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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 13, de 14/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 13
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 13
celebrada el miércoles, 14 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 504)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas
para la lucha contra la violencia de género. (Número de expediente
172/000013.) . . . (Página 526)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en
relación con el debate de la Conferencia Intergubernamental sobre el
nuevo Tratado de la Unión Europea (UE). (Número de expediente 172/
000014.) . . . (Página 536)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el apoyo
a las familias. (Número de expediente 172/000016.) . . .
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 504)
De la Diputada doña María Amparo Valcarce García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Qué previsiones
tiene el Gobierno sobre la futura financiación de Radiotelevisión
Española (RTVE) que incluyan la liquidación de la Deuda? (Número de
expediente 180/000078.) . . . (Página 504)
Del Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para el control efectivo de precios y la
reducción de impuestos especiales a los carburantes en sectores
concretos? (Número de expediente 180/000075.) . .
Del Diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el
Gobierno controlar la modificación de participaciones accionariales
en el sector de la distribución comercial para promover una
competencia efectiva en el mismo? (Número de expediente 180/000087.)
. . . (Página 506)
De la Diputada doña Carmen del Campo Casasús, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el
Gobierno a fin de que pueda aplicarse plenamente la Ley Orgánica
Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor tan pronto entre en
vigor? (Número de expediente 180/000080.) . . .
De la Diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el balance
de la puesta en marcha del sistema de devolución rápida del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)? (Número de expediente
180/000088.) . . . (Página 508)
Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el
Gobierno para la aplicación, en su integridad, de la vigente Ley de
Extranjería? (Número de expediente 180/000081.) . . .
Del Diputado don Joxe Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Piensa el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabajar activamente y en
breve plazo cuando se constituya la «Comisión para la difusión
y conmemoración de la transición española y para el análisis de lo
que supuso para España el exilio derivado de la guerra civil»? (Número
de expediente 180/000076.) . . . (Página 510)
Del Diputado don Victorino Mayoral Cortés, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué papel va a desempeñar el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el sistema educativo,
una vez transferidas estas competencias a las Comunidades Autónomas?
(Número de expediente 180/000082.) . . . (Página
511)
De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál va a ser la política de
becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a partir del
próximo curso? (Número de expediente 180/000083.) . . .
Del Diputado don Salvador Clotas i Cierco, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece a la
Ministra de Educación, Cultura y Deporte la gestión realizada por el
Sr. Guirao al frente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía?
(Número de expediente 180/000084.) . . . (Página
514)
De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Ministerio de Sanidad y Consumo la evolución de las
actuaciones que se han llevado a cabo para la prevención del cáncer
de mama y ginecológico en la mujer española? (Número de expediente
180/000093.) . . . (Página 515)
De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Cuándo hará público el Gobierno, de acuerdo
con el artículo 80.1 de la Ley de Acompañamiento para el 2000, el
censo de personas que han desarrollado la hepatitis C como
consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados en el
ámbito del sistema sanitario público? (Número de expediente 180/
000099.) . . . (Página 516)
Del Diputado don Miguel Antonio Campoy Suárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
balance hace el Ministerio de Medio Ambiente sobre las reuniones
mantenidas con los representantes de las principales organizaciones
ecologistas de España? (Número de expediente 180/000096.) . . .
(Página 517)
Del Diputado don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los
planes del Ministerio de Medio Ambiente para resolver los problemas
de contaminación en el río Segura, en el tramo entre Murcia y
Orihuela? (Número de expediente 180/000097.) . . .
Del Diputado don Gabriel Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno del grado de cumplimiento del Convenio firmado con el
Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras hidráulicas?
(Número de expediente 180/000098.) . . . (Página
518)
Del Diputado don José Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué
calendario contempla el Gobierno para la realización de la
transferencia de las políticas activas de empleo a la Comunidad
Autónoma de Andalucía? (Número de expediente 180/000077.) . . .
(Página 519)
Del Diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué plazo de tiempo
tiene previsto el Ministerio de Administraciones Públicas culminar el
traspaso de competencias en las materias de justicia, sanidad y
empleo? (Número de expediente 180/000094.) . . .
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos usuarios han accedido a
la tarifa plana de Internet a través de la tecnología ADSL? (Número
de expediente 180/000085.) . . . (Página 521)
De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
importancia va a dar el Gobierno en sus actuaciones a la
potencialidad de la cultura y la lengua españolas para el desarrollo
de la sociedad de la información? (Número de expediente 180/000091.)
. . . (Página 522)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el
Ministerio de Ciencia y Tecnología las previsiones de generación de
empleo que se están atribuyendo a las nuevas tecnologías de la
información? (Número de expediente 180/000092.) . . .
De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el
Gobierno que las parejas de hecho producen más violencia doméstica
que las uniones matrimoniales? (Número de expediente 180/000079.) . .
. (Página 524)
De la Diputada doña María Jesús Sainz García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha previsto el
Gobierno alguna nueva campaña institucional contra la violencia
doméstica para concienciar a la sociedad de que se trata de un
problema que nos concierne a todos? (Número de expediente 180/
000090.) . . . (Página 525)
Del Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno a la Cámara acerca de la actualización de
la estadística de personas con minusvalías? (Número de expediente
180/000095.) . . . (Página 525)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 526)
Del grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas para
la lucha contra la violencia de género . . .
La señora Alberdi Alonso defiende la interpelación urgente que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre la disposición del
Gobierno a acometer con carácter inmediato todo tipo de medidas
contra
la violencia de género y, en especial, a desarrollar una ley integral
contra la violencia de género que abarque desde sus causas hasta las
respuestas de todo tipo, sociales y jurídicas. Expone una serie de
datos estadísticos sobre el número de denuncias de malos tratos y
mujeres asesinadas por sus parejas, que considera escandalosos, y
aunque reconoce que en los países de la Unión Europea ha habido un
cambio de mentalidad que ha sacado a la luz los casos de violencia
doméstica para darles la importancia que tienen y considerarles un
problema público, sin embargo, hay países donde siguen siendo un tema
privado, donde el Estado no toma ninguna medida y donde los códigos
civiles y penales no los penalizan ni persiguen. El hecho de que en
los países que forman parte de la Unión Europea se dé al problema una
prioridad política hace obligatorio que el partido que gobierne -en
este caso el Partido Popular- asuma la responsabilidad de desarrollar
cuantas medidas sean necesarias para dar respuestas sociales y
jurídicas. Se refiere a los casos de sentencias y fallos judiciales
que alarman y escandalizan a la sociedad y opina que las conductas
agresivas de los hombres contra las mujeres tienen que ser
penalizadas como un ataque a los derechos humanos, a los derechos
fundamentales. Recuerda las promesas hechas en época electoral por el
presidente del Gobierno y por el candidato socialista a la
presidencia sobre una ley integral que abarcara todos los aspectos de
la violencia doméstica y, aunque reconoce que en la legislatura
anterior se hizo un plan de acción que avanzó en algunos temas y
modificó el Código Penal en algunos aspectos, considera necesario
hacer un seguimiento de su aplicación. Finaliza su intervención
solicitando al Gobierno que estudie la posibilidad de desarrollar una
ley integral contra la violencia de género en los términos que indica
en su interpelación.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Comparte con la señora
interpelante su preocupación y su indignación por la violencia de
género y pasa a exponer la posición del Gobierno respecto a una ley
integradora de todas aquellas atenciones y derechos que deben ser
restaurados o paliados cuando una mujer la sufre. Aclara que después
de estudiar los distintos modelos jurídicos europeos no ha encontrado
una ley de estas características, que es más bien un modelo del
derecho sajón, pero lo dice con toda cautela, porque no duda de la
superioridad en el ámbito jurídico de la señora interpelante. Hace
una serie de reflexiones sobre la primacía del varón sobre la mujer
en todos los terrenos a lo largo de los años en España, circunstancia
que, felizmente, se ha ido paliando en muchos aspectos. Contesta a
los extremos planteados por la señora
diputada en la interpelación y explica las medidas adoptadas por el
Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas. Finalmente,
asegura que no se trata de cerrar en la tarde hoy una cuestión, que,
está seguro, va a ser uno de los ejes del Parlamento, y confía en que
se puedan conciliar fórmulas de participación de ambas Cámaras que
propicien un clima de diálogo y entendimiento ante un problema que es
de toda la sociedad y en el que hay mucho camino por recorrer.
Replica la señora Alberdi Alonso, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pigem i
Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en
relación con el debate de la Conferencia Intergubernamental sobre el
nuevo Tratado de la Unión Europea (UE) . . .
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Saura Laporta. Justifica su
iniciativa por el hecho de que el Gobierno español informa muy poco,
y siempre a posteriori, de los debates importantes en el proceso de
construcción europea. Acusa al Gobierno de llevar a cabo procesos no
transparentes, alejados de los ciudadanos, lo que provoca una
desafección importante de la ciudadanía española con relación al
proceso de construcción europea, y anuncia la solicitud de
comparecencia en la Comisión Mixta de la Unión Europea del ministro
de Asuntos Exteriores para informar sobre la posición del Gobierno
español, aunque opina que sería mejor que fuera el Gobierno quien
tomara la iniciativa. A continuación pasa a formular una serie de
preguntas concretas sobre la posible ampliación de la agenda de la
Conferencia Intergubernamental para incorporar la Carta de los
Derechos Fundamentales. Su grupo considera que la Carta de los
Derechos Fundamentales debe ser vinculante, debe incorporar nuevos
derechos y se ha de ampliar hacia otros ciudadanos que hoy no los
tienen, porque están convencidos de que la consolidación de la
ciudadanía europea es un asunto de primer orden para la construcción
europea.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos
Exteriores (Piqué i Camps). Comienza
afirmando, como ya lo hizo en el debate de la interpelación
presentada por el Grupo Catalán, que es absolutamente imprescindible
que todas las cuestiones relacionadas con la construcción europea se
traten en el Parlamento y que se busque el máximo consenso. Considera
que las alusiones a la falta de información y de claridad en la
construcción europea vertidas por el señor interpelante están
matizadas por el hecho de que el Parlamento se ha constituido hace
relativamente poco tiempo y, desde entonces, estos temas han sido
objeto de debate en dos plenos y en la Comisión de Asuntos Exteriores
de una manera bastante detallada, se ha tomado la decisión de crear
una subcomisión específica para el seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental y ha mostrado su disponibilidad a comparecer ante
la Comisión Mixta de la Unión Europea, igual que lo hizo ante la
Comisión de Asuntos Exteriores y como, a su vez, comparecerá ante la
Comisión de Cooperación. Contesta a la pregunta sobre la ampliación
de la agenda de la Conferencia Intergubernamental en el sentido de no
hay una posición cerrada en contra de la ampliación, pero sí una
posición renuente a que esa ampliación diluya los centros de atención
que tiene que tener el Consejo Europeo y, por tanto, la cumbre de
Feira y las sucesivas cumbres a lo largo de la Presidencia francesa.
Da una serie de explicaciones a las preguntas planteadas en la
interpelación y, respecto al carácter vinculante de la Carta de los
Derechos Fundamentales, manifiesta que la posición española es la de
esperar al contenido concreto de la Carta y a los informes que se
presenten, para ver si pudiera afectar a la Constitución española, lo
que obviamente abriría un debate, recordando que hasta el momento
países como Francia y el Reino Unido se oponen a una Carta
vinculante. De cualquier forma, añade, el Gobierno mantendrá una
postura flexible que permita seguir avanzando en la dirección deseada
por todos.
Replica el señor Saura Laporta, duplicando el señor ministro de
Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores García
Breva, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Casañ, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el apoyo
a las familias . . . (Página 543)
Presentan la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i
Unió), los señores Jané i Guasch y Campuzano i Canadès, que se
reparten el tiempo establecido para formular la interpelación. Se
trata de dar cumplimiento a las conclusiones que se aprobaron en la
subcomisión que se reunió en la pasada legislatura encaminadas a
abordar de manera contundente y urgente una política global en
materia de apoyo a la familia.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Manifiesta que los planteamientos
que han realizado los dos interpelantes sintonizan con lo que ha sido
la línea de trabajo en la anterior legislatura, que es el deseo de
perfeccionar todas aquellas políticas que finalmente tienen conexión
con el entorno familiar, mostrando su disposición a seguir en esa
línea de colaboración y consenso.
Replica el señor Campuzano i Canadès, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; García
Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz Uriol, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL
GOBIERNO SOBRE LA FUTURA FINANCIACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
(RTVE) QUE INCLUYAN LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA? (Número de expediente
180/000078.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: turno de preguntas.
En primer lugar, preguntas dirigidas al vicepresidente primero del
Gobierno.
Pregunta número 14 que formula la diputada doña María Amparo Valcarce
García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor vicepresidente, ¿qué previsiones
tiene el Gobierno para la financiación de Radiotelevisión Española
que incluyan la liquidación de la deuda?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valcarce.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Valcarce, las que en la Comisión de Economía del Congreso
anunció hace unas fechas el ministro de Hacienda. La elaboración de
un plan de viabilidad financiera con el fin de asegurar su
continuidad como servicio público, que presentaremos en próximas
fechas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señora diputada.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señora presidenta.
Como comprenderá, su respuesta es absolutamente insuficiente. Y lo es
porque de lo que aquí estamos hablando es de la definición de un
marco estable para Radiotelevisión Española.
Es una petición que es ya un clamor; a usted se lo ha pedido no sólo
Uteca ¿?, que representa al conjunto de las televisiones privadas,
sino que también es una preocupación de los 11.000 trabajadores de
Radiotelevisión. Nosotros lo que le pedimos es que defina cuál es el
marco para la radiotelevisión pública, en ese marco su financiación
estable y que presente ya un marco para la liquidación de esta deuda.
Nosotros, los socialistas, señor vicepresidente, entendemos que la
radiotelevisión pública es imprescindible para el desarrollo con
verdaderas garantías de una sociedad de libertades y democrática. Por
eso también entendemos que es una prioridad política lo que usted
vaya a hacer dentro de lo que es el marco de la radiotelevisión y de
los medios audiovisuales públicos. Pero si es una prioridad política
tiene que ir unida a una prioridad presupuestaria, es decir, tiene
que darle una prioridad financiera. Nosotros estamos dispuestos a
escuchar -como no puede ser de otra manera- su propuesta. Nosotros
estamos dispuestos a cooperar siempre y cuando se haga una televisión
que garantice un auténtico servicio público; cuando sea una
televisión que sea la televisión de todos y, por tanto, generalista,
pero que también asegure la calidad; que tenga una audiencia
mayoritaria. Y, señor vicepresidente, una radiotelevisión pública al
servicio de todos para garantizar la pluralidad en sus servicios
informativos también tiene que asegurar no sólo que son rigurosos,
que son objetivos sino que son, además, unos servicios
informativos que tienen que garantizar ese pluralismo político.
Señor vicepresidente, nosotros lo que le exigimos es que el Gobierno,
que por boca de su presidente, aquí, anunció un gran acuerdo sobre la
radiotelevisión pública y sobre el marco estable de la
radiotelevisión pública y de su financiación...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta. Yo estoy
de acuerdo en lo que ha dicho la señora Valcarce. Y estoy de acuerdo
porque coincidimos en que vamos a hacer lo que ustedes nos están
pidiendo, que es lo que he dicho en mi primera intervención, porque
coincidimos en que debe ser una televisión pública y, por tanto, no
la vamos a privatizar; porque coincidimos en que es una prioridad del
Gobierno; porque coincidimos en que también tiene que abordarse el
problema financiero; porque estamos igual que ustedes, según acaba de
señalar en su intervención, dispuestos a escuchar y a cooperar;
porque queremos que sea un servicio público para todos, que sea
generalista pero que también tenga calidad, y porque también estamos
de acuerdo en que haya una pluralidad de los servicios informativos.
Por tanto, como estamos de acuerdo con ustedes presentaremos el plan
como dije en mi primera intervención. (La señora Conde Gutiérrez del
Álamo: ¡Hacedlo!) Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS CENTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ
MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARAEL CONTROLEFECTIVO DE PRECIOS
Y LA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES A LOS CARBURANTES EN SECTORES
CONCRETOS? (Número de expediente 180/000075.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
segundo.
Pregunta número 11, que formula el diputado don José Luis Centella
Gómez.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor vicepresidente, ¿qué medidas piensan
ustedes adoptar para el
control efectivo de los precios y la reducción de impuestos
especiales a los carburantes en sectores concretos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Gracias, señora presidenta, gracias, señor
diputado.
El Gobierno continuará aumentando las medidas dirigidas al incremento
de la competencia y a la mayor transparencia de precios.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor vicepresidente, todas las razones que
nos ofrecen no explican por qué el gasóleo B ha sufrido un incremento
superior al precio del resto de los hidrocarburos. Nos sigue
sorprendiendo que, cuando se le hacen preguntas sobre medidas
eficaces, usted siga sacando recetas que ya han fracasado, demostrado
su ineficacia y, además, han puesto en peligro el trabajo de miles de
agricultores, de miles de transportistas. Por tanto, señor
vicepresidente, tienen que escuchar a los sectores afectados, tienen
que escuchar las propuestas que se han realizado, que no son otras
que la reducción del impuesto especial de hidrocarburos para el
sector agrario y de transportes. Todos les dicen que es hora ya de
ofrecer soluciones reales. Nosotros les decimos que basta de parches,
basta de demagogia, que el Gobierno debe solventar la situación ya y
ahora. Usted sabe que es posible establecer medidas fiscales,
generalmente eficaces, usted sabe que es indispensable la
intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia y usted sabe
que es necesaria la distribución a través de cooperativas. Por tanto,
debe hacerlo ya, no esperar más porque, señor Rato, las pérdidas
están siendo muchas, pérdidas que nadie va a poder compensar, pero
serán todavía mucho mayores si se empeña en mantenerla y no
enmendarla. Su política, usted lo sabe, está beneficiando a unas
pocas multinacionales en perjuicio de la mayoría del sector agrario y
la mayoría de los transportistas; está provocando la destrucción de
empleo, la destrucción de miles de explotaciones agrarias. Si usted
no rectifica, la pesadilla de miles de agricultores y ganaderos este
año no van a ser ni la sequía ni el granizo, la pesadilla va a ser su
política económica, y usted pasará a engrosar la larga lista de
plagas que han asolado el campo español. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias señor diputado.
El señor Centella me plantea la necesidad de liberalizar más desde el
punto de vista de la posibilidad de que las cooperativas puedan
vender, y el señor diputado sabe que eso es ya cierto, que desde hace
más de dos años las cooperativas están condiciones de vender en las
mismas condiciones que las estaciones de servicio, no sólo a los
cooperativistas sino a terceros. El señor diputado me demanda
actuaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, y el señor
diputado sabe que el Tribunal de Defensa de la Competencia está en
estos momentos analizando un expediente sobre los contratos de las
gasolineras.
Por otra parte, hace referencia a los incrementos del gasóleo. Quiero
recordar al señor diputado que, en diciembre del año 1998, el precio
del barril de petróleo estaba a 9 dólares, que la media del año 1999
ha sido de 18 dólares y que ayer cotizaba a 31 dólares. Por tanto,
como todos somos conscientes, la situación de shock petrolífero es
equivalente a la de los años setenta. Sin embargo, como S. S. también
sabe, el gasóleo agrícola está bonificado y disfruta de una
fiscalidad reducida que representa casi un 30 por ciento de reducción
y el gasóleo pesquero se beneficia de una exención total en el
impuesto de hidrocarburos. Esas condiciones las conoce S. S., como
sabe también que, en la imposición directa, el Gobierno ha llegado a
acuerdos en el mes de febrero con las organizaciones de
transportistas y de agricultores para repercutir la subida del coste
de la energía en los módulos; sobre el impuesto especial sobre
hidrocarburos, S. S. también es consciente de que el Gobierno no ha
actualizado en un 2 por ciento los impuestos indirectos sobre los
carburantes en el año 2000.
En ese sentido, creo que las medidas que S. S. me demanda están todas
en marcha y S. S. es consciente, como lo soy yo también, de que no
sólo los agricultores, los pescadores y los ganaderos, sino el
conjunto de la economía española, de la economía europea y de la
economía mundial, están atravesando una crisis del petróleo que, al
contrario de las anteriores, no está frenando nuestro crecimiento ni
nuestra creación de empleo que, como he tenido ocasión de anunciar a
la Cámara hace una semana, en el año 2000 llegará a 500.000 nuevos
empleos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON CELSO LUIS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL
GOBIERNO CONTROLAR LA MODIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES ACCIONARIALES
EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL PARA PROMOVER UNA
COMPETENCIAEFECTIVAEN ELMISMO? (Número de expediente 180/000087.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
Celso Luis Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía, la distribución comercial es un sector
estratégico que vertebra la relación entre producción y consumo. En
España, este sector representa el 13, 25 por ciento de la economía
española y proporciona ocupación a casi 2.200.000 personas, lo que
supone el 16,4 por ciento de los ocupados. Este sector ha
experimentado en los últimos tiempos profundos cambios como
consecuencia de la transformación de los hábitos de consumo, la
internacionalización de la economía y las innovaciones tecnológicas.
El Grupo Parlamentario Popular, al que me honro en pertenecer, presta
todo su apoyo al comercio tradicional, al tiempo que alienta
especialmente a la modernización del sistema de distribución
comercial, un sistema en el que resulta fundamental mantener el
equilibrio, las cuotas de mercado y, en definitiva, asegurar la
competencia efectiva como la base para que coexista una diversidad de
formatos comerciales en especialización y tamaño. El día 4 de mayo de
2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia emitió un dictamen
sobre la operación de concentración, consistente en la adquisición
por el grupo Carrefour de Promodes. El Gobierno, por acuerdo de
Consejo de Ministros de 26 de mayo, tomó la decisión de subordinar la
autorización de la operación al cumplimiento de un conjunto de
condiciones, entre otras, la venta o transmisión del negocio
correspondiente a 13 hipermercados, la venta de tres supermercados de
gran tamaño y la venta de dos bloques de supermercados.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el Ministerio de Economía
actuó con enorme eficacia y coherencia, en este tema, al haber
solicitado a la Comisión Europea el envío del expediente, su
posterior remisión al Tribunal de Defensa de la Competencia y,
finalmente, acierta en la decisión adoptada en Consejo de Ministros,
que nos parece sienta un importante precedente. Creemos que procede
que el Gobierno continúe vigilante en la línea de garantizar el
cumplimiento de las condiciones impuestas a la citada fusión de las
compañías Carrefour y Promodes, y más especialmente en el proceso de
venta o transmisión de los activos citados a competidores
independientes, de modo que se restablezca un nivel efectivo de
competencia en las zonas afectadas por esta operación.
Señor vicepresidente, ¿cómo piensa el Gobierno controlar la
modificación de participaciones accionariales en el sector de la
distribución comercial para promover una competencia efectiva en el
mismo? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señor diputado. Efectivamente, a partir de abril del año
pasado, todas las concentraciones empresariales que se producen en
España tienen que ser comunicadas al Servicio de Defensa de la
Competencia, lo cual ha permitido ampliar notablemente el número de
concentraciones sobre las que hemos tenido que pronunciarnos en los
últimos doce meses, prácticamente equiparando el número de
actuaciones en un año a los diez años anteriores. En el caso concreto
que plantea S.S. (un caso de gran trascendencia desde el punto de
vista económico y también con influencia muy concreta en regiones
españolas), la Comisión Europea encargó a Francia y a España la
resolución de los problemas que podrían afectar a la demanda y, en
ese sentido, el Gobierno, el pasado 26 de mayo, acordó autorizar la
operación de concentración del grupo Carrefour y Promodes con las
siguientes condiciones: la venta de 13 hipermercados, además de todos
los establecimientos de la cadena Dia, menos uno en la zona de
Vallés; un establecimiento Champion, en Lérida; 15 establecimientos
más, de 200 metros cuadrados, en Girona; un establecimiento Champion,
en Barcelona y un supermercado, cuya superficie es de 2.000 metros,
en Badajoz. Éstas han sido unas condiciones de concentración mucho
más exigentes que las realizadas en Francia, tanto en términos de
unidades de venta como en términos de representación en el conjunto
de ventas del sector, como en términos de personas afectadas, y esta
desinversión del grupo resultante tendrá que ser plasmada en un plan
que será presentado a lo largo de los dos próximos meses al Servicio
de Defensa de la Competencia, en el que los adquirentes o adquirente
de los establecimientos transmitidos tendrán que ser competidores
independientes del grupo fusionado, que cuenten con recursos
financieros suficientes, experiencia para desarrollar los negocios
adquiridos y los empleos que están afectados a los mismos, y el
Servicio de Defensa de la Competencia vigilará el correcto
cumplimiento de las condiciones exigidas, debiendo afectar
expresamente con carácter previo la firma de cualquier contrato al
posible adquirente o adquirentes de los negocios. Estoy convencido de
que, con esta medida, además de permitir la libertad de actuación de
las empresas,
vamos a garantizar la competencia e impulsar, también, el empleo y la
competencia en el sector de la distribución, donde sin duda existen
en este momento barreras legales de entrada, como son las segundas
licencias, que, como S.S. sabe, son responsabilidad de las
comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN DEL CAMPO CASASÚS, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL
GOBIERNO A FIN DE QUE PUEDAAPLICARSE PLENAMENTE LA LEY ORGÁNICA
REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR TAN PRONTO ENTRE EN
VIGOR? (Número de expediente 180/000080.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al ministro de Justicia.
Pregunta número 16, que formula la diputada doña Carmen del Campo
Casasús.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Señor ministro, el próximo 13 de enero
entrará en vigor la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores. Quisiera saber qué acciones está llevando a
cabo su Gobierno para que esta entrada en vigor sea efectiva.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Del Campo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, efectivamente el próximo día 13 de enero entrará en vigor la
Ley Orgánica 5/2000. En estos momentos estamos trabajando para
impulsar todas las medidas de carácter legislativo que son necesarias
y que S.S. conoce, así como también la dotación de medios personales
y materiales para que en la fecha indicada puedan tener plena
eficacia las previsiones legales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Señor ministro, sinceramente me gustaría
compartir su optimismo, pero me temo que a veces el optimismo
infundado es suicida, y este es uno de esos casos.
Es cierto que son necesarias importantes reformas orgánicas y en
materia de personal, y que por lo que S.S. ha dicho esta mañana en el
Senado, sólo una de ellas está plenamente redactada y sometida a
informe del Consejo General del Poder Judicial. Este hecho en sí es
grave, pero no es el más importante, señoría. El más importante es
que el próximo 13 de enero las comunidades autónomas deberán asumir
la responsabilidad de la reforma, no sólo de los menores entre
dieciséis y dieciocho años, sino de mayores de esta edad que estén
completando el cumplimiento de medidas y de personas entre dieciocho
y veintiún años a quienes les sea de aplicación esta ley. Será, señor
ministro, una gran carga de trabajo asumida con gusto y, por
desgracia, una carga financiera -unos 60.000 millones de pesetas-
totalmente inasumible sin la colaboración del Gobierno. Este es el
grave problema, señorías, que en los cinco meses transcurridos desde
la aprobación de esta ley esta colaboración del Gobierno se ha
transparentado sólo en algunas, escasas, buenas palabras y en alguna
conversación sumamente reciente con consejeros de Justicia, pero no
en medidas efectivas que permitan a las comunidades afrontar con la
debida antelación el gasto y estar preparadas para que, con sus
recursos, se pueda aplicar plenamente la ley.
Señor ministro, si este estado de cosas no cambia radical y
rápidamente -y a estas alturas nos tememos que es muy difícil que se
produzca ese cambio antes del 13 de enero-, la ley entrará en vigor
no plenamente, sino más bien como S.S. decía esta mañana en el
Senado: de la mejor manera posible, es decir sin medios, personal,
edificios ni órganos judiciales. Y como nos temíamos, el 13 de enero,
la Justicia de menores no será una realidad sino, una vez más, una
dolorosa frustración.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
MINISTRO DE JUSTICIA El señor (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, en el ámbito competencial de la Administración General del
Estado, que lógicamente es al que tengo que referirme en primer
lugar, efectivamente, como usted reconocía, en este momento ya está
remitido al Consejo General del Poder Judicial para su informe el
proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la
creación de la Sala de menores en los tribunales superiores de
Justicia, la fijación de competencias y el sistema de provisión de
sus magistrados. Igualmente, tenemos prácticamente ultimada la
modificación del estatuto orgánico del ministerio fiscal y de la Ley
de demarcación y planta judicial. Estas son las medidas legislativas
que tiene que impulsar el Gobierno, que en plazo estarán remitidas a
las Cortes y, por tanto, podrán ser aprobadas.
Además estamos trabajando sobre la ampliación de plantillas de
magistrados, fiscales y demás personal al servicio de la
Administración de justicia que prevé la Ley de responsabilidad penal
del menor, así como la dotación de los medios necesarios para el
funcionamiento de esos nuevos órganos.
Lo que esta mañana he contestado a una pregunta idéntica en el Senado
es que la Administración del Estado tiene la mejor disposición a
colaborar y a cooperar en lo que son competencias, como usted misma
decía, de otras administraciones de las comunidades autónomas, para
que cada uno pueda aportar lo que esté a su alcance y, dentro del
ámbito de sus competencias, para que la eficacia de la ley de
responsabilidad del menor y su entrada en funcionamiento se realice
en las mejores condiciones. Insisto, en las mejores condiciones, que
no son las que usted ha dicho, sino aquellas en las que las
comunidades autónomas y la Administración del Estado pongan el
esfuerzo suficiente, insisto, en el ámbito de sus competencias, e
insisto, desde la colaboración y la cooperación, para que pueda ser
realmente efectiva una ley que, estamos absolutamente de acuerdo, es
muy importante y para que el 13 de enero sea plena su entrada en
vigor.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES EL BALANCE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DEVOLUCÓN RÁPIDA
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)? (Número
de expediente 180/000088.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23 dirigida al ministro de
Hacienda, que formula la diputada doña Susana Camarero Benítez.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Gobierno del
presidente Aznar en su afán por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y de las ciudadanas españolas realizó durante la pasada
legislatura una reforma significativa del Impuesto sobre la renta de
las personas físicas. En estos días los españoles estamos pagando,
por primera vez, el impuesto de la renta tras la reforma que entró en
vigor el primero de enero de 1999.
Se ha podido constatar que gracias a la misma se han bajado los
impuestos a todos los ciudadanos, especialmente a familias,
asalariados y a los contribuyentes de rentas más bajas. Se pretende
mediante esta reforma
ofrecer al contribuyente un marco general tributario más seguro, más
cómodo, más sencillo y más eficaz. Además, el Gobierno ha hecho una
reforma en la línea de los países europeos logrando que muchos de
ellos no sigan en este camino. También es una realidad, que el
impuesto se ha simplificado de forma notable como reconocen analistas
y estudiosos. De hecho, millones de ciudadanos, fundamentalmente
aquellos de rentas bajas que estaban obligados a presentar la
declaración han dejado de tener esta obligación.
En esta línea, la Agencia Tributaria presentó hace unos meses el
modelo de devolución rápida del IRPF. La nueva Ley del IRPF exime a
muchas personas de la obligación de declarar y establece además, que
las retenciones a cuenta practicadas durante el año constituyen para
éstas el máximo que deben pagar en concepto de IRPF. En términos
generales, estas personas son aquellas cuyos ingresos procedentes del
trabajo no superen los tres millones y medio de pesetas y que no se
apliquen beneficios fiscales por planes de pensiones, por
mutualidades o por adquisición de vivienda.
Para aquellos que no tienen obligación de declarar, pero cuyas
retenciones o ingresos a cuenta han superado la cuota que resultaría
de calcular la liquidación del impuesto, el Gobierno puso en marcha
un sistema de devolución rápida por medio del cual la Agencia
Tributaria calcula el importe y la devolución correspondiente
evitando a un gran número de contribuyentes la obligación de realizar
la declaración normal. Este modelo de devolución rápida cuenta con
otras importantes ventajas, según informó la Agencia Tributaria,
entre las que destacan el hecho de evitar a los contribuyentes a
hacer ningún tipo de desplazamientos, (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Decía que, se evita a los contribuyentes
hacer ningún tipo de desplazamientos, ya que en la propia Agencia
Tributaria se encarga de oficio de todo el proceso, además de sumar
el servicio ordinario de información. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camarero, pero agotó su
tiempo.
Señorías, señor ministro, entiendo que tiene el enunciado de la
pregunta y que no es necesario que se lo plantee desde la
Presidencia. (Risas.-Rumores.)
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor ministro.
Señorías, el turno de preguntas requiere, para que pueda ser seguido
con la mínima atención y con el mínimo respeto, un silencio en la
Cámara. Les ruego que tanto en las intervenciones de diputados de uno
u otro lado de los bancos del Hemiciclo, como en las respuestas
de los ministros guarden todos el debido silencio.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Agradezco la pregunta puesto que es de gran interés para los
españoles en estos días, como la diputada, señora de Camarero, ha
puesto de relieve.
Estamos ante la primera liquidación del nuevo impuesto sobre la renta
de las personas físicas y ello ha permitido poner en marcha el modelo
de devolución rápida que es consecuencia de un nuevo impuesto, el de
la renta de las personas físicas, que plantea mejoras considerables
para los contribuyentes.
En primer lugar, hemos tratado de que casi dos millones de
contribuyentes con las rentas más bajas quedaran exentos del pago del
impuesto. También del orden de diez millones de propietarios de
vivienda habitual ya no tienen rentas imputadas por este concepto.
Asimismo, cinco millones de personas son las que no están obligadas a
declarar. Finalmente, el impuesto plantea una rebaja fiscal media del
11 por ciento que para los contribuyentes con menores rentas, con
rentas inferiores a 3,5 millones de pesetas, supone una reducción del
18 por ciento.
Los resultados del sistema de devolución rápida, resultados novedosos
porque es la primera vez que se ponen en práctica, se pueden
calificar de muy satisfactorios. En primer término, porque la campaña
de renta ha comenzado en esta ocasión en el mes de marzo en vez de
hacerlo en el mes habitual, en el mes de mayo, lo que significa
adelantar las devoluciones dos meses y hasta el 12 de junio se han
recibido casi dos millones de solicitudes de devolución rápida de las
cuales se han resuelto casi el 95 por ciento. Esta gestión ha sido
llevada a cabo a través de una plataforma centralizada de atención
telefónica, que ha permitido reducir la carga de las delegaciones y
administraciones de la Agencia Tributaria, disminuir el número de
desplazamientos de los contribuyentes a las oficinas y mejorar el
servicio de cita previa.
Por otra parte, los contribuyentes, a través de una encuesta que se
les ha remitido en los sobre de los modelos 104 y 105, han mostrado
una alta satisfacción con el sistema. El 90 por ciento ha considerado
que el modelo era más fácil o mucho más fácil que los anteriores y el
80 por ciento ha empleado menos de media hora en rellenar el modelo.
Ello me permite, señorías, confirmar esta tarde que, aún siendo nuevo
el sistema, este ha funcionado efectivamente de forma satisfactoria,
lo que hace predecir una utilización todavía más extensa del mismo a
lo largo del tiempo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON DIEGO LÓPEZ GARRIDO, DELGRUPO
SOCIALISTADELCONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ
ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA LAAPLICACIÓN, EN SU INTEGRIDAD, DE LA
VIGENTE LEY DE EXTRANJERÍA? (Número de expediente 180/000081.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al ministro del Interior
número 17 que formula el diputado don Diego López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro, ¿qué medidas está adoptando
el Gobierno para la aplicación, en su integridad, de la vigente Ley
de extranjería?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría, de todas las medidas, la más importante de todas es el
desarrollo de su disposición transitoria primera, estableciendo el
procedimiento de regularización para los extranjeros que se
encuentran en España, que afecta en estos momentos a 150.000
peticiones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro, hace tiempo que el Gobierno
al que usted pertenece decidió la insumisión a la Ley de extranjería;
decidió cargarse el mayor consenso que se ha producido en los últimos
años en la historia de la democracia sobre una ley de inmigración, un
consenso social y político. Se da la paradoja de que ustedes, que
cada día casi nos proponen un pacto de Estado sobre las cosas más
insospechadas, sin embargo, en este asunto, que sí que es una
auténtica cuestión de Estado, han decidido destruir lo que entre
todos construimos en la anterior legislatura a la máxima velocidad,
con el mínimo debate y no dejando a la ley vigente desplegar sus
posibilidades. Han boicoteado, o intentado boicotear, la aplicación
de esta ley, prueba de ello es que hasta ahora no hay un reglamento,
y nos tememos que no lo habrá antes del 2 de agosto; si no hay
reglamento, procedimientos importantísimos que pone en práctica esta
ley no serán de aplicación, por ejemplo, lo que tiene que ver con
procedimientos de documentación, reagrupación familiar,
o sencillamente en algunos casos no aplican la ley o la desobedecen,
como en el caso de los visados, ya que muchísimos se están haciendo
sin motivación.
Usted esta mañana nos decía en la Comisión de Justicia e Interior que
la inmigración es la cuestión que más afecta o va a afectar a la
convivencia de los españoles en el futuro, en el siglo XXI. Yo le
pregunto, ¿la Ley de extranjería realmente está afectando a la
convivencia de los españoles? ¿Sinceramente, ha provocado grandes
conflictos la Ley de extranjería? ¿Ha producido alarma entre los
españoles la Ley de extranjería? Yo creo que más bien la alarma la
han producido sus declaraciones, algunas concretamente, que tuvo que
rectificar en cuestión de horas.La sociedad española ha asumido esta
ley con normalidad, la ley y la regularización a la que usted se ha
referido; la ha asumido y sabe que la mejor forma de combatir las
mafias (por cierto, esta ley, la única que contiene un artículo
concreto contra las mafias) es no prohibir lo que es un proceso
social irreversible. Apliquen la ley...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señora presidenta,
señoría, yo me voy a limitar a responder la pregunta que usted me
hace, que es bien diferente de la intervención que acaba de tener.
Para aplicar esta ley nosotros hemos establecido un conjunto de
normas e instrucciones en una serie de departamentos ministeriales en
ausencia de reglamento para que se aplique correctamente. Nosotros
hemos creado centros específicos, centro en Miller (bajo) en Las
Palmas, para que podamos dar una respuesta a esta situación en estos
momentos. Este año nosotros hemos dedicado 7.000 millones de pesetas
para este proceso, 1.500 millones de pesetas para subvenciones a ONG
para que hagan programas de acogida temporal para menores extranjeros
y para planes de acceso a la vivienda. El Gobierno ha dado asistencia
sanitaria a 25.000 inmigrantes y a 12.000 en lo que es asistencia
letrada e intérpretes, es decir, casi a 40.000 inmigrantes. Señoría,
en el Gobierno no se puede hacer demagogia, en el Gobierno hay que
dar resultados y hay 40.000 razones, 40.000 inmigrantes que
desmienten absolutamente la insumisión del Gobierno respecto de la
Ley de extranjería. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOXE JOAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJPNV) QUE FORMULAALGOBIERNO:
¿PIENSAELMINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE TRABAJAR
ACTIVAMENTE YEN BREVE PLAZO CUANDO SE CONSTITUYA LA «COMISIÓN PARA LA
DIFUSIÓN Y
CONMEMORACIÓN DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLAYPARAELANÁLISIS DE LO QUE
SUPUSO PARA ESPAÑA EL EXILIO DERIVADO DE LA GUERRA CIVIL»? (Número de
expediente 180/000076.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta número 12, que formula el diputado don Joxe
Joan González de Txabarri Miranda.
El señor GONZÁLEZ DE TXBARARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Educación, la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de septiembre una
proposición no de ley sobre la conmemoración del 60 aniversario del
exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil
española, en la que después de condenar y deplorar el levantamiento
militar contra la legalidad constituida, encarnada en las
instituciones políticas que representaron la Segunda República,
acordó que el Gobierno creara una Comisión para el análisis del
impacto que para España supuso la diáspora y la necesidad de promover
la recuperación de materiales documentales gráficos y sonoros sobre
el papel desempeñado por aquellos exiliados. Igualmente se acordó
desarrollar un programa de actos conmemorativos del exilio en
coordinación con las instituciones políticas y culturales de los
países de acogida, entre otras varias medidas que recogía esta
proposición no de ley. Siguiendo el curso de estas iniciativas
presentadas por distintos grupos parlamentarios de la Cámara, en el
debate de los presupuestos se recogió una enmienda transaccional en
una disposición adicional, en la que se indicaba que en el año 2000
se creará en el Congreso de los Diputados una Comisión para la
difusión y conmemoración de la transición española y para el análisis
de lo que supuso para España el exilio derivado de la guerra civil, y
se presupuestaron en la sección 18 de su Ministerio, concretamente en
la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, 500
millones para la consecución de estos fines. De aquí la pregunta:
seis meses después, señora ministra, ¿cuál es la actitud de su
Ministerio con relación a este tema?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, en efecto, los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 incluyen una consignación
presupuestaria de 500 millones de pesetas con el objeto de financiar
los programas determinados por la Comisión que S.S. ha mencionado.
Dichos programas deberán
ser realizados, a tenor del texto literal que acompaña a la
citada consignación presupuestaria, por fundaciones, asociaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, la disposición
adicional vigesimoctava de la ley de presupuestos dispone
literalmente que en el año 2000 se creará en el Congreso de los
Diputados una Comisión para la difusión y conmemoración de la
transición española y para el análisis de lo que supuso para España
el exilio derivado de la guerra civil.Corresponde, por tanto, a los
órganos competentes de la Cámara baja llevar a cabo las acciones
oportunas para la creación de dicha Comisión.
Por lo demás, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
aplicación de las normas citadas, se halla desde luego en disposición
de colaborar activamente en la financiación de los programas que la
citada Comisión considere oportunos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señora presidenta, yo he
querido leerle los antecedentes, señora ministra, con relación a la
proposición no de ley aprobada en la Comisión de Exteriores para ver
el hilo de los acontecimientos. Usted habrá podido ver que en la
misma se indica que creará el Gobierno en sede parlamentaria. Esa es
la lectura correcta de este tema. En todo caso, el Grupo
Parlamentario Vasco, si la interpretación de los órganos de Gobierno
de la Cámara va en línea con lo que dice el Gobierno, así lo
planteará en la Junta de Portavoces. Queremos, señora presidenta, que
el Ministerio de Educación sea diligente en estas actuaciones y ponga
toda la carne en el asador para que esto no quede en el tintero.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, solamente he de decirle que la
disposición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es
absoluta, y lo que hace falta es que se cree la Comisión y que se nos
digan los programas. Apartir de ahí podremos colaborar activamente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON VICTORINO MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUÉ PAPEL VA A DESEMPEÑAR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL
SISTEMA EDUCATIVO, UNA VEZ TRANSFERIDAS ESTAS COMPETENCIAS A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000082.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula el diputado don
Victorino Mayoral Cortés.
El señor MAYORAL CORTÉS: ¿Qué papel va a desempeñar el Ministerio de
Educación en el sistema educativo, una vez transferidas las
competencias a las comunidades autónomas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, como he dicho esta mañana en la
Comisión de Educación, Cultura y Deportes de esta Cámara, el
departamento que dirijo afronta una nueva etapa tras la culminación
del proceso de transferencias en materia educativa. En estas nuevas
circunstancias nos hemos marcado tres objetivos. En primer lugar,
deseamos liderar la cooperación entre las distintas comunidades
autónomas; en segundo, queremos impulsar la coordinación de las
actuaciones de las diferentes administraciones públicas para mantener
la vertebración del sistema educativo, con el fin de dar cumplimiento
al mandato contenido en el artículo 149.1.30, de nuestra
Constitución. En este sentido, considero que la conferencia sectorial
de educación, como foro de representación de las comunidades
autónomas, debe desempeñar precisamente ahora más que nunca un papel
esencial en la concertación de una política de Estado para resolver
los problemas educativos que nos aquejan. En tercer lugar,
pretendemos promover el diálogo con todas las administraciones,
instituciones y agentes sociales, con la finalidad de establecer las
normas de carácter básico que son necesarias para un adecuado
funcionamiento en un sistema educativo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la señora Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora ministra, ha hablado usted de liderar
y coordinar, le sugeriría que empezara a liderar y a coordinar al
señor Zaplana, porque él ha lanzado unilateralmente, y así lo ha
reconocido su portavoz parlamentario en temas educativos, una reforma
anticipada de la Logse, modificando aspectos sustanciales que
corresponden al ámbito competencial de su Ministerio. Desde mi punto
de vista, ha sido una
intromisión en las competencias del Ministerio, bordeando la ley en
vigor y olvidando que se tiene que coordinar con usted. Esa reforma
Zaplana, que nadie ha desmentido, abarca a la promoción, a la
evaluación y a la escolarización, a estos procesos que son vitales y
fundamentales, regulados en leyes orgánicas básicas. Señora ministra,
le sugiero que para realizar esa función comience por su propia casa
y que el País Valenciano, que, al parecer, quieren que sea el banco
de pruebas de tantas y tantas cosas, según el señor Zaplana, no sea
también el banco de pruebas de una cuestión tan delicada que
significa la salida del sistema educativo de los chicos a los quince
años. Alcanzar la escolarización hasta los 16 años es una conquista
social, señora ministra, y a ella no podemos renunciar. Pero cuando
vemos que hasta el señor Rajoy ha llegado a decir que no es una cosa
razonable que los chicos estén escolarizados hasta los 16 años, se
puede usted imaginar por dónde pueden ir los derroteros del Partido
Popular y el experimento de la vía valenciana de la reforma que,
señora ministra, por el bien de todos debe reconducir. Me he referido
a informaciones que han aparecido reiteradamente en la prensa sin que
S.S., señora ministra, en ningún momento haya hecho manifestación
contraria relacionada con esas propuestas de reforma tan importantes
contenidas en las iniciativas del País Valenciano. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, no sólo la Comunidad Valenciana,
sino también otras comunidades en el ámbito competencial propio que
tienen en materia educativa, han ido tomando determinadas decisiones.
En la medida en que responden al ámbito competencial propio en
materia educativa, más allá del diálogo, no son muchas las cosas que
se pueden hacer. Esté tranquilo S.S. porque es mi voluntad y la del
equipo ministerial efectuar una política de liderazgo y de
vertebración del sistema educativo. Gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL VA A SER LA POLÍTICA DE
BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A PARTIR DEL PRÓXIMO CURSO? (Número
de expediente 180/000083.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula la diputada
doña Juana Serna Masiá.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, los presupuestos que cada gobierno dedica a la
política de becas demuestran con bastante claridad cuál es el
concepto que los gobernantes tienen sobre la educación y la igualdad
de oportunidades. Quiero recordarle que los gobiernos progresistas de
Felipe González... (Risas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora SERNA MASIÁ: Los presupuestos para becas se multiplicaron
por 20, el número de becarios se multiplicó por cinco y se pasó, nada
menos, que de una media de 43.000 pesetas por beca en el año 1983
a 220.000 pesetas por beca de media en el año 1996. Sin embargo, en el
primer Gobierno conservador del señor Aznar nada menos que se
retiraron 200.000 becas, y en dos años se redujeron 6.000 millones de
pesetas de los presupuestos que antes tenían destinados los
socialistas a estos asuntos. Esta mañana, en su comparecencia usted
ha pasado de puntillas sobre estas cuestiones. Por tanto, le ruego
que esta tarde nos conteste con claridad a la siguiente pregunta:
¿Cuál va a ser la política de becas del Ministerio de Educación a
partir del próximo curso?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, menos mal que he pasado de
puntillas, porque hemos estado desde las diez de la mañana hasta las
tres de la tarde. Parece difícil que pudiera haberlo hecho con más
detalle, que yo creo que sí lo he hecho. En todo caso, ha quedado
registrada mi intervención de esta mañana.
Yo no voy a entrar a discutir sobre la política de los gobiernos de
Felipe González en esta materia. Podría darle otros datos ahora; por
ejemplo, cómo ha evolucionado la escolarización total y gratuita de
los niños españoles de tres años en el período 1993-94 y 1999-2000,
pero no me parece oportuno. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías,
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Perdón, si me permiten, señorías, lo harÉ más rápido.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está haciendo durante
este mes de junio su oferta correspondiente al programa nacional de
becas para el próximo curso académico 2000-2001. Se trata de un
programa dirigido a facilitar el ejercicio del derecho a la educación
a los alumnos a todos los niveles del sistema educativo.
Con este programa ponemos a disposición de ocho millones de
familias españolas un amplio abanico de diferentes modalidades de
ayuda, que cubren desde los gastos de matrícula a los de transporte
diario al centro docente o los de residencia que tienen los alumnos
que cursen sus estudios universitarios fuera de su domicilio
familiar. A título indicativo puedo decirle que para el próximo curso
se prevé una cuantía de 293.000 pesetas por este concepto de ayuda.
Asimismo, quiero destacar el gran impulso que ha cobrado en la
actualidad el programa de ayudas para la adquisición de libros y
material escolar, dirigido a los alumnos de la enseñanza obligatoria,
que se puso en marcha en 1997-98 con 200.000 ayudas y que ascienden a
625.000 para el próximo curso escolar. Por tanto, la política de
becas sigue siendo una de las prioridades de mi departamento, a la
que vamos a seguir dedicando nuestro esfuerzo, tanto en el aspecto
presupuestario como en el de la calidad del servicio a los alumnos.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Serna.
La señora SERNA MASÍA: Gracias.
Señora ministra, yo sí que le voy a clarificar, pero no a través de
mí, sino a través de informes muy importantes, cuál es la política
del señor Aznar en la cuestión de becas. Quiero recordarle que el
informe Bricall califica la política de becas del señor Aznar de
regresiva. Quiero recordarle que el informe de la OCDE indica que en
España, a través de las políticas del señor Aznar, estamos en una
media del 10 por ciento del dinero de educación destinado a las
becas, cuando en la Unión Europea están en una media del 40 por
ciento y en los países de la OCDE en un 21 por ciento. Quiero
decirle, por ejemplo, que el último informe del Consejo Escolar del
Estado (página 329) dice literalmente: Un curso más se constata la
congelación de las plantillas de las becas, con lo que año tras año
pierden poder adquisitivo y, más grave -señala-, que solamente de ese
presupuesto se ejecuta el 63 por ciento. Por tanto, el Grupo
Socialista confía en que con usted se vayan arreglando las cosas,
pero no por el Gobierno que está, sino por sus orígenes ideológicos
de tipo socialista.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Señora ministra. (Aplausos.-Rumores.)
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE (Del Castillo
Vera): Muchas gracias, señoría.
Confío en que la capacidad de ir solucionando las cosas tenga que ver
más con el programa del Gobierno, y en todo caso con mi capacidad
profesional, que conotras circunstancias y procesos biográficos. Le
voy a
decir una cosa sobre el tema de la política de becas universitarias.
Una de las diferencias que hay en cuanto a la cobertura de becas en
otros países es también la diferencia de tasas. En España las tasas
universitarias son más reducidas en muchos aspectos y, por tanto, hay
más dificultades, porque es también una... (El señor Robles Fraga:
Podemos hablar de Roldán.-El señor Rodríguez Bolaños: O de Fraga.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señorías, les ruego que realicen los diálogos planteando preguntas,
pero no de bancos a bancos.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR CLOTAS I CIERCO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE A LA
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE LAGESTIÓN REALIZADAPOR EL
SEÑOR GUIRAO AL FRENTE DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA?
(Número de expediente 180/000084.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, del diputado don Salvador
Clotas i Cierco.
El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿qué opinión le merece la gestión del señor Guirao
al frente del Museo Nacional Centro Reina Sofía?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Clotas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, yo he expresado en público un par
de veces, además de en privado al señor Guirao, que me parece que ha
hecho una buena gestión, que se instala en un continuo marcado entre
todos los directores del Reina Sofía desde sus inicios. No creo que
se trate ahora de hacer consideraciones técnicas. Él ha abordado una
fase importante, los primeros pasos de la ampliación, además de otros
planes para el museo y considero que ha realizado una buena gestión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Señora ministra, esa opinión positiva está
muy generalizada porque en estos cinco años el Museo Reina Sofía ha
dado pasos adelante: se ha consolidado su colección, ha ganado
prestigio
nacional e internacional, ha planteado bien la ampliación como usted
dice, ha adquirido obras muy importantes. Pero este balance no se
compadece y no justifica la sustitución fulminante que usted ha
realizado. No entendemos el porqué. Dicen que, a lo mejor, el
director no pertenecía a determinado grupo; yo no lo quiero creer. No
pienso que sea tampoco por motivos ideológicos o de filiación
política; no imagino que sea cambiar por cambiar. Señora ministra, no
discutimos su derecho a cambiar al director de un museo ni tampoco la
idoneidad del nuevo director, pero en un mes y medio ha batido usted
récords. Nos ha obligado a romper un acuerdo parlamentario que
existía sobre El Prado, ha convertido en moneda de cambio o en
recompensa política la presidencia del Patronato del Prado, ha
eliminado a un buen director de museo y deja a otro que, desde luego,
no tiene el mismo reconocimiento que el señor Guirao.
Señora ministra, usted no puede ignorar que existía un acuerdo
parlamentario sobre el Museo del Prado, que habíamos extendido al
Museo Reina Sofía con sus antecesores. No puede ignorar que en museos
como el Reina Sofía los directores duran mucho porque eso es
positivo. ¿Sabe usted cuántos años lleva el director del
Metropolitan? El señor Montibello lleva veintidós años. ¿Sabe cuántos
años lleva el director de la Tate Gallery? ¿Sabe usted que el
presidente del Pompidou sigue siendo el que nombró el Gobierno
conservador, a pesar de que ha cambiado el Gobierno en Francia? No
entendemos esta actitud, señora ministra, este talante suyo.
Esperábamos de usted diálogo, consulta, consenso, un paso adelante; y
con esta decisión, con estas decisiones -quiero sumar la del Museo
del Prado-, damos un paso atrás. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clotas.
Señora ministra.
DE EDUCACIÓN, CULTURA La señora MINISTRA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, le voy a contestar a la pregunta que se refiere a la
gestión del Reina Sofía porque no puedo ampliar la respuesta al Prado
y a otras cuestiones. En todo caso, si tiene a bien preguntármelas,
las responderé encantada.
Esto que usted me dice sobre el señor Guirao se podría haber pensado
desde el primer director del museo Reina Sofía; es decir, se han ido
sucediendo por razones diversas. En este caso, porque a mí me parecía
que el señor Guirao había estado ya cinco años, había tenido una
serie de oportunidades, las había desarrollado bien y era el momento
de dar otro impulso con otra persona, también muy cualificada, que se
instala en ese continuo que los propios directores del Reina Sofía,
incluyendo al señor Guirao y al actual director señor Bonet, creen
que hay en el proceso que ha seguido el Reina Sofía desde su creación
hasta ahora. Ellos mismos se consideran deudores de los anteriores en
cierta
medida y creen que han llevado a cabo entre todos una acumulación de
esfuerzos; no entienden que se trate de una ruptura, aunque haya
habido cambio de personas.
Me parece que no es tan difícil de entender que se produzca un cambio
de esta naturaleza, con un profesional de las características del
señor Bonet y en un tránsito pacífico; tenga usted en cuenta que el
señor Bonet era patrono del Patronato del Museo de Arte Reina Sofía.
En la realidad no ha existido esa convulsión, esa crisis ni esa
impronta dramática que usted ha introducido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO LA EVOLUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
DE MAMA Y GINECOLÓGICO EN LA MUJER ESPAÑOLA? (Número de expediente
180/000093.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Sanidad y Consumo.
En primer lugar, pregunta número 28 que formula la diputada doña
María Fernanda Faraldo Botana.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Sanidad y Consumo, entre las enfermedades que
contribuyen a producir mayor mortalidad y morbilidad hay que destacar
los tumores malignos. En España, como en el resto de su entorno
socioeconómico, los tumores malignos son las segunda causa de muerte,
después de las enfermedades cardiovasculares. El tumor maligno más
frecuente en la población femenina española es el cáncer de mama,
constituyendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Se
estima que una de cada 20 mujeres desarrollará un cáncer de mama
antes de cumplir los 75 años. El segundo lugar en el orden de
frecuencia en los cánceres ginecológicos lo ocupa el cáncer de
endometrio, por delante del cáncer de cuello. Si además tenemos en
cuenta que los factores de riesgo más universalmente aceptados son
todos ellos difícilmente modificables, nos encontramos con que las
actuaciones destinadas al diagnóstico precoz y al tratamiento
adecuado se convierten en los instrumentos fundamentales para el
control del cáncer femenino.
Atendiendo a esta situación, en el año 1997 el Insalud, en
colaboración con las comunidades autónomas, elaboró un Plan integral
de atención a la mujer que
tenía por objeto unificar y reforzar las actuaciones sanitarias
relativas a la salud de la mujer. Este plan contenía un programa
específico destinado a la detección y atención precoz del cáncer
ginecológico. Transcurridos algo más de dos años, es por lo que hoy,
señora ministra, le pregunto cómo valora la evolución de las
actuaciones que se han llevado a cabo por su Ministerio para la
prevención del cáncer de mama y ginecológico en la mujer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Faraldo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Efectivamente, señoría, en el año 1998 el Insalud implantó en su
ámbito competencial el Plan integral de la mujer, negociado con las
comunidades autónomas, porque es cierto que hay una importancia
básica en la prevención de la enfermedad y, por tanto, en la
protección de la salud, y efectivamente el cáncer de mama y de
endometrio son de las causas más graves de muerte en mujeres. El
resultado final ha sido interesante.
En el tema de cáncer de mama, la población diana o que padece este
cáncer son mujeres entre 50 y 64 años que en el territorio Insalud,
donde el Ministerio aplica ese plan integral, representa 1.156.000
mujeres. Las actuaciones en este programa han sido: la difusión del
programa, la captación de mujeres, la citación de las mismas,
realización de la prueba de cribado, confirmación diagnóstica y plan
terapéutico en el caso de que fuera necesario. Durante 1998 de la
población diana total se incluyeron en este programa a 437.789
mujeres; durante 1999 se incluyeron a 497.288 mujeres, lo que supone
un incremento de 59.499. En cuanto al cáncer de endometrio, que es la
segunda causa de muerte, la población es de mujeres mayores de 50
años, que son 2.700.000 en el ámbito Insalud; en el año 1998 se
incluyeron en este programa 1.016.000 mujeres; en el año 1999,
1.157.000 mujeres. Debo decir que el resultado ha sido satisfactorio
y en este momento en el Ministerio estamos analizando la aplicación
de este programa de dos años para, de nuevo con las comunidades
autónomas, reforzarlo y reformarlo en aquellos puntos que sea
necesario para luchar, como usted bien ha dicho, contra dos de las
mayores causas de muerte entre las mujeres. Todas las medidas que se
tomen para la prevención de la enfermedad y la lucha contra ella y al
mismo tiempo el mantenimiento de la salud serán bien tomadas. En ese
sentido, dentro del Consejo Interterritorial de la Salud ese es uno
de los temas que estamos tratando en este momento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ), QUE FORMULAA LA SEÑORA MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁNDO HARÁ PÚBLICO EL GOBIERNO, DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 80.1 DE LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 2000, EL CENSO DE
PERSONAS QUE HAN DESARROLLADO LA HEPATITIS C COMO CONSECUENCIA DE
HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO? (Número de expediente 180/000099.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34 que formula la diputada doña
Zoila Riera i Ben.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cuándo hará público el Gobierno, de acuerdo con el
artículo 80.1 de la Ley de acompañamiento del año 2000, el censo de
personas que han desarrollado la hepatitis C como consecuencia de
haber recibido tratamientos con concentrados en hospitales públicos
del Sistema Nacional de Salud?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Señora diputada, en poco tiempo, en el plazo máximo de un mes y
medio, saldrán estos datos, debido a las dificultades en la
elaboración del censo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, a iniciativa de mi grupo parlamentario, el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), en la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado se incluyó una enmienda, la que le
mencionaba, la recogida en el artículo 80.1, que pretendía otorgar
una indemnización a las personas que desgraciadamente contrajeron la
hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamientos en
hospitales públicos. Mi grupo pretendía que en la Ley de presupuestos
del año 2000 se fijase el montante de la indemnización que los
afectados debían percibir, pero por parte del Gobierno se argumentó
que antes era menester disponer de un censo de personas afectadas
para saber más o menos de qué importes podíamos estar hablando. A
nosotros nos pareció que la posición del Gobierno era razonable y en
este sentido se tradujo nuestra propuesta en una enmienda
transaccional, que es la que, como
sabe la señora ministra, acuerda, entre otras cosas, que el pasado
mes de mayo finalizaba el plazo de los cinco meses que nos dimos para
que estuviese efectuado este censo. De la misma manera también se
decía que una vez publicado el censo, que se haría con todas las
garantías de confidencialidad que el tema requiere, se abriría otro
plazo de dos meses más para que aquellas personas que pudiesen
acreditarlo, si observaban que no estaban en este censo, pudieran
reclamar también los derechos de que se trata.
Quiero recordarle, señora ministra, que la elaboración del censo es
el camino mediante el cual tenemos que perseguir un objetivo que es
justo y que contó con la aprobación de esta Cámara, y me parece que
de ninguna manera debemos renunciar a él porque sería un grave
incumplimiento. Además quiero decirle, señora ministra, que para
cumplir el compromiso es necesario que el Gobierno cuando aporte los
presupuestos a la Cámara el 30 de septiembre haya cuantificado ya
cuál es la cantidad que los perjudicados deben cobrar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero):
Efectivamente, señora Riera, el acuerdo se incluyó en los
presupuestos mediante una enmienda transaccional del Grupo Popular.
La verdad es que ha sido complicada la elaboración del censo por
muchos motivos, entre los que destaca la propia confidencialidad de
los datos; en ese sentido ha sido difícil. El Ministerio está en
contacto permanente con las sociedades de afectados y no solamente
estamos elaborando ese censo o garantizando esa no identificación del
enfermo, sino que lo hemos hecho creando para cada paciente un número
determinado de cinco cifras, de forma que solamente él y su familia
conocen el número que le corresponde para evitar que se conozca el
nombre de estas personas. Al mismo tiempo, estamos dialogando
permanentemente -precisamente mañana tenemos una reunión de nuevo con
ellos-, pero no solamente estamos hablando de este censo, sino
también de otras medidas a través, por ejemplo, del Instituto de
Salud Carlos III, para potenciar la investigación sobre estas
enfermedades.
La forma de confidencialidad que hemos negociado con la sociedad de
hemofílicos es una comunicación previa al interesado para incluirlo
con su número, número que se le comunica a él; luego viene la
publicación del censo, con la garantía de que ese censo solamente
lleva números. Tenemos que divulgarlo a través de la página web del
Ministerio de Sanidad para que todos vean que están incluidos en él.
Al mismo tiempo, tenemos que contar con la colaboración de las
consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas,
porque es un programa para todo el territorio
nacional, y de los jefes de servicio de hematología para que
comprueben que esas son las personas realmente afectadas y que
ninguna, una vez publicado el censo, pueda quedar fuera de este
proceso. Si eso sucediera, alguno pudiera reclamar y retrasar todavía
más la solución de este problema.
Es voluntad del Ministerio que para finales de agosto, como muy
tarde, el censo esté publicado en el Boletín Oficial del Estado y se
pueda poner en marcha el procedimiento para saber cuál es la cantidad
final de dinero que tenemos que dedicar a este apartado. No tenga
duda, señoría, de que nos ocupamos de él con toda la atención y el
cuidado que se merece.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ANTONIO CAMPOY SUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
BALANCE HACE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LAS REUNIONES
MANTENIDAS CON LOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES
ECOLOGISTAS DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000096.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Medio Ambiente. En primer lugar, pregunta número 31, que formula el
diputado Miguel Antonio Campoy Suárez.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde que en 1996 el Partido Popular asumió la
responsabilidad de Gobierno, las políticas relacionadas con la
protección del medio ambiente son una máxima prioridad, mostrando un
esfuerzo especial por obtener el mayor consenso posible en cada una
de sus actuaciones. Así, destaca, de una parte, el alto grado de
acuerdo alcanzado en los pasos dados hasta el momento en lo relativo
y concerniente al Plan hidrológico nacional y, de otra, la armonía
que ha caracterizado y preside las reuniones de la conferencia
sectorial, en las que están representadas todas las comunidades
autónomas. En este sentido, el principio de diálogo permanente del
Gobierno en general y de manera particular del Ministerio de Medio
Ambiente conlleva la oportuna comunicación con las organizaciones
ecologistas y las ONG dedicadas a la protección de nuestro medio
natural.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente de
esta Cámara el señor ministro manifestó como su principal
preocupación la concienciación ecológica de los españoles, señalando
la importancia que sobre la misma tenían los colectivos ecologistas
y las ONG, destacando, a su vez, el papel insustituible como
conciencia social, como vigilantes y guardianes de unos mínimos
exigibles.
Señor ministro, considerando estas manifestaciones y su voluntad
decidida de diálogo como eje de la política de su Ministerio,
acreditada ya por los contactos que ha mantenido con las
organizaciones ya citadas, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué
balance hace el Ministerio de Medio Ambiente sobre las reuniones
mantenidas con los representantes de las principales organizaciones
ecologistas de España?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campoy.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, yo creo que el balance tiene que ser positivo, si bien
probablemente sea pronto para realizarlo con carácter definitivo. Lo
que está claro es que tenemos el objetivo de que el diálogo con los
agentes sociales y económicos y con todos los interlocutores en el
contexto del medio ambiente sea una constante y un eje prioritario de
actuación en este Ministerio. Estamos estudiando, incluso hemos
recibido alguna propuesta por parte de estos grupos, instrumentar de
la forma más adecuada estos vehículos de interlocución. Naturalmente
existirá el desacuerdo y no siempre será posible llevar a cabo estas
políticas absolutamente consensuadas, pero, al menos, lo que tiene
que ser prioritario es que existan, como en el pasado y, sobre todo,
a lo largo de estos años, canales y capacidad de interlocución y,
sobre todo, voluntad, al menos, de escuchar la opinión de las partes
implicadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS PLANES
DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE
CONTAMINACIÓN EN EL RÍO SEGURA, EN EL TRAMO ENTRE MURCIA Y ORIHUELA?
(Número de expediente 180/000097.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula el diputado don
Juan Carlos Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado día 6 de junio, en su comparecenciaante la
Comisión de Medio Ambiente, usted
hizo una afirmación realista y valiente. El estado del río Segura es
insoportable, dijo usted, afirmación que comparto y a la que quisiera
añadir que esta situación no es de ayer ni de hace cuatro años.
Señor ministro, es cierto que en estos años también se han realizado
muchas actuaciones. Podemos recordar que se están ejecutando 15
depuradoras o que el pasado 9 de junio del Gobierno aprobó depurar
las aguas del Reguerón, entre otras iniciativas, pero es el momento
de poner algo más sobre la mesa, de hacer un mayor esfuerzo. Por eso
vimos con satisfacción el anuncio que hizo el pasado miércoles sobre
la presentación en breve de un plan para la regeneración integral del
Segura. Este anuncio ha sido recogido con esperanza en la sociedad
murciana y alicantina, porque no se trata sólo de recuperar la
calidad de sus aguas sino de todo el entorno del río Segura, que es
sometido a mucha presión tanto por la población que vive en sus
orillas como por la actividad industrial y agrícola que se desarrolla
en sus riberas, vital para el desarrollo de la zona.
Los medios de comunicación locales dijeron que era una magnífica
noticia y una novedad importante debido al tratamiento integral del
río, expresando el sentir de todos los ciudadanos afectados,
incluidos el del Partido Popular y el mío propio, por supuesto, y muy
especialmente el de los presidentes de las comunidades autónomas de
Murcia y de Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Eduardo Zaplana, como
partes implicadas en la regeneración integral del río y como
reivindicadores del plan. Valga como referencia, aparte de las
entrevistas con usted, señor ministro, la reunión que mantuvieron el
presidente Aznar y el presidente de la comunidad murciana, en la que
se planteó sacar de la UVI a la cuenca del Segura. Entre todos
debemos trabajar para recuperar el río Segura y conseguir en sus
aguas y sus riberas una calidad medioambiental secularmente perdida.
Por estas entre otras muchas razones, le formulo la siguiente
pregunta: señor ministro, ¿cuáles son los planes del Ministerio de
Medio Ambiente para resolver los problemas de contaminación en el río
Segura, en el tramo entre Murcia y Orihuela?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Efectivamente, señoría, hemos establecido en el Ministerio como un
objetivo a medio plazo poder regular nuestras aguas y su vertido a
los ríos y a los mares en toda España. Por lo tanto, este objetivo de
no verter ni una sola gota de agua que no esté depurada a los ríos
y a los mares es esencial a medio plazo para este Ministerio. Como
usted muy bien ha señalado, si en algún
caso debemos hacer un esfuerzo especial y si se requiere de una
actuación integral para recuperar la calidad de las aguas y el
entorno de la ribera, sin ninguna duda es en la cuenca del Segura.
Por ello, de acuerdo con los presidentes de la Comunidad Autónoma de
Murcia y de la Generalitat Valenciana, el Ministerio presentará este
plan integral, que básicamente se trata de un proyecto de
recuperación de la calidad del agua, que es lo prioritario, así como
de actuaciones para la recuperación de la cubierta forestal, que es
donde básicamente incide nuestra competencia. Hoy, sin ir más lejos,
ya dentro de este proyecto global, se están ejecutando 15 obras de
depuración en la Región de Murcia más cinco proyectos en Valencia,
además de dos importantes depuradoras correspondientes al Estado.
Muchas gracias.
PRESIDENTA:
La señora Muchas gracias, señor ministro.
- DELDIPUTADO DON GABRIELMATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON EL
GOBIERNO DE CANARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS?
(Número de expediente 180/000098.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don
Gabriel Mato Adrover.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace dos semanas, a pregunta de este diputado,
respondía sobre el convenio de costas firmado con el Gobierno de
Canarias. Hoy le pregunto por otro convenio de suma importancia para
Canarias, como es el de infraestructuras hidráulicas y calidad de las
aguas. Las islas Canarias están rodeadas de agua, pero, paradojas de
la vida, tienen una enorme necesidad de ella. Si hace 15 días decía
que aquel convenio era fruto de la política de Estado para Canarias
que había llevado a cabo el Gobierno de José María Aznar, el convenio
sobre cuya valoración hoy le pregunto también lo es.
Es un convenio por un importe de 76.000 millones de pesetas, que
contempla cerca de 70 actuaciones en las siete islas, actuaciones
todas ellas que fueron pactadas con los distintos cabildos insulares
por medio de los consejos insulares de Aguas. Dada la importancia de
los proyectos, tan fundamental es tener un buen convenio, que lo
tenemos, como cuidar con especial mimo la ejecución del mismo en los
plazos previstos.
Lógicamente, y como no podía ser de otra forma, me preocupa
enormemente que obras por un importe de
casi 12.000 millones de pesetas, como por ejemplo las previstas en la
isla de La Palma, que incluyen entre otras el embalse de la Viña,
vean la luz con la mayor celeridad posible. Son asimismo
absolutamente esenciales los proyectos de desaladoras en
Fuerteventura y Lanzarote o los de mejora de regadíos en Gran Canaria
y Tenerife. Todos los canarios, puede estar usted seguro, señor
ministro, esperamos no tener que estar permanentemente anhelantes de
una lluvia, por otra parte escasa y tantas veces difícil de recoger y
de aprovechar.
Señor ministro, las islas Canarias tienen agua, pero a su vez tienen
sed y no sólo nuestros cultivos. También algunas poblaciones tienen
serias dificultades para disfrutar de un recurso que, si bien es
escaso, es absolutamente fundamental para la vida. Por todo ello, y
siendo consciente de que ésta mi preocupación es también la
preocupación del Gobierno del Partido Popular y en concreto de su
Ministerio, es por lo que le pregunto: ¿cuál es la valoración que
hace el Gobierno del grado de cumplimiento del convenio firmado con
el Gobierno de Canarias en materia de infraestructura hidráulica?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
presidenta.
Efectivamente, este es un convenio fundamental, cuya vigencia va de
1997 al 2004, como usted muy bien dice, por 76.000 millones de
pesetas. En cualquier caso, lo que está claro es que la propia
ejecución del convenio está demostrando su oportunidad y sobre todo
que está sirviendo como elemento director del proceso de mejora de
estas obras de infraestructuras esenciales en el archipiélago
canario.
Yo creo que la situación del grado de ejecución al día de hoy es
satisfactoria. Básicamente, se han ejecutado 1.731,3 millones de
pesetas en el año 1997, lo que significa el 95 por ciento del
cumplimiento del convenio en el primer año; se han ejecutado 7.153,3
millones de pesetas en el año 1998, lo que significa un 89 por ciento
del cumplimiento de nuestro compromiso en este segundo año, y en el
año 1999 la previsión era de 9.000 millones de pesetas y se han
invertido en torno a los 8.000, lo que significa también un 89 por
ciento. La previsión del 2000 está en torno a los 5.000 millones de
pesetas. Por lo tanto, el grado de ejecución material es muy elevado
y la puesta en práctica de procedimientos de adjudicación por la
contratación de prefinanciación yo creo que va a ayudar y ha ayudado
a acelerar estos proyectos. En mi opinión, el grado de cumplimiento
hoy es satisfactorio.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ NÚÑEZ CASTAIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ
CALENDARIO CONTEMPLA EL GOBIERNO PARALAREALIZACIÓN DE LA
TRANSFERENCIA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000077.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta número 13, que
formula el diputado don José Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, sabe S.S. que llevamos en
Andalucía casi 20 años con más de un 25 por ciento de paro y que en
este país hay una distribución muy desigual de ese tanto por ciento;
que no nos sirven las medias ni los crecimientos medidos en su
globalidad, porque en estos últimos cinco años, a pesar de crecer el
empleo en la comunidad autónoma, Andalucía ha pasado de representar
el 25 por ciento del paro de España a contar con el 30 por ciento.
Sin duda son fundamentales para la generación de empleo la
coordinación y, sobre todo, las políticas activas y no es muy
explicable que a estas alturas todavía no estén en marcha, así que le
pregunto al señor ministro qué calendario contempla el Gobierno para
la transferencia de las políticas activas de empleo al Gobierno
andaluz.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
Comparto con S.S. el criterio de que en efecto la política de empleo
es crucial en todas las comunidades autónomas, pero en Andalucía lo
es especialmente. A mí me parece muy razonable y vamos a intentar que
cuanto antes esas políticas activas de empleo puedan ser transferidas
a la Junta de Andalucía. Tuvimos una reunión el consejero de
Presidencia de dicha Junta y yo la semana pasada y establecimos un
calendario optativo, no seguro, porque es muy difícil de asegurar,
pero sí expresamos la voluntad de ambas partes de que a finales de
año pueda estar completado este traspaso para que el 1 de enero de
2001 pueda ya comenzar a tener estas competencias la Junta de
Andalucía. Esa es nuestra intención, en la que creo que ambas partes
nos vamos a volcar, y esperamos conseguirlo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias por su respuesta, señor
ministro.
Quiero decirle que este salto espectacular que tiene que dar el
crecimiento de empleo en Andalucía no es posible sin esas
transferencias; que no es un problema tan sólo de fuero o de
competencias que tienen que darse, sino de eficacia, de unir las
políticas de desarrollo económico con las políticas activas de
empleo, y que las causas por las cuales el desempleo está instalado
en Andalucía se deben a que hay unos sectores desfavorecidos, muy
sensibles, como el de la mujer, los mayores de 45 años y los jóvenes,
que sin políticas activas específicas son imposibles de resolver. No
es posible que solamente con el crecimiento económico o con las
infraestructuras, muy necesarias en Andalucía, se produzca el
objetivo de un escenario razonable de pleno empleo. Únicamente con
este apoyo importante en políticas activas de empleo y también con un
esfuerzo importante en infraestructuras, será posible que Andalucía
se acerque a la media. De lo contrario, vamos a seguir asistiendo a
una eliminación del desempleo, espero, pero estando aquella tierra
cada vez a más distancia y cada vez más atrás que las demás. Así que
confío en que se produzca el encuentro entre los gobiernos, porque me
parece que no ha habido más razón para el atraso que el propio
desencuentro, la propia disparidad y la falta de diálogo entre el
Gobierno andaluz y el Gobierno de España en esta última legislatura.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Nuñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En efecto, ha habido algunos desencuentros -esos son los que
pretendemos solucionar-, desencuentros que, en mi opinión, no son muy
difíciles de superar en cuanto a valoraciones de personal o de medios
materiales, pero sí quiero señalar una cosa. Lo que se transfieren
son las políticas activas de empleo, como se han transferido ya a
algunas comunidades autónomas del artículo 151 y como pretendemos
transferir a las comunidades del artículo 143. Por tanto, debemos
tener claro que eso es lo que se transfiere, en ningún caso políticas
pasivas de empleo como el subsidio agrario, es decir, que son
políticas activas de empleo que -coincido con S.S.- son muy
importantes para la política económica que se quiera desarrollar por
parte de la Junta de Andalucía.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿EN QUÉ PLAZO DE
TIEMPO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CULMINAR ELTRASPASO DE COMPETENCIAS EN LAS MATERIAS DE JUSTICIA,
SANIDAD Y EMPLEO? (Número de expediente 180/000094.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, del diputado don Rafael
Merino López.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en la pasada legislatura el Gobierno del presidente
Aznar llevó a cabo un traspaso de competencias en diversas materias a
las comunidades autónomas que nos permite decir que ha sido el
Gobierno que en un período de cuatro años más competencias ha
traspasado a las comunidades autónomas. En su reciente comparecencia
ante la Comisión usted manifestó la voluntad del Gobierno y de su
departamento de continuar con ese traspaso de competencias. Por ello
le formulo la siguiente pregunta: ¿en qué plazo de tiempo tiene
previsto su departamento culminar el traspaso de competencias en las
materias de justicia, sanidad y empleo?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En efecto, como S.S. dice, en la anterior legislatura se hizo un gran
proceso de trasferencias, del orden de un billón de pesetas, y, sobre
todo, se culminaron las modificaciones por consenso de los estatutos
del artículo 143, que permiten ahora hacer un gran traspaso de
competencias a una serie de comunidades, que estarán en una posición
semejante a las del artículo 151. Entre ellas están las políticas
activas de empleo, de las que hablábamos antes, que tentativamente
pretendemos que estén transferidas al final del primer semestre del
año que viene, y esperamos que lo estén en todos los casos. El
traspaso de personal y medios de la Administración de justicia
podríamos realizarlo a finales del año que viene. La transferencia de
la competencia de sanidad a las comunidades del artículo 143 es
compleja y es difícil y la haremos a lo largo de toda la legislatura,
pero con urgencia, a la vuelta de verano, tenemos que planificarla
adecuadamente, puesto que en el año 2001 hay que tratar el tema de la
nueva financiación autonómica a partir del año 2002 y hay que prever
que esas comunidades autónomas van a tener transferida la competencia
de la sanidad.
Finalmente, quiero decir para que quede claro que hay algunas
competencias que han quedado pendientes en distintas comunidades
autónomas, algunas del artículo 151, que no han podido sacarse
adelante, quizás por su complejidad o por las dificultades de
interpretación. Es deseo del Ministerio y mío personal llegar
a acuerdos en todo lo posible para que no haya ese retraso en algunas
competencias concretas de determinadas comunidades autónomas, puesto
que al final debemos igualar el mapa autonómico y competencial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNTOS USUARIOS HAN ACCEDIDO A
LA TARIFA PLANA DE INTERNET ATRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA ADSL? (Número de
expediente 180/000085.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología. En primer lugar, pregunta número 21, que
formula el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cuántos usuarios han accedido a la tarifa plana de
Internet a través de la tecnología ADSL?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señora
presidenta, señoría, los últimos datos conocidos cifran en torno a
decenas de miles los usuarios de este servicio y nos congratulamos de
la decisión del operador dominante que le permite disponer de un
mayor número de centrales de conmutación con instalaciones y
equipamiento adecuado para prestar este servicio, lo que nos
permitirá alcanzar varias decenas de miles más en poco tiempo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señora ministra.
Esta mañana un periódico nacional publica la cifra de 10.000 -no me
voy a pelear con usted, ha utilizado la terminología decenas de
miles, que oculta más que revela-, donde se incluyen ciertamente
empresas y usuarios residenciales. Le voy a decir lo que pienso,
señora ministra, que seguramente lo piensa usted también. Son
poquísimos los usuarios residenciales, porque el ADSL finalmente ha
sido un fiasco para los internautas, como le veníamos diciendo en
este Parlamento a su grupo y a su Gobierno desde hace un par de años:
que no era la forma de acceder a la tarifa plana para la mayoría de
los internautas españoles, que era un fiasco y que ha sido un engaño
para los internautas, señora ministra. Ustedes ahora están
rectificando, porque cuando se comparan las cifras que usted me da
con los millones de usuarios que decía el ministro de Fomento que
accederían por esta fecha a la tarifa plana, se le cae la cara de
vergüenza. Por eso usted ahora anda de fiesta en fiesta tecnológica,
predicando la nueva buena o la buena nueva de la tarifa plana.
Ustedes han rectificado. Es verdad que a su Gobierno le ha costado un
par de años, a usted un poco menos, sólo un mes, porque hace un mes
en esta Cámara no me habló de tarifa plana sino de competencia, pero,
señora ministra, eso es lo de menos. Bienvenida al club de la tarifa
plana. Le agradezco que rectifique usted y que empiece hablar de
tarifa plana. Lo que le pido es que hablemos en serio. Vamos a hablar
de tarifa plana asequible, como decía usted anoche en los telediarios
de la Primera Cadena de la televisión pública española. ¿Qué es
asequible, señora ministra? Le voy a decir lo que es para el Grupo
Parlamentario Socialista: 3.000 pesetas al mes para 24 horas de
conexión para los internautas; 2.000 pesetas al mes para la conexión
en horario punta, es decir, de ocho de la mañana a seis de la tarde,
y 1.000 pesetas al mes para la conexión en horario reducido, en
horario nocturno, es decir de seis de la tarde a ocho de la mañana.
Eso es lo que consideramos un precio asequible. Mi pregunta, señora
ministra, es: cuando usted y yo hablamos de 3.000 pesetas, ¿hablamos
de lo mismo? Porque anoche la oí hablar de 3.000 pesetas y hoy un
teletipo de la agencia oficial de noticias dice que se le olvidó a
usted decir una cosa que no es poco importante: 3.000 pesetas sólo
por la noche. Por eso, señora ministra, le pido que haga una
aclaración aquí de qué cantidades está usted manejando como tarifa
plana asequible, no vaya a ser que nos encontremos ante un nuevo
truco, ante un nuevo fiasco, no vaya a ser que vuelvan ustedes a
defraudar las expectativas de la asociación de internautas y de todos
aquellos que no acceden a Internet, señora ministra, porque la tarifa
es muy cara en España. (Aplausos.)
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Me entusiasma, señor Pérez Rubalcaba, que esté usted tan preocupado
por que el conjunto de españoles accedan a Internet. Le aseguro que
me congratulo porque yo he sido muy clara en esta Cámara, y se lo
recuerdo. En esta Cámara he dicho: seamos serios, no defraudemos, no
utilicemos términos sin contenido o, al menos, dejando que todo el
mundo entienda cosas distintas y cada cual intentando utilizarlo para
lo que puedan parecer sus intenciones más inmediatas. Este es un tema
en el que el país se juega mucho -usted lo sabe- y en el que yo fui
clarísima. Señores, es importante que existan infraestructuras
alternativas de provisión de telecomunicaciones, con los mayores
avances tecnológicos, con la mayor calidad, y eso se ha venido
haciendo con las nuevas licencias, con las licencias de radio de
banda ancha, con el propio ADSL, con las licencias de cable y también
con el UMTS. Las primeras que he citado están todas disponibles,
incluida la de la televisión digital terrestre. En cualquier caso,
ustedes saben que esto requiere un tiempo de despliegue, porque les
recuerdo que el modelo escogido en nuestro país, como en la mayoría
de los países europeos, ha sido no sólo de competencia en servicios
sino también en infraestructuras, para asegurar que la nueva
tecnología estaba disponible y rápidamente.
Señoría, han pasado dos años y medio. Los avances han sido
espectaculares. El incremento de internautas ha sido altísimo y el
número de empresas con capacidad de oferta es considerable. Ahora
bien, déjeme decirle una cosa: todos queremos correr más, y como
todos queremos correr más y no entrar en demagogias, lo que sí vamos
a establecer es esta tarifa plana que, además, permita utilizar la
red telefónica pública, red telefónica pública que está a
disposición... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
IMPORTANCIA VA A DAR EL GOBIERNO EN SUS ACTUACIONES A LA
POTENCIALIDAD DE LA CULTURA Y LA LENGUA ESPAÑOLAS PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/000091.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula la diputada
doña Blanca Fernández de Capel Baños.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la lengua castellana, vehículo de cultura, es la
joya excelsa de nuestro patrimonio cultural español, desde las glosas
emilianenses y silenses hasta los bellos poemas de Garcilaso o de
Vicente Aleixandre, pero es también un elemental vehículo de
desarrollo científico y técnico, y evidentemente también cultural,
que se proyecta en la sociedad internacional a través de ella. El
potencial que supone esta lengua para países que en este momento la
utilizan y que además están en plena expansión es también un factor
entrañable de desarrollo, un factor que yo calificaría de bello, que
la madre patria debe cuidar en muchos momentos y que nuestro Gobierno
no puede olvidar.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué importancia va a dar
el Gobierno a la cultura y a la lengua españolas para el desarrollo
de la sociedad de la información?
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señora
presidenta, señoría, este país tiene una oportunidad (La señora
Cunillera i Mestres: España.) Efectivamente, llamado España. Lo digo
por si alguien tiene dudas.
Este país tiene una gran oportunidad por el nivel de difusión, de
presentación y de capacidad de abarcar distintos territorios que
están introduciendo las nuevas tecnologías, mucho más allá de
nuestras fronteras, que van más allá en su comunicación, en la
relación entre las personas, en el desarrollo de la industria, por
tanto, son transfronterizos, pues contamos efectivamente con un
importante activo que es el español. Por tanto, no sólo debemos
utilizar y fomentar este activo sino que vamos a poder hacerlo. Es
una prioridad de este Gobierno contar con una fuerte y dinámica
industria de contenidos audiovisuales y multimedia, capaz de
satisfacer la demanda de productos de calidad para los nuevos canales
de la comunicación que se crean con la sociedad de la información.
Por esta razón, en la iniciativa estratégica del Gobierno Info 21, el
área de contenidos figura de manera relevante y en una de las áreas
prioritarias, precisamente en relación a la proyección exterior de
España.
Desde este punto de vista, se han desarrollado algunos aspectos en la
legislatura anterior y actualmente va a ser también uno de los
objetivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología impulsando proyectos
para la creación
de plataformas con contenidos técnicos y audiovisuales, contenidos en
formación y educación, desarrollo de software para industrias de
animación, aplicaciones para ocio y turismo, servicios de consultoría
y de mercados electrónicos, gestión profesional, organización del
trabajo, desarrollo de sistemas de gestión, etcétera.
Ahora bien, entre este conjunto de actuaciones, también se ha puesto
en marcha un proyecto de colaboración entre el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la
Real Academia que va en esa dirección...
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON SERGIO GÓMEZALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LAS PREVISIONES DE GENERACIÓN DE
EMPLEO QUE SE ESTÁN ATRIBUYENDO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/000092.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, del diputado don Sergio
Gómez-Alba Ruiz.
El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, una política interministerial fuertemente coordinada
permitió la pasada legislatura la creación, de manera espectacular,
de puestos de trabajo. Hace unos días, el Gobierno nos adelantaba el
objetivo, que el vicepresidente primero ha confirmado hace unos
instantes en la Cámara, de crear 500.000 puestos de trabajo dentro de
este año 2000. Qué duda cabe que, en las fronteras del siglo, las
tecnologías de la información se están convirtiendo en uno de los
motores de crecimiento económico con mayor capacidad expansiva. El
fuerte aumento de su participación en el PIB de la economía
norteamericana en los últimos años, y la proyección que dan los
expertos al mismo para la economía europea, permiten pensar en un
auténtico yacimiento de empleos que hoy no está suficientemente
explotado en nuestra economía. Teniendo en cuenta la sensibilidad que
la sociedad española tiene con respecto a las cuestiones de empleo y
su futuro (y no sólo porque lo digan las encuestas, sino por el mero
dato de que estamos a la cabeza de los países con mayor tasa de paro
de la OCDE), si se confirma el futuro de estas nuevas actividades en
cuanto a la creación de empleo, ésta será una espléndida noticia para
todos nosotros.
Por eso, nos parece oportuno preguntar a la señora ministra: ¿Cómo
valora las previsiones de generación
de empleo que se están atribuyendo a las nuevas tecnologías de la
información?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Alba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Presidenta, señoría, el proceso de cambio que efectivamente estamos
viviendo con la introducción de las tecnologías de la información
y de la comunicación en todos los ámbitos de la sociedad está
modificando muchas cosas. Está dando lugar a nuevas formas de
concebir las empresas, a nuevas maneras de estructurar los sectores
de actividad económica, a cambios en la cadena de valor, en la forma
de comercializar, en definitiva, a nuevas formas de llevar a cabo los
negocios y, por lo tanto, también a nuevas profesiones, a nuevos
puestos de trabajo, a generación de empleo, pero también a nuevas
concepciones de cómo se abordan las profesiones y los puestos de
trabajo. Sabe S.S. que en el informe de la Comisión Europea se
valoraba la sociedad de la información como la primera creadora de
empleo y se señalaba que entre los años 1995 y 1997, ya en sus
estadios más incipientes, se crearon más de 300.000 nuevos puestos de
trabajo atribuibles a esta sociedad de la información. En nuestro
país, en la reciente jornada sobre nuevos empleos y nuevas
tecnologías, se han presentado estos nuevos resultados y, en este
caso, se señala que a finales del año 1999 ya existían en nuestro
país 600.000 empleos relacionados con las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, con ritmos de crecimiento (que
es lo más relevante) muy altos, de alrededor del 10 por ciento anual.
Por lo tanto, mi valoración es totalmente positiva. Pero no hemos de
olvidar que, al mismo tiempo, en esta evolución rápida de la creación
de empleo, de generación de productividad, hay nuevas concepciones en
la manera de abordar estos trabajos y en la manera de desarrollar las
profesiones. Por lo tanto, en paralelo a este crecimiento del empleo,
que es claro y patente, hay una necesidad de un esfuerzo de
adaptación para que no haya deficiencias en la oferta o desajustes
entre la oferta y la demanda. En este sentido, está claro que el
Gobierno está actuando en dos direcciones fundamentales: en primer
lugar, sensibilizando a todas las administraciones públicas, a las
instituciones, y sobre todo a los sectores económicos y sociales y a
la sociedad en general, de la necesidad de afrontar esta formación y
reciclaje de nuevo estilo, de acuerdo con las necesidades de estas
tecnologías y, en segundo lugar, estimulando la creación de nuevas
empresas, que aprovechen las oportunidades de negocio que ofrece esta
nueva economía. Estas medidas, por su amplitud y complejidad, afectan
a distintos departamentos del propio Gobierno, a las comunidades
autónomas, así como
al conjunto de la sociedad. Vamos a dar el soporte necesario para
que...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO RUBIALES TORREJÓN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE LAS PAREJAS DE HECHO PRODUCEN MÁS VIOLENCIA DOMÉSTICA
QUE LAS UNIONES MATRIMONIALES? (Número de expediente 180/000079.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En primer lugar, pregunta número 15, que formula la diputada doña
María Amparo Rubiales Torrejón.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señora presidenta. ¿Considera
el Gobierno que las parejas de hecho producen más violencia doméstica
que las uniones matrimoniales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rubiales.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): No
dispone el Gobierno, a raíz de los sistemas metodológicos que tiene,
de datos que permitan avalar esa afirmación ni la contraria.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor ministro.
La finalidad de esta pregunta no era otra que esa, señor ministro, la
de provocar una respuesta veraz del Gobierno sobre si los datos de
esas lamentables declaraciones que se han venido produciendo estos
días tenían algún hecho cierto sobre el que basarse. Sólo quería
saber eso, si el Gobierno tiene datos para confirmar o negar lo
dicho, o si piensa tenerlos; ni siquiera sé, señoría, si son fáciles
de obtener o no. Se puede decir que la situación de las numerosas
mujeres maltratadas no tiene nada que ver con estar o no legalmente
casadas, sin embargo, esta tragedia, que usted sabe como yo y como
todos los que estamos aquí que es endémica y que siempre ha existido,
se agrava más en los períodos de predominio de valores autoritarios.
Querría pedirle, señor ministro, que le dijera al señor Fraga que con
Franco también había violencia doméstica,
y mucha. La diferencia es que ahora es denunciada como tal y
además no es permitida, y en aquella época aparecía en los medios de
comunicación como lo que se denominaba crimen pasional.
Afortunadamente, la sociedad democrática, libre y menos hipócrita que
hoy tenemos, nos permite calificarlo de terrorismo doméstico.
Señor ministro, no quiero ahondar en algo que solamente debe unirnos.
Por eso nos parecen bien cuantas campañas de información y planes
contra la violencia doméstica hagan ustedes. Todos juntos tenemos que
seguir empeñados en luchar contra ella, en ser eficaces y en buscar
soluciones integrales. No dejen sin respuesta mentiras como las
dichas. Valoraciones morales al margen, vamos todos juntos a trabajar
para evitar que las mujeres mueran a manos de los hombres, sean o no
sus maridos. En esta lucha contra la violencia doméstica, señor
ministro, no dude usted que nos encontrará. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rubiales.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, se lo decía también a su compañero del Senado, señor
Barranco, esta mañana: El Gobierno no está para dedicarse a la
adhesión a opiniones que siempre va a respetar, provengan de
representantes del Partido Socialista o de representantes del Partido
Popular. Esa no es la labor del Gobierno. La labor del Gobierno es
actuar, y actuar sobre marcos de consenso, si es posible, de
entendimiento y de diálogo. Yo comprendo que es un ejercicio de
libérrima oportunidad política hablar de mentiras o de mala intención
cuando uno se refiere a representantes de otros partidos. No lo voy a
hacer en esta ocasión, a sabiendas de que algunas convicciones
confesionales o religiosas también han sido expresadas por
importantes representantes de su partido, por alcaldes de importantes
ciudades y por presidentes de importantes comunidades autónomas.
Creo, y estoy seguro de que en eso vamos a coincidir, que ese no es
el camino. Por eso, y para demostrar que la tolerancia es algo más
que un puro verbalismo, quiero expresar el respeto que otras
opiniones nos merecen. Tenemos la enorme tranquilidad de saber que en
esta materia hoy estamos algo mejor que lo que estábamos hace cuatro
años; algo mejor porque el problema es reconocido socialmente, algo
mejor porque sin duda ha mejorado la atención en todos los planos, en
el jurídico, en el asistencial y en el de empleo, pero queda mucho
por hacer. A esto poco o nada contribuyen opiniones descalificatorias
de personas que, por otra parte, tienen una larga trayectoria de
participación y un reconocimientode su acción por parte de la
ciudadanía. Insisto, el
camino que ustedes toman no digo que no sea bienintencionado, pero me
parece escasamente eficaz. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS SAINZ GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿HA
PREVISTO EL GOBIERNO ALGUNA NUEVA CAMPAÑA INSTITUCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD DE QUE SE TRATA DE
UN PROBLEMA QUE NOS CONCIERNE A TODOS? (Número de expediente 180/
000090.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula la diputada
doña María Jesús Sainz García.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, la violencia doméstica hoy -pero hoy- ya no
se considera, afortunadamente, un asunto privado, sino una violación
de los derechos humanos y un acto claramente delictivo. Sabemos que
el Gobierno ha tenido como prioridad desde la anterior legislatura la
erradicación y la prevención de la violencia que sufren las mujeres
en el ámbito familiar. Con este objetivo se elaboró precisamente en
España el primer Plan de acción de lucha contra la violencia
doméstica, que se articula en seis grandes áreas, la primera,
precisamente, la de sensibilización y prevención. Con las medidas
incluidas en esta primera e importante área se pretende que la
sociedad tome conciencia de la gravedad de este problema, que se
transmita claramente a la sociedad el valor de la no violencia y que
se anime también a las mujeres a que denuncien los malos tratos,
aunque últimamente parece que eso molesta a alguien. Organizar
campañas públicas para informar a la sociedad de lo que hemos dicho y
emprender actividades de prevención está precisamente en línea con
las recomendaciones que la última asamblea de Naciones Unidas
considera de interés para que las realicen los gobiernos. Por tanto,
señora presidenta, señor ministro, nos parece muy acertado que el
Instituto de la Mujer haya realizado dos importantes campañas
publicitarias de alcance nacional en Televisión Española, en la radio
y en la prensa. La primera en el año 1998, con el objetivo de
provocar precisamente eso, la denuncia de las mujeres víctimas de la
violencia y transmitirles también, porque ello es importante,
mensajes esperanzadores con el lema: nunca es tarde para volver a
empezar. El año pasado tenía la segunda campaña un objetivo también
importante: informar a las mujeres sobre los recursos de los
servicios sociales.
Por todo ello, y considerándolo de gran interés, le preguntamos al
Gobierno si ha previsto alguna nueva campaña institucional contra la
violencia doméstica para concienciar a la sociedad de que se trata de
un problema que nos concierne a todos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, uno de los ejes básicos de actuación por
parte del Gobierno, y creo que del conjunto de la sociedad, frente a
esta lacra que es la violencia doméstica y en orden a su
erradicación, es mantener la guardia en los niveles de
sensibilización y de concienciación que, afortunadamente, sí va
teniendo la sociedad española. Para realizar este tipo de actuaciones
de sensibilización, tiene que haber necesariamente campañas. Está
previsto celebrar una campaña en medios de comunicación en el segundo
semestre de este ejercicio, que dará continuidad a las ya realizadas
en los años 1998 y 1999, y en esta misma línea está previsto
complementarla con encuentros a realizar con los profesionales de los
medios de comunicación, sin cuya colaboración sería muy difícil que
se lograse ese nivel de difusión y de alcance deseable que deben
tener este tipo de actuaciones.
Pormenorizando lo que son los grandes ejes de actuación, debe haber
nuevos y mejores servicios sociales orientados hacia estas personas;
debe haber una mejor calidad de asesoramiento jurídico; debe haber
formación de profesionales en todos los ámbitos de contacto con este
problema; debe haber campañas que hagan que no exista permisividad o
complicidad de la sociedad en situaciones de este tipo y, sin duda,
en esa línea el Gobierno está dispuesto a hacer iguales o mayores
esfuerzos, tanto en lo que concierne a este ejercicio, a la última
fase del plan actualmente vigente, como en el diseño de los futuros
planes de actuación para la erradicación de la violencia doméstica.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO A LA CÁMARAACERCA DE LAACTUALIZACIÓN DE
LA ESTADÍSTICA DE PERSONAS CON MINUSVALÍAS? (Número de expediente
180/000095.)
La señora PRESIDENTA: Por último, pregunta número 30, que formula el
diputado don Teófilo de Luis Rodríguez.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, según la información
que obtuve en la VI legislatura, la última encuesta o datos oficiales
de población de personas con minusvalía tiene fecha de 1987. Desde mi
punto de vista, y reconociendo que es imprescindible conocer el
colectivo en detalle para tomar medidas positivas para el mismo,
entiendo que esa encuesta, esos datos estadísticos deben ser
actualizados.
La Cámara debe reconocer, mi grupo así lo hace, los esfuerzos que el
Gobierno ha hecho en la VI legislatura para garantizar un más
efectivo y real cumplimiento del mandato constitucional que impulsa a
las administraciones públicas a favorecer la integración social total
del conjunto de personas afectadas por minusvalías físicas, psíquicas
o sensoriales. Conviene recordar que el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, que entró en vigor el primero de enero de 1999,
les dispensa un trato muy favorable y tampoco hay que olvidar el Plan
de empleo especial para personas discapacitadas que, a través de
medidas que incentivaban la contratación, está dando buenos
resultados.
Ese esfuerzo debe continuarse en esta VII legislatura y debe de
implementarse o incrementarse aún más con respecto al que se realizó
en la VI y no solamente por razones de carácter legal, no solamente
por el cumplimiento del mandato constitucional, que es obvio, sino
también por razones de justicia social. Entiendo que es
imprescindible garantizar a todo el mundo la igualdad de
oportunidades; es imprescindible que los poderes públicos, la
Administración y el Gobierno muy concretamente, adopten medidas para
que todo el mundo tenga posibilidades de un futuro mejor del que
tiene en situación de partida.
La actualización de todos esos datos estadísticos puede resultar
bastante compleja y requerir un importante esfuerzo material y
humano, pero por cuanto que les doy como instrumento de trabajo un
valor enorme, un valor fundamental, le formulo la siguiente pregunta:
¿qué información puede facilitar el Gobierno a la Cámara acerca de la
actualización de la estadística de personas con minusvalía?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor de Luis.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Supongo que S.S. comparte conmigo que siempre es aconsejable tener un
conocimiento no solamente cualitativo sino también cuantitativo de
los problemas que la sociedad y el Gobierno desean abordar. En el
caso de las estadísticas, las cifras yo creo que tienen que ser una
herramienta y no un arma. Pienso que con este planteamiento se
explica el deseo de este Gobierno ya en el año 1998 de actualizar los
instrumentos estadísticos.
Se trata de una acción ambiciosa por cuanto que no solamente está
comprometido en ella el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
sino que también hemos deseado la plena y absoluta colaboración del
Instituto Nacional de Estadística, como responsable máximo y gestor
de las estadísticas españoles, y responsable de su integración
también ante la Unión Europea, y en este caso de la propia sociedad,
a través de la Fundación ONCE que, como sabe, aglutina en buena
medida a sectores importantes de la discapacidad en España.
Se han movilizado recursos importantes; yo creo que van a ser en
torno a 800 millones de pesetas, unos 787 millones de pesetas, los
que se hayan movilizado en estos tres ejercicios 1998, 1999 y 2000.
Les digo que se trata de un esfuerzo ambicioso porque se encuestará
aproximadamente a unos 80.000 hogares, y nos permitirá, confío y
anticipo, a lo largo del mes de julio tener los primeros datos, los
primeros avances de esta actualización de lo que sería el mapa y la
definición estadística y territorial de las discapacidades en España.
Confío en que a partir de un conocimiento más preciso, tanto en lo
cuantitativo como en lo cualitativo, también seamos todos capaces de
mejorar nuestra capacidad de gestión, a sabiendas, una vez más, de
que si importante es el esfuerzo del propio Gobierno, que creo que
está cumpliendo en el ámbito de sus competencias, también
facilitaremos el trabajo del resto de administraciones responsables
de la atención y de los servicios sociales de las personas con
discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARALA LUCHA CONTRA LAVIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 172/
000013.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día, interpelaciones
urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
adopción de medidas para la lucha contra la violencia de género.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señora presidenta, señorías, señor
ministro, comparezco en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista para defender la interpelación urgente
que presentamos sobre la disposición del Gobierno a acometer con
carácter inmediato todo tipo de medidas contra la violencia de
género, y en especial si está dispuesto a desarrollar una ley
integral contra la violencia de género que abarque desde sus causas
hasta las respuestas de todo tipo, sociales y jurídicas.
Lo primero que tenemos que decir es que hay unos datos estadísticos
escandalosos sobre el número de denuncias y sobre las mujeres
asesinadas por sus parejas, sus convivientes o sus maridos. Estos
datos estadísticos escandalosos son consecuencia de que un tema que
ha sido históricamente privado, que permanecía en el ámbito del hogar
y que cuando una mujer iba a denunciarlo se le decía que se arreglara
con su marido, que no había respuesta -eso está a la vuelta de la
esquina, hace 15 ó 20 años, no hace tantos años que se consideraba un
tema privado-, sin embargo, hoy es un tema público, pero es un tema
público en el ámbito de los países de la Unión Europea, no más allá.
En otros países sigue siendo un tema privado, sigue siendo un tema
sobre el que el Estado no toma ninguna medida, donde los códigos
civiles y penales arropan ese tipo de conductas, no las penalizan y
no las persiguen.
Ciertamente estamos en un ámbito privilegiado, pero, aunque sea un
ámbito privilegiado, hay que seguir trabajando, porque hay que seguir
arreglando la situación aquí, en España, y en Europa, pero también
hay que seguir tirando de la situación en otros países del mundo en
los que, como se ha visto en estos días de encuentro en Nueva York,
sigue habiendo verdaderos atropellos a la dignidad y a los derechos
fundamentales de las mujeres. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.)
Hoy, entre nosotros, como digo, se considera un tema público, se
considera un tema de primera magnitud, se considera una prioridad
política para los países que forman parte de la Unión Europea. Y ese
hecho, el hecho de que se considere un tema público, hace que
vengamos todos obligados, en primer lugar naturalmente el Gobierno,
quien gobierne en cada momento -en otro momento era el Partido
Socialista, ahora es el Partido Popular-, a asumir la responsabilidad
de desarrollar cuantas medidas sean precisas y necesarias y cuantas
medidas se puedan desarrollar en torno a la respuesta de todo tipo
que hay que dar, de tipo social y de tipo jurídico. Naturalmente, hay
que decir también que este hecho de que ha pasado de ser considerado
un tema privado a ser considerado un tema público también hace que
haya una obligación mayor por parte de toda la sociedad, que haya un
clamor en la sociedad pidiendo una respuesta en este tipo de temas.
Cuando vemos que no funcionan los servicios policiales o no funciona
el poder judicial, y se producen sentencias y fallos que alarman y
escandalizan a la sociedad, tenemos todos la obligación de ir
cambiando la mentalidad,
porque, al fin y al cabo, los jueces cuando dictan sentencias, o los
operadores jurídicos en general, o todos los que intervienen,
policías, abogados, jueces, fiscales, responden a una mentalidad que
sigue existiendo en la sociedad.
Como se ha dicho muy acertadamente, cuanta más afirmación de la
autonomía personal tienen las mujeres en una sociedad en la que
todavía está interiorizada - porque hemos sido socializados de una
determinada forma- la superioridad del hombre, y no sólo
interiorizada sino que incluso aparece así en medios de comunicación,
en imágenes, en estereotipos, la reacción que se produce cuando la
mujer afirma su autonomía suele ser una reacción defensiva por parte
de los hombres y además lleva consigo el uso de la fuerza. Todas
estas conductas tienen que ser penalizadas como lo que son: un ataque
a los derechos humanos, un ataque a los derechos fundamentales. No
podemos llevarnos las manos a la cabeza porque a nivel internacional
por primera vez se consideró que estos eran temas de derechos humanos
y de derechos fundamentales en la Cumbre de Viena de 1993. Vamos
despacio, no se puede decir que vayamos muy deprisa, pero es cierto
que en España -antes lo decía una diputada de nuestro grupo y otra
del Grupo Popular- se considera ya un tema de derechos humanos, se
considera un atentado a la dignidad de las mujeres el que haya este
tipo de atropellos, y no sólo los malos tratos, sino que esos malos
tratos generan a veces agresiones, lesiones, situaciones terribles
para las mujeres que no encuentran la adecuada respuesta.
Yo recuerdo que en período electoral hubo grupos de asociaciones de
mujeres que plantearon la necesidad de que se desarrollara, dando un
paso más sobre los planes integrales -que ahora comentaré-, una ley
integral que abarcara el tema desde sus causas, desde el origen de la
desigualdad hasta las respuestas sociales y jurídicas. En la etapa de
campaña electoral el presidente del Gobierno y el candidato del
Partido Socialista recibieron a este grupo de mujeres que
representaban diversas sensibilidades, asociaciones, etcétera, y no
fueron contrarios a la posibilidad de desarrollar en esta legislatura
una ley integral contra la violencia de género. Desde luego, nosotros
lo llevamos en nuestro programa, y el presidente del Gobierno en el
debate de investidura dijo -y lo copié textualmente- que en el tema
de la violencia contra las mujeres se desarrollaría una normativa
integradora.
Yo formulé una pregunta el día de control al ministro de Justicia
sobre si esa normativa integradora significaba que el Gobierno y su
presidente estaban en la línea de desarrollar una ley integral, si
era esa ley integral la misma que habían reclamado las ONG, la
asociación de mujeres separadas y divorciadas, las mujeres juristas
(Temis), en fin, una serie de grupos, y el ministro me distinguió, y
entiendo yo que no me llegó a dar una buena contestación, entre los
planes integrales
y la respuesta mediante una ley integral. Esta interpelación va
también en esa línea, teniendo más tiempo para poder desarrollar el
tema y para ver cuál es la posición del Gobierno.
Ustedes en la anterior legislatura hicieron un Plan de acción, que
avanzó en algunos temas, que ha tenido aspectos positivos, y que
puede decirse que modificó -y ahí le apoyamos- el Código Penal en
algunos aspectos, pero hay que ver cómo se ha aplicado el Código
Penal, hay que hacer ese seguimiento, que ahora anuncian en el
segundo plan, de cómo están produciéndose las sentencias; si de
verdad se está aplicando la medida de alejamiento o no; si se está
aplicando el tipo delictivo de malos tratos habituales psíquicos; si
se está aplicando el que los fiscales de oficio en temas de faltas
estén actuando de verdad; es decir, que hay muchos temas que todavía
no sabemos hasta qué punto se están desarrollando o no. Incluso ese
plan, que fue como consecuencia del informe, que yo creo que fue muy
positivo, del Defensor del Pueblo, quería responder a las carencias y
las situaciones de dificultad que planteaba el mismo en su informe, y
planteaba, en primer lugar, una dispersión de las respuestas según
las comunidades autónomas. Ese es un hecho cierto. Hay que aunar las
respuestas de las comunidades autónomas, en las que hay muchas
competencias residenciadas. Qué duda cabe que hay que trabajar con la
conferencia sectorial y que hay que producir una serie de acciones
que sean equivalentes y que estén relacionadas de una forma
equitativa en una u otra comunidad autónoma. Que no haya una
respuesta muy desigual, como está ocurriendo en unas y otras.
Están también los problemas orgánicos del ámbito judicial. Ahí tiene
que intervenir el Consejo General del Poder Judicial. Ahora me
referiré a qué aspectos deben integrarse en una ley de estas
características, en una respuesta global. Se refería asimismo a la
formación de los operadores jurídicos. En el primer plan ustedes
aludían a todos estos aspectos y a campañas de sensibilización. Como
consecuencia del primer plan, tuvimos una proposición no de ley,
aprobada por todos los grupos parlamentarios, en torno a qué había
que hacer con la publicidad y con los medios de comunicación, al
tratamiento tan vejatorio que se da a las mujeres y que perpetúa una
situación de inferioridad y superioridad de hombres y de mujeres y
una posición devaluada de las mujeres en la sociedad. Todo ello fue
objeto de trabajos en la anterior legislatura. Pero no me podrá
decir, señor ministro, que está satisfecho con lo que allí se hizo.
Yo digo lo que se ha hecho en nuestra etapa, lo que se ha hecho en la
etapa de ustedes y digo también que todavía hay mucho por hacer. Y
propongo dar un paso más, porque lo piden las ONG, los movimientos
asociativos, porque lo avalan las resoluciones de organismos
internacionales, porque se está pidiendo desde Europa en una
resolución del Parlamento de 1997, que habla de la tolerancia cero.
Respuestas globales
que vayan a todos los aspectos, no sólo al aspecto jurídico, al
aspecto de tipo orgánico de los juzgados, a la publicidad, a medidas
sociales, a actuaciones a favor de las víctimas. No. Tiene que ser
una concepción global y una respuesta integral. Nos avala en nuestro
planteamiento, tanto el movimiento de mujeres como documentos
internacionales que van en esa línea.
En la anterior legislatura ustedes han hecho ese plan y en esta han
anunciado que iban a hacer unas medidas específicas, que han salido
en los medios de comunicación, a las que se ha referido usted al
contestar a la última pregunta. Yo tengo recortadas las once medidas
que se llevaban al último Consejo de Ministros. Me he ido a la reseña
del Consejo de Ministros y no aparecen. No sé si lo discutieron en el
Consejo de Ministros, ahora me lo aclarará el señor ministro, y luego
se dio a los medios de comunicación y ya están en marcha. Parece ser
que se ha firmado con el ministro de Justicia el tema del Consejo
General de la Abogacía, para una asistencia jurídica, por un lado, a
las víctimas, con el Consejo General del Poder Judicial, y, por otro,
el turno de oficio.
Este tema del turno de oficio, que lo tenían ya en el primer plan y
que lo recogen ahora en estas medidas, sería bueno que lo repartieran
oficialmente, si es que han empezado a ponerlo en marcha. Si hay un
acuerdo del Consejo de Ministros que así lo avala, bienvenido sea en
todo lo que pueda ayudar. Estas medidas en el turno de oficio, señor
ministro, ya estaban entonces. Llevamos años pidiendo que haya un
turno de oficio especializado. Turno de oficio especializado ya lo
hay desde hace muchos años, ¿pero sabe usted lo que es el turno de
oficio hoy en el colegio o colegios de abogados que lo tienen? Es un
turno de oficio en el que una mujer maltratada tiene que tener un
abogado o abogada nombrado para un caso de malos tratos; otro, para
otro; otro, para unas medidas provisionales, si es que entabla una
separación; otro, para la separación; otro, para el divorcio; otro,
para la ejecución de medidas; otro, para cualquier incidente de
modificación de esas medidas. Al final, una persona que acude al
turno de oficio se encuentra con que cada caso se lo lleva un abogado
distinto. Hay que crear un turno de oficio especializado, con nivel
profesional, con responsabilidad por parte de los colegios de
abogados y del Consejo General de la Abogacía...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Alberdi, le rogaría que
fuese concluyendo.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, espero de su benevolencia
que pueda tener unos minutos más para poder explicarme, porque me he
alargado mucho en la introducción.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Lequeda luego un segundo
turno, en cualquier caso.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Esperamos que ese turno de oficio se haga y que, además de
especializado, sea eficaz y para todo el asunto.
Voy terminando. Quiero trasladarle el deseo y la petición de nuestro
grupo en la línea de que el Gobierno estudie la posibilidad de
desarrollar una ley integral contra la violencia de género en los
términos que le indico, ley que puede ser mucho más útil que un plan
integral. Ello sin perjuicio de los planes integrales, porque también
puede haber planes, medidas urgentes que sean muy oportunas y que
sean bienvenidas. Pero a la vez, si hacemos una ley, la ley obligará
mucho más y además tiene una función pedagógica que puede y debe
ayudar al cambio de mentalidad necesario en esta materia. Tenemos que
conseguir que este tema deje de ser invisible, que sea cada vez más
un tema en el que se reconozca que hay una violación de derechos
fundamentales y que de verdad desafiemos la tolerancia que todavía
existe al respecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Alberdi.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señoría, comprendo que el tiempo se le haga corto,
porque eso suele pasar cuando alguien habla de un tema con absoluta
convicción, con un sentimiento profundo y a veces sentimiento
profundo no sólo de sensibilidades sino también de indignación, que a
S.S., como a muchas otras personas y sin duda a otros muchos miembros
de este Parlamento les produce la existencia de la violencia
doméstica, especialmente referida, abrumadoramente mayoritaria, al
caso de las mujeres, con alguna excepción que he visto, susceptible
también de utilización, pero que espero que no desvíe en modo alguno
la atención. Es fácil, repito, que el tiempo pase rápido.
Pues bien, la posición del Gobierno respecto a lo que sin duda
ninguna sería también una innovación en Europa -no existe; yo me he
tomado la molestia estos días de ver si, dentro de los modelos
jurídicos europeos, existían referencias también de leyes integradas
o integradoras de todas aquellas atenciones y derechos que deben ser
restaurados o paliados cuando una mujer sufre violencia doméstica, y
le diré que no existe- es que estamos ante un modelo más típico del
derecho sajón, y lo digo con muchísimas prevenciones, porque no dudo
de la superioridad de S.S. en el ámbito jurídico. Quien le habla es
licenciado en ciencias químicas. No he encontrado todavía esa
referencia. Sí que he encontrado -y coincido con S.S.- la complejidad
y la transversalidad de muchas de las cuestiones. Si
tuviésemos que acudir a lo que sería una causa u origen último de
estas situaciones, junto a elementos de carácter cultural, está un
hecho cierto, durante muchos años en España se ha sacrificado
brillantes cabezas y brillantes carreras profesionales femeninas en
favor de las masculinas. Si una familia no tenía recursos económicos
suficientes, la opción normal era en favor del varón, nunca de las
mujeres. Esta circunstancia sí que se ha visto felizmente paliada,
cuando no ya, de cara a futuro, casi resuelta, por un sistema público
de educación y una igualdad de oportunidades, al menos ante la
educación. También se ha visto durante muchos años una carencia de
adecuación profesional. En muchos casos yo creo que el gran problema
que ha tenido la mujer en España ha sido no poder alcanzar pronto su
plena autonomía personal, a través de una disponibilidad plena y de
una aptitud plena para el trabajo. Sin duda, esos casos son los que
nos inquietan, no tanto un problema de futuro, que yo pienso que está
dentro de la correcta evolución de una sociedad que se perfecciona,
sino lo que puede haber en este momento todavía tras de nosotros.
El primer gran paso se ha dado; afortunadamente España lo ha dado:
reconocer el problema. Porque no todas las sociedades de nuestro
entorno lo han hecho. No todas han tenido en ese sentido la valentía
colectiva y social de reconocerlo como tal problema y no todos los
gobiernos están actuando -en Europa, tampoco- en este contexto de
cultura occidental en el que nos movemos. Yo creo que son medidas muy
complejas y de ahí mis dudas. Ya le digo de antemano que no hay una
posición en modo alguno cerrada a esa posible ley que S.S. señala. A
mí me gustaría conocer no sólo su opinión, que he tenido ocasión de
conocerla a lo largo de su intervención, sino también opiniones
fundadas. Algunas ya se están recibiendo, algunas de los que ustedes
llaman los agentes del derecho. En este caso, quienes
profesionalmente lo interpretan o asesoran también nos están haciendo
llegar su opinión sobre la oportunidad o inoportunidad de esta medida
y, en cualquier caso, de otras medidas que, sin tener el carácter de
ley integradora, den respuesta a la situación. Puedo coincidir
plenamente en que el asesoramiento jurídico que requiere una mujer
maltratada no es exclusivamente, en la vía penal, consecuente con las
lesiones, sino que indudablemente tendrá implicaciones en el ámbito
civil y en otros órdenes. Estamos de acuerdo en ello y por eso la
última acción realizada -me preguntaba usted cuál era- ha sido
completar la red existente de oficinas de atención a las víctimas y
firmar un convenio con el Consejo General de la Abogacía, para
estudiar la fórmula más eficaz de prestación, si es posible gratuita,
de esa asistencia a las personas.
Es indudable que habrá aspectos que difícilmente encajarán en lo que
sería un texto de ley. En muchos casos se trata de dar formación o
propiciar una aptitud profesional que no tiene con carácter previo
que le permita
finalmente a esa persona dotarse de autonomía personal y financiera.
Estamos hablando de aspectos que sería complejo abordar en la medida
en que tenemos que ser también respetuosos -estoy seguro de que S.S.
lo es- con el ordenamiento constitucional. La definición exacta y
última de las condiciones de garantía de los centros de emergencia o
de las casas de acogida entiendo que es competencia plena de las
comunidades autónomas -así lo reconozco-. Y en esta materia, S.S.
cuenta con la ventaja de haber sido ministra y yo cuento con la de
haber sido vicepresidente de una comunidad autónoma.
Le diré que, recorriendo las distintas materias, algunas tendrían
solución en la ley y otras en la instrumentación. Coincidirá conmigo
en que sería deseable que se produjese una integración o al menos una
concentración de causas -al margen de lo que haya de ser o no esa
posible ley integral- en ese personal de la justicia que
afortunadamente va teniendo niveles suficientes de formación. Se
trata de que no solamente haya jueces de familia con suficiente
capacidad y sensibilidad sino de que toda la estructura de la oficina
judicial y en general toda persona que desde la Administración haya
de tener contacto con las personas que hayan sido víctimas de la
violencia doméstica esté en una situación técnicamente correcta y que
sepa actuar con la delicadeza y corrección debidas. En esa labor
también estamos. Son acciones de formación, como antes decía,
orientada a los agentes, a los intermediarios y a los prestadores de
la justicia.
Hay un aspecto, que hace un instante llamaba también la atención de
una señoría del Grupo Parlamentario Popular, que es fundamental. Creo
que no se puede bajar la guardia de la sensibilidad pública, y eso no
se hace solamente por ley. Tiene que haber una condena social
directa. Me parece que esas condenas sociales directas son las que
facilitan ulteriormente las sentencias correctas. Los campos de
complicidad social son un sustrato para posibles malas
interpretaciones de la ley. No sé si eso es acción directa de la ley,
pero es acción directa de la sociedad, sin duda ninguna liderada,
como usted decía -no pretendo eludir responsabilidad alguna-, por el
Gobierno. Alcanza al conjunto de la sociedad.
Desde ese punto de vista, la eficacia de algunas medidas no radicará
tanto en que se hallen o no contenidas en la ley; radicará en que
sean conocidas. Las medidas de extrañamiento y de alejamiento -y
créame que soy de los convencidos de que quien debe abandonar el
hogar es el agresor y nunca la víctima- serán útiles o actuarán en la
medida en que sean conocidas, en la medida en que las propias
víctimas sepan que pueden actuar en ese camino. Esta es una de las
cuestiones sobre las que yo tengo dudas a veces, si es suficiente con
producir el cambio legal. Creo que tampoco es deseable que haya un
efecto de ilusión por parte de la sociedad de creer que la simple
promulgación de una
ley es ya suficiente para resolver una cuestión. Hay pasos
posteriores tan complejos o más que la elaboración de la ley, como es
su divulgación, su conocimiento y su correcta aplicación. Insisto en
esto tratando de ser lo más concreto posible respecto al
planteamiento de su interpelación.
Es una materia compleja y transversal en la que, haciendo todo el
recorrido, debemos apreciar al menos que hay elementos de eliminación
de causas: toda acción tendente a producir igualdad efectiva entre
géneros. Y ahí contamos con el apoyo, creo que muy positivo, de esa
cuarta conclusión de la cumbre de Lisboa. Ya podemos hablar de
políticas de dimensión europea para facilitar de manera real la
igualdad entre géneros. Podemos contar también con lo que han sido
unas primeras medidas de sensibilización, de formación -insisto- de
los gestores y de los intermediarios de la justicia. También, y me
parecen muy importantes, las medidas que permitan tratar estas
situaciones desde el punto de vista del acogimiento físico; ha habido
varias preguntas referidas a los centros de acogida. No son la única
herramienta. Los centros de acogida son necesarios, pero también lo
son los centros de emergencia. Se necesitan asimismo dispositivos de
seguridad, pero -y creo que esto se entenderá fácilmente- que no
solamente sean eficaces sino que no señalen o no
marquenadicionalmente a las personas, a las mujeres, objeto de
violencia. Estamos a la búsqueda de dispositivos de teleasistencia,
de teleayuda, que sean útiles a los efectos de dar seguridad a las
personas y que sin embargo no señalen innecesariamente o no creen una
violencia adicional a la que ya tienen que soportar como consecuencia
de la agresión.
Hemos iniciado, con carácter experimental y en este caso en la
comunidad de La Rioja, las acciones que culminarían el ciclo. Si
hemos hablado antes de un agresor, de una persona violenta, de un
delincuente, también tenemos que pensar en su rehabilitación y creo
que habría que hacerlo de una manera congruente con el resto del
ordenamiento jurídico. Si existe este tipo de personas, el objetivo
no es solamente el castigo, el carácter estrictamente punitivo, sino
que estaríamos buscando que esa persona esté convencida de lo
incorrecto de su comportamiento y dispuesta, lógicamente,
a integrarse de manera ordenada. Insisto en que en modo alguno se trata
en la tarde de hoy de cerrar una cuestión, que estoy seguro de que va
a ser uno de los ejes de este Parlamento. Está siendo objeto de
atención por parte de este Congreso de los Diputados y por parte del
Senado; también sé que sabremos conciliar fórmulas de participación
de ambas Cámaras y confío en que sea no solamente el primer turno de
la interpelación sino también uno de los primeros debates que sobre
esta materia empiecen a propiciar un clima de diálogo y de
entendimiento ante un problema que, como he intentado dejar claro en
todas mis intervenciones, es de
toda la sociedad y en el cual hemos dado el primer paso pero en el
que queda mucho camino por recorrer.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, lo primero que voy a hacer es tomarle la
palabra. Ha dicho usted que no está cerrado el tema, que está usted
recibiendo informes, que está recibiendo opiniones de expertos
juristas y naturalmente que es un tema en el que deja abierta la
puerta, como responsable del Gobierno -y también fueron a ver al
presidente del Gobierno-, para que se tenga en cuenta, como de hecho
lo tiene el Instituto de la Mujer y el departamento que usted dirige,
la posición de las ONG, la posición del movimiento asociativo. Ese es
uno de los ejes centrales de las cumbres internacionales, de los
encuentros europeos. Cada vez se da más importancia al papel de las
asociaciones de mujeres en la resolución de estos problemas; incluso
ya tienen una presencia cuasi institucional en este tipo de
encuentros. En ese sentido le digo que le tomo la palabra y espero
que se pueda ir avanzando en el estudio de esa ley integral.
En algún aspecto ciertamente no es fácil, es una tarea compleja. No
es fácil porque la estructura del Estado que tenemos, del Estado de
las autonomías, y el nivel de descentralización de competencias que
tiene España hacen que muchas de las competencias de las que estamos
hablando estén residenciadas en las comunidades autónomas, algunas
por ser del 143 y estar residenciadas desde el principio y otras
porque están siendo objeto de transferencias o de traspasos y que
afectan a la organización judicial; por ejemplo, el tema de la
oficina judicial está ahora en trámite para ser objeto de asunción de
muchas competencias por parte de las comunidades autónomas. Así, aquí
se necesita la cooperación y el trabajo de muchas otras
instituciones, no sólo del Gobierno; hace falta la cooperación de los
gobiernos autonómicos. Naturalmente tenemos la conferencia sectorial,
que es un instrumento, como dije antes, fundamental, pero además hay
comisiones, hay sistemas, hay fórmulas, para ir trabajando y
avanzando en vías que permitan llegar a acuerdos.
Nosotros planteamos que pueda haber, al estilo de leyes federales que
hay en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, una ley que sea
estatal, aunque sea consensuada, naturalmente, con todas las
comunidades autónomas, porque hay competencias que están
residenciadas en las comunidades autónomas y sobre las cuales no
corresponde al Gobierno decidir. Sí que se puede consensuar con las
comunidades autónomas y llegar a un acuerdo, más en una cuestión como
esta, en la que estoy segura, señor ministro, de que ninguna
comunidad autónoma va a poner la más mínima pega para ir avanzando en
una solución del problema. Todos los temas de casas de acogida, temas
sociales, muchos de servicios sociales, muchos también de salud,
aspectos que afectan a cuestiones de ese tipo, tienen que ser objeto
de ese consenso. Lo que le pedimos nosotros que se haga, como Grupo
Parlamentario Socialista, es que lo que se estudie desde el Gobierno
sea de acuerdo con el ordenamiento constitucional. Eso, por supuesto,
queda dicho y por delante.
Usted se ha referido ahora en la réplica -a mí me ha dado poco tiempo
para hablar de ello- al tema de la formación. Dije una línea nada más
en la primera exposición sobre la formación de los operadores
jurídicos. Llevamos años desde los grupos de mujeres y también desde
la responsabilidad del Gobierno intentando, a través de la
cooperación -porque es competencia exclusiva del Consejo General del
Poder Judicial; no así el tema de formación de otros operadores, como
pueden ser fiscales o médicos forenses, en los que corresponde al
Gobierno-, inculcar esa formación de alguna forma. Hay que obligar al
Consejo General del Poder Judicial, bien sea por ley o bien
incluyéndolo. Igual que se estudia el Código Civil e igual que se
estudia el derecho procesal e igual que se estudian en la escuela
judicial todas las normas que hay que aplicar, hay que enseñar
derechos humanos y derechos humanos para todos, pero también para las
mujeres. Y hay que enseñar derechos en igualdad. Cuando nosotras
pedimos que se incluya por ley la formación de los operadores
jurídicos, naturalmente que habrá que hacerlo teniendo en cuenta
quién tiene las competencias en cada caso, pero sí que podemos
hacerlo. Sí que podemos incluirlo en los currículos, en las
asignaturas obligatorias que se consideren en cada nivel formativo. Y
cuando hablamos de educación, cuando hablamos en esa ley integral de
ir a las causas, es ir a la educación, que, como hemos dicho, no es
sólo la escuela; son también los medios de comunicación, la
publicidad, todo lo que son las imágenes. Hay que enseñar, desde
pequeños en la escuela, en los colegios, en la socialización que se
recibe a través de la enseñanza, esos valores de igualdad. También se
puede poner. Igual que se enseñan matemáticas, o humanidades, o todo
lo que queremos que esté obligatoriamente en la formación, tenemos
que incluir en la formación eso, precisamente para contrarrestar lo
que ha sido una formación equivocada y de pérdida de formación para
personas que podían y debían haber participado en la construcción de
la sociedad. Eso no es otra cosa que el empoderamiento, del que
habrán hablado ahora las compañeras que han ido a Nueva York. Es
empoderar a las mujeres, darles potencia, darles capacidad, darles la
posibilidad de estar en igualdad de condiciones; lo contrario de lo
que se ha hecho durante siglos. La primera causa del maltrato a las
mujeres es precisamente esa. Y nunca terminaremos de remachar lo
suficiente.
Ha dicho que ha estudiado los distintos sistemas de la Unión Europea.
Es verdad, ninguno tiene una ley integral absoluta, pero sí que hay
aproximaciones, hay normativas integradoras en algunos países. En
Dinamarca ya han hecho una normativa. En Suecia también hay una
normativa, creo que la última es la de Austria, aunque hablo ahora
mismo de memoria. Hay ya una normativa que está integrando las normas
civiles procesales, las orgánicas y también las sociales de
asistencia, de atención a las víctimas. Además, nosotras, yo por lo
menos, en el planteamiento global que hemos hecho incluimos la
prevención y los temas publicitarios y de los medios de comunicación,
que son unos temas de lo más conflictivo, porque enseguida te dicen
que entran en contradicción con determinados elementos básicos de una
sociedad democrática. Tenemos que saber conciliar la libertad de
expresión que todos defendemos, todos los demócratas, con el debido
respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad de su papel en
la sociedad. Si somos capaces de poner todo eso en una norma jurídica
y en una norma jurídica global que se visualice como una respuesta de
la sociedad, será muy positivo. Señor ministro, si resulta que somos
los primeros en Europa en hacer una cosa así, en la Unión Europea, no
en Europa, en los quince países miembros de la Unión Europea, o sea,
que vamos más allá de Austria o de Dinamarca, que son buenos modelos,
pues estupendo. Seríamos pioneros en ese tema, como lo hemos podido
ser en otros, y sin ningún complejo, porque estamos cargados de
razón. Si lo solucionamos y si somos eficaces, si hemos avanzado más
allá de lo que hayan avanzado otros países, bienvenido sea. Todo lo
que sea hacer visible esa lucha, ese compromiso y esa prioridad
política en torno a este tema, es algo que beneficia a todos y
dignifica a la propia sociedad y a la democracia. Así que, señor
ministro, le tomamos la palabra y a ver si no está cerrado de verdad
este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Alberdi.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señoría, permítame, en primer lugar, que disculpe
una pequeña omisión en la primera parte de mi intervención. Me
preguntó cuál era el carácter del informe que conoció el Consejo de
Ministros. Era un informe de ejecución de este primer plan existente,
lo cual explicará que no tenga reflejo en acta, como sin duda conoce
por su propia experiencia como miembro del mismo. Se trata de eso, de
informar no solamente en un órgano -en el Consejo de Gobierno, en el
Consejo de Ministros- sino también al Parlamento de lo que se ha
hecho.
Decía S.S. en la primera parte de su intervención si nos sentíamos
satisfechos. No estamos satisfechos de forma plena, ni muchísimo
menos. Yo creo que todavía estamos muy lejos de esa deseable igualdad
efectiva y de lo que sería aún más deseable, de una verificable
ausencia de violencia frente a la mujer por su sencilla condición de
mujer, cosa que hoy sucede. Yo creo, insisto, que no hay tampoco
inconveniente en ser pioneros. Pionera ha sido España en que sus
planes de empleo hayan incluido como grupo de personas de acceso
prioritario a las acciones de formación profesional y de empleo no
sólo a la mujer en general, reconocido como grupo de mayor dificultad
desde la cumbre de Luxemburgo, sino, dentro de ese grupo de mujeres,
a las que han sido objeto de maltrato. Vuelvo a decir que en esto
tenemos un límite delicado, que es no señalar o no etiquetar
públicamente a las mujeres que han sufrido la violencia de sus
compañeros o de su entorno doméstico y que además tengan que sufrir
una señalización digamos adicional.
Estamos siempre a tiempo de mejorar o de perfeccionar algunas de las
acciones, pero ya se está haciendo el seguimiento de las campañas
publicitarias que se consideran incorrectas, que se consideran
vejatorias, que se consideran inadecuadas para ese último fin
deseable de la igualdad entre géneros. Si me he permitido expresar
ciertas reservas es porque a veces los traslados de costumbres
jurídicas del mundo sajón al mundo europeo -quizás más influido por
el derecho romano- son complicados, no por ninguna timidez inicial
y menos aún por un prejuicio. Conozco la existencia de los textos
federales americanos, pero sin duda ninguna, le decía, al menos en
los ordenamientos jurídicos de esta Unión Europea, que es nuestro
hábitat natural, no hemos podido encontrar esas referencias. Y
permítame, con una simple sonrisa, que tenga mis reservas en aquellas
cosas que vengan de Austria, especialmente en los últimos tiempos,
porque yo creo que todos también hemos manifestado nuestra razonable
prevención respecto a algunos de los temas.
Le decía que sin duda alguna este Gobierno valora positivamente los
niveles de ejecución que se han llevado a cabo, no solamente desde el
punto de vista de los conceptos, que es lo más importante, sino
incluso desde el punto de vista de las acciones económicas. Hemos
podido aplicar sistemáticamente recursos casi por importe de 5.000
millones de pesetas, 4.700 millones; hemos mejorado nuestro Código
Penal -yo creo que la tipificación de algunos tipos de agresión es
correcta-; hemos mejorado nuestra Ley de enjuiciamiento. Tal vez,
como le decía antes, lo más importante ahora es que sea un derecho
conocido y en consecuencia ejercitable por las víctimas, y esto,
partiendo de los niveles educacionales y profesionales, muchas veces,
muy a nuestro pesar y al suyo, no es sencillo. De ahí nuestra
insistencia, rayana en la tozudez, en mejorar
la asistencia jurídica que reciban estas personas. Yo creo que esas
son las líneas más inmediatas.
Tenemos todavía este primer plan vigente hasta diciembre, con lo cual
también tenemos ante nosotros un tiempo precioso para ir sentando las
bases, a la vista de la experiencia acumulada, de lo que ha de ser el
segundo plano. Y naturalmente, tal como hemos indicado en esta Cámara
y tal como lo hemos hecho en el Senado, estamos abiertos a oír la
opinión de quien, por sentido común y por título jurídico, me parece
que bastante debe opinar. Citaba hace un instante el protagonismo que
deben tener las comunidades autónomas, yo se lo concedo, máxime
cuando ya la sanidad está en una trasferencia muy avanzada
-prácticamente dos tercios de la población tienen transferida su
gestión-, cuando la educación también, sin duda ninguna, en la que
hay que insistir y en la que tiene que haber transversalidad, está
mayoritariamente en manos de las comunidades autónomas y en manos,
por qué no decirlo, de los ayuntamientos, que estoy seguro que desean
contribuir, en la medida de sus posibilidades y de sus competencias,
en aspectos como los asistenciales, los de alojamiento y los de
ubicación. Es una materia, como intentaba señalar en la primera parte
de mi intervención, abierta al diálogo, abierta a la colaboración, en
la que todos podemos aportar no solamente buena voluntad sino también
la experiencia acumulada en estos años y es lo que para mí sería
deseable, el fruto natural del buen trabajo parlamentario.
Quiero decir finalmente que las estadísticas en este momento nos han
revelado los perfiles de este problema, un problema que aparecía
muchas veces oculto, y deliberadamente, en la sociedad española. Se
ha podido ver -hasta donde las encuestas son fiables y para mí lo
son- que afecta o ha afectado a más de 600.000 mujeres. Es un
problema que no es de hoy. En el 70 por ciento de los casos de
maltrato se habla de una duración o de una persistencia de más de
cinco años de esas situaciones, y hay que ponerse en la piel de esas
personas para entender la dureza de la situación vivida. Si quiere
que le diga qué es lo que más me impresiona de estos casos,
personalmente es la pérdida de autoestima que he visto en muchas
personas, en este caso mujeres. Eso es lo que más me impresiona y es
lo que no puede perdonarse ni permitirse el resto de la sociedad. Son
seres humanos con derecho a la autoestima, a la dignidad y con pleno
derecho a la igualdad en esta sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, es importante que en la Cámara abordemos este tema
porque convendremos en que nos concierne a todos y supongo que todos
los representantes públicos tenemos interés en resolver. Ha llegado
el momento de que se considere una cuestión de Estado y, como tal,
deberíamos funcionar en esta Cámara con consenso respecto a estas
cuestiones.
Es verdad que yo podría intervenir largamente en relación con este
asunto por mi probada experiencia profesional y de compromiso
feminista, pero voy a procurar ser breve y referirme a cuatro
cuestiones fundamentales. Ninguno de los gobiernos que ha habido en
este país se ha tomado en serio este problema -no voy a mencionar al
PP, porque no acostumbro a hacer demagogia y este es un tema que no
tiene nada que ver con quien gobierna, sino que por desgracia es
histórico- porque hay que actuar con rigor y con eficacia en la
violencia de género. Yo prefiero llamarla así, aunque también
convengo con el señor ministro en que existen algunos casos en los
que podríamos hablar de violencia ejercida por otros colectivos. Sin
embargo, la realidad es que la verdadera lacra social y lo que genera
una tremenda alarma es la violencia de género, que no solamente se
ejerce sobre las mujeres, sino que, como proyección, se ejerce
también sobre los hijos que conviven en esa relación desastrosa de
pareja. Pues bien, nunca hasta ahora se ha hecho un estudio
epidemiológico serio sobre las múltiples causas que tienen que ver
con la violencia de género y para poder actuar con rigor hay que
hacer previamente este estudio epidemiológico, por lo que ruego al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para que tengamos una idea
aproximada de cuáles son esas causas que generan la violencia
doméstica. Algo sabemos las mujeres organizadas, porque somos las que
más hemos trabajado al respecto, pero por la falta de recursos, que
obviamente no es preciso explicar aquí, no hemos podido llegar más
allá de donde hemos llegado.
Los planes de choque en una democracia han de ser medidas
coyunturales, aunque realmente los problemas no se resuelven con
planes de choque y, mucho menos, con planes de choque que no tienen
financiación. La voluntad política radica casi siempre en los
presupuestos y francamente creo que el Gobierno del Partido Popular
durante estos cuatro años, por más que ha hecho muchas declaraciones,
no ha puesto encima de la mesa lo que es necesario para que el plan
de choque funcione, que fundamentalmente es la financiación.
El señor ministro se ha referido al carácter asistencial, algo que es
necesario. Una vez que hay víctimas, tiene que haber prestaciones de
esta naturaleza, las cuales no dejan de ser importantes y necesarias,
pero a mi grupo, y particularmente a esta portavoz, le preocupan
muchísimo más las medidas estructurales, ya que son las que van a
cambiar la vida del colectivo de las mujeres y dentro de esas medidas
están las políticas de igualdad, señor ministro, que han de ser
transversales,
pero que fundamentalmente pasan por dos ejes claves, que son la
educación y la incorporación al trabajo de las mujeres en condiciones
de igualdad. Si nosotros trabajamos en esta línea estaremos
potenciando en la escuela valores de respeto, de igualdad y de
solidaridad, que son valores laicos que en un Estado social,
democrático y de derecho han de ser necesariamente potenciados en el
medio escolar y familiar.
Izquierda Unida no conoce en este momento el contenido del texto que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pero está dispuesto a
debatirlo e invitamos a todos los grupos parlamentarios de la Cámara
a trabajar por el consenso y a reflexionar sobre otras posibles
medidas que puedan beneficiar al conjunto de las mujeres, como puede
ser la creación de una fiscalía especial para malos tratos o para la
violencia de género desde la que salgan directivas que orienten cuál
ha de ser la actuación de los fiscales en el conjunto del Estado
español en todos los temas que tienen que ver con la violencia de
género que sufren, como digo, las mujeres. Por otra parte, insistimos
en que en los próximos presupuestos generales del Estado el PP tiene
la oportunidad de demostrar su voluntad política de cambiar la vida
de las mujeres, no sólo de paliar estos efectos perversos que sufre
determinado colectivo de mujeres, que no es el grueso.
Potencialmente, señor ministro, todas las mujeres podemos ser
víctimas en cualquier momento y, por lo tanto, es absolutamente
indispensable que en esa etapa en la que vamos a tener que
enfrascarnos todos después de las vacaciones parlamentarias con los
Presupuestos Generales del Estado el Partido Popular sea generoso y
demuestre de verdad su voluntad política poniendo dinero encima de la
mesa, porque así es como se resuelve no solamente este problema, sino
otros muchos que tenemos las mujeres.
Nada más y muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño en aras de la brevedad, que no de la
importancia de este tema, que al Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió le parece capital. Aunque no vamos a fijar posición en este
momento, sino que lo haremos después de examinar el texto de la
moción que se presente como consecuencia de esta interpelación, no
queremos dejar pasar la oportunidad de expresar que compartimos
absolutamente la necesidad de que se adopten medidas integrales para
la erradicación de la violencia de género, tal y como se recoge en
nuestro programa electoral.
Como ya se ha dicho en la Cámara, pero creemos que nunca está de más
insistir en ello, la violencia contra las mujeres es una grave
problemática social, constituye
no sólo un atentado contra los derechos humanos de las
mujeres, sino también un grave obstáculo para su desarrollo personal
y una grave dificultad para su participación en todos los ámbitos de
la sociedad. La inaplazable necesidad de seguir legislando contra
ella e implementando políticas que analicen sus raíces y la
erradiquen, es uno de los compromisos que recientemente se ha
renovado en la conferencia de Naciones Unidas Mujeres 2000 o Pekín
mas 5, de la que algunas de nosotras acabamos de llegar.
Convergència i Unió comparte la necesidad de establecer
transversalmente mecanismos para la total erradicación de la
violencia en género, desde luego muchísimo mejor si se puede lograr
un amplio consenso, para lo cual, entre otras medidas, resultará
imprescindible armonizar las políticas que las distintas
administraciones, en las competencias que les son propias, han ido ya
implementando y, con respecto a Cataluña, con las ya establecidas por
el Gobierno de la Generalitat.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem.
Señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, hace unos días escuchábamos unas palabras
estremecedoras del secretario general de las Naciones Unidas, que
decía que la violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa
violación de los derechos humanos y que no conoce límites geográficos
ni culturales ni de riquezas. Una de esas manifestaciones de la
violencia es sin duda la que hoy nos ha ocupado en esta
interpelación; se refiere a la violencia doméstica.
Yo tengo que empezar diciendo que he escuchado con satisfacción la
intervención de la portavoz del Grupo Socialista porque rompe con esa
dinámica de lectura de estos últimos días, a través de teletipos, en
la que escuchábamos unas manifestaciones y unas valoraciones que nos
tenían, en primer lugar, muy sorprendidos y, en segundo lugar,
claramente preocupados. Hoy se ha hablado de una serie de temas, de
acciones, pidiendo más impulso y la adopción de más medidas, incluso
una ley, pero en un tono claramente diferente. Quiero decirles que el
Gobierno está actuando, lo ha dicho el señor ministro perfectamente.
La portavoz de Izquierda Unida señalaba que este asunto no se ha
tomado en cuenta como un problema de Estado. Yo discrepo con toda la
cordialidad, porque sí se ha convertido en un problema de Estado y
precisamente por ello este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular,
está trabajando no en exclusividad. Lo hace la Administración central
con las comunidades autónomas, con losayuntamientos, con las ONG, a
las que le reconocemos
también su trabajo, y este Parlamento está trabajando con seriedad.
Por primera vez, en el III Plan de igualdad aprobado por el Gobierno
del Partido Popular se incorporó un área destinada a este problema.
¿Por qué se hizo? Porque se consideraba un problema serio y de forma
inmediata, en respuesta, el Gobierno, con el objetivo de prevenir
y de eliminar de la forma más eficaz la violencia doméstica, elaboró un
plan de acción que es integrador y que está coordinado porque las
acciones que allí se contienen son coordinadas. Señorías, es el
primer plan de lucha contra la violencia que se hace en Europa. Por
tanto, el Gobierno de España ha sido pionero en adelantarse a una
serie de actuaciones referidas a ese grave problema. Esto ha sido
reconocido en foros internacionales, ha sido objeto de ejemplo para
tomar ese mismo camino e incluso concuerda perfectamente no sólo con
lo que se recogía en el documento de la Plataforma de Beijing , sino
en las últimas recomendaciones que se acaban de hacer en Nueva York,
en el seno de Naciones Unidas, pero con ese documento europeo de
tolerancia cero. España fue por delante y no es para hacer
autocomplacencia, sino para decir que estamos trabajando con rigor y
con buen sentido. Se están desarrollando medidas de sensibilización,
de prevención, educativas, esa educación en valores a la que la
portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia y que yo comparto.
A mí me hubiera gustado que cuando usted tuvo responsabilidad de
Gobierno hubiera puesto el mismo aliento, el mismo convencimiento y
la misma reclamación para que pudiéramos tomar, dentro del sistema
educativo, aquellas medidas que pudieran reconducir y llevarnos a lo
que es necesario, a una educación en valores. Hoy se dice que el
sistema educativo carece de ese impulso en la educación de valores e
incluso hemos leído también algo acerca de la carencia de valores.
Pues bien, los jóvenes de 30 ó 35 años, alguno de los cuales son
precisamente los maltratadores, hace 15 años estaban en el sistema
educativo y no sé quién impulsaba la educación en valores que se les
estaba transmitiendo. (Aplausos.)
Quiero insistir también en las medidas legales porque afectan muy
directamente al trabajo de este Parlamento. Por unanimidad se
aprobaron modificaciones legislativas. Este Parlamento trabajó con
rigor, con unanimidad, con consenso por la importancia del tema
y porque la sociedad así nos lo demandaba. Sabemos que la legislación
no es todo. Ahora ustedes basan todo en una ley. La legislación no es
todo, repito, hemos modificado la legislación anteayer porque
creíamos que era necesario y esperamos que estas reformas permitan
que no haya tanta impunidad, que se aplique con rigor y para ello se
ha anunciado por parte del Gobierno que se va a tratar de hacer un
seguimiento de su aplicación. El Gobierno está trabajando con lo que
se le demanda, está trabajando con la fiscalía, en colaboración con
el Consejo General del Poder Judicial y con el
Consejo General de la Abogacía, como claramente ha quedado
demostrado, y anuncia nuevas e importantes medidas para ir dando cada
vez una respuesta más ágil y más enérgica a estas situaciones.
Pues bien, todos los que estamos en esta Cámara nos estremecemos
cuando oímos hablar de cifras tan importantes como que el año pasado
hubo 42 víctimas mortales, que en el año 1998 fueron 35, pero nuestra
indignación fue la misma cuando en el año 1995 había 66 mujeres que
murieron asesinadas de igual forma. Señorías, tengo que decir que hoy
he escuchado reclamaciones y actuaciones que en los años pasados...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Sainz, le ruego vaya
concluyendo.
La señora SAINZ GARCÍA: Sí, señor presidente, acabo enseguida.
Decía que hoy he escuchado reclamaciones que en los años pasados no
se oyeron. Quizás en aquel momento no les parecían suficientemente
estremecedoras, pero había mujeres que en silencio estaban sufriendo
esos malos tratos y tal vez había también un silencio de los
responsables gubernamentales.
Me parece muy bien que se consulte, se tenga en cuenta y se reclame
la opinión de las organizaciones no gubernamentales por el señor
ministro. Lo que le sugeriría a la portavoz socialista que así lo
demanda es que tenga también en cuenta las opiniones -que me acaban
de pasar- que expresan las organizaciones no gubernamentales que
usted ha citado, como la de Temis o la de mujeres separadas y
divorciadas, que no están de acuerdo con manifestaciones de
dirigentes socialistas en lo que se refiere a ese incremento del
número de malos tratos denunciados. Dicen que la posición de los
dirigentes socialistas es exagerada, porque no es que se haya
producido un aumento de casos sino que se conocen más porque hoy las
mujeres se sienten más amparadas y, además, son mucho más libres.
Creo -y con ello termino, señor presidente- que el Gobierno está
trabajando con rigor, que se lucha para que se pueda proteger mucho
mejor a las mujeres, prestarles mejores servicios, ayudarles -y esto
es importante también y lo recalcaba mucho el señor ministro-
a empezar una nueva vida con un trabajo y un respaldo cuando se separan
del agresor, mediante políticas activas, con diversas estrategias en
colaboración con las comunidades autónomas y con las ONG a las que
quiero volver a reconocer su trabajo.
Lo que pido es que se unan todas SS.SS. en este empeño, desde el
rigor y el espíritu constructivo y allí seguro que van a encontrar al
Grupo Popular y al Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Sainz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON EL DEBATE DE LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL
NUEVO TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de expediente 172/
000014.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): La siguiente interpelación es
la que presenta el Grupo Mixto, sobre política del Gobierno en
relación con el debate de la Conferencia Intergubernamental sobre el
nuevo Tratado de la Unión Europea.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Els Verds, paso a formular una interpelación urgente al
Gobierno, sobre la política del Gobierno en el debate de la
Conferencia Intergubernamental, con especial referencia a la Carta de
los derechos fundamentales.
En primer lugar, quiero expresar cuál es la justificación de esta
interpelación, por qué se produce, porqué la formulamos. La
justificación en la respuesta es evidente. Una vez más, el Gobierno
español no informa lo suficiente, informa muy poco y siempre a
posteriori de los debates importantes en el proceso de construcción
europea. El Gobierno español abunda en dos defectos, en general, de
todos los países de la Unión Europea, pero especialmente graves en el
caso español, de procesos no transparentes, alejados de los
ciudadanos y que provocan una desafección importante de la ciudadanía
española con relación al proceso de construcción europea.
Soy conocedor de la interpelación -que seguí con atención- del último
Pleno, del señor Guardans, del Grupo de Convergència i Unió, y de las
dos iniciativas que el Partido Popular ha presentado: la creación de
una subcomisión para el seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental y la reciente proposición no de ley sobre la
incorporación de la igualdad de derechos y la conciliación de la vida
familiar con la profesional a la Carta de derechos fundamentales.
También soy consciente de que el paréntesis electoral ha eliminado
dos o tres meses en los cuales se podían haber celebrado estos
debates. He de decirle, señor ministro, que la importancia de los
temas a debatir en la Conferencia Intergubernamental, la relevancia
en la profundización de la construcción europea y en su posterior
ampliación, hacen que estas iniciativas sen absolutamente
insuficientes. He de anunciarle que hemos solicitado ya su
comparecencia en la Comisión Mixta de la Unión Europea para que
informe sobre las posiciones del Gobierno español, pero sería
importante que el Gobierno español tomara la iniciativa para informar
y debatir en el Parlamento sobre sus posiciones políticas y, además,
para que el Congreso, la institución que representa la soberanía
popular del Estado español, no sólo estuviera informado a posteriori
de las decisiones de la Conferencia Intergubernamental sino que las
Cortes incidieran y decidieran de forma importante sobre ese proceso
de construcción europea.
La justificación de la interpelación que he creído oportuno presentar
es el bajo nivel de información que hoy existe, no sólo en el Estado
español sino en el Congreso de los Diputados, con relación a las
posiciones políticas del Gobierno en el debate de la Conferencia
Intergubernamental. Como el reducido tiempo que tenemos para defender
esta interpelación no va a permitir que hagamos un debate a fondo,
como tampoco fue posible hacerlo en el Pleno pasado, quiero delimitar
clarísimamente cuál es el objetivo de esta interpelación. En
concreto, queremos conocer la posición del Gobierno en relación con
la Carta de los derechos fundamentales. Queremos que esta
interpelación gire alrededor de la opinión del Gobierno español sobre
la incorporación o no de la Carta de los derechos fundamentales en
los tratados de la Unión, es decir, su carácter vinculante, y también
queremos conocer cuál será su opinión dentro de diez días
aproximadamente sobre la posible ampliación de la agenda de la
Conferencia Intergubernamental para incorporar en esta agenda la
Carta de los derechos fundamentales. En la interpelación que se
sustanció hace quince días las referencias a la citada Carta de los
derechos fundamentales fueron escasísimas; prácticamente la única que
hizo el señor ministro fue de gran ambigüedad de la que hoy nos
gustaría salir. El señor ministro dijo literalmente: Ya se verá si
conviene que esta Carta, y en qué condiciones, se incorpore o no a
los tratados. El ministro de Asuntos Exteriores nos dijo hace quince
días que no se sabía si convenía y tampoco en qué condiciones se
debía incorporar. Quiero manifestar en esta primera intervención que
esta opinión contradice la resolución del Parlamento Europeo, en el
sentido de que éste reclama un carácter vinculante de la Carta y una
incorporación a los tratados.
¿Cuál debería ser la posición del Gobierno español sobre este tema?
Creemos que la Carta de los derechos fundamentales se debe incorporar
al tratado reformado. En Niza, en diciembre, es necesario,
imprescindible a nuestro entender, que la Carta se incorpore a la
reforma de los tratados, que tenga carácter vinculante, que incluya
los derechos clásicos así como los nuevos derechos, no sólo el de
paridad hombre-mujer, que es importantísimo, sino también el derecho
al medio ambiente, de tecnologías de la información o determinados
derechos en el sector de la bioética. Asimismo es importante que esta
Carta de los derechos fundamentales sea aplicable a todos los
ciudadanos que vivan en la Unión, independientemente de que sean o no
ciudadanos de uno de sus Estados miembros. Esta debería serla
posición del Gobierno: incorporación de la Carta en
la reforma de los tratados, carácter vinculante, incorporación de
nuevos derechos y ampliación de estos derechos a todos los
ciudadanos, independientemente de que sean o no ciudadanos de un país
de la Unión Europea. Para que esto sea así -usted lo sabe mejor que
nadie, señor ministro-, es importante que el Consejo incorpore estos
temas en el proceso de debates de la agenda de la Conferencia
Intergubernamental. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) ¿Por
qué creemos que ésta ha de ser la posición del Gobierno, por qué
creemos que la Carta de derechos ha de ser vinculante, ha de
incorporar nuevos derechos y se ha de ampliar su eficacia a otros
ciudadanos que hoy no los tienen? Porque estamos convencidos de que
la consolidación de la ciudadanía europea es un asunto de primer
orden para la construcción europea. La consolidación de la conciencia
de ciudadanos europeos es hoy, a nuestro entender, el elemento
primordial para que avance la construcción europea. Si esto es así,
este tema debe ser abordado en el foro político que hoy decide sobre
estas cuestiones.
Hemos pasado unos meses, yo diría incluso años, de una gran atonía en
el proceso de reflexión de la construcción europea; gran atonía que
sólo ha roto recientemente el ministro de Asuntos Exteriores alemán,
Joschka Fischer, cuando con una propuesta estratégica, de horizonte,
de Europa federal, ha conseguido, a título personal, levantar un
cierto debate y estimular el debate del proceso de la construcción.
Pero quiero recordar que en las elecciones europeas de junio del año
pasado la cuota de popularidad de la Unión Europea, de las
instituciones europeas, fue de las más bajas después de diez años del
Tratado de Maastricht o de cuatro o cinco meses del Tratado de
Amsterdam. Y todas las encuestas dicen lo mismo: Los ciudadanos y las
ciudadanas tienen una percepción de Europa como un aparato
burocrático lejano, escasamente preocupado por la vida cotidiana de
los ciudadanos.
Señor ministro, creemos que el gran reto de la Conferencia
Intergubernamental es no sólo abordar los flecos de Amsterdam a los
que usted se refirió en el Pleno de la semana anterior, es decir, la
composición de la Comisión Europea, con el número de comisarios y la
asignación a cada Estado, la reponderación o extensión del voto por
mayoría cualificada (esto hay que hacerlo y yo creo que se va a
hacer, que se va a llegar a un determinado consenso que va a permitir
avanzar en aquello en que no se avanzó institucionalmente en
Amsterdam, es decir, los flecos de Amsterdam), pero la frustración de
Amsterdam fue mucho más allá del fracaso institucional. Amsterdam
significó la ausencia de las cuestiones sociales; Amsterdam significó
la inexistencia de procesos participativos; Amsterdam significó un
nuevo alejamiento de los ciudadanos en relación con el proceso de
construcción europea.
Desde el 14 de febrero, cuando se abrió la Conferencia
Intergubernamental, hasta el 7 u 8 de diciembre que
va a finalizar en Niza, hoy, el reto es no sólo abordar los flecos de
Amsterdam, sino ampliar la agenda de la Conferencia
Intergubernamental, como ha pedido el Parlamento Europeo, conectando
con las preocupaciones, con los problemas de los ciudadanos y dándole
un sentido de reforma global al proceso de construcción europea del
que hoy carece. En ese sentido, es importante destacar algunos de los
puntos de la resolución del Parlamento Europeo, de marzo de este
mismo año, cuando dice que el proceso de unidad de la Unión Europea
está indisolublemente vinculado con los derechos de los ciudadanos;
que si la Carta de los derechos fundamentales se redujera a una
proclamación no vinculante defraudaría las expectativas; que es
necesario que la Carta de los derechos fundamentales sea un elemento
básico en el proceso de constitucionalización de Europa y cuando,
finalmente, añade que, por todo eso, es imprescindible su carácter
vinculante.
Señor ministro, queremos saber si ustedes piensan solicitar la
incorporación en la agenda de la Conferencia de la Carta de los
derechos fundamentales; si piensan que esta Carta ha de tener
carácter vinculante y, más allá de todo esto, si creen que el
horizonte, la estrategia de construcción de la Unión Europea, de
constitucionalización, pasa por tener una piedra angular que
relacione los derechos de las personas con la estructura política, es
decir, con una Carta de derechos fundamentales donde los hombres y
las mujeres de Europa se puedan sentir partícipes y se puedan sentir
representados por las instituciones europeas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Piqué.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, quiero reiterarle algo que ya dije en el
último Pleno al debatir la interpelación. Como usted nos ha
confirmado que lo siguió con atención -cosa que yo le agradezco-,
tampoco me tengo que extender excesivamente. Es absolutamente
imprescindible que en todas las cuestiones relacionadas con la
construcción europea, en este caso concreto con los avances en la
Conferencia Intergubernamental y todo lo que tenemos que discutir,
tanto en el Consejo de Feira -los próximos domingo, lunes y martes-,
como después a lo largo de las dos cumbres de la Presidencia francesa
para poder culminar la Conferencia Intergubernamental, es
absolutamente imprescindible, repito, que lo tratemos -cuanto más,
mejor- en el Parlamento, que haya debates parlamentarios y que
busquemos entre todos el máximo consenso.
Su alusión a la falta de explicaciones y de claridad viene ya
matizada por sus propias palabras. El Parlamento
se acaba de abrir hace relativamente poco. Ha habido un período
electoral que es suficientemente conocido y desde entonces estos
temas han sido objeto de trato en dos Plenos y en la Comisión de
Asuntos Exteriores de una manera bastante detallada. Se ha tomado la
decisión de crear una subcomisión específica para el seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental y todos los temas conexos en el
seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea, en la que espero que
se puedan realizar los trabajos con la máxima seriedad y con la
máxima eficacia. Desde luego, yo he demostrado ya mi disposición a
comparecer ante la Comisión Mixta, como lo he hecho ante la Comisión
de Asuntos Exteriores y como a su vez está comprometida mi
comparecencia ante la Comisión de Cooperación. Le garantizo que por
ese lado va a existir la máxima disponibilidad, como no puede ser de
otra forma.
Como usted ha dicho, estamos ante un tema muy serio. Se tomó la
decisión de celebrar esta Conferencia Intergubernamental después de
que -yo utilicé esa expresión y creo que se puede mantener si se
interpreta bien- todos los países miembros tomaran conciencia a raíz
de Amsterdam. Yo no calificaría de frustración lo que sucedió en
Amsterdam. Creo que ahí se produjeron avances; es verdad que
probablemente no los que hubiéramos querido todos los países, porque
eso es siempre muy difícil, puesto que hay que buscar un consenso
a quince, pero sí es cierto que existía la necesidad compartida de
completar algunos aspectos, algunos flecos de Amsterdam, sin que al
mismo tiempo se cerraran las puertas a planteamientos también más
ambiciosos.
Otra cuestión es que en ese contexto hoy existe una posición muy
mayoritaria entre los diversos países miembros en cuanto a que la
agenda de la Conferencia Intergubernamental no puede ser mucho más
amplia de lo que ya ha sido definido. Creo sinceramente que esa va a
ser la postura de la Presidencia portuguesa en Feira este fin de
semana y además es una posición que España apoya. España considera
que hay temas suficientemente serios como para que les prestemos la
máxima atención; temas suficientemente serios y suficientemente
difíciles como para que tengamos la idea de que si ampliamos
enormemente nuestra ambición, al final lo que puede suceder es que no
tengamos ocasión de llegar acuerdos, ni tan siquiera en los aspectos
que hemos considerado como esenciales. Desde ese punto de vista
-insisto a raíz de su planteamiento- no hay una posición cerrada a
ampliar la agenda, pero en cambio sí que hay una posición renuente a
que esa ampliación diluya los centros de atención que tiene que tener
el Consejo Europeo y, por tanto, la cumbre de Feira y las sucesivas
cumbres a lo largo de la Presidencia francesa.
Es cierto que la Conferencia Intergubernamental se ha abierto hace
justamente hoy cuatro meses, el 14 de febrero. Ha habido un Consejo
de asuntos generales a
lo largo del lunes y el martes, que ha terminado esta mañana y que
nos ha permitido calibrar cuál es la posición de los diferentes
países respecto a los planteamientos de cada uno de ellos en Feira.
Creo que no hay ninguna duda respecto a que Feira va a representar el
planteamiento del estado de la cuestión. Aestas alturas, esperar
conclusiones respecto a la Conferencia Intergubernamental o avances
significativos en Feira es algo que no forma parte del realismo
político, pero es verdad que sí cabe exigirle a Feira que fije la
agenda de temas. No hay ninguna duda que en esa agenda va a figurar
la reponderación de los votos en el Consejo, con diferentes
posiciones. Ha habido modificaciones en los últimos tiempos. A través
de conversaciones bilaterales han salido a la palestra posiciones que
podrían ser distintas de las que mantenían hasta ahora Francia y
Alemania. Es conocida también la posición española. También es
conocido que todos hemos tenido contactos bilaterales; la propia
España con Italia, que está fundamentalmente de acuerdo con nuestro
planteamiento, con Gran Bretaña y en su momento con la propia
Francia. La reponderación de los votos en el Consejo es un elemento
fundamental que hay que incluir necesariamente en la agenda; por lo
menos esta es nuestra posición. El segundo punto es el tamaño y la
composición de la Comisión es otro punto absolutamente esencial. Y el
tercer punto, sobre el cual no hay ninguna duda, es el grado y la
metodología de aplicación de las mayorías cualificadas.
La cuarta cuestión sobre las cooperaciones reforzadas tiene cada vez
más claro el consenso respecto a introducirla en la agenda, sin que
eso implique necesariamente predeterminar las conclusiones que se
tomen. También aquí son conocidas las posiciones de los diferentes
países y yo he tenido ocasión de manifestarlo tanto en el Pleno de
esta Cámara en su momento, como en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Podemos debatir, si se considera oportuno, sobre este punto. Eso
merecerá en su momento un debate específico porque va a ser uno de
los caballos de batalla de los próximos meses, sin ninguna duda, pero
creo que es cierto que a pesar de la actitud reticente de algunos
países ese punto también se va a incluir en la agenda.
Como es natural, usted ha planteado una cuestión que me parece
esencial. Dejo aparte otras cuestiones relacionadas con la reforma
del Tribunal de Justicia, la reforma de los juzgados de primera
instancia u otros organismos, porque eso nos llevaría mucho tiempo y
nos desviaría del objetivo fundamental que usted ha planteado. Me
refiero a la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en
la que viene trabajando, como todo el mundo sabe, desde hace meses un
órgano compuesto, una llamada convención, que agrupa a representantes
de los gobiernos del Parlamento Europeo y de los parlamentos
nacionales. El Gobierno concede la máxima importancia a este
ejercicio. Su éxito es muy importante para que los ciudadanos se
sientan
cada día más implicados y más integrados en el proyecto europeo.
De acuerdo con las conclusiones de Colonia, esta iniciativa tiene
varios objetivos. El primero es acordar un texto de naturaleza
política que sería proclamado solemnemente por las instituciones
europeas al finalizar la Presidencia francesa. Posteriormente, y ese
es el mandato de Colonia, sería el momento adecuado para valorar si
conviene que esta Carta, y en qué condiciones, se incorpore a los
tratados. Le puedo anticipar que la posición de España no es
contraria a esa inclusión, pero eso tiene que ir ligado a su propio
contenido, a que se cumplan determinadas condiciones y, como es
lógico también, a la búsqueda de un consenso entre los quince países.
Nosotros podríamos tener actitudes testimoniales más o menos de cara
a la galería, pero convendrá conmigo en que estas actitudes en el
proceso de integración europea no suelen ser las más útiles. Pueden
ser a corto plazo más o menos gratificantes, pero después lo que
hacen es disminuir enormemente el peso específico de las opiniones
que cada país representa, porque lo que tenemos que hacer en esos
contextos es decir cosas que puedan ser aceptables para los demás y
no simplemente hacer planteamientos que, en terminología un tanto
castiza, serían saludos a la bandera, y nosotros no queremos hacer
saludos a la bandera, sino avanzar de verdad en aquello que
pretendemos.
Desde ese contexto y muy brevemente, la Carta de derechos
fundamentales contiene varios epígrafes que conviene tratar punto por
punto. No se puede hablar sólo de lo que se denominan los derechos de
libertad, incluidos los procesales y que afectan a todo el mundo, no
sólo a los ciudadanos europeos. Este es un aspecto fundamental porque
son aplicables a toda persona que esté en la Unión con independencia
de su nacionalidad, son derechos fundamentales de primera generación
que suponen una abstención de los poderes públicos cuando se
ejercitan derechos individuales o libertades individuales y, además,
supone establecer las garantías frente a la Administración de
justicia. Esta es una cuestión enormemente compleja, por definición,
que hay que tratar con inteligencia y rigor y es uno de los puntos
que esperamos conocer a través del informe del presidente de la
convención, señor Herzog, para poder avanzar conclusiones en el
Consejo de Feira.
El segundo punto trata sobre los derechos de ciudadanía. Esos ya
están reservados a los nacionales de los Estados miembros y
reflejados en el Tratado de la Comunidad Europea. Ahí hay un punto
muy sensible para España, que es el tratamiento del tema de
Gibraltar, punto para nosotros esencial que dejo simplemente indicado
porque me estoy pasando del tiempo.
Hay un tercer aspecto que es el de los derechos económicos y sociales
que se pueden ejercer en el entorno laboral y profesional y, por
tanto, son derechos de aplicación directa, pero también son derechos
que en su momento pueden suponer materialización y ejecución
de gasto público. En consecuencia, aquí puede haber un debate amplio
en relación con el alcance de estas cuestiones y después una serie de
cláusulas horizontales que regularían cuestiones comunes a todos los
derechos aplicables a la Carta en su totalidad.
Para terminar, señora presidenta, respecto al carácter vinculante de
la Carta, la posición española es de no oposición a que esto pueda
suceder, pero siendo conscientes, primero, de que es absolutamente
conveniente, para ser rigurosos con nosotros mismos, que esperemos al
contenido concreto de la Carta y a los informes que se nos presenten
para ver si eso puede afectar, por ejemplo, a la Constitución
española, lo que obviamente abriría un debate completamente distinto
y, segundo, que hasta este momento vemos que hay países muy
importantes que están en contra de la inclusión de la Carta al
tratado. Pongo dos ejemplos para que se entienda que lo que estoy
diciendo efectivamente tiene contenido: Francia ha declarado ya que
no desea una carta vinculante y el Reino Unido se opone frontalmente,
con lo cual tenemos una posición de partida que me parece que no
podemos obviar.
En cualquier caso, manifiesto la apertura del Gobierno a seguir
tratando esta cuestión y manifiesto también la postura flexible
respecto a que se pueda seguir avanzando en la dirección que todos
pretendemos, estamos hablando de un tema absolutamente sustancial,
pero también quiero hacer un llamamiento al realismo político y por
lo tanto a la necesidad de hacer aquellas cosas que en cada momento
sean posibles.
Muchísimas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, replicaré sobre tres cuestiones de su intervención.
En primer lugar, dice que parece que el Consejo va a decidir no
ampliar la agenda porque hay temas ya suficientemente serios. Usted
ha dicho esto y ha enumerado los tres temas de los flecos de
Amsterdam: la reponderación, la mayoría cualificada, la composición
del Consejo y el tema que parece que se va a introducir que es el de
la cooperación reforzada.
Evidentemente, estos son temas serios. Ahora, señor ministro, desde
el punto de vista político, ¿cuál piensa usted que es el tema más
serio del proceso de construcción europea? De todos, ¿cuál? Yo creo
que de todos los temas serios, el más serio, en el que llevamos diez
o doce años de retraso, es que los hombres y mujeres de la Unión
Europea hoy no creen que el proceso de construcción europea tenga que
ver con su vida. Este es el tema más serio. Por lo tanto tenemos
tiempo suficiente, estamos en el mes de junio y la Conferencia
Intergubernamental
concluye en diciembre, para incorporarlo a los flecos de Amsterdam,
que son muy serios para usted y para mí, o para nosotros, pero para
la mayoría de la gente la reponderación de los votos no es un tema
serio. El incremento de conciencia europea para las personas de la
Unión Europea no nace ni de la reponderación de voto ni de la mayoría
cualificada ni de la cooperación reforzada ni de la composición de la
comisión. ¿Quiero decir con esto que no hay que tratarlo?
Evidentemente que no, porque si no se trata eso, la Unión Europea se
obstaculiza para incluso afrontar la ampliación en condiciones. Por
lo tanto, eso hay que afrontarlo. Insisto en que se van a dar las
condiciones suficientes de consenso para desbloquear los flecos de
Amsterdam y posiblemente para incorporar el tema de la cooperación
reforzada.
Ahora bien, desde el punto de vista político, el Gobierno español, y
esto no es hacer testimonialismo, debería plantear que el tema
político más serio -insisto- es la incorporación de las personas, de
los hombres y mujeres de la Unión Europea, al proceso de
reconstrucción europea. He dicho antes ya que los datos de la
participación electoral en junio de 1999 demuestran que millones de
ciudadanos de la Unión Europea pasan absolutamente de la Unión
Europea.
Por otro lado, usted lo ha citado, los trabajos de la convención, es
decir, el organismo que está redactando la Carta de derechos
fundamentales, están muy avanzados. La última actualización que, si
no me falla la información, es del 22 de mayo, recoge una serie de
derechos fundamentales redactados que permite avanzar de forma
clarísima.
Contestando a mis preguntas concretas, ha dicho que el Gobierno
español no se va a oponer al carácter vinculante porque no queremos
hacer testimonialismo, y que si hay países que están en contra eso es
hacer testimonialismo. Amí me parece que defender políticamente,
desde un Gobierno como el del Estado español, que la Conferencia
Intergubernamental ha de dar respuesta al principal problema político
de la construcción de la Unión Europea en la línea de lo que ha
aprobado por unanimidad el Parlamento Europeo, es decir, en la
necesidad de situar como elemento fundamental de la construcción
europea una Carta de derechos fundamentales que tenga carácter
vinculante, no es hacer testimonialismo, señor ministro, sino tener
iniciativa política. Le agradezco hoy aquí su tono de que está
dispuesto a informar, pero creo que ustedes deberían hacer el
esfuerzo como Gobierno de tener iniciativa política. Creo que en la
anterior legislatura al Gobierno español le faltó iniciativa política
en el proceso de construcción europea. Incluso en estos momentos el
único debate importante que se está dando es con relación a las
propuestas, como he dicho antes, que ha hecho el ministro de Asuntos
Exteriores alemán y, por tanto, hoy es necesario recuperar eso.
Para acabar, quiero pedirle que me concrete la ampliación de su
ambigüedad que me ha hecho. En mi intervención inicial le he leído
literalmente lo que usted dijo en la pasada intervención, y hoy usted
ha dicho lo siguiente: Nosotros no somos contrarios a la inclusión de
la Carta, depende de los contenidos y depende de las condiciones.
Señor ministro, teniendo en cuenta que el día 19 se decide la agenda,
¿qué contenidos y qué condiciones? O, dicho de otra manera, ¿por qué
ustedes no toman la decisión de que tenga carácter vinculante y, si
hay algún derecho que consideran que no se ha de introducir, por qué
no lo discuten después? Porque si todos los gobiernos toman su
posición, no tendremos Carta de derechos fundamentales vinculante; es
decir, en general hoy, prácticamente todos los derechos fundamentales
que está redactando la convención pueden ser asumidos por cualquier
Gobierno de la Unión Europea para proclamar un capítulo importante de
la reforma de los tratados, todos. Esto no está escrito por personas
testimonialistas. En la convención, como usted sabe perfectamente,
hay una delegación del Parlamento Europeo, por cierto encabezada por
un eurodiputado del PP, don Íñigo Méndez de Vigo, que recientemente
ha dicho que hay que evitar que la Carta de derechos sea poco más que
un documento de buenas intenciones. Por tanto, señor ministro, no
hagamos que la Carta sea un documento de buenas intenciones.
Defiendan ustedes que la Carta de derechos fundamentales es la mejor
respuesta al principal problema político de la construcción europea y
discutan posteriormente los contenidos.
Sí me gustaría que con relación a defender la inclusión en la agenda
de la Carta de derechos fundamentales, usted pudiera precisar qué
contenidos y qué condiciones serían inaceptables para el Gobierno
para que la Carta tuviera carácter vinculante, Nada más y muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría.
Usted ha hablado de los temas serios, y temas serios hay muchos.
Desde luego la Carta de derechos fundamentales es un tema enormemente
serio, pero creo que hay algo que usted me concederá que también es
enormemente serio y que conviene no minusvalor, que es en lo que
estamos ahora y que es centro de la atención de los diferentes países
miembros y origen de la Conferencia Intergubernamental. Me refiero a
cómo hacer compatible avanzar en la integración europea y
simultáneamente la ampliación. Estamos ante un desafío evidente
porque hay varios países, diez o más, según qué circunstancias, que
han presentado ya su candidatura
para adherirse a la Unión Europea. Por consiguiente, estamos ante un
panorama, en el que puede haber 24, 25 ó 26 miembros, que nos obliga
a todos, por sentido de la responsabilidad, a pensar en todas estas
cuestiones institucionales, que a lo mejor en una primera
aproximación no parecen tan importantes pero sin cuya resolución será
imposible que la Unión Europea funcione correctamente en el futuro.
Por tanto, hacer compatible la integración con la ampliación es
probablemente el tema más serio y más inmediato que tenemos ahora
encima de la mesa.
No hace falta que le diga que para la propia eficacia del
funcionamiento de la Comisión en esta perspectiva de la ampliación,
discutir respecto al número de miembros no es un tema baladí, ni que
sólo preocupe a los comisarios, sino que nos tiene que preocupar a
todos porque nos interesa una Comisión que funcione bien. De la misma
manera que el mecanismo de reponderación de votos, para que ningún
país se sienta preterido o perjudicado en el nuevo esquema, me parece
algo absolutamente esencial para que todos los Estados miembros sigan
sintiéndose profundamente implicados en el proceso de construcción
europea, lo mismo debo decir sobre mayorías cualificadas o sobre
cooperación reforzada. Le pongo un caso porque estamos hablando de
temas muy serios. Por ejemplo, ahora en Feira, al introducir en la
agenda de la Conferencia Intergubernamental la cuestión de las
cooperaciones reforzadas, debemos evitar el riesgo de que los países
candidatos vean las cooperaciones reforzadas como algo que haga de
ellos países de segundo orden o de segundo nivel una vez se produzca
su integración; algo que permita que determinados países puedan ir
avanzando en una determinada dirección y que ellos se integren ya en
un proceso que está en marcha, que sea un tren en el que ya no se
pueden subir. Eso es algo que debemos evitar. Cuando España defiende
que las cooperaciones reforzadas no es una mera cuestión de
procedimientos, sino que estamos hablando de algo que no debe afectar
al corazón de los tratados, es porque estamos pensando también en que
el deber de apoyo a los países candidatos y el deber de solidaridad
que tenemos hacia ellos nos obliga a que eso quede absolutamente
claro. Insisto en que estamos hablando de un tema muy serio. Como lo
es, comparto plenamente su opinión, incorporar a los ciudadanos al
proceso de construcción europea, que se sientan muchísimo más
implicados.
Puedo compartir también con usted la inquietud que produce la baja
participación en las elecciones al Parlamento Europeo o en general lo
que reflejan las encuestas sobre la escasa vinculación que los
ciudadanos sienten en relación con las instituciones europeas. Es
algo que se viene tratando desde hace muchísimo tiempo, no viene de
ahora y lo tenemos que ir debatiendo con mucha seriedad todos para
que pueda ir ligado a que los ciudadanos vean en Europa una garantía
adicional de sus derechos, más allá de lo que establece la propia
Constitución de cada país. Sin embargo, también le digo que eso tiene
que hacerse de tal manera que no introduzca elementos de
incertidumbre en relación con las cuestiones básicas de cohesión
política y social de cada Estado miembro. Y, por favor, no me
malinterprete. Una cosa es decir que hay que actuar desde el realismo
político, conociendo las circunstancias en cada momento y actuar en
consecuencia, y la otra es adoptar una posición pasiva respecto a los
debates. España está interviniendo activamente en el contenido de la
carta de derechos fundamentales. No tenemos una posición de esperar y
ver qué es lo que hacen los demás para, después, ver nosotros lo que
queremos hacer. Estamos interviniendo muy activamente.
Por último, contesto a su pregunta porque sé que tiene todo el
derecho a pedirme concreción, y le puedo dar algunos datos respecto a
cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que la Carta de
derechos fundamentales de la Unión Europea no debe suponer una
modificación de la Constitución Española per se. También le digo que
esa Carta de derechos fundamentales no debe suponer algo que implique
el incremento de las competencias comunitarias, para que se decida a
través de esa Carta y no allí donde se debe decidir, que es en el
marco de las conferencias intergumentales o en el marco de los
debates en los consejos europeos. También le digo que esa Carta de
derechos fundamentales, en la medida en que atañe a derechos
económicos y sociales, no puede afectar a los compromisos adoptados
por los diferentes países miembros en la Agenda 2000 y, por lo tanto,
a las perspectivas financieras. Tampoco debe suponer compromisos
presupuestarios que no estén ya fijados en ese difícil, sutil,
complicadísimo y complejísimo acuerdo que supuso la aprobación de la
Agenda 2000 y las perspectivas financieras en la Cumbre de Berlín. Y
le digo también otra cosa: Lléguese a una Carta de derechos
fundamentales que vincule a quien debe vincular, es decir a las
instituciones comunitarias, por supuesto, y a los Estados miembros
también, pero a los Estados miembros en la medida en que tienen que
aplicar normativa o derecho comunitario. Si se cumplen esas
condiciones, España no tienen ningún inconveniente en que eso se
institucionalice y se le dé el máximo peso. Tampoco tiene ningún
inconveniente a que pueda considerarse su inclusión en los tratados.
Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice.
Nosotros no queremos para nada una Carta que sea un mero documento de
intenciones, sino que tenga el máximo cometido posible.
Un último comentario en treinta segundos respecto al impulso a la
integración europea y a lo que podemos hacer desde cada país. Ha
habido iniciativas en los últimos meses muy llamativas, incluso en
las últimas semanas, algunas de ellas ni tan siquiera formuladas como
miembros del Gobierno de un Estado miembro, sino a título personal,
que son iniciativas a largo plazo que pueden hablar de un cierto
horizonte federal. Creo
que es una buena aportación al debate. Está bien. Nosotros vamos a
participar también en él, están participando otros países, pero
también le digo que una de las aportaciones más serias que se ha
hecho al proceso de construcción europeo es precisamente aquello que
ha impulsado España en dos cumbres que son muy recientes. Le puedo
citar la de Tampere, por una parte, que es un impulso a esa creación
de un espacio común en el ámbito de Justicia e Interior sobre temas
tan vitales para el futuro de Europa como puede ser la emigración,
y también Lisboa, como hito fundamental para la creación de una Europa
que sea competitiva y que, al mismo tiempo, asegure la cohesión y la
solidaridad social. Como todo el mundo sabe, España ha tenido ahí un
papel protagonista. No le quiero citar las iniciativas conjuntas de
los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno británico,
porque alguien podría pensar que estamos intentando configurar un eje
alternativo al eje franco-alemán, cosa que, desde luego, no está en
ningún momento en el ánimo del Gobierno español.
Muchísimas gracias, señoría, muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista valora que en esta Cámara se hable otra
vez de Europa, aun con tan poca asistencia, en un momento en el que
el debate sobre el futuro de la Unión está en un punto de inflexión
decisivo y en el que es necesario romper la atonía de estos últimos
años y tomar decisiones firmes y estudiadas con detalle para avanzar
más decididamente en el proyecto europeo. Bien es cierto que, como se
estableció en el debate del Pleno anterior, es en el marco de la
Comisión Mixta y en el de la subcomisión que en la misma se va a
crear donde deberemos establecer más concretamente los criterios de
esta Cámara para la próxima Conferencia Intergubernamental. No
obstante, el Grupo Socialista desea en este momento expresar algunos
criterios en la misma línea de las propuestas que para dicha
conferencia se han recogido en la resolución del Parlamento Europeo
del pasado día 13 de abril.
En este sentido, consideramos necesario avanzar hacia un proceso
constitucional en la Unión, por el que los tratados se consoliden en
un texto único más accesible y legible que incorpore la Carta de
derechos fundamentales con carácter vinculante, y recogiendo el nuevo
contexto jurídico que sobre derechos humanos se establece en la Unión
a partir del Tratado de Amsterdam.
Consideramos también necesario un refuerzo de las políticas internas,
con una mayor participación del Parlamento Europeo, haciendo posible
que el Consejo
adopte la orientación de las grandes políticas económicas, de empleo
y de convergencia social, a propuesta de la Comisión y previo
dictamen del Parlamento. La reforma institucional, el reforzamiento
de las políticas internas y la Carta de derechos deben incluirse en
la agenda de la Conferencia para que la política vuelva al centro de
la construcción europea, porque empieza una fase importantísima de la
construcción de la propia entidad política de la Unión. La Carta de
derechos fundamentales y la Conferencia Intergubernamental están
ligadas por el objetivo de dotar a la Unión Europea de una dimensión
política, democrática y fuerte socialmente.
Consideramos necesario también estudiar con todo detalle, insisto,
con todo detalle, la cooperación reforzada, dentro de un marco de
progreso para la Unión y esperamos poder hacerlo pronto en la
subcomisión que se va a crear próximamente. En este sentido, creemos
que el Gobierno debe adoptar una metodología lo más parecida al
partenariado de la Unión. Es decir, debe construir a partir de esta
Cámara el más amplio consenso y el más amplio respaldo a la posición
negociadora del Gobierno de España. Esta metodología y una mayor
participación del Parlamento en la política europea del Gobierno nos
parecen aspectos esenciales. Hace cuatro años y recientemente
también, el Partido Popular se comprometió a hacer del Parlamento el
centro de la vida política del país, y en este tema el Gobierno tiene
la oportunidad de empezar a hacer realidad esa frase retórica. Pero
es que además creemos que es también la oportunidad de hacer más
cercana la Unión Europea a los ciudadanos, de colocar al individuo en
el corazón de la construcción europea, de sustituir el escepticismo
y el déficit democrático que ha presidido el reciente 50º aniversario
de la Unión, por una identidad europea, por una comunidad de valores
que se aplique en todas sus políticas. En definitiva, y como dicen
los socialistas europeos, más Europa para más europeos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García Breva Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario agradece al grupo proponente esta
importantísima interpelación y el debate, que consideramos un
ejercicio tendente a ir consolidando y llenando de contenido ese gran
concepto que es el de ciudadanía europea, que emana precisamente de
una iniciativa española en los años pasados de nuestra participación
en la Unión Europea.
España no es ajena a este concepto y todo lo que suponga consolidarlo
y llenarlo de contenido será bienvenido y, por tanto, lo apoyaremos
completamente.
Yo también me hago eco de la preocupación del representante del Grupo
Parlamentario Socialista y me hubiese gustado ver aquí a todos esos
compañeros de la Comisión Mixta para la Unión Europea que, trabajando
en estos temas, se encuentran hoy ausentes del hemiciclo. No es un
buen ejemplo y deberían estar aquí para poder luego hacer uso de
nuestra experiencia común en este importante debate parlamentario.
Respecto a la Carta de derechos fundamentales, que era en concreto el
objeto de la interpelación, se trata de no defraudar las expectativas
creadas. No podemos defraudar las expectativas que suscita este gran
debate y tenemos que esforzarnos todos, los gobiernos y los
parlamentos, que también participan en él, para llevarlo a buen fin,
como ha dicho el señor ministro. Apoyamos las declaraciones del señor
ministro: no hay que descartar ninguna opción respecto al estatuto
que pueda adoptar o no la Carta de derechos fundamentales; es un tema
abierto. Yo sé, como SS.SS., que el representante personal del
presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Feijoo, tiene el encargo
de negociar como si fuera un asunto vinculante y el mismo encargo
tiene uno de los representantes de este Parlamento, del Partido
Popular. Sin ánimo de prejuzgar, porque es una decisión que
corresponde al Consejo, como ha dicho el ministro, nuestro grupo
parlamentario y el representante personal del presidente del Gobierno
están negociando como si se tratara de un tema vinculante y de la
máxima importancia.
Se trata de dar cumplimiento al mandato de Colonia: codificar el
acervo común de las tradiciones constitucionales de los Estados
miembros de la Unión Europea a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal de Luxemburgo. Es un mandato muy concreto, se trata de
codificar lo que existe: los derechos de libertad y de ciudadanía,
los derechos económicos y sociales contenidos en las constituciones
nacionales y, junto a ellos, los derechos de ciudadanía de la Unión
Europea en sentido estricto, cuyos titulares son los ciudadanos
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Codificar es
difícil, y codificar por consenso, como manda Tampere, es más difícil
todavía. España es un país líder, está asumiendo una labor de
liderazgo tanto en la convención como entre los representantes
personales de los presidentes de Gobierno. Lo está haciendo porque
todos somos conscientes de que la Constitución española es un claro
exponente de defensa de los llamados derechos de tercera generación.
La Carta de derechos fundamentales no nos va a aportar más de lo que
tenemos; ojalá la Carta de derechos fundamentales contenga todo lo
que contiene la Constitución española en este momento, porque sería
garantía de la buena consecución de los trabajos de la convención
tendente a su redacción. De lo que se trata, señorías, señor
presidente, según mi grupo parlamentario, es de crear un modelo de
convivencia común en la Unión Europea. Un modelo de convivencia que
sea asumible por todos y
que encuentre su reflejo en todas las constituciones nacionales.
Me gustaría hacer una reflexión, que es la siguiente. ¿Por qué
estamos negociando esto en el seno de la Conferencia
Intergubernamental? Precisamente para hacer posible la ampliación.
Como ha dicho el señor ministro, hay muchos países llamando a la
puerta de la Unión Europea y lo que no podemos hacer es paralizar el
proceso de ampliación redactando una Carta de derechos fundamentales
que les obligue a recorrer en cinco minutos lo que nosotros hemos
recorrido en cincuenta años. No queremos una carta retórica, sino
práctica, una carta realista; una carta de derechos fundamentales que
refleje el sentir de la sociedad europea en su conjunto y que, por
otra parte, sea asumible por los nuevos países miembros de la Unión
Europea que están llamando a sus puertas. Queremos que cuando esta
Carta sea judiciable -si lo es en el futuro próximo- lo sea ante el
Tribunal de Luxemburgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del proceso
de construcción europea y éste se tiene que centrar en sí mismo. No
se trata de diluir, sino de centrarse en sí mismo y contribuir a que
esto sea posible.
Por último, como ha dicho el señor ministro, tampoco se trata, en
opinión de nuestro Grupo Parlamentario, de crear algo más, entre
otras cosas porque iría en contradicción con lo que estamos
defendiendo hace muchos años. Nosotros defendemos el principio de
subsidiariedad. ¿Por qué? Porque queremos que esta Unión Europea esté
cada vez más cerca de los ciudadanos y pretendemos que no se cree más
que lo que se tiene que crear, sino lo estrictamente necesario para
que la Unión Europea esté al servicio de los ciudadanos y éstos se
puedan identificar con la ciudadanía europea. Por tanto, la Carta de
derechos fundamentales debe ser lo que es: un instrumento útil,
equilibrado, correcto desde el punto de vista jurídico y que pueda
hacer posible para todos un modelo común de convivencia que no aleje
a los ciudadanos de la Unión sino que los acerque, abarcando también
a los órganos jurisdiccionales.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Casañ.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL APOYO
A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 172/000016.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar
el Gobierno para mejorar el apoyo a las familias.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presenta esta tarde una interpelación urgente
(a la espera de que venga el diputado don Carlos Campuzano, que será
quien la defienda) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el
Gobierno para mejorar el apoyo a las familias.
Sabe el señor ministro, saben el resto de grupos de esta Cámara, que
una de las prioridades que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se ha marcado, no en esta legislatura sino ya
en otras anteriores, ha sido la de intentar adoptar un conjunto de
medidas, tanto en el ámbito laboral como en el fiscal, de apoyo
integral a la familia en España. A tal efecto, fue una iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentar la
proposición de ley que aprobó esta Cámara, que estableció la
consideración de familia numerosa a la que tuviera tres hijos o dos
hijos cuando uno de ellos sufriera algún tipo de discapacidad. De
todas formas, señorías, nuestro grupo parlamentario es consciente de
que la política de ayuda a la familia necesita de un amplio consenso.
Atal efecto, en la pasada legislatura se aprobaron ya un conjunto de
conclusiones en la subcomisión de apoyo a la familia, que propuso
nuestro grupo parlamentario, subcomisión que tuvo como ponente a don
Manuel Silva y que llegó a una serie de conclusiones. El objetivo de
nuestra interpelación, y que se plasmará después en concreto en la
moción que presentaremos mañana, tiene la intención de impulsar de su
Gobierno, señor ministro, la necesidad de dar cumplimiento a lo que
la subcomisión de la pasada legislatura concluyó.
Señora presidenta, en esta Cámara a menudo aprobamos subcomisiones,
ponencias específicas que comportan largas y largas horas de
comparecencias, largas y largas horas de presentación de enmiendas,
de estudios, de debate en profundidad y al final logramos que esta
Cámara apruebe unas conclusiones, las apruebe en Pleno, y después,
quizá por la propia inercia parlamentaria, no llegan a plasmarse en
lo que es una acción política de Gobierno. Mi grupo parlamentario
valora positivamente las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de
la familia durante la pasada legislatura. Recordarán SS.SS la
aprobación final de la Ley de conciliación de la vida familiar y
laboral. Esa ley supuso un avance. También supuso un avance,
señorías, el nuevo IRPF, que da un tratamiento distinto a las
familias con dos o más hijos.
Si me lo permite la señora presidenta, cedería la palabra al diputado
de mi grupo, Carles Campuzano, que es el ponente en esta
interpelación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
No es práctica habitual en esta Cámara, como los señores diputados
conocen, que se reparta el tiempo
entre dos miembros de un mismo grupo parlamentario. Pero sí es cierto
que no hay precepto en el Reglamento que lo impida, siempre que sea
repartir, es decir, no acumular tiempos. Sí puede subir a la tribuna
el señor Campuzano, sabiendo que dispone de los poco más de cinco
minutos que quedaban pendientes de consumir por su compañero de
grupo, señor Jané.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Le agradezco la absoluta amabilidad y generosidad en la
interpretación del Reglamento, así como a la Cámara entera por
aceptarlo.
El objetivo -mi compañero y amigo Jordi Jané así lo ha expuesto- de
mi grupo en esta interpelación esta tarde era enfatizar en el inicio
de esta legislatura la necesidad de que el Gobierno español aborde de
manera contundente y urgente una política global en materia de apoyo
a la familia, partiendo de lo que fue un trabajo importante en las
dos últimas legislaturas, el informe de la subcomisión
correspondiente, así como del convencimiento de que en la pasada
legislatura avanzamos en algunas líneas importantes de trabajo, tanto
en la reforma del IRPF, la puesta en marcha de la Ley de conciliación
y el coste cero para la contratación de sustitutas por maternidad;
pero también desde el convencimiento de que en esta materia desde
hace un montón de años las políticas públicas de España han sido
escasas, con relación al conjunto de las políticas públicas que se
plantean en otros Estados de la Unión Europea. Es desde este
convencimiento desde el que entendemos que esta nueva legislatura
puede servir para dar un nuevo impulso a estas políticas, asumiendo
algunas cosas que seguramente son evidentes. En primer lugar, el
concepto de familia hoy lo debemos fundamentar desde la aceptación de
la pluralidad de conceptos de familia que existen, lo mismo que desde
la realidad de que las familias en España, tal como sucede en otros
países de la Unión Europea, están en un pleno proceso de
transformación. Hoy abordamos realidades que seguramente son nuevas
en nuestra realidad sociológica y, por tanto, nuestras políticas
deben tener también esa orientación que responda tanto a esa
concepción plural de la familia como a esas nuevas necesidades de
estas nuevas fórmulas familiares. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Esta nueva política, que probablemente en sus grandes principios
tampoco se debe alejar de la política que se marcó en los trabajos de
la subcomisión parlamentaria, debe incidir, como mínimo, en tres
conceptos. En primer lugar, tenemos que ser capaces de elaborar a
fondo lo que pretendimos desarrollar en la pasada legislatura, que
son los principios de la Ley de conciliación entre la ocupación y las
responsabilidades familiares. Nos parece que hoy en política familiar
ésta debe ser nuestra principal preocupación, además desde la
perspectiva de un Estado en el que pretendemos que
se produzca una incorporación masiva de las mujeres al mundo de
trabajo y que las tasas de actividad y de ocupación del mundo de las
mujeres aumenten. Ahí nos parece que debe existir una prioridad. Al
mismo tiempo que el desarrollo de esta política integral de familia
parta también del convencimiento de que tan sólo desde la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y desde la asunción de los
roles que nos corresponden a los hombres en el seno de las unidades
familiares, vamos a poder impulsar una política de familia que
responda de verdad a los intereses de nuestra sociedad y que,
finalmente, dé también respuestas a los problemas que hoy aparecen en
el ámbito de las políticas familiares en relación con aquellos
colectivos más débiles de nuestra sociedad. Se trata de una política
familiar muy orientada a la protección de la infancia, de la gente
mayor y de las familias con menos recursos. Nos parece que son en
estos ejes en los que podemos plantear el correspondiente debate
parlamentario en esta legislatura y en los que nos gustaría que el
Gobierno fuese capaz de generar de nuevo el consenso que la
subcomisión parlamentaria, que desarrolló sus trabajos a principios
de la legislatura pasada, pudo encontrar. Nos parece que la
subcomisión aportó esta visión ecléctica de la familia de la que de
izquierda a derecha nos podíamos sentir partícipes y, por tanto, creó
un marco donde era posible el consenso. Es desde la perspectiva de
esta interpelación -que esperemos que nos lleve a una moción la
semana que viene, desde la que confiamos en que sea posible crear un
espacio parlamentario que nos sirva para definir una política pública
potente en materia de apoyo a la familia desde la perspectiva de la
coincidencia y el conjunto de los grupos parlamentarios.
Estamos seguros de que el trámite de esta tarde y el del martes que
viene nos servirán para llegar a estos acuerdos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortíz): Gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, ciertamente, no solamente por lo que he
podido observar sobre protección y apoyo a la familia, vamos
a debatir prácticamente en familia y con esta modalidad innovadora -a
la que desde luego no tengo nada que oponer, antes al contrario-, al
alimón, por decirlo de alguna manera, por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Sin duda ninguna el planteamiento que ambos interpelantes han
realizado sintoniza con lo que ha sido la línea de trabajo en la
anterior legislatura, que es el deseo de perfeccionar todas aquellas
políticas que finalmente tienen conexión con el entorno familiar;
rara es la política que no acaba teniendo una repercusión o una
proyección práctica sobre las familias españolas. Hoy nos situamos en
contextos alejados de aquellos de los años 60 y 70 que, por política
de familia, entendían exclusivamente políticas de perfil natalista.
Y es evidente que todo el conjunto de Europa tiene hoy también
preocupaciones demográficas, pero las políticas de familia deben
trascender de lo que sería ese planteamiento exclusivamente natalista
o que sólo considerase una de las dimensiones generacionales de la
familia, que es la atención a los niños, importante sin duda. Estamos
hablando de esas estructuras familiares protectoras también de los
más débiles; son, de un lado, los niños y, de otro, las personas
mayores. Estamos hablando, sin duda, de cómo facilitar su
funcionamiento, algo que todos reconocemos como bueno y como
deseable: una correcta organización de la sociedad a través de
familias. Esta afirmación la realizo al margen de lo que es sin duda
respetable, pero que en este caso nos alejaría, como puede verse por
algunas posiciones confesionales. Vuelvo a decir que son
absolutamente respetables y en mi caso, incluso, perfectamente
asumibles.
Decía que los planteamientos han de ser transversales como señalaban
tanto el señor Jané como el señor Campuzano. Hoy son políticas
familiares aquellas que atienden en primer lugar al mayor número
posible de miembros de las familias españolas que puedan trabajar.
Para darse una idea de lo que ha sido la evolución en estos últimos
años, he de indicar que en 1994 se superaba la cifra de 1 millón el
número de familias en las que ninguno de sus miembros trabajaba o en
las que todos podrían considerarse inactivos. Hoy esa cifra sigue
siendo muy importante, estaría en torno a unas 600.000 familias.
Queda mucho por hacer, pero las primeras políticas efectivas de
protección a la familia son aquellas que permiten la creación de
empleo y su correcta distribución en la sociedad y en el conjunto de
las familias españolas. Asociadas a esa posibilidad de tener ingresos
también están las políticas fiscales, con respecto a las cuales sin
duda ninguna se ha hecho un gran esfuerzo, no solamente de
aligeramiento de la carga, sino de dotar a estas estructuras fiscales
de equidad y de perfiles de apoyo a esas direcciones correctas, como
por ejemplo la solidaridad entre generaciones. Políticas fiscales
correctas son aquellas que facilitan la permanencia en el hogar no
solamente de la generación que hoy podríamos considerar activa y
capaz de crear riqueza, sino también de ascendientes y en este caso,
por qué no decirlo, de descendientes.
Hemos podido -lo digo en plural porque ha sido así, gracias al
entendimiento de las distintas fuerzas de la Cámara- ir creando
normas fiscales que por una parte tratan de una manera más ligera y
por otra de una forma más justa las rentas de las familias españolas.
Quedan políticas, como se decía hace unos instantes, que no están
plenamente en manos de este Parlamento.
También, recordando lo que eran conceptos clásicos, son determinantes
aquellas políticas de vivienda que puedan facilitarse en orden a lo
que es incluso la posibilidad física de la convivencia que antes
citaba. Si vamos haciendo un repaso de lo que han sido medidas, me
permitirán, dado que es al titular de Trabajo y Asuntos Sociales a
quien le corresponde intervenir en esta interpelación en nombre del
Gobierno -podían haberlo hecho perfectamente los titulares de
Economía y Hacienda u otros miembros del Gobierno, cuyo papel también
sin duda es importante y significativo en la proyección y en la
ejecución de las distintas materias -que enfatice en aquellas medidas
en las que se ha hecho mucho, pero en las que todavía queda más por
hacer, aquellas medidas que permitan conciliar la vida laboral y la
vida familiar. Ha habido avances significativos. Hoy -vamos a decirlo
de una manera pacífica- es más fácil o es menos difícil -todavía más
pacífico- intentar conciliar la vida laboral y la vida familiar,
especialmente en el caso de las mujeres. Se ha hecho mediante la
incentivación de los contratos de relevo para la situación de
maternidad, la medida llamada coste cero, y también sin duda ninguna
flexibilizando algunos aspectos de los permisos de maternidad. Desde
luego, habrá que seguir haciéndolo facilitando que en las edades en
que es más difícil esta conciliación (en edades de cero a tres años,
especialmente en los hijos) siga habiendo políticas de coordinación y
de cooperación para permitir la existencia y el mejor funcionamiento
posible de las guarderías que atienden a niños en este tramo de edad,
que en muchos casos es determinante de la continuidad laboral de una
persona y de sus expectativas profesionales.
Decía que han sido bastantes las actuaciones que se han llevado a
cabo durante la anterior legislatura. También desde la óptica del
propio departamento de Trabajo y Asuntos Sociales se ha llegado
incluso a proponer nuevas prestaciones o nuevas atenciones de
Seguridad Social, como son las situaciones de riesgo durante el
embarazo y, naturalmente, la prohibición expresa y taxativa de que el
embarazo pueda suponer una causa de despido, de interrupción de la
relación laboral. Y, como sin duda ninguna recuerdan SS.SS., también
se produjo una actualización de las cuantías que corresponden a las
prestaciones de la Seguridad Social por hijos menores a cargo,
especialmente en aquellas familias que tienen menos ingresos en
España. De hecho, como recordarán ustedes, fueron medidas de
actualización del valor de estas prestaciones, que estaba congelado
desde el año 1991, y que atendieron a un grupo muy importante en
número y situación, como son 830.000 familias con menores recursos.
También -lo decían el señor Jané y el señor Campuzano- se ha revisado
la propia cifra del número de hijos, reduciéndolo de tres a dos en el
caso de que uno de ellos tenga una discapacidad. Desde el punto de
vista de la equidad es una medida perfectamente entendible por la propia
sociedad y, desde luego, mereció el apoyo de muchas de sus
señorías.
Ante la situación que se plantea en esta nueva legislatura las
grandes líneas están trazadas. Decía que naturalmente tienen que ser,
por seguir algún orden, políticas en su conjunto que permitan la
creación de riqueza, esa creación sostenida y sostenible de riqueza,
y que su distribución se haga de la manera más eficiente posible,
a través del mejor mecanismo que conozco, que es el de la creación de
empleo. Ese es el gran reto que tiene ante sí la sociedad española:
transformar correctamente el crecimiento económico en crecimiento del
empleo y buscar que ese crecimiento del empleo se proyecte en el
mayor número posible de familias españolas para intentar -y España
puede conseguirlo- que todo aquel que quiera trabajar pueda hacerlo.
Si me permiten decirlo, esa sería la principal política familiar.
Estoy seguro, además, de que si logramos también ganancia en la
estabilidad del empleo probablemente estaremos ofreciendo nuevas
posibilidades de convivencia en familia y de creación de nuevas
familias a muchos jóvenes españoles que tienen ante sí la dificultad
obvia de no tener unos ingresos y, en muchos casos, si los tienen,
que sean estables. En ese tipo de medidas podemos y debemos abundar.
Ciertamente, sería injusto atender solamente, como decía, la relación
entre lo que podemos considerar núcleo familiar y descendientes.
También entre ascendientes habrá que ir planteando medidas que den
respuesta a las nuevas situaciones. Hace unos años, el Alzheimer, la
dependencia, eran figuras prácticamente desconocidas para la sociedad
española. Hoy ya existen políticas, diseñadas en la anterior
legislatura, que afectan a estas materias. Se han adoptado acciones,
en algunos casos pioneras, pero que ciertamente nos gustaría ver
reforzadas, en muchas de las cuales también, insisto, es necesaria
desde cualquier punto de vista, y aconsejable en cualquier caso desde
la óptica política, la cooperación con otras administraciones.
También en estas políticas familiares le gustaría al Gobierno, y
especialmente a mi departamento, que se alcanzase el mayor nivel
posible de compromiso y cooperación con lo que se ha dado en llamar
el tercer sector u organizaciones no gubernamentales, porque muchas
de ellas atienden de manera no solamente específica, sino además
eficaz a muchas de las materias que pueden ser de interés real para
las familias españolas. Al diálogo político y al diálogo social puede
y debe añadirse también, como una pauta de comportamiento, la
atención a este tercer sector. Ahí tenemos muchas cosas por hacer,
entre otras colaborar a su mejor vertebración y ciertamente, si es
posible, implicarles, dada la extraordinaria eficacia que tienen en
la traslación de servicios y en el aprovechamiento de recursos que
demanda nuestra sociedad.
Queremos -y con esto ya concluyo, señor presidente-que las líneas que
se han marcado en esta legislatura
puedan tener proyección. Estamos abiertos -lo sabe nuestro grupo
también- a la conservación de los mecanismos de encuentro que se
produjeron dentro de las Cámaras parlamentarias para facilitar este
tipo de acciones, como es posible, para preservar el necesario
consenso y, a partir de él, lógicamente, ir haciendo esa valoración
de lo que ha resultado mejor -y en lo que cabe insistir-, de aquellas
actuaciones que hayan podido tener una menor eficacia social. Estas
son las líneas básicas en las que desearía continuar el Gobierno
y espero que también el mayor número posible de grupos parlamentarios.
Ha sido posible la colaboración en la anterior legislatura sobre una
materia en la que, al margen, como decía antes, de posiciones de
perfil más radical en lo ideológico o en lo confesional, nadie
cuestiona que toda sociedad debe reconocer y apoyar aquellas fórmulas
y estructuras de convivencia que faciliten de manera avanzada la
mejor convivencia, la mejor organización y la mejor atención a
quienes más lo necesitan -en este caso, como decía antes, de esa
España que puede ser activa, que es activa y debe serlo-, hacia
nuestros mayores y hacia nuestros niños. En la inteligencia y en el
consenso parlamentario puede encontrarse, sin duda ninguna, una buena
fuente de continuidad de lo ya realizado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Yo creo, señor ministro, que en el final de su intervención sitúa uno
de esos espacios de consenso. Hoy el conjunto de las fuerzas
políticas coinciden, desde visiones quizás diferentes, en el papel
preciso de la familia en otros espacios de la vida de las personas,
en la importancia que esta realidad hoy tiene en nuestra sociedad.
Todas las fuerzas políticas, y seguramente aquellos que desde hace
años hemos defendido la oportunidad de estas políticas, coinciden en
que hoy es un día especialmente dulce, aceptando también que la
familia, como cualquier espacio de relación entre las personas, es un
espacio de contradicciones y de problemáticas. Por tanto, tampoco
sería bueno idealizar nuestra reflexión sobre la familia.
De su intervención a mí me gustaría destacar algunas cuestiones que
además pueden ser compartidas por el conjunto de los grupos de la
Cámara. Usted decía que hoy la mejor política familiar es la creación
de empleo. La mejor política de bienestar es la creación de empleo, y
este es un espacio de coincidencia no solamente en esta Cámara, sino
en el sentido común de los ciudadanos y en la mayoría de las
políticas que se están desarrollando en el conjunto de los países de
la Unión Europea. Sin embargo, cuando analizamos el
peso que tienen las políticas de bienestar social en el conjunto de
la acción pública y más específicamente en nuestras actuaciones en el
ámbito de las políticas familiares, no nos podemos sentir
satisfechos. Los datos oficiales de la Unión Europea nos indican que
en su conjunto esta se mueve en cifras cercanas al 27,5 por ciento
del PIB en políticas de bienestar social -en España estamos en el
21,8 por ciento- y en las políticas dirigidas específicamente a la
familia en España estamos cerca del 0,4 por ciento del PIB, mientras
que la Unión Europea está en el 2,2 por ciento. Es evidente, por
tanto, que tenemos un déficit de acción pública en materia de
política familiar, que seguramente no es atribuible, ni mucho menos,
a lo que ha sido la acción de Gobierno de la actual mayoría, pero que
está ahí. Debemos también aceptar que necesitamos una acción pública
que vaya más allá de la propia creación de empleo. En esta cuestión
-el señor ministro en su última comparecencia en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo así lo planteó- es evidente que
nos movemos en un terreno en el que la creación de empleo para
mujeres debe ser fundamental. Por tanto, las políticas activas que
tenemos que desarrollar deben tener muy clara esta prioridad. Eso, al
mismo tiempo, debiera ir acompañado de más medidas de las que hemos
adoptado en esta última legislatura para facilitar que las mujeres, y
especialmente las mujeres jóvenes, puedan optar por asumir sus
responsabilidades familiares y, al mismo tiempo, tener la posibilidad
de acceder a un puesto de trabajo. Sobre este tema en el discurso del
presidente del Gobierno, señor Aznar, y en la comparecencia del señor
ministro en la Comisión de Política Social y Empleo, se planteó el
compromiso del Gobierno para avanzar en la puesta en marcha de un
sistema potente de guarderías. Nos gustaría saber en este debate o en
el de la semana próxima cuál va a ser el compromiso del Gobierno en
este tema. Si queremos aumentar las tasas de incorporación de mujeres
al mundo del trabajo, si estamos convencidos de que la creación de
empleo es el principal instrumento para fortalecer nuestro Estado del
bienestar, es evidente que debemos de ser mucho más activos en la
creación de esos servicios destinados a las familias que opten por
tener hijos. Es evidente que hoy existe un déficit de guarderías en
España y nos gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno al
respecto.
El señor ministro en su intervención ha hecho referencia -y
coincidimos con ello, aunque no hemos querido incidir en ese aspecto-
a que no debemos priorizar nuestra actuación en cuanto a las
políticas públicas en familia en torno a la cuestión de la baja
fecundidad que existe en nuestra sociedad, y en el caso concreto de
mi país, Cataluña, las cifras son aún más escandalosas, pero es
evidente que una política a medio y largo plazo debe tener en cuenta
dichas tasas. Las últimas cifras a las que nosotros hacemos
referencia son del año 1998 para el conjunto del Estado y nos sitúan
en 1,07 hijos
por mujer. Son cifras que no deben constituir una prioridad pública
en esta materia -no creo que la sociedad espere de los políticos que
hagamos un discurso sobre la necesidad de que aumenten las tasas de
natalidad-, pero es evidente que estas cifras, de las más bajas de
Europa, son indicativas. Creo que debemos reflexionar de forma
decisiva en un momento en el que otros Estados de la Unión Europea,
que hace 10 ó 15 años partían de cifras similares a éstas, han
desarrollado políticas orientadas precisamente a la oferta de
servicios a las familias, de servicios de proximidad.
Finalmente -y seguramente no va a ser una actuación de este Gobierno
ni de este Congreso, sino que es mucho más profunda-, mientras en
nuestra sociedad los hombres dediquemos el tiempo que dedicamos a la
asunción de nuestros deberes como miembros de una unidad familiar, es
evidente que vamos a tener dificultades para avanzar. En un reciente
artículo en un diario de Barcelona un profesor nos recordaba que un
hombre sueco dedica un promedio de 22 horas semanales a las tareas
familiares, a ese trabajo no lucrativo que hasta ahora han
desarrollado fundamentalmente las mujeres y que, entre otras cosas,
ha permitido que el Estado del bienestar que tenemos en España, que
en comparación con otros es seguramente débil, haya podido aguantar
los niveles de paro que hemos aguantado durante estos años. Un sueco
destina a estas tareas 22 horas, repito, y un español sólo seis.
Seguramente no es cuestión de leyes ni de discursos, pero sí de una
acción concertada entre sectores políticos y sociales. A nosotros nos
gustaría que esta faceta de las políticas familiares, muy orientadas
al objetivo de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral,
a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a reforzar
los instrumentos para mejorar la capacidad de los sectores más
débiles, se incorporase también al diálogo social que el Gobierno
piensa mantener con los agentes sociales. Nos parece que este es un
modelo de sociedad a largo plazo y que al diálogo que el Gobierno
mantenga con los agentes sociales debe incorporarse también una
política familiar inteligente y ambiciosa, que pretenda ir más allá
de las cifras o más allá de la debilidad de las actuaciones que hasta
ahora hemos desarrollado. Nos gustaría que el Gobierno asumiese este
consenso que proponemos en el ámbito parlamentario para su actuación
en la sociedad.
Espero que la moción que planteemos la semana que viene dé al
Gobierno la capacidad de incorporar un mandato en su actuación en
relación a los agentes sociales y a sus propias responsabilidades que
le permita actuar de manera inteligente en este ámbito.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señor presidente.
Señor Campuzano, creo que coincidimos en lo que es fundamental, y
esto no debe ser una casualidad entre fuerzas políticas presentes en
el Parlamento español, sino que es una pauta de actuación de la Unión
Europea. Tenemos ante nosotros un reto, que es lograr que el
crecimiento económico sea estable y sostenido en los próximos años;
tenemos la obligación, sin duda ninguna, de tratar de traducir ese
crecimiento económico a empleo; tenemos la obligación de mejorar los
elementos de cohesión social, que también forman parte de esas
políticas de protección a las familias a las que usted hacía mención,
y, finalmente, tenemos también la obligación de hacer que nuestros
mecanismos de protección sean sostenibles en el tiempo, para no
traicionar un compromiso entre generaciones, que es, también sin duda
ninguna, una clave de lectura familiar, porque si no logramos
acompasar el crecimiento de nuestra protección social al crecimiento
económico, tendremos que volver a recurrir a esos indeseables
mecanismos que hoy está tratando de evitar la Unión Europea, y yo
diría que la sociedad occidental, que suponen el endeudamiento, como
consecuencia de que una generación haya pretendido vivir muy por
encima de sus posibilidades reales y, en consecuencia, se haya
limitado a generar una deuda que habrá de trasladar a futuras
generaciones, y eso tiene un riesgo; el riesgo es que las futuras
generaciones se nieguen a asumir esfuerzos que no sean proporcionados
o semejantes a los que sus predecesores llevaron a cabo. Eso es lo
que explicaría las políticas económicas en las que estoy seguro de
que también podemos coincidir no sólo quienes militamos en distintas
formaciones políticas, sino quienes pertenecemos a los distintos
Estados miembros de la Unión Europea. Creo que hemos sabido construir
un línea correcta en el sentido de asumir cada generación su propia
responsabilidad.
También me alegra coincidir en que la dimensión natalista no sea la
única de las políticas de familia, pero desde luego no podemos
utilizar eso como excusa o argumento para olvidarnos de que mantener
y mejorar una sociedad o unos niveles de bienestar como los que
tenemos requiere también el aporte de nuevas generaciones, que hoy
parecen claramente insuficientes para esas labores, insisto, de
mantenimiento y de mejora de la sociedad del bienestar que
disfrutamos. Creo que eso también debe obrar en nuestras conciencias
a la hora de diseñar cualquier política de presente o de futuro,
porque, insisto, supongo que también es compartido el deseo de que no
solamente se mantengan, sino que se mejoren los niveles de bienestar.
De ahí que deba existir ese factor de armonía entre los crecimientos
económicos y los crecimientos de las políticas llamadas sociales o de
bienestar.
Sabe también el señor Campuzano que hoy hay una lectura bastante
crítica de lo que han sido los parámetros
clásicos de medición, Eurostat en mano, de los factores de bienestar
y que, desde luego, desgraciadamente hubo momentos en que el gasto
social español era mucho más importante por el elevado número de
perceptores de prestaciones de desempleo. Ciertamente creo que en ese
terreno en lo que siempre debemos pensar es en cómo gastar mejor. No
se trata muchas veces de gastar más o gastar menos, que también es un
debate importante, sino de ver si somos capaces también de utilizar
más eficientemente aquellos recursos materiales y humanos de los que
ya disponemos. Creo que son bastantes los puntos de coincidencia. Por
otra parte, en esta materia, afortunadamente, no partimos de cero;
partimos sin duda de lo que ha sido una experiencia positiva en esta
última legislatura. Sin ánimo alguno de autocomplacencia, creo que
algunas de las pautas básicas están correctamente perfiladas. Ha
habido unas mejoras de carácter fiscal, ha habido unas mejoras en el
empleo y permítame que insista en esa materia. Creo que el empleo,
por sí mismo, no es solamente protección a la familia -supongo que
muchas familias se sienten tanto más protegidas cuanto mayor número
de sus miembros que pueden trabajar lo hacen, sería una primera
referencia de protección-; piense que esas personas que trabajan
están contribuyendo también, mediante sus cotizaciones y sus
impuestos, a lo que es el progreso de una sociedad de bienestar.
Luego creo que estamos ante la protección más efectiva, individual
y colectivamente. Insisto, o acompasamos y armonizamos el crecimiento
del gasto social al crecimiento real de nuestra economía y nuestro
empleo o estaremos incurriendo en el vicio que queremos erradicar
todos los países de la Unión Europea, todas las fuerzas políticas de
valor democrático, que es el sistemático endeudamiento, la
sistemática apelación a futuras generaciones.
Esos son los campos en los que creo que puede haber encuentros, con
formulaciones, como le decía al comienzo de mi intervención,
semejantes o análogas a las que dieron lugar a grupos de trabajo y
foros de encuentro en la pasada legislatura. Insisto también, y con
esto concluyo, que, de igual manera que estoy hoy, y gustosamente, en
este hemiciclo hablando como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
podría haber sido cualquiera de los responsables del departamento
quien abordase las políticas de protección a la familia. Al fin y al
cabo, buenas políticas económicas son aquellas que tienen y generan
buenos efectos sociales y, si se me permite, este mecanismo también
opera viceversa.
Esa es la opinión que, a fecha de hoy, se le puede dar, quizás con un
balance razonablemente satisfactorio de lo realizado y exactamente
con el mismo ánimo que caracterizó a este Gobierno al comienzo de la
anterior legislatura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no
tanto para fijar posición, porque no tenemos conocimiento de la
moción, sino para resaltar que efectivamente es importante el apoyo a
las familias, a la pluralidad familiar que existe en este país, desde
el reconocimiento también de la maternidad como bien social. Lo que
no se puede es quedarse uno tan tranquilito después de haber aprobado
una Ley de conciliación laboral, que se supone que tenemos que
conciliar las mujeres con nosotras mismas, porque, señor ministro, en
este país no existen redes de apoyo familiar que hagan posible esa
conciliación; a pesar de que el marco legislativo está muy bien, la
verdad es que en la realidad y en la práctica cotidiana, la única
manera que tenemos de conciliar, como ya le he dicho anteriormente,
es con nosotras mismas.
En el tema de la familia creo que habría que dar prioridad a las
familias que soportan una mayor situación de precariedad. Me refiero
concretamente a las familias monoparentales con cargas. En este
sentido, sería bueno que trabajáramos en la línea de poner en marcha
un fondo de compensación en aquellos casos en que el cónyuge no pase
la pensión alimentaria, por la causa que fuere -que no es lo que más
me preocupa-, de forma que hubiera esa corrección por parte del
Estado para esas familias monoparentales, que van formando parte cada
vez más de esos amplios colectivos sociales que se acercan a la
pobreza y que ya no son solamente familias, aunque sí
mayoritariamente, encabezadas por mujeres.
En la línea de la preocupación que mi grupo parlamentario tiene por
ir resolviendo estas cuestiones, anunciamos que estudiaremos con
detenimiento la moción que presente el Grupo Catalán de Convergència
i Unió y formularemos las enmiendas correspondientes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señor presidente.
No voy a fijar la postura, en nombre del Grupo Socialista, en
relación con esta interpelación, que estudiaremos cuando sea
presentada como moción y sobre la que intentaremos trabajar, incluso
aportando enmiendas que puedan surgir como resultado de este trabajo,
para poder llegar a este consenso al que anteriormente el grupo que
ha presentado la interpelación hacía referencia.
Sin embargo, nos gustaría hablar de una cuestión que nosotros
entendemos prioritaria.
Desde el grupo proponente se entiende como prioridad la de actuar con
medidas en favor de la familia, tanto en el aspecto laboral como en
el fiscal o en los distintos servicios que se presten para la
atención a esas familias, pero nosotros también entendemos como
prioridad establecer el concepto que todos los grupos tengamos de lo
que es la familia; un concepto que nosotros entendemos mucho más
amplio, mucho más rico y adaptado a la realidad social de estos
momentos, que otros grupos parece ser que no entienden como tal y,
además de no entenderlo, creo que no lo respetan. El señor ministro
de Trabajo ha hecho referencia en varias ocasiones a la palabra
respeto y yo el respeto lo entiendo no solamente como que alguien
diga que respeta algo, simplemente de esa forma, sino que el respeto
significa la posibilidad de igualdad, y la posibilidad de igualdad en
estos momentos no se está dando. Recordemos -y creo que ya se ha
hablado de ello durante el Pleno de hoy-, en relación con las
distintas formas de vida familiar como pueden ser las uniones de
hecho, intervenciones de responsables políticos del Partido Popular
que, aunque tienen que ser respetables, también encierran detrás de
ellas la actitud de algunas personas sobre estas modalidades de
familia.
El informe que se realizó desde la subcomisión para el estudio de la
situación de la familia en España hace referencia a un tema muy
importante y que creo que es la clave de lo que estoy hablando. Este
informe resalta la importancia de que las políticas del Estado del
bienestar se adapten a la familia y a las nuevas realidades
familiares -véase, por ejemplo, estas uniones de hecho de las que
estamos hablando-. Nos gustaría poder llegar a un consenso en cuanto
a las políticas que se desarrollen en favor de la familia,
trabajaremos para ello, intentaremos trasladar nuestros puntos de
vista, pero en ningún momento vamos a permitir que esas políticas se
enfoquen desde un punto de vista parcial de lo que se entiende como
familia por unos grupos o lo que se entiende por otros. Para que
podamos llegar a ese consenso, intentemos primero que todos
entendamos lo mismo por familia. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora García.
Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señor presidente.
Para el Partido Popular siempre va a ser un buen momento para debatir
sobre políticas encaminadas a favorecer a la familia y, si me lo
permiten, para mí, como diputada y siendo esta mi primera
intervención en la Cámara, supone una gran satisfacción poder hablar
de la promoción de la familia, ya que ha sido esta una de las
prioridades del Gobierno del Partido
Popular en la pasada legislatura y seguro, según ha dicho el ministro
en esta intervención, va a seguir siéndolo.
El Grupo de Convergència i Unió trae hoy una iniciativa para conocer
cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar para dar
cumplimiento al informe de la subcomisión que se aprobó por esta
Cámara en noviembre de 1997. En este informe se hace una mención
expresa a una política responsable de apoyo a la familia. Nunca puede
hacerse desde un punto de vista único, con medidas puntuales ni a
través de una actuación si no es en su conjunto. Añade el propio
informe que estas medidas deben de ser compatibles con los grandes
objetivos de la política económica del Estado y con la viabilidad
financiera del modelo de la Seguridad Social.
En la pasada legislatura, tal y como reconoce y recoge su propia
iniciativa, se pusieron en marcha muchas de estas recomendaciones del
informe. Hablar de medidas a favor de la familia es hacerlo desde un
ámbito transversal. Eso es lo que piensa nuestro grupo y yo creo que
es un amplio consenso el que se tiene desde este momento al hablar de
que las medidas que integran las políticas relativas a la familia
deben considerarse sectorialmente, desde la educación, la cultura, el
empleo, la conciliación de la vida laboral y familiar, la atención
sociosanitaria, la protección social, la vivienda, la fiscalidad, y
todas ellas englobadas en lo que conocemos como sociedad del
bienestar. Como su interpelación hacía referencia a él, me he
permitido traer el informe que aprobó la propia subcomisión. Cuando
se habla de política integral de la familia se alude en primer
término a la redistribución de las tareas, se habla del respeto a la
igualdad y de alcanzar una igualdad real de oportunidades. A mí me
parece señorías -y hemos tenido esta tarde oportunidad de conocerlo-
que se ha avanzado mucho en esa igualdad real, aunque
desgraciadamente todavía -como se ha dicho también hoy aquí- sigan
haciendo falta medidas en contra de la violencia doméstica.
Consideramos que la conciliación de la vida laboral y las
responsabilidades familiares que recogía el propio informe tiene y ha
tenido una amplia repercusión en ese proyecto de ley aprobado en esta
Cámara, que hace posible -como decía el ministro- que hoy hablemos de
una ley que promueva esa conciliación y en la que se recojan los
permisos por maternidad, por paternidad, las reducciones de jornada,
la flexibilización de horarios, la reserva de puestos de trabajo, el
coste cero y tanta otras medidas.
En ese informe se habla de la atención a las personas mayores y hay
que decir que se ha adecuado el plan gerontológico, a través del cual
se cofinancian las residencias, la teleasistencia y los centros de
día. También tengo que decir, cosa importante, que el incremento
presupuestario, del año 1996 al año 2000, ha supuesto más de un 56
por ciento y que en este año, en la ejecución
del año 2000, tendremos más de 5.800 millones para este fin.
Se habla en este informe de sanidad. Es importante señalar, porque
ayer la ministra de Sanidad hacía referencia a todos estos conceptos,
que nuestro gran reto en cuanto a la familia va a ser la coordinación
sociosanitaria. Es un hecho que para este año habrá un aporte
presupuestario dentro del plan de Alzheimer de 538 millones; que se
seguirá hablando de anorexia nerviosa y bulimia; que se seguirá
hablando de educación sanitaria en la familia y de muchas cuestiones
a las que hace mención el informe, que el Gobierno llevó a cabo en la
pasada legislatura y seguirá haciéndolo.
No voy a entrar en la mejora fiscal, ya que el ministro ha hecho
referencia a ella, pero sí tengo que referirme a una cosa que me
parece fundamental, que es el fomento del empleo. Efectivamente, las
familias han cumplido una función importantísima en orden a aliviar
los problemas de los parados sobre la base de su solidaridad interna.
Por ello las políticas puestas en marcha en la pasada legislatura han
permitido un mayor y mejor empleo, lo que ha supuesto un mayor
bienestar familiar.
Permítanme hoy hablar aquí de lo que supone el nuevo reto del empleo
para la mujer. Ese ha sido un
gran avance para la familia, el empleo femenino y sobre todo el
concepto que se tiene de empleo, el hecho de que actualmente a una
mujer, aunque todavía lo tenga más difícil, le sea más fácil poder
incorporarse al mercado laboral, sin tener que decidir si quiere
tener hijos o si quiere tener un empleo.
En definitiva y para concluir, el Partido Popular tiene un firme
compromiso para garantizar el apoyo a la familia. Quiero decirle al
señor Campuzano que esperaremos a ver cuál es el sentido de la moción
del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Si efectivamente se presenta
y va en la dirección de lo que aquí se ha debatido, de lo que recoge
la subcomisión y de lo que el Partido Popular ha estado haciendo en
la anterior legislatura, seguro que nos encontraremos en ese camino,
porque es el que ha seguido durante estos años el Partido Popular.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Muñoz.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.