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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 542, de 21/05/2003
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de mayo de 2003
Núm. 542
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
156/000025 Solicitud de creación de una Comisión de Investigación, presentada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, sobre las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los
últimos años. Texto de la solicitud y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 3)
158/000060 Solicitud de creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el estudio de la reforma de las Administraciones
Públicas. Acuerdo de la Comisión proponiendo su elevación al Pleno ... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería
del Carbón 1995-2003. Enmiendas ...
(Página 4)
Aprobación ... (Página 6)
162/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla. Enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ...
Comisión de Economía y Hacienda 161/002101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las 162/000748 tarjetas de crédito. Pasa a tramitarse ante el Pleno de la Cámara ...
INTERPELACIONES
Urgentes 172/000281 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda ... (Página 7)
172/000282 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda ... (Página 8)
172/000284 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes 173/000203 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones presupuestarias y aplicación del Plan Galicia. Texto de la moción, enmienda formulada y
rechazo por el Pleno de la Cámara ...
(Página 10)
173/000204 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid a lo largo del año 2002. Texto de la
moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ...
(Página 12)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
156/000025
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la creación de una Comisión de Investigación sobre las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años (núm.
expte. 156/000025),
cuyo texto se inserta a continuación.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 52 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre procedimiento de creación de Comisiones de Investigación, los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto (BNG, PA, ERC,
EA, IC-V y CHA) presentan la siguiente propuesta de creación de una Comisión de Investigación sobre las ayudas de la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años.
Exposición de motivos
Esta propuesta de fiscalización de las ayudas del FEOGA se basa en la intervención de las Administraciones Públicas en la gestión y distribución finalista de las mismas, siendo las Comunidades Autónomas las que tramitan las ayudas
presentadas en la UE a través del Ministerio de Hacienda, y porque se ha puesto en tela de juicio la limpieza de la gestión y han aparecido denuncias señalando que la firma de personas que se dedicaban al transporte de cereales y otros productos
habían sido falsificadas en los albaranes, que recogían los datos de la alfalfa, tanto en el número de toneladas que se entregaba en la desaladora como su grado de humedad, para que siempre superasen el 30 por 100 requerido por la Unión Europea.
El Ministerio de Hacienda ha abierto expedientes en varios casos de las ayudas a la alfalfa en Castilla-La Mancha, lo que puede proyectar a la opinión pública un mal destino de las subvenciones y la sensación de que es una práctica
generalizada y un serio fraude contra la PAC, por lo que corresponde dotarse de los instrumentos parlamentarios más eficaces que investiguen las causas que permiten esta situación y que, a través de las resoluciones de los distintos Grupos, la
Comisión pueda plantear las medidas necesarias para evitarlas, dejando claro que la mejor defensa del actual sistema de ayudas que plantea la PAC es el asegurar su buen funcionamiento y su justo reparto, y por encima de las responsabilidades de las
distintas Administraciones el Congreso de los Diputados en múltiples ocasiones ha mostrado una preocupación constante por mejorar el funcionamiento de la PAC, y de forma muy concreta del régimen de ayudas que permite cumplir sus objetivos.
La legislación estatal que regula la concesión de subvenciones a la desecación de la alfalfa no es todo lo estricta que sería necesario por lo que urge proponer la creación de una Comisión de Investigación que, además de determinar las
responsabilidades que puedan haber existido plantee las correcciones que puedan mejorar la legislación y el funcionamiento de los controles públicos a todos los niveles.
Composición y funcionamiento
A) Composición.- La Comisión de Investigación estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara y dos representantes de cada uno de los demás Grupos Parlamentarios.
B) Adopción de acuerdos.- Los acuerdos se realizarán con criterio de voto ponderado, como establece el artículo 52.3 del Reglamento de la Cámara.
C) Objeto.- Realizar una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades políticas que puedan existir en el llamado 'caso alfalfa'.
D) Trabajo a realizar.- Para elaborar el plan de trabajo de esta Comisión de Investigación, establecido en el 52.2 del Reglamento, se realizarán todo tipo de propuestas por los Grupos Parlamentarios con el objeto de realizar un seguimiento y
control, al menos en:
· Información, documentación y comparecencias, que sean precisas de miembros del Gobierno de la Nación (con inclusión expresa de los Ministros de Hacienda y Economía), miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y
Comisión Europea, así como miembros de las distintas Administraciones, o institución pública que pueda facilitar la respuesta a este caso de posible malversación de fondos europeos destinados a la alfalfa.
· Información, documentación y comparecencias de los agentes sociales y ciudadanos en general implicados, con especial atención a los afectados.
· Comparecencia e informes de entidades relacionadas con el tema y sus distintas implicaciones.
· Comparecencia e informes de técnicos sobre el tema y sus distintas implicaciones.
E) Duración y conclusiones.- El plazo de funcionamiento de la Comisión de Investigación será como máximo seis meses, desde su constitución, y sus conclusiones seguirán lo establecido en el artículo 52.4 y 5 del Reglamento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2003.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
158/000060
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en su sesión del día 13 de mayo de 2003, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de
junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta de creación de una Subcomisión para el estudio de la reforma de las Administraciones Públicas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (núm. expte. 158/000060), con las siguientes
características:
'A) Composición.-La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y un representante
de cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.-En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.-El objeto de dicha Subcomisión será el estudio de las principales líneas de reforma y la búsqueda del consenso político necesario para el diseño del nuevo modelo. Para ello, la Subcomisión podrá solicitar la
comparecencia de las autoridades, funcionarios, expertos e interlocutores sociales competentes en las materias objeto de sus tareas y podrá, igualmente, solicitar del Gobierno y de las autoridades públicas la documentación y estudios que se
consideren precisos para realizar sus trabajos.
D) Conclusiones.-Las conclusiones de la Subcomisión se elevarán a informe para conocimiento y debate de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.'
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000709
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón 1995-2003 (núm. expte. 162/000709), publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 523, de 11 de abril de 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón 1995-2003 (núm. expte.
162/000709).
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir de manera inmediata un marco negociador con las fuerzas políticas, agentes sociales y Comunidades Autónomas afectadas para concretar la propuesta de reservas estratégicas de carbón que se debe trasladar a la UE.
2. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de recolocaciones pactadas en el Plan General de la Minería del Carbón. Corrigiendo el sistema de entrega de las ayudas al funcionamiento y garantizando que SEPI contemple de manera preferente
la incorporación de 550 trabajadores del Plan Hunosa sobre la generación de nuevos empleos.
3. Poner en marcha un programa de adaptación del parque termoeléctrico español a las exigencias medioambientales de la UE, garantizando que dicha adaptación se va a realizar antes de que finalice el año 2003 y concretando la forma en que el
mismo va a ser financiado.
4. Reactivar los proyectos más importantes contemplados en el 'Plan de la Minería' como imprescindibles para la reactivación de las comarcas mineras, acabando con los permanentes retrasos.
5. Cumplir con las iniciativas tendentes a la generación de empleo en los concejos más castigados por la reconversión del sector, a través de ayudas a las iniciativas empresariales, contempladas en el Plan General de la Minería 1998-2005.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón 1995-2003, para su debate en Pleno (núm. expte.
162/000709).
Enmienda
De adición in fine.
Debe añadirse a continuación el siguiente apartado:
'Además, y para ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar entre otras las siguientes medidas básicas para asegurar el futuro del sector del carbón e impulsar el desarrollo de las comarcas mineras:
a) El mantenimiento de la producción prevista, de 13 millones de toneladas para el año 2005, en el 'Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras', reconsiderando su comunicación a la Unión Europea
-hecha de forma unilateral- que reducía la producción a 12 millones de toneladas.
b) Articular las medidas correctoras necesarias para garantizar la recolocación de nuevos mineros de acuerdo con el baremo de 4 por 11 previsto en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón.
c) Definir a lo largo del año 2003, de forma concertada en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, la denominada reserva estratégica de nuestro país y las unidades de producción que la integran.
d) Definir y concretar un nuevo Plan, de forma concertada con las organizaciones sindicales, que dé continuidad al actual Plan del Carbón 1998-2005, con un horizonte temporal más allá del año 2010, que debe sustentarse, como el actual Plan,
tanto en el apoyo a la producción de carbón, como en el mantenimiento de los mecanismos -fondos mineros- de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, o las medidas de carácter social.
e) Desarrollar un papel activo dirigido a que las empresas eléctricas articulen una planificación de futuro con respeto a su parque eléctrico en consonancia con el Plan del Carbón (litoral-interior); así como para que afronten las
inversiones necesarias en los grupos eléctricos para acometer las mejoras técnicas disponibles, de acuerdo con la Directiva 96/61/UE, que define un período transitorio hasta el 30 de octubre de 2007, para adaptarse a las exigencias medioambientales
establecidas en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados 8 de mayo de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón 1995-2003 (núm. expte.
162/000709).
Enmienda
De adición.
Texto que se propone:
Se añade un segundo párrafo, con el siguiente contenido:
'Asimismo, el Congreso insta al Gobierno a ampliar la representación de las organizaciones sindicales en la Comisión de Seguimiento de la Minería del Carbón, para que pasen a formar parte de la misma aquellas organizaciones sindicales que
ostentan la condición de más representativas a nivel de Comunidad Autónoma, y que cuentan con representación de los trabajadores en las empresas dedicadas a la extracción de carbón para la producción de energía eléctrica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000709
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en
la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería del Carbón 1995-2003 (núm. expte. 162/000709), sin modificaciones con respecto al texto publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 523, de 11 de abril de 2003.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Sánchez.
162/000713
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de
Sevilla (núm. expte. 162/000713), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 523, de 11 de abril de 2003.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley de este Grupo Parlamentario, relativa a la financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla (núm. expte. 162/000713).
Enmienda
De adición de un nuevo punto 3.
'3. Asimismo, en consideración a las necesidades que concurren en el transporte colectivo regular de viajeros en las ciudades de Málaga y Granada y sus entornos metropolitanos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suscribir un
convenio con la Junta de Andalucía en el que concretará la participación del Estado en la financiación de las obras relativas al metro de ambas ciudades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano de Sevilla.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar, en el plazo más breve posible, las condiciones y el porcentaje de participación económica de la Administración General del Estado en la cofinanciación de las obras relativas al
metro de Sevilla, con la finalidad de firmar un convenio con las Administraciones andaluzas competentes, que permita reiniciar las obras del metropolitano de Sevilla.'
Justificación
Mejora técnica.
Madrid, 12 de mayo de 2003.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Hacienda
161/002101 y 162/000748
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, en su reunión del día 13 de mayo de 2003, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a las tarjetas de crédito pase a tramitarse ante el Pleno de la Cámara.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado de este acuerdo a la Comisión de Economía y Hacienda, al Gobierno al Grupo Parlamentario proponente, y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES (nuevo número de expediente 162/000748).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000281
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda (núm. expte. 172/000281), cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes. del vigente Reglamento de la Cámara, presentar la siguiente
interpelación urgente al Gobierno, política de vivienda.
Motivación
España es el país de la Unión Europea con más número de viviendas construidas por habitante y, sin embargo, también es el país en el que diversos sectores sociales, debido a su nivel de renta y a sus condiciones personales y familiares,
tienen más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler.
No basta con elaborar un Plan de Vivienda como el propuesto por el Gobierno para el período 2002-2006, y que ha convenido con las Comunidades Autónomas, fijando una determinada financiación y unos confusos objetivos, bajo la premisa de que
cada Comunidad Autónoma, dentro de ese marco, ha de desarrollar ese Plan en su territorio. Es necesario concretar más los problemas y carencias que existen y aportar soluciones realistas en las que entren en juego otro tipo de medidas, de diversa
índole, adecuadas a las posibilidades que tienen determinados sectores para acceder a una vivienda digna, tal y como plantea nuestro texto constitucional.
Si la vivienda está siendo una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, a pesar del dinamismo
económico del sector de la construcción, cuya tendencia, no obstante, va dirigida a un estancamiento en su evolución, no basta con presentar, de manera ostentosa, el importante número de viviendas que se construyen, es necesario poner de
manifiesto que de esas 500.000 viviendas sólo un 8 por 100 son de protección oficial, y de éstas, un porcentaje muy exiguo van destinadas a satisfacer las necesidades de aquellos sectores sociales con menos posibilidades económicas.
Dentro de estos últimos, los jóvenes y las familias con ingresos inferiores a menos de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, son los más afectados por una política de vivienda auspiciada por la Administración Central preocupada más
por el número de viviendas que se construyen, que por las personas o familias a las que se les soluciona un problema y la calidad de las viviendas que se les ponen a disposición, tanto en venta como en alquiler.
Si uno de los factores que inciden en el precio final de la vivienda es el valor del suelo, las Administraciones públicas deben configurar patrimonios de suelo, procedentes de su propio patrimonio o de la aplicación de las respectivas normas
urbanísticas, de forma y manera que la repercusión de su valor en el precio de la vivienda sea asumible por aquellos sectores con rentas bajas o medias y con una progresiva inseguridad laboral.
Junto a la constitución de patrimonios públicos de suelo, es indudable que en España hay que propiciar de manera más decidida la existencia de un patrimonio público de vivienda en alquiler, reforzando la capacidad económica de las empresas
municipales y autonómicas de vivienda, para que puedan acometer procesos de rehabilitación y nueva construcción de viviendas públicas en alquiler, sin olvidar que, dado el elevado número de viviendas cerradas que hay en España, casi 3 millones, deba
producirse la adopción de medidas legislativas y fiscales que promuevan la puesta a disposición de las mismas en el mercado para su alquiler.
Las recientes medidas aprobadas por el Gobierno que incorporan algunas novedades en materia fiscal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son claramente insuficientes y en modo alguno van a suponer un cambio radical en la tendencia
actual. Si no se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos, si no se plantean un mayor volumen de recursos para incrementar la financiación, de forma y manera que se supere ampliamente el 0,50 por 100 del PIB que el Gobierno destina a esta política
de vivienda, si no se es más ambicioso en los objetivos a conseguir o no se actúa de manera más decidida en medidas que fomenten el alquiler, el problema de la vivienda en España va a seguir siendo uno de los que ocupen un puesto destacado en las
preocupaciones de los/las ciudadanos españoles.
Estos y otros aspectos, son los que hay que tener en cuenta para que los jóvenes, las familias monoparentales, familias con escasos recursos, inmigrantes, etc., puedan acceder a una vivienda digna en compra o alquiler, y que, sin embargo, se
está observando que no constituyen objeto de atención especial para el Gobierno.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula al Gobierno la presente interpelación urgente en materia de política de vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000282
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el
acceso a la vivienda (núm. expte.
172/000282), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente interpelación urgente sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el
acceso a la vivienda, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Los jóvenes españoles asisten con impotencia a una escalada espectacular y sostenida en el tiempo de los precios de la vivienda y ven como el objetivo de adquirir su primera vivienda se hace cada día no sólo más lejano, sino que llega a
verse como imposible.
En la calle, contrastando opiniones en los círculos sociales y familiares de todos y cada uno de los españoles, se constata como esta realidad se agrava año tras año y como se expulsa de un derecho constitucional a los que necesitan una
vivienda, y se facilita el negocio especulativo a una minoría que usa la vivienda como refugio bancario de fondos que antes estaban dedicados a la inversión, transformando la vivienda como un bien de cambio basado en la especulación. Sirva como
botón de muestra el siguiente dato que en los últimos cinco años el precio medio de la vivienda ha crecido en España el 46 por 100. Este dato, por si sólo, pone de
relieve la crudeza social del problema al que nos enfrentamos.
Estos altísimos precios de la vivienda combinados con un panorama de empleo muy precarizado, especialmente entre las y los jóvenes españoles, aconsejan una fuerte actuación pública en materia de vivienda. Sin embargo, esta acción pública
brilla por su ausencia. Es más, el Ministerio de Fomento ha propiciado un parón salvaje en las actuaciones públicas en vivienda.
La vivienda no sólo es una necesidad social de primera magnitud (sin vivienda adecuada no hay proyecto emancipatorio para los jóvenes españoles ni vida digna para el resto de los ciudadanos) sino que es además, por mor de nuestra Carta
Magna, un derecho constitucional (artículo 47 de la Constitución en conexión con el artículo 9.2 de la misma), y sin embargo los planes de vivienda del Ministerio han fracasado y en el mejor de los casos han cubierto apenas el 40 por 100 de sus
objetivos, y en algunos capítulos como el de construcción de viviendas de protección oficial no se ha llegado ni al 50 por 100 de los objetivos fijados de antemano. En el año 2000 la construcción de viviendas de protección oficial había caído un 35
por 100 respecto al año anterior, las acciones financiadas por el Ministerio se redujeron en un 75 por 100 respecto a 1999 y los créditos concedidos en 2000 fueron un 28 por 100 menores que los aprobados en 1999.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente interpelación urgente sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2003.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
172/000284
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector (núm. expte. 172/000284), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes. del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación
urgente sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector.
Antecedentes
El denominado 'Tercer Sector' tiene una presencia importante, tanto en la Unión Europea como en España, en todos los sectores y campos de la actividad social, contribuyendo de manera importante a la mejora del nivel de bienestar conjunto de
la sociedad.
En efecto, el conjunto formado por las entidades no lucrativas, las fundaciones, las organizaciones voluntarias y las ONGs, entre muchas otras, contribuyen a la creación de empleo, promueven una serie de servicios de carácter social,
cultural o educativo, son los canalizadores de una presencia más activa de los ciudadanos y ciudadanas ante las Administraciones públicas y ejercen un importante papel de liderazgo en la defensa de los valores cívicos, democráticos y de los derechos
humanos. La actividad del Tercer Sector es pues notable para garantizar la cohesión social y la calidad de vida de una sociedad.
A pesar de todas las externalidades positivas vinculadas a la actividad del Tercer Sector y de las positivas medidas adoptadas por parte de las Administraciones públicas a lo largo de los últimos años, para conseguir una efectiva
potenciación del Tercer Sector se hace necesaria, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la adopción de una serie de medidas que contribuyan a la creación de un marco propicio y favorable en el que estas entidades puedan
desarrollar su labor.
Se trata en definitiva que desde el ámbito competencial de la Administración General del Estado se adopten un conjunto de medidas de carácter laboral, fiscal y administrativo que tengan como eje prioritario la voluntad de consolidar y
desarrollar el Tercer Sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al
Tercer Sector.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2003.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000203
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para informar del contenido, previsiones presupuestarias y aplicaciones del Plan Galicia
(núm. expte. 173/000203), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de la
interpelación urgente relativa a contenido, previsiones presupuestarias y aplicación del Plan Galicia.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir las siguientes medidas y compromisos para paliar las consecuencias de la catástrofe del Prestige e impulsar realmente la economía gallega:
A) Medidas para efectivizar a corto plazo en relación con el pecio, el combate contra la contaminación y la recuperación efectiva del medio ambiente, en colaboración con la Xunta de Galicia:
1. Elaborar una cartografía de todo el litoral gallego en el que se localicen las manchas y acumulaciones de fuel depositado en los fondos marinos, incluida la plataforma continental, con el objeto de que su eventual sedimentación no evite
su retirada.
2. Elaborar y ejecutar, contando con la comunidad científica gallega y con el sector pesquero y marisquero, un plan integral para la limpieza completa de todas las zonas contaminadas: rocas, playas y, especialmente, los fondos marinos de
toda la plataforma continental.
3. Ejecutar acciones, contando con la comunidad científica gallega y con el sector pesquero y marisquero, de repoblación de las zonas, recursos y especies marinas afectadas.
4. Contratar dos buques de combate contra la contaminación marina en condiciones de neutralizar el fuel en alta mar, utilizando respectivamente puertos base en el norte y sur de Galicia.
5. Dotar a todo el litoral gallego de medios anti-contaminación (gabarras de alta mar y de litoral, barreras oceánicas y de litoral, skimmers para la absorción de fluidos de diversas densidades, cisternas, contenedores, máscaras, equipos de
buceo, balizaciones, etc.).
6. Realizar labores de patrulla y reconocimiento aéreo continuo y sistematizado desde el área de hundimiento del Prestige hasta todo el litoral gallego, con los medios técnicos y personal especializado en la lucha anti-contaminación.
7. Acelerar la ejecución de una solución adecuada y definitiva para el pecio hundido.
8. Reclamar la ubicación en Galicia de la Agencia Europea de Seguridad Marítima.
B) Medidas de evaluación del impacto de la catástrofe, de atención a las actividades económicas afectadas y de impulso de los sectores productivos:
1. Presentar, en el plazo no superior a un mes, de acuerdo con la Xunta de Galicia, una evaluación de la catástrofe y de sus consecuencias para Galicia en términos económicos, sociales y medioambientales, a día de hoy y las proyecciones
para el futuro.
2. Informar de los documentos, convenios con Ayuntamientos y otras instituciones que se hayan realizado, y la normativa elaborada para atender las actividades directa o indirectamente afectadas.
3. Elaborar, en colaboración con la Xunta, un censo de actividades directa o indirectamente afectadas, además de las reconocidas, con el grado de afectación de cada una, y elaborar una normativa que asegure, de forma aproximada y por el
tiempo que duren las consecuencias de la catástrofe, la percepción de compensaciones de rentas afectadas.
4. Presentar, en un plazo no superior a un mes, de acuerdo con la Xunta, un plan de reactivación de todo el entramado socio-económico del sector pesquero, con los recursos presupuestarios comprometidos y la concreción y origen de los
mismos.
5. Realizar urgentemente las gestiones ante la Comisión Europea para que se levanten las restricciones que pesan sobre Izar-Fene, de forma que pueda acceder en condiciones de igualdad al mercado de la construcción naval, y garantizar
inmediatamente carga de trabajo para este astillero en situación crítica.
6. Elaborar, en colaboración con la Xunta, un plan de rehabilitación y usos del patrimonio histórico-artístico, especialmente de las zonas afectadas por la catástrofe, como la mejor forma de impulsar el turismo cultural, con las debidas
asignaciones presupuestarias de
carácter plurianual, con una aportación mínima de 200M euros por parte de la Administración Central.
C) Ejecución de infraestructuras de competencia estatal:
1. Acelerar la ejecución de las obras en marcha en el corredor atlántico, A Coruña-Vigo-frontera portuguesa, de forma que este itinerario entre completamente en funcionamiento en el año 2007, incluida la catenaria, estudiando la posibilidad
de que algunos de los tramos lo hagan ya en 2005.
2. Declarar de urgencia los proyectos, teóricamente ya contemplados en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, de modernización de los itinerarios Ferrol- A Coruña, Santiago-Ourense, Ourense-Lugo, Ourense-Vigo y Lubián-Ourense, acortando
todo lo posible los trámites administrativos, con la licitación e inicio de las obras en 2003 y 2004, y con partidas presupuestarias de carácter plurianual desde el actual ejercicio hasta 2007.
3. Comprometerse a introducir las obras nuevas de los corredores Ponferrada-Monforte, Lugo-A Coruña y el denominado corredor ferroviario del Cantábrico dentro del Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, con el compromiso del inicio
de las obras dentro de la vigencia del actual plan.
4. Estudiar y llevar a cabo, juntamente con Renfe y la Xunta, un plan de mejora de los servicios ferroviarios en Galicia, especialmente en los corredores más abandonados, Ferrol-A Coruña, A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense, aprovechando la
renovación de la vía realizada o en ejecución, y en los corredores Vigo-Ourense, Ourense-Santiago y Vigo-Porto. Se tendrá en cuenta la optimización del uso de los recursos humanos y del parque de vehículos con que cuenta Renfe, además de su mejora
progresiva, con el fin de potenciar el funcionamiento del tren en los corredores señalados.
5. Clarificar la función de Feve en Galicia, con la posible participación en su gestión o su transferencia a la Xunta de Galicia, y la incidencia del nuevo corredor de alta velocidad del Cantábrico en su futuro, y elaborar, conjuntamente
con la Xunta y los Ayuntamientos de la zona, un plan de cercanías para A Mariña luguesa y de potenciación del transporte de mercancías con el acceso a los polígonos industriales próximos a la vía en su tramo gallego.
D) Compromisos presupuestarios:
1. Asignar, dentro de los presupuestos generales del Estado para 2004, una partida global de 2.000 millones de euros para las medidas propuestas, asegurando además los compromisos plurianuales concretos por esa misma cantidad en los
Presupuestos para 2005 y 2006.
2. Realizar gestiones ante las instituciones de la UE para conseguir una sobreinversión en Galicia de los fondos europeos (cohesión, estructurales y de solidaridad) en los presupuestos del año 2004 por importe de 1.000 millones de euros,
para atender los daños de la catástrofe.
E) Transparencia y responsabilidad informativa:
1. Comprometerse a constituir una Comisión de Investigación sobre las causas del accidente y su conversión en catástrofe, así como sobre las responsabilidades de la Administración del Estado.
2. Informar en sede parlamentaria mensualmente de la evolución del ecosistema y de todos los aspectos relacionados con las consecuencias económicas y sociales de la catástrofe, así como de la eficacia y adecuación de las medidas del
Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2003.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a informar del contenido, previsiones presupuestarias y aplicaciones del Plan Galicia (núm. expte.
173/000203).
Enmienda
De adición
En el apartado C) de un nuevo punto:
'Afrontar antes de 2007 las autovías Lugo-Ourense, Santiago-Lugo, Ourense-Santiago y el tramo gallego de la autovía Transcantábrica.'
De un nuevo apartado B.1) de medidas de recuperación del sector pesquero afectado por la catástrofe:
'1) Establecer y coordinar en colaboración con todos los organismos y privados, autonómicos y estatales, que trabajan en investigaciones marinas y el propio sector pesquero afectado, un plan de seguimiento del comportamiento de las especies
marinas de interés comercial y de cadena alimentaria para averiguar como afecta la contaminación generada por el Prestige a su reproducción, crecimiento, mortandad, mutaciones, abundancia y distribución de especies.
2) Crear ayudas para programas de inversiones productivas, compatibles con las ya existentes, en las zonas afectadas, que promuevan la incorporación de nuevas tecnologías, a la integración vertical de los sectores y aprovechamiento de los
recursos de la zona.
3) La creación de centros de formación especializados en la difusión de aplicaciones empresariales en cultivos marinos, recuperación y regeneración medioambiental.
4) Apoyar la creación de servicios e iniciativas empresariales dirigidas a la preparación de las capturas, de los productos, para su comercialización, empresas de envasado, fileteado, precocinados, servicios centralizados de primera venta
con infraestructuras portuarias, comarcales, especialmente en casos como el de la Costa da Morte, que están lejos del eje de desarrollo A Coruña-Vigo.
5) Elaborar un plan de regeneración adecuado a cada una de las zonas afectadas y elaboración de planes de repoblación en las especies en las que esto sea posible, fundamentalmente en el marisqueo, que deberán ser diseñados en función de las
zonas a recuperar.
6) Facilitar que se pueda compatibilizar la actividad extractiva de los barcos con las actividades de ocio y turísticas para, en colaboración con los Ayuntamientos, utilizar recursos que ahora no son eficientes en la pesca para aumentar la
oferta turística de los Ayuntamientos costeros.
7) Instalación fuera de las zonas afectadas, en aguas limpias, de 'arcas de Noé', plantas de cría, mantenimiento y engorde de las especies afectadas por la catástrofe del Prestige para la repoblación de las zonas afectadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2003.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000204
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha
producido en Madrid a lo largo del año 2002 (núm. expte. 173/000204), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2003.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes. del vigente Reglamento de la Cámara, presentar la siguiente
moción consecuencia de interpelación urgente, sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana que se ha producido en Madrid (Municipio y Comunidad Autónoma) a lo largo del año 2002 (núm. expte. 172/000277).
Motivación
La inseguridad ciudadana es un déficit del Estado de Derecho que limita la libertad de los/las ciudadanos/as y degrada las garantías constitucionales relativas a su integridad física, bienes y derechos.
Durante el mandato del Partido
Popular, los/las ciudadanos/as de la ciudad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid han sufrido las consecuencias de la degradación creciente de tales garantías como consecuencia del generalizado y grave incremento que se ha producido en la
criminalidad, especialmente de la que causa más temor, como es la criminalidad violenta y organizada, que sólo en el espacio de los cuatro primeros meses del presente año ha producido 45 homicidios y asesinatos.
Así pues, Madrid (Municipio y
Comunidad Autónoma) está siendo víctima del asentamiento y consolidación de viejos y nuevos fenómenos delictivos, no sólo de aquellos que ya limitan la seguridad de una parte muy importante de la población madrileña en forma de hurtos, robos con
violencia e intimidación, robos en domicilios, inseguridad en las calles y en las urbanizaciones, sino también de aquellos otros más peligrosos para todos como representan las mafias y grupos de delincuentes dedicados a todo tipo de tráficos
ilícitos, con drogas, seres humanos, vehículos de lujo o el mismo crimen por encargo. Estos graves fenómenos están degradando la seguridad y bienestar de los/las madrileños/as, así como la convivencia social, hasta límites hasta ahora desconocidos.
El año 2002 finalizó con una subida de las cifras de criminalidad en Madrid cercana al 12 por 100; que procedía del 8,80 por 100 en los delitos y del 14,60 por 100 en las faltas penales. Ese ascenso en los datos de la delincuencia
registrados en Madrid se sumaba al 12,98 por 100 que también habían subido las infracciones penales, delitos y faltas, durante el año 2001 (+8,13 por 100 los delitos y +17,15 por 100 las faltas), lo que supone la catastrófica situación 'conseguida'
por el PP2000 de más de 24 puntos de incremento de la criminalidad en el bienio siguiente a la puesta en marcha del 'programa estrella' del Gobierno de la Nación contra la delincuencia.
En Madrid han fracasado todos los planes de seguridad ciudadana que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha, comenzando por el Plan 6X6 y pasando por el Plan 10X10, el propagandístico Plan
Policía 2000 y, últimamente, el llamado Plan Focus. La inseguridad ciudadana que afecta al Municipio y Comunidad Autónoma de Madrid constituye en este momento el problema más grave de la ciudad y el que más temor y preocupación genera en
sus ciudadanos/as. La solución de este problema requiere la adopción de medidas enérgicas, eficaces, suficientes para solventar sustanciales carencias que hoy existen en los ámbitos de las políticas sociales de carácter preventivo y en los
servicios públicos de seguridad ciudadana. Ambas políticas son necesariamente complementarias entre sí para atajar la criminalidad. Las primeras, porque no puede olvidarse que las raíces sociales de la violencia en gran medida se nutren de las
situaciones de marginación y de la acción disolvente de la insolidaridad social, la injusticia y la inmoralidad pública, y las segundas, porque sin servicios públicos de seguridad ciudadana bien dotados y eficaces resulta imposible garantizar a
todos los/las ciudadanos/as madrileños/as, vivan donde vivan y sea cual sea su clase social, los derechos constitucionales más elementales referidos a sus personas, bienes y derechos.
Existen importantes deficiencias en la prestación de los servicios públicos de seguridad ciudadana que deben de ser resueltas y que afectan tanto al Municipio como a la Comunidad Autónoma de Madrid.
La descoordinación y falta de planificación en el ejercicio de las competencias que sobre seguridad ciudadana corresponden al Ayuntamiento y al Ministerio del Interior y en la actuación de los aproximadamente 5.000 agentes del Cuerpo
Nacional de Policía y los 6.340 agentes de la Policía Local. El Cuerpo Nacional de Policía carece de los efectivos necesarios para cumplir las misiones que le corresponden en el municipio de Madrid.
Su evolución se ha desarrollado en línea
descendente en lo que se refiere a su número, contrariamente a lo que debiera haber ocurrido en una ciudad cada vez más compleja, dinámica y globalizada. De 6.522 efectivos previstos en el Catálogo de 1995, ha pasado a tener 4.902 agentes en activo
en el año 2001, según datos del Ministerio del Interior. Esta situación se produce igualmente en las comisarías locales de los restantes municipios de la Comunidad. Inexistencia de instrumentos eficaces de coordinación y planificación conjunta
entre el Ayuntamiento de Madrid y el Estado en materia de seguridad ciudadana. Fracaso e indefinición de los servicios de policía de proximidad o de barrio.
Carencia de medios para montar los servicios necesarios de carácter preventivo en la lucha
contra la delincuencia cotidiana. Faltan coches-patrulla para garantizar la seguridad durante las noches y los fines de semana. El Partido Popular ha reducido a la mínima expresión la participación social y ciudadana en la promoción de la
seguridad pública.
Insuficiencias graves en la capacidad de los órganos de investigación policial.
Las medidas que se proponen deben adoptarse de manera inmediata, puesto que están al alcance de la capacidad competencial del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma, en la parte que les corresponda según la legislación, y del
Gobierno del Estado, en orden al desarrollo de medidas concretas que tienen un doble carácter, organizativo y planificador por un lado y de dotación de nuevos recursos policiales por otro, imprescindibles para frenar de manera urgente el
deslizamiento de la ciudad y la Comunidad Autónoma hacia una inseguridad ciudadana generalizada cada vez más violenta. Se trata de provocar una inflexión de la situación en sentido positivo de garantía de seguridad ciudadana tanto en el espacio
público de los barrios y calles, como en el espacio privado de domicilios y empresas.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Adoptar, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, las siguientes medidas:
1. Programa para la prevención de conductas delictivas en el municipio de Madrid.
Se trata de poner en marcha actuaciones de carácter transversal para la prevención de conductas delictivas, promovidas conjuntamente por el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Estado, con el objetivo de reforzar la cohesión social y la
actuación coordinada de responsables de seguridad, locales y estatales, jueces y fiscales, servicios sociales, educativos, sanitarios, lucha contra la drogodependencia, protección de menores y mujeres maltratadas, etc.
A tal efecto deben priorizarse barrios y distritos y sectores sociales donde los índices de delincuencia sean elevados y estén asociados a problemas económicos, sociales, culturales, de inmigración, desempleo, de desestructuración familiar,
drogodependencias y marginación social en general. Tales acciones han de ser la plasmación en los sectores de mayor riesgo delincuencial de las políticas de compensación social y servicios sociales que se desarrollen en los ámbitos de actuación
institucional solidaria.
2. Reforma de la Junta Local de Seguridad Ciudadana de Madrid, regulando su constitución y funcionamiento para convertirla en un órgano estable y permanente de coordinación operativa y de planificación de la seguridad ciudadana en Madrid.
Estará presidida por la Alcaldesa o el Alcalde de Madrid.
3. El Plan de Seguridad Ciudadana para el municipio de Madrid será elaborado y redactado por la Junta Local de Seguridad Ciudadana, con la participación de los responsables de la seguridad del Estado en Madrid, de la Comunidad Autónoma, del
Ayuntamiento, consultando las entidades cívicas y representativas de los vecinos y a las entidades sociales y empresariales.
Mediante el Plan, que tendrá carácter ejecutivo y se situará bajo la supervisión de la Junta Local de Seguridad,
se programará la distribución de tareas a desarrollar por los diferentes cuerpos de seguridad que actúen en Madrid, teniendo en cuenta las funciones que les asigna la Ley y el número de efectivos disponibles, de modo que se consiga las
máxima optimización de recursos humanos, evitándose duplicidades, concurrencias injustificadas, vacíos o saturaciones de efectivos. El Plan establecerá objetivos y medios cuantificados de todo tipo que se pongan a su disposición; así como las
estrategias idóneas para la prevención y reducción de delitos en zonas y sectores más sensibles necesitados de intervenciones prioritarias.
4. Para hacer realidad la actuación coordinada, en términos operativos y cotidianos, de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía en el municipio de Madrid, además de su integración en la programación que resulte del Plan de
Seguridad Ciudadana para el municipio de Madrid, se reforzará mediante la creación de nuevos instrumentos de coordinación operativa como es la sala única del 091-092. Establecer una sala única de 091-092, de servicio de 'Pronto Auxilio o Atención
al Ciudadano', para los Cuerpos Nacional de Policía y de la Policía Municipal, desde donde se atenderían las llamadas y requerimientos de los/las ciudadanos/as de Madrid, en materia de seguridad ciudadana, delincuencia y otras actuaciones de auxilio
y asistenciales que deban realizar cualquiera de los dos cuerpos policiales. Para incrementar la eficacia de este nuevo servicio, los vehículos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local serán dotados con localizadores GPS.
5. Coordinar en cada uno de los distritos la actuación conjunta de los policías de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía y de barrio de la Policía Municipal, en sus funciones de prevención de la delincuencia y asistencia y contactos
ciudadanos. A tal efecto, en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana de Madrid, se programarán y ejecutarán dispositivos y operativos conjuntos, tanto a escala de todo el municipio como de cada uno de sus distritos.
6. Celebración obligatoria durante un día de la primera semana de cada mes de la Junta y Consejo de Seguridad de cada uno de los distritos municipales-policiales de Madrid, donde se analizarán la criminalidad del mes anterior, actuaciones
policiales, programación de planes de intervención, medidas preventivas, etc.
7. Potenciación del Grume (Grupo de Menores de la Brigada de Policía Judicial), descentralizando sus funciones en los distritos para la investigación y tratamiento de los hechos relacionados con la violencia juvenil en los ámbitos escolares
y de ocio, con intervención de la Fiscalía de Menores. La Sección de Menores de la Policía Municipal, con arreglo a sus competencias, coordinará sus actividades con el Cuerpo Nacional de Policía. A tal efecto, en el marco del Plan de Seguridad
Ciudadana de Madrid, se constituirá una comisión técnica encargada de integrar las actuaciones que en este campo desarrollen el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local.
8. Se coordinarán las actuaciones de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía con arreglo a las competencias materiales y territoriales de cada Cuerpo, principalmente en la investigación y esclarecimiento de los delitos
relacionados con bandas y grupos organizados, evitándose las invasiones competenciales y descoordinaciones que producen ineficacia y dejan desprotegidos sectores y espacios territoriales.
9. Creación urgente de cuatro nuevas comisarías de distrito del Cuerpo Nacional de Policía en Usera, Vicálvaro-Valdebernardo, Barajas y Aravaca.
Desconcentración de aquellas comisarías de distrito más saturadas y con mayor número de
habitantes, creando durante la próxima legislatura cuatro subcomisarías de barrio.
10. Dotación de 2.000 agentes más del Cuerpo Nacional de Policía, entre inspectores y policías de base, para cubrir las diferentes comisarías de distrito de la capital hasta alcanzar los 7.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el
plazo de dos años.
11. Incrementar 50 patrullas más del Cuerpo Nacional de Policía (50 vehículos policiales), todas las noches hasta alcanzar los 150. Se trata de aumentar notablemente la presencia policial en las horas de mayor riesgo delictivo en lo que se
refiere al Servicio de Atención al Ciudadano o 091 de Madrid, en horario flexible desde las veitiuna horas, ganándose eficacia e inmediatez en la respuesta policial de prestación del servicio. El personal necesario sería el mismo que en el mes de
octubre pasado se incorporó a Madrid, procedente de unidades de intervención policial de otras provincias, empleado para la fracasada Operación Focus. En esta ocasión, se destinarán a patrullar todo Madrid, distribuidos por todos los distritos, en
lugar de sólo a los cuatro a los que se les asignó, evitándose el perverso efecto de corrimiento de la delincuencia hacia otras zonas de Madrid desprovistas de presencia policial. Por su parte la Policía Local deberá garantizar simultáneamente la
disponibilidad de, al menos, 50 coches patrulla para desarrollar sus propias funciones y a la vez complementar la acción de Cuerpo Nacional de Policía.
12. Se proveerán los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para que la base de helicópteros del Cuerpo Nacional de Policía situada en Madrid se encuentre siempre operativa y disponga de un mayor número de aparatos. Los
helicópteros policiales deben convertirse en un instrumento habitual para las tareas policiales y han de estar operativos durante las veinticuatro horas del día, al servicio de las incidencias más graves que afectan a la seguridad ciudadana en
Madrid.
13. Para la vigilancia de los lugares de venta de géneros y efectos presuntamente sustraídos, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal, cuidará de la inspección y control de las actividades comerciales que se realizan
dentro y fuera de los mercadillos,
venta ambulante, etc., que afectan, principalmente, a la piratería informática y a diversas figuras y formas de receptación.
14. Por la Policía Municipal se realizarán controles de alcoholemia, en los lugares más indicados, durante las noches y madrugadas apoyados por unidades de intervención policial. Por su parte, las comisarías de distrito organizarán,
también con el apoyo de unidades de intervención policial, controles selectivos sobre el tráfico de vehículos sustraídos en las vías comúnmente conocidas como de tránsito de estos vehículos o de huida de los delincuentes.
15. Reorganización de las comisarías de distrito dotándolas de una estructura basada en una más eficaz distribución de sus funciones, reforzando especialmente las de investigación y prevención de la delincuencia. A tal efecto, en todas las
comisarías existirán las siguientes secciones:
- Sección de Prevención de la Delincuencia, encargado de las funciones de presencia policial activa, uniformada principalmente, en los espacios geográficos del distrito de mayor incidencia delictiva. Aquí se integrarían, entre otros, los
policías de proximidad o de scooter.
- Sección de Policía Judicial (investigación) a la que corresponderá la investigación y esclarecimiento de los delitos de los que tenga conocimiento y se cometan o tengan relación con el territorio del distrito policial. Se suprimirá la
actual 'investigación modular' que impone el PP2000. Será la sección policial encargada de la tramitación de los atestados policiales por delito o falta con enjuiciamiento rápido o inmediato.
- Todas las comisarías dispondrán igualmente de servicios de atención al/la ciudadano/a, documentación (expedición de DNI y pasaporte) y extranjería y nacionalidad.
16. Se creará un registro de personal autorizado para la seguridad de establecimientos públicos de ocio. Se introducirán las modificaciones que procedan en la vigente Ley 23/1992, de Seguridad Privada, y Reglamento que la desarrolla, para
que las infracciones que cometan estos establecimientos relacionadas con la actividad de ese personal supongan el cierre de la actividad local, y, en otro caso, que afecten las sanciones económicas a las fianzas obligatorias depositadas para la
habilitación del ejercicio de su actividad.
B) Adoptar, con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Madrid, las siguientes medidas:
1. Establecimiento de un Plan de Seguridad Ciudadana para la Comunidad de Madrid, con la participación del Gobierno de la Nación a través de la Delegación del Gobierno, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios,
la Fiscalía de Madrid y la Administración de Justicia, con el objetivo de articular un sistema integrado de prevención y seguridad pública en la Comunidad.
2. Potenciar el papel del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid para establecer las grandes líneas estratégicas de la seguridad pública en la región.
3. Creación y funcionamiento mensual de las Juntas Locales de Seguridad en los municipios madrileños que tengan Cuerpo de Policía propio y, de manera especial, en aquellos que tengan una población superior a los 30.000 habitantes, regulando
su constitución y funcionamiento para convertirlas en un órgano estable y permanente de análisis de la situación de la seguridad y criminalidad de la localidad, planificación de actuaciones y coordinación operativa de los Cuerpos de Seguridad en sus
respectivos municipios. Estarán presididas por los/las Alcaldes/desas.
4. Que por el Gobierno de la Nación se presente un Proyecto de Ley de modificación de la L. O. 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, entre otras medidas, contemple la incorporación en su artículo 51 de un nuevo apartado que
permita que, bajo la supervisión del Gobierno de la Comunidad Autónoma y sin que pueda afectar a la autonomía y competencias de cada Ayuntamiento, los municipios puedan suscribir entre sí convenios para la prestación de servicio de apoyo a las
funciones de las Policías Locales.
5. Atribución a las Policías Locales de los cometidos de prevención, protección y asistencia en los casos de violencia de género, creando unidades policiales especializadas en los municipios con población superior a los 30.000 habitantes,
correspondiendo a la Comunidad la homogenización de las mismas.
6. Creación en las Comisarías de Policía de municipios con población superior a los 100.000 habitantes de grupos operativos especializados para la investigación de delincuencia organizada y económica, coordinados con la Brigada de Policía
Judicial de Madrid, encargados de la prevención, investigación y esclarecimiento de la actividades delictivas de grupos y bandas organizadas (tráfico de drogas y blanqueo de dinero, tráfico de mujeres y prostitución, tráfico de vehículos de lujo,
etc.)
7. Asignación a la Base Central de Helicópteros de Madrid de los recursos materiales y técnicos y medios personales necesarios para la actuación operativa permanente de los helicópteros policiales en el ámbito de las Comisarías Locales de
Madrid. Un helicóptero de la Guardia Civil también será dedicado a labores de prevención y persecución de la criminalidad en los núcleos rurales de la Comunidad de Madrid.
8. La coordinación de la policía de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía y la policía de barrio de las Policías Locales en sus actuaciones en cada municipio, en el marco de las decisiones que se adopten en el seno de la Junta de
Seguridad, programándose y ejecutándose dispositivos operativos conjuntos.
9. Dotar con carácter prioritario y urgente las vacantes existentes en las 30 comisarías locales y de distrito y en las cinco brigadas provinciales que el Cuerpo Nacional de Policía tiene actualmente en funcionamiento en la Comunidad de
Madrid, que requerirá la incorporación de 3.000 miembros más del citado Cuerpo. Asimismo deberán cubrirse de manera urgente todas las vacantes dependientes de la Comandancia de la Guardia Civil.
10. Que el Gobierno de la Nación cree en las poblaciones de la Comunidad de Madrid de más de 30.000 habitantes nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, dotándolas de un plan de trabajo específico y de las instalaciones, servicios,
recursos humanos y medios materiales necesarios para una actuación positiva a corto plazo. Creándose en todo caso en el plazo de dos años 10 nuevas comisarías en los lugares de la Comunidad más conflictivos desde el punto de vista de la seguridad
ciudadana.
C) El Gobierno garantizará que la planta judicial de la Comunidad de Madrid se adecue a las necesidades de la realidad social de esta Comunidad de forma que puedan llevarse a cabo los juicios rápidos con eficacia y con todas las garantías, y
dotará las plazas de jueces y fiscales que resulten necesarias para dar un buen servicio público a los ciudadanos.
Además, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid, se potenciará y facilitará la labor de los peritos y otros técnicos necesarios en la Administración de Justicia.
Asimismo el Gobierno, en colaboración con la Comunidad Autónoma y el Colegio de Abogados de Madrid, potenciará el servicio de turno de oficio y la comisión de asistencia gratuita en el ámbito de la Comunidad, poniendo los medios materiales y
humanos necesarios para garantizar el derecho de defensa de los más desfavorecidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2003.-Victorino Mayoral Cortés, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.