciones) . . . (Página 2004)
Se procede a las votaciones de las enmiendas al Ente Público
Radiotelevisión Española, a la sección 24, Ministerio de Economía, al
Estado de ingresos, así como del dictamen de la exposición de
motivos.
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (votaciones) . . . (Página 2006)
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas a los
títulos y disposiciones del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, así como del texto del dictamen.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 2014)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los
delitos de terrorismo . . . (Página 2014)
El señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua) presenta, en nombre
del Gobierno, el proyecto de ley que recoge las medidas legales que
el Gobierno considera en este momento más adecuadas para reforzar la
lucha contra el terrorismo o, lo que es lo mismo, para mejorar la
protección que proporciona el ordenamiento democrático ante la
conducta de quienes ofendiendo de forma gravísima a la razón y a la
libertad perturban la convivencia en paz y democracia e infligen
gratuitamente un daño a todos y, muy especialmente, a quienes hoy
tienen la condición irreparable de víctimas directas del horror
terrorista. Asegura que la fuerza democrática contra la barbarie
terrorista reside en el Estado de derecho y el primero de los
instrumentos para recorrer ese camino es la ley, como señala la
propia exposición de motivos del proyecto que hoy presenta ante la
Cámara. Se debe afrontar, manteniendo una tensión legisladora
permanente, que la propia evolución de las conductas terroristas abre
nuevos espacios de impunidad que es necesario cerrar con prontitud y
eficacia, que no es otra cosa que lo que se persigue con el proyecto
de ley de modificación del Código Penal y de la Ley de
responsabilidad penal de los menores. Explica los principios y el
contenido básico de la reforma y agradece la colaboración recibida,
muy singularmente del principal partido de la oposición, el Grupo
Parlamentario Socialista, y de los grupos de Convergència i Unió y
Coalición Canaria.
Por otra parte, manifiesta que, aunque le cuesta mucho entender las
razones que han llevado a tres grupos parlamentarios a presentar
enmiendas de totalidad, está dispuesto a escucharlas atentamente,
y denuncia las palabras que en un día como hoy, en el que se debate
sobre la mejor manera de proteger con todas las fuerzas de la
Constitución y de la ley las libertades de los ciudadanos, el
presidente el Partido Nacionalista Vasco nos haga saber desde
Alemania las afinidades que, según su particular juicio, le aproximan
al credo de los terroristas. Finalmente manifiesta que con esta
reforma se colabora a poner al Estado de derecho a la altura moral
que demuestran tantos españoles que hacen día a día, con su
comportamiento cotidiano, que el terrorismo fracase. Por eso confía
en el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara a las medidas que hoy
presenta para acorralar cada vez más a los terroristas y proteger a
la sociedad que vive y quiere vivir en democracia y en libertad.
Defienden las enmiendas de totalidad presentadas los señores Aymerich
Cano, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Labordeta Subías, todos ellos del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Aguilar,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Arenas Bocanegra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Lasagabaster Olazábal solicita un turno de réplica en base
al artículo 72 del Reglamento, que le es denegado por la Presidencia.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución
presentadas por el Grupo Mixto, señor Aymerich, señor Saura, señor
Puigcercós, señora Lasagabaster y señor Labordeta, y también por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se rechazan todas ellas por 14 votos a
favor, 255 en contra y cuatro abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 2039)
Proyecto de Ley por la que se autoriza a participación de España en
la ampliación selectiva de capital del Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo . . . (Página 2039)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 273
votos a favor y uno en contra.
Proyecto de Ley por el que se autoriza la participación del Reino de
España en la 12.ª reposición de recursos de la Asociación
Internacional de Fomento . . . (Página 2040)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 271
votos a favor y cinco abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2001. (Continuación.) (Número de expediente 121/000016)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Iniciamos el debate del Ente Público Radiotelevisión Ente Público
Española juntamente con la enmienda presentada RadioTelevisión
a Televisión Española, S.A. Para la defensa de la Española enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta. En primer lugar,
doy por defendida la enmienda que presenta por el Grupo Parlamentario
Mixto el señor Labordeta, sobre la necesidad de que la cobertura de
Radio Nacional y Televisión Española sea adecuada en la zona de
Calatayud.
En segundo lugar, quiero hablar de nuestra posición respecto a
Radiotelevisión Española en estos momentos delicados. A través de
nuestra enmienda solicitamos una partida de dinero presupuestario en
torno a 100.000 millones de pesetas. Creemos que este es el
tema fundamental a la hora de hablar del futuro de Radiotelevisión
Española.
La financiación de las televisiones públicas en Europa tiene
distintos modelos, pero el español es único y absolutamente exótico
en Europa y en el mundo. Hay televisiones en Europa que se financian
a través de un canon. Aquí, en función de una iniciativa de Izquierda
Unida, se rechazó ese método; otras televisiones se financian a
través de dinero presupuestario casi al cien por cien; otras se
financian con porcentajes en torno al 50 por ciento de dinero
presupuestario y dinero procedente de la publicidad; y en España la
forma de financiar Televisión Española es publicidad más
endeudamiento. Desde que se aprobó el Estatuto de Radiotelevisión
Española no se cumple esta ley, este es el fondo de la cuestión. La
ley dice que, como se trata de un servicio público esencial, hay que
aportar dinero presupuestario todos los años para compensar lo que
falta, en función de las partidas que entran procedentes de la
publicidad. Todos los años hace falta incluir en torno al 50 ó 60 por
ciento de dinero en el presupuesto de Radiotelevisión Española, y no
se cumple esta ley. Estamos engordando la cuenta de los bancos,
porque a partir del endeudamiento anual estamos pagando una media de
gastos financieros entre 30.000 y 35.000 millones de pesetas al año.
Esta deuda puede llegar a finales de año a 800.000 millones de
pesetas, incluso el señor Arenas llegó a hablar en la legislatura
anterior de una deuda de un billón de pesetas, y en función de esta
deuda, dicho así, falsamente dicho así: deuda de Radiotelevisión
Española, se ha montado un enorme desprestigio de la radio y la
televisión en lo que a su sistema financiero se refiere que la ha
llevado a la SEPI, debido a una decisión absolutamente ilegítima y
desde luego supuestamente inconstitucional, a nuestro juicio,
adoptada por el Gobierno de la nación. Porque no es una deuda de
Radiotelevisión Española, es una deuda del Estado para con
Radiotelevisión Española. Porque incluso cuando se habla de ella se
dice: déficit, agujero, y no se ha dicho nunca la verdad. Es una
deuda del Estado, de las que se consignan como triple A, una deuda
del Reino de España, y no se puede nunca deducir de esta deuda, no de
Radiotelevisión Española, sino del Estado, que se pueda llegar a una
situación de ruptura, de caída de la empresa, de quiebra técnica, de
quiebra financiera, de quiebra presupuestaria de la empresa. Todo
esto ha sido mentira. Ha sido un bluff, ha sido una campaña contra
esta televisión pública para conseguir dos o tres cuestiones que se
van a ver a partir de su inclusión en la SEPI.
El Gobierno y el Partido Popular tienen un plan oculto, una
estrategia oculta sobre Radiotelevisión Española, que van desgranando
paso a paso. Ahora me dirá el señor Ballestero: ya está usted con las
demagogias. Desde hace año y medio nosotros venimos hablando de que
la SEPI estaba haciendo un estudio para conseguir una televisión
viable -fíjense el término que utilizamos teniendo en cuenta que es
un servicio
público esencial-, de cara a reducir Televisión Española, con
otra serie de consecuencias que se pueden derivar de esta reducción,
adaptándola al término viable. Desde hace año y medio también el
Partido Popular nos viene diciendo que esto es mentira, consta en el
«Diario de Sesiones». La última vez que consta es al principio de
esta legislatura, cuando yo, como portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, hice una interpelación al Gobierno, en la
que le volví a plantear que estaba pendiente de entrar en la SEPI,
que esto era una barbaridad, que iba a suponer un recorte muy serio,
un modelo de televisión marginal tipo Estados Unidos, y el señor Pío
Cabanillas no dijo ni pío, con perdón, no dijo nada, dijo que no era
verdad, que no era cierto, que no iban las cosas por aquí, que de
nuevo veíamos fantasmas. Quien mentía era él. Hay un plan oculto que
se va cumpliendo. Ustedes lo desgranan gota a gota. Es lógico que lo
hagan así, puesto que no quieren debatirlo cara a cara. Ahora el
señor Ballestero, que ya tiene el discurso escrito a máquina y no lo
va a cambiar, me dirá lo que tiene que decir, como siempre, por
cuestiones de su oficio me dirá que estamos diciendo barbaridades.
Bien, tenemos ya a Televisión Española en la SEPI, un servicio
público esencial lo tenemos en un hospital de empresas. Lo digo
también en función de lo que el señor Aznar nos contestó a una
pregunta en este Pleno parlamentario, dijo: no, la televisión hay que
hacerla viable. ¿Qué quiere decir viable en el momento en que una
empresa entra en la SEPI? Quiere decir que hay que adaptar la empresa
a los ingresos que tiene, quitando, por supuesto, los ingresos del
Estado. Luego, teniendo en cuenta este criterio, vamos hacia una
televisión que es la mitad de lo que tenemos en este momento, vamos
hacia una televisión de 100.000 millones de pesetas al año, vamos
hacia una televisión reducida. Y se puede reducir porque el
desprestigio que ha caído sobre el sistema financiero de televisión
es muy fuerte. Se le dice a la gente a través de los medios de gran
audiencia: es que tiene ya un agujero de 800.000 millones de pesetas.
Claro, la gente dice: eso hay que cortarlo, eso hay que superarlo,
eso hay que eliminarlo. Estamos perdiendo 800.000 millones de
pesetas, pero no se dice a la gente que es un servicio público
esencial, y lo mismo que se gasta en educación o en cuarteles de la
Guardia Civil, hay que gastar en la radiotelevisión pública si
queremos el modelo europeo. Porque éste es otro problema sobre el que
tiene que tomar posición el Grupo del Partido Popular y el Gobierno.
El modelo europeo es un modelo amplio, con distintos sistemas de
financiación, pero siempre, en un 80 por ciento, con una gran
financiación pública de dinero presupuestario. Es un modelo muy
amplio porque es un modelo cultural europeo, que para nada sigue las
líneas del modelo norteamericano. Hay un modelo amplio en Alemania,
en Italia, en Francia, en Inglaterra y en el resto de los países
europeos exceptoen España, que tiene diseñando un modelo corto y
bonsái
que posiblemente envíe a la privatización una parte de la estructura
televisiva.
Claro, que no se trata sólo de privatización. A través de la
denominada contabilidad analítica, por la que separarán ustedes
programas de servicio público de programas comerciales, según la hora
a la que retransmitan unos u otros y con su estrategia de reducción
de la televisión, van a conseguir que gran parte de la audiencia pase
a las televisiones privadas. En horas de máxima audiencia, de prime
time, darán unos programas u otros que, en función de que sean
públicos o privados, serán subvencionados con dinero publicitario o
con dinero público y, a partir de esa estrategia, conseguirán poner
la televisión pública en la antesala de la privatización -ahora me
dirán: ¡no hay nada de privatización; eso es una sombra, un
fantasma!- y entregar una gran cuota de audiencia a las televisiones
privadas. Esta es la situación.
Ante esta situación, el Gobierno vuelve a aumentar el endeudamiento
de la televisión pública: aumenta el endeudamiento, aumenta los
gastos financieros, mantiene el modelo televisivo con continuidad y
nos encontramos con que la SEPI, a través de un plan de viabilidad
que no quisieron pactar, como pedimos, con las centrales sindicales y
con los grupos parlamentarios... (El señor Ballestero de Diego muestra
un documento.) Ustedes no quisieron pactarlo, ustedes nos entregaron
un escrito al final de la legislatura -ya que usted me enseña una
carta, le voy a contestar, señor Ballestero-, por el que querían
consolidar los aspectos fundamentales de la ley; nosotros decíamos,
por el contrario, que había que cambiar aspectos de esa ley. Por
ejemplo, la elección del director general de Radiotelevisión
Española; pedíamos lo que ustedes están pidiendo en Andalucía dando
porrazos en la puerta de Chaves todos los días: que el director
general de la Radiotelevisión fuera elegido por el Parlamento
funcionando bajo su control y por un tiempo superior al de la
legislatura, incluso, para evitar esta gubernamentalización y el
control constante de los informativos. Había otras cuestiones que
queríamos incluir también, como asegurar la proporción 60/40 de
dinero presupuestario y dinero publicitario. Querían ustedes que
aprobáramos un documento que en muchos aspectos era flotante y que no
aterrizaba, para que consolidáramos el actual modelo de elección de
los órganos fundamentales de Radiotelevisión Española. Les dijimos
que no podíamos firmar eso, retiraron el documento y echaron la culpa
a la oposición; pero nosotros no faltamos nunca a la ponencia,
estuvimos siempre al pie del cañón viendo hasta dónde querían llegar.
Ustedes querían llegar hasta el final de la legislatura y que la
posibilidad de aprobar un documento adecuado quedara totalmente
marginada para que el señor Ballestero nos echara la bronca desde la
tribuna, como hará esta mañana intempestiva con la subida del IPC.
No podemos aceptar estos presupuestos, señora presidenta, porque no
suponen solamente una reducción
en abstracto, sino también una reducción seria de la estructura de
personal de Radiotelevisión Española, tal como han dicho algunos de
ustedes -creo que el señor Montoro, que ahora es el responsable
máximo de este ente, también lo ha dicho-. En el plan de viabilidad
ya se prevé la posibilidad de una reducción -sin que intervengan los
agentes sociales ni los grupos parlamentarios- que puede estar en
torno al 30 por ciento de los trabajadores de Radiotelevisión
Española, que eran, por cierto, 14.000 y ya han bajado a 9.500
aproximadamente.
Consecuentemente, señora presidenta, hemos presentado esta enmienda y
esperamos que el Grupo Popular, al margen de la bronca, nos diga por
qué no acepta un modelo europeo de televisión, por qué han metido a
la televisión en la SEPI, lo que supondrá una reducción muy seria de
la estructura de funcionamiento y de la estructura laboral, y por qué
tiene ese modelo oculto de televisión que desembocará en el modelo
marginal de televisión pública que tienen en Estados Unidos, y no en
el europeo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me es difícil abordar el debate una vez que hemos tenido
ocasión de hacerlo en la Comisión de Presupuestos y no repetir
argumentos. Lamento si reitero hoy alguno de los argumentos ya
esgrimidos en la Comisión de Presupuestos para defender la enmienda a
la totalidad y de devolución del presupuesto de Radiotelevisión
Española.
Me gustaría empezar mi intervención corrigiéndome a mí mismo, porque
califiqué en la Comisión de Presupuestos estos presupuestos de
Radiotelevisión Española que estamos debatiendo en estos momentos
como unos presupuestos continuistas, y creo que no es exacto. Creo
que estos presupuestos son los mismos del año pasado. Se ha puesto el
papel de calco, se han copiado y se traen únicamente con la
diferencia, a peor, del incremento en un 56,48 por ciento de los
gastos financieros y con el incremento de la deuda acumulada de
Radiotelevisión Española en torno a los 800.000 millones de pesetas,
lo cual es más grave. Estos prepuestos son los mismos que los del año
anterior porque repiten la misma filosofía, siguen sin dar respuestas
a los problemas de Radiotelevisión Española, en ningún caso, y porque
la subvención que la Administración general del Estado aporta a
Radiotelevisión Española es la misma, 11.043 millones de pesetas y,
por lo tanto, el debate tiene estas limitaciones como consecuencia de
que el Gobierno trae a esta Cámara unos presupuestos
que en nada suponen vislumbrar una luz en el túnel, por utilizar la
terminología del señor Ballestero, a la solución de los problemas de
Radiotelevisión Española. (La señora vicepresidenta, Becerril
Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Yo creo que lo que aquí cambia fundamentalmente respecto al debate de
los presupuestos del año anterior son dos cuestiones. Una, que el
Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno se han caído del caballo
camino no de Damasco sino de la SEPI, y nos pide a los demás que
tengamos fe. Se cae del caballo camino de la SEPI porque nos viene a
plantear -lo dijo el señor Ballestero y ahora leeré parte de su
intervención- que esto era un problema de financiación transitoria,
que es verdad que estos presupuestos no son buenos para
Radiotelevisión Española pero no se preocupen porque va a operar la
SEPI dentro de poco tiempo y eso va a ser la panacea para resolver
los problemas que tiene planteados el Ente público Radiotelevisión
Española.
A mí me llamó poderosamente la atención cómo definió el señor
Ballestero los presupuestos y el modelo de Radiotelevisión Española
hace escasamente nueve días en la Comisión de Presupuesto. Se lo voy
a leer: La conclusión que se tiene que sacar de este incremento de
deuda es que el modelo no es bueno. ¿Vamos a seguir despilfarrando
dinero en un modelo claramente sin validez? El calificativo de
presupuesto despilfarrador se lo pone S.S., no yo. Me acojo a él:
¿por qué si es un presupuesto despilfarrador el Gobierno lo trae a la
Cámara y durante el tiempo que ha tenido? Porque quiero recordar que
este es el quinto presupuesto de Radiotelevisión Española que el
Gobierno trae a la Cámara, entre otros. ¿No ha tenido tiempo para
traernos un presupuesto no despilfarrador para Radiotelevisión
Española? Lo ha dicho usted, señor Ballestero, hace nueve días en la
Comisión de Presupuestos. Por eso digo que estamos haciendo un debate
prácticamente virtual sobre un presupuesto que ustedes ya plantean
bajo este calificativo y nos dicen: no se preocupen, tengan fe. No
nos dicen que tengamos fe, nos dicen, ¿por qué no se concede el
beneficio de la duda a esta intención del Gobierno? El beneficio de
la duda a un gobierno que lleva un año de gestión, probablemente; dos
años, vale; ¡pero cinco años!, ¿no ha habido tiempo? Ustedes nos
quieren plantear aquí que tengamos fe en el sentido de que es la
garantía de lo que se espera, es la prueba de las realidades que no
se ven. Pero estamos en un ejercicio de la actividad política, no
religiosa, no nos pidan fe y, sobre todo, que les concedamos ese
beneficio de la duda, en la medida que ustedes han tenido tiempo más
que suficiente para que, si tenían un modelo de radiotelevisión
pública con soluciones desde el punto de vista económico y
financiero, lo hubiesen traído a esta Cámara por lo menos en este
ejercicio, y no lo han hecho, y ustedes mismos califican a su
presupuesto de despilfarrador. Con esto ya debería ser suficiente
para defender la enmienda a la totalidad y de devolución que el Grupo
Parlamentario
Socialista trae en estos momentos y que estamos defendiendo.
Este presupuesto, por dar el dato, contiene un desfase entre gastos e
ingresos de 133.703 millones de pesetas, con lo cual la deuda de
Radiotelevisión Española se elevará a finales de este ejercicio a
800.000 millones de pesetas, y a mí esto no me alegra, no es motivo
de satisfacción, ni siquiera para la crítica política. Yo creo que
este es un problema que hay que abordar desde el consenso y desde el
acuerdo político, en la medida que estamos debatiendo sobre un
servicio público que afecta a derechos y libertades fundamentales de
los ciudadanos, y que no se debería abordar desde la imposición de la
mayoría absoluta tomando decisiones como la de la adscripción de
Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, en un ejercicio que yo creo que tiene mucho de
artificio y que está generando conflictos o por lo menos
contradicciones serias entre los afectados, los directivos, tanto de
Radiotelevisión Española como de la propia SEPI.
Yo no creo que ustedes tengan intenciones ocultas, señorías, no lo
sé, lo que yo creo es que en este momento no tienen intenciones, que
no saben cuáles son, que no saben cuál es el camino que tienen que
recorrer para resolver este problema, que no tienen un modelo que
traer a esta Cámara, y por eso lo eluden planteándolo en estos
términos en lugar de traer un modelo para debatirlo en esta Cámara
con la oposición y con los representantes de los trabajadores de
Radiotelevisión Española, y se escudan en algo que está por venir. El
porvenir es el plan de viabilidad que vendrá a esta Cámara
supuestamente dentro de seis meses, que no sabemos quién lo hará, si
el señor González Ferrari, el señor Ferreras con el apoyo del señor
Montoro, etcétera. Este es el barullo en el que nos encontramos, pero
mientras tanto la situación de Radiotelevisión Española sigue
agravándose.
Este presupuesto que estamos debatiendo creo que colma ya el vaso de
la situación de Radiotelevisión Española. No se puede seguir en esta
línea, y les pido la coherencia en los términos que usted manifestó,
señor Ballestero, en la Comisión de Presupuestos. No me lo estoy
inventando, está escrito en el «Diario de Sesiones»: despilfarro. Con
este modelo se está despilfarrando el dinero, como usted ha dicho. El
beneficio de la duda, permítame, señor Ballestero, no se lo podemos
conceder porque el Gobierno que nos pide que le concedamos el
beneficio de la duda es el que dijo que nombraría un independiente de
director general de Radiotelevisión Española, y el señor López-Amor
fue director general de Radiotelevisión Española; es un Gobierno que
dijo, cuando estaban en la oposición, que iban a eliminar 5.000 altos
cargos -¿verdad, señor Núñez?- (El señor Núñez Pérez: En estos cinco
años lo hemos ahorrado.), y sigue no solamente habiendo los mismos
altos cargos que en la anterior etapa, sino más; y que se iban a
ahorrar no sé cuántos cientos de miles de millones a cuenta de esa
disminución
de altos cargos. Este es el beneficio de la duda que no le podemos
conceder por los antecedentes que ustedes tienen.
Yo no me voy a extender mucho más. Llega el momento de poner encima
de la mesa en el debate político el modelo que cada uno tenemos de
Radiotelevisión Española e intentar consensuarlo. El modelo es el
Estatuto actualmente vigente, que se ha quedado viejo en su
funcionamiento, que no resuelve los problemas de una radiotelevisión
pública moderna, pero que fue un modelo que se adoptó desde el punto
de vista del acuerdo político, que fue aprobado con un amplio acuerdo
de los grupos políticos de esta Cámara hace veinte años. Eso es lo
que les pedimos, esa voluntad, no que tomen decisiones arriesgadas
que en ningún caso suponen la garantía de la viabilidad, y es
tremendo, y estoy de acuerdo con el señor Alcaraz, que hablemos de
viabilidad cuando estamos hablando de un servicio público. Que a
estas alturas todavía el Gobierno se esté planteando cuál es la
situación actual de Radiotelevisión Española y tenga que hacer un
inventario, y supuestamente por eso tiene que intervenir la SEPI, nos
parece que es realmente grave.
Acabo, señorías. Decía Nietzsche que no comprendía por qué se
necesita calumniar. Si se quiere perjudicar a alguien, lo único que
hace falta es decir de él alguna verdad. Yo voy a decir dos verdades,
pero no para perjudicar, sino para intentar aclarar. Para nosotros,
adscribir Radiotelevisión Española a la SEPI -utilizaré como cita de
autoridad al señor Cabanillas, ya aludido anteriormente, en su
intervención en el Club Siglo XXI- significa querer una
radiotelevisión pública más pequeña, residual. Esta es la primera
verdad. Cita del señor Cabanillas en su intervención en el Club Siglo
XXI, en coherencia con lo que ha manifestado aquí en distintas
intervenciones en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española.
La segunda verdad es que tienen que buscar el diálogo y el acuerdo en
este asunto. No debería ser un problema de discrepancia política el
querer que exista una radiotelevisión pública moderna, que preste un
servicio público a los ciudadanos y que sea garantía de derechos y
libertades, tal y como establece nuestra Constitución y la propia
filosofía del Estatuto de Radiotelevisión Española. El tiempo quitará
y dará razones. Lo que deberíamos conseguir entre todos es liberar a
Radiotelevisión Española -y, si quieren ustedes, a todas las
radiotelevisiones públicas que existen en nuestro país, incluidas las
de las comunidades autónomas- del secuestro, entre comillas, al que
la tiene sometida el Gobierno y otorgarle un paraguas institucional
por el cual esa radiotelevisión pública dependa o esté bajo el
control de los representantes de la soberanía popular, es decir, del
Parlamento. Esta es la senda que, desde el Partido Socialista,
creemos que debería recorrerse para intentar buscar el acuerdo
político. Lo contrario, señorías, significa que estamos perdiendo el
tiempo, que el problema se agrava y que
no damos respuesta a lo que Radiotelevisión Española necesita.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Díaz-Cano. ¿Grupos parlamentario que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Me he traído el discurso escrito para ver si, repitiendo por enésima
vez algunos argumentos, podemos arrojar luz sobre un debate que desde
luego nosotros no hemos complicado y en el que seguimos sin entender
determinadas posiciones.
Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a apoyar el presupuesto de
Radiotelevisión Española y vamos a rechazar tanto las enmiendas a la
totalidad como una enmienda de Izquierda Unida que pretende
incrementar en 100.000 millones de pesetas el presupuesto y que a la
sazón es prácticamente una enmienda a la totalidad. Estos son para
nosotros unos presupuestos llenos de esperanza para Radiotelevisión
Española, que vienen marcados por un hecho que a ustedes les podrá
gustar más o menos: que Radiotelevisión Española se adscriba a la
SEPI. Ahora bien, partamos de una evidencia. Quieran o no, la SEPI es
un hospital al que llegan enfermos, pero también es un hospital en el
que se han dado casos de recuperaciones interesantes y, si no, vean
el caso de Iberia. Por tanto, la imagen que tenemos sobre la SEPI es
bien distinta. Por eso los calificamos como unos presupuestos llenos
de esperanza, por eso decimos que éstos pueden ser en cierta medida
unos presupuestos transitorios y por eso decimos que se parecen a los
del año anterior, aunque tienen diferencias de matices
importantísimas que yo creo que también muestran a las claras cuál es
la intención del Grupo Popular y del Gobierno del Partido Popular en
Radiotelevisión Española.
Hay que analizar no sólo lo que venimos a decir aquí, en esta
tribuna, cada uno de nosotros, sino los hechos de cada uno de los
grupos parlamentarios, porque, sinceramente, a la vista de la actitud
de determinados grupos durante estos años, tengo serias dudas sobre
cuál es la intención de ciertas enmiendas, como la enmienda a la
totalidad del Grupo Socialista y, sobre todo, cuál es la actitud del
Grupo Socialista en torno a Radiotelevisión Española. Yo no digo que
sea un presupuesto despilfarrador, pero sí que éste es un modelo que
claramente no nos vale. No nos duelen prendas en reconocerlo. Pero
hay que ver los datos reales, hay que ceñirse un poquito a los datos
reales, uno no se puede subir a la tribuna desconociendo cuál es la
realidad de otros años. Señor Díaz-Cano, como le decía el otro día,
si se coge el incremento de la deuda de los tres últimos
años de gobierno socialista y de los tres años de gobierno popular,
se ve que el incremento de la deuda en 1994, 1995 y 1996 en
Radiotelevisión Española fue de 296.000 millones de pesetas y que el
incremento de la deuda en los tres siguientes años, 1997, 1998 y 1999
-todavía no ha terminado el año 2000- es de 285.000 millones de
pesetas. La deuda se incrementó en 11.000 millones más durante los
últimos años de gobierno socialista. ¿Qué significa esto? ¿Qué
nosotros vamos a venir aquí a decirles que son ustedes mucho peores
que nosotros? No, no venimos aquí a decir eso, venimos a reconocer
que es evidente que el modelo de financiación de Radiotelevisión
Española no nos vale, no nos sirve.
A partir de ahí, y tras un intento prolongado del Grupo Popular y del
Gobierno de que hubiese un diálogo con todos los grupos
parlamentarios -aunque algunos se han escapado permanentemente, se
han ido de la subcomisión, se han ido de todos los ámbitos de diálogo
y han rechazado cualquier tipo de propuesta positiva-, llega un
gobierno que dice que va a poner encima de la mesa un plan de
viabilidad económico y financiero que arregle los problemas de
Radiotelevisión Española, que va a poner encima de la mesa un modelo
bueno, que pueda financiar de verdad las necesidades de
Radiotelevisión Española para que pueda seguir siendo, como lo es en
estos momentos, uno de los grandes operadores públicos europeos. Ante
eso, ¿qué hacen algunos grupos? Pensaba que se iban a alegrar, que
iban a celebrar esta solución y que cuando viniese el modelo, cuando
fuese el momento oportuno de establecer ese debate en el Parlamento,
apuntarían lo que fuese conveniente, que seguro que iba a arrojar luz
en ese debate. Pues no, nos dedicamos a montar escándalo tras
escándalo, porque se puede pretender ser muy constructivo, pero la
realidad es que la actitud permanente respecto a Radiotelevisión
Española es la de crear intranquilidad en la plantilla y buscar un
escándalo detrás de otro. Esa intranquilidad en la plantilla que
buscan Izquierda Unida y el Grupo Socialista, ¿tiene algún sentido?
¿Responde a alguna realidad? Vuelvo a los hechos: no. Vamos a
analizar el presupuesto de este año, porque, efectivamente, es
similar al del año anterior, pero tiene matices importantísimos. En
primer lugar, se incrementan las compras en un 7 por ciento. En
segundo lugar, se incrementan los gastos de personal en un 4,6 por
ciento. En tercer lugar, se incrementan las ventas en un 11,2 por
ciento. ¿De ese presupuesto se desprende algún dato que nos pueda
hacer pensar que va a quedar un modelo de radiotelevisión pública
bonsái? No lo veo por ningún sitio; no lo veo yo y no lo ven, aunque
ustedes no quieran, los trabajadores de Radiotelevisión Española, que
eso también es importante.
Durante la etapa de gobierno del Partido Popular no se ha adelgazado
ni un solo proyecto de Radiotelevisión Española. No se ha privatizado
ni una sola de las actividades de Televisión Española en ninguna de
sus
cadenas. No ha habido ni un solo indicio de reducción de la plantilla
mediante bajada de presupuesto. No ha habido ni un solo retraso en la
permanente actuación tecnológica que viene realizándose en
Radiotelevisión Española. No hay ni un solo dato objetivo que permita
decir que va a haber un modelo de radiotelevisión bonsái. Eso sí que
es un hecho evidente.
Por eso les digo que va a ser muy difícil explicar determinadas
actitudes, intentando montar el escándalo por el escándalo. Ayer
mismo lo veíamos. Hoy suben a esta tribuna pretendiendo establecer -y
yo lo agradezco sinceramente- un diálogo, pero como ayer se
produjeron los ejemplos que se produjeron, creo que hay que ponerlos
encima de la mesa. La línea 900 es un ejemplo palmario de la
oposición real del PSOE en los temas de Radiotelevisión Española.
Este domingo se iban a emitir en Radiotelevisión Española dos
programas de carácter claramente histórico: uno, sobre los
veinticinco años de la monarquía y otro, al mismo tiempo y por la
otra cadena , haciéndose la competencia, sobre el régimen de Franco.
Creo que en un alarde de sentido común, Radiotelevisión Española,
para no hacerse la competencia a sí misma en torno a dos programas
históricos, retrasa uno de ellos. ¿Qué hemos oído decir desde el
Grupo Socialista? Que la sombra de la dictadura planea sobre los
directivos de Radiotelevisión Española. Entiendo que los que estaban
en las tribunas altas hayan bajado y los que estaban abajo hayan ido
arriba, pero si le siguen cuchicheando permanentemente el mismo
discurso rancio, no vamos a avanzar absolutamente nada. Cambien de
discurso. (Aplausos.)
Desde luego, por nuestra parte vamos a seguir permanentemente
ofreciendo ese diálogo, pero lo vamos a ofrecer en el momento
oportuno, cuando se traiga aquí el debate sobre la SEPI. Pido un
margen de confianza, pero a la vista de los hechos, y lo hago porque
el Grupo Socialista tiene otro problema: el Gobierno del Partido
Popular, en este tema como en tantos otros, volverá a cumplir sus
compromisos electorales y sus compromisos del debate de investidura,
y arreglará el problema económico de Radiotelevisión Española para
permitir que siga habiendo una Radiotelevisión Española pública, de
contenidos sobre todo culturales -se ha presentado una enmienda
interesante en ese sentido-, y al mismo tiempo permitirá algo en lo
que coincidimos todos, pero para lo que no aportan ni una sola
solución, como es que esa Radiotelevisión se pueda pagar sin que se
siga incrementando la deuda permanentemente. Por eso no vamos a dejar
de hacer esa oferta ni una sola de las veces que el Grupo Popular
suba a esta tribuna.
Termino respondiendo a otras dos enmiendas. Ya he dicho que me parece
muy interesante la enmienda que ha planteado el Grupo de Izquierda
Unida respecto a incrementar el presupuesto en temas culturales. En
primer lugar, cuestiones de forma de la propia enmienda y desde luego
la distribución que habría que hacer de los recursos de
Radiotelevisión Española nos llevan a votar de modo negativo. Es
cierto que para nosotros es
muy preocupante el momento cultural de todas las tancial del esfuerzo
de la política económica del radiotelevisiones, pero pensamos -y creo
que tenemos Gobierno está dirigido al aumento de la oferta económica
ejemplos suficientes- que Radiotelevisión Española y a conseguir que
la economía española pueda sigue siendo para todos los
telespectadores, sin seguir creciendo de manera intensa durante un
largo duda ninguna, la única oferta de garantía en cuanto a la
período de tiempo. No cabe duda de que los datos de calidad cultural;
se me vienen a la cabeza muchísimos evolución de la economía española
en los últimos años programas: Al habla; Su Salud; Agrosfera; los
documentales; han supuesto una situación de mejora de nuestras
posibilidades Al Filo de lo Imposible; La Mandrágora; en nuestro
margen de maniobra, como lo está Metrópolis; Negro sobre Blanco; Lo
suyo es puro teatro. comprobando la economía española en momentos de
Hay muchísimos ejemplos que nos dicen que incertidumbre
internacional, como los producidos en el seguimos teniendo la mejor
oferta cultural, aunque año 1998, como consecuencia de la crisis
financiera, y recogemos esa iniciativa y vamos a interesarnos por los
producidos en el año 2000, como consecuencia del ella. (El señor
Díaz-Cano del Rey: Eso no es lo suyo, choque petrolífero; en ambos
años, quiero recordar a la es lo tuyo.) Señor Díaz-Cano, era una
broma. Evidentemente, Cámara, se están produciendo crecimientos
iguales o lo del señor Alcaraz también es puro teatro. superiores al
4 por ciento e índices de creación de Termino haciendo otra vez esa
oferta. Dentro de empleo que superan el medio millón de personas en
pocos meses vendrá aquí un modelo adecuado, que cada año. solucionará
los problemas. A partir de ahí, le pido que Sin duda, el dato más
preocupante que en estos empiecen a debatir y a poner ideas encima de
la mesa. momentos afecta a la economía española es el que se Mientras
tanto, si quieren seguir haciendo demagogia deriva de la evolución de
los precios del consumo, tendré que subir a esta tribuna a responder,
a denunciar afectada en parte por la situación internacional, como
esa demagogia y sobre todo a tranquilizar a unos profesionales es el
caso del incremento del precio del petróleo y de la como los de
Radiotelevisión Española que depreciación de la moneda, que
probablemente afectan demuestran día tras día su calidad. por encima
de un punto a la evolución de nuestros precios, Muchas gracias, señor
presidente. (Aplausos.) pero también como consecuencia de la
evolución de los precios de los alimentos no elaborados y, lo que La
señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): más importante, como
consecuencia de la evolución de Gracias, señor Ballestero. la
inflación de los servicios. En ese sentido, la política Sección 24 A
continuación, vamos a debatir la sección 24, Economía. económica del
Gobierno sigue centrada en una política Para la presentación de la
sección y, por tanto, presupuestaria que incremente los grados de
estabilidad del presupuesto del Ministerio, tiene la palabra el señor
de la economía española y también en una política ministro. de
liberalización de sectores, que ha producido efectos muy saludables
desde el punto de vista del empleo y de El señor VICEPRESIDENTE
SEGUNDO DEL los precios en el sector de las telecomunicaciones y de
GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y la energía, pero que debe continuar
avanzando en otros MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo):
sectores como los planteados en las reformas aprobadas Señora
presidenta, señorías, comparezco ante la Cámara por esta Cámara el
pasado mes de junio. para presentar la sección 24 de los Presupuestos
Precisamente hoy se hace público el informe del Generales del Estado
correspondiente al Ministerio de Fondo Monetario Internacional sobre
la economía Economía que, como la Cámara conoce, surge de la
española. Es interesante constatar que es la primera vez
reorganización ministerial que se produce después de que España
admite la publicación de los informes respecto la constitución de las
Cámaras en esta nueva legislatura al artículo 4 del Tratado del Fondo
Monetario y que, en esencia, supone la división del antiguo
Ministerio Internacional y en ese informe se ponen de relieve los de
Economía y Hacienda en dos ministerios. Este riesgos de la economía
española, pero también la capacidad Ministerio de Economía se
configura como el departamento que ha tenido la sociedad española de
aprovechar encargado de la propuesta y también de la ejecución sus
oportunidades en los últimos años, con calificativos de las medidas
generales de la política económica que pueden parecer muy positivos.
Pero lo que me del Gobierno y, en especial, de las relativas a las
políticas gustaría resaltar del informe es que nos incita a continuar
comerciales, turísticas, de la pequeña y mediana por el camino de la
estabilidad presupuestaria, a empresa, energética y minera. (La
señora presidenta acelerar el proceso de estabilidad presupuestaria y
el ocupa la Presidencia.) proceso de reformas estructurales, dentro
de las cuales Después de una legislatura en que la política
presupuestaria el propio informe subraya la modernización del mercado
ha sido la protagonista principal de la política laboral. De lo que
no cabe duda, como reconoce el económica del Gobierno, el presupuesto
presentado por informe del Fondo Monetario Internacional, es de que
el ministro de Hacienda en esta Cámara para el ejercicio el patrón de
crecimiento actual es más equilibrado y del año 2001 supone el primer
presupuesto de equilibrio permite a la economía española plantearse
horizontes que se traduce en España desde la llegada de la de
crecimiento a lo largo de varios ejercicios, como lo democracia. Sin
duda en estos momentos una parte susdemuestra el hecho que desde el
primer trimestre del
año 1997 la economía española esté creciendo sustancialmente por
encima del 3 por ciento, en tres de los últimos cuatro años habrá
crecido por encima o igual al 4 por ciento, lo cual nos permite
reducir nuestra distancia de renta real con la Unión Europea y al
mismo tiempo es un patrón de crecimiento extraordinariamente
intensivo en empleo, como lo demuestra el crecimiento, según los
datos de la última EPA hechos públicos el pasado lunes, de alrededor
de 670.000 empleos en los últimos doce meses.
Quisiera pasar, señorías, a comentar la reorganización administrativa
que supone la creación del nuevo Ministerio, con dos secretarías de
Estado, la de Economía, y la de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, junto con una Subsecretaría. A través de la
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa, el Instituto Nacional de Estadística, el ICO y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, así como la Comisión
liquidadora de entidades aseguradoras y el Consorcio de Compensación
de Seguros. Además, esta Secretaría de Estado tutela la Corporación
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
A su vez, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo también tiene
bajo su responsabilidad al Instituto Español de Comercio Exterior,
Turespaña, la Escuela Oficial de Turismo y las sociedades estatales
Expansión Exterior y Cofides. Y dependen de la Subsecretaría, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del
Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la
Energía, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como el Comisionado para el
Mercado de Tabacos. Además, a través del propio Ministerio de
Economía, el Gobierno se relaciona con el Consejo de Seguridad
Nuclear.
En definitiva, el actual Ministerio de Economía queda configurado por
17 servicios presupuestarios, nueve organismo públicos, de los cuales
siete son organismos autónomos con presupuesto limitativo, y siete
entidades públicas empresariales, dos sociedades estatales y una
corporación de derecho público.
A continuación, quisiera describir el objeto de esta comparecencia,
que es la descripción del presupuesto de la sección 24. Voy a hacer
primero una reflexión inicial sobre el carácter instrumental de la
política económica competencia de este Ministerio y la prioridad y la
importancia concedidas por el Gobierno a las políticas de
liberalización de sectores, de aumento de la competencia y de
respaldo a las actividades relacionadas con las pequeñas y medianas
empresas, con el turismo o con la expansión exterior de nuestras
empresas. Este Ministerio, como es bien sabido por la Cámara, no
tiene encomendada la realización de prestaciones de gasto social, con
alguna excepción, como son las relacionadas con nuestras políticas
mineras, ni la mejora de la calidad de servicios esenciales, como
pueden ser
la justicia, la educación, el orden público o la ejecución de
infraestructuras. Por lo tanto, la cuantificación de las dotaciones
se realiza teniendo en cuenta objetivos concretos que pretenden
movilizar sobre todo el esfuerzo inversor de la iniciativa privada y
facilitar la entrada de nuevos operadores en mercados, al mismo
tiempo que racionalizar y complementar el esfuerzo presupuestario de
las administraciones que dependen del Ministerio. En definitiva, es
necesario no sólo analizar desde el punto de vista cuantitativo las
cifras de este presupuesto de la sección 24, sino la capacidad y el
acierto en la distribución de recursos cuando son aplicados para
atraer proyectos de inversión.
La estructura presupuestaria del Ministerio de Economía tiene las
siguientes características: tienen un gran peso las operaciones
financieras, que representan más de un 30 por ciento del total del
presupuesto como consecuencia de las dotaciones materializadas en
préstamos y adquisición de acciones de organismos financieros
internacionales. Además, dentro de las operaciones no financieras,
adquieren especial importancia los créditos destinados a
transferencias corrientes y a las transferencias de capital, que
conjuntamente representan más del 90 por ciento del presupuesto no
financiero y más del 64 por ciento del presupuesto total. Ello es
consecuencia de la estructura de gestión descentralizada a la que ya
he aludido anteriormente.
Si hiciéramos un análisis dinámico del presupuesto del Ministerio de
Economía, tendríamos una inicial pequeña dificultad de comparación
homogénea con ejercicios anteriores y, sin embargo, una comparación
de la evolución de las dotaciones presupuestarias del Ministerio de
Economía para el año 2001 sobre el presupuesto del 2000 tendría un
incremento del 1,4 por ciento. El presupuesto no financiero, es
decir, los capítulos 1 a 7, asciende a 373.000 millones de pesetas y
crece un 5,7 por ciento. De este incremento, 13.734 millones
corresponden a dotaciones para atender la cobertura del seguro del
tipo de cambio en los préstamos del exterior a los concesionarios de
autopistas, que se han incorporado a la sección 24 desde la sección
31. Si exceptuamos esta incorporación, el incremento del presupuesto
no financiero, es decir, capítulos 1 a 7, es estrictamente el 1,8 por
ciento, muy por debajo del 4,5 de incremento global de los gastos no
financieros del presupuesto total del Estado.
El presupuesto financiero, es decir, el capítulo 8, que totaliza
165.000 millones de pesetas, disminuye a su vez un 7,1 por ciento.
Ello es consecuencia de la disminución en los préstamos del Consorcio
de Compensación de Seguros a Cesce, derivado del menor nivel de
riesgos por operaciones en países como Cuba, Brasil, Irán y Rusia, y
de la desaparición de la dotación puntual de 4.200 millones de
pesetas, que en el año 2000 se destinaba a la subrogación de
préstamos del Banco de España a la República Dominicana y a Guinea
Ecuatorial.
El análisis por capítulos de esta sección arroja las siguientes
variaciones. La previsión de créditos iniciales para el capítulo 1,
es decir, el capítulo referente a personal, se incrementa un 3,8 por
ciento, del cual se deriva el incremento del 2 por ciento
correspondiente a la actualización de retribuciones, y el exceso
hasta el 3,8 por ciento tiene tres factores: por un lado, la
reorganización efectuada para completar la estructura básica del
Ministerio, por otro, el proceso de funcionarización de 80 empleados
públicos con contrato laboral y, por último, la incidencia en el
coste del personal destinado en el extranjero del proceso de
depreciación de nuestra moneda o de apreciación del dólar, si ustedes
prefieren.
El capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, crece un
18,4 por ciento sobre los créditos iniciales del año 2000 y la
tercera parte de este aumento se debe a la celebración de reuniones
internacionales. Al igual que en el capítulo anterior, el impacto de
la evolución de las monedas es muy importante, así como la
intensificación de relaciones con la Unión Europea como consecuencia
de las nuevas competencias asumidas. Además, en términos homogéneos,
si comparásemos la evolución de este capítulo, descontando estas dos
cuestiones que he mencionado relacionadas con la evolución de las
monedas, el incremento se aproximaría al 2,1 por ciento. En este
sentido, quisiera destacar el proyecto que, dentro del programa de
racionalización de gastos corrientes, se ha iniciado por este
Ministerio mediante la creación de una red corporativa multiservicio
que integran los servicios de voz y datos del Ministerio y sus
organismos autónomos durante los años 2001 a 2003, que va a suponer
una inversión de 123 millones de pesetas, pero que, a su vez, va a
suponer unos ahorros tanto en inversiones que no tendremos que
realizar, como en nuevas prestaciones de servicio, como en reducción
de gastos, probablemente de más de 700 millones de pesetas, así como
la incorporación de nuevos servicios, tales como videoconferencia,
transmisión de imágenes o acceso común a servicios de información
corporativos.
Por su importancia, creo que es importante resaltar las variaciones
del capítulo 4, de transferencias corrientes, que crece un 6,8 por
ciento, fundamentalmente como consecuencia de la inclusión que antes
he comentado del crédito destinado a la cobertura de diferencias de
cambio a concesionarios de autopistas.
En cuanto al capítulo 6, de inversiones reales, aumenta un 3,4 por
ciento como consecuencia de la campaña de publicidad sobre la
implantación del euro real, y con respecto a las transferencias de
capital, el crecimiento es superior, del 4,2 por ciento, del cual más
de la mitad es consecuencia de las necesidades de financiación de las
entidades del INE principalmente relacionadas con la elaboración del
censo de población y vivienda que, como sabe la Cámara, se hace una
vez cada diez años.
Antes de analizar las políticas que realiza el Ministerio, quisiera
detenerme brevemente a comentar algunas
cuestiones que redundarán en la mejora de la calidad del trabajo de
las 9.000 personas, entre trabajadores y contratados, que prestan sus
servicios en el Ministerio y sus organismos dependientes. Me refiero
a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para fomentar la
sociedad de la información, en un doble plano. En el ámbito externo,
estableciendo un plan de formación, llamado el Plan e-función@, que
pretende convertir la telemática en un instrumento habitual de
trabajo. Este plan pretende para el año 2000 formar a 1.000
trabajadores del Ministerio, de los 9.000 que he mencionado, en el
manejo de las herramientas asociadas con las nuevas tecnologías, para
lo que se ha previsto una dotación de 50 millones de pesetas. Y en el
ámbito externo, en las relaciones de la Administración con los
administrados, potenciando el denominado programa Ceres, que facilita
el uso de la firma electrónica en las relaciones de los ciudadanos
con las administraciones públicas. Por ello, la inversión en equipos
informáticos crece un 62 por ciento frente al ejercicio anterior, lo
cual representa en este Ministerio un incremento de 100 millones de
pesetas. El Ministerio de Economía y Hacienda fue pionero en el
establecimiento de una política de austeridad y de optimización de
recursos en los ejercicios 1996 a 1999, lo que supuso ahorros
cercanos a los 2.500 millones de pesetas. Esta política de
racionalización ha continuado y, como ya he mencionado anteriormente,
la más importante es el concurso de transmisión de voz y datos que va
a suponer ahorros alrededor o superiores a 700 millones de pesetas.
Dentro de las políticas sociales que realiza el Ministerio, las más
importantes se realizan a través del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, desde el punto de vista del mantenimiento del
empleo de las empresas productoras del carbón y para cubrir los
costes sociales y de formación de capital humano. Como SS.SS. saben,
pese al proceso de restricción presupuestaria acometida en los
últimos años, el sector minero español, por sus características
especiales, cuenta, a su vez, con un sistema de financiación especial
en el que se contemplan subvenciones al funcionamiento, que
alcanzarán el próximo año cerca de 100.000 millones de pesetas, y
ayudas para la reconversión, reestructuración, modernización y
desarrollo de las comarcas mineras, para las que el año que viene
están previstos 65.000 millones de pesetas. Todos ellos son
compromisos que, a su vez, se derivan del Plan del Carbón 1998-2005,
suscrito con las organizaciones sindicales más representantivas del
sector, que desde luego el Gobierno está decidido a mantener, así
como a defenderlo en Bruselas y a garantizar su cumplimiento a partir
del año 2002 en que, como sabe la Cámara, desaparece la Comunidad
Económica del Carbón y del Acero.
El funcionamiento y grado de ejecución del plan han resultado
satisfactorios, como indican algunas de las cifras que voy a dar. Por
un lado, en los tres años de
vigencia del plan ha habido ayudas al funcionamiento por más de
245.000 millones de pesetas y a la reducción de capacidad, por casi
30.000 millones de pesetas. Quiero recordar a la Cámara que la
reducción de capacidad planteada prevé pasar de 18 millones de
toneladas a 13, entre los años 1998 y 2005.
En el área de reactivación, quisiera destacar el apoyo prestado a
proyectos empresariales generadores de empleo que, al cierre del año
2000, alcanzará una cifra cercana a los 460 proyectos, con una ayuda
próxima a 34.000 millones de pesetas, que a su vez habrán generado
unos 7.000 empleos, una cifra claramente superior a las
prejubilaciones producidas, que rondarán las 5.900. Eso quiere decir
que el plan está siendo capaz de producir más empleo que el que se
deriva de la reducción de actividad en el sector minero.
En el área de formación se ha realizado un indudable esfuerzo,
pasando de 3.527 becas, concedidas entre los años 1998 y 1999, a
5.673 entre los años 1999 y 2000. En el citado área de formación, en
la primera convocatoria, se concedieron ayudas para 224 acciones, por
un importe algo superior a 1.000 millones de pesetas y para la
segunda convocatoria, que corresponde al próximo ejercicio, al año
2001, está previsto conceder ayudas por un importe próximo a los
2.500 millones de pesetas, es decir, más del doble de lo que
concedimos en la primera convocatoria. A su vez, el Ministerio de
Economía desarrolla una importante labor a favor de las zonas menos
desarrolladas a través de los incentivos regionales. En el año 2001
se destinarán a este objetivo más de 44.000 millones de pesetas, que
se dedicarán a subvencionar la inversión productiva de empresas en
las comunidades y zonas de menor nivel de desarrollo. Entiendo que
este proceso es la mejor garantía de un desarrollo regional
equilibrado, en la medida en que persigue incentivar la inversión
privada en zonas geográficas definidas, con el fin de reducir las
diferencias de situación económica interterritorial en España, al
tiempo que contribuye al desarrollo interno de la zona y a la
reducción del desempleo. Para el año 2001 la inversión subvencionable
en este programa ascenderá a 445.000 millones de pesetas, que van a
permitir la creación de más de 11.000 puestos de trabajo y 350 nuevas
empresas.
En cuanto a lo que son propiamente políticas activas de este
Ministerio, quisiera referirme, en primer lugar, a los programas en
materia energética. Como saben SS.SS., la liberalización del sector
energético ha sido una de las políticas fundamentales del Gobierno a
través de la anterior legislatura y del comienzo de la presente. En
este sentido, se ha avanzado a una gran velocidad, habida cuenta de
que la liberalización energética será total en España en el año 2003,
es decir, durante esta legislatura. No voy ahora a referirme al punto
de partida, pero sin duda hemos pasado de un sistema en el que se
fijaban los precios y la recuperación de la inversión por parte de la
Administración, haciendo cero el riesgo de las empresas, a un sistema
de mercado
libre, lo cual ha permitido la reducción de la factura eléctrica en
un promedio del 15 por ciento en los últimos años.
Me gustaría detenerme en el Plan de fomento de energías renovables
aprobado por el Gobierno en la pasada legislatura, el 30 de
diciembre, y que supone que en el año 2010 las fuentes de energía
renovable lleguen al menos a un 12 por ciento de nuestra demanda
energética, lo cual supone duplicar su situación actual. Las
inversiones propuestas por el plan desde la fecha de su aprobación
-finales de 1999 hasta el año 2006- totalizan 1,7 billones de
pesetas, de los cuales casi 280.000 millones corresponden a ayudas
públicas, a las que se sumarán más de 160.000 millones de pesetas en
forma de incentivos fiscales. Por tanto, estamos hablando de un
esfuerzo financiero público para el Plan de energías renovables de
444.000 millones de pesetas. Para ello, este Ministerio gestiona el
programa de normativa y desarrollo energético, cuyos créditos
ascienden a 4.327 millones de pesetas, manteniéndose el nivel de
transferencias de capital al Instituto de Diversificación y Ahorro de
Energía, por valor de 3.600 millones de pesetas. Quisiera recordar
especialmente, en el tema de las energías renovables, las energías
eólicas, en las que España ocupa ya el tercer lugar en la Unión
Europea, mejorada por Alemania y por Dinamarca, y que en los últimos
años nos ha permitido situarnos en el primer lugar de la Unión
Europea en términos relativos por la evolución. La evolución prevista
es espectacular. En este momento, según los datos oficiales, las
energías eólicas son responsables de 1.400 megawatios y hay proyectos
que previsiblemente permitirán elevar esa cifra en torno a 8.000
megawatios, lo cual supone, como pueden comprobar SS.SS., una
evolución considerable -de 1.400 a más de 8.000- en proyectos que ya
están en ejecución. Me gustaría también, señora presidenta, señorías,
detenerme brevemente en la política de defensa de la competencia, que
cobra importancia creciente en la actualidad y que es una demanda no
sólo de la sociedad, sino cada vez más constante de los grupos
parlamentarios. En la pasada legislatura se introdujeron
modificaciones normativas para intensificar el control de las
concentraciones, que pasa a ser obligatorio cuando anteriormente era
voluntario. No cabe duda de que los expedientes sancionadores
relacionados con las concentraciones han superado notablemente las
medias de ejercicios anteriores, como el volumen de multas
establecidas por los servicios de la competencia y por el Tribunal de
Defensa de la Competencia. En esta legislatura debemos avanzar en una
dotación de medios, empezando por el lugar de instalación del
Tribunal de Defensa de la Competencia, que a todas luces es
insuficiente, y espero poder dar noticias a la Cámara brevemente de
su instalación. Comprendo que el punto de partida del que veníamos
era indudablemente muy poco satisfactorio, y estoy convencido de que
este Gobierno también en este tema, incluso en la ubicación del
Tribunal, va a ser capaz de corregir las
insuficiencias de nuestros antecesores, así como en la remuneración
del personal a su servicio.
Por lo que se refiere al aumento sustancial al que me he referido de
la actuación de los órganos de la competencia, en 1989 teníamos 48
expedientes sancionadores de conductas restrictivas y en estos
momentos tenemos más de 200. En cuanto a las sanciones, nos
encontramos con que nos movemos en importes que han pasado de 20
millones de pesetas, en 1991, a 3.366 millones de pesetas, en el año
1999. Se han incrementado también las sanciones máximas impuestas: la
sanción máxima en 1991 era de 15 millones de pesetas y la sanción
máxima impuesta en el año 1999 fue de 1.400 millones de pesetas. Por
tanto, estamos siguiendo una evolución intensa en la aplicación de la
defensa de la competencia, como SS.SS. pueden comprobar. Especial
importancia tiene la modificación legal que permite el control de las
concentraciones y la obligación de su notificación al Servicio de
Defensa de la Competencia, puesto que hemos de tener en cuenta que
este es un proceso cada vez más intenso en un marco de globalización
de mercados, que pasa de 8 expedientes notificados en el año 1990 a
más de 70, que se han notificado en el presente ejercicio.
He mencionado entre las responsabilidades del Ministerio los planes
del Instituto Nacional de Estadística, que se refieren, sobre todo, a
la actualización del censo de vivienda, que se realizará el año que
viene.
Me gustaría referirme ahora muy brevemente, señora presidenta, a las
medidas del Ministerio respecto al apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, componente fundamental de nuestro tejido productivo y
protagonista principal de la creación de empleo en los últimos años.
Los buenos resultados obtenidos por la iniciativa pyme-desarrollo
empresarial, que estuvo vigente del año 1996 al año 1999, han venido
a ser sucedidos por el plan de consolidación de competitividad de las
pymes para el período 2000-2006, que está muy relacionado con
aspectos de la innovación empresarial. El presupuesto del Ministerio
de Economía contempla una transferencia de 6.000 millones de pesetas
al plan, a los que hay que añadir una enmienda que ha sido presentada
en este trámite parlamentario y que creo que han aprobado los grupos,
a iniciativa del Grupo Popular, de 8.000 millones adicionales.
También quiero mencionar la dotación de 1.000 millones de pesetas al
fondo para las operaciones exteriores de la pequeña y mediana
empresa, que financia proyectos de inversión de empresas españolas
situadas en el exterior. La dotación acumulada del fondo asciende
desde su creación, en 1998, a 1.500 millones de pesetas, que, junto
con la dotación prevista para el próximo año que acabo de mencionar
de 1.000 millones de pesetas, permitirán la financiación de veinte
proyectos de inversión que movilizan más de 15.000 millones de
pesetas de inversiones de pequeñas empresas en el exterior.
Por lo que respecta al comercio interior, que, como sabe la Cámara,
es responsabilidad de las administraciones
autonómicas, la Administración del Estado tiene como única
función actuar como catalizador para dirigir la política comercial
del conjunto de las administraciones en la dirección más consecuente
con el empleo. El presupuesto del Estado para el próximo año cuenta
con una dotación de 1.500 millones de pesetas para cofinanciar o
impulsar con las administraciones territoriales nuevas posibilidades
de mejora y modernización del comercio tradicional, a lo que hay que
sumar iniciativas como el observatorio de la distribución o las
gestiones que ha realizado el Ministerio en cuestiones concretas que
preocupan al comercio, como es la utilización de las tarjetas de
crédito.
Creo que van a ser especialmente importantes los planes que tiene el
Ministerio para la introducción física del euro, relacionados con las
pequeñas y medianas empresas. Asimismo, me gustaría mencionar la
evolución de nuestra economía en el ámbito exterior. No sólo nos
hemos convertido -como ya se ha puesto de relieve por parte de
organismos internacionales- en el sexto inversor internacional, sino
que los datos a septiembre indican que la inversión internacional en
España está creciendo a ritmos realmente muy intensos: lo que a
septiembre del año pasado era ligeramente más de un billón de
pesetas, a septiembre de este año supera los tres billones de
pesetas.
Sé que también es preocupación de la Cámara la participación de
España en el diseño de la nueva arquitectura financiera
internacional, y especialmente en los programas de reducción de la
pobreza en el mundo. A modo de ejemplo, quisiera citarles la
participación de España en la llamada iniciativa HIPC de reducción de
la deuda de los países más altamente endeudados que, desde el punto
de vista de la deuda multilateral de estos países, va a suponer una
aportación de España de 180 millones de dólares, a los que hay que
sumar 750 millones de dólares de nuestra condonación bilateral, lo
cual permitirá que España se sitúe en una cifra global cercana a los
1.000 millones de dólares, una parte importante de la cual -unos
40.000 millones de pesetas- se materializará en el año 2001.
Dentro de los programas de internacionalización de la pequeña
empresa, quisiera mencionar el programa PIPE, que ha permitido a más
de 2.000 pequeñas empresas que se inicien en actividades de comercio
exterior. Nuestro objetivo es que en esta legislatura esa cifra se
sitúe en 6.000 pequeñas empresas que puedan beneficiarse de dicho
programa. Dentro de la internacionalización de la empresa, citaré
tres planes: el plan Asia-Pacífico, aprobado por el Gobierno
recientemente y que supone una novedad sustancial al identificar una
zona del mundo en la que, a través de un plan concreto por parte del
Gobierno se establecen prioridades, objetivos e instrumentos, tanto
desde el punto de vista económico como político y cultural, para
responder al proceso de internacionalización no sólo de la economía
sino de la sociedad española. En concreto, respecto a lasactividades
comerciales, se acaba de celebrar la semana
pasada la Expo-Hábitat en Shanghai, además de un foro empresarial,
con participación de más de 170 empresas españolas y más de 275
empresas chinas, lo cual vendrá seguido de la celebración de una expo
similar - aunque aún hay que elegir los sectores a los que va a
afectar- en Cantón el año próximo, así como actividades a realizar en
Hong Kong, tanto el año que viene como en 2002.
Desde el punto de vista de la visión de la actividad comercial de la
Administración general del Estado, estamos convencidos de que deben
inspirarla tres principios: la sectorialización, la información a
través de los nuevos sistemas de Internet -tanto del ICEX como de las
oficinas comerciales- y la formación, que es especialmente relevante,
a través de una política de becas, en el mercado asiático. Por otra
parte, quisiera mencionar la celebración de una expotecnia en México
el año que viene, así como la feria que he mencionado en Cantón.
Dentro del segundo plan, el plan de ampliación se refiere a los
nuevos candidatos a la incorporación a la Unión Europea (Hungría,
República Checa, Polonia y Eslovenia) que en este momento está
llevando a cabo el Gobierno con la intención de que aumente la
presencia comercial e inversora española en esos países. Por último,
el tercer plan está relacionado con los países del norte de África:
Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez.
Por lo que respecta al sector del turismo, señora presidenta -con
esto voy terminando-, es, sin duda, uno de los sectores básicos en
nuestra economía. Somos en este momento la segunda empresa turística
del mundo -junto con Francia y después de Estados Unidos- y la
primera en términos de atracción del turismo europeo, con varias
características. Probablemente la más importante sea la existencia de
un turismo cuya presencia en España es sustancialmente mayor que en
otros mercados. El turista medio pernocta en España casi una semana
frente a pernoctaciones que no llegan a los dos días en los mercados
competidores. Tanto desde el punto de vista de la Administración
general del Estado como de las comunidades autónomas, es
imprescindible una política de coordinación, que en estos momentos es
ampliamente satisfactoria como se ha podido comprobar en la Feria del
Turismo que se está celebrando estos días en Londres y, desde luego,
con la aprobación de planes conjuntos que giran sobre algunos
principios como son la calidad, el desarrollo sostenible, la
diversificación de mercados y motivos y la proyección exterior de
España. La evolución del turismo en los últimos años ha sido muy
satisfactoria, con años extraordinariamente importantes, como los
años 1998 y 1999. Puedo anunciar a la Cámara que el año 2000 se
saldará con un incremento de más de un millón de turistas sobre el
año 1999.
El plan integral de calidad del turismo, que va de 2000 a 2006,
profundiza la apuesta por la calidad del turismo español. En estos
presupuestos se recogen actuaciones como los planes de excelencia y
dinamización
turística por 2.434 millones, la mejora de estadísticas
turísticas, a las que se aportan 532 millones de pesetas, además de
políticas de expansión de la red de Paradores, con una inversión de
15.000 millones de pesetas, y de la promoción turística en el
exterior, que asciende ya a 12.000 millones de pesetas. También la
aplicación de nuevas tecnologías a nuestra promoción turística a
través del portal Turismo español de Turespaña, que es sin duda el
portal más visitado en nuestro país con más de un millón de visitas
anuales.
Por último, quisiera mencionar, señora presidenta, señorías, el plan
de introducción del euro, que, como saben SS.SS., se produce el 1 de
enero del año 2002. Estamos, por lo tanto, en el último año de
actuación del citado plan. En este año, el Gobierno va a centrarse,
por un lado, en una información general que permita a los ciudadanos
acostumbrarse a la conversión de pesetas en euros y, además, a la
identificación de las empresas que estén dispuestas a devolver euros
a sus clientes a partir del año 2002, en un programa que
probablemente se extenderá al conjunto de los países euro de la Unión
Europea. Por otro lado, el Gobierno está llevando a cabo también
propuestas con sectores con problemas específicos, como pueden ser
los discapacitados físicos y psíquicos, las muy pequeñas empresas y
los ayuntamientos de muy pequeño tamaño, aparte del proceso práctico,
no sólo de fabricación de 7.800 millones de monedas euro y 1.924
millones de billetes, además de su distribución en todo el territorio
nacional, para garantizar que durante la primera quincena del año
2002 España pueda introducir de manera efectiva el euro con la mayor
rapidez y la mayor seguridad.
Con todo ello, señora presidenta, señorías, completo la información
sobre el presupuesto del Ministerio de Economía para el año 2001, que
sigue las pautas de la política económica del Gobierno y que incide
especialmente en los temas que acabo de mencionar a la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Iniciamos el debate de las enmiendas. En primer lugar, de las
presentadas por distintas señoras y señores diputados del Grupo
Parlamentario Mixto.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Doy por defendidas las enmiendas del
señor Labordeta y paso a defender la enmienda presentada a esta
sección 24 por Eusko Alkartasuna, que hace referencia a la solicitud
de financiación para un proyecto de feria de muestras de la ciudad de
Irún, en un área fronteriza, que, como consecuencia de la
desaparición de las fronteras, necesita poner en marcha nuevos
proyectos, uno de los cuales el de la feria de muestras. Sería muy
importante que el Ministerio de Economía apoyara esteproyecto y
aportara financiación para que pudiera salir
adelante, junto con otras aportaciones que realizan distintas
instituciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana ha
presentado dos enmiendas a esta sección: una al programa de
coordinación y promoción del turismo, y otra al programa de dirección
y servicios generales de comercio y turismo. Entendemos que en ambos
casos se vulnera e incumple una ley orgánica como el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que deja bien claro que el turismo es una
competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo,
hasta la fecha se viene produciendo una permanente invasión de
competencias, debido a la persistencia de organismos dependientes del
Gobierno español que continúan invirtiendo en esta materia y gozan de
partidas presupuestarias habilitadas para mantener su estructura
administrativa y funcionarial Presentamos estas enmiendas porque
estimamos que hay que respetar el sentido de la competencia exclusiva
en materia de turismo y de promoción, como ya hemos visto en materias
como comercio interior en las que también la Generalitat goza de
competencia exclusiva, que no se respetaron cuando este mismo
Gobierno aprobó la orden ministerial que hacía referencia a los
horarios comerciales.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por último, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, anuncio -supongo que nadie lo dudaba- que mi grupo
va a votar en contra de esta sección, porque el señor ministro de
Economía cita el informe de la OCDE, pero podía haber citado también
el último dato del IPC conocido ayer, que nos dice que estamos ya con
una inflación interanual del 4 por ciento. Dígaselo a los
funcionarios, y después en el debate de la ley de acompañamiento
podemos hablar también de ello.
La receta no es nueva: reforma del mercado laboral. Habla usted de
creación de empleo. En Galicia la tasa de actividad sigue bajando,
estamos en el 42,36 y, por primera vez desde que ustedes gobiernan,
tenemos una tasa de paro superior a la media estatal, es decir, cada
vez menos activos y más parados.
La enmienda que presenta mi grupo a esta sección se refiere al plan
de comarcas mineras de Galicia productoras de lignito pardo,
yacimientos que están también a punto de agotarse. El 11 de febrero
de 1997 y el 31 de octubre de este año, el Congreso de los Diputados
aprobó sendas iniciativas del Bloque Nacionalista Galego en el
sentido de que las comarcas mineras gallegas productoras de lignito
pardo no fuesen discriminadas dentro de los planes estatales
aprobados por el Instituto del Carbón. En concreto, en la segunda de
estas proposiciones no de ley, aprobada aún no hace un mes, se
instaba a que el Gobierno declarase urgentes proyectos contenidos en
el plan de actuación para la mejora de las conexiones con las
centrales térmicas de As Pontes y Meirama; que estudiase soluciones
de futuro para las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, es
decir, autorizar la conversión para convertirlas en centrales de
ciclo combinado; y que para las actuaciones del Instituto del Carbón
en Galicia se siguiese el mismo criterio que se sigue en otras
comarcas mineras, es decir, que exista una relación proporcional
entre el porcentaje de ayudas y el número de puestos de trabajo
perdidos en estas comarcas.
El Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda que obedece,
como digo, a resoluciones aprobadas por esta Cámara, y espera que sea
aceptada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, el Grupo Vasco
da por defendidas las enmiendas a esta sección.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta. Compartiré el
tiempo de la intervención con el señor Centella.
Señor Rato, ha dado usted una lección magistral de autismo político,
se ha convertido usted hoy en esta Cámara en al autista de Hamelin.
En el momento en que la inflación en este país ha escalado el Mont
Blanc y está a punto de escalar Everest, usted no ha dedicado ni una
sola línea (Risas.), digamos que una sola, al problema fundamental
de este país en los momentos actuales.
Usted podría decir: Yo tengo que hablar de una estructura que ya
estaba hecha y no tengo por qué atenerme a la coyuntura. Si esto es
así, ¿por qué ha citado
usted, eso sí, ciertos datos fundamentales que se derivan de la
última comunicación del Fondo Monetario Internacional? Ha hablado de
lo que a usted le interesa, pero no de lo que le interesa a la
sociedad, no digo a mí. La realidad nos dice, señor Rato, que tienen
ustedes, como Gobierno, un problema muy serio, que nosotros como
ciudadanos y ciudadanas tenemos un problema tremendamente serio, y es
que se les ha disparado la inflación, se les han disparado los
precios y no saben, no quieren, no pueden tomar ningún tipo de
medidas.
Después de las últimas elecciones han hecho ustedes -me refiero al
señor Aznar- una serie de cambios en el Ministerio de Economía. Y uno
de los problemas que tenemos posiblemente sea ése: que no sabemos
bien en este momento quién coordina la política económica del
Gobierno. Parece que no la coordina ningún ministro y que todo se
supedita a la iniciativa que en un momento determinado pueda tomar el
señor Aznar. Por eso los ministros en este momento están a la espera,
no adoptan ninguna medida, no hay previsiones, no hay políticas
activas de ningún tipo ante el problema fundamental que tenemos en
este país como ciudadanos y que ustedes tienen como Gobierno: la
subida de la inflación interanual al 4 por ciento, el 0,3 en octubre,
el doble de las previsiones que han previsto en los Presupuestos
Generales del Estado.
Señor Rato, no sólo se trata ya del precio de los carburantes, se
trata también del precio de la vivienda y, últimamente, del precio de
los alimentos frescos. Por citar una cantidad aleatoria, de pronto
sacan directamente de los bolsillos de los contribuyentes, de los que
vamos a comprar día a día al mercado, 400.000 millones de pesetas,
sin ninguna reacción, sin ningún comentario. Se destaca este problema
de enorme magnitud y ustedes mantienen una previsión del 2 por
ciento, que va a suponer un problema muy serio y es una auténtica
provocación política con respecto a los funcionarios y al problema de
la negociación colectiva por lo que compete a los salarios. No
reaccionan, no pueden reaccionar porque no tienen coordinación en la
política económica. Ya conocemos la costumbre del señor Aznar de
esperar a ver qué pasa, esperar a ver si nos cansamos, esperar a ver
si la gente no reacciona ante uno de los problemas fundamentales que
tenemos. Pero la propia UGT lo acaba de decir. No sólo es el problema
de los carburantes, sino que, teniendo en cuenta la inflación
subyacente, en los últimos meses ha subido del 2,1 al 2,8 por ciento.
Por lo tanto, estamos ante un problema estructural de primera
magnitud que sus presupuestos no permiten atacar. Sus presupuestos
del déficit cero -un déficit conseguido mucho más contable que
estructuralmente- no permiten atacar reformas de primera magnitud
como haría falta en este momento, que no son, señor Rato, a las que
ustedes están apuntando. Ustedes apuntan, fundamentalmente, a dos
salidas cuyo coste tienen que pagar los trabajadores: reforma laboral
o congelación salarial. Y han dado un ultimátum para que en tres
semanas los sindicatos
asuman la reforma laboral que ustedes quieren, que fundamentalmente
pasa por un despido más pronto y más barato y, al mismo tiempo,
empiezan a satanizar los salarios. Por cierto, señor Rato, usted lo
sabe tan bien como yo, son los beneficios los que influyen, los que
impactan, incluso con más fuerza que los salarios, en el crecimiento
de la inflación. No se le ocurre ni una sola vez hablar de la
contención de beneficios, hablar de la reinversión de beneficios y
hablar de esos beneficios indecentes que están obteniendo en estos
momentos las petroleras, por encima de todo lo previsto y aceptable.
Ni siquiera hablan ustedes de la posibilidad, como en otros países,
de poner una tasa a los enormes, a los inmensos beneficios de las
petroleras que están haciendo de este país una auténtica selva, un
auténtico mercado bananero. Ustedes ni saben, ni quieren, ni pueden.
Lo único que consigue cada paquete liberalizador es trasladar poder
del espacio público al espacio privado. No consiguen la competencia
que tendrían que conseguir para bajar los precios. Y no me diga que
yo quiero más competencia, estoy hablando desde su propia lógica. No
consiguen lo que ustedes habían previsto, consiguen exactamente lo
contrario. ¿Por qué? Porque ustedes buscan lo contrario de manera
soterrada. Buscan esta conspiración de las petroleras para subir el
precio y convertirse en auténticos oligopolios. Si no fuese así,
habrían reaccionado y no reaccionan; lo permiten mientras no haya una
reacción pública importante y mientras los grupos de oposición desde
la izquierda no protestemos de manera rotunda, contundente y
movilizadora. Desde ese punto de vista, señor Rato, su intervención
de hoy puede pasar a los anales de la historia. En el momento en que
la inflación está en el 4 por ciento, usted se dedica a hablarnos de
música celestial, en un momento como éste de la historia económica de
la moderna democracia.
Señor Rato, ustedes hicieron una reforma del IRPF y es cierto que
lograron vender la idea de que bajaban los impuestos en este país. Y
hemos visto, sin embargo, que solapadamente han subido ustedes los
impuestos el 2,5 por ciento en los últimos años. Han sido ustedes
geniales, lo comprendo, a la hora de vender esta idea. Además,
incluso en gente de la izquierda caló la idea. Decían: vamos a dejar
a los de gran poder adquisitivo que ingresen un millón de pesetas,
pero vamos a hacer que usted, aunque no tenga gran poder adquisitivo,
tenga diez mil pesetillas más en el bolsillo. Esta es la reforma del
IRPF. Y la gente se la tragó. Es cierto, la gente la asumió. Nosotros
no hemos cambiado de posición, sino que hemos pregonado en el
desierto, porque la gente, con 10.000 pesetillas más en el bolsillo,
aceptaba que ustedes les perdonaran un millón de pesetas a los más
pudientes. Pero ¿qué nos encontramos después? Que ese dinero, esas
10.000 pesetillas se las han sacado ustedes del bolsillo a través de
la gasolina, a través de la subida constante de la gasolina, de los
impuestos de la gasolina. El 69 por ciento del precio de la gasolina
son impuestos que van a las arcas del señor
Rato o del señor Montoro. Yo ya no sé quién controla ahora el arca de
los dineros. En todo caso, ustedes han compensado los 800.000
millones con esta subida permitida, cómplice a veces de la actuación
conspirativa de las grandes petroleras. No sólo eso, sino que la
subida de los impuestos está siendo, repito, una subida solapada pero
del 2,5 por ciento en los últimos años; mucho más grande de lo que se
había previsto en principio.
Por otra parte, usted no habla del euro, señor Rato, usted no habla
del euro, como habla la solapa de un libro. ¿Por qué no entramos a
fondo en las cuestiones, señor Rato? Usted nos dice: vamos a hacer
propaganda para que la gente se acostumbre...
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, lleva prácticamente consumido
todo el tiempo de su grupo. Simplemente se lo aviso para su
organización.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, está todavía en verde el
semáforo.
La señora PRESIDENTA: Sí, pero como me ha dicho que iba a compartir
el tiempo con el señor Centella, le advierto de que en este momento
le queda un minuto veinticinco segundos.
El señor ALCARAZ MASATS: Me dice usted lo mismo que el señor
Centella. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rato, termino diciéndole que del euro vamos a hablar si usted
quiere en serio, pero no nos diga que va a hacer una campaña para que
la gente se acostumbre a pagar con el euro la cerveza y los zapatos
en el año 2001 y que esto es lo importante. Incluso se nos ha dicho
desde esa tribuna, en estos últimos días de debate parlamentario, que
ésa es la base de que se recupere el euro, señor Rato. Fíjese usted
hasta dónde se está llevando este debate. No, señor Rato, mientras no
haya una estructura política y una consolidación política en Europa,
es imposible que el euro sea una moneda consolidada y una moneda
seria en el área mundial, pero ustedes están queriéndonos meter en un
mensaje superficial, en un debate superficial, que nosotros
intentamos no aceptar, dándole coordenadas distintas en un momento
que empieza a ser muy triste de la economía española.
El tema de la inflación, señor Rato, es el gran fracaso de la
economía del Gobierno del señor Aznar, el gran fracaso, y ustedes
están intentando maquillarlo, cosa que a mí me parece que resulta
imposible.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Centella, muy brevemente.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, brevemente, pero hemos
querido dividir nuestra intervención
en primer lugar para recalcar la necesidad de que el turismo
tenga un rango ministerial, porque entendemos que es una necesidad
que la principal industria de este país pueda al fin disponer de un
rango ministerial. Y en segundo lugar para defender nuestra enmienda
de totalidad a la sección de turismo, porque las partidas que ustedes
asignan a la Secretaría de Turismo son claramente insuficientes para
alcanzar los objetivos que ustedes mismos dicen pretender. Y son
insuficientes porque un año más vemos ese contrasentido en que
ustedes nos hablan de unos objetivos pero luego, a la hora de ver las
cuentas, vemos que son unas cuentas realmente ridículas en relación
con lo que la propia industria turística viene aportando a la
economía de este país. Es una realidad que el turismo necesita
inversiones, que el turismo necesita que de una vez por todas el
Gobierno asuma que es una cuestión de Estado, como por otra parte se
dice en los papeles. En el sector turístico hacen falta menos
discursos, hacen falta menos jornadas y fundamentalmente hacen falta
inversiones.
Ha venido usted a hablar de calidad y a hablar de planes, pero,
cuando señala las cifras, vemos que resultan ridículas. Habla de
planes de excelencia turística y dice que, para los más de doscientos
planes que puede haber en espera, se prevén 2.400 millones. Permítame
que le diga que es una cantidad no sólo ridícula sino incluso
ofensiva para el sector. Pasa usted de puntillas sobre lo que tiene
que hacer, potenciar la calidad. Habla de calidad, pero la calidad en
el sector turístico no es una muletilla. La calidad en el sector
turístico viene de inversiones y de elementos muy concretos. No sólo
de más dinero, sino también de una serie de elementos que usted
parece olvidar. Quiero recalcar que de una vez por todas asuman lo
que les propone la Federación Española de Municipios y Provincias,
que es que haya una financiación específica para los municipios
turísticos, que tienen que ejercer funciones para la mejora de la
calidad del turismo que no vienen compensadas por una financiación
específica. Hablar de calidad en el sector turístico es hablar de
calidad medioambiental. Aquí también hacen aguas, porque han olvidado
proyectos que mejorarían la calidad de nuestras costas, la calidad de
nuestros ríos.
Diré, para terminar, señor Rato, que estos no son los presupuestos
que reclama la industria turística. No son los presupuestos que se
merece una industria que aporta billones de pesetas a las arcas del
Estado y que al final recibe solamente migajas. Porque ustedes siguen
creyendo que el turismo no es una industria, que el turismo es un
fenómeno y que los turistas vienen a España como las golondrinas. Eso
no es verdad, señor Rato. Hacen falta políticas activas y hacen
falta, fundamentalmente, otros presupuestos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorCentella.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Rato, yo, primero que nada, tengo que reconocer un
error propio. Porque el martes pasado, 17 de octubre, cuando
discutíamos la moción consecuencia de interpelación, yo, que no me
gusta hacerme eco de previsiones catastrofistas, empleé una previsión
del IPC de octubre de una entidad razonable; la mencionaba y decía:
el IPC parece que va a ser - nos dice el Instituto Flores de Lemus-
el 3,86 por ciento. Me equivoqué. El IPC ha llegado al 4 por ciento.
Sigo sin ser catastrofista. No creo que siga en escalada de forma
indefinida, pero se nos ha revelado que ese techo del que viene
hablando el Gobierno desde enero es un techo hidráulico. Va
ascendiendo a medida que asciende la presión. ¿Sabe qué me preocupa?
Que de aquí a final de año probablemente no reduzcamos mucho esta
tasa interanual, tasa interanual que nos mete otra vez en problemas
de diferencial de inflación con los países de la Unión. Porque este
mes, señor Martínez-Pujalte, el diferencial va a crecer, y mucho.
Sabemos que Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Suecia han
tenido reducciones en su IPC armonizado. Cuando dentro de unos días
nos den la evolución del diferencial, el pequeño sueño de septiembre
se habrá evaporado; seguiremos con problemas de competitividad,
seguiremos con problemas de pérdida de poder adquisitivo.
Deben cuidarlo más. Todos pretendemos la estabilidad de precios y el
control de la inflación, pero parece que no hay instrumentos para
conseguir ese objetivo loable. Además, sé que es un problema que le
preocupa seriamente al señor vicepresidente. De hecho, en unas
declaraciones de ayer en Londres, decía que aceptaba las críticas
sobre la cuestión. Yo le agradezco de antemano que sea comprensivo
con nuestras críticas. Por cierto, cuando estuvo hablando usted ayer
con el señor Gordon Brown, ministro de Hacienda británico, sobre la
política económica, ¿le explicó que el Gobierno británico ha decidido
aplicar una rebaja de tres peniques en los impuestos especiales de
carburantes a partir de marzo a los gasóleos y gasolinas sin sulfuro,
de modo que, en total, los pequeños utilitarios verán reducida su
imposición en cuatro peniques, que es el equivalente aproximado a 10
pesetas? ¿Se lo explicó el señor Gordon Brown? ¿Por qué les extraña
tanto que nosotros propongamos en estos presupuestos una reducción de
impuestos especiales de cinco pesetas, que es la mitad? El Gobierno
de Blair lo acaba de aprobar a efectos de marzo. Tomen medidas que
sean realistas con los objetivos que dicen perseguir, algunos de los
cuales podemos compartir. Porque, señor Rato, tengo la impresión de
que la sección 24 es una declaración de objetivos sin instrumentos;
objetivos formulados tan genéricamente
que nos permiten estar de acuerdo. Haremos un pequeño repaso.
Ustedes definen cómo tienen que cumplirse los objetivos de los
programas de la sección y en la página 114, cuando hablan de
regulación económica, dicen literalmente que se trata de lograr un
conocimiento adecuado de la oferta agregada de la economía española y
en particular de las características estructurales se persigue
conocimiento, reforma de aspectos concretos, etcétera, y conseguir
que el sistema español funcione bajo las reglas de la libre
competencia. Estamos de acuerdo con ese objetivo. Y para conseguir
ese objetivo sería bueno que ustedes aplicaran una enmienda, una
moción que presentó su grupo el 17 de octubre, que decía: Aumenten
los recursos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Después de la
declaración de objetivos, vamos con un pequeño mordisco de la
realidad. Porque en el presupuesto del año 2001 la dotación para el
Tribunal de Defensa de la Competencia se reduce en 4 millones de
pesetas. Es verdad que pasan 6 millones de Telecomunicaciones
a Subsecretaría. Por tanto, en realidad, la dotación al Tribunal de
Defensa de la Competencia aumenta en 2 millones de pesetas, un 1 por
ciento. Es decir, en términos constantes, descontada la inflación, el
presupuesto del Tribunal de Defensa de la Competencia para el año
2001, baja; la estimación de la reducción en términos constantes no
se la puedo decir, hace dos días la calculé con el 3,7 por ciento,
ahora ya estoy en el 4 y he decidido dejar el baile de la precisión
de las pesetas en términos constantes.
El señor Luis de Guindos anunció en Barcelona el pasado jueves que
iba a haber un importante e inequívocamente intenso aumento de
dotación de recursos para el Tribunal de Defensa de la Competencia y
hoy le venía a pedir noticias. (La señora vicepresidenta, Becerril
Bustamante, ocupa la Presidencia.) Me ha dicho que van a mejorar las
oficinas. Está bien, porque con los 384 metros de que disfruta,
francamente los treinta funcionarios locales y demás del Tribunal de
Defensa están apiñados. Yo no sé si ustedes tienen intención de
presentar alguna enmienda en el Senado. Si no, es que no se entiende,
señor Rato. Porque le van a hacer caso con lo del combustible,
250.000 pesetas el año pasado y 250.000 este, van a tener que
consumir menos. Pero todo parece indicar que se va a reducir un
personal del grupo D. Si tuviéramos una oficina presupuestaria en el
Congreso podríamos ser más finos en los análisis, aunque todo parece
indicar hasta que va a caer en uno el número de personas. Sin duda,
29 personas se moverán mejor que 30 en ese espacio. Pero si seguimos
así, seguiremos sin tener publicadas las memorias del Tribunal de
Defensa de la Competencia. La última es la del año 1997. Las memorias
tienen efecto de vademécum para los sectores y para los estudiosos
y dan transparencia a la materia de la competencia y usted sabe, como
yo, que por falta de medios y por falta de personal se han dejado de
publicar las memorias.
Voy a seguir. En la siguiente página, la 115, ustedes nos presentan
los objetivos de regulación financiera y nos dicen que ante el
progresivo afianzamiento de un área financiera integrada en el marco
de la Unión Europea se requiere una importante labor administrativa
en materia de análisis y regulación, que contribuye a lograr unos
mercados financieros amplios, transparentes, competitivos y
eficientes. ¿Cómo? No vamos a estar de acuerdo en perseguir mercados
financieros amplios y transparentes. El problema es que la primera
medida que toma la nueva presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores es anular las circulares emitidas desde la
Presidencia. Nosotros podemos estar de acuerdo en que las circulares
de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
deberían gozar del apoyo del Consejo, pero en todo caso una circular
de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores da
transparencia al mercado y orienta a los agentes sobre los criterios
que se van a aplicar. La primera actuación de la nueva Presidencia de
la Comisión les decía que ha sido anular circulares; por tanto,
restar transparencia.
Seguimos en la página 116. En internacionalización. Usted ha hablado
de ello, y ahora ya no voy a leerlo literalmente porque, si no, la
señora presidenta me va a llamar la atención antes de lo que pensaba.
El objetivo de fomentar la presencia exterior de las empresas es
indudable, lo compartimos. De hecho, el secretario de Estado, Juan
Costa, presentó la semana pasada en Shanghai, el día 9 de noviembre,
un plan de impulso del comercio exterior, en un intercambio -creo que
también estuvo usted, señor vicepresidente- que financió el Instituto
Español de Comercio Exterior. Y es paradójico, porque ese Instituto,
que financiaba el intercambio en el cual el secretario de Estado
anuncia un plan de impulso para las empresas españolas en el
exterior, para el año 2001 ve reducidas sus dotaciones en términos
corrientes y en términos constantes. Este es otro mordisco de la
realidad. Podemos seguir. Usted ha hablado también de los incentivos
al desarrollo regional. ¿Cómo no vamos a compartir la necesidad de
impulsar el desarrollo económico equilibrado? Esta Cámara además
aprobó una moción el día 3 de octubre a consecuencia de una
interpelación del Partido Andalucista, pero, cuando uno se va a ver
las subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción
económica y otras zonas acordadas por el Gobierno, se da cuenta de
que, para perseguir este objetivo tan loable y compartido, ustedes
congelan la cantidad. 44.677 millones el año pasado y 44.677 millones
este año. Congelar la cantidad es una reducción en términos
constantes de esta política, y una reducción más alta cuanto más alta
sea la tasa de inflación. En términos de transferencias al Instituto
para la Reestructuración a la Minería y el Carbón y el Desarrollo
pasa lo mismo, compartimos el objetivo, pero ustedes reducen las
transferencias a este Instituto de 160.000 millones a 157.000
millones.
Sólo un ejemplo más. También ha hecho mención al fomento de las
energías renovables y el día 31 de octubre el secretario de Estado,
señor Folgado, presentó un plan de fomento de energías renovables,
pero es que el presupuesto nos da otro mordisco de realidad, porque
ustedes mantienen congelada la transferencia al Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía para ayudas a la
incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las
energías renovables. Año 2000, 3.676 millones; año 2001, 3.676
millones. Congelación.
No voy a defender nuestras enmiendas. Hemos presentado enmiendas por
un total de 23.950 millones, que creemos que sirven para hacer
realidad estos objetivos que se enuncian en la sección pero que no se
acometen a través de una política concreta.
Yo querría acabar, señor Rato, pidiéndole que haga algo. Yo sé que
usted personalmente está convencido de la necesidad de avanzar en las
reformas. Lo sé; además, lo sabe la prensa internacional, lo sabe
Financial Times, nos lo dijo en aquel magnífico editorial titulado
Aznar pierde el rumbo. Hagan algo, porque con estos presupuestos de
la sección 24 y en general pasa como nos pasa con la liberalización
de la telefonía, eso en lo que ustedes van los primeros hasta que
comparamos con lo que pasa fuera. El objetivo está bien, poder
elegir, tener un mercado liberalizado, pero el día 8 de octubre
teníamos que empezar a gozar de la portabilidad del móvil, cambio de
número y de empresa sin costes; no se conoce ni se espera cambio de
portabilidad del móvil para reducir costes. El día 1 de noviembre
tenía que empezar la tarifa plana; sabemos que ustedes fijaron una
tarifa de interconexión por encima de la propuesta por la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones, pero hoy, pasada la mitad de
noviembre, como no se conocen las especificaciones técnicas de la
conexión a Telefónica de los nuevos oferentes, la tarifa plana es una
entelequia. Por último, señor Rato, imagínese que usted hubiera
estado ayer en Madrid y que yo le hubiera querido llamar por
teléfono. Nos habían anunciado que para el día 15 de noviembre íbamos
a poder elegir compañía para mis llamadas locales. Pues no ha sido
así. Nos lo habían prometido para esta fecha y resulta que tampoco
podemos hacerlo.
La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Señor diputado, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor BEL I QUERALT: Acabo enseguida.
Anuncian objetivos, no aplican instrumentos; anuncian fechas, no se
cumplen; estamos a la cola de la liberalización de la telefonía
local. Señor Rato, tome medidas, señor Rato, haga un esfuerzo de
persuasión con sus compañeros del Consejo de Ministros. No le pedimos
que nos lo explique, nos basta el señor Arias Cañete para explicarnos
las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero sí le ruego, usted
que está sinceramente comprometido con la idea de que España necesita
avanzar en las reformas, que se aplique y persuada a sus compañeros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
diputado. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias.
Señora presidenta, señorías, estamos en el debate de la última
sección de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. Si
a lo largo de estos días algún espectador que no conociera la
realidad económica y social española hubiera escuchado los discursos
de la oposición, pensaría que la situación española es un absoluto
desastre, que nada funciona. Y resulta que durante el transcurso del
debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
hemos sabido cómo ha evolucionado el empleo, hemos conocido el dato
de la encuesta de población activa, que nos dice que en el último año
se han creado 670.000 empleos, que el paro se ha reducido en 224.000
personas y que la tasa de paro ha caído al 13,7. En esto días hemos
conocido también que el Fondo Monetario Internacional hace unas
previsiones de crecimiento excelentes para el año próximo, por encima
del 3 por ciento, lo cual confirma que estamos en un proceso estable
de crecimiento económico. Asimismo, durante estos días hemos conocido
que se van a dotar presupuestos para los gastos sociales que van a
alcanzar cifras como nunca habíamos conocido. ¿Qué nos diría la
oposición si no estuviéramos creciendo por encima del 3,5 por ciento,
si no hubiéramos creado más de dos millones 200.000 puesto de trabajo
en estos años y si no estuviéramos dotando con financiación
suficiente las políticas sociales de sanidad, de educación, etcétera?
Señorías, por supuesto que hay coyunturas económicas y por supuesto
que ahora estamos afrontando una determinada coyuntura económica, en
gran parte derivada de la situación internacional del mercado de
hidrocarburos, de la debilidad del euro y también de una senda de
comportamiento de los precios en toda Europa y en España que mi grupo
entiende que no es positiva y para la que hay que adoptar las
políticas adecuadas. En 1995 la situación era compleja, teníamos
tasas de paro de casi el 25 por ciento, tasas negativas de
crecimiento diferencial en relación con el resto de los países
europeos, tipos de interés altísimos y un nivel de convergencia con
el resto de los países realmente insuficiente. No cumplíamos ninguna
de las condiciones para estar en la primera división europea. Y se
hizo una determinada política económica, una determinada política
económica que daba respuesta a esa situación. Una política económica
de control del déficit, de reformas estructurales, de impulso a la
modernización
del sistema tributario, de modernización del mercado laboral y de
apoyo a la oferta. Y el resultado fue que hemos ido reduciendo la
tasa de paro del 25 por ciento a poco más del 13, que hemos reducido
nuestro diferencial de renta per cápita con el resto de los países
europeos, que hemos pasado de una situación de quiebra en la
Seguridad Social a una situación de superávit, de una situación de
incertidumbre para los pensionistas a una situación de garantía, que
estamos en mejor posición que hace cinco años. Alo largo de estos
cinco años ha habido situaciones distintas. Le recuerdo la situación
de final de 1998 y principios de 1999 con la situación internacional.
Y la pregunta clave, señorías, es: ¿Este Gobierno, el presupuesto
para el 2001 tiene soluciones para seguir por la senda de crecimiento
de creación de empleo, para seguir impulsando lo que necesita la
economía española? Y la respuesta, por los datos que tenemos, es que
sí. Yo entiendo al señor Bel y entiendo que nos haga críticas.
Entiendo que, ante una situación de dificultad, la oposición tiene
que hacer críticas y el grupo parlamentario del Gobierno tiene que
aceptar las críticas, pero sobre todo plantear soluciones. Y lo que
hacen los presupuestos para el 2001 es plantear soluciones, señor
Bel. Porque se nos puede pedir que hagamos políticas
antiinflacionistas y nosotros lo aceptamos, pero tiene que saber que
es relevante -y no irrelevante, como dice su grupo- que traigamos a
esta Cámara un presupuesto con equilibrio; que es importante traer a
esta Cámara un presupuesto con equilibrio para garantizar políticas
antiinflacionistas, para garantizar crecimiento y empleo de futuro.
Nos pueden decir que es importante hacer políticas antiinflacionistas
y nosotros lo aceptamos, pero también, señor Bel, hay que ser
consecuente y votar alguna vez que sí cuando traemos a esta Cámara
políticas de reformas estructurales. Porque es que nunca han votado
que sí. Y está demostrado que, en los mercados energéticos, en los
mercados de telecomunicaciones donde en España se han hecho reformas,
en esos mercados la subida de precios es menor que en el resto de los
países europeos. Por eso mi grupo lo que quiere es seguir
profundizando en esta política; por eso mi grupo va a apoyar los
presupuestos del 2001, porque siguen profundizando en esta política,
porque seguimos profundizando en políticas adecuadas para España, en
políticas de apuesta por el euro, en políticas de equilibrio
presupuestario, de continuidad en las reformas estructurales, de
modernización de nuestro sistema tributario y de apoyo a la oferta.
Hay que seguir. Y mi grupo, desde esta tribuna, ha animado al
Gobierno a seguir, a través de las mociones, con políticas de
reformas estructurales y con políticas también -y lo quiero señalar
ahora- de modernización del mercado laboral.
Señor Bel, la sección 24 del presupuesto marca unos objetivos y habla
usted de que comparte los objetivos. Si comparte los objetivos,
compartirá que las políticas van por el buen camino, porque le voy a
mostrar algunos
datos. La sección 24 quiere procurar la internacionalización de la
economía española. Y ¿cuál ha sido la evolución de la
internacionalización de la economía española? Le voy a mostrar un
gráfico, señor Bel, de cómo han evolucionado las inversiones
españolas en el exterior en miles de pesetas. Vea, señoría, cómo la
evolución desde 1995 es tremendamente positiva. Hemos pasado de
440.000 millones de pesetas en 1995 a más de 4 billones en 1999. Y
¿cómo han evolucionado las exportaciones, señor Bel? Estaban
creciendo a un ritmo bueno en 1996, a un poco más del 10 por ciento,
pero es que ahora estamos creciendo a casi el 30 por ciento.
Compartirá usted conmigo, señor Bel, que estos son los datos, porque
son innegables; compartirá usted conmigo que es positivo que se haya
impulsado un programa específico para las pymes que ha hecho que
existan actualmente más de 2.000 pequeñas y medianas empresas nuevas
que están participando en los canales comerciales exteriores. Es una
satisfacción, señor Bel, ir a un mercado difícil como es el chino y
encontrarse con empresas españolas, pero no con grandes empresas,
sino con pequeñas y medianas empresas que están abriéndose camino.
Usted puede decir lo que quiera, señor Bel, pero estará usted de
acuerdo conmigo en que si hablamos de internacionalización de la
economía o de las empresas españolas, estamos en el buen camino.
Puede decir que se debe ir más rápido, y eso se lo respeto, señor
Bel. Crecíamos al 10 por ciento, estamos creciendo al 30, pero
podríamos crecer al 40. No tengo nada que discutirle sobre ese dato,
señor Bel, pero estamos creciendo al 30 y cada vez hay más empresas
en el exterior. ¿Hablamos de turismo? Señor Bel, también podemos
hablar de turismo y de su evolución. Podemos comprobar, en el período
enero a septiembre, cómo ha evolucionado en 1996, en 1998 y en 2000.
El total de turistas recibidos en el año 2000 asciende casi a 40
millones, 38,5 millones; en el mismo período de 1996 eran 29,3
millones. Señor Bel, vamos por el buen camino. Los objetivos marcados
en la sección 24 están dando buenos resultados. Me puede decir que
38,5 millones son pocos, aunque hayan crecido enormemente en relación
a 1996. Eso se lo admito, pero, señor Bel, señor Centella, estamos en
el buen camino, estamos construyendo una oferta turística en España
que hace que nuestro país sea un destino preferente, donde ya no sólo
hay una oferta de sol y playa, sino que hay también una buena oferta
complementaria.
La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Señor diputado, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Si hablamos del servicio de defensa de la competencia y miramos el
número de expedientes que se instruían hace cuatro años y el que se
instruye actualmente, uno observa que hay muchísimo más esfuerzo. Me
puede
decir que hace falta todavía más, eso lo comparto y mi grupo mantiene
que el Tribunal de Defensa de la Competencia necesita más recursos
humanos y materiales, porque nos parece una pieza clave de la
política económica de futuro.
Señor Bel, tendremos ocasión de seguir los debates en esta Cámara.
Ahora abordaremos el debate de política tributaria, al que se han
referido varios grupos, y lo dejo para la ley de acompañamiento. En
el presupuesto de 2001 España tiene una base sólida para garantizar
el crecimiento, para garantizar la creación de empleo y para
garantizar una buena respuesta a la situación coyuntural que existe
en los mercados internacionales. Con el presupuesto de 2001 este país
da una respuesta adecuada, como la ha dado en períodos anteriores, y
así lo han reconocido los organismos internacionales. Mientras en
1989 y 1990, con tasas de inflación del 6,5, del 6,8 o del 7 por
ciento, no se hizo una política adecuada y por eso en 1992 y 1993
llegamos al 25 por ciento de paro, a una situación desastrosa de
cierre de empresas y de desánimo en el mercado laboral, con las
políticas que está haciendo este Gobierno, a pesar de las coyunturas,
estamos creciendo, creando empleo y mejorando el bienestar de los
españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
diputado.
Procedemos, a continuación, al análisis y debate del Estado de
ingresos estado de ingresos. Para la defensa de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.
A lo largo de estos días, he tenido la sensación de que ejercíamos
más el derecho de antena que un debate parlamentario. Este turno y la
defensa de esta enmienda me van a permitir poner de relieve los
puntos de vista de mi grupo en torno al presupuesto de ingresos y
necesariamente van a coincidir los argumentos que pudimos utilizar el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular y yo mismo, tanto en
Comisión como en el Pleno, cuando hablamos de normas tributarias.
Arranco del informe recientemente publicado por la OCDE sobre la
evolución de los ingresos tributarios entre los países de esta
organización, donde se pone de relieve el protagonismo de los
ingresos públicos en España. El lunes pasado manifesté que en mi
opinión era este protagonismo de los ingresos tributarios el que
había proporcionado mayor carga a la reducción del déficit público;
que la reducción del déficit público había sido consecuencia de una
extraordinaria y alta evolución de los ingresos públicos, en mayor
proporción que el gasto público. No querría apoyar este planteamiento
única y exclusivamente en el informe de esta organización
multinacional; también hay publicaciones, algunas de ellas
distribuidas recientemente en
nuestros casilleros, como el informe mensual del mes de septiembre de
la Caixa, donde igualmente se pone de relieve que la recaudación
tributaria avanza fuertemente. Sin embargo, quizás el documento más
significativo lo haya publicado en el mes de septiembre el propio
Banco de España. He tenido la satisfacción de proporcionar a algunos
portavoces un gráfico más modesto, en blanco y negro, que el que nos
ha mostrado hoy el ilustre portavoz del Grupo Popular. En él se
analizan los ingresos y los pagos no financieros del Estado desde el
1 de enero de 1997 hasta el mes de agosto del año 2000, es decir, 44
ó 45 observaciones mensuales, con una técnica estadística de medias
móviles que le da una enorme estabilidad al perfil de los
acontecimientos. En ese sentido, lo primero que se ve es que los
pagos no financieros han sido estables a lo largo prácticamente de
esos tres años; que ha habido dos momentos altos donde se ha
producido realmente una aceleración del gasto público, que fue en los
primeros meses del año 1999 y en los primeros meses del año 2000, y
que como consecuencia del avance del gasto en el año 1999, se produce
un salto cualitativo -para el del año 2000, como se está produciendo,
habrá que esperar un poco más-. La diferencia del gasto público entre
la primera observación y la última, es decir, entre enero de 1997 y
agosto de 2000, es de 1,5 billones de pesetas. Este Gobierno, a
través del Estado, ha gastado 1,5 billones de pesetas más en esos 45
meses. Y cuando uno se va a los ingresos no financieros lo primero
que ve es un proceso intensísimo e ininterrumpido, que va desde enero
de 1997 a mayo de 1999; que en mayo de 1999 hay una flexión que dura
seis meses como consecuencia de los efectos derivados de la reforma
tributaria, pero que de nuevo en el año 2000 los ingresos públicos
vuelven a crecer, a un nivel superior al que tenían en junio de 1999.
En este caso la diferencia de los ingresos no financieros del Estado
entre enero de 1997 y agosto de 2000 es de 4,1 billones de pesetas.
Por lo tanto, este Gobierno a través del Estado ha gasto 1,5 billones
más en un mismo período, en el cual ha ingresado 4,1 billones más. A
partir de ahora y apoyándome en esa información del Banco de España,
yo podré afirmar que quien diga que los ingresos no han sido los
protagonistas del proceso de reducción del déficit público falta a la
verdad, se llame como se llame.
La segunda puntualización que querría hacer es la de ¿los ingresos
están bien calculados? Yo creo -y me lo va a permitir el señor
Martínez-Pujalte, que nos dijo la semana pasada que este era un
Gobierno que calculaba muy bien los ingresos y los gastos- que en el
día de hoy deberíamos tranquilizar a los pensionistas, porque la
desviación con la cual ustedes van a tener que pagar los dos y pico
puntos de deslizamiento no está en los ingresos; aparecerá, pero no
está en los ingresos. En cualquier caso, yendo al análisis de los
ingresos, si uno coge la documentación que se nos ha proporcionado y
ve el presupuesto de 1999 y el avance de liquidación,
han acertado plenamente, más 765.000 millones de desviación. No
solamente ha habido desviaciones en los ingresos; es que ha habido
desviaciones en el gasto, que han sido de 380.000 millones de
pesetas. Es decir, la mitad del exceso de recaudación se desliza a
incremento de gasto público. Por lo tanto, en relación con lo que un
poco a título de eslogan y de propaganda se dice, de que aquí hay
grupos de la Cámara que ingresan mucho y que gastan mucho, habrá que
decir que el Gobierno que hoy gobierna España ingresa mucho y gasta
mucho. En ese terreno, grandes diferencias no.
Las cosas no terminan ahí. Yo me voy a atrever a leer un párrafo de
la revista Situación del mes de agosto -y me gustaría que nadie
llamara al presidente del BBVA para decirle que hemos utilizado los
datos aquí en la Cámara, como ocurrió el año pasado cuando dicha
revista hizo un análisis crítico de la reforma fiscal-, que dice que
en el año 2000, como consecuencia de la favorable evolución de la
recaudación tributaria y de la elevación de las cotizaciones, los
ingresos totales podrán superar los 900.000 millones -no los 765.000
millones- y que esa recaudación adicional no se va a dedicar en su
totalidad a reducir el déficit público, sino que habrá 500.000
millones más de gasto. Por consiguiente, que vayan quedando las cosas
claras. Esta vez hemos podido replicar a algunas cuestiones. Dicho
claramente, a la vista de las muchísimas insuficiencias que se han
detectado a lo largo de este debate en los créditos de gasto, a la
vista de la complicidad del ciclo, que ha proporcionado un caudal de
ingresos públicos de una magnitud extraordinaria, hubiera cabido la
posibilidad de hacer la presentación social del equilibrio en otro
momento, de cualquiera de los equilibrios, pero que esté claro que
este es un presupuesto deliberadamente mal dotado por parte de los
gastos, con insuficiencias por parte de los ingresos, que es un arma
de propaganda política, pero en ese contexto y en su lógica política
y presupuestaria, podían haber presentado el superávit este año y
desde luego también el equilibrio; por lo tanto, una ceremonia
levítica más.
A partir de ahí, ¿qué ocurrirá en el año 2001? ¿Serán las normas que
aprobemos aquí las que vayan a determinar -porque también se aludió a
las enmiendas del Grupo Socialista en materia de ingresos- la
pulsación del ingreso público? Pues en alguna medida sí, en alguna
medida no. En alguna medida sí porque, como todos sabemos, entre el
BOE y el Tesoro hay algún distanciamiento. La aplicación de muchas
medidas en el sistema tributario no es tan instantánea y, desde
luego, existe eso que llaman los economistas los lag, pero la mayor
parte del esquema tributario español se mantendrá a lo largo del año
2001 como lo ha hecho a lo largo del año 2000. Por lo tanto, ¿de qué
depende el caudal de ingresos? El caudal de ingresos en una Hacienda
moderna depende del PIB monetario y este no va a experimentar grandes
cambios a lo largo del año 2001 -no van a desaparecer los trabajos ni
los negocios ni las actividades-; el PIB monetario en el año 2001
tendrá un cambio de
composición respecto del PIB monetario del año 2000, cambio derivado
fundamentalmente de un hecho que a veces no tomamos en cuenta, pero
que no es perjudicial para la Hacienda pública. El PIB monetario va a
depender de la inflación. La inflación es un impuesto -lo saben los
economistas, los hacendistas y la gente que se dedica a esto- y aquí
la inflación es el doble de lo que nos habían dicho. Por lo tanto,
una parte de la inflación caerá en las cajas de la Hacienda pública,
caerá en las cajas del Tesoro y podrá haber en el año 2001 más
recaudación que la que ha habido en el año 2000. En consecuencia, los
ingresos que trae el Gobierno están subestimados, por muchas razones,
por las que acabo de decir y por otro motivo. Ustedes podían haber
hecho un buen trabajo con las UMTS y no lo han hecho fundamentalmente
por los compromisos que tienen con ellos. Han vendido un hecho
imponible y moderno por unos cacahuetes en un acto tomado en el
último Consejo de Ministros antes de las últimas elecciones. Los
gobiernos serios de por ahí aplican ese nuevo hecho imponible
a reducir el déficit público o a mejorar el sistema de pensiones.
Lamentablemente este no es un Gobierno serio; es un Gobierno voraz, y
su voracidad se ha demostrado aquí.
Las empresas españolas seguirán teniendo una buena situación
económica en el año 2000 y estamos viendo cómo las estimaciones que
se hacen sobre el valor añadido o sobre las cuentas de explotación
permiten decir lo que nosotros hemos mantenido. Puede haber un sesgo
alcista a lo largo del año 2000 en la imposición que grava la
actividad empresarial.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández
Marugán, le ruego vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señora presidenta.
Me hubiera gustado hacer algunas consideraciones sobre otras
manifestaciones que han hecho los portavoces del Grupo Popular
respecto a la evolución tributaria de estos años. Ustedes reformaron
la fiscalidad de los generadores de plusvalías, reformaron la
fiscalidad de los empresarios sujetos al impuesto sobre la renta de
las personas físicas o de las personas jurídicas y terminaron
reformando la fiscalidad del IRPF hasta laminar la progresividad del
impuesto, pero yo me pregunto ¿y qué ocurre con esos millones de
contribuyentes que no son especuladores, que no son empresarios, que
no son profesionales, independientes o de la alta dirección? ¿Quién
se ocupa de ellos? ¿Quién se preocupa de ellos? ¿Qué ocurre con esos
millones de contribuyentes que viven de su trabajo, que tienen
algunas dificultades o no las tienen -pueden tener dificultades o
pueden no tener agobios-, pero cuya renta no está para tirar cohetes,
que no son capaces de ahorrar lo que debían? A esos, ¿quién los
defiende en esta Cámara? ¿Quién se preocupa de la fiscalidad del
trabajo dependiente?
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández
Marugán, le ruego concluya, por favor.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino.
Todo lo que han venido a decir es que a ésos ya les han bajado la
tarifa. Y, claro, cuando uno se acerca a la fiscalidad que ustedes
han montado, pobre de aquel que tenga que tributar por el tipo de
tarifa. Aquí, en esta sociedad, ustedes han definido unos que son
benefactores fiscales y otros que no lo son. Esos que no son
benefactores fiscales son lisa y llanamente ¡pecheros, pecheros como
fueron siempre en la Hacienda pública! (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor
Fernández Marugán, que concluya definitivamente.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: A esos benefactores les han aplicado
exenciones tributarias, minoraciones y reducciones en la base
imponible, por cierto, con carácter sociocultural, ¿eh?
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Fernández
Marugán, no se explaye más. Le ruego que concluya ya.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Unas últimas palabras, señora presidenta.
A más renta, más reducciones. No han establecido un tipo fijo.
(Aplausos.)
Me hubiera gustado...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante) No, señor Fernández
Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Ha sido una reforma que ha contribuido
fundamentalmente a elevar la carga tributaria, en contra de los
intereses de la mayoría de esta sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ¿quién ha defendido a los españoles en estos cuatro años?
Salgan a la calle y pregúntenselo a los ciudadanos. ¿Quién ha
defendido a los españoles en estos cuatro años? (Aplausos.) ¿Quién ha
defendido a los 2.200.000 españoles que han encontrado un puesto de
trabajo? El Partido Popular. ¿Quién ha defendido a los millones de
familias que tenían todos sus miembros en el paro y ahora tienen
trabajo? El Partido Popular.
¿Quién ha asegurado que los pensionistas en España tengan garantizada
por ley su pensión y el poder adquisitivo de la misma? El Partido
Popular. ¿Quién ha garantizado que en España estemos viviendo una
senda de crecimiento estable, por encima del 3,5 durante cuatro años,
con creación de empleo intensa y que, además, estemos en la primera
división europea? El Partido Popular. Eso, señor Fernández Marugán,
se debe también y en buena parte a una política tributaria eficiente
y a un sistema tributario moderno.
Usted, señor Fernández Marugán, sabe de esto y cuando ha subido a
esta tribuna a decir que la recaudación en España aumenta y, por
tanto, aumenta la recaudación con relación al producto interior
bruto, sabe que está diciendo una verdad, pero sabe también que la
percepción que intenta transmitir, que los impuestos han subido, es
falsa. Los impuestos han bajado en España y han bajado para todos los
españoles. Lo que pasa es que cuando bajan los impuestos con una
política económica adecuada, España crece, en España se crea empleo y
se da una situación en la que todos pagan menos impuestos, pero hay
más gente que puede contribuir a la Hacienda pública. Cuando en
España se crece y se crea empleo hay más personas que pueden
contribuir a la cotización de la Seguridad Social y a asegurar las
pensiones. Eso es lo que ha pasado, señor Fernández Marugán, porque
en España los impuestos han bajado para todos los ciudadanos. Y los
cinco millones de españoles que tienen fondos de inversión no son
especuladores; son personas que ahorran y a esas personas que ahorran
hay que crearles un sistema tributario moderno y competitivo con el
resto de los países europeos. Por eso en 1996 bajamos los impuestos
al 20 por ciento y ¿sabe que votaron ustedes? Que no. Sin embargo,
ahora nos han dado la razón y dicen que era lo que había que hacer,
porque esa era una política de izquierdas. Mire, señor Fernández
Marugán, esa era una política de crecimiento, de creación de empleo,
de bienestar y de justicia y eso es lo que hizo el Gobierno del
Partido Popular. Luego bajamos la tributación de las pymes -es verdad
y usted lo ha dicho- y hoy las pymes en España pagan menos impuestos,
tanto las pequeñas y medianas empresas que tributan en el régimen de
estimación objetiva, de módulos, como las pequeñas y medianas
empresas que tributan en el régimen del impuesto sobre sociedades.
Les hemos bajado los impuestos -y en el siguiente trámite
parlamentario hablaremos del impuesto de las pymes- y esa ha sido una
de las claves fundamentales de la creación de empleo, porque son las
pymes las que han servido de motor a la creación de empleo. Casi el
90 por ciento del empleo que se ha generado en España ha sido
consecuencia de que el Gobierno del Partido Popular ha bajado la
fiscalidad de las pymes. Bajamos la fiscalidad en la sucesión de los
negocios familiares, bajamos la fiscalidad para cuando un padre
quería dejar en vida el pequeño negocio familiar a su hijo y bajamos
los impuestos de los millones de españoles que tributan en
el IRPF. A todas esas familias, a todos esos asalariados se les ha
bajado la tributación, y ese ha sido el camino adecuado para crecer.
¿Qué propone el Partido Socialista? En su enmienda 1223, ¿qué
propone? Que subamos los impuestos para gastar más. ¿Y a quién quiere
subirle los impuestos? Dicen: quiero subir los impuestos a las
empresas, sobre todo a las pymes, a los pequeños y medianos
empresarios. ¿Y consideran ustedes que es razonable subir los
impuestos a las pymes? Señor Fernández Marugán, yo le aconsejo que no
voten ni sus propias enmiendas. Es que no es razonable, si queremos
crecer y crear empleo, subir impuestos a las pymes. (El señor
Fernández Marugán: Los has subido tú, Vicente: 4 billones.)
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Marugán, le ruego que guarde
silencio y que respete el turno lo mismo que se ha respetado el suyo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: ¿Y qué más quieren? Subir los impuestos
de las familias. Y dicen: vamos a recaudar más por IVA. Gran cosa.
Ustedes se han pasado estas jornadas de presupuestos diciendo que
España va fatal, que vamos a crecer menos, que el consumo va fatal y,
sin embargo, hacen la previsión de que va a crecer la recaudación del
IVA. Pues, señor Fernández Marugán, ¿sabe por qué hacen ustedes esa
enmienda? Porque siguen la política presupuestaria que utilizaban
cuando eran Gobierno, que era: previsiones de ingresos al alza para
poder gastar más. Al final del ejercicio, ¿qué sucedía? Que no
alcanzaban los ingresos previstos, pero se gastaban más dinero del
previsto, con lo cual el resultado claro y diáfano era que todos los
años de Gobierno socialista en España se hacía una previsión de
déficit que ustedes superaban. ¿Qué es lo que se ha hecho durante los
años de Gobierno del Partido Popular? Una previsión de ingresos
adecuada y una previsión de gastos también adecuada, y eso ha
permitido que todos y cada uno de los años de Gobierno del Partido
Popular se mejorara la previsión de déficit público, lo que ha
permitido que llegáramos a una situación de equilibrio
presupuestario.
Dice el señor Fernández Marugán: los ingresos han sido protagonistas
de la corrección del déficit público. Señor Fernández Marugán, no
tiene usted razón. Los que han sido protagonistas de la corrección
del déficit público han sido los miles de españoles que, trabajando
y con esfuerzo, han hecho que España crezca, que España cree empleo y
que en España se mejoren las condiciones de vida. Esos han sido los
protagonistas, porque los protagonistas de la corrección del déficit
público, señor Fernández Marugán -y yo sé que usted lo sabe-, han
sido los que han hecho que en España se haya crecido, que en España
se haya creado empleo y que en España haya ahora más cotizantes a la
Seguridad Social y más ciudadanos que pueden contribuir a la Hacienda
pública. Eso ha hecho que España esté en mejores condiciones que
nunca para afrontar cualquier
situación económica sobrevenida. Señor Fernández Marugán, en España
tenemos hoy bases mucho más sólidas para pensar en el futuro; tenemos
bases mucho más sólidas para que la economía crezca, cree empleo
y haga que se mejore el bienestar de los ciudadanos. La gran pregunta
que hay que hacerse es ¿quién tiene las mejores soluciones para el
futuro? ¿Cuáles son las mejores soluciones del futuro?
Señor Fernández Marugán, los españoles no quieren oír dramáticas
interpretaciones de la realidad y del futuro. Eso lo hizo su grupo
durante los últimos cuatro años y no es lo que quieren oír los
españoles. Lo que quieren oír los españoles son las soluciones para
que en España sigamos creciendo, creando empleo, mejorando las
condiciones de vida, integrándonos en Europa en los primeros lugares.
¿Dónde están esas soluciones, señor Fernández Marugán? Yo sé que
usted lo sabe. Esas soluciones están en un presupuesto con
equilibrio, y eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular:
traer a esta Cámara un presupuesto con equilibrio. ¿Dónde están esas
soluciones? En más reformas estructurales, y eso es lo que ha hecho
el Gobierno del Partido Popular, por cierto, siempre con el voto en
contra del Partido Socialista. ¿Dónde están las soluciones? En una
política tributaria moderna y eficiente. ¿Qué ha votado el Partido
Socialista a las reformas? Siempre que no. ¿Qué ha hecho el Partido
Popular? Seguir en la línea de una mejor política tributaria. ¿Cuáles
son las soluciones? Las soluciones pasan por apoyar a la oferta, por
apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y eso es lo que ha hecho
el Gobierno del Partido Popular.
Concluyo mi intervención, y creo que también el debate de los
presupuestos para el 2001 hasta que vuelvan del Senado, diciendo que
estamos ante unos presupuestos en los que los ciudadanos españoles
pueden seguir estando tranquilos porque dan la cara a la coyuntura
actual y garantizan que España siga en la buena senda del crecimiento
y la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000017)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del Título I proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Como SS.
SS. seguramente recuerdan, el debate está ordenado por títulos del I
al V y después otro bloque con las disposiciones adicionales,
transitorias y derogatorias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas al título I tiene la
palabra, por el Grupo Mixto, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Defenderé las enmiendas 291 a 295 al título I y doy por defendida la
número 294 al título V.
En la enmienda número 292 proponemos una modificación en la Ley del
IRPF por la cual las parejas de hecho tengan el mismo tratamiento
fiscal que los matrimonios. Hace pocas semanas esta Cámara rechazó la
tramitación parlamentaria de una ley de reconocimiento de las parejas
de hecho. Si se hubiera aceptado no hubiéramos presentado esta
enmienda, pero dado este rechazo creemos que es injusto social y
fiscalmente que por el hecho de estar casado se tengan beneficios
fiscales, lo cual nos parece correcto, y que muchas parejas no
casadas no tengan derecho a ese tratamiento fiscal. Lo que plantea
nuestra enmienda 292 es la introducción de una modificación en la Ley
del IRPF por la que, independientemente de que exista matrimonio o
no, dos personas puedan tener el mismo tratamiento fiscal. Por otro
lado, proponemos la supresión de los apartados dos y tres del
artículo 1. Son enmiendas en la línea de frenar el continuado y
progresivo tratamiento fiscal beneficioso de las rentas del capital
en relación con las rentas del trabajo, en lo que es una constante de
la política económica y fiscal del Gobierno desde 1996. La enmienda
293 hace referencia a introducir exenciones fiscales en relación al
IVA en determinadas prestaciones públicas, especialmente en la
conservación y mejora de las escuelas que llevan a cabo los
ayuntamientos. Y la número enmienda 294 responde a una reivindicación
de muchísimos ayuntamientos: la eliminación de un privilegio fiscal
del que hoy gozan las autopistas concesionarias por el cual dejan de
pagar el IBI a los ayuntamientos, afectando de forma importante a las
haciendas locales.
Estas cuatro enmiendas son las que quería destacar del título I y
repito que doy por defendida la 294 al título V.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
A efectos de numeración de las enmiendas, los números que ha indicado
no coinciden con el guión que tiene esta Presidencia. La 294 y la 295
afectan al título II, señor Saura, si es que estamos hablando de lo
mismo, que me supongo que sí. (Asentimiento.) Gracias.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana tiene cuatro enmiendas a este primer título que
básicamente tratan de buscar una mejor financiación para los entes
locales. A nuestro entender, en el discurso de investidura del
presidente del Gobierno quedó claro que una prioridad era la mejora
de la financiación de los ayuntamientos, pero todo hace indicar que
nos encontramos con una situación bastante diferente de lo expresado.
Con estas
enmiendas el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya lo que
pretende es formalizar y mejorar la financiación de los
ayuntamientos. En primer lugar, nosotros entendemos que los
ayuntamientos tienen que tener facilidades para crear zonas agrarias,
parques y jardines, con una mejora de su capacidad dispositiva, y que
las juntas de cooperación y cesión a los ayuntamientos sean mucho más
accesibles. En segundo lugar, entendemos que tiene que haber una
fórmula de control para que las líneas de los servicios públicos
privatizados coticen como otras empresas privadas, ya que no es
comprensible que pequeñas y medianas empresas tengan que contribuir
fiscalmente a los ayuntamientos y, en cambio, no lo hagan las
empresas privadas que han recibido del Gobierno la privatización de
servicios básicos como luz, agua y electricidad. Asimismo entendemos
que es básico que los ayuntamientos puedan acceder, controlar y
cobrar los impuestos de las escrituras que se formalicen al cabo de
cinco años. Por estas razones mantenemos estas enmiendas.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, las enmiendas que el
Bloque Nacionalista Galego presenta a este título I pretenden sobre
todo una rebaja de la presión fiscal, que como recientes informes de
organismos internacionales han puesto de manifiesto este Gobierno ha
subido.
En primer lugar, y mientras no se determine de una manera clara cuál
es el régimen de cobertura social y salarial de los investigadores,
el Bloque Nacionalista Galego quiere que las becas y ayudas
percibidas por estos estén exentas del IRPF. También dentro de la
regulación del IRFP, el Bloque Nacionalista Galego propone que los
gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social y el 15 por
ciento, con un máximo de 250.000 pesetas, por alquiler de vivienda
habitual se contemplen como deducciones en el IRPF.
Pretende también el Bloque Nacionalista Galego que se dé el mismo
tratamiento a las explotaciones agrarias y ganaderas que el previsto
para un negocio empresarial o industrial. Es decir, que en casos de
transmisión mortis causa de la explotación se prevea una deducción
del 95 por ciento en la base imponible del impuesto sobre sucesiones.
Desde luego, la regulación actual no promueve la continuidad de este
tipo de negocios. También solicitamos que se aplique el tipo del 7
por ciento del IVA en la llamada prestación de servicios en común de
cooperativas agrarias, excluida esta aplicación del tipo mínimo por
la Ley 41/1994, Presupuestos Generales del Estado, y que se reduzca
el IVA al 4 por ciento para la entrega de bienes y objetos de
artesanía con el fin de promover este sector.
Tenemos otras enmiendas relativas a la rebaja de la presión fiscal
sobre los carburantes, para beneficiar a agricultores, y el gasóleo
de calefacción, que esperamos que reciban el apoyo del Gobierno. En
general, pedimos la rebaja de ciertas tasas que consideramos abusivas
y que no se adecuan al coste efectivo del servicio. Por ejemplo, las
tasas por acreditación catastral, las referidas a la navegación aérea
o las que se cobran y se aumentan de una manera extraordinaria por la
Dirección General de la Marina Mercante.
Una última enmienda persigue eximir del impuesto sobre transmisiones
y actos jurídicos documentados los supuestos de permuta voluntaria de
fincas rústicas de superficie mínima para favorecer -y esto es
especialmente importante para Galicia- la concentración voluntaria de
tierras de cultivo, evitando que, como sucede ahora, se grave
doblemente a ambos permutantes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Antes de continuar con el debate de las enmiendas al proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, quiero
comunicar a la Cámara que el debate no se va a suspender hasta tanto
en cuanto terminemos con este proyecto de ley, y que se votará todo
lo debatido en esta mañana al final del proyecto de ley conocida como
de acompañamiento.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria al título I,
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha mantenido para este trámite de Pleno la enmienda número
70, dirigida a la sección tercera de impuestos especiales. Desde un
principio queremos dejar claro de que los tres grandes productos
sometidos en las leyes fiscales españolas a impuestos especiales,
junto a los hidrocarburos y el tabaco está el sector de las bebidas
espirituosas, los licores, también denominados bebidas derivadas de
productos por destilación. Nosotros hablamos exclusivamente del
fenómeno que se está produciendo actualmente en España, que contempla
también el proyecto de ley de acompañamiento, referido a estas
bebidas derivadas o licores obtenidos por destilación que están
sometidos a impuestos especiales. ¿Qué está ocurriendo y qué
contempla el proyecto? Resulta que los fabricantes de bebidas
derivadas, que están sometidas, como he dicho, a estos impuestos
especiales, se ven obligados a realizar el ingreso de los mismos con
una media de sesenta días de anticipación a cuando ellos lo perciben
del comerciante minorista y lo tienen en el establecimiento en venta
al sector consumidor público. Pues bien, aparte de a la fuerte
presión fiscal que existe actualmente sobre las bebidas espirituosas
y licores y el componente fiscal que repercute sobre el precio de
venta, cosa
que no tienen, por ejemplo, los vinos de mesa, nos estamos
enfrentando a un fenómeno peculiar y es que estos fabricantes están
haciendo un anticipo del impuesto de casi más de sesenta días
liquidándoselo a la Hacienda pública y, por tanto, se produce un
diferencial que no parece correcto. Nuestra enmienda trata
sencillamente de darle un sentido lógico proponiendo el aplazamiento
del pago de productos alimenticios perecederos y de las bebidas
derivadas sujetas a impuestos especiales y que no exceda en ningún
caso de treinta días contados a partir de la entrega de la mercancía
a los minoristas comerciantes. Mi grupo -ya lo había ofertado y lo
habíamos hablado en el trámite de Comisión con el Grupo Parlamentario
Popular- sería receptivo a una enmienda transaccional, porque
entendemos que en esta cuestión de los plazos si hablamos de sesenta
días también se puede hablar de cincuenta o de setenta; en cualquier
caso, una enmienda que nos dejara satisfechos y quitara un principio
de irracionalidad absurda que existe en estas moratorias de los
pagos.
A esto se dirige, señora presidenta, nuestra enmienda número 70.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta. Voy a
compartir el turno con mi compañera Margarita Uría.
Paso a defender nuestra enmienda número 197 presentada al artículo 14
del proyecto. A través de esta enmienda pretendemos fundamentalmente
incluir en la exención prevista para las administraciones públicas en
el apartado 7 del artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones
a los servicios o explotación de redes en régimen de autoprestación,
sin contraprestación económica de terceros. Es cierto que con arreglo
a una interpretación amplia de la dicción literal del texto del
proyecto, cuando habla de servicios de interés general, las reservas
de dominio público hechas para que las administraciones públicas
respondan a sus propias necesidades de gestión interna podrían
entenderse incluidas en la exención que se configura; pero
consideramos que la inclusión de una mención expresa a estos
servicios contribuiría a clarificar el alcance real de la exención y
a evitar interpretaciones de la norma que, aun posibles con arreglo a
la dicción literal del precepto, conducirían a un absurdo como es el
de sujetarlo al pago de una tasa de determinados servicios de
telecomunicación de carácter público y oficial.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Erkoreka.
Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: La enmienda que voy a defender es a un
artículo anterior, por lo que lamento la confusión creada y el
desorden en el debate. Se trata de la enmienda número 196, que hace
referencia al artículo 9. Tal como dije en Comisión, mi grupo
felicita al Gobierno por la propuesta que se hace en el texto de la
ley de reducir a la mitad las tasas para quienes están obligados a
renovar los permisos de conducir cualquier tipo de vehículos por
razones psicofísicas. Pero nos parece que la reducción no debiera
haber ido sólo hasta la mitad, sino que razones de equidad aconsejan
que estas personas estén en igualdad de condiciones que los
ciudadanos que renovamos en períodos ordinarios. Puesto que el valor
a proteger es la seguridad vial, creemos que la reducción de la tasa
debiera hacer que estos ciudadanos paguen en los distintos períodos
en los que tengan que renovar la tasa dividida cuantas veces deban
renovar en ese período. Otra solución que también podría ser
satisfactoria, que en el caso de no ser aceptada nuestra enmienda
propondríamos en el Senado, es que cuando menos se viesen libres de
pagar, cada vez que tienen que renovar, los informes médicos de los
gabinetes correspondientes y que las certificaciones de los médicos
que les tratan habitualmente les sirviesen para acreditar la
evolución de la enfermedad psicofísica que padezcan. Tal como se
establece en la justificación de la enmienda, creemos que el bien
jurídico protegido es la salvaguarda de la seguridad vial, y es una
carga excesiva para estos ciudadanos de la que deben hacerse cargo
los poderes públicos, para que la acreditación de que están en las
debidas condiciones no les suponga un costo superior que al resto de
los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, voy a proceder a la defensa de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado al título I
del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
En primer lugar, la 123 hace referencia a la creación de una nueva
modalidad de exención de renta en el ámbito del impuesto sobre la
renta de las personas físicas. En la actualidad, el artículo 7. I) de
la Ley reguladora del IRPF establece que están exentas las cantidades
percibidas de instituciones públicas con motivo de acogimiento de
personas con minusvalía y mayores de 65 años. Mi grupo parlamentario
propone que se consideren también como renta exenta en el ámbito del
IRPF
las cuantías percibidas de instituciones públicas por el acogimiento
de menores de edad civil. Entendemos que es una exigencia de justicia
social y que no hay ningún motivo para que las rentas exentas, que ya
están incorporadas en el artículo 7.I) de la Ley 40/98, no puedan
ampliarse a este supuesto de exención al acogimiento de menores de
edad civil.
Las dos enmiendas siguientes las voy a defender conjuntamente. Hacen
referencia a una cuestión de total actualidad y se refieren a la
cuantía de las retenciones. En el sistema tributario vigente hoy en
día, en el ámbito de retenciones a miembros de los consejos de
administración o de órganos sociales que hagan sus veces, se
establece que la retención será de una cuantía fijada en el 40 por
ciento. Recientemente han existido diversos pronunciamientos
judiciales. Concretamente, las sentencias del Tribunal Supremo de 19
de mayo de 2000 y de 14 de julio también del año 2000 establecen la
necesidad de ajustar el tipo de retención a la factura fiscal final
que deberá pagar el contribuyente. Qué duda cabe que establecer un
tipo de retención para los miembros de los consejos de administración
a efectos de IRPF del 40 por ciento es desconocer la realidad de que
hay muchas empresas en España cuyos consejeros no van a situarse
finalmente, en el momento de presentar su declaración de IRPF, en un
tipo efectivo de gravamen del 40 por ciento. No todos los consejos de
administración lo son de grandes empresas con espectaculares
retribuciones, y es especialmente preocupante este tipo de retención
vigente hoy en día para los consejos de administración de pequeñas y
medianas empresas. Por ello mi grupo parlamentario propone una
alternativa consistente -es la primera de las dos enmiendas- bien en
establecer las retenciones de los miembros del consejo de
administración con el mismo sistema que está establecido para las
rentas del trabajo, es decir aplicando el sistema de tabla de las
rentas del trabajo, o si ello no es posible o no se considera
adecuado por esta Cámara determinar que para los consejos de
administración de lo que se consideran pequeñas y medianas empresas,
facturación hasta 500 millones de pesetas, se establezca un tipo de
retención fijo no del 40 por ciento sino del 20 por ciento. Insisto
en que tengo la sensación de que si no damos un paso para ajustar el
tipo de retención para los miembros de los consejos de
administraciones siquiera de las pequeñas y medianas empresas,
finalmente este tema nos va a venir impuesto de fuera, nos va a venir
impuesto del orden jurisdiccional.
La siguiente enmienda se refiere a los límites de inversión de las
instituciones de inversión colectiva. Se propone que la inversión de
cada conjunto de activos en un solo bien o derecho o en valores o
derechos emitidos por una misma empresa no excederá del 15 por ciento
del valor total del conjunto de activos. El establecimiento de este
límite del 15 por ciento permite combinar una adecuada dispersión y
diversificación de los conjuntos activos sin las complejidades de
gestión
que supone la aplicación del artículo 53 del Reglamento de ordenación
y supervisión de los seguros privados.
La siguiente enmienda hace referencia a lo que en el proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social supone una
supresión de un incentivo fiscal en la actualidad vigente. Se trata
de la deducción establecida para las producciones de cortos
cinematográficos. En el proyecto de ley en tramitación en esta Cámara
se establece que este incentivo fiscal se mantendrá a partir del 1 de
enero del año 2001 para las producciones cinematográficas pero no
para los cortometrajes. Mi grupo parlamentario considera que no
existe una razón objetiva para eliminar este incentivo fiscal, porque
si se utiliza la argumentación de que este sector no está en la
situación de resultados que podía experimentar hace una serie de
años, lo cierto es que esta reflexión nos llevaría a eliminar
cualquier incentivo fiscal en épocas de bonanza o de prosperidad
económica.
La enmienda número 130 es, a juicio de mi grupo parlamentario,
extremadamente importante desde una óptica social. Se trata de
establecer un incentivo fiscal en forma de deducción en la cuota de
un 25 por ciento de la inversión en obras e instalaciones de
adecuación necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial
que faciliten el desenvolvimiento digno y adecuado de los
trabajadores minusválidos. Es decir, se trata de favorecer
-evidentemente tiene que existir un consenso de planteamiento en
estas cuestiones entre todos los grupos de la Cámara- la inserción
laboral de las personas con alguna discapacidad mediante la fijación
de un incentivo fiscal para que las empresas, para que las entidades
mercantiles puedan recuperar, vía deducción en cuota, parte de las
inversiones que se efectúen para favorecer la accesibilidad laboral
de este tipo de personas. Es una enmienda muy importante y
significaría un paso decidido adelante para favorecer, insisto, la
inserción laboral de este colectivo tan necesitado de protección.
La siguiente enmienda es de carácter más técnico y hace referencia a
la imposición sobre no residentes. En concreto, se trata de ampliar
la aplicación del tipo del 18 por ciento establecido en este proyecto
de ley y en la normativa vigente para determinadas categorías de
rendimiento calificados como rendimientos de capital mobiliario y
aplicarlo a otra categoría de renta que también es rendimiento de
capital mobiliario según la normativa vigente del IRPF, como son los
rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguros de vida o invalidez. No apreciamos razón alguna
para que el tipo del 18 por ciento que se aplica a dividendos,
intereses, etcétera, no se aplique en su plenitud a todas las
categorías de rendimiento de capital mobiliario previstas en la
regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La enmienda 132 hace referencia al gravamen sobre bienes inmuebles
que se exige en el sistema tributario español desde al año 1992 a los
no residentes titulares de bienes inmuebles situados en territorio
español. Este gravamen se establece por diversos motivos. Uno de
ellos es evitar la interposición fraudulenta de sociedades en el
extranjero para detentar la titularidad de bienes inmuebles situados
en España que luego son objeto de uso por personas físicas españolas
que no residen en el extranjero. Para ello se establecen una serie de
excepciones en la tributación por este gravamen para los casos en que
no existe utilización fraudulenta de sociedades situadas en el
extranjero. Por ejemplo, no se exige el gravamen a las sociedades que
coticen en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.
Por ello consideramos que tampoco debe ser exigible este gravamen a
las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria
que tengan su residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión
Europea.
En la enmienda 133 mi grupo parlamentario propone que determinadas
ejecuciones de obras de albañilería tributen al 7 por ciento, con dos
correcciones o cambios respecto del régimen actualmente vigente.
Proponemos que se acojan a este tipo impositivo no sólo la ejecución
de obras de albañilería stricto sensu, sino también la de las
complementarías de fontanería, electricidad, etcétera, prácticamente
inseparables de la obra de albañilería propiamente dicha. También
proponemos que se aplique el tipo de gravamen del 7 por ciento en
aquellos casos en que la factura no sea expedida a nombre de la
persona que ha encargado la ejecución de la obra sino al de la
entidad de seguros que va a costearla.
La enmienda 134 es una propuesta de cambio normativo que trata de
atajar una situación de fraude que desgraciadamente existe hoy en día
en nuestro país. Para determinados operadores económicos -siempre es
injusto y difícil generalizar- en la entrega de desechos nuevos de la
industria, residuos y demás materiales de recuperación, su margen
operativo habitual -entre comillas- es el IVA que repercuten y que no
ingresan en la Hacienda pública. Se trata de una operativa
desarrollada por determinados agentes económicos a la que es muy
difícil poner coto o atajar. Dado que la Sexta Directiva de la Unión
Europea, reguladora del impuesto del valor añadido para los Estados
miembros de la Unión, ofrece la posibilidad de establecer el
mecanismo de inversión del sujeto pasivo para este tipo de entrega de
bienes, mi grupo propone que se establezca tal mecanismo de inversión
del sujeto pasivo para atajar ese tipo de fraude que se produce por
determinados operadores en el sector de recuperación de chatarras al
que me estoy refiriendo.
La siguiente enmienda hace referencia a una adaptación en el ámbito
de la importación de bienes efectuada a través de agencias de
transporte y transitarios. Se trata de una adaptación de la normativa
del impuesto sobre el valor añadido al no contemplar las normas
vigentes una reciente modificación en la que se autoriza a las
agencias de transporte y a los transitarios a operar en nombre propio
y por cuenta ajena, al igual que los agentes de aduanas. Entendemos
que la adaptación de la normativa tributaria a la operativa concreta
de las
agencias de transporte y transitarios es absolutamente necesaria
después de la modificación producida en virtud del Real Decreto 1889/
1999 y la Orden del Ministerio de Hacienda de 9 de junio de 2000.
La siguiente enmienda hace referencia al impuesto sobre transmisiones
patrimoniales. Los artículos 46 y siguientes del Real Decreto
legislativo 1/1993 establecen para la generalidad de las
transmisiones que se produzcan de bienes o derechos la posibilidad de
que la Administración con competencias al respecto efectúe la llamada
comprobación de valores, en virtud de tasación pericial que pueda
instarse contradictoriamente por parte de los sujetos afectados. Lo
cierto es que el real decreto legislativo no permite la facultad de
comprobación de valores en las transmisiones producidas por subasta
y, a juicio de mi grupo parlamentario, no existe una razón de
política social o de política fiscal con carácter general que permita
la aplicación de la comprobación de valores a una compraventa normal
realizada entre particulares y no permitirla en las transmisiones de
bienes realizadas por subasta pública, notarial, judicial o
administrativa.
La enmienda 138 hace referencia a la proposición realizada por mi
grupo parlamentario de destinar una parte de lo que se recaude en
virtud del impuesto especial sobre las labores del tabaco,
concretamente un 1 por ciento, a la financiación de medidas de
política sanitaria para prevenir los daños causados por el consumo de
tabaco. Entendemos que es una enmienda que se justifica desde un
punto de vista social, habida cuenta que hoy en día -son datos
recientemente difundidos- la edad de inicio de los fumadores se ha
rebajado a los 17 años y que un 15 por ciento del gasto sanitario
global deriva de este hábito y su repercusión negativa en la salud de
sus consumidores.
La siguiente enmienda hace referencia a las tasas por permisos para
conducción cuando las pruebas de aptitud se realicen fuera de la
capital de la provincia e inspección practicada en virtud de precepto
reglamentario, referidas a las autoescuelas. Fundamentalmente en el
primer concepto entendemos que técnicamente esta tasa no se sostiene.
Las tasas se exigen por prestar un determinado servicio y la
diferenciación establecida en el actual régimen jurídico-tributario
vigente de cobrar una cuantía adicional o específica para cuando el
examen de conducción se realice fuera de una determinada capital de
provincia entendemos que no se sostiene desde un punto de vista
técnico.
En la siguiente y última enmienda que mi grupo parlamentario ha
presentado a este título I del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, proponemos que quede exenta de
pago la tarifa B1 por la utilización por parte de los pasajeros de
las infraestructuras aeroportuarias no accesibles a los visitantes,
así como de las facilidades aeroportuarias complementarias en el
supuesto de que los aeropuertos presenten un resultado negativo en su
cuenta de explotación. Es decir, se trata de que determinados
aeropuertos, en
número importante, que presenten unos resultados negativos, en tanto
en cuanto dure esta situación, no tributen por las tasas a las que he
hecho referencia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, de nuevo, un año más, el Grupo Parlamentario Socialista se
ve obligado a expresar su desacuerdo con el uso inadecuado que hace
el Gobierno de la ley de acompañamiento. Señorías, esta ley convierte
a esta Cámara en un buzón de medidas heterogéneas que tienen que ser
discutidas de manera precipitada, lo que supone una vulneración del
principio de seguridad jurídica. No podemos aceptar que exista una
ley ordinaria que, con carácter anual, contenido indeterminado e
impredecible, opere sobre la totalidad del ordenamiento jurídico. La
modificación abusiva de gran número de leyes sobre materias dispersas
constituye una degradación efectiva de la función del Parlamento.
Esta ley modifica tributos, cuando el procedimiento adecuado para su
modificación se debería hacer dentro de una ley tributaria. Dichos
cambios, señorías, no guardan relación directa con el presupuesto al
que dicen complementar; por el contrario, no constituyen un contenido
necesario para la aplicación de éste ni de la política económica del
Gobierno en general. Las modificaciones fiscales repercuten sobre
todas las figuras tributarias, constituyendo un modo encubierto de
imponer un nuevo sistema fiscal, sin que pueda debatirse en
profundidad y de forma pormenorizada en la Comisión de Economía, como
correspondería si el Gobierno siguiera el procedimiento adecuado.
Allí, en la Comisión de Economía, señor Martínez-Pujalte, en una ley
tributaria, sería donde tendríamos que discutir los cambios fiscales
que afectan a los beneficios de las pequeñas y medianas empresas.
Como sé que este es un tema que le gusta, le adelanto -lo que dará
contenido, imagino, a su intervención- que el Grupo Socialista
defiende deducciones a las pequeñas y medianas empresas cuando éstas
son motores de inversiones en nuevas tecnologías, cuando la pequeña y
mediana empresa va a incidir directamente sobre los aumentos de la
productividad. Nosotros creemos -porque en definitiva usted sabe que
la literatura económica no da alternativa- que hay una asociación
positiva entre crecimiento y productividad, por mucho que desde aquí
y desde los asientos del Grupo Popular se intente subvertir lo que es
un principio aceptado por toda la literatura económica. Sin embargo,
no son sólo las modificaciones fiscales; la heterogeneidad del
contenido de la ley de acompañamiento da lugar a numerosos cambios, a
los que otros diputados de mi grupo harán referencia, que afectan a
la organización del sector público, a la personalidad jurídica de sus
entes, al cuerpo de funcionarios y al propio concepto de servicio
público.
Obligada por esta miscelánea normativa a que nos somete el Gobierno,
pasaré muy rápidamente a defender las enmiendas presentadas por mi
grupo al título I, secciones 1.a y 2.a, artículos 1 al 7, del
proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Con relación al artículo 1, sobre modificación de la Ley 40/1988, de
9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y
otras normas tributarias, presentamos dos enmiendas de adición a los
apartados dos y tres respectivamente. El Grupo Socialista entiende
que el fin último de las ayudas percibidas para la adquisición,
autopromoción y rehabilitación de la primera vivienda por sus
titulares queda desvirtuado por su sometimiento a gravamen en el
IRPF. De ahí que solicitemos su exención, siempre que el resto de
ingresos del contribuyente no supere los 3,5 millones de pesetas.
Igualmente consideramos que deben eximirse del pago de tributación
del IRPF las aportaciones de la Administración que sean consecuencia
de catástrofes, incendios u otros sucesos de similar naturaleza. Por
último, y con relación al punto dos de este artículo 1, proponemos
actualizar a dos millones de pesetas el límite para acceder a la
exención del pago tributario por la prestación de desempleo en una
única modalidad de pago. En relación al punto tres del artículo que
nos ocupa, proponemos una enmienda de adición por la que se exime de
la obligación de presentación de la declaración del IRPF a todos
aquellos pensionistas con ingresos inferiores a 3,5 millones de
pesetas, aunque estos ingresos percibidos provengan de diversos
pagadores. Creemos que esta enmienda se basa en el principio de
equidad, ya que con la actual ley de acompañamiento este grupo de
pensionistas, si recibiera esa cantidad por diversos pagadores,
saldrían perjudicados en relación al resto del colectivo.
Respecto al artículo 2, hemos presentado dos enmiendas de adición.
Proponemos, en primer lugar, la derogación del artículo 127.bis de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, porque en su versión actual es
injusta, discriminatoria y no neutral al introducir diferentes
tributaciones. En segundo lugar, proponemos la incorporación de un
nuevo apartado en el artículo 33, por el que la inversión en activos
afectos a la producción de energía pueda tener derecho a una
deducción del 10 por ciento.
En el artículo 3 proponemos la supresión de los apartados tres y
cuatro, dado que entendemos que no hay ninguna razón que justifique
un tratamiento privilegiado de las ganancias patrimoniales y de las
rentas de capital percibidas por no residentes.
La señora PRESIDENTA: Señora Costa.
La señora COSTACAMPI: Para acabar, señora presidenta, proponemos tres
enmiendas de adición al artículo 5. En la primera defendemos aplicar
el tipo superreducido del IVA a todas las viviendas de protección
oficial, cualquiera que sea su régimen. Igualmente, con el objetivo
de reconocer la singularidad de las empresas municipales que realizan
un servicio público, y a fin de que puedan tener un tratamiento
tributario acorde con la función que realizan, proponemos también la
modificación que queda recogida en el texto escrito. Y, por último,
proponemos que las subvenciones que no integran la base imponible en
el cómputo del IVA, que van dirigidas a los institutos tecnológicos
y que están subvencionando proyectos de I+D, no queden contabilizadas
en el prorrateo del cálculo. Sabemos que los institutos tecnológicos
son agentes decisivos en la difusión de la tecnología, siendo, señor
Martínez-Pujalte, tan importantes para las pequeñas y medianas
empresas como la deducción fiscal que se propone, yo diría que mucho
más. En todo caso, la que proponemos nosotros es la que ayuda a la
inversión.
Nada más, señora presidenta. Termino mi turno porque el diputado
señor Segura acabará con la defensa de este título I. Gracias.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, complemento la intervención del Grupo
Parlamentario Socialista con unas consideraciones acerca de los
artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del título I de este proyecto de ley que
estamos debatiendo en estos instantes. En primer lugar, señorías, por
lo que se refiere al artículo 8, constituye una preocupación para el
Grupo Parlamentario Socialista la forma en que se está tramitando.
Como todos ustedes saben, porque ha sido objeto de muchas
consideraciones en las Cortes Generales, Canarias, como consecuencia
de una ley fiscal del año 1991 y de otra ley de régimen económico y
fiscal del año 1994, de naturaleza esencialmente económica, dispone
de un mecanismo de fiscalidad diferente del que tiene el resto del
Estado español, derivado de la condición de región ultraperiférica
y del reconocimiento histórico de una singularidad de esa comunidad.
Señorías, el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
de Canarias exige el informe favorable del Parlamento de Canarias
cada vez que se produzcan modificaciones en los contenidos de las
leyes a las que acabo de hacer referencia. Así pues, el Parlamento de
Canarias emitió un informe desfavorable -un informe favorable
necesita el voto de las dos terceras partes de los miembros del
Parlamento- en relación con el contenido del artículo 8 remitido por
el Gobierno y nos encontramos con que no solamente dicho Parlamento
no emitió un informe favorable del contenido de ese artículo remitido
por el Gobierno, que se recoge en el dictamen, sino que, además, sin
que
haya mediado petición de informe al Parlamento de Canarias, a
propuesta de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, que,
cogiditos de la mano, presentaron cerca de 12 enmiendas firmadas
conjuntamente por los dos portavoces de los dos grupos, se ha añadido
al dictamen, no habiendo tenido siquiera oportunidad el Parlamento de
emitir informe. Desde nuestro punto de vista, esto es una flagrante
violación de un mandato derivado del Estatuto de Autonomía de
Canarias. En los contenidos, naturalmente, no vamos a entrar por
razones de premura de tiempo; simplemente hacemos referencia a este
aspecto de naturaleza formal, aparte de manifestar que el incremento
en la fiscalidad que se va a producir en Canarias en toda una serie
de sectores está siendo rechazado no solamente por esos sectores,
sino además por las corporaciones locales, que se van a ver afectadas
como consecuencia de la disminución de los rendimientos económicos
derivados del arbitrio a la importación, una figura tributaria
coloquialmente conocida como APIC. Hay un incremento notable en la
recaudación del Gobierno de Canarias, impulsado políticamente por la
necesidad de rellenar unas lagunas deficitarias derivadas de una mala
gestión en dos consejerías, la de Educación y Sanidad, y por ello es
por lo que se producen esos incrementos en las figuras tributarias en
el impuesto general indirecto.
En el artículo 11, señorías, nos preocupa la nueva regulación de la
tasa de aterrizaje. En el día de ayer, el diputado que en estos
momentos tiene la oportunidad de dirigirse a SS.SS., en el debate de
la sección 17, Ministerio de Fomento, ya alertó al ministro
diciéndole que en la ley de acompañamiento se produce una
modificación estructural de la regulación de las tasas de aterrizaje
que va a ser objeto de importante acción de recurso por parte de las
compañías aéreas y de las asociaciones de consumidores. Se ha hecho
con la finalidad de incrementar la recaudación de Aena, que va a
aumentar, según la previsión, en unos 8.900 millones de pesetas, y
nosotros...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego vaya concluyendo.
El señor SEGURACLAVELL: Sí, señora presidenta.
Nosotros queremos dejar claro y patente que además lleva contenida
una modificación del mecanismo diferenciador en el cobro de la tasa
de aterrizaje en regiones archipielágicas, como es el caso de
Canarias y Baleares, que ahora se elimina radicalmente. Se va a
incrementar un 30 por ciento el coste de la tasa de aterrizaje en
esos dos archipiélagos, y nos resultaría sorprendente que grupos
parlamentarios que han defendido la posición de la diferenciación en
el coste de las tasas hoy diesen su voto favorable a este artículo
11.
Termino, señorías, señora presidenta. El artículo 12, de tasas por la
prestación de servicios por la Dirección General de Marina Mercante,
nos merece muy brevemente unas reflexiones. En el punto 48, de los
sesenta
y pico puntos que integran ese artículo, certificado de navegabilidad
de embarcaciones de recreo, queremos dejar muy claro que, dado que la
Dirección General de Marina Mercante ha externalizado la función de
control, de exigencia del certificado de navegabilidad de
embarcaciones de recreo a empresas privadas, con el incremento que
ahí se recoge se están posibilitando unas recaudaciones excepcionales
en esas especies de ITV, ya que de la misma manera que hay en tierra
las inspecciones técnicas de vehículos existen para las embarcaciones
la ITB, por entendernos, es decir, empresas dedicadas a la inspección
técnica de barcos...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego dé por concluida su
intervención.
El señor SEGURA CLAVELL: Si es tan amable, señora presidenta, son
diez segundos.
El punto 51, refrendo de certificados emitidos por sociedades de
clasificación, merece nuestro rechazo más absoluto. De ahí, señorías,
señora presidenta, que nosotros reafirmemos, en los contenidos de
estos artículos, la discrepancia total del Grupo Parlamentario
Socialista y, en consecuencia, nuestro voto desfavorable.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Segura.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías,
empezamos el debate de la ley de medidas administrativas, sociales y
fiscales, la ley de acompañamiento. La portavoz socialista nos dice
que se hace un uso inadecuado del parlamento con esta ley. Con
asombro se observa que el Grupo Socialista presenta enmiendas. Si les
parece mal la ley, lo mejor es no presentar enmiendas, pero es que
presentan enmiendas que modifican los preceptos un poco más de cuatro
veces más que lo que hace el propio proyecto de ley.
Como muy bien dijo el portavoz del Grupo Popular, señor Cámara, en
Comisión, esta no es una ley cuya paternidad haya que atribuírsela al
Partido Popular, es una ley cuya paternidad corresponde al Partido
Socialista, lo que es evidente es que tiene una enorme eficacia para
ayudar a conseguir los objetivos del presupuesto de 2001. De hecho,
el Grupo Socialista así lo reconoce al plantear enmiendas. Alo largo
de este debate, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado
enmiendas prácticamente de todos los grupos de la Cámara; hemos
aceptado enmiendas de nuestro propio grupo, hemos aceptado enmiendas
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
del Grupo de Coalición Canaria y hemos aceptado enmiendas del Grupo
Socialista. El Grupo Parlamentario Popular ha demostrado capacidad de
consenso, capacidad de diálogo a la hora del debate del presupuesto
para 2001 y lo hemos hecho porque creemos que es
bueno construir un texto que ayude a hacer realidad los objetivos
marcados en el presupuesto para 2001.
Esos presupuestos, señorías, son los que hemos ido citando a lo largo
de la mañana, crecimiento, empleo, bienestar y presencia importante
en Europa. Para la consecución de esos objetivos, el Grupo
Parlamentario Popular, el Gobierno del Partido Popular, con la
colaboración de otros grupos de la Cámara, como el Catalán
(Convergència i Unió), como el de Coalición Canaria, lleva trabajando
cuatro años en una reforma del sistema tributario que haga de nuestro
sistema fiscal un instrumento eficiente para los objetivos de
política económica, es decir, un instrumento que ayude al
crecimiento, que ayude a la creación de empleo, que ayude a la
internacionalización de la empresa española y que además sea un
instrumento que reparta con equidad la carga tributaria. En eso hemos
ido trabajando a lo largo de estos años. Hemos reformado -como
también se ha dicho aquí esta mañana- el marco fiscal del ahorro, el
marco fiscal de las pymes, hemos reformado el marco de tributación de
sucesiones y donaciones de los pequeños negocios familiares, el marco
fiscal para la internacionalización de la economía, hemos reformado
también, por último, el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Con eso concluyó la legislatura anterior. Al inicio de esta
legislatura mi grupo parlamentario convalidó un Real decreto de
medidas fiscales, que trajo a la Cámara el Gobierno para seguir
impulsando esa reforma tributaria y, posteriormente, para hacer
frente a la situación más difícil por la que atravesaban algunos
sectores especialmente castigados por el precio del petróleo,
trajimos un Real decreto que convalidó mi grupo para apoyar a
agricultores, pescadores y transportistas. ¿Cuál ha sido la posición
del Grupo Socialista a lo largo de todas estas reformas? Votar
siempre que no. Señorías, siempre han votado que no. Votaron que no
en la anterior legislatura, han votado que no en esta legislatura; y
siempre que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una reforma
fiscal ha contado con los apoyos del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), que además de apoyarlo ha hecho sugerencias muy importantes
que se han ido incorporando, y con el del Grupo de Coalición Canaria,
que también ha hecho sugerencias que se han ido incorporando. Y
siempre, monolíticamente, el Grupo Socialista ha votado que no a las
reformas fiscales. Parecía que iban a cambiar, parecía que el Grupo
Socialista, después de su último congreso, mantenía otra posición, ya
que modificaban sus planteamientos antiguos, y parecía que quería
empezar a decir que una reforma fiscal que bajara los impuestos a los
ciudadanos era buena. Vemos con asombro que siempre sigue votando que
no a las reformas fiscales. Mi grupo parlamentario quiere seguir
trabajando por construir un sistema tributario más moderno, más
eficiente, más justo y además un sistema tributario que baje la
imposición de todos los ciudadanos, sobre todo de los de rentas más
bajas, de pensionistas,
de las familias de asalariados. Nosotros estamos comprometidos en
esta tarea. Ahora presentamos a la Cámara un presupuesto con
equilibrio. Vamos a afrontar, al inicio del año, una modificación
sustancial de la financiación de las comunidades autónomas y,
posteriormente, seguiremos afrontando reformas fiscales que tenemos
comprometidas en nuestro programa para bajar la imposición en el IRPF
y para eliminar el IAE en la imposición de las pequeñas y medianas
empresas.
Sin embargo, el Grupo Socialista presenta un grupo de enmiendas
llenas de incoherencia, y me voy a referir a ello, señora Costa.
Nosotros en la legislatura pasada dijimos que queríamos que las
pequeñas y medianas empresas tributaran menos, lo dijimos porque
estábamos convencidos de que éstas tenían que ser motor del
crecimiento, y establecimos, con los votos del Grupo Popular, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de Coalición
Canaria, y en esa ocasión también del PNV, un tipo impositivo del 30
por ciento para las pymes societarias, entendiendo por éstas a
aquellas con un volumen de facturación de 350 millones de pesetas.
Dice posteriormente que el Grupo Parlamentario Popular también apoyó
con un real decreto-ley de junio que esa rebaja llegara a más
pequeñas y medianas empresas, y estableció que eso fuera efectivo
para todas las empresas con un volumen de facturación hasta 500
millones de pesetas. El Grupo Socialista presenta una enmienda a ese
proyecto de ley en Comisión diciendo que no, que el 30 por ciento se
aplicara a todas las empresas hasta 1.000 millones, y la señora Costa
dijo ese día en la Comisión: nuestro grupo quiere que se apoye
realmente a las pymes, si no se da un apoyo a la enmienda presentada
por el Grupo Socialista ampliando ese tipo para las empresas hasta
1.000 millones de facturación no estaríamos defendiendo una posición
ideológica, sino que ustedes no tendrían una posición de sentido
común, no estarían legislando con honradez. Eso lo dice usted en
Comisión y posteriormente presenta una enmienda para que eliminemos
ese tipo impositivo, y dice que hay que hacerlo en otro sitio. Yo le
digo: mire, señora Costa, hoy, cuando su grupo parlamentario vote la
enmienda 220, si usted vota en el sentido que le indique su grupo,
estará contradiciéndose con sus palabras dichas en Comisión, y esa es
una muestra de la incoherencia en materia tributaria del Grupo
Socialista, que dicen un día una cosa, al día siguiente otra, y así
no construimos un sistema tributario que ayude a conseguir los
objetivos de política económica. Así no avanzamos, señora Costa. Yo
le animo a que su grupo retire la enmienda 220 y que dejemos el tipo
impositivo del 30 por ciento para las pymes. Retiren ustedes esa
enmienda si son coherentes. Pero si retiran esa enmienda, se les
desmonta todo el entramado de las enmiendas que habían presentado al
proyecto de presupuestos del Estado, y eso no lo pueden hacer. Así no
construyen discursos coherentes, los discursos coherentes pasan por
reformas tributarias que ayuden de verdad a los ciudadanos, a las
pequeñas
y medianas empresas, a los objetivos de política económica.
Señora Costa, hoy nos dice que han presentado una enmienda para
declarar exenta la prestación del pago único del desempleo. Yo se lo
agradezco, señora Costa. Pero tiene que saber que mi grupo
parlamentario, en 1996, ya introdujo esa exención hasta medio millón,
y ustedes votaron que no; que en 1997 elevamos esa exención hasta un
millón, y ustedes votaron que no, y que en el trámite de ponencia de
este proyecto hemos incluido una enmienda elevando la exención a dos
millones, y el Grupo Socialista votó que no hace una semana. Señora
Costa, así no se puede avanzar en un diálogo fructífero para
construir un sistema tributario adecuado. Mi grupo parlamentario va a
votar que sí al proyecto de ley y no podemos votar más que
negativamente a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
Quiero decir una cosa antes de acabar, señora presidenta. No está
aquí el señor Segura, pero quiero decir con claridad que mi grupo
parlamentario, con el Grupo de Coalición Canaria, introdujo en
ponencia unas enmiendas referentes al sistema tributario en Canarias
-lo que marca la ley es que se consulte al Parlamento canario-,
enviamos el escrito a la Mesa del Congreso, que ha decidido por
unanimidad, y siguiendo el marco legal vigente, enviarlo al
Parlamento canario. O sea, que el señor Segura, con mucha solemnidad,
ha querido confundir a esta Cámara. Mi grupo está empeñado, señorías,
en seguir trabajando por tener un sistema tributario que reparta con
equidad la factura fiscal, que haga que paguen menos impuestos los
españoles, sobre todo los asalariados, las familias, los
pensionistas...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que termine.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Y además vamos a seguir trabajando,
porque eso crea empleo y mejora el bienestar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del título II. En primer
lugar, enmiendas del señor Puigcercós. Título II
Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendida la enmienda del señor Puigcercós y las demás del
Grupo Mixto, y voy a defender las dos enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego. La primera es una enmienda de sustitución del
apartado b), párrafo primero, del artículo 23 del proyecto de ley,
que persigue que los intereses en caso de autoliquidación se calculen
desde el momento de la fecha del ingreso y no, como sucede ahora,
desde el momento de la liquidación, porque pensamos que la buena fe
del cotizante
siempre se presume. Por tanto, salvo que se demuestre lo contrario,
parece que no tiene sentido penalizarlos, al menos parcialmente, con
este pago de intereses. En segundo lugar, presentamos al artículo 23
una enmienda de supresión, porque no nos parece adecuado establecer
una renta activa de inserción -sobre todo cuando determinadas
comunidades autónomas, como es el caso de la gallega, tienen ya
establecidos salarios sociales- sin el debate necesario para un
proyecto de ley de este tipo, sin haber negociado antes con las
comunidades autónomas, que realmente son las que tienen competencia
en materia de asistencia social. También es criticable establecer
esta renta mínima de inserción social a través de una habilitación
reglamentaria al Gobierno, lo cual convierte esta renta de inserción
social, aparte de invadir competencias autonómicas, en algo
absolutamente inestable, es decir, un año se puede establecer y al
año siguiente, por una disposición reglamentaria en sentido
contrario, suprimir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Txueka,
adelante.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Doy por defendidas las enmiendas 198 y 199, y voy a defender la
enmienda 194, que se refiere a la Seguridad Social de docentes en
lengua actualmente oficial.
Como es sabido, la falta de reconocimiento del pluralismo lingüístico
y cultural en el régimen anterior dificultaba e impedía la enseñanza
en la lengua actualmente oficial distinta al castellano,
imposibilitando, entonces, el reconocimiento de los derechos de
Seguridad Social, con lo cual quedan perjudicadas sus posiciones a la
hora de acceder actualmente a prestaciones de dicho sistema.
El artículo que proponemos será aplicable cualquiera que sea el
régimen de la Seguridad Social en que se devengue la prestación y
viene a considerar como cotizados, o como servicios prestados en
terminología de clases pasivas, los cursos en los que se impartió la
enseñanza. Lógicamente, resultará innecesario cuando el trabajador
haya alcanzado el máximo derecho establecido legalmente. No procederá
tampoco el abono cuando no hubiese sido posible la cotización en una
situación análoga pero legal ni cuando el período ya hubiese sido
cotizado. Se limita al reconocimiento a una determinada generación
-las personas mayores de 50 años- y, tratándose de una enseñanza
clandestina e informal en muchos aspectos, dicho reconocimiento
requiere facilitar la prueba que se llevó a cabo, por lo que
establecemos un procedimiento administrativo en el que se otorga
competencia a la Administración educativa.
Se nos están planteando dudas por parte del Gobierno y del Partido
Popular, como que no existe la cuantificación. Yo desearía
tranquilizarles manifestándoles que no es que ésta sea muy pequeña,
sino que será meramente simbólica y también diciéndoles que podrían
crearse agravios comparativos con otros colectivos, por ejemplo, los
sindicalistas. Nuestra opinión es que si existe un agravio, si
existen otros colectivos en situaciones parecidas, sería de justicia
tenerlos en cuenta. Por lo tanto, se calculará y se atenderá.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, señoras y
señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
a este título II de la Ley de acompañamiento ha presentado varias
enmiendas que van en la dirección en la que este grupo parlamentario
ya viene insistiendo desde hace mucho tiempo, porque que el empleo
debe ser nuestra prioridad política es algo tan repetido que puede
pasar a ser una verdad tan manida como poco operativa. En diversos
debates, Izquierda Unida ha reprochado al Gobierno que no desarrolla
consecuentemente las políticas de empleo, al menos no lo suficiente
como para dar seguridad a los desempleados y desempleadas en un
futuro menos comprometido.
Hemos reprochado al Gobierno, y volvemos a hacerlo hoy, que estos
presupuestos no son en materia de empleo otra cosa que un
acompañamiento escasamente activo de la evolución económica. Los
datos persisten en darnos la razón. La EPA del tercer trimestre ha
revelado el crecimiento del ritmo de descenso del desempleo -menos 1
punto frente a casi 7 puntos del trimestre anterior-. Hay quien lo ha
llamado efecto bañera; yo lo llamaría jarro de agua fría, derivado de
un parón de la actividad económica que parece que va a ser menos
venturoso de lo que hace unos días, en la peregrinación del Gobierno
no sé si al Congreso de Convergència o a Cataluña, decía el propio
presidente del Gobierno, señor Aznar. En otras palabras, cuando la
economía española no va -pues no se acaba con el desempleo-, cuando
se para, mucho o poco, da igual, éste vuelve a aparecer como una
amenaza. Todo presupuesto que sea como éste, un simple
acompañamiento, no interviene ante el desempleo como en estos
momentos desearía la economía española.
Hemos insistido en diversos debates presupuestarios en la necesidad
de auspiciar un crecimiento de las políticas activas similar al de la
economía española frente a la lógica de estos presupuestos del Estado
en los que el crecimiento de las políticas activas es inferior al de
la economía.
Pero eso no es suficiente. Ante nosotros aparece la necesidad de
afrontar iniciativas estructurales que permitan dar un salto
cualitativo en la actitud ante el desempleo. Tarde o temprano,
nuestro país, como han hecho otros, ha de plantearse el problema del
tiempo de trabajo y su reorganización. Ya sabemos que esta cuestión
no está en los genes de la derecha política, que ustedes tienden a
observar el movimiento histórico de la reducción de jornada como una
intolerable apropiación de la productividad por parte de los
trabajadores. Déjennos decirles que a muchos nos parece intolerable
la apropiación de la productividad que condena a un 14 por ciento de
la población activa al desempleo.
Parece que los analistas del papel sepia empiezan a advertir que el
trabajo precario y temporal no se convertirá en productividad
generadora de empleos gracias a la nueva economía. Las cosas, como
era evidente, son bastante más complicadas y bastante más difíciles.
En este contexto, les proponemos considerar la duración de la jornada
laboral, su reordenación, el problema de las horas extraordinarias,
el trabajo a tiempo parcial como una forma de empleo voluntario y con
derechos, la interrupción voluntaria del empleo, las jubilaciones
anticipadas y los contratos de relevo. Éste es el objetivo de nuestra
enmienda más relevante a esta Ley de acompañamiento.
Por otra parte, las horas extraordinarias constituyen la expresión de
un reiterado fracaso de nuestro modelo laboral. Mientras nuestra
economía no establezca mecanismos de control y negociación colectiva
en este campo, no tienda a compensar con tiempo y no con salario la
prestación extraordinaria o no penalice estableciendo menores y más
rígidos topes a su realización, será imposible que esta práctica se
limite al carácter extraordinario que la justifica. Debemos ser
conscientes de que la superación de las horas extras no acumula
tiempo de trabajo que permita cambios estructurales en la creación de
empleo. Desde esta perspectiva, les proponemos la introducción de la
jornada laboral de 35 horas sin reducción salarial. La tendencia de
reducción de jornada, que empezó en los años ochenta, se ha detenido.
El hecho bastante grave desde este punto de vista es que, a partir
del segundo trimestre de 1999 -y nos referimos a jornada efectiva-,
la jornada ha aumentado salvo en el sector de la construcción; es
decir, no sólo tenemos pendiente el impulso de la reducción de
jornada, sino que se camina justo en la dirección contraria. En este
campo es fundamental impulsar la negociación entre los agentes
sociales, impulsar la negociación de todos los ámbitos de nuestra
economía, que es una responsabilidad del Gobierno y de su capacidad
de influencia. La diferencia entre jornada negociada y no negociada
en trabajadores a tiempo completo es casi de cinco horas.
Nos tememos que el señor Aznar impulsa una reforma del mercado
laboral que desprecia los tres problemas más serios del mercado de
trabajo: la insuficiencia de cobertura, la temporalidad y la
organización del
tiempo de trabajo. Por el contrario, insiste en el precio de salida
del mercado de trabajo como variable determinante, cuando no hay un
solo dato que demuestre que el problema de fondo se encuentre en este
punto. El Gobierno debe asumir su propia responsabilidad en cuanto al
desarrollo de las reformas de todo tipo necesarias para que la
reducción del tiempo de trabajo sea abordada en su sentido más amplio
en el marco de la política de fomento del empleo. A este respecto, no
dejamos de reclamar que se establezca cuanto antes la elaboración de
los instrumentos normativos y financieros más adecuados para promover
la reducción general de la jornada laboral. Ésta es una demanda que
habrá de imponerse en la economía española.
Otro elemento relativo a la reordenación del tiempo de trabajo es la
jubilación. Proponemos la anticipación de la jubilación a los 60
años, estableciendo la propuesta de incluir esta jubilación y el
contrato de relevo entre las medidas a incentivar. Ustedes, a impulso
del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, persisten en
la dirección contraria en nombre de la defensa del sistema de
pensiones. Señorías, este argumento es el que mejor expresa su
desconfianza a largo plazo en que la economía española sea suficiente
para crear empleo. No parece que ustedes deseen más cotizantes, sino
cotizantes más viejos.
Una segunda política, además de la reducción del tiempo de trabajo,
debería ser la creación de empleo estable y de calidad. La
temporalidad y la rotación de trabajadores es un hecho indiscutible,
reflejo de la incapacidad estructural de la economía española frente
al empleo. No se encuentra en los presupuestos ningún atisbo de
iniciativa que vaya más allá de la bonificación de cuotas. Nuestras
enmiendas proponen incentivos en los presupuestos del Estado a las
empresas que implantan las 35 horas con empleo estable y contratos de
relevo, y penalizaciones en el campo del uso y abuso de las ETT.
Proponemos, y creemos que podemos moralmente exigir, una actitud
ejemplar de la Administración. Los recursos públicos y su gestión
deberían vincularse a la reducción de la temporalidad y el abuso de
la misma y sus empresas gestoras en la propia casa pública. Por el
contrario, como hemos tenido oportunidad de debatir estos días, la
gestión pública viene amparando el aumento de la temporalidad.
La tercera política que anima a nuestras enmiendas es la articulación
de un modelo de rentas que impida la exclusión social. No compartimos
la evaluación de las tasas de cobertura que contienen los documentos
presupuestarios, pero no vengo a debatir sobre estadística, porque
sería suficiente constatar que, según esas cifras, cuatro de cada
diez parados, la mayoría con responsabilidades familiares, carecen de
renta de sustitución. En este contexto, que ustedes definen de
equilibrio de cuentas públicas, de un déficit cero que cada día
parece más improbable como insolidario, proponemos, en primer
término, un esfuerzo presupuestario para completar el sistema de
subsidios estableciendo para estas personas
una renta mínima. La renta mínima, señorías, constituye otra
reflexión insoslayable si se desea dotar a nuestro sistema económico
de una barrera a la exclusión. Esta será en el futuro la diferencia
entre un Estado de beneficencia, compasivo, como se dice ahora, o un
Estado de bienestar. La capacidad de enfrentarse a la exclusión y,
tarde o temprano, el sistema de rentas de inserción será el modelo
que nuestra sociedad deberá aceptar como el más útil y más coherente
con un sistema social basado en la protección a las personas.
Forma parte de la misma reflexión el debate que debe efectuarse sobre
el salario mínimo. Proponemos mejorar notablemente su dotación y
garantizar una revalorización coherente con la evolución real de los
precios y la pérdida de capacidad adquisitiva de este instrumento de
protección.
La señora PRESIDENTA: Señor Ruiz, le ruego concluya.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Sí, estoy acabando, señora
presidenta.
Independientemente del resultado de este debate, animamos a SS.SS. a
realizar una reflexión de contenido social. La actividad económica de
períodos precedentes no ha garantizado el pleno empleo del que en
algún momento de euforia se ha llegado a hablar. Ahora que se produce
una ralentización, deberíamos estar al menos en condiciones de
responder sin dejarnos llevar pasivamente por el mercado. Esta
izquierda, señorías, para terminar, no cree que cuanto mejor, peor;
por lo tanto, no expresa ninguna alegría al comprobar que algunas
referencias a lo vulnerable, por externo, de nuestras tasas de
crecimiento económico eran acertadas. Lo que afirmamos es que esta
izquierda sí tiene el desempleo entre sus prioridades y no dejará de
convocar a la sociedad española a una reflexión permanente sobre un
crecimiento basado en la justicia, esto es, en el reparto de las
posibilidades en términos de empleo y de renta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a proceder a la defensa de las dos
enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado al título II del
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden
social. En primer lugar, la número 142 hace referencia a la gestión
de la ayuda específica de la renta activa de inserción. En ese
sentido, el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social,
cuando define la acción protectora de la protección por desempleo,
incluye dentro de
ésta las acciones de formación e inserción profesional a favor de los
desempleados. La gestión de las políticas activas ha sido transferida
a diversas comunidades autónomas, de manera que las actuaciones
favorecedoras de la inserción laboral dirigidas a desempleados con
especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar
empleo deberán ser gestionadas por la Administración competente en el
territorio que corresponda. Por este motivo, mi grupo parlamentario
propone incorporar al final del artículo 23 una referencia a que
estas ayudas serán gestionadas por la Administración competente en
materia de gestión de las políticas activas de ocupación; enmienda
que entendemos como necesaria y aclaratoria respecto a quién
corresponden las competencias para llevar a cabo estas tareas
gestoras.
La segunda y última de las enmiendas presentadas por mi grupo a este
título II del proyecto de ley de medidas de acompañamiento hace
referencia a la cotización por contingencias de trabajo y enfermedad
profesional de determinadas categorías de empleados. Así, entendemos
que determinados empleados, como encargados, taquilleros,
administrativos, etcétera, que presten sus servicios en aparcamientos
al aire libre y no en espacios cerrados, deben cotizar por el
epígrafe 108 por razón de su mayor riesgo o peligrosidad en el
desempeño de sus tareas, mientras que las mismas categorías de
empleados que cumplan sus tareas en ámbitos cerrados creemos más
lógico incluirlas en el artículo 113, equiparándolos a empleados de
oficinas en general.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, voy a defender
conjuntamente las nueve enmiendas que tenemos al título II y las
nueve transaccionales, ya que al estar todas relacionadas, me
repetiría un poco al subir dos veces a esta tribuna.
Estamos hablando de una ley llamada, en términos coloquiales, Ley de
acompañamiento a la que casi podríamos llamar la madre de todas las
leyes, porque es la ley que todo lo cambia y todo lo toca. Durante un
año y pico hemos estado haciendo leyes y llega ésta y todas las toca
y nos las cambia todas. Nos preguntaba antes el señor Martínez-
Pujalte que si no estábamos de acuerdo con ella por qué presentábamos
enmiendas. Si no estás de acuerdo con una cosa, por lo menos hay que
intentar cambiarla, si no en todo, en aquello que puedas. Supongo que
yo no voy a tener la gran suerte, como decía el señor Martínez-
Pujalte, de que me vayan a aceptar alguna enmienda, pero por lo menos
voy a
poner las ganas y lo voy a intentar a ver si les ablando un poquito y
consigo que me acepten alguna.
Anteayer había un debate en los medios de comunicación porque había
levantado mucha expectación la última encuesta de la EPA, que venía a
decir que tres cuartas partes de los parados se pronunciaban en
contra del desplazamiento, es decir, de aceptar un puesto de trabajo
en otra provincia fuera de su lugar de residencia. Se hacían
comentarios en el sentido de que parece que esa gente no quiere
trabajar, que no quieren un empleo.
Señorías, hay un informe del CES que habla precisamente de la
movilidad geográfica y les recomiendo de verdad que lo lean no sólo
todas SS.SS. sino el Gobierno, porque en él se explican varias de las
razones por las que esta gente no puede estar de acuerdo con el
cambio de ciudad, es decir, con la movilidad geográfica. Sólo les voy
a citar dos ejemplos. Uno es que no vale lo mismo el metro cuadrado
de vivienda en Extremadura que en Madrid, pero no hay mucha
diferencia en los salarios de los nuevos empleos que se crean en
Extremadura o en Madrid: mientras que una vivienda en Madrid vale
tres veces lo que una en Badajoz, el salario de Madrid no es tres
veces el de Badajoz. Otro es que no es lo mismo lo que se paga por
metro cúbico de agua en Sevilla que lo que se paga en Barcelona,
donde abonamos cuatro veces más, pero el salario no es cuatro veces
superior en Barcelona que en Sevilla. Señorías, si a esos
trabajadores se les ofrece un salario en los términos en que se está
haciendo es razonable que no lo acepten, porque así no pueden vivir.
Yo recuerdo que hace unos meses los hosteleros de Lérida y Barcelona
tenían problemas para poder contratar en el Valle de Arán a
trabajadores de la hostelería del Baix Llobregat que estaban parados
porque les ofrecían 70.000 pesetas. Y es lógico, porque desplazarte a
100 kilómetros, pagar una vivienda, comer y vivir con 70.000 pesetas
es realmente difícil. ¿Y qué pasa con tu familia y tu casa? Ese es
uno de los problemas por los que realmente no se quieren cambiar de
ciudad.
Decimos que estamos creando empleo. Sí, estamos creando empleo, pero
algún día tendremos que empezar a pensar qué empleo estamos creando.
No me dirijo a usted especialmente. Estamos permitiendo que las
grandes empresas, con condiciones de trabajo y convenios muy
ventajosos estén externalizando, que no es otra cosa que rebajar
condiciones de trabajo y salarios. Como no pueden rebajar los
convenios, despiden a los trabajadores, los contratan con el nombre
de otra empresa haciendo la misma labor, a veces en el mismo lugar,
como es el caso de Ericsson aquí, en Madrid. ¿Y qué sucede? Que los
que antes ganaban 200 ahora perciben 140 por hacer lo mismo, en el
mismo lugar, con la misma máquina y entrando por la misma puerta.
¿Estamos creando empleo? Sí, pero, ¿qué empleo? ¿Qué clase de empleo
estamos creando?
Contratación estable. El ministro de Trabajo nos ha dicho varias
veces aquí, y el secretario de Estado también
nos lo ha repetido, que los contratos estables han aumentado,
han subido mucho. Yo le pedía el otro día que me confírmase si el 30
por ciento de los contratos estables que se han firmado en este país
en los dos últimos años están rescindidos. Fuera de micrófonos me
dijo: no son tantos. Seguramente son más, porque se están
rescindiendo.
La contratación temporal, la contratación en precario, sigue igual.
Es muy bonito subir aquí y decir: ¿quién ha creado tanto empleo?
Nosotros. La realidad es muy tozuda y está ahí. ¿La economía va bien?
Sí, pero la gente cada día tiene más problemas para llegar a final de
mes. Por una sencilla razón: miren los ingresos. ¿Los ingresos del
Estado cuáles son? Cotizaciones sociales, impuestos indirectos e
impuestos directos. ¿Han bajado los impuestos? Sí, los que paga cada
uno en función de lo que gana. Pero han subido los indirectos, que
son aquellos que pago yo, que gano 500.000 pesetas, lo mismo que el
pobre pensionista que cobra 80.000. Eso es lo que han hecho. ¿Les han
asegurado las pensiones? Sí, pero hoy viven peor con su pensión
asegurada de lo que vivían hace dos años con la misma pensión
asegurada. Lo que tenemos que empezar a decirles, y yo siempre lo
hago, es que un pensionista tiene su pensión asegurada gobierne el PP
o gobierne el PSOE, porque es suya, porque le corresponde y porque se
la ha ganado a lo largo de su vida. No se la regala nadie, es suya y
le pertenece.
Por lo tanto, señorías, yo creo que deberíamos empezar a situar la
cuestión, porque yo tengo a veces la sensación de que tanto el
Gobierno como el Grupo Popular se dedican a decir: en el futuro vamos
a hacer esto, los objetivos del futuro son aquéllos, pero no sé a qué
futuro se refieren. Igualmente dicen: ustedes en el pasado lo
hicieron mal, hicieron mal esta ley y esto otro también. Y entre
hablar del futuro y criticar el pasado, resulta que los problemas de
hoy, los que tienen los ciudadanos para poder vivir y seguir
adelante, los que tenemos delante los ojos, no los solucionan. Yo
creo que hay que empezar a resolver esos problemas.
Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a estos presupuestos
que son para el siglo que viene, es decir, para el principio del
siglo que viene. Estos presupuestos contienen unas medidas y unos
programas del siglo que acaba, por no decir, quedaría muy fuerte, del
siglo pasado porque todavía estamos en él. Son lo mismo. Les podemos
cambiar el nombre, en vez de escuelas taller podemos llamarles
talleres de empleo, pero contiene lo mismo; y la producción y la
situación organizativa de las empresas no son las mismas, requieren
más proyectos, más imaginación, y que aprovechemos el momento en que
estamos para consolidar cosas hacia el futuro, porque ustedes, que
saben mucho más de economía que yo, saben que los ciclos suben y
bajan. En ese sentido van nuestras enmiendas.
Hablamos de fomentar, ni siquiera por ley; hablamosde bonificar para
que haya reparto del trabajo; hablamos
de controlar las horas extra. ¿Cuántas horas extra se hacen en
nuestro país sin ningún control? Nosotros hablamos exactamente de
eso, pero también hablamos de que hay que cumplir aquellas leyes de
las que todos nos hemos dotado. Tenemos el Pacto de Toledo. Si
metiéramos en una cuenta una peseta cada vez que mencionamos el Pacto
de Toledo podríamos subir algunas pensiones en una estimable
cantidad. El Pacto de Toledo habla, y todos los agentes sociales y
los grupos estamos de acuerdo en que los complementos a mínimos no
son contributivos. Lo dice el Pacto de Toledo y está firmado con los
agentes sociales, pero este año siguen pagándose con dinero de las
cotizaciones contributivas. Estamos hablando de 670.000 millones de
pesetas que deberían ir al fondo de reserva para el futuro, para cada
vez que aumenten los pensionistas.
La señora PRESIDENTA: Señora López, le ruego concluya.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy a ir concluyendo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, no, le ruego que concluya, señora López.
Tiene su límite de tiempo consumido y nos queda un largo debate por
delante.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Terminaría diciendo dos cosas, muy
brevemente.
Una, aquí hay programas con imaginación para generar y consolidar
empleo, para garantizar que el Pacto de Toledo se cumpla. Señor
Azpiroz, no me diga -yo sé que comparte las medidas que está
contempladas aquí- que está pendientes de negociación con los agentes
sociales, porque ustedes sabían que esta ley se iba a traer aquí y
podían haber iniciado las negociaciones antes. Usted sabe que las
medidas que proponemos, no sólo las de cotizaciones sociales sino
todas las demás, son necesarias para generar un empleo de calidad,
y sobre todo para incorporar a la mujer al mundo del trabajo, porque el
problema de los malos tratos no se soluciona cambiando el Código
Penal y endureciéndolo, sino dándole un empleo de calidad a la mujer,
preparándola, dando dinero para la formación, que sea independiente
económicamente y pueda decidir con quién vive, dónde y cómo quiere
vivir.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados. Yo creía que el debate
estaba prácticamente agotado por reiterado en sus diversas fases de
comisión, de Pleno, de proyecto de presupuestos, de parte articulada,
sección 19,
sección 60, ley de acompañamiento, pero veo que hay una especie de
multirreincidencia.
Yo no me voy a referir ahora a las palabras genéricas del portavoz de
Izquierda Unida, porque ni siquiera está presente -seguro que está
viendo el debate por televisión-, pero sí haré alguna mención previa,
porque quería dar respuesta cumplida de todas y cada una de las
enmiendas, dar nuestra opinión y desmontar los argumentos. Aquí se
habla de proyectos alternativos y hay que saber cuáles son, en qué
consisten y si son válidos, funcionales, viables o no; o incluso si
cosas que se proponen desde la oposición se están ya ejerciendo y
practicando por el Gobierno de la nación o no.
Se han dicho muchas cosas relativas al empleo. Ayer di un dato. Que
en este país, desde 1996 al momento actual, estemos en una cifra
próxima a los dos millones y medio de empleos hace posible que se
plantee una discusión en torno a la calidad del empleo. Hace cuatro
años no era posible este debate. Hace cuatro años el debate era la
lacra del paro, el que la gente no tenía derecho a trabajar. Tendrá
que reconocer S.S. que esta sociedad y este gobierno alguna
responsabilidad, algún éxito y algún patrocinio habrán tenido en este
hecho. (Aplausos.) Hablaremos en el futuro, ¡cómo no!, de un debate
presente, no sólo en nuestra sociedad sino en muchas sociedades
europeas, sobre la calidad del empleo, la rotación, la precariedad y
la externalización. Hablaremos de qué resultados se están dando donde
gobiernan partidos socialistas. Intentaremos hablar en positivo para
buscar soluciones que contribuyan a mejorar a ese objetivo que
compartimos de dotar de calidad de vida a nuestros ciudadanos y a las
prestaciones en sus contratos de trabajo. Hablaremos, si se quiere,
de la movilidad. Aquí se utiliza el argumento de cómo un señor de
Badajoz va a venir a trabajar a Madrid, con lo caro que está Madrid.
Invierta S.S. el argumento. ¿Es que un señor de Madrid no puede ir a
trabajar a Badajoz y comprarse una casa grande o ahorrar con el
cambio de vivienda? Las posibilidades no son unidireccionales. No
quiero entrar en este debate porque existe una ventana abierta a la
discusión y que tendremos que andar en el tiempo.
Dice la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y algún otro
interviniente que los presupuestos son continuistas. Yo le digo que
son mejor que continuistas, son mejores porque este año va a haber
equilibrio presupuestario. No me gusta mucho hablar de estadística
porque en democracia la palabra estadística parece que es la palabra
no argumento, pero es un dato objetivo. Los datos estadísticos
acreditan que cuando hay déficit se destruye empleo y cuando no hay
déficit se crea empleo. Anteayer dije que esto era un vaso
comunicante perfectamente constatable. De manera que este presupuesto
es continuista en lo que tiene bueno lo otro, que tan mal no nos fue
ni en términos de empleo, ni en términos de cotización, ni en
términos de inversión de la curva financiera de la Seguridad Social
de déficit a
superávit. Por lo que acabo de apuntar, es mejor porque consigue el
deseado equilibrio financiero.
Dicho esto, en el tiempo que me queda intentaré entrar en las
enmiendas. La enmienda 232, del Grupo Parlamentario Socialista,
solicita la prescripción de cinco años para los supuestos de falta de
ingreso de la cotización, alta o descubierto. Ya dije en Comisión que
se han reducido y homologado los plazos prescriptorios del campo
laboral y los del campo tributario o fiscal, y que por razones de
seguridad jurídica, de homogeneización y porque no hay un motivo para
establecer tan sólo cinco años, entendemos innecesaria la enmienda
porque ya se garantizan los derechos de los trabajadores.
Con relación al interés legal en los supuestos de devolución por
autoliquidación practicada por el cotizante (enmiendas 233 del Grupo
Parlamentario Socialista , 175 del Bloque Nacionalista Galego y 23 de
Izquierda Unida), estamos de acuerdo en que se presume la buena fe,
pero no estamos de acuerdo con que se imprime la ineficacia del
ciudadano. El error no tiene por qué ser apoyado de forma positiva,
porque lo que vamos a hacer es favorecer el error de los
contribuyentes -en este caso cotizantes de Seguridad Social- en su
autoliquidación.
Fondo de reserva. Enmienda 234 del Grupo Parlamentario Socialista. El
artículo 91.1 de la actual Ley de la Seguridad Social respeta
escrupulosamente la recomendación segunda del Pacto de Toledo. He
dicho también que en cuanto a la afectación automática, ipso iure, al
fondo de reserva todos los excedentes que se produzcan en la
Seguridad Social, puede contravenir no sólo las legítimas
aspiraciones de diálogo y acuerdo entre los interlocutores sociales,
sino abordar otros temas que afecten a las pensiones. Si todo el
superávit lo dedicamos automáticamente a excedente, tal vez otras
legítimas pretensiones de subida de pensiones mínimas, de
actualización o de mejora de pensiones de viudedad y orfandad, por
poner algún caso, no se podrían afrontar. La enmienda 235 del Grupo
Socialista propone que no se bonifiquen los contratos con
subvenciones de desempleo, y solicita la supresión del punto 2 del
artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. Quiero decirle a la señora López i Chamosa que el cambio
normativo se ha producido con una convalidación del Real Decreto 5/
1999, de 9 de abril del pasado año y que este asunto fue objeto de
discusión y de aprobación democrática y mayoritaria por esta Cámara.
Consideramos que la acción del desempleo debe ser de protección
integral, no sólo en prestaciones sino también en prestaciones
formativas, en políticas activas y no sólo en políticas pasivas. Está
funcionando bien y la supresión que solicitan lo impediría.
En cuanto a la enmienda 236, relativa a la equiparación de las
pensiones de viudedad mínimas para los beneficiarios de 60 a 64 años,
están dialogando los interlocutores sociales y, sin duda, lo tienen
también
encima de la mesa. Habría que distinguir aquellas pensiones de
viudedad en las que el beneficiario puede tener un buen trabajo y
aquellas en las que no, porque supongo que de lo que se trata es de
dotar de un mínimo suficiente de subsistencia a aquellas pensiones
que carecen de cuantías razonables. Por lo que se refiere a
complementos a mínimos, hemos hablado con holgura y, por tanto,
abandono mayor argumentación.
La enmienda 238, relativa a horas extraordinarias, coincide
básicamente con las números 8 y 44, de Izquierda Unida. El 3 de
octubre debatimos en esta Cámara la reducción de las horas
extraordinarias, incluso la reducción de la jornada, por lo que no
les aburriré a SS.SS. Lo que solicitan es materia de negociación
colectiva, pero me remito a los argumentos que expuse en su día.
Por lo que se refiere a las enmiendas 244 y 266 del Grupo Socialista,
176 del Bloque Nacionalista Gallego, y 198 y 199 del PNV, relativas
al plan de renta activa de inserción, quiero reiterar el argumento
dado en Comisión de que es un proyecto que tiene carácter temporal.
Se inició el año pasado con el Real Decreto 236/2000 para este
ejercicio y se va a hacer para el año 2001, pero todavía no tiene una
clara vocación de estabilidad temporal, de ser indefinido. Si lo
tuviera, estamos de acuerdo en que habría que abordar el asunto con
un proyecto de ley. Mientras tanto, es suficiente y respeta
escrupulosamente la legalidad la habilitación que se ha conferido al
Gobierno a través de esta ley de acompañamiento de los presupuestos.
Por lo que se refiere a la enmienda 141 de Convergència i Unó, sobre
la misma materia, es innecesaria. En el real decreto al que acabo de
hacer mención ya se recogió expresamente, como no podía ser de otra
forma, el escrupuloso respeto a las competencias que en la citada
materia tienen las comunidades autónomas. Ocurrirá lo mismo y pueden
estar ustedes totalmente tranquilos al respecto.
La enmienda 142, de Convergència i Unió, propone que determinadas
cotizaciones de guardas de garaje, etcétera, por contingencias tales
como accidentes de trabajo, se regulen de una forma determinada. Dije
en Comisión y repito que el Gobierno se está planteando una reforma
global de toda la cuestión, que afecta al Real Decreto 2930/1979, y
no nos parece oportuno una enmienda tan pequeña y parcial, que podrá
tener acogida, con los informes necesarios en esta materia, a la hora
de la reforma legal completa. Las enmiendas 175 y 176, del Bloque
Nacionalista Galego, son equivalentes a las que ya he comentado
números 233 y 240, del Grupo Socialista.
El Partido Nacionalista Vasco suscita, en la enmienda 194, un tema
cuya motivación entendemos. Compartimos el reconocimiento a aquellas
personas que han contribuido al mantenimiento de una situación
cultural, lingüística y plural en nuestro país, pero también hemos
expuesto algunos datos que avalan el que no podamos aceptar la
formulación actual. Quizá en el futuro se puedan encontrar otros
caminos, pero no
podemos aceptar esta enmienda porque, como he dicho, en colectivos
que se han encontrado anteriormente en una situación similar, el
reconocimiento de los días de cotización ha venido compensado con una
cotización efectiva o con una capitalización que hiciera no gravosa
la Seguridad Social y, además, el reconocimiento de días para
cualquier cotizante debe estar, efectivamente, pagado. Esto afectó a
los sacerdotes, a los religiosos secularizados, a los procesos de
presos a través de amnistía, etcétera. Por otro lado, podríamos
plantear que esto afecta al carácter contributivo y proporcional, que
son principios básicos del Pacto de Toledo, incluso a la práctica de
la prueba. Se ha hecho una redacción que pretende recoger
razonablemente esta materia, pero es un tema dificultoso. Puede dar
lugar a una situación de discriminación. Usted decía con razón: si
hay sindicalistas clandestinos, contémplelos; pero, de hecho, la ley
no lo contempla. En otro contexto, nuestra opinión podría ser
diferente.
Creo que algo de razón tiene el PNV en la fundamentación de la
enmienda 200. No hemos encontrado la fórmula que le manifesté
estudiaríamos para este trámite; tal vez acabe dándosele acogida en
el Senado.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya, por favor.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo, señoría. Procuraré ser lo más
breve posible, pero tengo la dificultad de que trato de dar respuesta
a todas las enmiendas. Abusando de su amabilidad, haré una rápida
mención a las enmiendas más relevantes.
A Izquierda Unida tengo que decirle que en el ordenamiento jurídico
está contemplado el contenido de su enmienda 12. Plantean la
modificación del Real Decreto- ley 1/1994, relativo a acción
protectora de la Seguridad Social en materia de cooperativas; quedó
aprobado en el Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio, el famoso tema
de la contratación a tiempo parcial dentro de las cooperativas; está
resuelto. Proponen una modificación del Real Decreto 11/1998, sobre
contratos de interinidad; ha quedado incorporado en la Ley 39/1999 y,
en particular, en su disposición adicional primera, donde se
establece el derecho que ustedes pretenden dar. El Gobierno ya ha
dado este derecho, el Partido Popular ya ha apoyado la economía
social en este campo y las tres cosas que ustedes piden están
cubiertas. También lo está lo último que solicitan: la modificación
de la Ley 3/1987, general de cooperativas. Está derogada; el año
pasado aprobamos -yo tuve la fortuna de ser ponente- una Ley de
cooperativas, la 27/1999, donde se recoge justamente sus peticiones.
Con esto acredito la evidente sensibilidad social del Gobierno a la
hora de legislar sobre las cuestiones concretas que ustedes nos
solicitan.
Cuando hablan en la enmienda 52 de certificaciones de descubierto de
la Seguridad Social para débitos de corporaciones locales, se
refieren a un reglamento derogado. Por otro lado, esto ya está
arreglado a través
de la Ley 66/1997 y de la 50/1998. Además, desde la Ley 42/1994 no
existen certificados de descubierto, y menos aún para las
corporaciones locales.
Concluyo, señora presidenta. El Partido Socialista nos ha hablado de
un fondo de reserva para el desempleo y de la mujer. Este Gobierno
trajo a esta Cámara una Ley de la conciliación de la vida laboral y
familiar, que salió adelante, y trajo el coste cero de la maternidad;
ahora, vemos con cierta sorpresa la iniciativa del Grupo Socialista.
A lo mejor, en el futuro y dentro del diálogo social se hace no una
ley sino una dotación del fondo de reserva para el desempleo. Pero,
¡oh, curiosidad! Resulta que nos dicen que el 50 por ciento de ese
fondo para el desempleo se destinará a la formación de parados de
larga duración y jóvenes. Mi pregunta es: ¿dónde quedan los
minusválidos y las mujeres? ¿Dónde quedan las mujeres, señora
Chamosa? No figuran.
Concluiré como empecé el otro día: en política, los presupuestos son
las cifras y las voluntades políticas hechas números; obras son
amores, y no buenas razones.
Lamento no haber podido contestar a todas las enmiendas, porque todas
y cada una tenían cumplida explicación y razones suficientes para su
desestimación. Damos todo nuestro apoyo y adhesión a un presupuesto
que va a continuar generando empleo, confianza y futuro para toda la
sociedad.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Antes de iniciar el debate de las enmiendas del título Título III
III y con el objeto de aclarar la marcha del mismo, quiero indicarles
que todo lo debatido durante esta mañana y esta ley de acompañamiento
se votarán alconcluir este debate, pero en ningún caso antes de las
cuatro de la tarde.
Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto al título III. En primer
lugar, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y, en
concreto, una serie de enmiendas que se refieren al régimen, derecho
al cargo de los empleados públicos y a la selección y bases de este
procedimiento de los empleados públicos de las administraciones
locales.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego se opone, y por eso
pide que se suprima el artículo 29 de la ley de acompañamiento, a la
movilidad geográfica que por la puerta falsa el Gobierno y el Partido
Popular han introducido en esta ley. Esta reforma puntual que se
pretende lo que hace es socavar el régimen español de Función
pública, un elemento de este régimen de rango constitucional, como es
el derecho al cargo, y retrotraernos a épocas pasadas en las que los
tribunales reaccionaron con bastante rotundidad frente a actuaciones
arbitrarias y políticamente movidas de los responsables políticos.
Los que estudiamos derecho público ponemos frecuentemente como
ejemplo de desviación de poder el traslado de un funcionario a
Melilla, Ceuta, o a cualquier lugar alejado de su lugar de residencia
y del que tiene su plaza por necesidades del servicio. Y esto es
exactamente lo que pretende la reforma que el Partido Popular
introduce en la ley de acompañamiento. Lo que en realidad hace esta
reforma, este socavamiento del derecho al cargo y el establecimiento
de la movilidad geográfica, es convertir en sancionados a todos los
funcionarios públicos porque ahora el traslado se contempla en la
legislación funcionarial como una sanción para infracciones graves y
muy graves. Eliminan la necesidad de cometer una infracción para
poder sancionar a todos los funcionarios públicos y llevarnos
a épocas de arbitrariedad y de absoluto y sectario dominio partidista
sobre la Función pública, Lo mismo se puede decir de la enmienda 178,
en la que pretendemos la supresión del artículo 30 de la ley de
acompañamiento en la que, siguiendo una tendencia iniciada ya con la
reforma de la Ley de bases de régimen local, pretenden aumentar los
poderes de los órganos unipersonales de las entidades locales en
detrimento de los órganos colegiados, en concreto del pleno. Le dan
al alcalde la potestad para aprobar las bases, resolver los
procedimientos de selección de personal en las administraciones
públicas y lo que hacen en realidad es, en línea con el artículo 29,
aumentar la falta de transparencia y aumentar -y perdonen que se lo
diga con esta claridad- maniobras caciquiles de los alcaldes. Yo no
sé si esta es la idea que tienen ustedes de la democracia, yo no sé
si esta es la idea que tienen ustedes de un régimen local democrático
y participativo, pero, desde luego, el Bloque Nacionalista Galego no
la puede compartir en ningún caso.
Otras enmiendas, como la que va dirigida al artículo 179, pretende
mejorar la redacción del apartado 4 del artículo 33 del proyecto de
ley, para incluir dentro del concepto de accidente en acto de
servicio supuestos que con la redacción del proyecto no se
contemplarían.
Finalmente, la enmienda 180 pretende salir al paso de una tendencia
anunciada ya -dice el señor Calcerrada, que va a ser una de las
líneas que va a seguir el Gobierno en la reforma del Pacto de
Toledo-, que propone aumentar la vida laboral de las personas,
retrasando su edad de jubilación. Habría más bien razones para
adelantar la jubilación: la productividad ha aumentado y, por tanto,
la gente ya cotiza lo suficiente en su vida laboral como para tener a
los 60 años una pensión digna. Por otra parte, retrasar la edad de
jubilación es una medida absolutamente contraria al reparto del
empleo y al acceso de las jóvenes generaciones a puestos de trabajo.
Pretendemos que se garantice la jubilación a los 65 años -tendríamos
que adelantarla más- para todos los empleados públicos, así como
eliminar supuestos tales como la carrera judicial o los profesores
universitarios, en los que esta jubilación se establece
a los 70 años. Aunque no es objeto de esta enmienda, lo será de
otra y tendrá nuestra más rotunda oposición durante la tramitación de
la Ley de medidas urgentes de reforma de la Administración de
justicia, pues no estamos de acuerdo en retrasar la jubilación de los
jueces y magistrados a los 72 años, sobre todo cuando con ello se
intenta -por lo menos existe esa sospecha fundada- beneficiar a
determinados altos responsables del Poder Judicial español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, tiene
la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo al que represento ha presentado cinco enmiendas a los
artículos que componen este título del personal al servicio de las
administraciones públicas, dos de ellas al artículo 31 y, de las
otras tres, una a cada uno de los artículos 32, 34 y 35. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Al
artículo 31, que modifica el artículo 12 de la Ley de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración general del Estado, hemos presentado la enmienda
número 204, que propone suprimir la referencia al nombramiento
realizado por acuerdo de Consejo de Ministros a la hora de determinar
la inclusión en el ámbito de aplicación de la ley de los miembros del
gabinete del presidente del Gobierno y de la Vicepresidencia. En
nuestra opinión, no hay razón alguna que justifique una diferencia de
trato entre los miembros de los gabinetes nombrados por el Consejo de
Ministros y los designados por cualquier otro órgano personal o
colegiado. Parece ser que lo que pretende este precepto es establecer
regímenes diferentes para unos y para otros. En la medida en que
pretende establecer diferencias de trato, a nuestro juicio
injustificadas, proponemos la enmienda a la que hacía referencia.
El artículo 31 del proyecto pretende también modificar el artículo 5.
o.1 de esta misma Ley de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del
Estado. El párrafo que en concreto se quiere modificar a través de
este artículo 31 sujetaba a los altos cargos a la obligación de
declarar las actividades que fueran a realizar una vez que hubiesen
cesado en el desempeño de los cargos. La reforma suprime esta
obligación y nuestra enmienda número 205 pretende recuperarla porque,
aun cuando sea cierto que no siempre se conoce, en el momento de
hacer la declaración, la actividad que se va a desarrollar después
del cese, es bueno, a nuestro juicio, conocer el modo en el que
evolucionan las expectativas profesionales del cargo durante el
desempeño del mismo, porqueesta evolución, entre otras cosas, puede
revestir un
claro indicador de cara a conocer si se ha hecho o no un uso del
cargo para fines espurios.
El artículo 32 del proyecto pretende modificar el artículo 5 de la
Ley de incompatibilidades, pero ésta se refiere a la de los
funcionarios, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones
públicas. Establece este artículo 32, entre otros extremos, que los
miembros de las corporaciones locales que se hallan en situación de
dedicación parcial podrán percibir retribuciones por tal dedicación,
y condiciona esto al hecho de que estas retribuciones no puedan
superar en ningún caso los límites que con carácter general se
establezcan. Nuestra enmienda 206 propone insertar en el precepto una
referencia a las comunidades autónomas competentes en materia de
Función pública, con la evidente intención de que la fijación de los
límites retributivos máximos a los que se refiere el precepto les
corresponda a éstas, porque creemos que esta fijación de límites
excede de las bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas a las que se refiere el 149.1.18 de la Constitución y
tampoco cabe incluirlas en el ámbito de la ordenación general de la
economía, en la medida en que se trata de retribuciones no
generalizables por definición, son puntuales, y corresponden
a determinados funcionarios, no a la generalidad de los empleados
públicos del conjunto de las administraciones públicas, y
precisamente por eso su incidencia en la ordenación general de la
economía es exigua, nula.
El artículo 34 del proyecto pretende modificar el artículo 106 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, en el sentido de retrasar sine die el desarrollo
reglamentario que requiere esta norma legal. Ese artículo autoriza al
Gobierno a fijar los casos en los que los empleados públicos pueden
acceder al disfrute de una vivienda por razón del trabajo o cargo
desempeñados. Resulta a nuestro juicio chocante que, cuatro años
después de aprobada esta disposición que habilita al Gobierno para
establecer estos criterios, no se haya abordado aún el desarrollo
reglamentario previsto y que ahora, a través de esta modificación,
pretenda dilatarlo ad calendas graecas con una previsión en virtud de
la cual se establece un régimen de transitoriedad que se mantendrá en
vigor en tanto, dice el proyecto, el indicado desarrollo
reglamentario no tenga lugar. Evidentemente, nosotros, como grupo, no
ponemos objeción alguna al hecho de que el personal que venga
ocupando una vivienda oficial continúe disfrutando de ella, pero
esto, pensamos nosotros, no puede autorizar al Gobierno a eludir la
responsabilidad de dictar sin más dilaciones la norma reglamentaria
prevista en la ley que ahora se pretende modificar. El reglamento, a
nuestro entender, debe ser dictado ya, porque cuatro años de retraso
son muchos años de cara a la elaboración de una disposición
reglamentaria que haya de fijar unas condiciones de continuación en
el disfrute de las viviendas oficiales, algo que en principio no
parece tener una complejidad
técnica que justifique este retraso tan dilatado. Y este
reglamento no solamente ha de ser dictado ya, sin más demora, sino
que, además, el régimen de transitoriedad que se prevé en el proyecto
de ley en todo caso habrá de ser incorporado al texto del reglamento,
que será el que establezca las condiciones en virtud de las cuales
podrán continuar disfrutando de la vivienda las personas que hasta el
momento presente lo estén haciendo.
Finalmente, el artículo 35 del proyecto pretende modificar el
artículo 75 de la Ley reguladora de las bases del régimen local,
previendo, entre otras cosas, una serie de normas para la retribución
de los miembros de las corporaciones locales que desempeñan sus
cargos en régimen de dedicación parcial. Entre estos preceptos hay
uno, que está situado en el apartado 2.o, que pone un límite máximo a
dichas retribuciones, estableciendo literalmente que no podrán
superar en ningún caso los límites que se fijen en las leyes de
Presupuestos Generales del Estado. En este caso no se alude sólo a la
existencia de unos límites generales, sino que se asigna a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado la responsabilidad de fijar dicho
límite general. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
Nuestra enmienda número 200 propone suprimir esta referencia a los
límites fijados por las leyes de Presupuestos Generales del Estado,
porque en nuestra opinión, primero, viola la autonomía local,
limitando entre otras cosas la capacidad de autoorganización, que
constituye la primera y más elemental manifestación de la autonomía
de los entes locales. Nótese a este respecto que no estamos hablando
de la Función pública ni de los empleados públicos de los entes
locales, sino que estamos hablando de miembros de las corporaciones
locales, alcaldes y concejales, con respecto a cuyo régimen parece
razonable reconocer cierta posibilidad de actuación en el ejercicio
de la autonomía local constitucionalmente garantizada. Y segundo,
creemos que esta previsión ignora también la competencia de las
comunidades autónomas en el ámbito de la Administración local y en la
Función pública a través de un precepto que nos parece que no reviste
carácter básico. La misma argumentación que antes he hecho a
propósito de la disposición relativa a los empleados públicos creo
que puede invocarse en este caso, porque muy difícilmente puede
considerarse básica esta disposición. Y pensamos que de ninguna
manera puede incardinarse en el ámbito de las bases y coordinación de
la ordenación general de la actividad económica una disposición que
no es generalizable por definición, puesto que se refiere solamente a
los alcaldes y concejales que ejerzan sus cargos en determinadas
condiciones. Además, es de escaso impacto económico, por definición
y, por su carácter coyuntural y limitado en el tiempo, no puede tener
una repercusión en la ordenación y en la evolución general de la
economía como puede tenerlala fijación de los límites retributivos
del conjunto de
los empleados públicos de todas las administraciones públicas, que es
lo que justifica la operatividad de este precepto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, voy a defender una serie de
enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al
título III.
Había, señorías, una anécdota en el mesofranquismo de un personaje
pintoresco que todos los días pasaba la frontera de Ceuta y Melilla
algo así como diez o doce veces y siempre iba cargado con una maleta;
el agente de aduanas le miraba la maleta y siempre la encontraba
llena de cosas que indiscutiblemente no podían considerarse
contrabando. Nadie entendía por qué este personaje pintoresco hacía
diez o doce viajes para llevar cosas que no tenían ninguna razón.
Escamados ya, le preguntaron los agentes de aduanas: ¿Cuál es el
contrabando que estamos seguros que traes? Y respondió: El
contrabando, evidentemente, es de maletas. No hay que preguntar al
Gobierno del Partido Popular qué contrabando legislativo nos trae en
estas leyes porque es evidente que traen las maletas y el relleno.
Son maletas de contrabando traer a una ley, que incluso en el
frontispicio de su presentación habla de otra filosofía y de otras
cuestiones -y se han referido a ello anteriormente otros portavoces-,
la modificación de la incompatibilidad de altos cargos de la
Administración. No es de recibo. No tiene que ver nada. Podía
discutirse si es conveniente o no modificar el IRPF con una ley de
este tipo, pero díganme ustedes a qué viene, si no es a un mero
contrabando legislativo y político, traer por ejemplo, como digo, una
modificación de la Ley de incompatibilidades. O entrar, señorías, en
terrenos como el de las asignaciones de los cargos de la
Administración local. Son elementos que indiscutiblemente hay que
tocar, que habrá que ir poniendo al día de la mejor forma posible,
pero no a hurtadillas, de una forma casi desquiciada, por la
velocidad, por el número de leyes, algunas de ellas todavía
calentitas, del mes de junio, en esta llamada ley de acompañamiento.
De nuestras enmiendas, aparte de esta supresión de que hablaba,
quiero referirme muy particularmente a una, la número 28, en la que
planteamos una cosa muy sencilla. Esta mañana nos hemos despertado
con la circunstancia de que, por culpa de acciones incapaces,
negativas, torpes, del Gobierno del señor Aznar, el IPC llega al 4
por ciento. Y digo yo que ustedes serán responsables. Hace un momento
hemos oído una intervención muy patria del señor Pujalte diciendo:
Pregunten ustedes en la calle quién tiene la confianza de los
españoles, pregunten a los 2.200.000 parados. Evidentemente,
era el Partido Popular el responsable de tanta bondad y de
tantas cosas buenas. Indiscutiblemente, también el Partido Popular en
este caso, con su política económica o con su no política económica,
será el responsable del 4 por ciento del IPC interanual en este
momento.
Pues bien, aquí nadie se ha movido, nadie ha hecho un gesto, nadie ha
buscado una autoenmienda, como si eso no fuera con la realidad.
Alguien decía aquello de: Que la realidad nunca te fastidie un buen
titular. Es una técnica periodística. Ustedes han entendido que la
realidad del 4 por ciento no les puede fastidiar su discurso del 2
por ciento del IPC para el año 2001. Si fuera meramente algo
egocentrista o algo estético desde un terreno político, pase, pero
eso tiene sus repercusiones y las tiene sobre unos funcionarios por
mucho que el ministro diga: Ya discutiremos unos fondos adicionales
que con otros aditamentos... ¿Por qué no se hacen las cosas normales?
¿Por qué no se hacen las cosas bien? Es como si un arquitecto dijera:
Le voy a ir construyendo una casita, pero, como sé que se la voy a ir
construyendo mal, cada dos por tres la vamos a ir apuntalando. Eso no
es serio. Si hay una previsión por encima de la oficial real de que
en el 2001 va a estar por encima del 2 por ciento, señorías,
búsquense los mecanismos, pero que no salga el ministro del ramo
prometiendo que buscará unos fondos adicionales para compensar.
Búsquense los mecanismos, repito.
Nosotros, Izquierda Unida, hemos dicho por eso que, no más tarde del
1 de abril del año siguiente, se compense a los funcionarios con el
porcentaje de subida del IPC más allá del previsto y que a esta
subida se incorpore al menos un 1 por ciento anual para que vayan
recuperando ese 30 por ciento de pérdida de poder adquisitivo que se
ha producido en los últimos años. Enmiendas como esta o similares
acerca del desplazamiento de funcionarios o de algunas prestaciones
sociales son las que forman el bloque de enmiendas que mi grupo
presenta al título III y que doy por defendidas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.
Voy a proceder a la defensa de las dos enmiendas que mi grupo ha
presentado al articulado del título III del proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. La primera de
ellas, la 144, supone tratar de evitar la adición literal del
artículo 65 de la Ley reguladora de las bases de régimen local en la
redacción que resulta del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Según la norma, resulta que las percepcionespor dedicación exclusiva
a las tareas municipales
van a ser incompatibles con la percepción de cualquiera otra
retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones
públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes.
Esta incompatibilidad, que pudiera parecer apropiada con carácter
general, si nos detenemos a analizar determinadas percepciones con
cargo a los presupuestos públicos, a juicio de mi grupo
parlamentario, cede la bondad de la modificación propuesta. Me estoy
refiriendo concretamente a determinadas percepciones por razón de
pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad laboral. Según mi
grupo parlamentario, la dedicación exclusiva a las tareas municipales
no debe hacer perder a quien incurra en este supuesto el derecho a
percibir una pensión, por ejemplo, por incapacidad, o una pensión,
por ejemplo, por viudedad. Por eso proponemos la modificación, para
que se exceptúen del supuesto de incompatibilidad al que estoy
haciendo referencia las percepciones de pensiones de jubilación, de
viudedad y por incapacidad laboral.
La segunda de las enmiendas es la 145. Respecto de esta enmienda, en
la sesión de la Comisión de Economía celebrada el lunes pasado, mi
grupo parlamentario introdujo una autocorrección de la que resultaba
el siguiente texto. Del número 3 del artículo 75 de la Ley 7/1985,
reguladora de las bases de régimen local, proponíamos que la
redacción fuera la siguiente: Los miembros de las corporaciones
locales podrán recibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones
que acuerde el pleno de la corporación. El motivo es el siguiente. Lo
cierto es que en la mayoría de los ayuntamientos de España,
fundamentalmente en los de una población inferior a 50.000
habitantes, muchas de las personas que dedican su tiempo al desempeño
de tareas en el ayuntamiento lo hacen fuera del horario laboral, bien
sea por la tarde o por la noche; fuera de horarios. Del texto de este
artículo 75, según el proyecto de ley que estamos debatiendo, se
deduciría que para poder percibir una cuantía económica por esta
dedicación, insisto, muchas veces en horarios realmente incómodos
para quien desarrolla esta función pública, sería necesario estar
dado de alta en la Seguridad Social con dedicación parcial
o exclusiva y si no fuere así no habría derecho a percibir cuantía
económica alguna fuera de la asistencia a los plenos, lo cual
realmente no soluciona este problema, o haber incurrido en gastos
específicos, que pudieran indemnizarse, en el desempeño de esta
función pública.
Mi grupo parlamentario por ello presentó esta enmienda, para que
pudieran recibir una indemnización, una percepción económica, en los
casos en que se desarrolle esta función pública sin estar dado de
alta en la Seguridad Social en dedicación parcial o exclusiva, o/y
con independencia de la asistencia a las sesiones de los órganos
colegiados. Lo cierto es que si el número 4 del artículo 75 de la Ley
7/1985 se interpretara de forma que se pudiera dar cabida al sentido
de esta enmienda que presentamos, que el artículo 75.4 del
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social no se interpretara con cerrazón, que no se considerara en este
precepto que los miembros de las corporaciones locales percibirán
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio
de su cargo, que estos gastos efectivos no fueran sólo los que
suponen aportar una factura y ser recompensado por ello, sino que se
diera cobertura precisamente al desempeño de estas funciones públicas
fuera de horarios y sin estar dado de alta en la Seguridad Social, si
así se interpretara, repito, el artículo 75.4 y así se pronunciara
inequívocamente esta Cámara, mi grupo entendería que nuestra enmienda
número 145 ya tiene cabida en el tenor y en la interpretación
correcta que de este precepto resultaría en función de este debate
que hoy celebramos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, muy brevemente voy a fijar la posición sobre las enmiendas
que hemos presentado a este título III, relacionado con la política
de personal al servicio de las administraciones públicas. Y no
ampliaré criterios y argumentos que dí en la Comisión respecto a la
idoneidad o no, como ha hecho mi compañera Costa al principio, de
utilizar esta ley de acompañamiento para modificar siete leyes en
este título III. Nos parece absolutamente increíble que se tenga que
utilizar, y ya lo han puesto de manifiesto otros grupos
parlamentarios, la modificación de leyes que nada tienen que ver con
la ejecución presupuestaria, como la Ley de incompatibilidades, la
Ley de régimen local o algunas otras.
Me referiré muy brevemente a tres enmiendas fundamentales de mi grupo
parlamentario, la número 241, la 242 y la 272, a la disposición
adicional respectiva. La enmienda 241 pretende suprimir el artículo
29. Este artículo es un invento de última hora del Gobierno del
Partido Popular que quería modificar la Ley de medidas para la
reforma de la Función pública del año 1984 incorporando un nuevo
tránsito y un nuevo escalón en lo que se entiende por movilidad de
los funcionarios y de los puestos de trabajo más allá de la localidad
donde están, ampliándolo a otro término municipal dentro de la
provincia o de las islas. Ni en ponencia, ni en Comisión, ni en
Pleno, he oído cuáles son las razones de verdad que justifican esto
para la ejecución del presupuesto del año 2001, habiendo, como hay,
convocada el día 21, de nuevo, una Mesa de la Función pública, y no
habiendo acuerdo con las organizaciones sindicales en el artículo 29.
Y el Partido Popular y el Gobierno siguen empeñados en mantener este
artículo 29. A no ser que, como últimamente algunas cuestiones se
hacen
en función de la testosterona, se haga verdad la justificación que
leí en Comisión, y voy a leer ahora, en la memoria del proyecto de
ley de acompañamiento. ¿Por qué se quiere cambiar la Ley 30/1984
incorporando la movilidad geográfica en los empleados públicos? La
razón es tan curiosa que tiene los siguientes argumentos -memoria que
envía el Gobierno-: Se hace preciso modificar la regulación de la
movilidad forzosa de los funcionarios de las administraciones
públicas estableciendo un nuevo procedimiento claro y uniforme que
respete los derechos de los funcionarios afectados. Esta es la razón.
Se hace preciso, ¿para qué? ¿por qué? ¿Por qué se quiere adelantar
debates que hay que tener políticamente con las organizaciones
sindicales en este Parlamento, como puede ser la Ley del estatuto de
la Función pública. ¿Por qué, señor Merino? ¿O es que también los
empleados públicos tienen que estar contentos de que les puedan
cambiar su puesto de trabajo a una ciudad distinta porque han bajado
el precio de las hipotecas ustedes? Esa es la única razón que a lo
largo de todo el debate parlamentario he oído de que estén contentos
los funcionarios. ¿También van a estar contentos por esto? Usted sabe
como yo que no están contentos ni admiten esta cuestión. ¿Por qué?
Porque esto es un trágala. No se puede aplicar, en función de la
mayoría absoluta, una decisión de esta importancia porque sí, sin
ninguna argumentación. Y usted lo sabe, señor Merino.
Yo le digo, y no quiero que lo interprete mal, señor portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, que mal comienzo es pedir diálogo con
las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, para la
reforma del Estatuto de la Función Pública manteniendo tal y como
está el artículo 29. Mal empezamos y mal seguiremos si ustedes no
recapacitan y si, en este momento o en el Senado, no son capaces de
volver sobre sus pasos y anular el artículo 29. Porque no se puede
plantear una negociación política, una negociación que puede tener
posibilidades de acuerdo o no poniendo de entrada una cortapisa que
no admite la Función pública, ni los empleados públicos, ni los
grupos parlamentarios de esta Cámara, como usted ha escuchado. Por
eso, de entrada, la enmienda 241 solicita que desaparezca el artículo
29. Se lo pedimos con responsabilidad. Recapaciten, si no es ahora,
en el Senado, y adopten una postura coherente con una política de
pacto, de discusión, de diálogo, en temas que pueden ser considerados
importantes en los acuerdos políticos de esta Cámara. Se lo digo con
absoluta responsabilidad. No puede ser que se ponga, antes de empezar
a hablar de determinadas cosas, el artículo 29, porque no es asumido
por nadie en estos términos, en los términos en que está, sin pacto,
sin acuerdo, sin diálogo, sin contraprestaciones de ningún tipo. No
puede ser una negociación parcelada en función de intereses, creo
que, además, no del Ministerio de Administraciones Públicas. Esto es
lo importante.
La segunda enmienda es la 242. Lo decía el señor Rejón y algún otro
portavoz. No es posible de verdad, desde el punto de vista lógico -sí
lo es desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de
la fuerza de los votos y del papel del Parlamento-, que se aproveche
la ley de acompañamiento para modificar la Ley de incompatibilidades
de altos cargos. Además le dije, y no obtuve respuesta -espero
tenerla ahora, señor Merino-, que esto no es una reforma inocua. Es
una reforma que tiene calado. ¿Por qué? Porque digan lo que digan, y
analizando a fondo el actual artículo correspondiente, el artículo
31, en la modificación de la Ley de incompatibilidades de altos
cargos, se produce una cierta deslegalización y desinformación que se
exige a los altos cargos. ¿O no es tener menos posibilidades de
control y de exigencia de información que hasta ahora se les obligara
a todos los altos cargos a presentar junto a la declaración anual de
la renta su declaración anual de patrimonio, si tienen que
realizarla? Apartir de ahora, no. No es obligatorio, no la tienen que
presentar con esta modificación. Y no es verdad, señor Merino, y
usted lo sabe, lo que me dijo en Comisión de que la obligatoriedad de
información en función de las actividades y de los bienes por la
declaración de bienes establecida actualmente es menos rígida incluso
que la declaración de patrimonio. No lo es. En una declaración de
patrimonio, un alto cargo puede decir: Yo tengo equis acciones de una
determinada sociedad. Y es verdad. En la declaración de bienes que se
pretende evitar con esta nueva de patrimonio había que decir si a su
vez esa propietaria de acciones o esa sociedad en la que uno tenía o
podía tener determinadas acciones era propietaria de otras que podían
tener relación con la Administración. ¿O es que no hemos tenido en
los últimos años, gobernando ustedes también, algún caso de
escapatoria de información, resultando que parece que algún alto
cargo y algún ex ministro tenía intereses en determinadas sociedades
que de una forma directa o indirecta estaban contratando con la
Administración? Si de verdad quieren seguir manteniendo un nivel de
información lógico, razonable, mantengan en los niveles actuales la
Ley de incompatibilidades y no la cambien. No queremos que se cambie.
La enmienda 272 tiene que ver con la jornada laboral en la
Administración pública. Queremos que, de verdad, por acuerdo y por
una decisión adoptada por este Parlamento, a partir del año que viene
se pueda entrar a discutir, a hablar y a asumir en la Administración
general del Estado la jornada de 35 horas. Alguien puede decirme que
esto es una barbaridad, que no se hace por vía de acuerdo o por la
vía del cambio legislativo y que la Administración general del Estado
quedaría fuera de lo que es una política del resto de las
administraciones. Pues no es verdad. No lo es. El 75 por ciento de
los funcionarios de las comunidades autónomas tendrá 35 horas ya en
el año 2004. Prácticamente todas las comunidades autónomas,
gobernadas incluso por el Partido Popular, están llegando a acuerdos
y han
asumido la reducción de la jornada en la Administración pública, de
acuerdo con las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo. No estamos
pidiendo para el conjunto de la Administración General del Estado
nada distinto de lo que están ustedes asumiendo en las comunidades
autónomas, incluso en las que gobiernan. Sean razonables. ¿No nos
piden coherencia al Partido Socialista en determinados momentos,
diciendo que hacemos en un sitio cosas distintas que en otros? Ahora
se la pido yo. Sean ustedes coherentes con los presidentes o los
consejeros de Presidencia de comunidades autónomas gobernadas por
ustedes. La última, la de La Rioja, la que mejor conozco. Acaban de
llegar a un acuerdo hace 15 días, como le dije el otro día, para
revisar la jornada laboral, las prestaciones y las subidas
salariales. Esas que nosotros pedimos aquí y que ustedes nos
demonizan las están asumiendo verdaderamente todos sus presidentes o
muchos de los presidentes de las comunidades autónomas. No seamos tan
inconsecuentes en una política que debe tener un cierto grado de
homogeneidad en lo que sería la estructura territorial del Estado.
Esto es fundamentalmente lo que pide el Partido Socialista, tres
cuestiones, entre otras cosas, absolutamente lógicas y razonables.
Por último, la enmienda número 281, que no es de este título, es del
siguiente, pero ya no intervendré después, se refiere a las
compensaciones que solicitamos a nivel de comunidades autónomas donde
se está produciendo una cierta desfiscalización en decisiones
políticas por parte del Estado. Y espero que, si no son asumidas
ahora, las podamos discutir cuando se vea el modelo de financiación
autonómico, ese modelo de financiación que, según el señor Merino, el
Partido Socialista tiene troceado y diversificado. Estoy convencido
de que ese modelo que tiene el Partido Popular, ese modelo que llaman
el modelo Zaplana -no sé si es el que mantienen ahora- será un punto
de encuentro y de acuerdo con el nuestro. Sólo por una razón, porque,
como bien dice hoy el periódico Levante, un ex director general del
Partido Socialista, del modelo y de la época socialista, Francisco
Pérez, responsable del IVIE, fue el que elaboró el modelo Zaplana
y fue al que Pedro Solbes, ministro de Economía, solicitó en su momento
la coautoría, la realización del informe o el libro blanco sobre la
financiación autonómica. Si las fuentes, en definitiva, pueden ser
muy similares, espero que en la discusión nos pongamos bastante de
acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez
Sanjuán.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Merino tiene la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en este debate
sobre la ley de acompañamiento
yo creo que estamos en la misma dinámica que en el de Presupuestos
Generales del Estado en cuanto a los grupos de la oposición. Voy a
dar una contestación general a todas las enmiendas y luego haré
referencia a una cuestión que nos ha planteado Convergència i Unió.
Yo quiero decirles que ustedes caen en la incongruencia y ustedes
mismos se descalifican en su discurso político. No se puede empezar,
por parte de los portavoces, criticando que en esta ley de
acompañamiento se modifican leyes cuando ustedes, en sus propias
enmiendas, quieren más todavía. El Grupo Socialista pretende, si no
me equivoco, que en este título se añadan cinco adicionales nuevas.
Ustedes están criticando que el Partido Popular y el Gobierno, con la
ley de acompañamiento, modifiquen leyes y ustedes, con sus enmiendas,
están haciendo más de lo que hace el propio Gobierno. Es difícil
mantener un discurso político de coherencia con ustedes, porque no
hay cosa peor que discutir con alguien que no tiene las ideas claras
y que lo que hace no se corresponde con lo que dice. No pueden
ustedes criticar al Gobierno cuando, como bien ha dicho nuestro
portavoz don Vicente Martínez-Pujalte, ustedes mismos fueron los que
crearon la ley de acompañamiento. Si ustedes crearon el sistema y
ahora critican al Gobierno, y no es sólo que lo critiquen, sino que
enmiendan más que el propio Gobierno, ¿cuál es entonces la coherencia
entre el discurso del Grupo Socialista y que se hace en esta Cámara?
Luego nos dirán que estamos todos los días criticándoles y
descalificándoles. No es que nosotros les descalifiquemos; es que les
hacemos ver sus incoherencias, su forma de trabajar en política y
cómo para ustedes todo vale; para ustedes, en política todo vale.
No puede quedar en esta Cámara sombra o duda sobre las actuaciones
por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular respecto a
incompatibilidades de altos cargos. No se pueden utilizar palabras o
adjetivos que puedan sembrar dudas. En las actuaciones del Gobierno
hay absoluta claridad, hay absoluta claridad en las normas que
figuran en la ley de acompañamiento y hay absoluta claridad en cuanto
a las incompatibilidades y actuaciones de los altos cargos. Yo le
decía en Comisión que la declaración del impuesto sobre el patrimonio
era más completa que la declaración de bienes y hoy tengo aquí dos
cuadros que lo demuestran. Por tanto, se está dando más información:
a esta Cámara, a los ciudadanos y a toda España, y no se puede dejar
caer esa duda que ustedes plantean, porque están actuando contra la
racionalidad política, porque están desvirtuando la realidad de esta
ley de acompañamiento y la realidad de las actuaciones del Gobierno
de España, puesto que no se flexibiliza la incompatibilidad de los
altos cargos ni aumenta la falta de transparencia, sino todo lo
contrario: se ordena, se regula y se aclara. Ahora bien, también se
reducen actuaciones inútiles que duplican la gestión administrativa.
Varios preceptos de la ley de acompañamiento
pretenden clarificar y organizar la Administración. Yo comprendo que
ustedes, que han estado 14 años y han tenido una Administración
absolutamente desorganizada, no estén de acuerdo con los
planteamientos del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Hoy en
día la Administración central es una administración más moderna, más
eficaz, más organizada, más profesional y más independiente. Esas son
las verdades, y que se introduzca una norma de movilidad -que ustedes
llevan a lo máximo- no quiere decir que todos los funcionarios de la
Administración central se vayan a mover por toda España -eso es coger
el rábano por las hojas-; ahora bien, permitan ustedes que este
Gobierno tenga capacidad de organizar la Administración central, sin
que se lesione ninguno de los derechos que tienen nuestros
funcionarios, porque este Gobierno no lesiona derechos de nadie y
mucho menos de los funcionarios.
Respecto al artículo 30, debemos decir que lo único que se hace es
adaptar la normativa al pacto local, pero si se desconoce cuál es el
pacto local y se viene a demostrar que hay una falta de voluntad de
municipalismo por parte de los grupos de la oposición, también se
desconoce que este artículo pretende adaptar la normativa al pacto
local que se llevó a cabo con la Federación Española de Municipios y
Provincias, representante de todos los ayuntamientos.
En cuanto al planteamiento de Convergència y Unió, quiero decirles
que tengan la absoluta tranquilidad de que el espíritu que ustedes
manifestaban en su enmienda queda recogido en el artículo 35.4 de la
norma. Lo digo expresamente para que quede claro que esa potestad de
la que usted hablaba y que yo, como municipalista, comparto queda
recogida en la norma que hoy pretendemos aprobar. Les agradecemos su
voluntad de retirar la enmienda una vez que aceptan que ese es el
espíritu y la interpretación que se le quiere dar a la norma.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar el contenido del
título III porque recoge en los justos términos actuaciones que son
necesarias para poder ejecutar el presupuesto, para poder ejecutar
los objetivos del Gobierno y para poder llevar a cabo una política
que está dando buenos resultados en España. Este conjunto de medidas
favorece a la Administración central, favorece a los funcionarios, a
la organización de la Administración central y, en definitiva,
favorece a todos y cada uno de los ciudadanos de España. Por lo
tanto, manifestamos nuestro apoyo al proyecto del Gobierno y nuestro
rechazo de las enmiendas que han planteado los grupos de la
oposición.
Muchas gracias. (El señor Padrol i Munté pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Merino. ¿Sí,
señor Padrol?
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, tal y como he anunciado
anteriormente, al hilo de la intervención del señor Merino, ratifico
que mi grupo parlamentario retira la enmienda número 145.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Concluido el debate de las enmiendas al título III, Título IV
vamos a comenzar el debate del título IV.
Enmiendas presentadas a este título por el Grupo Parlamentario Mixto,
firmadas por el señor Puigcercós y el señor Rodríguez Sánchez.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo brevemente, señor presidente, para
dar por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós y para defender
las del Bloque Nacionalista Galego, que son tres. Con la primera, la
número 181, se pretende que las aportaciones y desembolsos económicos
que el Estado deba hacer a organizaciones internacionales para
cumplir compromisos asumidos también convencionalmente con dichas
organizaciones tengan el adecuado control de esta Cámara. Con la
enmienda número 182 se pretende que en la modificación que se propone
en el artículo 40 se establezca un plazo máximo de 15 días para la
resolución que haya de hacer el jurado provincial de expropiación
para fijar el justiprecio de los bienes que se pretende expropiar.
Con la enmienda número 183 se pretende que se rebajen las tasas que
el servicio Red.es. exige para la asignación de dominios.es. Parece
que una tasa de 18.000 pesetas es excesiva de acuerdo con el coste
efectivo del servicio, lo que no contribuye a promover un acceso cada
vez mayor a las nuevas tecnologías y sobre todo de empresas y
entidades a Internet.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) (El señor Aymerich Cano pide la palabra.) ¿Sí, señor Aymerich?
El señor AYMERICH CANO: Solicito que se den por defendidas las
enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Las damos por defendidas, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Son dos las enmiendas que procede defender.
La primera se refiere a incorporar un nuevo apartado en el artículo
61 de la Ley General Presupuestaria respecto a aquellos supuestos en
que es posible asumir o adquirir compromisos de gasto con carácter
plurianual. En la actualidad, en el artículo 61.2 son diversos los
supuestos que se contemplan: inversiones, transferencias de capital,
arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por organismos del
Estado, etcétera, y mi grupo parlamentario propone que se incorporen
también los programas de fomento de la ocupación cofinanciados por la
Unión Europea. Los programas de fomento de la ocupación forman parte
de acciones cofinanciadas previstas en el objetivo 3 del Fondo Social
Europeo. De acuerdo con la normativa comunitaria, los marcos de apoyo
tienen una duración de seis años y tienen que prever la
cofinanciación, por lo que entendemos que es adecuado modificar el
artículo 61.2 para incorporar ese supuesto como un caso en el que se
pueden asumir compromisos de gasto con carácter plurianual.
La segunda de estas enmiendas al título IV, la 147, la doy por
defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Pleguezuelos para defender las enmiendas al título IV, dado que vamos
a continuar el debate título por título y luego entraremos en las
disposiciones adicionales.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor presidente, en ese caso debo
decirle que compartiré el turno con el diputado Díaz-Cano.
También en este título, cómo no, el Partido Popular utiliza la ley de
acompañamiento, que habitualmente viene siendo la percha en la que
cuelga toda una serie de modificaciones de leyes que, como mínimo,
debieran tener un debate monográfico en esta Cámara, para llevar a
acabo importantes reformas del la Ley General de las
Telecomunicaciones. Me voy a centrar en una que corresponde a este
título y que entiendo que es importante, la modificación que se
contiene en el proyecto de ley de medidas del artículo 45, que tiene
por objeto regular esa nueva entidad empresarial Red.es., que va a
ser la encargada a partir de ahora de gestionar el registro de
nombres de dominio de Internet bajo el código de España.es.
Señorías, el artículo 45 fija la tasa de utilización del dominio.es.
en 18.000 pesetas para la asignación inicial y el primer año y en
12.000 pesetas para los años sucesivos, lo que entendemos que es una
tasa muy alta. Ya se lo dije al diputado Cámara en Comisión y él, que
no pareció escuchar mi intervención aquel día, pero al
que hoy tengo la oportunidad de dar la réplica, me decía que no sabía
en qué se fundamentaban los importes de la propuesta socialista, por
qué era así y sobre todo que no le parecía una propuesta solvente,
porque no venía acompañada de un informe previo de los costes. Añadía
que la propuesta del Gobierno, por el contrario, sí estaba sustentada
en un informe económicofinanciero, que esta Cámara no conoce y que
espero que nos dé ahora su señoría. No obstante, como creo que usted
no conoce las tasas de utilización de los dominios en los países de
nuestro entorno -Europa, Estados Unidos y Canadá- se las puedo
proporcionar una a una, porque las tengo aquí, y le puedo asegurar
que la que ustedes proponen es la más cara de todas. En Francia, en
Alemania, en Bélgica y en el Reino Unido los precios del dominio de
Internet son mucho más bajos tanto en la asignación inicial como para
los años sucesivos. Por eso lo que pretendemos con nuestra enmienda
es reducir esa tasa a 7.500 pesetas por asignación inicial y a 6.500
para los demás años. Insisto, se lo dije en Comisión y le repito
ahora que esa tasa es la media de los precios de los dominios
europeos; por tanto es una propuesta solvente, una propuesta avalada
por datos y que viene informada económicamente por el coste del
servicio y por el precio de los dominios en otros países.
Yo quisiera que usted nos justificara la propuesta del Gobierno
porque esa no viene avalada en el proyecto. ¿Dónde está la preceptiva
memoria económico-financiera que establece el artículo 20 de la Ley
de tasas? Ustedes no la han presentado y si existe, que usted dice
que sí, esta Cámara debiera conocerla y también debieran conocerla
los usuarios, porque así sabríamos por qué el Gobierno ha decidido
que sea esta tasa y no otra más parecida a la que utilizan los países
de nuestro entorno. Señorías, en esto ustedes tampoco han seguido la
tónica y los pasos de los países europeos. ¿Por qué? Porque en la
segunda parte del artículo 45 dan un paso más y abren la puerta al
procedimiento de subasta para los nombres de dominio en unos
supuestos que inicialmente el proyecto de ley denominaba de especial
interés económico o demanda y que ahora define como de carácter
especial.
Me decía el otro día, señor Cámara, que no parecía que me hubiera
leído la autoenmienda del Partido Popular para -según usted- arreglar
el texto del artículo 45 que nos propusieron a debate. Sí la he leído
y le tengo que decir que si bien es verdad que modifican y mejoran
algunos aspectos de la redacción, lo que además hacen con toda
certeza es profundizar en la discrecionalidad que se reserva el
Gobierno para definir en el llamado plan nacional de nombres de
dominios -que va a elaborar posteriormente y que no sabemos con qué
criterios, pero sí que se hará por el procedimiento de subasta- una
serie de dominios que ustedes considerarán de carácter especial, pero
que nosotros no conocemos y que sin duda debiéramos conocer. No es de
recibo, señorías, en primer lugar, que utilicen ustedes
el procedimiento de subasta para los dominios y para los usuarios de
Internet y, sin embargo, no lo hagan cuando tienen que aplicar
realmente ese procedimiento en el tema de las licencias de telefonía
móvil de tercera generación. Ustedes, en primer lugar, decían que la
subasta no era buena, que el objetivo no era recaudar cuando se
trataba de dar las licencias de UMTS, y sí lo es ahora cuando se
trata de que algunos dominios puedan subastarse. Yo les voy a poner
un ejemplo a los señores representantes en la Cámara para que lo
entiendan, un ejemplo muy facilito. Existe el dominio internautas.
Imagínese que el Gobierno decide que ese es un dominio de carácter
especial para poder subastarlo. Si llega una gran operadora,
Telefónica o cualquier otra, y decide subastar y elevar el precio de
la tasa, ¿qué hará finalmente el Gobierno? ¿Quitar lo que por la
legislación de marcas y patentes se le dio a alguien? No parece
razonable, señoría, este procedimiento. Por tanto, nuestra primera
propuesta va encaminada a suprimir este artículo. Señor Cámara, no es
incoherente; todo lo contrario. Cuando no podemos evitar que traigan
un proyecto que modifica las leyes por este procedimiento tenemos que
utilizar, y eso no es incoherencia, como decía el señor Merino, la
práctica para poder resolver los entuertos que ustedes crean con esta
ley.
Termino, señorías, si me permite el presidente, defendiendo una
enmienda a una disposición adicional, con lo que no iría en el
siguiente bloque, la número 274, relativa al servicio universal de
telecomunicaciones y a las contribuciones económicas de los titulares
de licencias individuales para el uso del dominio público
radioeléctrico. Nosotros entendemos que en este terreno hace falta
una actuación global del Gobierno, porque es una materia en la que no
se puede ir parcheando continuamente, como viene haciendo durante
estos últimos ocho meses la ministra del ramo. En esta enmienda
instamos a que el Gobierno nos presente, en el plazo de tres meses,
un proyecto de ley en el que al menos se recojan tres aspectos que
consideramos fundamentales. El primero es el de la inclusión en el
servicio universal de telecomunicaciones de un conjunto de servicios
mínimos de Internet que tengan una estructura de tarifa plana, un
precio asequible y ofrezcan la gratuidad para las escuelas, para los
servicios sanitarios, para discapacitados, etcétera. De otra parte,
creemos que es muy importante también que se regulen las exacciones
tributarias a esos titulares de licencias de uso del dominio público
radioeléctrico, sobre todo en el caso de las licencias de UMTS,
porque pensamos que es tan importante como para que tengan en cuenta
en la regulación de las exacciones tributarias los resultados
económicos obtenidos en cada uno de los procesos de adjudicación de
las licencias de telefonía móvil en la Unión Europea. Por último,
señorías, entendemos que el destino del producto de esas exacciones
tributarias debe ir fundamentalmente a un fondo nacional del servicio
universal de telecomunicaciones y desarrollo
de la sociedad de la información, porque sólo así podremos distribuir
de forma equitativa esos beneficios de la sociedad de la información.
Por eso les pedimos que acepten esta enmienda y que corrijan lo que
viene siendo una política nefasta en estos ocho meses de Gobierno y
del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Apoyando esta enmienda
sin duda la corregirán.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pleguezuelos.
Señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señor presidente. Haré la
intervención desde el escaño porque voy a ser breve.
Intervengo para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, de supresión, a los artículos 47, 48 y 49 del proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que son
aquellos que se refieren a la adscripción de Radiotelevisión Española
a la SEPI, la modificación de la Lofage y la modificación de la Ley
de creación de determinadas entidades de derecho público, en concreto
la de la SEPI. Intervengo sobre todo para llamar la atención
modestamente del Grupo Parlamentario Popular para que no se
equivoquen, como lo hicieron en la Comisión de Economía, y que hoy en
el Pleno no cometan la incongruencia de hacer lo contrario a lo que
manifestó el señor Cámara en la Comisión.
El señor Cámara en la Comisión de Economía dijo literalmente,
transcripción taquigráfica: Se hace imprescindible la modificación de
la adscripción de Radiotelevisión Española a la SEPI. Efectivamente,
señor Cámara, se hace precisa la modificación de la adscripción, es
decir, no hay que adscribir Radiotelevisión Española a la SEPI, tal y
como usted mismo lo ha planteado. Yo espero que al señor Cámara no le
pase con el oído lo que a Clemenceau con el corazón. Clemenceau, ya
con 80 años, fue a visitar al médico para hacerse una revisión y una
vez que se la hizo le preguntó ¿qué tal estoy? El médico le dijo:
tiene usted el corazón como un joven de 18 años, y Clemenceau
respondió: no me extraña, no creo haberlo usado en mi vida. Que no le
pase a usted esto con el oído cuando dice que nosotros denunciamos
que la adscripción de Radiotelevisión Española a la SEPI se hace de
forma encubierta. No, no, es una reforma encubierta. El problema está
en que usted probablemente no se ha enterado, señor Cámara, por una
razón, y se lo digo con mucho respeto, porque quien mucho abarca poco
aprieta, y yo sinceramente estoy convencido de que usted no se ha
leído el informe del Consejo de Estado de julio de 2000, porque si se
lo hubiese leído, no habría podido utilizar la misma argumentación
que en la Comisión de Economía, porque el propio Consejo de Estado
dice exactamente que se produce esa alteración de la estructura de
Radiotelevisión Española y de la propia Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. En cualquier caso, serán opiniones, la
suya diciendo que no y la mía diciendo que sí; por eso recurriremos
al Tribunal Constitucional, para que diga si es o no correcto que se
produzca esa modificación.
Por último, dice usted que la decisión de adscribir Radiotelevisión
Española a la SEPI es muy meditada. Pregúnteles usted a todos los
sindicatos de Radiotelevisión Española a ver qué opinan; leáse el
informe del Consejo de Estado; leáse el informe del Consejo Económico
y Social y luego, si quiere, hablamos de si es poco o muy meditada la
decisión del Gobierno de adscribir Radiotelevisión Española a la
SEPI.
Para finalizar, señor presidente, la Línea 900 no es una línea
erótica, sino un programa de Televisión Española que se emite por La
2, que tenía previsto emitir un programa que se titula La sombra del
caudillo, que efectivamente es alargada, y ¿sabe por qué es alargada?
Pregúntele a los directivos de Televisión Española por qué no emiten
dos anuncios del Gobierno de Aragón sobre el Plan hidrológico
nacional cuando, según la doctrina del Tribunal Constitucional,
impedir o limitar la emisión o elaboración de programas que se
someten a un examen previo se llama censura.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz-Cano.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señor Presidente.
Señores del Grupo Socialista, ¿no se aburren ustedes como culebras de
hacer planteamientos en los mismos términos en que lo acaba de hacer
S.S. en esta Cámara, planteamientos que tienen tan poco en el fondo?
¿S.S. no se da cuenta de que a lo único que nos someten
permanentemente es a una escenografía que nadie en esta Cámara ni
fuera de ella comprende?
Señorías, la vida, como casi todas las cosas, es de colores. En
zoología se estudia que tan sólo hay una pequeña parte de los
animales de esta tierra, los menos evolucionados, que ve en blanco y
negro. ¿No les parece que después de transcurridos cinco años podían
empezar ustedes a evolucionar en su forma de hacer política, en la
forma de plantear las cuestiones en esta Cámara? ¿Creen de verdad que
los españoles perciben bien que SS.SS. vean sólo las cuestiones en
blanco cuando las presentan ustedes y en negro cuando las presenta el
Gobierno? ¿No están aburridos de que la realidad les quite la razón
permanentemente? Ustedes deben responder ante siete millones de
votantes. ¿Creen que esos siete millones de votantes perciben
correctamente que ni una sola de las propuestas del Gobierno del
Partido Popular, que ha beneficiado obviamente a la sociedad
española, haya sido votada
favorablemente por ustedes? ¿Creen ustedes que los españoles están
todavía para muchas de sus juergas en los medios de comunicación, hoy
con Retevisión, hace un rato relacionado con los dominios en
Internet? ¿No creen que sería más positivo empezar a hacer política
de otra manera? (Rumores.) Si me dejan, sigo. No pierdan la calma,
señorías, yo tengo mucha paciencia. ¿No creen que sería mejor seguir
aplicando planteamientos políticos como el que alguno de sus
compañeros que tiene otra forma de entender la política ha hecho esta
mañana? Por ejemplo, ha intervenido este portavoz hoy en la Cámara
para explicar -lamentablemente no se ha hecho con demasiada
profusión- que es necesario incluir en la ley de acompañamiento algún
artículo que modifique la Ley de Haciendas Locales, saltándose ese
criterio, más o menos extendido dentro de su grupo, de que la ley de
acompañamiento es una especie de ley de amañamiento, como decía algún
diputado ilustre del Partido Socialista, que no está
desafortunadamente en esta Cámara, cuando lo que hacen ustedes
permanentemente es vulnerar la paternidad del chiquillo que ya tiene
seis años, que es la ley de acompañamiento. ¿No se acuerdan ustedes
que en 1994 el Tribunal Constitucional decidió que las leyes de
presupuestos eran inconstitucionales -las suyas- y que había que
abordarlas mediante una ley que no fuera la de presupuestos? ¿Por qué
se empeñan en seguir negando la mayor a ese crío que es suyo? Lo
único que hemos hecho nosotros es que a aquel crío que era glotón
y bastante torpe le hemos sometido a cierta dieta alimenticia y hoy
aparece una ley de acompañamiento mucho más aseada que la que ustedes
presentaban. Hemos cogido a aquel niño torpe y lo hemos convertido en
algo bastante más útil y más eficaz de lo que eran las leyes de
acompañamiento. Dejen de negar la paternidad de un instrumento que ha
resultado ser eficaz, porque si la vida es en colores, además tiene
su tiempo. A lo largo de la vigencia de los presupuestos tiene que
acometerse algún tipo de modificaciones. Estas son las que ustedes
inventaron en 1994 para ir adecuando a los tiempos las necesidades de
los españoles en cada una de las leyes que se modifican en la ley de
acompañamiento. Eso es exactamente lo que trae la ley de
acompañamiento en este año, por cierto, mucho más adelgazada, si se
me permite, que en otras ocasiones, como ha demostrado
acreditadamente el informe al que aludía el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Consejo de Estado y del Consejo
Económico y Social. Esta es la realidad.
Les animo a que hagan propuestas como la del artículo 39. Saltándose
su criterio de que la ley de acompañamiento es un absurdo,
precisamente porque abortaría el debate parlamentario, hagan cosas
como las que hizo su compañero Martínez Sanjuán en la Comisión.
Lamentablemente no lo ha hecho hoy, quizá por falta de tiempo, por
aburrimiento, quizá porque ni siquiera le convenzan los
planteamientos de su propio grupo parlamentario. Aportemos
posibilidades, con
algún sorprendente criterio relacionado con el endeudamiento local,
reduciendo los riesgos que tienen que asumir nuestros ayuntamientos
por causa de una todavía deficiente financiación que, en la medida
que se puede, se va abordando a través de, por ejemplo, el pacto
local. ¿Se acuerdan ustedes del pacto local? Desde el pacto local,
que ninguno de ustedes critica ya, tan sólo ha transcurrido un año y
medio. Fue una propuesta conjunta de la Federación Española de
Municipios y Provincias y se incorpora a la ley de acompañamiento.
Ustedes también criticaron el instrumento. Este año no sólo no lo
critican, sino que promueven una modificación, sobre la que nosotros
hemos meditado y que tiene alguna pega de carácter jurídico, pero ese
es el camino. El camino no es que cualquiera de los planteamientos
que hace el Grupo Parlamentario Popular caiga en el olvido, porque su
posición política formal es sencillamente la de la inexistencia de la
gama de grises, que es otra de las formas en las que se puede ver
también la actividad política. Introdúzcanse con un poquito más de
trabajo, con un poquito más de tesón en este tipo de políticas y a lo
mejor se encuentran con algo más que un frontón por parte del resto
de los grupos de la Cámara. Si ustedes tuvieran un planteamiento
político más dialogante, en el que además de la simple crítica
destructiva y de desgaste del Gobierno se encontrara alguna propuesta
constructiva, quizá encontraría en los grupos de la oposición otra
actitud con respecto a sus propuestas, pero lamentablemente no
existe.
Respecto a la enmienda que parece ser la única que ha merecido por
parte del Grupo Socialista el respeto, el cariño suficiente para ser
presentada hoy en esta Cámara (lo digo porque hay más, hay una
relacionada con esta ley presupuestaria de acompañamiento que ustedes
han creído que no había que defenderla, así como otra al artículo 39
que tampoco han considerado necesario defenderla, y sin embargo sí
aquellas que, como decía el señor Núñez ayer, son al fin y al cabo
ratoncitos pequeños para lo que de verdad necesita resolver nuestra
sociedad-, es cierto que la tasa de utilización del dominio va a ser
de 18.000 pesetas, como también es cierto -y tendrán ustedes ocasión
de comprobarlo tantas veces como tengan interés en hacerlo, interés
en algo más que poner en solfa cualquier propuesta que salga del
Gobierno- el informe económico- financiero que lo sustenta. Yo no sé
si usted sabe lo que es una tasa; yo creo que sí, lo que aparece en
la Ley General Tributaria que trata de remunerar el coste efectivo de
los servicios. ¿Se ha planteado usted por qué el coste efectivo del
servicio de la utilización del dominio. es. en España puede ser
superior al de otros países? ¿Quiere que le dé alguna pista? ¿Se le
ha ocurrido pensar que en España llevamos algún tiempo de retraso con
respecto a la utilización de estos dominios en Internet como
consecuencia de alguna paralización o falta de iniciativa, hace unos
años, que tuvo que ver con las gestiones implementadas en la época de
los gobiernos socialistas? ¿Se le ha ocurrido que ésta puede ser una
razón? Cuando se presente el informe económicofinanciero -no tengo
ninguna duda de que usted, que es una parlamentaria tenaz, lo
solicitará-, cuando lo lea, comprobará que está sustentado no en
propuestas que tienen que ver con vamos a poner la mitad porque así
parece que la tasa suya es cara y la nuestra es más barata, sino en
una razón absolutamente justificada técnicamente que poco tiene que
ver con las insinuaciones de su señoría. Yo le decía también en la
Comisión -y veo que lo hice con poca fortuna- que si se había mirado
detenidamente o no, me da igual, aunque fuera por encima, la enmienda
87 de nuestro grupo. ¿Usted la ha leído? ¿Por qué no nos dice la
verdad -porque yo sé que usted se la ha leído- que le parece bien la
modificación que el Grupo Parlamentario Popular introduce en el
artículo correspondiente? ¿A usted le parece mal el planteamiento que
ha hecho el Gobierno sobre el plan futuro de dominio? (La señora
Pleguezuelos Aguilar pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría,
es que no se le ha oído decir en esta Cámara nada relacionado con la
propuesta del Partido Popular que ha sido incorporada en la ponencia.
El otro día tampoco lo hizo y ahora... (La señora Pleguezuelos Aguilar:
Sí, sí.) No, no insista; usted no ha hecho ninguna referencia a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pues hay un
plan nacional de nombres de dominio y la cuantía, como usted sabe, se
determinará en función de circunstancias de todo tipo. Por ejemplo, y
por encima de cualquier otra razón, usted sabe perfectamente, como yo
y todos los miembros de esta Cámara, que hay algunos registros de
dominio que tienen valor económico en sí mismos. En nuestra enmienda
se incorpora una modificación que pretende dar solución a esta
cuestión. Como mínimo yo creo que hubiera sido necesario, para
acreditar cierta solvencia política, que usted hubiera reconocido que
la propuesta del Grupo Parlamentario Popular tenía cierta valoración
positiva.
Desde luego, señor Díaz-Cano, no tengo ninguna intención de
reproducir los argumentos que de forma brillante, como usted
reconocerá conmigo, el señor Ballestero le ha dado esta mañana. Usted
sabía que el debate se producía esta mañana, aunque está
perfectamentelegitimado para hacerlo en este momento o en cualquier
otro. Yo le digo que el debate ha sido esta mañana. Entiendo que S.S.
no ha quedado satisfecho porque de la posición política de ambas
partes ha quedado bien claro que la posición de nuestro grupo estaba
sustentada, avalada políticamente, y a ustedes tan sólo les movía una
intención que es seguir aportando titulares de periódico sin ninguna
argumentación que tenga que ver con la realidad de Radiotelevisión
Española. Lo que está en el «Diario de Sesiones» está dicho, pero
también lo dicho por nuestro portavoz en el día de hoy. Entiendo que
usted necesitaba sacarse la espina del fracaso evidente que supuso su
intervención hoy por la mañana. Lamento que sea así. Tendrá usted
oportunidad
de nuevo para intervenir cuantas veces sea necesario Canaria, el de
Santa Cruz de Tenerife, los de Valencia, en esta propuesta que hace
nuestro grupo. Bilbao y Vigo estén sometidos a esta situación de
bloqueo Nada más, señor presidente. de sus competencias
jurisdiccionales, y de sus principios de autonomía funcional y de
gestión, que el El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias,
Gobierno tendrá que dar una solución rápidamente para señor Cámara.
evitar las situaciones de conflictividad laboral anunciada Título V
Culminado el debate de las enmiendas al título IV, por los sindicatos
respectivos de los puertos. En el vamos a comenzar el debate de las
enmiendas al título V. ámbito de Canarias la unidad sindical es total
en los Por el Grupo Parlamentario Mixto hay presentadas documentos
conjuntos firmados por los sindicatos, la enmiendas firmadas por los
señores Puigcercós, Núñez Intersindical canaria, UGT y Comisiones
Obreras. Es y Rodríguez Sánchez, que entiendo antes se han dado un
problema de reivindicación laboral que tienen unos por defendidas.
convenios colectivos firmados entre la parte laboral Para defender la
enmienda del Grupo Parlamentario social y la parte empresarial,
representada por la Autoridad de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones. Portuaria, que se encuentran sin posibilidad de
aplicación por este bloqueo que está realizando la El señor MARDONES
SEVILLA: Muchas gracias, Cecir. Esta situación es insostenible y
creemos que con señor presidente. nuestra enmienda y con el buen uso
razonado que haga La enmienda que me corresponde defender en este la
Administración central, los ministerios de Economía trámite es la
número 71, al título V, en la que proponemos y Hacienda, se podrá
despejar rápidamente. Señor presidente, un artículo 56 bis, nuevo, y
estamos hablando del nuestra enmienda va dirigida a solucionar el
texto del proyecto de la ley de modificaciones que problema en un
ámbito de coordinación y colaboración, hacen referencia a la Ley 62/
1997, que modificó la para que no haya disparidades en convenios Ley
27, de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina colectivos que por
razón de presión social o laboral Mercante. Esta enmienda coincide en
términos literales puedan haberse interpretado como muy asimétricos
con la 149, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència dentro de
la estructura de convenios colectivos de todo i Unió) y con la 243,
del Grupo Parlamentario el Estado.
Socialista. Esta enmienda trata de resolver un problema Nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (El que se nos está planteando en
este momento en señor Aymerich Cano pide la palabra.) los puertos
canarios como unos más entre los 12 puertos españoles cuyas
autoridades portuarias, en razón de El señor VICEPRESIDENTE (Camps
Ortiz): Gracias, lo que dicen estas leyes invocadas de puertos y de
la señor Mardones. marina mercante, son entes públicos que tienen
personalidad El señor Aymerich me está pidiendo la palabra. jurídica
propia y gozan de una autonomía funcional y de gestión propia. La
situación actual en España El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, es
que 12 puertos tienen firmados estos convenios señor presidente, por
tolerar este quebranto del orden colectivos laborales y hay un
organismo centralizado, normal en las intervenciones. el Cecir, que
no da la autorización correspondiente, se Al título V el Bloque
Nacionalista Galego presenta encuentra en situación de silencio
administrativo y las una serie de enmiendas. La número 186 pretende
suprimir negativas que se han dado a determinadas autoridades la
referencia que en el artículo 56 del proyecto se portuarias no vienen
razonadas. Esta situación es insostenible hace a un nuevo canon por
concesión de la lámina de y va en demérito no solamente de la
eficacia y agua sobre la que se asientan bateas u otras instalaciones
de la gestión de los puertos del Estado, sino de un Estado de
cultivos marino, viveros flotantes, etcétera. Creemos de derecho en
el que la inseguridad jurídica se puede que con la imposición de un
canon lo que se instaurar por esta vía. ¿Qué propone nuestra
enmienda, introduce es una doble imposición para empresas de como las
otras que he citado del Grupo Parlamentario cultivos marinos que en
este momento ya están en algunas Catalán (Convergència i Unió) y del
Grupo Parlamentario comunidades autónomas, como es el caso de la
Socialista? Sencillamente que este organismo, la gallega, pagando una
tasa por explotación de estos cultivos. Cecir, que no da ninguna
satisfacción y que está fuera Hay otra serie de enmiendas dirigidas a
restablecer de lugar jurídico, sea sustituido por la Comisión
interministerial la capacidad de negociación colectiva de los
empleados, de seguimiento de la negociación colectiva de los
trabajadores de las autoridades portuarias, de empresas del sector
público, donde creemos que por una razón. Si la vigente Ley de
puertos establece debe estar ubicada la competencia. No tratamos con
para las autoridades portuarias un sistema de gestión nuestra
enmienda -y he visto satisfactoriamente que empresarial, parecería
lógico también que en atención los otros grupos que he citado
tampoco- que haya una a las diferentes tareas que los empleados de
estos entes descoordinación total en la política laboral de convenios
públicos tienen que realizar, que varían de unos puertos colectivos
de los puertos del Estado. Es tan chocante a otros, se reconozca una
capacidad de negociación que puertos de la trascendencia como el de
Barcelona, colectiva en los mismos términos que se reconoce en la el
puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran legislación laboral común.
Actualmente lo que está
sucediendo es que los acuerdos a los que llegan los representantes de
los trabajadores con los representantes de la dirección de estas
autoridades portuarias ven impedida su eficacia y su validez incluso
por el informe negativo que hace la Comisión interministerial de
retribuciones. Este es el sentido de las enmiendas que el Bloque
Nacionalista Galego presenta a este título V.
Doy por defendidas las enmiendas del señor Puigcercós e intervendrá
ahora, compartiendo el tiempo, el señor Núñez.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, voy a ser muy breve porque
las dos primeras enmiendas son de carácter técnico y se refieren a
que el sistema del mercado de valores permita inversiones distintas
de los propios accionistas. Otra enmienda se refiere a los derechos
de los viajeros -Ley de Navegación Aérea- en relación con la
suspensión de vuelos, garantizando que en cualquier caso las
compañías tengan que devolver el valor del billete o garantizar
vuelos alternativos. El resto de las enmiendas las doy por
defendidas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado algunas
enmiendas, pero no hay nadie de dicho grupo para defenderlas.
(Pausa.-El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: A efectos de la cortesía parlamentaria
también las doy por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.
Voy a proceder a la defensa de las enmiendas al título V. En primer
lugar, la enmienda 148 hace referencia a la figura del defensor del
asegurado. El cambio que se propone en el proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, a juicio de nuestro
grupo parlamentario, pone en situación de riesgo el desempeño de sus
tareas por quien ostente la funciones de defensor del asegurado,
figura contemplada en la Ley de ordenación del seguro privado y en la
normativa reglamentario de desarrollo. ¿Y por qué entendemos que pone
en peligro el papel de esta figura de creciente prestigio? Por el
siguiente motivo. Porque en la regulación hoy en día vigente, el
lapso de tiempo que tiene
para resolver el defensor del asegurado las reclamaciones, las
quejas, las sugerencias que procedan de asegurados antes de que pueda
proceder a la reclamación ante la Dirección General de Seguros es de
seis meses desde que se interpone la queja, sugerencia o reclamación
ante el defensor del asegurado. En la modificación de la Ley de
Ordenación del Seguro Privado, la Ley 30/1995, que se propone en el
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, este plazo de seis meses no cuenta desde que se acude al
defensor del asegurado, sino que empieza a contar desde que se acude
a los departamentos de la entidad aseguradora que se encargan de
atender estas quejas o sugerencias, con lo cual, si el plazo empieza
a contar desde que se acude a estos servicios, el lapso de tiempo en
el que puede operar el defensor del asegurado es sustancialmente
menor. Entendemos que esto sólo redunda en una pérdida de la calidad
en el desempeño de las funciones por parte de esta figura que está
adquiriendo un prestigio creciente, insisto.
La segunda de las enmiendas que mi grupo ha presentado al articulado
de este título V del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social hace referencia a la negociación
colectiva y a la fijación de los gastos de personal por parte de los
puertos del Estado, enmienda en sentido idéntico, diría yo, a una
presentada y defendida por el portavoz de Coalición Canaria. El
procedimiento actual de determinación de gastos de personal y de
negociación colectiva en el ámbito de los puertos del Estado viene
regulado en la ley de presupuestos a través de la Cecir. Todos los
grupos parlamentarios sabemos que la eficacia de este procedimiento
de determinar los gastos de personal y de llevar la negociación
colectiva dista mucho de ser un ejemplo de agilidad y eficacia, de
tal forma que permita a los puertos del Estado poder desempeñar las
funciones que les son propias. Sabemos que hay funciones de índole
pública, pero también que tienen asignados unos objetivos, de tal
forma que la gestión que se les exige, sin perjuicio de su función
pública, tienda a la consecución de objetivos de mejora de la
eficacia y la gestión de carácter empresarial. Como la situación, se
diga lo que se diga, es de inoperancia de la Cecir, lo que propone mi
grupo parlamentario junto con el de Coalición Canaria es que se le
aplique el mecanismo del que hoy en día disfrutan, por ejemplo,
Correos u otras empresas de carácter público, que la negociación
colectiva de las condiciones de trabajo y los gastos de personal esté
sometida al control de la Comisión interministerial de seguimiento de
la negociación colectiva en empresas del sector público. Perpetuar lo
contrario es mermar la eficacia de los puertos del Estado.
En cuanto al resto de enmiendas que mi grupo parlamentario ha
presentado, doy por defendidas las que mi grupo mantiene vigentes,
salvo la número 150, que defenderá el diputado señor Jané.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, la enmienda número 150 pretende ayudar a un más rápido
desarrollo del cable en España. La propia Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones reconoce en sus informes que existen unos
obstáculos que impiden un buen y ágil desarrollo del cable en España,
sobre todo en aspectos relativos a la obtención de los derechos de
paso y al uso compartido de las infraestructuras. Nuestra enmienda
número 150 pretende dar solución a estas insuficiencias, por lo que
nuestro grupo está abierto, ya sea hoy al final de este Pleno o en el
Senado, a buscar alguna fórmula transaccional con el Grupo
Parlamentario Popular para dar respuesta a lo que esta enmienda
pretende. Simplemente para dejar constancia en el «Diario de
Sesiones», he de decir que el uso compartido de las infraestructuras
se regula en la Ley General de Telecomunicaciones, en el título III,
pero esa regulación afecta a nuevas ocupaciones. En cambio, no se
aplica al uso compartido de infraestructuras ya existentes
previamente. Ello se intentó solucionar normativamente con el Decreto
1.736/1998, pero ese decreto es de difícil interpretación y nosotros
entendemos que no tiene el rango normativo suficiente, de ahí nuestra
enmienda número 150 que intenta dar solución a este tema. Por tanto,
nuestro grupo espera, ya sea hoy, ya sea en el Senado, que
encontremos una fórmula que ayude a lo que tiene que ser el vehículo
privilegiado de implantación de la sociedad de la información en los
hogares domésticos y en el conjunto de la sociedad, que es el hecho
de facilitar la implantación del cable en España.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Las dos enmiendas que presenta mi
grupo a este título V son las números 256 y 257. La enmienda 256
propone la supresión del artículo 53 de esta ley de acompañamiento
porque creemos que una vez más se produce un abuso en la utilización
de un procedimiento excesivamente rápido para modificar la Ley de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. No tiene sentido que se
introduzca en esta ley de acompañamiento, por lo que nuestra enmienda
es de supresión de todo el artículo 53. La segunda enmienda, la
número 257, es de supresión del artículo 54, ya que no consideramos
necesaria la modificación de la Ley de ordenación y supervisión de
los seguros privados, pero es que además su creación supone la
transformación de una figura
privada, como es la del defensor del consumidor, en un órgano
administrativo y desde nuestro punto de vista no resulta conveniente.
Por tanto, proponemos la supresión tanto del artículo 53 como del 54.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mendizábal.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señor presidente. Voy
a intervenir brevemente.
El título V del proyecto de ley objeto de debate se refiere a la
regulación de las medidas administrativas. Contempla todo un elenco
de disposiciones que introducen modificaciones puntuales y concretas
a lo que son distintos segmentos de la acción administrativa, siempre
con un común denominador que no es otro que el de actualizar y
adaptar los diversos instrumentos normativos que disciplinan esas
esferas de la acción administrativa con especial trascendencia en el
ámbito económico; actualización y adaptación que se contempla,
señorías, desde la unidad sistemática que les confiere una
determinada política económica, que es la política económica del
Gobierno de la nación. Por tanto, a nuestro juicio, se trata de poner
al día un conjunto de leyes, de sincronizarlas con las exigencias de
la política económica y presupuestaria del Gobierno o, simplemente,
de adaptarlas a las exigencias derivadas de la normativa comunitaria
o a las exigencias derivadas de la siempre cambiante realidad social
que ordenan en materias como el mercado de valores, la acción
administrativa en puertos, la legislación sectorial de seguros,
hidrocarburos, telecomunicaciones, medio ambiente o sanidad, que como
realidades sociales complejas exigen esa adaptación y actualización.
Para responder cumplidamente a las enmiendas que se han presentado,
señor presidente, y con el ánimo de sistematizar y ser breves a estas
horas, las vamos a agrupar en tres grandes bloques. Un primer bloque
se refiere a las enmiendas del capítulo 5 del título V, que
reglamenta la acción administrativa en materia de puertos. Se
introduce en la Ley 27/1992 una modificación en el sentido de
establecer que la ocupación de láminas de agua por artefactos
flotantes u otras instalaciones con destino a la acuicultura esté
sujeta al régimen de concesión administrativa o de autorización
administrativa, según los casos, con el consiguiente devengo de
cánones. La enmienda 186, del BNG, pretende la supresión de este
precepto del proyecto. Evidentemente no podemos compartir esa
enmienda, puesto que entendemos que, obviamente, la ocupación del
dominio público, ya sea ocupación privativa u ocupación especial,
tiene que quedar sujeta al régimen de concesión administrativa o de
autorización administrativa. Es decir, la previsión del proyecto es
plenamente compatible con loque son las técnicas de utilización
privativa del dominio
público y, por ende, plenamente coherente con lo que son las técnicas
de utilización privativa del dominio público portuario que diseña la
Ley 27/1992. Hay también un conjunto de enmiendas relativas a la
administración portuaria y al régimen de personal que nos merecen un
tratamiento uniforme. Son las enmiendas de Coalición Canaria, del
Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario Vasco y del
Grupo Socialista, enmiendas que debemos rechazar, puesto que en
síntesis postulan sustituir el control que en materia retributiva del
personal al servicio del ente público Puertos del Estado y
autoridades portuarias desempeña la Cecir por la Comisión
interministerial de seguimiento de la negociación colectiva de
empresas del sector público. Son enmiendas que entendemos que
desconocen la peculiar naturaleza de estas entidades que
desarrollando una actividad empresarial, y así se ha dicho también,
vienen a prestar una actividad de servicio de interés público, es
decir, que fusionan criterios de rentabilidad con criterios de
servicio público. Sus tasas y sus precios, por ejemplo, están
controlados, están tasados, no se establecen por el mercado y no
concurre ese elemento de competencia que presiona en la negociación
colectiva de otras empresas del sector público o del sector privado,
de ahí la necesidad de mantener unos criterios de armonización de la
política sectorial o de la política de negociación colectiva del
conjunto. Por lo demás, su propia normativa presupuestaria, los
procedimientos administrativos que prevé la propia Ley de puertos
establecen un régimen muy similar al que se fija para otras entidades
públicas empresariales de naturaleza económica, como es el caso de
Aena u otras. En definitiva, entendemos, señoría, que el
establecimiento de criterios relativos a la gestión de recursos
humanos y de gastos de personal que ejercen mancomunadamente el
Ministerio de Hacienda y el de Administraciones Públicas responde a
esa necesidad objetiva de mantener una política global de recursos
humanos en el sector público estatal, sin perjuicio de las
especialidades organizativas o de funcionamiento de las distintas
entidades públicas empresariales, y entre ellas de las propias
autoridades portuarias.
En un segundo bloque tenemos la enmienda 150, de CiU. Es una enmienda
que tiene una doble finalidad: por un lado, introducir competencia en
el ámbito de las telecomunicaciones y, por otro, posibilitar la
suscripción de convenios entre el Estado y las comunidades autónomas
para asignar a estas últimas la aprobación de los proyectos técnicos
a que se refiere el artículo 46 de la Ley General de
Telecomunicaciones. Entendemos que sus objetivos pueden parecer
razonables, atendibles, que podemos estar de acuerdo con la ratio que
late en la reforma, pero que en el actual escenario normativo vigente
son absolutamente innecesarias. En primer lugar, porque en cuanto a
la aprobación de esos proyectos técnicos, en los casos en que sean
necesarias expropiaciones para el establecimiento de redes públicas
de telecomunicaciones,
pueden resolverse mediante el recurso a una figura de
nuestro ordenamiento como es la encomienda de gestión. En cuanto a
las otras modificaciones que se introducen, su finalidad es fomentar,
implementar la competencia local, que ya de alguna forma viene
coadyuvada por la apertura del bucle local. Por lo demás, como
subrayaba el propio ponente del Grupo de Convergència i Unió, esta
materia ya se discutió durante la tramitación de la Ley General de
Telecomunicaciones, plasmándose como conclusión en su articulado que
la utilización compartida de infraestructuras de telecomunicación
preexistentes requiere de la expropiación forzosa en la medida en que
ello supone una privación singular de derechos e intereses legítimos.
En un tercer grupo hay un conjunto de enmiendas que vamos a rechazar
sobre gastos farmacéuticos o sobre la modificación de la Ley 18/1981.
Quiero referirme a la enmienda 257, del Partido Socialista, que
postula la supresión de un precepto del proyecto de ley so pretexto
de que pretende convertir en órgano administrativo una figura
privada. Evidentemente no podemos compartir esa tesis, al menos si
partimos de un concepto de órgano administrativo, es decir, qué
entendemos por órgano administrativo. Convencionalmente se define el
órgano administrativo como un complejo orgánico incardinado en la
Administración pública, con una esfera de atribuciones o competencia
e investido de potestades administrativas. Obviamente, ni el
requisito subjetivo ni el objetivo ni el de actividad concurren en la
regulación del defensor del asegurado o en los departamentos de
atención del asegurado. Por ende, no podemos compartir este
planteamiento. Como no podemos compartir tampoco la enmienda 215, del
Partido Andalucista, de modificación de la Ley de Navegación Aérea,
que entendemos que en el actual escenario europeo supondría colocar a
los operadores nacionales en situación de desigualdad respecto de los
demás operadores. En fin, la enmienda 53, del Partido Socialista, que
propone la supresión de la regulación o modificación de la Ley del
Mercado de Valores en el proyecto de ley con el a mi juicio peregrino
argumento de que no es oportuna su regulación en dicha ley, tenemos
que rechazarla. La tenemos que rechazar desde la convicción de que no
sólo es oportuna sino que además es legítima y estrictamente
indispensable. Es legítima porque, como SS.SS. saben, la Ley de
acompañamiento no está sujeta a las limitaciones materiales o a las
especialidades procedimentales propias de la Ley de presupuestos, que
por mandato constitucional únicamente pueden regular la materia
directamente relacionada con la habilitación de ingresos y la
autorización de gastos. Eso fue lo que reiteradamente le dijo al
Partido Socialista, cuando tenía responsabilidades de Gobierno, el
Tribunal Constitucional, poniendo coto al uso y al abuso del
expediente presupuestario cuando en el mismo se colaban todo tipo de
modificaciones legales. Hoy la Ley de presupuestos ya no es ese
ómnibus legislativo.Pero es que, además, consideramos que es una
modificación oportuna y que dentro de esa oportunidad incluidas en la
Ley de 1990, en los supuestos, insisto, de adaptar, modificar y poner
al día nuestro ordenamiento que contempla la Ley de amnistía. se
incluye -y en un lugar singularizado- la Nada más. Muchas gracias.
disciplina normativa del mercado de valores. Y no sólo es oportuna
sino que es estrictamente indispensable El señor VICEPRESIDENTE
(Camps Ortiz): Gracias, para la modernización del mercado de valores
y su señor Saura.Señor Núñez. adaptación al escenario europeo, para
superar, en definitiva, ese modelo mutualista en cuya virtud, para El
señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, los adquirir la condición de
miembro de un mercado andalucistas hemos presentados dos enmiendas a
las secundario o de una sociedad rectora del mismo, es disposiciones
adicionales. La primera de ellas, referida necesario participar en su
capital social.Entendemos, a un segmento del sector turístico que
tiene mucho peso señorías, que tenemos que eliminar las barreras para
en Andalucía, algo menos en el resto de España, que es facilitar o
fomentar, de alguna forma, la competencia el llamado de tiempo
compartido o time sharing. Nuestra en la intermediación bursátil y
facilitar las alianzas enmienda va en la dirección de que los
servicios que europeas de bolsas que en la actualidad se están
realizando aplican esta nueva fórmula de adquirir la propiedad vía
intercambios accionariales, lo que veda nuestro tengan el tipo
reducido del IVA del 7 por ciento, para ordenamiento. que sean
similares a los servicios de alojamiento hotelero, Concluyo ya, señor
presidente. Desde la convicción a los que se refiere el tiempo
compartido. de que esta reforma es legítima, oportuna y estrictamente
La segunda enmienda, la número 217, vuelve a esta indispensable,
rechazaremos esta enmienda del Cámara después de dos años. Es una
enmienda de reconocimiento Grupo Socialista. de singularidad a
municipios singulares; de Nada más, señor presidente. reconocimiento
de contraprestación del Estado a aquellos municipios que tengan más
de dos tercios del término El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz):
Gracias, municipal ocupados por terrenos del Ministerio señor De
Juan. de Defensa o por parques naturales. Estos municipios
Disposiciones Culminado el debate de las enmiendas presentadas no
reciben contribución por esos suelos, salvo alguna adicionales,
transitorias, al título V, corresponde ahora el debate de las
enmiendas simbólica de parque natural, y creemos que no es justo
derogatorias a las disposiciones adicionales, transitorias,
derogatorias que recaiga sobre las espaldas de sus ciudadanos el
y finales y finales, en el bien entendido que aquellos peso de
servicios de interés general del Estado, como grupos parlamentarios
que no hagan uso de la palabra los de defensa o los de protección de
parques naturales. para la defensa de estas enmiendas lo han hecho ya
en Aunque la norma es extensiva a todos los municipios su defensa a
lo largo de todo el debate de este proyecto que cumplan estas
condiciones, afectará en concreto de ley. al municipio de San
Fernando y algún que otro Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra municipio catalán. Por tanto, es una enmienda que se el señor
Saura. aplicaría como discriminación positiva y como contraprestación
a aquellos ayuntamientos que tuvieran estas El señor SAURA LAPORTA:
Señor presidente, en características.Espero que el Gobierno sea
sensible a mi intervención también doy por defendidas las esta
enmienda, que fue apoyada por todos los grupos enmiendas de la señora
Lasagabaster y del señor Puigcercós de la Cámara en Comisión, pero
que no tuvo el apoyo a las disposiciones adicionales. del Gobierno
mismo; espero que pueda tenerlo hoy en Por lo que se refiere a las
enmiendas que ha presentado el Pleno.
Iniciativa per Catalunya-Verds, simplemente quiero Muchas gracias.
destacar y explicar la enmienda número 298. Esta es una enmienda que
pretende ampliar los beneficios que El señor VICEPRESIDENTE (Camps
Ortiz): Gracias, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990
señor Núñez. dio a aquellas personas que habían sufrido prisión como
Señor Aymerich. consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley
de amnistía. Estos beneficios eran para las personas El señor
AYMERICH CANO: Intervengo muy brevemente mayores de 65 años. Desde
1990 hasta ahora hemos para dar por defendida la enmienda de
supresión recibido sugerencias o reivindicaciones de personas que
que, en coherencia con otras defendidas anteriormente, hoy tienen más
de 65 años y que en aquel momento evidentemente presenta el BNG al
apartado uno y dos de la no pudieron acogerse a los beneficios de la
disposición derogatoria única.
Ley de Presupuestos Generales de 1990. Nuestra propuesta Muchas
gracias. es que de alguna manera se amplíen los beneficios de la Ley
de 1946, de acuerdo con la Ley de Presupuestos El señor
VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, Generales del Estado, a todas
las personas que señor Aymerich. hubieran sufrido prisión, a pesar de
que no estuvieran Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
El portavoz del Grupo Popular que intervino anteriormente, el señor
Merino, dijo: yo quiero denunciar las contradicciones de la
oposición, que critica que esta ley de acompañamiento es la percha
donde colgar leyes y, luego, resulta que ellos en sus enmiendas
plantean modificaciones a nuevas leyes. Francamente, tengo que
reconocer que, en esa parte de su intervención, llevaba su cuota de
razón; estoy de acuerdo. Asumo como grupo que es una contradicción.
No es que las contradicciones sean malas pero, si queremos ser
coherentes en nuestro discurso, la oposición tendrá que ir
corrigiéndolo para futuros presupuestos. Claro que ese argumento no
sirve para decir: como ustedes critican esta ley, no le hagan
enmiendas; dentro de lo que cabe, el mejoramiento de un texto
legislativo es interesante aunque uno no esté de acuerdo con el
marco. Ahora bien, insisto en que llevaba su cuota de razón en cuanto
a aquellos puntos en que planteamos nuevas leyes. No se puede estar
en contradicción.
Sirva de descargo que, para grupos minoritarios como el que
represento, es un elemento útil porque, habiendo como hay cupo,
tenemos dificultades de entrar con proposiciones de ley en los plenos
y eso hace que aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid o que
la Ley de acompañamiento acompaña -como su propio nombre indica- a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, y la utilicemos como percha
para introducir algunas cuestiones. No obstante, vuelvo a insistir en
que no es conveniente hacerlo para seguir manteniendo la coherencia.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión, pero está claro que tanto
estas enmiendas, como las presentadas a las disposiciones
derogatorias y finales, las doy por presentadas y defendidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.
De las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a las
disposiciones adicionales, voy a defender conjuntamente las dos
primeras porque hacen referencia a una misma cuestión, aunque con
distintos enfoques: al Fórum Universal de las Culturas Barcelona
2004. El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 67
de la Ley 30/1994, de fundaciones e incentivos a la participación
privada en actividades de interés general, será de aplicación a los
programas y actividades relacionados con el Fórum Universal de las
Culturas Barcelona 2004. La primera consideración de mi grupo
parlamentario en relación con esta cuestión es que no hay ningún
obstáculo ni argumentación convincente para considerar que no sea
aplicable, para una mejor preparación de este evento, el régimen
prioritario
de mecenazgo del artículo 67 de la Ley 30/1994 a partir de 1 de
enero del año 2001; en el proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social se sitúa a partir del 1 de enero
de 2002.
La segunda de las cuestiones sobre el Fórum Universal de las Culturas
Barcelona 2004 hace referencia a su financiación y, habida cuenta de
que en otros eventos se han establecido mecanismos de financiación
específicos para este tipo de circunstancias, consideramos que de
forma análoga a la seguida para otros eventos deben arbitrarse las
medidas para que puedan ser operativas vías de financiación tales
como emisión de sellos conmemorativos, acuñación y puesta en
circulación de monedas igualmente conmemorativas y la celebración de
un sorteo de lotería nacional encaminado a obtener beneficios para
una mejor financiación del Fórum Universal de las Culturas Barcelona
2004.
La siguiente de las enmiendas, la 156, hace referencia a una cuestión
sin duda sensible y muy importante y que mi grupo entiende que debe
ser tratada con contundencia para acabar con el perjuicio que se está
produciendo para determinados operadores económicos en un determinado
sector productivo, fundamentalmente en el ámbito de las bebidas
alcohólicas, como consecuencia de que las entidades económicas, los
operadores económicos que venden bebidas alcohólicas al sector de la
distribución están cobrando el precio de la venta de estas
operaciones más tarde que el plazo que tienen para ingresar la
imposición especial sobre este tipo de productos ante la Hacienda
pública. Con lo cual resulta que han de adelantar dinero a las arcas
de la Hacienda pública y el cobro del operador económico se produce
después. Mi grupo parlamentario considera que existen distintas
formas de atajar la solución a este problema, que creo que es
evidente para cualquier analista de la cuestión. Y de las distintas
posibilidades que existen para atajar este problema financiero que se
les está produciendo a estos operadores económicos de venta de
bebidas alcohólicas, mi grupo pone el acento en que el Ministerio de
Hacienda arbitre la posibilidad de ampliar el plazo para ingresar la
imposición especial sobre ese tipo de productos ante la Hacienda
pública, que establezca la posibilidad de ampliar el plazo sin
modificar el período de presentación de la correspondiente
declaración, con lo cual no se distorsionaría en absoluto la gestión
tributaria, porque lo único que modificaría sería el plazo de ingreso
y no el de presentación, con lo que lograríamos poner fin a una
situación que no es correcta, que no es justa, como es el hecho de
que se cobre más tarde de aquel momento en el que hay que cumplir
ante la Hacienda pública española.
La siguiente enmienda es la número 157 y también es una iniciativa de
carácter normativo, una iniciativa parlamentaria que entendemos que
tarde o temprano habrá que abordar. En la prestación de servicios
profesionales se han creado múltiples formas en el marco de
asociaciones, y lo cierto es que en el ámbito de la prestación
de servicios de carácter profesional existen muchas dudas sobre cuál
es la naturaleza que une a los profesionales con la asociación en la
que se enmarcan y desde la cual prestan sus servicios. La
jurisprudencia es vacilante, aunque en los últimos tiempos la mayor
parte de los tribunales que han resuelto al respecto en esta cuestión
han entendido que la naturaleza de la relación que une a los
profesionales que prestan servicios con las asociaciones en las que
se integran es una naturaleza civil de prestación de servicios
profesionales, no es relación laboral sino una relación civil de
prestación de servicios profesionales. Pero lo cierto es que existen
muchas dudas y que las dudas están abiertas y que afectan
a significativas asociaciones en el ámbito de la prestación de
servicios profesionales. Lo que propone mi grupo parlamentario es
salir al paso de esta jurisprudencia vacilante -aunque es cierto que
mayoritaria en los últimos tiempos a favor de considerar que la
relación tiene una naturaleza civil de prestación de servicios
profesionales-, salir al paso de estas dudas y considerar que la
relación es de naturaleza civil, pero que se abra la opción para que
la propia entidad pueda decidir si la relación es de naturaleza
laboral. Es decir, ante un panorama judicial oscilante, lo mejor es
acoger y recoger la realidad existente y permitir la opción entre la
relación civil de servicios profesionales y la relación puramente
laboral.
La siguiente enmienda es la número 158 y enlaza con la reciente
liberalización del ejercicio de la actividad profesional, lo cual ha
puesto en cuestión la continuidad de una efectiva adscripción
territorial colegial para el ejercicio de profesiones en todo el
territorio de España. Lo cierto es que si se ha liberalizado esta
posibilidad de prestar servicios, parece lógico que las propias
mutualidades específicas de este tipo de profesionales, a los que se
ha abierto la puerta para ejercer la profesión en otros ámbitos
territoriales más amplios de la acotación inicial que tenían, también
puedan, siquiera las constituidas antes del 10 de noviembre de 1995,
prestar cobertura, cubrir contingencias fuera del ámbito territorial
en el que hoy puedan operar. Si los profesionales cuyas contingencias
cubren pueden operar fuera del ámbito territorial originario, como ya
ocurre hoy en día, lo lógico es que las mutualidades constituidas
antes del 10 de noviembre de 1995 puedan también prestar servicios,
cubrir contingencias fuera del ámbito territorial estricto
originario.
La siguiente enmienda que presentamos entendemos que se justifica
desde una óptica de política social evidente. Hace referencia a
aquellos casos de trabajadores con minusvalías psíquicas y que
incurren frecuentemente en situaciones de incapacidad temporal. Mi
grupo parlamentario propone que no tenga coste ante la Seguridad
Social la contratación de los trabajadores que sustituyan a las
personas con minusvalías psíquicas en estos supuestos de incapacidad
temporal. Entendemos que es una exigencia de la justicia social, que
favorecerá la integración profesional de los trabajadores con
minusvalías psíquicas.
Muy rápidamente defiendo las dos últimas enmiendas, las números 161 y
162. La enmienda número 161 hace referencia a la posibilidad de que
las cooperativas emitan valores negociables y tengan acceso al primer
y segundo mercado de valores. En principio, el marco normativo
general arbitra la posibilidad de que las cooperativas puedan emitir
estos valores y coticen en el primero y en el segundo mercado de
valores, pero el desarrollo normativo posterior no ha abierto la
puerta a esta posibilidad de manera práctica y operativa. Y la
iniciativa parlamentaria presentada, contenida en la enmienda número
161, precisamente lo que hace es abrir la puerta a esta operativa.La
última enmienda, la número 162, solicita la adscripción personal de
un letrado a cada magistrado del Tribunal Supremo para un mejor y más
eficaz ejercicio de la función jurisprudencial y la adscripción de 15
letrados al gabinete o a las salas con la misma finalidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a
consumir este turno de defensa de enmiendas que hemos presentado a
todo el conjunto de disposiciones adicionales y transitorias de que
consta la ley, al mismo tiempo que haremos reflexiones acerca de
nuestra posición en el contenido que sobre esas materias figura en el
dictamen de la Comisión.
Como primera medida, permítame, señor presidente, que fije posición
por parte del Grupo Parlamentario Socialista con respecto al
contenido de la disposición adicional decimoquinta nueva y la
decimonovena nueva -estoy leyendo textualmente-. Se refieren, sobre
todo la segunda, a subvenciones al transporte aéreo para residentes
en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Dice el texto
introducido por el Grupo Parlamentario Popular: Se amplía al año 2001
la autorización concedida al Gobierno para modificar la cuantía de
las subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, contenida en el artículo 61 de
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Dicha modificación nunca podrá
suponer disminución de la ayuda prestada o un deterioro de la calidad
del servicio en incremento de los créditos asignados a esta
finalidad.
Señorías, les voy a leer también lo que decía el artículo 61 de la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2000, titulado Subvenciones al transporte aéreo para residentes
en las
islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y decía: Se autoriza al
Gobierno de la nación para que durante el año 2000 modifique la
cuantía de las subvenciones, etcétera. Ahora resulta que lo que el
Gobierno no ha hecho a lo largo del año 2000, al menos hasta estos
momentos, que era un mandato legislativo (el Gobierno no ha ejecutado
un mandato legislativo, un mandato contenido en una ley, en el
artículo 61 de esa Ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2000), con la disposición decimonovena
nueva, que es una disposición vergonzante, el Grupo Parlamentario
Popular le quiere tapar las vergüenzas, los incumplimientos, quiere
enmascarar su negligencia y defenderlo cueste lo que cueste y pide
una prórroga de un año. Esto es: la obligación que contenía la Ley de
acompañamiento del año 2000 para con los residentes en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla y que no hemos cumplido porque somos unos
gandules y unos incompetentes, ahora, el Grupo Parlamentario Popular,
para que no se note, dice: vamos a prorrogar ese mandato un añito
más.
Segundo. Hay incumplimientos del Gobierno de las disposiciones
adicionales -y esto fundamenta la argumentación del Grupo
Parlamentario Socialista-, irrevocables, incuestionables, porque les
estoy leyendo el Boletín Oficial del Estado, que luego podrán vestir
como quieran. Decía el artículo 62 de la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2000, sobre acreditación de
la condición de residente en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla -mire qué perla de un nuevo incumplimiento-: Al objeto de
alcanzar una mayor facilitación y accesibilidad al vigente régimen de
bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de
transporte aéreo y marítimo para los residentes en las islas
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se aceptará la acreditación de
la condición de residente mediante la utilización del documento
nacional de identidad o documento equivalente para ciudadanos de la
Unión Europea. Y continuaba, señor Cámara -y esto incrementará, desde
luego, el conocimiento tan amplio que usted tiene de estas materias-:
Reglamentariamente, en el plazo de seis meses -es decir, de enero a
julio-, se determinará el procedimiento adecuado, que se basará en la
utilización de fotocopia de dicho documento, etcétera.
Los contenidos de estos artículos 61 y 62 de la Ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000 no son temas
baladí, los ciudadanos españoles residentes en las islas Canarias
están esperando -se lee en la prensa permanentemente, en los
comunicados de colectivos ciudadanos, de las instituciones públicas-
ese desarrollo reglamentario. El Gobierno no ha ejecutado, al menos
hasta el día de hoy, el contenido del artículo 61, y el mandato que
contenía el artículo 62, que reglamentariamente tendría que regular
eso en los seis primeros meses del año, tampoco se ha cumplido. No es
un tema sin importancia, porque para los ciudadanos que residen en
estas cuatro
comunidades la obtención del certificado de residencia, la
acreditación de su condición de residente en cada una de esas
comunidades es un tema muy importante. Ya sé que para un ciudadano
que reside en Valladolid, en Albacete, en Cuenca o en Guadalajara
esto no le dice mucho, pero estas son las Cortes Generales del Estado
español y estos incumplimientos del Gobierno surgieron precisamente
de disposiciones adicionales que introdujeron ustedes en la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000
-y lo he reiterado- y el Gobierno no lo ha cumplido. Una actitud
digna de un grupo parlamentario es exigir al Gobierno, cualquiera que
sea el color de ese Gobierno, el cumplimiento de los contenidos de
una ley. Luego entenderán, señorías, que el Grupo Parlamentario
Socialista, con estos precedentes -es cierto que en otras materias el
Gobierno, lógicamente, cumplirá-, diga que en esto se ha mostrado
notablemente negligente.
Por ello, señorías, es por lo que nosotros hemos presentado una
enmienda de devolución de las disposiciones adicionales sexta y
séptima y de la disposición transitoria segunda. La sexta,
modificación de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante,
del año 1992, la disposición adicional séptima, modificación de la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2000, y la disposición transitoria segunda, vinculada a estas
materias, titulada «Régimen transitorio aplicable a las tarifas por
servicios portuarios prestados por las autoridades portuarias»,
responden al siguiente problema. Ustedes recordarán -y ayer tuve la
oportunidad de indicárselo en el debate de la sección 17 al ministro
de Fomento- que la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante
de noviembre de 1992 estableció la creación de la figura de las
autoridades portuarias y estableció un mecanismo de financiación de
los puertos. Cierto es que la mayoría minoritaria, para producir la
investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno en 1996,
pactó con los grupos parlamentarios de Coalición Canaria,
Convergència y Nacionalistas Vascos modificaciones en determinadas
leyes. Una de las que se modificó fue la Ley de puertos del Estado y
de la marina mercante. Si esa modificación se hizo aceleradamente, ya
el Grupo Socialista advertía que se generarían problemas, y, en
efecto, cuando en 1997 se modificó la ley, bastaron dos años para
comprobar que se habían generado importantes problemas, y por ello es
por lo que introdujeron en la Ley de acompañamiento del año 2000 una
disposición adicional para parar el golpe de un conjunto de recursos
de quienes operan en los puertos del Estado español y se ven
obligados a pagar determinadas tasas por la ocupación del dominio
público en los puertos o como consecuencia de las concesiones
o también por los servicios de que son beneficiarios, y me estoy
refiriendo a operadores portuarios: navieros, consignatarios; me
estoy refiriendo a transitarios, a todos ellos. Pagan la tasa que la
autoridad portuaria les aplica, pero, ojo, una vez pagada la tasa, se
van a los tribunales, y los tribunales les están dando la razón. Y,
señorías, cierto es que esto se vincula con la declaración de
inconstitucionalidad, la sentencia pertinente del Tribunal
Constitucional, a la Ley de tasas y precios públicos. Pero
precisamente para solventar ese problema era necesaria una ley
específica, monográfica, de financiación de los servicios públicos en
los puertos españoles, y el Grupo Socialista -y este interviniente en
reiteradas ocasiones así lo ha venido demandando- ha solicitado una
ley específica de financiación de los puertos españoles. Y, miren
ustedes, a finales del año 1999, tanto en Comisión como en Pleno, el
Gobierno, a través del ministro del ramo, se comprometió a presentar
ante la Cámara en los tres primeros meses del año 2000 -tengo el
«Diario de sesiones» no en mis manos en estos momentos, pero
podríamos acudir a él ante cualquier duda al respecto- una ley
reguladora de la financiación de los puertos españoles. Ha pasado
todo el año 2000, ¿y qué ha ocurrido? Pues que los puertos se han
endeudado. Yo les recomiendo que lean el último número de la revista
Transporte 21, una revista acreditadísima en nuestro país, que, junto
con otras, Transporte y Logística, etcétera, en la portada denuncia
que hoy los puertos españoles tienen un endeudamiento de 40.000
millones de pesetas en su globalidad, que les va a llevar a una
situación de grave crisis. Y denuncian también que se ha creado una
asociación de usuarios de los puertos para demandar a las autoridades
portuarias el pago de las cantidades que se deben devolver a esos
usuarios. Además, señorías, en la sección 17, en una partida
pertinente de los Presupuestos Generales del Estado que estamos a
punto de aprobar, figura una transferencia de 3.000 millones de
pesetas a las autoridades portuarias desde el Ministerio de Fomento
para que puedan asumir esas responsabilidades y atenderlas. Y por
ello es por lo que el Gobierno, preocupado, lógicamente, por una
situación que no ha sabido resolver en los tres últimos años,
presenta estas dos disposiciones adicionales y la disposición
transitoria. Pero la disposición transitoria es una perla de la que
no puedo renunciar a leerles una frase. La disposición transitoria
segunda termina diciendo: El Gobierno, en el plazo de tres meses a
partir de la entrada en vigor de la presente ley, es decir, enero,
febrero, marzo del 2001, remitirá a las Cortes el correspondiente
proyecto de ley de establecimiento de la libertad tarifaria en los
puertos españoles y de modificación del régimen económico de las
tarifas por servicios portuarios.
Si profundizásemos -hoy no es el momento- en los contenidos de las
disposiciones adicionales sexta y séptima, de las que tengo informes
sólidos en los que me sustentaría en el debate pertinente en
Comisión, si aprobáramos estas dos disposiciones adicionales -como
hará la mayoría-, les aseguro o, mejor dicho, intuyo -renuncio a esta
terminología a los efectos de no ser dogmático- que la pérdida de
autonomía en la gestión y, consiguientemente, en la financiación de
las autoridades portuarias españolas iba a ser excepcional.
Pero es más, esa modificación significa un retrotraimiento en los
contenidos de la modificación que se produjo en la Ley de puertos del
Estado y de la marina mercante. Fíjense ustedes en que esas
disposiciones adicionales son para modificar las disposiciones
adicionales que se aprobaron en la Ley de acompañamiento del año 2000
y ponen de manifiesto la torpeza en la gestión, la falta de línea
directriz en la gestión directiva de los puertos españoles. Además,
¿cómo vamos a creernos que en los próximos tres meses el Gobierno va
a traer una ley que en cuanto se apruebe invalidará los contenidos de
las disposiciones adicionales sexta y séptima? Pensamos que tenemos
razones para no creer que el Gobierno vaya a traer la ley, porque se
prometió hace un año y porque los dos incumplimientos que he leído en
materia aeronáutica son precedentes justificativos de la falta de
confianza que nos genera el Gobierno en estas materias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Es una pena, presidente, porque me gustaría
seguir. Si me lo permite, señor presidente, le ruego dos minutos.
He defendido e intentado argumentar coloquialmente, con terminología
adaptada a lo que debe ser un debate político, no de razonamiento
vertebrado técnicamente, al que no renuncio en absoluto, las
justificaciones que nos llevan a pedir la retirada de una serie de
disposiciones adicionales. Respecto a una enmienda de mucho calado
que se ha introducido y que figura en el dictamen de esta ley de
acompañamiento, en el artículo 46 bis, constitución de la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos, la que figura en la disposición
adicional vigesimoprimera, y una enmienda que se introdujo en el
dictamen de Comisión de la Ley de presupuestos, de pronto, sin que
haya mediado discusión, a pesar de que en 1998 se aprobó la Ley
Postal, el Gobierno le dice a su grupo parlamentario: ahí va eso;
métanlo como enmienda y ya veremos qué pasa. Naturalmente, el Grupo
Parlamentario Socialista estima que la desaparición de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos y su reconversión en una sociedad
estatal, Correos y Telégrafos, S.A., es un tema de mucho calado.
Nosotros aquí no somos naturalmente más que defensores del bien
público y este es un tema que requiere discusión en Comisión, que
requiere debate plenario, pero que tiene que verse fundamentado en
una memoria justificativa. ¿O se va a ver fundamentado no en el
rodillo parlamentario, del que hacen uso ustedes, sino en la
trituradora parlamentaria?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, han pasado los
dos minutos que usted había fijado.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino ya, señor presidente.
Se argumente como se quiera, desde luego la reconversión de Correos y
Telégrafos coloca a esta compañía en el proceso de privatización en
el que el anterior ministro la situó y del que no guardamos buen
recuerdo, entre otras cosas, por perlas como el edificio del Campo de
las Naciones, del que sin duda alguna hablaremos en sesiones
plenarias próximas.
Si ustedes continúan en esa línea, aténganse a las consecuencias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, estamos finalizando el debate de la ley de acompañamiento
con las muy nobles y leales disposiciones adicionales y transitorias,
que siempre están al final de estos debates parlamentarios.
Transcurrido todo el debate parlamentario, he de decir que aprecio en
lo que valen las intensísimas y largas, por qué no decirlo,
intervenciones del señor Segura. Lamento muchísimo que toda esa
capacidad oratoria que tiene el señor Segura y todo ese profundísimo
conocimiento que tiene de lo aeroportuario, de lo portuario, de lo
relacionado con Correos, con lo que ustedes quieran, que ha ocupado
no ya en este debate parlamentario, sino en los que se han
desarrollado en esta legislatura y en la anterior, páginas y páginas
y muchas páginas del «Diario de Sesiones», no lo convierta en una
propuesta por escrito. ¿Cómo puede decir que el Gobierno es zángano,
que el Gobierno pone poco cuidado para poner fin a problemas de este
tipo? Con lo que usted sabe, señor Segura, hubiéramos podido resolver
de inmediato muchas de las cosas que le ocurren a este país. ¿No le
parece a usted una pena? ¿Por qué no hace un ejercicio de generosidad
parlamentaria, de generosidad política para España, para todos los
españoles, para los ciudadanos de Canarias, y pone por escrito todas
esas cosas que usted dice y que figuran en el «Diario de Sesiones»?
¿No se le ocurre pensar que eso quizás fuera más útil para los
españoles y para los ciudadanos de su tierra?
La diferencia entre ustedes y nosotros es que cuando el Gobierno, por
la razón que sea -que habrá tiempo para explicarla- no ha podido,
durante el plazo que estaba previsto en el artículo 61 de la Ley de
medidas del año 2000, reglamentar las subvenciones al transporte
aéreo para residentes en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla, lo explica y dice por qué no ha podido reglamentar esta
situación durante el año 2000. Lo pone por escrito y con honestidad,
para no hacer incurrir en ilegalidad al Gobierno de España. Dice que
se prorrogará o se ampliará durante el año 2001 la autorización
concedida al Gobierno. Además, usted dice que tendría la
solución.
Lo que me parece absolutamente raquítico es el argumento político por
el que ustedes, simple y llanamente, se cargan la propuesta, que por
otra parte está cargada de honestidad política. No crea que nuestro
grupo parlamentario está orgulloso de que el Gobierno no haya podido,
durante este año, reglamentar esta situación. Lo que le aseguro es
que tenemos la honestidad política que a ustedes les faltó durante
muchos años para reconocer la realidad y dotar de plena legitimidad
jurídica a lo que es una falta de desarrollo normativo propuesto en
una ley aprobada en estas Cortes. Esa es una forma de actuar en
política con honestidad; otra cosa es lo que hacían ustedes cuando
les tocó hablar de estas y de otras muchas cuestiones. ¿Alguna de SS.
SS. cree que el Gobierno del Partido Socialista, en algún momento,
hubiera puesto en la ley de acompañamiento un artículo como éste, en
el que ampliara lo que evidentemente luce por la existencia de la
disposición adicional, una falta de cumplimiento de un precepto de la
ley de acompañamiento? ¿Usted cree que esto ocurriría? De ninguna de
las maneras. Esta solución es, de momento, muy poco satisfactoria
para lo que de verdad hay que regular, pero pone de manifiesto la
voluntad de este Gobierno para atajar los problemas de verdad y
hacerlo además con plena honestidad.
Pasamos al tema de las tasas al que hacía referencia el señor Segura.
Ayer perdió usted otra oportunidad. Debo decir que ayer, cuando se
presentaban aquellas enmiendas de su grupo parlamentario a la
sociedad de puertos y AENA, tuvo la oportunidad de seguir rellenando
páginas en el «Diario de Sesiones» y de seguir aportando soluciones
que después nunca aparecen en las propuestas del Grupo Socialista.
Voy a dar lectura a la justificación de la enmienda 259 -no la 260,
porque dice lo mismo-, del Grupo Socialista, a la disposición
adicional sexta. Se reconoce que se pretende garantizar la
exigibilidad en el cobro de las liquidaciones de tarifas por
servicios portuarios y para ello se pretende añadir una nueva
disposición adicional. Efectivamente, ha dado usted en el clavo. Esto
es lo que hace exactamente el Gobierno, pretende garantizar la
exigibilidad en el cobro de las liquidaciones de tarifas. Usted acaba
de decir que éste es un problema tremendo, lo ha elevado casi a la
categoría de catástrofe. (El señor Segura Clavell: Próximo a la
anarquía.) Lo que usted quiera. Si está próximo a la anarquía y usted
habla de racanismo en la presentación de propuestas, ¿me quiere usted
explicar por qué siendo tan grave ustedes lo único que sugieren es
que se retire, que se elimine, que se suprima la propuesta normativa
de esta disposición adicional? Si es tan urgente, ¿por qué no hacen
algo más simple y mucho más útil, que es presentar un texto
alternativo? (La señora Cunillera i Mestres: Para votarlo en contra.)
Lo que no pueden hacer es prejuzgar las intenciones de ungrupo
parlamentario cuando ustedes no han tenido ni
siquiera la decencia política de poner por escrito lo que parece que
saben, porque además ustedes dicen que le consta al Grupo
Parlamentario Socialista que tienen informes que solucionarían este
elemento para siempre. Eso es poco más o menos lo que ha dicho el
señor Segura. ¿Por qué no lo ponen de manifiesto?
Quizá el Gobierno no haya estado acertado en la presentación de las
disposiciones adicionales porque quizá sean incompletas. Pero, ¿saben
lo que trata de hacer con la misma honestidad que le decía? Poner
solución a algo que ahora mismo hay que solucionar. Además ustedes
mismo lo reconocen en sus dos enmiendas, lo que resulta absolutamente
pintoresco. Pues eso es lo que ustedes hacen, pero no en estas
disposiciones adicionales, sino en toda la actuación parlamentaria
que han tenido a lo largo de esta ley de acompañamiento. Ustedes,
además de decir que éste no es un instrumento válido, cuando fueron
los padres de la criatura y la han abandonado, presentan en algunos
casos, cuando les conviene, propuestas de reforma de leyes que poco
tienen que ver con el desarrollo normativo de una ley de presupuestos
y, sin embargo -permítanme decirlo con cariño-, tienen el descaro
político de no hacerlo cuando no les conviene. ¿No les parece a
ustedes que sería mejor que ofrecieran a sus siete millones largos de
votantes otra imagen de lo que ustedes son capaces de hacer? Yo no
quiero pensar, ni puedo hacerlo, que los representantes elegidos en
el Grupo Parlamentario Socialista no sean capaces de ponerlo por
escrito, a través de enmiendas y propuestas de modificación
normativa, cuando he de decir con sinceridad que lo que escucho de
SS.SS. cuando intervienen es todo lo contrario; algunos de ustedes
saben de lo que hablan, no todos; el señor Segura sabe de lo que
habla.
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, y termino con esto,
señorías, les sugiero una cosa muy simple. Nosotros estamos
dispuestos a admitir, como ha hecho el señor Rejón, en un ejercicio
de honestidad política, que he de reconocer, y así lo hace nuestro
grupo, que además de discrepar en política también es legítimo estar
de acuerdo. El señor Rejón ha dicho una verdad inmutable. Ustedes,
del mismo modo que ha hecho Izquierda Unida, incurren en la
contradicción de presentar enmiendas a una ley de acompañamiento que
como instrumento ustedes repudian aunque lo crearon. Quizá nosotros
tengamos que reconocer nuestra parte de culpa, que la habrá, de que,
como consecuencia de ese frontis en el que se convierten las
propuestas del Partido Socialista, nuestro grupo aplique la misma
medida, que era, como decía el señor Núñez con mucha gracia, simple y
sencillamente votar en contra, pero ustedes no nos dan opción a otra
cosa.
Si siguiéramos algunos de los argumentos esgrimidos hoy por el señor
Rejón, que yo acepto en su integridad y creo que nuestro grupo
también, a lo mejor hacíamos más vivo y más enriquecedor un debate de
la ley de acompañamiento que, como ven ustedes, ciertamente
pocas oportunidades ofrece ahora mismo a la sociedad española.
¿Por qué no intervienen desde una posición constructiva, que permita,
por ejemplo, que sus largos siete millones de votantes reconozcan en
ustedes cierta alternativa de Gobierno, y presentan sus propuestas?
He de decir, en este momento en que estamos finalizando el debate de
la ley de acompañamiento, que esto no lo han acreditado ustedes de
ninguna manera. En su bagaje político posiblemente exista un buen
número de argumentos para poner por escrito, a lo largo de las
futuras sesiones, estas y otras muchas cuestiones, como, por ejemplo,
la que para ustedes no ha merecido ninguna enmienda, que es el cambio
de la consideración jurídica del servicio postal universal en España,
de la sociedad de Correos. Ustedes critican que el Partido Popular, a
través de sus enmiendas, transforme el servicio de correos español
para ponerlo en igualdad de condiciones ante los efectos de la
liberalización del mercado postal en la Unión Europea. Más allá de lo
que ha dicho el señor Segura, no hemos oído nada más, cuando hubiera
merecido algún tipo de debate para aportar alguna solución adicional.
Este es otro de los ejemplos que nos hemos ido encontrando a lo largo
de este debate. Lo peor de todo es que no es la primera vez que un
diputado del Partido Popular dice esto. Cuando, desde 1996, el
Gobierno viene introduciendo medidas para poder llegar a un
equilibrio presupuestario como el de hoy, con unos presupuestos como
los que ofrecemos a los españoles, que el principal partido de la
oposición mantenga las mismas viejas, arcaicas y poco ambiciosas
propuestas que hacía en ese año, como mínimo merecería un
calificativo poco sugerente para SS.SS. , que al Grupo Parlamentario
Popular les aseguro que tampoco le sugiere nada favorable. Sería más
enriquecedor para todos que, para revitalizar este Parlamento, el
Grupo Parlamentario Socialista se creyera que, incluso en situaciones
de mayoría otorgada por la confianza de los españoles, se pueden
hacer cosas en el Parlamento. Ustedes son los responsables, junto con
el Grupo Parlamentario Popular y los demás grupos, de acreditar que
eso es posible. Con su falta de ambición política, con su falta de
preparación en muchos de los temas que han traído aquí y con la
socarronería con la que han sido presentadas algunas de las
propuestas del Partido Socialista, es imposible acreditar que España
tiene hoy una alternativa de gobierno que se sustentaría en
propuestas que ninguno de nuestros portavoces ha podido comprobar. Es
una lástima, señorías.
Les conmino, con paciencia, a no reproducir el estado de la cuestión
del mismo modo que se ha hecho en este período de sesiones. Que con
ocasión del debate de la ley de acompañamiento y de la ley de
presupuestos tengamos otro tipo de debate en el que intervengan todas
SS.SS., el Grupo Parlamentario Popular y el grupo mayoritario de la
oposición, con otro tipo de posicionamiento que enriquezca el debate
político en España y que no lo adormezca. En el día de hoy ha sido
tremendamente difícil mantener la paciencia en los
escaños y la atención en alguna de las intervenciones de sus
señorías. Es una lástima, pero lamento decirles que ha sido así.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Cámara.
Culminado el debate de las enmiendas presentadas a las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales, reanudaremos el
Pleno a las cuatro de la tarde para votar las secciones y el proyecto
de ley debatidos esta mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2001. (Número de expediente 121/000016.) (Votaciones.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños, para tal y
como se ha anunciado al mediodia iniciar las votaciones
correspondientes a los asuntos debatidos en el transcurso del Pleno
de la mañana.
Iniciamos la votación del Ente Público Radiotelevisión Española.
En primer lugar, enmienda 757, del diputado del Grupo Mixto, señor
Labordeta Subías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 115; en contra, 160; abstenciones 13.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de
referencia.
Enmienda número 1491, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 115; en contra, 172; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la enmienda de
referencia.
Sometemos a votación la enmienda número 441, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, al presupuesto de Televisión Española S.
A.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 115; en contra, 161; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Acontinuación, votamos el dictamen del Ente Público Radiotelevisión
Española y sociedades estatales de radiodifusión y televisión.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas a la sección 24,
Ministerio de Economía. En primer lugar, las presentadas por el
diputado del Grupo Mixto, señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 115; en contra, 161; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de
referencia.
Enmienda número 800, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 115; en contra, 163; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda número 47, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la enmienda.
Enmienda número 48, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 20; en contra, 268; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar, las números 1030 y 1031.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 106; en contra, 162; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan rechazadas las
enmiendas de referencia.
A continuación, votamos las restantes enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 117, en contra, 163; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de
referencia.
Votamos a continuación la enmienda número 1002, del señor Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 115; en contra, 164; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. Enmienda número 411.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 114; en contra, 177; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada dicha enmienda.
Votamos a continuación la enmienda número 412.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 116; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la enmienda de
referencia.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la sección 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 117; en contra, 165; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación la enmienda número 1333, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la citada enmienda.
Enmiendas números 1339 y 1344, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 107; en contra, 164, abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 115; en contra, 165; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de
referencia.
Votamos a continuación el dictamen de la sección 24, Ministerio de
Economía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 178; en contra, 115; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la sección 24,
Ministerio de Economía.
Votamos a continuación la enmienda número 1137, del Grupo
Parlamentario Socialista, al estado de ingresos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 117; en contra, 164; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la enmienda de
referenmcia.
Votamos a continuación la enmienda número 803, del diputado señor
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 117; en contra, 165; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda citada.
Sometemos a votación el texto del dictamen de la exposición de
motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 177; en contra, 118.
PRESIDENTA:
La señora Queda aprobado el dictamen de la exposición de motivos.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000017.) (Votaciones.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En primer lugar, las enmiendas presentadas al título I, del artículo
1 al 20.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto; enmienda
número 291, firmada por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 23; en contra, 260; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada la enmienda de
referencia.
A continuación, enmienda 292, del mismo del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 129; en contra, 163.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la número 293, también del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 119; en contra, 163; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada la enmienda citada.
A continuación, votamos las enmiendas números 56 y 63, del señor
Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 119; en contra, 164; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas las enmiendas de
referencia.
Votamos a continuación las números 57 y 58, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 108; en contra, 162; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas números 164, 165 y 168, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 109; en contra, 168; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 172.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 112; en contra, 165; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas las enmiendas de
referencia.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 116; en contra, 165; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda número 70, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 119; en contra, 166; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas.
Enmienda 196, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 110; en contra, 174; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda número 197, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 112; en contra, 166; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan por tanto rechazadas las enmiendas de
referencia.
Enmienda 128, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 119; en contra, 175; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 129, 130 y 136, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 131; en contra, 164; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de
referencia.
Enmiendas números 126, 127 y 131 a 133 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 25; en contra, 271; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas dichas enmiendas.
Enmienda 134, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 133; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada por tanto, la enmienda de
referencia.
Enmiendas 140 y 141, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 125; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 121; en contra, 167; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 218, 219, 221,
222, 224, 226 y 231.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 119; en contra, 169; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas las enmiendas de
referencia.
Votamos la enmienda 228, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 112; en contra, 166; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas al Título I por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 111; en contra, 167; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas las enmiendas de
referencia.
Votamos a continuación el texto del dictamen del título I, que
comprende los artículos 1 al 20, inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 182; en contra, 116.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobado el texto del dictamen
del título I.
Iniciamos la votación de las enmiendas pertenecientes al título II.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, las presentadas por
el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas.
Enmienda número 69, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 27; en contra, 168; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Enmienda 175, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 176, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 21; en contra, 265; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Entramos en las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ.PNV). En
primer lugar, la 194.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 125; en contra 164; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 198.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 22; en contra, 261; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos la número 199.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 119; en contra, 167; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las que
llevan por números 10, 15, 16 y 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 16; en contra, 262; abstenciones 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos a continuación las números 9, 11, 12, 13, 17 y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 116; en contra, 166; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 18; en contra, 170; abstenciones 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
No se apuren SS.SS., ya se han dado instrucciones para que bajen la
calefacción. (Risas.- Aplausos.)
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán. En primer lugar, la número 142.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 33; en contra, 263; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos a continuación la enmienda 143, del mismo grupo
parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. Se someten a votación todas en bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 121; en contra, 167; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos seguidamente el dictamen del título II, que comprende los
artículos 21 a 27 bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 177; en contra, 123.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el dictamen del
título II.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título III. En primer
lugar, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la número
178, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 21; en contra, 169; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos, a continuación, la número 180.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 24; en contra, 254; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación las enmiendas números 177 y 179.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 116; en contra, 167; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 204 y
205.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 119; en contra, 167; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 207.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 12; en contra, 169; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 200 y 206 Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las
números 24 y 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 117; en contra, 166; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos la enmienda número 144, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 130; en contra, 166; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Entramos en la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, las números 241 y 242.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 129; en contra, 167; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 243, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 128; en contra, 166; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia. (El
señor Silva Sánchez pide la palabra.) Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señora presidenta, tengo dudas sobre si se ha
votado la enmienda 145 del Grupo Parlamentario Catalán
La señora PRESIDENTA: Señor Silva, en el debate esa enmienda ha sido
retirada. Salvo que las notas de votación estén mal, la nota que yo
tengo dice que ha sido retirada. En cualquier caso, si hay duda, la
sometemos a votación. (Pausa.) ¿Ha sido retirada? (Asentimiento.)
Sometemos a votación el título III del dictamen, que comprende los
artículos 28 a 35, ambos inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 175; en contra, 122; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas al título IV. En
primer lugar, de las presentadas por el
Grupo Parlamentario Mixto, y de las correspondientes al señor
Puigcercós, la número 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 26; en contra, 169; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 67.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 129; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el señor
Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 202, del Grupo
Parlamentario Vasco, por cuanto la 201 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 112; en contra, 165; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 113; en contra, 169; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos la enmienda número 146, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 130; en contra, 167; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 147.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 122; en contra, 166; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos la enmienda número 247, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 112; en contra, 167; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista a este título.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 120; en contra, 168; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del título IV, artículos 36 al 51 ter,
nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 177; en contra, 118; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Iniciamos la votación de las enmiendas del título V, artículos 52 a
60. En primer lugar, de las presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto, la correspondiente al señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 118; en contra, 166; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 112; en contra, 164; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 186, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 119; en contra, 166; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 23; en contra, 165; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas.
Enmienda número 71, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 131; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 203, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 113; en contra, 175; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 27; en contra, 168; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 148, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 29; en contra, 263; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 149, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 32; en contra, 166; abstenciones, 97.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 150 y 152.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 23; en contra, 176; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la enmienda número 151.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 21; en contra, 172; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La enmienda número 153 ha sido retirada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 116; en contra, 168; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Vamos a someter ahora a votación el texto del dictamen del título V,
dividido en dos votaciones sucesivas. En primer lugar, sometemos a
votación el capítulo IX nuevo, que corresponde al artículo 60, nuevo
a su vez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 286; en contra, uno; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la parte indicada
del dictamen de referencia.
Votamos a continuación el resto del título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 178; en contra, 119; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen sometido a
votación.
Iniciamos la votación de las enmiendas correspondientes a las
disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. En
primer lugar, la enmienda número 298, del señor Saura, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 132; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 117; en contra, 168; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 209 y 211, de la señora
Lasagabaster, por cuanto la 210 ha sido retirada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 119; en contra, 167; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 60, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 29; en contra, 166; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 62, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 108; en contra, 162; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 118; en contra, 167; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 216, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 13; en contra, 167; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 217, del señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 133; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Votamos la enmienda número 190, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 72, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 38, 45, 52 y
54.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 17; en contra, 259; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 34, 36, 37, 39 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 18; en contra, 167; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 121; en contra, 166; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). En primer lugar, enmienda número 156.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 120; en contra, 164; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 157.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 31; en contra, 267; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 158.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 24; en contra, 272; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Votamos los números 154, 159 y 162.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 122; en contra, 175; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos la número 269, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 131; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 117; en contra, 167; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, las
disposiciones adicionales primera a vigésimo segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 175; en contra, 122.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las disposiciones de
referencia.
Votamos el texto del dictamen de las disposiciones transitorias
primera a quinta, disposición derogatoria única y disposiciones
finales primera y segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 177; en contra, 119; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.Por
último, sometemos a votación el texto del dictamen a la exposición de
motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 179; en contra, 118; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen sometido a
votación. (Aplausos.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/
1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DELCÓDIGO PENAL Y DE LA LEY ORGÁNICA 5/
2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
MENORES, EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE TERRORISMO. (Número de
expediente 121/000018.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Debates de
totalidad de iniciativas legislativas.
En primer lugar, proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor
ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar esta tarde un proyecto de ley
importante, un proyecto que recoge las medidas legales que el
Gobierno considera en este momento más adecuadas para reforzar la
lucha contra el terrorismo, o lo que es lo mismo, para mejorar la
protección que proporciona nuestro ordenamiento democrático ante la
conducta de quienes, ofendiendo de forma gravísima a la razón y a la
libertad, perturban la convivencia en paz y democracia y nos infligen
gratuitamente un daño a todos y cada uno de nosotros y, muy
especialmente, a quienes hoy tienen la condición irreparable de
víctimas directas del horror terrorista.
Todos sabemos que a pesar del sufrimiento que nos provoca cada acción
terrorista, España no va a torcer un milímetro el ilusionante
proyecto de libertad con el que nos introducimos en un nuevo siglo
cargado de esperanzas. Como sabemos también, y ello nos da cada día
más fuerza para persistir en este proyecto, que nadie tiene razón
cuando necesita la violencia para tratar de hacer valer su sinrazón.
Después de tantos avatares históricos, consideramos hoy esta regla
elemental un bien irrenunciable y no estamos dispuestos a que desde
el miedo y la violencia se nos arrebate ni un gramo del aire de
libertad que respiramos.
La sociedad española lleva ya muchos años negando de forma admirable
lo que los terroristas no pueden arrancarle por la fuerza, no sólo
mediante la confianza en que sus instituciones democráticas han de
hacer lo que mejor corresponda en cada momento para perseguir a los
criminales, sino participando activamente, con una movilización
social persistente, especialmente emocionante en el País Vasco, que
les dice a diario clamorosamente a quienes sólo saben utilizar las
armas que sólo se puede convencer por las ideas y en las
urnas. Estar a la altura de esta sociedad, acompañarla en este
esfuerzo colectivo, nos exige a los responsables públicos encontrar
los caminos que desde un Estado de derecho sin complejos, consciente
de las exigencias especiales que se le plantean en este tiempo
histórico, han de cerrar este inútil capítulo sabiendo que cada paso
y cada acierto estrecha el círculo del totalitarismo y del terror y
ensancha el de la libertad.
La fuerza democrática contra la barbarie terrorista reside en el
Estado de derecho y el primero de los instrumentos para recorrer ese
camino es la ley, como señala la propia exposición de motivos de este
proyecto. La ley es el instrumento más valioso con el que cuenta el
Estado de derecho para que los derechos y libertades de los
ciudadanos proclamados en la Constitución sean reales y efectivos. Es
obvio, señorías, que la aprobación de nuevas leyes no resuelve por sí
sola el problema del terrorismo. Sabemos que una lucha eficaz contra
el mismo precisa la combinación de soluciones diversas, una acción
tenaz de todos los poderes públicos y una gran fortaleza social. No
voy a detenerme ahora en algo que conocen sobradamente, como es que,
en definitiva, para acabar con el terrorismo es sencillamente capital
que, sin reservas mentales ni ambigüedades, las voluntades políticas
confluyan en hacer respetar los principios más elementales de la
convivencia democrática, dejando absolutamente claro ante todos los
ciudadanos que quienes no respetan los derechos fundamentales de los
demás no pueden ser tenidos en cuenta para ningún proyecto ni para
ningún acuerdo, y no basta con decirlo, hay que actuar siempre en
consecuencia. (Aplausos.) Sin embargo, sin reducir la importancia de
todo ello, el compromiso de quienes estamos hoy en esta Cámara es el
de responder al desafío terrorista desde la ley, con el máximo rigor
técnico, dentro del exigente marco constitucional que disfrutamos,
pero con decisión, con firmeza y coherencia en los principios,
dejando claro a quienes han confiado en nosotros que disponemos de
soluciones y que estamos de acuerdo en desarrollar la enorme
capacidad y legitimidad de nuestro Estado de derecho para preservar
la vida, la libertad y la dignidad frente a quienes quieren privarnos
de ella.
Es nuestra responsabilidad evitar que una incompleta articulación de
la ley penal pueda ser utilizada por los terroristas para ganar zonas
de impunidad. Allí donde se aprecien, hemos de corregir
inmediatamente las lagunas, resquicios o dudas de interpretación
jurídica que permiten a los delincuentes evadir su responsabilidad.
Debemos afrontar, manteniendo una tensión legisladora permanente, que
la propia evolución de las conductas terroristas abre nuevos espacios
de impunidad que es necesario cerrar con prontitud y con eficacia. No
otra cosa se persigue con el proyecto de ley de modificación del
Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de los menores, que
hoy tengo el honor de presentar ante ustedes. Proyecto que cubre las
lagunas que en materia de delitos de terrorismo presenta
nuestra ley penal, matizando algunos tipos, creando delitos nuevos y
reformando algunas de las penas que se imponen con el fin de
responder mejor a la realidad terrorista, y que modifica la ley para
conciliar mejor el innovador tratamiento penal de los menores con que
hemos decidido dotarnos al final de la pasada legislatura con la
persecución más eficaz de los delitos terroristas en las nuevas
circunstancias que venimos padeciendo a lo largo del presente año.
La reforma que se pretende, además de necesaria, es una reforma
seria, reflexiva y profunda. Responde a un trabajo riguroso en el que
han participado numerosos profesionales de la máxima cualificación
con el objeto de conseguir una visión completa de la regulación de
los delitos de terrorismo en nuestro ordenamiento y de cuáles son las
posibles y mejores soluciones. Se compone de medidas concretas
dirigidas a resolver sin retórica problemas apreciados por todos y
que han de hacer sentir su eficacia de forma inmediata tras su
entrada en vigor. Toda ella, ni que decir tiene, se ajusta
escrupulosamente a la Constitución. Más aún, no hay aquí medida
excepcional o extraordinaria alguna, todo lo contrario. Lo que hay es
un gran esfuerzo por hacer compatible la más eficaz persecución del
delincuente con instrumentos exquisitamente democráticos, que
precisamente persiguen salvaguardar la democracia frente a los que
hacen todo lo posible por socavarla. Acreditaré inmediatamente, como
es obligado, estas afirmaciones con un repaso de las medidas que se
proponen.
Comenzando por el Código Penal y por las modificaciones introducidas
en los tipos delictivos, me voy a referir, en primer lugar, al
terrorismo urbano. La realidad pone de manifiesto que se cometen
numerosos delitos por aquellos que sin pertenecer a banda armada,
organización o grupo terrorista, comparten con éstos sus fines de
subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz
pública, aterrorizando a los habitantes de una población o de un
colectivo social, político o profesional. Y es importante, muy
importante, que esta finalidad quede recogida en la nueva redacción
del Código Penal. Estamos hablando de quienes crean un clima de
terror propicio para los objetivos de la banda o grupos terroristas.
Es más, en el actual Código Penal no aparecen tipificados como
delitos propios del terrorismo urbano los delitos de daños que no
llevan aparejados riesgos para las personas, y este es uno de los
resquicios más llamativos que el ordenamiento deja a la actividad
terrorista.
Señorías, no creo que sea posible afirmar que los reiterados ataques,
arrojando cócteles molotov a las fachadas de edificios donde viven un
concejal, un periodista o un funcionario público, o los incendios de
autobuses, vehículos, cajeros automáticos, y otros tantos que a
diario conmocionan a los ciudadanos, no merezcan la consideración de
delito terrorista por el simple hecho de que no conlleven un riesgo a
las personas. Al contrario, están contribuyendo de forma evidente
a los fines terroristas, porque están tratando de atemorizar a los
habitantes de esa población, de ese colectivo social o de ese
colectivo político o profesional, a los que afecta, pretendiendo
impedir el ejercicio legítimo de sus derechos y libertades más
importantes. (Aplausos.) ¿Y todavía alguien puede atreverse a
calificar estos hechos como de simple gamberrismo? Rotundamente, no.
No, porque atentan y atacan directamente a los derechos y libertades
más importantes de los ciudadanos.
El artículo 578 recoge un nuevo tipo delictivo, la exaltación o
justificación del terrorismo. Comprende tanto las conductas que
suponen el enaltecimiento o la justificación, por cualquier medio de
expresión, de los delitos terroristas o de quienes hayan participado
en su ejecución, como la de aquellos que realizan actos que entrañan
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos
terroristas o de sus familiares.
Señorías, de ninguna manera se prohibe la defensa de ideas, doctrinas
o la expresión de opiniones encuadrables en el constitucionalmente
protegido derecho a la libertad de expresión. Señala, como
expresamente dice la exposición de motivos, algo tan sencillo como
perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente
ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los
autores de estos delitos, así como esas conductas especialmente
perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo
que incrementan el horror de sus familiares. Los ciudadanos no pueden
entender, sin una profunda indignación, cómo en un acto público
pueden justificarse los más graves delitos terroristas, homenajear,
exaltar y poner como modelo a los autores de los más terribles
asesinatos. Señorías, ¿qué Estado de derecho no debe sancionar actos
de humillación y menosprecio a las víctimas del delito? (Aplausos.)
¿Cómo podríamos permanecer inactivos frente a aquellas conductas, que
son reales y que hemos conocido, que repugnan a la conciencia, como
que, tras un asesinato terrorista, llamen a la viuda insultándola,
burlándose o comunicando cómo han profanado la tumba de su marido? En
mi opinión, la respuesta penal a estas conductas, especialmente
perversas, que atentan directamente contra la dignidad de las
personas, es una exigencia, pero no sólo legal sino también moral.
Un capítulo aparte merecen las modificaciones introducidas en
relación con las corporaciones locales. Los miembros de las
corporaciones locales y los plenos de la misma son una manifestación
básica de la participación política y democrática. La protección que
merecen debe estar a la misma altura de las otras instituciones
públicas, pues precisamente por ser eso, fundamento de la democracia,
son objeto de singulares ataques por quienes quieren destruirla a
través del terrorismo. El nuevo precepto que se propone no abarca
cualquier tipo de desorden en cualquier pleno. No, la definición de
la conducta realizada en apoyo a bandas armadas, organizaciones o
grupos terroristas, viene
a delimitar claramente el supuesto al que nos estamos refiriendo y
que fácilmente queda identificado en conductas que se producen muy a
menudo, desgraciadamente. Señorías, estoy seguro de que no es
necesario justificar más lo oportuno de reforzar la protección a los
concejales y a su actividad.
Por último, en lo que respecta a las reformas del Código Penal, se
introduce otra importante modificación. A partir de la entrada en
vigor de este proyecto, todos los terroristas deberán ser condenados
también a la prohibición de ejercer un cargo público con una duración
de seis a veinte años. En ningún caso esa condena podrá tener una
duración inferior a la pena de privación de libertad impuesta en la
sentencia. La actual regulación provoca la paradoja de que personas
condenadas como terroristas acceden inmediatamente a cargos públicos
representativos, una vez cumplen la pena de prisión. Se trata, en
definitiva, de impedir que ejerzan cargos públicos como concejales o
parlamentarios aquellos que han atentado contra el propio sistema
democrático y sus instituciones y pretenden seguir socavándolas desde
las mismas. Con ello conseguimos que los autores de los delitos de
terrorismo no pasen directamente desde la cárcel a ocupar un escaño.
(Aplausos.)
El segundo cuerpo legal que es objeto de modificación mediante este
proyecto es, como conocen SS. SS., la Ley de responsabilidad penal de
los menores. Un rápido repaso por las informaciones del último año, y
en especial de los últimos días, pone claramente de manifiesto que la
edad de los que cometen los delitos de terrorismo se ha reducido
considerablemente. Además, son evidentes las especiales
circunstancias en las que se accede y se permanece en esta actividad
delictiva. El objetivo es conseguir que el tratamiento que prevé la
Ley de responsabilidad penal de los menores, orientado a su
rehabilitación, se adecue a estas especiales circunstancias.
Señorías, debe de quedar muy claro que, con esta reforma, ni se
excepciona a los menores de la aplicación de la Ley de
responsabilidad penal de los mismos ni se soslayan las disposiciones
de nuestro ordenamiento ni de las normas internacionales, que
establecen un tratamiento diferenciado para los menores en razón de
su edad y de su formación. Al contrario, estamos proporcionando al
juez los instrumentos necesarios para que, valorando el tipo de
delito cometido, la gravedad del mismo y las circunstancias del
menor, pueda aplicar medidas que efectivamente cumplan los objetivos
que, con carácter general, prevé la ley. Se persigue, como es
evidente, evitar que las bandas terroristas utilicen a los menores de
edad para cometer los más graves delitos amparándose en una impunidad
y proteger a los menores en su derecho a desarrollarse al margen de
cualquier programación criminal.
Por todo ello, además de hacer compatible un especial tratamiento
penal a los menores de edad con la persecución de los delitos
terroristas, la reforma debe servir
para proporcionar una protección a los propios menores frente a la
estrategia terrorista de iniciarles dando vivas a ETA para, a
continuación, quemar cajeros y autobuses y acabar en sus comandos
operativos.
El tratamiento que establece la reforma comprende, en primer lugar,
el conocimiento de los hechos por la Audiencia Nacional, aplicando
siempre la legislación de menores. En el caso de que se impongan
medidas de internamiento, éstas se efectuarán en centros que se
pondrán a disposición de la propia Audiencia Nacional. Se concede al
juez la posibilidad de incrementar el tiempo máximo de la medida de
internamiento hasta diez años. Señorías, no es lógico que un menor
que pueda haber cometido uno o varios atentados, que no se rehabilita
y que incluso manifiesta que va a continuar en su actividad
terrorista, no pueda estar internado un tiempo superior a cinco años
y que, libremente, pueda incorporarse de nuevo a la organización
terrorista transcurrido este tiempo. Por último, la Ley de
responsabilidad penal de los menores prevé que la misma pueda
aplicarse a los mayores de 18 años y menores de 21. Esta aplicación
carece de justificación, en nuestra opinión, en los supuestos de
delitos tan graves como los de terrorismo, ya no sólo por la gravedad
del hecho cometido, sino por las circunstancias sociales de estos
delincuentes y las propias características del terrorismo en nuestra
sociedad.
Esbozados los principios y el contenido básico de la reforma, quiero
detenerme en una última consideración. Para impulsarla, hemos querido
utilizar como herramienta de trabajo el diálogo y el consenso con
quienes comparten estos objetivos. Por ello, quiero agradecer la
colaboración que hemos recibido -y estoy seguro de que vamos a poder
seguir colaborando con espíritu de diálogo y consenso de otros grupos
políticos-, que se ha fundamentado en unos objetivos y estrategia
compartidos, muy singularmente con el principal partido de la
oposición, el Grupo Parlamentario Socialista. De este consenso
democrático han participado intensamente también Convergència i Unió
y Coalición Canaria, a cuyos portavoces quiero, asimismo, agradecer
su importante colaboración. También quiero manifestar que el Gobierno
mantendrá durante toda la tramitación parlamentaria el mismo espíritu
de diálogo y de acuerdo, buscando el consenso en todas aquellas
cuestiones que permitan reforzar y hacer mejores los principios
mencionados. Finalmente, quiero agradecer también los informes
favorables y las sugerencias de los altos organismos que los han
emitido.
Aunque es una inmensa mayoría de esta Cámara la que comparte los
principios que inspiran esta ley, no voy a dejar de escuchar muy
atentamente las razones de quienes se oponen a ella. Confieso de
antemano, sin embargo, que me cuesta mucho entender las razones que
han llevado a tres grupos parlamentarios a presentar enmiendas de
totalidad. Cuando se trata de no dejar a la intemperie a los
ciudadanos que están amenazados por el terrorismo, de salvaguardar
las libertades de
todos de peligros ciertos y gravísimos, de fortalecer los
instrumentos del Estado de derecho frente a comportamientos que por
su reiteración resultan particularmente insufribles, se puede y se
debe debatir sobre las mejoras técnicas para atender cada necesidad,
pero es -créanme, señorías- difícilmente explicable objetarlo todo,
sin aportar solución alternativa alguna. Nadie puede sentirse ajeno a
estos desafíos, y menos aún aquellos que, sin sentirse directamente
afectados por la amenaza que alcanza a todos los demás, tienen la
especial responsabilidad política y ética de situarse al lado de las
víctimas. Por ello, no puedo dejar de denunciar que un día como hoy,
en el que debatimos la mejor manera de proteger con todas las fuerzas
de la Constitución y de la ley las libertades de los ciudadanos, el
presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Javier Arzalluz, nos
haga saber desde Alemania las afinidades que, según su particular
juicio, le aproximan al credo de los terroristas. Sé, porque he leído
el texto de la enmienda, que el Grupo Vasco va a subir a esta tribuna
para explicarnos que, por una serie de razones técnicas y con el
mejor ánimo de colaborar, no se va a sumar, una vez más, a la acción
concertada y firme que requiere la lucha antiterrorista.
Pero el señor Arzallus ya nos ha explicado que estas razones técnicas
son metáforas que encubren otros propósitos políticos. Lo lamento, lo
lamento enormemente, porque no es honesto, porque no es razonable,
porque genera un desconcierto imperdonable en unos ciudadanos que
esperan un mensaje claro, firme u unívoco. (Aplausos.) Porque no sólo
no ayuda, sino que multiplica gravemente las dificultades, porque
éste, señorías, y no otro es el auténtico problema político vasco.
Frente a todo ello, no puedo terminar esta intervención, señorías,
sin hacer una reflexión en voz alta de íntima convicción democrática.
Con esta reforma colaboramos a poner el Estado de derecho a la altura
moral que demuestran tantos españoles que hacen día a día, con su
comportamiento cotidiano, que el terrorismo fracase. Porque el
terrorismo fracasa cuando no alcanza su objetivo de doblegar la
voluntad de los ciudadanos que desean convivir libremente y en paz;
el terrorismo fracasa cada día que un periodista escribe o habla en
libertad aunque esté amenazado; el terrorismo fracasa cuando un
parlamentario o un concejal ejerce su tarea cotidiana defendiendo las
mismas ideas por las que un compañero de su mismo partido ha sido
asesinado. (Aplausos.) El terrorismo fracasa cuando un juez, un
fiscal, un militar, un funcionario de prisiones, un miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumple con sus responsabilidades; el
terrorismo fracasa y está fracasando cuando un ciudadano (La señora
Alborch Bataller: Y ciudadana.-Rumores.) anónimo planta cara a los
violentos, se manifiesta y demuestra que la calle es de quienes aman
la libertad. El terrorismo fracasa también, muy especialmente, con
cada paso que el Estado de derecho da para hacerse más
fuerte. Por eso confío en el apoyo de la inmensa mayoría de esta
Cámara a las medidas que hoy presentamos para acorralar cada vez más
a los terroristas y proteger a la sociedad que vive y quiere vivir en
democracia y en libertad.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Aeste proyecto de ley han sido presentadas
cinco enmiendas por parte de cinco diputados integrados en el Grupo
Parlamentario Mixto, que deberán compartir el tiempo para su defensa.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, dice usted que el terrorismo fracasa cada
vez que un periodista puede ejercer su libertad de expresión, y el
Bloque Nacionalista Galego está absolutamente de acuerdo con usted.
Pero permítanos también a nosotros ejercer nuestra libertad de
expresión como parlamentarios en esta Cámara, sin que nos coaccione o
acobarde de primera intención diciéndonos que nos va a escuchar, pero
que lamenta muchísimo que estemos del otro lado de la barrera, porque
nosotros no sabemos a qué barrera se refiere usted. (Rumores.)
La exposición de motivos dice que la estructura del proyecto es
sencilla, yo diría que más que sencilla es simple. Yo no sé cuáles
fueron los profesionales, como dijo usted, cualificados que
participaron (no me extraña que no den los nombres); simple como el
pensamiento que tiene detrás y como las actitudes políticas que lo
sostiene. Si me permite un consejo, en materias como las de
terrorismo y -le diría más- en todos los asuntos públicos en
democracia de la simpleza o del simplismo a la demagogia y al
sectarismo hay sólo un paso, un paso que hoy están ustedes a punto de
dar.Apreciaciones de técnica legislativa al margen de que, como ya
apunté, por sí solas y dada la deficiente calidad del proyecto
motivaría la petición de devolución del mismo; la presente enmienda a
la totalidad con petición de devolución parte de una consideración de
principio.La lucha contra la violencia terrorista que el Bloque
Nacionalista Galego condena y rechaza de la forma más firme y
coherente debe hacerse con los instrumentos propios de un Estado
democrático y de derecho sin violentar estos instrumentos. Por ello,
las reformas legales que se acometan no pueden obedecer a razones
ajenas a la política criminal, sean éstas electorales o de cualquier
otro tipo, deben inspirarse en los principios propios de un
ordenamiento penal y penitenciario democráticos -proporcionalidad que
ustedes no respetan-, presunción de inocencia, eficacia y reinserción
social como orientación principal de las penas y, sobre todo -no lo
decimos nosotros lo dice el Consejo General del Poder Judicial-,
deben hacerse con una serenidad congruente con el carácter de la
última ratio que caracteriza el derecho penal en un sistema
democrático.
El proyecto presentado por el Gobierno no respeta ninguna de estas
condiciones. Muchas de las reformas propuestas, como así lo ha
demostrado el Tribunal Constitucional en la aplicación del Código
Penal anterior al de 1995, como la tipificación de la apología del
terrorismo como delito autónomo, pueden calificarse de ineficaces;
otras, como desproporcionadas, en atención a las penas que
introducen; todas, en fin, como se desprende del carácter urgente de
la tramitación parlamentaria del proyecto de su escasa calidad
técnica o del hecho, por segunda vez en esta legislatura, de que se
acometa la reforma de una ley antes de su entrada en vigor, dejan ver
la precipitación propia de un derecho penal de emergencia o de un
derecho penal de excepción con el que el Bloque Nacionalista Galego
no puede estar de acuerdo.
Especial gravedad tiene para nosotros, aparte de la reforma de la Ley
5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la
reforma que se hace del artículo 505 del Código Penal. Dicen ustedes
que con este proyecto de ley quieren luchar contra el terrorismo,
pero les recomiendo, si es así, que acepten la enmienda parcial que
nosotros hacemos a este artículo. Vinculamos los desórdenes en los
actos públicos de las corporaciones locales a que tengan por objeto
manifestar el apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos
terroristas, cosa que no aparece en el artículo 505, tal y como
ustedes lo pretenden modificar. Por tanto, este artículo ubicado
sistemáticamente fuera del capítulo de los delitos de terrorismo
podría ser aplicado a cualquier desorden, por ejemplo, protesta de
unos funcionarios públicos que con toda razón (no digo por la
gravedad de las protestas sino por la protesta en sí) protesten
porque sus sueldos sólo se van a subir un 2 por ciento o porque el
alcalde, como fue aprobado también aquí esta mañana, arbitrariamente
apruebe unas determinadas bases como reguladoras de un proceso de
selección de funcionarios. Por lo que se refiere a las reformas de la
5/2000, el BNG se opone también de una manera rotunda, no sólo -de
nuevo se lo dice el Consejo General del Poder Judicial- porque sea
más que de probable inconstitucionalidad sustraer un determinado tipo
de infracciones cometidas por los menores al régimen general previsto
en dicha ley sino, sobre todo, porque se pretende subvertir el
principio informador de dicha norma, el interés superior del menor,
en aras de una regulación casi exclusivamente retributiva y
peligrosamente cercana, tanto en lo sustantivo como en lo
jurisdiccional, a lo dispuesto para los delitos de terrorismo en el
Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si como dicen
los penalistas clásicos (no los que están en esa oscura comisión de
reformas de las penas, o los que parece ser que lo asesoraron en la
elaboración de este proyecto de ley) el derecho penal constituye un
medidor muy fiable de la calidad democrática de un Estado, la
aprobación de este proyecto de ley rebajará la calidad de la
democracia en el Estado español, con quien con más crudeza haya de
padecer
sus consecuencias, desde luego -y siento decirlo- con mucha más
crudeza que los propios terroristas.
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Termino enseguida, señora presidenta.
Señor ministro, este proyecto es dudoso y, como dijo usted, estrecha
el círculo del totalitarismo. Lo que sí le aseguro es que, para todos
los ciudadanos, lo que va a hacer desde su entrada en vigor, es
estrechar el círculo de la libertad.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, esta es una oportunidad
importante para discutir alguno de los problemas de fondo de la lucha
contra el terrorismo. Evidentemente el único y principal problema de
fondo es que ETA mata. Pero la intervención del señor ministro y la
política del Gobierno en este tema hoy expresa otro problema que
tenemos las fuerzas democráticas. El señor ministro qué nos ha dicho:
O ustedes coinciden exactamente con mi política antiterrorista o
ustedes están con los terroristas. (Un señor diputado: No ha dicho
eso.) Ha dicho eso. (Rumores.) El señor ministro ha dicho que no
entendía, que no justificaba, porque eso no era luchar clarísimamente
contra los terroristas. (Aplausos.) Señor ministro, le digo una cosa:
ni usted personalmente, ni lo que usted representa políticamente,
a mí personalmente y a lo que yo represento políticamente me va a dar
ni una sola lección, ni de libertades, ni de democracia, ni de lucha
contra el terrorismo (Aplausos.); ni una. Y, señor ministro, usted ha
hablado del consenso democrático. ¿Sabe que le digo? Acepte usted el
disenso democrático. ¿Qué ha ocurrido desde el año 1996? Que el Pacto
de Madrid, no se reúne. Yo recuerdo haber discutido en la anterior
legislatura con el Grupo Socialista -evidentemente estábamos
confrontados políticamente- los disensos democráticos, y aquel
Gobierno, el último de la legislatura del Grupo Socialista, no
intentaba aparecer como el único garante de la lucha contra el
terrorismo. Y hoy el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular
tienen la absoluta intención, y creo que es perversa
democráticamente, de que sólo el Partido Popular sabe y quiere luchar
contra el terrorismo y que o se acepta el trágala del Partido Popular
o, si no, se está haciendo el juego a los terroristas. (Rumores.) Sí,
sí, señores diputados y señoras diputadas y lean la intervención del
señor ministro. Señores diputados y diputadas, ¿por qué no se reúne
el Pacto de Madrid? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Este es un tema de fondo de la lucha contra
el terrorismo de las fuerzas democráticas. Señoras y señores
diputados del Grupo Popular y señores del Gobierno, nosotros hemos
presentado una enmienda de devolución. ¿Saben ustedes por qué? Porque
estamos convencidos de que el diagnóstico que les mueve a ustedes a
plantear esta modificación es equivocado y que además la vía que
eligen tiene dudosos aspectos de constitucionalidad y de vulneración
del sistema de garantías. Y voy a decir esto, el señor ministro lo ha
dicho: ¿cuál ha sido el discurso del Grupo Popular y del Gobierno?
Pues, miren ustedes: tenemos un Código Penal de penas benignas, de
agujeros; además, los menores, por ser menores, se zafan de sus
responsabilidades. Fíjense que fácil es. Porque, evidentemente,
existe en la sociedad española una sensación de impunidad y de
impotencia, evidentemente que sí. Y, como los problemas son estos, es
fácil: que las penas son blandas, las endurecemos; que los menores se
nos escapan, los tratamos como si no fueran menores. Esto es
simplismo, es demagogia, pero, sobre todo, es inútil. Le hago una
pregunta, señor ministro. ¿En el último año y medio de violencia
callejera, dígame, porque usted lo debe saber, cuántas personas se ha
detenido? (Rumores.) ¿Cuántas? ¿A cuántas se ha incriminado?
(Rumores.) Evidentemente, señor ministro, yo sé que ésa no es una
responsabilidad exclusiva suya, pero también es suya. Por tanto, si
usted me dice: no me lo diga a mí, y el señor ministro de Trabajo me
dice: pregúnteselo al PNV. (Un señor diputado: Exacto.) El PNV va a
seguir hasta que no haya elecciones vascas siendo el Gobierno, y
ustedes lo que no pueden hacer es decir a la sociedad que el problema
es la ley, porque hoy existe un arsenal legal importantísimo para dar
batalla al terrorismo. Lo que ocurre es que no hay eficacia ni
operatividad, pero eso es más difícil hacerlo, porque significa
afrontar una realidad concreta difícil y, en cambio, la solución
mágica que ustedes acostumbran a hacer en España es: ante un
problema, modificación del Código Penal. Entramos en una cadena que
la gente aplaude, porque evidentemente en el corazón y en el estómago
de la gente cuando hay terrorismo se quieren penas más duras. No creo
que la función del Gobierno sea echar leña al fuego diciendo que esto
se va a arreglar con esto, después con la cadena perpetua y
posteriormente con la pena capital (Rumores.). Sí, señoras y señores
diputados. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Esto no va a arreglar el problema del
terrorismo. Por tanto, lo que estoy diciendo, señoras y señores
diputados, es que no estamos de acuerdo en que el diagnóstico de la
impunidad sea de vacío legal, porque además no estamos de acuerdo con
las medidas que toman. El señor ministro ha dicho: se es muy
escrupuloso con el respeto a la Constitución. No tengo tiempo, pero
usted sabe tan perfectamente como yo que hay informes jurídicos
importantes y solventes que dicen dos cosas: una, que en relación con
la apología puede ser que haya un conflicto de constitucionalidad -yo
no me atrevo a decir que lo haya, pero usted no se puede atrever a
decir que no lo hay-.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
Y dos, en la Ley de responsabilidad del menor no se pueden hacer
tratamientos distintos a menores en función del tipo de delito, con
algunos ejemplos que también han aparecido escritos en informes
jurídicos y en artículos de periódicos, porque posiblemente por
quemar un cajero automático sin peligro de vida un menor puede tener
mucho más castigo y pena que una persona por matar a su padre y a su
madre, simplemente porque son delitos distintos. (Rumores.)
Señoras y señores diputados, acabo diciendo tres cosas.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que concluya, por favor;
ha sobrepasado su tiempo.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo ahora mismo, señora presidenta.
Primero, luchar contra el terrorismo quiere decir aceptar posiciones
distintas desde los partidos políticos que defienden posiciones
democráticas; segundo, esto hay que hacerlo inicialmente desde
espacios no públicos (y el Pacto de Madrid tenía la gran virtud de
que si no nos poníamos de acuerdo no había propuestas); tercero,
luchar contra el terrorismo significa que las propuestas que se hagan
es mejor para todo el mundo que sean por consenso o prácticamente por
unanimidad. No creo que sea bueno la aparición de un Gobierno que
quiera aparecer como garante del terrorismo y que, si no se está de
acuerdo, nos condena a todos a una cierta comprensión del terrorismo.
Esto es, señoras y señores diputados, posiblemente aplausos para hoy,
posiblemente votos para hoy, pero no creo que el futuro de la
sociedad española mejore con sus propuestas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, señor ministro, vaya por delante que usted ha coaccionado
a aquellos que usamos el legítimo derecho a discrepar de su política:
o con el PP o con ETA. Y de ahí a criminalizar el nacionalismo
democrático del Partido Nacionalista Vasco, del Bloque Nacionalista
Galego, de Esquerra Republicana de Catalunya, o de Eusko Alkartasuna
hay un paso. Que quede claro que una cosa es trabajar para el fracaso
terrorista y otra sacar tajada electoral de este drama colectivo.
Esto no lo dice sólo Esquerra Republicana de Catalunya; algunos que
hoy no votarán en contra ni pedirán la devolución de esta ley al
Gobierno dicen y piensan lo mismo. Aquí hay una frontera que ustedes
cruzan a diario. Las reformas que el Gobierno ha enviado a esta
Cámara son una respuesta penal a un problema que, a nuestro entender,
es de naturaleza política, con consecuencias letales para la vida, la
libertad y la seguridad de las personas que viven en Euskal Herria y
en el resto del Estado. (Rumores.-Un señor diputado: ¿Usted dónde
vive?) Se trata de reformas -la del Código Penal y la de la Ley de
responsabilidad penal del menor- que, a nuestro modo de ver, son muy
desafortunadas y no van a aportar ninguna solución a este conflicto.
Peor aún, no se puede, es inaceptable y muy negativo, subordinar el
derecho y el Código Penal a los imperativos políticos; es de sentido
común, y así lo han expresado la mayoría de los juristas
progresistas. La arbitrariedad y la subjetividad que se desprenden de
la nueva redacción del Código Penal no son buenas compañeras de viaje
de la justicia y se convierten en proteína pura para nutrir la
dramática espiral acción-reacción-acción en que ustedes tambien han
entrado. Con más represión no vamos a solucionar nada.
Fíjense en la arbitrariedad del artículo 577: algunas manifestaciones
juveniles que pueden derivar o no en violencia van a ser
sistemáticamente atacadas bajo este calificativo. ¡Ojo!, porque
determinados movimientos de protesta, como el movimiento por una
vivienda digna -okupas-, antiglobalización, ecologistas, etcétera,
pueden entrar bajo esta consideración.¿Y qué me dicen ustedes del
artículo 578, que introduce el concepto de enaltecimiento o
justificación de los delitos de terrorismo? Una aplicación extensiva
de este artículo rompe con todas las reglas del juego democrático, y
se entiende que los que estamos aquí, en este hemiciclo, las acatamos
y las respetamos. Mi partido, Esquerra Republicana de Catalunya es el
primero en estar por el derecho a la vida, el derecho a la libertad y
el derecho a la democracia; pero esto no implica que renunciemos en
modo alguno al derecho a la autodeterminación de los pueblos. La
modificación de la Ley de responsabilidad penal de los menores en
materia de terrorismo supone, ya de entrada, un grave retroceso
democrático. Su objetivo no es la protección del menor ni su
reinserción social, sino el principio represor que prevalece frente a
cualquier otra consideración. Esta modificación
conlleva una exagerada desproporción de las penas: privación de
libertad que puede llegar hasta los diez años. Una vez más vale la
pena subrayar que todo se basa en la aplicación subjetiva del juez
que, manejando un criterio amplio, podría encerrar a jóvenes que se
encadenen en señal de protesta, que pinten graffities o,
sencillamente, que ponga una pegatina de CAT -de Cataluña- encima de
la E de las dichosas matrículas. Se rompe el principio de juez
natural establecido en los artículos 10 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y se crea una jurisdicción especial al
otorgar el conocimiento de los hechos a la Audiencia Nacional con un
procedimiento especial.
En definitiva, señoras y señores diputados, las modificaciones
previstas por el partido en el Gobierno se basan en criterios
subjetivos e impulsan la desproporción entre el hecho y la pena, con
lo que da la sensación de que el Gobierno está impulsando un estado
de excepción encubierto en Euskal Herria. (Rumores.- Un señor
diputado: ¡Bueno!) Si ustedes quieren un progresivo estado de sitio
en Euskadi, díganlo; nosotros, no. El Estado de derecho es
suficientemente fuerte para salir al paso, solucionando y
garantizando la vida y la libertad de todos los ciudadanos. En
cualquier caso, tengan presente que un estado de excepción progresivo
aumenta la represión y esto no va a ayudar en nada a solucionar el
conflicto y a evitar la violencia en la calle.
Para acabar, señoras diputadas y señores diputados, es evidente que
atornillando el Código Penal y la Ley de responsabilidad penal del
menor no se va a resolver el conflicto que atenaza a la sociedad
vasca y que tiene graves efectos sobre el resto del Estado. Este es,
como decíamos al principio, un conflicto de naturaleza política
y vamos a solucionarlo desde la fuerza que da la normalidad y la rutina
democráticas, no desde la excepcionalidad o, simplemente,
endureciendo el Código Penal.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, la reforma en su
conjunto emprende un camino equivocado. Desgraciadamente, poco va a
ayudar a terminar con la falta de respeto a la vida y a la libertad
de quienes están amenazados. Las reformas propuestas por el Gobierno
no conducen a la unión de quienes defienden las pautas democráticas
en la actuación política, sino a nuevas divisiones y su exposición lo
ha demostrado perfectamente. No denotan firmeza en el Estado de
derecho, sino desconfianza en su capacidad para resistir al
terrorismo. No fortalecen al Estado social y democrático
de derecho, sino que diluyen sus principios. Cuando los
poderes legítimos emplean medios excesivamente rigurosos y represivos
y, por tanto, se alejan de los principios básicos de tal modelo de
Estado para luchar contra fenómenos delictivos distorsionan el modelo
de sociedad en el que queremos vivir. El sistema penal español cuenta
con instrumentos legales suficientes para la lucha contra el
terrorismo. Desde una perspectiva de política criminal en el momento
actual no es en la política legislativa en materia penal donde haya
que incidir; por el contrario, lo que este fenómeno requiere es
adoptar una batería de medidas políticas y estratégicas dispares de
tipo policial, judicial, institucional, social y políticas. Un cambio
en las leyes penales es fácil y efectista, efectivamente, pero
ineficaz a medio plazo; no va a contribuir a la eficacia
antiterrorista. Por un lado, permítame que le diga, señor ministro,
es difícil afirmar ciertamente que existan lagunas de punibilidad, es
decir, conductas merecedoras de represión penal no incriminadas o
insuficientemente sancionadas en las leyes penales. Por otro lado, es
improbable que el endurecimiento de las penas vaya a traer beneficios
destacables. Aún no se ha demostrado que con carácter general un
incremento de las penas produzca efectos preventivos sobre la
delincuencia y, desde luego, mucho menos sobre la delincuencia
terrorista. La excepcionalidad y la emergencia no son buenas
consejeras para el derecho penal de un Estado social y democrático de
derecho. Si el Poder Legislativo no tiene la serenidad para
introducir grandes dosis de racionalidad en esta materia y se deja
llevar por las encuestas de opinión, ¿quién va a mantener la
racionalidad, la firmeza en la adhesión a los principios del Estado
social y democrático de derecho?
La firmeza contra el terror desde el Estado de derecho es desde luego
lo contrario a reformar la legislación penal de forma reactiva,
introduciendo modificaciones que se alejan del modelo constitucional
y que desde luego, permítame que le diga, tienen la oposición de
grandes e importante sectores políticos, de la judicatura y de la
fiscalía, y especialmente en lo que afecta a la reforma de la Ley de
responsabilidad penal de los menores. Por si alguno no se ha dado
cuenta, como ocurre siempre, las medidas expansivas y excepcionales
en derecho penal se convierten en gran fuerza expansiva y terminan
convirtiéndose en regla general, afectando a sectores de población
para los cuales en ningún caso estaban pensadas.
No vamos a entrar en el análisis detallado de cada uno de los
apartados -lo hemos hecho en las enmiendas parciales, no tenga usted
la menor duda-, pero sí creemos que lo que caracteriza a esas nuevas
conductas o tipos delictivos son tres cuestiones claves: conceptos
jurídicos indeterminados, definiciones excesivamente abiertas de los
tipos delictivos y, en definitiva, simple y llanamente endurecimiento
de penas. Pero desde luego lo que merece al menos, siquiera
sucintamente, unamención es la reforma de la Ley penal de menores. No
le voy a citar al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de
Estado, que dice que es raro que en un Estado social y democrático de
derecho se reformen las leyes antes de que entren en vigor; nada más
que eso ya tendría que llevarles a ustedes a la reflexión, pero, en
todo caso, estas reformas son cuestionables y cuestionadas y desde
luego conculcan no solamente la Constitución, sino toda la normativa
y literatura jurídica que hay a este respecto: la Convención sobre
derechos del niño de 1989, ratificada por España en 1991, y otros
muchos textos internacionales( reglas de Pekín, directrices de Riad o
recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa).
Desde el principio constitucional de la proporcionalidad parece
insostenible -lo ha dicho algún compañero anteriormente- que se
puedan sancionar conductas contra la propiedad con la misma pena que
el homicidio; inadmisible. Desde luego, lo que es aún más
desproporcionado es que se pueda entender que esos mismos actos
lleven a que a menores de 18 años se les deba internar en centros
cerrados de uno a diez años.
Las reformas que se apuntan en esa ley no creemos que sean
constitucionales. No podemos hablar de que a los menores se les da
-diríamos nosotros- un trato incluso más duro que a los mayores, cosa
increíble. El incremento de la duración de las medidas privativas de
libertad, el vindicativo cumplimiento íntegro de las mismas, desde
luego en ningún caso aporta respuestas rehabilitadoras y
reintegradoras.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
En cuanto a la Audiencia Nacional, se le atribuye competencia para
enjuiciar a menores de 14 a 18 años. Creemos que esta reforma es
dudosamente compatible con el principio constitucional de igualdad
ante la ley o con el derecho al juez ordinario predeterminado en la
misma.
Hay más cosas, hay muchas más cosas en esta reforma. Por ejemplo,
¿qué ocurre con las competencias de las comunidades autónomas? Ni
siquiera las mencionan. Ni siquiera se les ocurre pensar que las
comunidades autónomas tienen competencias en materia de menores, en
cuanto al sistema penitenciario. ¿Qué está haciendo este proyecto de
ley, de facto, anulando todas esas competencias? Porque ni siquiera
las mencionan. Además, el hecho de que el cumplimiento para los
menores tenga que ser en centros alejados de sus familias, de sus
entornos sociales, va en contra de las recomendaciones, como decía
antes, del Consejo de Ministros.
Creemos que hacen ustedes todo lo contrario de lo que propugna la
exposición de motivos de la Ley del menor, todo lo contrario; no
apuestan para nada por la naturaleza educativa del menor, lo único
que intentan es la represión y van a conseguir que haya una desafección
a esa ley de grandes e importantes sectores de la población.
Señor ministro, dejémonos de cuestiones, de reformas que sean
efectistas pero no eficaces. Ustedes y nosotros sabemos lo que hay
que hacer. Cada cual que haga su trabajo: la policía el suyo, los
fiscales el suyo, los jueces que instruyan y sentencien de manera
correcta y conforme a la ley, las instituciones penitenciarias, en
este caso de los menores, de las comunidades autónomas que realicen
su labor educativa y ustedes y nosotros dedicarnos a solucionar
definitivamente un conflicto que es político.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por último, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señor
ministro, en primer lugar, desde Chunta Aragonesista se entiende y se
valora la necesidad social de dar respuesta adecuada frente al
terrorismo, y por ello se comparte el inicio de la exposición de
motivos del proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal
y de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. Entendemos, no obstante, que estas respuestas no pueden
quedarse en las meramente penales ni ser a costa de principios tan
reconocidos como el interés superior del menor o el derecho a la
igualdad ante la ley.
Los menores son titulares de aquellos derechos fundamentales
contenidos en el título I de la Constitución española; de ello se
deduce, por un lado, que estos derechos han de ser efectivos por los
padres y subsidiariamente por el Estado y, por otro lado, se trata de
derechos exigibles para el niño y no renunciables por él, y por ello
obligaciones para los padres y los poderes públicos y no excusables
por éstos. Los poderes públicos deben llevar a cabo una política
educativa y de nuevas formas de existencia social que haga efectiva
la prevención en materia de inadaptación infantil o juvenil. Sólo
desde este punto de vista existe solución para la infancia y para la
juventud inmersa en acciones de tipo terrorista. Sólo cambiando los
contextos sociales con una acción decidida de los poderes políticos
se puede prevenir la implicación de menores en hechos que por su
contenido de aventura, agresividad, lealtad al grupo de iguales,
diferencia social o justificación moral se ajustan a los intereses de
determinados adolescentes.
Nada sabemos, por otra parte, de la aplicación actual de la vigente
Ley 4/1992, del desarrollo de sus medidas educativas por la
institución competente ni de los éxitos o fracasos que esta normativa
ha tenido con los menores que han cometido actos terroristas. Las
modificaciones que el proyecto de ley propone a la Ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de losmenores rompen la
coherencia interna del nuevo sistema
de responsabilidad de los menores, ofrece serios reparos de
constitucionalidad y atenta contra la esencia del principio de
igualdad y, por ello, puede calificarse de discriminatoria. También
contradice gravemente el interés jurídico a proteger, que siempre
debe ser el menor. Va en contra de las importantes razones que
llevaron a la creación de los juzgados de menores y, sobre todo, por
concepción como órgano con proximidad fundacional y geográfica
necesaria al ámbito familiar y social de la génesis y tratamiento de
la infracción y el propio contenido de su intervención
jurisdiccional.
La creación del juzgado de menores en la Audiencia Nacional sólo
puede contribuir a la mayor estigmatización del menor, no aportando
soluciones reales a los problemas concretos que pertenecen al menor,
sino formalizando a éste como terrorista. Es difícilmente entendible,
desde el punto de vista educativo y racionalizador, principio que
inspira la Ley 5/2000, qué medidas de duración superior a los cinco
años marcados por el actual texto tengan una mayor eficacia en la
educación prosocial del menor o logren una mayor interiorización del
respeto a la norma o progresen por ello más en actitudes empáticas.
Sólo con medidas simplemente coercitivas o punitivas y de escaso
valor educativo pueden contemplarse internamientos de diez años y
alejados de su entorno familiar y social.
En cuanto a los establecimientos para el cumplimiento de las medidas
judiciales, en primer lugar, es en la práctica anular las
competencias que la comunidad autónoma posee en la actualidad. Por
otro lado, un internamiento de estas características estigmatizaría
de nuevo al menor y entendemos que no cumpliría las recomendaciones
del Consejo de Europa. Todo ello con el fin de eliminar
progresivamente el recurso a la reclusión y multiplicar las medidas
de sustitución de la reclusión.
Por ello, entendemos, señor ministro, señorías, que si bien la
respuesta penal es necesaria en el caso de los menores, ésta tiene
que ser escrupulosa en el respeto de los derechos reconocidos y debe
ir acompañada de aquellas medidas sociales y educativas que impidan
contextos favorecedores y prevengan la comisión de estos delitos.
Por todos los motivos señalados pedimos la devolución del mencionado
proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Finalizado el turno de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
a continuación la palabra, para la defensa de su enmienda, por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, no es elegante -lo sé- comenzar una
intervención citándose una misma, pero
para acreditar la postura de mi grupo frente a las modificaciones
legales del proyecto que hoy se anuncia como antiterrorista, me
parece útil acudir a algo que tuve ya escrito, y que escribí en
nombre de mi grupo, primero en Avui y luego en Deia cuando se produjo
el anuncio sin concretar de qué medidas se trataba.
Mi formación política busca y arriesga, decía yo, para la consecución
de la paz; quiere la persecución eficaz de los crímenes de ETA y
participaremos y colaboraremos en la tramitación de las medidas
legislativas que se anuncian. Pero tenemos claro que no van por ahí
las soluciones efectivas. Los cambios legislativos no son la panacea.
Ofrecíamos leal colaboración en la tramitación legal, que también
incluía la crítica fundada -escrito está, señor ministro-, y crítica
fundada es nuestra enmienda de devolución. Es, por cierto, esta la
primera ocasión de opinar sobre el efecto que las llamadas al pacto
de Estado sobre la justicia ha tenido para nosotros en esta materia.
Se nos ha consultado, eso sí, si preferíamos que los magistrados se
jubilaran a los 70 ó a los 72 años o cuántos meses de prácticas
debería cursar una estudiante que hubiese aprobado las oposiciones en
la escuela judicial, pero no cuando se abordan medidas
antiterroristas, aunque se trate de un terrorismo vasco y lo que se
plantee sean reformas que pueden afectar a pilares fundamentales del
sistema constitucional, de la dogmática penal, de las garantías
propias del proceso penal o de la política criminal en esa área. No
por ello, señor ministro, nos situamos de espaldas al proceso.
Queremos estar en él y por ello hemos presentado junto a esta
enmienda de devolución, creemos que por graves motivos, además 20
enmiendas parciales que rehacen -o a lo mejor a usted le parece que
le deshacen- la norma propuesta, pero que denotan trabajo aportado y
leal colaboración efectiva, no crítica al bulto, ni pasotismo, ni
abstencionismo por sistema.
El primer problema a abordar es si es necesaria una reforma de este
tipo. Estamos sufriendo una escalada brutal de violencia terrorista,
sobre todo tras la ruptura de la tregua. Persistente y cruel
violencia terrorista, dice nuestra enmienda. Pero ¿la atajarán las
mayores penas, los tipos imprecisos y mezclados, contrarios a
principios de legalidad y tipicidad, la introducción de bienes
jurídicos a proteger en la esfera de lo ético y no del reproche penal
o promover un derecho penal y un proceso auténticamente de excepción
para menores de edad penal? Nosotros creemos que no, lo cual no sería
mucho, ni tampoco la dogmática penal y criminalista consolidada. El
éxito en la lucha contra el crimen viene dado por la eficacia en la
detención y en la persecución y la seguridad en la aplicación de la
ley, no por la dureza de ésta. Por cierto, se hacía antes mención,
desde el público que le jaleaba, a la actuación de la Ertzaintza. La
media de detenciones de Kale Borroka en la Ertzaintza está en 200
personas. No basta lo que digan los medios de comunicación, hay que
contrastarlo con los datos reales dados en la Cámara vasca y la media
en los
últimos años es de 200 personas por año. El sistema penal del código
vigente responde a un esquema que no surge de la nada, sino que es
producto del pensamiento jurídico penal de los dos últimos siglos y
sus rasgos generales son los de la prevención general vinculada a la
proporcionalidad, la prevención especial debidamente influenciada por
el artículo 25.2 de la Constitución, que habla de la reeducación y
reinserción del condenado, y el carácter retributivo que en modo
alguno le negamos. La pena tiende a la reinserción, pero la pena es
también castigo si de personas adultas estamos hablando; respecto de
los menores, luego hablaremos, es otra cosa.
Dice la exposición de motivos que los comportamientos terroristas
evolucionan buscando evitar la aplicación de las normas, aprovechando
resquicios y complejidades interpretativas. Para resquicios y
complejidades interpretativas las que introducen los tipos nuevos,
además de tener defectos técnicos y de encaje constitucional
evidentes. Los iré enunciando. Se toca el artículo 266, dentro del
capítulo de daños, en el título correspondiente a los delitos contra
el patrimonio y contra el orden socioeconómico, y se dice en la
exposición de motivos que se pretende responder a la delincuencia
aledaña por finalidad, proximidad o relación con el terrorismo. Lean
el precepto, señorías, y verán cómo en él no encuentran este objetivo
declarado del proyecto. Las tipificaciones se hacen sin referencia
alguna a datos que manifiesten nada con el fenómeno terrorista, de
tal manera que su ámbito se extiende a cualquier posible autor o
conducta con independencia de su relación con el terrorismo. Tal
relación se contempla en el artículo 577, y por ello es a este
artículo al que debiera haberse limitado la modificación en lo
relativo al ámbito material de los preceptos citados, incorporando
las conductas nuevas que se estimasen procedentes, eso sí,
delimitando mejor el elemento teleológico de los tipos que ya ahora
aparece como excesivamente amplio. La revisión del artículo 346,
cuando habla de delitos contra la seguridad colectiva y de los
estragos a que hace referencia el 266, provoca gravísima inseguridad,
ya que en el artículo 346 se contemplan unos daños que no se
corresponden con los del 266, que a su vez establece penas distintas
en razón de diferentes clases de daños, con los que resulta realmente
imposible determinar cuál sea la penalidad concreta a que tal
remisión se refiere.
El artículo 551 vigente no contempla resultado dañoso alguno, ya que
habla de una acción incendio y de un peligro concreto para la vida o
integridad física de las personas. La modificación contempla
supuestos de ausencia de ese peligro y se remite a penalidades de
tipos con resultado de daños. De aprobarse, conduciría a castigar
como daños acciones no dañosas y exentas de peligro para las
personas, lo cual resulta totalmente ajeno a la lógica y a la
finalidad del vigente artículo 351, desproporcionado y contrario al
principio de intervención mínima.
El desorden en los plenos por apoyo a bandas armadas es una cuestión
que podría haberse abordado, pero se hace en términos
extraordinariamente generales, con una imprecisión a qué conducta se
refiere y, sobre todo, la pena de prisión está indicada en todo caso,
tampoco tenemos nada que objetar, a la fusión de los artículos 504 y
505 que se hace y al artículo 551.2, que puede salvarse cuando amplía
el atentado a los miembros de las corporaciones locales, objeto de
especial persecución para la banda terrorista en los últimos tiempos,
y que merecen, justo es decir, ser debidamente protegidos.
Al modificar el 577, delito de terrorismo sin terroristas que dice el
profesor Gimbernat, se olvidan ustedes que tienen sin cumplir la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1999 que,
según la exposición de motivos del proyecto de ley que ustedes mismos
trajeron a esta Cámara en octubre de 1999 (Boletín Oficial de las
Cortes, serie A, número 1.189), obliga a revisar la configuración
legal del delito de colaboración con banda armada, al objeto de
ajustarla a la interpretación que del derecho constitucional a la
legalidad penal, desde la perspectiva del principio de
proporcionalidad, ha realizado el alto tribunal. De esto se olvidan
en absoluto. Nosotros, no. No pretendemos en modo alguno la
impunidad, hemos reproducido ahora las enmiendas que presentamos
entonces a ese proyecto, por ustedes olvidado, y en el artículo 576,
en el punto primero, definimos la colaboración, y en el punto segundo
se diagnostica exactamente de forma más clara, dejando para el
artículo siguiente las conductas que coadyuvan a actividades de
bandas, organizaciones y grupos terroristas, quedando el 577
técnicamente más correcto que el que el Gobierno propone para
aquellos actos de idéntica finalidad de quien no se integra, sin
embargo, en las bandas, organizaciones o grupos terroristas. Repito,
no hay impunidad, hay mayor corrección, y consúltenlo con algún
penalista.
El artículo 578 es bien intencionado, pero desde el punto de vista de
la dogmática penal no tiene desperdicio. El adelantar la protección
penal a conductas que no conllevan lesiones o peligro concreto de
bienes jurídicos, es algo que la doctrina penal considera únicamente
como excepcional. Por ello, se exige que tal adelantamiento se
produzca únicamente para conductas que tengan una real y directa
potencialidad de conducir o desembocar en tal lesión o peligro o
entrañen una voluntad delictiva clara y sólo respecto de delitos
especialmente graves. Esto es exactamente lo que hace el Código
vigente del año 1995. La conducta que se contempla no ostenta la
significación concreta que tienen la provocación, la conspiración o
la proposición para delinquir, exceden los ambos de dichos preceptos
para adentrarse en un campo de amplios contornos y difícil
delimitación, en el que será sencillo confundir legítimos
planteamientos ideológicos o análisis políticos con lo delictivo. De
instaurarse, además, este precepto excesivamente amplio, nos
encontraremos con que los tribunales no van a aplicarlo, como ya
ocurría con el
precepto anterior al año 1995, puesto que se autolimitan al
establecer sus contornos para no conculcar otros principios
constitucionales que, repito, tienen ya jurisprudencia asentadísima.
Modificar para que, a la postre, todo quede igual, no conduce a nada.
Es, señorías, lo que se ha dado en llamar, y ustedes lo conocen,
derecho penal simbólico, muy tranquilizador a corto plazo, pero a
largo plazo destructivo, porque está construido sobre el engaño de
que puede resolver algunos problemas que, efectivamente, no resuelve.
En lo referente al segundo inciso del artículo 578, se puede hacer el
siguiente comentario crítico. Es bien intencionado, pero plantea
dudas sobre cuál es el bien jurídico protegido. Si fuese el mismo que
en el apartado primero, habría que trasladar a él la argumentación
recién realizada. Si, como parece más probable, el bien jurídico es
el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, el precepto,
pensamos, adolece de incorrección técnica relevante. A saber, el
derecho al honor no puede predicarse de un colectivo o grupo de
afectados, ni tampoco puede trasladarse a él la dignidad de cada una
de las personas que lo componen. Estamos ante derechos personalísimos
que sólo pueden violarse por referencia a personas concretas.
Estamos, entonces, ante la violación del principio de seguridad
jurídica. En la enmienda a la totalidad ya indicamos que el derecho
penal no es el mejor instrumento para acabar con lo que son conductas
de vileza moral o actitudes canallas, que ciertamente lo son, pero
que no tienen cabida en el Código Penal.
En cuanto a la inhabilitación absoluta, se podría haber hablado,
teniendo en cuenta que deben extremarse las cautelas al hablar de
esta pena, puesto que es difícil plasmarla cuando no lleva aparejada
una pena privativa de libertad y teniendo además en cuenta que existe
constitucionalmente plasmado el artículo 23, que consagra el derecho
a la participación en los cargos públicos, evitando la excesiva
duración, la proporcionalidad, que es otro de los aspectos respecto
de los cuales podría haberse hablado. A nuestro modo de ver, la
modificación pretendida con el artículo 572.2 queda al margen del uso
razonable y prudente que se establece para esta pena con carácter
general, sin buscar conexiones con la naturaleza y con las
circunstancias de cada delito, y se establece, a nuestro modo de ver,
repito -podrían hacerse enmiendas parciales-, una duración excesiva.
Ha dicho el representante del Bloque Nacionalista Galego -y yo lo
repito- que el ordenamiento penal es indudablemente un instrumento
fundamental para la defensa del Estado de derecho. Sin embargo,
cuando se usa sin un claro fundamento, vulnerando o rozando
peligrosamente principios que lo animan, es ese mismo Estado de
derecho el que sufre.
Mención aparte merece la reforma de la Ley de responsabilidad penal
de los menores. Es desafortunada, y así se lo han indicado a ustedes
el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado
y el Consejo de Estado, y contraria a los principios que informan
esta norma, que no ha entrado todavía en vigor, según la cual la
medida aplicable ha de estar más en función de la personalidad y
necesidades educativas del menor, que del hecho realizado, lo cual es
contrario al criterio de establecer un régimen excepcional para
determinados delitos, habida cuenta de que incluso dentro de los
delitos de terrorismo existen infracciones de una gravedad muy
diferente a otras, sin olvidar lo que tiene de improvisación
pretender la reforma de una ley que todavía no ha entrado en vigor.
Hablo, señorías, siempre del texto del proyecto. Si respecto de él
hay cambios o negociaciones con algunas formaciones políticas, no nos
constan, porque no hemos sido tenidos en cuenta, y la enmienda a la
totalidad va dirigida a lo que es el contenido del proyecto. Olvida,
además, el proyecto que es contraproducente responder a los menores
que delinquen con el mismo silogismo que a los mayores. La creación
de un juzgado central de menores excepcional es contraria a la
jurisprudencia constitucional. Además, es hábil para generar héroes y
útil para introducirles en un determinado engranaje, ETA y su
entorno, cuando lo que se debe buscar es la reeducación y la
reinserción. La recuperación de estos menores, consiguiendo su
capacitación para la convivencia democrática, es lo que, a nuestro
modo de ver, se ha de buscar, y esto es lo que ha de primar sobre lo
meramente aflictivo. Se les imponen medidas que superan en tiempo y
dureza las penas de los mayores. Mírenlo ustedes: un mayor que cometa
asesinato es condenado a 15 años, de los que cumple 11; un menor que
cometa un asesinato cumple 15 años de internamiento más 5 años de
aplicación de medidas. En segundo lugar, el que cumplan las medidas
en lugares alejados del domicilio del menor, además de la posibilidad
de heterointoxicación, nos parece más grave que la dispersión en
materia de mayores. Supone, además, un grave agravio comparativo que
mientras los mayores son juzgados por tribunal colegiado, por una
sala, y les cabe el recurso de casación en toda su extensión, los
menores son juzgados por un órgano unipersonal y, sin embargo, sólo
cabe casación para unificación de doctrina. Creo haber acreditado con
esto que la situación que se establece respecto de los menores es más
gravosa que respecto de los mayores y debe analizarse de una forma
distinta.
Señorías, la criminalidad de ETA es despiadada y cruel. La situación
presente está cargada, y con sobrada razón, de emotividad, pero ni la
irritación ni la cólera espontánea de los ciudadanos pueden estar en
el origen de una iniciativa legislativa de esta naturaleza. Los
políticos, todos, no excluyo tampoco nuestras propias
responsabilidades, pero sobre todo los gobernantes, tienen que
desempeñar una difícil función de pedagogía, que es lo más contrario
a la demagogia. Al secretario general socialista se le atribuye la
frase de que la política antiterrorista no puede convertirse en un
sucesivo proceso de ocurrencias, y a una escalada de ellas estamos
asistiendo en estos días. Primero, cumplimiento
íntegro de las penas, cadena perpetua, juicio revisorio y examen
moral, ahora revisión del sistema de penas del Código Penal. Un
conocido columnista lo llamó hiperactividad neurótica frente a lo que
fue total inactividad en la legislatura pasada, desaprovechando, como
tantas veces decimos, un período de tregua. Repito, ante la
convulsión que produce la amenaza, hay que responder con cálculo,
pragmatismo y sutileza, con la normalidad y la cotidianidad
democrática, perseguir los delitos y aplicar el Código Penal vigente
y no penalidades abstractas. Para una respuesta serena, para un
compromiso unitario, señor ministro, en estos términos el Gobierno
nos hubiese encontrado si es que hubiese querido buscarnos.
En días pasados leía yo a Miguel Ángel Rodríguez, personaje de su
entorno más que del mío, prestigioso jurista -se supone-, siempre
expeditivo, alentando al Grupo Popular a no tener miedos
constitucionales cuando se tienen 182 votos. Son criterios. A mí me
parece una temeridad. Ahora que todo el mundo se confiesa unamuniano,
es prudente que yo traiga la referencia a la distancia que existe
entre vencer y convencer.
Como punto final, y para el supuesto de que quien intervenga en
nombre del Grupo Popular no vaya a ser el prestigioso jurista que es
portavoz habitual en esta materia, adelanto ya que, por lo conocido
en debates anteriores, ni esta diputada ni los componentes de mi
grupo ni los de mi partido, a pesar de las referencias que se han
hecho a las declaraciones del señor Arzalluz (por cierto, debieran
leerse enteras, porque supongo que hemos leído la misma prensa; el
señor Arzalluz dice que no compartimos la ideología marxista de ETA
y siempre hemos dicho a sus seguidores que la independencia debe
conseguirse por la vía del consenso; nosotros rechazamos la violencia
y creo que no es exactamente lo mismo que lo que ha dicho el señor
ministro), y, por supuesto, ninguno de los demás enmendantes a la
totalidad cumplimos los elementos de ningún tipo penal en los
aledaños del terrorismo ni en su versión actual ni en la prevista
para la reforma. Evítense, por tanto, los innecesarios esfuerzos de
imputación y váyase al argumento de fondo del debate y análisis de
las propuestas, que es lo propio de este foro parlamentario. Debate y
análisis que su proyecto, señor ministro, en este momento no resiste.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que represento en esta intervención ante la Cámara,
tiene la impresión de que ustedes, señor ministro, el Gobierno del
Partido Popular, se han equivocado en la presentación
de estas iniciativas antiterroristas. Pero, lo que es peor, esa
equivocación remite también a una equivocación de fondo en cuanto a
las propias medidas que hoy nos presentan ante esta Cámara.
Señor ministro, nosotros reconocemos que, ante una intervención de
estas características, sus palabras estén llenas de emotividad, lo
reconocemos, además creemos que no puede ser de otra manera. Nosotros
también hemos sufrido el terror, nuestra formación política lo ha
hecho además sin la cobertura de la legalidad. Nosotros no hemos
respondido únicamente con la emotividad; sin la responsabilidad del
Gobierno, nosotros hemos respondido con la razón y con la ley. En
estos días vamos a celebrar una efemérides relacionada con ese
esfuerzo político y moral por parte de nuestra fuerza política. Por
tanto, les exigimos que, con toda la emotividad que es necesaria y
que es humana además, presenten ante esta Cámara las medidas legales
que pretenden contra el terrorismo, con objetividad y con voluntad
política y no arrojen sobre nosotros los términos morales y los
principios generales que compartimos, porque ustedes y nosotros, con
una diversidad ideológica clara, compartimos la defensa del sistema
democrático, la defensa de las libertades y el rechazo de cualquier
forma de violencia y de terrorismo en especial.
No hay ninguna razón en democracia para los atentados terroristas, y
eso lo tenemos claro. Luego ustedes no aprovechen su intervención de
forma desafortunada para lanzar esos criterios morales, que son de
todos y de todas, o para lanzar también esa afectividad y emotividad,
que compartimos, contra las fuerzas políticas democráticas que
estamos en esta Cámara y que no coincidimos con ustedes ni en su
estrategia antiterrorista ni en sus medidas concretas de modificación
del Código Penal o de la Ley del menor. Si lo hacen así, si arrojan
sobre el resto de las fuerzas políticas criterios morales y
emotividad, estaremos dividiendo a la sociedad española, cuando lo
que hay que hacer en estos momentos -y es su principal
responsabilidad- es unirla, pero no sólo en la calle también en esta
institución, frente al terrorismo y frente al terror. Ése es también
el sentido de la diversidad política. Señorías, yo no se lo voy a
recordar, pero seguramente alguien que intervendrá después que yo les
va a recordar que no es lo mismo la diversidad que la deslealtad.
Hemos sido diversos en muchas ocasiones en la política
antiterrorista, pero no hemos sido desleales. Por tanto, no intenten
ustedes ahora interpretar la diversidad como deslealtad. Somos
diversos, tenemos distintas concepciones y distintas posiciones sobre
esta ley, pero tenemos una lealtad, que va mucho más allá de la
mayoría que ustedes traen a esta Cámara, con la paz, con la
democracia y en la lucha antiterrorista. Deberían ustedes tenerlo en
cuenta, no vaya a ser que, al final, se encuentren bastante más solos
de lo que dicen estar, enesta iniciativa legislativa.
Señorías, a mí me gustaría dirigirme a su cabeza y no a su corazón.
Sé que es difícil pero quiero dirigirme a su cabeza, porque lo que
ustedes están presentando aquí son medidas legales que van a afectar
a todos los ciudadanos y, por su parte, parece ser que pretenden
frenar la ofensiva terrorista. Nosotros consideramos que estas
medidas son equivocadas, consideramos que responden a una estrategia
antiterrorista que va más en el sentido de la emotividad y del
patriotismo de partido que en el sentido de la unidad democrática,
necesaria en una estrategia de fondo contra el terrorismo. Pensamos
que hoy la necesidad fundamental no consiste en articular nuevos
mecanismos legales, que nuestro sistema penal no es un queso de
gruyer, que está trabado y tiene suficientes características y
posibilidades, y también potencialidades, para enfrentar la nueva
ofensiva terrorista. Por tanto, para nosotros prima otro tipo de
medidas: medidas policiales, medidas judiciales, medidas
institucionales, una mayor colaboración institucional y medidas
políticas, una de ellas, y fundamental, la recuperación de la unidad
democrática, al margen de posiciones nacionalistas, no nacionalistas
o federalistas, en el enfrentamiento con la ofensiva de ETA.
Señorías, decía que me iba a dirigir fundamentalmente a su cabeza, y
voy a tratar de argumentar por qué pensamos que, en primer lugar, sus
medidas probablemente son ineficaces; en segundo lugar, en algunos
casos pudieran ser contraproducentes, y por último, son medidas de
dudosa constitucionalidad y que quiebran una relación entre el
sistema legal del menor en España y la legislación del niño y del
menor a nivel internacional.
En relación a la eficacia, señorías, vuelven ustedes a presentar otra
batería de modificaciones parciales, en este caso, de las leyes
penales. No es, en su caso, un hecho novedoso; lo hacen habitualmente
-yo ya estoy acostumbrado- en materia económica, también en materia
penal; parece ser que ésta es la tradición y la forma de funcionar
del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular.
Vayamos a esas medidas. Se presenta una serie de medidas que, según
la intervención del señor ministro, intentan delimitar nuevos tipos
delictivos frente a nuevas estrategias terroristas, a nuevas formas
de delito de ETA. A través de estas iniciativas legales, intentamos
coartar, limitar o acabar con ese tipo de actividades terroristas,
pero no vemos, en la intervención ni en la argumentación de la
modificación legal, ninguna valoración de las últimas modificaciones
legislativas del Código Penal que se han producido hace muy poco
tiempo en relación a la violencia callejera -año 1998- o en relación
al menor. No vemos ningún análisis ni ninguna valoración sobre la
eficacia de alguna de esas medidas. Nos llama la atención que alguna
medida, que debería haber contado con el análisis de la realidad de
la acentuación de la kale borroka, no lo ha tenido en cuenta. La Ley
del menor, que todavía no ha entrado en vigor, no ha tenido en cuenta
una realidad
que venía existiendo al mismo tiempo que se elaboraba esa iniciativa
legislativa.
Además de que tenemos modificaciones legislativas que no aprenden
nada del pasado, porque en aquellas modificaciones sobre la kale
borroka se pretendía criminalizar determinadas acciones que se
producían en la calle por parte de jóvenes que se consideraba que
eran parte de la estrategia terrorista de ETA, ¿cuál ha sido la
consecuencia de esas iniciativas legislativas? ¿Se ha argumentado por
parte del Gobierno? Nosotros ya tenemos algunas consecuencias, las
tienen la Policía Nacional y la Ertzaintza, y sabemos hasta qué punto
las nuevas medidas que se plantean por el Gobierno pueden o no ser
eficaces. Señorías, consideramos que pudieran no ser eficaces, y
vamos a fijarnos en algunos aspectos de las modificaciones que
ustedes plantean. Pretenden retrotraer, en estos momentos, la
legislación del menor a la entrada en vigor de esta nueva
legislación, aprobada con carácter homogéneo con respecto a la
legislación internacional del menor. ¿Cuál ha sido la consecuencia de
la aplicación de la legislación del menor pasada, no la que está por
entrar en vigor, en la kale borroka? Lo que nosotros sabemos es que,
del conjunto de los detenidos en la violencia callejera, hay una
mínima parte de menores, y que en ningún caso ningún juez ha
planteado problemas para analizar y sancionar los delitos de estos
jóvenes o menores.
Por tanto, señorías, no entendemos muy bien a qué viene la necesidad
de presentar esa iniciativa legislativa, si no es que el Gobierno, en
vez de estar realizando una iniciativa legislativa para luchar contra
la violencia terrorista, esté realizando una iniciativa legislativa
que puede llamarse de penalización simbólica o, mejor, una iniciativa
legislativa placebo, fundamentalmente para tranquilizar a la sociedad
y para tranquilizar al propio Gobierno en relación a la ofensiva
terrorista, pero con dudosa eficacia en cuanto a su posibilidad de
detener y condenar a aquellos que realizan actividades terroristas,
que no han sido condenados, al parecer, a través de la actual
legislación penal.
Vayamos a otro aspecto de las modificaciones legales que ustedes
plantean: el delito de apología del terrorismo. Señorías, el delito
de apología del terrorismo, que ustedes pretenden tipificar de nuevo,
estaba así tipificado antes del Código Penal de 1995; una legislación
genérica, tan genérica que no era eficaz. ¿Cuáles son los datos sobre
la eficacia de la legislación que había sobre la apología del
terrorismo? Pues bien, 150 años de legislación sobre apología del
terrorismo han dado para 14 sentencias, de las cuales cuatro tienen
que ver en los últimos años con actividades supuestamente de apología
del terrorismo y solamente una, del Tribunal Supremo, condenatoria;
el resto, todas absolutorias. Es decir, a pesar de existir un tipo
delictivo genérico contra la apología del terrorismo, no se podía
condenar porque ese tipo delictivo colisionaba con un valor mayor en
nuestro sistema legal, que está reconocido por la Constitución, que
es el derecho a la palabra o a la
libre expresión de las ideas. En nuestra opinión, pues, estas medidas
no sólo pueden ser ineficaces (en algunas de ellas, y lo digo también
en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si hubiéramos
tenido la oportunidad de negociarlas -no la hemos tenido porque no
nos la han dado-, probablemente hubiéramos llegado a acuerdos, pero
no es ese el caso), sino que también pueden ser contraproducentes, y
me fijo fundamentalmente en las medidas que modifican la Ley del
menor. Ustedes dicen que un endurecimiento de las penas (que no es
otra cosa la modificación que ustedes realizan en la Ley del menor),
el internamiento o el extrañamiento, es decir, el juicio fuera de su
lugar de origen por parte de la Audiencia Nacional, todas esas
medidas van a lograr romper la conexión entre la kale borroka y la,
digamos, actividad terrorista de ETA. Nosotros pensamos que bien
pudiera ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que esos jóvenes, que
antes iban a ser resocializados, fundamentalmente mediante métodos
educativos, probablemente en su propio medio, que no iban a ser
tratados mediante métodos coercitivos, pero que ahora van a ser
aislados, van a ser juzgados fuera de su lugar de origen y van a ser
penados como un adulto, iniciaran el camino directo a formar parte ya
de esa banda, a través de mecanismos que favorecería el propio Código
Penal, mecanismos para la afiliación y para el alineamiento de estos
jóvenes con la política terrorista de ETA. Nosotros tenemos esa duda,
señorías, y tenemos toda la legitimidad para defender esa duda con
respecto a sus medidas legales.
Por otra parte, decía que estas medidas no solamente pueden ser
ineficaces, sino también contraproducentes, pero es que también
pueden afectar a nuestro entramado legal, a principios básicos de
nuestra Constitución y de la legislación internacional. Señorías, con
estas medidas en relación con la Ley del menor volvemos a
desengancharnos de la legislación internacional sobre el niño y el
menor, creamos una situación excepcional por la que determinados
menores y niños españoles no están sujetos a la legislación
internacional penal, que fundamentalmente es educativa y
resocializadora. Nos da la impresión de que estas medidas contra la
apología del terrorismo van a colisionar con preceptos básicos que
consagra la Constitución española, como es el derecho de información.
Y no solamente lo decimos nosotros, señorías, porque aquí parece que
hay una parte de la Cámara que posee principios morales y que otra
parte de la Cámara se halla en una situación ambigua sobre los
principios morales. Señorías, esta posición que hoy defendemos
nosotros (de dudas razonables en cuanto a la eficacia de una medidas
que pueden ser contraproducentes y que pueden contraponerse al
conjunto del sistema legal, del sistema penal y también del sistema
constitucional) es también defendida por el Consejo de Estado, por el
Consejo General del Poder Judicial y por juntas de fiscales. Es
decir, hay dudas razonables por parte de sectores muy importantes de
la sociedad española. No se bunkericen detrás de las medidas penales,
señorías, consideren
que esas medidas penales son discutibles, no son preceptos
morales que tengan que ser utilizados como arma arrojadiza contra
quienes ustedes consideren que no son solidarios con su política
antiterrorista. Se equivocan en esa percepción y si siguen así,
probablemente cada vez haya más parlamentarios en esta Cámara que no
coincidan con ustedes en sus modificaciones penales, aunque sigan
siendo solidarios de una estrategia antiterrorista que limite y acabe
con el terror de ETA.
Termino, señorías, diciendo en nombre de mi grupo parlamentario que
en el futuro esperamos que iniciativas de estas características no
las conozcamos por los medios de comunicación, que por iniciativas de
estas características no conozcamos al final que hemos sido relegados
por decisión libre del Gobierno. El Gobierno ha establecido quiénes
son los buenos y quiénes son los malos en esta película. Nosotros
esperamos que en el futuro no sea así. Nosotros estamos convencidos
de que una estrategia antiterrorista para llamarse con tal nombre
tiene que conseguir la unidad de las fuerzas políticas
-nacionalistas, no nacionalistas, federalistas, de izquierdas o de
derechas- que estamos en esta Cámara, que la estrategia
antiterrorista tiene que conseguir la colaboración, no la fractura,
entre las instituciones españolas, y que la estrategia antiterrorista
debe ser consensuada, señorías. Eso no ha sido así hasta ahora, pero
no renunciamos a que lo sea en un futuro. Porque, señorías -y
termino-, nosotros frente al terrorismo no creemos que sea
conveniente ni una ley dura ni un Estado fuerte; creemos que lo
fundamental frente al terrorismo es una ley y un Estado democráticos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, con la venia.
Coalición Canaria, como bien ha dicho el señor ministro de Justicia,
conoció el borrador del texto del anteproyecto; se nos remitió, se
nos pidieron sugerencias y observaciones al mismo y las hicimos
llegar en aquel momento, sobre todo fijándonos, en primer lugar, en
que había un respeto a la letra y al espíritu de la Constitución; en
segundo lugar, que no entrañaba medidas excepcionales de orden
jurídico superior o distinto que pudiera ser incluso tachado de
inconstitucional o presuntamente inconstitucional y que estaba dentro
de un ordenamiento del Estado competencial democrático que,
afortunadamente, tenemos asentado en estas Cortes Generales.
Quisiera recordar aquí-porque mi discurso va a ir en una línea
política- unas palabras que dijo el ilustre jurista don Federico
Carlos Sainz de Robles, cuando era presidentedel Tribunal Supremo y
del Consejo General del
Poder Judicial. Dijo que, pasada la fase en que el pueblo español
democráticamente se había dado las libertades constitucionales, tenía
que tener muchísimo cuidado, para la defensa de esas libertades, en
no perder el gusto por la libertad. El gusto por la libertad se puede
ver conculcado y adormecido por la más perversa de las
intencionalidades del terrorismo. El asesinato terrorista no es un
asesinato emocional, no es un asesinato de tipo moral en el sentido
de ir contra una persona, no es un asesinato de tipo emotivo -por
celos, por ajuste de cuentas de aparatos mafiosos-, pretende la
utilización de la muerte, de las víctimas y del terror, llegar a algo
que es lo más pernicioso para los demócratas y la democracia que nos
sustentamos en el voto popular, el miedo. El miedo es la peor
enredadera que puede sojuzgar a un sistema democrático, porque impide
la voluntariedad de los actos políticos. Da miedo ir en las listas
electorales de los ayuntamientos, da miedo ir en las listas
electorales de los parlamentos, da miedo hasta circular por la calle
a la expectativa de la bomba lapa o del tiro, da miedo ejercer unas
libertades profesionales, en el caso de jueces, magistrados y
fiscales. De ahí que, aunque esas garantías puedan ser de dudosa
eficacia, la democracia está obligada a probar todos los sistemas. Se
mostrará su eficacia en el cumplimiento y en la existencia de los
mismos.
Hay que proteger a ese estamento profesional -como dice el texto de
la ley, y como nosotros tratamos de garantizar-, a esos profesionales
de la justicia que, como humanos, son sensibles al miedo; a esos
concejales, a esos parlamentarios y a cualquier persona que tenga
conciencia de la libertad y del valor de la vida humana e instinto de
conservación. El instinto de conservación forma parte de la defensa.
El Estado de derecho debe darle un blindaje frente a la barbarie,
pero sobre todo frente al desalmado principio del miedo que inspira
el terrorismo. En las palabras de Sainz de Robles y en el orden
constitucional está el principio con el que pretende acabar el miedo
que inspira el terrorismo. El miedo que inspira el terrorismo
pretende algo gravísimo, que es la subversión del orden
constitucional. La subversión del orden constitucional está basada en
la insidiosa separación de lo que reconoce el título I de la
Constitución española. Si no somos capaces de reaccionar con
actuaciones políticas y policiales, pero sobre todo con leyes
penales, dejaremos que la letra de la Constitución que reconoce la
libertad de ejercicio de la democracia se convierta en un derecho
formal. Estamos obligados a transformar los derechos formales que
reconoce la letra de la Constitución en derechos reales; los derechos
reales de los ciudadanos que optan bien por permanecer entre el común
de los ciudadanos, bien por ir en las listas electorales, bien por
ejercer como profesionales en el campo de la justicia -magistrados
y fiscales- o bien por formar parte de cualquiera de los instrumentos
legales, civiles, policiales o militares de los que está dotado un
Estado de derecho. Estamos obligados a apoyar aquellos instrumentos
legales que hagan que los derechos formales reconocidos por la
Constitución sean derechos reales. Esto es lo que va a
entender el común de la estructura democrática. Y en caso de duda, mi
grupo y yo estaremos siempre del lado del bien jurídico a proteger.
Yese bien jurídico a proteger en un Estado de derecho no es solamente
la vida de las personas, es el ejercicio de la democracia. No podemos
dejar que la democracia se quede en un derecho formal reconocido en
la letra de nuestra Constitución, debe ser un derecho real, que
requiere las circunstancias de la libertad y de la libre elección,
pero que requiere sobre todo la circunstancia de no tener miedo a
ejercerlo. Ahí es donde se dirige la insidia del terrorismo, a
producirnos miedo a todos, hasta que algunos tengamos que pensar cómo
decir un discurso sin comprometernos con la vida que tenemos. Los
demócratas tenemos que cruzar con valor esa delgada línea roja,
tomando decisiones sobre las herramientas para combatir el
terrorismo.
Mi grupo aporta a este proyecto de ley nueve enmiendas, que van en la
línea de perfeccionar las garantías procesales y de introducir la
protección del ministerio fiscal en los actos en los que, en razón de
su estatuto, le corresponde velar por el principio de legalidad; y el
principio de legalidad son estas leyes que aprobamos. Se dice que
esta es una modificación más del Código Penal. El Código Penal está
para irlo adaptando como un traje a las circunstancias de la
sociedad. ¿Por qué no ha habido grandes debates y ha habido un gran
consenso cuando hemos decidido modificar las leyes penales y
procesales de protección al menor frente a la pederastia y de
protección de la mujer frente a los malos tratos? Lo hemos hecho con
una gran naturalidad, y nadie ha hablado de agujeros en el Código
Penal. La sociedad nos trasladó entonces una exigencia, y esa misma
exigencia nos la vuelve a trasladar ahora a esta Cámara. Tenemos que
dar una respuesta inteligente, pero también armónica y acorde con lo
que nos demandan los que nos votan, porque la voluntad de los
ciudadanos es el fundamento de una democracia electiva y de
libertades. Se nos llena la boca al decir que representamos aquí a la
soberanía popular. Nuestra primera exigencia es representar a la
soberanía popular, que quiere parar esta tremenda hecatombe que
provoca el terrorismo, no solamente en la vida humana -con todo el
respeto que merece-, sino en los valores democráticos. El terrorismo
atenta no como un crimen pasional, sino como un crimen de
intencionalidad antidemocrática contra este Estado, intentando que
sea solamente un Estado formal y que les deje el campo libre.
Si alguien me pudiera acusar de que con mis palabras estoy recogiendo
una inquietud, que me dejo influir por una opinión pública, yo
preguntaría lo siguiente. Si cuando hace unos años, a través de un
sondeo o de una encuesta, llegábamos a la conclusión de que la
primera preocupación de los españoles era el problema del paro,
veíamos con naturalidad que había que exigirle al Gobierno que
solventara el problema del paro, que adoptara medidas económica y
laborales para luchar contra el paro; si cuando salían en los sondeos
y encuestas de los institutos de opinión que el principal problema
era la droga y la drogodependencia, hemos adoptado
las medidas legales y cautelares en esta Cámara, a través del Código
Penal y de las leyes concursales competentes, para luchar contra el
narcotráfico, ¿por qué ahora, cuando en las encuestas el pueblo
español pone como primer tema de preocupación el problema del
terrorismo, nos vamos a enredar en un discurso metafísico? Esa es la
demanda democrática. La demanda democrática está ahí. Por tanto, yo
prefiero escuchar esa demanda democrática que me llega a través de un
sondeo de la opinión pública que la demanda que me quieren hacer
llegar a través del instrumento de la kale borroka, del terrorismo y
sobre todo del miedo.
En este momento, estamos obligados en esta Cámara a legislar contra
el miedo, y aquí llega un instrumento al que nosotros vamos a prestar
nuestro apoyo en esta línea política de interpretación constitucional
y de las libertades democráticas, porque no quiero que haya malos
tratos para nadie ni que a los ciudadanos se les impida ejercer con
tranquilidad sus derechos ni que el miedo se establezca en la
sociedad, porque no avanzaríamos.
Por ello, mi grupo, señora presidenta, votará en contra de las
enmiendas de totalidad o de devolución que se han presentado por los
distintos grupos parlamentarios y apoyará en los trámites
consiguientes y subsiguientes las enmiendas que se presenten con la
intención de perfeccionar lo que, desde nuestro punto de vista, son
unas garantías puramente procesales. Cuando las generaciones futuras
analicen estas leyes podrán decir al menos que los legisladores no
tuvieron miedo de defender la democracia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario se ha marcado los
límites que le atribuye nuestro reglamento y, por tanto, no
pretendemos entrar en un debate sobre la política antiterrorista del
Gobierno, ni siquiera sobre la política antiterrorista del Estado,
porque no debe ser estrictamente del Gobierno. Tampoco pretendemos
participar en un debate sobre la situación política del País Vasco y
las formas de resolver esa situación ni pretendemos adelantarnos a lo
que sin lugar a dudas será el debate en ponencia y en Comisión,
a través de enmiendas técnicas, de las críticas técnicas a un proyecto
que ciertamente presenta defectos técnicos y que estoy absolutamente
convencido que a lo largo de la tramitación parlamentaria, con la
colaboración de todos los grupos, se podrán resolver.
Por tanto, mi grupo pretende fijar su posición respecto de la
finalidad, espíritu y principios de este proyecto, y determinar su
posición respecto de las enmiendas de
totalidad que han presentado algunos grupos en atención a esta
finalidad, a este espíritu y a estos principios. Quiero decir que
poco hemos oído en las enmiendas de totalidad respecto de esta
finalidad, espíritu y principios; hemos oído defensas ardorosas, que
compartimos, de un sistema de libertades; hemos oído críticas,
afirmaciones o dudas, que podemos asumir en parte, respecto de la
eficacia de estas medidas, pero entiendo que de la finalidad y del
espíritu poco se ha hablado.
No obstante, hay que tener en cuenta tres aspectos, que entiende mi
grupo que son circunstancias objetivas. En primer lugar, que hace ya
meses que no hay tregua y estamos en presencia de una terrible
ofensiva terrorista; y digo que no hay tregua porque una de las
legislaciones que se pretende enmendar, concretamente la Ley de
responsabilidad penal de los menores, fue una ley de la tregua, fue
una ley que estuvo bloqueada durante más de un año por diferencias
entre responsables de Interior y de Justicia de diferentes gobiernos,
y que sólo el desenlace de la tregua resolvió esa situación.
En segundo lugar, parece existir una sensación de impunidad ante la
comisión de determinados delitos; sensación de impunidad que, por un
lado, tienen los que cometen estos delitos y, por otro lado, tiene
también buena parte de la sociedad española.
En tercer lugar se nos alerta, nos resulta difícil contrastar esos
datos pero se nos alerta de la reducción de la edad de las personas
que participan en la kale borroka, en la existencia de una línea de
continuidad entre la kale borroka y la grave delincuencia terrorista
y la posibilidad de que la organización terrorista ETAeste utilizando
esos reductos o residuos de impunidad para moverse con mayor
facilidad.
Ante estos tres elementos que intento objetivar, que pueden ser
compartidos y discutidos o no y podemos estar incluso en un error, lo
que pone de manifiesto mi grupo es intentar sumarse al mayor de los
consensos posibles en la lucha contra el terrorismo, y al menos en
las conversaciones previas a la presentación de este proyecto de ley
y en las posteriores parece existir un importante nivel de consenso
entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Socialista, al que mi grupo se une.
Nos preocupa la sensación de impunidad que puede existir; sensación
de impunidad que va en dos direcciones, por un lado respecto de
aquellas personas que participan en la kale borroca o en actividades
y delitos terroristas, que puede alentarles y facilitar el
reclutamiento, y por otro, señorías, nos preocupa incluso mucho más
que esta sensación de impunidad sea percibida, como nos parece, por
la sociedad española. Ciertamente no es única y exclusivamente la
aplicación de esta legislación la que puede determinar esa sensación
de impunidad u omisiones legislativas, sino que hay actuaciones
administrativas, está la propia responsabilidad de las fuerzas
políticas democráticas, y también el papel que ahí tiene la
legislación. A mi grupo le preocupa notablemente que de esa sensación
de impunidad que puede participar muy buena parte de la sociedad
española, se derive una desconfianza
hacia el Estado de Derecho; desconfianza que es grave si es
desconfianza respecto del Estado, pero es muchísimo más grave,
señorías, si se acaba transformando en una desconfianza del derecho y
de los instrumentos que el derecho y la ley ofrecen a la sociedad
para defenderse ante esta ofensiva terrorista.
Lo peor que le podía ocurrir en estos momentos a la sociedad
española, si ya debe enfrentarse a la violencia terrorista de ETA, es
tener que enfrentarse por otro lado a una actuación o a grupos
antisistemas que entienden que el Estado de derecho o la gestión que
hacemos de ese Estado de derecho no ofrece elementos suficientes para
combatir eficazmente al terrorista.
Finalmente, como decía, se producen una serie de acontecimientos, o
al menos es lo que nos trasladan medios de comunicación, de que
existe una mayor vinculación de los menores con actividades
terroristas. Les decía anteriormente que la Ley de responsabilidad
penal de los menores, quiero recordar que es la Ley 5/2000, fue una
ley de la tregua, y en cualquier caso sí quiero ponerles de
manifiesto que tampoco es una ley que obvie el fenómeno terrorista.
Animo a SS.SS. a que examinen, por ejemplo, el artículo 17.4 de la
ley, cuando se remite a los artículos 520 bis y a su vez al artículo
527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se establece la
detención prolongada de 72 horas, con prórroga de 48, o cuando se
establece incluso la posibilidad de incomunicación que prevé el
artículo 527. Animo también a SS.SS. a que examinen el artículo 9.5
en su apartado 3, que también hace referencia a actividades
terroristas. Lo que puede ocurrir, y posteriormente me referiré a
ello, es que estos preceptos que fueron enmendados por Izquierda
Unida y por la señora Lasagabaster, es que haya algunos otros
aspectos en los que la Ley de responsabilidad penal de los menores
pueda eficazmente contribuir a la lucha antiterrorista.
Señorías, por lo que hace referencia al Código Penal, tengo que
hacerles una primera manifestación y es que añoro aquel año de 1998,
en el que prácticamente la unanimidad de los portavoces
parlamentarios que subían a esta tribuna eran capaces de ponerse de
acuerdo en dar a través del Código Penal una respuesta a actuaciones
que generaban una gran preocupación en la sociedad española. Las
contramanifestaciones, aquellos gritos de ETAmátalos o la celebración
de manifestaciones prohibidas. Añoro, sinceramente se lo digo,
aquella unidad. Estoy seguro que los responsables de que no exista
somos todos, pero la añoro.
Por otra parte, entiendo que algunas de las modificaciones que se
introducen en el Código Penal son positivas. Señorías, mi formación
es una formación nacionalista. En el debate de 1998 hubo un
planteamiento importante sobre si de verdad los delitos de terrorismo
debían definirse a través de la subversión del orden constitucional,
que podría confundirse con modificación de un orden constitucional
que en cualquier caso es modificable.
Permítanme les diga, señorías, que creo muy positivo que a través de
esta reforma se constituya como uno
de los núcleos del delito terrorista, que no es sino la voluntad de
atemorizar a una población o a un colectivo político, social o
profesional, porque el terrorismo no es otra cosa que eso, es
atemorizar, no es pretender modificar legislación, y creo que es un
elemento tremendamente positivo.
Por otra parte, en lo que hace referencia al delito de apología, que
sin lugar a dudas puede tener deficiencias técnicas, señorías, en
última instancia viene ratificado por el informe del Consejo de
Estado y por la tipificación que en estos momentos tenemos en el
artículo 606.2 del Código Penal respecto de la apología del
genocidio; no se trataría del único delito que así estuviese
tipificado.
Permítanme que me detenga un poquitín en la Ley de responsabilidad
penal de los menores. Dice el informe de la fiscalía que se adjunta
al proyecto que el terrorismo, como fenómeno unitario, necesita o
puede necesitar una respuesta también unitaria. Respeto absolutamente
las posiciones de los grupos que han presentado enmiendas de
totalidad, pero también preguntaría si tiene sentido que en la
legislación penal de menores que entrará en vigor en enero, y que se
aprobó muy mayoritariamente por esta Cámara, permita la
incomunicación de un niño, o no tan niño de 14 ó 15 años, permita que
esté detenido 72 horas prorrogables durante 48 más, permita que sus
padres estén durante días sin saber dónde está ese niño, y sin
embargo no entendamos que puede ser conveniente que la investigación,
la instrucción y el conocimiento de los delitos terroristas se
unifiquen en una fiscalía y en un órgano jurisdiccional como es la
Audiencia Nacional. Por lo menos permítanme que en ese caso sí
pongamos de manifiesto que pueden existir razones que lo haga
conveniente.
En cualquier caso mi grupo mantiene distancias con el proyecto. De la
misma manera que mi grupo no discute esa centralización de la
investigación, de la instrucción y del conocimiento de los delitos
por la Audiencia Nacional, no comparte la centralización de la
ejecución de las medidas; de ahí que hayamos presentado una enmienda
que pretenda salvaguardar la competencia de las comunidades autónomas
para ejecutar las medidas que hayan sido impuestas. Desde luego mi
grupo no entiende que a través de este proyecto se derogue el
principio que establece el artículo 56 de la Ley de responsabilidad
penal de los menores de cumplimiento de las medidas dentro del ámbito
familiar y local, sin perjuicio de la excepción que establece el
propio artículo 46, pero no entiende que se derogue el artículo 56, y
en ese camino no estaría.
Existe una prolongación de las medidas de internamiento que mi grupo
ha enmendado en sentido similar, según hemos visto, al planteado por
el Grupo Parlamentario Socialista. Este tema ya lo discutimos en la
Ley de responsabilidad penal de los menores, en la medida que
existían enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que en los
supuestos de delitos muy muy graves permitían el internamiento de
hasta ocho años en las personas
de 16 ó 17 años y de 14 y 15 en los menores. Creemos que debe
reducirse ese planteamiento de diez años que el proyecto introduce,
aunque sea contrario en algún caso a la naturaleza de la ley, unos
criterios de proporcionalidad, y que por tanto en ningún caso puedan
existir unas medidas de internamiento tan prolongados, de la misma
manera que hemos presentado enmienda, porque no compartimos, a la
posibilidad de modificar o sustituir la reducción de esas medidas.
Señorías, volvemos a ratificar el respeto por el proyecto del
Gobierno, por la posición de todos los grupos, por la sensibilidad de
los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad; sin embargo
entendemos que la sociedad española demanda determinadas medidas que
el proyecto podrá mejorar técnicamente; que no constituye una
derogación de los principios de la Ley de responsabilidad penal de
los menores, porque no constituye una derogación de esos principios;
y en cualquier caso no creo que a estas alturas estemos descubriendo
aquella definición que se hizo del Código Penal de que no es sino una
amarga necesidad, amarga, señorías, pero necesidad también.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor López.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señorías, creo que todos
en esta Cámara somos conscientes de las coordenadas en que se enmarca
el debate de las enmiendas a la totalidad de esta iniciativa
legislativa, de este proyecto de ley de modificación del Código Penal
y de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor
en materia de terrorismo. Todos en esta Cámara somos conscientes de
esas coordenadas, el Grupo Socialista desde luego también, y esas
coordenadas son las de una cruda ofensiva terrorista. Una cruda
ofensiva terrorista que ha suscitado, desde el mismo arranque de esta
VII legislatura, un clima de apasionamiento que quizá no ha suscitado
ningún otro tema debatido en la Cámara hasta este momento; desde
luego un clima de apasionamiento muy superior al de la ley de
presupuestos. Pero el apasionamiento no es una buena técnica
legislativa. La pasión no es una buena adjetivación para la tarea del
legislador; por tanto, si bien conviene tener el corazón caliente,
indignado ante la injusticia, ante la amenaza y ante el terror,
también es conveniente tener la cabeza fría.
El Partido Socialista tiene algunas ideas claras a este respecto. La
primera, que esta cruda ofensiva terrorista está dirigida como un
torpedo al nervio del orden constitucional y de la democracia en
España; al nervio de esa Constitución que establecimos felizmente va
a hacer ahora 22 años. Tenemos muy claro también que frente a esa
amenaza al orden constitucional debemos
saber muy bien cuál es el papel que a cada fuerza política,
plenamente identificada con el corazón y con la razón con la
democracia y el orden constitucional, le corresponde.
El Partido Socialista está en la oposición, señores del Partido
Popular, y ustedes tienen mayoría absoluta, están en el Gobierno. Al
Gobierno de la nación le corresponde la defensa del Estado, lo dice
la Constitución; le corresponde la defensa interior y exterior del
Estado; le corresponde la dirección de la política interior y por
supuesto también la defensa de la seguridad del Estado. Al Partido
Socialista le corresponde participar en un procedimiento legislativo
que tienda a definir una política fundamental para la seguridad del
Estado: la política antiterrorista.
Hace falta una política antiterrorista, no sólo leyes, no sólo
normas; hace falta definir una política antiterrorista. Eso significa
elevar la moral y la cohesión de la democracia y de los demócratas
frente a la amenaza y frente al terror; tener muy claro que hay que
estar unidos en una misma moral y en una misma cohesión democrática.
Ninguna otra estrategia, ninguna confrontación, ninguna espiral de
encrespamiento social; debemos tener claro que los demócratas tenemos
que estar unidos frente a esa amenaza. Por supuesto, hace falta
también estimular la eficacia policial, la coordinación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cooperación
internacional, la construcción progresiva de ese espacio judicial
europeo que será decisivo para que consigamos derrotar finalmente al
terrorismo.
Las piezas legislativas, por tanto, son parte de ese rompecabezas,
pero no la única pieza ni la más importante que es la estrategia que
va a derrotar al terrorismo definitivamente. La pieza legislativa
está ahí, España no está desarmada normativamente frente al
terrorismo, nunca lo estuvo, señor ministro; no empieza a estar
armada ahora que se preocupa por incorporar al Código Penal
respuestas al hilo de este clima emocional y pasional. La
Constitución prevé el artículo 55, el artículo 116 y hasta el
artículo 155 que pueden resultar instrumentos para derrotar al
terrorismo. Los hemos incorporado a nuestro derecho vigente, y desde
luego tenemos también una legislación penal contra el terrorismo.
Tenemos un Código Penal que no es del siglo pasado, no es anterior a
la existencia de ETA. Precisamente por eso en nuestro Código Penal
hay capítulos enteros dedicados a tratar un problema con el que no
bregan los noruegos cuando legislan su Código Penal; con el que no
brega Finlandia o con el que no brega Suecia, cuando legislan su
Código Penal; bregamos nosotros, y es un capítulo antiterrorista.
Tenemos un Código Penal que es del año 1995 y una Ley orgánica de
responsabilidad penal de los menores del año 2000 que aún no ha
entrado en vigor, que es bueno se recuerde en esta tribuna y no lo he
oído subrayar; todavía no ha entrado en vigor, por tanto hoy se está
aplicando el Código Penal vigente con una mayoría de edad que
transitoriamente cubre a los mayores 16 años,
lo cual no ha contribuido a la desaparición del problema terrorista.
Tenemos un Código Penal y una legislación penal de menores primero
reciente, que no han sido adoptados con improvisación, sino por el
contrario después de prolongados debates que incluso duraron varias
legislaturas en el caso del Código Penal. Nuestra legislación de
menores fue preparada también por el último Gobierno socialista, y
tenemos unas normas penales y de regulación de la responsabilidad
penal del menor no solamente recientes y no improvisadas, arropadas
por un profundo debate técnico y político, sino también básicamente
bien hechas.
Estas normas bien hechas deben ser defendidas, tienen la cobertura de
la Constitución, están conformes con las garantías constitucionales y
su sistema penal no está inspirado en una retribución prohibida por
la Constitución, sino por el principio de resocialización y
reeducación del penado. En todo caso, una concepción de las medidas
penales o de internamiento de los menores que no obedecen a una
visión retributiva ni vengativa, que no quiere satisfacer en ningún
caso un ansia de venganza, ni siquiera emocional, pasional y hasta
justificada como pueda estar por la violencia de esa amenaza, sino
con una visión resocializadora y reeducadora del penado que desde
luego debe inspirar todas las penas privativas de libertad y
precisamente por ello proscriben no sólo la pena de muerte,
expresamente excluida de nuestro orden constitucional en el artículo
15, sino también la cadena perpetua, porque es incompatible con
ninguna resocialización, porque aspira precisamente a que el penado
muera en prisión, porque aspira precisamente a que la sociedad
desista de ninguna esperanza de recuperar al que sufre una pena
privativa de libertad, porque la pena consiste exactamente en que
muera en prisión. Por tanto, son medidas penales recientes, bien
hechas y con una vocación esencialmente progresista que incorporan
los valores que profesamos los socialistas.
Pues bien, es posible que esas normas no sean perfectas, ninguna obra
humana lo es decimos a menudo, desde luego no la legislativa. Ninguna
obra legislativa es perfecta. Ningún producto legislativo lo es y los
demócratas estamos sanamente condenados a ser capaces con coraje de
modificar la armadura del Estado de derecho frente a una violencia
fascista que se propone suplantar la voluntad de la mayoría por la
voluntad de la minoría, con el único argumento con que la minoría
puede hacerse más fuerte que es el miedo, la intimidación, el terror.
Por tanto, los socialistas hacemos un ejercicio de responsabilidad,
lo tenemos claro, hay un Gobierno, hay una oposición y los
socialistas en esta estrategia tendente a asegurar el Estado de
derecho frente a una amenaza como esta, una amenaza fascista, tenemos
claro que nuestra responsabilidad es apoyar con lealtad al Gobierno
democrático, no al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno
democrático que ha sido siempre
nuestra filosofía y la exigimos. Es por tanto una responsabilidad
compartida defender al Estado de derecho y exigir lealtad recíproca
en la defensa del Estado de derecho. El Grupo Socialista no apoya al
Gobierno popular, apoya al Gobierno democrático frente a la amenaza
fascista, porque está identificado profundamente con los valores de
la democracia y el orden constitucional y dentro de esa
responsabilidad está sin duda comprometerse a ser capaces de
modificar aquello del Código Penal o de la Ley reguladora de la
responsabilidad de los menores que pueda perfeccionar nuestra
armadura frente a esa amenaza que lo es contra todos.
Tenemos un proyecto y hemos conversado sobre el mismo. Su nacimiento,
su difusión ante la opinión pública no fue desde luego el más feliz
de los imaginables. No nos hizo felices ver en los medios de
comunicación que una iniciativa estaba en curso y no nos hace felices
enfrentarnos legislativamente contra el terrorismo, el terrorismo no
nos hace felices, el antiterrorismo tampoco nos hace felices, pero
tenemos que hacerlo, y por responsabilidad y en un ejercicio
continuado de responsabilidad para con todos los ciudadanos que nos
están mirando, estamos dispuestos a colaborar en la modificación de
nuestra armadura frente a esa amenaza.
Pues bien, este proyecto de ley se corresponde con una situación de
preocupación e inquietud que puede derivar en desmoralización además
de crispación. Corresponde lo contrario: lucidez, determinación y
firmeza. De esa lucidez ante la lectura del proyecto que ha remitido
el Gobierno, se derivan sin duda objeciones, algunas de ellas
importantes y las hemos hecho saber en conversaciones, las hemos
hecho saber en la exposición de nuestra actitud ante esta iniciativa
y las hemos hecho saber expresándolas por escrito en forma de
enmiendas. Tienden desde luego a asegurar que no existe la más mínima
sombra de inconstitucionalidad en el producto legislativo que pueda
emerger de esta Cámara. Esta condición de legitimación es también de
eficacia en un orden constitucional en el que está al alcance de
cualquiera llevar al Tribunal Constitucional una norma en el momento
de ser aplicada -está al alcance de cualquier juez o cualquier órgano
judicial en el momento de ser aplicada-; una norma que tiene dudas de
constitucionalidad es profundamente ineficaz, puede producir
desmoralización y hasta depresión en el momento que tenga que ponerse
a prueba, pasar por la prueba del algodón, del enjuiciamiento y en su
caso de la conducción a la eventual condena.
Por tanto, esas objeciones tienden, en primer lugar, a asegurar un
principio garantizado en jurisprudencia constitucional, que se ha
hecho fuerte en esa jurisprudencia constitucional y es el principio
de proporcionalidad, notablemente ausente del texto inicialmente
remitido a esta Cámara en extremos que consideramos muy
fundamentales. Proporcionalidad que debe iluminar, desde luego, la
adecuación de las penas y en su caso de las medidas que pueden ser
interpuestas contra los menores de edad que hayan cometido hechos
relacionados
con integración o con colaboración en banda armada, que puedan
asegurar, como digo, que se encuentran proporcionadas y adecuadas a
la gravedad de los hechos. Esa proporcionalidad se refleja en varias
de nuestras enmiendas, en concreto a los artículos 573 y 576. Por
supuesto, también la persecución de los espacios y resquicios de
impunidad que han sido puestos de relieve en esta tribuna, esos
resquicios de impunidad que nos hablan de la posibilidad de humillar
a las víctimas y producirles escarnio, esos resquicios de impunidad
que nos hablan de que todavía se pueda atentar contra las
corporaciones locales como si no se atentara contra un representante
de la autoridad o esos resquicios de impunidad que nos hablan de que
se pueda exaltar el terrorismo, exaltar a los terroristas humillando
la conciencia de los demócratas sin que la respuesta penal sea
perfectamente segura. Pero también, por supuesto, aquellas que
afectan a la proyección en este paquete, en estas medidas, del
fraccionamiento de la edad de los menores, porque esa proyección es
expresiva de la filosofía tutelar, protectora y resocializadora que
inspira toda la Ley del menor que todavía no ha entrado en vigor. Por
eso proponemos la consideración de una doble franja de edad entre los
14 y los 16 y otra entre los 16 y los 18, desde la convicción de que
toda la ciencia penal y la criminología comparten la convicción de
que el discernimiento es distinto, y distinto tiene que ser por tanto
el régimen de resocialización al que se someta al menor, incluso
cuando esté involucrado en hechos de terrorismo.
Es cierto que el menor puede cometer acciones relacionadas con el
terrorismo y es cierto que el menor puede estar integrado en tramas
de terrorismo, pero el menor sigue siendo un menor; el menor que se
integra en banda armada necesita un tratamiento resocializador
todavía más intenso, puede que todavía más extenso, y en ese sentido
proyectamos la extensión de las medidas de internamiento (junto con
las relativas a otros delitos graves contra la vida, la integridad
física y la integridad sexual, en delitos de asesinato, homicidio y
violación) contemplando esa doble franja de edad.
Con estas enmiendas también intentamos encontrarnos con otras que
tendrán su cauce en el curso del procedimiento legislativo. En las
enmiendas aportadas por otros grupos parlamentarios hemos visto
algunas que son aprovechables. Pensamos, por tanto, que bajo esa
cobertura antiterrorista común de todos los demócratas tienen que
integrarse o incorporarse en la mejor medida de nuestras
posibilidades todas aquellas que puedan contribuir a conseguir que el
paquete legislativo que salga de esta Cámara sea perfectamente
seguro, legitimado en su indubitada constitucionalidad y que esté en
condiciones de rendir la mayor eficacia contra el terrorismo. Junto a
estas objeciones, interesa subrayar que por supuesto estamos
dispuestos a arrimar el hombro en la definición de toda esa política
antiterrorista, esa política de Estado que lamentable y
lastimosamente
está desfalleciendo ante una opinión pública alarmada y convulsionada
por la escalada terrorista.
Hace falta, por tanto, afrontar el verdadero desafío, el desafío de
la eficacia policial, el desafío de la energía político-criminal con
que los fiscales ejercitan su función de promover la acción de la
justicia en defensa del interés público tutelado por la Ley, el de la
coordinación informativa y operativa de todas las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, incluso con las fuerzas de otros países de
la Unión Europea que puedan ayudarnos decisivamente a combatir este
problema terrible en refuerzo de la seguridad de todos. Ninguna
reforma penal antiterrorista, señorías, va a tener la más mínima
eficacia, nos pongamos como nos pongamos, si no conseguimos
incorporarla a esta firmeza con que todos los oradores que se han
sucedido en esta tribuna se han manifestado; tenemos que reaccionar
contra el terrorismo, defender la democracia, porque la democracia es
el objetivo de los terroristas: imponer la voluntad de una minoría
que sabe que no puede ser mayoría por el único procedimiento que se
encuentra a su alcance. Pero ninguna reforma será tampoco operativa
ni eficaz si no conseguimos que trascienda de la letra del BOE.
Señor ministro y señores del Grupo Popular, la responsabilidad de un
grupo de la oposición es apoyar con lealtad y con responsabilidad la
iniciativa en materia antiterrorista, pero por supuesto también
exigir que se lleve a cabo con eficacia y cumplidamente. No basta con
crear órganos judiciales, no basta con crear fiscalías especiales, no
basta con decir que se van a enviar a establecimientos dependientes
de la Audiencia Nacional o de la Administración general del Estado
para el cumplimiento de las medidas de internamiento a aquellos
jóvenes que hayan sido condenados por estar involucrados con hechos
de terrorismo. Hay que hacerlos realidad, hay que crear esos órganos,
hay que dotarlos de personal, hay que dotarlos de medios materiales,
hay que dotarlos de dinero, hay que inyectar en los presupuestos lo
necesario para que no se quede en la letra del BOE. No se legisla
buscando el aplauso, sino buscando transformar la realidad. No basta
con buscar el aplauso caliente en esta Cámara para decir: hemos
creado un juzgado central de menores en la Audiencia Nacional. Hay
que conseguir que sea operativo, que trascienda de la letra del BOE y
transforme la realidad de la kale borroka, transforme la realidad de
la calle alterada, transforme la realidad de la violencia cotidiana,
transforme la realidad del miedo de los ciudadanos de bien y los
convierta en represión y castigo a quienes amenazan a los ciudadanos
de bien. Por tanto, hay que hacer un ejercicio de coraje, firmeza,
serenidad y responsabilidad. Coraje, y con esto termino, señorías, no
sólo para buscar el aplauso caliente de la calle sino para decirle a
la calle también que la pena de muerte no tiene cabida en nuestro
ordenamiento constitucional, que no la tendrá, que la pena de muerte
no está en el debate. Coraje también para decir a los ciudadanos que
buscan a menudo respuestas de sus representantes que reflejen
serenidad, claridad de ideas y firmeza que la cadena perpetua no
tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Coraje para
decir a la opinión pública que sus representantes están trabajando
seriamente, con lucidez, con determinación, sin demagogia, sin
electoralismo y sin partidismo, sin intentar nunca encrespar al
adversario político ni al oponente por sensible que sea la materia, y
que la legislación penal no se hace a golpe de titular de periódico,
tampoco se hace respondiendo a la declaración de algún dirigente
político de otra fuerza, por enloquecidas que esas declaraciones o el
propio dirigente nos puedan parecer y por vivo que sea el rechazo que
ese dirigente nos pueda producir; la legislación penal no se hace
para responder a un dirigente que se derrama en revistas o en
periódicos extranjeros, sino para transformar la realidad
eficazmente, y transformar la realidad significa ser eficaz frente al
terrorismo.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Por tanto -y con esto concluyo-, vamos a
excluir el electoralismo, el partidismo, el emocionalismo, y vamos a
incorporar serenamente firmeza, responsabilidad, eficacia, lealtad
recíproca, responsabilidad compartida en esta lucha que es la lucha
de todos, es la nuestra, es la lucha de los socialistas, la lucha por
el orden constitucional y por la democracia. Exigimos, por tanto, y
ofrecemos consenso en el trámite parlamentario con nuestras enmiendas
lealmente ofrecidas a la mayoría del Grupo Popular para perfeccionar
estas medidas buscando el voto favorable. Exigimos y ofrecemos que se
cierren los falsos debates. Ofrecemos trabajo serio y cooperación
para que el Estado se despliegue policial, judicial, penitenciaria
y políticamente, y también ofrecemos colaboración en el plano social
para explicar qué estamos haciendo aquí. Esto es en definitiva lo que
la sociedad tiene derecho a esperar de nosotros.
El Estado de derecho se firmó en España va a hacer 22 años. Por
tanto, el Estado de derecho no está en estos momentos en deuda
constitucionalmente; ningún déficit de constitucionalidad con las
víctimas del terrorismo. Estamos permanentemente en deuda sus
representantes, la Administración y el Gobierno para reparar la
acción de los terroristas en las respuestas serenas y reflexivas que
merecen de sus representantes. Para esto convoco a los grupos de esta
Cámara: serenidad, firmeza, confianza y seguridad, en definitiva todo
aquello que los ciudadanos tienen derecho a esperar frente a un
problema de este calibre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar la posición de en un debate que entendemos de la máxima
trascendencia para la sociedad española y para fijar también nuestra
posición en relación con las enmiendas a la totalidad que se han
defendido en el día de hoy. Quisiera empezar, como no podía ser de
otra manera, agradeciendo la participación de todos los grupos
parlamentarios en este debate, porque me parece que es un debate que
necesitaba, que necesita la sociedad española. Pero creo que también
comprenderán que el representante del grupo mayoritario de este
Congreso que respalda la acción del Gobierno tenga un agradecimiento
muy especial, que no significa en absoluto desdoro para otros grupos
parlamentarios, para aquellos representantes en esta Cámara de
Coalición Canaria, de Convergència i Unió y, por supuesto también,
del Partido Socialista, que han visto elementos positivos,
instrumentos positivos en las propuestas del Gobierno. El Partido
Socialista, con el que hemos tenido un largo diálogo en todo el
proceso de elaboración de estos proyectos de ley, se podría decir, en
parte, que es casi copartícipe en la elaboración de estos proyectos
de ley. Pues yo quisiera, señorías, en nombre de mi grupo, ofrecer a
toda la Cámara que el diálogo que hoy hemos celebrado en este debate
plenario lo continuemos en Comisión, en ponencia. Me parece muy
importante que con Convergència i Unió, con Coalición Canaria, con el
Grupo Socialista tengamos coincidencias en los objetivos, tengamos
coincidencias en los instrumentos y que aprovechemos ahora el debate
en Comisión y en ponencia para seguir alcanzando acuerdos.
En cualquier caso, yo pienso que es muy positivo que estos grupos,
que con el Grupo Popular representan una mayoría amplísima de esta
Cámara, tengan ese nivel de identidad. Nosotros ya hemos estudiado
las enmiendas parciales que se han presentado. Creemos que algunas de
ellas están en la buena dirección y vamos a ese debate en Comisión y
en Pleno con la más firme voluntad de ampliar el diálogo y con el
objetivo de un gran consenso con las fuerzas políticas que así lo
quieran.
Yo creo, señorías, que no les sorprende nada que yo les diga que
nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Y
vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad por dos
razones: la primera, porque no nos han convencido en absoluto los
argumentos de los ponentes de estas enmiendas en esta tribuna, y la
segunda, señorías, porque seguimos pensando que la modificación del
Código Penal y la modificación de la Ley de responsabilidad del menor
que nos propone el Gobierno constituyen un profundo acierto de la
democracia española. Y como decía el señor López Aguilar, el Gobierno
tiene competencias
tasadas en lo que significa la defensa del Estado y la defensa de las
instituciones, pero, señor López Aguilar, a la hora de defender el
Estado, la democracia, las instituciones y la libertad, todos los
demócratas tenemos obligaciones en nuestra sociedad. (Aplausos.)
Todos los demócratas. Y aquí, señorías, se ha dicho esta tarde que
hay una cierta pretensión por parte del Gobierno -y por supuesto que
las posiciones del Gobierno las asume y las respalda el Partido
Popular y el Grupo Popular, y le felicito, señor ministro-, cierta
propensión del Gobierno para buscar la conclusión de que se está con
el Gobierno o se está con ETA. Eso es un profundo error. De lo que sí
está convencido mi grupo parlamentario, el Partido Popular y el
Gobierno es de que o se está con la democracia, con la libertad y la
paz o se está con ETA. De eso sí estamos absolutamente convencidos.
(Aplausos.) De eso no hay ninguna duda por nuestra parte.
Yo les quiero decir que calificamos la reforma del Gobierno como un
acierto, y que, aparte de un acierto, nos parece un ejercicio de
responsabilidad, y les diré por qué. Nosotros apostamos con la máxima
firmeza por la victoria del Estado de derecho frente al terrorismo.
Pero, señorías, para que se produzca esa victoria del Estado de
derecho frente al terrorismo hace falta que busquemos la mayor
fortaleza, la mayor eficacia, la mayor capacidad de respuesta frente
a quienes alteran nuestra convivencia. Y estas propuestas legales
significan con toda nitidez dar mayor capacidad de respuesta al
Estado de derecho frente al terrorismo.
Señorías, ya nos gustaría que no fuera así, pero en estos años
pasados se han repetido conductas, algunas de ellas nuevas, que no
están tipificadas en el Código Penal, conductas que claman al cielo,
conductas que indignan a la sociedad y, sin ningún tipo de duda,
conductas que forman parte del entramado terrorista. Pues bien,
señorías, nosotros pensamos, y el Gobierno piensa, que tenemos la
obligación de ofrecer a nuestros jueces las leyes más eficaces para
combatir el terrorismo; que nadie puede valerse de las rendijas, de
los resquicios que pueda tener nuestro Estado de derecho, y que,
desde luego, tenemos que evitar la impunidad de cualquier acción que
se emplee en el ámbito del terrorismo.
Ha dicho un portavoz en esta tribuna que teníamos el riesgo de la
soledad. No, señoría. Nunca nunca este grupo parlamentario y este
Gobierno se han sentido más acompañados por la sociedad española.
Créanme que se lo digo sinceramente y desde el respeto. Tengo la
impresión de que las enmiendas que han presentado esta tarde están
divorciadas de la realidad española y divorciadas del sentir
mayoritario de la sociedad española. (Aplausos.) La sociedad española
siente la necesidad de esta reforma, y nosotros, que somos
legisladores, tenemos la obligación de adaptar la ley a las
necesidades de los ciudadanos que quieren vivir en libertad y que
quieren, por supuesto, vivir en democracia.
Cuántas veces se ha dicho que el Parlamento va detrás de la calle,
cuántas veces se ha dicho que el Parlamento
va detrás de la iniciativa social, cuántas veces se ha dicho,
incluso, que el debate parlamentario está alejado de las auténticas
preocupaciones de los ciudadanos. En este caso, estas reformas son
sentidas en la calle.
Después de cinco años del nuevo Código Penal ¿tiene sentido que lo
revisemos? Sí, desde el rigor, sin ningún tipo de premura,
estudiándolo a conciencia. ¿Por qué tenemos que revisar el Código
Penal? Porque se han producido conductas penales nuevas, y cuando se
producen conductas penales nuevas hay que plantearse soluciones
jurídicas nuevas, y entre ellas aparece como elemento desgraciado el
creciente protagonismo de los jóvenes en lo que podemos calificar
como terrorismo callejero.
La cuestión para nosotros es muy clara. Los que estamos en esta
Cámara, en el Congreso, y en el Senado, no tenemos derecho a
contemplar con indiferencia la exaltación del terrorismo, la
humillación de las víctimas, que se amenace impunemente a concejales,
que se saboteen plenos municipales ni, por supuesto, el cúmulo de
vandalismo que significa la lucha callejera, según algunos. Yo creo,
señorías, que no podemos contemplar estos hechos con indiferencia, y
que lo peor de todo sería que miráramos para otro lado, que
hiciéramos la vista gorda o que nos resignáramos a pensar que este
tipo de conductas se tienen que incorporar a nuestro paisaje
democrático cotidiano.
Por eso yo creo que con estos proyectos de ley también nosotros
afrontamos ahora nuestra responsabilidad como legisladores, y en mi
opinión, si me lo permiten, creo que el perfeccionamiento de nuestro
sistema legal contra el terrorismo significa fortalecer también
nuestra dignidad como demócratas. Esa es nuestra opinión.
A lo largo de este debate hemos oído con mucha tranquilidad algunas
afirmaciones que no podemos compartir en absoluto. Se ha hecho alguna
pregunta insólita en alguien bien informado. Alguien preguntaba dónde
estaba el Pacto de Madrid. El Pacto de Madrid está, señorías, donde
decidieron enterrarlo los del Pacto de Lizarra, los que tomaron la
decisión del pacto político con el entorno de ETA (Aplausos.), que
decidieron el entierro del Pacto de Madrid, decidieron el entierro
del Pacto de Ajuria Enea. (Aplausos.)
Se ha dicho aquí que el problema no es de leyes, es de eficacia
policial. Pues miren, cada día tenemos que mejorar el sistema legal y
también, por supuesto, la eficacia policial. Pero déjenme que les
diga que desde que se rompió la tregua en España se han detenido a 71
colaboradores de ETA en España, 25 de ellos en Francia, se ha
desarticulado un comando legal, se han desarticulado cinco comandos
de liberados, tres tramas civiles de ETA han sido desmanteladas desde
decisiones judiciales, siete miembros de los Grapo han sido detenidos
en Francia, dos miembros de otros grupos terroristas han sido
detenidos. Este es un balance que nopone de manifiesto en absoluto
ineficacia policial, pero
que tampoco nos debe llevar a la euforia, ni hay que estar con
desesperanza los días que actúan los asesinos y provocan dolor en
familias españolas, ni nunca tampoco con desesperanza ante los éxitos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pero esto no basta, lo ha dicho el señor López Aguilar; no basta con
la acción policial, hacen falta muchas más cosas: acción policial,
mejorar el sistema legal, que lo hacemos en el día de hoy en el
debate parlamentario, la actuación de la justicia. Si me lo permiten,
¿no hace falta también la educación contra el terrorismo? Señorías,
yo les pregunto si no hace falta también que la Ertzaintza sea
beligerante con ETA, y no sólo con ETA, con el entorno de ETA y con
los amigos de ETA. Yo creo que hace falta también. Pero es una pieza
angular, insisto, el perfeccionamiento del sistema legal, que no
viene a esta Cámara por la ausencia de la eficacia policial, sino
como una de las grandes claves en las que hay que trabajar para
derrotar al terrorismo.
Algunos de ustedes han puesto en duda la constitucionalidad de las
reformas que plantea el Gobierno. Y yo les digo: su opinión me merece
todo el respeto, pero, con todos los respetos, me merece en este caso
más confianza lo que hayan podido decir el Consejo General del Poder
Judicial, el Consejo de Estado o la Fiscalía General. El Consejo
General del Poder Judicial textualmente dice: Este Consejo comparte
perfeccionar la respuesta del Estado de derecho ante la proliferación
de determinadas conductas relacionadas con el fenómeno del
terrorismo, que afecta muy gravemente al funcionamiento de nuestras
instituciones. Asume plenamente la necesidad de que el Estado se dote
a sí mismo y a sus ciudadanos de mecanismos de protección. El Consejo
de Estado manifiesta que las reformas proyectadas suponen una
adecuada identificación de los problemas planteados por la realidad
cotidiana del terrorismo, así como una reacción congruente a ellos y
respetuosa con la Constitución. Y la Fiscalía General del Estado
comparte plenamente las razones que animan la presente reforma. ¿Que
podemos estudiar alguna cuestión relativa a la constitucionalidad, a
la proporcionalidad de las penas en el seno de la Comisión o la
ponencia? Pues no hay ningún tipo de inconveniente. Pero hay
certificados que avalan plenamente la constitucionalidad de estas
reformas que está presentando el Gobierno, incardinadas en el Estado
de derecho, eso sí, desde la más firme voluntad del Estado de derecho
de derrotar a ETA.
Aquí podríamos celebrar en el día de hoy dos debates que yo creo que
a lo largo de la tarde se han podido confundir. Señorías, hoy no
estamos debatiendo la estrategia global del Gobierno o de nuestros
grupos parlamentarios frente al terrorismo. Hemos venido a discutir
un nuevo sistema legal, con el cambio del Código Penal y la Ley de
responsabilidad de los menores, para tener mayor eficacia, pero se
han vertido algunas cuestiones que yo no puedo dejar de comentarlas,
aunque sea muy brevemente.
Hay una diputada de un grupo parlamentario que ha presentado una
enmienda a la totalidad que nos ha hecho un llamamiento a la unidad,
y yo quiero dejar muy claro en esta tribuna que unidad contra el
terrorismo, siempre; unidad para defender nuestros derechos y
libertades, siempre; unidad para defender la Constitución española,
siempre; unidad para defender el Estatuto de Guernica, siempre. Ahora
bien, hay que preguntar: unidad ¿para qué? Si a este grupo
parlamentario se le pide unidad para sentarse con los amigos de ETA,
la respuesta es que no, que no estamos por esa unidad. (Aplausos.) Si
a este grupo parlamentario y a este partido lo que se le pide es que
demos la razón a ETA, la respuesta es que no.
Y ciertamente, señorías, me ha parecido algo llamativo que se diga
que nosotros no defendemos el Estado de derecho, cuando hay partidos
políticos -lo digo con todo el respeto- cuyos miembros se van a una
manifestación, siendo gobernantes en el País Vasco, a pedir la
desobediencia civil. Eso no es de recibo. Lo mismo, señorías, que no
es de recibo venir a esta Cámara a hacer un discurso técnico-jurídico
en el día de hoy, porque, no debemos engañarnos, hoy hemos oído por
parte de la representante del PNV (a la que respeto mucho como
parlamentaria y por sus condiciones y categoría jurídica) un discurso
técnico-jurídico, y con buen tono (lamento que no nos estén oyendo en
este momento), pero es que no podemos ser ingenuos, señorías, ¿cómo
vamos a obviar que en el día de hoy y de ayer el máximo representante
del PNV nos dice que coincide con ETA, que está dispuesto a cambiar
la independencia por la paz? ¿Cómo vamos a obviar eso? ¿Que no se
hable de eso? ¿Que no lo diga el ministro? Eso es taparse los ojos
ante la realidad que nos contempla. ¿Cómo vamos a obviar que nos está
diciendo el presidente del PNV que está dispuesto a alcanzar la paz
siempre que sea a cambio de la independencia? Pues para eso que no se
cuente con nosotros, y estoy seguro de que con otros grupos políticos
tampoco, porque lo que no podemos hacer, insisto, es obviar lo que
significa la auténtica realidad.
Tenemos que hacer un esfuerzo para centrar el debate, buscando puntos
de encuentro. Si nosotros, por ejemplo, hablamos con Izquierda Unida,
señores de Izquierda Unida, nosotros no podemos compartir que ustedes
estén en el Pacto de Lizarra en el País Vasco, porque no lo
entendemos (La señora Castro Fonseca: No estamos.), o que hayan
estado o que sigan estando, ni tampoco compartimos con ustedes que
defiendan la autodeterminación. Sin embargo, sí podemos compartir con
ustedes que hay determinadas conductas punibles que podemos discutir
en la Cámara. Ese es el debate que demanda hoy el Grupo Popular y que
demanda el Gobierno.
Seré muy breve. ¿Qué nos dice el Gobierno? Que cree que hay que
perfeccionar tipos legales, que tenemos nuevas figuras delictivas que
podemos plantearnos, que se pueden ampliar bienes jurídicos
protegidos,
que hay que modificar la Ley de responsabilidad del menor, que se
pueden atribuir nuevas competencias a la Audiencia Nacional, en este
caso concreto, la articulación de un juzgado central de menores en la
Audiencia Nacional; y luego nos hace una serie de propuestas. Y yo
pregunto: ¿no nos podemos poner de acuerdo en esas propuestas? Por
ejemplo, cuando hay unas señoras mayores o unos jóvenes en el País
Vasco que tienen que bajarse de un autobús, porque a continuación se
va a incendiar, con la legislación actual esa conducta no es punible
penalmente. Con el cambio que propone el Gobierno, al introducir el
delito de daños en el elenco de los tipos que antes se planteaban en
el Código Penal, sí puede ser punible esa conducta en términos
penales. ¿Estamos de acuerdo en eso? En segundo lugar, cuando alguien
va por la calle y, en vez de llevar la bomba preparada, lleva todos
los instrumentos para la bomba, ¿es punible penalmente esa conducta?
Creemos que sí. ¿Nos podemos poner de acuerdo en eso? Eso es lo que
está planteando el Gobierno con mucho acierto en la modificación del
artículo 577.
Las víctimas. Todos los demócratas decimos: Estamos en deuda con las
víctimas, tenemos que dignificar a las víctimas, la sociedad siempre
tendrá una deuda moral con las víctimas y con sus familias. Señorías,
ha habido quien se ha orinado -me cuesta mucho decir esta expresión
en esta tribuna, pero es fisiológica- en la tumba de una víctima,
orinado. Ha habido quien se ha dedicado a reírse de la víctima y de
la familia de la víctima. Ha habido madres de víctimas que han tenido
que cambiar el número de teléfono porque las estaban insultando y
vejando por teléfono. ¿Nos podemos poner de acuerdo en que quien
humille o calumnie a las víctimas y sus familias sea perseguido
penalmente? Vamos a ponernos de acuerdo.
Ensalzar la acción terrorista. Yo creo que la libertad de expresión
no puede significar ni un paraguas ni una coartada para terroristas y
para delincuentes. Ni paraguas ni coartada. Quien aplauda, quien
justifique, quien ensalce la acción de los terroristas tiene que ser
perseguido penalmente. Antes, ¿qué se nos decía en la interpretación
del Código Penal vigente? Que tenía que tener como consecuencia la
inducción a un delito; pues ahora el Gobierno nos plantea lo
contrario. Y quiero dejar una cosa muy clara: la apología de una idea
o una doctrina es un derecho constitucional, pero la apología del
terrorismo tiene que ser un delito. Esa es la diferencia. ¿Que
quieren defender el nacionalismo? Con todas las consecuencias. ¿Que
quieren defender -y ahí está la grandeza- los cambios
constitucionales? Defiéndanlos. Cuando el señor Arzalluz ha querido
hacer a la mayoría de los vascos, o a muchos vascos, alemanes en
Mallorca, a mí me parece que ha dicho una barbaridad, pero eso no es
punible. ¿Cómo va a ser punible? Es una opinión del señor Arzalluz.
Lo que sí tiene que ser punible es la justificación del tiro en la
nuca. Por tanto, la apología de una idea o doctrina es un derecho
constitucional, pero la justificación, la promoción, el aplauso
o la exaltación del terrorismo tiene que ser perseguible en términos
penales. (Aplausos.)
Desgraciadamente, señorías, todos los días en que muere un concejal
todos los demócratas nos damos un abrazo sincero, todos. Cuando matan
o asesinan a un concejal los demócratas nos damos un abrazo sincero.
Esto lo sabemos los partidos políticos. Y los del Partido Popular con
sinceridad decimos, si la víctima ha sido un compañero del Partido
Socialista: hoy nos sentimos socialistas. Y los socialistas con toda
sinceridad dicen, cuando matan a uno de nuestros compañeros: hoy nos
sentimos del Partido Popular. ¿Qué problema hay en que equiparemos a
los concejales que están arriesgando su vida por tener ideas
distintas -que por tener ideas distintas tienen que arriesgar sus
vidas-, qué problema hay en que esos concejales tengan la misma
equiparación jurídica con el resto de los miembros de otras
instituciones? ¿No nos podemos poner de acuerdo en eso? Vamos a
ponernos de acuerdo en eso, que de eso es de lo que estamos hablando.
Señorías, ¿se intentan sabotear los plenos municipales? ¿Estamos de
acuerdo con que se intenten sabotear los plenos municipales? No. Pues
vamos a perseguirlo penalmente. Señoras y señores diputados, ¿a
ustedes les provoca escándalo el que un terrorista, un terrorista,
que ha sido condenado por un delito gravísimo, al día siguiente esté
sentado como un cargo público? A mí, desde luego, sí. ¿Tendremos que
abordar si la inhabilitación puede ser absoluta, si esa pena no tiene
ya que ser accesoria y puede ser una pena principal? Tendremos que
hacerlo.
Los menores. Con todo el respeto del mundo, la reforma que plantea el
Gobierno y que se va a seguir discutiendo en ponencia y en Comisión
-lo he dicho, con todos los matices que quieran plantearse-, primero,
no rompe, en absoluto, las garantías para los menores que establece
la Ley de responsabilidad penal del menor, en términos generales. Sí
es verdad que establece una serie de especialidades. Ahora, yo les
pregunto, con sinceridad también: ¿es lo mismo un delincuente joven
que un joven terrorista? (Un señor diputado: No.) ¿Es lo mismo un
delincuente juvenil que un terrorista joven? Planteémonos algunas
especialidades. ¿Qué hemos propuesto nosotros? La posibilidad de
ampliar el internamiento. Lo discutimos. ¿Qué hemos propuesto
nosotros? Personal especializado dependiente del juzgado central de
menores en la Audiencia para atender esos casos, y que haya una
dependencia de la Audiencia Nacional. Pero eso en absoluto supone una
ruptura de garantías. Sí espero que todos estemos de acuerdo en
apostar por el descarte, en relación a la Ley 5/2000, de los que
tienen delitos de terrorismo entre 18 y 21 años.
Señorías, con toda sinceridad, mi grupo parlamentario, que apoya
estas propuestas del Gobierno, desea y espera un intenso trabajo de
todos los grupos, tanto en el Congreso como en el Senado. Con
aquellos grupos que tienen clarísimo que lo que nos une es la defensa
de la libertad y la defensa de la democracia; que la paz
no tiene precio, que los demócratas españoles no podemos pagar un
precio por la paz; que siempre tendremos que rendir homenaje a
aquellos que han sido víctimas del terrorismo; que dentro de 30 ó 40
años las españolas y los españoles de entonces se acordarán de tantos
cargos públicos en el País Vasco que han arriesgado su vida por
defender sus ideas. Los que pensamos así tenemos la obligación de
hacer un esfuerzo muy importante para mejorar nuestro sistema legal
contra el terrorismo.
Yo creo que estas dos leyes están más que justificadas en este
debate, y -fíjense lo que les digo- no tengo dudas de que estas
reformas legales van a significar que se salven vidas humanas y que
se ahorre mucho daño y mucho terror a la sociedad española.
Esperaremos a las enmiendas, pero yo no tengo más remedio que
terminar con una frase que invocaba el ministro de Justicia en su
intervención: La ley es el instrumento más valioso con el que cuenta
el Estado de derecho para que los derechos y libertades de todos,
proclamados en la Constitución, sean reales y efectivos. Sólo cabría
añadir a esa frase que figura en la exposición de motivos de este
proyecto de ley, señorías, que una sociedad libre -libre-, que se
siente amenazada por el terrorismo, debe responder a ese terrorismo
desde su esencia, y la esencia de una sociedad libre es el ejercicio
democrático y legal de su propia soberanía. La soberanía, señorías,
que reside en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora Lasagabaster
Olazábal pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Qué artículo del Reglamento invoca, señora
Lasagabaster?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, el artículo 72,
en concordancia con el 74.2 y el 112.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster. (Pausa.) ¿Qué
documento quiere que se lea?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: El título de la observancia en los
debates de totalidad en relación al Reglamento y el artículo 72. El
portavoz del Partido Popular ha esgrimido en parte de su discurso
argumentaciones en contra de las enmiendas. Por tanto, podía haber
utilizado el turno en contra, por lo que tendríamos derecho de
réplica.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, usted sabe que, en las
fijaciones de posición, cuando la posición es contraria a lo que han
defendido otros grupos, es imposible no utilizar argumentos
contrarios; cuando no hay turno en contra, no hay turno de réplica.
Lo siento, señora Lasagabaster, todos los grupos que no han enmendado
han utilizado turnos de fijación de
posición y todos han utilizado argumentos distintos a los de los que
han defendido las enmiendas.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Pero no en contra de las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, lo siento, no hay turno de
réplica.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sin derecho de defensa. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las enmiendas de
devolución presentadas por parte del Grupo Mixto, señor Aymerich,
señor Saura, señor Puigcercós, señora Lasagabaster y señor Labordeta,
y también por parte del Grupo Vasco (PNV) y por parte del Grupo
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 14; en contra, 255; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las enmiendas de
devolución al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 10/1995, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en
relación con los delitos de terrorismo.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
EN LAAMPLIACIÓN SELECTIVA DE CAPITAL DELBANCO INTERNACIONALDE
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. (Número de expediente 121/000008.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto
de ley por la que se autoriza la participación de España en la
ampliación selectiva de capital del Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Pasamos entonces a su votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
274; a favor, 273; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, aprobado el referido
dictamen de la Comisión.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL REINO
DE ESPAÑA EN LA 12.ª REPOSICIÓN DE RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONALDE FOMENTO. (Número de expediente 121/000010.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley por el que se autoriza la
participación del Reino de España en la duodécima reposición de
recursos de la Asociación Internacional de Fomento. ¿Algún grupo
desea intervenir? (Pausa.)
Procedemos a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276, a favor, 271; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el dictamen de la
Comisión de referencia.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho de la noche.