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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 378, de 26/06/2002
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de junio de 2002
Núm. 378
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático. Enmiendas ... (Página 5)
Aprobación con modificaciones ... (Página 5)
162/000355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ...
162/000457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada ...
162/000527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias.
Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ...
(Página
7)
Comisión de Justicia e Interior
161/001203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Puente Genil (Córdoba). Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada
... (Página 9)
161/001229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el municipio de Guardo (Palencia). Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Roquetas de Mar (Almería). Desestimación así como enmienda formulada ...
(Página 10)
161/001254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para dotar de dos nuevos Juzgados de Instrucción al Partido Judicial de Granada. Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre falta de personal y de medios materiales y de transporte en el Juzgado de Paz de Zuera (Zaragoza). Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un quinto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en El Ejido (Almería). Desestimación así como enmienda formulada ...
161/001379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de la plantilla de fiscales en la provincia de Cádiz. Desestimación ... (Página 12)
Comisión de Infraestructuras
161/001059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la circunvalación Sur de la ciudad de Crevillent.
Desestimación ... (Página 12)
161/001173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la gratuidad y rebaja del peaje en diversos tramos de la autopista A-9. Desestimación ... (Página 12)
161/001211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prolongación del tren Talgo Hotel nocturno Vigo-Madrid y viceversa, hasta la ciudad portuguesa de Oporto. Desestimación ...
161/001299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la realización de los pertinentes estudios técnicos sobre las alternativas de ubicación de la estación de la red de Alta Velocidad a su paso por el
Vallès Occidental y la necesidad de otros centros y estaciones intermodales. Desestimación ... (Página 12)
161/001346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para promover la creación de una Comisión técnica mixta luso-española que estudie y realice la mejora de los accesos entre la comarca de El Andévalo, en la
provincia de Huelva, y con el Bajo Alentejo, en Portugal. Desestimación ... (Página 13)
161/001347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ampliación del horario operativo en el aeropuerto de Granada. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ...
161/001454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a limpieza de lodos en los fondos marinos y dragado del canal del río Belelle en la ría de Ferrol. Desestimación ... (Página
13)
161/001459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre instalación de un radar en Montaña Blanca (Lanzarote). Aprobación ... (Página 14)
161/001469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de los acuerdos de 8 de enero de 2001 sobre los trazados de Alta Velocidad que afectan a la Región de Murcia y
alegaciones presentadas a los mismos por las Administraciones locales y regional. Desestimación ... (Página 14)
161/001470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre barreras acústicas. Desestimación ... (Página 14)
161/001476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre recuperación de la línea férrea Guadix-Almendricos.
Desestimación ... (Página 14)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adhesión de las empresas del sector energético al sistema arbitral de consumo. Desestimación ... (Página 14)
161/001271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación por el Ministerio de Sanidad y Consumo de una página web con información básica sobre las enfermedades más prevalentes, así
como los recursos sanitarios disponibles en el territorio nacional. Aprobación con modificaciones ... (Página 15)
161/001319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para definir los trastornos límites de personalidad para su adecuado tratamiento y cobertura sanitaria pública.
Desestimación ...
Comisión de Medio Ambiente
161/000611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al acondicionamiento hidráulico y a la recuperación ambiental del río Mero. Retirada ... (Página 15)
161/001258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para que se cumplan los límites en las emisiones de NOx. Desestimación ... (Página 15)
161/001292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el embalse de Alqueva. Desestimacion ... (Página 15)
161/001358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un Plan Nacional para el desarrollo sostenible en las zonas mineras. Desestimación ... (Página 15)
161/001362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre regeneración de la Playa de la Isla en Mazarrón (Murcia). Desestimación así como enmienda formulada ... (Página 15)
161/001414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a vehículos al final de su vida útil.
Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página
15)
161/001420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la actuación 'Abastecimiento a Jaén' recogida en el Plan Hidrológico Nacional. Desestimación ... (Página 17)
161/001421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado para reparar los daños causados por el temporal de viento y agua
de los días 7 y 8 de mayo de 2002 en el litoral costero catalán. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página 17)
161/001431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un plan de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por el temporal de los primeros días de mayo en las playas de las Comunidades
Autónomas de Valencia y Cataluña, así como para establecer un plan de estabilización de las mismas. Aprobación con modificaciones ... (Página 17)
161/001426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión en el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de los municipios del Alto Aragón.
Desestimación así como enmiendas
formuladas ... (Página 18)
161/001438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras (Ourense). Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ...
161/001442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la construcción de un 'parking' en el Parque Nacional Timanfaya (Lanzarote). Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas
... (Página 19)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000193 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que el Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno explique su política en relación con la Huelga General del día 20 de junio de 2002, las
disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios minimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país ... (Página 20)
172/000194 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental ... (Página 21)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000141 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 21)
173/000142 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado de reforma de la protección por desempleo. Texto de la
moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara. ... (Página 23)
173/000143 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de
corrección de los mismos. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara. ... (Página 25)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000004 Informe de la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, así como votos particulares
presentados al mismo ... (Página 27)
Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda por el que se aprueba, sin modificaciones, el Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, así
como votos particulares presentados al mismo ...
(Página 50)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000351
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático (núm. expte. 162/000351), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 234, de 21 de septiembre de 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley (núm. expte.
162/000351), del Grupo Parlamentario Popular.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del texto de la Proposición, con la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar al Congreso, para su debate en la Cámara, en el plazo de seis meses, la estrategia española contra el cambio climático, consensuada con las Administraciones y agentes
implicados, y que contemple objetivos y medidas concretos, así como su forma de aplicación efectiva, para el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
modificación a la Proposición no de Ley (núm.
expte. 162/000351), relativa a la estrategia española contra el cambio climático.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar al Congreso, para su debate en la Cámara, en el plazo más breve posible, la estrategia española contra el cambio climático, consensuada con las Comunidades Autónomas y
con el resto de Administraciones Públicas y agentes implicados, y que contemple objetivos y medidas concretas, así como su forma de aplicación efectiva, para el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por el Estado español en
relación con las emisiones de gases de efecto invernadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000351
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático (núm. expte.
162/000351), ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar al Congreso, para su debate en la Cámara, en el plazo más breve posible, la estrategia española contra el cambio climático, consensuada con las Comunidades Autónomas y
con el resto de Administraciones Públicas y agentes implicados, y que contemple objetivos y medidas concretos, así como su forma de aplicación efectiva, para el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados por el Estado español en
relación con las emisiones de gases de efecto invernadero.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
162/000355
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto (núm. expte.
162/000355), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados serie D, núm. 222, de 31 de julio de 2001.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta las siguientes enmiendas de adición a la Proposición no de Ley sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto (número de expediente 162/000355)
para su debate en el Pleno el próximo 18 de junio, a instancia del Diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds Joan Saura Laporta.
Enmienda
De adición.
Añadir en la exposición de motivos lo siguiente:
'Desde Río (1992) hasta hoy, el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático ha sufrido un doble proceso de concreción y debilitamiento, de complicadas negociaciones y valoraciones agridulces.
El protocolo de Kyoto (1997) y
las negociaciones acerca de sus mecanismos de aplicaciones en Bonn (2001) y Marrakech (2001) son buena prueba de ello.
En este proceso, la Unión Europea ha jugado un papel positivo de liderato internacional, que no ha contado, desgraciadamente, con la complicidad de EUA. En el semestre de la Presidencia española de la UE, y con la perspectiva de la Cumbre
de Johannesburgo en agosto y septiembre (Río + 10), el Estado español debe asumir un compromiso claro y diáfano con el cumplimiento de los acuerdos a que se ha llegado en las sucesivas Conferencias de las Partes del Convenio Marco.'
Enmienda
De modificación.
Sustituir en el punto 1 la frase: 'Reducción de uso de energías térmicas', por: 'Reducción de uso de energías fósiles'.
Enmienda
De modificación.
Sustituir el texto del punto 2 por el siguiente:
'Que adopte las medidas necesarias para que en el Estado español se apliquen con la mayor celeridad posible las políticas que permitan la aplicación del Protocolo de Kyoto.'
Enmienda
De adición.
Añadir, al final del punto 3, el siguiente texto: 'y el resto de políticas tendentes a frenar el cambio climático'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000457
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático (núm. expte. 162/000457),
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 324, de 15 de marzo de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publica la enmienda presentada a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a
la Proposición no de Ley número de expediente 162/000457, del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del texto de la Proposición, con la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir, en el plazo de seis meses, una Estrategia o Plan Nacional de Acción, elaborado de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la participación del Consejo Asesor de Medio Ambiente,
que, con carácter global, desarrolle un conjunto de medidas para combatir el cambio climático.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000527
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias (núm. expte. 162/000527),
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 365, de 7 de junio de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de
sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la aplicación de las medidas previstas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, de manera especial en aquellos aspectos referidos a la mejora de las prestaciones de Seguridad
Social por hijo a cargo y al impulso de nuevas acciones de conciliación de la vida familiar y la vida laboral de las personas trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados valora positivamente el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, aprobado por el Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2001 e insta al Gobierno para que, en este marco de actuación, siga adoptando y
desarrollando medidas tendentes a la protección de la familia como eje de cohesión social y referente de valores esenciales para la democracia y la convivencia, y especialmente las siguientes:
En materia fiscal y de rentas:
- Ayuda a las madres en los tres primeros años de maternidad mediante una compensación por el coste económico y laboral de la maternidad, compatible con la deducción por hijos.
- Ayuda especial a las familias numerosas mediante una compensación adicional a partir del tercer hijo.
- Ayuda fiscal a las familias para cuidado de hijos, ascendientes y discapacitados.
- Mejora del tratamiento fiscal del alquiler de viviendas.
- Compensar las declaraciones del IRPF de los cónyuges en los casos en que una sea negativa y otra sea positiva.
En materia de mejora de las prestaciones de Seguridad Social por hijo a cargo:
- Ampliar el límite máximo de ingresos anuales establecidos para tener derecho a las prestaciones económicas de pago periódico por hijo a cargo.
- Actualización de las cuantías de las prestaciones económicas de pago periódico por hijo a cargo.
- Incrementar la cuantía de la prestación económica de pago único por nacimiento de hijo.
- Extender el derecho a las prestaciones familiares por nacimiento del tercer hijo y siguientes y por parto múltiple, a los supuestos de adopción y acogimiento preadoptivo o permanente.
En materia de conciliación de la vida familiar y la vida laboral:
- En el marco presupuestario de las políticas activas desarrolladas por el Instituto Nacional de Empleo, seguir adoptando las medidas desarrolladas para favorecer la reincorporación en el mercado laboral de las mujeres para después de su
maternidad.
- Elaborar un 'Código de buenas prácticas' sobre conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas, en colaboración con los agentes sociales.
- Adaptar la normativa que regula la educación infantil al entorno europeo.
- Incrementar los servicios de atención a la primera infancia en colaboración con las Comunidades Autónomas y entidades locales, con el fin de ampliar las redes de servicios que faciliten la conciliación y extender gradualmente la oferta de
plazas públicas para niños y niñas menores de tres años hasta cubrir la demanda existente.
- Incrementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, el desarrollo de Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia y Estancias Diurnas y Estancias Temporales.
En materia de política de vivienda:
- Dirigir la oferta de Viviendas de Protección Oficial a las familias con menores niveles de ingresos.
- Aumentar el tamaño de las Viviendas de Protección Oficial para las familias numerosas y regular el cambio de vivienda cuando varíen las circunstancias específicas de cada familia.
- Añadir el número de hijos como criterio preferencial para optar a una Vivienda de Protección Oficial.
- Buscar el compromiso de las Comunidades Autónomas para orientar las políticas de vivienda desde una óptica de respeto a la familia: A través de las Conferencias Sectoriales correspondientes, el Estado buscará la mayor coordinación posible
entre las políticas de vivienda, urbanismo y suelo que desarrollen las distintas Comunidades Autónomas.
En materia del acceso a las familias a las nuevas tecnologías:
- Impulsar el programa 'Internet para todos', con especial incidencia en el colectivo de jóvenes, amas de casa y personas mayores.
- Impulsar la aplicación de la reducción del 40 por ciento de la tarifa plana ADSL (vía rápida de acceso a Internet) para colegios y bibliotecas públicas.
- Mejorar la protección a la infancia mediante la señalización y control de contenidos audiovisuales y de Internet; el etiquetado de todos los contenidos digitales y el establecimiento de filtros de los contenidos.
- Favorecer el acceso de las nuevas tecnologías a las nuevas viviendas.
- Desarrollo de la Comunidad Virtual Escolar para que los colegios puedan aprovechar las enormes posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías de la información para ofrecer servicios a los alumnos y a los padres.
- Desarrollo de nuevas propuestas de Teleasistencia, destinada a enfermos y mayores.
En materia de derecho de familia:
- Garantizar el derecho de visita de los abuelos a sus nietos en caso de divorcio o separación.
- Tipificar como delito la sustracción de menores.
Hacer frente al incumplimiento reiterado del régimen de visitas de los hijos en los casos de separación o divorcio.
- Analizar y, en su caso, modificar el ejercicio de la patria potestad en caso de separación o divorcio.
En materia de desarrollo de los servicios y orientación y/o mediación familiar:
- Promover programas en todas las Comunidades Autónomas que incluyan:
- Orientación familiar para ayudar a la solución de los conflictos que se generen entre los miembros de familia (entre cónyuges, padres e hijos, etc.).
- Mediación familiar para la solución pacífica de los conflictos que surgen en los procesos de ruptura matrimonial.
- Puntos de encuentro familiar para el cumplimiento de régimen de visita de los hijos tras la separación de la pareja, cuando no pueda desarrollarse de forma autónoma.
Para apoyar a familias en situaciones especiales:
- Promover la inserción social facilitando el acceso al mercado laboral.
- Llevar a cabo programas de educación familiar y atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo, que incluyan actuaciones tanto socio-educativas como de intervención social para familias que viven en zonas y barrios
desfavorecidos.
- Desarrollar programas de apoyo a familias monoparentales en situación de dificultad social.
Justificación.
En coherencia con el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, aprobado por el Gobierno y puesto en marcha.
Madrid, 18 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia e Interior
161/001203
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Puente Genil
(Córdoba) (núm. expte. 161/001203), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 302, de 8 de febrero de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, elabore un nuevo mapa judicial que permita agilizar y acercar la Justicia al ciudadano, de modo que se ajuste la
organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional, y en cuyo seno se examinen las circunstancias concurrentes en el municipio de Puente Genil (Córdoba).'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Puente Genil (Córdoba).
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, elabore un nuevo mapa judicial que permita agilizar y acercar la Justicia al ciudadano, de modo que se ajuste la
organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional, y en cuyo seno se examinen las circunstancias concurrentes en el municipio de Puente Genil (Córdoba).'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001229
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el municipio de Guardo (Palencia)
(núm. expte. 161/001229), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 310, de 22 de febrero de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el municipio de Guardo
(Palencia).
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del Pacto del Estado para la Reforma de la Justicia y previos los informes de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Poder Judicial, elabore un nuevo mapa
judicial que permita agilizar y acercar la Justicia al ciudadano, de modo que se ajuste la organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional, y en el que se examinen las circunstancias concurrentes en el municipio de
Guardo (Palencia).'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001241
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la creación de un cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Roquetas de Mar
(Almería) (núm. expte. 161/001241), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOC. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 310, de 22 de febrero de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la creación de un cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Roquetas de Mar (Almería).
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y previos los informes de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Poder Judicial, elabore un nuevo mapa
judicial que permita agilizar y acercar la Justicia al ciudadano, de modo que se ajuste la organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional, y en el que se examinen las circunstancias concurrentes en el municipio de
Roquetas de Mar (Almería).'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001254
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre medidas para dotar de dos nuevos Juzgados de Instrucción al partido judicial de Granada (núm.
expte. 161/001254), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 315, de 4 de marzo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas para dotar de dos nuevos Juzgados de Instrucción al partido judicial de Granada.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de la programación anual correspondiente, estudie las cargas de trabajo y circunstancias concurrentes en el partido judicial de Granada para un posible desarrollo de su
planta judicial en el marco de la programación correspondiente, y previo informe de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su acuerdo en el seno de la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo General del Poder Judicial.'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001256
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre falta de personal y de medios materiales y de transporte en el Juzgado de Paz de Zuera (Zaragoza)
(núm. expte. 161/001256), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 315, de 4 de marzo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley, del Grupo Mixto, relativa a la falta de personal y de medios materiales y de transporte en el Juzgado de Paz de Zuera (Zaragoza), para su debate en la Comisión de Justicia e Interior (núm. expte. 161/001256).
Enmienda
De adición in fine.
'Igualmente, las Cortes Generales instan al Gobierno a considerar la remisión al Congreso de los Diputados, a lo largo de 2002, de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, que atienda la creación de
un nuevo partido judicial, con cabecera en Zuera, tal y como viene reiteradamente demandando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001311
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de destimar la Proposición no de Ley relativa a la creación de un quinto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en El Ejido (Almería) (núm.
expte. 161/001311), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 329, de 25 de marzo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un quinto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en El Ejido (Almería).
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe el seguimiento y el estudio de las cargas de trabajo y circunstancias concurrentes en partido judicial de El Ejido para el desarrollo de su planta judicial, como ha hecho con la
creación del Juzgado número 4 de Primera Instancia e Instrucción, en el marco de la programación correspondiente y previo informe de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y su acuerdo en el seno de la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-Consejo
General del Poder Judicial.'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001379
La Comisión de Justicia e Interior, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre ampliación de la plantilla de Fiscales en la provincia de Cádiz (núm.
expte. 161/001379),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D-344, de 29 de abril de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Comisión de Infraestructuras
161/001059
La Comisión de Infraestructuras en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la circunvalación Sur de la ciudad de Crevillent (núm. expte. 161/001059), presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 265, de 16 de noviembre de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001173
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la gratuidad y rebaja del peaje en diversos tramos de la autopistas A-9 (núm. expte.
161/001173), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados' serie D, núm. 295, de 28 de enero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001211
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre prolongación del tren Talgo Hotel nocturno Vigo-Madrid, y viceversa, hasta la ciudad portuguesa de
Oporto (núm. expte. 161/001211), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 307, de 15 de febrero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001299
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la
Proposición no de Ley sobre realización de los pertinentes estudios técnicos sobre las alternativas de ubicación de la estación de la red de alta velocidad a su paso por el Vallès Occidental, y la necesidad de otros centros y estaciones
intermodales (núm. expte. 161/001299), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 325, de 18 de marzo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001346
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley para promover la creación de una Comisión Técnica Mixta luso-española que estudie y realice la mejora de los
accesos entre la comarca de El Andévalo, en la provincia de Huelva, y el con Bajo Alentejo, en Portugal (núm. expte.
161/001346), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
336, de 15 de abril de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001347
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la ampliación del horario operativo en el aeropuerto de Granada (núm. expte.
161/001347),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 336, de 15 de abril de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el aeropuerto de Granada, tal y como se hacen en los aeropuertos de la red de AENA que no son H-24 (operativos todo el día), se continúe el estudio que se está realizando en el sentido
planteado por la Dirección del aeropuerto a partir de la temporada de invierno 2002, y en el caso de ser viable la aceptación e implantación de las propuestas que planteen las compañías aéreas para la modificación-ampliación de horario operativo,
además de aquellas variaciones que a iniciativa propia pueda adoptar AENA para ofrecer unos mejores servicios a sus usuarios.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Infraestructuras
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la ampliación del horario operativo en el aeropuerto de Granada.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el aeropuerto de Granada, tal y como se hace en los aeropuertos de la red de AENA que no son H-24 (operativos todo el día), se continúe realizando el estudio, y en el caso ser viable
la aceptación e implantación, de las propuestas que planteen las compañías aéreas para la modificación-ampliación de horario operativo, además de aquellas variaciones que a iniciativa propia pueda adoptar AENA para ofrecer unos mejores servicios a
sus usuarios.'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 18 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001454
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a limpieza de todos en los fondos marinos y dragado del canal del río Belelle en la ría de Ferrol
(núm. expte. 161/001454), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada
en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 31 de mayo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001459
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, aprobó la Proposición no de Ley sobre instalación de un radar en Montaña Blanca (Lanzarote) (núm. expte. 161/001459), presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 31 de mayo de 2002, en sus propios términos.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con el Gobierno de Canarias, se perfeccione y se adecue urgentemente el proyecto de obra civil del radar de Montaña Blanca con el fin de conseguir el impacto
medioambiental mínimo posible que garantice las funciones propias del citado radar.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001469
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de los acuerdos de 8 de enero de 2001 sobre los trazados de
alta velocidad que afectan a la Región de Murcia, y alegaciones presentadas a los mismos por las Administraciones locales y regional (núm. expte. 161/001469), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 360, de 31 de mayo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001470
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre barreras acústicas (núm. expte. 161/001470), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 360, de 31 de mayo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001476
La Comisión de Infraestructuras, en su sesión del día 19 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre recuperación de la línea férrea Guadix-Almendricos (núm. expte.
161/001476), presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 365, de 7 de junio de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001232
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la adhesión de las empresas del sector energético al sistema arbitral de consumo (núm. expte.
161/001232), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 310, de 22 de febrero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001271
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 12 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la creación por el Ministerio de Sanidad y Consumo, de una página web con información
básica sobre las enfermedades más prevalentes, así como los recursos sanitarios disponibles en el territorio nacional (núm. expte. 161/001271), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 320, de 11 de marzo de 2002, en los siguientes términos:
'Instar al Ministerio de Sanidad y Consumo a que incorpore en el seno de su página web un apartado dedicado a facilitar información básica sobre las enfermedades más prevalentes en nuestro país, en la que puedan obtenerse de forma clara y
sencilla datos epidemiológicos, etiopatogénicos, clínicos, terapéuticos y pronósticos sobre las mismas, siempre desde una perspectiva positiva de promoción de la salud, y sin que esta herramienta pueda sustituir ni menoscabar en ningún caso la
necesaria y extraordinaria labor y consejo de los profesionales sanitarios.'
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001319
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre medidas para definir los trastornos límites de personalidad para su adecuado tratamiento y cobertura
sanitaria pública (núm. expte.
161/001319), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 329, de 25 de marzo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Comisión de Medio Ambiente
161/000611
Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2002, se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley relativa al acondicionamiento hidráulico y a la recuperación ambiental del río Mero (núm. expte. 161/000611), publicada
en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 156, de 26 de marzo de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001258
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre medidas para que se cumplan los límites en las emisiones de NOx (núm. expte.
161/001258), presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 315, de 4 de marzo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001292
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre el embalse de Alqueva (núm. expte. 161/001292), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 325, de 18 de marzo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001358
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan Nacional para el desarrollo sostenible en las zonas mineras (núm. expte.
161/001358), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 339, de 19 de abril de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001362
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre regeneración de la Playa de la Isla, en Mazarrón (Murcia) (núm. expte.
161/001362), presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 339, de 19 de abril de 2002.
A dicha proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaría General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre regeneración de la Playa de la Isla, en Mazarrón (Murcia).
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones y trámites necesarios para la recuperación integral del dominio público marítimo terrestre de la Playa de la Isla, en Mazarrón (Murcia), incluyendo actuaciones para la
regeneración de la playa, y resolviendo la situación actual de ocupación del dominio público, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de costas.'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001414
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a vehículos al final de su vida útil (núm. expte. 161/001414), presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 352, de 17 de mayo de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a transponer a nuestra legislación, en el plazo de seis meses, la Directiva europea 2000/53/CE, relativa a vehículos al final de su vida útil, acordando con los agentes del sector las medidas
precisas para facilitar al usuario el desguace con reutilización, reciclado o valorización de su vehículo usado con el mínimo coste para el mismo, y con las mejoras técnicas en cuanto a protección del medio ambiente.
Dicha transposición deberá prever y respetar las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente y de gestión de residuos.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a vehículos al final de su vida útil (núm.
expte. 161/001414).
Se propone añadir el siguiente texto:
'Dicha transposición deberá prever y respetar las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente y de gestión de residuos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2002.-Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001420
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la actuación 'Abastecimiento a Jaén' recogida en el Plan Hidrológico Nacional (núm. expte. 161/001420),
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 352, de 17 de mayo de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001421 y 161/001431
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente:
- Sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado para reparar los daños causados por el temporal de viento y agua de los días 7 y 8 de mayo de 2002 en el litoral costero catalán, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán-CiU (núm. expte.
161/001421), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 352, de 17 de mayo de 2002.
- Relativa a un plan de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por el temporal de los primeros días de mayo en las playas de las Comunidades Autónomas de Valencia y Cataluña, así como para establecer un plan de estabilización de
las mismas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (núm. expte. 161/001431), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 355, de 24 de mayo de 2002.
con el siguiente texto:
'El Congreso de los Diputados, ante los graves desperfectos producidos en la línea costera catalana y valenciana y en muchas de sus playas a causa del temporal de viento y lluvia de los pasados días 7 y 8 de mayo de 2002, insta al Gobierno a
intensificar y concluir las actuaciones que se están llevando a cabo al objeto de recuperar con la máxima prontitud posible las playas del litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, ante la inminencia del inicio de la temporada turística.
Asimismo, insta a iniciar un estudio de las medidas que serían necesarias para estabilizar las playas con mayor peligro de afectación por temporales en la costa mediterránea.'
A la primera de dichas Proposiciones no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), sobre medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado para reparar los daños causados por el temporal de viento y agua de los días 7 y 8 de mayo de 2002 en el litoral
costero catalán (núm.
expte. 161/001421).
Enmienda
De adición, in fine, de dos nuevos puntos:
'2. Conceder ayudas a los Ayuntamientos para la reposición de las infraestructuras y equipamiento urbano afectado.
3. Iniciar un estudio de las medidas que serían necesarias para estabilizar las playas con mayor peligro de afectación por temporales en la costa mediterránea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001426
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la inclusión en el Convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de los municipios del
Alto Aragón (núm. expte. 161/001426), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 352, de 17 de mayo de 2002.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos se insertan a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda de sustitución a
la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre inclusión, en el Convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, de todos los municipios altoaragoneses (núm. expte. 161/001426).
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de manera urgente, firme el protocolo de colaboración del Ministerio de Medio Ambiente con ADELPA, como asociación representativa de los municipios afectados por las obras de
infraestructuras hidráulicas del Pirineo Aragonés, sin que exista otro condicionante que no sea el de restitución territorial por las obras de regulación que hay en el Pirineo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la inclusión en el Convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de los municipios del Alto Aragón.
Enmienda
De modificación,
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas urgentes necesarias para hacer extensible la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el resto de los municipios afectados por las obras
de infraestructuras hidráulicas del Pirineo Alto Aragonés, sin que ninguna de estas ayudas esté condicionada a la aceptación por parte de los municipios al Plan Hidrológico Nacional.'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001438
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 12 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras (Ourense) (núm.
expte. 161/001438),
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 355, de 24 de mayo de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, el Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias, establezca los mecanismos de
colaboración necesarios para el desarrollo de actuaciones de saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras (Ourense).
Continuar con los estudios que determinen la calidad de las aguas del río Sil y sus afluentes.
Proseguir tomando las medidas necesarias a fin de garantizar la restauración y preservación de la calidad de dichas aguas de manera compatible con la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones.'
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al saneamiento de cauces en la comarca de Valdeorras (Ourense), para su debate en la Comisión de Medio Ambiente (núm. expte.
161/001438).
Enmienda
De adición.
'1. Promover estudios que determinen la calidad de las aguas del río Sil y sus afluentes.
2. Tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la restauración y preservación de la calidad de dichas aguas de manera compatible con la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001442
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 12 de junio de 2002, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la construcción de un parking en el Parque Nacional Timanfaya (Lanzarote) (núm. expte.
161/001442), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 355, de 24 de mayo de 2002, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conjuntamente con el Gobierno de Canarias en el seno de la Comisión Mixta, busque la adecuada solución a los problemas de impacto medioambiental y seguridad vial que se producen como
consecuencia de las fuertes retenciones de vehículos que se forman en la carretera de acceso al Parque Nacional de Timanfaya, y una vez adoptada la solución más adecuada, agilizar las actuaciones correspondientes a la mayor brevedad. Teniendo en
cuenta los derechos históricas del Cabildo Insular de Lanzarote.'
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas cuyos textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la construcción de un
parking en el Parque Nacional Timanfaya (Lanzarote).
Enmienda
De modificación.
Texto propuesto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conjuntamente con el Gobierno de Canarias en el seno de la Comisión Mixta, busque la adecuada solución a los problemas de impacto medioambiental y seguridad vial que se producen como
consecuencia de las fuertes retenciones de vehículos que se forman en la carretera de acceso al Parque Nacional de Timanfaya.'
Justificación.
Buscar la mejor solución en el seno de la Comisión Mixta al problema planteado, que no pasa necesariamente por la construcción de un parking subterráneo. A la vez que respete el reparto competencial entre Estado y la Comunidad Autónoma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2002.-Paulino Rivero Baute, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la construcción de un parking en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) (núm. expte.
161/001442).
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplazar, en el marco de la competencia de la Comisión Mixta de Gestión, la toma de decisión respecto de la regulación de accesos al Parque Nacional de Timanfaya y a la ejecución de las
actuaciones, en particular los aparcamientos, que de las mismas se deriva. Todo ello con el fin de evitar el impacto medioambiental que actualmente sufre el área por las grandes retenciones de vehículos que se forman en la carretera de acceso al
mismo, y eliminar el peligro que supone para el tráfico rodado. El citado plan de accesos, y las actuaciones que del mismo se deriven, se deberá tomar en consideración las sugerencias del Patronato del Parque Nacional.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000193
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno explique su política en
relación con la Huelga General del día 20 de junio de 2002, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país (núm. expte.
172/000193), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación
urgente al Ministro de Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno para que explique su política en relación con la huelga general del 20 de junio, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional y los
servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Motivación
Desde que se rompió el diálogo social y finalizaron las negociaciones con los Sindicatos sobre la Reforma del Desempleo, el Gobierno ha venido mostrando una actitud hostil y amenazante hacia la convocatoria de la huelga del día 20 de junio,
hacia los convocantes y hacia la huelga misma.
En algunas ocasiones se ha utilizado la fecha de la convocatoria como una excusa para calificar la huelga como una grave acción contra España. En otros se ha aludido a la irresponsabilidad de los convocantes y de sus apoyos, acusándoles de
perjudicar a la población, a la economía y a los intereses exteriores de la presidencia española de la UE. En algún momento se han llegado a insinuar amenazantes recortes a las subvenciones o al sistema de financiación de las organizaciones
sindicales.
Todo ello se hace desde un grave incumplimiento directo o tácito de las responsabilidades que competen al Gobierno en el respeto y en el ejercicio del derecho a la huelga que tienen los españoles por expreso reconocimiento constitucional.
A la vista de la gravedad de esta situación, creada por una actitud política contraria a la huelga y al ejercicio de ese derecho, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente interpelación urgente para que el Ministro del Interior
y Vicepresidente Primero del Gobierno explique su política en relación con la huelga general del 20 de junio, las disposiciones que ha tomado para garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional
y los servicios mínimos fijados para asegurar los servicios esenciales del país.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2002.-Ramón Jaúregui Atondo, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000194
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental
(núm. expte. 172/000194), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente interpelación urgente, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Los días 25 y 26 de mayo pasado se celebró en Palma de Mallorca la Cumbre de Ministros de Medio Ambiente en el marco de las reuniones de la Presidencia española de la Unión Europea. Los resultados de esta Cumbre han resultado poco
esperanzadores si tenemos en cuenta, además de otros aspectos, que la política que desarrolla el Gobierno de España en materia medioambiental es casi inexistente cuando no contraria al medio ambiente.
Lo único que puede presentar hoy el Gobierno es el del retraso en la trasposición de directivas europeas, cuando no impugnaciones de la Comisión Europea por trasponer mal las directivas o el incumplimiento constante de la legislación en
materia medioambiental, como la de valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y otros óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire, o la de utilización confinada de microorganismos genéticamente modificados, así como Convenios y
tratados internacionales sobre la materia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda presenta la siguiente interpelación urgente sobre la trasposición e incumplimiento de directivas europeas en materia medioambiental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2002.-Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000141
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real
Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (núm. expte. 173/000141), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real
Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes, para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad para su debate en el Pleno de la Cámara.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Retirar el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de ocupabilidad, proveniente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, por no concurrir razones de extraordinaria y urgente
necesidad a las que viene obligado el Gobierno por el artículo 86 de la Constitución.
2. Abrir una Mesa de negociación con los agentes sociales para abordar la revisión y mejora del actual sistema de protección a las personas desempleadas, que contemple al menos los siguientes aspectos:
· Ampliación de la cobertura al desempleo.
· Prestación contributiva: Reduciendo el tiempo mínimo necesario para poder percibir prestaciones contributivas al desempleo, adaptándolo a la rotación existente en el mercado de trabajo, asegurando como cuantía mínima de la prestación
contributiva el equivalente al salario mínimo interprofesional, ampliando el derecho a protección al desempleo a los contratos de formación.
· Prestación asistencial: Revisando el mínimo de rentas para poder tener derecho al subsidio hasta el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional, extendiendo el derecho al subsidio a parados y paradas sin cargas familiares,
revisando las cotizaciones del INEM en casos de subsidio indefinido para mayores de cincuenta y dos años.
· Dotar al INEM de las infraestructuras y del personal suficiente para atender a las personas en paro, y para conseguir que las empresas hagan circular sus ofertas de empleo en este servicio público.
· Acciones positivas en el campo de la igualdad de hombres y mujeres, removiendo los obstáculos para facilitar de forma real la conciliación de la vida familiar y laboral, eliminando la discriminación de las mujeres en materia de protección
por desempleo y acabando con la precariedad contractual que sufren las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2002.-Francisco Frutos Gras, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección
por desempleo y mejora de la ocupabilidad (núm. expte. 173/000141).
Enmienda al punto 1 y 2
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y adoptar las medidas que permitan reponer la realidad de nuestro mercado laboral
al momento anterior a su promulgación. Asimismo, deberá retirar el Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley aprobado en el Pleno de la Cámara del día 13 de junio de 2002.
2. Abrir un gran proceso de diálogo y de consenso con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas en torno a las políticas necesarias para corregir las disfunciones de nuestro mercado laboral y cumplir con los compromisos de Lisboa,
así como mejorar nuestro sistema de protección social, con el fin de avanzar en su nivel de cobertura, extensión e intensidad protectora, con especial atención a mujeres, jóvenes, parados de larga duración y discapacitados.'
Motivación.
No interferir en el proceso de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, supremos representantes de los intereses de los trabajadores, los cuales, a la vista de la situación del mercado laboral y del sistema de protección, son
los que deben decidir por dónde debe avanzar la protección del sistema.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la moción, consecuencia de interpelación,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora
de ocupabilidad (núm. expte. 173/000141).
Enmienda al punto 3
De adición.
Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo punto, como 'punto 3', en la moción con el siguiente texto:
'3. Se insta al Gobierno a llevar a cabo las transferencias pendientes en esta materia a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos de autonomía, y, en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aquellas competencias sociolaborales recogidas en los artículos 12.2, 18 y disposición adicional quinta del Estatuto de Gernika, referidos, entre otros, a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, prestaciones por
desempleo, así como promoción y gestión de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000142
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el
Gobierno de reforma de la protección por desempleo (núm. expte. 173/000142), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se inserta la enmienda formulada a la
misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente moción consecuencia de
interpelación urgente sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de la protección por desempleo.
Motivación.
La situación del mercado laboral español, aquejado de serios problemas estructurales, exige la adopción de políticas que permitan a nuestro país converger a las tasas de empleo del resto de la Unión Europea y alcanzar las tasas de empleo
fijadas en la Cumbre de Lisboa. Y para ello es necesario que nuestro país experimente un crecimiento económico sostenido, superior al del resto de los países de la Unión Europea y, además, que se lleven a cabo nuevas políticas activas de empleo que
permitan equilibrar los ajustes existentes entre la oferta y la demanda de empleo, porque sin la adopción de estas políticas activas, ni siquiera con una tasa de crecimiento económico ininterrumpido superior al 4 por 100, que ni el propio Gobierno
contempla en sus previsiones más optimistas, es posible que mejoren los problemas de nuestro mercado de trabajo.
Hay, pues, que revisar la política económica y el conjunto de las políticas de empleo si queremos mejorar nuestra situación actual, mediante el diálogo y el consenso con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas.
El Gobierno sigue basando su política de relaciones laborales en un modelo de empresa que fundamenta su competitividad en la reducción de los costes laborales, y para ello tiene que precarizar el empleo y reducir el nivel de protección de
los trabajadores. Este es el objetivo perseguido, y alcanzado, con la promulgación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad: compensar a las
empresas por el daño que les produce en su competitividad la ineficacia de su política económica, apostando por un modelo de salarios bajos y mercado laboral precario. El Real Decreto-ley en la propuesta tradicional neoliberal que a través de la
reducción en la protección por desempleo, a la que atribuye efectos desincentivadores en la búsqueda de trabajo, lo que persigue es que los desempleados concurran por unos salarios más bajos disminuyendo así el salario de reserva y el conjunto de
los salarios.
Y ello, cuando el gasto en políticas activas en nuestro país, respecto de nuestras necesidades medidas por la tasa de desempleo, es de los más bajos de la UE. Y, además, la mayor parte de ese gasto se destina a subvencionar la contratación,
situándonos a la cabeza de la UE en dichas subvenciones que abarataran la contratación. Nuestras políticas activas son de las que benefician a una menor proporción de la población activa, ocupando los últimos lugares en cuanto a desempleados que se
benefician de acciones de formación al igual que en acciones a favor de los discapacitados. Sin embargo, somos los primeros en cuanto a beneficiarios a los que se les aplica subvención empresarial por su contratación.
España es el país de la UE
que mayor proporción de recursos públicos destina a subvencionar la contratación de las empresas, casi triplica el gasto medio de los quince, situado en un 15 por 100, frente al 40,5 por 100 de nuestro país sobre el conjunto de políticas activas de
empleo.
Y esta debilidad en políticas activas no se debe a la fortaleza de las políticas pasivas, muy al contrario, son también las más débiles de la UE, situándonos en la actualidad en mínimos históricos. El gasto en prestaciones por desempleo en
España, a pesar de registrar la mayor tasa de paro, es de los más bajos de la UE: por cada punto de tasa de paro se destina el 0,096 por 100 del PIB, mientras que la media de la UE lo sitúa en el 0,16 por 100 del PIB, ocupamos el antepenúltimo
lugar en gasto, por encima de Italia y Grecia. Tan sólo el 45,6 por 100 de nuestros parados tiene cobertura -y ello, teniendo en cuenta que con la nueva definición de parado se ha producido una caída del volumen de desempleo y un aumento aparente
de la tasa de cobertura-. La intensidad de la protección es, a su vez, en nuestro país de las más bajas respecto a la de nuestros socios comunitarios. La intensidad protectora, si bien es aceptable durante los seis primeros meses de desempleo,
alcanza niveles mínimos, con tendencia a 0, a partir del segundo año para la mayoría del colectivo de parados. En consecuencia, la prestación se minimiza en los casos más graves correspondientes al paro de larga duración que en España es de los
mayores de Europa.
Ante esta realidad el Gobierno presenta un Real Decreto-ley que no resuelve los problemas de nuestro
mercado laboral, que no ayuda al objetivo de creación de empleo, sino que lo entorpece, que no mejora las políticas de empleo y que recorta aún más las prestaciones de nuestros parados. Y ello, en un momento de bonanza en las arcas del
INEM, que cuenta con un superávit de alrededor de 3.600 millones de euros. Cuando, a costa de la solidaridad de los trabajadores se financian todas las políticas activas, incluso las bonificaciones a las empresas que debían financiarse a través de
la imposición general, de acuerdo con el Pacto de Toledo. En un momento en el que el Estado se ha marginado no sólo de la financiación de la protección por desempleo, sino también de las políticas activas. Cuando el déficit cero se alcanza,
fundamentalmente, a base de la financiación del INEM.
En este momento, el Gobierno y por Real Decreto-ley, incide, una vez más, en el cambio del signo de la distribución al aumentar aún más las transferencias hacia las empresas, ya no tan sólo a través de bonificaciones, subvenciones y
reducciones de cuotas, sino abaratando el despido, a la par que elimina y reduce las prestaciones de los desempleados, fundamentalmente, las de los más débiles. Evidentemente, con estas políticas España seguirá a la cola de nuestros socios
comunitarios, con su déficit en políticas activas, con su déficit en políticas pasivas. Y el Gobierno imputa la ruptura del diálogo a la maledicencia de los sindicatos que no se avienen a negociar sobre un punto de partida que no es más que un
retroceso.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente,
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Derogar el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y adoptar las medidas que permitan reponer la realidad de nuestro mercado laboral
al momento anterior a su promulgación. Asimismo, deberá retirar el Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley aprobado en el Pleno de la Cámara del día 13 de junio de 2002.
2.º Presentar en el Pleno del Congreso de los Diputados una comunicación que analice:
a) La situación del mercado de trabajo en España, la evolución de la actividad laboral en todo el territorio, con especial atención en mujeres y jóvenes, así como las principales diferencias con Europa.
b) La situación del sistema de protección por desempleo con la evolución del gasto, el nivel de cobertura, su extensión e intensidad protectora, todo ello puesto en relación con las peculiaridades de nuestro mercado laboral, marcado por una
alta temporalidad, baja incidencia de la mujer y jóvenes, y con el sistema educativo.
Dicha comunicación se acompañará con una Memoria económica y social sobre política de empleo.
3.º Solicitar al Consejo Económico y Social un dictamen sobre la situación de nuestro mercado laboral y de nuestro sistema de protección por desempleo que, en atención a sus principales problemas y carencias, contenga una serie de propuestas
que coadyuven a su corrección y mejoren sus deficiencias.
4.º Abrir un gran proceso de diálogo y de consenso con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas en torno a las políticas necesarias para mejorar nuestra situación laboral y social y para cumplir con los compromisos de Lisboa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2002.-Isabel López i Chamosa, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la moción, consecuencia de
interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de protección por desempleo (núm.
expte. 173/000142).
Enmienda al punto 5
Tipo de enmienda de adición.
Texto que se propone: Se propone añadir un nuevo punto, como 'punto 5', en la moción con el siguiente texto:
3. Se insta al Gobierno a llevar a cabo las transferencias pendientes en esta materia a las Comunidades Autónomas de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos de Autonomía, y en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aquellas competencias sociolaborables recogidas en los artículos 12.2, 18 y disposición adicional quinta del Estatuto de Gernika referidos, entre otros, a la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social, prestaciones por
desempleo, así como promoción y gestión de empleo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada y Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000143
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes
ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección de los mismos (núm. expte. 173/000143), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las
enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don José Núñez Castaín, del Partido Andalucista, presenta la siguiente moción consecuencia de
interpelación urgente sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección de los mismos.
Exposición de motivos
Continúan existiendo núcleos estables de marginalidad y de exclusión social en las grandes ciudades a pesar de que han sido y están siendo objeto de políticas de corrección por parte de las Administraciones Públicas, aunque no siempre con
resultados satisfactorios. De hecho, en los de mayor dimensión, la situación se ha enquistado, lo que ha producido una sensación de desánimo en las capas de población residente en esas áreas que, además de su pobreza individual, sufren un grave
deterioro social en la prestación de servicios públicos derivado de la marginalidad circundante que dificultan sobremanera los procesos de inclusión social.
La eliminación de esos 'puntos negros' o burbujas de exclusión para proteger los derechos constitucionales de la población más desfavorecida que vive y sufre en este entorno de marginalidad, pero que está perfectamente integrada, requiere de
acciones integrales y unitarias que no pueden ser gestionadas desde los órganos centrales de cada Administración.
Moción
El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para presentar a esta Cámara antes de finalizar el año 2002, donde se localicen y describan los focos más graves de exclusión social por su dimensión y su estabilidad en las
grandes ciudades, así como la eficacia de las distintas políticas públicas de lucha contra la marginalidad que se está llevando a cabo en las mismas.
2. Dada la singularidad y gravedad del caso del Barrio Martínez Montañés de Sevilla y los riesgos de extensión del deterioro al entorno del resto de barrios del Polígono Sur donde se encuentra, participar de acuerdo con la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla en la constitución de una Gerencia, Consorcio u órgano similar que desde la cercanía, el conocimiento y la participación de la población afectada, gestione de forma unitaria un plan integral que contenga las
acciones derivadas de los distintos planes y competencias de las Administraciones Públicas en el área prefijada y que, para su mayor eficacia:
2.1 Evalúe periódicamente sus resultados y no sólo los gastos realizados.
2.2 Defina un escenario temporal, con acciones a corto, medio y largo plazo.
2.3 Modifique flexiblemente sus acciones en función de sus resultados.
2.4 Comprometa presupuestariamente a las distintas Administraciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2002.-José Núñez Castaín, Diputado.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección (núm. expte. 173/000143).
Enmienda
Al punto 1.
De sustitución.
Sustituir en el punto 1: '...de acuerdo con las Comunidades Autónomas...',
Por la siguiente expresión: '...desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con las
CC. AA. y la FEMP dentro del marco de Plan Nacional de Acción para la inclusión social...' (resto igual).
Enmienda
Al punto 2.
De adición.
Añadir en el punto 2, después de '...participación de la población afectada...', la siguiente expresión: '...y las organizaciones sociales implicadas...'.
Enmienda
Al punto 2.3.
De sustitución.
2.3 Valore económicamente la puesta en marcha de dicho plan con el fin de comprometer presupuestariamente a las distintas Administraciones (Gobierno, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) para la ejecución del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación
de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección de los mismos (expte. 173/000143).
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto número 3, del siguiente tenor:
'Número 3. Con el fin de hacer posible, no sólo la realización de los citados planes integrales, sino también poniendo freno a la creciente desprotección social de las bolsas de pobreza y marginación aludidas, que no sólo se ubican en las
grandes ciudades, se insta, asimismo, al Gobierno a elevar en un punto porcentual del producto interior bruto anual, dedicado a gasto en protección social hasta alcanzar, al menos, la media de la Comunidad Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Antero Ruiz López, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección de los mismos.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir desarrollando, junto con las distintas Administraciones Públicas competentes y los agentes implicados, las medidas recogidas en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, con
el fin de resolver los problemas derivados de la exclusión social.'
Justificación.
Mejora técnica.
Madrid, 18 de junio de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000004
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Informe aprobado por la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público (núm. expte. 154/4) con fecha 17 de junio de 2002, constituida en el seno de la de Economía y Hacienda, así como de los Votos Particulares presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Excmo. Sr.:
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado quinto, punto 1, de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, tengo el honor de elevar a V. E. el Informe aprobado por la Subcomisión para el
seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público (núm.
expte. 154/4), en su reunión del día 17 de junio de 2002.
En la citada reunión, la Subcomisión acordó que el plazo para la presentación de Votos Particulares, por parte de los Grupos Parlamentarios que quieran manifestar su disconformidad con el Informe, terminará a las doce horas del próximo día
18 de junio de 2002. Dichos Votos Particulares deberán ser presentados ante el Registro General de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2002.-Federico Souvirón García, Jordi de Juan i Casadevall, Juan Blancas Llamas, Celestino Suárez González, Antonio Cuevas Delgado, Germá Bel i Queralt, Manuel José Silva i Sánchez,
Inmaculada Riera i Reñé, Francisco Frutos Gras, Pedro María Azpiazu Uriarte, José Carlos Mauricio Rodríguez y Joan Puigcercós i Boixassa.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 19 de octubre de 2000, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la
creación en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda de una Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público (núm. expte. 154/000004), en los siguientes términos:
'A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, 2 representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y 1 representante de cada uno de los
Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá:
Realizar un estudio de la situación de los procesos de privatización y reconversión que se enmarcan en el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado y emitir sus conclusiones.
Para la realización del mencionado estudio la Subcomisión recabará:
- La información y documentación que precise del gobierno, de los organismos de control (Consejo Consultivo de Privatizaciones, Intervención del Estado y Tribunal de Cuentas) y de las empresas afectadas por procesos de privatización.
- La comparecencia de miembros del Gobierno ante la misma, así como la de autoridades, funcionarios públicos y la de otras personas y organizaciones competentes en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles
medidas a plantear en el Informe final.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo máximo de doce meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda
junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
Las comparecencias deberán substanciarse en los seis primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.'
Composición de la Subcomisión:
Souvirón García, Federico (GP).
Juan i Casadevall, Jordi de (GP).
Blancas Llamas, Juan (GP).
Suárez González, Celestino (GS).
Cuevas Delgado, Antonio (GS).
Bel i Queralt, Germá (GS).
Silva Sánchez, Manuel José (GC-CiU).
Riera i Reñé, Inmaculada (GC-CiU).
Frutos Gras, Francisco (GIU).
Azpiazu Uriarte, Pedro María (GV-EAJ-PNV).
Mauricio Rodríguez, José Carlos (GCC).
Puigcercós i Boixassa, Joan (GMx).
Altas:
Riera i Reñé, Inmaculada (GC-CiU) (5 de marzo de 2002, fecha escrito Grupo Parlamentario).
Bajas:
Padrol i Munte, Heribert (GC-CiU) (4 de marzo de 2002, renuncia Acta Diputado).
Plazo:
De conformidad con el punto tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996 y a propuesta de la Subcomisión, el Pleno de la Cámara, en su reunión de 11 de diciembre de 2001, acordó la
prórroga del plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión hasta el final del presente período de sesiones (junio de 2002).
Relación de sesiones celebradas:
13 de diciembre de 2000: Sesión de constitución y ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
7 de marzo de 2001: Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
6 de junio de 2001: Comparecencia del Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
13 de junio de 2001: Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
19 de diciembre de 2001: Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
12 de febrero de 2002: Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
14 de marzo de 2002: Comparecencia del Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
21 de marzo de 2002: Comparecencia de la Interventora General de la Administración del Estado (IGAE).
11 de abril de 2002: Comparecencia del Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
25 de abril de 2002: Comparecencia del Presidente de EADS-CASA.
9 de mayo de 2002: Comparecencia del Presidente de ENCE.
30 de mayo de 2002: Comparecencia del Presidente de Santa Bárbara.
11 de junio de 2002: Comparecencia del Presidente de Iberia.
17 de junio de 2002: Elaboración del Informe de la Subcomisión.
Documentación recibida:
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 15 de febrero de 2001:
- Anexo cuadro resumen de los procesos de privatización en curso en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el que se incluye información sobre la situación actual en la que se encuentra cada uno de estos procesos.
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 19 de diciembre de 2001:
- Procesos de privatización finalizados en la VII Legislatura:
· Anexo I.1. CASA: Tres años de consolidación.
· Anexo I.2. EADS: El primer grupo aeroespacial europeo.
· Anexo II.1. SEPI incorpora socios industriales en Iberia e inicia su privatización (julio 1997).
· Anexo II.2. Firma del acuerdo para la entrada en el capital de Iberia de sus nuevos socios industriales e institucionales (diciembre 1999) (diciembre 1999).
· Anexo II.3. Folleto informativo completo OPV de Iberia (16 de marzo de 2001).
· Anexo III.1. Proyecto industrial de futuro para ENSB (abril 2000).
· Anexo III.2. Plan de futuro de Santa Bárbara (marzo 2001).
· Anexo III.3. En primera línea: General Dynamics/Santa Bárbara sistemas (julio 2001).
· Anexo IV.1. Plan de futuro para conversión aluminio (20 de febrero de 2001).
· Anexo V. Folleto informativo completo OPV de ENCE (20 de junio de 2001).
· Anexo VI.1. Un futuro para la nueva BWE (octubre 2001).
· Anexo VII.1 Aerolíneas argentinas: Solución de futuro (octubre 2001).
· Anexo VIII. Expasa: Adjudicación de las fincas (noviembre 2001).
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 14 de enero de 2002:
· Acuerdo por el que se autoriza a Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, S. A. para la venta de acciones de Radio Popular, S. A.
previa a su aportación a aquélla por la Dirección General del Patrimonio del Estado (acuerdo de
Consejo de Ministros de 28 de julio de 2000).
· Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a enajenar la totalidad de su participación accionarial en la sociedad Conversión Aluminio, S. A. (acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo
de 2001).
· Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a enajenar la totalidad de su participación accionarial en la sociedad Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A. (ENSB)
(acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001).
· Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a iniciar el procedimiento de enajenación de parte de su participación en el capital social de la sociedad Grupo Empresarial ENCE, S. A. (ENCE)
mediante una Oferta Pública de Venta institucional acelerada (acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001) (se adjunta Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones).
· Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal 'Expasa, Agricultura y Ganadería, S. A.' para la venta de sus activos inmobiliarios (acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de junio de 2001) (se adjunta Dictamen del Consejo Consultivo de
Privatizaciones).
· Acuerdo por el que se autoriza a Babcock Wilcox Española, S. A. (BWE) para constituir una nueva sociedad anónima participada íntegramente por ella y denominada Babcock Borsig España, S. A. (acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de
2001).
· Acuerdo por el que se autoriza a Babcock Wilcox Española, S. A. para enajenar la totalidad de las acciones de Babcock Borsig España, S. A. a Babcock Borsig Power GmbH (acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2001) (se adjunta
Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones).
· Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a enajenar el 25 por 100, menos una acción, del capital social del grupo empresarial ENCE, S. A. (ENCE) mediante la venta de las acciones a un
grupo estable de accionistas (acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2001) (se adjunta Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones).
· Acuerdo por el que se modifica el acuerdo de 6 de julio de 2001 por el que se autoriza a Babcock Wilcox Española, S. A. (BWE) para constituir una nueva sociedad anónima participada íntegramente por ella y denominada Babcock Borsig España,
S. A. (acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2001).
· Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a enajenar la totalidad de su participación accionarial en la sociedad Interinvest, S. A. (acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de octubre de
2001).
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 5 de febrero de 2002:
Respecto a la información solicitada al Ministerio de Economía sobre los Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) adoptados en la VII Legislatura que establezcan directrices, criterios o planes para
desarrollar el proceso de privatización de empresas públicas, se informa que una vez examinados los archivos de la Secretaría de la Comisión Delegada, no hay ningún Acuerdo de la Comisión Delegada que responda a las características señaladas.
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 22 de febrero de 2002:
Se acompaña como anexo los dictámenes del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP):
· Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre la enajenación del 100 por 100 del capital social de Conversión Aluminio, S. A. (marzo 2001).
· Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre enajenación del 26 por 100 más una acción del capital social de ENCE, S. A. (marzo 2001).
· Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre enajenación del 100 por 100 del capital social de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A. (ENSB) (marzo 2001).
· Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre enajenación de 10 fincas rústicas de Expasa, Agricultura y Ganadería, S. A. (mayo 2001).
· Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre la enajenación mediante concurso del 24,99 por 100 del capital social del Grupo Empresarial ENCE, S. A. (julio 2001).
· Dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre la enajenación del 99,2 por 100 del capital de Interinvest, S. A., accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas, S. A. (92,1 por 100) y Austral, S.
A. (90 por 100) (octubre 2001).
Los de los años 1999 y 2000 se incluyen, a su vez, como anexos a los 'Informes de Actividades' del CCP de esos años. Se incluye el de 1999, ya que el dictamen de Iberia se emitió a finales de ese año.
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 8 de marzo de 2002:
Se acompaña como anexo la documentación que se enumera en la siguiente relación, recibida de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), relativa a los procesos de privatización finalizados en las Legislaturas VI y VII:
· Anexo I: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Astander.
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración AIE/SEPI (VI Legislatura, Consejo de Ministros 12.11.1999).
· Anexo II: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Initec.
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI (VI Legislatura, Consejo de Ministros 31.03.2000).
· Anexo III: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Indra.
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI. Documentación complementaria: Anexo III.-Folleto informativo completo OPV Indra (16.03.01) (VI Legislatura,
Consejo Ministros 29.01.1999, OPV marzo 1999).
· Anexo IV: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Enatcar.
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI. Documentación complementaria: Anexo IV.-Proyecto industrial para Enatcar (diciembre 99) (VI Legislatura,
Consejo de Ministros 03.12.1999).
· Anexo V: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Icsa/Aya.
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI (VI Legislatura, Consejo de Ministros 18.06.1999).
· Anexo VI: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de LM Composites. Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI (VI Legislatura, Consejo de Ministros 03.12.1999).
· Anexo VII: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Red Eléctrica. Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI.
Documentación complementaria: Anexo VII.-Folleto informativo completo OPV de Red Eléctrica (VI
Legislatura, Consejo de Ministros 21.05.1999, OPV julio 1999).
· Anexo VIII: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Grupo Potasas. Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI (VI Legislatura, Consejo de Ministros 18.12.1998).
· Anexo IX: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de CASA.
Anexos: Resumen de ofertas y Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI. Documentación complementaria: Anexo IX.-CASA: Tres años de consolidación. Anexo
IX.-EADS: El primer grupo aeroespacial europeo (VII Legislatura, Consejo de Ministros 03.03.2000 OPV julio 2000).
· Anexo X: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Fincas de Expasa. Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPPA y Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI. Documentación complementaria: Anexo X.-Expasa:
Adjudicación de las fincas (noviembre 2001) (VII Legislatura, Consejo de Ministros 08.06.2001).
· Anexo XI: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Iberia.
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI. Documentación complementaria: Anexo XI.-Folleto informativo completo OPV Iberia (16.03.01); Anexo XI.-SEPI
incorpora socios industriales en Iberia e inicia su privatización (julio 1997); Anexo XI.-Firma del acuerdo para la entrada en el capital de Iberia de sus nuevos socios industriales e institucionales (diciembre 1999) (VII Legislatura, Consejo de
Ministros 30.12.1999 OPV abril 2001).
· Anexo XII: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Santa Bárbara. Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI.
Documentación complementaria: Anexo XII.-Proyecto industrial de futuro para ENSB (abril 2000);
Anexo XII.-Plan de futuro de Santa Bárbara (marzo 2001); Anexo XII.-En primera línea: General Dynamics/Santa Bárbara sistemas (julio 2001) (VII Legislatura, Consejo de Ministros 30.03.2001).
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 12 de marzo de 2002:
Se acompaña como anexo la documentación que se enumera en la siguiente relación recibida de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), relativa a los procesos de privatización finalizados en las Legislaturas VI y VII:
· Anexo I: Informe de SEPI sobre el proceso de privatización de Interinvest (accionista mayoritario de Aerolíneas Argentinas y Austral).
Anexos: Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI. Documentación complementaria: Anexo
I.-Aerolíneas Argentinas: Solución de futuro.
Octubre 2001 (VII Legislatura, Consejo de Ministros 12.10.2001).
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 18 de marzo de 2002:
· 'Informe sobre las auditorías de las operaciones de privatización, abril 1999-marzo 2002', elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
Documentación remitida por el Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones con fecha 8 de abril de 2002:
· Informe de actividades 1999.
· Informe de actividades 2000.
· Informe 2001. Cinco años de actividad.
Documentación aportada por el Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones con fecha 12 de abril de 2002:
· Resumen de Prensa del Informe de Actividades CCP-2001.
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 29 de mayo de 2002:
· Información detallada remitida por la SEPI en relación con las empresas privatizadas mediante OPV o mediante concurso o adjudicación directa.
Documentación remitida por el Gobierno con fecha 3 de junio de 2002:
· Información detallada remitida por la Intervención General de la Administración del Estado en relación con los procesos de privatización de diversas empresas.
Documentación aportada por el Presidente de Iberia con fecha 11 de junio de 2002:
· 'Balance de un año de la privatización' (Intervención del Sr. Xavier de Irala ante la Subcomisión).
A la vista de todo lo anterior, la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, en su reunión del día 17 de junio de 2002, ha acordado elevar a la Comisión
de Economía y Hacienda el siguiente Informe:
1. Colaboración.
La Subcomisión reconoce la colaboración de los organismos que han facilitado su trabajo con la documentación enviada y con las comparecencias de sus responsables en la Subcomisión.
El Agente Gestor, SEPI, ha remitido un informe de cada uno de los procesos de privatización concluidos desde el 1 de diciembre de 1998, que han sido objeto de estudio, con información abundante:
- Antecedentes de la empresa privatizada: Origen, situación de la empresa en el momento de la privatización. Principales magnitudes.
- Desarrollo del proceso de privatización:
· Inicio.
· Selección de asesores.
· Valoración de la empresa.
· Proceso informativo.
· Ofertas recibidas.
· Decisión.
- Resumen de la OPV: Principales datos.
- Plan Industrial (casos de venta a socios):
· Principal contenido.
· Garantías.
· Seguimiento (en su caso).
- Resultado económico de la operación: Ingresos y gastos.
De la misma manera, se ha recibido documentación complementaria (Certificación de los Acuerdos del Consejo de Administración de SEPI relacionados con el proceso de privatización y solicitados en la presente iniciativa, Folletos CNMV...).
Se ha recibido, asimismo, información de la Intervención General de la Administración del Estado y del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
La Subcomisión destaca la información recibida de quienes han comparecido ante ella, altos cargos de la Administración, responsables de los órganos de control y Presidentes de las empresas privatizadas.
2. Procedimiento.
Los procesos de privatización se han analizado de acuerdo a los principios y requisitos exigidos por el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de
1996, que estableció el marco de referencia para los Agentes Gestores y Órganos de Control de los procedimientos privatizadores.
La Subcomisión destaca que los procesos analizados en el período comprendido en sus trabajos se han ajustado estrictamente a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia exigidos y que se han sometido a los órganos de control
competentes en todas sus operaciones.
La Subcomisión quiere poner de manifiesto la eficacia demostrada por los mecanismos de control que se aplican a los procesos de privatización, tanto con carácter previo por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que analiza el
cumplimiento de los aspectos formales del proceso, como los que se aplican una vez finalizado el proceso, a través de las auditorías que realiza la Intervención General de la Administración del Estado, que emite una opinión sobre los ingresos y
gastos derivados de la operación, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996.
Es de destacar que los órganos de control han puesto de manifiesto la colaboración prestada por los agentes gestores y han concluido que los procesos se han realizado con cumplimiento del procedimiento previsto,
sin que hayan recogido en sus informes incidencias significativas. Las posibles deficiencias, sin efectos sustanciales sobre el procedimiento privatizador ni sobre los resultados de la privatización, que han sido puestas de manifiesto por
los órganos de control, han sido recogidas por los agentes gestores, siguiendo las recomendaciones efectuadas por los órganos de control como, por ejemplo, la separación de las funciones de asesor y valorador en los procesos.
En este sentido, la Subcomisión insta a los Agentes gestores de los procesos de privatización y a los órganos de control a mantener el espíritu de colaboración que hasta ahora han mantenido, y que ha redundado en una progresiva mejora del
procedimiento.
En este sentido, la Subcomisión insta a los Agentes gestores de los procesos de privatización a seguir incorporando estos principios y a que sigan manteniendo el criterio de recoger en su actuación aquellas recomendaciones de los órganos de
control que profundicen en el cumplimiento de estos principios y hagan más eficaz el procedimiento privatizador.
3. Racionalización.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2001, se incorporaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales determinadas sociedades públicas dependientes de la Dirección General de Patrimonio, así como la Sociedad
Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA).
Un posterior Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de julio del mismo año, aprobó la disolución de la SEPA, mediante la cesión global de sus activos y pasivos a su único accionista SEPI.
Existiendo desde ese momento una estructura de las participaciones públicas más racional, que supone la creación de grupos homogéneos especializados en formas específicas de gestión y que, desde el punto de vista de las privatizaciones,
unifica en un solo Agente Gestor, la SEPI, el diseño y ejecución de los procesos de privatización, unificando la gestión de los mismos.
La Subcomisión valora positivamente la reordenación de la estructura organizativa del sector público empresarial del Estado, que ha conducido a una racionalización de los órganos de gestión.
4. Métodos de privatización.
En los procesos de privatización analizados por la Subcomisión se han utilizado diferentes métodos de enajenación, si bien puede destacarse que se han producido más ventas a socios industriales y/o institucionales que ofertas públicas de
venta.
En concreto, se han realizado cinco OPV (INDRA, RED ELÉCTRICA, EADS, IBERIA y ENCE), mediante las cuales se han colocado en Bolsa, aproximadamente, 1.320 ME en los tramos institucionales y minoristas.
Es especialmente relevante que estas colocaciones en Bolsa han permitido que, en el tramo minorista, se incorporen al accionariado de las compañías más de 800.000 pequeños inversores.
El resto de los procesos de privatización se han desarrollado mediante venta a socios industriales o institucionales. En algunos casos, como IBERIA y ENCE, se han combinado ambos métodos, constituyendo núcleos de accionistas, previos a la
posterior Oferta Pública de Venta, en la que se enajenaba definitivamente la compañía.
Es de destacar el método de privatización utilizado en el caso de la venta de determinadas fincas de EXPASA, la Subasta y, en concreto, la utilización de las nuevas tecnologías. El proceso de difusión de la documentación y del cuaderno de
venta se apoyó, sustancialmente, en sistemas electrónicos, constituyendo la primera privatización que ha utilizado activamente Internet.
5. Potenciación de la internacionalización de las compañías privatizadas y privatizables.
Tanto de la documentación recibida como de las comparecencias de Presidentes de empresas, se concluyen los beneficiosos resultados que la privatización tiene para las empresas enajenadas.
Uno de estos beneficiosos efectos, ya puesto de manifiesto en anteriores ocasiones, es la continuación de 'holdings' internacionales que suponen la apertura de las empresas hacia nuevos mercados.
Son significativos los ejemplos de la venta del Grupo POTASAS, BWE y, muy especialmente, la de SANTA BÁRBARA, empresa prácticamente en quiebra hace escasos ejercicios. A través de la apertura de su accionariado a socios de otros Estados se
ha conducido a una empresa pequeña y de ámbito estrictamente nacional, a formar parte de un consorcio empresarial que está presente en mercados hasta ahora inaccesibles para la compañía.
Más relevante es el caso de la privatización de CASA, que se ha llevado a cabo mediante la configuración de un potente grupo industrial europeo, EADS, que lidera los sectores europeos de aviación civil, helicópteros, vehículos de lanzamiento
espacial, satélites y misiles.
En esta línea, es importante destacar la potenciación de la perspectiva europea e internacional en los procesos de privatización de empresas públicas, desarrollados en la presente legislatura.
Uno de los grandes objetivos en la política económica comunitaria es el marcado en el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 por el que '... La Unión Europea debe convertirse en el 2010 en la economía basada en el conocimiento, más
competitiva y dinámica del mundo, capaz de generar crecimiento económico sostenible...'. En este marco de objetivos, la contribución de la política de privatizaciones, por su potencial aportación en términos de crecimiento económico y en conseguir
mejores niveles de competitividad para nuestro tejido industrial a nivel internacional, es clave.
El marco actual europeo y los retos que se han fijado a corto plazo los Estados miembros exigen avanzar en los procesos de liberalización y desregulación de los sectores.
Si bien son muchos los avances realizados hasta la fecha, la Subcomisión entiende que es preciso seguir avanzando en estos procesos de liberalización de los mercados. Completar estos procesos de liberalización, especialmente en algunos
sectores, es básico para avanzar hacia mercados más abiertos, tasas de crecimiento económico más ambiciosas, niveles de competitividad de nuestro tejido industrial más sólidos.
Avanzar en los procesos de liberalización implica avanzar en los procesos de privatización con el común denominador de eficiencia y control independiente y con el objetivo común de crear un tejido industrial fuerte, capaz de competir en los
mercados internacionales.
Por otra parte, la Subcomisión entiende que el contexto europeo e internacional, en el que deben actuar los agentes industriales, debe estar presente en todo proceso de privatización, acentuándose su importancia y teniendo en cuenta aspectos
como los siguientes:
- En la fase de análisis de los planes industriales que se presentan en los procesos privatizadores, hay que continuar teniendo en cuenta la solidez y viabilidad del mismo no sólo a nivel nacional sino europeo e internacional: los planes
industriales, que constituyen un elemento determinante en todo proceso de privatización, serán más atractivos y sólidos cuanta más tecnología, innovación y capacidad financiera aporten.
La capacidad de la empresa de competir en un mercado cada vez más global y en el que, cada vez más los elementos cualitativos como la capacidad de innovar, la tecnología..., son los que aportan más valor, obliga a apostar por empresas que
generan know-how, con capacidad de inversión en innovación y tecnología, con capacidad de penetración en mercados altamente competitivos.
- Sería deseable que en los procesos de privatización participasen en mayor medida empresas internacionales y europeas, ya sea solas, ya sea vía consorcios con otras empresas españolas, por razones de visibilidad de competitividad a largo
plazo y de posicionamiento estratégico del tejido industrial español en los mercados internacionales.
En este sentido, es necesario analizar, caso por caso, la aportación que una participación internacional pueda tener en términos de más viabilidad de mercado al proyecto, de favorecer la apertura a nuevos mercados y, por tanto, impulsar un
crecimiento más relevante a nivel internacional, de dotar de mayor competitividad a la empresa. Los procesos de privatización han de buscar la mejora en términos cualitativos y cuantitativos de las empresas a nivel nacional, pero no pueden olvidar
su contribución a la consolidación de un tejido industrial europeo sólido.
Las últimas privatizaciones efectuadas han tenido en cuenta esta perspectiva internacional y europea y la importancia estratégica de este enfoque, especialmente en aquellas privatizaciones de empresas en sectores clave de futuro como el
tecnológico o en ámbitos donde el futuro debe considerarse desde una perspectiva internacional, como son el sector naval y el aeronáutico, en el que se valoró especialmente la oportunidad y necesidad de crear una industria europea.
6. Mantenimiento del proyecto industrial.
El Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, marco de referencia de la actuación que se desarrolla en dicho sector, se plantea un objetivo más amplio que un simple proceso de venta de empresas públicas. Constituye
un verdadero instrumento de transformación de la realidad económica y social de nuestro país, y de dinamización de la economía, potenciando el protagonismo del sector privado en la actividad económica empresarial.
En definitiva, no se trata únicamente de pasar a la iniciativa privada las compañías, sino constituir proyectos empresariales sólidos, solventes industrial y financieramente, con garantías de futuro a largo plazo, contribuyendo a la mejora
del tejido industrial y de la economía española.
Para ello, los procesos de privatización desarrollados mediante la venta industrial, con participación de socios industriales y/o institucionales, han estado acompañados de los correspondientes Planes industriales definidos para las empresas
privatizadas y que constituyen un requisito básico exigido por el Agente Gestor como condición para la participación en la privatización y un elemento determinante a la hora de tomar la decisión del adjudicatario de la compañía en venta.
En estos Planes industriales, los compradores señalan las actuaciones a desarrollar en la empresa para consolidar su proyecto industrial, asumiendo compromisos concretos de inversiones a realizar, mantenimiento de plantillas, aportación de
mercados...
Estos planes industriales no son meras declaraciones de intención, pues no sólo son objeto de seguimiento por parte del Agente Gestor, sino que el cumplimiento de los compromisos asumidos por los compradores están garantizados mediante
cláusulas penales incorporadas a los contratos de compraventa.
7. Cumplimiento de los Planes Industriales.
Como continuación del punto anterior, es de destacar el control que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales realiza en relación al cumplimiento de
los Planes Industriales que los compradores se comprometen a aplicar en las empresas privatizadas.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tiene instrumentado un procedimiento para el Seguimiento de Planes Industriales en aplicación en empresas privatizadas, por el que semestralmente se evalúa el grado de avance alcanzado en
la aplicación de las actuaciones contenidas en el Plan Industrial y se verifica el cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por los compradores.
El comprador se compromete a facilitar a SEPI información sobre la aplicación de las medidas contenidas en el Plan Industrial. De la información facilitada puede deducirse que la implantación de Planes industriales hasta la fecha merece una
favorable valoración, valoración que se basa en el elevado grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los compradores de las empresas privatizadas, fundamentalmente en cuanto a realización de inversiones y mantenimiento del empleo.
8. Ingresos.
Tal y como señala el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, los ingresos obtenidos en los procesos de privatización no constituyen el único, ni siquiera el más importante de los objetivos que se persiguen. No obstante,
constituyen un dato relevante por su volumen.
Pues bien, los ingresos brutos obtenidos en los procesos de privatización analizados por la Subcomisión ascienden a más de 3.000 ME.
Un aspecto que destacan especialmente los órganos de control, el Consejo Consultivo de Privatizaciones y la Intervención General de la Administración del Estado, es el relativo a la disminución progresiva de las comisiones pagadas a los
colaboradores en la ejecución de las ofertas públicas de venta.
Efectivamente, tanto según el CCP, como la IGAE, se ha podido constatar, tanto por la información directa como a través de la información registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que las comisiones pagadas en operaciones de
privatización mediante OPV han ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los años y, además, en los casos de privatizaciones han tendido a ser inferiores a las aplicadas en empresas privadas que han realizado ofertas públicas de venta.
9. Régimen de autorización administrativa previa.
La normativa española (Ley 5/1995, de 23 de mayo, de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, y el Real Decreto 1525/1995, de 15 de septiembre, que desarrolla dicha ley), prevé la posibilidad de
aplicar a las compañías privatizadas un régimen de autorización administrativa previa de determinados acuerdos y actos relacionados con las sociedades mercantiles privatizadas en las que en parte de su actividad está presente un interés público, con
la finalidad de garantizar la continuidad empresarial que demande la prestación del servicio cumplido por la empresa.
Es lo que comúnmente se conoce como 'golden share', cuya aplicación en España, en línea con el criterio establecido recientemente por el Tribunal Europeo de Justicia, se ha realizado con carácter reducido, partiendo del principio de la menor
intervención pública.
Partiendo de este principio de menor intervencionismo estatal, el régimen de autorización administrativa previa se ha aplicado en compañías en las que es preciso asegurar la continuidad empresarial de la empresa privatizada, en atención al
carácter estratégico de alguna de sus actividades, para garantizar el interés general o la prestación de un servicio público que juega un papel fundamental en un sector.
En este sentido, la Subcomisión quiere destacar que en los dieciocho procesos de privatización analizados únicamente se ha aplicado este régimen de autorización administrativa previa en dos casos, que resultan plenamente justificados.
El primero de ellos, INDRA (RD 482/99, de 18.03), en atención al carácter estratégico de su actividad de defensa; y el segundo caso es el de IBERIA (RD 343/01, de 04.04), en atención al papel fundamental que juega en el sistema de
transporte aéreo de nuestro país y a que se trata de una compañía designada para el ejercicio de los derechos de tráfico aéreo incorporados a Convenios bilaterales de transporte aéreo suscritos por España, por lo que resulta imprescindible
garantizar el interés general.
10. Diálogo.
Es de destacar el hecho de que todas las operaciones de privatización se desarrollan en un clima de diálogo y colaboración con las partes implicadas y, muy especialmente, con los trabajadores afectados.
En la práctica totalidad de las privatizaciones analizadas, se han suscrito acuerdos sindicales con los agentes sociales (sindicatos de la empresa, federaciones nacionales sectorales, Comités de empresa).
Este es un hecho positivo pues, más allá de la bondad intrínseca de que exista acuerdo, esta colaboración ratifica lo adecuado del diseño de los procesos y de la opción final que se da a la privatización de cada compañía.
De la documentación analizada se desprende que se han culminado acuerdos con los representantes sindicales en el marco de los procesos de privatización de ICSA y AYA, CASA, ENATCAR, INITEC, BWE, ENCE, EXPASA, CONVERSIÓN ALUMINIO y SANTA
BÁRBARA.
11. Actuación de futuro de SEPI.
La SEPI, como órgano designado por el Gobierno para actuar como agente gestor de los procesos de privatización
de empresas públicas, articula sus funciones en torno a las líneas de actuación definidas en el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, esto es: el saneamiento de las empresas públicas deficitarias; la
consolidación de los proyectos empresariales sólidos, rentables y viables y la puesta en marcha del programa de privatizaciones.
Pero en los últimos años, SEPI, además, ha potenciado su papel de instrumento de reordenación, racionalización y mejora de la estructura industrial española, a través de la promoción de proyectos empresariales privados y la
reindustrialización de zonas afectadas por reconversiones.
Esta dimensión debe ser ampliada y promocionada a fin de que la SEPI pueda jugar un papel fundamental en el futuro del mapa industrial español, contribuyendo a la reindustrialización de nuestro país, impulsando parques empresariales y
proyectos generadores de empleo y potenciando la captación de proyectos de inversión empresarial. Contribuyendo, en definitiva, al proceso de modernización del sector industrial y productivo.
Conclusión final.
Los trabajos desarrollados por la Subcomisión a lo largo de esta legislatura se han mostrado plenamente eficaces para conseguir los objetivos perseguidos con su creación: estudiar el desarrollo del Programa de Modernización del Sector
Público Empresarial del Estado y, en concreto, los procesos de privatización que son culminados en el marco de este Programa.
En consecuencia, la Subcomisión entiende necesario continuar estos trabajos a lo largo de la presente legislatura, analizando los procesos de privatización que vayan siendo finalizados por el Gobierno a partir de la aprobación de las
presentes conclusiones.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formulan los siguientes votos particulares a las conclusiones de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes
al sector público.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-Francisco Frutos Gras, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Votos particulares a las conclusiones de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público
1. La empresa pública constituye un instrumento fundamental de la intervención del Estado en la economía, de tal manera que sin ella será imposible que un gobierno se responsabilice de la política económica, y mucho menos de una política
económica tendente al pleno empleo.
2. La empresa pública en ocasiones puede constituirse en un polo de desarrollo regional, de cara a crear empleo directo o indirecto, e incentivar la actividad económica en un entorno geográfico amplio, especialmente en aquellas zonas
deprimidas y abandonadas por la iniciativa privada. En otras circunstancias, puede asumir una producción de carácter supra-económico, en el sentido de generar bienes estratégicos o servicios públicos, muchas veces no rentables según criterios
privados, o emprender iniciativas industriales que impliquen un elevado riesgo y que, por tanto, nunca serán asumidas por la iniciativa privada.
3. La empresa pública es un instrumento eficaz para introducir concurrencia y socializar beneficios. Si el Estado renuncia a actuar directamente en el proceso productivo, quedando éste exclusivamente en poder de las empresas privadas, el
crecimiento económico y la creación de empleo dependerán únicamente de los beneficios empresariales, cuyo incremento se convierte en el objetivo principal de toda la sociedad y de la política económica del Gobierno, que irá enfocada a rebajar todo
lo posible la tributación de las empresas y asumir parte de los costes empresariales, quedando imposibilitada la adopción de políticas redistributivas.
4. Es necesario un sector público fuerte, eficaz y correctamente controlado, con el fin de que el crecimiento económico se convierta en bienestar social y que la riqueza se distribuya de forma igualitaria. Sin un sector público fuerte será
imposible democratizar el poder económico, y sin democracia en el poder económico la política se convierte en un simple fuego de artificio.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa a fin de presentar el siguiente voto particular al informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las
empresas pertenecientes al sector público.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público
Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista
I. Antecedentes
En la VI.ª Legislatura, a partir de una propuesta inicial del Grupo Parlamentario de CiU posteriormente enmendada y asumida por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), se creó, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una
Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.
En el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) al Informe de la Subcomisión se señaló que las enmiendas formuladas por el GPP cambiaron la naturaleza y objetivos iniciales del proyecto de Subcomisión y
condicionaron su evolución futura en el sentido de privarla de sentido (conoce a posteriori y no emite opinión sobre procesos individuales) y tornarla ineficaz para el conocimiento real de los procesos de privatización y reconversión de las empresas
públicas estatales. Además, el citado voto particular del GPS recogió un capítulo de Conclusiones y Propuestas cuyo contenido íntegro se expone a continuación:
'IV. Conclusiones y propuestas
IV.1. Conclusiones
1. La creación y desarrollo de la Subcomisión responde a los intereses del Gobierno de crear un marco ficticio de control parlamentario del proceso de privatizaciones.
2. Los trabajos realizados por la Subcomisión han sido ineficaces o de poca relevancia. Las trabas impuestas por el Gobierno a los parlamentarios de la oposición para disponer de información suficiente, de calidad y a tiempo han hecho
imposible el cumplimiento de las tareas de control parlamentario.
3. Los resultados del proceso de privatizaciones no son favorables a los intereses generales: la venta del patrimonio público empresarial rentable acumulado por el esfuerzo de los españoles está creando una casta de personas afines al
partido que soporta al Gobierno que concentra en sus manos un elevado poder económico y mediático. Cualquier Gobierno democrático futuro distinto del actual se encontrará con enormes dificultades para tomar decisiones que subordinen los intereses
económicos generados a los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
IV.2 Propuestas
1. Rechazar el 'Informe sobre la Subcomisión para el seguimiento del proceso de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público' por su contenido incompleto, parcial e infundado.
2. Declarar que, por las razones expuestas anteriormente, la Subcomisión ha resultado inútil e ineficaz para conocer el desarrollo del proceso de privatizaciones realizado en la legislatura por el Gobierno del Partido Popular.
3. Declarar la necesidad de que continúe la investigación sobre el proceso de privatizaciones, recabar el envío al Parlamento de toda la documentación anteriormente solicitada y habilitar un procedimiento de urgencia para que, en el período
correspondiente a la actual legislatura, comparezcan ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo los Presidentes de todas las empresas privatizadas y los Ministros de Industria y Energía, Economía y Hacienda y Fomento.'
II. Sobre la naturaleza y objeto de la Subcomisión
En septiembre de 2000, la Comisión de Economía y Hacienda acordó proponer al Pleno del Congreso de los Diputados la creación de una Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público (en adelante, la Subcomisión), propuesta que el Pleno hizo suya en su sesión de 27 de octubre de 2000.
En relación con la Subcomisión creada en la anterior Legislatura, parecía que esta nueva Subcomisión tenía una naturaleza distinta, en el sentido de que en el momento de su creación no se hacían explícitas las restricciones a su ámbito de
conocimiento (no se establecía que 'conocería sin necesidad de emitir informes específicos', y a la situación del proceso de privatización de las empresas públicas (no se decía que su objeto sería 'conocer las operaciones concretas de privatización
que se hayan realizado'). Así parecía desprenderse, tanto del Acuerdo de creación al establecer que 'el objeto de la Subcomisión consistía en realizar un estudio de la situación de los procesos de privatización y reconversión que se enmarcan en el
Programa de Modernización del Sector Público empresarial del Estado y emitir sus conclusiones' (Acuerdo del Pleno del Congreso de 27 de octubre de 2000) como de la intervención del señor Souvirón García, Diputado del GPP, en la sesión de 26 de
septiembre de 2000 de la Comisión de Economía y Hacienda, cuando dijo que 'el Congreso de los Diputados debería tener conocimiento detallado de aquellas privatizaciones que ya están realizándose o que se vayan a realizar en el futuro'. En suma,
cabría deducir que los trabajos de la Subcomisión se extenderían a todas las empresas, con independencia de la fase del proceso de privatización en el que se encontraran, y que podrían incluir la elaboración de Informes, agregados o individuales,
sobre empresas en las fases previas a su privatización.
Sin embargo, la orientación dada por el Gobierno y el GPP a los trabajos de la Subcomisión en esta Legislatura no ha diferido mucho de la conocida en la anterior edición. Así, la Subcomisión ha conocido 'a posteriori' los procesos de
privatización y ha dispuesto de una información pobre en cantidad y calidad. No ha sido posible que la Subcomisión se dedicara a aquello
que debía ser lo propio en esta parcela de la actividad parlamentaria: a emitir informes, generales o específicos, sobre los criterios y directrices a los que debería someterse el proceso de privatizaciones y a evaluar el cumplimiento de
los objetivos definidos con carácter general o singular.
III. Sobre el desarrollo de los trabajos de la Subcomisión
III.1. Sobre el ritmo de los trabajos de la Subcomisión
El ritmo de los trabajos de la Subcomisión ha sido lento e irregular. Como consecuencia de ello, no se han podido cumplir los objetivos asignados a la Subcomisión, tanto en lo que se refiere al alcance de los trabajos realizados (se han
analizado un número reducido de empresas privatizadas); como en lo que afecta a la calidad de los análisis que puedan realizarse a partir de los instrumentos a disposición de los comisionados. Los siguientes hechos avalan las afirmaciones
anteriores:
· En los veinte meses transcurridos desde que el Pleno del Congreso aprobó la constitución de la Subcomisión, sólo se han celebrado 14 sesiones de la misma. Descontando las sesiones dedicadas a la constitución (1) y a la ordenación de los
trabajos (5), sólo ha habido 8 sesiones cuyo objeto ha consistido en la comparecencia de altos cargos de la Administración General del Estado y de Presidentes de las empresas privatizadas.
· Transcurren casi seis meses desde que se constituyó la Subcomisión hasta que se produjo las primera comparecencia del entonces Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin embargo, el cese del entonces
titular, en agosto de 2001, conllevó que hubiese que esperar hasta marzo de 2002 para que el nuevo Presidente de la SEPI compareciera en la Subcomisión y reiniciara (en puridad, iniciara) el ciclo de comparecencias programado.
· La extremada lentitud en el funcionamiento de la Subcomisión se tradujo en la necesidad de ampliar el plazo inicial fijado en el Acuerdo del Pleno del Congreso (doce meses desde la constitución, que se cumplían a mediados de diciembre de
2001) puesto que los trabajos de la Subcomisión apenas se habían iniciado (de hecho, la documentación recibida era casi nula). La prórroga concedida, que termina con este período de sesiones, ha sido, nuevamente, insuficiente para abordar los
trabajos imprescindibles para que la Subcomisión pudiese cumplir los objetivos que el Pleno del Congreso le encomendó.
· Aunque a partir de marzo de 2002 se ha activado en alguna medida el funcionamiento de la Subcomisión, el ritmo ha sido débil: sólo se han realizado 8 sesiones en tres meses y sólo han comparecido cuatro Presidentes de empresas ya
privatizadas y ninguno de las que están en proceso.
· Los representantes del Grupo Parlamentario Popular en la Subcomisión han formulado expresamente su voluntad de reeditar ésta, o alguna parecida, Subcomisión, lo que indica claramente que, en su opinión, los trabajos de la Subcomisión no se
han desarrollado con el ritmo requerido por los objetivos encomendados.
III.2. Sobre las comparecencias de los altos cargos
El proceso de comparecencias desarrollado ha sido claramente insuficiente para obtener informaciones y análisis útiles para el cumplimiento de los objetivos asignados a la Subcomisión. En particular, hay que resaltar como aspectos negativos
del proceso los que siguen:
· No ha comparecido el Ministro de Hacienda, responsable principal del Gobierno en materia de privatizaciones. Tampoco lo han hecho cargos relevantes como el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (por lo que se refiere a
empresas privatizadas mediante ofertas públicas de venta de acciones) y los Presidentes de algunas empresas ya privatizadas.
· La comparecencia del Presidente de la SEPI celebrada en marzo de 2002 se realizó sin que los comisionados dispusieran, con tiempo suficiente para analizarla, de la información relevante proporcionada por el Gobierno. En consecuencia,
hubiera sido necesaria una comparecencia adicional del presidente de las SEPI para que los comisionados pudiesen realizar adecuada y responsablemente su trabajo.
· No han comparecido los Presidentes de las empresas todavía públicas y en proceso de privatización.
III.3. Sobre la información puesta a disposición de la Subcomisión
Al igual que en la anterior Legislatura, la información que el Gobierno y los órganos encargados del control del proceso de privatizaciones han puesto a disposición de la Subcomisión ha sido insuficiente, tanto en cantidad como en calidad.
Merece destacarse lo que sigue:
1. El Gobierno se ha negado a remitir los informes de auditoría que ha debido emitir la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las empresas privatizadas (en la anterior Legislatura) en cumplimiento de lo
establecido en el apartado décimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 por el que se establecen las Bases del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado. El argumento formal utilizado es que 'la IGAE
tendrá la obligación de remitir datos, informes y antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno cuando sean solicitados en el seno de
una Comisión Parlamentaria de Investigación'. Sin embargo:
· En el citado Acuerdo del Consejo de Ministros se establece que los informes de auditoría que debe emitir la IGAE serán enviados al Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) por los Ministros competentes en materia de privatizaciones.
Sorprende que este 'organismo fantasma' (CCP) creado en el apartado décimo del mismo Acuerdo y no sometido a norma administrativa alguna pueda conocer lo que se niega al Congreso de los Diputados. ¡Curiosa forma de entender la soberanía popular!
· En el Acuerdo del Pleno del Congreso de fecha 27 de octubre de 2000, por el que se crea la Subcomisión, se dice que la 'Subcomisión recabará la información y documentación que precise del Gobierno, de los organismos de control (Consejo
Consultivo de Privatizaciones, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas) y de las empresas afectadas por procesos de privatización'. Sin perjuicio de lo inadmisible que supone poner al CCP al mismo nivel que la IGAE
o el Tribunal de Cuentas, parece claro que la IGAE debe proporcionar la documentación de que disponga a la Subcomisión y la única que ha de elaborar preceptivamente son los Informes de auditoría de las privatizaciones realizadas. ¿O existe otra
documentación sobre las privatizaciones elaborada normativamente por la IGAE que se pueda conocer en la Subcomisión?.
· En la comparecencia del Presidente de la SEPI en la Subcomisión celebrada el 14 de marzo de 2002, se dijo que: (i) 'Además de los controles habituales internos, se tomó la decisión de reforzarlos... por un lado, encomendando a la
Intervención General la realización obligatoria de un Informe específico y 'ad hoc' para cada uno de los procesos de privatización' (ii) 'No se pone de relieve la existencia de incidencias significativas en los Informes especiales y específicos
realizados por la IGAE' y (iii) en relación con los Informes individuales de auditoría 'Hay una convicción fundamentada por parte de los servicios jurídicos de la SEPI y del Ministerio de Hacienda según la cual la SEPI no puede aportar esa
documentación'. Es decir, el Presidente de la SEPI considera que los Informes individuales de auditoría son fundamentales para asegurar el control de las operaciones de privatización, conoce tales Informes porque dice que en los mismos no se ponen
de relieve incidencias significativas, pero asegura que el Parlamento no los puede conocer salvo que los solicite en el seno de una Comisión de Investigación. Parece que mucha gente conoce tales Informes, pero el Congreso, es decir, la Subcomisión,
no puede conocerlos.
2. En vez de enviar los Informes solicitados, el Gobierno ha remitido a la Subcomisión un documento titulado 'Informe sobre las auditorías de las operaciones de privatización abril 1999-marzo 2002' Este Informe se refiere a 15 operaciones
de privatización, de las cuales 14 se realizaron antes de finales de 2000 y 2001 (Conversión Aluminio) en 2001. Según el apartado décimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, por el que se establecen las Bases del Programa de
Modernización del Sector Público empresarial del Estado, '... antes de transcurridos tres meses del cierre de cada operación, la IGAE elevará al... un informe de auditoría sobre el desarrollo de cada operación'. El Informe no se refiere a las
siguientes operaciones de privatización: (i) INITEC y CASA, privatizadas en el año 2000 y (ii) IBERIA, ENCE, SANTA BÁRBARA, BABCOCK WILCOX, AEROLÍNEAS ARGENTINAS y EXPASA, privatizadas antes de octubre de 2001. Por tanto, parece que, o bien la
IGAE no realiza Informes de algunas empresas, o bien los hace incumpliendo ampliamente los plazos marcados.
3. Se solicitaron los Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se autorizan las operaciones de privatización realizadas en la anterior Legislatura. La respuesta del Gobierno ha sido que 'esa documentación no consta en los archivos de
la Dirección General del Secretario del Gobierno. No obstante, se adjunta un listado de los Acuerdos adoptados en Consejo de Ministros que versan sobre los procesos de privatización, estructurados por Departamentos proponentes'. Es decir, que el
Gobierno no sabe donde están las actas de los Acuerdos que adopta ni tiene el texto de los Acuerdos (eso sí, sabe el título y fecha de los Acuerdos porque así consta en la documentación recibida). Como tal contestación no es creíble, ¿ Qué tiene
que ocultar el Gobierno? ¿Adopta Acuerdos sin texto conocido? ¿Pierde los archivos... y los papeles?.
4. Se solicitaron las Actas de las reuniones del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) en las que se aprobaban los Dictámenes de las operaciones de privatización. El Gobierno ha remitido documentos que no aparecen fechados haciendo
referencia a reuniones concretas: en los Dictámenes referentes a los años 1999 y 2001 aparecen meses al final de los Dictámenes; en los de 2000, nada. Es notorio que el CCP es un órgano semiclandestino, pero seguro que llevará algún control de
sus Acuerdos y Actas de sus reuniones; ¿o no? Además, los Informes remitidos son los mismos que se entregan a los medios de comunicación; están fabricados específicamente para la finalidad de justificar las decisiones del Gobierno, no aparecen
los ponentes y las conclusiones, sea cual fuere el expediente y los avatares del procedimiento de privatización, son siempre las mismas: que todo se ha hecho bien. Por último, aunque el Presidente del CCP ha 'amenazado' en ocasiones con emitir
segundos Informes en los casos de privatizaciones mediante ofertas públicas de venta de acciones (OPV), ya que en los primeros Informes no se valora el precio de colocación, en la práctica no lo ha hecho. ¿Va a cumplir sus promesas el CCP y emitirá
Informes con posterioridad a las OPV, cuando ya se conoce el precio de colocación y se pueden valorar los resultados económicos de la operación?
5. Se solicitaron (se adjunta, en anexo, copia de la solicitud del GPS al respecto), para cada una de las empresas privatizadas en la actual Legislatura, el conjunto de Informes y documentos que se producen a lo largo del proceso: (i) los
Acuerdos iniciales del Consejo de Administración de la SEPI inicio del proceso, procedimiento a seguir, criterios para la selección de los asesores externos); (ii) cuaderno de ventas o documento similar ... y otros más hasta (n) los contratos
suscritos entre la SEPI y el comprador. El Gobierno se ha limitado a enviar, aparte de los documentos ya citados en puntos anteriores, una Memoria o Informe elaborado por la SEPI de contenido limitado o una copia del documento presentado a la CNMV
en los casos de privatización mediante Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV). Buena parte de los documentos solicitados y de interés para la Subcomisión no han sido enviados.
6. Se solicitaron, para cada uno de los procesos de privatización realizados, tanto en la VI.ª Legislatura como en la actual, Informes emitidos por el agente gestor (ya sólo es la SEPI) sobre los resultados económico-financieros de las
operaciones que permitiesen conocer los ingresos brutos, gastos del proceso, ingresos netos y aportaciones financieras realizadas. El Gobierno envió el pasado 12 de marzo de 2002 Informes elaborados por la SEPI sobre algunas de las empresas que
recogen un apartado relativo al resultado económico de la operación. Como la información era incompleta en algunos casos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista entregó a la Mesa unas fichas para la recogida de información que deberían ser
cumplimentada para cada empresa con el objeto de disponer de una información imprescindible para el análisis económico-financiero (se adjuntan en anexo los modelos de fichas). El pasado 5 de junio se ha recibido documentación adicional que, aunque
mejora la disponible, sigue teniendo carencias, tanto respecto de las empresas participadas cubiertas, como relacionadas con las aportaciones financieras realizadas por el Gobierno y con los resultados económicos para la SEPI.
7. Se solicitaron, para cada una de las empresas privatizadas en la VI.ª y VII.ª Legislaturas, certificaciones expedidas por la IGAE relativas a los ejercicios 1996 a 2001, ambos inclusive, donde constaran: (i) capítulos, artículos y
conceptos del Presupuesto de Ingresos del Estado donde se han contabilizado los ingresos por privatizaciones; (ii) estimaciones iniciales, derechos reconocidos y recaudación contabilizados en cada uno de los citados conceptos, artículos y
capítulos, para cada una de las empresas y en términos agregados, y (iii) dividendos y otros ingresos obtenidos de los agentes gestores cualquiera que sea su carácter. El Gobierno no ha enviado documento o información alguna.
IV. Sobre las características, procedimientos y resultados del proceso de privatización
IV.1. Características
En el período transcurrido de esta Legislatura, el proceso de privatizaciones ha mantenido, en lo sustancial, las características apreciadas en la VI.ª Legislatura, bien que acomodadas a la realidad del sector público empresarial del Estado
a mediados de 2000. Así:
1. El Gobierno ha seguido utilizando los mismos argumentos de tipo ideológico para justificar la venta de las empresas públicas (ventajas de la propiedad privada frente a la pública en la gestión empresarial, mayor eficiencia del sistema
económico en ausencia de empresas públicas, ampliación del volumen de ahorro privado invertido en los mercados de valores, etc.) argumentos que no resisten un análisis riguroso desde las perspectivas de teoría o política económica.
2. La pretensión declarada de generalidad del proceso de privatización se ha mantenido y reforzado a partir de las modificaciones legales que permiten al Gobierno transferir a la SEPI (sin motivo racional alguno y sin control parlamentario)
a cualesquiera empresas públicas dependientes de otros Ministerios y privatizarlas. Sin embargo, en esta Legislatura se han puesto más de manifiesto los límites objetivos de un proceso acelerado y generalizado de privatización. Así:
· De una parte, las declaraciones de 1997 en el sentido de que 'en 2000 no quedará en el sector público más que HUNOSA' se han cambiado por otras que añaden algunas empresas más al sector público residual futuro y sitúan el horizonte en 2003
o años posteriores reflejando, no la falta de voluntad de vender todas las empresas públicas, sino la dificultad de hacerlo por no disponer de comprador solvente o no querer asumir determinados costes políticos.
· Además, el Gobierno ha concentrado su programa de privatizaciones en aquellas empresas (Iberia, Ence, Casa) que disponían de buenas posiciones relativas en sus mercados derivadas de los fuertes apoyos públicos del pasado o del ejercicio de
posiciones de dominio. En las que no respondían a esa característica y eran deficitarias, particularmente BWE, Santa Bárbara y Aerolíneas Argentinas, los procesos de privatizaciones han sido lentos y con muchas incidencias, plenos de opacidad y de
resultados económicos discutibles y, en algunos casos, impredecibles.
· El ritmo de privatizaciones parece haberse desacelerado respecto a la legislatura anterior. La revisión de la cartera actual de negocios industriales y de servicios de la SEPI (minería construcción naval, equipos nucleares, televisión)
permite pronosticar que el proceso de privatización se ralentizará respecto al pasado. No obstante, nuevas aportaciones a la SEPI provenientes de otros Ministerios o la resolución de algunos problemas pendientes (casos de Musini, ENA, etc.) podrán
contribuir a saciar parcial y temporalmente las ansias privatizadoras del Gobierno en la actual legislatura.
3. Aunque el objetivo financiero siga estando presente en las declaraciones gubernamentales, el tamaño y la naturaleza de las empresas privatizadas en esta Legislatura no han permitido allegar volúmenes de fondos significativos a la
Hacienda Pública, cualquiera que sea el estado contable en el que se registren. Sólo las ventas de Iberia y Ence han tenido resultados positivos, por el contrario, las de Santa Bárbara, BWE y Aerolíneas Argentinas presentan un balance negativo de
cuantía, en algunos casos, indeterminada. El balance final para la SEPI no ha sido conocido por la Subcomisión.
4. En la medida en que los motivos de naturaleza financiera van perdiendo peso, por la dificultad de obtener volúmenes sustanciales de ingresos por la venta de las empresas que quedan en el sector público, aparecen como únicas razones para
privatizar las de tipo ideológico.
IV.2. Procedimientos
En el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura al Informe de Conclusiones de la Subcomisión se señalaba que los procedimientos reales utilizados se caracterizaban por la falta de
transparencia ante los representantes de intereses generales y públicos (Subcomisión del Congreso, otras Administraciones Públicas, sindicatos), por la confusión entre intereses públicos y privados y por la ausencia de mecanismos democráticos de
control.
La situación en la actual legislatura no ha cambiado en lo sustancial; en consecuencia, siguen siendo válidos las observaciones y comentarios allí realizados y pueden darse por reproducidos. No obstante, en la medida en que el Gobierno y
el GPP han insistido permanentemente en que la transparencia y el control están garantizados por los informes elaborados por el CCP (relativos al cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia) y por la IGAE
(relativos a la eficacia del proceso), parece oportuno realizar algunos comentarios más detallados sobre las actuaciones desarrolladas por estos organismos en el proceso de privatizaciones.
IV.2.1 Sobre la naturaleza, composición y funcionamiento del CCP
1. A cinco años del inicio del proceso de privatizaciones, sería natural que algunas dudas surgidas al inicio de su vida hayan podido aclararse.
El GPS siempre ha estado interesado por conocer la naturaleza jurídica del CCP y sus reglas de
organización y funcionamiento para así poder realizar una valoración objetiva de su actuación en función de su sometimiento a una regulación concreta y precisa. Sin embargo, ha sido imposible obtener respuestas razonables y creíbles a las
siguientes preguntas:
· ¿Cuál es la naturaleza jurídica del CCP? ¿Es una persona jurídica privada o pública? ¿Tiene personalidad jurídica propia? ¿En qué lugar de la estructura del Estado se sitúa? ¿A qué normas generales y específicas del ordenamiento
jurídico está sometido? ¿Está tutelado por algún Ministerio?
· Cuál es la organización y funcionamiento del CCP? ¿Cuál es el régimen del personal a su servicio? ¿Cuál es su plantilla de personal? ¿Cómo adopta sus decisiones y cuáles son las reglas de procedimiento a las que se somete? ¿Son
recurribles los actos del CCP?
· ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los dictámenes emitidos por el CCP? ¿Cómo se definen en el Derecho español los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, es decir, aquellos sobre los que informa el CCP? ¿Cuáles son
las normas que regulan la publicidad de los actos del CCP?
Estas preguntas deben ser respondidas, porque: (i) O bien el CCP es un organismo público, en cuyo caso sus actuaciones deberían analizarse desde la óptica de su sometimiento a los principios que rigen la actuación del sector público, (ii) o
bien es una persona jurídica privada, en cuyo caso sonroja que pueda asesorar al Gobierno de España en el uso del patrimonio público y opinar sobre asuntos de tanta relevancia como la transparencia en la actuación de los poderes públicos.
2. Según el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se crea el CCP, 'éste estará compuesto por su Presidente y un máximo de ocho Vocales, nombrados todos ellos por acuerdo conjunto del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y de Hacienda y del Ministro de Industria y Energía, entre personas de reconocido prestigio'.
El prestigio y la independencia de los miembros del CCP son básicos para que sus opiniones y dictámenes sean creíbles. Nada hay que oponer a que los actuales y pasados miembros sean, hayan sido, Catedráticos de Universidades españolas: Así
lo hace notar enfáticamente el propio CCP en los informes de actividades que publica anualmente. Sin embargo, en aras de la transparencia, esos informes anuales deberían contener otras informaciones como las siguientes: (i) El Presidente del CCP
es Diputado en el Congreso de los Diputados por el partido que sustenta al Gobierno; (ii) buena parte de los miembros actuales y pasados del CCP ocupan posiciones relevantes en órganos de gobierno y administración de empresas que pueden tener
vínculos con aquellas sometidas a procesos de privatización, y (iii) tres antiguos Consejeros del CCP pasaron a ocupar puestos en los Consejos de Administración de empresas privatizadas (dos en Telefónica y uno en Endesa) respecto de las cuales, o
de empresas de su grupo, se emitieron informes del CCP.
Para que no quede duda de la independencia y neutralidad en las actuaciones de los miembros del CCP, sería necesario disponer de lo siguiente:
· Información que los miembros del CCP deben aportar sobre sus actividades profesionales a efectos de presuntas incompatibilidades.
· Régimen de incompatibilidades de los miembros del CCP.
· Relación de expedientes en los que se haya abstenido de intervenir algún miembro del CCP e identificación del mismo.
3. A pesar de la falta de definición precisa del régimen económico-financiero y patrimonial del CCP, se sabe por declaraciones y manifestaciones del Gobierno y del Presidente del CCP que el presupuesto anual de gastos del CCP se financia
mediante aportaciones de la SEPI; también se saben las cuantías totales de los gastos presupuestados y liquidados en el período 1996-2001. Pero no se sabe, y habría que saber:
· ¿Cuál es el régimen jurídico económico-administrativo del CCP? ¿Quién aprueba sus presupuestos anuales y las liquidaciones de los mismos? ¿Cuáles son la estructura y cuantía de los presupuestos desde 1996 hasta 2002? ¿Cuál es el
procedimiento para la autorización, reconocimiento, liquidación y abono de los gastos?
· ¿A qué órgano de control interno de la Administración o externo en el orden económico somete el CCP sus cuentas o estados financieros anuales? ¿Existe algún informe de alguno de estos órganos referente al presupuesto y gestión económica
del CCP?
· ¿Cómo se reconocen, liquidan y abonan los gastos de los Consejeros? ¿Cuál es la cuantía de las retribuciones de todo tipo que perciben los mismos? ¿A qué régimen fiscal se someten sus percepciones fijas y/o variables?
Estas preguntas requieren una respuesta rápida y convincente. En caso contrario, y a tenor de los datos disponibles (ver tabla) podría concluirse que: (i) La productividad reciente del CCP es muy baja, ya que ahora son necesarios nueve
catedráticos para emitir cuatro/seis dictámenes al año, con un gasto total similar a 1997, cuando se emitían 16, y (ii) la eficiencia del CCP es mínima y, en todo caso, sumamente volátil ya que el gasto por dictamen ha oscilado entre 7,46 y 26,47
millones de pesetas.
Notas.-MP son millones de pesetas; n. s, no significativo porque en 1996 sólo funcionó durante cinco meses; (1) puede haber varios dictámenes para una misma empresa; (2) nueve consejeros.
Fuente: elaboración propia sobre datos proporcionados por el Gobierno.
IV.2.2 Sobre los dictámenes e informes de actividades emitidos por el CCP
1. Los informes de actividades publicados anualmente por el CCP son documentos complejos en los que, a la vez que se describe y valora la política de privatizaciones del ejercicio y la realizada desde el inicio, se formulan loas sobre los
efectos positivos del programa realizado, se aportan los dictámenes anuales del CCP, se hace un repaso a las recomendaciones formuladas en los dictámenes y se anexan referencias bibliográficas (en buena medida, de los propios miembros del CCP) y
glosarios más propios de publicaciones académicas que de una Memoria de actividades de un organismo público. De los conocidos hasta la fecha (1997-2001), interesa centrarse en los siguientes aspectos:
· Necesidad de que los dictámenes del CCP se realicen en momentos próximos a la privatización real y valoren los aspectos económicos. Ha habido casos como Iberia y BWE en los que han transcurrido quince meses desde que el CCP emitió su
dictamen y se realizó la venta. Es necesario que el CCP realice un segundo dictamen en los procesos instrumentados mediante OPV para evaluar los precios de venta y los ingresos obtenidos.
· En ninguno de los informes anuales publicados se realiza un balance de la política de privatizaciones en relación con el cumplimiento de los objetivos explícitos o deseables de tal política, es decir: (i) Aportación al crecimiento y
empleo de la economía española; (ii) contribución a la mayor eficiencia de la economía española por sus aportaciones al proceso de liberalización de determinados sectores a los que pertenecen empresas privatizadas, y (iii) efectos positivos sobre
la eficiencia en la gestión de la empresa privatizada.
· Indicadores del nivel de eficiencia del proceso de privatizaciones a través de OPV.
· Eficacia del CCP, medida por el grado de aceptación de las recomendaciones que formula a los agentes gestores del proceso de privatización.
2. El CCP señala en sus informes que un indicador relevante de la buena gestión del proceso de privatizaciones a través de OPV, de su eficiencia, es la reducción de las comisiones (en términos porcentuales) cobradas por los agentes y
asesores del proceso. Sin perjuicio de que la reducción real observada no es muy relevante, el CCP olvida, al menos, tres factores que permiten profundizar en la explicación de éste fenómeno, a saber: (i) El aumento del volumen de acciones a
vender, que permite a los proveedores de servicios obtener rendimientos iguales o superiores que en etapas anteriores con comisiones porcentuales inferiores; (ii) la certeza de la colocación de las acciones, debida a la mejor situación coyuntural
de la economía española y a la posición dominante en el mercado de la mayor parte de las
empresas privatizadas mediante OPV, y (iii) la existencia de una mayor concurrencia por el crecimiento del mercado de acciones privatizables que ha permitido a la SEPI presionar a favor de precios inferiores. El hecho de que en la
privatización mediante OPV de ENCE (última realizada mediante la venta de las acciones en la Bolsa) la comisión se haya elevado otra vez, es indicativo de que se están agotando los factores que presionaban las comisiones a la baja.
3. Los informes del CCP presentan un análisis de las recomendaciones formuladas a los agentes gestores y describen aquellas que no han sido asumidas por la SEPI o respecto de las que pueden existir posibilidades de mejora. Pues bien, lo
relevante es que las recomendaciones no seguidas son las realmente importantes, es decir, aquellas cuya adopción por la SEPI permitiría hablar de que se cumplen de forma satisfactoria los criterios de publicidad, concurrencia y transparencia. Tales
recomendaciones afectan a:
· Las carencias y deficiencias existentes en los sistemas y procedimientos de selección de asesores y compradores en los procesos realizados mediante concurso, subasta o negociación directa, es decir, distintos a las OPV. Ello se traduce en
la insuficiente publicidad de los procesos en el momento de su inicio, en la ausencia de transparencia sobre los baremos y puntuaciones utilizados para valorar las ofertas, en la falta de objetividad de los criterios de valoración y en la ausencia
de justificación de las selecciones realizadas por la SEPI.
· La necesidad de diferenciación entre el asesor y la entidad valoradora en los procesos distintos de OPV. Al realizarse las dos funciones por la misma empresa, se permite el mantenimiento de un conflicto de interés derivado de que las
empresas asesoras suelen tener ligada su retribución con el éxito de la operación; entonces, puede minorarse la valoración de la empresa a privatizar para favorecer su venta en perjuicio de los intereses del vendedor público.
· La necesidad de independencia entre el asesor y el coordinador global en las OPV. En algunos casos, esta recomendación no cumplida adquiere más importancia en la medida en la que el coordinador global ha sido un accionista de referencia
de la empresa privatizada.
· El procedimiento de asignación de acciones en los tramos institucionales de las OPV. La discrecionalidad con la que actúa la SEPI en esta materia puede conducir a asignar acciones a ofertas de menor calidad relativa por motivos distintos
a los intereses generales; en todo caso, el sistema actual reduce la objetividad y la transparencia.
· La necesidad de incluir en el expediente de privatización un informe del asesor sobre el proceso. Si se hiciera, se reduciría el grado de discrecionalidad de la SEPI y aumentarían los niveles de objetividad y transparencia del proceso.
La falta de interés de la SEPI por asumir estas recomendaciones es evidente, ya que en el dictamen emitido por el CCP con ocasión del proceso de privatización de ENCE realizado en 2001 se formulan la mayor parte de las recomendaciones
citadas anteriormente. ¿Puede entonces decirse que los dictámenes son eficaces para garantizar los principios de publicidad, transparencia y concurrencia? ¿Cómo es posible que los dictámenes concluyan siempre con la misma apreciación positiva, a
pesar de que las recomendaciones, en lo sustancial, no son seguidas por la SEPI? ¿Para qué sirve el CCP además de para dar aparente cobertura académica a las decisiones de privatización del Gobierno?
IV.2.3 Sobre el 'Informe sobre las auditorías de las operaciones de privatización abril 1999 y marzo 2000' emitido por la IGAE
En el apartado III.1 anterior se han señalado las carencias del citado informe relacionadas con la cobertura empresarial y su carácter agregado.
Interesa ahora realizar algunos comentarios sobre la calidad del mismo y sus opiniones
relativas a la eficacia y eficiencia del proceso de privatizaciones.
1. Cuando el informe presenta el análisis de contabilidad de los ingresos netos obtenidos de las operaciones de privatización se dice que 'el importe no tiene porqué coincidir con los ingresos contabilizados por SEPI, así como con los
integrados en la contabilidad pública' (página 9 del informe). De aquí, los siguientes interrogantes:
· ¿No forma parte del alcance del trabajo realizado por la IGAE saber el resultado económico-financiero de la operación de privatización para su accionista inmediato, es decir, la SEPI, y para su accionista último, es decir, el Estado? ¿No
han auditado las cuentas de SEPI en lo que afecta al resultado económico-financiero de las operaciones de privatización? ¿No conocen los resultados que las operaciones de privatización han aportado a los Presupuestos Generales del Estado,
particularmente a los ingresos?
· ¿Cómo pueden haber analizado la eficacia y eficiencia en la administración de los recursos públicos en el marco del proceso de privatizaciones sin haber realizado los análisis citados?
2. En el apartado IV del informe se dice que: (i) 'en la contabilización de los gastos no se consideran las cantidades que, previa o simultáneamente a la operación, se hubieran podido invertir con el fin de sanear la empresa o situarla en
condiciones de ser privatizada, salvo que estas actuaciones formen parte del contrato de compraventa' (página 16), y (ii) 'no se han incluido
entre los gastos los importes correspondientes a los compromisos asumidos por el vendedor de indemnización o compensación al comprador por contingencias fiscales o laborales, vicios ocultos, etc., por tratarse de incertidumbres con un alto
grado de indeterminación, tanto cuantitativa como temporal'. En relación con ello:
· ¿Ha conocido la IGAE los contratos de compraventa -obviamente en las operaciones distintas a las realizadas mediante OPV- o conoce de tales posibles compromisos por información de la SEPI? Si ha conocido los contratos, ¿por qué no incluye
en el informe los aspectos más relevantes de los compromisos suscritos? Si no los ha conocido, ¿cómo pueden llevar a cabo su tarea de auditoría de una forma profesional y digna?
· Es lógico que haya cláusulas en los contratos sobre obligaciones económicas inciertas cuantitativa y temporalmente. Sin embargo, para poder emitir informes de auditoría fiables y útiles, sería preciso que la IGAE hiciera un seguimiento de
la materialización, en su caso, de tales incertidumbres y riesgos. ¿Lo hace? Como ya ha pasado suficiente tiempo desde las primeras privatizaciones, existe la posibilidad de realizar un segundo informe sobre la evolución de tales aspectos
contractuales que hayan podido modificar algún elemento esencial (precio, perímetro de activos, plantilla, etc.) del contrato inicial de compraventa. ¿Tiene previsto la IGAE emitir estos informes de cumplimiento y valoración final? Recientemente,
se ha anunciado el plan de auditorías de la IGAE para 2002: ¿Ha incluido alguna actuación de este tipo?
· ¿Ha incluido la IGAE entre los gastos de las operaciones de privatización las aportaciones realizadas por la SEPI (bajo cualquier mecanismo formal) para externalizar de los balances de las empresas los compromisos con sus trabajadores en
concepto de complemento de rentas en la fase de prejubilación o de pensiones de jubilación? En caso positivo, ¿cual ha sido el importe por empresa privatizada? En caso negativo, ¿ no son estas aportaciones gastos asociados a las privatizaciones?
3. En el apartado V del informe se hacen algunas consideraciones y conclusiones que requieren explicaciones adicionales o merecen ser comentadas:
· En algunos procesos de privatización han existido limitaciones al alcance del trabajo realizado por la IGAE que tenían su fundamento en la insuficiencia de documentación aportada (página 22, primer párrafo).
Sería preciso saber en cuáles
para poder valorar la adecuación de la opinión final de auditoría.
· Se señalan (páginas 23 y 24 del informe) algunas debilidades en las operaciones de privatización mediante OPV relacionadas con: (i) La elección de directores de tramo; (ii) la justificación de la forma de asignación de acciones en el
tramo institucional; (iii) la posibilidad de que la sociedad privatizada participe en la cobertura de los gastos generados por la operación, especialmente de los que se derivan de los descuentos diferidos concedidos a los empleados, y (iv) la
escasa rotación entre las entidades que colaboran en los procesos de privatización (directores de tramo, coordinadores globales y empresas encargadas de la mercadotecnia institucional). En relación con esto, sería necesario conocer:
- Las OPV concretas que han presentado estas debilidades.
- En qué medida afectan estas debilidades a los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia predicados por el Gobierno.
- Si la SEPI ha atendido a las recomendaciones emitidas por la IGAE y modificado sus pautas de actuación.
· Se señalan (páginas 24 a 26 del informe) algunas debilidades en las operaciones de privatización en las que no se ha utilizado la OPV relacionadas con: (i) La falta de relevancia, objetividad e independencia del proceso de valoración;
(ii) las carencias en los sistemas de selección de colaboradores y de compradores, y (iii) la conveniencia de establecer en los contratos cláusulas penales para los supuestos de incumplimiento de los compromisos adquiridos por los compradores. En
aras de la transparencia, y para poder valorar la eficacia y eficiencia del proceso de privatizaciones analizado, sería preciso que la IGAE explicara:
- A cuáles operaciones concretas afectan estas debilidades.
· En qué medida afectan estas debilidades a los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia predicados por el Gobierno. Si el proceso de valoración presenta tantas carencias, ¿cómo puede predicarse la eficiencia en la venta
de las empresas?
· Si la SEPI ha atendido a sus recomendaciones y modificado sus pautas de actuación.
· En qué medida las observaciones y recomendaciones realizadas por la IGAE han servido para mejorar la gestión del proceso de privatización.
IV.3 Resultados
Existen dudas razonables de que el proceso de privatizaciones esté consiguiendo los objetivos positivos esgrimidos por el Gobierno en sus manifestaciones públicas mientras que otros efectos, negativos y rechazables desde la perspectiva de
los intereses generales, son claramente apreciables.
IV.3.1 Grado de consecución de los objetivos formulados por el Gobierno
1. En relación con el objetivo de incrementar el nivel de eficiencia de la economía española. El Gobierno
alude habitualmente a este objetivo relacionándolo con la liberalización de determinados sectores en los que operaba una empresa pública en régimen de monopolio u oligopolio (telefonía, electricidad, hidrocarburos líquidos, tabaco). Sin
embargo, no hay ninguna evidencia de que la privatización de las empresas de referencia haya aumentado el nivel de competencia efectiva en tales sectores y, por tanto, incrementado la eficiencia en la asignación de los recursos. La existencia de
mayor competencia efectiva en algunos sectores -por cierto, pocos de ellos- deriva de que se han abordado planes de liberalización a instancias de las autoridades comunitarias y ligados, por tanto, a la construcción del mercado interior, pero ello
es indiferente del hecho de que las empresas hayan sido privatizadas; en algunos países comunitarios es observable la compatibilidad entre mayor nivel de competencia efectiva y presencia de alguna empresa con capital público.
En esta materia, los intereses generales de los ciudadanos españoles se hubiesen defendido mejor si las privatizaciones definitivas de tales empresas se hubiesen realizado en una fase posterior y una vez que los respectivos sectores
estuviesen más abiertos a la competencia.
Ciertamente, en tal situación las empresas hubiesen tenido precios relativos menores, pero ello indicaría que los ciudadanos estarían mejor aunque el Gobierno y sus próximos que dirigen las empresas
privatizadas estuviesen peor.
Tampoco se ha verificado que la gestión privada de las empresas antes públicas se haya traducido en una clara mejora de la eficiencia empresarial y de los resultados financieros de sus accionistas. En algunos casos, no existe perspectiva
temporal suficiente para realizar un análisis riguroso; en otros, se han adoptado algunas decisiones arriesgadas en mercados internacionales que están pasando factura a los accionistas y hacen entrever un futuro con dificultades.
2. En relación con el objetivo de creación de un amplio sector de inversores que integrarían una suerte de capitalismo popular estable. El CCP publica los denominados Índices CCP para poner de manifiesto que un potencial inversor que
hubiera acudido a todas las OPV de empresas públicas desarrolladas dentro del actual programa de privatizaciones habría obtenido un rendimiento superior, en media, al que le hubieran proporcionado otras inversiones alternativas en el mercado
(cartera que replique el IBEX-35 o fondos de renta variable); con ello, parece que el CCP quiere indicar que el éxito de las privatizaciones se fundamenta en que los inversores particulares (los institucionales compran a precios superiores) que
hubiesen comprado acciones de empresas privatizadas se habrán lucrado de manera apreciable. A la vez, se concluye por el CCP que existe una menor exposición al riesgo de las acciones de las empresas privatizadas (suben más que el IBEX en fases
alcistas y bajan menos en fases bajistas). Sin embargo, el CCP olvida que:
· Si los precios de las acciones de las empresas privatizadas han evolucionado al alza de forma diferencial, se puede concluir que ello deriva de que el Gobierno ha vendido barato y, por lo tanto, ha malgastado el patrimonio público
transfiriendo renta a los compradores (no precisamente las capas sociales de rentas medias-bajas).
· La mejor evolución en el pasado de los precios de las acciones de las empresas privatizadas se explica, en buena medida, por las posiciones de dominio en el mercado que tenían tales empresas, especialmente en los sectores de petróleo,
telefonía, eléctrico y tabaco (los monopolios son más estables). De hecho, en los últimos tres meses de 2001, período en el que buena parte de las empresas de referencia han estado sometidas al riesgo argentino, el IBEX-35 subió el 15 por 100
mientras que los índices CCP-ponderados lo hicieron el 11 por 100. En los primeros meses del año 2002 ha ocurrido lo mismo en una coyuntura bajista: Han bajado más los índices CCP-ponderados que el IBEX-35. ¿Puede seguir asegurando el Presidente
del CCP, en representación del Gobierno, que las acciones de las empresas privatizadas seguirán siendo una inversión inmejorable para las familias españolas?
3. En relación con el objetivo de sanear las cuentas públicas. Sólo una proporción reducida de los ingresos obtenidos por las privatizaciones se han contabilizado en los capítulos de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. La
mayor parte de los mismos, en cuantía no precisada totalmente, han sido utilizados por los gestores de la SEPI para cubrir pérdidas y deudas de empresas en dificultades o sanearlas antes de su venta. En realidad, lo que ha hecho el Gobierno ha sido
vender el patrimonio público acumulado obteniendo fondos de la venta de las empresas rentables y aplicar dichos fondos a mantener situaciones deficitarias en empresas respecto de las que no ha afrontado los necesarios planes de reconversión. De esa
manera, se reduce formalmente el gasto público a efectos del déficit en términos de contabilidad nacional y se utiliza un procedimiento opaco para aportar fondos a las empresas deficitarias. El Gobierno no ha presentado hasta ahora las cuentas
justificativas del origen y aplicación de los fondos obtenidos de las privatizaciones; el objetivo pretendido no se puede verificar.
IV.3.2 Resultados reales
1. El Estado ha perdido instrumentos para hacer política económica e influir en decisiones que afectan a la estructura industrial: (i) Al privatizar, antes de liberalizar, empresas en sectores que, en parte, han sido o son monopolios de
derecho o de hecho, los poderes públicos no pueden utilizar la empresa estatal para ordenar y, en su caso, acelerar los procesos de liberalizaciones sectoriales en curso; (ii) además , las políticas tecnológicas, de inversiones industriales y de
internacionalización de tales grandes empresas, que tienen gran capacidad de arrastre sobre otras empresas españolas, se han
escapado del ámbito de influencia de los poderes públicos y quedan al arbitrio de accionistas y gestores más motivados por el valor en la Bolsa a corto plazo que por la rentabilidad a largo.
2. En algunos casos de empresas privatizadas recientemente (Santa Bárbara, Casa, Initec, Iberia, Potasas, Aerolíneas Argentinas, ...) están surgiendo problemas relacionados con litigios en el momento de la venta entre vendedor y comprador,
con las contingencias y/o pasivos ocultos y con el cumplimiento de los compromisos formales adquiridos por los compradores. Aunque algunos de tales problemas son normales y consustanciales a los procesos de ventas de empresas, el hecho de que la
Subcomisión no conozca los documentos formales que recogen tales compromisos refleja la opacidad del proceso e impide que se ejerza un control parlamentario real de la eficacia y eficiencia del proceso de privatizaciones.
3. El proceso de privatizaciones recompone y concentra la estructura del poder económico en España mediante una singular alianza entre viejos oligarcas y nuevos mandarines, casi todos afectos ideológicamente a la derecha política española,
cuyos efectos negativos sobre la deseable autonomía del poder político serán percibidos y sufridos por la mayoría de los españoles en los próximos años. La secuencia de acontecimientos es tan precisa que no puede ser casual:
· Primero, el Gobierno nombra a los Presidentes cuando las empresas son públicas y no los cesa cuando las privatiza. Con ello: (i) Viola sus compromisos electorales sobre la profesionalización de los directivos de las empresas públicas (el
plantel de profesionales es espléndido, ¿qué experiencia previa tenían buena parte de los actuales Presidentes de las empresas en los sectores, o en otros aledaños, en los que ahora deciden?); (ii) burla la normativa sobre incompatibilidades de
altos cargos de la Administración; (iii) impone sus amigos a los accionistas dispersos que han comprado acciones de las empresas privatizadas.
Probablemente, todo dentro de la legalidad, más poco ético.
· Segundo, antes de privatizar nombra a otros de sus amigos que, bajo la falacia de 'consejeros independientes', toman el poder en la empresa.
Casualmente, estos 'consejeros independientes' suelen ser próximos al Gobierno, muchos no tienen
experiencia en los sectores de actividad de las empresas y se sitúan en varias de las empresas privatizadas; algunos incluso han informado o decidido previamente sobre las operaciones de venta (el último episodio es el nombramiento como consejero
de Ence del antiguo Secretario de Estado de Industria). El curioso podría descubrir ciertas tramas: El núcleo duro de los amigos de Aznar; los militantes del PP; los de siempre; los antiguos agentes de cambio y bolsa; las relaciones sociales
de Piqué; viejos franquistas reconvertidos; los advenedizos.
· Tercero, una vez nombrados y ya privatizadas las empresas, adoptan dos decisiones urgentes: (1.ª) Se suben el sueldo, de forma sencilla o sofisticada, pero siempre en cuantías que producen alarma, curiosa costumbre de las empresas que han
devenido en oligopolios privados; (2.ª) se blindan ante los accionistas y frente a cualquier operador del mercado (restricción de los derechos de voto, exigencia de antigüedad para formar parte del Consejo, exigencia de acciones para asistir a las
Juntas), poniendo de manifiesto sus arraigadas creencias en el mercado de valores y en el mercado de compraventa de empresas; en plata, pretenden perpetuarse en el poder sobre las empresas incumpliendo de forma burda las recomendaciones de los
códigos deontológicos sobre el gobierno de las empresas.
En la segunda fase del proceso, los responsables de las empresas privatizadas en sectores regulados -energéticos, telecomunicaciones, TV- empiezan una frenética danza de alianzas empresariales y tomas de participaciones cruzadas, entre sí y
con las entidades financieras, con la finalidad de evitar la competencia en los sectores en proceso de liberalización, consolidar su poder en los medios de comunicación y aumentar su capacidad de presión e influencia sobre el Gobierno y contra los
consumidores. El Gobierno y los diversos órganos encargados de la defensa de la competencia en los mercados permanecen, salvo pocas dignas excepciones, impávidos ante el proceso; cuando hablan de él, se refieren a actividades propias del mercado
entre empresas privadas.
El resultado del proceso, ya evidente, es un aumento alarmante del grado de concentración del poder económico en España y de la capacidad de los grandes grupos económicos y financieros para influenciar y presionar al Gobierno. ¿Qué hacen
estos nuevos mandarines del poder económico?:
· Acuerdan en secreto con el Gobierno las nuevas normas reguladoras de los sectores en proceso de liberalización para que después el Gobierno o el PP las tramiten en el Parlamento; así ha ocurrido y ocurre en los sectores eléctrico,
hidrocarburos, tabaco y telecomunicaciones.
· Presionan al Gobierno para que las políticas de tarifas y precios regulados beneficien a sus intereses y perjudiquen a los nuevos competidores potenciales y a los consumidores y usuarios.
· En suma, empiezan a conseguir el más utópico sueño del administrador de monopolios: Que el Estado, aunque pequeño, se ponga a su servicio.
V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
V.1 Conclusiones
1. El desarrollo de los trabajos de la Subcomisión no ha permitido realizar un estudio serio sobre la situación
de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público estatal. La falta de información suficiente y de calidad, los criterios utilizados por el Grupo Parlamentario Popular para las comparecencias
de altos cargos y personalidades (rechazando las peticiones de comparecencias de Presidentes de empresas en proceso de privatización) y la ineficacia de los organismos encargados de garantizar la transparencia y eficacia del proceso explican en
buena medida el incumplimiento de los objetivos asignados a la Subcomisión. El cumplimiento cabal de tales objetivos, es decir, el conocimiento real de los procesos de privatización realizados y en curso, requiere una labor de estudio e
investigación más propia de una Comisión de Investigación que de una Subcomisión; así parece entenderlo también, y paradójicamente, el Gobierno cuando, en contestación a una solicitud de informe del GPS sobre las auditorías individuales realizadas
por la IGAE, contesta que '... las Comisiones Parlamentarias de Investigación podrán tener acceso a dichos datos, informes y antecedentes'.
2. En algunos casos de empresas privatizadas, existen dudas razonables sobre el adecuado cumplimiento en los plazos previstos de los compromisos (mercados y productos, industriales, plantilla, inversiones, tecnológicos, etc.), que, según la
SEPI, se habían acordado en los contratos de compraventa. El desconocimiento por la Subcomisión de los contratos de compraventa dificulta saber si se cumplen los compromisos.
Es necesario que se establezcan mecanismos para conocerlos con las
lógicas cautelas por motivos comerciales y societarios.
3. Los resultados del proceso de privatizaciones no son favorables a los intereses generales: La venta del patrimonio público empresarial rentable acumulado por el esfuerzo de los españoles, lejos de elevar el nivel de eficiencia de la
economía española y de contribuir al saneamiento real de las cuentas públicas, se ha realizado por motivos básicamente ideológicos, utiliza métodos poco transparentes y está creando una casta de personas afines al partido que soporta al Gobierno que
concentra en sus manos un elevado poder económico y mediático.
V.2 Propuestas
1. Declarar que, por las razones expuestas anteriormente, la Subcomisión ha resultado inútil e ineficaz para conocer realmente el desarrollo del proceso de privatizaciones realizado en la anterior y actual legislaturas por el Gobierno del
Partido Popular.
2. Declarar la necesidad de que continúe la investigación sobre el proceso de privatizaciones, recabar el envío al Parlamento de toda la documentación anteriormente solicitada y habilitar un procedimiento de urgencia para que, en el período
correspondiente a la actual legislatura, comparezcan ante la Comisión de Economía y Hacienda los Presidentes de todas las empresas en proceso de privatización y el Ministro Hacienda.
Esta necesaria investigación debería adoptar el formato de una
Comisión de Investigación que jurídica y procedimentalmente es el que permitiría un conocimiento real de las razones, mecanismos y resultados de las privatizaciones hasta ahora realizadas. Para las privatizaciones en curso debe arbitrarse en el
seno de la Comisión de Economía y Hacienda un procedimiento similar con las mismas prerrogativas que tienen las Comisiones de Investigación en cuanto a información y comparecencias, para garantizar las transparencia y el efectivo control
parlamentario del proceso privatizador cuando se está efectuando.
3. Además de lo reseñado en los puntos 1 y 2, instar al Gobierno a que comparezca semestralmente ante la Comisión de Economía y Hacienda para, previa remisión del correspondiente informe, analizar el grado de ejecución de los compromisos
suscritos entre el Gobierno y los compradores de las empresas privatizadas.
18 de junio de 2002.
Nota.-Se adjuntan como anexos I, II y III la documentación pedida por el Grupo Socialista en la Subcomisión que consideramos imprescindible para analizar el proceso de privatizaciones que obviamente no ha sido remitida en su totalidad.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
Programa de trabajo del Grupo Parlamentario Socialista para la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al Sector Público
1. Solicitudes de información.
1.1 En relación con las empresas privatizadas en la VI Legislatura.
1.1.1 Para cada una de las empresas privatizadas, se solicita la siguiente información:
1.1.1.1 Informe(s) de Auditoría emitido(s) por la Intervención General de la Administración General del Estado en ejecución de lo dispuesto en el apartado décimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, por el que se
establecen las bases del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado.
1.1.1.2 Informe emitido por el agente gestor (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales) para cada una de las empresas privatizadas donde se detalle:
1. Ingresos brutos obtenidos distinguiendo entre cobros al contado y aplazados.
2. Gastos asociados a la operación: Pagos por servicios a asesores externos de todo tipo, comisiones de las OPV, pagos posteriores por premios de fidelidad y cualquier otro de naturaleza análoga.
3. Ingresos netos obtenidos.
4. Aportaciones financieras a la empresa realizadas por el agente gestor con carácter previo o simultáneo a la operación y efectos sobre el balance del agente gestor.
1.1.1.3 Certificaciones expedidas por la IGAE relativas a los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 expresivas de los siguientes extremos:
1. Capítulos, artículos y conceptos del Presupuesto de Ingresos del Estado donde se han contabilizado los ingresos por privatizaciones.
2. Estimaciones iniciales, derechos reconocidos y recaudación contabilizados en los citados conceptos, artículos y capítulos, en términos agregados y para cada una de las empresas que han sido objeto de privatización.
3. Dividendos y otros ingresos obtenidos de los agentes gestores cualquiera que sea su carácter.
1.1.1.4 Certificaciones expedidas por la IGAE relativas a los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 donde se detallen, para cada una de las empresas y para cada uno de los agentes gestores, los siguientes conceptos e importes:
1. Ingresos brutos obtenidos, distinguiendo entre cobros al contado y aplazados.
2. Gastos asociados a la operación: Pagos por servicios a asesores externos de todo tipo, comisiones de las OPV, pagos posteriores por premios de fidelidad y cualquier otro de naturaleza análoga.
3. Ingresos netos obtenidos.
4. Aportaciones financieras a la empresa realizadas por el agente gestor con carácter previo o simultáneo a la operación y efectos sobre el balance del agente gestor.
1.1.2 Estudio de carácter específico: Balance de los aspectos industriales, societarios, laborales, económicos y presupuestarios de la ejecución durante la VI Legislatura del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del
Estado. A esta finalidad se dirigirán las primeras comparecencias ante la Subcomisión de los Presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales.
1.2 En relación con las empresas privatizadas en la VII Legislatura.
1.2.1 Relativas al procedimiento de privatización. Para cada una de las empresas se solicitan la siguiente información:
1.2.1.1 Con carácter general:
· Acuerdos del Consejo de Ministros y de la CDGAE (si los hubiese) que establezcan directrices, criterios o planes para desarrollar el proceso de privatizaciones.
· Acuerdo del Consejo de Administración del agente gestor (o del órgano que tuviera facultades para ello) por el que se decide iniciar el proceso de privatización y se establecen los objetivos, criterios y procedimiento para su desarrollo.
· Expediente del proceso de selección del asesor de la operación de privatización indicando el procedimiento seguido, los criterios de selección, el (los) adjudicatario(s), el contenido del trabajo, el plazo y las condiciones económicas de
la adjudicación.
· Cuaderno de ventas o documento similar en el que se establezcan las características de la empresa a privatizar y las condiciones exigidas para presentar una oferta.
· Informe, emitido por el asesor, de las fases desarrolladas en el proceso de privatización, indicando el número, identificación y condiciones de las ofertas no vinculantes; los criterios de selección de las mismas; el número,
identificación y condiciones de las ofertas vinculantes; los criterios de selección de las mismas, y las características fundamentales de la oferta objeto de la propuesta de adjudicación (plan de empresa, precio y condiciones de pago, condiciones
suspensivas y otras).
· Informe(s) emitido(s) por el Consejo Consultivo de Privatizaciones y, en su caso, informes emitidos por los agentes gestores sobre el cumplimiento de las sugerencias formuladas por el CCP.
· Acta(s) de la(s) reunión(es) del CCP en las que se delibera o adoptan acuerdos relativos a la empresa en proceso de privatización.
· Acuerdo del Consejo de Administración del agente gestor por el que se eleva al Consejo de Ministros la correspondiente propuesta de privatización.
· Acuerdo del Consejo de Ministros, o, en su caso, del órgano competente, por el que se aprueba definitivamente la privatización.
· Contrato(s) suscrito(s) entre el agente gestor y el comprador donde se formaliza la operación de privatización.
· Informe(s) de auditoría emitido(s) por la IGAE.
· Acuerdo(s) del Consejo de Administración del agente gestor o, en su caso, del Consejo de Ministros, adoptados con antelación a la aprobación definitiva de la privatización, si por tales acuerdos se ha modificado la composición del Consejo
de Administración de la sociedad en proceso de privatización, indicando: Identificación
de los nuevos Consejeros, accionistas a los que representan, experiencia y méritos profesionales que justifican el nombramiento.
· Acuerdo(s) del Consejo de Administración del agente gestor y/o de la sociedad, adoptados con antelación a la aprobación definitiva de la privatización, si por tales acuerdos se han modificado los Estatutos sociales.
1.2.1.2 Con carácter específico para las empresas que sean privatizadas mediante oferta pública de venta de acciones (OPV):
· Expediente del proceso de selección de las entidades financieras que intervienen en la coordinación y aseguramiento de la OPV, indicando el procedimiento seguido, los criterios de selección, el (los) adjudicatario(s), el contenido del
trabajo, el plazo y las condiciones económicas de la adjudicación.
· Informe de los objetivos de la OPV y de los resultados obtenidos por grupos de inversores, indicando los incentivos concedidos a determinados grupos de inversores, las reservas de porcentajes para empleados u otros colectivos, las
coberturas de los riesgos de descenso de la cotización, los premios por fidelidad y cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga.
· Informe sobre la evolución de la cotización del valor objeto de la OPV durante los seis meses anteriores a la operación (en su caso) y durante los seis meses posteriores.
1.2.1.3 Con carácter específico para las empresas que sean privatizadas total o parcialmente mediante selección directa de los compradores:
· Criterios utilizados para la selección directa del adjudicatario.
· Criterios utilizados para la fijación del precio de la operación.
1.2.2 Relativas a los resultados económicos del proceso de privatización:
· Informe emitido por el agente gestor para cada una de las empresas que se privaticen donde se detalle:
1. Ingresos brutos obtenidos, distinguiendo entre cobros al contado y aplazados.
2. Gastos asociados a la operación: Pagos por servicios a asesores externos de todo tipo, comisiones de las OPV, pagos posteriores por premios de fidelidad y cualquier otro de naturaleza análoga.
3. Ingresos netos obtenidos.
4. Aportaciones financieras a la empresa realizadas por el agente gestor con carácter previo o simultáneo a la operación y efectos sobre el balance del mismo.
· Certificaciones expedidas por la IGAE para los ejercicios 2001 y siguientes expresivas de los siguientes extremos:
- Capítulos, artículos y conceptos del Presupuesto de Ingresos del Estado donde se contabilizan los ingresos por privatizaciones.
- Estimaciones iniciales, derechos reconocidos y recaudación contabilizados en los citados conceptos, artículos y capítulos, en términos agregados y para cada una de las empresas que han sido objeto de privatización.
- Dividendos y otros ingresos obtenidos de los agentes gestores cualquiera que sea su carácter.
2. Solicitudes de comparecencia ante la Subcomisión:
· Ministro de Hacienda.
· Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
· Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales.
· Interventor General del Estado.
· Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
· Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
· Presidente de RTVE.
· Presidente de Iberia LAE.
· Presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares.
· Otras comparecencias de altos cargos de la Administración General del Estado que se consideren necesarias y convenientes en el desarrollo de los trabajos de la Subcomisión.
154/000004
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Informe de la
Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al Sector Público (núm. expte. 154/000004), aprobado en su sesión del día 19 de junio, así como los votos particulares presentados al
mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Excma. Sra.:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, tengo el honor de trasladar a V. E. el
Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda en el sentido de aprobar el Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público (núm. expte.
154/000004), en los términos publicados en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 378, de 26 de junio de 2002, que fue adoptado en la sesión del pasado día 19 de junio de 2002.
Lo que comunico a V. E. a los efectos oportunos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2002.-El Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Santiago Lanzuela Marina.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa a fin de mantener para Pleno el voto particular presentado por nuestro Grupo Parlamentario al Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos
de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al Sector Público (núm. expte. 154/000004).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comunica su intención de mantener, para su defensa ante el Pleno, los votos particulares en la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización
y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público (núm. expte. 154/000004).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2002.-Francisco Frutos Gras, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.