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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 601, de 10/10/2003
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de octubre de 2003
Núm. 601
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000001 Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Acuerdo de la Mesa de la Cámara ... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno contra Leyes del Parlamento de Cataluña ...
162/000818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el establecimiento de las medidas normativas adecuadas para la compatibilización del derecho de voto y el servicio de los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado ... (Página 6)
162/000819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al XXV Aniversario de la Constitución española y utilización de los símbolos de la Nación ... (Página 8)
162/000820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de la función democrática del Parlamento en su relación con el Gobierno ... (Página 9)
162/000821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a conceder el indulto total de doña Asunción López Arias, en relación con la condena impuesta por un delito de abandono de
servicio ... (Página 12)
Comisión Constitucional
161/002302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a garantizar las libertades políticas, el derecho a la libertad de expresión y de opinión en todas sus manifestaciones artísticas y
ciudadanas en general ... (Página 13)
Comisión de Economía y Hacienda
161/002303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la igualdad en el trato fiscal a los afectados por el 'Prestige' ... (Página 14)
Comisión de Infraestructuras
161/002308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el desdoblamiento de la carretera N-232 en el tramo Figueruelas-Mallén. ... (Página 15)
161/002309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mantenimiento de la avenida de Daroca como vía principal de acceso de entrada y salida al distrito madrileño de Vicálvaro ...
161/002310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid (R-II, R-III, R-IV y R-V) ...
(Página
17)
161/002311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al trazado de la circunvalación de Pontevedra ...
(Página 19)
161/002313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ronda del oeste de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ... (Página 20)
Comisión de Política Social y Empleo
161/002301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la defensa de la actividad y de la permanencia de la empresa Pickman La Cartuja, de Sevilla, en Andalucía ... (Página 21)
161/002304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria a efectos del
cómputo de la pensión de jubilación ...
(Página 22)
161/002305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio a efectos del cómputo
de la pensión de jubilación ...
(Página 23)
161/002307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas ...
Comisión de Medio Ambiente
161/002312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aprobación de los planes de emergencia para las presas de la provincia de Granada, catalogadas como del tipo 'A' . ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000227 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura ...
173/000228 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en materia de vivienda ... (Página 27)
173/000229 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria ... (Página 29)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia e Interior
181/003907 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán (GS), sobre planes para combatir la inseguridad en Madrid capital ...
(Página 30)
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
181/003900 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre resultados reales en lo que se refiere a la creación de la nueva Filmoteca Nacional y al Centro de Conservación y Restauración en la Ciudad de la Imagen ...
(Página 30)
181/003901 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre impulsos dados a la promoción de actividades escénicas en los centros educativos ... (Página 30)
181/003902 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre resultados de la innovadora política de fomento para que la creatividad musical y teatral tenga cauces favorables para su expansión y para que se amplíen
las instalaciones en este ámbito ... (Página 31)
181/003903 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre evaluación cuantitativa de los programas de promoción de la lectura ... (Página 31)
181/003904 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre resultado del ambicioso programa de proyección exterior de la cultura de España durante la VII Legislatura ... (Página 32)
181/003905 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre apertura de los museos estatales los domingos por la tarde ... (Página 32)
181/003906 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín Leguina Herrán (GS), sobre fórmulas de colaboración con las entidades privadas para desarrollar programas culturales durante la VII Legislatura ... (Página
33)
Comisión de Infraestructuras
181/003897 Pregunta formulada por la Diputada doña Inmaculada Durán Sánchez (GS), sobre fecha prevista para la puesta en servicio de la autovía entre Córdoba-Antequera ... (Página 33)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
153/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(153) Creación de otras Comisiones no permanentes (artículo 53)
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que se prorrogue la Comisión no permanente de valoración de los resultados del Pacto de Toledo, al objeto de dar a conocer a los agentes sociales, económicos e institucionales el contenido del informe aprobado en Pleno de
revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Acuerdo:
Previa audiencia de la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento, autorizar la prórroga de la citada Comisión hasta la finalización de la presente Legislatura. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo
Parlamentario solicitante, a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000817
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno contra Leyes del Parlamento de Cataluña.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo,se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley, relativa al desestimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno contra Leyes del Parlament de Catalunya, para su debate en Pleno.
Motivación
El artículo 149.1.8 de la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas competencia para la conservación, modificación y desarrollo de su derecho civil, especial o foral, allí donde exista. En su virtud la Generalitat de Catalunya, al
amparo del artículo 9.2 de su Estatuto de Autonomía, ha asumido competencias
exclusivas para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán.
A lo largo de estos decenios el Parlament de Catalunya ha ejercido su potestad legislativa en esta materia sin que se hayan producido conflictos de especial relevancia, o que no hayan podido ser resueltos por medio de la negociación entre
las instituciones afectadas. Esta situación ha experimentado recientemente un cambio importante, como consecuencia de la presentación por el Presidente del Gobierno de sendos recursos de inconstitucionalidad contras las Leyes del Parlament de
Catalunya 25/2001, de 31 de diciembre; de accesión y ocupación, 19/2002, de 5 de julio; de derechos reales de garantía, y 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Catalunya.
Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad han sido previstos en nuestro ordenamiento como instrumentos de garantía de la primacía de la Constitución, de forma que, llegado el caso, permitan al Tribunal Constitucional
enjuiciar la conformidad con la misma de la Ley o disposición impugnada. Pero, al mismo tiempo, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad es una decisión política de excepcional importancia, que por sí misma produce efectos políticos y
jurídicos relevantes con independencia de cual sea la decisión final sobre el fondo del proceso.
En el plano jurídico estos efectos son claros en los casos en que el Presidente del Gobierno invoca el artículo 161.2 de la Constitución para conseguir la suspensión temporal de disposiciones con rango de Ley de las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con la interpretación que se ha realizado de dicho precepto. En estos casos la suspensión es preceptiva, lo que significa que la eficacia de la norma queda temporalmente en manos de la voluntad del recurrente, cosa que nunca sucede cuando
el recurso se presenta contra Leyes o disposiciones con rango de Ley del Estado.
En el caso que nos ocupa también se han producido consecuencias políticas importantes, pues la presentación del recurso ha generado un estado de grave preocupación en amplios sectores de la sociedad catalana, que ha conducido a la
constitución de una Comisión de Juristas para la defensa del Derecho Catalán, con la participación de sus entidades más representativas, desde colegios profesionales hasta universidades y academias, a la firma de un manifiesto en defensa del Derecho
Civil catalán y, finalmente, a la aprobación por amplísima mayoría de una resolución parlamentaria sobre defensa de la competencia del Parlament de Catalunya en materia de derecho civil (Resolución 1986/VI, del Parlament de Catalunya, de 26 de junio
de 2003).
Es por ello que la interposición de este tipo de recursos requiere dosis importantes de prudencia política. Y ello es tan cierto que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta esta situación, en particular a
partir de la reforma del artículo 33 de la misma, introducida por Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, que, además, fue tramitada a iniciativa del Gobierno. En su exposición de motivos se recuerda la importancia del 'principio de colaboración como
criterio que ha de regir las relaciones entre los entes que integran nuestro Estado compuesto', y se afirma que con la reforma se pretende 'ampliar e intensificar los lazos de colaboración y entendimiento entre el Estado y las Comunidades
Autónomas... en el intento de buscar entre todos, dentro del respeto al indispensable marco competencial, métodos flexibles y adecuados de convergencia que disminuyan la conflictividad', como ya había indicado el propio Tribunal Constitucional en
su sentencia 13/1992.
Consecuentemente, 'con la finalidad de evitar la interposición del recurso' (artículo 33.2), se amplía el plazo para la misma hasta nueve meses, de forma que a iniciativa de cualquiera de las partes afectadas se pueda iniciar
un proceso de negociación en el marco de la correspondiente Comisión Bilateral de Cooperación.
No parece que en la interposición de estos recursos se hayan respetado estos elementales criterios de prudencia, sobre todo en el caso de la Ley 29/2002, primera Ley del Código Civil de Catalunya. No nos consta que el Gobierno haya puesto
en marcha el procedimiento de cooperación y solución negociada de conflictos previsto en el artículo 33 LOTC, a pesar de que probablemente éste era uno de los casos en que dicho procedimiento estaba especialmente aconsejado. Además, de forma
inhabitual la impugnación no afecta a determinados preceptos sino a la Ley entera, es decir, a sus artículos 1 a 6 y a los que regulan el título I del futuro código: artículos 111.1 a 111.9 (título I), y artículos 121.1 a 121.24 y 122.1 a 122.5
(título II), sin tener en cuenta que el acuerdo del Consejo de Ministros que solicitaba al Presidente del Gobierno la presentación del recurso distinguía aquéllos contra los que 'subsidiariamente' podía dirigirse éste. Esta manifiesta falta de
proporcionalidad se observa también en la innvocación del artículo 161.2 CE, con la que se provoca ope legis suspensión temporal de todos los preceptos de la Ley impugnada.
Al no ser posible ya la utilización del procedimiento de cooperación previsto en el artículo 33 LOTC, la solución razonable no es otra que el desistimiento por parte del Presidente del Gobierno de los recursos planteados. Conviene recordar
que esta opción ya ha sido utilizada con anterioridad, precisamente en relación con dos Leyes en las que el Parlament de Catalunya ejercía su potestad legislativa en materia de Derecho Civil: La Ley 9/1987, de 25 de mayo, de sucesión intestada, y
la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El 'Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, al amparo de lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, se acuerde el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno contras las Leyes del Parlament de Catalunya 25/2001, de 31 de diciembre, de accesión y ocupación; 19/2002, de 5
de julio, de derechos reales de garantía, y 29/2002, de 30 de diciembre, primera Ley del Código Civil de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-Teresa Cunillera Mestres, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000818
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley para el establecimiento de las medidas normativas adecuadas para la compatibilización del derecho de voto y el servicio de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para el establecimiento de medidas normativas adecuadas para la compatibilización del derecho de voto y el servicio de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado proceso electoral que ha tenido lugar el día 25 de mayo de 2003, ha supuesto para un número importante de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el verse privados de su derecho a ejercer el voto. Efectivamente,
esta situación real se ha producido por la falta de previsión de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que no han tenido en consideración la perentoria necesidad de adelantar el conocimiento de los servicios
previstos como consecuencia de la jornada electoral y el hecho consistente en el desplazamiento de muchos de los funcionarios adscritos a los dos Cuerpos, a localidades distintas respecto a aquellas en las cuales aparecen censados.
La consecuencia directa de todo ello no ha sido otra que la privación material del derecho de voto, pues, en unos casos, al desconocer el servicio con antelación suficiente, no han podido utilizar los mecanismos previstos para proceder a
votar por correo, o, en otros supuestos, al deber desplazarse fuera de su lugar de residencia y empadronamiento, con obligación de permanecer en aquel durante toda la jornada electoral -en períodos que en muchas ocasiones han superado las diecisiete
horas de servicio interrumpido- les ha supuesto la imposibilidad de votar en colegio electoral que, en virtud de su domicilio y lugar de residencia, les pudiera corresponder.
Esta situación que hemos descrito es de gravedad extrema pues, por falta de previsión y por dejación del Gobierno en la creación de los instrumentos normativos adecuados, un gran número de servidores del Estado se ven arbitrariamente
impedidos del ejercicio del derecho de voto -derecho fundamental consagrado en el apartado 1 del artículo 23 de la Constitución Española- que no es otra cosa que la expresión suprema de la voluntad manifestada en el preámbulo de la Constitución,
como concreción de la soberanía popular, para 'garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y social justo' y 'consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como
expresión de la voluntad popular'.
Parece ser que estamos ante un grupo de ciudadanos -precisamente los que garantizan los derechos y libertades de todos- que se ven privados del derecho al voto por esta falta de previsión del Gobierno, que se ha desentendido de dar respuesta
a un problema absolutamente previsible.
Es preciso recordar que la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para su cumplimiento
y ejecución. Por ello, parece absolutamente necesario la redacción urgente de una norma que establezca por una parte, el procedimiento para ejercer el voto por correo del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
habilitando el procedimiento que se estime oportuno y que deberá partir del conocimiento con la antelación necesaria, de los dispositivos y servicios que se pretendan establecer en la jornada electoral de la que, en cada caso, se trate y, por otra,
de la determinación del mecanismo normativo adecuado para que los funcionarios desplazados fuera de su localidad de residencia, puedan materializar el voto en cualesquiera colegios electorales que estén dentro de la demarcación territorial en la que
deba aquél prestar servicio.
En este sentido es igualmente necesario recordar cómo el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, se refiere en su artículo 9 al procedimiento que habrá de seguirse para que el personal embarcado en buques de la Armada, marina mercante o flota
pesquera de altura, abanderados en España, que hayan de permanecer embarcados desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración, puedan ejercer el derecho de sufragio electoral. A fin de dar cumplimiento al contenido del citado artículo 9,
el Real Decreto establece una serie de habilitaciones normativas a los Ministerios de Defensa y de Interior, que no nos consta hayan sido objeto de uso.
Por todo ello, desde la constatación de la realidad fáctica que hemos expuesto y desde la apreciación de la gravedad de la situación descrita, las medidas que se proponen deben ser objeto de tratamiento y resolución urgentes, ya que están
próximos procesos electorales en los que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán garantizar el ejercicio del derecho de sufragio a sus conciudadanos y ello deberá hacerse sin menoscabo alguno de su derecho al voto, del
cual no pueden ser privados por la falta de previsión normativa, sólo imputable al Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con carácter urgente, las siguientes medidas:
1. Elaboración, tramitación y publicación de un Real Decreto en el que se desarrolle el derecho de voto del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cualesquiera procesos electorales.
Se trata de trasladar a una norma con el rango de Real Decreto previsiones normativas concretas para que el personal perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil pueda ejercer el derecho de sufragio electoral sin
perjuicio de la efectiva prestación de los servicios inherentes a su función de garantes de los derechos y libertades públicas del resto de los ciudadanos.
En este sentido, la norma a la que hacemos mención deberá regular:
- El ejercicio del voto por Correo, para lo que se debería habilitar como dependencias delegadas del servicio de Correos a las unidades territoriales de ambos Cuerpos Policiales, al nivel orgánico que permita la cercanía territorial con los
funcionarios que pudieran, eventualmente, hacer uso de dicha habilitación.
- Habilitar a todas las unidades y dependencias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para ser receptores de la documentación que debe ser utilizada por el funcionario que quiera hacer uso del voto por Correo, así como servir
de registro de las solicitudes de voto por Correo del personal de los respectivos Cuerpos.
- A los efectos de propiciar el uso del voto por Correo, las respectivas Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, en colaboración con las Delegaciones del Gobierno y/o Subdelegaciones del Gobierno y, en su caso, con los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, determinarán con antelación suficiente los servicios que deben ser prestados por cada unidad y por sus propios componentes, a fin de facilitar que con el conocimiento previo de los mismos, los
funcionarios policiales puedan ejercer el derecho de sufragio electoral por Correo.
- En los supuestos excepcionales en los que no se cumplan con las previsiones del servicio que debieron haber sido predeterminadas se procederá a establecer los relevos correspondientes a fin de que el personal policial que preste servicio
pueda desplazarse a sus colegios electorales, dentro de la jornada electoral, sin perjuicio de reanudar posteriormente la prestación de aquél. Se habilitará para ello un período de tiempo razonable y suficiente.
- En defecto de lo anterior y siempre que se trate de procesos electorales en los que no quede afectado el derecho de voto por el hecho territorial -procesos electorales europeos, estatales y de Comunidades Autónomas- se habilitará el
mecanismo legal para que los funcionarios policiales -que no se hayan acogido al derecho de voto por Correo- puedan votar en el propio colegio electoral donde presten servicio y, en todo caso, en cualesquiera colegios electorales de la demarcación
territorial en la que se encuentren durante la jornada electoral.
2. Elaboración de directrices uniformes para el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito del cómputo de las horas de servicio en jornadas electorales a efectos retributivos.
Todo lo anterior deberá ir acompañado de unas normas claras, precisas y uniformes, dictadas por el órgano correspondiente del Ministerio del Interior que haga efectivo el derecho de igualdad entre los componentes
de ambos Cuerpos Policiales del Estado, que a iguales servicios deberán percibir las mismas retribuciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2003.-Victorino Mayoral Cortés, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000819
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al XXV Aniversario de la Constitución española y utilización de los símbolos de la Nación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al XXV Aniversario de la Constitución española y utilización de los símbolos de la Nación, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Próximamente nuestro país celebrará el XXV aniversario de la aprobación de la Constitución. En aquellos días los ciudadanos y los políticos de nuestro país tomaron un consenso en el que se afirmaba la necesidad de la concordia que cerrara
el negro capítulo de cuarenta años de dictadura. En un esfuerzo de generosidad de todos, se convino la necesidad de no realizar reclamaciones por los excesos cometidos por el régimen del general Franco al tiempo que la clase política dominante de
la dictadura aceptaba, y en algunos casos, pilotaba la transición hacia una democracia homologable con las de nuestro entorno. Todo ello bajo el impulso de S.M.
el Rey.
Fue éste un momento observado, y todavía hoy valorado, en el ámbito internacional como modelo de transición pacífica de una dictadura a la democracia. Todavía hoy sigue mereciendo la atención de aquellos países que quieren realizar una
evolución semejante y, desde esta perspectiva, se sigue reclamando hoy el asesoramiento de todas las personas que tuvieron algún papel en este proceso.
Los españoles, pues, tenemos motivos para sentirnos orgullosos de la tarea realizada, aun con todas las legítimas divergencias que puedan manifestar las distintas fuerzas políticas o sensibilidades que en nuestro país se dan.
Aquel empeño pudo cristalizar sobre la base de un espíritu de concordia nacional que se vino en llamar el espíritu de la Transición, que se instrumentó en un modo de hacer política: El consenso.
Hoy, dentro ya del juego democrático, es legítimo, incluso necesario, que las distintas fuerzas políticas marquen el acento en lo que diferencia a unas de otras como manera de evidenciar ante los ciudadanos sus distintas perspectivas
políticas, ideológicas o de gestión de la cosa pública.
Ello no obstante y ahora que se aproxima la celebración del XXV Aniversario de la Constitución creemos preciso reivindicar en lo fundamental, en los principios básicos y comunes, aquel espíritu de la Transición. También en los símbolos por
ella consagrados.
En ocasiones y al calor del debate político, pueden apreciarse manifestaciones dirigidas al uso partidario de lo que no son sino valores o símbolos de todos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento al pueblo español y a sus representantes políticos, que a finales de 1978, en un ejercicio de reconciliación nacional aprobaron la Constitución, cerrando el negro episodio de la
dictadura y reconociéndose, por fin, el derecho a la disidencia en paz.
2. El Congreso de los Diputados considera que la mejor celebración del XXV Aniversario de la Constitución es la reivindicación del espíritu con el que ésta se aprobó. Reconociendo que una y otro son un acervo colectivo del que nadie debe
hacer uso partidario.
3. En ese espíritu, el Congreso de los Diputados y las fuerzas políticas en él representadas, declaran la
necesidad y su voluntad de no utilizar en la confrontación política los símbolos y emblemas, consagrados en la Constitución de 1978 que representan la unidad de España, ni suscitar debates en torno a ésta por exclusivo interés partidista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000820
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al refuerzo de la función democrática del Parlamento en su relación con el Gobierno.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al esfuerzo de la función democrática del Parlamento en su relación con el Gobierno, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
No es extraño que en las democracias occidentales la dialéctica de la relación entre Legislativo y Ejecutivo esté sometida a debate crítico. En nuestro país ello es más lógico dado la juventud de nuestro sistema democrático.
La actual etapa de Gobierno, la de José María Aznar, se inició con compromisos de corte propagandístico en relación con el funcionamiento del Parlamento en general o con la creación de Comisiones de Investigación en particular.
Enfáticamente se dijo que se iba a situar al Parlamento en el centro de la vida política nacional, en una afirmación que llevaba aparejada una crítica de excentralidad tan discutible como la actual pretendida centralidad.
Ahora que está próximo a cerrarse un capítulo en el Gobierno de nuestro país conviene valorar cómo se le ha dado cumplimiento a aquel compromiso:
a) En lo referido al Debate del Estado de la Nación. Se celebra en el momento del año que mejor conviene a los intereses del Gobierno y bajo un formato en el que parece que las propuestas que hace el Congreso carecen de interés. De hecho,
mayoritariamente no se cumplen.
b) En lo referido al Debate General de Autonomías. Sencillamente se ha dejado de hacer. Lo que de paso suscita el debate sobre otro de los compromisos de Aznar consistente en reforzar el carácter autonómico de la Cámara Alta.
c) En lo referido a las Comisiones de Investigación. Es un asunto en el que se ha producido una curiosa evolución en estas dos últimas Legislaturas. Comenzó, el Sr. Aznar, afirmando que, si ganaba las elecciones, se podrían crear
automáticamente y sólo las podría bloquear la mayoría absoluta. Luego se aplicó con entusiasmo a crear una para investigar a un gobierno que ya no lo era (200.000 millones). Poco tiempo después se creó otra, con la intención de implicar a un
gobierno autonómico, para someterla después al vertiginoso ritmo que convenía al nombramiento de determinada candidata a Comisaria Europea (Lino). En este caso sí que se pudieron realizar sesiones nocturnas, hasta la madrugada, en período no hábil
desde el punto de vista parlamentario. En momento posterior, se aprobaría arrastrando los pies ('aceptar la Comisión de Investigación sería tanto como aceptar que hay dolo'), la creación de otra (GESCARTERA), que se cerraría precipitadamente,
cuando se pensó que podía comprometer a determinados miembros del Gobierno. Por fin, en la etapa actual, las solicitudes de creación de Comisión de Investigación no es que no se aprueben, es que no admiten ni al trámite de debate (Prestige,
accidente aéreo de Trebisonda). Se aduce, en un ejercicio de desfachatez democrática, que no son oportunas políticamente. Como si en alguna ocasión las comisiones de investigación fueran oportunas para el gobierno o la mayoría que lo sustenta.
Por cierto, que ha llegado el momento de denunciar esa curiosa práctica de reinventar la historia, también
en lo parlamentario. Resulta de todo punto inaceptable que un cargo institucional de representación colectiva de todos los miembros de la Cámara, se permita afirmar públicamente y ejerciendo esa función de representación, que en las
anteriores Legislaturas, las de mayoría socialista, no se aprobaron Comisiones de Investigación. Ello es sencillamente falso, bastará con mirar la Base de Datos del Congreso.
d) En lo referido a las Preguntas orales de Pleno. Si bien es cierto que se han consolidado, en lo formal, los usos puestos en marcha por los últimos Gobiernos de Felipe González, se ha producido una perversión en la aplicación de este
instrumento de control parlamentario: El partido que apoya al Gobierno le controla, aparentemente, tanto o más que el primer Grupo de la oposición; realmente lo que se hace es crítica de lo actuado por los Gobiernos Socialistas, como si en aquel
tiempo no hubieran tenido tiempo o capacidad para hacerlo. También se critica a los Gobiernos autonómicos regidos por el PSOE, o sencillamente, en un ejercicio dialéctica infantiloide, traen a colación al Secretario General del PSOE con cualquier
pretexto, para lo fundamental o lo nimio.
e) En lo referido a las Comparecencias. El Gobierno comparece cuando quiere y para lo que quiere. Hay dos ejemplos muy ilustrativos. Uno de ellos la crisis de Irak. En los últimos meses, cuando en los demás países se incrementaba la
actividad parlamentaria en torno a las razones que nos llevaron a participar en la guerra, en nuestro país esta actividad se ha reducido a 'cero'. Las únicas explicaciones se han producido en ruedas de prensa o cuando no ha quedado más remedio en
el muy limitado trámite, a estos efectos, de unas preguntas en el Pleno.
El segundo ejemplo es el referido a las comparecencias en Comisión. Los Ministros tienden a comparecer cuando creen que les conviene. Hay un caso, paradigmático por lo absoluto y porque se trata del anterior Presidente del Congreso. Tan
sólo comparece cuando lo hace a petición propia, es decir, tan sólo viene al Parlamento cuando él quiere y no cuando lo demanda la oposición.
Por si quedara alguna duda, esta posición ha sido verbalizada recientemente dentro de lo que se conoce como la política sin complejos por un portavoz del Grupo de la mayoría: 'El Presidente comparecerá cuando lo considere oportuno'. Se
refería a las continuas demandas de la oposición para que se explicara sobre lo que se ha venido llamando las 'mentiras de la guerra de Irak'.
f) En lo referido a las otras iniciativas de control. Se trata de un campo abonado al incumplimiento, a la arbitrariedad y a la falta de respeto al Parlamento. Aunque, eso sí, con la inestimable colaboración del Órgano de Dirección del
Congreso.
Más de la mitad de las preguntas o de solicitudes de documentación se responden fuera de plazo. Muchas se responden de manera insuficiente o incompleta. En otras ocasiones el Gobierno busca subterfugios para no atender los requerimientos
de los Diputados. A todo ello la posición de la Mesa, es que ella 'no se subroga en la posición de los Diputados'.
Posición que resulta ridícula cuando los Diputados se le dirigen en reclamación de amparo. Es decir, que en el momento actual la
Mesa sólo califica (eventualmente rechaza) los escritos de los Diputados. Jamás lo hace con los del Gobierno, digan éstos lo que digan. Y ello ni aun en el supuesto de que se haya producido una reclamación de los Diputados.
Potenciar el Parlamento ha supuesto en este caso dejar a los Diputados ayunos del más elemental amparo ante los eventuales excesos o incumplimientos del Gobierno.
g) En lo referido al trámite legislativo. En los últimos tiempos vivimos una situación sumamente desalentadora. Se comenzó legislando a golpe de Real Decreto-Ley, a continuación mediante trámites excepcionales como las leyes de
acompañamiento a los Presupuestos, ahora se legisla por vía de urgencia. Son 14 los Proyectos de Ley que se han remitido a la Cámara por este procedimiento, todos los enviados desde el 6 de junio. De esta manera se confunde la urgencia en las
necesidades de los ciudadanos con las urgencias del Gobierno.
En este caso la Mesa tampoco ha tenido nada que decir, se limita a tomar nota de las necesidades del Gobierno y atender a su voluntad aunque ésta venga deficientemente formulada.
Por si alguien tenía alguna duda, recientemente un portavoz del PP se ufanaba de que el Congreso debiera dar trámite a 48 Proyectos de Ley antes de que finalice diciembre. El problema reside no tanto en la confusión que aparentemente tiene
este Grupo Parlamentario entre calidad y cantidad, sino en que la única manera de realizar este trabajo es de manera atropellada, violentando las previsiones reglamentarias. En una palabra sometiendo al Legislativo a los designios del Ejecutivo.
La Mesa no tiene nada que decir ni siquiera en los supuestos en que la violación del Reglamento es flagrante y reconocida por la propia Mesa. El caso más reciente y de importancia muy significativa es la reciente aprobación por el Pleno de
una importante reforma del Código Penal (169 artículos reformados) en tiempo récord y sin que el Gobierno pusiera a disposición de la Cámara la documentación que la propia Mesa creía necesaria para una oportuna consideración y debate del Proyecto de
Ley.
En definitiva, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, la situación del Parlamento lejos de haber mejorado, lejos de encontrarse ubicado en el centro de la vida política, es subordinada, lacaya de la voluntad del Gobierno y ello con
la complicidad de la Presidencia de la Cámara y de la mayoría de la Mesa que lejos de velar por los poderes de la Cámara ejercen con harta frecuencia una función censora respecto de la iniciativa
de los diputados y jamás ponen coto a la desvengozada insumisión del Gobierno respecto de sus obligaciones parlamentarias.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados considera imprescindible la aprobación, antes de que finalice la Legislatura, de un nuevo Reglamento, que contemple cuando menos las siguientes cuestiones básicas:
1.1 Para conseguir un Parlamento cercano a los problemas de los ciudadanos que recupere la centralidad y el protagonismo que debe tener en la vida pública, para reforzar su función como poder del Estado no sometido al Ejecutivo sino como
aquel Órgano que tiene como una de sus funciones fundamentales la del control del Gobierno, y por la transparencia y la lucha contra el transfuguismo, el Congreso de los Diputados considera necesaria la modificación de su Reglamento atendiendo,
entre otros, a los siguientes criterios:
a) Crear un procedimiento específico para la depuración, en el ámbito parlamentario, de responsabilidades políticas en los supuestos en que los miembros del Gobierno faciliten a la Cámara información manifiestamente falsa o se evidencia
falta de colaboración o actitud claramente obstruccionista al ejercicio de los poderes de la Cámara.
b) Se creará la condición de diputado no adscrito para aquellos que, habiendo sido elegidos formando parte de las candidaturas de una determinada formación política, no se integren, dentro de los plazos señalados en los artículos 24 y 26 en
este Reglamento, en el grupo parlamentario al que pertenezca la mayoría de los Diputados elegidos por aquella formación. También se considerarán no inscritos aquellos Diputados que abandonen, por cualquier causa, el grupo parlamentario al que
pertenezcan antes de concluir la legislatura.
c) Agilizar los debates para acercarlos a los asuntos que interesan a las ciudadanas y ciudadanos y de esta manera fortalecer la función parlamentaria de control del gobierno.
d) Establecer un nuevo modelo de debate parlamentario que finalice con la aparente sucesión de monólogos de manera que resulten un debate auténtico con réplicas y contrarréplicas ágiles entre los grupos parlamentarios y el gobierno y en el
que de manera especial se atienda a los derechos parlamentarios de las minorías.
e) Promover la intervención regular del Presidente del Gobierno en debates de actualidad o interpelaciones a propuesta de la oposición y con respuesta a cada grupo parlamentario.
f) Facilitar el ejercicio efectivo de la función de control al Gobierno.
Para ello, se procederá a una reforma de los institutos parlamentarios de información y acceso a la documentación, preguntas orales y escritas, interpelaciones y
solicitudes al amparo del artículo 7 del vigente Reglamento de la Cámara, así como a regular las comisiones de investigación con el fin de garantizar los derechos de las minorías y dotarlas de mayores competencias en sus trabajos de investigación.
g) El Presidente del Gobierno responderá al menos dos interpelaciones formuladas por los grupos parlamentarios de la oposición en cada período de sesiones.
h) Incluir un estatuto de la imparcialidad de la Presidencia de la Cámara en el ejercicio de sus funciones.
i) Fortalecer el papel del diputado individual.
j) Establecer un límite en el cupo de preguntas asignado al grupo parlamentario que apoya al Gobierno para evitar que se desfiguren las sesiones de control parlamentario.
k) Establecer procedimientos que faciliten las presencias de los ciudadanos en el Parlamento para la defensa de sus peticiones en audiencia pública.
l) Flexibilizar los procedimientos para la creación de comisiones de investigación. En concreto, cualquier solicitud de creación de comisión de investigación se considerará aprobada cuando presentada una solicitud con arreglo al Reglamento
no reciba la oposición motivada de algún grupo parlamentario. En ese supuesto se precisará la mayoría absoluta de la Cámara para el rechazo de la solicitud de creación. Cuando algún grupo parlamentario manifestase esta oposición a que se cree una
comisión de investigación, se producirá un debate en el primer Pleno ordinario de esa manifestación de oposición.
m) Establecerá el procedimiento para el control parlamentario detallado y con las debidas garantías de eficacia y confidencialidad por parte de la Comisión del Régimen de las Administraciones Públicas de los informes elaborados por la
Agencia de Defensa de la Ética Pública a la que se hace referencia en otro lugar de esta Resolución.
n) Establecerá el procedimiento, previa reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de acceso por los ciudadanos a la información contenida en las declaraciones de actividades y bienes que han de formular los parlamentarios
electos al adquirir o perder la condición de parlamentarios o cuando se produjera alguna modificación en lo declarado durante el período de vigencia de su mandato.
o) La Comisión del Estatuto de los Diputados podrá investigar las omisiones o falseamientos en las declaraciones de actividades y bienes de los Diputados, que conocerá, así como el incumplimiento de los términos de la autorización concedida
por la Cámara para el ejercicio de actividades compatibles, y proponer al Pleno la imposición de sanciones.
1.2 El Congreso de los Diputados acuerda la creación inmediata de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados como órgano de asesoramiento técnico de la Cámara en materia presupuestaria y económica, con las siguientes
características:
- Estará adscrita orgánicamente a la Secretaría General y, sin perjuicio de las atribuciones de la Mesa de la Cámara, dependerá funcionalmente de la Comisión de Presupuestos, que podrá delegar en su Mesa la adopción de los acuerdos relativos
a la organización de sus trabajos.
- Tendrá conexión permanente con el Servicio de Información, Coordinación y Programación Presupuestaria.
La Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados tendrá las siguientes funciones:
- El asesoramiento en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- El asesoramiento en el seguimiento de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.
- La evaluación de los efectos presupuestarios y económicos de las iniciativas legislativas que se tramiten en la Cámara.
- Cualesquiera otras funciones de asesoramiento técnico que le encomiende la Comisión de Presupuestos.
2) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar con urgencia, de acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mecanismos formales de consulta e información permanente al Parlamento en supuestos de participación de unidades
españolas o de utilización del territorio o del espacio aéreo español en operaciones militares internacionales que puedan conllevar el uso de la fuerza más allá de la legítima defensa.
A contribuir, de acuerdo con los Grupos Parlamentarios, a una revisión y actualización de los términos de referencia para la participación de España en operaciones internacionales establecidos en la Resolución de 1995.
A comunicar, en todo caso, a la Cámara, con carácter urgente, toda decisión autorizando la participación de España en operaciones militares que impliquen el uso de la fuerza o la utilización del territorio español para dichas operaciones.
Dicha comunicación, que podrá dar lugar a ulteriores Resoluciones, se remitirá con carácter previo a que la contribución o autorización sean formalmente comprometidas y deberá contener de manera precisa los objetivos, términos, mandato, coste
previsto y duración de la participación, así como una evaluación de las implicaciones para los compromisos y los intereses internacionales y de seguridad de España o, en su caso, los términos de la autorización de uso.
A mantener informada regularmente a la Cámara de la evolución, cambios de mandato, reducción o aumento de la contribución española, así como a remitir un informe de evaluación de la misión en los términos que se establezca.
3) El Congreso de los Diputados reafirma su autonomía política, especialmente frente al Ejecutivo, y desde la constatación de que el trámite legislativo precisa de sosiego y reflexión, cree necesario revisar todas las solicitudes de trámite
de urgencia demandadas por el Gobierno, por su convencimiento de que su mera acumulación genera dudas sobre la razón objetiva de las mismas.
Asimismo se manifiesta en contra de una tramitación acelerada de las iniciativas legislativas que se encuentran hoy en la Cámara, que lejos de atender a la calidad en la confección de las leyes contemple, en exclusiva, la aprobación de un
número abultado de ellas en un tiempo récord.
4) El Congreso de los Diputados reprocha al Gobierno el incumplimiento de los plazos en sus obligaciones para con la Cámara y, más allá, le insta a un verdadero sometimiento a la Cámara en los institutos del control parlamentario, en
concreto:
a) Respondiendo a las demandas de información en los términos que se le formulan y evitando los subterfugios para no hacerlo.
b) No ignorando la condición de quién pregunta y en nombre de quién lo hace.
c) Evitando controlar a su vez, a quien tiene la función constitucional de controlar al Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000821
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a conceder el indulto total de doña Asunción López Arias, en relación con la condena impuesta por un delito de abandono de servicio.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley por la que se insta al Gobierno a conceder el indulto total a doña Asunción López Arias, en relación con la condena impuesta por un delito de abandono de servicio, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Recientemente hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación de la condena a cuatro meses de arresto, de un miembro de la Guardia Civil por un delito de abandono del servicio, y de la inminencia de su ingreso en prisión. Según los
datos que conocemos y que al parecer han dado lugar a la condena, podemos afirmar que se ha aplicado un excesivo rigor en la sanción de la infracción teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diversas Proposiciones de Ley, rechazadas por el Grupo mayoritario, con objeto de modificar la actual regulación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, estableciendo que en el desempeño
de las funciones que en ella se le atribuyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad depende del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las funciones de carácter militar que el Ministro o el Gobierno les encomiende. En
coherencia con la dependencia que se configura se modifica la competencia para sancionar las infracciones que puedan cometer los miembros de la Guardia Civil, en función al ámbito en que se cometan dichas infracciones y en relación con las funciones
que en ese concreto momento esté desarrollando el infractor.
Sin embargo, este tema sigue dando lugar a situaciones injustas y a problemas que no pueden, ni deben ocultarse, y que la situación de doña Asunción López Arias, condenada por un delito de abandono de servicio, y ante una inminente entrada
en prisión, pone de nuevo de manifiesto.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que previa tramitación en turno preferente del oportuno expediente, proceda a acordar el indulto total a doña Asunción López Arias, en relación con la condena impuesta por un delito de abandono de servicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2003.-Micaela Navarro Garzón, Victorino Mayoral Cortés y Carmen Sánchez Díaz, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión Constitucional
161/002302
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley relativa a garantizar las libertades políticas, el derecho a la libertad de expresión y de opinión en todas sus manifestaciones artísticas y ciudadanas en general.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley,
para su debate en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados relativa a 'garantizar las libertades políticas, el derecho a la libertad de expresión y de opinión en todas sus manifestaciones artísticas y ciudadana en
general'.
Justificación
La situación de tensión y el clima de animadversión creado artificialmente contra la proyección del documental 'la pelota vasca' del cineasta Julio Medem ha sido compartida y alentada por cargos públicos del Partido Popular, entre ellos la
propia Ministra de Cultura, quien censuró el contenido de la película sin ni siquiera haberla visto. Con anterioridad asistimos al veto del cantante y compositor Fermín Muguruza que acompañaba a Manu Chao en su gira, presionándose desde la
Delegación del Gobierno a los Ayuntamientos y a los organizadores para suspender los conciertos programados en varios municipios. En ambas ocasiones se ha traspasado la frontera de la crítica y el debate político y se ha pasado a la censura
encubierta y la intolerencia ante las opiniones disidentes, ya sea con respecto a la cuestión vasca, como podría suceder en el caso de Julio Medem, ya sea con respecto a otros temas como la oposición a la globalización neoliberal, la criminalización
de los inmigrantes o el surgimiento de bolsas de marginalidad, temas recurrentes en los recitales de Manu Chao.
Entendemos estas actuaciones dentro de un marco de recortes evidentes de derechos y libertades fundamentales, que no sólo tiene su reflejo en la censura de expresiones artísticas de toda índole, también en las restricciones al derecho de
manifestación, a la satanización de protestas multitudinarias. En definitiva estamos ante un atropello a la diversidad, a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, pilares básicos de nuestro sistema político y derechos fundamentales
recogidos en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por todo ello se formula la siguiente,
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desista de perseguir o criminalizar las opiniones diferentes o confrontadas, al margen de la crítica que le merezca al mismo, y renuncie a utilizar los recursos propios para reprimir
o cercenar a través de presiones o censuras encubiertas esta libertad de expresión en el ámbito de la cultura, concretada por artistas, escritores, cantantes, cineastas o ciudadanos en general.
2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia y al de Interior a que adopte todas las medidas a su alcance para proteger y garantizar en todas las instancias públicas las libertades políticas, la libertad de opinión y la
libertad de expresión en todas sus manifestaciones artísticas, concretadas por cantantes, compositores, cineastas, periodistas, escritores, o ciudadanos en general, de los ataques que se produzcan desde cualquier ámbito o institución; y asimismo
garantice con los recursos de que dispone el ejercicio de los derechos que constitucionalmente tienen atribuidos los ciudadanos en general, tales como la manifestación pacífica o protesta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Economía y Hacienda
161/002303
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la igualdad en el trato fiscal a los afectados por el 'Prestige'.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, relativa a la igualdad en
el trato fiscal a los afectados por el 'Prestige', para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Motivación
El Real Decreto-ley 8/2002, de 13 de diciembre, por el que se amplían las medidas reparadoras en relación con el accidente del buque 'Prestige', modifica determinados artículos del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre.
Así en su Disposición adicional tercera, punto 2 se establece la exención para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas concedidas por el Estado y la Comunidad Autónoma a pescadores, mariscadores y otros afectados por
el cese de actividad.
La exención citada anteriormente no contempla las sociedades mercantiles, fórmula escogida por muchos propietarios de buques de Galicia y otras Comunidades afectadas y demás agentes del sector pesquero que ven como su apuesta a favor de la
cultura emprendedora es, en este caso, penalizada por una fiscalidad desigual.
Se da la paradoja de que dos buques de igual tamaño, igualmente afectados por la catástrofe del Prestige, en función de que la titularidad de los mismos esté registrada como persona individual o sociedad, tendrán un diferente trato fiscal.
Una no tendrá que tributar por las ayudas concedidas después de la catástrofe del 'Prestige', y la sociedad tendrá que tributar este año y el siguiente por un 35 por 100 los que superan los 5.000.000 de euros de ingresos y a las que tengan la
calificación de sociedades de tamaño reducido un 30 por 100 (por los primeros 90.152 euros) y un 35 por 100 por los restantes ingresos.
Esta desigualdad fiscal debe ser corregida a través de la modificación del Real Decreto-ley haciendo extensiva la exención a las sociedades mercantiles de tamaño reducido, favoreciendo así la igualdad fiscal de todos los afectados por el
'Prestige'.
Por todo lo expuesto presentamos la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el Real Decreto-ley 8/2002, de 11 de diciembre, instaurando la igualdad fiscal para todos los afectados por el 'Prestige' haciendo extensiva la exención contemplada a las sociedades mercantiles de tamaño reducido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2003.-Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Infraestructuras
161/002308
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre el desdoblamiento de la carretera N-232 en el tramo Figueruelas-Mallén.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre desdoblamiento de la N-232 en el tramo Figueruelas-Mallén, para
su debate en la Comisión de Infraestructuras.
El Gobierno de Navarra sacó a concurso a finales del año 2002 las obras de desdoblamiento de los 34 kilómetros del tramo navarro de la carretera N-232. Con esta decisión se afrontaba una solución a la peligrosidad de esta vía, que soportaba
entonces un tráfico de 12.000 vehículos al día, 5.000 de los cuales son camiones, y que estudios de proyección aumentaban hasta los 16.000 vehículos al día en un plazo de diez años. La opción del desdoblamiento fue asumida por el Ejecutivo foral
ante la negativa del Ministerio de Fomento a rebajar los peajes de la autopista A-68 como solución alternativa al uso de la N-232.
Pero desde esa comunidad, la plataforma de alcaldes ya destacó en ese momento la necesidad de que el desdoblamiento se hiciera extensible al tramo de la N-232 que
transcurre por Aragón y La Rioja, ya que muchos de sus vecinos van a trabajar a localidades de Zaragoza, donde la carretera nacional continuará sin estar desdoblada.
En el año 2005, cuando la carretera N-232 esté desdoblada desde Cortes de Navarra hasta Castejón, eje que se conoce como la carretera Santander-Mediterráneo, va a tener que afrontar un peligroso cuello de botella muy negativo en la entrada a
la Comunidad Autónoma de Aragón, desde Mallén hasta Figueruelas. A nadie escapa la peligrosidad que supondrá pasar de una carretera desdoblada a una carretera nacional estrecha, para luego volver a pasar a otra carretera desdoblada entre
Figueruelas y Zaragoza.
Con este desdoblamiento solicitado se podrían satisfacer las solicitudes de los ayuntamientos de la zona, así como paliar el cuello de botella de una carretera muy frecuentada por mercancías, viajeros y posibilidades de crecimiento económico
de este eje viario.
El Plan de Carreteras 2002-2007 no contempla el desdoblamiento de los 22 kilómetros del tramo de la N-232 entre las localidades zaragozanas de Figueruelas y Mallén.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el Plan de Carreteras 2002-2007 el desdoblamiento integral de la N-232 en el tramo Figueruelas-Mallén (Zaragoza).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/002309
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre mantenimiento de la avenida de Daroca como vía principal de acceso de entrada y salida al distrito madrileño de Vicálvaro.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno de la Nación al mantenimiento de la avenida de Daroca como vía principal de acceso de entrada y salida al distrito madrileño de Vicálvaro, para su debate y votación en la Comisión de
Infraestructuras.
Motivación
La construcción de las radiales de acceso a Madrid afecta a numerosas áreas urbanas de la Comunidad, produciendo sobre ellas serios problemas urbanísticos, medioambientales y de movilidad.
Ejemplo de esta situación es la que sufre el distrito madrileño de Vicálvaro, donde el trazado de la radial III provoca un gran impacto sobre su entramado urbano y, por tanto, sobre los 56.000 vecinos que viven en él.
El trazado de la R-III afecta a Vicálvaro en un extenso arco que cubre varios kilómetros, y con una anchura media de 200 metros. Al ser de peaje y, por tanto, de acceso cerrado, la R-III se convierte en una barrera infranqueable que deja
incomunicado interna y externamente el distrito.
La R-III implica el cierre definitivo de la avenida de Daroca, eje fundamental de comunicación del distrito de Vicálvaro con O'Donnell y con la M-40. Cerrar la avenida de Daroca supone condenar al aislamiento a los vecinos de Vicálvaro. Y
además crea problemas de movilidad y caos circulatorio en otros distritos como Moratalaz y San Blas. Eso sin mencionar que con esta decisión se echa por tierra la inversión de más de 500 millones de pesetas que costó realizarla hace tan sólo cuatro
años (inauguración objeto de gran publicidad por parte del Gobierno del Partido Popular en plena campaña electoral).
Como alternativa a la avenida de Daroca se ha trazado un nudo de conexión con la M-40. Un nudo que ha engullido entre sus carriles 25.000 metros cuadrados del parque de la Cuña Verde (es decir, desaparece
el 50 por ciento del parque público), y que en algunos puntos alcanza hasta cuatro niveles de circulación con una altura superior a un edificio de seis plantas.
Al desaparecer la avenida de Daroca, tanto el transporte público como el privado se ven obligados a buscar salidas alternativas y a dar vueltas y más vueltas para acceder a vías de comunicación a las que antes llegaban directamente, lo que
les supone un rodeo de más de 2 kilómetros y el doble de tiempo en el desplazamiento (el autobús municipal número 106 tarda 60 minutos en realizar un trayecto en el que antes empleaba 30 minutos).
El colmo es que, después de un largo rodeo, los vehículos desembocan en el mismo punto que anteriormente, donde existe una inmensa aglomeración de vehículos. Es decir, la supresión de la avenida de Daroca, lejos de aportar mejoras y
soluciones, sólo ha servido para empeorar la situación existente.
Por otro lado, los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Vicálvaro, con una población próxima a los 200.000 habitantes, se quedarán encorsetados por la red de viales que determina la R-III, lo que acarreará serios problemas de
contaminación atmosférica y acústica, aumento de la siniestralidad, impactos sobre el entorno natural, problemas urbanísticos y desequilibrios territoriales que repercutirán negativamente en la calidad de vida de sus ciudadanos.
La 'foto' que en este momento tenemos del distrito de Vicálvaro es la siguiente: es un barrio rodeado por la R-II, la N-III, la R-III y la M-45. Y además por las vías del AVE a Barcelona, por el tren de cercanías de Guadalajara y por las
vías en superficie de la línea 9 del Metro a Arganda.
Si además de rodearlo por todas partes con vías infranqueables, éstas se adentran en el distrito separando unos barrios de otros, lo que tenemos son bloques de edificios divididos en compartimentos estancos totalmente incomunicados entre sí
y con el exterior. Y a 'esto' no se le puede calificar de ciudad habitable.
Por todo lo anterior, se presenta para su debate en Comisión la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la avenida de Daroca como vía principal de acceso de entrada y salida a Vicálvaro desde O'Donnell (principal acceso del distrito con Madrid).
2. Mantener el proyecto inicial del nudo R-III con la M-40 en lugar del que se está proyectando.
3. Establecer pasos de comunicación entre el norte y el sur del distrito, al quedar éste muy segregado por la radial III.
4. Revisar el trazado actual de las nuevas viales para aminorar los problemas urbanísticos, medioambientales y de movilidad que se producirán con los previstos actualmente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2003.-José Quintana Viar, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz de Grupo Parlamentario Socialista.
161/002310
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid (R-II, R-III, R-IV y R-V).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 152172 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados para presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid (R-II, R-III, R-IV y R-V), para su debate y votación en la Comisión de Infraestructuras.
Motivación
En la Comunidad de Madrid miles de ciudadanos se desplazan cada día por carretera a sus puestos de trabajo. Estos desplazamientos se producen bien desde la
periferia a la capital, bien entre los distintos municipios de la región entre sí, o bien desde las provincias limítrofes, especialmente Guadalajara, Toledo, Ávila y Segovia. De este modo, los conductores se ven obligados a soportar
situaciones de embotellamiento y atascos de tráfico que les ocasionan una gran incomodidad y pérdida de tiempo en los desplazamientos que realizan.
El problema de movilidad sigue empeorando, ya que, al igual que otros grandes núcleos urbanos, Madrid sigue creciendo, y con ella crece su población y el parque automovilístico. De hecho se estima que para el año 2006 la población de la
corona metropolitana de Madrid aumentará en casi medio millón de personas. Lo que agravará, aún más, las congestiones de tráfico que se producen a diario en sus principales vías de acceso.
Esta situación no es nueva. Por lo que ya en su día, conscientes de la necesidad de realizar unas variantes alternativas a las carreteras nacionales que resolvieran los problemas de tráfico de acceso a Madrid, los gobiernos socialistas
aprobaron a través del Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid (II Plan de Carreteras 1994-2001) la construcción de la M-50 y de una serie de variantes a las carreteras nacionales (variantes de la N-II, N-III, N-IV y N-V) todas libre de peaje y
con plataformas reservadas para el transporte público.
Después, con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Nación y de la Comunidad, el Ministerio de Fomento no respetó el compromiso del anterior gobierno socialista de realizar una serie de inversiones en nuevas infraestructuras de
acceso para los madrileños. Y en vez de asumir el coste de dichas obras públicas, el Gobierno lo dejó en manos de concesionarias privadas, de lo que se evidencia que el Ministerio de Fomento renuncia al interés general en beneficio de las
constructoras privadas, a las que otorga unos plazos de concesión inadmisibles.
Además de esta falta de respeto por los compromisos adquiridos, el Gobierno del Partido Popular carece de un modelo de transportes respecto a las infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Tanto en la ciudad de Madrid como en el conjunto
de la región, lo que provoca graves problemas de movilidad y fuertes desequilibrios sociales y regionales.
Desequilibrios que vienen dados por la fuerte centralización que se produce en Madrid en cuanto a equipamientos e infraestructuras del
transporte, lo que provoca importantes carencias infraestructurales y dotacionales en el resto de la Comunidad. Lo cual deriva, por un lado, en un agravamiento del problema de la movilidad, y, por otro, en la segregación y discriminación social y
económica de amplias zonas de la Comunidad.
En este sentido, las radiales de acceso a Madrid supondrán un nuevo elemento discriminatorio y de desequilibrio social, ya que penalizan a los ciudadanos con menor renta en caso de que deseen ahorrar tiempo en los desplazamientos a sus
trabajos. De este modo, sólo aquellos que puedan pagar el peaje establecido evitarán (en parte) los atascos.
De otro lado, este 'no-modelo' convive con iniciativas que fomentan las infraestructuras peatonales, creando así grandes contradicciones: de un lado, se trata de favorecer las políticas de transporte colectivo y desplazamiento peatonal y,
de otro, se invierten miles de millones de euros en favorecer la entrada en Madrid de un número cada vez mayor de vehículos privados.
En definitiva, la decisión de construir las nuevas radiales de acceso a Madrid no ha sido la mejor alternativa al problema de la movilidad en Madrid:
Primero, porque no hay ningún estudio que determine que es esta y no otra la mejor solución al problema de la movilidad.
En segundo lugar, porque es una decisión que no se enmarca dentro de un verdadero modelo de transportes y movilidad de tipo global, sino que es una propuesta aislada que viene a sumarse a otras muchas que conviven caóticamente.
En tercer lugar, porque las radiales no van a suponer una disminución del tiempo empleado en los desplazamientos al puesto de trabajo por miles de madrileños, ya que la gran mayoría, incapaces de asumir el coste del peaje diario, optarán por
las carreteras alternativas, ya colapsadas, pero gratuitas.
Y finalmente, por parte del Ministerio no se ha realizado un estudio sobre el impacto real que el conjunto de estas vías provocará sobre la movilidad, el medio urbano y el medio ambiente de Madrid.
Por estas razones, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Desarrollar un programa presupuestario de forma gradual y paulatina que permita reconvertir en uso público, gratuito y general la red de accesos radiales a la región y a la ciudad de Madrid, en interés de sus 5 millones de habitantes y sus
transeúntes, mediante los procesos legales y de negociación que puedan abrirse con las empresas adjudicatarias de las mismas. En todo caso se aplicará de forma inmediata la gratuidad del peaje al transporte público.
1. Tomar las medidas necesarias para que las autopistas de penetración a Madrid en construcción sean autovías libres de peaje.
2. Planificar y potenciar el transporte público y de gran volumen por dichas vías.
3. Asumir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de las citadas obras, así como las de la M-50.
4. Diferenciar entre el coste de construcción de las radiales y el de la M-50, ya que la actual 'teoría gratuidad' de la M-50 no queda clara, y finalmente el coste de su construcción repercutirá directamente en el peaje que pagarán los
usuarios de las radiales.
5. Revisar los actuales trazados de las nuevas infraestructuras de acceso radial a Madrid para aminorar los problemas de colapso, de movilidad y de impacto medioambiental, que se producirán con los actuales trazados previstos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-José Quintana Viar, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002311
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa al trazado de la circunvalación de Pontevedra.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para su debate y votación en la Comisión de Infraestructuras.
Motivación
El Ministerio de Fomento ha presentado tres alternativas para la construcción de la circunvalación de Pontevedra.
Dichos trazados dividen a las parroquias por donde discurren, causan un fuerte impacto en la orografía y es necesario expropiar una cantidad importante tanto de viviendas como de empresas.
A esto cabe añadir que las parroquias del rural pontevedrés se abastecen de agua a través del trabajo de las comunidades de aguas, manantiales, pozos y canalizaciones comunitarias por carecer de sistema de traída como la zona urbana del
municipio; por tanto, las alternativas planteadas por Fomento cortarían gran parte de estas vías de agua y anularía muchos de los manantiales utilizados por los vecinos tanto para uso doméstico como para regar campos y cultivos. Numerosas fuentes,
pozos y traídas comunitarias quedarían inutilizadas; por tanto, el corte del paso natural de las aguas obligaría a modificar el sistema de abastecimiento de gran parte de los vecinos del rural pontevedrés.
En segundo lugar, en las propuestas de Fomento no se ha tenido en cuenta el impacto con el futuro enlace con la autovía Rias-Baixas A-52, enlace comprometido por el Gobierno en el Plan Galicia. Dicho enlace debe conectarse con la
circunvalación y si no se modifica su trazado en enlace con la A-52 quedará abocado a penetrar casi hasta el centro de la ciudad.
En tercer lugar hay que tener en cuenta que en las viviendas del rural es normal que convivan varias generaciones diferentes: abuelos, hijos y nietos; por tanto, si se destruye la vivienda familiar supone que va a haber una
reestructuración familiar, siendo además difícil volver a ubicar la vivienda en la zona o en zonas.
Por tanto, con las tres propuestas formuladas por Fomento para la construcción de la circunvalación de Pontevedra no está nadie de acuerdo: ni los vecinos de las parroquias de Campañó, Lerez, Alba, Santo Andrés y Santa María. De Xeve,
Mourente, Bora, Marcón y Tomeza, que han presentado 12.000 alegaciones, ni está de acuerdo el Ayuntamiento, ya que por unanimidad de todos los grupos: Partido Popular, PSOE y BNG han rechazado los tres trazados, ni está de acuerdo la Diputación de
Pontevedra, cuyo presidente, señor Rafael Louzán, ha presentado, en el Ayuntamiento y para su estudio, un nuevo trazado alternativo que triplica en longitud a los presentados por el Ministerio de Fomento.
En cuarto lugar, no hay que olvidar que el Plan de Ordenación Urbana, hoy llamado de Ordenación Municipal de Pontevedra, data del año 1989. Se va a redactar un nuevo plan que, según el concejal de Urbanismo de Pontevedra, entrará en vigor
hacia el año 2006. Dicho concejal ha manifestado que con el nuevo Plan General de Ordenación Municipal el casco urbano de Pontevedra crecerá entre tres o cuatro kilómetros cuadrados. Además, dicho concejal ha 'sugerido' que la circunvalación
marque, en líneas generales, el perímetro de la ciudad del futuro y por ello se decanta por la alternativa 1 de Fomento pero modificada: tramos vallados y cerrados con otros semienterrados o semilevantados.
El Grupo Parlamentario de Pontevedra entiende que se puede realizar el trazado de la circunvalación por zona donde cause menos impacto y dañe menos a los vecinos; entiende, además, que no se deben trazar más barreras artificiales a la
ciudad que impidan su crecimiento, duda de que los trazados presentados por Fomento cumplan el objetivo para el que fueron diseñados, que no es otro que aliviar el tráfico interno y externo de Pontevedra. Y por último, creemos, con buena lógica,
que, dado que los trabajos del Plan General de Ordenación Municipal se adjudicarán en breve fecha (septiembre u octubre), lo normal es que se diseñe el futuro urbanístico de la ciudad, que se sepa si el casco de la ciudad va a crecer tres, cuatro o
veinte kilómetros cuadrados y, en función de todo ello, se diseñe las carreteras futuras, las avenidas y, por supuesto, la circunvalación de la ciudad, que, lógicamente, tendrá que quedar más próxima o más lejana según sea la expansión del propio
casco urbano.
Por todo ello, y como el Grupo Parlamentario Socialista considera que no se deben cometer errores que imposibiliten el desarrollo de Pontevedra, es por lo que presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. La Comisión de Infraestructuras insta al Ministerio de Fomento a que paralice el proyecto de circunvalación de Pontevedra y a que, junto con el Ayuntamiento y de acuerdo al futuro Plan de Ordenación Municipal, se diseñe el nuevo trazado
de la circunvalación.
2. Antes de dibujar sobre los mapas un nuevo trazado de circunvalación de Pontevedra se insta a que los técnicos de Fomento, responsables de tal diseño, a que conozcan 'in situ' el recorrido y consensuen igualmente con el Ayuntamiento el
mejor trazado para agredir lo menos posible tanto a los vecinos como a la orografía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002313
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la ronda del oeste de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la ronda del oeste de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para su defensa en la Comisión de Infraestructuras.
Exposición de motivos
El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz prevé dentro de la red de tercer nivel de aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz, el establecimiento de rondas perimetrales de circulación, estableciendo que estas redes, que se
configuraran como avenidas con incorporación de andenes para el paseo y la bicicleta, están formada por itinerarios complementarios a los de primer y segundo orden, compatibilizarán los movimientos interurbanos con los urbanos de carácter
horizontal, sirviendo por tanto de rondas de circulación.
Asimismo, en el artículo 25 del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, establece que justificadamente, y a fin de mejorar su adaptación de la red viaria de tercer orden a las características físicas del territorio, el
Planeamiento Urbanístico General podrá alterar el trazado de las actuaciones previstas.
Por lo tanto el ordenamiento vigente supramunicipal en la Bahía de Cádiz, recoge la posibilidad de establecimiento de vías que cumplan con la misión de mejorar las comunicaciones dentro de un municipio de alta densidad poblacional y la
conexión interurbana, con la finalidad de resolver adecuadamente los problemas de tráficos existentes y futuros.
Por ello, de acuerdo con las directrices emanadas del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera ha previsto la
construcción de la Ronda del Oeste en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.
La Ronda del Oeste se ajusta pues al esquema previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, conectando en el Norte en la variante del Polígono Industrial del Torno y al Sur en la Avenida de la Diputación, sirviendo de
conector entre dos áreas urbanas consolidadas de la ciudad.
El Ayuntamiento de Chiclana, con el fin de minimizar las afecciones de carácter puntual sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, remitió recientemente a la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico un informe complementario al
documento justificativo del trazado de la Ronda Oeste recogido en el Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en dicho informe complementario se reducía la afección al DMPT en el 77,89 por 100, pasando de una afección superficial de 9.974 metros
cuadrados contenida en el PGMOU aprobado inicialmente con carácter provisional a los 2.205 metros cuadrados previstos en el nuevo trazado propuesto.
Posteriormente se ha conocido que la Dirección General de Costas se ha pronunciado en contra de este proyecto vital para el desarrollo económico de Chiclana y del entorno.
Esta negativa ha generado un malestar profundo en la sociedad chiclanera en general que se ha pronunciado abiertamente a favor de este proyecto a través de los medios de publicación.
Esta situación de bloqueo del proyecto de construcción de la Ronda del Oeste en Chiclana de la Frontera por la Dirección General de Costas en el que se solicita la ocupación de una pequeña superficie del Dominio Público Marítimo-Terrestre
contrasta con la actuación de este mismo organismo ante situaciones en las que se han autorizado una ocupación del dominio público bastante mayor que la planteada en este proyecto en la provincia de Cádiz, como el proyecto ejecutado de nuevo puente
sobre el Caño de Sancti Petri en la población vecina de San Fernando ya ejecutado, el desdoble del ferrocarril Jerez-Cádiz que discurre en gran parte sobre el Parque Natural de la Bahía de Cádiz ocupando el Dominio Público Marítimo-Terrestre en casi
toda su extensión, la obra del desdoble de Puerto Real-Tres Caminos o el proyecto de nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz, proyectos todos necesarios que se han desarrollado o están en vías de hacerlo con la aquiescencia de la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
Agilizar la tramitación del expediente de autorización del trazado de la Ronda del Oeste en Chiclana de la Frontera (Cádiz) presentado por su ayuntamiento ante la Dirección General de Costas, una vez cumplimentados los requisitos de impacto
medioambiental que puedan derivarse del proyecto, según la legalidad vigente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-José Fernández Chacón, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Política Social y Empleo
161/002301
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la defensa de la actividad y de la permanencia de la empresa Pickman La Cartuja, de Sevilla, en Andalucía.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del Diputado don José Núñez Castaín, del Partido Andalucista, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la defensa de la actividad y de la permanencia de la empresa Pickman
La Cartuja de Sevilla, en Andalucía, para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo.
Exposición de motivos
El actual propietario de la empresa Pickman, S.A., ha procedido a efectuar, de forma ilegal, un despido colectivo de los 132 trabajadores de la empresa, así como una suspensión de actividad. Esta tradicional empresa andaluza, fundada en el
año 1841, fue vendida dentro del contexto de reprivatización de Rumasa, S.A., propiedad de Patrimonio del Estado.
Con el fin de facilitar la venta, Patrimonio del Estado facilitó un préstamo por importe de 250 millones de pesetas, con garantía
hipotecaria sobre los terrenos en los que se asienta la factoría.
El propietario de la empresa, señor Ruiz de Alda, ha venido realizando desde su adjudicación una serie de actuaciones tendentes a la desaparición de la fábrica de Sevilla, tales como el desplazamiento de la producción a Marruecos y otros
talleres en Asturias, así como medidas que afectaban a la producción y al patrimonio de la empresa. Esta situación fue denunciada repetidamente por los trabajadores ante las autoridades laborales.
En la actual situación, se plantean problemas que es necesario resolver en primer lugar, con el concurso de la Administración pública andaluza: de forma perentoria la situación de 10 trabajadores que han sido objeto de un despido ilegal y
de una suspensión de sus retribuciones. En segundo lugar, las responsabilidades de Patrimonio del Estado que, por extensión y como propietario de los terrenos, debe hacerse cargo de la empresa y, en tercer lugar, la conservación de la marca Pickman
La Cartuja como un patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en solidaridad con los trabajadores de la empresa Pickman La Cartuja en sus demandas por la conservación del empleo y la actividad productiva de esta entidad, insta al Gobierno a:
1. Que Patrimonio del Estado, de acuerdo con Junta de Andalucía, asuma los compromisos en materia laboral y en el mantenimiento de la actividad que le corresponden, en su doble condición de organismo responsable de la privatización de la
empresa y como propietario de los terrenos sobre los que se asienta.
2. Que inicie los mecanismos que garanticen los derechos salariales ante supuestos como el presente (artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-José Núñez Castaín, Diputado.
161/002304
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria a efectos del cómputo de la pensión de jubilación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión
en la Comisión de Política Social y Empleo, una Proposición no de Ley para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria a efectos del cómputo de la pensión de jubilación.
Antecedentes
La realización de la Prestación Social Sustitutoria por parte de muchos jóvenes españoles que optaron a partir de 1984 por la objeción de conciencia supuso, al igual que para aquellos que realizaron el servicio militar, que durante unos
meses, en función de las horas diarias dedicadas a la realización del servicio, muchas personas se vieran obligadas a aparcar sus responsabilidades laborales o, en tiempos ya más recientes, a retrasar su entrada en el mercado laboral.
La aprobación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, determinó en su disposición adicional decimotercera que, a partir del 31 de diciembre del año 2002, quedaba suspendida la prestación del servicio
militar. Posteriormente, este período se acortó mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, dictado de conformidad con la autorización otorgada al Gobierno en la disposición transitoria decimoctava de la Ley 17/1999. Se adelantó al 31 de
diciembre de 2001 la fecha de suspensión del servicio militar.
Las leyes, dada la evidente 'simetría constitucional' entre la realización del servicio militar obligatorio y la realización de la prestación social sustitutoria, suspendieron asimismo la obligación de realizar la prestación social
sustitutoria por parte de los objetores de conciencia.
Después de casi dos años de la supresión efectiva del servicio militar obligatorio y, por tanto, de la prestación social sustitutoria, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera necesario que se compense de alguna manera
a todos aquellos ciudadanos, jóvenes o padres de familia, que debieron optar por la realización de la prestación social sustitutoria como consecuencia de su negativa a prestar el servicio militar, por aquel período de tiempo que dejaron de dedicar a
sus responsabilidades laborales.
Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se propone que el período de tiempo dedicado por una persona a la realización de la prestación social sustitutoria le sea considerado como un período efectivamente
cotizado a efectos de determinar la cuantía de su pensión de jubilación. Con esta medida, se estará compensando a todos aquellos ciudadanos que, por un período de tiempo, se vieron obligados a no trabajar y para los que este período será importante
a los efectos de calcular su pensión de jubilación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para posibilitar la consideración de efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria, hoy suprimida, a
efectos del cómputo de la pensión de jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002305
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio a efectos del cómputo de la pensión de jubilación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión
en la Comisión de Política Social y Empleo, una Proposición no de Ley para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio a efectos del cómputo de la pensión de jubilación.
Antecedentes
Durante muchos años miles de españoles debieron, de forma obligada, dedicar parte de su tiempo a la prestación del servicio militar obligatorio. Esto suponía que durante el período de tiempo que duraba dicho servicio, meses o años, según
iban marcando las diferentes leyes, la mayoría de estas personas se veían obligadas a aparcar sus responsabilidades laborales o, en tiempos ya más recientes, a retrasar su entrada en el mercado laboral.
La aprobación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, determinó en su disposición adicional decimotercera que, a partir del 31 de diciembre del año 2002, quedaba suspendida la prestación del servicio
militar. Posteriormente, este período se acortó mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, dictado de conformidad con la autorización otorgada al Gobierno en la disposición transitoria decimoctava de la Ley 17/1999. Se adelantó al 31 de
diciembre de 2001 la fecha de suspensión del servicio militar.
Después de casi dos años de la supresión efectiva del servicio militar obligatorio, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera necesario que se compense de alguna manera a todos aquellos ciudadanos, jóvenes o padres de
familia, que de forma involuntaria o voluntaria participaron en el Impuesto Servicio Militar, por aquel período de tiempo que dejaron de dedicar a sus responsabilidades laborales.
Por este motivo, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se propone que el período de tiempo dedicado por una persona a la prestación del servicio militar obligatorio le sea considerado como un período efectivamente
cotizado a efectos de determinar la cuantía de su pensión de jubilación. Con esta medida se estará compensando a todos aquellos ciudadanos que, por un período de tiempo, se vieron obligados a no trabajar y para los que este período será importante
a los efectos de calcular su pensión de jubilación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para posibilitar la consideración de efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio, hoy suprimido, a
efectos del cómputo de la pensión de jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002307
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas, para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo.
Motivación
Las condiciones laborales de los periodistas profesionales se han deteriorado seriamente en los últimos años. Las tendencias desreguladoras en el ámbito laboral, la aparición de nuevas técnicas de trabajo y la proliferación de los
licenciados en Periodismo salidos de las cada vez más numerosas Facultades de Ciencias de la Información, han sido factores que han incidido en mayor inestabilidad, más bajos salarios, abuso de las distintas figuras de contratos en prácticas y de
aprendizaje, trabajadores que carecen de contrato, largos horarios y degradación general de los derechos de los profesionales de este sector.
El fenómeno tiene incidencia más allá de los profesionales afectados. En efecto, la independencia de los informadores es condición para que éstos ejerzan la función pública al servicio del derecho de los ciudadanos a ser informados. Su
independencia profesional supone una garantía de calidad informativa y un contrapeso al poder de los grandes grupos informativos, cuya titularidad se encuentra cada vez más concentrada.
Difícilmente puede pensarse en un ejercicio con
independencia del periodismo cuando se carece de unos mínimos derechos que aseguren la dignidad e independencia profesional, siempre a servicio del derecho de la ciudadanía a ser informada.
En los países de nuestro entorno es habitual el reconocimiento a los periodistas de una situación estatutaria especial.
España es el único país de la Unión Europea que carece de una regulación de la profesión periodística, a pesar de las recomendaciones hechas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución, aprobada por unanimidad el 1
de julio de 1993, sobre el 'Código Europeo de Deontología del Periodismo', donde, entre otros aspectos, señala en su artículo 14, que:
'Es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas, a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información. En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar las
figuras de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, armonizando las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo.'
Y en su artículo 32:
'Es necesario la elaboración de estatutos de la redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con
independencia de las obligaciones laborales.'
Partiendo del convencimiento de que la independencia de los periodistas es la mejor garantía para el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz y plural, se debe desarrollar un conjunto de facultades que afirme esa independencia
frente al poder político y que procure un equilibrio con la independencia editorial de las empresas informativas.
Está claro que no basta con garantizar un 'pluralismo externo' (pluralidad de empresas informativas) para salvaguardar el derecho de la información a la ciudadanía; es también necesario un 'pluralismo interno' para que el pluralismo social
se manifieste en el seno de las empresas informativas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un proyecto legislativo que regule los derechos de todo periodista profesional en España y que constituya un Estatuto del Periodista Profesional de obligada incorporación en todos los ámbitos de la negociación colectiva de los
sectores de la comunicación.
Dicho Estatuto deberá incorporar derechos y deberes profesionales que garanticen a los ciudadanos su derecho a la información y a la libre expresión, como exige la Constitución, así como un mínimo de derechos laborales de los informadores
para que puedan ejercer sus tareas por encima de presiones de todo orden, sean cuales fueran sus modalidades contractuales.
2. Regular, mediante un Proyecto de Ley, los derechos laborales de los periodistas, en especial de los denominados 'periodistas a la pieza'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2003.-Luis González Vigil, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Medio Ambiente
161/002312
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la aprobación de los planes de emergencia para las presas de la provincia de Granada, catalogadas como del tipo 'A'.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de los planes de emergencia para las presas de la provincia de Granada, catalogadas como del tipo 'A', para su debate en
la Comisión de Medio Ambiente.
Motivación
La directriz básica de planificación de protección civil se aprobó, ante el riesgo de inundaciones, en Consejo de Ministros el día 9 de diciembre de 1994.
Posteriormente la Orden ministerial de 12 de marzo de 1996 aprobó el reglamento técnico sobre la seguridad de presas y embalses, en donde se indica que las presas deben tener un plan de seguridad y emergencia.
Dicha Orden ministerial clasifica las presas en tres categorías dependiendo del riesgo potencial que entrañen, que, de mayor a menor, serían: A, B y C.
El artículo 3.2 de la citada Orden define presa del tipo 'A' a aquellas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños materiales o medioambientales muy
importantes.
En una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista, se señala que en la provincia de Granada se catalogaron 10 presas del tipo 'A' y 3 del tipo 'C'.
En otra respuesta parlamentaria, el Ministerio de Medio Ambiente reconoce que los planes de emergencia deben ser elaborados por el titular de la presa y, en el caso de que la presa sea del tipo 'A', deben estar realizados en un período de
dos años.
A esto hay que añadir que el artículo 4.1 de la mencionada Orden ministerial señala que el titular de la presa sería el responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en todas y cada una de las fases de existencia de la presa, para
lo que habría que disponer de todos los medios humanos y materiales que exige el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Esto supone que en 1999, si se hubiera cumplido con la normativa urgente, el Ministerio de Medio Ambiente debería haber elaborado los planes de seguridad de las 10 presas públicas de su titularidad catalogadas como del tipo 'A'.
No obstante, el Gobierno reconoce, con fecha 23 de mayo de 2003, que aún no ha finalizado ninguno de los planes de emergencia de las presas en la provincia de Granada. Sólo manifiesta que están todas en proceso de licitación.
Respecto a la presa de Rules, la misma respuesta de 23 de mayo de 2003 señala que no se ha iniciado la tramitación administrativa del plan de dicha presa, ya que se encuentra en fase de construcción y, como indica la Orden ministerial, el
plan de emergencia deberá estar elaborado, e implantado previamente, al comienzo de la explotación de la misma.
La conclusión es sin duda evidente. Si no se agiliza el proceso administrativo de los planes de emergencia de las 11 presas granadinas, incluyendo Rules, éstos no estarán aprobados hasta el año 2005, lo que significa un retraso importante,
que deja clara la ineficacia del Ministerio de Medio Ambiente y su nulo interés en invertir en la seguridad de los ciudadanos de Granada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Dotar a las presas de la provincia de Granada, catalogadas como del tipo 'A', de un plan de emergencia en el plazo de seis meses, como recoge la Orden ministerial de 12 de marzo de 1996, contando con un número suficiente de profesionales
para que se actúe de forma inmediata ante cualquier eventualidad y se realicen las labores de mantenimiento preventivo de mayor envergadura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-Francisca Pleguezuelos Aguilar, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA
DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000227
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluirla en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente, así como publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Eusko Alkartasuna, doña Begoña Lasagabaster Olazábal, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción como consecuencia de la interpelación
urgente sobre la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura para debatir en el Pleno de la Cámara.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Facilite el acceso a todos los medios materiales (documentos históricos, archivos, etc.), de los que dispone y dependen de la Administración Central para ayudar a los familiares de las víctimas a la búsqueda e identificación de sus seres
más queridos.
2. Destine medios materiales y humanos necesarios en los archivos y organismos dependientes de la Administración Central para las labores relativas a la búsqueda e identificación de los desaparecidos, fusilados y ejecutados durante la
Guerra Civil y la dictadura.
3. Exija a todas las fundaciones de carácter privado que reciben subvenciones públicas, entre ellas a la Fundación F. Franco, el acceso inmediato de todos los familiares de víctimas del franquismo, organizaciones relacionadas con la
recuperación de la memoria histórica que investiguen el paradero de las personas desaparecidas, a los investigadores e historiadores que necesitan información de esos archivos para localizar a los desaparecidos, fusilados y ejecutados durante la
Guerra Civil y la dictadura.
4. Exija a la Fundación F. Franco el traspaso inmediato de todos los documentos y archivos de los que dispone, que no sean relativos al ámbito privado del dictador, a las Administraciones públicas correspondientes.
5. Colabore de forma activa con todas las administraciones implicadas en esta cuestión para poder devolver lo antes posible la dignidad que merecen los familiares de las víctimas de estos fusilamientos.
6. Tramite las solicitudes de expedientes oportunos efectuadas por las víctimas del franquismo o sus familias para poder acceder a ayudas concedidas por otras administraciones.
7. Proceda a aprobar planes de ayudas a víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista similares a los aprobados y aplicados por otras administraciones.
8. Dé cumplimiento a la solicitud recogida en la 'Proposición no de Ley de mejora de las pensiones asistenciales y la asistencia sanitaria que perciben 'nuestros niños de la guerra' residentes en la antigua URSS', presentada en el Congreso
de los Diputados el 13 de marzo del 2003 por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (CiU), Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto (BNG, PA, ERC, ICV, EA y CHA) y a la que se adhiere el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con
número de registro 123065 y en la que se instaba al Gobierno a que:
'De acuerdo con el artículo 7, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normativa de desarrollo, adopte las medidas que permitan que nuestro
sistema de protección público se extienda a todos los españoles, sea cual sea el país en el que residan, garantizándoles la cobertura de sus necesidades mínimas.
A tal fin, y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles, deberá modificar el coeficiente a aplicar a las
Repúblicas que componían la extinta URSS, con el fin de asegurar el nivel de suficiencia de las prestaciones que reciben nuestros nacionales que allí residen, especialmente, 'nuestros niños de la guerra', las cuales deberán alcanzar el 100 por 100
de la pensión no contributiva. Asimismo, deberá adoptar las medidas que les garanticen la asistencia sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2003.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-José Núñez Castaín, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000228
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre política en materia de vivienda.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluirla en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente moción consecuencia de
interpelación urgente, sobre política en materia de vivienda.
Motivación
Tras la Interpelación sobre política de Suelo y Vivienda, ha quedado patente que el Gobierno del Partido Popular no va a modificar ninguno de los presupuestos en que se basa su actual política de vivienda y suelo, y que, muy al contrario, se
reafirma en continuar con lo hecho hasta ahora, obviando todo tipo de elementos y datos que, sobre el progresivo incremento de los precios del suelo y la vivienda, existen y están contrastados con los datos del propio Gobierno y de organismos e
instituciones relacionadas con este sector de la construcción.
El Gobierno, atento de una manera exclusiva a contabilizar solo el número de viviendas que se construyen y a darle a las mismas, únicamente, un valor económico, sin entrar en la consideración de estimar la vivienda como un derecho al que
pueden acceder todas las/los ciudadanos españoles, ve cumplida su política de vivienda con el diseño y puesta en práctica de un Plan de Vivienda 2002-2005, que está resultando exiguo en sus objetivos y financiación, y a través del cual maquilla la
cobertura de las necesidades de la sociedad española, sin estimar que el incremento progresivo de los precios de suelo y vivienda obedece a otro tipo de causas más estructurales sobre las que sus propuestas de reformas normativas no han tenido ni
tienen ninguna repercusión, sino que muy al contrario están fomentando la especulación.
Para el Gobierno, el que el valor del suelo tenga una repercusión del 50 por 100 en el precio final de la vivienda, el que, por ejemplo, los ciudadanos de Madrid tengan que destinar 59 euros de cada 100 de su renta familiar monosalarial a
sufragar los gastos de su vivienda, que deban destinar, estos mismos ciudadanos, 11 años de salarios a adquirir una vivienda, o que deban pagar 210.354 euros (35.000.000 antiguas pesetas) para acceder a un piso de 90 metros cuadrados, no es motivo
de preocupación esencial.
Tampoco es motivo de preocupación especial para este gobierno popular el escaso porcentaje de viviendas en alquiler o que salgan al mercado del alquiler ese volumen inmenso de viviendas vacías que actualmente existe, para hacer frente a las
necesidades de muchos jóvenes o de muchas familias de bajas rentas, monoparentales, etc., que mediante una correcta política de alquileres, fijando unos precios que no excedieran de un tercio de sus rentas, podrían acceder a una vivienda digna, tal
y como prevee el artículo 47 de nuestra Constitución.
Esta situación, en la que la especulación camina sin impedimento alguno y frente a la cual el Gobierno se muestra comprensivo y tolerante, ha de corregirse de manera decidida y por ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
1. Modificar el sistema de valoraciones del suelo, mediante la elaboración del correspondiente Proyecto de Ley, basado en el valor de reposición del suelo y no en el de mercado a fin de evitar los fenómenos de especulación del suelo, dando
con ello cumplimiento al artículo 47 de nuestra Constitución.
2. Concertar con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos la constitución de Patrimonios Públicos de Suelo, a los que se incorporarían los suelos públicos existentes en los Ministerios de Defensa, Fomento, Hacienda, etc., a fin de
destinar preferentemente los mismos a la promoción de viviendas protegidas, tanto en régimen de venta como en alquiler para jóvenes, familias con escasos recursos, monoparentales, etc.
3. Fomentar la adopción de las medidas necesarias para ir consiguiendo que el esfuerzo que las familias españolas deben hacer para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler no supere un tercio de sus rentas.
4. Incrementar hasta un 5,7 por 100 en los PGE para 2004 respecto de 2003, el gasto directo en vivienda que debe llevar a cabo el Ministerio de Fomento, con la finalidad de elaborar un Plan de Choque que complemente el actual Plan de
Vivienda 2002-2005.
5. Creación de un Parque Público de Viviendas en alquiler, destinadas a jóvenes en primer acceso y a familias con escasos recursos.
6. Establecer una serie de medidas fiscales que coadyuven en el objetivo de acceder a una vivienda digna, significando entre otras, la desgravación del coste del alquiler al inquilino, la introducción de un IVA superreducido para las
viviendas protegidas o la ayuda fiscal a propietarios de viviendas de renta antigua con inquilinos de menores ingresos, como preveía la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2003.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000229
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre criterios del Gobierno en política tributaria.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluirla en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre criterios del Gobierno en política tributaria.
'El Congreso de los Diputados compartiendo la necesidad de seguir avanzando en el proceso de simplificación fiscal y de modernización y armonización del régimen fiscal, con el objetivo de alcanzar un crecimiento estable y equilibrado de la
economía española, y sin que ello suponga un perjuicio para la suficiencia de recursos de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales, insta al Gobierno a:
1. Promover una reforma del Impuesto sobre Sociedades en el que se contemplen, entre otras, las medidas siguientes:
a) La ampliación de 6 a 10 millones de euros del límite de facturación que da derecho a la aplicación del régimen especial de tributación para las empresas de reducida dimensión.
b) La ampliación de la base imponible a la que le es de aplicación el tipo reducido del 30 por 100 en el régimen de empresas de reducida dimensión.
c) La implantación en el régimen especial de empresas de reducida dimensión de la deducción por inversión en activos fijos.
d) La incorporación de un tipo reducido de tributación, no superior al 25 por 100, para las microempresas.
e) La incorporación de un tipo reducido de tributación para los beneficios no distribuidos de las pequeñas empresas.
2. Impulsar las modificaciones legales y reglamentarias oportunas en la regulación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a fin de:
a) Ampliar de 4 a 7 el período de años en los que las cantidades que se depositen en cuentas de entidades de crédito destinadas a las primeras adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, tienen el carácter deducible en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Reintroducir la deducción de las cantidades satisfechas por alquiler de vivienda habitual.
c) Suprimir la aplicación del tipo fijo de retención para las retribuciones percibidas por los administradores y miembros de los Consejos de Administración de pequeñas y medianas empresas, equiparándolas al régimen general establecido para
las rentas de trabajo.
d) Posibilitar que un contribuyente pueda imputarse la totalidad de las reducciones por número de hijos para el cálculo del sistema de retenciones a cuenta del Impuesto, previa renuncia expresa del cónyuge.
3. Reducir el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios de electricidad, gas y agua, especialmente en relación a los bloques de consumo básicos para las economías domésticas.
4. Remita a esta Cámara un proyecto de ley por la que se proceda a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y se contemple las correspondientes compensaciones económicas para las Comunidades Autónomas,
con la finalidad de que la supresión de dicho Impuesto no suponga un perjuicio para las mismas y garantice su autonomía y suficiencia financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia e Interior
181/003907
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Blanco Terán, Rosa Delia (GS).
Planes para combatir la inseguridad en Madrid capital.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior.
Diputada doña Delia Blanco Terán.
Texto:
¿Cuáles son los planes específicos para combatir la inseguridad en Madrid capital, cuyas cifras ascienden en septiembre de este año a 86 muertes violentas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2003.-Delia Blanco Terán, Diputada.
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
181/003900
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Resultados reales en lo que se refiere a la creación de la nueva Filmoteca Nacional y al Centro de Conservación y Restauración en la Ciudad de la Imagen.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿Cuáles han sido los resultados reales en lo que se refiere a la creación de 'la nueva Filmoteca Nacional y el Centro de Conservación y Restauración en la Ciudad de la Imagen'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
181/003901
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Impulsos dados a la promoción de actividades escénicas en los centros educativos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿Cuáles han sido los impulsos concretos dados a la 'promoción de actividades escénicas en los centros educativos'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
181/003902
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Resultados de la innovadora política de fomento para la creatividad musical y teatral tenga cauces favorables para su expansión y para que se amplíen las instalaciones en este ámbito.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿Cuáles han sido los resultados de la 'innovadora política de fomento para que la creatividad musical y teatral tenga cauces favorables para su expansión y para que se amplíen las instalaciones en este ámbito'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
181/003903
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Evaluación cuantitativa de los programas de promoción de la lectura.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿Cuál es la evaluación cuantitativa de los programas de promoción de la lectura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
181/003904
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Resultado del ambicioso programa de proyección exterior de la cultura de España durante la VII Legislatura.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿En qué se ha concretado a lo largo de la legislatura el 'ambicioso programa de proyección exterior de la cultura de España'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
181/003905
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Apertura de los museos estatales los domingos por la tarde.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿Abren los museos estatales los domingos por la tarde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
181/003906
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Leguina Herrán, Joaquín (GS).
Fórmulas de colaboración con las entidades privadas para desarrollar programas culturales durante la VII Legislatura.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado preguntante y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Diputado don Joaquín Leguina Herrán.
Texto:
¿Cuáles han sido a lo largo de esta legislatura las 'fórmulas de colaboración con entidades privadas para desarrollar programas culturales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2003.-Joaquín Leguina Herrán, Diputado.
Comisión de Infraestructuras
181/003897
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Durán Sánchez, Inmaculada (GS).
Fecha prevista para la puesta en servicio de la autovía entre Córdoba-Antequera.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras.
Diputada doña Inmaculada Durán Sánchez.
Texto:
La carretera nacional 331 que une las provincias de Córdoba y Málaga es una de las vías de más siniestralidad de nuestro país, con el luctuoso balance de casi 800 accidentes, con 866 heridos y 69 muertes, de las que 16 se han producido este
año.
El tramo Córdoba-Antequera tiene proyectadas obras de desdoblamiento cuya finalización se había previsto para el 2005, un plazo que, a todas luces y a la vista de la obra ejecutada, no podrá cumplirse con el consiguiente perjuicio para los
ciudadanos y poblaciones de su entorno y para el desarrollo social y económico de la zona sur de Córdoba que es una de las más dinámicas y con mayor densidad de población de Andalucía.
¿Cuál es la fecha prevista para la puesta en servicio de la autovía entre Córdoba-Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2003.-Inmaculada Durán Sánchez, Diputada.