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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 630, de 28/11/2003
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de noviembre de 2003
Núm. 630
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000006 Calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2003. Modificación ... (Página 4)
SECRETARÍA GENERAL
292/000019 Convocatoria de 30 de septiembre de 2003 de becas para la realización de tesis doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento. Designación de los miembros del Jurado ...
(Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre asistencia humanitaria a las personas objeto de tráfico ilegal que a través de pateras llegan a las costas andaluzas ...
(Página 4)
162/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de promoción del empleo, orientación profesional e integración laboral de emigrantes españoles ... (Página 5)
162/000844 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, relativa a la candidatura
olímpica de Madrid 2012 ... (Página 7)
Comisión de Justicia e Interior
161/002360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las personas que figuran como 'desaparecidas' ...
(Página 8)
161/002361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la dotación de medios materiales y humanos en el cuartel de la Guardia Civil de Daroca (Zaragoza) ... (Página 9)
Comisión de Defensa
161/002355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz) ... (Página 10)
161/002365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que no se lleve a efecto el traslado de la Escuela de Infantería de Marina ubicada en San Fernando (Cádiz) a Cartagena (Murcia) ...
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
161/002356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización del catálogo de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español procedentes del Monasterio de San Martiño de Subía,
en Narón (A Coruña) ... (Página 12)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/002359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa del cultivo del algodón ... (Página 13)
161/002363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de un sistema de ayudas al cultivo del algodón ... (Página 15)
161/002366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción durante las campañas de vacunación contra la gripe del consumo de cítricos como alimento que refuerza el sistema inmunológico contra dicha
enfermedad ... (Página 16)
Comisión de Infraestructuras
161/002358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la rotación de unidades del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla en el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida ... (Página 17)
161/002364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el soterramiento de las vías férreas a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas ... (Página 18)
Comisión de Política Social y Empleo
161/002357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre adopción de medidas para frenar la precariedad laboral en Andalucía ... (Página 18)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al pleno apoyo a las acciones que tienen como objetivo garantizar el acceso a la salud y a los medicamentos de los ciudadanos de Iberoamérica ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
181/003989 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio José Carrera González (GS), sobre medidas financieras específicas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto aplicar para garantizar el desarrollo de la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en las Comunidades Autónomas ... (Página 21)
181/003990 Pregunta formulada por el Diputado don Emilio José Carrera González (GS), sobre medidas financieras específicas previstas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para garantizar el desarrollo de la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación en Cantabria ... (Página 21)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/003892 Pregunta formulada por el Diputado don José Fernández Chacón (GS), sobre hectáreas de riego que carecen de concesiones administrativas consolidadas en las cuencas de la provincia de Cádiz. Pasa a tramitarse ante la Comisión de
Medio Ambiente ... (Página 22)
181/003893 Pregunta formulada por el Diputado don José Fernández Chacón (GS), sobre expedientes de concesión de agua en tramitación en las cuencas del Guadalete, Barbate, Guadiaro y Guadarranque y fechas que constan en el registro de entrada
de los mismos. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Medio Ambiente ... (Página 22)
181/003894 Pregunta formulada por el Diputado don José Fernández Chacón (GS), sobre caudales disponibles en las cuencas de la provincia de Cádiz susceptibles de ser concedidos a los solicitantes. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Medio
Ambiente ... (Página 22)
181/003895 Pregunta formulada por el Diputado don José Fernández Chacón (GS), sobre posibilidad de concesión de nuevas autorizaciones de riego en los términos de Bornos, Espera, Villamartín, Puerto Serrano, Algar, Puerto de Santa María,
Tarifa, Alcalá de los Gazules, Conil y Vejer. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Medio Ambiente ... (Página 22)
181/003999 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Edo Gil (GS), sobre previsiones acerca de realizar una campaña en los medios de comunicación y asociaciones de consumidores para incentivar el consumo de pescado fresco del litoral
español ... (Página 23)
181/004000 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Edo Gil (GS), sobre actuaciones para paliar el problema que ocasiona la quema de la paja de arroz ... (Página 23)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/003991 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Fidalgo Francisco (GS), sobre documentos de voluntades anticipadas registrados desde la entrada en vigor de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica ... (Página 24)
181/003992 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Fidalgo Francisco (GS), sobre situación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, así como actuaciones realizadas en relación a su funcionamiento y líneas de trabajo ejecutadas
... (Página 24)
181/003993 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Fidalgo Francisco (GS), sobre actuaciones para optimizar la donación de medicamentos y hacer efectivo el cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
... (Página 25)
Comisión de Ciencia y Tecnología
181/004001 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx), sobre resultado de las hipotéticas acciones del Gobierno para conseguir que Izar-Fene pueda volver a la construcción naval civil y garantizar así su
viabilidad ... (Página 25)
181/004002 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez (GMx), sobre acciones que está llevando a cabo el Gobierno para garantizar carga de trabajo a cada uno de los astilleros públicos del Grupo Izar en los próximos
años y garantizar su viabilidad, teniendo en cuenta el contexto internacional y la política comunitaria ... (Página 26)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000014 Informe de la Subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, creada en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000006
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, previa audiencia de la Junta de Portavoces, acordó modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones septiembre-diciembre de 2003, en el sentido de sustituir la
semana del 29 al 31 de diciembre, inicialmente prevista, por el próximo día 23 de diciembre de 2003.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
SECRETARÍA GENERAL
292/000019
La Mesa de la Cámara, en sus reuniones de los días 17 y 25 de noviembre de 2003, acordó, de conformidad con la base tercera.1 de la convocatoria de becas para tesis doctorales que tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento, que
el Jurado esté integrado por las siguientes personas, bajo la presidencia de la señora Presidenta de la Cámara o persona en quien delegue:
- Excma. Sra. doña Margarita Mariscal de Gante Mirón, Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados.
- Excma. Sra. doña María Amparo Rubiales Torrejón, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados.
- Excma. Sra. doña Piedad García-Escudero Márquez, Secretaria General del Congreso de los Diputados.
- Ilmo. Sr. don Pedro González Trevijano, Catedrático.
- Ilmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps, Catedrático.
- Ilma. Sra. doña Remedio Sánchez Ferriz, Catedrática.
- Ilmo. Sr. don Joaquín Manrique Mayor, Director de Estudios y Documentación de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretario.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000842
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre asistencia humanitaria a las personas objeto de tráfico ilegal que a través de pateras llegan a las costas andaluzas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Diputado del Partido Andalucista don José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
asistencia humanitaria a las personas objeto de tráfico ilegal que a través de pateras llegan a las costas andaluzas, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
De forma reiterada y de muy diferentes fuentes, se viene denunciando la escasez de operativos con los que cuenta Andalucía, como Comunidad Autónoma afectada, para prestar las atenciones mínimas a los inmigrantes que llegan a sus costas. Lo
ocurrido en Rota el pasado 25 de octubre, donde murieron 36 inmigrantes ilegales marroquíes, ha suscitado duras críticas al Gobierno después de que toda España contemplara asustada escenas atroces en las costas gaditanas.
Se hace cada vez más patente la necesidad urgente de conceder al problema la dimensión internacional que se merece. Si hay personas que son capaces de poner en riesgo su propia vida es porque en sus países de origen debe ser insostenible
vivir. El futuro pasa por impulsar y contribuir al desarrollo de todos esos países con condiciones de vida infrahumanas, de modo que nadie se vea obligado, como en su día los andaluces, a abandonar su propia tierra.
Recientemente, el Rey de Marruecos, Mohamed VI, ha anunciado la creación de un cuerpo policial específico para luchar contra el tráfico de seres humanos organizado por las mafias de la emigración. Se anuncia también una cumbre bilateral en
Rabat para abordar el problema.
Ante esta dramática situación, la única respuesta del Gobierno ha sido la instalación del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) en el Estrecho. Sin embargo, aún no se ha dotado a la Comunidad andaluza con recursos materiales y humanos
suficientes para desarrollar este trabajo con profesionalidad y hacer frente al gravísimo problema. Es evidente la escasez de operativos con los que cuenta Andalucía para prestar las atenciones mínimas a los inmigrantes que llegan a sus costas.
Lo más preocupante es la negativa del Gobierno del Estado a trabajar con las Comunidades Autónomas más directamente afectadas por el fenómeno de la inmigración, para buscar una salida consensuada a una cuestión que cada vez adquiere tintes
más dramáticos.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convenir con la Junta de Andalucía un Plan Integral sobre Inmigración y asignar partida presupuestaria necesaria para que esta Comunidad tenga capacidad de actuación.
2. Crear un Consejo del Estrecho integrado por Andalucía, España y Marruecos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2003.-José Núñez Castaín, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000843
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre medidas de promoción del empleo, orientación profesional e integración laboral de emigrantes españoles.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre medidas de promoción del empleo, orientación profesional e integración laboral de emigrantes españoles, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país de emigración a ser un país cuyo desarrollo económico ha permitido incorporar trabajadores españoles y extranjeros en distintos sectores laborales. A pesar de que el cambio de
tendencia es perceptible desde la década de los ochenta, aún hoy, los españoles residentes en el exterior son más de un millón cuatrocientos mil y probablemente, en los próximos años esta cifra se incremente como consecuencia de las reformas
introducidas en la normativa sobre nacionalidad.
La Constitución española, en su artículo 42, establece que el Estado debe velar por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia su retorno. La legislación
de la UE y distintos convenios internacionales en materia de seguridad social, se ocupan de la vertiente de reconocimiento de los derechos laborales.
En la legislación nacional, que en el ámbito de retorno abarca cuestiones que tratan desde la asistencia sanitaria hasta pensiones no contributivas, pasando por ayudas a entidades que faciliten la integración laboral, han existido
escasísimos avances durante la etapa de Gobierno Popular.
El contexto de crecimiento económico de los últimos años se debería haber aprovechado para favorecer el regreso de españoles que, para comenzar su labor profesional o continuar en ella, podrían haber contribuido al desarrollo de nuestro
país. El Gobierno del PP, que ha desperdiciado la oportunidad de facilitar el retorno de españoles en una coyuntura económica favorable, incluso se ha permitido seguir un camino opuesto, aprobando recortes de prestaciones públicas para emigrantes,
como el subsidio por desempleo para retornados a través del Decretazo (Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo).
Los socialistas venimos realizando una defensa pública a favor de la máxima extensión de los derechos reconocidos por nuestro sistema a los españoles residentes en otros países, pero creemos que además, es necesario combinar esta protección
con el cumplimiento del mandato constitucional de orientar la actuación del Estado hacia el retorno de los emigrantes.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado recientemente una iniciativa para la creación de la Oficina Española del Retorno, con el propósito de que la Administración pueda prestar un servicio de asesoramiento e información específico a
todos los españoles que se planteen o hayan decidido retornar. Estamos convencidos de que los emigrantes necesitan del apoyo de su Administración en el sentido apuntado, pero orientar la política hacia el retorno de los españoles debe ir más allá
de asistir a quienes han tomado la decisión de regresar, también significa desarrollar políticas activas que tengan como objetivo favorecer el regreso de los españoles a su propio país.
El artículo 35 de la Constitución establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, y los emigrantes españoles son sujetos de este derecho como cualquier otro nacional. Por un lado, nos consta que
existen españoles residentes en otros lugares que desearían volver a establecerse en su país y, para la mayoría de ellos, el acceso a un empleo puede suponer la única forma de establecerse en España. Por otro lado, estos ciudadanos podrían aportar,
perfiles profesionales que están siendo demandados en distintos sectores de nuestra economía.
Serían muchas las ventajas, desde la perspectiva del emigrante que retorna y desde la aportación que en términos sociales y económicos puede realizar a su país. Sin embargo, dada la actual configuración del INEM y de los Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas, al margen de iniciativas parciales, un ciudadano español que resida en otro país tiene prácticamente vedado el acceso a la información y a los servicios de orientación laboral que las diferentes
Administraciones proporcionan a los residentes en España.
Hoy día, el desarrollo de las tecnologías permitiría transmitir, de forma casi instantánea y con costes asumibles, la información necesaria para que la Administración exterior pudiera tenerlas a su disposición. A pesar de ello, ni los
Consulados ni las Consejerías laborales de España proporcionan información de las ofertas de empleo que existen en España para que puedan acceder a ellos los potenciales interesados.
Contando con los medios adecuados, básicamente, terminales y redes informáticas que permitan recibir la información enviada desde España, estas Oficinas en el extranjero podrían encargarse de procesar la información sobre los puestos de
trabajo demandados a través del Servicio Público de Empleo Estatal para ponerla a disposición de los españoles que la demanden. En las dependencias donde sea posible, el propio personal contratado, u otro personal ad hoc, en aquellos donde el
volumen de trabajo no permita añadir más tareas a los empleados, podrían actuar en la intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo. Con el fin de hacer realmente efectivo el sistema, desde el mismo lugar que se ofrece la información
debería poder tramitarse, en caso necesario, la oferta de empleo.
Las políticas desarrolladas durante la etapa de Gobierno socialista, las actuaciones de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y las permanentes
iniciativas presentadas en el Parlamento por el Grupo Parlamentario Socialista, avalan nuestro propósito de que los españoles residentes en otros países puedan ejercer con plenitud cuantos derechos sea posible garantizarles salvando el
obstáculo que supone la distancia.
Consideramos que, a quien no reside en España, la ciudadanía no debe suponerle un status nominal que le otorgue un acceso restringido sin motivo a derechos que le pertenecen plenamente en tanto que español. La acción de los Poderes públicos
ha de favorecer que también fuera del territorio se tengan las mayores facilidades para ejercer los derechos sociales que la Constitución reconoce para todos, máxime cuando las condiciones actuales permiten facilitar el ejercicio de tales derechos
con un coste razonable en relación al derecho que se garantiza.
Los socialistas estamos convencidos de que ofrecer a todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, la posibilidad de acceder a los puestos de trabajo que demanda nuestra economía supondrá, además de dar cumplimiento a los
derechos que reconoce la Constitución, una oportunidad de contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno del Congreso de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:
Acometer la elaboración de un Plan de promoción de empleo e incorporación laboral de emigrantes españoles que contemple:
- El establecimiento de un sistema informático adecuado para que las Consejerías laborales y de Asuntos Sociales y las Secciones de Asuntos Laborales de los Consulados Españoles, tengan a su disposición las ofertas de empleo publicadas en
España por el Servicio Público de Empleo Estatal. Además deberá recopilar la información que se produzca en otros países miembros de la Unión Europea y se halle publicada a través de los Servicios Europeos de Empleo EURES, pudiendo completar todo
lo anterior con otras fuentes de información sobre ofertas de empleo que se consideren de interés para los destinatarios.
- La dotación de recursos humanos suficientes con la cualificación necesaria o la formación del personal en las Consejerías Laborales y Secciones Laborales de los Consulados Españoles donde el volumen de trabajo no haga necesario reforzarlos
con más personal, para que puedan informar a los españoles que lo requieran de las ofertas de empleo y, en caso necesario, tramitar las contrataciones.
- Acondicionar las dependencias y habilitar espacios para que los ciudadanos puedan ser atendidos en condiciones adecuadas en las mencionadas oficinas, procurando un sistema de atención rápido y eficiente a quienes deseen consultar y recibir
asesoramiento sobre posibilidades de empleo. Además de la atención a través del personal, se dispondrán terminales de ordenador con acceso a internet y otros sistemas para que los usuarios que lo deseen puedan acceder a la información sobre ofertas
de empleo por sí mismos.
- Ofrecer la posibilidad a los españoles residentes en el extranjero que deseen optar a un puesto de trabajo en nuestro país, de que se inscriban en el Servicio Público de Empleo Estatal como demandantes de empleo.
- Priorizar, cuando motivos técnicos o económicos recomienden la implantación de este sistema en distintas fases, su puesta en marcha en los lugares donde el número de españoles residentes potencialmente beneficiarios de este sistema sea
mayor.
- Realizar una campaña de promoción, información y divulgación de este servicio para difundir que los potenciales beneficiarios puedan conocer su existencia y condiciones de acceso al mismo.
- Ofrecer la posibilidad de que los emigrantes retornados que accedan a un puesto de trabajo en España, cuenten con un servicio de apoyo y asesoramiento público que les ayude a la resolución de cuantos trámites o dudas puedan surgirles en
relación con su nueva situación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2003.-Consuelo Rumi Ibáñez y Ramón Jáuregui Atondo, Diputados.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000844
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la candidatura olímpica de Madrid 2012.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la candidatura olímpica de Madrid
2012, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La ciudad de Madrid, por iniciativa del Comité Olímpico Español, es candidata para la realización de los Juegos Olímpicos del año 2012, en competencia con otras 8 ciudades para organizar los juegos: Nueva York, Londres, París, Río de
Janeiro, La Habana, Leipzig, Moscú y Estambul.
La organización de unos juegos de estas características significará un acontecimiento de primer nivel, no solamente para la ciudad de Madrid, sino que tendrá efectos muy positivos para el resto del país.
Por todo ello, parece conveniente que los Grupos Parlamentarios, que suscriben esta iniciativa, propongan a la Cámara la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su total apoyo a la candidatura de Madrid como ciudad sede de los Juegos Olímpicos en el año 2012, asumiendo el compromiso de contribuir, con su colaboración, a la consecución de la nominación
definitiva y, posteriormente, al éxito más completo en la realización de dichos juegos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Manuel José Silva i
Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-José Núñez Castaín y José Antonio Labordeta Subías, Diputados.
Comisión de Justicia e Interior
161/002360
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre las personas que figuran como 'desaparecidas'.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre las personas que figuran como 'desaparecidas' para su debate en la Comisión de Justicia e Interior.
Motivación
En la sociedad española existe cada año una importante cantidad de personas que figuran como 'desaparecidas' y de las que sus familiares y allegados no consiguen nunca saber si siguen con vida o dónde residen.
Fuentes oficiosas hablan de unas 9.000 personas, que no han podido ser localizadas por los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado y, por lo tanto, de unas 9.000 familias que viven en grave zozobra psicológica, jurídica y económica.
El Consejo de Europa repetidamente, a través de la recomendación 646 (1971) del documento (78) 3 o de la recomendación (79) 6 ha instado a los Estados Miembros a realizar políticas activas, tanto policiales como jurídicas para proteger los
intereses familiares y sociales, incluyendo 'el derecho al olvido' pero subrayando los colectivos de mayor riesgo, como los/las menores, las personas aquejadas por desequilibrios o problemas mentales, las personas mayores, inválidas o aquejadas de
una enfermedad grave y las personas indigentes.
No consta que el Gobierno de España haya respondido adecuadamente, ni a las recomendaciones europeas, ni a las peticiones de la Federación Española de familiares y amigos de desaparecidos.
Por eso, parece oportuna la presentación de esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas oportunas, que lleven a una real y total coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo a los policías autonómicos y locales.
2. La creación dentro del Cuerpo Nacional de la Policía de un grupo altamente especializado en la búsqueda de personas desaparecidas.
3. Tomar las medidas oportunas para la unificación, a nivel estatal, de todas las bases de datos de personas desaparecidas.
4. Que se impulse la reforma del Código Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil potenciando la tutela efectiva de los jueces y del Ministerio Fiscal.
5. Conseguir el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa, que establecen que los Estados miembros deben buscar a sus personas desaparecidas de forma real y efectiva, sobre todo los/las menores enfermos/as mentales, mayores
de edad e indigentes.
6. Que se dispongan ayudas desde el punto de vista jurídico y psico-social para las familias de personas desaparecidas, que sufren una serie de situaciones y estados anímicos, que requieren apoyo especializado y personalizado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2003.-Margarita Pin Arboledas y Arrate Varela Vázquez, Diputadas.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002361
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la dotación de medios materiales y humanos en el cuartel de la Guardia Civil de Daroca (Zaragoza).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la dotación de medios materiales y humanos en el cuartel de la Guardia Civil de Daroca (Zaragoza) para su debate en la Comisión de Justicia e Interior.
Motivación
La Comarca de Daroca, que agrupa a una treintena de pueblos de la provincia de Zaragoza, dispone de un único cuartel de la Guardia Civil para atender a los mismos con una dotación de medios materiales y humanos claramente insuficiente para
hacer frente a esta tarea.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar el número de efectivos que prestan sus servicios en el Cuartel de la Guardia Civil de Daroca
para hacer posible que se dedique la atención necesaria a todos los pueblos de la zona.
2. Garantizar que dicho cuartel tendrá tres patrullas permanentes, de forma que puedan desplazarse a todas las localidades sobre las que actúan.
3. Asegurar que el citado cuartel pueda prestar servicio de atención a las llamadas de socorro las 24 horas del día, dotando de los medios oportunos para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2003.-Mercedes Gallizo Llamas, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002355
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Portavoz Andalucista José Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la Escuela de
Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz), para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Hace 124 años se instaló en la Muy Leal y Constitucional Ciudad de San Fernando (Cádiz) la Escuela de Aplicaciones, actualmente llamada Escuela de Infantería de Marina (EIM), que ahora el Ministerio de Defensa pretende trasladar a la ciudad
de Cartagena, dentro de un proyecto de unificación de centros de enseñanza. A la ciudadanía isleña se le está arrancando -sin justificación práctica ni necesidad técnica- parte de su más arraigada historia, la de un centro de formación que convive
con todos los isleños desde hace más de un siglo.
Lo injustificable de la decisión es que, desde octubre de 2002, el Ministerio de Defensa cuenta con un informe interno denominado 'Racionalización de instalaciones. Concentración de Escuelas', en donde se afirma que el traslado de esta
escuela para unificar los centros EIM y Escuela de Formación de Tropa de Infantería de Marina (ESFORTIN) en Cartagena no está justificado técnicamente.
El informe manifiesta las ventajas e inconvenientes de ambos lugares. Las ventajas de San Fernando son la 'Relativa proximidad del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (CASR); lo que resulta de valor incalculable sobre todo para
la enseñanza de perfeccionamiento, al disponer de campos de tiro para todas las armas y posibilidades para ejecutar todo tipo de ejercicios tácticos y adiestramiento de alumnos'.
El informe interno aclara que las ventajas de concentrar sendas
escuelas en San Fernando son 'Ahorro de recurso económico en cuanto a indemnizaciones de residencia eventual o dietas pluses, ya que el mayor porcentaje de alumnos de perfeccionamiento procede del núcleo de la Fuerza (78% en 2001). Su traslado a
otra zona implica un aumento de un 300% en los costes en este capítulo.'
El informe se extiende en sus argumentaciones señalando muy claramente tres inconvenientes del traslado a Cartagena del EIM además del elevado coste. 'Alejamiento del núcleo principal de la Fuerza con las limitaciones funcionales y aumentos
de coste que ello conlleva, sobre todo para cursos de perfeccionamiento. Aumento de costes directos por realización de cursos debido a la procedencia del mayor porcentaje de alumnos y de los costes derivados de las necesidades asociadas a los
cursos, al no disponer de medios y armamento para efectuar las prácticas necesarias en los distintos cursos. Carencia de campos de tiro adecuados para prácticas con armas superiores a calibres medios (25 mm) o de prácticas de explosivos'.
Según este sustancioso informe de racionalización 'parece más practicable la opción de concentración en San Fernando'. Este estudio también habla de 'disminución
de la calidad de la enseñanza' (...) 'Significará un indudable aumento de los gastos por individuo y curso al trasladarse a Cartagena'.
Por todas estas razones, el Gobierno de San Fernando mantiene que la decisión del Ministerio de Defensa sobre el traslado de la EIM a Cartagena va contra el principio de eficacia constitucional. Existen razones que revelan que el traslado
injustificado de la EIM desde San Fernando a Cartagena, con una distancia de 560 kilómetros aproximadamente, supone un malgasto de los recursos económicos del Ministerio.
El principio de eficacia registrado en el artículo 103.1 de la Constitución establece que: 'La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia...'. El Ministerio de
Defensa no está teniendo en cuenta este precepto constitucional. Los dirigentes de este Ministerio no son objetivos con el informe, siendo tan contundentes las razones aportadas por los propios técnicos de la administración militar, el cual
contradice la decisión política tomada por el responsable del departamento del traslado a su ciudad natal. Es inevitable el preguntarse si existen otras razones subjetivas que el Gobierno del Estado no quiere desvelar.
Por todo ello, el Partido Andalucista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, de acuerdo con el principio constitucional de eficacia de la Administración Pública sirviendo con objetividad los intereses generales, insta al Gobierno del Estado a:
1. Que el Ministerio de Defensa no efectúe, en coherencia con el informe técnico de su propio departamento que aconseja lo contrario, el oneroso traslado de la EIM de San Fernando para unificar los centros de formación de Infantería de
Marina en Cartagena.
2. Que el Ministerio de Defensa realice un profundo estudio en San Fernando con el objetivo de obtener una auténtica racionalización de las instalaciones e infraestructuras militares ubicadas en la Ciudad, adaptándose a los grandes cambios
que se han producido en las necesidades de la Defensa en las últimas décadas, liberando la zona sur de Camposoto e impulsando con nuevas instalaciones la zona norte de la ciudad, población de San Carlos y el Arsenal de La Carraca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2003.-José Núñez Castaín, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002365
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley para que no se lleve a efecto el traslado de la Escuela de Infantería de Marina ubicada en San Fernando (Cádiz) a Cartagena (Murcia).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para el no traslado de la Escuela de Infantería de Marina ubicada en San Fernando a Cartagena, para su debate en la Comisión de Defensa.
La ciudad de San Fernando (Cádiz) alberga desde 1857 la Escuela de Infantería de Marina, que está situada en la Población Naval de San Carlos. Esta misma ciudad cuenta además con unidades relacionadas con esta escuela, como es el Tercio de
Armada y la Escuela de Suboficiales.
A finales del año 2002 el Ministerio de Defensa reconocía en una respuesta parlamentaria al grupo socialista que 'la Armada, contempla la concentración en una sola Escuela de los Centros de Formación de Infantería de Marina hay situados uno
en Cartagena y otro en San Fernando. La opción más conveniente en los estudios iniciales es instalar la Escuela única en Cartagena, a donde se trasladaría la de San Fernando'.
Desde que se tuvo noticia de las intenciones del Ministerio de Defensa por el traslado de la Escuela de Infantería, tanto la sociedad isleña, como los diferentes partidos políticos de la provincia de Cádiz, se han pronunciado en contra del
traslado. Además existe un acuerdo plenario del Ayuntamiento de San Fernando que fue aprobado por unanimidad en el que se instaba al Ministerio de Defensa a que no se trasladara la Escuela de Infantería de Marina y que se optara por la potenciación
de sus instalaciones.
Existen informes de la propia Armada que desaconseja el traslado a la ciudad murciana, alegando los elevados costes que supondría la ubicación de la Escuela en Cartagena.
La última respuesta que el Gobierno de la Nación ha dado al Grupo Parlamentario Socialista alaba la idoneidad de las instalaciones de Cartagena y que este traslado se enmarca dentro del proceso de racionalización y concentración de escuelas.
Creemos que la decisión del traslado de esta Escuela no ha sido lo suficientemente fundamentada por el Ministerio de Defensa y que en el traslado prima más la compensación a Cartagena por el desmantelamiento militar que ha sufrido en los
últimos años que por un verdadero interés para la defensa de España.
Sin dar mas razonamientos, el Ministerio de Defensa ha señalado que 'se ha llegado a la conclusión de que la concentración de las escuelas es absolutamente necesaria y que la mejor ubicación de la nueva Escuela de Infantería de Marina es la
Estación Naval de la 'Algameca'' al considerar determinante las ventajas del aprovechamiento de las instalaciones de la actual Escuela de Especialidades Antonio Ulloa, por la amplitud de zonas disponible para nuevas infraestructuras, la posibilidad
de expansión y, muy especialmente, la disponibilidad inmediata de zonas exteriores para instrucción y adiestramiento de nivel básico sin necesidad de tener que realizar desplazamientos'.
Es extraño que el Ministerio de Defensa base el traslado de toda una institución apegada a San Fernando y a la provincia de Cádiz por el traslado que realizan los aspirantes a Infantes para realizar instrucción a la Sierra del Retín de
Barbate. Pero además el propio Ministerio debería de conocer el espacio que ha quedado libre en San Fernando después del traslado de algunos centros militares. En la propia zona de San Carlos están libres todas las dependencias del antiguo Centro
de Instrucción de Marinería. También la zona del Arsenal de la Carraca se encuentra sin aprovechamiento, ya que su personal está siendo trasladado a Rota. Y habría que señalar que también se puede contar con la zona de la Clica, donde se va a
instalar próximamente una galería de tiro.
Con estas consideraciones podemos señalar que en la ciudad de San Fernando hay sitio para que se pueda acoger la nueva y unificada Escuela de Infantería de Marina, más si tras el cierre o traslado de algunos centros militares, las
instalaciones no van a ser ocupadas por nuevos centros, tal y como recoge otra respuesta parlamentaria en la que Defensa dice que no se prevé nuevas instalaciones militares en San Fernando.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista no se entiende la razón por la que no se ha realizado un informe en el que se tenga en cuenta estos aspectos y se haya omitido el espacio libre que también dispone la ciudad de San Fernando.
Por todo ello el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
No llevar a efecto el traslado previsto por el Ministerio de Defensa de la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando a la ciudad de Cartagena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2003.-María Carmen Sánchez Díaz, Salvador de la Encina Ortega, Carmen Romero López y José Fernández Chacón, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
161/002356
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la realización del catálogo de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español procedentes del Monasterio de San Martiño de Subía, en Narón (A Coruña).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la realización del catálogo de los
bienes muebles del Patrimonio Histórico Español procedentes del Monasterio de San Martiño de Subía (Narón), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Iglesia de San Martiño de Xubia (Narón) y su casa Rectoral fueron declaradas Conjunto Histórico y Artístico por el Estado Español el día 2 de octubre de 1972, por lo que está desde entonces bajo la custodia de la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Estos dos enclaves arquitectónicos forman parte de un todo que es conocido como Monasterio de San Martiño de Xubia o Monasterio de O Couto.
Sus orígenes hay que buscarlos a mediados del siglo IV (Actas de los Concilios de Zaragoza, cánones 5 y 8, año 380) de la Era Cristiana, cuando los eremitas aparecen formando comunidad en la Ría de Xubia y levantan su propia ermita, conocida
como Nuestra Señora de las Nieves...
Lo que hoy se conoce como Monasterio de O Couto comenzó a construirse en este mismo lugar como Complejo Monacal Benedictino en el año 789, bajo la protección del Rey Don Bermudo I y a expensas de la Casa Condal
de los Traba o Trastamara de Bergantiños. Fue completada su construcción por el Rey Ramiro I, durante cuyo reinado se le dio, además, carácter de fortaleza por las frecuentes invasiones y ataques berberiscos.
Del año 847 al 867 fue Abadía a manera de pequeña diócesis; de 867 a 1121 fue exclusivamente Abadía y de 1121 a 1836, Priorato (dependiente de la Abadía de San Pedro de Cluny entre 1121 y 1518) y período en el que se comenzó a construir
(1137-1782) la actual Iglesia románica. Desde entonces hasta nuestros días es Iglesia Parroquial y Casa Rectoral.
La Iglesia Románica de San Martiño de Xubia es de planta basilical con tres naves rematadas con ábsides de forma semicircular. Toda la infraestructura basilical se encuentra 2,75 m bajo el nivel del atrio y se accede por escalera a un
pórtico cubierto. La puerta es de estilo románico, original y elegante, y se compone de dos arquivoltas determinadas por baquetones y en el sentido de las arquivoltas remata la puerta al exterior de una decoración de cuadros y semicírculos hincados
en la misma piedra, tal y como sucede con las ventanas. La nave central está separada de las laterales por pilares de planta cuadrada y columnas adosadas.
La cubierta de dos aguas y sus tres ábsides son de gran pureza románica.
El central de l0 m de longitud y los laterales de 5,60 de perímetro fueron restaurados entre 1976 y 1978 por la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional.
Esta actuación afectó también a las vigas, al retrato barroco del Altar Mayor y dejando al descubierto toda la sillería de granito del templo en su parte interior, así como descubrimiento de ventanas tapiadas con ladrillo entre las que se
encuentran tres de arco ojival con ajimaz. En la construcción monacal se pueden ver todavía integradas en el conjunto, restos de la Capilla de San Miguel Arcángel, fundada por don Gonzalo Esquío en 1340 y demolida en 1910 para ampliación del
Cementerio. Así, dos arcos sepulcrales empotrados en la pared de la Iglesia, la Imagen del que fue su titular, San Miguel, y el Tumbal, la yacija y el escudo de armas de la familia Esquío.
Lo que fue una edificación insigne a lo largo de los tiempos, entró en desgracia con la Casa Condal de los Andrade y vio su final como Monasterio con la Desamortización de Mendizábal y así queda suprimido el 18 de marzo de 1836 por Real
Decreto de la Regente.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa iniciativa de la Xunta de Galicia y en coordinación con ella, se realice en 2004 el catálogo de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español procedentes del Monasterio de
San Martiño de Subía (Narón).'
Madrid, 12 de noviembre de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/002359
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la defensa del cultivo del algodón.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la defensa del cultivo del algodón para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Motivación
El Consejo de Luxemburgo de junio de 2003 solicitó a la Comisión que presentase una comunicación, sobre la reforma de las organizaciones comunes de mercados (OCM) del aceite de oliva y tabaco, así como del régimen de ayudas al algodón.
El día 26 de septiembre de 2003 el Colegio de Comisarios hizo pública la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo denominada 'Implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a través de la PAC reformada -sectores del
tabaco, el aceite de oliva, el algodón y el azúcar' [COM (2003) 554 final].
En el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado día 17 de noviembre, la Comisión Europea presentó la propuesta de reforma de la normativa de la PAC para el algodón. El Consejo acordó encargar al Comité Especial de Agricultura el examen
de esta propuesta legislativa.
La Comisión en sus documentos reconoce la importancia socioeconómica del sector del algodón en los dos países europeos productores de este cultivo, España y Grecia -y concretamente en el territorio español en la región andaluza, con el 97%
de la producción estatal- así como el nulo impacto en el mercado internacional por el escaso porcentaje que representa la producción europea de fibras respecto a la mundial (2,6%) y por no existir subvenciones a la exportación ni barreras
arancelarias a países terceros.
La Comisión en su comunicación propone transferir el 60% del presupuesto FEOGA que se destinó durante un período de referencia al cultivo de algodón, a un pago al productor desacoplado de la producción. El 40% restante propone que sea un
sobre nacional para la concesión a los productores de un pago por superficie cultivada de algodón. Asimismo establece unas partidas presupuestarias para la reestructuración de las superficies algodoneras.
En relación con este nuevo sistema de ayudas, la Comisión reconoce un apreciable riesgo de trastornos en la producción por lo que fija un pago por superficie a un nivel suficiente para mantener el cultivo, considerando que los márgenes
brutos del algodón sean similares a los de los cultivos competidores.
Esta reflexión no es compartida por el sector productor y desmotador debido a que el desacoplamiento propuesto por la Comisión provocaría la desaparición del cultivo del territorio andaluz en un corto plazo de tiempo.
Efectivamente el cultivo del algodón presenta ciertas singularidades, altos costes de producción y bajo precio de mercado mundial con fuertes fluctuaciones anuales, que sólo es sostenible con un sistema de ayudas que atenúe los vaivenes del
mercado mundial.
De hecho la parte de la ayuda que va acoplada o por superficie sólo cubre el 50% de los costes de cultivo y dado que el precio de mercado es muy variable, no podrá proporcionar en todas las campañas unos niveles de ingresos suficientes para
cubrir los costes del cultivo. Por tanto para el productor resultaría más rentable cobrar la parte de ayuda desacoplada y producir otro cultivo menos costoso y con menor riesgo (clima y plagas fundamentalmente), que finalmente resultaría de similar
rentabilidad que el algodón.
De esta forma se producirá un desplazamiento del cultivo del algodón hacia otros menos sociales. Actualmente el algodón ocupa el 68% de los jornales del regadío extensivo mientras que sólo representa la tercera parte del regadío, generando
un empleo muy superior a otras alternativas de regadío.
La importancia social del cultivo del algodón en Andalucía, en una región objetivo 1 de la UE, se refleja generando más de 1 millón de jornales directos al año -siendo el cultivo extensivo de regadío que más mano de obra demanda- y
suponiendo el 5,13% de la producción final agrícola y el 4,12% de la producción final agraria de Andalucía.
La dimensión de las más de 10.000 explotaciones, en su mayoría de carácter familiar, se sitúa en una media de 12 Ha por explotación, constituyéndose la producción de algodón en la base fundamental de la renta de estas explotaciones.
La especificidad del sector hace que el amplio parque de máquinas cosechadoras -más de 550- y todo el sector industrial constituido por 24 desmotadoras en Andalucía, 10 de las cuales son cooperativas, vean peligrar su futuro si se deja de
producir algodón en calidad como en cantidad.
La valoración de todo el entramado socioeconómico que desarrolla el cultivo, la situación del mercado en la actualidad y la realidad productiva existente permite afirmar que la propuesta de la Comisión no mantiene la actividad productiva
asociada específicamente a este cultivo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que exija a la Comisión a la elaboración del preceptivo informe sobre el impacto que provocaría el cambio definitivo del régimen de ayuda, propuesto por la Comisión Europea.
2. Rechazar la propuesta de desacoplar las ayudas a la producción del algodón propuestas por la Comisión de la UE, para que ambos apoyen y cooperen con todas las medidas necesarias en el Sistema de Producción Integrada, que está permitiendo
una evolución positiva de equilibrio medioambiental.
3. Que en las negociaciones de la Unión Europea haga suyas las siguientes propuestas:
La necesidad de mantener un régimen de ayuda al algodón basado en los siguientes principios:
· La ayuda debe mantener una vinculación con la producción que garantice el mantenimiento de la actividad, lo cual repercutiría de forma positiva en términos de rentabilidad económica y de empleo en las zonas productoras.
· La ayuda debe garantizar la rentabilidad económica de las explotaciones tradicionalmente algodoneras.
· La ayuda debe garantizar la viabilidad del sector industrial desmotador específico de este cultivo -con calidad y cantidad del algodón bruto- así como del sector servicios vinculado a la producción de algodón.
· La ayuda al cultivo debe mantener una relación con el respeto por el medio ambiente mediante un código de buenas prácticas agrarias.
4. Contar con la colaboración de las organizaciones empresariales y sindicales para impulsar cuantas medidas de apoyo puedan establecerse en aplicación de disposiciones y resoluciones comunitarias.
5. Promover cuantas medidas sean necesarias para preservar el empleo y las actividades empresariales en el sector del algodón.
6. Elaborar el dictamen jurídico que permita en su momento presentar una denuncia a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, por considerar que la propuesta de reforma del régimen de ayudas al algodón vulnera el
protocolo número 14 del Acta de Adhesión de España a la Unión Europea; ya que no permite mantener la producción de algodón en las regiones en las que el cultivo es importante en la economía agrícola y ni garantizar una renta equitativa a los
productores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2003.-Jesús Cuadrado Bausela, Isabel Pozuelo Meño y José Pliego Cubero, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002363
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la defensa de un sistema de ayudas al cultivo del algodón.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la defensa
de un sistema de ayudas al cultivo del algodón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Exposición de motivos
El Consejo de Luxemburgo de junio de 2003 solicitó a la Comisión que presentase una comunicación sobre la reforma de las organizaciones comunes de mercados (OCM) del aceite de oliva y tabaco, así como del régimen de ayudas del algodón, sobre
la base de los principios adoptados en ese mismo Consejo que reformaban la Política Agraria Comunitaria (PAC). El principio fundamental de esta reforma era la introducción del pago único por explotación, desvinculando el derecho de recibir los
pagos directos y la decisión de producir.
El día 23 de septiembre de 2003, el Colegio de Comisarios hace pública la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo denominada 'Implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a través de la PAC reformada: sectores del
tabaco, el aceite de oliva, el algodón y el azúcar'.
La Comisión en su documento reconoce la importancia socioeconómica del sector del algodón en los dos países europeos productores de este cultivo, España y Grecia, así como el escaso impacto en el mercado internacional por el bajo porcentaje
que representa la producción europea de fibra respecto a la mundial (2,6%) y por no existir subvenciones a la exportación ni barreras arancelarias a países terceros.
La Comisión con fecha 19 de noviembre del 2003 adoptó formalmente el acuerdo para reformar el sistema de ayudas proponiendo una propuesta reglamentaria que debería continuar su tramitación hasta llegar a texto definitivo.
Este hecho ha creado una seria inquietud en el sector productor, en el desmotador y en el amplio tejido socioeconómico que se desarrolla tras el cultivo considerando que lo acordado, en el caso de aprobarse en sus términos, pondría en riesgo
la actividad productiva asociada específicamente a este cultivo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender un sistema de ayudas, dentro de la reforma de las organizaciones comunes de mercado que se viene produciendo en el seno de la Comisión Europea, que garantice la continuidad del
cultivo del algodón y el mantenimiento de actividad industrial de las desmotadoras.'
Madrid, 19 de noviembre de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002366
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre promoción durante las campañas de vacunación contra la gripe del consumo de cítricos como alimento que refuerza el sistema inmunológico contra dicha enfermedad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura.
Motivación
Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y desde este Parlamento se ha pretendido promocionar nuestros productos agrícolas basándonos en la información al consumidor sobre la calidad de los productos nacionales.
Como principio básico de cualquier actuación para incitar al consumo es lo habitual, pero hay productos con unas características que les hacen tener propiedades que van más allá del sabor y las cualidades propias para contribuir a la
alimentación. Existen productos, como es el caso de los cítricos los cuales, al ser consumidos, nos aportan grandes cantidades de vitamina C.
Desde el Ministerio de Sanidad, año tras año se lanza una campaña, costosísima, de vacunaciones para prevenir la GRIPE. Esta vacuna, eficaz en unos tipos de virus únicamente, está basada única y exclusivamente en la vacunación mediante
productos fabricados en laboratorios. Pero por el contrario, no se desarrolla ni educa a los ciudadanos en prácticas sanas que supondrían el reforzamiento del sistema inmunológico, por lo que hacemos depender, a los ciudadanos, cada vez más, de una
técnica no natural para combatir una enfermedad no grave.
No debemos olvidarnos de la máxima hipocrática 'que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento'.
Todo no consiste en gastar dinero público en vacunas y en personal cuando hay listas de espera con enfermedades graves. Por ello, resulta paradójico que en el país citrícola por excelencia no se promocione el consumo de estos productos como
terapia preventiva de esta enfermedad no grave como es la gripe y cuantas otras a las que afecte positivamente la vitamina C.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca llegue a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para promocionar durante las campañas de vacunación contra la GRIPE el consumo de cítricos como alimento que refuerza el sistema inmunológico
contra esta enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2003.-Mario Edo Gil, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Infraestructuras
161/002358
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la rotación de unidades del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla en el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la rotación de unidades del tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla en el AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, para su debate y votación en la Comisión de Infraestructuras.
Motivación
La puesta en servicio de la nueva línea de tren AVE entre Madrid y Lleida y la falta de previsión del Ministerio de Fomento, no teniendo disponibles los trenes que deben circular en esa línea, ha motivado que tengan que recurrir una vez mas
a la improvisación.
Para poder poner en marcha esa línea han tenido que recurrir a la rotación de algunas unidades, dos en concreto, de las que hasta ahora venían prestando el servicio en la línea AVE Madrid-Sevilla.
La puesta en servicio de estos dos trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida ha supuesto una disminución de servicio en la línea AVE Madrid-Córdoba-Sevilla, que se traduce en la práctica saturación de la demanda en hora
punta y en los fines de semana, sin mencionar las fiestas próximas como puentes o vacaciones de Navidad, Semana Santa o Feria de Abril.
Ante el perjuicio que se puede causar a los usuarios, y que este período será, en un principio de 6 meses y puede incluso que se aumente, si nos basamos en los incumplimientos de Fomento con respecto a la línea Madrid-Lleida, y ante el
perjuicio que se puede causar a la ciudad de Sevilla y a la época alta de Turismo en
nuestra ciudad, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Restablecer el mismo número de trenes y plazas en los AVE Madrid-Sevilla que se venían utilizando hasta ahora.
2. Realizar un estudio con vistas a la ampliación del número de plazas actuales, pues está demostrado que son insuficientes para un servicio de calidad que responda a la demanda que actualmente tiene esta línea y esta ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2003.-Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002364
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías férreas a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías férreas a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas, para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
El tratamiento del paso del ferrocarril por la localidad sevillana de Dos Hermanas ha sido absolutamente inadecuado, como se expresa por los múltiples pasos elevados y subterráneos que salpican la ciudad que además no han servido para
integrar la ciudad. La única solución real desde nuestro punto de vista pasa por realizar un soterramiento de las vías férreas que atraviesan esta población.
Esta medida, de haberse tomado en su día, hubiera supuesto un coste menor que el de los distintos pasos y puentes realizados, al poder acceder a financiación europea para la ejecución de las obras y servido para que la ciudad no hubiera
llegado a la situación caótica actual. Además serviría, entre otras, para la recuperación de espacios públicos y la creación de zonas verdes, la integración de barriadas completas, la mejora en las comunicaciones a zonas vitales del casco urbano y
la solución al problema de tráfico por supuesto manteniendo el actual servicio ferroviario.
Por todo ello se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proceder al estudio y posterior soterramiento de las vías férreas a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2003.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Política Social y Empleo
161/002357
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre adopción de medidas para frenar la precariedad laboral en Andalucía.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Portavoz Andalucista José Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre adopción de medidas para
frenar la precariedad laboral en Andalucía, para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo.
Exposición de motivos
En el pasado mes de octubre se ha producido un aumento de un 3,01% del número de parados en Andalucía con respecto al mes de septiembre. Se asiste a un descenso en comparación con años anteriores pero no se puede olvidar que la tasa de paro
andaluza continúa por encima de la media nacional, siendo la provincia de Cádiz, desde hace décadas, la provincia con mayor tasa de desempleo de todo el Estado.
Estos datos son poco alentadores para el desarrollo y el reequilibrio de Andalucía con respecto al resto del Estado, si tenemos en cuenta que el número de parados volvió a aumentar en todos los sectores, con excepción del industrial, o que
el paro femenino se mantiene al alza, al igual que el de los jóvenes menores de 25 años que tratan de incorporarse al mercado laboral.
Es evidente que la reforma laboral regulada por el Ejecutivo Central no está aportando nada positivo. Entre otras cosas, por la situación de indefensión y precariedad laboral en la que se coloca a los trabajadores, que ven limitada cada vez
más su estabilidad laboral. De hecho, la reciente huelga general del sector de la construcción, cuya mayor participación se ha producido precisamente en Andalucía, es el mejor ejemplo de la precariedad a la que se ha llegado, donde la
subcontratación está a la orden del día sin que el Gobierno del Estado haga nada para regularla.
Contratos basura, de escasa duración y donde la protección social de los trabajadores no es prioritaria y donde lo que importa son las altas en la Seguridad Social (es el indicador más aireado por el Ministro de Trabajo) más que la calidad
de cada alta. Éste énfasis en la cantidad de las altas y no en la calidad de las mismas es el principal y casi único pilar en que se apoyan las políticas de empleo puestas en práctica por el partido del Gobierno de Madrid.
El Partido Andalucista, en su lucha por conseguir el pleno empleo, contempla en su programa el desarrollo de Pactos de Concertación Social tripartitos -sindicatos, empresarios y Gobierno- así como un plan de nuevas oportunidades
empresariales, económicas, educativas y de investigación, donde la Administración andaluza trabaje para hacer de Andalucía un territorio de fomento empresarial con la promoción de políticas de competitividad, agilizando y simplificando la burocracia
administrativa, estimulando a los emprendedores, colaborando en la implantación internacional de productos y servicios andaluces, facilitando la llegada de industrias basadas en las nuevas tecnologías, potenciando el dinamismo del mercado y
convirtiendo la mentalidad empresarial en una de las bases para la creación de nuevo empleo.
Por todo ello, el Partido Andalucista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, en aras del desarrollo y el reequilibrio de Andalucía, a convenir, de acuerdo con la Junta de Andalucía, un Pacto de Concertación Social para Andalucía -con sindicatos, empresarios
y Administraciones Públicas- que contemple, además de otras actuaciones en materia de empleo, las basadas en los siguientes principios:
1. Estudio y fomento de nuevas oportunidades empresariales, económicas, educativas e investigadoras que convierta a Andalucía en punto de referencia europea.
2. Compromiso de las Administraciones Públicas implicadas para hacer de Andalucía en un territorio de fomento empresarial con la promoción de políticas de competitividad, agilizando y simplificando la burocracia administrativa, estimulando
a los emprendedores, colaborando en la implantación internacional de productos y servicios andaluces, facilitando la ubicación de industrias basadas en las nuevas tecnologías, potenciando el dinamismo del mercado y convirtiendo la mentalidad
empresarial en una de las bases para la creación de nuevo empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2003.-José Núñez Castaín, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002362
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al pleno apoyo a las acciones que tienen como objetivo garantizar el acceso a la salud y a los medicamentos de los ciudadanos de Iberoamérica.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al pleno apoyo a las acciones que tienen como objetivo garantizar el acceso a la salud y a los medicamentos de los ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Exposición de motivos
Como denuncia la ONG Médicos sin Fronteras, el debate internacional sobre el impacto de las normas comerciales internacionales en la salud pública y el acceso a los medicamentos, ha suscitado preocupación en cuanto a los efectos de la
protección de la propiedad intelectual (en especial las patentes) en los precios y el acceso a los medicamentos.
Todos los años mueren 14 millones de personas por enfermedades infecciosas que se podrían prevenir. Las enfermedades para las cuales estos medicamentos son vitales, tales como la enfermedad de Chagas, la leishmania, la malaria, la
tuberculosis y el VIH/SIDA, están diezmando la población en su franja de edad más productiva. En la actualidad se estima que 5,5 millones de personas que tiene VIH/SIDA necesitan tratamiento en los países en desarrollo y solamente 350.000 lo están
recibiendo.
Somos conscientes de que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) introduce un capítulo dedicado a los Derechos de Propiedad Intelectual, que podría suponer un debilitamiento de las garantías contempladas en el Acuerdo sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), reforzadas en la Declaración Ministerial de Doha, donde se reafirma el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que
prevén flexibilidad a este efecto [Qatar, 2001; WT/MIN(01)DEC/2]
Entendiendo que la competencia entre medicamentos innovadores y genéricos constituye uno de los mecanismos más eficaces para reducir los precios de los medicamentos de manera sostenible y permitir que los países prioricen el derecho a la
salud pública, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Declare su pleno apoyo a las acciones que tienen como objetivo garantizar el acceso a la salud y a los medicamentos de los ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica y haga un llamamiento a los países del continente americano para que
cumplan con su obligación de anteponer las necesidades de salud de las personas a los intereses comerciales, aplicando la Declaración Doha y utilizando las flexibilidades que existen en el ADPIC.
2. Se pronuncie públicamente solicitando que se respete la Declaración Doha (aprobada por todos los países de la OMC) y, en especial, por parte de lberoamérica en todas las negociaciones comerciales que afecten a Derechos de Propiedad
Intelectual.
3. Traslade la gravedad de esta situación y la necesidad de un respaldo conjunto por parte de los gobiernos de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2003.-Leire Pajín Iraola y Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
181/003989
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Carrera González, Emilio José (GS).
Medidas financieras específicas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto aplicar para garantizar el desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en las Comunidades Autónomas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a 1a Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Emilio José Carrera González.
Texto:
¿Cuáles son las medidas financieras específicas que el Ministerio de Educación tiene previsto aplicar para garantizar el desarrollo de la LOCE en las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2003.-Emilio José Carrera González, Diputado.
181/003990
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Carrera González, Emilio José (GS).
Medidas financieras específicas previstas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para garantizar el desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación en Cantabria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Emilio José Carrera González.
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Educación medidas financieras específicas para garantizar el desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2003.-Emilio José Carrera González, Diputado.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/003892
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Solicitud de que la pregunta oral de don José Fernández Chacón sobre hectáreas de riego que carecen de concesiones administrativas consolidadas en las cuencas de la provincia de Cádiz, pase a tramitarse en la Comisión de Medio Ambiente.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
181/003893
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Solicitud de que la pregunta oral de don José Fernández Chacón sobre expedientes de concesión de agua en tramitación en las cuencas del Guadalete, Barbate, Guadiaro y Guadarranque y fechas que constan en el registro de entrada de los mismos,
pase a tramitarse en la Comisión de Medio Ambiente.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
181/003894
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Solicitud de que la pregunta oral de don José Fernández Chacón sobre caudales disponibles en las cuencas de la provincia de Cádiz susceptibles de ser concedidos a los solicitantes, pase a tramitarse en la Comisión de Medio Ambiente.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
181/003895
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Solicitud de que la pregunta oral de don José Fernández Chacón sobre posibilidad de concesión de nuevas autorizaciones de riego en los términos de Bornos, Espera, Villamartín, Puerto Serrano, Algar, Puerto de Santa María, Tarifa, Alcalá de
los Gazules, Conil y Vejer, pase a tramitarse en la Comisión de Medio Ambiente.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
181/003999
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Previsiones acerca de realizar una campaña en los medios de comunicación y asociaciones de consumidores para incentivar el consumo de pescado fresco del litoral español.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Diputado don Mario Edo Gil.
Texto:
En la actualidad los pescadores de bajura se encuentran inmersos en una fuerte crisis motivada por la bajada de los precios del pescado.
Esta crisis les está llevando a una situación dramática a un colectivo que practica sus artes en las costas españolas y para solventar este problema, ya se ha hecho otras veces, se ha demostrado eficaz llevar a cabo una campaña en los medios
de comunicación y organizaciones de consumidores alentando a los ciudadanos el consumo de pescado fresco sustraído en nuestras costas. Garantizando así que los ciudadanos consuman pescado fresco de excelente calidad.
- ¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca llevar a cabo una campaña en los medios de comunicación y asociaciones de consumidores encaminada a incentivar el consumo de pescado fresco de nuestro litoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2003.-Mario Edo Gil, Diputado.
181/004000
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Edo Gil, Mario (GS).
Actuaciones para paliar el problema que ocasiona la quema de la paja de arroz.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Diputado don Mario Edo Gil.
Texto:
Cada año, durante los meses de septiembre y octubre se procede a la quema de la paja de arroz provocando grandes masas de humo que inundan amplias zonas contiguas. Esta práctica llega a provocar verdaderos problemas en la visibilidad de las
carreteras y la contaminación en zonas urbanas de gran densidad de población como es Valencia y gran parte de su área metropolitana.
Concretamente desde la Universidad Politécnica de Valencia, a pesar de su escaso o nulo apoyo económico para ello, ya están estudiando e investigando soluciones para aprovechar esta paja como estiércol.
- ¿Qué actuación, que no suponga coste adicional a los agricultores, va a impulsar o está impulsando el Ministerio de Agricultura para paliar este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2003.-Mario Edo Gil, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/003991
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).
Documentos de voluntades anticipadas registrados desde la entrada en vigor de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Alberto Fidalgo Francisco.
Texto:
¿Cuántos documentos de voluntades anticipadas se han registrado desde la entrada en vigor de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2003.-Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.
181/003992
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).
Situación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, así como actuaciones realizadas en relación a su funcionamiento y líneas de trabajo ejecutadas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Alberto Fidalgo Francisco.
Texto:
¿Cuál es la situación actual de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de las actuaciones realizadas en relación a su funcionamiento efectivo y líneas de trabajo ejecutadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2003.-Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.
181/003993
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Fidalgo Francisco, Alberto (GS).
Actuaciones para optimizar la donación de medicamentos y hacer efectivo el cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Alberto Fidalgo Francisco.
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio de Sanidad y Consumo para optimizar la donación de medicamentos y hacer efectivo el cumplimiento de las directrices de la OMS en esa materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2003.-Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.
Comisión de Ciencia y Tecnología
181/004001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Resultado de las hipotéticas acciones del Gobierno para conseguir que Izar-Fene pueda volver a la construcción naval civil y garantizar así su viabilidad.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento
a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez.
Texto:
¿Cuál es el resultado de las hipotéticas acciones del Gobierno para conseguir que Izar-Fene pueda volver a la construcción naval civil y garantizar así su viabilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
181/004002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Acciones que está llevando a cabo el Gobierno para garantizar carga de trabajo a cada uno de los astilleros públicos del Grupo Izar en los próximos años y garantizar su viabilidad, teniendo en cuenta el contexto internacional y la política
comunitaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez.
Texto:
¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para garantizar carga de trabajo a cada uno de los astilleros públicos del Grupo Izar en los próximos años y garantizar su viabilidad, teniendo en cuenta el contexto internacional y la política
comunitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000014
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Camara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, del Informe aprobado por la Subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería en
bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, constituida en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2003.-P. D. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios, Manuel Delgado-Iribarren García-Campero.
Excmo. Sr.:
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto, punto 1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 196, tengo el honor de elevar a V.E. el Informe aprobado por la Subcomisión para el estudio de
medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, en su reunión del pasado día 29 de octubre de 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2003.-Leocadio Bueso Zaera, José Ramón Calpe Saera, Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Salvador Clotas Cierco, Mercedes Gallizo Llamas, Joaquín Leguina Herrán, Ignasi Guardans i Cambó,
Manuel José Silva i Sánchez, María Luisa Castro Fonseca, Jon Jaúregi Bereziartúa, Ángel Andrónico Pérez Tabares y Francisco Rodríguez Sánchez.
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
INFORME ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE MEDIDAS CONTRA LA PIRATERÍA EN BIENES Y DERECHOS PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Í N D I C E
II. CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISIÓN
II. ANTECEDENTES
1. El estado de la cuestión.
2. Tramitación parlamentaria.
3. El desarrollo de los trabajos de la Subcomisión.
3.1 Relación de sesiones celebradas.
3.2 Resumen de las diferentes comparecencias.
3.2.1 Comparecencias de los representantes de la Mesa Antipiratería.
3.2.2 Representantes de asociaciones y entidades.
3.2.3 Expertos y especialistas.
3.2.4 Representantes del Ministerio Fiscal y otras administraciones públicas.
3.2.5 Representantes de Cuerpos de Seguridad y Policía.
4. Documentación aportada por instituciones y expertos.
4.1 Documentación previa.
4.2 Documentación aportada por los comparecientes.
I. CONCLUSIONES DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO DE LA PIRATERÍA EN BIENES Y DERECHOS PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
A) CONSIDERACIONES GENERALES
1. ANTECEDENTES
La Subcomisión de estudio de la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, como se analiza en el primer punto de los antecedentes anejos, nace tanto del carácter y volumen extraordinarios que ha adquirido esta
forma de delincuencia y de su crecimiento exponencial, apoyado en sofisticadas tecnologías en permanente avance y mutación, como de la tolerancia con la que la sociedad española parece aceptarlo.
Estamos ante un gravísimo ataque a las industrias culturales y, por ello, debemos alertar de los perjuicios que ya se están produciendo en nuestro patrimonio cultural común, presente y futuro, perjuicio que corre el riesgo de alcanzar cotas
más altas, como efectivamente esta ocurriendo en otros países.
La Subcomisión cree necesario puntualizar 'piratería', entendida en su sentido amplio como conjunto de actos vulneradores de los derechos de propiedad intelectual e industrial , ha alcanzado en nuestros días proporciones alarmantes por
causas muy diversas. Según
el Libro Verde para la lucha contra la piratería y la usurpación de marca en el mercado interior, presentado por la Comisión Europea en el año 1998, entre las causas propiciatorias de este fenómeno se pueden citar como más destacadas, la
aparición de altas tecnologías que facilitan la reproducción de los distintos productos, el fuerte desarrollo del comercio internacional y la aparición de nuevos mercados extraordinariamente activos en la producción y consumo de este tipo de
mercancías. Sin embargo, el hecho de que la Subcomisión para el estudio de la piratería ciña su objeto a los bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, así como su incardinación en el seno de la Comisión de Educación , Cultura y
Deporte del Congreso de los Diputados, determina que el objeto de su estudio se refiera exclusivamente a ese tipo de derechos, sin que se deje de reconocer la gravedad que el citado fenómeno tiene también en el campo de la Propiedad Industrial, como
demuestran los estudios realizados por la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad intelectual e industrial.
La Subcomisión quiere señalar, de igual modo, que la lucha legal contra la piratería, en especial en Internet, no debe servir de pretexto, en modo alguno, para limitar abusivamente la libertad de comunicación y de expresión, o para un
intervencionismo público que ampare a quien rechace adecuar su producto y sus canales comerciales a la nueva realidad tecnológica y social.
La entidad del daño ocasionado a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual, que ven burladas sus expectativas económicas y menoscabados sus derechos, ha unido a los sectores afectados: entidades de gestión, creadores,
artistas, agentes de la industria musical, del libro, del software, agentes de distribución, canales de pequeña y mediana empresa han hecho sus esfuerzos en la lucha contra la piratería de bienes culturales.
El Congreso de los Diputados, el Gobierno y las diferentes Administraciones Públicas, sensibles al daño que está produciendo la vulneración de estos derechos, vienen trabajando en la lucha contra los delitos y actividades vulneradoras de los
derechos de propiedad intelectual: con acciones legislativas como la puesta en marcha de la reforma del Código Penal; con reformas procesales para agilizar el enjuiciamiento de estos hechos y mejorar su perseguibilidad; con medidas para el
cumplimiento de la ley tales como la dotación de un mayor número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado; con medidas de formación de responsables en colaboración con los sectores públicos y privados, a través de cursos de
formación a jueces, fiscales y policías, ...; con trabajos en el seno de la Unión Europea, y muy especialmente, desde la Presidencia española, para la elaboración de la Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el
respeto de los derechos de propiedad intelectual. En este marco europeo es preciso recordar que, de los trabajos sobre la propiedad intelectual en el primer semestre de 2002, se desprendieron una serie de conclusiones que constituyen un auténtico
decálogo de medidas encaminadas a combatir, a nivel europeo, la proliferación de la piratería.
Para la mayor eficacia y coordinación de estas acciones se constituyó, en el año 2000, la Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y para actuar contra
los delitos y otras actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, el Congreso de los Diputados ha creído necesario reforzar esta lucha contra la piratería. Por ello creó la 'Subcomisión de estudio de la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual' con un doble
encargo: el diagnóstico de la situación y la propuesta de recomendaciones a elevar al Gobierno, a las Administraciones, a los sectores directa e indirectamente afectados, a los consumidores y, en general, a la sociedad.
2. EL ALCANCE DE LOS PERJUICIOS
La Subcomisión de estudio de la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, escuchó la opinión y estudió la documentación proporcionada por más de treinta expertos, damnificados (ver anexos al presente documento).
A partir de estas comparecencias, la Subcomisión pudo conocer en profundidad la naturaleza del fraude, tanto en su cuantía, como respecto a las consecuencias añadidas a la violación de los derechos intelectuales. Se pudo valorar, igualmente, la
posible incidencia de factores que se podrían denominar colaterales: desde la idoneidad de la utilización del termino piratería, a la cadena de valor, el valor añadido, los precios o los sistemas de protección.
La suma de los datos más las opiniones de los comparecientes han reafirmado a la Subcomisión en la gravedad de la situación y de sus repercusiones sociales y económicas: pérdidas de empleo, daño al tejido empresarial y destrucción de
yacimientos de empleo; vulneración, no sólo de los derechos de los creadores, sino de los trabajadores de estos sectores y de toda la cadena de distribución; fraude fiscal con grave perjuicio de la Hacienda Pública; disminución del peso de la
industria cultural en el PIB; inseguridad productiva y sustento de redes delictivas internacionales.
Todo ello supone, además de un extraordinario perjuicio, un incentivo negativo para creadores, compositores, escritores, artistas y, por lo tanto, un daño para el destinatario final, para el ciudadano que, como consumidor de bienes
culturales, al ser estos 'pirateados', acabará siendo el gran perjudicado por este fraude.
Cualquier forma de tolerancia e impunidad ha de contemplarse como colaboradora en los daños a la
industria cultural y a los ciudadanos en su conjunto. Sería gravísimo que un grupo de delincuentes organizados se convirtieran en agente regulador del consumo.
3. FORMAS DE PIRATERÍA
La Subcomisión, oídos los comparecientes, considera alarmantes todas las formas de piratería, pero entiende, asimismo, que las actuaciones de los poderes públicos, han de ser urgentes en cada una de ellas.
a) En cuanto a la piratería en la Red.
La piratería, que puede alcanzar múltiples formas, alcanza su mayor volumen e incidencia en la realizada a través de Internet. Es decir, aquella consistente en la descarga, habitualmente en el marco de operaciones de intercambio horizontal
de archivos entre particulares (conocido como 'peer to peer', 'P2P') de productos musicales, audiovisuales, literarios o informáticos. Muchas veces esta descarga de archivos se realiza de forma gratuita, en otras se trata de una comercialización
ilegal a muy bajo precio. Lógicamente, el problema no está en la difusión o comercialización de estos productos a través de la Red, sino en los supuestos, lamentablemente muy frecuentes, en que esta circulación de productos protegidos por la
propiedad intelectual en Internet se hace sin el consentimiento del legítimo titular de los derechos.
La Subcomisión entiende que la normativa legal sobre esta materia aplicable en España es perfectamente homologable con la de los demás países de nuestro entorno político y económico. Pero ello no impide que, al igual que ocurre en todos
ellos, subsistan numerosos problemas e interrogantes, en especial en el supuesto de intercambio horizontal de archivos informáticos (música, películas) entre particulares de diversas partes del mundo sin intercambio de precio y sin remunerar a sus
legítimos titulares.
Sin embargo, poco puede hacerse al respecto desde un solo país o incluso desde la Unión Europea.
Sólo un amplio acuerdo internacional, con la participación de la industria y de los usuarios, permitirá avances significativos en esta búsqueda del equilibrio entre los derechos del consumidor y los del titular de la propiedad intelectual.
Por lo tanto, la Subcomisión insta a los poderes públicos a apoyar en todos los foros internacionales cuantos programas, estudios y acuerdos se promuevan para el correcto uso de las nuevas tecnologías y para el freno a todas las
posibilidades de fraude.
b) En cuanto a la lucha contra la piratería que adopta la forma de venta ilegal de copias, también ilegales, de productos literarios, audiovisuales, musicales e informáticos, la Subcomisión llega a la conclusión de que sí puede y debe ser
mejorada en nuestro país. Es una lucha que ha de plantearse tanto en el nivel de la comercialización final como en la más compleja de la importación de materiales y equipos, del proceso de copiado ilegal o de la financiación de las organizaciones y
mafias implicadas. La Subcomisión quiere señalar, muy especialmente, la presencia de organizaciones mafiosas, verdadera clave de la gravedad, alcance y dificultad en la persecución de estos delitos. Gravedad que se incrementa con la explotación de
las personas más desprotegidas.
En este sentido, el apartado B) de este documento eleva una serie de propuestas en materia legislativa, en materia de la aplicación de la ley, en el ámbito de la conciencia ciudadana y en materia de actuaciones internacionales.
4. TOLERANCIA SOCIAL
La Subcomisión, después de escuchar a los comparecientes y estudiar la documentación aportada, comprueba un alarmante índice de tolerancia social frente a estas prácticas y delitos y, por ello cree necesario un llamamiento expreso para que
toda la sociedad sea consciente del grave daño que genera el consumo de productos pirateados, tales como CDs, DVDs, fotocopias, videojuegos, programas ordenador ilegalmente adquiridos... un grave daño no sólo para la industria y sus agentes
económicos, sino también para la creatividad en su conjunto. Para los artistas, para la generación de nuevos recursos culturales y para toda la sociedad. Para todos y cada uno de los destinatarios finales de estos productos.
Esta tolerancia es nociva y por ello deben inculcarse a los jóvenes los valores del respeto al trabajo de los creadores. Es necesario conocer y respetar que no sólo tiene un precio el soporte de la obra, sino el trabajo de su elaboración y
su contenido. Es preciso favorecer la creación cultural que es lo opuesto a cooperar con actividades ilícitas y delictivas; es necesario crear una conciencia de que quienes únicamente ganan con estas prácticas son las mafias delictivas.
Ninguna persona socialmente responsable puede contribuir a crear una impresión de normalidad, o tolerar esta conducta delictiva, excusándose en supuestas dificultades prácticas en su lucha, especialmente en lo referente a la que más se
visualiza que es la venta callejera y ambulante. La pasividad que los ciudadanos perciben a veces en los responsables de la persecución en los espacios urbanos más frecuentados no tiene justificación y en nada ayuda a difundir el rechazo entre los
potenciales compradores.
Se precisa, tanto una legislación adecuada, como su cumplimiento efectivo a través de las debidas actuaciones policiales. Pero la persecución por sí sola no sería eficaz si no se produjera un avance hacia una verdadera conciencia del
fraude: debe actuarse de forma drástica
contra la aceptación y la normalización de las diversas formas de piratería. Sin esta conciencia ciudadana cualquier acción policial habrá de obtener muy magros resultados.
A la Subcomisión le parece conveniente advertir, también a los agentes afectados, de la responsabilidad en la que pueden incurrir al no adoptar medidas tecnológicas de protección de las obras que, si no impiden totalmente su uso ilegítimo,
lo dificultan. La Administración pública, las organizaciones empresariales, las corporativas, las universidades...
han de dar ejemplo a la sociedad y someterse a una legalidad que con alguna frecuencia vulneran.
En este sentido, resulta conveniente el sometimiento a Códigos de Buenas Practicas o Planes Directores propuestos por diversas asociaciones afectadas y la colaboración mediante el suministro de datos, tanto para perseguir a los
defraudadores, como para ajustarse a una realidad cambiante por efecto del permanente avance de la tecnología.
La Subcomisión está convencida de que, a pesar de la complejidad del fraude y de la tolerancia con la que se acepta, hay mucho terreno que ganar y existen precedentes que lo avalan: un ejemplo ilustrativo se puede encontrar en el ámbito de
la protección del medio ambiente. No existía en nuestro país una tradición enraizada en esta protección, como ya sucedía en muchos otros países de la Unión Europea, sin embargo, mediante un trabajo sistemático y la adopción de medidas eficaces, se
han conseguido logros relevantes. Ello nos lleva a confiar en que la asunción por parte de todos los ciudadanos del respeto a la ley y al trabajo ajeno, no sólo de los creadores, sino también de toda la cadena necesaria para llegar al usuario, se
podrá conseguir una reducción real de la piratería.
B) PROPUESTAS
1. MEDIDAS LEGISLATIVAS
El objetivo principal de las medidas que se proponen, es el de establecer un marco normativo que permita, tanto proteger eficazmente a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, como sancionar a los infractores con penas
adecuadas al perjuicio realizado.
La Subcomisión señala, por otro lado, que, en el momento de elaborar el documento de conclusiones, se halla ya aprobado por las Cámaras el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995, y dicha reforma recoge ya algunas
de las sugerencias que los distintos comparecientes han expresado.
En lo referente a la lucha procesal y penal contra la piratería, la Subcomisión subraya, con carácter previo, la necesidad de reforzar la formación, en materia de protección de la propiedad intelectual, tanto de aquellos que han de aplicar
la ley; jueces y fiscales, como de aquellos que han de velar por su cumplimiento, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y muy singularmente policías locales.
La lectura de abundantes sentencias de primera instancia y de apelación (ante la actual dificultad objetiva de que estos supuestos sean revisados en casación por el Tribunal Supremo de forma unificadora) pone de manifiesto, no sólo una
extraordinaria disparidad de criterios en la aplicación de la ley, sino también, en demasiadas ocasiones, una insuficiente valoración por parte de unos y otros de la importancia del bien jurídico a proteger, de la realidad social y económica en
materia de piratería o de gestión de derechos de propiedad intelectual.
La Subcomisión ha recibido de los comparecientes abundantes sugerencias en forma de propuestas de modificación legislativa. Y también, finalmente, de armonización de la normativa. De entre ellas, la Subcomisión hace propias las siguientes
propuestas:
1.º Perseguibilidad
La regulación actual considera privados a este tipo de delitos. Esto imposibilita la actuación policial y judicial de oficio sin mediar denuncia previa del agraviado.
La entrada en vigor de la Ley 38/2002, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como Ley de Juicios Rápidos, ha posibilitado la actuación de la Policía Judicial tendente a reducir la impunidad de los delitos
flagrantes de distribución ilícita, incluso antes de la presentación de denuncia por el agraviado, si bien la intervención de la policía en ausencia de denuncia, se limita a la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de
los delitos.
Por ello, esta Subcomisión considera necesario que se materialice la reforma impulsada en el Proyecto de Ley del Código Penal (aprobado ya definitivamente por las Cámaras) que modifica el régimen actual, señalado en el artículo 287 del
Código Penal, posibilitando la persecución de oficio en este tipo de delitos.
Esto facilitaría, así mismo, la actuación en el procedimiento penal de las entidades gestoras, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual.
2.º Legitimación de las entidades gestoras
La protección de los derechos de propiedad intelectual y su defensa activa dependerán, en buena medida, de la actuación de las entidades de gestión, de ahí la importancia de la legitimación de estas entidades en el campo de las acciones,
tanto civiles como penales, en defensa de los derechos de autor. Sin perjuicio, naturalmente, de las acciones que cada titular tiene la posibilidad de ejercer.
Así, junto con la conveniencia de que los delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274y 275 del Código Penal, figuren expresamente incluidos en el listado de delitos a los que
pueden ser de aplicación el procedimiento de enjuiciamiento rápido introducido por la Ley 38/2002, se considera igualmente acertado que se facilite la investigación de estos hechos a través del ofrecimiento de acciones y la práctica de citaciones
inmediatas a asociaciones o entidades que representen intereses colectivos en este ámbito.
Dado que la Policía Judicial debe practicar en estos casos diversas diligencias con carácter de urgencia, y en la medida en que el número de ofendidos en los supuestos de piratería puede llegar a ser muy elevado, para que el proceso pueda
resultar más operativo conviene habilitar a la Policía Judicial para que en la instrucción de estos atestados se cite a personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de los derechos afectados.
3.º Medidas cautelares
Estas medidas están dirigidas a proteger los derechos y evitar la continuidad del delito, remediar sus efectos perversos e impedir que se continúe infringiendo el derecho. Son medidas generales, como la clausura de la empresa, suspensión de
actividad, etc...
La Subcomisión considera muy relevante posibilitar la aplicación de las medidas cautelares contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en la represión de estos delitos, así como permitir la aplicación de las medidas dirigidas a personas
jurídicas del articulo 129 del Código Penal en los delitos relativos a la Propiedad Intelectual.
4.º Creación de Subtipos penales agravados en casos concretos:
- Pertenencia a una organización o asociación, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de los derechos de propiedad intelectual o industrial.
- Utilización de menores de 18 años para cometer estos delitos.
La reforma del Código Penal, aprobada ya definitivamente por las Cámaras, ya contempla estos dos nuevos subtipos agravados.
5.º Colaboración Internacional
La Subcomisión cree que se debe castigar la importación de todo tipo de productos pirateados, tanto si en el país de origen tienen un origen lícito, como si no lo tiene. Este es el sentido del nuevo articulo 270.2 del Código Penal cuya
aplicación tendrá, sin duda, efectos positivos.
Asimismo, se debe fomentar la colaboración judicial y policial en el ámbito de los delitos contra la propiedad intelectual, con el objeto de aumentar las vías de actuación contra la delincuencia relacionada con redes telemáticas.
6.º Revisión del sistema de penas
La Subcomisión cree que, tanto las penas del tipo básico, como las de los diferentes subtipos agravados, deben de ser revisadas.
El Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, aprobado ya definitivamente por las Cámaras, prevé un agravamiento de las penas, además de una mejora técnica en su tipificación.
Resulta necesario que se impulse la citada reforma, al objeto de que la sanción penal tenga un efectivo carácter disuasorio en estos delitos.
7.º Formación de profesionales de la Justicia
La formación, a todos los niveles, de los profesionales de la Justicia resulta imprescindible para que las normas dictadas resulten plenamente eficaces.
Esta Subcomisión ha detectado una falta de escalas técnicas o de cuerpos asistenciales (peritos especializados) en el enjuiciamiento de este tipo de delitos, a pesar de ser un elemento esencial a la hora de determinar aspectos
técnico-científicos de las pruebas aportadas en estos casos.
Como se ha señalado en la introducción de este apartado I, se debe insistir, así mismo, en la formación de los responsables del cumplimiento de la Ley y de la persecución de los delitos.
8.º Pruebas
El depósito y la custodia de las pruebas en estos procesos judiciales es uno de los problemas que esta Subcomisión ha detectado, tanto por parte de los juzgados, como de la policía.
En la práctica, el elevado número de soportes piratas incautados en las actuaciones plantea problemas en orden a su custodia, que podrían paliarse, en buena parte, mediante una diligencia pericial en la que se dejara constancia de las
circunstancias más relevantes y susceptibles de ser acreditadas a partir del examen de los efectos incautados, conservando muestras suficientes para garantizar ulteriores comprobaciones.
Sería conveniente recoger expresamente y con las necesarias garantías procesales, la posibilidad legal de llevar a cabo la destrucción de los efectos intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e
industrial.
9.º Investigación de los hechos
En los últimos años se ha extendido la comisión de estos delitos mediante la proliferación de una delincuencia
organizada en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Ello aconseja introducir también mejoras en cuanto a las posibilidades de llevar a cabo una investigación más adecuada de los hechos. La Subcomisión estima que sería de gran
utilidad contemplar expresamente en nuestra legislación procesal todas las medidas y figuras para este tipo de delitos, pues con ello se incrementa la capacidad de llegar a la cúpula de las bandas o grupos que se dedican a esta actividad delictiva.
2. MEDIDAS POLICIALES
La piratería de productos protegidos por el derecho a la propiedad intelectual en España, comienza a ser perseguida en los años 90. Sin embargo, el desarrollo de las técnicas informáticas, y la facilidad para obtener equipos con grandes
posibilidades reproductoras, ha hecho nacer un gigantesco mercado ilegal, por supuesto desleal, con grandes posibilidades de expansión y con redes de distribución en manos de mafias organizadas.
Todo ello ha desbordado, no sólo el marco legal previsto, sino también sus posibilidades de aplicación.
En este sentido la Subcomisión propone las siguientes medidas:
1. Aumentar la presencia policial en las calles
La Subcomisión y los comparecientes en general, han valorado el esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas para el incremento de efectivos policiales y para dotar al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, a las policías
locales y autonómicas de mayores y mejores medios de investigación, e instan a continuar con ese reforzamiento.
En particular, la Subcomisión considera necesario que las policías locales, en su función de policía administrativa, intensifiquen sus labores de vigilancia y patrullaje a fin de impedir la venta callejera de productos pirateados.
Corresponde a las administraciones municipales la responsabilidad de la regulación y de la ejecución material de la lucha contra la venta de CD's, DVD's y copias ilegales de software en espacios urbanos. El papel de la policía local es, en
este sentido, capital. No sólo por el resultado que puedan obtener, sino por el grave daño que producen en la conciencia social los casos de aparente pasividad.
Los representantes de los diversos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han puesto en conocimiento de la Subcomisión cuáles son las dificultades más importantes que encuentran en el desempeño de su labor policial. Las medidas que la
Subcomisión propone pueden paliar estas dificultades. Este tipo de delitos disminuyen sin duda con el refuerzo de efectivos policiales en calles, zonas turísticas y áreas comerciales. No solo por sus logros concretos en la persecución, sino
también por los efectos disuasorios y la convención social del delito que los ciudadanos perciben.
2. Programas específicos de lucha contra todas las formas de piratería
En este apartado creemos que es esencial, como hemos señalado con carácter preliminar, la formación policial a todos los niveles para conocer y tratar las nuevas tipologías de delincuentes y los delitos ligados a las tecnologías más
modernas.
Resulta conveniente, así mismo, seguir dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y autonómicas de más recursos técnicos para la persecución de las redes de fabricación, distribución y venta de material
pirateado.
3. Coordinación policial
Nos referimos tanto a la policía a nivel nacional, es decir Policía Nacional y Guardia Civil como a la Policía Municipal y a los Cuerpos de Policía Autonómicos. También, evidentemente, a la coordinación de las diferentes policías en el
ámbito internacional.
La coordinación, entre las investigaciones de los servicios especializados de los diferentes cuerpos policiales y el análisis de la información recogida, supone un arma de primer orden en la lucha contra estos delitos.
La Subcomisión, oídos los comparecientes, tanto los representantes de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como los afectados, ha constatado la necesidad de una participación directa de todas las fuerzas de seguridad, de una
estrecha colaboración entre ellas y de una eficaz coordinación con Jueces y Fiscales para agilizar las investigaciones e intervenciones policiales.
4. Colaboración con otros organismos estatales
La colaboración de la policía con otros organismos afectados, a la hora de recabar información, es esencial para llegar a la resolución de algunos casos. En concreto los comparecientes se refirieron al Ministerio de Hacienda y a la
Seguridad Social. Ambos poseen las Bases de Datos más completas a nivel estatal, a veces imprescindibles en este tipo de investigaciones, siempre salvaguardando la obligada protección de datos.
3. MEDIDAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La coordinación entre los diferentes Estados debe incrementarse, muy espacialmente en el marco europeo, para acabar con el fraude a la propiedad intelectual.
La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Euro-Orden, cuya materialización a nivel comunitario fue especialmente impulsada por España, ha supuesto la superación del procedimiento clásico de extradición y un paso importante en la
lucha contra las redes internacionales de delitos contra la propiedad intelectual, pues estos comportamientos delictivos han quedado expresamente incluidos dentro del listado de
delitos en los que no resulta necesario el principio de la doble incriminación para que se acuerde la entrega de las personas reclamadas por la Justicia. A pesar de ello, esta Subcomisión cree aconsejable que se pongan en práctica diversas
recomendaciones expuestas por los distintos comparecientes. Entre ellas:
1.º Lograr un Marco Jurídico Uniforme en la Unión Europea
Las disparidades de las normas y procedimientos para la defensa de la propiedad intelectual subsisten entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Esta disparidad dificulta la garantía efectiva de los derechos y constituye una
barrera real al mercado interior europeo.
La Unión Europea trabaja actualmente en la elaboración de una Directiva cuyo objeto es la armonización en Europa de las medidas y procedimientos para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual.
España, país muy afectado
por esta forma de fraude, debe ser el colaborador más activo en el impulso de esta normativa.
2.º Impulsar la creación de El Observatorio Europeo sobre Delitos y Violaciones de Derechos de Propiedad Intelectual
Este Observatorio actuaría como organismo comunitario de coordinación en la lucha contra la piratería en bienes protegidos por la propiedad intelectual. En él estarían representados, para su mejor coordinación, tanto las administraciones
nacionales como los sectores comprometidos en la lucha contra este tipo de actividades ilícitas.
3.º Negociaciones con países candidatos a formar parte de la Unión Europea
La ampliación de la Unión Europea y la consiguiente apertura de fronteras comerciales con algunos Estados donde los niveles de piratería son 'alarmantes', en palabras del propio Parlamento Europeo, ha de acompañarse, desde el primer momento,
de una importante mejora de la colaboración policial y de las relaciones comerciales. Este criterio debe ser considerado en todas las negociaciones previas a la ampliación final.
La lucha posterior sería muy difícil si no se ha impuesto esta
condición con carácter previo.
4.º Programa Europeo de fondos para el desarrollo de actividades de Investigación y Desarrollo en sistemas anti-copia
La Subcomisión cree que España debe impulsar tanto la creación de un programa europeo para estos fines, como el establecimiento de beneficios fiscales y subvenciones para las empresas que colaboren con este objetivo.
5.º Perfeccionar el Control Aduanero
La Subcomisión subraya dos aspectos esenciales:
- Crear mecanismos en las aduanas que impidan la entrada de soportes que no prueben documentalmente la posesión de una licencia de los titulares de derechos de propiedad intelectual radicada en la Unión Europea.
- Perfeccionar el control aduanero de aquellos aparatos y materiales cuyo comercio, aunque lícito en principio, sea susceptible de tener por finalidad principal, si no exclusiva, el copiado ilegal a gran escala de productos audiovisuales e
informáticos.
6.º Reforzar la cooperación judicial y policial europea
Tanto Eurojust como Europol deberían incluir entre sus objetivos y prioridades la lucha contra las violaciones de la propiedad intelectual, en el plano europeo y en su vertiente internacional.
4. MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Es necesario promover, en todos los ámbitos, el debate sobre cómo conjugar de forma justa y equilibrada el legítimo derecho de los consumidores y usuarios a aprovechar las nuevas tecnologías en su beneficio, con el derecho de propiedad
intelectual.
La lucha contra la piratería de derechos protegidos por la propiedad intelectual ha de comenzar por la pedagogía dirigida a la sociedad y que debe implicar a todos. Es indispensable hacer llegar a los ciudadanos, y especialmente a los
jóvenes, que no se trata de defender los ingresos de las grandes corporaciones multinacionales, sino que está en juego la defensa de los legítimos derechos de propiedad y muy singularmente los de los creadores artísticos, sin los cuales el
patrimonio cultural quedaría fosilizado y en riesgo de decadencia. Como ocurrió en el pasado con la defensa del medio ambiente, o la protección de los animales, o en tantos otros ámbitos que han precisado de una evolución de la conciencia social
para establecer un auténtico y eficaz sistema de protección, sólo una evolución en la conciencia social puede lograr un efecto que no podrán alcanzar por sí solas la ley o las actuaciones policial y judicial.
La Subcomisión hace un llamamiento expreso a toda la sociedad, y particularmente a los jóvenes, para que sean conscientes del grave daño que genera el consumo habitual de productos pirateados, tales como CDs, DVDs, videojuegos o programas de
ordenador
ilegalmente copiados. Daño que afecta, no sólo a la industria cultural y a sus agentes económicos, sino a los fundamentos mismos que permiten la creatividad y la generación de nuevos recursos culturales.
La piratería en materia de propiedad intelectual, y muy particularmente en el ámbito audiovisual y musical, constituye un ataque directo al patrimonio cultural común, pues cierra la puerta a nuevos creadores y artistas y daña directamente a
los actuales. Causa un grave daño patrimonial a todos los niveles de la producción y difusión cultural, tanto a la gran empresa como al más modesto compositor o intérprete.
Supone, además, un grave perjuicio para la hacienda pública y pone en
peligro una gran cantidad de puestos de trabajo en la industria cultural.
La revolución tecnológica y la denominada sociedad de la información han tenido un inmenso impacto en los formatos y soportes de los productos culturales susceptibles de ser digitalizados y transmitidos vía Internet.
Esta realidad puede
transformar a fondo la difusión de la cultura tanto o más como en su momento lo hizo la imprenta o la propia escritura. Estamos en un momento de grandes posibilidades y esperanzas para la creación y difusión cultural. Tenemos que estar, por ello,
muy atentos a que no se interfieran en este horizonte factores de distorsión que produzcan efectos negativos.
Los poderes públicos deben promover un proceso de reflexión acerca de cómo debe adaptarse mejor a la nueva y cambiante realidad tecnológica y social en materia de difusión y consumo de productos culturales y de ocio.
La Subcomisión, por lo tanto, recomienda aunar criterios y esfuerzos con la finalidad de romper la tolerancia social ante una actividad ilícita.
Por ello recomienda:
- Concienciar a las propias Administraciones Públicas de la gravedad del problema y de la necesidad de combatirlo a todos los niveles.
- Impulsar convenios con las Administraciones Públicas para que los colegios y universidades organicen campañas de información.
- Abordar campañas publicitarias que destaquen el daño de la piratería en el empleo, a veces, más próximo a cada uno de los ciudadanos de lo que se imagina.
II. ANTECEDENTES
1. El estado de la cuestión.
De la variada documentación recopilada por la Subcomisión y la aportada por los comparecientes que se adjunta al Informe, se desprende la densa complejidad de la problemática jurídica, económica y social en torno al fenómeno de la piratería
en Bienes y Derechos protegidos por la Propiedad Intelectual.
A efectos de trazar un breve panorama significativo que enmarque las principales magnitudes socioeconómicas que confluyen en el tema objeto de estudio de la Subcomisión, merecen destacarse por su plasticidad los siguientes datos que se
derivan de Informes y Estudios aportados por distintos comparecientes que reflejan sus distintos puntos de vista y enfoque:
1.1) Del informe de D. José Malla López (Mesa Antipiratería y Centro Español de Reprografía CEDRO) merecen destacarse los siguientes datos relevantes:
'Los sectores de programas de ordenador, musical y audiovisual europeos evalúan sus pérdidas en cuatro mil quinientos millones de euros anuales.
Con un nivel de piratería del 35 por cien en el sector informático y del 25 por cien en el
sector audiovisual. En Europa se calcula que se han falsificado en el año 2001 cuarenta millones de unidades de CD y DVD, con un crecimiento en el fraude de un 350 por cien con respecto al año 2000.
España, durante 3002, junto con Grecia, fue uno
de los países de Europa con mayor índice de piratería (por ejemplo, en el caso del software, la piratería alcanza un 51 por cien).
Sólo en España, en el año 2002, se estima que la piratería cultural ocasionó pérdidas de aproximadamente 1200 millones de euros, sustraídas a sus legítimos propietarios, siendo su máximo exponente la piratería discográfica, que ha dado carta
de naturaleza al fenómeno conocido coloquialmente como 'top manta', que se inició en la música, y se ha ampliado al mundo del cine, en el cual se piratean las obras con anterioridad a su divulgación o 'estreno', al igual que en el sector del
software.
a) Sector audiovisual (cine, videojuegos, artistas, productores y demás trabajadores del sector):
Durante el año 2002, se vendieron en nuestro país, algo más de 7 millones de CD piratas de películas y videojuegos, causando un perjuicio en torno a 275 millones de euros.
La fabricación y distribución de estas copias ilícitas parte mayoritariamente de los laboratorios y centros de distribución ilegales, que son los que surten a los 'manteros' y demás puntos de venta ambulantes ilegales y clandestinos, cuya
localización y desmantelamiento suponen uno de los principales objetivos policiales. Este tipo de instalaciones es común para producto musical, videojuegos y películas.
Por otra parte, el imparable desarrollo de las redes de comunicación está facilitando descargas ilícitas de películas, mayoritariamente a través de Internet, aumentando estas descargas en un 20 por cien con respecto a 2001. Entre
cuatrocientas mil y seiscientas mil
películas se 'bajan' diariamente de la red usando programas como e-donkey, e-mule, Kazaa, Overnet etc. Esto supone 200 millones de películas descargadas en un año. Suponiendo que un 3 por cien son difusiones de cine español, estaríamos
hablando de seis millones de títulos descargados ilegalmente en un año, lo que significa más de treinta millones de euros.
b) Sector del software (programas de ordenador):
La piratería informática supone aproximadamente unas pérdidas anuales de 210 millones de euros, siendo España el segundo país de Europa occidental con mayor índice de piratería en programas de ordenador (software), sólo superado por Grecia
en este ámbito. Actualmente el 51 por cien de los programas de ordenador utilizados en España son piratas.
c) Sector musical (artistas intérpretes y ejecutantes, productores, distribuidores y demás trabajadores del sector):
En España se vendieron 30 millones de copias ilegales en el año 2002, lo que supuso unas pérdidas aproximadas de 450 millones de euros y su consiguiente fraude fiscal. El índice de piratería ha pasado de un 15 por cien a aun 35 por cien,
aproximadamente, en los últimos 3 años, siendo las obras musicales interpretadas en nuestro idioma las más pirateadas (60 por cien). Las obras a un menor precio (por ejemplo 6 euros precio de venta al público) han sido las que más han sufrido la
lacra de la piratería.
Toda esta problemática está frenando bruscamente el desarrollo de los artistas consolidados, rescindiendo contratos vigentes en muchos casos, e impidiendo el lanzamiento de nuevos talentos y valores, al igual que asentando la inercia en las
infraestructuras musicales. Este tipo de soportes ha provocado el cierre de 68 pequeñas y medianas empresas durante 2002.
Los distribuidores estiman que la reducción en sus ventas achacable a la piratería ha sido de un 25 por cien durante el último año.
d) Sector del libro (escritores, editores,... ):
La reproducción ilícita de obras impresas protegidas por la propiedad intelectual que se realizan en España equivale a la fotocopia de 17,5 millones de ejemplares de libros, si se tiene en cuenta que cada libro tiene como media unas 200
páginas y que se realizan 3.493 millones de reproducciones ilícitas al año. Estimando que el precio medio del libro es de 12 euros, por lo que la reproducción de material impreso genera una pérdida de negocio al sector editorial de cerca de 210
millones de euros y los consiguientes perjuicios al Estado, a los creadores, a la cultura y a la educación en general.'
1.2) Desde la perspectiva de la acción policial (Informe sobre la Propiedad Intelectual 1997-2003 de la Comisaría General de la Policía Judicial).
a) En el año 2000 fueron incautados por el Cuerpo Nacional de Policía un total de 1.514.472 artículos diversos valorados en 1.904.220.000 pesetas, de los cuales 1.405.659 correspondían a fraude en propiedad industrial (1.596.624.000 pesetas)
y 108.813 artículos correspondientes a propiedad intelectual (307.596.000 pesetas).
b) En 2001 se efectuaron 2.500 actuaciones policiales (Cuerpo Nacional de Policía/Guardia Civil), con un total de 2.119 detenidos, con innumerables efectos incautados, de los que, por valoración, el 68 por cien corresponde a propiedad
industrial y el 32 por cien a propiedad intelectual.
En el año 2001 fueron detenidas por los distintos cuerpos policiales 1.373 personas por delitos contra la propiedad intelectual, cifrándose las incautaciones en 50 millones de euros, siendo la venta ambulante ilegal la que alcanzó el mayor
porcentaje (42 por cien),seguida de la venta en comercio (29 por cien). El sector fonográfico fue el más afectado, alcanzando el material incautado el 70 por cien de la valoración global por sectores.
c) La estadística provisional de año 2002 del Cuerpo Nacional de Policía alcanza las siguientes cifras:
Actuaciones policiales: 833 (692 propiedad intelectual, 141 propiedad industrial).
Personas detenidas: 823 (657 propiedad intelectual, 166 propiedad industrial).
Efectos incautados: 657.183 artículos (423.664 propiedad intelectual, 233.519 propiedad industrial).
Valoración: 28.067.938 euros (10.543.764 euros propiedad intelectual, 17.524.174 propiedad industrial).
A estas cifras hay que sumar los resultados de la operación Town (2002-2003) (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta -U.D.E.V.- Central; Brigadas Provinciales de Policía Judicial y Extranjería de Madrid), que requiere mención
especial por ser la más importante de Europa contra la piratería cultural: 40 detenidos, 346 grabadoras incautadas, 164.214 discos compactos vírgenes, 37.000 DVD, 506.000 estuches y 43.680 euros en billetes pequeños.
2. Tramitación parlamentaria.
Número de expediente 158/000043
Subcomisión para el estudio de las medidas más eficaces contra la piratería en el sector audiovisual y tecnológico (Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).
25-06-02
La Mesa de la Cámara, en su sesión del día 25-06-02, acordó:
'Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996 y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.'
(BOCG D-380 de 28-06-02)
19-9-02
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte acuerda aprobar la creación de la Subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, tras modificar su rúbrica respecto a la
iniciativa inicial (D.S. 553, BOCG D-423 de 22-10-02).
Número de expediente 154/000014
17-10-02
El Pleno del Congreso de los Diputados, según lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26-6-96, acuerda la creación en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de
una Subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual (núm. expte. 154/14), en los términos de la Propuesta de la citada Comisión, publicada en el BOCG. Congreso de los
Diputados, serie D-423, de 22 de octubre de 2002, con las siguientes reglas de organización y funcionamiento:
'A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por TRES representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, DOS representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y UN representante de cada uno de
los Grupos restantes.
B) Adopción de Acuerdos.
Los acuerdos de la Subcomisión se adoptarán mediante voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
El estudio, con los protagonistas y sectores más afectados, de las medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, que puedan ser las más eficaces y homologadas con otros países de nuestro entorno.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades, funcionarios públicos y la de otras personas y organizaciones competentes en la materia.
(D.S. 196, BOCG D-425 de 24-10-02)
D) Conclusión de los trabajos.
Al no indicarse expresamente una fecha para la finalización de los trabajos, el plazo deberá entenderse transcurridos SEIS MESES desde la aprobación de la creación por el Pleno de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el Punto Tercero.1 de
la Resolución de la Presidencia, de 26 de junio de 1996 sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones.'
Composición de la Subcomisión:
BUESO ZAERA, Leocadio GP
CALPE SAERA, José Ramón GP
RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, GP
Beatriz
CLOTAS CIERCO, Salvador GS
GALLIZO LLAMAS, Mercedes GS
LEGUINA HERRÁN, Joaquín GS
GUARDANS I CAMBÓ, Ignasi GC-CiU
SILVA I SÁNCHEZ, Manuel José GC-CiU
CASTRO FONSECA, María Luisa GIU
JAUREGI BEREZIARTÚA, Jon(**) GV (EAJ-PNV)
PÉREZ TABARES, Ángel GCC
Andrónico (*)
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Francisco GMx
Letrado: BASSOLS COMA, Martín
(*) Sustituye 25-6-03 a María del Mar Julios Reyes, que causa baja 17-6-03.
(**) Sustituye 18-09-03 a Joxe Joan González de Txábarri Miranda, que causa baja 15-9-03.
Plazos
15-11-03 Acuerdo Pleno de 26-6-03: Hasta el día 15 de noviembre de 2003 (solicitado por acuerdo Comisión de 25-6-03 y acuerdo Subcomisión de 19-6-03).
3. El desarrollo de los trabajos de la Subcomisión.
3.1 Relación de sesiones celebradas.
19-11-02
1. Queda constituida la Subcomisión.
2. Programación de las actividades de la Subcomisión:
- Las sesiones de la Subcomisión se grabarán (para uso interno), si bien no serán públicas, no pudiendo por lo tanto asistir a ellas ningún periodista ni público en general.
- El Presidente de la Comisión ordenará los debates y las intervenciones de las personas que asistan a la Subcomisión requeridas por sus miembros.
- En principio se señala el mes de febrero para comenzar las comparecencias en la Subcomisión. A tal efecto, a mediados de enero los distintos Grupos deberán remitir las correspondientes propuestas. En líneas generales las personas que
comparezcan deberán corresponder a los siguientes grupos:
Sectores sociales.
Expertos.
Representantes de las Administraciones Públicas (Ministerio del Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deporte, y Ciencia y Tecnología).
Expertos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia; y
Representantes de la Federación Española de Municipios.
- Se considera necesario, antes de iniciar estas comparecencias, disponer de un dossier o documento común para poder obtener el máximo rendimiento de la actividad a desarrollar. A tal efecto, la Sra. Rodríguez-Salmones presenta un esquema
de documentación que, en principio, es tomado en consideración, y a tal efecto se encarga a los Servicios de la Cámara la elaboración de un dossier del punto 3º de dicho documento en relación a la legislación básica en la materia. Al propio tiempo,
el Presidente se pondrá en contacto con los Secretarios Generales Técnicos de los Ministerios de Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deporte y Ciencia y Tecnología, así como de aquellos posibles miembros de la Comisión Interministerial
constituida al efecto para que completen los demás aspectos documentales del referido documento.
3. Celebrar reunión de la Subcomisión el próximo miércoles 11 de diciembre, a las 12:00 horas, con el siguiente orden del día: Comparecencia de dos representantes de la Mesa Antipiratería, a los efectos de informar a la Comisión y que les
puedan ser formuladas preguntas por espacio de cinco minutos por los miembros de la Subcomisión.
11-12-02
Celebrada la comparecencia de los representantes de la Mesa Antipiratería (219/471).
19-02-03
1. Seleccionar las comparecencias a celebrar (véase hoja adjunta, sin perjuicio de modificaciones posteriores), con una duración máxima de 30 minutos por cada intervención, señalando los distintos sectores de comparecientes (creadores,
afectados -asociaciones y empresas-, consumidores, peritos e investigadores).
2. Solicitar documentación de la Federación Española de Municipios.
3. Celebrar sesiones de la Subcomisión el jueves 20 de marzo, a las 10:00 horas, y el lunes 24 de marzo.
Comparecencias a celebrar:
- Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE).
- Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE).
- Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE).
- Asociación Nacional de Empresarios de Distribución de Soportes Discográficos (ANEDI).
- Business Software Alliance (B.S.A.).
- Presidente de la Mesa Antipiratería y del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
- Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).
- Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP).
- Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
- Sociedad General de Autores de España (SGAE).
- Organización Profesional de Editores de Música (OPEM).
- Unión Videográfica Española (UVE).
- Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE).
- Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE).
- Asociación Española de Reprografía (AER).
- Pioneer Electronics Ibérica, S.A.
- Sony España, S.A.
- Federació Catalana d' Entitats Corals.
- Un ingeniero de Telecomunicaciones designado a propuesta del Colegio de Ingenieros.
- Un abogado competente en la materia con años de ejercicio en esta especialidad.
- Un fiscal nombrado por la Fiscalía General del Estado.
- Guardia Civil.
- Policía Nacional.
- Un representante de la Policía Municipal de Madrid.
- Un representante de la Policía Municipal de Barcelona.
- Un representante de los Mossos d'Esquadra.
- Un representante de la Ertzaintza.
- Un representante de la Agencia Tributaria, especialista en materia de Aduanas
20-03-03
Celebradas las siguientes comparecencias:
- D. Eduardo Bautista García, Sociedad General de Autores de España (SGAE) (219/491).
- D. Antonio Guisasola González del Rey, Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE) (219/482).
- D. Luis Mendo Muñoz, Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) (219/483).
- D.ª Asunción Rodes Serna, Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) (219/484).
- D.ª Mónica Sevill Mezquida, Asociación Nacional de Empresarios de Distribución de Soportes Discográficos (ANEDI) (219/485).
- D. Alfonso Sort Vidal, Business Software Alliance (B.S.A.) (219/486).
- D. Juan Mollá López, Mesa Antipiratería y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) (219/487).
- D. José Miguel Tarodo de Echenique, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) (219/488).
- D. Antonio Puntí Casellas, Pioneer Electronics Ibérica, S.A. (219/489).
24-03-03
Celebradas las siguientes comparecencias:
- D. Fernando Olascoaga Montero, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) (219/490).
- D.ª Daniela Bosé, Organización Profesional de Editores de Música (OPEM) (219/492).
- D. José Manuel Tourné Alegre, Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP) y Unión Videográfica Española (UVE) (219/493).
- D. Francisco Arteche Fernández-Miranda, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) (219/494) (en su lugar ha comparecido D. Alberto González Lorca).
- D. Juan Carlos Escudero Grijalvo, Asociación Española de Reprografía (AER) (219/495).
- D. Enric Navàs Mariné, Federació Catalana d'Entitats Corals (219/496).
- D. Jordi Vila Castañer, Sony España, S.A. (219/497).
12-05-03
Celebradas las siguientes comparecencias:
- Ilmo. Sr. D. Jesús José Tirado Estrada, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (212/1534).
- D. Javier Rivas Alejandro, abogado de la empresa Pricewaterhousecoopers (219/503).
- D. Juan Ignacio Izuzquiza Rueda, ingeniero de telecomunicaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas (219/504).
- D. Luis Manuel Vallés Causada, Comandante de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) (212/1535).
- D. Félix Velayos García, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (212/1536).
- D. José Luis Morcillo Pérez, Inspector Jefe del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (212/1537).
- D. Francisco José Godoy Navas, Sargento de la División de Seguridad de la Unidad de Policía Administrativa y Seguridad de la Guardia Urbana de Barcelona (212/1538).
- Responsable de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información de la Ertzaintza (212/1539).
13-05-03
Celebradas las siguientes comparecencias:
- D. Adolfo de la Torre Fernández, Intendente, Jefe de la División de Investigación Criminal de la Comisaría General de Investigación Criminal de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (219/1540).
- D. José López Calvo, Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (212/1541).
- D.ª Teresa Ibáñez Oroz, Coordinadora del Área de Despacho de la Subdirección General de Gestión Aduanera, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (212/1542).
- D. José Manuel Gómez Bravo, Director de los Servicios Jurídicos de Gran Vía Musical (219/505).
19-6-03
1. Solicitar prórroga para emitir el Informe hasta el día 15 de noviembre de 2003.
2. Que por el Letrado se preparen los antecedentes y el diagnóstico del Informe conforme a las comparecencias y documentación recibida, mientras que el Diputado Sr. Guardans i Cambó preparará un documento sobre recomendaciones.
29-10-03
Aprobado el Informe de la Subcomisión.
3.2 Resumen de las intervenciones de los comparecientes.
Índice:
I. SESIÓN ESPECIAL DE LA SUBCOMISIÓN
1. Representantes de la Mesa Antipiratería.
II. REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES
2. D. Eduardo Bautista García, Sociedad General de Autores de España (SGAE) (219/491).
3. D. Luis Mendo Muñoz, Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) (219/483).
4. D. Enric Navàs Mariné, Federació Catalana d' Entitats Corals (219/496).
5. D.ª Mónica Sevill Mezquida, Asociación Nacional de Empresarios de Distribución de Soportes Discográficos (ANEDI) (219/485).
6. D. Juan Mollá López, Mesa Antipiratería y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) (219/487).
7. D.ª Daniela Bosé, Organización Profesional de Editores de Música (OPEM), (219/492).
8. D. Fernando Olascoaga Montero, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), (219/490).
9. D. José Manuel Tourné Alegre, Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP) y Unión Videográfica Española (UVE) (219/493).
10. D. José Miguel Tarodo de Echenique, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) (219/488).
11. D. Antonio Guisasola González del Rey, Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE) (219/482).
12. D.ª Asunción Rodes Serna, Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) (219/484).
13. D. Juan Carlos Escudero Grijalvo, Asociación Española de Reprografía (AER) (219/495).
14. D. Alberto González Lorca, de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), (219/494).
III. EXPERTOS Y ESPECIALISTAS DEL SECTOR PRIVADO
15. D. Javier Rivas Alejandro, abogado de la empresa Pricewaterhousecoopers (219/503).
16. D. Antonio Puntí Casellas, Pioneer Electronics Ibérica, S.A.
(219/489).
17. D. Jordi Vila Castañer, Sony España, S.A. (219/497).
18. D. Alfonso Sort Vidal, Business Software Alliance (BSA) (219/486).
19. D. José Manuel Gómez Bravo, Director de los Servicios Jurídicos de Gran Vía Musical (219/497).
20. D. Juan Ignacio Izuzquiza Rueda, ingeniero de telecomunicaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas, designado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (219/504).
IV. MINISTERIO FISCAL Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
21. D. Jesús Tirado Estrada, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (212/1534).
22. D. José López Calvo, Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (212/1541).
23. D.ª Teresa Ibáñez Oroz, Coordinadora del Área de Despacho de la Subdirección General de Gestión Aduanera, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (212/1542).
V. CUERPOS DE SEGURIDAD Y POLICÍA
24. D. Luis Manuel Vallés Causada, Comandante de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) (212/1535).
25. D. Félix Velayos García, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (212/1536).
26. D. Adolfo de la Torre Fernández, Intendente, Jefe de la División de Investigación Criminal de la Comisaría General de Investigación Criminal de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (219/1540).
27. Responsable de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información de la Ertzaintza (212/1539).
28. D. José Luis Morcillo Pérez, Inspector Jefe del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (212/1537).
29. D. Francisco José Godoy Navas, Sargento de la División de Seguridad de la Unidad de Policía Administrativa y Seguridad de la Guardia Urbana de Barcelona (212/1538).
3.2.1 Comparecencias de los representantes de la Mesa Antipiratería (219/471).
El Sr. Presidente de la Comisión, Sr. Nasarre, manifestó que dado que la Mesa Antipiratería agrupa a sectores implicados e interesados en esta materia, antes de empezar en febrero los trabajos ordinarios de esta Subcomisión (que van a
consistir fundamentalmente en una serie de comparecencias individualizadas de sectores implicados, representantes de asociaciones y entidades) la propia Subcomisión considera que sería de interés tener esta primera toma de contacto, la cual tiene
algo de singular, pues no es una comparecencia como las demás. Es simplemente una convocatoria a los miembros de la Mesa Antipiratería. Se han seleccionado unos primeros portavoces, un máximo de tres, y que estas primeras intervenciones serán
exclusivamente de toma de contacto para un primer y sucinto análisis de la situación. Después, intervendrán los portavoces de los grupos que forman parte de la Subcomisión y con ello concluirá la reunión. A partir del mes de febrero, ustedes
recibirán las correspondientes convocatorias para las comparecencias en las que harán sus exposiciones, peticiones, aclaraciones, preguntas, etc. como ordinariamente suele suceder en esta Subcomisión.
En primer lugar hizo uso de la palabra el Sr. Gómez Bravo (director jurídico de Gran Vía Musical y coordino la Mesa Antipiratería). Primero, agradeció el recibimiento hoy aquí por haber atendido la petición de impulsar esta Subcomisión de
consenso y, por otro lado, presentó las actividades que desde el 4 de diciembre del 2001, fecha en que se constituyó como Mesa Antipiratería, se viene haciendo.
El ejercicio del 2001 y parte del 2002, implicó unas pérdidas económicas cercanas a los 1.000 millones de euros, sumando, además, el fraude fiscal, las pérdidas de empleo, la no inversión en nuevos valores, la no competencia y la nueva
creación de fondo cultural y, sobre todo, la voz de alarma de que por ese camino una potencia cultural podía perder el tren del futuro. El tren del futuro en el software, el tren del futuro en el cine, el tren del futuro a los nuevos creadores y
los nuevos espacios de nueva tecnología. A partir de ahí, se pusieron en contacto entidades de gestión, creadores, artistas, todos los agentes de la industria musical, del libro, de los agentes de distribución, en sí, todos los canales de pequeña y
mediana empresa para sumar esfuerzos e ir construyendo la lucha contra la piratería, contra el fenómeno llamado el top manta y, por otro lado, hacer una llamada para la concienciación ante la opinión pública y los poderes públicos, de que es un
fenómeno que estaba afectando no sólo a esta industria cultural y creativa, sino, de manera transversal, a diversos sectores.
Por eso se han juntado colectivos y representantes del mundo del libro, están presentes hoy en esta sesión don Juan Mollá, presidente de CEDRO, doña Malena Viden, directora general de CEDRO, don Carlos Manuel Fernández, de Disney Software
Radians que hablará, posteriormente, sobre el mundo del software; don Enrique García-Asensio, consejero de la AIE; don Manuel Aguilar, consejero de la AIE, que nos dará una visión del mundo artístico y del mundo del cine; don Santos Castro,
director de relaciones institucionales de la SGAE; don José Manuel Turné, de la Federación Antipiratería; don Isidro Corral, de FNAC; doña Mónica Sevil, de ANEDI; don Carlos Fernández Gálvez de la Mata, de AISGE, del mundo del cine; don Javier
Hidrolate, de AIE; don Carlos Calverizo, del Corte Inglés y don Miguel Gil, del Grupo Prisa.
El Sr. Presidente de la Comisión, Sr. Nasarre, concede la palabra a don Santos Castro Fernández.
El señor Castro Fernández (Director de Relaciones Institucionales de SGAE), agradeció a los miembros de la Subcomisión que hayan tenido esta iniciativa, de esta importancia y que, además, y según el Diario de Sesiones, ha sido aprobada por
unanimidad, lo cual refleja un sentir compartido, de todos los Grupos Parlamentarios, por abordar este tema.
El problema, indicó, no hace falta nada más que salir de cualquier edificio, de éste o de cualquier otro, y se encuentra. Existe un problema visible y otro no visible. Se ha generalizado más el problema físico, el llamado top manta,
expresión acuñada por los medios de comunicación, y que ha tenido un gran éxito, pero preocupa tanto o más el problema digital: cómo va a ser este mundo de la piratería on-line. Por lo tanto, lo primero es que, efectivamente, es visible, está ahí;
pero también es invisible y está moviéndose en esa red de redes. A continuación puso de relieve que a a partir de un determinado porcentaje de piratería, del orden del 40 % en algunos sectores o el 50 %, es fácil saltar en muy poco plazo de tiempo
al 80 %y al 90 % y perder ya el control del fenómeno.
La principal aportación de la Subcomisión, señaló, sería cómo se puede desentrañar el problema y cómo encontrar y plantear a SS.SS. un tratamiento adecuado con las medidas que solucionen el problema. En primer lugar, es sí existe el marco
legal adecuado. Improvisando una primera respuesta, manifestó que no.
Segunda cuestión o segundo interrogante. Esas normas, ¿se aplican correctamente?. También, improvisando mucho y adelantando conclusiones, dijo sintetizando el trabajo de la Mesa antipiratería, que no, que no se aplican correctamente esas
normas.
¿Qué se pide a los poderes públicos, a las Administraciones públicas, a los gobiernos, autonómico, y local también?. Como contestación a esta interrogación manifestó que no se ha actuado con la diligencia debida ante este delito masivo que
invade nuestras calles, que ocupa esos espacios públicos y que se expande con una impunidad que incluso le ha creado al ciudadano la percepción equivocada de que está ante un nuevo canal de distribución.
Por último, y para poner más énfasis, aludió al esfuerzo de todos; generar una nueva conciencia en la sociedad. Falta de concienciación. El ciudadano no percibe esto como un problema y piensa, además, que su comportamiento es, incluso,
correcto. Por lo tanto, habría ahí, y eso sí que es complejo, un esfuerzo compartido de todas las instituciones para esa nueva conciencia cívica respecto a este fraude masivo a los derechos de propiedad intelectual que sufre nuestro país. Esta
sería mi visión.
A continuación hizo uso de la palabra el Sr. Aguilar, en representación de AIE, Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. También en representación de AIE asiste el maestro Enrique García-Asensio, de la que es Secretario General.
La Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de música también representa a los actores que empiezan a verse lesionados con este tema de la piratería. A tal efecto, destacó que cuando se habla de artistas de la música, además de
pensar en figuras y en estrellas con nombres y apellidos concretos que todos conocemos, debe pensarse también en un nutrido colectivo profesional de miles de personas que son, la mayoría de ellos desconocidas, pero que conforman un tejido
profesional muy rico, lleno de energía y que es un colectivo que, a pesar de tener un puesto de trabajo, casi por definición inestable, está lleno de energía, de ilusión y de pasión por su trabajo, y sin estas personas, no existiría la actividad
musical tal y como la conocemos.
La piratería o el fenómeno de la venta de productos falsos culturales, se ha incrementado en España de manera espectacular desde los últimos años.
La imagen de los vendedores callejeros asentados en las esquinas, en las plazas, en las
calles, se ha convertido en algo familiar, que ya no sorprende. El top manta es un fenómeno que, incluso, podría subtitularse de 'recultura por los suelos', está en todas partes. En un principio, esta actividad se concentraba en unos pocos lugares
y ahora, en los más céntricos y comerciales, ahora se extiende por todas partes, sobre todo, en esta época navideña. La piratería, que antes, hace concretamente tres años, más o menos, se consideraba algo poco importante o una anécdota, ha copado
ya un 33 % del mercado musical y penetra con fuerza en el mundo audiovisual, de los videojuegos, por no hablar del software.
Este fenómeno afecta de un modo tremendo al colectivo de artistas. Parte de los ingresos de los artistas proviene de los royalties, de las cantidades fijas o porcentuales que los artistas perciben por la venta de cada disco. Y,
evidentemente, el disco que se vende en la manta luego, después, no se vende en la tienda de una manera legal. Con lo cual, ese royalty, el artista, lo está perdiendo. Pero no sólo eso. La música de espectáculo es un todo orgánico y cuando se
resiente una parte, derrota toda la estructura.
Reiteró todo lo dicho sobre el tema de piratería e invitó a recordar lo expuesto antes: que el agente regulador de esta relación consumidor-artista-industria, no puede permitirse que sea un grupo de delincuentes organizados.
Terminó sugiriendo una política de concienciación del ciudadano sobre los verdaderos responsables del problema y concienciación de las instituciones, sobre todo, respecto a las ramificaciones del problema a esa cualidad de transversalidad,
que anteriormente mencionó D. José Manuel Bravo al principio, el problema afecta también a justicia, a interior, a economía, a hacienda. Si creemos que el disco es tan cultura como el libro, debe pagarse el IVA de los discos. Y, por último, ser
implacables con el delincuente, erradíquese, persígase sin descanso a las cúpulas mafiosas y desmóntese los enclaves de duplicación; pero también requísense el material callejero y elimínese de forma decidida el punto de venta callejero y su
impunidad. Todos los agentes sociales deben desarrollar sus obligaciones y limar diferencias con las herramientas que suministra el Estado de Derecho y el talante, la justicia y el diálogo.
Por último, el señor Fernández Álvarez (Disney Software) manifestó que B.S.A. es una asociación de fabricantes de software españoles e internacionales, que dispone de los datos estadísticos de la piratería del software en nuestro país. Por
desgracia, es el segundo país de ese tren. Sólo Grecia supera en piratería. Existe un 49 % de piratería en nuestro país. No procede comparar con países anglosajones o nórdicos, pero Italia, Francia, Portugal, tienen 15 % puntos de piratería menos
que España.
Compartiendo esfuerzos, concluyó, se puede crear el futuro. Los esfuerzos son todos muy diferentes. Está el libro, está la música, está el cine, pero se ha compartido este esfuerzo gracias a la Mesa antipiratería, cuyo objetivo común es la
lucha contra la piratería de la propiedad intelectual.
Finalmente, hacen uso de la palabra los Portavoces: Rodíguez-Salmones Cabeza (GP), Leguina Herrán (GS), Guardans i Cambó (GC-CiU) y Castro Fonseca (GIU).
3.2.2 Representantes de asociaciones y entidades.
2. Comparecencia de D. Eduardo Bautista García, Sociedad General de Autores de España (SGAE) (219/491).
La piratería en España arranca alrededor de la década de los setenta, a mediados de la década de los setenta, hasta el punto de que en los años ochenta, principios de los años ochenta, la piratería en España era muy cercana al 50 %, si no
del 50 %.
Con la entrada de los soportes digitales a finales de la década de los ochenta, se produce la explosión en
general de los mercados; el público empieza a cambiar de hábitos y pasa de almacenar sus gustos musicales en cintas y discos de vinilo a hacerlo en discos compactos. A mitades de la década de los noventa aparecen los primeros reproductores
del formato digital. Y finalmente, ya a finales de la década de los noventa el coste medio de un terminal, de una estación de reproducción pasa a ser asumible por cualquier tipo de bolsillo. Es decir, que un 'cluster' con una serie de copiadoras,
en unidades múltiplos de siete, y un 'master' pueden adquirirse en cualquier mercado por menos de 1.000 euros. Con una inversión entre dos y cuatro mil euros se puede instalar fácilmente una planta de reproducción de productos digitales. No
solamente el disco, también el vídeo o el DVD.
Sobre la base de esta evolución tecnológica, se evidencia en los primeros meses del año 2000 la muy desagradable sorpresa de que un mercado que tenía neutralizada la piratería en unos límites entre el 1 y el 5 % no sólo en España, sino en
todo el mundo, sin que afecte el modelo de negocio y que normalmente la industria ha convivido con estos residuos de piratería. Y de repente, una serie de investigaciones que se hacen desde la Sociedad General de Autores descubre primero, con
sorpresa que había superado el 10 %; en el segundo análisis estaba cerca del 20 %. Se ha llegado a contabilizar casi el 30 % del mercado convencional. Los afectados son la Sociedad de Autores, no es la industria. Es decir, son los creadores, los
ciudadanos de a pie que, con un tremendo esfuerzo, se encierran en la soledad del corredor de fondo para escribir sus canciones, hacer sus películas, sus guiones o sus libros.
El escritor, el compositor, el cineasta trabaja sin un marco laboral, sin las garantías salariales del que recibe un encargo. El autor que escribe una canción. Si tiene éxito, gana dinero, y si no, no, gana experiencia, pero nada más. El
éxito del autor es su salario. Es decir, si tiene mucho éxito gana dinero, pero para que se hagan una idea sólo el 4 % del conjunto de los creadores recibe compensaciones por encima del salario mínimo interprofesional. Sólo el 4 % de los 60.000,
en este caso, socios de la SGAE tiene unos ingresos regulares equiparables al salario mínimo interprofesional. Es cierto que en ese 4 % hay una franja de privilegiados que, en cualquier caso, ganan mucho dinero.
Lo que más está afectando al modelo de estabilidad de este negocio en este momento es la piratería. Y se denomina piratería en términos coloquiales, porque es un fraude a la propiedad intelectual, del mismo modo que hay otros fraudes a
otros productos de consumo.
Indicó que se perfilan tres líneas de actuación que son las fundamentales: Primero una persecución a pie de obra de la venta ambulante de estos productos. El ciudadano cuando sale a la calle y ve el mantero en la puerta de su casa tres
veces seguidas durante tres días y no viene el guardia municipal, tiende a pensar que eso está de alguna forma normalizado.
La segunda medida es una serie de cambios legislativos respecto a los que se ha recibido por parte del Ministerio de Justicia una adecuada y muy favorable recepción a las peticiones formuladas.
Y en tercer lugar, existe una responsabilidad de todos los sectores, pero también en general del ciudadano. Las personas que compran discos piratas, que a lo mejor la primera vez que lo compran no son conscientes de lo que compran, pero a
la tercera, la cuarta vez, este ciudadano de alguna forma empieza a apreciar que hay otros caminos de acceder a las cosas más baratas, aunque no sean legales.
Y por último, de acuerdo con las propias investigaciones policiales, y en cualquier caso se dispone de información de México y Brasil, que son dos referentes que preocupan mucho, porque de llegar a producirse una situación como la de México
y Brasil se estaría ya en el punto de no retorno. Es decir, en México y Brasil ahora mismo no hay posibilidad de extirpar el problema; de cada tres discos que se venden, dos son piratas y uno es legal. Estos referentes, desde luego son lo
suficientemente graves como para evitarlos.
El último vector de actuación que señaló es la necesidad de hacer entre todos es éste, de alguna forma establecer un período de sensibilización, de concienciación del ciudadano medio de que comprar un disco pirata es comprar un producto
robado.
Formulan preguntas los Diputados, Sres. Guardans i Cambó, Leguina Herrán, Rodríguez-Salmones y Calpe Saera.
3. Comparecencia de D. Luis Mendo Muñoz, Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) (219/483).
En primer lugar agradeció a los miembros de esta Subcomisión que se haya citado a AIE, a la sociedad de artistas, para que pueda trasmitir su preocupación sobre esta actividad delictiva, sobre la piratería y las consecuencias que para el
colectivo acarrea. AIE es la Sociedad de Artistas de España, es miembro activo de la Mesa Antipiratería desde su constitución, en septiembre de 2001.
Antes de nada reiteró que cuando se habla de artistas de la música, que además de pensar en figuras, en estrellas con nombres y apellidos concretos que todos conocemos, hay que pensar también en un nutrido colectivo profesional de miles de
personas desconocidas casi todas ellas para el gran público, pero que son las que conforman un tejido profesional rico, un colectivo que, a pesar de tener un puesto de trabajo casi por definición inestable, está lleno de energía, ilusión y de pasión
por su trabajo.
La mal llamada piratería o el fenómeno de la venta de productos falsos culturales y de entretenimiento se ha incrementado en España de manera espectacular en los últimos dos años. Concretamente en estos cuatro
últimos años la piratería musical, estrictamente musical, se ha incrementado un 25 %, llegando a una cuota de mercado que se puede estimar en un 30 %, sólo superada en la Unión Europea por Italia y Grecia. Los discos regrabables confiscados
por las fuerzas de seguridad pasaron de 360.000 en el año 2000 a 740.000 en el año 2001, y todavía no tenemos datos sobre el año 2002.
En un principio esta actividad ilícita se concentraba en unos pocos lugares, los más céntricos y comerciales. Ahora se extiende por todos los rincones de la ciudad, e incluso en aquellos no demasiado transitados encontramos productos
piratas en venta. La piratería se extiende igualmente a sectores nuevos, como el audiovisual, el de los programas de ordenador, etc.
Este fenómeno afecta de un modo arrollador al colectivo de artistas. Parte de los ingresos de los artistas proviene de los royalties, cantidades fijas o porcentuales que los mismos perciben por la venta de cada disco.
Y evidentemente el
disco que se vende en la manta no se vende en la tienda de manera legal. La música y el espectáculo que se genera alrededor es un todo orgánico, y cuando se resiente una parte lo nota toda la estructura. La casa de discos se resiente y deja de
percibir unas ganancias programadas. No se cubren siquiera las previsiones de ventas que habían permitido adelantar a los artistas, con cargo a los royalties, cantidades que estaba previsto que se cubrieran con las ventas de los discos.
Consecuentemente, los próximos contratos que se propondrá a los artistas, probablemente lo sean en peores condiciones que las ofrecidas hasta ese momento. Los lanzamientos discográficos de los artistas consagrados se ralentizan, los de los nuevos
artistas, y esto es lo más grave, disminuyen o desaparecen.
Lo solidario, en consecuencia, no es comprar, aunque aparentemente lo parezca. Comprando se fomentan esas redes que mezclan en sus negocios el tráfico de discos, juegos o DVD con las drogas, las armas o, como hemos visto, el tráfico de
personas. Según algunos estudios, un kilo de CD supone para estas redes más beneficios que un kilo de algunas drogas.
Soluciones: Evidentemente el fenómeno se ha enquistado de tal forma que no existe fórmula mágica ni una única solución para este tema. Evidentemente resultan imprescindibles medidas legales, e incluso policiales. La modificación del
Código Penal y demás leyes que permitan una persecución más fácil de este tipo de actividades irían en esa línea, pero sin dejar a un lado nunca toda una serie de medidas tendentes a concienciar a la población de que esa actividad es un delito, y de
sus efectos para la vida cultural.
Terminó reiterando la necesidad de desarrollar una política de concienciación del ciudadano sobre el verdadero alcance del problema.
También resulta precisa la concienciación de las instituciones, sobre todo respecto a las ramificaciones
del problema; la transversalidad de este asunto, que afecta también a Justicia, Interior, Economía y Hacienda.
Por último, añadió, se debe ser implacable con el delincuente; no solamente al pequeño vendedor callejero, sino por encima de él, a esa otra gente que hay detrás, que le explota y de quien él es tan sólo una víctima. Perseguir, pues, sin
descanso, las cúpulas mafiosas y desmontar los enclaves de duplicación, pero también requisar el material callejero, eliminando de forma decidida el punto de venta callejero y su impunidad.
Formulan preguntas los Diputados Sres. Calpe Saera, Rodríguez-Salmones y Guardans y Cambó.
4. Comparecencia de D. Enric Navàs Mariné, Federació Catalana d' Entitats Corals (219/496).
Habló en nombre de la Federació Catalana d'Entitats Corals, Federación Catalana de Entidades Corales. En Cataluña, dado el gran auge que ha habido desde principios del siglo anterior, finales del XVIII, de conjuntos corales, surgieron unas
editoriales, cuando se empezó a editar música, incluso exclusivamente para música coral, y tuvieron años de mucho auge por el propio éxito de los coros. Los coros necesitaban esas partituras y las utilizaban. Los propios cantores utilizaban las
partituras. A mediados de los noventa, dada la facilidad de la reproducción de las partituras, se empezaron a fotocopiar. Estas editoriales han llegado al extremo de dejar de editar partituras.
Dos editoriales, dos concretamente, que exclusivamente editaban música para coros, llegaron a, aproximadamente 1.500, casi 2.000 números y que se iban reeditando los antiguos, porque el público continuaba pidiendo y haciendo más números para
esas colecciones, hasta que se dejaron de hacer números nuevos. No eran rentables. Algunas federaciones de coros, no sólo de Cataluña, sino de otras partes, por ejemplo, la Federación de Coros Infantiles y la Federación Catalana de Entidades
Corales, que es la que reúne mayor número de coros, empezaron a facilitar por su cuenta para paliar esta situación a sus socios y a editar, prácticamente, desde un punto de vista interno de las federaciones, nuevas partituras para que surgieran
nuevas obras, nuevas canciones o nuevos arreglos de obras corales. Se editan todavía las federaciones en un formato muy económico, muy claro y hechas exclusivamente para ser utilizadas por los coros.
Evidentemente, como no hay ánimo de lucro, sino
que se venden dentro del ámbito de las federaciones, se suministran al precio de coste y esto hace que se haya continuado adquiriendo este tipo de partituras.
Desde el año 1992 la Federación ha procurado concienciar constantemente, a base de escritos y recordándolo en sus asambleas generales, para que no se fotocopien las partituras y que se adquieran. De esta suerte, comprando partituras se
aseguran de la continuidad de su edición. Los músicos dejarán de hacer arreglos o
nuevas composiciones para coros y van a seguir interpretando siempre el mismo repertorio.
Formularon preguntas los Diputados Sres. Leguina Herrán, Bueso Zaera, Calpe Saera y Silva i Sánchez.
5. Comparecencia de Dª Mónica Sevill Mezquida, Asociación Nacional de Empresarios de Distribución de Soportes Discográficos (ANEDI) (219/485).
El sector es de la distribución discográfica. ANEDI representa sobre todo a las tiendas especializadas de discos y representa también a los pequeños distribuidores de tiendas de discos. Este sector es el que más gravemente está sufriendo
el problema de la piratería, por cuanto a lo que más afecta, efectivamente, es al punto de venta. Dichos establecimientos pagan unos impuestos de actividades económicas y unos locales, caros si están las tiendas en los puntos buenos, disponen de
personal asalariado y cumplen y soportan todos los costes sociales.
Soportan finalmente toda la cadena de costos de lo que es un disco, vendiendo discos legales. El precio hay que tenerlo muy en cuenta en todos los aspectos, porque evidentemente un disco no vale lo que vale reproducirlo y lo que vale en la
manta, no son las ciento y pico pesetas que vale un CD virgen y su reproducción. Un disco, soporta lo que son los costes de grabación, soporta lo que son los costes de marketing, que son enormes, y una campaña de televisión de un disco,
especialmente de Televisión Española, que suele pedir un royalty de 150 pesetas por disco, ya sólo el royalty que percibe Televisión Española por cuatro anuncios y medio es más de lo que vale un disco en la manta. Soportan todo lo que es la cadena
de distribución, los comerciales, los distribuidores, los camiones, y finalmente, se compra a pérdida y con plantillas legalmente establecidas y debe alcanzar para cubrir los costes que soportan.
La parte que repercute la tienda normalmente es de un 20 a 25 % sobre el precio de tarifa respecto al precio de vente de la discográfica. Se compra a pérdida, eso quiere decir que a las grandes superficies les suministran todos los discos
que necesitan, y los que no venden los devuelven. Lo mismo se está haciendo ahora en los quioscos, que es también una venta que está produciendo una competencia desleal hacia el sector.
ANEDI ha dirigido cartas a casi todos los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y fuerzas de Policía Local, que son los competentes para aplicar en última instancia las leyes de comercio, porque la legislación en materia de comercio prohíbe
completamente y regula lo que es la venta ambulante. La venta ambulante que se está produciendo por los 'manteros', como les llaman, no cumple ninguno de estos requisitos: no están pagando tasas ni venden producto legal.
La solución tiene que venir efectivamente por el garantizar la aplicación de las leyes. ¿Cómo? Pues dotando de más presupuesto, dotando de más medios. Las leyes existen. El problema del artículo 285, párrafo 2, del Código Penal, este
artículo dice que para los delitos que se produzcan contra la propiedad intelectual que afecten a una pluralidad de personas o al interés general, como es el caso que nos ocupa. La venta de un CD pirata afecta tanto al autor como al artista, como
al productor fonográfico, como indirectamente a los comerciantes que están sufriendo la competencia desleal, autoriza a las fuerzas de seguridad y a los jueces y tribunales a actuar de oficio. Así lo entienden algunos jueces, pero hay otros muchos
que no lo entienden así o no lo quieren aplicar. El artículo existe, la posibilidad de actuar de oficio existe, incluso el mandato por ley. Si algo se puede hacer en ese sentido, interesa que se cumpla la ley tal y como está redactada.
Formulan preguntas los Diputados Sres. Guardáns i Cambó, Gallizo Llamas, Calpe Saera, Rodríguez-Salmones i Bueso Zaera.
6. Comparecencia de D. Juan Mollá López, Mesa Antipiratería y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) (219/487).
Presidente de la Mesa Antipiratería, Presidente de la Entidad CEDRO y también Presidente de la Sociedad Colegial de Escritores de España.
Interviene hoy en primer lugar como Presidente de la Mesa Antipiratería y luego trata de la situación
exacta de los problemas en CEDRO, de la que también es Presidente.
En septiembre del año 2001, ante el aumento creciente de las actividades ilícitas conocidas como piratería, representantes de todos los sectores culturales que están afectados por ésta se reunieron en Madrid con la intención de impulsar
distintas iniciativas para frenarla. En diciembre de ese mismo año la Mesa Antipiratería fue presentada públicamente y después, en febrero de 2003, se acordó su constitución como asociación.
La Mesa Antipiratería es una asociación que representa a todos los sectores afectados por la piratería, y encamina sus trabajos a crear medidas eficaces y avances legislativos contra el fraude y contra los delitos de propiedad intelectual.
Al día de hoy, la Mesa está compuesta por doce miembros, que representan, dentro de todo el sector cultural español, a entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, empresas y asociaciones que aglutinan a artistas de cine,
productores fonográficos, nueve mil artistas, intérpretes y ejecutantes de música, cerca de cinco mil escritores, el casi total número de los editores, quizá el 95 % de los editores, los distribuidores, fabricantes, importadores de soportes
musicales y audiovisuales, así como los operadores de televisión y los principales sectores del software.
La lucha contra la piratería hay que combatirla transversalmente en un mundo como éste, globalizado, donde prima la diversidad cultural. Las acciones de
piratería afectan y atentan por igual no sólo a la cultura, sino también a los sectores relacionados con la economía, el empleo, las nuevas tecnologías, la sociedad del conocimiento y de la información, la educación, los hábitos de consumo,
etc. En definitiva, la piratería es negativa para el desarrollo de nuestra sociedad y la proyección cultural de nuestro país, y también en la comunidad internacional.
El patrimonio y la industria cultural del país no pueden estar, desde luego, ni pueden en modo alguno dejarse en manos de redes de delincuencia organizadas y tampoco es aceptable que exista un ambiente de simpatía social por acciones
ilegales que no solamente causan este daño superior, sino además destruyen un empleo no recuperable y perjudican al artista y al autor. El llamado top-manta empezó con la música y ahora afecta también al cine y al foftware, y ya ha empezado a
proliferar en sitios donde las obras impresas están digitalizadas y puestas a disposición del público ilegalmente. La industria cultural, unida en su mayor parte, ha conseguido hacerse escuchar en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de
Artes Escénicas y de la Industria Cultural en el Senado.
En conclusión, la lucha contra la piratería debe ser un tema de consenso político y de compromiso cívico, por lo cual se ha elaborado una lista, un decálogo de diez proposiciones. Son las siguientes:
Una: La creación de medidas de carácter transversal en la lucha contra la piratería, Como se ha dicho antes en un mundo globalizado las acciones de piratería afectan y atentan por igual no sólo a la cultura, sino a la economía, el empleo,
las nuevas tecnologías, etc.
Dos: La disminución de la piratería y de la violación de los derechos de propiedad intelectual conllevará una mayor protección cultural y peso específico de nuestro país en la comunidad internacional. Esta disminución únicamente se puede
lograr reforzando la cooperación judicial y policial y sensibilizando a la opinión pública en contra de estas actividades ilícitas.
Tres: Lograr un marco jurídico uniforme en la Unión Europea para la lucha contra las violaciones de los derechos intelectuales, para ello es necesario impulsar una reforma del Código Penal encaminada a armonizar las penas y equipararlas con
las de la Unión Europea, donde el mínimo de pena privativa de libertad es la de Francia. También hay que realizar seguimientos de las transposiciones de las Directivas que nos afectan.
Por ejemplo, para la legitimación de las entidades de gestión
para personarse como afectados en los juicios por delitos contra la propiedad intelectual, y de manera especial los actos de violación de derechos o bien de piratería directa.
Cuatro: Establecer el Observatorio Europeo sobre Derechos y Violaciones del Derecho de Propiedad Intelectual como organismo comunitario de coordinación de lucha contra este fenómeno, de acuerdo con lo que solicitamos personalmente los
miembros de esta Mesa Antipiratería ante el Presidente de la Comisión de Cultura de la Unión Europea hace algunos meses, a la vez que en otros foros nacionales e internacionales.
Cinco: Acciones de concienciación social sobre estos delitos, con el objetivo de hacerlo llegar a los ciudadanos y hacerles llegar la realidad de la piratería para que no se queden en esa superficie, que puede ser demagógica y absolutamente
equívoca.
Seis: Intensificar los programas de formación. Es esencial concertar esfuerzos entre autoridades públicas y sectores afectados por la piratería, a fin de intensificar la formación de los responsables judiciales y policiales encargados de
proteger los derechos intelectuales, poniendo en marcha programas adecuados que permitan la sensibilización y la actuación más selectiva de éstos.
Siete: Que se asegure el cumplimiento de las leyes. Se estima que en España sería suficiente para atajar el problema que se cumplieran las leyes ya vigentes, de manera que se intensificara la persecución e investigación del delito, que es
lo que falta.
Ocho: La lucha contra la piratería debe ser un criterio clave en las negociaciones con los países candidatos al ingreso en la Unión Europea y también en las relaciones comerciales de ésta.
Nueve: Creación de un programa europeo de fondos para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo en sistemas técnicos anticopia o en adaptación de los sistemas anticopia ya existentes a otros productos, así como el
establecimiento de beneficios fiscales y subvenciones para las empresas que colaboren con el citado fin.
Por último, el punto décimo es solicitar que se creen mecanismos de aduanas que impidan la entrada de soportes que no prueben documentalmente el poseer una licencia de los titulares de derecho de propiedad intelectual en la Unión Europea.
Como representante del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), es la entidad de gestión colectiva de derechos de autor que representa y defiende los intereses y los derechos de autor de más de cinco mil autores y de la totalidad de
los editores españoles de libros, de las revistas, etc., y además de eso a los titulares de derechos de otros diecisiete países, entre los que se encuentran Argentina, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, México, etc. Se constituyó en el año
1988 al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 y por primera vez se unen en una misma plataforma editores y escritores, que tradicionalmente estaban enfrentados hasta ahora, para la defensa exclusiva de los problemas que les afectan en
común, aquellas cosas, que son más de las que parecen, que teníamos en común y no nos habíamos dado cuenta.
En España no existe conciencia de la necesidad de respetar la propiedad intelectual. Según el más reciente estudio realizado por CEDRO, que se acaba de terminar hace apenas unas semanas, en España se fotocopian
anualmente 3.493 millones de páginas de obras de texto protegidas por el derecho de autor, esto equivaldría a la fotocopia de 17,5 millones de libros completos, cuyo valor medio se calcularía en 210 millones de euros.
Resulta escandaloso que sea en los servicios de reproducción de los centros educativos españoles y en la propia Administración pública donde se concentra nada menos que el 66 por cien es las Administraciones públicas y la enseñanza. La
enseñanza abarca un 44 % y un 22 % la Administración.
Los escritores y editores españoles no pretenden desde luego, sería imposible, aparte de absurdo, la erradicación de la fotocopia de esas obras, lo que sí solicitan es que se haga efectivo su control y un uso racional por ellas, y además el
derecho a ser remunerados por el uso que se hace de su trabajo.
CEDRO solicita en el fondo solamente dos cosas para que las Administraciones públicas se impliquen en la defensa del derecho de autor con medidas tan concretas como una retribución adecuada de los titulares de derechos por el uso o
explotación secundaria de las obras protegidas por el derecho de autor en sus diferentes centros, que son los colegios, los institutos, las universidades, las bibliotecas, los centros de enseñanza y las dependencias municipales autonómicas y
nacionales, mediante la suscripción entre dichos centros y dichas dependencias de la Administración y la entidad de gestión autorizada para ello por la Ley, que es CEDRO. En segundo lugar, se solicita que se realicen campañas de concienciación de
la opinión pública sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual de los escritores españoles. Estos proyectos se pueden llevar a cabo en colaboración con los autores y sobre todo con las asociaciones representativas del
sector.
Formulan preguntas los Diputados Sres. Gallizo Llamas, Calpe Saera y Bueso Zaera.
7. Comparecencia de D.ª Daniela Bosé, Organización Profesional de Editores de Música (OPEM), (219/492).
La Organización Profesional de Editores de Música (OPEM) es un grupo de editores, que asocia a las cinco multinacionales más grandes del mundo, que son Universal, EMI, Sony, BMGy Warner, y en España, en concreto, se han asociado también con
Peer Music, que es considerada la editorial independiente más importante del mundo, y con otras dos compañías que son las editoriales de Antena 3 y Telecinco. Eso es OPEM. Orientativamente, OPEM representa entre el 70 y 80 % de los derechos
autorales y editoriales en España, y obviamente en el mundo, porque también tiene otras compañías en el mundo.
Cada disco que se vende, igual que los artistas tienen un porcentaje que es el royalty de artista, pues los autores y los editores tienen un porcentaje, que es el copyright C o el royalty por derecho de autor. Por lo tanto, los discos
piratas, igual que no pagan los demás derechos, tampoco pagan los porcentajes, y éste es el motivo por el que se comparece aquí y agradeció que hayan contado con OPEM.
Es necesario tratar el asunto de la piratería de forma integral y transversal. Es una lacra que afecta a justicia, interior, cultural, empleo, nuevas tecnologías por la parte de internet, economía y hacienda, y por lo tanto, creemos que es
fundamental que, en la medida que ustedes puedan, faciliten el acuerdo a todo el mundo y que además establezcan un plazo para cerrar estas conclusiones.
Como conclusión, es necesario configurar el delito de piratería como delito público y que sea perseguible sin necesidad de denuncia. Sería importante refrendar que la SGAE tuviera legitimación para la persecución de estos delitos. Sería
también importante que cuando haya necesidad de citar a los ofendidos en los juicios rápidos se pueda hacer a través de las entidades de gestión y no que se tengan que personar los ofendidos.
En la práctica de diligencias periciales, que se acepte
el muestreo en relación con los soportes y que se eleven las penas y sobre todo que haya sanciones penales disuasorias. Y por lo que se refiere al apartado de Internet, pues que haya una reforma legal que incluya el entorno de internet y sobre todo
que se aclarare la interpretación de esos artículos por los distintos órganos jurisdiccionales.
Formulan preguntas los Sres. Diputados:Silva i Sánchez (GC-CiU), Leguina Herrán (GS), Bueso Zaera (GP) y Rodríguez-Salmones Cabeza (GP).
8. Comparecencia de D. Fernando Olascoaga Montero, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) (219/490).
ANGED, aunque no está integrada en la Mesa Antipiratería, viene colaborando con ella desde sus inicios, se empezó a gestar en septiembre de 2001, y en este sentido, ANGED, apoya todas las declaraciones, acciones y actuaciones que ha llevado
a cabo la Mesa en todo este tiempo.
El tráfico ilegal está generando, en primer lugar, un fraude fiscal a la Hacienda pública que la Mesa Antipiratería ha evaluado en 160 millones de euros, sólo en concepto de evasión del IVA. Es evidente que también está causando unos
perjuicios directos a los autores, intérpretes, al dejar de ingresar sus legítimos derechos de autor y de interpretación. Y por supuesto, a las industrias fonográficas.
En lo que se refiere al comercio y a la gran distribución que representa ANGED, es fácilmente constatable la aparición de puestos de venta ambulante ilegales en donde se venden copias falsas de todo tipo de productos audiovisuales y que se
instalan preferentemente en
las zonas comerciales de los centros urbanos, de las grandes empresas de distribución, constituye una competencia, desleal desde luego, pero ilegal, ilícita, contra la distribución legal, que está en posesión de sus correspondientes
licencias, que paga sus impuestos de actividades económicas, de sociedades, de IVAs, cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera.
¿Qué soluciones vemos desde ANGED? En el terreno legislativo, considera que el ordenamiento jurídico español contiene legislación suficiente para combatir con éxito estas actividades ilícitas contra la propiedad intelectual, industrial y
contra la piratería. Tanto el Código Penal, con sus sucesivas modificaciones, como la Ley de la Propiedad Intelectual, incluso la propia legislación de comercio minorista, permiten actuar contra estas actividades ilícitas. Sería conveniente una
reforma del Código Penal encaminada a armonizar y equiparar las penas con la Unión Europea, que por lo general son más severas que las penas que prevé nuestro ordenamiento jurídico, en el que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación
están trabajando en pequeñas reformas de la legislación para mejorarla. En definitiva, existe una voluntad clara de los gobiernos europeos, entre los cuales está el español, en la lucha contra la piratería, pero todo ese esfuerzo legislativo puede
resultar inútil si las leyes no se aplican adecuadamente, con rigor y con agilidad.
En materia policial, destacó la gran labor que ha llevado a cabo la Policía Nacional y la Guardia Civil en el último año, que ha permitido desmantelar bandas organizadas, que ha incautado muchísimo material, tanto grabadoras como productos
falsificados. Pero desgraciadamente, en algunas ocasiones se han visto desbordados por el crecimiento de la piratería, sobre todo en la venta ambulante, especialmente en las grandes ciudades. Sería bueno, en ese sentido, una mayor colaboración de
la policía local como medio para erradicar la venta ambulante ilegal.
En definitiva, la solución radica en un conjunto de muchas acciones a realizar, pero es importante hacer una campaña de concienciación, en primer lugar dirigida a los ciudadanos para hacerles ver los efectos devastadores de la piratería
contra la Hacienda pública, contra la supervivencia de empresas, contra la pérdida de empleo que genera también esta actividad ilegal, a los ciudadanos que cuando compran un producto falsificado, en cierto modo están encubriendo un delito, y no son
conscientes realmente de que están favoreciendo o encubriendo ese negocio ilegal. Dentro de esta campaña de comunicación, un receptor clarísimo sería la gente joven, que son los que normalmente más compran estos productos.
Y otra campaña de concienciación, de divulgación y de formación, debería ir dirigida a las Administraciones públicas en general, a los distintos agentes que participan en la persecución de este delito, como decía antes, pues la colaboración
es un poco desigual en los juzgados, y quizás precisamente por eso, debido a que no se percibía o no se percibe la verdadera magnitud del problema.
Formulan preguntas los Sres. Diputados:Silva i Sánchez (GC-CiU), Leguina Herrán (GS), Gallizo Llamas (GS), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y el Presidente.
9. Comparecencia de D. José Manuel Tourné Alegre, Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP) y Unión Videográfica Española (UVE) (219/493).
¿Quiénes son los perjudicados por la piratería? Siempre se piensa: las grandes actrices, actores y los grandes estudios de Hollywood. Pues nada más lejos de la realidad. Los verdaderos perjudicados por la piratería, los que realmente
sufren la piratería desde un primer momento son los que trabajan para la industria, quienes montan las cintas de vídeo o quienes las transportan. Ustedes imagínense, un 20 % de piratería supone un 20 % menos de transportes, de conductores llevando
camiones con discos, películas, DVDs, programadores informáticos. Por supuesto, todos los empleos que conviven alrededor de una obra cinematográfica, electricistas, carpinteros, hasta el contable, si se produce menos cine a causa de la piratería,
lógicamente, son los primeros en sufrir el desempleo o las consecuencias de las mismas. Cuando un videoclub no puede desarrollar su negocio a causa de la piratería, porque está rodeado de manteros, pues lo primero que hace es despedir a un empleado
que tiene.
En relación a las posibles soluciones, propuso:
1. Obtener legislación adecuada, que se apliquen las leyes y darle al problema la mayor difusión pública posible. Lamentablemente, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información no implementa en nuestro Derecho positivo la Directiva,
que dimana del comercio electrónico, como debiera. Y la responsabilidad de los prestadores de servicio es absolutamente inexistente.
2. La Directiva del copyright ha motivado también una reforma en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que está en marcha y en donde FAP y UVE han sido invitados a participar. Y hay otras Directivas en marcha, la que llaman
'enforcement directive', dirigida para la aplicación de todas estas medidas.
3. En cuanto a la aplicación de las leyes, siempre se solicita la iniciativa del perjudicado. La verdad es que poco a poco la jurisprudencia ya ha entendido que cuando son varios los afectados y aplica ese párrafo del artículo 287, no hace
falta una denuncia previa, pero en no pocas ocasiones todavía si no hay denuncia previa no se puede intervenir, es decir, que la policía local que pasa y ve a un señor con una manta vendiendo producto ilícito, tiene que buscar al titular de los
derechos,
pedirle una denuncia previa y, si no, no puede intervenir. Esta medida parece que no es lo suficientemente ágil. A pesar de todo, la Federación ha redactado un manual para la agilización, en donde facilita teléfonos para que en cualquier
momento la policía pueda dirigirse y ponerse en contacto con el titular de los derechos que interpongan la denuncia o con un perito si lo necesitan o lo que haga falta.
4. Las Fuerzas de Seguridad evidentemente tienen una labor, en muchas ocasiones abnegada, porque es evidente que un gran triunfo en una operación antidroga siempre tiene un reconocimiento, una operación antipiratería de vídeo tiene menor
reconocimiento.
5. Es fundamental una participación más activa del Ministerio público, y desde luego, de la Justicia.
6. La Administración pública ha tenido una creciente concienciación. La creación de la comisión Antipiratería en el año 2000 en el seno del Ministerio de Educación y Cultura, aunque sea Comisión interministerial, ha sido bastante positiva.
7. La difusión pública, muy importante. No sólo la concienciación, si ven que su intervención sale en la prensa y es reconocida por su mando, pues se animan a seguir en este campo, para el propio sector. Nada desmoraliza más al dueño de
un establecimiento de videoclub o a alguien que trata de hacer las cosas legalmente que ver que a otro que las incumple no le pasa nada.
8. Para el público en general, si han funcionado las campañas de concienciación para el respeto del medio ambiente o para el ahorro en el consumo de agua y demás, también tienen que funcionar para este problema.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Silva i Sánchez (GC-CiU), Leguina Herrán (GS), y el Presidente de la Subcomisión.
10. Comparecencia de D. José Miguel Tarodo de Echenique, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) (219/488).
EGEDA y FAPAE representan, o representamos, a todos los productores, mejor dicho, representamos, a todos los productores, mejor dicho, a todos los titulares de derechos de lo audiovisual que existen en España y representamos prácticamente a
la totalidad de los extranjeros a través de los convenios de colaboración con las entidades de gestión hermanas de otros países.
Se dispone de un departamento que lucha contra la piratería desde el año 1994, y se ha luchado contra la piratería tradicional todo este tiempo.
El resultado ha sido bueno, la piratería tradicional, la que se conocía como la que hacían los
videoclubes, las televisiones locales por cable, por onda, mercadillos, etc., todo esto estaba prácticamente controlado.
En los últimos tiempos, y debido sobre todo a los avances de la tecnología, el pirata se ha convertido en un azote
impresionante. Ya se veía venir, lógicamente, con el tema de la música, con el tema de Napster y todo aquello que le rodeaba, venía encima una tormenta importante, pero a pesar de los esfuerzos para tratar de controlar ese aluvión que venía encima,
la desgracia es que al final, el malo siempre tiene mayores medios que el bueno a la hora de delinquir...
El otro nivel de preocupación, es el de la venta a través de internet, que tiene dos formas de hacerse clarísimas. Una, se utiliza internet como un mercadillo, como una página de subasta, por una página de chat, por una cosa de este estilo,
se anuncia el producto, y luego ese producto llega por el sistema de contra reembolso, llega en un soporte físico. Es decir, se anuncia y se dice que se dispone de la película tal, tal y tal, y la persona que me escribe por el e-mail y pregunta qué
títulos tienes, a cuánto están, de qué forma, puede mandarlos a domicilio. En menos de un año se formularon más de cien, cien denuncias de páginas en las que esto se estaba desarrollando de esta forma, y en domicilios particulares en menos de un
año se han podido incautar más de 300.000 CDs grabados con películas, por supuesto, con música, con software, con videojuegos, etc., porque ahora el pirata no es especialista, ahora el pirata es generalista.
Hay tres normas que desde la Comunidad Europea se viene insistiendo desde hace tiempo. Es necesario tener una legislación correcta y aplicarla, educar a la sociedad en lo que no se debe hacer, porque se constata es que la sociedad sabe que
esto es ilegal, lo que pasa es que no está mal visto.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS), Calpe Saera (GP), Sr. Bueso Zaera (GP) y el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Nasarre Goicoechea (GP).
11. Comparecencia de D. Antonio Guisasola González del Rey, Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE) (219/482).
AFYVE, la Asociación Fonográfica y Videográfica Española, tiene su génesis en los años cincuenta en España; nace como un grupo nacional de la Federación Internacional de Productores de Fonogramas, de productores de discos, la IFPI. Al
amparo de la Ley de Libertad Sindical de 1977 se constituye como una asociación de carácter no comercial y desarrolla su andadura hasta ahora. Está formada actualmente por unos 60 miembros que engloban desde las grandes multinacionales con sede en
España a todo tipo de productores, grandes y pequeños, de todas las partes del Estado español; hay un porcentaje muy alto de productores discográficos que son miembros de AFYVE.
Entre las múltiples actividades que desarrolla esta asociación, una asociación de empresarios básicamente, un punto importante es la lucha contra la piratería, que se desarrolla tanto a través de los servicios jurídicos de la propia entidad
persiguiendo estas conductas, como también tiene un departamento de investigación propio, con nueve investigadores, que colaboran estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en luchar contra la piratería, tanto la física que podemos
encontrar en las calles, como piratería a través de internet o cualquier vulneración de los derechos de propiedad que afecten fundamentalmente a la lucha discográfica. También, lógicamente, se ocupa de organizar seminarios, cursos, campañas,
trabaja mucho con jueces y fiscales, con las fuerzas de seguridad orientándoles un poco sobre los aspectos de estos delitos y las mejores maneras o las formas, creemos, más operativas de combatirlos.
Esto en cuanto a AFYVE.
En los años noventa vuelve a resurgir este fenómeno y es en el año 1999 cuando de esos porcentajes de entre el 3 y el 5 % se pasa a unos porcentajes del 15 al 20 % del mercado pirata, y el repunte quizá más importante es en el año 2000, el
período 2000-2002, en que alcanzamos cifras que tienen el valor que ustedes les pueden dar. Evidentemente son estimaciones realizadas por empresas de auditoría relativamente serias.
No hay una cifra oficial. Se alcanzan cotas de piratería de en
torno a un 40 %, en lo que es el mercado legítimo, y que el año pasado se vendieron en España más de 24 millones de discos piratas. Esto es un problema grave para la industrial discográfica, puesto que la producción discográfica es una tarea lenta,
es compleja, interviene muchísima gente, intervienen los creadores, los autores, pero también ingenieros de sonido, medios bastante sofisticados, toda una cadena de producción industrial que está detrás del fenómeno, distribuidores, empaquetadores.
También existe otro fenómeno ahora mismo que se está empezando a desarrollar en España: la piratería por internet, que se superpone a esta piratería más física. El fenómeno es el mismo, o sea, el pirata copia o se aprovecha de la música,
de la creación de otro, distribuye un material no autorizado y sin ninguna licencia y está atacándola viabilidad de un comercio electrónico legítimo sobre esa vía, que se está intentando construir y que en España no acaba de arrancar porque es
difícil lanzar un modelo de negocio condenado casi de antemano al fracaso. Pero el problema es el mismo: el comercio ilegal no sostiene el coste del desarrollo y la creación de estas producciones, y no compensa a las personas que intervienen en
esto.
España está ahora mismo en el segundo puesto de la piratería europea, sólo superado por Grecia, que tiene unos niveles aproximadamente de 50 % de piratería discográfica. ¿Qué factores han contribuido a que España se encuentre en una
situación tan lamentable en los últimos tiempos?
a) En primer lugar, la aparición de delincuencia organizada.
b) En segundo lugar, y es lo más preocupante, han empezado a aparecer en nuestro país, y las últimas operaciones policiales así lo recogen, grupos internacionales organizados, en su mayoría provenientes de Italia, que dirigidos por personas
extranjeras, en principio bengalíes y paquistaníes, se estaban incorporando a nuestro país hasta manejar este negocio; hasta el momento actual, en el que ha aparecido la mafia china, que empieza a hacerse por lo menos la dueña de la piratería en
Madrid.
c) Cada vez aparecen más menores. Menores de 16 años empiezan a aparecer últimamente en los pisos que se detectan de personas que se dedican a estas actividades.
d) También se crean estructuras empresariales vinculadas a este negocio.
Por ejemplo, se crean sociedades instrumentales para importar los CD regrabables desde Taiwán o desde China, CD regrabables que se importan por millones. Un
importador o una partida en la aduana, para una sociedad limitada, con un capital mínimo, pues puede importar 2 ó 3 millones de CD regrabables. Los funcionarios de aduanas advierten 'esta empresa carece de capacidad para poner en el mercado estos
productos'; con lo cual saben que es un producto destinado directamente al mercado pirata.
La Agencia Tributaria informa que en el 2002 han calculado aproximadamente que en España se importaron 2 millones de CD regrabables, aparte de los que se fabrican en España. No hay mercado legal que pueda absorber esta producción de CD
regrabables si se utilizaran para grabar datos.
e) Un fenómeno muy importante, que es el del alquiler de locales. Las mafias están empezando a controlar barrios completos. De hecho, en Lavapiés, en Madrid, la policía tiene controlados grupos de inmigrantes que controlan el negocio de
alquiler de locales y pisos, de tal manera que también contribuyen a crear una suerte de guetos en la ciudad.
En 2002, según datos de la Agencia Tributaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se desmantelaron 57 grupos organizados de delincuentes, 32 de los cuales operaban en Madrid, que se ocupaban de este tipo de actividades.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hace ya veinte años señaló cuáles eran las vías para atacar este fenómeno: por un lado, tener buenas leyes, que España, en principio, las tiene; en segundo lugar, hacer que se cumplan.
Es en esta parte donde quizá existe un problema, sin perjuicio de que las intervenciones policiales y las actuaciones de los cuerpos de seguridad son cada vez más importantes.
En tercer lugar, conseguir que la sociedad se conciencie. Si no hay demanda de estos productos, tampoco habrá oferta. La gente debe entender que es un delito,
que al inmigrante no se le ayuda realmente con la compra del disco.
Las reformas legislativas en marcha, que todos conocen bien, pues nos van a ayudar a erradicar el problema. La nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ayudará mucho, porque va a reforzar las medidas tecnológicas de protección que
se implanten en estos dispositivos para impedir su copia masiva.
También las reformas en el Código Penal van a simplificar la persecución de estos delitos, porque se suprime el trámite del anuncio de oficio, se elevan las penas, se clarifica el régimen de la importación paralela, se endurecen las penas
contra estos criminales o colaboradores. En fin, son datos importantes que van a permitir mejorar una legislación que es de las mejores de Europa; el problema es que en algunos casos, quizá por el problema general de la justicia, o por falta de
capacidad policial, no acaba de avanzar.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Leguina Herrán (GS) y Rodríguez-Salmones Cabeza (GP).
12. Comparecencia de D.ª Asunción Rodes Serna, Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) (219/484).
En AISGE, como entidad que tiene unos objetivos principales de defender unos derechos de propiedad intelectual le preocupa por supuesto el tema de la antipiratería, y se lucha desde esta plataforma para que se respete lo que se está violando
desde hace mucho tiempo y que va a una velocidad muchísimo más grande de lo que se puede prever. La piratería se extiende al audiovisual ahora, en 'online' y 'offline', y perjudica a todos nuestros socios.
El 5% del Producto Interior Bruto, según el estudio de hace dos años de la SGAE corresponde al negocio cultural; además la cultura española, como España también, es referente de Latinoamérica y en el resto del mundo, con lo cual no
solamente afecta a la industria cultural, sino también en Latinoamérica y en el resto del mundo. Debe protegerse esta cultura, porque los sectores afectados no son capaces de protegerse solos. Detrás de piratería hay organizaciones mafiosas que se
distribuyen el trabajo y penetran en todas partes por medios absolutamente ilegales que la AISGE no puede controlar.
Es necesario, pues, desarrollar mecanismos, instrumentos que sean útiles como medios de lucha contra la piratería: ya no solamente los discos, obras audiovisuales, cinematográficas, software, videojuegos, etc... sino también la
reproducción ilícita en Internet, que va, a una velocidad que parece imposible frenar, pero ya hay métodos, sobre todo en América, que intentan frenar estas consecuencias. Realmente más de un 40% de este negocio cultural está en manos de redes de
delincuencia.
Los objetivos que tiene AISGE dentro de esta Mesa Antipiratería son los diez siguientes: Primero: creación de medidas de carácter transversal.
Segundo: lograr reforzar la cooperación judicial y policial. Tercero: un marco jurídico
uniforme en la Unión Europea. Cuarto: establecer este observatorio europeo sobre delitos y violaciones de derechos de propiedad intelectual. Quinto: acciones de concienciación social: una campaña de información para hacer ver al público que los
contenidos no pueden ni deben ser gratis, porque el público ahora mismo sólo entiende que hay que pagar el soporte, pero no los contenidos. Sexto: intensificar los programas de formación: formación de los responsables judiciales y policiales
encargados de proteger los derechos intelectuales. Siete: asegurar el cumplimiento de las leyes: serían suficientes en España, pero hay que intensificar el cumplimiento, la persecución e investigación del delito. Octavo: en la lucha contra la
piratería, debe ser un criterio clave las negociaciones con los países candidatos al ingreso en la UE.
Nueve: creación de un programa europeo de fondos para el desarrollo de actividades como los sistemas de anticopia, como los beneficios fiscales
y subvenciones para las empresas que colaboren, y creación de instrumentos electrónicos y técnicos para luchar contra la piratería y el delito. Y décimo: solicitar que se creen mecanismos de aduanas que impidan la entrada de estos soportes. Eso
es todo.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Gallizo Llamas (GS), Leguina Herrán (GS), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Guardans i Cambó (GC-CiU).
Algunas de las preguntas fueron contestadas por D. Carlos Álvarez.
13. Comparecencia de D. Juan Carlos Escudero Grijalvo, Asociación Española de Reprografía (AER) (219/495).
En primer lugar, el término piratería referido a la reprografía no es un término adecuado, porque además, no afecta a este campo. Por eso, más que piratería, debe hablarse de reprografía, de vulneración de derechos de autor y, en esa
vulneración, analizar no sólo la piratería, sino también los abusos de derecho o ejercicio de posición de predominio que puede darse. Por lo tanto, no hay una piratería que se pueda calificar así, pero sí que hay una importante conflictividad en
relación con la vulneración o eventual vulneración de algunos derechos. Existen unas 2.000 empresas de reprografía en España, de las cuales una parte importante está en Madrid y en Barcelona, y se pueden dividir entre reprografías, copisterías y
empresas que están en los centros universitarios.
Debe buscarse un equilibrio entre el usuario y el derecho de autor, el reprógrafo no tiene un mercado al que acudir. Se encuentra muchas veces con posiciones de predominio, no hay una armonización en cuanto a
este aspecto con lo que ocurre en el resto de países europeos y a veces se dan situaciones abusivas.
La remuneración, y esa es la propuesta que formuló, debe nacer allí donde jurídicamente es posible la copia privada. Donde no es posible la copia privada, porque jurídicamente se impide, aunque el material sea idóneo, no generará derechos
de remuneración compensatoria. Esto, actualmente, no es así.
Análogamente, deberían arbitrarse medidas para que, además de la remuneración compensatoria por equipo, se estableciesen otros sistemas que lograsen la efectiva remuneración del autor, siempre y cuando garanticen que se le va a remunerar.
Cabe hablar de papel timbrado, donde el reprógrafo tenga que realizar la fotocopia de libros en un papel timbrado cuya remuneración irá a parar directamente por ese timbre a la entidad de gestión. Un sistema cuyo único inconveniente es que se puede
vulnerar; es decir, se pueden comprar 1.000 timbres y hacer 10.000 fotocopias, pero eso es atentar contra el principio de inocencia. Es decir, la vulneración siempre es posible. Aplicar medios que discriminen y que sean lo más directos posibles
es preferible, igual que es preferible un impuesto directo a un impuesto indirecto.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Leguina Herrán (GS), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Silva Sánchez (GC-CiU).
14. Comparecencia de D. Alberto González Lorca, de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), (219/494).
ADESE, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, popularmente conocidos como videojuegos, se constituyó en octubre de 1997 con la finalidad de, agrupando a las compañías del sector, defender de una
manera más compacta los intereses de los miembros.
Las compañías que forman parte de ADESE representan, aproximadamente, al 80% de la facturación del videojuego en España y estas compañías son las siguientes. Les ahorro el listado completo, pero está disponible para todos ustedes. Entre
otras, por citar a las más conocidas: Microsoft, Sony Computer, Vivendi, Infrogrames, que represento, o Electronic Arts, que es el líder del sector.
Uno de los mayores logros que ha conseguido ADESE es la elaboración de un código de autorregulación, que quería poner en su conocimiento. El código se realizó en coordinación con las Administraciones públicas, Consumo y Protección del
Menor. Es un código ético que actúa como mecanismo para que los consumidores estén bien informados acerca de los contenidos a través de una recomendación de edades. Son clasificaciones estrictamente voluntarias, destinadas a catalogar, sobre la
base de ciertos parámetros elaborados por expertos, el contenido del videojuego y su aptitud para ser visto por las distintas edades de los menores.
ADESE dispone, además, de un comité de seguimiento, que es el órgano encargado de dar cumplimiento a este código, contactos regulares con los representantes de los distintos organismos sociales especialmente involucrados, como son CONCAPA,
CEAPA, Plataforma de Agrupaciones de la infancia, Federaciónde Usuarios y Consumidores; es decir, con las personas que podrían estar más que afectadas, interesadas en la utilización correcta de este código.
ADESE se incorporó a la Federación Antipiratería desde sus inicios, siendo la lucha contra la piratería el objetivo prioritario de esta asociación.
Desde la FAP y en el seno de la FAP, en el que se encuentra ADESE, se viene actuando en tres
aspectos fundamentales para la lucha contra la piratería.
Primero, una adecuada legislación; segundo, la aplicación de esa legislación; y, tercero, la difusión a los medios de comunicación. Por ello, ADESE no se limita a impulsar la lucha contra la piratería desde el seno de la FAP, sino que
hace más cosas. Existen otras iniciativas y alguna de ellas necesitan de la colaboración de los poderes públicos.
En conclusión, todas las actuaciones que se enumeran son, en su mayoría, muy difíciles por no decir imposibles de llevar a cabo, si no hay una voluntad por parte de los poderes públicos en la lucha contra la piratería del sector del software
y del entretenimiento; por ello, desde ADESE se considera que la primera medida que debe adoptarse es la creación de campañas de concienciación tanto dirigidas a los ciudadanos como a las personas y cargos que tienen la responsabilidad de actuar e
impulsar las medidas de lucha contra este fenómeno tan perjudicial; y, asimismo, que es necesario que se adopten medidas legislativas destinadas a sancionar las actuaciones de piratería y que se adopten medidas judiciales; es decir, que se adopten
las medidas legislativas y que luego existan medidas judiciales que realmente penalicen esa actividad que está hoy en el mercado, y que es nuestra realidad cotidiana.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Nasarre Goicoechea (GP), Silva Sánchez (GC-CiU), Gallizo LLamas (GS), Bueso Zaera (GP), Guardans i Cambó (GC-CiU) y Rodríguez-Salmones Cabeza (GP).
3.2.3 Expertos y especialistas.
15. Comparecencia de D. Javier Rivas Alejandro, abogado de la empresa Pricewaterhousecoopers (219/503).
Abogado y especializado en propiedad intelectual y concretamente en Derecho informático desde el año 1986 y su principal ocupación es la persecución
de las actividades de copia y distribución no autorizada de programas de ordenador. Actúa para diversas entidades de gestión y empresas privadas que están viendo la oportunidad de iniciar una acción judicial, una denuncia contra estas
infracciones, y por lo tanto procede explicar cuál es la base, el fundamento de esta acción.
En principio, se detecta que hay una falsa percepción de la piratería 'peer to peer', la piratería que utiliza los programas de intercambio a través de internet, que es una actividad ocasional, que además no causa perjuicios significativos,
que escapa al control de los titulares de los derechos, que no constituye un delito tipificado en el Código Penal español, que los usuarios están protegidos por el anonimato (por lo tanto, al no poderse conocer su identidad tampoco cabe la
posibilidad de iniciar un procedimiento judicial contra personas concretas), que sólo participan usuarios domésticos y que no hay ánimo de lucro en la actividad porque es un simple intercambio y que nunca se hará nada, porque es impopular, porque
las empresas han visto que actuar contra el usuario doméstico puede ser contraproducente.
La realidad, en cambio, es muy distinta. En estos seis meses de investigación se ha comprobado que el 50% de los usuarios están intercambiando, descargando o distribuyendo más de 100 gigabites al mes, o sea, que 100 gigabites al mes es el
equivalente, si se pasasen a papel y se pusiesen folios DIN A4 de aquí a la luna, podríamos viajar unas cien veces hacia la luna, o sea, que es una cantidad muy importante de información. El perjuicio que se ha calculado es de más de 200 millones
de euros al año sólo en nuestro país, sólo en España, hay un perjuicio importante, por lo tanto no se está hablando de niños que intercambian videojuegos, sino de casi un negocio, una actividad fraudulenta que genera un perjuicio bastante
importante.
No sólo participan usuarios domésticos, sino que también participan empresas, profesionales y Administraciones públicas, por el rango de IPs que hemos podido comprobar. Hay IPs que son notoriamente de titularidad de personas determinadas,
porque son conocidas, hay un rango de direcciones IP que pertenece a grandes empresas identificadas, se puede comprobar a través de páginas web, cada página web tiene una dirección IP y las direcciones de ese rango son del mismo titular; por lo
tanto, no hace falta mandamiento judicial para saber algo que es notorio.
Respecto a las posibles acciones, hay tres modelos de acción que se han desarrollado a nivel internacional:
a) Uno es dirigirse contra el fabricante del software 'peer to peer', dirigirse contra el fabricante de Kazaa, de Emule, etc. Esto no ha resultado una medida satisfactoria, en primer lugar porque cuando se destruye la distribución de un
programa P2P aparecen cinco o seis más, y después porque ha habido ya sentencias que declaran que cuando el fabricante del software lo único que hace es fabricar el software y no participa en los nodos de distribución facilitando estructuras o
infraestructuras para los usuarios de estos sistemas, no es delito, porque un programa de éstos sirve para intercambiar obras protegidas por propiedad intelectual, pero también obras no protegidas.
b) Contra los portales informativos, los que informan sobre como configurar el programa y dónde se pueden encontrar los archivos, tampoco es delito, porque ni como apología ni como inducción al delito se podría valorar, y por lo tanto el
hecho de que se haya actuado contra un portal informativo tampoco tiene un efecto disuasorio significativo.
c) En cambio, se comprueba por acciones en otras modalidades comisivas, que si se actúa contra usuarios significativos, se produce un gran efecto disuasorio. Si se actúa contra los que tienen un gran número de ficheros, por ejemplo, el que
tiene cinco mil, seis mil ficheros, puede ver sin maniobras intrusivas. Sin llegar a entrar en el ordenador, como el directorio es público, simplemente pidiendo el número de ficheros, que es una opción del programa, que tiene ese usuario, ya
aparece toda la lista y no es necesario ir ni a un requerimiento judicial ni a una colocación de un 'sniffer' o de una herramienta 'hacker' para introducirme en ese sistema, es algo que ya ofrece el propio programa y que todos los usuarios cuando
instalan el programa ya son advertidos de esa posibilidad.
Como conclusión: a una proporción de a precio cero demanda infinita, la progresión del fenómeno 'peer to peer' va a ser imparable, como ya lo es en la actualidad. Ahora mismo, hace dos años no existía prácticamente en nuestro país; en
cuestión de seis meses ha proliferado hasta el punto de existir más de cien portales que informan sobre el tema y que cuando nos conectamos a internet con un protocolo 'peer to peer' están conectados en ese momento más de siete millones de personas
y están intercambiando más de 900 millones de ficheros. Realmente se está ante casi un billón de ficheros, 900.000 millones, efectivamente.
El marco jurídico, en conclusión, es apropiado y, por lo tanto, la única conclusión final es la necesidad de una acción urgente, y que el mensaje que se comunique sea positivo.
Formularon preguntas los Diputados Sres. Guardans i Cambó, Leguina Herran, Gallizo Llamas, Rodríguez-Salmones y Calpe Saera.
16. Comparecencia de D. Antonio Puntí Casellas, Pioneer Electronics Ibérica, S.A. (219/489).
La empresa que representa es una empresa japonesa fabricante bastante importante de audio y vídeo, tanto hardware como también software, y es de las primeras del mundo que tiene aparatos digitales, tales como las
pantallas de plasma, después también los grabadores de DVD, todos del mundo digital. Los sistemas anticopia se critican mucho, pero se están desarrollando. Aún hay sistemas que son muy sencillos, pero poco a poco se van desarrollando. El
software en general es un mundo que va en aumento, que tecnológicamente está en progreso, y por lo tanto cada vez más se están utilizando programas muy complejos y sistemas anticopia, que son de hecho programas, pues que realmente son muy difíciles
de sortear.
Los sistemas están ahí, pero se utilizan poco. Si los sistemas de anticopia realmente los autores y los que tienen que proteger la propiedad intelectual no los utilizan, entonces la ley y también la Directiva no son útiles. Debiéndose
convencer también a todos los autores de que utilicen fuertemente los sistemas tecnológicos modernos en las dos facetas que articula la Directiva, (artículo 6 de la Directiva y artículo 7), que conocen perfectamente, uno para la protección de las
medidas tecnológicas aplicadas a obras o a prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, y también la información para la gestión de derechos. Estas dos facetas pueden influir en la disminución de la piratería de una forma muy
notable.
Como representante de una empresa tecnológica debo animarles a ustedes: estas dos medidas están muy bien, parecen muy oportunas, muy correctas para la piratería, y solamente lo que hay que hacer es protegerlo no solamente por vía civil,
sino también penal.
Se formularon preguntas por los Diputados Sra. Rodríguez-Salmones y Sr.
Bueso Zaera.
17. Comparecencia de D. Jordi Vila Castañer, Sony España, S.A.
(219/497).
Sony España es una empresa que en España comercializa dispositivos y soportes para grabación o para reproducción de audio y video. Se trata del Grupo Sony, que es la empresa que, al mismo tiempo, comercializa contenidos a través de Sony
Music, o a través de Columbia-Tristar-Home Video, sino que se refiere únicamente a la parte electrónica del grupo.
Referente a la piratería, la postura del grupo es muy clara. La piratería causa un perjuicio a la industria. Aproximadamente un 40 % de los discos vendidos en España son piratas. Esto representa unos 32 millones de unidades y es un delito
que está afectando a muchos actores de este proceso. Primero contra los creadores, porque los creadores no tienen la posibilidad de escoger cuándo y dónde son puestas a disposición del público sus creaciones y, además, no perciben ninguna
compensación por su esfuerzo creador. Por tanto, nos está desincentivando el proceso de creación. La piratería afecta también a los consumidores, porque la piratería utiliza un canal de distribución, el popularmente conocido como 'top manta', que
no ofrece ninguna garantía a la gente que está comprando en el metro, que está comprando en la calle; afecta a los trabajadores, que están muchas veces explotados, no tienen ningún tipo de prestación social y además, repercute en los comerciantes.
Hay comercios de discos que están cerrando. Finalmente, existe un delito fiscal: no se paga ni IVA ni ningún impuesto de radicación; ningún impuesto ni tasa que se pueda recaudar en este proceso.
En cuanto a las medidas que se pueden adoptar:
1. Las medidas tecnológicas de protección de las obras, es decir, incorporar en un DVD o incorporar en un DVD un programa o algo que impida ser grabado.
2. La copia privada es un derecho y así está contemploado en la legislación. Quien compra un CD, compra un DVD, compra una cinta VHS, compra contenidos, tiene derecho a realizar una copia de esos contenidos para su uso. A cambio de ese
derecho de copia privada, la persona que va a realizar esa copia está obligada a pagar una compensación a los creadores de la obra, un canon. El canon es algo muy importante. El canon debería tener unas características: la primera característica
es que el canon debería ser armónico, debería estar armonizado en diferentes países de la Unión Europea. Hay países muy importantes en Europa, como por ejemplo el Reino Unido, donde el canon es cero. El canon reducido debería representar un
porcentaje razonable del precio de un producto. No tendría sentido que algo que normalmente vale cien tuviera un canon de quinientos.
3. Debería liquidarse canon a todas las entidades de gestión, una a una.
En este momento, se está liquidando a 5 o a 6 entidades distintas. Esto obliga a una gestión interna compleja y con problemas de indefinición. La SGAE sufrió una
escisión y se separó un grupo, el llamado DAMA. Tanto SGAE como DAMA están reclamando a los fabricantes que liquidan ellos este canon. ¿A quiénes debe liquidarse?
4. El canon tiene también un problema filosófico y es 'quien copia debe pagar'. De la misma manera que 'quien contamina paga', pues en este caso es 'quien copia paga'. En el entorno analógico antes, no podía saberse quién copiaba o quién
dejaba de copiar, pero ahora en un entorno digital distinto.
5. Finalmente, hay dos puntos básicos en el entorno digital que son, por un lado, las medidas técnicas de protección eficaces y, por otro lado, los sistemas de control de derechos digitales. Con estas dos herramientas podemos impedir que
la generalidad de la gente, que el 99,9 por cien de la gente copie un DVD o copie un CD.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Leguina Herrán (GS) y Calpe Saera (GP).
18. Comparecencia de D. Alfonso Sort Vidal, Business Software Alliance (BSA) (219/486).
Compareció acompañado del señor Luis Frutos, director de comunicación del Grupo SP, una de las
principales empresas de desarrollo de software en España, y del señor Carlos Manuel Fernández, responsable de relaciones institucionales de BSA. Formularon una presentación breve utilizando un proyector.
La presentación se centraría en tres puntos. En primer lugar, intentar describir desde el análisis de la situación del mercado de software y cómo le afecta la piratería. En segundo lugar, ver qué consecuencias tiene en la economía
española. Y en tercer lugar, las recomendaciones que desde nuestro punto de vista permitirían mejorar esta situación.
El nivel de piratería en España es de un 49 %. Esta cifra está obtenida de un estudio que realiza BSA cada año, este estudio se hace de una manera muy exhaustiva, teniendo en cuenta dos factores, la oferta y la demanda.El índice de
piratería quiere decir que un 49 % de los programas utilizados en España no han pagado los derechos a su autor, en una palabra, se están utilizando de manera ilegal. Este mismo índice en Europa es un 27 por cien el promedio, y desgraciadamente el
índice español es el más alto después del de Grecia. Esto representa, cuantificando el coste total, el tamaño del mercado de software empaquetado, unas pérdidas de 113 millones de euros cada año.
¿Qué propuestas cabe hacer ante esta situación? En primer lugar, sería una muy buena iniciativa impulsar todo el proyecto de nueva Ley de Propiedad Intelectual o adecuar la Ley de Propiedad Intelectual actual a las recomendaciones de la
Comunidad Europea. En segundo lugar, parece muy acertada una serie de propuestas que SEDISI ha hecho. SEDISI, la asociación de empresas de tecnología de la información en España, recientemente hacían un diagnóstico más amplio del que hemos hecho,
es decir, no centrándose sólo en la industria del software, sino también en otras industrias, ha hecho, 96 recomendaciones, y cada una de estas 96 recomendaciones con 15 puntos para crear una métrica de progreso. Una de éstas implica o incluye una
reducción en las tarifas del impuesto de sociedades para diversos tipos de empresas, en función de las características de la empresa, para las inversiones que hagan en tecnologías de información, de la misma manera que el actual Reglamento del
Impuesto de Sociedades ya reconoce las inversiones para desarrollo de software dentro de la misma empresa como un factor susceptible de desgravación En el caso de las pequeñas y medianas empresas, que es donde creemos que es más grave esta débil
inversión en tecnologías de información, llega a proponer un 50 por cien de desgravación de la inversión. Esta medida tendría que ser extensiva al software. Finalmente, una serie de acciones de formación para jueces, magistrados y profesionales de
la aplicación del Derecho.
Toda una serie de medidas que se han ido aplicando de manera puntual, y en las cuales BSA ha colaborado bastante, sobre todo con la Administración central, y mucho menos con las Administraciones autonómicas y locales, en orden a elaborar
unos procedimientos para garantizar el uso de software legal, unos manuales de uso, unos procedimientos de gestión del parque de software que se están utilizando, y se denominan plan de Medidas, Recomendaciones y Buenas Prácticas o Plan Director,
que se han elaborado especialmente con el Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se extiendan a todo el resto de la Adminstración Central y a los otros niveles de la
Administración.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Gallizo Llamas (GS), Calpe Saera (GP), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Bueso Zaera (GP).
19. Comparecencia de D. José Manuel Gómez Bravo, Director de los Servicios Jurídicos de Gran Vía Musical (219/497).
En sus inicios, el tema, sobre todo en el sector del disco, en septiembre del 2001, era de unos daños del 15 %, y a lo largo del tiempo están llegando entre un 25 y un 30 % de los daños en el sector discográfico. La novedad es que cuendo se
une toda la industria cultural por el tema de la piratería cultural, había dos cuestiones que no existían en septiembre de 2001 ni en diciembre del 2001, cuando se constituye la Mesa antipiratería, y es la aparición en el 'top manta' de la piratería
digital del mundo del cine (software y el mundo del cine).
En el tema del cine, se ha visto, y se está a tiempo todavía de tomar medidas para frenarlo. En efecto, películas como Mortadelo y Filemón o los estrenos internacionales, ya están en Matrix en la calle antes de haberse estrenado en España,
con lo que se pone en juego un sector.
Otro tema prioritario es el de los CD virgenes el año pasado en España ante 60 millones de unidades grabadas que se habían vendido, los vírgenes sin ningún canon y sin ningún control, han sido de 120 millones de unidades que han reproducido
discos; es decir, que nos encontramos no sólo con el fenómeno de la piratería 'top manta' sino el de reproducciones ilícitas pero que tienen el visto bueno de la sociedad, porque están disfrazados tanto de 'copy play' como en los CD vírgenes que no
pagan ningún canon de derechos de autor ni de otro tipo, y duplica justamente las cifras, que es lo que se está observando desde el sector a nivel oficial.
Se puede apreciar una involucración en una campaña de concienciación al consumidor y a las autoridades para parar la piratería, ya que en la música parece que se han instalado tanto el 'copy play' como el 'top manta', y se espera que no siga
creciendo y no llegue al 'top' a la carta. Existe una disposición plena de los actores, de los productores, de los directores de cine, de los artistas y de nuevos valores para lanzar un mensaje de cómo es este diagnóstico y cómo se podría
paralizar.
Los medios de comunicación públicos, tanto televisiones nacionales como autonómicas y radios, podrían llevar a cabo esa campaña de modo gratuito, poniendo la entidad los elementos artístico y creativo; sin llegar a un compromiso cívico con
el consumidor, es muy difícil superar esa barrera.
Es verdad que ha habido una intensificación en redadas o en incautaciones pero crece enormemente la venta ilícita. Tiene que ser sólo a través de esa campaña de concienciación por donde se puede
llegar a la gente, y por otro lado intensificar las medidas policiales, que en este momento no están resultando eficaces, no porque no se estén haciendo sino porque crece la piratería enormemente.
20. Comparecencia de D. Juan Ignacio Izuzquiza Rueda, ingeniero de telecomunicaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas, designado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (219/504).
Previamente a la descripción de los avances actuales en las tecnologías digitales y las relaciones entre piratería y las tecnologías digitales, manifestó: La historia nos viene a decir que todas las protecciones que se han implantado en los
diferentes sistemas han sido reventadas.
Actualmente se desconocen sistemas que sean absolutamente infalibles, incluso la gente que fabrica y diseña marcas, difícilmente va a poder encontrar un sistema perfecto e ineludible. Por otro lado,
aumentar las protecciones anticopia puede conllevar molestias en la reproducción e incluso dañar los equipos reproductores.
Actualmente el panorama ante la piratería se puede resumir en diferentes aspectos. Por un lado se puede obtener copia directa de los soportes si éstos no están protegidos, que es lo que se hace. En caso de que los soportes estén
protegidos, se pueden utilizar herramientas de elusión disponibles en internet con toda tranquilidad. Existe una protección consistente en utilizar reproductores y soportes específicos, de forma que estos reproductores y estos soportes no se pueden
alterar. Otro caso reseñable son los DVD de películas. Éstos son imposibles de falsificar, es decir, hacer una copia idéntica, exacta, ya que utilizan una tecnología de doble capa que impide su grabación en los grabadores de DVD convencionales,
precisan una grabación previa para posteriormente un pegado de las dos capas. Para hacer copias serían necesarias grandes inversiones y utilizar una instalación industrial.
Las invenciones que básicameante se utilizan son los sistemas de encriptación para proteger la información. Se trata de codificar la información para hacerla ininteligible y posteriormente desencriptarla, haciéndola inteligible. Los
sistemas convencionales que se conocen han utilizado la misma clave para la codificación y para la posterior descodificación (sistemas simétricos). Actualmente se han desarrollado sistemas, conocidos como asimétricos, que utilizan dos claves
distintas para los dos procesos, es decir, una primera clave encripta la información haciéndola ininteligible y una segunda clave distinta de la primera se utiliza para hacer inteligible la información. Esto permite que la primera clave pueda ser
pública, cualquiera la pueda obtener, porque no le va a servir de nada para abrir el documento.
Estos sistemas tienen una serie de consecuencias. Hay que dejar claro que no van a eliminar la piratería, los propios distribuidores de estos sistemas lo reconocen, pero sí que pueden reducirla en gran escala. Se corre el peligro de que
produzca una sobreprotección sobre la creación.
La licencia que se utiliza es un programa informático, por lo tanto los términos contractuales que se incluyen en la licencia pueden sobrepasar los límites establecidos por la legislación de propiedad
intelectual; podría llevarse la protección más allá del límite temporal permitido por la ley o podría evitarse una serie de excepciones contempladas por la ley, lo cual al ser de un ámbito tecnológico y un producto exclusivo entre un cliente, un
producto y otro cliente, posiblemente vayan a pasar desapercibidos.
Para concluir el derecho a la copia privada y la mera reproducibilidad de la información van a llevar siempre el riesgo ineludible de piratería, posibilidad de ir al cine con una cámara y grabar la película para luego reproducirla. Así
pues, en este sentido la piratería, o por lo menos la elaboración de esta copia maestra, difícilmente va a poder ser erradicada desde un punto de vista técnico. Las armas aparentemente más eficaces para reducir la piratería podrían ser la mejora de
la relación calidad-precio en el producto, la concienciación social y la persecución eficaz de la grabación fraudulenta de soportes a gran escala y la oferta ilegal de contenidos desde servidores de internet. En caso de que se impusieran los
sistemas DRM, sería conveniente un seguimiento administrativo.
Finalmente, le formularon preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS) y Rodríguez-Salmones Cabeza (GP).
3.2.4 Representantes del Ministerio Fiscal y otras Administraciones Públicas.
21. Comparecencia de D. Jesús Tirado Estrada, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (212/1534).
El Fiscal Sr. D. Jesús Tirado Estrada centró su intervención fundamentalmente en el análisis de las siguientes cuestiones claves derivadas de la aplicación del régimen jurídico aplicable a la Propiedad Intelectual en el orden civil y penal:
1) Dependencia de la protección penal de la Propiedad Intelectual (Código Penal de 1995) de los conceptos
de la Ley de Propiedad Intelectual, la normativa europea y los compromisos internacionales de España (OMC y HPIC) para conocer en definitiva 'qué, frente a qué y a quién se protege para conocer en definitiva cómo se aplican las leyes.
2) Esta integración de legislaciones genera una cierta confusión en la distinción entre los clientes civiles y penales implicados y en la elección de la vía correcta para su enjuiciamiento.
3) El régimen de perseguibilidad de estos delitos exige la previa denuncia del agraviado y únicamente admite como excepciones la persecución de oficio en los casos que el delito afecte a los intereses generales o a una generalidad de
personas. La propia cuestión de la posible legitimación de las Entidades Gestoras ha dado lugar a diversas interpretaciones entre las Audiencias Provinciales e incluso entre Salas de una misma Audiencia, e incluso para el Ministerio Fiscal han
surgido algunas dificultades al carecerse de una instrucción específica en este orden de consideraciones. Actualmente, el tema está, en parte, en vías de solucionarse con las reformas de la Ley 38/2000, sin perjuicio de considerar que la solución
definitiva estaría en la imposición de un régimen de Persecución de Oficio.
4) El Régimen de las Medidas Cautelares de la legislación civil permite disfunciones en su intento de aplicación al proceso penal.
5) En relación con los tipos agravados en esta modalidad delictiva existen además una serie de problemas específicos que deben ser remediados para que se alcance eficacia.
A su juicio la mejora de la intervención penal podría sintetizarse en los siguientes aspectos: prestar sobre todo una intervención inmediata y efectiva desde el primer momento y, por lo tanto, en la fase de instrucción, en la fuente de la
prueba, en la adopción de medidas cautelares y en las pruebas periciales. A tal efecto, solicita del Presidente de la Comisión, la oportunidad para sugerir unas posibles líneas de reformas normativas conforme al siguiente esquema.
Objetivo: establecer un marco normativo que permita proteger a los titulares de los derechos de propiedad intelectual y sancionar adecuadamente a los infractores.
1. Modificar el actual régimen de perseguibilidad del art. 287 CP, estableciendo la persecución de oficio.
Asimismo, valorar la inclusión de una referencia expresa a la aplicabilidad de la regla sobre legitimación de las entidades gestoras contenida en el actual art. 150 LPI (importante a efectos de ejercicio de la acusación particular).
2. Eliminar el párrafo in fine del art. 271 y del núm. 2 del art. 276, posibilitando la aplicación de todas las medidas del art. 129 CP, tanto en el tipo básico como en los agravados.
3. Recoger expresamente en el texto del CP (nuevo contenido del art.
288.2) una concreta referencia a la admisión de utilizar, en los procesos penales seguidos por estos delitos, las medidas cautelares previstas en la LEC (incluyendo el
régimen 'inaudita altera parte' del 733 LEC, tal y como se deriva de los ADPIC), en coherencia con lo afirmado en el actual art. 143 LPI, y en la normativa especial -especialmente de propiedad industrial-.
4. Introducir dos nuevos subtipos agravados sustentados, (uno) en la pertenencia a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, y (dos) en la utilización de menores de 18 años para cometer estos delitos (arts. 271 y 276 CP).
5. En materia de penas:
a) Eliminar la disyuntiva actual entre pena de prisión o multa del tipo básico del art. 270 CP.
b) Establecer la pena de prisión de dos a seis años como consecuencia jurídica imponible en los supuestos de aplicación de los subtipos agravados (art. 271 y 276 CP). Ello a efectos de que el delito sea considerado, al menos en caso de los
subtipos agravados, como grave, lo que determinará y/o aumentará la posibilidad de:
- mantener la actual relación: tipo básico como delito menos grave y tipos agravados como delitos graves (la reforma en trámite del Código Penal prevé establecer este límite en 5 años.
- originar jurisprudencia unificadora del TS.
- justificar con suficiente fundamento la proporcionalidad de medidas que afectan derechos fundamentales (intervenciones telefónicas, registros domiciliarios y societarios, etc...).
- habilitar la utilización de instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional generados en el marco del Tercer Pilar y orientados a la consecución del espacio común de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea.
6. Con objeto de aumentar las vías de actuación contra la delincuencia relacionada con redes telemáticas, establecer un precepto en el CP que recoja la teoría de la ubicuidad (al menos, en materia de lugar de comisión del delito) al modo de
los arts. 9 del CP alemán, el art. 6 CP italiano, el art. 7 CP suizo, o el art. 11 de la Propuesta de Anteproyecto CP español de 1983 (si se considerara inconveniente establecerlo con carácter general, podría adoptarse una solución similar a la
que para el blanqueo se establece en el actual art. 301.4 del Código Penal, esto es, establecer entre las disposiciones comunes una regla del tenor siguiente: 'el culpable será igualmente castigado aunque los actos penados en los artículos
anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente en el extranjero').
7. Incluir las infracciones relativas a la propiedad intelectual e industrial en la lista del art. 282 bis. 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Terminada su exposición, se formularon al Sr. Fiscal las siguientes consideraciones por parte de miembros de la Subcomisión: Sr. Guardans i Cambó (GC-CiU) (a la vista de la reforma penal reciente en Italia, si sería oportuna la
penalización al consumo de piratería, qué se podría lograr por la vía de una circular de la Fiscalía General del Estado en orden a unificar criterios interpretativos); Sr. Leguina Herrán (GS); Sra. Rodríguez-Salmones (GP) (persegubilidad de las
redes; propuestas sobre pruebas periciales; medidas para incrementar el reproche social sobre la piratería; problemática piratería telemática). Sr. Calpe Saera (GP) (sobre aplicación de medidas cautelares en el caso de ser perseguibles de
oficio los delitos, conveniencia de crear un agravado de utilización de inmigrantes ilegales; 'agravamiento de la penalidad para que pudiese intervenir el Tribunal Supremo parece excesivamente riguroso cuando existe en otros ámbitos el recurso para
la unificación de la doctrina e interés de la Ley.
En relación con estas preguntas el Fiscal Sr. Tirado manifiesta:
1. Que es patente la falta de reproche social que existe, sin embargo sobre la penalización del consumo no puede dar una opinión concluyente sin un estudio más profundo y con más tranquilidad.
2. Es partidario de incrementar los mensajes pedagógicos.
3. El tema de la circular de la Fiscalía General del Estado presenta una serie de dificultades, por lo que en el estado actual de la legislación no cree que solucionaría los problemas.
4. Respecto a las redes de piratería, efectivamente disponen de unos medios de defensa jurídica muy importantes.
5. Respecto a un sistema de peritos se muestra partidario de la creación de un equipo solamente y preparado para apoyo de los Jueces y Tribunales, pero no necesariamente de un cuerpo de funcionarios.
6. La agravación por utilizar menores e inmigrantes ilegales, en un sistema de perseguibilidad de oficio parece congruente.
7. Respecto a la introducción de un Recurso de Casación de Intereses con la Ley en el orden penal se trata de una solución demandada por las instancias oficiales desde hace muchos años.
22. Comparecencia de D. José López Calvo, Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (212/1541).
Aclaró en primer lugar, que la Oficina Española de Patentes y Marcas es competente únicamente en el ámbito de propiedad industrial, no en el de propiedad intelectual, por lo tanto la trascendencia de su actuación revierte en la protección de
las actuaciones frente a los delitos de usurpación de patentes y marcas, no tiene relación con software ni con propiedad intelectual, entre los que se encontrarían los CD, es un ámbito que no corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
La presentación se va a centrar en propiedad industrial, en piratería de propiedad industrial, en patentes y marcas, principalmente.
El planteamiento que desde la Administración se está realizando para atajar o para luchar en contra de la piratería puede sintetizarse en:
a) En primer lugar, una actuación institucional, la creación hace unos años de una comisión interministerial en la que están presentes tanto los organismos públicos como los privados afectados y que es un foro abierto.
b) La Oficina Española de Patentes y Marcas también se proyecta en internet, no únicamente da información sobre piratería y usurpación de derechos de propiedad industrial, sino que ha creado un punto de contacto para las empresas que
necesiten en un momento determinado ser avisadas de que uno de sus productos está siendo vulnerado, copiado y distribuido ilegalmente en cualquier lugar de España.
c) Es importante también la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en ese sentido la evolución con este organismo ha sido exponencial, sin embargo el último dato indica que en 2002 se ha producido una cierta estabilización.
d) La trascendencia que va a revestir sobre estos datos la conversión en un delito perseguible de oficio hasta el 28 de abril pasado, es decir, que la posibilidad de adoptar medidas precautorias en el ámbito de la propiedad industrial
únicamente podía realizarse a instancia de parte, por lo tanto en el caso de que la policía localizara en cualquier lugar de la calle una partida o una venta fraudulenta de un producto indebidamente marcado o que copiara una marca conocida, debería
contactar con el titular de la marca originaria para que presentara una denuncia.
El punto de contacto para suministrar direcciones estaba abierto en la Oficina Española de Patentes y Marcas, de ahí que muchas de estas conexiones, que han alcanzado
270 en 2002, eran números de policía de toda España que llamaban a la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer domicilio, número de teléfono o correo electrónico de la empresa correspondiente para que a su vez presentara la denuncia.
e) En lo relativo a las medidas legales que se están adoptando y que se van a adoptar, en primer lugar, la nueva Ley de Marcas que se aprobó en diciembre de 2001 y entró en vigor el 31 de julio de 2002, establece
e introduce una serie de medidas que buscan mejorar el marco jurídico que permita perseguir los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial.
f) La Ley de Marcas también invierte la carga de la prueba en el ámbito civil para el usurpador de una marca notoria o renombrada, únicamente para el fabricante y primer comercializador. La consideración que el legislador ha tenido al
introducir esta medida es la dificultad por una parte que representa la prueba de que el fabricante o primer comercializador conocía que realmente se trataba de una falsificación.
Como conclusión, y mirando hacia el futuro: un nuevo marco y unas nuevas medidas legales de importancia y que van a dar una estructura normativa más adecuada para luchar en contra de la usurpación de los derechos de la propiedad industrial,
Ley de Marcas, Ley Concursal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un segundo elemento de reflexión que fue planteado durante la Presidencia española por las autoridades españolas, y que corresponde más al ámbito europeo, es la creación de una Agencia
europea antipiratería. De la misma forma que la Comisión interministerial antipiratería que es obligada al haber tal cantidad de organismos afectados dentro de la Administración, es necesario crear un nexo común; en Europa ocurre lo mismo, en la
Unión Europea son muchos los comisarios afectados, comisarios de justicia, policía y mercado de interior, de ahí que la creación de un único punto de conexión, a nuestro juicio y así se planteó por la Presidencia española, sería interesante de cara
a que existiera esa opinión unívoca, y, al mismo tiempo, por la trascendencia frente a terceros países. Uno de los problemas, como es sabido, que originan la piratería es la actuación de terceros países, en muchas ocasiones de extremo oriente, que
realizan importantes actividades antipiratería, en ese sentido una voz única europea para negociar con esos países tendría más fuerza que la actuación país por país de manera independiente. Y, por último, la clave es el consumidor.
Formularon preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS) y Calpe Saera (GP).
23. Comparecencia de Dª Teresa Ibáñez Oroz, Coordinadora del Área de Despacho de la Subdirección General de Gestión Aduanera, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (212/1542).
La Subdirección General de Gestión Aduanera tiene establecido un servicio de propiedad intelectual. Es servicio se creó como consecuencia de la elaboración por parte de la Unión Europea de una normativa en la que hacía competentes a las
autoridades aduaneras para el control de las mercancías que vinieran de terceros países y que vulneraran los derechos de propiedad, que en un principio eran de propiedad industrial. El control se realiza desde el ámbito de la Unión Europea,
controlamos la frontera exterior común, única y exclusivamente las mercancías que proceden de terceros países.
El procedimiento que se sigue en el control de la propiedad intelectual es de oficio o mediante solicitud del titular, ésta se tiene que realizar ante el Departamento de Aduanas; existe el sistema centralizado ante el Departamento de
Aduanas y en él los titulares de derecho solicitan que intervengamos para proteger sus derechos. Se les requiere para que presenten una descripción de los derechos que quieren que se protejan, que acrediten que son los titulares del derecho con las
certificaciones registrales bien de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bien de la Oficina Española de Patentes y Marcas o bien de la Oficina de la Marca Comunitaria, que está en Alicante. Normalmente, los titulares de derechos no
actúan directamente sino por medio de representantes; el representante debe de llevar un poder para actuar en nombre del titular del derecho. Si hay una solicitud de intervención y en las aduanas se produce la entrada de la mercancía o la
exportación, la forma de actuación será, primero, retener la mercancía si los funcionarios de aduana sospechan que puede vulnerar un derecho de propiedad intelectual de los que están protegidos porque el titular ha solicitado la intervención,
retiene la mercancía y lo comunica al Departamento de Aduanas, este último, vía fax, se pone en contacto bien con el titular del derecho bien con su representante y le concede un plazo de 10 días para que acuda a la aduana que ha retenido la
mercancía, y previa comprobación, acredite mediante un documento que esa mercancía es falsa y presenta un compromiso de responsabilidad que el reglamento prevé la posibilidad de que se establezca una garantía.
El sistema para el control de las mercancías se basa en técnicas de análisis de riesgo, que consisten, en primer lugar, en recoger información a través de las bases de datos que suministran las aduanas de otros estados miembros o los propios
titulares de derecho, se analiza la información comprobando que se están produciendo importaciones que vulneran su derecho, se aplican unos criterios de selección con carácter central igual para todas las aduanas, para el caso de Canarias a veces
existen ciertas especificidades por sus características, pero, en general, se aplican igual para todas, y se realiza una evaluación de los resultados que se obtienen en la aplicación de este sistema. El sistema español de despacho es uno de los
pioneros en la Unión Europea y está absolutamente informatizado desde que llega la mercancía hasta su despacho.
Como miembros de la Unión Europea, trimestralmente se remiten unas estadísticas a la Unión Europea con un formato que ha establecido con los casos que se han producido, con las mercancías retenidas, con la vía por la que han llegado,
viajeros, postales o régimen comercial, y por los derechos que han vulnerado. España
en el año 2002 fue el cuarto país en número de retenciones de mercancías, incluso por delante de Francia y Reino Unido, los tres primeros han sido Países Bajos, que es uno de los países donde más mercancía entra, Bélgica y Alemania.
En materia de piratería, se consiguió controlar un volumen importante, un 28 %. En cuanto a CD, no sólo se retuvieron los musicales, sino también los vírgenes, que son una base muy importante para la piratería, y en el primer trimestre del
2003 las estadísticas que se han producido han sido el 63 % que corresponde a los CD, tanto musicales como vírgenes, y el resto a otras partidas de derechos de propiedad intelectual. El motivo de este incremento se debe al desarrollo de unas
campañas a lo largo del año 2003 de análisis de riesgo sobre todo en los CD musicales. Para ello, en una primera fase los CD musicales, incluso los vírgenes, y los discos de vinilo, por ejemplo en la aduana de Madrid Barajas durante una semana
cayeron en circuito rojo todos los documentos, todas las mercancías de CD que llegaban. Posteriormente, se realizó una fase de control de NIF de determinados suministrados por los titulares de derecho de importadores que traían mercancías piratas,
y un porcentaje que corresponde a un 40 % que van a circuito rojo de mercancías de las posiciones estadísticas correspondientes a los CD en todas las Aduanas de España, por ello se han obtenido estos resultados tan espectaculares, sobre todo en
materia de propiedad intelectual.
Formularon preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Calpe Saera (GP).
3.2.5 Representantes de Cuerpos de Seguridad y Policía.
24. Comparecencia de D. Luis Manuel Vallés Causada, Comandante de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa (UCO) (212/1535).
Tras una exposición general sobre la estructura y características de la delincuencia económica el Sr. Vallés Causada manifestó que de las 4.378 intervenciones de la Guardia Civil en los últimos cinco años cabe registrar una absoluta
explosión de intervenciones en materia de propiedad intelectual que tiene su reflejo en esos 5.300 detenidos en relación con la propiedad intelectual. En relación a estas actuaciones subrayó las dificultades derivadas del régimen de perseguibilidad
de estos delitos; la cuestión que calificó de angustiosa de la custodia de los efectos incautados que puede comportar graves responsabilidades, así como el tema de las peritaciones a efectos de valoración de las incautaciones. Finalmente, se
refirió a las redes criminales, sus conexiones internacionales y su intensa capacidad económica. (como demostración de esta capacidad citó la operación policial en el aeropuerto de Barajas en el año 2000 con una incautación en una sola partida de
relojes falsos por valor de 70 millones de euros.
Le formularon preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Leguina Herrán (GS), Gallizo Llamas (GS) y Rodríguez-Salmones Cabeza (GP).
25. Comparecencia de D. Félix Velayos García, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (212/1536).
Por parte del Sr. Velayos García se aportó un documentado informe sobre propiedad intelectual (1997-2003), elaborado por la Comisaría General de Policía Judicial. En su intervención oral, el Sr. Velayos García glosó las principales
intervenciones y operaciones de la Policía, siendo de destacar que en el año 2000 fueron incautados 1.514.474 artículos, de los cuales 1.405.659 correspondían a la propiedad industrial y 108.813 a la defraudación a la propiedad intelectual. En el
año 2001 se efectuaron 2.500 actuaciones policiales con un total de 2.119 detenidos con innumerables efectos incautados de los que, por valoración, el 68 por cien correspondía a la propiedad industrial y el 32 por cien a la propiedad intelectual.
En la estadística provisional del año 2002 las actuaciones policiales fueron 833 (692 propiedad intelectual y 114 industrial) y personas detenidas 823 (657 propiedad intelectual y 166 propiedad industrial).
Finalmente, se refirió a la operación Town (U.D.E.U, Central, Brigadas Provinciales de Policía Judicial y Extranjería de Madrid, Comisaría de Getafe) que se desarrolló el último trimestre de 2002, culminándose en 2003 en la más importante de
Europa contra la piratería cultural (40 detenidos; 346 grabadoras incautadas; 164.214 CD's vírgenes; 37.000 DVD; 506.000 estuches y 43.680 euros en billetes pequeños).
Formularon preguntas los Diputados Sres. Silva i Sánchez; Gallizo Llamas y Rodríguez-Salmones.
26. Comparecencia de D. Adolfo de la Torre Fernández, Intendente, Jefe de la División de Investigación Criminal de la Comisaría General de Investigación Criminal de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (219/1540).
Expuso las actuaciones del Cuerpo de Mossos d'Esquadra en relación al tema de delitos contra la propiedad intelectual. Las funciones que desarrolla este cuerpo policial vienen definidas por la Ley Orgánica 2/86 de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad y en la Ley 10/94 del 11 de julio, de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra entre otras normas estatales y autonómicas, donde se establece su carácter ordinario como policía integral en Cataluña.
En relación al problema de la propiedad intelectual, dado las limitaciones que la propia Fiscalía ha establecido, los objetivos son:
a) Coordinar todas las actuaciones policiales con los cuerpos policiales estatales y otros cuerpos como la Ertzaintza.
b) Coordinar todas las actuaciones de las policías locales, es decir, todas las actuaciones que la policía local realice en esta parcela; estableciendo unos protocolos con las policías locales para que ellos puedan acceder, tienen un
terminal de acceso a tramitación de denuncias, incluso pueden consultar el tipo de actuaciones que el propio Cuerpo de Mossos d'Esquadra realiza, lo que pretendemos es implicarlas también y poder recibir toda aquella información que las policías
locales generen sobre esta persecución.
c) Analizar toda esta información y llevar a cabo una labor de inteligencia, es decir, a través de un área de análisis de la información integrada dentro de la propia comisaría.
d) Ejercer la dirección y el soporte técnico de aquellas investigaciones que puedan tener relación con las nuevas tecnologías a través de una unidad especial, creada desde hace cinco años, la Unidad de Delitos en Tecnologías de la
Información.
e) Recibir y coordinar todas las actuaciones que en esta parcela vengan originadas desde los servicios de Interpol.
f) Establecer un protocolo de colaboración con otros organismos estatales, como por ejemplo la dirección adjunta de vigilancia aduanera; este tipo de piratería conlleva la importación ilícita de material audiográfico y fonográfico en
soporte DVD y CD, y hay que controlar todas estas importaciones para poder investigar y desestructurar las grandes redes que falsifican este tipo de producto.
g) Coordinar las actuaciones con los titulares de los derechos de propiedad intelectual, en especial AESGAE y la Asociación Videográfica y Fonográfica Española, con los cuales ya existen contactos.
h) Por último, investigar y desarticular todos los grupos criminales que se detecten o se denuncien y que se dediquen a esta actividad.
Formularon preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS) y Rodríguez-Salmones Cabeza (GP).
27. Comparecencia del responsable de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información de la Ertzaintza (212/1539).
Como responsable de todos los delitos relacionados con la tecnología de la información o delitos informáticos, expuso la problemática con la que su unidad ha tenido que afrontar estos últimos años para combatir la piratería en la vía pública
y, especialmente, a través de Internet. A tal efecto, somete a la consideración de la Subcomisión una serie de propuestas del siguiente tenor:
a) Por un lado sería el establecimiento de medios técnicos. Las empresas de software y las empresas de audio deben proteger sus productos convenientemente.
b) El endurecimiento de las sanciones. Realmente hoy es prácticamente gratuito piratear, porque nunca va a ir a la cárcel, cuando le detengan va a declararse insolvente, y si no se declara insolvente, van a imponer una multa que ya se ha
amortizado con la ganancia ilegal.
c) Deben participar todos, la educación de la sociedad, para que la sociedad vea como delictivo realmente este hecho.
d) El embargo automático de los bienes, parecido al artículo 374 del Código Penal actualmente, que se aplica en los temas de narcotráfico, que para prevenir las indemnizaciones de los titulares de los derechos de autor se produzca
inmediatamente el embargo de todos los bienes que tenga esta persona, para que pueda hacer luego frente a las multas o al pago de las sanciones.
e) No necesidad de denuncia previa para aclarar cualquier tipo de duda que pueda existir, o sea, que cualquier agente pueda ver, bien sea en Internet o bien sea en la calle, vendiendo productos ilegales, y que se pueda actuar de oficio
perfectamente sin necesidad de la denuncia previa.
f) Instauración de los juicios rápidos y que la justicia realmente sea rápida, que entre la intervención policial y la condena pase el menor tiempo posible, para que las sanciones sean ejemplares y que se pueda realmente combatir este tipo
de delitos.
g) Todos los proveedores de Internet deben dar los datos inmediatamente sin necesidad de autorización judicial.
h) Las comisiones rogatorias deben agilizarse: mínimo seis meses.
Formularon preguntas los Sres. Diputados: Silva i Sánchez (GC-CiU), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Calpe Saera (GP).
28. Comparecencia de D. José Luis Morcillo Pérez, Inspector Jefe del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (212/1537).
En su intervención destacó el incremento de intervenciones policiales en la calle a partir de los años 1998 y 1999 en relación con la reproducción ilícita en soporte CD. El número de intervenciones en relación con CD's musicales en el año
2001 fue de 390; 371 CD's intervenidos. En 2002 alcanzó la cifra de 806.341 y hasta el mes de abril de 2003, 440.812 copias intervenidas, lo que por un volumen cabe presumir que estas cifras superarán las del año 2002.
La presencia del 'mantero' en la vía pública constituye una preocupación constante al comprobarse que por la mera operativa policial será difícil acabar con ello. El apoyo social a la venta; la dificultad de las intervenciones; alto
índice de policías lesionados; cada intervención
requiere de gran número de efectivos que puede parecer desproporcionado al ciudadano, son dificultades añadidas al problema que intenta solucionarse.
La práctica totalidad de las personas dedicadas a esta venta son inmigrantes (ciudadanos de Bangladesh, nigerianos y chinos orientales, preferentemente). Últimamente, se observa en la vía pública un incremento de venta de productos DVD.
Las actuaciones policiales en la vía pública se llevan a cabo, bien por vía administrativa, al amparo de la Ordenanza de la venta ambulante (lo cual permite la destrucción de l mercancía), bien por vía penal para aquellas intervenciones de mayor
envergadura que siempre se llevan a cabo bajo la dirección de la Policía Nacional, y la Policía Municipal actúa como colaboradora.
Además de estas intervenciones en la vía pública, la Policía Municipal lleva a cabo actuaciones en registros de domicilios en lugares determinados de la ciudad con gran concentración de inmigrantes (Centro, Lavapiés, Tetuán, Ciudad Lineal,
Carabanchel, etc., intervenciones que generan una media entre 15 a 20 detenidos. Paralelamente se investigan establecimientos comerciales que venden estos productos, careciendo de licencia o bien extralimitándose en los límites de las licencias
(locutorios telefónicos, tiendas de alimentación). Finalmente, se refirió a las dificultades que genera el almacenaje de los elementos incautados cuando se actúa por vía penal y el problema de las valoraciones. Como posibles vías de solución
apuntaba las siguientes: mayor coordinación internacional entre estados para acabar con el fraude; implicación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Coordinación de sus actuaciones; acercamiento de la Policía a Jueces y Fiscales para
agilizar investigaciones e intervenciones, campañas informativas y concienciación social.
Le formularon preguntas los Sres. Diputados: Guardans i Cambó (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Calpe Saera (GP).
29. Comparecencia de D. Francisco José Godoy Navas, Sargento de la División de Seguridad de la Unidad de Policía Administrativa y Seguridad de la Guardia Urbana de Barcelona (212/1538).
Desde el punto de vista de la Guardia Urbana cabe apreciar dos fases en las defraudaciones a la propiedad industrial e intelectual. Hasta 1997-1998 los delitos de falsificación estaban muy centrados en temas de textiles, tejanos y camisas,
que estaban desarrollados por españoles sobre todo en la rama textil, siendo en las localidades de la zona de Barcelona y el Maresme donde se ubicaban la falsificación de estos productos. A partir de 1998 se produce un cambio espectacular
apareciendo la falsificación en soportes informáticos (programas de ordenadores, videojuegos y de forma imparable los CD musicales). Con los nuevos productos cambian las personas y comienzan a aparecer los inmigrantes, especialmente paquistaníes
emigrantes de Bangladesh y últimamente aparecen grupos organizados de chinos, la venta ambulante en la forma de 'top manta' es llevada a cabo por personas inmigrantes, muchos de ellos inmigrantes ilegales.
Asimismo, las organizaciones han cambiado de forma de actuar; antes se hacía grabación, empaquetado y fotocopias en un mismo local. Ahora las actividades están dispersas en múltiples locales, lo cual dificulta la actuación policial.
La forma de actuar por parte de Guardia Urbana ha ido variando también de acuerdo con la evolución de la problemática y con las instrucciones que se han recibido por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
En un principio, las casas afectadas hacían llegar unas denuncias más o menos genéricas denunciando los puntos de venta, y solicitaban que se actuase en vía penal. En un principio este tipo de denuncias, que nos enviaban vía fax, muchas
veces por correo, en principio se actuaba en virtud de esa denuncia, pero por parte de la Fiscalía se dio la consigna de que esas denuncias (y a raíz de ello una circular interna de Guardia Urbana) tenían que ser de forma concreta, que el
representante de los afectados compareciese en la sede policial, y que acompañase a los policías durante la intervención para asegurar así que el producto era falsificado y ya hacer una posible valoración de perjuicios en esa intervención. Eso ha
dificultado el proceso en vía penal.
Los números significativos de las intervenciones, en el año 2000 se hicieron a nivel administrativo de venta ambulante 209 intervenciones, con 9.300 CD intervenidos; en 2001 ya se hicieron 1.100 intervenciones, con 47.000 CD intervenidos;
y en el año 2002 se hicieron 4.081 intervenciones en vía de venta ambulante, con 195.000 CD intervenidos.
Eso, unido a las intervenciones que se han hecho en vía judicial, lo que es puramente Guardia Urbana puede andar sobre los 205.000 ó 210.000
CD intervenidos en el año 2002. A ello le unimos 9 actuaciones que se han hecho conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía, con la UDICO, en el que se intervinieron 130.000 CD más.
Sobre todo, el salto impresionante ha sido de 2000 a 2002. A lo largo de este año, ya en el primer trimestre se han intervenido alrededor de 42.000 CD, con lo cual estamos en unos números muy aproximados a lo que ocurría en el año anterior.
Formulan preguntas los Sres. Diputados: Silva i Sánchez (GC-CiU), Gallizo Llamas (GS), Rodríguez-Salmones Cabeza (GP) y Calpe Saera (GP).
4. Documentación aportada por Instituciones y Expertos.
La documentación recibida por la Subcomisión a lo largo de su actuación se puede estructurar en los siguientes apartados:
4.1 Documentación previa.
Dossier de la Dirección de Estudios y Documentación sobre puntos 3.º y 5.º del esquema de documentación, en relación con la legislación básica en la materia. (recibida documentación 24-1-03). Dicha documentación se estructura conforme al
siguiente esquema:
- Legislación estatal sobre Propiedad Intelectual (10 documentos).
- Legislación Autonómica y Local sobre Comercio Ambulante (17 documentos) y una relación de 18 Ordenanzas Municipales de Venta Ambulante.
- Unión Europea: Directivas e Informes.
- Artículos de Revista.
- Cuestiones sobre Piratería Informática.
- Jurisprudencia sobre fraude a la Propiedad Intelectual.
- Programas de Ordenador.
- Datos estadísticos.
Documentación solicitada a los Secretarios Generales Técnicos de los siguientes Ministerios:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (recibida documentación 27-1-03):
Documentación relativa a la Sociedad de la Información proporcionada por la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información:
* Observaciones de SEDISI al borrador de anteproyecto de Ley de Reforma del Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
* Dispositivos digitales y protección de la propiedad intelectual en España. HP. Noviembre 2002.
* Transposición de la Directiva 2001/29/CE (Derechos de Autor y Derechos afines en la Sociedad de la Información) en la legislación nacional de los Estados miembros de la UE. HP. Noviembre 2002.
* Informe sobre iniciativas y medidas tecnológicas de protección. HP.
Noviembre 2002.
* Protección de la Propiedad Intelectual. IBM. Octubre 2002.
* Tecnologías DRM: gestión de los derechos digitales. Artículo revista BIT. Septiembre-Octubre 2002.
* El futuro digital y el mundo multimedia. Paloma González Díaz. Manual Formativo Acta. (Asociación de Autores Científico Técnicos y Académicos).
* Propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Paloma González Díaz. Manual Formativo Acta.
* Séptimo estudio anual de BSA sobre Piratería de Programas Informáticos a nivel mundial.
Documentación relativa a la Propiedad Intelectual proporcionada por la Oficina Española de Patentes y Marcas:
* Plano de la situación: Informes Estadísticos.
* Legislación Básica.
* Legislación y datos comparados UE.
* Informes.
* Otros documentos básicos.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (recibida documentación 27-1-03):
Legislación española de Propiedad Intelectual. Compendio de la Legislación española de propiedad intelectual, elaborado en la Subdirección General de Propiedad Intelectual.
Jurisprudencia. Recopilación de Sentencias del Tribunal Supremo en asuntos penales relacionados con la propiedad intelectual.
Legislación de la Unión Europea. Decisión Marco del Consejo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Real Decreto 114/2000, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para actuar contra las
actividades vulneradoras de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Memorias de la Comisión Interministerial correspondientes a los años 2000 y 2001.
Ministerio del Interior (recibida documentación 6-3-03):
Informe de la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Policía sobre investigaciones de Policía Judicial en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual.
Ministerio de Justicia (recibida documentación 27-1-03):
Textos legales:
* Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
* Capítulo XI del título XIII del libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que regula los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Jurisprudencia:
* Auto n.º 134/1995, de 9 de mayo, del Tribunal Constitucional, de inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad referida a determinados preceptos de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
* Sentencia 196/1997, de 13 de noviembre, del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Generalitat de Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.
* Sentencia de 1 de marzo de 2001, del Tribunal Supremo.
4.2 Documentación aportada por comparecientes.
- Esquema de documentación básica.
- Comisión Interministerial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial (Memoria año 2000).
- Dossier 'Mesa antipiratería' de bienes, derechos y productos culturales de entretenimiento.
- 'Dossier Mesa Antipiratería de bienes, derechos y productos culturales de entretenimiento', aportado con motivo de su comparecencia (219/471), de 11-12-02.
- Solicitud de documentación, acordada por la Subcomisión el día 19-2-03, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (recibida documentación 20-3-03).
- 'Situación general de la piratería en los sectores audiovisual y del software de entretenimiento (videojuegos)', de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP).
- 'Datos del sector cinematográfico y videográfico', de Unión Videográfica Española (UVE).
(aportada por D. José Manuel Tourné Alegre con motivo de su comparecencia 219/493 (entrada en Comisión 17-3-03).
- Comparecencias de D. Juan Mollá López, Mesa Antipiratería y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) (219/487) (20-3-03)
- Documentación aportada por Dª Daniela Bosé, Organización Profesional de Editores de Música (OPEM) con motivo de su comparecencia (219/492) (24-3-03).
- 'Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual', aportada por la Dirección de Estudios y Documentación del
Congreso de los Diputados (presentada por la Comisión) (entrada 20-3-03).
- 'Situación del fraude a la creación intelectual de España', con motivo de la comparecencia de D. Eduardo Bautista García, de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) (219/491) (20-3-03).
- Comparecencia de D. José Miguel Tarodo de Echenique, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) (219/488) (20-3-03).
- Aportada con motivo de la comparecencia de D. Antonio Puntí Casellas, Pioneer Electronics Ibérica, S.A. (219/489) (20-3-03):
- 'Declaración de Pioneer Electronics Ibérica, S.A.'.
- 'Informe sobre las repercusiones de la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual sobre las actividades de las empresas denominadas 'deudoras' (marzo 2002).
- 'Digital Rights Management Systems, views of the Japan Business Council in Europe' (8-7-02).
- 'Content Protection System Architecture, a comprehensive framework for content protection'.
- 'Protecting Technology Over Copyright: A step too far', Artículo de Joanna Perrit.
- '5C Digital Transmission Content Protection White Paper'.
- 'Update of levies overview 19-11-2002', de EICTA.
- 'Informe sobre la protección legal del software en España', con motivo de la comparecencia de D. Alfonso Sort Vidal, Business Software Alliance (B.S.A.) (219/486) (20-3-03).
- Comparecencia de D. Alberto González Lorca, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) (219/494) (24-3-03).
- Documentación no oficial recibida en la Subcomisión (aportada por la Sra. Gallizo el 24-3-03).
- 'Alegaciones de la Asociación Española de Reprografía a la propuesta de reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para la transposición de la Directiva 2001/29/CE', aportado por D. Juan Carlos Escudero Grijalvo,
Asociación Española de Reprografía (AER) (219/495) (24-3-03).
- Comparecencia de D. Jordi Vila Castañer, Sony España, S.A. (219/497) (24-3-03)
- Aportada por el compareciente D. José Luis Morcillo Pérez, Inspector Jefe del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (212/1537), en su comparecencia ante la Subcomisión el 12-5-03, 'Contra el Fraude Intelectual' y disquete de dicha
documentación para soporte de power point.
- Aportada por el compareciente D. Jesús José Tirado Estrada, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, (212/1534), en su comparecencia ante la Subcomisión el 12-5-03:
- 'Medidas legislativas propuestas'.
- 'Borrador de concreción de las modificaciones legislativas sugeridas'.
- Aportada por el compareciente D. Juan Ignacio Izuzquiza Rueda, ingeniero de telecomunicaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas (219/504), en su comparecencia ante la Subcomisión el 12-5-03.
- Aportada por el compareciente D. Félix Velayos García, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (212/1536), en su comparecencia ante la Subcomisión el
12-5-03:
'Informe Propiedad Intelectual 1997-2003'.
- Informe 'Piratería de la Música en España', de SGAE/CIMEC Millward Brown (abril 2003), enviado por la Sociedad General de Autores de España (SGAE) (entrada en la Comisión el 12-5-93).
- Aportada por el compareciente D. Adolfo de la Torre Fernández, Intendente, Jefe de la División de Investigación Criminal de la Comisaría General de Investigación Criminal de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (219/1540), en su
comparecencia ante la Subcomisión el 13-5-03.