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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 308, de 18/02/2002
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de febrero de 2002
Núm. 308
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000010 Creación, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, de la Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. Acuerdo del Pleno de la Cámara ... (Página 3)
158/000039 Solicitud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para el seguimiento de las infraestructuras energéticas. Acuerdo de la
Comisión proponiendo su elevación al Pleno ... (Página 3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) para equipararlas a las
pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social. Enmiendas ... (Página 4)
Aprobación con modificaciones ... (Página 5)
162/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado español y la
Conferencia Episcopal. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página 6)
162/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia Católica española, así como con el Estado Vaticano.
Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página 6)
Comisión de Justicia e Interior
161/001121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la puesta en marcha de un plan policial de choque contra la delincuencia en la Costa del Sol de Málaga. Desestimación ...
(Página
8)
161/001162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de las medidas necesarias para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen las funciones de protección y vigilancia exterior
en los centros de internamiento de menores. Desestimación ... (Página 8)
161/001183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la seguridad ciudadana en la Vega Baja de Alicante. Desestimación ... (Página 8)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000147 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de garantía del suministro eléctrico de calidad ...
(Página 8)
172/000148 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del Estatuto del cooperante ...
(Página
9)
172/000149 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales ... (Página 10)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000106 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno
de la Cámara ... (Página 10)
173/000107 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para
facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002. Texto de la moción así como enmiendas formuladas ...
Aprobación con modificaciones ... (Página 15)
173/000108 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores
en particular, para posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara. ... (Página
15)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000010
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión de Justicia e Interior, de una Subcomisión sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico (núm. expte. 154/000010), en los siguientes términos:
'A) Composición
La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, 2 representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y 1 representante de cada uno de los
Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión
La Subcomisión deberá:
1. Realizar un balance de la aplicación de las distintas normativas vigentes en materia de tráfico y seguridad vial, así como realizar un estudio exhaustivo sobre las causas que provocan que España posea uno de los índices más elevados de
siniestralidad en la circulación de vehículos.
2. Definir las posibles líneas y propuestas de mejora normativa en aquellos aspectos en los que la Subcomisión considere que deben ser objeto de reforma.
3. Proponer las reformas necesarias en la legislación estatal en materia de tráfico y seguridad vial con el objeto de adecuarla a las líneas de actuación propuestas a nivel de la Unión Europea y buscando siempre la prevención de los
accidentes de tráfico.
Para la realización del mencionado estudio la Subcomisión recabará:
- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como de las autoridades, funcionarios públicos y la de otras personas, asociaciones y organizaciones competentes en la materia, que permitan a la Subcomisión
evaluar globalmente las posibles medidas a plantear en el informe final.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión
La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en un plazo de seis meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Justicia e Interior junto con las conclusiones finales de los
trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución.
Las comparecencias deberán sustanciarse en los tres primeros meses desde la constitución de la Subcomisión.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
158/000039
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 6 de febrero de 2002, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996,
someter a la aprobación del Pleno la propuesta de creación de una Subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (núm. expte.
158/000039), con las siguientes características:
'A) Composición
La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara, 2 representantes de
cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados y 1 representante de cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión
La Subcomisión deberá, al objeto de identificar correctamente y promover aquellas medidas legislativas necesarias para una correcta planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista:
Efectuar el seguimiento de la situación actual, de la previsión de cobertura de la demanda y de las necesidades mínimas de desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas, con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda en
condiciones adecuadas de seguridad y calidad en un horizonte de diez años.
Conocer y analizar las propuestas de los distintos agentes implicados en el desarrollo futuro de las infraestructuras energéticas de electricidad y gas, incluidas las Administraciones Públicas.
D) Conclusiones
Las conclusiones de la Subcomisión se elevarán a informe para conocimiento y debate de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.'
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000357
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social
(núm. expte. 162/000357), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 244, de 5 de octubre de 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 149.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Enmienda a
la Proposición no de Ley número de expediente 162/000357, por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del SOVI para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, para su debate en Pleno.
Enmienda
De sustitución.
Se propone la siguiente redacción:
'Disposición adicional (nueva).
Modificación de la Disposición Transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición transitoria séptima. Prestaciones del extiguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen cubierto el período de cotización exigido por el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinguido
Régimen de Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de dichos Seguros, con arreglo a las condiciones exigidas por la legislación del mismo, y siempre que
los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, con excepción de la pensión de viudedad; entre tales pensiones se entenderán incluidas las correspondientes a las
entidades sustitutorias que han de integrarse en dicho sistema, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria octava de la presente Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Ignacio Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a incremento de pensiones del SOVI para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social (162/000357).
Enmienda
De adición.
Se añadiría un punto 2.º, con el siguiente texto, quedando el párrafo actual como punto 1.º:
'2.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cubrir los períodos de cotización de aquellos emigrantes que, bien por haber desaparecido las empresas en que trabajaron, bien por no haber éstas satisfecho las correspondientes cuotas,
no pueden acreditar los mil ochocientas días de cotización anteriores al 1 de enero de 1967, exigidos por la normativa reguladora del SOVI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-Carlos Ignacio Aymerich Cano, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Catalán, por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social.
Madrid, 12 de febrero de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en la línea de incremento de las pensiones seguida en los últimos años y más concretamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, proceda a incrementar
progresivamente la cuantía de las pensiones del extinguido SOVI, dentro de las posibilidades financieras del Sistema de Seguridad Social y en el marco del Acuerdo para la mejora y desarrollo del Sistema de Protección Social.'
Justificación
Mejora técnica.
162/000357
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social (núm. expte. 162/000357), ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda a incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones no concurrentes del extinguido SOVI en los términos, cuantías y plazos que se acuerden en el seno de la Comisión de
seguimiento del acuerdo para la mejora y el desarrollo del Sistema de Protección Social, sin que, en ningún caso, pueda exceder de la cuantía señalada a la pensión de jubilación para menores de 65 años, sin cónyuge a cargo.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
162/000370
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación
del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado español y la Conferencia Episcopal (núm. expte. 162/000370), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 230, de 14 de septiembre de 2001.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo del artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a despidos de profesores
de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado español y la Conferencia Episcopal (núm. expte. 161/000933).
Añadir los siguientes puntos a la Proposición no de Ley:
'4. Incluir en los presentes y futuros convenios firmados con la Conferencia Episcopal española una cláusula de respeto expreso por parte de las instituciones y autoridades eclesiales católicas españolas de los valores, principios, derechos
y libertades contenidos en la Constitución de 1978, con especial hincapié en el sometimiento de todos los ciudadanos (y de todas las asociaciones formadas por éstos) a la Constitución, tal y como se recoge en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna.
5. Incluir en los presentes y futuros convenios firmados con la Conferencia Episcopal española, en consonancia con el punto anterior, una cláusula de respeto expreso por parte de las instituciones y autoridades eclesiales católicas
españolas al espíritu y la letra del Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral vigente en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2002.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una Enmienda de
sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado español y la Conferencia
Episcopal (núm.
expte. 161/000933).
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Solicitar una reunión de la Comisión Paritaria establecida en la cláusula séptima del Convenio sobre el régimen económico-laboral de las personas que, no perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, están encargados de la
enseñanza de la religión católica en los centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria, de fecha 26 de febrero, para estudiar la problemática derivada de los despidos de profesores de Religión Católica en
centros públicos y buscar una solución razonable a corto plazo.
2. Revisar el convenio de 1999, de forma que se adapte al hecho de que el régimen disciplinario al que están sometidos estos profesores es el del resto de los docentes, y a la realidad jurídica de la responsabilidad de la administración
educativa competente como empleadora y pagadora de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000412
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español
y la Iglesia Católica española, así como con el Estado Vaticano (núm. expte. 162/000412), publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 295, de 28 de enero de 2002.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia Católica española, así como con el Estado Vaticano (núm.
expte. 162/000412).
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a adoptar las iniciativas pertinentes para asegurar que en la interpretación y aplicación de los Acuerdos de 1979 entre la Iglesia Católica y el Estado sean plenamente
respetados los principios y valores constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, en garantía del carácter laico y aconfesional de nuestro Estado de Derecho, tanto en el ámbito financiero y educativo como en el respeto a los derechos
fundamentales, y en especial de la libertad religiosa y el derecho a la igualdad y no discriminación entre distintas creencias y confesiones religiosas, así como en el deber constitucional de colaboración con la Justicia. Todo ello en afirmación
del deber de sujeción de la Iglesia Católica y las asociaciones vinculadas a la misma, y sus actividades, al ordenamiento constitucional.
2. En particular, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a efectuar las gestiones oportunas ante la representación de la Iglesia Católica en orden a prevenir cualesquiera prácticas contrarias al orden constitucional
(artículos 14, 23.2 y 35 de la CE), especialmente en la discriminación en el acceso y en la cesación del ejercicio de un empleo público, como es el caso de los profesores de religión en la enseñanza pública, en razón de circunstancias no
relacionadas con su mérito y capacidad profesional, como el estado civil. En este sentido, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a adoptar la revisión del 'Convenio sobre el régimen económico-laboral de las personas que, no
perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, están encargados de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria' de 26 de febrero de 1999, de manera que se
equipare el régimen disciplinario y laboral de estos profesores al del resto de los docentes.
3. El Congreso de los Diputados insta, a su vez, al Gobierno de la Nación a que emprenda las iniciativas necesarias para favorecer el cumplimiento efectivo de las decisiones contenidas en el Acuerdo de Asuntos Económicos entre el Estado
español y la Santa Sede relativas a la supresión de la actual fase transitoria y su sustitución por un régimen definitivo de autofinanciación, perspectiva todavía inclumplida, 23 años después de la firma solemne de los citados Acuerdos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una Enmienda de
sustitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia Católica española, así como con el Estado Vaticano.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Solicitar una reunión de la Comisión Paritaria establecida en la cláusula séptima del Convenio sobre el régimen económico-laboral de las personas que, no perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, están encargados de la
enseñanza de la religión católica en los centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria, de fecha 26 de febrero, para estudiar la problemática derivada de los despidos de profesores de Religión Católica en
centros públicos y buscar una solución razonable a corto plazo.
2. Revisar el convenio de 1999, de forma que se adapte al hecho de que el régimen disciplinario al que están sometidos estos profesores es el del resto de los docentes, y a la realidad jurídica de la responsabilidad de la administración
educativa competente como empleadora y pagadora de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Justicia e Interior
161/001121
La Comisión de Justicia e Interior en su sesión del día 12 de febrero de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley para la puesta en marcha de un plan policial de choque contra la delincuencia en la Costa del Sol de
Málaga (núm. expte. 161/001121), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 287, de 27 de diciembre de 2001.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001162
La Comisión de Justicia e Interior en su sesión del día 12 de febrero de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la adopción de las medidas necesarias para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
realicen las funciones de protección y vigilancia exterior en los centros de internamiento de menores (núm. expte.
161/001162), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm.
292, de 16 de enero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
161/001183
La Comisión de Justicia e Interior en su sesión del día 12 de febrero de 2002, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a la seguridad ciudadana en la Vega Baja de Alicante (núm. expte.
161/001183), presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 295, de 28 de enero de 2002.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000147
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de garantía del suministro eléctrico de calidad (núm.
expte. 172/000147), cuyo texto
se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentar la
siguiente Interpelación Urgente al Gobierno sobre Política de garantía del suministro eléctrico de calidad.
Motivación
La nueva regulación del sector eléctrico iniciada con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, ha sido presentada por el Gobierno como uno de los elementos básicos de la política de liberalización y de reformas estructurales de la economía
española por los efectos positivos que de la misma se derivarían sobre la competitividad de las empresas españolas, por los beneficios que supondría para los usuarios y consumidores las reducciones de precios y tarifas asociadas a la liberalización
y por la introducción de mayores dosis de competencia en el sector.
Como ocurre en otros campos de la política gubernamental, tampoco en este la propaganda se corresponde con los hechos. De una parte, las reducciones de la tarifa eléctrica están siendo claramente inferiores a las que hubieran podido
acordarse tomando en cuenta la evolución de la demanda y de los tipos de interés. De
otra, en los últimos meses, se ha creado una situación de relativa alarma social relacionada con los cortes en el suministro de energía eléctrica en determinadas regiones españolas, alarma refrendada por los informes conocidos de Red
Eléctrica de España en relación con los riesgos previstos para la cobertura de la demanda en los próximos meses.
Finalmente, el Gobierno responde con declaraciones altisonantes sobre su adecuada política de liberalización, negando la existencia de
fallos en el suministro eléctrico, remitiendo a las empresas la solución de los problemas detectados en el cumplimiento de las obligaciones del servicio esencial de suministro eléctrico de calidad, trasladando al Parlamento la responsabilidad de los
procesos de planificación previstos en la Ley y culpando a las Comunidades Autónomas de las carencias existentes en las redes de distribución eléctricas.
Es obligación del Gobierno garantizar la seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica con unos niveles de calidad adecuados porque se trate de un servicio de interés general. Para ello, dispone de atribuciones legales suficientes,
tanto en lo que se refiere al establecimiento de un marco de planificación que asegure los equilibrios sectoriales a medio y largo plazo, como en lo que afecta al ejercicio de potestades sancionadoras en el caso de que los operadores del mercado
incumplan las obligaciones establecidas en las leyes. La defensa de los intereses de los consumidores y la prestación eficaz de un servicio esencial para la comunidad deben ser los principios inspiradores de la actuación de los poderes públicos en
esta materia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Interpelación Urgente al Gobierno para su debate en el Pleno de la Cámara sobre Política de garantía del suministro eléctrico de calidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2002.-Arantza Mendizábal Gorostiaga, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000148
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la
elaboración del Estatuto del cooperante (núm.
expte. 172/000148), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación
urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del Estatuto del Cooperante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Antecedentes
La entrada en vigor de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional supuso un paso adelante decisivo para consolidar el conjunto de instrumentos públicos y privados orientados a fortalecer una acción global en el ámbito de la
cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria. La Ley, resultado de un intenso diálogo entre todos los Grupos políticos y el conjunto de la sociedad civil organizada de este ámbito, incorporó como base de la política de cooperación la
necesidad de articular la activa implicación en la misma de los diversos agentes sociales, con especial referencia a las Organizaciones No Gubernamentales, fomentando sus actividades y regulando, tanto el voluntariado al servicio de la Cooperación,
como la figura de los 'cooperantes'. En este sentido, su disposición final segunda estableció que 'el Gobierno promoverá cuantas acciones y reformas legislativas sean precisas para la aprobación en el plazo de un año del Estatuto del Cooperante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de esta Ley'.
Esta disposición suscitó amplias esperanzas en el seno de la comunidad de cooperantes de conseguir un marco de garantías en el terreno laboral, de Seguridad Social y fiscal que reconociese
las peculiaridades específicas de estas personas, mejorase su protección y apostase por impulsar su acción.
Transcurridos casi cuatro años de la aprobación de la Ley, dicha disposición sigue sin desarrollarse.
Hoy el sector de Organizaciones No Gubernamentales del ámbito de la Cooperación al Desarrollo y de Ayuda Humanitaria necesita de un marco legal que permita que sus cooperantes puedan desarrollar con eficacia y las mínimas garantías sociales
su actividad. España, junto a Grecia y Portugal, son los Estados de la Unión con un menor desarrollo de su legislación específica sobre este sector.
Es necesario que el Gobierno desarrolle el mandato de la Ley, active un amplio diálogo con todos los agentes y sectores implicados en la cooperación y apruebe un Estatuto del Cooperante que reconozca las necesidades de estos profesionales,
mejore su protección social, acabe con las discriminaciones fiscales existentes
y comprometa al conjunto de Administraciones en el fomento y apoyo de sus actividades.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente Interpelación Urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del Estatuto del Cooperante.
172/000149
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales (núm. expte. 172/000149),
cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el Diputado Andalucista, José Núñez Castain, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno
sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales.
Motivación
Ante las manifestaciones del Presidente del Gobierno José María Aznar en el Pleno del Congreso respecto al necesario incremento de competencias de las Corporaciones Locales que debe darse en la denominada 'segunda descentralización' en favor
de los entes locales o también llamado Pacto Local.
Ante la diversidad de aspectos fiscales, financieros, competenciales, o electorales que pueden ser objeto de reforma. Ante la incidencia que pudiera tener este proceso en las competencias de las Comunidades Autónomas e incluso en el atraso
de las transferencias pendientes de la Administración Central a las Comunidades Autónomas, como se ha llegado a afirmar por miembros del Partido Popular respecto a las transferencias de las políticas activas de empleo a la Junta de Andalucía.
Dados los graves problemas que acucian a las Corporaciones Locales en nuestro país, y de insuficiencia en la prestación de servicios por falta de financiación adecuada.
Se interpela de forma urgente al Gobierno para que concrete las medidas, el calendario, las transferencias y el proceso de participación política previsto para desarrollar el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades
locales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2002.-José Núñez Castaín, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Mixto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000106
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina (núm. expte.
173/000106), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de
interpelación urgente sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
Moción
'El Congreso de los Diputados manifiesta su confianza en la capacidad de la nación argentina para superar la crisis económica y política en que se encuentra, reafirma el compromiso y la solidaridad incondicional de España con el pueblo
argentino e insta al Gobierno para:
1. Emprender, tanto en el plano bilateral como desde la Presidencia de la Unión Europea y en los organismos internacionales competentes, especialmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, iniciativas y acciones que contribuyan a devolver la confianza en la
Argentina, a diseñar un programa económico viable y sostenible y a superar la grave crisis económica y política que padece dicho país.
2. Que la Agencia Española de Cooperación Internacional lleve a cabo urgentemente un Plan de ayuda de emergencia a la República Argentina que, mediante los oportunos suplementos de créditos presupuestarios, suponga una respuesta inmediata a
la situación de emergencia sanitaria y alimentaria declarada en ese país.
3. Elaborar y poner en práctica un Plan Urgente de Atención a los ciudadanos españoles residentes en Argentina especialmente dirigido a los que viven en situación de indigencia, así como a los jubilados, pensionistas y enfermos, con medidas
concretas para atender sus necesidades alimentarias, sanitarias, sociales y educativas básicas.
Entre estas medidas, se adoptará un incremento de las pensiones no contributivas que garantice el mantenimiento de la renta real tras la devaluación del
peso y se aplicarán créditos presupuestarios adicionales para aquellas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que se dedican a asistir a los emigrantes españoles, para el desarrollo de sus actividades de atención social y sanitaria y de
información.
4. Articular un Plan especial para el retorno voluntario de los españoles residentes en Argentina, que atienda su inserción laboral, profesional y social, así como sus necesidades de vivienda, mediante los acuerdos oportunos con las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
5. Dotar de forma inmediata a las Oficinas Consulares de España en Argentina de los medios humanos y materiales necesarios para atender a los ciudadanos españoles que reclaman la protección y el amparo del servicio exterior ante la
situación de crisis.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política del Gobierno en relación con la crisis de Argentina.
Enmienda
De modificación.
Sustituir el punto 3 de la Moción por el siguiente texto:
3. Ejecutar de forma inmediata un plan de ayuda urgente a los emigrantes españoles en Argentina, que entre otras medidas, incluya las siguientes:
a) Un programa urgente de asistencia humanitaria, con el envío de medicamentos (en particular, insulina), la concesión de ayudas financieras extraordinarias que garanticen la cobertura de las necesidades básicas de las personas sin recursos
suficientes (en particular, la alimentación, la asistencia sanitaria y la vivienda).
b) Un incremento de las pensiones no contributivas que garantice el mantenimiento de la renta real tras la devaluación del peso.
c) La aplicación de créditos presupuestarios adicionales destinados a aquellas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a asistir a los emigrantes españoles, para el desarrollo de sus actividades de atención social,
sanitaria y de información.
d) Un plan de acción para reforzar la asistencia consular no sólo a los residentes españoles, sino sus descendientes y a los ciudadanos argentinos que soliciten visado o emigración a España.
e) La tramitación prioritaria de los expedientes de solicitud de recuperación de la nacionalidad española y la modificación urgente del Código Civil, con el fin de suprimir la actual discriminación que impide a los hijos de madre española
recuperar la nacionalidad española.
Mientras se tramite la reforma del Código Civil el Gobierno, mediante Real Decreto, concederá la Carta de naturaleza a los hijos de españoles que se encuentren en la situación antes descrita, a los efectos de
paliar transitoriamente esta situación de inconstitucional desigualdad en función del género.
Este Plan de Ayuda será mantenido y actualizado mientras perdure la gravedad de la actual crisis económica y social en Argentina.
Para su ejecución, las autoridades españoles procurarán la colaboración de los Consejos de Residentes Españoles y de los Centros españoles en Argentina y cooperarán con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales a los efectos de
obtener sinergias públicas en los esfuerzos de ayuda a Argentina.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2002.-José Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Carlos Aymerich Cano, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas
a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la política del Gobierno en relación con la crisis argentina (núm. expte. 173/000106).
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 1
Al punto primero.
De adición.
'Este programa debe tener en cuenta el hecho de que una parte importante de la deuda exterior de la República Argentina procede de operaciones concertadas durante la dictadura militar y de la estatización acordada al final de ésta de deudas
privadas contraídas por diversas multinacionales con sus filiales argentinas. Asimismo, este programa debe tener en cuenta que el proceso de privatización de empresas públicas argentinas -muchas de ellas adquiridas por empresas españolas- se
desarrolló en condiciones especialmente gravosas debido al sobreendeudamiento y a la infravaloración de los activos y recursos de estas compañías.'
Enmienda número 2
Al punto tercero.
De adición.
'En concreto, este plan contemplará la creación de la figura de socio/a vitalicio/a para aquellos ciudadanos españoles o de origen español asociados a centros o hermandades que presten servicios sanitarios y/o asistenciales y que, debido a
la crisis económica, no puedan pagar las cuotas establecidas para poder beneficiarse de dichos servicios.'
Enmienda número 3
Al punto cuarto.
De adición.
'Entre otras actuaciones, el Gobierno adoptará urgentemente las medidas precisas para que los permisos de conducir emitidos por la República Argentina sean convalidados y canjeables por los expedidos en el Estado español.'
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina.
Madrid, 12 de febrero de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados reafirma el compromiso de España con el pueblo argentino, y se hace eco de la solidaridad y apoyo del Gobierno, la sociedad y las empresas españolas en Argentina, y subraya el carácter estable y a largo plazo de
este compromiso. Asimismo, manifiesta su confianza en la capacidad del pueblo argentino para superar la actual crisis política, económica y de confianza, expresando su seguridad en que la ayuda y apoyo de países y pueblos amigos es indispensable
para lograrlo, y por todo ello insta al Gobierno a:
1. Seguir apoyando a las instituciones democráticas argentinas y a su pueblo para lograr superar esta grave crisis.
2. Continuar su labor de apoyo económico a Argentina, hasta ahora por cantidad de 1.000 millones de dólares, y a seguir realizando cuantas gestiones sean necesarias y oportunas en el seno de los organismos financieros internacionales,
especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como financieros regionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, para lograr el necesario apoyo económico y financiero de Argentina.
3. Apoyar en los contactos políticos y financieros con Argentina la necesidad de diseñar un plan económico, financiero y fiscal, creíble, viable y sólido, que es el único camino para la superación de la crisis.
4. Estudiar qué medidas de ayuda urgente pueden llevarse a cabo, dentro de la normativa internacional e interna en materia de cooperación internacional, especialmente en el ámbito sanitario.
5. Apoyar a las empresas españolas y a sus legítimos intereses, reconociendo su esfuerzo inversor y su compromiso estratégico a largo plazo con Argentina, demostrado en el pago adelantado de impuestos o en la suscripción mayoritaria del
rescate financiero por bancos españoles.
6. Seguir tomando las medidas consulares necesarias para proteger y apoyar a los ciudadanos españoles residentes en Argentina, especialmente en estos momentos de dificultad extrema.'
Justificación
Mejora técnica.
173/000107
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la
cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002 (núm. expte.
173/000107), y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, para su debate en el Pleno, sobre el diálogo que debe mantener el Gobierno español con los movimientos españoles
que propugnan otra globalización que afecte a los derechos y a la justicia social, para facilitar el desarrollo de foros alternativos y el ejercicio de derechos fundamentales, como el de manifestación durante la cumbre de Barcelona del Consejo de
Europa en el mes de marzo.
En las últimas semanas se han producido una serie de hechos que apuntan a que, con toda seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al mando del Ministerio del Interior están hostigando en España a determinados grupos políticos
a los que la prensa internacional ha popularizado como 'antiglobalización'.
Como ha reconocido la Delegada del Gobierno en Valencia, la policía española está investigando a través de internet las comunicaciones, contactos y actividades de estos activistas políticos.
Este asunto reviste una gravedad extrema, pues los movimientos que propugnan otra globalización en España, al igual que cualquier otro tipo de asociación o movimiento social o político, gozan de total y absoluta protección por parte de
nuestra Constitución para llevar a cabo sus intereses ('inter alia', artículos 1.1, 9.3, 16, 20, 21, 22 y 23 de nuestra Carta Magna) sin injerencias por parte de los poderes públicos.
De hecho, nuestra Constitución tiene en la participación
ciudadana y en el pluralismo socio-político una de sus columnas vertebrales.
Pero es que además, en el caso que nos ocupa, no sólo se está atacando el derecho constitucional de una serie de ciudadanos españoles a participar en la esfera política como consideren oportuno y defendiendo las ideas políticas de su agrado,
sino que además se está violando su derecho constitucional a unas telecomunicaciones no intervenidas, salvo resolución judicial al efecto (artículo 18.3 de la Constitución).
Para afectar a todos estos derechos constitucionales de los integrantes de los movimientos que propugnan otra globalización, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben poder probar la existencia de planes para llevar a cabo delitos
concretos y obtener autorización judicial para intervenir en el delicado ámbito de la intimidad privada. Como ya se ha reseñado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están actuando en este caso de este modo.
Desde nuestro punto de vista el asunto no sólo reviste graves perfiles desde el punto de vista jurídico-constitucional, sino que desde el prisma político-social es, si cabe, más grave.
A modo de ejemplo, debemos recordar que la anterior presidencia de turno de la Unión Europea, la belga, prefirió dialogar con los movimientos que propugnan otra globalización europeos al efecto de permitir que conviviesen los derechos de
manifestación con el normal desarrollo de las cumbres europeas y los derechos y libertades fundamentales del resto de los ciudadanos. El Gobierno del PP parece que ha elegido la estrategia de su gran amigo Berlusconi y se ha lanzado por una senda
represiva que puede revelarse ciertamente contraproducente, como ya se demostró en la ciudad de Génova.
Por todo lo anterior, y en atención a la gravedad de los hechos descritos, se presenta la siguiente:
Moción
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que garantice una presidencia española de la Unión Europea en la que puedan convivir de forma pacífica la realización de los actos oficiales de la misma con las
manifestaciones y movilizaciones que el movimiento que propugna otra globalización español realice en uso de sus derechos y libertades civiles y políticas protegidas por la Constitución.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a mantener vías de diálogo permanente abiertas con el movimiento que propugnan otra globalización español a los efectos de poder cumplir el mandato reseñado en el punto
anterior.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que cesen de forma inmediata los ataques a la intimidad de las comunidades por internet, así como los ataques a otros derechos fundamentales de los miembros de los movimientos
que propugnan otra globalización españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2002.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para facilitar foros alternativos y el
ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002 (número espediente 173/000107).
Enmienda
De adición de un nuevo punto 1 bis.
'1 bis. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que se impulsen todas las medidas necesarias para proveer a los movimientos defensores de una globalización más justa y solidaria, de las instalaciones públicas
necesarias para sus encuentros, debates y reuniones de carácter pacífico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de
manifestación, durante la Cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002.
Madrid, 12 de febrero de 2002.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice una Presidencia española de la Unión Europea en la que puedan convivir sin conflicto la realización de los actos oficiales de la misma con las manifestaciones y movilizaciones
que el movimiento español que propugna otra globalización realice en uso de sus derechos y libertades protegidos por la Constitución y, asi mismo, con los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía, arbitrando para ello las medidas
pertinentes a fin de lograr que dicha coexistencia no se vea menoscabada por la acción de grupos o individuos con intenciones violentas predeterminadas que traten de distorsionar la expresión pacífica general de aquél movimiento.'
Justificación
Mejora técnica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre diálogo que debe mantener el Gobierno español con los movimientos españoles que propugnan otra globalización que afecte a los derechos y a la justicia
social, para facilitar el desarrollo de foros alternativos y el ejercicio de derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo (núm. registro 621318).
Redacción que se propone:
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar, durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el derecho de manifestación de todos los ciudadanos, tal y como prevé el ordenamiento jurídico vigente.
- Mantener vías de diálogo con los movimientos sociales críticos con el actual proceso de globalización económica, para garantizar un ejercicio libre y pacífico del derecho de manifestación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000107
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones del diálogo que va a
realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo
de 2002 (número de expediente 173/000107), ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice una Presidencia española de la Unión Europea en la que puedan convivir sin conflicto la realización de los actos oficiales de la misma con las manifestaciones y movilizaciones
que el movimiento español que propugna otra globalización realice en uso de sus derechos y libertades protegidos por la Constitución y, así mismo, con los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía, arbitrando para ello el diálogo y las
medidas pertinentes a fin de lograr que dicha coexistencia no se vea menoscabada por la acción de grupos que traten de distorsionar la expresión pacífica general de aquel movimiento.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
173/000108
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto
adoptar el Gobierno, y el Ministro de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea (número expediente 173/000108), cuyo texto se inserta a
continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-P. D., la Secretaria general del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Trías i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el Ministro de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de
decisiones en la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2002.-Xavier Trías i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El Pleno del Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea y en el marco del Estado plurinacional, insta al Gobierno
a:
1. Articular un mecanismo en virtud del cual:
a) Se permita la participación de un representante de las Comunidades Autónomas designado por éstas en las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, así como del Comité de Representantes Permanentes (COREPER), y en todos los
Comités de trabajo que corresponda, integrado en la Delegación española, en todos aquellos casos en los que se discutan materias que, de conformidad con la Constitución y los Estatutos sean de competencia exclusiva autonómica, o puedan tener para
éstas un interés legítimo singular en función de su especificidad.
b) Se permita la posibilidad de que en determinadas ocasiones específicas en las que resulte aconsejable,
por tratarse de materias de evidente competencia exclusiva autonómica, o en los que exista un interés legítimo autonómico singular, un Consejero autonómico, es decir, un representante político con 'nivel ministerial', asuma la representación
del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En consecuencia, esta articulación deberá poder permitir a una Comunidad Autónoma ejercer por delegación la representación española en el mencionado Consejo.
2. Apruebe un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Autónomas Europeas con objeto de:
a) Mejorar los sistemas de información a las Comunidades Autónomas sobre la actividad comunitaria, para lograr no solamente una comunicación inmediata y automática de toda recepción de información de las instituciones comunitarias, sino
también la integración de las Comunidades Autónomas en los mecanismos informatizados de comunicación de la información por parte de las instituciones europeas.
b) Perfeccionar el proceso de discusión interna y concertación de la posición española en los Consejos de Ministros de la Unión en todos los casos en que de alguna forma queden afectados intereses autonómicos, con carácter ágil y
semipermanente, sin perjuicio del mantenimiento o creación de foros bilaterales.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán, sobre las
actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el Ministro de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea.
Enmienda número 1
De adición.
Al principio de la Moción añadir un punto 1 (que supondría la renumeración de los puntos 1 y 2, que pasarían a ser puntos 2 y 3, de la Moción del Grupo Parlamentario Catalán), con el siguiente texto:
'1. Realizar las gestiones necesarias para crear los consensos indispensables que impulsen una reforma del Senado que convierta a la Cámara Alta en una verdadera cámara territorial (autonómica) con capacidad de conformar una postura común
del conjunto de las Comunidades Autónomas en temas de relevancia autonómica, entre los que debe ocupar un lugar privilegiado la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado español ante la Unión Europea, así
como la participación de las mismas en los procesos europeos de toma de decisión, como parte integrante de las diferentes delegaciones españolas.'
Enmienda número 2
De modificación.
En el punto 2 a) de la Moción, donde dice: 'se permita la participación de', debe decir: 'participe'.
Enmienda número 3
De modificación.
En el punto 2 b) de la Moción, donde dice: 'un Consejero autonómico', debe decir: 'participe un Consejero autonómico' y se suprime el inciso inicial 'se permita la posibilidad de que'.
Enmienda número 4
De adición.
En el punto 2 a) de la Moción, añadir, in fine, el siguiente inciso:
'Estudiar la incorporación al sistema constitucional español de la figura del landerbeobachter, o vigilante de las Comunidades Autónomas, al efecto de mejorar la comunicación entre las Comunidades Autónomas y de éstas con la Administración
General del Estado en materias comunitarias.'
Enmienda número 5
De adición.
Crear un nuevo apartado 4 con el siguiente texto:
'Considerar la introducción en el sistema constitucional español de una Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, no sólo por su elevado valor simbólico, sino también por su alta capacidad de generar dinámicas políticas y
administrativas de cooperación autonómica vertical y horizontal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2002.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el Ministro de Asuntos Exteriores, en particular, para posibilitar la participación de
las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea (núm.
expte. 173/000108).
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados considera necesario dar respuesta a la demanda de una más activa participación de las Comunidades Autónomas en los procesos decisorios de la Unión Europea, necesidad compartida y expresada por las distintas
fuerzas políticas y especialmente por las Comunidades Autónomas, que ya fue objeto de aprobación unánime en esta Cámara, a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea en marzo de 1998.
Con esta finalidad, insta al Gobierno de la Nación a:
1. Convocar de forma inmediata a la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Autónomas y a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para promover la reforma de los mecanismos actuales de participación de
las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante la UE y, en particular, un procedimiento marco de participación de un representante de las Comunidades Autónomas, designado por éstas, en la delegación española ante el Consejo
de la Unión Europea, así como en los órganos auxiliares, y comités de trabajo preparatorios.
2. Comprometerse en una reforma que siente las bases de la integración de un representante de las Comunidades Autónomas, designado por éstas, en la delegación española ante el Consejo de la Unión, en sus diversas formaciones. Dicha
participación se debería graduar teniendo en cuenta los diferentes niveles competenciales y materias concernidas, respetando los principios de flexibilidad y búsqueda del mayor consenso y participación efectiva de la representación de las
Comunidades Autónomas en la deliberación de la delegación española cuando intereses específicos o estratégicos de alguna de ellas en particular se vean especialmente afectados por una decisión a adoptar en el Consejo de la Unión.
En todo caso, y cualquiera que sea su composición, la delegación española ante el Consejo de la Unión Europea y ante sus órganos auxiliares estará presidida por un representante del Gobierno de la Nación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2002.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Mixto presenta las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el
Gobierno, y el Ministerio de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las Comunidades Autónomas (expte. núm. 173/000108) a instancia del Diputado don Joan Saura (Iniciativa per Catalunya Verds).
Enmienda
De modificación.
Sustituir, en el punto 1 b), 'Se permita la posibilidad de que en determinadas ocasiones específicas en las que resulte aconsejable, por tratarse de materias', por el siguiente texto:
'Se permita la posibilidad de que en las ocasiones en que se trate de materias.'
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto con el siguiente texto:
'3. Realizar las acciones necesarias para garantizar la presencia de una oficina de representación autonómica integrada plenamente en la Representación Permanente del Estado español en Bruselas, que debería coordinar la presencia autonómica
en las delegaciones estatales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Diputado del Partido Andalucista don José Núñez Castaín, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) (núm. expte. 173/000108) sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el Ministro de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las
Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, para su debate en pleno del martes 12 de febrero de 2002.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2002.-José Núñez Castaín, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 1
Al punto 1 a), añadir el siguiente texto señalado en negrita:
... corresponda incluidos los Comités y grupos de trabajo convocados por la Comisión Europea en el marco de la Comitología, integrado...
Enmienda número 2
Al punto 1 b), añadir el siguiente texto señalado en negrita:
... Consejo de Ministros de la Unión Europea, como previsto en el artículo 203 del Tratado de la CE. En consecuencia...
Enmienda número 3
Al punto 1 b), añadir el siguiente texto señalado en negrita:
... en el mencionado Consejo, como ya es el caso en otros Estados miembros descentralizados (Austria, Reino Unido, Austria, Bélgica).
Enmienda número 4
Al punto 2 a), sustituir la palabra 'comunitaria', por la expresión 'de las Instituciones Europeas' tal y como es señalado en negrita:
... la actividad de las Instituciones Europeas, para lograr...
Enmienda número 5
Al punto 2 b), sustituir la expresión 'discusión interna' por la de 'decisión interno' tal y como es señalado en negrita:
... el proceso de decisión interno y concertación...
Enmienda número 6
Al punto 2 b), añadir el siguiente texto señalado en negrita:
... afectadas las competencias e intereses autonómicos,...
Enmienda número 7
Al punto 2 b), añadir el siguiente texto señalado en negrita:
... foros bilaterales de las instituciones y agencias europeas.
Enmienda número 8
Al punto 2, añadir un nuevo apartado c) tal y como es señalado en negrita:
c) Que sea en el seno de esta Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas donde se elijan en caso que así se decidiera, el representante autonómico que acompañaría a la delegación española en los trabajos del Consejo
de la UE o del COREPER, o bien al representante de las CCAA que ejercerá la representación española por delegación ante el Consejo de la UE.
Enmienda número 9
Añadir un nuevo punto 3, tal y como es señalado en negrita:
3. Que se presenten las iniciativas pertinentes que durante la presidencia española de la UE, propicien de cara a los trabajos de la Convención, la transformación del Comité de las Regiones en una Cámara de Representación Territorial con
capacidad de emitir decisiones vinculantes.