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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 425, de 24/10/2002
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de octubre de 2002
Núm. 425
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000014 Creación de una Subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Acuerdo del Pleno de la Cámara
... (Página 4)
154/000015 Creación de una Subcomisión con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo. Acuerdo del Pleno de la Cámara ...
PERSONAL
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Nombramientos ...
(Página 5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos
mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas. Enmienda ... (Página 5)
Aprobación ... (Página 6)
162/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa
humanidad o de guerra. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página 6)
162/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas
... (Página 8)
162/000580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que se incremente la actividad y eficacia del Ministerio de Fomento en la promoción de políticas públicas activas que posibiliten el
acceso real y efectivo a la vivienda ...
(Página 8)
162/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, acerca de las medidas que piensa tomar el Gobierno ante el rechazo de la terna presentada al Consejo de Europa para la cobertura de la plaza de juez del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ... (Página 11)
162/000582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el retorno y depósito en el Archivo Nacional de Cataluña de los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad Republicana que se
encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca ... (Página 12)
162/000583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la dignificación de los presos republicanos que trabajaron como esclavos bajo la dictadura franquista y la recuperación de la memoria
colectiva ... (Página 14)
Comisión de Economía y Hacienda
161/001407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre anulación de la declaración de utilidad pública de líneas de alta tensión en Cantabria. Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los pañales. Desestimación. ... (Página 16)
161/001651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la planificación energética de las Illes Balears.
Desestimación así como enmienda formulada. ... (Página 16)
Comisión de Ciencia y Tecnología
161/001493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fomento de la Investigación Básica. Desestimación así como enmienda formulada ... (Página 17)
161/001507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aprobación con modificaciones así como enmienda
formulada ... (Página 17)
161/001514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reubicación de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación de la señal piloto de televisión en localidades de la provincia de Cádiz. Desestimación ... (Página 18)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000214 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes ... (Página 18)
172/000216 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en
general y del sector textil, en particular ... (Página 19)
172/000217 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones en general, en energía nuclear, retirada y almacenamiento de residuos, como sucede en el caso de
la autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana ... (Página 20)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000157 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de
trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas. ... (Página 21)
Aprobación con modificaciones ... (Página 22)
173/000158 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Texto de
la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 23)
173/000159 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células madre embrionarias. Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000014
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de una Subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual (núm. expte. 154/000014), en los siguientes términos:
'A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y un representante de cada uno de
los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
Los acuerdos de la Subcomisión se adoptarán mediante voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión tendrá por objeto:
El estudio con los protagonistas y sectores más afectados, de las medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual que puedan ser las más eficaces y homologadas con otros países de nuestro entorno.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades, funcionarios públicos y la de otras personas y organizaciones competentes en la materia.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
154/000015
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, de una Subcomisión con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género (núm.
expte. 154/000015), en los siguientes términos:
'A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y un representante de cada uno de
los Grupos restantes.
B) Objeto de la Subcomisión.
Formulación de medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género.
Las propuestas de la Subcomisión serán sometidas a debate y votación de la Comisión de Política Social y Empleo que -con las modificaciones que eventualmente se introduzcan- las elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su debate y
aprobación definitiva.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades,
funcionarios públicos y la de otras personas y organizaciones competentes en la materia.
C) Adopción de acuerdos.
Los acuerdos de la Subcomisión se adoptarán con arreglo al criterio de voto ponderado.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión no concluirá sus trabajos más tarde del día 1 de febrero de 2003.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
PERSONAL
299/000003
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en sus reuniones de 12 de abril de 2000; 6 de febrero de 2001; 22 de enero de 2002; 17 de septiembre de 2002, y 15 de octubre de 2002, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña María Belén Giménez Fernández, con efectos de 17 de octubre de 2002, y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención
de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
299/000003
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en sus reuniones de 12 de abril de 2000; 6 de febrero de 2001; 22 de enero de 2002; 17 de septiembre de 2002, y 15 de octubre de 2002, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he tenido a bien nombrar a doña Nicole Martín Álvarez, con efectos de 17 de octubre de 2002, y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los
señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000318
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas (núm.
expte. 162/000318), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 203, de 22 de junio de 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y
comunicación que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas (núm.
expte. 162/000318).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
De adición
Añadir un segundo párrafo al texto de la Resolución, con el siguiente contenido:
'A tal efecto, le requiere para que, antes del 31 de diciembre de 2003, todas las unidades de la Administración General del Estado con rango mínimo de Dirección General o equivalente, todos los organismos públicos adscritos o dependientes de
la misma y todos los subdelegados del Gobierno dispongan de una página web que recoja toda la información que resulte relevante y permita la realización, por vía digital, de todas las gestiones y trámites administrativos que el ciudadano pueda
llevar a cabo ante los mismos.'
Motivación
El texto original de la proposición carece de compromisos concretos, definidos por contenidos y fechas.
162/000318
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que
presta la Administración General del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas (núm. expte. 162/000318), sin modificaciones con respecto al texto publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
203, de 22 de junio de 2001.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
162/000568
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos
que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (núm. expte.
162/000568), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 415, de 4 de octubre de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra.
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados:
1. Se reafirma en la vigencia de los principios que inspiraron el Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, en especial los de jurisdicción universal, imprescriptibilidad, complementariedad de su jurisdicción, no
impunidad e improcedencia de cargo oficial por la comisión de crímenes objeto de su competencia.
2. Recuerda que algunos de dichos principios formaban ya parte del ordenamiento jurídico español mediante su reconocimiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal y los Convenios internacionales firmados por España.
3. Considera que la Unión Europea y Naciones Unidades han sido hasta ahora los principales impulsores del proceso de creación y constitución de la Corte, por lo que muestra su preocupación por la posibilidad de que Estados miembros de la
Unión puedan firmar acuerdos bilaterales tendentes a asegurar o favorecer la
impunidad ante la Corte Penal Internacional debilitando el funcionamiento de la misma.
4. Lamenta, por tanto, las conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea de 30 de septiembre de 2002, en cuanto pueden considerarse como una autorización para que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales
con los Estados Unidos en este sentido.
5. Insta al Gobierno para que promueva en el seno de la Unión Europea la consideración, como parte del acervo comunitario, del Estatuto de Roma, ratificado por todos los Estados miembros en cuanto elemento esencial del modelo y los valores
democráticos de la Unión.
6. Insta al Gobierno para que promueva en la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma una declaración que manifieste expresamente que la celebración de acuerdos bilaterales de impunidad son contrarios al Estatuto y que los Estados
Partes y signatarios no deben firmar, ratificar o aplicar tales acuerdos.
7. Insta al Gobierno para que no firme acuerdos con los Estados Unidos u otros países, que vayan en detrimento de la aplicación efectiva del Estatuto de Roma o puedan conducir, directa o indirectamente, a la impunidad de personas acusadas
de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra
(num. expte.
162/000568).
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados, confirmando su compromiso con el principio de justicia universal materializado en la creación de la Corte Penal Internacional, insta al Gobierno a:
1. Abstenerse de cualquier acto que de forma directa o indirecta pueda comprometer la integridad del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional;
2. No firmar con otros Estados acuerdos de ningún tipo por los que pueda resultar comprometida o limitada de alguna manera la cooperación del Reino de España en la investigación y persecución de crímenes incluidos en el ámbito de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la integridad del Estatuto de la corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra.
Madrid, 15 de octubre de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone queda redactado de la siguiente manera:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir fundamentando su posición, en lo referente a las propuestas de los Estados Unidos de América relativas a la Corte Penal Internacional, en la respuesta conjunta de la Unión Europea
adoptada en el pasado Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 30 de septiembre de 2002 y, concretamente, en los principios rectores establecidos en relación con posibles acuerdos entre un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y los Estados Unidos de América relativos a las condiciones de entrega de personas a la Corte Penal Internacional; principios que garantizan los principios básicos que inspiran a la Corte Penal Internacional y que son
básicamente la exigencia de no impunidad y de no reciprocidad.'
Justificación
Mejora técnica.
162/000569
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal
Internacional (núm. expte. 162/000569), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 415, de 4 de octubre de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional (núm. expte.
162/000569).
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados, confirmando su compromiso con el principio de justicia universal materializado en la creación de la Corte Penal Internacional, insta al Gobierno a:
1. Abstenerse de cualquier acto que de forma directa o indirecta pueda comprometer la integridad del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional;
2. No firmar con otros Estados acuerdos de ningún tipo por los que pueda resultar comprometida o limitada de alguna manera la cooperación del Reino de España en la investigación y persecución de crímenes incluidos en el ámbito de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone queda redactado de la siguiente manera:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir fundamentando su posición, en lo referente a las propuestas de los Estados Unidos de América relativas a la Corte Penal Internacional, en la respuesta conjunta de la Unión Europea
adoptada en el pasado Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 30 de septiembre de 2002, y concretamente, en los principios rectores establecidos en relación con posibles acuerdos entre un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y los Estados Unidos de América relativos a las condiciones de entrega de personas a la Corte Penal Internacional; principios que garantizan los principios básicos que inspiran a la Corte Internacional y que son
básicamente la exigencia de no impunidad y de no reciprocidad.'
Justificación
Mejora técnica.
162/000580
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley para que se incremente la actividad y eficacia del Ministerio de Fomento en la promoción
de políticas públicas activas que posibiliten el acceso real y efectivo a la vivienda.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento; disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate urgente en el Pleno de la Cámara.
Amplias capas de la sociedad española asisten con impotencia a una escalada espectacular y sostenida en el tiempo de los precios de la vivienda y ven como el objetivo de adquirir su primera vivienda, en el caso de los jóvenes, o de mejorar
su situación residencial cuando esta no es buena, en el resto de los supuestos, se torna cada día más lejano y quimérico.
No es necesario aportar demasiados datos, pues esta es una realidad que está en la calle, que se puede percibir simplemente contrastando opiniones en los círculos sociales y familiares de todos y cada uno de los españoles. Sirva como botón
de muestra los siguientes datos:
· Según acreditadas sociedades de tasación en los últimos cinco años (1997-2001) el precio medio de la vivienda ha crecido en España el 46 por ciento. Este dato, por sí solo, pone de relieve la crudeza social del problema al que nos
enfrentamos.
· Por su parte el Banco de España ha concluido que en los últimos tres años (1999-2001) el precio de la vivienda ha continuado con su imparable ascenso, habiéndose incrementado en un 48 por ciento sus precios.
· Finalmente informes realizados por sociedades de tasación demuestran que sólo en el pasado año 2001 el precio de la vivienda usada creció un 18 por ciento y el de la nueva un 14 por ciento, alcanzando ese incremento de precio de la
vivienda en un solo año valores del 30 por ciento en determinadas zonas de España.
Estos altísimos precios de la vivienda combinados con un panorama de empleo muy precarizado, especialmente entre las y los jóvenes españoles, aconsejan una fuerte actuación pública en materia de vivienda. Sin embargo, esta acción pública
brilla por su ausencia. Es más, el Ministerio de Fomento ha propiciado un parón salvaje en las actuaciones públicas en vivienda.
Los planes de vivienda del Ministerio no se han cubierto ni siquiera en el 40 por ciento de sus objetivos y en capítulos como el de construcción de Viviendas de Protección Oficial no se ha llegado ni al 50 por ciento de los objetivos fijados
de antemano. La dejación del Gobierno del PP en este campo es tan grave que en el año 2000 la construcción de Viviendas de Protección Oficial cayó un 35 por ciento respecto al año anterior, las acciones financiadas por el Ministerio se redujeron en
un 75 por ciento respecto a 1999 y los créditos concecidos en el 2000 fueron un 28 por ciento menores que los aprobados en 1999.
Por otra parte, el informe del Banco de España antes citado demuestra que en veinte años en España las viviendas protegidas han pasado de representar el 60 por ciento de las viviendas de nueva construcción a suponer sólo un 10 por ciento del
total de las construidas, habiéndose concentrado en los últimos años la mayor parte de este brutal descenso del esfuerzo público de construcción de vivienda protegida.
Si tenemos en cuenta que la Administración Aznar nunca ha destacado por su afán en materia de políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda, se comprenderá que el descenso de actividad del Ministerio de Fomento en relación a su ya
precaria actividad anterior es un asunto de la máxima gravedad.
Por si lo anterior no fuera poco, los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2003, demuestran que la voluntad del Gobierno del PP continúa siendo la retirada de lo público del problema de la vivienda, con un descenso de más
del 55 por ciento respecto al esfuerzo inversor en vivienda del pasado año 2002 y con un descenso de más del 20 por ciento en las transferencias a Comunidades Autónomas para que éstas inviertan en vivienda nueva. No sólo la política real del PP es
inhibicionista en la práctica, sino que los propios Presupuestos Generales del Estado reflejan la voluntad del Gobierno del PP de permanecer como un mero espectador ante el aumento espectacular del precio de las viviendas en España.
En este contexto el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere recordar que la vivienda no solo es una necesidad social de primera magnitud (sin vivienda adecuada no hay proyecto emancipatorio para los jóvenes españoles ni vida
digna para el resto de los ciudadanos) sino que es además, por mor de nuestra Carta Magna, un derecho constitucional (artículo 47 de
la Constitución en conexión con el artículo 9.2 de la misma).
En este contexto (vivienda como derecho constitucional y vivienda como necesidad social) resultan ofensivas las declaraciones de determinados Ministros que muestran su satisfacción ante el aumento del precio de las viviendas (pues ello
implica que los españoles son cada vez más ricos y se pueden comprar viviendas cada vez más caras) o entienden que no sería bueno que bajasen los precios de la vivienda en España (por el efecto de depreciación de los patrimonios inmobiliarios).
La desfachatez de determinados miembros del Gobierno del PP en materia de vivienda y el escándalo que producen sus declaraciones no deben hacernos perder la necesaria perspectiva. Lo importante no es que el Gobierno del PP muestre en
público cinismo respecto a este tema. Lo importante es que las familias españolas tienen que hacer cada vez un mayor esfuerzo para comprar sus viviendas (aumentando de forma peligrosa el endeudamiento hipotecario familiar medio) y que cientos de
miles de españoles y españolas (especialmente jóvenes) no pueden ni siquiera pensar en endeudarse de forma severa, pues sus ingresos no les permiten soñar con la compra o el alquiler de una vivienda digna.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que, más allá del bochorno que producen determinadas declaraciones públicas de ciertos Ministros, la clave está en el fracaso de la política de vivienda del PP y en el total
desamparo de millones de españolas y españoles (especialmente los jóvenes) que no pueden acceder a una vivienda digna y que ven como la Administración del PP no hace absolutamente nada por su derecho a una vivienda digna.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que incremente de forma substancial la actividad y la eficacia del Ministerio de Fomento en la promoción de políticas públicas activas que posibiliten el acceso real y efectivo a la vivienda del mayor número de ciudadanos necesitados
de la misma. Debiendo estar entre las mismas las siguientes medidas:
1.1 Profundizar en la modificación de la estructura de gasto público en vivienda, de manera que se equipare a la del resto de los Estados Miembros de la Unión Europea, con el objeto de lograr un mayor gasto directo (subvenciones o subsidios
a los tipos de interés) y reducir el peso del gasto fiscal en vivienda (por ser este claramente regresivo), a todo lo anterior debería sumársele la necesidad de realizar las modificaciones legales oportunas para recuperar la deducción fiscal por
alquiler de vivienda.
1.2 Crear Patrimonios Públicos de Suelo en el ámbito de la Administración General del Estado como sistema de regulación de los precios del mercado del suelo, así como cooperar y colaborar con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
que, a su vez, impulsen los citados patrimonios.
1.3 Incrementar de forma significativa en los volúmenes de construcción de Viviendas de Protección Oficial, Viviendas Sociales y cualquier otra tipología de vivienda con algún tipo de tutela pública, de forma que se abandone la actual apatía
y/o ineficacia constructora del Departamento Fomento: Lo cual debe significar, entre otras cosas:
1.3.1 El inicio anual de al menos 30.000 viviendas públicas en alquiler destinadas a las rentas más bajas y claramente excluidas del mercado de vivienda.
1.3.2 La construcción anual de al menos 70.000 Viviendas de Protección Oficial, de manera que se invierta el peso de la vivienda pública (hoy minoritaria) respecto a la vivienda libre privada (hoy mayoritaria) hasta llegar por lo menos a un
30 por ciento de viviendas públicas respecto del conjunto de viviendas construidas anualmente.
1.4 Apostar por una política de vivienda de alquiler pública, tal y como se viene haciendo en otros Estados Miembros de la Unión Europea desde hace décadas, que ayude a paliar la especial dificultad emancipatoria de los jóvenes españoles.
1.5 Gravar fiscalmente a las viviendas desocupadas de todo punto ociosas para favorecer su puesta en el mercado de alquiler, todo ello sin menoscabo del derecho a la propiedad, pero con pleno respecto al mandato constitucional de
subordinación de la riqueza del país al interés general y a la función social de la propiedad.
1.6 Realizar el censo de población y vivienda (que ya debería de haberse realizado en el año 2000, según compromiso suscrito por España en la ONU), pues estos datos son claves para planificar y ejecutar una política de actuación sobre la
nueva vivienda y sobre el patrimonio residencial ya existente.
2. A que coopere de forma decidida con el resto de Administraciones Públicas implicadas en materia de vivienda al objeto de optimizar los recursos públicos empleados en España para dar satisfacción al derecho constitucional de los
ciudadanos a la vivienda y cumplimiento a la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden el disfrute real y efectivo de este derecho por parte de todos los españoles. Debiendo estar entre las mismas las siguientes
medidas:
2.1 Colaboración, cooperación y cogestión con las Comunidades Autónomas, inter alia, en el marco de las conferencias sectoriales competentes.
2.2 Firma de convenios de cooperación con Comunidades Autónomas y municipios españoles.
3. A que comprometa a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales españolas para que, por medio de las políticas públicas que entre todos estimen oportunas y en el menor plazo posible, se reduzca de forma drástica el precio de
la vivienda pública y libre en España, lo cual pasa por políticas de gestión pública del suelo coordinadas entre las distintas Administraciones Públicas competentes y por una apuesta decidida de las mismas por un urbanismo al servicio de los
derechos y las necesidades de los ciudadanos y por la remoción de los obstáculos para la igualdad efectiva y real de individuos y grupos a la que hace referencia el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
162/000581
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley acerca de las medidas que piensa tomar el Gobierno ante el rechazo de la terna presentada al Consejo de Europa para la cobertura de la plaza de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley acerca de las medidas que piensa tomar el Gobierno ante el rechazo de la terna presentada al Consejo de Europa para la cobertura de la plaza de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos correspondiente al Reino de España en calidad de
Estado miembro de la citada organización, para su debate en el Pleno.
Motivación
La designación del candidato que debe sustituir al juez español J. A.
Pastor Ridruejo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por expiración de su mandato se ha visto rodeada de incidentes poco habituales en un proceso de estas
características. Al final, la imagen de España ha quedado deteriorada en el entorno del Consejo de Europa, pues nunca antes un país se había empeñado con tanto ahínco en la defensa de una candidatura falseada y contraria a la recomendación de la
subcomisión de designaciones, encargada de la presentación a la Asamblea Parlamentaria del mejor candidato.
Desde el comienzo, el Gobierno actuó sin consultar ni informar a ningún grupo parlamentario sobre el asunto. Causó asombro el voluntarioso descuido en cuanto a la solidez de la terna de candidatos propuestos, así como el 'indisimulado
interés' del Grupo Popular en la designación de doña Margarita Retuerto, sin contrastar, que se sepa, ninguna especial preparación para un puesto tan cualificado y altamente exigente, y cuya designación en la terna sólo parece explicarse en una
clara decisión de carácter político. Al resto de candidatos se les daba, en consecuencia, la presunción de 'relleno', tal y como ocurrió con doña María Jesús Salvo, propuesta en tercer lugar, que ni siquiera compareció al examen de candidatos,
habiendo declarado su total desinterés en el puesto, por lo que fue sustituida, o tal y como ocurrió con las intencionadas omisiones en el currículo de don Aurelio Pérez Giralda, el segundo candidato. Como consecuencia de todo ello el proceso de
elección fue aplazado el pasado junio, dándose paso a un cambio en el tercer candidato de la terna en la persona de don Pablo Ruiz-Jarabo.
El día 24 de septiembre, después de las correspondientes comparecencias de candidatos, la subcomisión para la elección de jueces del TEDH propuso a la Asamblea como juez candidato al diplomático don Aurelio Pérez Giralda, número 2 de la
terna española, en lugar de la candidata propuesta en primer lugar por España, por su mayor calidad como jurista.
A partir de ese momento se dio comienzo a una directa campaña del Gobierno de cara a la promoción de su candidata preferente, en indisimulado perjuicio de los otros candidatos propuestos en la terna. Se hicieron notar las presiones del
Grupo Popular en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitando el voto para doña Margarita Retuerto, en contra del criterio de la subcomisión encargada de la selección. Las presiones políticas llegaron incluso a manifestarse
expresamente en las gestiones desplegadas por parte del representante permanente de España ante el Consejo de Europa, don Guillermo Kirkpatrick.
Finalmente, tan inusual proceso de designación ha venido a culminar en un empate en la votación final sobre el candidato, produciéndose una situación sin precedentes en el Consejo de Europa, no prevista en los reglamentos, y para cuya
solución se hace necesario un informe técnico de los servicios jurídicos de la Secretaría General del Consejo de Europa.
La terna presentada por el Gobierno español no era suficientemente sólida, como hubiera resultado de rigor en organismos internacionales de las características del Consejo de Europa. Respondía claramente a una estrategia desplegada para
conseguir la nominación de doña Margarita Retuerto. Sólo por esta razón puede explicarse que se presentaran candidatos 'de relleno' en el último puesto de la terna, y que no se dudara en introducir engaños y falsedades en el currículo vital de doña
Margarita Retuerto para que su candidatura pudiese beneficiarse de algún resalte respecto de las de 'acompañamiento'. Tanto es así que la candidatura preferente figuraba en dicho currículo como 'doctora en Derecho', grado académico que nunca
obtuvo, y 'magistrada del Tribunal Supremo español', cargo que nunca desempeñó.
Con todo ello, la situación de desdoro internacional a la que el Gobierno ha sometido a España, con un servicio de exteriores que alteró y manipuló los currículos de los candidatos, con una actuación escorada hacia el más descarado
sectarismo político, que no es capaz de rectificar sus errores y que deteriora la imagen institucional y seria que debía presentar el Gobierno de España ante las instituciones internacionales, se hace a estas alturas insostenible, toda vez que
semejante situación se ha producido por el estricto interés político -partidario- del Partido Popular en una candidatura notoriamente inidónea y no ajustada al puesto al que se destinaba.
El prestigio del TEDH y su fundamental labor en defensa de los derechos humanos en Europa convierten la designación de sus jueces en materia de especial interés para todo el concierto internacional. Parece indiscutible que ningún juez del
TEDH debiera acceder a dicho puesto sin acreditar los conocimientos, formación y experiencia suficiente para el puesto, ni beneficiándose de haber presentado un currículo falso, ni mucho menos habiendo sido designado por motivos marcadamente
partidistas.
Por ello, y por interés común -español y europeo, nacional e internacional- en la designación del mejor y más cualificado candidato o candidata para la cobertura de la plaza de juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos correspondiente al
Reino de España en calidad de Estado miembro de la citada organización es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para reparar de inmediato el desdoro infligido al prestigio de España en un organismo internacional de protección de derechos humanos, como es el Consejo de
Europa, mediante dos actuaciones:
1) La retirada inmediata de la terna propuesta para cubrir la plaza.
2) La presentación de una nueva terna, en la que se garantice que los criterios adoptados para la presentación de candidatos incluyan necesariamente los de prestigio profesional, los altos servicios jurídicos o profesionales prestados, los
conocimientos probados de Derecho y jurisprudencia europea en derechos humanos, de Derecho constitucional y de Derecho internacional, así como el conocimiento y manejo de las lenguas de trabajo en el Consejo de Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2002.-Juan Fernando López Aguilar, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000582
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre el retorno y depósito en el Archivo Nacional de Cataluña de los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalidad Republicana que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer
su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La derrota del legítimo régimen de la II República española conllevó una represión sin límites hacia las personas y las instituciones que habían permanecido fieles a la democracia, Catalunya, lejos de ser la excepción, padeció una cruel
represión, que se dio en todos los ámbitos, afectando incluso a la documentación, y más concretamente a los archivos del legítimo gobierno de Catalunya. Los archivos del gobierno catalán fueron incautados como botín de guerra por el nuevo orden y
depositados en la ciudad de Salamanca. Se trata de fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalitat republicana guardados en el Archivo Histórico Nacional, en la sección Guerra Civil, de Salamanca.
El retorno de los archivos a su legítimo propietario, la Generalitat de Catalunya, no es una petición nueva por parte del Parlamento catalán.
Así, el 17 de marzo de 1995, el Consejo de Ministros tomó la decisión de reponer los fondos
documentales a la Generalitat. En 1996, fruto de la oposición y la controversia que se originó con esta decisión, el Gobierno español anterior, de acuerdo con el catalán, nombró una comisión técnica para que abordase la problemática y buscara las
soluciones. La resolución de dicha comisión fue explícita: 'siempre que los informes jurídicos lo permitan', efectuar un 'depósito de documentación' del archivo de Salamanca en la institución que se elija de acuerdo con la Generalitat.
El Gobierno de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía dispone de competencias exclusivas en materia de cultura, y desde 1981, fecha en la que fueron traspasados los servicios y las competencias por parte de la
Administración del Estado, el ejecutivo catalán ha desarrollado su política cultural. Tres reales decretos de 1994 y 1995 culminaron algunos traspasos pendientes, sobre todo en materia de titularidad de determinados bienes inmuebles.
No obstante, el botín de guerra que se fraguó a partir de 1939 no se reduce a los archivos de la Administración catalana, sino que existen aún algunos contenciosos con el Gobierno del Estado en relación a bienes y equipamientos de
titularidad estatal que, de acuerdo con la voluntad repetidamente expresada de forma mayoritaria por el Parlamento catalán, han de ser transferidos a la Generalitat de Catalunya.
Las Administraciones del Estado y de la Generalitat tienen pendiente el retorno y depósito en el Archivo Nacional de Catalunya de los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalitat republicana que aún se encuentran
depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, de Salamanca. El pueblo de Catalunya, con la Comissió per la Dignitat al frente, así lo reclama.
Son peticiones legítimas del pueblo y el Parlamento de Catalunya de restituir lo que fue sustraído como botín de guerra a una institución legítima y democrática como fue la Generalitat de Catalunya. Con la firme convicción de que una
ciudad, Salamanca, y un gobierno, el español, no pueden justificar la inmovilidad de los archivos y demás fondos documentales bajo la vana excusa del período de tiempo transcurrido, y también con la voluntad de cerrar contenciosos, el Diputado abajo
firmante presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Retornar y depositar en el Archivo Nacional de Catalunya los fondos documentales procedentes de la Administración de la Generalitat republicana que aún se encuentran depositados como botín de guerra en el Archivo Histórico Nacional, sección
Guerra Civil, de Salamanca, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de expertos creada por la Proposición no de Ley 162/13, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de mayo de 1996, así como también con la decisión del Consejo de
Ministros del 17 de marzo de 1995 de reponer los fondos documentales a la Generalitat.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-Joan Puigcercós i Boixassa, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000583
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre la dignificación de los presos republicanos que trabajaron como esclavos bajo la dictadura franquista y la recuperación de la memoria colectiva.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la dignificación de los presos republicanos que trabajaron como esclavos bajo la dictadura franquista y la recuperación de la
memoria colectiva para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Trabajos recientes de historiadores y periodistas están dando a conocer, ampliamente, uno de los aspectos más siniestros y silenciados de la dictadura franquista: los campos de concentración y los destacamentos de presos políticos o
batallones de trabajadores, que hasta casi treinta años después del fin de la guerra civil se usaron para la reconstrucción del país. Y así fue. Aquella cínica paz se construyó, en la postguerra, sobre la base de 900 centros de privación de
libertad: 194 campos de concentración, 217 batallones de trabajadores, 87 batallones disciplinarios, 2 batallones de especialistas y 200 prisiones. Durante décadas, un espeso silencio ha ocultado un tema que marcó las vidas de centenares de miles
de españoles. No obstante, aún es posible rastrear en el recuerdo y en el paisaje las huellas de su memoria, de lo que se debía saber y no saber, de cómo, durante el franquismo y la transición, se alimentó la amnesia histórica, provocando graves
lagunas en nuestra memoria colectiva.
El pueblo de Belchite es un escenario emblemático de la guerra civil que reúne vestigios, algunos visibles, otros ocultos, tanto de la guerra como del franquismo. El 24 de agosto de 1937 el ejército republicano, al mando del general Pozas,
en la ofensiva que debía haberles llevado hasta Zaragoza, inició la batalla para recuperar Belchite, que resistió el asedio hasta el 6 de septiembre. El 10 de marzo de 1938 las fuerzas sublevadas de Franco tomaron el pueblo. El dictador, cuando
inauguró el pueblo nuevo, en 1954, expresaba así su devoción por el lugar: 'Belchite fue bastión que aguantó la furia rojo-comunista. En los frentes de batalla y en las guerras a unos les corresponde ser yunque y a otros maza. Belchite fue
yunque, fue el reducto que había de aguantar mientras se desarrollaban las operaciones del norte. Belchite tenía que poner el pecho de sus hijos para que fuese posible la victoria. Y de aquella sangre derramada, de aquel esfuerzo heroico de
hombres, mujeres y niños, de ahí nació nuestra victoria'.
Franco quiso mantener intactas las ruinas del viejo Belchite como símbolo de su victoria, para que nadie nunca olvidara, y mandó construir un pueblo nuevo, homogéneo, sobrio, de casas casi en formación militar.
Ahora que las ruinas del
pueblo viejo prácticamente han desaparecido debido al desgaste del tiempo, empezamos a conocer la otra cara de la historia, la que ha sido silenciada: gran parte del pueblo nuevo fue construido por presos políticos republicanos. Entre 1949-1945,
la dirección general de regiones devastadas instaló un destacamento penal en Belchite, en la que trabajaron en condiciones inhumanas una media de mil presos. Brunete, Belchite, Teruel, enclaves que habían supuesto la esperanza republicana fueron
los primeros lugares donde Franco envió presos a realizar trabajos forzados. El ánimo de venganza era evidente, según se desprende de la primera Memoria del Patronato para la Redención de Penas, enviada al dictador en 1939: 'Afortunadamente la
dirección general de regiones devastadas ha comenzado a emplear a muchos centenares de reclusos dando, en su ejecución, a esa importantísima tarea un hondo sentido de reparación moral y de justicia histórica, pues hace participar en la restauración
material de España a aquellos mismos que directamente contribuyeron a destruirla'.
Las huellas de la guerra y del franquismo en Belchite son palpables: en el pueblo viejo hay un monumento a los caídos por Dios y por España en el que aún se celebran actos falangistas, las calles del pueblo nuevo mantienen las placas
originales: plaza del Generalísimo,
calle de la Victoria, 18 de julio, Calvo Sotelo, avenida José Antonio Primo de Rivera. Y hasta hace pocos años, enfrente del Ayuntamiento, había un monolito con la inscripción: 'Yo os juro que sobre estas ruinas de Belchite se edificará
una ciudad hermosa y amplia como homenaje a su heroísmo sin par. Franco', pero debido a que fue derribado 'por los otros' infinidad de veces, el Ayuntamiento desistió de reconstruirlo.
En cambio, la memoria de los caídos republicanos y de los presos utilizados como mano de obra para construir el pueblo sobrevive, únicamente, en el recuerdo de los más mayores. Queda eso sí el lugar donde estuvo el llamado campamento, el
campo de concentración donde vivieron los presos republicanos y las naves que sirvieron de dormitorios, talleres y almacenes de materiales de construcción. Los restos de una torreta de vigilancia y del muro derruido que rodeaba el recinto, delatan,
si alguien cuenta la historia, la existencia del campo.
Muchos otros lugares como el Valle de los Caídos, que pretendió ser el monumento y símbolo de una época y que fue erigido con el sudor y la sangre de centenares de presos políticos republicanos, y en donde todavía hoy puede verse una placa
que dice 'Por Dios y por España', ignorando a todos aquellos que perdieron parte o toda su vida durante su construcción. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron otros pueblos y ciudades Brunete, Oviedo,
Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Eibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Prisioneros
políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San
Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Trabajaron
también en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos María Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete,
Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa
Santander-Mediterráneo, así como en la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras,
Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha...
Todavía hoy hay vecinos del pueblo de Belchite que aseguran que el pueblo lo destruyó la República. Franco consiguió tergiversar la historia.
Siempre habrá que apelar al rigor histórico para restituir la verdad hasta en lo más evidente:
Franco fue el sublevado contra la República y contra el gobierno democrático elegido en las urnas. El ejército republicano defendía la legalidad. Lo esencial aún no está claro para mucha gente y queda mucho por saber. Todavía no es tarde para que
nuestra historia más reciente no caiga para siempre en el olvido.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. En colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas, se proceda a la retirada de todos los símbolos, placas, nombres de calles que aludan al régimen franquista por agredir al Estado Democrático y de Derecho surgido
tras la Constitución de 1978.
2. En honor a la memoria colectiva y a la verdadera historia de nuestro país, así como en recuerdo a todas aquellas víctimas, que de una u otra forma sufrieron la represión franquista por defender el orden legalmente establecido, se pongan
en marcha las medidas necesarias para, en colaboración con todas las administraciones públicas, en todas aquellas localidades y monumentos que fueron construidos por presos republicanos, se proceda a colocar placas que dignifiquen su memoria y
recuerden los valores de libertad y democracia por los que muchos perdieron la vida, y que le fueron arrebatados al pueblo español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2002.-Francisco Frutos Gras, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Economía y Hacienda
161/001407
La Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del día 16 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre anulación de la declaración de utilidad pública de líneas de alta tensión en Cantabria (núm.
expte. 161/1407), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 349, de 10 de mayo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión Economía y Hacienda
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre anulación de la declaración de utilidad pública de líneas de alta tensión en Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento en el plazo más breve posible a la Sentencia del Tribunal Supremo con relación a la línea de transporte de energía eléctrica a 400 KV 'Soto-Penagos', con el fin de reforzar
el margen de suministro de energía eléctrica y favorecer el desarrollo de las regiones afectadas.'
Justificación.
Mejora técnica.
161/001644
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 16 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los pañales (núm.
expte. 161/1644),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 415, de 4 de octubre de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001651
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 16 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la planificación energética de las Illes Balears (núm. expte. 161/1651), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 415, de 4 de octubre de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la planificación energética de las Illes Balears.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Incrementar la garantía de suministro de gas natural a la Comunidad Autónoma de Baleares, de forma que se puedan atender las previsiones de demanda futura de los mercados convencional y eléctrico.
2. Culminar en el menor tiempo posible los estudios que se están realizando sobre la integración de las redes de electricidad y gas de la Comunidad Autónoma de Baleares con la Península.'
Justificación
Mejora técnica.
Comisión de Ciencia y Tecnología
161/001493
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 16 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre fomento de la Investigación Básica (núm. expte. 161/1493), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 370, de 14 de junio de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Xavier Trias y Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre fomento de la investigación básica (núm. expte. 161/001493).
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Potenciar la dotación económica suficiente para financiar la investigación básica en España, alcanzando, al menos, el peso relativo que tenía en el sistema de Ciencia y Tecnología en el año 1995.
2. Apoyar, en el ámbito de la Unión Europea, la implicación de la Comisión Europea en la creación de una futura agencia de financiación de investigación básica europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001507
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 16 de octubre de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología (núm.
expte. 161/1507), presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 370, de 14 de junio de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Introducir en los organismos públicos de Investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología instrumentos de gestión más flexibles e idóneos para el mejor desarrollo de actividades de I+D+I, y que les permitan aprovechar mejor
su capacidad de generar ingresos propios, todo ello sin renunciar a los mecanismos de control necesarios.
2. Diseñar una carrera para el personal investigador, técnico y de apoyo, que sea atractiva e incentivadora y que responda a la realidad de la Ciencia y la Tecnología en España.
3. Diseñar un plan estratégico, que englobe las líneas de investigación científica y técnica de los organismos públicos de Investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, profundizando en las medidas que potencien los
sistemas de colaboración con los demás agentes del sistema (Universidades, sector empresarial y Administraciones Públicas con competencia en la materia).'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Xavier Trias y Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología (núm.
expte. 161/001507).
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados (...).
3. Iniciar un plan estratégico, que englobe las líneas de investigación científica y técnica de los organismos
públicos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, profundizando en las medidas que potencien los sistemas de colaboración de estos OPI con las Universidades, el sector empresarial y los organismos de investigación de
las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001514
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 16 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre reubicación de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (núm. expte.
161/1514), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 376, de 24 de junio de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reubicación de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para su debate en la Comisión de Ciencia y Tecnología (núm. expte. 161/001514).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De sustitución.
1) Replantear el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del CSIC, referente a la reubicación de centros de Humanidades y Ciencias Sociales dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2) Mantener la biblioteca de Humanidades y Ciencias Sociales en la sede histórica del CSIC de la calle Medinaceli, de Madrid, dada la idoneidad de su ubicación en el eje cultural Atocha-Castellana junto a las restantes instituciones
culturales del entorno, y realizar las mejoras técnicas necesarias para la instalación y consulta de esta biblioteca considerada una de las más importantes del país.
3) Realizar un Plan de Futuro de las Humanidades y las Ciencias Sociales en el CSIC que garantice una potenciación de estas áreas a través de una previsión de crecimiento y una política de inversiones sostenidas que asegure el relanzamiento
de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
4) Asegurar el correcto desarrollo de los centros dependientes del CSIC de Roma y Almería tras un proceso de consulta y debate con las partes implicadas.
5) Incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado las partidas presupuestarias necesarias para financiar adecuadamente estos proyectos.
161/001529
La Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión del día 16 de octubre de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre recuperación de la señal piloto de televisión en localidades de la provincia de Cádiz (núm.
expte. 161/1529), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 390, de 25 de junio de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000214
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del
Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes (núm.
expte. 172/000214), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación
urgente al Gobierno sobre su política en materia de prevención de embarazos en adolescentes, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
Motivación
Según los datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2000 se produjeron más de 63.000 interrupciones voluntarias del embarazo, un 9 por ciento más que el año anterior. En referencia a las jóvenes de entre 15 y 19 años fueron algo más de
9.000 y entre 20 y 24 años superaron los 18.000 abortos, siendo éste el tramo de mayor incidencia.
Cada años se ponen en situación de riesgo de contraer un embarazo no deseado aproximadamente 300.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años.
Los datos de la I Encuesta Shering sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud española 2002,
ponen de manifiesto que todavía existe un porcentaje muy alto de más del 23 por ciento de jóvenes que se siguen exponiendo a los riesgos que puede conllevar una relación sexual sin protección.
En relación a la píldora postcoital, el 20 por ciento de los encuestados afirmó haber tenido problemas para su acceso motivado por negativa para la dispensación, no saber donde conseguirla y el precio de la misma.
En enero de 2002, la entonces titular del Ministerio de Sanidad, Celia Villalobos, atribuyó el aumento progresivo del número de abortos y embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes a las carencias en la educación sexual y en el acceso a
los anticonceptivos.
Sin embargo, estas declaraciones del Ministerio de Sanidad entran en contradicción con sus propias actuaciones. En los últimos seis años no se ha realizado ninguna campaña institucional que promueva una sexualidad responsable ante la
anticoncepción ni se ha fomentado el uso del preservativo como método anticonceptivo más eficaz entre el público joven.
Por otro lado, el acceso a los anticonceptivos no se ha ampliado ni facilitado, ya sea mediante una reducción de su coste económico y/o ampliando los puntos de venta.
En cuanto a la actuación de las asociaciones que ofertan servicios de asesoramiento y de información, ven cada vez más limitada su capacidad de intervención debido a una falta de apoyo económico por parte de los ministerios responsables.
El Gobierno, ante los datos alarmantes en el número de embarazos no deseados y el de abortos en adolescentes no está desarrollando ninguna política concreta ni definida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación urgente a la Ministra de Sanidad sobre la política del Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2002.-Leire Pajín Iraola, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000216
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar
impulsando la competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en particular (núm. expte. 172/000216), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación
urgente sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en particular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Antecedentes
La industria del textil y de la confección constituye uno de los sectores más importantes de la actividad productiva del conjunto de la economía española, tanto por el valor de su producción como por el número de empleos, directos e
indirectos, que genera.
En líneas generales, cabe destacar que se trata de un sector dinámico y competitivo en el entorno internacional. A pesar de ello, lo cierto es que a lo largo de los últimos meses se han venido produciendo una serie de situaciones críticas
que afectan a determinadas empresas del sector y que suelen acabar con la presentación de un expediente de regulación de empleo que termina, en el mejor de los casos, en una reducción de la plantilla, o bien en el cierre total de la empresa
afectada. En este sentido, se estima que a lo largo de este ejercicio, en el conjunto de España, el sector textil perderá a casi 10.000 personas ocupadas.
Las causas de esta situación cabe buscarlas, en primer lugar, a una disminución de la demanda debida a la desaceleración económica, a la excesiva atomización de las empresas del sector, lo que incide especialmente en su estructura de costes,
y también a la creciente presencia en los mercados de productos procedentes de nuevos países emergentes como China, India o determinados países asiáticos y del norte de África.
Esta mayor competencia internacional se verá acrecentada los próximos años debido al proceso de liberalización mundial del comercio que debe culminar el año 2005 con la eliminación total de las cuotas a la importación y a las restricciones
cuantitativas, lo que supondrá el acceso al mercado europeo de productos de países con bajos costes salariales, hecho que afectará directamente a la industria europea del sector.
En opinión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es necesario que a lo largo de los próximos años se refuercen las acciones para acelerar la innovación en el sector, así como los procesos de concentración en el mismo, a los
efectos de conseguir una producción con mayor valor añadido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente interpelación urgente sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector
productivo español en general y del sector textil en particular.
172/000217
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones en general, en energía nuclear,
retirada y almacenamientos y de residuos, como sucede en el caso de la autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana (núm. expte. 172/000217), cuyo
texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana, conocida coloquialmente como el Cementerio Nuclear del Cabril, consta de 28 celdas de almacenamiento (de las que 12 están ya llenas y selladas),
está explotada por ENRESA y funciona por una prórroga concedida en la Orden de 5 de octubre de 2001.
En los últimos meses aparece con insistencia, en los medios de comunicación, la voluntad de ENRESA de ampliar este cementerio nuclear del Cabril, cuando se desconoce si se ha hecho una medición de las distintas celdas de almacenamiento como
al parecer marcaba la citada Orden de 5 de octubre de 2001 que concedía la empresa ENRESA esta prórroga del permiso de explotación provisional en esta instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos, más conocida.
Además, los
anexos de dicha Orden y, en concreto, en el anexo 4.2 se dice textualmente: 'Las actividades totales de radionucleidos contenidas en los residuos que se almacenan en las celdas de la instalación no deben sobrepasar, al final del período de
operación de la instalación, un inventario de referencia'.
En contraposición con el reiteradamente anunciado, la construcción de la planta de tratamientos de residuos puede tener una colmatación definitiva en no más de 12 a 14 años, y todo indica que la empresa ENRESA está iniciando contactos con
los Ayuntamientos de la zona a fin de buscar mediante 'generosos' convenios, autorización y apoyo, para articular una futura hipotética ampliación, normalizando para ello una opinión pública más favorable a esa futura ampliación.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente, para su debate en el Pleno, sobre la postura del Gobierno referente a las actuaciones en general, en energía nuclear, retirada y almacenamientos de residuos como sucede en el
caso de la autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación
nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2002.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000157
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003 (núm. expte. 173/000157), y de la enmiendas presentadas a
la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en los artículos 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta una moción
consecuencia de la interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar por un acuerdo, por el que se determine el contingente de trabajadores de régimen no comunitario, para el año 2003 sobre la base de:
1. Las propuestas que eleven las Comunidades Autónomas, como resultado de los acuerdos alcanzados por los agentes sociales y la autoridad laboral competente en los sectores de actividad que en el ámbito autonómico se determinen, al objeto
de responder a las necesidades planteadas por las empresas.
2. La articulación de un mecanismo que permita a cada Comunidad Autónoma gestionar en su territorio el conjunto de las ofertas de empleo que se le haya asignado.
3. La cooperación de las Comunidades Autónomas que así lo planteen con la Administración General del Estado en los procesos de asesoramiento para la selección en origen de los trabajadores extranjeros y la tramitación de los
correspondientes visados.
4. La supresión de los trámites burocráticos innecesarios, y la agilización de los procesos de selección.
5. El establecimiento de convenios de colaboración con las organizaciones sociales más representativas de cada sector de actividad para garantizar su efectiva participación en todo el proceso de aplicación del contingente.
6. Elaborar un libro blanco sobre las necesidades del mercado de trabajo en los próximos años, en relación a los flujos migratorios y en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales más representativos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003 (núm.
expte. 173/000157).
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en lo referente al contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario para el año 2003, a dar cumplimiento a lo siguiente:
1. En la fijación del contingente, que tendrá carácter global para todo el territorio, así como en su distribución por ámbito geográfico, sector de actividad y capacitación profesional, deberán de participar las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos, así como las organizaciones sindicales, empresariales y organizaciones no gubernamentales que operan en el sector.
2. El proceso de elaboración del contingente debe de incluir la participación y control parlamentarios en base al informe emitido por el Consejo Superior de Política de Inmigración.
3. El refuerzo de las oficinas consulares de modo que, para la selección de los candidatos en origen, puedan desarrollar las funciones de una oficina de empleo, incluyendo, en el marco de los acuerdos de inmigración en vigor, la
participación efectiva de las organizaciones empresariales, sindicatos y de las administraciones de las Comunidades Autónomas que lo deseen, así como, si lo solicitan, de los organismos públicos de empleo y organizaciones patronales y sindicales de
los países de origen.
4. La simplificación de los trámites inherentes a la concesión de visados y permisos, eliminando los innecesarios y redundantes, y tramitando el conjunto del expediente en tiempo hábil para resultar útil a las necesidades del mercado
nacional de trabajo.
5. La compatibilidad del contingente, como factor básico de la política de inmigración y de la gestión de flujos, con la posibilidad de tramitar permisos de trabajo mediante la presentación de ofertas nominativas, sea para cubrir los
puestos establecidos por el contingente o bien otros, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y para su Integración Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (CiU), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda a los puntos 2, 3 y 4
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'2. Las propuestas que eleven las Comunidades Autónomas modificando las iniciales en el ámbito autonómico, al objeto de responder a las necesidades de las empresas.
3. Los Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas que así lo planteen con la Administración General del Estado en los procesos de asesoramiento para la selección en origen de los trabajadores extranjeros.
4. La agilización de los procesos de selección y la simplificación en la tramitación de los permisos de trabajo.'
Justificación
Mejora técnica.
173/000157
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar
el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003 (núm. expte. 173/000157), ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar por un acuerdo, por el que se determine el contingente de trabajadores de régimen no comunitario para el año 2003 sobre la base de:
1. Las propuestas que eleven las Comunidades Autónomas, como resultado de los acuerdos alcanzados por los agentes sociales y la autoridad competente en los sectores de actividad que en el ámbito autonómico se determinen, al objeto de
responder a las necesidades planteadas por las empresas.
2. El establecimiento de convenios de colaboración con las organizaciones sociales más representativas de cada sector de actividad para garantizar su efectiva participación en todo el proceso de aplicación del contingente.
3. Elaborar un libro blanco sobre las necesidades del mercado de trabajo en los próximos años, en relación a los flujos migratorios y en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales más representativos.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
173/000158
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente representada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (núm. expte. 173/000158), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso, el Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds), presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación sobre los criterios
utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. El Congreso de los Diputados condena el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 en contra del Gobierno legítimo del Frente Popular y en contra de la República, respaldada por la ciudadanía en elecciones democráticas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
a) Realice las acciones necesarias para que sean de consulta pública los documentos de la Fundación Francisco Franco cuyo acceso hoy en día está restringido.
b) Haga las gestiones oportunas para que la Fundación Francisco Franco devuelva los documentos públicos al Estado.
c) Retire la subvención a la Fundación Francisco Franco mientras ésta haga apología de la dictadura franquista, no devuelva al Estado los documentos públicos que posee y no haga público el acceso del resto.
d) Realice las acciones necesarias para devolver la documentación que se detalla a continuación e instalada en el archivo de Salamanca, a la Generalitat de Catalunya:
- el inventario de la Generalitat de Catalunya,
- la documentación relacionada en el 'Inventario de la Sección Político-Social Barcelona 1984,
- la documentación relacionada en el inventario del fondo 'Madrid',
- otras documentaciones consideradas de importancia.
3. El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno a que cese a la Ministra de Educación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2002.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, don Joan Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (núm. expte. 173/000158).
Enmienda
De sustitución del punto 2.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Iniciar el trámite correspondiente para la incoación del expediente de declaración como bien de interés cultural de los fondos relativos a la figura de Francisco Franco Bahamonde custodiados por el archivo de la Fundación que lleva su
nombre, según lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) Acelerar el procedimiento previsto en la Ley de manera que el Real Decreto de declaración de BIC se publique en el 'Boletín Oficial del Estado' antes de transcurridos seis meses.
c) Disponer los mecanismos necesarios para permitir, a partir del mismo momento de la incoación del expediente, el cumplimiento de las garantías previstas por la Ley, principalmente el acceso de la inspección pública, así como de los
investigadores.
d) Retirar cualquier tipo de subvención o ayuda pública a esta Fundación mientras haga apología de la dictadura franquista y persista en su negativa a facilitar el acceso de todos los investigadores a sus fondos públicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Redacción que se propone:
Moción
'1. El Congreso de los Diputados condena el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 en contra del Gobierno legítimo del Frente Popular y en contra de la República, respaldada por la ciudadanía en elecciones democráticas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
a) Realice las acciones necesarias para que sean de consulta pública los documentos de la Fundación Francisco Franco cuyo acceso hoy en día está restringido.
b) Haga las gestiones oportunas para que la Fundación Francisco Franco devuelva los documentos públicos al Estado.
c) Retire la subvención a la Fundación Francisco Franco mientras ésta haga apología de la dictadura franquista, no devuelva al Estado los documentos públicos que posee y no haga público el acceso del resto.
d) Realice las acciones necesarias para devolver la documentación que se detalla a continuación e instalada en el Archivo de Salamanca a la Generalitat de Catalunya:
- El inventario de la Generalitat de Catalunya.
- La documentación relacionada en el 'Inventario de la Sección Político-Social Barcelona 1984'.
- La documentación relacionada en el inventario del Fondo 'Madrid'.
- Otras documentaciones consideradas de importancia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de las acciones que está llevando a cabo para enriquecer y abrir a la investigación los fondos documentales españoles, y de conformidad con el Convenio de adhesión de la Fundación
Francisco Franco al Sistema Español de Archivos suscrito entre el Ministerio y la Fundación en octubre de 2001, a que:
- Incorpore al Sistema Español de Archivos y, a la mayor brevedad los fondos de la Fundación Francisco Franco, por los procedimientos y en los términos previstos en la legislación vigente.
- Vele por que estos fondos se pongan a disposición de cuantos investigadores deseen trabajar con ellos, en las mismas condiciones que rigen para cualquier otro archivo integrado en el Sistema Español de Archivos.
- Cuide que las actividades de la Fundación se ajusten a las normas que, asimismo, rigen para cualquier otra fundación que recibe fondos públicos.
- Custodie, tanto durante el proceso de digitalización como una vez finalizado éste, la integridad y conservación de su fondo documental.'
Justificación
Mejora técnica.
173/000159
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre investigación con células madre embrionarias (núm. expte. 173/000159), cuyo
texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente moción consecuencia de
interpelación urgente sobre el fomento de la investigación con células madre embrionarias de origen humano.
Motivación
Los avances científicos y técnicos están produciendo grandes cambios en la sociedad actual. Entre ellos habría que destacar los relacionados con las 'ciencias de la vida', que están dando lugar a nuevas estrategias médicas a nivel molecular
y celular.
Una línea de trabajo iniciada con éxito es la investigación con células madre de animales y, en los últimos tiempos, también de humanos. En este caso, la investigación puede realizarse con células madre obtenidas de distintas fuentes:
tejidos de adultos, sangre del cordón umbilical o de tejidos fetales y de embriones. Estas últimas, denominadas células madre embrionarias humanas, presentan un excelente perfil biomédico porque se pueden obtener en gran número, se conservan bien,
son indiferenciadas y pluripotentes, es decir, tienen la posibilidad de diferenciarse posteriormente en distintos tipos de células mediante modificaciones en los cultivos, son intemporales, lo que significa que pueden reproducirse indefinidamente y
existen varias estrategias para que se disminuya o no causen rechazo inmunológico.
Estos avances científicos pueden traducirse en posibles beneficios sociales para el tratamiento de numerosas enfermedades graves y crónicas como la diabetes, el Parkinson, la Corea de Huntington, otras enfermedades de carácter degenerativo,
etc.
Es deseable que nuestro país fomente estas líneas de investigación con las cautelas necesarias para aprovechar todas las oportunidades que ofrecen a la sociedad y eliminar los riesgos que puedan generarse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente moción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Autorizar la investigación con células madre embrionarias procedentes de los embriones sobrantes de los procesos de fecundación 'in vitro', crioconservados un mínimo de cinco años, con el límite de catorce días de desarrollo, previo
consentimiento informado y con estricto control de las Administraciones Públicas. Para ello se modificará la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida y la Ley del Código Penal en los términos que recomienda la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida.
2. Permitir y financiar con fondos públicos, con carácter inmediato, la investigación con células madre embrionarias humanas conservadas en bancos o aisladas en cultivo, en los mismos términos de la decisión del Consejo de la Unión Europea,
de 30 de septiembre de 2002, que fue votada a favor por nuestro país.
3. Crear mediante un Proyecto de Ley un Consejo Español de Ciencia y Tecnología, en el que participen las Comunidades Autónomas, para analizar sistemáticamente las implicaciones éticas suscitadas por la aplicación de los progresos
científico-técnicos en los diversos campos que afectan directamente a la salud, así como en la producción y transformación de alimentos. Dicho Consejo actuaría como asesor del Gobierno y de las Cortes Generales'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2002.-Jaime Lissavetzky Díez, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.