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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 583, de 15/09/2003
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de septiembre de 2003
Núm. 583
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores. Cese ... (Página 3)
Nombramiento ... (Página 3)
Personal eventual como Asistente para la atención de la Presidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nombramiento ... (Página 3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la retirada de las tropas españolas de Irak e iniciativas para la devolución de la soberanía a este país ... (Página 3)
162/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cierre de las factorías del Grupo Altadis en Tarragona, Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz ...
162/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes en relación con la extradición solicitada por los tribunales de cuarenta personas en Argentina, como consecuencia de estar procesadas
por delitos de genocidio, terrorismo y torturas ... (Página 6)
162/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Industrial del Grupo Altadis (antigua Tabacalera) ... (Página 7)
162/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Plan Integral para la prevención y atención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud de las personas ...
162/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella ... (Página 10)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la retirada de las tropas españolas de Irak e iniciativas para la devolución de la soberanía a este país ... (Página 11)
Comisión de Justicia e Interior
161/002263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz) ...
(Página 12)
Comisión de Defensa
161/002265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al futuro de la Capitanía de Ferrol (A Coruña) ...
(Página 13)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/002262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la realización de un embalse para riegos en la Sonsierra Riojana ... (Página 14)
161/002267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para paliar los daños por la ola de calor en el sector agrario ... (Página 15)
Comisión de Infraestructuras
161/002237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modernización y la seguridad del servicio público de las carreteras ... (Página 16)
161/002268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para ampliar el servicio ferroviario de la estación de Ulldecona
(Tarragona), y restituir la venta de billetes en esta estación ... (Página 18)
Comisión de Política Social y Empleo
161/002244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz pertenecientes al Grupo Altadis. Corrección de error ...
161/002266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Industrial del Grupo Altadis (antigua Tabacalera) ... (Página 19)
Comisión de Medio Ambiente
161/002247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética. Pasa a tramitarse ante el Pleno
de la Cámara ... (Página 20)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/003818 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre previsiones acerca de las actividades que va a desarrollar la Oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional instalada en Bagdad (Irak)
... (Página 20)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien disponer el cese, con efectos de 31 de agosto de 2003, de D.ª Ximena Bartolomé Tocino como personal eventual en el cargo
de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2003.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
299/000004
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 17 de mayo de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña
Katerina Bartolomé Tocino, a propuesta del Excmo.
Sr. D. Jesús María Posada Moreno, con efectos de 1 de septiembre de 2003 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2003.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
299/000004
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 12 de febrero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña
Cristina García Navascués, a propuesta del Excmo.
Sr. D. José Cruz Pérez Lapazarán, con efectos de 10 de septiembre de 2003 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000802
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la retirada de las tropas españolas de Irak e iniciativas para la devolución de la soberanía a este país.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P.D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados Francisco Rodríguez Sánchez, Guillerme Vázquez Vázquez y Carlos Aymerich Cano (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente proposición no de ley, relativa a retirada de las tropas españolas de Irak e iniciativas para la devolución de la soberanía a este país, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La ocupación de Irak por los ejércitos de la coalición que lo atacó, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, contra las normas más elementales del derecho internacional, está resultando dramática y mucho peor que la guerra. El Gobierno
del Estado español participó, entusiasta, en la agresión dando crédito a burdas patrañas: el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva, amparaba el terrorismo internacional y constituía per se una grave amenaza, como integrante de un eje
del mal.
Eran los diseños de Estados Unidos para controlar una zona vital desde un punto de vista estratégico, sea en el terreno energético, político o militar. Ni la ONU dio cobertura legal a tan descarada campaña agresiva, con fines
neocolonialistas. El Gobierno de España se limitó a repetir, como un eco, lo que ordenaban desde el Departamento de Estado norteamericano y desde el Pentágono. Daba igual que los inspectores de la ONU no pudiesen certificar las mentiras y
patrañas. La decisión estaba tomada de antemano; era vital para los intereses y diseños de dominio mundial de los Estado Unidos. No es de extrañar que el comportamiento del Gobierno fuese indigno cuando algún nacional, como el periodista José
Couso, murió por disparos de un carro de combate norteamericano contra el Hotel Palestina en Bagdad, y aceptó un informe del Pentágono en el que se afirmaba que los disparos fueran en defensa propia, en contradicción y oposición con los testigos
civiles.
Al llegar la ocupación, España se apuntó solícita a enviar tropas, en una escalada de compromiso con las principales potencias ocupantes. Murieron ya más soldados que en la contienda y, por supuesto, el pueblo iraquí sigue siendo atacado
sin contemplación por un ejército que primero dispara y después pregunta. Legítimamente, el pueblo iraquí ha comenzado una resistencia contra la ocupación, lo que, además de lógico, está amparado por el derecho internacional. Es la respuesta a
favor del principio de soberanía, no injerencia y derecho al control de las propias riquezas. La situación es tan caótica y falta de legitimidad que ningún sector de la sociedad iraquí quiere dar anuencia a la presencia de tropas extranjeras; el
odio y la oposición popular contra el procónsul, sus ejércitos y los que los justifican, van en aumento. La única salida es que, con presencia exclusiva de la ONU, y fuerzas bajo su mando, un Gobierno iraquí de concentración y transición convoque
elecciones libres, cuanto antes, que devuelvan la soberanía plena al país. Urge, pues, que el Gobierno español retire sus tropas de Irak, para no colaborar con una ocupación neocolonial, que tome iniciativas para que se devuelva cuanto antes la
soberanía al país, contando con la exclusiva presencia de la ONU y que rectifique sus posiciones para no contribuir a la imposición por la fuerza de un orden internacional injusto, contrario a los principios más elementales del derecho.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar las tropas españolas de Irak para no colaborar a la ocupación ilegítima de un país, contra la opinión, los derechos y los intereses de sus habitantes, y para no violar su derecho a la soberanía y al control de las propias
riquezas, dejando así de contribuir a la aplicación de un diseño neocolonial de graves consecuencias para el pueblo iraquí, para el próximo oriente y la humanidad.
2. Iniciar gestiones, y posicionarse internacionalmente, para que, bajo los auspicios de la ONU, se abra un periodo de transición lo más breve posible en Irak, contando con los representantes de todas las corrientes ideologicopolíticas, que
conduzca a unas elecciones libres para restaurar plenamente su soberanía, sin injerencias y sin presencia de tropas extranjeras.
3. Promover una investigación independiente que aclare los casos oscuros de muertes de ciudadanos españoles en Irak por causa de la ocupación militar, y especialmente la del periodista José Couso, alcanzado por tiros de un tanque contra el
Hotel Palestina en Bagdad, justificados por el Pentágono como defensa propia, mientras realizaba su labor profesional.
4. Mantener en el seno de la UE posiciones políticas favorables a la paz mundial, a la autonomía política y militar respecto de los Estados Unidos, y al derecho de autodeterminación de los pueblos, y consecuentemente a una solución de los
problemas de Oriente Próximo desde esta perspectiva'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Guillerme Vázquez Vázquez, y Carlos Aymerich Cano, Diputados.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000803
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre el cierre de las factorías del Grupo Altadis en Tarragona, Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión
en el Pleno, una Proposición no de Ley sobre el cierre de las factorías del Grupo Altadis en Tarragona, Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz.
En abril de 1998, el Estado se desprendió de la participación mayoritaria que poseía en el capital de Tabacalera, S. A., en uno de los procesos de privatización de las empresas públicas del SEPI. Posteriormente en octubre de 1999,
Tabacalera S.A. absorbió a la sociedad francesa Seita, antiguo monopolio francés del tabaco, constituyendo el grupo Altadis.
Actualmente el Estado mantiene una participación de aproximadamente el 2 por 100 del capital de la multinacional y, en
tanto la propiedad sobre Tabacalera viene derivada de una privatización, el Ejecutivo central tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en este proceso, especialmente los acuerdos relacionados con el
mantenimiento de los puestos de trabajo.
Altadis finalizó el año pasado un plan de reestructuración, anunciado a finales del año 2000, para ajustar la actividad tras la fusión de la española Tabacalera y la francesa Seita. El proyecto, que afectaba a 2.400 trabajadores, suponía el
cierre de ocho fábricas (A Coruña, Alicante, Gijón, Madrid, Málaga, San Sebastián, Santander y Valencia) y la apertura de dos centros (Alicante y Cantabria).
Sin embargo, y a pesar de lo reciente de este plan de reestructuración, a finales del mes de julio, la empresa Altadis ha anunciado su voluntad de realizar una nueva reestructuración en algunos de sus centros productivos de España y Francia.
El nuevo reajuste del mapa industrial del grupo en España, supondrá la supresión de 743 empleos directos y un número indeterminado de puestos indirectos en empresas auxiliares en sus áreas de influencia territorial.
Según el plan de Altadis, a mediados del año 2005 prevé el cierre de su factoría en Tarragona, donde actualmente trabajan unas 250 personas, trasladando su producción a Logroño. La fábrica de Sevilla cesará su producción de tabaco negro a
principios del 2005 y trasladará su actividad a Alicante. El taller de cigarros de Cádiz también cerrará y trasladará, en el primer trimestre del 2004, a la fábrica de Cantabria, que también ajustará su plantilla.
El cierre unilateral de estas fábricas históricas tiene una importante repercusión territorial y social. En efecto, el centro de Tarragona abrió las puertas en 1932 y en él se fabrican unos 260 millones al año de paquetes de tabaco y
cigarrillos para la exportación. En Sevilla la tradición de las fábricas de tabaco se remonta a la construcción de la primera fábrica de tabacos en 1620 y en 1758 se inauguró la Real Fábrica de Sevilla, la mayor fábrica de tabacos del mundo hasta
mitad del siglo XIX.
Se da la circunstancia que el anuncio de la reestructuración, se ha hecho público tras conocerse los resultados de la empresa referidos al primer trimestre del año, que mostraban un crecimiento de las ventas del 6,4 por 100, un incremento
del beneficio de explotación del 10 por 100 y con un beneficio por acción un 7,1 por 100 superior al del mismo período del año 2002.
Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el anuncio del cierre de la planta de Altadis en Tarragona, Sevilla y Cádiz, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, en una coyuntura de crecimiento de los beneficios de
la empresa, no se corresponde con el comportamiento que cabría esperar de una empresa que, hasta hace pocos años, era de titularidad pública y gestionaba el monopolio del tabaco.
Por ello, la intención de la empresa Altadis de cerrar estos centros
no resulta aceptable ni justificable económicamente y socialmente, puesto que cabe recordar
que el anuncio para proceder a esta nueva reestructuración se ha llevado a cabo por parte de la empresa sin haber negociado previamente con los representantes de los trabajadores.
Ciertamente en los casos de conflicto en empresas de ámbito superior a la Comunidad Autónoma, el control administrativo sobre los despidos colectivos previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores corresponde al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y, en el caso de falta de acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, corresponderá al Ministerio de Trabajo la valoración de la procedencia o no de las medidas de regulación de empleo en función de
la concurrencia de las causas que legalmente pueden justificarlas. Sin embargo, la incidencia territorial que puede tener el cierre de la planta de Tarragona sobre el empleo de dicha zona, hace aconsejable que se tenga en cuenta la opinión del
Gobierno de Catalunya, el cual ha manifestado públicamente su posición contraria a los cierres de las plantas de Altadis, al igual que lo han hecho las autoridades locales de Tarragona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Manifestar la oposición al cierre de las factorías de Altadis en Tarragona, Sevilla y Cádiz.
2) Realizar todas las acciones necesarias para que Altadis se replantee estos cierres, promoviendo el diálogo con los trabajadores, y en su caso, buscando las soluciones que lo impidan, o que minimicen las consecuencias
3) No autorizar el expediente de regulación de empleo anunciado por el grupo Altadis sin la existencia previa de un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa.
4) Que en el caso de ser necesaria una decisión acerca de la resolución del expediente de regulación de empleo que afecta la factoría de Altadis en Tarragona, atribuya las competencias para la resolución del mismo a la autoridad laboral de
la Comunidad Autónoma de Catalunya o, alternativamente, ratifique la propuesta que eleve la Consejería de Trabajo de la Generalitat al Ministerio de Trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
162/000804
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes en relación con la extradición solicitada por los tribunales de cuarenta personas en Argentina, como consecuencia de estar procesadas por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre medidas urgentes en relación con la extradición solicitada por los tribunales de cuarenta personas en Argentina, como consecuencia de estar procesados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas para su debate en el Pleno de la
Cámara.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros del 29 de agosto abordó las propuestas de extradición contenidas en los Autos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de 19 y 20 de agosto, en relación con cuarenta personas en Argentina,
como consecuencia de estar procesados por los hechos descritos en la resolución que integran presuntamente los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
El Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, hecho en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, prevé, en el artículo 11, como causa que denegar la extradición la de que
'fueren competentes los tribunales de la Parte requerida, conforme, a su propia Ley, para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición'.
El Gobierno, invocando inadecuadamente tanto este precepto, que permitiría, en todo caso, a la Parte requerida -en este caso, la República Argentina- rechazar la solicitud española, como la anulación de las Leyes denominadas de Punto Final y
Obediencia Debida, decidió no continuar el procedimiento de extradición activa, con el fin de permitir que la República Argentina ejerciera la competencia que le corresponde, solicitando a las Autoridades de ese país que pusieran en conocimiento de
las españolas 'la culminación del procedimiento administrativo y judicial en curso, manteniendo hasta entonces la situación de estas personas a disposición efectiva de la Justicia'.
Como consecuencia de esta decisión, y de la finalización del plazo para hacer efectiva la solicitud de extradición tras la detención, la justicia argentina ha puesto en libertad a los acusados de cometer los delitos de terrorismo, genocidio
y torturas durante la dictadura militar argentina que se encontraban detenidos a instancia de los tribunales españoles, lo que pone en peligro su efectiva puesta a disposición de la justicia.
El artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que el Gobierno puede interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en virtud de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y a la vista de la puesta en libertad en la República Argentina de las personas detenidas a
instancia del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional como consecuencia de estar procesados por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cuya extradición decidió no solicitar con el fin de permitir que la
jurisdicción argentina ejerciera su propia competencia, interese de forma urgente del Fiscal General del Estado que adopte las actuaciones que sean necesarias para instar de nuevo judicialmente la correspondiente propuesta de extradición de estas
personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2003.-Diego López Garrido, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000805
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el Plan Industrial del Grupo Altadis (antigua Tabacalera).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados.-Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el plan industrial del Grupo Altadis (antigua Tabacalera), para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La justificación del Gobierno del PP para proceder a la privatización de la empresa Tabacalera fue darle estabilidad al empleo, es decir, para mantener el empleo existente en aquel momento y garantizar así el futuro de todas las factorías.
Cuando en 1998 el Gobierno del PP realizó la privatización de Tabacalera, la plantilla era de 6.720 trabajadores. En la actualidad, la plantilla de Altadis más Altadis Logística es de 4.903 empleados. Es evidente que
las justificaciones del Gobierno del PP eran totalmente falsas.
A 31 de diciembre de 2000, la plantilla de Altadis era de 6.354 trabajadores y la empresa presentó un expediente para realizarse en el período 2001-2002 que supuso el cierre de las factorías de A Coruña, Gijón, San Sebastián, Valencia,
Alicante y Santander (aunque en Santander y Alicante se construyeron fábricas nuevas), y se eliminaron 1.451 puestos de trabajo; además, el expediente supuso el traslado de trabajadores de unas factorías a otras, en distintas provincias.
El pasado mes de julio, la empresa ha planteado a los comités de empresa y los sindicatos un plan industrial en el que se prevén cierres de factorías, traslado de plantillas de unos centros a otros. En concreto, se plantea el cierre de
Sevilla, principalmente, Cádiz y Tarragona.
La factoría de Tarragona tiene en la actualidad 250 trabajadores y realiza una producción muy variada, siendo en estos momentos una fábrica rentable, motivo por el cual no se entiende la pretensión de la empresa de cierre de la factoría y el
traslado de la producción a la planta de Logroño.
Los cuantiosos beneficios del Grupo Altadis hacen totalmente injustificada la pretensión del cierre de factorías y reducción de plantillas. Creemos que el Gobierno debe desarrollar medidas que impidan el cierre indiscriminado de plantas
industriales, que está generando la desertización industrial en algunas zonas.
La planta de Tarragona tiene una plantilla que, en su mayoría, son mujeres en edades comprendidas entre los treinta y los cuarenta y cinco años, madres de familia, lo que hace imposible su traslado a Logroño, pues supondría la división de la
familia entre Tarragona y Logroño, cosa inadmisible.
Nuestro mercado laboral tiene, entre otros problemas, la baja tasa de actividad de la mujer. especialmente las mujeres casadas. Se hacen leyes y medidas para incorporar a la mujer al mercado laboral y que esta incorporación sea compatible
con la maternidad, por ello, lo que plantea Altadis sobre el cierre de Tarragona y trasladar a las trabajadoras a Logroño no puede autorizarse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar cualquier expediente que, como consecuencia del Plan Industrial 2003-2005 presente la empresa Altadis y en consecuencia, no autorice el expediente de regulación de empleo anunciado sin el acuerdo de los trabajadores.
2. Tomar las medidas necesarias para que se mantenga la actividad en el centro de Altadis de Tarragona, y/o en su caso, traslade la competencia del mismo a la Generalitat de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2003.-Isabel López i Chamosa y Xavier Sabaté Ibarz, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000806
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la elaboración de un Plan Integral para la prevención y atención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud de las personas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la elaboración de un Plan Integral para la prevención y atención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud de las personas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante las últimas semanas y a través de los medios de comunicación social, se ha tenido conocimiento de las graves consecuencias que, para la salud de muchas personas, ha tenido el incremento de temperatura propio de la reciente ola de
calor.
Desde el punto de vista epidemiológico, hace ya mucho tiempo que se conocen los efectos que tienen sobre la salud las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío. Los ancianos, los niños, las personas con enfermedades crónicas o
aquellas con problemas de movilidad que implican una situación de dependencia de otras, son los grupos más susceptibles de sufrir estos efectos.
Este verano, ha sido evidente el incremento de la demanda asistencial en los servicios de urgencia a causa de las temperaturas extremas, haciéndose eco los medios de comunicación social durante las últimas fechas. El hecho de coincidir con
las alarmantes noticias provenientes de Francia, ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos, hecho ante el cual el Gobierno ha reaccionado con notable pasividad.
En nuestro país y a juicio de muchos expertos, profesionales y sociedades médicas, las inusuales temperaturas registradas han condicionado el agravamiento de patologías presentes en pacientes crónicos lo que habría condicionado el aumento
extraordinario de los fallecimientos.
En estas semanas, el Gobierno se ha mostrado incapaz de ofrecer un diagnóstico adecuado y creíble sobre lo ocurrido y sobre el número de personas afectadas, así como de proporcionar una respuesta preventiva eficaz, con capacidad de alertar a
los ciudadanos de las consecuencias de la ola de calor y de ofrecer los consejos necesarios para evitar los efectos devastadores del calor en las personas más débiles y enfermas de la sociedad.
De hecho, las informaciones iniciales apuntan a que la mayor parte de los fallecimientos ocurridos por esta causa, han afectado a personas mayores y pacientes dependientes que forman parte de un colectivo social cada vez más amplio en
España; muchos de los afectados han resultado ser ancianos que vivían en soledad y que hubiesen requerido disponer de un apoyo social amplio y eficaz.
Pero en realidad, lo que esta crisis ha puesto de manifiesto, es la falta de previsión del Gobierno ante una ola de calor conocida y anunciada por Protección Civil, cuyas consecuencias sobre la salud de miles de personas se han hecho
patentes ante la pasividad, tanto del Ministerio de Sanidad y Consumo (responsable de la salud de los ciudadanos), como del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (responsable de la atención y el apoyo social a los dependientes).
Al mismo tiempo, la incapacidad del Gobierno para ofrecer información fiable, objetiva y rápida de esta problemática, pone en evidencia diversos fallos en el funcionamiento de los servicios estadísticos del Estado, que contribuyen a generar
una sensación de indefensión y desconcierto impropia de un país desarrollado.
Esta ola de calor ha puesto de manifiesto numerosas insuficiencias en la capacidad de prevención del Gobierno y en la adopción de medidas de apoyo social a muchos ancianos y pacientes dependientes, que forman parte de un colectivo cada vez
más numeroso en nuestro país.
En definitiva, no se adoptaron las medidas preventivas necesarias y oportunas ante los riesgos conocidos de la ola de calor, ni tampoco se ha tenido la capacidad de disponer de información estadística fiable y de forma rápida.
La próxima llegada del invierno y la consecuente posibilidad de frío extremo, hace temer la posibilidad de consecuencias similares y por lo tanto negativas para la salud de los grupos de población más débiles y especialmente los expuestos
por enfermedades crónicas.
A diferencia de lo que ha sucedido este verano, es preciso garantizar que este tipo de situaciones se afronten desde una planificación adecuada de los recursos asistenciales y de los apoyos necesarios, de forma que se pueda realizar
eficazmente, tanto la prevención como la asistencia.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas:
Un 'Plan Integral para la prevención y atención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud de las personas'. Dicho Plan deberá contemplar:
a) Las medidas sanitarias de carácter preventivo y asistencial adecuadas, para responder eficazmente a las necesidades específicas derivadas de las consecuencias del calor o el frío extremos, de los diversos colectivos sociales especialmente
expuestos: Ancianos, personas con enfermedades crónicas, personas dependientes y población infantil.
b) Las medidas de apoyo social necesarias para que los colectivos sociales dependientes dispongan de una atención especial en estas situaciones de emergencia.
c) Las medidas informativas precisas para que la población conozca la evolución de este tipo de situaciones excepcionales y reciba los consejos adecuados para afrontarlas eficazmente, previniendo y evitando los efectos nocivos de las
temperaturas extremas.
d) La revisión y mejora de los sistemas de registro, para poder disponer con la rapidez necesaria, de estadísticas fiables, objetivas y accesibles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2003.-Consuelo Rumí Ibáñez y Alfredo Arola Blanquet, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000807
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la situación en el Ayuntamiento de Marbella.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la situación en el Ayuntamiento
de Marbella, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Marbella es gobernado desde 1991 por el Grupo Independiente Liberal (GIL), con mayoría absoluta, siendo su Alcalde hasta el año 2001 Jesús Gil. A partir de esa fecha, y como consecuencia de la condena al regidor citado a
la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público mediante sentencia firme, la Alcaldía ha sido ocupada por el hasta entonces Primer Teniente de Alcalde Julián Muñoz Palomo.
Durante la década de los 90, el desarrollo del turismo en Marbella ha ido acompañado de la aparición de graves irregularidades en la gestión municipal, tanto en materia urbanística como de cumplimiento de obligaciones con el Estado, y
mediante la creación de múltiples sociedades mercantiles participadas. Esta situación caótica llevó al Tribunal de Cuentas en el 2001 a emitir un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y de las sociedades mercantiles participadas por
el mismo, que abarcaba los ejercicios 1990 a 1999.
Consecuencia del citado informe, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó la Resolución de 14 de marzo de 2001, en la que se acordaba: expresar su más profunda condena al equipo de gobierno de la ciudad de
Marbella por las deficiencias, irregularidades e incumplimientos de las normas legales, encomendar al Tribunal de Cuentas la elaboración de un nuevo informe de fiscalización hasta el 2001, instar al Gobierno para que el Fiscal General del Estado
promoviera las acciones pertinentes para la exigencia de responsabilidades penales, remitir este informe a la Fiscalía Anticorrupción, solicitar el embargo preventivo de los bienes de los iniciados en responsabilidad contable, así como la
intervención de las sociedades municipales dependientes de dicho Ayuntamiento.
Otro ámbito en el que se han planteado numerosas irregularidades ha sido el del urbanismo, con constantes enfrentamientos con la Junta de Andalucía en materia de interpretación del planeamiento aplicable a la ciudad, con frecuentes casos de
concesión de licencias ilegales y con la celebración de convenios con empresas particulares que han dado lugar a múltiples conflictos jurídicos.
Tras la remisión del Informe de Fiscalización a la Fiscalía Anticorrupción, ésta interpuso el 2 de abril de 2003 una querella contra el ex Alcalde de Marbella Jesús Gil, y contra otras 34 personas, entre ellas el hasta ahora Alcalde Julián
Muñoz, la nueva Alcaldesa María Soledad Yagüe y el nuevo Teniente de Alcalde Carlos Fernández, todos ellos Concejales de su grupo en diversos periodos en el Ayuntamiento de dicha localidad, por una presunta defraudación equivalente a más de 90
millones de euros. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los hechos son constitutivos de delitos continuados de prevaricación, malversación, contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública, y la investigación corresponde a la Audiencia
Nacional, dada la extraordinaria magnitud económica, tanto respecto de los caudales públicos, cuyo destino no está justificado, como de los debidos a la Seguridad Social.
El pasado 13 de agosto, Andalucía ha vivido uno de sus episodios políticos más lamentables, desde que se instauró la democracia en España. Los ciudadanos han tenido que asistir a una bochornosa Moción de Censura en Marbella, por las formas
y por los métodos, apenas dos meses después de que se constituyera el Ayuntamiento tras las Elecciones Municipales del 25 de mayo.
Todo ello ha abierto un debate sobre la posible situación de excepcionalidad en la que pudiera encontrarse el Ayuntamiento de Marbella y la eventual aplicación del artículo 61 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, donde con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, o a solicitud de este, y previo acuerdo favorable del Senado, el Consejo de Ministros podrá disolver los órganos de las Corporaciones Locales.
Sin embargo, desde el Grupo Popular entendemos que antes de cualquier decisión es imprescindible contar con un análisis riguroso sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un informe sobre la situación del Ayuntamiento de Marbella, y en que forma puede afectar esta realidad al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la gestión de los
intereses generales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002261
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la retirada de las tropas españolas de Irak e iniciativas para la devolución de la soberanía a este país.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
retirada de las tropas españolas de Irak e iniciativas para la devolución de la soberanía a este país, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La ocupación de Irak por los ejércitos de la coalición que lo atacó, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, contra las normas más elementales del derecho internacional, está resultando dramática y mucho peor que la guerra. El Gobierno
del Estado español participó, entusiasta, en la agresión dando crédito a burdas patrañas: el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva, amparaba el terrorismo internacional y constituía per se una grave amenaza, como integrante de un eje
del mal.
Eran los diseños de Estados Unidos para controlar una zona vital desde un punto de vista estratégico, sea en el terreno energético, político o militar. Ni la ONU dio cobertura legal a tan descarada campaña agresiva, con fines
neocolonialistas. El Gobierno de España se limitó a repetir, como un eco, lo que ordenaban desde el Departamento de Estado norteamericano y desde el Pentágono. Daba igual que los inspectores de la ONU no pudiesen certificar las mentiras y
patrañas. La decisión estaba tomada de antemano; era vital para los intereses y diseños de dominio mundial de los Estado Unidos. No es de extrañar que el comportamiento del Gobierno fuese indigno cuando algún nacional, como el periodista José
Couso, murió por disparos de un carro de combate norteamericano contra el Hotel Palestina en Bagdad, y aceptó un informe del Pentágono en el que se afirmaba que los disparos fueran en defensa propia, en contradicción y oposición con los testigos
civiles.
Al llegar la ocupación, España se apuntó solícita a enviar tropas, en una escalada de compromiso con las principales potencias ocupantes. Murieron ya más soldados que en la contienda y, por supuesto, el pueblo iraquí sigue siendo atacado
sin contemplación por un ejército que primero dispara y después pregunta. Legítimamente, el pueblo iraquí ha comenzado una resistencia contra la ocupación, lo que, además de lógico, está amparado por el derecho internacional. Es la respuesta a
favor del principio de soberanía, no injerencia y derecho al control de las propias riquezas. La situación es tan caótica y falta de legitimidad que ningún sector de la sociedad iraquí quiere dar anuencia a la presencia de tropas extranjeras; el
odio y la oposición popular contra el procónsul, sus ejércitos y los que los justifican, van en aumento. La única salida es que, con
presencia exclusiva de la ONU, y fuerzas bajo su mando, un Gobierno iraquí de concentración y transición convoque elecciones libres, cuanto antes, que devuelvan la soberanía plena al país. Urge, pues, que el Gobierno español retire sus
tropas de Irak, para no colaborar con una ocupación neocolonial, que tome iniciativas para que se devuelva cuanto antes la soberanía al país, contando con la exclusiva presencia de la ONU y que rectifique sus posiciones para no contribuir a la
imposición por la fuerza de un orden internacional injusto, contrario a los principios más elementales del derecho.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retirar las tropas españolas de Irak para no colaborar a la ocupación ilegítima de un país, contra la opinión, los derechos y los intereses de sus habitantes, y para no violar su derecho a la soberanía y al control de las propias
riquezas, dejando así de contribuir a la aplicación de un diseño neocolonial de graves consecuencias para el pueblo iraquí, para el próximo oriente y la humanidad.
2. Iniciar gestiones, y posicionarse internacionalmente, para que, bajo los auspicios de la ONU, se abra un periodo de transición lo más breve posible en Irak, contando con los representantes de todas las corrientes ideologicopolíticas, que
conduzca a unas elecciones libres para restaurar plenamente su soberanía, sin injerencias y sin presencia de tropas extranjeras.
3. Promover una investigación independiente que aclare los casos oscuros de muertes de ciudadanos españoles en Irak por causa de la ocupación militar, y especialmente la del periodista José Couso, alcanzado por tiros de un tanque contra el
Hotel Palestina en Bagdad, justificados por el Pentágono como defensa propia, mientras realizaba su labor profesional.
4. Mantener en el seno de la UE posiciones políticas favorables a la paz mundial, a la autonomía política y militar respecto de los Estados Unidos, y al derecho de autodeterminación de los pueblos, y consecuentemente a una solución de los
problemas de Oriente Próximo desde esta perspectiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia e Interior
161/002263
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la Isla de las Palomas en Tarifa (Cádiz), para su debate en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La Isla de las Palomas, en Tarifa, es un lugar de un gran valor medioambiental, paisajístico y turístico propiedad del Estado que hasta hace unos años albergaba un acuartelamiento militar que tras algunas reformas está siendo destinado para
la atención a extranjeros detenidos en la provincia de Cádiz cuando intentan entrar ilegalmente a España.
A pesar de dichas reformas en el antiguo barracón militar este no reúne las condiciones necesarias para dispensar un trato 'digno' a los inmigrantes especialmente
cuando se producen llegadas masivas, como ocurre durante los últimos veranos.
En este sentido, Cruz Roja Española en Tarifa denunciaba con dureza, el pasado 28 de julio, la situación en la que se encontraban recluidos 40 extranjeros indocumentados y llegó a calificar la situación de 'infrahumana'.
Y es que no caben dudas de que ante la realidad del fenómeno migratorio que se produce en el Estrecho de Gibraltar y, especialmente, en Tarifa, Barbate y Algeciras se hace más que necesario que el Estado se plantee la necesidad de acometer
un Centro de Estancia Temporal de inmigrantes en condiciones 'dignas' y que posibilite esta reciente denuncia y otras muchas de Partidos Políticos y Ayuntamientos no se repitan.
Además, la situación también se agrava al no contar la Comisaría de Algeciras, con instalaciones acordes a la situación que se deriva de la llegada permanente de inmigrantes indocumentados y que provoca muy a menudo el colapso en la misma.
Por ello, en 1999 se iniciaron gestiones desde el Ayuntamiento de Algeciras y la Diputación Provincial de Cádiz con la Secretaría de Estado para la Inmigración para que unos terrenos de esa ciudad denominados 'Marchenilla' albergara un
Centro de Estancia Temporal para inmigrantes que pudiera dar solución a la llegada permanente de inmigrantes a través del Estrecho de Gibraltar.
Desgraciadamente, problemas de distinta índole imposibilitaron la puesta en funcionamiento de ese Centro. No obstante, se dejó abierta la posibilidad de que en un futuro Algeciras o Tarifa contaran con una estructura estable, permanente y
digna, para afrontar el fenómeno migratorio habiéndose pronunciado recientemente el Alcalde de Tarifa a favor de contar en su término municipal con dicho Centro.
Por otra parte, desde la Conserjería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, se viene reivindicando la cesión o desafectación de la Isla de las Palomas para uso medioambiental y turístico, al ser este un enclave único y de gran valor, que
podría repercutir muy positivamente en el desarrollo turístico en el que se encuentra inmerso el municipio.
Ante ello es por lo que el Diputado firmante formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Desde el Ministerio del Interior se inicien las gestiones oportunas para que en Tarifa se disponga de un Centro permanente, estable y digno, para albergar temporalmente a los inmigrantes que llegan a las costas gaditanas tras cruzar el
Estrecho de Gibraltar.
2. Desde el Ministerio del Interior se inicien las gestiones oportunas con el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía para que la Isla de las Palomas, pueda ser desafectada o cedida al objeto de que se destine para uso municipal que
redunde en beneficio social relacionado con el medioambiente, posibilitando con ello un enorme atractivo para el incremento de la oferta turística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de agosto de 2003.-Salvador de la Encina Ortega, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/002265
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa al futuro de la Capitanía de Ferrol (A Coruña).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a futuro de la Capitanía de Ferrol, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El edificio de Capitanía en Ferrol va a quedar vacío, una vez que se acabe de aplicar el nuevo organigrama de la Armada. Sin embargo, parece que no va a ser desafectado, según información del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Marina.
Existe un proyecto para dedicarlo a actividades civiles, conferencias, salas de arte, biblioteca... La visita pública estaría también asegurada. No se entiende cuál es la razón de que permanezca este edificio en manos militares, cuando va a ser
destinado a actividades más propias de las Administraciones públicas civiles.
Teniendo en cuenta de que sólo se está hablando de proyectos y de que el edificio tiene un importante valor histórico-artístico, con un emplazamiento urbanístico crucial
en la ciudad, sería muy importante que fuesen las administraciones públicas civiles las que se hiciesen cargo del mismo, de forma concreta el ayuntamiento y la Xunta de Galicia. En todo caso, que se estudiase su transferencia a estas instituciones
para su cuidado y usos adecuados, a la vista de las características del inmueble y de las necesidades del municipio. El edificio debe ser contemplado dentro del futuro Convenio a firmar entre el Ayuntamiento y Defensa. Y, desde luego, nunca debe
ser objeto de pública subasta para su apropiación por una entidad privada.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En atención a la falta de utilidad y servicio para Defensa, desafectar el edificio de Capitanía en Ferrol, una vez que se termine la reorganización de la Armada.
2. Una vez desafectado, optar por soluciones que conlleven propiedad y usos adecuados por las administraciones públicas civiles, bien transfiriendo el edificio a la Administración del Estado para su cesión posterior a la Administración
Local y Autonómica, bien negociando su transferencia a la Administración Local dentro del próximo Convenio a firmar entre ésta y Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/002262
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a la realización de un embalse para riegos en la Sonsierra Riojana.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la realización de un embalse para riegos en la Sonsierra Riojana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Motivación
Según respuesta escrita del Gobierno de España, el 27 de abril de 1999 se firmó un Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Comunidad de Regantes de La Rioja Alavesa y la Sonsierra
Riojana, para llevar a cabo las obras del proyecto integrado de mejora y modernización de los regadíos de Labastida, Briñas Ábalos, San Vicente de la Sonsierra, Laguardia, Navaridas, Elciego y otros en la margen izquierda del Ebro.
Entre las obras previstas en el Proyecto Integrado figura la construcción de un embalse con una capacidad aproximada de 2,35 Hm citaba el Gobierno en dicha respuesta parlamentaria para a continuación decir que con el objeto de someter el
Proyecto al procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental el 5 de agosto de 2002 se remitieron, a la Dirección General de Calidad y Evaluación del Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, 15 ejemplares de una Memoria-resumen que recoge las
características más significativas de las obras realizadas.
Según se recoge en la Memoria-resumen (se decía en 2002), se han estudiado dos alternativas de emplazamiento del embalse:
- Una en el término municipal de Laguardia, jurisdicción de Páganos.
- Y otra en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra, jurisdicción de Rivas de Tereso.
Se seguía diciendo entonces que una vez se reciban las alegaciones se estudiarán y serán tenidas en cuenta para la elección del emplazamiento del embalse y la redacción de Proyecto de las obras que realizará el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación con sus propios medios.
El 24 de junio de 2003 se publica en el 'Boletín Oficial de La Rioja', nota-anuncio por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto integrado del regadío, la fase II y el embalse en la Sonsierra
Riojana ubicado en la jurisdicción de Rivas de Tereso en el municipio de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), rompiéndose un status de búsqueda de mayor consenso posible entre los municipios de la zona y sus habitantes a la hora de decidir la
ubicación del mencionado embalse.
De forma unilateral se ha optado por una ubicación muy contestada social y medioambientalmente por:
- Proyectarse en una zona de alto valor ecológico, arqueológico y cultural y en un entorno de especial protección natural.
- Haberse elegido un tipo de presa catalogada, de acuerdo con la normativa sobre seguridad, como gran presa, tipo A de máximo riesgo.
Esta decisión está siendo rechazada por plenos de varios Ayuntamientos de La Rioja, colectivos sociales y sindicales, partidos políticos y ciudadanos a título personal a través de la presentación de alegaciones, firma de escritos exigiendo
una nueva ubicación del embalse, etc.
Con el fin de contribuir a la búsqueda del mayor consenso posible en relación a un importante proyecto como es el Plan de Regadíos de La Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana y evitar los problemas que una decisión precipitada en esta materia
pudiera acarrear en la zona, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a plantear una ubicación distinta a la de Rivas de Tereso en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) para el embalse a realizar dentro del Proyecto Integrado de mejora de los
regadíos de La Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2003.-Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002267
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los daños por la ola de calor en el sector agrario.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Parlamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre
medidas para paliar los daños por la ola de calor en el sector agrario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Motivación
Las altas temperaturas que se vienen produciendo desde junio, la escasez de precipitaciones, así como el impacto sobre el sector de los incendios, han dejado en explotaciones agrarias pérdidas que, en muchos casos, amenazan su viabilidad.
Pérdidas que siempre resultan más trascendentes en este sector económico ante un sistema de fijación de precios en el que agricultores y ganaderos son la parte pasiva, sin posibilidades de intervención. Pérdidas, pues, que para nuestro sector
primario supone riesgo de desaparición de muchas pequeñas explotaciones directamente afectadas.
Es esta singularidad de nuestra agricultura la que está en el origen de una práctica histórica de intervención pública ante diferentes tipos de catástrofes, como instrumento para hacer sostenibles cientos de miles de pequeñas explotaciones
agrarias familiares. Por ello, teniendo en cuenta a qué fines se dirigen las medidas, resulta esencial, para que sean eficaces, conocer con detalle los daños según sectores y explotaciones concretas a las que afectan.
En caso contrario, se estarían proponiendo medidas con carácter general, sin eficacia frente a los daños reales.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene la obligación ineludible de asumir las funciones de coordinación en la evaluación de los daños. Nadie puede sustituirle en esa tarea, sobre todo ante unos daños generalizados por todo
el territorio nacional. La evaluación de esos daños deberá ser precisa y realizada con criterios homogéneos. Hoy, ya conocemos la importancia de esos daños y, por sectores, su generalización:
· Ganado ovino-caprino: Aumento de los costes de producción debido a las elevadas temperaturas y pérdidas de pastos y rastrojeras.
· Avicultura, cunicultura, porcino: Espectacular aumento de las tasas de mortalidad, caída de peso, desórdenes reproductivos...
· Vacuno: Fuerte caída en la producción de leche, pérdida de calidad, descenso fertilidad, descenso en la producción de pastos, problemas sanitarios...
· Cereales, cultivos industriales y forrajeros: En muchas comarcas, reducción de las cosechas por problemas de 'asurado'; aumento de costes en riego y productos fitosanitarios...
· Viñedo, frutos secos, olivar, cítricos: Por adelanto de la maduración, descenso de rendimientos; reducción del tamaño de los frutos...
· Frutas y hortalizas: Aceleración de la maduración, con pérdida de calidad y reducción de cosecha.
La propia Comisión europea se ha hecho eco de la gravedad de la situación y ha tomado algunas iniciativas. Es, pues, urgente desarrollar la labor de coordinación del Gobierno y la adopción de iniciativas adecuadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Constituir, con carácter inmediato, una Mesa de Evaluación e Identificación de los Daños. Esta mesa estaría formada por Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas, Organizaciones Agrarias y Cooperativas. El fin de esta mesa
de evaluación sería la identificación precisa de los daños y de las explotaciones agrarias afectadas para garantizar la eficacia en la aplicación de las medidas.
2.º Solicitar, con carácter inmediato, a la Unión Europea ayudas para los graves daños sufridos en el sector agrario español por la ola de calor e incendios.
3.º Presentar en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas de apoyo, con relación concreta y precisa de a qué explotaciones afectan, y que incluyan un crédito extraordinario para ayudas directas a las explotaciones afectadas con
daños no contemplados en las Órdenes ministeriales que regulan los seguros de las producciones correspondientes. Esta iniciativa del Gobierno se tramitará en el plazo más breve posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2003.-Jesús Cuadrado Bausela, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Infraestructuras
161/002237
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, en su reunión del día 2 de septiembre de 2003, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre la modernización y la seguridad del servicio público de las carreteras.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la modernización y la seguridad del servicio público de las carreteras, para su debate en la Comisión de Infraestructuras.
Exposición de motivos
Es una realidad incontestable que en los últimos años los servicios públicos prestados por la Administración del Estado han tenido un deterioro paulatino, fruto de una concepción ultraliberal y de una inadecuada política presupuestaria en
materia de inversiones y mantenimiento de los mismos.
Como consecuencia de estas políticas, destinadas dar un menor peso a las políticas públicas y al sector público, se han producido importantes consecuencias sociales. Hoy, los españoles sienten que les falta seguridad pública, que no
encuentran una justicia ágil, segura e independiente, que les faltan viviendas dignas y asequibles, y que servicios públicos esenciales se prestan con multitud de ineficiencias.
Consecuencia de estas políticas es el aumento de siniestralidad de las carreteras españolas y la ausencia de una auténtica política de seguridad integral en las mismas.
Hoy la siniestralidad de las carreteras españolas es una de las más altas de la Unión Europea con una ratio de muertes de 14,6 personas por cada cien mil habitantes, lejos de la del Reino Unido (5,9), Suecia (6,6) y Holanda (6,9). Sólo nos
sobrepasan Portugal y Grecia. Por lo que se deduce que las carreteras y autopistas españolas son tres veces más peligrosas que las de estos países, aunque los accidentes más graves se producen en las carreteras interurbanas estatales y en los
núcleos locales. Esta sociedad no puede permitirse la triste circunstancia de que casi seis mil personas perdieran la vida el pasado año 2002 en nuestras carreteras.
El Ministerio de Fomento reconoció que existían más de quinientos tramos de concentración de accidentes y que todavía no se ha actuado sobre multitud de ellos.
Es urgente y necesario dar un cambio de rumbo a las actuales políticas del Gobierno, estableciendo un ambicioso proyecto de seguridad vial que con el objeto de reducir la siniestralidad en las carreteras españolas incorpore medios económicos
y personales, planes de formación y de sensibilización entre los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar la modernización y la seguridad del servicio público de carreteras, con el objetivo de reducir en los próximos cuatro años en un 30 por ciento la cifra de fallecidos. Para ello, se propone la adopción de las siguientes medidas:
La elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Vial, con objetivos y prioridades definidos y cuantificados: dicho plan deberá recoger el coste real de las medidas que se prevean y las inversiones concretas a realizar. Se elaborará con
la participación efectiva de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, F.E.M.P., y las entidades representativas de los sectores interesados.
El Plan Estratégico de Seguridad Vial será dotado anualmente con 120 millones de euros suplementarios destinándose al mismo los excedentes de la Jefatura Central de Tráfico generados mediante las tasas y multas que practican.
El incremento de los créditos destinados a la conservación de la Red de Carreteras del Estado, destinando un presupuesto adicional para la mejora de la señalización horizontal y vertical, elementos de balizamiento, iluminación y separación
de firmes.
La confección de un mapa de carreteras en el que aparezcan los puntos peligrosos y que sirva para diseñar unas nuevas carreteras más seguras.
La elaboración de un programa específico y con dotación suficiente para mejorar la seguridad en los túneles de las carreteras españolas que incluyan: postes de auxilio, iluminación, circuito cerrado de televisión, detección de incendios,
extintores y salidas de emergencia, ventilación, etcétera.
El incremento del número de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en mil plazas anuales destinadas a las labores de ordenación, vigilancia y cumplimiento de las normas de seguridad en las carreteras. Asimismo, se dotará
a la Dirección General
de Tráfico de personal suficiente y cualificado en las especialidades que requiere la seguridad vial.
La incorporación de las tecnologías ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) y la incorporación de innovaciones dirigidas a mejorar la seguridad de los vehículos, conductores, pasajeros y peatones.
El refuerzo de la educación vial, garantizándola en la enseñanza obligatoria, y una mejor formación de los nuevos y de los actuales conductores.
La mejora de la eficacia en coordinación con los servicios de urgencia y emergencia dependientes de las diferentes Administraciones Públicas; la creación de equipos multidisciplinares que no sólo investiguen las causas de los accidentes,
sino que ayuden y asistan a las víctimas de los accidentes más graves y a las familias que lo necesiten.
La elaboración de un plan especial de prevención en fines de semana para reducir el número de accidentes que se producen sobre todo entre los conductores más jóvenes.
La aplicación de la normativa comunitaria sobre la introducción de los limitadores de velocidad en los vehículos dedicados al transporte.
La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con participación de todas las Administraciones Públicas implicadas, que, sustituyendo a la actual Dirección General de Tráfico, lleve adelante una ambiciosa política de seguridad vial
ejecutando con garantía y eficacia el Plan Estratégico de Seguridad Vial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2003.-Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002268
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para ampliar el servicio ferroviario de la estación de Ulldecona (Tarragona) y restituir la venta de billetes en esta estación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión
en la Comisión de Infraestructuras una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para ampliar el servicio ferroviario de la estación de Ulldecona y restituir la venta de billetes en esta estación.
Antecedentes
La estación ferroviaria de Ulldecona-Alcanar-La Sénia, en la población de Ulldecona (provincia de Tarragona), es la primera estación de RENFE en Cataluña desde el sentido Valencia-Barcelona y la única de la comarca del Montsià. Por su
ubicación dentro del corredor mediterráneo, esta estación debería dar servicio a cerca de 50.000 habitantes, pero la precariedad del servicio que ofrece RENFE en esta estación obliga a la mayoría de posibles usuarios a desplazarse a las estaciones
de Vinaròs (provincia de Castellón) o de la Aldea (provincia de Tarragona).
Actualmente, los únicos trenes que tienen parada diaria son un regional que hace el trayecto Barcelona-Valencia y un Talgo-Hotel que hace el trayecto Barcelona-Málaga. Este último, aparte de tener un coste aproximado un 30 por ciento
superior al tren regional, no permite la compra de billete dentro del propio tren.
Asimismo, con la jubilación del jefe de estación de Ulldecona, RENFE decidió el cierre de la estación pese a estar totalmente reformada que ocasiona el obligado desplazamiento a otras estaciones para la compra de los billetes del
Talgo-Hotel, uno de los dos únicos trenes con parada en la estación, o bien adquirirlos por Internet.
En esta situación existe un claro punto de ruptura en el servicio ferroviario de las estaciones adyacentes a Ulldecona (Tortosa y Vinaròs).
De esta manera, Tortosa está bien comunicada con Barcelona pero mal con
Valencia, y Vinaròs le pasa lo contrario. Ulldecona, que está entre estas estaciones es un caso crítico, con comunicaciones deficientes en los dos sentidos.
La Generalitat de Catalunya ha manifestado repetidamente a RENFE estas graves deficiencias en el servicio, proponiendo una serie de medidas, como el alargamiento de trenes regionales de la línea Valencia-Vinaròs hasta Ulldecona y de la línea
Barcelona-Tortosa, y la continuación en servicio de la estación.
Este déficit de transporte ferroviario que padecen los habitantes de los municipios de Ulldecona, Alcanar y La Sénia perjudica sus desplazamientos a otras ciudades con servicios tan necesarios como universidades o hospitales y el correcto
desarrollo económico y social de la comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para ampliar el servicio ferroviario de la estación de Ulldecona y restituir la venta de billetes en esta estación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Política Social y Empleo
161/002244
En el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 580, de 8 de septiembre de 2003, en la página 49, se incluyó por error la Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cierre de la factoría de
Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz, pertenecientes al Grupo Altadis, en el apartado de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, debiendo figurar en el correspondiente a la Comisión de Política Social y Empleo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.
161/002266
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre el Plan Industrial del Grupo Altadis (antigua Tabacalera).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Social y Empleo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Plan Industrial del Grupo Altadis (antigua Tabacalera), para su debate en la Comisión de Política Social y Empleo.
Exposición de motivos
La justificación del Gobierno del PP para proceder a la privatización de la empresa Tabacalera fue darle estabilidad al empleo, es decir, para mantener el empleo existente en aquel momento y garantizar así el futuro de todas las factorías.
Cuando en 1998 el Gobierno del PP realizó la privatización de Tabacalera, la plantilla era de 6.720 trabajadores. En la actualidad, la plantilla de Altadis más Altadis Logística es de 4.903 empleados. Es evidente que las justificaciones
del Gobierno del PP eran totalmente falsas.
A 31 de diciembre de 2000, la plantilla de Altadis era de 6.354 trabajadores y la empresa presentó un expediente para realizarse en el periodo 2001-2002 que supuso el cierre de las factorías de La Coruña, Gijón, San Sebastián, Valencia,
Alicante y Santander (aunque en Santander y Alicante se construyeron fábricas nuevas), y se eliminaron 1.451 puestos de trabajo; además,
el expediente supuso el traslado de trabajadores de unas factorías a otras, en distintas provincias.
El pasado mes de julio, la empresa ha planteado a los comités de empresa y los sindicatos un plan industrial en el que se prevén cierres de factorías, traslado de plantillas de unos centros a otros. En concreto, se plantea el cierre de
Sevilla, principalmente, Cádiz y Tarragona.
La factoría de Tarragona tiene en la actualidad 250 trabajadores y realiza una producción muy variada, siendo en estos momentos una fábrica rentable, motivo por el cual no se entiende la pretensión de la empresa de cierre de la factoría y el
traslado de la producción a la planta de Logroño.
Los cuantiosos beneficios del Grupo Altadis hacen totalmente injustificada la pretensión del cierre de factorías y reducción de plantillas. Creemos que el Gobierno debe desarrollar medidas que impidan el cierre indiscriminado de plantas
industriales, que está generando la desertización industrial en algunas zonas.
La planta de Tarragona tiene una plantilla que, en su mayoría, son mujeres en edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, madres de familia, lo que hace imposible su traslado a Logroño, pues supondría la división de la familia entre
Tarragona y Logroño, cosa inadmisible.
Nuestro mercado laboral tiene, entre otros problemas, la baja tasa de actividad de la mujer, especialmente las mujeres casadas. Se hacen leyes y medidas para incorporar a la mujer al mercado laboral y que esta incorporación sea compatible
con la maternidad, por ello, lo que plantea Altadis sobre el cierre de Tarragona y trasladar a las trabajadoras a Logroño no puede autorizarse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar cualquier expediente que, como consecuencia del Plan Industrial 2003-2005, presente la empresa Altadis y, en consecuencia, no autorice el expediente de regulación de empleo anunciado sin el acuerdo de los trabajadores.
2. Tomar las medidas necesarias para que se mantenga la actividad en el centro de Altadis de Tarragona, y/o, en su caso, traslade la competencia del mismo a la Generalitat de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2003.-Isabel López i Chamosa y Xavier Sabaté Ibarz, Diputados.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Medio Ambiente
161/002247
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de que su Proposición no de Ley, relativa a la limitación del cambio climático y al incremento del uso de las energías limpias y de la eficiencia energética, pase a debatirse en el Pleno de la Cámara.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado a la Comisión de Medio Ambiente, al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente (nuevo núm. expte.162/000808).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/003818
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Previsiones acerca de las actividades que va a desarrollar la oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional instalada en Bagdad (Irak).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado
preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Diputado don Carles Campuzano i Canadés.
Texto:
¿Qué actividades tiene previsto el Gobierno que desarrolle la Oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional que se ha instalado en Bagdad (Irak)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2003.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.