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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 614, de 31/10/2003
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


VII LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


31 de octubre de 2003


Núm. 614



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias ...
(Página 3)


162/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak ... (Página 6)


162/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre acogida de inmigrantes en las costas andaluzas ... (Página 7)


162/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la Conferencia de Donantes para la Reconstrucción de Iraq ... (Página 8)


162/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre emisión de una moneda, de sellos y demás signos de franqueo conmemorativos del vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía
del País Vasco ... (Página 10)


Comisión de Justicia e Interior


161/001900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a responsabilidad por atropellos de especies cinegéticas. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Medio Ambiente ... href='#(Página12)'>(Página 12)


Comisión de Infraestructuras


161/002334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la retirada de diversos elementos y servicios de trenes de la vía férrea Madrid-Córdoba-Sevilla para la puesta en marcha del tren de
alta velocidad Madrid-Lleida ... (Página 12)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/002335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de la especialidad de enfermería, salud familiar y comunitaria ... (Página 13)


Página 2



161/002336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el impulso de un plan integral de atención a las personas afectadas por enfermedades neuromusculares ...
href='#(Página14)'>(Página 14)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/003959 Pregunta formulada por la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres (GS), sobre satisfacción del Gobierno con la aplicación del Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la
entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el día 4 de diciembre de 2000 ... (Página 15)


Página 3



CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000833


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.



Proposición no de Ley sobre el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias, para su debate en Pleno.



Exposición de motivos


El Alzheimer se define como una enfermedad degenerativa de las células cerebrales, de carácter progresivo cuyo origen es desconocido en la actualidad. Se produce un deterioro insidioso y continuado de las funciones cognitivas como la
memoria, el pensamiento, la comprensión, el cálculo, el lenguaje, la capacidad de aprendizaje y la cordura. En algunos casos esta enfermedad comienza a manifestarse a partir de los 50 años, con igual incidencia en hombres y mujeres, teniendo una
duración entre 8 y 12 años, pudiendo pasar inadvertida en los 2 a 3 primeros años de la enfermedad. Los primeros síntomas se caracterizan por la disminución de la memoria reciente, variaciones en el comportamiento y en la personalidad acompañados
de ansiedad, irritabilidad o depresión y frecuentes cambios de humor. En fases evolutivas posteriores, el enfermo de Alzheimer sufre dificultades en la ejecución de gestos espontáneos y en la realización de movimientos corporales, se produce
confusión al realizar las tareas cotidianas, abandonando su cuidado personal. La fase avanzada de esta enfermedad conlleva la pérdida total de memoria, lenguaje y juicio. El enfermo padece desorientación en el tiempo y el espacio, encontrándose
perdido, no reconoce a personas, objetos o sensaciones que antes le eran familiares, al mismo tiempo que aumenta su rigidez muscular convirtiéndolo en una persona con dependencia severa al no poder valerse por sí mismo.



La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia 'de diferenciar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer de la disminución normal de las funciones cognitivas relacionadas con la edad, que es mucho más gradual y se manifiesta por
una discapacidad mucho menor'. Entre el 25 por ciento y el 50 por ciento de las personas con más de 60 años presentan un declive fisiológico propio de su edad avanzada.



En la actualidad no existe ningún tipo de medicamento que cure la enfermedad de Alzheimer, pero existe una mayor calidad de vida para los enfermos si comienzan sus terapias y cuidados de apoyo tras un diagnóstico precoz, por lo que es
necesario crear y desarrollar programas y protocolos de detección precoz de esta enfermedad, así como programas específicos de atención al enfermo según la fase evolutiva, siendo necesaria la coordinación entre los distintos niveles de atención
sanitaria.



Se conocen factores psicosociales de gran relevancia en la enfermedad de Alzheimer tanto para los enfermos como para sus familiares y cuidadores.
Entre estos factores destacamos el apoyo a las familias, no nos olvidemos que el 95 por ciento
de los enfermos son atendidos en casa por sus familias, sobre todo por mujeres, realizando una labor asistencial, que debería corresponder a los poderes públicos, y que conlleva, en la mayoría de los casos, la privación del desarrollo de una vida
laboral y social de los cuidadores habituales. Estas familias no disponen de los medios necesarios para cuidar a sus enfermos en su entorno habitual debido


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a la falta de programas y servicios sociosanitarios que faciliten este mantenimiento, como son los centros de día, las plazas de respiro de larga y media estancia en residencias para cuando el cuidador no puede atender al enfermo en el
domicilio o cuando no se tiene cuidador. Según datos del IMSERSO referidos a enero de 2001 únicamente el 25,84 por ciento de las plazas de residencia, para personas mayores de 65 años, son públicas, y de éstas apenas existe un porcentaje relevante
destinadas a la población mayor de 65 años que padece Alzheimer y otras demencias.
También se presentan carencias de servicios de teleasistencia, de atención domiciliaria y de recursos que faciliten la conciliación entre vida laboral y familiar de
los cuidadores.



Desde los poderes públicos debe impulsarse el reconocimiento social de los familiares que cuidan al enfermo de Alzheimer, tal como figura en la Declaración de los Derechos y Deberes del Cuidador Principal aprobada en el transcurso de la
Asamblea Anual de Alzheimer Europea en julio de 1999, ofreciéndoles la formación, información y orientación que necesiten, además de ayudas económicas que ayuden a soportar los gastos familiares que generan la atención y los cuidados a estos
enfermos.



En España se calcula que el número de afectados por esta demencia degenerativa e incurable alcanza la alarmante cifra de medio millón de personas, aunque se teme que haya otros 300.000 sin diagnosticar, afectando, directa o indirectamente, a
más de dos millones de personas.
Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 18 millones de afectados en todo el mundo y más de la mitad de estos enfermos, aproximadamente 11 millones habita en países en desarrollo.
Se estima que en el año 2025 la cifra habrá alcanzando 1.200.000 enfermos de Alzheimer en España y 34 millones en todo el mundo, siendo el problema sociosanitario más importante del siglo XXI.



Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron aprobados por resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 16 de diciembre de 1991. Alientan a los Gobiernos a que introduzcan en sus
programas nacionales cada vez que sea posible los principios siguientes:


· Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.



· Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.



En las conclusiones del Foro Mundial de ONGs sobre Envejecimiento, celebrado en Madrid del 5 al 9 de abril de 2002, se indicaba como propuesta y recomendación de acción para los gobiernos y la sociedad civil 'la atención a la salud mental, a
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y a los problemas de carácter psicológico deben ser asumidos con un enfoque integral, con el adecuado respeto a la dignidad'.



Según la Organización Mundial de la Salud, el Alzheimer es uno de los tipos más comunes de demencia representando entre el 50 por ciento y el 60 por ciento del total de los casos de la misma. Aproximadamente un 5 por ciento de los hombres y
un 6 por ciento de las mujeres de más de 60 años padecen esta enfermedad, cifras que seguirán incrementándose en los próximos años debido al envejecimiento demográfico. La población con edades comprendidas entre 60 y 90 años sufre cada vez más
frecuentemente la enfermedad de Alzheimer, si a este dato se une la existencia de un mayor número de personas que viven hasta los 80 y 90 años, tendremos como resultado un incremento considerable de personas afectadas por esta enfermedad en los
próximos años. Según estudios efectuados, al aumentar la edad aumenta el número de afectados. Generalmente, esta enfermedad es cada vez más frecuente en personas que han cumplido los 60 años pero se han registrado casos cuyo inicio se produce a
una edad más temprana que la anteriormente indicada.



Todos los avances científicos necesitan la ayuda imprescindible por parte de las instituciones públicas. Es por este motivo, por lo que se plantea como fundamental la creación de un Plan Nacional del Alzheimer y otras demencias.



En diciembre de 1997, se aprueba en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley donde se instaba al Gobierno a elaborar un 'Plan de Atención a Enfermos de Alzheimer', cuyo fin sería adoptar medidas para solventar las carencias de
los enfermos de Alzheimer y de sus familiares, teniendo que remitir este Plan a las Cortes en un plazo máximo de seis meses.



En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, se indica que en abril de 1998, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Sanidad y Consumo designan a un grupo de expertos presididos por el Director
general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, con el fin de elaborar y redactar el Plan de Atención a Enfermos de Alzheimer.



En los meses de mayo y junio, los miembros del grupo mantuvieron reuniones consultivas con diversas Asociaciones de enfermos de Alzheimer, entidades científicas y colegios profesionales y con órganos de participación y coordinación. Con
todas las propuestas se elabora un borrador del Plan, ampliando el ámbito de aplicación a las demencias en general, 'por entender que no deben desvincularse las actuaciones que se deban llevar a cabo con los enfermos de Alzheimer de aquellas
relativas a quienes padezcan cualquier otro tipo de demencia'.



En julio de 1999, en respuesta al GMx, el Gobierno señala que el 5 de octubre de 1998, el documento elaborado se presentó al Consejo Interterritorial donde los


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asistentes ratifican su contenido, aunque señalan 'la conveniencia de que fuera estudiado y aprobado en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, solicitándose a la vez su análisis por expertos de las Comunidades Autónomas'.



Con las modificaciones aportadas por los expertos de las Comunidades Autónomas, se presenta el Plan en las Conferencias Sectoriales de Asuntos Sociales de diciembre de 1998 y de febrero de 1999, donde se solicita a las Comunidades Autónomas
'una revisión de los objetivos planteados en el Plan para adaptarlos a los Planes Gerontológicos que cada Comunidad Autónoma estaba llevando a cabo'.



También se indicaba en esta respuesta que el 'Plan de Atención a los Enfermos de Alzheimer se remitirá a las Cortes tan pronto como sea aprobado y ratificado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Interterritorial'.



El 24 de mayo de 2000, la Ministra de Sanidad, en el Pleno del Congreso, manifestaba estar revisando por última vez el documento antes de enviarlo al Consejo Interterritorial para poner el Plan 'en marcha'.



En el acto de celebración del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre de 2000, la Ministra Celia Villalobos anunció que el Gobierno iba a destinar 150.000 millones de pesetas anuales para respaldar el Plan Nacional que estaba siendo
diseñado por su departamento, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



En abril de 2002, el director general de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo reconocía la falta de recursos disponibles para llevar a cabo un Plan Nacional contra el Alzheimer, por lo que su puesta en marcha sería
'cuestión de las Comunidades Autónomas'.



En noviembre de 2002, la actual Ministra de Sanidad, Ana Pastor, promete la redacción del Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias antes de finales de ese mismo año. A finales del año 2003 se desconoce el contenido de este Plan debido
al incumplimiento del Ministerio de Sanidad de presentar esta propuesta en el plazo indicado.



El Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias es la promesa más reiterada del Ministerio de Sanidad. Prometido por el ex ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, prometido también por la ex ministra Celia Villalobos y promesa
también de la actual titular del Ministerio, Ana Pastor. Pero han pasado más de cinco años y desde el Gobierno no han conseguido llevar a la práctica sus promesas.



Los expertos critican la marginación sociosanitaria que padecen los enfermos de Alzheimer, ya que sólo son ingresados en los centros sanitarios cuando sufren otras dolencias. Los familiares y cuidadores denuncian la falta de apoyo
institucional. El presupuesto del año 2002 destinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a programas de Alzheimer y otras demencias únicamente supone alrededor del 0,06 por ciento del gasto anual de un enfermo de Alzheimer, mientras las
familias soportan cargas económicas que oscilan entre 18.000 y 24.000 euros por enfermo cada año.



En las conclusiones de las 'jornadas nacionales de trabajo acerca del diagnóstico precoz', en el año 2002, se indica la necesidad de dotar con mayor número de recursos la asistencia del paciente con demencia tipo Alzheimer, reconocer la
importancia del esfuerzo sociosanitario que aporta la familia con su esfuerzo personal y económico y la necesaria presencia de un cuidador en cualquier encuentro entre profesionales sanitarios acerca de esta patología.



Se considera también, en estas jornadas, la necesidad de una campaña de sensibilización hacia un problema sociosanitario que va a crecer mucho en los próximos años y que afectará a todas las familias españolas en mayor o menor medida por lo
que sería conveniente una campaña mediática a nivel nacional que sirva como referente para transmitir todo tipo de información acerca de esta enfermedad.



Los costes sociales, económicos y familiares que conlleva esta patología son de tal intensidad que requieren un plan específico a nivel nacional para los afectados por la enfermedad de Alzheimer y sus familias.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas y gestiones necesarias para:


La elaboración, redacción y presentación de un Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias, de manera urgente y con la adecuada financiación por parte del Ejecutivo, donde se deben incluir, como mínimo, las siguientes actuaciones:


· Dotación adecuada de los recursos sanitarios y humanos dedicados a la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Alzheimer, con la debida coordinación entre la atención sanitaria primaria y especializada.
Los profesionales sanitarios deberán poseer la formación específica necesaria para el correcto cuidado de estos enfermos.



· Establecer las medidas precisas para una atención integral del enfermo, con la creación de las plazas necesarias en centros de día, plazas de respiro en centros residenciales de media y larga estancia cuando su grado de afectación y la
valoración técnica correspondiente así lo precise, atención domiciliaria profesional, medidas de conciliación entre vida laboral y familiar, etc.



· Las instituciones públicas deberán ofrecer información y asesoramiento, así como protección jurídica y social, tanto a los enfermos de Alzheimer como a sus cuidadores habituales. Se crearán programas psicoeducativos


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institucionales para las familias y programas de apoyo psicológico, económico y fiscal para los cuidadores informales, reconociéndose y destacándose socialmente su labor.



· Fomentar y promover, con la debida dotación económica, la investigación sobre la etimología y el tratamiento de estas enfermedades, creando centros de referencia para la investigación sociosanitaria de la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias y promoviendo una red temática de investigación sobre demencias de acuerdo con las previsiones que existen en la OCDE sobre este tema.



· Elaboración de un censo de afectados por las demencias, en general, y la enfermedad de Alzheimer, en particular, que permita precisar la correcta distribución y utilización de los recursos sociosanitarios disponibles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2003.-Consuelo Rumí Ibáñez e Iratxe García Pérez, Diputadas.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



162/000834


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.



Proposición no de Ley sobre la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak, para su debate en el Pleno de la Cámara.



Exposición de motivos


Según las estimaciones del Banco Mundial, la reconstrucción de Irak superará los 36.000 millones de dólares durante el período 2003-2007.
Estas previsiones, que abarcan las necesidades a corto y medio plazo en diferentes sectores, entre los
que se encuentran la sanidad, la educación, el empleo, las infraestructuras, la vivienda, la agricultura y la administración de la justicia, el impulso al sector privado, dependerán de las condiciones de seguridad, de la capacidad de planear e
implementar proyectos de las instituciones iraquíes, y del estado en que se encuentren la infraestructura y los servicios de energía.



Al margen de esos 36.000 millones de dólares, la Coalición que ocupa Iraq ha estimado que harán falta otros 20.000 millones para sectores críticos que no cubre el plan del Banco Mundial, como la seguridad y el petróleo.



Los días 23 y 24 de octubre se celebrará en Madrid una Conferencia Internacional de Donantes para la Reconstrucción de Irak. La conferencia tiene como objetivo formalizar la ayuda de la comunidad financiera internacional al proceso de
reconstrucción de Irak.



El Consejo de Ministros, de cara a la Conferencia Internacional de Donantes, ha acordado la contribución española al proceso de reconstrucción de Irak para el período 2003-2007, contribución que ascenderá a 300 millones de dólares. De esta
cantidad, 160 millones serán abonados en el período 2003-2004, aunque no se han anunciado las líneas presupuestarias que se habilitarán para comprometer estas cantidades, su aplicación o su distribución.



Hasta el momento, España había comprometido más de 92 millones de euros en este proceso, de los que casi 20 millones corresponden al coste de las operaciones de las Fuerzas Armadas españolas en la zona, 39 en forma de créditos FAD del
Ministerio de Economía, 16 millones aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, más de 7 canalizados a través de las aportaciones de la Unión Europea y más de 10 millones provenientes de las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos.



Con algunas excepciones, como el Reino Unido, con más de 500 millones de libras, y Japón, con 1.200 millones de dólares, son pocos los países que han


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declarado su contribución económica a esta Conferencia Internacional. La Unión Europea ha anunciado, en el reciente Consejo Europeo, un compromiso de 200 millones de euros para el período 2003-2004 procedentes del presupuesto comunitario.
Para ello, ha considerado que, además de la existencia de un entorno adecuado en materia de seguridad, la atribución a Naciones Unidas de un papel importante y decisivo y la fijación de un calendario realista para el traspaso de la responsabilidad
política al pueblo iraquí, es esencial para el buen fin de la reconstrucción del país el establecimiento de un fondo multilateral y transparente de donantes que canalice el apoyo de la comunidad internacional.



Igualmente la Resolución 1511(2003), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 16 de octubre, al tiempo que insta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales y regionales a que apoyen el proceso de
reconstrucción del Irak, reitera que el Fondo de Desarrollo para Irak deberá utilizarse de manera transparente, como ya se decía en la Resolución 1483, de 22 de mayo de 2003.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, en relación con la reconstrucción de Irak, y especialmente de cara a la Conferencia Internacional de Donantes que tendrá lugar en Madrid a finales del mes de octubre, insta al Gobierno para que:


1. Apoye e impulse las iniciativas dirigidas a devolver cuanto antes las funciones y atribuciones de gobierno y la plena soberanía al pueblo iraquí y a situar a Naciones Unidas en la posición central del proceso de reconstrucción política,
social y económica del país.



2. Promueva que sean el pueblo iraquí, los organismos competentes del sistema de Naciones Unidas y la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia para Irak, quienes asuman la dirección y la coordinación de las actuaciones de ayuda
alimentaria, humanitaria y de emergencia, de atención sanitaria y de reconstrucción de las infraestructuras adecuadas para atender sus necesidades sociales básicas.



3. Acuerde la integración de las cantidades comprometidas por España, de cara a la Conferencia Internacional de Donantes para la reconstrucción de Irak, en el Fondo Fiduciario gestionado por Naciones Unidas o en una eventual Agencia
gestionada por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Que se cree una Comisión de seguimiento del empleo de estos fondos.



4. Adopte las medidas necesarias para que estos recursos se dediquen a la financiación de proyectos de naturaleza humanitaria y destinados específicamente a las tareas de reconstrucción en el territorio iraquí.
Entre estos proyectos no
podrán contabilizarse gastos militares directos o relacionados con operaciones militares.



5. Dedique recursos económicos suplementarios a los organismos de Naciones Unidas para atender las mencionadas necesidades básicas del pueblo iraquí.



6. Facilite y asegure la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo presentes en Irak y aporte las dotaciones presupuestarias adecuadas para que puedan desarrollar una labor eficaz, asignándolos de acuerdo con
criterios de experiencia en la zona y eficiencia en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo.



7. Habilite igualmente los instrumentos financieros internos e internacionales que sean necesarios para la participación de las empresas y de otros agentes de la cooperación al desarrollo en las tareas de reconstrucción del país.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2003.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



162/000835


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.



Proposición no de Ley sobre acogida de inmigrantes en las costas andaluzas.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, el Partido Andalucista a instancia del Diputado José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre acogida de inmigrantes en las costas andaluzas, para su debate en el Pleno.



Exposición de motivos


Andalucía, cuna y encuentro de civilizaciones, no puede continuar asistiendo al deficiente trato que reciben los cientos de inmigrantes que incesantemente alcanzan las costas granadinas y gaditanas en un viaje de vida o muerte de hombres,
mujeres y niños, y que reciben un trato inhumano por parte de la administración central, en dependencias policiales o militares.



El desembarco cotidiano de inmigrantes, que en busca de un futuro mejor ponen en peligro sus vidas, viene siendo habitual en las costas andaluzas y donde tras largos años de soportar esta precaria situación, no es de recibo que se haya hecho
poco o nada por mejorar la asistencia a estas personas, incluidos niños y mujeres, mientras esperan ser devueltas a sus países de origen.



Se pone también de manifiesto la saturación que padecen los servicios sanitarios, como por ejemplo Cruz Roja, así como la falta de medios e infraestructuras públicas necesarias para realizar su trabajo en las condiciones adecuadas, tal y
como estas personas merecen.



Durante este verano se ha incrementado de forma alarmante el número de desembarcos en las costas granadinas y gaditanas, con lo que la situación, lejos de resolverse, se ha agravado sin que nadie se responsabilice, dando lugar a situaciones
más propias de un campo de refugiados que de un Estado moderno garante y protector de los Derechos Humanos.



Estos hechos exigen un acuerdo institucional urgente entre el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y Ayuntamientos andaluces, para acabar definitivamente con esta situación.



Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Convenir con la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos andaluces afectados la construcción de los centros de acogida necesarios para atender y asistir de manera digna a los inmigrantes que arriban a las playas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2003.-José Núñez Castaín, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



162/000836


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



Proposición no de Ley sobre la Conferencia de Donantes para la Reconstrucción de Iraq.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Conferencia de Donantes para la Reconstrucción de Iraq, para su debate en el Pleno.



Los días 23 y 24 de octubre se celebra en Madrid una reunión internacional, llamada Conferencia de Donantes, promovida por el gobierno de EEUU con el objeto de implicar a distintos Estados, grupos empresariales y organismos internacionales
en los costes de la llamada reconstrucción de Iraq. La Administración Bush necesita recaudar unos 50.000 millones de dólares para empezar a reconstruir lo que previamente ha destruido con las armas y dotar al país de unas infraestructuras básicas
que hagan posible los negocios de las grandes empresas, la supervivencia de la población y, en última instancia, una futura salida de las tropas de ocupación, sometidas a una sangría creciente.



Todo ello porque EEUU ha consumido un ingente presupuesto de guerra y porque los 87.000 millones de dólares adicionales que el gobierno ha solicitado al


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Congreso estadounidense serán destinados en su mayor parte a nuevos gastos del ejército de ocupación. Sólo 20.000 millones se dedicarán -según dicen- a gastos de reconstrucción.



Aunque estas donaciones pretenden calificarse de ayuda humanitaria, destinada a la reconstrucción del país, en modo alguno es así. Este es el lenguaje con que se pretende ocultar la verdad a la opinión pública, para que incluso los
ciudadanos particulares participen con sus aportaciones, canalizadas por Organismos paraestatales o por ciertas ONGs. Con esta Conferencia se busca ampliar el apoyo político a la ocupación -sobre todo de Francia, Alemania y Rusia- a cambio de
ofrecer a sus banqueros y multinacionales 'oportunidades de negocio' en Iraq. Alimentando su codicia, la Conferencia de Madrid pretende conseguir la legitimación 'práctica' de la invasión y ocupación del país por parte de la llamada 'comunidad
internacional'. Bajo este eslogan se esconden los intereses económicos y políticos. A nadie se le oculta que la oposición a la Guerra de Iraq que han sostenido países como Francia, Alemania o Rusia ha respondido más a una pugna por hegemonías
políticas e intereses económicos que a principios democráticos y éticos de defensa de la soberanía y la autonomía del pueblo iraquí. En las últimas semanas estamos viendo cómo se van dulcificando las posiciones críticas para poder así conseguir
todos una porción del 'pastel iraquí'. La Conferencia de Madrid pretende representar la legitimación práctica de la invasión y ocupación de Iraq por parte de la llamada 'comunidad internacional'.



La Resolución 1511 de Naciones Unidas, promovida por EEUU, Reino Unido y España y aprobada en el Consejo de Seguridad el pasado 16 de octubre, se entiende por las fuerzas ocupantes como un ligero maquillaje de una ocupación ilegal; cuando
sigue siendo un hecho que sigue siendo ilegal según el derecho internacional y la propia Carta de la ONU. Aunque supone un compromiso de abandono del territorio iraquí de las fuerzas ocupantes y la devolución de la soberanía, no presenta ningún
plazo para hacer efectiva la soberanía de Iraq, no especifica cual es el papel central o significativo que corresponde a la ONU en esta tarea y es seguro que EEUU y los países de las Azores las van a utilizar para reivindicar que la guerra y la
ocupación han sido sancionadas por las Naciones Unidas.



En este marco se convoca una Conferencia de Donantes en Madrid, formalmente bajo los auspicios de la ONU pero impuesta por EEUU y respondiendo exclusivamente a sus intereses, con contenidos y composición poco clara. La Administración Bush y
sus aliados necesitan más dinero y más soldados para afrontar una situación cada vez más difícil. Pese a la destrucción sistemática de la infraestructura civil del país durante la Primera Guerra del Golfo, en 1991, y la prolongación de unas
sanciones económicas que causaron un millón y medio de muertos (de ellos 800.000 niños menores de cinco años), Iraq fue capaz de restablecer los servicios básicos de la población, que ahora son inexistentes. Incapaz o sin voluntad para afrontar
esta situación, la Administración Bush exige ahora un compromiso financiero de la comunidad internacional para afrontar esta situación.



Que no es ayuda humanitaria se ve también observando quiénes son los Organismos que -bajo la dirección de EEUU- organizan esta Conferencia: la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)
y Naciones Unidas. Los fondos que se recauden serán gestionados por el virrey de Iraq, Paul Bremer, bajo control del BM y el FMI; de manera que todas las inversiones se articulen siguiendo las políticas neoliberales estrictas que estos organismos
imponen en el mundo entero. Así mismo se revela la mentira de forma aún más clara en la propia terminología oficial cuando se hacen llamamientos a la cooperación de las empresas, argumentando que se trata de 'oportunidades de negocio'. Invertir en
la reconstrucción de Iraq -directamente o a través de los gobiernos respectivos- es un buen negocio, nunca ayuda humanitaria. Y es que la Conferencia no busca solucionar problemas de la población iraquí. Por el contrario, todo indica que será el
escenario en el que se consagre el reparto del botín y el expolio de las riquezas iraquíes, a la vez que se instala a Iraq el caos y la desesperación de un pueblo expoliado.



Por mucho que se hable de 'reconstrucción' o de 'ayuda humanitaria', estamos realmente ante una dramática privatización de todas las riquezas y servicios públicos del país, máxime cuando el propio Gobierno español habla de préstamo y no de
donación, ligada a las inversiones de empresas españolas en desarrollo, sin precisar qué empresas serán y para qué tareas y sobre todo aclarando quién gestionará y administrará estos recursos.



Siendo, como es, Iraq el segundo país del mundo en reservas de petróleo, la solución a su reconstrucción podría estar ahí. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el petróleo está ya hipotecado. La administración ocupante, es decir, el gobierno
norteamericano está empleando desde hace meses el valor del petróleo que se extrae (e incluso los restos del programa 'Petróleo por alimentos') para cubrir los créditos bancarios a las empresas multinacionales -hasta el momento todas
norteamericanas- que han empezado a invertir en Iraq. Lo que significa que, en la práctica, las reservas de petróleo están ya privatizadas.



¿Por qué se celebra esta Conferencia en Madrid? De entrada, no parece existir otro motivo que el de un agradecimiento del amo a uno de sus súbditos por los servicios prestados. Bush le proporciona al Presidente Aznar una plataforma de
protagonismo internacional personal que, es utilizada por el PP para airear el 'peso de España'


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en el cenáculo internacional, tan deteriorado hoy en Europa y en el proceso del reparto de poder derivado de la Constitución Europea. En compensación, España seguirá mendigando ayuda militar para Iraq a la vez que derivará un buen pellizco
de nuestro presupuesto, unos 300 millones de dólares en varios años, a ese noble capítulo denominado 'Fondos de Ayuda al Desarrollo', que servirá para reforzar inversiones militares y engordar los negocios de alguna empresa española bien vista desde
Moncloa.



En síntesis... Esta cumbre político-financiera tiene como objetivos principales -aunque se pretendan encubrir- el expolio y posterior reparto de los recursos de Iraq entre más países y más corporaciones multinacionales, aunque para ello
cada uno tenga que adelantar la correspondiente cuota de inversión. Entre tanto la población iraquí sobrevive en una situación cada vez más crítica. Sin servicios básicos, sin trabajo, sin salarios ni medios de aprovisionamiento; inmersos en una
situación caótica y de desgobierno. A los iraquíes sólo les queda la resistencia y la esperanza.



Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, ante la Conferencia Internacional de Donantes que se celebrará en Madrid los próximos 23 y 24 de octubre, insta al Gobierno a:


1. Presione al de EEUU a reconocer públicamente sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y la Cuarta Convención de Ginebra, especialmente en el sentido de financiar las necesidades humanitarias de la población iraquí, como fuerzas
ocupantes que son.



2. Promueva que sean devueltos a un fondo de desarrollo iraquí, supervisado por NNUU, los miles de millones de dólares que Washington adeuda para la rehabilitación de Iraq.



3. Adopte las medidas necesarias para reclamar a la Asamblea General de la ONU, así como a los gobiernos de los Estados con los que se mantienen relaciones diplomáticas, que retomen la cuestión iraquí, controlando directamente la gestión de
estos recursos donados o prestados, concrete las actuaciones en las que se invertirán y el calendario de esa inversión, a la vez que facilite el concurso de empresas para elegir la mejor oferta para cada actuación, para impedir la imagen de reparto
del botín entre empresas directamente designadas por los Gobiernos de turno.



4. Facilite el retorno del derecho internacional como modo de comportamiento de los Estados, el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas -conculcados cuando se inicia una agresión armada-, el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos, el no uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales y el arreglo pacífico de las controversias. En este sentido, el Gobierno español debe reclamar a la Asamblea General de la ONU una relación
internacional contraria al nuevo concepto de 'guerra preventiva' o intervención preventiva, decidida unilateral o multilateralmente.



5. En virtud del punto anterior, exija el fin inmediato de la ocupación de Iraq.



6. En el caso de la donación española, precise las condiciones de la misma, criterios para su asignación, empresas que participarán en las actuaciones y actuaciones concretas con calendario de ejecución, con el que nos comprometemos y
autoridad iraquí con la que lo contraemos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2003.-José Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



162/000837


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(162) Proposición no de Ley ante el Pleno


AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.



Proposición no de Ley sobre emisión de una moneda, de sellos y demás signos de franqueo conmemorativos del vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa, para al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la Proposición no de Ley,
por la que se solicita la emisión de una moneda, de sellos y demás signos de franqueo, conmemorativos todos ellos del vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, para su debate en Pleno.



Exposición de motivos


El Estatuto de Autonomía del País Vasco celebrará, el próximo 25 de octubre de 2004, su vigésimo quinto aniversario. Tal y como ocurrió en su fase de elaboración, nos hallamos ante una convocatoria electoral, hecho este, que obliga a
plantear con suficiente antelación la iniciativa, para que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pueda realizar su impresión.



El Estatuto de Autonomía de Gernika supuso la plasmación normativa del anhelo del País Vasco de desarrollarse como pueblo, insertado en la España constitucional. El Estatuto es, a la vez y de manera inseparable, un marco de autogobierno y
un marco de convivencia; el fruto de una negociación entre los representantes políticos e institucionales del País Vasco y la Administración Central y el resultado de un pacto interno entre los propios vascos.



El Estatuto es, pues, expresión de autogobierno de la sociedad vasca y de nuestra legalidad democrática, que fue respaldado por la ciudadanía en referéndum el 25 de octubre de 1979.



En aquella fecha se reparaba una injusticia histórica, al tiempo que se daba satisfacción a profundas y legítimas aspiraciones del país, durante décadas secuestradas por una larga dictadura y finalmente alcanzadas en un contexto de
recuperación de las libertades en el conjunto de España.
Pero, además, el Estatuto es un marco de autogobierno. Gracias al Estatuto, el País Vasco ha podido vivir el mayor período de autogobierno de toda su historia contemporánea, al dotarse de un
entramado de instituciones que responde tanto a sus tradiciones históricas, como a sus peculiaridades políticas.



Nunca como hasta el presente, el País Vasco ha disfrutado del poder político del que hoy disfruta y que se concreta en un Concierto Económico que nos concede una envidiable capacidad fiscal; una policía autonómica con plenas competencias y
dotada de los medios oportunos para ser una policía integral; un Gobierno y un Parlamento con amplias atribuciones; y unas competencias amplísimas en materias tan vitales como pueden ser la educación, la sanidad, los servicios sociales y, en
general, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la ciudadanía.



En cuanto fruto del pacto, el Estatuto ha sido y sigue siendo el punto de encuentro necesario que requiere el especial pluralismo del país. Un pluralismo que se acentúa en todo aquello que se refiere a la definición y vivencia de la
singularidad vasca y a la relación que ésta debe tener con el conjunto de España: por un lado, como fórmula que ha permitido relacionar nuestra tradición foral con un marco constitucional; y, por el otro, consagrando el valor del consenso como
método adecuado para avanzar en la construcción de un país unido en su pluralidad interna y en la convivencia democrática.



Cualquier aproximación a etapas históricas anteriores nos muestra que los vascos nunca tuvimos tanto autogobierno como el que se ha creado con el Estatuto.



Cualquiera que sea el país que tomemos como referencia, ya sea un Estado Federal o uno Confederal, dentro de un Estado, no hay ninguna región, o nacionalidad o comunidad autogobernada, que tenga tanta autonomía como tiene Euskadi.



Las principales actividades públicas de un gobierno, las que afectan más a la ciudadanía porque responden a servicios públicos esenciales, están en manos del Gobierno Vasco desde hace más de diez años: la educación, la sanidad, la vivienda,
el comercio y la industria, las obras públicas, la policía, los medios de comunicación, etc., se ejercen desde el autogobierno pleno que nos da el Estatuto.



La aplicación durante los últimos veinte años del concierto económico (asumido por todos los españoles) ha permitido al País Vasco salir de la crisis industrial de los ochenta, modernizar las infraestructuras y el aparato productivo y
alcanzar un alto grado de cohesión social como consecuencia de un importante esfuerzo en políticas redistributivas.
Ninguna comunidad autónoma ha llegado a este grado de desarrollo y ello ha sido gracias a una sociedad laboriosa y esforzada, desde
luego, pero también a un Concierto Económico que nos ha dado un nivel de financiación muy elevado.



Estas apreciaciones de carácter general pueden condensarse en una: y es que el autogobierno vasco es una realidad incuestionable y de gran solidez, producto del esfuerzo conjunto de muchos años. Una realidad de la que nadie se puede
apropiar en exclusiva. Es mucho lo que se ha construido durante más de veinte años, para que nadie trate de ponerlo en cuestión irresponsablemente, abriendo un período constituyente para Euskadi, como el nacionalismo soberanista pretende.



El desarrollo estatutario ha ido poniendo en manos del País Vasco los medios indispensables para abordar con eficacia nuestros principales problemas políticos, económicos, sociales y culturales. Nos concede una evidente capacidad de
decisión en prácticamente todos los ámbitos que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos vascos.



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Hoy se puede afirmar que nueve de cada diez actuaciones de la vida diaria y el futuro de nuestra sociedad dependen fundamentalmente de las decisiones que se adoptan o puedan adoptarse desde nuestras instituciones de autogobierno.



No nos limitamos, pues, al poder político que los vascos hemos conseguido.
El Lehendakari Ardanza dijo 'somos el estado dieciséis de la Unión Europea'. Queremos poner en valor la necesaria cohesión interna y el respeto a las libertades y
derechos constitucionales que el Estatuto debe garantizar de manera efectiva a toda la ciudadanía vasca. Porque estamos convencidos de que, utilizando nuestro poder político para garantizar libertades y derechos, niveles de bienestar social, y
respeto al pluralismo, obtendremos un clima de sosiego que permitirá nuevamente caminar por la senda del pacto y del acuerdo en nuestro país.



El Estatuto de Autonomía del País Vasco que tiene cuerpo de Ley y alma de pacto, es nuestro mejor logro.



Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se emitan monedas, sellos y demás signos de franqueo, conmemorativos todos ellos del vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2003.-Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



Comisión de Justicia e Interior


161/001900


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Solicitud de que la Proposición no de Ley relativa a responsabilidad por atropellos de especies cinegéticas sea debatida en la Comisión de Medio Ambiente.



Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad y encomendar el conocimiento de la Proposición no de Ley citada a la Comisión de Medio Ambiente, comunicando este acuerdo a la citada Comisión y a la de Justicia e Interior, al Gobierno, al Grupo proponente
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



Comisión de Infraestructuras


161/002334


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



Proposición no de Ley sobre la retirada de diversos elementos y servicios de trenes de la vía férrea Madrid-Córdoba-Sevilla para la puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Lleida.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Infraestructuras.



Algunas semanas con anterioridad a la puesta en marcha del tren de alta velocidad de Madrid-Lérida empezó a notarse en la vía Madrid-Córdoba-Sevilla la retirada de diversos elementos y servicios de trenes. El tiempo ha venido en confirmar
que la marcha de manera supuestamente provisional de la vía Madrid-Lérida ha drenado ante la falta de previsiones los servicios Madrid-Córdoba-Sevilla. Entendiendo que no es de recibo que el servicio Madrid-Lérida no tuviera ya comprado los trenes
que van hacer este servicio, no es admisible que esta improvisación y estas chapuzas tenga que pagarlas un servicio ya consolidado como es Madrid-Córdoba-Sevilla.



Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


a) A la devolución Madrid-Córdoba-Sevilla de todos los trenes y servicios retirados de ésta, para atender la puesta en marcha del Madrid-Lérida.



b) A las exigencias de responsabilidades por retraso en la adquisición del material móvil de la vía Madrid-Lérida.



c) A la apertura definitiva de la vía Madrid-Lérida con infraestructuras móviles y servicios propios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2003.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



Comisión de Sanidad y Consumo


161/002335


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



Proposición no de Ley sobre reconocimiento de la especialidad de enfermería, salud familiar y comunitaria.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo sobre reconocimiento de la especialidad de enfermería comunitaria, salud familiar y
comunitaria.



El Real Decreto 992/1987, por el que se regula la obtención del título de Enfermero Especialista creó siete especialidades, una de las cuales fue enfermería, salud familiar y comunitaria, pero después de haber transcurrido más de dieciséis
años desde su regulación, esta especialidad todavía no se ha desarrollado.



Durante el tiempo transcurrido se han presentado varias iniciativas legislativas pero con nulo éxito para conseguir el objetivo de desarrollar la especialidad de enfermería, salud familiar y comunitaria.



La necesidad de la especialización en enfermería, salud familiar y comunitaria se ha acrecentado en los años transcurridos desde su aprobación. Los documentos de la Unión Europea y especialmente los de la Organización Mundial de la Salud
especifican que es prioritario preparar enfermeros especialistas muy cualificados para la acción comunitaria en el ámbito de la salud familiar y comunitaria y se considera a estos especialistas piezas claves para consolidar la transición que los
sistemas de salud están experimentando en los países europeos.



Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para el desarrollo de


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la especialidad de enfermería, salud familiar y comunitaria contemplada en el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2003.-Marisa Castro Fonseca, Diputada. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



161/002336


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(161) Proposición no de Ley en Comisión


AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Proposición no de Ley sobre el impulso de un plan integral de atención a las personas afectadas por enfermedades neuromusculares.



Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Consumo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión
en la Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley sobre el impulso de un plan integral de atención a las personas afectadas por enfermedades neuromusculares.



Las enfermedades neuromusculares son enfermedades de carácter genético, generalmente hereditarias, que afectan a la musculatura y al sistema nervioso. También se conocen con el nombre de miopatías.



Existen centenares de estas enfermedades debidamente clasificadas en distintos grados de afectación. Su aparición puede producirse tanto en el nacimiento como en otras etapas de la vida. La característica más importante de éstas es la
pérdida progresiva de fuerza muscular y la degeneración del conjunto de los músculos y de los nervios que los controlan.



En la mayoría de casos, esta debilidad obliga a utilizar ayudas ortoprotésicas (bastones, silla de ruedas, corsés...), además de otras ayudas técnicas, y la necesidad de una tercera persona en tareas de asistencia personal para las
actividades más cotidianas (comer, vestir, aseo). Aunque se están consiguiendo avances científicos importantes en la investigación genética o la administración de determinados fármacos para determinadas enfermedades, todavía no existe un
tratamiento curativo efectivo para la mayoría de ellas. No obstante, sí se pueden impulsar actuaciones paliativas para mejorar el estado de salud general de los afectados como las sesiones de fisioterapia rehabilitadora (movilización, correcciones
posturales, hidroterapia), la cirugía ortopédica (operación del talón de Aquiles, corrección de escoliosis), el soporte respiratorio (ejercicios respiratorios, ventilación mecánica, operación de traqueotomía), etc.



Las necesidades específicas que comportan las enfermedades neuromusculares para los afectados y también su familia, ha comportado la aparición de asociaciones como la Asociación Española contra las Enfermedades Neuromusculares (ASEM)
dedicada a dar apoyo y orientación a las personas que padecen enfermedades neuromusculares, ayuda que se extiende también a sus familias, así como el impulso de iniciativas asistenciales y de apoyo a los afectados a cargo de administraciones
sanitarias de ámbito autonómico.



El peligro real de exclusión social para las personas con discapacidad y, en este caso, para los afectados de enfermedades neuromusculares hace necesario la realización de los máximos esfuerzos posibles para establecer las medidas
correctoras necesarias para evitarlo.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Crear el Consejo Asesor de las Enfermedades Neuromusculares como órgano asesor del Ministerio de Sanidad para estas enfermedades, que deberá contar con la presencia de un representante de las asociaciones de afectados por las
enfermedades neuromusculares y de las administraciones sanitarias autonómicas.



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2. Realizar un estudio epidemiológico para la confección de un censo de enfermos y tipologías neuromusculares.



3. Incluir en el catálogo de prestaciones ortopédicas elementos específicos para los enfermos neuromusculares, previo análisis en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



4. Editar decálogos de buenas prácticas, en las distintas clases de enfermedades neuromusculares, encaminados a garantizar los derechos de las personas a ser informadas sobre las características de la enfermedad y a ser orientadas sobre los
lugares donde acudir y decidir sobre el tratamiento que deben recibir.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/003959


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.



(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión


AUTOR: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).



Satisfacción del Gobierno con la aplicación del Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el día
4 de diciembre de 2000.



Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.



En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.



Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.



Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores


Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres.



Texto:


¿Está satisfecho el Gobierno de la aplicación a los ciudadanos españoles del Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de sus
nacionales, hecho en Bruselas el día 4 de diciembre de 2000?


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2003.-Teresa Cunillera i Mestres, Diputada.